Madrid, 24 de enero de 1977. Cinco muertos y varios heridos es el terrible balance de un atentado terrorista contra un despacho de abogados laboralistas cometido en la calle Atocha de Madrid por un comando de extrema derecha.

Los fallecidos son los abogados Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira, el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal.

Los heridos, todos graves, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huerta, Luis Ramos y Dolores González Ruiz.

Casi cuarenta años después de la matanza, en la plaza de Antón Martín, una escultura en bronce del pintor Juan Genovés recuerda a los asesinados. Se llama El Abrazo. El lugar es simbólico: a unos metros está la casa donde ocurrió todo. Igual que esa escultura, este libro, en el que Jorge M. Reverte e Isabel Martínez Reverte han hecho una exhaustiva investigación y una brillante recreación de los hechos, pretende ser un recordatorio y un homenaje a aquellos jóvenes a los que arrebataron la vida por luchar por sus ideales y por una España que estaba creando su futuro.

Jorge M. Reverte & Isabel Martínez Reverte

La matanza de Atocha

ePub r1.0

Titivillus 08.02.2020

Jorge M. Reverte & Isabel Martínez Reverte, 2016

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

A Manuela Carmena y Paca Sauquillo.

A los hijos de José Ignacio D’Olhaberriague,

Nacho y Jorge.

A Candela Juliá.

«Aunque las flores se marchiten,

la belleza subsistirá en el recuerdo».

WALT WHITMAN

INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS

En la primavera de 2013 estaba yo sentado en la terraza de un café ya desaparecido de Madrid, el Comercial, donde me había citado Berenice Galaz, una editora de La Esfera de los Libros que había tenido la idea de hacer este libro y, simultáneamente, la de encargármelo a mí. Le costó muy poco convencerme, porque el asunto me tocaba por muchos lados.

Por partes: Berenice es muy joven (al menos lo era cuando me propuso hacer este libro), y sabía de qué hablaba, lo que suele ser un buen argumento para convencerme de entrar en cualquier empresa. Nada de paternalismos: Berenice es una buena editora y además una buena vendedora de ideas.

Sigamos. Casi todos los implicados en aquellos hechos de 1977 eran amigos o conocidos míos. Y desde luego, todos gente muy próxima. Algunos de ellos lo siguieron siendo.

Tenía, por tanto, acceso muy bueno a testimonios de las víctimas, sus familias y su entorno profesional. Y Berenice muchas ganas de leer eso contado de una manera determinada que coincidía con mi manera de contar.

Llegamos a un acuerdo de fechas y nos despedimos fijando una de referencia para que no se perdiera la adecuada que diera el comienzo oficial a los trabajos. Una tarea así, como se sabe, tiene que tener una disciplina muy especial, porque las citas con los testigos se convierten en charlas de café con mucha facilidad, la indagación en papeles de periódicos atrasados lleva a una dispersión casi inevitable, la búsqueda de biografías de personajes conduce a nuevas situaciones: en fin, todo aboca al caos.

En esa posición estaba cuando José María Mohedano, uno de los protagonistas del libro y uno de los más amables suministradores de información, me hizo dos favores: me dejó el sumario para que lo fotocopiara y me hizo un hueco en su despacho para que desplegara papeles.

Todo iba bien, salvo que mi sentido del orden, que es casi cero en una clasificación de 0 a 10, se vio bruscamente alterado por la aparición de un amigo imprevisto llamado ictus. Para resumir, ya que le he dedicado un libro solo a él, diré de forma sumaria en qué me afectó su presencia: deterioro de la vista casi absoluto, porque veía doble o nada según las circunstancias; paralización del tren inferior derecho (pierna); paralización del hombro, brazo y mano derechos; disfagia, o sea, grave limitación de la capacidad de comer y beber, también la de hablar y toser. Y algunas otras cosas menores.

Quitando esto, mi capacidad de trabajo estaba casi intacta.

Por lo que se refiere al libro, había un centenar de páginas escritas con aire provisional, y un montón de notas ininteligibles para alguien que no fuera yo. Y entrevistas que solo yo podía descifrar. Un panorama terrorífico. Los editores y yo estábamos de acuerdo en que allí tenía que entrar alguien a poner orden. Yo caí en la cuenta de que mi hermana Isabel, que me estaba ayudando ya en tareas de documentación, por puro cariño, quizás quisiera ampliar su colaboración en el libro. Se lo comenté y estuvo de acuerdo.

Isabel no era una parvenue, sino alguien muy experto en tareas de investigación y de documentación. Una primera figura, con la que había que trabajar mucho para acercar dos estilos profundamente distintos por muchas razones, pero sobre todo porque ella ha trabajado casi toda su vida profesional para la televisión. Las razones que la llevaron a decirme que sí las cuenta ella un poco más adelante.

El libro avanzó con muchos problemas derivados casi todos ellos de la doble autoría. Pero se fueron solucionando con la amable vigilancia de las editoras.

Los últimos problemas se solucionaron con la eficaz intervención de Mercedes Fonseca unificando y algo más (mejorando en casi todos los casos) dos estilos literarios tan distintos como el de Isabel y el mío. Esto llevó su tiempo, como es lógico. Por último conté con la casual aparición de Mario Martínez Zauner, cuyo trabajo de enorme trascendencia fue el de revisar toda la estructura del libro, de modo que parece que todo fluye de forma natural.

Este no es pues un libro a cuatro manos, sino un libro que empezó a dos, siguió a cuatro y mejoró a ocho.

Las editoras, muchos amigos bondadosos, como Carmelo Plaza, que se han leído voluntariamente el manuscrito y nosotros coincidimos en que el producto que entregamos a los lectores es novedoso, que aporta datos significativos en terrenos que no habían sido suficientemente trabajados, como la reunión habida la misma noche del 24 al 25 de enero entre las cúpulas del PCE y del Ministerio del Interior; el acuerdo entre la policía y el aparato militar del PCE; la no existencia de una trama golpista de extrema derecha, aunque sí de un magma franquista de entidad desmesurada, cuya movilización podía haber dado lugar a cualquier cosa. Los autores piensan que su trabajo por separado no podría haber dado lugar a algo de mayor calidad.

Hay que hacer una larga lista de agradecimientos, pero yo creo que sería redundante con la de los protagonistas del libro, excluidos desde luego los asesinos y sus cómplices ideológicos o materiales. Es especialmente lamentable la ausencia de Lola González Ruiz, que es para quien está escrito este libro.

Al mismo tiempo, quiero hacer hincapié en algo que ya se señala con fuerza en el texto: la importancia de esas dos mujeres, Paca Sauquillo y Manuela Carmena, en mantener viva una ciudad, Madrid. Por suerte para la ciudad, ahí siguen.

No quiero olvidar a la gente a la que a lo largo del periodo de escritura del libro importuné con encargos de muy distinta envergadura que nunca fueron compensados ni siquiera con una buena botella de vino. Comprometiéndome a que ese pago, al menos, será satisfecho, doy una primera lista: Pepa Albarracín, Sonia Ramos, Pilar Balseyro y Alfonso Corominas y Gustavo Santos, este fuera de lo literario, por mantener a mi hermana dentro de la ley.

Y las gracias más efusivas al profesor Santos Juliá, cuya «última mano» de pintura se nota.

JORGE MARTÍNEZ REVERTE

*   *   *

Soy la quinta de seis hermanos y como todos, claro, hija, sobrina y nieta de periodistas: padre, tíos y un abuelo.

Yo nunca he sido escritora y siempre he querido ser periodista. Y quizá elegí el peor medio para serlo, que es la televisión. Recalé primero en El Dominical. Luego, en Documentos TV. Más tarde y por quince años en Informe semanal y al final, En portada, programa de historias internacionales en el que me he sentido más libre, en el que he recibido más premios.

Soy la quinta de seis hermanos, enamorada de un padre periodista a quien un día fui a ver a Radio Nacional y que me dejó sin palabras. Porque ese día, tendría yo seis años, me dejaron impresionadas unas piernas embutidas en medias de seda y faldas de tubo de un grupo de mujeres preciosas, liberadas como anunciaban sus cuerpos y su tabaco.

Cuando salí le dije a mi madre: «Quiero ser periodista». Mi madre ignoraba que eran las medias, las faldas, los tacones y el tabaco los que habían despertado mi vocación.

Pero mi madre, hija de periodista, y mi padre, periodista, se aseguraron de que lo sería si antes estudiaba otra carrera, no la de Ciencias de la Información. Elegí Filología Hispánica.

Bien, estudié las dos y por supuesto jamás pagaron mi vocación profesional, porque cuando fui periodista ya vivía por mi cuenta.

Entonces descubrí que lo de menos eran las faldas, los tacones y el tabaco. Que lo que más me iba a gustar y me ha gustado ha sido el propio periodismo.

Soy parte del último ERE que puso en marcha TVE, la empresa de mi vida profesional. Cuando salí de Torrespaña, ese lugar al que jamás he regresado desde 2007, unos me dijeron (creo que con alivio y sarcasmo): «Os vais lo mejor de la profesión». Y otros: «Ahora escribirás un libro, como tus hermanos».

Yo no soy escritora, soy periodista, pero he estado varios años pergeñando un libro, intentando estar a la altura de Carmen Baroja respecto a los hermanos Baroja, pero sin nada que escribir. Y lo único que se me ocurría era la dedicatoria a ciento y pico personas que quiero y que esperaban mi obra maestra. Soy la persona más diletante que conozco, una artista sin obra.

Hasta que llega el año 2014. Jorge está escribiendo un libro sobre la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, algo que, como muchos ciudadanos antifranquistas, viví con dolor. Veo a Jorge mal y me ofrezco a ser su lazarillo, su buscadora de datos. Creo que soy buena en ello, porque sé documentar y también entrevistar. Y luego Jorge se pone enfermo y me pide: «Sigue escribiendo». Y yo soy periodista, no escritora. Y con el peso de la enfermedad de mi mejor hermano (todo bondad) y toda la documentación, hago lo que puedo. Asustada por el compromiso y orgullosa de que una de las personas que más admiro y quiero, Jorge, quiera que lo hagamos primus inter pares. Y lo hicimos. Cada uno a su manera.

Bien, ahí está, pero necesito cumplir con mis cien dedicatorias:

A Gustavo (marido y pareja), Miguel y Javi (mis hijos). Silvia y Memi (mis nueras). A mis nietos Silvia Santos y Javi Santos y al pequeñín o pequeñina, que vendrá en junio. A mis hermanos y cuñadas… cuñado y sobrinos. A mis amigas de la Autónoma. A los de Bilbao y Jaén. A las chicas de la piscina… a Manolo Guerra y Agustín, a Arturo y a Luis Manglano.

Eran ciento y pico. Jorge cortará, es quien manda, pero quiero que no olvide a ninguno de los familiares y compañeros que entrevisté para escribir el recuerdo de la matanza de Atocha.

A ellos, sobre todo, quiero enviar mi admiración, afecto y solidaridad. A los abogados de Atocha, a sus amigos y familiares. A los que sufrieron tanto por aquel espantoso asesinato.

ISABEL MARTINEZ REVERTE

Madrid, 24 de enero de 1977. Cinco muertos y cuatro heridos muy graves es el balance de un atentado terrorista contra un despacho de abogados laboralistas cometido hoy en la calle Atocha de Madrid a las diez y media de la noche por un comando de extrema derecha. Los fallecidos son los abogados Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira; el estudiante Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. Los heridos, todos graves, Miguel Sarabia, Alejandro Ruiz Huerta, Luis Ramos y Dolores González Ruiz.

Madrid, en enero de 1977, es una ciudad que huele a calamares fritos cuando se adentra uno en ella viniendo desde el este, por la calle de Atocha. Llega la gente a la estación, que fue inaugurada en época de ensanches para comunicar Madrid con el Mediterráneo y para dar modernidad industrial al capricho real de ir a Aranjuez en primavera a recoger fresas y espárragos que se llenaban de carbonilla en el trayecto.

El sonoro vocablo de Atocha se refiere a los espartales, los vegetales de los que se extrae la fibra necesaria para obtener el esparto que permitirá fabricar alpargatas, cestos y otros muchos productos antes muy necesarios para la vida diaria y ahora cada vez más en desuso. Atocha significa para muchos admiradores del pasado agrícola de la ciudad esa ligazón que la urbe desmiente cada día. Madrid no tiene nada que ver con el campo, salvo porque acoge todos los días a miles de personas que van a sus calles a vender los frutos de la tierra. O su fuerza de trabajo.

Madrid tampoco es un sitio donde se cacen o pesquen calamares. No hay mar, ni de lejos. Lo de los calamares es una impostura más de una ciudad que se ha ido construyendo a base de mentiras, desde que comenzara a funcionar como capital del Imperio, a despecho de las excéntricas Lisboa o Barcelona.

Madrid huele a calamares fritos porque hay gente a la que le gustan. A la hora de la salida del cine, a la hora de tener una cita que se va a prolongar en la tarde, o a la hora de sustituir una cena oportuna por un remedión, los calamares son un buen recurso.

Los calamares fritos se hacen, demasiado a menudo, con un aceite reutilizado en exceso. No es seguro que algunos de los bares que los venden en la glorieta de Atocha pudieran pasar airosos una inspección sanitaria bondadosa. El aceite huele a calamares tanto como los calamares a ese aceite. Y la gente que se acerca a las sartenes en las que se fríen adquiere una pátina olfativa muy difícil de eliminar.

Desde la glorieta de Atocha se llega, a través de una cuesta muy pina, pero en pocos minutos, a la Plaza Mayor y al Ministerio de Asuntos Exteriores. Atocha es campo, pero al mismo tiempo es escaparate de capital del reino y de ciudad proletaria.

Pero hoy, 24 de enero de 1977, Madrid huele además a miedo y a violencia. Quien ha vivido en esas situaciones sabe que las dos cosas huelen. Las bandas fascistas, vestidas unas veces de uniforme policial, o de paisano otras, han practicado el tiro al blanco de cuando en cuando contra jóvenes estudiantes de izquierdas por la calle. Mientras, las células estalinistas del GRAPO secuestran militares de alta graduación y oligarcas con poderes que, de tan desmesurados, casi no parecen terrenales, para provocar un golpe de Estado. Y está presente la banda terrorista que aspira a ser el ejército que un día se convierta en la representación más genuina del patriotismo vasco, la que libere a su pueblo de la opresión a que lo somete España a través de su Ejército. Pero una banda que hoy no se conforma con matar algunos policías y, ocasionalmente, civiles que «pasaran por allí». ETA ha perdido en Madrid el aura que un día tuvo, entre los más obstinados buscadores de algo así, de organización liberadora de izquierdas, después de que hiciera reventar una bomba en la calle del Correo que no solo mató agentes de la Brigada Social (que también), sino ciudadanos normales que tomaban un aperitivo en la barra de un bar. En eso Madrid cumple con su obligación de ser la capital de la nación. Tanto por lo que sucede en las embajadas que hay acreditadas en la ciudad, como en los estados mayores —lo que suena muy rimbombante— de las bandas que se empeñan en que allí vuelva a empezar otra guerra civil. Seguramente porque Franco, que ha muerto hace poco, no quería marcharse de la Tierra sin volver a percibir el ruido y el olor de la pólvora.

En Atocha, los abogados que trabajan para los sindicatos ilegales, sobre todo Comisiones Obreras, y para el PCE y otras organizaciones de oposición, luchan contra toda esta gente que quiere destripar un vibrante movimiento obrero y un efervescente movimiento ciudadano. Allí en Atocha tiene lugar la historia que se cuenta en este libro.

LA NOCHE MÁS LARGA

ATOCHA NÚMERO 55, PISO TERCERO,

24 DE ENERO DE 1977, 22.30 HORAS

Suena el timbre de la puerta. Luis Javier Benavides se levanta de su asiento y se apresura a abrir. El grupo de abogados está esperando a otro de ellos, que se retrasa, para comenzar la última reunión de un día que se ha hecho largo. Acaban de irse los sindicalistas de Comisiones Obreras del Transporte. Son casi las 22.30 del lunes 24 de enero de 1977. Ahora los abogados tienen que discutir una serie de temas jurídicos relacionados con asuntos urbanísticos y vecinales.

El abogado Luis Javier Benavides abre la puerta. Entran dos tipos que obligan a retroceder a Luis Javier. Van armados con pistolas, con las que apuntan a todos los presentes, que se ponen en pie sin resistirse a la sugerencia implícita en el cabeceo de las armas. Uno de los intrusos se cubre con un anorak de color azul oscuro y se tapa la cara con la capucha. El otro no se molesta en ocultarse. Es un hombre de algo más de treinta años que tiene «la muerte escrita en la mirada[1]». Viste una trenca con capucha, que no se ha puesto. Lleva jersey, corbata y guantes. Fuera, a través del cristal que separa la estancia del descansillo de la puerta, se ve a un tercer hombre agazapado que se mueve nerviosamente.

«Esas manitas, bien arriba», dice el que va descubierto, y vuelve a mover la pistola arriba y abajo.

Todos obedecen.

El encapuchado se marcha hacia el interior del piso. Va en busca de más gente, de quien se encuentre en alguna de las estancias entregado a la tarea de liquidar lo que tenga en marcha antes de que comience la última reunión del día. En cuestión de un minuto, se reúnen los nueve, alineados, con «las manitas» bien arriba.

El sonido del primer disparo les sobresalta. Proviene de las dependencias interiores, donde está el de la capucha arrancando los cables del teléfono, y debe de ser poco mañoso. Se le ha disparado el arma. No pasa nada. Enseguida reaparece. Y tropieza en la esquina del pasillo. Se le vuelve a disparar la pistola. Nuevo sobresalto. Esta vez, uno de los abogados se va al suelo. Es Luis Ramos, que cae y se hace el muerto.

El de la cara descubierta les ha preguntado por Joaquín Navarro, «ese de las pecas, andaluz», mientras su acompañante dejaba que los tiros se le fueran escapando por el despacho.

Insiste: «Es mejor para vosotros que nos lo digáis».

Javier Sauquillo le ha dicho que no saben de quién les habla.

Cuando el encapuchado vuelve de vaciar de gente las habitaciones de atrás y de arrancar todos los cables, se coloca al lado de su compañero.

Y comienzan a disparar sus pistolas sin esperar a que nadie hable sobre el paradero de Navarro. Tiro a tiro, con profesionalidad, cambiando la puntería para que ninguno de los que están alineados con las manos en alto se pierda su bala. Uno por uno, los nueve van cayendo al suelo o sobre el sofá. Cuando todos están abatidos, los pistoleros rematan la tarea disparando una quincena de veces sobre los cuerpos desvanecidos. Lo hacen de forma sistemática, fría, sin demasiadas prisas. Parece que estuvieran practicando en un campo de tiro. El tercer hombre asoma la cabeza para ver qué sucede.

Los tres se van. Por fin, se van. Alejandro Ruiz Huerta, que está herido por dos balazos, consigue desembarazarse del cuerpo que le ha salvado la vida al caer sobre él, el de su amigo Enrique, y se levanta. Hay otros que también lo consiguen y se asoman a una ventana que da a la calle de Atocha y gritan pidiendo auxilio a quien esté por allí. Son Miguel Sarabia y Luis Ramos, que han logrado vencer el dolor hasta llegar a la ventana. Antes, Miguel ha podido llamar por teléfono, por el único aparato que funciona, a su mujer para contarle lo que ha pasado, tranquilizarla sobre su estado y pedirle que llame al 091[2].

Lola González Ruiz se ha tirado de manera instintiva sobre el sofá que estaba a su espalda, y se ha tapado con un abrigo, como si eso pudiera protegerla de los disparos. Ha visto caer a algunos compañeros antes. A ella, el tiro le ha entrado por la mandíbula. Cuando ha cesado el tiroteo no es consciente del tiempo que ha pasado. Ve que algunos de sus compañeros se levantan. Y ella misma lo hace. Javier, su marido, no da señales de vida. Unos minutos después, Lola ve con alivio cómo entra un policía. Y se desmaya[3].

Por unos segundos se oye el silencio.

VECINOS

Unas horas antes, al atardecer, tres hombres y una mujer jóvenes, adornados con una profusa parafernalia fascista, están reunidos en una cafetería de las de tomar café barato y brandy que ni siquiera intenta disfrazar su botella de una de coñac, porque su casa embotelladora ya hace años que está obligada por la ley a no intentar colar la marca por alguna francesa. El Régimen resulta tan ridículo, por encima de su crueldad, que ha intentado cambiar la denominación por la de «geriñac», pero no ha colado. Los abogados mercantilistas franceses han conseguido llevar adelante con bien su encargo.

Los reunidos en el bar y los que pronto serán sus víctimas proceden del mismo estrato social: Alejandro Ruiz y Luis Javier Benavides, por ejemplo, son vecinos de su futuro asesino Fernando Lerdo de Tejada, en la calle de Fortuny, donde residen muchos aristócratas madrileños. Quizá se hayan visto alguna vez a la salida del metro o esperando el autobús. Pero unos tienen una educación enfocada al estudio y otros son unos vividores o tarambanas sin rumbo.

Otra de las futuras víctimas, Francisco Javier Sauquillo, es el hermano menor de Paca, una importante dirigente del movimiento ciudadano madrileño que le contagió sus inquietudes. Pero él no es religioso: su compromiso es marxista. Primero, en los años sesenta, se afilió al FELIPE (Frente de Liberación Popular), una organización de carácter antiimperialista, cuando estudiaba Derecho en la Universidad Complutense. Más tarde se unirá al PCE, lo mismo que su mujer, Lola González Ruiz, que está también ahora en la reunión del despacho de Atocha. Ambos pasan consulta regularmente en otro despacho que comparten en Fuenlabrada, zona del extrarradio de la capital donde la familia Sauquillo hizo su enorme fortuna. Lola y Javier han estudiado a Marx, a Engels y a Marta Harnecker, un residuo del autoritarismo leninista que ha quedado incrustado como una de las herencias del izquierdismo de Salvador Allende en Latinoamérica. Sobre todo en Cuba. Es seguro que ambos han participado en seminarios comunistas los sábados por la tarde y han debatido sobre el Eurocomunismo.

Ese día 24 de enero de 1977 Luis Javier y Lola están en Atocha 55 para participar en una reunión vecinal. Paca Sauquillo recordará años después que su madre le reprochaba su «mala influencia» sobre Luisja, cuatro años menor que ella. La misma discusión de muchas familias en España. Los hijos van a la universidad, estudian, leen y ven una España diferente a la de sus padres, que en este caso es la de la guerra y la posguerra.

Del azul al rojo. Los tres hombres y la mujer que esperan en el bar conocen a algunos de los abogados reunidos en el despacho, aunque aún no lo saben. Como tampoco saben que esos abogados forman parte de los curas, los estudiantes o los recién licenciados que trabajan en barrios misérrimos como El Pozo del Tío Raimundo, Vallecas, Orcasitas o Palomeras. Ni que todos ellos, curas y seglares, vienen de familias del Régimen, bien situadas, que no han visto tanta pobreza en su vida como la que se vive en los sitios en donde trabajan. Son hijos de excombatientes, de ministros y de familias seculares de notarios o registradores que en su casa o en la comunidad religiosa, según el caso, no hablan de política para no tener discusiones sin salida.

Gracias a una ley de asociaciones que funcionaba desde el año 1964, los abogados comunistas encontraron resquicios suficientes como para crear la primera asociación de vecinos de Palomeras Bajas, con el objetivo de que, acogiéndose a esa ley, los vecinos pudieran reunirse con ellos y empezar a trabajar por zonas a partir de 1966. Como en otros sectores, estos lugares fueron bautizados como «zonas de libertad». Fue un movimiento que sirvió para reivindicar un semáforo, pavimentar una calle, o conseguir agua corriente para las casas.

Pero cuando el terreno por el que luchaban empezó a valer dinero, sus dueños comenzaron a reivindicar planes parciales para que aquellas tierras de la periferia pasaran a formar parte de Madrid. Los promotores quisieron entonces expulsar de esos espacios a los más pobres y se enfrentaron a la lucha de los vecinos por convertir el chabolismo en viviendas dignas, sin depender de la especulación. Y así tuvo su origen el Movimiento Ciudadano: haciendo frente a la represión laboral, a la represión política y peleando por una vida digna en los barrios. Para ello se coordinaron entonces los abogados, los laboralistas y los de barrio. Para eso y para la democratización del Colegio de Abogados.

Además, por esos años ya andaban por España, en absoluta clandestinidad, militantes comunistas que traían instrucciones del exilio: organizar estructuras de base contra el franquismo. Y así, los grupos cristianos y otras organizaciones, fundamentalmente el Partido Comunista, fundan las Comisiones Obreras, que aglutinan a los trabajadores para defenderse de la explotación, para defender sus derechos y enfrentarse al sindicato vertical, la organización laboral impuesta por Franco y a la que era obligatorio afiliarse.

Pero no todos los abogados que se van a reunir esa tarde en Atocha tienen una trayectoria comunista. Luis Javier Benavides, su hermano Pablo, Alejandro Ruiz Huertas y otros, más jóvenes que Paca, estudian a finales de los sesenta en el colegio de los jesuitas de Nuestra Señora del Recuerdo, más conocido como los jesuitas de Chamartín. En ese colegio adquieren su primer compromiso, que los hermanos Benavides quieren definir como de naturaleza religiosa, primero, política después y, sobre todo, social. Los jesuitas les proporcionan una educación bastante abierta para comprender lo que estaba sucediendo en España. Determinadas asignaturas y profesores, entre los que destacan los padres Ramón Arrizabalaga (gran amigo de Luis Javier) y Ángel Sánchez del Nozal, les abrieron los ojos con su talante y con su enfoque didáctico y realista[4]. En ese colegio de Chamartín, o en el marianista El Pilar, se formarán muchos de los dirigentes políticos que más tarde serán protagonistas de la Transición.

Por eso el compromiso de Luisja, como le llaman los hermanos, y de Alejandro, tiene un claro origen religioso. Ya en el colegio empiezan a realizar visitas a suburbios madrileños como La Celsa, El Pozo del Tío Raimundo y El Pozo del Huevo, que ahondan la preocupación social de los jóvenes estudiantes. El posterior ingreso en la Complutense para estudiar Derecho determinó su entrada, primero, en Comisiones Obreras y, más tarde, en el PCE (en 1976), así como su implicación progresiva en los despachos laboralistas[5]. El carnet del PCE de Luisja tiene fecha de diciembre de ese año.

Cuando termina la carrera de Derecho, Luis Javier Benavides decide dedicar su vida a la defensa de la clase trabajadora, empezando en el despacho de Atocha 55.

Por su parte, Alejandro Ruiz Huerta sale del colegio e ingresa durante año y medio en los novicios de la Compañía de Jesús, una vocación que abandona para volver a los estudios, esta vez de Empresariales y Derecho en ICADE, también dirigido por los jesuitas. Poco después, en 1974, Alejandro ingresa en Atocha. Los abogados veteranos les llaman a él y a los otros creyentes «los jóvenes cristianos».

Finalmente, también están citados ese día Enrique Valdelvira y Miguel Sarabia, los mayores del grupo. Ambos son profesores vocacionales por la mañana y abogados de barrio por la tarde. El lunes 24 de enero, Enrique acude a Atocha por última vez. Tiene el carnet de partido desde hace seis meses. Su formación ideológica la ha recibido de otro abogado, Jaime Sartorius, en el despacho comunista de la calle Españoleto. Esta vida es clandestina en su familia porque su padre es miembro del sindicato vertical.

Dado que DEICINSA[6] ha desconvocado la cita en su sede de Fuencarral, los abogados han decidido verse en Atocha 55. Ese cambio de lugar les costará la vida a algunos. Son momentos muy convulsos en España.

Un día antes, en la mañana del 23 de enero, Jorge Cesarsky, un conocido militante de la extrema derecha, se ha acercado a la plaza de España, donde estaba convocada una manifestación. En el bolsillo interior de su abrigo Loden lleva una pistola del calibre 7,65x17 milímetros semiautomática. Sin licencia. A las doce del mediodía está cerca de la Gran Vía, en un lugar al que también llegan manifestantes huyendo de la policía. Y guerrilleros de Cristo Rey armados con porras de clavos. Arturo Ruiz, un estudiante de diecinueve años, se enfrenta a ellos con piedras y el fascista José Ignacio Fernández Guaza le quita la pistola a Jorge Cesarsky y dispara contra Arturo, que muere al instante en la calle de la Estrella.

Al día siguiente del crimen, el lunes 24, en el transcurso de una manifestación de protesta por la muerte de Arturo, un bote de humo lanzado por un policía destroza la cara de María Luz Nájera, también estudiante, también de diecinueve años, y que muere a causa del impacto.

Y esa misma mañana, los GRAPO, que ya mantenían en su poder al presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo, secuestran al presidente del Consejo Superior de Justicia Militar, general Emilio Villaescusa. Dos individuos se lo llevan cuando el general iba a entrar en un vehículo al lado de su casa, en la calle de O’Donnell. Acababa de empezar la semana negra.

Ese mismo día por la tarde, los dirigentes sindicales del transporte celebran su asamblea ilegal en la sala de Atocha 55, que más tarde deben desalojar. Porque detrás de su asamblea se van a reunir otros letrados. El gobierno había legalizado las asociaciones de vecinos pero no la Federación, y la convocatoria tiene como objetivo planificar una estrategia común para lograr esa legalización y tratar el asunto de las casas de Zarzaquemada.

Llevan varios días preocupados por los ataques de la extrema derecha. Desde el sábado 22, en una reunión clandestina celebrada precisamente en Atocha 55, los abogados han decidido que hay que tratar el tema de la seguridad frente a los «fascistas» y abordar el problema esa última semana de enero. No les dará tiempo.

CABINAS DE TELÉFONO

A unos pocos cientos de metros del lugar donde han quedado nueve personas muertas, agonizantes o malheridas esperando ayuda, hay otro protagonista que se mueve obsesionado por llamar por teléfono y repasa los números que puede recordar. No están escritos, porque su actividad es, en gran parte, clandestina. Un papel que caiga en según qué manos puede significar una detención. Se trata de una rutina que todos los comprometidos en la lucha contra el régimen franquista practican. Ya ha llegado la policía y no sabe qué hacer.

Es Luis Menéndez Luarca, un abogado asturiano de cuarenta y un años que trabaja en el frente de barrios del PCE, un habitual del despacho donde se ha producido el tiroteo y que ha sido en realidad el primero en llegar, antes que la policía. El primero que ha visto la carnicería. Ha subido a pie las escaleras, algo apresurado porque llegaba tarde a la reunión convocada por el grupo de barrios. Menéndez ha llamado a la puerta y le ha respondido una voz trémula preguntando quién era. Al decir su nombre, ha visto, a través del resquicio que dejaba el batiente al entreabrirse, a un amigo y compañero suyo, Alejandro Ruiz Huerta, también abogado. Alejandro estaba empapado de sangre y muy alterado. Le ha gritado «nos han atacado los guerrilleros de Cristo Rey». Luis ha visto el espectáculo de los caídos. La sangre, los cuerpos en posiciones inverosímiles. Y ha escuchado los gemidos, las peticiones de auxilio, los ayes de dolor y la angustia.

Y Luis ha salido corriendo sin saber a dónde dirigirse. Solo sabía que tenía que avisar, que tenía que hablar por teléfono con toda la gente que pudiera. Pero tiene miedo de que la zona esté ocupada por matones de extrema derecha. Ha creído entender que los pistoleros han tirado una bomba. Piensa que lo mejor es alejarse de allí y llamar desde un lugar seguro. Pero encontrar una cabina que funcione en Madrid no es fácil. Y mucho menos fácil poder utilizarla con eficacia, porque las máquinas se comen las monedas con avidez y quien las usa puede quedarse sin reservas en pocos minutos. Estamos en enero de 1977.

Así que Luis piensa rápido. Hay una pareja de jóvenes cerca de la puerta. Por su pinta tienen que ser progresistas. El símbolo feminista que lleva la chica en la solapa es tranquilizador. Les pide ayuda, y el chico se brinda a acompañarle. Toman el metro en la estación de Antón Martín y cogen la línea 1, en dirección a plaza de Castilla. Se bajan en la parada de José Antonio y entran en la sede central de la Compañía Telefónica, en la Gran Vía. El trayecto les ha llevado unos diez minutos. Allí, en los locutorios públicos, empapado por la lluvia y el sudor, gasta y gasta las monedas en llamar a la casa de Antonio Rato, uno de los más veteranos abogados laboralistas de Madrid, que es, además, su primo. De forma atropellada, le cuenta que ha pasado algo muy grave en el despacho de Atocha, pero que él está bien. No sabe si hay muertos, aunque parece que sí, ni cuántos ni quiénes son. Luis sufre un ataque de pánico y de ansiedad. Rato intenta tranquilizarle y le dice que lo más seguro es que vaya a verle a su casa, en la calle Torpedero Tucumán, en un taxi. Luis se despide del joven que le ha ayudado y obedece las instrucciones de su primo.

Ya en la casa de este, deciden que lo primero es avisar a Simón Sánchez Montero, que es uno de los máximos responsables del PCE después de Santiago Carrillo, y del que dependen políticamente los despachos de abogados. El veterano comunista se encarga de pasar la noticia, de que llegue a la ejecutiva del partido para que puedan tomarse las medidas necesarias. Lo urgente es la seguridad de los militantes, pero también su movilización. ¿Ha comenzado una matanza de comunistas en Madrid[7]?

ABOGADOS CONTRA LA DICTADURA

Sin duda, la matanza que acaba de tener lugar en Atocha ha escogido bien a uno de los colectivos que representan de forma más rotunda la lucha contra la dictadura. Con la defensa de los trabajadores y de los represaliados del franquismo, los abogados progresistas minan como ningún otro la legitimidad de un régimen que tarde o temprano tiene que caer. A comienzos de los años sesenta ya empiezan a preocupar al gobierno de Franco y al Consejo Nacional del Movimiento «algunas actitudes aisladas de oposición de algunos colegios profesionales», y en especial la del Colegio de Abogados de Madrid.

Ya en los años setenta varios abogados jóvenes, vinculados al Partido Comunista o a los movimientos de cristianos de base, contactan con los veteranos que llevan ya tiempo defendiendo, desde los resquicios que dejan las leyes franquistas, a los trabajadores ante las magistraturas de trabajo.

Esos jóvenes son estudiantes que se han curtido en el movimiento universitario, y cuando llegan al mundo profesional ya se han enfrentado a la represión en el ejercicio de la abogacía, y conocen a la perfección los mecanismos jurídicos del franquismo en el mundo laboral. Abogados como María Luisa Suárez, Manolo López, Cristina Almeida, Manuela Carmena, Jaime Sartorius, Nacho Montejo, Nacho Salorio, Antonio Rato o José María Mohedano, entre otros muchos.

Durante los años sesenta y setenta, en España el aumento de la lucha clandestina contra la dictadura lleva a estos abogados a ejercer ante el TOP, el Tribunal de Orden Público, o bien en las magistraturas de trabajo para tratar la represión de las huelgas y los despidos laborales. Una lucha jurídica en la que muchas veces no dan abasto, y que otras tantas resulta infructuosa, como en la condena a muerte del comunista Julián Grimau, el Proceso de Burgos contra miembros de ETA en 1970 cuyas penas de muerte son conmutadas por largas condenas, el Proceso 1001 que condena a líderes sindicales a durísimas penas, la condena a muerte de Salvador Puig Antich, o las ejecuciones de tres miembros del FRAP y dos de ETA en septiembre de 1975. Los despachos democráticos se ven obligados a defender a sus clientes con las leyes franquistas, y además no existen garantías procesales suficientes, como la lectura previa de la instrucción y las razones de la acusación correspondiente o las entrevistas con los clientes, esenciales para la preparación de su defensa. Así se explica que en muchos casos fracasen en su labor.

Y aun así, se van a convertir en una grave molestia para el régimen de Franco. Desde finales de los sesenta, un grupo de abogados progresistas se une a la causa de los despachos comunistas y logra hacerse un hueco en el Colegio de Abogados de Madrid. Y en 1969, desde este colegio profesional, corporativo y clasista como el que más, el democristiano Joaquín Ruiz-Giménez consigue celebrar una asamblea con una masiva asistencia de abogados conservadores, pero también de críticos con el Régimen, que cada vez son más. El resultado es una carta dirigida al gobierno en la que se solicita la abolición del TOP, así como de otro tribunal dedicado a juzgar a «vagos y maleantes» (pobres de posguerra, prostitutas y homosexuales). Aunque no consigan los objetivos marcados, sí obtienen una gran mayoría de firmas de letrados a su favor.

Poco después, en un congreso celebrado en 1970 en León, los abogados aprueban reclamar la categoría de presos políticos para aquellos detenidos que se enfrentan a la dictadura, y solicitan la supresión de las jurisdicciones militares y la abolición de la pena de muerte, así como la concesión de una amnistía general para los presos.

De esta forma, los abogados y profesionales van a unirse a obreros y estudiantes como una de las puntas de lanza en la vanguardia de la oposición a la dictadura, gracias a una coordinación cada vez mayor que logra abrir cauces legales para su defensa.

LLEGA LA POLICÍA

En la calle, los policías, desde la emisora del coche de patrulla, llaman a la central para informar de la carnicería, pedir todo el apoyo posible, más coches, más policías, ambulancias… Y se vuelven hacia los barrenderos que se han quedado de piedra al escuchar los gritos de auxilio que vienen desde las ventanas del tercer piso, y les reclutan: «Arriba hay muchos heridos. El que tenga cojones, que suba con nosotros».

En instantes comienza una desorganizada evacuación. Va subiendo más y más gente, y se saca a los heridos a hombros, entre dos, tres o cuatro personas, por la escalera de altos peldaños. En la calle se detiene a los taxis para que los lleven a los centros hospitalarios que se les ocurra a los conductores. Ninguno se opone. Las tapicerías de los coches quedan empapadas en sangre.

El caos es descomunal, pero las cosas acaban funcionando. A las 23.15, Luis Ramos ingresa en el hospital Francisco Franco, con heridas en las extremidades y, sobre todo, en el abdomen. El médico de guardia considera que su pronóstico es muy grave. A pesar de ello, se mantiene consciente y es capaz de dar su identidad a los médicos que le atienden. Enrique Valdelvira ha tenido menos suerte. El médico certifica que ha ingresado cadáver, a las 23.20[8]. El hospital llama a sus familiares, y cuando estos llegan, el doctor González Vicen les pregunta: «¿Quién es el familiar del de la barba?». Teresa Valdelvira contesta que ella es su mujer y el médico dice a secas: «Si su marido es el de las barbas, sepa que ha llegado muerto»[9]. Luego sabrán que este médico es militante de Fuerza Nueva. A Carmela Cantó, la mujer de Luis Ramos, también la han llamado del mismo hospital y de forma displicente le han dicho que su marido ha sido víctima de un incidente, pero que ha salido por su propio pie. Cuando llega se entera de que ha sido herido en el abdomen durante un ataque al despacho donde trabaja. Aparece también la madre, una mujer de derechas de toda la vida, que le espeta: «Esto no le habría pasado a Luis si se hubiera quedado en su casita con los niños, y no conspirando con los comunistas»[10].

Una llamada a casa de los Benavides Orgaz informa de la tragedia de Luis Javier a uno de los hermanos, Manuel. La madre, enloquecida, decide desde el principio que su hijo será enterrado aparte de los demás. Otro de sus hijos, Pablo, acude al tanatorio con su amigo José Bono. Ambos son militantes del Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván y reconocen el cuerpo de su hermano y amigo Luis Javier.

Después, regresan al domicilio de los Benavides, que está abarrotado de amigos y compañeros de los hermanos. La madre se entera a la vez de que su hijo ha sido asesinado y de que pertenecía al Partido Comunista. Será el colmo para ella cuando, pocos días después, se le anuncie la visita de Santiago Carrillo. Su casa se volverá una sinfonía de gritos de angustia, espanto y de un dolor indescriptible. Se negará en redondo, pese a las peticiones de sus familiares. La ideología puede sobre otras consideraciones.

El último en ser evacuado del despacho es Alejandro Ruiz Huerta. Le bajan las escaleras a trompicones entre un policía y un barrendero. Le llevan al Primero de Octubre, un moderno hospital situado al sur de Madrid[11]. Tiene heridas en una pierna y un gran shock emocional.

Los policías han hecho bien la primera parte de su trabajo. Ahora, los heridos han sido evacuados a distintos hospitales, y el local, por fin, se encuentra custodiado.

DESPACHOS DE ABOGADOS

La mujer y los hombres que han caído acribillados por las balas en Atocha 55 son conocidos como los abogados laboralistas. Forman parte de una organización que tiene gran influencia en toda España, pero muy especialmente en Madrid. Son militantes comunistas casi todos ellos. Y no solo se dedican a defender a aquellos que se atreven a enfrentarse con la dictadura o a los trabajadores que denuncian los abusos de las empresas y del sindicato vertical, sino que también buscan proteger los derechos de aquellos que habitan los barrios más deprimidos de la ciudad.

En 1977, en Madrid funcionan cinco bufetes donde pasan consulta trece abogados que trabajan muchas horas al día. Por la mañana acuden a los tribunales o a los juzgados, por la tarde pasan consulta en la periferia de Madrid y por la noche se reúnen, por ejemplo en Atocha 55, para planificar estrategias en defensa de los más humildes. Porque los abogados laboralistas también ejercen como abogados de barrio, y asesoran a las asociaciones de vecinos en la transformación de la sociedad y de la vida ciudadana.

Casi todos los que forman la cabeza de esa lucha son mujeres y hombres jóvenes, pero la verdad es que la vanguardia del movimiento cívico la llevan dos mujeres: Manuela Carmena y Paca Sauquillo. Aunque se trata de una batalla colectiva, claro.

Paca Sauquillo pertenece a una organización a la izquierda del PCE que se llama Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT). No toda la oposición de izquierda al franquismo se resume en el PCE, aunque a veces lo parezca. Por el mismo interés del régimen, aunque no sea capaz de verlo. En Atocha no hay ninguna representación de la ORT, pero sí está un abogado, Francisco Javier Sauquillo, hermano de Paca y muy ligado a sus preocupaciones sociales, las de la vida de los barrios.

Por su parte, Manuela Carmena cumplirá treinta y tres años en febrero. Lleva ya varios de ejercicio de la abogacía, en la que toca todos los palos que huelen a conflicto político. Aunque en España la política aparece en cuanto se hurga en una disputa entre cuñados. Entró en el PCE muy joven, y muy pronto ha comenzado a trabajar en el área institucional del Colegio de Abogados. Tiene una mano izquierda que ya es legendaria pese a su juventud. Y gracias a ello ha conseguido tejer una estupenda relación con el decano, Antonio Pedrol, y otros profesionales más preocupados por el papel de los abogados en un régimen autoritario que los anteriores gestores. Pedrol, Miralles, Stampa Braun, son solemnes representantes de los abogados que echan de menos trabajar en un Estado de Derecho en lugar de tener que arreglárselas con ese amasijo de leyes que están, muchas de ellas, fabricadas a medida para el régimen franquista. A pesar de la diferencia ideológica, gente como Miralles (que perdió tres hermanos en la Guerra Civil a manos de los comunistas) y los otros aprecian a Carmena, por la seriedad de su juicio y lo ponderado de sus opiniones. No hay en ella nada de la agresividad que se supone a los comunistas. Y sí todo el respeto a la ley y a sus procedimientos, que aprecian los hombres liberales de derechas que han conseguido el gobierno del colegio en las últimas elecciones.

Manuela Carmena es además una excelente organizadora, y ha montado una infraestructura para los abogados laboralistas del Partido Comunista. Disponen de despachos para reunirse, secretarias, teléfonos… El PCE puede estar tranquilo: los más de cien abogados que están organizados en el partido tienen quien les controle. Y Comisiones Obreras es una buena ligazón con los abogados que defienden a sus afiliados en la organización de la estrategia sindical.

Carmena tiene a su nombre tres despachos. Uno en la calle Españoleto 13, y dos más en la calle Atocha: uno en el 55, en el que hay una reunión que trata de la huelga del transporte; y otro en el número 49 de la misma calle, en el que la cita es sobre problemática vecinal. Los reunidos en los dos despachos son abogados. Y casi todos ellos son amigos.

Manuela no es una multipropietaria forrada de dinero, sino una mujer con una capacidad de trabajo extraordinaria. Administra los despachos para simplificarle la vida a mucha gente, a los abogados, y al «partido», o sea, al PCE. El enlace del Partido Comunista con los despachos de abogados lo lleva Simón Sánchez Montero, miembro del Comité Central del PCE, alguien a quien Manuela Carmena aprecia mucho, a pesar de que teme las reuniones con él porque se hacen eternas y aburridas hasta la extenuación.

