SINOPSIS

La Primera República es uno de los episodios más importantes y desconocidos de la historia española.

Jorge Vilches explica con rigor y amenidad la construcción de la utopía federal antes de 1873, el derribo de la monarquía democrática de Amadeo I para llegar a la República, la proclamación del Estado catalán, el golpe de Estado de Pi y Margall, el caos cantonal, la trama del golpe de Pavía que conocía todo el mundo, la falsificación que Salmerón hizo del acta parlamentaria para vengarse de Castelar o la animadversión entre los líderes republicanos. La República de 1874, una etapa obviada por la historiografía, también es explicada con detalle.

JORGE VILCHES

LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA

(1873-1874)

De la utopía al caos

INTRODUCCIÓN

La Primera República no acabó el 3 de enero de 1874 con el golpe del general Pavía, como se ha contado muchas veces. Ni tuvo solo cuatro presidentes, sino cinco, contando al general Francisco Serrano, que presidió la República durante más tiempo que la suma de los anteriores. Todo comenzó el 11 de febrero de 1873 y terminó el 30 de diciembre de 1874, y puede que sea el periodo de la historia de la España del siglo XIX más mitificado y menos estudiado debido a dos factores principales: la hegemonía del mito progresista en la narración de la historia de España y la propia complejidad del periodo.

El primer obstáculo aparece cuando el relato historiográfico hegemónico dice que aquel régimen supuso un tiempo de esperanza y progreso truncado por los «reaccionarios». Esta visión idealizada del momento y de sus personajes ha llevado a la mitificación, con una buena carga romántica y presentista, basada en eso que se llama «la España que pudo ser». El segundo obstáculo, como decimos, es la complejidad del periodo político, que no cabe resolverla con un relato político o con estructuralismos sociales o economicistas. En mis estudios sobre el siglo XIX —que abarcan desde 1808 hasta la Restauración—, he de confesar que no he encontrado un tiempo de la historia de España más difícil y enrevesado. La Primera República fue un fenómeno poliédrico con muchas zonas oscuras que la historiografía «amable» con el republicanismo elude por comodidad o conveniencia. En buena medida, el choque entre el relato sobre aquel régimen y la documentación manejada ha impulsado el estilo y el contenido de este libro.

Esta obra se aleja de la tendencia actual de convertir la Historia en un campo de batalla. Ha sido un verdadero trabajo de descubrimiento, pero no para corroborar prejuicios o animar una tendencia política. La investigación se ha realizado sin despreciar fuentes por su sesgo ideológico, sin apriorismos, favoritismos o presentismos. Un historiador honesto no libra las batallas personales usando el pasado de otros.

*

La importancia de la Primera República radica en que fue un momento disruptivo de la historia de España. Rompía con la trayectoria monárquica y vagamente centralista, más apegada a la realidad de un Estado débil y a sus problemas, y presa de una mala clase dirigente política, inapropiada para consolidar un Gobierno representativo. El problema del reinado de Isabel II no fue la reina, ni su vida privada, ni sus preferencias políticas, ni el hecho de que no se diera el poder a los progresistas, sino el comportamiento y la mentalidad de la élite política. Sin unos dirigentes centrados en el funcionamiento de la letra y del espíritu del régimen, leales con las instituciones, críticos pero responsables, es imposible que funcione sistema representativo alguno.

Los dirigentes de los partidos se caracterizaron precisamente por aquello que hacía inviable cualquier sistema constitucional y liberal, especialmente entre 1863 y 1866. Me refiero al obstruccionismo parlamentario para derribar a los ministerios; a las negativas y a los vetos para formar Gobiernos de coalición o de conciliación programática; al cálculo partidista para no depurar el sistema electoral; a la múltiple división en cada partido, y al retraimiento electoral como forma de censura de una decisión política. En suma, el comportamiento desleal e irresponsable de las élites de los partidos impidió la estabilidad del reinado de Isabel II y obligó a un ejercicio de la regia prerrogativa más allá de la lógica de una monarquía constitucional, exactamente igual que pasó con Amadeo I de Saboya. Esto no hace mejor a los reyes —ni los exculpa—, sino que reparte las responsabilidades entre los actores políticos, siempre atendiendo a la documentación y a la lógica constitucional del momento.

La convivencia durante los reinados de Isabel II y Amadeo I era imposible si a lo anterior sumamos una retórica política exclusivista que se apropiaba de la libertad y del pueblo para demonizar al adversario, arrogándose un derecho a gobernar y una misión de corregir la historia de España. No está de más recordar que no era el trono el que organizaba las campañas políticas, falseaba las elecciones, hablaba al pueblo con demagogia y maximalismos, ni el que presentaba mociones de censura y confianza en las Cortes. No fueron Isabel II ni Amadeo I quienes despreciaron el acuerdo entre los grandes partidos para consolidar una situación política en tiempo de crisis. Esto mismo ocurrió en la Primera República: fueron los dirigentes, como se verá en esta obra, quienes hicieron imposible el funcionamiento ordenado del régimen liberal y luego democrático.

Esos mismos dirigentes, en especial los progresistas, no forjaron antes de 1868 un pensamiento político sólido para construir una alternativa al régimen isabelino, sino que se sirvieron de una retórica de oposición para alcanzar el poder. La élite política coincidió en que el problema era Isabel II, a quien atribuyeron la culpa y la responsabilidad de la falta de convivencia entre los partidos. Es cierto que barajaban ideas de funcionamiento del sistema constitucional, como la existencia de un poder moderador —el rey—, unas Cortes ampliamente representativas y el ejercicio de las libertades en detrimento de la presión fiscal. También es verdad que ese nuevo régimen, con su fe en el contractualismo, debía basarse en una Constitución que fuera el acta de nacimiento de la España nueva, de la «España con honra», que escribió Adelardo López de Ayala en septiembre de 1868. Todos se unieron contra Isabel II y la dinastía Borbón, a la que achacaron la inestabilidad del régimen liberal en España. Su propósito en aquella Revolución, la Gloriosa, fue crear un sistema común nacido de unas Cortes elegidas por sufragio universal masculino que pusiera en práctica una fórmula nueva: la monarquía democrática.

La Revolución se hizo para evitar los «obstáculos tradicionales» que, según los progresistas, impedían a su partido alcanzar el Gobierno de forma legal y llevar a España a una situación de felicidad basada en la libertad. La camarilla, la presión clerical, el favoritismo de la reina Isabel hacia los moderados, la violación de la ley y la corrupción pública y privada constituían un tapón que impedía a España tener Gobiernos verdaderamente liberales. La Unión Liberal de Francisco Serrano, el Partido Progresista de Juan Prim y el Partido Demócrata de Nicolás María Rivero y Cristino Martos se unieron contra el régimen de poder exclusivo que el Partido Moderado había instalado aprovechando el miedo de Isabel II a la revolución. Libertades para los españoles, urnas abiertas para el sufragio de los hombres, conciliación de los partidos, turno en el poder y progreso de la sociedad. «Moralidad y economías», decían, y así consiguieron los tres partidos que los españoles, en su inmensa mayoría, aplaudieran la Revolución de septiembre de 1868.

Las intenciones eran buenas, pero la praxis fue un desastre. No hubo un verdadero interés por el funcionamiento de la democracia y su consolidación, sino por tener y ejercer el poder contra viento y marea, por disfrutar de un incomprensible «derecho a gobernar» para salvar a España sin pasar por las urnas. Existió un culto a la revolución que impidió el ejercicio de la libertad y de la democracia, y que derivó en un caos, justamente en el punto álgido revolucionario: la Primera República.

*

El estudio de la Primera República no ha tenido suerte en España, como señaló con acierto Alejandro Nieto en su reciente obra sobre la Asamblea Nacional entre febrero y mayo de 1873. Sin analizar ni comprender lo que pasó en aquel régimen, «no podremos entender bien nuestro siglo XIX», escribió. Podría señalar los estudios que se han dedicado con mayor o menor fortuna al fenómeno, como los de José María Jover Zamora o Juan Ferrando Badía, pero unos párrafos con referencias bibliográficas carecen de interés ahora. No obstante, sí conviene señalar que en la historiografía española faltaba un trabajo profundo sobre la vida política de la Primera República, la de 1873 y 1874, basado en fuentes primarias y secundarias contrastadas. Esto es lo que en este libro se trata de hacer.

También es conveniente señalar una cuestión que muchas veces pasa desapercibida para el gran público. Este libro no partió con la intención de hacer un panegírico de los republicanos, ni tampoco un ataque. Cualquiera de las dos soluciones no estaría a la altura de una investigación profunda como la que aquí se ha intentado hacer. Esta obra se inició para conocer la Primera República en profundidad y comprender mejor el siglo XIX español, y es la culminación de décadas de investigación.

No soy nuevo en esto, y sé que es más fácil conseguir el aplauso del gremio de historiadores si se escribe favorablemente de los republicanos o de los progresistas del siglo XIX, y mal de los monárquicos, conservadores y católicos. Existe una proyección de la ideología del historiador sobre el pasado y un coqueteo con la corrección académica que hacen un flaco favor al gran público y al avance del conocimiento histórico. Por contra, sostengo que no hay que entender el oficio de historiador como escribir bien o mal sobre algo o alguien, o reivindicar o denostar personajes. Se trata, en mi humilde opinión, de contar las cosas como uno interpreta que ocurrieron sobre la base de lo que otros estudiaron, en función de la documentación que maneja y sin ocultar datos que tuerzan la intención inicial del autor. Todo esto, claro está, utilizando un aparato analítico que vehicule la información y le dé un sentido. No obstante, tengo presente que la opinión del historiador se refleja en su investigación. Hay mucha literatura al respecto que lo explica. Creo que la Historia es una tarea de descubrimiento constante de nuevas fuentes o de relectura de las ya conocidas, pero con un aparato analítico renovado. La repetición de lo que ya escribieron otros no tiene sentido. De hecho, en esta investigación que el lector tiene entre sus manos rectifico algunas obras de historiadores —entre ellas, varias mías— y manejo documentación nueva. Si esto es revisionismo, pues que lo sea.

El historiador debe hacerse preguntas. Es lo que aprendí en el antiguo departamento de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, de la Universidad Complutense de Madrid, de la mano de mi director de tesis y amigo Luis Arranz Notario. Al abordar la Primera República tenía unas preguntas iniciales a las que se sumaron otras según fui haciendo descubrimientos. ¿Cómo se predicaba el federalismo? Esa era la primera y la principal. Ya contamos con estudios que desmenuzan la idea federal del Sexenio con mayor o menor acierto desde la obra de Gumersindo Trujillo (1967), e incluso que lo encajan con la historia del federalismo en España, como las obras de Ángel Duarte (2006), Piqueras Arenas (2014) y Jorge Cagiao (2014). Faltaba un estudio sobre la naturaleza de la propaganda federal en el Sexenio Revolucionario, en su contexto histórico, fundamental para conocer cómo los españoles percibían la idea. La Federal, como ya conté en otros estudios de fácil acceso al lector¹, se presentó como una utopía política y social, tal y como confesaron sus propagandistas. En esto tuvieron un éxito indudable. Es bueno señalar aquí que no es lo mismo un mito, como describió Jover Zamora para la Primera República, referido a algo ocurrido en el pasado, que una utopía, que mira al futuro. Mi interés, por tanto, se inició con la descripción de las formas propagandísticas de esa utopía en todos sus elementos, desde el culto a la revolución, al mesianismo como mentalidad política, la defensa del dogma, el papel de los profetas, como Emilio Castelar y Francisco Pi y Margall, y de los divulgadores políticos, periodísticos y literarios, hasta los lugares de culto. Para ello utilicé los métodos de las ciencias sociales, aplicando los conceptos y la historia comparativa. El conjunto —la defensa de una idea política con las formas de una utopía— tuvo sus consecuencias, como antes en el resto de Europa. El utopismo explica en buena medida el caos cantonal, partidista, constitucional y político de 1873, y considero que mostrar que La Federal se propagó como una clásica utopía política del siglo XIX es imprescindible para entender el desarrollo del republicanismo y su naturaleza.

Si lo importante era la democracia como fórmula de progreso, la pregunta es por qué cayó la monarquía democrática de Amadeo I. Las respuestas, que ya avancé en mi tesis doctoral (publicada luego por Alianza Editorial), iluminan en buena medida las costumbres y las carencias de los dirigentes políticos para establecer un orden liberal y democrático. Un examen detenido de las prácticas políticas y constitucionales de los partidos del régimen explica su fracaso y aventura el motivo de la proclamación de la República el 11 de febrero. ¿Por qué no funcionó el sistema de partidos? ¿Por qué se falsificaron las elecciones? ¿Cuál es el motivo de que los radicales se aliaran en las urnas con carlistas y republicanos en 1872? ¿Creían que eso fortalecería la monarquía democrática o solo pensaban en gobernar a cualquier precio?

Siguiendo este hilo cabe preguntarse qué significaba la Revolución de 1868 para ellos: si el establecimiento de nuevas bases de gobierno constitucional para todos los partidos liberales o que los radicales tuvieran el poder para siempre. En el mismo sentido, ¿por qué Manuel Ruiz Zorrilla, último presidente del Gobierno con Amadeo I, líder del Partido Radical, con mayoría absoluta en las Cortes que proclamaron la República, fue ninguneado el 11 de febrero y nadie pidió que volviera a la política hasta bien entrado 1874? ¿Por qué forzaron la marcha de Amadeo de Saboya? ¿Qué rey querían? ¿Cuál era el plan de los conservadores en los últimos meses de Amadeo? ¿Durante el reinado del príncipe italiano se sentaron las bases y las costumbres democráticas en el pueblo, o se alimentó el culto a la revolución hasta que se produjo el hartazgo general que dio pie a la Restauración? A todo esto se responde en la primera parte del libro, donde se condensan las razones de la caída de la monarquía democrática de Amadeo I, imprescindible para entender los errores que llegaron a la Primera República.

Establecido el federalismo como una utopía para entender el republicanismo, y explicado el reinado del saboyano como experimento de convivencia democrática en la primera parte, las preguntas llegaron solas. ¿Por qué no cuajó la República? Las respuestas que se ciñen a la crisis económica, a las guerras civiles o al papel del Ejército son insuficientes. Esos mismos problemas existieron antes y después en España y en otros países, como Francia. En este último se consolidó la Tercera República con una guerra contra Alemania y otra contra la Comuna, además de una crisis socioeconómica, y no se evitó que los militares intervinieran en la política.

El uso de excusas exógenas lleva a un callejón sin salida y, además, falso. ¿Es que la República, el sistema más perfecto según sus predicadores, solo podría tener éxito con la Hacienda arreglada, el país en paz y el Ejército limitado a su papel militar? Con esas condiciones positivas podría funcionar la República, claro, y cualquier otro régimen. La clave era contar con una élite política responsable, conciliadora y unida por un proyecto común. Esta es la respuesta. En consecuencia, sin hacer un análisis profundo de la vida política, sin conocer a esos dirigentes, es imposible hallar las razones del fiasco republicano.

La cantidad de golpes de Estado, conspiraciones y maquinaciones que tuvo que soportar Estanislao Figueras como presidente, entre febrero y junio de 1873, demostraron que no era el político adecuado, que ese no era el camino más eficaz para asentar la República y que no tenía detrás a un partido sólido y serio, sino embriagado por la victoria y la utopía. Tampoco se explica fuera de la historia política el ascenso de Pi y Margall desde el Ministerio de la Gobernación, su dominio de la administración territorial, su golpe de Estado del 23 de abril y el cantonalismo. Este federal siempre ha tenido, junto a Nicolás Salmerón, un aura de filósofo progresista y demócrata que podría haber llevado España a la cumbre del desarrollo. Pero este análisis es voluntarista, no pegado a la realidad. Una vez que nos fijamos en los hechos y nos preguntamos por su actuación, su comportamiento y su coherencia, las respuestas desdicen ese mito. Quizá su aportación filosófica es interesante, pero su actuación política dejó mucho que desear.

¿Cuáles fueron los motivos por los que el Gobierno de Pi y Margall eligió la «guerra telegráfica» para calmar a los cantonales en provincias y en las Cortes? ¿Por qué su política no satisfizo al resto de republicanos? ¿Por qué no impulsó desde el Gobierno la construcción de La Federal de abajo arriba, tal y como había predicado? ¿Por qué no quiso formar parte de la Comisión Constitucional? ¿Cómo explicar sus silencios de 1873 sobre temas cruciales como la pena de muerte, un tema que afectó sobremanera a la caída del Gobierno de Salmerón? Considerar que la República había llegado en febrero de 1873 sin bayonetas, como dijo, y que eso cambiaba el plan federal era confesar que su republicanismo era el envoltorio de una revolución de una parte de España contra otra que solo podía sobrevivir con la imposición. Por tanto, el federalismo de Pi no era democrático ni estaba basado en la armonía, sino en la violencia. La explicación está en la vida política, y a eso he dedicado la parte tercera, aunque también hay abundantes referencias en la dedicada a la presidencia de Estanislao Figueras.

Los Gobiernos de la derecha republicana —Salmerón y Castelar— se abordan en las partes cuarta y quinta. La dimisión de Salmerón se ha justificado muchas veces aludiendo a su negativa a firmar dos sentencias de muerte. No obstante, al no encontrar dichas sentencias ni hallar la sesión del Consejo de Ministros en la que Salmerón se negara, como cuenta la leyenda, indagué sobre la cuestión. ¿En qué manos estaban los indultos? ¿Cómo ejerció Salmerón dicha potestad cuando fue ministro de Justicia? ¿Se legisló algo al respecto durante su gobierno? Porque si tan preocupado estaba por la vida humana, ¿cuál fue el motivo de que no presentara un proyecto de ley inmediatamente? Es más: ¿por qué alentó a Pavía y a Martínez Campos a que sofocaran a sangre y fuego el cantonalismo andaluz y levantino, y, sin embargo, se mostrara tan remiso a la pena de muerte? ¿Fue el único motivo para dimitir o una excusa que salvaba su imagen? ¿Cómo actuaron la derecha y los otros grupos parlamentarios? La figura de Salmerón, tal y como se cuenta en la parte cuarta, necesita una biografía política e intelectual completa que sitúe al personaje fuera del mito.

Emilio Castelar fue la última esperanza del republicanismo y, al mismo tiempo, su enemigo más odiado. No he visto una animadversión más profunda que la de sus antiguos compañeros de partido, escaño o Gobierno. Hicieron todo lo posible para impedir su mandato, incluido el suicidio de la República. «¡Sálvense los principios, perezca la República!», dijo Salmerón, el mismo que años después se lamentaba de que hubiera perecido. Lo que me interesaba de Castelar, al que dediqué una biografía hace décadas, era su reconversión al orden, los motivos de que renegara de la utopía y del federalismo, así como su pretensión de incluir a conservadores y radicales en la República. De forma paralela estudié la estrategia de Figueras, Salmerón y Pi y Margall para derribarle, asunto que antes no se había abordado. Solo se mencionaba la votación de censura y el golpe del general Manuel Pavía. Sobre la jornada del 2 al 3 de enero de 1874 había muchas incógnitas y la más importante de todas era el papel de Castelar en el acto. Creo que en la parte quinta, con documentación inédita, queda bien resuelta la cuestión.

Llegados a este punto, el agotamiento casi pudo conmigo. Era tal la avalancha de acontecimientos nuevos y de documentación que corregía tópicos, que el trabajo de darles sentido llegó a parecerme abrumador. Quise terminar entonces, pero mi amigo Roberto Villa me convenció de que hiciera lo mismo con 1874, la República de Serrano. Le estoy agradecido por ello. Hasta hoy solo existía la tesis doctoral de Julián Toro (1998), valiosa pero muy limitada en el uso de fuentes —solo prensa— y atada a un estructuralismo economicista que deja muchas penumbras. Los libros de Historia, además, suelen pasar por alto ese año y solo cuentan el golpe del 3 de enero y el pronunciamiento de Sagunto, como si no hubiera ocurrido nada entre medias. Por eso el régimen de 1874 era una gran incógnita, con un montón de preguntas sobre los líderes políticos, incluidos los republicanos desalojados del poder, sus planes y actuaciones, las relaciones exteriores, la guerra, el proceso interno hacia una Restauración pactada y el alfonsismo y sus dificultades. Eso es lo que se cuenta en la sexta parte.

*

La efeméride, los 150 años de la proclamación de la Primera República, que se cumplen en el año 2023, era una buena excusa para abordar un proyecto en el que venía trabajando desde hacía mucho tiempo. El resultado es una apuesta historiográfica arriesgada, pero necesaria. Soy responsable de todo lo que se dice aquí, aunque he contado con la siempre inestimable ayuda de mi maestro Luis Arranz Notario. A él no le debo solo la revisión del texto en su forma y conclusiones, sino el tipo de historiador que soy. Había un camino fácil, pero opté por la «historia para adultos», como siempre me ha dicho. También quiero agradecer a mi amigo Roberto Villa, con quien he conversado largamente al respecto entre cañas y tapas de jamón y queso. Su impulso ha sido muy valioso para mi ánimo y para este libro. Conté, además, con las magníficas sugerencias de José María Marco, un referente intelectual para mí desde hace décadas, conocedor como pocos del republicanismo azañista y del perjuicio que, a su juicio, supuso el krausismo. No le falta razón. Tuve suerte y accedieron a leer el borrador Antonio Moral Roncal, Faustino Martínez Martínez y Pedro Carlos González Cuevas, que hicieron críticas constructivas de gran valor, abriendo mi mente a otros aspectos. Busqué en muchos archivos, encontrando auténticas joyas. Creo que no hay una historia de la Primera República que haya manejado tantas fuentes primarias, muchas de ellas inéditas. Quiero agradecer aquí a Enrique Domínguez Martínez-Campos el acceso a las copias de las cartas que se intercambiaron Cánovas y el general de Sagunto, esclarecedoras de la pugna entre alfonsinos. Lo dicho: la responsabilidad de lo que aquí se dice es mía, y a mí se me deben pedir cuentas.

PARTE I

ASÍ CAYÓ LA MONARQUÍA DEMOCRÁTICA

Amadeo de Saboya fue entrevistado por un periodista para la Gaceta de Turín el 7 de julio de 1874. España era noticia. En seis años, los españoles habían echado a una dinastía y elegido otra para después obligarla a huir con nocturnidad. Luego habían proclamado sin convicción una República en medio de una guerra contra el carlismo, con numerosos golpes de Estado y una revuelta cantonal ese verano. La presencia de internacionalistas en suelo español y la intervención de barcos europeos en las costas del país daban un carácter de gran noticia a los sucesos de España.

El periodista pidió audiencia al príncipe para saber más sobre nuestro país. Le preguntó por la situación de España, y entonces vio «pasar como una nube de turbación por la frente del simpático príncipe». Esa tristeza podía ser el resultado de «un recuerdo amargo», o quizá el pensamiento de «no haber podido agradar a su país adoptivo».

Tras un breve silencio, el periodista dijo que quería algo de «luz» sobre los problemas españoles, a lo que Amadeo contestó: «Yo mismo estoy a oscuras». El obstáculo de España, afirmó el príncipe, era la división de los partidos en facciones, así como la incapacidad de los líderes para gobernar en armonía. En Italia también había facciones, dijo, pero todas sabían que marchaban a «un fin común», y eso generaba responsabilidad. En España no.

El periodista preguntó si con Prim habría sido distinto. Amadeo contestó que la muerte de Prim, del que conocía su ambición, le dejó solo y rodeado de gente sin categoría. «La bala que mató a Prim me hirió en el corazón. ¿A quién tenía además a mi lado? ¿Serrano, celoso de la dictadura que se le escapó? ¿Sagasta, temeroso de que sus ideas no pudiesen ser acogidas por un rey?». Tampoco contaba con Ruiz Zorrilla, una persona que «se amaba a sí misma y a los intereses de su partido», pero nada más. En definitiva, «me hallé colocado en un lecho de espinas». Así, sin líderes y con «las divisiones profundas de los partidos», era imposible reinar. Por eso, dijo, decidió salir de España.

La pregunta final de la entrevista era obvia: ¿qué iba a pasar en una España indefinida por una República que no existía, una dictadura que no se ejercía y una guerra civil? Amadeo no tuvo reparo en contestar que las facciones republicanas se habían sucedido en el Gobierno sin efectividad ni responsabilidad en 1873, y que los dirigentes que gobernaban en 1874 no permitían albergar esperanzas de solución. La descripción del personal político que hizo Amadeo es digna de ser transcrita:

Serrano es inepto para el Ejército y para el Gobierno. Sagasta es imposible para todo. Zorrilla, si volviese, hallaría mortales oposiciones. Concha ha muerto, tal vez más a causa y víctima de los celos antialfonsistas que de las balas carlistas. Espartero es una momia; Pavía no tiene tradición; Moriones, Campos, Blanco, Loma, son muchachos inapropiados. Para la España se acercan días muy oscuros¹.

Este testimonio de Amadeo, inédito hasta ahora, es muy revelador. Es falso que las monarquías españolas se vinieran abajo solo por los errores de los reyes; la mayor responsabilidad cayó siempre en las élites políticas. No tenemos ninguna prueba documental de que el reinado de Isabel II hubiera sido un éxito si hubiese llamado a los progresistas a gobernar con sus condiciones y en exclusiva, tal y como exigían². La historia se cuenta con hechos documentados, no con deseos o proyecciones presentistas, y las intenciones no legitiman acciones. El modo ideológico de escribir la Historia confunde al lector o le lleva a la conclusión que el historiador ha predispuesto. El caso de Amadeo de Saboya es una buena muestra: fue repudiado por los radicales, a quienes dio el poder en exclusiva. El italiano aceptó la Corona española con la promesa de que los partidos que habían hecho la revolución de 1868 gobernarían manteniendo la conciliación en torno a la Constitución y su espíritu. No fue así. Tras la muerte de Juan Prim, ninguno de los líderes revolucionarios fue leal y responsable ni con Amadeo I ni con la monarquía democrática. Como escribió Antonio Pirala en 1876, en un siglo los españoles se habían desecho de la monarquía absoluta, la constitucional y la democrática. En 1873 solo quedaba el experimento de la República. Álvaro de Albornoz, republicano de 1931, escribió que el régimen republicano nació muerto en 1873 porque no procedía de la esperanza mayoritaria, sino del descarte. Nada había funcionado cuando llegó la Restauración, de ahí el gran valor de lo que construyeron Alfonso XII, Cánovas, Sagasta y tantos otros que luego fueron denostados por el republicanismo.

La monarquía de Amadeo de Saboya cayó por obra y gracia de los revolucionarios de 1868. La República no llegó por vía revolucionaria; fue una maniobra parlamentaria unida a una crisis de Gabinete producto del exclusivismo y la ambición de radicales y conservadores, de su negativa a practicar las normas básicas de un gobierno representativo. La caída de Amadeo I muestra que la inestabilidad del régimen constitucional en el siglo XIX español fue principalmente por la incapacidad de los dirigentes políticos para asumir el funcionamiento del sistema, ya fuera en el Gobierno o en la oposición. El rey Amadeo renunció a la Corona al sentirse traicionado por los radicales y abandonado por los conservadores constitucionales de Francisco Serrano y Sagasta, que decidieron dar la espalda al rey cuando llamó a Manuel Ruiz Zorrilla a formar Gobierno en junio de 1872 sin tener mayoría parlamentaria. Ese fue el error de Amadeo: intentar que los radicales no se unieran a los republicanos dándoles el poder en la monarquía.

Pero el Partido Radical ya se había lanzado al monte: decía que los conservadores eran la reacción, que eran un freno de la Revolución que solo el radicalismo encarnaba, que el rey era su cómplice, y para combatirlo se aliaron con republicanos y carlistas en las urnas, se retiraron de las instituciones y amenazaron con la República. Los radicales hicieron todo lo posible para que Amadeo de Saboya fuera su títere, al tiempo que los conservadores abandonaron al rey. Despreciado por todos, incluso víctima de atentados terroristas y objeto de mofa pública, dejó España en la noche del 10 de febrero y no quiso saber nada más de este país.

1

BUENAS INTENCIONES, MALA PRÁCTICA

LA CONVENIENCIA DEL CONSENSO POLÍTICO

Las monarquías constitucionales en la Europa del siglo XIX funcionaron cuando combinaron con éxito la prerrogativa regia y el resultado de las urnas, con una vida parlamentaria ordenada y un sistema de partidos centrado. La dificultad de que existiera este conjunto armonioso explica la inestabilidad. El rey tenía la facultad constitucional para designar libremente al partido que iba a formar Gobierno, con independencia de las mayorías parlamentarias. Si esa designación no se refrendaba con el resultado de las elecciones convocadas por el nuevo presidente, o se censuraba en el Parlamento para derribarlo, el sistema no funcionaba. De esta manera, solo el trabajo responsable de los dirigentes políticos para facilitar el trabajo de la Corona podía reducir la conflictividad, dirigir el cambio y la alternancia, y aminorar los problemas de un sistema muy imperfecto. A la postre, la continuidad del régimen dependía del comportamiento de las élites políticas, de que quisieran ser el engranaje del mecanismo constitucional y el puente entre la Corona y la nación.

El rey no podía manipular unas elecciones ni crear o disolver un partido, ni sostener una moción de confianza o derribar a un Gobierno en el Parlamento. Tampoco hacía campaña electoral, ni sostenía a toda la prensa, ni organizaba los mítines, ni prometía programas de gobierno, ni levantaba a la opinión pública para demostrar que una decisión política era errónea. Su influencia tenía un límite, de ahí que se considerase un poder moderador. Sin embargo, el árbitro de una monarquía constitucional no controlaba a los actores políticos. Era la élite la que tomaba todas esas decisiones que afectaban a la vida de las instituciones y a su percepción social. De los dirigentes de los partidos dependía el funcionamiento del régimen representativo, su cambio o conservación en momentos de crisis incluso contra el criterio del trono y su corte o camarilla, así como la organización, expresión y representación de la opinión a través del Parlamento, la prensa y los partidos, o la estabilidad parlamentaria de los Gobiernos¹.

La monarquía democrática de la Constitución de 1869 se construyó sobre la conciliación de los liberales para resolver los problemas citados. El nuevo sistema tenía la forma de una monarquía constitucional en las relaciones entre la Corona, el Gobierno y el Parlamento, con una formación democrática de las instituciones. Esto significaba que tocaba al rey designar al jefe de Gobierno, no al Parlamento elegido por sufragio universal masculino. Luego, el nuevo presidente convocaba elecciones para confirmar su nombramiento con unas Cortes adictas. Esto solo podía funcionar si las elecciones eran seguras; esto es, si se amañaban. En caso contrario, si las urnas deparaban la victoria de la oposición, se mostraba la disconformidad de la nación con la decisión del rey. Esto convertía cada convocatoria electoral nacional en un referéndum sobre la prerrogativa regia y el papel de la Corona y, al tiempo, nunca eran consideradas del todo libres. La influencia gubernamental a través de los gobernadores civiles fue constante, así como la violencia política, que fue aumentando según avanzaba el reinado. Las más violentas y fraudulentas tuvieron lugar en abril de 1872, cuando el Ministerio de la Gobernación, en manos de Sagasta, gastó dos millones de reales para comprar voluntades². Al tiempo, la violencia entre las fuerzas del orden y carlistas y republicanos, con muertos de por medio, fue de gran envergadura, así como urnas rotas, candidaturas borradas de las puertas, candidatos presos sin motivo, censo electoral amañado y rectificación de los resultados.

La conciliación era el fundamento de la estabilidad del sistema, toda vez que la coalición entre conservadores, progresistas y demócratas era muy heterogénea. Conciliar suponía respetar el consenso político; esto es, las bases de la convivencia, la letra y el espíritu de la Constitución de 1869, que no era otro que la posibilidad de que todos los partidos hicieran política en torno al texto constitucional, con el reconocimiento de la universalidad masculina de los derechos individuales. Los demócratas cedieron a la monarquía, aunque se aferraron a la accidentalidad de las formas de Estado, que suponía valorar más la garantía de los derechos individuales que la forma monárquica o republicana. Sin embargo, consideraban la República como la forma superior, cuyo advenimiento se retrasaba hasta que el pueblo español estuviera material y educativamente preparado. El fantasma de la Segunda República francesa, en la que el sufragio universal refrendó la dictadura de Luis Napoleón, pesaba mucho en los demócratas españoles.

Los conservadores, por su parte, aceptaron la universalización de los derechos a cambio de que se mantuvieran las formas de la monarquía constitucional. De esta manera, el 12 de noviembre de 1868 los tres grupos publicaron un manifiesto que sellaba la conciliación. Apostaron por una monarquía democrática tras una convocatoria electoral a Cortes Constituyentes con sufragio universal masculino. Fue, quizá, el texto más esperanzador de la Revolución de 1868, porque anunciaba el propósito de acabar con el exclusivismo y la legalidad partidista, y de abrazar la concordia y el respeto. Esto se articularía a través de un sistema con partidos nuevos, uno conservador y otro radical, que permitiera el turno pacífico, y un rey de todos, no de parte. El conjunto daría estabilidad política, que redundaría en confianza económica y prosperidad.

Sin embargo, para asegurar que los principios de ese manifiesto serían refrendados en las urnas, el Gobierno de la coalición mandó tres circulares a los gobernadores civiles, el 13 y el 29 de diciembre de 1868 y el 5 de enero de 1869, para que impidieran cualquier alteración del orden público por parte de los carlistas y los republicanos, y no hubiera sorpresas en los comicios. De hecho, cuando las Cortes se reunieron, José María Orense, federal, dijo que las elecciones generales habían sido «un fraude» y que las Cortes no representaban la opinión del país. El republicano contó que la pieza clave eran los gobernadores civiles, que se habían reunido en Madrid antes de las elecciones y luego hicieron que su partido correspondiente ganara en su circunscripción, inventado términos nuevos como «diputado cunero», el no natural del lugar. Las elecciones se habían «fabricado» usando el telégrafo como «instrumento de gobierno»: el Ministerio daba noticias el primer día sobre quién ganaba para influir en el voto los días restantes. Además, habían usado a los «caciques de las aldeas» para dirigir al elector, e incluso se habían comprado los votos con «pan, vino, arroz y bacalao»³. Era una deslegitimación completa de la asamblea constituyente y, por tanto, de toda ley que saliera de ella, lo que daba pie al ejercicio del derecho de insurrección por «traición» a la Revolución. También lo dijo Emilio Castelar: la declaración monárquica había hurtado el espíritu republicano del pueblo que inspiró el levantamiento de septiembre de 1868.

LA BÚSQUEDA DE LA RUPTURA

La clave del sistema estaba en el Partido Progresista⁴. Constituido como el centro político entre unionistas y demócratas, era el único capaz de mantener unida la coalición y el espíritu de conciliación. Contaba, además, con el general Prim, encarnación de la Revolución y presidente del Gobierno. Era el partido más extendido y poderoso, con grandes periódicos, como La Iberia y El Imparcial, vencedor moral de la revolución antidinástica por la que había trabajado abiertamente desde 1865. No obstante, pronto se dibujaron dos tendencias en el progresismo en torno a la relación con la Unión Liberal y al rumbo revolucionario. Prim y Sagasta, por un lado, consideraban que la coalición había que mantenerla hasta que se eligiera un rey, reformar con sosiego hasta entonces y controlar el mal uso de los derechos individuales. Ninguna dinastía querría venir a España si el país era un desorden. De hecho, dos diplomáticos de carrera decían a finales de 1869 que los «reyes y emperadores [europeos] lo que buscan [para España] es el más retrógrado posible para que no cunda el mal ejemplo [cursivas en el original]»⁵. Las casas reinantes europeas no olvidaban que Maximiliano de Habsburgo aceptó la Corona mexicana y acabó siendo fusilado por los republicanos de Benito Juárez en 1867. Estos progresistas querían un rey liberal, no identificado con una fracción, y luego crear un sistema bipartidista para, dijo Sagasta, «hacer marchar regularmente y sin sacudidas la máquina del Estado»⁶.

Frente a los progresistas de Prim y Sagasta estaban los que dirigía Manuel Ruiz Zorrilla, que, unidos a los demócratas de Cristino Martos, formaban los radicales. Creían que la Revolución se había hecho para llevar a cabo la regeneración histórica que necesitaba el país y que solamente podía llevar a cabo su gobierno exclusivo. Las reformas debían hacerse cuanto antes, sin acuerdo con los conservadores, y, por tanto, la conciliación debía romperse cuanto antes. Manuel Becerra fue quien bautizó como «partido radical español» a la unión de progresistas y demócratas, entendiendo por radicalismo una interpretación expansiva de los derechos individuales y teniendo como referente al partido radical inglés, «el partido más avanzado dentro de la monarquía y de la legalidad establecida»⁷. Martos dijo en el debate constitucional que «después de hecha la Constitución» debían nacer «dos partidos políticos, uno radical y otro conservador». Nada más aprobarse la Constitución, el 1 de junio de 1869, los radicales comenzaron a resaltar las diferencias con el resto de revolucionarios. El demócrata Vicente Romero Girón, ponente en la comisión constitucional, ya hablaba en las Cortes en julio de que existían de forma clara «la tendencia conservadora y la tendencia radical», justamente en una moción de censura que presentó contra el ministro unionista Martín de Herrera⁸.

Juan Prim mantuvo la conciliación como pudo. Debía armonizar las dos alas de su partido y la coalición de tres, así como encontrar un rey para la Revolución que no disgustara a ninguna de las partes. Mientras tanto, debía batallar con los republicanos, que, además de obstruir parlamentariamente la labor del Gobierno y tender puentes a los radicales del progresismo, se levantaron en armas en octubre de 1869. Los demócratas, llamados «cimbrios» por un manifiesto de octubre de 1868, fueron un grupo perturbador. No quisieron estar en el primer Gobierno de la Revolución, y tampoco en el segundo, en el que Prim ofreció tres carteras a sus jefes: Martos, Becerra, Echegaray y Rivero⁹. A esto añadieron, como ya quedó dicho, su persistencia en la fe republicana. Rivero, patriarca del partido, publicó una carta a sus electores en el granadino La Idea. Diario defensor de los derechos del pueblo en la que decía que «la República no está más que aplazada, y yo tengo la seguridad de que el día que los españoles sepan usar con mesura de todas las libertades, la República está hecha». Los cimbrios siempre alardearon de pragmatismo y justificaron la aceptación de la monarquía democrática como un mal menor. Manuel Becerra, otro de sus jefes, decía que la forma monárquica era «enteramente accidental desde el punto de vista de la ciencia, y que antes y por encima de la monarquía están la libertad, los derechos individuales, la soberanía de la Nación»¹⁰. Junto a este argumento pragmático que los convertía en republicanos de corazón, sostuvieron que la forma perfecta y de futuro era la República, incluso la federal. Esto generaba inestabilidad en la coalición de septiembre, desconfianza —lógicamente— en los conservadores monárquicos, y daba alas al republicanismo.

Francisco Salmerón, hermano de Nicolás, desde su «radicalismo progresista» declaró en pleno debate constitucional que «tengo por dogma el Partido Progresista, que tengo mi punto de apoyo en la democracia y mi aspiración infinita en la República Federal». Y añadió algo que estuvo en el discurso radical durante todo este tiempo: la Constitución monárquica de 1869 era una transacción que no satisfacía las «altas miras del Partido Radical, ni las aspiraciones del país», que no establecía el «gobierno del pueblo por el pueblo», ya que el rey no era «elegido por el sufragio universal». Es más; no era concebible la libertad, la resistencia a todo tipo de arbitrariedad, sin los milicianos. «No concibo la idea de progreso —dijo— sin Milicia Nacional»¹¹. Esto suponía armar al pueblo en los llamados «Voluntarios de la Libertad», bajo el control del alcalde del lugar. La combinación de exaltación política, discurso de revolución frustrada y armas no fue buena para la convivencia, como se mostró en numerosas ocasiones durante el Sexenio, especialmente en 1873.

Los radicales fueron quienes forzaron la ruptura de la conciliación e hicieron imposible la convivencia, lo que acabaría frustrando la monarquía de Amadeo I. El responsable fue Cristino Martos. Se hizo con la dirección de los demócratas, que empujaron a la izquierda progresista a la ruptura con los unionistas y al enfrentamiento con la Unión Liberal. Martos usó la ambición de Ruiz Zorrilla, progresista, para romper la coalición ya en la temprana fecha del 7 de julio de 1869. En una tormentosa sesión parlamentaria, Martos anunció que los suyos se separaban del Gobierno y de la coalición con la excusa de que el ministro de Justicia, un conservador, había organizado el poder judicial. Martos acusó a Prim de estar en manos de los antirrevolucionarios de la Unión Liberal. Luego pidió el cese del responsable y, además, la división de la mayoría en dos grupos: el conservador y el radical. Si no se hacía así, concluyó, amenazó con la formación de una «nueva mayoría» con los progresistas radicales, los demócratas y los republicanos¹². Perdieron la votación de la moción de censura, pero consiguieron que los unionistas salieran del Gobierno y entraran los demócratas. Martos y los republicanos convirtieron entonces a Ruiz Zorrilla en la alternativa a Prim, alzándolo como el verdadero progresista que podía encauzar la Revolución y enfrentarse a los conservadores. Alimentaron su ambición y su exclusivismo. Esto fue demoledor para la conciliación y, a la postre, para la monarquía.

Mientras los radicales se preocupaban por apropiarse de la Revolución, los unionistas estaban centrados en la elección de un rey. Apostaban por un candidato mayor de edad para evitar regencias durante la minoría. Querían que fuera católico para que encajara con el país, y ponían la condición de que fuera de estirpe regia para evitar la entronización de Espartero. Estuvieron divididos en cuanto a los candidatos. Casi todos vieron bien a Fernando Coburgo, rey viudo de Portugal. Algunos, al duque de Montpensier, aunque era inaceptable para los demócratas. No pusieron problemas a Leopoldo Hohenzollern Sigmaringen, el príncipe alemán, ni a Amadeo de Saboya.

La importancia de Prim estaba en su capacidad de liderar a los progresistas, mantenerlos unidos y enlazar con los unionistas, en cuyas filas había estado entre 1858 y 1863. Ante la crisis de la conciliación, Prim reunió en octubre de 1869 a la Comisión directiva de la mayoría. Acordaron que, cuando se eligiera un rey, el primer Gobierno sería de coalición, y luego, cuando fuera conveniente, dividir la mayoría en dos partidos: el conservador y el radical. Después, Prim reunió a progresistas y demócratas (115 diputados) para explicarles el acuerdo de la Comisión. La Unión Liberal, dijo, sería el Partido Conservador, y ellos el Partido Radical. El acuerdo se fundaba en la conciliación del manifiesto del 12 de noviembre: hacer política en torno a la Constitución de 1869, desde el liberalismo, dirigida a las clases medias y «desheredadas» para fomentar el crecimiento económico y el trabajo. La maniobra de Prim iba destinada a calmar a los progresistas de Ruiz Zorrilla y a los demócratas de Martos encabezando el proyecto de partido. Se trataba de dar nombre al partido que fusionaba a progresistas y demócratas sin romper la conciliación, que se mantendría hasta que el rey se eligiera y el orden público y el gobierno de las provincias estuvieran consolidados, ni «un día menos ni día más que el señalado por el patriotismo»¹³.

Prim creía que la interinidad, esa conciliación tan tensa, iba a terminar con la elección del duque de Génova, Tomás de Saboya. Los radicales votaron a su favor en su reunión, pero no así los unionistas: 52 de los 61 asistentes votaron en contra. El motivo era que el italiano tenía trece años, lo que obligaba a una regencia, y a que creían a los Saboya una dinastía más afecta a los progresistas que a los conservadores¹⁴. A finales de octubre se reunió la mayoría parlamentaria, compuesta por unionistas y radicales. Antonio de los Ríos Rosas, líder civil del unionismo, expresó en la reunión la idea de la Unión Liberal de que el progresismo, como centro de la mayoría, formase un Gobierno homogéneo para facilitar la gobernabilidad. Su deseo, dijo, era que se mantuviera la conciliación, «y por nuestra parte la mantendremos y os ayudaremos a gobernar, aunque no tengamos en el poder participación alguna»¹⁵. Era una muestra de generosidad y sentido de Estado que Prim aceptó. Parecía que era posible la construcción de un sistema basado en la alternancia respetuosa entre partidos centrados que reflejaran los cambios de opinión y resolvieran las diferencias, no por la fuerza con pronunciamientos, golpes de Estado o revoluciones, sino a través de la contienda parlamentaria y electoral.

Esto se truncó en noviembre de 1869 con la campaña de los radicales contra los conservadores porque pensaban que iba a triunfar la candidatura de su elegido, Tomás de Saboya, y querían erigirse en el partido hegemónico y único defensor del rey. No solo eso: debían celebrarse elecciones parciales para cubrir diputados vacantes, y era necesario el control de todos los gobernadores civiles para tener aseguradas las elecciones.

La Unión Liberal mantenía algunos gobernadores y el Gobierno radical quiso que dimitieran, cosa que no hicieron. Lo llamaron «unidad política», que hubiera una extensión del partido del Gobierno a las provincias para el cumplimiento de la política¹⁶. Fue entonces cuando El Imparcial, La Iberia y otros periódicos radicales tildaron a los unionistas de «reaccionarios» y soltaron que estaban conspirando para coronar al príncipe Alfonso de Borbón o a su tío el duque de Montpensier¹⁷. Al tiempo que los unionistas decían que eran el verdadero Partido Conservador de la Revolución y de la Constitución de 1869, los radicales afirmaban que la Unión Liberal «ha sido un obstáculo constantemente opuesto a la libre y legítima marcha de la Revolución»¹⁸. A continuación iniciaron una práctica que duró hasta el verano de 1872: amenazar con la alianza con los republicanos, que en octubre de 1869 se habían retirado de las Cortes para protestar por la suspensión de las garantías constitucionales por su revuelta contra el Gobierno. Los republicanos siempre se dejaron utilizar porque sabían que de la conciliación, del consenso político entre los partidos, dependía el sistema. Su ruptura solo podía beneficiar su aspiración a La Federal.

La candidatura del duque de Génova no prosperó porque su madre no quiso permitirla por miedo al desorden español. Los radicales culparon a los unionistas y sacaron el plan de la «dictadura liberal». La idea era de Martos y Ruiz Zorrilla, que querían que el Gobierno radical, presidido por Prim, obtuviera un voto de confianza de las Cortes para gobernar por decreto durante tres o cuatro meses. Eso suponía que los radicales establecieran las reformas a su conveniencia, sin consenso, y propusieran rey sin el consentimiento de los unionistas¹⁹. El temor era que, sin esa dictadura, la Revolución no se consolidaría y la izquierda se iría con los republicanos, rompiendo así el Partido Progresista²⁰. Prim se avino a tal componenda y se entrevistó con Emilio Castelar, ya que necesitaba los votos de la minoría republicana. El federal dijo que apoyarían la medida si se comprometía a proclamar la República. Prim se negó, lo que molestó a Ruiz Zorrilla y a Martos, que dimitieron de sus cargos. Ríos Rosas, Rivero y el propio Prim acordaron volver a la conciliación, pactar las leyes orgánicas que desarrollaran la Constitución y no hablar de reyes hasta que este proceso reformista no terminara. Si concluido este plazo no había rey, el regente disolvería las Constituyentes y convocaría elecciones a Cortes ordinarias²¹.

Los radicales comenzaron en noviembre de 1869 a organizar el partido en provincias con comités permanentes, a cuyo cargo quedó Ruiz Zorrilla²². Los diputados radicales encomendaron a este, en marzo de 1870, el nombramiento de una junta directiva del grupo parlamentario y de la junta directiva del partido. Al frente del radicalismo quedaron Ruiz Zorrilla y Martos. Lo hicieron sin conocimiento de Prim, que acabó aceptando el control de esos dos²³. Esta dejación de Prim fue un error porque dejó la organización de su partido en manos de un hombre ambicioso, Ruiz Zorrilla —manejado por los «cimbrios» de Martos—, que a finales de 1870 trató de condicionar el apoyo del partido al propio Prim si no aceptaba un programa radical. Fue el famoso programa de «los puntos negros». No obstante, a comienzos de 1870, Ruiz Zorrilla carecía de la autoridad suficiente como para controlar a todo el grupo parlamentario. Unos diputados progresistas, llamados «los perlinos» por reunirse en el café La Perla, decidieron votar a favor de la enmienda unionista al proyecto económico de Laureano Figuerola. Eran progresistas contra radicales, lo que dejaba al Gobierno sin el número suficiente de diputados para ganar la votación. Republicanos, carlistas y unionistas, en total 117 diputados, frente a los 113 leales al Gobierno. Todo dependía de los diez diputados «perlinos», una decena de progresistas de segunda fila. Pero no fue Ruiz Zorrilla quien convenció a esos hombres, sino Prim, quien, a la desesperada y visiblemente enfadado, soltó en las Cortes: «¡Radicales, a defenderse! ¡Los que me quieran que me sigan!»²⁴. El de Castillejos reafirmaba de nuevo su liderazgo y vinculaba el radicalismo a su persona, el único capaz de aglutinar a todos los grupos. Prim vio que un grupo de secundarios desobedecía a la junta directiva y que Ruiz Zorrilla, Martos y Becerra decían que era conveniente romper la conciliación y aliarse con los republicanos para concluir la Revolución²⁵. Prim puso orden interno con su «grito de guerra» a costa de la salida de los unionistas del Gobierno, del Consejo de Estado y de los ministerios. Prim pidió a Ríos Rosas que sus gobernadores civiles no dimitieran, y así lo hicieron²⁶. Los más cercanos al marqués de los Castillejos, como era Sagasta, consideraban que no convenía una ruptura completa con la Unión Liberal, sino «absorber» algunos de sus elementos y hacer «política progresista»²⁷. La política de Prim era muy distinta de la de Ruiz Zorrilla, capataz del partido, aunque incapaz de gobernarlo, como se vio en su intervención del 10 y 11 de febrero de 1873, cuando todos le abandonaron para proclamar la República.

NADIE QUIERE SER REY DE ESPAÑA

En mayo de 1870, el Gobierno estaba desesperado. No había triunfado ninguna candidatura al trono de la Revolución y la interinidad era insoportable para las partes. La propuesta de Prim a los socios revolucionarios fue conceder facultades completas a Serrano como regente y convocar elecciones a Cortes ordinarias. «No veo hoy por hoy otra solución —escribió Prim al duque de Riánsares—, […] teniendo ella la ventaja de que el día que nos caiga del cielo un soberano, se acaba la regencia y viva el rey»²⁸.

Solo el Partido Radical podría obtener mayoría parlamentaria en esas condiciones, no solo porque estaba en el Gobierno y en el Ministerio de la Gobernación, sino porque tenía la mayoría de los gobernadores civiles y el partido más organizado que los unionistas. En mayo de 1870 los radicales aceleraron la organización provincial por orden de la junta directiva del grupo parlamentario²⁹. No obstante, Ruiz Zorrilla y Martos despreciaron la propuesta de Prim: no querían la concesión de plenos poderes al regente para evitar que promoviera al trono a un candidato conservador³⁰. La distancia entre Ruiz Zorrilla y Prim aumentó con el debate sobre la ley de elección de monarca. Los radicales que controlaban Ruiz Zorrilla y Martos votaron contra el Gobierno y se aliaron con republicanos y carlistas³¹. Esta suma hacía inviable las Cortes, pero, además, demostraba la irresponsabilidad y las intenciones rupturistas de los radicales. Prim no pudo hacer efectivo el grito «Los que me quieran que me sigan». Tan solo contaba con Sagasta, Víctor Balaguer y la «Guardia Negra», una quincena de progresistas templados que luego formaron con los unionistas el Partido Conservador constitucional.

Tampoco contaba Prim con el auxilio de los conservadores. La interinidad —ese periodo entre la aprobación de la Constitución y la elección del rey— se alargaba demasiado. Las diferencias entre los radicales y los unionistas, la división del progresismo, y la aparente imposibilidad de coronar la monarquía democrática daban alas al republicanismo y al carlismo, que no dejaban de hacer propaganda, uno por el hurto de la Revolución y el otro por el mal de la Revolución. Ambos se dedicaban a deslegitimar el proceso y en ocasiones encontraban ayuda parlamentaria en los radicales. Ríos Rosas pidió entonces a Prim que pusiera fin a aquello encontrando un rey o dimitiendo³². De hecho, en el verano de 1870, el regente Serrano y Rivero acordaron la destitución de Prim si fracasaba la candidatura del príncipe alemán Leopoldo Hohenzollern, conocida a finales de junio de 1870³³. Prim iba a comparecer en las Cortes a petición propia para dar explicaciones. Si no tenía éxito, se sometería a un voto de confianza, que posiblemente sería negativo.

Hohenzollern rechazó la oferta, pero Prim no dimitió. Confesó a Segismundo Moret que tenía acuarteladas las tropas de la guarnición de Madrid, y si Serrano quería cesarlo, dijo, «lo cojo por la cintura y lo arrojo a la calle por el balcón»³⁴. Al tiempo, la opción republicana ganó posibilidades. Los radicales mostraron simpatía hacia la República para finalizar la Revolución, y así lo contó Prim al embajador italiano Cerruti³⁵. Martos, en un discurso parlamentario con Prim, dijo que tenía una «solución», pero que «hoy todavía» era monárquico, lo que constituía una clara amenaza republicana. Por ello, el Directorio republicano publicó un manifiesto diciendo que la República podría proclamarse en las Cortes en breve. Salustiano Olózaga, ministro en París, escribió a Rivero que «si establecida la República —en Francia— se viera que era viable aquí, entonces podríamos copiarla»³⁶. La República en Francia motivó al Gobierno italiano a resucitar la candidatura de Aosta, ya que, si se proclamaba la República en España, ya no estaría sola, y es un «hecho que debe preocupar a un Gobierno prudente», dijo Visconti Venosta ³⁷. Los italianos temían un movimiento republicano en Europa que pusiera en peligro la unificación de su país en torno a la monarquía saboyana. Sobre todo cuando Garibaldi se plantó entonces en Francia. «Ya habrás visto en los periódicos —escribió Venosta— los manifiestos con los que los republicanos españoles hacen causa común con los partidos demagógicos franceses»³⁸.

La proclamación de la República en el país vecino el 4 de septiembre motivó a los federales españoles a iniciar una campaña para que se reanudaran las sesiones de Cortes. Prim se negó y Ruiz Zorrilla, entonces presidente de las Cortes, se marchó a El Escorial. Este retiro sería una práctica habitual en el radical, un retraimiento personal para presionar tanto al Gobierno como al rey Amadeo. Ruiz Zorrilla quería que Prim hiciera un Gobierno radical, sin los progresistas de Sagasta, y, para calmarlo, Prim le ofreció el Ministerio de la Gobernación. Pero Ruiz Zorrilla puso condiciones: se creía ya lo suficientemente fuerte e importante —el líder del radicalismo intransigente— como para poner condiciones a la encarnación de la Revolución. Fue el manifiesto de los siete «puntos negros», un programa de gobierno con su parte política, administrativa y económica: pidió libertad absoluta para nombrar gobernadores y secretarios de su confianza, la destitución de los empleados «corruptos» —con especial referencia a Rivero, cuya vida licenciosa era famosa—, la separación de Iglesia y Estado, y la nivelación del presupuesto³⁹. En realidad, aquel manifiesto era una toma del poder que convertía a Prim en un político secundario de un Gobierno dirigido por Ruiz Zorrilla.

Tampoco encontró apoyo Prim en los unionistas. Ríos Rosas le comunicó las condiciones de su grupo para apoyar al Gobierno en la posible moción de censura en la apertura de Cortes. Ríos Rosas quería fuera del Gobierno a los demócratas de Martos por su falso monarquismo y exigió la elección de rey en dos meses —lo que acercaba la posibilidad de Montpensier por puro descarte—, la inclusión de cuatro unionistas en el Ejecutivo y que la mitad de los gobernadores civiles fueran de su partido, lo que aseguraba una buena fuerza en las elecciones⁴⁰. La desesperación de Prim iba en aumento. Escribió a Riánsares diciéndole que solo quería un «rey que reúna las simpatías de los más de los españoles» y que coincidiera con el «espíritu de la Cámara», la mayoría de las Cortes. Mientras tanto, solo quedaba dar las «atribuciones regias a la regencia», salir de la interinidad, elegir Cortes ordinarias que podrían volver a ser constituyentes si se encontraba rey, nombrar Senado y «la máquina constitucional funcionará por fin de una manera regular»⁴¹.

La aceptación de Amadeo de Saboya salvó a Prim. No habría República, ni Montpensier, ni un regente con plenos poderes. Prim mantuvo el secreto, ya que la publicidad de las candidaturas de Fernando Coburgo, del duque de Génova y de Leopoldo Hohenzollern había sido fatal para que prosperaran. El Gobierno italiano exigió la máxima cautela por la oposición de moderados e izquierdistas en su país y esperó la aceptación de Francia, Austria-Hungría, Prusia y otros países a finales de octubre de 1870⁴². Prim obedeció y usó la política de hechos consumados. Venosta anunció a Cerruti la aceptación de Amadeo el 1 de noviembre, para que se lo comunicara al Gobierno español, siempre subordinada a que tuviera una amplia mayoría en Cortes⁴³. Prim entonces reunió a unionistas, progresistas y demócratas en el Palacio del Senado el 3 de noviembre. La noticia no gustó a casi nadie. Pascual Madoz habló por los esparteristas; el general Contreras dijo que no serviría nunca a un rey extranjero —votó a Espartero como rey el 16 de noviembre de 1870, luego se hizo federal y fue el líder del cantón de Cartagena—, y Topete y Santa Cruz, unionistas, quedaron a la expectativa. Ríos Rosas y Vega de Armijo, sin embargo, no asistieron a la reunión como protesta por no haber sido informados con anterioridad en la comisión directiva de la mayoría⁴⁴. Los unionistas se dividieron entre «fronterizos» —aliados de los progresistas— y críticos o montpensieristas, como Ríos Rosas y Vega de Armijo⁴⁵. Esta división no fue decisiva en el reinado de Amadeo, porque, a la hora de la verdad, cuando hubo de formarse el Partido Conservador, marcharon todos juntos. Cánovas y sus unionistas, por otro lado, declararon a Prim que votarían en blanco, pero que aceptarían a Amadeo de Saboya mientras asegurase el orden, la libertad y la paz⁴⁶.

En la sesión de Cortes del 3 de noviembre, Segismundo Moret, radical zorrillista, soltó lo de «Rex eris si recte facies, dando a entender que respetarían a Amadeo mientras actuara dentro de la Constitución democrática. No fue cierto: fueron los radicales quienes traicionaron al rey. Castelar, el enlace entre los federales y los radicales, dijo que Amadeo era el «rey de Prim», pero hubiera motejado a cualquier otro. Días después, según Cerruti, Castelar fue a Tours, sede del Gobierno francés por la invasión alemana, para pedir ayuda ante la posibilidad de un levantamiento republicano en España. «Si esto es cierto —escribió—, debemos aplaudirlo, pues encontramos prueba de la escasez en la que se encuentran los demagogos españoles»⁴⁷.

Todo esto era previsible para los progresistas de Prim. El 28 de octubre, Sagasta aseguró a Cerruti que contaría con 190 diputados⁴⁸. El italiano informó a su Gobierno que podía contar con «171 o tal vez 173, todavía no lo sabemos exactamente». Si llegaban a 180, «no cabe duda de la fuerza de la elección, pero si tuviéramos 185 o 190, la elección del duque sería un verdadero triunfo»⁴⁹. El miedo del embajador italiano era que Montpensier comprara al número suficiente de diputados, lo que da una idea de la confianza que generaba en la Corte de los Saboya la integridad de los parlamentarios españoles. No fue así. Montpensier desistió y marchó a Sevilla. La sesión fue tan tensa que Daniel E. Sickles, el embajador estadounidense, dijo que los incidentes no prometían «un reinado tranquilo, ni siquiera un acceso pacífico al trono»⁵⁰. Los resultados de la sesión del 16 de noviembre, día de la votación, fueron de 191 para Amadeo —los radicales y los unionistas fronterizos—, 60 a la República federal, 27 al duque de Montpensier —los unionistas de Ríos Rosas—, ocho a Espartero —progresistas—, dos a Alfonso de Borbón —moderados—, dos a la «República española», uno a la duquesa de Montpensier, uno a la «República» (a secas) y 19 papeletas en blanco, entre las cuales estaban los canovistas. La sesión la cerró Ruiz Zorrilla. Convencido de que dominaría el radicalismo, dijo que, una vez llegara el rey, se habrían de formar dos partidos. El suyo, afirmó, estaría compuesto por los progresistas, los demócratas y aquellos republicanos convencidos de la conveniencia de Amadeo de Saboya para la libertad en España. El Partido Conservador, soltó Ruiz Zorrilla, contendría a unionistas, moderados y carlistas⁵¹; esto es, una amalgama imposible y falsa. El argumento era que el Partido Radical estaba ya formado, dispuesto para gobernar, adueñarse de la Revolución y de la monarquía naciente, mientras que la derecha, los conservadores, aún tenían que recorrer mucho camino. Es más; la misión del Partido Conservador, si es que llegaba a formarse y a gobernar, era sostener las reformas realizadas por los radicales. Este fue el discurso que hizo el Partido Radical durante el reinado de Amadeo I, basado en la superioridad moral y política de su formación, el derecho a gobernar y la aceptación del adversario siempre que desempeñara el papel al que el radicalismo le limitaba.

EL ASESINATO DE PRIM

Es preciso iniciar este epígrafe señalando que lo relevante del asesinato es lo que se perdió, no lo que pudo haber sido la historia con Prim vivo. La ucronía es un ejercicio tentador y muy literario, pero no es Historia. Todos los magnicidios cambian la historia al ser acontecimientos determinantes, pero no se sabe qué habría pasado a medio o largo plazo de no haber ocurrido. Es muy romántico considerar que con Prim el reinado de Amadeo de Saboya se habría consolidado, y con él la democracia liberal en España con la forma monárquica, pero no hay documento que lo corrobore. La idea de que con Prim todo habría ido bien es una proyección volitiva tendente a condicionar al lector para añadir dramatismo al asesinato, nada más. Sin embargo, sí es posible definir al político que se fue, lo que nos da una idea de por qué fue asesinado.

Prim dijo que sería ministro con Amadeo. Lo afirmó en las Cortes el 3 de noviembre de 1870 en una discusión muy tensa con Emilio Castelar, quien había sugerido que Amadeo acabaría como Maximiliano de Habsburgo en México, fusilado en su enfrentamiento con el pueblo. Además, el republicano afirmó que Prim carecía de atributos para ser presidente del Gobierno: no era un gran político, ni un estadista, ni un buen orador, ni un tribuno. Por tanto, no había razón para que continuara en el poder, soltó Castelar. Prim contestó que el republicano vería «cómo puedo continuar en este puesto, y probablemente me ha de ver ministro del rey que va a llegar». Aquello causó muchos problemas a la candidatura de Amadeo, porque, efectivamente, parecía el «rey de Prim» y prejuzgaba la decisión regia del nuevo monarca⁵². De hecho, Pi y Margall le acusó de haber perdido el «pudor político» con esa declaración y de ser «la inconsecuencia andando», a lo que Prim solo pudo contestar que se trataba de una forma de hablar y que, obviamente, dependía de la decisión del rey, cosa que él siempre respetaría⁵³.

En los últimos días de diciembre, Prim se mostraba más apaciguado de lo normal. La comisión de Cortes había ido a Italia para traer a Amadeo de Saboya, que iba a desembarcar en Cartagena. En la sesión parlamentaria del 27 de diciembre habló con varios diputados al salir. Uno de ellos, un federal cuyo nombre se desconoce, le detuvo para hablarle del rey. Prim dijo que tendría el pulso firme para reprimir cualquier alteración del orden público. Al parecer, cuando Prim se alejó, el federal dijo que tuviera cuidado.

No obstante, entre el 3 de noviembre y el 27 de diciembre se contabilizan al menos dos intentos de asesinato de Prim. Uno de ellos a cargo de Cayetano Domínguez, y el otro, más elaborado, por una sociedad creada en Bayona en 1870. Con motivo de esta última se detuvo a José María Pastor Pardillo, jefe de la escolta del regente Serrano; a Felipe Solís y Campuzano, secretario de Montpensier, y a Juan Rodríguez López, un buscavidas más conocido como «Juan López». La intentona se desarticuló entre el 14 y el 16 de noviembre de 1870. Una vez votado el rey —justamente ese último día—, ya no había vuelta atrás ni posibilidades para Montpensier. Tan solo quedaba la venganza.

El 26 de diciembre, Ricardo Muñiz entregó a Ignacio Rojo Arias una lista con los involucrados en un futuro atentado a Prim. Bernardo García, director de La Discusión, periódico republicano, se la había entregado a Muñiz. Rojo Arias, gobernador de Madrid, era un radical que no suponía precisamente un apoyo a la política de Prim, porque había promovido una enmienda a la ley de elección de rey para que fuera elegido por mayoría absoluta, no de los presentes, sino del total. Esto obligaba a que Prim superase los 171 afirmativos, lo que se lo ponía más difícil⁵⁴. Votaron a favor de la enmienda de Rojo Arias los radicales colindantes con los republicanos —entre ellos, Cristino Martos—, los federales y los carlistas. En contra, el Gobierno, como Prim, los progresistas templados, como Sagasta, y los unionistas⁵⁵. Aquel 26 de diciembre, la lista de los asesinos llegó a Rojo Arias, que no hizo nada por impedir el atentado. También es cierto que tomó posesión del cargo el mismo día 26 de diciembre y que aún no se había hecho con la Administración, por lo que quizá era el mejor momento para promover el atentado.

En esa lista estaba José Paúl y Angulo, que conocía a Prim de los años del exilio. Volvieron juntos a España, pero el primero se decidió por La Federal y llegó a ser diputado. Fundó el periódico El Combate el 1 de noviembre de 1870, dedicado a llamar a la revolución y a insultar a todos los que no fueran federales. En cuanto a Prim, las amenazas se mezclaban con el llamamiento a la insurrección. «Cualquier paso que se dé para imposibilitar el reinado del candidato de Prim nos parece inútil y hasta ridículo fuera del terreno de la fuerza, porque en ese terreno y no en otro ha colocado la cuestión el presidente del Consejo de Ministros», se podía leer. Prim aparecía como un «tirano», jefe de una «farsa indigna», ante la cual el pueblo debía ejercer el «deber de insurrección». La revolución se frustró pronto, porque el Directorio aconsejó solo manifestarse contra Amadeo en aquellos lugares donde se tuviera la seguridad de que el orden público no sería alterado. La junta directiva del Partido Republicano en Madrid se reunió el día 13 de noviembre en el Circo Price y acordó no considerar legítimo al rey, desautorizar a las Cortes y juzgar como «traidores a la patria a los que voten a un rey extranjero». Paúl y Angulo criticó que el Directorio y el resto de dirigentes republicanos no se lanzaran a la revolución en aquellos días, pero prometió obediencia a sus directrices. El 17 de noviembre calificó a Amadeo de «mamarracho» y aseguró que no sería rey un «servidor inconsciente de una dictadura militar, miserable y cobarde». El tono siguió siendo violento. «República o muerte», escribió, con declaraciones más explícitas, como decir que no era un crimen «levantar sobre las cabezas de los traidores el hacha vengadora del pueblo», porque «con la muerte de los que a sangre y fuego» sostienen las leyes e instituciones «morirá el despotismo». Era la forma de acabar con una «situación verdaderamente terrorista y demagógica del rey Prim, del DICTADOR PRIM» (mayúsculas en el original)⁵⁶. Para ese levantamiento popular, Paúl y Angulo comenzó a publicar artículos llamando al alzamiento del Ejército, especialmente de los suboficiales y soldados, y en defensa del «cuarto estado» y de su «emancipación». De hecho, en 1872 publicó un par de discursos al respecto titulados «Verdades revolucionarias en dos conferencias político-sociales dedicadas a las clases trabajadoras». Consideraba Paúl que la participación del «cuarto estado» podía dar fuerza a la revolución. «Solo una revolución violenta que haga tabla rasa de todo lo que existe de injusto, de inicuo y de tiránico» era la solución para España. «O la vida libre y digna con la República federal, o la muerte y la deshonra con una monarquía», sentenciaba. Luego se leyó en El Combate que había que matar a Prim como a un perro y que dejaban el lápiz para coger el fusil⁵⁷.

La prensa republicana estaba inmersa en una campaña de «No vendrá, no vendrá, no vendrá», en referencia a Amadeo de Saboya, que incluso se oía por la calle cuando pasaban los ministros. Los republicanos conocían el temor de la Corte italiana de que la elección pudiera molestar a las potencias extranjeras y que no tuviera el respaldo de la mayoría de los diputados. El desorden era la gran baza para infundir miedo en los italianos, y el recurso al parangón con el fusilamiento de Maximiliano en México fue muy socorrido. Incluso, como ya vimos, lo utilizó Emilio Castelar el 3 de noviembre en las Cortes. Un magnicidio de la envergadura del que ocurrió —la muerte del presidente del Gobierno— podía generar la alarma suficiente en Florencia como para echarse atrás en la aceptación de la Corona española.

El 27 de diciembre parece ser que hubo un instigador, Felipe Solís y Campuzano, a quien siempre señaló Sagasta, además de un inductor, José María Pastor, y un ejecutor, José Paúl y Angulo⁵⁸. En el sumario se facilita el dato de que fueron 50.000 duros los que sirvieron para comprar a los sicarios. Fue Solís quien aportó el dinero a Pastor, y este lo concertó con Paúl y Angulo. El atentado estuvo bien planeado y hubo cerca de cien implicados. Parece que no es cierto el cuento de las señales con cerillas, ni que Prim tuviera dos caminos para ir del Congreso al Palacio de Buenavista y que avisaba por sorpresa a sus hombres cambiando el bastón de mano. Lo cierto es que en la calle del Turco, hoy Marqués de Cubas, fue interceptado por dos coches que le obligaron a parar. Hubo la orden de disparar. Unos dicen que fue la voz del jerezano Paúl y Angulo, pero otros no lo pudieron asegurar en el interrogatorio de la instrucción. Dispararon al interior de la berlina. El cochero pudo mover el coche y salió a la calle de Alcalá. Allí había otro carro para detener al de Prim y, al parecer, se veían dos grupos de hombres armados un poco más lejos que finalmente no entraron en acción. Prim llegó al Palacio de Buenavista, que había sido propiedad del Ayuntamiento de Madrid y que fue enriquecido por el propio general como residencia del presidente del Gobierno. Prim llegaba a casa a la hora convenida. Tenía que ir a una reunión de la logia, pero prometió llegar a los postres porque tenía obligaciones domésticas. Su mujer, Francisca Agüero, lo esperaba allí. Hay quien dice que Prim murió en el atentado el mismo 27 de diciembre, pero la mayoría sigue la historia de que aún sobrevivió tres días. Subió por sí mismo la escalinata hacia el dormitorio. Tenía impactos de bala en el hombro, brazo y mano izquierdos. En principio nada grave. Sickles, embajador norteamericano, se acercó el día del atentado al Ministerio de la Guerra, donde «algunos de sus colegas y varios oficiales de rango me dijeron que los cirujanos no consideraban las lesiones como mortales»⁵⁹.

La elección del rey fue un elemento decisivo. Montpensier sentado en el trono habría supuesto para Serrano la seguridad de tener el poder, o participar de él, mientras que Amadeo era su segura postergación frente a un Prim ambicioso que difícilmente dejaría el Gobierno. Además, Serrano no era popular ni tenía detrás un partido tan numeroso como Prim. A estas alturas, creo que es difícil sostener que Montpensier y Serrano no estuvieron detrás del asesinato de Prim y de que no utilizaron como autor material y fácil cabeza de turco a José Paúl y Angulo, un antiguo progresista metido a republicano que odiaba públicamente al marqués de los Castillejos. Lo cierto es que el relato de esos tres días está lleno de incongruencias. ¿Por qué Prim desveló la identidad de su asesino, Paúl y Angulo, a uno de los que le velaban, y no a su mujer, amigos o autoridades? ¿Por qué se prohibió la entrada del juez instructor a su domicilio? ¿No supieron tres de los mejores médicos del país atajar una supuesta septicemia? En la prensa de aquellos días se iban dando noticias favorables a la recuperación de Prim, pero, de pronto, se anunció su muerte. El asunto merecía entonces una investigación a fondo, pero tras muchos años no se condenó a nadie. Paúl y Angulo dirigió desde Londres un opúsculo publicado en Madrid en 1873 titulado El Acusador, donde se exculpó, claro. Serrano llegó a la Presidencia del Gobierno en enero de 1871 y cerró el caso. Tampoco otros hombres, como Topete, Ruiz Zorrilla o Sagasta, tomaron la decisión de investigar. El asunto se calmó con la detención de cuatro pelagatos y con la huida de Paúl y Angulo. El poder actuó como móvil para algunos y fue el calmante para otros del dolor por el asesinato.

El peso de la muerte de Prim fue determinante. Desapareció el hombre que a duras penas mantenía la conciliación entre unionistas y radicales, y que sujetaba a Ruiz Zorrilla, manejado por los cimbrios. No obstante, el marqués de Castillejos había demostrado ser un hombre muy ambicioso que tomó la vía de los pronunciamientos para llegar al poder desde 1864 por la negativa del Partido Progresista a presentarse a las elecciones, a pesar del coste que suponía para la estabilidad del sistema y la convivencia entre partidos. Su alianza con los unionistas de Serrano y los demócratas no fue por convicción, sino por conveniencia. Prim quería una monarquía en la que su partido, se llamase como se llamase, fuera el eje del sistema. Esta fue la herencia que recibió Ruiz Zorrilla: o el Partido Radical en el poder o nada. Desterró a los Borbones sin tener alternativa, y vetó a Montpensier porque era imposible convertir a este francés en un títere progresista. A Prim no le tembló la mano a la hora de reprender a los republicanos, del mismo modo que de haber presidido el Gobierno con Amadeo I habría tratado de impedir su sustitución en el poder por los conservadores. Prim quería que su Parlamento fuera largo, al estilo de O’Donnell, modelo que tenía desde 1854, y a quien copió sus primeros pronunciamientos de 1864 y 1865. Para satisfacer su ambición personal mostró una firme convicción monárquica. Era mejor un rey que asumiera la responsabilidad final, como Isabel II, que una Presidencia de la República, disputada y temporal, dependiente de una votación popular o parlamentaria. Así se lo dijo a Keratry, enviado de la República francesa en 1870. Prim rechazó su oferta de ser el presidente de la República española con apoyo francés, a cambio de «80.000 hombres dispuestos a entrar en campaña en diez días», «un subsidio de 50 millones» y la ayuda diplomática y militar en la guerra de Cuba⁶⁰. Era el político más poderoso e influyente en el grupo dirigente de la revolución, a gran distancia del resto, incluido el economista Figuerola, o Topete, Sagasta y Serrano. Prim fue el más popular de todos, salvo para republicanos y carlistas por razones obvias. Era la cabeza del progresismo, y su desaparición dio alas a la ambición de Ruiz Zorrilla, el más beneficiado en el radicalismo por la muerte de Prim.

2

UNA ÉLITE SIN COMPROMISOS

SIN COSTUMBRES PÚBLICAS DEMOCRÁTICAS

Los radicales de Manuel Ruiz Zorrilla heredaron del Partido Progresista la consideración de que el rey, su dinastía, el adversario político y las instituciones eran respetables solo cuando ellos estaban en el poder. Una vez fuera, todo el conjunto se convertía en reaccionario. Tampoco tenían asumida la idea de la democracia; esto es, el ejercicio libre y respetado de las libertades, incluidas las del adversario, y la obediencia a la ley. En este sentido, los radicales sostenían que el rey Amadeo era liberal cuando Ruiz Zorrilla estuvo en el Gobierno, entre julio de 1871 y enero de 1872, y después, entre junio de ese año y febrero de 1873. En el ínterin, los radicales se aliaron con los republicanos en las Cortes y en las urnas, e incluso con los carlistas y los moderados por considerarlo reaccionario. Fuera del poder, el Partido Radical no solo pactaba con quienes querían derribar el régimen, sino que despreciaba al rey, al Gobierno y a las instituciones, sobre las que extendía la sombra de la ilegitimidad. La parte demócrata del Partido Radical, además, se declaró monárquica circunstancial; esto es, reconocían que la república era la forma más moderna y que España la adoptaría en el futuro. Camillo de Barral, embajador italiano, decía que los demócratas «siempre han mantenido un pie en el campo republicano»¹. Era una postura desleal con el régimen que a la postre, cuando el sistema tuvo dificultades, sirvió para destruirlo. Además, el radicalismo arrastraba el victimismo del Partido Progresista: consideraban que nunca habían sido llamados al poder de una forma «normal» porque existían «obstáculos tradicionales», como la Corona y la camarilla, que mantenían al progresismo en un «desheredamiento histórico» del poder. Ese alejamiento del Gobierno impedía, a su juicio, un sistema verdaderamente representativo y, por tanto, el progreso del país. El progresismo generó durante el reinado de Isabel II la ficción de que existía un «derecho a gobernar» que heredó el Partido Radical. Esto generaba un exclusivismo, un malentendido sobre la esencia política del régimen representativo y un desprecio al otro que hicieron imposible la convivencia y el mantenimiento del consenso político. Fue el Partido Radical quien rompió con los conservadores, anatematizó a Sagasta y a los progresistas templados, y chantajeó al rey. Amadeo I no quiso sustituir a Ruiz Zorrilla a principios de febrero de 1873, sino que pidió que formara un Gobierno de conciliación con los conservadores. El radical habló con los miembros del Consejo de Ministros y se negaron. Así se lo comunicó Ruiz Zorrilla al rey el 10 de febrero. De Barral, embajador italiano, escribió ese día a su Gobierno:

El Rey me acaba de decir que el señor Zorrilla se ha negado en nombre de todo el Gabinete a la formación de un ministerio de conciliación con el pretexto de que la sangre correría por las calles de Madrid. S. M., por tanto, mantuvo su resolución de abdicar, que dará a conocer mañana mediante un mensaje a las Cortes. La ciudad está muy agitada y se espera un movimiento republicano. El señor Topete y los demás generales conservadores vinieron a ofrecer al Rey para crear una situación de fuerza. Pero S. M. se negó rotundamente a recurrir a medios violentos. Además, con la disolución de la artillería y la falta de soldados recién retirados de Madrid, el intento habría sido dudoso. Ruego a V. E. que tenga la bondad de escribir al Rey este telegrama que no tengo tiempo de reproducir².

El Partido Radical de Manuel Ruiz Zorrilla y Cristino Martos fue el que hizo imposible la monarquía democrática de Amadeo. Sin Prim no había obstáculo para detener su proyecto republicano. De Barral, siempre muy cerca del rey por ser el embajador de Víctor Manuel II, desaconsejó que Amadeo I llamara a los radicales a gobernar justamente por esa razón. Los consideraba «hombres falsos y pérfidos» y creía que con ellos en el Ejecutivo «los acontecimientos iban a precipitarse en el sentido republicano». De Barral se entrevistó en numerosas ocasiones con Ruiz Zorrilla, en quien veía una «increíble ingenuidad en materia de Gobierno, incapaz de entenderse a sí mismo», con una «desproporcionada ambición» y una sinceridad «sospechosa». Era, sentenciaba De Barral, «solo un instrumento en manos de los Martos, Rivero, Becerra, Echegaray y otros republicanos disfrazados bajo la máscara del radicalismo, que trabajaron resueltamente para establecer la república sobre las ruinas de la dinastía». Ruiz Zorrilla creía que mandaba y que era capaz de controlar a los radicales y a los republicanos con sus «declaraciones estériles». Y así, Amadeo I se convirtió, en palabras del italiano, en «prisionero de los radicales»³.

Sin conciliación no era posible el sostenimiento de la situación y menos aún la consideración de que Amadeo de Saboya era un rey de todos. El rey había formado al llegar, en enero de 1871, un Gobierno de conciliación entre las tres fracciones, con Serrano al frente. Era lo más inteligente tras el asesinato de Prim y para demostrar que no era un rey de partido, que no tenía preferencias por ninguno, especialmente cuando existía el compromiso de convocar elecciones a Cortes ordinarias. Esto no eliminó las diferencias entre unionistas y demócratas, ni entre las dos tendencias del progresismo, las que lideraban Sagasta y Ruiz Zorrilla. A diferencia de este último, Sagasta pensaba en la conservación del Partido Progresista, al que podrían adherirse los demócratas que así lo quisieran. El caso era no ceder a los postulados del partido de Martos, especialmente el monarquismo circunstancial, ni tener como aliados preferentes a los republicanos. Mientras, la conciliación era para Sagasta el método para asentar la nueva dinastía y la Constitución de 1869.

Todas las elecciones se tomaron como un plebiscito sobre la forma de Estado; de ahí la necesidad de controlarlas y de ejercer la «influencia moral» desde el Ministerio de la Gobernación a través de los gobernadores civiles, las diputaciones provinciales y los alcaldes. En este sentido, Prim había suspendido las elecciones municipales, lo que supuso la salida de Nicolás Rivero del Ministerio de la Gobernación y su sustitución por Sagasta. Controlar los ayuntamientos era decisivo desde un punto de vista electoral, porque el sistema era mayoritario en distritos uninominales y el derecho electoral lo otorgaba la cédula que repartía el ayuntamiento. De esta manera quedaban en manos de las autoridades locales el cuerpo electoral y el manejo de los votos. La Época decía que existía una gran «irregularidad» en el reparto de las cédulas de vecindad, quedando fuera los contrarios al Gobierno⁴. Al tiempo que se manipulaban las elecciones, las oposiciones se dedicaban a deslegitimarlas, en especial los republicanos. «Falsos revolucionarios, ¿qué habéis hecho del sufragio universal?», se preguntaba La Discusión⁵. Las municipales no se convocaron hasta diciembre de 1871, pero sí las de las diputaciones provinciales. Dieron comienzo el 1 de febrero, con el resultado de 43 para las candidaturas gubernamentales y nueve para la oposición. Rojo Arias, gobernador de Madrid, dio el 28 de enero de 1871 una circular a los alcaldes de la provincia en la que decía que los partidos hostiles a la Revolución «se prestan mutuo auxilio», en referencia a republicanos, carlistas y moderados. Pedía que «aconseje y excite a sus amigos» para que votaran las candidaturas gubernamentales. «Influya usted con su prestigio de ciudadano» y que todos «voten a un solo candidato». Rojo Arias también animaba a los alcaldes a sacar las fuerzas de orden público para evitar ataques a la libertad del voto. A continuación decía que tenía noticias de que «algunos eclesiásticos» se estaban mezclando «en las luchas electorales con pasión política», e invitaba a persuadirles de que cambiaran de comportamiento⁶. Esa fue la tónica general, por lo que la «influencia moral» fue la norma, ya que, como escribió Sickles, las elecciones eran la «mejor evidencia del juicio popular a los resultados obtenidos por la Revolución de 1868»⁷.

En las elecciones del 8 al 11 de marzo de 1871, los republicanos y los carlistas fueron juntos en coalición. El trato era que en los distritos se presentaría solo el candidato de la «coalición nacional» (republicanos y carlistas) que hubiera sacado más votos en las anteriores elecciones. El caso era reunir en una sola lista a los enemigos del Gobierno. Tenían la pretensión de demostrar que los españoles no quieran «italianizarse», como decía la prensa republicana; esto es, conseguir una mayoría gubernamental que —según decía el manifiesto electoral republicano madrileño— provocase la «destitución legal, solemne, constitucional de la dinastía extranjera». «Que nuestros votos digan al mundo viva España, que digan a Europa, atrás al extranjero». No sabían qué harían el día después. El manifiesto de la junta carlista de la provincia de Madrid decía que por muy «opuestas» que fueran las «creencias de los legitimistas y los republicanos», estaban «estrechamente unidos» e «identificados» en el «sagrado deber» de poner fin a la «más hipócrita y menguada de las tiranías»⁸. Los lemas para llevar a republicanos y carlistas a las urnas y eliminar al enemigo ideológico fueron «Todo por la patria» y «España para los españoles». Era una argumentación muy nacionalista, con posos del romanticismo, en la que los «buenos» y «honrados» eran los que no querían a un italiano en el trono para la «salvación de la patria», y los «malos», los otros. La propuesta era derribar lo existente. Este párrafo del manifiesto republicano del 4 de marzo no puede ser más explícito:

Vamos, pues, federales y legitimistas, a destruir con nuestros votos lo que ha creado una soberanía extraviada y sujeta a los halagos del poder; a purificar la atmósfera revolucionaria; a libertar la dignidad de españoles, que es presa del despotismo inicuo de hipócritas gobernantes.

No era precisamente la extensión pacífica de las costumbres democráticas, sino todo lo contrario: el fomento de la ingobernabilidad y la toma de los derechos como un instrumento contra el enemigo que, en el caso de fallar, daría paso a la violencia. Resulta muy complicado encontrar entre las labores y los discursos republicanos algunos casos de fomento de las bases de un Gobierno representativo. Al contrario, es tremendamente fácil hallar apelaciones al mal uso de los derechos, la descalificación completa de los adversarios y las apelaciones a la utopía federal. Tampoco los partidos de la coalición gubernamental hicieron algo distinto: manipularon las elecciones y retorcieron los derechos.

Ninguno de los que habían hecho la Revolución creía en la democracia; es decir, en el ejercicio libre en igualdad de condiciones, la neutralidad de la Administración y la asunción del resultado. Era contradictorio que una revolución democrática afinara la «influencia moral» gubernamental, junto a la represión, mucho más allá que los Gobiernos moderados de la época isabelina. El cuerpo electoral había aumentado y, por tanto, el descontrol en el veredicto de las urnas podía ser mayor. Pero esa falta de fe en la democracia —en su resultado— suponía una triste confesión: no creían que los españoles estuvieran preparados para el uso ordenado de dicho modelo. Lo escribió el progresista Carlos Rubio en Historia filosófica de la revolución de septiembre, en 1869: su partido aceptó la democracia sin creer en ella, sin una reflexión sobre sus efectos, el principio de orden o el comportamiento de los partidos. «¿Dónde están hoy aquellos partidos medios que luchaban por alternar en el poder, por el procedimiento que debía aplicarse para conseguir el progreso o el bien del Estado, y cuyas diferencias consistían las más veces en cuestiones de formalismo político, triviales en el fondo? Los partidos medios han desaparecido», decía La Época⁹. Cialdini, quizá el embajador con mejor visión de la situación española y el más interesado por la consolidación de Amadeo, decía a Víctor Manuel II el 8 de marzo de 1871 «que es absolutamente importante calmar la tormenta revolucionaria y devolver al país a condiciones normales y pacíficas». Esto había que hacerlo apoyándose en los conservadores, que eran de orden, pero era preciso llevarlo con «tacto» para que los «partidos avanzados» (radicales y republicanos) no se levantaran en armas¹⁰.

Desde luego, la situación era fácil: una coalición cuyos miembros se odiaban, con las elecciones tomadas como un plebiscito, las oposiciones coaligadas y la Comuna desatada en París. Hasta Sagasta llegó a decir que los derechos eran «inaguantables».

Los actos de violencia están por contabilizar y clasificar, aunque sí nos han llegado algunos. «Tanta coacción y tanto asesinato como ha acompañado al ejercicio del sufragio universal —se leía en La Época—, verdadera batalla en la que la sangre ha corrido abundante»¹¹. Los dos dirigentes del comité republicano del distrito de Sos del Rey Católico (Aragón) fueron asesinados y quemados en el campo cuando volvían de recorrer pueblos del distrito haciendo campaña. En la carta del comité dando la noticia se lee: «Sabían que Ramón andaba recorriendo los pueblos para que no saliera el diputado del Gobierno»¹². El mismo día fue asesinado otro hombre en Tortosa, y poco antes un sacerdote que hacía campaña por los carlistas en Tarazona¹³. La violencia también pasó por el encarcelamiento, por ejemplo, de 76 republicanos en Elda para evitar que hicieran campaña¹⁴. Tampoco fueron menos los opositores al Gobierno. Austen H. Layard, el embajador británico, escribía un día después de las elecciones unas palabras tan atroces como ciertas: «Hay tan poco verdadero patriotismo en España que la guerra civil es lo que desean los partidos políticos que forman la oposición, cada uno con la esperanza de que, a partir de la anarquía general, pueda lograr sus propios fines»¹⁵.

La coalición gubernamental obtuvo una mayoría abrumadora, 235 de 391 diputados, pero ficticia porque sus miembros no deseaban mantenerla compacta. Las oposiciones quedaron sin fuerza: 52 los republicanos, 51 los carlistas, 18 los moderados, nueve los de Cánovas y siete los de Ríos Rosas, quedando 19 sin asignar¹⁶. Entre los 235 había más de 80 unionistas, 20 de origen demócrata, y el resto eran progresistas, unos 135. En realidad, era una cámara ingobernable, a no ser que se mantuviera la conciliación, por lo que se decidió conservarla hasta la siguiente legislatura. Las oposiciones, republicanos y carlistas, se reunían antes de las sesiones del Congreso para acordar la postura en la discusión de las actas. El resultado fue paralizar el Congreso hasta el 21 de junio.

En ese ambiente de violencia generalizada y falta de responsabilidad de los cargos públicos, Amadeo I tampoco lo puso fácil. Decidió salir solo a pasear por Madrid sin escolta, a caballo, con el objetivo de hacerse popular a pesar de que Ruiz Zorrilla había sufrido un atentado el 18 de febrero. «S. M. no escucha a nadie»¹⁷, escribió Cialdini, embajador extraordinario italiano en Madrid, que se sentía verdaderamente molesto —quiso irse al mes de reinado—, por lo que Víctor Manuel II tuvo que mediar. Ante un telegrama del príncipe Carignan sobre la enfermedad de la reina de Italia, Amadeo resolvió volver a ese país. «Se calmó —dijo Cialdini— después de la reflexión y el ministerio de oración. Sería muy deseable que V. M. aconsejara al príncipe Carignan que sea muy prudente y que telegrafíe al rey Amadeo para que actúe con calma», ya que su salida precipitada provocaría «una gran revolución en España, cuyas consecuencias serían imposibles de prever»¹⁸. Cialdini pidió a Víctor Manuel II que le relevara del mandato para volver a Italia. La excusa, muy forzada, es que no tenía residencia oficial, lo que no se estilaba en el mundo diplomático¹⁹. No duró en Madrid ni un mes junto a Amadeo y el 28 de febrero consiguió la autorización para irse. Pero no lo hizo en ese momento por responsabilidad. María Victoria, esposa de Amadeo, se resistía a viajar a España. Si ella, escribió Cialdini a Víctor Manuel II, «quería conspirar contra el rey Amadeo, no podría hacerlo mejor». Su ausencia generaba desconfianza en el futuro del reinado de Amadeo de Saboya, decía el embajador. «Perdón por lo que está pasando, esperaré unos días más a que llegue la reina, pero me iré si S. M. [María Victoria] no llega»²⁰. Finalmente, desembarcó en Alicante y todo se arregló.

LA TRAMPA REPUBLICANA

El único pilar de la situación era el mantenimiento de la conciliación, pero, como escribió Layard, «lamentablemente, un deseo prematuro de ver a su partido en el poder llevó al señor Zorrilla, al señor Martos y otros líderes demócratas a disolver el Ministerio del general Serrano»²¹. Los ataques entre unionistas y demócratas, así como las dos fracciones progresistas, mostraban que no era un pilar sólido. Emilio Castelar lo comprendió enseguida: la monarquía caería si rompía la conciliación, si trabajaba en beneficio de los radicales y en perjuicio de los conservadores. Para que esto fuera posible debía decir a los de Ruiz Zorrilla lo que querían oír: la promesa del voto de sus diputados para aprobar el programa de un Gobierno radical homogéneo; es decir, si los unionistas no estaban en el Ejecutivo. Era una maniobra inteligente para destruir. Todas sus acciones durante el reinado de Amadeo de Saboya fueron en ese sentido, de ahí que promoviera el pacto de las listas electorales con carlistas y moderados en marzo de 1871 y abril de 1872, o que ideara la citada estrategia de la «benevolencia». La cuestión es que Castelar prometió que los diputados republicanos serían «benevolentes» con una política radical, lo que daría estabilidad gubernamental, asentaría la Revolución y procuraría el orden al menos por parte de los federales²². Ruiz Zorrilla defendió que la conciliación era necesaria hasta que los «partidos extremos se convencieran de su impotencia»; es decir, hasta que los republicanos aceptaran la situación. Martos, gran muñidor de las aspiraciones republicanas, declaró que, si se conjuraba el peligro de las oposiciones, la conciliación podría dividirse, por lo que debería formar Gobierno aquella facción que tuviera el mayor número de diputados: la radical²³.

La propuesta de Castelar encajaba a la perfección con la postura de Ruiz Zorrilla, por lo que les invitó a la ruptura de la conciliación. Castelar contó el objetivo de esta estrategia en la sesión del 2 de enero de 1874: quería la «destitución legal de Amadeo», alejando del régimen a los conservadores con políticas radicales. Esto imposibilitaba el turno, el reparto del poder que calmaba las aguas, mientras los radicales disfrutaban del Gobierno para reformar sin contar con sus antiguos socios. Solo faltaba que una propuesta legislativa del Ejecutivo radical —de las llevadas a su sanción— desagradara al rey para presentarlo como un conflicto de la monarquía con la nación. Esos conflictos se resolvían teóricamente con el turno entre los partidos del sistema, pero al haber alejado de las instituciones al Partido Conservador, no habría a quién llamar para sustituir a los radicales. Ese problema se resolvería en el Congreso de los Diputados, con la destitución legal de Amadeo de Saboya por oponerse a la voluntad del pueblo, y a continuación vendría la República²⁴. Eso fue lo que pasó. Fue la estrategia benevolente de Emilio Castelar la que completó y dio alas a la ambición e ingenuidad de Ruiz Zorrilla, que aceptó el auxilio republicano oyendo los consejos de Cristino Martos. En realidad, Zorrilla fue un títere. De hecho, el 11 de febrero de 1873 se quedó solo mientras el Partido Radical, que supuestamente lideraba, le daba la espalda. Se trató de una maniobra de alta política en la que nada tuvo que ver el ímpetu popular.

Serrano tampoco era un líder leal. La regencia fue una jaula de oro que lo mantuvo alejado del bullicio, aunque no de la política. No tenía el Ejército a su servicio, en parte porque se ganaba la enemistad de los militares progresistas por su mal trato. No era un hombre de partido, cosa que suplía Ríos Rosas, quizá el civil más inteligente del grupo conservador. Ríos Rosas defendió la candidatura de Montpensier hasta finales de 1871, cuando se pasó al proyecto conservador amadeísta. Podría haber sido el líder civil de dicho proyecto, pero su empeño en Montpensier durante casi tres años lo descartó. Juan Bautista Topete era reconocido como un hombre de valor, aunque sin ingenio, lo que sobraba a Sagasta, demasiado progresista todavía para dirigir a los conservadores.

Tras la lectura del «Discurso del rey», el 23 de junio, Serrano preguntó en el Congreso a Castelar si los republicanos harían menos oposición a un Gobierno radical que a uno de conciliación. Quizá esperaba un nuevo rechazo, pero encontró todo lo contrario: recibiría una «actitud expectante y benévola» a un Ejecutivo progresista-democrático. Los radicales pidieron entonces a Castelar que ingresara en su partido, a lo que contestó «nunca me cimbrearé» —como dijimos, a los demócratas monárquicos se les llamaba «cimbrios»—. La prensa radical y la poderosa «Tertulia» radical de Madrid, una especie de comité director del partido, iniciaron una campaña para romper la conciliación y conseguir un Gobierno radical con apoyo republicano.

El rey detuvo la crisis de gobierno. Los ministros acudieron a Palacio el 24 de junio de 1871 para anunciar el «deslinde de los campos» con la dimisión del Gobierno y la formación de un Ministerio radical. Amadeo preguntó por la razón parlamentaria de la dimisión, ya que quería «mantener estrictamente la Constitución que juró, [… y no] separarse de su espíritu». No hubo moción de censura, y el 23 de junio el Congreso aprobó por una mayoría amplísima el programa de gobierno contenido en el «Discurso del rey». Los ministros quedaron «mudos y asombrados por la inesperada respuesta», y Augusto Ulloa, miembro del Gobierno, dijo que la crisis era por «una circunstancia», sin más explicación. El asunto fue, según dijeron los ministros, que el «Discurso del rey» se aprobó con tanta rapidez porque el Gobierno aseguró a las oposiciones que «se produciría una crisis». Entonces retiraron las enmiendas. Al rey no le pareció motivo suficiente y dijo que consultaría con los presidentes de las Cámaras, el conservador Francisco Santa Cruz y el progresista José Olózaga. Tras la consulta, dijo que no podía permitir la crisis²⁵.

Nadie quedó satisfecho; en especial, los radicales. Los demócratas ya habían utilizado a Ruiz Zorrilla para separar a una parte de los progresistas de la alianza con la Unión Liberal. El segundo paso era separar a esos progresistas de los de Sagasta, que a comienzos de 1871 pensaban en la resurrección del Partido Progresista. Sagasta no estaba de acuerdo en la disolución de su partido para formar dos nuevos, «pues nosotros —escribió a Víctor Balaguer— formados estamos»²⁶. El Partido Radical no convenció al rey porque se trataba de una fusión dominada por los demócratas, que establecían las ideas y la estrategia. Sagasta prefería una absorción; es decir, que los demócratas se hubieran sumado al progresismo reconociendo su autoridad y principios. Por eso Sagasta dijo a Amadeo que prefería continuar la conciliación mientras no estuviese claro el mapa partidista, y contestó que no a la «Tertulia» progresista cuando le preguntaron si apoyaría la formación de un Gobierno radical²⁷.

Los demócratas de Martos se negaron a seguir en el Gobierno el 15 julio de 1871. La excusa fue la derrota parlamentaria de Moret, ministro de Economía, por un tema menor. Dimitió, y Serrano propuso a otro demócrata, Gabriel Rodríguez. Sin embargo, para Martos era la ocasión de forzar la ruptura. De Barral, embajador italiano, informó a su Gobierno que la idea de romper con los conservadores «estaba inspirada y aconsejada por los demócratas»²⁸. Sostuvo que la coalición había llegado a su fin y que era un obstáculo por las diferencias con los unionistas. Ruiz Zorrilla no estaba convencido. Pensaba que la conciliación aún no había cumplido sus objetivos de afianzar las instituciones, en especial al rey, e integrar a las oposiciones. Sufrió la «intimidación», escribió años después, de los mismos radicales, en especial de la Tertulia radical —«que solo concedía 24 horas para decidirse en el sentido de su política»— y de los demócratas, que amenazaron con romper el Partido Radical y pasarse al campo republicano. A los dos días cedió. No quiso desmembrar el partido que lo tenía por jefe y propuso acabar con la conciliación. «Había que optar entre separarse de los adversarios, o dividir y destrozar a los amigos», escribió²⁹.

El rey llamó a consultas y, tras escuchar alternativas contrapuestas, decidió que Serrano formara otro Gobierno de conciliación, esta vez con un programa concreto. Los radicales comenzaron entonces una campaña negativa contra Amadeo I, al que empezaron a señalar como el «rey de los conservadores». Era una tradición progresista: el monarca era constitucional si daba la razón al progresismo, pero se convertía en un rey de partido, contrario al pueblo y a la libertad, si daba el poder a los conservadores. Al tiempo, iniciaron otra campaña contra los progresistas de Sagasta, a los que llamaron «resellados» —el sello conservador sobre el sello progresista— y afirmaron que solo podrían gobernar con un golpe de Estado o manipulando las leyes³⁰. Aquello no podía ser un Gobierno de conciliación porque los radicales se oponían, de modo que Sagasta renunció a la tarea y Serrano propuso al rey que llamase a Ruiz Zorrilla³¹. Así fue. El episodio demostró que el Partido Radical era desleal con el sistema: aceptaba las facultades del rey y el papel del adversario —el engranaje institucional— solo cuando estaba en el poder. Si no era así y no se cumplía su política en el tiempo que marcaban, el rey y el Partido Conservador pasaban a ser reaccionarios, contrarios al progreso de España, a la voluntad del pueblo y al sentido de la historia. Para desestabilizar al Gobierno se aliaba con quien fuera menester —como los carlistas— o amenazaba con pasarse al bando republicano. El Partido Radical tenía un alma exclusivista, incapaz de asumir el funcionamiento legal de un régimen representativo con lealtad y responsabilidad, incluso con paciencia.

No obstante, Ruiz Zorrilla no controlaba al Partido Radical. Ofreció a Sagasta el Ministerio de Estado o la Presidencia del Congreso, al tiempo que los demócratas presentaban a Rivero para ocupar dicho puesto. Martos y los suyos funcionaban como un grupo aparte, pidiendo sus cuotas de poder como si no estuvieran fusionados con los progresistas radicales. Además, habían impuesto su dogma del carácter ilegislable de los derechos, lo que suponía que ninguna ley fruto de la soberanía nacional podía limitarlos. Esto supuso un problema durante todo el periodo, teniendo que aplicarse las normas de forma extraordinaria para restablecer el orden, como ocurrió en octubre de 1869. Por otro lado, eran los demócratas quienes habían amenazado a Ruiz Zorrilla con la ruptura de la conciliación, como se vio más arriba. De esta manera, Sagasta consideraba que eran estos quienes mandaban en el Partido Radical: imponían sus nombres, su estrategia y sus principios a los progresistas de Ruiz Zorrilla. Sagasta defendió que había que recuperar el Partido Progresista, su dogma de la soberanía nacional representada en las Cortes para legislar los derechos y hacer conciliable la libertad con el orden. No solo eso, sino que el progresismo debía afirmar con rotundidad su monarquismo, rechazando posturas accidentalistas, como las de los demócratas. Esto —el rechazo a la idea de la República como forma perfecta para el futuro— permitiría asentar la Constitución de 1869, que era un punto de llegada, no de salida, como creían los de Martos³².

RUIZ ZORRILLA CONTRA SAGASTA

Ruiz Zorrilla y Sagasta se odiaron cordialmente durante el Sexenio. Tenían ambiciones tan excluyentes como las plataformas para conseguir sus objetivos. Nunca se plantearon una colaboración para mantener los principios de la Revolución de 1868 y la Constitución de 1869 frente a sus enemigos. Resulta chocante, por tanto, que sea literal la cita referida por un zorrillista de la entrevista entre ambos cuando se produjo el pronunciamiento de Sagunto. Presentar a un Ruiz Zorrilla preocupado por el Gobierno de Sagasta, y a este atento a las recomendaciones de su enemigo y dándole la razón, no es creíble, como se verá en el capítulo 20.

Hasta entonces, la relación no había sido buena. El 2 de octubre de 1871, en una reunión de los diputados progresistas y demócratas, se produjo la ruptura pública. Mientras Ruiz Zorrilla se empeñaba en mantener la unidad con los demócratas —por ello cedió a Rivero la Presidencia del Congreso—, Sagasta guardaba el silencio. Ambos tuvieron una reunión aparte de dos horas, durante la cual el corresponsal de La Época oyó a Sagasta decir a Ruiz Zorrilla:

No necesito hacer procesiones de fe; las tengo escritas con una larga historia de padecimientos antes de la Revolución; con mi conducta después en tres años de ministerio; puesto tú en la alternativa de eliminar a los cimbrios [los demócratas] o de dividir al Partido Progresista, una parte del cual quiere que su credo prevalezca y se ejecute fielmente, tú no has vacilado, te quedas con los cimbrios y rompes con tus amigos de siempre; las consecuencias serán funestas para todos; pero la culpa no es mía³³.

Ruiz Zorrilla hizo de la elección del presidente del Congreso una cuestión de Gobierno, y perdió. En la primera votación Sagasta ganó por un voto a Rivero (110 a 109), y en la segunda por diez (123 a 113). Los republicanos —64 progresistas y 27 demócratas— votaron a Rivero, mientras que los carlistas optaron por Sagasta «para provocar una crisis cuyas consecuencias no pueden apreciarse», dijo La Esperanza, órgano del carlismo. Los carlistas se abstuvieron en la primera ronda y votaron por Sagasta en la segunda. El resto de votos a Sagasta fueron 38 progresistas y 42 unionistas, además de los 11 de Cánovas, los 12 de Ríos Rosas y seis moderados³⁴. Por supuesto, Ruiz Zorrilla presentó la dimisión de su Gobierno y fue sustituido por Malcampo, un progresista sagastino. Lo importante de aquella votación no fue la labor de las oposiciones antisistema, siempre dispuestas a desestabilizar, sino la ruptura pública del progresismo. Ahí acabó el Partido Progresista, protagonista de la Revolución de 1868, y organización mayoritaria que podía haber liderado el régimen de haber sido un partido unido y fuerte. A partir de ahí, la política quedó a la suerte de las minorías, con grupos similares en cuanto a número y pendientes de coaliciones para formar algo parecido a un partido. A esto se sumó otra cuestión capital: la organización de las elecciones municipales, clave para manipular las elecciones generales desde el gobierno civil provincial y el local. Si las municipales se ponían en manos de un Gobierno radical se daría alas al republicanismo, lo que ponía en peligro el plan de consolidación de las instituciones monárquicas y del propio Amadeo de Saboya. De hecho, los progresistas de Sagasta habían acusado a los radicales de permitir la resurrección del Partido Republicano. De Barral ponía en boca de los sagastinos:

No podemos tolerar la política democrática que tiende a entregarnos a nuestros enemigos, y esta supuesta política de atracción que estamos siguiendo con los republicanos bien podría ser favorable al señor Zorrilla, pero es la pérdida de la monarquía³⁵.

Nadie creía en el libre ejercicio del sufragio universal masculino. Los radicales estaban más preocupados por controlar desde el poder las elecciones que por la libre competencia. La celebración de las elecciones municipales fue cuestión de gobierno desde finales de 1870, cuando Rivero dimitió porque Prim retrasó su celebración. Esa actitud —tanto de conservadores como radicales— dejaba la democracia en un segundo plano, con lo que volvía a primar la influencia sobre el rey y el control del Gobierno y las Cortes. No hubo la intención de una libre y democrática formación de las instituciones, sino el control del sistema dominando el mecanismo de creación de mayorías que iba desde el Ministerio de la Gobernación hasta el alcalde. Castelar acertó al decir que el motivo de la lucha entre los partidos del sistema, conservadores y radicales, era dominar «la triste gestión administrativa», porque quien tenía Gobernación y el telégrafo tenía «casi la mayoría»³⁶.

Amadeo no encontró apoyo en ningún líder. Espartero, Fernández de Córdova, Sagasta y Ruiz Zorrilla rechazaron formar Gobierno. Quiso la recomposición del progresismo y encargó al sagastino Malcampo formar un «ministerio de transición» en espera de la reunificación³⁷. Pero esto era muy complicado. Ruiz Zorrilla declaró en la reunión de la Tertulia radical que no caería en la «candidez» de pensar que «la libertad no peligraba en manos de nuestros adversarios». Y añadió un grito de guerra dirigido a Sagasta: «El que no está conmigo está contra mí; el que está con mis adversarios es mi adversario y tengo por tanto el deber de combatirlo»³⁸.

Los demócratas estaban decididos a alimentar la polémica entre Ruiz Zorrilla y Sagasta, e impedir la resurrección del Partido Progresista y la conciliación con los unionistas. Por eso, Martos, Rivero y Manuel Becerra —sus líderes— proclamaron en la Tertulia radical a Ruiz Zorrilla jefe del Partido Progresista-Demócrata. Al tiempo elaboraron un texto en el que la formación se comprometía a «estar separada de las fracciones conservadoras», con las que no podía haber más vínculos que los que había entre partidos que podían alternarse en el poder. No decía nada de los republicanos, a los que se tenía por aliados, y centraba el conflicto en los conservadores, pretendiendo alejarlos de las instituciones. Esto fue discutido por progresistas y demócratas en las reuniones del 7, 8 y 9 de octubre de 1871. No solo se aprobó la exclusión de los conservadores, sino que se negó un voto de confianza al Gobierno progresista de Malcampo. Sagasta y los suyos se fueron de la reunión y la junta directiva se formó sin contar con ellos³⁹.

La paradoja estuvo en que radicales y sagastinos se llamaron «Partido Progresista-Democrático» en los manifiestos que publicaron en octubre. Los intentos de reconciliación fracasaron ese mes y en noviembre. Ni Espartero, ni Olózaga ni Víctor Balaguer tuvieron éxito: las cuestiones eran soberanía nacional o derechos ilegislables, y la cesión al Partido Demócrata. En esta situación, el Gobierno de Malcampo llevó al Congreso un tema que podía dejar en evidencia a los radicales: la legalidad de la Asociación Internacional de Trabajadores después de la Comuna de París. Entonces, con el debate y la votación en las Cortes, se vería si los derechos debían ser legislados o si se permitía su desarrollo, lo que daba lugar, a su entender, a episodios violentos como el parisino. En esta tesitura, Ruiz Zorrilla no fue capaz de defender la ilegislabilidad de los derechos y promovió la abstención de los radicales en el Congreso. La victoria del Gobierno fue completa⁴⁰.

Los carlistas de Cándido Nocedal devolvieron la jugada al Gobierno al presentar una moción, el 17 de noviembre de 1871, para que el derecho de asociación no tuviera límites para fines religiosos y educativos. Los demócratas anunciaron su voto a favor, así como el republicano Figueras, porque era la ocasión, como dijo Martos, de echar a un Gobierno con «bandera pirata» que había «nacido de la conjura». Con tal coalición, Malcampo acudió a Palacio, mientras Romero Robledo improvisaba un discurso durante el tiempo suficiente como para que el jefe de Gobierno consiguiera el decreto de suspensión de las Cortes. Perdida la votación, Malcampo sacó un papel. Martos dijo: «¡Vamos a ver cómo cae un Ministerio!», pero en realidad anunció que las sesiones quedaban suspendidas. Amadeo explicó a Víctor Manuel II que firmó el decreto debido al escándalo que suponía la coalición de los radicales con carlistas y republicanos⁴¹, algo que se repitió en las urnas en 1872.

Este fue el principio de una práctica perversa de los radicales: derribar al Gobierno a cualquier precio y desentenderse del funcionamiento del sistema. Por ello, convirtieron las elecciones municipales de diciembre de 1871 en un plebiscito sobre la continuidad del Gobierno. Es cierto que el ministro Candau, de Gobernación, publicó el 2 de diciembre una circular dirigida a los gobernadores provinciales pidiendo que impidieran la victoria de los enemigos de la situación. A esto se unieron descalificaciones al rey y a los unionistas y a los progresistas históricos, a quienes calificaban de reaccionarios. Figuerola acusó de debilidad a Amadeo I y de permitir un «golpe de Estado» de los conservadores. La prensa radical, además, alegó que el rey tenía que recordar a quién debía el trono; es decir, a su partido, no a los unionistas, y que en consecuencia debía darles el poder. Los progresistas volvieron a su victimismo, alegando, como escribió el embajador británico, que la Corona en España siempre había mostrado «enemistad» hacia los progresistas⁴².

Esta postura fue seguida por carlistas y republicanos, que sostuvieron que las municipales eran un plebiscito sobre el régimen. Incluso Fernando Garrido, federal y socialista, propuso que no hubiera más que una candidatura de oposición en los municipios; esto es, una que reuniera a radicales, republicanos y carlistas⁴³. En Barcelona, Málaga, Sevilla y Cádiz —donde el censo se redujo de 20.000 electores a 4.000— ganaron los candidatos ministeriales. Los republicanos lo hicieron en Valencia, Granada y La Coruña; y en Madrid, los radicales. Los carlistas lo hicieron en el mundo rural. La abstención rondó el 50 %⁴⁴. Ruiz Zorrilla acudió a Palacio para decir a Amadeo I que la opinión pública se había mostrado contraria al Gobierno de Malcampo, pero el rey no cambió de opinión.

Aquellas elecciones municipales —tomadas como un plebiscito— marcaron el rumbo del sistema: en las Cortes se usaron las técnicas parlamentarias para bloquear la acción de gobierno; los enemigos del régimen crecieron, al tiempo que la democracia se deslegitimaba por la acción y el discurso de los actores políticos, y, por último, y no menos importante, el rey era desacreditado según hiciera uso de sus facultades constitucionales. Amadeo actuó siempre en beneficio del país, legalmente, buscando la conciliación, pero, finalmente, en febrero de 1873 se encontró con el abandono de los conservadores y la traición de los radicales, como se verá. El rey pensó que no se podía gobernar así y escribió una carta a Malcampo, fechada el 19 de diciembre, en la que le conminaba a reanudar sesiones de Cortes. Una vez reunidos, Amadeo I dijo que ordenaría la formación de Gobierno al que tuviera más votos dinásticos. Era una manera de evitar las maniobras de republicanos y carlistas —«monstruosas coaliciones», las llamó el embajador italiano⁴⁵—, y de animar a los constitucionales a formar partidos. Malcampo dimitió tras recibir la carta y Sagasta, como presidente del Congreso, fue el encargado de formar el Ejecutivo.

Sagasta no desistió y ofreció a Ruiz Zorrilla cuatro ministerios⁴⁶. Las condiciones eran volver al dogma de la soberanía nacional, declarar legislables los derechos, aceptar la cooperación con los unionistas y romper con los republicanos. Aquello era inaceptable para el jefe del Partido Radical, que afirmó que esta formación «ahora estaba separada de los partidarios del señor Sagasta por diferencias demasiado grandes de principios y sistema político». Y se negó⁴⁷. Por otro lado, Ruiz Zorrilla creía posible demostrar al rey que solo su partido estaba organizado para dirigir el Gobierno de España, y tenía la convicción de que Sagasta no conseguiría formar un Ejecutivo. No fue así cuando su rival giró hacia los conservadores⁴⁸. Bouillé, embajador francés, comunicó a su Gobierno el gran enfado de Ruiz Zorrilla por el éxito de Sagasta⁴⁹. El líder radical decidió escribir a Víctor Manuel II para que aconsejara a Amadeo que llamara al poder a los radicales, porque a ellos debía el trono, y no a los conservadores, que lo vieron con indiferencia. Ruiz Zorrilla dijo al rey italiano que Amadeo escuchaba a los conservadores antes que a los radicales, que le daban funestos consejos⁵⁰. En esta misma línea, los periódicos radicales comenzaron a soltar que existía una «nueva camarilla» que aconsejaba al rey contra los radicales, recordando los sucesos de la Corte de Isabel II.

El problema siguiente fue la formación del Partido Conservador. Sagasta aún quería la reconstrucción del Partido Progresista como «tercer partido» entre unionistas y radicales. El 28 de diciembre envió una carta a los parlamentarios progresistas recordándoles que el Gobierno que había formado era de su partido —salvo Topete—, que sus miembros eran viejos amigos de Prim y que necesitaba su confianza para mantener el Ejecutivo. Añadió que pidió a Ruiz Zorrilla entrar en el Gabinete, pero no quiso «hasta el punto de declarar que él no era progresista, sino radical»⁵¹. Tampoco los progresistas sagastinos querían una fusión con los unionistas, sino reconstruir su partido⁵². Los unionistas tenían una junta directiva compuesta por exministros, entre los que estaban Serrano, Cánovas, Ríos Rosas, Romero Ortiz, López de Ayala, Álvarez Lorenzana y Manuel Silvela. Aprobaron que Topete formara parte del Ejecutivo, pero exigieron que las ideas conservadoras estuvieran en el programa de gobierno de Sagasta. La colaboración fue un hecho.

La clave estaba en el número de votos dinásticos, no en que estuviera formado el partido. El rey quería partidarios, no diputados republicanos, moderados o carlistas que apoyaran a radicales o conservadores por otro interés. Era la fórmula más sensata, dado que los progresistas-democráticos consideraban a los unionistas y sagastinos más perjudiciales para el régimen que los republicanos. Esto inquietaba al rey, como se ve en sus cartas a Víctor Manuel II. En la crisis de enero de 1872 por un Congreso ingobernable, Amadeo se entrevistó con todos los líderes políticos. La conclusión a la que llegó es que Sagasta quería la conciliación a izquierda y derecha, con zorrillistas y unionistas, romper con los republicanos y asentar la Constitución. Por otro lado, Ruiz Zorrilla, «empujado siempre por Martos», escribió Amadeo, le dijo que la conciliación era imposible y que aprobaría los presupuestos con el apoyo de los republicanos. La impresión que el rey tuvo de los radicales no fue buena ni estaba desencaminada: creyó que eran dinásticos para llegar al poder y transformar España, pero, si no alcanzaban el Gobierno, eran capaces de pregonar la República. Incluso llegó a decir a su padre: «Me sorprendió mucho sobre todo en Zorrilla, que le creía muy leal y que me tenía mucho cariño»⁵³.

Amadeo I entregó el decreto de disolución a Sagasta. Layard, bien informado, dijo que Amadeo había comprendido que en esa circunstancia llamar a Ruiz Zorrilla podía ser un peligro para la dinastía⁵⁴. No se equivocaba: los radicales y los republicanos comenzaron una campaña para desprestigiar al rey y a los conservadores.

El anuncio de la decisión regia se hizo en la sesión del Congreso del 24 de enero, que marcó con toda claridad lo que sería el resto del reinado: la izquierda poniendo en cuestión el régimen si estaba fuera del Gobierno, con llamamientos a la revolución y a la república, y supuestamente leal a Amadeo I si estaba en el poder. Ruiz Zorrilla proclamó los gritos de guerra radicales para agitar la calle: «¡Radicales, a defenderse!» y «¡Dios salve a la dinastía! ¡Dios salve a la libertad! ¡Dios salve al país!», que era una copia del que pronunció Olózaga en 1843 en el Congreso para el levantamiento contra Espartero. Los republicanos apelaron a la fuerza. El diputado José Tomás Muro dijo que se contestaría «en las barricadas». Figueras, uno de los líderes federales, afirmó que era tarea de su partido «señalar el día y la hora del combate». Martos, verdadero muñidor de la estrategia radical, dijo que el rey se había equivocado en su elección dando el poder a los conservadores, porque no era un partido, sino un grupo de amadeístas de última hora. Durante aquella sesión, como ocurría siempre que había conflicto, grupos de radicales y republicanos rodearon el Congreso para amedrentar a sus enemigos.

La prensa radical y republicana siguió la misma tónica. El Imparcial recordó que Carlos X y Luis Felipe, reyes de Francia, cayeron por hacer política conservadora, como podía pasarle a Amadeo I. La Igualdad, el periódico republicano más importante, dijo que se estaba en «plena reacción» con una dinastía «impopular y, por añadidura, extranjera». Al final decía: «¡Republicanos, salvemos la Revolución!»⁵⁵. El mensaje era que la Revolución estaba en peligro en manos de los conservadores, que el rey no servía porque no daba el poder a los radicales y que las instituciones, en referencia a la Corona y al Gobierno, habían decidido contra la voluntad del pueblo.

De Barral, asustado y entristecido por la ingobernabilidad española, escribía a su Gobierno que los políticos hacían insostenible una Constitución democrática. De hecho, escribió, «en cuanto se reunieron las Cortes [el 22 de enero de 1872], las mismas dificultades [tuvieron lugar], los mismos odios de partido, la misma violencia del lenguaje a la que hemos visto añadir tumultuosas manifestaciones en la calle». El rey Amadeo, concluía, lo tenía muy difícil en España ante el «espectáculo escandaloso» de políticos y periodistas que atacaban impunemente a la dinastía. Ruiz Zorrilla, aunque afirmaba «ser dinástico», se había colocado en una «pendiente que debe conducir imperceptiblemente al lado de los republicanos». De Barral contaba que en las asambleas radicales se había insultado al rey delante de Ruiz Zorrilla sin que este dijera nada; se había convertido en el «instrumento de partidos hostiles». El problema, concluía, eran los dirigentes, que «en su ceguera están dispuestos a sacrificarlo todo, hasta el país, siempre que se satisfagan sus odios políticos, y hay que agregar, sus intereses personales»⁵⁶. El francés Bouillé decía a su Gobierno que la solución era la formación de «un gran partido liberal y conservador» para asentar la Constitución y la dinastía⁵⁷.

La fusión conservadora se convirtió en un problema. Mientras los unionistas animaban a la formación de un comité electoral conjunto y la firma de un manifiesto, Sagasta seguía pensando en la resurrección del Partido Progresista. Layard informó que Sagasta estaba dejando el sistema hecho un «caos»⁵⁸. Los conservadores se sintieron utilizados para contener a los radicales mientras Sagasta organizaba su propio partido y protestaron⁵⁹. El rey también se sintió engañado: había dado el decreto de disolución con la condición de que se formara un partido conservador. Esta fue la razón del «papelito», un documento que Amadeo I leyó en el Consejo de Ministros el 17 de febrero y que fue escrito por su amigo José Luis Albareda⁶⁰, conservador y propietario de la Revista de España, de la que era director Pérez Galdós. El texto decía que el Partido Radical sentía que no se había cumplido su «derecho al gobierno», lo que había provocado su cuestionamiento de la prerrogativa regia de designar al Ejecutivo. La solución era que se formara el Partido Conservador con la fusión de unionistas y sagastinos en torno al programa de gobierno del 22 de enero de 1871. Con los dos partidos ya formados, que se alternarían en el poder, dijo, quedaría el sistema finalizado y sería más fácil su cumplimiento de las tareas constitucionales⁶¹. No obstante, Sagasta se negó. Convocados al Palacio Real los líderes políticos, Ríos Rosas dijo que los unionistas deseaban la fusión, pero Víctor Balaguer, que representaba a Sagasta, ausente por enfermedad, dijo que ellos no estaban dispuestos a la unión. Amadeo lo tuvo claro: dio 24 horas a los progresistas para la formación del partido o les retiraría su apoyo para dárselo a Ruiz Zorrilla⁶². Sagasta aceptó y el 22 de febrero se publicó una circular anunciando la formación del «Partido Constitucional», con el que la «fusión» de «elementos afines de la pasada mayoría es un hecho»⁶³. El nuevo Gobierno tenía cuatro miembros procedentes de la Unión Liberal. Como escribió De Barral: «El verdadero color del Gabinete es liberal-conservador»⁶⁴.

LA COALICIÓN DE REPUBLICANOS, CARLISTAS Y RADICALES

Aquellas elecciones fueron el inicio de la cuenta atrás de la caída de la monarquía democrática de Amadeo I. Se plantearon como un nuevo plebiscito e incluso Bouillé comunicó al Gobierno francés que se vivían como la consolidación o el destronamiento del rey⁶⁵. El motivo, como escribió el embajador De Barral, es que Ruiz Zorrilla propuso la «coalición nacional» a republicanos, carlistas y moderados para derrotar al Gobierno. El objetivo era «vencer al Gobierno fruto de la inmoralidad y de la mentira», dijo en la Tertulia radical, y que iba a «falsear y corromper el sufragio». Martos apuntó que la coalición era «una triste pero inevitable necesidad a que nos lleva la práctica viciosa, inmoral y corruptora» del Gobierno constitucional⁶⁶. De esta manera, Ruiz Zorrilla apeló de forma incoherente a los enemigos de la monarquía democrática, incluso del sufragio, para defender la monarquía democrática y el mismo sufragio. El apoyo de los carlistas era imprescindible, escribía el moderado Esteban Collantes, porque de ellos dependían «cien distritos, cincuenta para ellos y otros cincuenta en que puedan ayudar a las demás oposiciones». El Círculo Conservador, del Partido Moderado, aprobó participar en aquella coalición, aunque con «mucha repugnancia», pero es que «sin coalición no vienen seis moderados»⁶⁷.

Estas coaliciones «antinatura» se habían hecho antes a nivel municipal, pero nada equiparable ni de tanta trascendencia como hacerlo a nivel nacional. «El hecho de unirse a los enemigos de la dinastía es, sin embargo, escandaloso y agrava singularmente la tensa situación», anunciaba De Barral⁶⁸. El alfonsino Antonio Oñate escribía que la coalición marcaba el enfrentamiento irreversible entre los partidos de la situación, que «no cejará hasta acabar con lo existente»⁶⁹. En conclusión, a nadie se le escapaba el daño que para el régimen suponía que el Partido Radical se aliara con los antisistema.

El Imparcial, diario radical de referencia, la tituló «coalición nacional» el 25 de febrero, y el nombre tuvo éxito. El 6 de marzo, el comité central y los exsenadores y exdiputados radicales acordaron la «coalición nacional» y publicaron una circular. La retórica de los radicales apelaba a salvar la Revolución, la Constitución y derribar un Gobierno que violaba las leyes, maltrataba la libertad de prensa, desarmaba a los Voluntarios de la Libertad y destituía diputaciones y ayuntamientos. Había que «purificar el sistema representativo de esta política inmoral y corruptora, y arrancar en el campo de la vida pública esta cizaña», en referencia a los conservadores⁷⁰. Las bases de la coalición se publicaron el 9 de marzo. El acuerdo era sencillo: en cada distrito habría un solo candidato de oposición, en atención a los resultados de las anteriores elecciones generales, y este sería votado por los electores coaligados.

El mensaje de los radicales era que las conquistas revolucionarias se habían perdido con la formación de un Gobierno conservador con el «traidor» Sagasta y un rey que no había entendido el proceso transformador. La sensación que se transmitió fue que la democracia estaba en peligro y que la Revolución había sido traicionada. La nación soberana, dijeron, no había sido respetada por el rey ni por los conservadores. Resucitaron entonces el recurso retórico que oponía la nación al trono, entendiendo por tal el conjunto de intereses conservadores que constituían, a su entender, un obstáculo para la libertad; es decir, a su gobierno.

Los carlistas aceptaron la coalición nacional. El manifiesto firmado por Cándido Nocedal, Antonio Juan de Vildósola, Manuel Tamayo y Baus y Vicente de la Hoz —los miembros del comité electoral de la junta católico-monárquica— decía que el «duque de Madrid —el pretendiente carlista— ha examinado detenidamente qué actitud conviene más al partido carlista en la próxima lucha electoral» y había decidido acudir a las «urnas con decisión y energía» para provocar la «derrota del Gobierno». El retraimiento, decía, es «rendirse, es someterse, es morir». Después de repetir los principios religiosos y antiliberales, hizo un llamamiento en nombre del duque de Madrid: «Carlistas: ahora a las urnas; después, a donde Dios nos llame»⁷¹. Los carlistas, al igual que radicales y republicanos, dijeron que aquella coalición no era una cuestión de principios, sino de conducta, que necesitaba la «obediencia ciega, sin reservas mentales de ninguna especie»⁷². Aquel «a donde Dios nos llame» supuso que los diputados carlistas (38) no recogieran las actas, porque el 15 de abril el duque de Madrid ordenó el retraimiento parlamentario y comenzó la guerra.

La minoría republicana se reunió el 25 de enero, después de la sesión del Congreso, y al día siguiente en casa de Pi y Margall. Acordaron presentarse a las elecciones y que el partido ajustaría su «conducta» a la que «observara el Gobierno»⁷³. Decidieron formar «comisiones activas» para movilizar el voto y dar «amparo» al derecho electoral⁷⁴. Esas comisiones eran pequeñas juntas de distrito a las que se dirigían los electores republicanos y que vigilaban la legalidad del proceso. Sus miembros eran elegidos por los federales de cada distrito. Esto sirvió para iniciar el debate en el campo republicano hasta la reunión de la Asamblea Federal, convocada para el 25 de febrero.

La idea de fondo en la prensa republicana fue que la Revolución se había perdido. La Igualdad hizo un paralelismo entre la Revolución de 1868 y la de 1854; estaban en 1856, «en plena reacción, pero más bastarda», porque la dinastía Saboya era «por añadidura extranjera». El republicanismo se había definido desde 1868 como el guardián de las esencias revolucionarias. Así se presentó en las Cortes Constituyentes, y fue el alegato del levantamiento armado de septiembre y octubre de 1869. La Revolución había sido robada, dijeron desde el principio, y los acontecimientos de enero de 1872 parecían darles la razón. La monarquía era «esencialmente conservadora», rechazaba los derechos individuales, la libertad y la democracia. El decreto de disolución implicaba, «en un porvenir más o menos remoto, la destrucción de todo lo existente». El artículo remataba con un «¡Republicanos, salvemos la Revolución!»⁷⁵. El Combate, incluso, titulaba un artículo de fondo del 9 de febrero con «¡Abajo lo existente!», como en 1868. Los republicanos removieron la frustración usando esa idea de retorno a la situación anterior a 1868. La Discusión, como el resto, señaló que Amadeo de Saboya era un «rey de partido, como lo fue Isabel II». La situación, decía, era la misma: el «italiano» dejaba gobernar a los unionistas, como la Borbón había hecho con los moderados. El rey, como Isabel II, era «cómplice» de la involución, de la traición a la Revolución⁷⁶. Mentían diciendo que el objetivo de los conservadores era la Restauración de los Borbones, ya fuera en el príncipe Alfonso o en Montpensier⁷⁷. El conjunto obligaba, a su entender, a que «el fusil de la revolución hable» para hacer «justicia revolucionaria»⁷⁸.

La Revolución se había convertido, escribió en La Discusión Ruiz Chamorro, un krausista, en la «restauración del antiguo régimen». El motivo era que el Partido Progresista no entendía la libertad sin monarquía, y la «funesta conciliación» con los unionistas había dejado el poder en quienes no creían en la Revolución. Se había «entronizado la reacción», escribió Ruiz Chamorro, constituyendo el rey y los conservadores los nuevos «obstáculos tradicionales», en referencia a los que señaló Olózaga en 1861 y que lanzaron la Revolución al progresismo. Los españoles se habían equivocado al depositar su confianza en un monarca «que se ha puesto bajo la guía de extranjera tierra», en alusión a Víctor Manuel II⁷⁹.

Los republicanos alimentaron la xenofobia. Pusieron en marcha prejuicios sobre los italianos, como llamarlo «Macarroni I», y apelaron a la necesaria españolidad del jefe del Estado y del Gobierno. La traición a los principios de la Revolución con la proclamación de la monarquía y la hegemonía de los conservadores, más la injerencia extranjera, obligaba a un nuevo levantamiento, decían. No obstante, no hicieron una llamada a coger el fusil, sino a mostrar el enfado en las urnas. Los llamamientos usaban el lenguaje bélico, pero no llamaban directamente a liquidar al enemigo. Por ejemplo, Ruiz Chamorro escribió en La Discusión el 17 de febrero: «Tan solo la energía popular, las fuerzas revolucionarias pueden salvarnos del contagio que nos amenaza».

Una parte de los republicanos se dedicaron a deslegitimar el sistema y a restar valor al ejercicio del voto para que el partido se decidiera por no ir a las urnas. Fue el caso de La Discusión. Eusebio Ruiz Chamorro, discípulo de Sanz del Río, dedicó una serie de artículos a sostener que presentarse a las elecciones solo serviría para dar autoridad a la victoria del Gobierno. La derrota se produciría porque el sufragio universal no existía, dijo. Daba cuatro argumentos. La edad electoral, situada a los 25 años, servía para excluir a los electores republicanos, fundamentalmente jóvenes. Luego señalaba tres fraudes: manipular el censo para excluir a la oposición, adulteración de las actas tras el conteo de votos y la violencia. En concreto, Ruiz Chamorro decía que no se dejaba ejercer el voto encarcelando a los electores, amenazando con «desenterrar expedientes, con hacer deslindes, imponer multas o cosas por el estilo». Además, decía, se arrancaban de los colegios electorales los carteles con los candidatos de la oposición e incluso «se toman por asalto los colegios electorales, hiriendo a los presidentes y reduciéndolos a prisión después de heridos, cometiendo mil atropellos o fechorías». En consecuencia, «antes que a los votos debía apelarse a los tiros»⁸⁰.

La referencia a responder con violencia a la violencia fue recurrente, en parte por la interpretación de las palabras de Figueras en el Congreso aludiendo a que se verían en el campo de batalla. Por eso se hicieron muchas referencias a que se estaba como en 1856 o incluso en 1868. Era la opción de los redactores de El Combate, que decían que se trataba de «un deber de todo ciudadano combatir sin tregua ni descanso la oprobiosa dominación». La apelación a tomar las armas para impedir la ilegalidad del Gobierno fue continua. No se trataba tanto de no votar, sino de sustituir el voto por el fusil. Incluso tomaron la frase de Estanislao Figueras en el Congreso cuando dijo «el guante está arrojado» para decir que lo devolverían «envuelto en plomo»⁸¹.

El 5 de febrero apareció en El Combate una carta de Emilio Castelar a Fernando Garrido, con fecha del día 3. El primero decía que el pueblo español era muy dado a la conspiración y la sublevación, pero poco a la política. Deseaba que los republicanos demostraran que el español podía ser un «pueblo de ciudadanos», sostener el derecho, tener prudencia y lidiar con las «agitaciones de las democracias». Las diferencias había que dirimirlas, no en las «luchas armadas», sino en las «luchas electorales». Había que ir a las urnas aunque se perdiera, porque todos los Gobiernos acuden a ellas para ganar y para que la oposición pierda. Sin embargo, el «retraimiento continuo, sistemático, elevado a ley universal de conducta» concluía en «suicidio», porque generaba una sociedad de conflicto, no de republicanos⁸². Esto significaba que el directorio del partido lo tenía decidido: irían a las urnas con carlistas y radicales para hacer ingobernable el régimen.

En esto se reunió la Asamblea Federal el 25 de febrero de 1872, domingo. La Igualdad, el periódico republicano más importante e identificado con la dirección del partido, salió ese día con un artículo de fondo titulado «La coalición nacional» para marcar la directriz de la reunión⁸³. El texto apelaba a claves reconocibles en el discurso republicano: la Revolución había sido hurtada por falsos liberales que se habían apropiado de las instituciones en detrimento del bien común de la nación. Los conservadores eran una oligarquía —como lo fueron durante el reinado de Isabel II— que se había aprovechado del pueblo. Esa oligarquía, como indicaba el pensamiento político clásico, era corrupta y contraria a la democracia, violaba la ley en su beneficio particular y, en consecuencia, era contraria al derecho. El pueblo se había levantado en 1868 para derribar un régimen oligárquico y era preciso que se uniera de nuevo para echar a los conservadores. Apelaba incluso al nacionalismo xenófobo, destacando el origen extranjero de Amadeo de Saboya. La coalición de radicales, republicanos y carlistas, decía, había derrotado al Gobierno de Sagasta en el Congreso y volvería a hacerlo en las urnas. Terminaba el artículo recordando que era una coalición circunstancial, pero que al día siguiente de la victoria, de derribar el sistema, «no permitamos que se impongan las soluciones de nuestros enemigos». Es decir, no olvidaban que los carlistas eran «los reaccionarios», sus enemigos, y que a pesar de colaborar en el Congreso e ir juntos a las elecciones, no iban a tolerar la imposición del llamado Carlos VII. Era una manera de tranquilizar a los intransigentes, que rechazaban la coalición. En esta misma línea estuvieron La Discusión, Gil Blas y La Revolución Social.

Los resultados fueron apabullantes. Los constitucionales obtuvieron 236 actas —la mayor parte, unionistas—, 52 los republicanos, 42 los radicales —los grandes perjudicados de la coalición— y 38 los carlistas. De Barral decía que «este importante éxito mejora considerablemente toda la situación», porque, como escribió Bouillé, «la necesidad de practicar consistentemente una política conservadora, leal e ilustrada se afirma por demasiados síntomas obvios»⁸⁴. Sin embargo, los comicios fueron muy violentos por ambas partes. Los testigos de todos los partidos así lo reconocieron.

Galdós, director de El Debate y de la Revista de España, escribió que la victoria radical en Madrid en las elecciones de abril de 1872 se debió al miedo propagado por la prensa de la coalición nacional y, además, a la influencia del alcalde de Madrid, los alcaldes de barrio y los empleados públicos —todos del Partido Radical—, que actuaron como agentes electorales. El miedo hizo que mucha gente conservadora, según Galdós, abandonara la capital ante la amenaza de violencia. Aparecieron de la noche a la mañana, escribió, «devotos zorrillistas muchísimos individuos» de los que trabajaban los «servicios públicos», distinguiéndose los que «tenían motivos para desear estar bien con el alcalde de barrio». A estos se unieron los numerosos «braceros, ocupados en las obras del ayuntamiento», que «de pronto se sintieron unánimemente afectados de un delirante amor a la [coalición] nacional»⁸⁵. Es decir, que si el Gobierno de Sagasta tenía a su favor la administración central, el Ejército y la Guardia Civil, la «coalición nacional» contaba con sus alcaldes, sus empleados públicos y los Voluntarios de la Libertad, una fuerza a las órdenes de sus alcaldes.

Andrés Borrego señalaba en 1874 que aquel Gobierno no tuvo más remedio, en abril de 1872, que «oponer a la audacia de las oposiciones la audacia de las administraciones»⁸⁶. De hecho, Sagasta dijo a Amadeo I que esas elecciones serían todo lo puras que podían ser en España. En este mismo sentido, los carlistas Eduardo Vilarrasa y José Ildefonso Gatell decían entonces que el sufragio se falsificaba, que no era el «resultado de la voluntad popular». Escribieron que para Ruiz Zorrilla y Sagasta «unas elecciones son un juego en el que gana siempre el dueño de la banca; he aquí por qué venían disputándose la banca» esos dos políticos⁸⁷. Según estos autores, las arbitrariedades gubernamentales en las elecciones de abril de 1872 fueron de «tal magnitud» que ofrecieron «pretexto bastante» para lanzarse a las armas. De hecho, alegaban, el manifiesto del 15 de abril de la Junta central católico-monárquica —el que llamó al retraimiento parlamentario— refería que los resultados electorales probaban que la «farsa ridícula del liberalismo solo sirve para cohibir la opinión nacional, atropellar los derechos que proclama y llevar la mentira a las Cortes y el luto a las familias»⁸⁸. Con estos se habían aliado los radicales y los republicanos.

El historiador progresista Antonio Pirala escribió que la campaña electoral para abril de 1872 fue «a muerte». Unos y otros usaron «todos los medios a su alcance»; no solo la arbitrariedad de la Administración, sino que «todo linaje de violencias se pusieron en juego para triunfar»⁸⁹. Eugenio García Ruiz, republicano unitario, escribió que la coalición fue un «espectáculo curioso» con carlistas, radicales y federales juntos. Lo único importante era «vencer y mandar». Nunca hubo, al decir de García Ruiz, unas elecciones con más «abominaciones», jamás «se vieron tantas ilegalidades, ni tan brutales violencias, ni tan viles amaños, ni tan inicuos atropellos». La violencia fue extrema: «tres muertos y seis o siete heridos» en Lugo y en «mil otros puntos de España». Según García Ruiz, cuando el Gobierno vio que, a pesar de la «violencia y crímenes», había triunfado la oposición en algunos distritos, se dedicó a «falsificar actas» con los «Lázaros» —incluir muertos en el censo electoral que votaban al Gobierno—. Repitió lo que todos sabían: el desvío de dos millones de Ultramar para comprar votos en los distritos donde había candidatos gubernamentales «cuneros» y fomentar el acoso a los votantes de la oposición. Era el sistema de la «Partida de la Porra»⁹⁰. Rodríguez Solís, republicano, escribió sin documentar que hubo circulares secretas de Sagasta dando orden de apalear y prender a los electores de la coalición⁹¹.

Miguel Morayta, también republicano, quien tuvo cierto protagonismo en la coalición nacional de abril de 1872, refiere que, ante los preparativos del Gobierno para controlar las elecciones, las oposiciones respondieron «cometiendo tal cual ilegalidad». La violencia fue «moneda corriente» por ambos lados. Intervinieron tropas del Ejército, la Guardia Civil y los Voluntarios de la Libertad. Hubo batallas en la Historia, escribió Morayta, «que costaron menos heridos y muertos que aquella lucha en los comicios». Las mesas para el escrutinio se eligieron en muchos distritos «a tiro limpio» y «se alejó a los electores de oposición y se conquistaron multitud de actas». En resumidas cuentas, la violencia y el fraude dominaron aquellos comicios⁹².

Pi y Margall escribió que fueron los radicales los que pusieron la dinastía en peligro al tender la mano a los republicanos, que eran «los más interesados en hacer imposible la monarquía». No sintieron mucho «entusiasmo» por la alianza, afirmó, pero decidieron apoyar la coalición para «echar abajo un trono». La respuesta del Gobierno de Sagasta, como es sabido, fue la intervención, a la que siguió la violencia: «Hubo en algunos distritos atropellos e inauditas violencias, sobre todo en los escrutinios, verdaderamente escandalosos⁹³. Vicente Blasco Ibáñez, pimargalliano, escribió años después que la violencia fue provocada por el Gobierno de Sagasta —transcribe un documento— al destituir en «masa a miles de ayuntamientos por ser radicales o republicanos», lo que provocó «motines en las poblaciones. Alguno fue muy sangriento, como el de Granada»⁹⁴. El mismo juicio emitió Vera y González, también simpatizante de Pi: las elecciones de abril de 1872 «fueron las más arbitrarias y escandalosas que se hayan realizado jamás en nuestro país». Esto se debió a que el Gobierno tuvo que «enfrentarse a una formidable coalición de partidos» y no le quedó más remedio que acudir a todo tipo de artimañas y violencia⁹⁵.

La manipulación electoral del Gobierno fue descubierta en el Congreso por el diputado republicano Pedro José Moreno Rodríguez, castelarino. El caso es que Sagasta había trasladado dos millones de reales de los fondos de Ultramar al Ministerio de la Gobernación, encargado de organizar las elecciones. Sagasta no negó la transferencia, que era ilegal, y a continuación presentó un expediente para demostrar que había una conspiración contra el régimen. Los constitucionales no lo apoyaron, y el 22 de mayo dimitió. Ese fue el fin del político hasta 1874. La contribución de Sagasta en el reinado de Amadeo no fue la mejor: retrasó la formación del Partido Conservador por su esperanza en resucitar el Partido Progresista, y tuvo que ser el rey quien le obligara a hacerlo a última hora. Esto dañó tanto el papel de Amadeo ante la opinión pública como la malversación de los dos millones de reales, que deslegitimaron aquellas elecciones. El rey escribió a Víctor Manuel II que Sagasta quiso hacer creer que todo el mundo conspiraba, y que «yo conspiraba contra el país»⁹⁶. El motivo lo contó Sickles a su Gobierno: Sagasta usó el dinero «para apoyar a una policía secreta que parece haber practicado un espionaje escandaloso sobre muchos personajes prominentes, incluidas damas del más alto rango, e incluso el rey mismo»⁹⁷.

Tras la dimisión de Sagasta, Ruiz Zorrilla pidió el poder al rey. Era algo inconstitucional, porque los radicales tenían 42 diputados y necesitaba un decreto de disolución, algo que no podía darle hasta que transcurrieran cuatro meses desde la constitución de las Cortes. Con la negativa de Amadeo, Ruiz Zorrilla sugirió que nombrara un Gobierno solo con antiguos unionistas. De esta manera rompía el nuevo Partido Constitucional y alejaba a los sagastinos. El rey contestó que el Gobierno sería prácticamente el mismo porque esa era la mayoría parlamentaria, y llamó al general Serrano, que dirigía la guerra contra los carlistas.

Mientras el rey intentaba encauzar el conflicto por vías constitucionales, los radicales y republicanos consideraban que aquello era una traición a la Revolución. Francisco Salmerón, jefe de la Tertulia, escribía ya en enero de 1872 que el rey estaba contra los radicales por influencia de los conservadores⁹⁸. En 1872 comenzó un antidinastismo en las filas del radicalismo, lo que explica la facilidad para deshacerse de Amadeo I en febrero de 1873. La influencia de los demócratas en el radicalismo se hizo patente entonces, ya confluente con los republicanos. La Discusión decía que la inacción del Partido Radical era su muerte y que no encajaba con el «ardor antidinástico que reina en provincias con las huestes radicales». Los republicanos incitaron a los radicales a «sacrificar la parte» para salvar «el todo»; es decir, echar al rey a los conservadores para salvar la obra revolucionaria⁹⁹.

Ruiz Zorrilla quiso mantener al Partido Radical en la legalidad, que hiciera oposición durante un tiempo y que luego optara al poder por el impulso de las urnas. Hizo declaraciones leales al Gobierno en el Congreso respecto a los presupuestos y anunció su colaboración¹⁰⁰. Sin embargo, el Convenio de Amorebieta firmado con los carlistas por Serrano, presidente del Gobierno, sin conocimiento ni consulta del Ejecutivo, exaltó a los radicales y a los republicanos. Ruiz Zorrilla se quedó sin argumentos cuando el Gobierno se negó a explicar el Convenio en el Congreso. Los diputados radicales y republicanos abandonaron la sala y Ruiz Zorrilla anunció el retraimiento parlamentario de su partido. La minoría radical se reunió y ahí ganó Martos. Argumentó que era hora de pasarse al republicanismo y de denunciar abiertamente que el rey daba el poder a los conservadores que querían detener la revolución. El argumento era sencillo: si la libertad de la Constitución de 1869 no era posible con Amadeo, no sería posible con ninguna dinastía. Ante tal fracaso, el paso evolutivo lógico era la República. Ruiz Zorrilla dijo en la reunión que el retraimiento en las Cortes serviría para que el rey viera que los radicales se oponían a la falsificación constitucional que hacían los conservadores. No convenció y perdió la votación.

Ese mismo día 29 de junio se acercó Ruiz Zorrilla a la Tertulia, epicentro del radicalismo, e intentó convencer a la concurrencia de que el partido debía quedarse en la legalidad. El 31 de mayo anunció en el Congreso de los Diputados que dejaba la política porque carecía de fuerzas para mantener la situación. Ruiz Gómez, radical, amigo íntimo de Ruiz Zorrilla, confesó al británico Layard que se había ido porque «sintió que ya no era el verdadero líder de su partido», sino Martos, quien se decantaba por el republicanismo porque «se les había metido en la cabeza que el rey nunca los aceptaría como ministros»¹⁰¹. Esto lo confirmó Francisco Salmerón, que en la Tertulia contó que Ruiz Zorrila no quería intervenir «en las futuras soluciones necesarias al Partido Radical»¹⁰². Esto no podía significar otra cosa que Ruiz Zorrilla se bajaba del barco del Partido Radical y abandonaba la vida política cuando el radicalismo iba a estrechar su alianza con los republicanos. Entre la lealtad a Amadeo de Saboya y a su partido, optó por la retirada. Quiso dejar al radicalismo dentro de la legalidad, limitándose a la lucha parlamentaria y electoral, aunque fuera en la oposición, pero fracasó.

La retirada de Ruiz Zorrilla fue irresponsable. Es posible especular que fuera una estrategia o un teatro para presionar a Amadeo, pero el daño que le hizo a la monarquía democrática es cuantificable. Layard escribió que la conducta de Ruiz Zorrilla hacia el rey «no ha sido leal, honorable ni patriótica». Culpó al líder del Partido Radical del conflicto entre los partidos, poniendo al rey en una «situación peligrosa». Ruiz Zorrilla había sacrificado todo —«país, patriotismo, honor»— a las «pasiones e intereses del momento». Su conducta desprestigiaba al rey, a los adversarios y al sistema por impaciencia en llegar al poder. «Nada puede justificar su conducta», sentenciaba, por lo que esperaba que el Partido Radical encontrase un líder «cuerdo»¹⁰³. El mismo Ruiz Zorrilla confesó a Fernández de Córdova que su marcha había sido un «mal» para el Partido Radical, pero «conveniente para el porvenir del país». Se desentendió de la situación porque el partido se dividiría por su tendencia republicana y se creía incapaz de sostener unida la organización¹⁰⁴. Es decir, que hoy podemos otorgar a Ruiz Zorrilla una gran sapiencia para hacerse con el poder, pero el precio fue muy alto y contradecía sus palabras de lealtad y compromiso con la monarquía democrática de la Constitución de 1869.

La dirección del Partido Radical decidió organizarse sobre nuevas bases y convocó un congreso. Entre tanto, la prensa radical se dedicó a culpar al rey de la marcha de Ruiz Zorrilla, del poder de los conservadores y de la vuelta al «desheredamiento histórico». Se comparaba a Amadeo I con Isabel II, y a los conservadores con los moderados de 1868. José de Echegaray, posiblemente, o José María Carrascón, fue el autor de un artículo titulado «La loca del Vaticano», en el que se recordaba el fusilamiento de Maximiliano de Austria por los republicanos mexicanos, y cómo su esposa, con el juicio alterado, residía en la Santa Sede. Era una advertencia a los reyes de España, una amenaza ya proferida por los republicanos tiempo atrás¹⁰⁵. Amadeo, decepcionado, contaba entonces a su padre que un «grave defecto de este país» es que se espera del rey la solución de todos los problemas políticos, en lugar de hacerlo las Cortes o el Gobierno¹⁰⁶. Sickles, en muy buena relación con Martos, expresó a su Gobierno que su impresión era que la dinastía Saboya caería pronto por obra de los radicales con apoyo de los republicanos¹⁰⁷.

3

EL PLAN CONTRA EL REY

LA REVOLUCIÓN REPUBLICANA COMO AMENAZA

En ese ambiente revolucionario, los Voluntarios de la Libertad (milicianos) se reunieron en la Plaza Mayor de Madrid el 6 de junio de 1872. Eran radicales y republicanos unidos por el desprecio al Gobierno y al rey. Se trataba de una demostración de fuerza con la excusa de protestar contra el Ejecutivo. El alcalde de Madrid, marqués de Sardoal (Ángel José Luis Carvajal y Fernández de Córdova), del Partido Radical, jefe de los milicianos, dijo al Gobierno que no podría contenerlos. En previsión, el Ministerio de la Gobernación y el de Guerra acuartelaron a la tropa y a la Guardia Civil¹.

Los federales estaban preparando una insurrección al margen del Directorio del partido dirigido por Pi y Margall, Figueras y Castelar. Los cabecillas eran Blas Pierrad y Francisco Rispa y Perpiñá, quienes estuvieron luego en la rebelión cantonalista. El Combate, órgano que dirigía Rispa, hizo una campaña a favor del levantamiento armado contra el rey «faccioso, traidor y liberticida». «Esta vez —decía— no ha de quedar piedra sobre piedra bajo la piqueta revolucionaria» y caería «todo cuanto se oponga a su omnímoda voluntad». El Partido Republicano, remataba, «enarbolará su bandera roja» para la «salvación del país». Era el momento del levantamiento armado por la debilidad de dinásticos y del rey.

Solo por la fuerza, y con la fuerza, puede imponerse la República; solo con la lucha violenta podemos implantarla en este republicano suelo; venga, pues, y venga pronto la revolución armada, ese eterno crisol donde siempre se aquilatan las causas justas².

Uno de los implicados comunicó a los dirigentes radicales, según Rispa, la inminente insurrección, «detallando el número de cuerpos comprometidos»³. Al parecer, había fuerzas comprometidas en Andalucía, Valencia, Cartagena, Madrid y otros puntos. En Barcelona había comprometidos tres regimientos, pero necesitaban «treinta mil duros» para confirmarlo, según Rispa y Perpiñá, uno de los protagonistas de aquella conspiración. El marqués de Santa Marta, diputado, prometió el dinero⁴. Los radicales se lo comunicaron a Giuseppe Dragonetti, secretario particular de Amadeo, que creyó que al final serían las armas las que sostendrían el trono, algo que siempre había rechazado. Fue cuando Amadeo cambió de opinión. Hasta entonces, como decía el embajador italiano De Barral, lo que llegaba a oídos de Amadeo es que, si la conciliación no era posible, había que decantarse por un Gobierno de los conservadores para imponer el orden y tener un Ejército dinástico⁵. Amadeo pensó que, si no se mostraba favorable a los radicales, habría una revolución, de modo que buscó la popularidad. Así se lo escribió a su padre aquel mes de junio. El Partido Radical sin Ruiz Zorrilla se haría republicano, y ni el pueblo, ni el clero, ni la aristocracia ni el Ejército eran dinásticos. Los «partidos de la situación», dijo el rey, estaban en conflicto por cuestiones personales. «Aquí está la situación actual del país; en general, hay descontento y este descontento se vuelve hacia mí», confesó a su padre⁶. Era la hora de ganarse al pueblo.

Amadeo creyó que la solución estaba en dar el poder al Partido Radical y, en teoría, hacerse popular. De este modo se asentaría la dinastía, porque los conservadores no la pondrían en peligro y los españoles más movilizados, como los radicales, se contentarían cuando llegaran al poder. Así demostraría que era el rey de la Revolución, verdaderamente liberal, y que, a diferencia de Isabel II, había desterrado el «desheredamiento histórico». El consejo de este giro fue del embajador italiano De Barral y del secretario Dragonetti⁷. Amadeo quería popularidad y creyó que la obtendría con un gesto radical y echando a los conservadores. La oportunidad se la ofreció el general Serrano, presidente del Gobierno, cuando presentó un proyecto de suspensión de las garantías constitucionales para atajar la guerra carlista y la insurrección republicana. Bouillé, el embajador francés, escribió a su Gobierno que se esperaba el levantamiento federal para mediados del mes de junio⁸. La prensa radical y republicana hablaron de «dictadura» e «involución». El rey dijo que aquel proyecto era salir de la Constitución —no era cierto— y se negó a sancionarlo, por lo que el Gobierno dimitió el 12 de junio.

Ese mismo día se iban a reunir los Voluntarios de la Libertad en la Plaza Mayor de Madrid en otra demostración de fuerza. Sin embargo, cuando recibieron la noticia de la dimisión del Gobierno, se disolvieron⁹. La presencia de aquella milicia armada a unos cientos de metros del Palacio Real era una manera de intimidar al rey para que destituyera a los conservadores y llamara a los radicales a formar Gobierno.

En esa búsqueda de popularidad, Amadeo envió un telegrama a Espartero para que se ocupase del Ejecutivo, propuesta que rechazó. Se lo encargó entonces a Fernández de Córdova para que reuniera a los radicales, que exigieron la disolución de las Cortes. Amadeo I entregó el poder a quien le despreciaba y no estaba dispuesto a sostener la monarquía democrática en los Saboya si los radicales estaban fuera del poder. El 13 de junio pidió a Fernández de Córdova que formara Gobierno, quien cuatro días antes escribía a Ruiz Zorrilla que la «Corte sigue con los ojos vendados» y caminaba hacia su «ruina». Ya no quería nada de Amadeo ni de la Corte y había llegado su fin: «Nada espero de ella, ni creo que ya es tiempo de salvarla aunque ella arrancara la venda que la ciega». La dinastía estaba acabada para Fernández de Córdova por haber dado el poder a los conservadores, y declaraba a Ruiz Zorrilla, que rompía con Amadeo.

En esta situación yo por mi parte cumpliré como debo los deberes que el honor me impone respecto del partido pero nada más. Seguiré en el Parlamento hasta el último momento, pero ni un paso más allá de los principios que con él me ligaron¹⁰.

LA EXPULSIÓN DE LOS CONSERVADORES

La designación de los radicales para formar Gobierno fue de dudosa constitucionalidad. El artículo 43 de la Constitución decía que las Cortes debían estar reunidas al menos cuatro meses, y el artículo 71 impedía que el rey suspendiera las sesiones parlamentarias si no había transcurrido dicho plazo. La solución habría sido que el nuevo Gobierno radical consiguiera el apoyo conservador para los grandes temas, como el financiero, hasta la conclusión de esos cuatro meses, y luego disolver. No ocurrió así, sino que se forzó a Amadeo a disolver las Cortes de forma inconstitucional. Esto perjudicó una vez más la imagen del rey. Romero Robledo dijo en la reunión de los conservadores del 14 de junio que aquello era un «golpe de Estado inaudito y desvergonzado», y la prensa del partido, como La Iberia o El Debate, pidieron el retraimiento electoral. Gobernar por decreto en materia fiscal violaba la Constitución, ya que no se podía recaudar impuestos que no fueran votados en Cortes, ni podía llamarse a filas a 40.000 hombres, como hizo el Gobierno, sin una ley aprobada en el Parlamento. Los conservadores temían que los radicales utilizaran las elecciones para demostrar que los anteriores comicios fueron un fraude y eso solo podía hacerse con un uso indiscriminado de la maquinaria del Ministerio de la Gobernación que asegurase una victoria aplastante. De hecho, el 9 de julio saltó a la prensa que Martos se había reunido con los republicanos para negociar el número de diputados que obtendrían. La cifra ofrecida por Martos fue de 100, a lo que se negó Ruiz Zorrilla, que dijo que serían 70¹¹. Finalmente fue así: 274 diputados radicales, 77 republicanos y 14 conservadores. Aquellas elecciones fueron una manipulación más. El embajador francés escribió que la pasividad era tal que si el Gobierno de España estuviera compuesto por mandarines, las Cortes estarían compuestas exclusivamente por chinos¹².

Los conservadores comenzaron a llamarse «constitucionales» en junio de 1872 y hablaron de que se vivía «en plena dictadura»¹³. El desprestigio de la monarquía democrática para la resolución de conflictos y el progreso era total. Las elecciones no servían para su objetivo legítimo, sino que eran el pasto de irregularidades para dar la victoria al Gobierno de turno. El rey era el árbitro entre partidos enfrentados y, por tanto, el responsable de los errores. La prensa conservadora hablaba del «rey cautivo», de un Amadeo que, «al llamar a los radicales al poder, se ha entregado en manos de un enemigo encubierto». La República, dijeron, estaba próxima por obra de los radicales, como así fue¹⁴.

Ruiz Zorrilla convocó elecciones para agosto de 1872 y los conservadores resolvieron presentarse a la lucha electoral. Sin embargo, los comités locales del partido no tuvieron vida por el desánimo que existía. Hubo muy pocos candidatos. En 23 provincias, incluida Madrid, solo hubo listas radicales y republicanas. La campaña fue triste para los conservadores. El tema de debate era la continuidad de la monarquía democrática en la dinastía de Saboya, de modo que los comicios fueron un nuevo plebiscito. Lo cierto es que los conservadores consideraron que Amadeo era un rey de partido, imagen lograda a pulso por los radicales, y muchos comenzaron a ver que el reinado había terminado. El futuro, como dijo El Diario Español, el periódico más prestigioso del partido, era decidir entre república y restauración borbónica. Consideraba que, al igual que «la mayoría de los españoles», se podía «dar por terminado el ensayo de la monarquía democrática»; había que «buscar en otra parte», y esa «parte» era el príncipe Alfonso de Borbón, pero aún le faltaba prestigio liberal y le sobraba la Corte isabelina. Ahora bien, concluía, antes de esa restauración, España «ha de pasar por la prueba de la República»¹⁵. La sensación de los conservadores era que la monarquía democrática estaba en peligro y que la deriva significaba el fracaso del intento revolucionario. La conciliación estaba rota por obra y gracia de los radicales, que, en su concepción de la democracia como una revolución para dar la vuelta al país, no respetaban las reglas ni su espíritu. «El advenimiento de los radicales —escribió Francisco Serrano a su amigo Borrego— puede ser el mayor desastre que haya pasado sobre España desde la Guerra Civil»¹⁶.

Serrano se retiró en apariencia de la vida pública tras la publicación de unas circulares del Gobierno en las que se calificaba de ilegítimas a las Cortes anteriores. El jefe del Partido Conservador se iba, lo que era un abandono más y la prueba de una impotencia y un fracaso. Los partidos no integraban a los adversarios, sino que los expulsaban del sistema o se iban. Isabel II encomendó a Jacinto María Ruiz preguntar a Serrano por la posibilidad de que encabezara la Restauración, contando con el duque de Montpensier como regente durante la minoría de Alfonso¹⁷. Serrano no recogió el guante, pero tampoco se negó, aunque quedó claro que ya no defendería la monarquía de Amadeo de Saboya. Andrés Borrego, que entonces trabajaba para Serrano, escribió que manifestó a sus amigos que «nada haría en adelante para venir en apoyo de lo existente, ni nada tampoco para precipitar el desmoronamiento de la dinastía»¹⁸. De junio de 1872 a febrero de 1873, Serrano solo pensó en volver al poder como fuera. Esteban Collantes, director del moderantismo en Madrid, escribió a Riánsares que habían cometido el error de dejar «la Restauración en manos del general Serrano», que «no se sabe lo que quiere, ni lo que hará, ni cuándo lo hará»¹⁹. En el último semestre de 1872, Serrano tuvo tres propuestas: la oferta de Isabel II, la de Amadeo y la de implantar una dictadura republicana, que fue lo propuesto por Rivero y que se intentó el 11 de febrero de 1873 y en 1874. Se puede decir que, en junio de 1872, el rey Amadeo ya no podía contar con Serrano como hombre leal y fiel a la dinastía.

