Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos con incredulidad estos tiempos donde ocurrieron cosas que nunca debieron ocurrir.

JORDI SEVILLA

Introducción

De Rajoy a Rajoy,

pero llevándose al PSOE por delante

Desgarro. Como muchos ciudadanos, y como seguramente todos los socialistas, yo también me he sentido desgarrado y frustrado por los hechos que se recogen en estas páginas al ver cómo la ilusión de un cambio —no sólo de gobierno, sino también de forma de hacer política— que había salido de las urnas tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 ha terminado, diez meses, tres investiduras y otras elecciones después, en un nuevo gobierno Rajoy que además esta vez no cuenta con una oposición clara en el Parlamento.

Lo que debió de ser una fuerte presión sobre Rajoy para su retirada tras los escándalos de corrupción de Bárcenas, Gürtel, Taula, Púnica, etcétera, y tras la pérdida de la confianza de más de tres millones de votantes, se acabó transformando en una fuerte presión sobre el joven y recientemente elegido líder del PSOE Pedro Sánchez, hasta forzar su salida en medio de una reunión del Comité Federal del partido que culminó una semana para olvidar.

Las circunstancias me han colocado en un lugar privilegiado para seguir este proceso extraordinario y sin precedentes en nuestra historia democrática, que algunos, sin duda para borrar sus huellas, querrían despachar rápido mediante el olvido o tres consignas engañosas. A quienes sólo busquen culpables, les aconsejo que no pierdan el tiempo con este libro. Creo que la historia no es una cuestión de buenos y malos y que los asuntos complejos no tienen explicaciones sencillas. Además, sigo siendo de los que creen que entender los acontecimientos pasados es fundamental para evitar que se repitan. Los políticos toman decisiones en contextos llenos de dudas e incertidumbres, sometidos a presiones variadas, a menudo de sentido contrario. Y cada paso que dan condiciona el siguiente, ya que el horizonte se mueve y hay puertas que se cierran y otras que se abren donde no las esperábamos. Los buenos políticos, además, crean espacios con su actuación donde nadie los veía posibles, porque para ellos la realidad no es algo dado, sino algo que se construye día a día. Aplicado a este caso y desde esta perspectiva, creo que tiene interés contar todo el proceso en el que he participado.

* * *

Tenemos en España el gobierno más frágil de todo nuestro período democrático. Nunca antes el partido que apoya al presidente había tenido menor representación parlamentaria que ahora; nunca antes habíamos tenido un presidente que iniciara una legislatura (la segunda) con una valoración ciudadana tan baja; nunca antes habíamos tenido que recurrir, incluso forzando una importante ruptura interna, a la abstención del primer partido de la oposición para investir presidente, paradójicamente, con el menor número de votos en contra, de la democracia.

En nuestra reciente democracia nunca había habido un candidato que renunciara a la propuesta del rey de formar gobierno, tampoco nunca habíamos vivido en España una investidura fallida a la presidencia del gobierno. Tuvimos una investidura sin debate (la primera de Suárez, en 1977, antes de la Constitución), otra interrumpida por un intento de golpe de Estado (la de Calvo Sotelo en 1981, pese a lo cual el PSOE de Felipe González siguió votando «no» cuando se reanudó la votación), dos mociones de censura derrotadas (las de González en 1980 y la de Hernández Mancha en 1987), y cinco presidentes fueron investidos estando en minoría, teniendo por tanto que negociar apoyos parlamentarios (Suárez en 1977 y 1979, Calvo Sotelo en 1981, González en 1993, Aznar en 1996 y Zapatero en 2004 y 2008). Pero nunca había habido un candidato que se presentara al proceso de investidura sin tener asegurados los apoyos suficientes para conseguirlo.

Y, de repente, en menos de un año, hemos tenido un candidato que renunció, y no una, sino dos investiduras fallidas: Sánchez en marzo y Rajoy en agosto, al final de las cuales no fue posible el cambio a pesar de que alguno lo intentamos, a pesar de desearlo una inmensa mayoría de votantes y de estar representado por una abrumadora mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Por qué?

Escribo este libro no sólo para narrar una historia, sino también para intentar evitar que se repita una situación en la que una mayoría de ciudadanos pide un cambio y éste es bloqueado por una minoría de políticos persiguiendo sus propios intereses de partido. Este libro cuenta una historia basada en hechos reales, en cosas que han sucedido y que están en la memoria colectiva. Son hechos importantes sobre los que está muy claro que todo el mundo opina, pero no tanto que lo haga con suficiente información en sus manos. Y también son hechos ocurridos hace tan poco tiempo que seguramente nos falta perspectiva para juzgarlos con equidad. Y, sin embargo, tenemos la urgencia de hacerlo, ni más ni menos, intentando discriminar entre quienes han actuado como pirómanos y quienes han intentado hacerlo como bomberos de una situación complicada e importante. Porque no todos son —ni han sido— iguales en esta historia, ni se han comportado de la misma manera. Y el lector tiene derecho a saberlo.

Éste no es un libro objetivo, ni imparcial. Ninguno lo es. Pero éste lo proclama desde el mismo momento en el que su autor ha participado de los hechos que cuenta. Ofrece, por tanto, mi visión, mi información, mi conocimiento de las cosas, aunque, para evitar un excesivo subjetivismo y como control externo, he recurrido a citar lo que decía la prensa del momento sobre los acontecimientos que se van relatando. También se incluyen en estas páginas notas, documentos, diarios y artículos que fui escribiendo sobre los asuntos aquí tratados.

* * *

Las cosas pudieron ser diferentes. En este libro intento explicar por qué fueron como fueron, cuáles eran las razones y los intereses que cada uno antepuso hasta llegar al resultado final: la primera vez que se fracciona el bipartidismo imperfecto que existía en España desde el inicio de la democracia, estalla la ingobernabilidad, que nos aboca al continuismo tras dos elecciones casi consecutivas.

Podríamos tener un gobierno que estuviera ya aplicando un Ingreso Mínimo Vital y un plan de choque contra el paro de larga duración, impulsando la digitalización de la economía, aplicando un plan integral de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, recuperando los niveles de gasto en sanidad y educación, articulando un impuesto extraordinario sobre la riqueza, desarrollando programas de conciliación entre la vida personal y laboral, suprimiendo los aforamientos, reforzando la despolitización de los órganos constitucionales, reformando la ley electoral o poniendo en marcha una ponencia para modificar la Constitución. Todos éstos son asuntos que concitan el consenso de una amplia mayoría de ciudadanos y que supondrían un importante salto adelante en nuestro nivel de renta, equidad y fortaleza institucional.

¿Quiere el lector saber por qué, en lugar de tener un gobierno que estuviera haciendo todo esto y más, estamos ante un nuevo gobierno de Mariano Rajoy? En este libro doy una respuesta que refleja mis propias conclusiones de lo que he vivido, pero que intenta acercarse a la interpretación veraz posible.

Nada de lo que ocurre hoy en España y de lo que ha ocurrido durante los meses que analiza este libro puede entenderse sin tener siempre presentes las tres quiebras básicas que se han producido en nuestro sistema de representación política y electoral: la aparición de dos nuevos actores con importante representación parlamentaria; la conversión al independentismo del nacionalismo catalán, tradicionalmente pactista y forjador de mayorías de gobierno, y la diabólica espiral entre una creciente animadversión entre PP y PSOE que les ha impedido colaborar incluso en asuntos donde era razonable e imprescindible dicha colaboración, animadversión que, de manera paradójica, ha ido creciendo conforme se imponía entre los ciudadanos la idea de que ambos partidos eran lo mismo: el PPSOE.

Se puede decir que la acción conjunta de estos tres hechos —reflejo de un cambio profundo en el cuerpo electoral— ha significado que el sistema político surgido de la Transición y del consenso constitucional en España haya saltado por los aires sometido a este terremoto en tres fases. Ahí radica, precisamente, la novedad de la actual situación, que no describiría como excepcional ya que esto último presupone que, una vez superada la etapa de excepción, volveríamos a lo anterior. Y creo que ya es muy difícil la marcha atrás.

Recordemos algunos datos que conviene tener siempre presentes si queremos entender las actitudes y los comportamientos de los políticos durante este reciente período. El PP ganó con mayoría absoluta las elecciones de 2011 sumando casi los mismos votos con los que perdió frente al PSOE en 2008: 10.867.000. Ello fue posible porque entre ambas elecciones el PSOE se desplomó al perder más de cuatro millones de votos con Rubalcaba como candidato y pasó de 11.300.000 votantes a poco más de siete millones. De estos cuatro millones de votos, apenas un millón engrosó la cuenta de IU y, recordemos, entonces aún no existía Podemos y los Anticapitalistas sacaron 22.000 votos: el resto fue a la abstención. A la hora de buscar explicaciones a este hecho, pocas dudas puede haber de que la gestión de la crisis por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero generó mucho descontento entre una parte importante de sus votantes, ni de que de ese descontento nace y crece Podemos.

Sin embargo, las elecciones de 2015 son las que expresan esa ruptura en el cuerpo electoral de una manera más clara, ya que el descontento social se extiende también hacia el PP (pierde más de tres millones de votos y la mayoría absoluta), a la vez que encuentra su canalización en dos nuevos sujetos políticos que surgen ex novo, pero con fuerza en la Cámara: Podemos, con 5.530.000 votos, y Ciudadanos, con 3.500.000 votos. Este hecho va a ser determinante durante el período analizado porque no sólo rompe la lógica con la que había funcionado, hasta entonces, el bipartidismo imperfecto existente desde la Transición, sino que condiciona a los dos grandes partidos tradicionales, que ven, ahora, como una parte importante de sus acciones debe analizarse en función de la existencia de los dos nuevos agentes en el sistema: el PP intenta recuperar voto que se le ha ido a Ciudadanos, y el PSOE hace lo mismo con votantes «suyos» que han migrado a Podemos, algunos después de pasar temporalmente por IU.

La segunda quiebra se ha producido entre los partidos nacionalistas y su relación con los partidos centrales del sistema. Para formar gobierno han sido necesarias negociaciones parlamentarias entre varios partidos seis veces, en los años 1977, 1979, 1993, 1996, 2004 y 2008. En todas las ocasiones se contó con los partidos nacionalistas catalanes y vascos para la investidura y la gobernabilidad. Nunca —ni siquiera cuando el intento de golpe de Estado de 1981 interrumpió la investidura de Calvo Sotelo— y bajo ninguna fórmula, el primer partido de la oposición había apoyado la investidura del candidato del partido más votado. La diferencia ahora, tanto en las investiduras fallidas de Sánchez y Rajoy como en la exitosa de este último, ha consistido en que ninguno de los candidatos ha buscado ese respaldo de la segunda fuerza. Ésa es una peculiaridad de nuestro momento político a la que nos hemos acostumbrado como un dato del problema, pero que podría no haber ocurrido así. Como ejemplo: Rajoy ha buscado el apoyo del PNV para aprobar los Presupuestos Generales de 2017, pero no lo buscó en su momento para su investidura como presidente del gobierno.

La tercera quiebra ha sido la de las relaciones normales entre los dos grandes partidos que tradicionalmente tienen opciones de gobernar. En los últimos años y —estoy convencido— como consecuencia de análisis electorales a los que volveré, la relación entre PP y PSOE ha alcanzado niveles absurdos de confrontación. Incluso, en asuntos considerados «de Estado», como la lucha contra el terrorismo etarra (¡las cosas que, por puro electoralismo, llegó a decirle Rajoy en el hemiciclo al presidente Rodríguez Zapatero!) o la negociación del nuevo Estatuto catalán o las medidas impuestas por Bruselas para luchar contra la crisis económica de 2008..., recordemos que el paquete de medidas de mayo de 2010, en plena amenaza de intervención exterior, fue votado en contra por el PP, de nuevo, por puro electoralismo.

Esta estrategia de confrontación abierta, aplicada a otros asuntos que requerían de consensos para salir adelante con estabilidad (reforma educativa, reforma de las administraciones, reforma de la justicia, etcétera), llegó a bloquear España (de ahí el título de mi libro de 2011, Para desbloquear España, Barataria) y asentó dos ideas entre los votantes: que en el fondo PP y PSOE actuaban igual y que ambos eran incapaces de resolver adecuadamente los problemas del país. El ejemplo más claro se produjo cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero decidió subir el IVA y Rajoy recogió firmas para oponerse para pocos meses después y ya en el gobierno subirlo él mismo y el PSOE oponerse desde la oposición.

Para acabar de ilustrar las quiebras en las que se desenvuelve hoy en España la acción política —sin necesidad de entrar en cómo la elevada corrupción ha golpeado la credibilidad de los gobernantes hasta el punto de convertir a los políticos en uno de los principales problemas del país, según todas las encuestas—, no puedo dejar de citar la brecha entre jóvenes y mayores a la hora de expresar sus preferencias electorales: entre los menores de treinta y cinco años ganan los nuevos partidos (Unidos Podemos y Ciudadanos), mientras que entre los mayores de sesenta y cinco arrasan los partidos tradicionales (PP y PSOE). Afinando un poco más, entre los menores de cuarenta y cuatro años la primera opción electoral es Unidos Podemos y la segunda el PSOE, mientras que entre los mayores de cuarenta y cinco años la primera preferencia clara es el PP.

Con esos mimbres hubo que intentar un acuerdo para formar gobierno tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Y creo que todo lo que ha pasado desde entonces hasta la nueva investidura de Rajoy ha estado determinado por estas quiebras en nuestro sistema y por las diferentes visiones y estrategias para afrontarlas de unos y otros.