Años después, Carmena recordará el funcionamiento de esos despachos como el de una utopía socialista: todos los trabajadores cobran lo mismo, desde los abogados a los pasantes, las secretarias y las limpiadoras. Y su voto también vale lo mismo cuando celebran asambleas.

«La señora de la limpieza era una mujer maravillosa, se llamaba Rosa, una mujer muy luchadora que había tenido una vida muy difícil y que limpiaba por las mañanas. Nos dimos cuenta de que ella podía dar los números a los clientes y así la hicimos la encargada en la puerta. Y siento muchísima satisfacción porque cuando acababa de limpiar se arreglaba, se ponía el collar, y daba los números… Y yo me sentía realizada, porque pensaba que esto era lo que debe ser el socialismo: todos ganábamos igual, todos éramos iguales… y nos lo pasábamos de maravilla. Pero vamos, éramos un grupo de personas que nos constituíamos como tal, yo era la titular, pero solo desde un punto de vista estrictamente formal. En aquellos tiempos a nadie nos planteaba ningún problema, una serie de abogados unidos, y nadie nos venía a decir que si nos dábamos de alta… No sé, yo creo que allí no estaba dado de alta nadie, todos ganábamos lo mismo y ya está»[12].

Por su parte, muchos de sus clientes recordarán a la joven Manuela Carmena con una toquilla negra de viejecita de pueblo, arropadísima, porque la actividad de los despachos no da para pagar la calefacción.

Su secretaria, Dolores Sancho, es la encargada de la contabilidad, de cobrar y pagar facturas y de repartir el dinero sobrante. Trabaja en Atocha 55, el despacho donde se reúne el sindicato de la construcción. Dolores es la viuda de Pedro Patiño, que murió en un piquete durante una huelga de la construcción unos años antes. El sindicalista Alfonso Felpeto recuerda su entierro en Getafe y las cargas de la Guardia Civil. Y el apaleamiento de la policía a Cristina Almeida después del sepelio. Ya había pasado la muerte por allí.

La fórmula que emplea Carmena para dirigir los despachos es más propia de anarquistas utópicos, pero se la aplican a sí mismos comunistas ortodoxos. Y se olvidan de que, según su propia doctrina, los estados se financian con los impuestos, cosa que los jóvenes también piensan.

Todos ellos lo son, sin excepción. Jaime Sartorius, que es uno de los abogados veteranos del partido, da los cursos de formación en marxismo leninismo a los nuevos, aunque eso del leninismo está ya en desuso por culpa del italiano Enrico Berlinguer y del jefe, Santiago Carrillo, el otro teorizador del invento, que tienen la política en el sur de Europa convertida en una jaula de grillos.

Enrique Valdelvira y José Ignacio D’Olhaberriague son de los últimos llegados al colectivo de los abogados. Son muy jóvenes y su experiencia se reduce a muy pocos casos concretos, cierres de pequeños talleres y cosas así. Enrique ha acabado desembarcando en Atocha y José Ignacio en la calle Españoleto, con gente tan famosa entre los trabajadores de izquierdas como Cristina Almeida, Nacho Montejo, Nacho Salorio o Emilia Graña. En ese despacho se tratan también asuntos de Penal, muy frecuentes entre los líderes del movimiento obrero. Esa especialidad ha surgido de forma natural entre los abogados laboralistas, justamente por la imposibilidad que había durante el franquismo de separar unos conflictos de otros. Uno de los primeros laboralistas que hubo en España, Manolo López, se hizo un famoso penalista porque atendió ese frente a partir de la creación del TOP, cuya fundación celebró alborozado mientras sus amigos se quejaban. Manolo decía: «Ahora tenemos una ley, tenemos a qué agarrarnos». No tardó mucho en ser comprendido por el resto[13].

Enrique y José Ignacio están fascinados por los compañeros que les han tocado en suerte. Son apenas dos recién llegados a la profesión y ya pueden tratar de tú a tú a gente como esa. Siguen viéndose, peleándose por el fútbol sin atreverse a hablar ni mucho ni muy alto de las razones de los socialdemócratas en un partido lleno de leninistas. No es lo mismo ser Mohedano ahí dentro que un novato. Pero ellos son felices con su militancia comunista. Discuten a voces en los bares de confianza, toman las cañas que quieren, colocan pegatinas por la amnistía donde pueden. Sobre todo en los urinarios, donde la seguridad está muy garantizada.

Tienen edad para ser felices, y lo son, ataviados con una capa española, militando contra los abundantes restos del franquismo. Los dos muy altos, con barba y perilla. Eso les da una imagen muy libresca.

Hay un tercer despacho, ocupado por un hombre que es poco más que un payaso, y que acabará por desviar la atención para complicar el transcurso de la investigación de los hechos. Carmena envía telegramas a sus camaradas para comunicar los cambios de horas y de lugares de las reuniones. Unos telegramas que no se sabe cómo controla el líder de los Guerrilleros de Cristo Rey, Mariano Sánchez Covisa, que es quien vive en Atocha 49, y es un espía constante de los abogados, al tiempo que confidente de sus movimientos a la policía, en concreto a González Pacheco, alias Billy el Niño. Ese mes de enero de 1977, la Radiotelevisión Belga difunde una entrevista realizada a Sánchez Covisa en la que, entre otras cosas, el fascista dice: «Todo el mundo sabe dónde están las células comunistas, radicadas en ciertos despachos de abogados laboralistas, en ciertas asociaciones de vecinos que las conoce todo el mundo, que las conoce el gobierno, pero ahí están, actuando impunes»[14].

Mariano Sánchez Covisa no tiene capacidad para cambiar el curso de la historia, pero sí la va a tener para dificultar su interpretación. Su afán de protagonismo, de contar la historia para darse importancia, le confiere una actitud paranoica que llevará a los demás a pensar que ha tenido alguna intervención en los sucesos de esa noche en el despacho de Atocha 55. No se sabe cómo conseguirá que un abogado alemán cuente que él estaba al corriente de todos los movimientos de los comunistas para manejar la situación política española.

El día 24 de enero de 1977, la viuda de Patiño, Dolores Sancho, está tomando unas cañas en el bar Brasilia mientras los asesinos comienzan la matanza. Está con Ángel Rodríguez Leal, el sindicalista despedido de Telefónica y contratado eventualmente por el despacho[15]. En el Brasilia, Ángel se da cuenta de que ha olvidado un ejemplar del clandestino Mundo Obrero en el despacho y sube a recogerlo. Allí es asesinado.

EL PCE SE PONE EN MARCHA

Mientras se producía el tiroteo, tres portales más arriba, en el número 49 de Atocha, un grupo de abogados, compañeros de los caídos, celebran otra reunión de trabajo. Pertenecen casi todos al mismo despacho que los del 55, pero tratan de cuestiones relacionadas con la profesión y el Colegio de Abogados. Han cambiado el lugar de su reunión y han dejado la otra sede para que los que asesoran a los trabajadores del transporte se sienten con ellos y para que, después, tenga lugar otra reunión sobre los barrios que no ha llegado a comenzar.

El aullido de las sirenas de las ambulancias que se acercan al portal del 55 les alarma y les hace asomarse a las ventanas. Hay gente que grita órdenes, taxistas que se detienen, ambulancias que cargan cuerpos, y coches de policía. Es obvio que pasa algo grave.

El primer impulso es llamar a los compañeros. Los teléfonos no responden. Y entonces, los reunidos deciden bajar a la calle. Ya tienen la casi certeza de que lo que haya sucedido les afecta.

José María Mohedano ve, cuando llega, cómo cargan en un taxi a alguien a quien no reconoce, pero que imagina que puede ser Alejandro. Él y Manuela Carmena, la titular de los dos despachos, suben hasta el tercer piso. Hay rastros de sangre por todas partes. Y se cruzan con policías vestidos con uniformes grises que no estorban su decisión. Arriba ya no queda ningún compañero. Solo hay manchas de sangre aún fresca, regueros oscuros que denuncian la matanza, de la que aún no pueden ser conscientes en todo su dramatismo ni en toda su magnitud.

El caos es la ley en la escalera. Ningún policía se entromete en su acción, nadie les estorba. Alguno masculla que no sabe lo que pasa, pero que ha habido muertos, muchos muertos y heridos.

Los abogados del número 49 se distribuyen las tareas. Lo primero, llamar a las familias. A Elisa Maravall, que ha sido pareja de Luis Javier hasta hace un par de meses y trabaja en el despacho hermano de la calle Españoleto, y a los demás, como Cristina Almeida, aunque está de viaje fuera de Madrid, Nacho Montejo, Nacho Salorio, Tomás Duplá, Julia Marchena, Héctor Maravall… y a los responsables del partido. Al jefe de la organización en Madrid, Víctor Díaz Cardiel. A todo el mundo. Luego, se dividen las fuerzas. Hay que recorrer los hospitales de Madrid para saber cómo están los camaradas. El Francisco Franco, el Clínico, el Primero de Octubre… La maquinaria de los despachos y del Partido Comunista comienza a funcionar.

José María Mohedano toma una decisión que puede parecer insólita, pero que es absolutamente razonable si se conoce el Madrid de la época: antes de unirse a la búsqueda por los hospitales, se va al pub Santa Bárbara, en la calle Fernando VI.

José María Mohedano es un abogado que todavía no llega a la treintena. No tiene ningún aire de progresista de libro en su atuendo. Es un hombre atildado, más parecido a lo que se espera de un abogado que el resto de sus compañeros, que suelen llevar la melena suelta, y trajes de pana. Mohedano lleva corbata y zapatos lustrados.

En el pub estarán muchos compañeros, y muchos periodistas iniciando la noche, antes de acabarla en otro local cercano, El Junco. En condiciones normales, una pasada por el pub es suficiente para saber si la noche se va a pasar solo o con alguien. Hoy se necesita que funcione un sistema de alerta a todos los simpatizantes del partido y a los progresistas de Madrid.

En el pub está también el abogado José Luis Núñez, comunista responsable de los abogados laboralistas y enlace con Simón Sánchez Montero, el líder del PCE en la clandestinidad. Núñez está considerado por sus camaradas como uno de los más ortodoxos seguidores de la línea oficial del partido. No se suelen hacer bromas con él sobre esa línea ni sobre el aparato. Núñez es un tipo alto, con gafas de miope y barba negra, larga y poco cuidada. La verdad es que provoca entre sus camaradas más miedo que amor.

En pocos minutos, llega a unírseles también horrorizado el jefe de prensa del PCE, Ángel Mullor[16]. Le ha llamado alguien del partido a la sede de los abogados de Españoleto, donde estaba acabando su trabajo del día. Mullor es de los pocos militantes del partido, si no el único, que tiene el número de teléfono de la casa donde vive Santiago Carrillo. Y desde el teléfono público del pub le llama. Los comunistas comienzan a tomar medidas de seguridad muy ensayadas. Y Santiago Carrillo empieza a pensar cómo lograr que esta tragedia ayude a la legalización del Partido Comunista. Cómo convertir un desastre humano en un avance político. Desde el pub se reparten instrucciones de alerta y de vuelta a la clandestinidad. Hay que avisar a todo el mundo: el partido debe defenderse. El mayor problema son las comunicaciones. No es fácil conseguir un teléfono. Y menos a esas horas, cuando los centros de trabajo están cerrados, porque en esta época se utilizan más los teléfonos del trabajo que los particulares para las tareas clandestinas. En teoría cualquier intervención de un teléfono necesita una orden judicial, pero nadie ignora que la policía se salta incluso las laxas leyes franquistas en la materia cuando hace falta. Pedir una orden a un juez puede llevar unas horas, mientras que hacer «un par» a una línea telefónica lleva minutos.

José Luis Núñez, alias Patri —de patriarca—, se encarga de visitar los hospitales y organizar llamadas a los abogados de Madrid, a todos los militantes y a los periódicos. Hay que moverse para evitar que la noche se convierta en una orgía de matanzas de ultraderecha.

Cuando se pronuncia la palabra «partido» en el Madrid de 1977, se está diciendo en realidad Partido Comunista. Los comunistas han convertido al resto de organizaciones políticas en agrupaciones que tienen mucho de testimonial al lado de su potencia. Esta noche hay que poner en marcha la máquina de la resistencia frente al franquismo. El PCE se moviliza, y se olvida de que hay más siglas políticas. Los demás también. Aceptan su papel secundario.

Puede ser que en la profesión donde más se encuentran militantes comunistas sea en la de abogado. Jaime Sartorius dice que tiene contabilizados más de un centenar en Madrid. Pero los periodistas no les van mucho a la zaga[17].

En la Asociación de la Prensa de Madrid, el dominio político de los comunistas es notorio. Copan las comisiones que se eligen en las asambleas con cualquier motivo, casi siempre relacionado con la libertad de expresión, aunque suelen rodearse de algunos independientes o militantes de organizaciones minoritarias, para cubrirse. Los medios de comunicación del Estado, como la televisión y la radio públicas, tienen en algún terreno el monopolio de la información. Pero además están los diarios de la Organización Sindical, como Pueblo, o la agencia SIS, y la prensa del Movimiento, con decenas de cabeceras de diarios repartidas por todo el país. Arriba, la agencia Pyresa y muchos otros medios dan empleo a cientos de periodistas que son, en su mayoría, hostiles a la ideología del medio en el que trabajan. El director del medio suele ser ahora un falangista bastante desencantado, que manda sobre unas pocas decenas de otros falangistas enchufados e indolentes y centenares de redactores que o son sencillamente enemigos del régimen o, en una cantidad muy significativa, militantes del partido más odiado por el franquismo: el PCE.

Esa noche, los periodistas adquieren un protagonismo especial. No solo porque es una profesión que da muchas relaciones sociales, sino porque ellos sí tienen teléfono en el trabajo aunque sea de madrugada. Los periodistas cercanos al PCE llaman por teléfono a actores, arquitectos, directores de cine, cantantes y a todas las personas relacionadas con el arte o la cultura. El PCE se siente, en el ambiente de la cultura, en su hábitat natural. El franquismo y su aparato fundamental, la policía, ya lo dan por hecho. Pemán nunca será adversario de José Hierro, por ejemplo.

SOCIALISTAS DE MONO AZUL

En la calle de San Bernardino, al lado del edificio del Sindicato del Transporte, tiene su sede otro despacho de abogados laboralistas que ha cobrado una importancia política nada despreciable, montado por Agapito Ramos y Enrique Barón.

Treinta y ocho años después de acabada la Guerra Civil, los socialistas españoles han dado ya todos los pasos para ser una fuerza legal. Felipe González, su secretario general, aparece ya con normalidad en la calle, y se atreve a pedir públicamente la legalización completa, no solo de su partido, sino de otras formaciones políticas como el PCE, o sindicales, como UGT y CCOO. La situación política en España es de una fluidez extraordinaria y, en algunos aspectos, muy confusa. En el campo socialista, que era mayoritario al acabar la guerra, hay al menos tres formaciones que tienen importancia: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyas siglas querrían todos, el Partido Socialista Popular (PSP), que dirige Enrique Tierno Galván, y la Federación de Partidos Socialistas (FPS), que encabezan numerosas personalidades que vienen o bien del PSOE, o bien del FELIPE (Frente de Liberación Popular Español), un partido que tiene mucho que ver con el socialismo. Barón y Ramos pertenecen a la FPS, y tienen una excelente relación con los sindicatos alemanes, sobre todo el muy poderoso del metal, y han empezado ya negociaciones con gente del PSOE para una posible futura incorporación de su partido que, pese a que el nombre indica una unión de partidos, se trata de una formación de pequeño tamaño, aunque con militancia muy cualificada. Entre sus fundadores hay importantes dirigentes de la USO (Unión Sindical Obrera), un sindicato de base cristiana y socialista. Esa relación con la USO le da al despacho un tufillo obrerista, de mono azul, que es muy ventajoso para buscar clientela.

Por eso, Ramos y Barón son importantes. Porque en una supuesta transacción, podrían aportar cuadros y financiación y contactos internacionales. Entre sus clientes del despacho llegará a haber muchos cuadros de Renfe.

No es solo el PCE, claro. Pero todos actúan, en casos como este, subordinados a su autoridad.

EL PERIODISTA QUE OLVIDA LA EXCLUSIVA

Gritos y cuerpos amontonados. Olor a sangre.

Eso es lo que perciben Jesús Duva y Miguel Garrote, redactor y fotógrafo del diario vespertino madrileño Pueblo[18], uno de esos medios dirigidos por falangistas y trufado de comunistas, cuando traspasan el umbral del despacho de abogados al que han acudido muchas veces para seguir la información sobre conflictos laborales en Madrid. Duva ha inventado la sección de Laboral en su periódico, lo cual es casi un acto heroico. Es realmente curioso que el organismo oficial de los sindicatos del régimen no tenga información sobre discrepancias laborales. El franquismo agonizante es así.

Duva ha recibido una llamada en la redacción del periódico hace no más de veinte minutos, sobre las diez y media. Una voz que no ha sabido reconocer, muy alterada, le ha urgido para que vaya al despacho de Atocha 55.

Duva se ha intentado zafar: lleva unas semanas en la sección de Sucesos, ya no tiene que ver con Laboral. Mientras escucha cómo caen las monedas en la cabina pública que usa su interlocutor, consigue entender que ha pasado algo muy grave. Ha llamado a Miguel Garrote, el fotógrafo de su sección, y se han ido los dos en el Renault-12 del redactor hacia el despacho, que está a un centenar de metros. Un pequeño tramo de la calle de Las Huertas, doscientos metros por el paseo del Prado, giro a la derecha en Atocha, y todo recto hasta Antón Martín. Han aparcado muy cerca del portal, dejando el coche de cualquier manera.

Como el ascensor no funciona, han comenzado una fatigosa ascensión hasta el tercer piso, superando escalones de una altura que ahora se les antoja excesiva. Por el camino se han cruzado con dos agentes de la policía vestidos de gris. Uno de ellos lleva las dos franjas que le identifican como cabo. Los policías esgrimen sus armas cortas reglamentarias. Duva se ha dado cuenta de que están montadas, prestas para disparar.

Uno de los guardias les advierte, sin detener su loca carrera hacia la salida del edificio: «No suban. Es horrible. Márchense».

Pero no se ha detenido para asegurarse de que su orden se cumple. Los policías van hacia su coche, un radiopatrulla de los que se conocen como «K» en su entorno profesional y como «lecheras», porque son de color blanco, entre los ciudadanos.

Y allí, en el tercer piso, en el que han estado muchas veces para informar sobre conflictos laborales, los dos periodistas se han encontrado con los gritos, la sangre y los cuerpos amontonados.

Duva y Garrote son los primeros informadores en llegar al lugar. Previamente, lo han hecho los policías que han recibido poco antes que ellos la llamada de la comisaría de Retiro para que acudieran a investigar un tiroteo denunciado por una llamada anónima que reclamaba angustiosamente su presencia[19].

Duva y Garrote se quedan anonadados. Llevan unos días agotadores en todos los sentidos, en el emocional y en el físico. Esa misma mañana del día 24 de enero de 1977, un grupo terrorista ha secuestrado al general Villaescusa. Hoy también, una joven estudiante, María Luz Nájera, ha muerto en la Gran Vía por el impacto de un bote de humo lanzado por un policía. Un día antes, otro joven llamado Arturo Ruiz ha muerto de un tiro en la espalda que le ha descerrajado un grupo de asesinos de la extrema derecha[20]. Y esa mañana, por primera vez, el presidente del Gobierno ha recibido oficialmente a un grupo de la oposición democrática en el palacio de La Moncloa para discutir sobre la celebración de las primeras elecciones: sistema electoral, financiación de los partidos, composición de las cámaras, etc. Demasiadas coincidencias, demasiada tensión ese día 24 de enero de 1977.

El espectáculo les afecta de una manera tan poderosa que no se entretienen en identificar los cuerpos ni en hacer fotografías. El espanto puede sobre la tensión propia de quien se encuentra con una exclusiva, porque la exclusiva les pilla demasiado cerca.

Llueve en Madrid, que huele a miedo, a pólvora y a sangre.

ABOGADOS Y CURAS DE BARRIO

Hace no muchas horas, en otro despacho dedicado a los movimientos sociales, en la calle Fuencarral, casi en la Gran Vía, están reunidos, convocados por la empresa DEICINSA, algunos de los protagonistas de los sucesos que tienen lugar esta noche. La empresa está especializada en planificación urbana y regentada por arquitectos y urbanistas muy conocidos por su militancia. Son el tipo de gente como Eduardo Mangada, del que dicen los que lo conocen que tiene todos los planes parciales de Madrid en la cabeza. Mangada es un «rojo sin remedio», al que arquitectos militantes de derechas detestan tanto como admiran en secreto. A media mañana del mismo día la empresa ha desconvocado una segunda cita y los abogados han decidido verse en Atocha 55. Ese cambio de lugar les costará la vida. A unos, a otros se la salvará.

Alejandro Ruiz y Luis Javier Benavides estaban preparando la reunión de la noche y han visto desde el balcón la manifestación pro amnistía en la que ha perdido la vida el joven Arturo Ruiz, a manos de los fascistas Jorge Cesarsky, Ángel Sierra y José Ignacio Fernández Guaza, más tarde detenidos y condenados. Con ellos ha sido detenido Mariano Sánchez Covisa, que será puesto en libertad por falta de pruebas a las setenta y dos horas.

Alfonso Felpeto es uno de los vecinos a quienes le llega la desconvocatoria de la reunión de esa tarde del 24 de enero de 1977. En 1977 los despachos de abogados trabajan con las asociaciones de vecinos y junto a ellas empiezan a buscar soluciones al desarrollo de los barrios miserables a través de DEICINSA. Esta se había creado para defender y asesorar a los vecinos de los abusos que permitía el gobierno, y como respuesta a COPLACO (Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid), de creación gubernamental. Los obreros trabajan y pueden vivir en barrios humildes y baratos, y asequibles a la especulación del suelo. Y es entonces cuando la remodelación de barrios más pobres necesita protegerse frente a la especulación y abusos del poder económico y político.

Para discutir sobre estos temas, Alfonso Felpeto ha quedado con sus abogados Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira. Felpeto es ahora un sindicalista clandestino del metal que tiene problemas. Representa a los damnificados de treinta y seis portales y viviendas promovidas por UCHA y Martínez Laforgue, dos inmobiliarias muy fuertes en Zarzaquemada, en Leganés. Esas casas construidas de cualquier manera han sufrido siniestros graves y vicios y defectos de construcción. Una noche casi se derrumban tres plantas habitadas. Felpeto recuerda sentadas y manifestaciones ante la puerta de las inmobiliarias situadas en la calle de General Yagüe de Madrid, movilizaciones lideradas por los abogados Valdelvira y Sauquillo.

Así, los abogados más comprometidos se prestan a defender a los más débiles, que van organizándose poco a poco en las asociaciones de vecinos, también ilegales. La ciudad está cambiando, como todo el país se está levantado de la miseria que ha provocado una guerra de tres años y más de una década de política autárquica adoptada por la dictadura. Los más pobres de los pobres llegan a las ciudades a intentar no morirse de hambre.

Y los primeros en acudir en su auxilio son los curas. Primero, sobre todo, para evangelizarlos.

Sin duda, uno de los aspectos de la vida religiosa que más cambia en esa época es la actitud y la proyección de la doctrina de la Iglesia en el llamado mundo obrero[21]. El diálogo entre marxistas y cristianos se favorece durante los pontificados de Juan XXIII y Pablo VI y en la revisión doctrinal de muchos movimientos de la izquierda católica. Así, en 1961, la publicación de la encíclica Mater et Magistra sobre los problemas sociales y la Iglesia, y la celebración entre 1962 y 1965 del Concilio Vaticano II, permiten a algunos curas dar presencia a la voz cristiana que censura la hipocresía social y el «abrazo pecaminoso Iglesia-Estado». Estos curas condenan desde los púlpitos la situación económica y social, e incluso a veces se atreven a criticar la represión política y sindical.

Y todo lo facilita sin querer, en 1964, Manuel Fraga Iribarne. El año de la celebración de los veinticinco años de paz, el año del llamado desarrollismo y de la mejora económica y laboral de España, ese año, el ministro de Información y Turismo promulga la ley de Asociaciones, poco a poco permitirá abrir ranuras en el régimen por donde pueden colarse los movimientos sociales y políticos dentro de la «legalidad vigente».

Movimientos sociales y vecinales que se abren paso en Vallecas, El Pozo del Tío Raimundo, Orcasitas, Palomeras Altas, Palomeras Bajas o el Cerro del Tío Pío. A finales de los cincuenta y principios de los sesenta ya había 30 000 chabolas en los arrabales de Madrid, con una distribución muy sencilla: la vía del tren que traía a los más pobres de España desde Andalucía y Castilla-La Mancha o Extremadura permitía que unos se bajaran a la derecha de los raíles y otros a la izquierda. Era lo que entonces se conocía como Entrevías. Y allí se iban montando las chabolas. Siguiendo la tradición impuesta, por la noche los vecinos ayudaban a los recién llegados a levantar cuatro palos y cubrirlos de cartón, donde se introducían, y la Policía Municipal no podía tirar ese engendro porque se había convertido en una vivienda. Y claro, todos ayudaban a poner el techo por la noche, rápidamente, para que la inspección de la mañana la diera por buena, porque dentro había una madre dando el pecho a un bebé y no se podía tirar. No había ningún decreto que diera carta de naturaleza a esta ley, pero se cumplía. Todo era barro, no había agua corriente. Sin embargo, era algo por donde empezar.

Algunos antifranquistas, procedentes en su mayoría de esa conciencia social religiosa, cuando salían de la universidad se acercaban a las parroquias de esa periferia madrileña. Sus habitantes habían huido de sus pueblos. Algunos huían de la represión y en Madrid cambiaban sus nombres: Vladimiro por Blas o Libertad por Esperanza. Pero sobre todo huían del hambre.

Los recién licenciados en Derecho, Arquitectura o Económicas acudían a esos barrios pobres a ayudar en lo que fuera: desde conseguir nueva identidad a los represaliados de Franco, hasta ayudar a levantar chabolas y guarderías y a pavimentar las calles. Y a defender sus escasos derechos laborales cuando había un conflicto.

La abogada Francisca Sauquillo provenía de aquellos movimientos cristianos de mediados de los sesenta, y fue una de las primeras en llegar a los barrios. Tiene un despacho laboralista en la calle Lista de Madrid, hoy Ortega y Gasset, y desde allí defiende a los trabajadores en asuntos sindicales y a los que tenían algo pendiente en el TOP.

En aquellos días, como otros abogados comprometidos, Paca Sauquillo trabaja primero en su despacho y luego va a las parroquias del sur de Madrid a pasar consulta a los más pobres. Gracias al concordato las iglesias son cobertura legal en esos momentos de un país sin libertades[22]. A última hora de cada tarde, Paquita se traslada a El Pozo del Tío Raimundo, en el sur de Madrid. Allí regentan la parroquia el padre Llanos y otros curas que serán conocidos como «los curas obreros». Es la iglesia del Buen Pastor, obra del arquitecto Sáenz de Oiza y construida en 1956. Allí tienen sus reuniones clandestinas.

Hay mucho trabajo que hacer, el despegue económico hace que se produzca una emigración hacia países de Europa como Alemania, Francia, Bélgica o Suiza, y una inmigración de las regiones más pobres hacia Madrid, Cataluña y Euskadi. El padre del sindicalista asesinado en Atocha Ángel Rodríguez Leal es uno de los que emigra a Suiza dejando a sus dos hijos con su madre en unos pisos de Entrevías. Muy jóvenes, los dos hermanos ingresarán en Telefónica, aunque luego serán despedidos tras la huelga de 1976.

Los que vienen a buscar trabajo a Madrid se instalan en el sur, en el área metropolitana de la ciudad, en la periferia.

Cuando el padre Llanos llega a los arrabales madrileños, se hace construir una parroquia de uralita para evangelizar a los pobres, que él piensa son rojos descarriados. José María Llanos procede de los curas franquistas, de ideología absolutamente fascista. Dos de sus hermanos fueron fusilados en la guerra por los republicanos y él se convirtió en capellán de falangistas, experto en ejercicios espirituales y confesor del mismo Generalísimo Franco. Así que, cuando llega a lugares como El Pozo del Tío Raimundo y ve la situación de indigencia absoluta en la que malviven los advenedizos, el cura Llanos llama primero a un grupo de falangistas para socorrer esa sórdida pobreza.

Pero, poco a poco, Llanos observa otras cosas y empieza a fijarse en otras gentes. Cristianas, pero con ideas socialistas, una de ellas es Paca Sauquillo, hija de un rico terrateniente de Fuenlabrada y decidida defensora de los derechos humanos. Con ella y otros personajes de perfil similar, el padre Llanos busca a jóvenes de colegios religiosos y comprometidos socialmente y con muchas posibilidades de ser útiles para combatir la miseria. Los lleva a los barrios de indigentes a construir chabolas por la noche. Los estudiantes hacen de albañiles dirigidos por algún arquitecto o aparejador concienciado. Luego organizan guarderías. Además, Llanos lleva a las viudas catequistas del padre Garralda a coser para los niños, a hacerles ropa, e intenta montar una escuela industrial para que la gente tenga una formación.

La idea del padre Llanos se extiende por todo el sur y los inmigrantes poco a poco encuentran trabajos en la construcción o, en el caso de las mujeres, en la limpieza. El padre Llanos, como Díez Alegría, Gamo y otros curas obreros, llegan a decir que fueron al sur a convertir a los pobres y los pobres les convirtieron a ellos.

Estos curas, como los arquitectos o los jóvenes abogados que más tarde serán asesinados, van a ayudar a fundar las Comisiones Obreras de distintos sectores económicos. Y los profesionales se encargarán de asesorarles, de defenderles en los juicios y ante la policía[23].

INVESTIGACIÓN POLICIAL

A las doce de la noche, ya día 25 de enero, el comisario jefe de la Brigada Regional de Información, Francisco de Asís Pastor, comienza con las acciones rutinarias para cualquier acontecimiento de tan grave cariz como el que acaba de darse en Atocha. Por supuesto, él no tenía por qué estar trabajando a esas horas, si no fuera por la barbaridad que le han puesto encima de la mesa. Una matanza así no sucedía en Madrid desde la Guerra Civil.

Ha pasado el momento de los policías de uniforme, y comienza el de los de paisano. El comisario nombra a los primeros funcionarios que hacen falta para analizar el lugar de los hechos y para recabar todos los datos que permitan iniciar la investigación. Todavía no se habla de responsabilidades. La Brigada Regional es, de forma natural, la encargada de hacerse con el caso.

El responsable de la brigada, Francisco de Asís Pastor, tiene una gran experiencia profesional a sus espaldas. Y ninguna notoriedad de carácter político. Y ha sido su brigada la que ha detenido al jefe máximo del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, el 22 de diciembre del año que acaba de terminar.

Cinco muertos son demasiados para una noche. La Brigada cuenta con algo más de una treintena de inspectores. A muchos les van a quitar el sueño desde ese mismo momento. Pero son casi todos ellos gente joven y entusiasta, que no se sienten identificados con la policía que actuaba bajo las siglas de la Brigada de Investigación Social.

Los subinspectores Juan Antonio González y Ricardo Sánchez, por ejemplo. Tienen veintiocho y veintiséis años respectivamente. Viven el franquismo como todos los demás ciudadanos. Forman parte del equipo que ha detenido a Santiago Carrillo, y son los que han garantizado su seguridad una vez en las dependencias policiales. No son adversarios del régimen, por supuesto, porque ningún policía lo es, pero no comparten el entusiasmo represivo de los compañeros de «la social» con los que se cruzan todos los días por los pasillos de la Casa de Postas, en la Puerta del Sol, donde tiene su sede la Dirección General de Seguridad. Juan Antonio y Ricardo son policías vocacionales a los que apasiona la investigación criminal.

En la brigada solo hay dos hombres, al margen del jefe, que superen los cuarenta años. Son los inspectores José Gabaldón y Antonio Figueras, no precisamente conocidos por tener un entusiasmo desbordante por el régimen franquista.

¿Por dónde empezar? Hay cinco muertos, cuatro supervivientes en grave estado, que no pueden declarar, y un local lleno de sangre. Ningún testigo directo que pueda dar señas físicas de los que han disparado. Lo primero es el local.

Dos de los policías llamados para incorporarse a la investigación acceden al piso. Por allí ha pasado mucha gente. No solo los que han auxiliado a los heridos o recogido los cadáveres, sino también los compañeros que han acudido a las primeras alarmas. Hay ropas por todas partes, y sofás que han sido removidos de su sitio, sillas y mesas volcadas, y sangre, por todas partes regueros de sangre que delatan cuerpos arrastrados, y manchurrones en las paredes y en los carteles pro amnistía de Genovés… además de charcos que se van secando deprisa.

Manuel Estévez Chueca y Ángel García Cuadrado hacen una descripción de esa visión, miden la longitud de las paredes, imitan a duras penas los ángulos absurdos e intentan, con un éxito dudoso, interpretar la difícil geometría de una sala típica de unos edificios que se construían en el pasado siglo XIX en función de las formas caprichosas que tuvieran los solares. Estévez y García se aplican con especial cuidado en la recogida de los casquillos diseminados por el suelo. Encuentran hasta catorce, que van metiendo en bolsitas para que sean analizados en el Laboratorio de Técnica Policial, donde los expertos balísticos tratarán de averiguar de qué armas proceden los disparos.

Por supuesto, no solo debe intervenir el Laboratorio de Técnica Policial, sino el juez de guardia, que tiene que instruir el sumario. Le ha tocado en suerte al titular del número 17, el magistrado juez José Luis Bermúdez.

Bermúdez inicia también una noche infernal, en la que tiene que desplazarse de un lado a otro de Madrid para recibir declaraciones de la policía y para interesarse por el estado de salud de los ingresados. De hospital en hospital va ordenando autopsias y, de forma infructuosa, buscando declaraciones de testigos. El sumario recibe el número 13-77.

Del cuerpo de Francisco Javier Sauquillo se extrae el proyectil que le ha causado la muerte.

TERROR

Paquita Sauquillo ha llegado a su casa exhausta después de un intenso día de trabajo en El Pozo del Tío Raimundo. El Pozo es una barriada en la que las condiciones de vida son miserables. Miles de personas viven, o malviven allí, en chabolas que apenas se sostienen en pie, con calles sin asfaltar y regueros de mierda que las atraviesan porque no hay alcantarillas. En muchas de esas construcciones no hay luz ni agua corriente. Las habita gente que viene de la emigración, de pueblos de Andalucía como Martos, que ha ido llegando en los últimos diez años escapando del hambre para encontrarse con la misma miseria. Existe una leyenda urbana que dice que los moradores de estas «urbanizaciones» son de raza gitana. Nada más lejos de la verdad. Los gitanos y los originarios de Martos, por ejemplo, mantienen una rigurosa separación racial. Ni se mezclan ni conviven.

Los habitantes del Pozo no tienen esperanzas. Sus hijos van vestidos con ropas que les dan en las parroquias, y las mujeres se las ven y se las desean para sacar adelante a las familias haciendo lo que pueden. Las más afortunadas encuentran puestos de trabajo como asistentas en casas del centro de Madrid. Los hombres, cuando consiguen un empleo, es en la construcción, en empresas en las que las condiciones laborales son muy duras, con jornadas inacabables y medidas de seguridad casi inexistentes.

En ese estercolero poblado por seres humanos trabajan los seguidores del padre José María Llanos. Llanos no oculta su sobrevenida militancia antifranquista, y comparte su lucha diaria con otros voluntarios, muchos de ellos abogados y urbanistas. Entre estos voluntarios está Paquita. Y, además, algunos de los que han caído muertos en Atocha, entre los que está su hermano Javier.

Pocos días antes, Paquita ha compartido con su cuñada, María Dolores González, que ahora está luchando entre la vida y la muerte en el Primero de Octubre, la gran inquietud por la situación que se vive en Madrid. No hace ni una semana que tuvieron una charla sobre la amenaza que representan los grupos de extrema derecha.

Una amenaza que se ha concretado a lo largo de los dos días anteriores, con la muerte de dos chavales en las calles de Madrid. Uno, Arturo Ruiz, al que un grupo de extrema derecha encabezado por el asesino de la Triple A argentina, Jorge Cessarsky, ha matado de un tiro en la espalda el día 23. La otra, Mari Luz Nájera, hoy mismo, 24 de enero, muerta por el impacto de un bote de humo en una manifestación de protesta contra ese asesinato.

Paquita y el padre Llanos han pasado la tarde preparando un funeral para la chica. Han estado en la iglesia del Buen Pastor. Cuando todo ha quedado listo para el día siguiente, Paca ha regresado a su casa.

Al llegar, ha recibido una llamada de la también abogada Mari Eli Almeida, que le pregunta si sabe dónde están su hermano Javier y su cuñada Lola. Mari Eli ha oído por la radio que ha habido muertos en Atocha 55. Inmediatamente llega su marido, el abogado Jacobo Echevarría. Muy pronto saben, porque el teléfono no para de sonar, que Javier y Lola están ingresados en el Primero de Octubre[24]. Juntos van a buscar a la madre de los Sauquillo y se dirigen al hospital. Allí se enteran de la muerte cerebral de Javier.

No se van, por supuesto. Tienen que velar al hermano y al hijo asesinado, pero también deben proteger a los heridos, a su cuñada Lola y al abogado Alejandro Ruiz Huerta, supervivientes de la matanza. No hay policías que amparen a los heridos. Y se forma una improvisada guardia de personal del hospital. Los celadores, los trabajadores de enfermería, los médicos, construyen un escudo humano que garantice la vida de quienes no han muerto. No hace falta pertenecer a un partido o a un sindicato para unirse a formar ese cordón de seguridad. Basta con estar indignado y con despreciar el régimen que se está yendo a pique.

Entre lágrimas, entre abrazos, con gestos de desesperación, pero también con una determinación que impresiona a cualquiera, se forma una guardia dispuesta a todo[25]. Incluso un grupo de trabajadores del Primero de Octubre escribe una carta al ministro de Gobernación exigiendo la custodia de los supervivientes de la matanza, pues temen por sus vidas.

Porque todos piensan que la violencia de la extrema derecha puede seguir.

Mientras, un grupo de abogados se refugia en la Audiencia Nacional, junto a los periodistas que esperan noticias. José Ignacio D’Olhaberriague pertenece al despacho de Alcalá. Pero antes ha estado en Españoleto, formándose con el PCE. Allí se hizo íntimo amigo de Enrique Valdelvira. En la Audiencia se entera de que es uno de los muertos.

José Ignacio había llegado ya a su casa cuando ha recibido la llamada de su cuñado Jorge M., que es periodista. Y le ha dicho que tome todas las precauciones, porque la cosa tiene mala pinta.

José Ignacio recuerda a su amigo Enrique, vestido con una capa española, repartiendo panfletos pro amnistía durante las pasadas Navidades en la Plaza Mayor. Eran días de entusiasmo casi revolucionario, en los que los comunistas no se escondían apenas. Suárez había ganado su referéndum, pero las libertades se iban imponiendo en la calle.

Ahora todos tienen miedo.

Los periodistas que informan sobre Tribunales, entre otros, Charo Galvete y Ricardo Cid, esperan en un bar de la zona, muy preocupados, noticias sobre Lola Ruiz. Saben que ha sido herida pero no conocen la gravedad de su estado.

Y también temen una noche de más ataques terroristas de extrema derecha.

La idea no es descabellada, aunque responda a una frecuente fantasía medio paranoica de todo un colectivo. Madrid es una ciudad que lleva mucho tiempo, especialmente la última semana, tratando de sobreponerse a la barbarie, a las agresiones salvajes y desestabilizadoras de los ultras del franquismo, de los GRAPO y de ETA. Al cabo de unos años, haciendo balance de estos días, Alfonso Osorio, vicepresidente del gobierno de Suárez, calificará esta semana de máxima tensión política y estos acontecimientos como algo mucho peor que el 23-F[26].

El ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, piensa que ese día 24 de enero de 1977 el proceso de transición democrática está seriamente amenazado[27].

Se teme una matanza más amplia, incluso un golpe de Estado. Más aún con los secuestros del GRAPO, que tienen como rehenes al presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo, desde hace varias semanas, y al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el teniente general Emilio Villaescusa, desde esa misma mañana.

Precisamente esa mañana, el presidente Suárez recibe en La Moncloa a la comisión de los Nueve, a los representantes de la oposición democrática y a los reformistas de Alianza Popular Manuel Fraga y Cruz Martínez Esteruelas. Y a los liberales que poco a poco van a crear la Unión del Centro Democrático, Fernando Álvarez de Miranda, Joaquín Garrigues, Pío Cabanillas e Íñigo Cavero. En el palacio de La Moncloa parece que el proceso democrático es irreversible. Mientras, en las calles de Madrid, los asesinos del GRAPO y los del Triple A se mueven impunemente por sus calles.

Adolfo Suárez sigue adelante con su tarea de diseñar el paso de la dictadura a un régimen democrático. Pero su trabajo en los despachos lo revientan día a día unas decenas de hombres dispuestos a matar.

LOS ASESINOS

Tres hombres jóvenes se están despidiendo en plena calle en las cercanías de la plaza de España. Se llaman José Fernández Cerrá, de treinta y un años, Carlos García Juliá, de veintiuno, y Fernando Lerdo de Tejada, de veintitrés. Van armados con pistolas y se despiden con pocas palabras. Los tres están conmocionados por lo que acaban de hacer. Se despiden simplemente con una tímida pregunta de Lerdo a los otros: «¿Qué habéis hecho?», y se marchan a sus domicilios. Lerdo y Juliá se van en la moto que el segundo ha dejado aparcada allí, muy cerca de un bar que frecuentan, la cafetería Nilo, en la calle de San Bernardino, donde se han reunido hace pocas horas con Cerrá para «hacer lo que tenían que hacer»: buscar a un tal Joaquín Navarro para darle un escarmiento[28].

Su jornada justiciera ha comenzado con una entrevista en el Sindicato del Transporte. José Fernández Cerrá se ha citado con el secretario provincial del sindicato, un tal Francisco Albaladejo, que tiene cuarenta y ocho años. En su conversación ha salido de nuevo el asunto de Joaquín Navarro, que ha revuelto todo el sector del transporte privado de Madrid. Albaladejo está obsesionado con ese hombre que no le teme, que le hace frente, que se presenta en el sindicato y se pone a hablar en nombre de los trabajadores, a él, que es el representante legal nombrado por el presidente Vicente García Ribes. Navarro, lo saben, es un comunista, y miembro de un sindicato ilegal que se conoce como Comisiones Obreras.

El presidente del Sindicato del Transporte, Vicente García Ribes, es nombrado a dedo, como todos sus colegas de la organización sindical franquista, por el ministro de Trabajo. En este caso, Álvaro Rengifo, al que después de las elecciones de junio sustituirá Manuel Jiménez de Parga, un hombre moderado, muy cercano a Adolfo Suárez, que se encargará de ir disolviendo y quitando fuerza a los sindicatos verticales. Estos no tienen otra función en realidad que la de actuar como gendarmes de los trabajadores y servir para premiar con una nómina y un horario de trabajo a los leales al régimen. Entre los funcionarios sindicales menudean los buscavidas y, sobre todo, la gente que no sabe hacer nada. Saben, y malamente, las cuatro reglas, y algunos textos de Falange, arrancados con dificultad de las escuetas obras completas del fundador, José Antonio Primo de Rivera. Más que un conjunto articulado de doctrina, se trata de una serie de intervenciones públicas de un contenido vago envuelto por una retórica poética de muy baja calidad.

Jiménez de Parga es un catedrático de Derecho del Trabajo que tiene por delante una tarea ingente de eliminar a chulos de taberna, apearles de sus coches oficiales, y liberar sus lujosos despachos para otras funciones del Estado. Los presidentes de los sindicatos no le respetan mucho. Como no respetan mucho al mismo Adolfo Suárez.