En el conservadurismo constitucional y dinástico quedaron Topete, Ríos Rosas y Sagasta. Cánovas, que hasta entonces había colaborado con ellos, renunció tras sufrir la presión gubernamental en las elecciones en los distritos de Málaga y Murcia. A continuación publicó un folleto en el que explicó que la monarquía democrática de Amadeo había fracasado a la hora de construir un régimen para todos los liberales, donde dos partidos se turnaran en el poder con respeto a la ley y a las instituciones. Cánovas anunció entonces que trabajaría por un proyecto nuevo basado en la restauración de los Borbones, pero no se sumó al Partido Moderado, que a su entender era inútil para su propósito. Un año después, Isabel II le encomendó la tarea de organizar el alfonsismo²⁰.

Curiosamente, el Partido Moderado comenzó a recobrar fuerza. Agustín Esteban Collantes, bien relacionado con María Cristina de Borbón y el duque de Riánsares, consiguió reunir a un buen número de notables en torno al diario El Eco de España. Además, algunos grupos económicos vinculados con los negocios antillanos, con Cuba y Puerto Rico, fundaron a finales de 1872 la Liga Nacional, preocupados por las estrechas relaciones entre Sickles, el embajador norteamericano en España, y los radicales, en especial con Martos, ministro de Estado desde junio de 1872. Esa relación estrecha ya había sido advertida por el embajador británico, e incluso el Gobierno de Sagasta había pedido al de Estados Unidos mucho antes la retirada de Sickles por su relación con los radicales²¹. Seis meses después, en diciembre, Layard escribía a su Gobierno que Sickles había hecho «una gran labor» para dañar a Amadeo I aconsejando a republicanos y radicales cómo desestabilizar el régimen. Sickles fue quien recomendó a los republicanos que exigieran la abolición inmediata de la esclavitud para romper el Gobierno, forzar así la caída de la dinastía y conseguir la República²². Cuando esta llegó en febrero de 1873, Sickles la reconoció sin consultar con la Secretaría de Estado, como era preceptivo, y fue recibido por el Gobierno español, ante el cual aseguró que ayudaría a apaciguar la insurgencia en Cuba. El italiano De Barral se desahogaba al decir: «Esta actitud del ministro norteamericano parecería confirmar completamente lo que siempre había sospechado de la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de Cuba, en secreta connivencia con el Partido Radical»²³. Bouillé, embajador francés, era de la misma opinión: Sickles estuvo detrás de las intrigas contra Amadeo²⁴.

De esta manera, a mediados de 1872 la situación de la monarquía democrática era peor que incierta. El rey no consiguió más popularidad expulsando a los conservadores, sino que pareció débil, susceptible de ceder a la presión radical y vulnerable a las críticas. A principios de julio de 1872, la impresión de Bouillé era que Amadeo era un rey tomado por «extranjero, aislado, privado de partido, de simpatizantes hasta en la menor cantidad, [que] no puede contar con una sólida dedicación en el país»²⁵. De hecho, había dado la espalda al Partido Conservador, un partido cuya formación había forzado para que llegase al poder. Además, los radicales amenazaban continuamente con la República y recordaban al rey que su puesto se lo debía a ellos, por lo que debía corresponder dándoles el poder. Es más, el Partido Radical no había tenido reparos para aliarse en las urnas con republicanos y carlistas. A la altura de junio de 1872, no podía confiar en nadie, en ningún líder y en ningún partido. Sagasta estaba inhabilitado por la corrupción de los dos millones y el informe de espionaje que presentó en el Congreso. Ruiz Zorrilla se había retirado, para volver dirigiendo a unos escépticos de la monarquía que decían que la forma superior de gobierno era la República. Serrano se había desentendido del sistema, acercado al alfonsismo y alejado de su partido, lo que era grave al ser la supuesta cabeza del Ejército. Todo esto en mitad de la guerra de Cuba, la guerra carlista y la amenaza republicana.

Ruiz Zorrilla regresó a la escena política, a pesar de que poco antes había confesado que se consideraba «completamente inutilizado para volver a la vida pública»²⁶. Se produjo entonces uno de los episodios más esperpénticos del Sexenio Democrático. Fernández de Córdova fue nombrado presidente interino del Gobierno y envió un telegrama a Ruiz Zorrilla, entonces en su retiro de La Tablada. La misiva decía: «Partido compacto»; es decir, ya no había, en teoría, una deriva republicana. Hasta su residencia llegaron unas trescientas personas, comandadas por Rivero y Francisco Salmerón. El objetivo era convencerlo para que volviera a Madrid. Llegaron a la finca los trescientos, y una comisión entró a hablar con él. Pasada una hora, como no hubo acuerdo, la multitud irrumpió en la casa, forzó la puerta de la habitación en la que estaba Ruiz Zorrilla, que al verse rodeado se desmayó. Entró en la sala su mujer, quien se lo llevó de allí seguida de Rivero. Al rato, este salió diciendo a los trescientos, todavía dentro de la casa, que el jefe radical había aceptado. «A las tres de la mañana, la comitiva emprendió la marcha hacia la estación de Magaz», decía la crónica de El Imparcial²⁷.

«NO CONSPIREMOS CONTRA NOSOTROS MISMOS»

La vuelta al poder de los radicales y el alejamiento de los conservadores acercaba la caída de Amadeo I y el advenimiento de la República. El republicanismo benevolente, enfrentado al de los intransigentes, que armaban una insurrección, estaba de enhorabuena. El silencio de Emilio Castelar, impulsor de la «benevolencia», durante el primer semestre de 1872 fue muy significativo. Consideró que no debía distraer a los partidos del sistema —radicales y conservadores— de su lucha cainita y así mostrar las cartas del republicanismo. La estrategia era clara: romper la convivencia entre aquellos y aprovechar la obsesión del radicalismo por gobernar en exclusiva, sin el concurso ni la presencia de los conservadores. Castelar prometió colaboración al plan de gobierno radical, lo que aseguraba una mayoría suficiente para iniciar reformas de partido, ideológicas, populistas en muchos casos, como la abolición de las quintas. A esto se sumaba la demonización de los conservadores, a los que se tildaba de traidores a la Revolución de 1868. De esta manera pretendía que un Gobierno radical convocara unas elecciones que reunieran unas Cortes de mayoría radical y republicana. Con esta situación, sin recambio posible a la derecha, el rey quedaría atado al Partido Radical. Así, cualquier desavenencia entre Amadeo y los radicales a la hora de sancionar una ley acabaría con la destitución legal del monarca.

No era el momento de levantarse en armas. Por esta razón, el Directorio federal —en realidad, Castelar, Pi y Margall y Figueras— publicó el 17 de junio una circular para truncar el plan insurreccional que estaba en marcha. «Permaneced serenos y tranquilos», se leía. Advertía que quien intentara lanzar a los republicanos «a vías de fuerza desconoce por completo nuestra situación o quiere comprometer a sabiendas la causa de la República». Y terminaba diciendo: «No conspiremos contra nosotros mismos»²⁸.

Los radicales mostraron en el Ejecutivo lo que para ellos era un Gobierno representativo. Colonizaron el Estado cambiando a 40.000 personas en el Ejército y en la Administración, y exigieron la disolución de las Cortes para tener un Parlamento adicto que excluyera a la oposición. Martos siguió siendo el director en la sombra. Corrigió la circular conciliadora de Ruiz Zorrilla, publicada el 26 de junio, con ánimo de tranquilizar a los conservadores. Ante las protestas de la izquierda radical, como la Tertulia, Martos escribió una circular sobre las elecciones, publicada el 17 de julio de 1872, que firmó Ruiz Zorrilla. El texto decía que los conservadores habían manipulado las elecciones anteriores, por lo que esas Cortes estaban «muertas y muertos con ellas cuantos Ministerios se formaran en su seno y se apoyaran en su voto». Además, atribuía a una prerrogativa regia la violación del precepto que prohibía la disolución de las Cortes si no estaban reunidas cuatro meses. Esto suponía responsabilizar al rey de la disolución, que había sido su condición para aceptar el Gobierno, y, además, enfrentarlo definitivamente a los conservadores. Cuando estos protestaron por la violación de la Constitución, El Imparcial, convertido ya en órgano oficial del Gobierno, dijo que era una «nimiedad jurídica» en comparación con el fin del «desheredamiento histórico» del poder que habían sufrido los progresistas durante décadas²⁹.

Martos fue quien, en el Consejo de Ministros, consiguió un acuerdo sobre el número de diputados republicanos resultantes de las elecciones convocadas para agosto de 1872. Propuso 100 o 120, aunque Ruiz Zorrilla, como ya dijimos, los rebajó a 70. La «coalición nacional» de abril de 1872 pareció renacer, porque se produjo en la práctica un acuerdo: donde se presentaba un candidato radical no lo hacía un republicano, y viceversa. Es más: si el candidato era un federal intransigente, de aquellos que hacían oposición al Directorio republicano, el candidato ministerial era de procedencia progresista para que no hubiera enfrentamiento entre un demócrata y un republicano benevolente. De esta manera, el Partido Radical consiguió sendas mayorías apabullantes en el Congreso y el Senado, consiguiendo así dominar todas las instituciones: el rey, las Cortes, la Administración y el Ejército. Sin controlar el Estado era imposible llevar a cabo las transformaciones revolucionarias, y para lograrlo eran capaces de sacrificar la letra y el espíritu de la Constitución, dinamitar la conciliación con los conservadores, aliarse con los enemigos del sistema, maniatar al rey y destruir su menguada reputación, y trasladar al pueblo que la democracia era su gobierno exclusivo, en el que las urnas y el control del poder no eran determinantes.

El resultado de las elecciones de agosto de 1872 no dejó lugar a dudas: la situación era radical, con apoyo republicano, y los conservadores quedaban excluidos. Los grandes líderes del Partido Constitucional quedaron fuera de las Cortes: Serrano, Sagasta, Malcampo, Topete y Ríos Rosas. El Gobierno de Ruiz Zorrilla destituyó ayuntamientos y diputaciones provinciales antes de las elecciones: según Augusto Ulloa, diputado conservador, entre 100 y 150 en Alicante, Gerona, Granada, Málaga, Segovia, Cádiz, Sevilla y Málaga, entre otros. La ley provincial y la municipal ordenaban que la destitución solo se hiciera por una sentencia firme de los tribunales, no por una decisión del Consejo de Ministros o del ministro de la Gobernación. A esto se añadía el «movimiento en masa» de los empleados públicos, auténticos agentes electorales —unos 40.000—, la presión ministerial, «asesinatos en algunos puntos», como en Málaga y Murcia, encarcelamiento de electores conservadores, «censo abultado y censo disminuido según ha convenido» al Gobierno, repartimiento de cédulas para votar arbitrariamente, «votaciones dobles y triples» para «formar mayoría del candidato», y se suspendieron sin motivo explícito las elecciones en Cádiz —donde se había presentado Topete— y en Úbeda³⁰.

Las elecciones se habían hecho para dar unas Cortes que, según dijo Rivero, elegido presidente del Congreso, iban a llevar a cabo las reformas que acabarían «la obra de la Revolución». Por eso, confesó, los conservadores «no se encuentran aquí, porque aquí no hacen falta». Era el momento de la democracia marcado por la Historia, el sino de la época; por eso no estaba el Partido Conservador. Al radicalismo, en cambio, lo amparaba «la legitimidad de los tiempos». Martos lo dijo aún más claro: los únicos demócratas de la monarquía democrática de la Constitución de 1869 eran los radicales y los republicanos. Esto venía a ser una exclusión del otro partido de la revolución, al que se restaba su legitimidad para gobernar. Por ello, Ruiz Zorrilla afirmó que el Partido Conservador era una «ficción» que solo tenía «espadas enmohecidas», mientras que creía que los republicanos benevolentes, que habían prometido su apoyo al Gobierno radical si hacía reformas, ingresarían en el Partido Radical. La monarquía era un «sacrificio pequeño e insignificante», dijo, cuando se tenía la libertad. Pi y Margall bajó de la nube a Ruiz Zorrilla: la Federal no era solo una forma de gobierno, sino un sistema político y económico completo, por lo que no era algo superficial con el que se pudiera transigir. Lo remató Figueras, benevolente, diciendo que Ruiz Zorrilla sería el «último ministro del rey don Amadeo»³¹.

La vida republicana iba por otro lado. Los llamados «federales intransigentes», no solo en provincias, se habían lanzado a la revolución. Estalló en El Ferrol el 11 de octubre una sublevación en el arsenal. El Ministerio de la Guerra consideró que se trataba de un «pequeño movimiento», pero previno a las autoridades de Cádiz y Cartagena para que «atiendan y vigilen los correspondientes arsenales»³². El modus operandi fue similar al que ocurrió en Cartagena en julio de 1873: unos militares federales despechados —el brigadier Pozas y el capitán de fragata retirado Montejo— soliviantaron a la guardia, marinería y obreros del arsenal, y se acantonaron. Se hicieron con los barcos, arrestaron a los oficiales leales y enarbolaron la bandera roja. Publicaron algún manifiesto para que les secundaran en otros puntos de España, pero no tuvieron éxito. El fracaso fue que la población de El Ferrol no los secundó, aunque sí la junta republicana local. A los tres días, Pozas y Montejo huyeron del lugar en la fragata Carmen, dejando en la estacada a unos mil hombres que se habían sublevado, a los que se sometió a consejo de guerra³³. El asunto de El Ferrol evidenció la división del Partido Republicano, existiendo una parte que era incontrolable.

Pi y Margall condenó el levantamiento y dijo que no existía el «derecho de insurrección» si la libertad estaba garantizada. En la reunión de los diputados republicanos se debatió el ejercicio de dicho «derecho», venciendo la opinión de Pi y Margall por 43 votos a siete³⁴. Era una bomba en la línea de flotación del ansia revolucionaria federal. La respuesta la dio la junta republicana de Barcelona, que llevó a cabo algunas reuniones para destituir a Pi y Margall como diputado por esa circunscripción³⁵. La división entre benévolos e intransigentes fue ya evidente, separados por la negativa de los últimos a colaborar de ninguna forma con la monarquía, ni siquiera con los radicales, y abogaban por el retraimiento electoral y la insurrección. La mayoría de la prensa del partido se puso del lado de los intransigentes. Solo La Discusión defendió al Directorio, mientras que La Igualdad, El Combate y otros lo atacaron. Pi y Margall intentó unificar el partido convocando hasta tres asambleas federales —reuniones del partido— en 1872, en los meses de marzo, agosto y noviembre. Las tres fracasaron por falta de quórum³⁶. Además, el Directorio estaba dividido entre quienes mantenían la vía parlamentaria —Pi, Castelar y Sorní— y los que querían la revolución a toda costa —Contreras, Santa Marta y Estévanez—, mientras que Figueras se mostraba indeciso³⁷.

No terminó ahí la conspiración federal, y el Gobierno lo sabía. Martos se lo anunció a Layard: existía un plan federal a «gran escala» en Andalucía y Cataluña cuyo jefe era Contreras³⁸. Los federales intransigentes habían constituido el 15 de octubre un «Consejo provisional de la federal española» dirigido por el general Contreras, luego cabecilla en Cartagena³⁹, y el diputado Francisco García López. Juan Contreras firmaba como «General en Jefe de los Ejércitos de la Federación Española», lo que da una idea del personaje, y usó el llamamiento a quintas para conseguir rebeldes⁴⁰. Contreras y otros militares de su cuerda desaparecieron de sus puestos aquel mes de octubre y publicaron varios manifiestos llamando a la insurrección. El «Consejo provisional» ordenó, según escribió Rodríguez Solís, involucrado en aquel movimiento,

… que cada pueblo constituyera un Consejo local federativo, cada provincia un Consejo federal y los cantones unidos el Consejo de la federación, con una serie de medidas que dieran por resultado la República democrática federal y social con todas sus naturales y legítimas consecuencias⁴¹.

El llamamiento a las quintas, cosa que el Gobierno había prometido abolir, sirvió de excusa para una proclama del general Contreras llamando a las armas. Se levantaron partidas por todo el país, desde Barcelona a Huelva. En Málaga, dirigidos por Rispa y Perpiñá, hubo sangrientos enfrentamientos entre los republicanos y el Ejército⁴². Algunos dirigentes, como Estévanez —miembro entonces del Directorio y gobernador de Madrid en 1873—, Rubau Donadeu —vinculado al internacionalismo— y otros lideraron partidas armadas con la excusa de la llamada a quinta⁴³. Tenía razón el Gobierno de Serrano al querer suspender las garantías constitucionales porque se avecinaba una sublevación general de los republicanos. Layard escribió a su Gobierno que Ruiz Zorrilla acabaría dándose cuenta de que en las elecciones de agosto debía haber permitido un grupo parlamentario conservador poderoso, no el republicano, con lo que no tendría problemas para asegurar el orden público⁴⁴.

El 11 de diciembre de 1872 ocurrió en Madrid. El general Pavía acuarteló la tropa el día anterior. El movimiento comenzó en la Plaza de Antón Martín, y otra partida se encaminó a Embajadores. Pavía ocupó con los soldados los puntos estratégicos. Impidió así que los conjurados levantaran barricadas, que apenas, según contó Pirala, «llegaron a medio metro de altura». Una vez controlado el foco de Embajadores, Pavía se dirigió con la tropa a Antón Martín. Los insurrectos, unos ochocientos, dispararon, y los soldados, «sin foguear» aún, se «incrustaron» en las paredes de la calle de la Magdalena. Pavía ordenó calar bayonetas y los lanzó contra los federales, poniendo punto final al levantamiento⁴⁵. Esa noche fueron Serrano, Topete y otros generales conservadores al Ministerio de la Guerra para ofrecerse al Gobierno a colaborar para restablecer el orden⁴⁶. El coche de Ruiz Zorrilla fue atacado, muriendo uno de los lacayos, aunque el presidente del Gobierno no iba en él.

Los agentes de orden público recogieron el bando de los sublevados en Madrid, firmado por el «Consejo provisional federal de Madrid», en «nombre de la revolución y de la causa republicana federal, que es la causa del pueblo». El texto preveía una gran revuelta, y amenazaba a quien no ofreciera su casa, cuidado y armas, o saliera de la ciudad. Terminaba con un «Hermanos en el dolor político y sufrimiento social: ¡A las armas! ¡Viva la República democráticofederal con todos los principios y con todas sus naturales y lógicas consecuencias»⁴⁷.

Martos culpó a los conservadores y a su prensa, que, según dijo, estaba «incitando a la revolución y al desorden». Los insurrectos eran «miserables pagados» que no se habían lanzado a las calles en nombre de la república, sino financiados por los conservadores⁴⁸. La prensa radical repitió el argumento: el Partido Conservador había sido el inductor del levantamiento en Madrid. Fue el «oro de la reacción», se leía en La Tertulia, que compró a republicanos «intransigentes» dispuestos a venderse «a quien quiera que pueda pagarles y sepa manejarlos». Era el «horrible consorcio de los petrolistas —en referencia a la Comuna de París— con los retrógrados». El radical El Imparcial señaló que al leer los «diarios conservadores constitucionales de ayer», en referencia a La Iberia, El Debate y otros, «creeríase estar leyendo proclamas revolucionarias»⁴⁹.

Lo cierto es que el Gobierno radical estaba en crisis desde el 29 de octubre de 1872. El primer motivo fue que republicanos y radicales de Martos presentaron en el Congreso una proposición para llevar a la cárcel al Gobierno de Sagasta por la malversación de los dos millones de reales. Ruiz Zorrilla se opuso. Quiso que fuera solo una acusación administrativa, no penal. Sin acuerdo, Ruiz Zorrilla se retiró a deliberar con sus ministros. Tardó una hora y media, y cuando volvió dijo que no había acuerdo, por lo que había libertad de voto. En la votación de la proposición perdió el Gobierno frente a la alianza de republicanos y cimbrios. Aquello era una demostración de tres hechos: la debilidad del Gobierno, la falta de autoridad de Ruiz Zorrilla y el deseo de sacar definitivamente del juego político al Partido Conservador. El segundo motivo de la ruptura del Gobierno fue el proyecto de ley de abolición inmediata de la esclavitud en Puerto Rico, algo que había exigido el embajador norteamericano, según Layard, para romper el Gobierno, forzar la caída de la dinastía y que llegara la República⁵⁰. La inmediatez de la abolición disgustaba a una parte del Gobierno y de la sociedad española, que preferían el gradualismo. Dimitieron Ruiz Gómez, ministro de Hacienda, y Gasset, ministro de Ultramar.

Los diputados republicanos se dedicaban a desestabilizar al Gobierno si perjudicaba a la monarquía democrática, como el procesamiento a los ministros del Gobierno de Sagasta. Si prosperaba el Partido Conservador, quedaba inutilizado para el régimen. La junta directiva de la minoría republicana mandó entonces una circular interna a los diputados, pensando en los que no estaban en Madrid. Se les ordenó ir al Congreso porque en las últimas votaciones, decía, una parte de la mayoría radical se había unido al voto republicano, «lo cual indica cuánto debemos esperar en adelante de esa disgregación ha tiempo iniciada». Lo que más dividía a los radicales era la «acusación contra el ministerio Sagasta», decía, porque separaba a los antiguos progresistas de los demócratas⁵¹.

La recepción por el alumbramiento del infante Luis de Saboya creó otro problema político. Amadeo quiso utilizar el acto para atraerse a los conservadores, que pensaron que su asistencia era dar un voto de confianza a la política radical. Serrano acudió a Palacio y el rey intentó explicar la situación. Las dificultades para el alumbramiento del infante hicieron que la ceremonia se retrasara al 30 de enero de 1873, al día siguiente. Esto alertó a los radicales, que temieron que Amadeo quisiera cambiar el Gobierno, o eso dijeron. No hubo ningún temor en Ruiz Zorrilla, que escribió a Fernández de Córdova que el mayordomo mayor del rey le había avisado que era una «ceremonia puramente de Palacio» y que se iba a invitar «como es costumbre, a las señoras de los ministros». Concluía con una broma: «Y como la cuestión del traje es siempre grave para las señoras, me apresuro a comunicárselo a V. para que se sirva prevenir a la suya»⁵². Los diputados radicales no se lo tomaron a broma. Ramos Calderón propuso antes de la sesión parlamentaria que el Congreso se declarase en Convención para impedir el cambio de Gobierno⁵³. Los radicales y republicanos «se reunieron en masa en la sala de conferencias, y allí, en medio del alboroto general de los espíritus —escribió el embajador italiano— habían llegado a proponer que las Cortes se declararan definitivamente y, al proclamar su transformación en constituyente, aconsejar de la situación». Ruiz Zorrilla y Martos llegaron a esa reunión informal y explicaron que «la resolución del rey no tenía causa política, y de inmediato se recuperó la calma como por encantamiento»⁵⁴.

La proposición había encontrado el apoyo de radicales y republicanos. Aquello demostró que no creían en los mecanismos de la monarquía democrática, que su lealtad era circunstancial, así como falsa su fe en los mecanismos institucionales cuando su poder peligraba. También quedaba claro que Ruiz Zorrilla no mandaba en el Partido Radical ni en la mayoría parlamentaria. Amadeo escribió a su padre que fue entonces cuando sintió que el Gobierno y las Cortes radicales no le eran afectas. Quedó decepcionado con Ruiz Zorrilla: «Yo vi que mi ministro, en vez de trabajar para la consolidación de la dinastía trabajaba, de acuerdo con los republicanos, para su caída»⁵⁵. Justo al comienzo de la sesión del 31 de enero, cuando los diputados republicanos iban a plantear la cuestión del aplazamiento de la presentación del infante, el Gobierno pasó la nota dando la noticia del nacimiento. El hecho fue recibido con un «entusiasta silencio», dijo La Época. No hubo un «viva» ni una felicitación.

En enero de 1873 se hablaba de la posibilidad de que volviera al poder el Partido Conservador constitucional. Amadeo había llamado al general Serrano, quien estaba decepcionado por la marcha del reinado desde su dimisión en junio. Se había sentido «despreciado» por el rey, escribió Layard tras una conversación con Serrano⁵⁶. Además, los alfonsinos habían tanteado la posibilidad de que dirigiera la Restauración, asunto que despreció, según Bouillé⁵⁷. En el último trimestre de 1872 y enero de 1873 pareció más necesario que nunca un Gobierno de orden. La junta directiva del Partido Conservador se mostró dividida: Serrano no quiso ir a Palacio, mientras que Topete, Sagasta y Ríos Rosas sí. Era una demostración de compromiso con la dinastía, y Serrano ya no lo tenía. La condición para ir a Palacio fue que no sancionara la ley de abolición inmediata de la esclavitud, lo que habría sido una desautorización al Gobierno radical con funestas consecuencias⁵⁸. Amadeo barajó entonces dos posibilidades ante la deriva del Gobierno y de las Cortes: un Ministerio presidido por Ríos Rosas, o uno de conciliación. La sensación era que ya se consideraba muerta la situación, incluida la monarquía. Volver a 1871 era imposible.

LA RENUNCIA FORZADA

El objetivo de los republicanos, incluidos los radicales de Martos, era enfrentar al rey con una decisión de las Cortes, al monarca con la soberanía nacional. Ese era el momento de que las Cámaras se reunieran en Convención y destituyeran legalmente a Amadeo. El plan obligaba a expulsar al Partido Conservador de las instituciones para que no hubiera recambio, y cambiar la Administración y a los mandos del Ejército. Se cambiaron hasta 40.000 puestos, como ya dijimos. En esto último estuvo el empeño gubernamental en dar al capitán Hidalgo un puesto en el Cuerpo de Artilleros. Hidalgo no era querido entre esos militares porque estuvo involucrado en el asalto al cuartel de San Gil de 1866, donde fueron asesinados varios oficiales artilleros. No lo quisieron en Zaragoza, La Habana, Cádiz, Barcelona ni Madrid. Los oficiales se dieron de baja en masa alegando enfermedad, retiro o licencia absoluta. En estas circunstancias, Ruiz Zorrilla decidió en Consejo de Ministros reorganizar el Cuerpo de Artilleros, que consistía en sustituir a los oficiales, desafectos en su mayoría, por suboficiales, adictos a la situación. Los oficiales de Artillería acudieron al rey como capitán general de los ejércitos el 6 de febrero de 1873 para que lo impidiera, y Amadeo se comprometió a hacerlo. Por ello, el rey ordenó a Ruiz Zorrilla que no diera un paso sin informarle antes. Los radicales, para seguir su plan, llevaron la cuestión al Congreso de los Diputados. Ya estaba el escenario del golpe montado: la representación de la soberanía nacional enfrentada a la opinión del monarca. Si esta cuestión no bastaba para enfrentarse al rey, pensaban utilizar la ley de abolición inmediata de la esclavitud en Cuba sin negociar con los conservadores, organizados en torno a la Liga Nacional. Esto generaba un conflicto grave, como confesaba De Barral, porque una parte de España lo veía como el inicio del fin de la «integridad de la patria», de la Cuba española⁵⁹.

El 7 de febrero de 1873, el Congreso dio un voto de confianza al proyecto de reorganizar el Cuerpo de Artillería sustituyendo a los oficiales por los sargentos. Sorprenden los números de esa votación, 191 a favor: el mismo número que trajo a Amadeo ahora lo derribaba. El golpe estaba dado. Lo refrendó el Senado al día siguiente. Allí, el moderado Calderón Collantes advirtió de que aquello era un ataque parlamentario a la prerrogativa del rey, una maniobra para impedir la libre decisión del monarca. Martos habló entonces para que quedara claro: las Cortes reforzaban la decisión del Gobierno por encima de cualquier otra opinión. Ese mismo día, antes de que el rey sancionara el proyecto, los oficiales de Artillería fueron obligados a entregar sus armas a los sargentos. Layard informó a su Gobierno que el embajador Sickles fue quien, en connivencia con los republicanos, aconsejó a Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, y a los radicales, que insistieran en el nombramiento de Hidalgo y forzaran la dimisión de los artilleros. Incluso fue quien aconsejó que convirtieran el Congreso en Convención si el rey se negaba o insinuaba un cambio de Gobierno, como así sucedió el 31 de diciembre⁶⁰.

Ruiz Zorrilla repetía que era leal al rey y a la Constitución, lealtad que olvidaba, según el embajador Layard, cuando estaba en la oposición. Por eso creía que Ruiz Zorrilla carecía de «muchas de esas cualidades que son necesarias para formar un gran estadista»⁶¹. Esas cualidades eran la firmeza y la coherencia. El embajador italiano escribió a su Gobierno que Ruiz Zorrila era un «personaje de increíble ingenuidad en materia de gobierno», algo «que solo puede compararse con su desmedida ambición» y su falta de «sinceridad»⁶².

Amadeo escribió a su padre que entonces se dio cuenta de que «Zorrilla me había mentido». No era de fiar. No trabajaba plenamente para consolidar la monarquía democrática en la dinastía Saboya, sino para mantener a su partido en el Gobierno. Así se lo dijo Amadeo a Ruiz Zorrilla tras el consejo de ministros del 9 de febrero: había comprendido la tarea que los radicales habían hecho para derribarlo, negándole sus atribuciones constitucionales y enfrentando su opinión al dictado del Gobierno y de las Cortes⁶³. Cuando escuchó esta acusación de boca de Amadeo, Ruiz Zorrilla «se echó a llorar», escribió De Barral, «como era su costumbre cuando se sentía abrumado por la evidencia de los hechos»⁶⁴. El rey se puso firme y pensó en llamar a los conservadores. Si no era para un Gobierno suyo, al menos de conciliación con la parte dinástica del radicalismo. Sabía, sin embargo, que ese llamamiento supondría enfrentarse a las Cortes radicales y republicanas porque el nuevo Gobierno querría disolverlas y eso implicaba «recurrir a la fuerza»⁶⁵. Topete fue a Palacio el día 7 y aseguró al rey el apoyo de su partido y de los generales conservadores para mantener su autoridad. Amadeo contestó que esperase al día siguiente, que apelaría al patriotismo de Ruiz Zorrilla para salir del escollo.

La situación era favorable al golpe de Estado porque los radicales habían colonizado la Administración y el Ejército, la milicia nacional era suya, los líderes conservadores estaban fuera de las instituciones, y las Cortes eran republicanas. Tras el Consejo de Ministros del 8 de febrero, Amadeo intentó dar la vuelta a la situación. Estaba «profundamente dolido», escribió De Barral, «por la presión parlamentaria» que sobre él ejercía el Gobierno «para obligarlo a aceptar la renuncia de todo el Cuerpo de Oficiales de Artillería»⁶⁶. Llamó a Ruiz Zorrilla y le propuso que formara un Gobierno de conciliación con los conservadores, como en 1870, apelando a su patriotismo. Esto suponía que se separase del grupo de Rivero y Martos, tanto como de los republicanos, que diera marcha atrás y volviera al dinastismo. Ruiz Zorrilla, que ya había consultado la cuestión con sus ministros, se negó interrumpiendo al rey. Fernández de Córdova, «ministro de la Guerra entre tanto —escribió José Luis Albareda—, vuelta la espalda al monarca, contemplaba con aire distraído desde los balcones de Palacio las personas que transitaban por la Plaza de Oriente»⁶⁷. La conciliación era la única solución para evitar lo que el rey no quería: que las bayonetas sostuvieran su Corona con una guerra, o ser un rey marioneta de los radicales hasta que estos decidieran su destitución legal. Los ministros radicales eran conscientes, incluido Ruiz Zorrilla, de la consecuencia de negarse a la petición del rey: que el siguiente paso sería la República. Solo quedaba el futuro individual de cada uno, que dependería, escribió Ruiz Zorrilla, de sus «compromisos para con el rey»⁶⁸.

El Partido Constitucional, al conocer la respuesta, se reunió el día 9 y telegrafió a Serrano, que estaba en Jaén y que llegó a Madrid el 10. Los conservadores comunicaron entonces al rey que estaban dispuestos a formar Gobierno y a defender a la dinastía⁶⁹. Era tarde. Amadeo renunció al trono por escrito. Llamó a Ruiz Zorrilla, que se presentó con Martos en Palacio, y le entregó el documento de renuncia a la Corona por él y sus descendientes. La monarquía democrática había terminado.

*

Así cayó Amadeo I, por la irresponsabilidad de la élite política que había hecho la Revolución. Los dirigentes fueron incapaces de ser fieles al compromiso del consenso político y de crear un sistema de partidos ajustado a la ley y a las reglas de juego. Solo así podía dejarse al margen a la Corona, que quedara como árbitro institucional, ajena a la política, sin la responsabilidad de dirimir los conflictos personales y egoístas de los partidos. La democracia no existió en ninguna de sus formas: ni hubo respeto para el ejercicio de los derechos individuales de todos, ni garantías suficientes, ni el voto fue libre para constituir las instituciones. Las urnas fueron una farsa, igual que en el reinado de Isabel II, dando lugar siempre a Cortes adictas gracias a que se ponía en funcionamiento el mecanismo del Ministerio de la Gobernación. La lucha política constante y el desprecio de los dirigentes hacia las más mínimas normas de convivencia política no ayudaron a crear costumbres públicas liberales en el pueblo. Cada convocatoria electoral interesó menos y la abstención fue mayor. El motivo es que la gente sabía que el proceso de toma de decisiones nada tenía que ver con el ejercicio de la libertad o del voto, sino con los arreglos y chantajes en Palacio. El gran responsable de la caída de Amadeo I fue el Partido Radical, que solo trabajó para su gobierno exclusivo. Para ello echó a los conservadores de las instituciones y los demonizó frente al pueblo, prefiriendo la alianza con los enemigos del sistema, los republicanos e incluso los carlistas.

Los radicales podían haber tenido un «Parlamento largo» con Amadeo desde 1872 hasta tres o cuatro años después para hacer verdad su promesa: reformar para asentar la monarquía democrática. En cambio, prefirieron su gobierno exclusivo y dejaron caer la monarquía. Fue Martos quien influyó en Ruiz Zorrilla, que carecía de dotes para el gobierno, pero tenía la imagen necesaria y la debilidad precisa para ser manejado por los monárquicos circunstanciales y los republicanos. Esta falta de la conciliación de las élites —elemento básico para el mantenimiento de un sistema político— se completó con la dejadez del Partido Conservador. No solo Sagasta se resistió a su formación para resucitar el viejo Partido Progresista, sino que fue obligado por el rey para que lo constituyera. Luego, el Partido Conservador no dio la batalla en las elecciones de agosto de 1872. Los constitucionales creyeron que la monarquía estaba muerta y no hicieron nada hasta última hora, en febrero de 1873, cuando ya era tarde. Serrano incluso coqueteó con la posibilidad de convertirse en dictador o encabezar el proyecto alfonsino, aunque no se decantaba por nada, como decía Riánsares a finales de enero de 1873⁷⁰. Si los constitucionales hubieran dado la batalla electoral en lugar de retirarse por hastío o decepción con el rey, habrían demostrado a las clases conservadoras que la monarquía todavía tenía esperanza. Amadeo también se equivocó. No debió echarse en brazos de los radicales buscando popularidad, cuando en realidad eran republicanos o semileales al régimen. Fue mal aconsejado por el embajador italiano y su corte, pero no supo ver el peligro hasta febrero de 1873. En lugar de popularidad, consiguió ser visto como el rey de los radicales, rompiendo así la neutralidad que le hubiera servido para granjearse la simpatía al menos de los conservadores. El resultado fue que el 11 de febrero de 1873 nadie quería la monarquía democrática, ni siquiera el rey, solo el hombre que había sido manejado por los republicanos y los cimbrios: Manuel Ruiz Zorrilla.

PARTE II

FIGUERAS Y LOS GOLPES DE ESTADO

La Federal se había presentado como la culminación de la armonía, la prosperidad y la paz, el instrumento para la felicidad de todos. De hecho, José María Orense, uno de los patriarcas federales con más predicamento, escribió: «Con la federación no caben golpes de Estado»¹. Se equivocó. No hubo periodo de la historia española con más intentonas en menos tiempo. Además de numerosas conspiraciones, hubo dos golpes el 24 de febrero, otro en Barcelona en marzo, el de Pi y Margall el 23 de abril, otros dos en junio y, para concluir, los dos que se prepararon para la sesión del 2 de enero de 1874.

La presidencia de Estanislao Figueras fracasó por los golpes de Estado y, al revés, los golpes de Estado fueron la prueba del fracaso de una presidencia fallida y de su proceso constituyente. Al tiempo, tal cantidad de conspiraciones fueron una muestra de que la República era entendida por los radicales como su régimen exclusivo, y por los federales como un instrumento revolucionario propio, ajeno a las prácticas representativas, a las costumbres liberales, y contradictorio con el discurso de la libertad para todos. No solo conspiraron los federales; también lo hicieron los radicales de Martos, lo que proporciona un diagnóstico de la torpeza que supuso la caída forzada de Amadeo de Saboya para proclamar una República sin dueño, y de la debilidad de los partidos y de sus convicciones democráticas.

Figueras escribió en septiembre de 1873, tras huir de su Presidencia, que la República «no era una legalidad, sino un hecho». Tenía razón. Dos cámaras se habían unido «ilegalmente», sin mandato para ello, y proclamado la República. En realidad, escribió Figueras, esas Cortes debían «disolverse después de aceptada la renuncia de don Amadeo», pero no lo hicieron. A partir de ese error original se cometieron otros. La convivencia con los radicales estuvo mal planteada, confesó Figueras. De los conflictos entre ambos partidos surgió una Comisión Permanente «rencorosa y hostil», que reaccionaba a un Gobierno enemigo de los radicales. El objetivo del Ejecutivo que presidió fue llegar a las Cortes Constituyentes «sin trastornos y sin sangre», pero no lo consiguió². Era el resultado lógico dado el enfrentamiento con el Partido Radical, que tenía la mayoría legal en las instituciones, y la división cainita de los federales. Esa situación se tornó insoportable para Figueras. No aguantó el choque con los radicales ni las disputas internas en su propio partido. Se quedó solo, huyó y eligió el exilio para contar la verdad en lugar de decirla en el Gobierno o ante la Comisión Permanente, lo que habría sido más consecuente y responsable. Aquella huida fue el final de su carrera política.

En aquella carta de septiembre, Figueras lamentó que la República se hubiera iniciado con una ilegalidad. Pero era algo más. Se trató del resultado de una conspiración contra el rey, Ruiz Zorrilla y los conservadores, que no se solventó de forma democrática con una convocatoria inmediata de unas Constituyentes. Este llamamiento a la nación en cuyo nombre decían hablar no se produjo porque Pi y Margall quiso antes cambiar ayuntamientos, diputaciones y gobernadores civiles para asegurar así su éxito en las urnas. Esto no fue democrático ni conciliador —lo mismo había hecho Luis González Bravo en 1867—, sino una maniobra para hacerse con el poder en la República en detrimento de los radicales. La falta de responsabilidad y la lucha ciega por el poder lastraron la República. Esto no significa que si se hubiera formado un Gobierno provisional con Ruiz Zorrilla o con Serrano, y convocado Cortes, el proceso hubiera sido distinto. Nunca lo sabremos. Lo cierto es lo que escribió Figueras: hubo un error inicial, evitar la democracia, eludir la convocatoria de la nación solo para asegurar el poder, lo que trajo consigo nuevos errores. Si hubieran convocado unas nuevas Cortes, se habría evitado el problema de arrastrar una institución con mayoría radical, se habría escuchado la opinión del pueblo en cuanto a la forma del Estado y, por tanto, construido el argumento de la voluntad nacional para acallar y detener a los intransigentes y golpistas. A partir de ese error —de esa ilegalidad que señaló Figueras— se produjo la lucha de los partidos por obtener el poder a cualquier precio y apartar al resto, se alimentó el aventurerismo de algunos militares y civiles, y se hizo imposible construir la República en paz y sobre el consenso.

4

MAL NACIMIENTO

LA CONSPIRACIÓN DE MARTOS

Cristino Martos fue posiblemente el personaje más funesto del Sexenio¹. Llegó a 1868 con el bagaje de haberse levantado contra la monarquía isabelina en dos ocasiones. La primera fue en 1854, aunque entonces estaba en un segundo plano. Aquella experiencia le sirvió para publicar un estudio sobre el acontecimiento. La segunda tuvo lugar en la sublevación del Cuartel de San Gil, en 1866, cuando progresistas y demócratas intentaron un levantamiento en Madrid. Tuvo que exiliarse y poco sabemos sobre lo que hizo en el extranjero. Regresó a España para acompañar a los revolucionarios de 1868 y formar parte de la Junta de Madrid. En octubre y noviembre de aquel año se opuso a que el Partido Demócrata se declarase republicano y abandonó a sus antiguos compañeros. Junto a Nicolás María Rivero y Manuel Becerra constituyó una facción demócrata llamada «cimbria», dispuesta a formar una mayoría con progresistas y unionistas. La expresión hacía referencia a una frase del Manifiesto del Gobierno Provisional del 12 de noviembre de 1868, en la que se decía que los liberales democráticos estarían «abrazados a los principios políticos como aquellos antiguos cimbrios que combatían encadenados para mejor defender a sus mujeres, sus hijos y su hacienda».

No obstante, los «cimbrios» de Martos no se declararon monárquicos, sino que sostuvieron la accidentalidad de las formas de gobierno. Consistía esta teoría en aceptar la forma de Estado, ya fuera una monarquía o una república, mientras garantizase los derechos del hombre. Ahora bien, los cimbrios no tenían reparos en declarar que la forma perfecta de Estado era la república y que aceptaban la monarquía en espera de su añorado régimen. La accidentalidad debilitó mucho la credibilidad de la monarquía democrática de la Constitución de 1869, porque anunciaba el carácter efímero de lo que se estaba construyendo, al tiempo que tenía una consecuencia práctica: el acercamiento a los republicanos. Esta situación fue bien entendida por Emilio Castelar, que alimentó esa ruptura de la coalición de Gobierno ofreciéndose como socio a través de lo que llamó la «benevolencia republicana». Dicha declaración implicaba que los federales se comprometían a apoyar a los radicales en las Cortes para implantar cualquier política que el partido de Ruiz Zorrilla quisiera imponer sin el consenso del Partido Conservador. Era una manera de quebrar la conciliación de los vencedores de 1868 y lograr así el colapso del sistema monárquico y el advenimiento de la república.

Martos se acogió a esa «benevolencia» de Castelar para expulsar a los conservadores y enfrentar al rey con las Cortes. Consiguió ganarse la confianza de Ruiz Zorrilla, que nunca se dio cuenta de que estaba siendo manejado por Martos, a quien tenía por uno de sus amigos íntimos. Cuando Ruiz Zorrilla se retiró a La Tablada en 1872, como protesta porque el rey no le daba el poder, confesó a Fernández de Córdova su decaimiento y su visión del partido, y concluyó diciendo: «Lea V. esta carta únicamente a Martos y Beránger»². Martos fue el que animó a una parte de los radicales a romper con la monarquía de Amadeo I en mayo y junio de 1872, y amenazó con un alzamiento republicano. Ruiz Zorrilla, en la carta citada, se lamentaba de esta división, pero no entendió las consecuencias.

La amenaza republicana al rey propiciada por Martos supuso el quebranto definitivo del régimen. En su mentalidad, la monarquía democrática de Amadeo I era fallida porque no servía para asegurar el gobierno de los radicales. No era el único en pensar así. Fernández de Córdova escribió a Ruiz Zorrilla que con la entrega del poder a los conservadores ya nada esperaba de la monarquía de Amadeo I, «ni creo que ya es tiempo de salvarla»³. Todo pareció cambiar cuando el rey sustituyó a los conservadores por los radicales en junio de 1872, aunque, en realidad, el hecho tan solo confirmó que Amadeo I no soportaba la presión. Los constitucionales se apartaron dolidos del sistema y, en otra muestra de irresponsabilidad, optaron por el retraimiento. La actitud de Serrano, jefe de los conservadores, fue reveladora: cuando Amadeo I le sustituyó en el Gobierno comenzó a hablar con los alfonsinos.

En junio de 1872, Martos recuperó el Ministerio de Estado, que ya había tenido en 1869 y que le granjeó la amistad de Sickles, el embajador norteamericano. Esta relación supuso ventajas para ambos. El estadounidense consiguió que el Gobierno de España avanzara en la aprobación de medidas en Ultramar beneficiosas para Estados Unidos, mientras Sickles aconsejaba a Martos sobre el modo de provocar el choque con el rey y, en consecuencia, llegar a la república.

El instrumento que se utilizó para crear dicho enfrentamiento fue el decreto de reorganización del Cuerpo de Artillería. El rey pidió al Gobierno que detuviera la aprobación del proyecto para estudiarlo, tal y como le habían pedido los artilleros, pero Martos lo llevó al Congreso para provocar el conflicto institucional y el desaire personal a Amadeo de Saboya. El propósito era demostrar que el rey no podía imponerse a la decisión de las Cortes, y que sustituir al Gobierno por no estar de acuerdo con este decreto era oponerse a la decisión de los representantes de la soberanía nacional. Martos fue también quien convenció a Ruiz Zorrilla y a otros ministros de que transmitieran a Amadeo I que llamar a los conservadores para que formaran Gobierno provocaría una guerra civil. El rey siempre dijo que no quería sostenerse por las bayonetas, mostrando así a sus enemigos que, si construían un escenario donde fuera creíble un enfrentamiento armado, conseguirían su marcha. El aislamiento del saboyano y su ignorancia de la situación española favorecieron que Martos y los suyos manejaron al rey a su antojo. Quisieron convertirlo en un monarca a su servicio hasta que la república estuviera madura.

Martos era muy ambicioso. Sabía que Rivero y Serrano tenían un plan para el caso de que la monarquía cayera y que podía aprovecharlo. En los días cruciales de febrero de 1873, Rivero le había dado la espalda a Amadeo I al negarse a tomar parte en una modificación ministerial. El objetivo del demócrata era que la crisis no tuviera una salida monárquica. Serrano, fuera de Madrid, encargó entonces a Andrés Borrego que lograra el entendimiento con Rivero. Todos pensaban que la situación había llegado a su punto final y que querían encontrar acomodo. Serrano y Rivero tenían buena relación al menos desde 1869: las notas jocosas en verso que se intercambiaban en las sesiones parlamentarias mientras se discutía el proyecto constitucional así lo atestiguan⁴. Incluso, en el verano de 1870, pensaron en forzar la dimisión de Prim por haber fracasado en su apoyo a la candidatura regia del príncipe Hohenzollern. Ahora, con el trono de Amadeo tambaleante, volvían a unirse para salir airosos.

Serrano llegó a Madrid el 10 de febrero. No bajó del tren en Atocha, sino en el puente del arroyo Abroñigal, en Vallecas, a las afueras de Madrid. Al ministro de la Guerra, Fernández de Córdova, le llegó un telegrama el 10 de febrero, firmado por el gobernador civil, en el que se avisaba de la vista de Serrano «con veintidós personas más, todos con botas de montar y espuelas puestas». Se temía un acto de fuerza de los militares conservadores⁵. Es lógico pensar que Fernández de Córdova, que deseaba la caída del rey, debió de informar a Martos, ya que este aludió en las Cortes a la posibilidad de que hubiera una intervención militar de los conservadores.

Pero la jugada de Serrano no era tan sencilla. Ese mismo 10 de febrero se reunió con los generales y civiles del Partido Conservador y acordaron comunicar al rey que estaban dispuestos a formar Gobierno⁶. Serrano estaba jugando a participar en todas las posibilidades para volver al poder, una actitud que revelaba bien su personalidad, caracterizada por una vanidad desmedida que le llevaba a dejarse querer por todos, si le convertían en el protagonista. Fue su tónica habitual. Al tiempo que comunicaba al rey que le apoyaría para mantener la monarquía, se sumaba al plan republicano de Rivero que le devolvía el poder. Y todo esto después de haberse entrevistado con los agentes de Isabel II para encabezar la Restauración, como se verá en el capítulo 21.

Rivero comunicó a Borrego que estaba decidido a proclamar una república de «orden muy severo» y que deseaba saber si contaba con Serrano⁷. A este plan se sumaría Emilio Castelar, dispuesto a apoyar dicha república presidida por el líder de los conservadores. No fue la última vez que Castelar defendió tal solución. La primera respuesta de Serrano, según Layard, el embajador británico, fue que él solo apoyaría el orden constitucional y que la república únicamente podría entenderse si se violaba la Constitución⁸. En consecuencia, acordaron tomar el poder para formar un Gobierno provisional, como en 1869, con Serrano como presidente, y convocar «unas Cortes correctamente electas» para decidir «el porvenir de España»⁹.

Serrano supo entonces que Martos y Figueras tenían un plan para hacerse con el poder. Reunió a sus generales y convinieron impedir por la fuerza la proclamación de esa república de radicales y federales. No se trataba de obstaculizar la proclamación de la república en sí, ya que Rivero había comunicado a Serrano su intención republicana y así lo había manifestado en el Congreso, sino que no deseaban que el poder quedara en manos de otros. Los golpistas justificaron su decisión aludiendo al caos que se produciría por la exaltación de los federales y que peligraba la españolidad de Cuba. La relación estrecha del embajador Sickles con Martos y Figueras no era un secreto para nadie. A parecer, los Cuerpos de Ingenieros, Artillería y Guardia Civil estaban preparados para sostener el plan de Rivero y Serrano¹⁰, dejando fuera del mismo a Castelar, que entonces no era partidario de un acto de fuerza.

Al tiempo, Martos se movía. Su plan consistía en asumir el poder junto a los federales de Figueras y dejar fuera a los conservadores y a sus adversarios personales, como Ruiz Zorrilla y Rivero. El primer paso era dar por hecha la renuncia del rey y, por tanto, el cese del último Gobierno monárquico. De este modo, las Cortes asumirían el poder como únicas representantes de la soberanía nacional. Para ello era preciso blindar al Parlamento mediante la declaración de sesión permanente para resolver la crisis. A continuación, ya sin rey, las Cortes votarían la república. Este proceso impedía el plan de Rivero y Serrano de formar un Gobierno provisional o una república de orden y conservadora. Martos contaba con el apoyo de Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, que deseaba la república sin los constitucionales, y que estaba al tanto de los planes de unos y otros. La connivencia de Fernández de Córdova con el plan de Martos explica su empeño en reorganizar el Cuerpo de Artillería con sargentos radicales y el nombramiento de los cargos militares a su gusto.

El plan de Martos suponía crear una república radical, con una Administración colonizada por su partido, que dominaría la Asamblea, y con un Gobierno de Figueras dependiente de la mayoría parlamentaria radical. Ello implicaba repartir el poder entre Martos, que presidiría la Asamblea Nacional, y Figueras, que presidiría el Ejecutivo. Y ese fue el gran error de Martos: creyó que la institución más poderosa sería aquella en la que recaía la legitimidad de la soberanía nacional, máxime si el Gobierno dependía de su mayoría radical. Este error anunció lo que los hechos demostraron después: que Martos era un gran conspirador, pero un mal político.

LA AMORTIZACIÓN DE RUIZ ZORRILLA

Manuel Ruiz Zorrilla combinaba la altanería del progresismo victorioso de 1868 —que animaba a arrogarse en exclusiva en el poder— con la ingenuidad del que cree liderar un partido transformador porque lo trata como si fuera imprescindible. El impacto que produjo en Ruiz Zorrilla ese pensamiento al enfrentarse con la realidad fue enorme. En seis meses pasó de ser considerado el motor de la revolución al olvido. En junio de 1872, los radicales peregrinaron en masa a su residencia de La Tablada, lugar al que no llegaba el tren, andando de noche por mitad del campo, para rogarle que formara Gobierno. En febrero de 1873 ya no era nadie. La historia de los cuatro días de aquel mes, del 8 al 11, dejaron marcado a Ruiz Zorrilla. No era para menos.

El 8 de febrero, Amadeo I comunicó a Ruiz Zorrilla su intención de abdicar, si seguía adelante la reorganización del Cuerpo de Artilleros. Tras la declaración, Martos y Ruiz Zorrilla intentaron sin éxito convencer al rey de que la decisión no era un insulto ni un desdoro a su figura. Esa noche Amadeo consultó con Topete, líder conservador en ausencia de Serrano. Quería saber su disposición a colaborar con los radicales. La respuesta no dejó lugar a dudas: estaban dispuestos a sostener al rey con las armas o con un Gobierno de conciliación. Es más; le comunicó que la reorganización del Cuerpo de Artillería con la sanción del rey disgustaba al Ejército. Topete mandó un telegrama a Serrano para que volviera inmediatamente a Madrid, y otro al general Moriones, capitán general del Norte, para que se dirigiera a la capital con algunas fuerzas, lo que finalmente no ocurrió¹¹.

Al día siguiente, el 9 de febrero, a las doce de la mañana, Amadeo I manifestó a Ruiz Zorrilla que estaba resuelto a renunciar a la corona a no ser que los radicales formaran un Gobierno de conciliación con los conservadores. Era volver a enero de 1871. Lo publicó La Correspondencia de España, el diario de mayor tirada del país:

El rey Amadeo, lo sabemos positivamente y del modo más autorizado, está firmemente resuelto a llevar adelante su abdicación si el consejo de ministros que habrá de celebrarse hoy en su presencia pierde la última esperanza de seguir gobernando en medio de la conciliación política de los dos partidos que contribuyeron a su elevación al trono¹².

Los ministros radicales fueron informados del ultimátum del rey y de la disposición de los conservadores, pero se negaron a formar un Gobierno de conciliación. Estaban ya comprometidos en la futura república. Amadeo I fue consciente de que la situación no tenía remedio dentro de la legalidad. Llamó entonces a Topete y le anunció que se iba, porque no quería que por su causa se derramase sangre. El nombramiento de un Gobierno conservador suponía la guerra civil, le habían dicho los radicales, y él no quería que su trono fuera sostenido por las bayonetas, sino por el amor del pueblo. Por otro lado, aceptar las condiciones de los radicales era humillante porque lo convertían en un rey de partido. Aquello decidió a Amadeo a marcharse de España.

En estas circunstancias, Ruiz Zorrilla, aislado y sin plan, quiso ganar tiempo. Pidió a Rivero, presidente del Congreso, que suspendiera la sesión parlamentaria del 10 de febrero durante 48 horas, a lo que el demócrata se negó. El objetivo de Ruiz Zorrilla era encontrar una fórmula que no le separase del poder en ese momento¹³. Pensó entonces en presentar una ley de abdicación para que la discusión parlamentaria le permitiera ganar unos días, pero nadie quiso aquella solución. Mientras intentaba retrasar lo inevitable, recibió tres ofertas del Partido Conservador para mantenerlo en el poder¹⁴. Primero fueron los generales Sanz y Malcampo, luego Topete y Serrano, y por último, el mismo día 10, antes de entrar en el Congreso, Topete y Malcampo. Recibiría tal apoyo para llevar a cabo una de estas dos soluciones: formar un Gobierno de conciliación, como quería el rey, o un Gobierno provisional sin Amadeo, volviendo a 1869 y consultando al país. «Pude, si hubiera querido, conservar el Gobierno y ser el mediador entre los unos y los otros, y defender que se debía consultar al país, procurando que se hiciera bajo mi dirección», escribió años después¹⁵.

Ninguna de esas dos soluciones era aceptable para los radicales. Un Gobierno provisional para hacer la convocatoria a Cortes habría frustrado el advenimiento de la república tal y como planeaban Martos y Figueras. Por otro lado, un Gobierno monárquico de conciliación habría mantenido a Amadeo de Saboya en el trono apoyado por los conservadores y sus militares. Nada de esto era aceptable para Martos y Figueras a esas alturas de la crisis, y constituía un riesgo para su éxito. En esta situación, la primera víctima política de Martos y Figueras debía ser Ruiz Zorrilla, que personificaba la posibilidad de que se mantuviera la monarquía o que el nuevo proceso político pasara a otras manos. La larga sesión del 10 de febrero supuso la amortización del antiguo líder radical. Ya no era útil, así que lo despacharon.

La sesión parlamentaria se inició con un par de intervenciones intrascendentes. Luego, Figueras presentó una proposición para que el Congreso se reuniese en sesión permanente y, a continuación, de acuerdo con Martos, exigió la presencia de Ruiz Zorrilla para que diera explicaciones de la situación. Se trataba de una excusa: el verdadero objetivo era que estuviera presente para controlar su reacción cuando fuera destituido y las Cortes asumieran la soberanía.

Ruiz Zorrilla apareció de mala gana en el Salón de Sesiones. No quería hablar. Sabía que estaba dividida la mayoría radical, la de su partido, el mismo que él había llevado al poder, con esos diputados que personalmente había incluido en las listas. Aquello era un duro golpe para Ruiz Zorrilla, que pensaba que lo más importante de la revolución no era la Constitución ni el rey, sino su partido como instrumento de transformación. Ruiz Zorrilla contempló una mayoría radical resuelta a buscar acomodo en la nueva situación republicana que se dibujaba en el horizonte, pero sin contar con él. Martos tenía un plan, y Rivero otro. Lo que había sido un partido unido ahora no era más que un conjunto de facciones que se disputaban el poder.

Ruiz Zorrilla se encontró solo. Había sido el triste instrumento de los demócratas para controlar y manipular al rey, y para apartar a los conservadores y acercarse a los republicanos. Así se lo confesó Gregorio Alcalá Zamora en abril de 1873, cuando ya era tarde¹⁶. De pronto quedó todo al descubierto: quienes lo habían manejado para romper el Partido Progresista y la conciliación con los conservadores en 1871, los mismos que le habían hecho creer que era líder del reformismo que iba a regenerar España en 1872, le dieron la espalda para proclamar la república.

Amadeo I entendió la jugada antes que el propio Ruiz Zorrilla. Escribió a Víctor Manuel II, su padre, que el líder del Partido Radical le había «traicionado». Incluso llegó a decírselo al propio Ruiz Zorrilla en el último Consejo de Ministros: había entendido el plan para echarlo del trono. Ruiz Zorrilla no llegó a entender qué había pasado, o nunca lo dijo. En aquella larga sesión parlamentaria de tres días, del 10 al 12 de febrero, quedó patente que sobraba. Mientras Ruiz Zorrilla «se alimentaba de ilusiones» creyendo que podía reconducir aquello, escribió el embajador italiano, los demócratas y los republicanos manejaban las Cortes¹⁷.

Ruiz Zorrilla apareció en el Congreso demudado y nervioso. Tomó la palabra y dijo: «Oficialmente no pasa nada», lo que arrancó las risas de los diputados republicanos. Tras contar su versión de la crisis del 8 y 9 de febrero, afirmó que la mayoría radical no debía votar ninguna propuesta republicana porque la renuncia de Amadeo estaba pendiente de «verificar». Si las Cortes hacían una declaración republicana, estarían diciendo al rey «que debe marcharse cuanto antes, porque corre peligro si no lo hace». Apeló a sus diputados, a esa mayoría que hasta entonces le aplaudía, recordando que fueron a las Cortes como «monárquicos constitucionales» y que no podían pasarse al campo republicano. Terminó pidiendo la suspensión de aquella reunión y suplicó a Figueras que retirase su proposición de sesión permanente.

Figueras se negó y siguió adelante con el plan. Apeló al miedo: había que darse prisa en proclamar la república porque «¡quién sabe si en veinticuatro horas tendremos aquí un ejército que cubra de luto y de sangre las calles de la capital de la Monarquía!», en referencia a la noticia sobre las tropas del general Moriones, que en realidad no se movieron. La renuncia de Amadeo de Saboya, dijo Figueras, no tenía marcha atrás porque, tras salir los federales a las calles, la conservación de la monarquía «solo podría fundarse en la violencia y cimentarse en sangre, en incendios y en cadáveres». Citó una frase de Martos de 1872, cuando gobernaban los conservadores: «Si el rey se fuese o pereciese, diríamos: ¡Viva la Nación!». Los españoles estaban «amenazados de un ministerio conservador», exclamó Figueras, lo que era igual a un enfrentamiento sangriento, y eso es lo que pasaría si escuchaban a Ruiz Zorrilla, que quería discutir una ley de abdicación para ganar tiempo.

Mientras tanto, una multitud vociferante y amenazante rodeó el Palacio del Congreso. Madrid tomó el aspecto de una ciudad en revolución, salpicada de banderas rojas y gorros frigios, de grupos armados que recorrían las calles dando gritos a favor de La Federal. Ese día, a primera hora, la minoría republicana pegó en las paredes de Madrid carteles dirigidos a los federales. El texto decía que se atravesaba una de las «más graves crisis que puede pasar un pueblo» y, por tanto, había que ser prudente para no «comprometer la suerte de la República, la Libertad y la Patria». El final era inquietante: «Sostened vosotros el orden en las calles y dejadnos a nosotros la salvación de la República»¹⁸. Esto excitó los ánimos y preparó la ocupación de las calles. Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, dejó hacer a los federales callejeros para que la apariencia de expresión masiva del pueblo acompañara a la proclamación de la república. Por eso hizo oídos sordos cuando el gobernador civil de Madrid le telegrafió para que enviase «inmediatamente fuerzas» que permitieran «despejar los alrededores del Congreso, pues la fuerza que hay es insuficiente y la gente que hay es numerosa»¹⁹.

Mediante la presión popular parecía que era el pueblo en masa el que exigía la república, aunque en realidad no se tratara más que de unos centenares de personas. Dentro, en el Palacio del Congreso, ya estaba todo planificado. Era un clásico: provocar el desorden para justificar una solución rápida a la crisis, que pasaba por que las Cortes asumieran la soberanía y tuvieran la iniciativa política. «Quede en sesión permanente el Congreso de los Diputados, y entonces podremos desafiar a todos los reaccionarios que vengan a arrojarnos de aquí con las bayonetas de los tiranos», sentenció Figueras. La alusión velada al plan de Rivero y Serrano era evidente: no iban a dejarse desalojar del poder sin derramar sangre.

Martos, todavía ministro de Estado, tomó la palabra para decir que la decisión del rey era irrevocable porque se había hecho pública. Los republicanos, por tanto, debían esperar a que apareciera el escrito de la renuncia, y entonces «aquí no habrá dinastía ni monarquía posible, aquí no hay otra cosa posible que la República». Para concluir afirmó que el desorden federal que había en las calles podía impedir su proclamación y animó a Castelar a hablar. El silencio del orador republicano era inusual. Dio la sensación de que estaba esperando que alguien diera un paso adelante, ya fuera de Serrano con Rivero o de Figueras. A los primeros les seguía por su idea de que una república debía asentarse en todas las clases y partidos, incluidos los conservadores, y a Figueras por su trayectoria política y la lealtad a su grupo.

Castelar hizo uso de la palabra para decir que había trabajado para impedir «una solución de fuerza». Llamó entonces a la conciliación de todos los partidos liberales. Era imposible defender una «monarquía fugitiva», por lo que se podía construir una república de todos, no de partido. Se dirigió expresamente a los conservadores recordando el papel del monárquico Thiers para salvar Francia cuando aceptó la república. En España, los principios de la Revolución de 1868 se podían salvar con la forma republicana, afirmó, si los conservadores se sumaban.

El Congreso ya estaba en el siguiente paso —qué hacer tras la renuncia de Amadeo—, por lo que Ruiz Zorrilla usó su último cartucho. Tras hablar de la muerte de sus padres y de sus cuatro hijos, planteó la cuestión de continuar la sesión parlamentaria como una moción de confianza al Gobierno, lo que beneficiaba al plan de Martos y Figueras. Castelar apuntó que no se trataba de desconfiar del Gobierno, sino de resolver el vacío de poder, pero Figueras atizó el miedo y señaló a Ruiz Zorrilla. Si se seguía la propuesta del todavía presidente del Gobierno, «predigo días de luto y sangre para España», y la responsabilidad sería de los que se empeñaban en mantener viva una situación política muerta. Martos remató la amenaza diciendo que «las circunstancias son graves, más graves, según mis últimas noticias, de lo que se podía pensar». Fue ahí cuando liquidó a Ruiz Zorrilla: declaró que aceptaba la declaración de sesión permanente si el Congreso quedaba abierto, pero sin deliberar. Ello suponía desautorizar a Ruiz Zorrilla, dar por muerto al Gobierno y otorgar a las Cortes el poder para decidir. Entonces Rivero, presidente de la Cámara, dio por aprobada la proposición de Figueras y nombró una comisión de diputados para permanecer en la sala. Ya se había dado el paso: la monarquía había terminado, su último Gobierno era destituido y las Cortes se convertían en la única institución depositaria del poder.

El autor de la muerte política de Manuel Ruiz Zorrilla fue Cristino Martos. Controlaba la mayoría radical y aprovechó su ausencia para devolver a las Cortes el poder en nombre de todo el Gobierno. Una vez que la autoridad legítima residía en el Parlamento, solo a los diputados y senadores competía la resolución de la crisis. Fue una jugada parlamentaria perfecta. Martos sabía que el único modo de impedir su plan era que los conservadores acudieran en auxilio de Ruiz Zorrilla, pero también que este jamás aceptaría su apoyo por miedo a perder el protagonismo y que repudiaba a los viejos unionistas. La indecisión y el sectarismo de Ruiz Zorrilla abortaron su única posibilidad de vencer aquel 10 de febrero. Resultó una defenestración bien orquestada de quien se creía la voz de la Revolución. Nunca volvió a ser un político decisivo.

LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA

La sesión del 10 de febrero se suspendió a las nueve de la noche y se reanudó a las tres de la tarde del día 11. En el ínterin se elaboró en el Palacio Real el comunicado de renuncia al trono. Hubo dos borradores —al menos— escritos por José de Olózaga y Eugenio Montero Ríos, en calidad de ministro de Gracia y Justicia. El conde de Rius, ayudante del rey, entregó el de Olózaga a Montero Ríos, que lo corrigió y fue aprobado por Amadeo²⁰. Esa misma noche se desvaneció la posibilidad de una intervención militar. Morayta, que era entonces secretario de la mesa del Congreso, escribió que Serrano se reunió en la noche del 10 de febrero en la casa del marqués del Duero con un grupo de generales y políticos. Algunos estimaron que no tenían fuerza suficiente y dieron un paso atrás; otros, como Serrano, todavía no, y continuaron las «gestiones» con Rivero por si «los consideraba necesarios»²¹.

Ruiz Zorrilla y Martos se presentaron en el Palacio Real a las 13:30 horas del 11 de febrero y salieron de allí con el comunicado de renuncia de Amadeo de Saboya. A las tres de la tarde, con el texto ya en el Palacio del Congreso, se reanudó la sesión. La renuncia decía que no había encontrado «ayuda para conjurar los peligros». El país, se leía, vivía en «lucha constante» entre el «confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos», por lo que era imposible «atinar» y «hallar el remedio para tamaños males». La solución, decía el rey, no la había encontrado en la ley, y fuera de ella no iba a buscarla. Estaba convencido, confesaba, de que no podría cumplir en esas circunstancias el propósito que se había planteado como rey constitucional. En consecuencia, renunciaba por él, sus hijos y sus sucesores a la corona de España.

El diputado conservador Augusto Ulloa, portavoz parlamentario de su partido, dijo que aceptarían lo que decidieran las Cortes, mientras se tratara de un Gobierno de orden, y Castelar pidió la palabra para decir que en ese momento lo más importante era conciliar la libertad con el orden y rechazar la impaciencia y la demagogia. Nadie era ajeno a que los federales intransigentes habían preparado un levantamiento en Madrid por si el rey se arrepentía o los conservadores entraban en el Gobierno²². La gente seguía rodeando el Palacio del Congreso, «dando desaforados vivas a la República Federal, y mueras estrepitosos al rey, a la dinastía y a los conservadores»²³. No solo eran curiosos, sino que «numerosos pequeños grupos de gente armada van rodeando este edificio tomando a cierta distancia todas las bocacalles», telegrafió el jefe de Orden Público del Ministerio de la Gobernación²⁴. Muchos estaban expectantes, pero otros exigían la proclamación inmediata de La Federal con las armas en la mano.

Los gritos llegaron al interior y se cerraron a cal y canto las puertas del Congreso para evitar una invasión. Castelar, desde una ventana, aconsejó «calma, orden y prudencia», al tiempo que otros, como Figueras, Sorní y Luis Blanc, también pidieron tranquilidad desde otras ventanas. Figueras les dijo: «Yo os juro que los diputados de la minoría republicana saldremos de aquí o con la República o muertos»²⁵. Los federales que rodeaban el Congreso no se calmaron, y salió Rivero a una ventana a hablar con las personas que sitiaban el edificio. Según García Ruiz, testigo de los hechos, Rivero dijo:

—¡Ciudadanos! Soy el presidente de las Cortes, ¿no os fiais de mí?

—¡No! ¡No! —gritan unos cuantos—. Nos vendiste —le dice uno— en 1868. ¡Bájate de ahí, borrachón! —le grita otro.

Al oír esto, mira Rivero al insolente que tenía a sus pies y le dice en voz baja: «¡Imbécil! Si no callas, te reviento de una patada»²⁶.

Hubo personas que en la calle «sacaron revólveres y otras armas, amenazando con ellas a los que estaban asomados a las ventanas altas del Congreso». Esta actitud hostil coincidió con la llegada de dos compañías de milicianos monárquicos, que al oír los gritos de rechazo a su presencia se marcharon por donde habían venido. El gobernador civil pidió entonces al ministro de la Guerra que de forma urgente enviara tropa porque «grupos armados parece intentan caer sobre el Congreso»²⁷.

Mientras esto pasaba en la calle, Rivero declaró que las Cortes asumían la integridad de la soberanía y que mandaría un mensaje que ya tenía preparado al Senado, para que sus miembros se reunieran con los diputados. Al asumir todo el poder, las Cortes se convertían en Convención. Mientras, Rivero se erigía en el presidente de facto de la Asamblea y colocaba a hombres de Serrano dentro y fuera del Congreso para avisar al general y que hiciera su entrada. Martos excusó la ausencia de Ruiz Zorrilla, aunque no dijo el motivo de su falta, y devolvió sus poderes a las Cortes. En ese momento el único poder era la Asamblea, que reunía al Congreso y al Senado.

El mensaje de contestación al de Amadeo de Saboya fue escrito y leído por Emilio Castelar, lo que era todo un símbolo del tiempo que empezaba. El texto elogió la rectitud y responsabilidad del italiano al rechazar «los golpes de Estado» a los que fue tentado para no tener que renunciar al trono. A partir de ahí anunció que las Cortes asumían «el poder supremo y la soberanía de la nación» para «salvar la democracia», la libertad y la nación. Reconocía que se iniciaba una época de «transición y de crisis», tras la cual las Cortes se comprometían a ofrecer «la dignidad de ciudadano en el seno de un pueblo independiente y libre»²⁸, y ello significaba que se constituían dos poderes, la Asamblea y el Gobierno, y que se aplazaba la convocatoria de Cortes y la consulta al país.

En ese momento, Pi y Margall presentó una proposición para que las Cortes se convirtieran en Asamblea Nacional, proclamaran la república, eligieran al Ejecutivo y dejaran a unas Cortes Constituyentes la formación definitiva del Estado. Aquello sorprendió a los federales intransigentes. En esa circunstancia, cuando el cambio ya estaba decidido, reapareció Ruiz Zorrilla, que tomó la palabra para pronunciar un discurso con un «manifiesto atolondramiento», escribió Pi y Margall²⁹. Los murmullos de los diputados que estaban negociando la nueva situación mostraban el nulo caso que hacían al antiguo jefe del Partido Radical. El expresidente intentaba hablar, pero era interrumpido constantemente por las conversaciones de los parlamentarios, que no atendían ya al radical. «Podéis interrumpirme todo lo que queráis», dijo. Pidió de nuevo que se suspendiera la sesión y acusó a Martos de haber resignado el poder del Gobierno en las Cortes demasiado pronto, sin que hubiera otro Ejecutivo que asegurase el orden. Rivero le recordó que él era la autoridad y que haría lo necesario para «conservar el orden en Madrid y en toda la Península».

En ese momento, Rivero cometió un desliz. En dos horas, afirmó, habría Gobierno, uno «robustecido, el más fuerte y más grande que pueda haber», que no podía ser otro que uno de conciliación. Al parecer, Rivero presidiría el poder ejecutivo, y quería contar con Castelar y Pi y Margall, según escribió este último, a quien prometió el Ministerio de la Gobernación. También quería Rivero, según Pi, incluir en el trato a Figueras, como presidente de las Cortes, y a Sorni, otro federal, como ministro de Gracia y Justicia³⁰. Quedaban pendientes las carteras más apetecibles para los conservadores: Guerra y Ultramar. De ser así, aquello era muy poco para el ambicioso y vanidoso Serrano. Tampoco aparecía Martos en la combinación ministerial, lo que era una declaración de guerra a su antiguo compañero. Rivero rogó a la Asamblea que acordara que el Gobierno cesante ocupara el banco azul mientras las Cortes nombraban otro Ejecutivo. Ruiz Zorrilla quiso tomar la palabra y Rivero le ordenó que se fuera al banco azul. Martos también pidió la palabra, y Rivero, en uno de sus excesos verbales, dijo: «Exijo que obedezcan». Ruiz Zorrilla, Figueras y Martos pidieron la palabra y Rivero se la negó. Fernández de las Cuevas, un radical, preguntó: «¿Quién ha dado al presidente la dictadura?». Ese fue principio del fin de Rivero.

Las protestas de los diputados a la actitud del presidente de la Asamblea fueron animadas y utilizadas por Martos y Figueras, que no querían más dilaciones. Si el antiguo Gobierno se sentaba en el banco azul, tal y como quería Rivero, sería dar un paso atrás en tanto que volvía a reconocer la legalidad anterior y dejaba sin valor la renuncia de Martos en nombre del Ejecutivo. Figueras se negó a la componenda y exigió la inmediata formación de un Gobierno. Pero Martos fue directamente contra Rivero azuzando a las Cortes. «¿Quién me arrancará mi derecho de diputado? Nadie en el mundo: antes me arrancará la vida». Entonces fue cuando Rivero cometió el error de sentar en el banco azul a los exministros como una cuestión de confianza, y Martos le contestó que no quería que, contra la voluntad de las Cortes, empezaran «las formas de la tiranía el día que la monarquía acaba». Los diputados rompieron a aplaudir de tal manera que Rivero se fue de la sala porque vio en la protesta un voto de censura, y su lugar fue ocupado por Laureano Figuerola, presidente del Senado³¹.

Ahí concluyó el plan de Rivero y Serrano. Los conservadores entendieron que sin un apoyo o la presencia de una autoridad en la Asamblea no podían tomar el poder sin recurrir a la fuerza. «Nada se atrevieron a hacer, por fortuna, los conservadores», anotó Pi y Margall³². El nuevo Gobierno, escribió Layard, pensó arrestar a los generales, pero Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, se opuso porque podría enfadar al Ejército. Los generales en cuestión, sentenció el británico, «han aprendido que deben esperar, mantener la guardia, seguros de que llegará su día»³³.

Martos remató su éxito explicando que había devuelto el poder a las Cortes porque había cesado la monarquía, y que no tenía sentido sentarse en el banco azul. «No necesitamos ser ministros de una hora», dijo. Urgía al país a proclamar la república y a elegir Gobierno. Pidió el voto a la mayoría radical que, argumentó, no había cambiado de parecer en esos años, ya que no hacía de la monarquía una cuestión fundamental para la libertad de la nación. No merecía la pena consultar al país sobre monarquía o república porque no había candidato digno ni posible, por lo que «honradamente» no cabía «otra cosa que votar la República». Martos se erigió entonces en líder de los radicales. Había conseguido eliminar a sus dos competidores, Ruiz Zorrilla y Rivero, que proponían salidas distintas para la crisis, y se disponía a negociar los nombres del Gobierno con Figueras, su socio de circunstancia. En una carta a Ruiz Zorrilla, Martos se ufanaba de haber dejado fuera de juego a Rivero: «He puesto a don Nicolás el pie sobre el cuello» y «no se levantará más»³⁴.

La proposición de Pi y Margall para proclamar la república y ordenar los poderes del Estado fue apoyada por 258 votos frente a 32. Entonces, los hombres de la situación, los de Martos y Figueras, se retiraron a deliberar durante tres horas. El acuerdo fue que formarían un Gobierno de coalición entre radicales y republicanos. La Presidencia de la Asamblea Nacional quedó en manos de Martos y el poder ejecutivo de la República en las de Estanislao Figueras. La composición del Gobierno se sometió a votación de la Asamblea. La nueva mayoría de radicales y republicanos la formaban un máximo de 246 parlamentarios, que eligieron a Figueras como presidente; Castelar en Estado, Pi y Margall en Gobernación, Nicolás Salmerón en Gracia y Justicia, y a los radicales Echegaray en Hacienda, Fernández de Córdova en Guerra, Beránger en Marina, Manuel Becerra en Fomento y Francisco Salmerón en Ultramar. Cuatro republicanos y cinco radicales, de los cuales todos menos uno habían sido ministros de Amadeo.

Morayta, testigo de todo lo que sucedió, escribió que la presencia de los radicales perjudicó mucho a la credibilidad de la república, porque hasta el día de antes habían sido monárquicos³⁵. Ebrio de éxito, Martos quiso entonces calmar a los conservadores y tomó la palabra para vincular la república a la defensa de la Cuba española. La sesión parlamentaria de tres días terminó en la tarde del 12, cuando Martos fue elegido presidente de la Asamblea Nacional por 222 votos frente a los 20 que reunió Nicolás Rivero.

CORRIÓ LA SANGRE

Las noticias de lo que ocurría en el Palacio del Congreso llegaban al exterior. En la calle de la Salud, donde vivía Estanislao Figueras, se fijó un cartel que decía «Calle del presidente de la República»³⁶. Un grupo se paseó por la Puerta del Sol con una bandera roja e intentó invadir el Ministerio de la Gobernación —hoy sede del Gobierno autonómico—, para exigir la liberación de los presos republicanos. El 11 de febrero salieron de la madrileña cárcel del Saladero los detenidos por el levantamiento federal del 11 de diciembre pasado. Al anochecer se iluminaron algunas casas particulares y edificios públicos³⁷. Los teatros y las iglesias cerraron. En algunos círculos y clubes federales ondeó la bandera roja con un gorro frigio negro. Sus miembros iban con una divisa roja en el sombrero o con un gorro frigio. Milicianos federales se apoderaron de algunas casas en lugares estratégicos y se apostaron con armas. La ciudad era recorrida por grupos que daban vivas a la República Federal. Un grupo de federales intentó asaltar el Círculo Conservador, pero otros republicanos se lo impidieron. En la calle Desengaño, donde había un club intransigente, se colocó una bandera con el lema «República Federal Social». Ese mismo día corrió el rumor de que «la bandera nacional será morada, blanca y roja», dijeron La Iberia y El Gobierno, aunque la opción fue desechada ya el 14 de febrero³⁸.

Los ayuntamientos y las diputaciones en casi toda España, de mayoría radical y republicana, proclamaron la república desde el balcón principal, alguno, incluso, La Federal. En algunos lugares hubo mucha violencia. En Valencia fue asesinado un concejal republicano llamado Meléndez mientras se dirigía al Gobierno Militar a por armas con una bandera, seguramente roja, seguido por una muchedumbre. El capitán general García Velarde se negó a dar armas al pueblo, al igual que el gobernador civil, Andrés Charques, que también se opuso a proclamar La Federal.

En Málaga, los intransigentes quemaron la aduana y se enfrentaron a las fuerzas del orden, asesinando a un capitán de la Guardia Civil llamado Mantilla y a varios carabineros. Luego asaltaron el Ayuntamiento y la Diputación, quemaron los retratos de Amadeo y los aparatos para el reclutamiento de la quinta. Se hicieron con armas y se enfrentaron al Ejército, la Guardia Civil y los carabineros, que se encerraron en el castillo de Gibralfaro, a las afueras de la ciudad. El 12 de febrero, el gobernador militar, J. Mancha, hizo público un texto en el que decía a los malagueños que entendía la «natural y patriótica expansión», pero pedía que se respetaran las «personas y propiedades» en lealtad a la República. A continuación, los intransigentes ocuparon puestos estratégicos en la ciudad y reiniciaron la violencia³⁹. A la ciudad se acercaron entonces los diputados Palanca, Solier y Carvajal para pedir calma. Emilio Castelar envió el 14 de febrero un telegrama a Pedro Castillo, gobernador civil de la ciudad, en el que manifestaba que la república se había proclamado «por nuestra templanza y se perderá por las imprudencias, las temeridades y los continuos desórdenes de nuestros amigos de Málaga». Era necesario, decía, que se salvara «a toda costa el orden público», haciendo los «mayores sacrificios». El telegrama se imprimió y se repartió por la ciudad⁴⁰. Esto no evitó la entrada en la ciudad del batallón del regimiento de África, que llegó de Granada el día 15 por la tarde, ni la huida de muchas familias a Gibraltar, Córdoba y Tánger.

En Sevilla quemaron el patíbulo y fueron a por el verdugo, pero las fuerzas de orden público impidieron su linchamiento. Grupos gritando «¡Viva la República Federal Social!» recorrieron las calles sevillanas. Buscaban armas, así que asaltaron una armería en la calle de Cerrajerías —también casas de préstamos para robar dinero— y se hicieron fuertes en el Ayuntamiento. Aguilera, gobernador de la provincia, fue allí con carabineros y agentes de la Guardia Civil. Hubo intercambio de disparos, con algunos heridos⁴¹. El general José Merelo, capitán general de Andalucía y Extremadura, ubicado en Sevilla, presentó su dimisión el 13 de febrero. El motivo no era otro que el miedo: los republicanos irían a por él porque «los he tenido a raya» durante meses, sobre todo los últimos, cuando levantaron partidas. Merelo estaba dispuesto a servir a la República. No era un problema de lealtades, sino que, sencillamente, no estaba dispuesto

… a tolerar desórdenes, robos e incendios que es como en estas provincias se entiende la república por la gran mayoría de los que se llaman republicanos y donde aquí se han levantado han manifestado bien claramente estas tendencias y donde es más necesario tal que en otras partes, una dura represión. [...] Yo no puedo contribuir al desorden ni menos a que se relaje la disciplina del soldado y se desmoralice, porque ay de nosotros y ay de la república el día que esto suceda⁴².

La proclamación de la república envalentonó a los que hasta hacía unos días eran delincuentes. Vieron en el Gobierno a los directores de su partido y pensaron que había llegado su hora. Esos mismos federales eran los que habían indisciplinado a la tropa, sin la cual era imposible el orden. Se dedicaban a «desmoralizar al ejército», como se decía entonces. Además de la explosión de alegría de aquel febrero de 1873, propia de la proclamación de un régimen que prometía el paraíso, la indisciplina había roto la milicia. Valga el testimonio del general José Merelo:

Yo no me niego a que el soldado fraternice con el paisano, pero no puedo permitir que esté todo el día en la calle en comparsas y manifestaciones, emborrachándose y cometiendo excesos. En vista pues de esto yo quisiera merecer de V. el singular favor de ser relevado. Repito estoy dispuesto a defender y sostener la república, pero soy hombre honrado y decente antes que todo y no puedo pasar por lo que mi conciencia rechaza⁴³.

Este fue el pensamiento común de muchos militares que, confirmado por el caos de 1873, hizo que el principio más deseado ese año fuera el orden, y en 1874, la conservación del Ejército como institución que unía el país y mantenía la paz. Los generales percibieron que el Gobierno y las nuevas autoridades civiles —las republicanas— ponían obstáculos para la represión de los excesos, sobre todo Pi y Margall y sus hombres en provincias, como se verá.

En Montilla, Córdoba, los intransigentes se levantaron en armas el 12 de febrero. Asaltaron la casa del alcalde, quemaron los registros de propiedad y asesinaron a un guardia rural. Luego incendiaron varios edificios oficiales y se constituyó un tribunal popular, «imitación de la Commune», que decretó el fusilamiento de «los principales propietarios de la población». Asaltaron varias casas de burgueses, entre ellas la de Francisco Solano de Riobóo, el más rico de la ciudad, a quien mutilaron y mataron⁴⁴. Para restablecer el orden tuvieron que acudir dos compañías del regimiento de Gerona desde Córdoba, porque la Guardia Civil se negó a actuar por carecer de las órdenes del político de turno⁴⁵. Las autoridades civiles ponían «trabas» a la actuación de las fuerzas del orden para reprimir a los violentos. Así lo decía el general José Merelo tras los actos en «Montilla, Aguilar, Fuentes y otros puntos donde se han saqueado e incendiado completamente casas particulares y oficinas públicas». Merelo comunicó al ministro que, si seguía en su puesto, debían permitir que obrara «con la energía suficiente y sin las trabas que la autoridad civil me está poniendo a cada paso»⁴⁶.

Los intransigentes en Salamanca se apoderaron por la fuerza del Ayuntamiento, del Gobierno Civil, el telégrafo, la tesorería y correos, «negándose a reconocer el actual Gobierno, al que han calificado de traidor a la República»⁴⁷. En Orihuela, Murcia, fue asesinado el regidor del Ayuntamiento⁴⁸. En Sanlúcar de Barrameda siguieron el protocolo revolucionario: asaltaron el consistorio, tiraron los retratos, la marca de los quintos y los papeles del registro. A continuación, fueron a las casas de los ricos y robaron. También hubo ajustes de cuentas personales, como sucede en todo levantamiento armado. Los insurrectos entraron en una taberna y dispararon sobre tres hombres que habían pertenecido a la Guardia Municipal⁴⁹. En Motril, los intransigentes atacaron el Ayuntamiento para deponer al alcalde. Murieron cuatro personas y hubo 17 heridos. El gobernador puso fin al conflicto nombrando un nuevo alcalde «a gusto de los amotinados»⁵⁰.

No fue una proclamación sin violencia. Corrió la sangre, hubo violencia, robos y ajuste de cuentas, se quemaron edificios oficiales y se atacó a las fuerzas del orden. El número de muertos como resultado del 11 de febrero no se puede hoy concretar, incluidos cargos públicos, militares, guardias y paisanos. La mitificación posterior de dicha fecha obvió estos asesinatos, legitimados por lo que se supone un bien mayor, la proclamación de la república.

5

LA RUPTURA

LA FEDERAL ERA UNA UTOPÍA

La característica determinante, y a la postre mortal, para la República de 1873 fue que La Federal se constituyó, propagó y defendió como una utopía política¹. Durante cinco años, los republicanos defendieron su proyecto como una organización perfecta y definitiva que solucionaría todos los problemas históricos, presentes y futuros, con exclusión de cualquier otra fórmula política. La Federal reunía todas las características propias de la utopía decimonónica: era presentada como un orden perfecto para el futuro, alternativo al existente, que se basaba en los más altos principios, que se localizaba en un territorio concreto, necesitaba una importante movilización social y empujaba a la acción política para cumplir con el destino histórico. Era la solución definitiva y perfecta para superar todas las dificultades. El fin de la Historia. Por ello había que forzar su proclamación cuanto antes, por el bien de la patria, del pueblo y de la humanidad, en consonancia con el devenir de la Historia y siguiendo la ley del progreso, a la que se profesaba una fe propia de una religión secular. Quien no lo viera así era un obstáculo, un ignorante o un traidor.

Sin abordar La Federal como una utopía es imposible explicar el caos de 1873, las dificultades con los partidos no republicanos, la guerra entre estos, el descontrol de los revolucionarios de provincias, la negativa de las potencias europeas a reconocer la República y el desprecio de los federales a la legislación democrática y a la legitimidad institucional. No se trataba de una percepción elaborada posteriormente después de aquel año y forjada sobre el mito de la República durante la Restauración para desautorizar el republicanismo. Ocurrió durante el tiempo que estuvo vigente. La República se predicó con un contenido y unas formas propias del utopismo del siglo XIX por dos motivos: el primero, conseguir una fácil movilización apelando a los sentimientos en una población básicamente analfabeta, acostumbrada a la imposición sobre el adversario, a la que se le prometía la resolución de todos los problemas públicos y privados con la simple proclamación de La Federal; el segundo, una concepción de la vida política, del desarrollo histórico, como si se tratara de un mecanismo consistente en propagar principios aparentemente exagerados para conducir las conciencias y la vida pública hacia su cumplimiento.

Sembremos con los ojos puestos en este grande ideal —escribía Castelar en 1872—; sembremos cuanto podamos. No nos curemos de qué tiempo ni qué generación recogerán esta siembra².

La exposición de tales ideas, aunque fueran consideradas exageradas en su tiempo, servía para introducirlas en el debate público e ir creando opinión y conciencia al respecto. No importaba tanto que la fórmula fuera exagerada o que no se pudiera cumplir en el momento, porque sí lo sería el día de mañana. Salmerón, por ejemplo, no creía posible la federación en España en 1868. Lo expresó en las reuniones del partido a finales de ese año. Consideraba que la República federal era prematura por la falta de educación política, de costumbres liberales y democráticas en el cuarto estado, el pueblo llano. A pesar de esto, siguió apoyando a quienes pedían la inmediata proclamación de La Federal, dando fuerza precisamente a quienes alimentaban esa falta de educación política. Castelar hizo lo mismo, y lo confesó cuantas veces pudo desde 1873. El gran orador pasó de ser el gran predicador de la utopía a renegar de ella con todas sus fuerzas en tan solo un año. Pi y Margall fue quien diseñó la ruta de La Federal, esa federación de abajo arriba que encajaba con el histórico juntismo español del siglo, que se crearía a voluntad de las partes y que solucionaría todos los problemas, aun a pesar de que un numeroso grupo de españoles tuviera otra opinión.

La Federal fue un programa de oposición a la monarquía de Amadeo I, que maridaba bien con el romanticismo tardío, de retirada en Europa, y con el utopismo revolucionario del siglo XIX. Alimentó también la ambición de políticos locales, que adoptaron el federalismo pimargalliano como plataforma para llegar al poder en sus localidades.

La República era revolucionaria o no era nada. Aquellos que, en España, entre 1868 y 1874, defendieron la república unitaria o la monarquía democrática fueron tenidos como reaccionarios por los federales. Lo importante era desmontar todo lo que había sido España. El instrumento para el desmontaje era La Federal, que suponía una ordenación total del país, y por eso era concebida como una imposición inmediata y sin conciliación.

La Federal apareció gracias a lo que se puede denominar «momento utópico». La Revolución de 1868 abrió un espacio para la imaginación de la España deseable, con toda la libertad para organizarse y hacer propaganda, lo que creó grandes expectativas. La utopía federal se predicó como algo inminente, que implicaba a la generación del momento. El paraíso estaba al alcance de la mano, había «llegado la hora», el «día de la Libertad se acerca» para que «sea cierto el reinado de la Justicia»³. Solo hacía falta derrotar a los enemigos. «El día de la justicia se acerca» y «el monstruo doctrinario no lo hollará con su letal e inmunda planta, ni lo manchará con la asquerosa y corrosiva baba que escupe»⁴. Para acabar con el enemigo era precisa la revolución, que se presentaba como una necesidad y una obligación para salvar y regenerar a la sociedad. Si hay resistencia, escribió Roque Barcia, «atravesaremos ríos de sangre»⁵.

En ese momento utópico, el 11 de octubre de 1868 el partido demócrata de Madrid se reunió en el Circo Price⁶. La entrada era libre. A las once de la mañana ya estaban todas las butacas ocupadas. Presidía José María Orense, un marqués con pretensiones democráticas, de edad avanzada. Comenzó su vida política como progresista, pero pronto se hizo republicano. No era inteligente, ni gran orador, ni tenía una pluma estimable. Publicó un par de libritos prescindibles, como Treinta años de gobierno representativo (1860), pero su persistencia le había granjeado una gran reputación entre los republicanos. Fue uno de los grandes impulsores de La Federal.

Orense tomó la palabra de forma desordenada, aunque con un objetivo: sostener que la federación era la mejor forma de gobierno. Pronunció un discurso sencillo y cercano que jugó con el desconocimiento general. En realidad, era un resumen de un artículo de Emilio Castelar publicado en julio de 1868. Sostuvo que había que imitar a Estados Unidos y a Suiza, que tenía, dijo, «32 o 33 cantones». Este país, señaló, estaba compuesto por «cantones o estados independientes entre sí» y «unidos por un consejo federal». Se adornó citando a dos publicistas franceses, Étienne Vacherot y «Grevisse», cuyos nombres aparecían mal escritos en la reseña oficial de la reunión. Acabó su discurso proponiendo la creación de una república federal con Espartero como presidente nombrado por las Cortes, y con Topete como vicepresidente, el monárquico unionista, abierto partidario de Montpensier como rey de España. «Sería una cosa magnífica» que contaría con la «vigilancia del pueblo para no dejarse engañar». La propuesta arrancó aplausos, pero también cierto revuelo, por lo que añadió: «Lo que es nuevo no hay motivo para asustarse de ello». La reunión no avanzaba, así que Orense, Figueras, Manuel Becerra, Sorní, García López y otros presentaron una proposición para que el partido declarase que la «forma peculiar de gobierno de la democracia es la república federal»⁷.

El debate se fue por otro lado e intervino Nicolás Salmerón, profesor krausista sin experiencia política, cuyo hermano Francisco era uno de los líderes del progresismo. Comenzó su alocución en un tono arrogante, pidiendo que ni le aplaudieran ni le abuchearan, que guardaran silencio y que luego, en su «retiro», meditaran sus palabras. La primera vez que aplaudieron dijo: «Pido silencio, señores, los aplausos me hacen daño». Adoptó un tono profesoral para demostrar «por los buenos principios científicos», desde la filosofía, que la república unitaria no servía a la libertad, y que era mejor la federativa. Pero incurrió en una contradicción que dejó sorprendido al público: todavía no convenía establecer la federación porque los españoles no tenían costumbres liberales ni democráticas, ni estaban consolidados los derechos individuales, aunque él se comprometía a trabajar «incesantemente por la república federativa». Aquellas palabras produjeron más revuelo y gritos. Orense propuso entonces que se votara por la forma de gobierno, pero la concurrencia no quiso. Se pospuso para la reunión que tendría lugar el 18 de octubre.

Nicolás Salmerón preparó la siguiente reunión como si fuera una conferencia o una clase universitaria. Habló de la federación como un sistema que permitiría gran autonomía municipal y provincial, pero mantendría la unidad nacional, con una Constitución y unos mismos códigos civil, mercantil y penal. Salmerón pasó por la Revolución francesa —algo habitual entre los republicanos españoles— para afirmar que el centralismo y la república unitaria desembocaban en dictadura, como ocurrió en 1793 y 1848. Salmerón defendía, así, un proyecto perfecto, que con voluntad podría conseguirse⁸. Era la exposición de la utopía, un estado social y político posible que pasaba por el activismo, la crítica y la lucha constante, para poner fin a la Historia con un sistema ideal inamovible. Sus palabras insinuaban la idea de que la revolución no había terminado, que aquel que no entendiera que el futuro legítimo y popular era La Federal estaba contra el sentido de la Historia, la libertad y la democracia.

Estanislao Figueras expuso tres motivos para defender la república federal. La monarquía no era posible, primero, porque suponía dos trabajos, «el de buscar rey y el de españolizarlo»; segundo, porque era preciso conseguir la unidad ibérica, objetivo que veía imposible alcanzar bajo una monarquía; y tercero, porque España no tenía enemigos exteriores y, por tanto, no necesitaba la unidad para hacerles frente⁹.

Era imposible que se votara con miles de personas sin registrar y el referéndum se hizo a voz en grito. García Ruiz, que no era muy partidario de aquello, dejó consignado que la mesa de la reunión no estaba segura del «espíritu» que reinaba, y el presidente, García López, en ausencia de Orense, intervino:

Queda acordado que el partido democrático quiere la República. ¿Será esta federal o no?

¡Federal! ¡Federal!, gritaron dos docenas de hombres o menos. ¡Federal!, gritaron entonces unos cuantos centenares. Y La Federal quedó ya admitida¹⁰.

En estas palabras se encuentra el origen del nombre con el que a partir de entonces se denominó a la República federal: La Federal¹¹. Tras el acuerdo, los asistentes aprobaron proponer al Gobierno que se redujera la edad para ejercer el voto a los veinte años —los republicanos confiaban en que esto les beneficiaría— y que se permitiera hacer propaganda de las distintas formas de gobierno, lo que ya era un hecho¹². La prensa de otros partidos apenas reflejó la reunión del 18 de octubre o sus debates, salvo una nota en la que detallaron las resoluciones.

Entre las reuniones de finales de 1868 y la aprobación de la Constitución de 1869 Pi y Margall y Castelar fueron quienes mejor definieron La Federal. Pi y Margall ofreció una argumentación filosófica, histórica, administrativa y económica en el prólogo de la publicación en España, a mediados de octubre de 1868, de El principio federativo, de Proudhon. La influencia de este pensador francés fue decisiva, porque Pi y Margall encontró la fórmula revolucionaria para cambiar la estructura política y económica partiendo de la voluntad popular, y coincidente con la Historia del país, como Proudhon había pensado para Francia¹³.

La federación, según explicaba Pi y Margall, era una forma de gobierno basada en el pacto sinalagmático, conmutativo, limitado y concreto que combinaba el principio de autoridad con la garantía de los derechos individuales. Era una fórmula que, fundada en el acuerdo entre iguales, parecía resolver satisfactoriamente los problemas políticos y sociales, y poner las bases de la kantiana «paz perpetua». El pacto también servía para resolver la cuestión social y los problemas económicos, ya que cabían confederaciones para cada sector: comercio, industria, agricultura, transporte o finanzas¹⁴. La suma del federalismo ecómico y el político era la solución a un caos histórico y presente. La Federal permitiría, por tanto, el renacimiento social, la paz interior y exterior, la unión ibérica, el desenvolvimiento de la cultura y las costumbres provinciales, la economía de gastos y la eliminación de los ejércitos.

Pi y Margall defendió La Federal a sabiendas de que se trataba de una utopía. Sostuvo que lo importante era introducir en la mentalidad del pueblo las aspiraciones federales para ir avanzando hacia la forma de gobierno perfecta: la federación. Así lo decía en el prólogo mencionado:

¿Qué importa que haya más o menos verdad, más o menos exageración en el resto? Lo que convenía era sentar el principio, determinarlo, desenvolverlo, examinar sus condiciones de vida, hacerlo sensible, palpable, vivificarlo en la conciencia de los pueblos.

La Federal mostraba, así, el imperativo moral de cambiar España, sus estructuras; que mandaran los de abajo, el pueblo, a través de sus portavoces cercanos. No había más construcción teórica que esa; un vulgar instrumento para derribar al adversario y tomar el poder. Poco importó la incoherencia del federalismo pimargalliano, el rechazo en amplios sectores sociales o su ordenación constitucional, como se vio en 1873 con el cantonalismo. La Federal era dar la vuelta a España, y por eso tuvo una gran capacidad de movilización entre capas sociales que no tenían nada que perder y mucho que ganar, y que fuera atractiva para internacionalistas y comuneros de París, que llegaron a España para continuar el experimento revolucionario en los cantones.

Castelar fue el otro intelectual que alentó la fe en La Federal como el proyecto revolucionario pendiente¹⁵. Antes de proclamarse la Primera República consideró que la utopía era un elemento necesario del movimiento de las ideas, que señalaba el camino de la Historia. Pensaba que la utopía era la respuesta a un problema profundo del presente. No importaba que la federación fuera considerada una utopía, pues todo lo «exagerado» y «falso perecerá; pero sobrevivirá todo cuanto haya de verdadero y progresivo»¹⁶. Eliminado el exceso quedaba la esencia. En suma, Castelar utilizaba el utopismo como instrumento para avanzar hacia la federación. Por tanto, La Federal era para Castelar una utopía propia del movimiento de ideas progresivas del siglo XIX. Reconocía que no era su momento, pero era útil para el progreso. No se paró a pensar en las consecuencias políticas y sociales de predicar una utopía, sino que asumió un mecanicismo del mundo académico. Carecía de relevancia que todavía no pudiera aplicarse, y lo sabía:

Yo os declaro que tenemos un grave defecto nosotros para mandar, el defecto de vivir en el seno de las ideas, en el seno de la filosofía, el de estar en las cátedras, en los Ateneos, en las Academias y somos un poco utópicos, lo confieso, pero, señores, nada más que un poco¹⁷.

La Federal que presentaba Castelar contenía todo el lirismo que requería la utopía romántica y redentora propia del siglo XIX. No le faltaba nada. Era el bálsamo para todo, desde la tensión en Cuba hasta la cuestión social, la crisis económica y de Hacienda, el problema educativo, el enfrentamiento con la Iglesia, al tiempo que recogía todas las promesas populares tradicionales, como el fin de las quintas, de los impuestos abusivos, de la pobreza, de la inmoralidad o de la falsedad del sistema representativo. Una vez llegara La Federal las políticas concretas saldrían solas porque el pueblo español era sabio y justo. Castelar usó los recursos emocionales para provocar la movilización. Hizo una llamada constante al compromiso con la idea, que casi siempre podía entenderse como pacífico y otras veces como revolucionario. La exageración era lo de menos, porque la Historia era un juez justo que salvaría las ideas que hacían progresar al hombre.

Su sentido de la federación era doble. Por un lado, era sinónimo de descentralización y, por otro, la fórmula para alcanzar la unión de las naciones. Castelar defendía la propiedad privada, el libre cambio, el laicismo no anticlerical, el patriotismo liberal y romántico, y el federalismo como fórmula para evitar la arbitrariedad del poder, asegurar la libertad y mantener la unidad en la variedad. Admiraba a Estados Unidos, cuya Constitución citó frecuentemente en las Cortes, y a Suiza, a la que definió como «la república en toda su pureza»¹⁸. Entendía que La Federal era «descentralizar la Administración» para que cada individuo fuera un ciudadano, «cada municipio un ser en sí», «cada provincia un organismo perfecto» y el Estado estuviera reducido a sus «atributos esenciales». Este conjunto era la «clave de la unidad nacional y el seguro inviolable de todos los derechos»¹⁹.

No era socialista. Todo lo contrario. Pensaba que la propiedad privada era un derecho inviolable, fundamento del régimen liberal y democrático. Ahora bien, entre 1868 y 1873 sostuvo que solo La Federal lograría la emancipación económica, social y política de los trabajadores, entendiendo por «emancipación» que el trabajador tuviera plenos derechos individuales y existiera el sufragio universal, y que se beneficiara del asociacionismo de intereses y mutualista, así como de la acción del Estado en cuanto a facilitar la propiedad de la tierra y el acceso a la educación. Este discurso lo envolvía en el milenarismo cristiano copiado de Lamennais, en el que hacía referencias a la obligación que establecía el Evangelio para la «redención social», y a ello le añadía el asociacionismo de Saint-Simon y Owen, o el liberalismo social de John Stuart Mill. En el debate sobre la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) que tuvo lugar en las Cortes de 1871, defendió el derecho de dicha asociación, pero no sus principios, y en sus discursos usaba los conceptos de «pueblo» y «cuarto estado» como sinónimos, además del de «nación»²⁰. El deseo de vincular a los trabajadores con La Federal, de tener esa base social, llevó a Castelar a la adulación más descarada:

El trabajador es el gran sacerdote del Eterno, el continuador de la naturaleza, el verdadero rey de la creación; porque, santificado con él nuestro planeta, se levanta radiante en el infinito espacio como una hostia consagrada; porque el trabajo, por último, enaltece y sublima el espíritu, que es lo que hay más grande, más augusto en la naturaleza humana²¹.

La propagación de la utopía federal se realizó con un tono propio de los profetas. Así lo decía Castelar: «Nosotros, los republicanos, tenemos mucho de profetas, poco de políticos: sabemos mucho de ideal, poco de la experiencia»²². La Federal era, así, una verdad revelada por la Razón, la Ciencia y la Historia, hija de la idea de progreso infinito e inexorable del ser humano. El tono religioso y milenarista era evidente:

Se acercan los tiempos. ¡Pueblos oprimidos, va a sonar vuestra hora, está próxima vuestra redención! Juventud ardiente, legión mártir, ¿no te dicen los latidos del corazón que tu triunfo está cercano? Sí: los déspotas están mudos de espanto, los tronos crujen, los pueblos se levantan, las coronas se funden, el mundo entero se despierta. Una brisa dulce y suave halaga nuestras banderas. […]. Negar que triunfa la República es negar que la humanidad avanza²³.

La Federal se configuró como una utopía con formas religiosas. Mantuvo un culto a la revolución como partera de la Historia, una simbología sacralizada, unas liturgias en los actos colectivos, lugares de culto como los clubes y los comités, unos santos padres profetas, unos predicadores o divulgadores, una masa de feligreses y una promesa en el paraíso final. La Federal era un imperativo histórico. En realidad, los republicanos siempre se creyeron en posesión de una superioridad moral y la envolvieron en algún razonamiento filosófico y cientificista para presentarla. Se atribuyeron el papel de salvadores con una fórmula mágica, mostrada con formas de carácter religioso:

Nosotros mismos, los republicanos, los utopistas, los locos de ayer, damos al gobierno la gloria de que se salve, de que salve a España, de que nos salve a nosotros²⁴.

Llegados a este punto, oponerse a La Federal era estar en contra de la felicidad y el bienestar de la humanidad. Por eso los «apóstoles» federales tenían que ser escuchados:

No llegará nunca la humanidad al fin para que fue creada, si la humanidad, desoyendo la autorizada voz de sus apóstoles, emprende distinto derrotero del que viene trazando la ciencia, la ilustración, la filosofía²⁵.

La revolución era la otra forma de cumplir su misión histórica y salvadora. La violencia, por tanto, estaba legitimada porque la finalidad estaba bendecida por la idea de progreso. Fue así cómo se sacralizó la revolución como instrumento de progreso. Hablaban de

esa revolución-Mesías que destruirá las injusticias, consagrará los derechos, asentando al individuo y a la sociedad en sus naturales y legítimas condiciones de existencia²⁶.

El Paraíso, La Federal, no admitía transacciones con otros partidos o instituciones, ni discusión posible. Tampoco podía llegarse a ella a través de las urnas o las Cortes. La República «no saldrá nunca sino de las bayonetas del pueblo. Creer que puede salir de la Asamblea es una locura, es un delirio», según Pi y Margall²⁷. «La revolución es santa, es grande, es necesaria», escribió Rodríguez Solís. La Federal solo llegaría por una revolución, aunque la sociedad no lo reconociera ni la democracia lo admitiera:

¿Y debemos esperar nosotros pacíficamente el triunfo de la República democrática federal? No y mil veces no²⁸.

Los republicanos eran revolucionarios porque entendían la República no como una forma de Estado, sino como un instrumento para hacer la revolución. Ante esa interpretación de la República, con independencia de la opinión e intereses del resto de partidos, sacrificaron la lógica de la democracia y del ejercicio libre e igual de los derechos. Las urnas no valían, y tampoco la movilización de la opinión pública y su manifestación. No fueron precisamente una «escuela de ciudadanía». La Federal no era, así, un proyecto modernizador, sino una excusa para la revolución y tomar el poder. La modernidad, como se vio en el resto de Europa, no consistía en prolongar los usos golpistas y violentos, la utopía, la barricada, la autoproclamación del cantón, el armamento del pueblo, sino la reforma legal, el parlamentarismo y la extensión de las costumbres públicas liberales, en suma, la realpolitik²⁹.

La proclamación de la República el 11 de febrero de 1873 provocó la natural explosión de alegría entre los federales. A partir de ahí había que construir la fórmula de la perfección humana, La Federal, con «todas y sus naturales consecuencias», como había dicho Pi y Margall durante años. Si la República no era federal, sería un nuevo engaño al pueblo, una contradicción a la propaganda y al programa del partido, un revés para el progreso histórico y un retraso para España.

PI Y MARGALL SE HACE CON LA REPÚBLICA

Francisco Pi y Margall se retractó del federalismo pactista, de abajo arriba, el mismo 11 de febrero, y fue considerado como un apóstata para la parte intransigente del partido. El gran propagandista de la utopía se echó atrás nada más llegar al poder. Había enardecido al republicanismo asegurando que existía una fórmula científica que arreglaba todos los problemas, un principio que estaban obligados a imponer en nombre de la Historia y de la justicia para salvar España e iluminar al resto de la humanidad. De pronto dijo a las bases de su partido que nada de lo predicado podía realizarse. La respuesta de los intransigentes, que continuaron las enseñanzas de Pi, fue la frustración primero, luego el enfado y, por último, el cantonalismo. La posición de Pi y Margall desde entonces fue complicada: al tiempo que argumentaba que La Federal ya no podía llegar como había predicado anteriormente, era comprensivo y considerado con quienes levantaban cantones siguiendo sus doctrinas.

Ante las críticas, que fueron muchas, Pi y Margall escribió que «la federación de abajo arriba» era «imposible» desde el momento en el que la República había llegado por una declaración parlamentaria, no por una revolución. De esta manera, no cabía otra que aceptar que la federación la «determinasen, en el caso de adoptarla, las futuras Cortes». A esto sumó un argumento también sorprendente: la federación de arriba abajo era un método más apropiado para «una nacionalidad ya formada como la nuestra y en su aplicación mucho menos peligroso»³⁰. Después de años de crear el dogma de La Federal como un conjunto de herramientas para alcanzar la salvación y la prosperidad, forjado desde abajo, con el pueblo como protagonista, Pi y Margall se desdijo. Tras mucho tiempo dando aire a una utopía para movilizar a las capas populares y hacer imposible cualquier sistema representativo, llegaba al poder y decía que dicha fórmula era inapropiada. Es difícil encontrar un desvarío mayor en la política española del siglo XIX.

El plan de Pi y Margall era otro. Desechó la revolución como instrumento para La Federal y creyó que podía conseguir su propósito desde el Ministerio de la Gobernación. Era el viejo sistema de moderados y progresistas desde 1834. No había diferencia. No hubo una aplicación de las ideas o del espíritu democráticos, ni se esperó a la expresión libre, competida y garantizada de la voluntad popular. Era una revolución desde arriba, una imposición mesiánica e incontrovertible. Pi y Margall quería utilizar la Administración local y provincial para asegurarse el triunfo en las urnas.

Fue hipócrita decir, en mayo de 1873, que no intervenía en las elecciones, ya que meses antes había cambiado a alcaldes, diputaciones y gobernadores civiles para asegurar el resultado. ¿Cómo perder aquellas elecciones si el aparato administrativo estaba colonizado por sus mandados? El proyecto de Pi pasaba por tener la Administración a su servicio, convocar Cortes, obtener una mayoría parlamentaria y constituir el país como una República federal. No iba a aceptar otra solución, aunque la alternativa fuera una República unitaria. De hecho, él y otros jerifaltes federales ya habían dicho durante años que no había diferencia entre una monarquía democrática y una República unitaria porque se hurtaba la soberanía popular verdaderamente legítima, la proveniente de abajo, la del gobierno local por la localidad misma.

Este exclusivismo mesiánico explica el aislamiento de Pi y Margall durante la República. Mientras otros dirigentes eran más flexibles y dialogantes, al menos entre ellos, Pi mantuvo su dogma con soberbia y arrogancia. Esto fue lo que hizo que entrara en guerra con Figueras, Castelar y Salmerón, como se verá después. También explica su obsesión por expulsar de la República a los radicales. El poder que acumuló Pi y Margall desde el primer día contribuyó, según Morayta, «a la operación de restar» apoyos a la República «conforme iba alargando su vida»³¹.

Pi y Margall usó el Ministerio de la Gobernación para arrinconar a los radicales utilizando el argumento del desorden público. En el primer Consejo de Ministros propuso la celebración de elecciones municipales y a diputaciones provinciales para, a su entender, calmar los ánimos. Con esto pretendía resolver el conflicto que surgió en muchas localidades cuando los federales depusieron por la fuerza a los ayuntamientos radicales por considerarlos monárquicos. Anunciar esa convocatoria era respaldar el argumento de quienes habían reventado esos gobiernos municipales legítimos. Los radicales ya no tenían autoridad para gobernar, y por eso los habían echado a la fuerza. No era creíble que una campaña electoral sirviera para desfogar la «actividad febril» de los federales intransigentes, sino todo lo contrario. En realidad, suponía ofrecer a los revoltosos un cargo público con el que satisfacer su ambición y así conseguir el orden. «Los intransigentes serán transigentes por medio de las posiciones oficiales», decía Fernández de Córdova a José Sánchez Bregua³².

Los ministros radicales se negaron a celebrar los comicios alegando que la violencia existente impediría el libre ejercicio del voto, retrayendo a muchos electores no federales. Ante la controversia, el 16 de febrero Pi y Margall comenzó a sustituir a los gobernadores civiles radicales por republicanos, potestad que tenía como ministro. A nadie se le escapó que se trataba de una maniobra clásica de los ministros de la Gobernación para controlar los procesos electorales. Cada nombramiento se discutió en el Consejo de Ministros, llegando a ser casi el único tema de debate. José Echegaray, ministro radical, llevaba al Consejo una medición de la importancia de los gobernadores en función del número de distritos electorales que controlaban³³.

Desde el principio, los radicales se dieron cuenta de que habían cometido un grave error al dejar el Ministerio de la Gobernación en manos de Pi y Margall. El plan del líder federal para controlar legalmente el proceso constituyente comenzó a ser evidente desde los primeros días. Los radicales se dieron cuenta de que Pi quería construir desde el Ministerio de la Gobernación una estructura partidista que asegurara la victoria y luego convocar elecciones de abajo arriba —primero las municipales, luego las de diputaciones provinciales—, y con este control y ejército de empleados públicos convocar unas elecciones constituyentes con garantías para su partido. El desorden era una buena excusa para dar a los federales un papel que las urnas no les habían concedido. Esa era su idea de conseguir el orden. Pi y Margall incluso lo dejó por escrito: quería llevar a «la nación sin violencias ni trastornos a las Cortes Constituyentes»³⁴. Bien, pero es que esos trastornos violentos los causaban los federales, nadie más.

Entendido el apaño, los radicales se opusieron a la convocatoria electoral, ya que suponía perder el poder territorial que habían ganado desde mediados de 1872. El argumento era que existía mucha violencia por parte de los federales y eso retraería a sus electores. También expresaron su desconfianza hacia Pi y Margall y hacia las órdenes que pudiera dar para que sus colocados en la Administración se hicieran con la victoria. Los radicales decían la verdad: los federales de provincias, como se vio más arriba, suspendieron a la fuerza ayuntamientos de otros partidos y los ocuparon.

A Pi y Margall le convenía que existiera un desorden estudiado, no una situación incontrolable. No quería juntas revolucionarias, sino que el movimiento se canalizara a través de las instituciones locales que él controlaba. La apariencia de legalidad le resultaba imprescindible. «No permita V. S. —decía en un telegrama a un gobernador civil de su partido— que se constituya ninguna junta, ni que se altere arbitrariamente ninguna corporación popular». El 14 de febrero envió una circular a provincias enfocada más a fijar su posición que a generar confianza en un proceso legal pacífico. Comenzaba diciendo que la República se había establecido sin derramamiento de sangre, lo que era falso, como vimos, y que así debía seguir siendo para «desengaño» de los que consideraban que la forma republicana era «compañera inseparable de la anarquía».

No solo criticaba, así, a los monárquicos, sino que reconvenía a los federales intransigentes. El lema de la República era «Orden, Libertad, Justicia», escribió, por lo que convenía «no olvidar que la insurrección deja de ser un derecho desde el momento en que universal es el sufragio, sin condiciones la libertad y sin el límite de la Autoridad la Real Soberanía del pueblo». Toda idea, afirmó, podía realizarse sin «apelar al bárbaro recurso de las armas». Anunciaba que se reunirían Cortes Constituyentes con unas elecciones libres, sin las «coacciones, los amaños, las violencias, los fraudes que tanto falsearon otras elecciones». Y terminó diciendo que «sin un profundo respeto a la ley, sería la República un desengaño más para los pueblos».

El sectarismo de la circular es evidente. El sufragio universal masculino ya existió durante la monarquía de Amadeo y no fue favorable a los republicanos, ni siquiera cuando se aliaron con los carlistas y los radicales en 1872. También existió durante esos años plena libertad de imprenta, asociación y manifestación, de voto y representación parlamentaria, incluso de organización partidista. De hecho, durante la monarquía se organizó a sus anchas el Partido Republicano Federal, mientras que en 1873 los monárquicos fueron repudiados o perseguidos. En suma, la legitimidad del derecho de insurrección durante la monarquía democrática fue una farsa revolucionaria que impidió la comprensión de las prácticas democráticas por parte del pueblo. A cambio, los dirigentes republicanos contaban con una masa movilizada con la que presionar a las instituciones y a los otros partidos, y dar a entender que todo el pueblo estaba con ellos. Cuando se proclamó la República sin revolución se encontraron con una masa federal incontrolable de la que no se quisieron hacer responsables. Es más; los métodos utópicos de propaganda habían legitimado la revolución hasta el logro definitivo de La Federal, por lo que apelar en 1873 a la paciencia era inútil e incluso hipócrita.

Pi y Margall aprovechó también para decretar, el 14 de febrero, la reorganización de los milicianos para asegurar una fuerza militar propia. Los batallones republicanos disueltos tras la llegada de Amadeo a España se rearmaron entonces³⁵. Pi los bautizó como «voluntarios de la República», en sustitución de «voluntarios de la libertad», y permitió la reorganización de los prohibidos por la monarquía. Lo peor fue que decretó que entregaría armas a los milicianos a medida que lo «permita el estado de sus parques» y el crédito que concediera la Asamblea Nacional para la compra, y esta decisión tuvo graves consecuencias. Pasaban a depender del ministro de la Gobernación, pero esto no evitó que los voluntarios federales se convirtieran en el instrumento de los intransigentes contra la República para la creación de los cantones. La Capitanía General de Madrid estuvo repartiendo «armas al pueblo de Madrid» desde el 16 de febrero³⁶, asunto del que pronto se arrepentiría. Castelar confió a Bouillé, embajador francés, que esa entrega de armas, general y precipitada, era un peligro³⁷, pero no se plantó ante Pi y Margall para impedirlo.

De esta manera, Pi y Margall fue poniendo las bases para conseguir el dominio federal desde el Ministerio de la Gobernación. Pronto controló la estructura de gobernadores civiles para manejar las elecciones y organizó una fuerza armada propia para contrarrestar a un ejército que los federales habían minado con la indisciplina. Los gobernadores solo atendían a las indicaciones del ministro Pi, consistentes en no reprimir a los federales para no perder su apoyo en los próximos comicios. De ahí la «guerra telegráfica», sin represión, frente al golpismo de los federales en Cataluña y otros lugares. Los voluntarios de la República se demostraron solo útiles para dar golpes o intimidar, pero no para luchar en la guerra contra los carlistas.

La política de Pi y Margall puso a los radicales en una situación complicada, al borde de quedarse fuera del régimen, ese mismo que ellos habían fundado traicionando a Amadeo de Saboya. Su desplazamiento de la administración territorial se argumentó con que se habían presentado a las elecciones como monárquicos, no como republicanos. La Historia les dejaba fuera, les quitaba la razón y el derecho. Políticamente estaban deslegitimados, no habían defendido la verdadera democracia, la republicana, la victoriosa. La prensa federal los llamaba despectivamente «republicanos de última hora» y, por tanto, la iniciativa y la legitimidad moral estaban del lado de los republicanos de siempre.

LA RUPTURA DEL 24 DE FEBRERO

Al abordar el Gobierno de Figueras, es importante separar el lenguaje que se usó para construir la argumentación federal en aquel entonces de aquello que dicta la ciencia política. Me refiero al concepto de «golpe de Estado». Por tal entendemos la toma ilegal del poder urdida con secretismo, realizada con rapidez, con una dosis de violencia, ya sea práctica, ya sea como amenaza, llevada a cabo por un actor colectivo minoritario con recursos coactivos, desde alguna institución, para dar un giro político brusco o impedir una política determinada. Lo que define al golpe de Estado, como sostuvo Hans Kelsen, es su carácter ilegal.

La norma establecida por la Asamblea Nacional el 11 de febrero de 1873 —lo que podemos entender como legalidad— era que el Parlamento elegía al Ejecutivo y que resolvía la crisis de Gobierno. Fue una propuesta de Pi y Margall que decía:

La Asamblea Nacional reasume todos los poderes [...]. Se elegirá por nombramiento directo de las Cortes un poder ejecutivo, que será amovible y responsable ante las Cortes mismas.

Esto significaba que una crisis de Gobierno debía ser resuelta por la Asamblea Nacional y que, además, una mala política gubernamental podía suponer la censura parlamentaria y la formación de un nuevo Ejecutivo. Así, en ningún caso el acto de cambiar el Gobierno de acuerdo con lo aprobado el 11 de febrero puede considerarse un golpe de Estado, porque era legal. Definir al golpe de Estado como un cambio en el Gobierno para realizar un giro brusco de la política, aunque sea legal, supone abaratar mucho el concepto.

Los intentos de sustituir los Gobiernos federales solo se pueden entender como golpes de Estado si definimos el golpe de Estado como una medida drástica de rectificación del camino emprendido por el Ejecutivo, y nos desentendemos de si ese cambio fue legal. Cuando los radicales de la Asamblea Nacional intentaron ejercer la facultad que les confería el acuerdo parlamentario del 11 de febrero, los federales lo interpretaron como el fin de su revolución. En su mentalidad, toda maniobra parlamentaria para detener «el curso de la Historia» y truncar La Federal como aspiración popular era un golpe de Estado. No hay que olvidar que consideraban la legitimidad del objetivo por encima de la legalidad. Por tanto, negar esa supuesta legitimidad acogiéndose a la legalidad —al acuerdo del 11 de febrero— solo podía ser un golpe de Estado.

El carácter violento de los defensores de La Federal obligó a los radicales a tomar precauciones de orden público para reforzar sus decisiones legales entre febrero y abril de 1873. Máxime si Pi y Margall había ordenado el reparto de armas entre los voluntarios federales, lo que hizo que el Estado perdiera el monopolio de la fuerza. Esta situación empujó a los radicales a buscar un apoyo militar que asegurase el cumplimiento de su decisión legal, como hicieron el presidente de la Asamblea el 24 de febrero y el 8 de marzo, o la Comisión Permanente el 23 de abril de 1873.

La historiografía al uso ha copiado las expresiones de la prensa y la bibliografía republicanas de la época sin una reflexión sobre los conceptos. Así, los intentos legales para cambiar el Gobierno federal se han considerado golpes de Estado, pero en puridad solo hubo dos atentados a la legalidad, como diría Kelsen: el de Pi y Margall de 23 de abril de 1873 y el de Pavía de 3 de enero de 1874. En esta obra voy a mantener la percepción republicana de la política para que se comprenda bien su mentalidad, aunque en puridad no fueron golpes de Estado.

Una de las constantes de 1873 fue que existía una conspiración, incluso varias, cuando se producía un cambio o una crisis de Gobierno. La idea era dar un golpe aprovechando el momento de la transferencia de poder, cuando uno lo dejaba y otro no lo había tomado todavía. Era una situación de debilidad propicia para los aventureros. La costumbre se inició el 11 de febrero y se mantuvo durante casi un año, hasta el 3 de enero de 1874. Era una demostración de que no había convicciones democráticas, solo revolucionarias, y mucha ambición para la prosperidad personal, no del país.

La primera ocasión tuvo lugar a los trece días de constituirse el primer Gobierno de la República. Para el 24 de febrero se prepararon dos golpes de Estado, uno imaginario, el que suponía el cambio legal del Gobierno, y otro real, el de la toma del poder por los federales intransigentes de forma ilegal. Martos, presidente de la Asamblea Nacional, quiso aprovechar la crisis de Gobierno abierta por la cuestión de los gobernadores civiles para ejercer el acuerdo del 11 de febrero. Una vez volviera el poder a las Cortes para resolver dicha crisis, usaría la mayoría radical para la formación de un Gobierno de partido, devolviendo a los federales a la oposición. El movimiento debía contar con apoyo militar, por lo que sumó al general Moriones, al que quería como capitán general de Castilla la Nueva para controlar Madrid. Sabían que aquella solución, que dejaba fuera a los federales, supondría el uso de la fuerza para reprimir alzamientos en algunos lugares. No en vano, como ya se vio, a la proclamación de la República le siguió una oleada de violencia sangrienta en algunas localidades. Martos quiso orquestar el cambio con discreción, porque tomar posiciones —adelantarse a los federales— era la mejor manera de afrontarlo con éxito. La maniobra de Martos con Moriones estaba extendida en el Ejército del Norte, con militares como Fernando Primo de Rivera, pero carecía de más apoyos.

El golpe de Estado fue el que prepararon los federales intransigentes, que estaban dispuestos a tomar el poder si los radicales se imponían a los republicanos en la Asamblea. Esta fue otra constante en 1873: la amenaza de los federales de levantarse en armas si los radicales formaban Gobierno o asumían el poder. Este desprecio por el adversario muestra una vez más su concepción de la República como una revolución de partido y, por tanto, alejada de cualquier fórmula democrática. El plan de los federales intransigentes era nombrar al general Nouvilas como dictador revolucionario. Pi y Margall, siempre hábil para detener los movimientos del Partido Radical, desarticuló la maniobra de Martos, pero dejó hacer a Nouvilas, a pesar de que las intenciones de los intransigentes eran ostensibles³⁸.

La crisis de Gobierno había sido provocada por Fernández de Córdova³⁹. La indisciplina en el Ejército se convirtió en un problema muy grave en plena guerra civil, a lo que se sumó que el 17 de febrero se presentara una proposición para la abolición de las quintas y su sustitución por un ejército profesional y la milicia ciudadana. Además, se retiró la obligación de los militares de jurar el acatamiento de la ley. El carlismo había aumentado su fuerza en las provincias vascas y en Cataluña, y los militares conspiraban en todos los sentidos y eran incontrolables para el Gobierno. Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, no imponía disciplina, y así se lo hizo saber la Asamblea Nacional, pero el ministro lo tomó como una censura y abandonó sus tareas. Dejó el Ministerio y se alojó en un hotel⁴⁰ —solía ser habitual entre los que dejaban los cargos gubernamentales— y no acudió a las sesiones parlamentarias de control.

Figuerola manifestó en la Asamblea Nacional que Fernández de Córdova había dado licencia a los soldados, que en Madrid eran «incompatibles con la disciplina», cuando la «disciplina en el Ejército es hoy la primera necesidad de la República»; y en Barcelona se había permitido que un batallón desobedeciera y se pusiera a las órdenes de la Diputación Provincial. Es más; se había concedido el mando de Cataluña a un general caracterizado por su desobediencia: Contreras. Sin orden, dijo, ocurriría en España lo mismo que en Francia el 2 de diciembre de 1851: la dictadura, porque la gente sentía la necesidad de paz. Por eso era necesario saber «los límites» de la «República demagógica». La demagogia, sentenció, era el «vicio inherente» de las repúblicas. Castelar contestó en nombre del Gobierno que el orden era la prioridad, y que Contreras le había dado su palabra de «sostener el Gobierno y la autoridad de la Asamblea en Cataluña», que era un «cumplido caballero que se dejará matar por cumplir su honradísima palabra»⁴¹. La realidad es que faltó a su promesa porque Contreras no dejó de conspirar y luego encabezó el levantamiento de Cartagena contra la República. Incluso el Gobierno supo que estaba preparando un golpe de Estado en Madrid y, para quitárselo de en medio, o calmarlo, le dio la Capitanía General de Cataluña⁴².

Moriones, jefe del Ejército del Norte, estaba comprometido con Martos. Su propósito era impedir que la República quedara en manos de los federales. Esto llegó a conocimiento del Gobierno y los ministros federales pidieron cambios en los mandos militares. El resultado fue que Fernández de Córdova ordenó el relevo de Moriones, que estaba en campaña y no llegó a Vitoria hasta el 14 de febrero. Allí le esperaba el general Pavía, también radical, con la orden de relevo. En mitad del encuentro, Moriones recibió una nota del general Fernando Primo de Rivera, firmada por «muchos de los jefes y oficiales comprometidos», presentes en el mismo cuartel, recordando su compromiso. Morayta escribió que Moriones echó en falta algunas firmas y decidió obedecer a Pavía, quien «no se dio por entendido de nada y echó al manto del olvido» todo aquello⁴³.

Moriones marchó entonces a Madrid. Era el militar preferido por Martos; había conseguido un acta de diputado en las elecciones de septiembre de 1872, pero no había tomado posesión de ella por encontrarse en la guerra del Norte. Llegó a Madrid después de que Pavía asumiera el mando del Ejército y tomó la palabra en la Asamblea Nacional el 19 de febrero. Los informes que tenía Fernández de Córdova sobre Moriones lo describían como desafecto al federalismo, pero inactivo⁴⁴. Lo primero que hizo fue adherirse a la proposición de Pi y Margall proclamando la República y, a continuación, explicó que no se enteró de la renuncia del rey Amadeo hasta que llegó a Vitoria el 14 de febrero. Ahí quedó el asunto, aunque Moriones se instaló en Madrid, disponible para cualquier mando.

El 23 de febrero se planteó la crisis de Gobierno. Tan solo habían transcurrido doce días desde su nombramiento. Los ministros radicales manifestaron en el Consejo de Ministros, al que asistía Martos⁴⁵, que el federalismo era una fórmula indeseable por indefinida e inadecuada, que solo traería perturbaciones y distancia entre los partidos liberales. Planteaban, así, una crisis de Gabinete que debía resolver la Asamblea.

Ese mismo día, la mayoría radical y la minoría republicana se reunieron por separado. Cada parte nombró una comisión para la negociación de los cambios. La radical estaba compuesta por Figuerola, Sardoal, Saulate, Moncasi, Romero Girón, Ramos Calderón y Martos, y la republicana por Cervera, Chao, Sorní, Fernando González, Garrido y Díaz Quintero. No llegaron a ningún acuerdo⁴⁶. Los republicanos sostuvieron que querían un Ejecutivo homogéneo propio. Pi y Margall contó años después que la coalición no era eficaz para gobernar con la rapidez que requería el establecimiento de la República. «Perdíamos el tiempo en cuestiones frívolas, pasábamos a veces horas discutiendo si a tal o cual provincia habíamos de mandar un gobernador federal o un gobernador progresista», dijo en 1891 ⁴⁷. Los federales estaban interesados en aprovechar el momento revolucionario, no en asentar firmemente las bases de una República democrática y liberal. Los radicales propusieron entonces que Rivero presidiera un Gobierno de mayoría radical, con Figuerola, Sardoal, Becerra y Acosta, y vetaron al general Nouvilas, federal intransigente, como ministro de la Guerra⁴⁸. No hubo acuerdo. Los radicales, frustrados, siguieron adelante con la crisis de Gabinete y quisieron que se resolviera en la Asamblea Nacional, donde eran mayoría.

La decisión estaba tomada. La Asamblea iba a censurar al Gobierno de coalición, haría una crisis y nombraría ministros radicales. Para apoyar esta decisión legal, Martos escribió un borrador de decreto que decía: «El presidente de la Asamblea, en vista de que el poder ejecutivo ha presentado la dimisión y le ha sido aceptada por la Asamblea, nombra al representante de la nación don Domingo Moriones», capitán general de Castilla la Nueva, «como única autoridad militar superior»⁴⁹. En la madrugada del 24 de febrero, Martos atribuyó también a Moriones el cargo de ministro de la Guerra, en detrimento de Fernández de Córdova, un personaje que nunca dio la cara⁵⁰. El Ministerio de la Gobernación fue tomado por 400 guardias civiles y el Palacio del Congreso, ocupado por dos batallones de línea mandados por Moriones en traje de campaña⁵¹. Además, se colocaron tropas de Infantería y Caballería en las inmediaciones, en las alcaldías de barrio, en el Banco de España y en otros puntos.

No era descartable un alzamiento de la milicia republicana toda vez que el mismo día 23, el brigadier Carmona, encabezando a los oficiales de los voluntarios federales, se presentó en las Cortes para asegurar su lealtad a la Asamblea, porque sabía que se había orquestado un golpe federal encabezado por Nouvilas. De hecho, una parte de la milicia republicana de Madrid había dirigido el 23 de febrero un mensaje a Figueras asegurando su apoyo para sostener su Gobierno frente a la Asamblea⁵². Martos dijo a esos oficiales de la milicia que estuvieran atentos porque habían salido conmilitones suyos con armas para «intimidar a la Asamblea», en referencia a los intransigentes⁵³.

Pi y Margall se encontró a la Guardia Civil en su ministerio. Marchó entonces al Palacio del Congreso, donde vio a las tropas de Moriones. Subió al despacho de Martos, que se hallaba con «todos los demás ministros», y calificó de «alevosa y traidora su conducta». Martos culpó a Fernández de Córdova, que, entrando en ese momento en el despacho, desmintió el hecho. Entonces irrumpió en la sala un diputado y enseñó la orden de Martos que nombraba a Moriones general en jefe de Castilla la Nueva. Para salvar su situación personal, Martos se comprometió a que esa misma tarde la Asamblea Nacional eligiera un Gobierno republicano homogéneo, en el que los radicales serían sustituidos por Chao, Tutau y Sorní. También se acordó nombrar al general Nouvilas como jefe del Ejército del Norte, y que Pavía volviera a Madrid como capitán general.

Con este acuerdo se abrió la sesión de Cortes del 24 de febrero a las cuatro y cuarto de la tarde⁵⁴. Quedó pendiente la disolución de la Asamblea Nacional, cuestión a la que no cedían los radicales porque querían seguir controlando la institución en la que estaba depositada la soberanía nacional y que podía destituir al Gobierno⁵⁵. Los radicales estaban dispuestos a ceder ante la formación de un Ejecutivo republicano homogéneo, ya que tendrían el poder para destituirlo cuando quisieran.

Figueras devolvió los poderes a la Asamblea Nacional, explicando que la situación exigía un Gobierno monocolor que actuara con celeridad. Pero mientras esto sucedía, la tensión en las calles de Madrid era palpable. «Las masas federales —escribió Morayta en referencia a los intransigentes—, entonces armadas por formar parte de la Milicia Nacional, echáronse a la calle, evidenciándose así que Martos no triunfaría sin efusión de sangre»⁵⁶. Martos, acobardado, tomó la palabra para advertir que, si los radicales formaban un Ejecutivo en solitario aprovechando la mayoría en la Asamblea, habría «una batalla en Madrid esta misma noche». Afirmó que los radicales no podían estar en el Gobierno porque supondría el levantamiento armado de los federales.

La amenaza era clara. Martos no quiso enfrentarse y se concentró en mantener el poder de la Asamblea Nacional. Anunció la fecha de las elecciones, el 31 de marzo, y de la reunión de las Cortes Constituyentes, el 20 abril —fechas que no se cumplieron—, y sobre todo que habría una Comisión Permanente. Esta institución sería el único poder que quedase en manos del Partido Radical, siempre con la esperanza de controlar el Ejecutivo federal y de recuperar la soberanía, si hiciera falta, para otorgarle sus facultades al presidente de la Asamblea. Fue una transacción que disgustó a los radicales, que criticaron duramente a Martos tras suspender la sesión, hablando en los pasillos de «traición y cobardía»⁵⁷.

Tras un receso de 45 minutos, Martos y Becerra jugaron su última carta: concentrar el poder ejecutivo en el presidente de la Asamblea Nacional aprovechando la dimisión del Gobierno. Martos ordenó a Moriones, que no había sido cesado como capitán general de Castilla la Nueva, que enviase a varios generales y jefes a los cuarteles de Madrid para ponerse al frente de la tropa. Destituyó a oficiales republicanos del Cuerpo de Artillería y del Cuerpo de Cazadores de Segorbe y Ciudad Rodrigo. A continuación, colocó tropa para vigilar los cuarteles de San Gil y Docks, y recorrió las principales calles de Madrid al frente de una columna⁵⁸.

Mientras, en la Asamblea, Manuel Becerra presentó una proposición para investir a Martos, su presidente, con las facultades del Ejecutivo. Figueras se revolvió y dijo que aquello era un «fantasma de dictadura» que supondría el levantamiento en provincias. Pero la proposición de Becerra fue aprobada y Martos, ejerciendo su «dictadura», nombró como Gobierno interino al saliente. Figueras se negó y subió a la Presidencia para hablar con Martos. En medio de la discusión, Castelar tomó asiento en el banco azul y lo siguió el resto de ministros, incluido Figueras. La condición fue que, a continuación, casi de forma inmediata, se eligiera el Ejecutivo homogéneo de los republicanos⁵⁹. Solo votaron 245 diputados. Un grupo de 45 radicales se empeñaron en sostener a sus ministros, a Echegaray, Beránger, Becerra, Francisco Salmerón, e incluso a Moriones, que obtuvo 78 votos. Fueron elegidos Figueras (Presidencia), Castelar (Estado), Pi y Margall (Gobernación), Tutau (Hacienda), Nicolás Salmerón (Gracia y Justicia), Chao (Fomento), Sorní (Ultramar), Acosta (Guerra) y Oreiro (Marina). Figueras dijo que con aquellos nombramientos y el apoyo de la Asamblea cerrarían «la época de las conspiraciones en este país»⁶⁰.

Los federales intransigentes, capitaneados por Nouvilas, capitán general de Madrid, tenían preparado un golpe de Estado para el 24 de febrero⁶¹. El plan era levantarse en armas desde varios puntos de Madrid, con epicentro en la Plaza de Antón Martín, la Plaza del Progreso y la calle Atocha, en el caso de que no se nombrara un Gobierno republicano homogéneo. Llevaban reunidos días y estaban preparados para «formar barricadas»⁶². Fue el propio general Nouvilas quien avisó a los intransigentes de la resolución favorable a sus intereses. Salió del Congreso a las cinco de la tarde, después de que Martos anunciara que los radicales renunciaban al Gobierno a causa de la amenaza y diera las fechas de las elecciones. Nouvilas se encontró primero con la multitud intransigente que estaba en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso, y dio la noticia: no habría Gobierno radical. De ahí marchó a la Plaza de Antón Martín, donde estaban los intransigentes con armas y «la bandera morada», para comunicarles que ya no hacía falta ninguna violencia ni intimidación⁶³. Desde su nombramiento como capitán general, y por orden del Gobierno, Nouvilas había repartido armas entre los voluntarios republicanos⁶⁴. Dos meses después de aquel episodio, Figueras nombró a Nouvilas ministro de la Guerra.

Consecuencia de esta crisis fue la destitución del gobernador civil de Madrid y el nombramiento en su lugar de Nicolás Estévanez⁶⁵, un federal que había estado en armas contra la monarquía democrática hasta hacía bien poco. Martos presentó la dimisión de su cargo como presidente de la Asamblea el 10 de marzo⁶⁶, el mismo día en que Figueras salió de Madrid rumbo a Barcelona para detener la declaración del Estado catalán. La prensa publicó los nombres del «ministerio que pensaba regalar al país el Partido Radical (q.e.p.d.): marqués de Sardoal, para Estado; Echegaray, para Hacienda; Moriones o Izquierdo, Guerra; Becerra, Gobernación; Salmerón (don Francisco), Gracia y Justicia; Romero Girón, Fomento; Suárez, Marina, y Mosquera, Ultramar»⁶⁷.

No se trataba de un Gobierno «reaccionario»; simplemente era contrario al federalismo, fruto de una maniobra legal: la votación de la Asamblea en función del acuerdo del 11 de febrero. La federación no era una obligación legal, sino una posibilidad. De hecho, aquel día la Asamblea votó la República sin adjetivo y a propuesta de Pi y Margall, no La Federal. Por tanto, no fue un golpe de Estado radical, sino un intento de rectificación de la decisión de formar Gobierno con los federales, que eran los únicos que querían La Federal y, aún peor, que ni siquiera sabían exactamente cómo estructurar la federación, lo que quedó patente cuando Pi y Margall desdijo el pactismo de abajo arriba por uno dirigido desde las Cortes.

Los radicales habían hecho caer la monarquía democrática de Amadeo para levantar una República que no podían controlar con una mayoría en la Asamblea, ni con el Gobierno, ni recurriendo al apoyo militar. El poder y la ventaja moral quedaron en manos de los federales. Esa fue la obra de un Cristino Martos que usó a Ruiz Zorrilla para luego apartarlo, que despachó a Rivero y despreció a los conservadores, y que, por último, quiso traicionar el acuerdo con Figueras y echar a los federales del Gobierno.

6

EL ESTADO CATALÁN

LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA ASUME EL PODER

El mesianismo político de los federales quedó al descubierto por primera vez en Cataluña. El relato utópico creado en torno a la República, a la inevitabilidad de su advenimiento, a constituir la única fórmula de convivencia pesara a quien pesase, ordenaba el proceder de los federales. En su proyecto había más de dictadura revolucionaria —al estilo de Blanqui—, resultado de un golpe de Estado, de la fuerza, con el matrimonio de conveniencia entre republicanos y socialistas, que de una democracia basada en el respeto a la libertad. Su concepto de democracia era el gobierno para el pueblo, pero no necesariamente salido del pueblo, de las urnas o de la representación.

La asunción de la supuesta voluntad popular y su visión mesiánica y romántica de la política solo podían sostenerse a través de la coacción, ya que suponía el apartamiento de los que pensaban diferente. Esa dictadura revolucionaria —como ha ocurrido en toda la historia contemporánea— buscaba la legitimidad en las intenciones; es decir, la justicia social y la armonía, el fin de la Historia concebida como conflicto de ideas e intereses, el establecimiento de la utopía como ejercicio de la voluntad política de los que se atribuían la voz del pueblo. Estos planteamientos fueron utilizados por los republicanos entre 1868 y 1873, pero, llegados al poder, sus dirigentes se demostraron inútiles para el gobierno. Ese fue el gran conflicto entre gubernamentales e intransigentes, un conflicto marcado por el realismo político y por la posibilidad de instaurar la República o de seguir la senda del caos. Y la primera muestra tuvo lugar en Barcelona.

Entre el 12 de febrero y el 9 de marzo, día de la declaración oficial de la República federal, Barcelona se convirtió en un lugar muy complicado, como el resto del país. Miguel González Sugrañes, republicano de orden elegido alcalde de Barcelona el 24 de agosto de 1873 y depuesto el 6 de enero de 1874, dejó escrito el mejor testimonio de cómo se vivió aquel periodo en la ciudad catalana. A su entender, había entonces en Barcelona tres fracciones de su partido: la «derecha», con hombres de orden que apoyaban al Gobierno; la «izquierda», con federales intransigentes, revolucionarios que causaron «no escasos conflictos y atropellos», y la tercera fracción, la «extrema izquierda», que era una «extraña congerie», «perturbadores sin ideales», cuyo dogma era la violencia con el pretexto de la República. Cada grupo, escribió González Sugrañes, actuó por su cuenta¹. La diferencia entre los republicanos de orden y los federales intransigentes era la forma de constituir La Federal. Los primeros defendían el acuerdo entre los grandes partidos en las Cortes, seguir un proceso constituyente similar al de 1869 y plasmarlo en una Constitución; a partir de ese momento, y no antes, se establecería La Federal. El resto quería establecerla tal y como había defendido el republicanismo desde 1868: con un proceso de abajo arriba basado en el pacto entre cantones.

Uno de los federales intransigentes más señalados, Valentín Almirall, marchó desde Barcelona hacia la capital de España a principios de marzo, para publicar el diario El Estado Catalán. En su prospecto denunciaba que Madrid «ha tenido y tiene la pretensión de ser España toda», y que no atendía a lo que estaba pasando en Andalucía y Cataluña. «Madrid se ha impuesto siempre, y Madrid se hace la ilusión de que continuará imponiéndose», escribía Almirall refiriéndose a Madrid como el lugar donde residían las instituciones que componían hombres venidos de todas las partes del país. De hecho, el Gobierno estaba presidido por un catalán, Figueras, y dos de sus hombres fuertes provenían de Cataluña: Pi y Margall y Tutau. Sin embargo, estos tres, escribía Almirall, no podían sustraerse a la «atmósfera que en Madrid se respira». Si no se proclamaba ya La Federal era por mantener el orden en la capital, no por la excitación en provincias, donde las instituciones, el pueblo y el Ejército iban juntos para la proclamación de la federación republicana. Esa era la «salvación de España» en un «periodo revolucionario». Los dirigentes políticos, en referencia a los ministros, debían entender que «se trata de España, no de Madrid»². También es cierto que Almirall confundía Barcelona y algunas capitales andaluzas con España, y a los federales con la totalidad del pueblo español. Pero ese es otro cantar.

Los intransigentes habían creído en el paradigma pimargalliano: la construcción de abajo arriba, y la proclamación del cantón por la fuerza con el apoyo del obrerismo, como en la Comuna, con el apoyo del obrerismo. Una vez establecida la soberanía del cantón y, por tanto, cumplidas las promesas de la utopía federal en cuanto a la participación popular, las medidas de justicia social o asuntos tan tangibles como la abolición del ejército y de las quintas, de los impuestos o de la burocracia, se podría plantear la federación española. Los intransigentes, por tanto, hablaban de partir de un momento revolucionario, violento, de la toma del poder en la localidad a partir del cual sentarse a hablar de igual a igual con el resto de cantones españoles³. Fueron los federales que pensaban así los que se hicieron con el poder en Barcelona entre febrero y marzo.

La edición de la tarde del 11 de febrero del diario barcelonés La Linterna dio la noticia: Amadeo I había renunciado a la Corona. El Ayuntamiento de Barcelona y los Voluntarios de la Libertad estaban en manos de los radicales. En cuanto se conoció la renuncia de Amadeo, los intransigentes asaltaron el consistorio, exigieron su sustitución por una junta revolucionaria y pidieron armas, que les fueron entregadas.

Francisco de P. Rius y Taulet, presidente del Ayuntamiento, dimitió por «falta de salud» y le siguieron todos los tenientes de alcalde y los concejales por el mismo motivo. Ante el vacío de poder, la minoría republicana ocupó los cargos, y Narciso Buxó y Prats se convirtió en alcalde de la ciudad. El resto de cargos, hasta 16, fueron nombrados por la Diputación Provincial entre los afiliados al «club de los federalistas», que era intransigente. El procedimiento no fue democrático. Además, estos quisieron echar a los radicales que quedaban en el consistorio.

El nuevo equipo situó grupos de gente armada para custodiar el edificio consistorial y colocó en su fachada la bandera catalana y la federal de Cataluña —roja con un triángulo blanco en el centro—. En la Plaza de San Jaime taparon la placa de la Constitución y pusieron unos lienzos con lemas como «Municipios autónomos», «Estados soberanos-federados», «República democrática federal», «Viva la Federación española!»⁴.

El palacio de la Diputación Provincial fue tomado también por intransigentes, que intentaron desarmar a la guardia que la custodiaba: los «Francos de Cataluña», llamados «cipayos». Al ser imposible, la Diputación pidió a Gaminde, todavía capitán general de Cataluña, que los sustituyera. Eso hizo, y una guardia armada de intransigentes pasó a custodiar el edificio. La cesión constante de Gaminde a las demandas de los federales destruyó su autoridad y aumentó la indisciplina de los soldados. No creían que Gaminde y los oficiales fueran leales a la nueva situación, porque no habían mostrado «el mayor entusiasmo por la República». Gaminde no contestaba a los telegramas que le mandaba Fernández de Córdova, ministro de la Guerra⁵, y se sospechaba, escribió Pi y Margall, que estaba conspirando. No obstante, había publicado dos manifiestos el 11 de febrero: uno dirigido a los soldados y otro a los catalanes. En ambos apelaba al orden y a la resolución de las Cortes, pero no hablaba ni de república ni de monarquía⁶. En esta circunstancia, los federales consideraron que era preferible alimentar la indisciplina de los soldados y transferir el poder a la Diputación. Los diputados provinciales recorrieron los cuarteles para arengar a los soldados contra sus jefes y comprometieron a los sargentos para un próximo acto de fuerza. Esto rompió la mano militar del Gobierno en Barcelona, la autoridad quedó «sin prestigio» y la Diputación, como escribió Pi, «quedó desde entonces dueña de la situación»⁷.

La Diputación se constituyó en sesión permanente y organizó una milicia propia de 1.600 hombres para guardar los edificios públicos y una comisión de armamento. Además, eligió a las personas que ocuparían las vacantes en el Ayuntamiento, pidió el desarme de los voluntarios monárquicos de algunos pueblos de la provincia y realizó varios cambios para imponer la simbología y el lenguaje federal, como se había hecho en Francia: se sustituyó el tratamiento de «señor» por el de «ciudadano» y tomó el nombre de «Diputación Popular de la Provincia de Barcelona».

En la sesión matutina del 12 de febrero, un síndico de la Diputación, Carreras, intransigente, propuso que el organismo declarase el «Estado Republicano Federal de Barcelona» dentro de la «Federación Republicana de España». Carreras pensaba que, si Pi, Figueras y Castelar no impulsaban la creación de La Federal como habían predicado desde 1868, de abajo arriba, como un acto revolucionario, era porque «Madrid és una ciutat monàrquica»⁸. Lo mismo que había señalado Almirall, como ya vimos. La propuesta de Carreras no salió adelante porque intervino Sunyer i Capdevila, pimargalliano, y consiguió que la Diputación aceptara la autoridad de la Asamblea Nacional y del Gobierno⁹.

La situación barcelonesa llegó al Ministerio de la Gobernación y Pi y Margall, su titular, decidió parar el proceso. El objetivo era impedir que los federales intransigentes, cantonales, lo dirigieran, ya que en un manifiesto habían declarado que solo aceptarían La Federal y que esta decisión se elevaría «al conocimiento de las autoridades constituidas»¹⁰. Era una amenaza que obligaba al enfrentamiento, porque satisfacer a los intransigentes suponía vulnerar la legalidad, romper el acuerdo con los radicales y despreciar las urnas, el ejercicio de la democracia, la representación y la pluralidad. Pi comenzó entonces su «guerra telegráfica», de la que quedó muy satisfecho, pero que no sirvió para detener la ofensiva contra la legalidad y el Gobierno de la República. El 13 de febrero envió un telegrama a Eduardo de la Loma, gobernador civil, por el que le ordenaba que impidiera la formación de juntas revolucionarias y comunicara a todos que la única legalidad estaba en la Asamblea Nacional y en el Gobierno¹¹. La orden de Pi llegó tarde, porque la Diputación funcionó como una junta revolucionaria hasta mediados de marzo.

El 13 de febrero, a las dos de la tarde, los internacionalistas se concentraron en la Plaza de Cataluña. Se reunieron varios miles que pasaron por la Diputación, el Ayuntamiento y el Palacio de la Aduana, sede del gobierno civil, para entregar un manifiesto con peticiones. El texto decía que la monarquía había caído «quizá» por la «crítica situación de la Hacienda española», exigía que se armara al «pueblo trabajador» para luchar «contra la reacción» y pedía la licencia del ejército para que los soldados pudieran «ir a sostener las aspiraciones del proletariado en sus pueblos respectivos». Los internacionalistas coincidían con los federales intransigentes en el principio federativo basado en el municipio «como primer grupo natural» y en la disolución del Ejército, lo que no era casualidad, ya que era el instrumento para imponer el orden. Los internacionalistas apuntaron también reivindicaciones laborales, como la reducción de la jornada, el aumento de los salarios, la mejora de las condiciones higiénicas de trabajo o la prohibición del trabajo infantil. El manifiesto terminaba con el clásico «Salud y emancipación social»¹².

A todo esto, el capitán general de Cataluña, Gaminde, no reaccionaba. No solo carecía del apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación, sino que no podía esperar nada del Gobierno de España. La tropa estaba minada por los alborotadores federales y cantonales, y la indisciplina era manifiesta. Era un general radical que había visto cómo los radicales habían dimitido de sus cargos institucionales locales, cuando no fueron expulsados. Gaminde se sentía excluido de la situación política y no confiaba en el ministro de la Guerra. Pronto se corrió el falso rumor de que era alfonsino, con lo que se podría legitimar su persecución y muerte.

El 17 de febrero llegaron a Barcelona los presos republicanos de la Mola de Mahón, aunque ya habían sido liberados los que estaban en el castillo de Montjuïc. Fueron recibidos por comisiones de la Diputación, el Ayuntamiento, los comités y varios centros republicanos, y organizaron una marcha hasta la Plaza de San Jaime. Era normal que el general Gaminde tuviera miedo. Desde finales de 1872 se había dedicado a combatir a los carlistas y a esos mismos federales que ahora habían excarcelado y eran homenajeados. Gaminde se había enfrentado a los clubes federales de Barcelona, que odiaban su política de represión, y ya durante el último ministerio de Amadeo I advirtió al ministro de la Guerra de que repartir armas a los federales no era buena idea ni tenía sentido. Al tiempo que el Gobierno los combatía porque se levantaban contra la legalidad, les armaba y pedía apoyo contra los carlistas. Era muy probable, escribió Gaminde entonces, que en el futuro hubiera que quitar las armas a los federales «a cañonazos»¹³.

La proclamación de la República alertó a Gaminde, ya que supuso que sus antiguos perseguidos se habían convertido en poder, de manera que intentó colocarse en la nueva situación. Ordenó pegar por toda la ciudad los dos manifiestos antes citados, acuarteló a la tropa y tomó algunos puntos estratégicos de la ciudad con infantería, caballería y artillería. González Sugrañes dijo que entonces no se sabía a qué obedecía tal despliegue, si era porque coincidía con la llegada de tres columnas de soldados, si era para impedir un golpe carlista o para evitar la resistencia a la legalidad¹⁴. Gaminde no hizo una manifestación expresa a favor de la República, sino de la legalidad, y esto hizo desconfiar a los federales, que acabaron acusando al general de preparar un pronunciamiento alfonsino.

No hay documentos que prueben esta circunstancia. Gaminde había sido ministro de la Guerra en el Gobierno de Sagasta de 1872 y siempre perteneció al Partido Constitucional. De hecho, en 1877 fue elegido senador por dicha agrupación en Vizcaya. Morayta escribió: «No era en verdad el general Gaminde alfonsino, pero tampoco republicano». Aquello del alfonsismo solo fue un rumor más entre los muchos que corrieron por Barcelona en aquellos días, como apuntó Conrad Roure, escritor y periodista republicano del momento¹⁵.

«Los telegramas expedidos al Gobierno solicitando el relevo del general (Gaminde) se sucedían con frecuencia, llevando igual encargo varias comisiones de diputados que fueron a Madrid», escribió González Sugrañes¹⁶, hasta que al final el 18 de febrero fue destituido junto al mariscal de campo Manuel Andía, y en sustitución se nombró a los generales Contreras y Lagunero. A partir del 18, en consecuencia, la indisciplina se adueñó de las tropas: no era posible aplicar la ordenanza militar ni usar al Ejército para impedir las decisiones de la Diputación contra la legalidad.

En la noche del 20 de febrero, Gaminde, sin esperar a su sustituto, abandonó Barcelona en el barco Lepanto. Temía por su vida; creía que los intransigentes se podían vengar de la represión que llevó a cabo por los levantamientos federales de 1869, por las quintas en abril de 1870 y el levantamiento de diciembre de 1872. Gaminde publicó su versión de los hechos en el periódico radical La República Democrática, de Madrid, con fecha de 4 de abril. En el texto acusaba a los federales de pasar por los cuarteles para sembrar la desobediencia entre los mandos y de correr el bulo de la conspiración alfonsina como excusa para hacerse con el poder a la fuerza. Gaminde señalaba a la Diputación y al Ayuntamiento como las instituciones autoras del levantamiento contra la Asamblea Nacional y el Gobierno¹⁷. La marcha de Gaminde, en el ambiente de Barcelona, fue interpretada como la maniobra de un alfonsino que iba a dar un golpe apoyado en el general Caballero de Rodas. Este rumor propalado por los federales aumentó la indisciplina. De hecho, según contó Valentín Almirall, algunos diputados y concejales se presentaron en los cuarteles y, «a trueque de hacer abortar la conspiración, fomentaron la indisciplina»¹⁸. Albert de Quintana, del Partido Conservador constitucional, escribió a Víctor Balaguer que el «movimiento alfonsino fue una farsa hija del miedo; carlistas y demagogos empujan esto y fomentan la deserción, sembrando el oro a manos llenas»¹⁹.

Andía, al frente de la Capitanía General, propuso a los jefes militares, según González Sugrañes, un «acto de rebeldía», aunque no dice cuál, al que se negaron. Lo demostrable es que Andía telegrafió al ministerio el 21 de febrero diciendo que, al ser pública la noticia de su relevo, «carezco de fuerza moral», por lo que entregaba el mando al general Barraquer y aconsejaba «la pronta llegada del general Contreras»²⁰. El texto no parece de un conspirador alfonsino. Al día siguiente, el 22, Andía, ante las reticencias de Barraquer a asumir la responsabilidad, ordenó que salieran de campaña los batallones de cazadores de La Habana y Cuba, que, según Pi y Margall, estaban ya en manos de los federales²¹. El primero se negó con la excusa de que se les alejaba de la ciudad para dar un golpe alfonsino. En un manifiesto, la Diputación y el Ayuntamiento acusaron a Andía de intentar un pronunciamiento alfonsino en Barcelona y tomaron el mando de las tropas²². Los cazadores de La Habana fueron a por Andía, que estaba en la Plaza de San Jaime, pero cuando llegaron el militar había huido.

La Diputación Provincial se adueñó de la situación, como si se tratara de un Gobierno a pequeña escala que había asumido todos los poderes. Las secciones de la Diputación, escribió González Sugrañes, semejaban cada una un «pequeño ministerio». Para demostrar su control de la situación, la Diputación ordenó que el 21 de febrero se organizara un desfile militar ante los palacios de la Diputación y del Ayuntamiento, en la Plaza de San Jaime, en el que participaron el Ejército, la Guardia Civil, la Marina y los milicianos. Era una muestra de obediencia a la Diputación²³. Muchos oficiales y soldados cambiaron el ros de ordenanza por la barretina.

Desde uno de los balcones de la Diputación, un grupo de federales intransigentes leyó un manifiesto en el que se solicitaba al Gobierno provincial la declaración de la «Convención del Estado Federal de Cataluña»; era el segundo intento después del efectuado el 12 de febrero. La propuesta de los intransigentes no era más que una rebelión contra la Asamblea Nacional y el Gobierno. Una vez más, fue Sunyer i Capdevila el que informó al ministro Pi y Margall para que tomara medidas²⁴. Los comités locales y el provincial del Partido Republicano, encabezado por José Tomás Salvany, exdiputado castelarino, publicaron un manifiesto asegurando que de las Cortes saldría una Constitución federal y pidiendo lealtad a las instituciones. «Ya que tenemos la seguridad del triunfo —decía—, hemos de huir de impaciencias estériles». Al día siguiente los intransigentes retiraron la propuesta.

Terminado el desfile del 21 de febrero, se permitió salir a los soldados por la ciudad. Tuvo lugar entonces un incidente que mostraría el grado de indisciplina militar que ya existía en Barcelona. Un oficial que paseaba frente al Teatro del Liceo fue increpado con el grito de «¡Abajo los galones!»²⁵. González Sugrañes, republicano gubernamental, escribió que la indisciplina se debió a que

… el soldado creyó de buena fe (o se lo hicieron creer) que el grito de República Federal era sinónimo de licencia absoluta y que, por tanto, no le alcanzaban ya los preceptos de la ordenanza²⁶.

La indisciplina se había asentado. El 22 de febrero, la tropa alojada en la Ciudadela se negó a salir de campaña. También se amotinaron las tropas de los cuarteles de los Campos Elíseos y el situado en el barrio de La Barceloneta. Los oficiales intentaron ocultar las municiones y las cajas (el dinero), pero conocida por «alguien» esta maniobra —escribió Conrad Roure—, corrió el rumor de que intentaban un pronunciamiento alfonsino. La tropa tomó los fusiles con bayoneta al grito de «¡Viva la República Federal!» y «¡Abajo los galones!». Una comisión de la Diputación acudió a la Ciudadela, donde encontró a los soldados dispuestos para la batalla. Para calmar la situación, los comisionados comunicaron a la tropa que quedaban bajo el mando de la Diputación, nombraron a los oficiales que quisieron y dejaron a un diputado provincial de comisario político. Lo mismo hicieron en los cuarteles de los Campos Elíseos y La Barceloneta²⁷.

Detrás del desorden estaban los diputados provinciales. Así lo decía el coronel Iriarte, nombrado por la Diputación como capitán general interino: habían soliviantado a los soldados contra los oficiales para ponerlos a sus órdenes, por lo que solo «a estos representantes obedecen ciegamente»²⁸. La situación era constitutiva de un auténtico golpe contra la legalidad. Por ello, tras la marcha de Gaminde, ningún oficial quiso encargarse del distrito militar. La tropa quedó en manos de los políticos de la Diputación, que nombraron al coronel Iriarte como capitán general interino de Cataluña. En aquellos días, según decía el alcalde Buxó, la mayor parte de las tropas destinadas a las cuatro provincias estaba en Barcelona²⁹. En consecuencia, si esos soldados estaban a las órdenes de la Diputación, una declaración cantonal de la provincia hubiera sido determinante. Nadie habría podido sofocarla.

