¿Mostró el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias una deriva autoritaria desde el inicio de su legislatura? ¿La pandemia le ofreció la oportunidad de acumular todo el poder para cambiar el régimen por la puerta de atrás, constituirse como casta política hegemónica y transformar la sociedad para gobernar en exclusiva? Los autores, la periodista y diputada de la Asamblea de Madrid Almudena Negro y el politólogo Jorge Vilches, están convencidos de ello. Afirman que se trata de la tentación totalitaria que acompaña a toda ideología izquierdista y enumeran los pasos del citado proceso: colonización del Estado y sus instituciones, cambio de leyes y códigos para satisfacer a sus socios «golpistas» e independentistas, asunción del discurso contra el orden constitucional, marginación a la oposición hasta tildarla de enemiga de la voluntad general y de la propia democracia, control de los medios de comunicación así como de la educación, erradicación de la independencia del poder judicial, ataque a la Corona y exhalación de un discurso violento y, en ocasiones, «guerracivilista».

«Estas páginas son un aviso para navegantes: ni es oro todo lo que reluce ni democracia todo lo que busca la izquierda.» Cristian Campos, jefe de Opinión de El Español.

«Los autores desgranan de forma lúcida el modus operandi de esta nueva generación de autócratas y los peligros que se ciernen sobre la democracia española y nuestro sistema de libertades. Imprescindible.» Guadalupe Sánchez, abogada y columnista de Vozpópuli.

«A cada generación le tienta su propio camino de servidumbre. El de hoy se camufla bajo la maleza del relato populista y el discurso identitario. Negro y Vilches nos conducen por esa selva, machete en mano, y al final nos señalan a tiempo la cascada.» Jorge Bustos, jefe de Opinión de El Mundo.

Almudena Negro & Jorge Vilches

La tentación totalitaria

ePub r1.0

Titivillus 01.11.2021

Título original: La tentación totalitaria

Almudena Negro & Jorge Vilches, 2021

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A Begoña, mi madre, que un día, siendo muy niño y tirando de un

bolsillo vacío, me metió en una librería.

(JORGE)

A mi padre, por todo.

(ALMUDENA)

Nuestra generación da la libertad por segura y ni advierte de dónde amenaza el peligro ni tiene valor para liberarse de las doctrinas que la comprometen.

FRIEDRICH A. HAYEK, Camino de servidumbre

INTRODUCCIÓN

El totalitarismo, lejos de ser ese monstruo que amenaza a la democracia desde el exterior, es el huésped no deseado que llama continuamente a la puerta.

SIMONA FORTI, El totalitarismo: trayectoria de una idea límite, 2008

Este libro habla de la tentación totalitaria, de cómo la izquierda se encontró con la ocasión histórica de satisfacer el impulso de su ideología: establecer un sistema iliberal con apariencia democrática, aprovechando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Los totalitarios rentabilizan la necesidad que muestra la gente de un poder omnímodo, paternalista, salvífico que solucione los problemas de una crisis aun a costa de la libertad personal, la información y el equilibrio institucional. La seguridad se convierte para la gente común en la primera necesidad en momentos críticos, y el resto de principios y de condiciones pierden consideración o pasan a un segundo plano[1].

El Gobierno socialcomunista quiso utilizar el miedo como una distracción y una excusa para legislar lo propio de los sistemas totalitarios: reglamentar las costumbres privadas, limitar la pluralidad política a patriotas y traidores, eliminar los contrapesos al Ejecutivo y anular la libertad de información. Al tiempo, quiso convertir a los españoles en una sociedad dependiente económicamente del Gobierno. En definitiva, la izquierda quiso utilizar el sentimiento de servidumbre voluntaria en tiempo de crisis mortal. Sus formas autoritarias fueron el aviso de que se había activado la tentación totalitaria del socialismo.

Eso no hubiera sido posible si el sistema del 78 no hubiera estado dañado, y si la ideología izquierdista y el nacionalismo no hubieran colonizado la educación, la cultura y los medios de comunicación desde hace cuarenta años. La sociedad española estaba preparada para vivir la deriva autoritaria como si fuera una necesidad de los tiempos, una obligación para progresar o sobrevivir. El nuevo totalitario es más eficaz que el antiguo porque envuelve su maniobra en el democratismo; es decir, en hacer que los ciudadanos queden satisfechos porque delegan su soberanía a través de las elecciones, y, en consecuencia, piensen que el Gobierno tiene el deber y el derecho a reglamentar, controlar, corregir y prohibir.

Un Gobierno omnipotente era ya para muchos una obligación histórica. Era la conclusión lógica de la época de los colectivismos fomentados por el poder donde el individuo no existe salvo como parte de un grupo que le proporciona identidad y derechos, y siempre enfrentado a otros colectivos. Era la deriva lógica del intervencionismo creciente, del estatismo, que invade las esferas privada y pública, las creencias y el comportamiento, bajo una moral estricta vigilada por el Estado. ¿Quién no ha oído en los últimos tiempos la frase: «Cada día somos menos libres»?

La comodidad de ser tutelados por el Estado daba una falsa sensación de libertad. Somos libres si cumplimos con el papel que espera el Gobierno de nosotros para satisfacer un supuesto bien común. El intervencionismo y el estatismo eran la confirmación de la bondad del socialismo, donde el Estado consiste, escribió Mises, en tener la «tarea de guiar a sus ciudadanos y de mantenerlos bajo tutela»[2]. El estatismo ha hecho que se confunda el «bien común» con «lo público»[3], dejando al individuo y su interés como algo espurio en una sociedad dominada por una moral cada vez más colectivista. Educar, corregir y asignar para proteger a las personas de sí mismas, que es la idea-fuerza de la ingeniería social.

España y Occidente van en ese camino desde hace tiempo. Tocqueville escribió que la igualdad puede suscitar un impulso hacia la anarquía, y otro en sentido contrario, «más largo y más oculto», hacia la servidumbre. Al primer destino los pueblos se resisten, dijo el pensador francés. En cambio, se dejan arrastrar al segundo sin darse cuenta[4]. En el mismo sentido, Talmon señaló que la degeneración de la igualdad y de la democracia producía el totalitarismo; esto es, que la búsqueda de la uniformidad material de la sociedad y el revestir la arbitrariedad con el manto de la voluntad general, conducían a la eliminación de la libertad y al gobierno omnipresente. Es la «democracia totalitaria»[5], un concepto anterior al siglo XX, señalaba Talmon, que proviene de la Ilustración pasada por la Revolución francesa, cuando la ingeniería social, iluminada por la idea del progreso, convertida en idea rectora de la religión secular, trató de inaugurar una nueva era, con un hombre y una sociedad nuevos.

La izquierda heredó de los jacobinos esa interpretación de la Ilustración, consistente en la obsesión por corregir al hombre para conseguir la sociedad perfecta. Ese era el camino del progreso al que debía sacrificarse todo: la naturaleza humana y la libertad. Es el constructivismo que señalaba Hayek, tan distinto del garantismo del mundo anglosajón. Es la diferencia entre concebir un régimen para construir un proyecto social, o pensarlo para salvaguardar la libertad frente a la injerencia voraz del Gobierno. El socialismo es destruir para construir. De ahí que todo proyecto socialista contiene una tentación totalitaria, el deseo de moldear las ideas, las creencias y las costumbres de los hombres para ajustar todo a su ideología. En ese camino a la parusía, al reino de Dios en la Tierra, la izquierda no duda en eliminar libertades, derechos y pluralismo, o en recurrir a la represión o la fuerza. Eso se debe a que el socialismo es, en cualquiera de sus acepciones, lo que llamaban Karl Mannheim y luego Daniel Bell una «ideología total»; es decir, un conjunto mezclado de creencias y pasiones, de moral con vocación exclusivista, «que busca transformar la totalidad de una forma de vida»[6]. Su política está siempre comprometida con su ideología, por esa razón su «causa» es la transformación del hombre y de la sociedad. Daniel Bell señalaba, entre otros, que el socialismo es una «religión secular» que tiene la vocación totalitaria de eliminar a la competencia y uniformizar todo.

El totalitarismo está en la esencia de la ideología socialista de los partidos que conforman el Gobierno del PSOE con Unidas Podemos[7]. Entendemos, como Hannah Arendt, que el autoritarismo es el uso del poder del Estado para obtener obediencia y acallar a la oposición, por encima de la libertad y la separación de poderes. Esto ha pasado en España cuando se formó dicho Gobierno en enero de 2020. El totalitarismo, y aquí seguimos a Arendt y Aron, es una vuelta de tuerca del autoritarismo; es decir, no solo se utiliza el aparato estatal con su entramado educativo, cultural y los medios de comunicación para conseguir la obediencia ciega y el silencio de la oposición, sino que se trata de transformar la realidad para recrear una ideología. Friedrich y Brzezinski, en su clásico Dictadura totalitaria y autocracia (1956), resaltaron la importancia que tiene la ideología en el totalitarismo para lograr un «hombre nuevo», extirpando todo obstáculo para moldear esa persona de modo que encaje en la sociedad perfecta, ya fueran ideas, creencias o costumbres. Ese mito del «hombre nuevo» es, como ha escrito Dalmacio Negro, lo que caracteriza «el totalitarismo de las actuales sociedades europeas»[8].

Ese propósito de transformación del hombre para crear una sociedad nueva, una comunidad perfecta y justa según su ideología está en la esencia del socialismo[9], que vio en la pandemia una oportunidad para hacerlo. La ocasión perfecta para dar rienda suelta a la tentación totalitaria. No solo había una deriva autoritaria en el sanchismo apoyado por Podemos y sus socios independentistas, sino que las medidas para paliar la COVID-19 dejaron ver claramente la intención de los socialcomunistas. ¿Cómo perder la ocasión de regular la expresión del pensamiento y las costumbres privadas para transformar la realidad en una «nueva normalidad», para borrar la separación entre Estado, Gobierno y sociedad? Esa ocasión fue propiciada por la atmósfera autoritaria del Estado minotauro del que hablaba Jouvenel, que crece prometiendo protección a cambio de la libertad. Como decía este pensador francés, la democracia, tal y como la practicamos, «reglamentadora y absolutista», es el periodo de «incubación de la tiranía»[10].

La mentalidad totalitaria vive del conflicto político, de crearlo y maximizarlo, pero pretende acabar con él para crear un hombre nuevo en una sociedad homogénea[11]. Es la diferencia con la democracia liberal, que es consciente del pluralismo inherente a la sociedad civil, vive ciertamente del conflicto, pero busca su disminución a través del acuerdo, no de la eliminación del otro. El totalitario sueña con la totalidad; esto es, con la uniformidad, pero como tal cosa es imposible porque va contra la naturaleza del hombre acaba siempre fracasando. Julien Freund señalaba al respecto que esa atrofia de la política que es el totalitarismo pretende desfigurar el Estado, bastardearlo, utilizar sus facultades en beneficio de un partido. Por eso los totalitarios lo colonizan hasta el punto de que no es posible distinguir dónde acaba el Gobierno o el Partido y dónde empieza el Estado. La administración se instrumentaliza para ejecutar la legislación que confunde lo público con lo privado, quitando a este último ámbito lo que tiene de definición humana y personal, y convirtiéndolo en algo político bajo la moral obligatoria. Esa es, decía Freund, la diferencia entre la mentalidad totalitaria y la liberal: la separación entre público y privado, entre lo social y la intimidad. Como decía David Hume, la costumbre guía a la razón. Tal es la causa de que socialistas y comunistas traten siempre de legislar las costumbres privadas. Es la clave de su mentalidad totalitaria.

La tentación totalitaria es el deseo de aprovechar la crisis espiritual e intelectual de estos tiempos, y el asentamiento de la religión política nacida en Mayo del 68, para imponer un régimen que regule el pensamiento y las costumbres con el fin de recrear una ideología. Esta tentación precisa una gran crisis que haga necesaria la expansión del intervencionismo estatal, y la pandemia ofreció esa oportunidad. En ese momento, la tentación se hizo carne convirtiendo la mentira en verdad mediante la manipulación de la realidad, desinformando, acallando a la oposición apelando al patriotismo, controlando los medios de comunicación y aprovechando la concentración de poder para colonizar el Estado y regular sobre materias ajenas a la lucha contra el virus.

La pandemia de la COVID-19, agravada por la negligencia del Gobierno, permitió dar una vuelta de tuerca hacia un régimen autoritario con apariencia democrática. En concreto, PSOE y Unidas Podemos mostraron en la era de la posverdad que la mentira es revolucionaria, como dijo Lenin. Probaron que mentir no tiene coste electoral ni político cuando al receptor, acostumbrado a la mentira como el lenguaje de la política, no le importa la verdad, sino tener razón o acallar a sus enemigos. En ese tiempo, el ejecutivo socialcomunista trató además de eliminar la capacidad del legislativo para fiscalizar su acción, maniatar al poder judicial y anular a la Corona. También intervino los medios de información para controlar la percepción general sobre la crisis y las iniciativas del Gobierno. Envolvieron todo en un nuevo lenguaje, una práctica izquierdista muy practicada por Podemos, para asentar esa percepción de la realidad. Intentaron incluso bautizar el plan totalitario de ingeniería social como «nueva normalidad».

La deriva autoritaria fue muy rápida. Con la excusa de restaurar el orden se pasó de una «dictadura comisarial» —una asunción temporal de poderes propiciada por la declaración del estado de alarma— a una «dictadura soberana» para cambiar el régimen por la puerta de atrás[12]. Esta política generó mucha tensión en las calles, tal y como deseaba la izquierda, porque el conflicto y la crisis le dan la excusa perfecta para sus políticas. Los aplausos dejaron sitio a las caceroladas, las manifestaciones y los escraches, acompañadas de insultos y alguna agresión.

La tentación totalitaria no ha terminado. Ni siquiera el fondo prometido por la Unión Europea para reactivar la economía española ha conseguido eliminarlo del todo. Ahí siguen el estatismo, el colectivismo y el intervencionismo como guías de una sociedad cada día menos libre. Esto es lo que ha motivado este libro que, más allá de ser una crónica de la pandemia, de la que ya existen obras, es un análisis político de lo que en realidad es la izquierda: intolerancia, agresividad y totalitarismo; de cómo mostró su verdadera cara cuando vio la oportunidad para cumplir su sueño: un régimen propio. Todo poder político no liberal sueña con esa oportunidad porque facilita la obediencia y asegura la continuación en el poder. Es una forma de construir un orden político de sumisión voluntaria a un Gobierno acaudillado por un líder ajeno a las mundanas escaramuzas de la democracia.

La tentación totalitaria es intrínseca al poder político que, decía Michael Foucault, «tiende a ejercer un control preciso sobre todo y sobre todos»[13]. Esa pulsión totalitaria a la omnipresencia controladora estuvo, y está, en el populismo comunista del Gobierno que constituyeron Sánchez e Iglesias. El propósito era diseñar la sociedad al milímetro, pastorear sus acciones, emociones y creencias, la información que configuraba la interpretación del presente y el proyecto para el futuro, sin límites institucionales ni oposición política. Es el pulso totalizador, controlador y exclusivista, eso que Todorov llama «lepra del alma». Ya escribió Julien Freund que la mentalidad totalitaria no tolera oposición alguna, «con independencia de que logre suprimirla enteramente». De ahí la obsesión del Gobierno socialcomunista de ser la oposición de la oposición, y la virulencia de sus ataques a todo aquel que osara criticar sus decisiones o no las aceptara ciegamente. Incluso cuando la oposición aprobaba las medidas gubernamentales recibía insultos. Esa intolerancia está en su esencia política.

Al hablar de tentación totalitaria no buscamos análisis comparativos con el nacionalsocialismo o el comunismo del siglo XX, que respondieron a una época concreta. Estamos mostrando señales de lo viejo que ha adquirido formas nuevas. Es un totalitarismo con apariencia democrática, que propaga la idea de que existe una identidad de intereses del Estado, el Gobierno y la sociedad. Con esto se consigue que la gente se ponga al servicio del proyecto político marcado de forma unilateral por dicho Gobierno, sacrificando así totalmente su libertad. No cabe la disidencia, que es tachada de traición al Gobierno, al Estado y al pueblo. Es lo que vio Tocqueville: un nuevo tipo de despotismo con apariencia democrática, en el que los ciudadanos «se consuelan de su tutelaje pensando que son ellos mismos quienes eligen a sus tutores»[14].

Los totalitarios necesitan una población que ceda al espíritu de la dictadura, que crea que la democracia falla o es secundaria frente a la protección que otorga un Gobierno todopoderoso y omnipresente. Escribía ya en 1787 el norteamericano Hamilton que el riesgo de las democracias está en aquellos que «iniciaron su andadura cortejando servilmente al pueblo», y que, mintiendo, haciendo demagogia, se encaraman al poder diciendo que defienden «los derechos del pueblo»[15]. Una vez en el poder tienden a arrebatar las libertades en supuesto beneficio del bien común. Hamilton animaba a no eliminar nunca el espíritu de desconfianza hacia el político, pues es la principal salvaguardia de la democracia. En resumidas cuentas, hay una responsabilidad individual y otra colectiva en el avance del totalitarismo, como señaló Hannah Arendt. Es la pasividad, la resignación o la adaptación, incluso la ambición y el miedo, lo que permiten que se instalen esas ideas en la conciencia colectiva. La resistencia, señaló Locke en Carta sobre la tolerancia, empieza en uno mismo, cuando la conciencia se rebela contra decisiones gubernamentales contrarias al espíritu con el que se fundó la comunidad política.

LA ATMÓSFERA COLECTIVISTA

Los herederos de Mayo del 68

Los herederos de Mayo del 68 habían impuesto la idea de que todo vale, que no hay ninguna diferencia entre el bien y el mal, entre lo cierto y lo falso.

NICOLAS SARKOZY, mitin electoral, 29 de abril de 2007

Willy Brandt, uno de los santos laicos de la socialdemocracia, dijo, con esa autosuficiencia y superioridad moral que caracteriza a la izquierda, que «quien a los veinte años no es marxista es que no tiene corazón». Falso. Quien no es marxista a esa edad solo puede ser por dos razones: no ha pasado por la educación pública o piensa por sí mismo.

Mayo del 68 fue en apariencia un fracaso. «Lo que quedó después de los sucesos de 1968 fue una generación en busca de una ideología», escribió Daniel Bell[16], esa mezcla de nihilismo y totalitarismo utópico que despreciaba el pasado y el presente para construir la sociedad perfecta. Las movilizaciones de los estudiantes, con sus eslóganes rompedores, no fueron acompañadas por el sindicalismo ni por la mayoría de los franceses. El Movimiento del 22 de Marzo, en la Universidad de Nanterre, donde todo empezó, con Cohn-Bendit, Geismar, Krivine, Sauvageot, la Internacional Situacionista, los intelectuales de culto y los disidentes del comunismo soviético, aquellos trotskistas y maoístas que devoraban libros, quedó aparentemente en nada.

El Partido Comunista Francés se desentendió de aquello, y el sindicato CGT culminó sus huelgas con un acuerdo con el Gobierno. Luego llegó la gran manifestación del 30 de mayo para mostrar que la calle no era solo de los que buscaban la playa bajo los adoquines; y De Gaulle, símbolo del pasado y lo viejo, volvió a ganar las elecciones en julio del 68.

Los sesentayochistas perdieron la batalla, pero ganaron la guerra de opinión. Aquel movimiento revolucionario dio comienzo a una nueva era. Se trataba de sembrar para el futuro, como escribió Herbert Marcuse en su Contrarrevolución y rebeldía (1972). La nueva élite cultural que surgió de aquel 68 cambió el contenido y espíritu de la vida pública, las costumbres y la mentalidad; es decir, el paradigma principal para la interpretación del hombre y la sociedad. Su herencia se puede cifrar en siete consecuencias fuertes, y alguna derivada más: el feminismo obligatorio, el papel político del sexo, el pacifismo teórico, el terrorismo, el tercermundismo, el ecologismo como religión, y la educación para la transformación social. Lo expresaba perfectamente Julien Freund en 1978: «La doctrina totalitaria exige del artista, no el ser ante todo un artista, sino un socialista, por ejemplo, y lo mismo sucede con el sabio, el economista, el profesor, etc.»[17].

Quizá no estaría de más el preguntarse si no ha sido ese cambio en el papel del educador, el intelectual o la persona de la cultura, más atento a cumplir con su papel político que con su oficio, lo que ha provocado la crisis espiritual y creativa de Occidente. El tópico del «artista comprometido» ha sido tanto una excusa para la mediocridad como una contraseña de tribu o un disfraz para el agente político. No es baladí, porque esa acción continuada de esos sectores conforma psicológicamente a la sociedad para aceptar determinados postulados políticos como justos o inevitables. Es más; apuntó Fromm que el miedo al aislamiento social y la debilidad de los principios morales contribuyen a que un partido obtenga la obediencia del pueblo una vez llegue al Gobierno[18].

En aquella época el agente de transformación dejó de ser el partido, al que se consideró parte de un sistema que no enfrentaba modelos de sociedad, sino que tendía al consenso. Tampoco la «clase trabajadora», a la que la Nueva Izquierda veía como «históricamente pasada de moda», en palabras de C. Wright Mills. La nueva organización para la lucha pasó a ser los movimientos sociales en manos de los estudiantes y los intelectuales.

El movimiento feminista estuvo ausente de Mayo del 68, a pesar de que la Segunda Oleada se había iniciado en Estados Unidos unos años antes. Las mujeres ocuparon un lugar secundario en las manifestaciones, pero no en las reivindicaciones y el imaginario, aunque estuvo presente el Movimiento de Liberación de las Mujeres. La Nueva Izquierda insistió en que el capitalismo era machista, patriarcal, y daba un papel subalterno a la mujer, siempre bajo el dominio del varón. El cambio en el rol de las féminas supondría el desmoronamiento de los pilares del sistema: la familia, la herencia, la propiedad y la tradición, e incluso la industria si eliminaban el consumismo de género. El movimiento se dirigió hacia la denuncia de la cosificación de la mujer, contra los certámenes de belleza y la esclavitud de la imagen, aspectos a su entender típicos del capitalismo. Hoy lo han cumplido, eliminando, por ejemplo, a las azafatas de los circuitos de Fórmula 1.

El feminismo se convirtió en uno de los fundamentos revolucionarios. La lucha de géneros sustituyó a la de clases. Todo había que interpretarlo desde la perspectiva de género, ya fuera la composición de un consejo de administración o una sentencia judicial. La dicotomía en la vida pública dejó de ser entre obreros y patronos, como había sido desde el siglo XIX, a ser entre hombres y mujeres. Ese vínculo entre feminismo y anticapitalismo propició la apropiación de la izquierda de un movimiento en origen liberal y humanista[19]. Y así ha seguido siendo.

El amor libre y la liberación sexual fueron la respuesta revolucionaria del 68 a la moral puritana de la generación anterior. De fondo estaba la idea maoísta de derribar las tradiciones y costumbres capitalistas como primer paso del Gran Salto Adelante. Frente a la represión de los instintos y las emociones, los sesentayochistas impulsaron las desinhibiciones como reflejo de la libertad individual, el hedonismo y la búsqueda del placer como sentido de la vida.

El mundo de la cultura hizo el resto. Las discográficas hicieron fortuna con grupos y canciones explícitas. Resucitaron al marqués de Sade como ejemplo, y El nuevo mundo amoroso, un libro de Fourier sobre el amor libre, se convirtió en un best seller en 1967. Era un nuevo concepto y práctica del amor y del sexo como modo de romper la hipocresía moral del capitalismo. Incluso Wilhelm Reich se convirtió en pensador de culto con su obra La irrupción de la moral sexual (1932-1933) porque había escrito que la restricción moral era la base del conservadurismo y del fascismo. No romper ese puritanismo era colaborar con el sistema, como también explicó Herbert Marcuse en Eros y civilización: la destrucción del orden existente dependía de no reprimir los instintos. Era preciso combatir la hipocresía burguesa. El papel determinante en el sistema capitalista era el de la mujer, decían. Por tanto, había que deshacer el género impuesto por la sociedad burguesa, como señaló Simone de Beauvoir, a través de la liberación sexual y maternal, y visibilizando al «segundo sexo». Librarse del papel de madre era prioritario porque proporcionaba más trabajadores para el sistema capitalista, recluía a la mujer e impedía su ascenso. Por eso se presentó la píldora anticonceptiva como una liberación, y el aborto como un derecho.

He aquí, en cómo aborda la ideología de género el aborto, una de sus grandes contradicciones. Sostiene el feminismo socialista que ellas deciden sobre su cuerpo, en este caso, sobre si seguir un embarazo. Sin embargo, no sacan la consecuencia, ya señalada por John Locke. Si la propiedad del cuerpo es de la persona, también lo es «el trabajo de su cuerpo y la labor producida por sus manos»[20]. En consecuencia, la propiedad individual y el resultado económico del esfuerzo personal son intocables, el derecho de propiedad es un derecho inalienable que el Estado no puede tocar ni nadie puede robar. La inconsecuencia del socialismo y su ataque a la naturaleza humana son evidentes, de ahí que la izquierda se mueva entre dos pilares: la coacción y la utopía.

Otro mundo era posible, decían, cambiando el paradigma o espíritu de los tiempos. El viejo orden internacional basado en el conflicto entre pueblos debía dejar paso a otro fundado en parámetros distintos, «sin dolor», escribió André Glucksmann. Era hora de poner fin a la industria armamentística, sustituir los tanques por tractores, las balas por flores, y acabar con la política de bloques. «All you need is love», que cantaban The Beatles . El miedo a la guerra nuclear, alimentado por la crisis de los misiles en Cuba, hizo el resto.

El ecologismo apareció en esa idea de «otro mundo es posible», y en el rechazo al capitalismo, al que presentaban como contaminante y destructor. En este planteamiento el hombre era la especie más perjudicial para el planeta. Esta idea se ha repetido con la pandemia, diciendo claramente que la naturaleza, como si fuera un sujeto consciente, había decidido eliminar o reducir a su especie más dañina. David Quammen, divulgador científico, autor de Contagio, entrevistado en El País, tras sostener que el virus procedía de los murciélagos, decía:

Los humanos somos más abundantes que cualquier otro gran animal en la historia de la Tierra. Y esto representa una forma de desequilibrio ecológico que no puede continuar para siempre. En algún momento habrá una corrección natural. Les ocurre a muchas especies: cuando son demasiado abundantes para los ecosistemas, les ocurre algo. Se quedan sin comida, o nuevos depredadores evolucionan para devorarlos, o pandemias virales las derrumban. Pandemias virales interrumpen, por ejemplo, explosiones de población de insectos que parasitan árboles. Ahí hay una analogía con los humanos[21].

El culto a la naturaleza se convirtió en una religión laica. Era una vuelta al estado primitivo, una corrección al capitalismo, que, con sacrificio y buena dosis socialista, permitiría volver a tener un «planeta verde». Esa religión cambió la idea de progreso de la humanidad: ya no era el desarrollo tecnológico lo que aseguraba la felicidad y el confort, sino el que fuera «sostenible». Lo presentaron, y así ha quedado, como una moral cívica encaminada hacia un fin ineludible y obligatorio: salvar el planeta.

En la década de 1960 surgieron movimientos de independencia, muchos trufados de comunismo o izquierdismo. El colonialismo capitalista y el imperialismo occidental —nunca el soviético— eran para la izquierda la causa de la pobreza en el Tercer Mundo, la desaparición de sus culturas autóctonas por imposición de una «globalización», y la introducción de métodos capitalistas que rompían sus costumbres. Esto llevó al paroxismo en Occidente hacia las terapias, religiones y filosofías orientales como modo de compensar un complejo y un desprecio a lo propio.

Esa supremacía occidental llevaba al Tercer Mundo a la violencia, decían. Frantz Fanon publicó Los desheredados de la Tierra (1961), con un prefacio de Sartre, otro filósofo de moda en el 68, quien escribió que «matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro, suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido». El Che Guevara, quien resucitó los campos de concentración para homosexuales[22], puso en boga entonces el «foquismo», entendido como establecer guerrillas en diversos focos tercermundistas para derribar gobiernos capitalistas.

Ese tercermundismo se hizo acompañar de su buena dosis de violencia, tal y como defendieron intelectuales reverenciados por la izquierda como Sartre, Beauvoir, Toni Negri o Althusser[23]. Occidente era culpable de la pobreza en todo el mundo, de las guerras imperialistas y de las de independencia, y, por tanto, también responsable de la reacción violenta contra el Primer Mundo, sus mandatarios y organismos internacionales. Nació así el movimiento antiglobalización y el altermundismo que explotó en Porto Alegre en 2001. Crearon una completa red internacional organizada para luchar a través de la propaganda y de la violencia contra la globalización y sus consecuencias sociales, raciales y culturales, a las que tildaron de «fascistas»[24].

El comienzo del siglo XXI mostraba así que la siembra había dado su fruto porque los objetivos del 68 fueron asumidos de forma inconsciente y luego interesada por las dos generaciones posteriores. Marcados el progreso y la felicidad en torno al igualitarismo, el feminismo, el ecologismo y el altermundismo, lo sacrificable era la libertad en aras a la ingeniería social del «otro mundo es posible».

¿Cómo hicieron que esas ideas fueran las comunes a la mayoría? A través de la educación. La Nueva Izquierda del 68 tomó el sistema educativo como el lugar donde forjar generaciones de hombres nuevos para una sociedad nueva. Era llevar a la práctica las ideas gramscianas de «hegemonía cultural» como modo de cambiar el orden capitalista. Eran profesores que ya no pretendían formar profesionales, sino cambiar el mundo, algo que también se llevó al periodismo y a la cultura. Por esta razón, la escuela se convirtió en un laboratorio social, donde se impartían los nuevos valores ciudadanos para la paz, el feminismo y el ecologismo, todo envuelto en diatribas anticapitalitas.

Frente a una realidad en la que todo, desde la mentalidad al orden social, la cultura o la economía eran despreciables, los del 68 reivindicaron el «derecho a la utopía». Era el «Imagine» de John Lennon. Ya no atraía la utopía soviética, percibida por los sesentayochistas como auténtico fracaso porque se basaba igualmente en la represión del individuo y en la guerra.

El éxito del utopismo desde el 68 se ha basado en destruir la antítesis entre la utopía y la razón; esto es, en presentar como irracional el mundo existente, y como racional un nuevo mundo fundado en otros parámetros[25]. ¿Por qué la gente cree en lo irracional en la era de la información global? Por las emociones. Lo cuenta Bernaldo de Quirós: «Si una falsa creencia es emocional y moralmente satisfactoria, y no hay costes personales a ella, no hay motivos para abandonarla»[26].

La realidad es una forma de conciencia del mundo, por lo que el utópico, como señaló Georg Lukács en Historia y consciencia de clase (1923), debe transmitir a los potenciales sujetos revolucionarios —el sujeto durmiente— cuáles son los procesos históricos que han marcado el presente, y señalar las vías de futuras soluciones. Era «tomar conciencia» y forzar el posterior «empoderamiento» del sujeto; la unidad de la teoría y la praxis. De esta manera, según el marxista Ernst Bloch la utopía se convertía en sinónimo de esperanza, de esperanza en que en un momento futuro la racionalidad de la utopía se impusiera, lo que precisaba concienciación (léase, propaganda) y activismo. Así, la utopía se convirtió en anticipación, y sus defensores en portadores de la verdad histórica, visionarios del mundo futuro.

La influencia de Herbert Marcuse en el movimiento del 68 fue desigual; si bien en Estados Unidos fue grande, no lo fue tanto en Francia. Los franceses transitaban entre el joven Marx presentado por el estructuralismo de Althusser, el maoísmo, Henri Lefebvre y Jean-Paul Sartre. Algunos sostienen que la visión crítica del capitalismo y la sociedad de su tiempo que había hecho Marcuse, conjugando a Marx con Freud, había tenido tanta difusión en los primeros años sesenta que se podía ser su discípulo inconsciente sin haber leído sus obras[27].

El poder y la eficacia del sistema de dominación capitalista sobre la vida privada de la gente, según Marcuse, estaba en la asimilación de la clave de reproducción del sistema —trabajo y consumo—, y en la adopción de su moral, que provocaba la reificación. La clase, el proletariado, seguía existiendo en sí, pero no para sí; es decir, había sustituido el ímpetu revolucionario por la búsqueda del confort. La contradicción era, siguiendo a Marcuse, que, mientras la racionalidad del proceso histórico de dominación era cada vez más evidente, la transformación de esa racionalidad en praxis liberadora estaba bloqueada por el grado de penetración de la ideología capitalista. Esto hacía que se hubiera llegado al «final de la utopía». Ya no se podía esperar esa utopía del simple desarrollo del mecanismo histórico que decía Marx. La solución era cambiar el deseo, las necesidades de los individuos, denunciar el consumismo, dar un nuevo contenido al concepto de «felicidad» como modo de romper esa moral capitalista que bloqueaba el ímpetu transformador[28].

El sujeto utópico sería la nueva intelligentsia , los activistas y los sectores marginados o inconformistas. Con el tiempo, esta idea de Marcuse la transformó Ernesto Laclau en populismo, al identificar a dichos sectores con el pueblo, y designando a una parte de la «élite» cultural y educativa como su guía. No se trata, por tanto, de lucha de clases, sino, a su entender, de que una vanguardia cree «pueblo» o «patria» y se enfrente a la oligarquía dominante. Para Theodor Adorno y Max Horkheimer, era el mantenimiento del anhelo utópico, fundado en ese maridaje entre racionalidad y sentimentalismo lo que podía vertebrar dicho sujeto popular transformador. Arendt lo tenía más claro: los totalitarios no buscan organizar una clase social, sino a la sociedad entera, al pueblo o a la masa[29].

Lo cierto es que el esquema de Marcuse coincidía con la necesidad de tener un cuadro crítico completo del orden existente. El capitalismo era presentado como un sistema fundado en la frustración constante por la insatisfacción y la represión. La dominación se marcaba en todos los terrenos, desde los formales hasta los informales, las costumbres y la conciencia, ejerciendo una represión eficaz para mantener a la oligarquía. Frente a lo negativo de la realidad impuesta, Marcuse reivindicaba la búsqueda de lo posible a través de la liberación de los instintos —la parte que nos hace humanos y que está reprimida por las convenciones sociales— enlazada con la rebelión política —tomar el poder para cambiar el sistema—. Ya estaba marcada así la utopía, el «otro mundo es posible». Esto lo tomó el nuevo marxismo. Por eso Zizek dice que la izquierda debe considerar la política como el arte de lo imposible.

Esa izquierda nacida en los sesenta se definió como «antifascista», pero no contraria al totalitarismo. Siguieron viendo con simpatía los experimentos comunistas en Europa del Este, salvo excepciones, en el Caribe y en Asia. Esa izquierda, como lamenta Enzo Traverso[30], perdió la oportunidad de alejarse del totalitarismo no solo en los sesenta sino también después de 1989. Es una premisa falsa desde Ferdinand Lasalle, creador de la socialdemocracia en el último tercio del siglo XIX. Sin un propósito de transformación total de la sociedad, del ámbito público y privado, moral, educativo, cultural, económico y político, la izquierda no es nada. Sin una simbiosis entre partido con complejo de superioridad moral, Estado y sociedad, la izquierda perdería su personalidad. La pulsión totalitaria está en la esencia del socialismo.

Las microutopías

El atractivo del utopismo surge de no comprender que no podemos establecer el paraíso en la tierra

KARL POPPER, Utopía y violencia, 1947

El gran hallazgo al que llegó la izquierda transformadora, que así se ha hecho llamar, han sido las «microutopías». El mecanismo es bien sencillo: desechada la posibilidad de conseguir de golpe la Gran Utopía vinculada a los partidos políticos, la izquierda decidió cambiar el mundo a través de pequeñas utopías ligadas al feminismo, el ecologismo, el antimaquinismo, el anticapitalismo de baja intensidad o de cercanía, a cargo de los movimientos sociales. El conjunto despertó las microutopías; es decir, la búsqueda de pequeñas transformaciones por grupos específicos con objetivos concretos ecológicos, feministas, migratorios, de peatonalización, antinucleares, antiglobalización. Fueron las tareas de los nuevos movimientos sociales, con un objetivo común: cambiar la realidad cada uno en su parcela para conseguir un «mundo mejor». Apareció entonces el «compromiso social», ahora traducido como «activismo». El hundimiento de la Gran Utopía del marxismo-leninismo no hizo perder la esperanza, el anhelo, sino que lo fragmentó en las microutopías como una forma más sencilla de conseguir la transformación[31]. En terminología gramsciana es la «guerra de posiciones»: ganar pequeñas batallas para vencer en la gran guerra.

El derrumbe por ruina humana y económica del universo soviético en 1991, lo que venía siendo la Gran Utopía, el paraíso sobre la Tierra de esa religión sustitutiva que siempre fue el comunismo, dio al traste con la posibilidad de cambiar el orden de forma tradicional. Lenin y Trotski habían aprendido de la experiencia francesa de Robespierre, del error de Babeuf y de la estrategia de August Blanqui en 1848 y 1871. Idearon un buen mecanismo: aprovechar la debilidad estatal, la parálisis del Gobierno y el Zeitgeist revolucionario para dar un golpe de Estado en nombre del pueblo, e imponer una dictadura que desatara la guerra de clases para laminar al enemigo a través de una liquidación selectiva o una guerra civil.

Ese entramado leninista, esa estrategia casi perfecta para alcanzar y conservar el poder, se vino abajo entre la izquierda en la década de 1960 tras los episodios de Hungría en 1956 y Checoslovaquia en 1968. Es cierto que la New Left estaba formada por burgueses mantenidos, literatos románticos, profesores con ínfulas y periodistas de café, tal y como había sido en 1917. Sin embargo, ese nuevo izquierdismo que pregonaba aquello de «otro mundo es posible», el altermundismo más naif, todavía estaba sujeto a la idea de la transformación general.

Esto se debía a que la labor propagandista de las potencias comunistas en las sociedades occidentales, siguiendo el modelo del estalinista Willi Münzenberg, que convencía o compraba a la élite cultural, hacía una buena labor. La generación del 68, entre la que se encuentra Murray Rothbard, creyó verdaderamente que su futuro se jugaba en Vietnam, en África o en el «patio trasero de América», a diferencia de los sindicatos de la época, que sabían que su presente se jugaba en su empresa y con su Gobierno. Aquellos izquierdistas creían que había una «lucha global» contra el imperialismo capitalista.

Ese reverdecimiento de la utopía, muy cargada de flower power y de violencia —no hay más que leer a Fannon o a Malcolm X—, llevaba, no obstante, el germen de su parcelación. El fenómeno estalló, como decíamos más arriba, en 1991. Los socialistas se buscaron a sí mismos en el pasado de una ilusión, que escribió François Furet, y rebuscaron nuevos proyectos. El asunto era grave, ya que el comunismo solo funciona si el partido, valga la redundancia como indica Jiménez Losantos[32], presenta una utopía que sea capaz de movilizar a la gente, de exigir el sacrificio de la militancia y procurar la obediencia y la jerarquía en pro de «la causa». Sin «causa», no hay nada que mantenga el partido. Por eso todos los partidos comunistas se hundieron.

Dicha búsqueda rastreó a los viejos pensadores socialistas, como Fourier, Cabet y Proudhon, a Owen o Saint-Simon, a los que habían motejado de «utópicos» frente al «cientificismo» de los análisis marxistas. Pero también se podían resucitar las aspiraciones sesentayochistas si se las politizaba, porque la clave era convertir en cuestión de lucha política cualquier tema. Y más aún: que no fuera un partido político, gran generador de «oligarcas y colaboracionistas del capital», sino los movimientos sociales. Este nuevo actor presentaba varios beneficios frente a un partido: siempre tenía a la prensa de su lado, al tiempo que podía funcionar con pocos recursos y conseguir grandes resultados.

El Foro Social de Porto Alegre, en 2001, fue la culminación de esa estrategia izquierdista para cambiar el mundo a través de microutopías. Se señalaron los grandes males del mundo: la globalización y el neoliberalismo, que venía a ser la fórmula rediviva del imperialismo como última fase del capitalismo que escribió Lenin. Las potencias habían impuesto una única fórmula política y económica, la democracia liberal, que ponía los mercados locales y a la gente al servicio de sus intereses.

En aquella ciudad brasileña gobernada por una coalición de izquierdas en manos del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, se dieron cita sindicalistas, ecologistas, intelectuales, partidarios de la tasa Tobin, feministas, miembros de ONG, indigenistas, y otros «desterrados» del bienestar. Debatieron cómo repartir la riqueza, combatir las desigualdades, potenciar la vuelta a la economía local y al desarrollo sostenible, al pequeño mercado, a las labores artesanales y gremiales, como medio de librarse de las condiciones de vida a las que «condena el capitalismo salvaje». Esa era la nueva democracia, la social, la igualadora, la que devolvía «el poder al pueblo», la que repudiaba a las grandes empresas y premiaba el colectivismo y la autarquía.

La propaganda para convencer debía ser constante. Luchar por la hegemonía cultural era ganar la política. Era preciso llenar el discurso de mitos tal y como los entendía Sorel: un relato falso sobre la realidad que tuviera el único objetivo de movilizar a las masas[33].

Los medios de lucha no debían ser inicialmente violentos, pues con ello se perdía la batalla de la comunicación, algo que se había aprendido de las grandes manifestaciones por los derechos civiles en EE. UU. en la década de 1960. Las formas de luchar debían combinar supuesta espontaneidad, con espectáculo y bonhomía; esto es, debía parecer ante las cámaras de televisión que delante había personas que sufrían de verdad, que eran ejemplo de grandes valores, movidas por el deseo de justicia social y de bienestar general, a diferencia de los poderosos. Eran los instrumentos de los movimientos sociales desde la década de 1980: sentadas, carteles, disfraces, performances , invasiones «inocentes» de espacios públicos —por ejemplo, unas chicas desnudas reivindicando respeto para la mujer—, pasacalles musicales y coreografiados, y asambleas callejeras. El conjunto proporcionaba un espectáculo demasiado atractivo para que no lo emitieran los medios de información, casi siempre en manos de personas formadas en universidades tomadas por la izquierda.

Entre unos y otros instalaron en la agenda política las microutopías. Era el regreso de la izquierda reaccionaria, que escribió Horacio Vázquez Rial, para «otro mundo es posible» —como rezaban los de Porto Alegre—, pero poco a poco, conquistando conciencias, con políticas públicas, con la instalación de la verdad oficial[34]. Entienden que la verdadera política es «el arte de lo imposible», cambiar los parámetros de lo que se considera «posible»[35]. Lo dice también Quinn Slobodian: romper con el neoliberalismo supone considerar que la soberanía del Estado (imperium ) está por encima de la propiedad (dominium ); es decir, que la democracia no debe plantearse como una garantía de los derechos, sino como un instrumento para la equidad abierto a cualquier posibilidad de ingeniería social[36].

Lo han conseguido. Nunca hay suficientes carriles bici, ni zonas verdes, ni hay bastante igualdad entre géneros, ni están suficientemente fiscalizadas las grandes empresas, ni se cobra lo justo, ni la riqueza está bien repartida, ni la economía es bien sostenible, ni las minorías étnicas están respetadas o la diversidad sexual está bien visibilizada. Todo es poco porque para esta izquierda es o todo o nada. Sin la igualdad material, la democracia es un fraude, dicen desde Babeuf, porque la distinta posición económica desvirtúa la igualdad legal[37].

Este paradigma se ha instalado. La hegemonía cultural es de izquierdas. No hay partido que no lo lleve de una manera u otra en su programa, o cargo público de primera línea que se atreva a contradecir la necesidad de ir cumpliendo esas microutopías. No es baladí, porque esa parcelación de la Gran Utopía cambia la geografía urbana, el modelo económico, las instituciones, y la cosmovisión de la gente; es decir, el modo con el que se interpreta la historia, el progreso, el ser humano, la sociedad, la cultura, la civilización y sus valores. Pero también, y esto es importante, quién tiene derecho a estar en esa nueva sociedad, y quién debe ser apartado.

Los profetas son de izquierdas

¡Más despacio, profetas de desgracias!

MAX STIRNER, El único y su propiedad, 1844

Es corriente que en tiempos de graves crisis se hable del futuro de la sociedad. Aparecen entonces los profetas, normalmente a la izquierda, siguiendo una costumbre adquirida desde que Marx ideó un supuesto sistema científico de predicción de la historia que concluirá en la redención de la humanidad[38] . Esas profecías comienzan por achacar al capitalismo todas las desgracias. Los políticos profetas, además, se atribuyen la facultad de señalar el futuro de esa «posguerra». Marx, como escribió Simone Weil, era un idólatra del futuro, y a esa idolatría sacrificaba todo su conocimiento y trabajo[39] . Ya lo dijo el alemán: hasta ahora los filósofos habían interpretado el mundo, la cuestión era transformarlo. Por eso Popper veía que detrás de todo historicista, de aquel que había creído encontrar las leyes científicas del devenir de la historia, en realidad había un activista; es decir, un propagandista, no un científico[40] . De ahí el que el socialismo esté lleno de profetas, de visionarios que retuercen el pasado y el presente para conseguir que la gente aspire a conseguir la fórmula perfecta que ellos les presentan para el futuro.

El totalitarismo necesita tener una situación que la gente sienta como crisis profunda. Solo así tiene la oportunidad de propagar un discurso que redefina el pasado, la historia, y marque un futuro salvador. La crisis sirve como «profecía autocumplida», como demostración de sus teorías. Cuando ese mensaje triunfa es cuando se produce la «atmósfera pretotalitaria» de la que hablaba Arendt[41] . En esto juegan un papel importante las élites culturales, que no tienen reparo en repudiar lo existente, en hablar de la «falsificación del pasado», y de que es urgente tomar otro rumbo. Ya lo vieron Benda y Aron, y entre nosotros José María Marco[42] : son esos intelectuales que, con un enorme complejo de superioridad, ansían corregir a una sociedad a la que desprecian. De ahí la atracción que los movimientos totalitarios, sus propósitos despóticos supuestamente ilustrados, correctivos, moralizantes, ejercen sobre la élite. Son historiadores, periodistas, pensadores y escritores que caen en esa traición a la libertad y asumen la necesidad de sacrificar la verdad, o de retorcerla, para enderezar a la humanidad. Esta situación es peligrosa, como señala la periodista turca Ece Temelkuran. Una vez que se ha creado esa atmósfera, aunque sean derrotados en las urnas los políticos que la propiciaron, esa infección permanece[43] .

Al cuarto de hora de la pandemia de la COVID-19 aparecieron los profetas del fin del mundo y del posapocalipsis. Manuel Castells, el ministro de Universidades, escribía: «Es el fin de un mundo. Del mundo en el que habíamos vivido hasta ahora»[44] . El desastre, la decadencia de la humanidad, se debía según él al modelo neoliberal surgido en 1979 de la mano de Thatcher y Reagan. El «ya lo dije yo» resonaba en las webs izquierdistas, e intelectuales de mayor o menor envergadura tomaron la pluma para anunciar la nueva sociedad que saldría de la pandemia. La COVID-19 había demostrado a su entender que la iniciativa individual y la sociedad abierta no eran suficientes para atajar los problemas sociales. Era precisa una corrección. La historia, decían, les daba la razón: en momentos de grandes penurias y necesidades, solo el Estado y los estatistas podían salvar a la sociedad. El paradigma, insistían, había cambiado. La pandemia mostraba el inicio de un Zeitgeist, un espíritu de época, que marcaría el devenir de Occidente y del mundo en adelante.

Hubo propaganda de bajo nivel que anunciaba el advenimiento del «ecosocialismo democrático», como decían dos cargos de Más Madrid. La conclusión: nosotros siempre tenemos razón[45] . Mucho más sensato se manifestaba Neil Melvin, director de Estudios Internacionales de Seguridad del reputado Royal United Services Institute, quien aseguraba que solo se iba a acelerar lo que ya estaba marcado: el declive de Estados Unidos por no asumir el liderazgo, la inutilidad de la ONU, la falta de cohesión en la Unión Europea o el fracaso de China. En conclusión, que no había un fin del sistema conocido y el inicio de una nueva era, sino la evidencia de un «mundo sin liderazgo»[46] .

La izquierda se tomó la pandemia como una revancha de 1989. Era «la caída del Muro de Berlín neoliberal». Así se podía leer en la revista La U, dirigida por el comunista Alberto Garzón[47] . El primer aviso, decían, había sido en 2008, como apuntaba una y otra vez Unidas Podemos. En 2020 quedaba clara, a su entender, la incapacidad del mercado, la «mano invisible», repetían en su argumentario los izquierdistas, para dar solución social a una crisis vírica. Era la resurrección del Estado casi en sentido mussoliniano: «Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado»; es más, como decía el dictador italiano, sin Estado no hay patria[48] .

Por supuesto, esa idolatría hacia lo «público» pretendía basarse en la moralidad, como siempre. Por eso hablaban de que la economía de mercado debía dejar paso a la «economía moral», en la que la subsistencia proporcionada por el Estado estaría por encima de la libertad y de los derechos, donde el interés general impuesto por el Gobierno se impondría al interés privado. Era la llamada a un régimen totalitario, de partido único asentado en la «verdad», y con un control estaliniano de la vida privada y pública de la gente. La tríada era clara: una patria protegida por un partido-Gobierno-Estado que impusiera una única moral.

Joaquín Estefanía copiaba a Paul Krugman en su «Keynes explicado a los zombis» (Infolibre.es, 3 abril 2020) diciendo que las ideas liberales estaban muertas aunque no lo sabían, y que era necesaria la intervención pública para evitar la depresión económica. Keynes estaba más vivo que nunca, decían, y Marx, pensaban, también. El complejo de profetas es muy marxista. La gran diferencia de Marx con los filósofos de su tiempo fue, precisamente, su carácter de profeta. Mientras el resto se dedicaba a analizar el pasado y el presente, o a proponer fórmulas resolutivas que dependían de la voluntad, como los utópicos, el alemán dio un paso: la profecía. Marx sostenía que era el primero en demostrar científicamente el papel de la lucha de clases como motor de la historia. No era cierto, Augustin Thierry ya lo había aplicado para explicar la Revolución francesa en 1840. Su profecía científica concluía con el inexorable advenimiento de la dictadura del proletariado como transición al comunismo. Sin embargo, el siglo XX enseñó que ese mecanismo no funciona porque la historia es impredecible. Entre otras cosas, la profecía marxista estaba basada en categorías acientíficas que dependían de la fe ideológica, como el concepto intangible y voluble de «clase social», o el volitivo y propagandístico de «conciencia de clase».

Aun así, la profecía sigue teniendo predicamento por la invasión de historiadores marxistas en las universidades desde 1930, como confesó hace décadas Eric Hobsbawm, quienes usaron las categorías marxistas-leninistas para contar el pasado al objeto de demostrar un discurso político. No hicieron historia, sino argumentos históricos para una religión política.

La profecía, bien arraigada en el izquierdismo con aroma marxista, no fue solo un fenómeno español. John Gray publicaba en El País el 12 de abril de 2020 una profecía titulada «Adiós globalización, empieza un mundo nuevo. O por qué esta crisis es un punto de inflexión en la historia»[49] . No hacía falta más. El capitalismo liberal estaba en quiebra, y comenzaba el capitalismo de Estado; es decir, la socialdemocracia. El alborozo de los socialdemócratas era indescriptible: la pandemia había hecho resucitar una idea que se creía muerta, que ellos mismos no habían podido insuflar vida tras años de lamentar el presente. Un virus demostraba que la socialdemocracia era el fin de la historia de la división internacional del trabajo, de la cooperación entre países, y el inicio de la vuelta a la agricultura, la industria y el mercado nacional. Keynes que estás en los cielos.

«¿Qué parte de su libertad querrá la gente que se le devuelva pasado el pico de la pandemia?», preguntaba Gray. El gobierno posliberal iba a ser la norma en el futuro próximo, porque, sentenciaba, «la seguridad y la pertenencia» son más importantes que la libertad. Es un viejo problema político. Ya decía Carl Schmitt que la lealtad dependía de quién proporcionaba lo necesario para vivir. También la «seguridad» es un concepto discutido y discutible, porque encontrar el punto justo de injerencia estatal en la vida privada y pública, en todas las actividades del ser humano, en su libertad de elección, no es posible. Cuando se permite al Estado la intromisión en la vida privada, como señaló Mises, acaba siendo regulada «hasta en los más mínimos detalles»[50] . El poder, como ya indicaron entre otros Lord Acton, John Locke o Jefferson, tiende a asumir cada vez más poder y a presuponer lo que necesita el ser humano. El poder es prepotente; es decir, crea las condiciones para obtener la obediencia de la gente. Es la clave de la conservación y aumento del poder. Por eso el liberalismo articuló instituciones que controlasen el poder, evitando su concentración y centralización, dio poder a la opinión pública a través del libre ejercicio de sus facultades, sus derechos, e inventó la democracia.

El neoliberalismo era el gran culpable para estos profetas de la COVID-19. Era preciso volver al «sentido común»: un nuevo contrato social, como el de la posguerra de 1945, con más socialdemocracia, más Keynes, menos mercado, dar marcha atrás a la política de cuatro décadas, y penalizar la propiedad y el beneficio para «repartir la riqueza» a través de inversiones en los servicios públicos. Había que renegar de cualquier tipo de liberalismo y ser muy estatista. Los socialistas de todos los partidos por fin habían encontrado su revancha de 1989 y el punto moral para enterrar la libertad en aras del igualitarismo[51] . No hace falta hoy día volver a los Estados comunistas del siglo XX para abolir el derecho de propiedad, basta, como señaló Mises, con que sea el Gobierno quien decida qué y cómo debe producirse, y a quién o a qué precio debe venderse[52] . Así, el derecho de propiedad habrá dejado de existir, y solo existirá en apariencia.

Los intelectuales de izquierdas se dedicaron durante los meses más duros de la pandemia a distorsionar la realidad. Trataron de hacer creer a la gente que lo que estaba pasando en España, la suspensión de derechos por parte de un Gobierno con alma totalitaria, era lo que estaba pasando en el resto del mundo. Dijeron, mintiendo, que la pandemia había roto la «vieja normalidad» y que daría paso a una nueva. Esos intelectuales orgánicos argumentaron a favor del Gobierno y culparon a la oposición y a los que protestaban. La culpa era de los ricos y de su defensor, el PP, porque, siguiendo las viejas diatribas socialistas de los siglos XIX y XX, había dos clases, la rica y la pobre, cada una representada por su partido, y solo podía vencer una. Eso es el socialismo: el conflicto constante, la trinchera, el enfrentamiento. Es como ese matón de sábado noche que sale a pegarse con cualquiera para construir su identidad. Sin lucha ni guerra no hay victoria, y es preciso tener un contrincante.

LA OPORTUNIDAD

La mentira es revolucionaria

La primera fuerza que rige el mundo es la mentira.

JEAN-FRANÇOIS REVEL, El conocimiento inútil, 1988

El totalitarismo se distingue por imponer un lenguaje que, ya oficializado, impida al individuo tener un juicio autónomo, propio y crítico. Esto se consigue estableciendo una única forma de hablar para expresar los acontecimientos —lenguaje inclusivo, los toponímicos, los conceptos—, y manipulando las informaciones. El poder totalitario destruye así el criterio de verdad, porque esta se adecua a las necesidades del Gobierno para mantenerse. De esta manera se da paso a la mentira institucionalizada, que, como escribió Forti, «garantiza al poder político el monopolio de las verdades históricas y fácticas»[53]. Por eso, como ha escrito Dalmacio Negro, la primera víctima del totalitarismo es la conciencia. El Gobierno acumula la información, la devuelve como propaganda científica, borra la distinción entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, y el hombre asume una falsificación de la realidad[54]. Si a la idolatría de la igualdad, el igualitarismo, se le añade la ignorancia, en este caso como resultado de la desinformación y la manipulación, como señaló Tocqueville, es más sencilla la concentración de poderes y la servidumbre voluntaria[55].

El exiliado polaco Czeslaw Milosz escribió en 1953 uno de los libros más preclaros sobre el comunismo como la nueva fe, esa religión política que debe apartar cualquier otro tipo de creencia organizada, como el cristianismo y la Iglesia. Eric Voegelin explicaba unos años antes que la secularización había desplazado «lo sagrado» desde las religiones a los mesianismos intramundanos, a ideologías totalitarias como el comunismo[56]. En realidad, es muy similar a lo que el izquierdista Albert Mathiez describe en Los orígenes de los cultos revolucionarios (1789-1792), y que luego Talmon describió como «democracia totalitaria». La clave para que un Gobierno puede realizar una transformación social profunda no solo es el terror y la represión, sino la creación de una mentalidad religiosa ligada a un proyecto político[57]. Es la «teología política» de Carl Schmitt; es decir, toda ideología tiene las características de una religión y, como tal, está en lucha con otras. Solo puede quedar una, ortodoxa y depurada, para que funcione. Ya lo apuntaba Lenin en la cita previa de El Estado y la revolución (1917), recogida de una carta de Lasalle a Marx de junio de 1852: «La prueba más grande de la debilidad de un partido es la amorfia y la ausencia de fronteras bien delimitadas; el partido se fortalece depurándose».