A la hora de gestionar una realidad política y parlamentaria tan fragmentada se impusieron vetos y se articularon «pinzas» de intereses cruzados. Eso es lo que ocurrió aunque a quienes apostábamos por el cambio de gobierno y de forma de hacer política no nos pareciera la mejor estrategia para conseguirlo. Era evidente que los tradicionales bloques ideológicos de izquierda y derecha no sumaban para formar mayorías suficientes, ni eran adecuados para gestionar un momento político de tanta complejidad. De hecho, se ha acabado imponiendo una solución transversal aunque no fuera la que algunos preferíamos.

Pero hubo opciones. Las cosas hubieran podido salir de manera diferente si los agentes implicados —personas y grupos políticos— hubieran hecho una lectura distinta de la situación para priorizar otros intereses y otras actitudes. Pudo haber un gobierno de cambio en marzo presidido por Sánchez, pudo haberse negociado la abstención socialista con el PP en agosto, pudieron haberse convocado terceras elecciones que cambiaran el panorama lo suficiente como para obtener otro resultado. Lo que en ningún caso hubiera podido existir es el llamado «gobierno Frankenstein» entre PSOE, Podemos e independentistas, por dos razones: porque Sánchez lo rechazó en marzo de 2016 y porque no hubiera podido sacarlo adelante en el Grupo Parlamentario Socialista en septiembre.

Intentaré explicar las causas, las razones y la lógica subyacente a lo ocurrido en estos meses fundamentales de la historia de España durante los cuales la casualidad me ha situado, a veces en primera persona, como agente de los acontecimientos, a veces en primera fila, como testigo y asesor, y siempre como un observador privilegiado. Prefiero esforzarme por encontrar explicaciones que por buscar culpables aunque los haya habido y no precisamente en oscuras e indemostrables conspiraciones de los «poderosos» en las que no creo, ni he visto.

* * *

En las aguas turbulentas en las que España ha navegado durante estos meses, Rajoy ha demostrado ser el mejor jugador, o al menos, el que mejor y con más suerte ha jugado sus cartas, quien mejor ha exprimido en su favor el conocimiento de las debilidades ajenas. Con una clara mayoría de diputados y de votantes en su contra, ha acabado por repetir como presidente del gobierno tras diez meses en funciones y, como le caracteriza, convirtiendo la inacción en la más poderosa de las acciones, como siempre han enseñado los maestros zen. Creo que también es quien tuvo más clara su estrategia desde el principio y quien más ha estado dispuesto a arriesgar. Recordemos las críticas en el mismo seno del PP por la decisión, impulsada por su asesor Pedro Arriola, de dar la espantada y no acudir a la primera investidura como medio de colocar a la alternativa ante sus propias contradicciones. Pudo no salirle, pero le salió. Eso sí, con la inestimable ayuda de Pablo Iglesias.

Fue Susana Díaz quien utilizó, ya en la campaña de las elecciones del 20 de diciembre, el concepto de «pinza» entre Podemos y el PP para impedir un gobierno socialista, como así acabó ocurriendo cuando ambos votaron «no» a la investidura de Sánchez en marzo. En un acto electoral en Torremolinos, Susana Díaz dijo: «La pinza de hace veinte años se va a repetir ahora». Aludía entonces a la concurrencia de intereses de José María Aznar y Julio Anguita en los años noventa con el objetivo de acabar con el gobierno socialista de Felipe González, que fue conocida como la pinza entre los extremos para destruir al centro. Permítanme desarrollar un poco el trasfondo de esta hipótesis porque me parece fundamental para entender lo ocurrido en 2016.

En 1993 Aznar pensaba que, tras convertir Alianza Popular en el PP y sustituir en su liderazgo a Fraga, superaría el techo electoral de este último y ganaría unas elecciones que se convocaban en plena crisis económica, tras los fastos del 92. No sucedió. A pesar de todos los problemas que arrastraba el gobierno socialista de la época, el nuevo PP tampoco parecía capaz de vencerle en las urnas. Los asesores electorales de Aznar, entre los que ya se encontraba Arriola, analizaron un dato sociológico que una y otra vez repetían las encuestas: desde 1976, los españoles se autoubicaban ideológicamente en el centro izquierda. En una escala de 0 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha), una mayoría se colocaba entre el 4,5 y el 4,9. Además los encuestados ubicaban muy cerca de ese entorno mayoritario al PSOE (entre el 3,8 de 1978 y el 4,1 de 1989), mientras que arrinconaban al PP muy a la derecha (8,3 en 1978, 8,4 en 1989 y 7,9 tras la refundación). Esto no ha variado demasiado con los años: en 2016 los españoles se siguen autoubicando en una media del 4,63, al PSOE lo sitúan en el 4,49 y al PP en el lejano 8,3.

A mediados de los años noventa, ayudados por asesores electorales del Partido Republicano estadounidense, los estrategas populares llegaron a una conclusión que en mi opinión aún mantienen: el PP sólo podrá gobernar en esta España de centro izquierda si consigue de manera simultánea dos cosas. La primera es destrozar la imagen de los dirigentes socialistas ante sus electores mediante campañas de acoso que ataquen su honradez y su eficacia como gestores, es decir, romper la confianza en ellos como personas y no tanto como representantes de una ideología mayoritaria entre los votantes. La segunda es fortalecer la existencia de opciones electorales que compiten con el PSOE en el mismo espacio para que los votantes de centro izquierda dividan su voto y vean muy reducida su representación parlamentaria, como consecuencia de la ley electoral. Mientras el espacio electoral de la derecha y el centro derecha, en España, lo ocupaba entonces el PP sin competencia nacional (sus competidores eran las derechas nacionalistas en Cataluña y el País Vasco), el espacio de centro izquierda se lo repartían de manera desigual pero fluida el PSOE y lo que se articuló en torno a IU.

En esas circunstancias, conseguir que IU tuviese más votos a costa del PSOE y, sobre todo, que los utilizara en contra de y no para llegar a acuerdos con el PSOE —como había ocurrido en los comienzos de la etapa democrática mediante gobiernos conjuntos en muchos municipios— era fundamental para la estrategia electoral del PP. Y en eso consistió la pinza: en la confluencia de intereses objetivos entre un PP empeñado en derrotar electoralmente al PSOE a toda costa y una IU dirigida por alguien cuyo objetivo fundamental no era sólo ganar a la derecha sino también derrotar al PSOE para sustituirlo (el sorpasso), recuperando la vieja terminología de la Tercera Internacional comunista de los años treinta: las dos orillas, socialtraidores, etcétera.

Que la estrategia electoral del PP no ha variado desde entonces parece evidente. De ahí, por ejemplo, las campañas de acoso a Zapatero, que iban mucho más allá de la lógica discrepancia política entre partidos competidores, o las dirigidas hacia Pedro Sánchez. Y de ahí, también, que sus asesores electorales vieran con buenos ojos la aparición de una figura mediática con una extraña amalgama de votantes detrás que, con las ayudas oportunas, se hizo con cinco millones de votos que en otras circunstancias probablemente hubieran votado socialista. Podrían citarse muchos ejemplos de la actitud del presidente Rajoy para darle relieve y protagonismo a Pablo Iglesias durante estos meses, como «pseudolíder» de la oposición, pero ahí lo dejo. No sin añadir que cada vez que Rajoy se mostraba partidario de un gobierno de coalición con el PSOE «porque es mucho más lo que nos une que lo que nos separa», era plenamente consciente de que estaba intentando llenar las urnas de Podemos con votos socialistas desencantados.

Resulta, pues, difícil de negar, a estas alturas, que existe una confluencia objetiva de intereses entre el PP y Podemos para hacer desaparecer al PSOE como opción de gobierno. Rajoy sabe que un grupo como Podemos, con fuertes debilidades internas y en sus relaciones con las confluencias, que da bandazos estratégicos cada cuarto de hora, con gran peso de los anticapitalistas y al que los ciudadanos ubican muy a la izquierda (en el entorno del 2, donde situaban a IU), tiene difícil, muy difícil, ganar unas elecciones nacionales en España. Y sabe también, sin embargo, que puede impedir que las gane el PSOE. Siempre que se mantengan las malas relaciones entre ambos, incluso la confrontación que defiende Iglesias, el PP puede respirar tranquilo.

Desde este punto de vista, la referencia a la pinza PPodemos que hago no viene sólo de que ambos coincidieran en impedir un gobierno presidido por Sánchez con un programa de cambio que hubiera representado una profunda reforma progresista del país; ni tan siquiera por esa confluencia de objetivos e intereses que tienen respecto al PSOE. Está basada en las seis ocasiones en tres meses en las que, pudiendo existir un acercamiento entre Podemos y el PSOE para formar un gobierno transversal de cambio con Ciudadanos, Pablo Iglesias, en primera persona, de manera muy pública y, como sabemos ahora, en contra de la opinión de otros dirigentes podemitas como Íñigo Errejón, dio un sonoro portazo para evitar dicho acercamiento, claramente porque, en lugar de llegar a un acuerdo, su opción era provocar unas segundas elecciones que le permitieran derrotar al PSOE y convertirse, ahora sí, en el líder de la oposición. Sustituir algo tan evidente —que todos vimos en directo— por oscuras teorías conspiratorias no demostrables según las cuales la interferencia de los poderes económicos fue lo que impidió el acuerdo me parece una «posverdad».

No fue ésta la única pinza que podemos detectar en este período analizado, si por tal nos referimos a una confluencia objetiva de intereses entre adversarios. La hubo también entre Rajoy y aquellos que desde el ámbito socialista estaban a favor de provocar un giro importante en la estrategia política de Sánchez aunque ello significara llegar al extremo de deponerlo como secretario general. Para entender esto deberemos responder a una pregunta fundamental: ¿por qué Rajoy da la espantada al rey como candidato a la investidura en febrero, pero la acepta en julio? Es evidente que con las nuevas elecciones mejora su resultado, como también lo es que el tiempo transcurrido deteriora la situación de un gobierno en funciones. Lo fundamental, no obstante, es que si la primera vez su estrategia era forzar una repetición de elecciones mediante su apuesta porque el gobierno de cambio de Sánchez no saliera adelante, como así ocurrió, la segunda vez, tras el fracaso cosechado, su movimiento estratégico era presionar al máximo para que el PSOE cambiase de posición. Para ello había que intensificar los temores hacia unas terceras elecciones como salida probable y a la vez intensificar el cerco a un Sánchez claramente debilitado. No creo que lo ocurrido en el Comité Federal del 1 de octubre, la dimisión de Sánchez y el nombramiento de una gestora, formara parte de ningún plan del PP, pero Rajoy supo sacarle todo el provecho.

Los vetos —y no sólo las pinzas— explican también por qué no fue posible articular lo que deseaban los ciudadanos en las urnas: un gobierno de cambio que enviara al PP a la oposición. Resulta curioso que aquellas formaciones nuevas, surgidas con un discurso transformador y en favor del diálogo como método político, fueran luego las que impusieron más vetos. El caso más evidente: después de una campaña electoral en la que los líderes de Ciudadanos y Podemos habían compartido platós televisivos en plena sintonía, como adelanto de una nueva era en la que se prohibiría el «y tú más» en la política y se sustituiría por la voluntad de llegar a acuerdos sobre las reformas necesarias, llegada la hora de la verdad, ambas formaciones frustraron dicho gobierno del cambio por sus vetos recíprocos amparados en el valor supremo de categorías como izquierda y derecha que, hasta ese momento, habían considerado como antiguallas superadas por la historia («trileros» llegó a denominar Iglesias a quienes hablaban en esos términos). Si alguien busca un caso evidente de transformismo político, ahí tiene uno; o dos, en realidad. Tengo para mí que las conversaciones mantenidas por el PSOE con Ciudadanos —necesarias por nuestra convicción declarada de que hacían falta acuerdos transversales, pero también porque otras mayorías no sumaban— fueron utilizadas como excusa por un Podemos que ya había decidido no propiciar un gobierno socialista y forzar otras elecciones donde esperaban mejorar resultados. Poco a poco, el veto entre ambas formaciones fue tomando cuerpo con desplantes e insultos mutuos, tan característicos de esa vieja política que ambos decían querer superar, hasta el punto de hacerse real y ayudar a configurar las identidades políticas de cada uno de ellos. Y, sobre todo, tanto soltaron ambos esa cometa que luego, tras las elecciones del 26J, ya no les fue posible recogerla aunque hubieran querido, impidiendo de nuevo un gobierno apoyado por las tres principales fuerzas del cambio que era lo que querían, de forma mayoritaria, los ciudadanos según todas las encuestas: no un gobierno Rajoy, sino un gobierno de la suma de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Con mucha menor repercusión práctica, tal y como fueron los acontecimientos, pero no de menor intensidad, fue el veto recíproco entre Ciudadanos y PNV o entre Ciudadanos y los independentistas catalanes.

Dejo para el final el más importante: el veto del PSOE a Rajoy y al PP, aprobado por el Comité Federal del partido en diciembre de 2015 y ratificado luego tras las elecciones de junio. Lo ocurrido puede leerse como una obcecación de Sánchez en el «no es no». Pero es justo decir que ésa fue la línea política aprobada por los máximos órganos del partido y defendida por la práctica totalidad de sus dirigentes. Hasta que dejaron de hacerlo, por razones superiores.

Los errores también ayudan a explicar lo ocurrido. No sólo la estrategia basada en una lectura de la realidad sesgada por los intereses propios, sino los errores cometidos: aquellas cosas que pudieron hacerse de manera distinta y no hacerlas influyó en el resultado. Y no me refiero a lo que, visto ahora, con el paso del tiempo y el conocimiento de las consecuencias, se descubre como un error. No. Hablo de aquellas decisiones que en el mismo momento en que se tomaron fueron percibidas como un error por alguno de los participantes o cercanos a la decisión, entre ellos yo.