A la Diputación solo le quedaban por tomar algunas plazas leales a la legalidad, como el castillo de Montjuïc. En la noche del domingo 23 de febrero, un día y a una hora sospechosa, una comisión compuesta por Pablo Pons y 25 hombres armados por la Diputación, los «guías», se presentó en dicho castillo. Llevaban un decreto de la Diputación diciendo que entregaran la fortaleza a Pons y a sus paisanos:

En atención a las circunstancias extraordinarias que se están atravesando, esta Diputación ha nombrado delegado suyo gobernador del Castillo de Montjuïc a don Pedro Pons, quien pasará a dicho fuerte con un refuerzo de 25 guías de la Diputación. Y se comunica a V. E. para los efectos convenientes y a fin de que se haga entrega a dicho señor Pons del referido Castillo de Montjuïc³⁰.

El castillo dependía del Ministerio de la Guerra y su situación fuera de la ciudad no implicaba nada para el mantenimiento del orden. Además, al día siguiente llegaría el general Contreras, nuevo capitán general de Cataluña. Se trataba de tomar el castillo por un interés político a espaldas del Gobierno, que solo podía ser la declaración del Estado catalán. La Diputación, según el informe del gobernador militar del Castillo de Montjuïc al Ministerio de la Guerra, «quizá obedecía a sus deseos de independencia del Estado catalán»³¹.

En la conspiración estaban involucrados algunos de los soldados del regimiento de Cádiz y unos artilleros, según el citado informe. La comisión se presentó ante la fortaleza y fue recibida por el general y sus oficiales, extrañados por el procedimiento, la nocturnidad, y que no hubiera notificación oficial del Gobierno de España. Se negaron a aceptar su relevo y telegrafiaron a Madrid y al capitán general interino de Cataluña, el general Iriarte. El grupo de soldados confabulados se sublevó y se presentó armado delante de los oficiales. La tensión aumentó con la división entre los soldados. Uno de los conspiradores, deseando provocar el enfrentamiento, dijo que «el hijo de uno de los comisionados era el expríncipe Alfonso». Fue una apelación a los rumores de conspiración alfonsina para provocar la violencia. El Ministerio de la Guerra respaldó al gobernador militar, que tuvo que aguantar aún un par de días.

Ferrer y Garcés, nuevo gobernador civil, llegó el 24 de febrero. Al día siguiente, después de que en Madrid fracasara el movimiento radical para cambiar al Gobierno, entraron los generales Contreras y Lagunero. Fueron recibidos en el puerto de Barcelona por todas las autoridades y un enorme gentío los acompañó en su paseo hasta la Diputación. Contreras salió al balcón para hablar a la concurrencia y prometió a los soldados que serían licenciados cuando vencieran a los carlistas, asunto este al que no podía comprometerse por su cuenta. Luego visitó los cuarteles para comprobar si se mantenía la disciplina y prohibió la barretina.

No era Contreras del agrado del Gobierno. Lo sacaron de Madrid por conspirador cantonal y no tuvieron otra ocurrencia que enviarlo a Barcelona. No se trataba de un general «de inteligencia y nervio», como escribió Pi y Margall, pero se pensó que al ser un federal intransigente conseguiría la simpatía de los soldados rebeldes en Cataluña³². Fue un error, según confesó poco después Pi, entonces ministro de la Gobernación. El general Contreras había estado en rebeldía desde 1871 por negarse a jurar lealtad a Amadeo de Saboya, lo que le dejó sin paga, y en 1872 levantó varias partidas federales sin éxito. Nada más proclamarse la República exigió que se le abonase todo lo atrasado. «No se movió de Madrid —escribió Morayta— hasta que el Gobierno no le sacó de sus más apremiantes apuros [económicos]»³³.

El 27 de febrero se rebelaron los artilleros de montaña, alterados por el coronel Maza y por Viralta, jefe del Tiro Nacional, un grupo de federales intransigentes. «Los soldados estaban en Cataluña completamente a merced de los comités republicanos», escribió Pi y Margall³⁴. Los cazadores de Alcolea se rebelaron en Lérida el 1 de marzo, según un cronista, y el batallón de Manila se insubordinó contra el coronel Cabrinetti y se negó a combatir³⁵. La indisciplina era tal que el 2 de marzo, al llegar la columna compuesta por el regimiento de Saboya, fuerzas de Extremadura, de Artillería de Montaña y una sección de Caballería, se decidió que no se quedara en Barcelona. Contreras pasó revista de las tropas y debió de entender que eran un peligro, quizá en sentido alfonsino, porque sustituyó a sus coroneles tras comprobar que faltaba buena parte de la oficialía. Al parecer, al paso de Contreras, los cornetas tocaron la Marcha Real.

Contreras salió de la ciudad el 4 de marzo con 2.500 hombres para combatir a los carlistas y, según dijo, consolidar la República³⁶. Aquello no tenía sentido militar. Dejó al general Lagunero al mando y no volvió a Barcelona hasta que llegó Figueras una semana después. Parecía que se quitaba de en medio ante la inminencia de un golpe de fuerza en la capital catalana. Contreras era un mal militar. Cuatro compañías de cazadores de Mérida que le acompañaban desertaron y se dedicaron a vagar por Cataluña sacando «dinero a los ayuntamientos, como los facciosos» carlistas. Maza, coronel de Artillería que llegó a Cataluña con Contreras, agitaba a la rebelión federal paseando «todo el día a caballo con una barretina encarnada»³⁷.

En el Archivo Militar de Madrid hay unas cartas personales entre el general José Lagunero y Juan Acosta, nuevo ministro de la Guerra. La primera corresponde al día anterior a la llegada de Figueras a Barcelona; esto es, al 10 de marzo. Lagunero cuenta que las decisiones de Contreras habían aumentado la indisciplina de la tropa porque dio ascensos a «los sargentos y cabos más insubordinados», a las personas que «han predicado a sus soldados el derecho de nombrar sus jefes y oficiales por sufragio» y que «predican La Federal, disolución del Ejército e independencia del Principado». Contreras se había ido «sin saber cuántas columnas hay en el distrito», dejando la guarnición de Barcelona «en el estado más triste y lastimoso de indisciplina». Se marchó diciendo «ahí queda eso».

Lagunero aseguraba que, si se oponía a la Diputación, «me hallaría Figueras al llegar muerto en las calles», a no ser que se fuera a combatir a los carlistas. Acosta contestó que aconsejara a Figueras medidas de fuerza, porque «su buen corazón lo hace a veces débil». Todo se había hecho mal, desde el «inicuo y cobarde proceder de Gaminde, Andía» y otros, a un Contreras, su sucesor, que estaba rodeado «por militares inútiles, desprestigiados». Acosta consideraba que el golpe en Cataluña y la indisciplina en el Ejército no se arreglaban «en pocas horas con bellos discursos ni patrióticos consejos» —en referencia a los telegramas de Pi y Margall y la visita de Figueras—, sino con la aplicación duradera de «enérgicas providencias». Acababa diciendo: «Desengáñate, Pepe —a José Lagunero—, el mal está hecho [...]. Toma si puedes el prestigio de la tropa y todo se arreglará»³⁸.

EL GOLPE DE ESTADO EN CATALUÑA

El «golpe» en Cataluña, definido así por Pi y Margall, se preparó antes del conflicto entre Martos, presidente de la Asamblea, y el Gobierno³⁹. Los conspiradores llevaron a Barcelona a gente de su confianza y almacenaron armas y barretinas en los depósitos de la Diputación y del Ayuntamiento⁴⁰. Por tanto, la proclamación del Estado catalán no fue la reacción al intento de Martos de echar a los ministros federales el 8 de marzo, sino que fue un plan preconcebido que usó como excusa la debilidad del Gobierno federal frente a la Asamblea Nacional dominada por los radicales. A esto añadieron una cuestión sorprendente: los riesgos que suponía la alteración callejera, una situación que los mismos diputados provinciales habían propiciado. De hecho, el golpe de los federales barceloneses del 9 de marzo fue el tercer intento después de los del 12 y 21 de febrero, tras minar la disciplina del Ejército.

A principios de marzo, los intransigentes aceleraron el proceso golpista en la Diputación. El día 2, el diputado Rafael Joaquim Penina presentó una propuesta de proclamación del Estado federal de la provincia de Barcelona, una convocatoria electoral antes del 28 de marzo y el licenciamiento de los soldados⁴¹. La excusa dada fue que temían que el Gobierno de Figueras sufriera una derrota parlamentaria y tuviera que dimitir, tal como afirmó el diputado provincial Carreras el 5 de marzo. Era una muestra de la poca convicción democrática de los federales: un traspiés legal y legítimo —como perder una votación parlamentaria— era motivo suficiente para proclamar unilateralmente el Estado federal de Barcelona. Era una nueva prueba de que la República federal no se concebía como una forma de Estado, sino como la revolución de un partido contra el resto de España. El proceso político solo era aceptable si el resultado era la victoria de La Federal. En caso contrario, si el poder caía en manos de los radicales, había que dar un golpe de Estado «para salvar la República», dijo Serracalara, diputado provincial intransigente⁴².

Baldomero Lostau, líder de los diputados intransigentes y jefe de la comisión militar de la Diputación, indicó al general Contreras que saliera de Barcelona, como así hizo a primeros de marzo junto a 2.500 hombres. A continuación, Lostau expidió unos pases para los cuarteles, pero se lo negó al general Lagunero, que no pudo entrar en Atarazanas y Ciudadela a pesar de ir acompañado de su Estado Mayor y ser el alto mando militar de Cataluña en ausencia de Contreras⁴³. Sin tropa en contra, el golpe resultaría más fácil. El movimiento sería sencillo, toda vez que el Ejército estaba en manos de los federales intransigentes y los internacionalistas se habían movilizado, esperando que se produjera en Barcelona la reedición de la Comuna de París. Los republicanos gubernamentales de la Diputación no resistirían la presión ni tendrían fuerzas armadas con las que reaccionar. Lo poco que quedaba de lealtad en el Ejército sería anulado con su abolición, tal y como pensaba decretar la Diputación el 9 de marzo.

La ocasión para el golpe, como se dijo, fue la noticia del 6 de marzo: el choque de los radicales de la Asamblea con los ministros federales. La Independencia, el diario federal más importante de Barcelona, publicó un editorial afirmando que «la actual Asamblea no puede ya subsistir» porque los radicales no eran verdaderos republicanos. A continuación, dicho periódico dio la noticia de que el Gobierno federal había caído, aunque no era cierto. El corresponsal del madrileño La España Federal escribió que ese 6 de marzo corrió por Barcelona la noticia de que el Gobierno había sido cesado, por lo que cerraron fábricas, la calle se llenó de gente alborotada y «los voluntarios armados se han presentado a la Diputación». Incluso llegó la noticia de que los radicales habían dado un golpe de Estado con Cristino Martos y el general Moriones.

Con tales noticias falsas, todos corrieron a declarar el «Estado federal y hasta independiente de Madrid si triunfan los radicales». Si la Asamblea radical se imponía al Gobierno federal, «acudiríamos al último remedio», la revolución, escribió La Independencia⁴⁴. La Diputación Provincial también acordó declarar el Estado catalán, si triunfaban los radicales, aunque posteriormente consultó al Gobierno sobre tal situación para certificar la declaración de independencia⁴⁵. Figueras contestó a las 8:45 horas de la tarde que no era cierto que el Gobierno hubiera dimitido. Pi y Margall escribió al gobernador: «Calma completa, Gobierno firme, situación tranquila; tened confianza». Luis Carreras, diputado provincial intransigente, escribió un mes después que la «gran alarma» en la ciudad, inducida por los rumores y las noticias a medias, era una «excelente disposición para acabar con la interinidad y plantear desde luego el federalismo». Los intransigentes, concluyó, «se dispusieron a aprovecharlo»⁴⁶.

Dio igual que los ministros federales pidieran calma. El plan ya estaba hecho y lo iban a ejecutar. En la mañana del 7 de marzo, la Diputación de Barcelona, junto a representantes de Tarragona, Lérida y Gerona, acordaron constituirse en Estado federal, si la Asamblea radical se resistía a disolverse. Incluso decidieron las personas que constituirían el poder ejecutivo del Estado catalán. Lostau propuso que, si el Gobierno era derrotado por la Asamblea radical, «se disolviese la Diputación, formando una dictadura provincial revolucionaria» con dos diputados provinciales y uno por cada fracción federal de la ciudad: «la transigente, la intransigente y la socialista», elegidos por los dos diputados. Esos dos fueron Lostau y Suñer, pero la socialista, como aseguró Luis Carreras, allí presente, se negó a tener representación⁴⁷.

En la sesión del 8 de marzo los intransigentes de la Diputación consiguieron que se ratificara el acuerdo del día anterior: si los radicales tomaban el poder, se declararía el Estado catalán con un directorio dictatorial⁴⁸. La alteración callejera que habían propiciado desde tiempo atrás era un instrumento para presionar a la Asamblea Nacional. Ese mismo 8 de marzo, la Diputación envió un telegrama a Martos y a Figueras comunicando que habían acordado solicitar la «disolución inmediata de la Asamblea como único medio de calmar la agitación pública y evitar ulteriores consecuencias»⁴⁹. Era, además de una amenaza en toda regla, la demostración de que la agitación y el desorden en Barcelona tenían el objetivo de forzar a la Asamblea Nacional para que todo el poder quedara en los federales.

Lostau, líder del golpismo, presidió una comisión de guerra que quiso organizar su propio ejército —con 30.000 hombres— y que propuso la disolución del ejército regular, hecho que ponía de manifiesto que ni Contreras ni Lagunero mandaban nada en el Ejército de Cataluña, sino que los soldados obedecían a la Diputación. El proceso parecía imparable. Los intransigentes contaban con la mayoría de la Diputación Provincial, parte de la milicia y de la tropa, y con el apoyo de los internacionalistas, mientras que los republicanos de orden carecían de poder y de autoridad, y solo contaban con un Gobierno federal que compartía el objetivo de los intransigentes: anular la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el asunto conllevaba un riesgo evidente: que los federales de Barcelona fueran consecuentes. A esas alturas, escribió Luis Carreras, los intransigentes querían proclamar el Estado catalán con una junta revolucionaria dictatorial, «aunque el ministerio venciese a los radicales». Ya no se acogían a la promesa gubernamental de unas Cortes que instituyeran La Federal, sino que se proponían «aprovechar la ocasión de establecer la verdadera federación», porque de las Constituyentes saldría «una mistificación federal»⁵⁰. Querían lo que Pi y Margall había predicado desde 1868: la construcción de abajo arriba de cantones que se unirían libremente.

A primeras horas del 9 de marzo se conoció en Barcelona que la Asamblea Nacional había aprobado la propuesta del radical Rafael Primo de Rivera de disolverse en un mes, como se verá más adelante. Fue entonces cuando los republicanos moderados comenzaron a trabajar contra la proclamación del Estado catalán⁵¹. Los intransigentes, en cambio, siguieron con su plan. Al comienzo de la sesión del 9 de marzo de la Diputación Provincial, ya de madrugada, se presentó allí una comisión de «oficiales de alta graduación». Tomaron asiento y dijeron que estaban preparados para «salvar la libertad y proclamar la República federal». Acababan de visitar los cuarteles, y la Artillería, la Caballería y la Infantería estaban preparadas para salir. Suñer indicó al militar, posiblemente el general Maza —según la crónica de González Sugrañes— que salieran de la sala porque los diputados provinciales estaban deliberando. Unas horas antes, una comisión de sargentos había acudido a la Diputación para confirmar que las tropas estaban a las órdenes de los diputados. Lostau aseguró que el golpe militar para proclamar el Estado catalán estaba en marcha⁵².

Al tiempo, llegaron al despacho del alcalde Buxó el gobernador civil, comisiones de la Diputaciones de las cuatro provincias catalanas, los concejales y comandantes de la milicia. Decidieron redactar un manifiesto, que no se publicó, en el que se entregaba la ciudad a los cantonales. González Sugrañes, presente en esa reunión, escribió que «la bandera o estandarte separatista estaba de cuerpo presente en aquel lugar, para izarlo al día siguiente en el balcón de las Casas Consistoriales»⁵³. A continuación, una comisión municipal marchó a la Diputación, donde había reunidos solo 13 de los más de 30 diputados. Allí comunicó que sabía que «el Ejército iba a echarse a la calle» con el apoyo de la milicia y que el Ayuntamiento no iba a detenerlo. A las cuatro de la mañana, los diputados acordaron disolver la Diputación y formar la Junta del Estado catalán. Era la única manera, dijeron, de controlar el deseo de algún militar de proclamar una dictadura revolucionaria en Barcelona. Suñer cerró la sesión y convocó a todos a las diez de la mañana⁵⁴.

En torno a las cinco de la madrugada, Lostau, erigido en jefe del Estado catalán y de la comisión de guerra, comunicó que había impedido la reunión de las tropas en la Plaza de San Jaime bajo la promesa de «que se haría la revolución». A continuación reunió a los comandantes de la milicia para tomar los puntos estratégicos y nombró a los miembros de la junta revolucionaria, todos intransigentes. Serraclara era el otro hombre fuerte de la situación. A las seis de la mañana comunicaron al gobernador civil su plan y a las siete y media Lostau se lo contó al general Lagunero, que dijo que iba a dejar hacer a la junta y que no haría «armas contra el pueblo».

Figueras, Tutau y Pi y Margall decidieron entonces emprender la «derrota telegráfica» del golpe, en palabras de este último. Escribieron a los diputados provinciales diciendo que el proceso estaba controlado y que los radicales habían sido derrotados. Pi llamó al telégrafo a los republicanos importantes de la ciudad, pero solo acudieron Serraclara y José Fontanals Rumagosa, conocido como «Gabau», jefe de uno de los batallones de la Diputación⁵⁵. «No duden los federales que España será federal si las Constituyentes así lo acuerdan», les comunicó Pi. Figueras preguntó entonces si era conveniente su viaje a Barcelona, y eso que era el Presidente del Poder Ejecutivo de la República⁵⁶. Rubau Donadeu, diputado federal y socialista, quiso ayudar al Gobierno y envió a la Diputación Provincial un telegrama que se imprimió y colocó por las esquinas. El texto decía que habían vencido a los radicales y que los federales se preparasen para la lucha electoral:

Si se reúnen las Constituyentes sin haber pasado un periodo de trastornos, el triunfo de la República democrática federal y las reformas sociales están aseguradas. De otro modo la reacción es segura con el descrédito del Partido Republicano y de sus hombres más importantes⁵⁷.

Pi y Margall no se fiaba de sus correligionarios. Para evitar que el golpe cantonal se extendiera incomunicó Barcelona con el resto de España y alertó a los gobernadores de las provincias limítrofes y a los alcaldes de los alrededores de Barcelona⁵⁸. Al tiempo, los republicanos de orden visitaron los cuarteles para hablar con los sargentos, al objeto de que no se perturbara el orden. Lostau había impedido que el general Lagunero, la autoridad militar legítima, pasara a los cuarteles, de modo que los soldados solo respondían a los cargos políticos. Además, Lostau había indicado al general Contreras, el presunto capitán general de Cataluña, que abandonara Barcelona. En ese momento, el Gobierno de Figueras solo se podía apoyar en el comité del partido en Barcelona, que publicó un texto pidiendo calma, y otro en el mismo sentido firmado por trescientos republicanos conocidos. El peligro era la tropa en manos de los intransigentes.

Ese mismo día 9, los internacionalistas habían convocado una reunión en el Teatro Novedades. Desde allí marcharon a la Plaza de San Jaime con una bandera roja con los lemas «Confederación española», «¡Viva la democracia!», «¡Viva la federación!» y «Las clases trabajadoras la piden». La Diputación recibió a una comisión de los manifestantes y aceptó su petición de declarar el Estado catalán con el apoyo de los internacionalistas. Les entregaron un texto firmado que decía:

Vista la incertidumbre que reina en todas partes. Considerando que la federación ha de partir de abajo. Considerando que el aplazar lo que en la conciencia de todos está, es perder tiempo y dárselo a todos los enemigos para que puedan crear inconvenientes. Las clases obreras quieren la inmediata proclamación y planteamiento de la República democrática federal. El meeting se transforma en manifestación y va a exigírselo a la Diputación Provincial⁵⁹.

A esas horas de la mañana, con la inminente llegada de Figueras a Barcelona, tras derrotar a la Asamblea radical, y la promesa de establecer la próxima federación con las Cortes Constituyentes, los diputados provinciales recularon en su pretensión de proclamar unilateralmente el Estado catalán. Pusieron fin a la intentona golpista, pero el peligro continuaba. Luis Carreras, presente en la Diputación, escribió que los hombres de la junta golpista temían que un militar federal tomara el poder utilizando a la tropa. Ahí surgió la idea de licenciar inmediatamente al Ejército e impedir así «la dictadura de los aventureros militares» apoyados en los federales intransigentes. Acordaron transformarlo en voluntario para desarmar a los aventureros⁶⁰. Se referían al comandante Maza, que «de acuerdo con Viralta —famoso conspirador aquellos días en Barcelona— se propone proclamar la República federal y la independencia de Cataluña»⁶¹.

En plena deliberación entró la comisión internacionalista con sus peticiones. Lostau salió al balcón de la Diputación y arengó a los manifestantes. Dijo que habían aceptado «la petición de los obreros» relativa a proclamar el Estado catalán, pero que la corporación provincial no podía hacerlo. Luego leyó el decreto de disolución del Ejército y su transformación en voluntario⁶². A continuación, los intransigentes confabulados fueron a los cuarteles a presentar la disolución como un triunfo propio. La situación seguía descontrolada. Los diputados intransigentes de la Diputación, con Lostau y Serraclara a la cabeza, intentaban tomar las riendas de un proceso que ellos mismos habían iniciado y que se había convertido en caótico. Carecían de fuerza y de autoridad real porque la tropa que habían ayudado a soliviantar la situación en cualquier momento podía ponerse en su contra, si encontraba un caudillo que la dirigiera, como el comandante Maza. Ese caos militar, como informaba Lagunero al ministro Acosta, fue culpa de la Diputación de Barcelona, que ofreció dinero y licenciamiento a las tropas, al tiempo que difundía noticias falsas sobre los radicales y los alfonsinos⁶³.

La Diputación de Lérida, donde la guerra carlista era dura, publicó el 10 de marzo un texto calificando de error la disolución del Ejército. El 12 se reunieron los representantes de las diputaciones de Lérida, Gerona, Tarragona y Baleares. Publicaron un texto de apoyo al «ciudadano Estanislao Figueras» y sobre la inconveniencia del licenciamiento del Ejército mientras estuvieran los carlistas alzados en armas. No obstante, el batallón de cazadores de La Habana y los artilleros se declararon en rebeldía y, tocados con las barretinas, fueron a pedir su licenciamiento a la Diputación, tal y como les habían prometido. «Los oficiales de Artillería —escribió el empresario Albert Quintana— no volverían hoy a sus puestos por nada del mundo»⁶⁴. La destrucción del Ejército por la indisciplina era completa, y todo por obra de los federales.

El 11 de marzo llegó Figueras a Barcelona. En Madrid quedaba Pi y Margall como presidente en funciones. No tuvo un gran recibimiento popular. La visita era un compromiso del Gobierno con los republicanos gubernamentales de la Diputación barcelonesa. Desde la estación fue a la Plaza de San Jaime y allí salió al balcón para saludar al gentío que le había acompañado. No habló porque estaba fatigado, dijo, pero sí lo hizo el gobernador civil para pedir «sensatez». Figueras eludió un primer encuentro con la Diputación, origen de la rebeldía, y para evitar vítores a favor de La Federal «ha pretextado un cansancio y una falta de voz para no hablar en público»⁶⁵. Morayta escribió años después que aquel momento supuso la victoria del Gobierno sobre la intentona golpista. Los internacionalistas se desligaron. La Federación, su órgano, publicó días después que no había sido obra suya⁶⁶. Lagunero detuvo al comandante Daniel Fernández Maza el 12 de marzo y dimitió por sus diferencias con Contreras⁶⁷. Baldomero Lostau, el protagonista del fallido Estado catalán, salió de campaña con los batallones de «Guías de la Diputación» para quitarse de en medio⁶⁸.

Figueras solo consiguió retrasar el enfrentamiento entre intransigentes y gubernamentales. Pidió conciliación entre ellos, pero la disputa únicamente se pospuso. No tuvo mucho éxito en su visita, ya que no consiguió levantar fervor popular con su presencia y las instituciones le miraron con recelo, al igual que el Ejército y las clases conservadoras. Había mucho descontento. El escritor Magin Pers contó a Víctor Balaguer que ante el desorden «de Barcelona y otros puntos de Cataluña han salido ya muchas familias para el extranjero»⁶⁹. Figueras intentó «llamar a los capitalistas» de Barcelona para que auxiliaran con «fondos a la Diputación en sus inmensos gastos», pero no lo consiguió. El motivo, escribió el político local Ramón Damon, es que la Barcelona industriosa y financiera «no tiene confianza en unos hombres que no solo han desquiciado al Ejército», sino que «los han visto y los ven dispuestos a la independencia y a la confederación»⁷⁰.

En suma, lo que pasó en Cataluña respondió al sentido exclusivista, irresponsable y poco democrático de los federales de Barcelona El objetivo de la Diputación, pronto dominada por los intransigentes, fue asumir el poder político y militar para proclamar la República federal, empezando por el Estado catalán, aunque fuera ilegal. Su obstáculo era la Asamblea Nacional con su mayoría radical. Por eso iniciaron un proceso golpista basado en la doble desobediencia a «Madrid» y al Ejército. Se apoyaron en las masas más activas, como la tropa y los internacionalistas. Los diputados provinciales amenazaron con cumplir su plan golpista si el Gobierno de Figueras era derrotado por la Asamblea radical o si el proceso se alargaba. Sin embargo, el plan se les fue de las manos. Dejaron de controlarlo los primeros días de marzo de 1873, cuando el comandante Maza quiso, según dijeron los diputados provinciales, convertirse en «dictador» usando a la soliviantada tropa barcelonesa. Esta contrariedad les animó a formar una junta revolucionaria para constituir el Estado catalán dirigida por Lostau, quien quedó desbordado y atemorizado por lo que habían desencadenado. El Gobierno usó la situación en Barcelona para presionar a los radicales y sacar de la Asamblea Nacional una propuesta para su casi inmediata disolución y una fecha para la convocatoria de Cortes Constituyentes. Una vez conseguido su propósito, los golpistas y el Gobierno detuvieron la declaración del Estado catalán. Los federales iniciaron así un sistema para doblegar a sus oponentes y a las instituciones consistente en la amenaza de la violencia.

EL FIN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Figueras utilizó la situación en Cataluña para acabar con la Asamblea Nacional. La amenaza del Estado catalán sirvió para obligar a los radicales a adelantar la disolución de la Asamblea. Figueras habló del peligro que suponía que se extendiera la rebelión por toda España y presentó su propuesta de disolución como una cuestión de confianza al Gobierno. Si los radicales no accedían, los ministros federales dimitirían y la revuelta cantonal estallaría en todo el país. Sickles, embajador norteamericano, afirmó que el resultado había sido la obra de un «maestro de las tácticas parlamentarias»: Figueras⁷¹. En realidad, era un chantaje a un poder débil y acomplejado, la Asamblea, usando la alteración del orden público que los mismos federales habían propiciado. No está de más recordar aquí que la permisividad con los cantonales transformó un desorden pensado para expulsar a los radicales en una rebelión cantonal que puso contra las cuerdas a la República.

El acuerdo para disolver la Asamblea Nacional ya existía, pero no para ese momento ni de esa manera. La disolución suponía el fin de la hegemonía del Partido Radical, que se creía el victorioso desde junio de 1872. Morayta, entonces diputado, escribió que todos eran conscientes del miedo concreto de los radicales: «perder su preponderancia en las próximas elecciones»⁷². Los radicales habían cometido el error de ceder la legitimidad del nuevo régimen a los federales, a pesar de controlar las Cortes y el Gobierno antes del 11 de febrero. Cedieron el Ministerio de la Gobernación a Pi y Margall cuando era la institución clave para dominar una etapa constituyente, mucho más que un Ministerio de la Guerra con un Ejército indisciplinado, cansado y en conflicto.

Además, desde el 11 de febrero los radicales estaban divididos por una cuestión personal entre Martos y Rivero. El primero había echado al segundo con una maniobra parlamentaria, y el segundo, que tenía planes para seguir siendo uno de los hombres clave de esta etapa, no era leal ni hacia su partido ni hacia las instituciones. Ambos habían expulsado a Ruiz Zorrilla, el líder de la formación entre 1871 y 1873. Poco a poco el Partido Radical se había ido debilitando y no solo por sus propios errores. Como ministro de la Gobernación, Pi y Margall se había encargado de cesar a los gobernadores radicales, mientras que los alcaldes de esta tendencia fueron abandonando sus puestos por la presión de los republicanos y ante la falta de respaldo gubernamental. Tampoco había militares radicales. Los más señalados eran Moriones y Pavía, pero ellos solos no bastaban para sostener una declaración de fuerza sin que estallara otra guerra civil. En definitiva, a primeros de marzo de 1873, la junta directiva del Partido Radical solo tenía a su mando al grupo parlamentario, esto es, unos 230 diputados.

Si el Partido Radical hubiera actuado unido, los federales no habrían tenido oportunidad en la Asamblea, pero no fue así. Rivero promovió una disidencia dentro del radicalismo: los llamados «conciliadores», que eran unos 39 diputados. Su intención era llegar a un acuerdo con los republicanos para formar un Gobierno de coalición hasta que se celebrara la reunión de las Cortes Constituyentes. Llegaron a proponer que la Asamblea Nacional formara un directorio con Rivero, Martos, Castelar, Pi y Margall y Figueras. «La tregua fue rechazada tan pronto como se ofreció», escribió Sickles⁷³. El propósito declarado de los conciliadores era atajar el desorden mediante un acuerdo entre republicanos nuevos y viejos. En el fondo, se decía, subyacía la idea de Rivero de quitar el poder a Martos, lo que sonaba a venganza, y fundar un «partido republicano conservador» junto a Manuel Becerra. Parece ser que Rivero dijo: «Si Martos quiere un editor responsable o un pelele, que busque otro Ruiz Zorrilla»⁷⁴.

Por otro lado, estaban los radicales intransigentes, unos 186 diputados, empeñados desde el 26 de febrero, tras una reunión del grupo parlamentario, en que se detuviera la disolución de la Asamblea para aprobar las leyes pendientes y porque no se daban las condiciones necesarias para celebrar unas elecciones en paz y libertad. Razón no les faltaba, ya que al levantamiento carlista se unió el federal, que había desarticulado el poder municipal de los radicales. Este grupo de intransigentes estaba liderado por Martos y por Figuerola, que había sido presidente del Senado hasta el 11 de febrero.

El 4 de marzo de 1873 el Gobierno de Figueras presentó un proyecto para poner en marcha la convocatoria de las Cortes Constituyentes. Apuntaba a los días 10 a 13 de abril para celebrar las elecciones, de manera que el nuevo Parlamento estuviera reunido el 1 de mayo. Además, proponía la reforma de la ley electoral para que pudieran votar los varones mayores de veinte años. La sesión fue muy tensa por las intervenciones acaloradas de Figueras, desacostumbradas en él, en respuesta a las críticas de los radicales. Al final del choque dialéctico se oyó a diputados republicanos que gritaban: «¡A la calle! ¡A la calle! Allí nos veremos»⁷⁵. Los aledaños del Palacio del Congreso estaban rodeados de federales intransigentes, muchos de ellos armados, que daban vivas a La Federal y mueras a los radicales. La Asamblea, decía el progresista La Iberia, tiene que hacer sus trabajos «rodeada de bayonetas»⁷⁶. La inacción del Ministerio de la Gobernación de Pi y Margall respecto a controlar la presión callejera sobre las Cortes dejó al descubierto la intención de los federales de convertir la República en un régimen de partido para hacer la revolución.

La Discusión, órgano gubernamental, publicó unos artículos de fondo muy duros contra los radicales. El 4 de marzo dijo que apoyarían al Gobierno que decidiera

… barrer con viril mano, con entereza de hombre, todos los obstáculos que la República encuentra en su camino, que estorban su marcha, que paralizan su acción, que la desacreditan, y no han dejado todavía que aparezca como la forma destinada, por su bondad, a ser permanente.

El Gobierno, decía La Discusión, debía restablecer «en su pureza el dogma republicano»; es decir, echar a los radicales. El tono era tan mesiánico como violento:

¡Guerra, guerra a muerte a los enemigos de la República! ¡Guerra sin cuartel! Ha llegado el momento de ser enérgicos; ha llegado el día de demostrar que somos la fuerza, que llevamos en nuestro pecho la idea del porvenir, que somos los hombres destinados por el movimiento de los tiempos a fundar el único Gobierno posible en este país abatido, empobrecido y dividido por los Gobiernos reaccionarios. ¡Guerra a muerte a los traidores! ¡Guerra a los hipócritas! Levantémonos como un solo hombre, y repitamos: ¡Guerra!⁷⁷.

Esos días de marzo la prensa federal aumentó sus ataques al Partido Radical, y en especial a los seguidores de Martos, a los llamados «radicales intransigentes», que no querían disolver la Asamblea Nacional. La Discusión decía que «y si la sangre corre, daremos golpe por golpe», aunque fuera «preciso cimentar la República sobre ruinas y cadáveres». La Igualdad, dirigida por el diputado Martra, llamaba al pueblo y al Ejército para preparar la expiación de los «traidores de la revolución»⁷⁸. El miedo era evidente entre los mandatarios radicales. Figuerola y otros fueron amenazados de muerte, y Martos pidió que la Guardia Civil permaneciera dentro del Congreso porque se veían grupos extraños dentro del edificio, en referencia a los invitados por los republicanos.

La mayoría radical se reunió la noche del día 4. Figuerola enumeró las «condiciones humillantes» propuestas por Figueras para conseguir la conciliación: disolver los ayuntamientos radicales que quedaban porque habían sido elegidos como «monárquicos-democráticos» y la rectificación del censo electoral. Los radicales decidieron dar la batalla mediante el control de las secciones parlamentarias que debían elaborar los dictámenes sobre las leyes pendientes, entre ellas la de disolución de la Asamblea. Pensaban que solo con la legalidad podrían dominar la situación.

La sección parlamentaria quinta era la encargada de discutir el proyecto de disolución. Figueras, Castelar y Nicolás Salmerón acudieron a sus deliberaciones para persuadir a la mayoría, mientras que los radicales de Martos exigieron cuatro carteras a cambio de aceptar la disolución de la Asamblea proyectada por el Gobierno: Guerra, Marina y otras dos entre Gracia y Justicia, Fomento y Ultramar. No hubo conciliación. Layard, embajador británico, escribió que no hubo acuerdo porque los radicales pidieron «determinados cargos en las provincias» para «manipular en las elecciones», como si esa manipulación no fuera general y como si los federales no quisieran todo el poder para sí mismos⁷⁹. Al terminar, los diputados se reunieron con la junta directiva radical y después con Martos. Primo de Rivera, diputado radical, se separó de sus compañeros de sección porque estaba decidido a presentar un voto particular⁸⁰.

Todo esto ocurría mientras se daba el golpe de Estado en Barcelona. La presión era mucha y también la responsabilidad de aquellos diputados. El 7 de marzo se presentaron el dictamen y el voto particular sobre la disolución de la Asamblea Nacional. El dictamen de la mayoría de la sección —radicales intransigentes— manifestaba en un artículo único que la Asamblea Nacional no se podía disolver porque no existían las condiciones necesarias para convocar unas elecciones con garantías de orden y libertad. Cuando el país estuviera pacificado, la Asamblea Nacional acordaría la suspensión de sesiones, así como el nombramiento de una Comisión Permanente, su número y sus facultades. Muy distinto fue el voto particular de Rafael Primo de Rivera, conciliador, del grupo de Nicolás María Rivero. Su voto no mencionó el desorden en el país. Su propuesta era que las elecciones se celebraran en mayo y que las Cortes se reunieran el 1 de julio⁸¹. Mientras tanto, propuso Rafael Primo, la Asamblea Nacional debía deliberar sobre la esclavitud, las matrículas de mar y quintas, y nombrar una Comisión Permanente de la misma Asamblea⁸². La proposición que defendió Rafael Primo de Rivera estaba escrita por el Gobierno, tal y como confesó él mismo en la Asamblea.

La sesión definitiva tuvo lugar el 8 de marzo. La Guardia Civil, a las órdenes del ministro de la Gobernación, Pi y Margall, sí ocupó aquel día las entradas al Congreso y las tribunas, haciendo una demostración de fuerza que cualquiera habría tomado por una coacción⁸³. Había mucha tensión. El momento clave fue cuando Figueras aseguró que la aprobación del voto particular de Primo de Rivera se tomaba como una cuestión de confianza. Pidió que, en el caso de que su Gobierno se retirase, se nombrara otro rápidamente, porque el vacío de poder era un peligro para la República.

Guardia, un diputado radical intransigente, de los de Martos y Figuerola, adujo que el problema era que el desorden y la violencia en el país impedían celebrar unas elecciones libres para las Constituyentes, aunque lo cierto es que detrás de sus palabras se escondía una moción de censura. Guardia explicó que el Gobierno no había cumplido su propósito de asegurar el «imperio de la ley», especialmente en Barcelona, donde mandaba la Diputación Provincial y la tropa estaba indisciplinada. Lo mismo pasaba en Andalucía, dijo, donde no se hacía «efectiva la ley del Gobierno», o en Castilla, donde se había obligado a dimitir a los alcaldes radicales. No podrían celebrarse elecciones en 112 distritos, anunció. Además, la prensa federal llamaba a expulsar de la vida política al Partido Radical por la fuerza, lo que era un atentado a la convivencia entre demócratas. La violencia ejercida contra «todos los que no son republicanos» impedía la libertad, sentenció. No era posible, por tanto, convocar a Constituyentes, si no había «garantía bastante a todos los ciudadanos de que se ha de poder ir con completa confianza y libertad a depositar el sufragio en la urna». En caso contrario, las Constituyentes serían una farsa⁸⁴.

Por su parte, la opción del Gobierno, defendida por Rafael Primo de Rivera, era la amenaza. Esa era la utilidad del desorden creado en Barcelona. En palabras de Primo, si no se aceptaba su voto particular, «os aseguro calamidades terribles para el país, inmensas, a las veinticuatro horas de haberse desechado el voto». Si se formaba un Gobierno radical, habría un levantamiento en las provincias y el Ejecutivo no duraría «tres días». No había más solución que apoyar al Gobierno de Figueras. El Partido Radical no tenía «autoridad moral» para «ser poder», aseguró, porque hacía dos meses eran monárquicos. Con ese pasado reciente no se podía estar al frente de la República, y por eso había que dejar paso al Partido Republicano, más legitimado para gobernar. Al final, Primo de Rivera confesó que el «voto no es mío, ni su redacción es mía, ni su articulado es mío, ni su espíritu es mío; son de los señores del Gobierno»⁸⁵. Habían sido los ministros quienes redactaron el voto particular del diputado, y Figueras, sin confesarlo, dijo a los diputados que lo aceptaban como gesto hacia el Partido Radical. Era un engaño, una triquiñuela parlamentaria de Figueras. De hecho, el voto particular de Primo se conoció por primera vez en plena sesión parlamentaria.

El Gobierno usó a los federales intransigentes para quitarse de en medio a los radicales. Los argumentos de Figueras y de la prensa del partido eran que, si no se proclamaba ya La Federal, los republicanos se levantarían en armas. Layard, el embajador británico, escribió a su Gobierno que los cónsules de Barcelona y Andalucía le habían informado de que los federales estaban preparando una insurrección, si caía el Gobierno de Figueras⁸⁶. El reparto de armas entre los milicianos, la instigación de la indisciplina en el Ejército, el ataque a la legitimidad y la legalidad de las instituciones representativas, como los ayuntamientos y las diputaciones, el envío del cantonal Contreras a la Barcelona sublevada y la retórica utópica y violenta eran útiles para que los ministros de Figueras se presentaran como el freno necesario, la única solución, para evitar la guerra civil. Rubau Donadeu, un diputado federal socialista recién llegado de Barcelona, tomó la palabra en la Asamblea para decir: «¡Ay, el día que caiga este Ministerio! Lo que sucederá…» en Barcelona⁸⁷.

No había ningún imperativo democrático para imponer La Federal, y menos desde la presión callejera y la violencia permitidas por el Gobierno. José de Echegaray, que luego fue premio Nobel de Literatura y que aquellos años era un diputado radical intransigente, dijo que a su partido no le gustaba La Federal porque sus dirigentes no tenían una idea definida de lo que significaba. Para los federales, la federación era «la satisfacción de sus apetitos», de «sus odios, de sus pasiones y de sus vicios». No había un proyecto político ni constitucional, sino una movilización revolucionaria para tomar el poder. En las «masas no hay que buscar ideas filosóficas». Se había invocado La Federal como solución para todo, y el resultado era

… aquí un cortijo que se divide, un monte que se reparte, allá un mínimum de los salarios, más lejos los colonos convertidos en propietarios, es quizás en otra provincia un ariete que abre brecha en las fuerzas legales para que el contrabando pase, el pobre contra el rico, el reparto de la propiedad, el contribuyente contra el Fisco.

El desorden, por tanto, lo habían creado los políticos federales con su prédica insensata, sentenció Echegaray. «Por el camino que seguís vais con vuestros Estados federales, y vuestros cantones, y vuestros delirios a poner a nuestra España en trance de perdición», afirmó, adelantándose a lo que ocurriría poco tiempo después. El Partido Radical no podía consentirlo y por eso se negaba a aceptar el proyecto de Figueras.

Martos tenía preparado ese momento. El plan era asumir el poder tras la dimisión del Gobierno, como ocurrió el 24 de febrero. Asumido el poder supremo, había dispuesto nombrar un Ejecutivo radical. El cambio era legal, pero suponía el enfrentamiento armado con los federales. Había escrito ya la orden para realizar el cambio de Gobierno, otorgando a Rivero la Presidencia:

En uso de las facultades que me ha conferido la Asamblea Nacional, vengo a delegar interinamente el poder ejecutivo de la República a don Nicolás María Rivero, representante de la Nación. Palacio de la Asamblea Nacional, ocho de marzo de 1873⁸⁸.

También tenía pensado Martos nombrar otra vez a Moriones capitán general de Castilla la Nueva y sustituir al gobernador civil de Madrid, Nicolás Estévanez, por el radical León y Moncasi. Era un plan similar al del 24 de febrero, una maniobra política con apoyo militar y dentro de la legalidad, aprovechando el supuesto cese del Gobierno. Ordenó a la Guardia Civil que custodiara el Congreso para controlar a los grupos de federales armados que lo rodeaban⁸⁹. Estaba todo dispuesto: Sardoal para Estado; Echegaray o Ramos Calderón para Hacienda; Moriones o Izquierdo en Guerra; Becerra en Gobernación; Francisco Salmerón para Gracia y Justicia; Romero Girón en Fomento; Suárez en Marina, y Mosquera para Ultramar⁹⁰.

Estévanez, avisado de la maniobra de Martos, se presentó en el Congreso y reconvino a la Guardia Civil: solo debían obedecer sus órdenes, no al presidente de la Asamblea, lo que significaba que el plan de Martos se quedaba sin el auxilio de las fuerzas del orden público. Así se lo dijo Martos a Pi y Margall en una extraña comunicación formal: el ministro «dejaba en completa indefensión a la Cámara, puesto que no se le permite tomar los puntos estratégicos para su custodia», por lo que pedía que revocara la orden⁹¹. Suponía el desarme completo de Martos, tal como Canalejas se dirigió a los radicales en la Asamblea: «No tenéis razón, no tenéis autoridad y tampoco tenéis fuerza». Fue entonces cuando Rivero se echó atrás. Lo hizo a través del diputado Ramos Calderón, que confesó que su jefe, Rivero, aceptaría un Gobierno de coalición con los republicanos, pero que, al negarse estos, veía el voto particular de Primo de Rivera como una conciliación entre los partidos.

Después, Martos cambió de opinión sin consultar a nadie —actitud habitual en el presidente de la Asamblea—, con lo que el plan perdía su sentido. Rivero no iba a aceptar presidir un gobierno radical y Martos solo podía hacer dos cosas: o bien derribar al Gobierno y nombrar uno nuevo solo con los suyos, teniendo en contra a los republicanos y a una parte de los radicales, o bien podía sumarse al voto particular. Lo primero implicaba la guerra.

Martos tenía miedo. Esa noche, la del 7 al 8, durmió en el Congreso porque temía salir a la calle. Además, pidió al ministro de la Guerra que desde las doce de la noche las tropas estuvieran acuarteladas y dispuestas para mantener el orden. Algunos diputados, incluido Figuerola, habían sufrido amenazas de muerte. Los grupos federales estaban a las puertas del Congreso de nuevo, contenidos por la caballería de la Guardia Civil. Llegó Estévanez, el gobernador civil de Madrid, y quiso aplacar a los voluntarios, pero no tuvo éxito, y se reclamó la presencia de un batallón de Cazadores. Los gritos amenazadores contra los radicales se oían dentro del edificio, escribió el corresponsal parlamentario de La Iberia⁹².

Era el momento de tomar la palabra. Martos explicó que el Partido Radical había decidido derribar al Gobierno antes de comenzar la sesión. Sin embargo, después de escuchar a Ramos Calderón, hombre de Rivero, comprobó que el Partido Radical estaba dividido y que sería imposible contar con un Gobierno fuerte que pusiera orden en provincias. Porque, tras el «anuncio de la dimisión» del Gobierno de Figueras y «del advenimiento del Ministerio radical, el grito de federación se hubiera dado en muchas provincias españolas». El nuevo Gobierno, dijo Martos, habría tenido que hacer un ejercicio de «reconquista», luchar contra los cantonales, para restablecer la «unidad nacional». Martos asumió que el Partido Radical había fallado en esta ocasión, dividiéndose en cuanto a la actitud frente a los republicanos. Aseguró que apoyarían al Gobierno si conseguía establecer el orden y dejó la construcción de la República a los federales solo con una condición: que fueran tolerantes con los otros partidos, porque en caso contrario «no habríais hecho la República para la nación, sino que habréis hecho la República para el Partido Republicano»⁹³.

El voto particular de Rafael Primo de Rivera fue tomado en consideración por 186 a 19, cinco de los cuales eran los diputados que firmaron el dictamen en contra. Martos y los suyos se abstuvieron. A la salida, en los pasillos del Congreso, algunos radicales se mostraron enfadados por la decisión de Martos. Otros lo achacaron a la negativa de Rivero⁹⁴. Tras la sesión, Martos dimitió de su cargo de presidente de la Asamblea. En cuatro semanas como presidente, Martos había traicionado a Ruiz Zorrilla, a quien utilizó; echado a Rivero, en el que luego se quiso apoyar, y roto el Partido Radical. Es más, en ese tiempo había fracasado, en dos ocasiones, a la hora de enderezar la situación: el 24 de febrero y el 8 de marzo. Por otro lado, es importante consignar que los vaivenes de Rivero son dignos de un político sin escrúpulos: traicionó a Amadeo I, conspiró con Serrano en febrero de 1873, y luego dejó solo a Martos el 8 de marzo, ofreciendo un acuerdo a Figueras. No acabó ahí, como veremos.

PARTE III

PI Y MARGALL FRENTE A SU UTOPÍA

La República no murió el 3 de enero de 1874, sino con el golpe de Francisco Pi y Margall del 23 de abril. Aquel acto de fuerza contra la legalidad hizo que fuera imposible que los dirigentes de los grandes partidos llegaran a una fórmula de gobierno aceptable para todos o, al menos, para la mayoría. Sin los radicales y los conservadores cualquier acción política era imposible porque el país era muy plural, y entre sus filas había grandes cuadros de la Administración, del Ejército y de la sociedad civil. Así, la política quedó en manos de golpistas y revolucionarios, o de federales taimados, incapaces de asentar por sí mismos un sistema político perdurable. Sin entendimiento entre las élites políticas y sin respeto a la legalidad no era viable levantar un régimen liberal y democrático. Aquel 23 de abril se rompieron las reglas del juego político establecidas el 11 de febrero, que eran la conciliación en torno a la república como forma de Estado y la reunión de unas Cortes Constituyentes.

El golpe de Pi y Margall, urdido para impedir que legalmente se cambiara el Gobierno —el suyo—, rompió una conciliación, que ya estaba maltrecha por los enfrentamientos del 24 de febrero y del 8 de marzo, entre la Asamblea Nacional, dominada por los radicales, y el Gobierno en manos de los federales. El desprecio al adversario y la falta de un proyecto definido, junto con la irresponsabilidad y el mesianismo político, hundieron la posibilidad de sostener la República. Los republicanos prefirieron contentar a los federales intransigentes y cantonales antes que conciliar con radicales y conservadores. Usaron la fuerza el 23 de abril y la República murió. Así lo dijo en un manifiesto Francisco Salmerón, presidente de la Comisión Permanente y de la Asamblea: el Ejecutivo dio un «golpe de Estado» al disolver por la fuerza el único poder legítimo, la Asamblea¹. También lo afirmó en privado Emilio Castelar, que siempre sostuvo que el golpe de Pi acabó con las posibilidades de una conciliación para mantener la República.

El problema no era el Partido Radical, ni siquiera el Conservador, sino los propios republicanos. El mismo Pi y Margall lo confesaría en 1874 en su breve estudio sobre el periodo: «Después del 23 de abril comprendí que los más graves obstáculos los había de suscitar mi propio partido». Pi había utilizado a federales armados en Madrid y en provincias para echar del sistema a los otros partidos y ahora no era capaz de controlarlos. «Encontraba a las masas republicanas poseídas de una exaltación calenturienta», escribió, aunque en ningún momento asumió su responsabilidad. La situación desde el 23 de abril, con Figueras retirado por la muerte de su mujer, quedó en manos de Pi y Margall, y su actuación no fue la más acertada. Pensaba dominar la situación, el desorden y la desafección con las elecciones de mayo y la reunión de las Constituyentes en junio de 1873, y estaba convencido de que dando pasos hacia la federalización de España y concediendo cargos a los republicanos de provincias se calmaría la situación.

La incompatibilidad de Pi y Margall con el proyecto de establecer una república basada en la democracia, pluralista, conciliadora y de progreso era completa. Tantos años predicando la utopía, excitando al pueblo para imponer la solución universal, para, una vez en el Gobierno, obsesionarse con calmar a los utópicos —a los cantonales— pero sin reprimirlos para no perder su apoyo. En realidad, su pretensión era convertir La Federal —construida desde arriba— en un proyecto equidistante entre los cantonales y los partidos liberales, y con gran ingenuidad o miopía política albergaba la esperanza de que «los que rechazan la federación porque realmente la temen», como escribió, se irían convenciendo de que «no pretendemos romper la unidad de la patria» y de que el orden se impondría.

En realidad, como veremos, Pi dejó hacer a los cantonales para no perder su apoyo. La idea del desorden federal como algo transitorio y positivo para mostrar la supuesta fuerza popular del federalismo, mientras trataba de convencer a conservadores y radicales de que todo iba bien, era una combinación imposible, un verdadero dislate. El proyecto consistía en reunir unas Cortes Constituyentes solo con federales que hicieran una constitución de parte, no común, lo que calmaría al Partido Republicano, tranquilizaría la vida política social y, de este modo, los no federales se convencerían de que La Federal era lo mejor para España.

Pretendía que satisfacer a los cantonales acabara gustando a radicales y conservadores, a las clases medias y altas, a comerciantes, financieros, industriales y propietarios de la tierra, a funcionarios, académicos y militares. No solo fue ingenuidad, sino un suicidio político y una contradicción: aquello no era democrático, sino una imposición a la mayoría. Pi pensaba que el partido no debía dividirse, que tenía que permanecer unido para ser fuerte, lo que se tradujo en una política blanda con las actitudes y comportamientos de los extremistas. Esta forma de actuar de Pi y Margall permitió a los intransigentes organizarse para levantar cantones allí donde quisieron. El plan de Pi —permisivo con los federales e intolerante con el resto— fracasó estrepitosamente. Hubo una rebelión internacionalista en Alcoy y Sanlúcar de Barrameda, y ni mucho menos las Constituyentes fueron el bálsamo pacificador que esperaba. El conjunto provocó el desánimo en todos y Pi y Margall no aguantó más de un mes como presidente.

Fue él quien puso a la República en el camino del desastre por su enfrentamiento con los radicales desde el 11 de febrero y por su deseo de construir un régimen de partido. La crisis del Gobierno de conciliación se debió a su negativa a negociar los nombramientos de los gobernadores civiles, porque quería que fueran todos federales, provocando así la intranquilidad —lógica— de los radicales.

La solución del Partido Radical fue un error: dejar el Gobierno e intentar dominar la situación desde la Asamblea Nacional. El fracaso de Martos, que orquestó los intentos del 24 de febrero y del 8 de marzo, supuso el encumbramiento de Pi, que fue configurando el régimen a su gusto hasta que el 23 de abril dio el golpe para disolver las dos únicas instituciones en las que el Partido Radical tenía presencia: la Asamblea y la Comisión Permanente. Así, entre febrero y abril, Pi y Margall forjó el régimen con una estrategia hábil, aunque suicida, y convocó elecciones en mayo. Era imposible que los no federales considerasen que Pi no manipularía las elecciones, puesto que se había erigido en dictador, en el gran poder de la República. Si hubiera querido, como él mismo confesó, podría haber proclamado La Federal el 24 de abril. No lo hizo porque quiso legalizar su proyecto, siendo consciente de que todos los resortes institucionales estaban en sus manos. La Federal debía parecer el resultado de un proceso legal y democrático, pero ya era tarde para eso. En definitiva, en esta parte tercera del libro se aborda la ruina de la República a manos de Pi y Margall.

7

LIQUIDACIÓN DE LOS RADICALES

LA ÚLTIMA BALA RADICAL

Los radicales pretendieron convertir la Comisión Permanente en su último reducto. Su poder había ido menguando desde el 11 de febrero y no presidieron el Gobierno, sino la Asamblea, con la idea de que el órgano de representación nacional conservaba más poder que el Ejecutivo que salía de él. Se equivocaron, porque los federales dieron la batalla desde el Ministerio de la Gobernación, que dirigía Pi y Margall, nombrando a los gobernadores civiles y permitiendo que los republicanos echaran a los alcaldes radicales. Era una posición envidiable ante las elecciones a Cortes Constituyentes, y esta fue la razón de la crisis de Gobierno que supuso la salida de los radicales y de la formación de un Gabinete solo federal el 24 de febrero. Mientras el radicalismo perdía espacios de poder, el republicanismo los iba ganando.

Al mismo tiempo, el desorden en provincias y la desobediencia en el seno del Ejército, promovida y permitida por los federales, fortalecían el argumento que invalidaba a los radicales para gobernar por miedo a que estallara la guerra civil. Los federales del Gobierno ganaron el relato, la legitimidad moral y, además, las instituciones. Los radicales, por otro lado, fracasaron en sus intentos de hacerse con el Gobierno —usando el poder legítimo y legal de la Asamblea Nacional— el 24 de febrero y el 8 de marzo, y la división interna en torno a Martos y Rivero acabó por debilitar a la formación, que no supo mantenerse unida en las instituciones. Rivero maniobró contra Martos en la sesión parlamentaria del 8 de marzo y el segundo decidió por su cuenta rendirse ante los federales. Fue una derrota moral y política. Los diputados radicales se fueron a sus casas y no volvieron. Francisco Salmerón, elegido nuevo presidente de la Asamblea, no se presentó y fue el vicepresidente, el marqués de Sardoal, quien ejerció el cargo.

El 22 de marzo, el Gobierno presentó a la Asamblea una proposición para que la Cámara se declarase en sesión permanente hasta aprobar las leyes pendientes. Figueras, una vez más, hizo de ello una cuestión de Gabinete. El objetivo era que la mayoría radical no prolongara en exceso la vida de la Asamblea usando las técnicas parlamentarias al uso, incluido el obstruccionismo. Los radicales, siempre temerosos y creyendo que carecían de «autoridad moral», cedieron esperando dar la batalla por la composición de la Comisión Permanente. Los federales, más hábiles en estas cuestiones, propusieron que los miembros de dicha institución representaran a todos los grupos parlamentarios. La idea no prosperó y la mayoría aprobó que los nombres se pactaran. Finalmente, en la Comisión Permanente estuvieron los miembros de la Mesa de la Asamblea, todos radicales, más ocho hombres de Martos, cuatro de Rivero, cinco federales, dos constitucionales y un alfonsino¹.

Una vez reunida, el objetivo de la Comisión Permanente era deponer al Gobierno alegando que no lograba restablecer el orden en provincias. Por ello, en la primera sesión se determinó que su misión sería la «inspección y vigilancia» sobre «la política general del país». La Comisión tenía la facultad de «convocar la Asamblea en el caso de que circunstancias extraordinarias lo exigieran», según disponía «el artículo 6 de la ley de suspensión de sesiones y convocatoria de Cortes Constituyentes»². Esto significaba que si los diputados de la Comisión Permanente, radicales en su amplia mayoría, dictaban que el país era un caos por la ineficacia del Gobierno, podrían convocar la Asamblea y cesar al Ejecutivo. La maniobra tendría éxito si los ministros se hallaban en la sede de la Comisión, tal y como insistieron los diputados, y si existía una fuerza armada suficiente en Madrid.

Este era el plan: declarar el fracaso del Gobierno, retener a los ministros en el Palacio del Congreso, cesarlos y sustituirlos por un Gobierno radical-conservador. Francisco Salmerón asumiría el poder como presidente de la Asamblea y nombraría presidente interino del poder ejecutivo a Serrano. Todo ello sin salirse de la legalidad, pero a la desesperada. La trama avanzó. Figueras afirmó en la sesión del 27 de marzo que no habría elecciones allí donde la libertad de voto no estuviera garantizada, lo que para los radicales era un buen argumento para suspender las elecciones en toda España, si se llegaba a la conclusión de que en todo el país reinaba el desorden.

En la sesión del 3 de abril, el conservador Romero Ortiz habló de los desmanes cometidos por los socialistas en Extremadura y Castilla la Vieja, de atropellos a templos católicos, de atentados en Sevilla contra la prensa y de un «impuesto revolucionario» a los vecinos de Málaga para sostener a los voluntarios de la República. En La Coruña, dijo, existieron coacciones de los voluntarios, que además no estaban a las órdenes de las autoridades, sino del Comité Federal. Sardoal, radical, afirmó que los desmanes eran producto del deseo federal de anular la libertad para intentar monopolizar el sentido del voto en las elecciones. Tanto Ortiz como Sardoal insistieron en lo mismo en la sesión del 9 de abril: el Gobierno no era obedecido en aquellos municipios donde los ayuntamientos radicales se habían depuesto a la fuerza. Castelar aseguró que el Gobierno suspendería las elecciones en todos aquellos distritos donde no estuviera garantizada la libertad, y que, por tanto, no era admisible el retraimiento de los radicales y los conservadores en las urnas. En realidad, la declaración de Castelar estaba favoreciendo el plan radical. Los radicales y los conservadores amenazaron con no acudir a las urnas si no se aseguraba el orden y, por tanto, la libertad de las candidaturas y de los electores, lo que suponía anunciar que las Cortes Constituyentes no tendrían legitimidad.

Por ello, el radical Figuerola solicitó, el 17 de abril, que a la siguiente reunión de la Comisión acudiera todo el Gobierno. Pi y Margall, presente aquel día, se negó, pero Rivero consiguió que la Comisión aprobara que el 20 de abril irían los ministros a dar explicaciones. El objetivo declarado era «examinar maduramente» el curso de «la política general del Gobierno» para que la Comisión juzgara «si ha llegado el momento de convocar la Asamblea». Su exigencia, escribió el castelarino Abárzuza, era suspender las elecciones y convocar la Asamblea³. Aquel 20 de abril no acudieron los ministros, porque tuvieron crisis cuando Figueras perdió a su mujer y presentó la dimisión. Pi y Margall le convenció para que no abandonara su puesto en ese momento y, finalmente, la retiró⁴. Ante esta situación, la reunión de la Comisión se postergó al día 23.

Rivero llamó entonces a Andrés Borrego para conferenciar con el general Serrano. Quería saber si los conservadores responderían a un «llamamiento dirigido a sostener los acuerdos que pudiera tomar dicha Asamblea» Nacional⁵. Sickles informó que Rivero pretendía suceder a Figueras y nombrar a Serrano ministro de la Guerra⁶. Este, tras consultar con sus amigos militares, se mostró conforme siempre que se los requiriese «de una manera oficial». El 21 de abril acordaron que los generales esperarían en casa de Serrano al llamamiento legal de la Comisión Permanente o de la Asamblea. Eran los generales marqués del Duero, Valmaseda, Topete, Letona, Baldrich, Bassols, Gándara, Gasset, Ros de Olano, Caballero de Rodas y otros, y los civiles Borrego, Albareda y algunos menos notables representando a Sagasta y a Martos, que aguardaban instrucciones en sus domicilios. Aquello no era un golpe de Estado, sino asegurar la fuerza para hacer válida una resolución legal del poder legítimo.

Francisco Salmerón, presidente de la Asamblea, ordenó a Pavía que la guarnición de Madrid estuviera alerta para respetar su decisión institucional. El general contestó que solo intervendría de forma legal; es decir, que actuaría si había un requerimiento oficial, ya que se producirían enfrentamiento en las calles⁷. Pavía reunió a sus oficiales para comunicarles que su deber era acatar las decisiones legales de la Asamblea, pero que, mientras tanto, no se moverían⁸. Los federales intransigentes, como ya habían hecho en Cataluña, trataron de corromper a los soldados en Madrid. El objetivo era que no obedecieran a sus oficiales, si estos les ordenaban levantarse en armas contra los federales. Así, el comité republicano de Madrid hizo circular entre los soldados una proclama, fechada el 22 de abril, que decía:

No obedezcáis, sino muy al contrario, recibid a balazos a cualquier general, a cualquier jefe faccioso que dando vivas a una Asamblea, que lleva más de dos meses de difunta, quiere oponerse a las órdenes del Gobierno⁹.

EL GOLPE DE ESTADO DE PI Y MARGALL

La interpretación actual sobre los sucesos del 23 de abril sigue principalmente el testimonio de Pi y Margall, autor y testigo, que además dejó el relato más extenso un año después, del que luego copiaron muchos. Esa interpretación refiere que los radicales y los conservadores preparaban un «golpe de Estado» que el propio Pi y Margall detuvo. Sin embargo, el cambio de Gobierno que planeaban los radicales era legal y legítimo.

El mecanismo para sustituir al Ejecutivo, propuesto por el mismo Pi y Margall el 11 de febrero, se basaba en que la Comisión Permanente tenía la potestad de convocar la Asamblea Nacional, que podía cesar al Gobierno si no aceptaba su labor. En esta sesión de censura, el presidente de la Asamblea, por la potestad legal que tenía conferida, presentaba otro Gobierno para que fuera aprobado por las Cortes, que era la representación de la soberanía nacional. En consecuencia, ¿para qué preparar un golpe de Estado cuando el Gobierno se podía cambiar legal y legítimamente? Es más: ¿se puede llamar «golpe de Estado» a que funcione una norma —propuesta por Pi y Margall, insisto— que fue aceptada por todos los partidos? Otra cosa es que se quisiera reforzar con fuerzas de orden público la decisión legal de cambiar el Gobierno, algo lógico dado el desorden y las amenazas federales. Si un golpe de Estado es tomar el poder de forma violenta e ilegal, en realidad quien lo dio fue Pi y Margall.

Ya sabrá V. —escribió el republicano Abárzuza— el golpe de Estado que el Gobierno dio, sublevándose contra la Asamblea y contra la legalidad, haciendo que las turbas invadieran el Congreso y disolvieran de hecho la Comisión Permanente¹⁰.

La situación del 23 abril era la misma que la planteada el 24 de febrero y el 8 de marzo. Los radicales pensaban que esa decisión política legal y legítima traería consigo sucesos violentos en Madrid y en provincias, tal y como los diputados federales les habían dicho. Pavía, capitán general de Madrid, lo confirmó y añadió que «no quería que las Cortes deliberasen al mismo tiempo que se libraba el combate en las calles», por muy pequeño que fuera el enfrentamiento¹¹. Por eso quisieron asegurar con tropas su movimiento parlamentario.

Los federales interpretaron el desorden como una baza política de presión sobre la Asamblea —como se vio en el caso del golpe en Cataluña—, porque la amenaza les permitía presentarse como necesarios para conjurarla. Cualquier decisión de los diputados radicales, como intentó Martos en febrero y marzo, necesitaba tener de su parte al capitán general de Castilla la Nueva, que residía en Madrid, y, además, había que controlar a la Guardia Civil, que contaba con varios cuarteles en la ciudad y una fuerza de 1.000 hombres que estaban a las órdenes del gobernador civil. Los milicianos eran prescindibles porque no eran tropas fiables, aunque servían para demostrar «músculo popular».

Nada de esto estaba preparado para el 23 de abril. El general Pavía, radical, no movilizó a las tropas —bastante indisciplinadas en Madrid por obra de los federales, como en Cataluña¹²—, porque justo ese día dimitió. Así pues, la Guardia Civil siguió en su sitio y los voluntarios que los radicales pudieron movilizar se acuartelaron en la plaza de toros, cerca de la Puerta de Alcalá. Si los radicales y los conservadores, con Serrano a la cabeza, hubieran decidido dar un golpe de Estado, como pasó el 3 de enero de 1874, se habría producido un enfrentamiento callejero similar al de julio de 1856, y quizá con el mismo resultado.

Pero fue justo al revés: Pi y Margall preparó a las fuerzas del orden para evitar un cambio de Gobierno antes de la sesión de la Comisión Permanente. Estévanez, gobernador civil de Madrid, convocó a los comandantes de los voluntarios para que estuvieran preparados para el mismo día 23. Según el embajador italiano Maffei, Estévanez había repartido «armas y municiones» entre los suyos¹³. De Madrid salieron emisarios para que los federales de provincias estuvieran alerta: si el Gobierno caía, llegarían a Madrid «sesenta mil federales» en tren, contó años después Estévanez, quien envió dos comisiones, una a Guadalajara y otra a Alcázar del Rey, para comunicar órdenes «por delegación del poder ejecutivo» y organizar el ataque.

Pi y Margall expidió órdenes al Ejército para que a la primera señal los soldados tomaran las armas¹⁴. Rispa y Perpiñá, militar intransigente y habitual en los clubes federales de la capital, contó en sus memorias que pasó por los cuarteles madrileños el 22 de abril para ganarse a los oficiales y a la tropa, como hicieron en Cataluña en febrero y marzo. Se trataba de que solo obedecieran las órdenes de Estévanez, que diría cuándo salir y contra quién, porque la República estaba «en peligro». Con el Ejército de su parte y con la complicidad del general Carmona, jefe del Estado Mayor de los voluntarios federales, la operación golpista ya estaba lista¹⁵.

En definitiva, la Comisión Permanente quiso utilizar la ley para sustituir al Gobierno sin destruir la República, y Pi y Margall, que estaba en funciones como Presidente del Poder Ejecutivo, dio un golpe de Estado. Incluso él mismo se ufanó de ello en sus obras posteriores¹⁶. Ese fue el verdadero golpe, la violación de la ley por la fuerza para imponer un Gobierno que nadie había votado, la disolución de instituciones y la posterior represión de la oposición.

Radicales y conservadores, en cambio, tenían en mente un Gabinete de coalición, presidido por Rivero o Serrano, que estableciera el orden, necesario para cualquier consulta electoral. Eso no desagradaba al republicanismo conservador de Emilio Castelar e incluso la prensa recogió la noticia, antes del golpe, de que Castelar quería dimitir por su discrepancia con la tolerancia del Gobierno con los federales intransigentes¹⁷. Era lo mismo que decir que consideraba que convenía aceptar un cambio de Ejecutivo, con radicales e incluso con conservadores, que sostuviera la República. Abárzuza, del círculo de Castelar, escribió que Figueras había llevado

… a nuestro partido y al Gobierno a un abismo. No ha habido más que violencia, intransigencia, ceguedad por los que tenían obligación de evitar un conflicto, que desgraciadamente se echa encima por momentos. Castelar ha visto la tormenta, pero no ha encontrado energía suficiente para conjurarla¹⁸.

Pi y Margall estaba preparando el golpe con el ministro Acosta y con Nicolás Estévanez. Por orden de Pi, Estévanez convocó el 22 a los comandantes de la milicia federal y a «hombres de acción», según La Iberia, para que se distribuyeran «calladamente» por los puntos estratégicos de la capital y los edificios importantes¹⁹. Además, acuarteló a la Guardia Civil. Por su parte, Acosta, ministro de la Guerra, ordenó a Pavía que a primera hora de la mañana del 23 de abril se presentara con todos los oficiales de la guarnición en el Ministerio. Allí, Acosta los retuvo para ganar tiempo y los engañó diciendo que se debían a la legalidad de la Asamblea, pero que nada iba a ocurrir.

Mientras tanto, Pi llamó a varios generales federales y les entregó órdenes firmadas por Figueras y Acosta, con el sello de las Cortes —una triquiñuela—, para que tomaran el mando de los cuarteles. Destinaron al general Hidalgo a la Guardia Civil, a Ferrer al cuartel de Mendigorría, y a los brigadieres Peco —que intentó el cantón de Jaén en julio— y Arín a mandar la caballería y la artillería. Al general Fernando Pierrard —que en julio fue a comandar el cantón de Sevilla— se le ordenó guardar el Ministerio de la Gobernación. Cuando Pavía pidió explicaciones a Acosta por todo esto, no se las dio para forzar su dimisión, cosa que ocurrió, tras lo cual fue inmediatamente sustituido por el general Mariano Socías²⁰. De este modo ya se podía desarticular cualquier apoyo militar a la decisión legal de la Comisión Permanente de destituir al Gobierno.

En la mañana del 23 de abril, el alcalde de Madrid, Juan Pablo Marina, llevó a la plaza de toros a los batallones de los voluntarios formados durante la monarquía de Amadeo. Los gerifaltes se instalaron en el Palacio de los duques de Medinaceli. El objetivo era reunir fuerzas populares, ponerlas a las órdenes de Serrano y secundar los acuerdos de la Asamblea Nacional. Un batallón de aquellos voluntarios ocupó la Carrera de San Jerónimo desde la Plaza de las Cortes hasta el Paseo del Prado. La orden la dio Francisco Salmerón, presidente de la Asamblea, con el propósito de «asegurar la libertad» de las decisiones parlamentarias²¹. El resto, hasta 4.000, se concentró en la plaza de toros con la excusa de pasar revista. Hasta allí se desplazaron los generales Topete y Letona, que dijeron que aguardasen órdenes. De haberse situado en los puntos estratégicos, se habrían encontrado con los voluntarios federales, dispuestos allí desde la noche. La plaza de toros estaba cerca del domicilio de Serrano, por lo que acudieron algunas personas a preguntar al general si aquello era cosa suya. Según Andrés Borrego, su hombre de confianza y agente político, Serrano contestó que él y sus amigos solo se moverían si eran requeridos de forma legal por la Comisión.

A las dos de la tarde, en el Palacio del Congreso se reunieron los diputados de la Comisión Permanente. No asistieron ni Pi y Margall ni Acosta. Aquella desobediencia del principal ministro del Gobierno era una mala señal. El día 20, como dijimos, se había acordado que todos los ministros acudieran a la Comisión para dar explicaciones sobre el desorden, pero Pi hizo caso omiso. En el Consejo de Ministros se decidió que Acosta se quedara el 23 en el Palacio de Buenavista, sede de su ministerio, y Pi en el de Gobernación. Mientras tanto, en la Comisión, Rivero, Echegaray y otros radicales pronunciaban largos e inútiles discursos en aquella sesión del 23, sin adoptar una resolución contundente. A las cuatro de la tarde llegó Acosta y comunicó que los voluntarios se habían acuartelado en la plaza de toros, pero no dijo nada de los voluntarios federales que llevaban dos días apostados en lugares estratégicos de la capital. Esta era la misión de Acosta, ministro de la Guerra: teatralizar la agresión conservadora y radical. Sorprendió a todos que, en lugar de situarse en el lugar de la «batalla», se presentara en las Cortes para anunciar lo que pasaba²².

Tutau, ministro de Hacienda, pidió la suspensión de la sesión para que el Gobierno se retirase a deliberar. Figuerola propuso que la Comisión nombrara a un general en jefe de las fuerzas militares en Madrid para defender las decisiones de la Comisión frente a la posible hostilidad del Gobierno. Labra, radical cercano a los federales, se opuso. Castelar insistió en proponer la suspensión, mientras que Echegaray pidió la sesión permanente. A propuesta de Rivero acordaron que el Gobierno se retirase a poner orden en las calles y que, una vez conseguido, se presentaran a rendir cuentas ante la Comisión²³. Este fue un nuevo error de los radicales, porque permitió que Acosta, Pi y Margall y Estévanez anularan a los voluntarios de la plaza de toros. Los milicianos no tenían intención de atacar ningún enclave y por eso se encerraron en la plaza. De hecho, los comandantes de estos voluntarios presentaron una nota a la Comisión en la que decían que estaban concentrados para «acatar y defender la legalidad», no para una «insurrección», y que esperaban órdenes de la Asamblea, escribió Sardoal²⁴.

Pi ordenó formar columnas de ataque contra la plaza de toros con apoyo de artillería, comandada por el general Hidalgo, que no tenía ningún mandato oficial. Los milicianos acantonados en la plaza estaban solos y sin mando desde que Topete y Letona les dijeran que se quedaran allí a la espera de las indicaciones de los generales conservadores. Cuando vieron a las fuerzas federales acompañadas de militares, profirieron gritos de «traición» y huyeron como pudieron, tirando armas y uniformes. Lo mismo hizo el batallón acantonado en la Carrera de San Jerónimo²⁵. El general Contreras se hizo con el mando de unos 150 voluntarios federales e intercambió disparos con los milicianos apostados en el Paseo del Prado²⁶. Los reunidos en casa de Serrano comprendieron que no recibirían ninguna orden de la Comisión y se ocultaron en casas de amigos y en algunas embajadas.

Entonces se produjo el golpe. Las tropas federales fueron al Congreso, cercaron el edificio y amenazaron de muerte a los diputados. La República Democrática, diario radical, lo había vaticinado el mismo día 23:

Pronto este Gobierno hipócrita, con el pretexto de no alarmar a la población, negará el apoyo de la fuerza pública a la Asamblea y sacará las tropas de Madrid para dejarnos a merced de sus hordas, para hacer entender a la Cámara soberana que es su prisionera²⁷.

Francisco Salmerón, Rivero y Salaverría enviaron varios telegramas al Gobierno contando lo que estaba sucediendo en el Congreso. Media hora después, Pi y Margall contestó que Estévanez acudiría con fuerzas armadas para proteger la salida de los diputados, pero pasó otra media hora y las fuerzas prometidas no llegaban. El telegrafista del Ministerio de la Gobernación dijo al del Congreso: «No te molestes en permanecer ahí; escápate por donde puedas, porque corres un gravísimo peligro mientras estés en esa casa»²⁸. Se trataba de «masas de hombres del pueblo armados de trabuco y puñal», escribió Pavía²⁹.

A las dos de la mañana, los federales armados entraron en el Palacio del Congreso y llegaron al salón de la Presidencia. Allí se encontraban unos 20 diputados, a los que gritaron que la Comisión Permanente quedaba disuelta y que estaban presos. El embajador Sickles, que salió de la embajada a pasear por Madrid para ver qué ocurría, escribió que «Rivero, Becerra, Echegaray, Figuerola y Sardoal habrían sido sacrificados a la furia de la turba, si no hubieran encontrado escondites temporales en las instalaciones» del Palacio del Congreso³⁰. Francisco Salmerón, Echegaray y otros convencieron al jefe de los milicianos y acabaron saliendo del edificio³¹.

Sorprende —o no— la celeridad de Pi y Margall para enviar soldados y oficiales en la mañana del 23 contra los milicianos de la plaza de toros y que, sin embargo, para salvar a los diputados de la Comisión se deliberase qué hacer en el Consejo de Ministros, se mintiera a los diputados y, finalmente, no enviara ni tropas ni agentes de la Guardia Civil. Es decir, el Gobierno dejó entrar a federales armados en el Congreso para disolver la Comisión Permanente. Manuel Becerra contó en las Constituyentes que Estévanez confesó a un diputado provincial: «Tranquilícese V. S., que entre los que van a turbar las deliberaciones van también algunos de los míos para evitar todo exceso»³². Esto explica la contención de los federales que entraron en el Palacio del Congreso y el retraso del Ministerio de la Gobernación y del gobernador de Madrid. Se trataba de un asalto calculado.

El golpe consistió en promover el ataque «popular» a las instituciones, desarmar a la oposición, controlar las fuentes de poder coactivo, permitir el acoso a los dirigentes opositores, causar miedo y, por último, disolver la Comisión Permanente violando la ley. Antonio María Fabié lo relataba en una carta del 24 de abril: Pi y Margall había dejado que los voluntarios federales ocuparan los sitios y edificios más importantes y había entregado los cuarteles a generales de su confianza. Además, se permitió que los voluntarios federales ocuparan el Palacio del Congreso durante varios días para impedir que los antiguos senadores y diputados concurrieran a él³³. «¡¡Un 2 de diciembre en que el héroe es Estévanez!! ¡¡Qué vergüenza, qué ignominia!!», escribió Abárzuza³⁴.

Los ministros Castelar, Nicolás Salmerón y Sorní llegaron en auxilio de los diputados. Entraron en el Congreso y tomaron del brazo a los miembros de la Comisión. Salieron por la puerta de la calle del Florín, y los milicianos federales, al oír que esta puerta se abría, se precipitaron y apuntaron a los políticos. Castelar les gritó hasta que abrieron paso. Así salvaron a Echegaray, Figuerola, Rivero y al resto. Romero Ortiz y Salaverría, conservadores, salieron por sí mismos a cara descubierta. Para sacar a Sardoal y a Becerra, que eran los más odiados, tuvieron que disfrazarlos. Becerra contó meses después que al salir del Congreso vio «escopetas apuntadas a mi pecho»³⁵. Era muy significativo el hecho de que quienes habían hecho caer la monarquía de Amadeo para traer la república quedaban fuera de la política y amenazados con la cárcel o la muerte si caían presos por los republicanos. «La República —escribió Morayta— había dejado de ser a los pocos días de proclamarse el gobierno de los más para ser la dominación de los menos»³⁶.

Todo terminó a las dos de la mañana del 24 de abril. «Dispersa ya por las iras populares la Comisión Permanente, no quedaba otro recurso que disolverla», escribió Pi en 1874, confesando con facundia mesiánica el golpe que estaba dando. «Disolverla era en rigor un golpe de Estado», añadió, con el deseo de imponer la «voluntad de un pueblo» a la de «unos pocos hombres». Una vez más en la historia del revolucionarismo se justificaba la violencia o el golpe de Estado con la supuesta legitimidad de las intenciones. No importaba pisotear la democracia y la legalidad con tal de llegar a La Federal por la Constituyente cuanto antes, pues, «obrando de otro modo, la disolución de la Permanente habría sido un asesinato hipócrita»³⁷.

Pi y Margall decretó el 24 de abril la disolución de la Asamblea, una actuación ilegal y apoyada en un acto violento, disolvió batallones de la milicia e hizo nombramientos militares. Aquello era un verdadero golpe de Estado para establecer una dictadura revolucionaria, fuera de la legalidad, usando la fuerza para imponer una ideología al resto del país. Frente a la dictadura constitucional, «comisaria» en terminología de Carl Schmitt³⁸, que pretendían Rivero y Serrano, y que finalmente se establecería en 1874, Pi y Margall pretendía una dictadura revolucionaria pero contenida, para que no quedara en manos de los federales intransigentes, y concentró en su persona todo el poder para no dar oportunidad alguna a sus competidores y menos aún a los federales de fuera de Madrid:

Si yo hubiese querido que al día siguiente se hubiese proclamado la República federal, proclamada hubiera quedado. Si hubiese querido que las provincias hubiesen convocado desde luego sus parlamentos, convocados habrían sido³⁹.

La contención de Pi volvió a defraudar a los intransigentes. El mismo 23 de abril, el general Fernando Pierrard, vicesecretario del Ministerio de la Guerra, propuso a la junta del partido en Madrid que se proclamase La Federal haciendo desfilar a los milicianos por la Puerta del Sol⁴⁰. No le hicieron caso.

En el decreto de disolución de la Comisión Permanente, Pi y Margall confesó que los radicales no querían un golpe de Estado pero que eran un «obstáculo» para su República. Los argumentos para la disolución eran que la Comisión trataba de retrasar la convocatoria electoral, prolongando así la interinidad que había querido convocar la Asamblea Nacional cuando la disciplina en el Ejército «había mejorado notablemente», por lo que «estaba casi asegurado el orden público», y que había tratado de nombrar a un nuevo comandante de la fuerza ciudadana⁴¹.

Lo curioso es que, quince días antes, la Diputación Provincial de Barcelona había cometido peores actos ilegales —Lostau se erigió en jefe de las fuerzas armadas de la provincia y se declaró el Estado catalán—, pero Pi y Margall no la disolvió ni atentó contra ella. Pi, simplemente, consideraba que la Asamblea era un «constante obstáculo» y la disolvió por la fuerza en cuanto tuvo oportunidad. Era imposible que a partir de ese momento los otros partidos —radical y conservador— pudieran ir a las elecciones en igualdad de condiciones ni asumir el resultado de las Constituyentes que se iban a reunir.

Esto fue lo que provocó que Castelar y Nicolás Salmerón, por motivos diferentes, se opusieran a la disolución de la Asamblea, hecho que para ambos era considerado un golpe de Estado⁴². Castelar pensaba que necesitaban el concurso de radicales y conservadores para sostener una república sólida, no dependiente de los federales intransigentes, mientras que Salmerón se aferró simplemente a la defensa del imperio de la ley.

La prensa de todos los partidos habló de la dictadura «revolucionaria» de Pi y Margall frente a la dictadura «reaccionaria» que querían radicales y conservadores. El diario La Justicia Federal, intransigente, llamó al Gobierno a que aprovechara la ocasión para proclamar «la República federal con sus lógicas y naturales consecuencias», es decir, el cantonalismo de abajo arriba. El 24 de abril, La República tituló su artículo de fondo «La dictadura», diciendo que esta forma era necesaria para «desbaratar los planes de la reacción enmascarada» y establecer La Federal. El día 25, el conservador El Diario Español apuntaba sin acritud que se estaba en una «especie de dictadura revolucionaria» que impedía al Gobierno tener «vigilancia» de ninguna institución. De hecho, todos los que osaron enfrentarse a los federales habían sido «arrollados». El Debate, dirigido por Pérez Galdós, decía que todo lo que saliera del «golpe de fuerza» del Gobierno sería nulo, porque «la única soberanía reside en la Asamblea». El moderado El Tiempo habló de «dictadura popular y revolucionaria» del poder ejecutivo. El carlista La Regeneración de ese día coincidió: «Estamos bajo una verdadera dictadura, no prevista ni autorizada por ley alguna».

Comenzó entonces la represión y persecución de todos aquellos que no fueran federales, que es la coda a todo golpe de Estado con éxito. Estévanez hizo fijar en las esquinas de Madrid un bando en el que afirmaba que «la demagogia monárquica» se había puesto «en rebelión contra el Gobierno legítimo» y llamaba a combatir a los que presentaban «actitud traidora»⁴³. La apelación a la persecución de «monárquicos» y «traidores al pueblo» para acabar con el adversario se encuentra en la tradición revolucionaria republicana. Así, la Junta Republicana Federal de Madrid publicó el 23 de abril una proclama que llamaba a «destruir de una vez para siempre esa chusma realista», en referencia a radicales y conservadores⁴⁴.

Este fue el pistoletazo de salida para iniciar la represión de todos los no federales. «No hay seguridad personal. Se hacen visitas domiciliarias, se registran las casas, se prende a las personas y se cometen toda clase de atropellos», escribió Abárzuza⁴⁵. Durante días, federales armados irrumpieron en domicilios de políticos, militares y escritores radicales y conservadores para apresarlos y llevarlos al Gobierno civil (el día que los federales asaltaron las Cortes, el 23, se llevaron la lista que los porteros tenían con las señas de los domicilios de los diputados)⁴⁶. Becerra, uno de los perseguidos, contó que «fueron a buscarme unos cien hombres con órdenes de no sé quién para matarme»⁴⁷. A la persecución se dedicaron durante cuatro días, hasta que Estévanez publicó un bando prohibiéndola⁴⁸. Topete se entregó en la cárcel militar; otros se exiliaron a San Juan de Luz, Biarritz o Bayona, como Serrano, que, llamado por el ministro de la Guerra, rehusó ir, y fue Estévanez quien lo llevó a la embajada británica para evitar que lo mataran⁴⁹. Maffei, de la embajada italiana, escribió a su Gobierno que Layard le había confesado que «si se descubría al duque [en su casa], nadie podría responder del futuro que se le reservaba»⁵⁰.

Lo mismo hicieron Martos, Sagasta, Letona y otros militares y políticos: esconderse primero y exiliarse después para evitar la muerte. Los radicales que aún tenían cargos en los ministerios, el Consejo de Estado o las embajadas dimitieron en bloque. También cesaron algunos militares, y Fernando Pierrard, aún en el Ministerio, los sustituyó por otros federales. Esto enojó a Acosta, con quien no se contó para hacer tales relevos, y presentó la dimisión. Fue sustituido el 30 de abril por el general Nouvilas, también federal, que había preparado un golpe de Estado para el 24 de febrero, como se vio en el capítulo anterior. Cuenta el historiador Hennessy⁵¹ que, en las 48 horas que mediaron entre el nombramiento de Nouvilas, que estaba en el norte, y su llegada a Madrid, Pierrard nombró a 145 oficiales federales intransigentes.

Nada más llegar a la ciudad, Nouvilas leyó la circular de Pierrard, publicada en la Gaceta de Madrid. No era un texto militar, sino un panfleto político sobre las bondades de La Federal, insultante para gran parte de los militares. Decía, entre otras cosas, que el Ejército se iba a republicanizar para «pasar de la esclavitud a la vida libre, del servilismo a la democracia»⁵². Confesaba, así, que se pretendía construir un ejército de partido. Explicaba Pierrard la importancia de controlar el aparato del Estado para imponer su fórmula política, así como su concepto de democracia, limitado a la defensa del credo federal. Nouvilas lo cesó⁵³.

En diez días, el golpe de Estado de Pi y Margall había echado a todos los que no fueran federales y propiciado la colonización del Estado, sobre todo de ayuntamientos y fuerzas armadas, que eran los dos pilares del poder. Los intransigentes se creían protagonistas de una revolución típica, consistente en apartar a todos y forjar a la fuerza su paraíso político. La Igualdad publicó el 27 de abril un aviso que ejemplifica muy bien el estado de ánimo federal, así como la imposibilidad de instaurar una verdadera democracia con ese partido. Se trataba de una convocatoria de la Junta Republicana Federal de la provincia de Madrid en la explanada que había entre el Palacio de Oriente y las caballerizas. Estaba firmada por Joaquín Martín de Olías, que pasaba por ser un intelectual, y que terminaba diciendo: «El objeto de la reunión es tratar de la cuestión electoral y solemnizar el triunfo alcanzado por el Gobierno de la República sobre la canalla realista».

El golpe, en realidad, se había dado sobre la viabilidad de la misma República. Se iniciaba su fin.

8

UNAS CONSTITUYENTES FEDERALES

EL RETRAIMIENTO GENERAL

El golpe de Pi y Margall del 23 de abril provocó el retraimiento de los conservadores y los radicales en las elecciones a Cortes Constituyentes. El capítulo anterior terminó con la referencia a la represión física de radicales y conservadores en Madrid durante cuatro días, casa por casa, alentada por Nicolás Estévanez, gobernador de Madrid. Lo mismo había ocurrido en provincias desde el 11 de febrero, cuando se había expulsado a los radicales de ayuntamientos y diputaciones. El golpe había rematado la operación para apartar a los partidos no federales. Los vencedores se creyeron con legitimidad para echar al resto, colonizar el Estado y dirigir el proceso político, esgrimiendo además un discurso mesiánico supuestamente democrático.

Los conservadores que se quedaron en España y no estaban en la cárcel debatieron si presentarse a las elecciones. El Debate, periódico conservador cuyo propietario era José Luis Albareda —quien casi acabó en prisión aquel 23 de abril tras denunciar el golpe de Pi a la legalidad y a la soberanía nacional representadas en la Comisión Permanente—, propuso «encerrarse en un absoluto y completo retraimiento de la vida política». La Época, alfonsino pero muy influyente en el universo conservador, daba por muerta la «libertad constitucional y parlamentaria», aunque mostraba cierto alivio porque había «sobrevivido» el Gobierno, es decir, una autoridad, si bien «la cuestión del derecho» con la que se ejercía el poder «fuese algo dudosa»¹. Otros diarios conservadores, como La Iberia, La Prensa, El Diario Español y El Gobierno, pasados unos días, empezaron a hablar del «golpe de Estado» de Pi y Margall.

Castelar y Figueras intentaron convencer a los conservadores de que las elecciones serían limpias. Era una invitación instrumental, pues estos republicanos sabían que se avecinaba una guerra entre federales y necesitaban a los partidos de la oposición para hacer frente a ese conflicto. Deseaban que estuvieran en las próximas Cortes porque actuaría como freno ante los intransigentes y convencerían a las cancillerías europeas de que la República era el régimen de todos, no solo de los republicanos. Les ofrecieron entre 40 y 80 escaños², pero se trataba de una promesa que no podían cumplir. Algunos conservadores, como Augusto Ulloa o Ríos Rosas, estuvieron dispuestos a aceptar, pero no el partido. El diario La Prensa, conservador, afirmó que, si algún constitucional conservador iba a las elecciones, no lo haría como representante del partido, porque eso sería «comprar la deshonra por medio de una indignidad»³. Juan Valera escribió entonces que aunque el Partido Conservador fuera a las elecciones, «todo lo que no sea ultra-republicano, ultra-federal, ultra-intransigente y ultra-internacionalista se encerrará en casa, lleno de terror o de profundo desaliento»⁴.

Algunos republicanos barajaron la posibilidad de retrasar las elecciones al mes de junio, incluso de modificar la ley electoral para aumentar el número de diputados con otros 50 o 60⁵, para dar cabida a conservadores y radicales en otro momento. Sin embargo, dicho planteamiento implicaba otra ilegalidad, ya que la ley electoral solo podía ser modificada por la Asamblea y no por el Ejecutivo. Con la disolución de la Comisión Permanente a la fuerza —por decreto del 24 de abril—, esa vía legal era imposible. Se debatió en Consejo de Ministros y no prosperó.

En el exilio, mientras tanto, se discutía cómo «derribar la demagógica usurpación que reinaba en Madrid». Entre alfonsinos, constitucionales y radicales exiliados había un punto de unión, escribió Borrego, que era acabar con los federales, el «enemigo común». En esta situación no tenía sentido participar en las elecciones a Cortes Constituyentes para legitimar la dictadura federal⁶.

El mismo día en que iniciaba el proceso electoral empezó el juicio a Topete por supuesto golpista. Nicolás Salmerón, ministro de Gracia y Justicia, instó a los jueces a enviar requerimientos judiciales a los supuestos implicados en los sucesos del 23 de abril. Esto legitimó la búsqueda policial y miliciana de los dirigentes conservadores en sus domicilios particulares o en los de sus amigos.

Topete, que había sido tratado poco antes como el héroe de 1868, se presentó voluntariamente en la prisión militar de San Francisco, en Madrid, para responder a la causa incoada por un juez que obedecía al Gobierno. Dijo que aquel día se había reunido con los conservadores porque estaba previsto que a la destitución legal del Gobierno por la Asamblea se respondiera con un acto de fuerza por parte de los federales. Topete, además, no se hizo responsable de que el alcalde de Madrid, el radical Sardoal, reuniera a la milicia en la plaza de toros. Lo que es cierto, dijo, es que esa tropa ciudadana no hostilizó a nadie y se dejaron desarmar. Era el Gobierno el que había dado un «golpe de Estado», afirmó. Se había inventado una «trama ilegal que no existió», porque no hubo combate y los reunidos solo querían el respeto de la ley. Tras su declaración, el juez dictó auto de prisión para Topete. El diario conservador El Gobierno protestó diciendo que los tribunales se habían convertido en «comisiones extraordinarias al servicio del poder»⁷.

El llamamiento a los radicales fue igual de complicado. La Discusión apeló a los antiguos progresistas y demócratas para que fueran a las urnas. «Acudid a los comicios, que el Gobierno de la República os garantiza la más severa imparcialidad y la más estricta justicia», publicó, cuando un mes antes había llamado a la guerra contra los radicales con arengas como «¡Guerra a muerte a los traidores! ¡Guerra a los hipócritas! Levantémonos como un solo hombre, y repitamos: ¡Guerra!»⁸. La invitación no era muy creíble, máxime cuando el 23 de abril Pi y Estévanez habían alentado la persecución de sus líderes incluso en sus domicilios.

Los radicales tampoco acudirían a las elecciones. A partir del 11 de febrero empezaron a buscar un perfil claramente republicano, adaptado a la nueva situación, pero no lo consiguieron ni en 1873 ni en 1874. El 6 de abril, antes del golpe de Pi, se habían reunido unos 110 diputados en una sala del Congreso para dar nacimiento al Partido Republicano-Radical, en el que entraron Francisco Salmerón, Martos, Becerra, Izquierdo, Echegaray, Mosquera y Sardoal (nadie se acordó de Ruiz Zorrilla, por cierto). En esa reunión decidieron ir a las urnas⁹, pero el plan se truncó con el golpe del 23 de abril. La prensa radical guardó silencio los primeros días tras la represión de Pi y Estévanez, y solamente levantó la voz La República Democrática, sustituto de La Tertulia y vinculado a José de Echegaray, que fue amenazado de muerte aquel día por los federales y a quien negaron refugiarse en algún domicilio particular. De hecho, solo Castelar consiguió librar a Echegaray de la ira de los federales armados.

La República Democrática se atrevió a decir el 25 de abril que el golpe de Pi y Margall había roto la legalidad y lanzado a la «turba roja» sobre las instituciones y sus representantes para establecer una «dictadura». Pi era un «dictador para sus adversarios, [y] esclavo humildísimo para sus cómplices», ante lo cual pedía el retraimiento de la vida política. El Imparcial, más moderado, censuró al Gobierno y se inclinó también por no intervenir: era imposible ir a las urnas con garantías, decía, cuando las oposiciones estaban proscritas por el Gobierno. El control de los municipios implicaba, además, que las autoridades distribuyeran a su gusto las cédulas electorales que otorgaban el voto. Sin garantías, concluía, el retraimiento estaba «imperiosamente impuesto por las circunstancias», y con la abstención era posible «quitar toda sanción moral a la futura Constituyente»¹⁰.

Con el partido golpeado, el 2 de mayo volvió a reunirse la Tertulia radical para acoger a los dirigentes que no estaban en el exilio¹¹. Allí se debatieron dos asuntos: la protesta de la Comisión Permanente y qué posición tomar ante las elecciones. No fue sencillo, ya que los diputados radicales de la Comisión Permanente no se pusieron de acuerdo en el contenido de la protesta y solo acudieron seis de los 14 radicales pertenecientes a dicha Comisión. El general Izquierdo se negó a firmar porque la protesta le pareció poco enérgica. Mosquera, que había sido ministro con Ruiz Zorrilla, manifestó que solo firmaría si en el texto no aparecían los tres diputados conservadores. Francisco Salmerón afirmó que aceptaría lo que dijera la mayoría.

Como todos mostraron reticencias, la protesta se retrasó¹², lo que era una evidente demostración de que el Partido Radical estaba muerto. Protestar contra el golpe era hacerlo contra la situación y no podían participar en unas elecciones convocadas por un Gobierno al que consideraban autor de un acto ilegal de fuerza. Si no protestaban, asumían la acusación de golpistas, por lo que su situación política y electoral quedaría muy mermada. Si, además, lo más granado del radicalismo estaba fuera de España tras los sucesos del día 23, era evidente que no tenían nada que hacer en las urnas. Lo cierto es que el retraimiento era la única opción para ocultar su debilidad.

La Tertulia asumió el protagonismo, a pesar de que los grandes hombres del radicalismo no la frecuentaron. Todo se encaminaba hacia el retraimiento, aunque no se olvidaban los personalismos: los de Martos culparon a Rivero del hundimiento del partido y los seguidores de este último dijeron que Martos había sido débil. La opinión radical se expresó a través de El Imparcial y La República Democrática. El objetivo era alcanzar una resolución unánime, pero, dadas las reticencias de algunos y las grandes ausencias, se acogieron a la decisión de la mayoría:

Si algún miembro disperso, extraviado, va a los comicios [decía un diario] irá por su cuenta y razón, a riesgo y ventura, contra la voluntad de su partido, y considerándose desligado de él para siempre¹³.

El 6 de mayo, tras cuatro días de discusiones, los radicales llegaron a un acuerdo: optaban por el retraimiento electoral. Francisco Salmerón, su presidente, propuso tres condiciones para hacer el manifiesto: el partido se declaraba republicano, negaba cualquier colaboración con el Partido Conservador y acudía al retraimiento como protesta por la disolución ilegal de la Comisión Permanente. Pero esta petición no fue atendida, ya que había dos grupos, los de Martos y Rivero, que no veían con malos ojos un acuerdo con los conservadores.

Entonces, Francisco Salmerón decidió retirarse de la vida pública a «llorar las desgracias del partido en que he militado», escribió. Días después publicó un manifiesto esclarecedor en el que denunciaba el golpe de Estado del 23 de abril, señalando a Pi y Margall, y animaba al retraimiento para no seguir el juego a los «conculcadores del derecho parlamentario». Los republicanos de orden, decía Francisco Salmerón, habían preferido a los intransigentes antes que a los radicales, y con un lirismo que no explicaba sus errores acababa: «Dimos el calor de nuestra fe, el soplo de nuestra conciencia, el alma de nuestro sufragio a la República que hoy nos repudia, nos arrolla y desafuera»¹⁴.

La Tertulia eligió a un comité de redacción de la protesta. Quería que fuera a nombre de la Comisión Permanente e incluir así a los conservadores. Rivero impidió la reunión de ese comité con la presentación de un texto en el que se denunciaban el golpe de Pi y Margall, los «falsos motivos» para la disolución de la Asamblea y la asunción de responsabilidades ante las Cortes. Firmaban Rivero, Echeraray, Beránger y Sardoal, y los conservadores Romero Ortiz, Salaverría y Esteban Collantes, diputados de la Comisión. En total, 14¹⁵.

El 8 de mayo se publicó el manifiesto del Partido Radical-Republicano dirigido a sus electores. Era una denuncia directa del golpe de Estado. El Gobierno —se podía leer— había utilizado la fuerza contra la legalidad y los representantes de la soberanía nacional, «haciéndose cómplice con su debilidad de las turbas impulsadas contra la Asamblea», las diputaciones y los ayuntamientos, incluso contra las «fuerzas populares armadas», en referencia a los voluntarios radicales que el 23 de abril estuvieron en la plaza de toros. El Gobierno había alentado la violencia de la «turba» para dar el golpe y por ello solo había empleado contra estos revoltosos «palabras y alocuciones». El retraimiento era obligado por el desorden social y la falta de autoridad, que no garantizaban condiciones para unas elecciones libres. Firmaban Romero Girón —el hombre de Rivero— como presidente, y Miguel de la Guardia y Gonzalo Calvo, representantes de Martos. La República Democrática remataba la denuncia recordando que la Asamblea fue disuelta el 23 de abril por federales armados, a la fuerza, es decir, por un golpe de Estado que el Gobierno certificó con su disolución al día siguiente. En esta situación daba igual que se reunieran unas Cortes porque

… una dictadura brutal los encumbró [a los federales]; esperemos su caída y la resurrección de la libertad. Dejémosles en tranquila posesión de su presa [...]. Detrás de nosotros está toda España, todo el mundo, y más que el mundo, está el Derecho¹⁶.

El objetivo era desautorizar a aquellas Cortes compuestas solo por federales usando el viejo sistema del retraimiento electoral. Sabían, además, que esa Cámara no lograría el reconocimiento de las potencias europeas, como así fue, y que la guerra entre federales sería inevitable: «¿Piensan tal vez —se leía en La República Democrática— que la República de Castelar va a satisfacer a los intransigentes?». El retraimiento —decía La Iberia— es «indispensable, justo y digno», e ir a las urnas era mostrar «complicidad» con la ilegalidad y el golpe que «solo los torpes o los ambiciosos» podían admitir¹⁷. Esto no impidió que algún radical se presentara por su cuenta, como Manuel Becerra.

Los alfonsinos tardaron un poco más en manifestarse sobre la convocatoria electoral. Publicaron un manifiesto, con fecha del 9 de mayo, en el que explicaban su posición. Habían protestado por la violación de la Constitución el 11 de febrero con la reunión ilegal del Congreso y el Senado, y por la proclamación de la República. Sin embargo, entendiendo que el país necesitaba orden, habían continuado en la Comisión Permanente en representación de la Asamblea, «único poder que quedaba en pie en la nación española». No obstante, el Gobierno, cuya legitimidad estaba en haber sido elegido por la Asamblea, la disolvió «violentamente». Por eso protestaban y, en consecuencia, no irían a las elecciones. Lo firmaban, entre otros, Barzanallana, Ardanaz, Álvarez Bugallal, Jove y Hevia, Suárez Inclán y otros que habían estado en el grupo liberal-conservador de Cánovas en las Cortes Constituyentes y durante el reinado de Amadeo de Saboya¹⁸. A pesar de esto, el periódico alfonsino El Tiempo anunció que sus candidatos tenían libertad de obrar según sus condiciones particulares y sus distritos¹⁹.

La Internacional también se decidió por la abstención. Ya lo habían declarado en el Congreso Obrero de Barcelona, en junio de 1870, y lo certificaron poco antes de las elecciones de 1873. El plan internacionalista iba por otro lado, como ya se verá más adelante, en consonancia con su idea clave: «El pueblo ha de obrar por sí y ante sí, echando a rodar ídolos y santones, autoridad y leyes». Su órgano, La Federación, publicó un artículo de fondo diciendo que el

… sufragio universal es contrario a la idea de la Revolución. Estamos plenamente convencidos que en la práctica constituye un peligro. Es un axioma incontestable, que para darse cuenta de la oportunidad de una medida basta mirar cómo es considerada por nuestros enemigos. Lejos de ser rechazado, ha sido empleado por todos los gobiernos tiránicos²⁰.

Según se fueron acercando las elecciones, al comprobar que todos iban al retraimiento, la prensa republicana actuó con mayor agresividad. La República, el órgano de Nicolás Salmerón, llamaba a los partidos de la oposición a presentarse a las elecciones y a abandonar «conducta tan torpe y rastrera». El retraimiento, decía, era el «reflejo de la decrepitud» y les pedía que fueran a las urnas, donde verían que si «las espadas con que hasta aquí han vulnerado el honor de la patria están enmohecidas —eso mismo habían dicho de Topete y Serrano en las Cortes—, las opciones monárquicas y antirrevolucionarias no lo están menos en España»²¹. La Discusión, con su habitual agresividad, empezó a hablar de «torpe canalla» para referirse a los partidos defensores del retraimiento y amenazó con la «cólera del pueblo» si no iban a las urnas. No era un argumento muy democrático ni anunciaba nada bueno.

LAS ELECCIONES DE MAYO DE 1873

Desde 1856, los demócratas y, por ende, los republicanos habían criticado el fraude en las elecciones del reinado de Isabel II. La influencia gubernamental, ese hilo de manipulación que iba desde el ayuntamiento, pasando por la diputación y el gobernador civil, hasta el Ministerio de la Gobernación, se debía, decían, a que había una brutal separación entre los dirigentes de la monarquía y el pueblo. Por supuesto, los demócratas eran la voz popular que no dejaban que se oyera. En consecuencia, si se eliminaba ese mecanismo de influencia y existía el sufragio universal masculino, el resultado no podía ser otro que la victoria de los republicanos.

Existía otro obstáculo, añadían aquellos demócratas, y era la mentalidad arraigada durante siglos por la acción de la monarquía y de la Iglesia, que ligaba al español con formas políticas del pasado. Esa mentalidad solo podía erradicarse si se extendían nuevas ideas; de ahí la dedicación concienzuda de los republicanos a la propaganda. La tarea era mostrar a la gente la verdad, levantar el velo que reyes y obispos habían puesto a los ojos del pueblo y permitir que emanara su natural republicanismo. Para otro momento se dejaba, claro, la extensión de costumbres públicas democráticas, como el respeto a que el adversario ejerciera libremente sus derechos.

Su concepto de democracia no pasaba por la equiparación de las opiniones para lograr una representación limpia basada en el respeto de la ley y conseguir así la legitimidad. No. Su concepto se basaba en la creencia de que lo democrático era la defensa del interés del pueblo, que pasaba por eliminar todo aquello que considerasen contrario a esos intereses. Poco importaba la manifestación de la gente en las urnas. Por tanto, su idea de representación era más simbólica que real. Bien es cierto que los republicanos utilizaron las elecciones entre 1868 y 1872 como un plebiscito constante sobre su monomanía, definir la forma de Estado, para lo cual se aliaron con los carlistas en las urnas en dos ocasiones y luego con los radicales. Tomar cada elección como un plebiscito no contribuyó a asentar las costumbres públicas democráticas entre los suyos. Sin embargo, en 1873 tenían la oportunidad de demostrar que el republicanismo era sinónimo de no injerencia gubernamental en las elecciones, libertad de concurrencia y sufragio, ausencia de todo tipo de violencia y expresión más o menos verdadera de la voluntad nacional. Era la ocasión de mostrar que lo predicado durante décadas coincidía con su proceder.

El 4 de marzo el Gobierno de Figueras publicó el proyecto de ley convocando elecciones para el mes de abril, en el que se reducía la edad electoral. Era una vieja aspiración republicana porque dicho partido creía que encontraría un buen filón de votos entre los jóvenes. El asunto, como se vio en el capítulo anterior, generó una grave crisis entre radicales y federales, resuelta con el voto particular del radical Rafael Primo de Rivera, un voto que realmente habían dictado ministros del Gobierno de Figueras.

Finalmente, las elecciones se retrasaron hasta el 10 de mayo, momento en el que se formarían las mesas electorales en los distritos, y durarían hasta el 13 de ese mes. Las Cortes se reunirían el 1 de junio. La edad electoral se fijaba en 21 años, lo que aumentó el censo electoral un 13 %, hasta el 27 % del total de la población, esto es, más de cuatro millones y medio de votantes²². No obstante, se mantenía en manos del alcalde la concesión de la cédula electoral, que se sellaba una vez se votaba. Este sistema permitía ejercer el favoritismo hacia candidatos y electores del Partido Republicano, toda vez que la mayor parte de los ayuntamientos habían sido tomados al asalto por los federales sin pasar por las urnas para quitar a los radicales. Difícilmente se podía valorar la democracia cuando se habían atropellado instituciones democráticas para obtener el poder.

Las únicas elecciones con las que se pueden comparar las de mayo de 1873 son con otras Constituyentes, aunque estas tuvieran un fuerte componente, como casi siempre, de plebiscito sobre la situación política y el Gobierno, sin entrar a valorar la falta de respeto y la ausencia de costumbres públicas democráticas y de garantías para el ejercicio de la libertad del adversario, además de la influencia gubernamental. En las Constituyentes de 1869, con un censo de casi cuatro millones de electores, la abstención fue del 30 %. Evidentemente, la ilusión por el futuro y el respeto al adversario estaban más extendidas en 1869 que en 1873, así como la confianza en la élite política.

La abstención en mayo de 1873 llegó al 60 %, la más alta desde 1867, en la época isabelina de sufragio censitario, y eso que el cuerpo electoral se había aumentado con medio millón de personas²³. La participación fue mínima, pues la inmensa mayoría temía la violencia de los federales, se sentía hastiada de una democracia que hurtaba la libertad u obedeció el retraimiento indicado por radicales y conservadores. Es más, llegados a ese punto, muchos ciudadanos sabían que las decisiones políticas eran independientes del resultado electoral. Los federales intransigentes consideraban que estaban en un momento revolucionario, en el que la legitimidad la otorgaba la supuesta misión histórica que se habían atribuido y, por tanto, los medios no tenían por qué ser democráticos. La creencia general tras cinco años de retraimientos, falsificaciones e intolerancias, de exclusivismos y coaliciones antinaturales para desestabilizar, era que la legalidad estaba al servicio de un partido, no de la democracia. Además, el ambiente de violencia general en toda España, con milicianos armados haciendo de agentes del orden público y abusando de su autoridad y un Ejército indisciplinado, invitaba más al recogimiento domiciliario que a acudir al colegio electoral.

El Gobierno quiso que aquellas elecciones fueran las más limpias de la historia de España, y lo hizo al estilo de Pi y Margall: con palabras, en lugar de poner en marcha acciones prácticas, como mandar fuerzas de seguridad e inspectores. La publicación de circulares no convenció a nadie que no estuviera ya convencido. La Gaceta se utilizó más para salvar la reputación del Gobierno que para impulsar a la oposición a salir del retraimiento. Pensaron más en la posteridad, en que el inicio de la era federal fuera inmaculado, que en las propias elecciones. Antes de hacer pública su primera circular, Pi y Margall daba por hecho que las elecciones las ganarían los federales. A un telegrama de Barcelona del 24 de abril, mucho antes de que conservadores y radicales se decidieran por el retraimiento, Pi respondió que «el triunfo electoral no es dudoso, sobre todo en las grandes ciudades»²⁴. Puede entenderse como un modo de apaciguar a los intransigentes, pero también como una clara declaración de intenciones.

La primera circular de Pi y Margall a los gobernadores civiles fue del 14 de febrero y en ella se establecía que el lema de la República era «Orden, Libertad, Justicia». La insurrección, decía, dejaba de «ser un derecho» porque había sufragio universal y libertad para difundir las ideas. Esto ya pasaba antes del 11 de febrero, pero lo callaba. Esta negación del «derecho de insurrección», junto con la afirmación de que había pasado la hora de la federación de abajo arriba y que había que hacerla desde Madrid, provocó que Pi y Margall dejara de ser el líder del federalismo intransigente.

El impacto fue importante, porque Pi se había dedicado a predicar unas teorías revolucionarias y federales que se demostraban contrarias a la realidad y a la práctica de todo tipo de gobierno, incluido el suyo. Sus ideas alimentaron un federalismo socialista o popular que luego resultó incontrolable. No le cabe poca responsabilidad a Pi y Margall en el desastre del Sexenio Revolucionario, especialmente en la República de 1873. En dicha circular del 14 de febrero añadió que no iban a repetir las «ilegalidades de otros tiempos», ni «las coacciones, los amaños, las violencias, los fraudes que tanto falsearon otras elecciones». El problema era que se habían cambiado por la fuerza los ayuntamientos y las diputaciones para entregárselas a los federales intransigentes que se levantaban en armas, y luego se nombraron gobernadores al gusto de Pi. Este había sido el origen de la primera crisis de Gobierno entre radicales y republicanos, que explotó el 24 de febrero, como se vio. Al final, Pi prometió castigar al que cometiera irregularidades; pero nunca llegó ninguna sanción desde el Ministerio de la Gobernación, ni entonces ni cuando se proclamó el Estado catalán poco después²⁵.

La segunda circular la dirigía Juan Tutau, ministro de Hacienda, a los jefes de la administración económica de provincias, y tenía fecha de 25 de abril. En ella pedía la abstención en el proceso electoral, pero recordaba que tenían derecho a influir como «meros ciudadanos», siguiendo «el impulso de su conciencia», y que el Gobierno lo tendría «muy en cuenta»²⁶. El mismo Tutau puso en marcha un mecanismo para evitar que el federal Rispa fuera elegido en los 13 distritos en los que se presentaba utilizando la «influencia moral», las papeletas falsas y las listas de electores que ya habían fallecido —los «lázaros»—. Rispa escribió que Tutau envió a Fernando Rovira, uno de sus empleados, con un «fajo de credenciales en blanco» al distrito de Rispa en Tarragona, y que dio «instrucciones para que fuera votado» José María Torres en su lugar. En el distrito de Miranda de Ebro, escribió Rispa, las autoridades federales hicieron que votaran los muertos²⁷.

La circular del 3 de mayo, firmada por todo el Gobierno, fue el tercer documento relativo a los comicios. En tono mesiánico se anunciaba que «la importancia del periodo electoral traspasa el tiempo presente, y a todos los tiempos y a todas las generaciones». El Gobierno, por tanto, se comprometía a garantizar la «sinceridad del voto» para construir una república alejada tanto «de la reacción como de la utopía». Definía el régimen electoral como el sistema formado por una tropa de empleados públicos que funcionaban como agentes de un candidato, un gobernador provincial que distribuía esos empleos entre los suyos, y las recomendaciones desde el Ministerio de la Gobernación. Esto último fue lo único que en teoría detuvo Pi y Margall, porque nombró a todos los gobernadores entre sus adeptos y se comportaron de forma tradicional, como él mismo confesó en su obra sobre la República. Según Romanones, hasta 16 gobernadores civiles de los nombrados por Pi y Margall resultaron elegidos diputados en mayo²⁸. Después la circular insultaba a los partidos de la oposición: decía que conservadores y radicales preferían «los motines a los comicios» y que pasaban de «dictadores a conjurados» solo por interés personal a «expensas de la justicia y del derecho». La abstención insensata, afirmaba el texto, conducía a «conspiraciones reaccionarias» y, luego, a «la dictadura» o a «la restauración». Los partidos liberales de oposición, concluía, se iban a arrepentir de haber querido «retardar el voto» y de no «contribuir a la mejor y perfecta organización de la República». Terminaba apelando al patriotismo del electorado²⁹. Esos ataques a la oposición, a la misma a la que se llamaba a votar, contravenían cualquier plan de construcción de un espacio democrático y eran impropios de una circular electoral.

Los federales vivían en contradicción. A esta última circular, característica de autoritarios, le siguió una de Pi y Margall, publicada el 5 de mayo, que quería ser una expresión de su intención de pureza electoral, pero que acabó siendo una prueba de su arrogancia moral. Empezaba diciendo que no sería mejor gobernador aquel que «procure el triunfo a más candidatos adictos a su causa», sino el «más neutral». La República había llegado para «corregir» abusos, pero a continuación volvía a insultar a la oposición de los partidos liberales, afirmando que estos podían tratar de boicotear las elecciones y que emplearía la fuerza sin vacilación, esforzándose por que «nunca puedan atribuir su derrota más que a su falta de influencia en los distritos y al desprestigio en que hayan caído sus ideas». España era federal, la fórmula del progreso, una «corriente grande e incontrastable» que abanderaba su partido. Por ello, «las oposiciones, por mucha que sea su libertad y por heroicos que sean sus esfuerzos, han de quedar en notable minoría y ser arrolladas en los futuros debates»³⁰. Era un manifiesto de partido, no la circular de un ministro de España que velara por la imparcialidad de la Administración.

El mensaje de que debía arrollarse a la oposición era tan manifiesto que Pi y Margall se vio obligado a dejar el Ministerio e irse a su casa, porque, según escribió su hijo, no aguantó la avalancha de telegramas de los gobernadores pidiendo instrucciones. A pesar de esta retirada domiciliaria, sí contestó a algunos. Le preguntaban por el candidato favorito entre los federales —no entre republicanos y monárquicos— y Pi contestaba que se atuvieran a la circular del 5 de mayo³¹. Algunos telegramas se filtraron a la prensa y La Correspondencia de España publicó un par de ellos. En uno Pi decía que le habían comunicado que en Ponferrada «los funcionarios públicos trabajan descaradamente por determinado candidato», ante lo cual le pedía al remitente que si no desistían de su empeño de influir en las elecciones «no podrán continuar en sus puestos». Era evidente que la inacción, irse a casa y cerrar los ojos hasta que todo pasara, no aseguraba la limpieza electoral. Otro gobernador pidió a Pi «delegados» para que las elecciones fueran libres, a lo que contestó que no era posible si no se había «alterado el orden público»; es decir, después de que se demostrara que había habido violencia³². Esto ocurrió en La Coruña. Pi escribió al gobernador de esta provincia para que tomara precauciones y evitar las quejas que le habían llegado de los candidatos conservadores. Lo mismo ocurrió en otra provincia, cuyo nombre no quiso dar La Correspondencia, en la que se quejaban de la «recomendación» electoral que hacía el secretario de Gobernación. Pi se limitaba a decir que esperaba que renunciaran «a toda intervención en las elecciones»³³.

El mismo que había violado la legalidad el 23 de abril, dado un golpe de Estado, disuelto a la fuerza la Comisión Permanente, permitido la colonización del Estado por parte de los intransigentes y se había atribuido una dictadura pretendía ahora que los partidos creyeran que sus elecciones iban a ser limpias. Desde el 11 de febrero Pi había ocupado el Ministerio más político, el de Gobernación, y desde él cambió al personal de los gobiernos provinciales y de las fuerzas de orden público.

Era muy ingenuo pensar que las elecciones serían limpias, si no se hacía nada desde el Ministerio y todo se limitaba al envío de unos telegramas. La insistencia en repetir que fueron las más limpias de España pareció obedecer a que perviviera la imagen de moralidad intachable de Pi y Margall y de su republicanismo. De hecho, el periódico El Estado Catalán afirmaba que «han funcionado comités y corporaciones oficiales», que habían impuesto a su candidato frente al republicano contrario. Usaron «armas electorales», como «telegramas o cartas de los hombres más ilustres de nuestro partido» para engañar a los electores y hacer que se inclinaran por los republicanos gubernamentales. Las elecciones se habían amañado, decía, para conseguir una mayoría oficialista e impedir que hubiera «ultra-federales, los separatistas si los hay, [o] los provincialistas». En las Constituyentes, merced a esa manipulación, solo se reunirían «federales tibios o inconscientes»³⁴.

Ya el primer día electoral, el 11 de mayo, La Discusión, el órgano gubernamental, se preguntaba por qué a los electores parecían no interesarles esos comicios y la respuesta consistió en culpar a los conservadores y a los radicales, porque, sin lucha electoral, los ciudadanos no votaban. Era la misma impresión que tenía el radical La República Democrática en Madrid: los colegios desiertos, las urnas abandonadas, ociosos los presidentes de las mesas interinas y las mesas definitivas constituyéndose a duras penas. Solo hubo lucha electoral allí donde se enfrentaron republicanos gubernamentales contra intransigentes. La Época del 13 de mayo lo explicaba diciendo que «la clase media, tan numerosa e importante en nuestra patria, se abstiene de dar sus votos a una República» que encomendaba «su defensa, no a la ley, sino a la fuerza». Fue el retraimiento con más éxito en la historia electoral de España desde 1838, cuando el Partido Moderado inauguró esta práctica como modo de protesta y deslegitimación.

La violencia no fue excesiva, fundamentalmente porque no hubo concurrencia y porque las oposiciones se abstuvieron. El hecho más grave fue el atentado personal al alcalde de Barcelona, Narciso Buxó, en el colegio electoral de la Lonja. Un grupo de federales intransigentes entró en el lugar, rompió la urna y empezó a rasgar las papeletas. De hecho, allí la contienda solo se dio entre republicanos, siendo la más sonada la lucha entre Robau Donadeu y Lostau, dos figuras del momento. Cuando el alcalde apareció en el colegio para calmar los ánimos, fue atacado por el grupo y golpeado con palos en la cabeza. El Estado Catalán, que tomó parte muy activa en favor de los federales intransigentes, publicó un manifiesto censurando el ataque al colegio electoral y lamentando «el retraimiento de la mayoría del partido federalista», que podía haber derrotado a los oficialistas³⁵.

La Lonja era el distrito electoral primero en Barcelona. Salió elegido Benito Arabio con 1.669 votos de los 12.644 posibles, con una participación del 20 %³⁶. Daba la casualidad de que Arabio era el presidente de la Diputación de Barcelona, y había recibido los «votos castrenses», ya que los marinos de la fragata Villa de Madrid, fondeada entonces en Barcelona, y otras fuerzas con mando del Gobierno acudieron a votar a la Lonja. En total, 930 soldados acudieron a las urnas. El diario de Barcelona La Imprenta hizo la cuenta: si se restaban esos 930 de los 1.669 votos que obtuvo, en realidad consiguió 739 «votos urbanos», que eran menos que los 825 recibidos por el intransigente Alier. El periódico concluía diciendo que Arabio «podría llamarse diputado por la fragata Villa de Madrid»³⁷.

De los 408 diputados solo 56 rebasaron los 5.000 votos, la mayor parte elegidos en Málaga, Jaén, Badajoz y Murcia. De los electos, 40 no llegaron ni a los 1.000 votos. Ramón Xerica fue diputado con 52 votos, que obtuvo en Amurrio (Álava), y Ercazti con 157, conseguidos en Estella (Navarra)³⁸. En Madrid votaron 22.401 personas; es decir, menos de la cuarta parte del censo electoral. Oreiro, ministro de Marina, no salió elegido diputado, convirtiéndose en una invitación para que dejara el Gobierno. Morayta, testigo de esas elecciones, escribió que en algunos distritos el número de votos fue «irrisorio» y que salieron diputados intransigentes donde eran una minoría porque la mayoría, con «ideas reaccionarias», no había votado³⁹.

REUNIÓN DE LAS CONSTITUYENTES

Una buena parte de los diputados federales, como señala Morayta, habían conseguido la notoriedad en clubes federales o en motines, pero eso no otorgaba «la serenidad y los conocimientos» para «estar a la altura»⁴⁰ de las Cortes. Eso se notó en los debates. Maffei, embajador italiano, escribió con cierta ironía a su Gobierno que «podéis juzgar la situación por el hecho de que hoy [Pi y Margall] representa casi el elemento más conservador»⁴¹. La composición quedó en 344 escaños para los republicanos, 20 radicales, siete constitucionales, tres alfonsinos y 17 sin asignar⁴². Otro asunto es cuántos diputados acudieron a las sesiones: unos 200; es decir, que uno de cada tres ni siquiera pisó las Cortes. A esto se unió el agrupamiento de diputados por las regiones que después constituirían los Estados federados. Comenzaron los diputados gallegos para tener una sola voz en la Comisión Constitucional y siguieron los diputados andaluces, los extremeños y los murcianos. Se reunían y deliberaban juntos. En ocasiones se los llamó «regionalistas», pero, al igual que los otros grupos, no tuvieron mucho recorrido debido al poco tiempo que duraron aquellas Constituyentes.

Entre los republicanos había un grupo de unos 60 intransigentes, donde destacaban Díaz Quintero y Ramón de Cala, que rechazaban la línea gubernamental en cuanto a dar inicio a la federación de arriba abajo, mediante una Constitución, y que querían que se proclamase La Federal con sus «lógicas y naturales consecuencias»; esto es, la autonomía de los entes soberanos, comenzando por el municipio, para forjar su relación con el conjunto. Apelaban al pueblo trabajador imitando el caso del republicanismo francés jacobino, hablando de justicia social y de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de la legislación. En realidad, veían en el «pueblo» a una fuerza revolucionaria útil para la toma del poder, como en las jornadas del 48 francés. La fuerza de los intransigentes estaba fuera de las Cortes, en los voluntarios federales y en algunos militares como Pierrard y Contreras.

La derecha era la mayoría, pero estaba dividida entre los seguidores de Castelar y los de Nicolás Salmerón. Ambos veían que el proceso se había descontrolado por la consecuencia real de la prédica de La Federal. La creación de un movimiento utópico, basado en el radicalismo, el mesianismo revolucionario y la exclusión del resto no podía traer más que el desorden. Por tanto, fundar un sistema democrático y liberal republicano aceptado por todos para que tuviera posibilidades de perdurar era muy complicado, si se basaba en aquellos federales visionarios. En consecuencia, tradujeron el federalismo en una descentralización administrativa y centraron su acción política en mantener el orden. Castelar defendió la integración de radicales y conservadores en las instituciones, ya fuera a través de las elecciones parciales que se hicieron ese año de 1873 o en puestos de la Administración y el Ejército. Salmerón, sin embargo, despreciaba esta opción y creía que la República solo podía estar en manos de los republicanos y que mantener la pureza de los principios era más importante que la política práctica.

En el centro-izquierda estaban los seguidores de Pi y Margall, a quien Engels tenía como «el único socialista» español que «vio la necesidad de fundar la República en los trabajadores»⁴³, posiblemente porque los intransigentes se aliaron con los bakuninistas en los cantones. Para junio de 1873, Pi y Margall era un «traidor» para una buena parte de los federales. El centro-izquierda constituía un número muy pequeño de diputados y normalmente votaron con los intransigentes contra la derecha de la Cámara, al tiempo que estos los despreciaban.

También estaba el «centro reformista», dirigido por Eduardo Palanca y José María Orense. Se distinguían por sostener que La Federal era viable desde arriba, con las Constituyentes, pero no resultaba un problema la formación previa de los cantones. Así, la Constitución reconocería hechos, no los impondría. Al tiempo, el centro reformista consideraba que la República se asentaría con reformas sociales y laborales, haciendo ver a las capas populares que el nuevo régimen las protegía. Esta posición hizo posible que los centristas pactaran a su derecha con Salmerón y a su izquierda con Pi y Margall y Orense.

El 1 de junio se iniciaron las sesiones de las Cortes Constituyentes. Las presidía José María Orense, por edad, y adoptaron el reglamento de 1847, de origen moderado. El plan de Figueras era contar en un discurso la versión oficial de lo ocurrido desde el 11 de febrero, pasando por el 23 de abril, y a continuación dimitir. Eso hizo. En el discurso, escrito por Emilio Castelar⁴⁴, repitió las ideas que la prensa gubernamental había publicado desde entonces: la Revolución de 1868 fue intrínsecamente republicana y por eso no funcionó la vía monárquica, y la República proclamada el 11 de febrero era la «solución natural». La Asamblea Nacional, dijo Figueras, se había «excedido en su mandato» al querer retrasar las elecciones por el desorden que existía en España, pero el Gobierno «había escudriñado la opinión pública y reconocido que la causa principal de las agitaciones se encontraba en el aplazamiento indefinido de la nueva Asamblea». Esa era una idea de Pi y Margall, quien defendía que las elecciones eran una forma de calmar a los intransigentes, de manera que distorsionó la convocatoria electoral solo para evitar la violencia de los revolucionarios, cosa que, además, no consiguió.

Figueras no explicó el porqué de la disolución de la Comisión Permanente, quizá porque esta institución no había cometido ninguna ilegalidad y no era fácil dar un motivo convincente. Solo acertó a decir que la disolución se hizo «en defensa de la soberanía popular», es decir, para que no se retrasaran legalmente las elecciones, y para ello había que cambiar el Gobierno. Fue la resistencia del Ejecutivo a ser destituido lo que motivó el plan de Pi y Margall del 23 y 24 de abril, tal y como se ha relatado anteriormente. Luego, Figueras desveló que las potencias europeas desconfiaban de la República española porque consideraban que era un foco de desorden en el continente, y añadió que la solución federal era «puramente española, ajena a toda propaganda revolucionaria». Y terminó con un deseo que no se cumplió: «Cerremos el periodo de las revoluciones violentas, y abramos el periodo de las revoluciones pacíficas»⁴⁵.

Aquello no gustó a los intransigentes. Juan Viralta, un federal que vivía de la revuelta, dijo en el Centro Republicano Español de Madrid que pensaba que Figueras tenía «buenos deseos y buena fe», aunque le parecía cierto el rumor de que era «un gitano, porque ofrece mucho y no cumple nada»⁴⁶.

Figueras no estaba ya para la política. La muerte de su mujer y lo intrincado de los acontecimientos empujaban al republicano a continuar su rutina, pero, en cuanto pudo, se retiró a su casa. Devolvió los poderes a las Cortes y se presentó una proposición para que Pi y Margall constituyera el nuevo Ejecutivo. Las Cortes debían conceder la potestad al diputado, pero la composición se negociaba antes de dicha concesión; es decir, no sería presidente si los hombres designados por Pi no eran del agrado de la mayoría. A este modelo se llegó porque los intransigentes defendieron que dejar en manos de Pi y Margall la designación de los ministros era proclamar la dictadura de un hombre, no de una Asamblea. El modelo era distinto del que habían empleado antes, en el que los nombres eran votados por las Cortes, así que para evitar esa escena se pactó privadamente.

Castelar era el negociador gubernamental y Diaz Quintero y Cala, los portavoces de la intransigencia. Los gubernamentales barajaron dos nombres: Pi y Margall, como el principal, y Nicolás Salmerón, como el hombre de repuesto. Se jugaban las presidencias del Ejecutivo y de las Cortes Constituyentes, y ambos políticos podían recalar en cualquiera de ellas. Castelar no quería estar en el Gobierno, dijo a La Correspondencia de España el 3 de junio, porque su política había sido derrotada el 24 de febrero, cuando se rompió la conciliación con los radicales. Deseaba, dijo, la unión con los partidos liberales dentro de la República y trabajaría por cualquier Gobierno que diera orden y libertad.

Pero la unión de todos los republicanos era muy complicada. El centro-reformista fue el que tomó la iniciativa. En las sesiones del Centro Federal Reformista del 2 y 5 de junio apostaron por una mayoría de centro-izquierda. Criticaron que los republicanos conservadores quisieran combatir el desorden con la fuerza, en lugar de hacerlo con reformas. Acordaron entonces un manifiesto que incluía las reformas necesarias para encauzar y dirigir la revolución, y decidieron presentar a José María Orense para presidir las Cortes, con Díaz Quintero, Cala y Merino, de la intransigencia, como vicepresidentes.

Así ocurrió. El día 7 fue elegido Orense, que dijo en su discurso que estaría en dicho «sitial» mientras el Gobierno hiciera una política reformista. Orense había predicado desde hacía años la revolución para llegar a La Federal, que consideraba como una necesidad histórica y una fórmula magistral para resolver todos los problemas. Lejos quedaban aquellas reuniones del partido en octubre de 1868, en las que no supo explicar la federación a los demócratas. Tras su elección, Orense dijo: «Se me figura que debíamos empezar por proclamar la República federal», y así se hizo el 8 de marzo, y sin debate. La Federal no merecía una discusión parlamentaria con exposición de motivos y opiniones; esto es, un debate serio sobre su sentido y su naturaleza, sobre las causas y las consecuencias políticas de una forma de Estado totalmente nueva en España. La Federal se aprobó como si fuera una ley menor, sin más trámite, con 218 votos a favor y dos en contra, los del unitario García Ruiz y el conservador Ríos Rosas.

9

EL DICTADOR TELEGRÁFICO

DOS GOLPES Y UN DESPRECIO A FIGUERAS

Cuando se producía una crisis de Gobierno que duraba varios días y que, por tanto, provocaba un vacío de poder, la costumbre en 1873 era preparar de forma inmediata un golpe de fuerza para sostener la legalidad o destruirla. Incluso las dos cosas a la vez. Ya había pasado el 24 de febrero, el 8 de marzo y el 23 de abril, y no iba a ser menos en junio, cuando Figueras dimitió sin sustituto.

Castelar y Nicolás Salmerón, los ministros más moderados, habían dicho en repetidas ocasiones, al igual que Figueras, que deseaban dejar el Gobierno. Lo comunicaron en Consejo de Ministros, alegando que debía disolverse el Ejecutivo que había convocado elecciones y que la nueva situación eligiera otro. Pi y Margall se opuso¹, lo que demostraba que el líder de la situación era él, no el presidente de la República ni los otros ministros. Castelar ya había manifestado en varias ocasiones, desde la crisis del 24 de febrero, que era imposible mantener la República solo con los federales, y menos echándose en brazos de los intransigentes. Nicolás Salmerón alegó «motivos de salud» para dejar el Ministerio, excusa muy socorrida, y Figueras alegó estar deprimido tras la muerte de su esposa. Los tres anunciaron que dejarían el Gobierno una vez estuviera encaminado el proceso institucional.

Tras la elección de José María Orense como presidente de las Cortes, Figueras anunció su dimisión, aunque permaneció como interino mientras se elegía un nuevo Gobierno. Ese mismo 7 de junio se aprobó que Pi y Margall intentara constituir el nuevo Ejecutivo, y en esa circunstancia se puso de manifiesto la diferencia que existía entre los republicanos de orden y los intransigentes: los primeros querían calmar el debate en las Cortes y los segundos estaban obsesionados con convertir la Cámara en Convención, eligiendo de forma individual a cada ministro. Para la derecha republicana esto suponía que el Gobierno tuviera menos fuerza, al mostrar la división de las Cortes, y que sus nombres se negociaran fuera.

El 8 de junio se leyó el nombre de los ministros. Pi en Gobernación y como presidente de la República, Cervera en Estado, Pedregal en Gracia y Justicia, Estévanez en Guerra, Palanca en Fomento, Carvajal en Hacienda, Oreiro en Marina, y Sorní en Ultramar. La negociación y los nombres se sabían de antemano por la prensa, que ventilaba las ofertas y el baile de personalidades. A los intransigentes no les gustó el Gobierno. Uno colocó en el exterior del Palacio del Congreso una pancarta que decía: «¿Quién es Pedregal?».

El diputado Alfaro, intransigente, dijo que los nombres presentados no eran de personas competentes y exigió a Pi y Margall que devolviera la potestad a las Cortes. Los intransigentes estaban dispuestos a dar la batalla para volver al sistema de Convención y animaron a Pi y Margall a explicar su programa de Gobierno. Era una excusa para abandonar las Cortes, porque el punto principal era cómo llevar a la práctica la federación hasta en sus «lógicas y naturales consecuencias», cuestión en la que Pi había variado de opinión. La discusión hizo que el asunto se llevara a sesión secreta, donde se autorizó a Figueras a nombrar Gobierno sin someter su designación a la aprobación de la Cámara. Figueras aceptó con dos condiciones: Nicolás Salmerón debía ser presidente de las Cortes y Carvajal, ministro de Hacienda, ya que este había prometido que bajo su garantía un grupo de banqueros daría al Gobierno 25 millones de pesetas y otros 200 en un plazo breve. Orense dimitió como presidente de las Cortes para facilitar el acuerdo. Esta decisión en sesión secreta desairó a Pi y Margall, que se sintió ridiculizado porque se le había concedido a Figueras lo que a él no: formar un Gobierno sin que los nombres fueran discutidos.

Figueras escribió que Pi y Margall se había enfadado porque no había salido elegido su Gobierno y que, «profundamente herido», se «encastilló en su ministerio como un mero empleado administrativo para despachar lo urgente». Pi no quería saber nada más de política ni de Gobierno, según Figueras, y dejó de asistir a las reuniones del Consejo de Ministros. Aquello era «insostenible», escribió. En semejante circunstancia solo había dos soluciones: un Gobierno encabezado por Orense, que «a los ocho días caería desacreditado», o uno de la «derecha pura», para el que habría que «prepararse a resistir, porque el combate era inevitable». Salmerón, de la derecha, aceptó formar parte de un Gobierno si le apoyaba Castelar, pero este pensaba que esa opción no era viable porque no contaban con elementos de fuerza pública ni política para resistir. Castelar propuso que Figueras nombrara un Ejecutivo de conciliación para «ocho o quince días», el tiempo que necesitaban para llegar a algún acuerdo sobre los hombres que debían formar el Gobierno².

Castelar dedicó la mañana del 9 de junio a convencer a Nicolás Salmerón para que asumiera la Presidencia, y Figueras a Carvajal para que tomara Hacienda y consiguiera el dinero prometido. Existía peligro de quiebra económica porque los acreedores de cuentas corrientes retiraban sus capitales por miedo a la emisión de papel moneda con curso forzoso que había anunciado Tutau, todavía ministro de Hacienda. Figueras y Castelar trabajaban fuera del Salón de Plenos del Palacio del Congreso cuando el diputado Tomás y Salvany les contó que Joaquín Pi y Margall, hermano de Francisco, acababa de decir que no esperaba que hubiera «tanta indignidad y tanta infamia» entre quienes habían sido compañeros y amigos. Figueras se sintió aludido, según escribió, y se temió lo peor: una derrota parlamentaria.

A continuación, Figueras fue al Ministerio de la Gobernación para hablar con Pi y Margall y confirmarlo. La conversación no fue fácil. Pi dijo que su hermano no hablaba por él, pero que «debo decir a usted que se le conceden facultades que a mí se me negaron en votación pública, y que por este hecho yo quedo desairado, en ridículo». Figueras entendió que Pi se negaría al nuevo acuerdo porque creía que pretendían anularlo y ridiculizarlo, y soltó: «Me voy y así no seré obstáculo para nadie». Fue cuando, al parecer, dijo aquello de «¡Estoy hasta los cojones de todos nosotros!», aunque no he encontrado referencia documental que avale este dato. Volvió al gabinete del Palacio de las Cortes, donde encontró a los ministros, a Palanca, vicepresidente de las Cortes, y a algunos diputados de la derecha, como Maisonnave. Contó lo sucedido y Castelar fue a hablar con Pi y Margall, que corroboró lo dicho por Figueras. Entonces el presidente firmó su dimisión y se la dio a Palanca. A continuación, entregó a Castelar un papel con los nombres de los diputados intransigentes más fiables. Fue entonces cuando Figueras, en secreto, avisó para que hicieran su equipaje y el de su tío, según Morayta, y, nada más salir del Ministerio tomó la resolución de irse del país.

Figueras se marchó sin decírselo a ningún dirigente político, a ningún ministro, a ningún general. El martes 15 de julio, el Diario de Barcelona publicó un artículo «comunicado sin duda por el señor Figueras mismo al Eco de Ambos Mundos, de Londres», en el que contaba el problema con Pi y Margall. Lo dicho en este texto coincide con lo que expuso en su carta del 3 de septiembre. En el artículo de julio añade que Pi rechazó las carteras de Hacienda y Gobernación, diciendo que «parecía imposible que hubiese tanta perfidia en los que momentos antes eran sus colegas en el Gobierno» y que vaciló al estrechar la mano de Figueras³. En Hendaya escribió una carta, publicada con fecha del 3 de septiembre, en la que explicaba que la República llegó por una ilegalidad —la reunión de dos Cámaras que no tenían mandato alguno— y que eso llevó a otros errores que ni la transacción con los radicales supo evitar. La única forma de salvar la situación era crear una nueva legalidad a través de la reunión de las Constituyentes. Figueras había esperado de ellas «patriotismo y abnegación», pero no fue así⁴. Le fallaron las Cortes y, según escribió, también Pi y Margall, que dominaba una parte de dicha asamblea, en quien percibió una mezquindad que animó su desesperación.

Ante el vacío de poder, el campo estaba abierto para posibles golpes de Estado y sueños de dictadura. Había dos golpes preparados para la ocasión: uno improvisado y chapucero, el del general Socías, capitán general de Madrid; otro, el de Fernando Pierrard y Contreras.

Socías fue detenido en la calle el día 11 de junio por la mañana y mintió en las Cortes una semana después cuando tuvo que dar explicaciones. Declaró que el día 9, Figueras, antes de irse, le hizo llamar para decirle que se preparaba un levantamiento en la ciudad. Socías, según refirió en el Congreso, cumplió la orden, visitó los cuarteles, no vio perturbación y cuando regresó para hablar con Figueras no lo encontró porque ya se había ido. Sin presidente de la República y sin que se hubiera nombrado un sustituto, había una oportunidad para dar un golpe de Estado, para instaurar una «dictadura caricaturesca», lo llamó Nicolás Estévanez en sus memorias⁵. Socías reunió a un grupo de generales para que tomaran el mando en esos cuarteles en la noche del 10 de junio. Era una trama golpista porque, a continuación, intentó nombrar a un jefe de la Guardia Civil —cosa que no podía hacer porque la institución dependía del gobernador civil, Estévanez— y, según contó en las Cortes, no encontró a nadie del Gobierno a quien informar de esos nombramientos, cosa extraña porque Figueras refirió que estaban en el gabinete del Palacio del Congreso⁶. Socías llamó a los generales Federico Salcedo, Hidalgo y Palacios, y a un grupo de brigadieres y «cruzó por su mente —escribió Morayta— la idea de hacerse dueño de la situación». Pi y Margall se enteró a las nueve de la mañana del 11 de junio⁷. Ordenó a Estévanez que los voluntarios acudieran a sus puestos y las Cortes se reunieron en sesión secreta. Poco después Socías fue detenido en la Carrera de San Jerónimo, en plena calle.

Al mismo tiempo se había preparado otro golpe militar, planeado por Contreras y Fernando Pierrard, que se sentía indignado por su salida del Ministerio de la Guerra. Esperaba un cargo político como recompensa o ser nombrado teniente general, según dijo Figueras⁸. Había anunciado el golpe en la sesión de Cortes del 8 de junio, cuando tomó la palabra para hablar contra Figueras y Pi y Margall. En cuanto empezó su alocución, un diputado dijo que Figueras era «una grande autoridad», a lo que Pierrard contestó: «Ya veremos si dura mucho». No contento con eso, afirmó que Pi y Margall estaba en la sesión ejerciendo «coacción» sobre los diputados para que votaran su Gobierno y que no podía decirse que fuera la «extrema izquierda» la que ponía en peligro la República. La «coacción» del Gobierno era una «provocación» que no iba a «tolerar». Figueras reaccionó porque esa intervención era la amenaza de un militar en plena sesión de Cortes, así que lo señaló y anunció que si él se iba, Pierrard llegaría al poder. El aludido no lo negó, sino que dijo que lo haría «como un deber»⁹.

Pierrard y Contreras se encastillaron en la noche del 10 al 11 de junio en el Ministerio de la Guerra. Contaban con algunos batallones de voluntarios intransigentes, pero no con los cuarteles, que estaban en manos de los hombres de Socías. El plan había sido preparado desde que se reunieron las Cortes y estaban implicados los diputados Emigdio Santamaría, para sublevar Valencia; el diputado Pedregal y otros tres, para proclamar el cantón de Sevilla, y el diputado Aniano Gómez, para levantar Béjar y dar base allí al cantón de Salamanca, que preparaban otros tres diputados. No contaba con muchos militares, solo algunos en Barcelona, donde se podría revivir el movimiento cantonal del mes de marzo. Por su parte, Fermín Salvoechea se había comprometido con Contreras en que Cádiz se levantaría en armas¹⁰.

El general Pierrard quiso salir con la guarnición de Madrid y proclamarse dictador¹¹ tras aprovechar el vacío de poder y dar un golpe de Estado, de ahí que el cuartel de la Guardia Civil del barrio de Salamanca, según Morayta¹², diputado entonces, enviara mensajes a las Cortes expresando la necesidad de que se formara cuanto antes un Gobierno y detener así el golpe. Pi y Margall se atribuyó la paralización de la intentona porque en mayo había quitado el conmutador suizo de la central telegráfica del Ministerio de la Guerra, impidiendo así que los golpistas se comunicaran con las provincias¹³.

La pregunta es por qué Pi no detuvo a Pierrard y a Contreras, si había descubierto el golpe, lo que habría evitado una parte del levantamiento cantonal que tuvo lugar un mes después. La respuesta es que dejó hacer porque la intentona le resultaba útil para reforzar la idea de que él era necesario para establecer el orden, calmar a los intransigentes y así imponer su fórmula. Es cierto que permitir el desorden le sirvió entonces para hacerse con el poder, ya que tenía a su disposición las herramientas del Ministerio de la Gobernación. No obstante, esa práctica —la permisividad con el desorden para presentarse como calmante— se le fue de las manos hasta que estalló la rebelión cantonal.

EPÍLOGO PARA FIGUERAS

Figueras accedió al poder mediante un plan consensuado con Cristino Martos y encabezó un Gobierno de conciliación. Traicionó al primero y propició la ruptura del segundo. La alianza con Martos, ocupando uno la Presidencia de la Asamblea y el otro la del Ejecutivo, podía haber consolidado los primeros pasos de la República. No fue así porque ninguno de los dos era de fiar y cada uno iba por su lado: Martos estaba decidido a rectificar el rumbo federal de la República y Figueras cada vez más se hallaba en manos de Pi y Margall por su incapacidad de liderar el Gobierno.

El choque entre los radicales de Martos y los federales de Pi marcó la primera etapa de la República. Dos sectarios exclusivistas encabezaron dos proyectos antagónicos marcados por la impaciencia. Martos, sin embargo, no era nadie sin el apoyo de los militares conservadores de Serrano, que se inhibieron del proceso hasta meses después. Pi y Margall no podía sostener a los suyos, a los federales pactistas, que empujaban desde las provincias a la revolución, a proclamar ya La Federal, pero los usó para intimidar a los radicales.

El radicalismo mostró en 1873 ser un gigante hueco, un partido falso que en cuanto perdió el poder desapareció. El federalismo, por su lado, no era un partido, sino un movimiento incontrolable, sin disciplina ni tolerancia, que despreciaba la democracia y las costumbres públicas liberales. Figueras podía haber sido el enganche entre radicales y federales pactistas, encabezar el proceso legal hacia la República como la manifestación de los liberales de todos los partidos. Pero no lo hizo así.

El golpe de Pi y Margall del 23 de abril puso de manifiesto que el poder era suyo y que Figueras no pintaba nada. En realidad, Figueras no protagonizó ningún hecho positivo reseñable durante todo aquel año. No quiso conciliar con los radicales de Martos, ni facilitar la relación entre las instituciones, ni convencer al país de que iba a hacerse un proceso constituyente en paz. Su visita a Barcelona para parar el Estado catalán no tranquilizó a las clases conservadoras y medias. Tampoco formó un grupo a su alrededor para sostener el Gobierno bajo sus órdenes. No controlaba al Consejo de Ministros, cuyos miembros se mostraron cada vez más separados, como se verá en el capítulo 6. Sus idas y venidas entre edificios ministeriales para conciliarse con los ministros da prueba de su poca autoridad. De hecho, el enfrentamiento con Pi y Margall debía haberse saldado con el cese del ministro de la Gobernación, no con su huida a París. Figueras no dio la talla, como tampoco la dieron en el poder Pi y Salmerón, como se verá después.

El papel de Figueras se limitó a intrigar contra los radicales y a protagonizar un par de maniobras parlamentarias. Era un bagaje muy corto y triste para un Presidente del Poder Ejecutivo de la República. También era la demostración de que no era el político adecuado y de que su lugar lo había ocupado otro, Pi y Margall. Su huida a Francia dejó en ridículo el proceso constituyente y salvador de La Federal. ¿Cómo era posible que el protagonista del cambio general que iba a solucionar todos los problemas de España huyera del país? Y no que lo hiciera por miedo a la oposición, a conservadores, radicales o incluso carlistas. Se fue por cansancio y pánico a los suyos, por decepción y frustración, por el enfrentamiento con los que hasta entonces habían construido la utopía federal.

La marcha de Figueras fue un golpe anímico. Los federales eran incontrolables porque eran revolucionarios y golpistas, y Figueras se sintió abandonado por todos. Sin duda, le afectó la muerte de su mujer, pero no deja de ser cierto que luego, durante los diez días anteriores a su fuga, desarrolló una actividad frenética para resolver la crisis de Gobierno. No se fue por depresión, sino porque estaba «hasta los cojones de todos nosotros»; esto es, desesperado ante la maquinaría que él mismo había contribuido a construir.

Su vuelta se produjo durante el gobierno de Castelar, en el mes de septiembre. Regresó a la vida política para intentar reconciliar a los suyos, aunque, como se verá, acabó convirtiéndose en una pieza del juego de Salmerón. Figueras habló con unos y con otros en el último trimestre de 1873 para acercar posturas y evitar la ruptura que se anunciaba ante la reanudación de las Cortes el 2 de enero de 1874. Salmerón lo utilizó y quiso revalorizar su figura para sustituirlo por Castelar, pero era imposible. Figueras ya estaba perdido como dirigente político, quemado como líder tras su paso por la Presidencia de la República.

Durante 1874 estuvo en reuniones con Salmerón y Pi y Margall para resucitar el partido, pero fue un fracaso debido a las enormes discrepancias que se explican en el capítulo 20. Ya en la Restauración fue un personaje menor. No lo reivindicó nadie, a pesar de ser el primer presidente republicano. Volvió a su vida de abogado, se casó y tuvo dos hijos. En 1881 fundó su propio partido para defender un «federalismo orgánico» en contraposición al inorgánico o disolvente, es decir, el pimargalliano. Se trataba de una rectificación a medias de 1873, de la utopía federal. Su federalismo orgánico era una mera descentralización, sin anulación de la soberanía nacional, hecha desde arriba, con organismos autónomos iguales. La idea no arraigo. Murió el 11 de noviembre de 1882, con sesenta y tres años, aquejado de una enfermedad pulmonar. La descripción más exacta del republicano, de sus dotes y carencias, la dio el periódico castelarino El Globo:

¡Descanse en paz! Pocos hombres habrán tenido como él tanto don de gentes, tanta delicadeza de sentimientos, y una inteligencia tan viva, tan penetrante, tan clara y tan flexible. Esto, unido a su cultura, le permitía tratar y cultivar el ánimo de sus conocidos, fuesen hombres de sociedad, fuesen los más díscolos y atrabiliarios demagogos. ¡Lástima que a tales dotes no hubiera acompañado una más grande amplitud de miras, una mayor solidez de ideas y, sobre todo, una superior energía de carácter, para bien de la República y de la patria!

PI Y MARGALL, PRESIDENTE CON LA DERECHA

El causante de la marcha de Figueras fue Pi y Margall, tal como dijo en su carta del 3 de septiembre. Es cierto que el primero estaba desolado por la muerte de su esposa, pero eso no impidió que trabajara por conciliar a los republicanos hasta el último día. La carta que escribió el 3 de septiembre de 1873, meses después de que saliera de España, señala a Pi y Margall como el culpable. El detonante de su marcha fue el desplante que sufrió por una cuestión de orgullo personal, de sentido del ridículo de Pi, cuya personalidad se caracterizaba por una gran soberbia que le impedía reconocer sus errores. Pi y Margall, en cambio, era un hombre frío y distante, sin inteligencia emocional, sin carisma y sin capacidad de liderazgo, pero con una gran reputación como intelectual y orador. Esto le confería autoridad ante los republicanos, aunque nunca se distinguió como movilizador de masas.

El 11 de junio, Pi y Margall fue elegido presidente de la República por unas Cortes sitiadas y en sesión secreta, a través del medio negociado por Figueras y exigido por los intransigentes: la votación uno a uno. De esta manera, solo con 210 diputados presentes, es decir, poco más de la mitad, alcanzó la Presidencia de la República y el cargo de ministro de la Gobernación, concentrando así más poder que cualquier otro dirigente desde la Revolución de 1868. Estévanez fue designado para Guerra; Sorní para Ultramar; Muro para Estado; Anrich para Marina, a pesar de que no era diputado y debido a que no encontraban a otro candidato; Fernando González para Gracia y Justicia; Teodoro Ladico para Hacienda y Benet para Fomento.

Se trataba de un Gobierno sin personalidades, salvo Estévanez, un militar que disgustaba al Ejército porque dejó Cuba en plena guerra, como confesó él mismo en sus memorias. Pi y Margall pronunció en las Cortes un discurso de presentación muy breve: empezó diciendo que no había abandonado el Gobierno porque la República corría peligro. Reservó la descripción del programa para el día 13 porque tenía que hablar con los ministros, aunque su tarea inmediata era restablecer el orden público, tras lo cual apuntó que, concedida la más amplia libertad, «la insurrección no solo deja de ser un derecho, sino que es un crimen» de los peores porque afectaba «a los altos intereses de la sociedad, los grandes intereses de la patria»¹⁴.

El programa de Pi y Margall, leído el 13 de junio, consistió en cosas conocidas, como el restablecimiento de la disciplina en el ejército, la revisión del servicio militar obligatorio y la reorganización de la milicia, la enseñanza «gratuita y obligatoria», «cambiar en beneficio de las clases jornaleras la forma de venta de los bienes nacionales» para que se identificaran con el régimen, la abolición de la esclavitud en la isla de Cuba y la extensión de todas las libertades a esa provincia de Ultramar.

Defendió también la separación de la Iglesia y el Estado para que la primera fuera libre e independiente. También dijo que el Estado dejaría de pagar el culto y el clero, aunque no dudaba de que la Iglesia encontraría «en la caridad de sus creyentes los medios necesarios» para mantenerse. Añadió que, si la «Iglesia se rebelara contra el Estado —Pi confundió aquí el Estado con un programa de Gobierno—, tendríamos el derecho de coger al más alto de los poderes y colocarle en el banquillo como al último de los culpables».

Luego, «el discípulo de Proudhon», como le llamaba Maffei¹⁵, hizo una exposición de la lucha de clases como determinante de la Historia. «Las revoluciones políticas» son «una guerra de clase a clase; es decir, un esfuerzo de las clases inferiores para subir al nivel de las superiores», dijo siguiendo a Proudhon. «Las clases jornaleras tienen hoy el mismo instinto»: tomar el poder por la lucha. Por tanto, había que canalizar por ley ese conflicto a través de la obligación de los jurados mixtos de trabajadores y fabricantes, que existían desde 1855, y la regulación del trabajo infantil.

El programa defraudó al centro y a los intransigentes. Disgustó a los que pensaban que se podía llegar a La Federal desde la legalidad —los llamados «reformistas»— y a los que creían que la vía institucional era imposible, que se encontrarían con obstáculos insalvables dentro del republicanismo y de las fuerzas monárquicas, y que procedía hacer la revolución cantonal. Era lógico que les disgustara. Pi había presentado un programa para unir al republicanismo a su derecha, cuyo número de diputados era mayor que a su izquierda. La diferencia entre unos y otros era insalvable.

El embajador Maffei ya señaló entonces que la derecha republicana que encabezaba Castelar difería mucho de las propuestas del «partido avanzado» y que veía difícil un entendimiento entre todos¹⁶. La postura de Pi y Margall respecto a la unidad del Partido Republicano fue un tanto confusa: su programa de orden agradó a la derecha y desagradó a la izquierda, pero luego su práctica fue encaminada a congraciarse con la izquierda y los intransigentes, que estaban preparando el levantamiento en provincias, y disgustó a la derecha.

Tras la sesión de investidura se reunió la mayoría parlamentaria, entre cuyos diputados estaban los seguidores de Pi, Salmerón y Castelar. Hablaron de la obligación de trabajar conjuntamente frente al centro reformista y los intransigentes. Martín de Olías presentó un programa de unión que contemplaba la necesidad de constituir la «autonomía» de los «organismos políticos que viven dentro del Estado nacional», defender el orden republicano contra cualquier «partido, fracción o colectividad» que lo infrinja, disciplina en el Ejército, abolición de la esclavitud en Cuba, separación entre Iglesia y Estado, arreglo de la deuda pública, reducción del gasto público y reformas legislativas para conseguir la mejora de las condiciones de las «clases trabajadoras». Lo relevante era que no hablaba de la federación espontánea, sino que estaría marcada por la Constitución y por el empeño en hacer todo dentro de la ley para imponer el orden, incluida la suspensión de las garantías constitucionales, que para el republicanismo federal fue objeto de insurrección en 1869 y 1872. Con ese cambio de perspectiva acabaron nombrando una junta directiva de la mayoría presidida por Castelar¹⁷.

El mismo Castelar reunió luego a unos 200 diputados de distintos grupos para tratar el nombramiento de la Comisión Constitucional, y propuso que dicha comisión se formara el 17 de junio y que la comisión la formaran 25 diputados, 11 de los cuales serían elegidos entre «oradores, publicistas y filósofos competentes», y los 14 restantes en representación de los 14 estados que compondrían la República federal española: Puerto Rico, Canarias, Baleares, Cataluña, Aragón, Valencia, Murcia, las dos Andalucías, Extremadura, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, las provincias vasco-navarras, Asturias y Galicia. Por último, anunció que las juntas directivas de la mayoría y de la minoría, «de la extrema derecha e izquierda», negociarían los nombres antes de la sesión. Así se hizo. La idea era llevar el acuerdo cerrado a las Cortes y evitar las discusiones públicas¹⁸.

Las elecciones de mayo de 1873 no les fueron mal a los intransigentes. Consiguieron reunir un grupo de 49 diputados que asistían a las sesiones. José María Orense, convertido en ese momento en portavoz del centro reformista —una intransigencia suave—, dijo que el programa de Gobierno de Pi disgustaba a los federales porque no recogía sus demandas históricas, como la abolición del estanco del tabaco, de la lotería, de los aranceles judiciales y de los consumos repuestos en 1870 por ausencia de recursos. El programa de Pi y Margall, dijo, era insuficiente para consolidar la República, que dependía de hacer «grandes y profundas reformas económicas» que debían haberse llevado a cabo cuando se llegó al poder, sin «pretextos». Su discurso destrozó a Pi y Margall, porque decía con claridad que el programa era fallido: «Continuamos con el sistema de los Gobiernos anteriores». Aquello, afirmó, no era La Federal por la que habían luchado: «Yo tenía de la República otra idea muy diferente»¹⁹.

Desde entonces, los intransigentes se sintieron más autorizados, moviéndose en la estructura que les proporcionaban los clubes, su grupo parlamentario y su prensa. Pedían que las Cortes se convirtieran en Convención e hicieran la revolución por decreto. Pi y Margall insistió en que las reformas debían seguir el procedimiento legal y cometió el error de someterse a una moción de confianza, pues sabía que tenía mayoría parlamentaria. Aquello era del todo innecesario, pero su soberbia era mayor, tanto como su incoherencia: perder el tiempo de las Cortes en dicha cuestión y mostrar las diferencias entre los federales no encajaba con su idea de trabajar sin distracciones y unidos. «Debió huir de toda crisis», escribió Morayta²⁰. La mayoría apoyó a Pi mediante una proposición encabezada por Castelar, que otorgaba al presidente de la República la facultad de nombrar libremente a los ministros. Castelar hizo un discurso muy duro: no toleraría que las «impaciencias juveniles» le llamaran «conservador y reaccionario». Los intransigentes iban a acabar con la República con su obsesión por proclamar la Convención, al estilo francés de 1793, y la acaparación de poderes era una dictadura siempre y en todo lugar. Castelar había cambiado su forma de pensar, como veremos en la parte V de este libro, y lo explicó:

Yo, que estoy acostumbrado a los sacrificios, porque los he hecho, debo hacer este sacrificio también; sostener un Gobierno y apoyar a un republicano a pesar de no hallarme conforme con varias de sus ideas sociales. En algunos momentos me parece que he perturbado mucho a mi Patria, y quiero en los años que me restan de vida asentarla en sólidas bases de estabilidad, de orden, de gobierno²¹.

La moción de confianza salió adelante gracias a 176 votos de la derecha, el centro reformista y la izquierda de Pi y Margall, contra el voto de 49 intransigentes. El resultado fue un escándalo para la intransigencia federal, que calificó al Gobierno de antiliberal, antidemocrático y tiránico. Algunos ministros presentaron su dimisión, pero Pi y Margall los convenció para que siguieran en sus puestos en aras de la conciliación.

Los diputados intransigentes se reunieron tras la sesión. Mostraron su disgusto por la influencia de la derecha republicana y algunos incluso hablaron de la posibilidad de retirarse de las Cortes²². Decidieron dar un giro revolucionario a lo francés en las Cortes. Así, el 27 de junio los intransigentes presentaron una proposición, registrada seis días antes, para que las Cortes se convirtieran en Convención Nacional, de la que emanaría un Comité de Salud Pública que funcionaría como poder ejecutivo de la República. La propuesta fue rechazada por la mayoría.