La mentalidad religiosa de las ideologías supone disponer el corazón y la mente de las personas, su comportamiento, palabras y reacciones inconscientes, al objetivo político. Matar a Dios, como Nietzsche, para crear una religión política con ortodoxia y apostasía. Milosz, como decíamos, señalaba que esto es sencillo para un gobierno totalitario:

La lucha de las democracias populares es para lograr la dominación del espíritu humano. Al hombre hay que hacerle comprender, porque, así, aceptará. ¿Quiénes son los enemigos del nuevo sistema? Las personas que no comprenden. Y si no comprenden es porque sus mentes son débiles o porque no saben pensar[58].

Si el Estado es lo político; es decir, la determinación de las bases de convivencia y, en consecuencia, de la dialéctica amigo-enemigo, la introducción de Unidas Podemos en el Gobierno solo podía tener una consecuencia: su asalto al Estado o, al menos, que la gente percibiera al Estado y al Gobierno como la misma cosa. La izquierda ha entendido muy bien aquello que explicaba Max Weber: la política es la aspiración a influir o participar en el Estado, porque el Estado es el instrumento de «dominación de hombres sobre hombres», que sostiene sus normas a través de la violencia legítima (legal, mejor)[59]. De esta manera, teniendo el Estado se puede intentar llevar a cabo casi cualquier proyecto político.

Esto significaba que un Gobierno con espíritu revolucionario, o transformador como dice Podemos, iba a usar las instituciones estatales para sus fines partidistas. ¿Qué fines? Lo que apuntaba Milosz: lograr la dominación del espíritu humano. ¿Cómo? Movilizando dos emociones potentes, el odio y el miedo, politizando el dolor. Jorge Moruno, uno de los primeros «teóricos» de Podemos, luego defenestrado y después retirado en el experimento fallido de Más País, lo de Errejón, confesaba con ingenuidad en eldiario.es, el 15 de octubre de 2016, que el éxito del partido de Iglesias estaba en conducir el dolor hacia una única solución política. Era «politizar el dolor y organizar la rabia». En realidad, era la parafernalia epistemológica de Laclau y Mouffe: llenar el significante vacío con desgracias para señalar un culpable y un salvador. Las desgracias se producen por el «neoliberalismo», y el sueño por «el socialismo del siglo XXI», claro, que resolvería por sí todos los problemas, lo mismo que, como señaló Hayek, habían prometido siempre[60].

Para Gramsci las palabras crean realidades, puesto que «el hombre es sobre todo espíritu, o sea, creación histórica, y no naturaleza». Por esto:

Es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Pero todo eso no puede ocurrir por evolución espontánea[61].

Frente a la izquierda, Jean François Revel sostenía en El conocimiento inútil que «la misma palabra de la izquierda es una mentira», en referencia al doble rasero que ya en los años setenta se aplicaba a derecha e izquierda; afirmaba:

La falsificación o la insuficiencia de la información benefician más a la izquierda que a la derecha, y tienen más éxito cuando vienen de la izquierda que cuando proceden de la derecha. En la comunicación se encuentran, por consiguiente, muchos más ejemplos de mentiras en la izquierda que en la derecha[62].

Los nacionalsocialistas alemanes ensayaron, de la mano de Goebbels, instrumentos y tecnologías que fueron luego asumidas por las grandes industrias culturales de Occidente, como la organización centralizada de las redacciones de la prensa en papel, la estructura de los informativos radiofónicos o los anuncios publicitarios que las agencias recomiendan a sus clientes. Es la propaganda que penetra en todos los ámbitos de la vida privada y pública, consiguiendo así debilitar a los adversarios políticos al tiempo que se suman seguidores. Cuando más débiles los adversarios, mayor la propaganda. De ahí el descaro que hemos visto por parte de TVE o de la agencia gubernamental de noticias EFE. Pero también los señalamientos públicos de periodistas o medios de comunicación críticos. El fin último de los propagandistas es el pensamiento único, la hegemonía cultural absoluta. Es la nueva violencia del totalitarismo, que ya no necesita cañones ni pistolas. Basta con la sumisión del pueblo a través de la propaganda; que la oposición no se atreva a ejercer como tal por el miedo al qué dirán los medios de comunicación, lo que Federico Jiménez Losantos bautizó como «maricomplejines». En el fondo, de hecho, la socialdemocracia y el socialismo o cualquiera de los colectivismos no son más que un proyecto totalitario enmascarado por la propaganda. Un totalitarismo que también utiliza el racionalismo extremo y el cientificismo para enmascarar su verdadera esencia. Si los receptores del mensaje consienten la propaganda por ser un código culturalmente impuesto por los medios, la resistencia carece de sentido.

La propaganda es, según la definición de Ellul, «un conjunto de métodos empleados por un grupo organizado que quiere lograr la participación activa o pasiva en sus acciones de una masa de individuos, psicológicamente unificada a través de la manipulación psicológica y su incorporación a una organización». Al fin y al cabo, el mensaje solo triunfa si el receptor está dispuesto a recibirlo porque se identifica con el mensajero. La burda y simple propaganda de la izquierda radical española jamás podría funcionar si antes la socialdemocracia no hubiera infantilizado e irresponsabilizado a la población hasta límites insospechados. Su finalidad no es otra más que el secuestro de las almas, la destrucción de las mentes, el moldear la conciencia individual. Decía la individualista Ayn Rand que «el único valor que los hombres pueden ofrecerme es el trabajo de su mente». Y el fin de la propaganda no es más que su destrucción, porque, «el pensamiento no se doblega ante la autoridad».

Para el ministro Castells, la sociedad de las TIC o «sociedad red», «ofrece la posibilidad de crear otro mundo diferente, distinto de la reproducción de normas y disciplinas incorporadas en las instituciones de la sociedad», que los populismos de extrema izquierda quieren destruir. Sostiene Castells que las nuevas prácticas y los partidos y actores (movimientos sociales) de la nueva política, «regeneran las raíces de nuestra democracia en ciernes», porque modifican las relaciones de poder. Como sucedió con los foros locales municipales de Manuela Carmena (creados para deslegitimar las juntas municipales de distrito) no derogados por el actual consistorio madrileño por la oposición de Begoña Villacís y Ciudadanos. Estos foros locales no son más que «nuevas fuentes para la toma de decisiones sobre quién obtiene qué y cuál es el significado de lo que obtienen[63]». Y así se subvierten las instituciones democráticas.

La libertad de expresión, vinculada a la libertad de conciencia y conditio sine qua non para poder hablar de sociedad abierta y de pluralismo político, fueron puestos en entredicho por el Gobierno, especialmente por Podemos, durante los días de la crisis. Lo veremos en capítulos posteriores.

Carl Schmitt escribió que, ante una situación de desorden o caos, cuando se reclama la concentración de poderes para solucionar una crisis, surgen dos tipos puros de dictaduras. Una de ellas es la dictadura comisarial, conservadora, momentánea, que pretende combatir los elementos centrífugos y disolventes, y cuyo objetivo es mantener el sistema en peligro mientras persista el desorden. Otra es la dictadura soberana, revolucionaria, que es aquella que aprovecha el caos para concentrar el poder y llevar a cabo la transformación de todo, con la excusa de arreglar para siempre los problemas[64]. Son formas puras, claro, y entre medias hay formas mixtas que permiten identificar mejor las distintas soluciones y situaciones políticas. El gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias se colocó como una dictadura revolucionaria en el sentido schmittiano: asumir legalmente el poder para cambiarlo todo por la puerta de atrás, usando el desconcierto y el miedo provocados por la pandemia y la necesidad de un poder fuerte que resolviera los problemas. Fue entonces, como quedó dicho, que apareció el alma totalitaria del socialismo, su deseo de cambiar de raíz al hombre y a la sociedad.

Sánchez soltó en su comparecencia televisiva del 2 de mayo de 2020 que «no hay plan B, el único plan es el estado de alarma». Es más; amenazó con que, si la oposición no aprobaba una nueva prórroga del estado de alarma en el Congreso, no habría ayudas para las empresas y trabajadores, como los ERTE. De esta manera, una vez más, se mostraba la deriva autoritaria de un Gobierno incapaz de conseguir un acuerdo con el PP en algo fundamental para la sociedad, y, al tiempo, responsabilizar a la oposición de la pérdida de ayudas sociales. Era otra vez la victoria de la supuesta seguridad sobre la libertad, la engañifa del Estado protector que garantiza el bienestar.

La izquierda se asienta en un complejo de superioridad moral y de cirujano de hierro; esto es, de ser un sujeto encarnado en un partido para imponer el orden. Esto procede de Rousseau, que creó la idea del Estado moral; es decir, un Estado en el que la moral oficial dictara la legislación para la ordenación de la vida privada y pública[65]. El orden social, por tanto, debía responder al orden social marcado por el Gobierno al frente del Estado. Y frente al desorden, el socialismo es un corrector, el estandarte de esa moral. Por eso la izquierda se presenta siempre con ese complejo de superioridad moral para corregir, para salvarnos de nosotros mismos, y por ello necesitaban un estado de alarma que les permitiera gobernar sin control para llevar a cabo la transformación total. Sánchez había conseguido sacar del socialismo lo peor, su sueño de mando único e indiscutible y el arrinconamiento de toda oposición.

El populismo que adoptó Sánchez, junto a su ejercicio de laminar a su partido a su imagen y semejanza hicieron el resto. Iglesias se creyó capaz de dirigir el proyecto político, dada la podemización del PSOE desde hacía años. En su ensoñación totalitaria, el líder de Podemos pensó que una vez terminado el proceso a la «nueva normalidad», Sánchez sería prescindible. Esa es la estrategia de toma del poder que han llevado a cabo todos los totalitarios que un día fueron minoría y que accedieron al Gobierno en coalición. Una vez terminado el proceso de toma absoluta del poder, pensó Iglesias, se desharía del peso muerto: Sánchez. Estaba claro que el proyecto podemita pasaba por alargar el estado de alarma: al Gobierno sin control se sumaba el poder para elaborar rápidamente legislación que marcara dos modos distintos de sociedad y de abordar la crisis. Los podemitas querían un pueblo dependiente de la política de justicia social y subvenciones. Sus enemigos querían personas responsables de su vida. Cuanto más durase el estado de alarma, más peligro había para la libertad.

Sánchez no dialogaba con la oposición y mentía. En esa comparecencia del 2 de mayo de 2020 aseguró que los lunes hablaba con los representantes de todas las fuerzas políticas. El Partido Popular enseguida desmintió al presidente, diciendo que en 43 días solo había hablado con ellos dos veces, una de las cuales duró tres minutos, y otra fue una videoconferencia. Lo de Sánchez era una falsedad más. No olvidemos que la democracia se fundamenta en distinguir la verdad de la mentira en el Gobierno y hacérselo pagar. El estado de alarma suspendía la vigencia más elemental del sistema democrático. La democracia no es un fin, sino un medio, como señalaba Hayek, «para salvaguardar la paz interna y la libertad individual»[66]. El democratismo es otra cosa, es el peligro que corren los derechos cuando un partido se alza al poder por la voz circunstancial de una mayoría, como con unas elecciones, y a partir de ahí cambia el régimen a su antojo con esa supuesta legitimidad.

Sánchez no era prisionero de Iglesias, sino cómplice. Todo el PSOE, sin excepción, se convirtió en cooperador necesario de la deriva autoritaria. No hacía falta más que echar un vistazo a quién apoyaba sin fisuras al presidente desde la política o los medios de izquierdas: solo los identificados con Unidas Podemos y los sanchistas subsidiados.

No cabía cesión alguna con quien quería recortar la libertad y detener los mecanismos de la democracia. El discurso de la unidad tras el Gobierno era solo un ardid retórico para que la oposición se sometiera a los dictados de un Ejecutivo socialcomunista que, si pudiera, gobernaría en estado de alarma, por decreto y sin control, por lo menos hasta el final de la legislatura. «Donde se postula la unanimidad absoluta [escribió Talmon] no hay sino imposición de una voluntad singular»[67]. El dictador demagogo no busca solo el apoyo para una política, sino la ciega confianza de las masas en la bondad de su proyecto personal transformador.

Este Gobierno no pretendía que los españoles se recuperaran y que la pandemia fuera un penoso recuerdo, sino transformar el país. Su objetivo no se limitaba a los términos de un estado de alarma, a paliar la pandemia, sino que estaban aprovechando la oportunidad para legislar sobre materias que se escapaban al sentido del decreto habilitante. El gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias estaba abusando del estado de alarma. Si por socialistas y podemitas fuera, esta situación hubiese durado toda la legislatura, como se demostró por la frivolidad con la que aprobaron el segundo decreto de estado de alarma por seis meses y el que afectó solo a la Comunidad de Madrid. La deriva autoritaria del Ejecutivo se iba pronunciando de forma crónica. No querían el control parlamentario, ni la crítica de la oposición, ni la prensa libre, y el ejercicio de la libertad les molestaba.

Los problemas eran varios. El primero fue la tergiversación del estado de alarma, que, siguiendo la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, solo permite la restricción del ejercicio de los derechos fundamentales. Este Gobierno no los había restringido, sino que los había suspendido como si se tratara de un estado de excepción o sitio. Los derechos de circulación o de reunión, según el artículo 55.1 de nuestra Constitución, únicamente pueden ser suspendidos con la declaración de excepción o sitio. Una pandemia no se ajusta a los casos previstos por la ley para unas medidas autoritarias y excepciones de este tipo. El segundo problema era que el Gobierno había pretendido suspender la democracia, que no se trata solo de votar, sino fundamentalmente de controlar el ejercicio del poder y de garantizar la libertad y los derechos. La coalición socialcomunista, tal y como expuso Pablo Iglesias, pretendía vulnerar el derecho de propiedad y de empresa, perseguir la riqueza y confiscar para repartir, al socaire de la construcción de una distópica «nueva normalidad».

Un país que persigue a la iniciativa privada, que ahoga la inversión y la libertad de empresa, está condenado a la pobreza. Claro que, dada la política fiscal que aventuraba el Gobierno, la crisis económica iba a ser muy larga. Anunciaron una tasa COVID o de reconstrucción, el aumento del impuesto de Sociedades, una tasa a las transacciones financieras, la subida del IRPF, impuestos sobre los Depósitos, el recargo en el IBI, la eliminación de desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, la «fiscalidad verde», y subir el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es conocido que un Gobierno con pretensión autoritaria quiere un pueblo pobre e ignorante para tenerlo dependiente.

El drama de la sociedad no ha sido nunca la desigualdad, sino la pobreza, y el socialismo es una fábrica de hacer pobres. Solo el libre mercado permite salir de la pobreza aquí y en todo el mundo[68]. Pero este Gobierno estaba utilizando el estado de alarma y la «comisión parlamentaria para la reconstrucción», dirigida en la práctica por un leninista, para sentar las bases de una democracia antiliberal. No olvidemos que la justicia sin libertad es servidumbre, que es justo la situación preferida por las ideologías que quieren súbditos en lugar de ciudadanos, que ansían personas dependientes de los subsidios gubernamentales. Combatir la desigualdad es el recurso de los totalitarios, porque el odio a la diferencia favorece el deseo y la aceptación general de la concentración gradual de poder en el Estado[69]. De esta manera, el Estado aparece como el propietario final de la riqueza, investido de la autoridad para repartirla.

El Gobierno aprovechó el estado de alarma para reducir la libertad educativa, aprobando una ley para eliminar la educación concertada, la privada y la especial. Esto demuestra un desconocimiento completo del tema y una gran dosis de ingeniería social. Su propósito es acabar con la educación concertada y ahogar a la privada para que toda sea pública; es decir, controlada por el Gobierno y extender sin trabas sus valores «equitativos». No les importa la calidad de la enseñanza, sino la equidad.

Además, este Ejecutivo suspendió la libertad de circulación más allá de la lógica de la salud pública. De hecho, la concesión del cambio a la fase 1 de la desescalada había sido realizada por un inexistente comité de expertos. De ahí que el Gobierno atendiera más a criterios políticos que a sanitarios. En ese paquete de derechos suspendidos estaban el de reunión y el de manifestación, que se convirtieron en acciones colectivas clandestinas. Es significativo que los aplausos fueran sustituidos por una cacerolada y gritos de libertad.

El socialcomunismo sabe que para que la suspensión de la libertad sea posible tiene que controlar a la prensa y la opinión de la ciudadanía. Para esto usan la mentira. Según GAD3 solo el 18 % creía que el Gobierno decía la verdad. La CNN internacional sacó los colores a Sánchez por el informe inexistente de la Universidad Johns Hopkins. Además, el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil confesó que su tarea era «minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno».

Este uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es tan espurio como que el Gobierno, aprovechando el estado de alarma, modificara la ley del CNI para que Iglesias y Redondo accedieran a la comisión que lo controla. El objetivo no podía ser otro que controlar la información y manejar las libertades. La presencia del líder de Podemos en el órgano del CNI tuvo graves consecuencias para España: Alemania, Reino Unido, Israel y Estados Unidos dejaron de intercambiar información de sus servicios secretos con los españoles. Algo muy peligroso con el Estado Islámico, Hezbollah y demás organizaciones terroristas actuando en Europa.

El estado de alarma se estaba utilizando para suspender la libertad y poner las bases de un sistema autoritario, una «nueva normalidad». La sociedad libre se impacientaba porque veía claro el riesgo de que con el tiempo hubiera que recuperar la democracia y la libertad. Hayek escribió sobre la propaganda en dictaduras, que los totalitarios tienden a que las «fuentes de información» estén «efectivamente bajo un mando único». La cuestión, decía, no era ya el persuadir a la gente, sino el de «moldear sus mentes». La acción era tan efectiva que «ni las personas más inteligentes e independientes pueden escapar por entero»[70]. Por eso, el Ejecutivo socialcomunista, siguiendo su tradición y tendencia natural, deseaba que solo hubiera una fuente de información: el propio Gobierno. Ninguna dictadura puede sobrevivir si no logra convencer a la mayoría, como apuntó Mises hace casi cien años, de que el sistema social que preconiza «es el mejor o, siquiera, el menos malo»[71].

El riesgo de involución era muy serio. Estábamos viviendo un peligro mucho mayor que el 23F o el 1O, que fueron golpes de Estado chapuceros encabezados por descerebrados que no tenían el poder en mente, sino la «salvación de su patria». En 2020 teníamos al frente de los destinos del país a políticos con un plan concreto para acaparar el poder, escapar al control parlamentario, moldear a la opinión pública y transformar el régimen a su conveniencia, que no era otra que gobernar para siempre.

La justificación de la salud pública para «salvar la república» y establecer una dictadura encubierta, un régimen autoritario, es un clásico. La evidencia de esta sucia maniobra era tal que lo llamaban «nueva normalidad». Ni siquiera sabían qué quería decir Cicerón cuando dijo aquello de salus populi suprema lex, ni el sentido que le dieron los romanos. Pensaban, o querían hacernos creer, que se refería a la salud, como lo expresó Juan Carlos Campo, ministro de Justicia[72]. No. Los romanos citaban esa frase cuando la República, su sistema de ciudadanía y funcionamiento de los poderes, se hallaba amenazada por un grave peligro, como una dictadura. En España, no era la COVID-19 quien amenazaba la democracia liberal de la Constitución de 1978, sino la deriva autoritaria del Gobierno socialcomunista. No solo eso. Una cosa es la dictadura comisarial, que podría corresponder al estado de alarma, contemplada por los romanos para salvar la Civitas y considerada de forma temporal para mantener el orden, y otra muy distinta es una dictadura revolucionaria, en la que se suspenden las libertades para establecer un orden distinto, una «nueva normalidad».

La situación a la que nos obligaba el Gobierno no comprendía solo medidas sanitarias, sino cambios económicos en las relaciones laborales y en la concepción del Estado que se escapaban al sentido del estado de alarma. Querían un Leviatán todopoderoso e incontestable, no de los que reconoce derechos, sino de aquellos que los conceden y retiran a su antojo. Esa «nueva normalidad» que imaginaban era un país sometido a la subvención y a la autorización gubernamental arbitraria. Se trataba de un PER permanente que consiguiera la obediencia y el silencio del subsidiado. De ahí que soltaran las ministras en rueda de prensa, sin mover un músculo facial, que el PIB iba a caer entre el 10 y el 15 %, y que el desempleo iría más allá del 19 %.

¿Es salus populi una situación en la que una dictadura comisarial, la del estado de alarma sin fin, perjudica al conjunto de los españoles? Cada vez esta pregunta deja una respuesta más clara: a sanchistas y podemitas les interesaba alargar la «hibernación económica» para destruir la estructura productiva privada, y agigantar la mano de su Estado paternalista y protector. El motivo es que se trataba de un modo de establecer una dictadura revolucionaria paso a paso, de forma silenciosa, con la tragedia como trasfondo y excusa.

España se convirtió con la pandemia en un laboratorio para las pretensiones autoritarias de un Sánchez entregado en cuerpo y alma a un proyecto particular de poder. Trataba de construir una sociedad española sin libertad de información ni de opinión, con una oposición deslegitimada, y llena de ciudadanos dependientes de las concesiones gubernamentales. Cuanto más tiempo se prolongara un estado de alarma inútil, que se podía sustituir por la aplicación de leyes ya aprobadas, más peligro corríamos de que lo que tuviéramos que reconstruir con el tiempo fuera la propia democracia. Un estado de alarma no facultaba para limitar la libertad de circulación y residencia, algo que solo podía hacerse con el estado de excepción, tal y como establece el artículo 55.1 de la Constitución. No había una limitación de derechos, sino simplemente su anulación con vigilancia policial.

El Gobierno volvía a mentir: los ERTE no tenían que perderse con el cese del estado de alarma. Una ley podía perfectamente recoger esa medida el tiempo que hiciera falta, en los términos adecuados. Era un flagrante chantaje del Gobierno, y para eso utilizaron a sus terminales mediáticos, que se dedicaron a alarmar a la población. Esto fue denunciado por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, en su intervención en el Congreso de los Diputados del 6 de mayo de 2020, en que su formación se abstuvo ante la prórroga del estado de alarma. Para entonces, Inés Arrimadas ya había anunciado su giro hacia el PSOE, provocando la baja de Ciudadanos de Juan Carlos Girauta y Carina Mejías.

El verdadero culpable de lo que pasaba en España fue quien usó la mentira para tener éxito político. En la era de la posverdad, como escribió el periodista Matthew d’Ancona[73], lo relevante es que no se penaliza al cargo público que miente, sino que la gente utiliza conscientemente esa mentira que refrenda sus emociones políticas para hacer daño al enemigo.

No importa saber que se trata de una mentira porque sirve para la guerra contra el otro. Ha desaparecido el respeto a la verdad y lo hemos sustituido por el relato, esa patraña compuesta de bulos, informaciones a medias y estudiadas storytelling. Este es un juego dañino para la democracia, para la convivencia y, sobre todo, para la confianza. No olvidemos que es justamente la confianza la base de cualquier tipo de organización política. Hemos llegado a lo que apuntaba Jacques Derrida: la verdad no se recibe, se hace. Y el problema es que la democracia solo puede asentarse en la verdad, no en llamadas a la emoción, en ufanarse de mentir, en creer las mentiras porque no importan los hechos, sino tener razón. La verdad, como ha señalado Kakutani, es una de las cosas que nos separan de la autocracia[74]. Ese desprecio al valor de la verdad nos conduce a alguna forma de totalitarismo, donde tienen más probabilidades de tener éxito, en palabras de Hayek, «los faltos de escrúpulos y los aventureros»[75].

La figura de Pedro Sánchez se ha construido sobre la posverdad: el ufanarse de mentir porque a los suyos no les importa mientras sirva para ganar a la derecha. Por eso ha escogido a Iván Redondo como gurú. Forjaron una carrera política falseando su vida privada y pública.

No era doctor, o no debería, porque su tesis es un plagio, pero no importa. Publicó un libro, Manual de resistencia, que ni siquiera escribió él, lo cobró, y dio igual. Su hemeroteca crucificaría a cualquier líder político del Occidente contemporáneo desde 1945, pero es lo mismo. Todo esto es tan falso como su compromiso con la letra y el espíritu de la Constitución española, o su lealtad al rey de España. No en vano, Carmen Calvo justificaba sin vergüenza sus mentiras y contradicciones diciendo que una cosa era Pedro Sánchez y otra el presidente del Gobierno.

Sánchez llegó a la presidencia con mentiras, y ahí sigue. Se le puede aplicar lo que decía Truman de Nixon: «Si alguna vez se sorprendiera a sí mismo diciendo la verdad, mentiría tan solo para no perder la práctica».

La moción de censura de 2018 se basó en una falsedad: el PP no estaba condenado por organización criminal, y menos por una frase ambigua de un juez «progresista». Sus aliados fueron desde entonces una ristra de gente que retuerce la verdad hasta que canta mentiras: golpistas, peneuvistas, filoetarras y podemitas. Sánchez vendió aquella alianza con otra mentira: un Gobierno de progreso dentro de la Constitución. Se acostó un 10N diciendo que era una «pesadilla» gobernar con Iglesias, y se levantó el 11 abrazado a él. Mintió, y la gente lo quiso creer.

Sánchez y Redondo pensaron en construir una legislatura sobre posverdades, esas mentiras que queremos creer y que no pasan factura en las urnas porque siempre se responsabiliza a otros. Normalmente a la derecha, al PP, a Díaz Ayuso, a Aznar. Esas posverdades sanchistas son el resultado del estilo populista que adoptó Sánchez para ocupar el lugar de Unidas Podemos desde su defenestración en octubre de 2016.

Ambos pensaban que gobernar era una cuestión de marketing, de vender una trola como si fuera una verdad, de crear un pensamiento mágico que llamara a las emociones. Una estrategia así nunca ha funcionado a largo plazo porque al final se encuentra con realidades que no puede ocultar. Le ha pasado hasta a la dictadura china, que tapó el coronavirus y las verdaderas cifras, asesinó supuestamente a los médicos que alertaron y ahora vende material sanitario y da lecciones de cómo combatir la pandemia.

El Gobierno de Sánchez e Iglesias creyó que podía mentir con el coronavirus. «Es una gripe», decían. «No habrá más que algún infectado», soltaba Fernando Simón. Ocultaron a los españoles que la OMS y la Unión Europea habían recomendado que no se celebraran actos multitudinarios el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Sabían que el virus era letal.

No en vano vimos a las ministras con guantes y a Lorena Morales, diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, gritando: «¡Que no se besa! ¡Que no se besa!». Tenían la información y no hicieron nada porque debían celebrar su manifestación del 8M, y pensaban que, como en otras ocasiones, podrían excusarse, culpar al PP por los supuestos recortes y convertirla en una posverdad, en una mentira creíble.

Nos mintieron y ocultaron información vital sin tomar medidas preventivas para no enturbiar su posverdad, que ha provocado miles de muertos. Alertaron la OMS y la Unión Europea, que pidieron adoptar medidas ante un virus sin vacuna. La prevención es el primer arma de la medicina y del control de las pandemias, y este Gobierno de marketing no lo hizo. Iban a ser los responsables de la extensión del coronavirus, y de la crisis socioeconómica posterior. Por eso intentaron crear un relato de lo que había pasado: tomaron medidas antes que ningún país, y tenían la máxima puntuación en respuesta a la epidemia, según un estudio de la Universidad de Oxford. El viejo truco de citar una universidad extranjera sin verificar la profesionalidad del estudio. Eso es tratar a los españoles como tontos y paletos. Lo dijeron Pedro Sánchez, Adriana Lastra y Rafael Simancas. Todo mentira. Su Gobierno tomó medidas mucho más tarde en función de la llegada del contagio a su país que Bélgica, Austria, Grecia o Portugal. Y el estudio de Oxford daba a España una puntuación de 90 sobre 100; mientras que a Francia, Austria, Italia o Ucrania daba 95, o a Nueva Zelanda y Mali el 100 sobre 100. Mentiras y bulos para construir un relato. Esa es la posverdad sobre la que intentó construirse el Gobierno de Sánchez.

La clave era la «legibilidad»; esto es, proporcionar a la gente un lenguaje para leer su experiencia[76]. Goebbels construyó una «legibilidad» al alcance de los damnificados por la crisis política y socioeconómica de la República de Weimar para la atracción hacia su partido, la movilización y la justificación de sus acciones. Esa narración simple permite a las personas explicar una situación compleja y predetermina la nueva realidad si tiene éxito.

El uso de esas técnicas, como se ha demostrado en Rusia o Turquía, define a un gobierno autoritario. Esto es especialmente preocupante en España porque somos un pueblo susceptible de aceptar una tiranía, a rogar porque un Estado omnipresente nos proteja y decida por nosotros, aunque nos cueste la libertad. En el origen de esa pérdida está la mentira. Si el relato, que ha sustituido a la verdad, no coincide con la realidad, y solo el conocimiento de lo que está pasando, de lo real, nos permite ser libres, es lógico que surja la desconfianza hacia el régimen y la libertad decaiga[77].

Hasta hace una década, los aspirantes a dictador en cualquier parte del mundo tenían que esforzarse mucho por eliminar la verdad y que la gente creyera sus mentiras. Hoy, no. Ahora estamos abiertos a aceptar los bulos y las falsedades, ponerlas al mismo nivel que las noticias, porque la verdad es un valor a la baja, sobre todo si el Gobierno controla los grandes medios de comunicación. La información ha dejado de ser un dato para convertirse en un instrumento para transformar el mundo, por lo que la ideología domina al informante. De esta manera, el periodista o el columnista pretenden influir en el público, darle un argumento contra el enemigo, aunque sea falso. La gente quiere encontrar esa supuesta noticia que verifique su desprecio al adversario. Así se cierra el círculo de la posverdad.

Es así como la mentira, gracias al éxito de Sánchez, está en el centro de la política en España, bien auxiliado por los medios afines y las redes sociales. El peligro es grande porque estamos llegando a aquello que escribía Orwell en 1984: «Es imposible ver la realidad salvo mirando a través de los ojos del partido».

Cuando los izquierdistas dijeron que la pandemia ponía punto final a un mundo, al neoliberal se entiende, se olvidaron de citar la palanca con la que quieren levantar el nuevo modelo: la posverdad, la mentira, el bulo, el engaño, la manipulación de la opinión. Si algo debe cambiar es la forma de hacer política. Olvidar el marketing. Dejar a un lado que lo importante es el relato, eso en lo que se ha centrado la izquierda populista con su creación del lenguaje y su lucha por la hegemonía cultural, y considerar que hacer política es un servicio público, no intentar acaparar el poder para siempre y aniquilar al adversario. Han tomado el tiempo de paz como un «mientras tanto», hacer la guerra de otra forma, como ha dicho Toni Negri. Un «mientras tanto» —que da nombre a una de sus revistas más longevas, cuyo fundador fue el marxista Manuel Sacristán—, para ganar la «lucha por la hegemonía ideológico-política», tomar los conceptos que son «vividos espontáneamente como apolíticos» y darles un contenido de combate político[78]. Eso es ganar la esfera de la vida pública, del debate cotidiano, marcando los temas de debate y la orientación de la política. A partir de ahí, la izquierda populista solo puede ganar porque ha definido las reglas de juego.

En ese combate por la hegemonía está la mentira. Así es como la izquierda entiende la propaganda: la verdad es secundaria frente al objetivo de concienciar o influir. Está en su esencia, en su teoría del poder, en su interpretación de la historia, de la política o la sociedad. Y lo hacen siempre bajo el ropaje de una superioridad moral. No pueden evitar este complejo, el arrogarse la voz del pueblo y el conocimiento de cómo ha de ser el futuro. Se presentan como profetas y salvadores, al tiempo que condenan como inferiores al resto. Un ejemplo sangrante es el de la socialista Amparo Rubiales, quien publicó un tuit el 9 de abril de 2020 dirigido a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el que se leía: «¡Eres tonta, inferior!».

La ingeniería social nos hundió en la pandemia

Algunas veces se dice que no se le puede confiar al hombre el gobierno de sí mismo. ¿Puede, entonces, confiársele el gobierno de los demás? ¿O hemos encontrado ángeles que asumen la forma de reyes para gobernarlo? Dejemos que la historia conteste esta pregunta.

THOMAS JEFFERSON, The Papers of Thomas Jefferson, volumen 33 (1801)

La tentación totalitaria del poder político procede de la obsesión constructivista; el empeño ideológico de transformar todo y a todos, para construir un hombre nuevo para una sociedad nueva[79]. Así son el socialismo y el comunismo: intervencionismo en lo público y en lo privado para corregir y depurar hasta conseguir la «hiperhumanidad», esa comunidad perfecta. Esa aspiración es totalitaria, es un proyecto de ingeniería social que pasa por eliminar el pensamiento crítico, la individualidad y el pluralismo; en suma, la libertad. Para esto es necesario controlar las mentalidades a través de la propaganda, y someter las instituciones para que no impidan esa deriva totalitaria. Mucha publicidad, imagen y mentiras, al tiempo que se arrincona al distinto creando continuamente conflictos sobre cualquier tema. El totalitarismo solo sobrevive con la tensión permanente.

Este es el método de las izquierdas para alcanzar y disfrutar del poder en exclusiva. El primer paso es subordinar la información al objetivo político. Así nos pilló la pandemia: un Gobierno socialcomunista con ganas de perpetuarse en el poder y con los instrumentos y la estrategia para hacerlo. Por eso se falló mucho más que en cualquier lugar del mundo. Mientras los Gobiernos de otros países pensaron en la gente, en su vida, la economía y el bienestar, aquí se vio una oportunidad para consolidar el poder. Esta fue la razón de que todo lo que pudiera obstaculizar ese objetivo, las alertas internacionales, por ejemplo, fuera despreciado.

El Gobierno socialcomunista vio en el virus un aliado inesperado y estaba ya en febrero preparado para una gigantesca campaña de marketing. Abordaría varias áreas para ir conformando la mentalidad de los españoles cambiando la realidad al mismo tiempo, para asentarse en el poder por tiempo indefinido. Es la guerra de posiciones gramsciana: pequeñas victorias en el terreno cultural que se traducen en legislación, e ir transformando así la sociedad. Ya se sabe: el Estado como gran agente del cambio social puesto en manos de un gobierno autoritario, que quiere la desaparición literal del adversario en el plano cultural y político.

Los socialcomunistas habían puesto al mando de la operación a profesionales del marketing, de la guerra de guerrillas en medios, de la manipulación del mensaje, de convertir un relato en la verdad. Iván Redondo y Juanma del Olmo, dos personajes sin escrúpulos tanto por su trayectoria profesional e iniciativas, como por sus objetivos fueron los elegidos para asentar el poder en la posverdad. Ambos gurús se dedicaron a mezclar verdades con mentiras, sin vergüenza alguna, creando bulos, basándose en falsos storytellings, para suministrar arsenal a los emotivos votantes de la izquierda. Las emociones han matado a la razón. Es más determinante un mensaje corrosivo, o un silogismo infantil, que un razonamiento. Ese es el tablero en el que le gusta jugar al populismo, ese estilo del que se ha infectado con tanta rapidez la izquierda. No hay que olvidar que este izquierdismo reduce la política al relato.

Estos contadores de cuentos pensaban asentar su poder omnímodo y excluyente en dos religiones civiles: el feminismo y el ecologismo[80]. Lanzaron como propia la «emergencia climática», en la que mucha derecha picó, y la «emergencia machista». Esas dos religiones seculares, formas del gnosticismo moderno como decía Augusto Comte, son excusas para cambiar la sociedad desde sus raíces, acabar con los cuatro viejos que decía el maoísmo —tradición, costumbre, cultura y educación—, e implantar un paradigma nuevo. Dos religiones, el feminismo y el ecologismo, pensadas para transformar la estructura económica, social, educativa y cultural, y crear el hombre (y la mujer) nuevo. Es el viejo sueño del marxismo una vez que se ha terminado la cantinela del proletariado. La clase no determinaba una conciencia, como decía el comunismo, porque cada sujeto es un individuo libre y cambiante. No existía, ni existe, esa determinación socioeconómica del pensamiento político. Era un camelo de su lucha cultural, una forma de convencer a los obreros de que si eran listos serían de izquierdas. ¿Quién quiere sentirse idiota? «¿Un obrero de derechas? No me hagas reír», decían. Era una identidad colectiva impostada, porque el izquierdismo se fundamenta en crear colectivos enfrentados. Como señalaba el filósofo marxista Zizek, sin guerra no hay victoria posible.

¿Por qué apela la izquierda a la guerra cultural? ¿Por qué da la batalla en los medios, la cultura y la educación? Porque cree que la causa de que el socialismo no haya funcionado hasta ahora se debe a que la gente no tenía las virtudes o los conocimientos adecuados. De ahí que sean capitales la agitación, propaganda y el «activismo», para afirmarse y perpetuarse en la posesión del poder político.

Los gurús de la coalición socialcomunista pensaban hacer la guerra cultural esgrimiendo el feminismo y el ecologismo, que mantienen la polarización de la lucha de clases; ahora con un acento racista. De ahí que, como la conflictividad está en las entrañas del engranaje propagandístico del Gobierno fuera intocable la performance del 8M, pese a las cinco alertas lanzadas por la Organización Mundial de la Salud, porque está en las entrañas del engranaje propagandístico del gobierno socialcomunista. No tenía como objetivo reivindicar los derechos de las mujeres. La igualdad legal existe. La finalidad perseguida era la defensa de privilegios legales en orden a conseguir la paridad, algo que va contra derecho, y dividir la sociedad en dos colectivos enfrentados. Una falsedad, porque somos individuos. De ahí que el izquierdismo odie el individualismo, porque niega el motor de su estrategia del odio, el ellos contra el nosotros, la dialéctica amigo-enemigo de Carl Schmitt que tan bien han aprendido.

El feminismo era la espina dorsal del nuevo paradigma. Por eso se enfrentaron Carmen Calvo e Irene Montero. Cada una defiende un feminismo distinto. La sororidad no funcionó ni funcionará jamás entre ellas. La vicepresidenta no soporta a la ministra, y viceversa. Los supuestos valores del liderazgo femenino, como son la capacidad para trabajar en equipo, dirigir sin acosar, y compartir tareas y resultados, que constituyen el contrapunto a la hipotética voracidad violenta del hombre, no funcionan. Calvo es partidaria de la ideología de género tradicional, que considera que el sexo es un dato biológico, pero el género un constructo social que se ha utilizado históricamente por parte del hombre para dominar a la mujer. Es de esas feministas que, como Kate Millet, cree que toda relación sexual es una relación de dominación y, por tanto, política. Por su parte, el feminismo de Podemos ha abrazado con fruición de la mano de la actual secretaria de Igualdad del Ministerio que lidera Irene Montero el aún más anticientífico transfeminismo. Entre los objetivos de Podemos está permitir que los niños puedan cambiar de sexo. Y es que, para los podemitas, tanto el sexo como el género son constructos sociales. El heteropatriarcado no significa nada para la formación morada.

Calvo representa así un feminismo radical, e Irene Montero un cacao de feminismos posmodernos; es decir, donde todo es relativo, porque la verdad es opinable y subjetiva. Calvo reproduce el discurso de igualdad de sexos pasado por el marxismo: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de sexos. La mujer ha sido un sujeto explotado, alienado y oprimido por el hombre, dentro de ese entramado llamado «patriarcado».

Estas feministas radicales, contra las que batalla el populismo de derechas, plenamente inmerso en la lucha de sexos de Shulamite Firestone, dicen que el sexo es un hecho biológico transformado por la cultura capitalista en un género, al objeto de que haya personas de primera y de segunda en función del sexo. Es lo de Simone de Beauvoir. ¿Cuál es la solución? Cambiar la cultura a través de la educación y los medios. El determinismo biológico, prosiguen, es la base de la separación en dos colectivos: hombres y mujeres. De ahí la pesadez de usar el lenguaje «inclusivo», porque sin el desdoblamiento de la lengua no se visibiliza la división social en dos colectivos.

Los feminismos posmodernos de Irene Montero asumen esto como algo superado, incluso antiguo. Consideran que el sexo es algo sentido; es decir, que las emociones son superiores a la ciencia, que el sentimiento conforma la realidad, porque la interpretación de la realidad es un constructo social impuesto por el hombre, por los que mandan. De esta manera, la persona puede cambiar de sexo a cualquier edad —porque la edad también es un constructo social—, o ser tratada como hombre o mujer según lo sienta y cambie, y la exteriorización del género, entonces, pierde sentido. La consecuencia muy resumida es que lo importante es aceptar la «diversidad» sexual. Esto es el transfeminismo. Hay mucho más —queer, poscolonial y ecofeminismo—, pero no merece la pena liar más el texto. De esta manera, el feminismo se convierte en una herramienta para cambiar la sociedad desde sus cimientos espirituales, el Zeitgeist, para obtener un comportamiento distinto ante la vida, una Weltanschauung o cosmovisión radicalmente distinta de la ancestral. Si cambias la mentalidad, obtienes una adhesión al partido-movimiento-Gobierno que lo hizo. Es lo que señalaba George Orwell en 1984, llegar al punto en que «es imposible ver la realidad salvo mirando a través de los ojos del partido».

La izquierda española se rompe por momentos precisamente por la bioideología, religión sustitutiva, que parecía más coherente. Lidia Falcón, histórica comunista y fundadora allá por los años setenta del Partido Feminista, fue expulsada de Izquierda Unida en los días previos al 8 de marzo junto con su partido. Se oponen al transfeminismo y acusan a sus defensores de estar, en el fondo, defendiendo la pederastia y la sumisión de la mujer ante el hombre. Por eso no puede extrañar que, el día en cuestión, además de la agresión sufrida por las políticas de Ciudadanos, se denunciasen agresiones «con navajas» a ideólogas de género por parte de transfeministas aún más idiotas al grito de «tránsfobas».

Sea como fuere, la pelea política por protagonizar esa transformación social fue letal para España, porque contribuyó a que no se prohibieran las concentraciones de gente el fin de semana del 7 y 8 de marzo de 2020. Mientras que en el PSOE había voces que susurraban la conveniencia de suspender este acto masivo, los movimientos feministas vinculados a Podemos se negaron a ello. En los prolegómenos de la tragedia que habría de azotar a España como a ningún otro país europeo, esta vez no hubo siquiera manifiesto común. Rojos y morados se separaron. Los de Ciudadanos acudieron y fueron expulsados. Vox se negó a ir. El PP dio libertad a sus afiliados.

El 8M, junto a las otras 77 manifestaciones autorizadas esos días, los partidos de fútbol, y el mitin masivo de Vox en Vistalegre (Madrid), permitió una expansión descontrolada del virus que, de haberse impedido entonces, hubiera tenido una repercusión mucho menor. Hoy sabemos que el Gobierno ignoró las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. La ideología por delante de la salud.

En paralelo a la manifestación del 8 de marzo, Montero había presentado su chapuza legislativa, improvisada y mal escrita, llamada «Ley del sí es sí», la «Ley de libertad sexual», repleta de cosas que ya existen, como la asistencia 24 horas o el consentimiento previo, y de cuestiones ilegales y anticonstitucionales. ¿Quién se lo dijo? Calvo, claro. ¿Cómo privarse del gusto de decir a Montero que no tiene ni idea de técnicas jurídicas? El PSOE no es la primera vez que, calladamente, rebaja las pretensiones de Podemos en la Comisión de Igualdad del Congreso. El Ministerio de Justicia (PSOE) echó atrás en agosto de 2020 la Ley de Igualdad de Montero.

El 29 de enero el PSOE registró en el Congreso la Ley de eutanasia. ¡Vaya paradoja siendo España uno de los países más afectados por la COVID-19! Por aquellos días, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, iba encadenando mentiras para esconder su reunión con Delcy Rodríguez, la ministra venezolana que tiene prohibida su entrada en Europa por violar sistemáticamente los derechos humanos.

Sánchez e Iglesias subían mientras tanto el sueldo mínimo interprofesional, lo que provocaría protestas en el campo, y se anunció el aumento del desempleo, una triste ironía visto cómo se disparó por el coronavirus. Sánchez decía el 30 de enero en Twitter: «Esta será la legislatura del diálogo. Arranca con un acuerdo entre sindicatos, patronal y Gobierno para subir el SMI a 950 euros. Un pacto fruto del diálogo social que mejorará la vida de más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores. Política útil al servicio de las personas».

En eso andaba España cuando hubo el primer diagnosticado por coronavirus en nuestro país: un turista italiano. El Centro Nacional de Microbiología confirmaba un caso en la isla de La Gomera. Hasta entonces se trataba del «virus chino», como señaló Trump, y la prensa española lo trataba como si no fuera con nosotros. Un virus de origen desconocido, quizá un murciélago o el pangolín, se lo habían transmitido al hombre. O se había escapado de un laboratorio en Wuhan. Los vídeos de personas empujadas por la policía china, o la detención y asesinato del médico que alertó pasaron por nuestra prensa como cosas de otro mundo. No era cierto.

Como se comentó antes, el Gobierno español sabía ya en enero de la letalidad de la COVID-19 y de su más que cierta posibilidad de que llegara a España. El jueves 30 de enero hubo una reunión técnica en el ministerio de Sanidad. Juan Martínez Hernández, experto en Salud Pública de la Organización Médica Colegial, alertó de la peligrosidad del virus, porque era del grupo 4; es decir, un patógeno que ocasiona infección grave y rápida, mortal en muchos casos, para el que no había vacuna. Fernando Simón, director del Centro de Control de Alertas y Emergencias de Sanidad del Gobierno Sánchez, le restó importancia, y lo incluyó en el grupo 2, junto a la gripe. El Gobierno sopesó la cuestión, y decidió seguir adelante. Si era como una gripe se llevaría por delante a no más que al número de ancianos habituales, como dijo el ministro Pedro Duque, y no entorpecería el marketing del 8M preparado por un Gobierno concebido solo para la propaganda. Prohibir las concentraciones del fin de semana del 8M hubiera supuesto perder la oportunidad propagandística, por un lado, y por otro, no poder medir las fuerzas entre PSOE y Podemos. Nada hacía sospechar por entonces al Gobierno que el 8M acabaría provocando no solo la imputación (posteriormente sobreseída) de su delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sino también el mayor escándalo de la crisis, a cargo de Fernando Grande-Marlaska, el juez fichado por Sánchez.

El Gobierno decidió seguir con su normalidad. Sánchez, quien había declarado la emergencia climática días antes del 8M, se preparó para acudir a la cumbre sobre el medio ambiente con sus socios europeos. Para detener los rumores y calmar a la gente, compareció Fernando Simón el 31 de enero, un día después de que la OMS decretase la emergencia sanitaria internacional, al objeto de decir que en España no llegaría a haber más de algunos casos diagnosticados. Por supuesto, para cumplir con su imagen, mintió afirmando que se había constituido un comité interministerial de evaluación y seguimiento del coronavirus, que en realidad jamás existió. Sánchez dijo el 1 de febrero en Twitter: «España tiene un sistema sanitario fuerte y red de alerta y detección con expertos profesionales que desde el primer minuto trabajan siguiendo las recomendaciones de la OMS».

Salvador Illa, la cuota catalanista para un ministerio que no quiso Podemos, el de Sanidad, dijo el 1 de febrero: «Los sistemas de detección y alerta que pusimos en funcionamiento están dando su resultado». Otra mentira. Mientras, Pedro Sánchez viajaba a Portugal diciendo ese mismo día en Twitter que lo importante era «hacer frente a retos como el demográfico o la lucha contra la crisis climática».

Por supuesto, no faltaron los altavoces mediáticos del Gobierno. El documentalista Antonio Maestre decía que era más probable morir porque la mascarilla te tapara los ojos al volante que por el coronavirus. Broncano, otro comunicador progre, hacía que su público coreara: «Coronavirus, oe, coronavirus, oe». Risto Mejide salía en su programa con una mascarilla para hacer la gracia y reírse de la COVID-19, y eso a pesar de que el número de muertos ya se podían contabilizar en todo el mundo. No hacía falta ser un genio para saber que la tragedia acabaría llegando a España y que dichas bromas no eran más que el subterfugio de la propaganda.

La política de imagen continuó. Pedro Sánchez subió a Twitter, tras reunirse el 4 de febrero en La Moncloa con una asociación china: «Me he reunido con la Asociación de Chinos en España para trasladarles nuestra solidaridad y apoyo ante el brote de #coronavirus que padece su país. Lamentamos la posible estigmatización que la comunidad china pueda estar sufriendo. Las personas no son un virus, la xenofobia sí». El presidente del Gobierno repitió que lo importante en ese momento era «la acción ante la emergencia climática, la lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres o la adaptación al entorno digital». Por aquellos días, el 4 de febrero, había confirmados 22 casos de infección —bastantes más que los 2 o 3 que había asegurado Fernando Simón—, y evolucionaban favorablemente los 20 repatriados de Wuhan. Mientras, los Gobiernos serios europeos comenzaron entre tanto a comprar material sanitario, como mascarillas FPP2, FPP3 y respiradores UCI en previsión de la pandemia. El Gobierno de España no, porque seguía enfrascado en sus dos religiones civiles, el ecologismo y el feminismo, y en la rentabilidad de su performance del 8M.

El 20 de abril la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó instar al Ministerio de Sanidad de Salvador Illa la adopción «de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios». Algo lógico si tenemos en cuenta que el Gobierno era el responsable de gestionar las alertas supraautonómicas que la OMS y la propia Unión Europea habían lanzado al inicio de la crisis, y de las que hizo caso omiso. Especialmente de las indicaciones de distanciamiento social y hacer acopio de material sanitario.

Los jueces obligaron además al Gobierno a informar cada 15 días de las medidas efectivas para el cumplimiento de su decisión. La petición había partido de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). En su escrito de defensa, Pedro Sánchez había afirmado, a través de la Abogacía del Estado, que antes de la declaración del estado de alarma el Gobierno había tenido una actividad «incesante, intensa, diligente, pública y publicada».

Lo cierto es que el artículo 14 de la Ley General de Salud Pública 33/2011, de 4 de octubre, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, establece que «la gestión de las alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma» corresponden al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

También es responsabilidad del Gobierno según el artículo 14.2:

La gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales, y, especialmente, de aquellas alertas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional, en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Así como:

La coordinación de los mensajes dirigidos a la población en el caso de que las Autoridades sanitarias emitieran comunicados o recomendaciones en contextos de alerta o crisis sanitarias o que afecten a riesgos inciertos que pudiesen afectar a más de una comunidad autónoma.

La responsabilidad de la gestión de la crisis de la COVID-19, correspondía pues, a todos los efectos, desde el 15 de marzo de 2020, al Gobierno de Pedro Sánchez. Algo que han tratado y siguen tratando de ocultar a toda costa, con el fin de ocultar posibles consecuencias jurídicas derivadas de su acción u omisión.

Nunca fue una guerra

El sentido e incluso el significado de la libertad se pierde al encasillarse en el dogma, en la ciega certeza de haber conquistado la verdad absoluta.

ORIANA FLLACI, Un hombre, (1979)

El totalitarismo necesita situaciones extremas, aquellas en las que la gente desea aferrarse a un poder que le asegure el presente y le indique un camino para el futuro. Proudhon escribió en 1852, atónito por el golpe de Estado de Luis Bonaparte que acababa con la república, que el pueblo francés entendía mejor el poder que la libertad; especialmente cuando sentía que su modo de vida estaba en peligro. Esa era la idea del Gobierno socialcomunista, trasladar a los españoles que la pandemia era una guerra que exigía la unidad detrás suya, la obediencia a las decisiones gubernamentales. «La unidad salva vidas», repetían, cuando era falso. Lo que hubiera salvado vidas era la prevención, la compra eficiente de buen material y la coordinación. La guerra, como vio Jouvenel[81], es uno de los recursos habituales del poder para crecer a costa de los individuos, tanto como la de presentar una urgencia social para intervenir.

No fue una guerra, a pesar del lenguaje bélico que utilizó en aquellos días la extrema izquierda y el Gobierno. Ni siquiera cuando Pedro Sánchez usó expresiones de informes y arengas militares, como resistencia y sacrificio, o hizo una copia burda de las palabras de Winston Churchill. El Gobierno socialcomunista necesitaba que la pandemia fuera vista como una guerra porque quiere evitar la responsabilidad por su negligencia y el retraso en tomar medidas, y cuando todo pase presentarse como los «salvadores de la patria». No importa que la victoria solo dependa de la ciencia y de la responsabilidad individual. El Gobierno estaba obsesionado por preparar la «posguerra»; es decir, el momento en que se considere terminada la pandemia y haya que iniciar, según quieren, un nuevo Estado social, paternalista e intervencionista. Los socialcomunistas querían que la pandemia se viera como una guerra, un momento excepcional donde el Estado lo asumía todo, como en el socialismo, con una visión totalizante. De esta manera, podrían convencer a la sociedad de que «lo público», sinónimo para ellos de «bien común», debía ser el «orden social permanente» que nos permitiría estar preparados para cualquier contingencia[82]. Todo totalitarismo pasa por convencer al pueblo de que la concentración de poder, incluso la dictadura, es por su bien. Arendt señalaba al respecto que el totalitario propaga la idea de que todo lo que queda fuera de su idea y proyecto es espurio[83].

La visión de la pandemia como una guerra lleva aparejado el que la izquierda quiera que apliquemos la historia de la Europa de Entreguerras. Están propagando la idea de que, si no se construye un modelo estatista que repudie el mercado, que someta la libertad al bien común definido por el Gobierno, se caerá en el fascismo. Debe haber, dicen, una condena del «neoliberalismo» y una imposición de un Estado social. Es el colectivismo contra el individuo marcado por un Gobierno con tendencia totalitaria. Los socialistas, como indicó Hayek, aspiran a organizar la sociedad entera para una finalidad colectiva, un «objetivo social» que pasa por la inexistencia del individuo y, por tanto, de la libertad[84]. La izquierda no soporta que la persona decida y gobierne sus acciones, tiene que ser el Gobierno el que, con el Estado en su poder, dicte por todos. De pronto, el socialismo se ha apropiado de la democracia, y todo lo que se oponga es fascismo.

Por eso, la ministra Irene Montero dijo el 12 de abril que la Unión Europea debía dar a «esta guerra» una «solución antifascista». En realidad, tomaron la pandemia como oportunidad para cambiar el sistema, incluso como una revancha por el fracaso del comunismo y el inicio de una nueva época desde 1989. De ahí que su discurso jugara con dicotomías propias de otro tiempo, y falsas, como «derechos sociales» ante el «fascismo», o «justicia social» frente al «capitalismo». Esta izquierda necesitaba el concepto de guerra. Ya lo apuntaba Antonio Negri, otro de los pensadores de cabecera del podemismo: «La guerra significa la regulación de los poderes constituidos y la forma constituyente del orden nuevo, la paz es solo una ilusión engañosa (…) ¿hemos creído en esta paz sin justicia?»[85].

Esto significa que la paz, o el consenso, únicamente sirven para mantener la injusticia social, a su entender, por lo que hay que continuar la guerra en otros frentes: el social, el cultural y el educativo. Porque esos frentes son política. Todo es política para los izquierdistas, y necesitan construir al enemigo.

Uno de los tópicos de la izquierda es que el fascismo surgió para detener la «respuesta obrera» ante las consecuencias sociales de la crisis económica, asentada sobre los veteranos que habían participado en la Primera Guerra Mundial. Las democracias de Entreguerras, dicen, no supieron establecer «derechos sociales», y las clases medias y trabajadoras fueron seducidas por el fascismo.

Hoy sabemos que no es cierto ese mecanicismo histórico, tan propio del marxismo como acientífico. Era solo uno de los argumentos comunistas contra el capitalismo y la «democracia burguesa». La clave de que muchos europeos se decidieran por ideologías totalitarias, como el fascismo y el comunismo, estuvo en que las costumbres públicas democráticas, la libertad en sí misma, no estaban arraigadas ni valoradas. Los europeos no creían lo suficiente en la libertad y en el respeto a las reglas de la democracia. Los totalitarismos de la primera posguerra arraigaron sobre creencias previas a 1914, como el nacionalismo y el comunismo.

Las masas accedieron a la política sin creer en la democracia porque las viejas élites no trabajaron para convencerlas, y las nuevas adoptaron estrategias inteligentes para destruir el régimen. Lo que llegaba al individuo de la Europa de la posguerra de parte de los partidos no eran programas de gestión, sino ofrecimientos de modelos de sociedad diferente. Modelos, claro, basados en la eliminación del pluralismo, de los enemigos de la nación o del proletariado, y en el crecimiento del Estado. Era aquello que expresó Mussolini y que hoy hacen suyos los totalitarios de izquierdas: «Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado».

El discurso de los totalitarios en aquellos años de entreguerras era que el liberalismo había muerto por ser incapaz de resolver los problemas sociales; esos mismos que, según fascistas y comunistas, iba a resolver el Estado. Sus partidos participaron en las democracias constitucionales recién nacidas tras 1918, pero sin lealtad al régimen.

El resultado fue nefasto: una élite política con partidos de masas que quería derribar el mismo orden que permitía su ascenso. Esos partidos, comunistas y fascistas, basaron la política en el conflicto y el odio, en levantar trincheras contra el adversario para convertirlo en enemigo. La doctrina igualitarista se extendió por Occidente, al tiempo que la convicción falsa de que solo un Estado omnipresente y todopoderoso podía proporcionar seguridad y bienestar[86]. Esto preparó el terreno a los totalitarios: un poder paternalista que regulara toda la vida privada y pública, y sacrificara la libertad en nombre de un pretendido «bien común». El totalitario, como señaló Arendt, promete regular la vida privada de la gente por su bien[87], convirtiendo así lo privado en público, y eliminando la intimidad y, por tanto, la libertad.