A poner en solfa la autoridad de Vicente García Ribes se ha atrevido Navarro, «el andaluz de las pecas». De él se va a hacer cargo el secretario provincial de Madrid, Francisco Albaladejo. Joaquín Navarro representa como nadie ahora en España la enorme diferencia que existe entre los sindicatos oficiales y los de clase. Él ha sido elegido por asambleas de trabajadores, que han aprovechado los huecos que la legislación vigente deja, para proclamar representantes genuinos para problemas genuinos. La legislación sobre la que se construye el sindicato vertical, y en especial la reforma laboral de 1958, que agrupa a empresarios y trabajadores simultáneamente, ha permitido que para problemas concretos los trabajadores pudieran elegir «comisiones de obreros» que negocien soluciones. Es evidente que eso estaba pensado para dar salida a problemas pequeños. Pero en eso se han amparado los mineros asturianos, y tras ellos muchos otros trabajadores de toda España, para crear las Comisiones Obreras. El PCE y otros partidos situados a la izquierda han adoptado esa fórmula como la mejor herramienta de lucha contra el franquismo.

Lo que se dirime hoy en Madrid es mucho. Lo sabe García Ribes, como lo saben su hijo, el dirigente de extrema derecha Juan García Carrés, y Albaladejo.

Por eso se ha vuelto a manejar la idea de darle un escarmiento. Una buena paliza o algo así. Pero Navarro ha resultado ser un hombre escurridizo. No se le encuentra en su casa, de la que ha huido.

Hoy, 24 de enero de 1977, ha terminado una huelga del transporte de Madrid con una victoria de los trabajadores amparados por el sindicato ilegal. Ha sido una victoria de Comisiones Obreras, del PCE, que las lidera. Una victoria de la subversión. Albaladejo piensa que urge dar un escarmiento a Navarro. Para ello ha llamado a José Fernández Cerrá, quien ha citado a su vez a García Juliá y a otro chaval, un militante de Fuerza Nueva, para poner en marcha la operación. García Juliá ha recogido a este joven, Fernando Lerdo de Tejada, hijo de una estrecha colaboradora de Blas Piñar, y le ha llevado en su moto a la calle de San Bernardino, a la cafetería Nilo, después de parar en casa de Lerdo para recoger una pistola de su padre para la que no tiene munición, pero que a efectos de asustar sirve. Cerrá y Juliá sí llevan balas en los cargadores de sus pistolas. A Cerrá le ha entregado Juliá la suya, una Browning de calibre 9 milímetros parabellum, con un cargador repleto de trece balas y otro, también lleno, de repuesto.

El trío formado por los pistoleros ha tenido tiempo de sobra para ir enardeciéndose. En la cafetería Nilo, al calor de varias cañas tiradas con poca gracia y alguna copa de coñac Magno han anunciado para ellos mismos la hazaña para la que han prometido su participación. Allí, acodados en la barra acolchada como los sofás Chester, se han dado palmadas en la espalda y se han dicho con voz queda, aunque cada vez más alta por la influencia del alcohol, que todo lo van a hacer por España. Van a darle un escarmiento a Navarro que nunca olvidará. Pero, eso sí, no van a matarle por mucho que se merezca morir como «un perro».

Los agricultores de la región que todavía se llama Castilla la Nueva o tienen un latifundio o una huerta de regadío de gran tamaño, o viven de forma muy precaria. Allí la tierra tiene que ser mucha para ofrecer sustento a una familia, y no digamos a un conjunto de familias que dependan del dueño de un latifundio: el amo, le pueden llegar a llamar en algunos pueblos más remotos donde todavía los usos anteriores a la República no se hayan desterrado completamente. El Toboso, La Solana, Hellín, Villarrobledo y tantos otros vivieron con la Guerra Civil una auténtica contrarrevolución que dejó la tierra repartida de tal manera que no hubo nunca más alguien con pocas alforjas que pudiera tener alguna oportunidad de salir a flote.

En los latifundios, los señoritos se aburren y se cuecen en verano. Cuando llega el invierno, pueden disfrutar con su deporte favorito, que es la caza. Caza menor que a veces consiste en llevar una jauría de perros corredores, casi siempre galgos. Los perros levantan la liebre y, a partir de ahí, se produce un espectáculo soberbio en que el animal sortea a sus perseguidores y, en ocasiones, revienta a alguno de ellos o le rompe el espinazo con un quiebro imposible. Seguramente de ese movimiento viene la expresión «quiebro».

Como es lógico, uno de los motivos mayores de orgullo de esos agricultores es tener un buen equipo de perros, una jauría de calidad. El propietario de buenos galgos es objeto de la mayor de las envidias en lugares donde en invierno no hay nada de qué hablar, aunque la televisión haya llegado hace mucho.

Sin embargo, en Castilla la Nueva hay una costumbre que no ha logrado quitar ningún impulso cultural, venga de la tele o de la escuela. Los orgullosos propietarios de galgos o podencos matan de forma cruel a su jauría cuando llegan a la edad en que ya no pueden cobrar liebres. El procedimiento habitual es colgar al animal de la rama de un olivo, y después abrirle en canal para dejarle morirse desangrado y víctima de las alimañas. Nadie conoce el origen de esa ceremonia ancestral. Corre el mito de que las costumbres campesinas tienen siempre una razón, que es o bien cultural o bien relacionada con la conservación del medio. Nada de esto se da aquí. La muerte de los animales es innecesariamente cruel, como premio a una vida que no ha parado de darle satisfacciones gastronómicas o de prestigio a gente desprovista de piedad y de gratitud. De esa actitud incivil de los dueños viene la expresión «morir como un perro».

Fernando Lerdo de Tejada, que tiene veintitrés años, es un señorito de El Toboso. Su madre, a la que dejó viuda su padre militar hace algunos años, vive en la calle Fortuny de Madrid. Es una representante casi perfecta de la aristocracia madrileña, con el dinero originado en el campo, en la explotación extensiva de cereales, o de viñedos o de olivares. Eso, y una mano de obra abundante y muy barata, da buenas rentas, que permiten tener pisos lujosos en propiedad en la mejor zona de la Castellana, numeroso servicio y chófer.

Todo eso y además hijos que son obligatoriamente señoritos. Unos hijos que saben cómo estar en la vida sin trabajar y sin estudiar, por mucho que hayan tenido todas las oportunidades.

En El Toboso los Lerdo no tienen más amigos de los que llevan algún fin de semana. Y alguno de ellos ha ido a cazar, justo en esta época, a finales de enero, con algún vecino. La hierba en los solares está baja aún y se puede contemplar en toda su belleza el espectáculo de las liebres haciendo piruetas imposibles que celebrar después con una tajada de queso, un corte de pan candeal y un buche de vino de casa, tomado en bota con un vago aroma a brea.

Allí Fernando se hace hombre. Los días normales entre semana se ve con personas del entorno patriótico. Habla de armas, entre otros con Simón Fernández Palacios, que trapichea con ellas y lleva a tirar al polígono de Canto Blanco a Fernando y sus colegas. Más adelante sostendrá que las armas le son ajenas, pero en El Toboso no faltan.

La forma más sencilla de definirle es rotunda: Fernando es un señorito y un pijo violento, o sea, un pijo.

Un contraste poderoso el que se abre entre los componentes del grupo de pistoleros. José Fernández Cerrá es fruto de una familia de clase media baja. Un tipo fornido y peleón que no ha estudiado prácticamente nada. Una familia en la que abundan los altos cargos militares, pero de la que Cerrá no parece haber aprendido a hacer nada productivo. Cerrá tiene ya treinta y un años y una novia enfermera que gana 16 000 pesetas al mes, que le son suficientes para dar de comer a su novio, con el que vive amancebada, que es como se llama todavía en las comisarías y los juzgados a una convivencia sin papeles. Cerrá es natural de Almería y tiene en el habla ese cúmulo de vocales abiertas y arrastradas que convierten, a veces, cada frase en una sola palabra casi sin acentos ni sílabas. La construcción de algunas frases puede venir de los belgas que vinieron como ingenieros a las minas de plata o de plomo en el XIX: «¿Esto qué é lo que é?».

A Cerrá le va la violencia y la imaginería fascista. Antes de compartir su vida con Gloria Herguedas estuvo con otra mujer, a la que amenazó de muerte con una pistola y ella le denunció. Ahí se acabó todo. No tiene trabajo fijo, solo algunos esporádicos, el último de vendedor de libros en Espasa Calpe, cuyo catálogo reúne todo lo que Cerrá detesta de la cultura española del siglo: la del exilio de los años cuarenta.

No tiene, pues, horarios de trabajo muy consolidados. Pero, a cambio, es de una seriedad ejemplar en su devoción por España. Cuando Blas Piñar o Falange convocan un acto, se enfunda la camisa azul, se guarda los puños americanos y, del brazo de Gloria, tan brava y violenta como él, va a donde haya que ir. Cerrá tiene una mirada inquietante. Aunque hay mucha gente que no sabe explicar qué significa eso.

Carlos García Juliá, el otro componente del grupo, tiene veintiún años y es también estudiante sin fortuna. Se afilió primero a Fuerza Nueva, luego a Falange Española y de las JONS. Dice que le gustan los uniformes y los correajes. Trabaja en una bodega, la Taberna de Baco, aunque dice que es administrativo, y está soltero. De profundas creencias religiosas, de misa diaria. Nunca ha mantenido relaciones sexuales hasta el momento de su detención. Eso dice el párroco de la iglesia de San Ginés, próxima a su domicilio en Ópera. Y próxima a la Hermandad de Marineros, en la calle Mayor número 16. El cura escribe un informe a su favor destacando sus virtudes «relativas a la castidad». De él, que es un hombre alto y fuerte, de porte marcial, el cura solo destaca que no se deja llevar por la lujuria. Su padre, que es comandante de Artillería en activo, debe de ser algo más sensible al sexo: tiene ocho hijos.

Al llegar a Atocha 55, los pistoleros han encontrado el portal abierto y han subido andando la escalera. En el descansillo del tercer piso se han dado cuenta de que aquello estaba lleno de gente. Había decenas de personas en las oficinas. De modo que han decidido subir hasta el último piso, en la zona de buhardillas, a esperar a que la gente se marchara. No ha pasado mucho tiempo. Cuando el bullicio de la asamblea se ha apagado, han bajado hasta el tercero y han llamado al timbre.

Cerrá ha podido mantener la calma, pero García Juliá ha estado nervioso todo el tiempo, hasta el punto de que se le han escapado dos tiros sin quererlo mientras registraba el piso. Lerdo, asustado, no ha pasado del antedespacho, para atemorizar con su pistola descargada a quien pudiera subir inesperadamente.

Luego, Cerrá y García Juliá han disparado contra los presentes, a los que no conocían de nada, pero sabían que eran comunistas. Y luego, se han marchado andando en busca de la moto[29].

De Navarro no han sabido nada. Aunque lo tenían al lado. Se han ido con la seguridad de que la matanza quedará impune. No han dejado ningún testigo vivo, al menos al parecer. Y en todo caso, ¿cómo iban a reconocerles? Que ellos sepan, tan solo uno de los asesinados les había visto antes. Bueno, que ellos sepan no. Ni tan siquiera es seguro que el primero al que han disparado les haya reconocido. No lo llegan a comentar entre ellos.

LOS INFORMADORES

Gracias a las informaciones que les ha dado Albaladejo, los asesinos han sabido que Navarro va a estar en un despacho de abogados en la calle de Atocha 55, donde va a celebrarse una reunión sobre la huelga. La información no es difícil de conseguir. El despacho lo conocen todos los que han tenido que ver con el conflicto. Y a Albaladejo le sobran informadores en el sector. Esquiroles y matones en su mayoría. Quizá también algunos policías. Y el militante fascista Mariano Sánchez Covisa, que siempre anda fisgando y alertando a la policía de la Brigada Social de todo lo que ve que a él le parece que se sale de lo normal.

Mariano Sánchez Covisa es un hombre de bien ganada fama como confidente de la policía y como líder de porristas callejeros. Se le suele ver por la calle cuando va a haber manifestaciones ilegales. Vestido con su gabardina y su traje gris marengo, y una corbata de nudo cuadrado y colores pardos. Le escoltan grupos de jovencitos que gastan camisa azul arremangada y algún complemento como el puño americano o un palo corto con clavos. Le obedecen militarmente y sin rechistar. Se hacen llamar los «guerrilleros de Cristo Rey». Toda una declaración de intenciones.

Sánchez Covisa es, sorprendentemente, de una familia culta y liberal, emigrada en gran parte a Venezuela tras la Guerra Civil. Fue a la División Azul en 1941, donde protagonizó algunos hechos heroicos que le valieron una Cruz de Hierro. Una biografía susceptible de engordar leyendas. Se cuentan sobre él muchos cuentos. Y nadie sabe de qué vive. Aunque, eso sí, lo hace con modestia. Su familia también ignora el origen de los fondos que maneja[30].

La rumorología facilona, la falta de seriedad al aceptar las fuentes de información, hacen que sea muy confusa la acumulación de datos sobre la extrema derecha, hasta el punto en que se convierte en algo difícilmente cognoscible. Eso tendrá sus costes a la hora de conocer la verdad.

Entre los jóvenes violentos y descerebrados que frecuentan las huestes de Sánchez Covisa, pero que también nutren otras marcas de esa extrema derecha difusa que confunde a los periodistas y a algunos policías, están Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada. Formar parte de sus filas es casi gratis: nadie les pide carnet, ni fecha de afiliación. Solo estar en el lugar indicado en la fecha en que se les convoque y armados de parafernalia bélica de ocasión.

También es muy distinto el ánimo según el enemigo al que haya que enfrentarse. En el País Vasco, a las manifestaciones patrióticas de los nazis de signo nacionalista, solo se suman guardias civiles o miembros de la Policía Armada bajo siglas como ATE (Anti Terrorismo Eta). Tampoco hay aficionados que intenten reprimir manifestaciones sindicales de la construcción o el metal. Esos son profesionales. La gente que se agrupa en torno a los Sánchez Covisa o las siglas GCR (Guerrilleros de Cristo Rey) es gente muy violenta, partidaria de una estética militar realmente nazi, pero no organizada en realidad. Son terroristas ocasionales. Y actúan contra manifestaciones juveniles; si acaso contra asociaciones de vecinos, de amas de casa, movimientos de barrio o de consumidores. Alrededor de ellos se organizan los nuevos movimientos sociales que analizan y teorizan los más brillantes pensadores comunistas jóvenes, como Manuel Castells, Jordi Borja o Ludolfo Paramio, cuyos trabajos algo engolados estudian con denuedo los abogados del PCE y otros partidos similares.

EL ANDALUZ DE LAS PECAS

«Ese de las pecas, el andaluz», Joaquín Navarro, que es por quien ha preguntado uno de los dos pistoleros antes de ponerse a dar tiros, está a pocos metros del despacho de Atocha 55, tomándose unas cañas con los compañeros del transporte.

Nada más acabar la reunión con los colegas y los abogados, había que dejar el despacho para permitir que los letrados tuvieran otra reunión entre ellos. Son militantes del PCE, aunque no se dice a las claras.

Navarro se ha marchado al Brasilia. Allí, unos cuantos de los representantes del sindicato ilegal de Comisiones Obreras del Transporte —los de la llamada «comisión de los nueve», negociadora con la patronal—, han seguido dándole vueltas al asunto de cómo terminar la huelga. Porque la bronca con la patronal ha acabado con una victoria, pero una de las empresas más potentes, Martín S. A., mantiene los treinta despidos con los que ha sancionado la actitud de los revoltosos.

Treinta despidos son demasiados para una sola empresa, por mucho porcentaje de subida salarial que se haya obtenido.

Navarro lleva un día agotador. No solo ha tenido que acudir o estar al tanto de las asambleas donde los trabajadores han decidido sostener el apoyo a sus representantes ilegales. También esa misma tarde se ha sentado durante un buen rato en un despacho que el PCE tiene alquilado en las cercanías de la calle de Atocha para, desde allí, coordinar todos los movimientos de protesta obrera que sacuden Madrid. Se ha reunido con Víctor Díaz Cardiel, que es el líder del Partido Comunista en la ciudad y su entorno. Víctor, un hombre salido de las filas del sindicalismo clandestino, era un militante del sector del metal, trabajador de Robert Bosch hasta 1962, cuando fue despedido. Víctor no olvida que, cuando fueron a detenerle a la fábrica, a la cabeza de los policías iba el presidente de su sindicato oficial, Vicente García Ribes. Así eran las cosas de desnudas con los del vertical. Al cabo de los años, los personajes vuelven a encontrarse. García Ribes puede que no se acuerde de Díaz Cardiel, pero lo contrario sí pasa. El dirigente comunista bien puede celebrar por partida doble la humillación de sus enemigos. Quince años después, Comisiones Obreras sigue siendo ilegal pero ahora lleva la iniciativa y las de ganar. Porque los trabajadores saben quién les defiende. En todo caso, la mezcla de policías y representantes sindicales no está bien vista en ningún lado.

Desde que salió de prisión, Díaz Cardiel está liberado por el partido con un sueldo más que modesto a cambio de una actividad peligrosa y agotadora.

Hay que saber acabar una huelga. Para evitar el cansancio de quienes la hacen. Para que una victoria, que no es completa, no se convierta en una derrota. Para eso también están los sindicatos, por mucho que sigan siendo ilegales, para que la lucha tenga, cuando pueda ser, un resultado que los trabajadores vean como positivo. En Atocha han seguido hablando de eso con los abogados.

A Navarro y sus camaradas les ha sobresaltado el alboroto de las sirenas de la policía y las ambulancias. Joaquín y Juan Antonio Olmos, sindicalista de Telefónica, han salido a la calle y han visto que el lío provenía del 55. Se han acercado al portal y han podido ver cómo se subía a un taxi al último de los heridos. Y después han remontado los tres pisos hasta llegar al despacho y se han encontrado con todas las manchas de sangre, las ropas de abrigo tiradas por el suelo, los muebles fuera de su sitio.

Mientras Juan Antonio Olmos se va corriendo a Telefónica para, desde allí, llamar a los números de seguridad de los camaradas, Joaquín se ha escapado después de observar el lugar de los hechos. El consejo de sus camaradas es unánime: tiene que desaparecer, marcharse a un domicilio seguro. Porque nadie sabe cuál puede ser el alcance de la acción de los matones. Y Joaquín es, desde luego, un blanco muy claro para la pistola de cualquier asesino de la extrema derecha. Antes de que tuviera lugar la matanza en el despacho, ya estaba tomando precauciones por las amenazas que le habían llegado. Además, existía la posibilidad de ser detenido por la policía, por ser el hombre más destacado durante la huelga. Incluso, ha dormido algunas noches en el despacho, buscando seguridad, lo que parece ahora una ironía cruel. Pero ahora todo va evidentemente mucho más en serio.

De su voluntad de desaparecer solo le ha apartado la inquietud por sus camaradas. Ha acudido antes que nada al hospital para informarse sobre su estado. Luego, ha desaparecido: es lo razonable. Un compañero del metro, Fernando Clavo, le ofrece pasar en su casa la primera noche.

EL HOMBRE QUE NO VUELVE

Cuando Joaquín se ha marchado con la intención de desaparecer, nadie ha echado todavía en falta a uno de los que estaban tomando cañas cuando comenzaron a sonar las sirenas. Ángel Rodríguez Leal acababa de darse cuenta de que se había dejado en el despacho del que venían un ejemplar de Mundo Obrero que, por razones que nadie supo, necesitaba para su trabajo. Su necesidad del periódico debía de ser tal que no reparó en que tendría que subir otra vez cuatro pisos andando para recuperarlo.

Ángel es un trabajador de Telefónica conocido porque es muy combativo. Esa misma mañana ha estado en el sindicato y ha tenido una confrontación de buen calibre con Francisco Albaladejo y con varios desconocidos. Los gritos se han debido de oír en la plaza de Castilla. Ángel es cargo sindical porque ha salido elegido enlace en las últimas elecciones legales. Y porque es miembro de CCOO y forma parte de la «comisión de los nueve», donde está la gente que los clandestinos quieren y la que necesitan en cada momento. Por eso toma parte en discusiones que no son de su gremio y por eso Albaladejo y los otros le odian. Tanto él como su hermano han sido despedidos de Telefónica por su capacidad de lucha. El enfrentamiento de hoy ha debido de ser más fuerte de lo habitual, porque, aun a esas horas, sigue encrespado. Un hombre curtido ya en muchas batallas. Es un detalle que tendrá su importancia posterior, pero del que la gente ahora todavía no toma nota.

JOAQUÍN NAVARRO Y LA LUCHA SINDICAL

Joaquín Navarro, el andaluz de las pecas, es un hombre muy menudo y delgado. Tiene cuarenta y cuatro años. Nadie sabe de dónde saca la energía que es capaz de desplegar en su activismo agitador constante. Nació en Coria, en Sevilla, y huyó a Francia en 1960 para escapar del hambre y de la represión. Allí conectó con círculos de la emigración, en donde tuvo sus primeros contactos con el PCE, la fuerza política mejor organizada en el exilio.

Su historia de sindicalista es larga, la inició en París hace algunos años. Incluso ha acudido a cursos de formación, pagados por el Partido Comunista, en la República Democrática Alemana. Una formación bastante peculiar, que incluía el conocimiento de textos teóricos marxistas, algo muy propio de los comunistas del exilio, muy ligados a la paternal vigilancia ideológica de los comunistas oficiales de los países en los que regía lo que los nuevos comunistas occidentales llaman ahora «el socialismo real».

A principios de los años setenta, Navarro volvió a España. Tenía una misión autoimpuesta: ayudar a la organización de los trabajadores para defenderse de la dictadura franquista, que amparaba a los patronos a la hora de imponer condiciones de explotación a sus empleados sin ahorrar esfuerzos: desde la policía, que actuaba a sus órdenes para detener y apalizar a los rebeldes, hasta los funcionarios de la organización única bautizada como el sindicato vertical, atentos a identificar y reprimir a quienes se salieran un ápice de las condiciones marcadas en los convenios colectivos.

Navarro era uno de los millares de hombres que se sentían parte de un movimiento nacido en los años cincuenta y consolidado en 1962 en las minas asturianas: las Comisiones Obreras. Para ser de eso no hacía falta ningún tipo de formalidad. Desde Asturias y otros muchos sitios, como Vizcaya, Madrid, Barcelona o Jerez, quienes se arriesgaron a participar en esas comisiones siguieron haciéndolo, desafiando la acción policial y los despidos masivos. Sin vinculación orgánica, sin recibir ningún sueldo por ello. Unos venían de los movimientos católicos de base, de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) o la JOC (Juventud Obrera Católica), que la Iglesia había inventado para combatir la influencia comunista en el movimiento obrero. Otros, del socialismo que renqueaba en la lucha porque dirigentes como Rodolfo Llopis preferían esperar a que el régimen cayera por sí solo. Otros más, del comunismo, que había tardado en admitir que su sindicato Oposición Sindical Obrera (OSO) había resultado ineficaz. Muchos otros, no eran de ningún lado. Ser de Comisiones Obreras era más una decisión individual, aunque fuera de «clase». Sin carnet, sin compromiso escrito.

Son gentes bravas, que combaten el régimen franquista, que pelean por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Esa lucha se ha convertido en una pugna por la democracia, y los hombres y mujeres que la encabezan, en los más duros opositores al franquismo. La policía lo sabe, por eso vigila más de cerca a los militantes obreros que a los estudiantes o intelectuales.

Navarro llegó a España siendo militante del PCE y de Comisiones Obreras. Y se aplicó a trabajar en un sector absolutamente desorganizado, el del transporte. Primero, como conductor en empresas pequeñas, familiares, para conocer de cerca los problemas de quienes trabajaban en el sector. Su nombre clandestino entonces era Luis.

Horas de trabajo extenuante, sin apenas descanso entre servicio y servicio, sin lugares donde reunirse a charlar con los compañeros. Quizá en el bar donde se tomaban el café, y algunos, en el disparate que era la España del momento, un carajillo que quitaba el frío y se usaba para «matar el gusanillo». Alcohol a primera hora de la mañana. Antes la expresión «matar el gusanillo» se refería al hambre. En los años sesenta, con la explosión del empleo que provocó el desarrollismo, pasó a referirse al alcoholismo, que es una enfermedad endémica entre los hombres del transporte ahora en los setenta.

En esos bares y en el cuartito que había siempre en los garajes desoladores, dotado de cuatro sillas desvencijadas y, a veces, de una mesa que cojeaba por todas sus patas, allí, echándole un vistazo al periódico del día que pillara más a mano, el Marca o el Ya, tanto daba, Joaquín, como otros que todavía eran pocos, escuchaba a los compañeros y aprendía a compartir sus inquietudes, sus motivos de indignación, la dignidad siempre aplastada por la patronal o el entorno. Y la cólera.

Uno de los primeros trabajos que Navarro consiguió fue en una empresa de un hombre que alcanzaría años más tarde gran notoriedad. La empresa se llamaba Trapsa y su dueño era Gerardo Díaz Ferrán, que actuaba con mano durísima contra quienes no aceptaran con docilidad su despótica manera de dirigir.

Joaquín tuvo el dudoso privilegio de ser despedido en persona por Díaz Ferrán. Un método sencillo: Joaquín estaba lavando el coche, acabada la jornada, para tenerlo listo a la mañana siguiente, y su jefe directo, un tal Paulino, le señaló hablando con el patrón: «Este estaba trabajando en la periférica y se marchó».

«Pues despídelo», dijo el patrón. Y ahí se acabó todo con Trapsa.

Eran años de mucha actividad económica en España. Y los conductores no solían tener muchos problemas, si no se habían destacado en exceso como trabajadores conflictivos, para encontrar trabajo. De Trapsa, Navarro pasó a una empresa de un tamaño notable, una de transporte de viajeros asentada en Barcelona pero con una importante filial en Madrid, Juliá. Setenta trabajadores sometidos a un régimen de horarios muy duro, y sin las condiciones mínimas de dignidad exigibles en cualquier país del entorno y de las características socioeconómicas de Europa Occidental. En el terreno de los derechos laborales, pasa en España lo mismo que en otros aspectos que afectan a las libertades. No existen. El régimen franquista sigue actuando en algunos ámbitos como si la Guerra Civil no hubiera acabado. Y la guerra de clases se mantiene. La patronal puede estar tranquila mientras el sindicato vertical pueda contener la fuerza creciente de los sindicatos clandestinos y realmente de clase.

Dentro de los sindicatos verticales hay una numerosa presencia de personas que estaban militando en el anarcosindicalismo en los años treinta. Los falangistas pugnaron por aliarse con ellos para construir una plataforma conjunta en lo que los dos compartían: el Estado nacional-sindicalista. Ángel Pestaña, dirigente anarquista que no sobrevivió a la victoria militar y política de Franco, tenía muy claro ese proyecto nacional y sindical que debía borrar la lucha de clases de España. Los falangistas, al menos algunos de ellos, tenían la misma aspiración. Su mayor líder, Gerardo Salvador Merino, tenía unas relaciones privilegiadas con las organizaciones nazis de sindicatos. En 1941 se atrevió a organizar una manifestación por el paseo de la Castellana en Madrid, ya bautizado como la avenida del Generalísimo. Los asistentes iban vestidos con monos de trabajo. Franco no le dio más oportunidades. Uno de sus abogados tendió una trampa a Salvador Merino, que quedó completamente fuera de juego, al demostrarse su vieja y ya extinta relación con una logia masónica.

Quedan entre los funcionarios del sindicato vertical algunos nostálgicos de la lucha de clases y de la primacía, deseada por ellos, del sindicato sobre el resto de los estamentos franquistas, la familia y el municipio. Pero, sobre todo, sobre el Ejército, auténtico pilar de la dictadura. Franco limpió bien todo el Estado de elementos dudosos, pero en el Ejército se empleó aún más a fondo. Ahí no había otra posibilidad que la adhesión inquebrantable y el currículum inmaculado. Con las armas, ni una broma. La apariencia es que todo es idílico en el franquismo aunque haya un problema cada vez más visible, y es que el edificio se está desplomando como se ha desplomado hace poco más de un año la vida del dictador. Y los falangistas, unos y otros, se resisten a ver que eso no tiene salida sin el jefe. La busca de líderes de repuesto no es sencilla; menos aún si se hace en armarios llenos de polvo. Pestaña nunca ha valido, porque es demasiado «civil», y su enemigo acérrimo, Martínez Anido, tampoco, quizás por demasiado asesino callejero. En todo caso, ambos están muertos. Ninguno superó el final de la guerra.

Uno de los más pertinaces enemigos del franquismo fue uno de los hombres que tuvieron más responsabilidad en la construcción del sindicato vertical. Por supuesto fue perseguido por esa enemistad, pero Franco tuvo a bien, llevado por una extraña fascinación por el personaje, no prolongar esa persecución hasta límites intolerables. Se llamaba Dionisio Ridruejo, y entró en Barcelona en enero de 1939 con las tropas del general Yagüe, con unos camiones cargados de propaganda en catalán y con una agenda llena de citas con asambleas de obreros de filiación anarquista. El gobernador militar de Barcelona secuestró los camiones y anuló las citas con los militantes anarcosindicalistas. Ridruejo lo dejó allí y llegó a convertirse en el más fascista de los desencantados con Franco. Después, ha ido evolucionando hacia posiciones liberales en lo político y socialdemócratas en lo social, algo que no hicieron todos sus antiguos seguidores, como muchos de los que trabajaban en la prensa del movimiento, como Ceferino Maestú, empleado en el diario Arriba y afiliado al Sindicato de Prensa y Artes Gráficas, no solo porque eso es obligatorio, sino porque él piensa que así es como deben ser las cosas. Maestú, de todos modos, tiene fama de hombre honrado y practica una dialéctica revolucionaria. Pero nadie le hace mucho caso. A estas alturas, a los trabajadores les parece que la retórica falangista es solo eso. Retórica vacía.

Desde luego es así por lo que se refiere a García Ribes, que presume de tener un pasado de pistolero de la FAI, algo que da mucho lustre ante los pistoleros de Falange, aunque algo menos entre la patronal catalana.

En cuanto a Ridruejo, llevó con relativo confort y mucho pundonor su extrañamiento, primero a Ronda y luego a tierras catalanas, protegido por algún editor como Tomás Borrás, pero sobre todo por un gran preboste del franquismo como Ramón Serrano Suñer.

Para quienes se oponían al franquismo con el dictador aún vivo, el fallecimiento de Ridruejo a mediados de 1975 ha sido una cruel burla del destino. El poeta y político no dejó nada tras de sí[31]. Nada salvo algunos hombres como Maestú, que administra una marca que ya no puede venderse porque nadie la compra: ¿sindicalista revolucionario y verticalista? La gente honrada no puede ser franquista. La gente piensa eso en las empresas que viven conflictos.

COMUNISTAS EN EL SINDICATO VERTICAL

Pero no solo hay anarquistas infiltrados en las filas del sindicato vertical. Hay un enemigo mucho más eficaz y organizado, los comunistas.

El sindicato Nacional de Transportes y Comunicaciones pertenece, como todos los legales, al gran entramado del sindicato vertical y abarca un campo extenso: los transportistas de carretera; los ferroviarios de Renfe o de Feve; los de empresas aéreas, como Iberia y Aviaco; y los de telecomunicaciones, como Telefónica, entre otras grandes compañías. Sus dirigentes acumulan un gran poder en la estructura del Estado franquista, no solo por sus inmensos recursos, sino porque sus trabajadores tienen un nivel de formación muy alto, no tienen nada que ver con los peones de la construcción, por ejemplo.

Su presidente, Vicente García Ribes, es el padre del que dentro de unos años será condenado por golpista en el 23-F, Juan García Carrés, y presume siempre de ir armado. Es falangista y amigo personal de José Antonio Girón de Velasco, un pistolero de Valladolid que forma parte de la «vieja guardia» falangista y que fue el único procurador en Cortes que votó en contra de la Reforma Política propuesta por Suárez en 1976. Él presume por ello de no haberse dejado comprar por el presidente. Con su mirada más feroz, y la melena blanca, fija la vista en la cámara de la televisión y atruena para decir con voz potente: «Aquí han pasado muchas cosas, y van a pasar muchas más». No se sabe muy bien a qué se refiere, pero es evidente que hay una amenaza física contra los que piensan distinto a él. Sus compañeros se sienten ofendidos porque él se arroga el título de no ser corruptible. Algo le falla, desde luego, porque uno de sus apelativos es el de «león de Fuengirola», que alguno piensa que se refiere solo al lugar donde vive en la Costa del Sol, pero realmente hace referencia al sitio donde hace sus negocios. Girón de Velasco y su amigo García Ribes presiden ambos sindicatos, o son ministros de la cosa, pero sobre todo mantienen viva una tradición que no es únicamente franquista, sino que tiene sus raíces en el Estado corporativo del general Miguel Primo de Rivera, que se quedó instalado en el cuerpo doctrinal de su hijo José Antonio. No está en la teoría, pero quien «pilla» un puesto de esas características maneja mucho dinero sin tener que justificarlo. Casi como ahora, en 1977, tantas décadas después del invento. La única condición, por supuesto, era no molestar al Caudillo y a sus auténticos apoyos, la Iglesia y el Ejército. Muerto Franco, no es fácil saber a ciencia cierta si se está molestando a los generales o los obispos.

Ahora es un lugar común referirse al Sindicato del Transporte como la rama más corrupta del vertical. Maneja mucho dinero de las licencias y de las mordidas que exige y obtiene, sobre todo en provincias, para que los empresarios del gremio consigan bonificaciones sin dar cuenta de gastos y, menos aún, de ingresos. Los protegidos de Vicente García Ribes, como Albaladejo, cobran mensualmente un sobre al margen de la nómina. No hay «recibís», ni siquiera doble contabilidad. Un sobre y basta.

Esos fondos se recaudan de manera también irregular. Dentro de la nómina del sindicato hay especialistas en hacer que los pequeños y medianos empresarios paguen bajo cuerda dinero para obtener permisos de transporte para cualquier uso. Es evidente que una parte de todo ese dinero irregular se queda en el bolsillo de los recaudadores. Unos recaudadores que, además, pueden dar palizas o amenazar a los díscolos, quemar camiones o negar licencias de taxi. De los grandes empresarios ya se ocupa la cúpula del sindicato. Dinero no falta. Incluso alcanza para ayudar en el pago de servicios de protección y defensa del Movimiento Nacional. Para frenar las adulteraciones del testamento de Franco que Adolfo Suárez y su grupo cada vez más numeroso de traidores amenazan con implantar.

Todavía en 1977, muchos de los funcionarios de esta rama sindical van armados y vestidos de falangistas. Camisa azul y corbata negra, que combinan bien con todo.

UN DÍA CUALQUIERA

Hoy debería ser un día cualquiera en la vida de Francisco Albaladejo, secretario provincial del sindicato. Pero se lo han amargado José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá. No hace falta la confesión de los niñatos para que Albaladejo comprenda qué ha sucedido en Atocha.

A media mañana, Francisco recibiría la visita de esos dos descontrolados. Quizá el paraca, o sea, Fernández Cerrá, habría acudido a la cita acompañado de Gloria Herguedas, su novia, en cuyo DNI figura como profesión la de enfermera, y se habrían ido todos juntos a tomar unas cañas al Denver, por ejemplo, aunque estén muy mal tiradas. Hay que ser un desastre para acudir ahí cuando en el barrio hay maravillas como El Cangrejero de la calle Amaniel, que hace virguerías con la cerveza y vende unas latas de pescado en conserva que es difícil encontrar en otro lugar de Madrid. Pero es la costumbre.

Después de las cañas, que dejan el cuerpo bien preparado para recibir cualquier cosa, un paseíto hasta la calle Mayor, al lado de la parroquia de San Ginés, o si se prefiere como referencia, a la chocolatería y churrería más famosa entre los noctámbulos del foro, para acabar en un restaurante que regenta la Hermandad de Marineros Voluntarios, una organización de excombatientes de la Guerra Civil que tiene numerosos afiliados, pese a que en Madrid hay pocos puertos de mar. Los marineros son muy aguerridos, y enormemente expresivos con su patriotismo cuando han bebido alguna copa.

Además de los marineros están los policías. Entre ellos, ni más ni menos que Billy el Niño y Jesús González Gay. ¡Ahí es nada! Los dos tipos más famosos de la Brigada Social, la de Conesa. Famosos entre los patriotas porque han abierto cabezas de rojos en cantidad, pero también porque han participado en la resolución de crímenes políticos importantes que han tenido como protagonistas al FRAP o los GRAPO, grupos violentos de la extrema izquierda de carácter pro chino. El PCE los desprecia y extiende la especie de que son creaciones de la policía.

Y luego, no es difícil encontrar sentados en alguna mesa a algunos extranjeros, italianos y argentinos sobre todo. Gente estupenda que viene a arrimar el hombro mientras se toman un descanso de la notoriedad conseguida en sus países con acciones que han ido acompañadas de pólvora y sangre. Argentinos que podrían llamarse, por ejemplo, Jorge Cesarsky, un gigantón en la cuarentena que narra sin esconder detalles cómo ha secuestrado, torturado y ejecutado en su patria por cuenta de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) a militantes, mujeres y hombres, tanto da, de los montoneros, un grupo peronista de extrema izquierda enemistado con el peronismo oficial de José López Rega, El Brujo, el hombre de confianza de María Estela Martínez de Perón. López Rega está ya conociendo el declive de su sanguinaria carrera política, disfrutando de un exilio dorado en Jerez de la Frontera como ministro itinerante argentino en España. Cesarsky, que ya no tiene la protección de un hombre que ha perdido el poder como El Brujo, encuentra cobijo en la compañía de González Gay, que le permite portar armas, como la que ha usado para matar a Arturo Ruiz a unos metros de la Gran Vía. También es buen amigo de José Manuel Fernández Guaza, un chuleta fornido, especialista en broncas políticas callejeras, que parece haber sido quien dio el disparo mortal a Arturo Ruiz. Guaza es escolta personal de Blas Piñar.

Los italianos, como Stefano delle Chiaie, buscan y encuentran en la compañía de Billy el Niño y sus secuaces refugio para no ser entregados a la justicia de su país, donde son buscados por cometer atentados indiscriminados con bombas por toda la geografía. Tienen un buen currículum de asesinos, y la prensa les reconoce y publica sus hazañas constantemente. Las órdenes de captura que provienen de Italia para que les extraditen son sistemáticamente ignoradas por quienes tendrían que cumplirlas. Pese a que los delitos cometidos también en España son de gravedad extrema. Delle Chiaie y alguno de sus secuaces han tomado parte en 1976 en los sucesos de Montejurra. Allí, los militantes carlistas de extrema derecha (en esta época tan absurda hay también militantes carlistas de izquierdas) han permitido la participación de los terroristas italianos en dos tiroteos que han costado la vida a dos jóvenes. Es un lugar común referirse a los carlistas como un grupo armado y bien organizado. Pero es más un mito que otra cosa. Armados sí están, porque llegan a instalar una ametralladora en una cima, pero realmente no son muchos ni están tan organizados. Después de Montejurra y de la ayuda de los italianos, ya casi no se oye hablar de ellos.

No está mal el tono cosmopolita del restaurante de los marineros. A él se suman los jerarcas del sindicato provincial del transporte. Francisco Albaladejo lleva allí a comer el barato menú del día a Carlos García Juliá y José Fernández Cerrá. A veces, también va Gloria Herguedas. Las comidas transcurren en un ambiente de excelente camaradería. De cuando en cuando alguien que ha tomado más vino del debido se levanta y lanza algún viva a España, o al Caudillo, a Argentina, a Italia o a los muertos de cualquier rama del patriotismo. Y vienen los abrazos fraternales, y las manos chocan a veces con algún «hierro», que abundan en esas comidas, no se sabe muy bien para qué, porque no parece que haya ningún riesgo de que algún adversario ideológico fuera a disparar contra semejante concentración de fuego. Sería una empresa suicida.

Para Cerrá y Juliá, poder compartir mesa y mantel con semejante elenco es casi un sueño. Juliá al menos ha hecho el servicio militar como paracaidista en Alcalá de Henares, donde ha cantado las estrofas del himno: «Y si tengo que morir / yo moriré dando cara a la muerte. / ¡Por la Patria! ¡Sangre y fuego! / Adelante con furia febril. / ¡Por España! ¡Despierta, Ferro! / Es mi lema triunfar o morir».

Es muy difícil escoger alguna estrofa de una letra tan rica y poética. Y Cerrá tiene envidia sana de lo que ha vivido su amigo en los barracones de Alcalá. Además, ha llevado la bandera española detrás de Blas Piñar. Eso sí, la estampa que ha compuesto, con la boina ladeada y el gesto solemne, que ha sido reproducida en los medios de comunicación, es memorable. Su madre está orgullosa de él, y muchos camaradas le tendrán a él la envidia que sufre cuando ve a otro hombre tan cerca de servir a la patria.

¡Y ellos ahora pueden darle viriles palmadas en la espalda a toda esa gente!

Francisco Albaladejo es hombre de confianza de García Carrés y, por tanto, alguien que tiene todo el derecho a moverse en ese entorno. No es un intruso. Por tener, también tiene pistola, y recursos para buscarse la vida. Cerrá y Juliá van armados porque él ha querido, y porque ha buscado el dinero necesario cuando hacía falta.

Además, están las putas.

LAS PUTAS

Francisco Albaladejo se lo tiene bien montado, se mire como se mire. Por supuesto, controla todo lo que sirve para proporcionar los medios económicos que completan la remuneración del primero al último de los funcionarios leales, desde el presidente al menor conserje, también el dinero turbio que tiene que servir para «engrasar» lealtades dudosas o llevar a cabo acciones directas cuando algo se complica. La gente violenta no está en nómina en el sindicato, tiene que ser alquilada. En resumen, Albaladejo controla todo lo que suponga dinero por medio. Su presidente, García Ribes, tendrá más aprecio por Albaladejo cuanto más dinero le dé bajo cuerda en los sobres blancos de cada fin de mes. Él lo sabe, y por supuesto nunca va a escatimar un céntimo, ni va a hacer ninguna chapuza que ponga en cuestión su lealtad al jefe.

Pero no todo van a ser cuentas oscuras. También hay que atender el ocio de los amigos. ¿Y quién hay que pueda ser más amigo de un mafioso que un policía corrupto? Nadie más que un policía corrupto y contento. Albaladejo sabe cómo hacer que lo estén.

Después de acabada la Guerra Civil, hay dos hermanas que se hacen muy famosas en los círculos franquistas del sindicato: Adela García Sivert, que regenta una casa de citas en la calle de la Pasa, cerca de Puerta Cerrada, a pocos metros de la sede del obispado; y Amelia, que monta un local de copas y de juego clandestino con su amante, un policía municipal llamado Pedro Fernández Pin, en la calle del Barco, cerca de Gran Vía. Los dos antros están prohibidos por el régimen, pero la policía y la Iglesia los protegen. A la casa de Adela acuden parejas a las que nadie pregunta su identidad, porque van muy bien recomendadas. No tienen que justificar nada. Adela está bien protegida y sus clientes también.

Amelia y Adela son muy buenas en los negocios y han conseguido conectar con el Sindicato Provincial del Transporte, que entonces ya controla Vicente García Ribes. Adela maneja tan bien a sus amistades que ha logrado lo imposible, salvar a su descarriado hermano Julián de la pena de muerte y de la cárcel. ¿Cómo? «Se ha hecho con unas licencias de taxis» y luego ha convencido al que entonces es su cliente, Pedro Fernández Pin, para que contrate a su hermano. Ella compra el taxi, el sindicato le da la licencia y Julián conduce y lleva y trae a los policías y políticos que trastean por casa de las hermanas. Incluso a curas con novias[32]. Para eso viene bien que el obispado esté tan cerca.

A su hermano Julián, el origen de todo este lío, le condenaron a muerte por apoyar a la República en 1940. Le salvó el padre Bulart Ferrándiz, confesor de Franco y que era famoso por tirar a la papelera de forma ostentosa las peticiones de auxilio de las familias cristianas cuyos hijos eran condenados a muerte por no secundar el golpe de Franco. El padre Bulart defendía personalmente a muy pocos acusados, pero uno de ellos fue Julián, republicano y conductor de taxis durante la guerra. Gracias a la mediación de sus hermanas le perdonaron la vida y le condenaron a cambio a un año de cárcel en el penal de San Cristóbal, en Pamplona. Ese año no hizo otra cosa que sacar agua de un pozo con una noria, que era un trabajo que Julián pensaba que estaba reservado a las mulas.

HA GANAO EL EQUIPO COLORAO

Albaladejo reparte licencias de transporte, de conducción de taxis, y llega a influir en la concesión de viviendas sociales construidas con buenos materiales y con una financiación diseñada para pagar en muchos años.