Vencidos, presentaron otra proposición para que las Cortes retiraran «el encargo conferido» a Pi de «resolver las crisis». Aseguraban que la conciliación entre facciones federales era estéril, por lo que debía hacerse un deslinde de los campos: uno el conservador y otro el revolucionario, el intransigente. Las Cortes, afirmó Casalduero, el diputado que defendía la proposición, debían elegir a Nicolás Salmerón como presidente de un Gobierno conservador, al que sucedería uno de José María Orense que representaría a la izquierda²³. La proposición no se tomó en consideración, pero hizo evidente que Pi y Margall había dejado de ser el hombre de La Federal y que los intransigentes apostaban por un camino revolucionario. Tildaban a Pi de dictador y estaban decididos a ejercer el «derecho de insurrección»:

En los clubes de las fracciones más avanzadas reina un gran descontento y la actitud que deben tomar los intransigentes ante lo que (más habitualmente) se denomina un golpe de Estado perpetrado por los constituyentes para conferir al actual jefe de Gabinete una dictadura²⁴.

Tras aquel 27 de junio todos los ministros dimitieron, según Pi y Margall porque unos se sintieron desautorizados por las Cortes —lo que no había ocurrido—, otros porque el presidente no quiso seguir su política, y otros —los menos— porque los intransigentes eran unos dogmáticos que no toleraban otra opinión que no fuera la suya. Estévanez se fue, escribió, porque quería disciplinar al Ejército «castigando con dureza, no tanto a los soldados como a los oficiales»²⁵, pero no le dejaron. Aquello no parecía muy sensato —ni ajustado a derecho—, en vista de que necesitaba contar con los militares profesionales. El resto de los ministros eran intrascendentes y sustituibles, aunque a Pi y Margall le costó mucho encontrar repuestos. Díaz Quintero y Ramón de Cala, intransigentes, no quisieron entrar en el Gobierno²⁶.

Pi y Margall y Castelar acordaron colaborar para contrarrestar la presión de los intransigentes. Entraron en el Gobierno ministros de la derecha castelarina, como Maisonnave en Estado, Gil Berges en Gracia y Justicia, y Carvajal en Hacienda. Del anterior Ejecutivo solo quedó Anrich, «por no haber otro marino de quien echar mano»²⁷. Además, sumó a los del centro reformista, como Sunyer i Capdevila en Ultramar y Pérez Costales en Fomento. Maffei escribió a su Gobierno un texto que proporciona una idea de cómo se veía en Europa el asunto español:

Una de las cosas más inexplicables del estallido que estamos presenciando es que el socialista Pi y Margall es actualmente la figura que el señor Castelar recomienda a la derecha de la Asamblea para la realización de una política relativamente enérgica y resistente contra la anarquía y las intransigencias de los grupos más vehementes. Ante la propaganda internacionalista que aterra al pueblo español y mantiene a Europa en estado de alarma, ¡el señor Pi y Margall es elegido por la mayoría de las Cortes como el baluarte que debe salvar los intereses de la sociedad! Esta situación no necesita comentarios²⁸.

LA «GUERRA TELEGRÁFICA»

Los intransigentes pedían una Convención Nacional, sus clubes se armaban, el Consejo de la Federación Española comenzaba a organizar la rebelión cantonal, la guerra carlista continuaba y, además, las cosas se complicaban en Barcelona, donde intransigentes e internacionalistas trabajaban juntos, y en Sevilla, cuyos voluntarios federales se levantaron en armas el 24 de junio. Mientras, el Gobierno ponía en alerta al Ejército en Madrid para evitar movimientos de los voluntarios federales ante las decisiones gubernamentales. El 28 de junio los diputados catalanes presentaron un manifiesto en el que anunciaban su vuelta a Cataluña y la proclamación del cantón, si el Gobierno no restablecía el orden²⁹.

Ante semejante presión, el 30 de junio Pi y Margall pidió la concesión de facultades extraordinarias con la excusa de acabar con los carlistas y pacificar el norte y Cataluña. La Igualdad, órgano del Gobierno, había hecho campaña desde el 6 de junio por la suspensión de las garantías constitucionales y el 14 de junio publicó su artículo de fondo con el título de «La suspensión de garantías». El asunto era delicado porque otra suspensión había provocado el levantamiento federal de septiembre de 1869 contra el Gobierno de Prim y la amenaza de hacer lo mismo contra el Gobierno de Serrano en 1872. El Ejecutivo manifestó su propósito de usarla solo contra los carlistas, pero los intransigentes pidieron que «por ningún concepto se pudieran suspender» las garantías de los derechos individuales establecidas en el Título I de la Constitución monárquica de 1869. No obstante, la propuesta de Pi fue rechazada por parte de la mayoría que formaban la derecha y los pimargallianos por 125 votos a 44.

El asunto era que el Gobierno temía un levantamiento en Madrid protagonizado por los voluntarios federales, cuyo objetivo sería tomar el Palacio del Congreso. Nicolás Salmerón, presidente de las Cortes, ordenó que hubiera tropa armada dentro del palacio para evitar el golpe durante aquella sesión del 30 de junio. Díaz Quintero tomó la palabra en la Cámara para combatir la urgencia que pregonaba el artículo 1 del proyecto de ley de suspensión de garantías, el que establecía la dictadura. Era una «manera indigna de traer esos proyectos por sorpresa» y se quejó de que no le hubieran avisado a él siendo como era miembro de la Mesa, donde debía estar depositado con 24 horas de antelación. No era más que una maniobra para ocultar hasta última hora lo que iban a aprobar y evitar que fuera conocido por la oposición.

Díaz Quintero se dirigió a Salmerón: «Yo me rebelo contra esa especie de autocratismo que se quiere arrogar la Presidencia». Por una acusación menor dejó Nicolás María Rivero el 10 de febrero la Presidencia de las Cortes, pero Salmerón no se alteró. La suspensión solicitada por Pi hacía más daño a la libertad que la requerida durante la monarquía de Amadeo I, porque aquel rey, dijo Díaz Quintero, no quiso suspender las garantías constitucionales ni siquiera bajo amenaza. De esta manera, Díaz Quintero afirmaba que Pi era peor que un rey, y esto debió de molestar bastante al ideólogo federal. Lo que quería el Gobierno de Pi y Margall, dijo el diputado, era «la concesión de facultades extraordinarias en abstracto, en absoluto; una especie de dictadura ilimitada». Aquellas palabras resonaron en el Salón de Plenos como una amenaza, ya que los federales intransigentes conservaban el culto al derecho de insurrección si, en su opinión, la libertad corría peligro. Díaz Quintero terminó con una advertencia:

El pueblo lo sabe porque lo ha aprendido de vosotros: cuando quiera que por las Asambleas o por otros poderes, sean cuales fueren, se coartan los derechos individuales, hay derecho a la insurrección: vosotros lo habéis dicho³⁰.

El repudio de los intransigentes hacia la política de Pi y Margall utilizó el mismo discurso que los dirigentes republicanos habían usado durante la monarquía de Amadeo. Hablaron de «tiranía», de insulto a las Cortes y de desprestigio de los principios democráticos. Ramón de Cala, también diputado intransigente, a quien Pi y Margall había ofrecido un ministerio, como a Díaz Quintero, tomó la palabra y declaró que tenía «casi perdida en este momento» la esperanza de que se mantuviera la República o se salvara la democracia. Recordó que La Federal se basaba en los derechos naturales, imprescriptibles, anteriores a cualquier ley, y, de no ser así, la República que quería el Gobierno de Pi y Margall no se diferenciaba en nada de una monarquía. Además, Cala explicó que se pedían facultades extraordinarias no por la guerra carlista, que existía desde mayo de 1872, sino por la «agitación en el fondo de muchas provincias», como en Sevilla, donde se habían levantado 4.000 voluntarios federales contra las autoridades; en Cádiz o en Barcelona. Si se aprobaba, dicha ley podía ser aplicada contra los federales en cualquier punto de España.

Antonio Orense, hijo de José María, el marqués de Albaida, tomó la palabra por alusiones. Acababa de llegar a las Cortes. Era un hombre de orden que había sido ayudante de Garibaldi y estuvo en el norte luchando contra los carlistas. Dio un baño de realidad a los presentes, pero sin querer ratificó la acusación de Ramón de Cala: la suspensión iba dirigida contra los intransigentes. Antonio Orense contó la dureza de la guerra en Cataluña, pero, sobre todo, habló del mal comportamiento de los federales, que ayudaban a los carlistas en muchas localidades. «Es incomprensible [...] que hubiera continuado en Barcelona en completa insurrección contra el Gobierno de Madrid la Diputación Provincial y un Comité de Salud Pública», dijo en referencia a la actuación de los federales y a su intentona cantonal de marzo de 1873. Esa Diputación tomó el mando y dirigía al Ejército, de manera que la indisciplina se extendió entre la tropa y fue respaldada por los federales.

Antonio Orense se dirigió a los intransigentes sin contemplaciones: «Es muy fácil ser héroe en Madrid y es muy difícil cumplir con su deber en aquellas provincias». Era ridículo, siguió diciendo a los intransigentes, «una insurrección del mismo Partido Republicano contra la República». Los federales eran unos irresponsables que se aprovechaban de las garantías constitucionales, de los derechos individuales de la Constitución:

Habéis venido a demostrar que cuando aquí vivían los Borbones, cuando había Gobiernos reaccionarios, ninguno se atrevía a levantar la cabeza y todos eran humildes siervos de aquellos, mientras ahora que se nos ha dado la Republica, todos se atreven a insurreccionarse [...] si tuviéramos aquellas fortísimas dominaciones, no tendríamos hoy tantos héroes de barricadas³¹.

El testimonio de Antonio Orense fue importante para respaldar la petición de dotar de facultades extraordinarias a Pi y Margall, claro que para los intransigentes fue como equiparar el Gobierno del padre de La Federal con los peores momentos dictatoriales del reinado de Isabel II. La confusión no parecía tener más solución que una dictadura, pero no revolucionaria, como le exigieron el 23 de abril, sino comisarial, para hacer respetar la ley y restablecer el orden. Quedó claro que las facultades extraordinarias no eran solo para los carlistas. Pi y Margall lo confesó en 1874, cuando quiso reducir las provincias andaluzas a la obediencia «sin matar su espíritu republicano», en especial Málaga, que no tenía tropas gubernamentales porque habían sido desarmadas. También se refería a Granada, que había rendido a 1.000 carabineros, y Sevilla, alzada desde el 24 de junio y que había echado fuera de sus murallas a parte de las fuerzas de orden público.

Evidentemente, no significaba que Pi y Margall no quisiera acabar con las partidas carlistas, ni que no temiera a los conservadores y a los radicales. Pi y Margall creía que encabezaba un «Gobierno revolucionario» y que las fuerzas revolucionarias no debían dominarse «solo por el hierro y por el fuego». Su idea era que la lucha entre federales debilitaba la revolución y abría el paso a la reacción. Pi consideraba aliados a los intransigentes, a pesar de que lo despreciaban y lo llamaban «tirano» y «traidor». Por ello, ante el desorden no había que usar la fuerza, sino calmar los ánimos con el debate constituyente y estableciendo reformas que hicieran ver la utilidad de la República para hacer la revolución de forma legal. En su afán de tratarlos como socios del mismo proyecto, propuso que la «parte sana y sensata del partido» en las «provincias turbulentas» se uniera para hacer frente a «los perturbadores»³².

Un nivel de violencia bajo era permisible y, si se producía, Pi y Margall se comprometía a usar solo la «guerra telegráfica». La represión legal solo se llevaría a cabo «cuando no quedase otro medio de restablecer el orden». De este modo, la dictadura de Pi y Margall se convertía en una caricatura: asumió facultades extraordinarias para no ejercerlas, sino para tenerlas como arma disuasoria, y la conciencia de que no las usaría permitió la extensión de la conspiración intransigente y la rebelión cantonal. Pi y Margall creía que la represión alejaría más a los intransigentes de la federación desde arriba, lo que significaba debilitar a su partido aunque con ello perjudicara al país en su economía, seguridad jurídica y convivencia. Ríos Rosas lo contó con perplejidad en las Cortes Constituyentes de 1873: nunca había visto un Gobierno, en referencia al de Pi y Margall, que no hiciera nada para combatir un levantamiento armado, sino que «hace todo [...] para que esa insurrección prospere, para que cunda, para que venza»³³.

La «guerra telegráfica» de Pi y Margall fue un tremendo error y un fracaso que acabó con su Presidencia. No quiso que las fuerzas del orden actuaran antes que las palabras; es decir, las concesiones y las promesas. Por eso arrancó el conmutador suizo de la central telegráfica del Ministerio de la Guerra, porque no quería que en el futuro ese ministerio pudiera entenderse con las autoridades provinciales sin pasar por el Gobierno, es decir, por su mano³⁴. Los intransigentes organizaron su levantamiento durante el Gobierno de Pi y Margall porque sabían que no serían reprimidos por el Ejército, y así, mientras Pi se felicitaba por su «guerra telegráfica», los cantonales, muchos de ellos diputados, fueron ocupando posiciones. Pi nunca se arrepintió de no haber adoptado una solución más drástica. Al contrario, criticó a quienes lo hicieron, como Salmerón y Castelar, y lamentó el fin de los cantones andaluces y de la mismísima Cartagena.

10

EL LEVANTAMIENTO CANTONAL

COMITÉS DE SALUD PÚBLICA

A finales de junio de 1873 concurrieron varios hechos que precipitaron la rebelión cantonal y evitaron la construcción de La Federal desde arriba. El primero fue la frustración que provocaba el Gobierno de Pi y Margall, de quien se esperaba una dictadura revolucionaria que impusiera La Federal con sus «lógicas y naturales consecuencias», como romper la soberanía nacional para permitir la celebración de pactos soberanos entre cantones autoproclamados. Pi y Margall se desdijo sin ser coherente ni consecuente con su retractación; es decir, si La Federal solo podía venir de arriba y ese era el procedimiento legal, los levantamientos en provincias eran sediciones que había que reprimir. Sin tomar un camino claro, Pi perdió la autoridad sobre los federales que él mismo había creado y resultó un estorbo para el resto de republicanos.

En segundo lugar, se produjeron dos hechos consecutivos que podían propiciar el plan de federación de Pi y Margall: la convocatoria de elecciones municipales y provinciales el 26 de junio, y la concesión, cuatro días después, de facultades extraordinarias a su Gobierno. En el imaginario federal, esto convertía a Pi en un tirano y legitimaba el derecho de insurrección. Los cantonales creían que tenían la misión de llevar a cabo la misma revolución que Pi y Margall había predicado: establecer La Federal a cualquier precio, incluido el de derribar el Gobierno del padre del federalismo pactista.

Además, la debilidad del Gobierno de Pi, limitado a la «guerra telegráfica», daba la posibilidad de iniciar levantamientos con éxito, como estaba ocurriendo en las provincias andaluzas o en Cataluña, donde los intransigentes se movían con total impunidad, incluso actuando con los internacionalistas. Morayta describió a esos federales como revolucionarios, demagogos, carentes de un pensamiento construido y desconocedores del país y de los partidos. Se creían revolucionarios de 1793 e incluso hablaban, vestían y actuaban como tales. La inestabilidad y el fracaso de la República, dijo Morayta, se debió a la actuación de los intransigentes, quedando «condenados en las Cortes, por la casi totalidad de los federales, por España y por la Historia»¹.

Cuando se habla del cantonalismo no se suele tener en cuenta que el 14 de junio se presentó un proyecto para celebrar elecciones municipales y provinciales, que se publicó en la Gaceta el 26 de ese mes. De celebrarse, era segura la derrota de los intransigentes y, por tanto, no podrían alegar que hablaban en nombre del pueblo municipal y provincial. Además, la victoria de los gubernamentales suponía que todos los recursos locales pasaban a sus manos. La idea de Pi y Margall era que el Ministerio de la Gobernación vertebrara la República federal sobre la base de dominar la Administración local y las fuerzas de orden público, eso sí, sin ejercer violencia. Las elecciones municipales se celebrarían los días 12, 13, 14 y 15 de julio de 1873 en la península e islas Baleares, y las de las diputaciones provinciales los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre. Otras eran las fechas para Canarias y Puerto Rico².

No solo las elecciones municipales podían dejar sin retórica a los intransigentes, sino que, además, se formó la Comisión Constitucional. El 20 de junio se votaron los nombres de dicha comisión, en la que estuvieron representados la derecha, el centro reformista y la izquierda pimargalliana, dejando fuera a los intransigentes. El más votado fue José María Orense, con 220 apoyos, aunque luego no apareció ni una vez en las reuniones de la comisión³. El procedimiento, formar La Federal de arriba abajo con un texto que limitaba la supuesta soberanía local para establecer el pacto de la federación, era suficiente para que los intransigentes lo consideraran otra traición a la revolución republicana iniciada el 11 de febrero.

Este conjunto de factores propició la organización de un Comité de Salud Pública en Madrid, el 29 de junio, bajo la presidencia de Roque Barcia. La idea era fomentar la creación de comités similares en las provincias y desencadenar la rebelión cantonal⁴. Ya se habían formado antes comités de Salud Pública en Barcelona, el 19 de junio; en Sevilla, el 24, y en Sanlúcar y San Fernando, en Cádiz. Pensaban crear una estructura federal, basada en cantones, que se impusiera por la política de hechos consumados. Este plan, tan voluntarioso como irresponsable, se reforzó con una Comisión de Guerra presidida por el general Contreras, en la que participaba, entre otros, Antonio Gálvez Arce, que se comprometió a sublevar Cartagena⁵.

Adoptaron el lenguaje del republicanismo jacobino que, como ya se vio, procedía de la evocación romántica y mesiánica de la Revolución francesa, reavivada por la Comuna de París. Fernando Garrido, federal y socialista, escribió unos años antes que un comité de Salud Pública era «la forma de una dictadura repartida entre muchas personas»⁶. Es muy probable que tal interpretación la hubieran leído en la obra de Eugenio Sue titulada Los hijos del pueblo, publicada en España en 1860. El escritor francés escribió que, dividida la Convención Nacional en dos campos opuestos, la República se perdía, por lo que la minoría, «Robespierre y sus amigos», dejaron la Convención y formaron un Comité de Salud Pública que funcionaba como una dictadura⁷.

Tampoco hay que olvidar que España era un campo de pruebas ideal para los internacionalistas, en especial para los bakuninistas⁸. Es conocido que la Internacional llegó a España de manos de los anarquistas, que en su competición con los marxistas fueron más listos y organizaron un viaje por toda España —desde octubre de 1868— para conseguir la adhesión de las sociedades obreras del país a la Internacional, siguiendo las ideas antiautoritarias de Bakunin, que estaban centradas en la revolución espontánea. Cuando se celebró el Primer Congreso Obrero de España, en Barcelona, en junio de 1870, el socialismo español ya era bakuninista.

La proximidad a los planteamientos básicos del anarquismo federal de Proudhon difundidos por Pi y Margall convirtieron a internacionalistas e intransigentes en socios en la milicia y en las barricadas. La dirección oficial en España de la Alianza de la Democracia Socialista, los bakuninistas, era reacia a participar en política, pero esto no impidió que los internacionalistas intervinieran en el movimiento revolucionario de la primavera y el verano de 1873, tal y como señalaron entonces González Morago y Anselmo Lorenzo, dos de sus militantes.

El historiador Díaz del Moral reseñó que el movimiento cantonal siguió el modelo de la Comuna de París y que la intervención internacionalista fue notable. Por su parte, Antonio Elorza señaló que los dirigentes internacionalistas habían sido formados en las filas del republicanismo federal, por lo que les unía la violencia para superar obstáculos, la concepción federal de la vida, el anticlericalismo, la condena moral del presente y el pasado, y la búsqueda de una utopía armónica. Además, el federalismo intransigente exhibía un discurso obrerista como elemento de movilización más que evidente, por lo que su colaboración era inevitable. También, como indicó Termes, les unía la disolución del Ejército, que constituía un factor de desorden favorable a cualquier acto revolucionario. No hay que despreciar tampoco, como señaló Clara E. Lida, el factor de la frustración ante las promesas incumplidas, la idea de la revolución traicionada por sus dirigentes y la solución del pueblo en armas para hacer justicia y resolver los problemas⁹. Sin embargo, la República de 1873 no cayó por la acción ni el fantasma de la Internacional, sino por la acción y el discurso de los federales.

Por tanto, el debate sobre la participación de los internacionalistas en la revolución social de Alcoy, llamada también «revolución del petróleo», es indiferente a nuestro estudio. Si se levantaron por la situación económica o por una maniobra bakuninista, no es el objeto de esta investigación. Tampoco si Rafael Coloma, el autor de referencia para conocer la insurrección de Alcoy, era falangista y estuvo en la División Azul, y, por tanto, su estudio queda descalificado¹⁰. Lo relevante es si la violencia en Alcoy perturbó la consolidación de la República y su imagen, si el acontecimiento obligó a la movilización de recursos militares que podrían haberse utilizado en la guerra contra los carlistas —como pasó con los cantonales— y si hizo que para los españoles del momento fuera una tragedia vinculada a la proclamación republicana y, por tanto, generase deseos de orden o de un Gobierno fuerte.

Los hechos de Alcoy fueron organizados por la Comisión Federal de la AIT en España, que tenía su sede en dicha población y que quiso hacer una revolución social, no un cantón de La Federal. Lo cierto es que se saldó con mucha violencia, como el asesinato brutal del alcalde Agustín Albors y de otras personalidades locales, o el incendio del Ayuntamiento y de otros edificios públicos y privados. Pi y Margall escribió que «hubo lucha, se encarnizaron las pasiones y se cometieron excesos, aunque no tantos como por entonces pregonó la fama»¹¹. Es decir, que los sucesos hicieron mucho daño a su Gobierno por el tratamiento que les dio la prensa

Los acontecimientos tuvieron lugar entre el 7 y el 12 de julio, y las tropas entraron en la ciudad con el aplauso general de los alcoyanos. Fue una tragedia de la que los federales cantonalistas no participaron, pero de la que quisieron sacar beneficio. Los voluntarios republicanos de Valencia fueron quienes marcharon contra los internacionalistas de Alcoy, y el armamento y el triunfo de la milicia envalentonaron a los cantonales de la ciudad del Turia, que pretendieron aprovechar la situación para proclamar el cantón cuando las tropas regresaron¹².

No obstante, hubo lugares donde internacionalistas e intransigentes colaboraron, aunque de forma espontánea, como ya se indicó. El 19 de junio se formó un Comité de Salud Pública en Barcelona, compuesto por intransigentes e internacionalistas. Unos soldados del batallón de Cazadores de Madrid habían asesinado a su teniente coronel, Martínez Llagostera, y cuando se supo en Barcelona que serían juzgados en consejo de guerra, el alcalde reunió a los comandantes de la milicia para telegrafiar al Gobierno solicitando que no se aplicase la pena de muerte.

En la noche del 19, en la Plaza de San Jaime se fueron reuniendo grupos de personas para protestar contra el Gobierno y las Cortes ante la posible sentencia de muerte. De pronto apareció un grupo de gente armada compuesto por internacionalistas e intransigentes del «club de los federalistas». Les precedía un pendón que decía «Vale más un solo cabello de un soldado de la República que diez cabezas de los jefes reaccionarios». Asaltaron el Ayuntamiento gritando «¡Vivan los cazadores de Madrid! ¡Viva la Revolución! ¡Viva el Estado catalán! ¡Viva el Ayuntamiento autónomo! ¡Viva la Federación!», y varios salieron al balcón a pronunciar discursos. Uno de ellos dijo que el Gobierno de Pi y Margall no cumplía ninguna de las promesas que había hecho cuando estuvo en la oposición, que no acordaba reformas sociales, que no entregaba armas al pueblo y que «hoy estamos como en septiembre de 1868». Pidió que se formara un Comité de Salud Pública con republicanos «verdaderos» y representantes de la clase obrera, porque la «burguesía» fingía ser republicana para «matar la República», y afirmó que el Gobierno había enviado «8.000 guardias civiles y carabineros» para «fusilar a los soldados» y «mañana, al pueblo». Terminó gritando que la revolución estaba inconclusa y dio «vivas a la revolución, a la autonomía de los municipios y a la confederación»¹³.

En el mismo despacho del alcalde formaron un Comité de Salud Pública que destituyó al gobernador, al capitán general, a la Diputación y al Ayuntamiento. Aguantaron ahí toda la noche hasta que a primera hora de la mañana del día 20 apareció un batallón de milicianos para hacerles frente. Retrocedieron en sus pretensiones, dijeron que solo querían evitar el fusilamiento de los asesinos de Martínez Llagostera y se disolvieron¹⁴. Estévanez, ministro de la Guerra en aquellos días, anuló la pena de muerte al considerar que los asesinos se habían arrepentido. Así lo contó en las Cortes el diputado Antonio Orense el 30 de junio.

Los intransigentes ya habían tomado la medida a Pi y Margall: no quería utilizar el Ejército contra los federales y se felicitaba por la «guerra telegráfica», mientras los golpistas podían formar Comités de Salud Pública, asaltar arsenales y agredir a cargos públicos. Ocupado el Gobierno en mandar tropas contra los carlistas, se descuidaba el orden.

Un buen ejemplo de la libertad con la que se movían los intransigentes fueron los sucesos de Sevilla del 24 al 30 de junio. El 24, los voluntarios asaltaron la Maestranza en busca de armas, ante lo cual, de manera inexplicable, la Guardia Civil y los carabineros abandonaron la ciudad, agrupándose en el cuartel de la Trinidad y la Fábrica de Tabacos. En su marcha tuvieron lugar los primeros enfrentamientos. En la ciudad no había tropas porque habían salido en busca de carlistas y, además, desde el 21 de junio no había Gobierno en España porque en esos momentos Pi y Margall lo estaba formando. El desorden permitió que los voluntarios federales tomaran las Casas Capitulares y en las calles se hicieron fuertes unos 4.000 milicianos, que levantaron barricadas y colocaron ocho cañones, cuatro de los cuales habían sido entregados por orden del mismo Gobierno contra el que ahora apuntaban¹⁵.

El movimiento, escribió Vera y González, respondía a un plan de insurrección iniciado en Madrid¹⁶. La solución de Pi y Margall fue nombrar a Gumersindo de la Rosa como nuevo gobernador civil y que negociara. Llegó a Sevilla el 29 de junio, habló con los implicados y telegrafió al Ministerio de la Gobernación diciendo que creía inevitable la proclamación del Estado de Andalucía. Habían llegado a la capital andaluza grupos de voluntarios federales de Málaga y Córdoba, comandados por Eduardo Carvajal, y fue entonces cuando un grupo, dirigido por el internacionalista Miguel Mingorance, tomó de nuevo las Casas Consistoriales y formó un Comité de Salud Pública para sostener en España la formación de una «República democrática federal social». Publicó un manifiesto incitando a los voluntarios a salir de la ciudad para enfrentarse a las tropas acantonadas en Alcalá de Guadaira y pidió la entrega de las armas en posesión de particulares y una contribución de un millón de pesetas a las grandes fortunas sevillanas. Gumersindo de la Rosa lo solucionó pagando dos pesetas y 50 céntimos a cada voluntario, gracias a un préstamo que le hicieron dos financieros locales, y regalando armas a los milicianos de Málaga y Córdoba a cambio de que se fueran de Sevilla (el problema, claro, sería luego el de esas dos ciudades). De la Rosa envió a un grupo de voluntarios a las Casas Consistoriales para disolver el Comité de Salud Pública, que no presentó batalla. Los revolucionarios fueron encarcelados y sus pelotones de voluntarios, desarmados ¹⁷.

Desde el 27 de junio se esperaba un levantamiento federal en Madrid, un hecho recurrente cuando se producía algún cambio ministerial o una decisión gubernamental que disgustaba a los intransigentes. Se trataba del mismo mecanismo empleado en el golpe de Estado del 23 abril, cuando una decisión legal de la Comisión Permanente, una petición de responsabilidades y un posible cambio de Gobierno —todo legal— se utilizaron como excusa para promover un acto de fuerza con el que tomar el poder. Los últimos días de junio se recibieron avisos en el Ministerio de la Gobernación «manifestando que el orden iba a alterarse», dijo Pi y Margall en las Cortes. El temor aumentó el 29 de junio, tras la formación del Comité de Salud Pública por el Centro Federal Español, con la idea de desoír las decisiones del Gobierno y de las Cortes y poner en marcha la rebelión cantonal. Roque Barcia, uno de los líderes del citado comité, no estuvo en la reunión del Centro Federal a pesar de que se le envió un telegrama para que asistiera. De todas formas, en esa sesión se discutió una propuesta de La Justicia Federal, su periódico, que terminaba exhortando a

… realizar la federación democrática en nuestro país, sin economizar en esta tarea ninguna clase de trabajos, de desvelos y sacrificios. Si los encargados de salvarnos no nos salvan, natural parece que procuremos salvarnos nosotros. ¡Federales de toda España! Realicemos la República federal, y venga después lo que quiera¹⁸.

El movimiento estaba programado para el 30 de junio, o así lo creyó el general Hidalgo, nuevo capitán general de Madrid, que colocó un bando por las calles de la capital diciendo que, si se alteraba el orden público, la gente se retirase a sus casas, salvo los voluntarios federales, ya que, de no hacerlo, «serían considerados perturbadores y tratados como tales». Si había alguna algarada, añadía, los vecinos de Madrid estaban obligados a abrir sus casas a las fuerzas del orden, incluso para situar tropas en el edificio¹⁹. Esa noche se produjeron unas detonaciones en la Puerta del Sol, frente al Ministerio de la Gobernación, y la Guardia Civil se situó en dicho lugar y en las puertas de las Cortes²⁰.

Los intransigentes utilizaron el bando de Hidalgo como excusa para abandonar en bloque las Cortes Constituyentes, lo que suponía liquidar el proceso legal por el que apostaba Pi y Margall. En la sesión del 1 de julio, Ramón de Cala presentó una proposición que afirmaba que Hidalgo había vulnerado los derechos individuales. La propuesta se tomó en consideración por 89 a 83 votos, pero fue derrotada tras un amargo debate con ataques personales. Acto seguido, justo cuando se iba a votar el proyecto de ley de facultades extraordinarias, José María Orense tomó la palabra para decir que, visto «lo que sanciona esta Cámara y la conducta del Gobierno, la minoría se retira», tras lo cual unos 30 diputados se marcharon²¹. El proyecto no pudo ser aprobado por falta de quórum solo hasta el día siguiente. Sin embargo, La Justicia Federal publicó que con la retirada de la minoría «se han salvado la República y España»²².

El 4 de julio se reunieron los diputados intransigentes para oír el manifiesto que habían encargado a Díaz Quintero, Cala y Benot explicando su retirada de las Cortes. Lo aprobaron y acordaron enviarlo a provincias. A la reunión asistieron Estévanez y Ladico, que se mostraron conformes con la decisión de abandonar la Cámara, pero que no firmaron porque habían sido ministros con Pi y Margall. El texto explicaba que los 57 se retiraban porque no se había guardado consideración hacia la minoría, y llamaron «golpe de Estado» y atentado a los derechos individuales la concesión a Pi y Margall de atribuciones especiales²³.

Era imposible que Pi, como escribió en su reivindicación de 1874, no supiera que se preparaba un levantamiento. En los primeros días de julio, el Comité de Salud Pública redactó dos manifiestos: uno dirigido a todos los federales de España y otro a los del «cantón de Castilla la Nueva». El primero era un programa político que seguía las ideas de Roque Barcia y que, por tanto, no tenía más importancia. El segundo, sin embargo, publicado el 8 de julio, llamaba a los castellanos a estar alerta y concluía:

Lo decimos hoy, en medio del día, a la luz y faz de todo el mundo, porque nosotros no conspiramos, [...] decimos en medio del día con todo el sosiego, con el mayor aplomo, que si la República realista se amotinase contra este Comité, este Comité se amotinaría contra aquella República amotinada, porque hemos resuelto amotinarnos contra el amotinador²⁴.

La Discusión, periódico federal gubernamental, contestó: «Si se amotinan esos señores, ¿quién los desamotinará? El desamotinador que los desamotine buen desamotinador será». La Justicia Federal publicó el resultado de una reunión celebrada la noche del 7 de julio por el Partido Republicano de Valencia, en la que se acordó que la minoría de las Cortes había obrado bien y que, si en dos semanas el Gobierno no «entra de lleno en el ancho sendero de las reformas», los diputados debían «proclamar el cantón»²⁵.

El asunto llegó a las Cortes, donde Antonio Orense preguntó al Gobierno si no iba a hacer nada contra el Comité de Salud Pública que se había declarado en rebeldía contra el Gobierno y la Asamblea. Castelar, en representación del Ejecutivo, dijo que conocían esos manifiestos y que esperaba que no pasaran a la acción porque estaban resueltos a utilizar toda la fuerza²⁶. Esta respuesta dejaba ver un cambio: el fin de la «guerra telegráfica» y, por tanto, el fracaso de Pi y Margall. Se acordó hacer crisis de Gobierno para introducir a ministros empeñados en el orden público y retirar a los que, como Sunyer i Capdevila, lo impedían. Esta decisión detuvo una moción de censura que la derecha tenía preparada, pero que Castelar y Salmerón consiguieron parar²⁷.

El problema ya no era solo la inutilidad de la «guerra telegráfica», sino que Pi y Margall había nombrado a gobernadores civiles que no reprimían a los alborotadores porque compartían partido e ideas, como en Sevilla y Cartagena. Cuando fue acusado del comportamiento de los gobernadores, Pi contestó que no había tenido más remedio que «echar mano de hombres de segunda y tercera fila para gobernadores de provincias», cuando, en realidad, tan solo era necesario que fueran leales al proceso legal de construcción de la República. En Cartagena nombró a Antonio Altadill, que era «no ya intransigente —escribió Morayta—, [sino] separatista». La mayoría de los diputados de aquella provincia protestaron, pero Pi lo disculpó diciendo: «Altadill ha cambiado». No era cierto. Altadill sustituyó el Ayuntamiento compuesto por federales gubernamentales por el Comité de Salud Pública y encargó al diputado Antonio Gálvez Arce, promotor de la insurrección, el mantenimiento del orden²⁸.

LA EXPLOSIÓN CANTONAL

Los diputados intransigentes abandonaron Madrid y volvieron a sus provincias, muchos para levantar un cantón contra la República. Así se lo dijo el diputado Casalduero a Prefumo en los pasillos de las Cortes²⁹. El Comité de Salud Pública de Roque Barcia y Juan Contreras era consciente del riesgo de levantarse en armas contra unas autoridades locales elegidas por republicanos. No era lo mismo que sublevarse contra los ayuntamientos monárquicos. Sin duda, la sublevación cantonal debía llevarse a cabo antes de las elecciones; de ahí las prisas de Pi y Margall por «constituir» la República.

El 13 de julio, el gobernador militar de Cartagena envió un telegrama al ministro de la Guerra que la prensa publicó:

Las fuerzas ciudadanas, con el diputado constituyente Gálvez, han nombrado un Comité de Salud Pública. Se oponen a la entrada de tropas [que iban de paso a Málaga], y el gobernador ruega se detenga el tren que las conduce, en vista del estado amenazador de la población³⁰.

Este fue el inicio del levantamiento cantonal en Cartagena. El 14 de julio hubo en Barcelona una huelga general y una manifestación de internacionalistas en apoyo a sus compañeros de Alcoy, levantados en armas contra la represión gubernamental. Según la prensa, querían constituir un Comité de Salud Pública en Barcelona. El desorden provocó la caída de Pi y Margall porque se entendió que lo había alimentado para su uso personal y que ahora no sabía contenerlo. De hecho, dos días después del alzamiento en Cartagena, en Madrid se sabía que Altadill, el gobernador puesto por Pi y Margall, había traicionado al Gobierno para formar el cantón. Y no solo eso; también se sabía que Pi, a instancias del gobernador de Murcia, se había negado a que acudiera a Cartagena el regimiento Iberia, que estaba en La Palma, a ocho kilómetros.

En cuanto estalló la insurrección, Altadill telegrafió al ministro de la Guerra, González Íscar, para que las tropas no entraran en la ciudad. También escribió al capitán general de Valencia con el mismo ruego³¹. González Íscar discrepó y telegrafió el mismo 12 de julio al gobernador militar de Cartagena ordenando que el regimiento Iberia fuera «desde el tren a la fragata [Victoria, atracada en el puerto] que estará dispuesta y preparado un rancho y se embarque sin detenerse lo más mínimo»³². Al día siguiente, Hidalgo, capitán general de Castilla la Nueva, telegrafió para que el regimiento Iberia continuara «su marcha por ferrocarril hasta el exterior inmediato a Cartagena»³³. Estaba claro que González Íscar e Hidalgo sí querían intervenir, todo lo contrario que Pi y Margall. Por esta razón tuvo más peso Altadill que el resto de autoridades, incluidas las militares, porque pidió que el regimiento Iberia no entrara en Cartagena y el ministro de la Guerra no tuvo autoridad para hacer cumplir sus órdenes. El gobernador militar estaba dispuesto a intervenir con el regimiento Iberia, pero el civil, Altadill, puesto por Pi y Margall, se opuso y rogó que se detuviera la llegada de las tropas³⁴. El gobernador militar quedó a la espera, mientras los insurrectos se hacían con la ciudad. Altadill siguió la política de Pi, y luego este lo disculpó diciendo que se trató de un error de cálculo. La impresión es que Pi no se preocupó al principio por los sucesos de Cartagena.

Lo cierto es que la entrada de las tropas pasado el primer momento no habría servido de mucho, porque estaban inutilizadas por la indisciplina, especialmente las dos compañías del 2.º Regimiento, que se negaron a marchar contra los cantonales y que luego se unieron a los insurrectos. El militar al mando informó a Hidalgo de que había intentado disciplinar a los soldados y que finalmente no le quedaba «más remedio que coger una carabina y morir matando a aquellos soldados desleales»³⁵.

También se supo entonces que Pi y Margall había telegrafiado al gobernador de Murcia para que combatiera «fuertemente la idea» de proclamar el cantón; combatir la idea, no a los insurrectos, es decir, no emplear la violencia en la represión, sino las palabras. Pi le trasladó los argumentos que debía utilizar con los cantonales: la legalidad se construía con el voto, las Constituyentes harían la Constitución federal en breve y era una «verdadera insensatez y un verdadero crimen querer hoy organizar un Estado federal sin que las Cortes» lo hubieran determinado. En caso contrario, seguía la recomendación de Pi, el gobernador debía decir que habría «disgregación de provincias, debilidad en el poder central y falta absoluta de medios» para combatir el carlismo. Si les transmitía estas ideas, «estoy seguro de que permanecerán fieles a la Asamblea»³⁶. El argumento era de una ingenuidad pasmosa.

Entre el golpe de Estado del 23 de abril, que echó a radicales y conservadores, y la permisividad con los cantonales en junio y julio de 1873, que truncó las pocas posibilidades que tenía el camino legal y pacífico para la instauración de la República, Pi y Margall acabó con ella.

Esto fue lo que manifestó Prefumo durante el discurso más duro y realista que tuvo que escuchar Pi y Margall. Prefumo, de los republicanos gubernamentales, era diputado por el distrito de Cartagena oeste desde 1871 y había sido su alcalde en 1869. De los 12.863 censados obtuvo 9.967 votos en 1873, lo que le daba autoridad para hablar en nombre de los cartageneros. Presentó una pregunta en las Cortes por la situación en Murcia y comenzó diciendo que lamentaba que Pi no estuviera presente, a lo que Abárzuza, de la derecha castelarina, grito: «¡Está conspirando!»³⁷, expresión que demostraba que la derecha republicana estaba decidida a echar a Pi y Margall. Prefumo afirmó que el presidente conocía lo que iba a pasar en Cartagena, que incluso fue informado a primera hora de la mañana del día 12 y que no había hecho nada, «como de ordinario, se cruzó de brazos y se mesó la barba». El diputado tenía información de primera mano y señaló que el gobernador de la provincia había encargado al alcalde de Cartagena que resistiera sin «efusión de sangre», lo que significaba dejar que los alborotadores usaran la fuerza a su gusto. «Yo no he visto nunca que las insurrecciones se resistan con bizcochos y confites», dijo Prefumo, cuyo relato resultó ser una acusación completa contra el Gobierno. Altadill, afirmó, había sustituido el Gobierno municipal por el Comité de Salud Pública, había ordenado a las autoridades militares que retuvieran al regimiento Iberia para que no entrara en Cartagena —aunque sí dejó entrar al general Contreras— y había puesto al frente del orden público al líder del golpe: Antonio Gálvez Arce. Cuando Pi y Margall se enteró de esto no destituyó a Altadill. No era «debilidad», dijo Prefumo, sino «alevosa traición»³⁸.

Sunyer i Capdevila, pimargalliano y ministro de Ultramar, acabó por hundir al Gobierno sin querer. Aseguró que estaba dispuesto a la represión más dura de carlistas e internacionalistas, como en Alcoy, pero no «cuando se trata de luchar y derramar la sangre de mis amigos y de mis correligionarios». Y lo remató diciendo que era partidario de la «política de concesiones» con «mis correligionarios levantados en Cartagena, y en cuantos puntos puedan levantarse», por lo que no firmaría ningún documento en el que se dijera que se reprimiría «a tiros y balazos a mis correligionarios levantados en armas»³⁹. Se trataba de un ministro exponiendo en las Cortes que las elecciones a Constituyentes y la misma Asamblea, la legalidad y el Gobierno no servían para nada frente a los cantonalistas insurrectos.

La respuesta de Pi y Margall fue decepcionante y sirvió para confirmar las acusaciones de Prefumo. Confesó que su más importante decisión fue enviar a Cartagena al ministro de Marina, Anrich, que ni siquiera era republicano (de hecho, se pasó al poco tiempo al bando carlista) y que llegó al puerto para «apoderarse de los buques». Otra decisión fue telegrafiar a Altadill el día 13 para que repusiera al Ayuntamiento y alegó que no quería utilizar la fuerza porque consideraba que «un telegrama ardiente» era suficiente para contener la proclamación del cantón. Quedó al descubierto la distancia entre la utopía y la realidad, la prédica de La Federal y el comportamiento de los federales, la democracia prometida y la tiranía de los revolucionarios. Los mismos que habían aplaudido el federalismo pactista de Pi y Margall ahora impedían su Gobierno y lo empujaban al abismo. Por si fuera poco, Pi confesó que no controlaba nada desde el Ministerio de la Gobernación: «Es verdad que en Cartagena se conspiraba. ¿Y dónde no se conspira?», dijo. En esta situación, Pi defendía que lo mejor era «escribir a los gobernadores» para que fueran vigilantes⁴⁰.

Prefumo dio la puntilla en la réplica. El Gobierno había tardado doce horas en decidir algo inútil: que el ministro de Marina fuera a Cartagena. Entre tanto, a las cinco de la tarde del 12 de julio, el ministro de la Guerra, González Íscar, recibió un telegrama del gobernador militar de Cartagena: las tropas del regimiento Iberia estaban a las puertas de la ciudad, pero el «gobernador civil me ruega que suspenda su entrada por temor a un conflicto». Es decir, Pi y Margall ordenó que no entraran las tropas en la ciudad, con lo que permitió el éxito de la insurrección cantonal en Cartagena. Prefumo, desvelando más noticias, desmontó una mentira de Pi al señalar que era falso que este no supiera que Contreras iba a Cartagena. Lo sabía de primera mano, porque Prefumo se encontró con Pi y Margall a la una de la noche del 12 de julio en el gabinete de telégrafos del Ministerio de la Gobernación y le dijo que Contreras había salido para Cartagena. Según Prefumo, el diálogo fue el siguiente: «“Ya lo sé”. Y yo repliqué: “Lo que yo pregunto es si usted sabe si será detenido”. “Están dadas las órdenes”, respondió el señor ministro». Pi y Margall lo sabía porque Maisonnave, ministro de Estado, se había encontrado con Contreras en la estación, vio que se subía al tren que iba a Cartagena y se lo comunicó al Gobierno⁴¹. Lo increíble es que Contreras estuviera sin vigilancia a pesar de que el 11 de junio, un mes antes, había intentado un golpe de Estado en Madrid junto a Pierrard. Contreras no era ni un genio militar ni político. Sickles opinaba que «no se distingue por su capacidad de dirección en la conducción de sus empresas precipitadas» y que tendría que abandonar España «si escapa al resentimiento de sus seguidores defraudados»⁴².

Pi envió telegramas a las distintas paradas del tren, como Albacete, pero nadie detuvo a Contreras, ni siquiera Altadill, cuando el general llegó a su destino. Maisonnave, ministro entonces, dijo tiempo después que el telegrama llegó a Albacete antes que el tren de Contreras, pero que el gobernador no hizo nada⁴³. Fue sorprendente que se supiera por casualidad que Contreras se iba de Madrid a Cartagena. En el Archivo General Militar de Madrid hay documentación sobre sus entradas y salidas, su nombre falso y sus disfraces para viajar. El 13 de julio llegó un telegrama al Ministerio de la Guerra enviado por el comandante militar de Murcia, que anunciaba la llegada de Contreras a Cartagena y que había «tomado el mando de la Junta revolucionaria declarándose en cantón»⁴⁴. El Gobierno, además, sabía que desde el 4 de julio se había constituido un Comité de Salud Pública en Cartagena y que Altadill no solo estaba al tanto, sino que había repartido 300 fusiles entre los cantonales. Las pruebas de negligencia y permisividad eran abrumadoras, así que Prefumo concluyó con la defenestración de Pi y Margall al decir que, si no podía controlar a los gobernadores, «deje ese banco»⁴⁵.

ADIÓS, PI Y MARGALL

El Gobierno de Pi y Margall murió en aquella sesión de las Cortes. Carvajal, ministro de Hacienda, planteó la crisis en la reunión del Consejo de Ministros del 15 de julio. No hubo sesiones de Cortes durante dos días por falta de quórum, lo que dio un respiro al Gobierno, pero era evidente que no podía sostenerse un Ejecutivo de conciliación entre la derecha, el centro reformista y la izquierda. Morayta contó que Pi había hablado con los intransigentes Díaz Quintero y Cala —dirigentes de la llamada «minoría»— para que volvieran a las Cortes y formar con ellos y el centro «la verdadera mayoría»⁴⁶.

Para empezar a hablar, los intransigentes pusieron como condición que Pi y Margall cesara al general Hidalgo como capitán general de Madrid, pero el presidente se negó. Carvajal afirmó en la sesión secreta de diputados —y sin que Pi y Margall lo desmintiera— que el 15 de julio encontró al presidente conferenciando con los izquierdistas e intransigentes Estévanez, Ladiko, Cala y Navarrete para formar Gobierno con ellos y para que convencieran a la minoría de que volviera a las Cortes⁴⁷. Pi quería eliminar la presión de la derecha y optó por intentar una alianza de la izquierda con los cantonales e intransigentes porque creía que negociando con golpistas e insurrectos controlaría la situación. Esta opción, a su vez, animó a los cantonales insurrectos, que interpretaban que, si la crisis de Gobierno se resolvía hacia la izquierda, sus intereses podrían verse satisfechos.

El centro reformista, compuesto por más de una treintena de diputados, había decidido apoyar a Pi o a un «Gobierno de la derecha», si se proponía «restablecer el orden y realizar prontamente las reformas políticas y económicas»⁴⁸. Esta postura no dejaba de ser una denuncia de que el Gobierno no hacía ni una cosa ni otra. Los centristas ofrecieron elegir a José María Orense Presidente del Poder Ejecutivo para que mediara entre las facciones del partido.

La derecha, el centro y la izquierda de Pi y Margall —la suma que apoyaba al Gobierno— se reunieron el 15 de julio en sesión privada para resolver la crisis. Salmerón manifestó que lo más necesario era adoptar una política de orden contra los cantonales y luego derrotar al carlismo. Mientras, dijo, las sesiones de Cortes debían estar suspendidas. Pi y Margall insistió en que el orden vendría con la aprobación de la Constitución y de las reformas políticas y sociales, para lo cual era imprescindible mantener las sesiones de las Cortes. El castelarino Maisonnave recondujo el debate y dijo que solo se podía aplicar una de estas dos políticas con los cantonales: transacción o represión. Carvajal desveló que, tras el debate parlamentario del 12 de julio sobre los asuntos de Alcoy, Maisonnave, Gil Berges, González Íscar y él presentaron la dimisión a Pi y Margall por discrepancias con su manera de abordar el orden público, y que no se fueron porque no era el momento, dada la gravedad de la situación.

De aquella reunión de la mayoría que apoyaba al Ejecutivo salió el acuerdo de que al día siguiente, sin demora, se presentase en las Cortes el proyecto constitucional y que los ministros no estuvieran en la Cámara a no ser que fueran llamados⁴⁹. Sin embargo, la derecha republicana se desentendió; creía que la etapa de Pi y Margall había terminado y que su continuación era nefasta para la República. Los republicanos conservadores votaron en contra de que Pi formara un nuevo Gobierno con la conciliación de la derecha, el centro y la izquierda. Además, en esa votación se vio que eran el grupo mayoritario: 76 frente a 50⁵⁰. Repudiado por la derecha, Pi se lanzó en los dos días siguientes a intentar la formación de un Gobierno del centro, la izquierda y los intransigentes.

Castelar y Salmerón estaban decididos a romper con Pi y formar un Gobierno de coalición con el centro, manteniendo a Carvajal, Gil Berges y González Íscar. Pi recibió la negativa de la intransigencia para participar en su Ejecutivo y hacer una nueva mayoría, por lo que intentó convencer a algunos de la derecha, como Maisonnave, Carvajal y Gil Berges, que se negaron. Al tiempo, Salmerón pidió al general Nouvilas, que había dejado recientemente el Ejército del Norte, que se ocupara del Ministerio de la Guerra⁵¹. Era una carrera contrarreloj: por un lado, Pi intentaba sobrevivir, mientras Castelar y Salmerón hacían lo posible por liquidarlo. Sus políticas eran contrapuestas: el primero pensaba que la República se salvaba girando a la izquierda y negociando con los cantonales, y los segundos, reprimiendo a los revolucionarios para defender que la República no era el caos.

En la noche del 16 de julio corrió el rumor de un golpe alfonsino en Madrid y otro radical apoyado por González Íscar, ministro de la Guerra, aunque era falso. La noticia salió del Ministerio de la Gobernación. Todo ocurrió porque González Íscar se negó a ir al Consejo de Ministros que debía celebrarse en dicho ministerio; entonces lo acusaron de golpista y dijeron que la derecha republicana estaba involucrada. Los voluntarios federales tomaron posiciones, pero Hidalgo, capitán general de Madrid, informó a Pi y Margall de que todo eso era un cuento. No hay más datos sobre esa circunstancia.

El rumor de que González Íscar estaba involucrado salió de la izquierda de las Cortes. Así lo dijo el ministro Carvajal, presente en aquella ocasión⁵². Según La Iberia, El Imparcial y La Época, los que difundieron el bulo fueron los «ministeriales», en referencia a los de Pi y Margall⁵³, que escribió poco después que ese día se enfrentó al ministro de la Guerra, pero que «tenía medios sobrados para vencerle», como la artillería⁵⁴. Sin embargo, González Íscar no era alfonsino ni monárquico. De hecho, participó en conspiraciones contra Alfonso XII y luego se sumó a Izquierda Dinástica. Fue un rumor intencionado, como el de Barcelona en el mes de marzo, cuando acusaron a Gaminde de lo mismo con el objetivo de alterar el estado de ánimo con un fantasma para justificar el uso de medidas de fuerza.

El intento de pronunciamiento alfonsino estuvo encabezado por el conde de Valmaseda, que fue capitán general de Cuba entre 1870 y 1872 y que no quería ninguna componenda con constitucionales y radicales, si se producía la restauración de los Borbones, por lo que poco tenía que ver con Montpensier, jefe del alfonsismo hasta bien entrado el año 1873. Mientras que este último, cuñado de Isabel II, quería formar una amplia base con sus antiguos amigos unionistas y progresistas, otra parte, de reminiscencia moderada, estaba a favor de una restauración de orden que alejara a esos políticos.

Valmaseda contaba con un grupo de coroneles, comandantes y subalternos de su confianza, conocidos de su etapa en Cuba, y estaba en relaciones con el general Martínez Campos y el escritor Gutiérrez de la Vega y Moncloa, hijo del pintor. También contaba con Iglesias, coronel de la Guardia Civil que luego participó en el golpe del 3 de enero. Esto suponía disponer en Madrid de 2.000 hombres armados. Valmaseda, Martínez Campos, Gutiérrez de la Vega e Iglesias resolvieron hacer un pronunciamiento en Madrid aprovechando el cambio de Gobierno. Esperaban que los federales salieran a las calles, hubiera desorden y que la Guardia Civil estuviera en disposición de actuar y así hacerse con el poder. Contactaron con el general Solar, encargado de levantar las guarniciones de Extremadura y de recibir al general Caballero de Rodas, exiliado en Portugal. Consiguieron también el apoyo de los generales Gasset, Bassols y Marchesi para hacerse con la guarnición de Madrid. Se reunieron en el cuartel de la Guardia Civil en el barrio de Salamanca. Todo estaba preparado para el 16 de julio, cuando Pi renunciara a la Presidencia. Contaban con el alboroto de los intransigentes en las Cortes, que se opondrían al nombramiento de un Gobierno de la derecha republicana. Sin embargo, nada de esto sucedió el día 16 de julio y los conspiradores se retiraron a sus casas. «Los alfonsinos —escribió Morayta— no fueron nunca un serio obstáculo para la República [en 1873], que pudo así ser generosa con ellos»⁵⁵.

Esta intentona no alteró lo más mínimo la vida política. Así, el 17 de julio, el diputado centrista González Alegre preguntó si había Gobierno y pidió que se llamara a Pi y Margall para que compareciera en las Cortes. Pi no acudió y el diputado Ruiz Llorente, de la derecha, quiso que se leyera una moción de censura, que se sumó a la que Martínez Pacheco, también de la derecha, presentó el día 15 pero que no se había leído⁵⁶. Había solo 73 diputados en la Cámara. La sesión se suspendió y los diputados de las tres fracciones que formaban la mayoría se reunieron en el Senado para acordar una solución. Pi y Margall estaba liquidado y pactaron un Gobierno de la derecha y el centro presidido por Nicolás Salmerón⁵⁷.

En la sesión del 18 de julio se leyó una comunicación de Pi y Margall en la que exponía que se iba porque no era capaz de reunir un Gobierno de conciliación y porque su política era objeto «no ya de censuras, sino de ultrajes y calumnias». Morayta escribió que Pi y Margall podía excusarse como quisiera, pero que nunca le faltaron los votos de la derecha y del centro para hacer su política. La Igualdad criticó con amargura a Pi y Margall, diciendo que debería haber formado el «Ministerio que se proponía, si no con eminencias, con medianías»⁵⁸. Finalmente, como escribió Pavía, Pi fue «lanzado» del poder «por las mismas Cortes que había confeccionado»⁵⁹.

Al año siguiente, 1874, Pi y Margall daba a la imprenta una vindicación de su persona. No era una crítica al cantonalismo ni a la intransigencia, ni tampoco una reflexión sobre sus errores o una rectificación del pactismo de raíz proudhoniana, sino una defensa de sí mismo. En el «Apéndice D» aportó los telegramas que envió en las jornadas del levantamiento en Cartagena desde el 13 de julio, un día después de que el Comité de Salud Pública tomara el poder. Es decir, demasiado tarde. Se echa de menos algún telegrama dirigido a Altadill, gobernador de la provincia, para que detuviera a Contreras nada más llegar a la ciudad. No hay duda de que Pi permitió el desorden, y buen ejemplo de ello es el telegrama dirigido al gobernador insistiendo en que se combatiera «la idea» con argumentos. Los demás telegramas enviados el 14 de julio son blandos, a pesar de que tuviera conciencia de que Cartagena iba a ser el centro de una insurrección general, como él mismo aseguró⁶⁰.

Pi y Margall afirmó en su opúsculo que el problema de la República durante su Gobierno fue la derecha republicana, que vio con malos ojos su política de atracción de los intransigentes. Lo volvió a decir décadas después en Historia de España en el siglo XIX: la crisis del Gobierno la promovieron Castelar y Salmerón⁶¹, no el desorden en Sevilla, Málaga, Alcoy y Cartagena por obra de los cantonales, tal y como se ha visto. Admitió que, dadas las «escasas fuerzas» militares que tenía, «era lógico presumir que secundasen la insurrección algunas otras provincias».

Su plan era permitir que Cartagena se mantuviera como cantón, porque no había manera de «domarla», y quitar «pretexto» a la insurrección atrayendo a los intransigentes mediante la formación de un Gobierno de conciliación con ellos y avanzando en la legislación. Es más, el 6 de septiembre de 1873 dijo en las Cortes que los cantonales de Cartagena habían trabajado por la «unidad de la patria» tanto como el Gobierno, porque habían constituido un «poder ejecutivo de la nación española»⁶². Aquello mostraba, como dijo Ríos Rosas en esa misma sesión, que Pi tenía «la complicidad de la inacción y la responsabilidad del silencio». Esa era la realidad. Pi escribió que «no habíamos de entrar en Cartagena sino pactando», lo que mostraba su estrategia de dejar hacer a los federales cantonales como aliados naturales de su República. En realidad, era lo que había declarado Sunyer i Capdevila cuando ocupaba la cartera de Ultramar: no eran facciosos, sino correligionarios.

Su política era «transigir con los insurrectos», escribió, como habían hecho muchos Gobiernos. A esto se opuso la derecha y Pi se dio cuenta de que un nuevo Ejecutivo encabezado por él, con el centro, la izquierda y los intransigentes, tendría por delante «una oposición formidable». Sin embargo, como vimos, el centro solo apoyaría a Pi y Margall si conciliaba con la derecha, a pesar de lo cual insistió en que, si no se hubiera atacado Cartagena, «si hubiese prevalecido mi pensamiento», se habría vencido sin causar daño. Por ello, en su opinión, en cuanto dejó el Gobierno hubo una explosión cantonal en todo el país: «A mi caída, era natural no solo que la insurrección creciera, sino también que se me tomase como pretexto para legitimarla y difundirla»⁶³. Sin embargo, todo indica que la explosión cantonal tuvo lugar porque, al caer Pi y Margall, la intransigencia quedó sin posibilidades de entrar en el Gobierno.

Pi siempre culpó a los demás de todo lo que ocurrió durante su Gobierno y lo explicaba mostrando un gran desprecio hacia el resto de líderes republicanos. La animadversión de Pi y Margall hacia los demás dirigentes de su partido era justamente la que describió Figueras en sus cartas de julio y septiembre de 1873. Así, para Pi y Margall, Salmerón había propiciado el levantamiento cantonal porque accedió a la Presidencia de la República diciendo que había que suspender las sesiones de Cortes. Si se atacaba a los cantonales de Cartagena, Valencia y las ciudades andaluzas, se produciría el «enfriamiento» de las ideas federales y se levantaría un obstáculo para llegar a La Federal. Una política de represión mostraría al mundo que «las locuras de los cantonales» eran «la realización de los principios y las aspiraciones del federalismo», y esto llevaría a la reacción⁶⁴.

No hizo ni una autocrítica ni cargó contra los cantonales, sino que señaló a la derecha republicana, a Castelar y a Salmerón, como los grandes culpables de sus errores. A partir de su caída, Pi y Margall se dedicó a entorpecer la marcha de los siguientes Gobiernos republicanos.

PARTE IV

SALMERÓN Y EL PESO DE LA

CONCIENCIA

Era para que se «preocupase honda y gravísimamente el ánimo más entero y varonil». Esto escribió Santiago Soler y Pla, ministro de Estado del Gobierno de Salmerón, el 18 de agosto de 1873, en una circular a los embajadores españoles. El entrecomillado está en la parte tachada que no se envió; el resto de lo anulado decía que, nada más encargarse el nuevo Gobierno, 32 provincias «alzaban bandera de insurrección», lo que se sumaba a las guerras carlista y cubana, «las nubes del archipiélago filipino», el «temperamento híbrido» de las Cortes y la «actitud de la minoría» intransigente¹.

El catalán Soler y Pla era un republicano conservador cercano a Castelar, y sus palabras reflejaban tanto el ánimo de todo el Gobierno como la obsesión de la derecha: priorizar el orden a través de la ley. De hecho, ese era el lema de Nicolás Salmerón, «el imperio de la ley», sometiendo a todos al proceso legal para pacificar el país y construir así una República solo por republicanos. Salmerón constituyó un Gobierno con lo que pudo de la derecha y el centro, y se presentó en las Cortes el 19 de julio.

Era la culminación de su carrera política. Había dado el paso a la primera fila republicana en 1872, cuando en la Asamblea Federal del partido se alineó con los favorables a la coalición electoral de radicales y carlistas. Sin embargo, declinó formar parte de la comisión negociadora de esos dos partidos al considerar la alianza «ilegítima e inmoral»², pensamiento que revela una de las características esenciales de la forma de actuar de Salmerón: apoyar a la mayoría del partido, pero no participar personalmente si se alteraba su conciencia. No había estado en el Directorio ni actuó como líder del grupo parlamentario entre 1869 y 1873. Fue diputado por primera vez en 1871 y luego dos veces en 1872, pero nunca por su Almería natal, sino por Badajoz y Cartagena. Ejerció como ministro de Justicia desde el 11 de febrero de 1873, pero estuvo en un segundo plano hasta el mes de mayo, cuando fue elegido presidente de las Cortes. No se sabía mucho de él, salvo que tenía un periódico adicto, La República, y que había redactado un proyecto constitucional federal, junto a Eduardo Chao, que no gustó a los pimargallianos. Era una figura gris, una incógnita, y aún hoy lo sigue siendo.

No contamos con una buena biografía de Nicolás Salmerón. Esto se ha dicho sobre muchos personajes contemporáneos españoles, pero en este caso se trata de un hecho de gran relevancia. Salmerón pertenece al santoral laico del republicanismo, adornado por todas las virtudes intelectuales y morales. Pero, más allá de la loa, poco se sabe de su actuación política. Sus biógrafos destacan un acontecimiento de su paso por la vida política del Sexenio: su dimisión por negarse a firmar sentencias de muerte. Sin embargo, nada se sabe de esas sentencias —no hay registro de ellas ni de sus nombres— y se desconoce si posteriormente las ejecutó alguien. Ni siquiera los historiadores coinciden en el número de sentencias que se negó a firmar (una, dos o más).

García Ruiz, en su obra de ajuste de cuentas llamada Historias, habla de un soldado que se pasó a los carlistas, fue capturado y declarado traidor, por lo que sería sentenciado a muerte³. Sin embargo, en la documentación no consta uno, sino tres desertores, y no para ejecutar, sino para ser estudiados por la Comisión de Indultos del Parlamento. Entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre, un día antes de su dimisión, Salmerón pasó la sumaria de pena de muerte de 22 militares y 13 civiles a la comisión, según lo previsto en el artículo 2 de la ley del 9 de agosto. Los delitos de los se les acusaba eran deserción, sedición, rebelión, parricidio y asesinato⁴. La potestad para indultar estaba en la comisión por decisión de la mayoría y, por tanto, eran esos diputados quienes deliberaban sobre la vida o la muerte de los condenados; no Salmerón, que actuaba como mero transmisor entre los juzgados y la comisión por haber renunciado a la facultad de indultar como derecho de gracia del poder ejecutivo.

En las Cortes, cuando se despidió, dijo que difería de la derecha en «un punto», que no explicó, cuando podía haberlo hecho en aras de la defensa de los principios que determinaban su dimisión y la ruptura del Gobierno, dos hechos que, en definitiva, aumentaban la inestabilidad de la República. La circunstancia era lo suficientemente importante como para dar explicaciones, pero optó por guardar silencio y no decir que estaba en contra de las sentencias de muerte por una cuestión de principios. Pero lo cierto es que tampoco quiso indultar porque poco antes había defendido que el indulto se había convertido en una «dispensa de ley», algo muy poco apropiado ante dos guerras civiles. Ni sentencias de muerte por conciencia ni indultos por no ser adecuados a las circunstancias políticas. Podía haber propuesto alguna solución legislativa que resolviera esa contradicción y que castigara el delito de forma eficaz sin manchar su conciencia. Pudo hacerlo desde el mes de febrero, cuando asumió el Ministerio de Justicia, hasta septiembre, cuando dimitió, e incluso después, pero no lo hizo y prefirió que otros asumieran la responsabilidad. Salmerón se quitó de en medio y dejó la resolución a Castelar, que hizo que las Cortes conservaran el derecho de gracia respecto de la pena de muerte para los delitos comunes, mientras que «para los delitos militares volvió el derecho de gracia al poder ejecutivo»⁵.

El mito ha hecho que nadie interrogue a los documentos. No es cierto que Salmerón dimitiera por la firma de unas sentencias y no hubo ninguna reunión del Consejo de Ministros en la que el presidente se negara a poner su rúbrica para la ejecución de uno, dos o varios reos. Lo cierto es que no mostró demasiados escrúpulos para ordenar la muerte de otras personas; por ejemplo, autorizó a Pavía a usar la fuerza contra los cantonales —«Usted tendrá éxito si consigue que los soldados disparen»—, como pasó en la Sevilla cantonal, y también a Martínez Campos, para que bombardeara Valencia. Semejante incongruencia no pasó desapercibida:

Matar con los cañones y con los fusiles es matar gloriosamente [decía irónicamente la Revista de España], pero matar en cumplimiento de la ley [...] es matar tan inicuamente como mataban los poderes de la monarquía. [...] ¿Dónde iría el principio de la fraternidad universal?⁶.

También declaró «piratas» a los cantonales, lo que daba carta blanca a los buques extranjeros para atacar, matar y apresar a sus tripulantes. Esto lo hizo Salmerón sin ningún peso de conciencia; es decir, otros podían matar con su consentimiento y aplauso, pero la pena de muerte en plena guerra civil era una inmoralidad.

La dimisión por la pena de muerte fue una excusa para ocultar los motivos reales, que han quedado ensombrecidos por el mito que difundió Galdós en 1911, durante su etapa republicana: un Salmerón intachable, de principios, moralmente recto, humanitario, pero que no tuvo un país a la altura de sus propuestas.

Entre varias noticias de mediano interés [escribió Galdós] me dio Manrique la de que Salmerón se había negado a firmar las sentencias de muerte dictadas para contener la indisciplina militar. Discutimos un rato sobre si eran o no compatibles la filosofía pura y el impuro arte de gobernar a los pueblos⁷.

Las penas de muerte no fueron ni mucho menos el principal problema de Salmerón, que hasta el último momento sufrió la presión del centro reformista, que amenazaba con precipitar su caída para formar un Gobierno presidido por Pi y Margall. La presión del centro pivotaba sobre dos factores: el primero, que Salmerón no acometía con la celeridad requerida las reformas sociales en las que los centristas cifraban sus esperanzas de calmar a los federales de provincias y asentar la República; el segundo factor lo apuntó el historiador Hennessy hace décadas, en un libro muy citado pero del que se suele obviar el siguiente dato: Palanca, ministro de Ultramar y único representante del centro en el Gobierno, amenazó a Salmerón con provocar una crisis si permitía a Pavía entrar en Málaga para acabar con el cantón. Solier era el jefe de dicho cantón, la única ciudad andaluza que resistía en agosto de 1873, y era un protegido de Palanca. Pavía, capitán general de Andalucía y Extremadura (nombrado por Salmerón), había pacificado con éxito todo ese territorio y amenazó con dimitir si no se le permitía entrar en Málaga. Salmerón, entre uno y otro, escribió Hennessy, decidió retirarse, alegando que no aprobaba la aplicación de la pena de muerte⁸. Ernesto Bark, uno de sus biógrafos, escribió que dimitió «indignado por las intrigas de Pi y Margall», en referencia a los tratos de este con el centro para romper el Gobierno, «pretextando no poder firmar una sentencia de muerte»⁹.

A la presión del centro se sumaba un tercer problema: sus reticencias a permitir la recuperación del Cuerpo de Artillería. Tras la caída del cantón valenciano, el Gobierno de Salmerón tuvo que enfrentarse a dos realidades: por un lado, Cartagena era inexpugnable sin artilleros de calidad y, por otro, el carlismo estaba en expansión, lo que hacía imprescindible la reorganización del Cuerpo de Artillería —un cuerpo de élite básico en la guerra moderna— y la imposición de la disciplina en el Ejército, prácticamente disuelto en el frente por los agentes federales y carlistas que fomentaban la indisciplina. Tanto la reorganización de la artillería como la resurrección del orden en el Ejército pasaban por rescatar las Ordenanzas Militares. Es decir, los militares pidieron que se les permitiera volver a las normas para tener autoridad, pero Salmerón se negó.

Sin Ejército no había ni orden ni imperio de la ley. Esta falta dividió al Gobierno y lo paralizó, mientras las Cortes tampoco ofrecían soluciones porque carecían de una mayoría suficiente. La opinión liberal no republicana —que había acogido con esperanza a Salmerón— se frustró por el parón del Gobierno y no entendió que la acción de este quedara detenida por cuestiones filosóficas, ya que la inactividad favorecía al carlismo y al cantonalismo. La opinión pública, incluida la republicana conservadora, pronto dio la espalda a Salmerón, que quedó desautorizado. Conrad Roure escribió que el presidente tenía unos principios filosóficos «humanamente excelentes, pero detestables como político».

Un hecho desencadenó el desastre. Un oficial fue asesinado por sus soldados en Sagunto y el caso llegó a las Cortes, donde la mayoría pidió la aplicación de la pena de muerte. Solo faltaba que con dos guerras civiles y la insurrección en Cuba, la República pusiera al Ejército en su contra. Conrad Roure explicó que el caso dio a Salmerón la excusa para dejar el poder de una «manera honrosa»¹⁰. El daño para la imagen de la República fue enorme, porque en ocho meses el nuevo régimen había liquidado a tres de sus cuatro líderes. El fracaso de Salmerón, además, podía interpretarse como que ni siquiera la derecha republicana estaba en condiciones de sacar aquello adelante, porque no había más que palabras y ensoñaciones filosóficas.

No podemos olvidar que el lema de Salmerón cuando accedió a la Presidencia fue el de «imponer a todos el imperio de la ley», por lo que se esperaba la ejecución de las Ordenanzas Militares como una ley más en aras de conseguir el orden. La indecisión y los reparos morales paralizaron al Gobierno y lo dividieron, aumentando así la crisis. Su periodo de Presidencia fue muy complejo, por lo que aquí se analiza de forma temática, no temporal.

11

EL KRAUSISTA

EL MITO ARMÓNICO

La vida de Nicolás Salmerón permanece en las brumas del mito, mientras otros personajes menores del republicanismo —secundarios para entender dicho movimiento— reciben una gran atención por parte de los historiadores. Una obra significativa es la de Fernando Fernández Bastarreche, en 1975, en la que se reivindica el personaje sobre todo por el momento histórico de ese año. La obra sigue la estela de las biografías editadas a comienzos del siglo XX, cuando se quiso crear la idea de que el republicanismo tenía una tradición reivindicable en España, entendiéndolo como una forma suave de revolución para darle la vuelta al país. Un buen ejemplo son las obras de Ernesto Bark (1902), Urbano González (1903) y Antonio Llopis (1915), cuyos discursos y escritos políticos han tenido tres ediciones entre 2006 y 2013. También hay estudios parciales de Salmerón, como el de Carlos Dardé —aunque comienza a biografiar en 1890— y breves acercamientos a su perfil, como los de Fernando Martínez López (2006 y 2008). Todos ellos son deudores de la imagen de Nicolás Salmerón que propagó su discípulo Gumersindo de Azcárate.

Nicolás Salmerón es catalogado como un krausista o institucionista, seguidor de Giner de los Ríos. El krausismo se extendió por el mundo académico español en la década de 1860, cuando en el resto de Europa el filósofo Krause había pasado prácticamente al olvido. El problema del proyecto krausista, tal y como ha indicado Fernando Martínez López, es que España no estaba preparada para esta doctrina, porque era una sociedad atrasada bajo el control de la Iglesia y analfabeta¹. Quizá culpar a una supuesta realidad social no es la mejor explicación de su fracaso y hay que mirar a la entidad del proyecto político. Sin embargo, para nuestro análisis no importa el fondo de la filosofía krausista, sino sus consecuencias políticas.

El historiador Román Miguel sitúa a Salmerón entre los «demoliberales» y «demokrausistas»². Aun siendo acertadas estas etiquetas, resultan insuficientes para explicar su comportamiento político durante el Sexenio y, sobre todo, durante 1873 y enero de 1874, lo mismo que el proudhonismo de Pi no explica su desprecio a Figueras. Los historiadores Ángel Duarte y Pere Gabriel sostuvieron que Salmerón se sentía un republicano de «clase media» que tenía la misión de traer la República, de patrocinar «la completa emancipación del cuarto estado» y dotarlo de una «capacitación política» a través de la educación. Salmerón, dicen estos historiadores, era contrario al socialismo y defendía la propiedad privada, aunque sostenía la necesidad de realizar reformas sociales. Las «clases inferiores», decía, necesitaban una «tutela» de las clases superiores que no fuera «cruel y despiadada»³. Esto se conseguiría a través de la República, que «favorecería el desarrollo armónico de la sociedad y crearía condiciones para la reforma lenta y gradual».

Así, Salmerón pretendía que «los obreros» constituyeran «la izquierda del Partido Republicano»⁴, aunque limitar la consolidación de una República al «advenimiento del cuarto estado a la vida pública», cuando desde 1868 existían el sufragio universal masculino y el derecho de asociación, era del todo insuficiente. Presentar la República como un régimen dedicado a la satisfacción del «cuarto estado» mediante el paternalismo gubernamental y la acción de las clases conservadoras y medias era confundir un programa de Gobierno con una forma de Estado, o, peor aún, sostener el republicanismo como una manera de hacer la revolución.

La clave, como dijeron otros republicanos en 1873, era incorporar al «cuarto estado» alentando las costumbres públicas liberales y democráticas, y construir la República de todos los españoles, no solo de un partido. Este pluralismo no lo entendía Salmerón, que insistía en que la República solo la podían construir los republicanos, justamente cuando en Francia la estaban sosteniendo también los monárquicos. Salmerón conservaba una interpretación curiosa de la voluntad nacional como poder constituyente, porque atribuía esta facultad únicamente al Partido Republicano. Sí es cierto, por tanto, que su filosofía política resultó inaplicable, pero por las enormes contradicciones que aquella creaba con las bases de cualquier sistema representativo plural, basado en la libertad y la igualdad. Quizá en un mundo ideal sí habría funcionado, pero Salmerón estaba en la España de 1873. Este desprecio por la realidad —o ese empeño en ahormar lo existente a una idea y criticar luego a la sociedad por no dejarse moldear— es propio del intelectualismo, pero es del todo inadecuado en política.

En definitiva, la historiografía se ha acercado a Salmerón por sus intenciones paternalistas y mesiánicas, pero falta por explicar y analizar su vida política y el resultado de sus decisiones.

Es interesante apuntar brevemente algunos de sus principios para comprender sus decisiones. Salmerón entendía que el sentido de la Historia era el camino de la humanidad hacia un ideal armónico, el paso por distintas edades en las que se fuera consiguiendo la unidad en la variedad. La ley del progreso era la aplicación de la racionalidad a la vida humana para su perfeccionamiento⁵. Entendía la democracia como la extensión universal —masculina— de los derechos individuales, garantizados por una Constitución y por la acción del Estado. En este sentido, consideraba que había que integrar a los trabajadores y proporcionarles el ejercicio de las libertades —eso sí, dentro de la ley— como un medio de mejorar sus condiciones de vida. Para que pudieran llevar a cabo esos derechos con aprovechamiento, Salmerón era partidario de realizar una inmensa tarea educativa del «cuarto estado» con el fin de que pudiera comportarse en un régimen de libertades sin perjudicar el orden⁶. A pesar de lo loable de dicho principio, no comprendió que la educación para la democracia no se recibía solo en los centros escolares, sino con el ejemplo de los dirigentes políticos y sus discursos. Defender ante el cuarto estado el derecho de insurrección —por encima de la ley y de las urnas— en tiempos de la monarquía, en aras del advenimiento obligatorio del orden político perfecto —el federal—, y pretender luego que reinara el orden era tan difícil como contradictorio.

Salmerón consideraba que el republicanismo era una forma de hacer una revolución, una transformación total de la sociedad española, el único instrumento para arrancar del suelo patrio los obstáculos que impedían el desarrollo. Confundía Estado con Gobierno, y política de Estado con programa de partido, y esa confusión la mantuvo incluso trece años después de sufrir el cantonalismo. Lo escribió en 1886 en una carta a Andrés Borrego:

La República, por su propia índole, puede mejor que ninguna otra institución desarraigar del país vicios añejos y preocupaciones seculares, que son rémora constante al desarrollo de los intereses materiales y al establecimiento de un régimen más conforme con los principios de justicia y con los adelantos científicos del siglo⁷.

Si la República era una forma de hacer la revolución, solo los republicanos —los únicos verdaderos revolucionarios— podían conducirla, rechazando la inclusión de los partidos monárquicos, a pesar de que estos representaran a buena parte de los españoles. Para Salmerón, la «revolución» era más importante que las prácticas democráticas, una concepción universalista de la democracia —fue la que mantuvo durante el Sexenio— que contradecía su idea constituyente de la República, según la cual los ciudadanos eran quienes habían de defender los principios republicanos, incluida la posibilidad de ejercer el poder de forma legal. La pretensión de Salmerón —como antes la de Pi y Margall— era colonizar el Ejército y la Administración; es decir, hacer que los cargos relevantes los desempeñaran no los mejores, sino los fieles a su partido, un planteamiento que tampoco se ajustaba al ideal universalista e igualitario de los derechos ni a los principios liberales. Sin embargo, en ningún momento Salmerón hizo un mínimo gesto de autocrítica, y cuando volvió a las Cortes de 1886, ya en plena monarquía constitucional, se limitó a alabar la Revolución de 1868 y la Constitución de 1869, la misma que ayudó a torpedear cuando estuvo en vigor.

Salmerón creyó ver en La Federal la manera de llevar a cabo el proyecto krausista, esto es, la transformación social y educativa. Sin embargo, en la reunión del partido en octubre de 1868, como vimos en la parte primera, no tuvo ningún éxito cuando explicó que la forma federal era un instrumento descentralizador y cuando, a continuación, afirmó que los españoles no estaban preparados. Tiempo después, en 1871, la asamblea federal del partido encargó a Salmerón y a Eduardo Chao la redacción de un proyecto constitucional, un texto de consenso que calmara el conflicto suscitado por el enfrentamiento de mayo de 1870 entre los pactistas pimargallianos y los autores de la «Declaración» de la prensa.

La cuestión era que la mayoría de los directores de los periódicos estaban en contra del federalismo, que entendían como una disolución nacional y social del país, y que, por tanto, espantaba a las clases conservadoras y medias. El Directorio del partido, dominado por Pi y Margall, censuró el proyecto, y la minoría parlamentaria republicana apoyó un texto de conciliación que no sirvió para nada. Un año después, en 1872, Salmerón y Chao no presentaron un proyecto federal pactista, sino organicista —de creación «de arriba abajo»—, que dejaba para un momento posterior la distribución de competencias del municipio, del cantón o del estado regional, y del Estado nacional⁸. El proyecto no gustó a nadie, y ni siquiera Salmerón lo defendió en 1873.

SALMERÓN PARA RECTIFICAR A PI Y MARGALL

En la sesión secreta del 8 de junio de 1873 se acordó que Nicolás Salmerón presidiera las Cortes por su prestigio como hombre de orden. Había sido ministro de Justicia con Figueras, a pesar de no tener formación jurídica —era metafísico—, y desde el nuevo cargo proyectó su figura a todo el partido: sería el presidente de las Cortes Constituyentes en un momento histórico para el republicanismo. Fue elegido por 167 votos a favor y 74 en contra —los de los diputados intransigentes, que votaron por Figueras, a su pesar—.

El 13 de junio pronunció su discurso de toma de posesión, que quedó oscurecido porque horas antes Pi y Margall había presentado su programa de Gobierno. Salmerón anunció que deseaba demostrar que la República era el final de la historia de revoluciones y reacciones que habían quebrantado el país, y pidió que las Cortes no fueran solo la representación del Partido Federal, sino de la nación entera, ya que los conservadores y los radicales se habían retraído en las elecciones. La democracia no era, dijo, el «predominio ni el imperio arbitrario de una clase», ni el «imperio del cuarto estado». La participación de los trabajadores ayudaría a formar un «reinado del derecho» y de la igualdad, por lo que las reformas sociales no debían asustar a las clases conservadoras. Según él, la monarquía cayó porque se empeñaron en que «sirviera solo a los dinásticos», y, del mismo modo, «si nosotros pretendemos hacer la República solo para los republicanos, [...], mataríamos en el instante mismo la República». Aun así, lo que Salmerón quería era que el poder constituyente estuviera en manos de los republicanos, que serían generosos con los no republicanos. En última instancia, se trataba de conseguir que toda la sociedad se hiciera republicana y que todos los ciudadanos —incluidos los monárquicos— confiaran en la República. Para ello era preciso rechazar, «con todas las fuerzas de un ánimo entero y varonil», las ideas de disolución social, en referencia a los internacionalistas, cuya organización había defendido en las Cortes en 1871. Además, defendió que no había que temer que la República federal fuera a «quebrantar la unidad de la patria», tras lo cual pidió patriotismo a la minoría intransigente y capacidad de negociación a la mayoría⁹.

Esta posición institucional preeminente colocó a Salmerón en un lugar destacado para sustituir a Pi y Margall. En la reunión de la mayoría que apoyaba al Gobierno, celebrada el 15 de julio, se mostraron abiertamente las diferencias entre ambos, que mantuvieron un enfrentamiento enconado hasta el final. En aquel momento se marcó la ruptura definitiva «entre aquellos que deseaban el respeto a la Cámara —escribió Castelar— y aquellos que promovieron los cantones»¹⁰. Entre los últimos no solo estaban quienes los proclamaron, sino quienes los fomentaron y fortalecieron al no impedirlos ni combatirlos desde el Gobierno —es decir, Pi y Margall—.

A la reunión acudieron 120 diputados, según la prensa, y en ella Salmerón expuso que los republicanos levantados en armas contra la República constituían un problema más grave que los carlistas. Por ello, su política iría dirigida a crear el orden basándose en la ley y, para conseguirlo, proponía suspender las sesiones de las Cortes. La Asamblea, dijo, estaba muy fraccionada y solo la derecha sabía cuál era el objetivo que querían conseguir: «el orden y la justicia». Concluyó diciendo que implantaría una política «represiva» contra los cantonales para luego ir a por los carlistas. Solo con una «política de orden y de justicia» se obtendría «el apoyo de la mayoría del país»¹¹, lo que significaba que, si Salmerón era elegido para formar Gobierno, se acabarían las contemplaciones con los cantonales y se actuaría contra ellos directamente. Esta amenaza de Salmerón explica la explosión cantonal de los días siguientes.

En la sesión parlamentaria del 19 de julio se aprobó conceder a cualquier diputado las mismas potestades para formar Gobierno que había tenido Pi y Margall para nombrar ministros y resolver las crisis. La votación marcó la nueva mayoría: 122 de la derecha y el centro, frente a los 97 que sumaban los intransigentes y los diputados de izquierda. A continuación, se votó al diputado y Salmerón salió elegido con el apoyo de los cuatro monárquicos que había en las Cortes: Ríos Rosas, Romero Robledo, León y Castillo, y Figueras Silvela. Esto bastó para que los intransigentes —tan concentrados en la insurrección como en la propaganda— llamaran a Salmerón «presidente de los monárquicos»¹². Salmerón obtuvo 119 votos; Pi y Margall, 93; Orense, dos; Monturiol, uno; Castelar, uno. Solo hubo un voto en blanco y otro nulo. Luego se anunció el nombramiento de los ministros: Maisonnave en Gobernación, Soler y Pla en Estado, Moreno Rodríguez en Gracia y Justicia, Carvajal en Hacienda —estos cuatro eran hombres de Castelar¹³—, González Íscar en Guerra, Oreiro en Marina, Fernando González en Fomento y Palanca en Ultramar.

En su discurso de investidura, Salmerón confesó: «Soy y he sido republicano federal» y «solo seré Gobierno mientras pueda sostener la República y la federación». Comenzó diciendo que el problema político fundamental de la revolución del siglo XIX español había sido la arbitrariedad del poder, el derecho de la fuerza, instaurando así el principio de que la autoridad se conquista por la violencia. Como consecuencia, los partidos habían llegado al poder mediante la conspiración y el pronunciamiento, buscando al Ejército y despreciando las urnas.

Los militares habían sido requeridos para apoyar los cambios de Gobierno, convirtiendo al Ejército en una institución de partido. El pueblo, además, no había sido educado en las costumbres públicas liberales, y todo ello había hecho que España no hubiera tenido nunca un «verdadero régimen constitucional». Los cantonales eran herederos de esta tradición revolucionaria exaltada, que se levantaba contra cualquier Gobierno para imponerse y que utilizaba la ignorancia del pueblo. Por tanto, solo había dos soluciones: el imperio de la ley y las reformas para elevar las condiciones moral y educativa del cuarto estado, estableciendo así las costumbres públicas democráticas. «El imperio de la ley», lema de su Gobierno, serviría para acabar con el revolucionarismo y la preponderancia militar, crearía un ejército nacional —no de partido— y educaría al pueblo. Era preciso acabar con la demagogia, un «vicio que suele ser inherente a la existencia de las democracias», y atraer al pueblo a la libertad con orden. De esta manera resolvería el problema del advenimiento del cuarto estado a la política, de la libertad en democracia. El imperio de la ley implicaba que para salvar la República era necesario acabar con los carlistas, por supuesto, pero primero con los cantonales,

… que han llevado sus torpes propósitos, [...] su obcecación, su verdadero delirio, que toca en el paroxismo, a declarar estados independientes y erigirse en cantones, rompiendo la unidad de la patria, algunos de ellos profanando la noble investidura del diputado, [...] ofendiendo la majestad de estas Cortes Constituyentes y haciendo punto menos que imposible la obra de la federación.

De este modo se declaraba la guerra al cantonalismo, al que culpaba de la crisis de la República, y se censuraba el pacto federal «de abajo arriba» predicado por Pi y Margall hasta 1873. El enfrentamiento entre ambos estaba servido, tanto en el plano filosófico y personal como desde un punto de vista organizativo. Salmerón quería la división del republicanismo en dos partidos en las propias Constituyentes, mientras que Pi y Margall insistía en la unidad, por frágil que fuera, para que no le pasara lo que le sucedió al Partido Progresista en 1871, que quedó dividido entre Sagasta y Ruiz Zorrilla.

Aunque luego se retractó, Salmerón afirmó que restauraría las Ordenanzas Militares íntegramente y con todas sus consecuencias —entre las que estaba la pena de muerte—. Lo dijo cuando se refirió a la necesidad de imponer la disciplina en el Ejército: ante cualquier insubordinación o falta de firmeza, «sepa que será juzgado por un consejo de guerra y castigado con arreglo a las Ordenanzas». La izquierda protestó al oír aquello, pero Salmerón insistió: «No toca al Gobierno más que cumplir las leyes, y la Ordenanza es la ley: reformadla vosotros, si es torpe o es viciosa»¹⁴. Hasta ese momento, el presidente de la República tenía la potestad de indultar a los condenados a muerte, pero Salmerón se desprendió de esta facultad el 9 de agosto, trasladando la responsabilidad a una comisión parlamentaria.

En resumidas cuentas, el programa de Salmerón era una rectificación en toda regla de la política seguida por Pi y Margall, lo que generó esperanza en muchos sectores sociales —sobre todo, en las clases conservadoras y medias— e incluso en el Ejército. Muchos pensaron entonces que la República se podía enderezar o, al menos, que el desorden acabaría. Salmerón lo tenía todo en sus manos para asentar el régimen con el que tanto había soñado. Sin embargo, no supo usar su poder.

12

LOS CANTONALES CONTRA LA REPÚBLICA

LOS «PIRATAS» FEDERALES

El nuevo Gobierno comenzó sustituyendo a todos los cargos políticos y militares que habían sido complacientes con los intransigentes, y colocó al frente del Ejército a militares como Pavía y Martínez Campos, que no eran precisamente federales. Sustituyó a Ripoll, que carecía de energía, e hizo lo propio con el general Velarde, a quien se le sublevaron las tropas que mandaba en Cataluña. Además, el Gobierno de Salmerón desconfiaba de este militar porque, cuando se preparaba la proclamación del cantón de Valencia, no actuó, sino que se fue a Albacete sin recibir una orden del Gobierno¹. Estaba claro que ni Ripoll ni Velarde servían para establecer el orden: las tropas de Velarde dijeron que no combatirían contra los republicanos, y las de Córdoba, al mando de Ripoll, «se encontraban —dijo el ministro Maisonnave— en cierta inteligencia con los insurrectos de Málaga»².

Lo primero, por tanto, era cambiar a los mandos. Además, el Gobierno comenzó a realizar una práctica para que todos tuvieran conciencia del desorden. Eleuterio Maisonnave, ministro de la Gobernación, leía en las Cortes los telegramas que le llegaban de provincias. El 19 de julio leyó los de Valencia, Sevilla, Alicante, Albacete, Águilas, Granada, Bilbao, Huesca y Pamplona, donde se contaban los alzamientos cantonales y las acciones carlistas. Se trataba de que los hechos argumentaran la política gubernamental, como el proyecto de ley que se elaboró para aumentar la Guardia Civil hasta 30.000 efectivos y el refuerzo del Ejército con nuevas movilizaciones de hombres y adquisición de material.

A esto Salmerón añadió, el 21 de julio, un decreto en el que se definía como «piratas» a los buques españoles del cantón de Cartagena. Bartolomé y Santamaría, diputado intransigente, llegó a decir que no se podía tratar así a compañeros de partido, a lo que el ministro de Marina contestó que no era cuestión de partido, sino de legalidad. Fue entonces cuando los intransigentes gritaron: «¡Eso no puede tolerarse con la República federal!». Los barcos tenían la patente del cantón, dijeron, y, por tanto, eran federales consecuentes, no piratas. Un intransigente afirmó que la actuación de esos buques era como la de Topete en Cádiz en septiembre de 1868: iba dirigida a iniciar la revolución. Pero no era así. Unos días antes, las fragatas cartageneras Vitoria y Almansa bombardearon Almería, pidiendo 100.000 duros y exigiendo que se proclamara el cantón en la ciudad³. Esto no lo había hecho Topete.

Los diputados cantonales, decididos a imponer por la fuerza de los hechos sus planteamientos, apelaron al espíritu de partido para que el Gobierno no aplicara la ley y no fueran declarados «piratas»⁴. Perdida la votación parlamentaria, la izquierda pimargalliana y los intransigentes publicaron al día siguiente un manifiesto para que los cantonales no creyeran que existía «la más leve complicidad» con el decreto de piratería del Gobierno. Los insurrectos cantonales, decía el texto, solamente estaban planteando «teorías políticas que juntos enmarañamos todos».

La izquierda, animada por Pi y Margall, y los intransigentes que aún quedaban en las Cortes confesaban al país que el federalismo era una teoría que no habían explicado bien, «enmarañado», decían, y que, por esa razón, porque los cantonales no lo habían entendido y eran impacientes se habían levantado en armas contra la República⁵. De alguna manera, era una confesión de responsabilidad en el caos del régimen, pero dicha confesión no tuvo propósito de enmienda después ni fue consecuente con la actuación de la izquierda en la oposición a los Gobiernos de la derecha y, sobre todo, en la sesión parlamentaria del 2 al 3 de enero de 1874.

La declaración de piratería permitía a cualquier fuerza naval extranjera detener a los barcos cantonales. La izquierda y los intransigentes pidieron la nulidad de esa proposición, pero perdieron la votación: 110 votos en contra y 90 a favor. Al día siguiente, el 22 de julio, la Junta de Salvación Pública de Cartagena publicó un manifiesto declarando que Salmerón y sus ministros habían incurrido en el delito de «traición a la patria y a la República Federal Española», por lo que debían ser capturados por las autoridades cantonales «para someterlos inmediatamente al severo castigo al que se han hecho acreedores»⁶. Es decir, los que se habían sublevado contra el Gobierno de la República consideraban «traidores» a los ministros y prometían castigarlos.

La historia de la flota cartagenera es propia de la historia del pillaje. Todas sus acciones estuvieron encaminadas a robar y a sublevar para hacerse con el dinero y los alimentos que necesitaban. Los cantonales se llevaron de Alicante el vapor Vigilante con la excusa de remolcar a la fragata Vitoria y desembarcar en Torrevieja, donde los cartageneros robaron los fondos de la Aduana, de las administraciones de sales y de las contribuciones. Al salir fueron perseguidos por la fragata prusiana Friedrich Karl, que vio en los topes de la Vitoria y del Vigilante la bandera roja cantonal. El Vigilante fue capturado, pero la Vitoria se refugió en Torrevieja. Antonete Gálvez iba en el Vigilante y quedó prisionero del comandante alemán, que tomó el vapor y lo envió a Gibraltar. Cuando esto se supo en Cartagena, se amenazó de muerte al cónsul de Alemania y a su familia, a lo que la Friedrich Karl respondió amenazando con bombardear Cartagena. El general Contreras contestó, a su vez, que declararía la guerra a Alemania, lo que debió de aterrorizar a Bismarck. Finalmente, el 24 de julio llegaron a un acuerdo por el cual el comodoro Werner, de la Friedrich Karl, liberaría a Gálvez y a sus piratas a cambio de que no molestaran a los súbditos extranjeros en Cartagena. Por su parte, los cartageneros se comprometieron a no volver a sacar sus buques del puerto⁷, aunque no lo cumplieron. El cónsul alemán, según informó el cónsul norteamericano, salió inmediatamente hacia Madrid para trasladar el acuerdo⁸.

Los barcos de guerra alemanes y británicos estaban en las costas españolas por orden de sus respectivos Gobiernos, por si los cónsules u otros ciudadanos europeos, como los italianos, necesitaban ser auxiliados (los cónsules actuaban conjuntamente dando apoyo a los nacionales de otros países). Según Maffei, el embajador italiano, sobre la cuestión de la seguridad hablaba con el embajador de Estados Unidos «por las íntimas relaciones que tiene con el Gobierno republicano»⁹. A mediados de agosto, todas las potencias europeas, incluida Italia, tenían barcos de guerra fondeando en los puertos españoles del Mediterráneo¹⁰.

Contreras, al que Sickles llamaba «el líder bucanero»¹¹, pretendía recorrer la costa desde Cartagena hasta Málaga y apropiarse de sus fondos. Resulta sorprendente que Contreras no se dirigiera a Barcelona, donde había sido capitán general unos meses antes, y que prefiriera marchar con las fragatas Vitoria y Almansa a Almería, una ciudad sin protección, a diferencia de Barcelona. Según Hancock, cónsul norteamericano en Málaga, llevaba una tripulación compuesta por los presos que habían soltado de la prisión de Cartagena, o eso se decía¹². Contreras llegó a Almería el 29 de julio, envió una comisión a hablar con las autoridades, instó a formar un cantón y, ante la negativa, pidió 100.000 duros bajo amenaza de bombardear la ciudad. La población huyó y la Guardia Civil, los carabineros y los voluntarios se aprestaron a la defensa. Intentaron desembarcar, pero fueron recibidos a balazos, por lo que volvieron a sus barcos. Lluch, cónsul norteamericano en Almería, describió lo que sucedía a Hancock, su homólogo en Málaga, y fue cuando se prepararon los barcos británicos para atrapar a los cartageneros¹³. Los cantonales lanzaron unos 20 proyectiles más sobre Almería y se fueron.

La siguiente parada fue Motril, donde el botín fue de 16.000 duros, entregados en letras de cambio de Málaga. Cuando llegaron los intrépidos cantonales, la fragata británica Swiftsure, mandada por el comandante Wart, y la alemana Friedrich Karl, del comodoro Werner, los estaban esperando. El 1 de agosto capturaron la fragata Almansa con un solo disparo de cañón. Contreras fue hecho prisionero y se le acusó de no haber cumplido el acuerdo que firmó con Werner el 24 de julio. Pocas horas después capturaron la fragata Vitoria. Los cuatro barcos llegaron al puerto de Escombreras, en Cartagena, el 3 de agosto. En Málaga, según Hancock, hubo «regocijo» al saberse libres de los cantonales, pero resquemor por que fueran extranjeros los que resolvieran problemas entre españoles.

La reacción en Cartagena fue atacar a los barcos extranjeros. El enfrentamiento no llegó a más porque las tripulaciones cantonales fueron liberadas el 4 de agosto, y dos días después, Contreras. Sin embargo, la Almansa y la Vitoria permanecieron en poder de británicos y prusianos. Al ser «piratas», podían quedarse con los barcos, lo que no ocurrió finalmente. La Junta cartagenera publicó un manifiesto culpando al «Gobierno de Madrid» de lo sucedido, lo que alteró aún más los ánimos: el Casino de los republicanos de orden fue destruido y los presuntos enemigos del cantón fueron detenidos, lo que supuso que la Junta cantonal quedara en manos de los intransigentes.

Para compensar la pérdida —y ya sin barcos que piratear— organizaron una expedición contra Albacete, compuesta de 50 vagones con 2.000 hombres y un tren de artillería; la lideraba el general Contreras, a quien acompañaban Pozas, Pernas y Antonete Gálvez. El 10 de agosto llegaron a Chinchilla, donde fueron derrotados sin dificultad. Contreras huyó y Pozas fue detenido. El 10 de agosto, el comandante militar de Albacete escribió al ministro de la Guerra: «A los primeros disparos de cañón, huyeron». Contreras lo hizo mezclándose con los soldados del regimiento de Mendigorría. Tomaron un tren, pero descarrilaron, y después «se dieron a la desbandada por las sierras, incluido Contreras». Corrieron por la ladera de la montaña dejando tras de sí todas sus pertenencias. El Ejército se hizo con casi todo el material de guerra de los cantonales —incluido el uniforme de Contreras¹⁴— y capturó a muchos de ellos.

Años después, en su Historia de España en el siglo XIX, Pi y Margall criticó el decreto de piratería de Salmerón, que había permitido el apresamiento de unos barcos que bombardeaban y robaban. Vera y González dijo que era un «decreto vergonzoso» y una «mancha imborrable» en el historial de Salmerón, porque atentó contra la «dignidad e independencia de la nación» al llamar a las potencias de Europa para intervenir en «nuestras discordias civiles». Fue uno de esos «errores» que «incapacitan a un político» para siempre, convirtiéndolo en un «estadista funestísimo», movido por «rencorosa cólera», con una iniciativa que podría haber terminado con una intervención extranjera como en 1823. Blasco Ibáñez, pimargalliano, copió en su Historia de la revolución española el juicio de Vera y González, señalando que el decreto de piratería fue una «mancha imborrable en la historia de este hombre público», sin justificación para «semejante delito de lesa patria», que dejó «patente de incapacidad política» a Salmerón. Además, el bombardeo de Almería «fue casi insignificante», porque «solo dispararon treinta y cinco cañonazos». Rodríguez Solís, también pimargalliano, escribió que el decreto de piratería permitió la detención de Contreras por los alemanes, constituyendo un «acto de intervención que debe enrojecer las mejillas de todo buen español». Puig Campillo, partidario del cantonalismo, escribió mucho después que el decreto fue una «imperdonable y jamás justificada conducta» del Gobierno de Salmerón¹⁵. No obstante, las poblaciones de las zonas costeras agradecieron la protección de la flota extranjera, ya que, en general, la población era contraria a los cantonales, como veremos cuando tratemos con detenimiento los sucesos en las ciudades afectadas.

RETRATO DE LOS CANTONALES

Los federales intransigentes encarnaban el mesianismo político que describió Jacobo L. Talmon para la Revolución francesa y que siguió vivo hasta el siglo XX. Ansiaban tomar el poder para cambiar la economía, la política, las mentalidades, las costumbres… y evitar, a su entender, la decadencia que se derivaba de no seguir la senda del progreso. Eran imitadores de los revolucionarios franceses de 1791 a 1793, en el sentido de creerse salvadores de la patria a través del disfrute exclusivo del poder para hacer ingeniería social y transformarlo todo. Los cantonales creían en una democracia totalitaria, opuesta a la pluralista y a la verdaderamente liberal. No seguían un decálogo de ideas coherente y ordenado que hubiera permitido incluirlos en una categoría, como, por ejemplo, jacobinos o girondinos. Rendían culto a la revolución, pero nada más.

Lo relevante fue cómo el entendimiento de la filosofía política de los federales afectó a la vida política del país. Sean cuales fueran los adjetivos que se pongan (liberal, socialista, republicano), lo cierto es que faltaron tanto la coherencia como la inteligencia. No era coherente un «demoliberal» que pretendía establecer por la fuerza un régimen para su uso exclusivo, aunque se adornara de una retórica democrática. En este sentido, Salmerón tampoco era coherente, porque defendía la democracia liberal al tiempo que despreciaba a los conservadores y a los radicales en el proceso constituyente de la República.

Los federales no aceptaban la competencia legal ni la existencia y la legitimidad de opiniones distintas. Eran visionarios, profetas que querían imponer su propia fórmula y llevar a la práctica su ideal para salvar a la comunidad política —España, en este caso—. El federalismo era una religión secular liderada por mesías políticos, por unos hombres que se sentían elegidos para conducir a los españoles hacia el paraíso federal, aun a costa de la democracia, con la violencia revolucionaria como partera de la Historia. No aceptaban la espontaneidad ni la voluntad expresada en las urnas, sino que debían forzar los acontecimientos porque se creían agentes del progreso. De este modo justificaban la revolución, el golpe o la algarada, y junto a ellos, el saqueo, la destrucción y la muerte.

Los cantonales se creían llamados a ser, siguiendo palabras de Talmon, ese tipo de persona que «postula esquemas de realidades perfectas, preordenadas y armoniosas, hacia las cuales los hombres son llevados irremisiblemente, y a las que están obligados a llegar». Por eso dedicaban su vida a la revolución y exigían lo mismo de su entorno. Quienes no lo aceptaran eran traidores o meros obstáculos de la Historia que ellos encarnaban.

La impaciencia es la compañera habitual del mesías político, porque cree que conoce la solución a todos los problemas y que puede evitar el apocalipsis, mientras que el resto no quiere escuchar o entender la verdad. Es como un profeta que toma las armas, que se lanza a conspirar, a levantar barricadas y a nombrar Comités de Salud Pública siguiendo la vieja mística de la revolución¹⁶. De ahí que los cantonales no esperasen el cumplimiento de los tiempos parlamentarios para la construcción de La Federal. La querían aquí y ahora.

Ese proyecto, hijo de la Ilustración y de la Revolución francesa, pasaba por considerar a la sociedad como el producto de un pacto, de un contrato social, por lo que podía eliminarse todo lo que fuera un obstáculo para la utopía. Las acciones encaminadas a imponer dicho pacto constituían el comportamiento virtuoso, el bien general, lo que explica que no tuvieran peso de conciencia a la hora de exigir dinero a los más acaudalados, asesinar a alcaldes y otras autoridades, o bombardear ciudades. Deseaban la dictadura revolucionaria y despreciaban la dictadura comisaria, que fue lo que llevó a que los cantonales atacaran a Pi y Margall, Salmerón y Castelar, a quienes consideraban dictadores del orden legal, no de la revolución.

Los cantonales tenían la sensación de estar viviendo en una revolución en marcha y marcada por la Historia, de la que eran protagonistas, y cuyo objetivo era salvar a la humanidad, empezando por España. La mística de la revolución, que tan bien definió Ernst Bloch para el socialismo marxista, es aplicable a este caso. Kolakowski resaltó la importancia de la interpretación de la Revolución francesa que hizo el historiador republicano Michelet entre 1847 y 1853 con el fin de fortalecer la mística de la revolución¹⁷. La mística de la revolución de los cantonales consistía en creer que vivían en un proceso revolucionario permanente, en un levantamiento contra el mal en nombre del bien, en una espiral violenta que no acabaría hasta que no hubiera rastro alguno de lo maligno y se instalara la justicia armónica.

Pi y Margall, tomándolo de Proudhon, participaba de esta mística revolucionaria guiada por el concepto de justicia. Por esta razón, los cantonales, cuyas ideas procedían de Pi, no reconocían más ley que la ley de la Historia, el impulso de la verdad histórica mostrada por la razón para alcanzar la justicia. Habían descubierto un mecanismo de la vida política de la humanidad y cualquier tipo de resistencia era un error despreciable. Por eso, ellos eran «progresistas», mientras que los otros eran «reaccionarios». Se basaban en ese sentido de la Historia marcado por la idea de progreso, tal y como contó, entre otros, John Bury en su clásica obra La idea del progreso (1920).

Los cantonales pertenecían a la escuela democrático-totalitaria que iniciaron los jacobinos y que los convertía en poseedores en exclusiva de una verdad política única. No pensaban en los hombres como eran, sino en cómo debían ser y cómo serían si se estableciera la fórmula política que ellos defendían. Este planteamiento requería una revolución, entendida esta como el derrocamiento del antiguo orden basado en ideas consideradas erróneas y anacrónicas que perjudicaban a las personas. Mantener la revolución permanente para conseguir la utopía era un derecho y un deber que tenía que ser reconocido por todos. Eran pastores del pueblo revolucionario, auténticos sacerdotes de esa religión secular, en el sentido que marcaron los filósofos Eric Voegelin y Raymond Aron. Los cantonales concebían así La Federal, y consideraban que los demás acabarían aceptando la situación, porque era el resultado inevitable de la razón y de la ciencia. De hecho, eso fue lo que defendieron durante 1873: los conservadores y los radicales, los unitarios y los monárquicos de cualquier condición, acabarían asumiendo que La Federal era la mejor fórmula política para el progreso, la armonía y la justicia.

Era imposible conciliar la libertad de todos, la democracia entendida como la universidad de los derechos individuales y su expresión, ya fuera el voto o la asociación, y al tiempo ser un mesías político con una misión utópica que realizar. Los cantonales se creyeron instrumentos de la Historia y representantes de la posteridad, del futuro, cuya violencia y dictadura serían reconocidas el día de mañana como buenas y necesarias.

Una parte de la historiografía explica el cantonalismo como la expresión del deseo de que no se escamotearan las promesas de reformas sociales¹⁸. Este argumento fue parte de la propaganda federal desde 1868, cuando afirmaron que la Revolución había sido republicana, pero que los monárquicos, en especial la Unión Liberal, se la habían hurtado al pueblo. Cabe recordar aquí las consecuencias de ese elemento retórico que tenía el objetivo de deslegitimar la situación política, esto es, que los republicanos se levantaran contra la democracia en 1869, 1870 y 1872, amén de coaligarse con los carlistas en las elecciones en 1871 y 1872. También gracias a ese discurso los militantes federales estuvieron convencidos de su tarea mesiánica, que es demoledora para cualquier régimen representativo basado en la igualdad ante la ley y en la universalidad de los derechos. Ese supuesto robo servía para demonizar al adversario político, cuyas ideas no cabían en un régimen liberal más que para aceptar el republicanismo y La Federal.

Los republicanos federales, desde 1868, se sintieron constantemente traicionados; primero por los monárquicos, aunque fueran demócratas, y luego por los republicanos gubernamentales, incluidos los que eran sus «apóstoles», como Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar.

Los cantones tenían como objetivo común constituir La Federal cuanto antes. Su impaciencia nacía, según dijeron, de la desconfianza ante unos Gobiernos «lentos» que pretendían romper la línea de construcción federal «de abajo arriba». Así, el Comité de Salud Pública de Valencia telegrafió a Salmerón, como presidente de la República, anunciándole que se había proclamado el cantón aun antes de la resolución de las Cortes¹⁹.

La tipología de los cantones es muy variada, según se atienda a su nivel de expansionismo o de introspección, a la duración, a la creación interna o externa y a su carácter más conservador o más socialista. El objetivo era el señalado, y el resultado fue siempre el mismo: el aplauso general de la población a la entrada de las tropas gubernamentales. No es coherente legitimar a los cantonales por sus programas cuando la práctica fue la vulneración de los derechos fundamentales y el daño a la credibilidad de la República. En esto coincidieron todos los cantones. Hubo prácticas comunes, como la petición de dinero a los principales contribuyentes, el vaciado de las cajas de las instituciones, la represión de todos los que no fueran intransigentes o internacionalistas, y la huida masiva de las ciudades hasta dejarlas casi desiertas. El cantonalismo cayó pronto, demostrando, como indicó Hennessy, que en muy poco tiempo el federalismo había dejado de ser un movimiento de masas.

La participación de los internacionalistas en Valencia, Sevilla y Granada sirvió para culpar a la Internacional de los desmanes, con el objetivo de salvar la idea federal. Esta campaña se hizo en vida de la República, en 1873, no durante la Restauración. Los sucesos de Alcoy, en julio, antes del levantamiento cantonal, dieron verosimilitud al argumento, como ya se ha visto.

No se suelen citar las medidas liberales establecidas en los cantones, tales como la libertad de comercio, el desestanco del tabaco para acabar con el monopolio o la reducción de los impuestos al consumo en Cádiz y en Sevilla. Estas medidas se sumaron a otras propias del progresismo y el republicanismo, como las actuaciones anticlericales, la incautación de las propiedades estatales, el derecho al trabajo —aunque fuera demoliendo edificios históricos, como en Granada— o la jornada laboral de ocho horas. En algún caso respondían al programa republicano de quienes estaban en el Gobierno, lo que quitaba sentido a la sublevación salvo para que las élites locales se colocaran.

Lo relevante de la rebelión federal, por tanto, no fue la lista de demandas, que eran de parte, no generales, y muchas de ellas estaban ya contempladas por el Gobierno y no necesitaban una revolución para llevarlas a cabo. Lo decisivo fue el obstáculo que el cantonalismo supuso para la consolidación de la República. Los federales tibios, ya fueran liberales o conservadores, dejaron de creer en La Federal por obra y palabra del cantonalismo. La revuelta dividió aún más a un partido ya roto por personalismos y por ideas vagas sobre el papel del pueblo, el sentido de la democracia, la obsesión con seguir el mito de la Revolución francesa, el constitucionalismo previo o la política de hechos consumados, la conciliación con otros partidos o el exclusivismo, o la alianza con los internacionalistas o su condena. El cantonalismo y el pensamiento federal que había detrás del movimiento mataron la República. Aquí se analiza su efecto para la estabilidad del sistema político, no los pormenores de cada cantón.

FUERON LOS DIPUTADOS INTRANSIGENTES

La minoría intransigente fue el motor de la rebelión cantonal. Fueron estos diputados los que marcharon a las provincias a movilizar la estructura revolucionaria que estaba dispuesta desde tiempo atrás. Se apoyaron en los voluntarios federales, que habían adquirido armas gracias a los Gobiernos de Figueras y de Pi y Margall, y arrinconando o expulsando a las fuerzas gubernamentales. También contaron con algunos políticos locales en cada ciudad importante, como Sevilla y Cádiz, que asumieron el poder desde los ayuntamientos. Esta red de apoyo se beneficiaba de los nombramientos que había hecho Pi y Margall en los Gobiernos civiles y en el Ejército —comprensivos con el cantonalismo—, que, como ya vimos, mantuvieron una actitud no beligerante.

La participación de los diputados es un hecho. En los primeros días de agosto de 1873, el Gobierno pidió autorización para procesar a un total de 29 diputados intransigentes por «rebelión y sedición»²⁰. Las reclamaciones judiciales permiten reconstruir los itinerarios de los diputados en sus intentos de sublevar a la población. La lista que aparece a continuación es pormenorizada, pero interesante:

—Vicente Agustí Satorres, diputado por Valencia, fue reclamado por los jueces valencianos de Alberique y Játiva;

—Antonio Alfaro, diputado primerizo por Albacete, fue llamado por los magistrados de Almansa, Albacete y Murcia, y ocupó un cargo en el cantón de Cartagena;

—Alberto Araus, diputado primerizo por Huesca, que quiso sublevar Almansa y marchó luego a Cartagena;

—Roque Barcia, diputado por Castellón, fue llamado por los juzgados de los distritos madrileños de Congreso e Inclusa;

—Pedro Martín Benitas, diputado primerizo por Salamanca, lo fue por los de Béjar y Salamanca;

—Pascual Carlés estuvo reclamado en Valencia, de donde era diputado primerizo;

—Eduardo Carvajal Reboul, primerizo por Zamora, fue llamado por los juzgados de Cartagena y Córdoba, e intentó sublevar Málaga;

—Francisco Casalduero, diputado primerizo por Guadalajara, fue llamado por el juez del distrito madrileño de Inclusa;

—Antonio Casas Genestroni fue reclamado en Andújar, provincia de Jaén, de donde era diputado primerizo;

—José Climent, también primerizo, fue llamado por el juzgado del distrito del Mar, en Valencia;

—Juan Contreras, reclamado por los juzgados de Madrid y Motril;

—Francisco Chirivella, primerizo por Valencia, llamado por el juzgado del distrito del Mar, en Valencia;

—Miguel Daufí y Puchol, primerizo por Castellón, fue reclamado por un juzgado valenciano;

—Juan Feliú, reclamado por el mismo juzgado valenciano, que era primerizo por Alicante;

—Francisco Forasté, reclamado por dos juzgados de Madrid, de donde era diputado;

—Antonio Gálvez Arce, diputado primerizo por Cartagena, fue reclamado por los tribunales de Alicante, Hellín, Madrid, Lorca, Murcia, Orihuela y Totana;

—Bernardo García Fernández, diputado por Cádiz en dos ocasiones, fue reclamado por un juzgado madrileño;

—Aniano Gómez, reclamado por el juzgado de Béjar, en Salamanca, distrito por el que era diputado desde marzo de 1871;

—Francisco González Chermá, fue reclamado por los juzgados de Castellón y Valencia;

—Evaristo Llanos, diputado por Murcia, llamado por el juzgado de Hellín;

—José Lluch Cruces, reclamado por el de Valencia, de donde era diputado;

—José Pérez Guillén, también reclamado por el de Valencia;

—José María Pérez Valeriano Rubio, diputado primerizo por Albacete, también estuvo involucrado en la intentona de Almansa —fue capitán de los voluntarios en esa población— y después marchó a Cartagena;

—Fernando Pierrard, militar, diputado por Madrid, marchó a dirigir el cantón de Sevilla y luego desapareció;

—Jerónimo Poveda Nouguerou, diputado por Murcia, fue reclamado por los juzgados de esta ciudad y por el de Totana;

—Santiago Riesco, diputado por Salamanca desde abril de 1872, fue llamado por el juzgado de esta ciudad;

—Alfredo Sauvalle, diputado primerizo por Murcia, reclamado por el juzgado de Lorca;

—León Taillet, primerizo por Madrid, reclamado por el juzgado del distrito de Inclusa;

—Nemesio de la Torre y Mendieta, diputado por Vizcaya, se alzó en armas en 1872 en la zona del Gorbea, y en 1873 marchó a Cartagena.

En el grupo había 15 primerizos que no volvieron a ser diputados. Seis lo eran por Valencia o allí acudieron para levantar la provincia. Algunos formaban parte del Centro Republicano Federal Español, intransigente, constituido en Madrid, como Taillet, Casalduero y Forasté²¹. Se cree que hubo al menos cinco rutas en grupo: hacia Cartagena pasando por Almansa; la directa a Cartagena; la ruta hacia Salamanca; la ruta a Valencia, y la ruta andaluza, con varias paradas.

—La ruta hacia Almansa estuvo dirigida por Pérez Rubio, Araus y Alfaro, y en esta ciudad, el 19 de julio, se sublevó el Batallón de Cazadores de Mendigorría, arengado por el general Ferrer. Se constituyó un cantón que duró dos días. Los tres diputados y Ferrer siguieron camino a Cartagena²².

—En la ruta directa a Cartagena y Murcia estuvieron Roque Barcia, Jerónimo Poveda, Nemesio de la Torre, Alfredo Sauvalle, Evaristo Llanos y Antonio Gálvez, aunque este último marchó antes. Juan Contreras fue por su cuenta, como ya se contó, y fue descubierto en la estación sin que nada se hiciera para detenerle. A estos se sumaron los diputados que pasaron por Almansa.

—Hubo otra ruta hacia Salamanca, aprovechando que se había constituido el Comité de Salud Pública de Castilla la Nueva el 5 de julio²³, en la que estuvieron Aniano Gómez, Santiago Riesco, Francisco Forasté²⁴ y Benitas.

—En la ruta a Valencia, siguiendo las reclamaciones de los juzgados, estuvieron José Lluch Cruces, José Pérez Guillén, González Chermá, Daufí, Feliú, Chirivella, Climent, Carlés y Vicente Agustí.

—En la ruta hacia Andalucía participaron Fernando Pierrard, Bernardo García Fernández y Antonio Casas Genestroni. La historiadora Gloria Espigado señala un suelto publicado en La Justicia Federal del 25 de julio, que recoge el periplo de dos diputados que salieron de Madrid el día 17 para sublevar Andalucía. Todo apunta a que se trataba de dos de los tres citados, si bien Pierrard estaba en Sevilla el 27 de julio. En Jaén les dieron la noticia de que Mariano Peco iba a cortar el tren en Despeñaperros, acción que Pavía luego desbarató. En Córdoba supieron que el contingente del general Ripoll estaba dividido entre cantonales y alfonsinos, lo que demostraba su incapacidad para imponer la disciplina y justificaba que Salmerón lo sustituyera por Pavía sin avisar. Pasaron por Sevilla, donde les informaron de que iban a declarar el cantón, y llegaron a Cádiz. Allí se entrevistaron con Salvochea, «dando por resultado —decían los dos diputados— que a las ocho de la mañana de hoy se proclamó el estado o cantón de Cádiz»²⁵.

Desde junio, el Comité de Salud Pública instalado en Madrid había preparado el plan insurreccional, como contó Pi y Margall y como luego reprodujeron otros historiadores de la época, como Vera y González:

De todas suertes el plan insurreccional se preparó hasta en sus menores detalles durante el mes de junio. El diputado Emigdio Santamaría se comprometió a sublevar Valencia; el coronel Moreno del Cristo se prestó a ir a Barcelona para ponerse de acuerdo con el brigadier Guerrero, que mandaba el castillo de Montjuich; Cabello de la Vega, Fantoni, Pedregal, Guerrero y otros diputados sevillanos trabajaron para proclamar el cantón de Sevilla; Fermín de Salvochea, que disponía de las masas en Cádiz, se puso de acuerdo con Contreras, declarando que se alzaría en armas cuando éste se lo indicase, y por fin, el diputado Aniano Gómez se comprometió a sublevar Béjar para dar base al movimiento que en Salamanca preparaban los diputados Benitas y Riesco, y en Castilla la Vieja, Eloy Palacios. El movimiento de Cartagena quedaba á cargo de Gálvez Arce; pero, [...], lo anticipó el joven propagandista Manuel Cárceles Sabater²⁶.

La minoría intransigente había vuelto a las Cortes el 18 de julio, aunque no toda, y algunos por poco tiempo, como se ha visto. Creían que la vida de la República estaba en juego. Así lo afirmaron Casalduero y Ramón de Cala en la sesión parlamentaria de ese día, en la que sostuvieron que la aprobación de la proposición para que Salmerón nombrase un Gobierno de su gusto, sin conocer su programa y sin el beneplácito de las Cortes, era un golpe mortal a la República. Era peor que la monarquía, dijo Cala, donde el rey al menos nombraba al presidente tras oír su programa de Gobierno. Los intransigentes, dijo Casalduero, querían la República federal hecha por los republicanos, sin el concurso del resto de partidos. No se podía fiar la construcción de La Federal a los monárquicos o a quienes habían despreciado siempre los principios republicanos, o, como dijo Casalduero, a quienes no sabían qué era la República federal. Por tanto, permitir que Salmerón formara Gobierno era dar carta blanca a los que querían introducir a los monárquicos en la República para instaurar el orden, y a «moderados, unionistas y radicales» para que hicieran una República «hermosísima y feliz» basada en la «política del sable o de los cañones»²⁷.

Los diputados intransigentes advirtieron de que, si era nombrado Salmerón para formar un Gobierno sin el concurso de la Asamblea, la República se había perdido «y los representantes del país —declaró Cala— podrán retirarse a sus casas, porque nada les quedará por hacer». Era un llamamiento a la insurrección o al abandono de las instituciones, si la proposición de Salmerón para formar el Gobierno salía adelante.

En realidad, aquella sesión del 18 de julio mostró la división de los republicanos: 111 favorables a que un diputado nombrara Gobierno frente a 101 que votaron en contra, y eso que faltaban —dijo Casalduero— 40 diputados intransigentes. La minoría sostuvo que las Cortes tenían otra mayoría, la suya, que no estaba presente, tras lo cual hablaron de las bondades de un Gobierno asambleario, de Convención, como ya hicieron meses atrás. La derrota de los intransigentes fue una declaración de guerra y el anuncio de la explosión cantonal²⁸. Por tanto, la rebelión no se produjo durante los últimos días de Pi y Margall —blando con los cantonales—, sino cuando se supo que Salmerón formaría un Gobierno dispuesto a no tolerar rebeliones ni indisciplinas. Como en otras ocasiones, se aprovechó un cambio de Ejecutivo para llevar a cabo un acto de fuerza contra las instituciones.

El mismo 18 de julio, tras conocer la decisión parlamentaria, el Comité de Salud Pública de Madrid publicó una orden promoviendo un levantamiento cantonal porque consideraba que el pueblo había sido engañado por la dirección republicana. Casalduero dijo en las Cortes que la «división cantonal» y el proyecto de Constitución se habían planteado sin el concurso de los intransigentes, por lo que el texto constitucional saldría de la Asamblea «sin vida»²⁹. La orden del Comité de Salud Pública constataba esa misma idea: que se formaran comités en todos los lugares de España para poder llevar a cabo la división cantonal, y que dichos comités se mantuvieran hasta haber «promulgado el pacto federal para evitar que el pueblo sea engañado, como ha sucedido hasta aquí»³⁰. Esto fue lo que hicieron los cantonales de Cartagena: aguantar hasta que hubiera un Gobierno favorable, que era lo que se esperaba con la derrota de Castelar del 2 de enero de 1874.

Los intransigentes reproducían el mesianismo de los republicanos franceses. Casalduero lo confesó: «Debemos plantear cuanto antes la República federal para que la sociedad española se salve; y si así no se salva, entonces habrá que confesar dolorosamente que no es la República federal la forma de gobierno que conviene a España»³¹. Era la patria lo que estaba en juego y solamente La Federal podía salvarla, aunque los españoles se resistieran. Los intransigentes estaban dispuestos a imponer su fórmula salvadora a cualquier precio e inmediatamente. En la noche del 18 al 19 de julio, el ministro de la Guerra envió dos compañías de la Guardia Civil a recorrer los alrededores del Congreso³²: no se fiaban de la reacción de los federales, puesto que ya habían asaltado el edificio en varias ocasiones.

El protagonismo del grupo parlamentario intransigente en el movimiento cantonal fue más que evidente. No solo por la descripción hecha más arriba de los diputados que fueron reclamados para ser juzgados, sino, además, por la declaración del general Contreras, que el 23 de julio envió una circular al cuerpo consular en Cartagena en la que afirmaba que la actitud del cantón y «la de los demás proclamados en España está sostenida y justificada por sesenta representantes del país que toman asiento en las Cortes Constituyentes». No era un «delito muy trascendental» proclamar un cantón, dijo, «cuando hay una quinta parte de representantes que justifican nuestros actos». Siete diputados había en el cantón de Cartagena en esa fecha y cinco en el cantón de Valencia, decía Contreras, para cumplir el acuerdo de las Constituyentes de construir La Federal. En este sentido, disparataba el militar, la rebelión cantonal se limitaba a seguir el «acuerdo constitucional». Añadió que el Gobierno de Salmerón no entendía que por una «simple cuestión de procedimientos» —La Federal «de abajo arriba», como querían los cantonales— se produjera una «declaración de guerra nacional con provincias enteras».

Los cantonales apostaban por la política de hechos consumados para hacer La Federal desde las provincias, y el resultado debía ser respetado por el Gobierno. El asunto era grave, porque para el 23 de julio eran cantones las ciudades de Murcia, Sevilla, Valencia, Alicante, Jaén, Granada «y multitud de pueblos intermedios»³³.

13

LA PACIFICACIÓN

PAVÍA EN ANDALUCÍA

Pi y Margall escribió que su esperanza de lograr una España federal pasaba por Andalucía, pero que durante su Gobierno esta región había sido «un peligro». Málaga, «desde el 12 de febrero» estaba en manos de Eduardo Carvajal Reboul; Granada y Cádiz estaban «perturbadas», y Sevilla se encontraba «sobre un volcán»¹. Como ya mencionamos, Salmerón, nada más sustituir a Pi, llamó a Pavía y le dijo que «si conseguía que un soldado disparara su fusil contra un cantonal, se habría salvado el orden»². Le mandó dirigir el Ejército de Andalucía formado por Pi y Margall a principios de julio, y que lideraba el general Ripoll, a quien Pi había ordenado que no fuera «en son de guerra», sino para garantizar los acuerdos de las Cortes³. Salmerón no se fiaba de este militar —acantonado en Córdoba—, así que ordenó a Pavía que lo relevara cuando llegara.

Pavía salió de Madrid el 21 de julio con pocos hombres. Consiguió evitar el asedio de los insurrectos en Despeñaperros y llegó a las ocho de la mañana del 23 a Córdoba, justo cuando se estaban reuniendo fuerzas para proclamar el cantón de esta ciudad. Pavía tomó los puntos estratégicos de la localidad. Esa noche llegarían tropas cantonales desde Málaga y Granada, pero estas suspendieron su marcha cuando supieron que el Ejército había llegado a Córdoba. Pavía reunió a los hombres del general Ripoll: los encontró muy indisciplinados al estar perturbados por «agentes políticos», en palabras de Pavía. Su cuerpo de ejército se reforzó con el batallón de Zamora, que llegó desde Badajoz. El plan que trazó fue atacar primero Sevilla y luego Cádiz, que, «como plaza de guerra de primer orden, sería más difícil y dificultosa el tomarla», escribió Pavía. El objetivo era que la caída de esas dos ciudades causara el desánimo en el resto, porque el Gobierno no podía enviar refuerzos.

En la noche del 16 de julio, las autoridades sevillanas —republicanos del centro y de la izquierda— habían acordado crear una junta que asumiera el poder en la ciudad, si cambiaba el Gobierno. Una vez conocida la dimisión de Pi y Margall, en la noche del 18 de julio se proclamó en Sevilla el cantón andaluz y la «independencia» de Sevilla⁴. A continuación, el gobernador civil y las fuerzas del orden dejaron la ciudad, lo que certificó la victoria de los sublevados. En Marchena, el Arahal, Sanlúcar, Écija y otras poblaciones de la provincia se secundó inmediatamente el movimiento⁵. En esos días, Sevilla quiso conseguir de la localidad de Utrera una contribución económica y mandó una expedición de voluntarios armados que llegó allí el 21 de julio. Hubo disparos, muertos, heridos y prisioneros. Al día siguiente, Sevilla pidió la devolución de los prisioneros y la entrega de armas⁶. Como esto no sucedió, la situación se tensionó aún más.

Al igual que en otros procesos, una vez que se rompe la autoridad y se legitima la revolución, el movimiento iniciado por los moderados pasa a ser dirigido por los más extremistas. El 22 de julio, los intransigentes formaron un Comité de Salud Pública que asumió el poder en Sevilla. Del mismo modo que en Córdoba, Cádiz y Málaga, los internacionalistas se involucraron en la revuelta sin protagonizarla. El comité sevillano planeó enviar hombres contra Utrera, pero al final aquello no sucedió porque llegó la noticia de que las tropas gubernamentales se dirigían a Sevilla. A la vista de que se produciría un conflicto armado en la ciudad, «miles de familias» abandonaron la ciudad, escribió el cónsul francés el 24 de julio: «el terror» se había apoderado «de los habitantes», que temían «toda clase de atrocidades por parte de insurgentes»⁷.

El Comité de Salud Pública sevillano, como en el resto de localidades, se incautó del dinero que había en la Aduana y en la Fábrica de Tabaco, y creó un nuevo impuesto. Los oficiales del ejército, que estaban escondidos, fueron requeridos por el comité para que aparecieran en un plazo de 48 horas, con la orden de reconocer su poder y dirigir a los voluntarios. Tuvieron la ocurrencia de poner el polvorín en el Archivo de Indias, a pesar del peligro que corrían todos los tesoros que había allí guardados. Según el cónsul norteamericano, fue una comisión de los diplomáticos que estaban en la ciudad la que logró que desistieran del empeño⁸, asegurando que allí se almacenaban muchas obras de arte de gran importancia para América.

La defensa de Sevilla fue suicida. Colocaron artillería en las barricadas y las rociaron con petróleo para incendiarlas en el caso de perderlas. La población estaba vacía⁹; solo los pobres se quedaron y llenaron las iglesias. El Comité de Salud Pública compró aceite y fósforos para incendiar la ciudad. De la logística incendiaria se encargó un francés llamado Favié, que construía los explosivos que se colocaban en los edificios, tanto en casas particulares y públicas como en el Museo de Indias. Era el «departamento petrolero —escribió el cónsul francés—. La ciudad está casi desierta [...], la vista es desgarradora»¹⁰.

El general Fernando Pierrard, que había sido secretario del Ministerio de la Guerra con Pi y Margall y que entonces era diputado, llegó a Sevilla el 27 de julio y fue nombrado «comandante en jefe». Mandó reforzar todas las barricadas¹¹ y luego publicó una proclama que decía: «¡Viva la República Federal Democrática y Social, con todas sus consecuencias legítimas, lógicas y naturales!». El historiador Martínez Shaw indica que todos los poderes se concentraron en Pierrard, de manera que el cantón se convirtió en la práctica en una dictadura de un solo hombre.

Durante los días 28 y 29, los cantonales siguieron recaudando dinero puerta a puerta y fusil en mano. El 30, los insurrectos no superaban los 500 hombres de los 1.500 iniciales. Los voluntarios del barrio de Triana se unieron a las tropas de Pavía y Pierrard desapareció, a pesar de ser el inductor del tipo de defensa que estaban haciendo¹². Como indica Martínez Shaw, el «dictador» se marchó ese mismo día «del modo más sigiloso». Conrad Roure contó que Pierrard intentó huir a caballo cruzando el Guadalquivir y que, al no conseguirlo, se ocultó en la ciudad, de la que salió disfrazado para instalarse en Lisboa¹³.

Ante el avance de las tropas gubernamentales, el Comité de Salud Pública intentó incendiar el Ayuntamiento, pero no lo consiguió y huyó. Eder, el cónsul norteamericano, escribió:

Los defensores de las barricadas recurrieron entonces a un plan desdeñado y prohibido por las leyes de la guerra y de la humanidad [...]. Con petróleo y otros combustibles incendiaron las casas ocupadas por las tropas¹⁴.

Carrero, uno de los dirigentes del comité, quiso volar el Archivo de Indias, a pocos pasos de la catedral, que tenía en su sótano entre 15 y 20 toneladas de pólvora. Al parecer, gritó a los voluntarios: «¡Fuego con las mechas! ¡Estamos perdidos! ¡Que todo se hunda con nosotros! ¡Rápido, disparad las mechas!». Fue atacado por los mismos cantonales, a quienes debió de parecerles una barbaridad aquella orden, y poco después fue apresado por la Guardia Civil, al igual que otros cuatro miembros del Comité de Salud Pública. «La tropa [gubernamental] recibió una verdadera ovación» por parte de los sevillanos, que por fin pudieron volver a sus casas e iluminaron las calles como en las celebraciones¹⁵. Como ya dijimos, esta es una constante del movimiento cantonal: la población huye en masa de las ciudades donde los revolucionarios toman el poder y vuelven cuando se restablece el orden.

Pavía tardó tres días en tomar el cantón, del 28 al 30 de julio. Hubo cerca de 300 bajas propias y bastantes más por parte de los cantonales. El día 30 sacaron de la cárcel sevillana a políticos y militares leales al Gobierno, y un día después Salmerón telegrafió a Pavía pidiendo que enviara 1.000 hombres al general Martínez Campos, que estaba en el Levante, pero se negó a hacerlo porque sus fuerzas eran muy escasas¹⁶. Entonces, para cumplir su misión, Pavía puso en práctica una maniobra clásica de la guerra psicológica: telegrafió a Jerez y La Carraca, en San Fernando, anunciando la toma de Sevilla, y mandó emisarios a la provincia de Cádiz para que exagerasen el número de fuerzas gubernamentales, diciendo que, además, contaban con un tren armado con cañones y munición, y que serían muy «enérgicos y sangrientos» con los insurrectos¹⁷.

El efecto de la victoria en Sevilla fue decisivo en la caída del cantonalismo andaluz. El miedo y la sensación de fracaso hicieron que claudicaran los cantones menores, como Arahal, Marchena, Paradas y otros pueblos, y que cayeran los mayores, como Cádiz. Además, Pavía sabía que los cantonales que habían huido ante la avanzadilla de su ejército y se habían refugiado en Cádiz eran malhechores que sembrarían el malestar en la ciudad. No en vano fueron ellos quienes secuestraron a los cien principales contribuyentes para exigirles 100.000 duros¹⁸. Pavía confiaba en que Salvochea y el brigadier Eguía, jefes del cantón, se rendirían antes de permitir el desastre en Cádiz. Pavía dejó una fuerza bastante limitada en Sevilla, con una comandancia de carabineros y un tercio de la Guardia Civil, compuesta por exsoldados, y después de que Alberto Aguilera tomara posesión del Gobierno civil, marchó hacia Cádiz.

Fermín Salvochea, un hombre muy popular y con fama de sensato, era alcalde de esta ciudad. En el mes de julio, como ya vimos, acordó con el general Contreras declarar el cantón de la ciudad, y así lo hicieron. El 19 de julio se constituyó el Comité de Salud Pública, presidido por Salvochea. Izaron la bandera roja en el Ayuntamiento y publicaron un manifiesto en el que decían que proclamaban el cantón para «salvar para siempre al pueblo español de todas las tiranías». El texto reflejaba el mesianismo político habitual, con referencias a la misión histórica a la que estaban llamados para alcanzar la salvación eterna de la patria:

Unámonos todos los hombres de corazón, amantes del progreso de la humanidad y todos inspirados en el bien del pueblo concurramos a llevar a cabo la salvación de la patria¹⁹.

En los primeros momentos, el fervor cantonal fue considerable. Sin embargo, para el 2 de agosto el ambiente había cambiado. Tal y como deseaba Pavía, las noticias llegadas de Sevilla alarmaron a los gaditanos. Las tropas gubernamentales liberaron La Carraca, asediada por los cantonales, así como Jerez y los puertos de Cádiz. Ante los avances y el efecto de los rumores esparcidos por los emisarios de Pavía, los insurrectos huyeron a Cádiz. La primera medida del Comité de Salud Pública fue convocar a todas las fuerzas armadas en la plaza del Ayuntamiento con el fin de hacer frente a las tropas gubernamentales. Había que resistir, decía el manifiesto que hicieron circular, a la espera de que otros cantones se levantaran. Salvochea y los suyos se justificaron diciendo que su intención era el «inmediato planteamiento de la República federal» frente a los «traidores a la patria» que estaban en el Gobierno, en referencia a Salmerón. Al tiempo, el comité aseguraba que no impediría a la gente salir de la ciudad y, de hecho, se produjo una huida masiva, incluidos algunos voluntarios federales.

La parada militar programada para la tarde del 2 de agosto no se llevó a cabo por falta de asistencia, por lo que, al día siguiente, Salvochea firmó una proclama de rendición para que no hubiera derramamiento de sangre²⁰. El Ejército republicano gubernamental desarmó la provincia y encarceló a los jefes y oficiales del regimiento implicados en el levantamiento, sometiéndolos a consejo de guerra. Salvochea y los suyos fueron encarcelados. Sanlúcar, San Fernando, Jerez y otras poblaciones deshicieron sus cantones con la noticia de la caída de Cádiz. El 6 de agosto Pavía salió hacia Granada.

El 20 de julio se había proclamado el cantón de esta ciudad siguiendo un patrón similar: un Comité de Salud Pública asumió el poder con los voluntarios federales, echó a las autoridades gubernamentales que no se unieron a ellos, mucha gente huyó, los cantonales implantaron nuevos impuestos a los principales contribuyentes, se incautaron fondos públicos, se prohibieron los actos religiosos, se aprobaron reformas laborales y se demolieron grandes edificios, como el monasterio de San Jerónimo y el cuartel de artillería. El comité quiso extender su dominio a los pueblos de la provincia, pero algunos se negaron, como Guadix, Baza y Loja; otros se declararon independientes y la mayoría se sumó. Un caso curioso fue el de Motril, que se adhirió al principio y luego se separó. Quizá influyó que la flota cartagenera de Juan Contreras robó allí 8.000 duros y los fondos de tabaco y azúcar, así como las noticias de que Pavía estaba a punto de llegar. El 25 de julio salió de Granada una columna de 3.000 voluntarios para reunirse en Sevilla con los procedentes de Málaga y Cádiz. Pretendían reunir una fuerza que marchase sobre Madrid para tomar el poder, dar un golpe de Estado contra el Gobierno de Salmerón y «cantonalizar» España. En cuanto supieron que Sevilla había caído, la expedición huyó en desbandada.

Las noticias que le llegaban a Pavía sobre la situación de Granada aseguraban que allí imperaba la «anarquía» y que la «mayoría de personas que tenían algo que perder habían abandonado la ciudad». Los cantonales impusieron una contribución a los granadinos, «amenazando con el incendio si no se les pagaba»²¹. Todo cambió en la ciudad con las noticias de la pacificación de Sevilla y Cádiz. Los cantonales del Comité de Salud Pública telegrafiaron al Gobierno para establecer las condiciones de la rendición de Granada, que pasaban por no tomar represalias y permitirles seguir en sus puestos municipales y en los de la diputación. La respuesta fue negativa y el Gobierno exigió que se devolvieran los fondos incautados y los impuestos recaudados ilegalmente, y aseguró que los implicados serían procesados. El 9 de agosto el Boletín Oficial del cantón anunciaba la rendición. Aun así, una comisión se dirigió a Madrid para hablar con el Gobierno, pero el Ministerio de la Gobernación no los recibió. Otra comisión fue a parlamentar con Pavía, que estaba en Loja, para poder conservar las armas tras la rendición, a lo que el general también se negó. Ante el fracaso de sus intentos de negociación, los dirigentes cantonales huyeron de la ciudad y tomó posesión el último que había ocupado tal cargo antes de la proclamación del cantón²².

Pavía llegó a Granada el 12 de agosto y entró en la ciudad sin resistencia. Los cantonales se posicionaron en los barrios altos con un cañón, pero el general los desarmó sin demasiada dificultad. El Ejército republicano permaneció once días en la provincia para desarmar a los sublevados. El protocolo siempre era el mismo: desarticular a los voluntarios federales cantonales, restablecer la autoridad del Gobierno y dejar al cargo a los carabineros y a la Guardia Civil, y, dependiendo del caso, a algún batallón bien armado, como ocurrió en Granada.

MÁLAGA DESENCADENA LA CRISIS

El cantón de Málaga supuso un gran problema para el Gobierno de Salmerón, no tanto por la dificultad de deshacerlo —ya que Pavía podía conseguirlo—, sino por el chantaje que sufrió el presidente a manos del centro reformista. Palanca y los centristas amenazaron a Salmerón con formar un Gobierno con la izquierda favorable al cantonalismo si Pavía entraba en Málaga. Es importante no perder de vista estas reticencias de los centristas a la hora de reprimir a los cantonales, porque fue el fundamento de la censura a Castelar en la noche del 2 de enero de 1874. Como se verá, aquella censura iba encaminada a elegir un Gobierno presidido por Palanca que fuera complaciente con el cantonalismo.

Desde la proclamación de la República, los republicanos malagueños estaban divididos y enfrentados: por un lado, los federales de centro, representados por Francisco Solier, Antonio L. Carrión y Eduardo Palanca, y, por otro, los intransigentes de Eduardo Carvajal Reboul, un alborotador profesional que dirigió a los voluntarios federales de la ciudad. Estos habían ido «desarmando a cuantas tropas habían penetrado en su recinto»²³ y llegaron a formar una columna de 1.000 hombres para marchar sobre Sevilla. Aquella salida contaba con la autorización de un «empleado secundario del Departamento de Guerra», sin conocimiento del ministro, González Íscar, y su objetivo era recoger cuatro cañones y llevarlos a Málaga. Eduardo Carvajal, tío de José Carvajal, ministro de Hacienda, así lo hizo y volvió a su ciudad «como un conquistador»²⁴.

El 25 de junio fue asesinado Moreno Micó, alcalde de la ciudad, en un enfrentamiento con los jóvenes que se oponían al sorteo de las quintas. El 5 de julio, un batallón de intransigentes e internacionalistas —una combinación que también se formó en otros lugares, como Barcelona— dirigido por Eduardo Carvajal obligó al pleno del Ayuntamiento a dimitir y a convocar elecciones. Tomás González Morago, uno de los organizadores bakuninistas de la Internacional en España, escribió el 6 de julio de 1873 a la sección belga de esta organización que las federaciones locales del este y del sur de España, en concreto de Málaga, habían respondido «favorablemente a las propuestas del Comité de Iniciativas Revolucionarias». Al día siguiente, con la anuencia del gobernador civil, Juan Ramírez, el 2.º batallón de voluntarios, compuesto por intransigentes e internacionalistas, se hizo con el poder y se declaró partidario de la «República Democrática Federal Social».

La nueva corporación, liderada por Eduardo Carvajal, de la que también formaban parte los internacionalistas José del Pino Mata y Francisco Martín Salas, publicó un bando, el 8 de julio, anunciando que su intención era establecer el orden. Los nuevos mandatarios quisieron imponer el alistamiento en los voluntarios a todos los hombres de entre 20 y 40 años, así como demoler el castillo de Gibralfaro, del siglo XIV, por ser un símbolo del poder militar.

Los choques violentos entre los intransigentes en el poder y los gubernamentales continuaron durante varios días, y Pi y Margall, Presidente del Poder Ejecutivo, sustituyó al gobernador por Francisco Solier, diputado del centro, con la orden de disolver la corporación de Eduardo Carvajal y su batallón de voluntarios²⁵.

Entonces, Pi y Margall decidió trasladar allí al regimiento Iberia, a pesar de que Solier le aconsejó que no enviara tropas porque alterarían el orden público —lo mismo que le dijo Altadill en el caso de Cartagena pocos días después—. El regimiento Iberia no llegó a Málaga porque, como vimos, se unió a la sublevación cartagenera. A los cuatro días de dimitir Pi y Margall, Solier, desobedeciendo las órdenes de Maisonnave, ministro de la Gobernación, proclamó el cantón de Málaga alegando que lo hacía para preservar la paz entre intransigentes y gubernamentales, al tiempo que declaraba su lealtad al Gobierno. Eduardo Carvajal intentó derrocar a Solier y se produjo un enfrentamiento armado entre voluntarios de ambos bandos que acabó con la derrota de los intransigentes. Este hecho le sirvió a Solier para insistir en que el cantón estaba ya constituido y que no quería tropas en su ciudad.

La guarnición, la Guardia Civil y los carabineros fueron expulsados de Málaga. Su salida no se debió a razones políticas, sino económicas, ya que en la ciudad empezó a entrar una gran cantidad de contrabando —que sirvió para financiar a los cantonales— que no habría llegado con las fuerzas del orden²⁶. En realidad, en Málaga mandaban los cantonales levantados en armas —al mando de Solier, el gobernador—, que cobraban para mantener un orden que ellos mismos habían roto.

El cambio de Gobierno transformó radicalmente la situación. Salmerón nombró a Pavía, que actuó sin contemplaciones. Solier, preocupado, preguntó al general el 10 de agosto si iba a desarmar a los voluntarios malagueños, a lo que Pavía contestó «muy enérgicamente» que así lo haría, como ya había hecho en Granada²⁷. Pavía pidió un barco de guerra al capitán general de Cádiz para sitiar Málaga en el caso de que Solier y sus cantonales se negaran a que entraran las tropas gubernamentales. Había entrado en Córdoba, Sevilla, Cádiz y Granada, y ahora le había llegado el turno a Málaga.

«La pacificación de Andalucía debía, en mi opinión —escribió Pi y Margall en 1874—, empezar por el restablecimiento del orden en la ciudad de Málaga»²⁸. Dicha opinión coincidía con la de Pavía, quien después escribió que Málaga fue «causa de que Andalucía se descompusiera totalmente»²⁹. En efecto, este fue el cantón andaluz que más tiempo se mantuvo y sostenerlo implicaba permitir que el movimiento cantonalista continuara y, con él, la desobediencia al Gobierno y al proceso legal para constituir la República. Presentar la existencia del cantón como un hecho consumado —más fiel al dogma federal que el procedimiento seguido en las Cortes— suponía una desautorización del proceso constituyente, sobre todo si se mostraba como un acto pacífico y unánime. Esto lo sabía Francisco Solier, que alimentó ese fantasma con una proclama que decía:

Málaga a las capitales de Andalucía: Se ha proclamado el cantón federal malagueño independiente. Ha concurrido toda la Milicia republicana federal de esta capital y la de los pueblos más inmediatos. Gran entusiasmo, orden y tranquilidad³⁰.

Solier, además, prometió que las fuerzas gubernamentales no entrarían en la ciudad. Málaga se había convertido en el modelo del federalismo del centro reformista: la creación de cantones de orden previamente a la aprobación de la Constitución y con autoridades leales al Gobierno. Era la forma de combinar La Federal «de abajo arriba» con un proceso constituyente, una política de hechos consumados que permitía condicionar la construcción federal. De esta manera creían cumplir con la idea del federalismo «desde abajo» junto con el federalismo constitucional «desde arriba».

El centro tenía «prisionero» a Salmerón de una política que no quería seguir y que le amenazaba con una crisis de Gobierno que conduciría a la formación de un Ejecutivo cantonalista. Además, el centro y la izquierda sumaban más diputados que la derecha, como le recordaban a Salmerón con frecuencia.

Solier telegrafió a Pavía para preguntarle por sus intenciones. Morayta transcribió en su Historia general el telegrama de contestación de Pavía, con quien tenía buena relación:

No contesto a las preguntas tontas como la que me ha dirigido V. S. formuladas de una manera poco respetuosa. Esto con respecto a la pregunta, y en cuanto a la alarma de ese pueblo, aconséjele V. S. que esté tranquilo, porque ya me conoce, y los soldados que han tomado a Sevilla y las cuarenta piezas de grueso calibre de bronce que traigo, darán buena cuenta de los que se insurreccionen.

El gobernador de Málaga se ofendió, contestó que no tenían miedo y que su ciudad era leal al Gobierno. A lo que Pavía replicó:

Yo no insulto a V. S.; lo que he hecho es responder con energía a un telegrama estúpido y falto de respeto o consideración al general en jefe. V. S. será diputado de las Constituyentes y representante de la Asamblea, para mí no es más que el gobernador civil de una provincia que está bajo mis órdenes. [...] Me alegra mucho esté tranquila Málaga, y que no trate de insurreccionarse, porque no me alegraría el combate y economizo la sangre. [...] Basta de telegramas, que concluyendo con lo de Granada, iré a Málaga y podremos seguir la conferencia³¹.

Solier debió de quedar muy inquieto y comunicó a Palanca que Pavía iba a entrar en Málaga, desbaratando así el plan cantonal del centro. Esta fue la razón por la que los centristas hicieron cuestión de Gabinete el mantenimiento del cantón de la ciudad andaluza. Salmerón, según escribió Pavía años después, era prisionero de Palanca y del centro, que se «oponían resueltamente a la destrucción total del cantonalismo, y protegían decididamente al cantón malagueño». Por tanto,

… Si Salmerón hubiera permitido que el general en jefe [Pavía, refiriéndose a sí mismo] hubiese entrado con sus tropas en Málaga, hubiera sido lanzado del poder instantáneamente el Gobierno por las Cortes, porque el centro e izquierda de la Cámara sumaban mayor número de votos que la derecha de la Asamblea³².

Salmerón ordenó a Pavía que no concluyera su misión, por lo que el militar presentó inmediatamente su dimisión. El Gobierno no quiso admitirla e hizo algunos gestos para convencer al general, pero sin romper con el centro. Salmerón sustituyó a Solier por Ochoa, que no era andaluz, y ordenó que entrara la Guardia Civil en Málaga, pero no el Ejército. Pavía no quedó satisfecho y reiteró su dimisión. Fue entonces cuando supo que Salmerón «iba a dejar el Gobierno, y que este sería sustituido por un Ministerio en el que predominaría el elemento cantonal»³³.

La reacción de Pavía fue volver a Córdoba el 24 de agosto para asegurar la posición, porque era el punto geográfico estratégico de Andalucía. La perturbación no cesaba. Además, había agentes federales y carlistas llegados de Madrid alentando a la insurrección en varias ciudades, según contó Pavía. Los federales anunciaban que Salmerón caería y sería sustituido por un «Ministerio cantonalista», lo que animaba a la insurrección. A la caída del Gobierno republicano de orden le seguiría otro que legalizaría y daría legitimidad a la sublevación general. «Salmerón, no pudiendo coronar su obra, sin duda, se decidió a dejar el Ministerio», escribió Pavía³⁴.

Castelar, como veremos en la parte quinta, formó Gobierno con el visto bueno del centro y pidió a Pavía que enviara tropas a Málaga, pero sin entrar en la ciudad. Aquello no era más que repetir la política de Salmerón y seguir estando atrapado por el centro. El cambio se produjo cuando los voluntarios malagueños llegaron a Madrid, con permiso del Gobierno, para marchar hacia el norte. Los desmanes que cometieron en la capital fueron tales —muchos de ellos aparecieron en la prensa— que el Gobierno decidió cargar contra el cantón malagueño. El 17 de septiembre, el ministro de la Guerra telegrafió a Pavía ordenándole que entrase en Málaga. Antes de hacerlo, llegaron a la ciudad los voluntarios malagueños que habían sido expulsados de Madrid porque eran inútiles para mandarlos a la guerra del norte. Pavía ordenó que los desarmaran y les quitaran los efectos militares y las gorras coloradas que llevaban puestas. Dos días después, el 19 de septiembre, se puso fin al cantón de Málaga. Pavía salvó la República dos veces de los cantonales —cuyo levantamiento supuso el desprestigio del sistema— mediante la pacificación de Andalucía y el golpe de Estado del 3 de enero de 1874.

Málaga desencadenó la crisis de Gobierno con la partición de la derecha republicana entre los de Salmerón y los de Castelar; es decir, entre quienes tenían reticencias a la hora de llevar hasta sus últimas consecuencias el orden público y quienes no, como Maisonnave, González Íscar, Oreiro y los castelarinos. Dejando Cartagena al margen, Málaga había sido la clave del cantonalismo. Antonio Quevedo escribió desde Granada a Víctor Balaguer que Málaga era una «población turbulenta, y de la que como foco principal irradió a toda Andalucía, alta y baja, el desbordamiento social»³⁵.

MARTÍNEZ CAMPOS EN EL LEVANTE

La clave del éxito de Pavía en Andalucía estuvo en que supo acabar con el cantón de Sevilla, que, como ya se dijo, pretendía ser cabeza del cantonalismo andaluz. Fue la única ciudad en la que hubo batalla de verdad. La noticia de la derrota cantonal y los rumores que el mismo Pavía hizo correr a través de sus agentes provocaron la rendición del resto sin apenas violencia. Tres días de lucha en Sevilla fueron suficientes. Málaga aguantó en una situación anómala hasta septiembre. Sin embargo, en el Levante la cosa fue distinta, porque la implicación de los diputados intransigentes fue mayor y porque Cartagena sirvió de refugio a los cantonales.

Los diputados intransigentes Agustí, Pérez Guillén, José Climent, Feliú y Emigdio Santamaría llegaron a Valencia el 19 de julio con la idea de proclamar el cantón. El levantamiento estaba preparado —como en el resto— antes de la caída de Pi y Margall y, de hecho, el 14 de julio aparecieron pasquines anunciando la inmediata proclamación del cantón³⁶. Dos días antes se habían celebrado las elecciones municipales sin apenas participación, otra demostración de la poca confianza de la población en la democracia como motor de la política. Valencia estaba en huelga general de facto desde hacía días. Al parecer, los internacionalistas centraron en Valencia su plan revolucionario y contaban —tanto bakuninistas como marxistas— con sus batallones de voluntarios armados, unos dos centenares. El 17 de julio, el gobernador telegrafió al Ejecutivo anunciando que el cantón se proclamaría en veinticuatro horas. Lo mismo transmitió la autoridad militar al ministro de la Guerra: «Acabo de saber que los oficiales de tres batallones de voluntarios están comprometidos»³⁷. Sin embargo, nada se hizo desde Madrid.

El marqués de Cáceres, hombre muy popular, recorrió las calles valencianas para aconsejar el orden. La proclamación del cantón se negoció entre los republicanos —que estaban divididos— y los monárquicos, y al frente se puso el marqués y se eligió una junta con 27 miembros, entre los que estaban Vicente Rosell (bakuninista) y Antonio Mateu (marxista). No es cierto que estuviera el arzobispo de Valencia, como escribió Galdós en su episodio La Primera República. En realidad, fue una transacción para mantener la paz de la ciudad, en una estrategia, escribe Piqueras Arenas, «anunciada cuatro meses antes»³⁸. El 23 de julio se reunieron en Valencia los cónsules de Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, para decidir una posición conjunta ante lo incierto de la situación. El norteamericano Sickles ordenó al cónsul en dicha ciudad, Richard Loewenstein, que no hiciera nada que pusiera en cuestión al Gobierno de Salmerón³⁹.

La junta de la ciudad estaba dividida entre quienes querían el orden —los republicanos gubernamentales y los monárquicos— y los intransigentes e internacionalistas, que buscaban la revolución. En cuanto se supo que Martínez Campos se dirigía a Valencia, la junta no aguantó la presión. Pero, el 25 de julio, los comandantes y capitanes de la milicia decidieron resistir y el marqués de Cáceres y los moderados renunciaron a sus puestos. Su marcha facilitó la incorporación a la junta de al menos tres internacionalistas más, dos bakuninistas y un marxista. La situación provocó un éxodo masivo que anula cualquier romanticismo:

El pánico que se apoderó de las gentes pacíficas que desde que se oyeron tiros hacia la estación del ferrocarril, cundió la voz de que las tropas entraban y la lucha se había empeñado, y nunca como entonces se vio una escapada tan pronta y tan general de todo un vecindario. Por todas las calles de salida se veía un río de gente, en carruajes de todas clases, a pie los más, pobres y ricos, hombres y mujeres, ancianos y niños; completamente a la ligera los unos, cargados hasta no poder más los otros, y en brazos o en parihuelas los enfermos; aquello, decía el periódico Las Provincias describiendo de este modo aquella precipitada salida, recordaba involuntariamente los cuadros que representan la huida de Egipto⁴⁰.

Como en el resto de los lugares que se proclamaron cantones, la población huyó, en este caso al Grao y al Cabañal, y Valencia quedó solo habitada por los insurrectos. La proclama del 30 de julio sirvió para expulsar de la ciudad a miles de personas, ya que empezaba diciendo: «Otra vez las calles de nuestra querida capital van a ser bañadas con la sangre generosa de sus valientes hijos». El texto continuaba con una característica propia del mesianismo de los federales, pues decía que combatían contra «falsos apóstoles de la República» y que señalaron con su «dedo de luz» el camino a la «tierra de promisión». El Gobierno de Salmerón estaba compuesto por personas «más crueles y tiranicidas que los antiguos realistas», y la mayoría de las Cortes había decidido combatir a los republicanos de Valencia. Insistía, por lo demás, en que buscaban la «autonomía del cantón dentro de la federación» y que no se alteraría la propiedad y el Derecho. Firmó aquel papel Pedro Barrientos. A continuación, los internacionalistas publicaron un manifiesto de adhesión en el que decían que solo defendían La Federal con todas sus legítimas consecuencias, dentro de las cuales estaba la aspiración de emancipar a la clase obrera⁴¹.

La casi ausencia de población civil permitió a Martínez Campos bombardear la ciudad tras fracasar en su intento de franquear la puerta de Cuarte. Una comisión fue a parlamentar con el general, que había avisado que, tras el bombardeo, asaltaría la ciudad el 8 de agosto, donde había ya 200 muertos. El 7 de agosto se reunieron los miembros del Comité de Salud Pública en la catedral para decidir si se rendían o continuaban. En la votación, 32 lo hicieron a favor de la rendición y 21 en contra. Por tanto, después de 13 días de lucha, y no sin antes fusilar a varios republicanos, entre quienes se encontraba el concejal Mariano Aser⁴², se rindieron. Los más implicados en el alzamiento cantonal, junto con unos 1.000 hombres, abandonaron Valencia en el mercante Matilde en dirección a Cartagena, un cantón que no prestó ayuda a ningún otro. Por el contrario, en lugar de bombardear Almería, Cartagena podría haber auxiliado a sus camaradas cantonales de Málaga o de Valencia, pero no lo hizo. Los fugitivos se instalaron en las montañas y, mientras tanto, Martínez Campos desarmó a los voluntarios, tal y como había hecho Pavía en Andalucía. Se trataba de una prueba más del gran error del primer Gobierno republicano, que repartió armas entre los milicianos, las mismas que, en definitiva, sirvieron para levantarse contra la República.

En el ínterin, los cartageneros hicieron su tercera salida terrestre, esta vez con Gálvez y Contreras a la cabeza. Por cierto, el primero no fue dado de baja en el Estado Mayor General del Ejército y privado de sus honores y condecoraciones hasta el 22 de julio, una semana después de que se levantara en armas contra el Gobierno y las Cortes⁴³. El 3 de agosto, el periódico El Cantón Murciano anunció una expedición por la antigua provincia —en concreto, por Albacete y Hellín—, para confraternizar y llevarse una contribución de guerra: 13.000 duros. Solo tres días después, los cantonales cartageneros acudieron en ayuda de los sublevados en Valencia; llegaron a Chinchilla el 10 de agosto, varios días después de que el cantón valenciano se hubiera rendido. En otras palabras: prefirieron ir a recaudar «contribuciones» y saquear a los vecinos que ayudar a sus camaradas federales.

Martínez Campos ordenó entonces al general Sempere que marchara hacia Chinchilla, tras informarle de que en el camino se incorporarían fuerzas de Artillería procedentes de Albacete. Martínez Campos y su Estado Mayor creían que, cuando Gálvez y Contreras supieran que Valencia había caído, se retirarían. Y así fue. En su retirada, los cartageneros fueron atacados por las tropas del general Salcedo, provocando una importante derrota militar y moral a los cantonales. Fueron atrapados 28 oficiales, 417 soldados —42 de ellos del batallón de Mendigorría—, además de 51 vagones, dos cañones, 252 fusiles y la caja de caudales⁴⁴. El 10 de agosto, los cantonales emprendieron su regreso a Cartagena y abandonaron Murcia, ciudad que cayó fácilmente en manos de Martínez Campos, toda vez que el 11 de agosto salieron varios trenes de Murcia a Cartagena transportando a los implicados en la insurrección. Al día siguiente, 12 de agosto, Martínez Campos entró en Murcia sin encontrar resistencia. El paralelismo con la campaña de Pavía es evidente, aunque la fortaleza del cantón de Cartagena no era equiparable al de ninguno de los andaluces, salvo Cádiz.

Desde Murcia, Martínez Campos se dirigió a Cartagena. El sitio era muy complicado por la fortaleza y la cantidad de recursos humanos y armamentísticos que tenía la plaza, y el general reclamó más medios al Gobierno. El 19 de julio llegó de Andalucía un tren de batir (con cañones y munición) acompañado por carabineros. El empeño en acabar con Cartagena y Málaga era la demostración de que el Gobierno de Salmerón iba en serio en su intención de instaurar el orden. En Málaga estaba fracasando por la presión del centro republicano y los intereses del ministro Palanca, por lo que el ministro de la Guerra, González Íscar, y los generales más señalados pidieron la reorganización del Cuerpo de Artillería, destrozado por el Gobierno de Ruiz Zorrilla y que ahora resultaba imprescindible. Entre el 22 y el 24 de agosto, Martínez Campos recibió la noticia de que González Íscar había presentado su dimisión porque Salmerón se negaba a reorganizar dicho cuerpo, por lo que Martínez Campos y sus generales Villalón y Salcedo, que habían pedido artilleros experimentados para el sitio de Cartagena, amenazaron con dimitir también⁴⁵.