Las torpezas de las viejas élites de la posguerra y la tarea de destrucción de las nuevas desacreditaron la democracia como un sistema para la convivencia y la prosperidad, y lo presentaron como una forma caduca e insuficiente. Esto propició la creación de los totalitarismos fascista, nacionalsocialista y comunista, admirados por muchos antes liberales o demócratas que vieron en ellos la modernidad, la fórmula del progreso, e, incluso, el último paso de la Ilustración.

El Estado era presentado como principio y final de toda vida social, y el Gobierno de un partido único como forma natural de los nuevos tiempos, del ritmo histórico. Era el instrumento para la ingeniería social, pero desprovisto de garantías para la libertad y el ejercicio de los derechos individuales. El socialismo como ideología constructivista y comunitarista, totalitaria y antiliberal, se impuso en diversas vertientes, incluida la nacionalista.

La segunda posguerra, la que se inició en 1945, fue diferente. Había sido derrotado el fascismo y el nacionalsocialismo, pero no el comunismo soviético, que se extendió a través de la ocupación o de golpes de Estado. La situación se definía por una crisis económica y social, un gigantesco desempleo y hambruna, como resultado de la destrucción completa del tejido humano y productivo de los países beligerantes. Geopolíticamente el mundo era muy diferente a como es hoy: dos grandes potencias enfrentadas por modelos de sociedad completamente distintos.

La lección que los europeos sacaron de la primera posguerra fue que la segunda debía hacerse sobre el consenso político. Esto suponía un acuerdo entre las élites de los partidos, especialmente los socialdemócratas y los democristianos, para establecer un régimen de libertades junto a un conjunto amplio de derechos sociales. Esto, que se llamó «estado del bienestar», tuvo formas distintas adaptadas a las costumbres y la estructura de cada país.

La opinión pública estaba entonces preparada para un Estado omnipresente e intervencionista porque así había sido durante la guerra. La gente, además, recordaba la tensión política producida por la falta de consenso en las bases de la economía y en las relaciones laborales. El Estado se pensó entonces como un padre mediador, un árbitro que proveía de orden y derechos sociales a los ciudadanos, pero garantizando la libertad.

El consenso socialdemócrata permitió la alternancia en el poder de distintos partidos en los países europeos, la paz y la prosperidad, no exenta de problemas, crisis y excesos. Ya Hayek en Camino de servidumbre, publicado en 1944, hablaba del riesgo de un Estado proveedor, siempre en expansión, basado en una cada vez mayor fiscalidad y gasto social.

Era lo mismo que había señalado setenta años antes Herbert Spencer en El individuo contra el Estado: con la excusa de una sociedad más libre, los estatistas iban a reglamentar más la vida pública y privada, y, por tanto, reducir la libertad. Para Raymond Aron, en cambio, la victoria sobre el comunismo soviético requería ajustar esa libertad a una democracia con sentido social.

Era una posguerra sin utopías, como decía Isaiah Berlin, porque la historia no tiene una ruta determinada ni nadie decide qué es «progreso» o «progresista». Al menos nadie que no tenga un evidente complejo de superioridad moral capaz de establecer el mecanismo «científico» con el que funciona la historia, apartando a los que piensan distinto. Ahí está la raíz del totalitarismo, como señaló Talmon, en aquellos que se atribuyen la voluntad popular para dictar en tiempos de crisis como el actual cómo tiene que ser obligatoriamente el futuro, y, lo que es peor, cómo ha de ser el camino hasta el paraíso y quiénes sobran.

La socialdemocracia formó parte de esta construcción europea, aunque hubo otra parte de la izquierda, impulsada por la Escuela de Frankfurt, que creó un paradigma distinto para una generación que no había vivido la guerra. Fueron los Theodor Adorno, Jürgen Habermas y sobre todo Herbert Marcuse, que renovaron el desprecio a la democracia liberal y al capitalismo. Fue la generación de Mayo del 68, maoísta, leninista, asentada en el ecologismo, el multiculturalismo y el antiimperialismo. Con ellos, la posguerra había terminado y se iniciaba un nuevo deseo de derribar lo existente.

Politizar el dolor

Gran parte de la historia social del mundo occidental en las últimas tres décadas ha estado implicada en reemplazar lo que funcionó con lo que sonaba bien. Área tras área (crimen, educación, vivienda, relaciones raciales) la situación ha empeorado tras poner en práctica las nuevas y brillantes teorías. Lo sorprendente es que esta historia de fracaso y desastre no ha desanimado a los ingenieros sociales

THOMAS SOWELL, ¿Es opcional la realidad opcional? (1993)

El totalitarismo politiza el dolor, en el pasado y ahora. Las ideologías con un fondo totalitario tienden de forma automática a usar el malestar y las crisis para armar con ejemplos su discurso demagógico. Son movimientos que buscan la adhesión y la movilización a través del manejo de las emociones básicas y de la desinformación, para lo cual el estilo populista es muy útil. Usan las tragedias de la gente para lanzarlas contra otro partido, un Gobierno, un Estado, una raza, un grupo social, o un régimen. Previamente han colonizado los movimientos sociales, convirtiéndolos en correa de transmisión de su partido. Los utilizan para visibilizar que ellos, el partido con pulso totalitario, es el portavoz de los de abajo, de los que sufren, contra los de arriba que tienen privilegios. Esta es la razón de que ahora los revolucionarios se llamen «activistas», y de que lo tengan por una profesión. De esta manera, cuanto más perciba la sociedad que existe dolor —pobreza infantil, desahucios, racismo…— más se sentirán cargados de razón para su proyecto de «transformación social». De ahí la desinformación, porque inventan, mienten y crean noticias falsas que generan un estado de opinión, un espíritu de necesidad de derribar lo existente y crear un régimen nuevo. Por eso se dedican a todo tipo de performances y manifestaciones, para mostrar que «la calle» no está reflejada en las instituciones. No importan los medios, sino el fin. Tampoco importa la ley, porque para el totalitario la legitimidad la establece la supuesta bondad del objetivo político. Y su objetivo no es solucionar los problemas que causan el dolor, sino tener el poder en exclusiva y para siempre. Esta es la razón de su discurso del odio, de su acción política, de su idea del conflicto constante, y de que pretendan siempre cambiar el régimen para que sea «su» régimen. La utilidad de la politización del dolor es evidente para los movimientos totalitarios en el siglo XX, y también en nuestra época.

Podemos vio en la crisis del coronavirus una oportunidad única para avanzar hacia el socialismo bolivariano del siglo XXI. Los parámetros históricos que barajaban eran las dos guerras mundiales del siglo XX: momentos en los que la situación social y económica relegó la democracia liberal en pos de un Estado paternalista, omnipresente, confiscador y colectivista. Ya lo escribió Erich Fromm: los europeos prefirieron la protección a la libertad.

La táctica de la izquierda podemita fue equiparar la crisis de la pandemia con la crisis económica de 2008. El argumento era que doce años antes no se habían tomado medidas intervencionistas para «beneficiar al pueblo», y que fueron las clases populares, los «vulnerables», quienes sufrieron las consecuencias sociales: hambre, desahucios, desempleo. Mientras, «los de siempre», la casta, el establishment, los ricos, siguieron viviendo bien. Era hora, dijeron, de dar la vuelta a la situación, de no caer en los mismos «errores» y terminar con el modelo neoliberal que, agotado, solo producía dolor.

«Debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad». Esto lo escribió Pablo Iglesias en Twitter el 7 de octubre de 2016, y lo soltaba en mítines ese año. «Lo principal del lenguaje de Podemos, lo fundamental no eran las identidades ideológicas, era politizar el dolor, y no hay nada más ideológico que politizar el dolor», decía en Vigo el 20 de septiembre de ese año. Alberto Garzón reiteró el mismo argumento el 20 de enero de 2017 en un acto en Madrid: «Hay que politizar el dolor, convirtiéndolo en compromiso político y social».

Ese era el drama de España en ese momento: que el partido que jugaba a potenciar el dolor para su uso político estaba en el Gobierno que tenía que combatirlo. La pandemia y la crisis socioeconómica que se avecinaban eran su escenario perfecto, porque los podemitas ponen el dolor en el centro de la política. Pero no les bastaba con apropiarse de la voz de los que sufrían, sino que señalaban un culpable: el PP, especialmente Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El populismo comunista de Iglesias y Podemos, se alimenta de poner el acento en el sufrimiento. Para esto no solo cuentan el dolor existente, sino que crean bulos, lo que ahora se llaman fake news. Porque el objetivo no es paliar el dolor, sino echar a la gente encima del enemigo. Ya lo decía Lenin en El socialismo y la guerra (1915): «La guerra es la prolongación de la política por otros medios», y en la guerra todo vale.

El uso del dolor está en la versión populista del marxismo desde 1917. La idea es bastante sencilla. Los problemas de la gente son causados por el sistema capitalista —ahora lo llaman «neoliberal»—, que es culpable del malestar. El discurso es fácil, incluso infantil. Se trata de establecer dicotomías: ricos y pobres, protegidos y vulnerables, casta y pueblo. Por supuesto, el sistema, en este caso el del 78, está concebido para «los de siempre»: ricos, protegidos y casta, frente a los pobres, vulnerables y pueblo, que son la «mayoría social».

Estos populistas han pretendido siempre y en cualquier lugar ser portavoces del dolor. Todo malestar tiene, a su entender, un único sufridor y un único culpable. Es su manera de convertir la desesperanza en un movimiento antisistema, que será más fuerte cuanta más relevancia se le dé al sufrimiento porque eso genera emociones que movilizan. Los dos ejemplos más claros de esta táctica son el uso de los atentados del 11M, cuando la izquierda cercó la sede del PP en Madrid en la víspera electoral, y las consecuencias sociales de la crisis de 2008. Detrás de las dos politizaciones del dolor está la gente que luego formó Podemos.

Ese mismo uso estuvieron haciendo desde el Gobierno en el peor momento de la crisis. El objetivo de su propaganda era desviar la atención, hacer que su enemigo, la derecha, fuera el culpable[88]. Trataban así de hacer creer a la gente que el dolor por el coronavirus no se debe a la imprevisión, al oportunismo político o a la negligencia de su Gobierno, sino del PP. Era el mecanismo utilizado con éxito por el castrismo: el culpable de la miseria en Cuba no es el modelo comunista, sino el embargo de EE. UU.

Los podemitas del Gobierno y alrededores ejercieron como activistas con cargo público, contando con sus medios afines para convertir en informaciones lo que son consignas. El argumentario consistía en que las muertes por coronavirus eran responsabilidad del modelo del PP, que había desatendido la sanidad pública en beneficio de «los de siempre». Habían sido, decían, los «recortes» y la «privatización» los que dejaron a los españoles sin la atención que merecían. Era la hora, sostuvieron, de poner nombre y apellido a los culpables del dolor. Eso fue lo mismo que hicieron los socialistas en las campañas contra la guerra de Irak, donde colocaron fotos de los políticos populares con la palabra «asesino» impresa, y en los días del 11 al 13 de marzo de 2004.

Esa es la auténtica máquina podemita, la que usa el dolor para hacer política. Esa es, como dijo el vicepresidente Iglesias, la verdadera ideología. Y por eso soltaban: «Los recortes de ayer son los muertos de hoy», porque «el PP lleva veinticinco años recortando, privatizando y destruyendo la sanidad pública en la Comunidad de Madrid».

¿Qué había detrás de ese relato? Aferrarse al poder como fuera. El comunismo es eso: una forma de tomar el poder para siempre, no de preocuparse de verdad por la gente. Por eso siempre destruyen al enemigo y quieren dar la vuelta al sistema, para tener en exclusiva el poder. Por eso solo son propaganda y conflicto, decretos e imposiciones, responsabilidades ajenas y campañas contra el adversario.

El discurso podía calar fácilmente, pensaron, porque remitía a la memoria inmediata de la gente y a los orígenes antisistema de Podemos. Por esta razón, Pablo Iglesias escribió el 14 de marzo en Twitter: «Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008», o Pablo Echenique soltó ese mismo día en la red: «El impacto económico derivado de la epidemia no lo deben pagar los de siempre».

Este discurso alimentaba el miedo a la desprotección social tras la epidemia y justificaba el intervencionismo del Gobierno en la actividad productiva, en la fiscalidad, bancos, protección laboral o vivienda. Todo ello al amparo del art. 128 de la Constitución y del decreto del estado de alarma.

El propósito lo resumió Iñigo Errejón en Twitter el 14 de marzo de 2020: el Gobierno tenía que garantizar en la crisis «los servicios y suministros imprescindibles para todos», porque había que «evitar que la epidemia se convierta en crisis para las familias trabajadoras». La gestión de la pandemia era una oportunidad para intervenir la propiedad privada, la banca y las transacciones económicas. Por eso pidieron la suspensión inmediata de los pagos de las hipotecas, los alquileres y el fin de los desahucios. Todo esto apelando al fantasma de 2008.

Este repudio de la izquierda a lo privado —solo la propiedad de los demás, claro—, y el deseo de marginar a la derecha, se concretó en su campaña por la sanidad pública. Colaron a un enfermero podemita —frustrado candidato de Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid— en unas entrevistas en televisión como si fuera «la voz de la sanidad», culpando al PP de los «recortes» y de la falta de material. Todo, decía el entrevistado, en beneficio de la privada, de «unos pocos», y en perjuicio del pueblo. Rafael Mayoral, diputado de Podemos, daba al relato el facilón toque populista el 14 de marzo: «Solo el pueblo salva al pueblo».

No importaba que las consecuencias sociales de la crisis de 2008 se debieran a la mala gestión del socialista Rodríguez Zapatero, quien la ocultó para evitar su efecto electoral en los comicios de ese año. Daba igual. La palabra «recortes» servía para demonizar al PP. Lo ejemplificó bien Sol Sánchez, diputada madrileña de Unidas Podemos, quien el 11 de marzo de 2020 tildaba al Gobierno de Díaz Ayuso de «organización criminal» con «execrables propuestas» para gestionar la pandemia de COVID-19.

Los efectos sociales de la pandemia justificaban en opinión de los podemitas un replanteamiento del Estado y de la sociedad. Todo estaba mal, obviamente, y ellos ya lo habían dicho antes. Así, los culpables los señalaba Juan Carlos Monedero el 13 de marzo de 2020 en la web Público.es: el neoliberalismo, que no sirve a las mayorías; el cambio climático y el agotamiento de las energías baratas; y la primacía del individualismo frente a la solidaridad colectiva. La solución, dijo, era reinventar el Estado social, ecológico y participativo; es decir, el socialismo del siglo XXI.

Todo esto lo hacían a través de campañas en las redes, como #PlanDeChoqueSocial y #MásSanidadPública, y mediante la prensa amiga, la misma que convenció a muchos españoles de que el coronavirus era solo una «gripecilla», mientras se reía con los errores de Fernando Simón y despreciaba los datos que llegaban de Italia. Al tiempo estaban preparando la resurrección de las «mareas» para culpar a los gobiernos de la derecha de la epidemia y de sus consecuencias sociales.

La izquierda desde 1848 ha tomado cualquier crisis como una oportunidad para tomar el poder y ejercerlo a su arbitrio aprovechando la ansiedad social y las necesidades de la gente. Hoy no precisan el asalto de Asambleas ni dar golpes de Estado, especialmente si están en el Gobierno y en otras instituciones, como Unidas Podemos. Es fácil verlo. Solo hay que estar atento.

Visto el fracaso de la utilización política de la pandemia, comenzó la operación para derribar la monarquía, que en realidad es una operación para un cambio hacia un régimen totalitario. No es la primera vez que Podemos colabora para transmutar una democracia, con todos sus fallos, en una granja socialista. Ya sucedió con Venezuela. En España, la caída de la Corona —acta de defunción de la Transición y de la Constitución de 1978— supondría la desaparición de lo una institución que aún une a los españoles, dando paso a un proceso constituyente cuyo fin no sería una república liberal, sino una dictadura de izquierdas.

EL RELATO NECESARIO

La construcción del relato

El pueblo no renuncia nunca a sus libertades sino bajo el engaño de una ilusión.

EDMUND BURKE, Conferencia pronunciada en Buckinghamshire (1784)

George Lakoff, lingüista y profesor de Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, sostiene que las metáforas son las estructuras físicas del cerebro que ponen en marcha los procesos del pensamiento que permiten entender conceptos y realizar razonamientos abstractos. Insiste en que «es de vital importancia entender la dimensión cognitiva de la política, sobre todo porque la mayoría de nuestros marcos conceptuales son inconscientes, y puede que no percibamos nuestro propio pensamiento metafórico»[89]. Como afirmaron Kant, Orwell o Gramsci, las palabras crean realidades. Son la gran herramienta de la ingeniería social.

Las personas tenemos marcos conceptuales que guían nuestra interacción con los demás. Se trata de estructuras mentales que moldean nuestra visión del mundo, así como nuestro modo de actuar. Cambiar el marco cognitivo, pues significa cambiar nuestra visión de las instituciones, de la política, así como acerca de lo que está bien y lo que está mal. «El cerebro político es un cerebro emocional», afirma el doctor experto en psicología política de la Universidad de Emory, Drew Westen en su libro The Political Brain, para el cual las elecciones se ganan en lo que denomina «mercado de la emoción». Cuando el afiliado a un partido político se enfrenta a informaciones que refutan la virtuosidad que presume a sus líderes, pone en marcha procesos cerebrales para llegar a conclusiones predeterminadas y emocionales, desdeñando así la contradicción. Es el mecanismo que explica que los militantes de Podemos o de Vox no se escandalicen ante la compra de viviendas de lujo por parte de las cabezas visibles de su formación al tiempo que dicen defender al pueblo. Así, Westen defiende un nuevo tipo de inteligencia: la inteligencia política que aúna inteligencia emocional, empatía, habilidad para transmitir una sensación de bienestar, habilidad para llegar a acuerdos y dirigir equipos e inteligencia general[90].

Ya en tiempos de los antiguos los retóricos clásicos investigaban acerca de cómo convencer a su auditorio mediante la lógica argumental, las emociones y la personalidad o carisma del emisor del mensaje, señalan Yolanda Meyenberg y José Antonio Lugo. En nuestra democracia sentimental, previamente infantilizada por la socialdemocracia que convierte a las personas en seres irresponsables dependientes de papá Estado, predominan las emociones. El filósofo holandés de origen sefardí hispano-portugués, Baruch Spinoza, sostuvo ya en el siglo XVII, que «los impulsos, motivaciones, emociones y sentimientos son un aspecto fundamental de la humanidad»[91].

El periodista francés Jean François Revel sostenía en 2006 que la propaganda «es una técnica activa que consiste en reconstruir e incluso inventar totalmente la actualidad, para hacerla acorde con la imagen deseada por el poder»[92]. Para este escritor el debate entre un liberal y un colectivista carece de sentido, pues este último tiene ideología; es decir, mira el mundo a través de un caleidoscopio. Revel sostiene que la ideología se convierte en dispensa intelectual (se retienen solo las tesis favorables a los dogmas impuestos por la ideología), dispensa práctica (se suprime el criterio de eficacia) y dispensa moral. De ahí que sea posible que, en pleno siglo XXI, siga habiendo quien se proclame comunista o falangista. En definitiva, la ideología exime a quien la tiene de la verdad y de la honradez intelectual. Es la explicación de la superioridad moral de la izquierda, que también se encuentra en el populismo de derechas.

En este mismo sentido, Mises señaló que

Quien acepte la vida como es en realidad, resistiéndose a que la misma lo avasalle, no necesita recurrir a «piadosas mentiras» que gratifiquen su atormentado ego. Si no llega el triunfo tan largamente añorado, si el destino, en un abrir y cerrar de ojos, desarticula lo que tantos años de duro trabajo costó estructurar, no hay más remedio que seguir laborando como si nada hubiera pasado. Así actúa quien osa mirar cara a cara al desastre y no desesperar jamás.

El neurótico, en cambio, no puede soportar la realidad de la vida. Le resulta demasiado dura, agria, grosera. A diferencia de la persona sana, carece de la capacidad para «seguir adelante, siempre, como si tal cosa». Su debilidad se lo impide. Prefiere escudarse tras meras ilusiones. La ilusión, según Freud, «es algo deseado, una especie de consolación» que se caracteriza «por su inmunidad ante el ataque de la lógica y de la realidad». Por eso no es posible curar a quien sufre de ese mal apelando a la lógica o a la demostración del error en que aquel se debate. Ha de ser el propio sujeto quien se automedique, llegando a comprender él mismo las razones que le inducen a rehuir la realidad, prefiriendo acogerse a vanas ensoñaciones[93]

En tiempos del bipartidismo imperfecto los electores se decantaban en las urnas en contra de uno de los dos grandes partidos: PP o PSOE. Con la irrupción de los partidos de la nueva política, esto es, Podemos, Ciudadanos y Vox, las cosas cambiaron[94]. Tanto a derecha como a izquierda el electorado se fragmentó, como también sucedió en Europa. La irrupción del populismo de izquierdas (Podemos) y derechas (Vox) cambió, junto con el auge de las redes sociales, la forma en que los totalitarismos construyen el «relato». Esto se ha venido a denominar en marketing la técnica de narración de historias que busca conectar con las emociones del votante.

El populismo, como el colectivismo, no atiende a razones, sino a emociones. David Álvaro y Enrique Fonseca advirtieron en El Método Podemos: marketing marxista para partidos no marxista (2015) que Podemos fue el primer partido en, siguiendo a Lakoff, aplicar con éxito técnicas de marketing a la propaganda electoral, prescindiendo de la comunicación política. En opinión de dichos autores, en el siglo XX la propaganda era utilizada para engañar a los demás Gobiernos, mientras que en el siglo XXI sirve para engañar a la opinión pública.

A través de la mentira, esa arma revolucionaria que compartieron Lenin y Goebbels, se llega a la posverdad, que es la construcción de una realidad inexistente basada en falacias. La verdad ha dejado de importar para los ciudadanos ya que, introducidos el resentimiento y la neurosis a través del antiliberalismo, lo único que tiene relevancia hoy en día es vencer al adversario en la batalla dialéctica.

Las sociedades europeas ya no leen para informarse y así desarrollar su espíritu crítico y apertura mental, sino que buscan ávidamente argumentos que les ayuden a sostener sus teorías, creencias y prejuicios.

La izquierda es muy consciente de esta realidad que ella misma ha propiciado y de ahí que utilice el lenguaje, que impone a través de los medios de comunicación, para cambiar los marcos conceptuales de las personas. Lo hace gracias a su hegemonía cultural, impuesta durante décadas en universidades y medios de comunicación, contando con la complicidad de las élites. Se trata, indicó Ernesto Laclau, de crear una nueva realidad mediante el denominado «significante vacío» que conecte entre sí elementos con significado propio. La nueva denominación debe de ser introducida en el lenguaje coloquial, así como en la agenda política, para obligar a todos a tomar partido. No es casual que la izquierda haya dejado de hablar de «inmigrantes» y «emigrantes» para hablar de «migrantes», aun cuando un migrante sea una persona de Barcelona o Sevilla que viaja a Valencia. Se trata de cambiar nuestra forma de pensar al respecto de la problemática de la inmigración. Lamentablemente, hoy en día es habitual escuchar a líderes del centro-derecha democrático utilizar este concepto (y tanto otros), perdiendo así, una vez más, la batalla frente a la izquierda. En el momento en que juegas en el terreno del adversario con sus normas estás abocado al fracaso.

El totalitario busca implementar un proceso sutil de cambio de los marcos mentales de la experiencia social, que acabe conformando un imaginario colectivo coincidente con lo que él defiende. Para ello la narrativa es la clave. Lakoff incide en que «el descubrimiento de política moral es que los modelos de estructuras familiares idealizadas conforman el núcleo de nuestra política, de una forma más metafórica que literal». El discurso del populista es emocional, sencillo y violento. Necesita polarizar la sociedad, vive del enfrentamiento. Se trata de un tipo de liderazgo propio del paternalismo antiguo que considera menores de edad a las personas. Siempre es victimista, ya que necesita convencer a la opinión pública de que sus oponentes le tienen miedo y por eso lo arrinconan. En su discurso subyace el mismo odio que se usó como motor para la lucha de clases.

En Podemos y en Vox saben bien que las emociones más fuertes que mueven al electorado son el odio y el miedo. De ahí su necesidad de confrontar continuamente, creando problemas donde no los hay o de asumir como ciertas teorías conspiranoicas. Buscan crear miedo en el elector, que acude así temeroso a ser cobijado bajo el manto protector del grupo político que le promete dar una solución sencilla a un problema falso. Y es que los procesos de toma de decisiones (el voto) son inseparables de las emociones. De ahí que el marketing político recurra siempre a heurísticos cognitivos, como señaló Kahneman. Ted Brader, profesor en la Universidad de Michigan (EE. UU.), demostró en 2006 que cambiar la música de un anuncio político altera su poder persuasivo[95].

Usando la narrativa, el storytelling o narración de historias, se logra activar emociones y la identificación del votante con el líder político. Es algo que hacen todos los partidos. De ahí que sea tan importante el relato, que sirve para transmitir valores, objetivos y construir identidades coincidentes y colectivas[96]. En definitiva, para persuadir al votante.

A diferencia del demócrata, que busca generar ilusión, el populista siempre construye su relato bajo la dialéctica marxista amigo-enemigo. Él es la voz del pueblo y solo en él residen todas las virtudes. El adversario, por el contrario, es el «no pueblo», recubierto de los peores defectos: avaricia, cobardía, egoísmo… Gracias al relato el votante visualizará cómo cambiaría su vida en el paraíso terrenal que promete el colectivista. El relato, que recurre a líneas argumentales extraídas de la cultura popular, está trufado de mitos, historias reales o imaginarias que ponen el foco sobre los valores del grupo. No es casualidad que Santiago Abascal apareciese montando a caballo o que Podemos hablase de que el miedo va a cambiar de bando. La metáfora, por otra parte, cobra singular importancia en la tarea de activar los sentidos más primarios del ser humano. Se trata de sacar a la luz el yo infantil de la persona, incapaz de razonar correctamente, como hacen los adultos después de años de experiencia.

Abierto el debate, que se jugará en el terreno de la izquierda, la tarea es construir una historia, el relato, en el que se introducen los nuevos conceptos, para a continuación no dejar margen al adversario político para oponerse a ellos. Es lo que ha sucedido, sin ir más lejos, con la ideología de género. Hoy en día no ser feminista identitario, como ya hemos señalado, es ser un malvado. Otro claro ejemplo es la actuación de Vox en la Comunidad de Madrid en relación con los mal llamados «MENAS» o menores de edad no acompañados, a los que identifican de continuo con la delincuencia más violenta para justificar su discurso xenófobo. Robos, atracos y violaciones. La realidad es que en Madrid el número de «MENAS» con antecedentes penales que residen en los centros de menores no llega a la treintena. Pero da igual. Han conseguido instalar en el imaginario colectivo que existe un grave problema con los menores inmigrantes, violentos todos ellos, que el establishment se niega a solucionar. Solo Vox tiene la solución a esta mentira.

El fin de la construcción del relato es claro: mediante la mentira y la confrontación se logra que el pueblo acabe siendo guiado por el populista hacia la salvación, que es la comunidad homogénea ideada por el totalitario, su paraíso terrenal. El Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no es, como demostró durante la pandemia de la COVID-19, ajeno a estas estrategias comunicativas, propias de los tiranos del siglo XXI.

La nueva normalidad

El problema no está en saber cómo ser mejor gobernados, sino cómo ser más libres.

PIERRE-JOSEPH PROUDHON, Confesiones de un revolucionario (1849)

No hay nada que más encandile a un totalitario que el pensar que su Gobierno inicia una nueva era de la humanidad o de su nación. Es un residuo del despotismo ilustrado en el que se convirtió el pulso revolucionario francés de 1789. Los jacobinos iniciaron un nuevo calendario, los bolcheviques pensaron en un nuevo tiempo para el proletariado y el nacionalsocialismo el Imperio de los Mil Años. El totalitarismo quiere resignificar la historia y corregir el presente para crear un hombre y una sociedad nuevas. ¿Cómo no aprovechar una crisis como la provocada por la pandemia para hablar de una «nueva normalidad»?

La idea de la nueva normalidad, que acaba con el neoliberalismo, como señalaron en octubre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para justificar una subida masiva de impuestos, era entrar en una fase en la que el Gobierno se atribuyera funciones que hasta entonces no tenía. Atribuciones en materia económica, social y moral, judicial y política, que acabarían transformando la sociedad. Cuando el principio de gobierno crece, disminuye la libertad. A expensas de querer controlar todas las facetas públicas y privadas de la vida social, el espacio para el desarrollo libre sería menor. Era el espectro del neorrepublicanismo: el sacrificio de las libertades personales en aras del bien común, y guiados por la virtud cívica; un bien común identificado con lo público, claro[97]. Se volvería a la demonización del individualismo y la iniciativa privada, y la deriva autoritaria estaría completada. Cuando se abandona el liberalismo y todo queda bajo la dirección del Gobierno apoyado en una burocracia coactiva, la democracia pierde su nombre.

El concepto «nueva normalidad» fue acuñado por la OMS el 22 de abril de 2020 para definir la etapa posterior al confinamiento estricto. Esa fase estaría definida por la vigilancia epidemiológica para evitar rebrotes. Lo soltó Tedros Adhanom Ghebreyesus en una comparecencia pública a petición propia para responder a las acusaciones de Estados Unidos de que la OMS había sido demasiado benevolente con China. Lo cierto es que el país comunista tiene un peso decisivo en ese organismo internacional, hasta el punto de que ha vetado a Taiwán, uno de los países que mejor y antes actuaron contra la COVID-19. Además, el concepto «nueva normalidad» era de origen chino. El Gobierno de Xi Jinping aprobó en 2012 una agenda para enfrentarse a la crisis de 2008 al objeto de consolidar el crecimiento, a la que llamó «nueva normalidad».

Adhanom dijo que la OMS avisó el 30 de enero de 2020, y que los países tuvieron «suficiente tiempo para responder». Y añadió que allí donde comenzara el desconfinamiento nada volvería a ser como antes, sino que se adoptaría una «nueva normalidad». Ese estado de cosas nuevo supondría adaptar las costumbres y la sanidad a futuras epidemias. De esta manera, con la excusa de evitar pandemias próximas, abría la puerta a la actuación de los Gobiernos para intervenir en la sociedad, la economía y la salud. Esto lo confirmó Hans Kluge, director regional de la oficina regional de la OMS para Europa, quien declaró el 23 de abril que la gente y los Gobiernos tenían que comprender que había que fortalecer nuestra capacidad de reaccionar frente al coronavirus considerando los peores escenarios posibles.

Pedro Sánchez, en su homilía televisiva del 28 de abril, dio cuenta de las medidas con las que el Gobierno quería llegar a la nueva situación posCOVID prevista para finales de junio. Lo había bautizado como «Plan para la transición hacia una nueva normalidad». Sánchez no se fiaba de las deliberaciones con el conjunto de sus ministros. Tomaba las decisiones con un grupo muy reducido y luego se presentaba en el Consejo de Ministros para informar. Seguramente si este paso no fuera obligatorio ni siquiera lo hubiera tomado. No le interesaba la opinión de sus compañeros de Ejecutivo, y menos aún el generar discusiones que sabía que luego iban a trascender a la prensa. Era mejor no exponerse a un aumento de la brecha entre socialistas y podemitas. Tampoco consultó a la oposición, a quien había pedido lealtad ciega, ni a las comunidades autónomas.

La comparecencia fue un golpe de mano. Anunció los pasos a seguir para el desconfinamiento, en un auténtico galimatías repleto de sinsentidos. Nadie podía comprender que no se pudiera visitar la casa de un familiar a doscientos metros, pero sí tomarse con esa misma persona un aperitivo en la terraza de un bar. Tampoco tenía lógica la división provincial para el movimiento de personas, ya que cualquiera podía desplazarse a la otra punta de la provincia para tomarse ese aperitivo familiar, pero no a un pueblo limítrofe si pertenecía a otra demarcación provincial. Al final la gente iba a hacer lo que le diera la gana.

La «nueva normalidad» concluiría el 28 de junio, y se haría en cuatro fases «graduales, asimétricas y coordinadas», con base territorial en las provincias y las islas. Todo se ejecutaría bajo el estado de alarma y dejando las decisiones en las autoridades sanitarias.

Entre tanto desgobierno, Sánchez soltó lo verdaderamente relevante: iba a reformar la Constitución para «blindar la sanidad pública», y evitar así los recortes y la privatización hecha, a su entender, por los Gobiernos autonómicos del PP. Una vez más lo importante no era la medida y su resultado, o el estudio sobre la eficacia, sino el discurso. Su Gobierno no era el responsable de la expansión de la pandemia por negligencia y tardanza, sino el «neoliberalismo» de las políticas «regresivas» del PP. Podía haber dicho que se cambiaría el sistema de recepción de las alertas sanitarias internacionales para tomar antes las medidas y evitar así el colapso de la sanidad, pero no lo hizo. Merece la pena recordar en este punto que fue la celeridad y no el número de camas UCI el responsable de las muertes. Si no se hubiera decretado el estado de alarma y se hubiera seguido la vida normal, no existe sanidad pública suficiente para impedir los fallecimientos. En consecuencia, si se hubiera decretado el confinamiento cuando lo advirtió la OMS, no habría estado colapsada la sanidad pública y no hubiera muerto tanta gente.

En eso justo se basaba el desconfinamiento: en asumir que los contagios iban a seguir pero que, ya a la altura de mayo de 2020, la sanidad estaba en condiciones de tratarlos sin colapsar. El hecho es que se iba a dejar salir a la gente sin la realización de test, sin saber si estaban contagiados, si eran inmunes o asintomáticos. Un auténtico caos. Además, la «desescalada asimétrica», el fin del confinamiento por provincias para evitar contagios, era reconocer que si las medidas se hubieran tomado antes el número de muertos habría sido considerablemente menor. Su anuncio era la prueba de su negligencia[98]. Incluso la idea de «blindar la sanidad pública» era una confesión de su fracaso, y el anuncio de nuevas pandemias irrefrenables si no se era precavido, tal y como pedía la OMS.

¿Qué significaba «nueva normalidad»? Manuel Castells, el ministro de Universidades, lo describía con claridad. No era de extrañar. Ya había escrito en La Vanguardia que la única solución de España era una alianza del PSOE con Unidas Podemos en un proyecto entre «socialdemócratas de verdad y revolucionarios temperados y realistas» para «cambiar el país democráticamente»[99]. En su libro Ruptura. La crisis de la democracia liberal, sostenía que el 15M aseguraba que se había roto un modo de entender el sistema democrático, que la legitimidad dejada de estar en las instituciones formales, y que el Estado español estaba en crisis. Los problemas de nuestro país eran, según Castells, la desigualdad social creciente, el rechazo al sistema del 78 y el ahogo de las identidades nacionales. Era preciso, decía, un «caos creativo»[100]. La pandemia ofrecía ese «caos» que permitía al populismo comunista soñar con la transformación del sistema, y llegar a la «nueva normalidad».

En plena «desescalada», Castells decía que la «nueva normalidad» era «construir lo nuevo, lo que empieza, el mundo pospandemia», y «no es volver a lo que hubo». Lo «nuevo» era un estado del bienestar gigantesco basado en una fiscalidad voraz, porque, sostenía el ministro, tenemos que acostumbrarnos a vivir con menos dinero. Castells concluía con una hipótesis inquietante:

¿Y si la providencia, cualquiera que sea su origen cósmico, hubiese decidido darnos una lección para que no siguiéramos destruyéndonos y, junto con nosotros, a los animales, los bosques, nuestro hogar, el planeta azul, antes de que fuera demasiado tarde?[101]

Al principio de la crisis el Gobierno creó un comité técnico formado por el mando único establecido con el estado de alarma. Lo presidió Sánchez, e integraba al ministro de Sanidad, Salvador Illa; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska y el de Transportes, José Luis Ábalos. También estaba el polémico director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. A partir del 29 de abril se convirtió en el comité para desarrollar el Plan de Desescalada. Fue otra victoria de Iglesias. Si el 16 de abril consiguió meterse en el comité técnico citado, trece días después metía a su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a su jefe de Gabinete, Julio Rodríguez. Con el propósito de convertir la desescalada en una inmensa campaña de propaganda, Sánchez incluyó a Iván Redondo, su jefe de gabinete de Presidencia; a Félix Bolaños, secretario general de Presidencia; y a Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación que ya se había encargado de cribar las pretendidas ruedas de prensa del presidente y de las comisiones informativas.

Esa selección de personal dejó fuera a los ministros, demostrando que los nombramientos no se hicieron por su capacidad, experiencia o conocimiento técnico sino para cumplir con el juego del equilibrio político. A la hora de la verdad, los ministros podemitas de atrezo, como Irene Montero, Alberto Garzón y Manuel Castells, se quedaron fuera. Sánchez había decidido rodearse de un equipo gubernamental que le fuera útil en su único objetivo: poner las bases para continuar en el poder. Lo primero fue atar a Iglesias, no solo porque dependía de Unidas Podemos en el Congreso, sino porque compartían una ambición desmedida y sabía que, como él, el líder podemita era capaz de lo que fuera para seguir en el Gobierno. Además, esa alianza era la bendecida por la prensa de izquierdas, y dejar fuera en ese momento a Iglesias hubiera sido desmontar el relato y dar una imagen de debilidad. Esa unión entre las dos fuerzas políticas y la prensa izquierdista era el pilar de su intento de controlar la opinión pública y las instituciones. Sin ella, de momento, nada sería posible.

El comité técnico tendría dos hombres fuertes, Iván Redondo y Julio Rodríguez, y por ellos dos pasaría toda la gestión del Estado durante la «nueva normalidad». Sánchez aprovechó el consejo de ministros del 28 de abril para dejar fuera a 12 de los 22 ministros que empezaron el 13 de enero. Aquellos dos, Redondo y Rodríguez, eran auténticos ministros sin cartera que no podrían ser fiscalizados por las Cortes. La comparecencia de esos «técnicos» en el Congreso dependía de la Mesa. En el caso de comparecer los cinco técnicos lo harían a modo de declarantes, no de responsables de las directrices políticas.

En ese momento se demostró la miopía de Vox cuando se negó a pactar con el PP y Ciudadanos los miembros de la Mesa del Congreso. Mientras la izquierda votó unida, Vox no quiso saber nada de Ciudadanos. El PP había ofrecido ceder un puesto a Vox si el partido de Abascal votaba al candidato de Ciudadanos. La negativa de Vox, que quería dos puestos y vengarse del partido de Rivera, permitió una holgada mayoría izquierdista en diciembre de 2019. Ignacio Gil Lázaro, pasado del PP a Vox porque el PP había pasado de él, fue elegido entonces vicepresidente de la Mesa. El nuevo voxista se ufanó de que así se oiría la voz de tres millones y medio de votantes. Incluso llegó a declarar que «la izquierda nos quería hacer un cordón sanitario y no lo ha logrado». Sin embargo, su partidismo miope permitió que se hiciera un cordón sanitario a la verdad, a la libertad de información, al control del Ejecutivo, a la formación de una comisión parlamentaria de verdad inclusiva, y que no se oyera a nadie, salvo la voz del Gobierno. Ese error de Vox fue determinante incluso para la actividad de la comisión parlamentaria para la reconstrucción, porque también de la Mesa del Congreso dependió el que no se hablara de la gestión, sino de futuro, y permitió al Gobierno no rendir cuentas de su negligencia.

Era un caso insólito. España pasaba por su peor crisis desde la Guerra Civil y tenía al frente a un Gobierno que no podía ser controlado por las Cortes. Era el sueño de todo totalitario: poder gobernar sin control, exigir obediencia a la oposición por «lealtad a la patria», y que nunca se pudieran exigir cuentas sobre las decisiones tomadas. La tentación totalitaria se iba adueñando de la situación política. Como en toda circunstancia histórica, siempre ha habido colaboradores inconscientes de dicha deriva que, solo mirando por sus intereses partidistas, o bien por mezquinas venganzas personales, ayudaban a los totalitarios a cumplir sus planes.

No salimos más fuertes como dijo el Gobierno en su campaña de julio de 2020. Salimos manipulados y engañados, con familiares y amigos fallecidos, con el país quebrado y en tensión. Es más; con un índice de desconfianza hacia el Gobierno como nunca ha habido en la historia de la democracia española. Este Ejecutivo de propaganda y tentetieso, que vivió haciendo oposición a la oposición, nos quiso vender que su gestión de la pandemia había sido inmejorable y que ese bodrio distópico de «nueva normalidad» sería un paraíso.

No se trataba ya de que los socialcomunistas considerasen esta crisis como una oportunidad para derribar el «neoliberalismo» y el orden constitucional no plurinacional que lo permite. Es que tradicionalmente tienen la mentira, la amenaza y la manipulación como ejes de su quehacer gubernamental, y, además, no parecían tener la responsabilidad, al menos, de salvar la economía. El conjunto no era para estar tranquilo: un Gobierno que alardeaba de su negligencia y su autoritarismo.

No salimos más fuertes porque desde el principio ocultaron el número de muertos por la COVID-19. Es triste; pero no teníamos la certeza de cuántas personas habían fallecido. Las funerarias, las comunidades, los alcaldes y las parroquias estaban dando otras cifras. La discrepancia estaba en que solo se contabilizaban aquellos a los que se les hacía antes un test, pero como el Gobierno dijo que no hacía falta hacerlos —porque no tenía—, los números bailaban.

Políticamente salimos más débiles. Estábamos sufriendo un estado de alarma trucado. Pasamos en dos días de un discurso oficial que sostenía que se trataba de un mecanismo imprescindible para salvar vidas, a que se pudiera sustituir, según dijeron, por leyes ya aprobadas. Luego, en octubre de 2020, se enmendarían la plana a ellos mismos. Esto no solo creó una sensación de engaño, algo continuo con Sánchez e Iglesias, sino que generó desconfianza absoluta hacia las instituciones y las normas.

Usaron el estado de alarma para suspender derechos, no restringirlos como es preceptivo, y para aprobar cuestiones fuera del tema sanitario, como el asalto al CNI o una ley de educación de corte totalitario. Celaá se empeñó en que el Estado tuviera más derecho a decidir la educación de nuestros hijos que los padres, con ese complejo de superioridad moral e intelectual propia de la izquierda totalitaria. No sorprende, porque el socialismo considera que los derechos, incluida la propiedad, son concesiones gubernamentales, no algo natural e inherente a la persona. De ahí que no tengan reparo en decidir la reglamentación de todos los aspectos de la vida pública y privada. Cuando no existe esa distinción entre lo público y lo privado, como señaló Julien Freund, se vive en un régimen que tiende al totalitarismo[102]. Y no había diferencia entre los dos socios del Gobierno de coalición porque, como escribió Fréderic Bastiat, el proteccionismo, el socialismo y el comunismo son las tres fases de crecimiento del mismo árbol[103].

Salimos más débiles porque el PSOE había pactado la derogación de la reforma laboral con Bildu, la proyección política de ETA. No había sido solo que tuvieran que sacar adelante el «imprescindible» estado de alarma, sino que era una vuelta de tuerca al plan desarrollado desde la moción de censura de 2018. El motor de ese plan era trasladar el eje del consenso político desde los partidos de la Transición a los partidos de la ruptura. A esto añadieron una ignominia: la culpa de ese pacto con Bildu había sido del PP, bajo el argumento de que el partido de Casado abandonó su responsabilidad y el PSOE tenía que salvar vidas. Esto era un insulto a la inteligencia de cualquiera, a la memoria de los asesinados por ETA —una banda a la cual no renuncia Bildu ni su entorno— y una irresponsabilidad.

El motivo de este ejercicio de trilero fue que al Gobierno no le importaba la reactivación de España sino seguir mandando. Por eso la «desescalada» no fue por motivos sanitarios, sino políticos, negociada con los partidos de la moción de censura a Rajoy y de la investidura de Sánchez. Era la confirmación de ese cambio de eje del consenso. Incluso aquellos que se descolgaron de la prórroga del estado de alarma, como ERC o Compromís, no lo hicieron por razones de salud pública, sino porque en la negociación no obtuvieron los réditos políticos deseados.

A esto podemos añadir que nos encontrábamos en una situación límite en la economía, con una bajada del PIB entre el 10 y 15 % y un crecimiento del paro más allá del 20 %. Y la solución que daban a esto no era reactivar el tejido productivo, animar a los que crean riqueza y empleo y bajar impuestos para reducir costes de producción. No. Lo suyo son las subvenciones, las rentas mínimas y los subsidios. De hecho, la ministra de Trabajo no estaba orgullosa de sus medidas para frenar el desempleo sino de las pagas que recibían los parados. El colapso del SEPE, causado por la imprevisión del Gobierno, junto con el impago de los ERTE, Renta Mínima de Inserción y jubilaciones que no tramitaron, llevó al hambre a miles de familias. Las ventanillas de tramitación se cerraron en verano por las vacaciones de los funcionarios. Nadie en el Gobierno de Sánchez había previsto el colapso. El Gobierno se dedicó a culpar al funcionariado. Las ONG y asociaciones como la Asociación de Víctimas del Paro denunciaron en agosto de 2020 la aparición de «nuevos pobres», personas que antes tenían un empleo y una vida dignas, pero a las que el Gobierno de propaganda y agitación habían dejado tiradas. Los testimonios de los voluntarios de las ONG eran tremendos: «Algunos desayunan agua con pan porque no nos queda leche para darles»[104].

Salimos peor, además, en el orden internacional. Algo que se puso de manifiesto con la negativa de los países de la Unión Europea a financiar la mutualización de la deuda que pretendía Pedro Sánchez, quien siguió reclamándola en agosto de 2020, pese a su fracaso en las negociaciones.

¿Cómo van a confiar en nosotros alemanes, holandeses o finlandeses? Somos un país en el que el ministro del Interior cesa al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid porque se niega a informarle sobre la investigación judicial del 8M. Un país con un ministro de Sanidad licenciado en Filosofía, nombrado para ceder ante los independentistas, y que ocultó los informes sobre la pandemia elaborados el 24 de enero por el propio Fernando Simón. Un país que ha vivido en la mentira y al que no le espera otra cosa mientras Sánchez e Iglesias estén en La Moncloa.

Encima nos dejaron una España donde los extremos se habían enojado, porque vimos escenas callejeras despreciables de un lado y de otro que no auguraban nada bueno. Y lo que era peor: esa tensión beneficiaba al Gobierno socialcomunista, que siempre se alimenta del conflicto y de alentar el peligro de la «ultraderecha». En fin, como diría Michael Ignatieff, una crisis política prolongada es un fracaso de la sociedad civil.

Los nuevos Pactos de La Moncloa

Los dogmáticos que recurren al mito creen que ellos mismos gozan hasta cierto punto del don de la omnisciencia, a pesar de que carecen de criterios para poder distinguir la verdad de la mentira.

WALTER LIPPMANN, Opinión pública (1922)

La petición de unos nuevos Pactos de La Moncloa por parte del PSOE en abril de 2020 era parte del pulso en el Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. En realidad, se trataba de un farol de Pedro Sánchez para distraer a la oposición, y engañar una vez más a los españoles. Los motivos del ardid eran que la Unión Europea le había dado la espalda para financiar el gasto de su nuevo Estado social, y que Iglesias había tomado la iniciativa con su plan de «escudo social».

Hacía tiempo que el Gobierno había tirado la toalla en la lucha contra la pandemia, y estaba centrado en el día después, en la reconstrucción. Ahí es donde se estaba produciendo la batalla entre el PSOE y Unidas Podemos. Los podemitas veían en la crisis una oportunidad para dar el finiquito a un sistema, el del 78, al que creían desahuciado, y dar paso a un régimen en el que no hubiera presencia privada en los sectores considerados estratégicos para los derechos sociales, desde la sanidad hasta la electricidad.

Los socialistas no querían ir tan lejos, y se conformaban con aplicar un Green New Deal; es decir, una intervención gubernamental en la economía, respetuosa con el medio ambiente, con inyección de dinero en gasto social. Esa financiación, a modo de Plan Marshall, solo podía venir de Europa, no de los impuestos, como creía Podemos.

De esta manera, Sánchez fingió pedir ayuda al PP, Cs y a otras fuerzas para la reconstrucción. Sin embargo, solo buscaba ganar tiempo para ver si la Unión Europea claudicaba, ganaba el pulso contra Podemos y podía de esta manera sobrevivir personalmente a la situación crítica. Se trataba de ir forjando el relato de la crisis: un Sánchez estadista, abnegado, conciliador y patriota, que se encontró con la deslealtad de la oposición y la negativa de una malvada Unión Europea. Esa era la manera de diluir la responsabilidad de Sánchez por su imprevisión y negligencia, y evitar que la gente se tirase encima del Gobierno por las consecuencias socioeconómicas de la crisis. Ese era el relato.

La propuesta debía contar con su negación; es decir, que Sánchez adoptase el papel de estadista, de nuevo Adolfo Suárez, mientras que el resto del PSOE, en especial Adriana Lastra y Rafael Simancas, insultaban gravemente a la oposición en sede parlamentaria. Eso ocurrió el 9 de abril de 2020. Lastra solo ha destacado en su carrera política por su capacidad para vejar al resto de diputados, mancillando con ese estilo el papel de portavoz de un grupo parlamentario mayoritario. De su boca jamás ha salido nada educado o intelectual. Sus declaraciones en la prensa y sus tuits son ofensivos y denigrantes. De todas maneras, esa actitud mostraba entonces una realidad: el nerviosismo por la frustración y la conciencia de ser negligentes, de no estar preparados.

Era absurdo que al mismo tiempo que se pedía lealtad a la oposición se la insultara gravemente. Lastra acusó al centro derecha democrático de desleal, mentiroso, de pagar bulos, de ridículos, y que no estar junto al Gobierno de Sánchez sería un «error que le perseguirá toda la vida». Lo peor fue cuando Carmen Calvo, vicepresidenta segunda del Gobierno, acusó al PP el 3 de junio, en el Congreso, de estar preparando «un golpe de Estado con policías y guardias civiles».

El propósito de la izquierda no era alcanzar un pacto, sino crear un relato en el que la derecha democrática era culpable, mentirosa y desleal. De esta manera también conseguirían desviar la atención y las críticas lógicas de la gente. Así, si no se celebraran unos nuevos Pactos de La Moncloa sería por la deslealtad del PP.

Unidas Podemos, como no podía ser de otra manera, no estaba de acuerdo con celebrar esos Pactos de La Moncloa. No era solo una razón coyuntural, sino ontológica. No era únicamente que perderían su gran oportunidad en el poder al verse desplazados por técnicos que, aunque de partido, saben infinitamente más que ellos. El asunto era que Podemos había tomado la crisis social venidera como una demostración de su teoría del fin del modelo neoliberal en España, y de la necesidad de imponer un nuevo modelo. Los líderes totalitarios, y Pablo Iglesias lo es, tienen una preocupación constante, como señaló Hannah Arendt, por «lograr que sus predicciones lleguen a cumplirse»[105].

Pablo Iglesias escribió en Disputar la democracia (2014) que la izquierda no podía reivindicar los Pactos de La Moncloa porque frenaron las movilizaciones obreras y las conquistas de la democracia en beneficio de la élite. El peso de la crisis, dijo, lo soportaron los más vulnerables, mientras se imponía la ideología del consenso. Sobre ella se levantó el «régimen del 78», que cifraba en una Constitución con una monarquía, un bipartidismo, bases de la OTAN, y la canalización pacífica y controlada de las demandas obreras[106].

Ese sistema basado en el consenso había entrado en crisis con la ruptura del bienestar social desde 2008, mostrando las contradicciones de un régimen pensado por y para los ricos. Era la hora del conflicto para romper los pilares del sistema, y llevar a la política la protesta de las calles, el «mientras tanto» de los movimientos sociales que había escrito en los años ochenta el marxista Manuel Sacristán. La repercusión social de la crisis de 2008 ofreció la oportunidad de canalizar el dolor hacia un movimiento que terminara de derribar el sistema, no precisamente a través del consenso ni de los acuerdos con la derecha, como fueron los Pactos de La Moncloa, sino del conflicto.

Juan Carlos Monedero, en su obra La Transición contada a nuestros padres (2013), señala que dichos pactos se hicieron para frenar las luchas de los trabajadores y limitar la democracia. Esos pactos iniciaron el modelo «neoliberal» que trajo, a su entender, las desgracias sociales que habían quedado al descubierto por la pandemia de la COVID-19. A partir de ahí, los políticos y periodistas podemitas señalaron al «neoliberalismo» como culpable de la intensidad de la pandemia y de las consecuencias sociales que iba a tener. «El mundo va a dejar de ser como era después del COVID-19», decían, empeñados en poner el epitafio al «neoliberalismo» y comenzar una era «neocomunista». Por eso afirmaban que el interés general debía estar por encima del particular, que es el viejo adagio jacobino que se traducía por una voluntad general interpretada a su gusto por un gobierno dictatorial, como explicó muy bien Talmon[107]. Es la distancia entre el resultado de las urnas y la «mayoría social» de la que hablan estos populistas de izquierdas, la diferencia entre la democracia liberal y la democracia socialista; es decir, entre la libertad y la dictadura.

En este sentido, Monedero, en su intento de demostrar que la Transición había sido un gran fraude, escribió que en 1977 Santiago Carrillo entregó el movimiento obrero por un puesto en la comisión constitucional —lo que no es cierto—, y por adquirir protagonismo frente al PSOE. De esta manera, el consenso que supusieron los Pactos de La Moncloa era presentado como la traición de un partido de izquierdas al movimiento obrero para conseguir prebendas de los poderosos.

Desde entonces, la izquierda antisistema renegó de esos pactos y esperó la «crisis definitiva», que pareció llegar entre 2008 y 2014. Pablo Iglesias creyó que la explosión del 15M había sido la demostración de que se había derribado la hegemonía política de la Transición, lo que los cursis de Podemos llaman «CT», «cultura de la Transición», fundada en el consenso, y que se había impuesto una nueva hegemonía: la del conflicto, la de Podemos. Son las ideas de Chantal Mouffe y de Zizek pasadas por la Complutense.

A su entender, la crisis social iniciada en 2008 y rematada por la provocada por la pandemia de 2020 abrían una posibilidad de canalizar el dolor hacia un cambio de régimen protagonizado por Podemos.

Todo esto se desbarataba con unos nuevos Pactos de La Moncloa, negociados por todas las fuerzas políticas con sentido de Estado, junto a las asociaciones empresariales y sindicales. El regreso del consenso para una nueva etapa de la democracia supondría el fin del sueño podemita, esos «Idus de marzo» pandémicos que confirmaban a su entender el anunciado apocalipsis del régimen.

Inmediatamente salieron los voceros de Podemos para censurar unos nuevos Pactos de La Moncloa. Javier Pérez Royo apuntaba que dichos pactos «no tienen más objetivo que hacer inviable la acción del Gobierno de coalición». Serían unos pactos, dice, para proteger a los poderosos, «a los de siempre».

Pablo Iglesias sabía que si salían adelante esos pactos él se quedaba fuera por la fuerza del número, y su plan se iba al traste. En este caso, solo tendría dos posibilidades: resignarse a la derrota y esperar, un «mientras tanto» como el que hicieron entre 1980 y 2011, o rascar todo lo que pudiera en esos pactos en «derechos sociales» para que no pudieran decir que habían sufrido los más vulnerables. Sería la vía abierta por Yolanda Díaz, su ministra de Trabajo, de «prohibir» los despidos. No obstante, pronto se dio cuenta de la artimaña de Sánchez, como la oposición, que se negó a seguir la farsa, salvo Ciudadanos.

La alternativa de Podemos fue hablar de unos «pactos de Estado» que pasaban, claro, por aceptar sus medidas económicas. Unos pactos de Estado que Pablo Casado consiguió transformar en una comisión parlamentaria, llevando así las soluciones al ámbito de la soberanía nacional y que Sánchez aceptó. Fue un breve espejismo para conseguir, una vez más, el apoyo de los populares en la extensión del confinamiento. Unos populares que se equivocaron al aceptar el término «reconstrucción», propio del lenguaje bélico. Dio lo mismo, porque apenas pasados unos días, el 24 de abril, los socialistas registraron junto con Podemos la comisión económica de «reconstrucción», sin contar con el principal partido de la oposición. Esto marcó un antes y un después, en las ya de por sí nefastas relaciones entre PSOE y PP. Ese mismo día, las terminales mediáticas de la izquierda comenzaron a ejercer presión sobre las comunidades autónomas gobernadas en coalición por el Partido Popular y Ciudadanos. Inés Arrimadas ya había mostrado su predisposición para hacer de puente entre PP y PSOE, volviendo así al centrismo de Rivera que le permitió pactar con ambas formaciones.