Voy a citar tres errores cometidos, en mi opinión, por el PSOE. No quiero con ello decir que sólo nosotros cometiésemos errores, sino que prefiero hablar de los nuestros puesto que los he vivido en primera persona. El primero es un error de apreciación y tiene que ver con el acuerdo suscrito con Ciudadanos para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Es obvio que defiendo plenamente el acuerdo tanto en su contenido como en su intención. Y es obvio que quienes lo menosprecian, diciendo cosas como «es de derechas», simplemente no lo han leído, repiten la consigna que les han dado o son malintencionados. Me refiero a algo que cuento en el libro: constatados por las delegaciones negociadoras los puntos más difíciles en los que no había sido posible el acuerdo, los dos líderes, Pedro Sánchez y Albert Rivera, se encerraron a solas y cerraron por sí mismos las discrepancias finales. En ese momento nosotros teníamos abierta la mesa negociadora con IU, Compromís y Podemos con sus confluencias. Aunque era evidente que Podemos no tenía voluntad de llegar a un acuerdo, que sí habíamos alcanzado ya con IU y Compromís, es posible que precipitar el acuerdo público con Ciudadanos en ese momento fuera un error.

Como detallo en este libro, desde la comisión negociadora del PSOE habíamos iniciado las negociaciones con IU y con Compromís, convencidos de que sería más fácil aproximarnos a un Podemos esquivo si primero llegábamos a acuerdos con ellos. Nuestra idea inicial era alcanzar primero un acuerdo con los partidos de la izquierda desde el que forzar a Ciudadanos. Sin embargo, las reiteradas evasivas y los portazos de Iglesias nos iban colocando en una situación complicada. Recuerdo que hasta la reunión a cuatro (PSOE, Podemos, IU y Compromís) Podemos no había querido siquiera sentarse a negociar, poniendo las excusas más peregrinas. Es cierto que teníamos ya muy cerca la fecha del debate de investidura, al que no podíamos ir sin haber sumado ningún apoyo, pero haber aguantado un par de días podría tal vez haber precipitado el cambio de actitud en un Podemos que en aquellas fechas estaba muy dividido internamente y con sus confluencias acerca de si apoyar o no la investidura de Sánchez. Quizá cerrar entonces el acuerdo con Ciudadanos fue un error de precipitación, ya que dio la excusa perfecta a quienes, como Iglesias, no querían ningún acuerdo con nosotros. Se trata de una cuestión de tiempos, insisto, no de contenidos, ni de sentido final de la operación con Ciudadanos, que suscribo totalmente a día de hoy.

El segundo es un error de cálculo. Jamás pensamos que la lógica pugna entre las opciones políticas del «no es no» y la abstención pudieran llegar tan lejos como para tener las repercusiones que tuvieron en el seno del propio PSOE. Sobre todo porque, como he dicho, tras los resultados de las segundas elecciones empezamos contemplando la posibilidad de la abstención en tres vertientes: negociada, no negociada y lo que se dio en llamar «abstención técnica», de sólo aquella parte del grupo parlamentario necesaria para evitar el bloqueo. Ante el silencio o el apoyo de la mayoría de los barones socialistas, nuestra posición se fue endureciendo hacia el voto en contra conforme nuestros militantes, o eso entendíamos, se iban posicionando en ese sentido debido a la actitud de Mariano Rajoy, a quien cada vez veíamos como menos merecedor del esfuerzo que se nos pedía. Un movimiento que finalmente desembocó en confundir la posición política del partido con un pulso por el poder interno, en el que, además, participaban otros actores desde fuera. Un debate político en el que cualquier opción tenía pros y contras se dogmatizó al transformarse en una batalla sobre la autonomía del PSOE y los poderes, e incluso la capacidad, de su secretario general.

El tercero fue un error en la gestión del conflicto interno en el PSOE, en el cual se confundieron de manera interesada por todas las partes las diferencias políticas con la pugna por el poder orgánico. Y no hablo sólo del secretario general, sino de todos los protagonistas en liza, aunque la responsabilidad del primero haya de ser mayor por el puesto que ostentaba. Durante los meses en que volví a trabajar en Ferraz viví situaciones que no había vivido en largos años de militancia —incluidos algunos momentos de confrontación como los que hubo entre renovadores y guerristas, partidarios de Borrell y partidarios de Almunia, etcétera—: enconamientos personales llevados al terreno político, incomunicación entre los dirigentes, desconfianza...

Sólo así se explica que nadie enseñase todas sus cartas y el secretario general no explicara públicamente cuál era la consecuencia del «no es no», ni que quienes se le oponían reconocieran públicamente que el «trilema» acordado en el Comité Federal de diciembre («no al PP, no a los independentistas y no a terceras elecciones») sólo tenía solución mediante un gobierno apoyado por Podemos y por Ciudadanos como el que intentamos, pero resultó imposible. A partir de ahí, mi tesis es que Sánchez optó por romper el trilema yendo a terceras elecciones, pero no lo dijo, mientras que los barones críticos decidieron romperlo recurriendo a la abstención con Rajoy, pero tampoco lo dijeron. El Comité Federal que forzó la dimisión de Sánchez no trató, de hecho, ninguno de estos asuntos, sino una propuesta de convocatoria del Congreso del partido.

El legítimo debate político entre distintas opciones se sumergió y ocultó detrás de un conflicto de puro poder orgánico, evidenciado un problema no previsto en el choque de legitimidades entre un secretario general elegido por los militantes mediante primarias y un partido cuya organización depende de unos líderes territoriales con mucho poder orgánico. Sánchez era el secretario general con más legitimidad democrática interna y con menos control de la organización. Y esta realidad acabó en profunda disfunción porque los protagonistas de esa nueva situación no la supieron gestionar: ni el secretario general podía estar al dictado de los barones territoriales, ni podía dirigir el partido como si no existiesen otros focos importantes de poder interno con los que había, necesariamente, que contar.

* * *

Estos errores propios (otros, repito, cometieron otros errores) no justifican lo que ocurrió, aunque ayudan a entenderlo.

Sin embargo, las cosas habrían podido ser distintas si los protagonistas hubieran modificado ligeramente su actuación. No hay nada escrito, ni nada es inevitable. Pero prefiero las explicaciones que se pueden demostrar a los cuentos para no dormir que algunos utilizan como placebo. Así, citaré cinco momentos clave en los que el resultado pudo ser diferente, incluso respetando los datos existentes entonces, dando un cambio a la situación actual.

Primero: Sánchez pudo ser investido presidente de un gobierno del cambio en marzo de 2016, sólo con que dentro de Podemos se hubiera impuesto la línea que veía en facilitarlo mediante su abstención una oportunidad para demostrar su utilidad como partido ante sus electores (habrían hecho posible el cambio). En la práctica, esto les hubiera situado como la oposición de izquierdas a un gobierno socialista necesitado de su apoyo parlamentario. Decir ahora que los diputados de Podemos se vieron «obligados» a votar junto al PP y en contra de Sánchez por culpa del PSOE forma parte de una «posverdad» que pretende ocultar datos comprobables, y de los que hablo en el libro, como son las diferencias internas que esa decisión provocó en la dirección de Podemos, dado que había líderes partidarios de la misma, sobre todo en las confluencias, o la evidencia de que primó su objetivo de forzar otras elecciones, convencidos de que con ello llegaría el deseado sorpasso, o la realidad de que cada vez que se producía una aproximación entre el PSOE y Podemos, Iglesias salía con una provocación destinada a romper cualquier posibilidad de acuerdo. Sustituir esos hechos demostrables por un inventado giro a la derecha de Sánchez obligado por presiones del «Ibex 35» es una «posverdad» de esas que no necesita demostración para sus partidarios, salvo la repetición como un mantra.

Segundo: tras el 26J Rajoy pudo dar un paso atrás, o ser forzado a ello por su partido, para facilitar el apoyo de Ciudadanos y, sobre todo, del PSOE. Ante esta opción muchos preguntan que por qué tendría que hacerlo. Visto lo ocurrido después, es evidente que no hacía falta. Pero en su momento, con las cosas todavía poco claras, esa retirada —patriótica si se quiere— hubiera podido facilitar las cosas, manteniendo el gobierno en manos del PP, que había sido el más votado.

Tercero: el PSOE pudo haber aceptado en julio, a la vista del resultado electoral y con la experiencia de la legislatura anterior, que el cambio no era posible en esas circunstancias. Podía entonces haber aceptado, con Sánchez a la cabeza, abstenerse ante un gobierno de Rajoy para evitar el bloqueo institucional de España. Esa opción fue la más probable durante varias semanas, como cuento en el libro.

Cuarto: Rajoy también pudo haber optado, como se le dijo desde el PSOE, por buscar sus apoyos de investidura entre «sus afines ideológicos» y así, además de los acuerdos que se vio obligado a hacer, a regañadientes, con Ciudadanos y Coalición Canaria, pudo intentar sumar los cinco diputados del PNV y dejar su investidura en manos del diputado de Nueva Canaria elegido en las listas socialistas. Su presión, incluso chantaje, sobre el PSOE, ayudó poco a que el partido adoptara una decisión sosegada, sobre todo porque existían otras opciones, como se vio en la elección de la Mesa del Congreso. En vez de eso, buscó el cuerpo a cuerpo con el PNV en su discurso de investidura y en el debate posterior, sin duda, anteponiendo sus propios intereses electorales a los generales del país.

Quinto y último: también pudo ocurrir que el Comité Federal del PSOE, después de las elecciones vascas y gallegas, hubiera preferido ir a terceras elecciones antes que apoyar con su abstención la investidura de Rajoy. Esa posición estaba, en ese momento, muy extendida entre los votantes socialistas y aunque no podemos asegurar cuál hubiera sido el resultado si el PSOE hubiera ido a nuevas elecciones, unido detrás de la bandera del «no» a Rajoy, las cosas hubieran sido ciertamente diferentes.

Abrir el análisis de los hechos históricos viendo también el abanico de alternativas posibles entre las cuales se podría haber optado nos da idea de los muchos factores que influyen sobre una decisión en asuntos complejos como son, sin duda, los asuntos políticos. Asuntos que difícilmente se pueden reducir a un eslogan, una consigna o un tuit.

¿Y ahora, llegados a este punto, qué? No lo sé. El tiempo dirá. Pero dos cosas me preocupan sobre otras muchas. La primera, cómo los nuevos partidos, llamados a cambiar y a regenerar la forma de hacer política, se han diluido y han sido absorbidos por las viejas formas de hacer política. Tengo escrito (Para qué sirve hoy la política, RBA, 2012) que el principal problema político de España no era el bipartidismo, sino la partitocracia, ese colocar de forma permanente los intereses de partido por delante de los intereses generales del país. Pues bien, por simplificar, creo que los nuevos agentes políticos han roto con el bipartidismo, pero han reforzado la partitocracia dejando, con ello, de representar el aire fresco que se presumía que podrían traer. Podemos se está convirtiendo en un remedo de la peor versión de IU. Nada que ver con esa nueva izquierda que el siglo XXI de la globalización sigue necesitando.

La segunda cosa que me preocupa es que, como resultado de lo ocurrido, Rajoy gobierne sin oposición y el PSOE se diluya a su vez como alternativa creíble y posible de gobierno durante muchos años. Una cosa es que los grandes partidos estén obligados a llegar a acuerdos sobre las cuestiones de Estado o, incluso, a consensuar grandes reformas como la constitucional. Y otra cosa es que el gobierno popular se mantenga gracias al apoyo cotidiano en el Parlamento de quien está llamado a sustituirlo. Para eso, la verdad, démosle la razón del todo a Rajoy: haber aceptado un gobierno de coalición. Sostengo, no obstante, que hubiera sido un error. Sigo creyendo que PP y PSOE no representan lo mismo ni a los mismos y que las soluciones que proponen para los principales problemas del país son excluyentes entre sí. Si en la práctica se confunde la acción de ambos partidos ante los ciudadanos, corremos el riesgo de dejar al PSOE sin opciones de gobierno y a Podemos como única oposición al gobierno de Rajoy.

Sé que mucha gente piensa que el fenómeno Podemos será pasajero, algo surgido al calor de la crisis económica que no puede condicionar la estrategia socialista porque se irá diluyendo conforme se afiance la recuperación, hasta recuperar las fronteras del millón de votos que tradicionalmente ha tenido IU. Para mí, la cosa es más compleja, aunque sólo sea porque esta crisis ha provocado transformaciones estructurales que no nos devolverán al mundo anterior ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Y no es sólo el populismo. Es todo un cambio de paradigma, vinculado a la globalización y a la revolución tecnológica, del que todavía estamos en los albores, pero que va a alterar las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre lo público y lo privado, entre los ricos y los pobres.

La democracia es alternancia, pero también consenso; es pugna, pero también acuerdos; es confrontación en algunas cosas, pero pactos en otras. Los asuntos que forman parte de la definición del propio sistema democrático —las reglas de juego y el árbitro— deben ser estables y compartidos por todos, pero esto no está reñido con la posibilidad de cambiarlos, sino con hacerlo de manera unilateral para beneficiar sólo a una de las partes.

Es fundamental recuperar la idea de que muchos de nuestros problemas actuales sólo se podrán resolver desde el acuerdo transversal entre opciones distintas, como se hizo durante la Transición, desde mayorías parlamentarias suficientes que puedan vencer las resistencias que todo cambio genera dotándoles, además, de la estabilidad temporal necesaria para que dé tiempo a su implantación. Otros problemas no se resolverán así.

En todos los casos se parte de la existencia de alternativas diferentes fundamentadas en visiones políticas confrontadas. Pero en algunos asuntos hay necesariamente que negociar para ponerse de acuerdo mientras que en otros no es necesario y debe imponerse la mayoría democrática. Entender esto es básico si queremos encontrar soluciones estables a los problemas fundamentales de convivencia que tenemos hoy como país. Ni toda la política es sólo acuerdo, ni toda es sólo confrontación. Depende, y en esto, en establecer donde lo prioritario es el acuerdo o la confrontación, radica la clave del momento actual de España; ésta sería hoy la principal distinción entre «vieja» y «nueva» política, más en la línea de Ortega que en la de Laclau.