La crítica venía de lejos. Después de la toma de Valencia, Martínez Campos se quejó al Gobierno en un telegrama, recordándole que había obtenido un

… triunfo que nadie esperaba sin condiciones ni desgracias debiendo solo a mi prudencia, a pesar de que el Gobierno no ha hecho más que dejar me ataquen los periódicos no publicando mis partes⁴⁶.

Con ello se demostraba que los generales se comprometían con la racionalidad militar, no con la componenda política, y que no estaban dispuestos a asumir las decisiones de los gobernantes, si estas no seguían los criterios militares para cumplir estrictamente las órdenes. Martínez Campos le hizo llegar al ministro de la Guerra un informe fechado el 27 de agosto en el que explicaba que no había gastado ni una bala de cañón y solo había empleado «unos 1.500 disparos de carabina». En realidad, los cartageneros estaban cómodos con su salida al mar y hacían incursiones por la costa para conseguir víveres y dinero. Para Martínez Campos era un sitio figurado: «Estoy deseando ya romper el fuego, y no lo he hecho porque tengo municiones solo para unas horas». Hasta ese momento, el militar había llevado a cabo, según escribió al ministro, «una guerra de política» intentando quitar recursos a los cantonales y atacando su moral para provocar deserciones e incluso un golpe de mano en la ciudad⁴⁷.

La «guerra de política» —el Gobierno se contenía a la hora de acabar con los cantonales siguiendo intereses de partido— llegó a extremos grotescos. El diputado González Chermá se puso al frente del cantón de Castellón⁴⁸ y luego volvió a las Cortes para hablar del «movimiento cantonal de la provincia»⁴⁹. A pesar de que el juzgado de primera instancia de Castellón había pedido un suplicatorio a las Cortes para juzgarlo, se le permitió hablar ante las protestas de la derecha. El diputado intransigente Casalduero defendió a González Chermá argumentando que los «delitos políticos» no eran tales si los «delincuentes» ganaban. Así, los que son llamados «traidores», cuando triunfan, son tenidos por «héroes»⁵⁰. González Chermá alegó que el gobernador interino había sido el culpable de que se proclamara el cantón de Castellón porque no habló con los diputados para «proveer los destinos públicos» ni para el resto de «asuntos de interés de la provincia»; es decir, para colocar a los cantonales en puestos oficiales. Luego, siguió relatando, dicho gobernador quiso que los comandantes de los voluntarios firmaran una declaración de lealtad al Gobierno, lo que «irritó los ánimos», y además pidió tropas para mantener el orden. Así que decidió ir a Castellón, vio el panorama, arengó a las tropas, dio un «viva al cantón castellonense» y formó una Junta revolucionaria que tomó el poder. Su único delito, dijo, era haber gastado 32.000 reales, los que había en la caja provincial, para pagar a las tropas. Su aventura cantonal con dinero público duró ocho días y luego volvió a Madrid.

En Alicante se proclamó el cantón por la amenaza de las fuerzas cantonales de Cartagena, dirigidas por Gálvez, que llegaron a la ciudad en la fragata Victoria⁵¹. Las autoridades civiles y militares salieron de la población de forma preventiva, para evitar el choque, y al quedar el poder en manos de los intransigentes, se formó un Comité de Salud Pública. Lo primero que hicieron fue anunciar a Maisonnave, ministro de la Gobernación, que se había proclamado el cantón. Pero la situación cambió cuando se fueron los cartageneros. Manuel Santandreu, alcalde republicano gubernamental, se plantó y se negó a enfrentarse al Gobierno de Salmerón. La milicia ciudadana se hizo con el poder, destituyó al Comité de Salud Pública, pidió que volvieran las autoridades y declaró su lealtad al Gobierno. Al tiempo, Maisonnave destituyó al gobernador civil y al brigadier que tenía la autoridad militar en Alicante, nombró a un delegado especial, Lorenzo Abizanza, y aumentó el número de agentes de la Guardia Civil. Abizanza comenzó el mes de agosto reorganizando a los voluntarios federales, cambió mandos y expulsó a los sospechosos.

La milicia fue un problema de orden público desde el primer día. No era más que una fuerza armada puesta al servicio de intereses personales o de partido, que en la mayoría de los casos no sostenía la ley, sino que la subvertía. Este error, junto a la indisciplina en el Ejército que fomentaban los federales y al fracaso de la «guerra telegráfica» de Pi y Margall, hizo posible el cantonalismo. En el caso de Alicante, no volvió a suponer un problema, y menos aún cuando la flota de Cartagena bombardeó la ciudad el 27 de septiembre durante seis horas, ocasionando siete muertos.

14

LOS MOTIVOS DE LA DIMISIÓN DE SALMERÓN

TRES DÍAS DISCUTIENDO LA CONSTITUCIÓN

Mientras la rebelión cantonal seguía la línea de una política de hechos consumados que forzara el reconocimiento de la federación «desde abajo», el proyecto constitucional se debatía en las Cortes. Miguel Morayta, secretario de la Mesa de la Asamblea Constituyente y autor del libro más importante sobre la institución en este periodo, escribió que no hubo debate constitucional, aunque sí se produjo abundante legislación. Aquellas Cortes, que, recordemos, entendían la República como una forma de hacer la revolución, deseaban cambiar las cosas en todos los ámbitos. Aunque la vida parlamentaria no era intensa —había pocos diputados presentes—, la lucha entre unos y otros fue cainita hasta el final. El enfrentamiento retórico y violento entre las facciones federales también convirtió en inútil el proceso constituyente. Desde el 15 de julio, el campo republicano estaba dividido entre los que iban a respetar las Cortes y los que no. Las sesiones parlamentarias fueron demostrando que la Constitución solo podía nacer muerta.

El 30 de julio tuvo lugar un debate muy acalorado. La izquierda y los cantonales, con solo 14 diputados —entre ellos José María Orense— se negaron a condenar el bombardeo de Almería. Díaz Quintero dijo que los telegramas que llegaban de la ciudad andaluza podían ser falsos. Castellano, otro cantonal, dijo que la Asamblea era «cobarde» por condenar el bombardeo y que había traicionado al país por no cumplir sus promesas. «Sois la causa eficiente» del levantamiento cantonal, dijo. Ramón de Cala, que presentó un proyecto constitucional junto a Díaz Quintero, negó la existencia del bombardeo.

En esa sesión se hizo evidente que el ambiente no era el adecuado para desarrollar un debate constitucional. Prefumo, de la derecha, afirmó que el cantonalismo no era un alzamiento popular y espontáneo, sino que estaba «promovido, dirigido y fomentado» por diputados. En las Cortes tomaron asiento dos diputados, González Chermá y Benitas, que habían ido a Castellón y Salamanca a proclamar el cantón¹. Prefumo presentó entonces una proposición de condena para ambos e instó a que se concediera el suplicatorio para su enjuiciamiento. La proposición fue redactada por Castelar en la reunión de la mayoría, que resumía otras dos presentadas con anterioridad². Díaz Quintero exclamó: «Me declaro insurrecto desde ahora mismo», e hizo un llamamiento para que se levantaran las provincias contra el «Gobierno insensato» de Salmerón, que estaba conduciendo a la pérdida de la libertad, de la República y de la patria.

Ramón de Cala dijo que los responsables de la insurrección cantonal eran los republicanos que querían llevar a las Cortes a los conservadores y a los radicales, en referencia a Castelar. Estos eran los culpables, los que querían esa «alianza» que iba a «matar a la República». Los cantones eran un «medio de defensa» de la federación frente al deseo de una parte de los republicanos de aliarse con conservadores y radicales. Los cantonales no merecían «tan duras censuras», dijo. La insurrección cantonal no era de «gran trascendencia», porque ninguna asamblea tenía el derecho a alterar la voluntad popular expresada en las provincias. La legitimidad de los cantonales, continuó, estaba en la imposición de La Federal por encima de cualquier consideración, de la ley y de la garantía de los derechos individuales en igualdad de ejercicio. Aquello suponía un desprecio al proceso parlamentario como expresión de la soberanía nacional.

Cala negó la soberanía de la nación en beneficio de la soberanía local, lo que implicaba una negación de la construcción liberal desde 1810. La soberanía, a su entender, se hallaba en cada grupo que constituía un Comité de Salud Pública. Esta ruptura de la soberanía nacional fue el motivo por el que los llamaron «independentistas». Cala argumentó esta idea desde el federalismo de Pi y Margall, el pactismo «de abajo arriba», y explicó que un pacto local estaba por encima del acuerdo de una Asamblea nacional, y, por tanto, los cantonales no eran delincuentes, sino consecuentes con el planteamiento federal. Las Cortes carecían de «autoridad» para establecer la federación y, al formar los pueblos sus respectivos cantones, al establecer el pacto, «cumplen religiosamente el principio de la ciencia» y obedecen a una obligación histórica. Las Cortes, por tanto, no tenían derecho a entorpecer el advenimiento de la fórmula de progreso. De esta manera, Cala desvelaba que no tenía sentido el debate constitucional cuando los cantones ya habían puesto en marcha el mecanismo «legítimo» y «consecuente» para fundar La Federal a través del pacto³.

Castelar contestó a Cala con uno de sus discursos floridos que, en el fondo, contenía demasiadas ideas. Admitió que los republicanos eran «profetas» de las nuevas ideas, pero incapaces de llevarlas a cabo. Su propósito era construir la República sin dejar de ser fiel a las ideas y romper así esa norma histórica de que quien traía la fórmula del progreso no era capaz de gobernarla y consolidarla. Con este objetivo podía admitir que la República la hicieran los republicanos, pero esta debía ser «para todo el mundo». Los cantonales desacreditaban la República como un régimen en el que tuvieran cabida todos los liberales. Castelar se aferró entonces a los «republicanos históricos» para diferenciarse de los advenedizos —no en vano, como vimos, los diputados que habían alentado la formación de cantones eran primerizos—. Los sublevados eran «aventureros militares», «conspiradores de cuartel, ignaros y ambiciosos», que solo buscaban conseguir un grado militar más. Los cantonales, como había dicho el diputado Cala, despreciaban la soberanía nacional y erigían Comités de Salud Pública independientes que guerreaban entre sí o exigían botín a las poblaciones cercanas. Castelar defendió, con su estilo barroco, la conservación de la nación por encima de los particularismos, recordando la herencia histórica y cultural común, el sentimiento identitario de pertenencia y el patriotismo.

Yo amo con exaltación a mi patria, y antes que a la libertad, antes que a la República, antes que a la federación, antes que a la democracia, pertenezco a mi idolatrada España y me opondré siempre, con todas mis fuerzas, a la más pequeña, a la más mínima desmembración de este suelo que íntegro recibimos de las generaciones pasadas y que íntegro debemos legar a las generaciones venideras.

El movimiento cantonal suponía una «amenaza insensata a la integridad de la patria» y «al porvenir de la libertad», y, además, obligaba al Gobierno a desviar recursos que de otro modo se aplicarían para acabar con los carlistas. No era patriótico levantarse contra ese Gobierno, dijo, sino algo personal, ambicioso y mezquino que debía ser castigado. Esta sesión parlamentaria mató el proceso constituyente, que, en realidad, había nacido malherido. Mostró la inutilidad del debate y la distancia insalvable entre republicanos: liberales unos, mesiánicos otros.

El choque del Gobierno contra los intransigentes y la izquierda fue muy duro. Era imposible un acuerdo constitucional mientras la guerra cantonal continuara, con diputados que iban a ser juzgados por sedición. José María Orense, favorable a los intransigentes, presentó el 4 de agosto una proposición para que la Asamblea acordara que los republicanos jurasen que no se batirían entre sí. La propuesta no salió adelante, a diferencia de los suplicatorios para juzgar a los diputados envueltos en los alzamientos cantonalistas, que aseguraban que no se les podía juzgar porque su actuación no entraba en el Código Penal, ya que este texto condenaba a quien se alzara «contra el Gobierno para destronar al Rey», no a una República.

Del mismo modo, dijeron, no se les podía aplicar la condena por querer arrancar algo a las Cortes, ya que La Federal había sido aprobada por la institución y, por tanto, proclamar un cantón no podía ser delito⁴. Las Cortes contestaron que era responsabilidad de los tribunales, no de la Cámara, juzgar este punto, y, además, los cantonales se habían sublevado contra las autoridades, incautado fondos y armas, y violado leyes. La tensión iba en aumento. El 15 de agosto, Antonio Orense presentó una proposición para declarar «traidores a la patria» a los diputados intransigentes, entre ellos su padre José María, ya que se fueron de las Cortes para evitar que hubiera quórum e impedir así que se aprobaran las leyes, entre ellas el llamamiento a 80.000 reservistas.

Un proceso constituyente sólido era imposible desde el momento en que los conservadores y los radicales habían sido expulsados de la vida política, una expulsión que, en realidad, estaba en la mente de la mayoría de los federales desde el principio. Estos consideraban que La Federal debía ser organizada por los republicanos, sin mediación o consulta alguna con el resto de partidos. De hecho, los monárquicos y los republicanos de última hora debían ser excluidos. Los federales pretendían construir un país siguiendo su proyecto particular —que, en su mentalidad, como ya dijimos, venía marcado por la Historia y la religión del progreso— y que los demás lo aceptaran. Este procedimiento contrastaba con el proceso constituyente de 1869, en el que se debatió cada artículo con el concurso de monárquicos, republicanos y carlistas. Los intransigentes no fueron excluidos de aquella Comisión Constitucional, sino que se retiraron el 1 de julio. Entre el 11 de febrero y el 23 de abril, con el golpe de Estado de Pi y Margall, se produjo la expulsión de los otros partidos, lo que hizo imposible la construcción legal y legítima de la República con todos los liberales. A partir de ahí, el proceso careció de sentido.

El alzamiento cantonal terminó de destruir el proceso constituyente. Los intransigentes tenían un grupo parlamentario de 76 diputados, pero en el momento de la discusión la mayor parte estaba procesada por rebelión, se encontraba en Cartagena o, directamente, no asistía. En agosto, tan solo un grupo, que variaba entre 19 y 21 diputados, acudía a las Cortes. Morayta, diputado entonces, recogió la impresión de los intransigentes: «Una Constitución obra solo de una parte de un partido había nacido muerta»⁵. Quizá, en el fondo, esta era la pretensión de los federales: boicotear el proceso constituyente de dos maneras, mediante el filibusterismo propio de la minoría republicana (en 1869) o levantándose en armas contra el Gobierno. Los intransigentes no deseaban un proceso legal «de arriba abajo», sino de «abajo arriba», y la mejor forma de sabotearlo era no estar presente para deslegitimarlo o impedir la aprobación por falta de quórum.

En sesión secreta de las Cortes, se decidió que solo hubiera una Comisión Constitucional, aunque la intransigencia quería dos: una para redactar el código fundamental y otra para establecer la división territorial. Castelar pidió que únicamente se formara una para acercar posturas antes del debate y presentar un proyecto completo. Con el fin de que esto fuera posible, propuso que se eligiera un miembro por cada uno de los 17 estados regionales, que apuntó en un papel, a los que se añadirían ocho nombres con conocimiento constitucional. En este punto llegaron a un acuerdo, pero el grupo de diputados intransigentes se retiró el 1 de julio como protesta y para organizar el levantamiento cantonal, como se vio. Castelar y Salmerón intentaron que volvieran a la comisión, pero sin éxito. Sin esos diputados y en plena insurrección federal se presentó el proyecto. Algunos diputados de la mayoría dijeron que era mejor no presentarlo, al menos hasta que no se estableciera el orden⁶.

El 11 de agosto comenzó el debate. Cartagena y Málaga seguían siendo cantones, y aún estaban humeantes los restos de la resistencia en Sevilla y Valencia. El proyecto salió muerto, no solo por el retraimiento de los intransigentes, sino porque Pi y Margall se negó a acudir a las sesiones de la Comisión Constitucional⁷, hecho al que no aludió en su obra justificativa de 1874. Lo más probable es que se ausentó porque el proyecto pretendía establecer la federación «de arriba abajo», es decir, lo contrario de lo que él había predicado. Quizá también se ausentó para evitar el conflicto con Emilio Castelar y el resto de la Comisión Constitucional. De hecho, las discusiones en la comisión chocaban con la urgencia de presentar el texto cuanto antes para calmar a los cantonales. La comisión dio poderes a Castelar para redactar el proyecto —lo hizo en dos días—, que fue firmado el 17 de julio por Pedregal, Gil Berges, Guerrero, Labra, Maisonnave, Rebullida, Río y Ramos, Paz Novoa, Cervera, Martín de Olías, Moreno Rodríguez y Canalejas.

Es significativo que ningún federal reclamara aquel proyecto después de 1873. Ni siquiera Castelar, que fue su autor, ni ningún miembro de la Comisión. Tampoco fue apreciado por los grupos. Existen algunos estudios al respecto, pero lo cierto es que el texto carecía de fuerza legal y, sobre todo, de fuerza política y social. No sirvió para calmar a los cantonales ni satisfizo al resto de federales. Una Constitución no solo es un texto, sino un pacto entre mayorías para la convivencia presente y futura, y esto no ocurrió.

En realidad, el texto era el mismo que el de la Constitución de 1869 con las modificaciones federales, según Gumersindo Trujillo⁸. En la presentación se señalaba que el objetivo era conservar las conquistas de la Revolución de 1868, realizar una división basada en los «recuerdos históricos» y «nuestras diferencias», y, por último, articular los poderes del Estado de manera que se impidiera una dictadura. Conservó el Título I de la Constitución de 1869, en el que se reforzaba la libertad de culto con la separación de la Iglesia y el Estado. El proyecto suscitó cierta controversia en la división territorial, que establecía como estados regionales 13 peninsulares (Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Valencia y Regiones Vascongadas), dos insulares (Baleares y Canarias) y dos americanos (Cuba y Puerto Rico). No contaba con los llamados «Territorios», en referencia a Filipinas, Fernando Póo, Annobón, Corisco y los establecimientos de África, que se constituirían en estados federados «en la medida de sus progresos».

Algunos diputados presentaron enmiendas para rectificar la división territorial que, según los miembros de la Comisión, tenía un sentido histórico y social. Las proposiciones de cambio contemplaban la posibilidad de que provincias colindantes pudieran constituirse en un estado, la unión de estados regionales dentro de la federación española y que León fuera considerado estado, ya que el texto no lo mencionaba. Más allá de esto, la división competencial, verdadero mecanismo para el buen funcionamiento de la federación, era confusa, porque su artículo 40 decía que «todo lo individual es de pura competencia del individuo; todo lo municipal es del municipio; todo lo regional es del estado, y todo lo nacional es de la federación». Sorprendentemente, en ningún momento se hablaba de soberanía nacional, sino de la soberanía de «todos los ciudadanos» (art. 42).

El proyecto contemplaba cuatro poderes: ejecutivo para el Gobierno, legislativo para las Cortes bicamerales, uno judicial —totalmente independiente— y uno de «relación entre los poderes federales», que le correspondería al presidente de la República. Se trataba de un sistema inspirado en parte en el norteamericano, en el sentido de que los electores de cada estado elegían una junta, cuya mayoría votaba por un presidente y un vicepresidente, y posteriormente era el presidente de las Cortes el que haría el recuento de los votos. Las competencias de los estados regionales se limitaban a la autonomía económico-administrativa y política, siempre que no colisionara con la nacional. Lo mismo ocurría con los municipios. Cada estado regional tendría su Constitución —similar a los estatutos de autonomía actuales—, redactada en consonancia con la Constitución de la federación.

La izquierda decidió elaborar su propio proyecto constitucional, para lo cual eligieron a Díaz Quintero, Ramón de Cala y Eduardo Benot. Según contó este último, él fue quien lo escribió: «Para dar unidad al trabajo se acordó que uno solo lo ejecutara, y los compañeros me hicieron la honra de poner su confianza en mí». El borrador lo discutió con Díaz Quintero y el resultado, con Ramón de Cala. Presentaron por la urgencia la versión «más aceptable a nuestros compañeros de la izquierda», porque no estaban seguros de cuál debía ser la edad para votar o si el poder debía estar en un presidente —como en Estados Unidos— o en un consejo —como en Suiza—. La minoría lo aceptó y se imprimieron 70 ejemplares. Lo escribieron sin conocer el proyecto constitucional de la mayoría, que se publicó días después, por lo que no puede hablarse de un «contraproyecto». El de la mayoría se presentó con 24 horas de antelación a su discusión, y Díaz Quintero y Cala, «con el solo objeto de ganar tiempo» para su estudio, presentaron el suyo como voto particular. Castelar llamó a los tres de la minoría a la Comisión Constitucional para debatir la cuestión, ya que disentían en «el título que trata de los derechos naturales, y muy particularmente también en el que determina la organización del poder judicial». En el resto estaban conformes. Así lo explicó Benot:

Allí le manifestamos Cala, Díaz Quintero y yo que dábamos tanta importancia a la inmediata federalización del país que no teníamos inconveniente ninguno en votar el proyecto que había presentado la Comisión Constitucional para que se promulgase en el acto⁹.

No es cierto, por tanto, lo que escribió Pi y Margall respecto a que al proyecto se asoció Benot, cuando fue él quien escribió el borrador, ni que era un «contraproyecto» al de la mayoría porque se presentó antes¹⁰. Ni siquiera se discutió en las Cortes. Cala se ausentó justamente ese día, y Díaz Quintero renunció a explicarlo.

Solo hubo tiempo para tres discursos. León y Castillo, conservador, criticó el proyecto constitucional; fue contestado por Martín de Olías, de la Comisión, y Manuel Becerra tomó la palabra por alusiones. El 13 de agosto terminó el debate. León y Castillo, protegido entonces de Ríos Rosas, pronunció un discurso contra el federalismo, que veía como un «retroceso» porque sin orden no era posible la construcción de un sistema político en el que no confiaban la mayor parte de los españoles. «La federación ha muerto al pie de las barricadas de Sevilla y de Valencia», dijo¹¹. Antes de que Martín de Olías tomara la palabra, habló Maisonnave, ministro de la Gobernación, que leyó dos telegramas del día: uno era de Pavía y decía que había entrado en Granada y repuesto a las autoridades; el otro era de Martínez Campos con un anuncio similar: había entrado en Murcia y la junta revolucionaria y otros implicados habían huido a Cartagena.

Ante tales circunstancias, la defensa que Martín de Olías pudiera hacer de la federación carecía de sentido. Afirmó que ellos pretendían que en las Constituyentes hubiera dos partidos: uno que representara los principios del republicanismo federal establecidos desde 1868 y otro que señalase los futuros cambios en la «esfera social y política». Es decir, se trataba de una confirmación del exclusivismo constituyente: un periodo constituyente era la demostración de la victoria de un partido sobre el resto y la fórmula que los demás debían aceptar era la federación «desde arriba», porque no querían «la federación de abajo arriba». Luego repitió la letanía utópica de que La Federal era el único sistema capaz de «corregir los vicios sociales, políticos, económicos, administrativos, jurídicos y de toda clase que hoy existen en esta Nación»¹². Y se acabó.

Manuel Becerra, diputado radical, fue el último en hablar sobre la Constitución en aquellas Cortes. Comenzó defendiendo al rey Amadeo, protestó por el ataque al Partido Radical, por el golpe del 23 de abril y por un levantamiento cantonal «patrocinado, o cuando menos consentido», por el Gobierno de Pi y Margall. Reivindicó la importancia de su partido, del que dijo que si hubiera gobernado, se habría establecido la «República una e indivisible como es la patria». Después añadió: «Solo a vosotros se os ha ocurrido por primera vez en la historia que para hacer la República era preciso empezar por romper, a fin de tener el placer de volver a unir después». Por último, pidió a la Cámara que aplazara la tarea constituyente hasta que se restaurara el orden, para hacer así una República unitaria. De este modo mostraba su rechazo al proyecto constitucional¹³.

Castelar incluso despreció la posibilidad de discutir su proyecto constitucional en las sesiones de las tardes. En su discurso del 20 de agosto no recurrió a ninguna figura retórica, sino que se limitó a mostrar su enfado y su decepción. Se quejó de que en España no había paciencia ni reflexión y aseguró que se pretendía improvisar la aprobación de una Constitución cuando ningún grupo de la Cámara la quería discutir. Casalduero, de los intransigentes, dijo que ellos no la discutirían hasta que sus compañeros no pudieran ir a las Cortes, y tras ellos volvió al ideario federal pimargalliano: la federación no se hacía desde el Estado, sino que los cantones construían libremente la federación. Casalduero concluyó diciendo que era «preciso reconocer derecho al movimiento cantonal». Si los redactores del proyecto eran federales, debían «reconocer el derecho lógico de los cantones» y que no se «derramara sangre republicana», porque solo así estarían todos unidos para «dar la batalla a los carlistas».

El mal que hizo el federalismo de Pi y Margall para la estabilidad de la República fue inconmensurable, tanto como el que hicieron los que transmitieron ese ideal utópico, como Castelar, Figueras y Salmerón. Estos tres lo asumieron, no así el primero. Castelar, en aquella sesión parlamentaria, afirmó que no era posible aprobar una Constitución que estuviera respaldada solo por una fracción de un partido. No contar con el «antiguo Partido Progresista», el conservador y el radical debilitaba la autoridad del debate. Las Cortes, dijo, no podían entretenerse en discutir la Constitución cuando el sur y el este estaban entregados a la «demagogia roja» y el norte a la «demagogia blanca».

Castelar reconoció que él había detenido el debate sobre el proyecto constitucional, lo que explicaba la ausencia de proposiciones en el orden del día. Era necesario poner fin a la guerra, «porque mientras discutimos aquí sobre libertad y sobre federación, se muere la libertad y se muere la patria». Los republicanos se habían equivocado en las formas y en el fondo con su exclusivismo y su ansia revolucionaria. No habían conseguido, dijo, presentar la «República como una escuela de educación para el pueblo», sino todo lo contrario¹⁴.

El desorden invitaba a lo que Castelar llamó un «despotismo temporal», una dictadura comisaria que suspendiera garantías constitucionales y tuviera facultades extraordinarias para imponer el orden. Los conservadores no olvidaban que los radicales y los republicanos amenazaron a Amadeo I con una revolución antidinástica, si consentía en suspender los derechos «ilegislables» en 1872. Ahora eran los republicanos los que hacían de esa suspensión la condición de su existencia. La estrategia de la derecha republicana iba en este sentido: denunciar la torpeza de los intransigentes y de la izquierda en las Cortes, la de los cantonales y la de los de Pi y Margall, cuyo comportamiento obcecado y revolucionario impedía la República.

Castelar y Salmerón, todavía aliados, emprendieron varias tareas. En primer lugar, era preciso evidenciar que el republicanismo estaba dividido en dos partidos, con lo que podían culpar de todo a la izquierda. Esto permitiría a Castelar acercarse a los conservadores y a los radicales, e intentar convencer a la sociedad moderada de que la República no era un desorden, sino que el desorden eran los de Pi y Margall. Este plan implicaba afirmar que el proyecto constitucional no servía para la nueva situación, porque no se había tenido en cuenta a conservadores y radicales. Con todo fracasado —desde la unidad republicana hasta el proyecto constitucional—, solo quedaba salir con honra de la situación instaurando el orden, para lo cual había que suspender las Cortes y establecer el «despotismo temporal». El asunto que se planteaba era quién lo dirigiría.

AHORA, ESPARTERO PRESIDENTE

En los primeros cinco días de septiembre, cuando ya se sabía que Salmerón se iba a despedir, resurgió la candidatura de Espartero como presidente de la República. Se trataba de una muestra de debilidad del Partido Republicano y de la sensación de fracaso y desesperación que reinaba. A los dos días de proclamarse la República, Espartero envió una carta de apoyo. Ya lo había hecho con Fernando VII, Isabel II, la Revolución de 1868 y Amadeo de Saboya. Luego lo hizo también con Alfonso XII. En la misiva, de febrero de 1873, decía que su lema había sido siempre «cúmplase la voluntad nacional», que acataba la decisión de las Cortes y que agradecía los ofrecimientos que le habían llegado. Se refería a que siempre hubo revolucionarios —tanto monárquicos como republicanos— que desde 1868 pensaron en él como rey o presidente de la República. Los federales, incluso, no llegaron a rechazarlo como rey porque consideraban que era un hombre mayor, de 80 años, y sin descendencia, con lo que a su muerte podría proclamarse la República.

En marzo de 1873, la prensa lanzó la idea de que Espartero debía ser «generalísimo del ejército de la República» para enfrentarse a los carlistas¹⁵. Luego apareció otra: Espartero podía formar parte de un «triunvirato» de conciliación entre radicales y republicanos¹⁶. El diario La Igualdad decía al respecto que el viejo progresismo había sacado «su recurso de siempre: llamar al ilustre veterano», pero que «ahora, como en otras ocasiones, [Espartero] se negaría a dejar su retiro y vida de Cincinato»¹⁷. La Época elogió entonces a Espartero como el ejemplo de cómo se conseguía disciplinar a la tropa: «Fusiló a un coronel al frente de sus tropas, diezmó a los soldados, y la disciplina se restableció en poco tiempo»¹⁸.

En mayo comenzó a hablarse en serio de la posibilidad de que Espartero fuera designado general en jefe de los ejércitos. El encargado del ofrecimiento fue Nicolás Salmerón. La noticia trascendió y se organizó un buen debate¹⁹. Esta opción llegó incluso a Londres: «La noticia dada por algunos periódicos españoles de que se pensaba en el general Espartero para la Presidencia de la República ha producido aquí buena impresión en los círculos políticos», decía el despacho telegráfico publicado por La Época y La Discusión²⁰.

Salmerón, como ministro de Gracia y Justicia, visitó a Espartero en mayo de 1873. Había viajado al norte para entrevistarse con Nouvilas, ministro de la Guerra, ya que sus planes contra los carlistas estaban fracasando. De vuelta paró en Logroño para hablar con Espartero «por encargo expreso del Gobierno»²¹, aunque no está claro que así fuera, sino que pareció una invitación de los duques de la Victoria cuando Salmerón llegó a esa ciudad²². Lo que trascendió de aquella entrevista no es nada especialmente relevante: Espartero dijo que los liberales debían estar unidos y que había que tomar medidas enérgicas contra los carlistas²³. Un clásico de Espartero: no involucrarse en nada y parecer partidario de todos.

El Diario Español, conservador, publicó un artículo de fondo el 17 de julio, diciendo que la «solución» era nombrar presidente de la República a Espartero:

El Ejército no lo ha olvidado y lo respeta; para los liberales no puede ser sospechoso; los progresistas no lo rechazarían porque fue su jefe; los republicanos no le negarían su afecto; los intransigentes no le combatirían porque hasta el mismo general Contreras le votó para jefe del Estado, y los conservadores le recibirían como una esperanza de orden y gobierno²⁴.

Las consecuencias fueron inmediatas. La prensa reprodujo una proposición firmada por el diputado Muro —del centro reformista de Orense—, por González Alegre y otros para que Espartero fuera declarado presidente de la República y general en jefe de los ejércitos hasta la reunión de las Constituyentes²⁵. La propuesta no se llegó a presentar ni a discutir —no hay constancia de debate en el Diario de Sesiones ni lo recoge Morayta—, pero los firmantes filtraron el texto a la prensa y comenzaron a pedir firmas, tal y como contó el diputado Zabala el 2 de septiembre, que acabó su discurso diciendo: «¡Viva la República federal y viva el duque de la Victoria!»²⁶.

La Época explicó: «No sabemos cómo no llegó a presentarse [la proposición de Espartero]. Quizá dentro de breves días sea ocasión de apoyar este pensamiento». La Iberia dio la noticia de que dicho escrito quedó sobre la Mesa de las Cortes, mientras el periódico federal La Igualdad, opinaba que el cargo de presidente y el de general en jefe no eran compatibles, y que prefería que fuera elegido por el pueblo, no por la Asamblea²⁷, lo que venía a demostrar que una parte del republicanismo rechazaba a Espartero. Es probable que la propuesta no se presentara porque el mismo día se anunció el Gobierno de Salmerón, y una proposición de ese tipo cuestionaba la autoridad el Ejecutivo recién elegido.

El 20 de agosto, un grupo de diputados, entre los que descollaba Sorní, se reunió para hablar de la candidatura de Espartero. Este «grupo esparterista» dirigió una carta al resto de los diputados para que los apoyaran²⁸, pero no sirvió de nada. La Iberia, el periódico progresista por excelencia, dijo que era imposible mientras se insistiera en La Federal.

A principios de septiembre, el día 4, hubo una reunión de esparteristas, a iniciativa de Alfaro y presidida por el republicano Sorní, en la que insistieron en la campaña hasta el punto de poner en las paradas de Madrid unos carteles pidiendo que Espartero fuera presidente porque representaba «la libertad, el crédito y el trabajo»²⁹. La desesperación era tal que propusieron al viejo general como «generalísimo de las tropas, presidente de la República y árbitro para formar Ministerio»³⁰.

No era la primera vez. Entre los liberales existía la costumbre de acordarse de Espartero cada vez que las cosas iban mal y esperar un gesto por su parte. El general se había convertido en un mito gracias a su popularidad, y todos los nuevos Gobiernos buscaron su beneplácito. También lo hizo Alfonso XII. Sánchez Bregua, general al mando del Ejército del Norte, fue a visitarlo a Logroño el 3 de septiembre de 1873 para sondear la opinión del que muchos llamaban «el Pacificador», y eso que Castelar había ofrecido a Sánchez Bregua el Ministerio de la Guerra, cargo que aceptó el día 9 de ese mes. La Independencia Española, periódico entregado a la causa esparterista, lo defendía como solución de la República frente al carlismo y como único modo de disciplinar al Ejército. «Los que creen que ha muerto para la política y para la patria el Cincinato español, se equivocan», podía leerse³¹.

La reunión del grupo de diputados esparteristas fue anterior a la del grupo de la mayoría. El tema: el cambio en el Ejecutivo. La propuesta de elegir a Espartero coincidió con la crisis del Gobierno de Salmerón, por lo que de nuevo se barajaban otros nombres. Entre las propuestas se habló de un directorio «tal y como estaba constituido [el partido] en los días de oposición», lo que implicaba que otra vez se confundía el Estado con el partido. También salieron los nombres de Espartero y Castelar³². No fue casualidad que en el Teatro Capellanes de Madrid se estrenara por aquellos días una pieza teatral titulada El pueblo llama a Espartero, seguida de otra llamada Cúmplase la voluntad nacional, que era uno de sus lemas.

La noticia de que Espartero podía ser presidente de la República llegó a Londres, y el Manchester Guardian envió a un periodista para entrevistar al duque de la Victoria en agosto de 1873³³. A la pregunta de si la República era posible en España, Espartero contestó que sí, si la «nobleza y las clases adineradas» se convertían en «absentistas» y se iban al «exilio perpetuo». A esta salida de tono añadió otra: era imprescindible que los intransigentes se ahogaran «en su propia sangre». De no ser así, España se dividiría en «pequeños municipios que se comerían entre sí» y acabarían dominados por el «primer aventurero» que tuviera un «ejército homogéneo». El Ejército estaba disuelto y las tropas eran desobedientes. Los voluntarios federales, por otro lado, eran propietarios alistados para defender su propiedad, o actuaban de forma «canalla» para el «saqueo» o por las «raciones y pesetas diarias».

Por tanto, España solo podía ser gobernada «con la vara». El príncipe Alfonso era la mejor solución, pero no podía decir más, ya que «no puedo traicionar las confidencias depositadas en mí». En octubre, La Época reproducía una conversación del corresponsal del Herald con Espartero, que aseguraba que «España no está madura para la república» y que necesitaba un rey español, de «sangre real», y que el «único príncipe que no tiene compromisos con los ultra-conservadores es el de Asturias». Por eso, concluía, España «lo mira como su salvador». Un plebiscito arreglaría «la cuestión» y las elecciones a Cortes irían mostrando que el partido alfonsino era cada vez más numeroso. España debía pasar por una monarquía constitucional antes de ser república, «si es que llegamos», aunque, confesó, «yo creo que nos detendremos en la monarquía constitucional», porque el carácter español era demasiado «fogoso» para la república y ofrecía un «campo muy ancho a las ambiciones personales»³⁴.

Espartero, como tantos otros de la clase política y militar, consideraba que el orden era la prioridad. Por ello se hizo pública la carta que escribió a Castelar, en respuesta a la que recibió con motivo del aniversario de la batalla de Luchana. En ella se leía:

Continúe usted por la senda que se ha trazado para hermanar el orden con la libertad, y no dude de que alcanzará el aplauso de los buenos y que la Historia le hará justicia. Así y solo así podrá ver realizado su ideal. Así y solo así podrá contribuir al triunfo de la libertad y a hacer la felicidad de nuestra hoy tan desdichada patria³⁵.

La carta fue acogida con entusiasmo por los antiguos radicales, entonces llamados «republicano-democráticos». Martos había vuelto a Madrid en septiembre, tras la elección de Castelar como presidente de la República, para impulsar su partido. En la reunión de los radicales del 28 de diciembre, dijo que la carta de Espartero demostraba la preocupación por la «creciente marea de demagogia» y la guerra carlista. Esto exigía el «esfuerzo aunado» de todos los que habían hecho la Revolución de 1868, si es que querían conservar sus conquistas³⁶. No quedaban muchas oportunidades. Una de ellas era el Gobierno de Castelar, como veremos a continuación, que empezó a sonar para presidir el Gobierno en cuanto Salmerón dio los primeros traspiés y generó la decepción general.

NO SOLO FUE POR LA PENA DE MUERTE

El republicanismo siempre había sido contrario a la pena de muerte para todo tipo de delitos. Así lo votó en las Constituyentes de 1869 e insistió en ello durante el reinado de Amadeo. En aquellas ocasiones se trataba de salvar la vida de los republicanos sublevados contra la monarquía, pero en plena República, con los federales guerreando entre sí, el tema era bastante más complicado. Distinguían entre delitos comunes —como el parricidio— y delitos políticos, que eran contemplados en las Ordenanzas Militares y estaban relacionados con la desobediencia. Esto último creó el punto de discordia.

El castigo para los asesinos apenas fue discutido, al contrario de lo que sucedió con los relativos a la sublevación de los militares, pues estaba en juego la concepción del derecho de insurrección. Los republicanos, como otros muchos antes, consideraban que ese derecho solo era válido contra el sistema político del partido contrario, pero inaceptable si se ejercía contra el propio. Esto significaba que había dos opiniones: los que pensaban que levantarse contra la legalidad republicana no debía ser castigado por la ley, si el delito lo cometían republicanos —como dijo el ministro Sunyer i Capdevila en las Cortes—, y los que defendían que todos eran iguales ante la ley y que las ordenanzas había que cumplirlas para asentar la República. La paradoja consistía en que la conservación del sistema republicano se basaba en la negación de uno de sus principios: la abolición de la pena de muerte. Las cifras —recogidas por Manuel Torres Campos— tampoco eran de espanto. En 1873 hubo 20 condenas, 17 indultos y tres ejecuciones. Nicolás Salmerón, como ministro de Justicia, firmó nueve condenas y nueve indultos; es decir, aplicó el derecho de gracia para los sentenciados³⁷. Recordemos que luego consideró que esas decisiones habían propagado la idea de la impunidad.

La sucesión de acontecimientos es ciertamente sorprendente. El Gobierno de Salmerón presentó el 21 de julio un proyecto de ley dirigido a suprimir la gracia de indulto para los delitos comunes, porque se había convertido en una «dispensa de ley». Con la propuesta de su Gobierno, aprobada el 9 de agosto, se acabó la gracia de indulto para los delitos comunes, aunque se añadía que los sentenciados a muerte podrían ser indultados por una ley que debía elaborarse —lo que entraba en conflicto con las Ordenanzas Militares—, porque entonces solo serían ajusticiados los militares sublevados. Mientras tanto, una comisión parlamentaria decidiría sobre dichas sentencias, atendiendo a los expedientes del Ministerio de Gracia y Justicia.

Al mismo tiempo —y he aquí otro hecho sorprendente—, mientras se elaboraba y aprobaba la ley de indultos, las Cortes podían conceder amnistías generales «por delitos políticos»³⁸. Esto podría animar a los cantonales a sublevarse, a ejercer el «derecho de insurrección», teniendo en cuenta que luego habría una amnistía que los libraría. Así sucedió el 14 de febrero, cuando se promulgó una amnistía para los que habían formado «Juntas revolucionarias» el día 11, algo sorprendente si tenemos en cuenta que el 21 de julio aún estaban en armas los cantones andaluces y levantinos. La única explicación que encontramos es que Salmerón pensara en la amnistía como una forma de animar a los sublevados a deponer las armas porque nada les pasaría. Dicho de otro modo: al tiempo que Salmerón pedía a Pavía y Martínez Campos la mayor contundencia con los cantonales, en las Cortes se anunciaba la posibilidad de una amnistía para esos mismos cantonales.

El caso es que cuando José María Orense propuso el 30 de agosto una amnistía para los cantonales que habían cometido delitos políticos, alegando que ayudaría a que Cartagena se rindiera, Salmerón tomó la palabra muy airado para decir que las ideas de Orense eran «tan raras y tan singulares» que no podían tomarse en serio, porque proponía que «gobernar no es más que transigir». No daría una amnistía a «rebeldes y torpes criminales» que se habían levantado en armas contra la legalidad republicana, porque su fin como gobernante era «imponer a todos el imperio de la ley». El Gobierno, añadió, estaba para «dignificar y moralizar este país, profundamente perturbado, donde no hay disciplina legal y donde faltan virtudes morales», y eso solo se conseguía haciendo que «no haya otro imperio ni más poder que el de la ley». El que cometiera «cualquier género de delito» —se entendió que también político— sufriría una pena, eso sí, dentro de los «principios fundamentales que en materia de Derecho penal ha profesado siempre la democracia».

Esto significaba que no estaba dispuesto a aplicar una norma, como las Ordenanzas Militares, que fuera contraria a los principios humanitarios de la democracia, es decir, al krausismo. Salmerón consideraba erróneo pensar que los delitos políticos no eran igual de graves que los comunes. Defender que no eran actos egoístas, sino nobles y generosos, era no hacerse cargo del «profundo egoísmo» que suponía atacar los intereses sociales y públicos. No había diferencia, como tampoco justificación, porque existían libertades para expresar opiniones y hacerlas prevalecer por el voto. La insurrección cantonal había herido en el «corazón a la República», dado alas a los carlistas y facilitado el «vacío al que nos quieren condenar las clases conservadoras». No se podía amnistiar, concluyó, a los que «han sembrado el espanto y la desolación en nuestras costas».

La agresividad de Salmerón era consecuencia de que el asunto de la pena de muerte le estaba debilitando, y así lo entendía la izquierda. Sorprende que, cuando en su discurso de investidura adoptó como lema «el imperio de la ley», no pensara en el cumplimiento de las Ordenanzas Militares. Si lo hizo, no se entiende que no propusiera de forma inmediata, el mismo 21 de julio, cambiar dicho reglamento, lo que habría dado coherencia y fortaleza a su Gobierno.

La izquierda sabía cuál era su punto débil. Navarrete, diputado intransigente, presentó una proposición el 26 de julio para que, mientras no hubiese ley de abolición de la pena de muerte, no se aplicase a ninguna clase de delitos. Aprobar dicha medida era lo mismo que alentar a los delincuentes y revolucionarios con la promesa de que no se les aplicaría la ley. Es más; aquella proposición predisponía la legislación sobre la pena de muerte. Una vez aprobada, las Cortes no podían desdecirse y legislar en sentido contrario. El Gobierno de Salmerón manifestó a través de Moreno Rodríguez, ministro de Gracia y Justicia, que era mejor retirar dicha proposición y que se aplicara la ley que existía; esto es, las Ordenanzas que permitían sentencias de muerte. Moreno Rodríguez apuntó, además, que la proposición del diputado intransigente tenía el objetivo de acusar a los ministros de «traidores a los principios republicanos.

La reorganización del Ejército era la siguiente misión del Gobierno de Salmerón tras acabar con los cantones y, como ya se ha dicho, dicha reorganización pasaba por las Ordenanzas. Por esto, ante la inacción del Ejecutivo, Martínez Pacheco, un diputado de la derecha, defendió el 19 de agosto una proposición sobre el reglamento militar. La iniciativa tenía que haber partido del Gobierno, si es que Salmerón tenía un plan para solucionar la cuestión más grave puesta sobre la mesa, pero no fue así. No había alternativa. El diputado propuso que las ofensas religiosas y los robos en Iglesias cometidos por soldados fueran juzgados por la legislación general, no por la militar. A esto añadió que la pena de muerte contemplada en los artículos 7 a 15 del Tratado VIII de las Ordenanzas, referidas a la desobediencia, fueran conmutadas por cadena perpetua. La proposición fue aprobada por las Cortes y pasó a la Comisión de Guerra, cuyo dictamen, el 2 de septiembre, fue positivo³⁹. Como resultado, las Cortes se comprometían a elaborar otro reglamento y, mientras tanto, las penas de muerte por desobediencia eran sustituidas por cadena perpetua. Es decir, la pena de muerte no quedó abolida ni restablecida, sino sustituida hasta nueva legislación.

Este hecho creó una situación muy complicada para Salmerón, porque la derecha había demostrado en las Cortes que estaba contra su decisión, lo que podría dar lugar a una moción de censura. No solo le chantajeaba el centro reformista, sino que estaba demostrado que había perdido la confianza de la mayoría de la derecha republicana. Salmerón quedaba retratado como un gobernante débil y sin criterio por no tomar las decisiones que demandaba la opinión pública, el Ejército y la mayoría de diputados que lo sustentaba.

Salmerón se quedó paralizado por su conciencia. Tampoco ayudó su círculo krausista de consejeros, que le animaban a no manchar sus principios ni alterar su filosofía por la acción de gobierno. Podría haber tomado la iniciativa, proponer una legislación o un cambio, pero no lo hizo. Guardó silencio a pesar de tener tiempo. De hecho, la propuesta de Martínez Pacheco siguió su largo trámite parlamentario. El dictamen de la Comisión de Guerra no se discutió hasta el 15 de septiembre, ya con Castelar en el Gobierno. La izquierda presentó entonces dos votos particulares: uno, del diputado Navarrete para la abolición de la pena de muerte en las Ordenanzas Militares, y otro de Olave, desestimando el dictamen de la Comisión de Guerra. Ambas fueron rechazadas por un margen muy estrecho: 89 a 85 y 88 a 85, respectivamente. En realidad, la derecha republicana ganó las votaciones porque los monárquicos votaron con ellos y los cantonales no estaban presentes.

Antes de aquello, en sus últimos días de Presidencia, Salmerón no hizo ninguna manifestación pública para aclarar su opinión al respecto, lo que le habría conferido autoridad y poder poner en marcha la elaboración de esa legislación abolicionista. Sin embargo, preso de su krausismo, consideraba que las penas solo tenían sentido si redimían al delincuente, y la cadena perpetua no servía para ello. Salmerón quería que se aplicase la pena de muerte para disciplinar al Ejército, pero no quería hacerlo él personalmente. Tampoco quería la cadena perpetua, porque no redimía al delincuente, sino que solo lo apartaba de la sociedad. Estaba sometido a un bloqueo completo: ni pena de muerte ni cadena perpetua. La separación de Salmerón respecto a la mayoría de la derecha era cada vez más evidente. Las prisas de la derecha republicana por instaurar el orden eran manifiestas y la situación con Salmerón era insostenible.

EL FINAL DE SALMERÓN

La cuesta abajo de Salmerón se inició a mediados de agosto con la cuestión de la restauración del Cuerpo de Artillería, la élite del Ejército imprescindible en la guerra carlista y cantonal. La reforma emprendida por el Gobierno radical de Ruiz Zorrilla había permitido que se hicieran con ese cuerpo unos suboficiales republicanos que desde febrero de 1873 protagonizaron episodios de desobediencia. El ministro de la Guerra quiso restaurar el cuerpo con la oficialidad retirada por Ruiz Zorrilla, pero dicha reorganización pasaba por la vuelta de militares considerados poco afectos a la República, por lo que se temía un choque con las tropas y otros oficiales. Esta cuestión disciplinaria solo se salvaba con las Ordenanzas Militares, y las discrepancias en este sentido fueron evidentes: Salmerón quería la restauración del cuerpo sin ordenanzas, y para la mayoría de la derecha esa solución era imposible.

A esto se unió el grave suceso del 1 de septiembre, cuando Hidalgo, capitán general de Madrid, convocó a más de 80 jefes y oficiales para enviarlos al Ejército de Cataluña. El objetivo era reemplazar a la oficialidad de los batallones de Béjar y Tarifa, que se hallaban en completo estado de indisciplina. Los oficiales se negaron, alegando que no irían hasta que el Gobierno restableciera las Ordenanzas Militares, porque sin ella carecían de autoridad. Hubo un enfrentamiento e Hidalgo ordenó la prisión de uno de ellos, el teniente Rómulo Villamazares, con quien se solidarizaron casi todos sus compañeros. González Íscar, ministro de la Guerra, a quien Pi y Margall y los suyos habían acusado falsamente de alfonsino, reunió a los militares díscolos y los amonestó severamente: les habló de obediencia al Gobierno de la República, les amenazó con enviarlos a Cataluña con tropas de la Guardia Civil por su seguridad y, si aun así se negaban, «fusilaría a seis oficiales en el patio del Ministerio». Los militares respondieron que solo deseaban que se cumpliera la ordenanza.

El ministro nada pudo hacer salvo mandar que se retirasen a sus casas. El suceso dio lugar a una protesta de los oficiales ofendidos por Hidalgo —los llamó «cobardes, malos oficiales, indignos del uniforme»—, a la que se sumaron 500 jefes y oficiales de todas las armas del Ejército. Unos días después, el 4 de septiembre, se reunieron los oficiales en los salones de Capellanes, en Madrid, bajo la dirección del general Bassols —estas reuniones estaban prohibidas desde los tiempos de la presidencia de Prim—, y acordaron ir en comisión para decirle a Salmerón que si no se restablecía el reglamento en toda su pureza, no había Ejército posible⁴⁰. Así lo hicieron el 5 de septiembre. La comisión se presentó en las Cortes, ante la protesta de los diputados del centro y de los intransigentes, y se entrevistaron con Salmerón, quien les pidió que se atuvieran a lo aprobado por la Asamblea⁴¹.

Las negativas a batirse, como ocurrió con los lanceros en Villaviciosa, que permitió la victoria de los carlistas en Eraul, así como que las tropas de Vizcaya no siguieran al general Lagunero, eran el resultado de la falta de disciplina. Hasta seis regimientos no obedecían a sus jefes: Extremadura, Saboya, San Fernando, Navarra, Málaga y América. Otros dos batallones, Alcolea y Las Navas, adoptaron la misma posición. A esto se sumaba la situación del Cuerpo de Artillería, que era imprescindible y que, como ya vimos, había sido minado por el Gobierno de Ruiz Zorrilla, el último del reinado de Amadeo de Saboya. Todavía se recordaba el asesinato del coronel Martínez Llagostera a manos de sus soldados el día 11 de junio. Salmerón y el ministro González Íscar coincidieron en que era preciso que los antiguos oficiales volvieran al Cuerpo de Artillería, pero estos se negaron si no se restablecían las Ordenanzas Militares que permitían castigar la desobediencia.

Si no se reforzaba el Ejército, todo lo demás era inútil, y esta situación terminó dividiendo al Gobierno. No era un secreto para nadie, como dijo en las Cortes el diputado Corchado, de la derecha, que el Gobierno estaba roto y no funcionaba⁴². La incapacidad de Salmerón para afrontar la necesidad de fortalecer el Ejército fue la razón de la crisis de Gobierno. Sin ordenanzas no había disciplina, sin ella no era eficaz el Ejército y sin este no se podría acabar con las guerras. No podía ser que en un sistema que prometía la armonía y la paz universales reinara el desorden y la sangre como nunca antes desde que acabó la primera guerra carlista. Sin una política audaz para restaurar el orden, la derecha de Castelar veía que la República nunca sería aceptada por las clases conservadoras y medias. Esto causó una importante división en el Gobierno, que quedó paralizado. La crisis fue muy larga y cada día la indisciplina era mayor y la ineficacia del Ejército continuó. Ambos factores iban en detrimento de la República.

La reunión de la mañana del Consejo de Ministros del 2 de septiembre fue el detonante. González Íscar quiso que se sostuviera a Hidalgo como capitán general de Madrid —tras el incidente con los oficiales— y pidió que se aplicaran las ordenanzas. Se trataba de una medida salomónica. Los ministros Castelar, González Íscar, Oreiro, Carvajal y Maisonnave defendieron la pena de muerte; Salmerón, Moreno Rodríguez, Palanca y Fernando González se manifestaron en contra. La discusión fue tan acalorada que la dejaron en suspenso hasta después de comer. Esto dejó en una situación bastante delicada a González Íscar⁴³. Un sinsentido que no satisfizo a nadie.

En la noche del 2 de septiembre se reunieron 42 diputados de la derecha (aunque se llamó a 60) liderados por Antonio Orense. Se declararon partidarios del cumplimiento del reglamento militar en la forma que determinaba la proposición de Martínez Pacheco: el compromiso para elaborar uno nuevo y, mientras tanto, la sustitución de las penas de muerte por desobediencia por las de cadena perpetua.

Salmerón declaró a la comisión que no apoyaba la pena de muerte ni los indultos —porque harían ilusorio el cumplimiento de la ley—, pero que tampoco le gustaba la cadena perpetua. Dijo que «deseaba que se provocara una crisis con este motivo para no ser responsable ante su conciencia, ni ante la opinión, de las consecuencias que puedan sobrevenir»⁴⁴. Morayta, presente en aquellas Cortes, escribió que, desde el principio de su mandato, Salmerón se limitó a delegar las sentencias de muerte a una comisión parlamentaria. El presidente se «rendía ante las necesidades del Gobierno, pero siempre que fueran de otros y no suyas las responsabilidades»⁴⁵. Pi y Margall opinaba lo mismo: Salmerón quiso «cubrir por lo menos las apariencias» y se prestó a que fuera dicha comisión la que dictara las penas de muerte, pero «la fórmula no pareció aceptable». Unos diputados constituyentes no estaban para dictar sentencias de muerte.

Antes de su renuncia, Castelar y Salmerón hablaron sobre la cuestión, con más o menos este diálogo, contado por el primero de ellos en una sesión de las Cortes de 1889:

—Pero vamos a ver, usted, amigo mío, ¿es o no el poder ejecutivo?

—Lo soy, ciertamente.

—Pues usted ¿qué tiene que hacer sino ejecutar las leyes?

—Sí, pero repugna esa pena de muerte a mi conciencia; y además he dicho en mi cátedra que no debe admitirse.

—Quédese usted —le dije—, y aplique la pena de muerte; porque solamente con que usted anuncie que la va a aplicar, no tendrá necesidad alguna de aplicarla⁴⁶.

En 1889, Castelar recordó que eso fue lo que pasó: el anuncio bastó para imponer la disciplina, aunque hubo que ejecutar dos sentencias de muerte entre septiembre de 1873 y enero de 1874. Sin solución, Castelar reunió a la mayoría en el Senado y pidió a Salmerón que recapacitara. La crisis era inoportuna y había que resolverla pronto. Salmerón acudió otra vez a su grupo consultivo, compuesto por krausistas —para Morayta, masón, «constituían una manera de logia masónica»—, que al «vivir la vida especulativa» desconocía la realidad. El consejo de sus amigos fue claro: Salmerón debía presentar su dimisión antes de que se aprobara el dictamen de la Comisión de Guerra sobre la reposición de las Ordenanzas Militares, en las que se conmutaba la pena de muerte por la de cadena perpetua. No debía involucrarse ni en las sentencias de muerte —contrarias a sus principios— ni en los indultos, lo que sin duda era poco político⁴⁷. Según Pi y Margall, Salmerón consultó a sus «correligionarios en filosofía, discípulos todos como él del krausista señor Sanz del Río», que formaban «una a modo de apiñada y entusiasta secta». Le aconsejaron que «no cediera»⁴⁸. Salmerón les hizo caso y el 5 de septiembre presentó su dimisión.

No creyéndome en las graves circunstancias presentes, con la representación adecuada las imperiosas exigencias de la opinión pública para salvar la situación que el país atraviesa, cumplo el deber de resignar ante las Cortes Constituyentes el cargo de Presidente del Poder Ejecutivo que se designaron conferirme en 18 de julio último.

Salmerón no se veía a sí mismo como representante de la opinión pública, ni de la mayoría que lo sustentaba, ni de los militares. Prefirió su conciencia a su deber como presidente de la República y dimitió. No hizo nada para impedir la muerte de los sentenciados y nunca dijo nada al respecto. Castelar asumió la Presidencia con un programa concreto, que presentó a la mayoría en reunión secreta, como veremos en la siguiente parte del libro.

Aun así, la crisis del Gobierno de Salmerón fue la más discreta de toda la República. La sesión del 5 de septiembre se inició con una pregunta de Armentia, diputado intransigente, que quería saber por qué «se ha puesto sobre las armas hace algunas horas a la guarnición de Madrid, colocando alguna fuerza del Ejército, incluso dos escuadrones, cerca de la fuente de Cibeles». Castelar contestó que no sabía nada, pero no era cierto. Los anteriores cambios de Gobierno sufrieron el acoso callejero, desde febrero, con el cerco al Palacio del Congreso y bullanga de los milicianos federales. Por eso se tomaron precauciones, porque sonaba la posibilidad de un Gobierno presidido por Pi y Margall y con diputados del centro y de la izquierda. Cabía la posibilidad de que Castelar no sucediera a Salmerón en la Presidencia si perdía la votación parlamentaria, y si la ganaba, podría producirse un alzamiento federal. De hecho, algo así fue lo que ocurrió en la madrugada del 2 al 3 de enero de 1874. La izquierda presentó una moción para que el Gobierno diera explicaciones de la crisis, pero aún era pronto y la mayoría la rechazó. El día señalado fue el 6 de septiembre, cuando tuvo lugar una de las sesiones más importantes de aquellas Cortes, con discursos memorables.

La sesión comenzó con una intervención de Casalduero, portavoz intransigente, preguntando por la dimisión de Salmerón, presentada el día anterior. Luego acusó a Salmerón de irresponsable por echar la «grave responsabilidad» de los indultos a las sentencias de muerte a una comisión parlamentaria. Salmerón «debía tener bastante valor para aplicar esas penas por sí mismo y no necesitar echar sobre la Cámara ese peso», dijo José María Orense, en un discurso desordenado y faltón, como todos los suyos. Le acusaba de haber mentido y de que un «ministro que no acaba las cosas es un mal español». Terminó diciendo que la izquierda debía formar una «República-verdad».

Pi y Margall obvió el motivo de la sesión y aprovechó para reivindicar su Gobierno y explicar su intención política. Abandonaba el pactismo de abajo arriba, dijo, porque los acontecimientos depararon una República sin necesidad de revolución. Antes de 1873 había dicho que pensar que la República podía salir de otro sitio que no fuera las bayonetas era un delirio, pero esta había llegado de una «manera legal y pacífica», y tuvo que aceptarlo. Esto servía para responder a la acusación de inconsecuente y traidor que le hacían desde el 23 de abril, cuando dio el golpe de Estado y encabezó una dictadura que algunos pretendieron revolucionaria. Se defendió también de las acusaciones de haber alentado el levantamiento cantonal a causa de su inactividad, a excepción de la «guerra telegráfica». Si no hubieran funcionado «los medios persuasivos y amistosos», habría utilizado la fuerza. Acusó a los cantonales del auge del carlismo, pero censuró que Salmerón los declarase «piratas», porque eso había permitido la intervención extranjera. Tampoco habría bombardeado Valencia, como hizo Salmerón.

Apuntó su estrategia política: el Partido Republicano debía estar unido para ser hegemónico frente a los otros y conservar así el poder. Los conservadores y los radicales solo podrían entrar en la República cuando estuviera constituida y acabó acercando su postura a la de los cantonales, diciendo que el Ejército debía retirarse de las ciudades, de todas, dejar el orden a los milicianos e ir a combatir a los carlistas. En realidad, esto mismo había provocado el alzamiento cantonal: la ausencia del Ejército y la formación de Comités de Salud Pública por parte de los voluntarios de la República. Sin embargo, Pi y Margall quiso volver esta situación contra Salmerón y la derecha republicana, diciendo que desconfiaban «de las masas populares, como más de una vez habéis demostrado, y sin tener confianza en las masas populares es imposible que podáis hacer frente a los carlistas». Estas palabras enfadaron mucho a Salmerón, sobre todo teniendo en cuenta que se habían proclamado dos decenas de cantones, algunas ciudades tan decisivas como Valencia, Cartagena, Málaga, Granada, Murcia, Sevilla y Cádiz, de donde la mayor parte de la población huyó y en las que se tuvo que entrar a sangre y fuego.

A partir de ahí, la sesión se convirtió en una censura a Pi y Margall. Maisonnave, de la derecha, dijo que el Partido Republicano siempre había estado dividido, desde la década de 1860, salvo paréntesis, y que pretender otra cosa era engañarse. Era una alusión al socialismo y al proudhonismo que alimentaba el republicanismo de Pi y Margall, frente al democratismo liberal, también krausista, de otra parte de los republicanos. La acción de gobierno de Pi y Margall había sido un fracaso, sobre todo cuando nombró a unos gobernadores civiles que ayudaron a los cantonales o huyeron, como el de Alicante. Maisonnave contestó que si se refería a las «masas populares» que incendiaron Sevilla, o a los asesinos de Alcoy y Valencia, pues sí, dijo, se encontraban muy separados de esos «criminales». Todas las ciudades alteradas por esas «masas» estaban ahora «tranquilas», dijo. En Valencia solo había 140 guardias civiles, a pesar de lo cual «no hay temor alguno». Lo mismo ocurría en Cádiz y Sevilla, porque la opinión pública y las «masas populares» deseaban un Gobierno de orden.

Ríos Rosas, en uno de sus últimos grandes discursos, dijo que si Pi y Margall tenía el monopolio del telégrafo —como confesó, porque no se fiaba del ministro de la Guerra— suya era la culpa de la descoordinación en Alcoy. Al no reconocer ningún error, Pi se presentaba como víctima del destino, cuando en realidad, dijo Ríos Rosas, había «gobernado pésimamente». Era inaudito, añadió, un Gobierno que no se defendía de los que se levantaban en armas contra él. «¿Es así como su señoría comprende los deberes de un ministro? ¿Es así como comprende los deberes de un Gobierno?». El final fue lapidario:

Su responsabilidad consiste en no haber impedido nada, en no haber luchado nada, con nadie, en ninguna parte, y no haber prevenido, ni combatido, ni sofocado ninguna insurrección.

La respuesta de Pi, que no acudía a las Cortes desde el 19 de julio, lo dejó en evidencia: los cantonales no eran como los pintaban, porque su primera acción había sido establecer «un poder ejecutivo de la nación española, han trabajado por la unidad de la patria como nosotros mismos». Prefumo, de la derecha, le recordó entonces que supo con un día de antelación que se iba a producir el levantamiento en Cartagena y que no lo impidió.

Salmerón dedicó la primera y más importante parte de su discurso a atacar a Pi y Margall, que pretendía sustituir al Gobierno consiguiendo una nueva mayoría con el centro. Pi, dijo Salmerón, se presentaba como un hombre que no era de centro ni de izquierda, pero su pretensión era unir a esos dos grupos no para encauzar la República, sino para derribar la política que representaba la derecha. La formación de un Gobierno del centro y de la izquierda presidido por Pi y Margall, dijo, sería «volver atrás» y comprometería

… grandemente, no ya la suerte de las instituciones liberales y los intereses de la civilización moderna, sino lo que más afecta al espíritu de partido, la suerte, el porvenir y hasta la honra y la dignidad de la República y de los republicanos.

Lo cierto es que esto le daría igual a Salmerón el 2 de enero de 1874, cuando se decidió a apoyar un Gobierno de centro y de izquierda. Pero entonces, en septiembre de 1873, su enemistad con Castelar aún no se había puesto de manifiesto.

Pi y Margall, dijo Salmerón, era un dogmático bueno para la oposición, pero inútil para el Gobierno, donde no había que limitarse a «satisfacer su conciencia» y servir a una parcialidad, sino «servir a la nación, cuyos intereses y cuyas aspiraciones son harto más complejas que los mezquinos que suele con frecuencia encerrar en su dogma y contener en su organización un partido político». Pi y Margall, continuó, no podía «disipar en una hora su propaganda de años». Su política había sido un obstáculo para «la organización de la República», porque en el Gobierno vaciló entre establecer el orden o permitir «la convicción arraigada de toda su vida» del pacto federal «de abajo arriba». Pi, siguió Salmerón, tenía que haberse retirado de la política cuando vio que la República ordenaría la federación de otra forma, impuesta por la circunstancia histórica. En lugar de eso, pretendía atacar a la derecha uniendo a la izquierda y al centro con «la torpe, la grosera y la criminal aspiración de conquistar inmediatamente el poder». Quería el poder, dijo, solo por ambición o «despecho». Y concluyendo que, si su grupo llegaba al Gobierno, «os convertiréis en órganos de Satanás».

Tras un receso de diez minutos, pasada la una de la madrugada, Salmerón siguió con su ataque a Pi y Margall diciendo que la «constitución de un Gobierno con la representación de la izquierda y del centro» tampoco conseguiría «el reconocimiento de las naciones europeas». Solo la «política de la derecha» podía lograrlo, mostrando que las clases conservadoras nada debían temer de la República española. Era «mezquino» considerar que un régimen se fundaba solo en un acuerdo nacional, porque también debía ser internacional. Por esto, insistió, «todos los diputados del centro y de la izquierda» no ofrecerían la confianza y garantía que la derecha sí tenía.

Luego Salmerón pasó a defenderse del centro reformista, que le achacaba que se desentendiera de las reformas sociales. No era cierto, contestó, sino que había que ajustarse a los presupuestos sin olvidar «las exigencias de la seguridad del Estado, que se resumen en la cuestión del orden público». Esto significaba que el centro, al insistir en la necesidad de las reformas, estaba dispuesto a aliarse con Pi y Margall y la izquierda para formar un nuevo Gobierno. El centro creía que estableciendo reformas se impondría el orden, lo que a corto plazo era un dislate, porque, según ellos, la culpa de la violencia no la tenía el violento, sino el Gobierno por no establecer reformas.

Salmerón acabó diciendo que dimitía porque la mayoría, la derecha, impondría un Gobierno que respondería a las exigencias de la opinión pública y que actuaría con dureza para restablecer el orden. Confesó que estaba conforme con toda la política de la derecha salvo en un «punto concreto que por un doble deber de patriotismo y de conciencia» dejaba que el Gobierno resolviera. Por ello, concluyó, Castelar debía formar un Ejecutivo homogéneo, ya que su compañero sí respondía a la opinión pública del país, a la mayoría, a los deseos del Ejército y a las necesidades internacionales. Luego se votó. Castelar consiguió 133 votos, y Pi Margall, que votó en blanco, 67. Dos días después, el elegido presentó su programa de gobierno.

Repetimos que la negativa a firmar sentencias de muerte no fue lo único que decidió a Salmerón a irse. El asunto es mucho más complejo, y procede de las contradicciones de los republicanos entre sus teorías —como el krausismo— y la práctica de gobierno, así como la involucración de sus amigos federales en delitos políticos y la irresponsabilidad de los dirigentes de las distintas facciones republicanas.

Salmerón no aguantó el peso de la realidad. En dos meses de Gobierno tuvo sobre la mesa varios problemas que no supo o no quiso resolver. El primero fue la dependencia y el chantaje a los que le sometía el centro reformista, que exigía reformas sociales inmediatas o, de lo contrario, pactaría con Pi y Margall un Gobierno favorable al cantonalismo. Una prueba de ese chantaje fue la orden a Pavía de que no deshiciera el cantón de Málaga porque Palanca, ministro, amenazó a Salmerón con una crisis de Gobierno si lo hacía. El segundo problema fue la ruptura de la derecha por la reorganización del Ejército. Los republicanos de Castelar querían recuperar el Cuerpo de Artillería, básico para acabar con carlistas y cantonales, y hacer efectivo a un Ejército indisciplinado —a modo de inciso, recordemos que los carlistas y los cantonales habían propagado la indisciplina en el Ejército—. La reorganización militar pasaba por recuperar las ordenanzas, aunque contuvieran la pena de muerte. Salmerón, como ya se ha visto, no quiso saber nada de esto. Esta diferencia entre las dos derechas, la krausista y la pegada a la realidad, dividió al Gobierno y lo paralizó. Ante tal acumulación de problemas, Salmerón abandonó.

PARTE V

CASTELAR Y LA REPÚBLICA IMPOSIBLE

Durante toda la noche del 2 al 3 de enero de 1874, el embajador italiano en Madrid no dejó de enviar telegramas a su Gobierno. Al día siguiente resumió la información transmitida en un informe:

Poco después de la medianoche, el señor Castelar, viendo en la actitud de la Cámara la certeza de su derrota, advirtió secretamente al mariscal Serrano que ya no tenía ninguna posibilidad de salvar la situación, y los generales actuaron en consecuencia. Esta circunstancia, poco conocida y negada por algunos, me fue confirmada por el señor Layard¹.

Todo parece indicar que el 3 de enero, cuando todo estaba ya perdido, Castelar aprobó el golpe. El general Serrano se había comprometido a permitir la entrada de los republicanos conservadores en un Gobierno de coalición después de unos meses, los necesarios para que la imagen de Castelar no quedara perjudicada—uno de los condicionantes de la crisis de Gabinete de mayo de 1874, como se verá más adelante—. Fue durante aquel mes de enero cuando el general Zavala, presidente del Gobierno, se enteró de que Serrano, como anotó el historiador Antonio Pirala, «tenía contraído algún compromiso con el señor Castelar»².

Según esta versión, Castelar habría avisado a Serrano de que se formaría un Gobierno de centro y de izquierda permisivo con el cantonalismo y contrario a las Ordenanzas Militares, lo que suponía un paso atrás en el camino del orden emprendido desde el mes de julio. Maffei cuenta que el aviso no impidió que Castelar pronunciara el 3 de enero un discurso de protesta cuyo objetivo no era otro que salvar su imagen. Maffei apunta que Castelar, «acallando los escrúpulos de su conciencia», dejó actuar a Pavía cuando perdió toda esperanza de un acuerdo con Salmerón. Maffei lo sabía por Layard, el embajador británico, confidente de Serrano. Por ello, para no manchar su reputación y poder volver a la política conservando a sus seguidores republicanos, eludió el contacto con los golpistas y con los perdedores inmediatamente después del golpe. En realidad, Castelar vio en el pronunciamiento un instrumento para enderezar una situación que sus antiguos compañeros de partido habían echado a perder y pensó que el golpe de Pavía era mejor para la formación de un Gobierno de coalición nacional que un Ejecutivo favorable al cantonalismo.

El informe de Maffei se puede contrastar con la información que Layard transmitió a su Gobierno, información que explica muchas circunstancias. Sin duda, el aviso de Castelar a Serrano para que diera el golpe encaja con su desesperación por la vuelta al poder de la izquierda de Pi y Margall. También responde tanto a su defensa de la participación de líderes monárquicos para asentar la República como a su elogio del ejemplo francés. Francia, tantas veces citada por Castelar aquellos días, era el modelo: dos monárquicos de prestigio civil y militar que dirigieran la República, tal y como había ocurrido en el país vecino con Adolphe Thiers y el mariscal Mac Mahon. Para Castelar, esos dos españoles podían ser Ríos Rosas —aunque murió en noviembre de 1873— y el general Serrano, y, de hecho, defendió la idea del «septenado»; es decir, que el general ocupara la Presidencia de la República durante unos años para asentar el régimen y permitir que los partidos se reorganizaran. No fue una simple ocurrencia; la idea de una «República ordenada» como única fórmula «para fundar la libertad y la autoridad, para traer la democracia como queremos nosotros» es anterior a 1874. De hecho, en enero de 1872, Castelar escribió a Jacinto María Ruiz diciéndole que la democracia solo podía funcionar en España con «una República ordenada o una dinastía española»³.

De ser ciertos el informe de Maffei y la nota de Pirala, las decisiones de Castelar encaminadas a incorporar a los constitucionales —más que a los radicales— al régimen, su rechazo a la Constitución federal en la noche del 2 de enero, su propósito de construir un partido republicano conservador para participar en la política de 1874, su propuesta de plebiscito, sus aspiraciones con la crisis de mayo y su frustración con el giro monárquico en mayo y septiembre de ese año adquieren todo el sentido. Castelar era consciente de que su plan de incorporar a constitucionales en el Ejecutivo no era bien visto por Salmerón y que provocaría su voto en contra el 2 de enero. Por ello prefirió perder el Gobierno antes que ceder, porque sabía que se produciría un golpe que impediría el triunfo federal. El informe de Maffei también encajaría con la idea de que todo el mundo sabía —incluido Castelar— que se estaba preparando un pronunciamiento. De hecho, el 1 de enero, en una reunión con Pavía, este le advirtió de una más que posible rebelión del Ejército en caso de que perdiera la votación, lo mismo que dijo Layard a su Gobierno⁴.

Por otro lado, el informe de Maffei tiene sentido porque Serrano y Castelar estrecharon su relación entre septiembre de 1873 y enero de 1874, aunque su coincidencia en el deseo de implantar políticas de orden venía de marzo de 1873. Jacinto María Ruiz refiere una reunión en su casa entre Serrano y Castelar en la que el primero aconsejó que el Gobierno reconstruyera el Cuerpo de Artillería. Castelar estuvo de acuerdo, a pesar de que el ministro de la Guerra, Fernández de Córdova, se oponía, e hizo de esta cuestión —ya en el mes de marzo— «un arma de ataque contra los demagogos de su partido». Castelar coincidía con Serrano, escribió Ruiz, en que con los federales de Pi y Margall y Figueras «no es posible pensar en una República ordenada»⁵. Serrano regresó a Madrid desde el exilio en el mes de septiembre, en cuanto Castelar fue elegido presidente de la República, y desde entonces consultaba con Serrano la política militar y los nombramientos de generales.

Además, el aviso de Castelar a Serrano que refiere Maffei no es incompatible con el relato de Pavía, que actuó por su cuenta y que tenía sus propias vías de información en las Cortes. Mientras Pavía desplegaba tropas y avisaba a los líderes constitucionales y radicales para que estuvieran cerca, estos disponían de informadores en las Cortes, entre los que podría estar Castelar. Obviamente, los informantes de Pavía actuaron a la vez que los de Serrano.

El informe de Maffei encaja con el relato de Layard: Castelar le visitó el 27 de diciembre para comunicarle que no sabía si decidirse por los federales y seguir la legalidad, o por Serrano y coadyuvar a una República de orden⁶. No era una preocupación nueva. Martos, uno de los amigos de Castelar, escribió a Jacinto María Ruiz una carta, fechada a finales de 1873, en la que deja claro que Pi triunfaría «ayudado por Salmerón», refiriéndose a la reanudación de las sesiones de Cortes el 2 de enero de 1874. Contaba el radical que entonces habló con Castelar sobre la situación que se avecinaba y que tuvo la «evidencia de que tenía la voluntad y los medios de resolver la crisis a su manera si el centro y la izquierda ganaban la batalla». Martos le aconsejó retrasar unos meses la reunión de las Cortes para poner orden, como también le pidieron otros muchos dirigentes —incluso Pavía—. Sin embargo, Castelar no quería salirse de la ley. En definitiva, como señalaba Martos en la mencionada carta: «Créalo usted. Emilio no siente la idea federal; nadará entre dos aguas hasta que la corriente le arrastre»⁷.

Por tanto, parece lógico pensar que aquel día Castelar barajaba dos opciones favorables a sus intereses: seguir la legalidad o no. Finalmente, decidió en función de los acontecimientos, lo que era una manera de descargar responsabilidad. La vía legal era aceptable para él mientras supusiera la continuidad de un Gobierno republicano conservador con apoyo de Salmerón, pero no lo sería si lo que traía consigo era un Gobierno favorable a los cantonales. Dicho de otro modo: si seguir la vía legal suponía la destrucción de la República, solo quedaba aceptar el golpe de Estado para mantenerla. De alguna manera, el sentido patriótico y republicano de Castelar estuvo por encima del apoyo ciego a la legalidad, y la victoria de los partidarios de pactar con los cantonales no dejó más solución —desde su perspectiva— que un golpe de Estado para salvar la República, el orden y el país entero. Fue por este motivo por lo que avisó a Serrano para que se preparase. Por todo ello, la versión de Maffei, contrastada con los informes de Layard, la nota de Pirala, la carta de Martos y, como veremos, el informe de Vernouillet (embajador francés), es del todo plausible.

En efecto, el embajador francés informó a su Gobierno de que, desde septiembre de 1873, Castelar y Serrano se veían «dos veces por semana» y que lo seguían haciendo después del 3 de enero. Así, antes de la sesión del 2 de enero, Serrano había prometido a Castelar que mantendría y defendería la República «en caso de necesidad». Y Vernouillet remataba:

No es dudoso hoy día, si lo fue alguna vez, que el señor Castelar era consentidor de lo que debía pasar el 3 de enero, y [...] que el general Serrano estaba comprometido a conservar la forma republicana. Una dictadura septenal, más larga incluso si es posible, y apoyada por los republicanos moderados, tal es el único propósito del general⁸.

El resultado de todos estos datos es un cambio en el relato que dibuja a un Castelar —en la madrugada del 3 de enero— enfadado con su partido y con los golpistas. La indignación mostrada obedecería a su deseo de salvar su imagen, lo que da sentido al motivo que dio a Pavía para rechazar el Gobierno formado después del golpe: «No estaría bien visto que recuperase el poder por un golpe a la Asamblea», dijo. Esa puesta en escena le sirvió para no perder su reputación republicana y para construir el Partido Conservador que había anunciado en la sesión del 2 de enero. Pero no le funcionó. Los constitucionales de Sagasta no le quisieron en el Gobierno; la mayor parte de los republicanos le acusaban de haber dado poder militar a los conservadores —que acabaron dando el golpe—, y su imagen era la de un hombre que, estando en el Gobierno, había rectificado la utopía federal que años atrás predicó. A esto se sumaba otro elemento: si Castelar verdaderamente hubiera querido evitar el golpe, lo habría hecho, idea que, años después, comunicaría Andrés Borrego a Maisonnave, ministro de Castelar: nadie dudaba de que el Gobierno «hubiera podido evitar el acto de Pavía» si hubiera sido «menos escrupuloso» con «nimiedades legales», como el retraso en la convocatoria de las Cortes. Era mejor vulnerar una ley que permitir un golpe de Estado⁹.

De esta manera, el último presidente de 1873, como veremos en este capítulo, llevó a cabo una política dirigida a la integración de los constitucionales con el objetivo de afianzar una República de orden. Los sucesos en Francia, con una República levantada por monárquicos y republicanos moderados ante el vacío de poder, que acabó dando el poder —durante siete años— al general Mac Mahon, eran el modelo a seguir para Castelar. Esta solución —alejada de los federales— se vio reforzada con el comportamiento de Figueras y Pi y Margall, con el estallido del cantonalismo y, finalmente, con la decepción causada por Nicolás Salmerón, que se mostró inconsecuente e incapaz de instaurar el orden.

15

DE LA UTOPÍA A LA REALIDAD

EL REPUBLICANO PLATÓNICO

«Mi rompimiento con los antiguos jefes del republicanismo data de la terrible noche del 23 de abril [de 1873], en que todos, menos yo, votaron la disolución de la Comisión Permanente»¹. Esto escribió Emilio Castelar a Adolfo Casado en 1874. La distancia con sus compañeros de partido fue una constante desde febrero de 1873, ya que Castelar estaba convencido de que la República no podía ser obra de los federales, sino de todos los partidos liberales. En la práctica, esto suponía permitir la influencia y la presencia política tanto de conservadores como de radicales, al tiempo que revelaba sus suspicacias respecto a los federales, al pactismo pimargalliano, al acercamiento a la Internacional y a la tendencia a la violencia. En 1873, esta desconfianza significaba que la movilización de los más extremistas había sido utilizada para presionar e intimidar a los Gobiernos de Amadeo, a sabiendas del riesgo que esto tenía para la propia democracia.

Pero Castelar fue uno de los mayores responsables de la situación. Su «benevolencia republicana» con los Gobiernos radicales de Ruiz Zorrilla había favorecido que los conservadores fueran excluidos y que los dos partidos que habían de turnarse en la monarquía democrática de Amadeo se enfrentaran. En efecto, su «benevolencia» alimentó la fuerza de Martos —que se presentaba como enlace con los republicanos— dentro del radicalismo, sabiendo Castelar que Martos no era monárquico. Además, Castelar fue uno de los que promovieron los pactos electorales con los carlistas en 1871 y 1872, así como la llamada «coalición nacional» —ante los comicios de abril de 1872— para que se produjera un conflicto institucional entre el rey y las Cortes, es decir, entre la designación regia y la soberanía nacional.

Castelar también fue uno de los propagandistas más eficaces de La Federal. Cuando, en noviembre de 1868, el Partido Republicano se definió como federalista, Orense y Nicolás Salmerón no consiguieron convencer a las bases, por lo que el primero dijo: «Castelar vendrá pronto y arreglará la situación». Y así fue. Sus discursos en las Cortes —y fuera de ellas— dieron el «toque» utópico a La Federal, que pasó a ser la fórmula que traería la armonía y el bienestar definitivos. Ni mucho menos estaba convencido de que pudiera aplicarse en ese preciso momento, pero de ese modo sembraba ideas para el futuro. En ocasiones, la realidad le sacaba del utopismo. Así, en 1870 un grupo de periodistas y diputados publicó un manifiesto dirigido a aclarar que la federación solo era una descentralización administrativa en absoluto basada en la voluntad de los cantones. Castelar, después de aceptar dicha declaración y pronunciar un discurso en las Cortes en ese mismo sentido, dio un paso atrás y se plegó a la jefatura de Pi y Margall. El argumento era la unidad del partido, una justificación que dejó de valer en 1873, cuando trabajó para separar a los republicanos de orden —la «derecha»— de los pactistas pimargallianos y de los socialistas.

La contradicción entre lo pregonado durante años y su conciencia quedó de manifiesto en cuanto se proclamó la República. Lo primero que hizo fue permanecer en silencio, algo extraño en un político cuyo liderazgo estaba basado en la oratoria². Entre febrero y septiembre de 1873, sus discursos demostraban su preocupación por el orden; hizo llamamientos a la calma y a la responsabilidad, y a colaborar con los partidos liberales para que la República fuera de todos, no de una única facción de un partido, lo que pasaba por bloquear el advenimiento de La Federal. Esta contradicción le pasó factura: por un lado, los suyos le vieron como un «traidor» y, por otro, debilitó su autoridad entre las clases conservadoras y las potencias extranjeras con las que negociaba el reconocimiento de la República. El embajador italiano escribió a su Gobierno que Castelar era

… el republicano platónico, el hombre que en cada ocasión utiliza su elocuencia para señalar los peligros que los irreconciliables crean para la República y exponer cómo ésta amenaza con naufragar en los muchos peñascos que la rodean. Sin embargo, es el propio señor Castelar quien tiene el triste privilegio de haber sido el primero en difundir esas idiosincrásicas aspiraciones demagógicas que llevan al país a la anarquía y al desmembramiento³.

La labor propagandística de Castelar en favor de La Federal había sido tan intensa que terminó haciéndole sentir culpable. Había defendido lo «exagerado» porque entendía que exagerar era el motor de la vida política; es decir, pedir lo imposible provocaba el progreso, tanto político como social, y propagar la utopía era útil porque era natural al hombre y podía servir para la movilización política. En 1969, Castelar reconocía —al igual que Nicolás Salmerón— que La Federal era la fórmula ideal para el futuro, pero no para el presente, lo que no impidió que siguiera predicando la utopía con todas sus consecuencias, como los levantamientos republicanos de septiembre y octubre de 1869, los de marzo de 1870 y las intentonas de 1872. «Somos un poco utópicos, lo confieso», expresó en las Cortes. Según él, los republicanos vivían «en el seno de las ideas», y eso era «un grave defecto» para mandar⁴. En realidad, su utopismo no se distinguía de la demagogia; al menos hasta julio de 1873, cuando se produjo la explosión cantonal. A partir de entonces, a los cantonales los calificaba con la expresión «demagogia roja», aunque todavía el 8 de julio de ese año declaró en las Cortes que La Federal era la única solución para España. Seis días después se proclamó el cantón de Cartagena —por la supuesta inacción del Gobierno y la incoherencia de sus dirigentes— para iniciar La Federal «desde abajo» y salvar España, tal y como él mismo había prometido durante años que sucedería.

La participación de conservadores y radicales en la vida política cumplía además otra función: frenar a los federales o, al menos, diluir su influencia. De hecho, Serrano, Sagasta y otros dirigentes regresaron a España, incluso a Madrid, en cuanto Castelar fue elegido presidente de la República —no antes— y lo hicieron con conocimiento del Gobierno⁵. Volvieron con el propósito de reorganizar los partidos Constitucional y Radical, tomar parte en la nueva situación política e incluso presentarse a las elecciones parciales cuando fueran convocadas. El Gobierno y la Revista de España —constitucionales— se convirtieron en movilizadores de la opinión pública conservadora, con Víctor Balaguer, Topete y José Luis Albareda como principales ideólogos⁶. Durante los últimos días de la presidencia de Salmerón, los exiliados en Francia llegaron a un acuerdo: despreciaron los ofrecimientos alfonsinos y planificaron un levantamiento que debía empezar en Lequeitio. El nombramiento de Castelar puso fin al plan⁷. El republicano había defendido en todo momento —desde el 11 de febrero— la convivencia con los radicales, ya fueran los ministros o la Presidencia de la Asamblea Nacional. Le disgustó la crisis de Gobierno del 24 de febrero provocada por Pi y Margall y ni entonces ni nunca quiso un Ejecutivo homogéneo⁸. Sin embargo, siguió confiando en la colaboración con los radicales en la Comisión Permanente. En este sentido pronunció discursos conciliadores, e incluso, en sus peores momentos, se enfrentó a los federales, como sucedió durante el asalto a la Asamblea del 23 de abril, cuando entraron para amedrentar —o algo más— a los diputados radicales.

Castelar también estuvo en contra de la disolución de la Comisión Permanente —es decir, del golpe de Estado de Pi y Margall—, pues consideraba que de ese modo la República quedaba herida de muerte. Buenaventura Abárzuza, uno de los hombres de confianza de Castelar, escribió a Moreno Rodríguez que «Emilio [está] descorazonado, muerto, comprendiendo su responsabilidad y su ruina»⁹. Su plan fue entonces introducir a conservadores y radicales a través de las elecciones parciales, toda vez que en las generales de mayo de 1873 se produjo el retraimiento de dichos partidos. Quedaron vacantes unos 80 escaños, lo que permitía que un grupo numeroso de esas dos formaciones llegara a las Cortes y llevar a cabo con ellos una política de orden que permitiera asentar la República. En opinión de Castelar, ese sería el verdadero momento fundacional de una República posible, cuando con la participación de esos grupos se iniciara un proceso constituyente sólido que permitiera terminar la guerra carlista y sofocar el cantonalismo. Aun así, Castelar escribió el proyecto constitucional sin demasiada convicción, porque sabía que no gustaría ni a los pimargallianos ni a los intransigentes, y en realidad tan solo lo hizo con la esperanza de que sirviera para calmar los ánimos de federales levantados en armas. Otro error, porque generó más desconfianza hacia el proceso, ya que el debate duró tres días, como se vio anteriormente.

Lo que está claro es que la solución de Castelar pasaba por implantar el orden, para lo cual necesitaba a los conservadores y a los radicales, a sus políticos y a sus militares. En cuanto sus planes se hicieron públicos —tanto en la prensa como en las Cortes—, los cantonales pasaron a considerarle el «enemigo».

LA DERECHA REPUBLICANA

Según Morayta, la derecha republicana quedó definida el 21 de junio de 1873 a raíz de un discurso de Castelar en el debate por la moción de confianza a Pi y Margall¹⁰. Para entonces, Castelar ya había reunido a un grupo de confianza —en realidad, un grupo afín desde 1872, cuando inició la política de benevolencia con los radicales—, formado por Eleuterio Maisonnave, Buenaventura Abárzuza, Juan Pablo Soler, Gil Berges, Carvajal, y Río y Ramos, junto a Canalejas, Cervera, Pedregal, Rebullida, Morayta, José Prefumo y Joaquín Martín de Olías, que se unió a mediados de 1873. Todos ellos ocuparon cargos como ministros, como miembros de la Mesa de las Cortes, o como portavoces contra la izquierda. En 1873, La Discusión se convirtió en el periódico más afín del republicanismo.

En la sesión del 21 de junio se debatió la posibilidad de retomar el sistema de elección de un diputado como presidente y que fuera este quien eligiera a los ministros. Era preciso eliminar el sistema de Convención —los ministros eran elegidos por la Asamblea—, ya que impedía construir un Ejecutivo con determinación y lo que finalmente se formaba era un grupo que reproducía las diferencias entre las facciones. La pantomima había llegado al extremo de que, creyéndose revolucionarios franceses de 1793, los intransigentes se hacían llamar «ciudadanos representantes», no diputados. Casalduero, uno de sus portavoces, dijo que permitir que solo un diputado eligiera a todos los ministros era dar una dictadura a una persona.

Castelar respondió y definió la postura de la derecha: el Ejecutivo no podía ser prisionero de un poder legislativo lento a la hora de tomar decisiones, y el desorden en provincias estaría justificado si venía de parte de los federales. Castelar quería un Gobierno rápido y contundente, y construir la República con el apoyo de las clases medias conservadoras —muy asustadas en aquel momento— y conseguir el reconocimiento de Europa. A los que le llamaban «conservador» les dijo que, después de dos décadas de experiencia, las palabras no le asustaban y que no se amedrantaría ante las «impaciencias juveniles»¹¹. La República, dijo, no la echarían a perder sus enemigos, sino los propios republicanos por imprudentes y temerarios. La revolución—en alusión a los intransigentes— era un crimen cuando había libertad para divulgar ideas y presentarse a los comicios, y criticó el jacobinismo, al que definió como una dictadura que ahogó en sangre a la República francesa y engendró el imperio, matando así la libertad y la democracia. Defendió una República federal con separación de poderes y garantía de libertad, idea que se alejaba del pactismo «de abajo arriba», con cantones autónomos que se federaban a partir de la anulación de la soberanía nacional. También recuperaba la Declaración de la Prensa de 1870, y dijo que la misión de los diputados era instaurar el orden, afianzar la autoridad del Gobierno y de las instituciones, conservar la «unidad nacional» y arreglar la Hacienda. Estas eran las misiones de la derecha republicana; lo contrario era traicionar la misión de los representantes de la nación y dañar la consolidación de la República. La derecha de la Cámara apoyaría al Gobierno de Pi y Margall, «a pesar de no hallarme conforme con varias de sus ideas sociales», mientras significase la estabilidad de la República. Repitió tres palabras: autoridad, estabilidad y gobierno, y sentenció: «Quiero probar que la autoridad es compatible con la República, y el orden con la libertad». Era la única política posible porque «la Europa entera nos mira con desconfianza». Se trataba de hacer política sin levantar temores, aunque fuera mediante «emancipación del cuarto estado», con sensatez y paciencia, como en Estados Unidos y Suiza, y definió al carlismo como enemigo al que todos debían combatir, lo que podría servir para unir a todos los republicanos y liberales¹².

Los federales no podían actuar como si estuvieran «solos en el mundo»; existían otros partidos y aspiraciones, dijo Castelar, confesando que para él la política era una «serie de transacciones entre el ideal y la realidad, y otra serie de transacciones entre los diversos partidos». La intransigencia era inoportuna y lo contrario de hacer política. Los republicanos debían tomar conciencia de que el pueblo español no era un «pueblo republicano», ni un «pueblo federal», ni siquiera un «pueblo moderno». Un pueblo verdaderamente republicano, federal, libre y moderno era paciente, dijo, como el norteamericano o el suizo. La República necesitaba una «conciencia nacional», unas costumbres públicas liberales y mucha calma, entendiendo por tal el orden y el respeto a la ley y a las instituciones. Eso no era ser conservador, sino ser sensato y mantenerse apegado a la realidad de una España levantada en armas por causa de carlistas y federales. La libertad «se gana con el valor y se conserva con la mesura, con la sensatez y con la prudencia», lo que suponía que La Federal, como fórmula mágica capaz de arreglar todos los problemas y de traer una armonía feliz, quedaba aplazada, incluso olvidada, por la obligación de atender a la realidad, que era el orden y la conciliación con el resto de partidos. Las clases conservadoras debían confiar en la República, implicarse, asociarse y reunirse, e incluso debían asumir la función de educar al pueblo. Las clases medias y conservadoras se habían apartado por el retraimiento de radicales y conservadores en las elecciones, extendiendo la idea de que la República era un régimen que no iba con ellos. Los dirigentes de esos dos partidos debían rectificar para atraer a la mayoría de españoles a la política republicana. Si las instituciones se dejaban en manos de los «intransigentes» e «impacientes», podían «perder la República», que quedaría en manos de las «procelosas tormentas de la revolución». Por tanto, era preciso llevar a cabo una política de atracción social, porque «las costumbres hacen más que las leyes». Esta petición era también una cuestión de supervivencia: Castelar no deseaba que se tentase a las clases conservadoras con el boicot a la República para traer a un rey¹³.

La política de atracción se había roto el 24 de febrero, cuando se destruyó el Gobierno de coalición con los radicales. «Yo fui cómplice de aquel error, yo tomo para mí la responsabilidad que me cabe», confesó, y añadió que les estaba pasando lo mismo que durante la monarquía de Amadeo: dividieron a los monárquicos, «los pusimos en pugna unos con otros», y el resultado fue «la destrucción de la monarquía». Por ello era imprescindible dar entrada a radicales y conservadores para tener oposición y que el Partido Republicano se uniera para combatirlos en lugar de dividirse y arruinar la República. Esto suponía construir una «República de transacción», no de partido, y el republicano debía recordar que «no está solo en España». El reconocimiento de Europa dependía de que los republicanos reconocieran la autoridad del Gobierno y de las Cortes, y que obedecieran a las autoridades civiles y militares en provincias. La estabilidad gubernamental y la autoridad eran los dos elementos esenciales para la consolidación de la República y su reconocimiento exterior.

Este era el ideario de la derecha republicana. Castelar no renunciaba a la federación, que tendría «como solo órgano el derecho y la justicia» y que, desde un punto de vista patriótico, era la única solución posible¹⁴. Aún no había llegado a la conclusión a la que sí llegó tiempo después: la federación, tal y como estaba concebida —exclusivista y a la fuerza—, era incompatible con una República de transacción, con un régimen de todos los liberales e incluso con una democracia. No obstante, Castelar insistió en la necesidad de instaurar el orden para lograr la confianza de la mayoría del país y mantener la libertad, y repitió lo que ya dijo en 1868: «Poned a cualquier nación en la alternativa de optar entre la dictadura y la anarquía, y optará por la dictadura». El procedimiento a seguir era la legalidad y el parlamentarismo, mientras que la violencia significaría el fin de la República. «El primer tiro que se dispare—dijo—, la primera región que se subleve en nombre de la República federal mata irremisiblemente a la República». Se trataba de constituir la República mediante una federación entendida como una forma de descentralización, con separación de Iglesia y Estado para acabar con el anticlericalismo y permitir la libertad de conciencia, y con un fortalecimiento del Ejército mediante el aumento del Cuerpo de Ingenieros, la restauración de los artilleros¹⁵, la implantación de la milicia forzosa entre los 20 y los 40 años, el nombramiento de buenos generales —sin indicación de partido— y el restablecimiento de la disciplina. Era preciso formar Gobiernos estables y abrir la República introduciendo a los demás partidos liberales, «porque así habremos concluido la era de las revoluciones armadas, y habremos abierto la era moderna del progreso pacífico»¹⁶.

Con aquellos dos discursos —21 de junio y 8 de julio— nacía la derecha republicana coincidiendo con la formación del Gobierno de Pi y Margall. Sin embargo, no era un grupo compacto debido a las diferencias con Nicolás Salmerón. Coincidían en la necesidad de instaurar el orden, de frenar a los intransigentes y alcanzar la «emancipación del cuarto estado» mediante reformas sociales, pero disentían en la reorganización del Ejército —tanto en el ámbito material como en el humano— y en el restablecimiento de la disciplina militar. Tampoco estaban de acuerdo en la atracción de conservadores y radicales, a los que Salmerón solo quería después de haber constituido la República federal. Es decir, su plan pasaba por que los otros partidos aceptasen la Constitución que los republicanos construyeran en solitario. Ambos creían que era necesario suspender las sesiones para lograr el orden, aunque cada uno tenía una idea diferente sobre cuál debía ser el siguiente paso. Castelar deseaba introducir a diputados radicales y conservadores con las elecciones parciales, mientras que, en opinión de Salmerón, aquello suponía abandonar los principios republicanos. Además, Castelar se apegó al posibilismo y prácticamente dejó de lado el mundo de las ideas, cosa que Salmerón nunca hizo. Una prueba de ello es que Castelar se rodeó de republicanos conservadores pragmáticos, mientras que Salmerón tan solo escuchaba los consejos de los krausistas. Los dos grupos trabajaron juntos desde julio de 1873 hasta la suspensión de las sesiones en septiembre de ese año, cuando la división entre las dos derechas fue decisiva en la sesión de Cortes del 2 al 3 de enero, cuando Salmerón dejó caer a Castelar.

En el pensamiento republicano de Castelar, la República era la consecuencia deseada de la Revolución de 1868, por lo que, en su opinión, el Título I de la Constitución de 1869, el relativo a los derechos individuales, era un logro histórico y la única manera de «conservar la libertad y la democracia conquistadas por la gloriosa Revolución de septiembre». Mantenía el principio liberal de la separación de poderes para evitar la arbitrariedad del poder, conservar los derechos e impedir «los golpes de Estado arriba, [y] el desenfreno de la anarquía abajo»¹⁷. Era imprescindible hallar la fórmula para conservar el orden público sin suspender los derechos, pues solo así las clases medias y conservadoras se integrarían en la República. Cuando estalló el levantamiento cantonal, esa necesidad se volvió aún más urgente, y así lo dijo Castelar en las Cortes el 18 de julio, en la resolución de la crisis de Gobierno que terminó con la designación de Nicolás Salmerón como presidente de la República. Solo un Gobierno unido sería capaz de establecer el orden, aseguraría la integridad territorial y recuperaría la disciplina en el Ejército¹⁸.

El levantamiento cantonal marcó un punto de inflexión en la derecha republicana, que temía que la anarquía se apoderase de la República. Fue entonces cuando Castelar comenzó a hablar contra la utopía y a dar forma a su posibilismo y a lo que llamó «República realidad». En el debate del 30 de julio, cuando se discutía sobre el desorden en Andalucía y el Levante, Castelar atacó con dureza a los cantonales. Dijo que su deseo era que el Partido Republicano fuera un «partido de Gobierno», alejado de la «represión ciega» y de la «utopía revolucionaria», y reconoció que habían actuado como profetas y mesías políticos:

Nosotros, los republicanos, tenemos mucho de profetas, poco de políticos: sabemos mucho del ideal, poco de la experiencia: abarcamos todo el cielo del pensamiento y nos hundimos en el primer hoyo que hay en nuestro camino¹⁹.

En efecto, su partido había pregonado La Federal como una utopía. Pero llegó la República y entonces trató de transformar ese partido utópico en uno de Gobierno. El resultado era un «triste espectáculo». Quienes llevaban a la práctica las ideas eran los «conservadores», por lo que era necesario imponer la ley en todo el territorio y acabar con los revolucionarios. Había llegado la hora del gobierno y del orden, no de la barricada y la utopía:

¿Creéis que con vuestra conducta —dijo, dirigiéndose a los intransigentes—, que con vuestros procedimientos, que con vuestros cantones, que con vuestra sublevación militar, con esa demagogia pretorianesca sin nombre, sin título, sin responsabilidad, nos salvaréis? No, no; con esas criminales demencias, con esas insensateces de suicidas, solo nos espera la destrucción pronta y la deshonra irremisible de la República.

El cantonalismo estaba desmembrando el país y era una «amenaza insensata a la integridad de la Patria, al porvenir de la libertad». A diferencia de Pi y Margall, que siempre defendió que los cantonales eran unos patriotas que no deseaban la independencia, Castelar sí los acusó de independentistas, un reproche dirigido a generar empatía en las clases conservadoras, ya que se trataba de uno de los principios clave del argumentario de alguna de sus asociaciones, como la Liga Nacional. Así era la derecha republicana: unidad de la patria por encima de la forma de Estado y de gobierno. No era «patriota» el diputado que decidía sublevar una provincia —como ya vimos que hicieron una treintena—²⁰ y colocar la bandera turca en los barcos españoles, sino el que luchaba contra los carlistas por la libertad. De ese modo Castelar señalaba a un enemigo común histórico, el carlismo, y culpaba a los cantonales de desviar recursos del Gobierno en la guerra del norte²¹.

En julio de 1873, Castelar se convirtió en el director de la mayoría de las Cortes, algo insuficiente para gobernar, ya que necesitaba el apoyo del centro. En esa mayoría estaban los seguidores de Salmerón, que, como ya dijimos, mantenían una disciplina distinta. Fue Castelar quien congeló el debate sobre el proyecto constitucional —que él había escrito en gran parte— e intentó acelerar la producción legislativa. Sus intervenciones en las Cortes iban dirigidas a enderezar la Cámara y mostrar los principios de la derecha republicana. Sin embargo, las Cortes prolongaban las sesiones en exceso y, ya a mediados de agosto, Castelar y los suyos pensaron en la posibilidad de suspenderlas para que el Gobierno fuera resolutivo. La Asamblea consumía su tiempo en «insultos» y en desgarrarse, mientras los carlistas y los cantonales avanzaban. «Una Asamblea que así procede, si no cambia de conducta, está irremisiblemente condenada a perecer hoy y a tener mañana la reprobación universal», dijo²².

Castelar fue elegido presidente de las Cortes el 25 de agosto en una votación en la que estuvieron presentes pocos diputados. Tan solo lo apoyaron 144. Hubo 64 papeletas en blanco —pimargallianos²³—, un voto a Olave y otro a Hidalgo. El caso es que no había presidente desde que Salmerón fue elegido jefe del Gobierno, el 18 de julio, y el cargo lo desempeñaba Rafael Cervera, segundo vicepresidente, ya que el primero, Palanca, estaba al frente de un ministerio.

La votación fue importante porque reveló la existencia de una mayoría, la derecha, y una minoría, la izquierda, con lo que quedaba demostrada la división del republicano en dos partidos. Pi y Margall nunca aceptó públicamente esta realidad, pero actuó como si tal división existiera. Castelar insistió en la unidad de la derecha frente a la izquierda —la mayoría frente a la minoría— diciendo que su programa era igual al que había manifestado Salmerón en los discursos de toma de posesión de la Presidencia de las Cortes y del Gobierno. A partir de ahí, Castelar repitió su política de atracción de conservadores y radicales, argumentando que sus republicanos eran los «continuadores de la Revolución de septiembre» y que ni mucho menos eran los «implacables adversarios» de aquellas formaciones. Dijo que la República era la fórmula de la libertad para todos los partidos y el «organismo más perfecto» para la democracia. Sin embargo, insistió en la federación como método para evitar la arbitrariedad del poder —el argumento clásico—. Con «unidad nacional» e «integridad nacional», «somos la totalidad indestructible de la Patria». Repitió que, sin autoridad, no había República, porque la anarquía llama a la dictadura. Por eso había que terminar con la indisciplina en el Ejército, que, como ya vimos, se convirtió en el tema clave del Gobierno de Salmerón y en el motivo de la división en su Ejecutivo²⁴.

La Discusión, órgano de la derecha republicana, glosó el discurso de Castelar diciendo que presentaba una «República ordenada, sensata, tolerante, con tendencia a la fraternidad y a la concordia con todos los elementos liberales». La Época, alfonsino, afirmó que Castelar «trabajó únicamente por obtener un triunfo más como orador». La Iberia, órgano del constitucionalismo de Sagasta, en un artículo de fondo titulado «¿Qué es Castelar?», sacó a relucir la inconsecuencia de este señalando que no se podía ser «federal de orden». El Imparcial, también sagastino, dijo que Castelar debía llevar a la realidad su mano tendida a los partidos liberales para que sus palabras no parecieran solo retórica. El Gobierno, constitucional, decía que el «líder de la mayoría» había apoyado el federalismo cuando sus diputados y el mismo Castelar renegaban de dicha fórmula, una «hipocresía» que resultaba «indisculpable tratándose de la salud de la patria». Lo mismo dijo La Independencia Española, diario constitucional: donde Castelar había mostrado «su escasez de dotes como hombre de Gobierno fue al declararse francamente partidario de la forma federal». Querer hermanar la federación y el orden, «¡qué ceguedad! ¡Qué fanatismo! ¡Qué locura!»²⁵. Estaba claro que el discurso de Castelar no convenció a los constitucionales, que esperaban una renuncia del federalismo. El Imparcial y La Independencia Española dijeron que el discurso había «producido malísimo efecto aun en las filas conservadoras», y añadían que la retórica no era suficiente. En este mismo sentido, La Iberia relacionó la bajada de los fondos en la Bolsa con el discurso de Castelar, ya que no fue suficientemente duro con los intransigentes ni se acercó lo bastante a los partidos liberales²⁶.

La crisis del Gobierno de Salmerón deslindó aún más los campos en la derecha republicana. Mientras unos, los de Castelar, querían reorganizar el Ejército recuperando a los artilleros que habían dimitido en enero de 1873 y restableciendo la Ordenanza Militar, incluida la pena de muerte, Salmerón tenía sus reticencias. Esto paralizaba el Gobierno, lo que suponía un fracaso respecto al objetivo marcado por la mayoría; esto es, tener un Ejecutivo resolutivo y contundente. Salmerón, a pesar de los éxitos en Andalucía y Levante con Pavía y Martínez Campos, dejó de representar la posibilidad de instaurar el orden. La larga crisis de su Gobierno por parálisis dañaba la imagen de la República e impedía la atracción de conservadores y radicales. Ramón Damon, un constitucional de Barcelona, dijo a Balaguer que si el Gobierno «perdona lo que debe castigar, no dudes que será una desilusión»²⁷.

Salmerón dejó el Ejecutivo e intercambió la Presidencia con Castelar: el primero a las Cortes y el segundo al Gobierno. El objetivo era mantener la mayoría de la derecha republicana, cuya fisura por el mantenimiento de la pureza de los principios —en opinión de los krausistas de Salmerón— ya se había producido y, de hecho, desencadenaría la caída de Castelar, que representaba la opción de quienes querían pacificar España por encima de los principios y construir un régimen liberal basado en el orden. Para Salmerón esto era intolerable, por lo que empezó a aupar a Palanca para sustituir a Castelar.

Desde principios de septiembre de 1873, las diferencias en la derecha rompieron aún más el mapa republicano. En su discurso de investidura, el 8 de septiembre, Castelar no renunció a la federación y destacó la buena sintonía con Salmerón para ofrecer una imagen de estabilidad. Dijo que no haría «retórica» y que estaba dispuesto a demostrar «energía». Sus palabras se fueron hacia la prosa histórica, consiguiendo el aplauso de los presentes, pero desesperando a conservadores y radicales. Su poder de oratoria le había servido para situarse entre los grandes políticos mientras estuvo en la oposición, pero no parecía servir para gobernar un país con dos guerras civiles en la Península y otra en Ultramar. Castelar volvió a elogiar la federación como fórmula para «distribuir las autonomías» entre individuos, municipios, provincias y Estados sin romper «la unidad de la patria». Quizá para compensar, quiso separarse de la izquierda —la minoría de Pi y Margall— diciendo que esta había entregado «la democracia a la demagogia». Unos optaban por la revolución y la barricada, mientras otros preferían la propaganda y el parlamentarismo.

La derecha se presentaba de este modo como la única capaz de hacer cumplir la ley. Así, Castelar, tras asegurar que deseaba el concurso de los partidos liberales «para que la República venga a ser de todos, para todos y por todos», arremetió contra los diputados de la izquierda, a los que tachó de «demagogos» que calentaban al pueblo con la evocación de lo peor de la Revolución francesa y de la Comuna de París; que predicaban la venganza en lugar de la justicia, y promovían «terror social». La izquierda, dijo, generaba la anarquía, que llevaba al pueblo a pedir una dictadura para poner fin al desorden. Ese era el gran problema de la «democracia contemporánea», que estaba en peligro «no por los tiranos», sino por la actuación de los demagogos. Confesó que su objetivo era convertir el Partido Republicano en un «partido de Gobierno», eliminando tanto la «demagogia roja» como la «demagogia blanca» de los carlistas, unas «turbas fanáticas que están pidiendo a gritos un combate a muerte y sin tregua». Castelar esperaba que el ataque a los carlistas uniera a todos liberales, y en este sentido dijo que «seríamos, no hombres, sino monjes, si no contestaremos a la guerra con la guerra, al incendio con el incendio, a la sangre con la sangre, a la muerte con la muerte», tras lo cual se alejó de la posición de Salmerón:

Con la energía de mis convicciones, con el desprecio a la popularidad que he tenido siempre, con el sentimiento de mi corazón honrado y de mi ardientísimo patriotismo, os pido que nos deis todos los medios de restablecer la disciplina en el Ejército, y que pongáis en nuestras manos los medios de volver todo su vigor, toda su fuerza, todo su prestigio a la ordenanza.

Castelar anunció que dejaba a un lado sus principios y su popularidad porque su conciencia le decía que la República y la patria estaban en peligro. Era contradictorio hacer la guerra con un Ejército disciplinado y negar la pena de muerte, que estaba «establecida en todos los códigos militares del mundo sin excepción». Sin pena de muerte, sin instrumentos para disciplinar en el Ejército, la República volvería al «estado salvaje» y recuperaría «todos los gérmenes de la barbarie», y añadió que él no tenía derecho a salvar su conciencia, su nombre y su reputación —en clara alusión a Salmerón— por encima del interés de la República, de la libertad y la democracia. «Que perezca mi nombre, que abominen las generaciones venideras mi nombre, [...] no me importa, [...] pero que no se pierda por debilidad la República», y anunció su plan para el Ejército: Ordenanzas Militares, poner en pie de guerra a la reserva, milicias no partidistas, aumento del Cuerpo de Ingenieros, reintegración de los artilleros y nombramiento de generales liberales, ya fueran federales, como Nouvilas, o «comprometidos» con la «restauración borbónica». Explicó que su política sería como la de Lincoln cuando gobernó en medio de una guerra civil: suspendió derechos y libertades, persiguió publicaciones esclavistas, confiscó los bienes de los cómplices de la insurrección en el norte e impuso la pena de muerte para erradicar la indisciplina. Su idea era hacer todo esto con la sanción de las Cortes, y, si no la obtenía, dimitiría. La opinión nacional y europea iba en esa misma dirección: solo una República de orden sería reconocida. Si esa República no era admitida por los españoles, que se levantaban en el norte, en Andalucía y Levante, ¿cómo lo iban a hacer en Europa?²⁸.

Las diferencias dentro de la derecha republicana eran evidentes. De hecho, dos días antes, el 6 de septiembre, cuando Castelar recibió el mandato de las Cortes, se reunió con todos los miembros del Gobierno y mantuvieron una conversación larga y dura. Los ministros cercanos a Salmerón no quisieron seguir en sus puestos, como Palanca, Moreno Rodríguez y Fernando González. González Íscar, ministro de la Guerra, dijo que estaba de acuerdo con Castelar, pero que deseaba dejar el Ministerio. Castelar reunió a su círculo de confianza y discutieron los nombres de su Gobierno, aunque con la novedad de que no se hicieron nombramientos políticos en Hacienda y Guerra, sino técnicos²⁹. Continuaron Maisonnave y Oreiro en Gobernación y Marina, respectivamente; Carvajal pasó de Hacienda a Estado, y Soler y Pla dejó Estado por Ultramar. Entraron Río y Ramos en Gracia y Justicia; Pedregal en Hacienda, y Gil Berges en Fomento. Oreiro se encargó interinamente de Guerra en sustitución de González Íscar mientras llegaba del frente el general Sánchez Bregua.

La Iberia, periódico constitucional sagastino, saludó con alegría a Castelar, aunque también con cierto escepticismo: «Ya tiene preparada la República su cuarta víctima». La solución satisfacía «a la mayoría de los liberales, a la mayoría de los españoles, a la totalidad de los amantes del orden», pero debía ser una realidad, no solo palabras. La Época también aplaudió a Castelar por poner fin al utopismo y aferrarse a la realidad. El Gobierno, constitucionalista, dijo estar satisfecho por unas «declaraciones tan explícitas», sin el «inoportuno sentimentalismo de otras veces», y glosó las palabras de Castelar sobre la necesidad de gobernar con las «impurezas de la realidad necesarias en la vida». La Independencia Española señaló que muchos diputados republicanos dejaron de aplaudir cuando Castelar afirmó que daría entrada a todos los partidos liberales. La Revista de España destacó la diferencia entre Castelar y sus predecesores al mostrarse como un verdadero hombre de Gobierno, capaz de sacrificar su reputación por su país. Sin embargo, le reprochaba —como otros diarios conservadores— que siguiera aferrado a la idea federal porque, aunque era distinta de la de Pi y Margall, «el pueblo no percibe ni aprecia en su realidad esta diferencia»³⁰.

En general, parecía que el discurso de Castelar había convencido a los liberales. Maffei, embajador italiano, comunicó a su Gobierno que las palabras de Castelar podrían «marcar la inauguración de ese cambio, de esa metamorfosis que indican mis últimos informes sobre la coyuntura política», en referencia al giro en la opinión pública y al cansancio general por tanto desorden³¹. Abárzuza, embajador en París, escribió al ministro de Estado a mediados de septiembre para comunicarle que había encontrado en los exiliados una «excelente disposición en favor de Castelar y del Gobierno»³². Era una señal de que las casas estaban cambiando, aunque no estaba claro en qué sentido.

FIN DE LA CONSTITUYENTE

Como dijimos antes, una de las claves para mejorar la imagen de la República era suspender las sesiones de Cortes, toda vez que no era posible disolverlas. Aquella Cámara no reunía precisamente los parabienes de conservadores y radicales, que la creían sin autoridad por haberse retraído en las elecciones. Además, de esas Cortes habían salido los diputados que iniciaron el levantamiento cantonal de julio de 1873. Ese Parlamento no contaba con eminencias, y el contraste con las Cortes Constituyentes de 1869 era insultante. La bisoñez y mediocridad de los diputados contrastaban con el brillo de las Cortes monárquicas anteriores, lo que dejaba en mal lugar al republicanismo. En ocasiones ni siquiera hubo sesión porque no se alcanzaba el número de diputados requerido, lo que chocaba con la importancia del momento³³. De los 389 diputados con acta, 171 no volvieron a aparecer. La razón era que muchos representantes republicanos consideraban que La Federal se construía fuera de las instituciones —«de abajo arriba»—, no por un acuerdo parlamentario. Las Cortes habían sido un obstáculo para la rapidez que requería la situación y no concitaban autoridad en nadie. Es más; las declaraciones de los diputados intransigentes, que luego recorrían todos los periódicos, daban alas al cantonalismo y a la desobediencia. Un buen ejemplo fue la afirmación en Cortes del ministro Sunyer i Capdevila, que dijo que la ley no se podía aplicar con todo su rigor sobre los republicanos alzados en armas, pero sí contra los carlistas.

La derecha republicana tenía decidido suspender las sesiones de Cortes en cuanto se votaran las leyes pendientes. El 25 de agosto, uno de sus diputados, Colubí, presentó una proposición para que la Cámara aprobara la suspensión de las sesiones durante dos meses. Fue recriminado porque no era el momento, y retiró la propuesta, pero la izquierda la hizo suya y finalmente se decidió hacer una votación. De nuevo quedó clara la división del Partido Republicano: por un lado, la derecha, con más de 100 diputados, y por otro, la izquierda, con unos 65 teniendo en cuenta la posición variable del centro³⁴.

Cuatro días después, el diputado Martín de Olías, que de abril a julio había pasado de la izquierda a la derecha, presentó una nueva proposición dirigida a suspender las sesiones desde el 5 de septiembre hasta el 5 de noviembre. Antes de la primera fecha debían debatir y votar los proyectos que se considerasen urgentes para las necesidades de la guerra, tras lo cual se suspenderían las sesiones y la Mesa quedaría encargada de convocar las Cortes si lo consideraba necesario. La justificación de la propuesta era un diagnóstico del caos, ya que se afirmaba que el principal problema constitucional era la división territorial y que las corporaciones populares (las diputaciones provinciales) aún no habían decidido si los «antiguos reinos» (sin decir cuáles) debían constituir los Estados, si querían conservar las provincias o unirse en «nuevas regiones». Las Diputaciones debían decidir antes del 1 de noviembre y, por tanto, podían suspender las sesiones de las Cortes hasta entonces. Mientras tanto —y he aquí otra manifestación del caos—, el Gobierno se dedicaría a reforzar el Ejército con recursos y hombres, nombrando un capitán general de Cataluña (no había porque el Gobierno no aseguraba la disciplina, y nadie quería ir allí), reorganizando los cuerpos facultativos del Ejército (ingenieros y artilleros) y enviando voluntarios de la República a Navarra tras desmontar a los voluntarios como fuerza armada de los intransigentes.

Como decimos, todo ello reflejaba bien el caos que reinaba: se pretendía desmontar la organización territorial en plena guerra civil y sin consenso con el resto de partidos políticos, y al tiempo se confesaba que el Ejército no tenía disciplina, ni hombres ni recursos. Martín de Olías describió el desorden: el proyecto constitucional no había gustado a nadie en su división federal, y todas las provincias «piden para su capital la capitalidad del Estado y protestan contra la designación de capitalidad si no son ellas las favorecidas». En estas circunstancias no podía discutirse el Título I del proyecto constitucional, el relativo a la división federal. Una vez se proporcionara al Gobierno las facultades y los recursos, no tenía sentido que las Cortes siguieran abiertas, suscitando «nuevas complicaciones» al Ejecutivo. Una buena parte del centro y de la izquierda rechazó la propuesta. El diputado Bartolomé y Santamaría, del «centro reformista», dijo que aquello agrandaba aún más la brecha en el Partido Republicano, ya dividido por la cuestión de la amnistía y los indultos a los cantonales, porque la derecha no aceptó la sustitución del Gobierno por un «Directorio de cinco jefes reconocidos del partido» y porque, además, buscaba la participación de los «diversos partidos políticos del país»³⁵.

El plan consistía en aprobar las herramientas —económicas y militares— necesarias para que el Gobierno de Castelar funcionara sin las Cortes. Entre las sesiones del 9 y del 16 de septiembre se aprobaron varias leyes en este sentido. En la sesión del día 9, el Gobierno reunió los votos de los diputados presentes; en total fueron 165 votos a favor que autorizaban al Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias de guerra —las mismas que se concedieron a Pi y Margall—, movilizar los mozos adscritos a la reserva, imponer una contribución a los que no se presentasen al servicio militar y arbitrar recursos de 100 millones de pesetas³⁶. El 16 se aprobó la proposición Martínez Pacheco para restablecer las Ordenanzas Militares por 115 votos a favor —la derecha y parte del centro— frente a 72 en contra —la izquierda, la derecha de Salmerón (como Palanca) y parte del centro—. También quedaron aprobadas las enmiendas que habrían salvado la «conciencia» de Salmerón. Las propuso Sorní y consistían en sustituir la pena de muerte por la cadena perpetua y en restablecer el indulto para los reos de muerte³⁷.

El 18 de septiembre, Morayta, hombre de Castelar, presentó una proposición en las Cortes para suspender las sesiones hasta el 2 de enero de 1874. La escasa asistencia de la oposición les benefició y la propuesta fue aprobada por 91 votos a favor y 33 en contra. La izquierda tocó a rebato y aparecieron 18 diputados más, junto con otros nueve de la derecha. La oposición presentó una proposición de «no ha lugar a deliberar» para retrasar la discusión, pero fue desechada por 100 votos en contra frente a 51 a favor. La estrategia de la izquierda fue entonces denunciar que se suspendían las sesiones sin haber discutido el proyecto constitucional, lo que, a su entender, suponía la muerte de la República. También perdieron esta proposición por 99 votos en contra frente a 52 a favor.

Durante la discusión de la proposición de Morayta, el centro parlamentario se dividió. Almagro, uno de sus diputados, dijo que la junta directiva del centro, compuesta por seis miembros, estaba dividida. Unos se pasaban a colaborar con la izquierda, como Bartolomé y Santamaría, Pérez Costales, y Vallés y Ribot, y otros apoyaban a la derecha en la búsqueda del orden y dejando las reformas sociales para «cuando sea posible hacerlas». Pérez Costales, centrista, acusó a Castelar de querer suspender las sesiones para introducir a los conservadores en la República, en concreto, al general Serrano.

Pi y Margall expresó que era contrario a la suspensión de las sesiones porque hacer reformas en Ultramar era, en su opinión, la única forma de terminar con la guerra en Cuba y porque la federación española debía hacerse a través de la Constitución. La división territorial no era un problema para el proyecto constitucional, afirmó, porque debían basarse en los «antiguos reinos» sobre la base provincial. Pi no dijo entonces a qué «antiguos reinos» se refería, porque estos habían variado desde el siglo VIII hasta el XV y muchos no se correspondían ni con la división provincial hecha en 1833 ni con lo manifestado por los federales de provincias. En realidad, se trataba de una argumentación sin fundamento para justificar la federación.

La solución que Pi y Margall proponía era la creación de dos comisiones: una constitucional y otra territorial «que entienda de la demarcación y límites de los futuros estados federales». Esta comisión estaría asesorada por las diputaciones, los ayuntamientos y diversos estudiosos. En cuanto a la presencia de conservadores y radicales en el debate constitucional, dijo que daba igual para la autoridad que tendría la Constitución. Los republicanos podían hacer solos esa Constitución si tenían «fe en sus principios» y «conciencia de su fuerza en el país». De este modo dejaba claro su concepto de sistema representativo y democracia: la imposición mesiánica, el exclusivismo y el desprecio al consenso y al adversario. Eso era La Federal, una revolución impuesta para salvar España sin contar con la opinión del resto de partidos políticos. Pi y Margall acusó entonces a la derecha de fallar en esos principios al querer contar con los conservadores y los radicales, e insistió en que los cantonales eran unos patriotas, tanto como el Gobierno y las Cortes, porque no habían establecido un «gobierno cantonal, sino un Gobierno de la República española». La entrada de conservadores y radicales era un error porque participarían en la República «con el ánimo de derribarla». La idea de Pi y Margall era que el régimen constitucional se basaba en una sucesión de imposiciones de partido que a la postre se había mostrado inviable.

Castelar intentó aferrarse a la realidad. El pueblo español estaba acostumbrado «a quince siglos de monarquía y a más de cuatro siglos de absolutismo», por lo que había que ser prudente. Entonces atacó a Pi y Margall y definió como golpe de Estado la disolución de la Comisión Permanente del 24 de abril. Dijo que había violado «muchas veces» los principios republicanos «en su Gobierno», por ejemplo con la autorización de poderes extraordinarios por la guerra, que fue lo mismo que pidió Serrano en 1872 y por lo que los federales amenazaron con una revolución. Pidió la ayuda de militares con talento, no solo republicanos, porque las guerras se ganaban con pericia en el campo de batalla, y recordó que todos los generales republicanos —menos Nouvilas— se habían levantado contra la República, habían «desacreditado la federación» y «escupido y manchado y abofeteado todo nuestro ideal». Culpó a los cantonales de la situación: «La insurrección cantonal ha herido en el corazón a la República», tras lo cual deslizó una crítica a Salmerón que anticipaba la enemistad que provocó el desenlace del 2 de enero. «El hombre de Estado no debe encerrarse puramente en su conciencia y desde allí dictar principios de gobierno como se dictan principios filosóficos», dijo en referencia a la conciencia krausista de Salmerón y al federalismo dogmático de Pi y Margall. El hombre de Estado gobernaba transigiendo entre el ideal y la realidad, entre su partido y el resto, e incluso dentro de su propio partido. De lo contrario, remató, «será un ser aislado, completamente aislado, perdido como una sombra en el vacío del espacio».

Aquel discurso de Castelar fue el comienzo de la guerra abierta que desembocó en el golpe de Estado del general Pavía. También fue el inicio del posibilismo castelarino, una declaración de principios que situaba lo republicano dentro de lo posible, alejado de utopías e ideales impracticables. El republicanismo y la República debían ajustarse al pueblo español, y no al revés, porque los españoles habían visto que el cantonalismo

… quiere decir guerra a los ricos, depredaciones a los ricos, rehenes metidos en las cárceles, incendios en Sevilla, desórdenes en Alcoy, rapiña en Águilas, bombardeo en Almería, vinculación en manos de cuantos soldados de aventura que parecen piratas.

Castelar terminó apelando al orden para debatir la Constitución con tranquilidad y con el concurso de los partidos liberales. De lo contrario, «siempre la guerra, siempre el desorden, siempre la anarquía y la demagogia; porque esa es la suerte de las obras de una sola escuela», las obras que levanta «la soberbia de un sectario». En Francia, el orden era lo que había establecido la III República, por lo que pedía «madurez», «lentitud», atendiendo a «los obstáculos de la realidad» y llamando «a todos» para salvarla de los carlistas.

El problema no era la inmediata aprobación de la Constitución, como decía la izquierda y parte del centro:

Aquí el problema político está en demostrar que con República hay orden, hay autoridad, hay respeto a la ley, hay castigo para el criminal, hay guerra para los pronunciamientos, hay horror a la anarquía; y que la República puede crear una sociedad fuerte, un Estado respetado dentro de la federación, dentro de la libertad y dentro de los intereses de la integridad, unidad y prosperidad de la Patria.

Por el contrario, si la República se entregaba «a los delirios de la demagogia y de los cantonales», dejaría de tener futuro y moriría la democracia «entre las abominaciones de Europa y las maldiciones de la Historia». Finalmente, la votación se saldó con 124 votos a favor de la suspensión y 68 en contra³⁸.

La Discusión argumentaba que la suspensión de las sesiones era el complemento necesario a la concesión de facultades extraordinarias a Castelar para ejercer «la dictadura civil». La Igualdad lo veía como la última oportunidad para salvar la República. La Iberia dijo que se autorizaba el «despotismo temporal» de Castelar «por espacio de cien días», hasta el 2 de enero de 1874, aunque se felicitó por la política de Castelar en torno a la conciliación, «siquiera sea transitoria, de todos los partidos liberales», y por su discurso conservador. El Imparcial elogió a Castelar, del que decía que sus palabras habían hecho de la sesión del 18 de septiembre «el solemne funeral de la utopía federalista». El Gobierno apuntaba que la decisión de Castelar de suspender sesiones con facultades extraordinarias era la única opción ante la doble guerra civil, la desobediencia y desorganización en el Ejército, y el estado de la Hacienda³⁹. En este sentido, La Independencia Nacional se preguntaba si Castelar podría emprender una nueva vida política dada su trayectoria y responsabilidad en los acontecimientos. Toda la prensa destacó el ataque despiadado de Castelar a Pi y Margall —refrendado por salvas de aplausos— que el federal no supo contestar. Castelar se ganó ahí un enemigo implacable.

Así pues, la suspensión de las sesiones de las Cortes sirvió para atraer a conservadores y radicales, que vieron en la política de Castelar una luz de esperanza. Por esto regresaron a España y comenzaron a organizarse, como veremos más adelante. Además, la suspensión sirvió para dividir al Partido Republicano y para enconar a los tres hombres del republicanismo (Castelar, Salmerón y Pi y Margall) de manera fatídica para la estabilidad del Gobierno. Salmerón y Pi hicieron todo lo posible para derribar a Castelar en cuanto tuvieron oportunidad. Salmerón tomó como excusa la supuesta violación de los principios republicanos, como, según él, había sucedido con el acuerdo con la Iglesia en el nombramiento de los obispos, mientras que Pi y Margall dijo que La Federal como solución salvadora había quedado orillada. Tan solo eran excusas que tapaban una fuerte animadversión personal que deshizo cualquier atisbo de responsabilidad.

16

EL GOBIERNO DE LOS CIEN DÍAS

LA RECOMPOSICIÓN DEL EJÉRCITO

El 29 de agosto de 1873, Gambetta escribió una carta a Emilio Castelar en la que le decía que tenía tres meses para salvar o perder la República después de los Gobiernos blandos de Figueras y Pi y Margall. Debía actuar como un dictador sin contemplaciones, entregar a los cantonales a los tribunales, inhabilitar a los funcionarios inservibles para el orden, dar confianza a las clases medias y conservadoras, atacar a los carlistas y relegar las aspiraciones federales¹. Esas debían ser las directrices del Gobierno de los cien días de Castelar.

Los hombres fuertes que Castelar necesitaba estaban en el Partido Constitucional y su política debía ser aplaudida por las clases conservadoras. La Iberia, portavoz de los constitucionales, dijo que la suspensión de sesiones con facultades extraordinarias abría un periodo excepcional, un «espacio de cien días», hasta el 2 de enero de 1874, en el que se vería la eficacia de la política de Castelar.

Castelar llamó «despotismo ministerial» a su Gobierno cuando consiguió la suspensión de las sesiones de las Cortes. La prensa lo llamó «dictadura civil», aunque, por supuesto, se trataba de una dictadura constitucional o comisarial; esto es, planteada para establecer el imperio de la ley, no la dictadura revolucionaria que los federales exigieron a Pi y Margall tras el golpe de Estado del 23 de abril.

El primer paso era congraciarse con el Ejército, para lo cual había que aplicar la Ordenanza Militar. Esta era la condición que muchos militares ponían para aceptar cargos, como ocurrió el 4 y 5 de septiembre de 1873, cuando un buen número de oficiales tuvieron un choque con el general Hidalgo en Madrid. No querían ir al frente carlista porque en las tropas no había disciplina y porque el Gobierno no hacía nada para remediarlo. Como ya vimos, esto provocó un enfrentamiento verbal del general Hidalgo con los oficiales, que acabaron entrevistándose con el Gobierno. Pocos días después, ya con Castelar como presidente, Hidalgo fue sustituido por el general Pavía, que tenía mucho más prestigio y que venía de pacificar Andalucía. El 22 de septiembre Castelar publicó en la Gaceta una circular anunciando que el Gobierno había tomado «resoluciones supremas con una voluntad inquebrantable, decidido a todo por cumplirla». Una de esas resoluciones era la restitución de las Ordenanzas Militares sin excepción. Tres días después, el Ejecutivo publicó la orden de cumplir la sentencia de muerte a los soldados Pedro Mejuto Regueiro y Marcos del Risco «por haber muerto el primero de un tiro a un sargento de su compañía y desertado al enemigo con armas el segundo»². También se recordó que los militares de todas las clases debían abstenerse de entrar en polémicas en la prensa.

Años después, Castelar explicó esas órdenes: su propósito era sacar al Ejército de la política, ya que su Gobierno tenía la misión «ante todo y sobre todo de reconstitución militar». Se trataba de devolver el poder al Ejército mediante la restitución de las Ordenanzas para que hubiera disciplina, la reconstrucción del Cuerpo de Artillería y del de Ingenieros, y la colocación al frente de los militares más prestigiosos. La política había creado «rivalidades» entre los militares cuando su objetivo era el mismo: seguir las órdenes del Gobierno para establecer el orden. Aquella circular significaba también que los militares no podían intervenir «en las polémicas y en los combates de partido», y «no tenían derecho a la crítica incompatible con su ministerio sacrosanto y son sus rigurosos deberes». De lo contrario, como sucedió en 1874, se iría a la «dictadura militar»³.

Un caso muy sonado fue el de un cabo del Ejército que, en plena batalla, se pasó a las filas carlistas junto con un grupo de soldados, lo que llevó a que la columna fuera «materialmente destrozada», tal y como contó Pedregal, ministro con Castelar, en 1889. A los pocos días fue capturado por el Ejército, se formó un consejo de guerra y se le condenó a muerte. La sentencia pasó al capitán general, que era el general Burgos, quien consultó con el Gobierno. La pregunta fue simple: «¿Se cumple o no la Ordenanza?». La contestación fue que debía cumplirse. Pedregal contó que el Gobierno no podía indultar porque no tenía esa facultad —había sido eliminada durante el mandato de Salmerón—. Así pues, el Gobierno de Castelar decidió que la jurisdicción militar resolviera sus problemas en función de su propia legislación⁴.

Finalmente, el general Turón fue a Cataluña. Salmerón le había nombrado capitán general, pero el militar se había negado a ir hasta que la Ordenanza fuera restablecida. Turón había sido director general de la Guardia Civil en el último Gobierno de Narváez, en 1868, encargado de vigilar los movimientos de los revolucionarios⁵. El panorama que se encontró era muy difícil de solucionar por la indisciplina que los federales intransigentes habían inoculado en el Ejército. Turón pidió a Sánchez Bregua, ministro de la Guerra, que declarase el «estado de sitio» en Cataluña, lo que le permitiría detener y encarcelar a los que indisciplinaban a los soldados, que hacían lo que querían porque se apoyaban en políticos intransigentes que «pronto han de ser Gobierno»⁶.

Turón fue con sus columnas a los pueblos que pedían protección frente a los carlistas. A principios de octubre, Castelar le pidió que se apoyara en la población civil que se negara a «sublevarse y fundar cantones» —los adictos a la ley— y que repartiera armas entre ellos para que «no se diga que les dejamos abandonados a los facciosos»⁷. También tenía la misión de desarmar a los voluntarios federales.

El general Juan de Zavala fue nombrado director general del Cuerpo de Artillería —lo había sido en 1863—, una restitución que encajaba con uno los objetivos de Castelar⁸. El 22 de septiembre apareció en la Gaceta el decreto por el que los jefes y oficiales de Artillería podrían reintegrarse a los puestos que habían ocupado anteriormente. El Gobierno de Ruiz Zorrilla había disuelto el cuerpo de oficiales de arma y entregado el mando de los regimientos de Artillería a los sargentos primeros, lo que había rebajado la calidad del cuerpo. El 23 de septiembre, Castelar completó el plan poniendo a su frente a Zavala, otro de los generales de prestigio, conservador constitucional, que había estado en la Unión Liberal de O’Donnell, ministro de la Guerra con Serrano en 1872, cargo que repitió en enero de 1874 junto al de presidente del Gobierno en la República de 1874. Entre septiembre y octubre de 1873, Zavala consiguió el reingreso de la práctica totalidad de oficiales artilleros. La profesionalización de los mandos militares se completó con el nombramiento del general Joaquín de Peralta como director general de Ingenieros, y del general José Lagunero como director general de Caballería. Además, como ya dijimos, se sustituyó a Hidalgo por el general Pavía como capitán general de Castilla la Nueva. Para que no pareciera una limpieza de federales, nombró presidente del Consejo Supremo de la Guerra al general Ramón Nouvilas.

La incorporación de militares conservadores a la República se completaba con el general Serrano, a quien Castelar ofreció el mando del Ejército del Norte, puesto que rechazó. No hay que olvidar que Castelar recordó la prohibición de que los militares participaran en reuniones de partidos, lo que suponía una novedad en la vida política española y permitió, por ejemplo, que Sagasta se hiciera con el mando del Partido Constitucional en su reconstrucción en el segundo semestre de 1873.

El general Moriones fue enviado al norte. Su caso es un buen ejemplo de la reorganización militar que Castelar llevó a cabo. Moriones era un general de prestigio que había derrotado a los carlistas en Oroquieta en mayo de 1872, obligando al pretendiente a traspasar la frontera. Aquel año ocupó varios cargos, como el de general en jefe del Ejército del Norte y director general de Caballería, sirviendo al Gobierno conservador constitucional y luego al radical. En febrero siguió a los radicales en la proclamación de la República y se implicó en una trama organizada por Martos para evitar que el poder quedara en manos de los federales en febrero y marzo de 1873. El 14 de febrero, Figueras envió a Pavía al norte para sustituir a Moriones, quien no se opuso. No obstante, cuando llegó a Madrid participó en el plan radical de la noche del 23 al 24 de febrero. Martos nombró a Moriones capitán general de Madrid y ministro de la Guerra, y tomó algunos edificios públicos, como Gobernación y el Palacio del Congreso. También estuvo involucrado en el plan de Martos del 8 de marzo de asumir legalmente el poder⁹. Tras el fracaso, pidió permiso y quedó en la reserva hasta que el 13 de septiembre de 1873 Castelar le llamó. Su nombre figuraba en el listado de nuevos nombramientos que había elaborado junto al general Sánchez Bregua, nuevo ministro de la Guerra. Pronto, el 23 de septiembre, Castelar escribió a Moriones para mostrar la determinación de su Gobierno. «Aquí no descansaremos ni un minuto en la obra difícil pero gloriosa» de la reorganización y regeneración del Ejército, dijo, tras lo cual recomendaba hacer «escarmientos» a «todos por igual», en referencia a «jefes y oficiales», y para transmitir seguridad, le anunciaba que había reorganizado el Cuerpo de Artillería, «con general aplauso», y nombrado «para las direcciones de las armas a jefes de todos los partidos». Castelar deseaba presentarse como un político de fiar: «No falto a ninguna de mis palabras». A cambio, esperaba que los militares mostraran que el «Ejército y la República, que el Ejército y la libertad, no pueden ser en manera alguna incompatibles». De hecho, Castelar felicitó a Moriones por el manifiesto que publicó a su llegada, que fue pactado, en el que decía que «vamos a defender la República, porque es nuestro deber obedecer al Gobierno constituido por el acuerdo de la Asamblea, así como también lo es sostener y levantar a la mayor altura posible la honra y gloria del Ejército». Eso sí, le pidió que «apresurara cuanto pudiera las operaciones militares para darnos pronto una victoria», cuestión que le repitió el 28 de septiembre: «Nos convendría mucho una próxima y rápida victoria»¹⁰.

Castelar ordenó el desarme de las milicias federales, lo que suponía una rectificación de la política inicial de febrero de 1873 por la cual el Gobierno comenzó a repartir armas entre la gente o dejó que las tomara de los arsenales. Aquello armó a los cantonales que hicieron el levantamiento en el mes de julio. Castelar deshizo el error y, tal y como había anunciado en las Cortes, ordenó que les quitaran las armas. Ramón Damon cuenta que en Barcelona se resistió el IV batallón de milicias, intransigente, cuyos miembros se atrincheraron en un edificio de la Plaza de la Constitución, frente a un batallón de veteranos, los zapadores, y el «pueblo en general». Estuvieron allí seis horas encerrados y «al amanecer entregaron las armas y cada mochuelo se fue a su olivo». La conclusión de Damon, constitucional, era que si el

… Gobierno no ceja, y sigue el camino que ha emprendido, y utiliza la acción de generales acreditados, aquí [los intransigentes] no harán nada, pero si se para en el camino y cede a populacheras exigencias, entonces será otra cosa y sucederá lo que no es creíble¹¹.

EL VIRGINIUS O LA GUERRA

El general Joaquín Jovellar fue nombrado capitán general de Cuba en la Gaceta del 23 de septiembre. Eran conocidas sus opiniones conservadoras, aunque no se había significado tanto como otros militares. Se le tenía por un profesional ordenancista. Su plan en Cuba, acordado con Castelar, era actuar con dureza para acabar con los insurrectos, lo que suponía un cambio respecto a lo sucedido en etapas anteriores, en las que el Gobierno español tenía un discurso más ambiguo.

Las relaciones de los radicales con Estados Unidos durante la monarquía de Amadeo habían dado como resultado no solo la inestabilidad española¹², sino el impulso a unas reformas en Cuba que únicamente beneficiaban los intereses norteamericanos. Al mismo tiempo, los republicanos exigían desde 1868 una organización autonómica de la isla. Una vez proclamada la República, Francisco Salmerón, radical, ministro de Ultramar, declaró que el Gobierno tan solo se dedicaría a mantener la españolidad de Cuba. Su sustitución por Cristóbal Sorní, federal de Pi y Margall, cambió la situación: se llevarían a cabo reformas políticas y sociales, pero había que esperar a que hubiera diputados de Cuba. No obstante, las elecciones de mayo de 1873 solo se celebraron en Puerto Rico, de donde salieron 15 diputados radicales. Unos meses antes, la Asamblea Nacional, de mayoría radical, había abolido la esclavitud en Puerto Rico, aunque la ley no establecía la libertad plena porque los antiguos esclavos siguieron atados a sus amos por contratos de trabajo al menos durante los tres años siguientes. Así, al final de 1873, el 60 % de los libertos seguía trabajando para sus antiguos dueños.

Pi y Margall, cuando fue presidente de la República, prometió la autonomía para Cuba y Puerto Rico. Creía que las libertades acabarían con la insurrección, por lo que encomendó un paquete legislativo en este sentido a Sunyer i Capdevila, ministro de Ultramar. El 10 de julio se presentó un proyecto declarando vigente el Título I de la Constitución de 1869 en Puerto Rico, y se aprobó el 6 de agosto, con Salmerón ya como presidente y con la derecha republicana dominando las Cortes. Lo que no prosperó fue el proyecto de Sunyer i Capdevila sobre Cuba. El federal pretendía que el Título I se aplicase en la parte pacificada de la isla, pero la propuesta fue rechazada por otros republicanos y no se aprobó. Eduardo Palanca, ministro de Ultramar en el Gobierno de Salmerón, no aportó gran cosa a la resolución del conflicto cubano. También deseaba una autonomía para la isla —similar a La Federal peninsular— y creía que el modo de aplacar a los insurrectos era desarmando a los voluntarios, famosos por su conservadurismo y opuestos a la República. No dio tiempo a hacer nada porque Salmerón dimitió. Castelar rectificó la política reformista cuando llegó a la realidad gubernamental. Sustituyó al general Pieltain por Joaquín Jovellar, quien, por orden del nuevo presidente, prohibió las reuniones políticas y cerró periódicos y clubes federales, al tiempo que se empeñó duramente contra los insurrectos. Castelar también mandó a las Antillas al ministro de Ultramar, Soler y Pla, para estudiar sobre el terreno el efecto de las reformas, primero en Puerto Rico y luego en Cuba. Soler y Pla llegó justo después del incidente del Virginius¹³.

Aquel barco, junto al Billio Butts y el Marcelilla, salió de Nueva York con armas para los insurrectos cubanos, lo que violaba el acta de neutralidad de Estados Unidos, además de ser una enorme hipocresía hacia la República española, a la que los estadounidenses defendían internacionalmente. La Francia republicana hacía algo parecido al permitir el alojamiento en su suelo de los carlistas y la venta de armas al pretendiente. Pero no solo estos dos países jugaron a dos bandas. Venezuela traicionó el acuerdo que tenía con España y permitió la salida de Puerto-Cabello del Virginius con hombres y armas hacia las costas de Cuba. También ocurría en las costas de Haití o en Jamaica, donde incluso un buque de guerra español fondeó en Kingston para atrapar al Virginius, un vapor filibustero conocido desde hacía tiempo. Fue capturado por un buque español, el Tornado, antes de que llegara a las costas de Jamaica. En la huida lanzó al agua parte de su cargamento y a los caballos, e izó la bandera norteamericana.

Las Ordenanzas Militares de todos los países occidentales establecían la pena de muerte para los piratas. Pero la cuestión iba más allá, ya que el cargamento que llevaba alimentaría el conflicto y permitiría al presidente de Estados Unidos declarar «beligerantes» a los insurrectos, y si el conflicto pasaba a ser considerado una guerra, se permitiría la intervención de otras potencias. En el vapor, que fue capturado el 31 de octubre, iba el «ministro de Marina de la República de Cuba» y varios militares cubanos. El 1 de noviembre arribó a Santiago de Cuba. El cónsul norteamericano se ausentó sin licencia y el 2 de noviembre se celebró el consejo de guerra: 53 piratas fueron fusilados y los demás fueron encarcelados.

Castelar contó en las Cortes de 1889 que el director de telégrafos le despertó a las tres de la madrugada para atender una comunicación de Jovellar, capitán general de Cuba, en la que decía que había atrapado un buque pirata, el Virginius, y que se cumplirían las leyes de guerra. Castelar acudió a la presidencia, pero el telegrafista aún no había llegado —su jornada comenzaba a las seis de la mañana—. Se dirigió al Ministerio de la Guerra y telegrafió a Jovellar para felicitarle y también para recordarle que no podía ejecutar a los reos sin consultar previamente al Gobierno. Sin embargo, el hilo entre Santiago de Cuba y La Habana estaba roto y el mensaje no llegó. Mientras intentaban arreglar la avería dijo: «Estuvo nuestra defensa en aquel terrible suceso»¹⁴. El historiador Bermejo consiguió los telegramas que se cruzaron entre el ministro y Jovellar y los publicó, con lo cual se puede cotejar la veracidad de la explicación de Castelar¹⁵. El telegrama llegó tres días después de las cuatro primeras ejecuciones, que tuvieron lugar el día 4, antes de que Jovellar se hiciera cargo del mando. Además, el general contestó el 7 de noviembre que no encontraba ley ni disposición que obligase a consultar al Gobierno y que consideraba de la «mayor gravedad» no aplicar a la tripulación del Virginius el peso de la reglamentación y de la costumbre.

La respuesta gubernamental fue que suspendiera las ejecuciones porque debía ser el Gobierno el que resolviera. El ministro de Ultramar telegrafió al Gobierno civil de Cuba pidiendo información sobre el apresamiento y el cargamento del Virginius. Jovellar estaba convencido de que la situación de Cuba exigía mano dura —aplicar las Ordenanzas— y que los peninsulares que había en la isla necesitaban confiar en la autoridad. Además, puso su dimisión sobre la mesa si no le dejaban ejercer sus facultades como capitán general. La intención de Jovellar era insuflar ánimo en los peninsulares, que con el apresamiento del Virginius habían visto «el golpe mayor que ha recibido el enemigo después del levantamiento». Apuntó también que no quiso aplicar la gracia de indulto.

El 13 de noviembre, Castelar envió un telegrama desesperado a Jovellar: «¡Por Dios, no más ejecuciones; acuérdense de la situación comprometida y dificilísima del Gobierno en este terrible asunto!». La principal preocupación era iniciar una guerra con Estados Unidos, y así lo creyó Jovellar. Esto marcó la política de Castelar, que fue incapaz de mandar hombres y dinero a la isla: «Estados Unidos resuelto a guerra que sería nuestra ruina y la pérdida de las Antillas», escribió. El 20 de noviembre ordenó detener las ejecuciones y que se les devolvieran los bienes incautados a los ciudadanos norteamericanos. Era muy importante, escribió Castelar, que se lo comunicara inmediatamente a Polo, encargado de negociar con la Administración Grant. Castelar le confesó que el argumento de Estados Unidos y de Reino Unido para intervenir en la isla era que el Gobierno español no era obedecido en Cuba. Jovellar accedió y dijo que no habría más fusilamientos sin el expreso conocimiento del Ejecutivo, ni siquiera a «varios desertores al enemigo sometidos a consejo de guerra que deberían ser fusilados»

El almirante Polo de Bernabé, embajador en Washington, envió un telegrama al Gobierno español diciendo que temía represalias norteamericanas. Sickles exigió reparaciones: satisfacción económica para los familiares de los ejecutados y devolución del Virginius. Lo que le faltaba a la política exterior española, decía Castelar en un telegrama a Jovellar el 27 de noviembre: Estados Unidos pondría a Europa contra España y sería imposible el comercio español en el mundo.

España se encontró aislada de Europa, lo que era una anomalía sin precedentes. Las potencias no se fiaban de la República española, ni siquiera la República francesa, porque no era estable y porque ni siquiera los propios federales se ponían de acuerdo. No hay que olvidar que la minoría republicana de las Cortes de 1871 apoyó a la Comuna de París en contra del Gobierno republicano de Versalles, el de la III República, y que eso tuvo sus consecuencias. Reino Unido y Francia decidieron esperar y el resto de países europeos, salvo Suiza, aguardaron a que británicos y franceses tomaran una decisión. El problema de España era que, como demostró la historiadora Gómez-Ferrer, en Europa había pasado el tiempo de las utopías, en gran parte por el impacto de la Comuna de París, y se había instalado la realpolitik. La pugna española entre cantonalistas y carlistas asustaba en Europa. España era un país que se alejaba del camino que habían tomado las potencias europeas¹⁶ y la cosa se complicaba aún más con los fusilamientos de la tripulación del Virginius. Castelar preguntó a Jovellar si obedecerían en Cuba la orden de entrega del Virginius a Estados Unidos y el saludo a su bandera. Esto era una cuestión de orgullo y honor que pesaba mucho entre los peninsulares de la isla. La respuesta debía ser «urgentísima, urgentísima», porque, de ser negativa, se iría a la guerra y habría que abrir las Cortes¹⁷.

El caso es que España cedió ante Estados Unidos. Los encargados de las negociaciones fueron el secretario de Estado norteamericano y el embajador español en Washington¹⁸. El 28 de noviembre ya estaba todo resuelto. Castelar telegrafió a Jovellar diciéndole que habían acordado la devolución del barco y el pago de indemnizaciones. «De saludo no hay nada por ahora». Lo cierto es que Castelar no pudo limar la animadversión hacia la República de los españoles en Cuba, aunque esto no fue determinante para la marcha del nuevo régimen. El apresamiento del Virginius fue un éxito político y social en la isla, donde hubo numerosas celebraciones espontáneas que sorprendieron al general Jovellar. El capitán general habló con los militares y las personas influyentes de la isla, que aseguraron su obediencia al Gobierno. Pero no tenía la misma confianza en las «clases inferiores, porque su patriotismo se presta más al sentimiento que a la reflexión». Se refería a los «Voluntarios de Cuba», cuyo comportamiento, con independencia de sus motivaciones, era violento, no menor que el de los voluntarios federales en la Península¹⁹. Jovellar informó al Gobierno de que no se podía contar con el «asentimiento de la masa española a las condiciones inadmisibles» de Estados Unidos y de que había avisado a Polo para «ganar tiempo» y calmar los ánimos. Castelar, a su vez, intentaba deshacer la idea de que una guerra con Estados Unidos sería patriótica. «Los Gobiernos [están] para impedir las locuras de los pueblos», escribió en el telegrama. La población española de Cuba estaba exaltada y, decidida a no entregar el Virginius, ya preparaba la guerra contra Estados Unidos. El 12 de diciembre hubo una gran manifestación en La Habana contra las autoridades cubanas y el Gobierno republicano, a quienes se consideraba traidores, incluido Julián de Zulueta, el todopoderoso director del Casino Español. Jovellar reprimió el motín con la caballería y los voluntarios, cuyos coroneles habían confirmado que permitirían la marcha del vapor.

El acuerdo se firmó el 16 de diciembre, día en que se entregó el Virginius. Estados Unidos exigió el cese del brigadier Burriel, gobernador de Santiago de Cuba, por ordenar las ejecuciones. A cambio, Sickles fue relevado por Caleb Cushing, un hombre de confianza de Grant, que dejó de presionar al Gobierno español²⁰.

Esto reforzó el deseo de autonomía en la gestión de la isla, tal y como se venía haciendo desde el reinado de Amadeo I. Así Jovellar se lo dijo al Gobierno en cuanto llegó a La Habana, pero el ministro de la Guerra contestó que no podía ejecutar ninguna sentencia de muerte sin la autorización gubernamental. Días después del nombramiento de Jovellar, el Gobierno recortó la autonomía del capitán general de La Habana por decreto, lo que le obligaba a consultar las decisiones con Madrid.

El viaje de Soler y Pla a Cuba —inédito en un ministro de Ultramar— no fue bien recibido en la isla, puesto que se le consideraba favorable a las reformas y a ceder ante Estados Unidos. Llegó el 20 de noviembre, en plena crisis por el Virginius. Tampoco sirvió para acercar el integrismo españolista de la isla al Gobierno republicano ni para que Jovellar fuera más diligente con las órdenes de Castelar²¹. De hecho, cuando el Gobierno español ordenó la entrega del Virginius a las autoridades norteamericanas, se produjeron concentraciones de repulsa.

En lo referente a esta cuestión, Castelar no encontró ni comprensión ni mesura en el entorno federal español. Los diputados de la izquierda presentaron una solicitud pública de indulto a los apresados del Virginius²². Comenzaba otra vez el debate sobre la pena de muerte sin tener en cuenta que el silencio permitiría al Gobierno español solucionar mejor la situación. La petición de la izquierda se hizo en medio de las negociaciones de Sickles con Carvajal, ministro de Estado, lo que fue del todo irresponsable. La cuestión se volvió tan difícil que Castelar quiso que Figueras, al que no quería cerca pero que había sido amigo de Sickles, estuviera presente en las conversaciones con el norteamericano²³.

CARTAGENA

El mito cartagenero es sólido. Por un lado, se tiene como símbolo del desastre cantonal que provocó la ruina de la República, que es como se vio entonces. Por otro, se presenta como el resultado de una ilusión igualitaria y popular, el «último mito burgués», que escribió Jover Zamora, aunque fuera una utopía hasta que ocurrió y luego se mitificara como un episodio desastroso o romántico. Lo cierto es que en aquellos meses de 1873 se vio como un elemento de inestabilidad de la República, como una revolución e incluso como un saqueo. La resistencia de Cartagena empeoró la situación de la República porque la desprestigió en el interior y en el extranjero: obligó a desviar fondos y tropas que podrían haberse utilizado contra el carlismo y aumentó la división entre los federales. De hecho, fue el motivo de la censura a Castelar del 2 de enero, ya que los intransigentes, la izquierda y el centro no querían la derrota del cantón, sino integrarlo en el proceso constituyente forzando a las Cortes a reconocer una política de hechos consumados. Esa sería la misión del Gobierno de Palanca, el elegido en la madrugada del 3 de enero. El plan del cantón de Cartagena era aguantar hasta la reunión de las Cortes del 2 de enero, cuando Castelar sería derrotado y sustituido por un Gobierno proclive a pactar una salida política. El Ejecutivo presidido por Palanca, hombre de Salmerón, iniciaría este proceso en la madrugada del 3 de enero, cuando fue interrumpido por el general Pavía. El golpe, según escribió su autor años después²⁴, tenía como objetivo evitar que a la formación del nuevo Gobierno le siguiera el levantamiento de más cantones, tal y como estaba planeado.

Los cartageneros aguantaron solamente hasta la reapertura de las sesiones a costa de la vida de sus habitantes y de la salud de la propia República. No en vano, su comportamiento y su programa político detuvieron los debates constituyentes. Por eso, cuando se preguntó a Castelar por esta cuestión, contestó que el proyecto constitucional fue quemado en los muros de Cartagena.

Los cantonales tomaron medidas desesperadas para aguantar todo ese tiempo. Intentaron llevar la revolución a Valencia. Fletaron una expedición naval a la que siguió, como siempre, un grupo de barcos extranjeros que los vigilaba, y fracasaron. Una historia que circula es la supuesta petición de Roque Barcia a Grant, presidente norteamericano, para que Cartagena fuera un estado de la Unión. No es cierto. La Junta cartagenera se reunió el 15 de diciembre con motivo de la reanudación de los bombardeos. Barcia era vicepresidente de la Junta de Salvación Pública y presidente de la Comisión de Relaciones Cantonales y Extranjeras, y propuso protestar al cónsul norteamericano por la situación e incluso enarbolar la bandera de Estados Unidos. La Junta aprobó lo primero, pero se opuso a lo segundo. Sin embargo, la propuesta de Barcia gustó a mucha gente de la calle, por lo que escribió las cartas, organizó a los suyos e intentó presionar a la Junta, aunque sus intentos no prosperaron²⁵. No he encontrado documentación que demuestre que las cartas de Roque Barcia a Ulysses Grant y Emilio Castelar fueran enviadas, tan solo que supuestamente fueron encontradas por el regimiento Galicia en el cuartel de San Julián en Cartagena. Se trataba de dos cartas copiadas por «R. Rojas» que publicó el Diario de Barcelona el 4 de febrero de 1874 y que copió El Imparcial. La primera tiene fecha del 16 de diciembre, está escrita con el estilo de Barcia e iba dirigida a Sickles para que comunicase a su Gobierno la petición de enarbolar la bandera de Estados Unidos ante el cerco a la ciudad de Cartagena.

En el nombre del ser humano, del cristianismo, de la civilización, de la patria y de la familia: en nombre del pueblo y de Dios, preguntamos a la gran República americana si nos autoriza en un caso extremo como medio último de salvación, enarbolar en nuestros buques, en nuestros castillos, en nuestros baluartes, un pendón federal glorioso y acatado en todo el Norte.

Si España, decía Barcia, consentía una «crueldad desconocida», pues que «aprenda España que hay en este mundo una criatura más grande que ella: la humanidad». La otra carta iba dirigida al «Gobierno centralista» de Castelar, amenazaba con izar la bandera de Estados Unidos si continuaba el bombardeo de Cartagena y pedía su ingreso en aquel país²⁶. De haberse enviado dichas cartas habría sido en plena crisis bélica por la cuestión del Virginius. La Junta de Cartagena quería resistir a toda costa, mantener la épica como ejemplo para el resto de ciudades y legitimarse por el combate, por lo que prefirió sufrir los bombardeos. Cuando, una vez reiniciado el bombardeo a principios de diciembre, la Cruz Roja quiso negociar la salida de la ciudad de los que no fueran soldados, Contreras se negó, según Pi y Margall, porque no quería parecer débil frente a los sitiadores y deseaba aguantar hasta el 2 de enero, cuando cayera Castelar, para que el estallido de los «cantones en otras provincias fuera seguro. El cantonalismo —escribió Pi— se generalizaría y la revolución estaría salvada»²⁷.

La política de Castelar era acabar con los cartageneros antes de la reunión de las Cortes. Era una manera de fortalecer su Gobierno ante Europa, la España conservadora y el Partido Liberal, y también de desmoralizar a la oposición parlamentaria. El plan era sitiar Cartagena, bombardearla, ahogarla por falta de víveres y negociar la rendición con algunas personas del interior.

El general Martínez Campos se ocupó del cerco y del soborno de varios líderes cartageneros, a los que ofreció dinero y ascensos militares, como se hacía desde la primera guerra carlista. Martínez Campos comenzó a entenderse con los sitiados de Cartagena a mediados de septiembre. Llegaron a un acuerdo, pero, al no encontrarse Martínez Campos en el cerco, sino en Valencia, el general Salcedo, que lo sustituía, tuvo que consultar con el Gobierno. En esa espera se frustró el soborno, porque los dirigentes cartageneros que negociaban fueron sorprendidos por otros jefes del cantón. Martínez Campos se quejó de que la dilación gubernamental había acabado con la oportunidad de rendir la plaza, escribió en su informe del 21 de septiembre. Martínez Campos deseaba negociar porque «por tierra son inatacables, sino con sitio largo y sangriento», y eso desmoralizaría a sus tropas. Añadió que el bloqueo terrestre era inútil si no se bloqueaba también por mar, porque los cartageneros conseguirían víveres en otros puertos. Si el cerco llegaba al invierno, los pueblos de alrededor, «por conservar sus propiedades, nos volverían la espalda o se echarán en brazos del carlismo» y otros volverán a ser cantonales. Era preciso desabastecer la plaza para que se produjera la rendición, para lo cual el cerco marítimo era imprescindible. No podía permitir que los cantonales fueran a Torrevieja y Águilas a por víveres. «Cartagena es la piedra angular de la situación; es necesario apoderarse de ella a todo trance», sentenció. Era evidente que la política de Castelar gustaba a los conservadores. Martínez Campos terminó el informe para Sánchez Bregua, ministro de la Guerra, con una petición:

No tome a oposición lo que digo, porque hace tiempo no ha habido un Gobierno en España que haya, a mi juicio, hecho por la sociedad y el orden tanto como el que V. E. pertenece, y al cual sirvo con gusto y reconocimiento, por las deferencias que conmigo tiene, y que no merezco más que por mi buen deseo²⁸.

Castelar leyó el informe de Martínez Campos en el Consejo de Ministros, donde se ratificaron las decisiones para «rendir por cualquier medio Cartagena». La única advertencia fue que no transigiera con «los dos o tres jefes de primera línea». Ya lo habían intentado sin éxito en septiembre, escribió Pi y Margall, con Contreras, Gálvez y Gutiérrez²⁹, con quienes no querían volver a negociar. Así que, «en lo demás —escribió Castelar a Martínez Campos— haga V. E. lo que quiera», porque el Gobierno asumiría la «responsabilidad de sus actos ante las Cortes y ante la nación»³⁰.