En Moncloa confiaban en poder «hacer la pinza» a un PP que tenía como socios de coalición en Andalucía, Castilla y León, Madrid o Murcia a los naranjas, y a Vox apretando desde la derecha. Andalucía y Castilla y León aceptaron. Murcia no contestó y Madrid se opuso. Se trataba de diluir las responsabilidades, al tiempo que lograban que la oposición refrendara las decisiones adoptadas durante el estado de alarma. Entre ellas, la aprobación de una nueva ley educativa por la puerta de atrás, que hacía realidad la propuesta de la podemita Isabel Serra de liquidar la educación especial. Pero también adoptar medidas económicas de espaldas a los propios ministros de la coalición gubernamental, que se enteraban de los acuerdos prácticamente por la prensa. La distancia entre algunos ministerios e Iván Redondo iba creciendo a medida que avanzaba la crisis.

Peores fueron las mentiras inventadas para acompañar al relato diseñado por Iván Redondo, el jefe de Gabinete del presidente. Un consultor que había trabajado previamente para el Partido Popular, y que demostró que funciona cuando todo va bien, pero no sabe encarar las crisis. Algo que se vio en la campaña electoral previa a la coalición electoral, cuando el PSOE quedó muy debajo de las expectativas de Pedro Sánchez y tuvo que virar hacia un encuentro con aquellos que había despreciado en campaña. Atrás quedaba el insomnio del presidente por pactar con Iglesias.

A partir del 20 de abril de 2020 los españoles confinados, asustados ante la temeridad de un Gobierno que seguía sin dar soluciones a la crisis, comenzaron a mostrarse especialmente críticos. De ahí que el presidente del Gobierno renunciara al lenguaje bélico en su comparecencia televisiva del último fin de semana de abril. El relato de Moncloa no conseguía tapar el dolor causado por los por entonces más de 23.000 fallecidos.

Fue el fin de semana en que desde la izquierda arremetían con dureza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid por llorar las pérdidas en un funeral celebrado en la catedral de la Almudena de Madrid. Querían tapar el sol con un dedo. Fue entonces cuando los españoles cambiaron, a petición de los médicos, los aplausos de las ocho de la tarde por el silencio por las víctimas o masivas caceroladas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. A partir de ahí ya todo serían protestas. #SánchezVeteYa fue trending topic nacional el 26 de abril.

El 2 de mayo se conoció la oposición de presidentes autonómicos como Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o Isabel Díaz Ayuso a mantener el estado de alarma. Coincidió con el caos provocado por una desescalada en fases y provincias que el presidente trató de explicar en televisión, pero que nadie acabó de entender y contra la cual se levantaron voces críticas desde todos los rincones de España. A las 21:00 horas una nueva cacerolada hacía mella en un Gobierno noqueado. Sánchez parecía haberse echado por completo en brazos de Iglesias, despreciando las advertencias que le llegaban desde Ferraz. La reacción del Gobierno fue amenazar a PYMES y autónomos con quedarse sin ayudas si no se renovaba un estado de alarma ya a todas luces innecesario. Algunas voces en diversos medios empezaron a alertar del juego de «poli bueno, poli mano» que Sánchez e Iglesias, según ellos, se traían entre manos.

El ardid de los Pactos de La Moncloa fue así el primer fracaso de Redondo, y se quedaron en una «comisión para la reconstrucción». No obstante, el país no se había destruido ni por una guerra ni por un fenómeno natural. La expresión correcta hubiera sido «reactivación» o «recuperación», pero el Gobierno socialcomunista estaba empeñado en que la pandemia fuera tomada como un conflicto bélico, y poner así a todos los partidos detrás suyo, sin oposición ni crítica. Al tiempo, permitía al Ejecutivo eludir toda responsabilidad por la negligencia en la previsión y la gestión posterior.

Esa comisión podía tener dos naturalezas: revisar lo que se había hecho para avanzar con pasos seguros, o mirar hacia el futuro sin atender a las medidas tomadas por el Gobierno. Por supuesto, la coalición gubernamental no quiso saber nada de una comisión dedicada a examinar su política, lo que podía ser para ellos trágico, e impuso a través de la Mesa del Congreso la segunda naturaleza: hacia delante. Para asegurarse el carácter político y no técnico de la comisión de reconstrucción puso al frente a Patxi López, histórico del PSOE vasco, sin ninguna capacitación en nada, y a Enrique de Santiago, un leninista, exasesor de las FARC, republicano y totalitario. ¿Qué podía salir mal?

Mientras el Gobierno nombraba a Patxi López para presidir la comisión, el Gobierno de Italia designaba a Vittorio Colao, exconsejero delegado de Vodafone, que había trabajado en Morgan Stanley, McKinsey y en RCS MediaGroup, con un MBA por la Universidad de Harvard. Junto a Vittorio Colao estarían la asesora económica del primer ministro italiano, Mariana Mazzucato; Angelo Borrelli, responsable del Departamento de Protección Civil, o Raffaella Sadun, profesora de la Harvard Business School. En Italia lo llamaron dream team . En España, por contra, quedó claro que el propósito era contar con una comisión política, no técnica, para una construcción ideológica de la era pospandemia.

La pomposa Comisión para la Reconstrucción Económica y Social debía terminar sus trabajos en junio. Era muy poco tiempo. El Pacto de Toledo sobre pensiones requirió mucho tiempo y reuniones, al igual que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La Comisión se dividiría en cuatro grupos de trabajo: política social, economía, sanidad y Europa, pero el PSOE y Unidas Podemos se encargaron de vetar las comparecencias incómodas. Finalmente, la comisión se quedó en nada. Nadie se acuerda de ella.

Ciberataques y bulos en tiempos de miedo

Es un gracioso viejo mundo.

MARGARET THATCHER en el

Consejo de Ministros (1990)

El totalitario necesita construir una realidad basada en mentiras, para, cambiando el marco cognitivo de las personas, instalar su ideario en el imaginario colectivo. Es el conjunto de ideas que le llevará a imponer su giro autoritario sin que el pueblo alce la voz. Una de las grandes batallas de la era de la posverdad gira en torno a las fake news , que es la propaganda de siempre. Embridar las redes sociales, como aprobó el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno en octubre de 2020 con la excusa de adoptar medidas para prevenir la propagación de mensajes de odio, no era más que un paso adelante hacia la censura. En este sentido iba el decreto aprobado por el gobierno que creó la comisión permanente contra la desinformación, conocida «Ministerio de la Verdad» mediante el cual será el gobierno, con la excusa de las fake news , quien decida qué es verdad y qué no. Toda una conculcación del artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce la libertad de expresión, prensa y cátedra. Además, Moncloa declaró «clasificada» cualquier documentación relativa a este nuevo organismo censor y se negó a facilitarla a los grupos parlamentarios que la solicitaron.

La reclusión impuesta a los españoles a partir del 15 de marzo de 2020 disparó el uso de la tecnología y el teletrabajo, en un país que va muy detrás de Europa en eso de trabajar desde casa. Durante estos días, según datos facilitados por Telefónica, entre el 13 y el 15 de marzo de 2020 el consumo de videojuegos online se disparó un 271 % (los colegios cerraron el día 13), mientras que el uso de WhatsApp, entre el 9 y el 15 de marzo aumentó, en picos, un 698 %. El consumo de datos móviles se incrementó el día 17 un 41 % con respecto a cualquier otro día, mientras que el consumo de datos fijos subía otro 40 % a las 22:00 horas. Cosas de las plataformas como Netflix, Movistar + o HBO. El 21 de marzo el tráfico por Internet ya había crecido, como señaló el presidente del Gobierno, un 80 %. Un campo perfectamente abonado para los ciberdelincuentes. Ventas fraudulentas, suplantación de identidades, robo de tarjetas de crédito, fraude en el comercio electrónico, secuestro de ordenador, cuando el miedo y la incertidumbre azotan y las personas se vuelven más vulnerables.

En tiempos de crisis económica se disparan las campañas de hacktivismo. Algo lógico, pues la mayoría de personas, como afirmaba Goebbels al tiempo que estudiaba predicciones astrológicas de Hitler en las que él, católico, no creía, «se agarran a cualquier áncora de salvación, por muy débil que sea»[108]. Por tanto, avisaba de que, aunque para él no eran creíbles, sí tenía la intención de usarlas para «una propaganda anónima y solapada en la opinión pública». El conservador G.K. Chesterton lo reformuló, afirmando que quien no cree en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Y la crisis occidental es, en el fondo, una crisis religiosa.

De ahí que actualmente la difusión de teorías carentes de toda base científica haya conformado una nueva bioideología acientífica de la salud muy en auge (homeopatía, reiki, chemtrails , exopolítica…), conformando la suma de todas ellas una verdadera Ersatzreligion . Algo que los estafadores saben bien y aprovechan en momentos de crisis.

Lo cierto es que antes de la gran crisis provocada por la pandemia mundial, el número de ciberataques ya estaba creciendo. Ese es el motivo por el que no pocos expertos vienen recomendando desde hace tiempo reducir la dependencia de las infraestructuras digitales, que aumenta el coste de un fallo enormemente.

Ante la alta demanda de ciertos bienes como mascarillas, equipos de protección, soluciones hidroalcohólicas, medicinas, que el Gobierno demostró no ser capaz de facilitar a la población española confinada, se disparó el fraude. Amazon, la empresa que revolucionó el supply chain management a nivel mundial, ha sido utilizada en uno de ellas, como advirtió la Policía Nacional el 31 de marzo de 2020.

El 15 de abril de ese año la Oficina de Coordinación Cibernética detectaba operaciones de tráfico de material sanitario en la Darknet o Internet oscura, no accesible con ordenadores convencionales y sin ciertos conocimientos. Las limitaciones en la cadena de suministros llevaron al tráfico de productos lícitos, pero también a los ilícitos.

Los ciberdelincuentes se mostraron, una vez más, más ágiles que las elefantiásicas y burocráticas administraciones, que siempre van por detrás de los malos. Y eso que España cuenta con grandes especialistas en ciberdelincuencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por otra parte, el confinamiento incrementó notablemente el uso de Internet, lo cual, sumado a la vulnerabilidad de la población, disparó el pishing y el malware . Se detectaron miles de dominios recientes que usaban las palabras «corona» y «covid». De hecho, en la Unión Europea el número, a 15 de abril de 2020, rondaba las 85.000, de las cuales 12.000 se habían detectado en nuestro país.

Son estos bulos los que preocupan a nuestra policía. Nada que ver con los peligros acerca de los cuales advertía la izquierda desesperada, preocupada porque el confinamiento había lanzado a toda la población al uso del móvil y, por tanto, a tener fuentes de información diferentes a las televisiones. El colmo fue la pregunta del CIS de José Félix Tezanos a mediados de abril, que justificaba una intervención de medios de comunicación «para evitar los bulos».

La desinformación y las amenazas híbridas, como señala la ingeniera de Telecomunicaciones e Inspectora de la Policía Nacional, María Riesco, tienen como objetivo socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y los Gobiernos. Para ello se aprovechan de las crisis sociales y hacen campañas bien orquestadas que pueden incluir ciberataques, desinformación y disrupción de sistemas esenciales. El uso de esta desinformación y noticias falsas tiene como fondo motivos políticos o financieros. En román paladino: que algunos actores aprovechan la crisis sanitaria para imponer su agenda y programa. Como, por ejemplo, para en un estado de alarma dictar un decreto-ley que permite a Pablo Iglesias estar en la comisión del CNI. O aprovechar la crisis para nacionalizar sectores estratégicos y hacer daño a la empresa privada. Lo que Revel llamaba «el conocimiento inútil»; esto es, la sobreinformación sumada a la falta de fuentes fiables ayuda a reforzar ideas preconcebidas en las mentes de los ciudadanos.

La parte de la desinformación coincide con Podemos y su manipulación de las emociones. En esta crisis se difundieron mentiras como la responsabilidad de Estados Unidos en la crisis; que Rusia y China estaban colaborando más que la Unión Europea en la resolución de la pandemia; o que la COVID-19 era un arma de los ricos contra los pobres.

Uno de los delitos más habituales, en los que cae buena parte de la población de mayor edad, son los de ransomware . Una técnica que consiste en enviar un correo electrónico (o un WhatsApp) a la víctima, quien al clicar permite la introducción de un programa en su ordenador, que cifra sus datos. A continuación, los delincuentes piden al usuario un rescate por devolver sus archivos. Una cantidad menor en el caso de particulares, pero que puede llegar a grandes cifras en el caso de infraestructuras críticas, como los hospitales. En todo caso, el pago ha de hacerse en bitcoins.

Es algo que le sucedió el 13 de marzo de 2020, debido al conocido Netwalker, a un hospital de la República Checa que atendía a pacientes de coronavirus. Se tuvieron que suspender todas las operaciones programadas. El Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) ya había sufrido un ataque similar en el mes de enero. Los hackers habían preparado la consabida mezcla de pishing , malware y técnicas de ingeniería social. Este tipo de «bulos» son muy peligrosos, ya que los delincuentes pueden llegar a hacerse con las historias clínicas, datos especialmente protegidos, de los pacientes.

En este caso el correo electrónico, destinado a los sanitarios, llegaba con un archivo que supuestamente contenía información relevante acerca del COVID-19, pero que traía un adjunto llamado «CORONAVIRUS_COVID.19.vbs» que provocaba el desastre, ya que traía incrustado un ejecutable de Netwalker. Netwalker, además, era capaz de desactivar el software antivirus (no los sistemas de seguridad EPP). Pero es que además el infectado se extendía por el resto de ordenadores conectados a su red local.

Una de las campañas que más afectó a ordenadores a nivel mundial fue la de Lokibot, un troyano bancario que contaba con ransomware y que suplantaba en correos electrónicos a la OMS. El asunto que figuraba en el e-mail era «Coronavirus disease (COVID19). Important Communication». Afortunadamente, en España no tuvo tanta incidencia. Sí la tuvo el correo titulado «Vacuna Covid-19: prepare la vacuna en casa para usted y su familia para evitar Covid-19», que contenía malware y jugaba con los bulos propagados entre una población acostumbrada al cientificismo. AZORult, por su parte, robaba información y el mensaje en el asunto del correo electrónico rezaba «Mapas interactivos del Coronavirus».

En móviles Android la app COVID-19 Tracker, supuestamente dedicada a informar acerca de la pandemia con datos sacados del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y de la OMS, contenía un ransomware llamado CovidLock, que bloquea la pantalla de inicio del smartphone y pide 100 dólares al propietario del mismo para desbloquearlo.

Casi desde el inicio de la pandemia comenzaron los llamamientos a la ciudadanía para no hacer caso a lo que se recibía por redes sociales. En estos casos, WhatsApp suele ser uno de los medios más utilizados para desinformar, mientras que Twitter actúa más como trinchera para propagandistas. Y en esta ocasión no iba a haber una excepción. WhatsApp, para combatir la desinformación decidió, la primera semana de abril de 2020, limitar el reenvío masivo de audio, vídeos, imágenes y mensajes virales, limitando estos a un solo chat a la vez. Ya en 2018 la red social había limitado el reenvío a cinco chats.

Por su parte, Peter Stano, portavoz del Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, advirtió que no se consentiría limitar la libertad de expresión bajo la excusa de rebatir bulos. Y ello pese a que la Comisión Europea había advertido de campañas de desinformación con origen en Rusia y China cuyo fin era cuestionar la respuesta de los Estados miembro frente a la pandemia. En declaraciones el 20 de abril de 2020 al digital Vozpópuli, Stano afirmó que «lo que quiere la Unión Europa es mantener sus libertades, no limitarlas en nombre de la lucha contra los que organizan estas campañas».

Según los datos ofrecidos por Barlovento para el mes de marzo, los españoles se sentaron delante del televisor 6 horas y 11 minutos al día. Los jóvenes de entre 13 y 24 años vieron un 60 % más de televisión. La reina siguió siendo la televisión lineal en abierto, siendo la responsable del 80 % del crecimiento. 41 millones de españoles vieron los informativos, lo que supuso una subida de 2,6 millones de espectadores con respecto a febrero. Pero también aumentaron los oyentes de radio, sobre todo por la noche. Por otra parte, la prensa en papel se desmoronó en ventas, mientras que el consumo de digitales aumentó casi un 100 %. Relevante para la izquierda fue que los jóvenes volvieron a consumir televisión y radio.

Lo que resultó novedoso en esta crisis nacional frente a anteriores ocasiones, como el «Pásalo» del 13M, fue el llamamiento de la izquierda, encabezado por el portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, para obviar los bulos, que él achacaba a la derecha. Pedro Sánchez acusaría de tal difusión al partido de Santiago Abascal el 9 de abril de 2020 desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. El PSOE acabaría llevando a Vox a los tribunales por un presunto delito de odio.

Las mentiras y bulos, que ahora vienen a llamarse fake news y acerca de las cuales ya escribiera en su día en El conocimiento inútil el liberal francés Jean François Revel en relación con la guerra de Vietnam, han sido numerosos también en la izquierda. Frente a la ausencia de relato de los bulos de la derecha, los de sus adversarios iban perfectamente dirigidos a crear una historia paralela, un relato cuya finalidad era culpar al PP de los muertos. Un relato al cual se sumó, eclipsado por el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso y el error de Vistalegre, Vox.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, sostiene que «si las personas encuentran actitudes con las que coinciden en su red social, son más activas políticamente, mientras que las ideas contradictorias reducen la participación»[109]. Por eso Carlos Gutiérrez Cuevas, del Centro de Estudios e Investigación de la Información y Comunicación de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, sostiene que «el ruido es ventajoso, puesto que, cuando hay ruido, la señal recibida es seleccionada a partir de un mayor conjunto de señales que las remitidas por la fuente emisora»[110].

A mediados de marzo de 2020, cuando Madrid luchaba para evitar el colapso de su sistema sanitario y las imágenes de unos servicios de urgencias abarrotados inundaban las redes sociales, saltaba la noticia de que la torre 4 del hospital Infanta Sofía permanecía cerrada. A su difusión contribuyeron notablemente la anestesista y diputada de Más Madrid, Mónica García, y el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Este último, arremetía contra Isabel Díaz Ayuso y el PP en Twitter el 20 de marzo afirmando que estos habían «cerrado camas y habitaciones en la pública para medicalizar hoteles de sus amigos y derivar pacientes a la privada. ¿Creíais que no iban a hacer negocio con la crisis? ¿Ya habéis olvidado lo que robaron en la anterior? Qué jeta eres Ayuso».

La realidad, que debía ser conocida por la diputada del partido de Iñigo Errejón, es que dicha torre se encontraba en obras y no era en absoluto habilitable como hospital. Cuando Esperanza Aguirre construyó en 2008 el centro, previó una ampliación para años posteriores. Unas obras que estaban en marcha. ¿Pretendían Más Madrid o Podemos meter enfermos en un área en obras? No, lo que pretendían era desprestigiar la gestión de la sanidad madrileña. Lo tuvo que aclarar Newtral el 20 de marzo, la empresa supuestamente verificadora de Ana Pastor.

El 24 de marzo 2020 La Sexta ofrecía una supuesta exclusiva firmada por el documentalista y contertulio, Antonio Maestre. El titular causó la natural alarma: «La Comunidad de Madrid mantiene cerrada una UCI totalmente equipada en el Hospital Público Infanta Sofía». La realidad era que la UCI se estaba equipando en ese momento y aún no estaba terminada. Maestre, empeñado en no dar marcha atrás publicó un vídeo y afirmó que estaba «completamente equipada». Fue desmentido por los sanitarios del hospital, y por la presidenta Díaz Ayuso, quien calificó la «exclusiva» como «bulo del día sobre la sanidad madrileña». No importó. Políticos como Rita Maestre jalearon la mentira en Twitter el 24 de marzo, pero no se hicieron eco del desmentido.

Por su parte, RTVE pisaba el acelerador en las manipulaciones el 12 de marzo de 2020, provocando sendas cartas de Díaz Ayuso a Rosa María Mateo. El delegado sindical del MATS en La Paz y miembro de la Plataforma de Urgencias y Emergencias en Lucha vinculado a Podemos, Guillem del Barrio, aparecía en La 1 arremetiendo como enfermero contra la sanidad madrileña. A TVE se le «olvidó» contar a su audiencia la filiación política de Del Barrio, quien luego daría entrevistas en Antena 3, La Sexta o el diario La Razón.

Lo mismo acaeció el día 31 de marzo del mismo año, con la aparición televisiva de Javier Barbero, rotulado como «psicólogo del Colegio Oficial de Psicólogos de la capital». Barbero es concejal de Más Madrid. Este aprovechó la ocasión para arremeter contra la sanidad madrileña durante casi diez minutos. TVE ocultó, como en el caso anterior, su afiliación política. Barbero había sido con Manuela Carmena concejal del área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias.

El programa de Risto Meijide, Todo es mentira, que se emitía en Cuatro y cuyo productor, Toni Soler, es uno de tantos separatistas catalanes que se forran con contratos con TV3, quiso frivolizar con el coronavirus, llegando a buscar voluntarios infectados para asistir a plató. Y puestos a buscar a un antropólogo para disminuir el alarmismo que según ellos se estaba haciendo con la COVID-19, encontraron, entre los miles que hay en España, a Sol Sánchez, a la sazón diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid y que jamás ha ejercido como antropóloga. Cierto es que anunciaron que era política, pero no rotularon su intervención con el trabajo que realiza en exclusiva para el parlamento madrileño, sino con la carrera que había estudiado décadas atrás.

La idea común de todos estos voceros era transmitir a la población que las muertes estaban siendo causadas por «los recortes del PP». En realidad, la izquierda se sumaba a una de las fake news más populares, a decir de la Policía Nacional: que el coronavirus era una estrategia de los ricos contra los pobres.

Así, desde la izquierda, se pidió la nacionalización de la sanidad privada, se arremetió contra el sistema de gestión público-privado o se acusó a la derecha de buscar intereses económicos en la crisis. Según este relato, en Madrid moría la gente porque la Comunidad de Madrid, pese a los nuevos hospitales, habría recortado camas (que no es un indicador válido) o no habría comprado el material necesario para la crisis del coronavirus.

El 29 de marzo de 2020, Lorena Morales, diputada autonómica madrileña del PSOE y secretaria de Igualdad del PSM, autora de frases como «uno de cada tres hombres es putero»[111] y que estuvo en primera fila junto a Carmen Calvo y Begoña Gómez el 8 de marzo, permitía que en la cuenta de Twitter de su secretaría política se acusase directamente a Isabel Díaz Ayuso y al PP de ser responsables de las muertes. Publicaron un vídeo injurioso, bajo la etiqueta de #AyusoPPresponsables. Esta actuación provocaría el primer comunicado de denuncia de los populares madrileños.

El diario El País se unió a la campaña de desprestigio de la sanidad pública madrileña el 30 de marzo de 2020, sumando al relato la insinuación de que Madrid no quería proteger a sus sanitarios. Así, publicaba el 30 de marzo que «Madrid dice no a la solidaridad de los impresores 3D». La noticia fue desmentida por la Cadena SER, en uno de los capítulos más curiosos de los medios de comunicación en esta crisis. Y es que, como afirmaba dicha emisora, la homologación no contaba con el visto bueno del Ministerio de Sanidad.

Ese mismo día, desde el grupo de la red social Telegram, «Guerrilla 2.0», vinculado a Podemos, lanzaban una campaña programada en la que se culpaba al centro-derecha de deslealtad:

En plena crisis por una pandemia mundial, cuando el país debe mantenerse unido, llega la derecha y la ultraderecha española difundiendo bulos para atacar y desgastar al Gobierno. Por esta razón esta tarde salimos a las 19h con una campaña en contra de la derecha y su oposición desleal al Gobierno de España en estos difíciles momentos.

Este era el mensaje que se difundió entre militantes y simpatizantes de extrema izquierda.

En casos conocidos, las guerrillas tuiteras de la extrema izquierda se organizan en Telegram. En octubre de 2018 fue puesta al descubierto, mediante filtraciones de conversaciones, la forma de proceder de uno de estos grupos, en los que participaba el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez; el entonces responsable de Innovación y Estrategia en redes sociales de Podemos, Mario Gálvez, el responsable de redes sociales de Izquierda Unida, Miky de la Cueva, o el docente vinculado al PCE en Sevilla, Alejandro Sánchez Moreno. En el grupo se coordinaban ataques al médico andaluz conocido como Spiriman, a concejales del PSOE o al desprestigio de periodistas[112].

El 9 de abril de 2020, Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, acusaba en Twitter el 9 de abril a la comunidad:

Que alguien del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Sánchez es un insulto. Quizás se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de Sanidad para comprar material, limitar eventos multitudinarios, incluso confinar poblaciones.

Lo cierto es que Vox hacía suyos los argumentos de la extrema izquierda. La Comunidad de Madrid había comprado el 4 marzo no solo los EPI solicitados por los hospitales, sino también 2 ecógrafos para La Paz —cuya finalidad era ayudar a identificar la neumonía bilateral que genera la COVID-19—, 4 monitores UCI para el hospital Severo Ochoa y un equipo de monitor de UCI para el Príncipe de Asturias.

La campaña de agitación de la izquierda contra el PP no cesó nunca. Para ello fue fundamental el papel de los medios de comunicación tradicionales. La televisión fue el medio cuyo consumo más creció entre los españoles durante la pandemia.

Desde Moncloa se lanzaban admoniciones en contra de los bulos, que justificaron incluso la restricción de WhatsApp, pero gentes como Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, no pararon de soltarlos. Como ese 11 de abril de 2020 en que Lastra acusó al grupo Popular del Congreso de no haberse preocupado por el coronavirus antes del 8 de marzo. Lo cierto es que los populares habían presentado, antes del 10 de marzo, 12 iniciativas por registro relacionadas directamente con la COVID-19: 7 preguntas, 2 peticiones de comparecencia, 2 proposiciones no de ley y 1 interpelación. El bulo de la socialista llevó a que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pidiera que el ministro del Interior actuase contra la portavoz del PSOE, y que Facebook y Twitter bloqueasen su mentira. «Perseguir bulos en la red es cosa de todos, su creación, solo de unos pocos», señalaba.

El 12 de abril de 2020 se iba a celebrar a las diez de la mañana el Consejo de Presidentes, que engloba al presidente del Gobierno, así como a los presidentes autonómicos. Desde el gabinete de Isabel Díaz Ayuso se avisó a Moncloa del retraso con que asistiría la presidenta, ya que esta iba previamente a acudir al aeropuerto de Madrid-Barajas a recibir un avión cargado con 113 toneladas de material sanitario de alta calidad. El cargamento más importante que había recibido la comunidad en toda la crisis. Pues bien, desde el PSOE y Moncloa se filtró a los medios que Díaz Ayuso habría dado plantón a los presidentes. TVE, siempre leal al «progresismo» y hundida en audiencia, no tardó en informar de la noticia, teniendo que rectificar poco después.

La desfachatez del Gobierno con las encuestas manipuladoras del CIS llegó entonces a lo que parecía su punto culminante el 15 de abril de 2020. No solo las preguntas llevaban implícitas las respuestas, sino que afectaba a tres cuestiones fundamentales: el poder, la economía y la libertad. A pesar de la evidente negligencia en la gestión de la pandemia, de la caída brutal de la economía y de la demanda de información, el PSOE subía en intención de voto y la gente, según Tezanos, pedía que solo el Gobierno estableciera la «verdad». Es más; en la encuesta se insultaba el papel de la oposición, especialmente del PP y de Casado, y el papel de las autonomías como parte de la campaña contra el Gobierno de Díaz Ayuso en Madrid. La pregunta más capciosa, y que mejor delató la intención del gobierno socialcomunista fue la número 6:

¿Cree Ud. que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para difusión de noticias e informaciones?

Según el CIS de Tezanos el 66,7 % de los españoles «cree que habría que restringir y controlar las informaciones, estableciendo solo una fuente oficial de información». Por supuesto, el 87,8 % pensaba que «ahora hay que apoyar al Gobierno y dejar las críticas para otro momento». La encuesta en sí era otra demostración de la deriva totalitaria de Sánchez, ya completamente en manos de Iglesias.

Además, el Gobierno contrató a dedo, saltándose la ley, a una empresa externa para que realizara las encuestas telefónicas. La empresa seleccionada fue Intercampo S.A., ligada a la Fundación Sistema, del PSOE, de la cual Tezanos es presidente, y en cuyo patronato están Rafael Simancas, Carmen Calvo, Félix Bolaños o Beatriz Corredor. La empresa de encuestas siempre, en toda su trayectoria, había vaticinado rutilantes triunfos electorales del PSOE, que luego no se producían. Esa contratación formó parte de una burda manipulación con dinero público.

No era la primera vez que durante la crisis el Gobierno quería aprovechar la oportunidad de controlar la información, de hecho ha sido su obsesión. Primero estableció un sistema de preguntas para las ruedas de prensa que permitía que el secretario de Estado de Comunicación filtrara las cuestiones, y que el presidente llevara preparada la respuesta. El Gobierno elegía quién le preguntaba y qué: era pura propaganda. Por esta razón los medios críticos, cada vez menos, se negaron a seguir las ruedas de prensa. El Gobierno tuvo que dar marcha atrás. La reacción de Sánchez e Iglesias fue regalar 15 millones de euros a los medios.

Cuando el 19 de marzo de 2020 compareció en La Moncloa en rueda de prensa técnica el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, para dar explicaciones acerca de la proliferación de bulos, nadie se podía imaginar lo que sucedería. Impertérrito, Santiago afirmó que la Jefatura de la Información de la Guardia Civil trabajaba para «por un lado, evitar el estrés social que producen estos bulos, y, por otro, minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno»[113]. Los españoles que estaban pendientes de la comparecencia saltaron del sillón como pinchados por alfileres. Las declaraciones, leídas y por tanto no susceptibles de constituir un error o una desafortunada explicación, eran propias de una dictadura o régimen autoritario. Quizá aquello fue una advertencia, sostienen numerosas fuentes de la propia Guardia Civil que, como cuerpo militar, no puede expresar opiniones políticas.

Las decisiones adoptadas por socialistas y podemitas permiten entender su concepto de democracia: el gobierno exclusivo de la izquierda, legitimado por su propia moralidad, en el que los pilares de la sociedad, como la libertad y la igualdad, eran el resultado de la conveniencia del Gobierno. Un Ejecutivo, además, que pretendía fundir todos los poderes, incluido el mediático y el económico, en uno solo y controlado por él. La concentración de un poder sin control, junto a la descalificación de la oposición por «desleal» y «anticonstitucional», el establecimiento de una línea continua entre el Gobierno, la verdad y la voluntad general, y la mordaza a los medios críticos, son el fundamento de todo régimen totalitario. La oposición se echaba las manos a la cabeza. Para el PP las declaraciones habían sido «impresentables», y Vox las calificaba de «bolivarianas».

Sánchez e Iglesias habían aprovechado casi desde el inicio de la crisis por la pandemia el desconcierto para lanzar una campaña sobre las supuestas mentiras en las redes, lo que no dejaba de ser una paradoja jocosa viniendo de dos personajes que habían forjado su carrera en la posverdad. Una vez que el Gobierno tuvo la certeza, certificada por los innumerables trending topics contrarios que cosechaban día tras día, de que su relato no estaba calando como había previsto el gurú Iván Redondo, cundió una especie de sálvese quien pueda. Y el más patoso, como venía sucediendo desde el inicio de la crisis, fue el propio ministro de Sanidad. En lugar de hacerse con los test masivos que habían contenido la pandemia en países como Alemania o Corea del Sur, se lanzó a la compra de seguidores en Facebook para jalear sus ocurrencias[114]. Algo que en otras circunstancias hubiera llevado a la carcajada nacional y dimisión del protagonista de tantos «me gusta» de trolls con nombres extranjeros. Por cierto, sin que Newtral o Maldita, cuya labor es velar por un contenido veraz en redes sociales, dijeran nada.

Pero la amenaza verdadera, como ya hemos visto, no residía en las noticias políticas como querían hacernos creer PSOE y Podemos, sino en la ciberdelincuencia habitual, que no se suele promocionar en los medios de comunicación. Se dispararon las suplantaciones de identidad de instituciones oficiales relacionadas con la crisis al tiempo que continuaban las habituales suplantaciones de bancos y empresas de consumo on y offline . Los delincuentes aprovechaban las temáticas de la pandemia (tratamiento de la COVID-19, los ERTE, ayudas gubernamentales…) para estafar a ciudadanos y empresas.

Por parte de Podemos, el ansia de acabar con los medios de comunicación privados y poner los públicos a su servicio, como ocurre con Televisión Española, no es nuevo. Iglesias se había mostrado ya en el año 2014 como ferviente defensor de la Ley de Prensa de Rafael Correa, el socialista del siglo XXI de Ecuador condenado a 8 años de prisión e inhabilitación de por vida por dirigir una estructura de corrupción con la que se financió ilegalmente su partido a cambio de contratos con el Estado. En Conversación con Pablo Iglesias[115] el vicepresidente del Gobierno arremetía contra la libertad de prensa e información, denigrando a los medios privados de comunicación, reivindicando la ley ecuatoriana que permitió la expropiación y cierre de los medios críticos con el socialismo. En solo un par de años de existencia, Correa sancionó a casi 200 medios críticos, abrió 506 expedientes y dictó 313 resoluciones. Expreso, El Comercio y La Hora fueron algunas de sus víctimas en papel impreso. Pero televisión y radios también fueron ferozmente intervenidos. Esta era en 2014 —y sigue siendo— la opinión de Iglesias:

Si el derecho a la información es un derecho democrático, la concentración de la propiedad es incompatible con ese derecho (…). La gestión de la información no puede depender únicamente de hombres de negocios y de su voluntad por permitir la libertad de expresión (…).

No puede ser que algo tan importante, y de interés público, imprescindible para la democracia, como son los medios de comunicación, esté solo en manos de multimillonarios (…). El problema de la privatización de los medios es que la lógica de funcionamiento es el beneficio, no el interés social ni la calidad ni la utilidad social.

Ese mismo año, Podemos concurría a las elecciones europeas en España, con las siguientes propuestas, destinadas a los medios de comunicación:

Legislación destinada a impedir la formación de monopolios u oligopolios en el ámbito de la comunicación

Separación por ley de la propiedad de los grupos financieros y comunicativos, garantizando así la independencia de todos los medios de información de los diferentes gobiernos y grandes grupos empresariales. Creación de medios públicos al servicio de los ciudadanos con una gestión democrática e independiente de los gobiernos de turno.

Legislación destinada a instaurar una cuota mínima de medios públicos e independientes. Creación de una agencia de noticias europea independiente de estricto control democrático y ciudadano. Ninguna empresa o grupo podrá ostentar más del 15 % del total de un ámbito comunicacional, sea prensa, radio, televisión, Internet o el sector editorial.

Toda una declaración de intenciones, que hoy sigue vigente y que no parecen recordar los dueños del duopolio televisivo. En el acuerdo programático que firmaron PSOE y Unidas Podemos quedaba clara su intención de controlar la información más allá de los medios de comunicación social convencionales, y meter mano en las redes. En acuerdo de coalición que firmaron el 13 de noviembre de 2019, en su apartado 5.9 se podía leer:

Desde el respeto escrupuloso a la libertad de expresión e información, impulsaremos una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, que incluirá la elaboración de guías, mejores prácticas y cursos para combatir la desinformación en Internet y redes sociales.

Una de las consecuencias del mayor uso de las redes sociales durante la pandemia llevó a destapar ante buena parte de la opinión pública algo que hacía tiempo se venía comentando entre gente especializada: la falta de neutralidad de los verificadores españoles contratados por Facebook, WhatsApp o Twitter. En España eran dos las empresas verificadoras o de fact checking principales[116], que deciden qué es verdad y qué es mentira, algo que en democracia solo debería de corresponder a una autoridad judicial, pero que en España estaba en manos de Maldita y Newtral. No resulta legítimo en democracia, ni bajo la excusa de la tardanza judicial, poner en manos de empresas privadas el derecho fundamental de los españoles a la libertad de expresión, algo que debería de corresponder a los tribunales, previo trámite de audiencia al interesado. Algo que en España ni está ni se espera, mientras en la red se organizan acosadores para cerrar cuentas sin motivo, aprovechando los fallos de los algoritmos de Twitter.

Pues bien, estos suplantadores del poder judicial cobraron relevancia en la pandemia, ante la profusión de noticias aparecidas en medios digitales y redes sociales, que criticaban la gestión gubernamental. El sesgo izquierdista que hacía meses venía denunciando la comunidad tuitera, se confirmaba. Así, La Sexta podía afirmar que Mariano Rajoy había salido a hacer footing «porque no llevaba bolsas», y dicha información preconstituía casi prueba judicial en contra del expresidente, vista la inmediata investigación ordenada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Algo que al expresidente debió de importarle poco, ya que la verdad televisiva no se corresponde con la verdad judicial. Todavía.

El digital Vozpópuli sabe bien de qué se trata, ya que ellos mismos cayeron víctimas de la verificadora Maldita en Facebook a mediados de abril. Curiosamente la noticia censurada, veraz en todos sus extremos, afectaba a la propia empresa de fact checking . Algo que en cualquier empresa medianamente seria llevaría a la apertura de un expediente interno a Maldita.

Ana Pastor, a la sazón esposa de Antonio García Ferreras y presentadora del programa El objetivo de La Sexta, encabezaba Newtral. La empresa obtuvo en 2018 unos beneficios de 868.857 euros. El gasto en personal, 35 empleados, ascendió a 1,7 millones de euros. La facturación fue de 3,8 millones. En este caso las críticas se elevaron, llevando a influencers como Alvise Pérez, en su día vinculado a Ciudadanos, a incordiar en Twitter diariamente a Ana Pastor. El locuaz tuitero denunció que las mismísimas verificadoras estarían dando por buenas noticias falsas. Newtral, afirmó, «se inventó un asesinato por violencia machista que la policía definió como suicidio», mientras que la Fundación Maldita dijo que las mascarillas no eran necesarias «porque así lo decía el PSOE». El dominio de Newtral fue registrado por Joaquín Ortega Casariego, vinculado al PSOE, afirma Alvise, quien fuera jefe de gabinete del diputado Toni Cantó. Newtral se ha beneficiado del Programa Horizon de la Unión Europea, recibiendo subvenciones de las destinadas a pymes. La cantidad recibida fue de 50.000 euros.

Por su parte, Maldita tuvo entre sus colaboradores a Antonio Maestre, documentalista habitual en tertulias de la cadena televisiva La Sexta. Maldita está dirigida por Clara Jiménez Cruz y Julio Montes, ambos exempleados de La Sexta. Además, Maldita recibió el 4 de octubre de 2019 una subvención del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, encabezado por Carmen Calvo. La ayuda se otorgó a través de una convocatoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia creada en 2004 a propuesta del Ministerio de Justicia. Dolores Delgado era, en el momento de la adjudicación, ministra de Justicia y presidenta del Patronato de la Fundación. Las relaciones parecen claras.

Si la mujer del César además de honrada debe de parecerlo, este no parece ser el caso, visto lo visto, de nuestras empresas de fact checking . Todas estas empresas verificadoras están adscritas a la International Fact Checking Network, que exige a los suyos ser apartidistas y neutrales. Entonces, ¿cómo puede ser que el auditor tenga relación contractual con el auditado, como sucede en el caso de Newtral? ¿Cómo puede recibir ayudas económicas del Gobierno o tener entre sus colaboradores a los más conocidos representantes de la extrema izquierda? Las empresas verificadoras se han situado en esta crisis en el ojo del huracán de la opinión pública española y están causando una crisis de reputación a las grandes redes sociales que operan en nuestro país.

Otra de las quejas habituales de los usuarios de redes sociales es la manipulación de los trending topics , o temas más discutidos, en la red social Twitter. Una red en decadencia que, sin embargo, sigue siendo la más relevante para periodistas y, por ende, para políticos. El 18 de abril de 2020, coincidiendo con la comparecencia de Pedro Sánchez en televisión, la etiqueta o hashtag #SánchezVeteYa fue de las más utilizadas a nivel mundial. Sin embargo, misteriosamente desapareció. Algo que tiene muy poco que ver con los algoritmos y mucho con la manipulación mediática.

Peor sería que el 9 de mayo Twitter permitiera durante horas ser trending topic a la etiqueta #MatarAAbascal, en referencia al líder de Vox.

Los partidos políticos españoles deberían de abrir, como han hecho países como EE. UU., en Congreso y Senado, comisiones de estudio de cómo las redes sociales están saltándose la legislación interna, bajo la excusa de tener sus sedes sociales fuera del país y promesas de verificadores independientes. Se trata de encontrar el difícil equilibrio entre la libertad de expresión, consagrada en nuestra Constitución, y la libertad de empresa[117].

LA VERDAD

El peor Gobierno del mundo

El pueblo comprende antes el lenguaje de las pasiones que el de la razón

JAIME BALMES,

Pensamientos y máximas filosófico-católicas de los inmortales genios y profundos pensadores (1863)

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñó en crear una realidad virtual y aumentada de sus acciones. Era la construcción de su relato. Lo sucedido con la OCDE en abril de 2020, cuando tuvo lugar una videoconferencia de alto nivel entre personas del ministerio de Asuntos Exteriores de España y representantes de la OCDE, puso de manifiesto el ejercicio de posverdad del gobierno social-comunista.

El 27 de abril de 2020 el mexicano Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, informaba a través de Twitter que España estaba entre los países del mundo que más test de coronavirus estaban realizando entre la población. Una noticia que aliviaba la presión sobre un Gobierno en ese momento noqueado y cuya incompetencia estaba colmando la paciencia de los españoles. Médicos y enfermeras, a través de sus consejos generales, habían presentado querellas, que posteriormente ganaron, contra el Ministerio de Sanidad por vulnerar el derecho de los trabajadores al haberles dotado de material inservible después de días sin nada con qué pertrecharse frente al virus. Las chapuzas se amontonaban, entre «desescaladas» hechas de espaldas a las recomendaciones de la OMS y sin criterios técnicos, sin mapas de seroprevalencia, sin conocer la ratio de seroconversión y sin test masivos realizados entre la población.

Según Gurría, España estaría realizando 28,6 test por cada 1000 habitantes. Una media por encima de la de la propia Unión Europea y que situaría a España por delante de países como Alemania, que contuvo la primera oleada de la pandemia en abril. Una eficacia gubernamental, la que la OCDE atribuía a Illa y Simón, que nadie en España podía creerse. La realidad es que los ciudadanos con seguro privado estaban acudiendo a sus médicos de cabecera a que les recetasen los test PCR y de anticuerpos. Unos test de cuyos resultados la privada daría cuenta a la pública. Porque en España no se hicieron test masivos hasta que alcaldes populares, como el de Torrejón de Ardoz en Madrid, dieron un paso al frente.

El presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y su ministerio se lanzaron el 27 de abril de 2020 a la desinformación, repitiendo en Twitter el falso mensaje del secretario de la OCDE, en el mismo año en que este quería presentarse a su reelección.

Apenas una hora después de publicado el tuit del representante internacional, la periodista Julia Otero se hacía eco del mismo. Televisión Española y la web eldiario.es celebraban la noticia, que saltaba inmediatamente a numerosos medios. Hasta el diario deportivo Marca publicó la buena nueva. Desde ese mismo instante, por mor de la supuesta batalla contra las llamadas fake news , quienes se atrevieran a cuestionar la noticia estarían incurriendo en los bulos que aquellos días de primavera perseguían incesantemente el ministro Grande-Marlaska o Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Podemos.

Twitter destapó la mentira esa misma mañana. Bastaba con mirar las fuentes citadas por Gurría, que dejaban en mal lugar a Moncloa. Una fake new que apenas necesitaba un desmentido, pero que salía a la luz al comprobarse que la fuente de la OCDE eran los datos facilitados por el Gabinete de la Presidencia del Gobierno. La trampa consistía en incluir, a diferencia de lo que había hecho el resto de países, no solo los test PCR, sino también los denominados «test rápidos», cuya eficacia es puesta en duda por los expertos. En realidad, la media de pruebas de España estaba por debajo de la media de la OCDE. La Universidad de Oxford, titular del proyecto Our World Data citado por la OCDE, acusó al secretario general de confundir a la opinión pública. Ni Newtral ni Maldita, las empresas de fact checking cuyo prestigio se hundió durante la crisis, se dieron por enteradas del bulo hasta el día 28.

Gurría en realidad estaría buscando apoyos para su reelección al frente de la OCDE, que tenía que tener lugar en 2020. Y ahí estaba, justo en aquel momento, Manuel Escudero, uno de los embajadores políticos nombrados el 29 de junio de 2018 por Pedro Sánchez y miembro de la ejecutiva del PSOE, donde ocupa el cargo de secretario del área de Política Económica y Empleo.

A media tarde del día 27 los medios se hicieron eco de la trampa. El Gobierno, ya casi entrada la madrugada, tuvo que admitir la mentira. El País tituló: «La OCDE sitúa por error a España por delante de Alemania en número de test».

La imagen internacional del Gobierno español, si es que alguna vez fue buena, se desmoronó. Sánchez se había empeñado en tener una agenda exterior superior a la del rey de España, suplantando la tarea regia de primer embajador. Se trataba de lanzar la imagen de Pedro Sánchez como el gran hombre de Estado español contemporáneo. Ninguneó a Felipe VI en muchas ocasiones, llegando a abrir una guerra soterrada entre Zarzuela y Moncloa, cuya máxima expresión fue la asistencia del rey al funeral de Estado por las víctimas de la COVID-19. Un funeral al que no acudieron ni Sánchez ni Iglesias. Algo que enlazaba con la campaña contra la Corona de la izquierda.

Sánchez mintió en sede parlamentaria, utilizando un informe de la Universidad de Oxford. No fue la última vez. No solo eso: añadió que conocía un informe de la Universidad Johns Hopkins (EE. UU.), referencia mundial en el campo de la medicina, que situaba a España en el quinto puesto mundial en la realización de test. El diario ABC informaba tres días después, el 1 de mayo, que en dicha universidad no tenían constancia alguna de dicho informe. Era una mentira más.

De poco valió la estafa del CIS, porque las encuestas internacionales, privadas e independientes, le pusieron en su sitio. La empresa alemana Dalia Research realizó la mayor encuesta del momento: 32.631 personas de 45 países del mundo. El resultado no dejó lugar a dudas: los españoles eran los más descontentos de Europa con la gestión de la crisis de este Gobierno de izquierdas. Un 66 % de los españoles valoraba que el Gobierno de Sánchez no había hecho lo suficiente para detener la pandemia. La gestión de Sánchez había sido la más negligente del mundo, después de la de Chile y Tailandia[118]. Otro estudio situaba al Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias en el último lugar del Índice de Respuesta Global a Enfermedades Infecciosas, en una lista de 32 países[119]. El 21 de marzo, Europa Press publicaba una encuesta del Instituto Nacional de Estudios Analíticos, con una muestra muy amplia: 351.688 entrevistas. El resultado: el 68 % pensaba que la gestión había sido un «desastre», y suspendían a Sánchez con un 3. Es más; hasta el 64 % consideró que Fernando Simón había mentido[120]. Y eso que aún no se había ido a hacer surf, montar en globo o se había sacado un moco en una rueda de prensa para hacer un chiste a los periodistas, como hizo en septiembre de 2020.

Hasta once avisos había recibido el Gobierno de Pedro Sánchez antes del 8 de marzo de 2020 desde el Departamento de Seguridad Nacional. Y eso que el 27 de enero de 2020, según dicho organismo, la COVID-19 era lo más preocupante para nuestro país. El DSN advertía que «los datos disponibles muestran con evidencia una transmisión persona-persona» y que «las infecciones entre personal sanitario apoyan esta transmisión». Las alertas habían sido enviadas al Gobierno los días 27 y 31 de enero, el 7, 13, 17, 20, 23 y 29 de febrero, y el 5, 6 y 7 de marzo. Eran los tiempos en que el Fondo Monetario Internacional consideraba la pandemia «el riesgo más apremiante para la economía global». Lo cierto es que el PSOE trató de ocultar en el Congreso de los Diputados la existencia de dichas alertas. Una iniciativa parlamentaria cursada el 27 de marzo de 2020 en el Congreso por los diputados populares Juan Antonio Callejas, Adolfo Suárez Illana, Carlos Aragonés y otros siete parlamentarios más no tuvo respuesta. Cuando llegó la segunda ola, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a alertar al Gobierno, sin obtener resultado. Había que irse de vacaciones.

La mala imagen del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia llegó a tal punto que el Diario Libre de la República Dominicana publicó el 23 de abril de 2020 un artículo de su subdirectora, Inéz Aizpún, titulado «10 lecciones que va dejando el coronavirus»[121]. El décimo consejo ponía negro sobre blanco la falta de prestigio internacional del Gobierno del PSOE y Podemos: «Podría ser peor. Imaginen todo esto y además tener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno». No se podía decir más claro.

Las comunidades autónomas, tan denostadas por el populismo de derechas, funcionaron como corrección a la negligencia y al retraso del Gobierno de España. Era la primera vez que los españoles podían celebrar no tener un Estado con las competencias centralizadas en un gobierno nacional. Porque la realidad es que, sin los gobiernos autonómicos los españoles hubieran quedado en manos de un Ejecutivo populista, preocupado tan solo por colonizar el Estado.

Iglesias fue ganando poder en el Gobierno. Lógico. Es leninista. El bolchevismo ha teorizado y practicado la infiltración en las estructuras del Estado y del Gobierno, la división del enemigo y la definición del discurso y de los objetivos. Ese rápido avance podemita fue posible porque Pedro Sánchez, cuya única idea política es conservar y aumentar su poder, adoptó el populismo desde que fue defenestrado por los suyos en octubre de 2016.

El resultado no podía ser otro más que una deriva autoritaria descarada, encarnada en el ninguneo de las Cortes, el apartamiento de la oposición, el desprecio al poder judicial y el recorte de las libertades. Basaron todo esto en el uso de la posverdad, en mentir porque la gente no desea saber la verdad, sino tener razón. Y la verdad, como ha escrito Michiko Kakutani[122], es una de las cosas que nos separa del autoritarismo.

El sanchismo quiso ser una religión política, llena de dogmas irrebatibles, con una iglesia de feligreses, con su púlpito mediático, sus cultos colectivos en manifestaciones callejeras y un mesías que todo lo veía desde su helicóptero. Pero la nueva era quedó truncada por la llegada de las siete plagas en forma de virus, y Sánchez se quedó paralizado. Fueron las comunidades autónomas no gobernadas por el partido del Gobierno quienes le despertaron al adoptar las primeras medidas, y le obligaron así a enfrentarse a la pandemia. Mientras los ministerios quedaban atolondrados y otros desaparecidos, las consejerías autonómicas se ponían a trabajar a destajo.

En lugar de combatir el virus con un plan nacional, la izquierda se dedicó a lanzar el mensaje de que lo que había provocado el número de muertos eran los recortes del Gobierno de Rajoy y los gobiernos autonómicos del PP. Esto equivalía a culpar a la derecha de los fallecimientos, lo que era una elusión de responsabilidad y un intento burdo de sacar rendimiento político a una tragedia.

El argumento de la falta de recursos era también falso. La clave de una pandemia siempre ha sido la prevención porque disminuye el número de contagiados y, por tanto, no colapsa la sanidad pública. Esto permite dar la atención adecuada a los infectados y reducir el número de decesos. Un buen ejemplo de esto es Grecia. Tsipras, el otrora «hermano» de Pablo Iglesias, recortó la sanidad pública entre 2015 y 2019, dejando a un tercio de sus compatriotas sin asistencia sanitaria. ¿Por qué en Grecia el número de muertos no pasó de 200 y en España superó la cifra superó los 45.000? Es sencillo. El nuevo Gobierno griego de Mitsotakis, de Nueva Democracia, la derecha liberal, tomó medidas preventivas con rapidez, evitando así el colapso de su precario sistema sanitario. Grecia dedica un 5 % del PIB a gasto sanitario, y España un 8,9 % según el Informe sobre el Estado de Salud en España, comparable a Chequia o Eslovenia, frente al 9,8 % de la media comunitaria, con un gasto medio por persona y año de 2371 euros (la media de la UE es de 2884 euros). Ese informe fue realizado por la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) y el Observatorio Europeo para los Sistemas de Salud y Políticas, y presentado en Bruselas el 28 de noviembre de 2019. Esto se traduce en un Sistema Nacional de Salud «muy eficiente», según Cristian Herrera, analista de la OCDE. Las razones que justificaban la eficiencia del sistema sanitario español a pesar del menor gasto eran, dijo, «las políticas de prevención que actúan sobre los factores de riesgo».

Era la prevención lo que permitía combinar gasto bajo con contención de las enfermedades. Justo lo contrario de lo que hizo Sánchez. A diferencia del socialista español, Mitsotakis suspendió las fiestas de carnaval a finales de febrero en cuanto se conoció el primer muerto por COVID en su país. El 4 de marzo cerró colegios, restaurantes, gimnasios y todo lugar de reunión pública. No hubo hibernación económica. Los griegos podían ir a su trabajo manteniendo el distanciamiento social. Las salidas de casa se coordinaron mediante una aplicación que enviaba un SMS que otorgaba un salvoconducto para circular. Además, como no podía ser de otra manera, simplificó la burocracia, facilitó los trámites online y aplicó medidas de alivio fiscal.

El Gobierno de Sánchez no hizo nada de eso. Reaccionó tarde para mantener el 8M a pesar del número de muertos y contagiados. Se opuso al cierre de colegios hasta que actuó la Comunidad de Madrid. Sometió a España a una hibernación económica que ha arruinado al país —la previsión gubernamental el 1 de mayo era que el PIB se hundiría casi un 10 % y que habría un repunte del paro hasta el 19%—, y no hubo más control para la salida de la gente que las recomendaciones y las multas. Jamás apareció la aplicación prometida por el Gobierno al comienzo de la pandemia. Todo fue negligente.

Son los malos Gobiernos los que profundizan las crisis, no los Estados. En España falló el Gobierno, no el Estado, cuya estructura administrativa, militar y sanitaria estuvo a la altura. Por otro lado, es evidente que si en lugar de tener un gobierno de izquierdas durante la pandemia hubiera habido uno de derechas, habríamos pasado del virus a las llamas. Todavía la gente recordaba lo que pasó con la «crisis del ébola» en 2014. Alberto Garzón, prescindible ministro de Consumo, dijo el 9 de abril de ese año que sentía «rabia» al ver al personal sanitario en riesgo «por la incompetencia y mediocridad de una ministra». Pero callaba ante la pandemia que se cobraba decenas de miles de vidas. Pablo Iglesias pidió a la Unión Europea el 11 de abril de 2014 que se exigieran «responsabilidades políticas del Gobierno español por el caso del ébola». Lo mismo dijo Pedro Sánchez: Rajoy debía asumir su culpa y echar a Ana Mato, entonces ministra de Sanidad. PSOE y Podemos se tiraron a las calles y contra la policía, y pidieron la dimisión del Gobierno del PP, cuando solo había una persona contagiada en España por ébola, que se salvó, y un perro sacrificado.

La decisión de celebrar la manifestación del 8 de marzo de 2020, que según los organizadores reunió a más de 120.000 personas, y permitir espectáculos públicos masivos, fue de Pedro Sánchez a través de su delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Pero los primeros avisos de la pandemia ya estaban ahí por aquel entonces.

El ministerio de Sanidad aseguraba el 23 de febrero que a España no llegaría la COVID-19, a pesar de que ya había infectado a 18 países además de a China. Se aseguró que solo habría algún «caso importado» de países como Italia, que ya había comenzado el confinamiento. La negligencia fue entonces mayúscula: al tiempo que decían que el virus vendría de fuera, de otros países como Italia, se mantuvieron los 250 vuelos diarios a Madrid sin control alguno. El tráfico aéreo con Italia no se prohibió hasta el 10 de marzo.

Pedro Sánchez ignoró la alerta de la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera quiso escuchar cuando el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades de la Unión Europea publicó el 2 de marzo una evaluación de la pandemia, que consideraba ya el riesgo de infección por COVID-19 entre moderado y alto para los ciudadanos de sus Estados miembro. En el documento figura la recomendación de adoptar «medidas más estrictas de distanciamiento social». Entre estas medidas se pedía la «suspensión de reuniones masivas», así como «el cierre de colegios y centros de trabajo para interrumpir las cadenas de transmisión». Es más; la Unión Europea pedía a los Estados que se abastecieran de «equipos de protección individual adecuados para los trabajadores sanitarios» y la aplicación rigurosa de medidas para prevenir la extensión de la infección. Sánchez aún esperaría días para decretar el estado de alarma, cuando ya había 4209 personas infectadas por coronavirus y el número de fallecidos ascendía a 120.

La misma OMS repetiría su alerta el 3 de febrero, pidiendo a los países, en el mismo sentido que la Unión Europea, hacer acopio de material «para garantizar que los trabajadores sanitarios estén protegidos». Del abastecimiento de material necesario, nada se sabría en semanas. El 1 de febrero el diario El País había publicado que España estima que la epidemia puede «remitir pronto».

Al día siguiente de tal pronunciamiento ministerial, la Unión Europea insistía en avisar a España para que vigilase «el riesgo de desabastecimiento de medicamentos y equipos importados de China». Illa respondía que «España tiene suficiente suministro de equipos personales de emergencia en estos momentos».