No es la primera vez que España atraviesa un momento trascendental como éste. La hora final de la lucha contra la dictadura franquista ya alumbró, por parte del Partido Comunista de Carrillo y del resto de fuerzas de la oposición democrática, dos propuestas políticas que priorizaban acabar con la dictadura, como condición imprescindible antes de abordar cualquier otro asunto: la reconciliación nacional, apartando todo aquello del pasado que dividía, y la ruptura pactada, estableciendo plataformas de amplio espectro ideológico unidas en ese punto común, traer la democracia a España. Ese empuje unitario fue la base de los importantes movimientos ciudadanos por la democracia, a la vez que facilitó el posterior consenso con el que se hizo la Constitución, pero también los Pactos Económicos y Sociales de la Moncloa.

Cuarenta años después, la situación vuelve a tener cierta similitud en el sentido de que las alianzas políticas se tienen que reordenar en función de los problemas que queramos abordar. Y, ahora, varios de los problemas fundamentales que tenemos encima de la mesa sólo podrán solucionarse desde un acuerdo de amplio consenso que, de no lograrse, seguirá dejándolos embalsados y pudriéndose, con grave impacto social.

La revolución tecnológica y la globalización de la economía y de las finanzas son un nuevo argumento a favor del cambio necesario en la manera de hacer política. Muchas de las cosas que afectan a los ciudadanos no tienen su causa en España o en decisiones adoptadas aquí. Decimos que los centros de poder y de decisión económica se han desplazado geográficamente, pero también lo han hecho socialmente: el mercado mundial carece de ordenación suficiente y la economía mundial se sitúa, en muchos casos, fuera del control democrático, limitando la capacidad real de las autoridades nacionales. Así, tanto la democracia como el Estado-nación quedan fuertemente afectados por la nueva dinámica mundial de las fuerzas productivas. Y si eso es así, ¿cómo pretendemos que la actividad de los partidos políticos y de los parlamentos nacionales no se vea afectada a su vez?

El espacio de la política democrática se ha reducido, sin desaparecer. Pero, sobre todo, la manera de hacer política en el ámbito de lo nacional, el papel de los partidos políticos y las viejas divisiones frentistas, sin desaparecer tampoco, deben reajustarse para dar respuesta eficaz a los nuevos desafíos existentes en la mundialización. La globalización, que ha reducido la pobreza en el mundo, está incrementando la desigualdad social, económica y de poder en el llamado Primer Mundo, por primera vez desde mediados del siglo pasado. Y dar respuesta a ese problema desde los valores y los principios clásicos exige actuaciones políticas diferentes a las viejas recetas de antaño pensadas para unas condiciones sociales que ya no existen.

No es repitiendo como mantra dogmas del pasado como se curarán las enfermedades sociales de hoy, ni levantando barreras artificiales, ni fronteras mentales, ni exclusiones doctrinarias como hacen los nuevos populismos o los fanatismos, mucho más interesados en señalar culpables que en encontrar soluciones.

España está situada en un rincón de la vieja Europa y pertenece al club de los países más ricos, el G20, porque a lo largo de la democracia ha experimentado un importante avance en renta per cápita y bienestar social. Muchas de nuestras empresas compiten eficazmente en la economía mundial y nuestros investigadores y profesionales son requeridos por su competencia para trabajar en el extranjero. Junto a eso, la pobreza se ha disparado y el lento proceso hacia una mayor igualdad social, iniciado a principios de los años ochenta del siglo pasado, se ha revertido al calor de la crisis que estalló en 2008. Tenemos serios problemas que afectan al funcionamiento de la educación, a la capacidad para crear empleo estable, innovar y emprender, al funcionamiento de la justicia y, en general, de las administraciones públicas y de las políticas de cohesión social, incluida la lucha contra la economía sumergida. Además, recientemente, se ha desatado un serio problema de convivencia en Cataluña. Pero nada de eso es irresoluble, si somos capaces de poner en marcha la máquina de las soluciones que es, en muchos casos, la del diálogo y los consensos, políticos y sociales.

En el año 2016 se cumplieron ochenta años del estallido de la última guerra civil entre españoles. Muchos han señalado aquella tragedia como un caso extremo del cainismo asesino que a veces golpea a nuestra sociedad. Entonces el choque se produjo entre izquierdas y derechas, pero también entre unas izquierdas contra otras, para beneficio global de la derecha militar y golpista. Nada hoy se parece a lo de entonces. Afortunadamente. Nada, excepto la sombra de una división y una confrontación en el seno de las izquierdas también, ahora, para beneficio de la derecha. Y, como ejemplo, valga señalar la regresión que se ha producido en el lenguaje de algunos políticos hacia fórmulas y expresiones más antiguas que ellos mismos y, hoy, en gran parte carentes de significante, es decir, vacías de contenido real aunque queden bien en un plató de televisión.

La solución a nuestros problemas requiere un cambio. Un cambio de gobierno, pero también de políticas y, sobre todo, de la manera de concebir y de hacer la política. Y quien no lo entienda así y actúe en consecuencia, será parte del problema y no de la solución.

PRIMERA PARTE

Capítulo 1

De la noche electoral del 20D

a la espantada de Rajoy (enero de 2016)

«Hemos hecho historia, hemos hecho presente y el futuro es nuestro.» Esta frase, con la que cerró el candidato socialista Pedro Sánchez su intervención la noche electoral del 20D ante los militantes, simpatizantes y medios de comunicación presentes en la sede central de la calle Ferraz, fue utilizada de forma torticera por algunos medios conservadores para apoyar la tesis de que ante los resultados obtenidos debería presentar la dimisión, como hizo Almunia en 2000 y Rubalcaba tras las europeas. A partir de esa noche, se desplegó una estrategia de supuesto «tutelaje» al candidato. Como si Pedro Sánchez, el primer secretario general del PSOE elegido mediante primarias y que llevaba menos de dos años en el cargo, perdiera con este resultado electoral su autonomía política. Este estereotipo de líder socialista débil al que se apuntaron de manera interesada la derecha y Podemos no se correspondía, en absoluto, con la realidad. Y las semanas transcurridas entre la noche electoral del 20D de 2015 y el 3 de mayo de 2016, cuando se convocaron las nuevas elecciones, lo demuestran.

En esas semanas, como queda reflejado en este libro, el candidato socialista se marcó libremente una línea de actuación que puso en práctica con total autonomía, hizo lo más sensato que se podía hacer, estuvo a la altura de los retos planteados y, cada vez que sometió una propuesta a los órganos de dirección del partido o directamente a los militantes, ésta fue aprobada por amplia mayoría. Los ciudadanos vieron a un líder socialista joven, con ideas y con ganas, luchando por buscar soluciones a los problemas de los españoles e intentando hacerlo desde un gobierno alternativo al representado por Rajoy y el PP.

El peor resultado de la historia

no necesariamente es un mal resultado

Los 90 escaños obtenidos por el PSOE en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 —como reflejo del 22,01 por ciento conseguido de los votos útiles— fueron recibidos con moderada satisfacción en la planta cuarta de la sede de Ferraz, donde estábamos siguiendo el recuento de las elecciones. Entender este hecho es fundamental para no equivocarse respecto a cuál era realmente la situación y a la valoración del papel real desempeñado por Pedro Sánchez como líder del partido. Propongo que el análisis parta de constatar cuatro datos incuestionables que ayudan a enmarcar ese análisis concreto de la realidad concreta que tanto reclamaban los clásicos.

Primer dato incuestionable: el resultado del 20D fue el peor de la historia del PSOE en la actual democracia española. Cierto. En las anteriores elecciones generales de 2011, la candidatura de Rubalcaba obtuvo 110 escaños, con el 28,7 por ciento de los votos. Incluso en las primeras elecciones generales de 1977, cuando todavía no se habían absorbido otros grupos socialistas —como el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván—, el PSOE obtuvo 118 escaños y un 30,4 por ciento de los votos. Pero no sería correcto cerrar ahí el análisis sin tener en cuenta el resto de datos.

Segundo dato incuestionable: las elecciones del 20D de 2015 significaron un vuelco total del panorama político español. Así lo recogieron los medios de comunicación: «El bipartidismo mayoritario ha muerto (PP y PSOE han perdido 5,2 millones de votos y apenas superan el 50 por ciento del total)» (El País), «España dio ayer un vuelco a su sistema de partidos políticos como no se había producido desde 1982 con el hundimiento total del partido gobernante, la UCD, [...]. Ahora hay dos partidos emergentes convertidos en potentes minorías parlamentarias partiendo de cero» (Joaquín Prieto, El País), «Los españoles decidieron ayer dar por muerto y enterrado el bipartidismo en torno al que ha venido girando nuestro sistema político desde 1977» (El Mundo). El Periódico de Catalunya, en el mismo sentido, tituló: «Lío general».

Esta nueva realidad, vivida como un auténtico terremoto parlamentario, había perjudicado en términos relativos todavía más al PP que al PSOE. Es decir, a diferencia de los malos resultados de las generales de 2000 o de las europeas recientes, donde la caída en votos del PSOE se había visto agrandada por el aumento espectacular que había obtenido su principal adversario, ahora ambos caían, pero el PP, que perdió 63 escaños y casi 24 puntos en el porcentaje de votos, aún más que el PSOE, que perdió 20 escaños y siete puntos porcentuales en votos. La situación, por tanto, no era en absoluto comparable a otros momentos anteriores.

Sobre las causas y razones de ese «tsunami» que se produjo en el sistema español de partidos ya he publicado un libro (Para qué sirve hoy la política, RBA, 2012) al que remito al lector interesado. Baste, a los efectos de esta publicación, decir que en absoluto se puede responsabilizar de la situación a un secretario general que apenas si lleva un año en el cargo, después de haber representado él mismo el inicio de la propia renovación interna del PSOE como respuesta a esa nueva situación.

Tercer dato incuestionable: el resultado obtenido por el PSOE fue mejor de lo que predecían las encuestas y de lo que se derivaba de los sondeos publicados el mismo día de las elecciones. Un repaso a las encuestas publicadas antes del día electoral permite dibujar un amplio abanico de escaños para el PSOE, desde un mínimo de 76 (pronóstico de El Mundo) hasta un máximo de 94 (El País). A esto se deben hacer dos matizaciones: había un tendencia ligeramente descendente en las encuestas conforme se acercaba el 20D, y en varias de ellas el PSOE descendía a la tercera fuerza electoral, desplazado primero por Ciudadanos y, luego, por Podemos. El mismo día de las elecciones, los sondeos publicados situaban al PSOE en un entorno de 81-85 escaños, superado en votos por Podemos.

A la luz de la información interna de la que disponíamos en el partido, llegábamos a la última semana de la campaña en mala situación. Y entonces se produjo una remontada de la mano casi en exclusiva del candidato Sánchez, sobre todo debida a los debates televisivos y, todavía más, a su actuación en el cara a cara con Rajoy, en el que deshizo toda sospecha de que PP y PSOE fuéramos lo mismo, el PPSOE, como decían a manera de eslogan los partidos nuevos, afirmación falsa, pero muy eficaz entre los votantes tras la crisis económica.

Cuarto dato incuestionable: el resultado del 20D no permitía, de manera evidente, la formación de mayorías de gobierno. Los viejos bloques izquierda y derecha no sumaban mayorías suficientes en la Cámara y todas las combinaciones para un gobierno exigían la participación de al menos tres formaciones políticas. Eso abría un margen para que Pedro Sánchez, aun liderando la segunda fuerza, pudiera articular una mayoría alternativa que le permitiera formar gobierno si Rajoy fracasaba. Recordemos también que esta nueva situación se acababa de plantear en varias comunidades autónomas.

Como recogía El País en su editorial al día siguiente de las elecciones: «El pueblo no ha entregado a nadie su confianza mayoritaria. Por tanto, ésta es la hora de administrar responsablemente los resultados del 20D. Hay que negociar una solución de gobierno desde el convencimiento previo de que nadie está en condiciones de exigir tajantemente a los demás. Han sido unas elecciones sin triunfador».

Los cuatro datos expuestos dibujaban una realidad nueva, no comparable a ninguna anterior, y permiten explicar por qué la noche electoral, al conocer los resultados definitivos, lejos de cundir el desánimo en la sede del PSOE y las críticas a su líder, reinaba un moderado optimismo y éste fue recibido con gritos de «Presidente, presidente».

Y para demostrar que otros también lo vieron así, reproduzco frases de la prensa del día siguiente: «Pasadas unas primeras horas de ambiente sombrío, en la sede del PSOE se hizo la luz al conocer los resultados»; «Este resultado por encima de lo que previeron fue acogido con aparente satisfacción en la dirección del PSOE», «El PSOE podría llegar a lograr la presidencia con el apoyo de las demás fuerzas de izquierda y nacionalistas» (El País). «Pedro Sánchez se mantuvo segundo. Contra las encuestas, contra los pronósticos, contra las previsiones de la mayoría de los medios de comunicación y en contra de la opinión de muchos en su propio partido [...] casi nadie preveía el último día de campaña que Pedro Sánchez pudiera alcanzar los 90 diputados» (El Mundo). «De todos los escenarios posibles que manejaba el PSOE antes de comenzar la campaña, el resultado de anoche se encuentra entre los relativamente buenos. Los socialistas mantienen el segundo puesto en escaños y en votos, desterrando el fantasma de quedar relegados ante el empuje de Podemos. Se mantienen como alternativa al PP», «Los militantes acogen con alivio el resultado y hacen quinielas para llevar al líder socialista a la Moncloa» (El Periódico de Catalunya). Y, por último: «Todo indica que el PSOE se ha salvado del desastre que casi todo el mundo daba por hecho hasta ayer mismo [...]. Pedro Sánchez ha mantenido el tipo» (Carlos Elordi, El Periódico de Catalunya). «A pesar de las dificultades [el PSOE] ha sido la primera fuerza política de la izquierda y consiguió parar a Ciudadanos. Ése es el principal logro» (El País).