Martínez Campos escribió a Contreras el 10 de septiembre para que se rindiera porque el Gobierno de Castelar no cedería, máxime cuando los cantones andaluces habían caído y el Ejército se estaba reorganizando y rearmando. Era el momento de rendirse, porque no podrían sobrevivir estando la ciudad «bloqueada por mar y tierra»³¹. La respuesta fue negativa, por lo que Martínez Campos siguió trabajando en el cerco terrestre. Sin embargo, el sitio por mar fallaba. El 20 de septiembre, los buques cantonales fondearon frente a Alicante y exigieron su rendición. Maisonnave, alicantino y ministro de la Gobernación, ordenó que la ciudad resistiera y mandó tropas y artillería. La flota extranjera que siguió a los cantonales advirtió al brigadier Carreras, que la comandaba, de que, si los intereses de los extranjeros eran perjudicados, tendrían que intervenir³². Carreras no hizo caso, por lo que la población extranjera acudió al alcalde, Juan Leach, y consiguió que pidiera al comodoro inglés que mediara con el dirigente cantonal. Leach solicitó cuatro días más. Mientras tanto, llegó Martínez Campos y se encontró con Leach, que venía de parlamentar con el inglés. Hubo una discusión, porque el plan de Martínez Campos era que Alicante resistiera el ataque cantonal. Todo el consistorio dimitió y se lo comunicó al Gobierno, que aprobó la conducta del alcalde. Martínez Campos discutió con el Ministerio durante dos horas por telégrafo y dimitió el 24 de septiembre porque no se sintió respaldado³³. El 25 de septiembre fue sustituido por el general Francisco Ceballos, otro general conservador, del entorno de la Unión Liberal. Ceballos había sido segundo cabo del capitán general de Cuba en 1872, y al año siguiente Salmerón le nombró coronel general primer jefe del I Batallón Distinguido de Jefes y Oficiales, creado para reorganizar el Ejército³⁴. En febrero de 1873, Ceballos, que no era republicano, pidió a Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, que le relevara de su puesto en Cuba porque «no estoy ni puedo estar conforme con el giro que han tomado los asuntos políticos en la nación», y que lo sustituyera por «un general cualquiera» que se sintiera «identificado con la situación», porque era «humanamente imposible mi continuación en este mando»³⁵. Así, Salmerón dio un mando a otro general no republicano.

Maisonnave viajó a Alicante para demostrar que había que resistir. Finalmente, las autoridades civiles de la ciudad no dieron víveres a los cantonales de Cartagena, que bombardearon la ciudad el 27 de septiembre durante seis horas, cayendo no menos de 300 proyectiles, causando nueve muertos y 40 heridos. Desesperados, los cartageneros fueron a robar a Garrucha, Vera y otros pueblos, donde no encontraron resistencia. Quisieron hacer lo mismo en Valencia, donde robaron cuatro mercantes con dinero y víveres, y secuestraron a la tripulación. Luego los liberaron, lo que, a decir de José Barón Fernández, autor de una monografía sesgada y mitificadora del cantonalismo, fue «una muestra más de la conducta correcta de los cantonales cartageneros»³⁶.

Como ya señalamos, era el cerco por mar lo que no funcionaba. El almirante Lobo intentó un golpe definitivo a la escuadra cantonal, pero fracasó en la batalla de Portman-Cabo de Agua y fue sustituido por el contraalmirante Chicharro el 18 de octubre, toda vez que no se contempló el ofrecimiento de Topete³⁷. Siendo imposible por mar, el cerco quedó limitado al terrestre. Ceballos se retiró en el mes de diciembre por enfermedad y fue sustituido por el general López Domínguez, también conservador y ligado al general Serrano. Años después, López Domínguez escribió que el reemplazo de Salmerón por Castelar fue una «verdadera esperanza para todos los amantes de la libertad y del orden»³⁸.

El cantón de Cartagena fue la prueba de que la República no era posible con aquel Partido Republicano crecido a través de la demagogia —asunto que confesó Castelar— y la falta de comprensión de la misma democracia que pregonaban, tal y como había dicho Nicolás Salmerón en 1868. El desorden generado por el cantón de Cartagena fue munición para los monárquicos en la opinión pública española. Cada bombardeo o saqueo de los barcos cantonales era un paso hacia el hundimiento de la República como fórmula de convivencia. En el exterior, en especial en Reino Unido, Francia y Alemania, la República española era vista como un capítulo más de la era de las revoluciones, justo cuando los Gobiernos pedían tranquilidad. La sensación era que el Ejecutivo español era incapaz de imponer su autoridad más allá de Madrid, lo que deslegitimaba cualquier discurso internacional. Los cartageneros quisieron imponerse a la legalidad y a la legitimidad surgida de las urnas, con todas las reticencias que se puedan poner tras el golpe del 23 de abril de Pi y Margall o las exiguas elecciones de mayo de 1873. Los federales acantonados en Cartagena no querían más que imponer un sistema al resto de españoles, lo que distaba mucho de la idea de democracia, representación y libertad, e incluso de la de soberanía nacional. La resistencia del cantón para acabar con Castelar supuso el desprestigio final de la República. La posibilidad de derrotar al Ejecutivo en el Parlamento, cosa que no podían hacer con las armas en la mano, dio alas al cantonalismo. De ahí la responsabilidad de los diputados del centro, de la izquierda, de los intransigentes y de la derecha de Salmerón en el fracaso de la República de 1873. La censura de Castelar significaba dar a los cantonales la victoria que no habían conseguido en el campo de batalla ni en la legalidad.

RADICALES Y CONSTITUCIONALES SE REORGANIZAN

Apartados de la situación, la junta directiva del Partido Constitucional se reunió el 18 de febrero de 1873. Serrano no acudió y los presentes no acordaron nada respecto a su posición frente a la República³⁹. Algunos, como Topete y Víctor Balaguer, consideraban que podía ser una manera de conservar los principios de la Revolución de 1868. También, lógicamente, la República era una forma de evitar una Restauración de los Borbones que los apartara de la política. Otros pensaban lo contrario: la Revolución se había salido de su cauce con una República que nadie quería y era aconsejable pensar en alguna forma de recuperar la monarquía. La mayoría, sencillamente, se limitó a esperar acontecimientos.

La maniobra de los radicales para evitar que la República quedase en manos de los federales agradó a los constitucionales. Era una forma de mantener los principios revolucionarios y su propia situación personal sin desquiciar el país. Martos, como se vio, quiso contar con el apoyo de los conservadores para sustituir legalmente al Gobierno de Figueras el 23 de abril, pero fracasó y los constitucionales marcharon al exilio para evitar el encarcelamiento e incluso la muerte. En estas circunstancias, como ya vimos, decidieron no participar en las elecciones de mayo convocadas por Pi y Margall. No obstante, la junta directiva del partido aprobó dejar en libertad a sus hombres para presentarse si lo consideraban oportuno.

Gabriel Rodríguez, cónsul español en Bayona, informó de una reunión de constitucionales y radicales en Biarritz el 23 de julio, una semana después de la presentación del Gobierno de Salmerón. Se dieron cita Serrano, Sagasta, Martos, Augusto Ulloa, el general López Domínguez, Sardoal, Albareda, el general Zavala y Juan Antonio Rascón para debatir su actuación. En esas reuniones en territorio francés, según Andrés Borrego, se dieron cita constitucionales, radicales y alfonsinos, y se acordó no tocar la forma de gobierno hasta que hubiera orden en España. El giro conservador de los republicanos, con Salmerón en la Presidencia del Gobierno, separó a los constitucionales de los alfonsinos a la espera de lo que pudiera ocurrir⁴⁰. Según Gabriel Rodríguez, discutieron «sobre los medios más a propósito de ofrecer sus servicios al Gobierno constituido» de Salmerón para someter Cartagena y acabar con los carlistas⁴¹. Acordaron enviar un telegrama a Topete y otro a Becerra de conformidad por haber apoyado al Gobierno⁴². No obstante, Salmerón no quiso saber nada de todo esto. Se produjo cierto debate entre los constitucionales, como se desprende de la correspondencia entre Sagasta y Víctor Balaguer. El primero tenía muchos recelos, y el 29 de agosto, aún con Salmerón en el Gobierno, comunicó a Balaguer su desconfianza hacia la derecha republicana. Creía que Salmerón debía agotar todos los recursos antes de que los constitucionales volvieran a ofrecerse. Tampoco se fiaba de los radicales, que «solo pueden perjudicar a la causa» del Partido Constitucional «y de la patria»⁴³.

Como ya dijimos, la elección de Castelar en el mes de septiembre provocó que los más importantes constitucionales volvieran a España. Su junta directiva se reunió el 29 de septiembre en la casa de Topete. La fecha no era casual, pues se trataba del aniversario de la Revolución de 1868. Allí se reunieron Serrano, Sagasta, Santa Cruz, Romero Ortiz, Alonso Martínez, Ulloa, López de Ayala, Gaminde —que pasó del Partido Radical al Conservador—, Víctor Balaguer y otros. El objetivo de la reunión era decidir la actuación del partido. Serrano abrió la sesión diciendo que Martos y Becerra habían propuesto la colaboración de los dos partidos enarbolando la bandera de la República unitaria. Las opciones eran o bien apoyar al Gobierno de Castelar, o bien decidirse por Alfonso de Borbón. Acordaron no establecer una alianza con los radicales y apoyar al Gobierno, no a la República. Hubo cierta discusión sobre la cuestión de la forma de Estado que defenderían. Topete manifestó que no deseaba la vuelta de los Borbones y que el Partido Conservador constitucional debía seguir la senda abierta en septiembre de 1868 y defender la República unitaria. En esta misma línea se manifestaron Romero Ortiz y Víctor Balaguer⁴⁴.

El Partido Constitucional, dijo Sagasta, no podía defender la República porque era la forma «más funesta para la paz en el interior y un peligro para la tranquilidad de Europa». El país no vería sinceridad en su republicanismo, por lo que debían ser accidentalistas en la forma, teniendo como prioridad el orden. Si llegaban al poder en la República, lo primero sería pacificar el país y luego consultar a los españoles sobre la forma de gobierno, y no descartó la República si era de orden⁴⁵. Sostuvo que en la situación en la que se hallaba el país no podía rechazarse ninguna solución monárquica, ni siquiera al príncipe Alfonso, porque «debemos pensar en la patria» y en la «tranquilidad de esta sociedad perturbada». Era una forma de acercarse al alfonsismo sin comprometerse, así como de cumplir con lo establecido en las conferencias de Bayona. Serrano dijo que no estaba dispuesto a dividir el Ejército para proclamar a Alfonso XII. Así se lo había dicho a Jacinto María Ruiz, agente de Isabel II, en Biarritz en el verano de 1873, como se verá en la parte VI del libro⁴⁶. Topete afirmó que el Borbón podía ser aceptable, pero que él se retiraría de la política. Romero Ortiz, Fernández de la Hoz y Moreno Benítez rechazaron la posibilidad alfonsina. No así Luis Elduayen y Romero Robledo, que se pasaron al Círculo Alfonsino de Madrid, entonces en la calle del Correo. Otros constitucionales, como Víctor Balaguer y su diario El Gobierno, criticaron a los que se definieron como alfonsinos⁴⁷. El acuerdo fue apoyar al Gobierno de Castelar a mantener el orden, pero sin significarse como republicanos o alfonsinos. La Revista de España, uno de sus órganos, aconsejó a los constitucionales de provincias que ayudaran a las autoridades locales a mantener la autoridad agitando «a la opinión pública»⁴⁸.

En definitiva, para octubre de 1873 había tres tendencias en el Partido Conservador constitucional. Topete y Víctor Balaguer estaban a favor de colaborar con la República como continuación de la Revolución de 1868 y para que no volvieran los Borbones. Pensaban en una República unitaria, aunque algunos creían, como decía Ramón Damon a Víctor Balaguer, que «no hay hombres para ella, toda vez que no se encuentra uno para dictador»⁴⁹. Sagasta defendió apoyar a Castelar no para asentar la República o para que no volvieran los Borbones, sino para implantar el orden. De esta manera, Sagasta se colocó en una posición intermedia: ni con la República ni con la monarquía alfonsina, pero era capaz de jugar en los dos bandos⁵⁰. Por último, estaban los conservadores que se declararon abiertamente alfonsinos, como Romero Robledo y Luis Elduayen, muy cercano el segundo a Cánovas, que desde agosto de 1873 era el jefe del alfonsismo.

Serrano iba por su cuenta, indeciso entre liderar la Restauración o presidir una República. En noviembre de 1873 dirigió la reunión de la junta directiva, en la que no se citó a Romero Robledo y a Elduayen por ser alfonsinos. Serrano sostuvo que el partido solo tenía por bandera el orden, no una forma de gobierno ni una dinastía. López de Ayala, también alfonsino, protestó, pero su queja no prosperó. La junta aprobó rendir tributo al recientemente fallecido Ríos Rosas, ratificar el acuerdo del mes de octubre por el cual se aseguraba el apoyo al Gobierno de Castelar únicamente para mantener el orden, echar a los que tuvieran «actitudes políticas distintas» a las de la junta y elegir un triunvirato compuesto por Serrano, Sagasta y Topete. La circular se publicó en la prensa del partido y se pasó a los comités provinciales⁵¹. Romero Robledo y Elduayen publicaron entonces una carta de protesta que no sirvió para nada.

Así pues, los constitucionales quedaron dirigidos por el triunvirato compuesto por Serrano, Sagasta y Topete, y sus órganos eran La Prensa, El Gobierno y La Iberia. Su estrategia era presentarse como un partido de orden sin más bandera política. Topete se había ofrecido en julio a Salmerón para combatir a los buques cantonales, pero el Gobierno lo rechazó⁵². Esa disposición de los constitucionales también era gracias a la actitud de Castelar, que consultó con Serrano los nombramientos militares, por ejemplo, los de Zavala y Jovellar, aunque Serrano prefería a Manuel y José de la Concha⁵³. El nuevo presidente contaba con los constitucionales, pero no se fiaba del todo de ellos y recordó que Prim ya había prohibido que los militares pudieran participar en reuniones políticas. Aun así, los constitucionales vieron una oportunidad para volver a la política, e incluso una solución a la situación que, a su entender, solo pasaba por acabar con carlistas y cantonales. Ni mucho menos era una confianza ciega. Para muchos, Castelar no dejaba de ser el hombre que había alentado la utopía federal y que, una vez en el Gobierno, deseaba deshacerla.

Castelar había confiado en Ríos Rosas como enlace con el Partido Constitucional. Llegó a ofrecerle la Presidencia de la República en el caso de que fuera derrotado el 2 de enero, para lo cual contaba con llevar diputados conservadores a las Cortes gracias a las elecciones parciales que debían hacerse. Incluso ofreció a Cánovas seis escaños. El plan se completaba con la vía francesa en el caso de ser derrotado: que las Cortes nombraran a un presidente durante siete años, un «septenado», como había hecho el general Mac Mahon en Francia⁵⁴. En el país vecino, la República la habían levantado monárquicos sin candidato y los republicanos moderados, y en mayo de 1873 la Asamblea Nacional eligió a Mac Mahon, el militar de más prestigio en Francia. En España ese papel lo podía desempeñar Ríos Rosas, un conservador civil con mucha autoridad en todos los partidos del que nadie dudaba de su amor a la libertad. Su muerte, el 3 de noviembre, cerró esa posibilidad, pero abrió otra para Serrano.

Manuel Becerra tomó las riendas del Partido Radical para su organización y participación en la República y propuso la fusión con el Partido Conservador constitucional. Así lo dijo en las Cortes: «Los buenos liberales deben unirse, conservando sin embargo cada uno sus principios», para resolver el caos en el que se encontraba el país⁵⁵. El 26 de agosto envió una circular a provincias, dirigida a políticos locales, para iniciar esa fusión. Mariano Pons, antiguo progresista de Reus, conservador constitucional de la cuerda de Sagasta, escribió a Víctor Balaguer una opinión que se encuentra muy presente en su correspondencia y que bien podría ser la de muchos conservadores: los radicales habían traicionado el proyecto liberal de la Revolución y al mismo Prim. Pons decía que había contestado a Becerra que

… no tiene eco aquí [Reus] la voz de cimbrios ni radicales, a los cuales atribuimos los graves males de la patria. Hemos comprendido antes de ahora la necesidad de la unión de todos los elementos liberales; la comprendemos hoy con centuplicado motivo, pero tememos que [los radicales] nos vuelvan a joder⁵⁶.

Otros constitucionales sí aceptaron la fusión, como en Granada, donde conservadores y radicales nombraron una junta directiva y manifestaron la «conveniencia de fusionarse los que, procedentes de la Revolución de septiembre del 68, habíamos estado juntos hasta la fatal ruptura, y que hoy la bandera sería orden, libertad y justicia»⁵⁷. «Becerra se mueve mucho» con la excusa de la fusión de los liberales, decía Antonio Quevedo, dirigente constitucional de Granada. Becerra había propuesto organizar comisiones de unión en provincias, pero no se fiaban de él. «Quiere absorbernos» ofreciendo cargos de dirección a los constitucionales. «Esto me obliga a ponerme en guardia y esperar», concluía Quevedo. Lo que debatían era la fusión, pero dejaban la decisión a lo que dijera la junta directiva de los conservadores⁵⁸, aunque esta, como vimos, no quería saber nada de los radicales.

La llegada de Martos a Madrid a comienzos de septiembre cambió la estrategia de Becerra. Martos no se hartaba de repetir «de La Federal no quiero ni el nombre», pero tampoco deseaba la fusión con los conservadores, sino trabajar juntos. Sabía que los constitucionales no querían constituir un solo partido y se planteó la reconstrucción del Partido Radical adaptado a la nueva situación política. En el mes de septiembre comenzaron las reuniones de los radicales en la Tertulia. Sardoal, que volvió del exilio entonces, era partidario de que los generales radicales aceptaran los mandos ofrecidos por el Gobierno, pero que los hombres civiles hicieran una dura oposición sin impaciencias⁵⁹. Sardoal, como ya se vio, fue uno de los grandes perjudicados y perseguidos en el golpe de Estado de Pi y Margall de abril de 1873.

Finalmente, el 6 de octubre, radicales y republicanos unitarios, los hombres de García Ruiz, celebraron un acto conjunto en los locales de la Tertulia Radical. Se reunieron unas 300 personas, presididas por Martos, quien dijo que la República era la «última etapa de la Revolución de septiembre». Si se perdía la República, dijo, se perdía la Revolución. Martos quiso aunar a los que se sentían republicanos con los que seguían siendo accidentalistas con la forma de gobierno mientras se conservasen los derechos individuales, e incluso con los monárquicos sin monarca que se sentían patriotas. La actitud, dijo, debía ser apoyar «la dictadura» de Castelar porque el «orden es la primera necesidad de las repúblicas» para vencer la «desconfianza de las clases media y conservadora». Los radicales defenderían una «República descentralizadora», pero solo en lo administrativo⁶⁰. Los pocos republicanos unitarios de García Ruiz se unieron a los radicales para formar el Partido Republicano Democrático, con una junta directiva compuesta por Martos, García Ruiz, Becerra, Montero Ríos y Rafael Izquierdo. El 26 presentaron un manifiesto, escrito por Echegaray, defendiendo la vigencia del Título I de la Constitución de 1869, el relativo a los derechos individuales, y atacando la «teocracia» carlista, el socialismo y el cantonalismo, porque «niegan toda la civilización moderna». Su ideal era la República unitaria, unos por «fracasar el ensayo de monarquía democrática» y otros por su «inquebrantable creencia»⁶¹. Esto supuso la pérdida de una parte de los radicales, que tomaron como órgano El Imparcial para decirse partidarios del «monarca X», que no era Alfonso de Borbón, sino Fernando Coburgo, el rey viudo de Portugal que había rechazado el trono de la España revolucionaria en varias ocasiones entre 1869 y 1870.

Ruiz Zorrilla tampoco firmó el manifiesto radical a pesar de haber pasado esos días por Madrid⁶², quizá porque despreciaba la relación entre Martos y Serrano. Constitucionales y radicales prepararon los partidos entre septiembre y noviembre considerando que el Gobierno, tal y como les había prometido Castelar, convocaría elecciones para cubrir las plazas vacantes en las Cortes. Sin embargo, Salmerón, para impedir que los dos partidos estuvieran en la Asamblea y se convirtieran en un apoyo de Castelar, consiguió que la Comisión Permanente de las Cortes impidiera las elecciones de diciembre. Tampoco la Mesa de las Cortes, salmeroniana, dio el consentimiento a dichas elecciones parciales y puso como condición que se levantara la suspensión de las garantías constitucionales. La guerra entre Salmerón y Castelar había comenzado.

17

LA DERECHA SE DESCOMPONE

SALMERÓN CONTRA CASTELAR

Si la derecha republicana se hubiera mantenido unida, es decir, si Salmerón no hubiera retirado su apoyo a Castelar, habría prosperado la moción de confianza y, como consecuencia, no habría tenido lugar el golpe de Estado del 3 de enero. Durante su mandato, Castelar llevó a cabo una «política patriótica», esto es, gobernar para pacificar el país con tres guerras civiles —cantonal, carlista y cubana— haciendo que se respetara la ley, reorganizando los instrumentos para que esto fuera posible —como el Ejército— y arreglando la maltrecha Hacienda, y todo sin atender a partidismos. Este patriotismo suponía acercarse a los mejores militares y políticos para tomar decisiones y que asumieran responsabilidades. De esta manera, por ejemplo, consultó la cuestión del Virginius con Cánovas, Martos y Serrano, ya que la guerra se le declararía a España, no a su Gobierno o a su partido. Del mismo modo procedió con los nombramientos militares, aunque luego no siguió los consejos al pie de letra. Trató a los cantonales como a los carlistas, como a unos sublevados a quienes había que derrotar. Y así actuó tanto en el norte como en Cartagena. Castelar puso el orden y la unidad de España por encima de la República y del federalismo, e incluso aceptó la pena de muerte como un mal necesario. Por supuesto, todo esto supuso que la prensa federal lo considerara un traidor. Los periódicos que suspendió —todos tenían tiradas pequeñas— fueron La Paz (Lugo), carlista; El Federalista; El Apagador y La Legitimidad (Córdoba); El Atizador, La Verdad y El Reformista¹. No suspendió La Justicia Federal, de Roque Barcia, líder cartagenero, o el periódico carlista más importante, El Pensamiento Español, que se repartía en territorio no carlista en plena guerra civil. Fue una dictadura comisaria, en el sentido de que ejercía los poderes sin control previo de la legislación, pero rindiendo luego cuentas ante las Cortes.

Castelar no dudó en usar los instrumentos legales que le proporcionaba la suspensión de las garantías constitucionales, la misma que había tenido Pi y Margall pero que no utilizó. A esto pretendía sumar el apoyo de los políticos constitucionales y radicales para convertir las Cortes en una verdadera representación nacional y reforzar así sus apoyos parlamentarios. Su deseo era conseguir el 2 de enero un voto de confianza para mantener cerradas las Cortes durante, al menos, cinco meses más, tiempo suficiente para acabar con los cantonales. De hecho, intentó acelerar las operaciones a finales de diciembre de 1873 con ese fin. Los carlistas eran considerados un problema general y endémico de la libertad en España, capaz de unir a todos los partidos, así que, una vez derrotados los cantonales, podría dedicar todos los recursos contra ellos, como habían hecho todos los Gobiernos liberales desde 1833.

Una vez vencidos los cantonales, Castelar pretendía celebrar unas elecciones parciales en los distritos vacantes —unos 47— para introducir en las Cortes a constitucionales y radicales e iniciar un nuevo momento legislativo y constituyente. Consideraba que podía llegar a un acuerdo con constitucionales y radicales basado en la Constitución de 1869, especialmente en el mantenimiento del Título I, el relativo a los derechos individuales, y fundar una República unitaria. Entre aquellas posibles normas estaría la creación de la figura del presidente de la República. Su idea era que el cargo recayera en un monárquico identificado con la Revolución de 1868 para así dar confianza a los liberales no republicanos. Ríos Rosas murió en noviembre de 1873, por lo que se fijó en el general Serrano. Esto no era un secreto para nadie. De hecho, Cánovas, que desconfiaba de Serrano desde septiembre de 1873, lo llamó el «Mac Mahon español», y no le faltaba razón.

Por su parte, Salmerón creía en una República levantada solo por los miembros de su partido, alejando al resto hasta que el edificio constitucional estuviera construido. Este exclusivismo era contrario a la idea democrática y representativa, incluso a la voluntad nacional como la expresión de la nación completa. Además, Salmerón era partidario de aumentar el tiempo de suspensión de las sesiones de Cortes, pero no para introducir a constitucionales y radicales en el régimen y hacer leyes, sino para retomar el debate constitucional. Por eso, cuando Castelar dijo en la sesión parlamentaria del 2 de enero que no retomaría el debate porque «lo habían quemado a las puertas de Cartagena», Salmerón lo sentenció. Estaba convencido de que Castelar se había alejado de la «órbita republicana» por su relación con los constitucionales y radicales, por la pena de muerte, por el acuerdo con la Santa Sede para nombrar obispos y por el giro constituyente para abrir las Cortes a otros partidos y otras opiniones. Esto obligó a Salmerón a acercarse a Pi y Margall, a pesar de que se odiaban mutuamente y de que el 6 de septiembre protagonizaran la sesión más áspera de 1873.

Así pues, tuvo lugar un matrimonio de interés entre la derecha de Salmerón, la izquierda de Pi y Margall, los intransigentes y el centro reformista, una alianza que se fue aclarando en los meses previos a enero de 1874. Para Salmerón era preferible pedir perdón a los cantonales por declararles «piratas», por haber sido perseguidos en Andalucía y Levante, por haber insultado a Pi y Margall y por haberse negado a conceder una amnistía antes que permitir la continuidad de Castelar. Si el Gobierno continuaba y conseguía otra suspensión, Castelar podría celebrar elecciones para que salieran constitucionales y radicales, lo que, en opinión de Salmerón, era intolerable. Era preciso que Castelar cayera. Desde el principio se habló de Eduardo Palanca para formar Gobierno, un diputado del centro reformista que ya había sido ministro con Salmerón y que se caracterizaba por su comprensión del cantonalismo. De hecho, Palanca fue quien evitó que Pavía terminara la pacificación de Andalucía deshaciendo el cantón de Málaga.

Las reuniones entre Salmerón y Castelar se volvieron frecuentes en el mes de noviembre y a principios de diciembre se daba por sentado que existía una fuerte discrepancia entre ambos. El Imparcial del 5 de diciembre aseguraba que Salmerón apoyaría un Gobierno presidido por Palanca en el caso de que Castelar dimitiera el 2 de enero. Esto significaba que Salmerón había amenazado con presentar su propio Ejecutivo.

El objeto de las negociaciones era el deseo de Castelar de convocar elecciones parciales y seguir con su política de acercamiento a los partidos liberales², lo que hizo que Salmerón exigiera la sustitución de Maisonnave, ministro de la Gobernación, que mantenía buenas relaciones con los constitucionales, por un republicano simpatizante suyo o un centrista cercano a Pi y Margall. Salmerón no quería que en esas elecciones el Ministerio de la Gobernación se usara para que salieran diputados constitucionales y radicales. Por ello, la Comisión Permanente de las Cortes, dominada por hombres de Salmerón, se negó en el mes de diciembre a convocar elecciones para cubrir las vacantes, pensando en impedir el acceso de constitucionales y radicales, y por eso la Mesa de las Cortes se opuso a la celebración de las elecciones parciales, como ya dijimos. Alegaba como condición algo inaceptable para Castelar: el fin de la suspensión de las garantías constitucionales salvo en las provincias vascas y Navarra³. Salmerón hizo todo lo posible para evitar unas elecciones que habrían consolidado la política de Castelar y, en el caso de que se celebraran, no estaba dispuesto a permitir que constitucionales y radicales estuvieran en mejores condiciones que los cantonales. El conjunto no era el mejor ejemplo de comportamiento democrático.

La presión de Salmerón obligó a Castelar a renegar de sus planes. Acordaron fijar la fecha de las elecciones después de que el Ejecutivo presentara a las Cortes su memoria de Gobierno el 2 de enero, una fecha pactada al gusto de la oposición parlamentaria. Esto suponía una ventaja para Salmerón, que pensaba provocar la dimisión del Gobierno a la primera oportunidad. Castelar cedió también en la cuestión militar. Salmerón se opuso a que el general Zavala mandara las tropas que cercaban Cartagena porque era miembro del Partido Conservador constitucional. Su sustituto fue el general López Domínguez, a pesar de que contó con la negativa de Salmerón, Figueras y del general federal Nouvilas⁴. Castelar aquí se mantuvo firme. Ante esto La República, órgano de Salmerón, atacó a Castelar exigiendo que se reanudase el debate constitucional, lo que unía a la oposición y era mal síntoma para el 2 de enero.

Mientras Castelar pensaba que el orden y la alianza con todos los liberales era la salvación de la República, Salmerón se empeñó en que la única solución era aprobar la Constitución⁵. Es importante señalar aquí que ese amor al proyecto constitucional de 1873 que parecía tener Salmerón era solo instrumental: únicamente lo reivindicó para censurar a Castelar. De hecho, desde 1874 Salmerón defendió la Constitución de 1869 sin el artículo 33 y no volvió a acordarse de aquel proyecto que después le parecía tan vital. El propósito de Salmerón a finales de 1873 era presentar el país ya constituido a los constitucionales y radicales, y que fueran estos, con independencia de su arraigo, los que se adaptaran a una situación impuesta por los republicanos. Aquella idea suponía la construcción de un régimen exclusivo que, como ya venía ocurriendo desde el inicio del siglo XIX, no cuajaba de ninguna manera. Salmerón arrastraba los complejos del mesianismo político, del revolucionario visionario que venía a salvar el país de sus enemigos internos imponiendo un régimen que lo solucionaría todo. La verdad haría entrar en razón a sus adversarios, lo que no solo era contradictorio con la armonía krausista, sino con los principios básicos de la democracia representativa y con el respeto a la igualdad en el ejercicio de los derechos individuales. Salmerón no dejó nunca de ser un dogmático, lo que casaba mal con la práctica política de altura y con la realpolitik que acababa de iniciarse en Occidente.

La distancia aumentó cuando Castelar decidió acordar con la Santa Sede el nombramiento de obispos vacantes. Castelar deseaba tranquilizar a los católicos españoles, para lo cual se acercó a la Iglesia e hizo que los obispos mandaran una lista con 60 nombres para cubrir las 20 vacantes. Esto agradó en Roma⁶. Carvajal, ministro de Estado, llegó a un acuerdo con el Vaticano para la elección a gusto de ambas partes, al tiempo que se comprometía a retirar al arzobispo Llorente de Cuba, que tomó posesión con la oposición de la Santa Sede. Así se firmó el modus vivendi que permitió proveer las plazas de obispos de Toledo, Santiago y Tarragona.

El 19 de diciembre, Castelar anunció a Salmerón que al día siguiente la Gaceta publicaría el nombramiento de los obispos. Salmerón le dijo que esta forma de actuar no era republicana y que supondría que le negara su apoyo el 2 de enero. Castelar insistió en que era la única política posible. Entonces Salmerón esgrimió el argumento que soltó en las Cortes aquel día: si no se podía gobernar con los principios republicanos, era preferible dejar el poder a los partidos monárquicos y que la República cayera.

La Gaceta publicó los nombramientos el 20 de diciembre. La «órbita republicana» salmeroniana había sido rebasada. Castelar había traicionado el laicismo de la República y vulnerado el proyecto de ley que presentó el ministro Moreno Rodríguez para la separación de la Iglesia y el Estado, que no llegó a aprobarse porque se suspendieron las sesiones de Cortes. Esta separación también estaba en el proyecto constitucional. La Iglesia no había hecho una oposición furibunda a la República —mucho menor que la de los cantonales— y se mantuvo dentro de la legalidad. Sí protestó por el proyecto de ley de separación de la Iglesia y del Estado de 1873, aludiendo a que el objetivo verdadero era gobernar sin atender los principios religiosos y «expulsar a Dios del Estado, o constituir un Estado sin Dios, arrojar de la sociedad moderna a Jesucristo». Esto significaba reducir al ámbito de lo privado el sentimiento de una «nación cristiana» y proclamar el ateísmo para «poner fuera de la ley a Dios, a Jesucristo y a su Iglesia»⁷. El asunto terminó ahí, porque la Santa Sede no quiso conflicto alguno.

Cuando Salmerón leyó la Gaceta debió de expresar algo como «¡Guerra sin cuartel! ¿Qué nos queda de la República?»⁸. Exigió a Castelar por carta que revocara los nombramientos de obispos y consideraba que la decisión de Castelar vulneraba la ley de Moreno Rodríguez, que él había promovido durante su Gobierno, y que violaba una competencia de las Cortes. La República, órgano de Salmerón, en un artículo titulado «Ceguedad incurable», publicado el 20 de diciembre, achacaba a Castelar que negociara con la Santa Sede en contra de los principios que había defendido toda su vida. Era una proyección de los problemas de «conciencia» de Salmerón con la pena de muerte. En su opinión, semejante incompatibilidad debería llevarle a la dimisión, como le había ocurrido a él. Si los principios se vulneran, se leía, las instituciones perecen. Era un adelanto de lo que Salmerón dijo el 2 de enero: «Sálvense los principios. Perezca la República». El decreto «divorcia a los elementos republicanos de la situación actual, y precipita los sucesos hacia una solución, que muchos temen, y en la cual no creíamos hasta ahora que se hubiera pensado». El periódico anunciaba la censura parlamentaria al señalar que el Partido Republicano «no consentirá ni tolerará nunca que de esa suerte se desconozcan y se desvirtúen los principios fundamentales consignados en su bandera»⁹.

La derecha castelarina contestó al día siguiente en La Discusión diciendo que los republicanos habían recibido un «desengaño» al darse cuenta de que consolidar la República era muy difícil, por lo que había que ajustarse a la realidad y abandonar dogmatismos estériles. Los gobernantes, decía el periódico, trabajaban para todos los españoles, no para unos pocos, porque la sociedad pedía orden y estabilidad. La Discusión aseguraba que no se podía «hoy gobernar de otra manera. O muere la República aplastada bajo el peso de la opinión del país, que quiere estabilidad y orden, o sigue como hoy resuelta a prescindir de ciertos compromisos para salvarse, satisfaciendo los deseos de la opinión. No sirve decir que en este trance terrible es preferible dejar el puesto a nuestros adversarios y dejar que vuelva la monarquía»¹⁰. La Época resumió bien lo sucedido: el artículo del ministerial La Discusión era un adiós a la República, y el del diario de Salmerón, un adiós al Gobierno de Castelar¹¹.

La crítica de Salmerón y de los suyos al acuerdo de Castelar con el Vaticano no tenía fundamento. Salmerón no tuvo luego problemas de conciencia para aliarse, el 2 de enero, con Pi y Margall, cuyo ministro Sunyer i Capdevila nombró al obispo de Filipinas el 12 de julio¹². Es más, Salmerón se había puesto en contacto durante su Presidencia con el cardenal Franchi, antiguo nuncio en Madrid, para que Pío IX diera el beneplácito como obispo a Benito Isbert y Cuyás¹³. En caso contrario, si el Papa se negaba, habría cisma en Filipinas, como había ocurrido con Cuba cuando se nombró al arzobispo durante el reinado de Amadeo. Es decir, Salmerón deseaba evitar el conflicto con la Iglesia con el nombramiento consensuado de un obispo. Por tanto, se trataba más de algo personal contra su antiguo amigo, aunque lo revistiera de salvar los principios. Por otro lado, en noviembre de 1873 Salmerón se saltó el principio de laicidad republicana al organizar, como presidente de las Cortes, el entierro católico de Ríos Rosas con dinero público. Salmerón asistió a la ceremonia religiosa, «y el clero, con una intención fácil de adivinar, aprovechó la ocasión, según nos dicen personas que acudieron a la solemnidad, para hacerle permanecer en la capilla mucho tiempo»¹⁴.

Además, Salmerón y los suyos se hicieron los indignados con los nombramientos de obispos, como si el decreto en la Gaceta del 20 de diciembre les hubiera pillado por sorpresa. En realidad, Salmerón había sido avisado por Castelar, como quedó dicho, y sabía que estaba en relaciones con la Santa Sede porque fue su Gobierno el que las inició para el nombramiento del obispo de Filipinas. Es más, el 15 de diciembre La Correspondencia de España, el periódico de mayor circulación en el país, aseguró que estaban muy avanzadas las presentaciones de obispos. El asunto irritó a Salmerón porque, según él, los nombramientos no se negociaban. Era una forma de hacer oposición a Castelar y de redimir su dimisión por «conciencia». Salmerón había dimitido por mantener puros sus principios, pero Castelar no lo hacía, lo que le dejaba a él como un gobernante iluso e irresponsable, situación que su soberbia no admitía. Por ello, por hacer oposición y por una cuestión personal, exigió a Castelar una rectificación completa del Gobierno. Salmerón reunió a su círculo de krausistas y acordaron pedir a Castelar que rectificara completamente su política y cambiara a sus ministros. Era evidente que pretendían derribar el Gobierno. La Discusión respondió con un llamamiento a los diputados de la mayoría para que acudieran a Madrid el 2 de enero y apoyaran al Gobierno¹⁵.

La ruptura de Salmerón metería a la República en más problemas. En esta tesitura, dos personas intentaron mediar: Francisco de Paula Canalejas y Estanislao Figueras. De más está decir que no tuvieron éxito y que su fracaso selló la segura derrota del Gobierno.

Canalejas era amigo de Castelar desde que coincidieron en la Escuela Normal de Filosofía en 1850 y se había convertido en un diputado destacado de la derecha republicana. Se entrevistó por primera vez con Salmerón el 23 de diciembre¹⁶ y hablaron durante cuatro horas. Salmerón le expuso que quería modificar el Gobierno con el cese de Maisonnave, Carvajal, Sánchez Bregua y Pedregal; esto es, los ministros de Gobernación, Estado, Guerra y Hacienda. Estos cargos deberían ser ocupados por salmeronianos o pimargallianos y exigió el relevo inmediato de algunos generales, como Martínez Campos, Pavía y López Domínguez, no porque su trabajo fuera malo, sino porque no eran de su cuerda política. Salmerón deseaba reorganizar el Ejército para controlarlo mediante el establecimiento de un consejo gubernamental que dirigiera las operaciones militares. Además, el decreto de nombramiento de los obispos debía ser revocado con urgencia. Por último, puso como condición la inmediata discusión del proyecto constitucional¹⁷, lo que para Castelar suponía rectificar toda la política que había desarrollado desde el 6 de septiembre, cuando fue elegido Presidente del Poder Ejecutivo por las Cortes. En realidad, era una enmienda a la totalidad, un anuncio de que Salmerón cambiaba de aliados y de que Castelar podía darse por derrotado.

Canalejas fracasó. Figueras, que había vuelto a España en septiembre, propuso el 24 de diciembre orillar las cuestiones expuestas por Salmerón y aplazar ocho meses la reunión de las Cortes. A cambio, Castelar modificaría el Gobierno dando entrada a cuatro salmeronianos¹⁸. Esto implicaba que Castelar debía firmar un decreto para prolongar la suspensión hasta tomar Cartagena. Dicha prolongación no era legal, aunque sí conveniente, escribió el entonces ministro Sánchez Bregua poco después¹⁹. Ni Castelar ni Salmerón aceptaron el trato. La Discusión comenzó a publicar una serie de artículos de fondo en los que decía que si el Gobierno no era respaldado por la mayoría de las Cortes, el poder quedaría en manos de «las terribles convulsiones de la demagogia o de los infinitos peligros de la reacción»; es decir, «la dictadura demagógica o la pretoriana». No dudó el periódico en descalificar a Salmerón diciendo que acabaría apoyando al Gobierno porque era un «político serio que no se lanzará a aventuras» que envuelvan «la suerte de la patria». Si votaba contra Castelar, Salmerón aparecería como irresponsable y aventurero. Castelar, ingenuamente, confió en que Salmerón no le traicionaría, como relató años después en las Cortes el general Pavía²⁰. El diario La República contestaba que era enemiga del cantonalismo, pero que se reafirmaba en la necesidad de mantener el régimen en poder de los republicanos; es decir, insistía en la tesis de Salmerón de salvaguardar los principios antes que la República y preferir un régimen de choque con la España monárquica —lo que era una realidad— antes que hacer una política fuera de la «órbita republicana».

Salmerón estaba fuera de sí. El mes de diciembre de 1873 fue especialmente duro para él, ya que enfermó varias veces, sus creencias krausistas no acababan de encajar con la práctica política y sentía un fuerte rechazo por los que habían sido sus compañeros. Quería rehabilitar a Figueras para «volverlo a la escena en odio a Pi, para cuando Castelar se gaste que, por las trazas, será pronto», escribió Martos²¹. Salmerón tuvo que escuchar de boca de un político monárquico, el 22 de diciembre, que eran conocidos sus planes contra Castelar y que «un Ministerio de Palanca a nadie parecería una solución seria», pues la República ya no tenía «más candidatos posibles» que Castelar y él mismo²². Pero Salmerón no escuchaba a nadie y menos aún si suponía volver a asumir, como presidente del Gobierno, responsabilidades directas sobre la disciplina militar, las mismas que le llevaron a dimitir. El pragmatismo de Castelar tenía éxito, mientras que la «pureza republicana» naufragaba. Y, para colmo, los alumnos de la Universidad Central le abuchearon por las calles de Madrid, le insultaron y apedrearon su casa cuando se presentó ante una manifestación estudiantil para calmarles²³.

El 27 de diciembre, Castelar comunicó a Salmerón que se negaba al chantaje a pesar de que Maisonnave, Sánchez Bregua y Carvajal habían mostrado su voluntad de dimitir para evitar la crisis. La ruptura era ya explícita y no había vuelta atrás. Figueras intentó mediar, pero el catarro que contrajo Salmerón impidió la reunión hasta el día 29. En esta fecha, la conversación subió de tono: Salmerón acusó directamente a Castelar de estar preparando un golpe de Estado con el ejército del general Moriones, y el presidente del Gobierno lo negó con rotundidad. Ante la incredulidad de Salmerón, el Ejecutivo decidió enviarle una nota asegurándole que «no trataba de hacer ninguna nueva gestión para dominar fuera del Parlamento las disidencias que hayan podido surgir en el seno de la mayoría»²⁴. Entonces Salmerón decidió acercarse a Pi y Margall para derrotar juntos a Castelar. La sospecha de Salmerón se debía a que el general Moriones, jefe del Ejército del Norte, había movido sus tropas para hacerlas desembarcar en Castro Urdiales. La acción era extraña, sobre todo teniendo en cuenta que se dirigían a Miranda de Ebro, lo que les daba la posibilidad de llegar en tren a Madrid en poco tiempo. La repulsa de Moriones hacia el federalismo era bien conocida, así como su lealtad al Gobierno de Castelar. Pero Salmerón se equivocaba. Moriones había hecho la maniobra para evitar un paso que se habría llevado por delante las vidas de muchos de sus soldados. Es más, el 4 de enero, según escribió Estévanez, Salmerón le confesó que se puso al habla con Moriones para que entrara en Madrid con sus tropas y disolviera el Gobierno de Serrano²⁵. Era un llamamiento a la guerra civil mediante la llamada a un militar del que poco antes desconfiaba. La respuesta de Moriones pareció más una broma que una condición: pidió que Salmerón, Pi, Figueras y Castelar se pusieran de acuerdo.

La enemistad de Salmerón con Pi y Margall era profunda desde el verano de 1873 y había trascendido a lo personal. Desde las páginas de La República le había insultado, llamándole «el primer franco» y diciendo que Pi era el

… primero de los francos, miserables gavillas de mercenarios sin coraje y sin dignidad; [culpables] de transigir con todos los crímenes, el asesinato y el incendio inclusive; de hacer por medio de sus adeptos causa común con los presidiarios; de pretender llegar a la realización de su ideal por el exterminio.

Pi y Margall respondió desde El Reformista llamando a Salmerón «el hombre hueco» y comparándolo con los gigantes y cabezudos de las ferias, esos que sacaban en procesión para asustar a los niños. Y le daba donde más dolía: el orgullo, al decir que el «pobre Sanz del Río se equivocó; el pueblo se ha equivocado; sus amigos se han llevado un chasco solemne; sus enemigos se ríen del miedo que le tuvieron». Terminaba Pi aquel artículo, publicado el 18 de noviembre de 1873, con un consejo:

Depositémosle [a Salmerón] con las precauciones debidas, a fin de que no se rompa, en cualquier parte hasta que pueda servir en otra procesión cualquiera. Y por si acaso no vuelve a haber más procesiones, volvámosle a su cátedra, a fin de que repita cualquiera de sus lecciones²⁶.

El 30 de diciembre se reunieron Salmerón y Pi y Margall, con Figueras como árbitro. Salmerón dijo que había que derribar a Castelar porque estaba «perdiendo la República con sus exageraciones autoritarias». Pi afirmó que lo prioritario era discutir el proyecto constitucional y «adoptar una política francamente republicana»; esto es, exclusivamente hecha por el Partido Federal. Figueras se mostró indeciso y preguntó a Salmerón por sus motivos. Salmerón contestó que eran muchos, pero que el desacierto mayor era el nombramiento de obispos. Pi, con ironía, observó que Salmerón había procedido de forma similar al consentir que el funeral católico de Ríos Rosas fuera por cuenta del Estado. Salmerón, descompuesto y sin reflejos políticos, contestó que la razón era que Ríos Rosas era un ferviente católico. Figueras, siguiendo a Pi, le espetó: «¿De modo que si Ríos Rosas hubiese sido mahometano, le habría usted hecho funerales mahometanos?»²⁷. Figueras temía que la derrota de Castelar provocara un golpe de Estado, por lo que propuso esperar y «le daremos el golpe de gracia con más facilidad y menos peligro»²⁸. Sin embargo, no le hicieron caso y acordaron derribar a Castelar y constituir un Gobierno de transición sin Salmerón ni Pi —eran incompatibles— que se centrara en la guerra carlista y en la discusión del proyecto constitucional. Ahora bien, ¿tan grave era la firma de un acuerdo con el Papa como para poner en peligro la República, incitar a los golpistas o dejar el régimen en manos de los cantonales o de Pi y Margall? Este había dado una conferencia en el Casino Ateneo Federal de Madrid abogando por la «inmediata organización federal del país como único medio de salvar la República»²⁹, lo que suponía dar la razón al cantonalismo pero federando desde arriba. ¿Salmerón coincidía más con Pi que con Castelar, a pesar de que juntos habían creado la derecha republicana y luchado contra el desorden desde julio de 1873? O peor aún: ¿acaso Salmerón desconocía el peligro de un golpe de Estado si Castelar era derrotado? Todo indica que la oposición de Salmerón a Castelar respondía en gran medida a su personalidad y a su intolerancia y obcecación. Figueras tampoco desconocía los peligros, y según El Imparcial, hasta el 2 de enero estaba decidido a votar a favor de la política de Castelar³⁰.

La derecha republicana, convocada por Canalejas, se reunió el 31 de diciembre en el Senado para intentar limar asperezas. Fueron citados 93 diputados, pero solo acudieron 33, lo que era un síntoma evidente de cisma³¹. Los presentes formaron una comisión para hablar con Castelar y Salmerón y evitar la ruptura. Uno de sus componentes, Pascual y Casas, publicó el 1 de enero el resultado de aquellas conversaciones. La comisión habló con Castelar, que dijo que no cedería a la presión³² y añadió que «no pondría obstáculos a ningún Gobierno republicano, que aceptaría todas las soluciones que la mayoría le diera, que las apoyaría todas, con tal que no se obligara a practicarlas desde el Gobierno». La comisión habló después con Salmerón, que estaba enfermo, y manifestó que la política de Castelar «giraba fuera de la órbita del Partido Republicano» y que, como el «voto aprobatorio significaba en su sentir la continuación de la política que había seguido el señor Castelar, que esto no podía hacerlo en conciencia y que él no faltaba a su conciencia así se hundiera la libertad, la República y la patria». Al insistir la comisión en que no había otra salida para mantener la República, Salmerón contestó con voz entera, aunque en un rapto de mal humor: «Pues que caiga». Pascual y Casas intuía que en el fondo «había el sedimento de rencores personales». Fue en esa misma reunión en la que Salmerón acusó a Castelar de preparar un golpe de Estado con Moriones, como dijimos un poco más arriba. Aquello no tenía sentido: si era cierto, el presidente debía ser detenido; si solo era un rumor sin pruebas, se trataba de una irresponsabilidad de Salmerón. Al escuchar aquello, la comisión se quedó «estupefacta» y no siguió la conversación³³.

La consecuencia lógica de la oposición de Salmerón a Castelar, siguiendo la práctica parlamentaria de que el presidente de las Cortes era el primer candidato a sustituir a un presidente de Gobierno cesado, era que él asumiera la jefatura del nuevo Ejecutivo. Pi dio poderes a la junta directiva de su grupo para que negociara con Salmerón esta posibilidad, pues sabía que, si iba él mismo, el asunto se truncaría por la descarnada enemistad entre ambos. Es curioso comprobar cómo Pi fue el republicano que más influyó en los hombres de 1873. Por su desprecio, Figueras huyó a Francia siendo Presidente del Poder Ejecutivo; por su oposición sistemática sacó de sus casillas a Salmerón —como se vio en el artículo de La República— y por su carácter visionario mereció las invectivas más duras que jamás dirigió Castelar a diputado alguno.

LA VÍSPERA DE LOS GOLPES

Había dos golpes de Estado preparados para la sesión parlamentaria del 2 de enero. Uno liderado por la vieja coalición de septiembre, los constitucionales y los radicales, para impedir que se nombrara un Gobierno que diera marcha atrás en la política de Castelar y diera alas al cantonalismo y al carlismo. Este fue el que ejecutó el general Pavía. El otro era el de los «voluntarios de la República» de Madrid, que, como en otras ocasiones, estaban dispuestos a asaltar las Cortes si Castelar ganaba la moción de confianza. Ambos planes no eran un secreto para nadie. Anrich, exministro de Marina, advirtió a Pi y Margall del golpe en diciembre por una conversación que tuvo con el ministro Oreiro. Los rumores afectaban a Moriones y a Pavía especialmente³⁴. En la prensa se dieron continuas noticias sobre los movimientos de unos y otros.

El 1 de enero, Salmerón despreció la jefatura del Ejecutivo en sustitución de Castelar. Dijo que, aunque las Cortes le otorgaran su confianza, no podría aceptar porque consideraba la situación del país tan grave como cuando dimitió y porque seguía en pie el dilema de la pena de muerte y sus principios particulares³⁵. Los tres nombres que sonaban para constituir un Gobierno eran Chao y Palanca, salmeronianos, y el general Socías, pimargalliano. Esto era aireado por la prensa con toda naturalidad. Lo que estaba claro era que el nuevo Gobierno sería de conciliación entre la derecha de Salmerón, el centro reformista de Palanca y la izquierda de Pi y Margall.

El general Pavía se entrevistó con Castelar el 24 de diciembre³⁶. El militar estaba preocupado por la posibilidad de que un Gobierno bajo la influencia de Pi y Margall degenerara en la disolución del Ejército y, como consecuencia, en el auge del carlismo y del cantonalismo. Pavía pidió a Castelar que prolongara la suspensión de las Cortes y que le prestaría su apoyo: «Yo hubiera fijado en la Puerta del Sol [el decreto] con cuatro obleas o cuatro bayonetas», a lo que Castelar contestó que no se separaría de la legalidad y que, si era derrotado en las Cortes, «con amargura grande, llorando sobre mi patria, me retiraré a mi casa»³⁷. Castelar, en otro acto de ingenuidad, aún creía en la sensatez de los líderes republicanos y pidió paciencia a Pavía, quien solo contestó: «Yo le seguiré a usted a todas partes», aunque en ningún momento prometió no dar un golpe³⁸. Por otro lado, el 31 de diciembre Castelar escribió a López Domínguez, que ya estaba al frente del Ejército sitiador de Cartagena, diciendo que no se saldría de la legalidad y que no prolongaría la suspensión de las Cortes. «Legalidad, legalidad, aunque nombren a Pi»³⁹. De este modo Castelar también venía a decir que no aceptaría un Gobierno de mano de unos golpistas, ya que su nombre se estaba barajando entre los conspiradores. Pavía, por su parte, informó a los jefes constitucionales y radicales, y les aseguró que, una vez disueltas las Cortes, les llamaría para formar un «Gobierno nacional» sin su concurso personal⁴⁰.

También el 31 de diciembre se reunieron los comandantes de batallones de voluntarios federales de Madrid, unos 10.000 hombres. El Segundo Reformista, periódico intransigente dirigido por el diputado Ángel Armentia, publicó lo siguiente el 1 de enero:

Suplicamos a los diez mil voluntarios de la República federal que existen en Madrid que el 2 de enero estén apercibidos para defender las decisiones de la Asamblea Constituyente. Y ya lo saben los soldados: si les mandan hacer fuego contra los voluntarios, desobedezcan y fusilen a quien tal les diga, pues esa fuerza es de la Asamblea, porque la Asamblea quiere la república federal y los voluntarios de la república son federales⁴¹.

Era un llamamiento a la insurrección, incluso al asesinato. El 2 de enero, los jefes de los voluntarios madrileños se reunieron cerca del Congreso, en un café en el Paseo del Prado, a iniciativa de Manuel García Marqués, desde donde fueron recibiendo noticias de personas que estaban dentro del hemiciclo. El objetivo era levantar los batallones si recibían aviso de que Castelar había ganado la votación. Allí aguardaron hasta la madrugada del 3 de enero, cuando se comunicó que se formaría un Gobierno del centro y de la izquierda con el apoyo de Salmerón. Fueron varios diputados quienes les informaron, tras lo cual los jefes de la milicia se marcharon a sus casas⁴².

Desde el golpe de Estado del 23 de abril, estaban envalentonados. Nicolás Estévanez era el principal director y, pese a ser seguido constantemente por agentes de la Policía, se manejaba con toda libertad en la capital⁴³. Con el amparo del Ayuntamiento de Madrid disponían de la guardia de los sitios más estratégicos podían reunirse en los locales municipales. Sus desfiles por la ciudad eran a veces temibles, con «mueras» a los monárquicos, amenazas y actos de violencia. Según el ministro Maisonnave, algún núcleo de voluntarios pasó por delante de Gobernación dando «vivas» a los cantonales de Cartagena y «mueras» al Gobierno de España⁴⁴. Y, pese a todo, no eran los peores milicianos; cuando los voluntarios malagueños pasaron por Madrid para ir al frente se distinguieron por sus altercados y deserciones: de unos 1.000 que llegaron, tan sólo 800 marcharon al frente. Los voluntarios federales madrileños estaban dispuestos a dar la batalla, como la dieron el 23 de abril, para forjar el régimen a su gusto; es decir, para que de la sesión del 2 de enero saliera un Gobierno cantonal. Cartagena resistía a la espera de esta solución. Algunos periódicos federales publicaron, el 31 de diciembre y el 1 de enero, una proclama dirigida a los soldados que decía:

Soldados: Si algún general, jefe o subalterno intenta sublevaros al grito de «¡Viva D. Alfonso de Borbón!», haced fuego sobre él, matadle sin compasión, porque querrá arrastraros contra la legalidad existente. Si algún general, jefe o subalterno quiere pronunciaros al grito de «¡Viva la República unitaria!», contestadle a bayonetazos, no dejéis que viva un instante más, porque querrá indisciplinaros contra la ley política que nos rige. Si algún general, jefe o subalterno trata de arrastraros contra la única soberanía legítima, contra las Cortes Constituyentes, sed implacables con él, acribillad su corazón a balazos, despedazad su cuerpo, porque querrá haceros traidores a la patria. Soldados: Obrando de esta manera estáis dentro de la legalidad, dentro del honor y de la disciplina militar, castigando a los facciosos; y no sólo no tenéis responsabilidad alguna por ello, sino que contribuís a regenerar la patria, a castigar a los fariseos políticos y a redimir al pueblo español, que se halla formado con el conjunto de vuestros padres, hermanos, esposas e hijos. ¡Soldados! ¡Viva la República democrática federal!⁴⁵.

En la mañana del 2 de enero, el diario El Combate Intransigente publicó un artículo incendiario, recogido por La Igualdad, que llamaba a un acto de violencia contra las Cortes:

Mientras el pueblo no haga un escarmiento horrible en todos los traidores que falsamente le representan [en las Cortes], dejándolos sentados para siempre e inmóviles en los escaños del salón de sesiones, no puede haber salvación, no puede haber República federal⁴⁶.

Así eran los federales con los que Salmerón prefería pactar, ya que, al parecer, sus principios y maneras sí debían de estar en la «órbita republicana» de la que Castelar se había salido. Salmerón acudió a la reunión de los diputados del centro reformista en la noche del 1 de enero, aunque solo habló con su junta directiva, a la que pertenecía Palanca. Salmerón aclaró que no formaría Gobierno porque, como ya dijimos, «consideraba la situación del país tan grave como cuando dimití» y porque seguía en pie la «aplicación de la pena de muerte o la consecuencia con sus principios». Palanca dijo que él tenía la misma carga de conciencia con ese tema, lo que generó simpatías entre los diputados del centro y de la izquierda. Estos últimos se reunieron también el 1 de enero, presididos por Orense. Decidieron derribar a Castelar uniéndose a todas las fracciones dispuestas a ello, pero declararon que no aceptarían ninguna cartera «por ocupar una actitud expectante»⁴⁷.

La caída de Castelar era una posibilidad cierta —salvo sorpresa—, pero no hubo acuerdo entre la oposición para formar Gobierno. Un Ejecutivo del centro reformista presidido por Palanca parecía ser la única solución si prosperaba el voto en contra en la moción de confianza a Castelar. Esa era la esperanza de los cantonales, que aguantaban en Cartagena y que contaban con los voluntarios de Madrid para hacerlo realidad. También era la pesadilla de constitucionales y radicales, que no tolerarían que la Revolución de 1868 acabara con una España deshecha. La opinión, tal y como decían una y otra vez los medios, estaba a favor del Gobierno de Castelar por considerarlo de orden y honesto, patriótico, y porque contaba con el apoyo del Ejército. Por ello, como apuntó Morayta, «las gentes veían con espanto la próxima reunión de las Cortes»⁴⁸. En pocos meses, la distancia entre la representación nacional y el sentir público era enorme. El dogmatismo y la irresponsabilidad de la izquierda, del centro, de los intransigentes y de Salmerón no tenían nada que ver ya con el sentir de la mayoría de la población. De hecho, cuando Pavía disolvió las Cortes, solo protestaron los milicianos en Valladolid, Zaragoza y Barcelona. Hubo quien pidió a Castelar que prolongará por decreto la suspensión de las sesiones, pero se negó porque deseaba cumplir con la legalidad y presentarse a las Cortes y porque prolongar la suspensión le haría prisionero de los militares.

Sánchez Bregua, ministro de la Guerra, dejó que la conspiración siguiera adelante. No intervino para desmantelarla ni sustituyó a los mandos militares en Madrid —por ejemplo, al general Pavía—. Se ha escrito que quiso relevarlo en la madrugada del 3 de enero, pero no hay prueba documental de esa afirmación más allá de sus palabras en dicha sesión. Lo cierto es que Sánchez Bregua permitió que se diera el golpe. Unos meses antes había escrito a Fernández de Córdova mostrando su temor por la deriva que estaba tomando la República por la expulsión de los radicales y el ascenso de los federales intransigentes. Su contenido no deja lugar a dudas de su absoluta repulsa a la formación de un Gobierno dialogante con el cantonalismo, al que consideraba disolvente:

Si la República por el empuje de las circunstancias o por no tener nuestros amigos condiciones bastantes para impedirlo va a los intransigentes, sirviéndole de puente un ministerio homogéneo republicano, disolviéndose de paso la Asamblea, en ese caso me aparto irrevocablemente de la vida pública, porque yo por convicción, principios, historia y decencia no podré ser general nunca de una República roja⁴⁹.

En definitiva, de la votación de la moción de confianza a Castelar dependía qué tipo de golpe de Estado se pondría en marcha. Si Castelar vencía, los voluntarios federales de Madrid se levantarían en armas. Para impedir esta contingencia, el ministro de la Guerra, Sánchez Bregua, tan solo acuarteló la tropa, que en la práctica quedó a las órdenes del general Pavía. Incluso la Cruz Roja instaló hospitales de campaña en las zonas donde era previsible que hubiera choques armados. Pero si Castelar era derrotado —lo más probable—, el general Pavía disolvería las Cortes.

En las manos de Salmerón estaba propiciar el golpe de los voluntarios federales —más sencillo de neutralizar— o el del general Pavía, que se preveía imparable. Pero ya nadie esperaba semejante gesto de responsabilidad de Salmerón. El 31 de diciembre, La República publicó un artículo titulado «Seremos vencidos» en el que se anunciaba que si se producía un acto de fuerza contra las Cortes, «cosa que nos parece poco menos que imposible», y tuviera la «fortuna de rendirla, nosotros seremos de los vencidos». Y si se entregaba la República a los cantonales, también se sentirían fuera. En suma, si había que escoger entre la abdicación y la derrota, si la República caía en manos «de los sofistas o de los soldados», elegían ser vencidos, no ceder nunca en los principios⁵⁰. Esto sí que era la moral de la derrota.

LAS SESIONES DEL 2 Y 3 DE ENERO

Todo empezó con una prevaricación. La Mesa de las Cortes, siguiendo la ley de incompatibilidades del 9 de julio de 1855, inhabilitó a los diputados que habían recibido destinos o pagos. Las normas de dicha ley eran más estrictas con los cargos públicos «en atención a su posición, mucho más expuesta a supuestos de corrupción y, por tanto, más proclive a vulnerar la independencia o eficacia de la Administración»⁵¹. Esta incompatibilidad afectaba a Salmerón, porque había sido juez en cuatro tribunales de oposición, «cargos entonces retribuidos con una gratificación igual al sueldo de la cátedra», escribió Morayta. Algunos protestaron porque a Salmerón no se le aplicara la misma ley que al resto⁵². Es seguro que si Salmerón no hubiera presidido la Mesa de las Cortes —es decir, si no hubiera tenido el poder para decidir—, habría quedado inhabilitado. No fue así y prevaricó.

El 2 de enero, Salmerón, aún bastante acatarrado, asumió su papel de pieza fundamental para el futuro del régimen. Creyó que le beneficiaba tanto la caída como la supervivencia del Gobierno, y hasta las cuatro de la tarde del 2 de enero presionó a Castelar para que cediera a sus exigencias: crisis de Gobierno, con la sustitución de cuatro ministros, y rectificación completa de su política. La estrategia de Salmerón fue la de utilizar todos los instrumentos parlamentarios para presionar al Gobierno sin presentar una moción de censura, pero sin romper con el centro y la izquierda. Con esta idea, Salmerón comenzó la sesión con una maniobra destinada a reducir el grupo de castelarinos. Leyó el acuerdo de la Mesa, por el cual quedaban vacantes, según el artículo 59 de la Constitución y el artículo 14 de la ley electoral, los quince distritos de los diputados que habían recibido empleos, cargos o comisiones con sueldo del Gobierno, y dos por fallecimiento del titular, siendo uno de ellos Ríos Rosas⁵³.

Algunos protestaron, lo que omite el Diario de Sesiones que elaboró la Mesa (controlada por Salmerón). Esos diputados recordaron al presidente de las Cortes que su distrito también estaba vacante porque, como acabamos de decir, él había pertenecido a cuatro tribunales de oposición remunerados. Se trataba de una prevaricación a la que sumó otra, ya que permitió que los diputados intransigentes González Chermá y Daufí tomaran asiento a pesar de estar procesados por los sucesos cantonales. Era una ilegalidad, pero a Salmerón tan solo le preocupaba derrotar a Castelar. De hecho, los nombres del nuevo Gobierno se improvisaron en la madrugada del 3 de enero.

Era bien sabido por todos que, en el caso de que Castelar continuara como presidente, aunque fuera con ministros salmeronianos, el golpe no se produciría. Pero si Castelar no continuaba, el golpe estaba asegurado y, además, sería ejecutado por Pavía. Antes de iniciarse la sesión, Salmerón habló con el jefe de la fuerza de la Guardia Civil que custodiaba el Palacio del Congreso, que le aseguró que no permitiría la entrada de tropas. Salmerón creía que el golpe de Pavía podría evitarse si el Gobierno que salía de aquella sesión estaba presidido por uno de los suyos, como Eduardo Palanca. La derrota parlamentaria de Castelar debía ser simbólica, un gesto hacia el país, para lo cual era necesario que la representación nacional no aprobara las medidas que había tomado desde septiembre de 1873. Había que demostrar al país que la de Castelar no era la verdadera política republicana, sino la que él tenía en su conciencia, por lo que su intención era presentar la votación como un acto de la voluntad republicana contra la «política reaccionaria» de Castelar. Por esta razón, el diputado de la izquierda Bartolomé y Santamaría retiró su proposición de «no ha lugar a deliberar» al voto de confianza al Gobierno. La oposición deseaba que la política de Castelar fuese debatida para censurarla y luego votar en contra.

El discurso del todavía presidente del Ejecutivo fue corto. No necesitaba grandes florituras para explicar los dos puntos clave de su Gobierno: el orden y la República nacional. Sus medidas habían restablecido la paz poniendo fin a los «motines diarios», a la indisciplina en el Ejército, a las declaraciones de independencia de ayuntamientos, esas «dictaduras locales que recordaban lo peor de la Edad Media», y se había abandonado el tiempo en el que las diputaciones provinciales —en referencia a la de Barcelona— se convertían «en jefes de la fuerza pública». Sin orden no había democracia ni libertad posibles, por más que Cartagena aún diera «esperanzas» a los federales. El otro punto clave era la República nacional, no «de escuela o de partido», sino flexible y transigente con las creencias y las costumbres, sensata para «no alarmar a ninguna clase», y capaz de hacer las «reformas necesarias». Lo urgente era dar estabilidad a una República apoyada en la opinión pública general, quitar el «egoísmo que acompaña al poder» y llamar a «todos los partidos liberales». Esta era la manera de atraer a todos a la República: orden y conciliación. La República era el régimen de «todos los ciudadanos», dijo, porque «no hemos salido de la tiranía de los reyes para entrar en la tiranía de los partidos».

Castelar demostraba así que estaba convencido de la necesidad de su política, al tiempo que criticaba el exclusivismo, la ceguera y el egoísmo del resto de republicanos, que, como Salmerón y Pi y Margall, pretendían una República hecha únicamente por republicanos. Era consciente también de que se aproximaban dos golpes de Estado y dijo que las asonadas y los motines populares alejaban la democracia. Advirtió:

Si triunfaseis, aunque invoquéis mi nombre, aunque os cubráis con mi bandera, tenedlo entendido, nos encontraréis entre los vencidos; que a una victoria por esos medios preferimos la proscripción y la muerte⁵⁴.

A continuación se pidió un voto de confianza, firmado por Morayta, Martín de Olías, Martínez Pacheco, Canalejas y otros dos diputados. Las Cortes mostraron entonces sus tendencias. El alfonsino Romero Robledo declaró que apoyaría a Castelar porque era un Gobierno decidido a defender el orden, la libertad, la seguridad y la integridad de la patria. El constitucional León y Castillo afirmó lo mismo, insistiendo en el combate gubernamental contra la demagogia, y añadió que el verdadero peligro de la República no eran los conservadores, sino la «intransigencia de sus propios partidarios», incapaces de entender la democracia y el pluralismo, y que siempre se decantaban por la violencia revolucionaria. Habló de Francia, y dijo que los partidos conservadores habían renunciado al exclusivismo desde 1848 y aceptado la democracia y la República para salvar «el orden y la sociedad». Por ello, concluyó, «nosotros apoyamos al señor Castelar»⁵⁵. Argumentos parecidos utilizaron el radical Becerra y el moderado Esteban Collantes, que afirmó que si entraban «las turbas» en las Cortes para hacerse «dueñas del poder» o un «regimiento de granaderos», él sería de los vencidos. La oposición habló por boca de los radicales Corchado y Labra, del salmeroniano Benítez de Lugo y del intransigente Ángel Torres, que dudaron del republicanismo de Castelar. Labra, radical, repitió el discurso de Salmerón: era preferible que la República cayera a que se perdieran los principios, y debía constar que «no abandonamos nuestras convicciones de siempre». Castelar había perdido todos los principios republicanos por lo que votaría contra su Gobierno aunque fuera diciendo «morituri te salutant»⁵⁶. El apoyo republicano al Ejecutivo vino de los diputados Montalvo, Gómez Sigura y del ministro Maisonnave, que no tuvo ningún problema en responder a las acusaciones de la oposición.

Canalejas pronunció uno de los discursos más lúcidos de la jornada y demostró que había intentado mediar entre Castelar y Salmerón. Comenzó diciendo una gran verdad: los motivos para censurar a Castelar eran un «menudeo de pormenores», de divagaciones acerca de lo «apetecible» y «bello», que deberían haberse expuesto cuando se dieron facultades extraordinarias al Gobierno. Recordó a todos los grupos que Castelar había hecho lo que se le pidió siguiendo la política que había iniciado Salmerón. Dijo que había restablecido el orden en tres meses, evitado la guerra con el asunto del Virginius y estabilizado la Hacienda. La cuestión de los obispos no era grave ni seria porque la inmensa mayoría de la nación era católica, por mucho peso que tuvieran «tres docenas o cien docenas de librepensadores». En nada molestaba a los no católicos lo que los católicos hicieran. El problema era el nombramiento de los militares no federales, cosa que ya había hecho Salmerón con Pavía y Martínez Campos. Canalejas fue muy duro con la oposición, a la que acusó de tan solo querer derribar a Castelar, porque ni siquiera sabían qué presentarían después. La derecha de Salmerón se unía al centro y a la izquierda, sosteniendo ese «absurdo de las teorías sinalagmáticas que nadie ha explicado, ni nadie ha comprendido, que nadie comprenderá, ni nadie explicará». Como consecuencia, derribarían a Castelar gracias a una «conjuración parlamentaria» guiada por «pasiones mezquinas, por rivalidades indignas, por escisiones y por luchas inexplicables», cuando él representaba la «única esperanza de salvación de la República»⁵⁷.

Cuando finalizó la discusión reglamentaria se estableció un descanso. Salmerón se había ausentado durante el debate anterior para hablar con Castelar, pero sin éxito. La presión no dio fruto. Castelar tenía un proyecto político definido y no estaba dispuesto a variarlo por los prejuicios de Salmerón. Mientras, en los pasillos del Congreso, corrió el rumor de que el general Moriones había declarado que el Ejército de su mando no reconocería un Gobierno federal intransigente. La estrategia de hacer correr rumores falsos estuvo muy presente a lo largo de 1873 como medio de presionar, condicionar y vencer opiniones. Esa amenaza infundada tenía el objetivo de bendecir la maniobra siguiente. Salmerón estaba dispuesto a pactar con la oposición el nuevo Gobierno, pero antes debía pronunciar un discurso contra Castelar. Cesó momentáneamente de su cargo de presidente de las Cortes para poder hacerlo, a pesar de que al comenzar la sesión había dicho que no hablaría, «ya que ni la costumbre autoriza […] ni las circunstancias aconsejan que yo pronuncie una sola palabra de sentido político».

El turno era para Castelar, pero, ante el ruego de Salmerón, le cedió la palabra. Inició su discurso diciendo lo que todo el mundo sabía: había «surgido una disidencia» entre Castelar y él. Su «conciencia» le dictaba oponerse al Gobierno porque se había salido de la «órbita trazada a la política conservadora de la República», refiriéndose a los nombramientos de militares conservadores que había hecho Castelar. Esto era intolerable porque los conservadores —que eran quienes habían hecho la Revolución de 1868 y la Constitución democrática de 1869— se salían de la «órbita republicana» y les «repugnaba» la democracia porque eran unos «doctrinarios» que deseaban vivir «en el bastardo régimen de la arbitrariedad». Repitió lo que en privado había dicho a Castelar: «Si no hay salvación para la situación presente dentro de la órbita del Partido Republicano […] que vengan otros hombres y otros partidos» y así «quedaremos tranquilos en nuestra conciencia». Era el «sálvense los principios y perezca la República» que ya le había comunicado a Castelar y a la comisión de la mayoría parlamentaria durante las negociaciones del mes de diciembre. El problema era el Partido Constitucional, que todavía no se había declarado republicano, lo que impedía llevar a cabo una política que lo fortaleciera dando cargos militares a sus miembros. El peligro estaba en la «oligarquía militar» de los conservadores, cuyo partido era un «órgano de la tiranía» al servicio del general Serrano. No obstante, en ningún momento del discurso planteó un proyecto de Gobierno alternativo. Habló de reformas administrativas y económicas, pero no dijo cuáles, y ni siquiera hizo alusión a la cuestión de los obispos, que había sido el asunto decisivo para su disidencia. Aun así, dijo que estaba dispuesto a apoyar al Gobierno si rectificaba, es decir, si obedecía su política. De lo contrario, nadie podía exigir el «holocausto de su conciencia»⁵⁸.

El discurso de Castelar, que concluyó a las cinco de la mañana del 3 de enero, no varió la situación. Quizá fue el más contundente y sincero que pronunció durante el Sexenio y en él arremetió contra la izquierda y el centro, contra Pi y Margall y Salmerón. Explicó que su política consistía en ajustarse a la realidad, a la «República posible», demostrando ya que era el político conservador, aunque demócrata, que luego fue. El gran enemigo de la República era la utopía, era la demagogia, que enseñaba al pueblo a no respetar la ley ni la democracia en aras de un ideal. La culpa era de esos que, hablando de una «utopía socialista» —en referencia a Pi—, «prometían edenes que no han podido traer a la Tierra a pesar de haber estado en el Gobierno». La realidad era que España necesitaba el orden y a los «resellados de la República», a los radicales que la fundaron el 11 de febrero y a los conservadores que hicieron la Revolución de 1868. Sin ellos el Partido Republicano se había consumido y liquidado a sus líderes en muy poco tiempo, en referencia a Figueras, Pi, Salmerón y él mismo. Ya no quedaba nadie para esa «República del arte y de la poesía» que defendían los utópicos, que pretendían derribar el Gobierno sin tener con quién formar uno nuevo: «Decidme, ¿qué doctor Dulcamara⁵⁹ tenéis, filósofos sin realidad en la vida, para remediar los males que nos rodean?». Los republicanos eran en ese momento más impopulares que cualesquiera otros. La República se había perdido por la utopía de los demagogos y por ello era preciso fundar un Partido Conservador republicano y dar entrada en el régimen a constitucionales y radicales. Esa era la solución: orden y conciliación de liberales. Fue entonces cuando se produjo esta conversación:

Señor diputado: ¿y La Federal?

Castelar: ¿La Federal? Esa es una organización municipal y provincial; el más federal tiene que aplazarla por diez años.

Señor diputado: ¿Y el proyecto?

Castelar: ¿El proyecto? Lo quemasteis en Cartagena [grandes aplausos]. No me diréis que no soy franco.

Señor Armentia (intransigente): Vosotros tenéis la culpa; ya se acaba la paciencia.

Castelar estalló contra los demagogos y acusó a los cantonales de ser la perdición de la República. Por su culpa, el carlismo avanzaba, porque el Gobierno había dedicado 10.000 hombres al cerco de Cartagena cuando podían estar luchando contra los 40.000 carlistas. «Vuestro cantón ha sido el pedestal de don Carlos»⁶⁰. Nadie quiso escuchar más.

A las cinco de la mañana del 3 de enero se inició la votación de la moción de confianza al Gobierno. El centro, los de Pi y Margall, los intransigentes y los salmeronianos votaron contra la derecha gubernamental: 120 votos contra 100. El secretario de las Cortes leyó inmediatamente la dimisión de Castelar y su Gobierno, aunque aún le quedaba una baza: la incapacidad de los líderes republicanos para ponerse de acuerdo y formar un nuevo Gabinete. Castelar propuso a las Cortes que no cerraran la sesión hasta que la Cámara no hubiera elegido un nuevo Ejecutivo y se acordó que el nombramiento se hiciera por papeleta firmada por cada diputado.

Durante la suspensión de la sesión, Salmerón, Pi y Margall, Figueras, Guisasola y Rispa se reunieron en el despacho de la Presidencia de las Cortes para acordar el candidato a presidente del Gobierno. La escena fue un retrato del republicanismo: Salmerón admitió que la izquierda tuviera dos carteras a cambio de repartirse el resto con el centro. Pero la izquierda pidió cuatro ministerios, entre ellos el de Guerra, «y ante esta exigencia el señor Salmerón se sintió desfallecer», escribió Rispa. Salmerón, «desalentado», amenazó con apoyar a Castelar. Pi y Margall propuso la unión del centro y la izquierda con la candidatura del general Socías y la Presidencia de las Cortes para él. «Los salmeronianos, desbandados por completo», sacaron otra vez el nombre de Eduardo Chao, pero Rispa consultó a la izquierda, que estaba reunida en el Salón de Presupuestos, y no aceptó porque les parecía «más reaccionario» que Castelar.

El general Socías disgustaba a los salmeronianos, así que la solución parecía difícil. Los diputados castelarinos, enterados de las dificultades de la oposición para acordar un candidato, decidieron presentar otra vez a Castelar como presidente del Gobierno, lo que decidió a la izquierda a aceptar a Eduardo Palanca como candidato de consenso. Palanca no había asistido a la sesión a pesar de su importancia y de que su nombre llevaba sonando un mes para presidir la República. El 2 de enero, emulando a Figueras, hizo las maletas para huir a Málaga. Cuando se encontraba en la estación del Mediodía, en Madrid, llegaron sus amigos políticos, que casi a rastras evitaron su marcha. Salmerón le comunicó a Palanca la decisión de los republicanos y no le arrancó una aceptación, pero tampoco una negativa. En las negociaciones, los de Salmerón querían a Palanca mientras los de Pi y Margall se inclinaban por Socías. Salmerón solo quería formar Gobierno con los suyos y el centro, no con Pi y Margall, lo que no le resultaría fácil. Los dos líderes negociaron y Pi finalmente consiguió dos carteras para la izquierda. Sin embargo, los intransigentes fueron más allá y pidieron cuatro ministerios. Eran las once de la noche y los «intransigentes amenazaban echarse a la calle y apoderarse de todo». El acuerdo fue un Gobierno de Palanca con una amnistía para los cantonales, reparto de ministerios con mayoría de salmeronianos y una nueva suspensión de las sesiones de Cortes durante al menos tres meses para reanudar luego la discusión del proyecto de Constitución⁶¹. Salmerón y Rispa asumieron la tarea de elegir el Gobierno para no «distraerse ni perder tiempo en estos asuntos, que tantas dificultades y disgustos suelen acarrear»⁶².

La sesión se reanudó a las siete menos cinco de la mañana y se inició la votación sin Salmerón porque seguía negociando los nombres que ocuparían los ministerios. El nuevo Gobierno había quedado con Palanca como presidente y ministro de la Gobernación, Chao en Fomento, Benítez de Lugo en Ultramar, Fernando González en Gracia y Justicia, Socías en Guerra, Tutau en Hacienda y Anrich en Marina⁶³. La izquierda no quiso ningún puesto, pues de ese modo tenía mayor libertad de maniobra, ya fuera para apoyar al Gobierno o para levantarse contra él. En este trance, «el Carbonerín», un revolucionario profesional, comunicó a Salmerón y a sus negociadores que Pavía se dirigía a las Cortes desde el Paseo del Prado⁶⁴. Rispa propuso tomar como rehenes a Castelar y a sus ministros, y conseguir armas para resistir. Castelar entró de repente en el gabinete de la Presidencia, y todos le acusaron de complicidad con el golpe. Eduardo Chao, fuera de sí, le insultó⁶⁵. Hay otra versión que indica que fueron Figueras y Olave los que entraron en el salón y anunciaron que las fuerzas de Pavía se acercaban al Palacio del Congreso.

Pavía envió a dos de sus ayudantes a pedir a Salmerón que los diputados abandonaran el Palacio. Les acompañó el coronel Iglesias, quien, al mando del XIV Tercio de la Guardia Civil, la misma que guardaba el Congreso, franqueó el paso de la comisión. Uno de los ayudantes de Pavía hizo llamar a Salmerón para decirle que desalojara el Salón en cinco minutos, a lo que Salmerón, irritado, contestó:

Diga usted al señor Pavía que mida toda la extensión del atentado que se propone consumar; que su tiro se dirige a lo más alto de la soberanía nacional; que no en vano se atenta a la existencia de una República; que las Repúblicas mueren; que el tribunal del pueblo será inexorable contra el autor de semejante crimen.

El enviado replicó:

Yo, excelentísimo señor, no sé si las Repúblicas viven o mueren; no entiendo de otros códigos que el de la disciplina militar; se me ha dado una orden y la cumplo, y como la cumplo aquí la cumpliría al pie de una trinchera.

El ayudante sacó un reloj y dijo: «Las siete y cuatro minutos; recuerdo a V. E. que de cinco minutos es el plazo», tras lo cual se alejó con un protocolario «A las órdenes de V. E.»⁶⁶. Salmerón se quedó petrificado y, tras un instante, entró en el Salón de Plenos. El vicepresidente Cervera ya estaba recogiendo los votos de los diputados.

Salmerón comunicó a las Cortes la orden de Pavía. Los diputados gritaron: «¡Viva la soberanía nacional! ¡Mueran los traidores! ¡Muera Pavía!», exclamaciones más lógicas —aunque no aparecen en el Diario de Sesiones— que el «(Varias voces: Nunca, nunca)» que recoge la versión oficial. A aquellos «mueras» contestó un diputado castelarino: «¿No nos acusabais de haber restablecido la pena de muerte? ¿Cómo sin ella castigaríais estos crímenes?», a lo que un cantonalista respondió: «Sí; pero vosotros habéis hecho al criminal reorganizando la artillería?»⁶⁷. Salmerón dijo que la votación no podía continuar. ¿Por qué? Porque se le ocurrió que el remedio contra el golpe de Estado era que Emilio Castelar continuara en su puesto. Aquello era sorprendente. Unas horas antes había dicho en un discurso que no importaba que pereciera la República si se salvaban los principios y ahora, sin embargo, la conciencia ya no importaba. Dijo: «Castelar es todavía Gobierno». No cabía mayor incoherencia. Tras los «vivas» de rigor, Salmerón, según el Diario de Sesiones, aseguró que «no esperaba yo menos, señores diputados; ahora somos todos uno. Se han borrado en este momento todas las diferencias que nos separaban»⁶⁸. Resultaba incomprensible, ya que el plan del golpe se conocía desde diciembre y podría haber incentivado antes esa unidad que ahora defendía.

La amenaza de la fuerza devolvía a Castelar a la «órbita republicana». Pero como no estaba dispuesto a que se le considerara parte del golpe de Estado y el mayor beneficiado, pidió que continuara la votación para la elección de presidente del Gobierno. En ese momento había 50 papeletas. Pi ya había votado a Palanca, como Rubau Donadeu, Luis Blanc y hasta 30 diputados. Por Emilio Castelar ya habían votado Becerra y Morayta, entre otros, sumando en total 20 diputados⁶⁹.

La Discusión, al reseñar aquella sesión, publicó que Castelar contestó a la invitación diciendo que «ínterin no hubiera Ministerio, él convenía en continuar en el sitio de que acababa de ser arrojado por el voto de la Asamblea; pero que se retiraría tan pronto hubiese Gobierno que le sustituyese»⁷⁰. El Diario de Sesiones elaborado por Salmerón transmite la sensación de que Castelar solo se quedaba ahí por el golpe de Estado de Pavía, aunque su intención era otra: hacer frente a los rumores de que se avecinaba otro 23 de abril, otra invasión de las Cortes por la milicia. El plan de los voluntarios federales era aprovechar el tiempo que España estuviera sin Gobierno para irrumpir en el Palacio del Congreso y disolver las Cortes. Morayta, allí presente, confirma esta idea: los voluntarios se pasaron «muchas horas en los alrededores y dentro del Congreso, echando fieros y mostrándose decididos a jugarse la vida»⁷¹. Pavía se adelantó a los voluntarios y tomó los puntos estratégicos en cuanto supo que Castelar había perdido la votación⁷². Sabía que la presencia de los «comandantes, ayudantes y cornetas» dentro del Palacio del Congreso tenía como objetivo «llevar a cabo la segunda edición del acto del 23 de abril»⁷³. Pirala cuenta que Pavía aceleró la marcha de sus tropas cuando «le informaron que se hallaban los cornetas de los voluntarios federales en el Congreso» y temían que los federales disolvieran las Cortes «con sus propios elementos»⁷⁴. Pavía contó en 1876 que un exministro de la izquierda, posiblemente Estévanez, dijo a sus hombres que todo pasaba por un batallón del ejército «o el Carbonerín con otro, o yo que me enfade y coja 40 hombres y tire a toda esta gente por el balcón»⁷⁵. Se repetía la situación del 23 de abril, cuando los voluntarios cercaron y entraron en la Asamblea para imponer una solución política.

A esto le siguieron los juramentos de los diputados de morir juntos, en sus escaños, junto a las peticiones de armas para la defensa. Salmerón se opuso diciendo que sus armas eran «nuestro derecho, las de nuestra dignidad y las de nuestra resignación». Lo cierto es que no había armamento en el Congreso ni un soldado a su disposición. Ahora eran «todos uno» y un diputado pidió que se diera un voto de confianza a Castelar, que se negó y aseguró que no se movería de su escaño. Chao propuso que se expidiera un decreto declarando fuera de la ley a Pavía y otro para un consejo de guerra. Sánchez Bregua, ministro del ramo, escribió esos decretos, según el Diario de Sesiones, aunque no hay prueba de ello ni mención posterior por parte de los implicados. Antonio Pirala documenta que lo que Sánchez Bregua escribió fue: «Disponga V. E. que se retiren las tropas a los cuarteles inmediatamente»⁷⁶. Esto coincide con la carta que el ministro de la Guerra publicó en El Imparcial diciendo que hizo todo lo posible para «evitar una conmoción militar con la caída» de Castelar, porque no quería el enfrentamiento⁷⁷. Pavía no mencionó dichos decretos en su relato del golpe, sino que era «público y notorio» que Sánchez Bregua, que no tenía ni «coraje» ni «energía», había hablado con un «compañero suyo para que lo sustituyera en el Gabinete que él creía se podía y se debía formar»⁷⁸. Esto significa que Sánchez Bregua no se enfrentaría con nadie y que ya había pactado su sucesión. Los decretos citados por el Diario de Sesiones habrían supuesto un choque armado, mientras que una nota a Pavía para que se retirase era un llamamiento a la conciliación.

Luego, según el Diario de Sesiones, el diputado Calvo anunció que la Guardia Civil entró en el edificio «preguntando a los porteros la dirección». Es imposible que no supieran la ubicación del Salón de Sesiones porque eran los mismos guardias civiles que custodiaban el edificio. Pavía envió al coronel Iglesias para que se pusiera al mando de esos guardias⁷⁹, ya que momentos antes había asistido a la conversación de los ayudantes de Pavía con Salmerón a las puertas del Salón de Sesiones. La intervención del diputado Calvo, según aparece en el Diario de Sesiones, carece de sentido, a no ser que figure allí para añadir dramatismo narrativo. El cantonal Benítez de Lugo insistió en dar un voto de confianza a Castelar, que confesó que «ya no tendría fuerza y no me obedecerán». Salmerón conminó a todos a dejarse matar en sus asientos.

Sin embargo, esta no fue la secuencia de acontecimientos. En un primer momento no apareció la Guardia Civil, sino los cazadores del regimiento de Mérida, soldados de reemplazo, que entraron en el Salón tímidos y empequeñecidos por el lugar. En este caso sí tenía sentido que esos soldados, que no habían estado nunca en el Palacio del Congreso, preguntaran a los porteros dónde estaba el Salón de Sesiones. Ante la timidez de la embestida, los diputados los increparon e incluso el cantonal Emigdio Santamaría se abalanzó sobre un soldado y le arrebató el arma. Otro diputado le impidió usarla contra los soldados y Santamaría la tiró a los pies del comandante Mesa, que dirigía a la tropa. Los soldados retrocedieron y salieron del Salón. Fue entonces cuando los diputados ofrecieron a Castelar que presidiera otra vez el Gobierno, a lo que contestó: «A buena hora venís a mí». La retirada de los cazadores, que quedaron en el pasillo, empujó al coronel Iglesias a entrar en el Salón con unos cuantos guardias civiles. Se dirigió a Salmerón, que aún permanecía en la Presidencia. Es curioso, pero Salmerón todavía tenía la esperanza de que la permanencia de Castelar en el Gobierno detendría el golpe. Y así se lo dijo a Iglesias, que contestó: «Ya es tarde». Castelar también se dirigió al coronel Iglesias para decirle que todavía él era el Presidente del Poder Ejecutivo, a lo que este contestó que solo obedecía al capitán general de Madrid. Mientras tanto, algunos diputados, de entre los pocos que quedaban, salieron por donde pudieron. Uno de ellos cayó por una ventana del primer piso y, a pesar del medio metro que le separaba del suelo, se lesionó.

Varios diputados siguieron profiriendo gritos desde su escaño, por lo que los jefes de la tropa ordenaron hacer unos disparos en el pasillo. Se vivieron momentos de pánico y empezó el desalojo. Alguno propuso trasladar las Cortes a Figueras, y otro a Alcalá de Henares. «Muchos de los que habían jurado morir en sus puestos —escribió un salmeroniano— recogieron sus prendas de abrigo del guardarropa y ganaron, cabizbajos y silenciosos, la calle de Floridablanca»⁸⁰. Salmerón, que había dicho «¿Nos dejamos matar en nuestros asientos?», se refugió junto con 20 o 30 diputados en el salón del Archivo y luego salió por la puerta que daba a la calle del Florín⁸¹. Sorprende también que Pi y Margall y Figueras, presentes durante todo el acto, no dijeran absolutamente nada según el Diario de Sesiones. La única frase que se conoce de Pi y Margall es un reproche a Castelar, cuando, al entrar las tropas, este le dijo: «¿Quién había de suponer que se cometiera este atentado?». «¡Cualquiera menos usted!», contestó Pi y Margall⁸², aunque no consta en el Diario de Sesiones. Todos sabían que si Castelar era derrotado habría un golpe de Estado, pero nadie hizo nada. Pi escribió al año siguiente que la culpa del pronunciamiento fue de Castelar por fiarse de los constitucionales y luego renegar de La Federal, que «tristeza y vergüenza me da recordarlo»⁸³.

Salmerón salió sin demora, mientras que Castelar se quedó en el banco azul aún después de que todos se hubieran marchado. Le rodeaban Sánchez Bregua, Canalejas, Salvany, Del Val y Maisonnave, que le obligaron a salir del Congreso casi a la fuerza. Oreiro, por indicación de Pavía, y Martos instaron a Castelar a unirse a la reunión del 3 de enero para formar Gobierno, pero no quiso⁸⁴.

En aquella madrugada de enero, varios grupos de diputados republicanos pasearon por el Paseo del Prado su pesar y su fracaso. Entre ellos Salmerón y los suyos. Pavía había cometido una ilegalidad al levantarse contra la representación nacional, concluyeron, y debían denunciarlo. No tuvieron en cuenta que la República vino el 11 de febrero como producto de una ilegalidad y que la República federal solo había sido posible por el golpe de Estado de Pi y Margall del 23 de abril. Entonces también se disolvió ilegalmente la Asamblea Nacional, pero ningún republicano protestó. Salmerón y la Mesa de las Cortes publicaron el 3 de enero un manifiesto denunciando el atentado a las Cortes y presentaron una reclamación ante el Tribunal Supremo, que no la tomó en consideración.

Lo sorprendente es que aquel 3 de enero, ya avanzado el día, Salmerón se presentó en casa de Castelar, en la calle Serrano. Allí se encontró con Topete, que se acercó a interesarse por la salud del republicano. Los dos esperaron en el salón. Uno, Salmerón, presidente defenestrado de las Cortes y aliado de última hora de los cantonales; el otro, Topete, amigo de los golpistas. A pesar de la insistencia de ambos, Castelar se negó a recibirles. ¿Qué quería proponerle Salmerón? No se sabe, pero a partir de entonces a Castelar le resultaba insoportable cualquier reunión o asociación política que contara con la presencia de su antiguo amigo. Por su parte, desde aquella mañana Salmerón intentó desautorizar el republicanismo de Castelar.

EL AJUSTE DE CUENTAS DE SALMERÓN

El desquite de Salmerón con Castelar no se hizo esperar. Este salía con reputación de hombre íntegro, respetado por todos, justo lo contrario que Salmerón, a quien todo el mundo consideraba irresponsable por haber dimitido por motivos de conciencia y por haber dejado caer a Castelar. Salmerón se tomó su venganza con lo único que todavía controlaba: la versión oficial del Diario de Sesiones de las Cortes, que manipuló para que Castelar quedara como un político inhabilitado.

La versión oficial del golpe de Estado del 3 de enero de 1874 termina con bravatas, como si todos los diputados, los 220, estuvieran presentes. Sin embargo, hay varias cosas que no encajan comparando los hechos y el Diario de Sesiones. Fueron dos, y no una, las apariciones de las fuerzas armadas en el Salón de Plenos: la primera fue la de los cazadores de Mérida, con soldados de reemplazo, y la segunda, y definitiva, la de la Guardia Civil mandada por Iglesias⁸⁵. Ante la noticia de que el general Pavía había cercado el Congreso hubo una desbandada general de los diputados, lo que no aparece en el testimonio oficial. Tampoco hay referencia al choque entre soldados y diputados, y solo una a la Guardia Civil, a la que no se enfrentaron. Es posible que no aparezcan los soldados de Mérida porque unas horas antes el capitán García Kaggen, del XIV Tercio, que mandaba la fuerza que custodiaba el Palacio del Congreso, aseguró a Salmerón que no dejaría que entraran soldados en el edificio. Esto dejaría a Salmerón como un ingenuo.

Por otro lado, las recriminaciones de Castelar no coinciden con las palabras que, según el Diario de Sesiones, dirigió a los diputados que unas horas antes deseaban su caída pero que ahora le rogaban que continuara. Es como si la versión oficial quisiera mostrar una unidad épica entre los republicanos, cuando en realidad hubo quien insultó a Castelar al creer que estaba implicado en el golpe. Lo lógico es que esos vituperios se hubieran repetido en el momento en el que se anunció la entrada de la Guardia Civil. Es más, hay frases de Castelar que parecen una venganza política, porque no se corresponden con sus intenciones ni con los instantes posteriores. Un ejemplo de esto es la afirmación de Castelar, según el Diario de Sesiones, de que «lo que está pasando me inhabilita a mí perpetuamente, no solo para ser poder, sino para ser hombre político». Sin embargo, a continuación, desde el banco azul dice que él sigue siendo presidente y que de ahí solo le sacarán las bayonetas. De hecho, es raro que una frase tan contundente no la recogiera ningún periódico. En la versión oficial solo hay bravatas y parece que nadie salió del Salón hasta que entraron los golpistas, cuando se sabe que no fue así.

Las versiones de los testigos no coinciden con la del Diario de Sesiones y los periódicos de los días siguientes. Quizá, en previsión, la Presidencia y la Mesa de las Cortes hicieron anotar algo inusual en el Diario: «Última parte de la sesión, tomada textualmente de la traducción oficial de las notas taquigráficas firmadas por los redactores y taquígrafos de las Cortes».

El general Pavía, al que Cánovas hizo diputado para que pudiera explicarse ante la representación nacional, dio años después una noticia que no sorprendió a nadie:

Llamo la atención de la Cámara sobre una de las Actas de aquella sesión, porque dejo a la consideración de los señores diputados que es inverosímil que ocurriera todo lo que está consignado en una de las Actas, desde el instante en que entraron mis ayudantes hasta que se levantó la sesión⁸⁶.

El ayudante de Pavía dio a Salmerón cinco minutos para desalojar el Salón, y este cumplió. Es decir, que todo lo que ocurre desde que Salmerón dio la noticia hasta la aparición de la Guardia Civil en el Salón de Sesiones tiene todas las trazas de ser infundado. La sospecha de manipulación la convierte en certeza el historiador progresista Antonio Pirala, quien transcribe la primera versión de aquella última media hora y añade: «Fue inutilizada la tirada y redactada de otra manera, que es la que consta en el archivo, pero ejemplares impresos con esta redacción, fueron entregados a varias personas, entre ellas al cuerpo diplomático, que los pidió»⁸⁷. En resumen, todo indica que el Diario de Sesiones fue manipulado por Salmerón, idea que comparte Morayta, presente en el debate: «La verdad histórica difiere un tanto de la verdad oficial, tal como consta en el Diario de Sesiones»⁸⁸.

La primera tirada del Diario de Sesiones —la que se entregó al cuerpo diplomático— cuenta que, después de que Benítez de Lugo propusiera un voto de confianza de Castelar, «penetró en el Salón fuerza armada». Increpada por varios diputados, la tropa retrocedió a la galería contigua. Fue entonces cuando Iglesias mandó actuar a la Guardia Civil. Dispararon en el pasillo para intimidar a los diputados que antes se habían enfrentado a los soldados de Mérida y fue entonces cuando sus señorías comenzaron a desalojar el Salón. Salmerón pidió a todos que se sentaran y aguardaran a que entraran los guardias civiles. Así ocurrió. Salió Sánchez Bregua y dijo que era inútil cualquier resistencia. «Los señores diputados se retiraron del Salón. Eran las siete y media de la mañana». Pirala escribió: «Nadie cometió el menor desmán, ni de palabra; el acto no pudo ser más tranquilo, más breve, ni más rebelde».

Es posible que se tratase del primer ajuste de cuentas entre los líderes del republicanismo. La Mesa de las Cortes era la que controlaba la publicación de la sesión, y su presidente, Salmerón, quien firmaba el Acta, primero para la Gaceta y luego para el Diario de Sesiones. La Gaceta no publicó esa supuesta última media hora de sesión, que vio la luz de forma incompleta en los números de los días 3 y 4 de enero. Los miembros de la Mesa eran salmeronianos en su mayoría, y es probable que desearan que su jefe de filas no saliera mal parado. Nicolás Salmerón aparece en el Diario como el hombre que consigue unir a todas las fracciones republicanas, el que ofrece a Castelar quedarse en el banco azul y el que propone que resistan en sus escaños defendiendo la República. Sin embargo, Morayta escribió que Salmerón salió cuando el salón fue invadido por los soldados, quedando solo Castelar rodeado por diez o doce amigos⁸⁹.

La versión del Diario de Sesiones está adulterada para mejorar la imagen de Salmerón y de los republicanos, al tiempo que muestra a un Castelar inhabilitado como político. De hecho, Morayta escribió: «No resultaron las cosas tan artísticamente como quedan anotadas» en el Diario de Sesiones⁹⁰. Salmerón construyó un relato victimista para sembrar el futuro de republicanos, tal y como muchas veces había dicho y como, supuestamente, repitió esa madrugada: «Las generaciones futuras sepan que los que antes éramos adversarios ahora todos hemos estado unidos para defender la República»⁹¹.

No obstante, el comportamiento de Salmerón desencadenó el golpe de Estado de Pavía. Nadie desconocía la posibilidad de esta maniobra y, aun así, Salmerón siguió adelante. La idea de que sus principios eran más importantes que la República respondía a su deseo de satisfacer su orgullo, ya que no tenía un proyecto político distinto al de Castelar. Como hemos visto, los argumentos de los militares conservadores y el nombramiento de obispos eran una falacia, en tanto el propio Salmerón dio destinos a Martínez Campos y a Pavía, y él mismo intentó negociar con la Santa Sede el nombramiento del obispo de Cebú. La «órbita republicana» consistía en que el poder no saliera de manos del Partido Republicano, un exclusivismo que chocaba con los principios democráticos, la armonía krausista y el plan de conciliación de Castelar.

La «conciencia» de Salmerón —su objeción filosófica a Castelar— no era motivo suficiente para dejar que se produjera un golpe de Estado. Su oposición a la política militar y religiosa tenía graves contradicciones, como ha quedado dicho. Su negativa a la entrada de constitucionales y radicales en el régimen revelaba un alto grado de intolerancia y una clara falta de visión de futuro, y el conjunto de su actuación lo descalifica como hombre de Estado. De hecho, republicanos como Blasco Ibáñez, Vera y González, Miguel Morayta, González Serrano, Ernesto Bark, Sánchez Pérez o Álvaro de Albornoz no dudaron en cargar sobre Salmerón la responsabilidad del golpe del 3 de enero de 1874.

PARTE VI

1874 TAMBIÉN FUE REPÚBLICA

La República no murió el 3 de enero de 1874, como se ha escrito muchas veces. En realidad, desde el golpe de Estado de Pi y Margall el 23 de abril, era una forma solo nominal. Tras el golpe, el Partido Federal se quedó solo y roto, haciendo así imposible el nacimiento de un régimen que solo podía basarse en la conciliación. Resulta también alejado de la realidad achacar a Castelar el final de la República por haber dado los mandos militares a conservadores y alfonsinos, como si la opinión pública no se hubiera manifestado hastiada de La Federal desde el verano de 1873. De hecho, la abstención en la convocatoria de mayo de ese año demuestra la poca ilusión que generaba la participación política en la República. En realidad, fue el cantonalismo, el golpe de Estado del 23 de abril y el error de Salmerón al abandonar a Castelar, los tres hechos que propiciaron el acto del 3 de enero. Sin esas circunstancias, otra habría sido la suerte de la República.

El sistema que perduró todavía en 1874 fue tan republicano como lo fueron los gobiernos de Pi y Margall, Salmerón y Castelar. La suspensión de las garantías constitucionales era la misma. La única diferencia es que no hubo Cortes ni voluntarios federales, que a la postre eran dos instituciones que generaban inestabilidad. Lo que hubo no fue una dictadura revolucionaria, como quisieron los federales intransigentes tras el golpe del 23 de abril, sino una dictadura comisarial, cuyo objetivo era restablecer el orden para seguir con la vida constitucional. No obstante, no existía un único proyecto en la dirección de esa dictadura.

Pavía dio el golpe del 3 de enero para consolidar la República en un gobierno de conciliación; esto es, de coalición de radicales y republicanos. Estos debían ejercer la dictadura con el espíritu del 11 de febrero, el inicial, y acabar con el cantonalismo y el carlismo. El plan de Serrano fue otro. Quiso utilizar el desorden como excusa para establecer una dictadura personal, pero le fallaron los apoyos: no contó con el Ejército, que cada día era más alfonsino, ni con el Partido Constitucional, muy dividido a la hora de definir el proyecto. En esta última cuestión jugó un papel decisivo Sagasta, que tenía su propio plan.

El antiguo progresista quería encabezar un partido que se convirtiera en el protagonista de la situación política, tal y como había hecho el general Prim con Amadeo de Saboya. Es decir, Sagasta quería desempeñar un papel privilegiado como símbolo de las libertades constitucionales y por traer de vuelta a la dinastía. Quiso entonces llegar a un punto de pacificación del país que permitiera una convocatoria de Cortes para ratificar la Constitución de 1869 y para que eligieran a Alfonso de Borbón como rey de España. De esta manera, el país liberal estaría en deuda con Sagasta, por haber conservado los principios de la Revolución de 1868, y también lo estarían los Borbones, a quienes habría devuelto el trono. En este plan sobraban los radicales y los republicanos conservadores, a los que liquidó en mayo de 1874, y después, en septiembre de ese mismo año, hizo lo mismo con los constitucionales conciliadores. Mientras tanto, fue haciéndose con la administración municipal y provincial, factor fundamental para convocar con éxito las elecciones. Al tiempo, debía pactar con Cánovas, cuestión esta bastante difícil porque Cánovas no quería la Constitución de 1869 ni que Alfonso XII fuera elegido, como lo había sido Amadeo, porque le hacía débil.

En el plan de Sagasta sobraba Serrano, que era un obstáculo por su ambición y a quien no querían los alfonsinos. Por eso trabajó para que el periodo de la dictadura se llamara Interinidad, para que no se entendieran como consolidados ni la República ni el régimen personal de Serrano. No obstante, a Sagasta le falló todo: no tenía apoyos en el Ejército, como se comprobó con el pronunciamiento de Martínez Campos, el partido no llegó a formarse y los alfonsinos no cedieron. Fue Cánovas quien se ocupó de eso, aunque con muchas dificultades. Dimitió dos veces de la jefatura del alfonsismo que ocupaba desde agosto de 1873, y amenazó otra con irse, si no respetaban su plan. La causa era que una parte muy importante de los alfonsinos era golpista, revanchista y estaba vinculada al viejo Partido Moderado. En ella se incluía una fracción militar, dirigida en 1873 y 1874 por el conde de Valmaseda y Martínez Campos, que no quería a Cánovas y lo desobedecían.

Cánovas tenía su propio plan para la Restauración: promover un pronunciamiento militar respaldado por un movimiento nacional, no un partido, y que no hubiera derramamiento de sangre. Por eso desechaba un pronunciamiento similar al de Martínez Campos, quien estaba dispuesto a «otra batalla de Alcolea». Esa declaración restauradora hecha por un militar de prestigio nacional, no de partido, como quería Cánovas, constituiría un Ministerio-Regencia que prepararía el advenimiento del Rey, tal y como dijo en varias ocasiones, entre ellas en la mañana del 3 de enero.

El año 1874 fue también el de la reflexión republicana y radical. Castelar, que vio con esperanza el golpe del 3 de enero, y que se comprometió con Serrano, quedó en segunda fila. No podía sumarse a la República del 3 de enero sin que su imagen de demócrata se viera afectada y esperó, confiado, en la palabra de Serrano. Esto hizo que elaborase un programa para el republicanismo conservador y posibilista que luego perduró en la Restauración. Al ver peligrar la República lanzó la idea del plebiscito, que supuso la crisis de mayo y su derrota. El plan para volver a la política con un partido republicano conservador se esfumó. Pi y Margall quiso resucitar el Partido Federal contando con Salmerón y Figueras, a quienes despreciaba, y no llegaron a un acuerdo. Ruiz Zorrilla volvió a España en agosto de 1874 creyendo que tenía el poder de atracción de 1872, pero ya no era así. Encontró a un Partido Radical muy dividido que aguardaba la reunión de las Cortes para definirse, acogidos a la primacía de los derechos individuales por encima de la forma de Estado. Luego tuvo el peregrino proyecto de unificar a todos los que habían participado en la revolución de 1868, como si fuera posible, para competir en el futuro con Sagasta. No consiguió más que reunir a algunos políticos y militares de segunda fila.

La historia del año 1874, muy desestimada por los que hasta hoy han hecho el relato de la Primera República, es un episodio apasionante para conocer las dificultades que existieron para instaurar un régimen representativo y de conciliación. Ese año quedaron expuestas las debilidades políticas y humanas de los dirigentes de los partidos y de algunos militares. Este análisis requiere una exposición temática más que cronológica, tal y como se hace en esta parte.

18

SALVAR LA REVOLUCIÓN

PAVÍA, UN IDEALISTA

La noche del 1 de enero de 1874, el general Pavía, entonces capitán general de Madrid, se encontraba en el Teatro de la Ópera. Se le acercó una persona de «crédito y responsabilidad» para comunicarle que «había quien dudada y desconfiaba de que llevase a cabo el acto que iba a efectuar tal como lo había expuesto», escribió el propio Pavía en 1878. El general había contado a quien quisiera escuchar que daría un golpe de Estado si la derrota de Castelar era seguida por la formación de un Gobierno que levantase la bandera de La Federal.

El plan era disolver la Asamblea y llamar a dirigentes políticos para que constituyeran un Gobierno nacional, porque él no quería ser «dictador». Este plan, escribió, fue «aplaudido por los que llamó a su presencia para comunicárselo». Pavía se enfadó por que dudasen de su determinación y esa noche dijo que iba a dimitir. Al rato pidieron una reunión con él dos políticos «de los que recibirían el poder al día siguiente», acompañados por un general. Le dijeron que «si dimitía y se retiraba a su casa todo estaba perdido». Ahí tocaron la fibra idealista de Pavía, muy dado a los gestos épicos, y le convencieron. En el folleto donde describe la escena, hablando de sí mismo en tercera persona, aseguraba que solo estaba impulsado por su «deber de español y de soldado», y que por eso tomó la «bandera del patriotismo y del desinterés» personal. No quiso ser dictador porque consideraba que no tenía «talla político-militar», pero sí «se conceptuó con las suficientes fuerzas para arrostrar por sí solo el peligro —escribió— y cargar para toda su vida con toda la responsabilidad del acto que iba a llevar a cabo». Ninguno de esos generales y políticos que le visitaron le ofreció auxilio para el golpe; es más, él lo «hubiera rechazado enérgicamente»¹. Pavía fue un idealista del que se aprovecharon los dirigentes constitucionales y radicales usando el miedo a la realidad caótica de La Federal y la idea del Gobierno nacional como salvación del país.

La idea del «Gobierno nacional» como solución al caos apareció en la prensa en los dos meses previos al golpe, porque la disidencia de Salmerón aventuraba el fin del Gobierno de Castelar. El Imparcial hizo referencia a esta posibilidad el 28 de octubre. La propuesta era disolver las Constituyentes y constituir un Gobierno nacional con los jefes de los partidos, «como se hizo en septiembre de 1868», y que el país pudiera elegir por sufragio universal si quería una monarquía o una república en unas «nuevas Cortes Constituyentes». El Gobierno nacional constituido por «moderados (léase “alfonsinos”), unionistas, constitucionales, radicales y republicanos» tendría la misión de acabar con la guerra civil, derrotando a carlistas y cantonales. El Gobierno nacional no sería resultado de la conciliación espontánea de los partidos, sino de un acto que los uniera. En su artículo «Llamamiento», del 21 de noviembre, decía que la solución solo podía ser «impuesta por la fuerza» o por las Cortes, pero entendía que esta última no era posible². En realidad, se trataba de la misma propuesta que defendió Ruiz Zorrilla en la sesión parlamentaria del 10 al 11 de febrero de 1873, cuando, asumiendo la renuncia de Amadeo de Saboya, defendió la formación de un Gobierno nacional con todos los partidos para convocar unas nuevas Cortes.

La propuesta de formar Gobierno nacional reconocía, además, una realidad: constitucionales y radicales planeaban un golpe, y los alfonsinos estaban al tanto. El Pueblo, de García Ruiz, que luego fue el ministro impuesto por Pavía, también era partidario de la disolución de las Cortes por un golpe y de la formación de un Gobierno nacional³. La República, el diario de Salmerón, daba noticia de los trabajos para la «constitución de ese gobierno nacional» como resultado de una «intriga» de constitucionales y radicales⁴. Los alfonsinos estaban fuera de aquello. Su relación con los constitucionales no pasaba por un buen momento desde que Serrano rompiera con el proyecto restaurador en el verano de 1873. El Diario Español denunció, a comienzos de diciembre, una «intriga o complot» de constitucionales y radicales para «echar esto abajo y hacerse dueños del poder», con la formación de una «república sin republicanos» o un Gobierno nacional⁵. El moderado Eco de España anunciaba que constitucionales y radicales se habían «entendido secretamente» y tenían sus «fuerzas preparadas» para derribar lo existente y tomar el poder. Luego, se quejaba de que los alfonsinos fueran desplazados del plan, cuando en su día los conservadores les dijeron que la idea del «Gobierno nacional» solo era para «preparar la venida de D. Alfonso»⁶.

La idea de constituir un Gobierno nacional en previsión de la derrota de Castelar estaba muy extendida, y se percibía como algo natural el golpe de Estado que se anunciaba. La prensa lo daba por cierto si llegaba a formarse un Gobierno partidario de los cantonales. Pavía fue el instrumento inconsciente del golpe, mientras que sus beneficiarios prefirieron mantenerse en una posición subalterna que los eximía de la carga negativa de haber disuelto por la fuerza la Asamblea. Serrano, Sagasta y Martos no querían que su imagen de liberales revolucionarios de 1868 se empeñara con un acto de este tipo. Se aprovecharon del carácter impulsivo e idealista de Pavía, a quien señalaban como el mejor candidato para dar un golpe que pusiera fin al desastre cantonal, al menos desde el verano de 1873.

Pavía fue elegido diputado en las Cortes de 1876. Acudió a ellas con un único propósito: contar su versión del golpe de Estado del 3 de enero⁷. La versión reproducía el relato que justamente necesitaban los que se iban a beneficiar del golpe para prolongar su carrera política. Asumió que el acto había sido de su completa y absoluta responsabilidad. No partió de ningún partido o ministro. Esto exoneró a Sánchez Bregua, ministro de la Guerra, que fue señalado como cómplice. Pavía contó que primero habló con Castelar. Le pidió que promulgara un decreto ordenando la suspensión de las Cortes, y que no se preocupara por las protestas, porque él lo «fijaría en la Puerta del Sol con cuatro obleas o cuatro bayonetas, y que respondía de la tranquilidad en Madrid»⁸. Castelar se negó a prolongar la suspensión de las Cortes a pesar de que sabía que sería derrotado y que la opinión general era que se formaría un Gobierno del centro y de la izquierda (que eran mayoría), que no terminaría con la «anarquía». Si era derrotado, dijo Castelar a Pavía, se «retiraría a su casa a llorar los males de la patria». Sin embargo, escribió Pavía, España no estaba para «lágrimas federales»⁹.

Pavía decidió entonces dar un golpe disolviendo la Asamblea. Pensó en un hombre al que dar el poder, como Espartero, o en algún partido. No le convenció, dijo. La solución era la formación de un Gobierno nacional que «salvara el país y salvara la sociedad». Luego, a finales de diciembre de 1873, anunció a los jefes constitucionales y radicales que daría el golpe si perdía Castelar. «Solo les recomendé que se hallaran reunidos en una casa contigua al Congreso» y que allí esperasen «mis órdenes». Esta declaración quitaba la responsabilidad en la conspiración a Serrano, Sagasta y al resto de dirigentes, que parecían cómplices de un golpista. Pavía pidió a los partidos que dos o tres personas de su confianza le fueran informando. Al tiempo, y porque no se fiaban de ellos, mandó a una persona de su confianza para que verificase la información. En cuanto supo que Castelar había dimitido, ordenó que las tropas tomaran los puntos estratégicos de la ciudad, los edificios públicos importantes, las estaciones de ferrocarril y telegráficas, y dio instrucciones para colocar depósitos de municiones y personal sanitario en las cercanías. Sin embargo, una persona de su confianza lo detuvo: Castelar podía salir elegido en la votación. Una vez pareció que el recuento de votos no le daba la victoria, decidió actuar. Ordenó al coronel Iglesias que se pusiera al mando de la Guardia Civil que custodiaba el Palacio del Congreso, y envió la tropa.

Una vez desalojado el Salón ordenó llamar a los dirigentes de todos los partidos, menos a cantonales y carlistas, para formar un Gobierno nacional. Su idea era que en España pasara lo mismo que en Francia, donde tres partidos monárquicos y uno republicano habían salvado el país uniéndose bajo el nombre de la República¹⁰. Se reunieron Serrano, Martos, Sagasta («monárquico sin monarca»¹¹), Rivero, Becerra, García Ruiz, Alonso Martínez, Topete, Beránger, Montero Ríos, los hermanos Concha (el marqués del Duero y el de la Habana), Oreiro, Ulloa, Romero Ortiz, Mosquera, Echegaray, Elduayen y Cánovas. No consiguió que acudiera Castelar. Fue así como el golpe de Pavía «resucitó a la revolución, constituyendo ésta gobierno»¹².

Sin embargo, finalmente no se formó el Gobierno nacional que quería Pavía, títere de constitucionales y radicales aquel día, ni el que querían los monárquicos¹³. Serrano y Martos propusieron que se conservara el nombre de «República», en lugar de «nacional»; es decir, que se decantó por la forma republicana en vez de iniciar un proceso para que el país decidiera. Cánovas se opuso y postuló la formación de un Gobierno neutral y provisional que preparase el advenimiento del príncipe Alfonso, postura que ya había defendido en una reunión en Biarritz, en el verano de 1873, ante la eventualidad de un golpe de Estado de radicales y constitucionales. El marqués del Duero y Sagasta apoyaron la idea de Cánovas, pero la mayoría se opuso firmemente¹⁴. Hubo discusión y llamaron a Pavía para que decidiese el resultado. Era la baza de los radicales, con quienes más trato había tenido el capitán general de Madrid. Sabían que Pavía quería que se mantuviera la República, que se tratara de un golpe solo de carácter militar, al que los políticos se sumarían por llamamiento de un general, y no al revés.

Pero se trataba de una pura apariencia y Pavía jugó su papel de manera inconsciente. De hecho, no lo invitaron a participar de la reunión, sino que lo dejaron esperando en una sala contigua. Durante ese tiempo aprovechó para enviar telegramas a las embajadas y a otros generales con mando. El mensaje que transmitió a Abárzuza, en París, afirmaba que había dado el golpe para evitar que el Gobierno estuviera en «manos de los intransigentes, enemigos del Ejército»¹⁵. Cuando la junta de notables le llamó para deshacer el debate, afirmó que la finalidad del golpe había sido establecer una República de orden con un Gobierno nacional.

Era la respuesta esperada por Serrano y los radicales. Cánovas rechazó la participación en el Gobierno. Creía que la revolución había llegado a su última etapa, que aquellos hombres solo querían aferrarse al poder y que, por tanto, pronto fracasarían¹⁶. La negativa de Cánovas a participar en el Gobierno fue interpretada por algunos alfonsinos como una ocasión perdida, y alentó a aquellos que veían en el pronunciamiento militar la mejor forma de restaurar a los Borbones. No lo veía así el embajador italiano. Maffei informó a su Gobierno de que el país había aceptado el golpe como una solución de orden, pero sin ilusión por los hombres que habían formado el Ejecutivo. «Los partidarios del príncipe Alfonso, que están comenzando a ganar terreno —escribió—, lo acogieron como el primer paso hacia su restauración»¹⁷. No era para menos. Cánovas pensó que desde ese día la República era «solo un nombre», y que subsistía «meramente como tregua política o como instrumento de personales e interesadas aspiraciones»¹⁸. Serrano fue designado Presidente del Poder Ejecutivo de la República a propuesta de los radicales, encabezando un Gobierno compuesto por estos y por los constitucionales. Hasta entonces la denominación oficial del cargo había sido de presidente del Gobierno de la República. Los ministros que lo formaron fueron: Estado, Sagasta; Marina, Topete; Gracia y Justicia, Martos; Hacienda, Echegaray; Fomento, Mosquera; Ultramar, Balaguer; Gobernación, García Ruiz; y Guerra, el general Zavala. La única imposición de Pavía fue García Ruiz, un republicano unitario. El general se dio cuenta tarde de lo endeble de la situación. Al comprobar las discusiones nominales que se suscitaban para los nombramientos, Pavía se decepcionó:

Hubo momentos en que, al ver fracasada la idea del Gobierno nacional, me asaltó el pensamiento de formar un Gobierno Militar, montar la máquina gubernamental militarmente y gobernar con ideas más reaccionarias que las que representaba Don Carlos de Borbón y Este¹⁹.

El objetivo declarado del nuevo Ejecutivo era hacer el orden, acabar con cantonalistas y carlistas, y luego convocar Cortes para decidir la forma de gobierno. La Constitución de 1869 fue declarada en vigor y las garantías constitucionales siguieron suspendidas. En el decreto publicado en la Gaceta de Madrid del 9 de enero de 1874, el Gobierno aseguraba que unas Cortes ordinarias designarían la «forma y modo con que han de elegir el supremo Magistrado de la Nación, marcando sus atribuciones y eligiendo al primero que ha de ocupar tan alto puesto». Así dejaba abierta la posibilidad a una república, a una monarquía electiva o a la restauración de los Borbones. Fue la declaración de interinidad lo que favoreció al alfonsismo ante el cansancio social.

Pavía fue utilizado por constitucionales y radicales como un chivo expiatorio al que atribuir el atentado contra la Asamblea en beneficio de Serrano, Sagasta y Martos. La idea del Gobierno nacional para salvar la situación sirvió para justificar la dictadura de Serrano y la interinidad que interesaba a Sagasta para conducir la situación hacia un nuevo experimento revolucionario: que el rey Alfonso XII fuera elegido por las Cortes y que reinara con la Constitución de 1869.

Una vez que dio el golpe, Pavía se convirtió en un estorbo. Era un idealista y, por tanto, su comportamiento era previsible. En la crisis de mayo de 1874 provocada por Sagasta, Pavía, vinculado a los radicales, dimitió como capitán general de Madrid, porque con un Gobierno de un «solo partido» y, además, «heterogéneo», no se podía llevar a cabo «la política nacional, patriótica y desinteresada del día 3 de enero»²⁰. Eso benefició la concentración de poder en los constitucionales, y en particular en Sagasta. Cuando dimitió, Pavía publicó un manifiesto explicando sus motivos. Había sido el «brazo» para salvar a España de la «sima en que estaba a punto de hundirla el desenfreno de la demagogia representada en el cantonalismo». Dio el golpe, insistía, «con la sola ayuda de la opinión pública y el patriótico esfuerzo de la guarnición». Se presentaba como un hombre desinteresado y honrado, que había dejado el poder a otros para formar un Gobierno de conciliación nacional. Había decidido irse cuando se constituyó un Gobierno homogéneo —sin radicales— a pesar de que seguían «amenazados por el cantonalismo y el carlismo». Las «circunstancias del 3 de enero» no habían variado, pero los partidos y sus dirigentes carecían de su visión patriótica²¹. Se quedó de cuartel en Madrid para contemplar el fruto de un golpe que consideró fallido.

CARTAGENA COMO SÍNTOMA

Es posible que el cantón de Cartagena sea uno de los grandes mitos forjados en el siglo XIX, desde la exaltación romántica y utópica hasta como ejemplo de caos. El resultado del cantón de Cartagena en el momento, justo en 1873, cuando la República quería consolidarse, lo definió bien Castelar. En la sesión parlamentaria del 2 de enero, a la pregunta sobre la constitución federal contestó que la habían quemado a las puertas de Cartagena. No se refería al cantón de aquella ciudad, sino al comportamiento de los federales intransigentes, que habían levantado cantones por media España, indisciplinado al Ejército y desestabilizado al Gobierno, de manera que constituyeron el gran obstáculo para la República. Difícilmente podía transmitirse la idea de que el nuevo régimen defendía la concordia y la paz cuando sus mismos defensores eran la fuente del desorden. Ese ímpetu revolucionario y poco democrático de los federales fue instigado por sus dirigentes desde 1868, como luego confesaron Castelar y Salmerón, entre otros.

Pi y Margall, el gran inspirador del pactismo federal, origen del desorden, tuvo la ocasión de arreglar la situación desde el Gobierno, pero prefirió ser tolerante con los suyos para no vaciar las filas de su partido, tal y como dijo muchas veces. Para Pi, los cantonales de Cartagena eran unos «patriotas» porque se habían denominado «Gobierno Provisional de la República Federal Española». También participaron en el caos un grupo de 32 diputados federales, que orquestaron el levantamiento cantonal del verano de 1873, como se vio²². Estos y algunos diputados de la izquierda fueron quienes animaron a los cartageneros a aguantar hasta el 2 de enero²³. Tenían la esperanza de derribar a Castelar y nombrar un nuevo Gobierno presidido por alguien del centro o de la izquierda, que forjara el federalismo desde abajo o, en el peor de los casos, conseguir una amnistía. Cartagena fue un síntoma y un símbolo, y su caída el 9 de enero produjo un alivio silencioso. Fue el entierro de «un cadáver insepulto que el país rechazaba», en palabras de Vega de Armijo a Decazes, ministro francés²⁴.

El cantón cartagenero supuso un desafío al proceso legal iniciado el 11 de febrero. Su intención, como señaló Antonio Gálvez, uno de sus líderes, era propagar la «federación cantonal», constituirse en el ejemplo y motor de la cantonalización en España. Su enemigo era el «gobierno reaccionario de Madrid», puesto en manos de los «centralistas», en referencia al resto de federales. Por este objetivo, como ya se vio, hicieron salidas marítimas y terrestres para conseguir fondos con los que mantenerse o sumar ciudades a su levantamiento. Solo pudieron robar en pueblos pequeños, porque las grandes poblaciones como Almería y Alicante resistieron. Valencia no quiso sumarse al alzamiento en octubre, ni dar sus barcos a la flota cantonal, tal y como pidió Contreras, que amenazó con bombardear la ciudad. Tras criticar en su manifiesto del 18 de septiembre que el «Gobierno de Madrid» bombardeara Valencia, lo cierto es que los cantonales se disponían a hacerlo un mes después. Allí llegaron animados por una comisión valenciana y otra barcelonesa para que iniciaran la rebelión en sus respectivas poblaciones. Fracasados en Valencia, desistieron de ir a Barcelona²⁵.

Los militares de la plaza de Cartagena se cansaron de resistir, animados algunos de ellos por los sobornos de los agentes del Gobierno. Los críticos convocaron una manifestación el 2 de noviembre y exigieron un cambio en la junta soberana, que solucionó la cuestión convocando elecciones para formar una nueva junta el 8 de noviembre. El resultado fue la victoria de los intransigentes, con Gálvez, Contreras, Roque Barcia y otros, lo que empecinó más el cantón. Nombraron a José María Orense presidente honorario del cantón, pero esto no calmó a los militares. El general Ceballos, que dirigió el sitio del cantón bajo la supervisión de Castelar, acordó con el coronel Fernando Pernas, de los sitiados, la rendición a cambio de dinero y de un indulto. Pernas reunió entonces a jefes y oficiales de Iberia y Mendigorría en su casa, donde acordaron abandonar la plaza. Sin embargo, fueron detenidos por las fuerzas de Gálvez²⁶. A Pernas y a Carreras los llevaron al Castillo de Galeras, donde fueron «golpeados y mortificados de una manera bestial y cruel»²⁷.

Este hecho determinó que Castelar desechara la vía interna para acabar con Cartagena y a decidirse por el ataque total. Castelar necesitaba este triunfo para abrir las Cortes, no se podían retrasar más las operaciones militares ni el plan para convencer a la opinión pública de que su República sí podía funcionar²⁸.

Gálvez era el jefe de Cartagena desde noviembre de 1872, a pesar de la presencia de Contreras. No era la primera vez que usaba la violencia para imponer su dogma. Participó en el triunfo de la revolución de 1868 en Murcia y Cartagena movilizando a los huertanos. Formó una Junta revolucionaria y esperó la llegada de Prim, que le agradeció los servicios prestados con un puesto en el Ayuntamiento de Cartagena, la comandancia de una de las compañías de la Milicia Nacional y la organización de los milicianos de la ciudad con 4.000 fusiles. Aquello terminó por hacerle muy popular entre los republicanos más exaltados. Pronto militó en el federalismo pactista, el de Pi y Margall, e intervino en el Pacto Federal de Córdoba de 1869, cuya finalidad era constituir una estructura paralela para la creación de la federación futura. Aquel federalismo conservó el «derecho de insurrección»; es decir, el levantamiento armado, si consideraba que el Gobierno vulneraba la libertad. Eso fue lo que pasó en octubre de 1869, con la sublevación organizada de los voluntarios republicanos, unos 40.000, contra los que Prim tuvo que emplearse a fondo. Gálvez levantó a la milicia en Murcia, sucumbió ante las tropas gubernamentales y huyó a Orán. Volvió con la amnistía política de marzo de 1870 y fue designado para intervenir en el Comité Repúblicano Federal de Murcia.

En esas fechas se mantuvo un debate en su partido sobre el carácter del federalismo. Fue entonces, en mayo de 1870, cuando los moderados perdieron la batalla a favor de los pimargallianos. Algunos líderes, como Castelar, no quisieron ponerse del lado de la llamada «Declaración de la prensa», que defendía un federalismo controlado para no dividir el partido, un mantra que perjudicó al republicanismo. Ello permitió que personajes como Gálvez, que consideraba solo la fuerza revolucionaria como instrumento para la República, se hicieran fuertes en provincias.

Gálvez se mantuvo, así, entre los intransigentes, pimargallianos en teoría y revolucionarios en la práctica, que organizaron el levantamiento de finales de 1872. Confabulado con Roque Barcia, Félix Ferrer y Contreras, presentes en Cartagena, y Fernando Pierrad, quien intentó liderar el cantón de Sevilla, quiso usar el llamamiento a las quintas de septiembre de 1872 para promover un alzamiento federal. Protagonizó así un nuevo levantamiento en Murcia, en noviembre de ese año, con 200 hombres. Allí atacaron el Ayuntamiento y huyeron a las pocas horas. Gálvez estuvo escondido hasta que se le concedió una nueva amnistía política, tras el 11 de febrero.

Del monte a las Cortes, elegido como diputado de las Constituyentes por Murcia capital, como diputado intransigente que era no aceptó la construcción de arriba abajo de la federación e intervino en el Comité de Salud Pública de Madrid, junto a otros 42 intransigentes de toda España. En la reunión del 6 de julio de dicho comité se acordó iniciar un levantamiento cantonal el día 20 de ese mismo mes. Gálvez debía levantar Cartagena, y así lo hizo, aunque se adelantó Manuel Cárceles, miembro del Comité de Salud Pública creado en Madrid. Formó parte del Directorio, del Primer Gobierno Provisional de la República Española —ese mismo que sirvió a Pi y Margall para decir que eran patriotas— y del resto de máximos órganos de dirección. Acabó siendo el hombre todopoderoso de Cartagena, que, en opinión de un oficial encarcelado tras la caída de la ciudad, «entendería de plantar coles, pero lo que es de defensa de una plaza ni jota»²⁹.

El problema de Gálvez es que esta vez los Gobiernos no estaban dispuestos a aprobar una amnistía política, como intentó José María Orense en las Cortes. Los Ejecutivos de Salmerón y Castelar se negaron. Este último incluso estuvo dispuesto a que el general Ceballos indultara a la tropa y a los oficiales, pero no a los dirigentes del cantón, entre ellos a Gálvez.

El 26 de noviembre de 1873, 138 días después del alzamiento, comenzó el bombardeo de Cartagena. Aquello conmocionó a todos y cambió el panorama del cantón. La población se hartó. «El pueblo, cansado de sangre, ruge contra el general Contreras», y la «tropa (en referencia a Iberia y Mendigorría) se insubordina por completo»³⁰. Un oficial escribió desde la prisión, ya en 1874, que ese día Manuel Cárceles, el iniciador del cantón, «famoso hablador de club y enemigo mortal del militarismo», vestía un uniforme «con galones de Teniente Coronel hasta que empezó el bombardeo», momento en el que se escondió³¹. No funcionó el ataque, y el general Ceballos insistió en dimitir. Su sustituto, el general Pasarón, dejó de bombardear la ciudad para centrarse solo en el Fuerte de Atalaya.

El 10 de diciembre Castelar designó al general López Domínguez, un hombre de Serrano, para sitiar la plaza y que rindiese Cartagena antes del 2 de enero. Castelar quería presentarse con un triunfo que le hiciera incontestable y desarmara moralmente a la disidencia de Salmerón, al centro, a la izquierda y los intransigentes. Los insurrectos tenían unos 10.000 hombres a las órdenes de Gálvez y Contreras. López Domínguez siguió el protocolo. Después de dirigir una proclama a los sitiados invitando a que se rindieran, comenzó el ataque³². Al incendio de la fragata Tetuán siguió la rendición de la Atalaya, con 300 hombres que finalmente fueron indultados. «Moría mucha gente y era terrible y desconsolador el cuadro que presentaban las calles, en las que abundaban los carros llenos de muertos desnudos», escribió Pirala³³, pero ni aun así los cantonales se rendían.

Solo cuando fue imposible la resistencia militar por la caída de la Atalaya, decidieron negociar la rendición. Salió una comisión para parlamentar con López Domínguez el 12 de enero, que ofreció un indulto a los que se presentasen al día siguiente antes de las doce de la mañana. El día 13 las tropas gubernamentales entraban en lo que quedaba de la ciudad. Pirala, progresista, escribió que aquellos cantonales podían estar satisfechos de su resistencia, pero «no podían estarlo del inmenso daño que hicieron a la patria». A continuación, el historiador enumeraba los daños materiales y humanos «que costó aquel loco ensayo de teorías funestas»³⁴.

Los grados militares y la deuda cantonal fueron reconocidos por el Gobierno. Los voluntarios fueron enviados al norte a luchar contra los carlistas. Se indemnizó a los que habían perdido su propiedad. La Junta cantonal, presidida por Roque Barcia, ordenó el mismo día 12 de enero que la Numancia saliera hacia Orán con los que decidieran exiliarse. En ella embarcaron los generales Contreras y Ferrer, los diputados Araus y Gálvez, y muchos oficiales, voluntarios, mujeres y niños, «arramblando antes con cuantos fondos tenía» la ciudad, y dejaron a esos «inocentes ilusos a quienes con tanta facilidad se engaña». El internacionalista Combatz, presente en el cantón, escribió que cuando fue a buscar a la Junta se oía «¡Ha huido cobardemente!» y «¡Nos han abandonado después de habernos comprometido a todos, después de habernos arrastrado!…».

En cuanto pisaron suelo argelino, todos fueron ingresados en prisión³⁵. Hasta 75 oficiales cantonales se ofrecieron a don Carlos el 5 de junio de 1874, sin más condición que el reconocimiento de los grados y empleos³⁶. Gálvez acabó en Suiza con un pasaporte, disfrutó de la amnistía política concedida en 1876 y organizó un levantamiento republicano diez años después. Juan Contreras huyó de Cartagena, aunque previamente pasó por la Junta que debatía la capitulación y dijo: «Ni me rindo, ni acepto condiciones, ni quiero saber nada». Fue uno de los que se llevó los caudales a Orán, según García Alcántara, presente en aquella Junta. Contreras fue indultado por el general Martínez Campos en mayo de 1879, y reincorporado al Ejército para tener un sustento.

La historia de Roque Barcia, el instigador espiritual del cantonalismo, es más sorprendente. Al parecer, en Cartagena se dedicó a predicar la buena nueva de La Federal, como un «Cristo», y se hacía seguir por las calles por un grupo de mujeres³⁷. Cuando comenzaron los bombardeos, se ocultó en el edificio de guardiamarinas. Permaneció oculto en Cartagena tras su rendición, posiblemente en el consulado de Portugal. Volvió a Madrid y envió cartas a la prensa con fechas del 16, 17 y 19 de enero de 1874. Barcia intentó colocarse en la nueva situación. Renegó de La Federal diciendo que era imposible en España, y aconsejó apoyar al Gobierno de Serrano para derrotar a los carlistas y evitar la Restauración. Justificó su permanencia en Cartagena porque los de la Junta no «me dejaban salir» y su retirada hubiera supuesto un «hondo conflicto». Barcia se había sentido «un prisionero, más de los sitiados que de los sitiadores». La idea federal estaba «verde» todavía en España, escribió. Sus compañeros no servían «ni para gobernar una aldea».

La sorpresa aumentaba al leer: «Lo que ha hecho el duque de la Torre lo habría hecho yo», en referencia a la disolución de las Cortes. La Discusión contestó: «El Partido Republicano no os perdonará» y «si la República desaparece, todos los amantes del progreso os señalarán como uno de los causantes»³⁸. No olvidaban que había instigado a la rebelión contra la legalidad republicana desde La Justicia Federal, que había formado un comité revolucionario cantonal en Madrid del que partió la rebelión del verano de 1873, y que escribió una carta al presidente norteamericano en pleno conflicto del Virginius pidiendo su intervención, aunque finalmente no tuvo lugar. Barcia marchó a Tierra Santa para estar con los padres franciscanos, dejando en España a su mujer y a su hijo. Su intención, según escribió, era conocer el sentido de la vida. Visitó Grecia, Galilea y Egipto, aunque fue poco tiempo porque en julio de 1874 ya estaba instalado en París. Sin recursos ni posibilidad de publicar en la prensa se dedicó a escribir el Diccionario General Etimológico de la Lengua Española, que empezó a publicar en 1878³⁹.

Barcia dijo arrepentirse, pero Pi y Margall no. Intentó a principios de 1874 reorganizar el Partido Republicano depurándolo de «sospechosos», en referencia a Castelar, pero no cambió nada. Pi y Margall incluso se disgustó por la rendición de Cartagena el mismo año 1874: «Caída lamentable que no quisiera haber presenciado»⁴⁰. El resto de hombres políticos vio el fin del cantón de Cartagena como un alivio. La Federal, la utopía revolucionaria, visionaria y mesiánica, que hizo imposible la República, había muerto para siempre. Era el síntoma de un enorme fracaso, el de la concepción de la libertad como una imposición sobre la mayoría, fundada en el idealismo y la idea de progreso. El republicanismo, sin embargo, siguió siendo una excusa para hacer la revolución en España. Así se desprende del Pi y Margall posterior a 1873, e incluso de Nicolás Salmerón, que escribió a Andrés Borrego una significativa carta ya en la Restauración. En respuesta al periodista conservador, Salmerón, que había sido presidente de la República con 32 cantones levantados contra su Ejecutivo, todavía consideraba dicha forma de gobierno un instrumento revolucionario:

La República, por su propia índole puede mejor que ninguna otra institución desarraigar del país vicios añejos y preocupaciones seculares, que son rémora constante al desarrollo de los intereses materiales y al establecimiento de un régimen más conforme con los principios de justicia y con los adelantos científicos del siglo⁴¹.

Desde entonces, la inconsecuencia de este republicanismo que continuó en Pi y Margall, Salmerón y Ruiz Zorrilla, aferrado a la idea revolucionaria, impositiva y mesiánica de una República concebida como una fórmula salvadora, capaz de aplastar a los enemigos seculares, explica su fracaso en el siglo XX⁴².

Con la caída de Cartagena, el Gobierno del 3 de enero se inauguraba con lo que Castelar había deseado para presentarse a las Cortes: la victoria sobre los cantonales de Cartagena. Podría pensarse que el Gobierno de Serrano se atribuyó la victoria, pero no es así. Su prensa lo expuso como una victoria del Ejército y del general López Domínguez, reconociendo la influencia positiva del sitio que se había iniciado durante el Gobierno de Castelar. Ya no había conciencia de que el cantonalismo era un riesgo para la nación, toda vez que se había impedido el acceso al poder a Palanca y a los suyos. El gran problema era el carlismo, como se verá, y, por tanto, se celebró como un gran éxito el levantamiento del sitio de Bilbao, aunque la alegría duró poco.

EL MAC MAHON ESPAÑOL

En la reunión del 3 de enero en el Congreso los radicales llevaban pactado con Serrano el modelo que debían seguir, inspirado en el francés. Invocaron la solución de la Tercera República, «dando a entender —contó Cánovas, presente en la reunión— que querían investir al duque de la Torre de la representación» que tenía el mariscal Mac Mahon en Francia. Pero que no querían que Serrano estuviera fiscalizado por ninguna Asamblea, como sí pasaba en el país vecino. El propósito de Serrano, acordado con los radicales y «con la complicidad de algunos de los llamados republicanos templados», escribió Cánovas, era consolidar una República unitaria con Serrano como jefe del Estado. Ese era su plan desde el verano de 1873, todavía en Biarritz.

Serrano no consiguió en la reunión del 3 de enero que le nombraran jefe del Estado porque Pavía se negó y prefirió que fuera Presidente del Poder Ejecutivo de la República, como Castelar. Los radicales le habían ofrecido su apoyo para ese puesto «a cambio de que mantuviera la República». Por esta razón, Serrano no quiso entrevistarse en el verano de 1873 con Isabel II. Cánovas confesó a la reina que esta era la razón por la que mantenía hacia Serrano una «actitud reservada y recelosa». Los radicales creyeron que si incluían a Cánovas en el nuevo Gobierno podían desactivar el alfonsismo y desprestigiar a su jefe civil. Cánovas no aceptó y participó en la reunión como observador.

El revuelo ocasionado en el partido alfonsino, sobre todo entre los elementos moderados y sus generales, porque Cánovas no había aceptado un ministerio llegó hasta París. Isabel II pidió explicaciones con la creencia de que todavía Serrano podía ser captado para la Restauración, y Cánovas respondió con claridad: «Ni V. M. ni Don Alfonso pueden hoy ofrecer al Duque de la Torre nada semejante a lo que él espera de la República». Serrano quería contar con los alfonsinos, «pero no quiere dejar su puesto a D. Alfonso. Esta es, Señora, la verdad clara y desnuda». De hecho, Serrano era el «único obstáculo hoy al advenimiento de D. Alfonso». Así lo escribía Cánovas al príncipe a mediados de enero, alertando del macmahonismo de Serrano, y lo definía como «la aspiración perpetua al poder supremo de un soldado de fortuna»⁴³.

No le faltaba razón, y según avanzaba el tiempo, así lo comprendieron las cancillerías europeas. En septiembre, Maffei, embajador italiano, escribió a su Gobierno que la intención de Serrano era perpetuar la dictadura, según una conversación que había mantenido con él a mediados de agosto, en la que confesó que

… a ambos lados de los Pirineos no había monarquía ni república posibles, y que la única forma aplicable a las condiciones de los dos países era la dictadura. El Presidente del Poder Ejecutivo incluso fue más allá e insinuó que, como sucedió aquí, el Mariscal Mac-Mahon se verá obligado a deshacerse de la Asamblea y a gobernar sin ella⁴⁴.

No era un secreto. Se pensaba en el ejemplo francés. El periodista Cherbuliez así lo contó en sus reportajes sobre la España republicana. «La fortuna del mariscal Mac Mahon está bien calculada para hacerles soñar (a los españoles). Una presidencia a largo plazo, si fuera posible, sería quizás en España como en Francia la mejor transacción. Siete años son una preciosa oportunidad para los monárquicos que desesperan de su monarquía, un recurso y una seguridad para las repúblicas que aún no tienen el coraje de su nombre»⁴⁵.

Los republicanos de Castelar defendían la idea de un Mac Mahon en España para que en ese tiempo se reconstruyeran los republicanos, como en Francia, mientras se contentaba a los monárquicos con una solución de autoridad. Eso era lo que suponía «en Francia el setenado del general Mac Mahon y en España el gobierno del duque de la Torre»⁴⁶. Estos republicanos y los radicales no hablaban exactamente de siete años, sino del tiempo suficiente para conseguir el orden y acabar con las guerras civiles.

Los constitucionales de Sagasta tenían su propia opinión. El Mac Mahon español no debía ser un cargo con más poder que el que tuvieron Castelar o Pi y Margall. No querían que fuera jefe del Estado ni implicara un intento de consolidación de la República. Solo debía tener un carácter instrumental y, por tanto, transitorio. La Iberia apoyaba esta idea al decir que Mac Mahon pidió una prórroga de siete años para «salvar a la Francia de una restauración y de una nueva anarquía». Le fue concedida, decía el diario, sin atender a los que pedían que tuviera un carácter monárquico ni a los «radicales que querían que revistiese un poder definitivamente republicano». La Iberia concluía: «¿No es grande, no es elocuente el ejemplo que nos ofrece el pueblo vecino?». Los sagastinos no querían una República ni la continuidad de Serrano más allá de lo necesario. La Iberia insistía en que la dictadura del duque de la Torre era una fórmula «indefinida» aunque se llamara República. Se trataba de una solución circunstancial dada la división de las fuerzas políticas, la presión de los legitimistas y de la demagogia. Era el statu quo inevitable que había que aceptar, porque la indefinición salvaba de los riesgos de haberse «decidido por la república como forma definitiva de gobierno, o por la monarquía como última y suprema razón de Estado». La dictadura sería una solución momentánea mientras se preparaba la Restauración, porque

… precipitarse en política es perderse: hay que aceptar los actos consumados atentos a las necesidades del presente, pero sin cerrar las puertas del porvenir. La política francesa ofrece un grande ejemplo y una enseñanza provechosa⁴⁷.

No todos veían el mandato de Serrano del mismo modo, en especial los republicanos conservadores de Castelar y los radicales, que habían intentado convertir al duque de la Torre en jefe del Estado el 3 de enero. La América, radical, aseguraba que la República estaba cada día más asegurada con Mac Mahon, para despecho de los monárquicos. El castelarino La Discusión equiparaba a Mac Mahon con Serrano en cuanto a la aplicación de «procedimientos conservadores» para afirmar la libertad y la democracia. Los republicanos de Castelar temían la imagen de interinidad porque daba fuerza a los monárquicos. En Francia, decía La Discusión, Mac Mahon había puesto fin a esta aspiración (la monárquica) impidiendo la alianza de «constitucionales y legitimistas, como si dijéramos, amadeístas y alfonsinos, para resucitar la monarquía»⁴⁸.

Quien no veía a Serrano como un Mac Mahon español era el propio presidente francés. Isabel II se encontró con él en una boda en París y conversaron sobre la situación de España. La reina se quejó de que el Gobierno francés fuera permisivo con los carlistas. No en vano, le dijo, el día anterior habían dejado pasar por la frontera seis cañones Krupp. La contestación de Mac Mahon fue que «convenía cuanto antes se levantara la bandera de D. Alfonso»⁴⁹. Esto suponía, como así fue, que Francia no iba a reconocer la República de Serrano ni ninguna otra, sino, a lo más, la dictadura como forma interina. Y así ocurrió.

Entre enero y febrero se constituyó la dictadura de Serrano. No hubo sorpresas: nuevos cargos militares, suspensión de garantías constitucionales, la eliminación de la libertad de imprenta y la disolución de las Cortes. Tenía dos objetivos declarados: el orden y la Hacienda. Al tiempo, fue desarrollando una argumentación que justificara su presencia en el poder a través de un golpe y la misión de la que se sentían imbuidos. Venían a salvar a la patria de los elementos disolventes, como los cantonales y los carlistas, cuyo crecimiento había sido propiciado por La Federal.

El 9 de enero el Gobierno publicó un manifiesto en la Gaceta. El texto justificaba la dictadura por el desorden de tres guerras civiles que hacían «imposible el ejercicio de todas las libertades», y para eso había que disolver las Cortes, «elegidas bajo el imperio del terror por un solo partido» tras un golpe de Estado, el del 23 de abril. Se erigía como una tradicional dictadura constitucional o comisaria, siguiendo el concepto posterior de Carl Schmitt, que suspendía las libertades para restablecer el orden, en este caso para defender los principios de la revolución de 1868 y la Constitución de 1869. De esta manera, una vez restablecido el orden, prometía convocar Cortes ordinarias para designar la forma de elección del «Supremo Magistrado de la Nación» y elegir al primero que ocuparía el puesto. Así, no se decidía por la república o la monarquía, solo que en este último caso la hacía electiva, como lo fue Amadeo de Saboya. Esto es justamente lo que no aceptó Cánovas durante el año 1874, cuando estuvieron negociando la incorporación de los alfonsinos⁵⁰.

Los cambios militares inmediatos fueron pocos. El Gobierno nombró director general de Infantería al general Rafael Izquierdo, y director general de Artillería al general Ros de Olano en la Gaceta del 4 de enero. Sustituyó al general Lagunero como director general de Caballería por el general Antonio López de Letona, que estuvo en el exilio desde enero hasta septiembre de 1873, cuando Castelar llegó a la Presidencia. López de Letona consiguió levantar el sitio de Bilbao. El Gobierno cesó al general Nouvilas, federal, como presidente del Consejo Supremo de la Guerra, para nombrar al general Ros de Olano. Gaminde fue designado inspector general de Carabineros en sustitución de Juan Acosta, y el mariscal Saenz Delcourt, capitán general de las Provincias Vascongadas y Navarra. No hay que perder de vista que la defensa del Ejército como institución fue un discurso muy poderoso en 1874, invocado incluso por Martínez Campos para justificar la aceptación de cargos con Salmerón y Castelar.

El 5 de enero la Gaceta publicó la circular del Ministerio de la Gobernación firmada por García Ruiz, que suspendía periódicos cantonales y carlistas, y para «cortar de raíz un elemento perturbador». García Ruiz era el director de El Pueblo, un diario republicano nacido durante el reinado de Isabel II. Hizo numerosas campañas en defensa de la imprenta libre en las dos pasadas monarquías, la borbónica y la saboyana. La prensa, escribió años atrás, llevaba «las luces» a los españoles «a semejanza del sol»⁵¹. Durante el reinado isabelino sostuvo que legislar sobre la libertad de imprenta era «el colmo de la insensatez y de la locura», porque si había «injuria o calumnia» estaban los tribunales. «Las ideas no ofenden a nadie, ni pueden producir verdadero daño a la sociedad» porque «el buen sentido del pueblo jamás ha sido ni será arrastrado» por un «insensato o un traidor». Los «extravíos» de la prensa «se corrigen por la prensa misma», y sentenciaba: «Este es un axioma incontrovertible y solamente negado por los tiranos y sus satélites»⁵².

Unos años después García Ruiz hizo lo mismo que criticó durante la monarquía de Isabel II. Los periódicos suspendidos en Madrid por su circular fueron La Esperanza, El Pensamiento Español, La Reconquista, La Regeneración, El Federalista y El Reformista⁵³. Quedaron sin efecto los artículos 2, 5, 6 y los párrafos 1.º, 2.º y 3.º del artículo 17 de la Constitución de 1869. De esta manera era factible la detención arbitraria, la entrada en domicilios, la expulsión del país sin sentencia, y se anularon los derechos de reunión y asociación, y la libertad de imprenta.

La labor de García Ruiz no acabó ahí. La Gaceta del 7 de enero publicó una circular suya dirigida a los gobernadores civiles explicando el sentido del Gobierno recién nombrado. Era una justificación del golpe y de la dictadura. Los golpistas encargaron a un demócrata histórico como García Ruiz que fuera la cara de la nueva situación durante los primeros días. Esa elusión de responsabilidad la repitieron con Pavía, que quedó como el único responsable del golpe de Estado. El objetivo era disminuir todo lo posible el deterioro de su imagen de liberales. De hecho, aquello inhabilitó a García Ruiz para la vida pública posterior. La razón del golpe, según el texto, era el anuncio de la formación de un gobierno que hubiera supuesto la «anarquía», con la destrucción del Ejército, de la hacienda y de la unidad de la patria, aislada de Europa. El golpe había sido la voz de los españoles, porque «el país entero gemía agobiado bajo la insoportable tiranía de la licencia, y sólo esperaba su salvación del común concierto de todos los partidos liberales bajo la bandera de la República española y verdaderamente conservadora». El nuevo Gobierno no había atropellado ninguna legalidad porque era «intérprete del sentimiento público». Su misión era demostrar que la República era compatible con el orden y con la libertad.

Se ha escrito que García Ruiz, ministro de la Gobernación, deportó a las Marianas a 5.000 cantonales. No hay prueba documental de esto. Belén Pozuelo Mascaraque, en su tesis doctoral «Presencia y acción españolas en las islas Marianas (1828-1899)», dirigida por José U. Martínez Carreras, documenta que el número de deportados a las islas Marianas y Filipinas en 1874, en los barcos León e Irurac-Bat, fue de 1.076 personas. Juan Luis Bachero, en su tesis doctoral «La neutralización del adversario político. La deportación en la España del siglo XIX», dirigida por José Antonio Piqueras, no da noticia de un hecho tan espectacular como que un ministro ordenase la deportación de 5.000 personas en cinco meses. Las cifras de Bachero coinciden con las de Belén Pozuelo. Christian G. de Vito sube la cifra a 1.600, considerando los deportados a Ceuta y Melilla.

Los datos que aparecen son los siguientes: se hicieron tres viajes a las Marianas con dos barcos, el León y el Irurac-Bat, que llegaron el 16 de agosto y el 25 de diciembre de 1874, y el 8 de enero de 1875. Si hubiesen sido 5.000 los deportados, tendrían que haber salido 14 expediciones desde la Península entre enero y mayo, con una media de 358 deportados por viaje. Considerando que el trayecto duraba más de cien días, tenían que haberse empleado no dos barcos de vapor, como se hizo, sino siete, y cada uno de ellos habría realizado dos viajes. El Ministerio de Ultramar, porque Cuba y Filipinas eran de su departamento, estipuló las causas de 623 individuos, de los cuales solo 259 eran cantonalistas⁵⁴. También se ha dicho falsamente que no volvió ninguno. En 1875 hubo una amnistía y en 1877 volvieron a España 510, ya con Alfonso XII en el trono. Tampoco es cierto que se liquidara todo el cantonalismo, porque en Paterna y Sevilla hubo un alzamiento cantonal el 3 de junio que duró unas pocas horas⁵⁵.

García Ruiz dio cuenta en su libro Historias de la lista de deportados. En ella había 143 cantonales sugeridos por el gobierno de Cartagena, 88 por el de Cádiz —todos andaluces menos diez madrileños, aunque ya estaban en Ceuta antes del 3 de enero—, hasta un total de 278 que salieron a Filipinas el 10 de mayo. Luego, Sagasta, como ministro de la Gobernación, deportó a 996 más. Las cifras concuerdan con las ofrecidas en las tesis doctorales arriba referidas⁵⁶, por lo que, en definitiva, la cifra de 5.000 deportados es más producto de la propaganda republicana de la Restauración que de la realidad.

El federal Vera y González escribió que García Ruiz tuvo, como ministro, una «ocasión excelente para saciar sus rencores», aunque no daba más que la cifra de «centenares». También dio noticia de que García Ruiz propuso en Consejo de Ministros la expulsión de España de los tres primeros presidentes de la República: Figueras, Pi y Margall y Salmerón. No se produjo este atropello porque Sagasta se opuso. Se hostigó a los tres en sus casas, pero no tuvieron que irse al exilio como los radicales y constitucionales en abril de 1873 por miedo a perder la vida⁵⁷. Al parecer, Figueras invitó a los otros dos a marcharse a París, pero no quisieron, aunque este dato suena más a broma contra Figueras que a verdad, que había huido a la capital francesa el año anterior⁵⁸.

Hubo exilio y persecución de políticos, aunque menos que tras el 23 de abril de 1873, con el golpe de Pi y Margall. Tampoco hubo fusilamientos de opositores, como hicieron los cantonales valencianos antes de sucumbir a las tropas gubernamentales. El Ministerio de la Gobernación mandó prender a exdiputados constituyentes implicados en el cantonalismo, procesos que ya había comenzado durante el Gobierno Salmerón. También se aplicó la misma medida a aquellos que habían alentado o justificado la rebelión cantonal contra la República. Así, pasaron por dependencias judiciales los exdiputados Ángel Torres, Fantoni, Emigdio Santamaría o Casalduero. También Armentia, propietario de El Segundo Reformista, desde cuyas páginas del 2 de enero se alentaba a asesinar a militares. También se detuvo al revolucionario profesional llamado «Carbonerín», implicado en varios cercos al Palacio del Congreso en 1873, incluso en el asalto del 23 de abril y en la trama golpista del 3 de enero de 1874, como ya se vio. No se puede considerar represión destituir y mandar de cuartel a los generales Nouvilas, Hidalgo, Ripoll, Socías y Patiño, implicados en algunas intentonas intransigentes. El cantonalismo provocó más huidas de la población civil en aquellas ciudades que tomaba que exiliados hubo por la dictadura de Serrano. No olvidemos que ciudades como Sevilla, Valencia o Cartagena se vaciaron de población no cantonal, que huyó a pueblos cercanos. Hubo dos centros de exilio: Orán, de cantonales, y Portugal, de federales de izquierdas e intransigentes.

También se prohibió la Internacional, que había colaborado con el cantonalismo, tal y como contó, entre otros, Friedrich Engels en Los bakuninistas en acción (1873). Además, por aquellos días se estaban publicando por entregas, en varios periódicos españoles, como La Iberia, las memorias cantonales del internacionalista Lucien (José Luciano) Combatz, quien, tras estar en la Comuna de París, se pasó por la Cartagena cantonal⁵⁹. Igualmente se cambiaron cargos en los gobiernos civiles, los ayuntamientos y las diputaciones, tal como se había hecho tras el 11 de febrero y el 23 de abril de 1873, incluso con los Gobiernos de Pi y Margall y Salmerón. Por supuesto, se desarmó a los voluntarios federales, que habían sido una fuente de desorden desde el primer día. El reparto descontrolado de armas entre los voluntarios y la exigencia de la salida de las ciudades de las fuerzas de orden, como la Guardia Civil, los Carabineros y el Ejército, fueron características del cantonalismo desde febrero de 1873.

La dictadura quedaba, así, preparada, fundada en la reorganización y fortaleza del Ejército, en la represión de los cantonales, la lucha contra los carlistas y la suspensión de las garantías constitucionales.

EL PLEBISCITO Y LA JAULA DE ORO

En la madrugada del 3 de enero Castelar no salió derrotado. Es creíble que se indignara porque los republicanos no habían sido lo suficientemente responsables como para apoyar su Gobierno a sabiendas de la existencia del golpe. Esa era su esperanza, como se vio en el capítulo anterior, pero no la única solución. Cuando perdió la votación de la moción de confianza avisó a Serrano, que estaba en una casa cercana al Palacio del Congreso. Con ese aviso mostraba su preferencia: defendía una dictadura republicana en manos de Serrano, con la disolución de las Cortes, frente a la perdición de la República y de España por culpa de un Gobierno favorable a los cantonales. Castelar había dejado las fuerzas públicas en manos de personas allegadas a Serrano y a los radicales porque, como escribió Cánovas, estaba «seguro de que el duque de la Torre conservaría el nombre de República»⁶⁰.

Castelar se indignó por el comportamiento de su partido en un momento de crisis. De ahí su pesadumbre y la respuesta política posterior. Reanudó pronto las reuniones semanales con Serrano y se dispuso a forjar el republicanismo conservador con un discurso claro y nuevo, y una organización nacional. Quería rentabilizar la popularidad de su gestión gubernamental y tener preparado un partido para cuando el Gobierno convocara Cortes, tal y como el Ejecutivo había prometido. La Discusión, su órgano, anunció que el «antiguo partido republicano se reorganizará», y su programa sería «el último discurso» de Castelar⁶¹.

No obstante, la formación de ese partido necesitaba que su imagen fuera la misma que durante su Gobierno. De ahí que Salmerón tratara de desbaratar esta circunstancia poniendo en su boca en el Diario de Sesiones que el golpe de Estado de Pavía le inhabilitaba como político para siempre. Rechazó la invitación de Pavía, Martos y Topete para formar parte del Gobierno o presidirlo. También fueron ofrecidos ministerios a Maisonnave, Abárzuza y Carvajal⁶². Tampoco quiso Castelar recibir a Salmerón. Publicó una protesta en La Discusión contra el golpe que había «herido de una manera brutal» a las Cortes, y manifestaba que de la «demagogia» le separaba su conciencia, y de la situación levantada por las «bayonetas» su conciencia y su honra. Era una protesta formal, porque continuar la legalidad el 3 de enero suponía un Gobierno, presidido por Palanca y la aprobación de una Constitución que él ya consideraba «quemada» en Catagena, como dijo en las Cortes. El golpe hizo lo que a Castelar le hubiera gustado hacer. La Discusión publicó ese mismo día un largo artículo contando las negociaciones y la verdadera sesión parlamentaria. Salmerón salía muy mal parado por negociar con los cantonales y Pi y Margall, y desapareció del edificio en cuanto entró la Guardia Civil⁶³. La República, de Salmerón, insinuó el 7 de enero que Castelar había sido cómplice del golpe.

La posición de Castelar fue la de convertirse en un republicano de orden, conservador y legalista, alejado de la demagogia y de los actos de fuerza, incluidos los realizados por los federales. Por eso creó el periódico El Orden, que en su primer número explicó que su republicanismo estaba contra el golpismo del 3 de enero tanto como contra el golpe del 23 de abril que disolvió la Asamblea Nacional⁶⁴. Aquello era cierto, aunque con matices. Se opuso a la disolución de las Cortes radicales, pero siguió en el Gobierno, y criticó el golpe de Serrano, aunque le avisó de su derrota en aquella madrugada e intentó luego que se consolidara la República bajo su mandato. La intención de Castelar, por tanto, era construir un partido republicano que apoyara la situación sin que la colaboración con los golpistas manchara su imagen. Por esta razón deslizó en el periódico de más circulación en el país, La Correspondencia de España, un programa básico y una declaración de intenciones en el que anunciaba su apoyo al Gobierno de orden y su renuncia a toda conspiración para sostener la patria y la República⁶⁵.