Todo esto conforma un mundo feliz que algunos se han empeñado en reventar. Los sindicalistas del vertical han tenido que ponerse de nuevo el uniforme, van vestidos otra vez con la camisa azul y llevan correajes militares. Y eso sucede desde que, en enero de 1976, estalló la huelga del transporte, que en Madrid tuvo una repercusión enorme. Por primera vez, el metro de la ciudad paró su actividad. El gobierno tuvo que recurrir a movilizar el Ejército. Con esa medida no había manera de ocultar a la opinión pública la situación.

A pesar de los militares, vestidos con uniformes azules de un paño grueso imposible y armados de mosquetones máuser que tienen los cargadores oxidados o de cetmes prematuramente obsoletos, que no dan miedo a nadie, y de la masiva intervención policial, que da miedo a casi todo el mundo, porque su oficio es el de hacer daño, la lucha sindical ha ido ampliándose y carcomiendo poco a poco las estructuras de la dictadura.

Desde el verano de 1975, cuando Franco estaba en plena agonía, Comisiones Obreras y algunos otros sindicatos de carácter minoritario aprovecharon las elecciones sindicales oficiales para lanzar un gran reto al régimen: sus militantes, sin carnet pero muy organizados, recibieron la consigna de tomar las estructuras del sindicato vertical. Los más combativos y prestigiosos entre los trabajadores conocían la estrategia que, por otra parte, era un secreto a voces. Y Comisiones Obreras ganó la batalla. Sus militantes coparon la mayoría de los puestos electos para ocupar los cargos de enlaces y jurados sindicales. El sindicato único que se había montado en los años de la posguerra para controlar a los trabajadores se volvió un sindicato rojo en su base piramidal.

Los resultados, naturalmente, cambiaron mucho según los sectores. De una manera global se pudo decir que los «entristas» de Comisiones Obreras y otros sindicatos clandestinos de izquierdas alcanzaron un 40 por ciento de la representación; un 20 por ciento de los puestos lo consiguieron los reformistas sindicales franquistas; y tan solo otro 30 por ciento los recalcitrantes fascistas. El sindicato vertical había sido tomado por los comunistas. ¿Había reformistas franquistas? Desde luego. La figura de Adolfo Suárez era la demostración de ello. Incluso en la cúpula de los sindicatos había gente que se iba a suicidar políticamente si triunfaba la opción por la que apostaban: la del nuevo presidente, la reformista. El presidente del Sindicato de Hostelería, José Ramón Alonso, fue nombrado director del diario sindical Pueblo. Alonso había sido durante la guerra uno de los defensores de Oviedo, y tenía todas las características exigibles a un fascista duro de pelar, pero había virado al reformismo al tiempo que Suárez. En su periódico los militantes comunistas se movían en plena libertad. Incluso uno de ellos, Javier Reverte, fue nombrado subdirector, después de haber sido corresponsal en Londres, París y Lisboa, por la única razón de que sabía idiomas. A Reverte le había metido en el PCE el propio Santiago Carrillo cuando el periodista trabajaba en París. Muchos otros periodistas relevantes, como Raúl del Pozo, eran también militantes del partido.

Pese a su carácter peculiar, en el sector del transporte los resultados fueron muy parecidos. Y en empresas como Renfe o el Metro de Madrid, Comisiones Obreras obtuvo una holgada mayoría.

La pirámide oficialista evitó, utilizando la ley franquista, que esa representación accediera a los altos cargos, pero en todas las empresas del país, los representantes que tenían las categorías más básicas eran ya de la oposición. Cambio 16, una revista de oposición democrática que luchaba por mantenerse en la legalidad y siempre al borde del cierre administrativo, tituló el resultado en portada con un rimbombante «Ha ganao el equipo colorao», tomando un eslogan deportivo para describir lo sucedido.

Joaquín Navarro fue uno de ellos. Salió, junto con dos compañeros más del sindicato ilegal, elegido enlace sindical en Juliá. Su tarea de agitación se volvió más fácil. Una frágil acreditación le permitía protestar, reunirse y discutir con la patronal. Se movía en un ambiente favorable: el país estaba reventando poco a poco, exigiendo nuevas estructuras y leyes democráticas. Pero la patronal del sector no daba señales de querer ceder en nada. Las condiciones de trabajo seguían siendo humillantes y el recurso a las tácticas de la represión directa se mantenía intocado.

Navarro renovó su cada vez menos discreta tarea de conocer las reivindicaciones de sus compañeros. Uno de ellos expresó en una nota uno de los asuntos que se deberían tratar en las reuniones con la patronal: «Ante todo, trato humano y respeto hacia la persona. Pienso que tendría que existir un poco de diálogo antes de arrestar a una persona que está desempeñando un trabajo de tantos años en esta empresa sin darle ni siquiera una explicación y, sobre todo, sin comprobar si es o no cierta la queja que de esta persona se ha recibido y sobre todo si está o no justificada».

No era mucho pedir. Que la policía fuera llamada después de que se supiera por qué y de qué se acusaba a un trabajador. Arrestos a la carta. Muchas veces, si el trabajador levantisco era reincidente, se le daba alguna paliza en comisaría. Por encargo del Díaz Ferrán de turno y los buenos oficios de Albaladejo. Y gratis, o con el taxi de Julián y la puta en casa de Adela para el policía.

El nivel de civilización de la patronal era realmente bajo. La primera reivindicación organizada, pedida después de una asamblea al borde de lo legal convocada por Navarro, fue que en las cocheras hubiera un cuartito medio decente para poder sentarse y charlar entre servicio y servicio. La poderosa empresa Juliá no tenía por qué atender a peticiones tan revolucionarias. Por pedir un cuartucho adecentado cualquiera podía acabar recibiendo la visita policial y unos sopapos.

Cuando Navarro consideró que sus compañeros estaban ya maduros para acciones un tanto más arriesgadas, conectó con el despacho de abogados montado por una ya famosa y valiente letrada afiliada al PCE, Cristina Almeida, y otros más en la calle de Españoleto. Allí, otro joven abogado comunista, Tomás Duplá, ayudó a Navarro a redactar los documentos necesarios para presentar una plataforma reivindicativa que llevara a la firma de un convenio del sector. Duplá y Navarro planificaron una estrategia que estuviera absolutamente dentro de la estrecha legalidad franquista. Y la convocatoria de asambleas que llevarían al paro se hizo bajo un epígrafe de la terminología sindical franquista, un término que parece insensato: conflicto colectivo.

En palabras más llanas, cuando la empresa se negó a aceptar cualquier petición, incluida la miserable del cuartito adecentado, estalló la huelga. Una huelga que fue la primera en el sector del transporte, en enero de 1976, y que tuvo una réplica en la EMT en octubre de ese año, que acabó con un fuerte aumento salarial.

Todo ello, poco antes del asalto al despacho de Atocha. Ni los más experimentados luchadores del sindicato daban crédito a lo sucedido. Una huelga en el disperso sector del transporte.

Y para mayor sorpresa, una huelga victoriosa: tras cuatro días de paros, de asambleas vigiladas por la policía y amenazadas por la burocracia sindical, la patronal cedió en casi todo. Fundamentalmente, en algo que le tocaba el bolsillo: un aumento del 20 por ciento en los salarios cuando la inflación galopaba en España a causa de la crisis del petróleo desatada en 1973.

Navarro había hecho méritos para dos cosas importantes: para ser despedido y para erigirse como el líder indiscutible de los trabajadores del transporte.

Ser enlace sindical no protegía del despido. Navarro recurrió ante la Magistratura de Trabajo. Enfrente se encontró con el defensor de la empresa, un simpático y campechano abogado y escritor de gran éxito incluso, llamado Fernando Vizcaíno Casas. Un hombre que solía defender a las empresas, pero al mismo tiempo se relacionaba bien con los trabajadores. El magistrado que llevaba el juicio llamó al despedido a un aparte y le aconsejó que llegara a un acuerdo con la empresa, porque, de lo contrario, él iba a considerar el despido procedente.

Doscientas cincuenta mil pesetas de la época, que fue la cantidad pactada, era mucho dinero, «para comprar un piso». Navarro le dio la mitad al Partido Comunista.

Desde ese día, «el andaluz de las pecas», Joaquín Navarro, se convirtió en un enemigo mortal para la patronal y para los funcionarios del transporte.

Por efecto de las leyes franquistas, absolutamente represivas, pero teñidas de paternalismo, el empecinamiento de la patronal acababa de crear un liberado sindical. Navarro tenía dinero en su cuenta corriente para poder dedicarse a la agitación. Era algo insólito en cualquier circunstancia: Navarro se iba a gastar la indemnización por despido en ser un agitador. Un dinero que era suyo, que le pertenecía y que nadie iba a afearle que se lo quedara para cubrir sus necesidades, lo iba a emplear en una causa que él consideraba justa. Hay tipos así en esta época de cambios.

Navarro está financiado, pero, además, le cubre una aureola de prestigio que se ha ganado a pulso entre sus compañeros del transporte. Ha encabezado una huelga victoriosa, ha conseguido que los hombres de ese disperso gremio conquistaran mejores condiciones salariales, mejores turnos y cuartitos con mesas, con sillas y sin ratas.

Navarro ha guiado a los trabajadores a mejorar sus vidas, pero, sobre todo, a sentirse dignos. Ya no eran animales de carga al servicio de tiranos como Gerardo Díaz Ferrán y otros similares.

Navarro se convirtió en una mosca cojonera que se movía con mucha libertad por las empresas, que se tomaba cafés con los que se sentían machacados. Que iba a los despachos de abogados para asesorarse sobre cuáles eran los resquicios legales, que iba incluso a la sede del sindicato vertical para exigir derechos. Allí estaban aposentados los más recalcitrantes defensores del franquismo, o sea, de la represión y de los intereses de la patronal. Un entramado que no era solo ideológico y político, sino que se sostenía sobre estructuras mafiosas. Pero, frente a la mafia, la solidaridad.

Joaquín Navarro ha vivido más de un año en la casa que unos compañeros, Pepe y Paco, de la empresa Autocentro, le han prestado. Gratis y amueblada. Está en la calle Provencio, cerca de Arturo Soria, en el norte de Madrid.

Pero a nadie se le ocurre que esta noche del 24 de enero de 1977, después de haberse topado con los cuerpos ensangrentados de los abogados, Joaquín deba volver a su refugio, porque todo apunta a que los pistoleros le están buscando. Las llamadas al despacho con amenazas de muerte durante todos estos días, con la huelga, han menudeado. Es muy probable que los asesinos le busquen también a él y sepan dónde vive.

Navarro y sus camaradas no se basan solo en las amenazas, sino en hechos más relevantes.

Porque la reunión de hoy en Atocha 55 ha sido para cerrar, con una victoria aparente, la nueva convocatoria de huelga de transporte con un acuerdo que ha disgustado a las grandes empresas, y que solo han aceptado plenamente las pequeñas. La victoria la ha conseguido la llamada «comisión de los nueve» y, al frente de ella, está Navarro. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo del sindicato vertical y de las empresas más importantes del sector.

En una de las reuniones, de las muy duras reuniones sostenidas con la patronal, uno de los negociadores empresariales se ha dejado como por descuido una hoja de papel con el nombre de Navarro y un ataúd pintado a su lado.

Pero lo peor ha sido lo de encontrarse a los del sindicato vertical. Navarro ha sido un visitante asiduo de los despachos, sobre todo para demandar locales que se le negaban sistemáticamente.

Y allí se ha ido topando con algunos jerarcas del sindicalismo oficial que ponen los pelos de punta. El primero, el secretario provincial, un tipo de camisa azul, de unos cincuenta años, que suele usar su pistola para acabar las conversaciones. Se llama Francisco Albaladejo. A Navarro se la ha enseñado muchas veces. Albaladejo es un tipo duro, que está harto de Navarro. Hijo de fusilado durante la Guerra Civil, regenta su sindicato como un capo y maneja las influencias como le da la gana. Y tiene gran predicamento entre los jóvenes y entre los funcionarios del sindicato. Quiere un escarmiento para Navarro y para los «rojos».

Sobre todo porque ha dirigido una huelga victoriosa pese a que el transporte ha llegado a ser militarizado. Los conductores del metro de Madrid han tenido a su lado a soldados con mosquetón para garantizar que cumplían con los servicios. El ministro de la Gobernación, en colaboración con el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, ha facilitado en ocasiones la celebración de asambleas de trabajadores. Pero, desde su punto de vista, las huelgas de esa trascendencia son arriesgadas para el proceso de reforma política en que están embarcados. Y han metido a los soldados más como gesto de disuasión que como elemento de represión directa.

Porque esos soldados, que son de los que hacen la mili normal, no dan miedo en realidad. Aunque sí lo trae, y fresco todavía, el recuerdo del golpe de Estado contra Salvador Allende en 1973, que comenzó con una huelga de la patronal del transporte.

Cuando Navarro ha acudido al hospital a ver a los abogados que han sobrevivido, alguien, quizás algún médico de los que atienden en urgencias, ha comunicado a los que se agolpan para tener noticias de sus amigos muertos o heridos que, según alguno de los heridos, los pistoleros han preguntado por el sindicalista antes de disparar.

Joaquín Navarro, antes de ponerse a salvo, tiene que pasar otro terrible trámite: identificar el cuerpo del aprendiz, de Ángel Rodríguez Leal. Su cadáver está en el Hospital Clínico. Ahí ha llegado antes José Luis, hermano del fallecido y como él sindicalista despedido de Telefónica. Luego, todo se vuelve un disparate. Fernando Clavo, otro sindicalista del metro, se lo lleva a su casa. Va a ser por poco tiempo, porque Clavo y su mujer se marchan todos los días a las cinco de la madrugada, y tienen miedo de que Navarro se quede allí solo.

Las primeras horas de su desaparición son también de desconcierto. No hay una conexión sencilla y estable con el partido que pueda darle garantías.

Por fin logra ponerse en contacto con la organización, que lo esconde en un piso de San Blas y, luego, en otro de Villaverde, donde deberá permanecer hasta que se consiga la documentación para que el partido le saque de España. Domingo Malagón es un militante del PCE que lleva años preparando documentación falsa para que los militantes importantes puedan cruzar la frontera. Cada pasaporte hecho por Malagón es una auténtica obra de arte. Sus «clientes» más destacados forman parte de la dirección del partido. Jorge Semprún, conocido como Federico Sánchez por nombre de guerra, es quizá el hombre al que la policía ha buscado más durante esos años. Y Semprún llevaba, cuando trabajaba en España, el pasaporte de Malagón y su carnet de identidad.

ANTONIO PEDROL RIUS Y MANUELA CARMENA

Manuela Carmena es una veterana entre los abogados madrileños afiliados al PCE. En 1977 tiene ya una larga experiencia a sus espaldas como abogada de cualquier cuestión que se refiera a los perseguidos políticos. Ha actuado en numerosos procesos del Tribunal de Orden Público y ahora se dedica en cuerpo y alma al «frente» del Colegio de Abogados. Junto con José María Mohedano, pocos años más joven que ella, ejerce la abogacía implicándose en procesos políticos, que no faltan, y en la política directa en el colegio, donde los abogados comunistas ensanchan, en un trabajo pertinaz y constante, lo que en el PCE se llaman las «zonas de libertad». Carmena ha seguido los pasos de otra mujer muy importante para el PCE, María Luisa Suárez[33]. Pero, sobre todo, está de acuerdo con Manolo López, un histórico en la abogacía comunista, que mantuvo contra la opinión de la mayoría de sus colegas que la creación del TOP fue muy positiva para la oposición a Franco porque se basaba, por fin, en una ley, cuya aplicación podía refutarse en un tribunal. Por muy canalla que fuera la Ley de Orden Público, era una ley. Y eso dejaba huecos.

El trabajo de Carmena y sus colegas consiste en un proceso de zapa, lento y casi siempre silencioso, que socava poco a poco los cimientos de una institución clave que reúne a todos los letrados en una estructura corporativa con alguna pretensión de representatividad de los asociados. Unos asociados que lo son por obligación. Igual que los trabajadores de otros oficios están obligados a cotizar al sindicato vertical, los profesionales de cualquier disciplina tienen que estar colegiados. Es una forma de control, pero también una forma de defensa de los enemigos del franquismo, que encuentran en el colegio, a veces, el refugio para acciones que no son del agrado de los gobernantes franquistas.

Después de asistir a la carnicería del despacho, Manuela, que está embarazada, se ha ido al hospital Primero de Octubre, donde la policía le ha informado que han enviado a todos los heridos y muertos.

Manuela llega hecha un manojo de nervios. Está obsesionada por saber de sus amigos. Al entrar en urgencias del hospital, se ha topado con otro abogado del partido, José Luis Núñez, que la ha calmado y se ha mostrado entero y claro: «Mira, serénate, déjate de tonterías, hay que estar muy tranquilos, venga. Ponte a trabajar, que hay mucho que hacer. Mira, a ti te toca hablar con el decano del colegio, porque con esto hay que dar una gran campanada»[34].

Manuela consigue una cabina para llamar a su compañero, Eduardo. Le da cuenta de lo que ha pasado de una forma telegráfica y le dice que se lleve a su hija de casa, porque nadie sabe qué más puede ocurrir. Y puede haber otras matanzas en marcha. Luego, con la misma rapidez despacha a su hermana mayor, le da el somero informe de lo acontecido y le pide que llame a sus padres para decirles que ella está bien.

Y ha llamado entonces por teléfono al decano Antonio Pedrol. «Claro que nos conocíamos, con la guerra que dábamos: éramos muy currantes y muy respetables». Pedrol se ha puesto inmediatamente al teléfono y la ha citado en plena calle, en la plaza de Mariano de Cavia. Y allí se lo ha encontrado, en su coche oficial[35].

Pedrol la ha invitado a subir, y ella le ha detallado lo poco que sabe de todo lo sucedido. Y el decano se ha mostrado rotundo, sin asomo de duda: «Manuela, los compañeros, el entierro de los compañeros sale del Colegio de Abogados. Diles a todos que los féretros los lleven al Colegio de Abogados».

El decano no lo ha dudado ni un segundo, no ha habido que andarse con reclamaciones de ningún tipo. Para Pedrol la condición de abogados de los asesinados está por encima de todo. Y está muy seguro de sí. Apostar por que el entierro vaya a salir del colegio es mucho apostar, porque eso exige un permiso de las autoridades de Gobernación. Pero Pedrol se ha echado la responsabilidad sobre los hombros.

El decano no es mal visto por el régimen. Es un hombre de casi setenta años que se ha labrado una importante carrera política y profesional en el seno del régimen franquista. En su currículo figuran hechos extraordinarios, como haber sido el fiscal en el proceso que en 1938 llevó al paredón a un personaje siniestro, Agapito García Atadell, uno de los responsables de las torturas y asesinatos cometidos en las checas del Madrid del terror en el verano de 1936. Eso no le procura ningún desprestigio entre los militantes de izquierda, porque Atadell fue denunciado a la policía franquista por las propias autoridades republicanas, que le habrían procurado el mismo fin de haber podido cazarlo.

Pedrol, nacido en Reus en 1910, es también un hombre de negocios que ha hecho fortuna con la fundación del Banco Inmobiliario de Marruecos, en 1946, que ha sembrado Tánger y otras ciudades del norte del país de edificios. Tiene socios importantes, como el empresario, también catalán, José Andreu i Abelló.

Y es un hombre muy excéntrico. Es un erudito sobre su paisano, el general Prim, del que colecciona todo lo que encuentra. Soltero y sin hijos, posee un castillo donde acoge a muchos niños sin recursos. Cuando acude a visitarlos, una nutrida formación infantil le rinde honores y un cañón dispara inofensivas salvas que a él le gratifican.

Manuela se ha ido haciendo, a lo largo de los años, con la consideración profesional de Pedrol, que sabe de sobra en qué se anda la joven abogada, pero comprende sus posiciones. Pedrol no tiene ninguna simpatía a los comunistas, pero sí respeta a algunos de ellos. Y Manuela es especialmente querida por el decano. El encargo de José Luis Núñez no ha podido ser más atinado.

Manuela vuelve al Primero de Octubre. Allí se reencuentra con los compañeros. No hay mucho más que hacer para ella esa noche. Los trabajadores del hospital garantizan con sus cuerpos la defensa de los heridos.

Entre todos buscan dónde distribuirse para dormir, porque nada está descartado sobre la violencia de la extrema derecha. Varios de los presentes se marchan a casa de otro abogado militante del partido, Pablo Aramendi. Allí pasarán una noche de insomnio y lágrimas.

Esa noche hay asaltos y disparos de los ultras por las calles de Madrid, en Cibeles, en Alonso Martínez… Gritos de «¡viva Cristo Rey!» a la entrada del pub de Santa Bárbara y del bar El Junco. Algunos son reales y otros algo menos. Basta con que un coche dé un frenazo que haga gemir sus neumáticos para que alguno escuche con insólita precisión la descarga automática de un subfusil Uzi de fabricación israelí, aunque no haya visto ni oído en su vida el famoso mecanismo. Los nuevos atentados no se confirman, pero crean en la ciudad un ambiente de estupor y angustia que puede compartirse generosamente con otras plazas. En Barcelona se ha podido escuchar una detonación cerca de la cárcel Modelo, y en Valencia ni más ni menos que en el barrio del Carmen. Muchos opositores al régimen de Franco no duermen en su domicilio esa noche del 24 al 25 de enero de 1977.

A Antonio Pedrol le queda tarea: tiene que hablar con el ministro de la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, para reclamarle que autorice la instalación de la capilla ardiente en la plaza de la Villa de París, la sede del colegio. Y que de allí salga el entierro. En ello ha empeñado su palabra.

La primera reacción del ministro es la previsible: un no rotundo. Tampoco él es capaz de saber qué envergadura tiene lo sucedido. Montar la capilla y luego el entierro, que será multitudinario si se hace así, es poco menos que una llamada al desastre. Martín Villa teme una matanza: no puede, no se siente capaz de garantizar la seguridad en esos momentos. El Estado se descubre así impotente y revela su incapacidad para enfrentarse a la crisis.

Pero Pedrol no cede. Es tozudo, un negociador muy duro. Y esta noche, más que nunca, representa a todos los abogados, que no son poca cosa. Adolfo Suárez necesita de ellos como corporación. Y eso se llama Pedrol. En la madrugada del día 25 de enero, aún no hay permiso gubernativo para el entierro.

Pero el PCE, acompañado por todas las organizaciones democráticas de oposición, ya ha comenzado a lanzar la convocatoria. Hay que dar a los camaradas el entierro que se merecen, sin que importen ahora las razones de la clandestinidad. Hay que salir a la calle, «dar la campanada» como le ha dicho José Luis Núñez, Patri, a Manuela Carmena.

Y sobre todo, es fundamental demostrar que no tienen miedo, aunque están espantados; que son una organización seria con gran capacidad de convocatoria e inmune a las provocaciones fascistas. Como dirá Carrillo unos años después en sus memorias, «demostrar que estábamos en las postrimerías de un sistema político y que el cambio estaba realmente en marcha»[36].

El PCE y todo el resto de la oposición actúan como si el permiso existiera. Si Pedrol lo dice, él sabrá por qué. Aunque debe de saberlo solo él. Bueno, y Manuela Carmena, que se ha convertido en su fiadora.

EL GOBERNADOR

Antes de las doce de la noche, en la sede del Gobierno Civil de Madrid, en la calle Amador de los Ríos número 3, suena también el teléfono. El director general de la Policía pregunta con urgencia por el titular, Juan José Rosón.

En el Madrid de estos días las llamadas urgentes son demasiado habituales. Y siempre se contestan. La línea entre el gobernador y la policía es casi una línea abierta de forma constante. Con palabras escuetas y tono sereno, el director general le cuenta a Rosón lo sucedido: ha habido una matanza de abogados comunistas. Aún no se conoce la autoría, pero los dos interlocutores saben lo suficiente como para tener más que sospechas.

Juan José Rosón Pérez es un hombre menudo y cordial que lleva en el cargo de gobernador civil de Madrid apenas unos meses, desde el mes de julio de 1976. Forma parte de ese grupo tan peculiar de los hombres de confianza del presidente Adolfo Suárez. Aunque, más directamente, de Rodolfo Martín Villa, el ministro de la Gobernación.

De Rosón lo primero que se dice cuando alguien se refiere a él es que es gallego y que fuma como un carretero. Sobre lo primero, que nació en Becerreá, que es un pueblo de Lugo, hace cuarenta y cuatro años. Y sobre lo segundo, que no suelta el pitillo así le aspen. Su despacho siempre está repleto de humo de cigarrillos negros que dejan en la ropa del visitante un rastro casi imposible de eliminar. Un tosco aroma a Ducados que no se va ni con el Floyd que se usa en las peluquerías para embadurnar las mejillas recién rasuradas y, de paso, aromatizar al cliente con el almibarado y pegajoso mejunje.

Rosón ha pasado por los cargos que le han ido cayendo en función de sus fidelidades políticas. La más próxima es la de Rodolfo Martín Villa, el ministro del Interior, a su vez ligado, por su larga pertenencia al Movimiento Nacional, al jefe del gobierno, Adolfo Suárez.

Rosón ha sido siempre un hombre del Sindicato Español Universitario (SEU), donde conoció a Martín Villa, y que llegó a presidir a los treinta años. Nadie supo nunca para qué servía el sindicato de estudiantes. Fundado en la República, fue copado por los falangistas de Franco, y encuadraba a todos los universitarios españoles, en el afán de perpetuar el régimen de partido único. Con sus camisas azules y, a veces, con los absurdos correajes que delatan el origen combativo y miliciano de los falangistas, aquellos se han ido colocando en la nómina del SEU y los que han demostrado alguna habilidad política, han ido triunfando en las entrañas funcionariales del franquismo.

Rosón ha sido, y eso ahora importa mucho, presidente del Sindicato de Radio y Televisión y del Espectáculo, y director general de Radio Televisión Española. Al frente de la televisión protagonizó hace pocos años algunos avances aperturistas que, sobre todo, se aventuraron en el terreno de las costumbres: escotes de la cantante Rocío Jurado y programas con algún toque escabroso realizados por un hombre que fue rompedor en el medio: Narciso Ibáñez Serrador. Pero eso fue prematuro, y la estrella de Rosón cayó fulminada por la reacción del rancio catolicismo efímeramente revivido en 1974, cuando Franco sufrió los primeros achaques de la enfermedad que le llevaría a su tardía muerte.

Rosón, como sus jefes Adolfo Suárez y Rodolfo Martín Villa, sabe cómo controlar el medio de comunicación más importante del país, al frente del que Suárez ha colocado a Rafael Ansón, un hombre comprometido con el cambio suave que quiere imprimir a la política del país el nuevo presidente.

Su experiencia como alto cargo del sindicato vertical es clave para la tarea de ir desarticulando lo que se conoce como el búnker, que es el aparato del Movimiento encastillado en el Estado, defendiendo no solo los valores muy caducos del régimen franquista, sino sus posiciones personales, en pocas palabras, sus empleos. Los hombres del búnker siguen luciendo camisas azules de Falange en cuanto se les presenta la ocasión. Los hay que la llevan todos los días, bajo sus chaquetas de paisano. Rosón ha sido uno de ellos, y sabe cómo tratarlos, con una mezcla de complicidad histórica y de exigencia para que sean obedientes al nuevo timonel de la política española. Palo y zanahoria. Todos le tienen miedo.

EL CHIVATO DE «LAS TRECE ROSAS»

Pero hay un toro más difícil que lidiar: la policía. Y hay que lidiarlo esa misma noche. Así es la política en España desde que Suárez se ha hecho con los mandos.

Hace unos días, el 5 de enero, se ha disuelto por decreto la Brigada de Investigación Social. Un estupendo regalo de Reyes para la oposición. Parece que se trata de algo simbólico, pero es mucho más. Significa que la principal dedicación de la policía no va a ser la persecución de los hombres y mujeres que están en la oposición política. Las cosas empiezan a cambiar por el nombre. Aunque hace falta mucho más: los policías siguen siendo los mismos, por mucho que no exista «la social», como se conoce a la brigada entre las filas de la oposición. En ese momento la Reforma Política puede confiar exclusivamente en doscientos policías en toda España. Los demás permanecen aún fieles al franquismo[37].

Y el control del gobierno sobre las Fuerzas Armadas es aún relativo. En palabras del gobernador, que tiene un sentido del humor muy suyo, «entre nada y casi nada».

Hay una ventaja más en el currículo de Rosón para que ocupe un puesto tan delicado: durante su presidencia del Sindicato del Espectáculo ha conocido, y mantiene con él relaciones cordiales, a un hombre del PCE, Jaime Ballesteros, un personaje importante de la cultura y miembro del Comité Ejecutivo del partido. Ahora, cuando Rosón recibe la llamada que le comunica la matanza de comunistas en la calle de Atocha, esa vieja relación va a adquirir relevancia.

A Rosón no le cabe, en realidad, un solo problema más en la cabeza: no hace ni siquiera catorce horas que el GRAPO ha secuestrado al teniente general Emilio Villaescusa, ETA mata en cuanto puede, y la extrema derecha ha emprendido una ofensiva, sin cabeza aparente, sin consignas de ningún estado mayor, que ha puesto la calle a punto de ebullición. Lo de Atocha se puede definir como una declaración de guerra en toda regla y parece el inicio de unas hostilidades ideológicas que desembocarán en un drama más extenso y sangriento. El gobierno no sabe a qué atenerse[38].

La comunicación con Rodolfo Martín Villa, su superior inmediato, es obligada. Martín Villa está reunido con el presidente del Gobierno. Es un hombre sereno, de la misma extracción política que Rosón. Él y Adolfo Suárez llevan todo el día conectados con Rosón y con un personaje que se mueve, a juicio de muchos observadores políticos, en la frontera entre la lealtad al proceso político de reforma y su boicot. Es el «supercomisario» Roberto Conesa, que se hizo cargo hace unos meses de la investigación del secuestro de Antonio María de Oriol y, hoy, como es natural, prosigue con la del teniente general Villaescusa.

La Brigada de Información del agente Conesa está formada por gente «pata negra» de «la social». No son policías simplemente. Se trata de un grupo de auténticos fanáticos franquistas que encuentran su vocación en la represión política. Roberto Conesa comenzó su carrera de combate contra la amenaza comunista en septiembre de 1939, cuando se infiltró en las clandestinas Juventudes Socialistas Unificadas y facilitó una serie de detenciones de jóvenes entre las que se encontraban las «trece rosas», las jovencísimas comunistas que fueron fusiladas en septiembre de 1939 en las tapias del cementerio de La Almudena de Madrid.

Hoy, enero de 1977, Roberto Conesa se ocupa de los GRAPO, un grupo de fanáticos escindido del PCE y, según el partido, trufado de confidentes policiales. Incluso de desestabilizadores profesionales muy eficaces que trabajan contra el proceso de reforma, capaces de apuntar contra objetivos muy sensibles, como es el caso de los dos secuestrados. Conesa los conoce y se ocupa de ellos como hasta hace poco se ocupaba de cualquiera que intentara traspasar los estrictos límites de la legalidad franquista. Es difícil saber quién es más oscuro en esta persecución, si Conesa o el jefe de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.

Martín Villa y Rosón, con la autorización de Adolfo Suárez, deciden que la investigación de lo sucedido en Atocha la conduzca la Brigada de Información Regional. Por supuesto, porque le corresponde, pero también por otros dos motivos: Conesa y los suyos tienen un empacho de trabajo excesivo; además, porque Francisco de Asís Pastor les da más confianza política. El asunto es de una delicadeza extrema. Han matado a un grupo de comunistas, y eso no se puede dejar en manos de gente que, en su fuero interno, considera que una acción así no es rechazable. Entre los hombres de Conesa están los inspectores José Luis González Gay y Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, por cuyas manos torturadoras han pasado casi todos los que se han movido en la oposición durante años. Incluso alguno de los asesinados esa noche.

A González Pacheco le llaman Billy el Niño porque es rubio y lleva gafas de sol americanas que acentúan sus modales chulescos. Todo rojo o manifestante que se precie ha tenido que vérselas con él alguna vez. Porque le gusta torturar y humillar a cualquiera en nombre de la patria. Pocos se han atrevido a denunciarle, porque la Justicia no da gran confianza a los ciudadanos. Paco Lobatón, un joven comunista, es una de las honrosas excepciones.

Otro de los policías «entregados» a la causa de la represión franquista es José Luis González Gay, a quien se acostumbra a ver cerca de las manifestaciones de Fuerza Nueva o Falange. Su relación con Jorge Cesarsky y la Triple A es un secreto a voces.

Rosón lo tiene claro y así lo acuerdan él y Martín Villa. La investigación la va a realizar un grupo de profesionales que, además, cuenta en su currículum con un hecho muy relevante: la detención, hace pocas semanas, de Santiago Carrillo, secretario general del PCE, que estaba en Madrid en la clandestinidad burlando a todo el aparato policial. Esa operación ha sido extremadamente limpia y eso es lo que ha permitido que las relaciones con todo el arco de opositores al franquismo, a los que Suárez se quiere ganar para su proyecto, quedaran incólumes.

Ricardo Sánchez es uno de los hombres de Francisco de Asís que ha participado en ella. Es muy buen fisonomista y ha sido capaz de reconocerle a pesar de la peluca con la que disimula su identidad desde que cruzó la frontera con Francia acompañado por Teodulfo Lagunero, un millonario afiliado al PCE que presta importantes servicios al partido a cambio de nada.

Ricardo recuerda la expresión de pánico de Carrillo durante los primeros minutos, hasta que se cercioró de la identidad de sus captores. Fue Sánchez el que primero accedió, y quien pidió a sus compañeros que mostraran sus papeles para que Carrillo supiera que no era víctima de una emboscada de la extrema derecha[39]. Luego, hubo que proteger al prisionero de los vengativos impulsos de otros policías. ¡Gran paradoja que el principal enemigo del régimen se mostrara aliviado por ser detenido por su policía!

Rosón controló la operación en contacto directo con Pastor. Y pudo presentar a sus jefes, Martín Villa y Suárez, un excelente balance.

La opción está clara: entre Conesa y Pastor, el segundo. Es muy bueno en lo suyo y, además, obedece.

Por si quedara alguna duda, ya se sabe esa noche que, justo hace un mes, varios de los implicados en la matanza de la calle de Atocha han ayudado a la policía a reprimir las manifestaciones espontáneas que sacudieron Madrid pidiendo la puesta en libertad del líder comunista. Aunque Billy el Niño lo negará, como es lógico. Gloria Herguedas y su novio José Fernández Cerrá harán lo mismo cuando sean detenidos por los asesinatos. Pero muchos testimonios insistirán en que ayudaron a la policía a golpear a rojos con porras y guantes de hierro. Entre otros, los ha visto el sindicalista Juan Antonio Olmos[40] en la Puerta del Sol. Cuando él corría huyendo de los grises, vio cómo les secundaban hombres y mujeres vestidos de falangistas. También ha visto por allí a Billy el Niño. Durante el juicio y en un careo anterior, Herguedas y Cerrá se desdecirán de su amistad con el policía y de su participación en la represión policial. Pero a todos les consta que niegan por miedo su relación asesina.

Lo que está fuera de toda discusión es el carácter bronquista de Gloria, que no desdeña ninguna forma de atacar físicamente al enemigo: puño americano contra cara de comunista. Esa es la dialéctica que preconizaba José Antonio Primo de Rivera, la de los puños y las pistolas.

LA ORGANIZACIÓN COMUNISTA

En la madrugada del 24 al 25 de enero de 1977, el veterano militante del PCE Luis Pérez Lara recibe una llamada del socialista Luis Yáñez, a quien ha conocido unos días antes en unas jornadas por la paz en Moscú. Yáñez le informa puntualmente de los hechos, e inmediatamente, Luis Pérez acude al hospital Primero de Octubre a interesarse por los heridos y muertos. Luego desaparece y empieza a organizar las citas de seguridad con sus compañeros de partido.

Quedan en el bar El Brillante de Atocha, un lugar seguro porque tiene dos puertas que dan a dos calles distintas. Cada puerta está guardada por militantes del partido dispuestos a jugárselo todo por sus camaradas. Es un bar típico de Madrid, donde venden bocatas aceitosos de calamares y por donde pasan lo mismo comunistas que policías de paisano sin percatarse los unos de los otros.

Los comunistas van a organizar primero la seguridad y la vuelta a la clandestinidad de todos; después, la llamada a las Juventudes para que llenen de pintadas todo Madrid con el eslogan «Matanza fascista en Atocha». Y a planificar lo que venga a continuación.

Tras acabar las llamadas de alerta para que todos los militantes desaparezcan, deciden que el servicio de seguridad del entierro lo realizará el Partido Comunista y, en concreto, que el responsable será Luis Pérez Lara[41].

La decisión no es casual. Luis Pérez milita en el partido desde que tenía catorce años, en 1953. Hijo de padre miliciano y madre asesinada por la policía, Luis Pérez huyó muy pronto a Francia, donde se afilió al PCE. Poco a poco fue ascendiendo hasta formar parte del Comité Central y del Comité Ejecutivo de Madrid, adonde le ordenaron regresar para organizar la lucha política en la ciudad. Encarcelado durante siete años en la prisión de Burgos por su ideología comunista, Pérez Lara organizó en 1965 la Asociación de Presos y Represaliados Políticos para defender sus escasos derechos y atender a las familias. Por esa razón entró en contacto enseguida con los abogados. Cuando le detuvieron en 1965, Luis llevaba una documentación falsa a nombre de Carlos Pérez. Y en la organización le conocían por Emilio.

Emilio o Luis, que tanto monta, es un experto en la organización de la actividad clandestina que consiste en reuniones de formación y de estrategias de lucha, en convocatorias de huelgas y manifestaciones. Además, en cómo montar citas de seguridad de los militantes o en aprender a aguantar un interrogatorio. Él y otros muchos del Partido Comunista llevan desde 1939 en la clandestinidad y desde los años cincuenta regresando sigilosamente a España para recuperar las libertades. Él y su equipo se van a encargar del entierro.

Van a coordinar ni más ni menos que a unos cinco mil militantes del PCE y de Comisiones Obreras para el servicio de seguridad de un acontecimiento que aspira a ser multitudinario.

Fernando Gallo es un joven comunista encargado de hacer pintadas por Madrid. Trabaja de telefonista nocturno en el Centro Colón. Allí le visita esa noche una camarada con varias instrucciones. Va a recibir llamadas de ciertos militantes a los que les dará la cita del día siguiente y les explicará a quiénes deben transmitírsela. Fernando se pasa la noche contestando al teléfono llamadas de comunistas que dicen:

—Buenas noches, póngame con el señor García, Gutiérrez o Pérez.

—No está —dirá él.

—¿Cuándo le puedo encontrar?

—A las diez de la mañana en el bar El Supremo.

Cuando se encuentren por la mañana, Fernando Gallo y otros jóvenes repartirán brazaletes rojos, les dirán dónde hacer las pintadas y les darán otra cita para el entierro.

La noche del 24 al 25 de enero Madrid parece una olla a punto de estallar en todos los frentes. El gobierno está muy preocupado por si hay en marcha una involución de carácter golpista. Hasta el punto de que Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes, insiste en declarar el estado de excepción, a lo que Suárez se niega en redondo. Si aceptara la excepción no haría otra cosa sino facilitar la tarea a los posibles golpistas.

La oposición, aterrada, piensa en una noche repleta de sangre. Los mecanismos de seguridad funcionan y todos vuelven a sus escondites. Y a la vez van preparándose para aparecer, por fin, en público. En enero de 1977 prácticamente todo el Comité Central del PCE está en Madrid. No se puede negar que el partido ha echado el resto en su apuesta por la victoria de la democracia. En términos futbolísticos, la organización se ha quedado sin banquillo.

El día 26, el miércoles, se va a producir el entierro de los cinco asesinados. Y antes se instalará la capilla ardiente en el Colegio de Abogados. Desde la mañana del 25, la noticia corre por Madrid. Aunque el ministro Martín Villa sigue sin dar la autorización. Suárez y él siguen sin tenerlo claro.

REUNIÓN EN INTERIOR

El Ministerio del Interior, sobre todo la sede del Gobierno Civil de Madrid, está esta noche bajo una gran tensión. Hay una muy nutrida delegación del PCE que se presenta a hablar con Rosón, que conoce ya a alguno de los visitantes. Forma parte de ella Jaime Ballesteros, al que comenzó a tratar Rosón en su etapa en el Sindicato del Espectáculo, que entonces presidía el gobernador y en el que Ballesteros jugaba un importante papel en la estrategia comunista del entrismo. De la astucia de ambos habla muy claro el que varios años antes de la aparición de Suárez en la política, un comunista importante como Jaime Ballesteros y un jerarca franquista fueran capaces de entenderse. Está también José María Mohedano, que trabaja en el frente de abogacía institucional en el Colegio de Madrid, y siempre lleva los zapatos lustrados. Mohedano era amigo de todos los asesinados. Es uno de los más brillantes letrados jóvenes del partido.

No podía faltar Simón Sánchez Montero, un veterano del que dependen todos los abogados de la organización. Y el que tiene contacto más directo con Carrillo. Si está él allí, la garantía de que lo que se pacte involucrará a la dirección queda patente.

Francisco Romero Marín, miembro del Comité Central del partido desde 1954, y en libertad desde julio del pasado año gracias entre otras cosas a la benévola política carcelaria de Adolfo Suárez, es, según muchos de sus camaradas, el jefe militar del PCE. En la guerra española alcanzó el grado de teniente coronel, y de coronel en la Unión Soviética. A Romero Marín, al que llaman El Tanque por su resistencia y su capacidad de combate, no se le ha citado, porque sus camaradas no le consideran precisamente un diplomático. Se habla de que es partidario de pedir armas a Rosón para que los comunistas se puedan defender solos. Una vana ilusión porque la mayoría de los comunistas jóvenes no han visto una pistola en su vida, y los que la han visto no tienen cultura militar ni adiestramiento de ninguna clase. El Tanque tiene una excelente fama entre los suyos… salvo entre los que ya no lo son, como por ejemplo Jorge Semprún. Romero Marín es un guerrero, y su partido ahora es un partido que lucha por la democracia. Para colmo, se sabe que en una época, durante los años cincuenta, estuvo encargado de «administrar» justicia en la frontera pirenaica a los camaradas sospechosos de separarse demasiado de la línea política del partido, o de colaborar con la policía. Romero Marín supone ahora más una carga que una ayuda. Solo le echan de menos en reuniones, como pasa en la de esta noche, los nostálgicos de la Guerra Civil. Carrillo sabe cuándo se debe contar con qué hombres, cómo administrar sus fuerzas. Y Romero Marín esta noche no es un hombre decisivo.

Hay un tácito quid pro quo en esta ocasión: tú no usas a El Tanque y yo no uso a Conesa.

Y está, por fin, Víctor Díaz Cardiel, que va vestido sin llevar nada llamativo, todo colores imposibles, grises y mezclilla, como si se tratara de un inmigrante norteafricano, y como corresponde a alguien tan importante de la oposición comunista. Es el hombre que manda en Madrid. Antes de la matanza ha estado con Navarro para buscarle el mejor final a la huelga.

El mercado de la carne de opositor ha cambiado mucho en poco tiempo. Hace apenas una semana toda esa gente habría valido millones en alguna lonja de delaciones. Ahora están reunidos con la cúpula policial, compartiendo sofá y hablando sosegadamente, envueltos por el humo de los Ducados que fuma Rosón. Los policías que administran las entradas y salidas del Gobierno Civil no dan crédito a lo que ven sus ojos.

Rosón y Martín Villa les han citado para transmitirles varios mensajes y una petición. Los mensajes son para dar tranquilidad al PCE: no hay nadie desde el gobierno ni desde las instituciones detrás de los crímenes. Aunque la tranquilidad no puede ser completa porque el gobierno no controla completamente la situación. El PCE debe mantenerse tranquilo y no caer en provocaciones. La petición consiste en que el PCE ayude a la policía a encontrar a los asesinos, en que les den todos los datos que posean. Una razón más para pensar que la decisión sobre Francisco de Asís Pastor ha sido correcta, porque con ellos sí colaborará el PCE. Con Roberto Conesa y su pandilla de chulos de gesto fascista no lo habría hecho bajo ninguna condición[42]. El PCE y CCOO saben, por ejemplo, que los pistoleros buscaban a Joaquín Navarro. Eso no se lo ha dicho todavía nadie a la policía.

En Madrid el cielo sigue encapotado y caen de cuando en cuando algunas gotas de agua que ayudarán a que el día amanezca aún más triste. Madrid está de luto y comienza a ponerse enrabietado.