Quizá ahora se entienda mejor por qué Sánchez dijo, esa noche, aquello de que «hemos hecho historia». Sobre todo porque, como también dijo: «Durante esta campaña electoral hemos visto una coalición de intereses que han intentado hacer desaparecer al PSOE y no lo han conseguido. No lo han conseguido». Coalición de muchos intereses, sin duda, pero de manera explícita ése era el objetivo principal de alguna de las nuevas fuerzas emergentes, como Podemos. Por ponerlo en palabras de un editorial de El País: «El PP no dudó en mirar en su día con simpatía a Podemos y las televisiones de la derecha, generosamente recompensadas por el gobierno de Rajoy, se han dedicado durante años a promover a ese partido como una alternativa que perjudicara a los socialistas. Esa táctica, ya ensayada en su día por Aznar con Julio Anguita y conocida como la pinza, ha obtenido el éxito buscado al debilitar al PSOE. También ha contribuido, por cierto, a la extensión de la demagogia en el debate político y mediático».

Es verdad que, como reconoció Sánchez la noche electoral, «el PSOE ha salido a ganar las elecciones y desgraciadamente no ha sido así». Pero, no. Sin hacer trampas y teniéndolo todo presente, Pedro Sánchez (y el PSOE) no obtuvo un mal resultado electoral el 20D.

Para mí todo volvió a empezar seis meses antes

¿Qué pintaba yo en noche electoral en la planta «noble» de Ferraz, once años después de haber salido de la Ejecutiva del partido, ocho años desde que dejé de ser ministro y seis desde que renuncié al escaño parlamentario y a la actividad política como forma de vida?

De eso sí tenía la culpa Pedro Sánchez en exclusiva. Y, tal vez, mi convicción de que algo había que hacer para corregir el rumbo de España, evitando que el PP siguiera gobernando como lo había hecho los últimos cuatro años: desde la prepotencia y provocando la mayor desigualdad social de la historia reciente de nuestro país.

Hay una canción de Raimon que dice: «Cuando crees que todo acaba, vuelve a empezar». Y así me sentí yo el día que Pedro me pidió que me incorporara a su equipo como responsable del programa económico y, en términos británicos, ministro de Economía «en la sombra». Yo había dado por concluida mi etapa de dedicación a la política en 2009, después de haber empezado a militar en un partido de izquierdas en 1971, siendo un jovencísimo estudiante de bachiller, todavía bajo el franquismo. Y, de repente, todo volvía a empezar.

Cuando Pedro me citó, un lunes de finales de junio, creí que sería para intercambiar opiniones sobre la situación económica y política del país, como habíamos hecho tantas veces por teléfono, especialmente los domingos, después de que hubiera leído mi columna semanal en el diario El Mundo. Aunque nunca perdimos el contacto desde que nos conocimos en 2000, sólo nos habíamos visto en persona en un acto organizado por el PSOE al que yo acudía entonces en calidad de presidente de la Fundación Más Democracia y él ya como nuevo secretario general del partido.

A pesar de que le pedí unos días para pensarme su oferta, hecha de sopetón («Quiero que te incorpores a mi equipo como responsable electoral del programa económico para que te puedas comprometer con todo eso que dices en tus artículos que hay que hacer en España»), salí de su despacho en Ferraz convencido de que no podía decirle que no, de que nunca podría perdonarme si ahora decía no a esa importante responsabilidad, aunque ello significara dedicación exclusiva y, por tanto, poner fin a mis maravillosos seis años de trabajo profesional como asesor sénior en Price WaterhouseCoopers (PwC). Era un nuevo giro en mi vida que tenía que consultar con la familia, sin duda los principales afectados, pero también conmigo mismo porque ya no tenía edad para asumir nuevos riesgos, como supone siempre en España —y sobre todo siendo de izquierdas— transitar entre el sector público y el privado, por supuesto dentro de la ley, no en vano fui el ministro responsable de la primera Ley de Conflictos de Intereses que reguló las incompatibilidades. En la mayoría de países se considera algo positivo que los buenos profesionales pasen —insisto, con normalidad y respeto absoluto a la legalidad— de la actividad pública a la privada y viceversa; pero aquí, algunos demagogos quieren convertirlo en algo a priori sospechoso por definición, llegando a plantear incluso el absurdo de prohibirlo, en lugar de reforzar las exigencias y la vigilancia para evitar los abusos que se puedan producir.

Había trabajado con y para todos los secretarios generales del PSOE en democracia (Felipe González, Joaquín Almunia, José Luis Rodríguez Zapatero), excepto para Rubalcaba porque en su etapa yo ya había abandonado la actividad política, que no el interés por la misma. Formé parte del grupo de jóvenes que, encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero, ganamos el Congreso del PSOE en 2000, lo que me llevó a su ejecutiva como responsable de Economía y Ocupación y al gobierno tras la victoria electoral de 2004. Lo que me estaba pidiendo el actual secretario general, el primero elegido por primarias, era un nuevo compromiso activo para articular un proyecto ganador que ayudara a poner fin al gobierno de Rajoy, en mi opinión el más conservador de la historia de la democracia española y, por tanto, el más perjudicial de todos, en dos aspectos concretos: había dinamitado las relaciones laborales, debilitando el papel de los trabajadores en la negociación colectiva, y había cuarteado el Estado del Bienestar en sus dos facetas de ingresos progresivos (reforma fiscal) y gastos redistributivos (recortes). Como consecuencia, la desigualdad social ha crecido en España a ritmos intolerables y el poder económico se ha concentrado en muy pocas manos, cegando el porvenir de varias generaciones de españoles. Además, Bárcenas, la Gürtel, etcétera, ponían la guinda al pastel que tan perjudicial estaba resultando para España, por no hablar de la pésima gestión del asunto catalán.

Me incorporé, pues, en julio al magnífico comité de expertos que organizó Pedro Sánchez, siendo el único con dedicación exclusiva, pero puse dos condiciones: trabajar con la estructura ya existente en el partido, en especial con el responsable de Economía de la ejecutiva, Manolo de la Rocha, cuyo trabajo y apoyo han sido imprescindibles durante estos meses y a quien no quería sustituir sino complementar, y no ir en las listas electorales como candidato a diputado porque, como le dije a Pedro, yo no quería volver a la política, sino a su campaña como candidato a la presidencia del gobierno. Y si no salía, regresaría tranquilamente a mi actividad previa en la empresa privada. ¿También se consideraría esto un ejemplo de puertas giratorias?

Una legislatura atípica, muy diferente, incluso extraordinaria

Es imposible entender lo que ocurrió en el período al que se refiere este libro sin partir del hecho de que estábamos ante una legislatura «atípica», muy diferente a cualquiera de las anteriores. Ese análisis concreto de la situación debía permitirnos el establecimiento de estrategias políticas que se ajustaran a la nueva realidad.

Durante las primeras semanas de enero tuve ocasión de elaborar un documento para Pedro Sánchez sobre la situación y las opciones que nos dejaba abierta la misma. Lo transcribo íntegro a continuación.

Informe interno:

Reflexiones estratégicas ante una investidura

Resulta difícil no reconocer la peculiaridad radical que define a la legislatura que ha empezado en enero de 2016. Si tuviéramos que buscarle, por su novedad, un antecedente histórico, habría que irse a la primera legislatura de la democracia (1977/79), donde el gobierno de la UCD, con 166 diputados, impulsó los Pactos de la Moncloa y la elaboración de la Constitución, ambos hechos basados en un método de negociación que hemos llamado «consenso».

Lo diferente de esta legislatura se puede argumentar de muchas formas. Pero prefiero utilizar, como criterio de autoridad, las palabras del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la reunión del Comité Federal del partido el pasado 28 de diciembre: «El resultado de las elecciones del 20 de diciembre plantea un escenario político nuevo, con más actores a izquierda y derecha, muy diferente a lo que hemos visto durante estos últimos treinta y siete años de democracia».

Esta excepcionalidad del momento es la razón por la que en la misma intervención citada se plantea nuestra disponibilidad a gobernar «con una condición previa: la renuncia a cualquier planteamiento que implique fracturar la convivencia entre españoles».

Topografía de un Congreso de los Diputados

Las elecciones del pasado 20D han situado al Congreso de los Diputados ante una realidad caracterizada por mayor pluralidad que nunca y, a la vez, por menor capacidad de formar gobierno estable que nunca. Varios datos reflejan esta aseveración:

— Hay 109 diputados nuevos, elegidos por dos formaciones que se presentaban por primera vez a unas elecciones generales.

— Nunca el partido ganador de unas elecciones generales lo había hecho con un porcentaje tan bajo de votos (28 por ciento).

— Nunca el grupo mayoritario en la Cámara había tenido tan poco porcentaje de diputados sobre el total (35 por ciento).

— Nunca los dos grupos que se han alternado, hasta ahora, en el gobierno de España, habían tenido un porcentaje conjunto de votos tan bajo (50,7 por ciento).

— Nunca el nacionalismo/independentismo, en sus distintas formulaciones, había tenido una representación tan amplia (53 diputados).

— Esto, más la realidad en torno al proceso catalán, significa que la tensión nacional está no sólo muy presente en este Congreso/ legislatura, sino que se sobrepone a la tradicional tensión entre izquierda y derecha. Las derechas nacionalistas no votarán la investidura de Rajoy y las izquierdas nacionalistas sólo votarían la investidura de Sánchez con contrapartidas difíciles de aceptar.

En esta Cámara hay pues tres vectores que se entrecruzan a la hora de delimitar la representación ciudadana: la clásica entre izquierda/derecha, un reforzamiento de la tradicional nacionalismo/ independentismo/unidad nacional y la representada por los nuevos frente a los viejos grupos parlamentarios.

Estas realidades determinan que la investidura de un presidente sea muy difícil sin la participación, activa o pasiva, de, como mínimo, tres de los cuatro grupos mayoritarios o de una pluralidad de minoritarios. Este dato objetivo excluye la tentación de abordar el asunto sólo en clave izquierda/derecha ya que ninguno de los dos bloques tradicionales tendría una mayoría coherente, al añadírsele las divisiones derivadas del factor territorial.

Breve recordatorio

del camino que nos ha traído hasta esta situación

Nuestro presente está explicado, sobre todo, por cuatro realidades del pasado reciente:

— Todo lo relacionado con el Estatuto de Cataluña, hasta la sentencia del Tribunal Constitucional y la respuesta airada de las autoridades catalanas (recordemos que, en primera instancia, con presidente socialista).

— Los resultados de la profunda crisis económica internacional desde 2008 y, sobre todo, los impactos de las políticas económicas aplicadas, especialmente desde mayo de 2010 (con un gobierno socialista).

— El encadenamiento de grandes escándalos de corrupción que han sentado en el banquillo a un millar largo de políticos de (casi) todos los partidos.

— Un predominio de la partitocracia (poner por delante los intereses del partido frente a los intereses generales del país), que se visualiza como confrontación permanente y por todo, entre los dos principales partidos políticos, incapaces de llegar, aparentemente, a acuerdos sobre nada.

Estos hechos han precipitado un estado anímico de gran malestar entre los ciudadanos caracterizado por:

— Profundo temor al futuro (los jóvenes de hoy aspiran a no vivir peor que sus padres y ello va a ser muy difícil para muchos de ellos).

— Inmensa desconfianza/cabreo ante «los políticos», que han sido vistos como incapaces de resolver los problemas y, en muchos casos, como agentes pasivos de unas clases dominantes, nacionales e internacionales, que han impuesto, a través de ellos, políticas injustas.

— Amplia sensación de que la corrupción impera en nuestras instituciones y, sobre todo, de que «el sistema» favorece la impunidad de los poderosos, incluidos los políticos.

En resumen, una amplia mayoría de ciudadanos se posiciona entre:

— Aquellos convencidos de que «esto no funciona» (los políticos son incapaces).

— Aquellos convencidos de que esto funciona sólo en beneficio de los poderosos (los políticos son sospechosos).

Sólo así se entendería por qué muchos problemas cuya solución está en manos de políticos se eternizan, sin que se sea capaz de encontrarles solución: lentitud de la justicia; sistema educativo obsoleto; elevada tasa de paro crónico; formación profesional insuficiente; administración ineficiente; fraude fiscal; recurrente tensión nacionalista.

Con ello, se incrementa la sensación (amplificada por los «nuevos» actores) de que el principal problema de España se sitúa en su sistema político y en su pésimo funcionamiento, sobre todo de la mano de los dos partidos que se han turnado en el gobierno.

La perplejidad y el malestar existente entre los ciudadanos se reflejan en el último Barómetro del CIS (noviembre), donde si bien un 67,1 por ciento de los ciudadanos demandaba un cambio de partido en el gobierno (pregunta 16), un 75,5 por ciento consideraba que si hubiera estado el PSOE al frente del gobierno durante los últimos cuatro años, lo hubiera hecho «igual o peor» que el PP (pregunta 6), cuya gestión rechazaban.

Necesidad, en esta legislatura,

de diferenciar qué hacer de quién lo hace

Los retos a los que se enfrenta España son de gran dimensión. Unos, derivados de los cambios procedentes de fuerzas exógenas como la globalización o la revolución tecnológica, que ya han cambiado el modelo productivo y están erosionando el modelo social de convivencia. Otros, de las dinámicas políticas vinculadas a la Unión Europea, el terrorismo yihadista o la crisis de los emigrantes. Otros, derivados de la obligación nacional de «desatascar, de una vez, los problemas atascados», en palabras del SG. Otros, por último, de nuestras necesidades acumuladas, como, por ejemplo, reducir el paro o colocar en los mercados financieros en torno a 300.000 millones de euros al año para refinanciar una deuda pública que se aproxima al 100 por ciento del PIB.