La división en el Gobierno y entre los constitucionales estalló debido a una propuesta presentada por este nuevo Castelar para consolidar la República: un plebiscito. Es muy probable que este fuera el compromiso de Serrano con Castelar antes del 3 de enero. Una parte del constitucionalismo, la liderada por Sagasta, no quería la forma republicana, sino que el Gobierno fuera una transición hacia la Restauración de Alfonso de Borbón conservando la Constitución de 1869, y que el príncipe fuera elegido por unas Cortes ordinarias, al estilo de Amadeo de Saboya. Su consigna era «poca política», en el sentido de no introducir ninguna propuesta que pudiera perturbar el objetivo de usar la dictadura para acabar con las guerras civiles.

El plebiscito era política y traería divisiones. Otra parte del constitucionalismo era republicano por conveniencia. Consideraba que la vuelta de los Borbones era reconocer el error de la revolución de 1868, y que la República unitaria y de orden era una buena solución para la Constitución de 1869 y sus hombres. Sin las Cortes, la autoridad, principio que haría más robusto el poder del Gobierno, se ganaba con un plebiscito. Además, confiriendo a Serrano el poder de la voluntad nacional expresada en las urnas, se desarmaba al alfonsismo como expresión de la opinión pública⁶⁶. Los hombres más visibles de esta facción eran Topete y Víctor Balaguer⁶⁷.

El plebiscito era una figura extraña para todos. Entre 1873 y 1874 Castelar publicó Historia del movimiento republicano en Europa, y dedicó el capítulo XVI al sentido que tenía el plebiscito. En su relación dedicada a la Segunda República francesa condenó el golpe de Luis Napoleón y añadió, en alusión al referéndum con sufragio universal que certificó dicho acto: «No habléis de plebiscito: que ni la voluntad de un pueblo puede convertir la fuerza en derecho». Castelar sostuvo en el libro citado que los plebiscitos eran la forma que tenían los golpistas para legitimar sus actos de fuerza con la voluntad popular. Napoleón III había querido emular a César apoyándose en el Ejército y en el pueblo, escribió, y anular las instituciones intermedias con un plebiscito. Según el Castelar de aquel libro, ese tipo de consulta era propia de tiranos que decían querer salvar a la patria del desorden⁶⁸. Ese mismo año de 1874, Castelar propuso celebrar un plebiscito para legitimar el golpe de Estado de Serrano. Se trataba de una nueva rectificación a su pensamiento.

Su periódico, La Discusión, propuso esta fórmula el 21 de enero: realizar un plebiscito para elegir al presidente de la República, o que unas Cortes ordinarias lo eligieran. Era su forma de dar seguridad a la legalidad republicana. Inquietaba a Castelar haber dado paso al golpe de Serrano para que se formara un Gobierno titubeante y dividido en cuanto a las formas de gobierno. A nadie le era desconocido que Topete y Balaguer estaban decididos a crear la República unitaria, pero que Sagasta prefería la restauración de los Borbones con la Constitución de 1869. Los diarios El Gobierno, constitucional, y La Bandera Española, radical, eran partidarios de consolidar la República cuanto antes, porque el alfonsismo, decía el primero, había adquirido mucha fuerza tras el 3 de enero. El Orden, periódico castelarino, decía que el Gobierno no podía vivir en la indefinición y que debía decidirse a consolidar la República con la sustitución del monárquico Zavala en el Ministerio de la Guerra por el general Gaminde, y con un plebiscito⁶⁹. Incluso Juan Valera en las páginas de la Revista de España decía que hacer un plebiscito para saber si los españoles aceptaban la presidencia de Serrano no implicaba decantarse por la República, sino una «confirmación y corroboración popular de lo existente»⁷⁰.

En febrero de 1874 trascendió que los hombres de Castelar estaban negociando el apoyo de su partido a la situación. Carvajal y Serrano mantuvieron conversaciones, e incluso el primero, apoyado por los radicales, llegó a pedir algún ministerio. La condición de los republicanos de Castelar era la celebración de un plebiscito, condición que también apoyaba Martos. La sensación era que el radicalismo temía el poder de los constitucionales y quería igualar fuerzas contando con los republicanos de Castelar. La Bandera Española, órgano radical, habló de la conveniencia de dar entrada en el Gobierno a los republicanos viejos con «amor al orden»⁷¹. Para Castelar, el plebiscito actuaba como puente para volver a la política. Había prometido no colaborar en la situación nacida del golpe del 3 de enero, pero si la voluntad nacional la ratificaba con un plebiscito, podía volver con un partido y participar del poder.

El 11 de febrero Serrano reunió a sus ministros constitucionales y a otros líderes del partido para debatir esta circunstancia. El Orden y El Gobierno relataron dicha reunión y por ello fueron multados⁷². Es evidente que la propuesta de Castelar no prosperó porque ni se celebró el plebiscito ni se cesó a Zavala, ni sus republicanos de orden entraron en el Gobierno.

Los radicales no se quedaron al margen en el debate acerca del plebiscito. Martos propuso celebrar un referéndum con dos preguntas: si se aprobaba la Constitución de 1869 sin el artículo 33, el relativo a la monarquía, y si se elegía a Serrano como presidente de la República. Los argumentos eran consolidar el régimen, el reconocimiento europeo y que existiera una institución permanente y con autoridad para resolver las crisis de gobierno⁷³. Castelar apoyó este plan, pero no García Ruiz ni Sagasta. El Imparcial contó que los constitucionales no estaban muy convencidos de la conveniencia de un plebiscito porque no había condiciones para llevar a cabo la votación; además, si ganaba la monarquía, debía hacerse otro sobre la dinastía, y don Carlos podía ser un candidato⁷⁴. Además, el general Concha, marqués del Duero, comunicó a Serrano que era contrario al plebiscito⁷⁵. Lo mismo dijo el órgano de Sagasta, La Iberia, y El Pueblo, periódico del ministro García Ruiz. La prensa alfonsina, como La Época, La Política y El Diario Español, se opusieron al plebiscito, lo que sirvió a los constitucionales monárquicos para rechazar la medida. Serrano, hábil manejando los tiempos y las opiniones, también se opuso a celebrarlo al comprobar que no servía para obtener el respaldo que necesitaba, sino que su partido podría dividirse y la opinión pública se podría manifestar contra él.

El revés que había supuesto para la guerra del norte con el sitio de Bilbao influyó en que prosperase la idea de Sagasta: «poca política» mientras la prioridad fuera combatir al carlismo. Zavala, ministro de la guerra, era de la misma opinión. El Consejo de Ministros decidió aparcar toda discusión acerca del plebiscito. Decepcionado, sin nada que sacar al Gobierno, Castelar salió de Madrid hacia Ávila y Salamanca⁷⁶. Había perdido la oportunidad de volver a la política, toda vez que él mismo se había inutilizado para participar en la situación creada por el golpe del 3 de enero. Un plebiscito habría dado legitimidad democrática a la situación y abierto, por tanto, una puerta para la entrada de Castelar y su partido.

La solución de conciliación fue conferir a Serrano las facultades del jefe del Estado para resolver la crisis de gobierno, como un «alto poder moderador», según el decreto. Se tardó una semana en llegar a un acuerdo, a pesar de haberse aprobado por unanimidad en el Consejo de Ministros. A continuación, se planteaban dos problemas: el nombre de la jefatura de Serrano, porque ello implicaba decantarse por la República o no, y quién iba a presidir el Gobierno, si Sagasta o el general Zavala, es decir, una solución monárquica, o Topete, que se había declarado republicano por conveniencia. Incluso se habló de un Ministerio de «conciliación» entre Sagasta y Topete. Serrano permanecería en una «jaula de oro», como en 1869, cuando fue regente, situado por encima de los partidos. El 27 de febrero asumió las competencias de jefe del Estado según la Constitución de 1869, y se desligó de la Presidencia del Gobierno, que confirió al general Zavala. El decreto publicado en la Gaceta ponía el ejemplo de Francia, donde los «partidos liberales y conservadores» han llegado a «transacciones honrosas dentro del régimen republicano»⁷⁷.

Serrano siguió siendo Presidente del Poder Ejecutivo de la República, pero dejó la Presidencia del Gobierno. Fue una transacción. El sector monárquico del Gobierno quiso que fuera designado «jefe del Estado», sin referencia a la República, para demostrar la interinidad, aunque esta solución contaba con el rechazo de los republicanos constitucionales y de los radicales. Así, acordaron conservar la denominación de República a cambio de que el Gobierno estuviera presidido por Zavala, de tendencia monárquica. Con esta componenda, Serrano obtenía lo que quería —una denominación más acorde a su ambición—, aunque cediera el Gobierno. En realidad, la jaula de oro desactivó a Serrano satisfaciendo su ambición nominal y benefició a Sagasta, que comenzó a ampliar su poder. Esta situación era del gusto de la duquesa de la Torre, a quien muchos atribuyen una influencia decisiva sobre Serrano. En esa crisis de febrero los radicales no pintaron nada, aunque creyeron que salían ganando, y supuso un alivio para Castelar, que seguía confiando en Serrano y veía que el nombre de «República» no desaparecía⁷⁸.

19

LA INTERINIDAD COMO NORMA

EL SITIO DE BILBAO Y EL PRONUNCIAMIENTO ALFONSINO

El carlismo creció debido al caos de La Federal. No solo se desviaban recursos materiales y humanos para acabar con la rebelión cantonal, sino que la indisciplina del Ejército fomentada por los federales favorecía a la fuerza carlista. El pretendiente don Carlos se levantó en armas aprovechando que los partidos que habían hecho la revolución estaban enfrentados. La formación de la coalición nacional en abril de 1872 separó definitivamente a los radicales de los conservadores constitucionales. Aquella alianza que unió a republicanos, carlistas y radicales contra el Gobierno de Sagasta dio a entender que la monarquía de Amadeo I había fracasado. Por eso se alzaron en mayo de 1872, al igual que se fortalecieron en 1873 por la división que generó la proclamación de la República, su inestabilidad y su apropiación por parte de un solo partido. La situación caótica de ese año hizo que las potencias europeas, alejadas ya de utopías y asentadas en la realpolitik, no reconocieran a la República española. Esto daba una oportunidad al carlismo. Hasta entonces se había tratado como una cuestión de orden público, pero si los carlistas tomaban una ciudad importante, ya no era una cuestión de desórdenes, sino una guerra civil, y, por tanto, podían ser considerados internacionalmente como beligerantes. Tal condición permitía la recepción de más créditos, ayuda militar e incluso el reconocimiento de algún país. La ciudad elegida fue Bilbao.

A finales de diciembre de 1873, Bilbao fue sitiada. Los carlistas interrumpieron la navegación de la ría, con lo que la ciudad quedó aislada del resto de España. Además, tomaron Portugalete, el Desierto y Luchana el 22 de enero. Bilbao solo contaba con 4.000 efectivos sumando infantes, artilleros, ingenieros, guardias civiles, carabineros, forales y voluntarios. Un mes después, el 21 de febrero, empezó el bombardeo de Bilbao, que entonces tenía una población de 18.400 almas. El general Moriones, capitán general del Ejército del Norte, acudió a socorrer la ciudad, pero sufrió una derrota en Somorrostro el 25 de febrero. Moriones dimitió y Serrano decidió tomar el mando de las operaciones.

El duque de la Torre llegó a Santander el 28 de febrero, acompañado de Topete, y el 8 de marzo estableció su cuartel general en San Juan de Somorrostro. Un mes después, las tropas gubernamentales no avanzaban¹. Serrano no consiguió tomar San Pedro Abanto y, además, sufrió muchísimas bajas. Lo que se diseñó como una operación de prestigio estaba a punto de convertirse en todo lo contrario. El 5 de abril Serrano nombró al general Concha, marqués del Duero, comandante en jefe del tercer cuerpo del Ejército del Norte, a propuesta del general Zavala, ministro de la Guerra². Empezaron entonces las acusaciones de deslealtad en la prensa hacia Zavala porque consideraban a Concha un alfonsino. El nombramiento de Concha no gustó a los republicanos porque siempre se había manifestado monárquico, que era lo mismo que decir alfonsino. García Ruiz, ministro entonces, consideró que así se ponía en peligro la situación³. Zavala amenazó con dimitir, pero Serrano lo disuadió: no quería una crisis de gobierno justo antes de la batalla por Bilbao. Topete marchó a Madrid para calmar a los ministros radicales y a García Ruiz.

El fracaso de Serrano y Topete en el norte fue lo que desencadenó el nombramiento de Concha, dándole el máximo protagonismo militar y político, y esto explica que Serrano tuviera que ceder a sus peticiones una vez levantado el sitio de Bilbao. Concha contaba con generales alfonsinos, como Letona, Echagüe y Martínez Campos, y. además, el Ejército del Norte estaba ya rendido a la causa de la Restauración. En una carta de Martínez Campos a Cánovas, le contaba que estaba todo preparado para «proclamar a D. Alfonso», que el 24 de abril los jefes y oficiales de Carabineros y de la Guardia Civil amenazaron con no marchar «al combate si no se levantaba la bandera indicada». Martínez Campos se lo comunicó a Echagüe y al marqués del Duero.

Esta actitud dividía al Ejército justo antes de la batalla y convinieron en transmitir a dichos militares que no era el procedimiento adecuado, ya que si el pronunciamiento partía de «abajo» sería interpretado como indisciplina. Debía ser promovido por el marqués del Duero, a lo que añadieron otras consideraciones, como que parecería cobardía para no ir al combate, que el alfonsismo se vería comprometido si no se liberaba antes Bilbao, que sería una «desilusión» para muchos si el pronunciamiento no terminaba ipso facto con la guerra, y que se produciría la división del Ejército antes del combate. No todos estaban conformes con el pronunciamiento. Martínez Campos acordó con los jefes y oficiales pronunciarse tras el levantamiento del sitio, si no lo hacían Concha y Echagüe:

Creo pues conveniente que todo esté preparado para ese día que el príncipe esté dispuesto a ponerse al frente del Ejército, que procurará quede a cargo del marqués del Duero, único que por sus conocimientos y su superior graduación puede mandarlo sin excitar envidias ni etiquetas, y si se negase será el modo de obligarle alhagándole [sic].

Cánovas contestó a Martínez Campos que procediera al pronunciamiento si había «casi unanimidad»⁴. Insistió en la idea de la unidad de los partidarios de Alfonso XII bajo una única bandera frente al carlismo en una carta del 30 de abril. Quería utilizar el conflicto como catalizador de las distintas facciones del alfonsismo y presentar a don Alfonso como la solución liberal:

Mi opinión, por si tiene V. que decirla de algún modo es esta: que todo está demostrando que la actual guerra (la carlista), no es una insurrección ordinaria que pueda rápida y violentamente ser reprimida y castigada; que es una guerra de principios, en su origen y en su forma de conquista, por estar casi unánimemente en armas esas provincias, y que para concluirla se necesitan dos cosas: 1.º, una bandera clara, definida, definitiva, que oponga principios a principios; 2.º, una organización del país definitiva también, y robusta, que permita prolongarla hasta extenuar al enemigo y obligarlo a rendirse a la larga por falta de medios⁵.

Cánovas estaba tan convencido de que esto iba a pasar que escribió a Isabel II expresándole que don Alfonso estuviera preparado⁶. El 1 de mayo se levantó el sitio. La situación era muy propicia para un pronunciamiento alfonsino. La euforia por la derrota del carlismo en Bilbao suponía un giro decisivo en el proceso de pacificación del país. Hubo una reunión de unos «cuantos jefes y muy pocos opinaron» que el pronunciamiento debía llevarse adelante. El motivo fue «la oposición del Jefe principal, clara, explícita y amenazadora» porque «quiere hacerlo él después de una victoria, por una orden general». Ese «Jefe principal» era el marqués del Duero.

Martínez Campos aconsejó a Cánovas que «personas de posición y paisanos» escribieran al marqués para adularlo y que se creyera en «superioridad en todo», y que él dirigía el alfonsismo. Además, Martínez Campos anotaba que había que negociar con los carlistas para que se pasaran de bando «cuando se proclame a D. Alfonso». Y concluía: «Me he atenido en todo a las órdenes de V. y creo haberlas interpretado bien»⁷.

Concha se reunió con Serrano cuando se levantó el sitio. La conversación debió de ser tensa. No hay que olvidar que Pavía convocó a Concha a la reunión del 3 de enero tras el golpe, porque lo consideraba un hombre decisivo. Concha habló de la conveniencia de poner fin a la interinidad con la proclamación de don Alfonso, pero Serrano se opuso alegando que eso dividiría al Ejército en el peor momento. Finalmente llegaron al acuerdo de realizar un cambio de gobierno en sentido conservador, expulsando a los radicales y nombrando a monárquicos. Concha hubiera deseado formar un «ministerio conservador que se declarase francamente monárquico y que hiciese un llamamiento al país para la designación del Rey». Quería que los radicales salieran del Gobierno.

Esta opción llegó a oídos del Partido Radical, que no tuvo otra ocurrencia que enviar a Bilbao, el 7 de marzo, al marqués de Sardoal, alcalde de Madrid y yerno de Concha. Pensaban que su influencia sobre el militar sería suficiente para impedir el plan alfonsino, pero fue inútil. Concha, escribió Martínez Campos, «está exasperado contra el Gobierno, odia al duque de la Torre, desconfía de Zavala que no le envía el dinero necesario y que no publica sus partes». Insistía en que Concha estaba «ávido de gloria militar», que su «principal pensamiento» era vencer en el campo de batalla y luego, como «secundario», «imponer su voluntad»⁸. Concha se convirtió en un problema para todos porque quería ser protagonista. La autoridad que se le había otorgado le permitía contener a los alfonsinos en su ansia de pronunciarse, incluido Cánovas, y obligar a Serrano a hacer cambios en el Gobierno. Cánovas lo asumió y Serrano cedió al cese de los radicales. La importancia de Concha quedó confirmada con su entrada en Bilbao el 2 de mayo, un día antes que Serrano, quien le nombró general en jefe del Norte y marchó a Madrid⁹.

Martínez Campos creía que el marqués del Duero era demasiado indeciso, cosa que también pensó de Cánovas. Una carta del general Zavala era suficiente, escribió, para que se diera «por satisfecho y vuelva a sus sueños de gloria militar y a sus momentos de soberbia satánica». Concha vacilaba ante la perspectiva de un Ejército dividido. «Dudo, pues, que haga al menos por ahora nada en favor de la causa». Su decantación dependía, en opinión de Martínez Campos, de que el Gobierno no le diera recursos y que esto amotinara a la tropa. Además, debían hacer creer a Concha que era la «única esperanza de la nación» y que incluso contaba con el apoyo de carlistas defraudados. Solo Concha podía conseguir la «unanimidad» que exigía Cánovas. Martínez Campos no se creía capaz de seguir bajo sus órdenes. «No quiero morir por la república», escribió, porque se dilataba tanto que Serrano se asentaría. Allí no adelantaba «nada» en pro del alfonsismo y creía que Concha era imposible: «Me expongo a ser atropellado por mi jefe, cuya irascibilidad raya en lo increíble». Comunicó a Cánovas que quería irse del norte y que esperaba instrucciones¹⁰. A esto contestó el jefe del alfonsismo que se quedara junto a Concha para controlar la situación¹¹.

Cánovas seguía empeñado en el pronunciamiento del general Concha. Era el hombre adecuado para un acto político de ese tipo porque su autoridad, escribió a Martínez Campos, evitaba rivalidades. Cánovas le llamaba «el Principal». No tenía la ambición personal de Serrano, en quien Cánovas no confiaba, y era el símbolo de la paz al derrotar a los carlistas. Sin embargo, creía Cánovas que Concha podía ser manipulado por los hombres del Gobierno, «sus enemigos mortales», y que en Madrid pensaban en «deshacerse de él por buenos términos». Cánovas ordenó a Martínez Campos que, si «el Principal se negase» a cumplir el plan «y hubiera posibilidades grandes, casi seguridad o seguridad de lograrlo sin él, debería intentarse» el pronunciamiento. No obstante, Cánovas recordó a Martínez Campos la importancia de encontrar el momento para tener éxito, no dejarse llevar por la «impaciencia». Cánovas confiaba en él, y le señaló que debía distinguir cuándo una situación necesitaba «espera y prudencia» y cuándo «presteza y decisión» para elegir el momento de tomar la iniciativa para llevar a cabo el pronunciamiento¹².

El momento debería coincidir con la toma de Estella, en Navarra, que supondría la segunda derrota consecutiva del carlismo y, por tanto, la ocasión sería «magnífica» para la Restauración, en expresión de Martínez Campos. Pero hacía falta dinero para pagar a los soldados. Sin sueldos no se contentaría a la tropa, que siempre temía que estos actos políticos la dejasen sin cobrar. Martínez Campos pidió dinero a Cánovas y aconsejó que lo consiguiera en Cataluña por medio de Durán o de Mañé y Flaquer. El fondo debía quedar en depósito en la junta alfonsina de Madrid para liberarlo en el momento oportuno¹³. Salaverría llevaba las cuentas. En París dijo a Isabel II que tenían dinero para pagar a las tropas solo un mes, por lo que convenía «escoger la oportunidad», y que necesitaba «para las cosas políticas 3 millones»¹⁴. El plan de Concha era, según dijo su hermano Juan, enviar a dos oficiales a Madrid tras la victoria de Estella y demandar al Gobierno la proclamación de la monarquía y la convocatoria de Cortes. Concha, a decir de su hermano, no quería mezclarse en ningún movimiento alfonsino hasta que se produjera la victoria sobre el carlismo¹⁵.

Serrano llegó a Madrid e hizo crisis de gobierno. Salieron los radicales y el republicano, y formó un Ejecutivo solo con constitucionales de tendencia monárquica. Ni siquiera quedaron Topete y Víctor Balaguer, que defendían una República conservadora y unitaria. Concha debió entonces de dudar de su plan porque comprobó la dirección monárquica que tomaba la situación. Martínez Campos se desesperó, pero Cánovas le indicó que su «deber» era «permanecer ahí a toda costa. Si otra cosa creyera en el porvenir se lo diría con igual franqueza. Hoy es preciso esperar ahí». Le indicó que iba a mandar a su encuentro a una «persona de mi confianza» con instrucciones¹⁶.

Sin embargo, el 27 de junio Concha murió en el campo de batalla. Un disparo desde las trincheras carlistas le atravesó el pecho. La consternación entre los liberales, incluidos los alfonsinos, fue muy grande. Su muerte supuso el fin del proyecto. Cánovas escribió a Isabel II que no debía seguir al frente del alfonsismo, porque era «preciso comenzar de nuevo la partida»¹⁷. La muerte del general Concha profundizó en la interinidad y la incertidumbre, justo cuando el Gobierno había dado un giro monárquico y todo se encaminaba al cumplimiento del plan de Cánovas.

SAGASTA INSTAURA LA INTERINIDAD

Martos escribió a Ruiz Zorrilla en febrero de 1874: «Estoy pasando la pana negra con el puñetero de Sagasta; pero aquí aguanto para que no se lo lleven los alfonsistas»¹⁸. El papel desempeñado por Sagasta durante la República de 1874 apenas está estudiado por la historiografía, ni siquiera en la mejor biografía hasta la fecha del político¹⁹. Al parecer, además de la restauración de Alfonso XII para salir de la interinidad, Sagasta barajó la posibilidad de mantener durante unos años la dictadura de Serrano, o traer a un príncipe extranjero, como el hijo de Amadeo de Saboya, o un Hohenzollern. Pero, como dice el historiador José Ramón Milán, estas afirmaciones no pasan de rumores, y Sagasta siempre supo que el príncipe Alfonso sería la solución. Las otras candidaturas no tenían sentido, salvo para mostrar a los monárquicos divididos y a Serrano como la solución para evitar problemas, al estilo de Mac Mahon en Francia²⁰. También eran útiles para meter miedo en la corte de Isabel II en París²¹.

Luis de Saboya era un niño que hubiera obligado a una regencia de 16 años. Además, supondría la vuelta de los Saboya, posibilidad que solo con plantearla habría provocado más de una risa en la corte de Víctor Manuel II. El príncipe Hohenzollern no era una opción real, ya que en 1870 había provocado una guerra entre Francia y Alemania. Es posible que los rumores partieran del entorno de Sagasta y del viejo progresismo como parte de sus negociaciones con los alfonsinos, pero nunca fue una opción seria. De hecho, el órgano sagastino La Iberia se rio de los nuevos republicanos diciendo que en su día fueron «ardientes partidarios de la dinastía de Saboya»²².

El 28 de enero de 1874 Sagasta publicó un memorándum que mostraba su posición dentro del Gobierno, pero no gustó a los radicales ni a los republicanos conservadores. Ponía de manifiesto que Sagasta no se iba a plegar a las exigencias de otros y que, como venía demostrando desde el verano de 1873, y que optaba por la Restauración. Para él, la República de 1874 era un periodo transitorio, resultado de los errores anteriores, de la renuncia de Amadeo y del caos de 1873. No obstante, esa República de 1874 era también un instrumento para salvar la Revolución de 1868, sus principios y la Constitución de 1869 frente al avance del alfonsismo. Tener el poder le permitía negociar con más bazas el contenido y las formas de la Restauración. La consigna era «poca política» para que no hubiera ninguna distracción sobre el objetivo declarado: terminar las guerras. Mientras tanto, dictadura.

El memorándum enviado a las embajadas españolas no hacía referencia a la República antes del día 3 de enero, sino a la situación que motivó el golpe. Tras la renuncia de Amadeo todo fueron «desastres y perturbaciones», «guerras y calamidades» con el cantonalismo, que puso en peligro la unidad del país; el carlismo, la reserva de las potencias europeas, las injurias a la religión y a la familia, y la quiebra del crédito público. El Gobierno, se lee en el memorándum, había interpretado el sentir del pueblo español de restablecer el orden sin perder las libertades conquistadas en 1868. Lo que existía en esos momentos era el reflejo de la opinión pública, que solo quería tranquilidad. No se trataba más que de una forma de justificar que la solución a los desastres de 1873 tuviera una forma republicana. Castelar había rectificado —se lee— después de ser «aleccionado por una dolorosa experiencia», y combatió con «heróico patriotismo a los más utópicos dogmas de su escuela». El nuevo Gobierno recogía la dictadura que habían tenido los anteriores Gobiernos, pero liberado de los límites temporales impuestos por las Cortes. Terminadas las guerras civiles se abrirían las urnas para reunir Cortes que reformarían la Constitución de 1869.

En la parte final del memorándum descubrió el sentimiento de interinidad de la República de 1874, su existencia como paso a otra situación mejor. España estaba en un «periodo de transición» en el que los sucesos difuminaban los «confines de cada partido» y las denominaciones no respondían a una bandera política, sino a una necesidad patriótica. De esta manera, aseguraba que su colaboración en un Gobierno de la República no implicaba que sus hombres fueran republicanos. El poder ejecutivo solo tenía un empeño: preservar a toda costa la integridad del país, el orden y la libertad. No habló de formas de gobierno, sino de contenido²³.

La interinidad se instalaba como una situación política similar a la que hubo entre 1869 y la elección parlamentaria de Amadeo de Saboya en noviembre de 1870. La derrota de los carlistas no cambió la circunstancia. El levantamiento del sitio de Bilbao fue decisivo no solo por la derrota de los carlistas, sino por el intento de pronunciamiento alfonsino —solamente postergado— y la decisión de Serrano de hacer cambios en el Gobierno. El plan era echar a los radicales y a los republicanos, y formar un Ministerio que calmara a los monárquicos, única posibilidad de impedir un pronunciamiento serio. Serrano no había triunfado en la guerra y no pudo convertirse en el nuevo Príncipe de la Paz, como Espartero. Acudir al general Concha fue una confesión de debilidad. Su victoria en el campo de batalla asustó a Serrano. El pronunciamiento alfonsino no se había producido, pero Serrano comprendió que el Ejército ya no estaba mayoritariamente con él. Sin el Ejército no era posible sostener ninguna situación política. En esta situación se vio obligado a ceder a la pretensión de Concha de que hiciera una crisis de gobierno que dejara al margen a radicales y republicanos.

Serrano llegó a Madrid el 7 de mayo, pero ya se conocía que iba a sustituir a algunos ministros. No perdió tiempo. No celebró Consejo de Ministros, sino que se reunió con los líderes por separado. Primero fueron Zavala, Sagasta y Martos, y de esas conversaciones concluyó que necesitaba una semana para valorar el estado de la política y de los partidos. También le visitó la autodenominada Comisión Permanente de las Cortes, compuesta por Becerra, León y Castillo, Palau, Olavarrieta, Mansí y San Miguel, todos constitucionales o radicales. Becerra quería que se mantuviera la conciliación entre estos dos partidos, pero Serrano aventuró que no sería fácil²⁴.

Solo se habló de dos soluciones. Una era la formación de un Gobierno de conciliación compuesto por constitucionales, radicales y republicanos de orden, que era la solución defendida por Topete. Se trataba de una componenda similar a la que habían prometido al general Pavía los beneficiarios del golpe del 3 de enero²⁵. La otra solución era formar un Ministerio homogéneo, solo de constitucionales, de tendencia monárquica, que representaban Zavala y Sagasta. Topete quería que los republicanos conservadores de Castelar estuvieran en el Gobierno, mientras que Zavala y Sagasta se negaban, e incluso no querían a los radicales. Los de Topete deseaban consolidar la República celebrando un plebiscito. Los de Sagasta no querían comprometerse en demasía con la forma republicana por lo que pudiera suceder, cumpliendo solo el objetivo del golpe de Estado del 3 de enero, que era mantener el orden para conservar los principios de la Revolución de 1868.

El plan de Topete aconsejaba un Gobierno de conciliación para que la República no fuera la obra de un solo partido. Pero la vía propuesta por Sagasta requería un Ministerio homogéneo que no hiciera política, sino que mantuviera el orden. Ambos querían mantener el legado de la Revolución, pero disentían en el mecanismo. Topete quería conservar las conquistas de 1868 con una República conservadora; Sagasta, a través de una transacción con el alfonsismo que implicara el reconocimiento de dos legitimidades: la de la Constitución de 1869 y la de Alfonso XII. No se debatía entonces una simple crisis ministerial, sino el futuro de la España liberal. Si Sagasta y sus constitucionales ganaban la crisis, sería un triunfo del principio monárquico.

La prensa habló de un Ministerio presidido por Castelar, pero no pasó de ahí. En cambio, Zavala proponía una salida intermedia. Pretendía formar un Ministerio de conciliación de amplia base, como el general Pavía dijo el 3 de enero y recordó en su manifiesto del 13 de mayo²⁶. Habló con Sagasta y Alonso Martínez, constitucionales; también con Topete y con el independiente Alejandro Llorente. Incluso intentó meter en el Gobierno al alfonsino Elduayen. Además, ofreció a Abárzuza, del grupo de Castelar, el Ministerio de Estado. La dificultad surgió cuando Sagasta exigió Gobernación y manifestó que no quería a los republicanos en el Gobierno, en referencia a Abárzuza. La negativa de Sagasta a que entrasen los republicanos conservadores suponía que Serrano rompiera su compromiso con Castelar, y eso aislaba más al dictador.

Radicales y republicanos se negaron a pertenecer a un Gobierno en el que Sagasta fuera ministro de la Gobernación, porque eso suponía el éxito de la jugada del antiguo progresista. Las negociaciones se rompieron el 12 de mayo y Zavala declinó la formación. Fue entonces cuando actuó Sagasta. Los radicales se habían excluido y él había vetado a los republicanos conservadores. Aseguró a Serrano y a Zavala que podía formar un Gobierno conservador homogéneo con constitucionales no republicanos. Contaba con Alonso Martínez y Augusto Ulloa como hombres fuertes. Sagasta fue quien confeccionó los nombres del Gobierno y se los presentó a Serrano. La condición fue que lo presidiera Zavala, como así fue²⁷. En el cambio de Gobierno quedaron sin cartera Víctor Balaguer y Topete. Sagasta escribió a Balaguer para decirle que sentía mucho haberle dejado fuera del Gobierno por una «diferencia política» que «nos ha separado». Esperaba que esa separación fuera por poco tiempo porque «cuando hablemos le diré lo que en una carta tengo que callar»²⁸. A raíz de lo que ocurrió luego, Sagasta pensaba en una interinidad corta tras la cual tendría que echar mano de sus amigos. La crisis de mayo —como también la posterior de septiembre— fue un triunfo de Sagasta sobre Serrano, que siempre quiso Gobiernos de conciliación, con varios partidos, para consolidarse como dictador, como figura por encima de todos, no como un hombre de partido.

Sagasta se hizo con el mando efectivo de la situación política. Era la institucionalización de la interinidad, lo que desarmaba a Serrano y le daba a Sagasta el papel de negociador con el alfonsismo para salvar la Revolución de 1868. El golpe del 3 de enero había sido una solución momentánea sin acuerdo sobre su finalidad, más allá de impedir el Gobierno de los federales cantonalistas. Serrano era un enigma, salvo en su ambición. Lo metieron en una jaula de oro concediéndole la Jefatura del Estado para resolver la crisis del plebiscito a finales de febrero. Ahí quedaron marcadas las tendencias. Por un lado, los que querían consolidar la República para conservar los principios de la Revolución y, por otro, los que creían que sería mejor con una monarquía y, dentro de esta forma de gobierno, la más efectiva era la Restauración de los Borbones. La crisis se contuvo por el recrudecimiento de la guerra carlista y el fracaso del general Moriones en la dirección del Ejército liberal. Esto obligó a Serrano y a Topete a ir al norte, pero no triunfaron. Además, los oficiales del Ejército del Norte se decantaban por el alfonsismo. El general Letona publicó sin nombre un folleto diciendo que la dictadura de Serrano no había avanzado, y que el Ejército había esperado en el norte que Concha levantara la bandera del alfonsismo para poner fin a la interinidad²⁹.

Zavala formó el Gobierno con Sagasta en Gobernación, que era justo el ministerio que quería para hacerse con la administración provincial y municipal de cara a la futura convocatoria de Cortes. Nombró a Augusto Ulloa ministro de Estado; a Alonso Martínez, de Gracia y Justicia; metió a Rodríguez de Arias en Marina, a Camacho en Hacienda, a Alonso Colmenares en Fomento y a Romero Ortiz en Ultramar. La Gaceta de Madrid del 15 de mayo publicó el manifiesto-programa del Gobierno. El nuevo Ejecutivo se anunciaba homogéneo, pero de conciliación con el resto de liberales, presto a salvar los principios de 1868 que dieron sentido al golpe del 3 de enero, ganar la guerra al carlismo y arreglar la Hacienda. Declaraba que era el Gobierno de una interinidad, no de una realidad consolidada como la República. Por esto prometía convocar Cortes en cuanto estuviera «asegurado el orden moral y material» para garantizar la libertad de las elecciones. No mencionaba la República, sino la interinidad y la necesidad de consultar a los españoles, con lo que dejaba abierta cualquier posibilidad, ya fuera monárquica como republicana. Era un triunfo de Sagasta, que veía así cumplido su objetivo de dirigir la transición hacia una monarquía con la Constitución de 1869 y Alfonso XII³⁰. También lo expresó Sagasta en la circular del Partido Constitucional del 2 de mayo de 1875: antes del pronunciamiento de Sagunto no iban a hacer traición a la forma republicana, pero iban a convocar Cortes para el «restablecimiento del trono»³¹.

Augusto Ulloa, ministro de Estado, tampoco habló de «República» en la circular dirigida a los representantes de España en el extranjero, con fecha 22 de mayo³². Lo que Ulloa pretendía era que los embajadores comunicaran a las cancillerías europeas que el objetivo del Gobierno español era el orden, y que su política era similar a la del resto de Europa. El objetivo era conseguir las «simpatías» de las potencias hacia un Gobierno que combatía «por el orden social contra la anarquía» y «por las conquistas del derecho moderno contra la exhumación de sistemas decrépitos»; es decir, contra la utopía cantonalista-internacionalista, y el carlismo. El éxito de la España liberal era también el éxito de la Europa moderna, decía. Esta carta fue crucial para que las potencias reconocieran la interinidad del Gobierno de Serrano, no la República, lo que permitió a Sagasta seguir avanzando en su proyecto de mantener la Constitución de 1869 con Alfonso XII.

Sagasta se convirtió en el poder en la sombra en 1874. Supo leer la situación mejor que el resto. Apartó a los republicanos, incluso a los de su propio partido, como Topete, que era el símbolo del inicio de la Revolución de 1868. Esto le permitió capitalizar en su propio partido, el que construyera, la herencia de la Revolución y tener como bandera la Constitución de 1869. Además, la interinidad propiciada por Sagasta jugaba con la división y las enemistades que tenía a su izquierda, la previsibilidad de Ruiz Zorrilla, la ambición comprable de Martos, el cansancio de Rivero, la espera autoimpuesta por Castelar y la satisfacción de Serrano en su jaula de oro. Todo corría a su favor. El diputado conservador Pérez Garchitorena, que repitió en las Cortes de 1876, 1879 y 1884, escribió a Andrés Borrego en noviembre de 1874 la mejor descripción de la situación:

El Duque [de la Torre] no resiste a la adulación constante de Sagasta y es su instrumento y nada más que su instrumento, algo parecido a lo que era Espartero con respecto a Linage, solo que este era adicto y fiel a su general, y Sagasta solo lo será ínterin le convenga, pero otras cabezas más fuertes que la del Duque [de la Torre] no han podido defenderse de la adulación continua y asidua de un cortesano, y hay pocos tan aptos para desempeñar este papel como D. Práxedes³³.

El plan era convocar Cortes una vez que el país estuviera pacificado, y eso se tornaba largo. Ya reunidas, «podrán desplegarse todas las banderas, defenderse todas las causas» y procurar «el triunfo de todas las soluciones». Solo en las Cortes podría hacerse la Restauración; es decir, la vuelta de los Borbones, mediante un proceso político controlado por el Gobierno en su contenido y tiempos. Pero mientras no estuvieran convocadas las Cortes, Sagasta no quería que los alfonsinos, la única opción en auge, agitaran la opinión. Por eso ordenó a los gobernadores provinciales que reprimieran toda manifestación política³⁴. Si convocaba Cortes, quería usar el Ministerio de la Gobernación para compensar el crecimiento del alfonsismo en la opinión pública, y no perder el poder en ningún momento. Sagasta quería contar con la opinión monárquica que todavía creía en la importancia de mantener las conquistas revolucionarias.

EUROPA RECONOCE A SERRANO, NO A LA REPÚBLICA

El 12 de septiembre el general Serrano recibió a los embajadores de Alemania y Austria. Por fin dos potencias europeas reconocían la situación española. En sus discursos ninguno mencionó la República³⁵. Todo se encaminaba al reconocimiento de una interinidad útil para España que no perjudicaba a Europa. Lo corroboró dos años después Alonso Martínez en el Congreso: el Ministerio homogéneo de mayo de 1874, del que fue ministro, «empezó por declarar que aquella no era una República, sino pura y simplemente una interinidad», prometiendo la próxima reunión de Cortes³⁶. No existía la pretensión de consolidar la República en Serrano ni en ninguna otra persona o modo. Esa fue la obra de Sagasta, conseguir una interinidad que anulaba la posibilidad de una República y abría las puertas a conservar la Constitución de 1869, el tesoro de la Revolución de 1868, negociando la Restauración. Esta situación no supuso que en los siguientes meses los republicanos, en sus distintas facciones, no intentaran consolidar la República cada uno a su modo. En esta ocasión no hizo falta que Sagasta anulara a los republicanos desde el Ministerio de la Gobernación, que aplicara una dura represión por todo el país. Los republicanos estaban tan enfrentados por cuestiones políticas, ideológicas, estratégicas y personales que se anulaban solos.

Augusto Ulloa hizo cambios en el cuerpo diplomático y consiguió el reconocimiento de Alemania y Austria, y también de Argentina y Brasil. Pero el éxito no fue del todo suyo, a tenor de los informes de los embajadores italianos en Europa³⁷. La iniciativa de Alemania fue fundamental. El interés alemán era sostener el principio monárquico en Europa alejado de los fanatismos religiosos, como una fórmula de modernidad ordenada. El reconocimiento del «gobierno del duque de la Torre», que no de la República, sería un modo de acabar con la esperanza del movimiento reaccionario europeo³⁸.

La excusa alemana fue el asesinato por los carlistas del capitán Schmidt, lo que indignó a la opinión pública de su país y marcó «el punto de partida de esta campaña diplomática», a decir del embajador italiano en Berlín. La respuesta de Alemania fue enviar una flota a la costa cántabra e instar a Francia a controlar la frontera para que impidiera la entrada de armas y «caudillos» carlistas. Bismarck, según el diplomático italiano, estaba convencido de que al combatir el carlismo estaba «golpeando al ultramontanismo, al jesuitismo cosmopolita, que jugaba su última partida en las provincias vascas». Montpensier confesó a Vega de Armijo, embajador en París, que la permisividad de Francia con los carlistas se debía a que el conde de Chambord pretendía recuperar el trono³⁹. Era conocida la influencia de los ministros que simpatizaban con él y de sus diputados legitimistas, tanto como la indiferencia del Reino Unido porque, al decir de Rascón, este país se había convertido en una «espléndida compañía de mercaderes»⁴⁰.

El príncipe Hohenlohe, embajador alemán en París, pidió un gesto al Gobierno francés para eliminar las posibilidades de los legitimistas. Esto coincidió con la protesta del recién nombrado embajador español en Francia, el marqués de la Vega de Armijo. Moret desde Londres aconsejó a Vega de Armijo que protestara al Gobierno francés, atado a la influencia de los legitimistas en la Asamblea, y que incluso requisara su pasaporte, lo que implicaba romper relaciones. Quizá de esa manera «Francia se humille y ceda, y V. consiga arrancarles resoluciones tales que varíen la faz de la cuestión»⁴¹.

A principios de agosto las grandes potencias —Reino Unido, Francia y Alemania— convinieron en reconocer la situación española. Derby, del Gobierno británico, autorizó el 11 de agosto al embajador italiano a comunicárselo a su Gobierno: «Le Gouvernement anglais accepte la proposition de la Prusse pour reconnaître Gouvernement espagnol et que les instructions à cet effet seront transmises ce soir à Madrid».

La solución europea fue reconocer al Gobierno de Serrano, no a la República. Bülow, encargado de Exteriores del Imperio alemán, comunicó al embajador italiano en Berlín que su Gobierno había tenido que «dejar de lado muchos escrúpulos antes de decidirnos a tomar la iniciativa». Austria jugó un papel importante. «El emperador tiene afición y afección al alfonsismo», escribió Cipriano del Mazo, embajador español en Viena, aunque «toda su familia es carlista»⁴². El conde Andrassy, de origen húngaro, y ministro de Exteriores austriaco, era partidario de reconocer al Gobierno español, y propuso la fórmula «sí a Serrano, no a la República», que hizo suya Alemania. El embajador español fue muy optimista al comunicar que Rusia reconocería al Gobierno español «de acuerdo con la contrapropuesta austríaca aceptada en Berlín de reconocer no a la República, sino al Gobierno de hecho, el poder ejecutivo de Serrano, sin prejuzgar la cuestión de la legalidad». Marochetti, embajador en San Petersburgo, no era tan optimista como el español. Rusia no iba a aceptar dar la espalda a los carlistas, y no iba a reconocer al Gobierno de Serrano. Así se lo comunicó Rusia a Austria-Hungría el 19 de agosto. De esta manera se rompía el acuerdo de los tres emperadores para actuar conjuntamente en política exterior.

Alemania dio el paso, informó también el embajador italiano en Berlín, y se lo comunicó al Gobierno de Mac Mahon. Decazes, ministro de Exteriores francés, siguiendo un acuerdo que existía desde la presidencia de Thiers, contestó que el reconocimiento del Gobierno de Serrano se haría de acuerdo con el Reino Unido. Londres aceptó. Disraeli, primer ministro británico, acordó con su Gobierno no tomar la iniciativa, pero sí asociarse a «cualquier otra potencia europea que iniciase el reconocimiento»⁴³. Visconti Venosta ordenó a Maffei, el 13 de agosto, que «Italia estaba lista para reconocer oficialmente al Gobierno del Mariscal Serrano» —no escribió «República»—, y que se lo comunicara al Gobierno español. El motivo, escribió Visconti Venosta, era «aumentar la fuerza moral del Gobierno que ostenta el principio del orden en España y que sólo puede garantizarse para instaurar en ese país un régimen de paz y progreso conforme a las necesidades de los tiempos». Italia se unió a Alemania porque apoyar al Gobierno de Serrano suponía desarmar a los ultramontanos en Italia, porque los carlistas eran «solidarios en ideas, esperanzas y proyectos con los opositores comunes» al reino italiano y al imperio alemán, escribió Visconti Venosta.

De Launay, embajador italiano en Berlín, contó el 13 de agosto a su ministro que no se trataba de reconocer la República española, sino a un Gobierno que luchaba contra los ultramontanos. Y se preguntaba:

¿Logrará también el Mariscal Serrano formar un gobierno estable? Sus antecedentes, su carácter, inspiran una confianza muy mediocre. Por tanto, es de esperar que España siga deparando a Europa muchas sorpresas, muchas decepciones.

Berlín y Roma tenían serias reticencias para reconocer a un Gobierno inestable que «todavía carece de base legal, ya que aún no ha sido reconocido por las Cortes». Pero, continuaba el embajador italiano en Berlín, Alemania había considerado que era «urgente» acabar con los carlistas para desarmar al movimiento ultramontano en Europa. Los Gobiernos, dijo, no querían reconocer a un «Gobierno que surgió de un golpe de estado y poseía poca estabilidad». Se trataba de una situación similar a la de febrero de 1873: no reconocerían un régimen inestable salido de una ilegalidad, como fue la reunión de Congreso y Senado, sin que creara una nueva legalidad aceptada por la mayoría. Esto no pasó en 1873 y ninguna potencia europea reconoció la República.

De manera que Augusto Ulloa no consiguió el reconocimiento del nuevo régimen, el republicano, sino el del Gobierno de Serrano, en beneficio de la Europa del orden liberal, y sin grandes esperanzas en lo que pudiera hacer el duque de la Torre. Maffei se lo comunicó a Augusto Ulloa y al propio Serrano el 15 de agosto. Ulloa contó a Maffei que había recibido una nota del Gobierno alemán que expresaba la necesidad de devolver la monarquía constitucional a España, más «adecuada a las aspiraciones de este pueblo», y antes de que el carlismo desvirtuase el principio monárquico ligándolo con el «absolutismo más ciego y bárbaro». Maffei le apostilló que «en España no había otra solución monárquica que el príncipe Alfonso o un nuevo intento de dinastía extranjera». Ulloa contestó que Bismarck tenía razón al apreciar que la República era impossibile en España. Sin embargo, el ministro español apuntó que no quería la Restauración de don Alfonso por los «desfavorables e imborrables recuerdos dejados por la familia borbónica» y por el peligro de una «reacción político-religiosa» en manos del Partido Moderado. A esto añadió que las candidaturas de otros príncipes eran rumores sin fundamento. El «candidato X» del que hablaba El Imparcial —se refería al rey portugués— no era real. «No se le ocurriría un despropósito mayor al que asó la manteca», escribió Romero Ortiz⁴⁴. Maffei opinó que esa idea era «la más absurda de todas». Las potencias iban a reconocer al Gobierno de Serrano, dijo Maffei a Ulloa, porque estaba formado por «los hombres que representan el elemento constitucional de la monarquía».

Maffei también preguntó por la opinión de Serrano sobre la interinidad, a lo que Ulloa contestó que, en España, como en Francia, no era una cuestión de monarquía o república, sino de dictadura, e incluso era probable que se viera «obligado a deshacerse de la Asamblea y a gobernar sin ella»⁴⁵. El 12 de septiembre Serrano recibió al embajador alemán. Ninguno de los dos pronunció la palabra «República». El Gobierno se lo tomó como un éxito, en parte por la labor de Rascón en la embajada de Berlín⁴⁶. No obstante, quedó claro que el apoyo al Gobierno de Serrano no suponía dar el visto bueno a su régimen personal ni a la República, sino aplaudir la acción contra el carlismo a la espera de que la interinidad se resolviera.

Ese mes de septiembre Sagasta se hizo finalmente con el poder efectivo. Zavala había tomado el mando del Ejército del Norte en el verano de 1874 tras la muerte de Concha y el fracaso de Moriones. La guerra no iba bien y el Gobierno necesitaba un triunfo para legitimarse. El 15 de julio las tropas carlistas entraron en Cuenca a sangre y fuego, y el 16 de agosto el general carlista Tristani tomó la Seo de Urgel. Las críticas las protagonizó el diario La Política, en manos de Navarro y Rodrigo, subsecretario de Presidencia y ministro de Fomento desde septiembre, y de Núñez de Arce, que era secretario general de la Presidencia del poder ejecutivo y consejero de Estado. Ambos eran constitucionales y hombres de Sagasta. La Política acusó a Zavala de falta de actividad y de energía para dirigir las operaciones de la campaña contra los carlistas. El Imparcial y El Gobierno pidieron el cese de los mandos militares y culparon a Zavala de no efectuar esos cambios. Sin embargo, Zavala no aguantó las críticas y viajó a Madrid para asistir al Consejo de Ministros con la idea de modificar el Ministerio. Tras escuchar a sus compañeros de Gabinete presentó su dimisión⁴⁷.

Sagasta se hizo cargo del Gobierno y nombró a sus ministros el 4 de septiembre. El cambio más importante fue la marcha de Zavala, porque el resto de ministerios siguieron en manos de los conservadores. Carlos Navarro y Rodrigo, histórico de la Unión Liberal, se hizo cargo del Ministerio de Fomento porque Alonso Colmenares pasó a Gracia y Justicia tras la dimisión de Alonso Martínez por la marcha de Zavala. A este le sustituyó en Guerra el general Serrano Bedoya, enfrentado hacía tiempo a los radicales.

Los constitucionales de Sagasta se inclinaban ya abiertamente por la Restauración, tal y como demostraban los cambios administrativos, que preparaban las elecciones, y los artículos de La Iberia. El Partido Constitucional quería ser el protagonista de que Alfonso XII se sentara en el trono, con la Constitución de 1869, y tener dos cartas en su mano: haber conservado la Revolución y hacerse con el agradecimiento de los Borbones y que el rey les eligiese para formar Gobierno.

20

ESCARMENTADOS Y REINCIDENTES

CASTELAR Y EL REPUBLICANISMO, A LA ESPERA

Castelar quiso separarse de la primera línea política por un tiempo, al menos un año, hasta que la República se asentase y su imagen personal mejorase después del golpe del 3 de enero. Tras unas semanas volvió a mantener contactos con los ahora ministros constitucionales, en especial con Serrano, quien, el 3 de enero, había adquirido un compromiso con él¹. Su propósito era contribuir a la situación encabezando el partido republicano conservador. Contaba con el círculo que se había forjado durante 1873: Maisonnave, Abárzuza, Morayta, Carvajal, Almagro, Pedregal, Gil Berges, Moreno Rodríguez, Prefumo, Santiago Soler y Pla, y Oreiro. Tenía, además, La Discusión y El Orden en Madrid, dirigido este por su amigo Pedro Moreno Rodríguez, a los que se sumaron otros en provincias. El 14 de enero se dieron cita 56 exdiputados en la Fonda Española, que manifestaron su deseo de que Castelar creara un partido republicano conservador y escribiera un manifiesto con su ideario².

El programa de ese republicanismo conservador estuvo marcado por el discurso de Castelar del 2 de enero —que publicaron durante varios días los periódicos afectos—, dos artículos que publicó en La Discusión ese mismo mes, una carta suya del 20 de abril enviada a los diarios y, finalmente, el discurso que pronunció en Granada el 26 de mayo. En 1874, Castelar pretendía propagar la idea de que la República podía ser sinónimo de libertad y democracia en orden. Para conseguirlo hacía falta imponer la autoridad sin complejos, como él había hecho durante su Gobierno. El tiempo de las utopías había acabado, escribió, rectificando su vida política anterior. Su participación en la extensión y fuerza de la utopía federal fue una acusación que le acompañó mucho tiempo, citada incluso por sus antiguos compañeros republicanos. El cantonalismo había abierto los ojos del republicanismo a la realidad, por lo que su programa se aferró a los viejos puntos del programa demócrata, el de Rivero en la década de 1860. Abogó por la separación de la Iglesia y del Estado, la abolición de la esclavitud, la autonomía del municipio y de la provincia «compatible» con la «educación política» del pueblo, un Ejército nacional permanente —que implicaba una rectificación del principio republicano de abolición de las quintas— y una educación pública infantil y universal. El medio para lograr estos objetivos era el «método sajón»; esto es, conquistar la opinión pública mediante la propaganda y el trabajo en las Cortes³.

La publicación en marzo de La República de 1873. Apuntes para escribir su historia, de Pi y Margall, donde se le acusaba de traición por abandonar el proyecto constitucional y dar mandos militares a los conservadores, así como de usar las facultades extraordinarias «contra sus correligionarios» los cantonales, animó a Castelar a contestar. Era una buena oportunidad para que se viera la diferencia entre el republicanismo utópico e irredento, revolucionario y violento, el imposible, y el suyo, un republicanismo conservador y aferrado a lo posible.

Castelar publicó una carta a los periódicos el 20 abril para contestar a Pi y Margall. Las ideas pimargallianas, escribió, eran «utopías inverosímiles» que habían provocado un «torbellino de horribles extravíos». Frente a esto se encontraba la «República posible», inspirada en la experiencia y en la razón, en consonancia con la democracia europea, especialmente la francesa. Ese posibilismo implicaba ajustar las ideas a la realidad para combinar la democracia con el orden, suponía «renunciar a toda utopía que se proponga cambiar en un día la obra de siglos»⁴. Más duro fue en su discurso en Granada, el 26 de mayo, donde además de repetir las ideas conservadoras, atacó duramente a Pi y Margall. Era muy necesario que el Gobierno se diera cuenta de que entre ambos existía una gran diferencia, como así era realmente. Atacó a Pi y Margall, del que dijo que era el gran causante de los

… motines diarios, asonadas generales, indisciplina militar, republicanos muy queridos del pueblo muertos a hierro en las calles; poblaciones pacíficas, excitadas a la rebelión y presas de aquella fiebre.

España, concluyó Castelar, no podía asentarse sobre «conjuros de Edad Media», en referencia a los antiguos reinos, sino a «fórmulas del derecho moderno»⁵.

En mayo de 1874 los periódicos no republicanos ya hablaban de los «posibilistas» para referirse a los de Castelar⁶. Los suyos se hacían llamar también «republicanos históricos», «republicanos de orden» y «republicanos conservadores». En El Orden y en La Discusión se fueron publicando las cartas que llegaban de provincias, y es ahí donde se podía leer la expresión «republicanos históricos», utilizada por Castelar en la carta del 21 de abril de 1874. El adjetivo «histórico» hacía relación a su intención de seguir la senda del partido demócrata de Rivero, el antiguo líder de la democracia.

Castelar quiso contar con Rivero para dar el salto al poder, para entrar en el Gobierno, y ambos acordaron, en mayo, una alianza para construir un partido republicano conservador. Rivero parecía el hombre adecuado para el proyecto de Castelar: simbolizaba el viejo partido demócrata, tenía buena disposición para colaborar con los constitucionales y había sido víctima del federalismo de Pi y Margall tras el golpe del 23 de abril.

Rivero reapareció en Madrid en mayo de 1874, justo antes de que Serrano llegara del frente del norte. Publicó una carta el 7 de mayo diciendo que la presidencia de Serrano era la solución «única salvadora y duradera» que sostenía desde el 3 de enero⁷. El 8 de mayo se hizo acompañar de 200 personas —El Imparcial afirmaba que no llegaban a 40— para acercarse a la sede de la Presidencia del Gobierno y felicitar a Serrano. A tenor de lo que manifestaron los dos cuando salieron a saludar a los manifestantes, la conversación debió de desarrollarse entorno a la noticia del intento de pronunciamiento alfonsino en Bilbao y a la crisis de gobierno que afectaba a la interinidad. Serrano aseguró que aceptaba los «compromisos contraídos con el país el día 3 de enero y sus consecuencias, y que los salvaría o moriría con ellos». No pronunció la palabra «república», por lo que Rivero, con intención, dijo a continuación: «Ya lo oyen Vds.: el señor duque de la Torre está decidido a sostener la república conservadora o a morir abrazado a su bandera»⁸. Rivero sabía que el halago era la debilidad de Serrano, e intentó ofrecerse a los republicanos conservadores como socio de Gobierno.

Sin embargo, Rivero no gustaba nada a Sagasta ni a otros muchos constitucionales. La Iberia recordó ese mes de mayo que, en la sesión de la Asamblea Nacional del 23 de abril, la última de su existencia, Rivero se calificó a sí mismo de «Judas de la monarquía»⁹. El repudio a Rivero desde las filas constitucionales procedía de su presidencia del Congreso en 1872, cuando dijo que los conservadores sobraban en las Cortes. José Luis Albareda publicó en la Revista de España, el órgano más intelectual de los constitucionales, una descripción de Rivero que lo descalificaba para cualquier situación política. Rivero no había sido nunca monárquico ni republicano, decía. Lo que siempre había querido Rivero era «ocupar una elevada posición». Solo era constante en una cosa: «el amor de sí mismo». Era un personaje ambicioso y resentido, ciego por la «avaricia de los cargos públicos». Le gustaba el dinero y por eso acumulaba cargos. «Si hubiera habido un gabinete capaz de nombrarle en una misma Gaceta hombre y mujer de real orden, hubiera aceptado ambos nombramientos», escribió Albareda. «La vanidad entumece, sofoca y aniquila» a cualquiera, y en Rivero había hecho «tristísimos y dolorosos estragos». «Envidia a Castelar, odia a Figueras, detesta a Martos, y sería feliz si Zorrilla desapareciese del ámbito de la tierra», sentenció. Albareda le acusó de haber rectificado las cuartillas de los taquígrafos del Congreso para ocultar sus actos en el Diario de Sesiones¹⁰. Por tanto, era evidente que Rivero no era de fiar para ninguna alianza, y menos para entrar en el Gobierno con la crisis que se produjo en el mes de mayo.

Rivero, por tanto, no era el mejor aliado de Castelar para encabezar un Partido Conservador en el que pudieran confiar los constitucionales. La resolución de la crisis de Gobierno de mayo supuso una gran decepción para Castelar. La Discusión, su órgano, había dicho antes del cambio ministerial que un Ejecutivo homogéneo conservador sería un triunfo de Sagasta, que no pensaban en consolidar la República, porque constituiría un «verdadero golpe de Estado en contra de nuestras instituciones» y un «reto lanzado» a los republicanos. Sin radicales y castelarinos en el Gobierno, decía La Discusión, sería «la muerte de la República» y la vuelta de los Borbones¹¹. Castelar se sintió engañado con el nombramiento de Sagasta. Había mantenido sus reuniones semanales con Serrano, pero no se habían escuchado sus consejos. Decidió irse de España y marchó a Portugal desde Andalucía. El 15 de junio regresó a Madrid. Había rumores de que algunos constitucionales, como Topete y Víctor Balaguer, querían formar un Gobierno de concentración nacional junto a los republicanos conservadores. Incluso se habló de la posibilidad de que algunos de sus hombres de confianza, como Abárzuza y Maisonnave, entraran en el Gobierno. «Mucho se habla de un gobierno nuestro», escribió a su amigo Adolfo Calzado en julio. Él no iba a entrar en un Gobierno que era resultado de un golpe de Estado. Así se lo repitió a Calzado en agosto de 1874: a los Gobiernos originados en la violencia como el del 3 de enero «no les serviría nunca», solo al primer Gobierno legal; es decir, al primero después de una reunión de Cortes, o quizá tras un plebiscito. Castelar confesó que no serviría directamente a ese Gobierno, aunque sí a través de sus amigos políticos, y que formaría un partido dispuesto a participar en el régimen salido del golpe de Estado. Sin embargo, ya no se fiaba de Serrano. Mientras en Francia había un «general lealísimo» al frente de la República que hacía imposible la restauración borbónica, en España no¹².

Aun así, a principios de julio, Emilio Castelar envió una «circular sobre organización que, por dirigirse a corto número de personas y no estar destinada a la publicidad, no ha sido impresa», escribió Carvajal¹³. Seguía pensando entonces en la posibilidad de heredar el Gobierno si Sagasta fallaba, y necesitaba a los suyos preparados. La circular decía que el partido estaba «dividido en numerosas fracciones» por la experiencia de 1873, pero «sin atreverse ninguna a deducir las ideas y las reglas de conducta» consecuentes. Su empeño en el Gobierno fue «aliar los derechos de la libertad con las facultades esenciales al gobierno». Tras el golpe, «afortunadamente se han mantenido las ideas de gobierno», se lee, con lo que justificaba el golpe del 3 de enero o veía un beneficio para el país. La firmeza de su Gobierno «nos ha traído la opinión pública y no ha procurado una organización natural robustecida». La democracia que él representaba debía estar preparada para asumir responsabilidades «si otra vez le llamara el país a regirlo». El programa era la Constitución de 1869 «con la integridad del título I y sin más alteraciones que las exigidas en el artículo 33 y sus concordantes». Seguía a esto la «unidad nacional completa, y completa integridad del territorio», con la suma de la abolición inmediata de la esclavitud, y la educación universal y obligatoria, junto al habitual llamamiento a arreglar Hacienda. En conducta exigía una

… separación radicalísima, total, definitiva, de todos los demagogos, de todos los socialistas, de todos los internacionales y comunistas, y de todos aquellos que no hayan comprendido ya cómo la perseverancia en conservar la antigua doctrina federal no es más que la perseverancia en conservar utopías incompatibles con el sentido práctico y atento a realidad.

La segunda orden de conducta era acercarse a los «partidos liberales», a constitucionales y radicales, ya que tenían en común la defensa de la Constitución de 1869 con modificaciones. Resulta curioso en este punto la renuncia absoluta al proyecto constitucional federal que Castelar escribió justo un año antes, aunque ya dijo que había sido quemado en Cartagena. «La tercera es encerrarse en la más estricta legalidad» para «trabajar en la redacción de listas» electorales, en «allegar electores» para llevar representantes a los ayuntamientos, las diputaciones y las Cortes. Era preciso que «aprendamos en la desgracia las prácticas necesarias a partidos que luego han de fiarlo todo a los procedimientos electorales». Los cuadros, decía, debían estar dirigidos por los que habían tenido cargos públicos en ayuntamientos y diputaciones. Pedía que se llamaran «partido democrático»¹⁴. El texto es una prueba de la intención de Castelar de contribuir a la nueva situación, de separarse de sus antiguos amigos, a los que condenaba por utópicos, y organizar un partido abierto para participar en las próximas elecciones.

Castelar y Rivero decidieron entonces acercarse a Ruiz Zorrilla. El primero le escribió una carta para que se reincorporase a la política y le preguntó si podía contar con él. El segundo fue a visitar a Ruiz Zorrilla a El Escorial a finales de agosto de 1874, recién llegado este de su exilio voluntario en Portugal. Acordaron colaborar para la «proclamación de la República» sin ambigüedades, restablecer la Constitución de 1869 sin el artículo 33, el relativo a la monarquía, y toda la legislación anterior al «12 de febrero», constituir una dictadura para «imponer un sistema de gobierno y administración conforme a dicha legalidad»; y convocar Cortes solo para modificar el artículo 33, aunque Rivero prefería un plebiscito que acortara los plazos¹⁵. Lo acordaron y se separaron a la espera de acontecimientos.

Lo sorprendente es la parsimonia para organizarse, la gran tranquilidad entre los republicanos. Pavía escribió que «se retiraron a sus casas para presenciar la victoria de la Restauración»¹⁶. Algunos pensaban que una restauración de los Borbones no sería aceptada por los españoles, y que eso haría imposible la monarquía, como escribió en agosto Castelar a Jacinto María Ruiz¹⁷. Esa sensación hizo que retrasaran la reconstrucción del republicanismo o la fusión de sus agrupaciones. Castelar se fue de viaje por Europa el 8 de agosto, a pronunciar discursos y promocionar sus obras, y no volvió hasta octubre. Tampoco confiaba en el Gobierno, al que otorgaba una advocación «hipócrita» de la República¹⁸. En septiembre publicó un artículo considerando que la República era más sencilla en Francia porque contaba con un partido republicano «disciplinado», no como en España, que era un conjunto de «sectas», de «visionarios» que imaginaban tener «en su receta particularísima la única medicina de las sociedades humanas». Estos republicanos habían predicado una utopía, «la República de nuestros ensueños» con «todos los espejismos múltiples de nuestra oriental fantasía»¹⁹.

Castelar dedicó ese año de 1874 a escribir contra la utopía y a hablar de la República posible. El error del republicanismo, aseguró, había sido «su apego a la utopía, su menosprecio por la realidad», lo que produjo un «desfallecimiento moral en el gobierno» cuando llegaron al poder y un «cierto desengaño en el pueblo». Esto, concluyó, generó «conflictos sin término»²⁰. Castelar quería apartarse de su imagen anterior, la de predicador, porque era un lastre para su carrera política. Los periódicos constitucionales aplaudían su conversión, aunque se solía recordar su pasado de difusor de la utopía. La prensa pimargalliana también procuró que no se olvidara que el gran utopista desde 1868 renegaba ahora de La Federal.

Castelar volvió a Madrid en octubre de 1874, pero estaba preocupado principalmente por la publicación de sus libros, entre otros, Historia del movimiento republicano en Europa, que fue apareciendo en la revista Harper. En París había tenido un encuentro incómodo con Gambetta, el líder del radicalismo republicano. En una cena amistosa le preguntaron por el golpe de Pavía y, al responder, Castelar «balbuceaba» —escribió Gambetta— y «se contradecía hasta el punto que la conversación terminó en medio de una frialdad imponente»²¹. El asunto es que Castelar no quiso confesar que conocía la existencia del golpe de Estado y que avisó a Serrano —que aguardaba cerca de las Cortes— de que había perdido la votación de confianza. Este dato suponía una mancha en la imagen de idealista e íntegro que siempre quiso transmitir, de ahí que su mayor deseo es que el año 1874 pasara rápido, para conseguir el olvido.

En noviembre, Castelar ya se había desentendido de su alianza con Rivero y no quería la de Ruiz Zorrilla. Rivero se mantuvo a la expectativa, confundido por la situación, según dijo a Andrés Borrego²². Castelar no quiso reunirse con él en diciembre. En sus cartas del 20 y 27 de ese mes le dejaba claro que la República ya estaba hecha y que no quería ninguna agrupación con otras facciones. Por eso le pide que no cuente con él para una «reunión política»²³. Las cartas que se cruza con Ruiz Zorrilla en esos meses son excusas para no reunirse con él.

Al final, Martos acudió a la casa de Castelar. El proyecto que le propuso le espantó. Se trataba de fundar un partido republicano con los federales de Pi y Margall, Salmerón, Figueras y los intransigentes y cantonales. Era una «combinación completamente inaceptable, dada mi historia ya larga y mis sagrados compromisos». Ruiz Zorrilla pretendía construir un partido que mostrara el supuesto deseo de los españoles de que la interinidad se resolviera definitivamente con una República. «La República —escribió— es para mí definitiva». Declararla interina era debilitarla tanto como asociarse con quienes en 1873 la perturbaron²⁴. Castelar estaba engañado. El 24 de diciembre escribió a Calzado: «La situación, no tan mala como antes». El alfonsismo le parecía una quimera: «Cánovas conoce que está en ridículo» porque sus fuerzas estaban divididas, decía²⁵. Quizá se tratara de una impresión verdadera, considerando que el ritmo de Cánovas fue roto por la acción del general Martínez Campos en Sagunto, y que su jefatura era contestada desde varios centros alfonsinos, como se verá. Castelar debía de pensar que Cánovas tenía poco que hacer ante la intención de Sagasta de convocar Cortes para consolidar la Constitución de 1869 y ahí plantear la restauración. Sin embargo, tal y como confesó Castelar a Rivero en sus cartas, llevaba un año sin reunirse con los suyos para organizar nada.

Al conocer el pronunciamiento de Sagunto, Castelar no acabó de creerse la situación. Escribió a Ruiz Zorrilla que había citado a varios de sus amigos para decidir su conducta. «Se necesita proceder con método», dijo. Quería saber antes si el Gobierno iba a defenderse o a entregarse. Además, había que estudiar si contaban con fuerzas organizadas para oponerse al pronunciamiento, y habría que hablar con «nuestros generales amigos»²⁶. En lugar de reunirse personalmente con Ruiz Zorrilla, envió a Pedregal, demostrando la poca relevancia que daba al exjefe radical y la nula esperanza que tenía en agrupar fuerzas para detener la restauración.

PI Y MARGALL Y SALMERÓN, A VUELTAS CON LA FEDERAL

No fue la represión lo que impidió la reconstrucción del Partido Republicano Federal. Estaba roto desde 1873 y sus líderes, enemistados. Nunca volvió a ser igual desde la mala convivencia de aquel año. Pi y Margall publicó en marzo de 1874 el folleto La República de 1873. Apuntes para escribir su historia, en el que trataba de justificar su política y criticaba a Castelar y Salmerón. La policía retiró el folleto. Pi tenía la intención de seguir con otros opúsculos dedicados a Amadeo de Saboya —que sí escribió—, la Asamblea Nacional, el interregno parlamentario, las Cortes Constituyentes y el golpe del 3 de enero, pero lo desechó.

No fueron buenos tiempos para Pi y Margall. El 3 de mayo entró en su casa un hombre pidiendo una recomendación para el Ministerio de Gracia y Justicia. Pi no le conocía y a pesar de eso le dio la recomendación. Después, el tipo le dijo: «Prepárese usted a morir. Ave María Purísima». Se trataba de un expresbítero carlista que había estado en una institución psiquiátrica. Sacó un revólver y se dedicó a perseguirlo por su despacho. Afortunadamente no acertó y los disparos llamaron la atención del vecindario. Cuando el asesino oyó los gritos se pegó un tiro²⁷.

Ese mismo mes de mayo empezaron las reuniones para recomponer el Partido Republicano, coincidiendo con la resolución de la crisis de Gobierno, como ya se vio. Se llamaron «conferencias de la calle de Chinchilla», que era la dirección del domicilio de Figueras. Allí se dieron cita, además del anfitrión, Pi y Margall, Salmerón, el general Hidalgo, Labra y José Fernando González. Se pusieron de manifiesto dos tendencias, la pimargalliana y una segunda en la que podían confluir Figueras y Salmerón, que sostenía un federalismo entendido como descentralización y reformas sociales, tal y como determinaba la Ley Benot de 24 de julio de 1873, para regular las condiciones de trabajo infantil en las fábricas, talleres y minas. Debatían como si el año 1873 no hubiera existido. Los mismos que habían despreciado formar parte de la Comisión Constitucional, como Pi y Margall, hablaban ahora de la organización del poder judicial en atención a la autonomía regional y de la reforma de la Constitución a petición de las provincias. Estaban fuera de tiempo²⁸.

Nada se avanzaba, así que se encargó a José Fernando González que hiciera un manifiesto-programa. Había sido ministro y diputado del centro reformista hasta el 2 de enero. El texto, concebido para alcanzar la unión de los republicanos, sostenía la descentralización administrativa de arriba abajo, contenía reformas sociales y descartaba la revolución o el golpe para llegar al poder. El documento hablaba de mantener la «peculiar soberanía de los organismos políticos, estado regional o provincia, y municipio» sin disolver la «unidad de la patria». Afirmaba que el Partido Federal era un partido «de orden y de gobierno». Finalmente, se comprometía a emplear solo la legalidad para realizar sus objetivos políticos²⁹.

Pi y Margall se opuso al manifiesto porque consideraba que había que recurrir a la revolución, si era necesario, y no lo consideraba una verdadera fórmula federal. Salmerón se quedó solo en la reconstrucción del Partido Federal, en disputa con Pi. El 26 de junio anunciaron que no habían llegado a un acuerdo y que, por tanto, no publicarían el manifiesto. Pi se sumó a la fundación del periódico Europa, publicado en Lisboa por españoles y con vocación de hacer propaganda en América. La dirección estaba en manos de Eduardo Benot y en la redacción contaba con federales como Ramón Cala, Fernando Garrido, Díaz Quintero, Figueras, José María Orense y el propio Pi y Margall. El Imparcial anotaba que el gerente de la empresa periodística era Paúl y Angulo³⁰.

Pi se hizo con la dirección de La Igualdad, el periódico federal más importante, que hasta entonces dirigía Ocón, un seguidor de Figueras. Puso a su frente a exdiputados de su facción y la emprendió contra Castelar, La Discusión y El Orden. Publicaron un artículo de fondo que tuvo graves repercusiones. En dicho artículo se decía que la redacción del periódico tenía cartas de exdiputados radicales monárquicos dirigidas a jefes militares para que permitieran el crecimiento del carlismo y que pareciera imposible que la República fuera un instrumento de orden³¹. El director de La Igualdad acabó en la cárcel el 13 de octubre por orden del capitán general de Madrid, el general Fernando Primo de Rivera. No se supo más de esas cartas, aunque el 14 de octubre La Igualdad seguía diciendo que las tenía. Vera y González, en su estudio biográfico (y hagiográfico) de Pi y Margall, dice que buscó esas cartas y no las encontró.

Pi y Margall hizo mucho más. En cuanto supo que Ruiz Zorrilla pretendía fusionar a todos los republicanos en un partido bajo su mando, su principal objetivo fue demostrar la imposibilidad del plan unificador, y esperar la evolución de los acontecimientos para construir un partido federal puro.

Y AHORA VUELVE RUIZ ZORRILLA

La crisis de Gobierno de mayo supuso otro quebranto para el radicalismo. El manifiesto del Partido Radical del 25 de octubre de 1873 en el que comunicaba su aceptación de la República no gustó a una parte considerable del radicalismo. De los 115 senadores que llegó a tener el partido solo firmaron 17, y de los 250 diputados lo hicieron 83. El resto no quiso aceptar el giro republicano. La facción de Montero Ríos, que siempre se había declarado monárquica, incluso durante la República, se enfrentó a los radicales que se reunían en la Tertulia de la calle Carretas, que se habían declarado republicanos. En realidad, no se trataba más que de la vieja división entre progresistas y demócratas que había dado lugar al Partido Radical en 1871.

Los viejos progresistas, representados por Ruiz Gómez y Montero Ríos, cuya referencia era Ruiz Zorrilla, tendían a apoyar que la interinidad de 1874 acabase en una monarquía con la Constitución de 1869. Los demócratas como Martos y los progresistas más avanzados como Francisco Salmerón se inclinaban por empujar la situación a la República. A esto se unió una división más sobre las alianzas y la conciliación con los constitucionales. El fraccionamiento era grande. Circuló la idea de elegir un directorio de cinco personas para llevar al partido a las próximas Cortes con la bandera de la revolución de 1868 y desde allí decidir la orientación³². A finales de junio se reunieron siete exministros radicales, la junta directiva, para considerar el futuro del partido³³.

El debate se centraba en reconstruir el Partido Radical sobre el republicanismo o volver a defender la monarquía democrática. Si se iba a restablecer la Constitución de 1869 en las Cortes a través de un pacto con los alfonsinos, el Partido Radical debía encontrar un acomodo. Se encontraban en una indefinición que ahondaba la crisis de la formación, que ya había perdido el apoyo de la opinión pública y del Ejército. Además, sin Cortes y fuera del Gobierno, sin poder provincial y con la prensa mermada, su capacidad para hacer política y organizarse era muy limitada. Así, decidieron unir el partido sobre el principio de no proclamar forma alguna de gobierno, y que fueran las Cortes las que lo decidieran. En las elecciones, cada candidato podría decantarse por la monarquía o la república³⁴. Era una forma de mantener al partido unido.

El Partido Radical no se decidió total y abiertamente por la república. En mayo, tras salir del Gobierno, dijeron que quedaban a la expectativa. Ese republicanismo circunstancial, la otra cara del monarquismo circunstancial que proclamaron los demócratas desde finales de 1868, fue un cambio muy importante. Hasta entonces, el radicalismo había aceptado o promovido la República del 11 de febrero, y en septiembre de 1873 publicó un manifiesto republicano y se unió al partido de García Ruiz. Ya en el Gobierno del 3 de enero eran partidarios de consolidar la República con un plebiscito, y esto les sacó del Ejecutivo. El cambio se produjo en mayo, cuando Serrano y Sagasta se decantaron por la interinidad y la convocatoria de Cortes. Influyó, como se vio, el proyecto de pronunciamiento alfonsino en Bilbao y la actitud del general Concha y de la mayor parte del Ejército, ya decidido en su mayoría por la restauración. El radicalismo estalló en mil pedazos en cuanto salió del poder. Nadie se acordó más de García Ruiz y surgieron varias tendencias que querían discutir la fórmula de supervivencia. Acordaron la indefinición para acomodarse según interesara y llamar a Ruiz Zorrilla, que todavía no se sentía republicano, y cuya bandera había «abrazado en la desgracia»³⁵.

La política era una trituradora de carne. Ruiz Zorrilla pasó de ser todo para la izquierda, entre octubre de 1871 y febrero de 1873, a no contar para casi nada. Se retiró a Portugal. Allí recibía cartas de sus amigos políticos³⁶. Desde el exilio contempló cómo se producía el hundimiento del Partido Radical entre el 11 de febrero y el 23 de abril. Durante esos meses no fue reclamado por los dirigentes del radicalismo. Leyó sobre las intentonas de Martos del 14 de febrero y el 8 de marzo, y la protesta por la disolución de la Asamblea el 24 de abril, que llevó a los dirigentes radicales al exilio. No hizo nada cuando el partido se decidió por el retraimiento electoral en mayo de 1873 y Martos empezó a pactar con los constitucionales en Biarritz y Bayona. Tampoco apareció en septiembre de 1873, cuando Martos y Becerra resucitaron el partido preparándose para las elecciones parciales que iba a convocar Castelar. Ni en la fusión con los republicanos unitarios de García Ruiz que dio lugar a un nuevo partido. Ruiz Zorrilla lo confesó en 1877: «No intervine directa ni indirectamente en la política durante aquel breve periodo» que fue la República³⁷.

Ruiz Zorrilla estaba muy perdido. Todavía pensaba que la caída de Amadeo I se debió a una trama de los canovistas³⁸, y no por los errores que él cometió en el Gobierno y por el acuerdo al que llegaron los radicales con los republicanos a sus espaldas. Tras ver la nueva organización de Martos y Becerra, acordó con Fernández de los Ríos construir otro Partido Radical, alejado completamente de los constitucionales. Quería renunciar al nombre de «radical» porque así se llamaban los que pactaban con Sagasta, o los que se fusionaban a los unitarios de García Ruiz. Valoró la unión con Nicolás Salmerón, es decir, con la derecha republicana —según su biógrafo, Eduardo Higueras—, desde finales de septiembre de 1873. Esto explicaría el comportamiento de algunos diputados radicales en la sesión del 2 de enero de 1874, como Rafael María de Labra, que repitieron los argumentos de Salmerón para derribar a Castelar. No obstante, Ruiz Zorrilla y Salmerón aparcaron ese acercamiento desde el golpe del 3 de enero y la vuelta de los radicales al poder. Estos vaivenes dan una idea de la inconsistencia de su proyecto político.

Ruiz Zorrilla regresó a España en agosto de 1874, a instancias de su amigo Fernández de los Ríos, que lo sacó del ostracismo. Pasó por Madrid y se entrevistó con Castelar y algunos dirigentes radicales. Se instaló en El Escorial y se dedicó a recibir a sus antiguos amigos. Era la misma estrategia que había seguido en sus anteriores retiros de la política. Ruiz Zorrilla dijo ante Martos que solo cabían dos soluciones: la República o la monarquía constitucional de Alfonso XII. Nunca había sido republicano, afirmó, y saldría de su aislamiento y se declararía partidario de la República, si vencía don Carlos o Alfonso de Borbón era impuesto por la fuerza³⁹. Esto encaja con lo que escribió Ruiz Zorrilla a Castelar en 1876, cuando le dijo que era falso que una carta suya le «sacara del retraimiento» en septiembre de 1874 y le llevara «al seno de la comunión republicana». Además, en esa carta contaba a Castelar que se negó a volver a la «vida pública cuando Nicolás Salmerón y otros muchos amigos me rogaron que lo hiciera antes del 3 de enero, y me negué también cuando V. me escribió». En la carta confesaba algo sorprendente: en el verano de 1874 le dijo que «volvería (a la política) cuando volvieran los Borbones, siendo grande mi pena, cuando yo le predecía a V. que esto iba a suceder».

Ruiz Zorrilla afirmaba que no iba a regresar a la política hasta que don Alfonso fuera proclamado, y unir a todas las «fuerzas republicanas» para «resistir al lado del Gobierno o contra el Gobierno si este se negaba a oponerse a la Restauración». Además, culpaba a Castelar de que en 1874 no se produjera la unión por sus «resentimientos personales», en referencia, claro, a Pi y Margall y Salmerón, y «sumar elementos para ir a la lucha, sin lo cual es imposible el triunfo de nuestras ideas»⁴⁰. Todo este relato desdice el de un Ruiz Zorrilla opuesto a los Borbones sin matices en 1874. «Cuando volvieran los Borbones» quería decir que su plan era aprovechar un pronunciamiento alfonsino para hacer una revolución. Se oponía a que volvieran por la fuerza, pero no a que unas Cortes que conservaran la Constitución de 1869 eligieran a Alfonso de Borbón como rey. Ese año 1874, Ruiz Zorrilla, como el resto del radicalismo, quedó en la indefinición esperando la reunión de Cortes para tomar una decisión.

Mientras, en aquella reunión en El Escorial, dijo a los asistentes que el resto de posibles candidatos al trono, como el portugués Fernando Coburgo y el alemán Leopoldo Hohenzollern, eran imposibles en el marco europeo. Manifestó que tenía la esperanza de que el Gobierno convocase unas Cortes que mantuvieran las conquistas revolucionarias de la Constitución de 1869, pero si se atentaba contra esos principios, «volvería a la conspiración para concluir por medio de la revolución con la reacción». Martos declaró en dicha reunión que no quería formar un «nuevo partido republicano» con la fusión de varios, sino que debía hacerse después de la reunión de Cortes para no alertar a los monárquicos. Tras la discusión, Ruiz Zorrilla manifestó que no podía liderar el Partido Radical ni abandonar el retraimiento. Luego enseñó una carta que Castelar le había mandado para sacarle del retraimiento, sobre el «rumor» que «días atrás cundió» acerca de sus declaraciones republicanas». En definitiva, Ruiz Zorrilla no se declaró todavía republicano abiertamente, sino que quedó a la espera de que el Gobierno convocase las Cortes para mantener la Constitución de 1869. La única novedad es que ya no se declaró contrario a la República como había hecho el 11 de febrero.

Por otro lado, Ruiz Zorrilla sentía una profunda animadversión hacia Sagasta. La ruptura de 1871 todavía pesaba en su ánimo. El radical no había perdonado que Sagasta no se pusiera a sus órdenes durante el reinado de Amadeo, y que articulara una moción de censura para acabar con su Gobierno en 1871. La vuelta al poder efectivo de Sagasta en septiembre de 1874, ya como presidente del Gobierno, hizo reaccionar a Ruiz Zorrilla. Sagasta quería encaminar la interinidad hacia unas Cortes donde se iba a presentar como salvador de la Constitución de 1869 y restaurador de Alfonso XII como rey constitucional. Esto convertiría al Partido Constitucional en el partido de fusión de los liberales, en el salvador de los principios de 1868 y el ostracismo final de Ruiz Zorrilla.

La perspectiva de que Sagasta pusiera en marcha este plan activó una de las soluciones planteadas por Ruiz Zorrilla en agosto, que era constituir el partido «más avanzado» —más que el de Sagasta— y quedarse con la bandera de la Revolución de 1868 y de la Constitución de 1869. En septiembre de 1874, Ruiz Zorrilla pretendió que el radicalismo y la izquierda republicana, incluidos los federales moderados e intransigentes, e incluso a los socialistas según el historiador Eduardo Higueras, quedaran bajo su dirección⁴¹. Este planteamiento era incompatible con incluir en el proyecto a Castelar y a Rivero, que consideraban que el federalismo había hundido la República de 1873 y que el socialismo era enemigo de la libertad. Además, chocaba con la carta que escribió Rivero a Ruiz Zorrilla años después, recordándole el ofrecimiento de 1874. Es más; Ruiz Zorrilla escribió en 1876 que «cuarto estado» para él «no ha existido jamás ni le encuentro en ninguna parte», aunque aseguraba que «jamás abandonaré la que V. llama —escribía a Castelar—, y me duele mucho, jerga socialista»⁴². Es posible que usara la retórica obrerista para movilizar —que estaba en la tradición progresista, demócrata y republicana—, sin ir más allá ni sopesar las consecuencias de apelar al protagonismo de los trabajadores.

Rivero expuso a Ruiz Zorrilla en 1874 la idea de crear un partido republicano conservador basado en la Constitución de 1869 sin el artículo 33, la anulación de las Constituyentes, la recuperación de la Asamblea Nacional disuelta por Pi y Margall, continuar la dictadura, y luego convocar unas Cortes ordinarias⁴³. Esto era incompatible con un pacto con Pi y Margall, Salmerón o los intransigentes. Tampoco era viable esa combinación pretendida por Ruiz Zorrilla a tenor de la carta que escribió a Castelar el 5 de octubre de 1876, descrita más arriba, en la que decía que no se iba a declarar republicano hasta que llegara Alfonso XII⁴⁴. Su supuesto deseo de aliarse ahora con los federales intransigentes y cantonales contrastaba, además, con lo que dijo sobre estos republicanos cuando era Gobierno. Escribió a Fernández de Córdova, ministro de la Guerra entonces, que los republicanos que se habían levantado en Murcia —que eran los de Antonete Gálvez— venían de Cartagena, porque había un «ayuntamiento [que] favorece abiertamente la causa republicana». Y terminaba diciendo al ministro:

Hace mucho tiempo que sucede lo propio en Cartagena y lo que nos interesa es concluir de una vez con todos ellos, y que nos dejen en paz⁴⁵.

Todo apunta a que improvisó su plan en función del proyectado por Sagasta. Las reuniones que mantuvo desde entonces hasta diciembre tampoco supusieron un avance, ni el cumplimiento de sus deseos. Se rodeó de unos pocos republicanos, como Salmerón o Rispa y Perpiñá, y algún militar, como Hidalgo, pero eso era insuficiente para tener un gran partido con el que ganarse a la opinión y tampoco constituyó el refugio de los revolucionarios de 1868, tal y como quería. De hecho, cuando se presentó en Presidencia del Gobierno tras el pronunciamiento de Martínez Campos, el ofrecimiento que le hizo a Sagasta fue bastante pobre: la brigada que mandaba un pariente suyo, al que no consultó y que luego se puso a las órdenes del Gobierno de Cánovas.

21

DOS ALFONSISMOS EN PUGNA

CÁNOVAS Y EL ALFONSISMO CIVIL

No se debe magnificar el papel de Cánovas para la Restauración en el año 1874 porque cometió errores y estuvo a punto de no triunfar. Sus logros fueron importantes, como aplicarse en la construcción de un movimiento civil desde agosto de 1873, dar un sentido liberal a la Restauración en contra de los moderados, y trabajar para que don Alfonso tuviera la imagen de constituir la esperanza de paz con libertad. Esto implicaba que el alfonsismo se convirtiera en el centro de atracción de liberales y conservadores, aunque en la mayor parte de los casos utilizó asociaciones y círculos que existían anteriormente. También consiguió poner cierto orden en la corte de París gracias a Salaverría, que llevaba la contabilidad de Isabel II.

Sin embargo, Cánovas mostró en 1874 algunas debilidades, contradicciones y dudas importantes. El alfonsismo no era un movimiento unido, y Cánovas fue muy contestado dentro de la organización civil, sobre todo por parte de los antiguos moderados. Tampoco era respetado por el elemento militar. El general Valmaseda organizó su propio grupo de militares, entre los que se encontraba Martínez Campos, que no creían en el plan de Cánovas y apostaban por el pronunciamiento sin contar con el jefe del alfonsismo. Lo intentaron en varias ocasiones hasta que Cánovas decidió apoyar el pronunciamiento del general Concha. Al no llevarse a Cabo porque el general Concha no quiso, Cánovas ofreció su dimisión a Isabel II. Aquel acto militar ponía en riesgo su plan de restauración pacífica porque daba a entender que un pronunciamiento militar también era una vía adecuada. No quería que fuera precipitado ni descontrolado porque la restauración tenía que ser un movimiento respaldado por la opinión nacional, no el éxito golpista de unos militares o de un partido.

Los Borbones debían volver como se fueron. Si Isabel II salió de España por la acción de un movimiento nacional de todos los partidos menos de uno, el moderado, don Alfonso debía volver con un impulso similar. El jefe del alfonsismo esperaba la reunión de Cortes, que estaba negociando con Sagasta, para proceder a la restauración. Alfonso XII no podía, a su juicio, ser tampoco la prolongación de la revolución. Por eso no aceptaba que la dinastía regresara con la Constitución de 1869. Necesitaba la conciliación de los grandes hombres —ya que los partidos estaban medio deshechos— e iniciar un proceso constituyente. El proceso, como indicó Cánovas a Isabel II, iba para largo. Sabía que la interinidad de 1874 era un hecho, que la República de Serrano no existía y que el duque de la Torre no tenía apoyos en el Ejército ni al Partido Constitucional tras de sí. Los constitucionales estaban muy divididos, pues había partidarios de la prolongación de la dictadura, sin más, como Augusto Ulloa, monárquicos como Sagasta, y republicanos por conveniencia como Topete. El plan restaurador iba para largo, pero el general Martínez Campos precipitó los acontecimientos, sin conocimiento de Cánovas, y triunfó. Fue una «calaverada», como dijo Cánovas, que arrastró la imagen de que se trató de una restauración iniciada con un golpe militar, hasta el punto de que la llamaran «la monarquía de Sagunto».

Cánovas no tuvo siempre el respeto de los alfonsinos, en especial de los que venían del moderantismo, ni de los partidarios del golpismo. Cánovas no había participado en la Revolución de 1868 a pesar de que fue desterrado por el Gobierno de González Bravo y que estaba proscrito su partido, la Unión Liberal¹. Cánovas pensaba, en 1868, que un hombre honrado solo participa en una revolución, «y eso porque no sabe lo que es», como recogió el marqués de Lema. Despreció varios cargos que le ofreció el Gobierno provisional de Serrano y Prim, pero sí participó en las elecciones de enero de 1869 en las listas de la coalición monárquica junto a los revolucionarios. Ya en las Cortes formó un grupo parlamentario al que llamó «liberal-conservador», que se identificaba con la Unión Liberal y que mantenía la legitimidad de la dinastía Borbón, aunque no en la persona de Isabel II porque había abandonado el «terreno constitucional»². Así, pues, estaba tan alejado del Partido Moderado tanto como de los unionistas que buscaban otra dinastía, ya fuera Montpensier, Fernando Coburgo o Leopoldo Hohenzollern.

Cánovas se tenía por un hombre liberal-conservador porque creía en el orden como base de la libertad. Su misión, dijo, era «rectificar las exageraciones» que acompañan a toda revolución, los radicalismos destructivos que acaban perdiendo el país. No le gustó la Constitución de 1869 porque simbolizaba la difícil combinación del trono con poderes propios de un monarca constitucional con instituciones que asumían la soberanía nacional y tenían su origen en el sufragio universal. ¿Cómo mantener el equilibrio de principios e instituciones cuando la monarquía, el árbitro, no tenía la legitimidad popular que guardaban las Cortes? No eran contrapesos uno del otro, sino que la Asamblea era soberana absoluta, lo que suponía una inestabilidad para el principio monárquico.

Con este espíritu reunió a un grupo de diputados constituyentes, como Luis Estrada, José de Elduayen, Saturnino Álvarez Bugallal, Manuel Quiroga Vázquez, Joaquín Vázquez de Puga y Francisco Silvela —admitido como diputado por Ávila el 8 de febrero de 1870—. Adoptaron el nombre de partido «liberal conservador», y Juan Valera los llamó «unionistas alfonsinos»³.

Los temores de Cánovas sobre la debilidad de la monarquía electiva se hicieron realidad en el verano de 1872, cuando el rey sustituyó a los conservadores por los radicales para evitar un levantamiento republicano auspiciado por estos últimos⁴. No era viable un rey de partido para forjar un régimen de consenso, ni suponer que la monarquía era un asunto legislativo susceptible de ser cambiado o anulado por ley. Cánovas sostuvo lo que llamaba la «constitución interna», la preconstitución de la Corona y de las Cortes como las dos instituciones depositarias de las soberanía nacional y previas a cualquier constitución. El reinado de Amadeo sirvió para que Cánovas sopesara la debilidad de los reyes elegidos por los parlamentos, aunque fuera por mayoría absoluta, y esto constituía un obstáculo para negociar con Sagasta. Cánovas defendió que el rey debía ser reconocido, no elegido, para quedar a la misma altura que las Cortes, no con el valor que podía tener una ley orgánica o la elección de un presidente de la Asamblea. Elaboró entonces su proyecto en el que el rey fuera reconocido «por las Cortes, no elegido, ya ambos eran poderes constituidos de lo que llamaba “Constitución interna” de España», y formara parte, junto a las Cortes, de lo que llamaba «Constitución interna» española. De hecho, Cánovas no votó a Alfonso XII en la elección parlamentaria del 16 de noviembre de 1870. Explicó por carta a Isabel II que las Cortes no elegían rey, sino que solo podían reconocerlo⁵.

Era imposible, en opinión de Cánovas, establecer un régimen basado en el sufragio universal masculino, cuyas instituciones, incluida la Corona, dependieran de la opinión pública, sin que hubiera costumbres públicas liberales bien asentadas y sin que los dirigentes políticos fueran prudentes y responsables. La combinación de demagogia, intolerancia e irresponsabilidad con sufragio universal masculino podía ser demoledora. Tomaba como ejemplo la revolución francesa de 1848, un régimen democrático basado en el sufragio universal masculino que había estado surcado de revueltas socialistas contra las instituciones y que había terminado con un golpe de Estado refrendado por un plebiscito.

A diferencia del Partido Radical de Ruiz Zorrilla, Cánovas nunca pactó con los enemigos de la Constitución de 1869 durante el reinado de Amadeo de Saboya. Los radicales sí pactaron con republicanos y carlistas para ir juntos a las elecciones, y desestabilizaron a la monarquía democrática todo lo que pudieron. Cánovas insistió en apoyar a los Gobiernos conservadores en cuanto eran representantes del principio de orden y, por tanto, y a su entender, beneficiosos para la sociedad. Apoyó así al Gobierno Malcampo, progresista conservador, a finales de 1871; luego, a Sagasta hasta su caída y, por último, a Serrano hasta junio de 1872, cuando Amadeo I despidió a los conservadores. Cuando los radicales lo expulsaron con malas artes de su distrito de Cieza y Yecla, en Murcia, publicó un folleto diciendo que se despedía de la monarquía democrática, a la que veía ya fallida, y giraba sus ojos hacia otro proyecto.

Cánovas no quiso saber nada de Isabel II hasta junio de 1872, cuando los radicales echaron a los conservadores constitucionales y se aliaron con los republicanos. Entendió entonces que la situación estaba perdida, que la monarquía de Amadeo tenía los días contados. Había sido una ocasión perdida y era preciso pensar en un nuevo proyecto. En 1869, rechazó una invitación de Isabel II argumentando que su corte estaba compuesta por elementos dañinos para la libertad y para la monarquía, y aconsejó generosidad, abnegación y prudencia⁶. Isabel II, que aún tenía una mentalidad golpista y revanchista, no quiso escuchar los consejos de Cánovas. A la pregunta de si era aconsejable la abdicación aseguró que no tendría resultado inmediato⁷.

En septiembre de 1871 Isabel II dejó la dirección del alfonsismo a su madre, María Cristina, que era como decir que se ocupaba el duque de Riánsares, su esposo. Fernando Muñoz mantenía una muy buena relación con políticos y militares desde la década de 1850. Tenía una gran capacidad de organización y lo primero que hizo fue intentar la reconciliación de la familia real. Esto implicaba que Isabel II hiciera las paces públicas con el duque de Montpensier, su cuñado y financiador de la Revolución de 1868. En un segundo plano quedó Francisco de Asís. En enero de 1872 Riánsares y Montpensier llegaron a un acuerdo sobre la Restauración, que fue conocido como Convenio de Cannes. Por él, Montpensier se erigía en jefe del alfonsismo, sería el regente hasta la mayoría de edad de don Alfonso y una de sus hijas se casaría con el príncipe. El plan político contemplaba la convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Montpensier disgustaba al moderantismo y a los militares, y tampoco gustaba a los conservadores, a los viejos miembros de la Unión Liberal y mucho menos a Serrano. No obstante, constituyó un Comité de Madrid con viejas glorias conservadoras para organizar el partido alfonsino⁸.

Con Montpensier el alfonsismo se limitó a combinar la propaganda —mediante la financiación de periódicos como El Tiempo— con la espera a que se produjera un pronunciamiento militar como los orquestados por el general Valmaseda, aunque no consiguió controlar a los alfonsinos civiles ni a los militares. La aportación de Montpensier al proyecto restaurador fue construir la imagen de Alfonso XII como un rey liberal. A tal objeto hizo que la prensa publicara una carta suya dirigida a Campo Sagrado, un aristócrata alfonsino, en la que anunciaba que Alfonso XII sería un rey constitucional para todos los liberales, asumiendo lo que de «fecundo, de útil y de bueno» hubiera traído la Revolución⁹. Pero en aquellos momentos Montpensier se enfrentaba a otra monarquía, la de Amadeo de Saboya, que aún no había caído, y la restauración solo podía imponerse por la fuerza. Los viejos generales moderados, como Cheste, Gasset, Calonge, Lersundi o Reina, intentaron hasta en cinco ocasiones un pronunciamiento en 1872¹⁰.

No obstante, Isabel II no respetó el Convenio de Cannes y mantuvo una dirección paralela del alfonsismo que la enfrentó a Montpensier¹¹. Contó con agentes como Jacinto María Ruiz, Lersundi, Cánovas y Rodríguez Rubí, que se entendían con Serrano a espaldas de Montpensier. Además, en mayo de 1873, Isabel II encargó a Cánovas que redactara una carta firmada por seis exministros moderados en la que protestaban por la dirección de Montpensier para boicotear su jefatura¹². Isabel II prefería al duque de la Torre, en quien confiaba quizá por costumbre y por influencia de Jacinto María Ruiz, que siempre creyó en Serrano.

Cánovas, ya desligado de sus compromisos con la monarquía de Amadeo de Saboya, se entrevistó en agosto de 1872 con Serrano, por indicación de Isabel II. No llegaron a ningún acuerdo. El duque de la Torre se dejó querer, como hacía siempre, porque le gustaba la adulación, y aceptó encabezar el movimiento alfonsino en el futuro¹³. La realidad es que Serrano no se comprometió con nadie y, por eso, Cánovas desconfió siempre de él, aunque sin perder de vista sus movimientos. En diciembre de 1872, Serrano propuso al viejo general moderado Lersundi unir a los adversarios de los radicales bajo el lema de «Cuba española» y, una vez pacificada la isla, proclamar a Alfonso XII¹⁴. El plan gustó a Isabel II. Era una forma de presentar al príncipe como cabeza de un proyecto patriótico que podía unir a la mayoría de los españoles con independencia del partido al que siguieran. Por supuesto, Serrano encabezó la Liga Nacional constituida a finales de 1872, y se rodeó de viejos unionistas. Todavía en enero de 1873, la reina Isabel y María Cristina creían que Serrano colocaría a don Alfonso en el trono, según las cartas que el duque les enviaba¹⁵. Isabel II escribió a Serrano a principios de enero de 1873 «ofreciéndole el niño sin reserva ninguna»¹⁶. Cánovas consideraba a Serrano un hombre ambicioso sin palabra. De hecho, la renuncia de Amadeo de Saboya separó a Serrano del alfonsismo porque le abrió la posibilidad de volver a ser jefe del Estado.

Las numerosas críticas que había recibido obligaron a Montpensier a devolver los poderes el 2 de enero de 1873. El general Gasset escribió a Riánsares que la jefatura de Montpensier solo les había perjudicado¹⁷. Había fallado porque nadie en el alfonsismo quería su regencia¹⁸. Isabel II, ya liberada de su cuñado, intentó que Serrano tomara la jefatura del alfonsismo. El intento de hacerse con el poder el 23 de abril había llevado al duque de la Torre al exilio en Francia y la reina intentó hasta junio de 1873 que Serrano la visitara —incluso encontrarse ambos en un punto intermedio—, pero el duque de la Torre no quiso. Serrano ya tenía otros planes.

La jefatura de Cánovas casi fue resultado de un descarte. Isabel II tenía sus reticencias. Según Jacinto María Ruiz, el marqués de Alcañices fue quien más trabajó para que Cánovas fuera el jefe del alfonsismo¹⁹. El proyecto de Cánovas era mantener la imagen de don Alfonso ligada al liberalismo que había iniciado Montpensier, y que se convirtiera en la esperanza común a todos los partidos para conseguir una España de orden con libertad. Esto fue lo que escribió a Isabel II en enero de 1873: la revolución había quebrantado los antiguos partidos y no debería hablarse más de ellos, sino del príncipe, ya que cuando don Alfonso estuviera en el trono surgirían partidos nuevos. La reina dio a Cánovas la dirección del alfonsismo el 4 de agosto²⁰ y el 23 de ese mes el marqués de Molins redactó la carta que le otorgaba plenos poderes. Cánovas puso dos condiciones: que la carta estuviera firmada por Isabel II y por el príncipe Alfonso, y que la reina no regresara a España hasta que el trono estuviera firmemente asentado²¹.

El mejor agente publicitario del alfonsismo fue el caos de la República en 1873. Se convirtió en la opción refugio de liberales y conservadores monárquicos. Tan solo El Imparcial, periódico radical, levantó la bandera del «rey X», que finalmente resultó ser Fernando Coburgo, rey de Portugal, lo que era volver sobre una candidatura que ya fracasó en 1870. Entre los constitucionales había quienes veían a la República como el modo de conservar la Revolución de 1868 y la Constitución de 1869, y sus carreras y dignidad políticas. Era el caso de Topete y Víctor Balaguer, quienes argumentaban que con la llegada de Alfonso XII se produciría una reacción política y clerical. También había constitucionales para los que mantener los principios de la Revolución era posible, o más eficaz, con una forma monárquica, y que el candidato más indicado para ellos era don Alfonso. Ahora bien, esta solución suponía —como se vio cuando explicamos el plan de Sagasta— orillar a los republicanos y radicales, incluso a los constitucionales no monárquicos, y pactar con Cánovas la restauración. También hubo quienes, como Romero Robledo y López de Ayala, se declararon alfonsinos.

Las clases conservadoras y medias, según se leía en la prensa, ansiaban una solución de orden que devolviera la tranquilidad a un país asolado por tres guerras civiles y que asegurase la vida y la propiedad. Vencido el cantonalismo, pero aún en la memoria, quedaba en pie el carlismo, lo que daba a la situación un carácter de excepcionalidad y la necesidad de unidad de los partidos para alcanzar la paz.

Cánovas quiso encauzar esa demanda hacia el alfonsismo y convertir al príncipe en la solución, en la esperanza de una España alejada del caos sin volver al moderantismo y manteniendo las conquistas revolucionarias que fueran compatibles con el orden. Esto suponía construir una estructura de asociaciones civiles no por partidos, sino por tendencias políticas, desde los moderados liberales hasta los defraudados de la Revolución. Había que mover a la opinión pública demostrándole que existía una solución política, ya que hasta entonces dichas clases conservadoras y medias había rechazado el alfonsismo. Ya en agosto de 1872 Isabel II había escrito a Jacinto María afirmando que esas clases debían salir de su «timidez y apatía» para defender «también sus propios y materiales intereses» porque, si llegaba la república, quienes más iban a sufrir eran ellas²².

Los círculos alfonsinos serían la base del movimiento, útiles para demostrar la opinión de los españoles, según entendía Cánovas, y como estructura ante una convocatoria electoral. Esa movilización requirió de la prensa, como habían hecho antes Riánsares y Montpensier. Ya se pagaba desde hacía tiempo a El Eco de España, de Agustín Esteban Collantes; La Política, El Tiempo y El Diario Español, así como a tres diarios de provincias. Por el contrario, La Época no recibía subvención²³. Al tiempo constituyó una junta en Madrid compuesta por Carramolino, Moyano, Molins, Barzanallana, Romero Robledo, Torrecilla, Goicoerrotea y el conde de Toreno. El reclutamiento se hizo a través de dos tipos de círculos: unos más conservadores, para integrar a los moderados²⁴, en algunos casos organizados ya desde 1870, y otros más liberales, para dar cabida a los desengañados de la revolución. Romero Robledo tuvo un papel importante en el alistamiento de los desengañados y López de Ayala, en implicar a los círculos hispanoultramarinos²⁵. Los círculos alfonsinos estuvieron integrados, sobre todo, por las clases medias, especialmente los llamados «círculos populares», compuestos por gente de extracción más modesta, y, en Madrid, al menos, se formó un grupo de voluntarios armados. Cánovas se apuntó al Círculo Alfonsino Madrileño, con los desengañados²⁶.

La personalidad del príncipe también era un factor importante. Las expectativas debían verse satisfechas con la figura de un Borbón con la formación militar y política necesarias. No era creíble hablar de una monarquía liberal de amplia base que impondría la paz con un rey sin estudios ni conocimientos militares. Su figura debía ser sinónimo de paz, orden y libertad, constituir el punto final del caos revolucionario y carlista. En este sentido, Cánovas continuó el plan iniciado en 1872 por Montpensier y Alcañices, y don Alfonso fue a estudiar al Theresianum de Viena —«el Principito dicen que salió sobresaliente en los exámenes», escribió Del Mazo— y luego al Real Colegio Militar de Sandhurst (Inglaterra)²⁷.

Pero Cánovas no logró que don Alfonso dejara de ser identificado como el rey del Partido Moderado. También es cierto que no tuvo suficiente tiempo. El manifiesto de Sandhurst del 1 de diciembre de 1874 fue positivo para ofrecer esa imagen de rey de todos los liberales, pero insuficiente. Los constitucionales reconocían que el futuro de España era Alfonso de Borbón, pero no confiaban en él completamente ni en su círculo. «Hoy nadie en España conoce a Don Alfonso más que los moderados», escribió el diplomático Cipriano del Mazo. En esa tesitura, los liberales consideraban que su «triunfo sería el vencimiento y la humillación de los partidos que concurrieron a la revolución de septiembre en 1868». Esta sensación, o miedo, era un obstáculo para la restauración:

El día que pudiera ser Rey de los Españoles nos daría una solución, pero eso de ser Rey de los hombres del Partido Moderado exclusivamente ni puede tener hechura ni pudiera convenirle, a él menos que a nadie²⁸.

Cánovas necesitaba más tiempo para trabajar esa imagen de rey de todos los españoles, sin poner en peligro las libertades ni perseguir a los revolucionarios permitiendo un ajuste de cuentas de los moderados. Esto, a su vez, suponía un enfrentamiento de Cánovas con los sectores vengativos y golpistas del moderantismo alfonsino. El mantenimiento de la unidad del alfonsismo era una pieza clave para presentar al país una bandera definida y robusta a la que agarrarse. En una carta a Martínez Campos fechada el 30 de abril de 1874, le conmina a no hacer nada sin un «acuerdo bastante extenso con otros amigos para asegurar el resultado» y que trabaje para «mantener en haz todos los recursos, y que nadie o casi nadie se segregue»²⁹. Cánovas no consiguió esa unidad y disciplina del alfonsismo, y Martínez Campos no la consideró necesaria.

MARTÍNEZ CAMPOS Y EL ALFONSISMO GOLPISTA

La República de 1873, como se señaló antes, fue la mejor propaganda para el alfonsismo. La opinión pública se conmovió con los golpes de Estado durante el Gobierno de Figueras, la declaración del Estado catalán, el golpe de Pi y Margall, las elecciones no competidas de mayo, la división irreconciliable entre republicanos, los asesinatos de las autoridades en Alcoy, la presencia de la Internacional en el cantonalismo, el mismo levantamiento cantonal que comenzó en Cartagena y que siguió en Andalucía y Valencia, como puntos más importantes; la indisciplina en el Ejército con el asesinato de oficiales, la negativa de los Gobiernos a aplicar la ordenanza militar, el desorden por el reparto generalizado de armas entre milicianos, los abusos y robos que realizaron estos «gorras coloradas», la expansión del carlismo, el desprecio del resto de Europa, las constantes crisis de gobierno, el problema del Virginius, que casi supuso una guerra con Estados Unidos, la piratería de la flota cantonal con el bombardeo de Almería y Castellón, y la intervención de barcos de guerra extranjeros en aguas españolas. A esto se sumó que los republicanos decidieron echar al único Gobierno que había antepuesto el orden a La Federal, el de Emilio Castelar, a pesar de que era vox populi que iba a darse un golpe de Estado.

No obstante, aquel caos animó al alfonsismo golpista, que trabajaba por un pronunciamiento que sentara a don Alfonso en el trono. Esta tendencia chocó con la jefatura de Cánovas, al que veían indeciso y poco resolutivo, lento, y que perdía oportunidades. Una de ellas se produjo, a su entender, el 3 de enero de 1874. Cánovas había tenido «noticias exactas» de lo que iba a ocurrir en esa sesión, como todo el mundo político madrileño. Reunió a los diputados alfonsinos poco antes y decidieron no participar en la nueva situación, a no ser que el nuevo Gobierno proclamara a Alfonso XII. En la noche del 2 al 3 de enero, Cánovas se colocó en las cercanías del Congreso para seguir los acontecimientos, en contacto constante con los diputados alfonsinos de las Cortes, algunos generales adictos, y con las «personas que preparaban, dirigían y llevaron al fin a cabo el golpe de Estado»³⁰.

En la madrugada del 3 de enero de 1874, Pavía llamó a los principales hombres de los partidos, entre ellos Elduayen y Cánovas. El propósito de Pavía era que se formara un Gobierno de coalición nacional que salvara el orden y la sociedad bajo la República para que no fracasara la Revolución de 1868. Cánovas se opuso y postuló la formación de un Gobierno neutral y provisional que preparase el advenimiento del príncipe Alfonso; esta postura ya la sostuvo en una reunión en Biarritz, en el verano de 1873, ante la eventualidad de un golpe de Estado de radicales y constitucionales. Sagasta apoyó la idea de Cánovas, pero la mayoría se negó firmemente³¹. Se impuso la solución de Pavía, y Cánovas rechazó toda participación en el Gobierno. Creía que la revolución había llegado a su última etapa, y que aquellos hombres solo querían aferrarse al poder, y que por tanto fracasarían pronto³². La negativa de Cánovas a participar en el Gobierno fue entendida por algunos alfonsinos como una ocasión perdida que criticaron, y siguieron con sus planes para llevar a cabo un pronunciamiento militar³³. Maffei informó a su Gobierno de que el país había aceptado el golpe como una solución de orden, pero sin ilusión por los hombres que habían formado el Ejecutivo ni por la República. «Los partidarios del príncipe Alfonso, que están comenzando a ganar terreno», acogieron el golpe, escribió, como «el primer paso hacia su restauración»³⁴.

Cánovas informó al príncipe Alfonso y a Isabel II de que el poder estaba en manos del Ejército, y que «República, democracia, principios democráticos, todos están heridos de muerte». Era preciso ser paciente. Don Alfonso aún era menor de edad, y el país tenía que pacificarse, al tiempo que las clases conservadores y medias debían convencerse de apoyar a la figura del príncipe. Recalcó que la Restauración debía ser un reconocimiento impulsado por el movimiento de la opinión, no el resultado de un pronunciamiento, de un acto violento para imponer un rey y un régimen de partido. Este planteamiento contrastaba con su afirmación de que el poder estaba en manos del Ejército.

Nada se podía hacer sin los militares en 1874, lo que obligaba a mantener un difícil equilibrio entre el deseo de que fuera un movimiento civil y la realidad reconocida, esto es, el poder militar. El programa de Cánovas era la combinación de ambas circunstancias: un consentimiento militar a una decisión civil, o una iniciativa militar pacífica que contara con el apoyo mayoritario de la opinión. En ningún caso, la restauración de Alfonso XII debía suponer el derramamiento de sangre, por lo que debía evitarse un pronunciamiento clásico. Había que esperar al fracaso de Serrano, a quien Cánovas definió como soldado de fortuna, ambicioso, que aspiraba a usar la forma republicana, como Mac Mahon en Francia, pero como dictadura personal³⁵. Si el Gobierno estaba agotado y débil ante la opinión pública, un pronunciamiento o la declaración de un militar con prestigio nacional, no de partido, podía tener éxito sin efusión de sangre.

Serrano, a tenor de su inactividad política, era consciente de la pérdida de apoyo. La liberación del sitio de Bilbao lo reconcilió con la realidad. La parte más activa del Ejército quería la vuelta de Alfonso XII, y sus hombres más cercanos, como Zavala y Sagasta, pensaban que la situación era una transición hacia la restauración. Sagasta era monárquico, como se vio en las conversaciones de Biarritz del verano del 73 y en las reuniones de la junta directiva del Partido Constitucional de otoño de ese año. Su propuesta para salvar la Revolución de 1868 era que esas Cortes prometidas eligieran a Alfonso XII para reinar con la Constitución de 1869. En la reunión de Cortes, por tanto, se tenían «grandes esperanzas»³⁶.

En mayo, Sagasta provocó la dimisión de los radicales para contar con un Gobierno enteramente constitucional, y en septiembre asumió la Presidencia del Gobierno librándose de Zavala. La crítica a la política militar de Zavala en el norte partió de sus hombres y de su prensa. Zavala era un obstáculo porque, aun siendo alfonsino, quería diluir el protagonismo de Sagasta en la restauración con un Gobierno de conciliación. Desde septiembre Sagasta dominó la situación desde el Ministerio de la Gobernación y desde la Presidencia, llenando los ayuntamientos y las diputaciones con constitucionales. Esa era la garantía de ganar las elecciones. Su intención era conseguir la restauración parlamentaria, que era otra forma de ser alfonsino. De esta manera, el alfonsismo iba ganando adeptos en la sociedad civil y en el Ejército ante el hartazgo de la interinidad.

La propuesta consistía en que el Gobierno convocaría Cortes extraordinarias a cambio de que los alfonsinos reconocieran el carácter provisional de la Jefatura del Estado de Serrano y colaboraran activamente en el proceso político. Su intención, como se dijo, era elegir a Alfonso de Borbón como rey de España³⁷. Cánovas se negó. Quería el reconocimiento, no una elección que dejaba al monarca en manos de las Cortes, como ocurrió con Amadeo de Saboya. Tampoco quería reconocer la jefatura de Serrano, sino que el Gobierno declarase una regencia, y no se fiaba del duque de la Torre. La prensa constitucional, como la Revista de España y La Iberia, se decantó por la restauración parlamentaria, con una elección pactada entre liberales, no por un reconocimiento³⁸. Esto coincidía con la estrategia de Cánovas, cuya intención era que la prensa reflejara que la situación política era interina, y que Alfonso XII fuera visto como el «único puerto de salvación que queda a los verdaderos liberales españoles»³⁹. La situación estaba donde Cánovas quería, según contó Salaverría a la reina: la restauración se impondría por necesidad⁴⁰.

No obstante, Cánovas no controlaba a los sectores golpistas del alfonsismo, que pensaban que su plan era muy lento y tenía el riesgo de que asentara el mandato de Serrano. El más influyente de ellos era el general conde de Valmaseda, muy resentido con los revolucionarios por haberle separado del mando en Cuba, y cuyo brigadier había sido Martínez Campos. Valmaseda quería una restauración reaccionaria, al viejo estilo del Partido Moderado, y por tanto incompatible con Cánovas⁴¹. Valmaseda actuaba por su cuenta. En julio de 1873 orquestó un pronunciamiento en Madrid contra el Gobierno de Pi y Margall, junto a Martínez Campos, Gasset y el coronel Iglesias, el mismo guardia civil que entró en las Cortes el 3 de enero de 1874. Valmaseda no dio el golpe del 18 de julio porque Pi dimitió⁴². El general Cheste, por otro lado, reunió a viejos moderados que resultaron muy activos en 1874 y que recelaban de Cánovas.

Martínez Campos tomó el relevo a Valmaseda en 1874. Criticó que Cánovas no aceptara un puesto en el Gobierno de Serrano el 3 de enero. Por eso llevó a cabo, entonces, un conato de pronunciamiento en Barcelona. Contó a Isabel II en una carta que pudo ir a más porque era capitán general de Cataluña y «tenía veinte batallones a mi disposición»⁴³. El fracaso le llevó a la cárcel del castillo de Bellver en Mallorca. Allí recibió una carta de Cánovas, fechada el 26 de febrero, pidiendo calma. Martínez Campos contestó días después haciendo gala de su fidelidad a Alfonso de Borbón desde 1868, sus trabajos con Valmaseda y la intentona en Barcelona. Confesó que había aceptado el mando en Cataluña en diciembre de 1873 porque esperaba un golpe el 2 de enero y que, rota la legalidad, podía intentar el pronunciamiento. Anunció a Cánovas que si alcanzaba «prestigio bastante después de un combate» levantaría «la bandera de don Alfonso con fuerzas bastantes para que el movimiento sea general». Esta manifestación no implicaba más que desobedecer a Cánovas, por lo que Martínez Campos terminaba diciendo que esa era su «profesión de fe» y que por eso se la contaba «sin diplomacia»⁴⁴.

Isabel II era consciente de esta desorganización y mandó que todos los «partidarios de mi hijo, sin distinción de matices» se pusieran bajo la «dirección de Cánovas». La reina se había convencido, o eso parecía, de que la restauración no sería posible «sin la más perfecta unidad de pensamiento y acción»⁴⁵. Cánovas necesitó viajar dos veces a París para reforzar su jefatura ante Isabel II. Presentó en dos ocasiones la dimisión antes de agosto de 1874, y amenazó con dimitir a principios de ese mes si no se le dejaba en exclusiva la dirección del partido y el plan educativo y de imagen de don Alfonso⁴⁶. La impaciencia de los militares ponía en peligro la restauración nacional, no de partido ni personal. Consideraba que los militares habían utilizado a Isabel II para satisfacer «sus ambiciones y pasiones políticas hasta haberla destronado»⁴⁷. Sin embargo, esta declaración de intenciones no suponía que Cánovas no pensara en una intervención militar, sino en que esa actuación tenía que ser concebida al margen de los partidos, como un movimiento nacional expresado por un general de prestigio irreprochable, y Martínez Campos no encajaba en ese perfil. Cánovas pensó que el marqués del Duero, general destinado en el Ejército del Norte, mandara a Madrid dos oficiales para pedir a Serrano la proclamación de don Alfonso tras la previsible victoria ante los carlistas en Estella⁴⁸. El plan fracasó porque una bala perdida acabó con la vida del militar el 27 de junio de 1874. Este plan militar de Cánovas sorprende porque habría dejado en manos de Serrano el reconocimiento de Alfonso XII.

La discordancia entre los militares alfonsinos y Cánovas era casi completa. El alfonsismo golpista quedó muy molesto porque tras el levantamiento del sitio de Bilbao no hubo un pronunciamiento. Antonio María Rubio escribió a Isabel II: «¡Bilbao libre, y no proclamado Don Alfonso!»⁴⁹. Culpaban a Cánovas. Los testimonios que llegaban a Isabel II la tenían desesperada. «Lo de España está muy malo», le dijo a la reina Cristina en mayo. Oñate —que firmaba sus cartas como «Argüelles»— escribió que el «triunfo del Príncipe no es cosa tan próxima como muchos creen», en referencia a Cánovas⁵⁰. Las noticias que llegaban de España a Isabel II eran, además, muy confusas. El 3 de junio se recibió en casa de María Cristina una carta que decía: «Candidato alemán. Serrano y Gobierno en ello, y lo que es peor, Concha. Cánovas engañado»⁵¹. Pero nada de esto era cierto. También circuló la posibilidad de que Isabel II abdicara formalmente ante las nuevas Cortes. Escribió algunas cartas para comentarlo y pidió consejo a Manuel Cortina, viejo amigo de la familia, que lo desaconsejó⁵². El desconcierto era grande en la corte de París, y el trabajo de Cánovas y Salaverría para sosegar a todos, incluso a Isabel II, y unirlos en un solo plan, no obtuvo siempre la aceptación de los alfonsinos.

Martínez Campos era de los que creían que Cánovas era lento e indeciso, que no conocía el sentir del Ejército y que se perdían oportunidades. Nunca creyeron en el plan de Cánovas para la restauración. El respeto a la jefatura de Cánovas, que no era mucho, se debió más a la obediencia a Isabel II que a su confianza en los planes. Desesperados, Valmaseda envió al capitán de Artillería, Sánchez Bedoya, para entrevistarse con Cánovas en Madrid. El político no le recibió durante veinte días, así que el militar fue el 28 de agosto de 1874 al encuentro de dos de sus colaboradores, Romero Robledo y Antonio Fabié, para dar el comunicado. «Digan ustedes a Cánovas que los generales harán rey de España al príncipe Alfonso antes de tres meses»⁵³.

La publicación del Manifiesto de Sandhurst, fechado el 1 de diciembre de 1874, disgustó al sector golpista cercano a los moderados. No gustó que el príncipe Alfonso, ya con 17 años y sin necesidad de regencia, asegurase a través de la pluma de Cánovas que buscaba la conciliación de los liberales y la monarquía constitucional como forma de gobierno. El talante liberal del Manifiesto provocó que los generales Valmaseda, Martínez Campos y otros aceleraran el pronunciamiento. La ocasión les pareció propicia porque el 9 de diciembre Serrano abandonó Madrid para dirigir el Ejército del Norte y, si volvía con una victoria, se podría asentar su dictadura. Además, Sagasta supo que Martínez Campos iba por Madrid reclutando voluntades, por lo que indicó al general Fernando Primo de Rivera que vigilase al alfonsino. No sabía Sagasta que este general estaba también en la conspiración, aunque sin mucha decisión. El plan de Martínez Campos era sublevarse en Madrid, pero el Gobierno lo impidió encarcelando a varios generales moderados. Martínez Campos sondeó a Jovellar, Arrando y La Serna, que no quisieron dar el paso y provocaron la división del Ejército cuando se iba a enfrentar a los carlistas. Podía contar con el brigadier Luis Dabán, decidido a pronunciarse antes del 30 de diciembre incluso por su cuenta, según escribió al propio Martínez Campos. Comunicado el plan a Alcañices el 26 de diciembre de 1874, Cánovas lo desaprobó totalmente.

El divorcio con Cánovas era completo. Martínez Campos creía que no iba «por buen camino» y escribió al príncipe Alfonso para pedirle que le dejara «obrar independientemente» de Cánovas⁵⁴. En la carta que dejó para él fechada el 27 de diciembre decía que se iba a pronunciar y que con ello perdía la «protección del partido». «La decisión que tomo hoy la debí tomar hace 45 días», escribió, es decir, a mediados de octubre. Se inclinaba ante esta opción porque la opinión alfonsina estaba formada y le daba «miedo la candidatura de Montpensier». Era el momento adecuado por la «impotencia» del Gobierno de Serrano. No descartaba una batalla, como la de Alcolea, en la que un enfrentamiento derribó a los Borbones y otro pudiera restaurarlos. Esto era justo lo que no quería Cánovas: derramamiento de sangre por la proclamación de Alfonso XII, lucha entre partes del Ejército justo cuando se combatía al carlismo. Además, Martínez Campos se permitía sugerirle la composición del Gobierno que habría que formarse: el general Quesada como ministro de la Guerra, «tres ministros del antiguo Partido Moderado, y los otros 4 del partido más liberal; es necesario que haya conciliación al menos en los primeros momentos». Pedía también que sustituyera al general José de la Concha como capitán general de Cuba por Valmaseda, para que no se perdiera la isla. «La diferencia entre V. y yo —concluía— estaba en los distintos modos de procedimiento en la cuestión de alzamiento»⁵⁵. El 29 de diciembre, como es conocido, Martínez Campos se pronunció.

EL FIN DE LA REPÚBLICA

Cánovas montó en cólera al conocer que Martínez Campos se había pronunciado. Tenía un acuerdo con el general Fernando Primo de Rivera, capitán general de Castilla la Nueva, y con el general Jovellar, jefe del Ejército del Centro, para hacer la transición al alfonsismo. Además, contaba con la imparcialidad del Cuerpo de Artillería. Era el segundo plan militar de Cánovas tras el fallido de Concha. Al conocer los hechos, calificó lo de Sagunto de «calaverada de Martínez Campos» e intentó que fracasara. Primo de Rivera, alfonsino, vaciló entonces. Era una enorme responsabilidad enfrentarse al Gobierno de Serrano por un pronunciamiento alfonsino que no respaldaba Cánovas. Adoptó entonces una solución intermedia: encarceló a Cánovas siguiendo órdenes del Gobierno, pero dándole libertad de movimientos. Así, desde su falso encierro, Cánovas envió emisarios a los centros alfonsinos para que no secundaran el pronunciamiento, entre ellos al general Fernández San Román. Luego escribió una protesta contra el pronunciamiento y se la entregó a Ignacio Escobar, director de La Época, que decidió no publicarla. El escrito, por lo que se sabe, exponía que la restauración no debía hacerse a través de un acto militar a la vieja usanza, sino que tendría que ser el resultado del movimiento de la opinión pública, y que él no lo había autorizado.

Lo que terminó de dar impulso al pronunciamiento, y con ello a que muchos se decidieran, entre ellos, Primo de Rivera, fue que Jovellar telegrafió al Gobierno para anunciar que se adhería al pronunciamiento⁵⁶. «Si Jovellar ha entrado en el movimiento, seguirá como fiesta de pólvora por toda España», escribió Rascón a Vega de Armijo⁵⁷.

Serrano, que estaba en el norte, recibió la noticia antes de entrar en batalla. Reconoció que no tendría fuerza entre sus tropas para desbaratar el pronunciamiento alfonsino, habida cuenta, además, de que Jovellar, capitán general del Centro, había secundado a Martínez Campos. Sagasta afirmó entonces: «Esto no tiene remedio». El general La Serna, que estaba en el norte con Serrano, anunció que las tropas «no se batirán contra sus hermanos»⁵⁸. En Madrid, el círculo popular alfonsino estaba dispuesto a respaldar con las armas el pronunciamiento, ya que contaba con más de 2.000 civiles armados⁵⁹. Pero no iba a hacer falta: el ministro de la guerra, Serrano Bedoya, visitó los cuarteles junto a Primo de Rivera y comprobó que la tropa era alfonsina.

Mientras, Figueras, Pi y Margall y Salmerón; los intransigentes Emigdio Santamaría y Guisasola, el general Hidalgo, Rispa y Perpiñá y otros de menor peso estaban reunidos. Rispa escribió que tenían «relaciones íntimas con Ruiz Zorrilla y sus amigos», quienes a su vez estaban en contacto con Sagasta a través de Moreno Benítez, gobernador civil de Madrid⁶⁰. En realidad, no pintaban nada frente al poder del ejército alfonsino, ni siquiera ante lo que le quedaba al Gobierno.

Ruiz Zorrilla visitó a Sagasta. Curiosamente, el exjefe radical que había intentado echar de la política a Sagasta desde 1871, ese día le ofreció iniciar juntos otra guerra civil enviando a Madrid la brigada de su pariente, el brigadier Francisco Ruiz Zorrilla, quien, por cierto, había dirigido el Primer Batallón del Regimiento de Ingenieros en la represión del alzamiento republicano en 1869, y había servido junto al general Fernando Primo de Rivera en 1872 contra los carlistas. Lanzar al brigadier Ruiz Zorrilla contra su antiguo jefe, el general Primo de Rivera, tampoco parecía la mejor idea, ni muy realista. Es más: el brigadier Ruiz Zorrilla se puso pronto a las órdenes del Ministerio Regencia para seguir la guerra en el Norte y acabó como mariscal de campo. También propuso Ruiz Zorrilla a Sagasta que sustituyera al general Fernando Primo de Rivera, capitán general de Madrid, por el general Lagunero.

Tras la charla, Ruiz Zorrilla y sus acompañantes bajaban la escalera de la Presidencia, se cruzaron con un «hombre público, revolucionario tibio, muy amigo de Sagasta y ministro con él durante la Restauración». Al verlo, Ruiz Zorrilla supuestamente comentó: «Ese que sube evitará que Sagasta cumpla lo ofrecido»⁶¹. Este diálogo, sin nombres y excesivamente teatral, escrito por un zorrillista, Emilio Prieto, que intentó un pronunciamiento contra Sagasta en 1886, sugiere que Sagasta dio por buenas las sugerencias. Sin embargo, lo más probable es que Sagasta, que despreciaba cordialmente a Ruiz Zorrilla, diera a entender que le parecían grandes ideas pero que ni las tuviera en cuenta. Esas frases apócrifas de Ruiz Zorrilla también querían mostrar, a posteriori, que él fue el único en prestar su ayuda al Gobierno de la República, pero no hay que olvidar que la gran baza del zorrillismo en la Restauración fue apropiarse del legado de la Revolución de 1868. En todo caso, no se trató más que de un apoyo moral, como hicieron igualmente Castelar, Topete y Martos⁶².

A las siete y media de la tarde comenzó la conversación telegráfica de Serrano con el Gobierno⁶³. Dieron noticia de la visita del ministro de la Guerra a los cuarteles madrileños. De todas partes, escribieron, «nos llegan noticias de la impaciencia que aqueja a los alfonsinos» y de la «dificultad para contenerlos». Augusto Ulloa, ministro de Estado, y el más serranista de todos, contó que obligó a Primo de Rivera a que mantuviera el orden mientras llegaba Serrano. El capitán general se negó porque el duque de la Torre tenía pensado ir a Madrid con tropas, y eso supondría un enfrentamiento. Lo mejor era que el Gobierno aceptara el pronunciamiento. Intervino Navarro y Rodrigo, ministro de Fomento y hombre de confianza de Sagasta, para señalar que una lucha supondría defender la República apoyándose en los cantonales, en la «demagogia», y que era preferible «buscar un pacto en interés de todos» y contar con Serrano. Primo de Rivera contestó que la Restauración iba a hacerse sin derramamiento de sangre, y que quería «contar, hasta cierto punto, con el apoyo o el consentimiento del actual jefe del Estado».

Serrano podía acudir solo a Madrid, pero en ningún caso acompañado, dijo Primo de Rivera. En esas circunstancias, el duque de la Torre comprendió que había perdido la partida. Ya desde noviembre, Decazes, ministro de Exteriores francés, aconsejó a Serrano que proclamara rey de España a Alfonso XII⁶⁴. No se decidió y esperó, y ello supuso su derrota. Cierto es que él contaba con que en ese momento tenía en la estación un tren con un batallón, y «otros siete están en marcha». Pero dijo a los ministros que el general La Serna y otros le habían confesado que sus tropas no iban a luchar contra sus compañeros. Este hecho no dejó lugar a dudas: el golpe había ganado. Relevar a Primo de Rivera podría suponer que la guarnición se rebelara a favor de los alfonsinos, y no estaba dispuesto a someterse a las condiciones de Primo ni a generar un enfrentamiento. Declaró que aceptaría un «ministerio nombrado por los hoy rebeldes» porque la situación era «insostenible» y «era preciso que se resuelva pronto para honra de todos». La resolución fue indiscutible: «Desistiré de mi marcha esta noche».

Sagasta intervino para proponer la resistencia, si Serrano contaba con «la lealtad activa de ese ejército», el del Norte, y llegaba pronto a Madrid. Parecía un ofrecimiento destinado a halagar al duque de la Torre más que el de un presidente del Gobierno consciente de la realidad, o que no hubiera escuchado las noticias del general La Serna. A Ulloa se le ocurrió trasladar al Ejecutivo fuera de Madrid y resistir, si Serrano así lo quería, en Sigüenza o Guadalajara. Pero Serrano se negó: «El patriotismo me veda que se hagan tres gobiernos en España», escribió. Ulloa le aconsejó que se quedara en Logroño, Serrano se despidió agradeciendo su lealtad y Sagasta contestó: «Nos despedimos de Vd. con lágrimas en los ojos». La conversación acabó a las nueve de la noche.

Entonces fue cuando el Gobierno hizo llamar al general Primo de Rivera. Discutieron, a decir del embajador Maffei, pero resignaron sus poderes en el militar. Al parecer, Primo de Rivera, para fortalecer su argumento de que el Ejército estaba con el pronunciamiento, hizo pasar una comisión de la guarnición de Madrid para corroborar su afirmación. El Gobierno protestó, pero se retiró, y el poder quedó en manos de Primo de Rivera. A continuación, el capitán general de Madrid, «imitando el trabajo del general Pavía hace un año, les encargó la composición de un ministerio monárquico»⁶⁵. En el Ministerio de la Guerra se reunieron exministros isabelinos, alfonsistas y viejos moderados. Allí convinieron que Cánovas debía nombrar Gobierno y que Jovellar fuera ministro de la Guerra.

Los planteamientos de Cánovas expuestos un año antes para la Restauración no se cumplieron. En enero de 1874 defendió que ningún movimiento militar podía triunfar sin contar con una «importante fuerza organizada» y capitaneada por sus «jefes naturales», y no fue así. La restauración de la monarquía establecería el «orden social», escribió, no podía ser «levantada por medio de motines desorganizadores y acaso sangrientos» como hacían los «partidos demagógicos»⁶⁶. Pero lo cierto es que el pronunciamiento al que se opuso permitió implantar una restauración como él quería: por reconocimiento y sin transacción con los que defendían la Constitución de 1869. Del mismo modo, Martínez Campos no hubiera triunfado sin la construcción del alfonsismo civil, de una opinión pública favorable a la restauración de Alfonso XII como símbolo de paz, orden y libertad⁶⁷.

Alonso Martínez, que había sido ministro con Serrano en 1874, declaró en el Congreso de 1876 que no valía más el pronunciamiento de Topete en 1868 que el de Martínez Campos en Sagunto. El primero significó la batalla del puente de Alcolea a causa de la división del Ejército y el segundo consiguió el «asentimiento de la nación» con un Ejército unido. «¿Por qué valían menos las Cortes de 1875 que las del Sexenio?», se preguntaba⁶⁸.

El pronunciamiento de Sagunto fue el fin de la interinidad, de la República como instrumento de Serrano y del plan de Sagasta para ser el protagonista de la restauración y de la conservación de la Constitución. La idea de convocar Cortes después de vencer a los carlistas era una trampa para Serrano y Sagasta, en la que ellos mismos se habían metido. La imposibilidad de dar un golpe definitivo a los carlistas reforzaba la opinión de que la restauración era la mejor bandera para enfrentarse al carlismo.

Al tiempo, la reunión de Cortes era un asunto que, a medida que pasaba el tiempo, se convertía en menos negociable porque el alfonsismo se sentía cada vez más fuerte. Vencer a los carlistas no era posible de forma inmediata y la expectativa de convocar Cortes, tal y como se había prometido, no esperanzaba a los hombres políticos del momento. Maffei escribía a su Gabinete que el fin de la guerra carlista suponía el estallido de «mil complicaciones para el Gobierno del Duque de la Torre» y sin victorias era «imposible que la dictadura se sostenga indefinidamente»⁶⁹. De manera que parecía que Martínez Campos quitó a todos un problema de encima con un pronunciamiento minúsculo que nadie quiso, pero que pudo salir mal si Cánovas no hubiera preparado el camino, organizado la opinión y construido la imagen del rey conciliador, o si Serrano hubiera decidido plantar cara.

CONCLUSIONES

La fórmula que traería la paz y la armonía universales, la abundancia, el avance y el bienestar de todos, convirtiendo a España en la punta de lanza del progreso mundial mediante el pacto federal, se convirtió en una auténtica pesadilla. La Primera República fue un caos; desde que acabó la primera guerra carlista, nunca en tan poco tiempo se había vertido tanta sangre, ni producido tantos golpes de Estado, ni sufrido un desprecio por parte de Europa de semejante calibre. Partidos rotos, dirigentes irresponsables y cainitas, un Ejército desecho e indisciplinado, y la libertad y la democracia —incluso las Cortes, como pasó entre 1873 y 1874— completamente desacreditadas. Esa era la realidad.

La República no había llegado mediante un plebiscito ni con un movimiento de opinión que resultara arrollador. En febrero de 1873, España seguía siendo monárquica y, en realidad, el régimen republicano fue el resultado de un plan para que Amadeo I renunciara al trono, lo que se consiguió, como se ve en la primera parte del libro, a través de la reunión ilegal del Congreso y el Senado. Como confesó meses después Estanislao Figueras, ese nacimiento forzado lastró el desarrollo de la República.

Desde que se proclamó —como última esperanza para conservar la Revolución de 1868— tuvo lugar una lucha encarnizada entre radicales y federales. Estos últimos, liderados por Pi y Margall desde el Ministerio de la Gobernación, sustituyeron a gobernadores y alcaldes radicales por gente de su partido para afrontar las elecciones a Cortes Constituyentes. En lugar de una conciliación entre las diferentes formaciones para levantar un régimen democrático y liberal —con respeto a las urnas, a la opinión pública y a la democracia—, se recurrió a los más nefastos métodos exclusivistas basados en el desprecio de las reglas parlamentarias.

Como resultado, el 14 de febrero de 1873 los radicales abandonaron el Gobierno, convencidos de que dominar la Asamblea Nacional, donde tenían mayoría, bastaba para controlar y destituir al Ejecutivo. Pero se equivocaron. Martos, el personaje más funesto del Sexenio Revolucionario, era el presidente de la Asamblea Nacional, y de su despacho salieron dos iniciativas legales —una el 24 de febrero y otra el 8 de marzo— para sustituir al Gobierno federal. El plan pasaba por censurar al Gobierno en la Asamblea y que el presidente de la Cámara asumiera el poder hasta que constituyera un nuevo Ejecutivo. Sin embargo, Martos, que carecía de dotes organizativas, no contaba con las fuerzas militares necesarias para llevar su idea a la práctica.

Tampoco podemos olvidar que Pi y Margall, mientras fue ministro de la Gobernación, promovió el reparto de armas a los voluntarios federales, consiguiendo así una fuerza armada de partido que en teoría podía manejar. Esto suponía que, ante cualquier medida que Martos tomara, incluso las legales, habría una respuesta violenta por parte de los federales, que deseaban controlar en exclusiva el régimen para proclamar La Federal. Ante la tensa situación, Martos se vio obligado a buscar el apoyo militar, y eso que estaba enemistado con los mejores oficiales, pertenecientes al Partido Conservador, formación que en 1872 Martos había decidido sacrificar para hacerse con el poder. Tampoco contaba con el apoyo de muchos generales radicales, salvo Moriones.

Mientras tanto, Pi y Margall y los federales jugaron a excitar a las bases del partido difundiendo noticias falsas sobre supuestos golpes alfonsinos. Los rumores tuvieron mucho peso en los sucesos en Barcelona, donde la Diputación Provincial, dominada por los federales intransigentes, asumió el poder y proclamó en dos ocasiones el «Estado catalán», proclamación que no fue una reacción a las maniobras radicales, sino un plan preconcebido que, como se ve en el capítulo 6, usó como excusa la fragilidad del Gobierno federal ante una Asamblea «reaccionaria».

La amenaza de un levantamiento federal fue una constante. Los «gorros colorados», como se llamaba a los voluntarios, se movían a placer en las grandes ciudades: ocupaban los edificios públicos, echaban a la Guardia Civil, al Ejército y a los carabineros, y patrullaban por las calles y plazas más importantes. El armamento de las bases federales fue un inmenso error, porque sirvió para que se levantaran contra la República y sus Gobiernos, que tuvieron que dedicar recursos —materiales y humanos— para arrebatarles las mismas armas que antes les habían dado. Este caos dañó la imagen y la estabilidad del nuevo régimen, que, en lugar de traer la paz, la felicidad y la prosperidad prometidas, desembocó en la mayor crisis política del siglo desde la Guerra de la Independencia.

En este libro también se revela que el 23 de abril de 1873 no se produjo un intento de golpe de Estado protagonizado por los radicales y apoyado por los conservadores de Serrano. El plan de cambiar el Gobierno era perfectamente legal y legítimo, ya que estaba contemplado en las normas que los mismos federales hicieron aprobar durante los primeros días de la República. En ellas se decía que el Gobierno debía rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, que podría sustituirlo si no estaba conforme con su actuación. El mecanismo lo propuso Pi y Margall el 11 de febrero de 1873 en las Cortes como respuesta al plan de los radicales de Martos y Becerra, que, como decimos, no fue un golpe de Estado —esto es, una acción violenta para hacerse con el poder rompiendo la legislación, tal y como los definió el jurista Hans Kelsen—. Si los radicales reunieron fuerzas armadas, fue para proteger la decisión legal de la Asamblea Nacional, como sucedió siempre que se produjo una crisis de Gobierno desde el 14 de febrero. Unas fuerzas golpistas no se acantonan en una plaza de toros, sino que toman los edificios en los que reside la soberanía nacional.

En realidad, el golpe de Estado del 23 de abril lo dio Pi y Margall, que conocía desde días antes la intención de los radicales de sustituir al Gobierno, tal y como se cuenta en el capítulo 7. Pi ordenó a Nicolás Estévanez, gobernador de Madrid, que organizara a sus grupos armados en Madrid y en provincias adyacentes, y dejó que radicales y conservadores se movieran a sus anchas durante aquella jornada. Permitió que los rumores se extendieran para después hacer que los hombres de Estévanez asaltaran el Congreso de los Diputados. Posteriormente ordenó a los voluntarios y a algunos militares —como Contreras— que atacaran la plaza de toros, donde se encontraba la milicia radical. Los milicianos no dispararon un solo tiro, dejaron las armas y regresaron a sus casas. Pi desoyó las peticiones de auxilio de los diputados resguardados en la Asamblea con el propósito de disolver por la fuerza e ilegalmente la única institución que los federales aún no controlaban —la Asamblea Nacional y la Comisión Permanente—, usó la violencia de la mesa federal para dar un golpe de Estado, un hecho que había sido ignorado hasta ahora. Los federales asaltaron el Congreso, persiguieron a los diputados por los pasillos, algunos representantes saltaron por las ventanas, otros estuvieron a punto de ser linchados… Durante cuatro días, los milicianos de Estévanez irrumpieron ilegalmente en los domicilios de los principales dirigentes para arrestarlos o, quizá, para matarlos, lo que motivó que muchos radicales y conservadores se exiliaran a Francia. Las protestas por el golpe de Estado de Pi y Margall no tuvieron ningún efecto. El propio Emilio Castelar se planteó dimitir, pues pensaba que el golpe de Pi había matado a la República al hacer imposible la conciliación entre partidos. Hasta la fecha la historiografía ha presentado el episodio de forma contraria —como si los radicales y los conservadores fueran los golpistas—, pero ni mucho menos fue así.

La presidencia de Figueras acabó por su incapacidad para mantener disciplinado al partido, muy fragmentado por personalismos y proyectos. Ya en ese tiempo el republicanismo estaba dividido en varias facciones: la derecha republicana de Castelar y Salmerón; el centro-reformista de Eduardo Palanca y José María Orense; la izquierda de Pi y Margall, y los intransigentes, cuyo dogma era el federalismo pactista «de abajo arriba» y que rendían culto a la revolución como partera de la Historia.

La marcha de Figueras no ha sido bien explicada por la historiografía, que se ha quedado en aquel «estoy hasta los cojones de todos nosotros», frase apócrifa, aunque descriptiva de la realidad del momento. Figueras intentó conciliar a los grupos mayoritarios del partido para formar un Gobierno estable, pero los condicionamientos de cada uno de ellos y la mezquindad de muchos políticos hicieron inviable cualquier solución. Además, la muerte de su mujer supuso un mazazo a su estado de ánimo, aunque no le impidió mantener una actividad frenética durante los diez días que transcurrieron antes de su fuga a París. Figueras se marchó porque Pi y Margall le dijo que no le apoyaría, como se cuenta en el capítulo 9, y se lo comunicó con frialdad y desprecio. Figueras se encontró sin apoyos suficientes para seguir adelante, abandonado por sus antiguos amigos y sin posibilidad de unirlos, y huyó.

En junio de 1873, Pi y Margall obtuvo el protagonismo que buscaba para hacer La Federal «desde arriba». Este cambio de orientación le llevó a que los suyos lo consideraran un «traidor», pues siempre había defendido que la federación debía construirse «desde abajo», puesto que si se hacía desde el Gobierno o las Cortes, la voz del pueblo no sería escuchada. La mística de la revolución llegó a su punto álgido con el federalismo pimargalliano y se volvió incontrolable. La toma ilegal del poder en cada localidad y la declaración de soberanía propia estaban legitimadas por la misión histórica de materializar la utopía federal. Para estos mesías políticos, la ley era un obstáculo frente a la fuerza arrolladora de la religión del progreso, cuya fórmula esencial era el epítome del caos: romper la soberanía nacional para crear un número indeterminado de cantones soberanos que decidirían de forma autónoma su manera de convivir con el resto.

La política de Pi y Margall fue un auténtico desastre, sobre todo porque pretendió construir la federación «desde arriba» sin deshacer la que se estaba construyendo «desde abajo», lo que supuso que prefiriera la «guerra telegráfica» contra los insurrectos antes que desarmarlos o aplicar la ley a los delincuentes. Pi se justificaba diciendo que de ese modo los federales tendrían menos apoyo frente a los enemigos de su República. Pero aquello resultó un fiasco; no solo sirvió para fortalecer el federalismo, sino que sentó las bases de un caos que convirtió a La Federal en la forma política más repudiada de España, incluso más que el carlismo. De hecho, en las elecciones a Cortes Constituyentes de mayo de 1873, Pi y Margall permitió un fraude que podría haberse evitado nombrando otras autoridades o asegurando los lugares de votación con la presencia de fuerzas de orden público. Los ciudadanos no federales tuvieron miedo —o se sintieron hastiados— y no fueron a votar. Pi envió una circular contradictoria que no sirvió para nada, como se describe en el capítulo 8, y dejó que el fraude y la abstención se produjeran. La participación fue la más exigua del Sexenio Revolucionario, un hecho que deslegitimó lo que vendría después. Fue una demostración de que, para los republicanos, el ejercicio de la democracia, el voto y el respeto a los derechos individuales no eran la vía para llegar al poder. Esta incoherencia dañó el advenimiento de las formas democráticas en el país: si se despreciaba la extensión de las costumbres liberales entre las capas populares, la democracia siempre sería un mito, no una realidad, frente al culto a la revolución. Entre 1868 y 1873 se demostró que los republicanos entendían la República no como una forma avanzada de democracia, sino como una manera de hacer la revolución, es decir, de dar la vuelta al país a su gusto.

Los cantonales tuvieron una buena oportunidad durante la presidencia de Pi y Margall. No en vano el Comité de Salud Pública de Madrid, encabezado por Contreras y Roque Barcia, preparó a plena luz del día el alzamiento cantonal. Posteriormente, en las Cortes Constituyentes Pi confesó que no los detuvo porque eran «patriotas», como demostraba el hecho de que en Cartagena hubieran formado un «Gobierno Provisional de la Federación Española». La consecuencia de este desvarío fue que, cuando los cantonales vieron que las cosas se les ponían difíciles —tras la sustitución de Pi y Margall por Nicolás Salmerón—, adelantaron el levantamiento.

En el capítulo 12 se demuestra que el alzamiento partió de los diputados intransigentes, y se aportan sus nombres y los cinco itinerarios que siguieron. Está bien recordar aquí que el Gobierno de Pi y Margall dejó que Contreras saliera de Madrid hacia Cartagena sin hallar ningún obstáculo en el camino, y que el gobernador civil permitió —por orden gubernamental— que los cantonales se hicieran con la ciudad. El Gobierno deseaba evitar que se produjera un choque entre federales, aun cuando vulnerasen la ley. De hecho, el ministro Sunyer i Capdevila afirmó en las Cortes que la ley no era igual para todos, que a los carlistas había que combatirlos a sangre y fuego, pero no a los federales, porque eran «compañeros» de partido.

La presidencia de Salmerón comenzó con buen pie, ya que priorizó el orden nombrando a generales no federales para que ejecutaran las operaciones, lo que llevó a que Manuel Pavía y Martínez Campos asumieran la responsabilidad de acabar con los cantonales en Andalucía y Levante. Es importante señalar que la labor de ambos salvó a la República momentáneamente, como se cuenta en el capítulo 13.

El cantonalismo debe juzgarse por sus hechos, no por sus intenciones ni por los programas que sus seguidores hicieron públicos. Cuando se proclamaron los cantones, la mayor parte de los habitantes de las ciudades se marcharon. Así ocurrió en Sevilla, Valencia y otros lugares, como se lee en los testimonios de la época. Los cantonales siguieron siempre el mismo protocolo: arrestaban a los enemigos, echaban a las fuerzas del orden, incautaban dinero, establecían impuestos para conseguir armamento y permitían el tráfico ilegal de productos. En todos los lugares, los cónsules de los países extranjeros actuaron de forma conjunta para evitar daños aún mayores, como la voladura del Archivo de Indias en Sevilla o la demolición del castillo y la alcazaba de Gibralfaro en Málaga. Aun así, no pudieron impedir el bombardeo de Almería, que se negó a dar dinero a los cantonales de Cartagena, o el de Castellón, donde murieron nueve personas como resultado de las bombas lanzadas por sus «libertadores» federales.

La idea de que la dimisión de Salmerón se debió a su negativa a firmar dos sentencias de muerte carece de fundamento y no fue más que una mera excusa para ocultar problemas mayores. De hecho, Salmerón había renunciado a la facultad de indultar que todos los jefes del Estado tenían con el argumento de que reconocía que la aplicación de las Ordenanzas Militares era necesaria para restablecer la disciplina en el Ejército. La desobediencia militar —alentada por los federales— había desarticulado la única fuerza de orden capaz de frenar a los cantonales, y dio como resultado la muerte de varios oficiales al tiempo que permitió el avance del carlismo.

Salmerón, como se cuenta en el capítulo 14, renunció a conceder indultos, pero también se negó a buscar una alternativa legislativa. El dictamen sobre la pena de muerte era responsabilidad de una comisión parlamentaria, con lo que la responsabilidad ni siquiera era del presidente, que, repetimos, si hubiera retenido la facultad de indultar, podría haber evitado las muertes. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo confesó que su etapa como ministro de Justicia le había servido para comprobar que el indulto hacía creer a los delincuentes que sus acciones quedaban impunes, por lo que tan solo había concedido nueve indultos. Por otro lado, Salmerón no tuvo tantos escrúpulos de conciencia con el derramamiento de sangre cuando animó a Pavía y a sus soldados a disparar contra los cantonales y cuando permitió que Martínez Campos bombardease Valencia.

Durante su mandato, Salmerón arrastró dos problemas muy graves que finalmente le hicieron dimitir. El primero era el chantaje al que le sometió el centro reformista de Palanca —cuyo apoyo le aseguraba la mayoría en las Cortes—, que amenazaba constantemente con romper el Gobierno y formar otro con Pi y Margall. Justificaban esta amenaza con el argumento de que Salmerón era muy lento con las reformas sociales —que los centristas creían imprescindibles para asentar la República— y con la represión del cantonalismo. Los centristas de Palanca no querían que los cantonales fueran reprimidos a sangre y fuego, sino mediante la negociación y una política de hechos consumados que habría permitido que los cantones condicionaran el proyecto constitucional.

El segundo problema al que debía hacer frente Salmerón era la recuperación del Cuerpo de Artillería, imprescindible para ser eficaz en la guerra. La reorganización militar implicaba reponer en sus puestos a los oficiales que se habían marchado tras el nombramiento del general Hidalgo de febrero de 1873 y aplicar las Ordenanzas Militares, que era lo que los artilleros reclamaban. Salmerón se negó porque no confiaba en este cuerpo de élite y porque no estaba dispuesto a restablecer las Ordenanzas. Pero no presentó ninguna alternativa y su política militar quedó bloqueada e impedida para lograr la pacificación del país.

Ante la presión de los centristas de Palanca y de los republicanos conservadores de Castelar, su círculo de consejeros —krausistas— le aconsejó que dimitiera. Lo primero es la conciencia, dijo Salmerón para preservar su imagen, como si no supiera que en un país con tres guerras civiles (carlista, cantonal y cubana) era imprescindible disponer de un Ejército disciplinado y reforzado. Aun así, no se fue muy lejos, porque intercambió su puesto con Castelar, que hasta entonces había sido presidente de las Cortes.

El descubrimiento que aquí se aporta sobre Castelar es que permitió, empujó y aplaudió el golpe de Estado del general Pavía de la madrugada del 3 de enero de 1874. Lo he documentado en las primeras páginas de la parte V. Para mí ha sido un hallazgo sorprendente, ya que la historiografía habitual —incluso la mía— señala que Castelar despreciaba tanto las bayonetas «de arriba» como las «de abajo». Pero no era así. Todo el mundo sabía que el golpe se produciría, e incluso sabían cuándo y quién estaría al frente. De hecho, así aparece en la prensa, en la correspondencia de esos días e incluso en las obras escritas por los testigos. Castelar no estaba dispuesto a permitir un Gobierno presidido por Eduardo Palanca, que tendía la mano a los cantonales, porque eso significaría deshacer la labor que él había llevado a cabo para dignificar y pacificar la República.

Sin embargo, ese Gobierno «centrista» sí era bien visto por Salmerón, que en el último tercio de 1873 pasó a sentir una fuerte animadversión por Castelar, tal y como se cuenta en el capítulo 17, y que deseaba derrotar a su antiguo amigo aun cuando esto desembocara en un golpe de Estado. Castelar fingió apartarse de la política tras el pronunciamiento de Pavía, pero no porque rechazara lo que había ocurrido —que a su entender era mucho mejor que un Gobierno federal—, sino para mantener limpia su imagen. No hay que olvidar que Castelar, además de reprimir con dureza el cantonalismo, había dado por muerto el proyecto constitucional al quedar «enterrado a las puertas de Cartagena», expresión que usó en sede parlamentaria.

Por otro lado, Salmerón falsificó el Acta del Diario de Sesiones del 3 de enero, como se demuestra en el último epígrafe del capítulo 17, para ajustar cuentas con Castelar y «sembrar para las generaciones futuras» una épica republicana que les fuera útil, tal y como confesaría tiempo después.

Desde un punto de vista historiográfico, el año 1874 ha estado muy desatendido por su complejidad. Lo más llamativo que aquí se revela es que, en ese año, Sagasta quiso convertirse en el político protagonista de la futura España, invistiéndose con los ropajes del hombre que había sido capaz de conservar los principios de la Revolución de 1868, mediante el mantenimiento de la Constitución de 1869, y de quien hizo la Restauración parlamentaria de los Borbones (lo contamos en el capítulo 19). La combinación de las dos facetas —revolucionario y restaurador— haría de Sagasta el gran político de los años venideros. Deseaba que unas Cortes ordinarias eligieran a Alfonso de Borbón como rey de España, y para ello aprovechó las crisis de Gobierno de mayo y de septiembre. Primero había que echar a los radicales y a los republicanos, y, después, colocar a conservadores monárquicos. Por último, modificó la Administración para tenerla a su servicio ante las elecciones a Cortes. Cánovas conoció el plan por boca de Andrés Borrego, agente del Gobierno, y rechazó la propuesta: ni Constitución de 1869 ni elecciones, sino reconocimiento de don Alfonso y Cortes Constituyentes. Cánovas no quería un rey débil en manos de políticos poco fiables, como Serrano y Sagasta, y tampoco una Constitución que ni siquiera sus autores habían hecho funcionar. Sagasta, tal y como se muestra en los capítulos 16 y 19, se declaró partidario de la Restauración en las conferencias de Bayona del verano de 1873 y en la reunión del 3 de enero de 1874 en el Congreso después del golpe de Pavía. Es más; lo contó el propio Cánovas en una carta dirigida a Isabel II y fechada el 9 de enero de ese año.

Serrano, mientras tanto, demostró lo que Amadeo de Saboya dijo de él en una entrevista de julio de 1874 para la Gaceta de Turín y que sale a la luz por primera vez en este libro (al comienzo de la primera parte): no servía para la política de Estado ni para el Ejército. En 1872 barajó tres posibilidades: seguir siendo leal a Amadeo, dirigir el alfonsismo a petición de Isabel II o ser jefe del Estado con la República, que fue lo que planeó con Rivero. No era un político de fiar, sino, como escribió Cánovas, un «soldado de fortuna». Únicamente ansiaba el poder, pero en 1874 ya no tenía ningún apoyo que lo sostuviera. Había perdido el partido y el Gobierno —dominados ya por Sagasta— y tampoco tenía el respaldo del Ejército, en el que había perdido autoridad por su impericia y porque gran parte de la oficialidad y de la tropa se había pasado al alfonsismo.

Otra de las novedades que se aporta en esta obra es el papel de Cánovas en 1874. Es cierto que construyó el alfonsismo civil, pero también que ideó un plan militar que debía protagonizar el general Concha o —tal y como se señala en las cartas que se dan a conocer aquí por primera vez— Martínez Campos si contaba con la «casi unanimidad» del Ejército. El plan de Cánovas consistía en que la Restauración fuera el resultado de un movimiento nacional protagonizado por la opinión pública y el Ejército, ya que, en su opinión, los partidos políticos estaban disueltos. Dicho movimiento, por tanto, pasaba por un pronunciamiento o una declaración militar, pero sin derramamiento de sangre. Si Alfonso de Borbón simbolizaba la vuelta a la tranquilidad, la paz y la conciliación, no podía llegar al trono a la fuerza, sino con un reconocimiento general.

Las cartas entre Cánovas y Martínez Campos a las que he tenido acceso demuestran que, en efecto, el plan militar del político conservador existió. Cuando el general Concha murió en Estella por un disparo, Cánovas se sintió derrotado, según escribió a Isabel II, y afirmó que había que empezar «de nuevo la partida». Los alfonsinos que seguían en la órbita del viejo Partido Moderado se oponían a la jefatura de Cánovas e hicieron todo lo posible para arruinar su proyecto, como se ve en el capítulo 21. Deseaban una Restauración que devolviera a España a la época anterior a 1868, que restableciera la Constitución de 1845 y que llevara a cabo la represión de los revolucionarios, ideas que contradecían el proyecto de Cánovas, que deseaba iniciar una etapa nueva, liberal y conciliadora, y que creía en un rey de todos, no de partido. Por ello, el Manifiesto de Sandhurst del 1 de diciembre de 1874 enfadó a algunos alfonsinos, que aceleraron el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto el 29 de diciembre.

A lo largo de todo 1874 existió la República, aunque, gracias a Sagasta, se consolidó la interinidad; es decir, se bloqueó cualquier solución dirigida a consolidar la forma republicana, como la celebración de un plebiscito, que fue lo que propusieron los republicanos conservadores y los radicales. La interinidad —la confesión de que se vivía en la provisionalidad— era una forma de sobrevivir, ya que la República no era aceptada por el resto de Europa (salvo Suiza), donde La Federal era vista como una forma utópica en tiempos de realpolitik y de contención de exageraciones. La República española era vista como un polvorín a punto de estallar, tal y como muestran los informes del embajador italiano —utilizados por primera vez en este libro—. Incluso algunos españoles temieron que los franceses y alemanes intervinieran, como ya ocurrió en 1823. Por ello, cuando el Gobierno de Sagasta consiguió que Alemania y Austria restablecieran relaciones con España (finales de 1874), los embajadores, en sus respectivas audiencias con Serrano, no pronunciaron la palabra «República». Por cierto, Serrano tampoco lo hizo, y es que, a esas alturas, la idea republicana se había demostrado inviable incluso para conservar la reputación de cualquiera que hubiera hecho la Revolución de 1868.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

ARCHIVOS

Archivo de la Real Academia de la Historia (AH)

Archivo del Congreso de los Diputados (ACD)

Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAAEE)

Archivo General de Palacio (AGP)

Archivo General Militar de Madrid. Ministerio de la Guerra (AGMM, MG)

Archivo Histórico de la Nobleza (AHNOB)

Archivo Histórico Nacional (AHN)

Biblioteca de Catalunya. Sección Manuscritos (BC)

Biblioteca Nacional. Sección Manuscritos (BN)

Fondo Fernando León y Castillo (FLC)

Fundación Lázaro Galdiano. Archivo Cánovas (FLG, AC)

Ministère des Affaires Étrangères. Archives des Affaires Étrangères, Mémoires et documents, Papiers de Mr. Thiers (MAEF)

Museo Archivo de Pontevedra

Museo Biblioteca Víctor Balaguer (MBVB)

Public Record Office, Foreign Office 72 (PRO-FO 72)

FUENTES PUBLICADAS*

Diario de Sesiones de Cortes (DSC)

Diario de Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados (DSC, CD)

Diario de Sesiones de Cortes Constituyentes (DSCC)

Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional (DSAN)

Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española (DSCCRE)

Ministero Degli Affari Esteri. Documenti diplomatici italiani. Seconda serie: 1870-1896, Roma, La Libreria Dello Stato, 1960 (MDAE)

Narración militar de la Guerra carlista de 1869 a 1876 por el Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, Madrid, 1883-1889, 14 volúmenes (NMGC)

Papers relating to the Foreing Relations of the United States transmitted to Congress with the annual message of the President, Washington, Government Printing Office, 1871-1874 (PFR)

BIBLIOGRAFÍA CITADA*

ALBEROLA, Ginés (1904), Semblanza de Castelar, Ambrosio Pérez y Cía., Madrid.