Ninguno de los hombres y mujeres que asisten a la reunión, o están en los hospitales, o en El Brillante, o el Colegio de Abogados, va a dormir esta noche apenas. Hoy, con la misma inquietud, con el mismo miedo a la policía que ha impedido conciliar el sueño tantas otras noches. Una sensación familiar. Pero queda mucho por hacer.

HUELGA GENERAL

A las siete de la mañana del día 25 la ciudad aparece cubierta de pintadas en rojo informando de la matanza de los abogados y convocando al entierro y a la huelga general. «ASESINATO FASCISTA EN ATOCHA» y «HUELGA GENERAL» es lo que tienen que escribir por toda la ciudad. Luis Manglano, militante de Joven Guardia Roja, recibe la consigna de madrugada: tiene que estar a esa hora en la puerta del metro de Marcelo Usera para participar en las pintadas. Nada más, con ese laconismo. De uno en uno, los jóvenes van recibiendo la convocatoria. Por su parte, Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras, ha estado en pie toda la noche organizando la huelga general en todo el país.

Un compañero llamó a su casa sobre las once de la noche y le contó lo sucedido. Nada se sabía de los autores, solo aquello de que buscaban a Joaquín Navarro, o a los del transporte. Esa misma noche se han mantenido reuniones del sindicato y decidido los pasos a dar: entre otros convocar una huelga de forma inmediata. Como medida de precaución, Camacho y algunos otros no dormirán en casa por si aquello es solo el principio de algo mayor[43].

La Coordinadora de Organizaciones Sindicales y Coordinación Democrática, los órganos supremos de la coordinación entre organizaciones de la oposición, que engloba a partidos y sindicatos de izquierdas y de derechas, están llamando a la huelga general y convocando a manifestaciones de protesta de todo tipo en los grandes centros urbanos e industriales. Todos convocan, pero lo hacen mirando de reojo a CCOO. Harán lo que diga Camacho.

Marcelino Camacho es el líder indiscutible de las CCOO. Salió de la cárcel de Carabanchel en noviembre de 1975, tras haber pasado allí más de tres años en compañía de muchos opositores comunistas al Régimen y, singularmente, de los condenados junto a él en el mítico proceso 1.001, en el que se juzgó a la entonces clandestina cúpula del sindicato. Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, Eduardo Saborido… Todos hombres bien conocidos por la clase obrera del país. Su liberación es una de las pocas alegrías colectivas que ha producido la Transición, un proceso que está provocando que se vierta demasiada sangre. El líder de CCOO ha vuelto a pasar por la cárcel recientemente, tras ser detenido en marzo de 1976 en una reunión para constituir Coordinación democrática. Pero ha podido salir de nuevo en mayo, junto con Aguado y Dorronsoro, tras depositar una fianza de 100 000 pesetas.

Camacho es un hombre muy popular. Ha puesto de moda un jersey con cremallera que le teje su mujer, Josefina, y todos los presos intentan en vano eludirle para no asistir a las interminables y prolijas reuniones que convoca a diario para analizar la prensa. Camacho es una roca.

Muchos cientos de miles de trabajadores van a participar en todo el país en el paro y muchos más en las manifestaciones. Para Camacho, «todos han comprendido en ese momento que aquello es parte de un complot, de una provocación para arruinar el proceso democrático, el futuro de libertad, que avanza con tan gran dificultad en España»[44].

A Camacho y su estado mayor nunca les ha sido tan sencillo justificar una protesta. Y los miembros de la patronal prefieren pasar desapercibidos o incluso ponerse del lado de los huelguistas en horas como las que se viven. Oponerse activamente a los paros sería suicida. Hace falta ser un García Carrés o un Díaz Ferrán, tener el corazón de hielo, para no compartir tanto dolor. De eso, hoy sobra en las empresas españolas.

Los jurados de empresa de las fábricas, de los transportes, medios de comunicación, colegios públicos y universidades informan simplemente de la convocatoria de huelga, insisten en la necesidad de mantener la calma y huir de las provocaciones. Todo el mundo obedece. Los partidos de izquierda se ponen a las órdenes del Partido Comunista.

Porque ya está claro que el servicio de orden del entierro lo va a organizar el PCE. Luis Pérez Lara junto a otros miembros del comité ejecutivo provincial de Madrid deciden hacer dos ruedas de seguridad en torno a la plaza de Las Salesas, hasta Colón y la glorieta de Atocha.

Hay que movilizar clandestinamente a los militantes para que protejan por un lado el velatorio y, por otro, el cortejo. Se utilizan criterios militares y jerárquicos. El servicio de orden vigilará el recorrido de la siguiente manera: un militante responsable de otros diez que se conocen entre ellos e irán cogidos del brazo. El décimo conocerá al primero de otros diez militantes enlazados y así sucesivamente. Todo ello para garantizar que ningún desconocido se infiltre en el cordón de seguridad.

El día 25, Luis Pérez Lara lo pasará reunido con docenas de hombres y mujeres que formarán parte de ese cordón. Cinco mil militantes de izquierda, del PCE y de CCOO, participarán en el servicio de orden del acto más importante de la lucha por la democracia desde que Franco ha muerto. A los demás partidos y sindicatos se les niega cortésmente su oferta de colaboración. No se trata solo de evitar que haya alguna infiltración, algún problema de control sobre la gente, sino también de asegurar que el acto es un acto del PCE y de CCOO. Porque, ¿de quién son los muertos, si no? Todos lo son, incluso Luis Javier Benavides, que obtuvo su carnet el pasado noviembre[45].

A Fernando Gallo le citan en Bárbara de Braganza a las 10 de la mañana con un grupo de gente conocida, con una misión de vigilancia. Y este grupo será el encargado de escoltar a Santiago Carrillo cuando llegue al velatorio. Pero de momento, eso solo lo saben Víctor Díaz Cardiel y Pérez Lara. Fernando Gallo se enterará cuando convenga.

A Juan Antonio Olmos le toca vigilar Las Salesas y a Carmelo Plaza, de la empresa Perkins, le corresponde la plaza de Colón. Y así, cientos, miles de militantes.

Obediencia absoluta, hay que demostrar que el PCE no tiene miedo, que está preparado para la legalización y que es el partido hegemónico de la oposición. Hay que demostrar, además del duelo por los asesinatos, que su autoridad es innegable y pacífica. Con su comportamiento en el entierro, el PCE quiere salir de la clandestinidad, dar un ejemplo de fuerza organizativa sin el que la Transición será imposible[46].

SANTIAGO CARRILLO, MARTÍN VILLA Y PEDROL

El 25 es un día especialmente frío y tristón, como todos los meses de enero en Madrid. Pero se siente el duelo y la incertidumbre de los ciudadanos. En las calles se palpa la conmoción pública y en el ambiente se nota una atmósfera de miedo. Miedo a la desestabilización. Y miedo físico.

El 25 de enero de 1977 los kioscos de periódicos españoles son un mosaico que compone una necrológica con las portadas de los diarios. En negro sobre blanco, todos los diarios parecen dedicarse exclusivamente a la sección de sucesos. Hay dos secuestrados, Villaescusa y Oriol, dos estudiantes abatidos por la extrema derecha o la policía y cinco abogados asesinados y otros cuatro heridos. España vive el momento más crítico desde que comenzara el proceso democrático. Huelgas, manifestaciones, muertos… atentados terroristas. El país vive con estupor y angustia todo lo que va sucediendo.

Porque desde 1976 y cada minuto España está al borde del golpe de Estado. Jesús Duva, el reportero de sucesos de Pueblo, lo recordará dentro de unos años: «Era terrible. Lo he comentado muchas veces con Rodolfo Martín Villa. Cuando dio la rueda de prensa en la que yo estuve, cuando lo de Oriol y Villaescusa, sudaba… pasó miedo. Luego él a mí me lo ha reconocido. Decía que tenía unas gafas nuevas que le venían grandes porque estaba a cada momento subiéndoselas, pero era que sudaba de miedo, era de miedo… Se temía que en cualquier momento aquello se fuera al garete»[47].

En el gobierno la preocupación va en aumento. Además de las presiones del Colegio de Abogados por velar a los muertos en su sede y admitir que el entierro lo organice el Partido Comunista, se enfrenta a la insistencia del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, para que se declare el estado de excepción, algo a lo que se oponen rotundamente el presidente Suárez y los vicepresidentes Martín Villa y Alfonso Osorio. Su resistencia se basa en las consecuencias incalculables que puede traer consigo esa declaración. España no es ya la de 1975. Ahora, la oposición está en la calle, a cara descubierta y apoyada por la llamada Platajunta, la organización política que aglutina a todos los demócratas, producto de la fusión de la Junta Democrática, auspiciada por el PCE, y la Plataforma de Convergencia Democrática, liderada por el PSOE.

El resultado del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política, aprobado por la mayoría de los ciudadanos el 15 de diciembre de 1976, debe ser creíble en España y en Europa y eso el gobierno lo tiene muy en cuenta a la hora de rechazar cualquier nueva medida represora contra los españoles.

Por fin, la «comisión de los nueve», los miembros de la oposición que negocian con el gobierno la legalización de los partidos y la convocatoria de elecciones generales, se niega a que el entierro sea «discreto», lo que sería como hacerlo en la clandestinidad. Por su parte, Juan José Rosón se ha reunido con la plana mayor comunista. Rosón está impactado y algo perdido. Les ha dicho que no controlan la situación, que no saben la envergadura del asunto, que no caigan en provocaciones, que tienen que tomar medidas de seguridad. Y les pide que mantengan la calma y pasen a un segundo plano.

Para el gobierno lo ideal sería que el PCE se acogiera a su protección. De un tiro, dos piezas: un PCE amansado que le legitimaría ante la opinión pública española e internacional, y recobrar la iniciativa política. Pero el gobierno se equivoca, porque por mucho que cada comunista pueda estar asustado, la organización ve en la situación una oportunidad de alejar para siempre el miedo. Carrillo fue en 1936 uno de los hombres del «No pasarán». Los comunistas son gente muy curtida.

De modo que a Suárez no le quedan opciones. El entierro va a ser público y el orden lo va a garantizar una organización ilegal que no tiene una sola pistola. Ni la quiere.

Díaz Cardiel se emplea a fondo en movilizar al PCE para la gran manifestación y el entierro. Todas las decisiones las toman en la calle, en la puerta del hospital, sobre la marcha[48]. Esos días se celebran muchas asambleas y paros en las empresas.

Finalmente, nadie habla de armas. Y el gobierno comunica al Colegio de Abogados que puede preparar en su sede el velatorio de los abogados, y autoriza a que el PCE organice el servicio de orden. El presidente del Colegio de Abogados, Pedrol Rius, informa al juez Bermúdez, instructor de la causa, y el magistrado accede al traslado de los cuerpos, previa autopsia, a la sede de plaza de Las Salesas. Allí son llevados los cadáveres del sindicalista Ángel Rodríguez Leal, el de Enrique Valdelvira Ramos y el de Javier Sauquillo Pérez del Arco.

Serafín Holgado será trasladado a Salamanca, donde recibirá sepultura. Y Luis Javier Benavides será velado en el hospital por deseo expreso de su madre y enterrado al día siguiente en el cementerio de San Isidro. Cada día, durante meses, su amigo el misionero oblato Estanislao celebrará una misa por su alma en el domicilio familiar de la calle de Fortuny.

EL ENTIERRO

La capilla ardiente queda instalada en el salón de la Purísima del Colegio de Abogados, en el Palacio de Justicia. Demasiada simbología religiosa para un entierro de comunistas. Pero nadie parece notarlo en un país que ha estado casi cuarenta años bajo la bota de alguien que entraba en las iglesias bajo palio.

Allí llegan los féretros a hombros de numerosos compañeros. Los familiares de los jóvenes muertos presiden el duelo, junto a Antonio Pedrol Rius.

Luis Pérez Lara ha ordenado que unos militantes registren todas las coronas de flores y ofrendas que lleve el interminable desfile de solidaridad, el testimonio de los obreros, de los trabajadores, muchos de ellos clientes de los abogados asesinados. Es una marcha inacabable, silenciosa. Solo puños cerrados en alto y claveles rojos.

Miles de personas abarrotan a las cuatro de la tarde del miércoles 26 de enero de 1977 las afueras del Palacio de Justicia y calles adyacentes. Luis Pérez Lara controla junto a otros responsables de la organización que el servicio de orden funcione perfectamente. En un momento determinado, un oficial de la Policía Armada desmonta de su caballo y se cuadra ante Pérez Lara y dice: «A sus órdenes. ¿Qué necesita?». El comunista más de una vez detenido por la policía responde con firmeza que agradece su gesto pero que él es el responsable de la seguridad del cortejo. El policía obedece[49].

Por la mañana, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados presidida por Pedrol forma el primer turno de vela junto a los familiares e inmediatamente se inicia el desfile de miles de personas, se calcula que unas once mil hasta las cuatro de la tarde.

A última hora se acelera la entrada de visitantes, hasta unas cien personas por minuto. La fila que espera para despedir a los abogados es kilométrica, desde la puerta del Palacio de Justicia, por la plaza de París, pasando por General Castaños, hasta la plaza de Colón.

Los máximos responsables de la oposición democrática desfilan también delante de los féretros. El primero, Enrique Tierno Galván, líder del PSP, junto a otros dirigentes de su formación, entre ellos José Bono; Marcelino Camacho con su mujer, Josefina, Jaime Sartorius y Tranquilino Sánchez, líder histórico de Comisiones Obreras de la construcción.

A continuación llegan los dirigentes del PCE Simón Sánchez Montero, Romero Marín, Manuel Azcárate, Armando López Salinas e Ignacio Gallego. Todos se sitúan al lado de las familias de las víctimas.

Luego pasan el cura comunista procesado en el 1.001 Francisco García Salve, Jaime Miralles, Manuel Guedán, de la Organización Revolucionaria de Trabajadores, los que forman la «comisión de los nueve» y José Mario Armero, empresario que intervendrá activamente en la legalización del Partido Comunista.

A las tres de la tarde llegan Felipe González, Alfonso Guerra, Luis Yáñez y otros dirigentes socialistas.

La aparición del abogado Joaquín Ruiz-Giménez, un opositor a Franco pese a su raíz cristiana que ha dado la cara en momentos cruciales de los últimos años, como cuando dimitió de ministro de Educación por estar en contra de la política represiva del dictador con la Universidad, causa una enorme conmoción entre los familiares. Mientras, los militantes del PCE en el servicio de orden reciben instrucciones y aceleran el desfile ante los féretros para que sean muchos los trabajadores que puedan despedir a sus abogados.

A las tres y media de la tarde, rodeado por los miembros del Comité Central y protegido por un nutrido grupo de militantes a las órdenes de Fernando Gallo, sale de un Seat Seiscientos Santiago Carrillo junto a Pilar Brabo. Su presencia provoca una gran emoción entre los miles de asistentes, que no pueden verle, pero entre los que la noticia de su presencia se extiende como un fuego en el monte: ¡Carrillo está en Madrid y va a participar en un acto público!

Antonio Pedrol Rius sale a recibirle con un abrazo a la puerta del colegio. Con expresión grave, Carrillo saluda a los familiares y vela a las víctimas junto a ellos durante diez minutos. Luego se acerca al despacho del decano y permanece allí unos momentos.

En la puerta del colegio se ha organizado un fuerte control de seguridad. Cuando sale a la calle muchos le reciben puño en alto.

A preguntas de los periodistas, el secretario general del Partido Comunista declara: «El Partido Comunista hará cuanto pueda para asegurar la Transición en calma. Este atentado no debe frenar el proceso democrático… El golpe de la extrema derecha pretende, junto al secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar (teniente general Villaescusa), enfrentar al pueblo y al Ejército para paralizar el proceso democrático».

Preguntado si temía por su seguridad, Santiago Carrillo afirma: «Si tuviera miedo no estaría aquí. Soy un hombre amenazado, pero eliminarme a mí no significaría sino provocar un caos mayor en el país»[50].

El secretario general no da puntada sin hilo.

A las cuatro de la tarde del 26 de enero de 1977 se acaba el velatorio. Monseñor Estepa reza un responso y el decano Pedrol impone la medalla de honor del Colegio de Abogados y la toga a cada una de las víctimas. Y con gesto grave dice: «Este es un testimonio de agradecimiento a ellos y quisiera que con ellos enterrásemos la violencia y el odio. Buscaremos el esclarecimiento de los hechos y haremos que la ley se cumpla. Un compañero nuestro defenderá a los asesinos, ya que nuestro deber es la defensa de nuestros amigos y de nuestros enemigos»[51].

A continuación, las familias quedan unos minutos a solas con sus muertos.

PUÑOS, FLORES Y SILENCIO

Mientras, en la biblioteca del colegio se disponen los turnos de los compañeros que deben llevar a hombros los ataúdes hasta la plaza de Colón, que es, en principio, el único itinerario autorizado. A través de un pasillo central que el servicio de orden ha formado con los militantes cogidos del brazo, sale un desfile de gentes llevando unas quinientas coronas que han enviado partidos políticos, asociaciones de vecinos, organizaciones obreras, colegios profesionales… Un largo pasillo de coronas, puños en alto y un estruendoso silencio.

Y un inesperado saludo falangista de algunos hedillistas[52] que andan por allí. El servicio de orden tiene que actuar con contundencia, para que nadie ataque a los descerebrados que, uniformados como los burócratas del sindicato vertical, intentan demostrar con su presencia que la Falange Auténtica no tiene nada que ver con el franquismo. Una tarea imposible. Nadie les toca un pelo, aunque nadie les quiere allí.

Tras las coronas, en solitario y en primera fila se sitúa Antonio Pedrol Rius, desafiante, dispuesto a decir al mundo que ese es su terreno y que nadie lo puede pisar así como así.

Detrás, la Junta del Colegio en pleno.

Y luego, todo el Comité Central del Partido Comunista de España presidido por Santiago Carrillo.

En un momento determinado, Joaquín Ruiz-Giménez toma del brazo a Carrillo y lo acompaña hasta un coche protegido por militantes, y este desaparece[53].

Desde la calle del Marqués de la Ensenada, miles y miles de personas van incorporándose al cortejo.

Josefina Ferro tiene por entonces sesenta años y seis hijos antifascistas, tres de ellos militantes de partidos de izquierda. Piensa que cualquiera de ellos podría haber sido una de las víctimas y decide acudir al entierro de los abogados. Va con su hija Isabel, su yerno Gustavo y los amigos Fina y Manolo, jóvenes progresistas que no militan en nada pero viven con espanto e indignación esos momentos. Josefina es ama de casa y de clase media, pero ha comenzado a manifestarse, primero por el movimiento ciudadano y luego por los derechos de la mujer. Algo está cambiando en la sociedad española.

Su marido, Gregorio Martínez, es periodista y le va informando de lo que está ocurriendo y los periódicos no cuentan.

Así, por su marido sabe que Madrid se ha unido en torno al Partido Comunista y que se ha resuelto que el PCE organice y lidere los funerales. Porque toda la oposición democrática y los ciudadanos han exigido que el entierro sea digno y a la luz del día, por las calles de la ciudad. Madrid es así.

Silencio absoluto, puños en alto y claveles. Nada más. Y tranquilidad, mucha tranquilidad. Tanta como pedía Rosón.

Paca Sauquillo recuerda que acompaña a los muertos en un coche junto al padre Llanos porque su madre no quiere ir en el cortejo comunista. Le ha dolido que ni el gobierno ni el rey le hayan hecho llegar el pésame por su hijo asesinado.

Cerca de Paca puede verse a Jesús Aguirre, futuro duque de Alba y entonces sacerdote, deshecho en llanto al paso de los féretros. Entre esas filas está el fundador de los despachos laboralistas, Manolo López, junto a la médico Carmen Pérez Aguado. Manolo ha querido estar con la base, con los obreros por los que han muerto sus compañeros. Ha desechado la invitación de asistir al cortejo oficial.

El gobierno sigue muy preocupado y vuelve a advertir a los organizadores de la posibilidad de un ataque descontrolado por parte de la ultraderecha. Pero da igual. El cortejo avanza. No todos los asistentes pueden contener el llanto. Muchos ni lo intentan siquiera.

La familia de Javier Benavides no participa de este entierro multitudinario. La madre de Luis Javier así lo ha decidido, de forma inflexible, y enterrará a su hijo en absoluta intimidad. Dicen ahora sus hijos que no saben cómo ha podido sobrevivir todos estos años.

La madre, de ideas conservadoras e hija del golpista general Orgaz, ha visto cómo los que se llaman salvadores de la patria han matado a su hijo Luis Javier de una manera infame. Ha sabido de repente que los asesinos de su hijo comulgan con las ideas de su padre, el ilustrísimo militar monárquico que apoyó a Franco durante la guerra, y que fue depurado por la desconfianza del Caudillo, tras una magistral operación de los servicios secretos británicos, que sembraron la duda sobre Orgaz y otros como el general Aranda. Les hicieron sospechosos de traición apoyando, a cambio de dinero, la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial. El nombre en clave de la operación era muy sugestivo: «Caballeros de San Jorge». El impacto emocional de aquellos sucesos dejará marcada para siempre a la familia Benavides Orgaz.

Manuela Carmena recuerda la enorme impresión de poder que dio el Partido Comunista en el entierro, la imagen de seguridad, de pacificadores. «¿Cómo es posible que cuando se habla de la Transición no se vea que todos estos cordones de gente eran gente del Partido Comunista? Todo esto, si se profundiza, hace pensar que la Transición fue una cosa muy diferente a lo que parece que ha sido»[54].

La respuesta del entierro, incluida la del presidente del Colegio de Abogados Antonio Pedrol, es bastante indicativa de que se está labrando un camino sin retorno hacia la democracia. Pero con mucho miedo y dolor, Cristina Martínez, una de los asistentes al sepelio, queda impresionada por el aspecto desolado, destrozado por el dolor, de Manuela Carmena al paso de los ataúdes. Cristina está casada con un abogado laboralista y comunista, José Ignacio D’Olhaberriague, íntimo amigo de Enrique Valdelvira, confundido entre la muchedumbre, y quizá llorando.

El servicio de orden tiene indicaciones estrictas de que el cortejo multitudinario llegue exclusivamente a la plaza de Colón, pero al ver la multitud que acompaña a los coches fúnebres decide llegar hasta la plaza de Atocha. Desde allí saldrán hacia los cementerios correspondientes y entonces deberá acabar la manifestación.

El PCE no puede asumir más responsabilidades en la seguridad de los participantes. Aunque muchos irán por su cuenta a los cementerios de Carabanchel, donde serán enterrados Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira.

Ángel Rodríguez Leal será enterrado primero en el cementerio de La Almudena y más tarde trasladado a su pueblo, Casasimarro, en Cuenca[55]. Hace un frío tremendo en La Almudena. La madre de Ángel Rodríguez le dice a su hijo José Luis, entre lágrimas, que hay que traer mantas, muchas mantas para que su hijo no pase frío en la tumba[56].

Cuando el ataúd llega al cementerio acompañado por cientos de militantes portando coronas de flores, unas tres mil personas lo reciben cantando «La Internacional» y luego se recogen en silencio para escuchar al secretario general de Comisiones Obreras. Marcelino Camacho termina diciendo: «En el último adiós ante la sepultura, en nombre de la Confederación Sindical de CCOO, pido que sean los últimos muertos por la libertad comprometiéndonos a seguir sus ideales, pacíficamente, como lo hemos hecho siempre». Francisco Naranjo, sindicalista de Renfe, está entre la multitud[57].

Mientras, en el centro de Madrid, algunos de los que no han podido llegar a los cementerios se enfrentan a la policía que los dispersa a golpe de botes de humo y porrazos. Los que provocan los incidentes son casi siempre militantes de otros partidos que discrepan de cómo lleva el PCE la organización del entierro, y consideran que ellos también tienen derecho a participar a su manera. Otras veces los generan los mismos policías encargados de mantener el orden público. No pueden resistir la tentación de abrir la cabeza de comunistas que no obedecen. Hay muchos contusos, pero pocos detenidos. En todo caso, está claro que se ha acabado la tolerancia[58].

La impecable y austera organización del entierro hace pensar al ministro Rodolfo Martín Villa que hoy el Partido Comunista de España se ha ganado el respeto como organización seria y democrática, y su participación en la nueva etapa que se avecina. Ese es el titular que abrirá el diario Ya el 27 de enero: «El PCE se ha ganado su legalización». El presidente Suárez, por su parte, es consciente de que no se puede marginar a un partido con una capacidad de convocatoria tan amplia y serena y con un sentido de organización tan arraigado. Y además, al margen de la manifestación de fuerza pacífica y de la solidaridad ocasional de la izquierda y la derecha democrática, el entierro de las víctimas de Atocha desarma entre la gente «de orden» muchas resistencias hacia los comunistas. Es un paso largo e imparable hacia la legalización del PCE.

Otra cosa son los militares.

Mucha gente que militaba en organizaciones radicales, como el FRAP, ha dejado de hacerlo en estos días. Pedro Arjona, que es pintor, es uno de ellos, junto con su amigo y socio el guionista Felipe Hernández. Ambos coincidían en tildar de revisionistas a los militantes comunistas. Ahora, al menos les respetan, lo que no es poco. Sobre todo al ver una capacidad de movilización popular semejante, que ha puesto Madrid del revés y ha arrastrado detrás del servicio de orden del PCE a todos los demás grupos de izquierda excepto el GRAPO, que es acusado sin pruebas de ser un apéndice de algún servicio del Estado, de uno cualquiera. Lo cierto es que resulta cómodo hacerlo.

Pedro y Felipe no se sienten extraños entre la multitud. Toda esa es también su gente y, sobre todo, la que avanza metida en los féretros.

En Las Salesas ya les sucede alguna vez, pero en su barrio, en La Elipa, sus miradas comienzan a cruzarse de otra manera con las de otros, las de la gente a la que apenas miraban para no delatarse o no delatarles. A partir de ahora, ya no serán desconocidos, militen donde militen. Se han visto en el entierro, en Las Salesas. Eso ya es suficiente.

José Ignacio D’Olhaberriague ya empieza a vivir una nueva vida sin varios de sus amigos, sobre todo Enrique. Tiene una vida ya muy hecha. Que comparte con Cristina y su hijo Nacho, que no ha cumplido aún un año. El segundo, Jorge, no vendrá hasta diciembre. El nacimiento de los dos enmarca la salvajada del 24 de enero. Y la vida de José Ignacio como abogado se desencuadernará porque los abogados comunistas pasarán a jugar otro papel. José Ignacio se hará especialista en Derecho Matrimonial. España está cambiando por todas partes.

TRANQUILIDAD EN LOS CUARTELES

Mientras, los cuarteles están tranquilos. Miguel Rivas está cumpliendo el servicio militar en Colmenar Viejo. Ha sido uno de los soldados que ha movilizado el gobierno durante la huelga del transporte para garantizar, armado de mosquetón, el funcionamiento del metro de Madrid. El miércoles 26 permanece en el cuartel y su capitán le reúne junto a sus compañeros para decirles que no tengan miedo, que el Ejército está en calma.

Bueno, en calma relativa. El capitán de Ferrocarriles parece ignorar que un golpe de derechas no suele exigir la complicidad de los hombres con rango inferior al de coronel. También parece ignorar lo que sucede en otros cuarteles. Las discusiones en los cuartos de banderas son más que susurros. Puede que empujados por el alcohol, algunos militares, bien en el bar del cuartel, o en el comedor de oficiales, se pueden enredar en alguna discusión patriótica en la que, por supuesto, el que más grite sea el que se sienta más español. Hay una nueva generación de militares jóvenes, por supuesto, pero ni tienen ideología precisa ni ningún interés en cambiar el país.

El Ejército español es, como lo ha definido un joven oficial, un gigante descalzo[59]. Hay 150 000 personas prestando servicio en él, de los cuales varios miles son oficiales. Los generales se cuentan por centenares. Y los soldados no han hecho nada que se parezca a una instrucción militar seria, y eso que se han vivido en los últimos años algunas crisis prebélicas. En realidad solo dispone de unos pocos batallones operativos, es decir, preparados para combatir, y casi todos están en África, en Ceuta y Melilla. Eso sí, el lugar es el correcto.

Los militares españoles tienen una cultura muy tradicional, fruto de la victoria de su rama más conservadora en la Guerra Civil, pero sobre todo de que esa victoria tuviera un carácter tan decisivo. Los vencedores de 1939 poco tienen que ver con los que están en activo en 1977. Pero han sido formados en el culto a la figura de Franco, el garante de la paz y del orden, y guardián de la unidad de la patria. Franco era todo eso cuando murió, pero dejó sin acabar una tarea importante, que quizás excediera sus fuerzas: acabar con el comunismo.

El Ejército español se ha quedado huérfano hace menos de dos años. Cuenta con lo que necesita para cumplir sus funciones y para que sus miembros vivan con relativo desahogo. Hasta el fallecimiento de su Caudillo, el 20 de noviembre de 1975, tenían ante quien responder de que, por ejemplo, España siguiera siendo católica. De que los nacionalistas vascos y catalanes no rompieran el país en mil trozos, de que las turbas no volvieran a quemar iglesias, o de que ningún niño inocente volviera a abrazar el comunismo.

Pero en el verano de 1975 todo empezó a fallar. Portugal fue la señal. Allí estalló una revolución con claveles en vez de tiros que dio paso a una democracia de corte occidental y a un proceso descolonizador acelerado. La policía política perdió la jurisdicción sobre los militantes clandestinos, y los chavales perdieron el miedo a declararse desertores en su involuntaria lucha contra las guerrillas angoleña o mozambiqueña.

Los militares españoles veían en el país vecino el anuncio de muchas cosas. Y vieron cómo el régimen franquista carecía de continuidad. La monarquía que intentó refundar Franco bajo el nombre de Juan Carlos I carecía de la suficiente legitimidad y apoyos sólidos, como le pasaba al propio dictador. Franco seguía teniendo con él al Ejército que le había dado la victoria. ¿Pero eso era bastante?

No parece que lo fuera. Toda la seguridad que el régimen aparentemente ofrecía a sus fieles pareció desvanecerse en la segunda mitad de 1975. Mientras el dictador agonizaba, el Ejército rompía sus costuras por donde nadie esperaba: nueve oficiales eran arrestados por pertenecer a la Unión Militar Democrática (UMD), una organización clandestina que se cuestiona a fondo el papel que debe tener el ejército en una sociedad como la franquista.

Son pocos. Al principio, muchos opositores sueñan con que los nueve detenidos son nada más que la punta del iceberg de un movimiento de oficiales como el del 25 de abril en Portugal. Luego se puede comprobar que la Policía Militar ha hecho bien su trabajo. No se cumple el sueño de la oposición, pero tampoco la pesadilla de los militares franquistas.

Aunque esta es la primera vez. Es como si el Ejército hubiera perdido la virginidad. No tanto como si los comunistas se hubieran infiltrado, menos dramático.

Hace apenas ocho meses que se ha celebrado el juicio, con el resultado de penas de cuarenta y tres años de cárcel y siete expulsados del Ejército. Ya no habrá sucesores para los Busquets, los Reinlein, los Domínguez, los Otero…

Al capitán de Infantería Fernando V., destinado ahora en Madrid, le han pasado rozando todas las crisis militares. En el verano de 1975 estaba en Smara, ciudad santa para los musulmanes e infierno ardiente para los españoles, al mando de una de las compañías del Tercio de la Legión allí establecidas. Se pasaba el día en situación de alerta, de un lado a otro del enorme territorio que debía proteger, patrullando con su Land Rover, conducido por un saharaui y escoltado por dos legionarios, un tipo chuleta hasta lo insoportable, madrileño de Vallecas, y un andaluz que no paraba de hablar.

En el desierto hay mucho tiempo en que uno puede dedicarse a reflexionar. Cuando las horas de oración musulmana llegaban, Fernando y sus dos soldados se quedaban cerca del Land Rover, para permitir respetuosamente que Omar realizara con la suficiente privacidad su ceremonia. Pero no tenía la menor posibilidad de entablar una relación de confianza con ninguno de los hombres que le acompañaban, para comentar sus cuitas. Su contacto clandestino con la UMD le había advertido de que debía extremar las precauciones. Y así lo hizo. Cortó casi al completo los contactos con otros camaradas y dejó de realizar actividades peligrosas.

La otra enorme fuente de preocupación fue la situación casi bélica en la que se encontraban él y todos sus colegas. Fernando se decía a sí mismo que justo para eso era para lo que estaban allí, en el Sahara. Vivían una situación de guerra sin disparos, más que alguno perdido, que parecía surgir más de la casualidad o de accidentes en el manejo de las armas, que de la voluntad de los hombres de abrir un conflicto con fuego real. El verano de 1975 estuvo lleno de emociones fuertes y muy desagradables.

El Ejército español, su fracción más preparada y combativa, tuvo que pasar por una experiencia larga y humillante. Se retiró del Sahara sin hacer un solo disparo, cediendo el paso a varios cientos de miles de marroquíes desarmados, movilizados con enorme eficacia por la gran astucia de Hassan II. En enero de 1976, hace un año, Fernando se despedía en El Aiún de algunos amigos saharauis, entre otros, su fiel chófer Omar. Allí se quedaron en el aeropuerto despidiéndoles entre lágrimas y enseñándoles a Fernando y sus camaradas los DNI absolutamente legales, que demostraban que eran españoles, tanto como los militares que les dejaban tirados en la pista del aeródromo. Fernando, como el resto de los militares españoles, se sintió absolutamente avergonzado de su papel en esa historia.

Franco no lo había dejado todo atado. Y sus administradores temporales mucho menos aún. Fernando volvió a Madrid y allí habló, con mucha precaución, pero con mucha gente. Y pudo ver cómo el descontento entre los militares era descomunal. Pero también vio que eso no se volcaba contra los comunistas, por ejemplo. Los comunistas no tenían nada que ver con aquello. Era una traición la que había traído la deshonra al Ejército. Su declarada simpatía por los saharauis no era mayor que la que sentían los propios militares españoles. Fernando, a través de su hermano Javier, había conocido a otros jóvenes, algunos opuestos al régimen. Uno de ellos era un abogado de Valdemoro, más o menos de su edad. Se dedicaba a trabajar en barrios. Colaboraba con la gente más humilde luchando contra los abusos de grandes inmobiliarias. Eso a Javier no podía dejarle indiferente.

Javier, como el resto de sus compañeros, vivía inmerso en una sociedad a la que era imposible dar la espalda. Él, como sus compañeros, empezó a ver que había mucha relación entre las injusticias que se vivían en España en ese momento y la miseria moral que fue la descolonización de un territorio que hasta unos días antes de su entrega a Marruecos había sido considerado una provincia española más. Lo de menos ya era no haber combatido, que habría sido considerado como la prueba del honor. No les quedó ni eso.

Luis Fonseca, teniente piloto del Ejército del Aire, tuvo que dedicarse los últimos días de la descolonización a transportar gente desde El Aiún hasta Las Palmas de Gran Canaria. Luis todavía recuerda a la gente haciendo cola en el aeropuerto, sus caras de angustia.

De esos militares es de los que algunos dicen que están tranquilos en sus cuarteles. Y están, pero no tranquilos, solo que no saben hacia quién dirigir su rabia y su frustración. Siguen siendo conservadores, siguen admirando a Franco, pero ignoran adónde quieren que vaya el país. No tienen proyecto propio. Menos mal.

Quien conozca el Ejército, sabe que no va a haber ningún golpe de Estado. Pero casi nadie lo conoce. Ni el más africanista de los mandos destinados en el Sahara, como el coronel Rodríguez de Viguri, ha tenido esa tentación. Y el general Federico Jiménez de Salazar ha llevado con una mano firme al Ejército en el desierto para evitar caer en ninguna provocación del ejército marroquí. El ministro de Defensa, el general Manuel Gutiérrez Mellado, por su parte, ha conseguido que la disciplina no se haya visto desbordada por el empuje de algunos ultras descontrolados.

Si los que asesinaron a los abogados de Atocha esperaban una intervención militar inmediata contra la reforma se han equivocado.

LA RELIGIÓN YA NO ES UN TEMA SAGRADO

A muchos les puede parecer chocante que florezcan a la vez tantos puños cerrados y tantos símbolos religiosos. Eso ya hace tiempo que pasa en España. La causa está en las dos partes: la Iglesia, alarmada por la lejanía que sienten muchos jóvenes en Europa respecto de la práctica de la religión, ha impulsado a la organización a acercarse a los sectores más sensibles de la sociedad para dar un mensaje de cercanía a la pobreza y a los necesitados. Además, la Iglesia católica no se siente nada relacionada con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Que se sepa, solo una organización religiosa ha dado mártires en la lucha contra el nazismo, La Rosa Blanca, cuyos componentes fueron guillotinados por los nazis por su defensa de la libertad. Los obispos holandeses e italianos, después de la guerra potenciaron un contenido doctrinal de justicia social que tenía por objeto luchar contra el comunismo. La sinceridad del mismo provocó el éxito entre unos jóvenes que asumían el mensaje obrero como el mensaje de Cristo.

A partir de 1962 la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Católica) tomaron una fuerza impredecible que cambió España notablemente. Los comunistas supieron leer lo que subyacía en toda aquella doctrina. Muy poco a poco el enconamiento entre cristianismo y catolicismo comenzó a desaparecer. Salvo en las sacristías anticuadas, donde las señoras adustas seguían asustando a los niños con el rostro de una Iglesia fiera y clasista. Los curas con alzacuellos todavía predominaban en una España, la rural, mientras en la otra, la España de las minas, de la construcción o de la industria, los curas obreros se apoderaban de las conciencias y decían en voz alta que todo hombre o mujer era hijo del mismo Dios.

La Iglesia oficial seguía presidiendo los desfiles y los Te Deum. Y la Iglesia nueva presidía los entierros fruto de los accidentes laborales. Por eso a los antiguos enemigos de la Iglesia ya no les sucedían unos trabajadores enconados y llenos de odio. El paso de una actitud a otra se había dado de forma natural. Nadie se extrañaba de ver al padre Llanos, que en su día llegó a confesar a Franco, encabezando un entierro de comunistas.

Franco, aparte de ser seguramente un sincero meapilas, sabía antes de morir de la importancia de la religión en España. El Caudillo nunca olvidó que asistió a su primera misa bajo palio en 1937, en el monasterio de las Huelgas, en Burgos[60]. Aquel fue el acto fundacional de su Estado. Ese día se forjó en toda su virilidad el nacionalcatolicismo, la alianza que tenía ambiciones de ser eterna entre el Ejército y la Iglesia católica española.

«España será católica o no será» era el lema de Franco y del cardenal Gomá, su anfitrión, que le abrazó emocionado, consciente de lo que significaba aquel acto en que los poderes terrenales y los celestiales encontraban ámbito que compartir sin disputa. El colmo de las bienaventuranzas era que se tratara de Gomá, el más reaccionario de los obispos catalanes, quien le hacía a Franco el servicio.

Qué distintas las dos estéticas posibles para un solo acto. Puños cerrados, trajes oscuros, frente a toquillas blancas y sahumerios. Y apretadas formaciones militares frente a pantalones de obreros del metal. Lo que habría sido y no podía ser.

Los fascistas que pululan por la plaza camuflados para no despertar la ira de nadie echan de menos a Ángel Suquía, al obispo Añoveros, al cardenal Tarancón, con el que rimaba tan bien lo de «Tarancón al paredón». García Juliá lo ha hecho alguna vez.

SEMANA NEGRA

Pero el corto periodo que se conocerá como la Semana Negra de enero de 1977 no ha terminado. Los terroristas vuelven a hacer acto de presencia.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre forman una organización terrorista extraña y siempre sospechosa para la izquierda en estos años. Sin apoyo social, vive de atracos a bancos y secuestros y de imaginarias financiaciones nunca probadas por sus detractores, que están casi todos a la izquierda del PCE.

Los GRAPO nacieron el 1 de octubre de 1975, en la plaza de Oriente, durante el último baño de multitudes que se organizó Franco, antes de morir el 20 de noviembre de ese año. Ese día los terroristas cometieron su primera acción armada, el atentado que dio nombre a la banda, contra cuatro miembros de la Policía Armada en Madrid. Las víctimas fueron Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro, Antonio Fernández Ferreiro y Miguel Castilla Martín. Según el diario ABC de esos días, entre los asesinos estaban Enrique Cerdán Calixto, alias Costa, autor de los disparos y jefe del comando, y Pío Moa Rodríguez, alias Verdú, quien supuestamente le fracturó el cráneo a una de las víctimas con un martillo, extremo que Moa desmentirá siempre. Cuando fueron detenidos dijeron pertenecer al Partido Comunista Reconstituido y justificaron el asesinato como respuesta a los cinco últimos fusilamientos ejecutados en España a finales de la dictadura franquista.

Unos días antes del acto inaugural del GRAPO, tres miembros del grupo armado Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y dos militantes de ETA, fueron fusilados por el Ejército, al amanecer del 27 de septiembre de 1975.

En ese momento, el mundo democrático se enfrentó a Franco. Se quemaron banderas españolas en París y en Lisboa. Hubo protestas multitudinarias y el Papa pidió clemencia, que fue denegada. Fue la última atrocidad del franquismo, porque los juicios sumarísimos celebrados en cuarteles militares carecían de todas las garantías procesales exigibles en un país civilizado. Los miembros del FRAP asesinados ese día, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, elegidos al azar porque no se sabía de cierto la autoría de los crímenes que se les atribuían, fueron fusilados en Hoyo de Manzanares, en Madrid. Y los etarras Jon Paredes Manot, alias Txiki, en Barcelona frente a un pelotón militar, y Ángel Otaegui, en la prisión de Burgos. Fue el 27 de septiembre de 1975. Los últimos asesinatos «legales» de la dictadura.

Tan solo hace quince meses de eso. Y parecen años cuajados de acontecimientos.

Y ahora, cuando la oposición antifranquista tiene a las democracias occidentales decididamente de su lado, vuelven a actuar los GRAPO, un grupo hasta este momento desconocido. Pero reconocible. Por ejemplo, quien haya estudiado a principios de los años setenta en la Escuela Oficial de Periodismo, habrá conocido allí a Pío Moa y le habrá visto actuar a la luz del día, criticando tanto el franquismo como al Partido Comunista. Moa es natural de El Ferrol, la ciudad que también vio nacer a Franco, y hace política con pocos tapujos. Es un hombre que procede de la clase obrera. Su padre es un militante de izquierda. Pero casi todos sus compañeros vienen de una situación social entre el proletariado y la marginación. Hay muchos partidos en España que provienen de escisiones del PCE. Cuando esas escisiones participan en hechos violentos, el aparato del PCE suele tildarlos de agentes de la policía. Cuando no son violentos, de agentes del imperialismo o de la socialdemocracia, que todavía tiene un significado peyorativo entre la izquierda, que en los países latinos está hegemonizada por los comunistas. Los GRAPO son gente a la que la policía teme. Mucho más que a ETA. La gente que milita en el terrorismo vasco aguanta solo, en caso de conflicto, hasta que ve que la seguridad de sus compañeros de organización está más o menos garantizada. Los GRAPO jamás se entregan. Resisten la tortura y pelean hasta la última bala[61].

La última semana de enero de 1977, el viernes 28, dos días después de que el mundo asistiera conmovido a la barbarie de la extrema derecha, y a la demostración de civismo del pueblo madrileño y de los comunistas durante el entierro de los abogados, los GRAPO asesinan a dos policías, José María Martínez Morales y Fernando Sánchez Hernández, y a un guardia civil, José María Lozano Sainz. Los GRAPO han competido en sadismo con los pistoleros de Atocha. Uno de los policías ha sido asesinado a martillazos en la sucursal bancaria donde prestaba servicio de seguridad.

Los funerales en su honor se celebran en el Hospital Militar Gómez Ulla, y los presiden el vicepresidente primero del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado, el ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa y el ministro del Ejército teniente general Félix Álvarez Arenas.

UN EJÉRCITO NO TAN SILENCIOSO

Desde el principio de los funerales comienzan a oírse voces contra el gobierno, que surgen entre los centenares de asistentes. Frente a los gritos, algunos insultos y desplantes, Gutiérrez Mellado exige y trata de imponer silencio.

Los primeros gritos amenazantes empiezan a la una y media de la tarde, cuando llega para oficiar las honras fúnebres el jesuita padre Sobrino, quien el día antes, en el funeral por el abogado Luis Javier Benavides, había destacado ante los medios de comunicación la serenidad vivida durante el entierro de los abogados asesinados.