Todo ello hace que «los españoles [...] quieren confiar en sus instituciones, que éstas sean inclusivas y democráticas [...] anhelan otra forma de gobernar que profundice en los pilares que se asentaron en la Transición» (SG).

En suma, sólo una legislatura planteada desde la voluntad explícita de aunar grandes consensos en torno a las reformas pendientes sería coherente con el deseo de cambio expresado en las urnas, que ha sido de cambio en las políticas pero, sobre todo, en la manera de hacer política.

Los españoles saben que ninguno de los retos que tenemos hoy pendientes puede encontrar solución de la mano de un solo partido y así lo han dicho con sus votos. Pero, es más, saben que muchos de esos desafíos van más allá de las divisiones tradicionales entre izquierda/derecha, exigiendo acuerdos transversales para poderse implementar.

Todavía más, saben que si no se han podido resolver hasta la fecha ha sido por esa falta de diálogo y de acuerdo entre partidos de ambos lados del espectro ideológico.

La legislatura, por tanto, debe plantearse como de cambio en el método de hacer política, reclamando y buscando explícitamente amplios consensos parlamentarios para ser capaces de abordar un elenco de grandes desafíos del país y de problemas largamente atascados.

Delimitar el catálogo de asuntos que requieren más tiempo y amplios consensos así como establecer el procedimiento para iniciar las conversaciones entre los grupos parlamentarios, con plazos de finalización, debe de ser uno de los objetivos de un programa de investidura.

Junto a ello, hace falta establecer, también en el programa de investidura, el listado de cosas más urgentes, que necesariamente deben abordarse en el corto plazo por el gobierno que se forme. Especialmente, aquellas cosas que visualicen de forma inmediata ante los ciudadanos el cambio de políticas que se inaugura pero que hay que gestionar, durante 2016/17, desde la realidad de un marco presupuestario concreto sobre el que no se tiene libertad completa al estar ya aprobado el de este año y, en todo caso, ser imprescindible negociarlo con las autoridades comunitarias.

La suma de ambas partes del programa de investidura nos proporciona el cambio de método político (búsqueda de consenso versus confrontación) y el cambio de políticas, graduándolo en el tiempo de la legislatura.

Si los ciudadanos quieren diálogo, pues la confrontación de los años anteriores paralizó la solución de sus problemas, si reconocen la incapacidad de un solo partido (incluso con mayoría absoluta) para hacer frente a esos problemas, la investidura debe hacer frente a esa demanda, debe reconocer que la expresión de la exigencia de diálogo es un Parlamento diferente, con el voto tradicional de izquierda expresado en dos formaciones, al igual que el voto tradicional de derecha y más presencia nacionalista/ independentista.

Es decir, la investidura no es, no puede ser, un diálogo de un candidato con sus electores, mostrando coherencia con su programa y sus propuestas electorales (aproximación tradicional).

La investidura busca un líder, no de partido, sino de país, que defina los problemas urgentes, y los métodos para solucionarlos, que necesariamente pasan por el consenso de los grupos parlamentarios. Es decir, un líder que señale el camino, no las soluciones, pues no están en sus manos, y que confíe en el diálogo para encontrarlas, precisamente respondiendo de esta forma a la exigencia de los ciudadanos; resolver problemas juntos, pues confrontados no fuimos capaces.

El discurso de investidura debe ser un grito contra la fractura de la sociedad española, y debe ofrecer un líder y un gobierno que se apoye en varios partidos, no por necesidad para lograr la confianza de la Cámara, sino por la necesidad de recuperar la confianza de los españoles en las instituciones.

La legislatura, así, quedaría definida como una legislatura que tiene un estilo diferente de hacer política, lo que tiene como resultado que se hacen unas políticas diferentes.

¿Quién puede propiciar, impulsar, dinamizar, dirigir, esas dos transformaciones de método y de contenidos de las políticas con mayor credibilidad?

Ahí es donde el Partido Socialista presenta una evidente ventaja competitiva frente al líder del grupo mayoritario, siempre que evitemos, con la investidura y desde el gobierno, fomentar la idea de «frentismos» (del tipo que sean), que sólo provocarán una agudización de las divisiones en el seno de los españoles.

Por eso, debemos aspirar a una investidura plural y transversal, tanto desde el punto de vista ideológico como territorial. Desde la misma investidura, debe reflejarse que hemos evitado fracturar, todavía más, a los españoles. En palabras, de nuevo, de nuestro SG, «nos dejaremos la piel en el empeño de construir una mayoría política que atienda a lo que ha dicho con claridad la mayoría social con sus votos: que nos fijemos en lo que nos une y no en lo que nos separa». Ésa debe ser la lectura correcta del momento político de España y del resultado de las urnas. Sólo ello hará incomprensible ante la sociedad la tentación de la derecha de «echarse al monte», ante un gobierno distinto al suyo.

En todo caso, el nuevo estilo de hacer política llevará a una modulación respecto a la iniciativa legislativa tradicional que ya no estará basada, sólo, en la acción del gobierno, sino que deberá contar con mayor protagonismo del Parlamento, cediendo incluso la iniciativa a éste en algunos asuntos de gran calado.

En ese sentido, el presidente que sea investido y el gobierno del que se rodee deberán llevar la gestión de cambio que requiera mayorías parlamentarias simples o, incluso, que no requiera pasar por el Parlamento, mientras que las reformas de gran calado deberán residenciarse directamente en el Parlamento, que asumirá un mayor protagonismo, redefiniendo lo que han sido, hasta ahora, las funciones respectivas de Legislativo y Ejecutivo.

La mayoría de cambio que se configure deberá por tanto fraguar sus acuerdos en ambos pilares: el gubernamental y el parlamentario, para darle coherencia y continuidad al impulso de transformación de fondo y de forma, que debe caracterizar a esta legislatura.

Esquema de un Programa de investidura

para esta legislatura

La articulación de un Programa de investidura debe estar orientada a acometer los siguientes objetivos:

— Consolidar una recuperación económica justa y medioambientalmente sostenible.

— Crear empleo adicional al ciclo.

— Reducir las crecientes desigualdades sociales, combatiendo la pobreza, la desigualdad de género, fortaleciendo el Estado del Bienestar y un sistema fiscal progresivo.

— Impulsar la regeneración democrática, la mejora de la calidad institucional y la lucha contra la corrupción.

— Reformar nuestra Constitución, blindando derechos sociales, regenerando nuestras instituciones y completando el funcionamiento federal de nuestras instituciones territoriales.

— Potenciar nuestro papel activo como miembros de la Unión Europea, ella misma en plena reforma, y de la eurozona.

Estos objetivos se deben conseguir a partir de un conjunto articulado de iniciativas que requieren distinto nivel de acuerdo político y social para poderse aprobar e implantar.

Por ello, dado que el objetivo perseguido no puede ser sólo formar gobierno sino garantizar la capacidad de dicho gobierno para gobernar en el nuevo contexto, conviene diferenciarlos en función de dónde y con quién se deben cumplir las distintas iniciativas de cambio y de transformación enmarcadas en estos objetivos.

Reformas que requieren grandes consensos transversales Incluimos aquí aquellos asuntos que por su naturaleza, o por imperativo legal (mayorías cualificadas), sólo podrán resolverse si hay grandes acuerdos parlamentarios. Dentro de éstas diferenciaremos entre aquellas en que la iniciativa debe residir en el propio Parlamento y aquellas otras que necesitan un protagonismo activo del gobierno como gestor y facilitador de las mismas.

Con impulso parlamentario

— Reforma de la Constitución

• Ponencia o subcomisión

• Propuesta de texto o delimitación del perímetro

— Fortalecimiento del sistema público de pensiones con fuentes complementarias de financiación (Pacto de Toledo)

— Igualdad de género

• Pacto contra la violencia de género

• Igualdad salarial

— Transparencia

• Publicidad activa de acuerdos urbanísticos

• Campañas de publicidad institucional

• Revisión de las causas de denegación de acceso

— Ley Integral de Partidos

• Primarias

• Tutela efectiva derechos afiliados

• Financiación pública

— Sistema electoral

• Mejora de la gobernabilidad local

• Mejora de la proporcionalidad estatal

— Administración local. Revisión de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local

— Laicidad

• Ley de Libertad Religiosa

• Acuerdos con la Santa Sede

— Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

— Reforma del reglamento del Congreso

• Dedicación exclusiva de parlamentarios

• Minorías suficientes para comisiones de investigación, comparecencias, etcétera

— Régimen del nombramiento de los miembros de órganos constitucionales, reguladores y Consejo de RTVE

Con impulso del gobierno

— Medidas que permitan acordar con las autoridades catalanas su plena participación en los asuntos generales de España dentro del marco constitucional

— Creación de un Ingreso Mínimo Vital como nueva prestación no contributiva

— Educación

• Paralización del calendario de aplicación de la LOMCE

• Ponencia para un Pacto educativo

• Reconocimiento inmediato de la beca como derecho subjetivo

— Seguridad Social y pensiones

• Intensificación del modelo bonus-malo en función del recurso a contratos temporales

• Bonus de dos años de cotización a las mujeres por cada hijo a efectos del cálculo de las pensiones

• Cotización de los trabajadores autónomos

— Reforma Laboral

• Nuevo Estatuto de los Trabajadores en el plazo de seis meses tras acuerdo social

• Reducción de los tipos de contratos para limitar la temporalidad artificial

• Reforma de la negociación colectiva

• Reconocimiento de subsidio por desempleo, con cotización a la Seguridad Social, para mayores de cincuenta y dos años

— Reforma de la Justicia

• Supresión de la prisión permanente revisable

• Indultos

• Paralización del calendario de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

• Revisión de procedimientos en busca de agilizarlos

— Nuevo modelo de financiación autonómica

— Ley de Conflicto de Intereses

• Régimen especial respecto a las «puertas giratorias», ampliación de incompatibilidades e incorporación de altos funcionarios

• Miembros de las mesas de contratación

• Declaración de situación patrimonial al inicio y fin de mandato de altos cargos y cargos electos

• Inclusión en el Código Penal del delito de enriquecimiento injustificado

• Creación de una Oficina Anticorrupción

— Reforma fiscal que mejore la tributación de la riqueza, de otras bases exentas y de la fiscalidad verde

— Aprobación de un nuevo Plan de Estabilidad donde se fije una senda de reducción del déficit y de la deuda pública compatible con las obligaciones comunitarias

— Transición energética

— Plan de lucha contra la pobreza energética, definiendo los clientes vulnerables

— Revisión de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar los contratos sin publicidad, evitar la fragmentación artificial de contratos, controlar los modificados y eliminar las bajas temerarias de precios

Reformas centradas en la gestión del gobierno

y aquellas con impacto presupuestario

en el ejercicio presupuestario 2016-2017

— Plan de choque para reducir a la mitad la tasa de paro, creando empleo más allá del ciclo

— Rectificar el Presupuesto para 2016, en conversación con las autoridades comunitarias

— Incremento de los recursos destinados a la aplicación de la Ley de Dependencia para la incorporación inmediata al sistema de los dependientes ya reconocidos

— Incremento de los recursos destinados a cambiar el modelo productivo: digitalización, I+D+i

— Incremento de la cuantía y cobertura de las prestaciones familiares por hijo a cargo para combatir la pobreza infantil

— Dotación de un fondo excepcional de financiación sanitaria que acompañe la plena universalización de la misma (inmigrantes)

— Reforma del ICO para reforzar su papel de banco público

— Potenciar la evaluación de políticas públicas para mejorar la eficacia y sostenibilidad del gasto público

— Incrementar los ingresos públicos con recargos extraordinarios que permitan financiar las medidas anteriores

— Revisión de las actuales bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social

— Plan de choque contra el fraude fiscal y laboral y la economía sumergida

— Reformar el Decreto de Autoconsumo Energético

— Subida del salario mínimo interprofesional

A modo de conclusión

Para estar a la altura de los retos planteados por los ciudadanos tras las elecciones del 20D, el objetivo del PSOE debería ser:

— Conseguir una investidura de su candidato a la Presidencia del gobierno a partir de un acuerdo amplio y plural en la Cámara que reflejara la transversalidad que requieren los desafíos del momento.

— Conseguir un acuerdo de legislatura para que el gobierno que se forme pueda gobernar de acuerdo con el programa pactado.

22 de enero de 2016

El tiempo de Rajoy y del Comité Federal

En su brevísima intervención en la noche electoral, Pedro Sánchez dijo dos cosas que iban a marcar la estrategia a seguir por el PSOE durante las siguientes semanas: en primer lugar que «se abre una nueva etapa política en España que tiene que dejar atrás la imposición y que tiene que abrir un proceso y un período de diálogo [y] el PSOE está dispuesto a dialogar, a debatir y a acordar»; en segundo lugar, tras felicitar al PP y a Rajoy por su resultado, reconoció que «corresponde a la primera fuerza política intentar formar gobierno». Empezaba «el tiempo de Rajoy», a quien Sánchez cede una iniciativa lógica y que esa misma noche reclama con fuerza el propio Rajoy cuando dice desde su sede en la calle Génova: «Voy a intentar formar gobierno» (El Mundo), «Voy a intentar formar el gobierno estable que España necesita» (El País). Hasta ahí, todo según lo previsto en función del resultado.