ALBORNOZ, Álvaro de (1920), El partido republicano, las doctrinas republicanas de España y sus hombres. La Revolución del 68 y la República, Biblioteca Nueva, Madrid.

ÁLVAREZ GUTIÉRREZ, Luis (2007), «El conde de Rascón, un embajador del siglo XIX. De la milicia nacional a la diplomacia», Cuadernos de Historia Contemporánea, 29, págs. 13-24.

ARIAS CASTAÑÓN, Eloy (2009), La Primera República en Sevilla, Universidad de Sevilla, Sevilla.

ARRANZ NOTARIO, Luis (1998), «El liberalismo conservador en la Europa continental, 1830-1939: Los casos de Francia, Alemania e Italia», Revista de Estudios Políticos, 102, págs. 59-76.

— y ELORZA, Antonio (1975), «El “Boletín de las clases trabajadoras”. La definición bakuninista de la clase obrera madrileña (apéndices documentales)», Revista de Trabajo, 52, págs. 351-452.

ARTOLA, Miguel (1973), La burguesía revolucionaria (1808-74), Alianza Editorial, Madrid.

BALERIOLA, Gabriel (1898), Historia de D. Antonio Gálvez Arce, Tip. de «Las Provincias de Levante», Murcia.

BÁRCENA GUZMÁN, José (1969), «La guardia civil y la Primera República. El coronel De la Iglesia, eminencia gris del golpe de Pavía», Revista de Estudios Históricos de la Guardia Civil, 3, págs. 51-77.

BARCIA, Roque (1868), El evangelio del pueblo, Imprenta de Manuel Galiano, Madrid.

— (1869a), Conversaciones con el pueblo español, Est. Tip. Editorial de Manero, Barcelona.

— (1869b), La federación española, Imprenta de la Viuda e Hijos de Manuel Álvarez, Madrid.

— (1870a), La revolución por dentro, o sea la república federal explicada por ella misma, Imprenta de la Viuda e Hijos de Manuel Álvarez, Madrid.

— (1870b), Manifiesto a la nación, Imprenta de la Viuda e Hijos de Manuel Álvarez, Madrid.

BARK, Ernesto (1903), Nicolás Salmerón. Bosquejo biográfico, Biblioteca Germinal, Madrid.

BARÓN FERNÁNDEZ, José (1998), El movimiento cantonal de 1873 (Primera República), Edicios do Castro, A Coruña.

BENOIST, Charles (1931), Cánovas del Castillo: La restauración renovadora, Ed. Literarias, Madrid.

BERMEJO, Ildefonso Antonio (1875-1877), Historia de la interinidad y guerra civil de España desde 1868, Est. Tip. de R. Labajos, Madrid.

BERMÚDEZ de CASTRO y O’LAWLOR, Salvador, marqués de Lema (1927), De la revolución a la restauración, Voluntad, 2 t., Madrid.

BLASCO IBÁÑEZ, Vicente (1892), Historia de la revolución española. Desde la guerra de la independencia a la Restauración en Sagunto. 1808-1874, prólogo de Francisco Pi y Margall (pero es epílogo), La Enciclopedia Democrática, 3 t., Barcelona.

BORREGO, Andrés (1874), El libro de las elecciones. Reseña histórica de las verificadas durante los tres períodos del régimen constitucional (1810 a 1814, 1820 a 1823, 1834 a 1873), Imprenta Española, Madrid.

— (1877), Datos para la historia de la revolución de la Interinidad y del advenimiento de la Restauración, Madrid.

— (1892), Historia de la vida militar y política de Francisco Serrano y Domínguez, Duque de la Torre, Juan Iglesia Sánchez, impresor, Madrid.

CAGIAO, Jorge (2014), Tres maneras de entender el federalismo. Pi y Margall, Salmerón y Almirall. La teoría de la federación en la España del siglo XIX, Biblioteca Nueva, Madrid.

CALA, Ramón de (1871), introducción a La legalidad de la Internacional. Discursos, Imprenta La Igualdad, Madrid.

— (1871b), Los comuneros de París: Historia de la Revolución Federal de Francia en 1871, Imprenta F. Escámez, Madrid.

CALZADO, Adolfo (1908), Correspondencia de Emilio Castelar, 18681898, Madrid.

CAPELLÁN, Gonzalo (2006), La España armónica. El proyecto del krausismo español para una sociedad en conflicto, Biblioteca Nueva, Madrid.

— (2007), «Liberalismo armónico. La teoría política del primer krausismo español (1860-1868)», Historia y Política, núm. 17, págs. 89-120.

CÁRCEL ORTÍ, Vicente (1977), «El Vaticano y la Primera República española», Saitabi: revista de la Facultat de Geografia i Història, núm. 27, págs. 145-164.

— (1979), Iglesia y Revolución (1868-1874). Estudio histórico jurídico desde la documentación vaticana, Universidad Pública de Navarra, Pamplona.

CASTELAR, Emilio (1870a), La fórmula del progreso (1858), Ángel de San Martín y A. Jubera, Madrid.

— (1870b), Cuestiones políticas y sociales, Ángel de San Martín, 3 t., Madrid.

— (1870c), prólogo a F. Garrido, Historia de las clases trabajadoras, t. I, Imprenta de T. Núñez Amor, Madrid.

— (1873), Discursos políticos de Emilio Castelar dentro y fuera del Parlamento en los años de 1871 a 1873, Carlos Bailly Bailliere, Madrid.

— (1873-1874), Historia del movimiento republicano en Europa, Editorial de Manuel Rodríguez, Madrid.

— (1876), Cartas sobre política europea, Ángel de San Martín, 2 t., Madrid.

— (1885), Discursos parlamentarios y políticos en la Restauración, Ángel de San Martín, vol. I, Madrid.

— (2009), Historia de la revolución francesa, prólogo de Francisco Villacorta Baños, Urgoiti Editores, Pamplona.

CASTRO, Concepción de (1975), Andrés Borrego. Romanticismo, periodismo y política, Tecnos, Mad r id.

CASTRO ALFÍN, Demetrio (1998), “Los males de la imprenta: política y libertad de prensa en una sociedad dual, Siglo XXI, Madrid.

— (2015), «“Maestro y jefe”. Facetas del liderazgo político de Pi y Margall», en Demetrio Castro (coord.), Líderes para el pueblo republicano. Liderazgo político en el republicanismo español en el siglo XIX, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2015, págs. 149-178.

CHERBULIEZ, Victor (1874), L’Espagne politique: 1868-1873, Librairie Hachette et cie., París.

COMBATZ, José Luciano (1994), «Hombres y cosas de Cartagena», en José María Rubio Paredes y Antonio Pérez Crespo, Memorias malditas del cantón murciano, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia.

COMELLAS, José Luis (1999), Isabel II. Una reina y un reinado, Ariel, Barcelona.

DARDÉ MORALES, Carlos (1991), «La democracia en Gran Bretaña: La reforma electoral de 1867-1868», Ayer, 3, págs. 63-82.

— (1996), «Biografía política de Nicolás Salmerón (c. 1860-1890)», en José A. Piqueras y Manuel Chust (comps.), Republicanos y repúblicas en España, Siglo XXI, Madrid, págs. 135-161.

DE LA FUENTE MONGE, Gregorio (2008), «El teatro republicano de la Gloriosa», Ayer, 72, págs. 83-119.

DE LAS CUEVAS, Jesús (1987), Paúl y Angulo, Caja de Ahorros de Jerez, Jerez de la Frontera.

DÍAZ DEL MORAL, Juan (1967), Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Alianza Editorial, Madrid.

DOMENECH, Isidoro (1870), Idea práctica de la federación española, Federico Escámez, Madrid.

DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ CAMPOS, Enrique (2006), Martínez Campos vs Cánovas del Castillo, edición personal, Madrid.

DROCHON, Paul (1978), «Le “Canton” de Séville vu par le vice-consul de France (1873)», Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 14, págs. 519-536.

DUARTE, Ángel (2006), «Republicanismo, federalismo y autonomías: de los proyectos federales de 1873 a la Segunda República y los Estatutos de Autonomía», en Jean-Louis Guereña (coord.), Los nacionalismos en la España contemporánea: ideologías, movimientos y símbolos, CEDMA, Málaga, págs. 187-206.

— y PERE GABRIEL (2000), «¿Una sola cultura política republicana ochocentista en España?», Ayer, 39, págs. 11-34.

ELORZA, Antonio (1975), Federalismo y reforma social en España (18401870), Hora H, Madrid.

— (1989), «Ideología obrera en Madrid: republicanos e internacionalistas», en Antonio Elorza y Michel Ralle, La formación del PSOE, Crítica, Barcelona, págs. 17-41.

ENGELS, Federico (1970), «Los bakuninistas en acción. Informe sobre la sublevación española del verano de 1873», en Karl Marx y Friedrich Engels, Revolución en España, Ariel, Barcelona, págs. 191-214.

ESPADAS BURGOS, Manuel (1975), Alfonso XII y los orígenes de la Restauración, CSIC, Madrid.

— (1976), «La cuestión del Virginius y la crisis cubana durante la I República», Estudios de Historia Contemporánea, CSIC, I, Madrid, págs. 329-355.

ESPIGADO, Gloria (1993), La primera república en Cádiz. Estructura social y comportamiento político durante 1873, Caja de Ahorros de San Fernando, Sevilla.

ESTÉVANEZ, Nicolás (1975), Mis memorias, Teba s, Mad r id.

FABIÉ, Antonio María (1898), Biografía del Excmo. Señor D. Pedro Salaverría, Imprenta de Fortanet, 2 vols., Madrid.

— (1928), Cánovas del Castillo, Gustavo Gili Editor, Barcelona.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor (1951), Cánovas. Su vida y su política, Ambos Mundos, Madrid.

— (1972), Historia política de la España contemporánea, Alianza Editorial, Madrid.

FERNÁNDEZ HERRERO, Manuel (1870a), El federalismo. Organización, resoluciones y conducta del partido, Imprenta de la Viuda e Hijos de Manuel Álvarez, Madrid.

— (1870b), Historia de las Germanías de Valencia, y breve reseña del levantamiento republicano de 1869, precedido de un prólogo de Roque Barcia, Imprenta de la Viuda e Hijos de Manuel Álvarez, Madrid.

FERNÁNDEZ VILAPLANA, Diego Luis (2016), «Alcoi, julio de 1873. El levantamiento obrero más importante del siglo XIX», https://www.academia.edu/31080710/Alcoi_julio_de_1873_El_levantamiento_obrero_m%C3%A1s_importante_del_siglo_XIX_?email_work_card=view-paper.

FLORES GARCÍA, Francisco (1913), Recuerdos de la Revolución (memorias íntimas), Lib. Gutenberg de José Ruiz, Madrid.

GARCÍA ALCÁNTARA, Eduardo (1875), Memorias de la revolución cantonal iniciada en Cartagena el 14 de julio de 1873, Buenos Aires.

GARCÍA MOSCARDÓ, Ester (2019), «¿Una Iberia cantonal? La conexión portuguesa en la escalada cantonal del verano de 1873», https://blogs.ugr.es/jovenesinvestigadores/wp-content/uploads/sites/46/2019/08/GARC%C3%ACA-MOSCARD%C3%B4-Ester.pdf.

GARCÍA RUIZ, Eugenio (1863), Dios y el hombre, Imprenta de J. Antonio Ortigosa, Madrid.

— (1864), La democracia, el comunismo y el socialismo, Imprenta de J. Antonio García, Madrid.

— (1872), Historia de la internacional y del federalismo en España, Imprenta Española, Madrid.

— (1876 y 1878), Historias, El Pueblo Español, 2 t., Madrid.

GARRIDO, Fernando (1854), El pueblo y el Trono, Imprenta de Tomás Núñez Amor, Madrid.

— (1864), Historia de las asociaciones obreras en Europa, o las clases trabajadoras regeneradas por la asociación, Salvador Manero, Barcelona.

— (1865), Historia de las persecuciones políticas y religiosas, Salvador Manero, Barcelona.

GÓMEZ CHAIX, Pablo (1934), Ruiz Zorrilla, el ciudadano ejemplar, Espasa-Calpe, Madrid.

GÓMEZ-FERRER MORANT, Guadalupe (1983), «El aislamiento internacional de la República de 1873», Hispania, 43, 154, págs. 337399.

— (1986), «Cuba en el horizonte internacional de la República de 1873», en Quinto Centenario, vol. 10, Editorial Universidad Complutense, Madrid, págs. 109-130.

GONZÁLEZ SUGRAÑES, Miguel (1896), La República en Barcelona, Henrich y Cª en comandita, Barcelona.

GUTIÉRREZ LLORET, Rosa Ana (1987), «Republicanismo federal e insurrección cantonal en Alicante», Anales de Historia Contemporánea, 6, págs. 165-182.

HAWKINS, Angus (1989), «Parliamentary Government’ and Victorian Political Parties, c. 1830-c. 1880», The English Historical Review, núm. 104 (412), págs. 638-669.

HENNESSY, C. A. M. (2010), La república federal en España. Pi y Margall y el movimiento republicano federal, 1868-1874, La Catarata, Madrid.

HIGUERAS, Eduardo (2016), Con los Borbones, jamás. Biografía de Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), Marcial Pons, Madrid.

HOCES ÍÑIGUEZ, Ignacio (2022), De progresista a carlista. Cándido Nocedal (1821-1885), una biografía política, Doce Calles Ediciones, Madrid.

HOUGHTON, A. (1890), Les origines de la restauration des Bourbons en Espagne, Librairie Plon, París.

IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Manuel (1946), Historia clínica de la Restauración, Plus Ultra, Madrid.

J. G. A. (1875), «Verdades desnudas de las cosas de Cartagena», en Saturnino Giménez, Cartagena. Recuerdos cantonales, Librería de Ángel de San Martín, Madrid.

JARNÉS, BENJAMÍN (1971), Castelar, el hombre del Sinaí, Espasa-Calpe, Madrid.

JUTGLAR, Antoni (1975), Pi y Margall y el federalismo español, Taurus, 2 t., Madrid.

KOLAKOWSKI, Leszek (1978), Las principales corrientes del marxismo. II. La edad de oro, Alianza Editorial, Madrid.

LACOMBA, Juan Antonio (2001), «Cantonalismo y federalismo en Andalucía: el manifiesto de los federales de Andalucía», Revista de estudios regionales, núm. 59, págs. 267-276.

LAFUENTE, Vicente (1898), Verdades contemporáneas. Retrato político de la república española de 1873, Imprenta de Fortanet, Madrid.

LA SERNA, Agustín Fernando de (1875), La Restauración y el Rey en el Ejército del Norte, Aribau y Cía., Madrid.

LEÓN Y CASTILLO, Fernando (1921), Mis tiempos, Lib. de los sucesores de Hernando, 2 t., Madrid.

LIDA, Clara E. (1972), Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX, Siglo XXI, Madrid.

LLOMBART, Constantino (1873), Trece días de sitio, ó los Sucesos de Valencia, Imprenta A. C. de Ramón Ortega, Valencia.

LLOPIS Y PÉREZ, Antonio (1915), Historia política y parlamentaria de D. N. Salmerón, Ediciones España, Madrid.

LLORCA, Carmen (1984), Isabel II y su tiempo, Istmo, Madrid.

LÓPEZ DE LETONA, Antonio (1874), La guerra y la constitución del país, por un general conservador, Imprenta de T. Fortanet, Madrid.

LÓPEZ DOMÍNGUEZ, José (1877), Cartagena. Memoria y comentarios sobre el sitio de Cartagena, J. C. Conde y Cía., Madrid.

LÓPEZ SERRANO, Miguel Jesús (2011), La provincia de Córdoba. De la Gloriosa al reinado de Alfonso XII (sept. 1868-1885), tesis doctoral inédita, Córdoba.

MARTÍ GILABERT, Francisco (1998), «La cuestión religiosa en la I República», Hispania Sacra, 50, págs. 735-757.

MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel (1969), Elecciones y partidos en España, 1868-1931, Taurus, 2 t., Madrid.

MARTÍNEZ LÓPEZ, Fernando (2005), «Nicolás Salmerón y Alonso, un hombre de paz», Francisco A. Muñoz, Joaquín Herrera Flores, Beatriz Molina Rueda y Sebastián Sánchez Fernández, Investigación para la paz y los derechos humanos desde Andalucía, Universidad de Granada, Granada, págs. 457-468.

MARTÍNEZ RIZO, Isidoro (1894), Fechas y fechos de Cartagena, Cartagena.

MARTÍNEZ SHAW, Carlos (1972), «El cantón sevillano», Archivo Hispalense, núm. 170, págs. 1-82.

MARTOS, Cristino (1854), La revolución de julio de 1854, A. Santa Coloma, Madrid.

MATHIEZ, Albert (2012), Los orígenes de los cultos revolucionarios (17891792), CIS, Madrid.

MIGUEL GONZÁLEZ, Román (2004), «Las culturas políticas del republicanismo histórico», Ayer, 53, págs. 207-236.

— (2007), La Pasión Revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX, CEPC, Madrid, 2007.

MILÁN GARCÍA, José Ramón (2001), Sagasta, o el arte de hacer política, Biblioteca Nueva, Madrid.

MORAL RONCAL, Antonio Manuel (2014), El general Manuel Gutiérrez de la Concha: una espada liberal en las guerras carlistas, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid.

MORALES MUÑOZ, Manuel (1992), «Reconsideración del cantón malagueño (1873)», Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 28-3, págs. 7-20.

— (1993), «Entre la Internacional y el mito de “La Federal”. Los obreros españoles durante el sexenio democrático (1868-1874)», Bulletin d´Histoire Contemporaine de l‘Espagne, núms. 17-18, págs. 125-135.

— (1999), El republicanismo malagueño en el siglo XIX. Propaganda doctrinal, prácticas políticas y formas de sociabilidad, Málaga.

MORALES TAMARAL, José Manuel (2015), «Alemania en la política exterior española, 1868-1914. Entre la aproximación, el desencuentro y la “tentación”», en Pensar con la historia desde el siglo XXI: actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, págs. 637-654.

MORAYTA, Miguel (1894-1898), Historia general de España, desde los tiempos antehistóricos hasta nuestros días, Felipe González Rojas, 9 t., Madrid.

— (2013), Las constituyentes de la república española. Prólogo de Jorge Vilches, Urgoiti, Pamplona.

NAVARRO Y RODRIGO, Carlos (1877), La Restauración y su primer ministro, Establecimiento Tipográfico, Madrid.

NIDO Y SEGALERVA, Juan del (1913), Historia política y parlamentaria del Excmo. Sr. D. Antonio de los Ríos y Rosas, Imp. y Enc. de V. Tordesillas, Madrid.

— (1914), Historia política y parlamentaria del Excmo. Sr. D. Antonio Cánovas del Castillo, Madrid.

NIETO DE SANGENÍS, Mercedes (1974), La I República en Barcelona, Cátedra de Historia General de España, Barcelona.

OLIVAR BERTRAND, Rafael (1956), «Puntualizaciones en torno al 73», Revista de Estudios Políticos, 90, págs. 133-158.

OLLERO VALLÉS, José Luis (2006), Sagasta, de conspirador a gobernante, Marcial Pons, Madrid.

ORENSE, José María (1869), Ventajas de la república federal, La Igualdad, Madrid.

— (1870), Derecho público-republicano-democrático-federal, Juan Fernández, Madrid.

OROBON, Marie-Angèle (2003), «De l‘histoire à la célébration: Commune de Paris et culture politique en Espagne», en Jean-René Aymes et M. Esteban De Vega (eds.), Francia en España, España en Francia. La historia de la relación cultural hispano-francesa (siglos XIX-XX), Ediciones Universidad, Salamanca, págs. 127-143.

PADILLA ANGULO, Fernando J. (2016), «El Cuerpo de Voluntarios de Cuba (1855-1898)», Centre for Research on Cuba: Annual Conference, University of Nottingham, https://www.academia.edu/28685841/El_Cuerpo_de_Voluntarios_de_Cuba_1855_1898_ (consultado en 2022).

PARRILLA ORTIZ, Pedro (1983), El cantonalismo gaditano, Ediciones de la Caja de Ahorros de Cádiz, Cádiz.

PAVÍA Y RODRÍGUEZ DE ALBURQUERQUE, Manuel (1878a), Pacificación de Andalucía, Minuesa de los Ríos, Madrid.

— (1878b), Cuatro palabras a los folletos de los Excmos. Sres. Tenientes Generales D. José de los Reyes y D. Francisco Serrano Bedoya, Minuesa de los Ríos, Madrid.

— (1878c), Ejército del Centro desde su creación en 26 de julio de 1874 hasta el 1.º de octubre del mismo año, Minuesa de los Ríos, Madrid.

— (1882), Reflexiones y apuntes políticos en ocios veraniegos para la historia contemporánea, Manuel G. Hernández, Madrid.

PEREDA HERNÁNDEZ, Miguel Juan (2015), Republicanos en Almansa. La agrupación municipal de Izquierda Republicana, pág. 156, https://torregrandealmansa.files.wordpress.com/2020/03/12_04_republicanos-en-almansa-1.pdf.

PÉREZ CRESPO, Antonio (2007), El cantón murciano, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante.

PÉREZ ROLDÁN, Carmen (2001), El partido republicano federal, 18681874, Endymion, Madrid.

PEYROU, Florencia (2015), «The Harmonic Utopia of Spanish Republicanism (1840-1873)», Utopian Studies, 26 (2), págs. 347365.

— (2017), «Los republicanos españoles y “los otros”. Impacto e influencia de los modelos republicanos foráneos, 1840-1874», Revista de Estudios Políticos, 175, págs. 331-356.

PICH I MITJANA, Josep (2006), Valentí Almirall i el federalisme intransigent, Editorial Afers, Barcelona.

— (2009), «El federalisme intransigent barceloní: del Club dels federalistes a El Estado Catalán, 1868-1873», Barcelona: quaderns d’història, 15, págs. 109-119.

PIRALA, Antonio (1875-1880), Historia contemporánea. Anales desde 1843 hasta la conclusión de la última guerra civil, Manuel Tello, 6 t., Madrid.

PIQUERAS ARENAS, Juan Antonio (1992), La revolución democrática (1868-1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid.

— (2014), El federalismo. La libertad traicionada. La convivencia pactada, Cátedra, Madrid.

PI Y MARGALL, Francisco (1874), La República de 1873. Apuntes para escribir su historia. Libro primero. Vindicación del autor, Imprenta de Aribau y Cía., Madrid.

— y PI Y ARSUAGA, Joaquín (1902), Historia de España en el siglo XIX, Miguel Seguí, Barcelona.

— (1971) prólogo a Pierre-Joseph Proudhon, El principio federativo, Aguilar, Madrid, págs. 3-13.

PRIETO Y VILLARREAL, Emilio (1903), Ruiz Zorrilla desde su expulsión de España hasta su muerte (1875-1895). Recuerdos políticos, M. Romero, Madrid.

PUIG CAMPILLO, Antonio (1986), El cantón murciano. Historia de la Primera República española (1932), Biblioteca Básica Murciana, Murcia.

REVILLA, Manuel de la (1870), Historia y defensa de la declaración de la prensa republicana, La Discusión, Madrid.

RISPA Y PERPIÑÁ, Francisco (1932), Cincuenta años de conspirador. Memorias político-revolucionarias, 1853-1903, Librería Vilella, Barcelona.

RODRÍGUEZ SOLÍS, Enrique (1869), Reseña histórica de las monarquías españolas, con un prólogo de Roque Barcia, Est. Tip. Editorial de Manero, Barcelona.

— (1892-1893), Historia del partido republicano español, Imprenta de Fernando Cao y Domingo de Val, 2 t., Madrid.

ROLANDI Manuel (2017), Historia revisada y documentada de la sublevación cantonal española de 1873. Segunda parte, CIER, Madrid.

— (2018a), «Aspectos navales de la sublevación cantonal de Cartagena de 1873-1874», Cuaderno del Instituto de Historia y Cultura Naval, 78, págs. 51-99.

— (2018b), «Antonio Gálvez Arce (1819-1898)», Cuadernos Republicanos, 98, págs. 123-188.

ROLDÁN DE MONTAUD, Inés (2001), «El viaje inédito de un ministro español a las Antillas: Santiago Soler y Plá en La Habana a fines de 1873», Ibero-Americana Pragensia-Supplementum 9, 2001, págs. 157-171.

— (2020), «La política colonial del Gobierno Provisional al final de la República», Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 55.

ROMANONES, conde de (1939), Los cuatro presidentes de la Primera República española, Espasa-Calpe, Madrid.

ROMERO QUIÑONES, Ubaldo (1874), Teoría revolucionaria. Precedida de la biografía de Maximiliano Robespierre, Madrid.

ROURE, Conrad (1994-1996), Memorias de Conrad Roure. Recuerdos de mi larga vida, edició a cura de Josep Pich i Mitjana, Institut Universitari d‘Història Jaume Vicens i Vives, Eumo Editorial, Vic.

RUBIO PAREDES, José María (1993), «La memoria publicada en Orán en marzo de 1874 por el general Juan Contreras», Anales de Historia Contemporánea, núm. 9, págs. 205-216.

RUEDA VICENTE, José Andrés (2000), ¿Por qué asesinaron a Prim? La verdad encontrada en los archivos, Madrid.

RUIZ DE ALMODÓVAR SEL, Miguel (2019), El cantón de Granada, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Granada.

RUIZ ZORRILLA, Manuel (1877), A sus amigos y a sus adversarios, Londres.

SAGRERA, Ana de (1959), Amadeo y María Victoria, reyes de España, 1870-1873, Mossén Alcover, Palma de Mallorca.

SALMERÓN, Nicolás (1870), «La forma de gobierno. Discurso pronunciado en la reunión demócrata de 18 de octubre de 1868», en M. Calavia y J. Calderón Llanes, La Interinidad. Escritos políticos, Imprenta de los Señores Rosas, Madrid, págs. 7-30.

— (1872), «Las leyes de la historia y el progreso humano», Enciclopedia Republicana Federal Social, Imprenta de Tomás Rey, Madrid, págs. 107-137.

SÁNCHEZ PADILLA, Andrés (2013), Las relaciones entre España y Estados Unidos (1865-1898), problemas coloniales, diplomacia económica y cooperación cultural, tesis doctoral, Madrid.

SÁNCHEZ PÉREZ, Ángel (1893-1894), Glorias republicanas de España y América, La Enciclopedia Democrática, 3 t., Barcelona.

SCHMITT, Carl (2007), La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, Alianza Editorial, Madrid.

SECO SERRANO, Carlos (1969), Estudio preliminar a «Actas de los Consejos y Comisión Federal de la Región Española (18701874)», Universidad de Barcelona, Barcelona.

SERRANO, Nicolás María y PARDO, Melchor (1875), Anales de la Guerra Civil. España desde 1868 a 1876, Astort Hermanos editores, 2 vols. Madrid.

SERVIER, Jean (1969), Historia de la utopía, Monte Ávila, Caracas.

TALMON, Jacob Leib (1956), Los orígenes de la democracia totalitaria, Aguilar, Madrid.

— (1960), Mesianismo político. La etapa romántica, Aguilar, México, D. F.

TERMES, Josep (1972a), «El federalisme català en el període revolucionari de 1868-1873», Recerques, 2, págs. 33-69.

— (1972b), Anarquismo y sindicalismo en España. La I Internacional (1864-1881), Ariel, Barcelona.

TORRES CAMPOS, Manuel (1879), La pena de muerte y su aplicación en España, F. Góngora y Cía., Madrid.

TRESSERRA, Ceferino (1868), Catecismo democrático republicano, Imprenta de Manuel Galiano, Madrid.

TRÍAS, Juan José (1968), Pi y Margall. Pensamiento social, Editorial Ciencia Nueva, Madrid.

TRUJILLO, Gumersindo (1967), Introducción al federalismo español. Ideologías y fórmulas constitucionales, Cuadernos para el Diálogo, Madrid.

URBINA, Antonio, marqués de Rozalejo (1939), Cheste o todo un siglo, 1809-1906, Espasa-Calpe, Madrid.

URTIAGA MARCO, José Miguel (2002), «Documentación inédita sobre el general Domingo Moriones y Murillo (1823-1881)», parte I, Huarte de San Juan. Geografía e Historia, núm. 9.

VALCÁRCEL, Antonio (1869), Sistema de gobierno republicano democrático federal al alcance del pueblo, Imprenta de José Noguera, Madrid.

VARELA ORTEGA, José (2001), Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900), Marcial Pons, Madrid.

VERA Y GONZÁLEZ, Enrique (1886), Pi y Margall y la política contemporánea, La Academia, 2 t., Barcelona.

— (1894), El marqués de Santa Marta, Francisco Bueno, 2 t., Madrid.

— y OREA, Sebastián (1881 y 1882), Revolución francesa de 1789, con prólogo de Francisco Pi y Margall, Imp. y Lit. La Guirnalda, 2 t., Madrid.

VILCHES, Jorge (1997), «Cánovas, político del Sexenio Revolucionario», Hispania, vol. 57, núm. 197, págs. 1107-1129.

— (2001a), Progreso y libertad. El partido progresista en la revolución liberal española, Alianza Editorial, Madrid.

— (2001b), Emilio Castelar, la patria y la República, Biblioteca Nueva, Madrid.

— (2001c), Pi y Margall, el hombre sinalagmático, Historia y Política, 6, págs. 57-90.

— (2002), «Estudio preliminar» a Antonio Canovas del Castillo, La revolución liberal española. Antología política (1854-1876), Almar, Biblioteca del Pensamiento Conservador, Salamanca, págs. 11-129.

— (2007), Isabel II. Imágenes de una reina, Síntesis, Madrid.

— (2012), «Miguel Morayta. Vida política e historiografía republicana», en Miguel Morayta, Las constituyentes de la república española, Urgoiti, Pamplona, págs. VII-CLIV.

— (2013), «Un historiador en transición. La historiografía republicana de Miguel Morayta (1834-1917)», Revista de Estudios Políticos, 161, 2013, págs. 207-238.

— (2015a), «Contra la utopía. El origen del republicanismo conservador en España (1870-1880)», Historia Contemporánea, núm. 51, pág s. 577- 607.

— (2015b), «La oratoria en las urnas: el Partido Posibilista y el liderazgo de Emilio Castelar (1874-1894)», Demetrio Castro (coord.), Líderes para el pueblo republicano: liderazgo político en el republicanismo español del siglo XIX, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, págs. 123-148.

— (2018), «La Federal como utopía: La construcción de la República imaginada en el Sexenio Revolucionario (1868-1874)», Revista de Estudios Políticos, 180, págs. 49-75.

— (2019), «El comportamiento de la élite política en la crisis del reinado de Isabel II (1863-1864)», Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 42, págs. 177-207.

— (2020), «El Rey, el Señor y el Obispo. La idea de decadencia de España en la historiografía republicana del siglo XIX», en Consuelo Martínez Sicluna (dir.), Autoridad, poder y jurisdicción en la monarquía hispánica, Dykinson, Madrid, págs. 173-193.

— (2022a), «Proudhon y la federación escamoteada a Francia», Historia Constitucional, 23, págs. 266-293.

— (2022b), «Cristino Martos: El Guadiana de la democracia», Andalucía en la historia, núm. 76, págs. 68-71.

VILARRASA Eduardo María y GATELL, José Ildefonso (1875), Historia de la Revolución de Setiembre, Imp. y Lib. Religiosa y Científica del Heredero de Pablo Riera, 2 vols., Barcelona.

VILLA, Roberto (2016), España en las urnas. Una historia electoral (1810-2015), La Catarata, Madrid.

VILLA-URRUTIA, marqués de (1929), El general Serrano, duque de la Torre, Espasa-Calpe, Madrid.

VILLALBA HERVÁS, Miguel (1899), De Alcolea a Sagunto, Librería de Victoriano Suárez, Madrid.

VILLAVERDE RICO, María José (2008), La ilusión republicana. Ideales y mitos, Tecnos, Madrid.

«República, 11 de febrero de 1873. Dedicado al Gobierno de la República», obra de Joaquín Magistris y Eduardo Sojo, Madrid, 1873.

Estanislao Figueras (1819-1882), primer Presidente del Poder Ejecutivo de la República (11 de febrero-10 de junio de 1873). «Tened confianza en nosotros, porque yo os juro, en nombre de mis compañeros, que los diputados federales saldremos de aquí o con la República federal triunfante, o muertos. 10 de febrero de 1873». La Flaca, 20 de marzo de 1873.

«La fuerza armada despeja los alrededores de las Cortes el 24 de febrero» (dibujo de M. Vierge a partir del boceto de M. Urrabieta), Le Monde Illustré, 8 de marzo de 1873.

Francisco Pi y Margall (1824-1901), segundo Presidente del Poder Ejecutivo de la República (11 de junio-18 de julio de 1873).

Nicolás Salmerón (1838-1908), tercer Presidente del Poder Ejecutivo de la República (19 de julio-6 de septiembre de 1873).

Emilio Castelar (1832-1899), cuarto Presidente del Poder Ejecutivo de la República (7 de septiembre de 1873-3 de enero de 1874). La Flaca, 21 de agosto de 1873.

La bandera que lleva la mujer —que representa a la España republicana— fue una de las banderas con las que se simbolizó La Federal. La usaron los federales, como la roja la utilizaron los cantonales. Nunca se pretendió que fuera la bandera oficial de España. La Flaca, 2 de julio de 1873.

«El nuevo D. Juan. Taberna carlo-cantonal». Representación de la colaboración de los dos bandos, carlista y cantonal, en guerra contra la República. La Madeja Política, 1 de noviembre de 1873.

«El cantón murciano». Imagen de los bombardeos del Ejército sobre la ciudad cantonal. La Madeja Política, 13 de diciembre de 1873.

Francisco Serrano y Domínguez (1810-1885), quinto Presidente de la República (3 de enero-30 de diciembre de 1874).

Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque (1827-1895). Pacificador de Andalucía y autor del golpe de Estado del 3 de enero de 1874.

«Legado del año». El año 1873 en España. La Madeja Política, 25 de diciembre de 1873.

«Memorable batalla de Pavía». Representación (muy exagerada, con escenas que no ocurrieron) del golpe de Estado del 3 de enero de 1874. La Madeja Política, 24 de enero de 1874.

«Las trincheras del 3 de enero». Reacción de Nicolás Salmerón y de sus diputados a la entrada de las tropas del general Pavía. Álbum de la Sombra, enero de 1874.

«La unión hace la fuerza». Crítica a la separación de Salmerón (izquierda) y Castelar (derecha) que provocó el golpe del 3 de enero. La Madeja Política, 10 de enero de 1874.

Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903). Líder del Partido Conservador constitucional. Presidente del Gobierno entre el 3 de septiembre y el 31 de diciembre de 1874.

Cristino Martos. Líder del Partido Radical. Presidente de la Asamblea Nacional de la República (11 de febrero-22 de marzo de 1873).

Representación de los beneficiarios del golpe de Estado del 3 de enero. En el centro, Francisco Serrano (de cuerpo entero), presidente de la República en 1874, Sagasta (arriba a la izquierda), ministro de Estado en enero, luego de Gobernación y después Presidente del Gobierno hasta diciembre de 1874, y Topete (arriba a la derecha), héroe de la Revolución de 1868 y ministro de Marina entre enero y mayo de 1874. La Madeja Política, 17 de enero de 1874.

Antonio Cánovas del Castillo. Jefe del alfonsismo desde agosto de 1873 (foto hacia 1880).

Arsenio Martínez Campos. General que se pronunció en Sagunto por Alfonso XII (foto hacia 1880).

«La restauración que Vds. me piden es de todo punto imposible». Representación del anuncio del proyecto de Restauración ante el emperador de Alemania. Cánovas, Alfonso XII e Isabel II (de izquierda a derecha) sujetan el cuadro. Al fondo aparece la República. La Madeja Política, 24 de octubre de 1874.

«Los candidatos candi… dos». Alfonso XII personificado como un candidato a rey en formación. La Madeja Política, 1 de agosto de 1874.

Notas

1. Vilches (2015a; 2018).

1. «Una conversación con el príncipe Amadeo acerca de las cosas de España», en Gaceta de Turín, 7 de julio de 1874. Traducción enviada a Pavía. AHNOB, MENDIGORRÍA, c. 400, doc. 14.

2. Vilches (2019).

1. Hawkins (1989); Arranz Notario (1998); Dardé Morales (1991); Marcuello Benedito (1998); Cammarano (2008); Close (1969).

2. Milán García (2001), pág. 236. Ollero Vallés (2006), pág. 398.

3. DSCC, 17 de febrero de 1869, págs. 54-58, y 59-61.

4. Vilches (2001a).

5. Cipriano del Mazo (embajador en Viena) a Juan Antonio Rascón (embajador en Berlín), Viena, 31 de diciembre de 1869; AHN, Estado, leg. 8623.

6. DSCC, 25 de junio de 1869, págs. 3069-3077.

7. El Imparcial, 27 de octubre de 1869.

8. Becerra en DSCC, 13 de abril de 1869, pág. 1009. Romero Girón en DSCC, 7 de julio de 1869, pág. 3543. Martos en DSCC, 7 de julio de 1869, pág. 3556.

9. DSCC, 19 y 25 de junio de 1869; La Política, 31 de mayo de 1869.

10. Fernández Almagro (1976): I, 461. La Época, 23 de febrero de 1869. Manuel Becerra en DSCC, 25 de junio de 1869, pág. 3119.

11. Francisco Salmerón en DSCC, 10 de mayo de 1869, pág. 1765.

12. DSCC, 7 de julio de 1869.

13. El Imparcial, 27 de octubre de 1869.

14. La Política, 27 y 29 de octubre de 1869.

15. ACD, Serie Varios, leg. 141, núm. 1; El Imparcial y La Política, 30 y 31 de octubre de 1869.

16. La Iberia, 16 y 17 de noviembre de 1869.

17. El Imparcial, 14, 15 y 20 de noviembre de 1869; Las Cortes, 19 y 21 de noviembre de 1869; La Independencia Española, 19 de noviembre de 1869; El Certamen, 18 de noviembre de 1869.

18. La Iberia, 16 de noviembre de 1869. La Política, 4 de diciembre de 1869.

19. La Iberia, 4, 5, 6 y 8 de enero de 1870.

20. Francisco de Paula Aguilar a Víctor Balaguer, Barcelona, 7 de enero de 1870, MBVB, Epistolario, 1780, núm. 25.

21. La Política, 6 y 11 de enero de 1870; El Imparcial, 5, 8 y 10 de enero de 1870.

22. El Imparcial, 9 de noviembre de 1869.

23. La Correspondencia de España, 7, 8 y 9 de marzo de 1870; El Imparcial, 8 y 11 de marzo de 1870.

24. DSCC, 19 de marzo de 1870, pág. 6677.

25. José Luis Albareda, «Revista política interior», Revista de España, 25 de marzo de 1870.

26. Ríos Rosas a León y Castillo, Madrid, 21 de marzo de 1870. FLC, leg. 29, folio 3023.

27. Así lo decía el progresista Víctor Balaguer a Francisco Castellví, en una carta del 6 de abril de 1870; MBVB, Epistolario, 1870, núm. 329.

28. Prim a Riánsares, Madrid, 26 de agosto de 1870. Archivo Histórico Nacional, Diversos, Títulos y Familias (en adelante AHN, DTF), 3570, leg. 34, exp.36, doc. 3.

29. El Imparcial, 13 y 17 de mayo de 1870; La Correspondencia de España, 19 de mayo de 1870; ACD, Serie General, leg. 140, núm. 15. También la carta de Gabriel Claret y Dalmau a Víctor Balaguer, s.l., 27 de mayo de 1870, MBVB, Epistolario, 1870, núm. 543.

30. El Imparcial, 18 y 27 de mayo de 1870; La Correspondencia de España, 26 y 27 de mayo de 1870

31. DSCC, 3, 4, 6 y 7 de junio de 1870.

32. DSCC, 11 de junio de 1870.

33. Serrano a Rivero, Madrid, 29 de agosto de 1870, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

34. Pirala (1876), págs. III, 377; Villaurrutia (1929), págs. 161-162.

35. El ministro de Exteriores, Visconti Venosta, al embajador en Berlín, De Launay; Florencia, 18 de octubre de 1870, MDAE, I, págs. 237-245.

36. E. Rodríguez Solís, «Revista política interior», La Federación Española, 12 de agosto de 1870. Gaspar Núñez de Arce y José Luis Albareda, «Revista política interior», Revista de España, 10, 25 de agosto y 10 de septiembre de 1870; España. Vera y González (1886), págs. II, 111 y sigs. Olózaga a Rivero, París, 13 de agosto de 1870; ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

37. El ministro de Exteriores, Visconti Venosta, al embajador en Berlín, De Launay; Florencia, 18 de octubre de 1870, MDAE, vol. I, págs. 237-245.

38. Visconti Venosta a De Launay; Florencia, 18 de octubre de 1870, MDAE, I, págs. 237-245.

39. Moreno Rodríguez a un amigo, Madrid, 18 de septiembre de 1870, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2. La Correspondencia de España y La Época, 30 de septiembre de 1870; La Política, 27 de septiembre y 1, 3, 8, 9, 18 y 19 de octubre de 1870.

40. La Correspondencia de España, 24 de octubre de 1870.

41. Prim a Riánsares, Madrid, 15 de octubre de 1870. AHN, DTF, 3570, leg. 34, exp. 36, doc. 2.

42. Visconti Venosta a Cerruti, Florencia, 27 de octubre de 1870, MDAE, I, pág. 323.

43. Visconti Venosta a Cerruti, Florencia, 1 de noviembre de 1870, MDAE, I, pág. 360

44. La Correspondencia de España, y La Iberia, 3 de noviembre de 1870.

45. La Correspondencia de España, 5, 9, 10, 12, 13 y 16 de noviembre de 1870; El Diario Español [unionista fronterizo], 7, 8, 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 1870; La Política [unionista disconforme o montpensierista], núm. 262, 8 de noviembre de 1870; La Época [canovista], 13 de noviembre de 1870.

46. La Época, 8 de noviembre de 1870; La Correspondencia de España, 7 y 15 de noviembre de 1870.

47. Cerruti a Visconti Venosta, Madrid, 11 de noviembre de 1870, MDAE, I, pág. 431.

48. Cerruti a Visconti Venosta, Madrid, 28 de octubre de 1870, MDAE, I, págs. 336-337.

49. Cerruti a Visconti Venosta, Madrid, 2 de noviembre de 1870, MDAE, I, págs. 373-375.

50. Sickles a Fish, Madrid, 19 de noviembre de 1870. PRF, 1871, pág. 731.

51. DSCC, 16 de noviembre de 1870, págs. 9168-9170.

52. DSCC, 3 de noviembre de 1870, págs. 9127-9128.

53. DSCC, 23 de diciembre de 1870, págs. 9336-9344; y 27 de diciembre de 1870, págs. 9491-9492.

54. Cerruti a Visconti Venosta, Madrid, 2 de noviembre de 1870, MDAE, I, págs. 373-375.

55. DSCC, 3 de noviembre de 1869, págs. 8561-8563.

56. El Combate, 7, 9, 14, 15, 17 y 18 de noviembre de 1870.

57. El Combate, 3 y 23 de diciembre de 1870.

58. Rueda Vicente (2000), pág. 282. De las Cuevas (1987), págs. 97-109.

59. Sickles a Fish, Madrid, 28 de diciembre de 1870. PFR, págs. 750-751.

60. Reproducción del informe de Raineville, diplomático francés, en La Correspondencia de España, 8 de junio de 1873. Ante la negativa de Prim, Keratry hizo una oferta al directorio republicano, compuesto por Castelar, Figueras y Pi y Margall. Parece ser que Gambetta se negó a enviar los tres millones en oro pedidos por los españoles.

1. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 7 de octubre de 1871, MDAE, segunda serie, vol. III, págs. 154-155.

2. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 10 de febrero de 1873 (telegrama de las 21:30 horas), MDAE, segunda serie, IV, pág. 321.

3. De Barral al rey Víctor Manuel II, Madrid, 13 de febrero de 1873, MDAE, segunda serie, IV, págs. 336-339.

4. La Época, 1 de febrero de 1871.

5. La Discusión, 1 de febrero de 1871.

6. La Iberia, 1 de febrero de 1871.

7. Sickles a Fish, Madrid, 5 de enero de 1871. PFR, págs. 752-754.

8. La Igualdad, 4 y 5 de marzo de 1871.

9. La Época, 11 de marzo de 1871.

10. Cialdini a Víctor Manuel II, Madrid, 21 de febrero de 1871, MDAE, segunda serie, vol. II, pág. 253.

11. La Época, 11 de marzo de 1871.

12. La Igualdad, 8 de marzo de 1871.

13. La Época, 13 de marzo de 1871.

14. La Igualdad, 14 de marzo de 1871.

15. Henry Austen Layard a Granville, Madrid, 13 de marzo de 1871, PRO-FO 72, vol. 1274, núm. 61.

16. Villa (2016), pág. 56.

17. Cialdini a Vittorio Emanuele II; Madrid, 20 de febrero de 1871, MDAE, segunda serie, II, pág. 189.

18. Ibíd, pág. 191.

19. Cialdini a Víctor Manuel II, Madrid, 21 de febrero de 1871, MDAE, segunda serie, II, pág. 196.

20. Cialdini a Víctor Manuel II, Madrid, 12 de marzo de 1871, MDAE, segunda serie, II, págs. 265-266.

21. Layard a Granville, Madrid, 1 de enero de 1872. PRO-FO 72, volumen 1309, núm. 1.

22. DSC, CD, 23 de junio de 1871.

23. DSC, CD, 25 de julio de 1871.

24. DSCCRE, 2 de enero de 1874.

25. L’incaricato d’affari a Madrid, R. de Martino, al ministro degli Esteri, Visconti Venosta, Madrid, 25 de junio de 1871, MDAE, II, págs. 605-607. El Imparcial, 25 de junio de 1871; La Iberia, 27 de junio de 1871.

26. Sagasta a Víctor Balaguer, San Juan de Luz, 27 de agosto de 1871. BMVB, ms. 359, núm. 136.

27. El diario radical La Constitución, 17 de julio de 1871.

28. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 4 de octubre de 1871, MDAE, segunda serie, vol. III, pág. 150.

29. Ruiz Zorrilla (1877), págs. 26-27.

30. La Constitución, 23 de julio de 1871.

31. DSC, CD, 25 de julio de 1871.

32. El sagastino La Iberia, 22 a 28 de septiembre de 1871.

33. La Época, 2 de octubre de 1871.

34. La Esperanza, 3 de octubre de 1871. El Imparcial, 6 de octubre de 1871.

35. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 4 y 6 de octubre de 1871, MDAE, segunda serie, vol. III, págs. 152-153.

36. DSC, CD, 17 de noviembre de 1871.

37. Amadeo I a Víctor Manuel II, Madrid, 17 de marzo de 1872. AGP, Reinados, Amadeo I, cajón 16/12.

38. El Imparcial, 4 de octubre de 1871.

39. El Imparcial, 8, 9 y 10 de octubre de 1871.

40. DSC, CD, 8 y 10 de noviembre de 1871.

41. Amadeo I a Víctor Manuel II, 17 de marzo de 1872. AGP, Reinados, Amadeo I, cajón 16/12.

42. Layard a Granville, Madrid, 21 de noviembre de 1871, PRO-FO 72, volumen 1276, núm. 59.

43. La Igualdad, 2 de diciembre de 1871.

44. La Iberia, 12 de diciembre de 1871.

45. La Iberia, 20, 21 y 22 de diciembre de 1871. El Imparcial, 21 de diciembre de 1871. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 22 de diciembre de 1871, MDAE, segunda serie, vol. III, pág. 278.

46. Layard a Granville, Madrid, 20 de diciembre de 1871, PRO-FO 72, volumen 1276, núm. 107.

47. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 22 de diciembre de 1871, MDAE, segunda serie, vol. III, pág. 277.

48. Layard a Granville, Madrid, 21 de diciembre de 1871, PRO-FO 72, volumen 1276, núm. 109.

49. Bouillé a Rémusat, Madrid, 30 de diciembre de 1871. Ministère des Affaires Étrangères Françaises. Archives des Affaires Étrangères. Mémoires et documents. Papiers de Mr. Thiers. PA-AP 170, Thiers (en adelante MAEF, Thiers), vol. VII, núm. 159.

50. La carta está fechada a finales de diciembre de 1871, y reproducida por Gómez Chaix (1934), págs. 54-56.

51. La Iberia, 3 de enero de 1872.

52. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 8 de enero de 1872, MDAE, segunda serie, III, pág. 292.

53. Amadeo I a Víctor Manuel II, Madrid, 17 de marzo de 1872. AGP, cajón 16/12, I.

54. Layard a Granville, Madrid, 1 de febrero de 1872. PRO-FO 72, vol. 1309, núm. 21.

55. El Imparcial, 23 de enero de 1871. La Igualdad, 25 de enero de 1871.

56. De Barral a Víctor Manuel II, Madrid, 11 de febrero de 1872, MDAE, segunda serie, vol. III, págs. 340-345.

57. Bouillé a Remusat, Madrid, 1 de febrero de 1872, MAEF, Thiers, núm. 171.

58. Layard a Granville, Madrid, 17 de mayo de 1872. PRO-FO 72, vol. 1310, núm. 100.

59. El Diario Español, 19 de febrero de 1872.

60. Sagrera (1959), pág. 218.

61. Pirala (1876), III, págs. 471-472.

62. El Imparcial, 19 y 20 de febrero de 1872.

63. La Correspondencia de España, 22 de febrero de 1872.

64. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 20 de febrero de 1872, MDAE, segunda serie, III, pág. 355.

65. Bouillé a Rémusat, MAEF, Thiers, núm. 184.

66. El Imparcial, 24 de enero de 1872.

67. Agustín Esteban Collantes a Riánsares, Madrid, 3 de febrero de 1872. AHN, TYF, 3572, leg. 36, exp. 14, doc. 1

68. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 25 de febrero de 1872, MDAE, segunda serie, III, pág. 365.

69. Antonio Oñate a Riánsares, Madrid, 5 de marzo de 1872. AHN, TYF, 3573, leg. 37, exp. 4, doc. 4.

70. El Imparcial, 6 de marzo de 1872.

71. La Esperanza, 9 de marzo de 1872.

72. El Pensamiento Español, 9 de marzo de 1872.

73. La Discusión, 27 de enero de 1872.

74. La Igualdad, 9 de febrero de 1872.

75. La Igualdad, «El decreto de destrucción», 26 de enero de 1872.

76. La Discusión, 21 y 24 de febrero de 1872.

77. El Combate, 1 y 2 de febrero de 1872.

78. El Combate, 3 de febrero de 1872.

79. Eusebio Ruiz Chamorro, «Falaces rumores» y «La reacción desencadenada», La Discusión, 15 y 17 de febrero de 1872.

80. La Discusión, 13 de febrero de 1872.

81. El Combate, 7 de febrero de 1872.

82. El Combate, 6 de febrero de 1872.

83. La Igualdad, «La coalición nacional», 25 de febrero de 1872.

84. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 8 de abril de 1872, MDAE, segunda serie, vol. III, pág. 451. Bouillé a Rémusat, Madrid, 30 de mayo de 1872. MAEF, Thiers, núm. 209

85. Benito Pérez Galdós, «Revista Política Interior», en Revista de España, 99, tomo XXV, 10 de abril de 1872, págs. 448-459.

86. Borrego (1874), pág. 42.

87. Vilarrasa y Gatell (1875), II, pág. 502.

88. Ibíd., págs. 532-533.

89. Pirala (1876), III, pág. 476.

90. García Ruiz (1878), II, págs. 816-818.

91. Rodríguez Solís (1892), II, pág. 679.

92. Morayta (1895), VIII, págs. 1043-1044.

93. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 22-26.

94. Blasco Ibáñez (1892), III, pág. 605.

95. Vera y González (1894), I, pág. 305.

96. Amadeo I a Víctor Manuel II, Madrid, junio de 1872. AGP, caja 16/12, II.

97. Sickles a Fish, Madrid, 8 de junio de 1872. PFR, págs. 553-555.

98. Francisco Salmerón a su padre, Madrid, 14 de enero de 1872. BC, Francisco Salmerón y Alonso, ms. 1747, núm. 26.

99. La Discusión, 7 de junio de 1872.

100. DSC, CD, 27 de mayo de 1872.

101. El Imparcial, 29 de mayo de 1872. DSC, CD, 31 de mayo de 1872. Layard a Granville, Madrid, 3 de junio de 1872. PRO-FO 72, vol. 1311, núm. 170.

102. El Imparcial, 1 de junio de 1872.

103. Layard a Granville, Madrid, 1 de junio de 1872. PRO-FO 72, vol. 1311, núm. 169.

104. Manuel Ruiz Zorrilla a Fernando Fernández de Córdova, s.f. (pero junio de 1872), La Tablada. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 100, doc. 129.

105. El Imparcial, 10 de junio de 1872.

106. Amadeo I a Víctor Manuel II, Madrid, junio de 1872. AGP, caja 16/12, II.

107. Sickles a Fish, Madrid, 8 de junio de 1872. PFR, págs. 553-555.

1. La Época, 7 de junio de 1872.

2. El Combate, 6 de junio de 1872.

3. Rispa (1932), pág. 182.

4. Rispa (1932), págs. 184-186.

5. De Barral a Víctor Manuel II, Madrid, 11 de febrero de 1872, MDAE, segunda serie, vol. III, págs. 340-345.

6. Amadeo I a Víctor Manuel II, Madrid, junio de 1872. AGP, caja 16/12, II.

7. Bouillé a Remusat, Madrid, 13 de diciembre de 1872. MAEF, Thiers, núm. 262.

8. Bouillé a Rémusat, Madrid, 20 de junio de 1872. MAEF, Thiers, núm. 210.

9. La Nación, 12 de junio de 1872. Las Novedades y El Diario Español, 13 de junio de 1872.

10. Fernando Fernández de Córdova a Manuel Ruiz Zorrilla, 9 de junio de 1872. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 100, doc. 62.

11. El Diario Español, 9 de junio de 1872.

12. Vernouillet a Rémusat, Madrid, 30 de agosto de 1872. MAEF, Thiers, núm. 238.

13. La Iberia, 30 de junio de 1872.

14. El Diario Español, 19 y 24 de junio de 1872.

15. El Diario Español, 24 de julio de 1872.

16. Francisco Serrano a Andrés Borrego, 10 de julio de 1872. AHN, DTF, Archivo de Andrés Borrego, 2533, carpeta 4.

17. Villaurrutia (1929), pág. 202.

18. Borrego (1892), pág. 62.

19. Agustín Esteban Collantes a Riánsares, Madrid, 28 de diciembre de 1872. AHN, TYF, 3575, leg. 41, exp. 7, doc. 4.

20. Vilches (1997).

21. Layard a Granville, Madrid, 22 de junio de 1872. PRO-FO 72, vol. 1311, núm. 225. Bouillé a Rémusat, Madrid, 27 de septiembre de 1872. MAEF, Thiers, núm. 249.

22. Layard a Granville, Madrid, 30 de diciembre de 1872. PRO-FO 72, vol. 1313, núm. 408.

23. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 16 de febrero de 1873, MDAE, Segunda serie, vol. IV, págs. 352-353.

24. Bouillé a Rémusat, Madrid, 15 de febrero de 1873. MAEF, Thiers, núm. 13.

25. Bouillé a Rémusat, Madrid, 4 de julio de 1872, MAEF, Thiers, núm. 213.

26. Manuel Ruiz Zorrilla a Fernando Fernández de Córdova, s.f., 1872, La Tablada. AHNOB MENDIGORRÍA, caja. 100, doc. 129.

27. El Imparcial, 17 de junio de 1872.

28. La Iberia, 17 de junio de 1872.

29. El Imparcial, 4 de julio de 1872.

30. DSC, CD, 19 de septiembre de 1872.

31. DSC, CD, 26 de septiembre de 1872 y 11, 15 y 28 de octubre de 1872.

32. AGMM, MG. Orden Público. «Movimiento republicano en el arsenal de El Ferrol (La Coruña) 1872», Sig. 5893.2, docs. 19-21.

33. Morayta, (1895), VIII, págs. 1123-1124.

34. Reunión del 17 de octubre de 1872, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

35. Vera y González (1894), I, pág. 312.

36. Rodríguez Solís (1892), II, pág. 683. Hennessy (2010), pág. 165-169.

37. Ibíd., pág. 685.

38. Layard a Granville, Madrid, 26 de octubre de 1872. PRO-FO 72, vol. 1312, núm. 332.

39. Rodríguez Solís (1892), II, pág. 685.

40. Algunas proclamas firmadas por Contreras fueron recogidas por Fernández de Córdova cuando era ministro de la Guerra; AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 100, doc. 229.

41. Rodríguez Solís (1892), II, pág. 685.

42. Ibíd., págs. 687-688.

43. Pirala (1878), IV, pág. 158.

44. Layard a Granville, Madrid, 23 de octubre de 1872. PRO-FO 72, vol. 1312, núm. 315

45. Pirala (1878), IV, págs. 159-160.

46. Bouillé a Rémusat, Madrid, 13 de diciembre de 1872, MAEF, Thiers, núm. 262.

47. La Correspondencia de España, 12 de diciembre de 1872.

48. DSC, CD, 12 de diciembre de 1872.

49. La Tertulia y El Imparcial, 12 de diciembre de 1872.

50. Layard a Granville, Madrid, 30 de diciembre de 1872. PRO-FO 72, vol. 1313, núm. 408.

51. Circular de la Junta directiva de la minoría Madrid, 8 de noviembre de 1872, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

52. Manuel Ruiz Zorrilla a Fernando Fernández de Córdova, 30 de enero de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, CFFCV, caja 105, doc. 273.

53. La Época, 30 de enero de 1873.

54. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 31 de enero de 1873, MDAE, segunda serie, vol. IV, págs. 303-304.

55. Amadeo I a Víctor Manuel II, febrero de 1873. AGP, caja 16/12, VI.

56. Layard a Granville, Madrid, 18 de junio de 1872. PRO-FO 72, vol. 1311, núm. 208.

57. Bouillé a Rémusat, Madrid, 2 de enero de 1873, MAEF, Thiers, núm. 1.

58. Layard a Granville, Madrid, 17 de enero de 1873. PRO-FO 72, vol. 1336 núm. 20.

59. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 13 de febrero de 1873, MDAE, segunda serie, vol. IV, págs. 336-339.

60. Layard a Granville, Madrid, 13 de febrero de 1873. PRO-FO, vol. 1336, núm. 76.

61. Layard a Granville, Madrid, 12 y 19 de octubre de 1872. PRO-FO, vol. 1311, núms. 305 y 314.

62. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 13 de febrero de 1873, MDAE, segunda serie, vol. IV, págs. 336-339.

63. Layard a Granville, Madrid, 12 de febrero de 1873. PRO-FO, vol. 1336, núm. 62.

64. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 13 de febrero de 1873, MDAE, segunda serie, vol. IV, págs. 336-339

65. Amadeo I a Víctor Manuel II, Madrid, febrero de 1873. AGP, caja 16/12 VI y VII.

66. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 9 de febrero de 1873, MDAE, segunda serie, vol. IV, pág. 319.

67. José Luis Albareda, «Revista Política Interior», Revista de España, núm. 123, abril de 1873, págs. 402-414.

68. Ruiz Zorrilla (1877), pág. 46.

69. Villaurrutia (1929), pág. 193. Villaurrutia era entonces conservador, y empleado en el Ministerio de Estado, situado en la planta baja del Palacio Real.

70. Riánsares a Agustín Esteban Collantes, 31 de enero de 1873. AHN, TYF, 3575, leg. 41, exp. 7, doc. 1.

1. Orense (1869), pág. 34.

2. Estanislao Figueras, Hendaya, 3 de septiembre de 1873; en Villalba Hervás (1899), págs. 377-390.

1. Vilches (2022b).

2. Ruiz Zorrilla a Fernández de Córdova, La Tablada, s.f. (pero principios de junio). AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 100, doc. 129.

3. Fernández de Córdova a Ruiz Zorrilla, 9 de junio de 1872. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 100, doc. 62.

4. ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

5. AGMM, MG, Orden Público, «Desórdenes en Madrid…», sig. 5894.1, docs. 5 y 6.

6. Borrego (1892), págs. 58-63. Borrego fue durante esos años agente y asesor de Serrano.

7. Borrego (1877), págs. 86-87; y (1892), pág. 64.

8. Esto fue confesado por Serrano a Layard. Layard a Granville, Madrid, telegrama de la noche del 11 al 12 de febrero de 1873. PRO-FO, vol. 1336.

9. Borrego (1892), pág. 62.

10. Layard a Granville, Madrid, 14 de febrero de 1873. PRO-FO, vol. 1336, núm. 82.

11. Pirala (1876), II, pág. 249.

12. La Correspondencia de España, 10 de febrero de 1873.

13. Borrego (1892), pág. 61.

14. DSC, 11 de febrero de 1873, pág. 3218.

15. Ruiz Zorrilla (1877), págs. 47-49.

16. Cartas del 24 y 28 de abril de 1873, procedentes del Archivo de Manuel Ruiz Zorrilla, citadas por Olivar Bertrand (1956).

17. De Barral a Visconti Venosta, Madrid, 13 de febrero de 1873, MDAE, vol. IV, págs. 336-339.

18. La Iberia, 12 y 13 de febrero de 1873. El Gobierno, 13 y 14 de febrero de 1873. Los carteles originales se guardan en el ACD, Serie Varios, leg. 137, núm. 2.

19. AGMM, MG. Orden Público. Desórdenes en Madrid con motivo de la proclamación de la Primera República (1873), sig. 5894.1, doc. 8.

20. Carta de Montero Ríos a José Luis Albareda, Madrid, 27 de marzo de 1873. Revista de España, núm. 123, abril de 1873, págs. 408-410.

21. Morayta (1895), VIII, pág. 1173.

22. Esto lo cuenta Ángel Sánchez Pérez, federal involucrado en aquella conspiración, en Sánchez Pérez (1894), III, págs. 513-514.

23. Morayta (1895), VIII, pág. 1177.

24. AGMM, MG, Orden Público, «Desórdenes en Madrid…», sig. 5894.1, doc. 10.

25. Morayta (1895), VIII, pág. 1177.

26. García Ruiz (1878), II, pág. 834.

27. AGMM, MG, Orden Público, «Desórdenes en Madrid…», sig. 5894.1, doc. 9.

28. Morayta (1895), VIII, págs. 1176-1177.

29. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 63.

30. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 98.

31. Morayta (1895), VIII, pág. 1180.

32. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 82.

33. Layard a Granville, Madrid, 14 de febrero de 1873. PRO-FO, vol. 1336, núm. 82.

34. Martos a Ruiz Zorrilla, Madrid, 21 de febrero de 1873. Archivo de Manuel Ruiz Zorrilla. Citado por Olivar Bertrand (1975).

35. Morayta (1895), VIII, pág. 1183.

36. El Gobierno, 18 de febrero de 1873.

37. El Gobierno, 12 de febrero de 1873.

38. La Iberia, 13 de febrero de 1873. El Gobierno, 13 de febrero de 1873.

39. El Correo de Andalucía, 14 de febrero de 1873.

40. El Gobierno, 19 de febrero de 1873.

41. El Correo de Andalucía, 14 de febrero de 1873.

42. José Merelo a Fernando Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, Sevilla, 13 de febrero de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 104, doc. 104.

43. José Merelo a Fernando Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, Sevilla, 16 de febrero de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 104, doc. 101.

44. Diario de Córdoba, 14 de febrero de 1873. Citado por López Serrano (2011), pág. 201.

45. La Andalucía, 14 de febrero de 1873. El Gobierno, 18 de febrero de 1873.

46. José Merelo a Fernando Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, Sevilla, 13 de febrero de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 104, doc. 104.

47. El Gobierno, 15 de febrero de 1873.

48. El Gobierno, 18 de febrero de 1873.

49. El Gobierno, 19 de febrero de 1873.

50. La Época, 23 de febrero de 1873.

1. Vilches (2018).

2. Castelar (1876), II, XV.

3. J. Roig y Minguet, «El siglo XIX», La Ilustración Republicana Federal, núm. 12, 3 de septiembre de 1871, págs. 177-179.

4. Francisco Rispa y Perpiñá, «El doctrinarismo agoniza», La Ilustración Republicana Federal, núm. 22, 28 de noviembre de 1871, págs. 340-342.

5. Barcia (1869a), pág. 81.

6. La Iberia, 11 de octubre de 1868.

7. El Imparcial, 12 de octubre de 1868. La Discusión, 18 de octubre de 1868.

8. Salmerón (1870). Trujillo (1967), págs. 180-187.

9. El Pensamiento Español, 19 de octubre de 1868.

10. García Ruiz (1872), pág. 66.

11. La Discusión, 20 de octubre de 1868.

12. El Imparcial, 19 de octubre de 1868.

13. Vilches (2022a).

14. Pi y Margall (1971).

15. Vilches (2015a).

16. DSCC, 19 de octubre de 1870, págs. 3059-3073.

17. DSCC, 7 de abril de 1869, pág. 903.

18. Castelar, «Instalación del comité republicano en Madrid. 13 de noviembre de 1868», (1870b), III, pág. 254.

19. Castelar, «Instalación del comité republicano en Madrid», (1870b), III.

20. Castelar, «Instalación del comité republicano en Madrid», (1870b), III, págs. 209-270.

21. Castelar, «Interregno parlamentario. Discurso pronunciado en la reunión republicana de Sevilla» (7 de abril de 1872), (1873), págs. 313-335.

22. DSCCRE, 30 de julio de 1873, págs. 1054-1056.

23. Ernesto García Ladevese, «El Porvenir», La Ilustración Republicana Federal, núm. 26, 31 de diciembre de 1871, págs. 403-405.

24. Barcia (1969a), pág. 100.

25. A. Cortés, «La ingratitud de los pueblos», La Ilustración Republicana Federal, núm. 15, 24 de septiembre de 1871, págs. 231-234.

26. Párrafo de la carta del federal García López publicada en el periódico El Tribuno del Pueblo, transcrita por Vera y González (1886), II, pág. 354.

27. Pi y Margall en DSCC, 20 de mayo de 1869, pág. 2101.

28. Enrique Rodríguez Solís, «Los partidarios de la paz», La Ilustración Republicana Federal, núm. 8, 4 de marzo de 1872, págs. 75-76.

29. Gómez-Ferrer (1983).

30. Pi y Margall (1874), págs. 13-14.

31. Morayta (1895), VIII, pág. 1187.

32. Marzo de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 105, doc. 356.

33. Vera y González (1886), II, págs. 427-428.

34. Pi y Margall (1874), pág. 17.

35. La Discusión, 14 de febrero de 1873.

36. El Gobierno, 18 de febrero de 1873.

37. Telegrama de Bouillé a Rémusat, Madrid, 18 de febrero de 1873. MAEF, Thiers.

38. Vera y González (1886), II, pág. 428.

39. Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, núm. 120, 28 de febrero de 1873, págs. 546-557.

40. La Época, 23 de febrero de 1873.

41. DSAN, 22 de febrero de 1873.

42. Puig Campillo (1986), pág. 21.

43. Pirala (1876), II, págs. 660-661. Morayta (1898), IX, págs. 7-8.

44. Rafael Rubio a Fernando Fernández de Córdova, Zaragoza, 20 de febrero de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 105, doc. 188.

45. La Época, 23 de febrero de 1873.

46. La Discusión, 25 de febrero de 1873.

47. Francisco Pi y Margall, «Discurso en el banquete celebrado en el Café de Oriente en conmemoración del décimo octavo aniversario de la proclamación de la República», Nuevo Régimen. Semanario Federal, 14 de febrero de 1891.

48. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 119. El Gobierno, 25 de febrero de 1873.

49. ACD, Serie Varios, leg. 137, núm. 2.

50. Ibíd., y Archivo General Militar de Segovia, Expediente del general Moriones. Citado por Urtiaga Marco (2002), pág. 243.

51. Francisco Pi y Margall, «Discurso en el banquete celebrado en el Café de Oriente en conmemoración del décimo octavo aniversario de la proclamación de la República», Nuevo Régimen. Semanario Federal, 14 de febrero de 1891.

52. La Época, 24 de febrero de 1873; La Discusión, 25 de febrero de 1873.

53. El Imparcial, 24 de febrero de 1873.

54. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 120-121.

55. La Correspondencia de España, 24 de febrero de 1873.

56. Morayta (2013), pág. 84.

57. El Gobierno, 25 de febrero de 1873.

58. La Época, 25 de febrero de 1873. La Igualdad, 25 de febrero de 1873.

59. El Gobierno, 25 de febrero de 1873.

60. DSAN, 24 de febrero de 1873.

61. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 119.

62. AGMM, MG, Orden Público, «Desórdenes en Madrid…», sig. 5894.1, docs. 14 y 15. La Correspondencia de España, 24 de febrero de 1873. El Gobierno, 25 de febrero de 1873.

63. AGMM, MG, Orden Público, «Desórdenes en Madrid…», sig. 5894.1, doc. 16. La Época, 25 de febrero de 1873. La Correspondencia de España, 25 de febrero de 1873.

64. La Igualdad, 22 de febrero de 1873.

65. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 125.

66. Morayta (1898), IX, pág. 33.

67. La España Federal, 9 de marzo de 1873.

1. González Sugrañes (1896), págs. 16-17.

2. El Estado Catalán, 8 de marzo de 1873.

3. Termes (1972a).

4. González Sugrañes (1896), pág. 21.

5. Pirala (1876), II, pág. 720.

6. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 103, documentos 141 y 142.

7. Pi y Margall (1874), págs. 19-20.

8. Termes (1972a).

9. Acta de la sesión celebrada por la Diputación Provincial de Barcelona el 12 de febrero de 1873, en Nieto de Sangenís (1974), págs. 156-161.

10. Roure (1994), I, pág. 24.

11. González Sugrañes (1896), págs. 44-45.

12. González Sugrañes (1896), págs. 45-46.

13. Gaminde a Fernando Fernández de Córdova, ministro de la Guerra, Barcelona, 20 de enero de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 103, doc. 136.

14. González Sugrañes (1896), pág. 25.

15. Ibíd., pág. 34. Roure (1995), VI, págs. 30-32. Morayta (1898), IX, pág. 30. Véase su obituario en La Iberia, 31 de octubre de 1878.

16. González Sugrañes (1896), pág. 34.

17. González Sugrañes (1896), págs. 48-55.

18. Valentín Almirall, «Sucesos de Barcelona», El Estado catalán, 10 de marzo de 1873.

19. Alberto de Quintana a Víctor Balaguer, Barcelona, 23 de febrero de 1873, MBVB, sig. 7300152.

20. Telegrama del general 2.º cabo (Andía) al Ministerio de la Guerra. 21 de febrero de 1873. AGMM, Ministerio de la Guerra, Orden Público. «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2. doc. 40-42.

21. Pi y Margall (1874), pág. 19.

22. González Sugrañes (1896), págs. 55-56.

23. Telegrama del general Barraquer al ministro de la Guerra, Barcelona, 21 de febrero de 1873. AGMM, MG, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2. doc. 53-54.

24. Nieto de Sangenís (1974), pág. 33. Jutglar (1975), I, págs. 471-472.

25. González Sugrañes (1896), pág. 67.

26. Ibíd., pág. 68.

27. Roure (1994), IV, págs. 41-43.

28. Telegrama del capitán general interino al ministro de la Guerra, Barcelona, 23 de febrero de 1873; en AGMM, MG, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2, doc. 81.

29. Telegrama de Narciso Buxó, alcalde popular de Barcelona, al Presidente del Poder Ejecutivo. Barcelona, 21 de febrero de 1873 (hora, 11:30). AGMM, MG, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2. doc. 55

30. El informe en AGMM, MG, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2. doc. 92-102.

31. Ibíd.

32. Pi y Margall (1874), pág. 20.

33. Morayta (1898), IX, pág. 31.

34. Pi y Margall (1874), pág. 20.

35. Lafuente (1898), pág. 21.

36. El Estado Catalán, 8 de marzo de 1873.

37. Miguel Elías Marchal a Víctor Balaguer, Barcelona, 13 de marzo de 1873, MBVB, sig. 7300198.

38. AGMM, Ministerio de la Guerra, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2. doc. 3-14.

39. Pi y Margall (1874), pág. 21.

40. Pich i Mitjana (2006), pág. 242.

41. Termes (1972a).

42. Acta de la sesión celebrada por la Diputación Provincial de Barcelona el 5 de marzo. Nieto de Sangenís (1974), págs. 175-177.

43. Vera y González (1886), I, pág. 447.

44. La Independencia, 6 y 7 de marzo de 1873. La España Federal, 9 de marzo de 1873.

45. Modesto Costa a Víctor Balaguer, Barcelona, 6 de marzo de 1873, MBVB, sig. 7300190.

46. Luis Carreras, «El drama y la comedia en los primeros días de la República española, Cartas al diputado federal Juan Pla y Mas. XIV», Barcelona, 10 de marzo, La Imprenta, 22 de marzo de 1873, edición de la mañana.

47. Luis Carreras, «El drama y la comedia… XIV. Barcelona, 11 de marzo», La Imprenta, 22 de marzo de 1873, edición de la mañana. Roure (1994), IV, pág. 70.

48. Luis Carreras, «El drama y la comedia… XV», La Imprenta, 23 de marzo de 1873, edición de la mañana.

49. ACD, Serie Varios, leg. 137, núm. 2.

50. Luis Carreras, «El drama y la comedia… XVI. Barcelona, 12 de marzo», La Imprenta, 29 de marzo de 1873, edición de la tarde.

51. La Imprenta, 10 de marzo de1873. Vera y González, Pi y Margall, ob. cit., II, págs. 445-447. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 127-128. Nieto de Sangenís (1974), pág. 42.

52. Luis Carreras, «El drama y la comedia… XVII. Barcelona, 13 de marzo», La Imprenta, 3 de abril de 1873, edición de la tarde.

53. González Sugrañes (1896), pág. 80.

54. Luis Carreras, «El drama y la comedia… XVII», ob. cit., La Imprenta, 3 de abril de 1873, edición de la tarde.

55. La Linterna, 10 de marzo de 1873.

56. Ibíd.

57. González Sugrañes (1896), pág. 98.

58. Pi y Margall (1874), pág. 23.

59. Termes (1972a).

60. Luis de Carreras, «El drama y la comedia… XVIII y última. Barcelona, 14 de marzo», La Imprenta, 5 de abril de 1873. Nieto de Sangenís (1974), pág. 45.

61. Telegrama del general Lagunero al ministro de la Guerra, el general Acosta. Barcelona, 9 de marzo. AGMM, MG, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2, doc. 171-172.

62. La Imprenta, 10 de marzo de 1873.

63. Telegramas de Laguneros a Acosta, Barcelona, 10 y 12 de marzo, AGMM, MG, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2, doc. 180, 188-189 y 192-193.

64. Alberto Quintana a Víctor Balaguer, Barcelona, 7 de marzo de 1873, MBVB, sig. 730093.

65. Ramón Damon a Víctor Balaguer, Barcelona, 11 de marzo de 1873, MBVB, sig. 7300200.

66. Barón Fernández (1998), pág. 79.

67. Telegramas del general Lagunero al ministro de la Guerra, general Acosta. Barcelona, 12 y 13 de marzo de 1873, AGMM, MG, Orden Público, «Movimientos insurreccionales en Barcelona desde la proclamación de la República (1873)», sig. 5892.2, doc. 196 y 198.

68. Morayta, (1898), IX, pág. 32. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 129.

69. Magin Pers a Víctor Balaguer, Barcelona, 6 de marzo de 1873, MBVB, sig. 7300192.

70. Ramón Damon a Víctor Balaguer, Barcelona, 20 de marzo de 1873, MBVB, sig. 7300223.

71. General Sickles a Mr. Fish, Madrid, 17 de mayo de 1873. PFR, 1873, I, págs. 973-982.

72. Morayta (2013), pág. 80.

73. General Sickles a Mr. Fish, Madrid, 17 de mayo de 1873. PFR, 1873, I, págs. 973-982.

74. La Iberia, 9 de marzo de 1873.

75. El Gobierno, 5 de marzo de 1873. La Correspondencia de España, 5 de marzo de 1873.

76. La Iberia, 5 de marzo de 1873.

77. La Discusión, 4 de marzo de 1873.

78. La Discusión y La Igualdad, 8 de marzo de 1873.

79. Hennessy (2010), pág. 185.

80. La Correspondencia de España, 7 de marzo de 1873. Morayta (1898), IX, pág. 27.

81. Propuso además rebajar la edad electoral a los veintiún años, mientras que los otros radicales sostenían que era conveniente mantener los veinticinco, como la edad civil, y los republicanos pidieron que se permitiera a los veinte años.

82. DSAN, 7 de marzo de 1873, apéndice 10.

83. El Estado catalán, 8 de marzo de 1873.

84. DSAN, 8 de marzo de 1873, págs. 420-423.

85. DSAN, 8 de marzo de 1873, págs. 423-426.

86. PRO-FO 72, vol. 1.338, Layard a Granville, núms. 166, 180, 186 y 196; 6, 10, 11 y 12 de marzo de 1873.

87. DSAN, 8 de marzo de 1873, pág. 430.

88. ACD, Serie Varios, leg. 137, núm. 2.

89. Ibíd.

90. La Correspondencia de España, 8 de marzo de 1873.

91. Presidente de la Asamblea Nacional al ministro de la Gobernación, Palacio de la Asamblea Nacional, 8 de marzo de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 137, núm. 2.

92. La Correspondencia de España, 8-III-1873. La Iberia, 9-III-1873. El Imparcial, 9-III-1873.

93. DSAN, 8-III-1873, págs. 446-450.

94. La Correspondencia de España, 9 y 10-III-1873. Morayta (1898), IX, 29.

1. La Iberia, 10 de mayo de 1873.

1. DSAN, 22 de marzo de 1873.

2. Las sesiones se conservan en ACD, «Comisión Permanente de las Cortes Constituyentes. Libro de Actas de 1869 a 1873». Las sesiones fueron los días 27 de marzo, 3, 9, 17, 20 y 23 de abril de 1873.

3. Buenaventura Abárzuza a Pedro J. Moreno Rodríguez, Madrid, 21 de abril de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

4. Estanislao Figueras, Hendaya, 3 de septiembre de 1873; en Villalba Hervás (1899), págs. 377-390.

5. Borrego (1877), págs. 90-99.

6. Sickles a Fish, 17 de mayo de 1873. PFR, ob. cit., págs. 973-982.

7. Pavía (1882), págs. 63-64.

8. Pirala (1877), IV, págs. 289-290. Morayta (1898), pág. 45.

9. La circular en Morayta (1898), IX, págs. 48-49.

10. Buenaventura Abárzuza a Pedro J. Moreno Rodríguez, Madrid, 27 de abril de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

11. Pavía (1882), pág. 63.

12. Pirala (1877), IV, págs. 288-289.

13. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 23 de abril de 1873, MDAE, segunda serie, IV, pág. 466.

14. José Gómez Díez, «Revista política interior», Revista de España, núm. 125, mayo de 1873, págs. 119-128. Estévanez (Tebas), pág. 252.

15. Rispa (1932), págs. 210-221.

16. Pi y Margall (1874), pág. 27.

17. La Independencia Española, 15 de abril de 1873.

18. Buenaventura Abárzuza a Pedro J. Moreno Rodríguez, Madrid, 21 de abril de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

19. Pi y Margall (1874), págs. 27-28; Estévanez (1975), pág. 253. La Iberia, 20 de abril de 1874.

20. Gaceta de Madrid, 24 de abril de 1873. Pavía (1882), pág. 64. Rodríguez Solís (1898), II, pág. 701.

21. «Carta del marqués de Sardoal al presidente de la Asamblea Nacional» (Francisco Salmerón), Lisboa, 6 de mayo de 1873. Publicada por La Época, 17 de junio de 1873.

22. Ibíd.

23. Rafael María de Labra en DSCCRE, 7 de julio de 1873, pág. 589. Villalba Hervás (1899), págs. 272-275.

24. «Carta del marqués de Sardoal al presidente de la Asamblea Nacional» (Francisco Salmerón), Lisboa, 6 de mayo de 1873. Publicada por La Época, 17 de junio de 1873.

25. Morayta (1898), pág. 48.

26. El Gobierno, 24 de abril de 1873.

27. Artículo incluido en la carta de Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 23 de abril de 1873, MDAE, Seconda serie, IV, págs. 467-470.

28. Manuel Becerra, testigo, lo contó en DSCCRE, 13 de agosto de 1873, pág. 1442.

29. Pavía (1882), pág. 64.

30. Sickles a Fish, Madrid, 17 de mayo de 1873, PFR, ob. cit., págs. 973-982.

31. La República Democrática, 24 de abril de 1873.

32. DSCCRE, 13 de agosto de 1873, pág. 1442.

33. Fabié (1898), II, págs. 466-470.

34. Buenaventura Abárzuza a Pedro J. Moreno Rodríguez, Madrid, 27 de abril de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2. Se refiere al autogolpe de Estado de Luis Napoleón contra la República el 2 de diciembre de 1851.

35. Manuel Becerra, DSCCRE, 13 de agosto de 1873, pág. 1442.

36. Morayta (1898), pág. 52.

37. Pi y Margall (1874), págs. 30-31.

38. Schmitt ( 2007).

39. Pi y Margall (1874), pág. 31.

40. La Correspondencia de España, 25 de abril de 1873.

41. Gaceta de Madrid, 24 de abril de 1873.

42. Morayta (2013), pág. 92.

43. La República, 24 de abril de 1873.

44. La Igualdad, 23 de abril de 1873.

45. Buenaventura Abárzuza a Pedro J. Moreno Rodríguez, Madrid, 27 de abril de 1874, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

46. El Gobierno, 25 de abril de 1873.

47. DSCCRE, 13 de agosto de 1873, pág. 1442.

48. Morayta (1898), págs. 54-55.

49. García Ruiz (1878), II, pág. 869.

50. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 24 de abril de 1873, MDAE, segunda serie, IV, págs. 472-474.

51. Hennessy (2010), págs. 193-194.

52. Gaceta de Madrid, 3 de mayo de 1873, pág. 293.

53. La Iberia, 4 de mayo de 1873.

1. El Debate, 24 de abril de 1873. La Época, 25 de abril de 1873.

2. La Esperanza, 3 de mayo de 1873; El Imparcial, 9 de mayo de 1873; La Igualdad, 10 de mayo de 1873.

3. Citado por El Imparcial, 8 de mayo de 1873.

4. Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, 122, tomo XXXI, 28 marzo de 1873, págs. 261-271.

5. La Correspondencia de España, 2 de mayo de 1873; El Imparcial, 3 de mayo de 1873.

6. Borrego (1877), pág. 119.

7. El Gobierno, 12 de mayo de 1873.

8. La Discusión, 30 de abril de 1873; La Discusión, 4 de marzo de 1873.

9. Morayta (1898), IX, pág. 41.

10. El Imparcial, 29 de abril de 1873 y 4 de mayo de 1873.

11. La Discusión, 30 de abril de 1873.

12. La Esperanza, 5 de mayo de 1873. La Correspondencia de España, 7 de mayo de 1873.

13. La República Democrática, «El retraimiento», cit. por La Época, 3 de mayo de 1873.

14. La Iberia, 10 de mayo de 1873.

15. El Imparcial, 7, 9 y 10 de mayo de 1873; La Iberia, 7 de mayo de 1873; La Nación, 7 de mayo de 1873; La Discusión, 7 de mayo de 1873.

16. La Iberia, 8 de junio de 1873. El artículo de La República Democrática está recogido en La Época, 8 de mayo de 1873.

17. La República Democrática, «El retraimiento», cit. por La Época, 3 de mayo de 1873. La Iberia, 4 de mayo de 1873.

18. La Discusión, 10 de mayo de 1873.

19. El Tiempo, 2 de mayo de 1873.

20. La Federación, órgano de la federación barcelonesa de la AIT, 10 de mayo de 1873.

21. La República, 25 de abril de 1873.

22. Pérez Roldán (2001), págs. 277-278.

23. Martínez Cuadrado (1969), I, pág. 202; Artola (1973), pág. 394; Villa (2016), pág. 57.

24. Vera y González (1886), II, pág. 511.

25. Gaceta de Madrid, 15 de febrero de 1873, págs. 531-532.

26. Gaceta de Madrid, 26 de abril de 1873, pág. 227.

27. Rispa (1932), págs. 230-232.

28. Romanones (1939), págs. 69-70.

29. Gaceta de Madrid, 3 de mayo de 1873, págs. 291-292.

30. Gaceta de Madrid, 6 de mayo de 1873, págs. 327-328.

31. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), pág. 164.

32. La Correspondencia de España, 10 de mayo de 1873.

33. La Correspondencia de España, 11 de mayo de 1873.

34. El Estado Catalán, 13 de mayo de 1873.

35. González Sugrañes (1896), págs. 252-253.

36. Datos disponibles en la web del Congreso de los Diputados. https://www.congreso.es/web/guest/historico-diputados

37. La Imprenta, 14 de mayo de 1873.

38. Datos disponibles en la web del Congreso de los Diputados. https://www.congreso.es/web/guest/historico-diputados

39. Morayta (2013), pág. 97.

40. Morayta (1898), IX, pág. 65.

41. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 11 de junio de 1873, MDAE, segunda serie, IV, págs. 570-571.

42. Villa (2016), pág. 57.

43. Engels (1970).

44. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 14 de junio de 1873, MDAE, segunda serie, IV, págs. 573-578.

45. DSCCRE, 1 de junio de 1873, págs. 1-7.

46. Carta de Juan Viralta a La Igualdad, reproducida por El Imparcial, 2 de junio de 1873.

1. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 165.

2. Estanislao Figueras, Hendaya, 3 de septiembre de 1873, en Villalba Hervás (1899), págs. 377-390.

3. La Correspondencia de España, 17 de julio de 1873.

4. Estanislao Figueras, Hendaya, 3 de septiembre de 1873, en Villalba Hervás (1899), págs. 377-390. Morayta (2013), págs. 109-110.

5. Estévanez (1975), pág. 258.

6. DSCCRE, 18 de junio de 1873.

7. Morayta (2013), págs. 110-111. Hennessy cuenta en su obra La República federal en España que no fue un golpe, sino que Socías actuó al aviso de Salmerón y Castelar, pero esto contradice el testimonio que dio Socías en las Cortes, no desmentido por estos dos, ni concuerda con el temor de las Cortes en la mañana del 11, que se declaró en sesión secreta y mandó detener a Socías. No tenía sentido detenerlo si tenía una orden de Castelar y Salmerón. Socías no era un hombre de confianza de Castelar; de hecho, intentó un golpe el 9 de septiembre de 1873 contra su recién proclamado Gobierno, y votó «no» en la moción de confianza a Castelar el 2 de enero.

8. Estanislao Figueras, Hendaya, 3 de septiembre de 1873; en Villalba Hervás (1899), págs. 377-390.

9. DSCC, 8 de junio de 1873, págs. 112-111.

10. Vera y González (1886), II, págs. 666-667. Puig Campillo (1986), págs. 62-64.

11. Romanones (1939), pág. 50.

12. Morayta (1898), IX, pág. 84.

13. Pi y Margall en DSCCRE, 6 de septiembre de 1873, pág. 2095.

14. DSCC, 11 de junio de 1873, págs. 131-133.

15. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 14 de junio de 1873, MDAE, segunda serie, vol. IV, págs. 573-578.

16. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 1 de mayo de 1873, MDAE, segunda serie, IV, págs. 546-547.

17. La Igualdad, 14 de junio de 1873.

18. La Igualdad, 15 de junio 1873. El Imparcial, 21 de junio de 1873.

19. DSCCRE, 14 de junio de 1873, pág. 152.

20. Morayta (2013), pág. 116.

21. DSCCRE, 21 de junio de 1873, págs. 268-269.

22. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 22 de junio de 1873 (enviada el 1 de julio), MDAE, segunda serie, IV, págs. 583-585.

23. DSCCRE, 27 de junio de 1873, págs. 365-380.

24. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 22 de junio de 1873 (enviada el 1 de julio), MDAE, segunda serie, IV, págs. 583-585.

25. Estévanez (1975), pág. 264.

26. Ibíd., pág. 265.

27. Moratya (1898), pág. 93.

28. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 24 de junio de 1873 (enviada el 3 julio), MDAE, segunda serie, IV, págs. 588-590.

29. Hennessy (2010), págs. 212-213.

30. DSCCRE, 30 de junio de 1873, págs. 425-429.

31. DSCCRE, 30 de junio de 1873, págs. 434-436.

32. Pi y Margall (1874), págs. 40-45.

33. DSCC, 19 de julio de 1873, pág. 808.

34. Pi y Margall en DSCCRE, 6 de septiembre de 1873, pág. 2095.

1. Morayta (2013), pág. 137.

2. Gaceta de Madrid, 26 de junio de 1873, pág. 859.

3. La Discusión, 21 de junio de 1873.

4. La Igualdad, 30 de junio de 1873.

5. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 248 y 388-389.

6. Garrido (1865), V, pág. 514.

7. Eugène Sue, Los hijos del pueblo, Imprenta de Juan Oliveres, Barcelona, 1860, VI, pág. 398.

8. Arranz y Elorza (1975).

9. Díaz del Moral (1967), págs. 101-102; Elorza (1989); Termes (1972b), págs. 175-176; Lida (1972), págs. 118-119.

10. El debate está recogido por Fernández Vilaplana (2016).

11. Pi y Margall (1874), pág. 50.

12. Morayta (2013), pág. 123.

13. La Imprenta, 20 de junio de 1873, núm. 171, pág. 3923.

14. González Sugrañes (1896), págs. 314-319.

15. La Correspondencia de España, 28 de junio de 1873.

16. Pi y Margall (1874), págs. 46-47.

17. Arias Castañón (2009), págs. 477-488.

18. Texto reproducido por La Época, 30 de junio de 1873.

19. DSCCRE, 1 de julio de 1873, págs. 453-454.

20. La Correspondencia de España, 30 de junio de 1873.

21. DSCCRE, 1 de julio de 1873, pág. 473. Morayta (2013), pág. 124.

22. La Justicia Federal, 2 de julio de 1873.

23. La Época, 4 de julio de 1873. La Discusión, 5 de julio de 1873. El Imparcial, 6 de julio de 1873.

24. La Discusión y La Época, 9 de julio de 1873.

25. Texto reproducido por La Época, 9 de julio de 1873.

26. DSCCRE, 9 de julio de 1873, págs. 623-625.

27. La Correspondencia de España, 14 de julio de 1873.

28. Morayta (1898), IX, pág. 106.

29. DSCCRE, 14 de julio de 1873, pág. 711. Morayta (1898), IX, pág. 106.

30. La Correspondencia de España, 13 de julio de 1873.

31. AGMM, Ministerio de la Guerra, Orden Público, Insurrección cantonal en Lorca (Murcia) y Cartagena (Murcia) en 1873, sig. 5847.15, doc. 4, 5 y 9.

32. Despacho telegráfico oficial. Madrid, 12 de julio de 1873. Ministro de la Guerra al gobernador militar de Cartagena. AGMM, MG, Orden Público, Insurrección cantonal en Lorca (Murcia) y Cartagena (Murcia) en 1873, sig. 5847.15, doc. 10.

33. AGMM, MG, Orden Público, Insurrección cantonal en Lorca (Murcia) y Cartagena (Murcia) en 1873, sig. 5847.15, doc. 11.

34. AGMM, MG, Orden Público, Insurrección cantonal en Lorca (Murcia) y Cartagena (Murcia) en 1873, sig. 5847.15, docs. 4 y 5.

35. Ibíd., doc. 30-37.

36. Moratya (1898), págs. 108-109.

37. La Época, 14 de julio de 1873.

38. DSCCRE, 14 de julio de 1873, págs. 710-712.

39. Ibíd., págs. 713-714.

40. Ibíd., págs. 720-724.

41. La Correspondencia de España, 14 de julio de 1873.

42. Sickles a Fish, Madrid, 27 de julio de 1873. PFR, 1873, I, págs. 1010-1011.

43. DSCCRE, 6 de septiembre de 1873, pág. 2119.

44. AGMM, MG, Orden Público, Insurrección cantonal en Lorca (Murcia) y Cartagena (Murcia) en 1873, sig. 5847.15, doc. 18.

45. DSCCRE, 14 de julio de 1873, págs. 722-724.

46. La Discusión, 16 de julio de 1873.

47. El Imparcial, 16 de julio de 1873.

48. La Discusión, 15 de julio de 1873. El Imparcial, 15 de julio de 1873.

49. El Imparcial, 16 de julio de 1873. La Época, 16 de julio de 1873.

50. Pi y Margall y Pi y Arsuaga, Historia (1902), V, pág. 261.

51. La Correspondencia de España, 17 de julio de 1873.

52. DSCCRE, 29 de agosto de 1873, pág. 1900.

53. La Iberia, 17 de julio de 1873; La Época, 17 de julio de 1873; El Imparcial, 17 de julio de 1873.

54. Pi y Margall (1874), pág. 60.

55. Morayta (1898), IX, págs. 461-462.

56. DSCCRE, 17 de julio de 1873, pág. 748.

57. Morayta (2013), págs. 138-140.

58. Morayta (2013), pág. 141. La Igualdad, 19 de julio de 1873.

59. Pavía (1882), pág. 66.

60. Pi y Margall (1874), pág. 148.

61. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 260.

62. DSCCRE, 6 de septiembre de 1873, pág. 2109.

63. Pi y Margall (1874), págs. 62-75.

64. Ibíd., pág. 76.

1. AMAAEE, Política Interior, Gobierno Provisional y de la República, 1868-1873, leg. 2877.

2. «Asamblea Republicana Federal», La Ilustración Republicana Federal, 9, 16 de marzo de 1872, págs. 96-98.

3. García Ruiz (1878), II, pág. 912.

4. Todas están en el Índice del Diario de Sesiones de Cortes Constituyentes de la República Española, pág. 169. Las comunicaciones de Salmerón a la comisión parlamentaria en DSCCRE, 29 de agosto y 1 de septiembre de 1873, págs. 1907 y 1980.

5. Castelar en DSC, 14 de enero de 1889, pág. 596.

6. José Gómez Díez, «Revista política interior», Revista de España, 25 de agosto de 1873, núm. 132, págs. 549-557.

7. B. Pérez Galdós, La Primera República, Perlado, Páez y Cía, Madrid, 1911, pág. 275.

8. Hennessy (2010), pág. 226.

9. Bark (1903), pág. 9.

10. Roure (1996), VII, págs. 16-17.

1. Martínez López (2005), págs. 457-468.

2. Miguel González (2004).

3. DSC, CD, 27 de octubre de 1871, pág. 3244.

4. Duarte y Pere Gabriel (2000).

5. Salmerón (1872).

6. Salmerón (1870).

7. Nicolás Salmerón a Andrés Borrego, Madrid, 1 de enero de 1886. AHN, DTF, Archivo de Andrés Borrego, 2533, carpeta 9.

8. Trujillo (1967), págs. 180-187; Cagiao (2014), págs. 99-160.

9. DSCC, 13 de junio de 1873, págs. 143-145.

10. Emilio Castelar a Barrenengoa, Madrid, 21 de mayo de 1878. Papeles de Emilio Castelar, BN, mss. 22504 (101).

11. El Imparcial, 16 de julio de 1873. La Época, 16 de julio de 1873.

12. Miguel Morayta (2013), pág. 145.

13. Castelar en DSC, 15 de enero de 1889, pág. 621.

14. DSCCRE, 19 de julio de 1873, págs. 797-801.

1. Telegrama del general Velarde al Presidente del Poder Ejecutivo y al ministro de la Guerra. Albacete, 18 de julio. AGM, Insurrección cantonal y movimientos de tropas en Valencia entre 1873 y 1875, sig. 5849.6, docs. 56 y 58.

2. Eleuterio Maisonnave, ministro de la Gobernación, en DSCCRE, 6 de septiembre de 1873, pág. 2099.

3. Telegrama del gobernador militar al capitán general del distrito en Jaén y al ministro de la Guerra, leído por el ministro de la Gobernación en las Cortes. DSCCRE, 30 de julio de 1873, pág. 1028. Puede verse en AGM, Movimientos republicanos en Andalucía (agosto de 1873), sig. 5895.2, docs. 38-52.

4. DSCCRE, 21 de julio de 1873.

5. Puig Campillo (1986), págs. 147-148.

6. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 415-416.

7. Morayta (1898), IX, págs. 133-135.

8. Cirilo Molina y Cros al general Sickles, Cartagena, 24 de julio de 1873. PFR, 1873, I, págs. 1012-1013.

9. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 29 de julio de 1873, MDAE, V, págs. 2627.

10. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 14 de agosto de 1873, MDAE, V, pág. 45. Rolandi (2017), I, págs. 478-485.

11. General Sickles a Fish, Madrid, 28 de agosto de 1873. PFR, 1873, I, pág. 1034.

12. A. M. Hancock a Mr. Davis, Málaga, 2 de agosto de 1873. PFR, 1873, I, págs. 1064-1065.

13. A. Lluch a A. M. Hancock, Almería, 31 de julio de 1873. PFR, 1873, I, págs. 1034-1035.

14. Morayta (1898), IX, págs. 140-141,

15. Vera y González (1886), II, pág. 675. Blasco Ibáñez (1892), III, págs. 775-776 y 781. Rodríguez Solís (1893), II, pág. 727. Puig Campillo (1986), pág. 180.

16. Talmon (1960).

17. Kolakowski (1978), pág. 128.

18. Lacomba (2001).

19. El telegrama lo leyó el ministro de la Gobernación en las Cortes. DSCCRE, 21 de julio de 1873, pág. 818.

20. DSCCRE, legislatura 1873-1874, Índice. Resumen, pág. 178.

21. La España federal, 30 de marzo de 1873.

22. Pereda Hernández (2015).

23. Espigado (1993), pág. 349.

24. Reclamado por intentar constituir el «cantón de Castilla la Nueva», Gaceta de Madrid, núm. 128, 8 de mayo de 1874, pág. 358.

25. Espigado (1993), págs. 353-354.

26. Vera y González (1886), II, págs. 666-667.

27. DSCC, 18 de julio de 1873, págs. 759-772.

28. Ibíd.

29. Ibíd., págs. 759-765.

30. Puig Campillo (1886), pág. 131.

31. DSCC, 18 de julio de 1873, págs. 759-765.

32. La Igualdad, 19 de julio de 1873.

33. Morayta (1898), IX, págs. 135-136.

1. Pi y Margall (1874), pág. 40.

2. Pavía (1878a), pág. 23.

3. Vera y González (1886), II, págs. 613-614.

4. Arias Castañón (2009), pág. 496.

5. Vera y Glez (1886), II, pág. 668.

6. Fantoni, diputado por Utrera, contó en las Cortes que fueron capturadas 700 carabinas, cuatro piezas de artillería y 422 voluntarios sevillanos. DSCCRE, 5 de julio de 1873, pág. 1144. Las versiones del hecho, con poca diferencia en cuanto a resultado, en Martínez Shaw (1972).

7. Drochon (1978), págs. 519-536.

8. Chas. H. Eder al general Sickles, Consulado de Estados Unidos en Sevilla, 4 de agosto de 1873. PFR, 1873, vol I, págs. 1029-1031.

9. Informe del general en jefe del Ejército de Andalucía y Extremadura. AGM, Movimientos republicanos en Andalucía (agosto de 1873), sig. 5895.2, docs. 123-140.

10. Drochon (1978).

11. Chas. H. Eder al general Sickles, ob. cit.

12. Telegrama de Pavía a Salmerón y al ministro de la Guerra, leído por el ministro de la Gobernación en las Cortes. DSCCRE, 30 de julio de 1873, pág. 1029.

13. Roure (1995), VI, pág. 212.

14. Chas. H. Eder al general Sickles, ob. cit.

15. Drochon (1978).

16. Pavía (1878a), pág. 75.

17. Ibíd., págs. 40-62.

18. Morayta (1898), IX, pág. 129.

19. Manifiesto reproducido en Parrilla Ortiz (1983), págs 123-124.

20. Parrilla Ortiz (1983), págs. 137-141.

21. Pavía (1878a), pág. 85.

22. Ruiz de Almodóvar (2019).

23. Pi y Margall (1874), pág. 41.

24. Morayta (2013), pág. 133.

25. Morales Muñoz (1992) y (1999), págs. 84-91.

26. Pavía (1878a), pág. 91.

27. Ibíd., pág. 86.

28. Pi y Margall (1874), pág. 45.

29. Pavía (1878a), pág. 12.

30. Ibíd., págs. 93-94.

31. Morayta (1898), IX, págs. 131-132.

32. Pavía (1878a), pág. 93.

33. Ibíd., pág. 96.

34. Ibíd., pág. 101.

35. Antonio Quevedo a Víctor Balaguer, Granada, 27 de agosto de 1873, MBVB, sig. 7300554.

36. Piqueras Arenas (1992), pág. 663.

37. Telegrama del 2.º cabo al ministro de la guerra, Valencia, 17 de julio de 1873. AGM, Insurrección cantonal y movimientos de tropas en Valencia entre 1873 y 1875, sig. 5849.6, docs. 50-51.

38. Piqueras Arenas (1992), pág. 669.

39. La información de Loewenstein es del 25 de julio, y la respuesta de Sickles, del 30. General Sickles a Mr. Loewenstein, Madrid, 30 de julio de 1873. PFR, 1873, vol. I, pág. 1026.

40. Llombart (1873), pág. 64.

41. Llombart (1873), págs. 86-88.

42. Morayta (2013), pág. 152.

43. La Época, 22 de julio de 1873.

44. López Domínguez (1877), págs. 35-36. Puig Campillo (1986), págs. 225-229. Pérez Crespo (2007), pág. 247.

45. López Domínguez (1877), págs. 40-41.

46. Martínez Campos al Gobierno, Alcira, 8 de agosto de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

47. López Domínguez (1877), págs. 42-44.

48. Blasco Ibáñez (1892), III, pág. 772.

49. DSCCRE, 23 de agosto de 1873, págs. 1791-1797.

50. DSCCRE, 22 de agosto de 1873, pág. 1763.

51. Gutiérrez Lloret (1987).

1. Morayta (2013), pág. 150.

2. La Discusión, 31 de julio de 1873.

3. DSCCRE, 30 de julio de 1873, págs. 1042-1045.

4. Morayta (2013), pág. 151.

5. Morayta (2013), pág. 159.

6. Martín de Olías, de la comisión, en DSCCRE, 12 de agosto de 1873, pág. 1398. Esta información estaba en parte en La Correspondencia de España, 2 de julio de 1873.

7. Morayta (2013), pág.157.

8. Trujillo (1967), pág. 191.

9. DSCCRE, 18 de septiembre de 1873, págs. 2387-2389.

10. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 276. El proyecto de constitución está en ese mismo volumen, págs. 364-384.

11. DSCCRE, 11 de agosto de 1873, págs. 1359-1366.

12. DSCCRE, 12 de agosto de 1873, págs. 1498-1503.

13. DSCCRE, 13 de agosto de 1873, págs. 1437-1445.

14. DSCCRE, 20 de agosto de 1873, págs. 1661-1663.

15. La Época, 4 de marzo de 1873. La Política, 6 de marzo de 1873.

16. La Correspondencia de España, 6 de marzo de 1873. La Época, 7 de marzo de 1873.

17. La Igualdad, 7 de marzo de 1873.

18. La Época, 22 de marzo y 4 de abril de 1873.

19. El Imparcial, 27 de mayo de 1873. La Iberia, 28 de mayo de 1873.

20. La Época, 29 de mayo de 1873.

21. La Época, 30 de mayo de 1873. El Imparcial, 30 de mayo de 1873. La Iberia, 31 de mayo de 1873.

22. El Imparcial, 2 de julio de 1873.

23. La Correspondencia de España, 2 de junio de 1873.

24. Recogido por La Época, 18 de julio de 1873. La Iberia, 18 de julio de 1873.

25. La Correspondencia de España, 18 de julio de 1873. La Iberia, 18 de julio de 1873. El Imparcial, 19 de julio de 1873.

26. DSCCRE, 2 de septiembre de 1873, pág. 1999.

27. La Época, 19 de julio de 1873. La Iberia, 19 de julio de 1873. La Igualdad, 19 de julio de 1873.

28. La Iberia, 21 de agosto de 1873. La Correspondencia de España, 24 de agosto de 1873. La Época, 25 de agosto de 1873.

29. La Correspondencia de España, 3 de septiembre de 1873.

30. La Época, 5 de septiembre de 1873. La Igualdad, 6 de septiembre de 1873. La Iberia, 6 de septiembre de 1873.

31. La Independencia Española, 5 de septiembre de 1873. La Correspondencia de España, 4 de septiembre de 1873.

32. La Igualdad, 5 de septiembre de 1873.

33. Shubert (2019), págs. 519-520.

34. La Época, 21 de octubre de 1873.

35. La Época, 28 de diciembre de 1873. La Igualdad, 29 de diciembre de 1873.

36. La Correspondencia de España, 29 de diciembre de 1873.

37. Torres Campos (1879), págs. 22-23.

38. Apéndice 7 al núm. 45, 21 de julio de 1873, del Diario de Sesiones.

39. Apéndice 4 al núm. 70, 19 de agosto de 1873, del Diario de Sesiones. Apéndice 4 al núm. 82, 2 de septiembre de 1873, del Diario de Sesiones.

40. El Gobierno, 1 y 2 de septiembre de 1873. La Iberia, 2 de septiembre de 1873. La Correspondencia de España, 3 de septiembre de 1873.

41. La Época, 4 de septiembre de 1873.

42. El Imparcial, 1 de septiembre de 1873. La Igualdad, 2 de septiembre de 1873.

43. La Iberia, 3 de septiembre de 1873.

44. La Correspondencia de España, 3 de septiembre de 1873.

45. Morayta (2013), pág. 169.

46. DSCC, 14 de enero de 1889, pág. 595.

47. Morayta (1898), IX, pág. 157.

48. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 516.

1. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 4 de enero de 1874, MDAE, segunda serie V, págs. 203-205.

2. Pirala (1879), V, 411.

3. Emilio Castelar a Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba), Madrid, 7 de enero de 1872. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 7 de marzo de 1924.

4. Layard a Granville, 4 de enero de 1874; en Hennessy (2010), pág. 238.

5. Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba) a Isabel II, Madrid, 1 y 11 de abril de 1873. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 11 de marzo de 1874.

6. Layard a Granville, 27 de diciembre de 1873, en Hennessy (2010), pág. 237.

7. Cristino Martos a Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba), Madrid, 1873, «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 15 de marzo de 1874.

8. Despacho de Vernouillet a su Gobierno, 16 de marzo de 1874, cit. por Espadas Burgos (1975), pág. 323.

9. Andrés Borrego a Eleuterio Maisonnave, s.l, s.f. (pero 1877). AHN, DTF, Archivo de Andrés Borrego, 2533, carpeta 21.

1. «Carta desde Ginebra (Suiza), 8 de agosto de 1874», en Calzado (1908), págs. 10-11.

2. Vilches (2015b).

3. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 24 de junio de 1873 (enviada el 3 julio), MDAE, segunda serie, IV, págs. 588-590.

4. DSCC, 7 de abril de 1869.

5. Telegrama de Buenaventura Abárzuza al ministro de Estado, París, 6 de septiembre, Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (en adelante AMAE), Política Interior, Gobierno Provisional y de la República, 1868-1873, leg. 2877.

6. Hay numerosas cartas dirigidas a Víctor Balaguer, fechadas en 1873, respondiendo a su invitación a suscribirse a El Gobierno y felicitándolo por dicho periódico.

7. Morayta (1898), IX, pág. 463.

8. Pedro J. Moreno Rodríguez a Buenaventura Abárzuza, Cortijo Nuevo, 30 de abril de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

9. Buenaventura Abárzuza a Pedro Moreno Rodríguez, 27 de abril de 1873, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

10. Morayta (1898), IX, pág. 91.

11. La Discusión escribió al día siguiente que había quedado demostrado que «Castelar es la conciencia y el corazón de la Cámara», La Discusión, 22 de junio de 1873.

12. DSCCRE, 21 de junio de 1873, págs. 268-269.

13. DSCCRE, 8 de julio de 1873, págs. 605-611.

14. DSCCRE, 8 de julio de 1873, pág. 611.

15. Según La Iberia, Castelar pidió a Serrano que mediara en el arreglo de los artilleros. Se reunieron en casa del banquero Jacinto María Ruiz, alfonsino y agente de Isabel II. Serrano iba de «traje de casa». La respuesta de Serrano fue presentarle al coronel Pombo. Este encuentro debió de ser anterior al 23 de abril, porque a partir de esa fecha Serrano se exilió en Francia. La Iberia, 26 de agosto de 1873, pág. 2.

16. DSCCRE, 8 de julio de 1873, págs. 611-618.

17. DSCCRE, 17 de julio de 1873.

18. DSCCRE, 18 de julio de 1873, págs. 780-782.

19. DSCCRE, 30 de julio de 1873, pág. 1054.

20. Véase parte IV.

21. DSCCRE, 30 de julio de 1873, págs. 1054-1056.

22. DSCCRE, 16 de agosto de 1873, pág. 1552.

23. La Discusión, 26 de agosto de 1873.

24. DSCCRE, 25 de agosto de 1873, págs. 1815-1819.

25. La Discusión, 26 de agosto de 1873. La Época, 26 de agosto de 1873. La Iberia, 26 de agosto de 1873. El Imparcial, 26 de agosto de 1873. El Gobierno, 26 de agosto de 1873. La Independencia Española, 26 de agosto de 1873.

26. La Iberia, 27 de agosto de 1873.

27. Ramón Damon a Víctor Balaguer, Barcelona, 14 de agosto de 1873, MBVB, sig. 7300484.

28. DSCCRE, 8 de septiembre de 1873, págs. 2149-2155.

29. La Época, 8 de septiembre de 1873.

30. La Iberia, 8 de septiembre de 1873. La Época, 9 de septiembre de 1873. El Gobierno, 9 de septiembre de 1873. La Independencia Nacional, 9 de septiembre de 1873. Joaquín Carbonell, «Revista política interior», Revista de España, núm. 133, 10 de septiembre de 1873, págs. 119-129.

31. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 9 de septiembre de 1873, MDAE, segunda serie, V, págs. 80-81.

32. Buenaventura Abárzuza al ministro de Estado, París, 14 de septiembre de 1873. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (en adelante AMAE), Política Interior, Gobierno Provisional y de la República, 1868-1873. leg. 2877.

33. «Debo manifestar a S.S. que ya hay ejemplos en la actual legislatura de las Cortes Constituyentes de no haber habido sesión por falta de Sres. Diputados y esto mismo se repetirá cuantas veces sea necesario». Esto lo manifestó el vicepresidente de las Cortes, Cervera, en DSCCRE, 30 de junio de 1873, pág. 1024.

34. DSCCRE, 25 de agosto de 1873, págs. 1800-1804.

35. DSCCRE, 29 de agosto de 1873, págs. 1894-1906.

36. DSCCRE, 9 de septiembre de 1873, págs. 2178-2180.

37. DSCCRE, 16 de septiembre de 1873, págs. 2326-2327. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 544.

38. DSCCRE, 18 de septiembre de 1873, págs. 2372-2417.

39. La Discusión, 17 de septiembre de 1873. La Iberia, 18 de septiembre de 1873. La Igualdad, 19 de septiembre de 1873. El Imparcial, 19 de septiembre de 1873. El Gobierno, 19 de septiembre de 1873. La Independencia Nacional, 19 de septiembre de 1873.

1. Olivar Bertrand (1956), pág. 151.

2. Gaceta de Madrid, 25 de septiembre de 1873, pág. 1838.

3. DSC, 22 de diciembre de 1889, pág. 420.

4. DSC, 14 de enero de 1889, pág. 593.

5. Informe del director general de la Guardia Civil, el general Turón, a Luis González Bravo, ministro de la Gobernación, MBVB, MS_357_0363-0366.

6. Carta de José Turón a Sánchez Bregua, Barcelona, 11 de octubre de 1873, en NMGC, 1887, X, págs. 29-30.

7. Ibíd., págs. 30-31.

8. Gaceta de Madrid, 23 de septiembre de 1873, pág. 1821.

9. Véase el capítulo 3.

10. El manifiesto en Pirala (1878), IV, pág. 545. Las cartas de Castelar a Moriones están reproducidas por Urtiaga Marco (2002), págs. 256 y 257.

11. Ramón Damon a Víctor Balaguer, Barcelona, 28 de septiembre de 1873, MBVB, sig. 7300557.

12. Véase el capítulo 2.

13. Espadas Burgos (1976). Roldán de Montaud (2020).

14. DSCC, 14 de enero de 1889, págs. 594-595.

15. Bermejo (1877), III, págs. 561-574.

16. Gómez-Ferrer Morant (1983; 1986).

17. Bermejo (1877), III, pág. 569.

18. «Asunto del Virginius», ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

19. Padilla Angulo (2016).

20. Sánchez Padilla (2013), págs. 58-59.

21. Roldán de Montaud (2001).

22. La Iberia, 9 de noviembre de 1873.

23. La Iberia, 14 de noviembre de 1873.

24. Pavía (1882), pág. 98.

25. Martínez Rizo (1894), págs. 303-304. Martínez Rizo fue cronista de dicha ciudad y miembro de la Real Academia de la Historia.

26. El Imparcial, 5 de febrero de 1874, pág. 3.

27. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 506-507.

28. López Domínguez (1877), apéndice I, 1-7.

29. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 505.

30. Arsenio Martínez Campos a José Sánchez Bregua, Campamento de la Palma, 21 de septiembre de 1873; en López Domínguez (1877), págs. 45-48. Barón Fernández indica que Martínez Campos dimitió cuando se enteró de que estaban negociando, afirmación que contradice el informe del propio general Martínez Campos y el del general López Domínguez. Barón Fernández (1998), pág. 229.

31. Arsenio Martínez Campos a Juan Contreras, La Unión, 10 de septiembre de 1873; recogida por Pi y Margall y J. Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 463-464.

32. Frente a Cartagena se reunieron ya 14 barcos extranjeros a mediados de agosto, que acompañaban a la flota cantonal en sus salidas para vigilar que no dañaran los bienes de sus nacionales.

33. Morayta (1898), IX, págs. 193-196.

34. José Luis Isabel Sánchez, «Francisco Ceballos y Vargas». Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia. https://dbe.rah.es/biografias/11900/francisco-ceballos-y-vargas

35. Ceballos a FFCD, Habana, 26 de febrero de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, Correspondencia de Fernando Fernández de Córdova y Valcárcel, caja 102, documento 260.

36. Barón (1998), pág. 205.

37. Todos los detalles en Rolandi Sánchez-Solis (2018).

38. López Domínguez (1877), pág. 15.

39. La Imparcial, 20 de febrero de 1873.

40. La Política, 2 de octubre de 1873. La Iberia, 4 de octubre de 1873. Borrego (1877), págs. 119-122.

41. Gabriel Rodríguez al Ministro de Estado, Bayona, 26 de julio de 1873. AMAE, Política Interior, Gobierno Provisional y de la República, 1868-1873, leg. 2877.

42. Alejandro Castro a Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba), Biarritz, 24 de julio de 1873. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 13 de marzo de 1924.

43. Sagasta a Víctor Balaguer, San Juan de Luz, 29 de agosto de 1873, MBVB, manuscrito 357_0266-0268.

44. La Iberia, 30 de septiembre y 1 de octubre de 1873. La Nación, 1 de octubre de 1873. El Gobierno, 1 de octubre de 1873. Antonio Quevedo, dirigente conservador granadino, escribió a Víctor Balaguer que estaba de acuerdo con lo manifestado en su carta: las disposiciones del gobierno de Castelar levantaban «el espíritu liberal» porque con esas medidas la «patria se salvaría». Ahora bien, creía que Sagasta se estaba retrasando mucho como partido en apoyar a Castelar. «Debemos movernos para ayudar creando de este modo nuestra conveniencia ulterior y próxima», escribió Quevedo. Antonio Quevedo a Víctor Balaguer, Granada, 24 de septiembre de 1873, MBVB, sig. 7300545.

45. La Iberia, 1 de octubre de 1873.

46. Villa-Urrutia (1929), pág. 206.

47. Morayta (1898), IX, págs. 180-182. La Época, 10 de noviembre de 1873.

48. Joaquín Carbonell, «Revista política interior», Revista de España, núm. 135, 10 de octubre de 1873, págs. 407-415. Según el diario La Política, el general Serrano se fue de Madrid tras la junta al aprobarse que el partido tomara el nombre de «constitucional», pero no he podido comprobar este dato, ni cuadra con los posteriores. La Política, 9 de octubre de 1873.

49. Ramón Damon a Víctor Balaguer, Barcelona, 15 de septiembre de 1873, MBVB, sig. 7300533.

50. La política de Sagasta, a decir de su biógrafo José Ramón Milán, fue de aguardar la ocasión propicia, sin más compromiso que su colaboración para acabar con los federales y apoyar una solución interina de fuerza. Milán (2001), pág. 251.

51. El Pensamiento Español, 12 de noviembre de 1873. La Iberia, 13 de noviembre de 1873. Las preferencias las contó Serrano en la reunión de la Junta Directiva de su partido el 29 de septiembre. La Iberia, 1 de octubre de 1873.

52. La Discusión y La Iberia, 18 de julio de 1873. La Correspondencia de España y El Imparcial, 25 de julio de 1873.

53. García Ruiz (1878), II, pág. 921.

54. Navarro y Rodrigo (1877), pág. 14. Fabié (1928), pág. 94. León y Castillo (1921), I, págs. 89-91. Nido y Segalerva (1913), pág. 1004.

55. DSCCRE, 29 de agosto de 1873, pág. 1904.

56. Mariano Pons a Víctor Balaguer, Reus, 8 de septiembre de 1873, MBVB, sig. 7300516.

57. Antonio Quevedo a Víctor Balaguer, Granada, 1 de septiembre de 1873, MBVB, sig. 7300505.

58. Antonio Quevedo a Víctor Balaguer, Granada, 13 de septiembre de 1873, MBVB, sig. 7300527.

59. El Gobierno, 30 de septiembre de 1873.

60. La Nación, 7 de octubre de 1873.

61. García Ruiz (1878), II, págs. 921-922. Manifiesto reproducido por Morayta (1898), IX, págs. 182-190.

62. Higueras (2016), pág. 287.

1. Barón (1998), pág. 230.

2. La Correspondencia de España, 4 de diciembre de 1873.

3. La Correspondencia de España, 5 de diciembre de 1873.

4. La Iberia, 10 de diciembre de 1873.

5. La República, 11 de diciembre de 1873.

6. Cárcel Ortí (1977), págs. 145-164.

7. La Cruz: revista religiosa de España y demás países católicos dedicada a María Santísima en el Misterio de su Inmaculada Concepción, Imprenta Juan Moyano, Sevilla, vol. II, págs. 234-238.

8. Vilarrasa y Gatell (1875), II, pág. 829.

9. La República, 20 de diciembre de 1873.

10. La Discusión, 21 de diciembre de 1873.

11. La Época, 21 de diciembre de 1873.

12. Nombramiento de Benito Isbert y Cuyás como obispo de Cebú. Archivo Histórico Nacional, Ultramar, 3529, exp. 6.

13. No obtuvo el beneplácito porque Bianchi, nuncio en Madrid, informó a Franchi de que Isbert tenía una vida privada «que deja mucho que desear». «Se trata de un joven poco serio, ambicioso, de ideas no católicas». Coincidieron en ese juicio sobre Isbert otras cuatro cartas pedidas a obispados y escritos anónimos. Cárcel Ortí (1979), págs. 322-323. También es útil Martí Gilabert (1998).

14. Vera y González (1886), II, pág. 842.

15. La Época, 16 de diciembre de 1873. La Discusión, 17 de diciembre de 1873.

16. F. P. Canalejas a Castelar, 24 de diciembre de 1873. Biblioteca Nacional (Madrid), sección de manuscritos, Papeles de Castelar, ms. 22428, núm. 10. Sánchez Pérez (1894), III, págs. 792-794.

17. Llopis y Pérez (1915), pág. 180.

18. Vilarrasa y Gatell (1875), II, pág. 830.

19. Carta publicada en El Imparcial, 15 de enero de 1874.

20. DSC, 17 de marzo de 1876, pág. 475.

21. Cristino Martos a Jacinto María Ruiz, Madrid, 1873 (finales de año), El Sol, 15 de marzo de 1874.

22. La Época, 23 de diciembre de 1873.

23. Vera y González (1886), II, pág. 851.

24. El Imparcial, 30 de diciembre de 1873.

25. Estévanez (1975), pág. 272.

26. Albornoz (1920), págs. 90-92.

27. Vera y González (1886), II, pág. 855; y Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 559-560.

28. Rispa y Perpiñá (1932), pág. 250.

29. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), pág. 564.

30. El Imparcial, 2 de enero de 1874.

31. La Iberia, 1 de enero de 1874.

32. La Discusión, 1 de enero de 1874.

33. La carta está reproducida en Vilarrasa y Gatell (1875), II, págs. 832-833. También recoge fragmentos Morayta (1898), IX, pág. 255.

34. Vera y González (1886), II, pág. 856.

35. La Correspondencia de España, 2 de noviembre de 1874.

36. Lo contó Pavía en el Congreso. DSC, 17 de marzo de 1876, págs. 474-482.

37. Ginés Alberola (1904), págs. 134-142. Puig Campillo (1986), págs. 337-338.

38. Castelar en DSC, 17 de marzo de 1876, pág. 484. Castelar sintió que Pavía le había ocultado su propósito de dar un golpe de Estado si era derrotado, como ocurrió, por lo que no volvió a dirigirle la palabra.

39. Emilio Castelar a López Domínguez, 31 de diciembre de 1873. Carta leída por López Domínguez en el Congreso de los Diputados. DSC, núm. 25, 17 de marzo de 1876, pág. 486.

40. El general Pavía en el DSC, núm. 25, 17 de marzo de 1876.

41. Artículo transcrito por La Iberia, 1 de enero de 1874, pág. 2.

42. Rispa y Perpiñá (1932), págs. 254-255. Manuel García Marqués marchó a Zaragoza el 3 de enero y al día siguiente organizó una revuelta contra el golpe de Estado. Vera y González (1886), II, pág. 879.

43. Estévanez (1975), pág. 270.

44. DSCCRE, 2 de enero de 1874, pág. 2496.

45. Serrano y Pardo (1875), II, págs. 576-577. Vera y González (1886), II, págs. 857-858. Blasco Ibáñez (1892), III, págs. 828-829. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, pág. 570.

46. La Igualdad, 2 de enero de 1874.

47. La Correspondencia de España, 2 de enero de 1874.

48. Morayta (1898), IX, pág. 254.

49. Sánchez Bregua a Fernando Fernández de Córdova, Coruña, 7 de marzo de 1873. AHNOB, MENDIGORRÍA, caja 105, doc. 356.

50. Artículo transcrito por El Imparcial, 1 de enero de 1874.

51. Muñoz Llinás (2019), pág. 118.

52. Morayta (1898), IX, pág. 256. La República, órgano de Salmerón, dijo que su jefe no había sido retribuido. La República, 7 de enero de 1874, citado por La Discusión, 8 de enero de 1874.

53. DSCCRE, 2 de enero de 1874, pág. 2454.

54. DSCCRE, 2 de enero de 1874, págs. 2460-2462.

55. Ibíd., págs. 2475-2477.

56. Ibíd., pág. 2486. Fernández de los Ríos, zorrillista, negociaba la integración de los radicales en la República con «el filósofo» que podía ser Nicolás Salmerón. Esto explicaría la actitud de Romero Girón y Labra hacia Castelar en aquella sesión. Véase Higueras (2016), 285. Sin embargo, Martos iba por su cuenta; esto es, del brazo de Serrano.

57. DSCCRE, 2 de enero de 1874, págs. 2503-2507.

58. DSCCRE, 2 de enero de 1874, págs. 2507-2510.

59. Donizetti escribió la ópera L’elisir d’amore con libreto de Felice Romani, basado en un trabajo de Eugène Scribe, que se estrenó en Milán en mayo de 1832. En una de sus escenas aparece un charlatán, el presunto doctor Dulcamara, que vende una botella que lo cura todo. Viaja en un carromato y asegura que los efectos del brebaje se producen al cabo de un tiempo. El falso doctor logra engañar a todos con simple agua colorada y alcoholizada, se jacta de haber facilitado un matrimonio, promete a los pueblerinos que si compran más de su pócima serán felices y abandona el pueblo entre vítores.

60. DSCCRE, 2 de enero de 1874, págs. 2510-2515.

61. La Discusión, 6 de enero de 1874. El Imparcial, 3 de enero de 1874.

62. Rispa y Perpiñá (1932), pág. 250. La Discusión, 6 de enero de 1874.

63. La Discusión, 2 de enero de 1874.

64. Morayta escribió que Pavía estaba esperando en la Cervecería Inglesa tomando un jerez, cuando Lorenzo Romero, un radical, le avisó de la derrota de Castelar. Morayta (1898), IX, pág. 268.

65. Rispa y Perpiñá (1932), págs. 253-254.

66. Vilarrasa y Gatell (1875), II, págs. 852-853.

67. Ibíd., pág. 853.

68. DSCCRE, 2 de enero de 1873, pág. 2518.

69. Las papeletas están en AHN, Diversos-Colecciones, 2, núm. 138.

70. La Discusión, 3 de enero de 1874.

71. Morayta (2013), pág. 210.

72. Morayta (1898), IX, pág. 270.

73. Pavía (1882), pág. 78.

74. Pirala (1879), V, pág. 159.

75. DSC, 17 de marzo de 1876, pág. 477.

76. Pirala (1879), V, pág. 159.

77. Carta publicada en El Imparcial, 15 de enero de 1874. Coincide con el juicio de Cánovas expresado a Isabel II en carta del 9 de enero de 1874. AGP, Reinados, Alfonso XII, «1874-1875. Cartas dirigidas a Isabel II por Cánovas del Castillo y otros», cajón 19/20. Existe una copia de esta carta en el archivo de la Regina Gobernadora en el Archivo Histórico Nacional.

78. DSC, 17 de marzo de 1876, págs. 477-478.

79. DSC, 17 de marzo de 1876, pág. 478. En realidad se llamaba José de la Iglesia Tompes; véase Bárcena Guzmán (1969). Es probable que le llamaran «Iglesias», de ahí que en las crónicas venga con este nombre. He optado por dejar el nombre conocido, aunque no sea el correcto.

80. Flores García (1913), pág. 221.

81. Serrano y Pardo (1875), II, pág. 591.

82. Vera y González (1886), II, pág. 876, nota 1.

83. Pi y Margall (1874), pág. 124.

84. La Correspondencia, 4 de enero de 1874.

85. La Igualdad, 4 de enero de 1874; La Discusión, 6 de enero de 1874.

86. DSC, 17 de marzo de 1876, pág. 478.

87. Pirala (1879), V, págs. 159-160. En el Archivo del Congreso de los Diputados consta como «Copia autorizada del incidente final de la sesión del 2 al 3 enero 1874», ACD, Gobierno Interior, leg. 23, núm. 20, lo que significa que se elaboró un acta a partir de las notas siguiendo las indicaciones de la Mesa de las Cortes, que finalmente dio el visto bueno.

88. Morayta (2013), pág. 209.

89. Morayta (2013), pág. 209.

90. Morayta (1898), IX, pág. 271.

91. DSCCRE, 2 de enero de 1873, pág. 2518.

1. Pavía (1878b), págs. 40-44.

2. El Imparcial, 28, 30 y 31 de octubre y 21 de noviembre de 1873.

3. Citado por El Imparcial, 3 de diciembre de 1873.

4. Transcrito por La Época, 11 de diciembre de 1873. A pesar de esto, los republicanos de Salmerón seguían empeñados en que el poder «no debe salir de manos del partido republicano» hasta que se pudiera «afirmar definitivamente la república»; esto es, hasta que la Constitución no estuviera aprobada.

5. Citado por La Igualdad, 10 de diciembre de 1873.

6. Citador por La Iberia, 12 de diciembre de 1873. Recogido también por La Igualdad.

7. DSC, 16 y 17 de marzo de 1876. El golpe está contado en el capítulo anterior de este libro.

8. Pavía (1882), pág. 74.

9. Pavía (1882), pág. 74.

10. Pavía (1882), pág. 87.

11. Morayta (1898), IX, pág. 274.

12. Pavía (1882), pág. 96.

13. Fueron los radicales quienes en el último momento se habían entendido con Pavía para el golpe, «su antiguo y constante correligionario». Cánovas a Isabel II, Madrid, 9 de enero de 1874. AGP, Reinados, Alfonso XII, «1874-1875. Cartas dirigidas a Isabel II por Cánovas del Castillo y otros», cajón 19/20. Una copia de esta carta, en «Copias de cartas dirigidas a Isabel II de Cánovas del Castillo sobre el golpe de estado del 3 de enero en Madrid», AHN, Diversos, títulos y familias, 3466, leg. 329, exp.1, doc. 1

14. Isabel II contestó a Cánovas: «Me alegro de que el marqués del Duero y Sagasta te apoyasen en tan patriótica idea». Isabel II a Cánovas, París, 18 de enero de 1874, «Cartas y telegramas de Isabel II a Cánovas y a otros personajes. 1864-1877», Archivo General del Palacio Real, Reinados, Alfonso XII, cajón 19/19 (1 a 53).

15. Notas y apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, Diversos, títulos y familias, 3488, leg. 408, exp. 1, doc. 1.

16. Salaverría a Isabel II, Madrid, 7 de enero de 1874. Antonio María Fabié, Biografía del Excmo. Señor D. Pedro Salaverría, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1898, II, págs. 493-494.

17. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 4 de enero de 1874, MDAE, segunda serie, V, págs. 203-205.

18. Cánovas a Isabel II, Madrid, 9 de enero de 1874. AGP, Reinados, Alfonso XII, «1874-1875. Cartas dirigidas a Isabel II por Cánovas del Castillo y otros», cajón 19/20. Una copia de esta carta, en «Copias de cartas dirigidas a Isabel II de Cánovas del Castillo sobre el golpe de estado del 3 de enero en Madrid», AHN, Diversos, títulos y familias, 3466, leg. 329, exp. 1, doc. 1. Y otra en el Archivo Cánovas de la Fundación Lázaro Galdiano.

19. DSC, 16 de marzo de 1876.

20. Pavía (1878c), pág. 2.

21. El Imparcial, 19 de mayo de 1874.

22. Véase en el capítulo 4 la explosión cantonal orquestada por los diputados.

23. Así lo confesó el general Contreras en un manifiesto ya en el exilio de Orán fechado en 1874. Rubio Paredes (1993).

24. Vega de Armijo a Augusto Ulloa, París, 1 de julio de 1874, AMP, CMVA, Vega de Armijo, 1/52.

25. Manifiesto del 18 de septiembre de 1873, en Puig Campillo (1986), págs. 279-280 y 298-300.

26. Puig Campillo (1986), págs. 307-310.

27. J. G. A. (1875), págs. 242-243. Solo aporta las iniciales del autor.

28. Castelar a Ceballos, 23 de noviembre de 1873, en López Domínguez (1877), págs. 89-90. Puig Campillo (1986), pág. 316.

29. Para la biografía de Antonio Gálvez véase la clásica de Baleriola (1898) y la de Rolandi (2018), págs. 123-188. El testimonio del oficial, en JGA (1875), pág. 243.

30. García Alcántara (1875), págs. 103-104.

31. J. G. A. (1875), págs. 232-233.

32. La proclama en López Domínguez (1877), pág. 119.

33. Pirala (1879), V, pág. 421.

34. Pirala(1879), V, pág. 423.

35. La huída de la Junta en J. G. A. (1875), págs. 249-250, y García Alcántara (1875), pág. 136. Vera y González (1886), II, págs. 897-900. Pi y Margall y Pi y Arsuaga (1902), V, págs. 754-755. Pérez Crespo (2007), pág. 419 recoge los testimonios de que la Junta se llevó todo lo que de valor encontró. Combatz (1994), pág. 133.

36. Pirala (1879), V, pág. 425.

37. JGA (1875), págs. 236-238.

38. La Discusión, 21, 22 y 27 de enero de 1873.

39. García Moscardó (2019), págs. 267-275.

40. Pi y Margall (1874), pág. 125.

41. Nicolás Salmerón a Andrés Borrego, Madrid, 1 de enero de 1886. AHN, Archivo Andrés Borrego, DTF, 2533, carpeta 9.

42. Véase el comportamiento de los republicanos españoles contra la libertad y la democracia descrito por Roberto Villa García, 1917. El Estado catalán y el sóviet español, Espasa, Madrid, 2021; y el republicanismo azañista descrito por José María Marco, Azaña, el mito sin máscaras, Editorial Encuentro, Madrid, 2021.

43. Cánovas a Isabel II, Madrid, 9 de enero de 1874, o. c. Cánovas a Alfonso XII, Madrid, 17 de enero de 1874, Espadas Burgos (1975), pág. 324.

44. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 14 de septiembre de 1874, MDAE, segunda serie, V, págs. 559-561.

45. Cherbuliez (1874): pág. 276.

46. José M. Celleruelo, Madrid, 30 de junio de 1874, en Almanaque de El Orden para 1875, Quirós, Impresor, Madrid, 1874, págs. 19-24.

47. La Iberia, 10 y 12 de diciembre de 1874.

48. La América, 13 de febrero de 1874. La Discusión, 12 y 17 de febrero de 1874.

49. «Junio, 5». Notas y apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 408, exp. 1.

50. Vilches (1997).

51. García Ruiz (1864), pág. 153.

52. García Ruiz (1863), págs. 69-70.

53. La Discusión, 8 de enero de 1874.

54. Belén Pozuelo Mascaraque, Presencia y acción españolas en las islas Marianas (1828-1899), Madrid, 1997, I, pág. 700. Disponible online https://eprints.ucm.es/id/eprint/2498/1/T22390.pdf. Juan Luis Bachero, La neutralización del adversario político. La deportación en la España del siglo XIX, 2017, págs. 311-317. Disponible online https://www.tesisenred.net/handle/10803/454876. Christian G. de Vito, «Enredos punitivos: historias conectadas de transporte penal, deportación y encarcelamiento en el imperio español (1830-1898)», Revista de Historia de las Prisiones, núm. 9 (julio-diciembre de 2019), págs. 48-69.

55. La Iberia, 3 de junio de 1874.

56. García Ruiz (1878), II, págs. 992-993.

57. Véase el capítulo 3.

58. Vera y González (1886), II, pág. 907.

59. Están recogidas por José María Rubio Paredes y Antonio Pérez Crespo en Memorias malditas del cantón murciano, Real Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1994.

60. Cánovas a Isabel II, 9 de enero de 1874, o. c.

61. La Discusión, 9 de enero de 1874.

62. La Discusión, 4 de enero de 1874.

63. La Discusión, 6 de enero de 1874.

64. El Orden, 20 de enero de 1874.

65. La Correspondencia de España, 10 de febrero de 1874.

66. Andrés Borrego, «El plebiscito», La Brújula, artículo reproducido íntegramente en La Iberia, 18 de febrero de 1874.

67. Ya en octubre de 1873 Víctor Balaguer discutía con su amigo Ramón Damon sobre el futuro de la República en España. Mientras este último decía que no habría solución definitiva sin monarquía, Balaguer creía posible la República conservadora de orden. Ramón Damon a Víctor Balaguer, Barcelona, 16 de octubre de 1873, MBVB, sig. 730598.

68. Castelar (1873-1874), II, págs. 92 y 307-310.

69. El Gobierno, 11 de febrero de 1874. El Orden, 22 de enero y 12 de febrero de 1874.

70. Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, núm. 143, tomo XXXVI, febrero de 1873, págs. 407-417.

71. Artículo de La Bandera Española citado por La Correspondencia de España, 16 de febrero de 1874.

72. El Imparcial, 12 de febrero de 1874. La Discusión, 13 de febrero de 1874.

73. La Época, 26 de febrero de 1874.

74. El Imparcial, 13 de febrero de 1874.

75. La Correspondencia de España, 15 de febrero de 1874.

76. El Imparcial, 15 de febrero de 1874. La marcha de Castelar en La Iberia, 17 de febrero de 1874. La decepción en La Discusión, 20 de febrero de 1874. El Orden del 20 de febrero de 1874 atacó a Zavala por presionar para orillar al plebiscito. La inoportunidad del plebiscito en el órgano de Sagasta, La Iberia, 21 de febrero de 1874.

77. Gaceta de Madrid, 27 de febrero de 1874, pág. 493.

78. La crisis de gobierno en La Discusión y El Imparcial, 25 de febrero de 1874, y Diario de Barcelona, 20 de febrero de 1874. La resolución de la crisis en La Época, La Iberia y La Discusión, 27 y 28 de febrero de 1874. La opinión del Partido Radical en La América, 28 de febrero de 1874.

1. Francisco Serrano a Víctor Balaguer, Somorrostro, 18 de marzo de 1874, MBVB, sig. 7400102.

2. Moral Roncal (2014), pág. 269.

3. García Ruiz a C. V., Madrid, 6 de abril de 1874, y Francisco Serrano a Manuel Pavía, San Martín, 14 de abril de 1874; cartas transcritas por Pirala (1879), V, págs. 412-413.

4. Martínez Campos a Cánovas, Colindres, 25 de abril de 1874. FLG, AC, legajo 29, caja 26-3.

5. Cánovas a Martínez Campos, 30 de abril de 1874. Carta cortesía de Enrique Domínguez Martínez-Campos, procedente del Archivo de Martínez Campos.

6. «Abril, 25». Notas y apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 408, exp. 1.

7. Martínez Campos a Cánovas, Bilbao, 5 de mayo de 1874. FLG, AC, legajo 29, caja 26-5. Esta carta coincide con la entrevista de Houghton con Juan de la Concha, el 17 de abril de 1875, hermano del fallecido marqués del Duero. Según Juan, su hermano dijo que el pronunciamiento era «prematuro y totalmente impolítico». Houghton (1890), págs. 150-151.

8. Martínez Campos a Cánovas, Vitoria, 23 de mayo de 1874. FLG, AC, legajo 29, caja 26-7 (2).

9. La operación militar en Pirala (1879), V, págs. 221-335; y Moral Roncal (2014), págs. 273-289.

10. Martínez Campos a Cánovas, Vitoria, 21 de mayo de 1874. FLG, AC, legajo 29, caja 26-6.

11. Cánovas a Martínez Campos, Madrid, 25 de mayo de 1874; transcrita por Domínguez Martínez-Campos (2006), pág. 143.

12. Cánovas a Martínez Campos, 4 de mayo de 1874; transcrita por Domínguez Martínez-Campos (2006), págs. 141-142.

13. Martínez Campos a Cánovas, Logroño, 4 de junio de 1874. FLG, AC, legajo 29, caja 26-8.

14. «Junio, 24». Notas y apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 408, exp. 1.

15. Houghton (1890), pág. 151.

16. Cánovas a Martínez Campos, Madrid, 8 de junio de 1874. Carta cortesía de Enrique Domínguez Martínez-Campos perteneciente al Archivo Martínez Campos.

17. Cánovas a Isabel II, Madrid, 6 de julio de 1874. Academia de la Historia, Fondo Isabel II, leg. 6955, sec. 9-31-6; citada por Moral Roncal, El general, o. c., pág. 329.

18. Carta citada por Higueras (2016), pág. 290.

19. Milán (2001).

20. Milán (2001): pág. 254. La publicidad de varias candidaturas como instrumento del macmahonismo de Serrano en Espadas Burgos (1875): pág. 324.

21. El revuelo y el nerviosismo que generó el rumor de una candidatura alemana en «Junio, 3». Notas y apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 408, exp. 1.

22. La Iberia, 15 de mayo de 1874.

23. Gaceta de Madrid, 28 de enero de 1874, págs. 229-230.

24. El Gobierno, 7 de mayo de 1874.

25. Pavía (1882), pág. 104.

26. El manifiesto de Pavía en El Imparcial, 19 de mayo de 1874.

27. El Imparcial, 13 de mayo de 1874. El Gobierno, 14 de mayo de 1874. (Sin firma), «Revista política interior», Revista de España, núm. 149, págs. 119-125.

28. Sagasta a Víctor Balaguer, Madrid, 13 de mayo de 1874, MBVB, sig. 7400113.

29. López de Letona (1874).

30. Gaceta de Madrid, 15 de mayo de 1874, pág. 413.

31. La Iberia, 12 de mayo de 1875.

32. Gaceta de Madrid, 6 de junio de 1874, págs. 625-626.

33. José Pérez Garchitorena a Andrés Borrego, 14 de noviembre (sin año, pero 1874). AHN, DTF, Archivo de Andrés Borrego, 2535, carpeta 6.

34. Gaceta de Madrid, 3 de noviembre de 1874, págs. 295-296. Milán (2001), pág. 256.

35. Nicolás María Serrano y Melchor Pardo (1873), II, págs. 774-775.

36. DSC, 7 de abril de 1876, pág. 697.

37. La información siguiente procede principalmente de los siguientes informes diplomáticos: Nigra a Visconti Venosta, París, 3 de agosto de 1874, págs. 494-496. R. de Martino a Visconti Venosta, Londres, 11 de agosto de 1874, pág. 512. Visconti Venosta a Maffei, Roma, 13 de agosto de 1874, págs. 516-517. De Launay a Visconti Venosta, Berlín, 13 de agosto de 1874, págs. 517-519. Visconti Venosta a Oldoini, embajador en Lisboa, Roma, 15 de agosto de 1874, pág. 519. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 15 de agosto de 1874, pág. 520. Marochetti a Visconti Venosta, San Petersburgo, 17 de agosto de 1874, pág. 522. Di Robilant a Visconti Venosta, Viena, 20 de agosto de 1874, págs. 528-529, MDAE, segunda serie, V, o. c.

38. José Antonio Rascón a Vega de Armijo, Berlín, 8 de agosto de 1874, AMP, CMVA, Vega de Armijo, 9/41.

39. Antonio de Orleans, duque de Montpensier a Vega de Armijo, 6 de julio de 1874, AMP, CMVA, Solla 148/7.

40. José Antonio Rascón a Vega de Armijo, Berlín, 8 de agosto de 1874, AMP, CMVA, Vega de Armijo, 9/41.

41. Segismundo Moret a Vega de Armijo, Londres, s. f. (1874), AMP, CMVA, Solla, 147/25.

42. Cipriano del Mazo a Vega de Armijo, Viena, 1 de julio de 1874, AMP, CMVA, Vega de Armijo, 1/98.

43. Segismundo Moret a Vega de Armijo, Londres, 20 de agosto de 1874, AMP, CMVA, Solla, 156/1.

44. Antonio Romero Ortiz a Vega de Armijo, Madrid, 24 de julio de 1874, AMP, CMVA, Solla, 98-10/1.

45. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 14 de septiembre de 18741, MDAE, segunda serie, V, págs. 559-561.

46. Álvarez Gutiérrez (2007). Véase también Morales Tamaral (2015).

47. Borrego (1877), págs. 166-167. Pirala (1880), VI, pág. 102. García Ruiz (1878), II, pág. 990.

1. Pirala (1879), V, pág. 411.

2. La Discusión, 15 de enero de 1874.

3. La Discusión, «Nuestro pensamiento», 23 de enero de 1874.

4. La Discusión, 21 de abril de 1874.

5. Castelar (1885), I, págs. 9-46.

6. La Iberia, 15 de mayo de 1874.

7. La Correspondencia de España, 7 de mayo de 1874.

8. La Correspondencia de España, 8 y 9 de mayo de 1874.

9. La Iberia, 10 de mayo de 1874.

10. José Luis Albareda, «Revista política interior», Revista de España, núm. 115, 10 de diciembre de 1872, págs. 403-415.

11. La Discusión, 12, 13 y 14 de mayo de 1874.

12. Emilio Castelar a Adolfo Calzado, Madrid, 4 de julio de 1874, y Ginebra, 8 de agosto de 1874; en Calzado (1908), págs. 4-7 y 9-11, respectivamente.

13. José de Carvajal Hué a Pedro J. Moreno Rodríguez, Madrid, 27 de julio de 1874, ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

14. ACD, Serie Varios, leg. 85, núm. 2.

15. Informe cifrado del 12 de septiembre de 1876, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

16. Pavía (1882), pág. 106.

17. Benjamín Jarnés (1935), pág. 161. Hay una edición de Bénédicte Vauthier publicada por Prensas de la Universidad de Zaragoza en 2021.

18. Emilio Castelar a Adolfo Calzado, Ginebra, 8 de agosto de 1874. Calzado (1908), págs. 9-11.

19. Emilio Castelar, «Las sectas democráticas en Francia y España; las sectas religiosas en Alemania e Inglaterra» (1876), I, págs. 239-262.

20. El Orden, «La República», 11 de febrero de 1874.

21. Carta de Gambetta a Juliette Adam publicada por el Conde de Romanones (1939), págs. 159-160.

22. Nicolás María Rivero a Andrés Borrego, Madrid, 14 de noviembre de 1874. AHN, DTF, Archivo de Andrés Borrego, 2533, carpeta 2.

23. Cartas de Emilio Castelar a Rivero, 20 y 27 de diciembre de 1874. Biblioteca Nacional, Sección manuscritos, Fondo Castelar, ms. 12.976, núms. 38 y 42.

24. Castelar a Ruiz Zorrilla, Madrid, 27 de diciembre de 1874. Gómez Chaix (1934), págs. 100-101.

25. Castelar a Adolfo Calzado, Madrid, 24 de diciembre de 1874; Calzado (1908), pág. 21.

26. Castelar a Ruiz Zorrilla, Madrid, 29 de diciembre de 1874; Gómez Chaix (1934), págs. 102-103.

27. Vilches (2001c).

28. Vera y González (1886), II, pág. 926.

29. La Iberia, 13 de mayo de 1874.

30. La Correspondencia de España, 24 de junio de 1874. El Imparcial, 24 de junio de 1874.

31. La Igualdad, 7, 10, 11 y 13 de octubre de 1874.

32. La Igualdad, 17 de junio de 1874.

33. La Época, La Iberia y El Orden, 24 de junio de 1874.

34. La Correspondencia de España, El Imparcial y La Época, 22 de junio de 1874.

35. Ruiz Zorrilla (1877), pág. 9.

36. Higueras (2016), págs. 282-289.

37. Ruiz Zorrilla (1877), pág. 60.

38. Higueras (2016), pág. 291.

39. La Iberia, El Imparcial y La Época, 27 de agosto de 1874. Los periodistas presentes en la reunión que dieron la información fueron Pérez de Guzmán y Andrés Borrego, según Gómex Chaix, Ruiz Zorrilla, o. c., 1934, pág. 73. La Igualdad fue el único periódico que dijo que Ruiz Zorrilla había afirmado que «no hay otra solución posible que la republicana». El Imparcial acusó al periódico federal de exagerar las declaraciones sin tener información directa de un testigo presencial.

40. Manuel Ruiz Zorrilla a Emilio Castelar, París, 5 de octubre de 1876, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

41. Higueras (2016), pág. 291. Debía referirse a los socialistas del republicanismo, como Fernando Garrido, aunque no es muy coherente. Ruiz Zorrilla escribió tres años después: «Ni yo he tenido tratos» con la Internacional, «ni sé quiénes la defienden en España, ni hice otra cosa que combatirla siempre». Y concluía, «Yo no he sido nunca socialista» porque «los socialistas son los que niegan al individuo todo derecho» y eran unos «demagogos». Ruiz Zorrilla (1877), págs. 55-57.

42. Manuel Ruiz Zorrilla a Emilio Castelar, París, 5 de octubre de 1876, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

43. Nicolás María Rivero a Manuel Ruiz Zorrilla, 12 de septiembre de 1876, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

44. Manuel Ruiz Zorrilla a Emilio Castelar, París, 5 de octubre de 1876, ACD, Serie Varios, leg. 86, núm. 3.

45. Manuel Ruiz Zorrilla a Fernando Fernández de Córdova, Madrid, 18 de diciembre de 1872. Ruiz Zorrilla. AHNOB, MENDIGORRÍA, CFFCV, C.99, D.162.

1. Vilches (2002).

2. DSCC, 6 de junio de 1870, págs. 8632-8635 y 8639-8641.

3. Juan Valera, «Revista política interior», Revista de España, núm. 55, junio de 1870, pág. 473. En 1871 publicaron un título como «miembros de la antigua Unión Liberal» con el nombre de La oposición liberal-conservadora en las Cortes Constituyentes de 1869 a 1871, Rivadeneyra, Madrid.

4. Véase capítulo 3.

5. Fernández Almagro (1951), págs. 643-644.

6. Carta reproducida por Fernández Almagro (1951), págs. 178-180; Llorca (1984), pág. 236 y Comellas, (1999), págs. 346-348.

7. Carta reproducida por Fernández Almagro (1951), pág. 203.

8. Papeles y documentos sobre el Comité de Madrid y acuerdo con Antonio de Orleans, duque de Montpensier. AHN, DTF, 3462, leg.3312, exp. 1, núms. 31 y 32.

9. El Diario Español, 20 de junio de 1872. La carta tiene fecha del 17 de abril.

10. Espadas Burgos (1975), págs. 267-268.

11. Lema (1927), II, págs. 440-441.

12. Nota del 13 de enero. Notas y Apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 407, exp. 1.

13. Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba) a Isabel II, Biarritz, 2 de agosto de 1873. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 1 y 2 de marzo de 1924.

14. Villa-Urrutia (1929) pág. 202.

15. Nota del 9 de enero de 1873. Notas y Apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 407, exp. 1.

16. Nota del 13 de enero de 1873. Notas y apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 407, exp. 1.

17. Manuel Gasset a Riánsares, Madrid, 17 de enero de 1873. AHN, Diversos, Títulos y Familias, 3575, leg. 41, exp. 4, doc. 1.

18. Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba) a Isabel II, Biarritz, 23 de agosto de 1872. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 4 de marzo de 1924. Isabel II contestó a Ruiz el 28 de agosto dándole la razón.

19. Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba) a Alejandro Castro, París, 14 de junio de 1873. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 12 de marzo de 1924.

20. Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba) a Ifigenia López, su esposa, París, 5 de agosto de 1873. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 14 y 15 de marzo de 1924. Lema (1927), II, pág. 485.

21. La carta en Fernández Almagro (1951), págs. 234-236.

22. Isabel II a Jacinto María Ruiz (marqués de Grijalba), Houlgate, 5 de agosto de 1872. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 2 y 4 de marzo de 1924.

23. Las cantidades en Ignacio José Escobar (marqués de Valdeiglesias y director de La Época) a Jacinto María Ruiz, Biarritz, 24 de julio de 1873. «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 13 y 14 de marzo de 1924. Estas subvenciones también las cuenta Lema (1927), II, págs. 437-438.

24. El Círculo Conservador fundado en Madrid en 1870 se transformó en noviembre de 1873 en el Círculo Conservador Alfonsino de Madrid. Véanse los «Estatutos del Círculo Conservador de Madrid», Tip. T. Fortanet, 1870. En el art. 1 definía al Círculo Alfonsino como asociación política, literaria y de recreo; y en su art. 2 establecía que, como asociación política, tenía por objeto propagar y defender, por los medios legales, los principios fundamentales de la sociedad —«principios conservadores» en el de 1870— «agrupando y armonizando los elementos que los constituyen bajo la bandera de la Monarquía Constitucional».

25. Nido (1914), pág. 398 y Benoist (1931), pág. 180.

26. Pirala (1876), III, pág. 309.

27. Montpensier a la reina Cristina, París, 2 de enero de 1873, en «Páginas secretas de la Restauración», El Sol, 7 de marzo de 1924. Cipriano del Mazo a Vega de Armijo, Viena, 24 de julio de 1874, AMP, CMVA, Vega de Armijo, 1/98.

28. Cipriano del Mazo a Vega de Armijo, Viena, 16 de diciembre de 1874, AMP, CMVA, Vega de Armijo, 1/94.

29. Cánovas a Martínez Campos, 30 de abril de 1874. Carta cortesía de Enrique Domínguez Martínez-Campos, procedente del Archivo de Martínez Campos.

30. Cánovas a Isabel II, Madrid, 9 de enero de 1874. AGP, Reinados, Alfonso XII, «1874-1875. Cartas dirigidas a Isabel II por Cánovas del Castillo y otros», cajón 19/20.

31. Isabel II contestó a Cánovas: «Me alegro de que el marqués del Duero y Sagasta te apoyasen en tan patriótica idea». Isabel II a Cánovas, París, 18 de enero de 1874, «Cartas y telegramas de Isabel II a Cánovas y a otros personajes. 1864-1877», AGP, Reinados, Alfonso XII, cajón 19/19 (1 a 53).

32. Salaverría a Isabel II, Madrid, 7 de enero de 1874. Fabié (1898), II, págs. 493-494.

33. El Eco de España, 6 de enero de 1874. Se acordó además que solo estuviera representada una tendencia del alfonsismo, y que se dejara fuera al moderantismo.

34. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 4 de enero de 1874, MDAE, segunda serie, V, págs. 203-205.

35. Cánovas a Isabel II, Madrid, 9 de enero de 1874. AGP, Reinados, Alfonso XII, «1874-1875. Cartas dirigidas a Isabel II por Cánovas del Castillo y otros», cajón 19/20. Cánovas al príncipe Alfonso, Madrid, 17 de enero de «Seis cartas de Cánovas a Alfonso XII dándole consejos y noticias sobre España», AGP, caja 21/14-A.

36. Antonio Romero Ortiz a Vega de Armijo, Madrid, 24 de julio de 1874, AMP, CMVA, Solla, 98-10/1.

37. Borrego (1877), págs. 141-149.

38. Castro (1975), págs. 337-338.

39. Cánovas a Andrés Borrego, finales de 1873; en Borrego (1877), págs. 188-191.

40. Pedro Salaverría a Isabel II, Madrid, 5 de febrero de 1874; en Fabié (1898), II, págs. 599-600.

41. Espadas Burgos (1975), págs. 338-339.

42. Morayta (1898), IX, pág. 462.

43. Morayta (1898), IX, pág. 467.

44. Martínez Campos a Cánovas, Bellver, 2 de marzo de 1874. FLG, AC, L 19C26-2.

45. Isabel II a Pedro Salaverría, París, 6 de febrero de 1874; en Fabié (1898), II, págs. 510-512.

46. Lema (1929), II, págs. 715-716.

47. Salaverría trasladaba así el pensamiento de Cánovas a Isabel II por carta. Salaverría a Isabel II, Madrid, Madrid, 9 de marzo de 1874; en Fabié (1898), II, págs. 515-519.

48. Lema (1929), II, págs. 706-708.

49. Citado por Moral Roncal (2014), pág. 294.

50. «París, 15, 22 mayo 1874». Notas y apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 408, exp. 1, doc. 1.

51. «Junio, 3». Notas y Apuntes para el diario de la reina María Cristina. AHN, DTF, 3488, leg. 408, exp. 1.

52. Consulta de Isabel II a Manuel Cortina sobre su abdicación y otras cuestiones conexas, DTF, 3480, leg. 384, exp. 6.

53. Espadas Burgos (1975), pág. 345.

54. Carta del 21 de diciembre de 1874 reproducida por Izquierdo Hernández (1946), págs. 71-72.

55. Martínez Campos a Cánovas, Madrid, 27 de diciembre de 1874 (es copia y la fecha está equivocada porque pone «noviembre»). FLG, AC, L 29-C 26-(2). Fabié (1898), pág. 545. Domínguez Martínez Campos (2006), pág. 151. El profesor Varela Ortega recogió ampliamente los informes diplomáticos de los embajadores británico y francés, que corroboran lo aquí expuesto, por lo que no se citan. Varela Ortega (2001), págs. 66-69.

56. Urbina (1939), págs. 261-267. La Serna (1875), pág. 11.

57. José Antonio Rascón a Vega de Armijo, Berlín, 30 de diciembre de 1874, AMP, CMVA, Solla, 158/13.

58. De la Serna (1875), pág. 13.

59. Urbina (1931), pág. 263.

60. Rispa y Perpiñá (1932), pág. 266.

61. Prieto y Villarreal (1903), págs. 30- 31.

62. La Igualdad, 30 de diciembre de 1874. La Correspondencia de España, 30 de diciembre de 1874.

63. El Imparcial, 17 de febrero de 1875. La conversación fue publicada por periódicos belgas y portugueses. En España lo hizo el Diario de Barcelona y luego el resto. Los documentos también se encuentran en el Archivo Serrano, Academia de la Historia, leg. 9/8148, carpeta 7, doc. 15.

64. José Antonio Rascón a Vega de Armijo, Berlín, 3 de noviembre de 1874, AMP, CVDA, Vega de Armijo, 9/44.

65. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 1 de enero de 1875, MDAE, segunda serie: 1870-1896, VI (1 de enero de 1875-24 de marzo de 1876), págs. 1-2. También lo cuenta así Fabié, que lo vivió; Fabié (1898), II, pág. 550. La Serna (1875), pág. 16.

66. Cánovas a Isabel II, Madrid, 9 de enero de 1874. AGP, Reinados, Alfonso XII, «1874-1875. Cartas dirigidas a Isabel II por Cánovas del Castillo y otros», cajón 19/20.

67. Véase el enconado debate entre Martínez Campos y Cánovas, con la intervención de otros senadores. DSC, Senado, 11 y 12 de junio de 1880, págs. 2362-2371 y 2374-2395.

68. DSC, 7 de junio de 1876, pág. 698.

69. Maffei a Visconti Venosta, Madrid, 9 de noviembre de 1874, MDAE, segunda serie, V, págs. 608-610.

* No se enumeran las cabeceras de periódicos.

* Solo se referencian los títulos que han sido útiles para reconstruir la historia de la Primera República o que aportan alguna novedad. La bibliografía usada por el autor es mucho mayor. No se referencian aquí los artículos firmados aparecidos en periódicos y revistas de la época.

La Primera República Española (1873-1874)

Jorge Vilches

La lectura abre horizontes, iguala oportunidades y construye una sociedad mejor. La propiedad intelectual es clave en la creación de contenidos culturales porque sostiene el ecosistema de quienes escriben y de nuestras librerías. Al comprar este ebook estarás contribuyendo a mantener dicho ecosistema vivo y en crecimiento.

En Grupo Planeta agradecemos que nos ayudes a apoyar así la autonomía creativa de autoras y autores para que puedan seguir desempeñando su labor. Dirígete a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesitas reproducir algún fragmento de esta obra. Puedes contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 917021970 / 932720447.

Imágenes de interior: © Biblioteca Nacional de España/Album; © Album;

© Oronoz/Album; © sfgp/Album; © Ramon Manent/Album; © Ayuntamiento de Madrid/Album; © Documenta/Album; © Jean Laurent/CFRivero/Album; © Archivo ABC; © Granger, NYC/Album.

Iconografía: Grupo Planeta.

© Jorge Vilches García, 2023

© Editorial Planeta, S. A., 2023

Espasa es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

Avda. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

www.planetadelibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): febrero de 2023

ISBN: 978-84-670-6936-5 (epub)

Conversión a libro electrónico: Acatia

www.acatia.es