Esa misma semana el Gobierno se reunía el 9 de febrero en la finca de Quintos de Mora, cuando ya había dos casos diagnosticados. Se fueron a hablar de presupuestos, transición ecológica y otros temas, no de la pandemia. De ahí salió la proclama de Sánchez acerca de lo que ocupaba sus pensamientos esos días, que trágicamente se iba a hacer realidad en parte poco después: la eutanasia, que impusieron el 19 de diciembre de 2020 sin consenso, debate ni informes de expertos. «Llevamos años trabajando en la ley de eutanasia y hoy iniciamos en el Congreso de los Diputados el trámite para su aprobación. Sabemos que hay muchas personas esperando, que no hay tiempo que perder. España debe dar ese paso. Reconozcamos el derecho a una muerte digna», afirmó en su cuenta de la red social Twitter. Ese día la OMS alertaba que no habría vacuna disponible para la COVID-19, presumiblemente, en los siguientes dieciocho meses[123].

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, un licenciado en Filosofía colocado en tal labor por el PSC de Miquel Iceta para negociar con los separatistas catalanes, posteriormente nombrado candidato a presidir la Generalitat en las elecciones autonómicas de 2021, afirmó el 12 de febrero que «no hay ninguna razón para tomar ninguna medida de salud pública adicional». No había intención de asumir ninguna responsabilidad, porque, como muy bien demostraron los dictadores del siglo XX, un líder de masas nunca debe admitir sus errores. No importaron las imprudencias ni las mentiras. Los miembros del Gobierno y alrededores siguieron como si nada fuera con ellos, como si las muertes se debieran a algo corriente, no a una pandemia que se veía venir.

Alberto Garzón aseguró el 12 de febrero de 2020, cuando se suspendió el Mobile World Congress de Barcelona, que no había «ningún peligro de salud pública» en España. Dos semanas después, el 25 de febrero, Echenique, el «científico» metido a portavoz podemita, escribió en Twitter que «el coronavirus está absolutamente controlado en España». Y dos días antes de la manifestación del 8M, el equipo de Iván Redondo publicaba un vídeo al estilo del NO-DO, con ministros sonrientes y música relajante, para transmitir que no pasaba nada.

Peor fue lo del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien el 3 de marzo, conociendo las alertas de la OMS, de la Dirección Nacional de Seguridad y de la Unión Europea, no habló de la necesidad de protegerse de la pandemia en los Premios Sanitarios 2020 de Redacción Médica, sino de «tener una perspectiva de género transversal en las políticas de salud». Decía el ministro que «la igualdad plena no es solo una cuestión de las mujeres: nos apelan a todos y todas en todos los ámbitos de la sociedad, públicos y privados. Todos debemos contribuir al objetivo común, que es la igualdad de hombres y mujeres en el ámbito sanitario». Como ven, la asistencia masiva al 8M estaba ya decidida. ¿Qué importaba el coronavirus ante la ideología de género?

Todas las alertas internacionales estaban en funcionamiento, pero aquí se seguía en «fase de contención», lo que venía a ser una actitud contemplativa irresponsable. El ministerio, incluido Fernando Simón, insistían en que las medidas preventivas eran absurdas, como el uso de mascarillas y guantes, y que los test eran prescindibles. Mientras aquí el Ejecutivo debatía la llamada «ley de sexualidad» y preparaba las fotos para el 8M, los países con Gobiernos serios y competentes compraban material sanitario y cortaban los contagios con test masivos.

¿Por qué no se tomaron medidas de contingencia? La respuesta es bien triste. No solo no querían impedir la perfomance del 8M, sino que los sanchistas alegaban que cerrar centros públicos y restringir el movimiento y la concentración de personas era «impopular». Incluso Tezanos, director del CIS, dependiente del Gobierno, alertó de que a la gente no le gustaría la declaración del estado de alarma. Es más; pensaban que sería Madrid donde más casos habría, por pura lógica de trasiego humano, y que podrían eludir la responsabilidad señalando a los «recortes» en la sanidad madrileña. Era una oportunidad para resucitar los movimientos sociales podemitas, las «mareas». Por supuesto, sus terminales mediáticas se pusieron en funcionamiento para culpar al Gobierno de Madrid.

El sanchismo utilizó como argumento para no tomar las medidas pertinentes la inconveniencia de perder el escaparate del 8M, habida cuenta del combate por el feminismo «auténtico» dentro del Gobierno. Hubo alguna organización feminista que puso sobre la mesa suspender la manifestación, y pidió al Gobierno que lo hiciera[124]. Las feministas de Podemos se negaron a anular la marcha, mientras que las socialistas dudaron.

¿A ver quién era el valiente que le decía a Irene Montero —de quien luego se supo que era consciente de la existencia del virus y el peligro de no respetar medidas de distanciamiento— que se suspendía su actuación teatral? La propia ministra Irene Montero confesaría en un «bruto» de una entrevista con la televisión pública vasca ETB, que el resto de países estaban tomando medidas «súper drásticas». Lo sabían. Algunas exministras y ministras socialistas se presentaron el 8M con guantes de látex. Populacheras, pero no tontas. Incluso apareció un vídeo en el que la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, gritaba a sus compañeras: «¡Que no se besa! ¡Que no se besa!»[125].

En España se sabía que el Gobierno no iba a tomar ninguna decisión hasta que no pasara la función feminista del 8M, pese a que los datos de los profesionales de la salud y la proyección de afectados aconsejaban intervenir para atajar el contagio. No era una cuestión de alarmismo como afirmaba la izquierda que arremetió contra el doctor Cavadas o el periodista Iker Jiménez; todo lo contrario. Tampoco era el momento de combates políticos, de fotos, ni de ajedrez «redondista», sino de sentido de servicio público. Retrasar o impedir la toma de decisiones de salud pública por oportunismo político es simplemente repugnante. Nos hemos acostumbrado a que la petición de ética en la acción política, o a que Sánchez diga la verdad, sea un ejercicio de ingenuidad.

Quizá sea discutible si era entonces el momento de exigir responsabilidades políticas y pedir al Gobierno el reconocimiento de que la intensidad de la pandemia era culpa suya. Lo que no es discutible es que esos ministros y sus aledaños no asumieron la responsabilidad moral que impulsa a la «salvación del alma», que diría Maquiavelo; es decir, a confesar: «Me equivoqué. Pido perdón. Me voy». El verbo dimisión es el gran desconocido del totalitarismo.

Conviene recordar que «responsabilidad» remite etimológicamente a «responder», a rendir cuentas de acciones u omisiones ante alguien y, también, ante nosotros mismos[126]. La responsabilidad política ha de resolverse en las instituciones, incluida la justicia, y en su tiempo en las urnas. La moral es otra cosa, sobre todo si los señalados han presumido de superioridad durante décadas, y se han atribuido la auténtica defensa del pueblo desde valores universales, supuestamente superiores a los de la derecha[127].

El 10 de marzo de 2020, el presidente del Gobierno, tras treinta días escondido, salió en rueda de prensa para admitir que estábamos en «emergencia sanitaria». Sánchez, siempre campanudo, no tuvo ningún reparo en decir una y otra vez: «Haremos lo que haga falta». Entre las dos fechas, aquella en la que Garzón dijo que no había razón sanitaria para suspender el Mobile y el 10 de marzo, se perdió mucho tiempo. Fue la Organización Mundial de la Salud quien declaró el 11 de marzo una emergencia sanitaria internacional. Antes habían sido la gripe A en 2009, la polio en Oriente Próximo y el ébola en África Occidental en 2014, el zika en América en 2016 y en julio de 2020 contra el ébola en la República Democrática del Congo.

Ese mismo día 11 de marzo, advirtió la OMS que la pandemia se podría contener si se aplicaban «medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales». Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, dijo, por contra, que España podía estar tranquila, porque «no esperamos que en España se produzca más que algún caso importado. No creemos que se vayan a producir transmisiones aquí, pero nos estamos preparando para ese escenario». El ministro de Sanidad, Illa, contestó a vuelta de correo a la OMS: «No afecta a la evaluación de riesgos del país».

A pesar del desastre no hubo rendición de responsabilidad moral por parte de la izquierda. No pasó nada. Los dirigentes de la izquierda siempre duermen con la conciencia tranquila. El más claro ejemplo lo dio Sánchez: calificó de pesadilla gobernar con Iglesias un día antes de las elecciones de noviembre de 2019, y pasadas veinticuatro horas se abrazaba al de Podemos para formar un Ejecutivo.

En la sesión de control al Gobierno convocada en el Congreso de los Diputados el 9 de abril, el presidente, lejos de pedir perdón por los numerosos errores cometidos, se vanaglorió de su acción de Gobierno. Más lo cierto es que por entonces España ya era el segundo país del mundo con mayor número de casos de coronavirus, superando a Italia, Francia o Alemania pese a tener mucha menos población que dichos países. El 7 de abril España acumulaba 141.942 casos, frente a los 135.586 de Italia, los 110.048 de Francia, o los 107.458 de Alemania. Solo nos superaban los Estados Unidos de Donald Trump con 386.800 infectados.

Pero es que, además, España era ya el país con mayor tasa de mortalidad. Mientras que aquí se acumulaban ya 279,2 fallecimientos totales y 13,6 nuevos fallecidos por cada millón de habitantes, Francia contaba con 136,52 fallecimientos totales y 12,8 nuevos fallecimientos por cada millón de habitantes. Por su parte, en Italia había 273,31 fallecimientos totales y 10,5 nuevos fallecimientos por cada millón de habitantes y en Alemania, 19,2 fallecimientos totales y 2,1 nuevos fallecimientos por cada millón de habitantes. Estados Unidos tenía 33,2 fallecimientos totales y 4,05 nuevos fallecimientos por cada millón de habitantes. Un desastre de gestión.

Por otra parte, la relajación de las medidas sin realización de test masivos ni mapa de seroprevalencia, adoptado por el Gobierno la madrugada del 12 al 13 de abril (algunos sectores, como la construcción, se enteraron de cómo podían trabajar pasada la medianoche) coincidió con la portada del diario alemán Frankfurter Allgemeine: «Quien relaje antes de tiempo las medidas, lo pagará». Alemania declaraba el 17 de abril que tenía controlada la primera ola de la pandemia. El secreto había sido no solo el magnífico sistema sanitario teutón, especialmente el de Baviera, el Lander más afectado por la COVID-19, sino también la realización de test masivos entre la población, que permitieron elaborar un mapa de seroprevalencia. Algo que a 18 de abril en España después del fiasco de la compra de test no fiables por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ni siquiera había comenzado. Y, sin embargo, el Gobierno hablaba de «desescalada» del confinamiento.

El 18 de abril de 2020 España superaba los 20.000 fallecidos oficiales, aunque los expertos y las comunidades autónomas elevaban la cifra al doble. El Gobierno pisaba el pedal de la propaganda a fondo para tratar de ocultar noticias como que había entregado a partir del 7 de abril miles de mascarillas defectuosas de la marca Garry Galaxy, modelo N95, a los sanitarios que estaban luchando en primera línea de batalla contra el virus, utilizándolas durante al menos 10 días. Por este material defectuoso el Gobierno adelantó un pago de 2,1 millones de mascarillas, de las cuales cientos de miles eran inservibles. Médicos y enfermeras las utilizaron, fiándose de su procedencia gubernamental, lo que iba a tener repercusiones legales. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, CESM, mayoritaria en el sector sanitario, anunció el 23 de abril una querella criminal contra Salvador Illa ante el Tribunal Supremo por la presunta comisión de delito contra los derechos de los trabajadores de los artículos 316 y 317 del Código Penal. Los médicos consideraban que el Ministerio había puesto «en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario y especialmente de los médicos». Un Illa que quiso irse al comienzo de la crisis y a quien su jefe, Miquel Iceta (PSC), no se lo permitió.

Por esos días, con España aún confinada y sin mapa de prevalencia ni test masivos, se supo que el Gobierno había pagado más del triple de su valor por los test fallidos: 26 euros por un producto que se vende en nuestro país por 7 y cuesta menos de 3 en la fábrica china: un sobreprecio del 350 %. Detrás de esta compra estaba la empresa catalana Interpharma, intermediaria para la adquisición de 659.000 unidades por 17.143.885 euros, como adelantó en ABC el periodista Javier Chicote. Las dudas y escándalos se iban amontonando.

El despropósito abarcaba todos los campos, especialmente el sanitario. El Gobierno quería ocultarlo. Pero el 2 de mayo de 2020 la progresista Süddeutsche Zeitung, el tercer periódico más importante de Alemania, excluía a España al publicar los datos de infectados por países bajo la leyenda «España: datos inverosímiles». Era el resumen de lo vivido.

En mayo llegó la campaña «Salimos más fuertes». Un despropósito con 40.000 muertes encima de la mesa y la economía destruida. La campaña fue promocionada en redes sociales como Twitter por la Dirección General de Salud Pública. Claro que el culmen que dejaría claro que Pedro Sánchez ha caído víctima del llamado «síndrome de la Moncloa» que aleja a los dirigentes de la realidad de la calle, fue su «viva el 8M», pronunciado en el Congreso de los Diputados el 3 de junio de 2020, con 40.000 muertos por la pandemia. Cuando llegaron los primeros rebrotes de julio, el Gobierno de Sánchez e Iglesias demostró que la crisis no les había afectado: no prepararon a España para la segunda oleada.

La culpa iba a ser de la UE

No estoy preocupado por el déficit. Es lo suficientemente grande como para cuidarse solo

RONALD REAGAN,

Cena anual del Gridiron Club (1984)

La economía, que durante lustros había sustituido en el debate público de manos de la tecnocracia el papel de la política, jugó un papel relevante en el giro autoritario del Gobierno. El centro derecha democrático se encontraba en mala posición para dar la batalla, después de unos años en el Gobierno en el que se traicionaron los principios liberales básicos con fuertes subidas de impuestos y la aplicación de políticas socialdemócratas. Por otra parte, los partidos de los extremos del arco político eran profundamente antieuropeístas, autárquicos y proteccionistas.

El mercado único europeo, surgido a raíz de los Tratados de Roma que darían origen a la Unión Europea, garantizó la libertad de elección y movimiento, el crecimiento económico y la prosperidad de 500 millones de ciudadanos. Una Unión Europea que nació con la premisa de nuestros padres y abuelos para que jamás volviera a haber una guerra en Europa. Los padres fundadores de la Unión Europea consideraban que eliminar barreras y trabajar juntos nos hace más fuertes a todos y enfrentaron así el nacionalismo, el comunismo, el nacionalsocialismo y el fascismo que asolaron con sus totalitarismos la Europa del siglo XX. No es casual que el parlamento europeo equiparase el 19 de septiembre de 2019 nacionalsocialismo, fascismo y comunismo mediante una resolución europea sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. Reconocía así la Unión Europea que el detonante de la Segunda Guerra Mundial fue el Pacto Molotov-Ribbentrop aprobado el 23 de agosto de 1939 entre la Unión Soviética comunista y la Alemania nazi. Según el parlamento europeo, dicho pacto fue la causa directa de que la República de Polonia fuera invadida:

En primer lugar por Hitler y, dos semanas después, por Stalin, lo que privó al país de su independencia y conllevó una tragedia sin precedentes para el pueblo polaco; que la Unión Soviética comunista comenzó, el 30 de noviembre de 1939, una agresiva guerra contra Finlandia y, en junio de 1940, ocupó y se anexionó partes de Rumanía (territorios que nunca fueron devueltos) y se anexionó las repúblicas independientes de Lituania, Letonia y Estonia, asegurando que los objetivos de dicho pacto eran permitir a los dos regímenes totalitarios conquistar el mundo y repartirse Europa en dos zonas de influencia (…) mientras que los crímenes del régimen nazi fueron evaluados y castigados gracias a los juicios de Núremberg, sigue existiendo la necesidad urgente de sensibilizar sobre los crímenes perpetrados por el estalinismo y otras dictaduras, evaluarlos moral y jurídicamente, y llevar a cabo investigaciones judiciales sobre ellos.

El espíritu de los Tratados de Roma, que las burocracias europeas han traicionado por mor del consenso socialdemócrata y el estatismo —lo que permite la crítica fácil al populista—, se fundamentaba en el mismo ansia de libertad, concordia y paz sobre el que se cimentó la Transición española que hoy los colectivistas y populistas quieren derrocar mediante el revisionismo histórico y el enfrentamiento social, ignorando que la mayoría de españoles pertenecen a una Tercera España que huye de gritos, algaradas y que solo busca prosperar en paz y en libertad. «Nuestra democracia, nuestra diversidad y nuestra prensa libre e independientes son los pilares de la fuerza de Europa», dijo Jean Claude Juncker al cumplirse el 60º aniversario de los Tratados de Roma. También son estos los pilares de la paz asentada por voluntad de una inmensa mayoría de los españoles en 1978.

En España, sin embargo, es habitual que políticos como Alberto Garzón presuman de ser comunistas, al tiempo que Izquierda Unida reivindica a genocidas como Stalin. Desde hace décadas, el 1 de mayo banderas soviéticas toman las calles de la mano de los sindicatos CC.OO., UGT o CGT, entre vítores de los políticos del PSOE. Lamentablemente, el PSOE no hizo, a diferencia de los partidos socialdemócratas europeos, la transición hacia el welfare state , la socialdemocracia, entroncando su legitimidad con el PSOE de los años treinta, lo que en el fondo es reivindicar su legitimidad en el estalinismo que entonces dominaba la formación del partido de Pablo Iglesias Posse. Los Gobiernos de Felipe González entre 1982 y 1993 parecen, en este sentido, un breve paréntesis en la historia del PSOE. Fue precisamente en 1993 cuando la sociedad española viró su mirada hacia el Partido Popular de José María Aznar, cuando lo peor del PSOE volvió a resurgir. Fueron los tiempos del dóberman, que luego, con movimientos como Nunca Mais o las grandes manifestaciones contra la guerra de Irak en la que España no participó, los que avivaron la atmósfera totalitaria que acabaría estallando con los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.

Una de las inmediatas consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la pandemia fue el temor a la grave crisis económica que podría comportar. Y que de hecho sumió a España en la mayor crisis de todos los países de la OCDE. Máxime teniendo en cuenta que en nuestro país el tejido empresarial se compone fundamentalmente de pymes e incluso micropymes. Los autónomos sin asalariados representan al 53,6 % de dicho tejido, como puso de manifiesto el estudio de la Dirección General de Industria de la Pequeña y Mediana Empresa realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con respecto al mes de mayo de 2019. Las grandes empresas solo representaban al 0,2 % de nuestro tejido empresarial. Por sectores, el sector servicios era el favorito de los españoles, ya que más del 75 % de las empresas estaban dedicadas a dicho área. En el primer mes de crisis se destruyeron 122.000 empresas, el 8 % del total. Sin incluir autónomos. El paro se disparó del 13,8 % al 15 % en el mismo periodo de tiempo. Y todo ello sin que el Gobierno se inmutase ni alterase su agenda socialista de más gasto y deuda.

Un sector que la izquierda —empeñada en imponer el relato de la maldad del empresario frente al obrero, cuando la realidad es que la lucha de clases marxista está más que superada y jamás ha servido para explicar el devenir de la historia— ha preferido ignorar para cargar sin piedad, por ejemplo, contra Amancio Ortega (Inditex) y Juan Roig (Mercadona).

Pronto Sánchez se convirtió, junto a los italianos, en el abanderado de los «coronabonos», títulos de deuda pública de la eurozona, con tipos de interés más bajos, cuyo fin era la mutualización de los costes económicos de la pandemia. Holanda, Austria y Alemania, junto con los países nórdicos como Finlandia, gobernada por la socialdemocracia feminista, encabezaron la negativa al reparto de la pobreza.

La realidad económica, como señaló certeramente Francisco Nunez, es que la incapacidad de los Gobiernos españoles en la reducción de la deuda a partir de 2014 fue absoluta[128]. Por tanto, para los germanos, España era un país de irresponsables, como en su día lo fuera Grecia. No en vano, el primer año de aumento de ingresos del Estado se incrementó también el déficit. Pero también consideraban que los «coronabonos» podrían llevar a España e Italia a retrasar aún más la puesta en marcha de reformas necesarias para ahondar en la libertad. ¡Y eso que el PSOE aún no había lanzado su propuesta para el Consejo General del Poder Judicial! Cuando eliminar impuestos sería la base de la recuperación, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos los subió, provocando así aún una mayor destrucción de empresas y el empobrecimiento de las clases medias, que son el pilar de la democracia.

Sánchez y Giuseppe Conti defendieron a capa y espada los «coronabonos», intentado no acudir al MEDE, el fondo de rescate que contaba con 240.000 millones en líneas de crédito, porque ello supondría de facto una intervención por parte de la Troika. Y eso que la Unión Europea había aprobado el Programa de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP), dotado de 750.000 millones para la adquisición de activos públicos y privados, y que se habían aprobado ayudas por más de 200.000 millones en préstamos a empresas del Banco Europeo de Inversiones, además de los 100.000 millones en un fondo contra el desempleo. La izquierda alemana se reunió la primera semana de abril de 2020 con la austríaca para firmar un manifiesto de intelectuales, artistas, economistas y políticos que pedían crear un «Fondo Corona» para asumir el endeudamiento de forma conjunta[129]. Es decir; para mutualizar la deuda, que era también la petición de Pedro Sánchez. Entre los firmantes destacaban Jürgen Habermas, Daniel Cohn-Bendit o Joschka Fischer.

El motivo es la mutualización de la responsabilidad en el caso de los «coronabonos», mientras que los préstamos imponen obligaciones. La batalla era, pues, además de geográfica (norte-sur), ideológica. Algo que se puso de manifiesto cuando en el parlamento europeo el Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de la medida preferida por Sánchez[130]. A favor, la izquierda y la derecha populista (Vox). Desde los sectores políticos más extremistas de España se lanzaron campañas contra populares y naranjas, llegando a pedir el señalamiento de los diputados con nombre y apellidos. Como hizo la parlamentaria de la Asamblea de Madrid Sol Sánchez (IU), quien publicó este mensaje en su cuenta de Twitter el 17 de abril de 2020:

Si tenéis el contacto de los 19 diputados del PP y C´s que han votado EN CONTRA!! de los Coronabonos ¿me lo pasáis, porfa? es para dárselo a Ayuso cuando la semana que viene nos cuente que va a pedir al Gobierno del Estado 2.000M€ para afrontar la crisis en Madrid…

Pablo Echenique, el 18 de abril de 2020 publicaba en Twitter:

PP y Ciudadanos han votado en contra de la mutualización europea de la deuda para afrontar la crisis del coronavirus junto a los que dicen que portugueses, griegos, italianos y españoles somos unos vagos y nos merecemos ser pobres… porque son unos verdaderos patriotas.

El Gobierno de España propuso el día 20 del mismo mes que el fondo de recuperación europeo llegase a los 1,5 billones de euros y que se financiase con deuda perpetua de la Unión Europea. Además, pedían que se pudiesen comenzar a pedir las ayudas el 1 de enero de 2021 y que dichas ayudas se extendiesen entre dos y tres años. En esos momentos se calculaba una caída de la economía en la Unión Europea, debido a la crisis del COVID-19, de un 10 % del PIB. La mención a la deuda perpetua, que era la que encerraba la trampa de la mutualización, que fue rechazada.

Como señala José María Rotellar, el número de errores con precio económico en que incurrió el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no pudo ser mayor[131]. Señala el economista como errores el encarecimiento del despido, contemplado en los decretos-ley que fueron aprobados con los votos de Podemos, PSOE y Ciudadanos, pero también el intento de los comunistas de imponer una renta mínima «para la que no hay dinero» y que una vez aprobada, en la práctica, no llegó ni al 2 % de los solicitantes. En realidad, el problema ha sido ideológico.

Para el economista Daniel Lacalle, quien niega la disyuntiva salud o economía, al no haber eliminado el gobierno impuestos al inicio de la crisis, «el efecto en ingresos perdidos en los próximos años será mucho mayor» de lo que podría haber sido[132]. De ahí que previera una recuperación «lenta y larga» de al menos cinco años de duración. Lacalle arremetió contra el proteccionismo, seña de identidad de los colectivismos y populismos.

Christian Drosten era el director del Instituto de Virología del hospital Charité de Berlín, el Fernando Simón de Alemania. Aunque sus consejos y comportamiento, así como el éxito de un Gobierno y otro, son muy diferentes. Drosten tenía un podcast en el que aclaraba a la población, en lenguaje claro y sencillo, las preguntas que todos se hacían acerca de la COVID-19. Algo que jamás se hizo en España y que es parte del éxito de la contención del virus en su país, como en Grecia, en donde el Gobierno en lugar de ocultar a los muertos informaba a la población.

Con el panorama económico anteriormente descrito salió el gobierno el 11 de mayo de 2020 anunciando una renta mínima vital permanente para mayores de 23 años, sin ingresos y sin vivienda en propiedad. Desde Bruselas, advirtieron a vuelta de correo que se iba a permitir el aumento del déficit por medidas «oportunas, temporales y selectivas», pero jamás permanentes. De hecho, el Gobierno no había incluido la renta mínima en el Programa de Estabilidad que había enviado a Bruselas. Mientras Iglesias y Sánchez estaban en esas, Nadia Calviño preparaba un duro plan de recortes económicos que permitiera a nuestro país recibir ayudas de la Unión Europea y evitar la intervención en otoño. Un plan que la enfrentaba directamente a Podemos y a un Pablo Iglesias que se negó a ser Tsipras. El plan durmió, junto a dieciséis leyes que trataban de enfrentar la pandemia, como el decreto de nueva normalidad o la ley de medidas urgentes y extraordinarias, el sueño de los justos.

Podemos se opuso a cualquier recorte, pese a que Bruselas exigía un plan de reformas estructurales para frenar el déficit público (10 % del PIB) y la deuda pública (120 % del PIB), además de la tasa de desempleo, que se calculaba llegaría al 19 % en diciembre. A esto había que sumarle una caída de los ingresos por IRPF, Sociedades e IVA del 30 %. Los antieuropeístas de Podemos consideraban que una intervención de nuestro país justificaría su discurso de «la culpa es de la UE». El fracaso de Nadia Calviño, por otra parte, fortaleció esta posición.

Finalmente, durante las negociaciones de julio en las que Holanda se opuso firmemente a regalar dinero a España sin exigir contraprestaciones en forma de reformas estructurales y contención de la deuda, Sánchez cayó derrotado en Bruselas. Pero fue recibido en Moncloa en una vergonzante escena, en la cual sus ministros, ejerciendo de cheerleaders, le aplaudían a rabiar como si regresase triunfante de Europa. En realidad, nuestro país recibiría hasta 72.700 millones de euros en transferencias y 67.300 millones en préstamos, una cuantía importante (el 11 % de nuestro PIB), pero insuficiente para abordar nuestras necesidades de financiación.

El plan aprobado por la Unión Europea incluyó un presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027 dotado con 1074 billones de euros y un fondo de recuperación que contó con 750.000 millones en ayudas. De estos últimos, 390.000 millones se distribuirían en subvenciones a fondo perdido y 360.000 en forma de préstamos, sirviendo para financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados por la pandemia.

Para acceder a las ayudas, España tenía que presentar planes de reforma e inversiones a la Comisión Europea y el desembolso de cada tramo de ayuda dependería de que se confirmase que los proyectos cumplían las metas pactadas. Además, la Comisión pediría opinión y voto a los Estados miembro, que podían aplicar el freno de emergencia si no le cuadraban los números presentados por España. Era una forma de abrir las puertas al rescate económico e imponer las reformas que el Gobierno se negaba a abordar. Unas reformas incompatibles con Podemos. La Comisión señaló que esperaba del Gobierno que mantuviese viva la reforma laboral de Mariano Rajoy, que impulsara el transporte férreo de mercancías, reformase las pensiones e invirtiera en los sectores y tecnologías clave como el 5G o la inteligencia artificial. Además, debían primarse las inversiones en tecnologías respetuosas con el medio ambiente, la descarbonización del sector energético o la eficiencia de los edificios. Unas condicionalidades que liquidaban el sueño del derroche planteado por Sánchez y sus socios comunistas.

En 2020 el número de parados aumentó en 724.532 personas, sin contar a las 750.000 personas que seguían en ERTE; la caída de ventas de coches fue de un 32,3 %, del turismo el 78,9 % y del comercio el 5,8%. La solución de Sánchez fue subir impuestos: seguros de vida, coche y hogar entre un 6% y un 8 %; el gas natural un 5,98 %, el impuesto de circulación entre un 5 % y un 10 %, el IVA de las bebidas azucaradas un 11 %; se quitaron deducciones por planes de pensiones privados, aumentaron las cotizaciones de los autónomos, el IRPF, el impuesto de Sociedades y se impuso la Tasa Tobin. Un desastre en toda regla, muy alejado de las recetas aplicadas en países como Alemania o Italia. Fuera de España se era muy consciente de que el populismo comunista de Iglesias solo pretendía desestabilizar el sistema y aprovechar la oportunidad para transformar la sociedad española.

La batalla de Madrid

Estoy tan alejada del fascismo como del comunismo, soy liberal.

CLARA CAMPOAMOR, La revolución española vista por una republicana(1937)

La construcción del relato que permitiría colonizar el Estado sin grandes protestas por parte de la población necesitaba crear un enemigo visible. Atacar a Isabel Díaz Ayuso, la política revelación que se creció en la desgracia, suponía atacar a Pablo Casado, el oponente al cual la izquierda realmente temía. Así, la presidenta de la Comunidad de Madrid se convirtió en el objetivo prioritario a batir por la izquierda.

Durante los días en que España alucinaba con la terrorífica historia de la compra de test ineficaces facilitados por un proveedor que el Ministerio de Sanidad se negó inicialmente a identificar, y que tenía su sede cerca del municipio en el que Illa fue alcalde; cuando España asistía atónita al espectáculo televisivo de ver cómo el presidente Sánchez mentía al asegurar en una de sus alocuciones de fin de semana conocidas como «Aló presidente», que dichos test estaban «homologados» y recalcaba la importancia de estos test masivos que jamás llegarían de su mano; cuando desde el Ministerio de Sanidad se presumía en marzo de enviar los más que necesarios respiradores entre «abril y junio»; el recurso de los voceros mediáticos, era el consabido: la culpa es de los recortes del Partido Popular. Aunque la realidad fuera otra y dichas acusaciones no se sostuvieran. Lo cierto es que en las comunidades autónomas gobernadas por los populares la inversión en Sanidad había aumentado un 13 %, mientras que en las gobernadas por el PSOE dicha inversión había caído. Así, Cataluña redujo el presupuesto de sanidad real entre 2010 y 2017 un 3,34 %, la Andalucía del PSOE un 3,15 % y Castilla La Mancha un 13,14 %.

Más del 25 % de los ingresados entre marzo y junio en hospitales madrileños tenían por encima de 80 años de edad. La COVID-19 se cebaba con la generación de cuya mano los españoles superaron la dictadura de Francisco Franco. En Madrid se luchó por cada vida. Pese al vacío que hizo a los madrileños el Gobierno de España, quien ni siquiera dotó a la comunidad de Policía Nacional para controlar el estado de alarma. La inquina hacia la región madrileña tenía su origen en las políticas liberales que la transformaron en décadas en el motor económico de España. Veinticinco años, los del gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, no habían pasado en balde, ni porque sí. Los madrileños reflejan bien la esencia del liberalismo político, tan denostado por los colectivistas de todos los partidos y que no es otra cosa que desconfiar de los Gobiernos. Un Ejecutivo puede estar para garantizar la libertad y dejar a la gente vivir en paz, como defiende la derecha madrileña, o para hacer experimentos de ingeniería social con prohibiciones y limitaciones, como sostiene la izquierda. La posibilidad de llevar a cabo una de estas dos vías depende de la confianza que genere en la ciudadanía. El secreto está en que la gente vea el mando tal y como lo definía Julien Freund, como la generación de obediencia a través de la transmisión de la vocación de servicio público; es decir, que se está en el poder para servir, no para beneficiarse a costa de todos. Cuando se es incapaz de comunicar dicho interés, sino que, por ejemplo, se toman medidas sanitarias contra la región de Madrid solo por motivos políticos como hizo Sánchez, no se genera confianza, sino rechazo.

A los madrileños pronto les quedó claro que Sánchez e Illa fijaban su mirada en Madrid para desviar la atención de su propia incompetencia y, fundamentalmente, para ahogar al Gobierno autonómico, no para salvar vidas. En consecuencia, era imposible que el Gobierno de Sánchez generase confianza en Madrid porque es un político que se caracteriza por ufanarse de mentir, recortar la libertad y ejercer el mando en beneficio propio, no general. Eso es el sanchismo, un proyecto personal envuelto en eslóganes socialistas y con estilo populista. Es el paroxismo del culto al líder, del enaltecimiento de la soberbia como cualidad política, de la propaganda como guía de la acción gubernamental, del pacto con quien sea a cualquier precio con tal de mantenerse en el poder.

El PSOE no existía en 2020 ya más que para servir a Sánchez. No en vano purgó el partido después de ganar las primarias y cambió dicho sistema de elección para ponerlo a su servicio. El «No es esto, no es esto» orteguiano se escuchaba en boca de los viejos dirigentes socialistas, a los que la izquierda tachaba de «fachas». Ese mismo modelo de acomodación a su interés personal es el que Sánchez trasladó al Estado: un instrumento para cumplir su voluntad. De ahí la deriva autoritaria que estaba sufriendo España.

Lo que caracteriza a una democracia, mal que le pese a la izquierda, es que la política resulta ser la resolución del conflicto a través del acuerdo, no la creación de problemas para levantar trincheras. La democracia no es el uso de una mayoría circunstancial y exigua para dictar normas trascendentales contra el parecer del resto de partidos e instituciones, incluso de los jueces. El sanchismo, sin embargo, consistía en podemizar el PSOE, convertir al viejo partido socialista en una máquina populista centrada en romper el eje del consenso político de la Transición para asentar el caudillismo de su líder. Esto pasa por la incoherencia en la política y el discurso, la mentira y la traición, y, por supuesto, la polarización de la sociedad. Es lo peor que se puede hacer en una crisis de la envergadura que estaba pasando España: no proteger y crear desconfianza.

El madrileño, sin embargo, estaba acostumbrado después de veinticinco años de gobiernos populares a la libertad, lo que no significa que desprecie la seguridad de un gobierno benefactor, sino que prefiere tener a la administración lejos y solo cuando la necesita. Esto no lo acababa de entender la izquierda madrileña, atenta a un modelo político que no encaja con las costumbres en la comunidad. De ahí su escaso éxito en la región. Y es que la moralina izquierdista, obsesionada por corregir comportamientos y pensamientos, en un teatro de ruido y furia, poco tiene que ver con la libertad y el progreso.

En Madrid, por otra parte, no hay regionalismo. Contaba Gordon S. Wood en La revolución norteamericana que lo que unía a los colonos en 1776 era una especie de «republicanismo de granjero»; es decir, la defensa de su propiedad, su libertad y destino frente a la arbitrariedad de un Gobierno[133]. Por eso no convertían ni entonces ni ahora el «bien general» en sinónimo de «lo público». Eso mismo pasa en Madrid. Un Ejecutivo tiene que atender ese punto de vista de «granjero», y dejarse de planes quinquenales.

En Madrid se tenía al Gobierno socialcomunista como un Ejecutivo invasivo y arbitrario, despótico y totalitario, que buscaba arrinconar y deslegitimar a los que no son de su cuerda. El derecho a la resistencia es el último recurso frente a un poder que vulnera la ley y su espíritu. Y de eso, como demuestra la historia, en Madrid algo se sabe. Cada ataque de Sánchez contra Madrid hacía subir en votos, como pusieron de manifiesto las encuestas publicadas en dicho momento, a Isabel Díaz Ayuso.

Pero es que, además, los madrileños estaban satisfechos con su sanidad. En el año 2010, la Comunidad de Madrid invertía el 40,80 % de su presupuesto; esto es, 7125 millones de euros, en Sanidad. En 2019 el presupuesto de Sanidad era de 8109 millones, el 42,52 % del total, según datos del Ministerio de Sanidad. Así, en ocho años el presupuesto de Sanidad se había incrementado en 984 millones de euros. La Unión Europea, que examina la calidad de la sanidad en 268 regiones, afirma que la Comunidad de Madrid es, junto con la sanidad de Estocolmo (Suecia), la mejor de Europa y, por supuesto, de España. Pero, además, Madrid, según datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y del Instituto Nacional de Estadística, incrementó 8 puntos, muy por encima de la media nacional, el gasto por habitante, mientras la Andalucía socialista lo recortó en 4,7 puntos o Cataluña en 3,1 puntos. Tal era la realidad, que la izquierda se negaba a aceptar. En cuanto al número de personal sanitario por cada 100 habitantes, Madrid también salía ya antes de la pandemia muy bien parada en los datos oficiales del Gobierno de Sánchez, por encima de la media, con 1,12. En Cataluña la ratio era de 0,56 y la media española de 1,09. La sanidad de Madrid también destacaba en febrero de 2020 en el tiempo de espera quirúrgica: frente a los 132 días de media de Cataluña, los 147 de Canarias o los 73 de Valencia, en Madrid, como en La Rioja, la espera se reduce a 47 días. Bajo los Gobiernos de Esperanza Aguirre se construyeron en la región 12 hospitales, que supusieron 2400 nuevas camas, y 90 nuevos centros de salud.

Cuando la COVID-19 empezó a golpear la región en marzo, Madrid contaba con la mejor sanidad. De nada sirvió la realidad, porque el totalitarismo no se para en varas a la hora de intentar barrer de la vida pública a sus enemigos. Utilizaron para ello a los medios de comunicación, tan dependientes de la publicidad institucional. La campaña desatada contra Isabel Díaz Ayuso fue tal que calificarla de cacería política y personal es quedarse corto. Pensaban que la joven periodista que había sido ascendida por los madrileños a presidenta no resistiría el envite. Calcularon mal.

En los primeros días de la crisis, cuando Isabel Díaz Ayuso ya había decidido, con el Gobierno de España aún timorato, cerrar colegios y universidades; cuando el coronavirus comenzó a azotar a los madrileños sin piedad; la sanidad privada madrileña se puso como un solo hombre detrás de la Consejería de Sanidad. La colaboración público-privada funcionaría sin problemas. Tal era la campaña contra el gobierno regional, que cuando se anunció que se repartirían mascarillas FPP2 entre todos los ciudadanos a través del sistema farmacéutico de la región, la izquierda se organizó para denunciar que estas eran «demasiado buenas».

El 17 de marzo el Boletín Oficial del Estado publicó la orden por la cual Pablo Iglesias se convertía en el vicepresidente social. Entre las responsabilidades que se le atribuían estaba el control de las residencias de mayores y la gestión de material de protección para residentes y empleados. No hizo absolutamente nada, salvo anunciar a bombo y platillo en rueda de prensa el 19 de marzo de 2020 que él sería su salvador. Hasta cinco veces, denuncian desde las residencias, se negó a cogerles el teléfono.

«Debemos hacer lo que esté en nuestra mano para construir un escudo social que amortigüe el efecto del coronavirus en colectivos más vulnerables», aseguraba el líder de Podemos en La Sexta el 19 de marzo, al tiempo que prometía llevar a cabo las actuaciones necesarias con 600 millones de euros aportados por el Gobierno. Los fondos prometidos por Iglesias iban a destinarse, en parte, a «reforzar plantillas de servicios sociales y residencias de mayores, uno de los lugares más vulnerables y que en muchos casos no están dispuestos de equipos de protección», presumió el líder de Podemos. «Es una prioridad absoluta del Gobierno responder a la situación en los centros de mayores. Es urgente medicalizar estos centros, reforzarlos con más plantilla, más recursos y equipos de protección individual para los profesionales de estos centros», apuntó. No hizo nada.

Con Madrid ya en fase 1 de la llamada desescalada, la izquierda acusaba a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de haber dejado morir a ancianos y dependientes en geriátricos y residencias, ocultando la responsabilidad del vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde Podemos, Más Madrid y el PSOE se afirmaba que se había dado orden de no trasladar a los ancianos a sus hospitales de referencia. Sin embargo, sus acusaciones no podían estar más alejadas de la realidad. Más de 10.600 residentes fueron derivados a hospitales de agudos durante los días críticos. El criterio que prevaleció en todo momento fue el criterio clínico de los geriatras. Así lo puso de manifiesto el presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, José Augusto García Navarro.

No se ha negado la atención hospitalaria de alto nivel a ningún anciano vulnerable si se consideraba necesario… las personas más afectadas por esta terrible epidemia en todo el mundo occidental son las personas mayores ingresadas en residencias. La OMS estima que la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa se han producido en ancianos ingresados en residencias… Que no se ha negado el ingreso hospitalario a los ancianos de la Comunidad de Madrid también lo dicen los datos: 10.300 residentes han sido trasladados desde su residencia a hospitales entre el 1 de marzo hasta el 5 de junio (una media de 106 cada día); el día 6 de abril se alcanzó un pico de 206 traslados de residencias a hospitales; de los 2226 pacientes ingresados en La Paz entre el 25 de febrero y el pasado 19 de abril, el 32 % (709 personas) provenían de una residencia de mayores… y así en el resto de hospitales.

Para este profesional de la medicina «se ha malinterpretado el sentido de los protocolos y circuitos puestos en marcha, tergiversación realizada por grupos de interés variopintos». Blanco y en botella. Madrid, además, fue la primera comunidad en tomar medidas para proteger a los mayores, cerrando los centros de ocio de mayores el 10 de marzo de 2020.

En Madrid no pocas de las residencias de mayores eran privadas o concertadas. Parte de ellas se reunían en AMADE, la Asociación Madrileña de Atención a la Dependencia, que agrupaba a 202 centros privados o, lo que es lo mismo, al 80 % del sector. Lo hacían bajo la batuta de Pilar Ramos, su presidenta. Ramos se quejó amargamente de la imagen que los medios de comunicación habían dado de las residencias de mayores y de día de la Comunidad de Madrid durante la crisis de la COVID-19. No es para menos. Bastaba poner determinadas cadenas de televisión nacionales o escuchar a determinados periodistas, para concluir que las residencias eran una especie de carnicerías gestionadas por psicópatas. Cuando nada estaba más lejos de la realidad. Desde AMADE señalaron que el número de muertes en residencias, teniendo en cuenta que una vez que entraba el virus en una de ellas infectaba a entre el 60 % y el 80 % de sus habitantes, se habría triplicado sin los medios que ellos ofrecieron a sus clientes.

La izquierda arremetía así, por meros prejuicios ideológicos, contra el trabajo de miles de empleados de este sector. Iglesias buscaba cambiar el modelo asistencial de colaboración público-privada vigente en la Comunidad de Madrid. En un régimen como el que busca establecer el Gobierno socialcomunista no queda resquicio para la empresa privada. Consideran que todo debe ser gestionado desde lo público, cuando lo cierto es que la historia demuestra que tal política solo lleva al empobrecimiento de las sociedades y al caos. La propiedad privada, sobre la que se fundamenta cualquier sociedad abierta, es el enemigo fundamental de los totalitarios de izquierdas. De hecho, el comunismo considera a la propiedad privada como responsable de la desigualdad, así como de la existencia de la lucha de clases, ya que la propiedad monopolizaría los medios de producción. En España esta concepción se materializó en la Constitución de 1931, en cuyo artículo 31 toda la riqueza del país, independientemente de quien fuera su dueño, se subordinada a los intereses de la economía. Ya en democracia, la izquierda retomó el sueño del comunismo, que el estado del bienestar había dejado de lado.

Isabel Díaz Ayuso, cuyo liderazgo se reforzó más que notablemente a lo largo de la crisis, no lo tuvo fácil desde que retuvo contra todo pronóstico la Comunidad de Madrid para el Partido Popular. A unos socios de gobierno que no siempre jugaron a favor del equipo, se sumó la campaña de todos los medios de comunicación vinculados a la izquierda contra ella, así como la manipulación de Radio Televisión Madrid, la televisión y radio públicas madrileñas que Cristina Cifuentes entregó a la izquierda radical capitaneada por Comisiones Obreras. Pese a que la audiencia, como sucedió con la RTVE de Rosa María Mateos, dio la espalda a una empresa dirigida por representantes sindicales sin legitimidad —en Radio Televisión Madrid no se celebraban elecciones sindicales desde noviembre de 2011—, los ataques contra los populares fueron la seña de identidad de la casa. A los madrileños Radio Televisión Madrid les costaba en 2020 más de 75 millones de euros, el presupuesto municipal de una ciudad con 71.299 habitantes como Majadahonda (Madrid). Pero nadie en el PP de Madrid se extrañó cuando Jaime García Treceño, director adjunto de informativos de Telemadrid, publicó en un chat de prensa de la Comunidad de Madrid un mensaje en el que daba instrucciones a Elena Argandoña, subdirectora de informativos, de destacar en una información que la mitad de las investigaciones abiertas por la fiscalía acerca de residencias de mayores tenían lugar en la Comunidad de Madrid.

La campaña de acoso contra el Gobierno regional llegó hasta IFEMA, cuando la Comunidad de Madrid, en 48 horas, fue capaz de montar en el recinto ferial madrileño un hospital para atender a enfermos, que contaba con 1400 camas y 100 ucis. La izquierda se lanzó inmediatamente contra la iniciativa, por supuesto sin ofrecer alternativa alguna. Tuvo que llegar a Madrid Bruce Aylward, jefe de expertos de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a dejar claro que IFEMA había sido una iniciativa «extraordinaria» e «increíble» para que la izquierda cesase en tan injustos ataques. «Los madrileños deberían sentirse muy orgullosos de ser capaces de poner en marcha una instalación» como la que se ha levantado en la Feria de Madrid, que ayuda a «curar enfermos y a salvar vidas», declaró Aylward. Amainada la tormenta, cuando el milagro del hospital de campaña de IFEMA, tan elogiado por la OMS, apagó sus luces, Madrid se puso a trabajar en el hospital Isabel Zendal, en recuerdo a la enfermera y rectora del orfanato de la Caridad de La Coruña, que participó en la Real expedición filantrópica de la vacuna (1803-1806) organizada por el médico y militar Francisco Xavier Balmis para llevar la vacuna de la viruela a Iberoamérica y Filipinas, dejando bajo los suelos de los pabellones de IFEMA las canalizaciones necesarias para poder activar el hospital de campaña si fuera necesario. Daba igual. Para la portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, «IFEMA fue una apuesta propagandística que desmontó la atención primaria». El nuevo hospital modular, flexible y polivalente Isabel Zendal (1.056 camas y 48 UCIs), destinado a la pandemia, pero también a víctimas de atentados terroristas o cualquier tipo de catástrofe, que cuenta con las tecnologías más avanzadas y está pensado para liberar de presión al resto de hospitales de la Comunidad, tampoco se libró de las críticas de la izquierda. Una izquierda que, allí donde gobernaba, no construyó ni un solo centro nuevo en 2020. Castilla-La Mancha había sido incapaz de inaugurar, desde abril de 2020, el nuevo hospital de Toledo, con 800 camas y 80 UCIs.

Al acto de clausura de IFEMA fueron invitados los diputados de la Asamblea de Madrid, así como los concejales del ayuntamiento de Madrid. Fueron muchos los sanitarios que se quisieron sumar. La nota la dieron, a la entrada del recinto, mucho antes del pabellón 7 en que tendría lugar el acto institucional, un grupo de jóvenes vestidos de sanitarios que trataron de representar algo así como una «marea blanca» contra Isabel Díaz Ayuso. Era la estrategia de desescalada de Podemos y Más Madrid. Cuando la presidenta llegó a su altura, desarboló a los jóvenes, sujetando su pancarta y reivindicando, junto a ellos, la sanidad pública madrileña. Los dos cabecillas fueron finalmente los únicos que gritaban contra la presidenta. De ahí la pataleta de los portavoces y diputados de la extrema izquierda, que abandonaron el acto, sin estar presentes en el apagado institucional. Por supuesto, el enfado de la extrema izquierda tuvo repercusión: acusaron a la presidenta y al alcalde de Madrid de haberse saltado las normas de desconfinamiento, dictadas por un comité de expertos inexistentes, por haber invitado a mucha gente al evento festivo. Las denuncias de los portavoces de Más Madrid y Podemos, Gómez Perpinyà y Morano, fueron hechas in situ , como recogen numerosas fotos y vídeos, sin llevar puestas las preceptivas mascarillas. El delegado del Gobierno en Madrid, herramienta de Pedro Sánchez contra la Comunidad durante toda la pandemia, decidió perseguir a populares y sanitarios, incoando un expediente del que nunca más se supo, pero sirvió para los titulares de prensa.

El afán por dividir a la sociedad entre buenos y malos quedó patente cuando en la semana del 11 de mayo de 2020 en la madrileña calle de Núñez de Balboa empezó de forma espontánea una protesta contra el Gobierno. Los vecinos, hartos del confinamiento, se concentraron con cacerolas y banderas de España para protestar contra el Gobierno de Sánchez. La reacción a la protesta en la calle Núñez de Balboa motivó su imitación en muchos lugares de Madrid y del resto de España. La gente salió a protestar por la deriva autoritaria de un gobierno socialcomunista que mentía y ocultaba la información para disimular su negligencia o sus intenciones políticas. Es lo que ocurre cuando se bastardea la ley —el estado de alarma—, para suspender derechos y eludir la democracia. Los que protestaban no olvidaban que la profundidad de la pandemia era culpa del Ejecutivo, que no tomó medidas preventivas para no molestar a las feministas ni a los nacionalistas. Tampoco esas personas podían obviar que esa irresponsabilidad estaba generando una crisis económica sin parangón en la historia democrática de España, que llenaría el país de parados y empresas cerradas.

De inmediato salió toda la izquierda política y la mediática a insultar a los manifestantes. Pablo Echenique los llamó «cayetanos». Un epítome que dio lugar a la canción veraniega de Carolina Durante y a la rebelión de los más jóvenes de la derecha en la red social TikTok. Gabriel Rufián dijo que esos vecinos eran pijos que protestaban porque no podían jugar al golf. Los medios de la izquierda publicaron que se trataba de la rebelión de los ricos contra el pueblo. Del «no pueblo» contra el «pueblo».

Y es que no hay razones en el populismo, sino emociones. Las palabras y mentiras del populista se mueven entre las grandes acusaciones, óptimas para la sociedad del espectáculo en la que vivimos, y las soluciones voluntariosas y rompedoras, pero siempre liberticidas. Para los populistas, el pueblo, ellos y los suyos, es el sujeto colectivo que reúne las mejores virtudes de la tradición occidental: honradez, laboriosidad, solidaridad, bondad; al que es necesario proteger y despertar. El «no pueblo», todos los que critican a las voces del pueblo, reúne según los populismos los defectos más despreciados por la sociedad común: la usura, la corrupción, la insolidaridad, el egoísmo, el latrocinio, que conducen al pueblo a la muerte, a la miseria, a la indignidad.

Esas «élites extractivas», el «no pueblo», escribía un intelectual orgánico, no eran solidarias con la gente ni leales al Gobierno, sino que se dedicaban a extraer lo que podían de la sociedad en su propio y exclusivo beneficio. En el paraíso de la igualdad, los manifestantes opositores eran, en palabras de Talmon cuando describió la deriva jacobina, «los que representaban el privilegio y los intereses y hábitos antisociales» contrarios a la soberanía nacional. En definitiva, sobraban en su plan totalitario[134]. En los ataques a los manifestantes se veía una torpe aplicación de la vieja teoría marxista de la lucha de clases, según la cual, la sociedad está enfrentada por dos intereses contrapuestos e irreconciliables: el de la clase burguesa (los ricos) y el de la clase trabajadora (el pueblo). Lo curioso es que Marx nunca dijo lo que entendía por «clase social». De hecho, el capítulo de El Capital dedicado a este tema quedó inconcluso. Sin embargo, sí quedó claro que la política era conflicto, y que la historia era la lucha entre colectivos por la dominación. Es un cliché inconsciente que ha quedado inserto en la mente de muchos políticos, escritores y periodistas.

La respuesta de la izquierda a la protesta y la crítica fue la previsible: el insulto y las exigencias de represión, aunque cayeran en una flagrante contradicción. Por ejemplo, Manuel Castells siempre ha sostenido que el poder se fundamenta en el control de la información y de la comunicación, y que las nuevas tecnologías, las redes, permitían cuestionar ese dominio, e incluso derribar Gobiernos o regímenes porque la gente se «empoderaba». Ahora que estaba en el Gobierno pedía la represión de la libertad de información, las opiniones y las redes.

Otros intelectuales orgánicos de la izquierda hablaban de la «rebelión de las élites» para insultar a los que protestaban, citando mal o sin comprender a Christopher Lasch, autor de una obra con dicho título. Este sociólogo norteamericano se refería a las élites progresistas y cosmopolitas que, a su entender, habrían traicionado los valores occidentales[135]. Es decir, Lasch solo puede ser citado para referirse a la izquierda, al PSOE y a los pisaverdes de Unidas Podemos.

Esta tergiversación y las contradicciones se debían a que estos intelectuales orgánicos se estaban dedicando a distorsionar la realidad. Trataban de que la gente creyera que lo que estaba pasando en España, la suspensión de derechos por parte de un Gobierno con alma dictatorial, era normal y conveniente, y que era lo que estaba pasando en el resto del mundo. Decían, mintiendo, que la pandemia había roto la «vieja normalidad», y que se estaba instalando una «nueva» que pasaba por más socialismo. Es un viejo ardid de la propaganda izquierdista: el próximo e inevitable advenimiento de una era posliberal como resultado de una contradicción cataclísmica.

Esos escritores y académicos son orgánicos porque quieren apoyar al Gobierno socialcomunista, trabajan a su amparo o lo buscan, y anteponen las consignas al análisis. Bajo su dominio, con un compás ideológico marcado por Unidas Podemos, reproducían los eslóganes del comunismo populista. No decían lo mismo, por ejemplo, cuando el «repertorio de acción colectiva» izquierdista, como lo denomina Iglesias copiando a la socióloga italiana Della Porta, llenaba las calles de protestas ilegales.

El 22 de abril de 2020, cuando condenaron a Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, a 19 meses de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos y a pagar una multa de 2400 euros por atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, la izquierda salió en su defensa, como también haría Iglesias con el diputado Alberto Rodríguez al conocerse su imputación por atentado contra la autoridad y lesiones. Siguiendo la máxima de los partidarios de la posverdad, en el caso de Serra afirmaban que se perseguía a su dirigente por haber intentado evitar un desahucio el 31 de enero de 2014. Una de las policías agredidas declaró que Isabel Serra le había dicho: «Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros». A otra agente le soltó: «Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales»; y «vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro». Según declararon las policías, Isabel Serra, además de insultar a las agentes, empujó y lanzó objetos a las agentes. Pablo Iglesias, Echenique, Ione Belarra y otros de Unidas Podemos dijeron que se «criminabilizaba la protesta social». El argumento era que la ley y el poder judicial no se ajustaban a la legitimidad de la justicia social encarnada en el pueblo. Algo que, por supuesto, no se dio cuando el 24 de septiembre de 2020 la extrema izquierda se concentró, en una actuación muy similar a la del asalto al Capitolio protagonizada por el trumpismo el 6 de enero de 2021, frente al parlamento madrileño, arrancando adoquines y pateando policías[136]. La justicia social, en este caso, eran ellos, a los que las redes sociales denominaron por entonces «kayehtanos».

La izquierda se rige por lo que llaman «contrapoder», que según Antonio Negri, un filósofo comunista italiano, es la voz de la calle contra las instituciones y las normas injustas, que toma la forma de poder constituyente para la transformación social[137]. Pablo Iglesias y su partido tomaron así ese «contrapoder», la protesta, como un instrumento para «el cambio» —no nos olvidemos de «los ayuntamientos del cambio» que surgieron en 2015—, una nueva forma de revolución que comienza en los barrios, sigue por los municipios y de ahí a las instituciones. Se dedicaron entonces a hacer performances —incluido el desnudo en la capilla de la Complutense—, a impedir desahucios, cortar el tráfico, hacer escraches, boicotear conferencias de los «enemigos» políticos, alentar la okupación y a rodear el Congreso. Era el resultado de aprender de la experiencia internacional antiglobalización y del 15M. No hay más que leer los ensayos de Iglesias y Monedero, y su elogio del repertorio de acción colectiva (no legal) contra el «régimen neoliberal».

Pablo Iglesias impuso en Podemos en octubre de 2016 la tesis de tensionar las calles a cualquier precio y politizar el dolor. Era la iniciativa titulada «Vamos!», una vulgar estrategia de agitación y propaganda para que aumentara la protesta social, no necesariamente legal porque debía parecer espontánea. Al eslogan le seguía el lema: «Cuando el cambio no lo hace la institución, lo hace el pueblo». Los podemitas hablaban de «empoderamiento» del pueblo en defensa de sus derechos. Iñigo Errejón, haciendo alarde de intelectualismo, apostilló luego que era una «tensión creativa que nos permita ser fuerza de resistencia pero también de futuro». Teresa Rodríguez, entonces en Podemos, añadía que desde el Gobierno de Rajoy se estaba haciendo una «caricaturización de la protesta y una mitificación de la actividad institucional».