Enseguida se vio claro que el resultado matemático de las urnas otorgaba una posición privilegiada al PSOE: todas las opciones posibles de gobierno pasaban necesariamente por él. «Todos miran al PSOE», tituló El Periódico de Catalunya. Ninguna combinación de gobierno era posible sin la participación activa o pasiva del PSOE, que quedó convertido en el centro del escenario político con el que todos tenían que contar. Ese papel decisivo del PSOE en el panorama parlamentario al ser la segunda fuerza avalaba la estrategia de Sánchez desde el primer momento: es el tiempo de Rajoy y el presidente en funciones debe tomar la iniciativa, hacer propuestas e intentar convencer a otros para conseguir formar gobierno. En eso estaba todo el mundo de acuerdo: Rajoy era quien tenía que mover ficha el primero. A partir de ahí, sin embargo, Sánchez no renunciaba a intentarlo si Rajoy fracasaba: «Los socialistas trabajaremos por un gobierno de cambio y progresista, porque la última opción debe ser repetir las elecciones», dijo (El País).

En sus primeras declaraciones públicas, Rajoy ofreció «generosidad» y «diálogo» para forjar un «ejecutivo estable», para lo que necesitaba el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE. Abundaron incluso las filtraciones oficiosas provenientes de una u otra de las facciones del PP (los enfrentamientos entre la vicepresidenta del gobierno y la secretaria general del partido eran tan evidentes que algunos periodistas te contaban que una llamaba para contar algo e inmediatamente después llamaba la otra para desmentirlo). Dichas filtraciones se centraban en las cesiones que Rajoy estaría dispuesto a hacer para conseguir la abstención del PSOE, como «Rajoy ofrecerá al PSOE reformar la Constitución y presidir el Congreso» (El País) y «Rajoy ofrece un pacto constitucional frente a Podemos y los separatistas» (El Mundo).

No fueron pocas las voces influyentes que la misma noche electoral clamaban porque el PSOE dejara gobernar a la fuerza más votada a cambio de obligar al PP a modificar algunas de sus políticas o incluso a cambio de exigir que el candidato no fuera Mariano Rajoy. Se apelaba a una supuesta «responsabilidad» institucional ante la fragilidad de la situación económica y los problemas planteados por el desafío soberanista en Cataluña. Se decía que el PSOE «debía dejar gobernar a la lista más votada», planteamiento que siempre ha defendido el PP. «El Ibex pide a Sánchez y a Rajoy que antepongan el acuerdo a sus intereses» fue el título de una crónica de Carlos Segovia en El Mundo. Yo mismo recibí, en los días sucesivos, varias llamadas de importantes empresarios de este país para apoyar la idea.

La puerta de la gran coalición al estilo alemán se abrió, pues, desde el primer momento. Albert Rivera, que no había conseguido su objetivo de competir por la Moncloa y encarnar el cambio, se manifestó desde el principio dispuesto a facilitar un gobierno del PP y presionó para que el PSOE hiciera lo mismo: «Apelo a la responsabilidad y al sentido de Estado», dijo para instar a Sánchez a que se abstuviera y permitiera que Rajoy gobernara. «La única posibilidad que veo es que gobierne en minoría quien ha ganado las elecciones», aseguró el lunes siguiente a las elecciones.

Por eso, desde ese lunes y tras la reunión de la ejecutiva, el PSOE fijó su posición al respecto de manera contundente: «Todo el PSOE coincide en dar un no rotundo a Rajoy en su posible investidura como presidente» (El Mundo). «El PSOE se muestra unido en el rechazo a apoyar la investidura de Rajoy» (El País). «La abstención, ni se contempla», dijo el secretario de Organización, César Luena, en la rueda de prensa. Más adelante, se repitió la idea de que el PSOE no facilitaría, ni en primera, ni en segunda votación, la investidura de Rajoy: «Apoyar a Rajoy es acabar con la confianza de nuestros votantes», aseguró el portavoz parlamentario Antonio Hernando.

Para dejar las cosas claras, también se dijo desde el principio que el «no» del PSOE era tanto para Rajoy como para «cualquier otro candidato del PP», ya que en determinados medios se empezaba a especular con la idea de forzar una retirada de Rajoy (el político peor valorado de manera reiterada) bajo la premisa de que con otro candidato tal vez sería posible una abstención socialista. Tampoco. Y, en eso, como recogió la prensa, coincidían la dirección nacional y los barones del PSOE.

¿Cuál fue la posición de Podemos ante este panorama, expresada por boca de su líder? Iglesias hizo cuatro cosas de manera inmediata: anunció que iniciaría una ronda de conversaciones con todos los dirigentes de los otros grupos parlamentarios, como si fuera él quien tuviera que adoptar esa iniciativa, olvidando que era la tercera fuerza en el Parlamento; dijo que si Sánchez no mandaba en el PSOE, estaba dispuesto a hablar con Susana Díaz; propuso como presidente del gobierno a un «independiente de prestigio» ya que, dijo, Sánchez estaba prisionero y no le dejarían negociar, y situó como línea roja la plurinacionalidad de España y un referéndum de autodeterminación para Cataluña y aquellos otros territorios que lo solicitasen (En Marea incluyó rápidamente a Galicia en la lista).

Estos cuatro movimientos en veinticuatro horas mandaron un mensaje claro: «Iglesias renuncia a dialogar con el PSOE al exigir el referéndum» (El Mundo), «El mensaje a Pedro Sánchez es explícito: o se aviene a aceptar el derecho a decidir, o no hay nada que negociar» (El Periódico de Catalunya). Como haría varias veces más en las semanas posteriores, Iglesias decía una cosa pero hacía otra que conducía a que él impusiera las condiciones del diálogo a su estilo tajante. Lo tomas o lo dejas. En este caso, decía querer negociar con el PSOE, pero descalificaba y ninguneaba a su secretario general y candidato, a la vez que resaltaba la condición más difícil de aceptar por el conjunto de los socialistas.

Puedo decir que éste fue el primer portazo de Iglesias a un acuerdo con el PSOE. Como ya recogió algún comentarista, Iglesias parecía desde el principio más interesado en repetir las elecciones, a ver si a la segunda lograba su objetivo de sobrepasar al PSOE como fuerza electoral.

La reunión de la ejecutiva del PSOE del lunes siguiente a las elecciones no trató sólo el rechazo a apoyar al PP, cosa en la que coincidían todos los dirigentes socialistas, sino que introdujo, además, otros dos asuntos no menores. En primer lugar se dejó abierta la puerta a que, si Rajoy fracasaba, Sánchez intentara ser investido presidente, lo que planteaba el problema de con qué apoyos lo haría. En segundo lugar, Sánchez anunció su predisposición a volver a presentarse como candidato a la Secretaría General en el ya cercano Congreso del partido. Para todo ello, se convocaba un Comité Federal, el máximo órgano de dirección del partido entre congresos, para el lunes 28 de diciembre.

El miércoles, 23 de diciembre, Sánchez acudió a la entrevista con Rajoy en la Moncloa con el apoyo de toda la dirección del PSOE en su negativa a aceptar ninguna de las propuestas que pudiera hacerle el dirigente del PP. De hecho, y como muestra lo corto de la entrevista, ni llegó a hacerle ninguna, más allá de generalidades. «Sánchez da un portazo a Rajoy» (El País), «Ruptura total. Sánchez dice “no” a la investidura de Rajoy» (El Periódico de Catalunya). En las semanas posteriores se pudo constatar que no todos en el PSOE compartían esa actitud. De hecho, no dejó de haber pronunciamientos, reuniones, declaraciones y presiones, sobre todo por parte de la «vieja guardia» de antiguos altos cargos y exdirigentes de los años ochenta y noventa, para que reconsideráramos la negativa a llegar a un acuerdo de gobierno con el PP. Sin embargo, con este PP de Rajoy, los recortes, Bárcenas, la Gürtel, etcétera, toda la dirección actual del partido tenía claro que no se podía llegar a un acuerdo que no comprometiera gravemente el futuro del partido.

Pedro Sánchez no sólo trasladó la posición común de rechazo a Rajoy y al PP, sino que, además, decidió dar dos pasos más: anunciar que pretendía aspirar a la presidencia del gobierno si Rajoy no lo conseguía y que pretendía repetir en su cargo de secretario general cuando se convocara el Congreso del partido, que proponía posponer para que no coincidiera con las negociaciones para formar gobierno.

A partir de ahí la cosa parecía, para muchos y sobre todo para la derecha, muy evidente: si el PSOE no pacta con el PP, sólo puede aspirar a la presidencia del gobierno tras una investidura exitosa con el apoyo de Podemos y de los independentistas catalanes (Democracia y Libertad, ERC), posibilidad que, así planteada, generaba mucho más rechazo que el apoyo a Rajoy.

Aunque las diferencias y los temores levantados por Podemos entre los socialistas eran muchos, el más importante de todos, en esos momentos en que Iglesias lo estaba colocando al nivel de gran línea roja, era su apoyo a un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Temor que aumentaba cuando contabas escaños y, suponiendo entonces que Podemos fuera de izquierdas, tras haber intentado la transversalidad durante una temporada, y encontrarse con que los votos de la izquierda sólo sumaban 161, es decir, no eran suficientes para investir un candidato que provocara el voto en contra de los escaños de la derecha (163 sólo entre PP y Ciudadanos). En conclusión, se necesitaba el apoyo explícito de los partidos independentistas.

Sin embargo, en un asunto complejo al que no pretendo quitar relevancia, lo que decían esos días el mismo Sánchez o, en su nombre, el secretario de organización del partido o el portavoz parlamentario, era algo muy similar: «Nosotros tenemos muy claro qué dice el artículo 2 de la Constitución y su defensa», dijo Luena en referencia a la unidad de España (El País). Sánchez también defendió que «el PSOE no va a aceptar que se trocee la soberanía nacional» (El Mundo, 24 diciembre), y, además, dijo: «No queremos elecciones, ésa debe ser la última opción» (El País).

En el fondo, como recogía El Periódico de Catalunya: «El líder socialista pretende que Podemos renuncie al referéndum en Cataluña para forjar un acuerdo». Dicho de otra manera, las negociaciones se abordaban como algo dinámico, donde las posiciones no estaban fijadas de manera inmutable, donde se podía hacer renuncias, en favor del acuerdo. Exactamente igual que lo veía el PP, cuya conclusión al «no» rotundo del PSOE fue, en boca de su vicesecretario Fernando Martínez-Maíllo: «Estamos ante el primer no, pero estamos dispuestos a continuar hablando con el PSOE». Es decir, acabábamos de empezar algo nuevo en España. Un gran proceso de diálogo y negociaciones necesario para formar gobierno. Y todos tenían derecho a suponer que las primeras posiciones no tenían por qué ser las posiciones definitivas.

La pregunta entonces era: ¿buscamos un acuerdo, con limitaciones? ¿Con quién? O, de forma alternativa: ¿nos resignamos desde el principio a nuevas elecciones porque toda posibilidad de acuerdos alternativos está vetada?

Mientras tanto, recordemos que era «la hora de Rajoy». Como decía el editorial de El País: «No les toca a los demás darle hecha al presidente en funciones la combinación que necesita, sino que le corresponde a él trabajar a fondo para conseguirla». Conociendo a Rajoy, el mismo diario editorializaba al día siguiente. «Falta casi un mes para que se plantee la primera votación de investidura en el Congreso. Si Rajoy fracasa en su proyecto político, podría ser el tiempo del PSOE para intentarlo a su vez. Las dos opciones son igualmente legítimas, pero hay que recorrer el camino y no tomar atajos».

Repasemos brevemente la situación en el seno del partido:

Todos coincidíamos en no apoyar a Rajoy ni al PP. Es decir, tanto Sánchez como los barones estaban de acuerdo en rechazar uno de los asuntos más importantes del momento: la «gran coalición», por activa (voto afirmativo) o por pasiva (abstención), que era la verdadera apuesta de mucha gente en España, incluidos varios pesos pesados del socialismo español.

Todos coincidíamos en rechazar cualquier tipo de referéndum de autodeterminación para Cataluña. Ésa es, en cualquier caso, la posición tradicional del PSOE sobre un asunto frente al que siempre se ha planteado como alternativa una reforma constitucional seguida de un nuevo Estatuto catalán, lo que obligaría a celebrar dos referéndums legales en vez de uno ilegal. Sobre este asunto clave Sánchez acababa de recordar en una entrevista en El País: «No cederé ante Podemos sobre la unidad territorial de España». Y ésa era la posición que había mantenido desde el principio.

Nadie le dijo a Pedro Sánchez que si Rajoy fracasaba, fracaso al que la posición del PSOE contribuiría decisivamente, no debía intentar ser investido presidente. Ni tampoco se dijo que nunca, bajo ningún concepto, sean cuales fueran las renuncias que hiciera, debería buscar pactos con Podemos. De hecho, casi todos los barones socialistas eran y son presidentes autonómicos precisamente gracias al apoyo negociado de Podemos. Por otro lado, en no menos de cinco grandes capitales españolas, incluyendo Madrid, Barcelona y Valencia, gobernaban «alcaldes del cambio» después de alcanzar acuerdos en los que participaban PSOE y Podemos.

Mientras tanto, la presión en favor de la gran coalición seguía avanzando. En palabras del editorial de El Mundo de esos días: «Lo lógico y lo coherente es que el PSOE aceptara la mano que le ha tendido Mariano Rajoy». Y no sería el único en seguir presionando con esa idea.

Con estos antecedentes, el Comité Federal del lunes 28 de diciembre se vio precedido por una larga e intensa reunión preparatoria que tuvo lugar el domingo en Ferraz. Asistieron Pedro Sánchez y parte de la dirección federal del partido, junto con los barones territoriales y algunos colaboradores.

De ahí salió un acuerdo sobre los dos puntos esenciales: «El PSOE votará en contra de la investidura de Rajoy y de un nuevo gobierno del PP. Porque ése es el mandato de nuestros votantes y de la mayoría de los españoles [...]. El PSOE es lo contrario del PP», y «La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento [...] son innegociables para el PSOE y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas».