«¡Fuera rojos!», «¡traidor!», le increpan, mientras unas señoras vocean «¡viva Cristo Rey!», «¡esto es solo para hombres!» y «¡somos españolísimos!». Unos paisanos, policías al parecer, logran llevarse por fin al padre Sobrino para que pueda salir incólume de la experiencia.

Según relatará el periódico Diario 16 en su edición del domingo 30 de enero, «los disturbios alcanzaron mayor gravedad cuando los féretros fueron sacados a los jardines del hospital, sobre las dos y media de la tarde. Entre las personalidades presentes, como los exministros Tomás Garicano, Enrice García Ramal y José Utrera Molina, el consejero nacional y jefe de Fuerza Nueva, Blas Piñar, parecía particularmente interesado en el desarrollo de los acontecimientos».

En ese momento, gritos de «¡viva España!» y vítores a la Policía Armada y a la Guardia Civil salen de entre la gente. La tensión crece al iniciar Blas Piñar el «Himno de Infantería», que al ser coreado por otros correligionarios no permite oír el responso que empiezan a rezar unos sacerdotes.

Por encima de las voces, el teniente general Gutiérrez Mellado ordena con firmeza: «¡Silencio! El que lleve uniforme, firme, y quien sepa y quiera, que rece». Un grupo grita entonces: «¡Franco, Franco, Franco! ¡Traidores! ¡Viva el 18 de julio!»[62].

Y un oficial de Marina, según el diario Ya (un capitán de navío, precisa la agencia Europa Press), contesta al vicepresidente militar: «El que lleve uniforme, que honre a la bandera». «Silencio, silencio», ordenó el teniente general Gutiérrez Mellado, pero nuevamente le contestan: «Por encima de la obediencia está el honor».

Otras voces salen de la multitud: «¡Justicia! ¡Gobierno, fuera! ¡Fuera los masones!», y alguna otra exige: «¡Muera el comunismo!». Según parece, «el teniente general Gutiérrez Mellado trató de dirigirse hacia el oficial que le había increpado, pero le sujetaron».

El capitán de navío que desafía a Gutiérrez Mellado se llama Camilo Menéndez, es consuegro de Blas Piñar y famoso entonces por pertenecer al llamado búnker. Cuatro años después será visto de nuevo en el Congreso de los Diputados cuando se presente allí para apoyar a los ya derrotados golpistas del 23-F. Los comportamientos de Camilo Menéndez, que fallecerá en 1995, serán tratados de patriotas por los ultras y de estulticia por los historiadores.

Actitudes como la de Camilo Menéndez son frecuentes en estos años entre las familias españolas.

Como casi todos los militares, Camilo Menéndez vive en un piso de la Marina y convive cada día con el dolor y el miedo al terrorismo. Esto le encrespa y, según un familiar muy cercano, culpa de la existencia de ETA y del GRAPO a los marxistas, a todo lo que huela a rojo. Camilo Menéndez es admirador de Blas Piñar y ve por los ojos de él. En su casa, el ambiente familiar es tenso. Dos hijos rojos y uno de extrema derecha, el yerno de Piñar. Camilo Menéndez lleva desde que murió Franco, su Caudillo, la rabia en sus entrañas y el miedo constante a los atentados. Gruñe y gruñe e insiste sin que le oiga su familia en que hay que acabar con los comunistas. Y ahora también quiere acabar con el gobierno traidor de Adolfo Suárez, y con el rey.

Ese mismo día, el sábado por la noche, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez habla en directo por televisión y resalta de nuevo que el proceso para la reforma política del régimen no se va a interrumpir a pesar de las provocaciones.

A Rosón le toca por su empleo dar respuesta a casi todas las preguntas clave para valorar la situación.

Hay una primera que le toca, sin embargo, a un servicio del Estado cuya primera virtud ha de ser que no se sepa apenas de su existencia. Son los servicios secretos de la Presidencia de Gobierno. Su director es un hombre que quien pronuncia su nombre suele bajar el volumen de la voz de manera casi involuntaria: el teniente Andrés Casinello. Se le supone un poder casi omnímodo. Suárez se lo ha dado al nombrarle jefe supremo de los servicios secretos. No tiene que dar cuenta a nadie salvo al presidente y al rey, de quien se considera hombre de confianza. En pocos días los periodistas, pero sobre todo los políticos de la oposición, van a relacionar la presencia de terroristas italianos exiliados en España con algún intento de atentado contra el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa. El informe de Casinello va a ser lacónico y solo verbal: «De eso no hay nada»[63]. El autor de las informaciones más detalladas al respecto es el periodista Gregorio Morán, por lo que la credibilidad del montaje es mayor. Gregorio Morán es una fuente normalmente muy acreditada.

A Rosón le queda por dar la satisfacción a otros interrogantes planteados por Suárez:

¿Hay una trama militar?

¿Hay una trama de extrema derecha, dispuesta a practicar la violencia de forma organizada?

¿Se puede garantizar que el área controlada por el PCE permanezca fuera de un conflicto civil?

Sobre el Ejército, ya está respondida la pregunta: el Ejército se encuentra masivamente a favor de la legalidad franquista, que ahora es Adolfo Suárez. Franco no tiene heredero, salvo el propio Ejército. Y eso no lo sabe personalizar nadie.

La extrema derecha está muy controlada desde el Ministerio de Gobernación. Martín Villa controla por su parte a la perfección al personal del ministerio, a los delegados provinciales. Y estos, a quienes mandan en las comisarías o en las secciones especializadas. En cada provincia los comisarios jefes saben quiénes dirigen grupos de extrema derecha y quiénes organizan atentados contra la legalidad de la Transición de Suárez. No hace tanto, hasta que la sospecha de los franquistas más recalcitrantes ha caído sobre Suárez y sus colaboradores, que estos reyezuelos provinciales de la extrema derecha compartían barra de bar con los jefes de las comisarías.

En los últimos dos años, la extrema derecha ha matado en algaradas callejeras a medio centenar de personas. Rosón, después de estudiar los casos que le ponen delante, concluye que no hay ninguna planificación «superior» que dé coherencia a todas esas acciones. Ni siquiera el intento de matanza de Montejurra, en el verano de 1976, llega a eso. Allí en Montejurra había algún militar retirado, y una organización política, la carlista, que estaba dividida en origen entre el franquismo y el antifranquismo, algunas ametralladoras y muy poca gente dispuesta a manejarlas.

La extrema derecha es un magma más que una organización.

TRAS LA PISTA DE LOS ASESINOS

Pero el gobierno sabe que tiene varios frentes dispuestos a frenar la transición de la dictadura a la democracia y decide que es imprescindible seguir adelante y contestar de forma contundente a cualquier intentona golpista, al terror impuesto por los GRAPO y ETA, o a una posible «cruzada» emprendida ahora por la extrema derecha. Tiene que haber un escarmiento. No puede permitirse ninguna tolerancia, y casi tan importante como eso es que no haya apariencia de tal cosa.

El gobierno está decidido a llegar hasta el final en la investigación de los asesinatos. Y el jefe de la brigada, Francisco de Asís Pastor, se pone en marcha inmediatamente.

La misma mañana del 25 de enero, la policía recibe órdenes para interrogar a los testigos. De madrugada, un funcionario de la brigada ha ido recibiendo información. Los primeros datos son los que proporcionan los policías uniformados que han acudido al despacho de los abogados.

Ese primer día, aún no se interroga a los supervivientes, porque están heridos. Pero sí a los vecinos y a algunos asistentes a la reunión anterior, la del transporte.

Lo primero que hacen los subinspectores es acudir al hospital Primero de Octubre, donde los enfermeros y algún familiar de los heridos les han contado que los asesinos han preguntado, antes de disparar, por Joaquín Navarro, un líder sindical del transporte que está en paradero desconocido. Y esa es la prioridad: encontrarle para buscar a los sospechosos del quíntuple asesinato.

Por su parte, la abogada penalista Cristina Almeida, que acaba de llegar de Chile, anuncia que va a ser parte de la acusación particular y solicita información de la policía.

Por orden de Francisco de Asís Pastor, le son entregadas las llaves del piso el mismo día 27 de enero. También le entregan el informe balístico policial. Todo son facilidades en ese momento porque la solución del caso es objetivo prioritario. Cristina Almeida, perteneciente al despacho de Españoleto, se acerca junto a Manuela Carmena y Antonio Pedrol a Atocha número 55 a depositar una corona en memoria de sus compañeros asesinados. Allí recoge las trencas, los abrigos, la capa de Valdelvira, los papeles de la reunión. «Me encontré una caperuza de bolígrafo Inoxcrom que luego me enteré de que fue la que salvó la vida de Alejandro y se la di». Cristina busca balas en todas las colchonetas. «Como yo conocía las colchonetas porque eran las mismas que teníamos en Españoleto, encontré siete balas, y ya había pasado la inspección ocular y las guardé para que las analizaran militares de confianza y que nos dijeran de dónde venían esos cartuchos. Se supo que venían del Ejército»[64].

A requerimiento de Cristina Almeida y acompañado de José María Mohedano, el teniente coronel de Artillería Juan Barja de Quiroga se presenta en el despacho laboralista, cuya puerta carece de precinto. El militar escribe un informe pericial el 7 de febrero, que entrega a la policía.

Primero hace una descripción física del lugar concreto de los hechos y luego señala que entre los impactos observados no hay ninguno más alto que el respaldo de los bancos, situados a una altura inferior a 60 centímetros.

El teniente coronel indica que en los impactos de la esquina nordeste de la habitación hay un solo disparo situado a 125 centímetros de altura y a 30 centímetros de la esquina. Es la bala que rebotó y se le escapó al asesino que iba encapuchado.

A juicio del informante, se trata de un solo proyectil y muy posiblemente pertenece a un disparo involuntario. En los bancos describe dos impactos[65].

El militar concluye en su informe el estudio de seis balas cuyas vainas, dice, han sido recargadas. Termina asegurando que las víctimas fueron rematadas en el suelo.

Tras los informes periciales la policía sigue el rastro de los proyectiles y concluye que esas balas se han comprado a través de alguien como Leocadio Jiménez Caravaca, un personaje locoide con algún antecedente de altercados callejeros por razones políticas.

Algunos agentes de la brigada de Francisco de Asís conocen de oídas a Leocadio Jiménez Caravaca: dicen que es un loco peligroso que venía de la División Azul, que tenía metralla en la cabeza, que fue juzgado por maltrato doméstico, que un día por no matar a su mujer mató al gato que tenían en la casa. Leocadio Jiménez Caravaca es «una miseria humana»[66]. Algunos al menos le califican así.

Leocadio Jiménez Caravaca perdió la cordura, si es que la tuvo algún día, el 10 de febrero de 1943, durante la batalla de Krasni-Bor, en las afueras de Leningrado. Ese día, nevado y helador, los jóvenes españoles de la División Azul supieron lo que era luchar contra los desesperados soldados rusos en una guerra en la que la propaganda alemana les había convencido de que iban a ganar casi sin despeinarse, aunque no les concernía. Pero que era un pago de Franco a Hitler por la ayuda que este le prestó para que pudiera ganar la Guerra Civil[67].

Apenas amanecía el 10 de febrero cuando una auténtica lluvia de fuego cayó sobre las posiciones que ocupaban los hombres del Regimiento 262 de la División 250. El combate se prolongó durante horas, y los orgullosos falangistas tuvieron que batirse en retirada. Más de la mitad quedaron muertos, heridos o prisioneros de unos rusos que defendían su ciudad y sus familias. A Leocadio un casco de metralla le reventó el cráneo, pero salió vivo de aquella derrota que distó mucho de ser gloriosa.

Jiménez Caravaca no piensa eso, cree que él es un héroe y cada año, cada 10 de febrero, participa en el cementerio de La Almudena de Madrid en un homenaje a los caídos tan lejos de España.

Los dos subinspectores a los que les toca seguirle se quedan estupefactos ante la escena que contemplan en La Almudena. Unas decenas de hombres que rondan los sesenta años se colocan en posición de firmes, uniformados con pantalones grises y camisa azul mahón. Algunos llevan el delgado correaje de cuero que usan los oficiales del Ejército español y el gorrillo cuartelero de la Wehrmacht. Y un nutrido grupo de jóvenes, casi todos barbilampiños, les rodea imitando sus gestos marciales. Entre los jóvenes predominan los pantalones vaqueros, una concesión a la comodidad más que un aggiornamento. Mucha parafernalia nazi y una ocasional presencia femenina, resaltada por el papel de portaestandarte de la joven que luce unos labios pintados de un rojo furioso.

Después viene la liturgia. La virilidad de los presentes les obliga a ignorar el frío. En Rusia se combatió en invierno. En Madrid, donde como mucho se esperan en febrero cuatro o cinco grados bajo cero, se puede usar camisa arremangada. A los viejos, los veteranos de 1943, se les supone el aguante. Los jóvenes tienen que demostrarlo, y algunos llegan al punto de desabrocharse botones de la camisa para exhibir su fortaleza.

Leocadio representa un papel importante en la conmemoración del acontecimiento. Da los gritos rituales que evocan a los camaradas muertos, e inicia, con su voz gastada y resacosa, los cánticos obligados, como el que dice: «Yo tenía un camarada…».

Leocadio va todos los años al cementerio, acude a menudo al Sindicato de Transporte, participa en la compraventa clandestina de municiones y arenga contra el comunismo a los jóvenes, a los que además vende armas. Es amigo o al menos frecuenta a Francisco Albaladejo. Todo va cuadrando.

En ese momento la policía sabe ya que Joaquín Navarro es el objetivo o, como poco, el pretexto del asalto al despacho, y que es enemigo acérrimo del oficial Sindicato del Transporte, del vertical, y de su jefe, Francisco Albaladejo.

Ha comenzado, entonces, el seguimiento policial a gentes del vertical. Los conocen, a los más fanáticos, a los más chulos, y saben pronto que disfrutan un nivel de vida nocturna más alto de lo habitual para ese tipo de funcionario, con remuneraciones modestas cuando no participan de alguna red corrupta.

Los seguimientos personales y la vigilancia de las comunicaciones telefónicas son los primeros pasos de cualquier investigación policial de ese tipo.

Un seguimiento requiere de mucha gente. Por cada turno horario, unas dos personas para hacerlo de forma apañada. Los hombres que se encargan de la tarea han de estar dotados para esa clase de trabajo, y tener bastante experiencia. En las academias de policía españolas no hay ningún libro teórico que explique cómo hay que llevar a cabo un seguimiento, ni cómo pasar desapercibido para aquel que es seguido[68]. Una sola indiscreción puede acabar con días y días de trabajo. En algunas ocasiones vale más perder una pista que no es esencial que advertir de forma poco profesional de la presencia de los vigilantes.

La otra gran herramienta es la interceptación de las llamadas telefónicas. Solo hay que hacer una gestión liviana con un juez. Pero también obliga a un gran despliegue de medios. Cada sesión de escucha supone tener una persona atenta a las llamadas para lograr una grabación de calidad en un magnetófono de marca UHER.

Por eso, y por la importancia política del caso, se requiere de la participación de toda una brigada, más de treinta hombres, policías bien cualificados, como es la de Francisco de Asís Pastor. Eso, y por supuesto que sean sobre todo policías profesionales. Lo contrario de la brigada de Conesa.

Muy pronto, la brigada de Francisco de Asís comienza a sospechar que Francisco Albaladejo es el ideólogo de un grupo de jóvenes fanáticos dispuestos a cualquier cosa y que pueden haber participado en una operación de gran envergadura: los asesinatos de Arturo Ruiz y María Luz Nájera, para poner a la universidad en huelga contra Suárez. Pero eso son teorías sin base, sin valor para quienes investigan.

Aunque sí puede ser que Albaladejo les haya hablado de la huelga del transporte, y que hayan intentado algo contra Navarro. Los agentes suponen que los policías Billy el Niño y González Gay les apoyan. Un terreno delicado ese que se pisa cuando hay compañeros de por medio. Es la tesis que nunca podrán demostrar, pero que siempre defienden los que viven esos días. El grupo de pistoleros busca un golpe de Estado porque ve peligrar sus privilegios. Pero la policía necesita pruebas, porque su ética lo pide y los jueces lo exigen. La lógica de las cosas no debe interferir en los hechos.

Según van descubriendo los agentes que les siguen, Francisco Albaladejo come todos los días con Simón Fernández Palacios, su segundo en el sindicato, que fue nombrado a dedo por el propio «padrino», García Ribes, quien le asignó un sueldo de 37 000 pesetas al mes. De vez en cuando se suman a la comida dos jóvenes, una chica y Jiménez Caravaca. Y casi siempre aparecen por allí Billy el Niño y González Gay. La cita es en la Hermandad de Marineros Voluntarios, o La Marina, como se conoce a este local de excombatientes. Luego se toman unas copas de Magno en el bar Nilo o Denver, cerca del sindicato y de la casa de citas que tiene Adela García, en la calle de la Pasa, junto al obispado y la hermandad, o el bar de copas de la calle del Barco. Casi todo lo que hacen en esos sitios está prohibido desde que Franco llegó al poder con la ayuda de la Iglesia. Menos para ellos, claro.

Allí, en La Marina, los «Leocadios» de turno adoctrinan a quien quiera escucharles. Mejor si son jóvenes.

Julián, el sobrino de las meretrices Adela y Amelia, es uno de los que escucha esas arengas, y espera a que acaben porque quienes las echan manejan a su antojo los taxis y las licencias. En realidad, Julián es un pobre asalariado del Sindicato de Transportes que sabe que su silencio puede valer una licencia para su hijo Paco y una vivienda en el paseo de Extremadura en condiciones inmejorables. Esas casas que adornan sus portales con el yugo y las flechas del Ministerio de la Vivienda, franquistas y trapicheadas por los del sindicato.

Sus tías Adela y Amelia compraron un taxi a Julián, que más tarde podrá heredar su hijo Paquito. Pero las humillaciones son constantes. El taxista está al servicio de los funcionarios del sindicato. Un día, por ejemplo, le llama una mujer embarazada y en el momento de ir a subir, llega un policía de gabardina y la ordena que se baje, que el taxi lo va a usar él. A Julián le cae una bronca tremenda porque se opone momentáneamente a la arbitrariedad, e incluso le abren expediente en el ayuntamiento. Julián aguanta y escucha desde entonces las arengas fascistas en silencio, a pesar de ser un hombre de ideas de izquierdas. Hay cosas que para gente en sus condiciones conviene que queden en el ámbito privado. Luego, cuando se acaban los discursos patrióticos, lleva a quien se lo pide a los lugares de alterne que regentan sus tías.

Los hombres de la brigada de Asís Pastor van organizando esta información y los seguimientos y lo primero que hacen es instalarse: ocupan un local de unos cuarenta metros cuadrados en el bajo de la Puerta del Sol, en el espacioso patio que era imprescindible para dar servicio a los carruajes de la antigua Casa de Postas, el uso que tenía en tiempos el edificio. El patio tuvo hace pocos meses otro destino menos noble, cuando los mandos policiales permitieron que centenares de policías se desfogaran, pegando a placer a presuntos militantes del FRAP detenidos por su supuesta participación en el asesinato de otro policía, el 2 de mayo de 1976, en la calle de Santa Isabel.

El lugar para las escuchas es pequeño, unos seis metros cuadrados. El procedimiento es sencillo: se localiza el número que hay que controlar y se pide permiso al juez, que, eso sí, lo da siempre, y entonces se procede a pinchar. Cabe una tolerancia de hasta seis «pares». El funcionario debe estar a la escucha y va grabando las conversaciones. Los policías tienen la certeza de que esta banda es la responsable de la matanza y atan cabos.

En cuanto se dan las circunstancias oportunas, la policía interroga a los supervivientes del crimen.

El primero en declarar es Alejandro Ruiz Huerta, de treinta años, herido en una pierna. Lo hace el 3 de febrero de 1977. Describe así lo que presenció:

Vio a un individuo, que no llegaba a 1,70 de altura, de entre veinticinco y treinta años, con la cara descubierta, moreno. Vestía una cazadora o trenca de color oscuro. Les conminó a que se levantaran y pusieran las manos en alto, a todos, incluido quien les había abierto la puerta. Les apuntaba con una pistola y les preguntó: «¿Dónde está Navarro? Ese de las pecas, andaluz». Extrañados, dijeron que no lo sabían (conoce a Navarro, porque forma parte de la comisión reconocida para el Convenio del Transporte Privado). Les dijo que intentaran recordarlo «porque era mejor para ellos». Así estuvieron unos tres o cuatro minutos, hasta que llegó el otro individuo que, al parecer, había recorrido todo el despacho. A este último no le vio, pero oyó perfectamente un disparo antes de llegar a la sala donde estaban. No sabe la razón del disparo. Lo que sí recuerda es que el administrativo asesinado Ángel Rodríguez Leal parece reconocer al que les apunta. Y que este también le reconoce. Cree recordar que es al primero que tiran a dar[69].

Según sigue contando Alejandro a la policía, los dos matones comenzaron a disparar, todos cayeron al suelo, y ellos siguieron disparando. El pistolero que iba al descubierto estaba totalmente sereno y no tenía acento extranjero. Al segundo no llegó a verle.

Una vez que se marcharon los pistoleros, Miguel Sarabia intentó llamar. Él le dijo que antes había que marcar unas letras, pero no sabe si logró comunicarse con el exterior.

Alejandro sostiene que unos días antes del atentado habían recibido una llamada en la que les amenazaban con matarles a todos.

Un día más tarde, Dolores González Ruiz declara que el lunes 24 se la había citado en Atocha 55, que llegó sobre las diez y cuarto, con su marido. Tuvieron que subir andando porque el ascensor no funcionaba. Llamaron al timbre porque la puerta estaba cerrada. Había más gente, clientes y compañeros que estaban trabajando y otros que iban a participar en la reunión.

Una vez que se marcharon y quedaron solo los convocados, se reunieron a la izquierda de la sala y se sentaron en los tresillos. Sobre las once menos cuarto o menos diez llamaron a la puerta y abrió Benavides, que entró acompañado de dos individuos. Uno se quedó a la izquierda y enfrente de ellos y les apuntaba con una pistola; al tiempo, con un gesto de la mano, mandó al otro que fuera a los distintos despachos. El que se quedó con ellos les mandó que levantaran las manos y les preguntó dónde estaba Navarro, a lo que uno de ellos respondió que no lo sabían y que le buscase. Más tarde ella se sobrecogió porque escuchó dos tiros que debió de hacer seguro el que había entrado en los despachos. No supo por qué disparó.

Como unos dos minutos más tarde, cuando el segundo salió por la misma puerta por la que había entrado, sin llegar hasta el grupo que formaban Ángel y Serafín, y ella estaba en el rincón, empezaron a disparar indiscriminadamente contra todo el grupo. Por instinto se tiró encima de uno de los tresillos e intentó taparse con su trenca. Al poco rato se incorporó y vio cómo tres compañeros se movían y pedían auxilio.

Cuando ya había entrado la policía se dirigió hacia la puerta. Allí se mareó y ya no recuerda más hasta que la bajaron y la metieron en un taxi.

De los atacantes recuerda:

El que se quedó con ellos llevaba la cara destapada, vestía una trenca o abrigo, más bien trenca porque tenía capucha, chaqueta, jersey y corbata, cree recordar que llevaba guantes. Del otro recuerda que era blanco arrubiado, aunque el pelo era castaño; no está muy segura de si lo recordaría si lo viera. No entiende de pistolas, por lo que recuerda que no eran ni grandes ni pequeñas y del color normal de las pistolas.

Naturalmente, Dolores recuerda menos al segundo, aunque ambos podrían tener de treinta a treinta y cinco años. Le parece que era más joven y más alto e iba vestido con un anorak. Lo que sí recuerda perfectamente es que llevaba la cabeza tapada con la capucha, solo se le veía el óvalo de la cara.

Observó perfectamente que había un tercero que no entró, pero sí miraba a través del cristal de la puerta, aunque sí pudo observar que también llevaba pistola.

LA MUERTE EN LA CARA

El 23 de febrero declara Luis Ramos Pardo. Dice que la reunión la había convocado Javier Sauquillo, porque DEICINSA (la oficina de urbanismo del PCE) no podía reunirse con ellos esa tarde, y decidieron tener una reunión de barrios. Añade a lo declarado por Alejandro y Dolores que no le encuentra explicación, que el asesino llevaba «la muerte en la cara», que empezaron a disparar indiscriminadamente y a él le dio la sensación de que quien empezó fue el segundo. Vio a un tercero, que se mantenía en la entrada y se asomaba. Daba la sensación de que sabía lo que estaba sucediendo. Tenía el pelo rizado.

A él le dieron en el brazo derecho, por instinto se agachó y fue cuando le dieron en el estómago y en la piernas. Se mantuvo en pie todo lo que pudo conservando la serenidad, pero cuando vio que Sauquillo caía a su lado se tiró al suelo definitivamente.

Cuando tuvo la sensación de que se habían marchado intentó dirigirse al teléfono para pedir auxilio, pero entonces Sarabia ya iba hacia él y, para evitar desangrarse, volvió a tumbarse. La siguiente imagen que recuerda es la entrada de la policía.

Luis Ramos cree que podrá reconocer a los asesinos: el primero, de 1,65 de altura. Complexión fuerte, de entre veinticinco y treinta y cinco años, cara redonda y pelo negro. Cree que iba vestido de gris.

El segundo vestía algo azul. Llevaba la cabeza tapada. Daba la sensación de ser más joven. No recuerda que tuviera bigote.

Miguel Sarabia declara después y su testimonio es el más valioso para la policía. Cree que el asesino a cara descubierta es madrileño, que hablaba con serenidad; les apuntaba con la pistola, sesgada, ayudándose con ella para expresarse: «Manitas arriba, todos juntitos», en ningún momento se puso nervioso. Que él no levantó las manos por distracción y el de la cara descubierta le señaló con la pistola y le exhortó «a levantar esas manitas». Por esa actitud supo que venían a matarlos.

Esta situación duró unos minutos, hasta que el otro individuo que estaba cortando los teléfonos se presentó y sin mediar palabra empezaron a disparar. No había habido ni provocación ni insultos.

Él se salvó porque, al estar del lado del pasillo interior, hizo un giro para deslizarse y aunque le dispararon y le hirieron salió de la escena principal y se quedó acurrucado en el pasillo. Como no le remataron se salvó.

Llamó por teléfono, habló con su mujer y llamó al 091. Salió al balcón a pedir auxilio.

Miguel Sarabia cuenta además que se había desplazado en su propio coche, no cogió el ascensor porque estaba averiado, y cuando llegó al despacho todavía había gran número de personas pertenecientes a la rama de transportes; y que cuando se marcharon los abogados, se acomodaron en los asientos situados en un rincón del salón. Miguel Sarabia ofrece un dato interesante a quienes le interrogan: la forma que tiene uno de los asesinos de recorrer el despacho le hace pensar que ya había estado antes allí. Precipitadamente y con gran ruido, recorría todas las dependencias del piso, supone que para interrumpir la comunicación telefónica o localizar otras personas, por lo que él cree que los asaltantes habían estado antes en el despacho. Empezaron a disparar sin que entre ellos se intercambiara frase o palabra alguna. De forma rotunda, Sarabia aclara que no se empleó silenciador. No puede decir cuántos disparos fueron, pero a su juicio muchísimos, excediendo de quince; no por ráfagas sino tiro a tiro y a gran velocidad.

Ante estas declaraciones, la policía contrasta de nuevo el dato revelador de que los asesinos buscaban a Joaquín Navarro. Este, según sigue la nota oficial de la policía, se había destacado en las semanas anteriores a esos hechos por su liderazgo durante la huelga de transporte.

EL ACUERDO ENTRE LA POLICÍA Y EL PCE

Y concluyen que el origen de los hechos podía estar directa o indirectamente ligado a la rama del Sindicato de Transportes. Lo primero que tiene que hacer la policía es localizar a Joaquín Navarro. Para ello se pone en contacto con el PCE, y Francisco de Asís Pastor tiene que garantizar con credibilidad la seguridad y la protección para el sindicalista, que anda escondido.

Por fin, Joaquín Navarro se presta a declarar. Le acompañan el director de cine y comunista Juan Antonio Bardem y la abogada Cristina Almeida. Son sus amigos. Cristina Almeida ha vuelto de su viaje a Chile para hacerse cargo de la acusación particular.

Juan Antonio Bardem es a su vez amigo de Rosón y por esos días hace de intermediario entre el gobierno y el Partido Comunista. Antes de declarar ante la policía, Joaquín Navarro acude al Colegio de Abogados: Antonio Pedrol quiere interrogarle primero, para asegurarse de que la policía no tergiverse su declaración. Joaquín Navarro permanece bastante tiempo a solas con Pedrol Rius y un escribiente. Pedrol le comunica que el Colegio de Abogados ha elegido al letrado José María Stampa Braun para que represente a la entidad cuando detengan a los asesinos. Stampa Braun es el mejor penalista español en ese momento.

Más tarde, Almeida y Bardem le acompañan al Gobierno Civil, donde les recibe el gobernador Juan José Rosón, quien les presenta a dos policías ante los que debe prestar declaración. Sarcasmos de la vida. Ahora es colaborador de una policía que le ha perseguido y detenido durante años, pero algo le dice que en esta ocasión viene a protegerle y se presta a contestar a sus preguntas.

Y les cuenta todo. La situación le parece a Navarro una secuencia de una película de cine negro: dos polis de paisano, una lámpara que no le deja ver sus rostros. No lo olvidará jamás. Joaquín Navarro es la pista que conducirá a los asesinos. Porque detalla a los hombres de Asís Pastor sus broncas en el Sindicato del Transporte; les habla de Francisco Albaladejo, que le enseña una pistola siempre que puede, que le ha amenazado muchas veces y le desprecia como a un rojo que no tiene derecho a nada. Además de eso, le odia porque Joaquín Navarro jamás se ha achantado ante él y ante ningún ultraderechista del sindicato. Cuenta también a la policía que ha visto a gente vestida de camisa azul, con correaje y armamento, moverse con familiaridad por la sede del sindicato.

Cuando Navarro termina su declaración, sale del Gobierno Civil y se encuentra con docenas de periodistas, a quienes relata lo ocurrido.

Por su parte, el gobernador Rosón convoca una rueda de prensa, pero solo permite hablar a Navarro, algo a lo que se oponen los abogados, y la cancelan. Cristina Almeida, indignada, junto a otro letrado, Jaime Sartorius, alega que el gobierno pretende reducir el atentado a un ajuste de cuentas entre Joaquín Navarro y el Sindicato del Transporte.

Los abogados reparten unas octavillas entre los periodistas en las que defienden que el asesinato de los abogados no es un ajuste de cuentas, sino un ataque a Comisiones Obreras por defender a los trabajadores[70].

Después de este incidente, Joaquín Navarro se esconde durante dos meses y sale de España, apoyado por el PCE, antes de que se produzca la detención de los asesinos.

Pero él es el hilo conductor que llevará a la policía hasta localizar a los culpables. Su testimonio, propiciado por el insólito acuerdo alcanzado entre la cúpula de Gobernación y el PCE, comienza a dar frutos. Y muy jugosos.

El seguimiento de Francisco Albaladejo y las escuchas telefónicas en el sindicato, van convirtiendo en certezas lo que antes eran poco más que intuiciones.

Según un informe policial, para lograr la identificación de quienes forman ese círculo extremista tejido por Albaladejo en torno a su figura, se establecen distintos servicios de vigilancia que permiten confirmar la existencia de este grupo y su frecuente relación con su jefe en la Hermandad de Marineros y en los bares cercanos al sindicato. Estas personas se caracterizan por su extremada hostilidad hacia Joaquín Navarro Fernández. Y son los que escuchan fervorosamente a Albaladejo.

Los policías les van identificando y siguiendo sus pasos van estrechando el cerco. Cada vez es más cierta la posibilidad de que hayan participado directamente en los hechos José Fernández Cerrá, de treinta y un años, vendedor, con domicilio en la capital; Carlos García Juliá, de veintiún años, empleado administrativo, también con domicilio en Madrid; y Fernando Lerdo de Tejada Martínez, de veintidós años, estudiante, vecino de la misma ciudad.

Cuando la policía estima que existen datos suficientes para apreciar indicios razonables de culpabilidad, inspectores de la Brigada Regional de Información proceden a la detención de los presuntos culpables, así como a la práctica de registros domiciliarios, para la incautación de armas o pruebas materiales.

Enseguida, la policía detiene en Madrid a Francisco Albaladejo Corredera, a Leocadio Jiménez Caravaca y a Ramón Fernández Palacios. En Almería, a José Fernández Cerrá, a Carlos García Juliá y a Gloria Herguedas Herrando y, finalmente, en Murcia, a Fernando Lerdo de Tejada Martínez. En los registros practicados se intervienen numerosas armas cortas y largas de fuego, gran cantidad de munición y otros efectos, como guantes de hierro y porras de clavos.

Antes, el 12 de marzo de 1977, cuando José Fernández Cerrá aparece en una cita con Albaladejo en una cafetería de la calle del Limón, al policía Ricardo Sánchez, que está considerado por sus compañeros como el mejor de los fisonomistas, y encargado de su seguimiento, le viene el recuerdo de la declaración de Ramos: «En su mirada se veía la muerte». Es un rostro sin expresión.

Entonces se decide a seguirle hasta lograr su identificación. Para llegar al reconocimiento, la policía comete una irregularidad. Entran en los archivos de DNI, donde los agentes obtienen una foto de su carnet de identidad. Y por la fotografía, Alejandro Ruiz Huerta le reconoce.

Van apareciendo todos los implicados. García Juliá, Gloria Herguedas y su entorno: Leocadio Jiménez Caravaca, Simón Fernández Palacios y Fernando Lerdo de Tejada.

DETENCIONES

El 14 de marzo de 1977 Lola González Ruiz está con su cuñada Paca Sauquillo en una casa en el campo. Lola intenta reponerse allí de sus heridas físicas y emocionales. Está viendo el telediario de la noche. De repente, Paca ve que Lola palidece y empieza a temblar. Ella, que estaba distraída, mira a la pantalla y se entera de que Carlos García Juliá, Fernando Lerdo de Tejada y José Fernández Cerrá han sido detenidos como presuntos autores materiales de la matanza, y de que Francisco Albaladejo, responsable provincial del Sindicato del Transporte, también ha sido arrestado como presunto inductor. Son los presuntos asesinos de su hermano, del marido de Lola, de Javier Sauquillo y sus compañeros. Son los que han dejado sin mandíbula y sin apenas ganas de vivir a Lola, que se ha quedado atónita porque ha reconocido a dos de ellos. La secuencia de la matanza se le viene encima de nuevo.

Lola tiene que ir a declarar, pero su lesión no le permite hablar y no puede decir nada. Aunque cuando la lleven a los calabozos reconocerá a los detenidos. Inmediatamente sabe que son ellos. Lo mismo que le pasa a Luis Ramos. Primero uno y luego otro: «Ese es el de las manitas». Se creían que no iban a reconocerlos. El mayor de los dos tiene una mirada amoral, de alguien a quien no le importa matar. Ir a matar a lo que se encontrara. Porque estuvieron una hora antes y vieron salir a todos, a Navarro también. Sabían que allí no estaba Navarro[71].

Les mueve el deseo de matar, de provocar una reacción ciudadana que obligara a intervenir al Ejército, de generar una huelga general. De poner el país patas arriba.

La brigada de Francisco de Asís Pastor no ha tardado ni dos meses en detenerlos, gracias a Joaquín Navarro y al trabajo paciente de los funcionarios, que irán sumando y ordenando los datos que aportan los supervivientes en sucesivas declaraciones, los de los seguimientos y las escuchas. Los policías juegan con una baza inesperada a su favor: los asesinos han estado tan seguros de su impunidad que no han huido hasta última hora, cuando ya tenían a la policía casi encima de ellos.

Un mes después de los asesinatos, Francisco Lerdo de Tejada, el estudiante de veintidós años que cubrió a los presuntos asesinos de los abogados laboralistas en la calle de Atocha de Madrid, empieza a sentirse vigilado y se marcha primero a su finca de El Toboso y más tarde a Murcia. Allí protagoniza un incidente al terminar un mitin que pronuncia Blas Piñar en la ciudad. Fernando Lerdo amenaza con una pistola a varios asistentes al acto que no habían levantado el brazo mientras se cantaba el «Cara al sol». Según la agencia de noticias Cifra[72], la intervención de otras personas impide que el incidente tuviera mayores consecuencias. Aquel acto, según la misma agencia, estaba rodeado de fuerte vigilancia policial, pues se esperaba que Lerdo custodiara a Blas Piñar. Tras ser localizado, la policía le sigue hasta La Unión, donde es detenido.

Los agresores, después de cometer el atentado, han seguido haciendo vida normal en Madrid, puesto que las actividades terroristas de extrema derecha solían quedar impunes por entonces. Hasta que, alarmados por alguna información recibida en la que se aludía a la posible relación de este atentado con personas del sector del transporte, José Fernández Cerrá decide abandonar Madrid, dirigiéndose a Almería, adonde también acuden Carlos García Juliá y Gloria Herguedas. Gloria lleva una pistola en el bolso, a petición de su pareja. Cuando llegan a Almería, los tres son detenidos.

A la vez, en Madrid la policía detiene a Francisco Albaladejo Corredera, a quien desde un principio acusa de inducción al asesinato. El responsable del Sindicato del Transporte en Madrid reconoce que ha facilitado diversas cantidades de dinero a los tres miembros del grupo que participaron en el atentado, para que pudieran irse de la ciudad.

Antes del juicio y durante la instrucción el juez recibirá sendos informes a favor de Carlos García Juliá. Uno del párroco de la iglesia de San Ginés de Madrid, el segundo que escribe este párroco insistiendo en que Carlos García Juliá es un hombre muy religioso y que siempre ha cumplido con la ley de Dios «y de la patria».

El otro, de la unidad de paracaidistas donde García Juliá ha cumplido el servicio militar. Se trata asimismo de un informe favorable al detenido. Nadie de los ambientes donde se movía detectó una agresividad que pudiera convertirle en asesino.

También es detenido Leocadio Jiménez Caravaca. En su domicilio le es intervenida por la policía una pistola sin licencia ni guía. El detenido reconoce que vendió a Carlos García Juliá el arma que aquel había utilizado en el atentado de la calle de Atocha, cobrando por ella 14 000 pesetas.

Por otra parte, Leocadio Jiménez Caravaca será reconocido como la persona que, en las primeras horas de la madrugada del día 16 de noviembre de 1976, en la estación del metro de Oporto, hizo varios disparos de pistola contra dos jóvenes, hiriendo en la pierna izquierda a uno de ellos.

Por último, se registra el domicilio de Simón Ramón Fernández Palacios, que reconoce la participación de los jóvenes detenidos en el asalto al bufete de la calle de Atocha, y muestra a la policía varias armas cortas de fuego, sin licencia ni guía de pertenencia, que le fueron intervenidas.

La policía realiza trabajos para la recuperación de la pistola que usó José Fernández Cerrá en el atentado, un arma que, según sus declaraciones, le había entregado Carlos García Juliá, al que luego se la devolvió y que este dice haber arrojado al río Manzanares. Cuando se draga el río para recuperar el arma, la policía la encuentra junto a varias municiones en la zona cercana al paseo de la Florida.

LA COLABORACIÓN DEL PCE

El acuerdo entre el PCE y la policía ha funcionado.

Santiago Carrillo puede ver con satisfacción que eso ha sido así, y va a ayudar a que la Transición que está diseñando con Adolfo Suárez discurra en un clima exento de violencia. Él ha tenido que lidiar con un sector de su partido que veía factible retomar la lucha armada. No hay ninguna posibilidad real de ello, tan solo la ensoñación de algunos marginados del aparato. Carrillo tiene claro que solo un trabajo absolutamente dentro de la norma democrática permitirá a los comunistas trabajar hacia conseguir una cuota importante de poder en un país que va a ser sin duda una democracia occidental.

La aceptación por parte de El Tanque es importante para que el proceso se desarrolle sin grave oposición. El Tanque ha sido durante años el brazo armado del partido para impartir los castigos que la dirección ha impuesto, casi siempre en la frontera francesa, a los traidores. Carrillo sabe que El Tanque no va a hablar jamás. Ni de eso, ni de nada. Los juicios del Comité Central no se revisan.

Francisco Romero Marín morirá en 1998 sin contar nada referido a estos hechos. No era hombre de papeles, así que no dejó nada escrito, salvo en algunas rocas del Pirineo.

RETRATO DE LOS ASESINOS

Francisco Albaladejo es lo que se conoce en el mundo de la Falange como «camisa vieja», y ha hecho proselitismo con los más jóvenes desde hace meses. Son hijos de militares, de familias de ultraderecha, nostálgicos del franquismo y ahora admiradores de Blas Piñar, notario y líder de Fuerza Nueva, un partido fascista que se autoproclama legítimo heredero político de Franco y de José Antonio a la vez. Y junto a él está Leocadio Jiménez Caravaca, excombatiente de la Guerra Civil y de la División Azul. Cada tarde se reúnen en la cafetería Denver o el Nilo, en la calle San Bernardino esquina a Cristino Martos, donde está la sede del sindicato. Allí, ante unas copas de coñac barato, y cubatas en el caso de los chicos, escuchan los jóvenes a los veteranos. Denver es una cafetería típica de los años setenta, con mesas de formica y sillas de escay. En Madrid hay muchas con nombres americanos o coloniales: California, Alaska, Nebraska, Nilo, Manila… Puede que sea influencia de la llegada de los americanos a las bases de Torrejón y Rota. Allí se han reunido muchos días con ellos José Fernández Cerrá, su novia Gloria Herguedas, Carlos García Juliá y a veces Fernando Lerdo de Tejada. Allí van los jóvenes, a escuchar análisis patrióticos de lo que está sucediendo en España y el futuro que le espera al país con las reformas que va pergeñando el gobierno débil y traidor de Adolfo Suárez.

A Leocadio Jiménez Caravaca le admiran porque hace unos meses ha disparado a dos jóvenes comunistas en el andén del metro de Oporto. Estaban pegando unos carteles convocando el 20 de noviembre a un homenaje en el Valle de los Caídos, un homenaje a José Antonio y al Generalísimo Franco. Unos chicos con «aspecto comunista» se han acercado a quitar los carteles y Caravaca les ha disparado. «Es que no puedo con estos progres de melenas y barbas, es que los mataría a todos», dice. «Son los que quieren acabar con todo por lo que él y muchos otros han luchado». También les cuenta que hace unos meses ha ido con Simón y han asaltado un despacho laboralista en Usera y destrozado un centro cultural próximo. Dicen que han llevado porras de hierro cargadas con clavos y pistolas[73].

Los asesinos son chicos jóvenes, dos de familias de derechas, como aquellos a los que han asesinado. Pero no tienen estudios, solo una formación religiosa y fanática que les fascina, lo mismo que los uniformes, la camisa azul, «la mirada clara y lejos y la frente levantada», según la letra de un viejo himno falangista. Dicen por decir, porque les gustan canciones de falange que ni ellos mismos entienden: «Voy por rutas imperiales caminado hacia Dios» y otras de parecido jaez. Son permeables a una ideología que les habla de patria y en la que buscan su destino, que no saben muy bien dónde está.

Francisco Albaladejo y Leocadio Jiménez Caravaca, sin embargo, lo saben muy bien y van abriéndoles poco a poco el camino para el asesinato en nombre de una ideología que los jóvenes solo han visto en imagen y en himnos, en su estética. Y es que las ideologías imperiales suelen ser poco tangibles.

Carlos García Juliá, a quien se le ha disparado el arma mientras registraba el despacho y arrancaba los teléfonos, el de la capucha que le tapaba media cara, tiene veintidós años. Vive con sus padres. El padre es comandante de Artillería en activo. Tiene dos tíos generales. Son ocho hermanos.

Hizo el Servicio Militar a los diecisiete años como voluntario en paracaidismo, llegando a obtener la graduación de cabo.

En verano de 1976 fue tratado por un psiquiatra a causa de algunas alteraciones nerviosas que padecía y que remitieron fácilmente. García Juliá se afilió primero a Fuerza Nueva, luego a Falange Española y de las JONS. Dice que le gustan los uniformes y los correajes. Trabaja en una bodega, la Taberna de Baco, y está soltero. De profundas creencias religiosas, de misa diaria. Nunca ha mantenido relaciones sexuales hasta el momento de su detención. Eso dice el párroco de la iglesia San Ginés, próxima a su domicilio en Ópera. Y próxima a la Hermandad de Marineros, en la calle Mayor número 16. El cura escribe un informe a su favor destacando sus virtudes «relativas a la castidad».