Ninguna de esas ideas era suya. Donatella della Porta, socióloga de cabecera de Iglesias y fundamento de su tesis doctoral, sostiene que los Estados «neoliberales» criminalizan la protesta y exalta la desobediencia civil como una forma de democracia. De ahí sacó Iglesias su definición de «jarabe democrático» para los escraches a los políticos de la derecha. Por eso alentó la persecución personal de políticas como Cristina Cifuentes o Soraya Sáenz de Santamaría. El contraste entre los derechos que la izquierda se atribuye y los que suspenden y tratan de reprimir a sus «enemigos» políticos da idea del talante autoritario que había tomado el Gobierno de España. Pablo Iglesias, cuando vio cómo la ciudadanía se acercaba a su residencia de lujo en Galapagar con banderas de España y haciendo sonar el himno nacional, lanzó a sus hordas contra los manifestantes e incluso contra políticos de la derecha. Llegó a decir en La Sexta: «Mañana le puede suceder a Ayuso o a Espinosa de los Monteros». Una amenaza clara.

La tradicional encuesta sobre la Comunidad de Madrid de GAD3, que publica ABC cada 2 de mayo, cayó como un jarro de agua fría sobre la izquierda, pero también en Ciudadanos. Díaz Ayuso estaba en subida imparable, como luego refrendarían a lo largo de los meses de 2020 el resto de encuestas. Y Ciudadanos no paraba de bajar. Es a esta encuesta a la que la presidenta de la Comunidad de Madrid achacó el recrudecimiento de los ataques indiscriminados por parte de la izquierda. Ángel Gabilondo, normalmente moderado, llegó a anunciar el 28 de mayo de 2020 en el programa La brújula de Onda Cero, la presentación de una moción de censura contra el PP de la Comunidad de Madrid. Pedro Sánchez estaba detrás. En junio llegaría a convocar a Gabilondo a Moncloa. Había que leerle la cartilla.

Las dudas y la preocupación se instalaron durante un breve lapso de tiempo en la Puerta del Sol y en Génova 13, que temía que Ciudadanos acabase apoyando una moción del PSOE. Aunque Aguado negase, a preguntas de la prensa, su intención de romper el Gobierno, lo cierto es que los rumores de la prensa cobraron a lo largo de mayo cada vez mayor fuerza. En Génova asustaba la idea de una repetición electoral, aunque se era consciente de que perder Madrid por una moción significaba perderlo todo. Sin embargo, la moción no llegó, aunque los rumores se reactivaron en octubre de 2020. Para presentar tal moción la izquierda necesitaba articular un relato. La primera andanada llegaba bien pronto: «Es absolutamente falso que Room Mate haya solicitado, recibido o haya sido adjudicatario de cualquier contrato con la Comunidad de Madrid».

Así comenzaba el comunicado que Kike Sarasola, un empresario hotelero vinculado hace años al PSOE y recientemente a Ciudadanos, enviaba a los medios de comunicación, tras ser acusada la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de haber recibido un trato de favor por su parte. Era la excusa urdida en algunas covachuelas no lejanas a la calle Ferraz para justificar, junto con la por ellos inventada gestión de las residencias de mayores, la ruptura de los naranjas con los populares.

Días antes la izquierda había preguntado si Díaz Ayuso se estaba hospedando gratuitamente a costa de los madrileños o del empresario en el céntrico hotel de la capital. Hasta allí se había trasladado la presidenta el 16 de marzo, aunque su encierro se había decidido mucho antes por su equipo. Así, cuando a su alrededor, en la Puerta del Sol, fueron cayendo infectados por COVID-19 algunos colaboradores al tiempo que otros permanecían teletrabajando desde sus domicilios, se decidió que ella se trasladase, ante el inminente cierre de su despacho en el kilómetro cero de la capital, a un hotel al cual se pudiera trasladar todo el equipo tecnológico necesario para seguir trabajando. Algo que en su propia casa era materialmente imposible. Room Mate fue el hotel escogido. La propia presidenta lo relataría en una entrevista concedida al diario El Mundo, el 22 de marzo de 2020, mucho antes de estallar la campaña de propaganda de la izquierda. El precio cerrado por una estancia de larga duración era de 2400 euros mensuales. Algo que podría parecer poco por dos apartamentos suite en circunstancias normales, pero que en tiempos de la COVID-19, con todos los hoteles cerrados al público y sin que Room Mate pudiera ofrecer a la presidenta servicios como limpieza, restauración o lavandería, no era tan poco. Un dinero que la propia Díaz Ayuso pagaría de su bolsillo al abandonar el hotel. Mientras, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, enferma como ella, se había alojado en una suite del hospital Ruber, primero, y en un apartamento de lujo de 200 metros cuadrados de titularidad pública, sito en la plaza de España de Madrid, después. Lo que vale para el pueblo, Carmen Calvo, está prohibido para el «no pueblo».

Sea como fuere, la casualidad quiso que Díaz Ayuso, quien se hizo la prueba de la COVID-19 el 15 de marzo, pasara allí su enfermedad, de la cual fue dada de alta el 10 de abril. «La presidenta de la Comunidad de Madrid pagará personalmente la factura correspondiente, al igual que hacen el resto de los huéspedes, sin coste alguno para la Comunidad de Madrid», señaló la empresa ante las dudas arrojadas por políticos y medios de extrema izquierda como eldiario.es.

Una vez aclarado que la presidenta madrileña pagaría de su bolsillo el hotel, apareció una noche un extraño contrato, supuestamente firmado por la Consejería de Política Sociales, dependiente de Ciudadanos, que fue alojado en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, dependiente también de Ciudadanos, durante unas horas. Las suficientes como para que una periodista avezada de Vanity Fair tuviera tiempo a descargárselo. Porque después, fue tan misteriosamente borrado como había sido subido. Según dicho contrato Sarasola percibiría 565.749,62 euros para convertir dos hoteles de la cadena en residencias para ancianos durante la crisis de la COVID-19. Algo completamente falso. Sarasola había cedido sus hoteles de forma altruista, pero como pago por su solidaridad fue desacreditado por la prensa de izquierdas.

Un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales salió al paso en un primer momento diciendo que se había corregido un «error humano», ya que el prestatario de los servicios sería la Coordinadora del Tercer Sector y por una cuantía muy inferior. Y se anunció que el Consejero de Políticas Sociales de entonces, Alberto Reyero, había cesado a su secretario general técnico, Miguel Ángel Jiménez, a quien eldiario.es consideraba en su titular como «responsable» del presunto «error que llevó a publicar el contrato fantasma». En junio llegaría la «tocata y fuga» de su jefe de gabinete, Carlos Reus.

La persecución del enemigo político no tiene límites para los totalitarios. De ahí que se lanzase toda una campaña de propaganda destinada a hacer creer a la opinión pública que la presidenta de la Comunidad, la misma que había logrado retener el poder para los populares, era una mujer «tonta» o «desequilibrada», incapaz de hacer nada por sí misma. El diputado socialista en el Congreso de los Diputados Daniel Viondi llegó a publicar el 11 de mayo un tuit en el que se preguntaba:

¿Quién gobierna realmente la Comunidad de Madrid?

Aznar es el oráculo

Lasquetty quien mueve los hilos

MA Rodríguez diseña la propaganda

Y Díaz Ayuso pone la cara.

No se escuchó la protesta de ninguna feminista conocida. Las mujeres, si son de centro derecha, no son mujeres. Son «no pueblo». Viondi siguió obsesionado con las descalificaciones a Díaz Ayuso. Detrás se escondía el miedo al surgimiento de una lideresa política. Había que destruirla.

Díaz Ayuso, que había pedido ayuda al Gobierno desde el inicio de la pandemia, tenía muy claro que no iba a abandonar los principios liberales que habían inspirado el Gobierno de Madrid desde hacía lustros. Y que estaba dispuesta a plantar cara al giro autoritario de la izquierda. Así, tras la visita de Pedro Sánchez a la Puerta del Sol en septiembre de 2020 la paz duró bien poco. Apenas veinticuatro horas después de la visita celebrada entre banderas de España, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, más pensando en las elecciones catalanas que en el cumplimiento de su deber, decidió ordenar a una secretaria de Estado la publicación de una resolución del Gobierno en el BOE por el que cerraba Madrid capital y una decena de municipios de madrileños, pese a la falta de consenso en el Comité Interterritorial de Sanidad. Cuando el 8 de octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba estas medidas por vulnerar derechos fundamentales de millones de ciudadanos, la propia presidenta regional volvió a ofrecer diálogo al presidente del Gobierno que había sido incapaz de ordenar hacer PCR en el aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas) de la capital. Pero este se negó y, sin querer dialogar con la Comunidad de Madrid, decretó el 9 de octubre de 2020 un estado de alarma que era un «atropello constitucional y un ataque a todos los madrileños, desproporcionado, innecesario y sectario», como lo calificó el Consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, calificó la decisión de «triunfo de la imposición, la falta de diálogo y la fijación del Gobierno con Madrid», advirtiendo que ni la pandemia ni Sánchez doblegarían Madrid. El popular denunciaba que Sánchez «no tendría la valentía de hacer esto» con otra comunidad autónoma.

La comparecencia del 9 de octubre de 2020 del ministro de Sanidad, Salvador Illa, trufada de datos falsos y convertida en un verdadero ataque contra la presidenta de la Comunidad, puso en pie de guerra a muchos madrileños que, esa misma noche, salieron a protestar ante la sede del PSOE en la calle Ferraz. «Libertad» era el lema más coreado. Esa misma tarde habían aparecido grandes pancartas en la M30 con el lema «Ni tutelas ni tutías[138]. Madrid es Libertad. Quieren hundir Madrid». En el subconsciente de los madrileños estaba ya inserto que España se encontraba ante el intento de un cambio de régimen totalitario del cual ellos eran rehenes. De ahí que en todas las encuestas publicadas por diferentes medios esos días, Isabel Díaz Ayuso, quien se enfrentaba en solitario a un poder omnímodo, soberbio y antidemocrático, se disparaba en intención de voto. La encuesta de NC-Report para el diario La Razón del 11 de octubre de 2020 dejó claro que menos de 4 de cada 10 madrileños apoyaban el ordeno y mando de Pedro Sánchez. El 46,2 % de los jóvenes entre 18 y 34 años y el 47,1 % de las personas entre 35 y 54 años rechazaban de plano la medida. Entre los mayores el rechazo, también mayoritario, llegaba al 43,9 %. Pero es que, además, para la gran mayoría de habitantes de la región, la gestión de Isabel Díaz Ayuso durante la pandemia había sido muy buena o buena (41,2 %). El 32,6 % la consideraba mala o muy mala. El 49,9 % de los madrileños creían que Sánchez había hecho campaña contra Madrid, frente al 42,7 % que no se lo creía. Además, el 44,9 % pensaba que Ciudadanos no era un partido leal con su socia de gobierno. Datos mayoritarios en los tres tramos de edad. Buenas noticias para la primera planta de Génova 13, donde se encuentra la sede del PP de Madrid.

Lo cierto es que el golpe de Sánchez contra Madrid llegaba tarde. Los datos de la región eran positivos desde el 18 de septiembre en que el Gobierno regional había adoptado, no sin ciertos problemas por la oposición a las mismas de Ignacio Aguado, estaban funcionando. Mientras que el 18 de septiembre se diagnosticaban alrededor de 4000 contagios diarios, en octubre la cifra había disminuido entre un 40 % y un 50 %. El 28 de septiembre en Madrid había 3326 ingresados por COVID-19, que se redujeron en 593 el 8 de octubre (-18 %). Los ingresos en UVI cayeron un 71 %. El sábado 10 de octubre de 2020, la Comunidad de Madrid, siguiendo con su exitosa estrategia de restricciones parciales de movilidad y en ejercicio de sus competencias, publicó en el BOCAM lo que sería un verdadero golpe al Gobierno de España: la restricción en zonas con alta incidencia de COVID-19, como eran el municipio de Arganda del Rey y las zonas de Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo) y Valleaguado (Coslada). Las zonas de Villa del Prado, Humanes de Madrid y Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), que estaban en vigor desde septiembre y que el Gobierno no había contemplado se mantenían restringidas también.

El PSOE madrileño, roto en luchas intestinas entre diferentes facciones, jamás tuvo intención de consensuar nada con la presidenta madrileña. De hecho, la propia Ayuso denunciaría que su conversación con Pedro Sánchez el 9 de octubre de 2020 tuvo lugar a las 12:25, cuando desde Moncloa ya habían filtrado que decretarían el estado de alarma. El odio obsesivo de Pedro Sánchez hacia quien le plantó cara en la crisis hacía imposible cualquier acuerdo. No solo se había reunido ya en septiembre con un José Manuel Franco que supuraba por la herida de su imputación sobreseída, sino que dio la orden de acosar sin fin a la dirigente popular. El Consejero de Servicios Sociales, Alberto Reyero, quien finalmente presentó su dimisión como consejero un viernes de octubre de 2020 a las nueve de la noche sin dejar su escaño de diputado, colaboraba. Una cacería a la que el normalmente pacífico portavoz socialista Ángel Gabilondo se oponía por talante y sentido común. No importó. Gabilondo fue arrinconado. Ayuntamientos gobernados por alcaldesas leales a Sánchez como Getafe y Móstoles se lanzaron a pedir la dimisión de Enrique Ruiz Escudero con los confinamientos selectivos del Gobierno regional y recibieron con aplausos el decreto de Sánchez que dejaba a sus vecinos en la misma situación. Al mismo tiempo, Franco o el propio Gabilondo no descartaban una moción de censura contra Díaz Ayuso.

Durante la segunda ola de la COVID-19 que llegó a España tras las vacaciones veraniegas, la demagogia de la izquierda llegó a su culmen el 31 de septiembre de 2020, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez, mediante una resolución, confinó nuevamente la ciudad de Madrid y otros 10 municipios de la región. Un cerrojazo que costó a la economía española, ya muy lastrada, 5.600 millones, que fue la puntilla para infinidad de autónomos y que puso de manifiesto la ausencia de criterios científicos homogéneos para todo el país. Pese a la continua campaña de desprestigio de la izquierda y sus terminales mediáticas, incluso cuando la Comunidad de Madrid consiguió doblegar la segunda ola de la pandemia, que llegó a su pico máximo en septiembre. En noviembre, Madrid, que apostó por confinamientos quirúrgicos, test masivos rápidos de antígenos y no cerrar la hostelería ni los comercios para conciliar salud y economía, había disminuido en un 60 % el número de contagios, pasando la incidencia acumulada por 100.000 habitantes de más de 800 a 300. Madrid era la quinta comunidad autónoma con menor número de contagios, para desolación de quienes habían incluso llamado a la «madrileñofobia». La presión asistencial de Madrid cayó en picado, como demostró el cierre de la planta de la COVID-19 del hospital Gregorio Marañón la primera semana de noviembre. Las medidas puestas en marcha por Isabel Díaz Ayuso, rechazadas por el resto de comunidades autónomas, que por aquel entonces ya había cerrado la hostelería, con el drama económico que eso significaba para miles de familias, funcionaban. En diciembre la Comunidad tenía una incidencia acumulada inferior a 200 por 100.000 habitantes, situándose como la región que mejor había controlado la segunda ola. Hasta los más críticos se tuvieron que rendir ante la evidencia. Era, además, la única capital europea que mantenía abiertos los teatros, señal inequívoca del éxito de las medidas emprendidas por Isabel Díaz Ayuso.

Pero para la izquierda no se trataba de doblegar la curva, sino de revisar la historia contemporánea echando por tierra la gestión proactiva de Madrid frente a la desidia y la chapuza gubernamental. Al terminar la crisis todos debían de creer que quien había trabajado para salvar cada una de las vidas en peligro había sido el Gobierno de España.

El comité de «espectros»

El mal nunca queda sin castigo, pero a veces el castigo es secreto.

AGATHA CHRISTIE, Peligro inminente (1932)

El 28 de abril el presidente del Gobierno anunció un plan de desescalada «por regiones», cuyo objetivo era llegar a finales del mes de junio a lo que la OMS califica de «nueva normalidad». La fecha fue finalmente el 21 de junio. Al galimatías inicial que nadie entendió (se podía ir a un bar a tomar una caña, pero no a visitar a la familia, por ejemplo), se fueron sumando rectificaciones sobre la marcha, lo que dejaba entrever que tal vez careciera de experiencia el supuesto Comité de Expertos. Así fue cómo los medios pusieron el foco sobre su composición. Y saltó la sorpresa: no se conocían sus nombres y el Gobierno se negaba a darlos, pese a que el artículo 11 de la Ley General de Salud Pública y la Ley de Transparencia le obligaban a ello. Dispone dicho artículo que:

Será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.

Pero es que, además, para que un acto jurídico sea válido debe proponerse y dictarse por órganos conocidos y competentes, «y estar motivado, aplicando criterios objetivos y contrastables. Lo sabe cualquier alumno de Derecho. Lo demás es arbitrariedad. Y tiene consecuencias», denunció el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Mario Garcés. Los medios de comunicación se pasaron varios días especulando acerca de la composición del invisible comité, sugiriendo que estaría integrado por personas vinculadas al PSOE. Sin embargo, el periodista Carlos Alsina puso el dedo en la llaga al contar su sospecha de que en realidad no existía tal comisión, como se ratificó en el mes de julio siguiente. Lo que dejaría sin validez los acuerdos adoptados. No en vano el Gobierno bloqueó hasta en cuatro ocasiones la comparecencia del secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. También vetó la de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, quien sería posteriormente investigada por el Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid junto con su jefe.

El plan de desescalada constaba de cuatro fases que iría decretando el Gobierno, empezando la primera o fase 0 el 4 de mayo, aunque las islas canarias de La Graciosa, el Hierro y La Gomera, así como la balear Formentera, empezarían en fase 1. Además, el Gobierno había establecido horarios de salidas un tanto extraños: de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23 horas para personas de entre 14 y 70 años; los niños hasta 13 años inclusive de 12 a 19, y los mayores de 70 o dependientes con su cuidador de 10 a 12 y de 19 a 20. Los que tengan perro, todo el día para sacar al animal. Y los que tienen niños en su horario y el del menor. Establecimiento de horarios que el 11 de mayo el ministro Illa comunicó que pasarían a ser competencia de las comunidades autónomas y que podrían ser abolidos en fase 1.

El gran lío se formó el 8 de mayo de 2020 al negar el Gobierno pasar a la fase 1 a la Comunidad de Madrid entera, a Málaga y Granada en Andalucía, o a partes de la Comunidad Valenciana, Castilla y León, y Castilla-La Mancha (Cuenca y Guadalajara). El valenciano Ximo Puig protestó porque solo se había permitido pasar a fase 1, que permite la apertura de negocios, a 10 de los 24 departamentos de Salud de la Comunidad Valenciana y no a todo el territorio. La Comunidad de Madrid, por su parte, anduvo esos días enfangada en su propia crisis tras la dimisión de la directora general de Salud Pública, quien se había negado a firmar el paso a fase 1, por considerar que la región aún debería de esperar al menos una semana.

Pero lo que quedó claro con los datos epidemiológicos a la vista fue la arbitrariedad del Gobierno, que permitió al País Vasco pasar a fase 1. Aquello era un «arreglo», según denunció la candidata a lendakari de Podemos, Miren Gorrotxategi. Tampoco estaba contemplado lo que se denominó «fase 0,5» y que no se había aplicado al resto. Entonces, ¿quiénes eran los expertos que habían asesorado? ¿Se había tenido en cuenta la necesidad que de los votos del PNV tenía Sánchez?

Fernando Simón comunicaba el 15 de mayo de 2020 a las 19 horas, que el Gobierno de Pedro Sánchez negaba de nuevo a la Comunidad de Madrid pasar a fase 1, lo que implicaba un grave lastre económico para esta. A las 20:50 se conocía que, en respuesta, Isabel Díaz Ayuso solicitaría al Gobierno de España el informe motivado y firmado de denegación o acudiría a los tribunales de Justicia. A las 20:57, es decir, 7 minutos después de ser solicitado, el informe era firmado telemáticamente por la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, militante del PSOE madrileño. El revuelo estaba servido. Al día siguiente, a las 12:15 horas, tras asegurar la comunidad madrileña que se cumplían todos los requisitos exigidos y que la región estaba preparada para avanzar en la desescalada, publicó el informe el diario El País. Que no llegó a la Consejería de Sanidad de Madrid hasta las 12:26 y vía correo electrónico. Una sucesión de hechos que terminó por volar todos los puentes de entendimiento entre ambas administraciones.

De ahí que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciase el 20 de mayo que el Gobierno regional había decidido llevar ante los tribunales al Gobierno de España, argumentando que la resolución que impedía avanzar a la comunidad «no obedece a criterios técnicos aplicados de forma homogénea a todo el territorio». Algo que no sentó nada bien en Moncloa, ya que la interposición del recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo podría obligar a aflorar quiénes eran los expertos que estaban decidiendo sobre la vida y el bienestar de los 7 millones de ciudadanos residentes en Madrid. La región solicitaba como medida cautelar pasar a fase 1, ya que el daño producido a la economía, y, por tanto, a los madrileños, se cuantificaba en 18.000 empleos destruidos a la semana. No hizo falta. El viernes 22, al filo del mediodía y para tapar la vergüenza de un pacto firmado con Bildu, el Gobierno anunciaba que Madrid podría avanzar en la desescalada. Sin embargo, Ayuso no retiró el contencioso: «Tenemos que saber quiénes están decidiendo por los madrileños y por el Gobierno de la comunidad».

El fin de semana anterior, el domingo 17 de mayo, Isabel Díaz Ayuso había formulado varias preguntas a Pedro Sánchez en la ya habitual conferencia de presidentes:

¿Quién decide, qué equipo, qué técnicos, que Madrid no pase de fase 0?

¿Por qué la semana pasada no hubo informe del Ministerio de Sanidad y ayer sí?

¿Dónde puedo ver los informes de las demás comunidades autónomas para comprobar que se exigen los mismos requisitos a todas?

¿Por qué nuestro informe lo conoció un medio de comunicación antes que la Consejería de Sanidad?

¿Por qué está dando una imagen de la Sanidad de Madrid tan injusta, como si fuera tercermundista?

¿No ves que nos estás arruinando?

Lejos de contestar a estas cuestiones, Pedro Sánchez pasó la palabra al presidente de Castilla y León. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ratificaría lo ocurrido. Sánchez tenía un buen motivo para guardar silencio, como se descubrió en el mes de julio.

A finales de este mes y a través de un dictamen del defensor del pueblo, se supo quién había instado a emitir informe al Consejo de Transparencia relacionado con el rebrote en marcha asolando Cataluña, Aragón y Levante, el famoso comité de expertos que jamás existió:

En la respuesta recibida, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación señalaba que no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento, puesto que la responsabilidad de la toma de decisiones en esta materia corresponde al ministro de Sanidad tras su valoración con las distintas comunidades autónomas, conforme a lo establecido en la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad.

Fernando Simón había declarado en distintas ruedas de prensa que «no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque, en todo este proceso que llevamos varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad». Ni con libertad, ni sin ella. Simón mentía, sabiendo que no existían ni tales presiones… ni tales personas.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía el 18 de abril ante los medios de comunicación y aludía al «comité científico que asesora al Gobierno». El 16 de mayo llegó a afirmar que aprendía de dicho comité inexistente. Cuando el Partido Popular exigió hacer públicos los nombres de los supuestos expertos, el Gobierno se cerró en banda, afirmando que sufrirían presiones de los medios de comunicación. Una guerra contra los periodistas que no han dejado de hacer desde Moncloa. El ministro Illa afirmaba que la obligatoriedad de la mascarilla en espacios cerrados y en la vía pública se había tomado, precisamente, por recomendación de este comité. Mentía. Todo un escándalo en términos democráticos, que supuso la retención de 6 millones de madrileños, pero que pasó desapercibido entre el resto de noticias que se fueron conociendo de lo que ya es el peor Gobierno de nuestra historia. En diciembre de 2020 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) obligó al gobierno a hacer público los nombres de los expertos por considerar que no se vulneraba el derecho a la protección de datos y, sin embargo, favorecía el control de la actividad pública por parte los ciudadanos en «decisiones relevantes». Pero en el gobierno no fueron capaces de dar cumplimiento al requerimiento, recurriendo a argucias legales para retrasarlo. La realidad es que nadie se quería hacer responsable de las mentiras de Salvador Illa.

Podemos, sexo y corrupción

Los proyectos mejor urdidos por ratones y por hombres, como el poeta escocés podría haber dicho, terminan a veces pareciéndose a la merienda de un perro chiflado

FREDERICK FORSYTH, El manipulador (1991)

Uno de los ensayos que se puso de moda en 2018 fue el que escribieron Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, titulado Cómo mueren las democracias. Es una interpretación progre de la caída de tales regímenes, que contiene algunos errores conceptuales, resulta inconsecuente en algún caso, muy centrado en Trump, pero que dice algunas cosas interesantes. Los autores establecen solo dos reglas básicas para que un sistema democrático perdure. Una de ellas es la moderación, lo que los politólogos europeos llaman desde hace más de medio siglo «convergencia de centros», tal y como lo bautizó Guizot en 1849. Esto significa evitar la polarización de la vida política a través de un lenguaje no violento, y proponiendo medidas que unan, no que separen. La búsqueda del consenso es tan vieja como el sistema representativo.

La segunda condición que ponen esos dos sociólogos norteamericanos es la aceptación del adversario. Es una obviedad que requiere de costumbres públicas democráticas bien arraigadas. En realidad, las dos premisas dadas por los autores son la misma, ya que esa actitud tolerante con el otro supone un alto grado de moderación, de «centrismo» diríamos, y los usos y costumbres son el pacto no escrito de convivencia pacífica y legal.

La lección es que si una democracia quiere perdurar debe marginar a las opciones políticas que dividan a la sociedad, que hagan del conflicto y de la polarización su única política y que rechacen al adversario convirtiéndolo en enemigo. Aquí, Levitsky y Zitblatt sacan el fantasma populista, ese síndrome de las democracias, que como escribió Simona Forti respecto a los totalitarismos: no vienen de fuera, sino que son el huésped que no deja de llamar a la puerta.

Podemos es uno de esos huéspedes. Con ese partido en el Gobierno de España se vive peor en nuestra democracia. No es que el comunismo populista de Iglesias cuestione el consenso socialdemócrata o a que haga de la política una confrontación de modelos distintos de sociedad. Podemos pone en cuestión el consenso social; es decir, las bases de la convivencia y del espíritu que permiten una continuidad y, en consecuencia, un cierto orden en todos los aspectos de la vida pública.

El objetivo de todo partido socialista, sea la derivación que sea, incluida la comunista, es la transformación del todo; esto es, del hombre y de la sociedad. Ese objetivo solo se consigue a través del conflicto, de la politización de cualquier aspecto de la vida cotidiana. La cizaña es el fondo de su discurso y de su actuación. Por esta razón, la formación de Pablo Iglesias se ha dedicado desde 2014 a intoxicar la vida política española. De los morados no se recuerda una buena idea ni una buena acción, sino conflictos, escraches, gritos, performances , cercos al Congreso, nepotismo, casoplones… ni siquiera se les puede adjudicar algo positivo, salvo cuando se ha tratado de una derrota de la derecha.

El comunismo populista de la gente de Iglesias no sufre con la crisis, sino que ve en ella una oportunidad para extremar ese conflicto que considera imprescindible para su transformación. Esto ha hecho que la pandemia de la COVID-19 sea vista por el podemismo como una oportunidad para construir una «nueva normalidad» en la que el Gobierno esté omnipresente y sea todopoderoso, junto a una ciudadanía dependiente y agradecida.

A esta forma asocial de entender la política, verdaderamente antidemocrática e iliberal, se une que desconocen los engranajes de la acción administrativa y técnica. El resultado es una mezcla de maldad y negligencia. Dos ejemplos claros son que Iglesias asumiera la política social a nivel nacional el 19 de marzo de 2020 y no hiciera nada, o que Irene Montero presentara un proyecto de «ley de sexualidad» que no firmaría ni un alumno de primero de Derecho.

Un repaso a otros ministros podemitas no deja a esa formación mejor parada. Manuel Castells, de Universidades, se debió perder en un resort el verano de 2020. Alberto Garzón, de Consumo, hablaba de cualquier cosa sin fundamento. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, era feliz porque los parados fueran a cobrar, no porque tuviera un plan para sentar las bases necesarias para la creación de trabajo. ¿Y qué decir del Ingreso Mínimo Vital que solo estaba cobrando el 1 % de los peticionarios en octubre de 2020?

El colmo fue la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, ese chiringuito montado por treintañeros trotskistas dirigido a estudiantes desde primaria a universidad. Ha demostrado ser el brazo armado de Pablo Iglesias, quien filtró una conversación del Consejo de Ministros, en venganza por las declaraciones de las ministras socialistas sobre los escándalos de Podemos. Iglesias dijo que a Celaá le faltaba «liderazgo» en Educación. Podía ser cierto, pero el objetivo del caudillo podemita era distraer la atención, encizañar la vida pública, mantener la calle «caliente» y atesorar motivos para romper con los «socialfascistas» del PSOE que estaban a punto de pactar con Ciudadanos los Presupuestos Generales del Estado.

¿Tras seis años de vida, para qué había servido Podemos? Aquí hay muchas responsabilidades. Primero, en quien insufló vida a este grupúsculo de profesores y alumnos mediocres para hacer daño al PSOE, en una maniobra torpe pensada para arañar votos a los socialistas. Segundo, en quienes vieron un negocio mediático en esta formación porque generaba espectáculo. Y tercero, en quien dijo que no pactaría nunca con los populistas porque le producían «pesadillas» y al día siguiente, casi con la misma camisa, se abrazaba a Iglesias.

La condición que los sociólogos norteamericanos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt contaban en su libro para deteriorar la democracia —la alianza con el populismo destructor— se había cumplido en España. Ahí estaba Podemos en el Gobierno. Era más que evidente que sin esta formación nuestra democracia gozaría de mejor salud.

La mejor demostración de lo que es Podemos quedó clara con el estallido del caso Dina, que acabó poniendo contra las cuerdas al líder de la formación populista en un sumario de la Audiencia Nacional que mezclaba sexo, mentiras y corrupción. Aunque todo el poder acumulado se dirigió a intentar evitar la imagen de Iglesias en el banquillo, contando con la complicidad de sus socios de gobierno:

Ni yo ni mi familia nunca hemos mantenido ningún vínculo ni ninguna relación con la familia real marroquí, ni cercana ni lejana, es decir, no tengo ni ha tenido mi familia jamás ningún vínculo de amistad, conocimiento, relación personal, política o social con la familia real marroquí. Igualmente es absolutamente falso que mi familia sea «adinerada». Es una familia modesta de trabajadores con recursos económicos escasos que se han dedicado prioritariamente a dar la mejor formación posible a sus hijos.

Con este comunicado, Dina Bousselham desmintió en julio de 2020 al diario digital Vozpópuli las publicaciones que la acusaban de tener nexos familiares con el rey de Marruecos. Pero ¿quién era la mujer que ha puesto en jaque a Podemos y a Pablo Iglesias?

Dina Bousselham nació el 27 de julio de 1990 en Tánger (Marruecos) frente al palacete de Barbara Hutton. Una zona de ricos. Allí vivió en la calle Los Almohades. Desde los 13 años de edad estudió en centros españoles, pasando al Instituto Severo Ochoa, reservado para hijos de millonarios marroquíes y descendientes de españoles. Su padre, que también había estudiado en Madrid, trabajó en nuestro país, aunque, afirma ella, un accidente que lo dejó ciego lo obligó a volver a Marruecos. También su hermana vive en España.

Dina llegó a la capital recién cumplida la mayoría de edad en 2008. En Madrid descubrió su pasión por el fútbol, siendo el equipo de sus amores el Real Madrid. Jugó en el C.F. Pozuelo. Posteriormente pasó a jugar en el Santa María Caridad, en Tercera División. En el año 2010 lo deja a disgusto, porque era incompatible con sus estudios. «La vida es corta y el tiempo es limitado», se lamentó en declaraciones a la revista La Marocaine.

En Madrid acabó la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, en donde conoció a Pablo Iglesias, quien fue su profesor. Durante esta etapa universitaria entró en Juventud sin Futuro, un movimiento vinculado a Podemos. Este movimiento fue creado en febrero de 2011 y participó junto a la Plataforma Democracia Real Ya en la manifestación del 15 de mayo de 2011. El famoso 15M. La Asociación universitaria Contrapoder, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, de la que saldrían los dirigentes de Podemos, formaba parte de ella. Juventud sin Futuro se disolvió en marzo de 2017. De allí habían salido cargos de Podemos como Rita Maestre, Eduardo Fernández Rubiño (hoy senador por Más Madrid), Sara Bienzobas, Miguel Ardanuy, Jesús Gil Molina, o Ramón Espinar.

Aprovechando la carrera realizó un Erasmus en la Nueva Sorbona de París y un máster en el Instituto de Altos Estudios de América Latina. Fue allí, en la capital francesa, donde se hizo miembro de la fundación del Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM), un partido de centro derecha monárquico marroquí vinculado a Mohamed VI que fue fundado en 2007 por Fouad Ali el Himma, gran amigo y consejero del rey, vinculado a los servicios secretos marroquíes. En uno de los cables que vio la luz pública por medio de Wikileaks, el entonces embajador estadounidense, Thomas Riley, afirmó que el propio Mohamed VI había impulsado la creación del «partido de los amigos del rey» para frenar el avance del islamismo radical en su país. Abdelikah Benrikane, primer ministro de Marruecos entre 2011 y 2017 y líder del partido Justicia y Desarrollo, acusó reiteradamente al PAM de financiarse gracias al narcotráfico y el tráfico de personas.

En 2012 Dina publicó varios artículos en los que afirmaba ser, además de estudiante de máster y portavoz de Al Qálifa, la «responsable de asuntos sociopolíticos» del Círculo de Jóvenes Demócratas de Marruecos (CJDM) en Francia. El CJDM fue fundado en el año 2008 por el diputado del PAM Mehdi Bensaïd, siendo poco más que una organización satélite del PAM. En 2020 Dina se esforzó por borrar todo rastro de su pertenencia a estas organizaciones, incluso de la Wikipedia. «Lo siento porque sé que hubiese tenido morbo que una joven de izquierdas, vinculada a Podemos, haya tenido relación con un partido pro monárquico», ironizó Dina. ¿Qué quería ocultar?

Lo cierto es que Dina llegó a ser secretaria general adjunta de la sección francesa del PAM, algo imposible, subrayan fuentes marroquíes, sin el beneplácito de Su Majestad. Fue entonces cuando apoyó la vía marroquí a la Primavera Árabe. En concreto, era partidaria del discurso reformista de Mohamed VI pronunciado por este el 9 de marzo de 2011. «Les asesoré en la preparación de su primer congreso, pero nunca me afilié ni ocupé cargo alguno», mintió años después Bousselham. La joven también intentó acercarse, sin éxito, al Grupo Federal Árabe-Socialista en Madrid. Conocían sus vinculaciones con el PAM y la monarquía.

De vuelta a España, donde fue contratada por la consultora Alto Analytics, siguió acumulando diplomas en Prevención de Conflictos Internacionales o Cooperación y Seguridad en el Mediterráneo. Fue entonces cuando comenzó a hacer sus primeros pinitos en el mundo del periodismo, escribiendo para Rebelión, Nueva Tribuna o la revista online Al Qalifa, de la que llegó a ser portavoz. También colaboró con La tuerka, el programa de Pablo Iglesias en Hispan TV, que estaba bajo sospecha de financiación ilegal.

En 2014 Pablo Iglesias, eurodiputado tras el éxito de Podemos en las elecciones, la fichó como la asistente más joven que había en Bruselas. Ella era quien organizaba la agenda y elaboraba los discursos del líder del partido entonces de moda en España. Ese mismo año, fue reconocida por el Consejo de la Comunidad Marroquí en el extranjero como una de las marroquíes del año. Se trata de un organismo dependiente del rey alauí.

La relación íntima entre Pablo Iglesias y Dina comenzó en Bruselas. Desde Podemos presionaron en plena precampaña para las elecciones municipales y autonómicas de 2015 a diversos medios de comunicación para que no se diera a conocer la relación entre ambos. La jefa de prensa de Podemos habló con Albert Gimeno, de La Vanguardia, para lograr el silencio mediático. Ante la negativa de La Vanguardia a retirar la noticia, Pablo Iglesias habló con Enric Juliana. Otro de los medios amedrentados fue Vanitatis, perteneciente a El Confidencial. Solo un mes antes de la publicación de la supuesta relación, Tania Sánchez (hoy diputada por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, que apenas pisa) e Iglesias habían anunciado su ruptura. Laura Casielles, jefa de prensa de Podemos, tildó de «pseudonoticia» lo publicado por Vanitatis. Hablaron con Marina Pina, a quien amenazaron con «no concederles nada más». Pina respondió que la amenaza era vergonzosa. No hubo nada que hacer. Fracasados los contactos, intentaron que Iván Gil, periodista de El Confidencial «que nos sigue» hiciera la gestión. Tampoco sirvió de nada. Otro medio que dio la noticia de la relación entre Iglesias y Boussellham fue El Economista. En este caso llamaron a Juanjo Santacana, al que dejaron claro que su noticia, que califican de difamación, «no tiene nada de fresco ni de divertido». Si la noticia no se retira, advirtieron, Podemos no trabajará con ellos, hasta el punto que iniciaron gestiones para anular una entrevista ya prevista del medio con José Manuel López, entonces portavoz del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid. Santacana les confirmó que el director se negaba a retirar la noticia. Tampoco el asturiano El Comercio se libró de las amenazas moradas.

Durante el periodo bruselense es cuando fuentes de Podemos aseguran que Dina trabajó en impulsar encuentros y reuniones con agentes de lobbies marroquíes en Bruselas. El grueso de esos encuentros fue con sectores afines a la monarquía alauí, lo que llevó a miembros del partido morado a dudar de su postura e incluso de su presencia en la formación. Sospechaban que pudiera ser una agente de los servicios secretos de Marruecos. Juan Carlos Monedero fue puesto sobre aviso. Pero Iglesias ya se había encaprichado de su asistente.

El coronel Diego Camacho, exagente del CNI, coautor junto a Fernando J. Muniesa de La España otorgada (2005), también afirma que Bousselham está vinculada a los servicios de inteligencia de Mohamed VI. Camacho ha escrito que:

Según la Constitución de Marruecos, todo marroquí desde que nace hasta que muere debe lealtad al sultán y no puede renunciar a su nacionalidad. La falta a esa lealtad es un delito de alta traición, condenado de 20 años de prisión a la pena de muerte. Es evidente que habiendo estado Bousselham vinculada a los Servicios de Inteligencia su vinculación ha perdurado en el tiempo y no puede extinguirse, como Iglesias tiene la obligación de saber.

El Gobierno tiene el deber inexcusable de comprobar todo el material informativo que han proporcionado los medios de comunicación implicando a tres personas, uno de ellos vicepresidente del Gobierno. Las vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo y los intereses marroquíes de un miembro del Consejo de Ministros afectan gravemente a la seguridad nacional e inciden negativamente en la eficacia e imagen del Ministerio de Defensa y del CNI, instituciones encargadas de protegerla[139]

Es durante la estancia en Europa de Pablo y Dina cuando Podemos cambia radicalmente su línea política en relación al Sáhara; una posición que preocupaba a Mohamed VI, teniendo en cuenta el auge de la formación política radical en España. Según publicó El Mundo en julio de 2020, Dina estaba en contacto con un agente de la DGED (servicios secretos marroquíes) en Madrid.

Antes, Pablo Iglesias había asistido en noviembre de 2014 a la 39ª Conferencia de Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebró en la Universidad Complutense de Madrid. Allí se abrazó públicamente al líder del Frente Polisario, Mohamed Abelaziz, y declaró que «España sigue siendo administrador y soberano del Sáhara Occidental, así que jurídicamente Marruecos está invadiendo un territorio colonial español explotando ilegalmente sus recursos». La prensa marroquí arremetió contra el líder de Podemos, al que por entonces tachaban de ser antimarroquí. A Mohamed VI le preocupaba que un partido en alza como Podemos capitalizara el tema saharaui en su contra, pero también la postura de Iglesias por si llegaba al Gobierno.

Curiosamente, en 2015 ya nada quedaba de la posición política original de Podemos en relación con Marruecos. Una postura tradicional en la extrema izquierda española. Podemos pasó de participar activamente en el «grupo europarlamentario de apoyo al Sáhara» a adoptar una posición política meramente simbólica. Iglesias dejó de apoyar al Frente Polisario, alineándose con los intereses de Marruecos en la cuestión saharaui. Podemos guardó silencio cuando el cierre de la delegación consular en el Sáhara Occidental en febrero de 2020 obligó a 12.000 saharauis con nacionalidad española a trasladarse hasta Rabat para realizar gestiones administrativas. No presentó ni una mísera moción municipal, cuando en los años noventa el tema, liderado por Izquierda Unida, era recurrente en los plenos municipales. Cuando Marruecos oficializa, en pleno estado de alarma, la ampliación de sus aguas territoriales, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hizo mutis por el foro.

¿Qué motivó el cambio ideológico de Iglesias? Hay que tener en cuenta que es un personaje que siempre antepone la ideología a la realidad y al pragmatismo político. Por tanto, algo tuvo que haber que lo convenciera.

Una vez de vuelta en Madrid en 2015, Dina fue colocada por Podemos en el ayuntamiento de Coslada como asesora de la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, capitaneada por Santiago de Miguel Esteban, a razón de 3800 euros mensuales. Fue en ese periodo cuando, según su versión, encontrándose en un IKEA junto a su entonces novio, Ricardo Sá Ferreira, se produjo el supuesto robo del móvil de ambos, junto con el abrigo de él, una cartera de color marrón, documentos de identidad belga y portuguesa, una tarjeta de crédito y una de débito, permiso de conducir, 10 euros en metálico y un móvil BQ Aquarius m5 de Sá Ferreira de color negro, además de un móvil Sony Xperia Z2 de color negro con funda morada de Dina Bousselham. Al menos así constó en el atestado policial de la denuncia presentada por la pareja en comisaría en diciembre de 2015.

En Podemos hubo quien sospechó, sin embargo, que la denuncia era una tapadera para encubrir que era la propia Dina quien estaba filtrando contenidos del móvil a la prensa. El juez Manuel García-Castellón trató en verano de 2020 de deshacer el enredo del robo. ¿Realmente existió dicha sustracción? En todo caso, resulta increíble que, de tener Dina información sensible contra Iglesias y Podemos, no hiciera copia de la misma o no se la enviara a nadie que, a su vez, hiciera copias. Para el juez Manuel García-Castellón la cosa estaba clara:

Es importante destacar que, entre los autos de 27 de enero de 2017 y 7 de mayo de 2018 y el 27 de marzo de 2019, lo único que había cambiado había sido la aparición en el domicilio de Villarejo de unas carpetas en las que aparecían archivos procedentes de la microtarjeta SD procedente del teléfono de Dina Bousselham. Debemos recordar que ese hallazgo no modificaba lo que se había publicado en julio de 2016, imágenes que Dina Bousselham había enviado a terceras personas desde su propio dispositivo, extremo del que tanto Iglesias como Bousselham eran plenamente conscientes. Es sobre la base de estas premisas cuando se entiende la consciente y planificada actuación falsaria desplegada por Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública, y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales.

Retrocediendo en el tiempo, en 2015 Dina salía con Sá Ferreira, sociólogo nacido en 1987 y formado en las universidades de Kent, Oporto y Bruselas, que en aquel momento trabajaba en la Eurocámara como asesor del grupo Izquierda Unitaria Europea. En Europa fue asesor de la secretaría general del partido en la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública. Posteriormente se trasladó a Madrid como asesor en el congreso de la formación morada (2017-2019). En 2020, Sa Ferreira trabajaba como asesor parlamentario de Podemos en Bruselas. Es precisamente allí, en la capital belga, donde conoce a Dina y a Iglesias; después se vino con ellos a Madrid como parte de su equipo electoral. Dina y Ricardo se casaron en 2018 en Portugal. A su boda no acudió Iglesias, pero sí lo hizo Ramón Espinar. Actualmente está separado de Dina.

Fue Sá Ferreira quien mandó la tarjeta de Dina a una empresa especializada en reparaciones. Una empresa madrileña, Gales Recuperación Express, que cuenta con sociedades en Cardiff y Berlín, ciudades en las que habría estado la SIM más famosa de España. La tarjeta fue recogida por el servicio de mensajería de DHL y enviada a la sede central sita en el Reino Unido de la compañía. Llegó al laboratorio central el 29 de septiembre de 2017. Allí concluyeron que la tarjeta era «irrecuperable» con las técnicas habituales, por lo que pidieron a su cliente, Sá Ferreira, 660 euros por intentarlo por otras vías, pero sin garantizar la recuperación. El 18 de octubre el sociólogo de Podemos decide no proceder a su reparación, por lo que se devuelve la SIM el 30 de octubre de 2017 por correo ordinario gratuito. En el informe remitido al juzgado que instruía la causa aseguran que la SD estaba «físicamente intacta, no tenía cortocircuitos y a los datos que contenía no se podía acceder utilizando un software especializado en recuperación de datos». Es decir, la tarjeta llegó a la empresa ya irrecuperable.

Para el juez Manuel García-Castellón Dina Bousselham y Sá Ferreira mintieron en sede judicial. Ella había comparecido el 26 de marzo de 2019 ante la Audiencia en calidad de testigo-perjudicada; él lo hizo el 29 de marzo de 2019.

En enero de 2016, Pablo Iglesias se enteró por Antonio Asensio Mousah, del grupo Zeta, del contenido de la tarjeta de Dina. Lo que allí había debió de asustar tanto a Asensio, que decidió llamar a Pablo Iglesias en persona para devolvérsela. Un trasiego de una tarjeta de la que tienen que existir copias pese a la destrucción de la original, y en la que también está involucrado el periodista y exdirectivo de Interviú, Alberto Pozas, imputado en abril de 2019 junto a Luis Rendueles en el caso Dina. Pozas era director de la publicación cuando la tarjeta SIM llega a la misma. Tras ser imputado presentó su dimisión como director general de Información Nacional de Moncloa. En octubre de 2020 el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acordó continuar el procedimiento por estos hechos contra el excomisario José Villarejo, Alberto Pozas y Luis Rendueles por delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Fuentes del CNI aseguran que la tarjeta contenía imágenes del líder comunista con personalidades extranjeras que podrían ponerle a él y a su formación en un serio compromiso. Para el juez instructor Manuel García-Castellón la cosa está clara:

Podemos concluir que la única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder de Iglesias, pues la microtarjeta funcionaba en el momento en el que Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando Iglesias se la devuelva a Bousselham.

Según declaró Iglesias ante el juez, él se quedó varios meses con la tarjeta antes de devolvérsela a Dina. Es la propia Dina quien entrega la tarjeta micro-SD de la marca Samsung de 32 Gb de capacidad a García-Castellón. Que en la misma había «fotos íntimas» lo declaró Pablo Iglesias, quien ya por entonces había decidido montar una inexistente operación de «las cloacas destinada a acabar con Okdiario». Sea como fuere, la abogada de Podemos Aina Díaz, dejó por escrito en julio de 2016, en el chat del equipo jurídico de Podemos, que los pantallazos del móvil de Dina que aparecieron publicados en Okdiario los hizo la propia Dina, como acreditó la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y ratificó el juez instructor en su exposición razonada ante el Tribunal Supremo, por lo que la acusación de Podemos y sus terminales mediáticas contra el periodista Eduardo Inda, al que trataban de implicar en asuntos turbios, dejó de tener sentido.

Una vez más, García-Castellón lo deja claro:

La publicación de las imágenes en el digital Okdiario llevó a que a finales de julio de 2016, se reunieran varios altos cargos del partido Podemos, entre ellos, el aforado Pablo Iglesias, secretario general y máximo dirigente del partido y la responsable de los servicios jurídicos de Podemos, Gloria Elizo, actualmente diputada del Congreso de los Diputados y vicepresidenta tercera de esta Cámara. En esta reunión, Iglesias explicó a sus compañeros que sabía que las imágenes publicadas eran fruto de una filtración de gente del propio partido (…). Con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad, atendiendo a lo instado por el secretario general del partido, Elizo diseña, junto con los letrados Raúl Carballedo y Marta Flor, una estrategia procesal basada en simular la existencia de una conexión temporal y material entre la publicación de las imágenes en el digital en el mes de julio de 2016 y la desaparición de los efectos de Dina Bousselham el 1 de noviembre de 2015, tratando de involucrar a Okdiario y sus principales responsables en los hechos (…). Aparentemente, el aforado insta a los servicios jurídicos de su partido a presentar la denuncia por la sustracción de los efectos de Dina y su posterior publicación. La realidad, sin embargo, era que el aforado no pretendía esclarecer ni un delito de hurto (o robo), ni un delito de descubrimiento o revelación de secretos, sino solo actuar contra el digital Okdiario. Los actos procesales llevados a cabo ante el Juzgado de Alcorcón revelan el ardid: el nulo interés de la organización por esclarecer la presunta existencia de un delito de hurto y de un delito de revelación de secretos.

Pero, pese a la complicada situación en que Bousselham puso a Podemos, ellos siguieron contando con ella. En mayo de 2020 anunció que dejaba Podemos Madrid, en donde había apoyado en 2016 a Ramón Espinar frente a Rita Maestre, para hacerse cargo en marzo de 2020 de una página web llamada La Última Hora, órgano de comunicación oficioso de Podemos que tuvo que cambiar de dominio por resolución del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, tras una demanda del diario balear Última Hora.

También en 2020 la Fiscalía de Madrid investigaba si el fiscal anticorrupción Stampa, apartado por Dolores Delgado una vez conocido el escándalo, cometió un delito de revelación de secretos por compartir información confidencial del caso en el que representaba al Ministerio Público, con la abogada defensora de Podemos, Marta Flor Núñez García, otro personaje clave de la formación. Al menos desde marzo de 2018, los fiscales Anticorrupción de la causa, Ignacio Stampa (Ironman) y Miguel Serrano, habían comenzado a celebrar reuniones de trabajo con los letrados de Podemos, después de que el juez instructor hubiese aceptado la personación de la formación morada en el caso como acusación popular. Ambos habían sido denunciados por el comisario Villarejo por sus connivencias con Podemos. De Stampa se supo que había mantenido una relación íntima con Marta Flor, quien llegó a hablar en un chat de la formación de una posible boda entre ambos.

La exposición razonada que el juez Manuel García Castellón elevó al Supremo pidiendo imputar a Pablo Iglesias no dejaba lugar a dudas de la trama:

Pablo Iglesias ve en la aparición de los archivos DINA 2 y DINA 3 (en casa de Villarejo), una oportunidad para lograr un rédito electoral, aparentando ser víctima de una actuación de Villarejo y ordena a Gloria Elizo, a través de la letrada Marta Flor, para repetir, de nuevo y a sabiendas de su falsedad, la denuncia en la que se simule la conexión material y temporal entre la desaparición de los objetos de Dina Bousselham el 1/11/2015, y la publicación de las imágenes en el digital Okdiario en el mes de julio de 2016 (…). En esencia, el fundamento de la falsedad sigue siendo el mismo: imputar a los denunciados a sabiendas de su inverosimilitud, su participación en la desaparición de los efectos de Dina Bousselham, sosteniendo el ardid de la conexidad entre la publicación de las imágenes (resultado de la filtración de la propia Dina) y la desaparición del teléfono el día 1/11/2015. De este modo, puede concluirse que la personación de Iglesias, en la pieza separada nº 10 de las presentes diligencias previas, y su denuncia tenían una finalidad estrictamente de oportunidad política.

Blanco y en botella. Tal simulación es la que llevó al vicepresidente del Gobierno en octubre de 2020 a estar al borde de la imputación por los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa con agravante de género.

Pero retrocedamos en el tiempo. Dina fue la número ocho en la candidatura autonómica de Podemos que Iñigo Errejón iba a encabezar, antes de la ruptura de este con Iglesias, en enero de 2019. El censo para las candidaturas autonómicas de 2019 se cerró el 31 de enero sin que el Ministerio del Interior hubiera concedido a Dina la nacionalidad española, solicitada en el año 2016. La petición de moratoria le fue denegada. Ella, para justificar su imposibilidad de acceder a la nacionalidad española, alegó que le pedían pasar un examen, algo que para una licenciada que habla seis idiomas y conoce perfectamente la cultura española no debería de ser un problema. ¿Sabía el Gobierno de Mariano Rajoy que era una espía marroquí? Fuentes cercanas al CNI afirman que, en realidad, España no estaba dispuesta a otorgar la nacionalidad a una espía marroquí.

Podemos intentó tapar el escándalo con la estrategia habitual: denunciar otro escándalo. Pidieron una comisión de investigación parlamentaria, con conclusiones ya escritas, para tratar de embarrar el trabajo que el juez Manuel García-Castellón llevó a cabo en la Audiencia. Se negaron, por otra parte, contando con la complicidad del PSOE, a que su líder compareciera en el Congreso, alegando que se trataba de un tema privado. La comparecencia fue vetada pese a que la práctica parlamentaria del Congreso establece en norma no escrita que cuando una comparecencia la solicitan más de dos grupos, se concede. Y la petición la habían realizado tres grupos: PP, Ciudadanos y Vox.

El caso Dina reúne no pocos ingredientes del giro autoritario de la izquierda: manipulación de la fiscalía, campañas de desprestigio contra la prensa y los jueces, invención de conspiraciones contra el líder del pueblo, e incluso espías y servicios secretos. Pusieron en marcha una estrategia procesal basada en la simulación que también trataba de involucrar al Partido Popular en la misma.

Cuando en septiembre de 2020 el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón remitió al Tribunal Supremo para que este pidiera suplicatorio al Congreso para investigar a Pablo Iglesias, Podemos, con las declaraciones de sus dirigentes, dejó claro que desprecia la división de poderes, conditio sine qua non, junto con la representación, de la democracia. Las declaraciones de personajes como Pablo Echenique o el propio Iglesias mostraban un desprecio hacia la judicatura como jamás se había visto. Arremetieron hasta tal punto contra el magistrado que todas las asociaciones de jueces, progresistas y conservadores, tuvieron que salir en defensa de su compañero.

Pero no solo el caso Dina acechó al vicepresidente: el diario El Mundo dio a conocer que Irán habría inyectado en solo tres años 9,3 millones de euros a la productora 360 Global Media SL responsable de La tuerka y Fort Apache. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, en informes remitidos a la Policía Nacional y referentes a los años 2012 a 2015, habla de 16 empresas bajo sospecha que podrían estar blanqueando fondos a través de 67 ingresos. Uno de los bancos que aparece recurrentemente en el informe es el Emirates NBD, como publicó el periodista Fernando Lázaro. Desde allí se emitieron nada menos que 56 de las 67 transferencias bajo sospecha. El grueso de las operaciones tuvo lugar en los años 2012 y 2013. Pablo Iglesias en persona recibió 93.000 euros de 360 Global Media. El SEPBLAC detectó 23 transferencias directas al líder de Podemos, realizadas entre enero y junio de 2013, poco antes de la constitución de Podemos. El origen de los fondos es la teocracia iraní.

Coincidiendo con la explosión en medios del caso Dina se publicaron los tejemanejes de los abogados de Podemos, encabezados por la abogada Marta Flor Núñez García, miembro del Colegio de Abogados de Madrid desde mayo de 2003. Una letrada responsable de la falsa querella por acoso sexual presentada contra José Manuel Calvente, quien fuera coordinador del equipo legal de Podemos y que había denunciado irregularidades en el seno de la formación. Según el propio Calvente fue apartado cuando señaló como sospechosa a Dina, negándose a participar en la trama por no tener «recorrido procesal» que daría origen a la instrucción de la Audiencia Nacional. Calvente fue despedido por Podemos en diciembre de 2019 bajo acusaciones de hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones. La acosada, Marta Flor, abogada de Bousselham y amiga íntima del fiscal Stampa, fue contratada por Podemos en el año 2016.

Marta Flor Núñez trabajó al menos desde el año 2006, en el bufete Núñez y Sánchez Abogados y Asesores de Empresas S.L., empresa sita en el madrileño municipio de Leganés, dedicada al asesoramiento y servicios a empresas y particulares en temas fiscales, contables y laborales, de la cual era administradora solidaria. A partir de 2008 administró solidariamente junto a Ana Barajas Sánchez la empresa Servicios Sociales y de Salud a la Comunidad S.L., con domicilio en Rivas Vaciamadrid (Madrid). Su objeto era la gestión de recursos sociales, públicos y privados, en diferentes áreas. Marta Flor se desvinculó de esta empresa en marzo de 2008, quedando como administrador único el psicólogo forense y coach José Antonio Clemente Navarro. Esta empresa fue la adjudicataria, en el año 2011, del Servicio para el Programa del Punto de Encuentro Familiar, por importe de 66.500 euros del municipio de Rivas Vaciamadrid. El alcalde era José Masa, de Izquierda Unida, hoy subsumida en Podemos. En 2012 el Punto de Encuentro Familiar fue cerrado, ya que el consistorio no estaba dispuesto a seguir financiándolo.

Núñez García, cuyas cuotas del colegio de Abogados se ha conocido que estuvo pagando Podemos, fue uno de los letrados que interpusieron en nombre de dicho partido querella por prevaricación contra el magistrado y presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, para quien solicitaba 20 años de inhabilitación por paralizar una sentencia en el juicio interpuesto por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid sobre liquidación del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario. El juez había paralizado la sentencia que ordenaba que los bancos debían de pagar los gastos hipotecarios. La querella fue archivada porque la Sala Segunda no es competente para investigar a jueces. Un error de principiantes que, sin embargo, no tuvo consecuencias en su relación laboral con el partido de extrema izquierda. Podemos había llegado a pedir «el listado de llamadas e identificación de los titulares de las líneas telefónicas, recibidas por Díez-Picazo tanto a sus teléfonos particulares como a los teléfonos de su despacho en el Tribunal Supremo» en las fechas en que dictó su sentencia.

También representó a Pablo Iglesias en uno de los juicios que perdió contra Okdiario. En este caso se trataba del pago por importe de 272.325 euros que Iglesias había recibido del Gobierno de Venezuela en una cuenta a su nombre en el Banco Euro Pacific, del paraíso fiscal Islas Granadinas. Un pago del que, curiosamente, nada se ha vuelto a saber. El juez instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, señaló que Pablo Iglesias habría usado la simulación montada en torno a Dina Bousselham para «paralizar el fallo en el Supremo de la causa de Granadinas».

En un recurso presentado por la abogada con el sello del letrado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa relativo a la Operación Lezo, dicha asociación acusó a la letrada podemita de haber usado el sello sin su consentimiento. Justo Rodríguez envió un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional afirmando que «la mencionada letrada no es ni ha sido miembro de ADADE, ni está autorizada a ejercer en nombre de la asociación». Por tanto, quedaba «desautorizada para cualquier gestión, diligencia o petición que formule ante el Juzgado».

«La animadversión hacia mí de la Gerencia (Rocío Val) y de la Secretaría de Organización Estatal (Alberto Rodríguez), generada por las falsas acusaciones e instigaciones de la abogada del partido, Marta Flor, contra mí por un inexistente acoso laboral y que obedecen únicamente a su venganza por considerarme responsable de su salida del equipo legal y de perjudicarla en favor de la abogada doña Azahara Botella, cuando la realidad es que su salida del equipo se debió a la acumulación de causas objetivas graves y debidamente justificadas», sostiene Calvente en un escrito dirigido a Alberto Rodríguez, número 2 de la formación. Calvente sostiene que fue despedido de Podemos, junto con la abogada Mónica Carmona, porque ambos decidieron abrir una investigación interna por presuntas «irregularidades financieras, en materia laboral y de limpieza en la realización de consultas y primarias».

Calvente, por su parte, acusa a Marta Flor de:

Mostrar a los miembros del equipo legal y a otros compañeros del partido conversaciones privadas y comprometidas en Telegram mantenidas por ella con trabajadores, cargos internos y miembros de la ejecutiva, como coqueteos de índole sexual y sentimental, entre los que te encuentras tú mismo Alberto (Alberto Rodríguez). Todo el equipo legal y más gente de fuera del partido han visto tus mensajes subidos de tono enviados a doña Marta Flor y sus comentarios de «mira lo que me dice Alberto, tenemos un tonteo que no sé cómo va a acabar».

Otro montaje que a Podemos le salió mal, ya que la denuncia contra Calvente por hostigamiento, acoso laboral, acoso sexual y lesiones, fue archivada por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, tras no encontrar la Fiscalía indicio alguno de delito contra el abogado que ha demandado a Podemos. En el auto de archivo penal del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, archivo también solicitado por la Fiscalía, la magistrada afirma que no se ha acreditado el acoso sexual, «ante la falta de evidencia de favor sexual alguno». Para la juez «no se han acreditado actos hostiles ni humillantes, sino graves desavenencias personales que trascendieron al ámbito laboral del equipo laboral de la formación política». José Manuel Calvente demandó por vía laboral a Podemos, reclamando la nulidad de su despido. Las partes litigantes llegaron a la conciliación previa al juicio, al reconocer en octubre de 2020 Podemos la improcedencia de su despido. La juez separó de la demanda laboral la petición de Calvente de indemnización por vulneración de su derecho al honor, para que este pudiera reclamar por la vía penal o civil. Llovía sobre mojado: el exdiputado regional de Podemos en La Rioja Germán Cantabrana denunció que contra él también se presentaron acusaciones falsas de acoso sexual o laboral para quitárselo de en medio: «Cuando vi lo de Calvente, entendí que era la misma táctica que conmigo, más o menos. La persecución es estándar: presentas una denuncia por cualquier tipo de acoso y nadie te va a decir nada», explicó Cantabrana en declaraciones a ABC el 16 de agosto de 2020. Cantabrana fue expedientado en 2017 por acoso laboral. Fue Marta Flor quien se desplazó a la región para investigar las supuestas denuncias. En junio de 2018, coincidiendo con las pesquisas de la letrada podemita, se filtró a la prensa el supuesto acoso, que conllevó el descrédito personal y laboral del entonces diputado:

Me echaron. Me hicieron una campaña en la que participaron los órganos del partido. Me llamaron maltratador, acosador. Empezaron a correr rumores y a pedir mi dimisión como diputado. Del Parlamento no me podían echar porque el acta es mía y, además, todo el grupo estaba conmigo menos la diputada que quería mi posición y a la que, de hecho, contrataron con mi sueldo.

Su cese fue declarado nulo por el Juzgado de lo Social número 1 de Logroño en febrero de 2019. Un fallo que fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia.

Por su parte, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid acordó en junio de 2020 la inadmisión y archivo de la querella por injurias con publicidad que presentó Marta Flor Núñez García contra Calvente.

El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional pidió en septiembre de 2020 la imputación de Marta Flor por los delitos de acusación o denuncia falsa y/o simulación de delito de los artículos 456 y 457 del Código Penal en relación con el caso Dina.

Calvente había comenzado a investigar irregularidades internas de Podemos, vinculadas a su financiación. Podemos podría haber incurrido en malversación y administración desleal del partido, las acusaciones que los morados arrojaban a diario a la cara de los populares, coincidiendo con el caso Bárcenas. Después del despido de Calvente fue Alberto Rodríguez, conocido por la opinión pública por las rastas que luce en el Congreso de los Diputados, quien repescó a Marta Flor para el equipo legal de Podemos.

Fue también Calvente quien denunció ante la Guardia Civil una trama relacionada con la consultora mexicana Neurona Consulting y Juan Carlos Monedero, quien habría actuado según la investigación puesta en marcha como comisionista a través de Neurona Comunidad y la brasileña ABD Europa Unipessoal LDA.

Neurona está vinculada al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), una empresa con sede en Quito, fundada por exbecarios de Prometeo y la propia Neurona Consulting tras la caída en desgracia de CEPS y posteriormente investigada por el Tribunal Supremo venezolano en el exilio. Ambas empresas funcionaron en Ecuador y comparten la misma sede social en dicho país. Las dos tienen como socio fundador al argentino Guillermo Oglietti, doctor en economía aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del programa Prometeo. Monedero es parte del consejo consultivo de CELAG, que nació como institución dedicada a «la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina». Con CELAG, cuyas oficinas se encuentran en las dependencias del Instituto de Altos Estudios Nacionales, también estuvieron vinculados Iñigo Errejón, Sergio Pascual y Alfredo Serrano Mancilla. Serrano Mancilla, doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de El pensamiento económico de Hugo Chávez, (Ed. Intervención Cultural, 2014), asesoró al Gobierno de Nicolás Maduro en materia económica. El propio Maduro, quien ha hundido al país en la miseria, llegó a calificar a Serrano Mancilla de «Jesucristo de economía». Mancilla escribió en 2011 junto a Iñigo Errejón ¡Ahora es cuándo, carajo! Del asalto a la transformación del Estado en Bolivia. Tiene un programa de podcast , La pizarra, en el que ha entrevistado a insignes socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero, Evo Morales, el argentino Alberto Fernández, Rafael Correa o el colombiano Ernesto Sámper. Lo mejor de cada casa.

En verano de 2020 el ingeniero de telecomunicaciones y primer secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual, seguía figurando en el consejo ejecutivo de CELAG. Juan Carlos Monedero aparecía en su página web como miembro del consejo consultivo. Desde CELAG explicaron que «al igual que otros profesores como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, las actividades realizadas se enmarcan en nuestra misión como centro de pensamiento que estudia los procesos políticos y económicos de América Latina». El expresidente del Gobierno español, artífice de la ruptura del consenso social en España, no anda lejos de todo el entramado. Algo que quedó de manifiesto cuando en noviembre de 2020 y, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia a la que acudieron el rey de España y Pablo Iglesias, firmó un manifiesto junto a los herederos del totalitario Foro de Sao Paulo.

La denuncia contra Podemos está siendo investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 42 de Madrid. Neurona Consulting fue contratada para las campañas electorales de Podemos del año 2019. Calvente, quien ha denunciado el pago de «sobresueldos» en Podemos, acusa a Monedero de haber facturado trabajos ficticios a Podemos. Precisamente por un contrato de 2019 de Neurona Comunidad fue imputado el responsable de finanzas de Podemos y pareja de Isabel Serra, Juanma del Olmo. El periodista de Libertad Digital, experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez, dio a conocer en septiembre de 2020 que desde Podemos se estaría intentando coaccionar a Calvente para que no declarase contra Iglesias. «No ha parado de recibir presiones y acoso de dirigentes de Podemos, incluso de sus antiguos compañeros del equipo jurídico. Quieren que guarde silencio… A través de mensajes y llamadas telefónicas le trasladan que su declaración puede traer consecuencias negativas para muchas personas y que se puede volver contra él», señaló. Según fuentes cercanas a Calvente, una posible imputación de Iglesias pondría en riesgo la coalición gubernamental de PSOE y Podemos, y que «por tanto, el aparato del Estado podría tomar represalias contra él».

El excoordinador del equipo legal había presentado en la denuncia formulada contra Podemos más de 40 documentos, que llevaron al juez Escalonilla, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 42 de Madrid a imputar a Podemos por un delito de malversación de caudales públicos. Los que tanto criticaron al PP, al que llamaban «delincuente» y «organización criminal» por el caso Bárcenas comenzaron a probar en agosto de 2020 de su propia medicina. También el Tribunal de Cuentas estaba detrás de la financiación irregular de Podemos, dejando claro que el objeto social de Neurona no coincide con los servicios contratados por Podemos para las elecciones del 28 de abril de 2019; pero es que, además, el tribunal sostiene que no ha quedado acreditado que dichos servicios llegasen jamás a ser prestados. El Ministerio Fiscal adscrito a tal tribunal consideró que se podían haber cometido dos delitos: electoral y falsedad documental en relación a las cuentas presentadas por el partido en las elecciones del 28 de abril de 2019 por importe de 363.000 euros. Por supuesto, con Neurona de por medio. Los trabajos realizados por la consultora habían tenido lugar antes de la campaña electoral. Por su parte, la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de la UDEF identificó en un informe remitido al Juzgado número 42 a Pablo Echenique como apoderado de una de las cuentas corrientes desde las que se envió el dinero a Neurona Comunidad.

Neurona Consulting, empresa mexicana, ya recibió en su día dinero de Evo Morales por la realización de 169 vídeos cortos. De hecho, fue investigada en Bolivia por tráfico de influencias, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con la función pública. Cuatro funcionarios de Bolivia fueron detenidos en diciembre de 2019 por los contratos relacionados con ella. La beneficiada, exministra de Comunicación de Evo Morales, Gisela López, huyó del país y se refugió en la Argentina del kirchnerismo .

Fundada por el periodista César Hernández Paredes, Neurona también ha colaborado con las campañas electorales de otros insignes socialistas populistas como Manuel López Obrador (México) o Nicolás Maduro (Venezuela). A dicha consultora se incorporaron Juan Carlos Monedero y el que fuera jefe de gabinete de Pablo Iglesias, Pablo Gentili. Dado el origen mexicano de la consultora, no es de extrañar que los pagos de Podemos a Neurona acabasen en una empresa tapadera, Creative Voice Interactive Group, de un barrio de la ciudad mexicana de Guadalajara, como publicó el diario El Mundo en septiembre de 2020. Se trata de una empresa sin experiencia en procesos electorales, fundada en 2015.

La vinculación entre Neurona Consulting y Podemos parece clara. Fue la formación morada quien propuso a la Unión Europea que contratase a la consultora mexicana por importe de 5900 euros para realizar un vídeo con motivo de la participación podemita en el Encuentro Nacional de Mujeres «Somos Plurinacionales y Divergentes» celebrado en Buenos Aires y La Plata entre el 10 y el 15 de octubre de 2019. Al encuentro, organizado por la Universidad de Buenos Aires en colaboración con Clacso-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, acudía la eurodiputada y amiga personal de Pablo Iglesias, María Eugenia Rodríguez Palop.

En relación a Neurona, el Tribunal de Cuentas español detectó que la factura presentada por Podemos estaba emitida quince días antes de que esa empresa se inscribiera en el Registro Mercantil español, y que el contrato no especificaba la valoración económica de los trabajos a realizar. Esto significaba que no se habían constatado las prestaciones y que el dinero podía haberse desviado o utilizado para otros menesteres.

El desembarco de Neurona tuvo lugar en el municipio madrileño de Alcorcón, gobernado hasta 2019 por David Pérez, Consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y político especialmente enfilado por la izquierda española por sus posiciones liberales y provida. Allí Neurona asesoró a Jesús Santos, coordinador de Podemos de la Comunidad de Madrid y empleado de la empresa pública de limpiezas ESMASA.

Calvente señala a Juan Carlos Monedero como el intermediario, «obteniendo fondos mediante contratos simulados, que luego servían tanto para su propio beneficio personal —a través de comisiones de intermediación cobradas por Monedero— como para financiar a partidos extranjeros y, posiblemente, también a Podemos, a través de microcréditos». Santos había sido criticado duramente por Pérez en 2016 al descubrirse que pertenecía a un grupo ultra de fútbol de Alcorcón llamado Petakahools. Un grupo violento que llegó a pegar palizas a quienes portaban banderas de España durante las famosas caceroladas que tuvieron lugar durante la pandemia a lo largo y ancho de toda España. Su ideología es de extrema izquierda y estuvieron envueltos en la reyerta junto al Vicente Calderón cuando apoyaron a hooligans del Riazor Blues. La pelea, que tuvo lugar en 2014, acabó con la muerte de un hincha gallego al caer al río Manzanares, Jimmy, que recibió una paliza para ser posteriormente tirado al agua. Falleció por traumatismo craneal, parada respiratoria e hipotermia. Hubo 24 detenidos y 12 heridos, además del fallecido.

Los responsables de Podemos también fueron llamados a declarar por el juez Escalonilla en relación con el arquitecto de las obras de la nueva sede de Podemos, de 658 metros cuadrados de planta en cuatro pisos, comprada a través de la tía de Pablo Iglesias, pese a existir 5 ofertas más económicas, así como los responsables de las empresas que hicieron la reforma. El coste de la obra ascendió a más de 2 millones de euros. Paloma Pérez-Marín Turrión se embolsó 72.600 euros por la operación. Y Rafa Mayoral por disponer de los fondos de la llamada «caja de resistencia» de Podemos, también fue investigado. Se trata de averiguar qué hizo con 50.000 euros procedentes de dicho fondo.

Por otra parte, según publicó el periodista Carlos Cuesta en Okdiario en septiembre de 2020, Pablo Iglesias se habría embolsado personalmente entre los años 2008 y 2009 más de 1,3 millones de euros con origen en la narcodictadura venezolana a través de la Fundación CEPS, de cuyo Consejo Ejecutivo era miembro, por entre otras cuestiones, encargarse de desplazar técnicos en materia de Seguridad Social a Caracas. Hugo Chávez, antes de morir, había firmado entregar 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Vestrynge y Pablo Iglesias con el fin de «llevar la revolución a España y luchar contra el capitalismo», según los documentos que investiga cuidadosamente la fiscalía norteamericana.

Todas estas irregularidades lo que demuestran es que Podemos, desde sus inicios, es una formación política financiada por países extranjeros nada democráticos, destinada a destruir el sistema constitucional español. Es la franquicia de los totalitarios del Foro de Sao Paulo, una organización fundada en 1990 por el partido de Lula da Silva. Un entramado de partidos políticos y grupos de izquierda latinoamericanos, desde reformistas hasta colectividades políticas de izquierda revolucionaria, incluso organizaciones declaradas por conocimiento público cómo terroristas y guerrillas en América Latina, vinculadas también al narcotráfico internacional.

Ante su probable imputación, Pablo Iglesias avanzó de inmediato que no pensaba dimitir «ni como simple hipótesis». Era lógico. ¿Cuándo se ha visto al líder de un proyecto totalitario respetar los usos y maneras propios de las democracias? En lugar de ello, Iglesias se arropó en el victimismo, afirmando que su imputación, que consideraba «inconcebible», sería una vulneración del derecho, ya que se le estaría investigando «por sus ideas». Imputarle a él sería «perjudicar la calidad de la democracia». Nada más alejado de la realidad. Al jefe del populismo socialista se le iba a juzgar por delitos tipificados en nuestro Código Penal. Es más, el vicepresidente podría, en aplicación del artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haber declarado voluntariamente ante el Tribunal Supremo sin que se votase el suplicatorio. Se negó.

CÓMO MUERE LA DEMOCRACIA

La colonización del Estado

El Estado es la piedra angular del arco social. Moldea la forma y la sustancia de la miríada de vidas humanas cuyo destino está decidido.

HAROLD LASKI, A Grammars of Politics (1925)

El Estado se puede colonizar de dos maneras: desde fuera, tomando el poder por la fuerza, o desde dentro, una vez se ha conseguido el Gobierno de forma legal. Lo explicó muy bien el francés Gabriel Naudé, creador de la expresión coup d’état . Naudé consideraba que el golpe de Estado es la operación dirigida por el príncipe —el Gobierno, diríamos hoy—, orientada a reforzar su poder de forma minuciosa y secreta. Esta vía siempre crea conflictos con el espíritu de las leyes y con la justicia, que denuncian algunas personas o instituciones que pronto son acalladas. El motivo alegado, decía Naudé, era la razón de Estado; esto es, la urgente necesidad de solucionar algún problema grave que ponía en peligro a la comunidad —fuera verdad o no—, cuya solución era la concentración de poder. El golpe necesitaba, añadía el francés, que esa asunción de poderes reportara un beneficio tangible o no al pueblo, al que previamente se le había atemorizado extendiendo la sensación de gravedad del problema citado. El sentimiento de indefensión y, por tanto, de protección de alguien o algo más poderoso, favorecía el sometimiento. Esto era especialmente fuerte si la gente consideraba que el bien común era el que dictaba el poder como máximo intérprete. De aquí se puede colegir que desde el momento en el que la sociedad, cada individuo, asume la preponderancia de la razón de Estado sobre el interés general o particular, la atmósfera totalitaria está instalada.

Es preciso no confundir la toma del Gobierno con la toma del Estado. El Gobierno se puede tomar de forma legal, democráticamente, o bien con un golpe de fuerza. Cuando se tiene el Gobierno, tomar el Estado es la siguiente fase del poder; es decir, en el momento en el que se ha asumido el Gobierno se pasa a ocupar las instituciones, la administración, la Justicia y los organismos de producción y comunicación. Si el Estado, como vio Simone Weil, se ha burocratizado, en el sentido de constituir un ente todopoderoso y omnipresente, con su propia lógica e interés, lejos de la racionalidad y cerca de la arbitrariedad, la clave del poder es hacerse con él. Por esta razón, el objetivo del totalitario es conquistar el Estado, especialmente cuando está presente en todas las facetas de la vida humana reglamentando, prohibiendo y disponiendo de la propiedad de los ciudadanos.

Si un Gobierno quiere perdurar más allá de su fase natural ha de colonizar el Estado. Esto es más evidente en un tiempo en el que se ha pasado de un Estado asistencial al Estado Minotauro, en expresión de Jouvenel para referirse a una situación en la que el individuo sacrifica cada vez más su libertad y responsabilidad para que un organismo todopoderoso, el Estado, procure su bienestar material[140]. Es el mecanismo para conseguir la obediencia. Por el contrario, un Gobierno carece de fuerza excesiva para ser arbitrario cuando el Estado es un mecanismo independiente. Ese es el modelo liberal, porque permite contener la arbitrariedad del poder para salvaguardar los derechos del individuo. El modelo totalitario es otro, aquel en el que Gobierno ocupa las instancias estatales hasta que uno y otro, Gobierno y Estado parecen la misma cosa. De esta manera, un programa gubernamental se impone con más facilidad porque cuenta de su lado con la burocracia, con los engranajes del Estado, con todos los servicios públicos desde la policía a la sanidad, pasando por la información y la educación. El proceso se completa con el tipo de modelo económico: la reglamentación y la injerencia económica son de tal magnitud, que un Gobierno que se confunde con el Estado controla también los servicios privados.

El golpe de Estado tradicional no existe hoy en Occidente. Ni siquiera en el caso del independentismo catalán, que fue primero una toma del Gobierno autonómico, que asumió el papel del Gobierno central en Cataluña, y se erigió en el Estado ese territorio, entrometiéndose en la vida pública y privada de forma completa. Cuando se extendió la idea de que el Gobierno-Estado catalán y la sociedad eran lo mismo, se procedió al golpe definitivo, a la usurpación de la legalidad y legitimidad en el Parlament . Esos fueron los acontecimientos de octubre de 2017, colofón de un proceso que duró cuarenta años. Si antes no se hubiera dado el proceso de inmersión nacionalista en todos los ámbitos de la vida, ese intento de secesión no hubiera tenido ningún peligro. En definitiva, el golpe de Estado es ahora así: primero se toma el Gobierno, luego el Estado, y tercero, aprovechando la atmósfera totalitaria propicia para el movimiento, se asume todo el poder. Incluso, en última instancia, como el golpe tradicional, se trata de sustituir la jefatura del Estado. Esa es la esencia de las ideologías totalitarias: ocuparlo todo para acaparar el poder y cumplir su proyecto.

La creación de la atmósfera totalitaria, con el deseo de un poder fuerte y la deslegitimación de la oposición y de los controles, hace inútil el recurso a la fuerza desplegada por los golpes de Estado tradicionales. No hace falta asaltar el Parlamento, ni cortar las comunicaciones terrestres y telemáticas, ni desarmar a la guardia, ni secuestrar al Gobierno o al jefe del Estado. Eso es lo que describe Curzio Malaparte en su conocido libro Técnicas del golpe de Estado para otro tiempo, aunque la lección es provechosa. El italiano situaba el éxito y el fracaso de un golpe en el control de los sectores estratégicos, de aquellos que aseguran el poder. Y sigue siendo así.

La tentación totalitaria está en la matriz socialista que alimenta al PSOE de Sánchez y a Podemos. Es la necesidad de tener un Gobierno-Estado todopoderoso que, a través de la legislación, transforme al hombre y a la sociedad para recrear su proyecto político. Una vez llegados al Gobierno, Sánchez e Iglesias, más allá de las disputas, compartían el mismo proyecto: colonizar el Estado. Esa colonización se hizo justo en aquello que aconsejaba Malaparte: los medios técnicos que aseguran el poder, adaptados al arranque de la cuarta era industrial, la tecnológica.

De esta manera, los socialcomunistas se hicieron con el control de los organismos que controlan la información y la comunicación, como RTVE, la agencia estatal de noticias EFE —de la que beben en España todos los medios de comunicación—, el CNI, Correos y el CIS. Son los organismos dedicados a crear y controlar la opinión, a construir interpretaciones del mundo y de las personas. A esto siguió la instalación de un ejército de asesores, una burocracia paralela, un cerebro colectivo puesto al servicio de un plan para el asalto al poder, junto a alguna cacicada[141].

Este trabajo no era difícil ni osado porque, como se apuntó, a la atmósfera totalitaria se unió el miedo a la pandemia. Las condiciones psicológicas eran óptimas para generar la necesidad de un gobierno fuerte y omnipresente, legitimado para absorber lo público y lo privado, en aras del bien común, de salvaguardar la comunidad. Esa deriva autoritaria, como apuntó Naudé en el siglo XVII, tenía que ir acompañada de un beneficio material para la gente, aunque fuera fugaz, o una falsa promesa. Ahí aparecieron inmediatamente los Expedientes de Regulación Temporal de Empleos (ERTE) y el Ingreso Mínimo Vital, vendidos como conquistas del pueblo, pero imposibles de asumir y de pagar. Incluso la administración quedó desbordada por la incapacidad para gestionar las peticiones del ingreso mínimo.

La colonización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también se ha producido. Primero tuvo lugar la destitución de Pérez de los Cobos, jefe de la Guardia Civil de Madrid, lo que generó malestar en la Benemérita, a lo que siguió una cascada de dimisiones y ceses, y su conveniente sustitución por una cúpula más cercana al ministerio del Interior. Luego se supo que el ministro había pedido a Pérez de los Cobos que cometiera un delito: la revelación de las investigaciones respecto a la manifestación del 8M y la implicación del delegado del Gobierno en Madrid. El juez iba a juzgar si Franco Pardo, el delegado socialista, había ocultado información sobre la pandemia para que se celebrara dicha manifestación. Pérez de los Cobos se negó y fue destituido. A este cese se unió la dimisión de Laurentino Ceña, director adjunto operativo de la Guardia Civil. El malestar que produjo en las fuerzas del orden y en la oposición hizo que los socialistas y los podemitas empezaran a hablar de «ruido de sables», de un golpe de Estado militar para acabar con el «gobierno de progreso». Una vez más se trataba de generar miedo y de señalar al enemigo para absorber más poder y colonizar el Estado.

Luego, durante el verano de 2020, se anunció que Grande-Marlaska, titular de Interior, estaba preparando un nuevo reparto de competencias entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ese cambio suponía también una modificación en la estructura organizativa. Los cambios afectaron a la ciberseguridad, que dejó de estar en manos de la Guardia Civil y pasó a la Policía Nacional. No había razón para este cambio porque había un organismo conjunto, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad, que funcionaba con alto rendimiento. El plan para el cambio lo elaboró José Antonio Rodríguez, comisario de Policía y director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Es justo en esta Secretaría en la que recayó la ciberseguridad.

La reestructura del Ministerio del Interior alcanzó también a las competencias penitenciarias que aún estaban en manos del Gobierno central, porque Sánchez cedió al Gobierno vasco la guardia y custodia de los presos etarras. Desde agosto de 2020, la competencia en política penitenciaria recayó en el ministro del Interior, quitándosela a la Secretaría de Estado de Seguridad.

La Fiscalía General del Estado se otorgó a Dolores Delgado, una fiscal en excedencia que dejaba su cargo de ministra de Justicia para ocuparse de esa institución. Las piezas encajaban: unos meses antes, Sánchez había contestado a una pregunta sobre los presos golpistas que la Fiscalía era suya, y que este órgano haría lo que él quisiera. El nombramiento de Delgado no solo era inmoral porque hacía poco tiempo había ocupado un cargo político, sino que produjo una cascada de dimisiones y de protestas que provocó una purga. Limpio el Ministerio Fiscal ya podía encargarse de apoyar al Gobierno y su estrategia en cualquier instancia judicial, ya fuera con los golpistas o con las denuncias que aparecieron contra el Ejecutivo por la pandemia. A partir de ese momento se publicaron numerosos titulares de prensa diciendo que la Fiscalía no veía motivos para juzgar todo aquello que molestaba al Gobierno de Sánchez. Algo parecido ocurrió con la Abogacía del Estado, a la que se obligó a informes imposibles cuya publicación se retrasaba porque ningún profesional lo quería firmar.

A la altura de octubre de 2020, las principales instancias del Estado ya estaban ocupadas, justo cuando la segunda ola de la pandemia metió al país otra vez en un estado de alarma. Esta vez se declaró para seis meses con el objetivo de que el Ejecutivo tuviera poderes extraordinarios para legislar por decreto-ley sin control parlamentario ni judicial. El miércoles 28 de octubre de 2020, el Congreso aprobó el decreto de estado de alarma por seis meses. No solo asustó la concentración de poder arbitrario, sino la facilidad con la que los grupos parlamentarios, los partidos, las instituciones, la sociedad civil y la ciudadanía en general aceptaban un recorte tan flagrante de la democracia. Era el resultado de la atmósfera totalitaria y del éxito de la estrategia del Gobierno para aprovechar el miedo y la mediocridad de muchos dirigentes políticos.

Parlamentarismo para qué

Todo poder exclusivo y no sujeto a control se vuelve opresor en manos de quienes poseen su monopolio

SIMONE WEIL, Perspectivas. «¿Nos dirigimos hacia la revolución proletaria?» (1933)

Al totalitarismo siempre le ha molestado el parlamentarismo, es obvio. La vida parlamentaria representa para las ideologías totalitarias justo lo contrario de aquello a lo que aspiran: el pluralismo, la discusión y el control, la conformación de mayorías distintas, la separación de poderes, la creación de una oposición legal y legítima, la publicidad de un proyecto diferente, o la posibilidad de perder el poder. El rechazo al parlamentarismo está en la raíz de la democracia totalitaria por varias razones: desconfían del pueblo, al que creen ignorante de sus propios y naturales intereses, y porque una dictadura solo necesita cámaras consultivas, no deliberativas y representativas que funcionen como contrapeso el Ejecutivo. El totalitario cree que la legitimidad es moral e intencional; es decir, que el fin de una sociedad perfecta justifica que concentre el poder, que colonice el Estado y que dicte normas sin oposición ni control. El totalitario se cree la voz del pueblo, se arroga paternalmente su conciencia para reconducir su pensamiento y conducta.

Desde la Revolución francesa, los totalitarios han creído que cada Asamblea es constituyente; esto es, que tiene la potestad atribuida por una mayoría circunstancial para cambiar las leyes, las instituciones y las reglas del juego. De no ser así, dicha Asamblea iba contra el sentido de la historia, contra el progreso que ellos habían identificado, y era espuria. En España, los comunistas populistas de Podemos se dedicaron a acosar a las Cortes no solo con la violencia verbal, sino con la física, y llevaron a cabo acciones colectivas como escraches, piquetes e incluso una manifestación llamada «Rodea el Congreso». Aquel acto contra la representación de la soberanía nacional consistía en presentar una manifestación organizada por una minoría como acto de masas con el que deslegitimar el Parlamento. Al tiempo, esos comunistas se presentaron como los portavoces del pueblo desencantado que quería un cambio. Por supuesto, cuantas más escenas de violencia hubiera, mejor, porque así mostraban la supuesta desesperación del pueblo, de los de abajo contra los de arriba. Era una maniobra golpista típica que pasó desapercibida, pero encajaría con las técnicas descritas por Curzio Malaparte en su libro Técnicas del golpe de Estado.

De hecho, Toni Negri, uno de sus ideólogos, tomó de James Harrington la idea de que es inconcebible «traspasar la base de la soberanía a cualquier otro lugar que no sea el pueblo»[142]. Esto significaba que la ciudadanía organizada, a su entender, tiene el poder constituyente, la capacidad para cambiar las bases de la convivencia, lo político, cuando la situación lo aconseje. La definición y el momento para el cambio, como señaló Lenin, siempre es obra del partido, que es la representación del pueblo. Esos representantes de la ciudadanía no son los que vota el pueblo ignorante, como quedó dicho, los que están en el Parlamento, sino los que así se presentan. Un buen ejemplo es cuando Podemos se presentaba como el «partido de la gente». Esto debe ir siempre acompañado de una descalificación de los dirigentes políticos tradicionales, a los que se señala como oligarquía privilegiada a costa de un sistema que oprime al pueblo. Dentro de ese sistema está el Parlamento. El filósofo marxista Manuel Sacristán, principal introductor de la obra de Gramsci en España, escribió que el italiano, referente de la Nueva Izquierda, nunca creyó en la vía parlamentaria al socialismo. Primero se crea el discurso de crítica populista al parlamentarismo, se habla de que existen vías alternativas y legítimas para escuchar la voz del pueblo, y luego, creado ese marco cognitivo y desde el poder, se anula el Parlamento.

Una vez que los totalitarios controlan un Parlamento lo vacían de funciones y contenido, haciendo que las decisiones propias las tomen otros organismos, en especial los controlados por el Gobierno. El escenario ideal del totalitario es cuando el Ejecutivo tiene una norma habilitante para legislar sin control parlamentario ni judicial, que es justo lo que ofrecía el estado de alarma por la pandemia.

En el esquema totalitario sobre el Parlamento, especialmente si quiere aprovechar una crisis para cambiar el régimen por la puerta de atrás. ¿Para qué necesitan una cámara de representación compuesta por diputados elegidos por un pueblo que aún no está suficientemente adoctrinado, que se equivoca con su opinión, que no conoce su verdadero interés? No sirve el parlamento para una transformación visionaria de la sociedad. No lo quisieron Rousseau, Robespierre, Babeuf y Buonarroti. Tampoco Blanqui, Marx, Lenin, Rosa Luxemburgo ni Gramsci. Los totalitarios quieren el dictado sin control para la creación de la sociedad nueva, por eso controlan la información, colonizan el Estado y debilitan instituciones como el Parlamento. No deja de ser el desprecio de lo que Marx y Engels llamaban la superestructura jurídica del Estado burgués.

El parlamentarismo es liberal en su naturaleza y compromiso. Es el cuestionamiento de otros poderes, especialmente del Ejecutivo, y eso no lo tolera un totalitario. El Parlamento se concibe como una cámara de representación nacional o popular para el control del Gobierno, caracterizada por ser lugar de debate, publicidad de ideas y políticos y elaboración de las leyes. Es un poder, como señaló John Locke, guiado por la defensa de la libertad y los derechos frente a la arbitrariedad del Ejecutivo[143]. Es triste que en la actualidad sea necesaria la vindicación de Montesquieu, de la idea de que la mayor garantía de la libertad y la democracia es la separación entre los poderes.

Negar el parlamentarismo hoy, a pesar de cómo está organizado, con grupos parlamentarios que responden a la disciplina de partidos y no a los votantes, es negar la actuación y la legitimidad de los partidos de oposición. No importa a efectos del totalitario cuán deteriorada esté la versión pura o inglesa del parlamentarismo en cuanto al respeto a la voz independiente del diputado, sino acallar esa institución. Es irrelevante la protesta del diputado que discrepa de la disciplina de grupo, mientras el Parlamento se evapora porque al Gobierno le interesa debilitar dicha institución. Es más: cuanto menor sea la disciplina y la cohesión de la oposición por la disgregación de los grupos parlamentarios en función de votos, intereses o conciencias, mejor para el totalitario.

La discusión política, la confrontación de proyectos o el debate, no caben en la unidad y obediencia que piden los totalitarios, aupados por la urgencia en la resolución de un problema de cualquier índole. Donde se postula la unanimidad absoluta, apuntó Talmon, no hay sino imposición de una voluntad singular, la del Gobierno[144]. El totalitario piensa en el Estado y en la sociedad como una unidad con un único objetivo, por eso todos sus engranajes e instituciones deben funcionar al unísono, como partes de un mismo cuerpo. La declaración de estado de alarma es por tanto la situación idónea para dar rienda suelta a la pulsión totalitaria y, en consecuencia, debilitar el parlamentarismo.

La similitud del caso español con la Hungría de Viktor Orbán, no es casualidad, es la confirmación de un movimiento autoritario global. En diez años Orbán ha laminado legalmente la democracia húngara. Su labor en el poder desde 2010 ha sido la de combinar la propaganda masiva a través de los órganos públicos, colonizar el Estado, cambiar la educación, eliminar la separación de poderes e intervenir en la cultura. Se trata de esa línea de continuidad entre un líder, un partido, un Gobierno, un Estado y una sociedad para llevar a la práctica un programa político basado en el poder exclusivo, en conservar la comunidad y expulsar a sus enemigos internos y externos. En marzo de 2020 el Parlamento húngaro aprobó la Ley de Permisos con dos excusas: la pandemia y la economía. Dicha ley permite al Ejecutivo legislar por decretos-leyes hasta 2021 sin control judicial ni parlamentario, al tiempo que se castiga duramente la difusión de «noticias falsas», y se consigue el apoyo del pueblo con un aumento desorbitado del gasto social.

El proceso en Polonia desde 2015 es el mismo. Jaroslaw Kaczynski, su presidente, ha llevado a cabo el control político del Tribunal Constitucional, la supresión de la independencia de la Fiscalía, ha recortado la libertad de información y el derecho de manifestación, reestructurado el Ministerio del Interior y depurado el sector público, el Ejército y los Servicios de Inteligencia de todos los críticos o dudosos. Kaczynski y Ley y Justicia, su partido, dicen que la transición a la democracia en Polonia no es legítima porque nació de un pacto entre el sindicato Solidaridad y la antigua nomenclatura comunista. No hubo ruptura, sino apaño. Por eso, Ley y Justicia se presenta como el iniciador de la verdadera democracia e impulsor de un proceso constituyente. El parecido con la actuación y el discurso del PSOE de Sánchez y el Podemos de Iglesias es evidente.

En España, a la colonización del Estado, al jaque al rey y al deseo de anulación de la independencia del poder judicial, se unió el golpe al parlamentarismo en octubre de 2020. A Sánchez le molestaban las instituciones democráticas, los contrapesos, el control, y los estaba laminando. Encontró al socio perfecto para hacerlo: el comunista Pablo Iglesias. ¿Qué pasa cuando se une la soberbia del autócrata con la pulsión totalitaria? Nada bueno para la democracia.

El proyecto de declarar el estado de alarma durante seis meses suponía habilitar al Gobierno como legislador a través de los decretos-leyes, sin que haya control judicial ni parlamentario. De esta manera, las decisiones de Sánchez e Iglesias solo se someterían al control del Tribunal Constitucional, cuyos tiempos no son de este mundo. Además, el Senado quedaba privado de sus funciones, porque el decreto-ley solo tiene dos soluciones: la convalidación o la derogación total, y solo por el Congreso. Por tanto, no hay debate por partes, ni por cámaras, sino la decisión de un Ejecutivo que reúne poderes que deberían estar separados. Esto merma el parlamentarismo, que es, como escribía Kelsen, la única forma real de plasmar la idea de la democracia liberal, representativa y pacífica[145]. Si falla el parlamentarismo, falla la democracia tal y como la conocemos.

El Gobierno de Sánchez e Iglesias quiso asumir el poder legislativo durante seis meses para transformar España, en lo que sería un nuevo «de la ley a la ley». El Ejecutivo sería el «sumo legislador», como decían los seguidores de Rousseau en 1793, un Comité de Salud Pública que encarne la voluntad general para dictar el «bien del pueblo» sin control alguno. Hoy sabemos, o deberíamos saber, que es una maniobra típica en las democracias que derivan hacia el autoritarismo. El sanchismo y el comunismo atacaron la idea del parlamentarismo de dos maneras. La primera fue el intento de mostrar que la soberanía delegada por la nación no estaba en el Parlamento, sino en el Gobierno, que concentraba ambos poderes y acaparaba así la legitimidad de sus acciones. La segunda era presentar a la ciudadanía que se podían resolver los problemas sin el concurso de la vida parlamentaria. Así, sanchistas y podemitas darían a entender que las Cortes eran un lastre, un retraso, una componenda inútil entre políticos con intereses espurios, contrarios a los del pueblo.

El descrédito del parlamentarismo que buscaba este Gobierno, como ocurría en la Europa de hace cien años, se produciría en cuanto la vida corriente fuera cambiando paso a paso por la acción gubernamental. Era la «nueva normalidad». La clave de este entramado es que el Ejecutivo fuese dictando sin pausa la resolución e interpretación de los aspectos sociales y económicos. Esto podría ser muy eficaz cuando se trata de un Gobierno populista, como el español, que actuaba en tiempos de crisis con la excusa de la urgencia y el servicio al pueblo.

La maniobra del Gobierno, la prolongación injustificada del estado de alarma durante seis meses, transformaría los conceptos de representación, legitimidad y decisión política que arman el parlamentarismo. La representación del pueblo español dejaría de estar realmente en las Cortes durante un tiempo en el que el Gobierno se dedicaría a dictar a través de decretos-leyes. El estado de alarma supone de por sí un presupuesto habilitante que permitiría a Sánchez e Iglesias reglamentar contra legem ; es decir, contra la ley y la legislación.

Incluso la idea de legitimidad cambiaría en sentido doble; esto es, ya no solo la que otorga el origen democrático, sino la que proporciona el ejercicio, el sentido del estado de alarma. La «urgencia» para dictar decretos-leyes es algo ideológico, incluso moral, y el Gobierno con seis meses por delante se sentiría legitimado para dictar normas sobre lo que creyera oportuno. Ya vimos que durante el anterior estado de alarma se regularon derechos y libertades del Título I, según dijo el Tribunal Superior de Aragón, lo que no correspondía con dicha declaración de alarma.

Se podrá decir que España es el país de los decretos-leyes, pero desde 2018, con Sánchez, se ha legislado más por esta fórmula que por el procedimiento de la ley ordinaria u orgánica. No hay nada que justificara un estado de alarma tan prolongado, cuando se había tenido tiempo suficiente para reformar la legislación sanitaria. A no ser, claro, que el motivo fuera otro: cambiar el régimen por la puerta de atrás aprovechando la pandemia, y rentabilizar una mayoría «Frankenstein» que en otras circunstancias sería inadmisible para el electorado moderado del PSOE.

La cuestión no se detiene ahí. Un país sin verdadero parlamentarismo es un país sin oposición, y sin esta no hay democracia. Véase Venezuela. Detrás del desprecio a las Cortes está la deslegitimación de las ideas, propósitos y actuaciones de los partidos de la derecha, de todos los que no se sumen al bloque de Sánchez e Iglesias. El último escollo en la absorción de la vida institucional que está llevando a cabo el Gobierno es el mantenimiento de una oposición con posibilidades de ser oída para alcanzar el poder de forma democrática. En definitiva, que haya parlamentarismo.

Acabar con la independencia judicial

Cuando el saqueo es organizado por ley para ganancia de los que hacen la ley, todas las clases saqueadas tratan de entrar de alguna manera —de forma pacífica o revolucionaria— en la elaboración de leyes

FRÉDÉRIC BASTIAT, La Ley (1849)

El comunismo populista considera que la Justicia debe responder a la voluntad popular, a la voz de la calle, y cuando no es así, está contra el pueblo. En realidad quieren decir «contra ellos», que se creen la voz del pueblo. Los jueces, en su imaginario totalitario, deben estar al servicio de la patria, de la gente, no del derecho. Por tanto, es preciso someter el poder judicial a la voluntad popular. Quien encarna esa voluntad es el Gobierno cuando lo dirigen ellos, por lo que jueces, fiscales y magistrados deben estar sometidos a sus directrices. El derecho para esta izquierda, señaló Lenin, es la encarnación de la clase dominante; es parte de la superestructura que definieron Marx y Engels como soporte de la infraestructura capitalista. Nikolai Bujarin lo expresó con claridad en El abc del comunismo (1919), y parece que son palabras de Pablo Iglesias:

La organización judicial del Estado burgués es un medio de autodefensa de la clase burguesa. La justicia burguesa se venga en primer lugar de aquellos que osan atacar la propiedad capitalista y ofender al sistema burgués. Esta justicia condenó a Liebknecht [líder comunista alemán] a trabajos forzados, y en cambio absolvió a sus asesinos. Las autoridades carcelarias estatales y los verdugos ejecutan las sanciones de los tribunales. Estas instituciones gravan solo a los pobres y no a los ricos[146].

Es puro leninismo. Los podemitas consideran que el poder judicial debe someterse a la voluntad del pueblo, no a la ley, y la voluntad del pueblo es su Gobierno. Entremezclan, además, como partidarios del derecho positivista, legislación y ley, obviando que la ley, señaló Ortega, no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa. El resultado es que el poder judicial debe estar sometido a las consignas e intereses gubernamentales. El poder judicial lo entienden como un eje de la dominación y de la hegemonía y, por tanto, es intolerable que no responda, en su opinión, a lo que consideran nuevos tiempos. Si hay una hegemonía cultural de izquierdas, feminista, de lo común, de defensa de los «derechos sociales frente a los poderosos», así debía respirar el poder judicial. De ahí su insistencia en la Ley de Sexualidad de Irene Montero de que se crearan tribunales especiales; es decir, tribunales compuestos por personas defensoras del feminismo radical para dictar sentencias con «perspectiva de género». Es el delito de autor, el populismo punitivo que pusieron en marcha los totalitarismos del siglo XX[147].

No era la primera vez que Unidas Podemos criticaba el poder judicial. La campaña de descrédito de la justicia en España lanzada por los podemitas comenzó ya en el año 2014. Criticaron la detención y encarcelamiento de Andrés Bódalo, el sindicalista podemita que golpeó a un concejal socialista y a una mujer embarazada que quería trabajar durante una huelga. Incluso los diputados podemitas llevaron unos carteles al Congreso de los Diputados exigiendo la libertad para Bódalo. Pasó también cuando ocurrió lo mismo con un tal «Alfon», un simpatizante de Podemos condenado por llevar a una manifestación una bomba en una mochila. Empero, como escribió John Locke en su Tratado sobre el gobierno civil (1689), «las leyes se hicieron para los hombres, y no los hombres para las leyes».

El conflicto entre personas y de las personas con las cosas es la razón de ser del derecho, al que se recurre para resolver de forma pacífica los conflictos aplicando sus reglas mediante el arbitraje. Una ley conforme a derecho es una sentencia anticipada, señaló el jurista italiano Carnelutti. Si para erradicar esos conflictos entre personas se suprimen las libertades, esas leyes que las coartan conforme a pautas legales más o menos artificiosas, no son en puridad derecho. Son legislación. Despojo legal, que diría Bastiat. La ley es del pueblo, la legislación del Estado. Son legales, pero no legítimas al ser antijurídicas. Una ley que trata de imponer una cosmovisión ideológica o una nueva moralidad como es propio de la legislación de los ingenieros sociales y estatistas, que reduce o suprime la libertad y por tanto la responsabilidad, es en puridad ilegítima. Así, el deber de obrar de acuerdo a los usos y tradiciones, es la otra cara del derecho, como la responsabilidad lo es de la libertad.

El 14 de enero de 2020, dos días después de que tomara posesión del cargo de vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias afirmó en Antena 3 que la «judicialización» del procés fue un error político, y que «muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación». El CGPJ pidió entonces «responsabilidad institucional» al Gobierno, quien contestó con la guerra: reivindicó la «libertad de expresión» del vicepresidente —como cuando acusó de prevaricación al tribunal de la sentencia de Isabel Serra—, y que había que renovar ya la cúpula del gobierno de los jueces. Ahí comenzó el enfrentamiento público. Pero Podemos siempre ha tenido claro que es imposible implantar un régimen autoritario sin controlar la judicatura.

Sánchez quiso pactar con Pablo Casado el reparto de los integrantes del CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas. La izquierda mediática hizo una campaña contra estos tres órganos diciendo que respondían a una mayoría conservadora ya pasada, que en realidad había sido ratificada en 1986 por el Tribunal Constitucional. Esa intención de colonizar las instituciones quedó clara con el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia, quien fue elegida el 16 de enero por el Gobierno como fiscal general del Estado. Ella fue quien había echado atrás en 2018 la negociación entre el PSOE y el PP para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial. En 2019 la negociación fue imposible, porque España se sometió a dos elecciones generales y en 2020 en marzo se decretó un estado de alarma que no se levantó hasta el 21 de junio. Pasado el verano el Gobierno socialcomunista utilizó contra el PP el argumento de que no quería renovar los órganos como se ordena constitucionalmente, ocultando la realidad de los hechos.

Por otra parte, el decreto presentado en pleno estado de alarma para ordenar el poder judicial con la excusa de evitar el colapso de la justicia por el confinamiento era materia propia de una ley orgánica, y aun así el Ejecutivo decidió aprobar dicho decreto, sin tan siquiera hablar con la oposición. Toda una declaración de intenciones.

El decreto, de dudosa constitucionalidad, dejó en las manos de la Fiscal General del Estado, una fiscal en excedencia vinculada al juez condenado por prevaricación Baltasar Garzón, la instrucción de las causas penales. En realidad, lo que buscaba el PSOE era gestionar las previsibles miles de demandas contra la actuación gubernamental en la pandemia. Es decir, el objetivo era controlar la Justicia para evitar problemas, ya que con jueces independientes existía una posibilidad muy cierta de que se instruyeran causas contra Sánchez, Iglesias, Illa o Fernando Simón. Para Podemos fue la oportunidad para comenzar a someter a los jueces.

Cuando el 4 de mayo de 2020 Pablo Casado, líder del centro-derecha español, anunció que el Partido Popular no volvería a apoyar una prórroga del estado de alarma, el Gobierno salió en tromba para arremeter contra el principal partido de la oposición, al cual, hasta ese momento, había estado insultando. Los podemitas llegaron a acusar a los populares de los muertos que se produjeran. A tal punto llegó la cuestión que Sánchez recurrió al ministro Ábalos para hacer público el contenido de las conversaciones que había tenido con el popular mediante WhatsApp. Este afirmó el 4 de mayo que en caso de que los populares no apoyasen el estado de alarma, habría un «caos sanitario y económico». Lo cierto es que los españoles estaban ya cansados del uso que de un estado de excepcionalidad estaba haciendo el Gobierno socialcomunista, que llegó a aprovechar la circunstancia para aprobar una Ley de Educación que liquidaba la Educación Especial o restringir libertades fundamentales. Es decir; que usaba los poderes excepcionales no para combatir el virus, sino para hacer ingeniería social. El Gobierno podía gestionar la situación con leyes ya aprobadas, como la Ley de Salud Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Protección Civil, algo que no se cansaron de remarcar los presidentes de Galicia y Madrid, pero también el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Por tanto, cabía preguntarse qué es lo que buscaba el Gobierno manteniendo un estado de alarma en vigor.

La diferencia entre Podemos y los demócratas es que los segundos defendemos la presunción de inocencia. En la más rancia tradición comunista, trufada ahora de populismo bolivariano, la culpabilidad es una cuestión de conveniencia en el discurso político, de retórica y demagogia para movilizar a los iracundos. Podemos, y en especial los imputados o sospechosos, como Juanma del Olmo, Rafa Mayoral, Alberto Rodríguez y Juan Carlos Monedero, ocuparon su tiempo en demoler uno de los pilares de una democracia liberal: la presunción de inocencia.

El partido de Iglesias y sus spin-off , como Compromís, En Común, En Marea o Adelante Andalucía, sacaron nombres, fotos, comisión de investigación y organizaron campañas contra personas del PP de Mariano Rajoy. Todo aquel odio calculado generó un clima de violencia que condenó a los citados por anticipado solo porque el «partido de la gente» quería atraer votos. Podemos, como buen partido totalitario, cree que la violencia sobre el enemigo tiene una «morbosa fuerza de atracción»[148].

Lo que importa al populismo, tal y como expone el creador del «Tramabús» Juanma del Olmo en su libro La política por otros medios (2018), era conectar con una percepción de la gente y convertirla en un mensaje. La verdad no importa como tampoco importa de dónde procedía el dinero para las campañas electorales de Podemos.

La noticia de que PSOE y Podemos querían cambiar las reglas de elección de los miembros del CGPJ causó mucha inquietud. Su deseo era sustituir el sistema de tres quintos por el de mayoría absoluta, con lo que el acuerdo de los nombres quedaría en manos de la coalición de gobierno, y dejaría fuera a la oposición. De los veinte miembros del órgano, la izquierda quería designar a quince, lo que dejaría la separación de poderes en el olvido. Para colmo, el Gobierno pretendía tramitar este golpe contra la democracia por procedimiento de urgencia y lectura única. La reforma propuesta, tildada de anticonstitucional por no pocos juristas, recordaba demasiado a la reforma que en 2004 acometiera Hugo Chávez en Venezuela y a la reforma judicial que el Gobierno de Polonia había intentado. El golpista venezolano presentó una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela rebajando la mayoría cualificada de dos tercios a una mayoría simple de cara al nombramiento de los componentes del alto tribunal. Este sometimiento de la Justicia fue denunciado en su día por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU. La propuesta de Chávez era un calco a la que presentaban Sánchez e Iglesias, quince años después, en España. En Venezuela aquello fue el principio del fin. Una dictadura no se puede implantar sin liquidar la separación de poderes. Tan solo cinco años después del entierro de Montesquieu en Venezuela, la juez María Lourdes Afiuni fue encarcelada por orden de Chávez, acusada de cargos que no existían en la legislación del país. Afiuni había sido presidenta del Tribunal de Control de Caracas durante ocho años. Cuando el 10 de diciembre ordenó la libertad condicional del banquero Eligio Cedeño, siguiendo la recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, no sospechaba que apenas una semana después sería ella la encarcelada, sin orden judicial, sin ser informada del motivo de la detención ni de la autoridad que había ordenado tal atropello. Una advertencia para el resto de jueces venezolanos. «Yo exijo dureza contra esa jueza (…). Habrá que meterle treinta años a esta jueza y a los que hagan eso. ¡Treinta años de prisión pido yo en nombre de la dignidad del país!», exclamó Chávez. Afiuni sufrió durante su paso por prisión torturas y fue violada. La fiscal de su caso fue Luisa Ortega, la misma que hoy se declara antichavista.

En España, en el año 1986, el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado acerca de la reforma del Consejo, exigiendo en su sentencia que se mantuviera la mayoría de tres quintos. Ante el escándalo, la Comisión Europea, que había sancionado a los polacos anteriormente por un proyecto similar, actuó. Avisó a España de que no se iba a permitir jugar con la separación de poderes. Una advertencia que llevó al PSOE, ya imbuido en papel de máximo defensor del pisoteo de la libertad, a acusar al PP de «chivato» por haber denunciado tal tropelía en Bruselas. El Consejo de Europa advirtió a Sánchez que su reforma no se ajustaba a los estándares requeridos por la Unión Europa, por antidemocrática: «Esta iniciativa se aparta de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros y puede resultar una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa».

Blanco y en botella. Nombrar jueces por una mayoría legislativa cualificada, como los tres quintos que se exigen para renovar el órgano de gobierno de los jueces, tiene como efecto un poder judicial relativamente no partidista, o al menos ideológicamente plural. Aunque lo deseable sea que sean los jueces quienes elijan al CGPJ.

Haciendo suya la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Constitución norteamericana de 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 recoge en su artículo 16: «Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución». Mucho antes, Aristóteles había atisbado la necesidad de la separación de poderes. Luego Locke y Montesquieu la plantearon, basándose en el check and balances o sistema de equilibrio y contrapesos, como única forma de evitar la tiranía. La separación pura de poderes requiere tener los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) divididos e independientes. Los totalitarios, y la izquierda en general, son contrarios a la separación de poderes porque consideran que el Gobierno encarna la voluntad general, y que, por tanto, su corrección y fiscalización son contrarias al interés del pueblo. No pocos críticos sostienen que bajo un régimen parlamentario no hay separación pura de poderes, ya que el legislativo queda sometido al ejecutivo. Pero lo cierto es que el sometimiento del poder judicial al ejecutivo borra todo rastro de democracia liberal.

Tal fue el revuelo organizado ante la liberticida propuesta de ley del PSOE que el presidente del Gobierno aprovechó el debate de una extemporánea moción de censura presentada por Vox en el Congreso de los Diputados para anunciar que retiraba el proyecto y que se sentaría con el Partido Popular a negociar. Desde el partido de Pablo Casado se pusieron tres condiciones: que Podemos, partido imputado y con su líder al borde del banquillo de los acusados, no estuviera en la negociación; que se profundizara en la independencia judicial; y que se retirase definitivamente el proyecto de ley liberticida del socialcomunismo.

Lo cierto es que tarde o temprano íbamos a ver a los representantes del «partido de la gente» en un banquillo y un ataque frontal a la judicatura. Las noticias desde la formación de Podemos acerca de su financiación opaca, sus vínculos con dictaduras, la creación de fundaciones y empresas para recibir dinero y programas de televisión extraordinariamente bien pagados a pesar de su poca audiencia tenían que acabar conociéndose por la opinión pública. Cualquiera que conozca a votantes de Podemos, incluso a alguno de sus dirigentes o antiguos cargos, sabe lo que está pasando por sus cabezas desde hace tiempo. «Nos engañaron», «me fui porque no lo vi claro», o «ahora encaja lo de Galapagar». El grado de frustración de no pocos votantes de Podemos corresponde a la deriva de un partido que decía que venía a transformar las cosas, pero se convirtió en una empresa familiar, una agencia de colocación y un pingüe negocio de unos pocos. Personas sin salida en la vida profesional, profesores muy mediocres y licenciados sin futuro se encontraron de repente convertidos en millonarios si accedían a ser títeres de dictadores varios. Algo que no les molestaba, al compartir la ideología totalitaria del populismo bolivariano. Agitar, propagar, cobrar e imponer es todo uno. El momento populista es eso: aprovechar la desesperación de la gente para montar un fructífero negocio. Esa es la trama, que cuenta con conexión internacional desde los tiempos del Foro de Sao Paulo. Porque, ¿cuál ha sido el resultado práctico de la existencia de Podemos desde 2014? Inestabilidad gubernamental, deterioro de la convivencia, pacto con independentistas, golpistas y filoetarras, y enriquecimiento de sus promotores. Tanto Gramsci, Zizek, Laclau, Negri y Chantal Mouffe; tantas hegemonías, núcleos irradiadores y poder constituyente; tantas diatribas contra el «neoliberalismo» y la casta, para acabar con cajas B de sobresueldos y de financiación irregular. Todo presunto, claro.