García Juliá admite, según el informe, que fue el primero en hacer uso de su arma, al dispararse accidentalmente su pistola. A partir de ese momento, no refiere bien los hechos y sus recuerdos no son muy claros, reza el informe psiquiátrico que requiere el juez.

Ese informe señala que Carlos García Juliá está algo deprimido tras la detención, que es afectivamente estable aunque «no tiene bien integradas las figuras tutelares materna y paterna. El Súper-Yo es muy rígido, lo que condiciona que ocasionalmente inhiba alguna de sus tendencias y presente una gran resistencia pasiva frente al entorno»[74].

El presumible asesino argumenta que no sabe cómo disparó a sangre fría. Si bien reconoce, y así lo confirman los informes psiquiátricos, que puede hacer cualquier barbaridad si se trata, desde su punto de vista, de una «exigencia» ideológica. Insiste en que en ese momento siente desmoronarse a la España que a ellos les gusta. En que odia a los comunistas y en que ese lunes 24 de enero de 1977 sentía que debía hacer algo.

«Sus imperativos ideológicos adoptan un mecanismo de resistencia más que de actividad, como es frecuente en los idealistas apasionados pasivos, los fanáticos», dice el psiquiatra. Y Carlos García Juliá es un fanático ultraderechista, aunque nunca pensó que iba a convertirse en un asesino. Sin embargo, durante el interrogatorio policial reconoce que hizo al menos seis disparos con una pistola Star 9 milímetros parabellum que le había proporcionado Leocadio Jiménez Caravaca. Es decir, reconoce que fue al despacho de Atocha armado de una pistola cargada de munición.

Carlos García Juliá también es muy fuerte y educado en la disciplina militar y el amor a la patria: «Vale quien sirve, servir es un honor», canta de vez en cuando. Sabe un montón de canciones falangistas, la mayoría traducidas del cancionero nazi.

Y es muy conocido en los ambientes franquistas. A los dieciséis años salió en la portada de ABC como abanderado en un homenaje a Falange y a Franco en el Valle de los Caídos. En primer término estaba Blas Piñar, y él detrás, agarrado al mástil. Después, desde la OJE entró en Fuerza Nueva. La OJE (Organización Juvenil Española) ya no tiene existencia real fuera de algunos apartados presupuestarios que alguien sabrá aprovechar[75].

El día del último discurso de Franco en la plaza de Oriente, el 1 de octubre de 1975, salió por televisión. Estaban todos, Blas Piñar, Fernández Cuesta, Girón, los importantes. Carlos García Juliá presume de que es su guardia personal. ¡Qué honor poder estar cerca de ellos, aprender de ellos!

Y así lo ha hecho. Ha obedecido siempre, incluso cuando las órdenes no estuvieran muy claras. No importa: del contacto con los líderes ha aprendido bien qué es lo que de él se espera. De sus discursos, de sus sabias palabras, de sus denuncias a los traidores, de su coherencia, ha extraído Carlos el suficiente conocimiento del papel que ha de jugar en esta nueva guerra civil que se avecina, que ya se entabla. Los forenses también califican su comportamiento como resultado de una «exaltación ideológica casi rayando el fanatismo».

Una nueva cruzada. Lo dicen en la Hermandad de Marineros Voluntarios, a donde van a almorzar varias veces a la semana. Porque el menú es barato. Y sobre todo, porque allí acuden todos los que están decididos a sostener el régimen franquista a cualquier precio. Allí van militares y civiles que participaron en la contienda del 36. Y también jóvenes patriotas dispuestos a acabar con el comunismo en defensa del catolicismo. Y a recibir doctrina. Por el comedor pasan frecuentemente policías como Billy el Niño, o el ultraderechista Juan García Carrés; gentes del sindicato vertical, como Francisco Albaladejo, siempre con su segundo, Simón Fernández Palacios; o Leocadio Jiménez Caravaca, excombatiente de la División Azul y mutilado de guerra. Muchos llevan armas encima. Para fanfarronear. «Y por si acaso», dicen.

Cuando comen juntos siempre hablan de lo mismo, de exaltación a la España vencedora de la guerra, del odio al comunismo, al que responsabilizan del terrorismo etarra y del GRAPO, en connivencia, dicen, con el gobierno.

La Hermandad de Marineros Voluntarios, que muchos conocen como La Marina, forma parte de la Confederación Nacional de Excombatientes fundada en 1974 y presidida por el militar Jaime Milans del Bosch.

Allí, Carlos García Juliá, Gloria Herguedas y José Fernández Cerrá se impregnan de las tesis y el catecismo de los mayores: les escuchan decir que vuelven los perdedores de la Guerra Civil, los asesinos. Dicen que van a legalizar incluso al Partido Comunista. Llegará el caos, hay que luchar por salvar España. Y sobre todo, aunque eso no lo dicen los mayores fascistas a sus jóvenes cachorros, se les acabarán los privilegios, los sueldos e incentivos por su fidelidad al régimen de Franco. Los llamados «sobres» para completar el salario al final del mes que reparte puntualmente la señorita Pili, la secretaria de Albaladejo. Y otros privilegios, como las viviendas de protección oficial, o los colegios de los niños. Albaladejo no les dice que recibe un sobre cada mes con 45 000 pesetas o que Sánchez Palacios ha conseguido, gracias a su jefe, una vivienda casi gratis con derecho a compra. No les cuenta que el sindicato vertical emplea sistemas parecidos a los de la mafia: que los empresarios tienen que afiliarse obligatoriamente y pagar una cuota anual para los funcionarios, que cobran en esos sobres marrones para «gastos de representación».

Esto no se lo cuentan a los chicos en la Hermandad, pero más tarde, en el juicio, los responsables del sindicato vertical interrogados reconocerán el manejo de dineros sin justificar. Mientras, a los jóvenes ultras, sin empleo y mucha ideología, les hablan de paz y justicia, de su lucha contra el marxismo.

José Fernández Cerrá ha sido del Frente de Juventudes y también de la Guardia de Franco. Le gustan las armas y trapichea con Leocadio Jiménez Caravaca, que le vende alguna de vez en cuando. Se separó de su primera esposa porque la amenazó con una pistola y ella le denunció. Tiene un carácter violento, sobre todo cuando se habla de política. Eso dicen los informes psiquiátricos cuando es detenido[76]. Andaluz, de Almería, aunque haya venido de niño a Madrid, vive «amancebado», como se define en el Código Civil de 1977 ese tipo de relación, con Gloria Herguedas, que trabaja en unos laboratorios y que mantiene a su novio con su sueldo de 16 000 pesetas mensuales. Gloria Herguedas toma cubatas en vaso de tubo en el Denver con su pareja mientras los ideólogos Albaladejo y Jiménez Caravaca beben coñac o whisky. Durante los interrogatorios, Gloria reconoce que ha estado con Billy el Niño el día de la detención de Carrillo, y que su novio, Fernández Cerrá, ha ayudado a la policía en la represión. También dice que conoce a los guerrilleros de Cristo Rey Fernández Guaza y Ángel Sierra, asesinos de Arturo Ruiz. Pero cuando es detenida, acusada de encubrimiento, recibe una visita de Billy el Niño y, durante un careo que exige la acusación particular, Herguedas niega todo lo dicho anteriormente.

Los dos, José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, están ahora en Falange. Juliá ingresó hace tiempo, cuando dejó, a los veinticinco años, la Guardia de Franco. Carlos desde hace poco, porque meses antes había abandonado Fuerza Nueva por motivos personales. Y piensa que puede aprender mucho de Cerrá, hasta de su veteranía como militante.

Francisco Albaladejo es su jefe ideológico. Tiene cuarenta y ocho años. Pertenece al sindicato vertical desde el día 1 de diciembre del año 1948. Ahora es secretario provincial del Sindicato de Transporte. Milita en Falange desde el año 1945, es hijo de un fusilado en la zona republicana durante la Guerra Civil, y es muy aficionado a las armas de fuego. Suele decir que desde que va armado no tiene ningún problema con nadie. Muy a menudo acude al Club Nacional de Tiro, en Cantoblanco[77], del que es socio. Conoce a gente que llama «importante», como Luis González Gay y Antonio González Pacheco, con los que se sienta a veces en la Hermandad de Marineros. Cerrá le ha acompañado muchas veces en esos encuentros.

Por su parte, Carlos García Juliá conoce a Fernando Lerdo de Tejada desde hace cinco o seis años, de las convocatorias y los actos de Fuerza Nueva. El padre de Lerdo, militar, falleció hace unos años; la familia tiene fincas en Castilla-La Mancha, concretamente en El Toboso. Son amigos personales de Blas Piñar desde siempre, desde que este se instaló en Madrid como notario, en los años cincuenta. Cuando se casó su hermano Luis, el sábado 22 de enero de 1977, dos días antes de los asesinatos de Atocha, en una de esas fincas, Blas Piñar fue el padrino.

El informe psiquiátrico incluido en la instrucción describe su inmadurez y su admiración y temor por el padre muerto, al que quiere emular. Fernando Lerdo es un joven tímido que quiere hacer algo de lo que su madre se sienta orgullosa. Se llama Virginia Martínez y es colaboradora de Blas Piñar. Hay quien dice que es su secretaria, algo que desmiente el secretario general de Fuerza Nueva.

El informe añade que Fernando Lerdo es muy permeable a las doctrinas que puedan impartir los mayores, sobre todo ante una copa. Les admira y hará cualquier cosa que le pidan.

Por eso Fernando escucha atentamente las tertulias en las que Albaladejo les va explicando que el gobierno de Suárez quiere desmontar el sindicato vertical, que la Reforma Política es imparable si ellos no lo impiden. Hace apenas unos meses de la muerte del Generalísimo y ya todo se tambalea: huelgas incontroladas y piquetes de delincuentes que se dicen obreros. En el sector del transporte, precisamente, se está sufriendo una huelga promovida por esos marxistas que quieren volver a 1936. Mientras tanto, secuestran a Villaescusa, a Oriol: es la destrucción de la patria. Hay que luchar contra esto, cada uno desde el campo que le corresponda. Y la lucha, hoy, puede ser en respuesta a la provocación de los huelguistas del transporte, que no son más que parte de una infame campaña.

UN ESCARMIENTO POR DINERO

Albaladejo sigue y sigue con el mismo argumento. Hasta que un día —sería el 15 de enero—, les propone buscar a un tal Joaquín Navarro, comunista que realiza labores de agitación en la rama del transporte. Y les pide que le den un susto. Les facilita las señas de Navarro. Solo un susto. Pero les proporciona armas y munición, demasiado para un susto[78]. Ellos aceptan, luego dirán que solo por ideología. Pero a José Fernández Cerrá, su líder Francisco Albaladejo le va dando dinero.

Fernando Lerdo cuenta a la policía que el 24 de enero, sobre las ocho de la tarde, se citó con Carlos García Juliá en un bar cerca de Goya, y que Carlos le propuso que le acompañara a dar un susto a un tal Navarro. Le preguntó si tenía armas y él respondió que una pistola en su casa. García Juliá le acompañó a recogerla. Luego se dirigieron a la cafetería Nilo en la calle San Bernardino, donde se les unió Cerrá. Le explicaron lo de asustar a Navarro, que estaba interesado en ello alguien del Sindicato de Transportes y él lo asoció a Albaladejo. Le contaron que Navarro era un tipo que había trabajado en una empresa de transportes, que se había despedido a cambio de una indemnización y, actualmente, cobraba de CCOO o del PCE, y que era el principal agitador de la huelga.

Recuerda que llegaron a Atocha 55 y que la puerta estaba abierta. Se imaginaba que García Juliá y Cerrá iban armados, pero desconocía las características de las armas.

Él vestía chaquetón marrón con cuello de piel, García Juliá una especie de chubasquero color azul y Cerrá una trenca de color verde.

Al entrar en la finca, uno de ellos le indicó que se quedara en la puerta del piso, vigilando. Al darse cuenta de que en el bufete había mucha gente, decidieron subir a la buhardilla. Cuando ya no oyeron ruido bajaron de nuevo al tercero izquierda. No puede precisar cuál de los dos llamó a la puerta. Cerrá y García Juliá entraron esgrimiendo cada uno de ellos una pistola; él les seguía llevando su arma en el bolsillo del chaquetón, y empuñándola. Se quedó al lado de la puerta de entrada, en el vestíbulo del piso. Y cerró la puerta principal.

El informe policial completa el resto del suceso:

«Francisco Albaladejo Corredera afirma haber sido objeto de frecuentes amenazas, mediante escritos y llamadas telefónicas anónimas, que él atribuía a Joaquín Navarro Fernández, por lo que encargó a sus amigos José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá que tomaran represalias contra Joaquín Navarro Fernández, cuyo lugar donde podían localizarlo les facilitó.

»Con tales antecedentes, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada Martínez se presentaron el día 24 del pasado mes de enero a las 22.30 horas en el despacho laboralista sito en la calle de Atocha, número 55, tercero, donde esperaban encontrar a Joaquín Navarro Fernández.

»Los tres integrantes del grupo iban armados con sendas pistolas, si bien la del último de ellos carecía de munición. José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá fueron los que penetraron en el interior del despacho de abogados, mientras que Fernando Lerdo de Tejada se quedaba en la puerta del piso para proteger la retirada o en previsión de cualquier emergencia.

»El citado José Fernández Cerrá mantuvo encañonado al grupo de nueve personas, ocho de ellas abogados y el otro un empleado administrativo, mientras Carlos García Juliá recorría las otras habitaciones por si en ellas había más personas. En el interior de una de esas habitaciones a Carlos García Juliá se le disparó el arma que portaba, atravesándole la manga del anorak que llevaba puesto, aunque sin producirle herida alguna. Al regresar Carlos García Juliá al salón donde José Fernández Cerrá mantenía bajo vigilancia a las nueve personas, ambos asaltantes dispararon sus armas indiscriminadamente sobre el mencionado grupo de personas, con el resultado ya señalado. Fernando Lerdo de Tejada no efectuó disparo alguno, pues, como antes se indicó, la pistola que portaba carecía de munición para ello».

Una descripción de los hechos que se desprende de las declaraciones prestadas a la policía por los autores y detenidos[79].

Según la policía, a la detenida Gloria Herguedas Herrando se le interviene una pistola que le había dado Carlos García Juliá y que fue la que este utilizó en el asalto al despacho de la calle de Atocha, y, una vez cometido el hecho, fue entregada a Francisco Albaladejo Corredera. La policía le acusa de sustituir el cañón de dicha pistola por otro, con intención de evitar su identificación. El cañón que había sido sustituido será igualmente recuperado e intervenido en el despacho del propio Francisco Albaladejo Corredera.

En sus declaraciones, ninguno de los tres jóvenes pistoleros se arrepiente de haber asesinado a unos jóvenes abogados a los que no conocían.

LA INSTRUCCIÓN

La instrucción del caso Atocha, sumario 13/1977, le corresponde al Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. Su titular es el juez Rafael Gómez Chaparro, que pasará a la historia de la judicatura española como el magistrado que más daño ha hecho al Estado de Derecho en el comienzo de la Transición y quien más ha favorecido a los terroristas de la extrema derecha.

El 4 de enero de 1977 desaparece el Tribunal de Orden Público, el temido TOP, creado por Francisco Franco en 1963. Su misión era la represión de las conductas que, bajo ese régimen dictatorial, eran consideradas como delito político. Su sede era el palacio de Las Salesas en Madrid. Desde ese 4 de enero de 1977 el TOP se convierte en la Audiencia Nacional, donde van a juzgarse desde entonces los delitos penales, de narcotráfico y terrorismo, entre otros.

La Audiencia Nacional se compone de seis juzgados de instrucción, y uno de ellos es el número 1 que gobierna en 1977 Rafael Gómez Chaparro, un juez que viene del TOP y que, justo el día antes de la desaparición de este tribunal, cierra el caso Montejurra, que en 1976 procesaba a bandas paramilitares por el asesinato de dos carlistas durante la tradicional «javierada», la subida al Montejurra en honor del santo navarro Francisco Javier.

De nada valió el recurso del abogado de las víctimas, Martín Aguilera. El sumario quedó cerrado y, para justificarlo, Gómez Chaparro aludió a los intentos de la acusación de «politizar el caso que no ha lugar. Es una pelea entre carlistas», señaló.

Siendo juez del TOP, Gómez Chaparro conocía gran cantidad de procesos políticos. En una ocasión tomó declaración a los entonces reformistas del llamado Grupo Tácito, entre los que estaban el ministro Landelino Lavilla, Marcelino Oreja y José Luis Álvarez. El motivo de la investigación judicial era la publicación de un artículo del colectivo en el que criticaban algunos aspectos del régimen franquista. También tomó declaración a Santiago Carrillo cuando este fue detenido el 22 de diciembre de 1976.

Rafael Gómez Chaparro no es precisamente el juez instructor que los abogados de la acusación particular habrían elegido para el caso Atocha.

Los procuradores y abogados de la acusación particular se quejan constantemente de su actitud poco receptiva a sus peticiones. Está probado que el juez Gómez Chaparro persigue en la instrucción que el «caso Atocha» se convierta en un ajuste de cuentas entre Francisco Albaladejo y el comunista Joaquín Navarro. Lo primero que hace Gómez Chaparro es intentar que no declaren personas del sindicato vertical ni de la policía. Ni tampoco de Fuerza Nueva ni de los Guerrilleros de Cristo Rey. No quiere que se investigue la relación entre la policía, la extrema derecha y el sindicato.

Además, deja sin efecto la incomunicación entre los detenidos que aún no han declarado, y niega sistemáticamente las pruebas que solicitan los procuradores en nombre de las víctimas.

Dos largos años después de ocurridos los hechos, el sumario abierto a raíz de la matanza del despacho laboralista de la calle de Atocha sigue estancado, con múltiples suspensiones y aplazamientos de la práctica totalidad de las pruebas propuestas. El juez Gómez Chaparro acepta todas las artimañas de los abogados defensores para que no declare ningún personaje de la ultraderecha. Y a la vez, rechaza siempre las protestas o propuestas de los abogados de la acusación particular.

No admite, por ejemplo, la declaración como testigos de Pedro Rodrigo y Luis Fernández Villamea, destacados miembros de Fuerza Nueva, y del ultraderechista Ricardo Manteca: «Dicha declaración debió ser suspendida porque el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que instruye el sumario, no notificó la práctica de la citada diligencia a todos los abogados de la acusación particular. La declaración ha sido aplazada al próximo día 27 de marzo»[80].

La testificación aplazada al día 27 de marzo de 1979 reanuda las declaraciones de destacados líderes ultraderechistas suspendidas en septiembre, como consecuencia de la protesta elevada por la acusación particular al juez instructor, por consentir este la presencia en aquellas de los defensores de los procesados en el sumario, que en ese momento están encerrados en la prisión de Ciudad Real. Gómez Chaparro permite constantemente que los testigos y los acusados se vean previamente a las declaraciones ante el juez.

Por fin, ya en 1979, dos años después del quíntuple asesinato y de la instrucción del caso, declaran Nemesio Fernández-Cuesta, líder de Falange Española de las JONS, y Juan García Carrés, antiguo dirigente del sindicalismo vertical, quienes habían sido interrogados sobre sus presuntas relaciones con los procesados.

La acusación particular insiste en su comparecencia porque intenta relacionar los asesinatos de Atocha con las muertes de Arturo Ruiz y María Luz Nájera, en sendas manifestaciones pro amnistía celebradas los días 23 y 24 de enero de 1977. Tratan de demostrar que es una conjura, una semana negra contra los intentos de la reforma política emprendida por el presidente Suárez, y una conspiración sangrienta contra la previsible legalización del PCE[81].

El proceso, mientras tanto, va adelante, lentamente, a trompicones. La prensa del momento señala que hay hechos insólitos, como que el juez instructor permite por primera vez en la historia que los abogados defensores estén delante de los acusados durante los interrogatorios; o que el letrado José María Mohedano hace constar su protesta ante el hecho de que los testigos puedan conversar antes de las declaraciones ante el juez. Así como otros elementos inéditos que llevan al letrado a elevar protestas, como que el señor González Pacheco, alias Billy el Niño, haya sido conducido a una de las dependencias del juzgado en donde se encontraban Fernández Cuesta y el falangista Juan García Carrés, hijo del presidente del Sindicato del Transporte García Ribes[82]. Los testigos de la defensa han conversado durante algunos minutos, y el juez manifiesta que de ahora en adelante se tomará en cuenta lo dicho, aunque añade que García Carrés había mostrado su deseo de saludar a Fernández Cuesta antes de marcharse y él no tuvo inconveniente. El resto de los abogados de la acusación particular protestan como Mohedano, recordando al juez que la necesidad de incomunicación entre los testigos es un precepto obligatorio.

Pero lo más grave es que el 20 de abril de 1979, en plena instrucción, el juez Rafael Gómez Chaparro concede un permiso de cuarenta y ocho horas al acusado Fernando Lerdo de Tejada. Ha sido Blas Piñar quien ha convencido al juez para el permiso y Lerdo de Tejada sale de la cárcel para no volver. Será la gota que colme el vaso. Los abogados de la acusación particular acuden en tromba a denunciarlo y por fin, el 5 de mayo de 1979, Rafael Gómez Chaparro abandona la Audiencia Nacional.

Le sustituye en la Instrucción el juez Alfonso Barcala Trillo.

Mientras tanto, la Audiencia investiga si el Juez Chaparro ha incurrido en prevaricación y ocultación de pruebas. Él, por su parte, solicita por iniciativa propia el destino en un juzgado de lo civil.

Desde ese momento la instrucción se agiliza. El juez Barcala admite que acudan a declarar aquellos testigos que había negado Gómez Chaparro: Blas Piñar, Mariano Sánchez Covisa y el policía Antonio Fernández Pacheco. Y también el ultraderechista Ángel Sierra, a quien los abogados de la acusación quieren interrogar para demostrar que la matanza de Atocha forma parte de una trama macabra que pretende frenar la reforma democrática. Nunca podrán demostrarlo, aunque a todos les consta.

EL JUICIO

El 18 de febrero de 1980, después de tres años de instrucción, comienza en Madrid el juicio oral por el asalto a mano armada del despacho laboralista de la calle Atocha 55, piso tercero izquierda. Así aparece en el sumario instruido con el número 13/1977.

El proceso se celebra en la Audiencia Nacional, en la Sección Primera de lo Penal. Preside el tribunal Gonzalo de la Concha y Pellico, y actúan como magistrados Luis Antonio Burón Barba, Juan García-Murga Vázquez, Juan Manuel Orbe Fernández Losada y Siro Francisco García Pérez.

Se sientan en el banquillo como presuntos culpables y autores materiales del crimen José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, y un tercero en busca y captura: Fernando Lerdo de Tejada.

Como presunto inductor se juzga al secretario provincial del Sindicato Vertical del Transporte Francisco Albaladejo Corredera, y como colaboradores necesarios y aprovisionadores y depositarios de las armas que se utilizan para los asesinatos a Simón Fernández Palacios, Gloria Herguedas y Leocadio Jiménez Caravaca.

Actúan como abogados de la defensa, de Francisco Albaladejo, Pedro Martín Fernández; de Gloria Herguedas y de Leocadio Jiménez Caravaca, Gerardo Quintana Aparicio, abogado exclusivamente de clientes de extrema derecha; Carlos García Juliá será defendido por José Fernando Amián, y José Luis Rodríguez Navarro va a representar al huido Fernando Lerdo de Tejada. Este abogado aparecerá muerto en 1982. La policía determinará suicidio. Es asimismo un defensor exclusivamente de los ultras.

Finalmente, Rafael González Frías se encarga de la defensa de Carlos Fernández Cerrá. Su actuación es tan lacónica que en una ocasión el presidente del tribunal le dice con sorna: «Como siga así va a condenar a su defendido».

Varios años más tarde, Cristina Almeida recordará el carácter casi ridículo de los abogados de la defensa: «El juicio hubiera sido una pantomima. Eran unos abogados tan payasos, decían cada cosa… Uno era un abogado de putas. Pedimos la suspensión y que les pusieran unos buenos penalistas, pero no lo permitieron, querían a sus abogados y aunque entendimos que no estaban a la altura, ellos querían a gente de su ideología»[83].

Por su parte, la acusación particular elige a sus abogados de una manera natural, como les gusta recordar a los letrados que así ejercieron. La organizan democráticamente los abogados penalistas de Españoleto, despacho hermano de Atocha 55.

Aunque hay dos excepciones: José Bono, que será nombrado por la familia de Luis Javier Benavides porque es íntimo amigo de su hermano Pablo, y como él pertenece al Partido Socialista Popular; y la designación de José María Stampa Braun, que corre a cargo del Colegio de Abogados a iniciativa de Antonio Pedrol Rius.

Cristina Almeida representa a Alejandro Ruiz Huerta, a Sebastián Holgado Flores, en nombre de su hermano muerto, y a Luis Ramos Pardo.

José María Mohedano se encarga de la acusación particular en nombre de Dolores González Ruiz.

Antonio Rato lo hace en nombre de Miguel Sarabia Gil y José Luis Núñez en nombre del fallecido Ángel Rodríguez Leal. Y Jaime Sartorius la ejerce en representación de Teresa Villar, viuda de Enrique Valdelvira.

Finalmente, Jaime Miralles se hace cargo de la acusación en nombre de la familia Sauquillo y Pérez del Arco. No es comunista, sino monárquico, pero demuestra una lealtad tan grande al Derecho que los Sauquillo no dudan en pedirle su representación.

El juicio será otra prueba por la que deben pasar los supervivientes. Cada día, al entrar y salir de la Audiencia, deben escuchar insultos y amenazas de gentes de la extrema derecha que son convocadas quizá por un tal Ángel Mazarrasa y por Mariano Sánchez Covisa. Falangistas vestidos de azul, con correajes y el yugo y las flechas en el bolsillo de la camisa arremangada, reciben cada mañana a los supervivientes con gritos fascistas y el «Cara al sol». Las víctimas que han sobrevivido y sus familiares han de soportar cada día estos gritos e insultos[84].

CONDENA

Pero esta situación incómoda no se alarga mucho. A finales de febrero de 1980 concluye el juicio oral por el asesinato de los cinco laboralistas de Atocha 55. La sentencia lleva el número 17 y fecha del 29 de febrero de 1980.

El sumario 13 de 1977, abierto para juzgar a los causantes de la matanza, consta de más de 2500 folios mecanografiados. Si a ello se añaden los meses que dura la instrucción del sumario y otra serie de documentos que tuvieron que añadirse, el suceso que conmovió a España en 1977 contiene un esfuerzo policial y jurídico que sobrecoge.

Aunque nunca dan muestras de arrepentimiento, los asesinos reconocen su culpabilidad. «La muerte en la mirada», que describía el superviviente Luis Ramos a la policía, sigue en la sala. Cierto público ofrece un espectáculo bochornoso insistiendo en llamar cerdos a los muertos. La policía deja entrar a provocadores que alientan a los acusados como héroes, y a sus defensores, porque cuestionan el término «sangre fría», a pesar de las pruebas periciales de balística y de la forma en que se produjeron los disparos. Y a pesar de que fueron rematando uno a uno con un disparo en la cabeza y por la espalda, y de que «aquella sensación de indefensión que crearon en nosotros todavía se percibía en el juicio, como una heroicidad de los agresores».

Alejandro Ruiz Huerta, uno de los supervivientes y autor del libro La memoria incómoda, recuerda que no hubo manifestaciones ni algaradas cuando los asesinos fueron detenidos. Sin embargo, durante los once días que duró el juicio no dejaron de aparecer manifestantes ultraderechistas por la Audiencia Nacional. Como si cuando ocurrieron los hechos hubieran pensado que iban a quedar impunes y ahora vieran que eran juzgados por asesinato y por terrorismo. Si la pena de muerte no se hubiera abolido, «tampoco la habríamos pedido porque somos contrarios a ese castigo atroz», dirían todos los abogados de la acusación particular en las conclusiones. «Y sería comparar la vida de nuestros compañeros asesinados con la vida de estos delincuentes. No son comparables, y ellos, los muertos, eran contrarios a un derecho penal regresivo y retrógrado. Eran contrarios a la pena de muerte»[85].

La pena máxima de cárcel se aplica a José Fernández Cerrá y a Carlos García Juliá. Se les sentencia a treinta años de reclusión mayor por cada uno de los cinco asesinatos consumados, y a veinte años de reclusión menor por cada uno de los asesinatos frustrados. Y se añaden nueve años de prisión mayor por tenencia ilícita de armas.

El inductor al crimen, Francisco Albaladejo Corredera, es sentenciado a doce años de reclusión mayor por tenencia ilícita de armas.

Los cómplices del crimen por aprovisionamiento de armas como Leocadio Jiménez Caravaca son condenados a doce años de prisión mayor y a veinte de prisión menor por la complicidad en cinco delitos de asesinato y cuatro delitos de asesinato en grado de frustración.

Más adelante, Jiménez Caravaca se beneficiará de la última amnistía contra la que había luchado tanto.

Gloria Herguedas es condenada a cinco penas de seis años y un día de prisión mayor por encubrimiento y cuatro penas de seis meses y un día de prisión menor. Y seis años y un día por tenencia ilícita de armas. Por su parte, Simón Sánchez Palacios había muerto antes de celebrarse el juicio.

Asimismo, la sala estima que los condenados deben indemnizar a las víctimas con cantidades de 10 000 pesetas a los familiares de los muertos y de 1000 a 5000 pesetas a los supervivientes. Y al Colegio de Abogados se le indemnizará con 1500 pesetas.

El tribunal cierra el caso el 22 de febrero de 1980.

Los abogados de la acusación quedan satisfechos en aquel momento porque el tribunal ha tenido un comportamiento impecable, y porque es la primera vez que se juzga y condena en España un crimen de la extrema derecha. Por primera vez en España los culpables fascistas son tachados de asesinos.

El penalista Antonio Rato, en representación del superviviente Miguel Sarabia, describe en su informe que este asesinato es, según el código de 1918 entonces vigente, por su perversidad moral, el más grave e imperdonable que existe «y si se piensa que porque no hay motivación no hay dolo se yerra gravemente, pues lejos de desaparecer se agrava y se acentúa porque ya no es el dolo contra una persona concreta con nombres y apellidos, sino el dolo contra cualquiera».

Los ocho abogados de la acusación particular coinciden en señalar a Francisco Albaladejo como inductor de los asesinatos por razones ideológicas. Francisco Albaladejo es el líder al que todos los fanáticos obedecen hasta llegar al asesinato de unos desconocidos, sean quienes sean.

Todos lamentan no poder llegar a más en la acusación de determinados mandos policiales y civiles, que con sus arengas contra la reforma política matan o mandan matar. La connivencia con determinados poderes fácticos y ciertas organizaciones parapoliciales e incluso policiales ha facilitado los asesinatos. Pero hasta ahí llegan, por impedimentos procesales o por determinadas cortapisas de los magistrados en cualquier momento de la instrucción. Y porque no hay pruebas concluyentes. Solo constancia.

José Bono, representante de la familia Benavides, reitera que jamás pediría la pena de muerte por asesinato ni terrorismo por razones ideológicas y morales. Pero también denuncia que durante los tres años de instrucción se ha impedido sentar en el banquillo a personas que han acudido simplemente como testigos, valiéndose de mentiras y falsas coartadas que los jueces han admitido. José Bono dice estas palabras dirigiendo la mirada al líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, a Mariano Sánchez Covisa, confidente de la policía y jefe de los Guerrilleros de Cristo Rey, y al policía José Antonio Fernández Pacheco, alias Billy el Niño.

José María Mohedano cree que ha sido una instrucción muy lenta porque la acusación particular pretendía llegar lo más lejos posible a los orígenes, para esclarecer de dónde había partido la idea de este atentado. No lo consiguen del todo, porque todas las indagaciones, la solicitud de investigaciones y de declaraciones, han sido sistemáticamente rechazadas por el juez Gómez Chaparro.

Los abogados llegan hasta donde pueden, hasta donde les dejan. Pero en la sala a todos les consta que la matanza de Atocha forma parte de una ofensiva ultra para frenar la Transición. Y que ha sido una trama civil y policial, alentada por colectivos mediáticos y de cierto poder en la sombra cuyo objetivo era provocar un golpe de Estado en España.

Por su parte, José Bono expresa en ese momento que «hemos soportado con dolor las insinuaciones dolorosas y crueles hechas a nuestros compañeros asesinados. Hemos visto presentar pruebas a la defensa que les perjudicaba. Otras veces hemos sentido dolor cuando se trataba a las víctimas supervivientes como si fuesen los acusados. Es decir, los defensores me han sorprendido y aún no acabo de explicarme la razón de sus sinrazones»[86].

Los nueve abogados coinciden además en que no experimentan la victoria en el juicio por la condena a los acusados. Porque todos lo sienten perdido de antemano, por sus compañeros y amigos asesinados.

El también letrado acusador José Luis Núñez Casal recordará que «las pruebas con respecto a la munición no fueron facilitadas por el instructor. Cómo consiguieron las armas es el hilo que no se pudo desbrozar. Por eso no se pudieron demostrar responsabilidades políticas, que les consta las hubo»[87]. Tampoco se aceptaron pruebas balísticas que les permitieran demostrar si los acusados tuvieron algo que ver con las tramas fascistas italianas que andaban por Madrid.

Cristina Almeida no olvidará jamás el juicio y cree que es difícil quedar satisfecha, pues con todo, para los cinco compañeros muertos y los cuatro gravemente heridos era imposible cualquier tipo de reparación. «Existía entonces la pena de muerte, pero siempre dije que no la pediría, pues soy contraria». Los abogados de la acusación logran obtener las máximas penas a los autores directos y a los dirigentes, pero no a los que estaban en la trama como Blas Piñar, García Carrés y otros.

Según Almeida, la policía no se molestó demasiado en continuar con las investigaciones, y solo se cumplió con el expediente porque «fue tan escandaloso todo que la sociedad exigía que se descubriera a los asesinos, pero no desenmascararon a la trama ultraderechista»[88].

«Pero recuerdo una cosa muy bonita —escribirá más tarde Manuela Carmena—, y es que cuando abrimos de nuevo el despacho, después de limpiarlo, los obreros de Comisiones toman una decisión consistente en que nos van a proteger. Como nadie se fía de la policía, por lo menos durante cuatro o cinco meses nosotros tuvimos un cordón de obreros que iba del despacho a la calle. Esto fue impresionante. No dejaron de hacerlo. Y recuerdo que hice muchísima amistad con una taquillera de metro cuya tarea era proteger a los abogados. Y estuvimos así con una cuerda de arriba abajo, porque no nos fiábamos de la policía. Estaba claro que la policía estaba metida en el ajo, un sector de la policía, Billy el Niño y González Gay».

Las víctimas nunca intentaron defenderse. Nunca pensaron que los iban a matar, sino que se trataba simplemente de un susto. Luis Ramos dijo que si lo hubieran sospechado se habrían abalanzado sobre los asesinos. Nueve inocentes contra dos pistoleros armados.

Los asesinos dirían después que estaban tranquilos porque sabían que las víctimas no podían pedir auxilio, al ser una reunión clandestina, y porque la policía era su enemigo. Añadieron que cortaron los teléfonos para que no llamaran a otros camaradas comunistas, solo por eso. De esta forma, los criminales se sentían impunes.

EPÍLOGO

Treinta y ocho años después de la matanza, en la plaza de Antón Martín, muy cerca de Atocha 55, una escultura en bronce del pintor valenciano Juan Genovés recuerda a los jóvenes abogados laboralistas asesinados. Se llama El abrazo. El lugar es simbólico: a unos metros está la casa donde ocurrió todo. Cerca, la calle donde vivió y murió Miguel de Cervantes, donde se fraguó el motín del pueblo madrileño contra Esquilache. El barrio ahora se hace llamar «de las letras». Un homenaje auténtico al Madrid por el que se movían Cervantes, Quevedo o Lope. Y un nombre turístico que pretende darle a la ciudad algo más de lo que tiene para reclamar visitas.

Ya no huele a calamares fritos, a los bocatas que comían atragantándose los abogados, sino a fideos chinos y a kebabs turcos o griegos, o vaya usted a saber a qué.

Esos portales de pisos donde la lucha por las libertades dejó de ser clandestina, están llenos de anuncios de empresas que depilan, hacen manicuras permanentes o dan comida muy barata. Eso pasa en todas las ciudades del mundo. Los portales de Atocha 55 y 49 están cerrados y todo parece indicar que van a ser rehabilitados. Allí no vive ni trabaja nadie.

El monumento se basa en otra obra simbólica de Genovés, el cuadro que todos los antifranquistas conocían como Amnistía y más tarde pasó a llamarse El abrazo. Su historia es la de una época turbulenta de España. Amnistía pretendía ser el símbolo de la reconciliación nacional a través de un proceso que el PCE quería e imaginaba pacífico y que luego se conocería como la Transición. Así lo aceptaron todos los que apoyaban la reforma en general. Del cuadro se hizo un cartel del que se imprimieron 25 000 ejemplares antes de 1973. La policía destruyó los que pudo. Su autor pasó una semana en una celda de la Dirección General de Seguridad.

El cartel prohibido aparecía colgado en cualquier centro antifranquista. En Atocha 55 había uno en la sala de reuniones. Se manchó de sangre de los abogados.

Por ello se levantó el monumento con el motivo del cartel de Genovés.

La idea de convertir el cuadro en escultura como homenaje a los abogados surgió de Comisiones Obreras. Enroló en la operación al Ayuntamiento de Madrid y se levantó en 2003.

Ya en 2015, treinta y ocho años después de la matanza, al homenaje anual a los fallecidos en el atentado, no acude Lola. Lola González Ruiz, la que era mujer de Javier Sauquillo. Nadie sabe por qué, aunque su carácter depresivo permite aventurar cualquier hipótesis. El último compañero de Lola padece un cáncer terminal que por supuesto agudiza la situación de ella. El 17 de enero aparecen los cuerpos en su domicilio de Madrid. La pareja no quiso asistencia médica de última hora. Nunca sabremos cómo fue su muerte.

Meses después, el 10 de abril, los abogados celebran un homenaje en su honor en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Entre los que intervienen hay que destacar las palabras de Margot Ruano, su íntima amiga y hermana de aquel primer novio asesinado[89].

El día del homenaje, Cristina Almeida revela que el asesino Fernández Cerrá había estudiado Derecho en la cárcel y que nada más salir de la prisión había llamado a Lola González para decirle que ya eran colegas y que se verían en los tribunales.

Solo hay un superviviente entre los asistentes. Se trata de Alejandro Ruiz Huerta, que, como todos los años, se acerca para rendir un homenaje a los compañeros que no le quisieron llevar con ellos. Alejandro es admirable.

También están los abogados que han sobrevivido al paso de los años. Están Cristina Almeida, Manuela Carmena, José María Mohedano, José Luis Núñez o Jaime Sartorius. Los abogados que consiguieron que el juicio fuera algo ejemplar. No permitieron que la extrema derecha lograra su propósito de hacer naufragar el proceso con provocaciones continuas.

Aunque los abogados de la acusación particular no lograron su principal propósito político, que consistía en demostrar la existencia de una trama consolidada de extrema derecha que quería dar un golpe de mano que provocara a su vez un golpe de Estado contra el gobierno de Adolfo Suárez. Sí había, y eso sí lo demostraron, un magma de extrema derecha que deseaba tal cosa, pero no que fuera una estructura organizada, capaz de imponerse al aparato de seguridad del Estado que controlaba Juan José Rosón.

El juicio fue también una victoria clara del PCE, que dio al proceso iniciado por Suárez un impulso decisivo con su actitud constructiva y su aceptación ejemplar de las reglas de la democracia. El PCE se convirtió durante unas semanas en la fuerza política clave para asentar ese proceso transitorio de la dictadura a la democracia.

La matanza y el posterior juicio marcaron de forma determinante el ritmo y las etapas del proceso que Suárez tenía entre sus manos. La legalización del PCE, que fue la piedra de toque que estableció la sumisión del poder militar al poder civil, se fraguó en la calle, en Madrid, en aquellos días. En Atocha, los fascistas quisieron matar la Transición, aunque no sabían que eso se estaba produciendo. Los comunistas, los militantes de Comisiones Obreras, todos los demócratas que luchaban en la calle detrás de muchas siglas distintas, sí sabían que lo hacían por la democracia.

Los abogados de Atocha desde luego que lo sabían. Y sabían que eso significaba asumir riesgos.

Estos abogados tuvieron un intenso debate a partir de la legalización del PCE y de los sindicatos en la primavera de 1977. Sufrieron una transformación sobre su nueva situación legal cuando Comisiones Obreras decidió que los despachos de abogados tenían que disolverse y pasar a ser asalariados del sindicato comunista. Lo mismo que las asociaciones de vecinos. Ninguna organización era necesaria si no había lucha. El partido y comisiones creían entonces que podían valerse por sí mismos.

«Eso fue un drama, y para mí una de las grandes equivocaciones del partido, porque se liquidó en año y pico una organización de despachos con ciento veinte abogados y con una fuerza impresionante. Nadie, nadie de la gente de los abogados volvió a estar inmerso en nada, se desmontó todo. La gente se quedó tocadísima, yo recuerdo que la gente se metía mucho con nosotros: sois unos picos de oro y tal… Hasta ese momento había sido genial que fuéramos unos picos de oro porque resolvíamos una cantidad de problemas al personal, y llegó un momento en que empezamos a decir: pero bueno, ¿por qué? Ya te digo, así hubo discusiones encarnizadísimas y la lucha obrera, vecinal y jurídica pasó a depender del “aparato” del partido y del sindicato. Y poco después (se pasó) a las expulsiones de militantes, a la división del PCE y la llegada de Izquierda Unida. Y a un sindicato de clase unido a otro, UGT, en los que desaparece el debate asambleario y los elegidos en elecciones se liberan de sus profesiones y cobran un sueldo de sus empresas»[90].

Casi todos los abogados dejaron Comisiones Obreras y siguieron trabajando en despachos independientes.

Pero hoy, todos siguen haciendo trabajos sociales. José María Mohedano fue diputado del PSOE y ahora se dedica a asuntos jurídicos relacionados con el medio ambiente. Paca Sauquillo, también exdiputada, trabaja en El Pozo del Tío Raimundo en la Organización por la Paz, el Desarme y la Libertad. Cristina Almeida tiene despacho y atiende temas feministas y penales. Fue expulsada primero del Partido Comunista, de Izquierda Unida después y del PSOE más tarde. Manuela Carmena llegó a ser juez y miembro del Consejo General del Poder Judicial. Entre otras muchas cosas, regenta una tienda con la viuda de Nacho Montejo, Gloria Bombín, en Malasaña. Allí venden ropa para niños confeccionada por presos. En la actualidad también regenta una alcaldía, la de Madrid.

Antonio Rato, José Luis Núñez y José Bono viven casi jubilados, aunque tienen abiertos sus despachos.

Los protagonistas de esta historia tuvieron muy difícil la recuperación tras unos años intensos de trabajo jurídico, unos, y de recuperación de una vida normal, otros. Que no fue tan normal.

Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, herido en una pierna, tardó muchos años en encontrarse a sí mismo. Primero se sentía culpable de no haber muerto con los demás; luego intentó hacer vida común con los supervivientes y sus familias y eso duró muy poco. No les unía nada más que la ausencia y el dolor. Poco a poco se fueron distanciando. Hoy, Alejandro es profesor de la Cátedra de Derecho Constitucional en Córdoba, vive en pareja, escribe, oye música y hace deporte. Es presidente de honor de la Fundación Abogados de Atocha, que cada año rinde homenaje a los muertos y entrega un premio honorífico a personas o grupos destacados en la defensa de valores y derechos humanos.

Dolores González Ruiz no superó los golpes que le dio la vida en su juventud, como el asesinato de su novio Enrique Ruano por la Policía en 1969, en la comisaría de la calle de la Luna, mientras a ella la torturaban. La joven resistió hasta suponer que los camaradas a los que buscaban se habían escondido. Ocho años después, los ultraderechistas del transporte mataron a su marido Francisco Javier Sauquillo. Y ella sobrevivió con una cicatriz de la bala que le destrozó la mandíbula.

Dolores trabajó unos años en el Tribunal Económico Administrativo. Perteneció a la Fundación de Atocha, pero tuvo escasa relación con el movimiento y pasaba largas temporadas en Santander. Era reacia a las entrevistas y si se le preguntaba pedía que se la dejase tranquila, puesto que había vivido «muchos años de médicos, de quererse morir. De no estar, de no querer estar en ninguna parte». Finalmente lo consiguió en enero de 2015.