La hemeroteca a este respecto es brutal. Solo citaremos cuatro ejemplos porque la lista completa daría para otro libro. Pablo Iglesias sostuvo entre 2016 y 2019 que había que ilegalizar al Partido Popular por tener, declaró el 8 de noviembre de ese último año en La Sexta, «políticos sentados en el banquillo de los acusados por corrupción». En el debate televisivo de 2016, a pregunta de Vicente Vallés sobre la corrupción dijo «a apertura de juicio oral, dimisión».

Iglesias planteó también la formación en el Congreso de una comisión de investigación permanente sobre la corrupción, que cuando estalló el caso Dina se negó a constituir porque le incumbe personalmente. No contento con esto, en julio de 2020 dijo en el canal «Cuatro» que el Partido Popular era una organización delictiva. «¿Y saben [sentenció] cómo se les llama a los miembros de una organización delictiva? Delincuentes».

Los demócratas defendemos que la presunción de inocencia es un pilar básico de un sistema de convivencia. Podemos y sus aledaños mediáticos quieren demoler ese derecho fundamental porque es necesario para imponer su concepción de la política como conflicto continuo. La negación de la presunción de inocencia es un instrumento totalitario para eliminar el pluralismo y el control del Ejecutivo, para controlar las mentes y limitar los derechos de expresión y reunión. No solo eso, buscan acabar con la tutela judicial efectiva, que es la columna del Estado de derecho, para implantar su tiranía.

Jaque a la Monarquía

Jamás se confunde un óvalo con un círculo ni una hipérbole con una elipse.

DAVID HUME, Investigación sobre el conocimiento humano (1748)

El totalitarismo tiene la vocación de controlar todas las instituciones, ya sea a través de la ocupación, como la Fiscalía General del Estado, o poniéndolas a su servicio. No es posible la simbiosis entre el Estado y la sociedad, como quiere un totalitario, si quedan instituciones fuera de ese juego. Es exactamente el mismo mecanismo por el que la acción del Gobierno se centra en controlar los sectores clave, como la economía, la información y la educación. Es la característica de un totalitarismo no violento, su expansión a todos los ámbitos apoyándose en la legislación y con el consentimiento explícito o implícito de todos. Deben invadirlo todo para que su discurso totalizador sea real: una máquina con una sola dirección. No puede existir un componente que se resista o quiera ir en otro sentido.

Uno de los pilares del sistema del 78 es la monarquía, por lo que sanchistas y podemitas, cada uno con una intensidad distinta, se dedicaron a atacar a la persona y a la institución. Lo hicieron desde el 11 de noviembre, un día después de las últimas elecciones de 2019, cuando escenificaron el pacto del abrazo entre Sánchez e Iglesias para demostrar que iban a formar gobierno. En muy poco tiempo se rompieron las reglas que garantizan la democracia, siendo la primera de ellas, como señalaron Levitsky y Ziblatt, no pactar el Gobierno con quienes quieren romper el orden institucional[149].

El asunto era saltarse la auctoritas del rey, ya que el protocolo y la costumbre, dado que la democracia es el respeto a los ritos, indican que antes deben tener lugar las consultas con el jefe del Estado. Para evitar la presencia de Felipe VI lo enviaron a Cuba en viaje oficial. Los desaires a la Corona han sido continuos y no precisamente gratuitos.

Es obvio que también influyó la alianza del gobierno socialcomunista con los independentistas, que odian al rey desde el 3 de octubre de 2017, cuando pronunció un discurso que socialmente detuvo el golpe. No obstante, la presencia del rey Juan Carlos era un lastre para la institución monárquica, y la izquierda se ufanó en aprovecharlo. No solo quisieron una comisión de investigación parlamentaria, que el PSOE detuvo, sino quitar el aforamiento al rey para que pudiera ser juzgado. En realidad, se trata de la vieja estrategia antimonárquica de desautorizar la vida privada de un monarca para deslegitimar sus decisiones públicas.

La izquierda piensa que «todo rey es un rebelde y un usurpador», como dijo Saint-Just, el jacobino, para dar comienzo al juicio asambleario a Luis XVI el 13 de noviembre de 1792. Rebelde y usurpador de la voluntad general, personificada en el Gobierno. Desde entonces la monarquía se presentaba como un escollo más en la construcción política y virtuosa de la república igualitaria. Los enemigos de la monarquía se pusieron al frente del Gobierno en un proceso revolucionario que, lejos de instaurar la libertad, sometió al país a la crisis más profunda de su historia. La máxima que sacaron los políticos juiciosos de aquellas monarquías que se aventuraban a dar un giro constitucional fue que no podían tener a un gobierno contrario a los pilares del régimen. De aquí proceden buena parte de los enfrentamientos entre las coronas y los partidos extremos.

En una monarquía parlamentaria como la nuestra, el papel del rey es fundamental, tanto para cumplir con su parte dignificante —el comportamiento—, como dignificada —su función institucional—. Lo que molesta de Felipe VI es que lo cumple todo. El 3 de octubre de 2017 salvó la moral de un país que parecía huérfano de gobierno. Su actuación entonces fue intachable, y despertó el sentimiento monárquico, de identidad con la Corona, que caía desde años antes. El rey se convirtió desde entonces en un elemento de la política cotidiana. Los independentistas comenzaron a nombrar persona non grata a Felipe VI, a veces con la abstención o el apoyo de supuestos constitucionalistas, y a quemar su retrato por las calles.

La extrema izquierda, que inunda cualquier manifestación con banderas republicanas aunque sea por la eliminación de las casas de apuestas, habló de la «injerencia» del rey. Algunos periodistas y columnistas tacharon a Felipe VI, en una muestra de indigencia intelectual, de «facha» y «franquista». Luego, y he aquí lo más triste, el gobierno socialista de Sánchez no quiso respaldar al rey. El motivo es bien sencillo: sus socios son antimonárquicos, y es conocida la facilidad que tiene el presidente del Gobierno para desdecirse sin despeinarse con tal de aferrarse al poder. Así, el estado de opinión generado desde instancias gubernamentales y aledaños mediáticos durante el juicio del procés y la misma sentencia dejaron en mala situación al rey. ¿Para qué había hablado el 3 de octubre si aquello solo era una «ensoñación», tal y como sentenció el Tribunal Supremo?

Felipe VI dijo aquel día de octubre que los entonces golpistas, luego solo sediciosos según dicha sentencia, estaban al «margen del derecho y de la democracia» para romper la «unidad de España y la soberanía nacional». Era, afirmó, una «deslealtad inadmisible». Luego, Pedro Sánchez pactó con esos mismos y con quienes colaboraron con el golpe de palabra o comprensión, como Unidas Podemos y el PNV.

Desacreditado así el rey en su papel dignificante, solo quedaba a estos antimonárquicos deshacer su papel dignificado; es decir, ningunearlo en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Eso fue lo que hicieron al enviar al rey a Cuba: quitar a Felipe VI de en medio para anunciar su acuerdo de gobierno, con el consiguiente y lógico enfado de la Casa Real.

El líder socialista no dudó en hacer ese gesto hacia Unidas Podemos y al resto de partidos de los que necesitaba el voto para la investidura. ¿Cómo ERC iba a aceptar que se siguiera el protocolo monárquico? Es más, cuanto más debilitada estuviera la imagen y la cohesión del Estado, mejor para su proyecto rupturista. Pero no fueron solo ERC, Bildu y compañía, sino fundamentalmente Unidas Podemos, decidido a impulsar el republicanismo latente en el PSOE, ese mismo que Rubalcaba consiguió parar en las primarias de 2014. De hecho, Iglesias anunció el 24 de noviembre de 2019, habiendo pactado ya con Sánchez el Gobierno, que promovería una «consulta popular» sobre la monarquía en mayo de 2020.

La Casa Real dio a conocer el 3 de agosto de 2020 que el rey Juan Carlos abandonaba España presionado por la campaña en su contra, la izquierda lo celebró jubilosa. En una carta dirigida a Felipe VI, el rey de la Transición escribía que:

Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España.

Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi cuarenta años y, durante todos ellos, siempre he querido lo mejor para España y para la Corona.

Lejos de aplacar la furia totalitaria de la izquierda, la decisión de Casa Real la exacerbó aún más. Entre los monárquicos cundió el temor: no pocos veían en la decisión un comportamiento similar al de su abuelo, Alfonso XIII, quien se exilió voluntariamente el 14 de abril de 1931, tras anunciarse la «supuesta» victoria de las izquierdas en las elecciones municipales. Como Alfonso XIII, Don Juan Carlos salió por la puerta de atrás, pese a no recaer sobre él investigación judicial alguna. Era el colofón a una gran cadena de errores, visualizados por los españoles ya cuando el rey pidió perdón por su cacería en Botsuana, en donde se encontraba acompañado por Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, la mujer que tenía en jaque la jefatura del Estado.

Además, la decisión real llegó en el mejor momento para la izquierda: en pleno rebrote de la COVID-19, el mayor de toda Europa. Era perfecto para encubrir la negligencia gubernamental. Los comunistas y los nacionalistas arremetieron contra la Corona, mientras el sanchismo callaba a pesar de que el PSOE había sido el partido del juancarlismo. Exigieron saber a dónde había partido el 3 de agosto Juan Carlos I, un ciudadano libre sobre el cual no pesaba instrucción judicial alguna. Atacaron a Felipe VI, llamando a una supuesta república, que en realidad era la instauración de un régimen totalitario.

No se trataba de imponer una república. Ante lo que se encontraba España era ante el intento de la izquierda de lograr un cambio de régimen político para erigirse ellos en oligarquía única y hegemónica. De ahí la totalitaria advertencia de Pablo Iglesias al PP: «No volveréis a sentaros en el Consejo de Ministros de España». Una frase que recuerda demasiado a las advertencias que lanzó Pablo Iglesias, el del PSOE, contra Antonio Maura, jefe del Gobierno el 7 julio de 1910. Quince días después, Manuel Possá Roca, miembro de las juventudes del Partido Radical, intentó asesinarlo.

El proyecto de poder de Sánchez e Iglesias, cuyo alma máter es Rodríguez Zapatero, es antidemocrático. De ahí la colonización de todas las instituciones, como se vio con el poder judicial; el permitir la subversión de las leyes como en el caso de los golpistas de Cataluña; o la sustitución de instituciones democráticas por alternativas «del pueblo». Esto último sucedió en Madrid bajo el mandato de Manuela Carmena, cuando cambiaron la legitimidad democrática de las Juntas Municipales de la ciudad por unos foros que, según ellos, representan la voz del pueblo. Ellos, por supuesto, son el pueblo. Y el «no pueblo» es todo aquel que se le opone. Algún día Ciudadanos tendrá que explicar por qué se ha negado a la derogación de dichos foros. Acaso no llegaban a comprender la gravedad de permitir la constitución de instituciones alternativas a las democráticas, porque no entendían el oscuro proyecto de poder que se cernía sobre España

Para lograr su objetivo los totalitarios necesitan demonizar la Transición hacia la democracia, que se hizo por vía de reforma, contando con el apoyo del PCE y el PSOE de entonces. La transición por vía de ruptura apoyada por el Gobierno de Sánchez la defendían en los años setenta los más radicales, los leninistas de la banda terrorista ETA y los separatistas. Podemos es heredero intelectual de aquel intento de «venganza», que fracasó entre la sociedad española que salía de cuarenta años de dictadura, que a lo único que aspiraba (y aspira) es a vivir en libertad. Tienen, también, que liquidar la Constitución de 1978.

Los podemitas y el sanchismo no buscan un cambio en la forma de Estado. No se trata de sustituir la monarquía por una república en la que el jefe del Estado sea elegido cada cuatro, cinco o siete años. Tampoco es un cambio en el sistema político, ni una adecuación a los tiempos o una modernización, ni atender a la soberanía popular. Es un cambio de régimen; es decir, constituir una clase política nueva, hegemónica, que reúna la elaboración de la legalidad y la legitimidad que ofrece el control de la opinión. ¿El objetivo? Gobernar en exclusiva. Forma parte de la tentación totalitaria. Sería un paso atrás en nuestra historia, la vuelta a fórmulas autoritarias, a desdecir la Transición, a ser un país fuera de Europa.

Detrás está la imposición de un paradigma político en el que ellos son padres y herederos, únicos hacedores y gestores, dejando al margen, como bastardos de la política, a todo aquel que no se sume. «El pasado no se olvida y el futuro está por escribir», que dijo Antonio Machado. De ahí los ataques furibundos a los que consideran obstáculos para su rodillo totalitario, ya sean intelectuales, periodistas, profesores, políticos, jueces o comunidades autónomas. Jamás en la historia de la democracia habíamos asistido a un ataque tan desmedido y sin cuartel como el que hicieron los alrededores orgánicos del Gobierno socialcomunista. Quisieron meter al rey en un armario para hacerse con el poder, con ese mando que permite someter por la obediencia voluntaria o coactiva a los disidentes, a la auténtica resistencia. De ahí que deseen controlar el Poder Judicial, que es casi lo único que queda junto a alguna autonomía, y para eso insultaban a la oposición y a todo aquel que alertaba sobre la verdadera batalla cultural en la que estábamos metidos.

Una votación no otorga a una mayoría circunstancial, como la que formaban PSOE y Podemos, la legitimidad para sacar adelante cualquier medida. El problema de esta izquierda está en que conciben la democracia como una delegación completa y sin control de la soberanía por el hecho de que la gente depositó un voto en una urna. Es la conclusión del Estado Minotauro que describió Jouvenel, un Estado que según pasa el tiempo necesita más alimento, más recursos, y al cual los ciudadanos sacrifican su libertad[150]. Es una concepción totalitaria, por eso desprecian la esencia misma de los principios democráticos y defienden falacias.

Una falacia es considerar la soberanía popular como el resultado de un escrutinio. Estos izquierdistas confunden una foto electoral con una patente de corso para cambiar las reglas del juego, orillar a la oposición, colonizar el Estado, someter a todas las instituciones incluidas la Corona y el Poder Judicial, imponer su moral y mentalidad, dirigir la opinión, apropiarse de la educación y de la sanidad. No les importan los medios, sino el resultado, el que se vea como algo normal que la voz de una mayoría circunstancial se constituya en un nuevo despotismo.

Confunden una votación con la voz del pueblo, la llamada «voluntad general», y eso es falso. La sociedad no es un cuerpo ni un único sujeto, sino un conjunto dispar, complicado y difuso de opiniones, voces e intereses. No entender esto, que esa comunidad es anterior al Gobierno y al Estado, y que el sentido de estos dos es preservar esa diversidad y la libertad del individuo, es sencillamente sostener los principios totalitarios.

La voluntad general no es la voluntad de todos. Es una ficción. Por eso la democracia se corrigió, para evitar a déspotas que se arrogan la voz del pueblo, y garantizar la libertad y los derechos humanos. Desengáñense, Rousseau no era un demócrata. Lo vieron los que hoy son ignorados, como Tocqueville y Proudhon —uno liberal, otro socialista— que alertaban sobre el peligro del democratismo —que no democracia— para la libertad del individuo.

CONCLUSIÓN
LA TENTACIÓN TOTALITARIA

El Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias tuvo una deriva autoritaria desde el inicio de su mandato. La pandemia le ofreció la oportunidad de acumular todo el poder para deshacer el régimen, constituirse como casta política hegemónica y transformar la sociedad para gobernar en exclusiva. Es la tentación totalitaria que acompaña a toda ideología izquierdista. El proceso se puede resumir así: colonizar el Estado y sus instituciones, cambiar leyes y códigos para satisfacer a sus amigos golpistas e independentistas, asumir el discurso contra el orden constitucional, arrinconar a la oposición y tildarla de enemiga de la voluntad general y de la democracia, controlar los medios de comunicación y la educación, acabar con la independencia del poder judicial, arremeter contra la Corona y exhalar un discurso violento y en ocasiones guerracivilista.

Todo esto se acompañó de un cambio en el eje del consenso político, desde los partidos de la Transición a los de la ruptura, marginando por «anacrónicos» o «antiguos» a quienes defienden la Constitución. Resulta paradójico que sea hoy el PSOE el único partido nacional que mantiene las siglas de 1978 y el primero que haya roto ese consenso. Detrás de todas estas maniobras que se pueden llevar por delante la democracia liberal está la tentación totalitaria de la izquierda, su deseo de ser una religión oficial y única que imponga la vida pública y privada al completo. Lo venden como «progreso» frente a la «reacción» que supone todo aquel que se oponga o critique la imposición de su programa político. Es la intolerancia, el repudio a la democracia y a la libertad, prometiendo un Gobierno protector a través de un Estado omnipresente y todopoderoso que llevará el país a la sociedad perfecta igualitaria.

La crisis de la pandemia fue vista por la izquierda como una oportunidad para acabar con la democracia liberal, y quedó demostrada su concepción totalitaria del Estado, la sociedad y el individuo. El problema proviene de que el socialismo, como indicó Nietzsche, es el hermano menor del despotismo ilustrado, no de la Ilustración. Con la excusa de beneficiar al pueblo lo controlan, regulan, prohíben y mandan. El motivo es que la izquierda cree que sabe mejor que los individuos lo que les interesa. Es así desde Babeuf y Buonarroti, en la Revolución francesa, cuando aseguraban que el pueblo, ignorante y obtuso, era incapaz de comprender cómo se conseguía su bienestar y felicidad, y ellos, los comunistas, tenían que asumir el poder para llevarlo a cabo[151]. Esta idea totalitaria proviene, como vieron Talmon, Popper e Isaiah Berlin, del concepto de voluntad general de Rousseau, entendido como la capacidad de un Gobierno para arrogarse el deseo de un pueblo, al objeto de imponer un programa político para lograr la sociedad perfecta, bienhechora y feliz. Esto es más sencillo cuando la libertad individual desaparece en favor del bien común definido por un Gobierno que quiere cumplir como sea su proyecto ideológico de transformación. Lo señalaba Tocqueville: cuando una sociedad está regida por el igualitarismo se considera que la sociedad está por encima del individuo y que, por tanto, el Gobierno tiene el deber y el derecho de «llevar de la mano a cada ciudadano para guiarle»[152]. El argumento del totalitario, escribía Mises, es que las masas son demasiado estúpidas e ignorantes para saber sus verdaderas necesidades[153].

Por supuesto, esa imposición se hace corrigiendo la sociedad, su moral y costumbres, su educación y actuaciones, para conseguir la verdadera igualdad. De esta manera, el igualitarismo establecido coactivamente por un Gobierno a través de una legislación que imponga la moral y los usos se convierte en el ideal. Para ello es preciso amoldar o sacrificar la libertad individual. El individuo solo es, siente y padece en función de su pertenencia al colectivo y de que viva para ayudar a conseguir el fin común marcado por el Gobierno. La justificación de los ingenieros sociales es servir a los que supuestamente protegen, y en realidad están imponiendo un régimen totalitario para su hegemonía. Es una nueva casta, una oligarquía que se sirve del Estado para ejercer el mando. Al otro lado, la persona cree que solo es libre si cumple las normas. Así, la servidumbre por ese «bien común» definido por el poder se acaba convirtiendo en la única forma de ser libre.

Los igualitaristas que tomaron el Gobierno a raíz de las elecciones del 10 de noviembre de 2019 vieron una ocasión única con la pandemia por el coronavirus para cambiar el régimen. Era la excusa perfecta para apelar a una pretendida voluntad general que pusiera en marcha un Estado todopoderoso para marcar la moral, las reglas de juego, las dosis de libertad y, lo que es peor, el interés general. De ahí las apelaciones a la «nueva normalidad», a esa situación global a la que se llegaría tras la imposición de una moral específica y unas normas de comportamiento. Eso se hizo acompañar con la adopción de medidas alejadas totalmente del sentido sanitario que tenía el estado de alarma. Por esta razón, la campaña de propaganda del Gobierno socialcomunista fue tan extensa, profunda, bélica y tan dura contra los que no aceptaban la pretensión de su «nueva normalidad». Incluso cambiaron el eje del consenso: dejó de ser entre los grandes partidos históricos y constitucionalistas, para ser con los enemigos de la democracia liberal y de la Constitución. Intentaron aprovechar el miedo a la crisis social y económica que traería la pandemia como justificación para un giro autoritario en España.

Ese igualitarismo que anula la libertad lo quisieron imponer en tres aspectos fundamentales: la educación, la sanidad y la riqueza. Aprobaron una ley educativa que atribuía al Estado la decisión de la instrucción de los hijos. La ministra Celaá ya había dicho anteriormente que los niños no pertenecen a los padres, lo que suponía que había una autoridad superior, el Estado, más capacitado para decidir por sus hijos. Era una manifestación del desprecio elitista y del complejo de superioridad moral que arrastra la izquierda, y el estado de alarma les dio la oportunidad de aprobar dicha ley sin debate público. Lo mismo ocurrió con la Sanidad. Asumieron el mando único, pero fue negligente y tardío, incluso cuando Pablo Iglesias, el vicepresidente de derechos sociales, se atribuyó la gestión de las residencias de mayores. No les importaba la calidad de la sanidad, sino que fuera igual para todos, del mismo modo que la educación. Lo tercero fue la riqueza. El desprecio a la propiedad privada y a los valores e iniciativas que la componen fue completo. La riqueza no era individual, sino colectiva, prisionera de un territorio, y, por tanto, el Estado tenía el derecho, casi la obligación, de expropiarla y repartirla. «¡Que paguen los ricos!», era el lema. El cuadro estaba completo si se hacía bajo un estado de alarma que funcionaba como un estado de excepción suspendiendo derechos, castrando el control parlamentario, la fiscalización pública y la libertad de expresión. No en vano quisieron crear un «Ministerio de la Verdad» para proteger al Gobierno impidiendo la difusión de noticias que lo perjudicaran.

De esta manera, cada español quedaba bajo el control absoluto y coactivo de un gobierno igualitarista y, en consecuencia, de tendencia totalitaria. No era algo circunstancial por la pandemia, sino la aceptación de la lógica de que el Estado sabe mejor que cada persona lo que a cada persona le interesa y beneficia. Esto es: si el Gobierno que maneja el Estado puede decidir la educación, la sanidad y la cantidad de riqueza que debemos tener, lo siguiente es que determine las costumbres y la conciencia.

Estamos hablando de la eliminación de la libertad. No puede subsistir una sociedad política si no se protege el derecho de propiedad, un derecho natural e inherente al hombre, porque en él reside la libertad y el progreso. El Gobierno solo tiene sentido para defender los derechos, y especialmente el de propiedad, como ya vio John Locke en el siglo XVII[154]. ¿Pero qué ocurre si es el Gobierno quien vulnera dicho derecho y de forma totalmente impune? La vulneración gubernamental de ese derecho fundamental abre la puerta a la intromisión en todos los demás; es decir, a una deriva totalitaria.

Tocqueville vio la incompatibilidad entre la democracia y el socialismo, incluso en su vertiente democrática. El motivo es que la idea socialista tiende al totalitarismo, al control y dirección de la vida privada y pública de los individuos, al diseño «racional» de la sociedad y a la imposición de una moral. El conjunto es incompatible con la democracia. Ya lo señaló Bastiat: el proteccionismo, el socialismo y el comunismo «no son más que una sola planta en tres periodos de desarrollo»[155]. La democracia, dijo Tocqueville, aspira a la igualdad en la libertad, mientras que el socialismo aspira a la igualdad en la coerción y la servidumbre. Sin embargo, los socialistas se dedican a predicar que sus ideas traen la libertad. Por eso Hayek escribió que lo que se prometió como el «camino de la libertad sería de hecho la vía de la esclavitud»[156]. Julien Freund entendía que las categorías de mando y obediencia eran fundamentales para entender la política. La clave del totalitarismo, la «hipercracia» de Freund, es conseguir que el mando sea arbitrario y que la obediencia llegue hasta lograr la servidumbre[157]. Eso es el socialismo, el ejercicio del poder sin límite, capaz de transformarlo todo —de ahí la tentación totalitaria— y conseguir la obediencia ciega o silenciosa de las personas, ya sea por convicción, costumbre o miedo. El liberalismo ha sido el gran enemigo público desde 1914, y lo sigue siendo para los totalitarios de todos los partidos.

Frente al liberalismo, basado en el individuo y la responsabilidad personal, la asunción de consecuencias, el mérito y el esfuerzo, la creación personal y la decisión libre, está el socialismo en sus diferentes versiones. Esta competencia entre una filosofía política y una religión civil es muy dura. La creencia en el paraíso socialista permite atribuir la responsabilidad de la situación social propia al orden político, a la superestructura jurídica e institucional, y asumir la promesa de un futuro de armonía y felicidad sin esfuerzo, siempre y cuando se acabe con lo existente. Esa fe religiosa en el socialismo hace soportable la vida a la gente, encauzar su frustración y resentimiento gracias al sacrificio de la lógica y de la realidad, en lo que Mises llamó «complejo de Fourier»[158].

En muchos casos se trata de la envidia, de ahí que la idea de que paguen los ricos sea tan popular en la izquierda. En su visión del mundo no se trata de que todos estemos mejor, de que aumente la calidad de vida, sino de que seamos iguales. Para eso han dicho siempre los izquierdistas, y aquí el gobierno socialcomunista, que el Estado tiene que actuar de forma coactiva y arrebatar a los que poseen riquezas para distribuirlas entre el pueblo. No tratan de crear las condiciones para que todos vivan cada vez mejor, sino que los que viven mejor compartan obligatoriamente. Eso no es solidaridad, sino robo. La solidaridad, como explicó Adam Smith, es el ejercicio individual y voluntario de ayuda a los demás. Explicaba el escocés que esa solidaridad se produce especialmente con el libre mercado, donde la mejora propia depende de la mejora de los demás, y la búsqueda del negocio, la satisfacción de la oferta, beneficia a todos. La riqueza se crea, no se extrae, y esa creación se distribuye por sí sola, sin necesidad de un Estado coactivo. No hay élites extractivas en el libre mercado, sino creadoras. El motor de la economía, como señaló Adam Smith, es la iniciativa individual.

El socialismo entiende al revés esa armonía y crecimiento mutuo del libre mercado: si alguien mejora es porque otro empeora. Esto es falso. La historia de la humanidad demuestra que el progreso tecnológico y comercial han disminuido la pobreza absoluta, no al contrario. Incluso ha quedado claro que no combatir la desigualdad es un motor de progreso colectivo, no a la inversa. De hecho, las economías comunistas colapsaron mientras sus sociedades se iban sumiendo en la pobreza. Por eso la gente huía de los «paraísos» comunistas hacia cualquier «infierno» capitalista. Para decirlo más claro: si combatir la desigualdad se hubiera impuesto desde la aparición del hombre sobre la Tierra aún seguiríamos en cuevas.

La crisis política que se inició en 2007 provocó la desafección hacia las instituciones y los partidos tradicionales, y abrió la puerta al populismo entendido como estrategia política basada en la contraposición entre los de arriba y los de abajo, los privilegiados causantes de la crisis y el pueblo. La derecha se asustó frente al avance del populismo comunista, con una marcada comunicación política para la movilización, la rentabilidad electoral y llegar al poder. Para la izquierda fue sencillo porque el consenso socialdemócrata había demonizado los pilares de la democracia liberal: el libre mercado, la propiedad, y la responsabilidad individual. Asustada, una parte de la derecha acogió el populismo como una forma de contrarrestar ese avance, del mismo modo que en la Europa de Entreguerras creyó ver en el fascismo, o en algunas de sus formas, un mal menor para detener al bolchevismo. En realidad, se trataba del enfrentamiento entre dos tipos de dictaduras revolucionarias antiliberales que solo podían llevar a la guerra, como se vio en España y en el resto de Europa. El fascismo, como hoy el populismo de derechas, comunitarista y proteccionista, no son armas para el triunfo de la libertad. Como escribió Mises en 1927, si «se quiere vencer» al socialismo «no hay más remedio que recurrir al mundo de las ideas»[159]. Y en tal terreno, sentenciaba, solo hay una filosofía capaz de desarticular el colectivismo y la tentación totalitaria: el liberalismo.

Afirmaba Herbert Spencer que, con el argumento de una mayor libertad, los Gobiernos reglamentan cada vez más aspectos de la vida privada. De esta manera, concluía, las posibilidades de acción humana se recortan, catalogan y penalizan[160]. Hoy no hay faceta que no esté contemplada por una norma o una ley.

La excusa de la izquierda es que para llegar a una sociedad más justa, igualitaria, ecologista o feminista el Gobierno debe reglamentar, prohibir, coartar, tasar y discriminar, al tiempo que alecciona y da moral. Es el moralismo, ese nuevo puritanismo de la izquierda que nos hace mucho menos libres, que culpa al individuo constantemente por sus palabras y silencios, acciones y omisiones. Nos colectiviza por sexo, género, territorio, patrimonio o ideas, y nos hace culpables por pertenecer a ese colectivo. Es un enorme retroceso en la concepción de la democracia, no visto desde que lo engendraron los totalitarismos comunista y nacionalsocialista en el siglo XX.

La Nueva Izquierda considera que es más importante transformar la sociedad que gobernar, porque haciéndolo se aseguran el gobierno. El proceso es inverso a como lo concibe el resto: los izquierdistas van de abajo arriba, consolidando mentalidades y posiciones políticas, lenguaje y visiones del mundo, y sobre esto se lanzan al poder de forma natural. Solo cuando la fruta está madura exigen comérsela. Esa transformación social significa corregir la naturaleza humana. Por eso siempre fracasan las ideologías totalitarias, como el socialismo o el fascismo, porque van contra el hombre. No es posible, como escribió Fromm, ni a través de la propaganda ni del terror «suprimir las condiciones básicas que originan el anhelo de libertad»[161].

No importa la historia, ni sus fracasos, la izquierda continúa considerando que vivimos, pensamos y actuamos mal, y que el socialismo ha venido para decirnos cómo debemos ser, pensar y actuar para progresar hasta alcanzar su paraíso. Es el aspecto evangelizador del visionario: «Vives en pecado. Todo lo que haces y piensas está mal. Vengo a enseñarte la verdad única, aunque no quieras». Pero también es la idea hobbesiana de libertad en la que la maldad intrínseca del hombre necesita de un Estado corrector, educador y padre.

Ese ideal de progreso pasa por el Estado «salvador». El Estado deja de ser paternalista, como fue desde 1945, para ser salvador: viene a salvarnos de nosotros mismos. Salimos de la idea de Hobbes, de un Estado separado de la sociedad, y entramos en la de Rousseau, en un Estado y una sociedad que forman un solo cuerpo, en la que el hombre carece de derechos hasta que llega el Estado a concedérselos, no a reconocerlos. Es una fórmula pesimista e interesada, perfecta para el proyecto de ingeniería social. El liberal considera que el Estado debe ser el «firme baluarte de la propiedad privada», porque es la pieza fundamental para que funcione el libre mercado como motor de progreso[162]. El socialista, por contra, considera que el Estado no es un instrumento garantista, sino transformador, por lo que siempre desea tenerlo bajo su control. Tener el Estado es tener la palanca para cambiar todo.

La izquierda nos presenta su gobierno como una manera de salvarnos de nuestras ideas y comportamientos, de las relaciones que mantenemos o podemos tener. Para eso quiere producir legislación sin fin que reglamente nuestra vida y establezca una nueva moral, lo que está bien y lo que mal, lo que perjudica o beneficia a la sociedad. Se atreven a definir el «bien común» y, por tanto, el «mal común». Eso supone establecer fronteras sociales, bandos y trincheras. Un «no pasarán» continuo frente a la «peligrosidad social» de la oposición, a la que se llama constantemente «obstáculo» y «ultra».

Eso es una ideología, una concepción del mundo fundada en unos principios que conducen a un fin obligatorio, que desprecia, obvia y oscurece a su arbitrio la situación real y a los que no opinan igual. Esa visión ideológica de la existencia individual y colectiva es exclusivista y partidista, y hace, como escribió Karl Mannheim, que sus feligreses «no sean capaces de ver ciertos hechos que harían vacilar su sentido del dominio»[163]. De ahí el éxito de la posverdad: esa mentira aceptada para tener razón frente al enemigo. Es la «falsa conciencia» de la que hablaban los marxistas y que distorsiona la comprensión de la realidad y el sometimiento de todo a su propósito ideológico.

La ideología conduce a eso, a tomar la mentira como un hecho positivo mientras sirva para atacar al enemigo. Porque su concepción de la política es la guerra, el conflicto. Ya lo escribió Lenin: la política es otra forma de hacer la guerra. Esta izquierda no quiere tener razón, ni esgrimir la verdad, sino demoler la existencia social e intelectual de sus adversarios políticos. Es la tentación totalitaria.

ALMUDENA NEGRO KONRAD (Madrid, 1969) es una periodista y política española. estudió Derecho en la Universidad CEU San Pablo.1​ MBA por la universidad Isabel I de Burgos. Máster en Márketing Digital y E-Commerce. Periodista especializada en comunicación política, redes sociales y márketing digital. Es bilingüe de alemán. Habla además inglés y francés. Es madre de una hija.

Como periodista colabora o ha colaborado en medios tales como Libertad Digital, Vozpópuli, 13TV (actual Trece), El Venezolano TV, Radio Libertad La Sexta, Distrito TV, Radio Inter, e Hispan TV. También ha sido responsable del portal de Tecnología de La Razón.es. Es coautora del libro Contra la socialdemocracia, junto al politólogo e historiador Jorge Vilches. (2016). Fué nominada a un premio por la fundación de víctimas del terrorismo tras su activa lucha contra organizaciones terroristas como E.T.A. Presidió Nuevas Generaciones del Partido Popular en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.3​ A los 25 años fue elegida alcaldesa del municipio de Braojos de la Sierra, siendo por aquel entonces la alcaldesa más joven de Europa. Ocupó el puesto número 17 en la candidatura del Partido Popular para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2019, encabezada por Isabel Díaz Ayuso,​ siendo elegida Diputada por la Asamblea de Madrid hasta 2021. Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Control de Radio Televisión Madrid. Portavoz adjunta en la comisión de Cultura y Turismo y en la Comisión de Mujer . Vocal en la Comisión de Presidencia. Políticamente se define como individualista frente a los colectivismos. Participa en eventos liberales de la mano de asociaciones como el Instituto Juan de Mariana, Students for Liberty, Liberty Fund…

JORGE VILCHES GARCÍA (1967)​ es un politólogo y sociólogo español. Doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, es profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid, y lo ha sido de Historia en la Universidad San Pablo-CEU, así como investigador invitado en el Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de La Sorbona (París IV) y en la Universidad de Roma La Sapienza.

Vilches está especializado en la historia política, parlamentaria y de las ideas del siglo XIX (español y europeo). Por otro lado, en sus análisis politológicos destaca por sus críticas a la socialdemocracia y a los enemigos de la libertad, los totalitarios y autoritarios, como comunistas, populistas socialistas, fascistas y nacionalistas.

Pertenece al consejo de redacción de la revista Aportes: Revista de Historia Contemporánea, fue columnista de Libertad Digital, y actualmente escribe en El Español, La Razón, Vozpópuli, y colaborador habitual de los programas de radio «Yaesdomingo», «Herrera en Cope» y «El Mundo en Viernes».

Ha publicado: Progreso y Libertad. El Partido Progresista en la revolución liberal española (2001), Emilio Castelar, la patria y la república (2001), Antonio Cánovas del Castillo. La revolución liberal española. Antología política, 1854-1876 (2002), Isabel II. Imágenes de una reina (2007), Liberales de 1808 (2008), Contra la socialdemocracia (2017), junto con Almudena Negro y La tentación totalitaria (2021), también junto con Almudena Negro.

Notas

[1] «Security is mortal’s chiefest enemy» («La seguridad es el mayor enemigo de los mortales»), escribió William Shakespeare. <<

[2] Ludwig von Mises, Gobierno omnipotente. En nombre del Estado, Madrid, Unidad Editorial, 2002, p. 78. <<

[3] Dalmacio Negro, La tradición liberal y el Estado, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1995, pp. 185-186. <<

[4] Alexis de Tocqueville, La democracia en América, Madrid, Sarpe, 1884, II, p. 244. <<

[5] Jacob L. Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, Madrid, Aguilar, 1956. <<

[6] Daniel Bell, El final de la ideología (versión del año 2000), Madrid, Alianza Editorial, 2015, pp. 73-74. <<

[7] No es de extrañar que la izquierda rechace el concepto de totalitarismo porque, como propagó desde la década de 1950, creían que solo era una palabra para desprestigiar el comunismo, ya que lo equiparaba con el fascismo y el nacionalsocialismo. En la actualidad, Zizek sigue con esta descalificación. Enzo Traverso explica los motivos del rechazo de la izquierda al concepto «totalitarismo» enEl totalitarismo. Historia de un debate, Buenos Aires, Eudeba, 2001, cap. VIII y XI. <<

[8] Dalmacio Negro,La situación de las sociedades europeas. La desintegración del êthos y el Estado, Madrid, Unidad Editorial, 2008, p. 44. <<

[9] Dalmacio Negro, La situación de las sociedades europeas, p. 33. <<

[10] Bertrand de Jouvenel,Sobre el poder. Historia natural de su crecimiento. Prólogo de Dalmacio de Negro Pavón, Madrid, Unión Editorial, 1998, p. 60. <<

[11] Julien Freund, La esencia de lo político. Edición y estudio preliminar de Jerónimo Molina Cano, Madrid, CEPC, 2018, pp. 330-331. <<

[12] Carl Schmitt, La Dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha proletaria, Madrid, Alianza Editorial, 2007, capítulos 3 y 4. <<

[13] Citado por Simona Forti, El totalitarismo: trayectoria de una idea límite, Barcelona, Herder, 2008, p. 12. <<

[14] Tocqueville, La democracia en América, II, p. 269. <<

[15] Plubius [Hamilton], «Número 1», en Artículos federalistas y antifederalistas. El debate sobre la Constitución americana. Selección e introducción de Ignacio Sánchez-Cuenca y Pablo Lledó, Madrid, Alianza Editorial, 2002, p. 48. <<

[16] Daniel Bell, «Retorno al final de la ideología», en El final de la ideología, p. 144. <<

[17] Julien Freund, La esencia de lo político, p. 332. <<

[18] Eric Fromm, El miedo a la libertad, Barcelona, RBA, 1985, p. 235. <<

[19] María Blanco, Afrodita desenmascarada, Barcelona, Deusto, 2017. Loola Pérez, Maldita feminista. Hacia un nuevo paradigma sobre la igualdad de sexos, Barcelona, Seix Barral, 2020. <<

[20] John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 56. <<

[21] David Quammen, «Somos más abundantes que cualquier otro gran animal. En algún momento habrá una corrección», El País, 19 de abril de 2020. <<

[22] Jorge Vilches, «Che, 50 años de su muerte», La Razón, 15 de enero de 2017. <<

[23] Roger Scruton, Pensadores de la nueva izquierda, Madrid, Rialp, 2017. <<

[24] Mark Bray, Antifa. El manual antifascista, Madrid, Capitán Swing, 2018. <<

[25] Rafael del Águila Tejerina, «Crítica y reivindicación de la utopía: la racionalidad del pensamiento utópico», REIS, 25/84, pp. 37-70. <<

[26] Lorenzo Bernaldo de Quirós, En defensa del pluralismo liberal. Contra las religiones posmodernas, Madrid, Deusto, 2020, p. 119. <<

[27] Antonio Elorza, «Utopías del 68», Claves de Razón Práctica, núm. 182, pp. 38-46. <<

[28] Jorge Vilches, «Imbéciles pero felices», Disidentia, 2 de abril de 2018. <<

[29] Arendt, Los orígenes, p. 389. <<

[30] Traverso, El totalitarismo, p. 142. <<

[31] Jorge Vilches, «Las microutopías que roban tu libertad»,Disidentia, 4 de febrero de 2018; Almudena Negro, «De la Gran Utopía a Madrid Central»,Vozpópuli,, 20 de julio de 2019. <<

[32] Federico Jiménez Losantos, Memoria del comunismo: de Lenin a Podemos, Madrid, La Esfera de los Libros, 2018. <<

[33] Véase el prefacio de Isaiah Berlin a Georges Sorel, Reflexiones sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2016. <<

[34] Horacio Vázquez Rial, La izquierda reaccionaria: síndrome y mitología, Madrid, Ediciones B, 2016. Véase también Félix Ovejero, La deriva reaccionaria de la izquierda, Madrid, Página Indómita, 2018. <<

[35] Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, Madrid, Público, 2010, p. 35. <<

[36] Quinn Slobodian, Globalistas. El fin de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo, Madrid, Capitán Swing, 2021, pp. 32-33. <<

[37] Talmon, Los orígenes, p. 222. <<

[38] Raymond Aron, El opio de los intelectuales, Buenos Aires, Ediciones Siglo XX, 1979, p. 112. <<

[39] Simone Weil, «Fragmentos, Londres, 1943»,Opresión y libertad,Barcelona, Página Indómita, 2020, p. 127. <<

[40] Karl Popper, La miseria del historicismo, Madrid, Alianza Editorial, 2019, pp. 74-78. <<

[41] Arendt, Los orígenes, p. 414. <<

[42] José María Marco, La libertad traicionada.Siete ensayos españoles, Barcelona, Planeta, 1997. <<

[43] Ece Temelkuran, Cómo perder un país. Los siete pasos de la democracia a la dictadura, Barcelona, Anagrama, 2019, pp. 17-18. <<

[44] Manuel Castells, «Fin de un mundo»,La Vanguardia, 4 de abril de 2020. <<

[45] Gabriel Ortega y Emilio Santiago, «Tiempos para el ecosocialismo democrático»,Cuartopoder.es, 11 abril 2020. <<

[46] El Mundo, 12 de abril de 2020. <<

[47] X. López, «Fukuyama en Wuhan: predicciones en tiempos de pandemia», La U, 9 abril 2020. <<

[48] Benito Mussolini, La doctrina fascista, Editorial Kamerad, p. 19. Benito Mussolini, El fascismo. Su doctrina, fundamentos y normas legislativas en el orden sindical corporativo, económico y político. Prólogo y epílogo de José Antonio Primo de Rivera y Julio Ruiz de Alda, Lib. de San Martín, Madrid, 1934, p. 75. <<

[49] Quizá la crisis no proceda del exceso de globalización, sino de un déficit de la misma, como sostiene Manuel Arias Maldonado en Desde las ruinas del futuro. Teoría política de la pandemia, Madrid, Taurus, 2020. <<

[50] Ludwig von Mises, Liberalismo, Barcelona, Planeta-De Agostini, 1994, p. 75. <<

[51] Axel Kaiser, La tiranía de la igualdad, Barcelona, Deusto, 2017. Javier Redondo Portelas, «Populísmo de izquierda: marxismo camufaldo y crisis de la representación», Cuadernos de Pensamiento Político, 2018, pp. 7-14. <<

[52] Mises, Liberalismo, p. 86. <<

[53] Forti, El totalitarismo, p. 22. <<

[54] Dalmacio Negro, La tradición liberal, p. 240. <<

[55] Tocqueville, La democracia en América, p. 252. <<

[56] Eric Voegelin, Las religiones políticas, Madrid, Trotta, 2014. <<

[57] Albert Mathiez, Los orígenes de los cultos revolucionarios (1789-1792), Madrid, CIS, 2012. <<

[58] Czeslaw Milosz, El pensamiento cautivo, Barcelona, Orbis, 1981, p. 229. <<

[59] Max Weber, El político y el científico, Madrid, Alianza Editorial, 1987, p. 84. <<

[60] Hayek, Camino de servidumbre, p. 155. <<

[61] Antonio Gramsci, Antología, Siglo XXI, 1999, p. 290. <<

[62] En 1993 Revel escribía que «una gran parte de los intelectuales y de la prensa, sobre todo el influyente diario El País, y la televisión continúan transmitiendo una ideología antiliberal digna de los años sesenta: anticapitalismo, tercermundismo, antiamericanismo, procastrismo». Nada parece haber cambiado desde entonces en la izquierda. <<

[63] Manuel Castells, Comunicación y poder, Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 530. <<

[64] Carl Schmitt, La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria (1931), Madrid, Alianza Editorial, 2007. <<

[65] Dalmacio Negro, El mito, p. 86. <<

[66] Hayek, Camino de servidumbre, p. 103. <<

[67] Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, p. 227. <<

[68] Juan Ramón Rallo, Liberalismo. Los 10 principios básicos del orden político liberal, Barcelona, Deusto, 2019, pp. 114-134. <<

[69] Tocqueville, La democracia en América, II, pp. 248-49. <<

[70] Hayek, Camino de servidumbre, p. 194. <<

[71] Mises, Liberalismo, p. 66. <<

[72] Juan Carlos Campo, «Tiempo de emergencia, tiempo de derechos», La Razón, 4 de mayo de 2020. <<

[73] Matthew d’Ancona, Posverdad. La nueva guerra contra la verdad y cómo combatirla, Madrid, Alianza Editorial, 2019. <<

[74] Kakutani, La muerte de la verdad, p. 18. <<

[75] Hayek, Camino de servidumbre, p. 174. <<

[76] Slavoj Zizek, En defensa de la intolerancia, Madrid, Público, 2010, p. 18. <<

[77] Dalmacio Negro, La situación de las sociedades europeas. La desintegración del êthos y el Estado, Madrid, Unión Editorial, 2008, p. 23. <<

[78] Zizek, En defensa de la intolerancia, p. 15. <<

[79] Dalmacio Negro, El mito del hombre nuevo, Madrid, Unión Editorial, 2009. <<

[80] El Tercer Reich fue el primer país con legislación ecologista. Véase Luc Ferry, El nuevo orden ecológico, Barcelona, Tusquets, 1994; y Janet Biehl y Peter Staudenmaier, Ecofascismo: Lecciones sobre la experiencia alemana, Virus, 2019. <<

[81] Bertrand de Jouvenel, Sobre el poder, p. 193. <<

[82] Mises, Gobierno omnipotente, p. 15. <<

[83] Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Taurus, 1974, p. 393. <<

[84] Friedrich A. Von Hayek, Camino de servidumbre, Madrid, Alianza Editorial, 2006, pp. 88-89. <<

[85] Eric Alliez y Antonio Negri, «Paz y guerra», Nómadas, Nº. 19, 2003, pp. 10-17. <<

[86] Dalmacio Negro, La tradición liberal, p. 229. <<

[87] Arendt, Los orígenes, p. 419. <<

[88] Carl Schmitt, autor muy leído por la izquierda, señalaba en El concepto de lo político(1932), que en economía no hay enemigos, sino competidores. Solo en política hay enemigos. Por tanto, si el amigo es quien contribuye a lo público, su contraposición, el enemigo, es enemigo de lo público. <<

[89] George Lakoff, No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político, Barcelona, Península, 2007. <<

[90] Drew Westen, The Political Brain: The Role of Emotion in Deciding the Fate of the Nation: How We Make Up Our Minds Without Using Our Heads, Public Affairs, 2008. <<

[91] Dámaso Alonso, En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Editorial Crítica, 2005. El ministro de Universidades de Sánchez, Manuel Castells, dedicó en su libro Comunicación y poder un capítulo a explicar los estudios de Dámaso Alonso. <<

[92] Jean François Revel, El conocimiento inútil, Espasa Calpe, 2006. <<

[93] Mises, Liberalismo, p. 31. <<

[94] Eduardo Fernández Luiña, «¿Qué nos está pasando» ¿Corren peligro nuestras libertades?, en José María Marco y Jorge Martín Frías, La hora de España. Una afirmación liberal conservadora, Barcelona, Deusto, 2020, pp. 113-131. <<

[95] Ted Brader, Campaigns for Hearts and Minds. How Emotional Appeals in Political Ads Work, The University of Chicago Press, 2006. <<

[96] Sobre identidades véase José María Marco y Miguel Ángel Quintana Paz, «La era de la identidades», en José María Marco y Jorge Martín Frías, La hora de España, o.c., pp. 35-53. <<

[97] María José Villaverde Rico, La ilusión republicana. Ideales y mitos, Madrid, Tecnos, cap. VIII. <<

[98] José A. Olmedo, «Fracaso epidemiológico y polarización populista. El Gobierno Sánchez frente a la COVID-19», Cuadernos de Pensamiento Político, 2020, núm. 67, pp. 11-28. <<

[99] Manuel Castells, «Regeneración», La Vanguardia, 2 de junio de 2018. <<

[100] Manuel Castells, Ruptura. La crisis de la socialdemocracia liberal, Madrid, Alianza Editorial, 2017. <<

[101] Manuel Castells, «Esperanza», La Vanguardia, 2 de mayo de 2020. <<

[102] Julien Freund, La esencia de lo político, p. 329. <<

[103] Frédéric Bastiat, La Ley. Estudio preliminar de Carlos Rodríguez Braun, Madrid, Alianza Editorial, 2005, p. 77. <<

[104] «En la calle a la espera del Ingreso Mínimo Vital», La Razón, 22 de agosto de 2020. <<

[105] Arendt, Los orígenes, p. 434. <<

[106] Este relato pseudohistórico se ha convertido en un dogma en el mundo podemita, donde se repite una y otra vez lo mismo. Un buen ejemplo es Xavier Domènech, «Pactos de la Moncloa ‘reloaded’?», Ara.cat, 8 de abril de 2020. <<

[107] Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, cap. VII. <<

[108] Joseph Goebbels, Diario de 1945, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007, p. 345. <<

[109] Manuel Castells, Comunicación y poder, Madrid, Alianza Editorial, 2009, p. 207. <<

[110] Carlos Gutiérrez Cuevas, La conjura Goebbels: de la propaganda a la comunicación política, 2009. Consultado en septiembre de 2020. https://www.researchgate.net/publication/260287930_La_conjura_Goebbels_de_la_propaganda_a_la_comunicacion_politica <<

[111] El Español, 29 de marzo de 2020. <<

[112] Almudena Negro, Así organiza la extrema izquierda su guerrilla tuitera, La Razón, 3 de octubre de 2018. <<

[113] El Español, 19 de marzo de 2020. <<

[114] Vozpópuli, 20 de abril de 2020. <<

[115] Jacobo Rivero, Conversación con Pablo Iglesias, Turpial, 2014. <<

[116] Rubén Arranz, «Newtral, Maldita… ¿Quién controla a los controladores?», Vozpópuli, 16 de abril de 2020. <<

[117] Almudena Negro, «Un fallo de Twitter es usado para suspender cuentas que no infringen las normas», La Razón, 25 de julio de 2018. <<

[118] «Los españoles son los más descontentos de Europa con la gestión del gobierno sobre el coronavirus», El Independiente, 1 de abril de 2020. <<

[119] «España ha sido el peor país del mundo en responder al coronavirus, según un estudio independiente» , Vozpópuli, 20 de abril de 2020. <<

[120] «El 68 % de los españoles considera un “desastre” la gestión del Gobierno y suspenden a Sánchez con un 3», Europa Press, 21 de abril de 2020. <<

[121] Iñaki Aizpún, «١٠ lecciones que va dejando el coronavirus», Diario Libre, 23 de abril de 2020. https://www.diariolibre.com/opinion/am /10-lecciones-que-va-dejando-el-coronavirus-ID18392785 <<

[122] Michiko Kakutani, La muerte de la verdad, Madrid, Galaxia Gutenberg, 2019, p. 18. <<

[123] «La vacuna contra el coronavirus covid-19 podría tardar 18 meses según la OMS», ConSalud.es,12 de febrero de 2020. <<

[124] Luca Costantini, «Sectores del feminismo plantearon al Gobierno anular la marcha del 8-M por el coronavirus», Vozpópuli, 11 marzo 2020. <<

[125] Las imágenes en https://www.youtube.com/watch?v=m3T2V3FyH6c <<

[126] Sobre la responsabilidad, Hans Jonas, con especial referencia al marxismo, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilization(El principio de responsabilidad, 1979), Frankfurt a. M., Insel 1982. VII, III, 1, p. 388. <<

[127] Decía Max Weber en La política como vocación, que todo político en el ejercicio de sus funciones debe conjugar de forma equilibrada la «ética de la convicción» con la «ética de la responsabilidad», ya que ambos conceptos no son opuestos, sino complementarios. Ser responsable es incómodo y el gobierno socialcomunista explota que la obediencia política exime de la responsabilidad que «pertenece a la estructura de la vida» (Julián Marías). La consecuencia es la expansión de la irresponsabilidad, sobre todo en relación con la res pública. <<

[128] F. Nunes, «La adicción de España al déficit aleja a Sánchez de los coronabonos», Libertad Digital, 6 de abril de 2020. <<

[129] «Europa solo podrá continuar existiendo si los europeos nos apoyamos mutuamente», CTXT, 10 de abril de 2020. <<

[130] «Ni eurobonos ni coronabonos. Bonos de recuperación como pide la Eurocámara», Valencia Plaza, 17 de abril de 2020. <<

[131] J.M. Rotellar, «Sánchez lo ha hecho todo mal: los tres escenarios a los que podría llevar a la economía española», Libre Mercado. 13 de abril de 2020. <<

[132] Daniel Lacalle, «Salir fortalecidos de la crisis sin sufrir un rescate de la economía», El Español, 11 de abril de 2020 <<

[133] Gordon S. Wood, La revolución norteamericana, Ed. Debolsillo, 2015. <<

[134] Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, p. 241. <<

[135] Christopher Lasch, La rebelión de las élites y la traición a la democracia, Barcelona, Paidós, 1996, p. 31. <<

[136] Jorge Vilches, «Quien siembra populismos, recoge tempestades», El Español, 8 de enero de 2021. <<

[137] Antonio Negri, El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015. <<

[138] El lema hacía referencia a la frase pronunciada por el presidente fundador de Alianza Popular, Manuel Fraga Iribarne, en el X Congreso del Partido Popular que tuvo lugar entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, en el que subió al poder, llegado desde la Junta de Castilla y León, José María Aznar. Fraga rompía aquel día en mil pedazos unos folios en los que, según reza el imaginario de los populares, estaba escrita la dimisión de Aznar. Hay quien dice que el fraguista Francisco Álvarez Cascos recogió aquellos pedazos y recompuso el documento. El 20 de enero de 2019 Aznar, emulando a Fraga, le dedicó a Pablo Casado el mismo lema: «Eres un líder como un castillo, sin tutelas ni tutías». <<

[139] «Las relaciones peligrosas de Pablo Iglesias», El Correo de España, 15 de mayo de 2020. <<

[140] Dalmacio Negro, Historia de las formas del Estado. Una introducción, Madrid, El Buey Mudo, 2010, cap. XXXIII. <<

[141] El 29 de octubre de 2020 el diario ABC publicó que Pedro Sánchez había colocado a un grupo numeroso de sus amigos de juventud en cargos de organismos públicos. <<

[142] Toni Negri, El poder constituyente, p. 174. <<

[143] John Locke, Ensayo y carta sobre la tolerancia, Madrid, Alianza Editorial, 2014, pp. 118-119. <<

[144] Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, p. 227. <<

[145] Hans Kelsen, Esencia y valor de la democracia, Madrid, Labor, 1977, p. 50. <<

[146] Nikolai Bujarin, El abc del comunismo, p. 29; en http://fundacionfedericoengels.net /images/PDF/abc-comunismo-bujarin.pdf <<

[147] Guadalupe Sánchez, Populismo punitivo, Barcelona, Deusto, 2020. <<

[148] Arendt, Los orígenes, p. 387. <<

[149] Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona, Ariel, 2018, pp. 16-18. <<

[150] Armando Zerolo, Génesis del Estado minotauro. El pensamiento político de Bertrand de Jouvenel, Madrid, Sequitur, 2013, pp. 208-225. <<

[151] Talmon, Los orígenes de la democracia totalitaria, p. 228. <<

[152] Tocqueville, La democracia en América, II, p. 245. <<

[153] Ludwig von Mises, La mentalidad anticapitalista, Madrid, Unidad Editorial, 2019, p. 17. <<

[154] John Locke, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, p. 102. <<

[155] Frédéric Bastiat, La Ley, p. 77. <<

[156] Hayek, Camino de servidumbre, p. 56. <<

[157] Julien Freund, El gobierno representativo. Traducción, introducción y notas de Juan C. Valderrama Abenza, Madrid, Ediciones Encuentro, 2017, p. 119. Dalmacio Negro, La ley de hierro de la oligarquía, Madrid, Unidad Editorial, 2015, p. 57. <<

[158] Mises, Liberalismo, pp. 29-34. <<

[159] Mises, Liberalismo, p. 71-72. <<

[160] Herbert Spencer, El individuo contra el Estado(1884), Barcelona, Orbis, 1984. <<

[161] Fromm, El miedo a la libertad, p. 164. <<

[162] Mises, Liberalismo, p. 59. <<

[163] Karl Mannheim, Ideología y utopía. Introducción a la sociología del conocimiento, Madrid, Aguilar, 1966, p. 89. <<