Luis Ramos Pardo estuvo novecientos días recuperándose de las heridas en el abdomen y de la hepatitis que padeció como consecuencia de las transfusiones recibidas. Intentó sin éxito seguir trabajando como abogado de barrio y acudía a todos los homenajes a sus compañeros muertos. Murió en 2005.

Miguel Sarabia también volvió al trabajo y se prestaba a cualquier entrevista que se le hiciera. Era muy querido en su ambiente y especialmente en el colegio de los Escolapios en la calle Toledo, donde daba clase y donde cada año recibía un homenaje. Murió en 2007.

Las familias de las víctimas quedaron destrozadas para siempre y es muy difícil escuchar de sus labios algún testimonio.

Los abogados Jaime Miralles, José María Stampa Braun y Antonio Pedrol Rius murieron hace tiempo, como Adolfo Suárez, Manuel Gutiérrez Mellado y Juan José Rosón.

Tampoco están Santiago Carrillo ni Simón Sánchez Montero.

También han muerto el presidente del Consejo de Justicia Militar, el teniente General Villaescusa, en 2002, y antes, en 1996, el presidente del Consejo de Estado Antonio María de Oriol y Urquijo, ministro de Justicia de Franco y relacionado de alguna manera con los sucesos de Montejurra. Secuestrados por los GRAPO, uno en diciembre de 1976 y otro el mismo 24 de enero, fueron custodiados por el periodista Pio Moa y liberados el 11 de febrero del 77 por Roberto Conesa y Billy el Niño.

Por este hecho policial el entonces ministro de la Gobernación condecoró, por orden del Consejo de Ministros, a Roberto Conesa y su Brigada Político Social.

El líder de los GRAPO y hoy revisionista de la Historia, Pío Moa, escribió la obra Los orígenes de la Guerra Civil, que publicó en la editorial Encuentros, de la familia Oriol.

Y también han muerto Blas Piñar, Camilo Menéndez, Roberto Conesa y Mariano Sánchez Covisa. Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, trabaja en empresas de seguridad y está a la espera de que el gobierno acceda a su extradición a Argentina, para responder por los crímenes contra la humanidad que cometió durante la dictadura.

Joaquín Navarro, la excusa que utilizaron los asesinos para desencadenar la tragedia, vive su jubilación tranquilamente en Valencia. Sigue muy relacionado con Comisiones Obreras de esa región y vive día a día los avatares que sufre la organización por la que estuvo decidido a dar su vida.

Luis Pérez Lara, el organizador del entierro de los abogados que aceleró la legalización del PCE, vive en San Sebastián de los Reyes y forma parte del grupo de teatro de aficionados Blas de Otero.

En cuanto a los culpables, Fernando Lerdo de Tejada nunca fue juzgado ni volvió a la cárcel. En febrero de 1997 el crimen prescribió. Pero nadie volvió a verlo por Madrid.

Desde Madrid partió hacia Francia en coche. Se sabe que en Perpiñán le proporcionaron dinero, documentación falsa y un billete hacia Sudamérica. Parece que vivió unos años en Chile, donde entonces gobernaba Augusto Pinochet.

Antes, en Francia, cuatro días después de su fuga en abril de 1979, fue entrevistado por el periodista de Blanco y Negro y policía honorario Alfredo Semprún. Interrogado por la policía tras la publicación de la entrevista, Alfredo Semprún sostuvo que el encuentro fue casual. Que el joven estaba arrepentido de la fuga pero que la ultraderecha, en concreto el asesino de Arturo Ruiz, Jorge Cesarsky, le animaba a hacerlo porque le decía que su vida corría peligro. La entrevista fue condenada por apología del terrorismo. Fernando Lerdo de Tejada le contó a Semprún que él no disparó, pero que no se arrepentía de nada, solo de la fuga por «haber puesto en apuros al juez Gómez Chaparro».

Presumiblemente, Lerdo de Tejada pasó varios años residiendo en Chile y, en la actualidad, fuentes cercanas a la familia lo sitúan en Brasil. Hoy podría haber regresado a España.

Pero nadie ha sido capaz de dar cuenta de su paradero. Ni siquiera en El Toboso (Toledo), donde residen por temporadas su madre y sus hermanos. Al preguntar por él, muchos vecinos cuelgan el teléfono directamente. Otros responden con reservas: «Nunca más volvió aquí», afirma una amiga de la madre de Lerdo de Tejada, que prefiere mantener el anonimato. «Si le preguntas por él, nunca dice dónde está. Sabemos poco de él, pero bueno, es lo que me contesta siempre», añade. Tampoco en Fuerza Nueva se supo nunca más de sus andanzas. Durante la entrevista concedida a Alfredo Semprún, Lerdo reconoce que intentaba ver a Blas Piñar cuando el líder de Fuerza Nueva viajaba a Francia y que este se negaba. Su abogado, José Luis Rodríguez, se suicidó en 1980. Este letrado era famoso por defender a los asesinos ultras, como los que mataron a la joven Yolanda González el mismo año del juicio: Emilio Hellín e Ignacio Abad.

José Fernández Cerrá cumplió quince años de condena en la prisión de Herrera de La Mancha. Salió en libertad condicional y se casó con María Ángeles García Panadero, a quien había conocido en prisión porque era prima de su compañero de celda Ángel Panadero, convicto como él de un asesinato ultraderechista. El 6 de octubre de 1977, Panadero asesinó al joven Miguel Grau en Alicante, cuando la víctima pegaba carteles convocando a festejar el Día del País Valenciano. Tras la boda con María Ángeles, Fernández Cerrá consiguió el tercer grado y se trasladó a vivir a La Goleta, en Alicante, donde su familia política le dio trabajo en una gasolinera. Hace unos años se le relacionaba con una empresa de seguridad.

Carlos García Juliá, condenado como los anteriores culpables a ciento noventa y cuatro años de prisión, aprovechó quince años después la libertad condicional y convenció a un juez penitenciario español para que le dejase vivir en Paraguay «una vida honrada en libertad». Cuando García Juliá salió de España le faltaban por cumplir 3855 días de prisión, según explicó entonces el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo. Su libertad condicional se mantuvo en secreto, se forzaron los beneficios penitenciarios y se le autorizó a residir en un país extranjero. En 1999, un anónimo cuenta a la revista Interviú que Carlos García Juliá está preso en una cárcel boliviana por narcotráfico.

Francisco Albaladejo murió en 1985 en la cárcel de Ciudad Real. Lo mismo que Leocadio Jiménez Caravaca, que murió ese mismo año de un cáncer de laringe, en su domicilio. Siempre celebraban el 24 de enero de 1977 con una mariscada en la cárcel. Lo cuentan en Instituciones Penitenciarias.

Víctimas y verdugos de la matanza de Atocha.

APÉNDICE I

Cronología de la Transición española
Del 20 de noviembre de 1975
al 9 de abril de 1977

20/11/1975

Fallecimiento de Francisco Franco. El Consejo de Regencia asume las funciones de la Jefatura del Estado.

22/11/1975

ETA asesina a Antonio Echevarría Albisu, alcalde de Oiarzun (Guipúzcoa).

22/11/1975

Proclamación de Juan Carlos I de Borbón como rey de España.

25/11/1975

Indulto general, de alcance limitado, a dirigentes comunistas y vascos. Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y otros condenados en el Proceso 1.001 son puestos en libertad.

28/11/1975

Entrega del Sahara a Marruecos. Tras la Marcha Verde (20 de octubre a 10 de noviembre) se había aprobado la Ley de Descolonización. La salida de las tropas concluye el 9 de enero.

01/12/1975

Nombramiento de Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes y consejero del Reino.

01/12/1975

Se confirma a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno.

19/12/1975

Presentación pública de la ejecutiva del PSOE.

17/01/1976

Una bomba colocada por ETA en Villafranca de Oria (Navarra) acaba con la vida del Guardia Civil Manuel Vergara Jiménez.

25/01/1976

Elecciones municipales.

28/01/1976

Arias Navarro presenta su programa de reformas. Se anuncia la regulación de los derechos de asociación y reunión y la reforma del Código Penal. Se anuncian también elecciones generales para 1977.

09/02/1976

Santiago Carrillo entra de incógnito en España.

ETA asesina a Víctor Legoburu Ibarreche, alcalde de Galdácano (Vizcaya).

10/02/1976

El mecánico Julián Galarza Ayasturi resulta muerto en un atentado de ETA en Cizurquil (Vizcaya).

16/02/1976

Visita oficial de los reyes a Cataluña.

01/03/1976

ETA asesina al inspector de autobuses Emilio Guezala Aramburu en Lezo (Guipúzcoa).

03/03/1976

Sucesos de Vitoria. La policía disuelve una concentración de trabajadores en una iglesia, acción que se salda con cinco muertos y un centenar de heridos. Se convoca una huelga general en el País Vasco que es seguida masivamente.

10/03/1976

Se forma un consejo de guerra contra los militares de la UMD. Los nueve detenidos son condenados a cuarenta y tres años de cárcel y siete de ellos expulsados del Ejército.

ETA asesina al taxista Miguel Albizu Idiáquez en Guetaria (Gipúzcoa).

26/03/1976

Creación de la llamada «Platajunta», la coordinadora democrática que engloba a la Junta Democrática y a la Plataforma Democrática. Manuel Fraga hace detener a los líderes de la Platajunta (Camacho, Morodo, Solana y Trevijano) el día de su presentación.

30/03/1976

ETA asesina al obrero Vicente Soria Blasco en Placencia (Guipúzcoa).

04/04/1976

Los inspectores de policía José Luis Martínez y Jesús María González Iyuero son secuestrados por ETA en Hendaya (Francia). Dos semanas después aparecen sus cadáveres torturados y con sendos tiros en la nuca.

06/04/1976

Aprobación de la Ley 16/1976 de Relaciones Laborales, que regula los aspectos individuales de las relaciones laborales (jornada, etc.).

07/04/1976

ETA secuestra al empresario Ángel Berazadi Urbe en Elgóibar (Guipúzcoa). Su cadáver aparece el 27 del mismo mes con un tiro en la nuca.

11/04/1976

El agente de la Guardia Civil Miguel Gordo García muere electrocutado en Baracaldo (Vizcaya) tras intentar retirar una bandera colocada en un cable de alta tensión. Se atribuye la colocación a ETA.

15/04/1976

XXX Congreso de la UGT. Primero celebrado en España. Nicolás Redondo es elegido secretario general.

21/04/1976

La Presidencia de las Cortes establece mediante resolución el procedimiento de urgencia para la tramitación de los Proyectos de Ley. Torcuato Fernández Miranda prepara así el camino a la futura Ley para la Reforma Política.

28/04/1976

El gobierno prohíbe la asamblea general de CCOO.

02/05/1976

ETA asesina con una bomba al cabo de la Guardia Civil Antonio de Frutos en Legazpia (Guipúzcoa).

04/05/1976

Se funda el diario El País.

07/05/1976

El gobierno envía a las Cortes una serie de proyectos de la Ley de Reformas Constitucionales, entre ellas la reforma del derecho de asociación política. No se incluye al PCE, que sigue siendo ilegal en el Código Penal.

09/05/1976

Sucesos de Montejurra. Los enfrentamientos entre facciones carlistas partidarias de Sixto de Borbón y Carlos Hugo respectivamente, acaban con dos muertos y cuatro heridos.

10/05/1976

El gobierno retira el proyecto de reforma del Código Penal

12/05/1976

El Parlamento Europeo exige a España una amnistía total, libertad de partidos y sindicatos y elecciones libres.

15/05/1976

El rey renuncia a su privilegio de presentación de obispos, desapareciendo así uno de los signos más importantes de confesionalismo del régimen de Franco.

25/05/1976

Las Cortes aprueban el proyecto de Ley del Derecho de Reunión (Ley 21/1976, de 14 de junio).

02/06/1976

Juan Carlos I visita EEUU y habla ente el Congreso. Se declara plenamente a favor de la implantación de un sistema democrático en España.

09/06/1976

ETA asesina en Basauri (Guipúzcoa) al jefe local del Movimiento Nacional Luis Carlos Albo Llamosas.

01/07/1976

Arias Navarro presenta su dimisión al rey.

03/07/1976

El rey nombra presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. En el nuevo gobierno están Fernando Abril, Landelino Lavilla, Rodolfo Martín Villa, Leopoldo Calvo Sotelo y Marcelino Oreja.

19/07/1976

Ley 23/1976, de Reforma del Código Penal. Se despenalizan los partidos aunque los partidos comunistas siguen considerándose ilícitos.

23/07/1977

ETA secuestra al jefe de ETA-Político Militar Eduardo Moreno Bergareche, Pertur. Actualmente sigue desaparecido.

24/07/1976

Suárez presenta ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley para la Reforma Política.

26/07/1976

La oposición democrática hace público un comunicado en el que acepta negociar con el gobierno.

30/07/1976

Amnistía para los presos políticos. No es total. Quedan excluidos los condenados por delitos de sangre.

05/08/1976

Los catedráticos expulsados de su cátedra en 1965 son repuestos. Tierno Galván, García Calvo y López Aranguren están entre ellos.

10/08/1976

Adolfo Suárez se entrevista con Felipe González en La Moncloa. Primeros contactos con la oposición democrática.

30/08/1976

Se sientan las bases de la Unión del Centro Democrático. Suárez intenta captar a los reformistas y opositores moderados para su partido.

10/09/1976

Se aprueba la Ley para la Reforma Política. Se reconoce la soberanía popular y convocatoria de elecciones para unas Cortes bicamerales que podrán acometer una reforma constitucional. Se prevé la posibilidad de que el rey someta directamente al pueblo cualquier texto sea o no constitucional. Las fases de la aprobación de la LRP son el informe del Consejo Nacional del Movimiento, aprobación por las Cortes y referéndum. La oposición no tiene una postura unitaria.

11/09/1976

Celebración sin incidentes de la Diada.

20/09/1976

Se autoriza el uso de la ikurriña.

04/10/1976

Una bomba colocada por ETA en San Sebastián (Guipúzcoa) mata al presidente de la diputación de esa provincia José María Araluce Vilar, a los tres policías de su escolta; Luis Francisco Sanz, Antonio Palomo y Alfredo García, y al chófer José María Elicegui.

09/10/1976

Fundación de Alianza Popular bajo el liderazgo de Manuel Fraga.

05/11/1976

La Plataforma de Organismos Democráticos (POD) hace públicas sus condiciones para aceptar el referéndum. Legalización de los partidos; amnistía total; reconocimiento de las libertades públicas; derogación de la Ley Antiterrorista; igualdad de oportunidades en la campaña; supresión del Movimiento Nacional; participación de los partidos en el control del referéndum.

16/11/1976

Se debate la LRP en las Cortes. La ultraderecha se opone firmemente.

18/11/1976

Aprobación de la LRP en las Cortes (Ley 1/1977, de 4 de enero): 425 votos a favor, 59 en contra, 13 abstenciones y 34 ausencias.

20/11/1976

Primer aniversario de la muerte de Franco. Concentración masiva en la plaza de Oriente y Valle de los Caídos. La ultraderecha pide la dimisión de Suárez.

05/12/1976

XXVII Congreso del PSOE en Madrid. Felipe González se consolida como líder.

11/12/1976

El GRAPO secuestra a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado.

15/12/1976

Referéndum de la LRP marcado por una postura no neutral del gobierno. 94 por ciento a favor de la ley.

22/12/1976

Santiago Carrillo y varios dirigentes del PCE son detenidos y procesados por asociación ilícita. Carrillo es puesto en libertad varios días después.

04/01/1977

Ley 17/1977, de Reforma de la Ley del Registro Civil para permitir la inscripción de los nombres en cualquiera de las lenguas españolas.

05/01/1977

Disolución del Tribunal de Orden Público (TOP). Derogación del decreto-ley antiterrorista. Creación de la Audiencia Nacional. Regulación de la objeción de conciencia por motivos religiosos.

11/01/1977

ETA asesina en Madrid al inspector de policía Félix Ayuso Pinel.

23/01/1977

Asesinato a manos de los Guerrilleros de Cristo Rey (Triple A) del estudiante Arturo Ruiz en una manifestación.

24/01/1977

El GRAPO secuestra al teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Muere en una manifestación la estudiante Mari Luz Nájera.

Un comando de la ultraderecha asesina a cinco personas y hiere a otras cuatro en un despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha en Madrid.

27/01/1977

El GRAPO asesina a dos policías y un guardia civil.

08/02/1977

Decreto que modifica el registro de partidos políticos. Comienza la legalización de partidos.

28/02/1977

Suárez y Carrillo se entrevistan en secreto.

02/03/1977

Cumbre eurocomunista en Madrid.

04/03/1977

El Consejo de Ministros amplía la amnistía a los delitos de sangre (afecta a muchos presos de ETA), regula el derecho de huelga (Real Decreto Ley 17/1977) y suprime la Formación del Espíritu Nacional en la universidad.

13/03/1977

ETA asesina al guardia civil Constantino Gómez García en Mondragón (Guipúzcoa).

18/03/1977

Real Decreto Ley 20/1977 de regulación del proceso electoral.

01/04/1977

Ley 19/1977 sobre regulación del derecho de asociación sindical. Se legalizan UGT, CCOO, USO y CNT. Poco después lo haría la CEOE.

Se suprime el Movimiento Nacional. Gráficamente se refleja con la retirada del yugo y las flechas de la sede en la calle de Alcalá de Madrid.

El Tribunal Supremo se declara incompetente para legalizar el PCE.

09/04/1977

El gobierno legaliza el PCE tras solicitar el informe de la Fiscalía.

15/04/1977

El PCE se presenta públicamente.

El Consejo de Ministros convoca elecciones generales para el 15 de junio.

28/04/1977

ETA asesina en Tolosa (Guipúzcoa) al sargento de la Guardia Civil Antonio Galán Aceituno.

30/04/1977

Publicación en el BOE de los instrumentos de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

03/05/1977

Constitución de la UCD. Adolfo Suárez concurrirá a las elecciones como candidato.

14/05/1977

Don Juan de Borbón renuncia a sus derechos sucesorios sobre la corona cediendo a su hijo Juan Carlos la jefatura de la familia y la Casa Real de España. Se legitima así la figura de rey Juan Carlos I.

15/05/1977

Primeras elecciones generales democráticas tras la dictadura. UCD se hace con la victoria y el PSOE se establece como fuerza aglutinadora de la izquierda.

18/05/1977

ETA asesina en San Sebastián (Guipúzcoa) al agente de policía Manuel Orcera de la Cruz.

13/06/1977

ETA asesina en Baracaldo (Vizcaya) al estudiante José María Basana.

22/06/1977

Aparece el cadáver del empresario Javier Ybarra Berge con un disparo en la cabeza en el Alto de Barázar (Vizcaya), tras cumplirse el plazo dado por los secuestradores de ETA para el pago de su rescate. Fue secuestrado treinta días antes en Neguri (Bilbao).

27/06/1977

El agente de policía Valentín Godoy Cerezo es asesinado por ETA en Vitoria (Álava).

04/07/1977

Se da a conocer el nuevo gobierno presidido por Adolfo Suárez. Los ministros son Manuel Gutiérrez Mellado (Defensa), Enrique Fuentes Quintana (Economía), Fernando Abril Martorell (Asuntos Políticos), Marcelino Oreja (Exteriores), Rodolfo Martín Villa (Interior), Landelino Lavilla (Justicia), Francisco Fernández Ordóñez (Hacienda), Alberto Oliart (Justicia), Joaquín Garrigues (Obras Públicas), Íñigo Cavero (Educación) y Pío Cabanillas (Cultura).

22/07/1977

Solemne apertura de las Cortes.

25/07/1977

Constitución de la Comisión Constitucional del Congreso y Ponencia Constitucional a cargo de Gabriel Cisneros (UCD), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero de Miñón (UCD), Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PSUC-PCE) y Miquel Roca (Catalanista).

27/09/1977

Marcelino Oreja deposita en Bruselas la solicitud de adhesión a la CEE.

29/09/1977

Real Decreto Ley 41/1977 de Restablecimiento de la Generalitat de Catalunya. Josep Tarradellas asume la presidencia de la misma desde el exilio. El 23 de octubre vuelve pronunciando la famosa frase ja soc aquí.

08/10/1977

ETA asesina en Guernica (Guipúzcoa) al presidente de la Diputación de Guipúzcoa Augusto Unceta Barrenechea y a sus escoltas Ángel Ribera y Antonio Hernández.

14/10/1977

Las Cortes aprueban la Ley de Amnistía con la abstención de Alianza Popular. Los últimos presos del franquismo van abandonando las cárceles.

APÉNDICE II

A Lola, que no eligió morir. In memoriam.
Discurso pronunciado por Margot Ruano el 24 de enero de 2015

Mi intervención va a ser breve, todos sabemos que hoy hemos venido a rendir nuestro «pequeño homenaje» a Lola, homenaje de cada uno de los que estamos aquí, su familia —Javier y Marta, sus sobrinos—, amigos y compañeros que luchamos, junto a ella, a lo largo de su vida y que la acompañamos hasta el final.

Sé que los intervinientes en este acto recogerán en sus palabras la vida de Lola, que hoy forma ya parte de nuestra memoria y conciencia colectiva, tras cincuenta años de lucha en común y hoy símbolo de toda una gran generación.

Y si este acto tiene hoy un gran peso y sentido, es porque estáis aquí todos y cada uno de vosotros y porque «juntos» a pesar de los malos y buenos momentos que nos ha deparado la vida, no vamos a olvidar ni a silenciar su voz, nuestra voz, y su lucha por las libertades y los derechos humanos.

Lola se ha ido y nos ha dejado muy pronto, hace ya dos meses, en su casa de Madrid donde vivió y murió el 27 de enero de 2015, y como escribió José María Calleja, periodista y amigo de Lola, en Eldiario.es, días más tarde de su muerte, el 3 de febrero de 2015, «Lola ha muerto demasiado joven, como si hubiera sido víctima retardada de aquella bala que le destrozó la mandíbula y ha muerto manteniendo la dignidad intacta, después de construir con su trayectoria un ejemplo de lucha por la libertad, arriesgando la vida en ello».

Su enfermedad terminal y fulminante fue un cáncer de pulmón y su muerte una respuesta más a la dignidad y al silencio con los que llevó su vida y su dolor.

Luchó de forma ejemplar y cargada de esperanza por una sociedad y un mundo mejor, a pesar de su cansancio por su frágil y quebradiza salud.

Se fue de forma discreta, sin preocuparnos, sin molestar, sin llamar la atención, sin hacer ruido… Un martes 27 de enero a las diez de la noche, así era Lola.

Su trayectoria durante casi cincuenta años a nuestro lado no fue estéril ni vana, luchó por alcanzar la democracia y en ella las libertades. Lola hablaba de una vieja canción revolucionaria, su canción, nuestra canción y mañana la seguiremos cantando junto a ella.

Lola hablaba de la vida, no de la muerte, la vida que compartía con nosotros, hacía las cosas deprisa y era hiperactiva en sus etapas buenas, como si «el tiempo le fuera a arrebatar su propio tiempo», su búsqueda y curiosidad y su capacidad para vivir la vida y llegar a amarla.

Apostó por la vida, por esa pequeña cuota de felicidad que tenemos permitida y lo arriesgó «todo» sin límites en su entrega, pagando un «alto precio», aunque según ella decía, que en el transcurrir del tiempo «le desbarataban sus planes y sueños».

En los años sesenta Bob Dylan nos dijo que los tiempos estaban cambiando y he leído que los estudiantes de aquellos años, en 1969, luchamos por cambiar el curso de la historia al igual que los universitarios franceses en mayo del 68, aunque en nuestra lucha hubo trágicos resultados y muchos de ellos quedaron en el camino pero nos dejaron un importante legado.

Lola luchó para que las generaciones futuras nacieran en democracia y libertad y al marcharse nos dejó un mensaje en silencio, la esperanza de que nuestros jóvenes lucharían por una sociedad y un futuro mejor lleno de paz y libertad y que no se conformarían con lo que hoy llaman democracia.

Fueron tiempos de vida y esperanza, como escribió Manuel Garí, gran amigo de Lola y compañero político del FLP. Las dictaduras tienen siempre miedo a la «palabra» y Lola fue con su palabra ejemplo de una luchadora incansable que dio su vida por las libertades.

Lola era una amiga única, inteligente, generosa, lúcida, entrañable, insegura y firme a la vez, llena de enormes contradicciones como todos nosotros, luchaba y se esforzaba a diario por dar más de sí misma, tenía una visión crítica de la realidad, ante la cual reaccionaba implicándose siempre en la lucha por la libertades y los derechos humanos.

Lola fue fiel compañera, solidaria, amiga de sus amigos, honesta y honrada para consigo misma y para con los demás, fue siempre una auténtica corredora de fondo, luchó y amó la libertad y la vida y desde muy joven esa vida política marcó su vida diaria junto a sus compañeros, luchadores políticos que estuvieron a su lado durante casi cincuenta años, hasta el final de su vida.

Lola amaba la vida, amaba la lectura, amaba la música, amaba planear viajes y viajar. En su último viaje, en octubre de 2014, fuimos a Venecia y allí recorrimos el Gran Canal, sus puentes, callejuelas estrechas y placitas y mercadillos, las góndolas y el vaporetto como mecidos y dormidos en el embarcadero al anochecer, y allí sentadas ante el Gran Canal veneciano oíamos el agua golpear suavemente la madera de los barcos, y asemejábase a una vieja canción de cuna…

Y juntas compartimos su gran pasión, «amar el cine», habíamos visto juntas todas las películas del mundo, y que me perdonen los profesionales del cine, fue desde nuestros dieciocho años, y ella era muy crítica y con un especial gran sentido del humor… y como anécdota contaré que en el 2012 le llamó la atención una comedia agridulce basada en el viaje y el establecerse de un grupo de jubilados ingleses, en el otoño de sus vidas, donde comparten, en el Exótico Hotel Marigold, sus recuerdos, sus vidas, sus colores, sus canciones, sus pensamientos y sus sueños y todo ello en un marco especial, la India, y en dicho hotel se pasaba lista por la mañanas para saber si alguien faltaba o había muerto esa noche y a menudo comentábamos que deseábamos viajar y finalizar nuestras vidas en ese Exótico Hotel Marigold, a modo de nuestro estanque dorado.

Estos retazos de la vida de Lola estarían inacabados si no escribiéramos en estas líneas de su gran amor por Enrique, Enrique Ruano, estudiante de Derecho y compañero político en el FLP, con quien compartió sus años de universidad, su primer gran amor. Enrique Ruano muere asesinado por la Brigada Político-Social de la dictadura franquista el 20 de enero de 1969. Y de su segundo gran amor, Javier Sauquillo, abogado laboralista como ella y compañero político en el PC, asesinado en la matanza de abogados de Atocha donde Lola quedó gravemente herida, el 24 de enero de 1977.

No hay palabras para muertes tan crueles y tan injustas.

APÉNDICE III

Quién es quién

LAS VÍCTIMAS

LUIS JAVIER BENAVIDES (1951-1977): abogado laboralista, nacido en Villacarrillo, Jaén. De formación cristiana y militancia comunista, estudió Derecho y Empresariales con los jesuitas, y más tarde trabajó en los barrios de Vallecas y Hortaleza colaborando con las asociaciones de vecinos y el movimiento ciudadano. Murió asesinado en el despacho de abogados de Atocha 55, el 24 de enero de 1977.

FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO (1947-1977): abogado laboralista, natural de Ceuta. Hermano de Francisca Sauquillo, estudió bachiller en los Escolapios y posteriormente completó la licenciatura de Derecho en la Universidad Complutense. En los años universitarios militó en el Frente de Liberación Popular (FLP). A partir de 1972 trabajó en el despacho de la calle Españoleto junto con Dolores González Ruiz, con quien contrajo matrimonio en 1973. Su experiencia se extendió a los barrios de Vallecas y Móstoles, donde colaboraba con el movimiento vecinal. Murió el 25 de enero de 1977 en el hospital Primero de Octubre, a consecuencia de los disparos recibidos el día anterior en el despacho de Atocha.

ENRIQUE VALDELVIRA IBÁÑEZ (1942-1977): abogado laboralista y profesor de Historia. Nacido en Madrid, estudió la licenciatura de Derecho en el CEU y en la Universidad Complutense. Marcado por la estrategia de la vía pacífica al socialismo de Salvador Allende y por la revolución de los Claveles de Portugal, desarrolló su trabajo en el despacho-consultoría multidisciplinar DEICINSA, una plataforma legal para el asesoramiento urbanístico y ciudadano ligada al PCE. Murió asesinado el día 24 de enero.

SERAFÍN HOLGADO DE ANTONIO (1949-1975): abogado laboralista, natural de Salamanca. Hijo de un ferroviario represaliado del franquismo por su actividad sindical, cursó el bachillerato y la licenciatura de Derecho en su ciudad natal. Comenzó a militar en sus años universitarios y a finales de 1976 se integró en el despacho de Atocha para aprender el oficio, mientras terminaba alguna asignatura que le faltaba para acabar la carrera. Fue asesinado en ese mismo despacho el día 24 de enero de 1977.

ÁNGEL RODRÍGUEZ LEAL (1951-1977): sindicalista natural de Casasimarro, Cuenca, de familia de extracción obrera. Comenzó a estudiar Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, simultaneando sus estudios con el trabajo. Despedido de la empresa Telefónica en mayo de 1976, a partir de ahí se integró en la Comisión de Despedidos del despacho de Atocha, donde colaboraba en labores administrativas. Murió asesinado el día 24 de enero de 1977.

MIGUEL SARABIA (1926-2007): abogado natural de Logroño. Desde 1956 trabajó en un colegio de enseñanza primaria y media, introduciendo contenidos pedagógicos opuestos a los oficiales. Fue detenido y torturado por la Brigada Político-Social con motivo de las huelgas de 1962, y posteriormente condenado a dos años de prisión por la Jurisdicción Militar. En el año 1975 se incorporó al despacho de abogados de Atocha, donde resultaría herido de gravedad la noche del 24 de enero de 1977. Murió tres días antes de cumplirse el treinta aniversario de la matanza.

ALEJANDRO RUIZ HUERTA (1947-): abogado y profesor universitario nacido en Madrid. Cursó el bachiller y la licenciatura de Derecho y Empresariales con los jesuitas y se incorporó al Colegio de Abogados en 1974. Junto con Luis Javier Benavides y otros compañeros, creó despachos de asesoramiento al movimiento ciudadano en los barrios de Hortaleza y Vallecas. Resultó herido en el ataque de la extrema derecha al despacho de abogados laboralistas del 24 de enero de 1977, pero un bolígrafo colgado del cuello le salvó la vida. Posteriormente trabajó como profesor en la Universidad Complutense, y una vez doctorado, como profesor de Derecho Constitucional en las Universidades de Valladolid y Burgos.

LUIS RAMOS PARDO (1938-2005): abogado nacido en Madrid. Estudió el bachiller en el colegio Arana y posteriormente la licenciatura de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Durante los años sesenta trabajó como vendedor y programador de máquinas de cálculo en la empresa Olivetti, y de abogado en el despacho de su suegro. A partir de 1969 colaboró en los despachos laboralistas de Modesto Lafuente y Españoleto, y abrió otro en Torrejón de Ardoz para asesorar a trabajadores y al movimiento ciudadano. Resultó herido de gravedad por los disparos recibidos la noche del 24 de enero en el despacho de Atocha, que le dejaron como secuela una hepatitis aguda de lenta evolución que le duró hasta su fallecimiento.

DOLORES GONZÁLEZ RUIZ (1946-2014): abogada, natural de León. Cursó bachiller en el Colegio de los Teresianos del padre Poveda de Madrid y la licenciatura de Derecho en la Complutense de esa ciudad. Durante sus años universitarios militó en el Frente de Liberación Popular (FLP) junto a su novio de entonces, el también estudiante Enrique Ruano, que fue asesinado en enero de 1969 por miembros de la Brigada Político Social. Tras el Consejo de Burgos de 1970 abrió un despacho con Francisco Javier Sauquillo, con quien contrajo matrimonio en 1973. Ambos se especializaron en el asesoramiento de trabajadores y del movimiento ciudadano. Herida de gravedad en el atentado contra los abogados laboralistas del 24 de enero de 1977, sufrió las secuelas y una larga convalecencia debido a un disparo que le atravesó la mandíbula. Posteriormente, trabajó en la Abogacía del Estado de Santander, como Magistrado Suplente en el Tribunal Superior de Cantabria y como funcionaria de la Comunidad de Madrid, como especialista en temas de consumo. Falleció recientemente.

LOS ASESINOS

FERNANDO LERDO DE TEJADA (1953-): nacido en Madrid, hijo de un militar y una aristócrata colaboradora de Blas Piñar. El día 24 de enero de 1977 no efectuó ningún disparo sobre los abogados de Atocha. Tras el atentado no abandonó Madrid, hasta que se sintió vigilado. Entonces huyó a una finca familiar en El Toboso y posteriormente a Murcia, donde fue detenido. Aprovechó un permiso de fin de semana en abril de 1979, concedido por el juez instructor del caso Gómez Chaparro, para huir. Primero se ocultó en Francia y después viajó a Sudamérica, donde supuestamente se estableció en Chile, aunque posteriormente se le sitúa en Brasil. Hoy podría haber regresado a España. Su delito prescribió en febrero de 1997.

CARLOS GARCÍA JULIÁ (1955-): nacido en Madrid en una familia de militares, su padre es comandante de Artillería. No cursó estudios, y muy joven se afilió a Fuerza Nueva y posteriormente a Falange y de las JONS. En la época de los asesinatos trabajaba en una bodega, aunque declaró ser empleado administrativo. El día 24 de enero de 1977 se le escaparon dos tiros en el despacho de abogados de Atocha, y luego disparó junto con Fernández Cerrá sobre los nueve allí reunidos, rematando después con su revólver Star a Sauquillo y Holgado. Poco después del atentado huyó a Almería junto a Cerrá y su novia Gloria Herguedas, donde los tres fueron detenidos. Fue sentenciado a treinta años de reclusión mayor por cada uno de los cinco asesinatos consumados, y a veinte años de reclusión menor por cada uno de los asesinatos frustrados. Y se añadieron nueve años de prisión mayor por tenencia ilícita de armas. En total, ciento noventa y tres años de cárcel. Se le concedió la libertad condicional en septiembre de 1991, y en 1994 solicitó un permiso para viajar a Paraguay por una oferta de trabajo. El permiso fue concedido pero revocado poco después, pero Juliá ya no respondió a la petición de regreso a España. En 1996 fue detenido por la policía boliviana acusado de tráfico de drogas, y desde entonces cumple condena en la prisión de alta seguridad de Palmasola (La Paz). El gobierno español, a petición de Izquierda Unida, acordó solicitar su extradición tras su reunión de 20 de abril de 2001. Según el auto dictado por la Sala un año antes, tiene pendiente en España el cumplimiento de los 3855 días de prisión que quedaron en el limbo de la culpa tras la revocación de su libertad condicional y su fuga.

JOSÉ FERNÁNDEZ CERRÁ (1945-): natural de Almería, perteneciente a una familia de militares de clase media baja. No cursó estudios y se afilió a Falange y de las JONS, desde donde colabora con el líder de Fuerza Nueva Blas Piñar. Fue novio de Gloria Herguedas, con quien huyó a Almería tras los asesinatos de enero de 1977. Junto con García Juliá, disparó su arma Browning F/N parabellum de nueve milímetros sobre los nueves abogados reunidos en el despacho de Atocha 55. Se le aplicó la misma condena que a García Juliá. Fernández Cerrá cumplió quince años de cárcel y salió con la condicional en 1992. Parece que tras su puesta en libertad, se vinculó a una empresa de seguridad.

FRANCISCO CORREDERA ALBADALEJO (1937-): secretario provincial del Transporte e inductor del crimen, fue condenado a doce años de prisión de reclusión mayor por tenencia ilícita de armas. Finalmente cumplió cuatro años. Falleció en prisión. Su colaborador y segundo, Simón Sánchez Palacios, murió antes de celebrarse el juicio.

LEOCADIO JIMÉNEZ CARAVACA (1921-): excombatiente de la Guerra Civil y la División Azul, fue detenido por vender un arma a García Juliá por 14 000 pesetas, y acusado de ser cómplice del crimen por aprovisionamiento de armas. Fue condenado a doce años de prisión mayor y a veinte de prisión menor por la complicidad en cinco delitos de asesinato y cuatro delitos de asesinato en grado de frustración. Se benefició de la última amnistía de noviembre de 1977. Fallecido.

GLORIA HERGUEDAS (1955-): novia de Fernández Cerrá, fue condenada a cinco penas de seis años y un día de prisión mayor por encubrimiento y cuatro penas de seis meses y un día de prisión menor. Y seis años y un día por tenencia ilícita de armas.

Notas

[1] Luis Ramos, abogado herido en Atocha, lo describe así a la policía. Sumario 13/1977. <<

[2] Declaraciones de los supervivientes a la policía. Sumario 13/1977. <<

[3] Primera declaración a la policía de Dolores González Ruiz. Febrero de 1977. Sumario 13/1977. <<

[4] Conversación con Pablo Benavides. Julio de 2014. <<

[5] Conversación con Alejandro Ruiz Huerta. Julio de 2014. <<

[6] DEICINSA era una sociedad anónima (Desarrollo de Iniciativas ciudadanas), cobertura del Partido Comunista para liderar el movimiento vecinal. <<

[7] Conversación con Luis Menéndez Luarca. Diciembre de 2013. <<

[8] Parte médico de ingreso. Sumario 13/1977. <<

[9] Conversación con Teresa Valdelvira. Julio de 2014. <<

[10] Conversación con Carmela Cantó, viuda de Luis Ramos. Febrero de 2015. <<

[11] Alejandro Ruiz Huerta, La memoria incómoda, Editorial Dosoles, Burgos, 2002, p. 135. <<

[12] Conversación con Manuela Carmena. Febrero de 2013. <<

[13] Manolo López lo iba proclamando por todos los pasillos de los juzgados. <<

[14] Sumario 13/1977. <<

[15] Entrevista a Dolores Sancho. Noviembre de 2013. <<

[16] Ángel Mullor, conversación con el autor. Y Santos, camarero del pub, conversación con el autor. Julio de 2013. <<

[17] Jaime Sartorius. Conversación con el autor. 2014. <<

[18] Diario dependiente del sindicato vertical que poco a poco fue independizándose del régimen. <<

[19] Sumario 13/1977. <<

[20] Conversación con Jesús Duva. Octubre de 2013. <<

[21] Según el historiador jesuita Fernando García de Cortázar, en Los pliegues de la tiara: los papas y la Iglesia del siglo XX, Alianza Editorial, Madrid, 1991. <<

[22] Entrevista a Francisca Sauquillo. Julio de 2014. <<

[23] Pedro Miguel Lamet, Azul y rojo. José María de Llanos, La Esfera de los Libros, Madrid, 2013. <<

[24] En 1977 el actual hospital 12 de Octubre se llamaba Primero de Octubre, fecha de la proclamación de Franco como jefe del Estado, en 1936. Y el actual Gregorio Marañón, Francisco Franco. <<

[25] Testimonios de trabajadores del Primero de Octubre. Entrevistas en 2014. <<

[26] Alfonso Osorio, Informe semanal, TVE. 26 de enero de 2002. <<

[27] Rodolfo Martín Villa, Informe semanal, TVE. 26 de enero de 2002. <<

[28] Declaración de García Juliá el 13 de marzo de 1977 ante la policía. Sumario 13/1977. <<

[29] Declaraciones de Fernández Cerrá a la policía. 13 de marzo de 1977. Sumario 13/1977. <<

[30] Jorge M. Reverte, La División Azul, Editorial Crítica, Barcelona, 2011. <<

[31] Manuel Penella, Dionisio Ridruejo, Editorial RBA, Barcelona, 2013. <<

[32] Historia real de dos hermanas cuyos familiares prefieren seguir en el anonimato. <<

[33] María Luisa Suárez fue abogada de Marcelino Camacho y formó a muchos abogados que hoy en día siguen en CCOO como laboralistas. <<

[34] Conversación con José Luis Núñez, alias Patri. Agosto de 2014. <<

[35] Conversación con Manuela Carmena. <<

[36] Santiago Carrillo, Memorias, Editorial Planeta, Colección Espejo de España, Barcelona, 1993, p. 642. <<

[37] Santiago Carrillo, op. cit., p. 650. <<

[38] Joaquín Bardavío, Sábado Santo Rojo, Ediciones UVE, Madrid, 1980, p. 143. <<

[39] Joaquín Bardavío, op. cit., pp. 110-117. <<

[40] Conversación con Juan Antonio Olmos. Febrero de 2015. <<

[41] Conversación con Luis Pérez Lara. Agosto de 2014. <<

[42] Conversaciones con Rodolfo Martín Villa, José María Mohedano y Víctor Díaz Cardiel. <<

[43] Conversación con Luis Pérez Lara. Agosto de 2014. <<

[44] Marcelino Camacho, Confieso que he luchado, Editorial Temas de Hoy, Colección Memorias, Madrid, 1990, p. 450. <<

[45] Elisa Maravall, conversación con los autores. <<

[46] Conversación con Luis Pérez Lara. Agosto de 2014. <<

[47] Entrevista a Jesús Duva, periodista. Enero de 2014. <<

[48] Conversación con Víctor Díaz Cardiel. <<

[49] Conversación con Luis Pérez Lara. <<

[50] Diario Informaciones. 27 de enero de 1977. <<

[51] Ibid. <<

[52] Referencia a Manuel Hedilla (1903-1970), falangista disidente de Franco. <<

[53] Santiago Carrillo, op. cit., p. 648. <<

[54] Conversación con Manuela Carmena. <<

[55] Conversación con Luis Pérez Lara. <<

[56] Conversación con José Luis Rodríguez Leal. Enero de 2015. <<

[57] Marcelino Camacho, op. cit. <<

[58] Nan Lass. Conversación con los autores. Julio de 2015. <<

[59] Carlos Blanco Escolá, El gigante descalzo, Editorial Aguilar, Madrid, 2003. <<

[60] Giuliana Di Febbo, Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, Universitat de Valencia, Valencia, 2012. <<

[61] Enrique Bustamante y otros fueron estudiantes de la Escuela Oficial de Periodismo. <<

[62] Diario 16, 30 de enero de 1977. <<

[63] Conversación con Martín Villa. <<

[64] Conversación con Cristina Almeida. Diciembre de 2014. <<

[65] Sumario 13/1977. <<

[66] Conversación con Cristina Almeida. <<

[67] Jorge M. Reverte, op. cit. <<

[68] Manuel Reverte. Conversación con los autores. <<

[69] Conversación con Alejandro Ruiz Huerta. Octubre de 2014. <<

[70] Joaquín Navarro, Memorias de Joaquín Navarro: aprendiendo de los trabajadores, Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales, CCOO, Madrid, 2014. <<

[71] Conversación con Cristina Almeida. <<

[72] Cifra, agencia de noticia dependiente del Estado en 1977. <<

[73] Informe Forense. Sumario 13/1977. <<

[74] Informe psiquiátrico. Sumario 13/1977. <<

[75] Rosa Montero publicó un reportaje en El País en 1979 sobre los asesinos, que le cuentan las razones del asesinato. <<

[76] Informe psiquiátrico. Sumario 13/1977. <<

[77] El dueño del bar del campo de tiro de Cantoblanco era el padre de Arturo Fernández, expresidente del CEIM y posterior miembro de la Patronal junto con Díaz Ferrán. <<

[78] Sumario 13/1977. <<

[79] Declaraciones ante la policía y más tarde ante el juez de instrucción. Sumario 13/1977. <<

[80] El País. Marzo de 1979. <<

[81] Sumario 13/1977. Y conversaciones de los autores con Cristina Almeida y José María Mohedano, abogados de la acusación particular. Las entrevistas fueron varias en 2013 y 2014. <<

[82] Juan García Carrés, condenado por formar parte de la trama civil del golpe de Estado del 23-F. <<

[83] Conversación con Cristina Almeida. <<

[84] Conversación con la viuda de Luis Ramos, Carmela Cantó. 2014. <<

[85] Alejandro Ruiz Huerta, op. cit. <<

[86] José Bono, abogado. <<

[87] Conversación con José Luis Núñez. Septiembre de 2014. <<

[88] Conversación con Cristina Almeida. <<

[89] Ver Apéndices. <<

[90] Conversación con Manuela Carmena. <<