Analizando el texto de la resolución política aprobada y la intervención del secretario general ante el Comité Federal, conviene señalar que se proponen ocho grandes transformaciones para España con propuestas concretas de programa de gobierno. Pero se observan, no obstante, dos matices relevantes sobre otros dos asuntos importantes. Así, mientras la resolución avalada por los barones sólo reconoce que «el PSOE no ha cumplido con su objetivo de ganar las elecciones y, por tanto, hemos tenido un mal resultado que debe llevarnos a abrir una reflexión profunda», Sánchez añade en su intervención, a modo de matiz trascendental: «El resultado de las elecciones del 20D plantea un escenario político nuevo, con más actores a izquierda y derecha, muy diferente a lo que hemos visto durante estos últimos treinta y siete años de democracia». Es decir, no se puede hacer la comparación directa entre resultados electorales.

En segundo lugar, admitiendo todos que «es el tiempo de Rajoy, el tiempo para que el PP intente formar gobierno» y, al mismo tiempo, que «las nuevas elecciones deben ser la última opción porque supondrían un fracaso colectivo», lo que debería hacer el PSOE y su candidato en caso de que Rajoy fracasase en formar gobierno queda oscuro en la resolución («el PSOE actuará como primer partido del cambio en aras del interés general y con sentido común y responsabilidad», dice), mientras que está bastante más claro en la intervención de Pedro Sánchez: «El PSOE abordará con firmeza su legítima responsabilidad de ofrecer una alternativa de gobierno a España», añadiendo, eso sí, que «no formaremos gobierno a cualquier precio».

Respecto a la fecha del Congreso, se acabó posponiendo como pretendía Sánchez y era lógico hacer, aunque esta decisión se pospuso a su vez para otro Comité Federal.

La espantada de Rajoy y el segundo portazo de Iglesias

A partir de ahí, y ya en enero, empezó el baile de entrevistas de todos los líderes parlamentarios con todos los demás. A los pocos días de la resolución del PSOE, «Iglesias se reafirma en el referéndum catalán para dividir a los socialistas» (El País), mientras que, por otra parte, «Rajoy ofrece un tripartito a PSOE y Ciudadanos» (El Mundo), «Rajoy ofrece a Sánchez un pacto de gobierno sin líneas rojas» (El Periódico de Catalunya) y «El PP redobla la presión sobre el PSOE para evitar nuevas elecciones» (El País).

Mucho se ha dicho y escrito sobre las presiones recibidas por la dirección del PSOE durante esas semanas para que Sánchez aceptara llegar a algún tipo de acuerdo que implicara al PP, como formación más votada, Ciudadanos y PSOE, tal vez con la abstención. Aunque varios medios de comunicación se posicionaron abiertamente en favor de esa opción, no todos ellos medios conservadores, no tengo constancia de que ni la dirección del partido ni Pedro Sánchez ni yo mismo recibiéramos ninguna presión en este sentido, más allá de que algunos empresarios puntualmente manifestaran que era su opción preferida.

Sin embargo, lo más cerca que estuvimos nunca de recibir una oferta concreta por parte de Rajoy respecto a esa llamada «gran coalición» fue lo dicho por éste en el programa de Ana Rosa Quintana en Tele 5 la misma semana en que el rey tenía fijada su primera ronda de contactos. Ahí nos enteramos de que Rajoy, atenazado por los escándalos crecientes de corrupción que afectaban a su partido, esta vez en Valencia, ofrecía al PSOE «un apoyo estable en aquellas comunidades y grandes ayuntamientos en los que ahora gobierna gracias al respaldo de Podemos y sus confluencias, a cambio de que el PSOE se avenga a un acuerdo que permita constituir un gobierno central basado en la fórmula de la gran coalición o similar». Además, ofreció «revisar algunas de las leyes más polémicas aprobadas la pasada legislatura» (El Mundo). Todo ello, sin embargo, quedó pendiente de hacerse como oferta formal: «Rajoy tiene una oferta reservada para hacer al líder del PSOE [...] le planteará su oferta ya en el debate de investidura» (El País).

De la misma manera, la única entidad empresarial que se posicionó públicamente a favor fue el Círculo de Economía de Barcelona, cuyo presidente, Antón Costas, visitó, por separado, a Rajoy y a Sánchez, a mediados de enero, para trasladarles «el interés del Círculo por que el PP y el PSOE lleguen a un acuerdo para garantizar la gobernabilidad de España y, con ella, su estabilidad política y económica». En sentido contrario, sin embargo, el Círculo de Empresarios de Madrid alertó de que dicha gran coalición entre PP y PSOE con el apoyo de Ciudadanos sólo serviría «para dar alas a Podemos», convertida en la única oposición. «Si fracasa ese gobierno, ¿quién estará en la oposición?», se preguntaba el presidente de la entidad, Javier Vega de Seoane.

Después de Reyes, y tras el reciente Comité Federal, Pedro Sánchez hizo un viaje relámpago a Lisboa, donde la derecha había ganado las elecciones pero gobernaba con mayoría absoluta el socialista António Costa al frente de una coalición de tres partidos de izquierda, muy atípica porque estaba formada por antiguos enemigos. No fue casual. Pedro quiso hacer un ejercicio de autonomía política y señalar que, dentro del euro y cumpliendo todos los mandatos de la troika por ser un país rescatado, se podía conformar un gobierno de izquierdas si había voluntad para ello; que no era inevitable ni dejar gobernar a la derecha, ni ir a nuevas elecciones. «Sánchez se mira en Portugal para impulsar un gobierno progresista» (El Periódico de Catalunya).

Recuerdo que cuando hablamos del viaje a Lisboa los días previos, Pedro utilizó ya la expresión, que luego repitió ante la prensa, «gobierno progresista» y me preguntó mi opinión. Le dije: «De acuerdo, siempre que consideres a Ciudadanos como progresista y no lo circunscribamos sólo a Podemos, que lo es bien poco».

Al principio fue: «Sánchez propone una coalición progresista sin fijar con quién [...]. Si Rajoy no logra formar gobierno intentará una gran coalición de fuerzas progresistas para gobernar y liderar el cambio en España» (El País). A los pocos días, tras una rueda de prensa en Ferraz, ya se recogió que «Podemos y Ciudadanos son las fuerzas políticas que, según Sánchez, comparten con el PSOE una visión de los cambios y del proyecto reformista que necesita el país» (El País). Sin embargo, la respuesta no pudo ser menos entusiasta: «Ciudadanos y Podemos rechazan la coalición que propone Sánchez» (El País).

Las negociaciones, durante esos días de mediados de enero, para elegir Mesa y presidente del Congreso de los Diputados permitieron constatar algunas cosas interesantes con perspectiva de futuro: PSOE y Ciudadanos llegamos a un acuerdo para votar a Patxi López como presidente que se acabó imponiendo frente al PP, que se abstuvo ante la evidencia de que perdía la votación, y frente a Podemos, que actuó con la prepotencia acostumbrada en defensa de su candidata, que perdió. Los engranajes entre socialistas y Ciudadanos empezaron a rodar en la misma sintonía mientras los populares se quedaban aislados y los podemitas manifestaban su enfado acusando a los «partidos del búnker» de haberles dejado fuera de un juego que ni supieron ni quisieron jugar.

A esas alturas, la dirección socialista tenía ya claro que cualquier posibilidad de formar gobierno ante el fracaso de Rajoy sólo podía hacerse en base a combinaciones entre PSOE, Ciudadanos y Podemos. Algunos eran más partidarios de buscar el voto favorable de Podemos, que, en el fondo, tenía más diputados y era con quienes gobernábamos en más comunidades y ayuntamientos, mientras pactábamos la abstención de Ciudadanos, que en ese momento decía que nunca votaría a favor de Sánchez. Otros, por contra, veíamos más conveniente conseguir el voto afirmativo de Ciudadanos y la abstención de Podemos. En cualquier caso, teníamos que trabajar con las dos fuerzas políticas a la vez para convencerlas de llegar a acuerdos programáticos de investidura y, eventualmente, de legislatura. En ese momento, como dijo César Luena, nuestra idea era hacerlo desde un gobierno monocolor, con apoyos parlamentarios en torno a un programa en el que empezamos a trabajar desde mediados de mes. Pero nuestras estrategias debían adaptarse en función de cómo reaccionasen los demás a las mismas. Y por eso, dado que se trataba de dos fuerzas nuevas, sin relaciones previas con nosotros, eran tan importantes los vaivenes de la coyuntura que pudieran ir acercándonos a unos o a otros con mayor intensidad.

Ésa es la relevancia especial del acuerdo para la Mesa del Congreso de los Diputados, además del hecho evidente de que fuera un socialista el presidente elegido por la Cámara. Era la primera vez que las fuerzas del cambio trabajaban juntas en algo concreto, con un objetivo común y perfectamente visible por los ciudadanos como indicador de que la nueva legislatura iba a ser totalmente diferente de la anterior. El resultado, como recogió algún medio, fue: «El enfrentamiento PSOE-Podemos marca el arranque de la legislatura». Y otro: «El PSOE tienta a Ciudadanos. Los socialistas pretenden conseguir el voto a favor de Rivera y la abstención de Podemos» (El Periódico de Catalunya).

A pesar de ello, crecía en algunos sectores del PSOE el nerviosismo, alimentado por la prensa conservadora y el viaje a Lisboa, respecto a que finalmente Sánchez acordara formar gobierno con Podemos en un escenario que sólo podría ser posible con el apoyo externo de los independentistas. Más de una reunión de antiguos altos cargos tuvo lugar para promover un manifiesto oponiéndose a esa posibilidad que sólo existía en sus delirios. Muchos de esos opositores, cercenada la posibilidad desde el principio por el propio secretario general para evitar riesgos en esa dirección, apostaban abiertamente por dejar gobernar al PP sin ser conscientes, al parecer, de que eso podía significar un suicidio electoral para el PSOE.

Sin embargo, todo cambió cuando sucedieron dos cosas que muchos pensamos que tenían alguna relación: tras entrevistarse con el rey, en la ronda con líderes que estaba haciendo para buscar candidato a la investidura, según establece la Constitución, Pablo Iglesias lanzó un órdago a Sánchez al presentarle una propuesta de gobierno conjunto con él como vicepresidente, de la que Pedro se enteró por el rey, que se lo comunicó mientras estaban reunidos, y Mariano Rajoy declinó la propuesta del monarca para que intentara ser investido presidente. Veámoslo con algo más de detalle.

A la salida de su entrevista con Felipe VI, y sin ningún aviso previo a Sánchez ni a nadie del PSOE, sin ningún contacto ni nada que permitiese prever lo que iba a decir, el líder de Podemos comunicó a toda España, en rueda de prensa, tres cosas: primero, que ofrecía a Sánchez apoyo para formar un gobierno «proporcional» en el que él mismo sería vicepresidente y habría varios ministros de Podemos, incluyendo uno de «plurinacionalidad»; segundo, que su pretensión de entrar a formar parte del gobierno venía de que Podemos no se fiaba de los socialistas: «Como no estamos muy seguros de si son capaces de llevar a la práctica lo que dicen, la mejor garantía es que estemos nosotros ahí. Hacen falta personas que aseguren la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y por eso nuestro compromiso con el cambio debe ser para gobernar» (El País), y tercero, que, a partir de ahí, «la posibilidad histórica de que Sánchez pueda llegar a ser presidente es una sonrisa del destino que deberá agradecerme» (El País).

Todavía recuerdo la cara que se nos quedó a los miembros del equipo de Pedro tras escuchar estas imposiciones unilaterales e insultos en una rueda de prensa, mientras Sánchez estaba reunido con el rey y no podíamos hacerle saber la noticia. De hecho, Pedro se presentó en su propia rueda de prensa tras la audiencia con el rey con sólo una rápida información verbal que le pasamos, pero sin haber visto al «ciudadano» Iglesias en acción. Por eso, su respuesta sobre la marcha se limitó a decir que lo primero es hablar de políticas y sólo luego, si hay acuerdo en eso, se puede hablar de gobierno.

No tardó, sin embargo, en estallar un auténtico tsunami de enfado en las filas socialistas respecto a alguien que, desde la prepotencia absoluta, insultaba al partido con el que decía querer gobernar. No fueron sólo los líderes, sino todos los militantes y simpatizantes del PSOE quienes sintieron lo dicho por Iglesias como un chantaje intolerable y un intento consciente de humillar al propio PSOE. Así lo recogió toda la prensa: «La oferta de Podemos sacudió ayer al PSOE. Los líderes históricos y los que actualmente tienen el poder no salían de su estupor [...]. El partido que más derechos sociales ha conseguido para España había sido insultado y humillado por Iglesias» (El País). «Indignación en el PSOE con los insultos y el intento de humillación de Pablo Iglesias» (El Mundo). El País en su editorial llegó a decir: «No se ve aquí la menor intención de llevar a cabo una leal transacción [...] no hay utopía alguna en Iglesias a la hora de exigir el cargo de vicepresidente para su persona, ni de plantear una cuota de ministros que él ya tiene decidida o en la insólita forma de perdonarle la vida al secretario general del PSOE, dando por sentado que sólo a él podrá agradecerle ser presidente».

Sin duda, fue un portazo, el segundo, de Iglesias a cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE, hecho, además, con intención de hacer daño.

Unos días después, en el mismo Comité Federal del 30 de enero en el que el secretario general anunció que sometería a la consulta de los militantes los posibles acuerdos, se deslizaron en su intervención algunos cambios significativos respecto a un mes antes y que recogían la experiencia acumulada desde entonces en un escenario que era nuevo para todos. Así, por ejemplo, se detallan las tres razones por las que no se puede apoyar al PP: «La obscena instrumentalización de las instituciones públicas que ha hecho», «el absolutismo y los recortes» y «la corrupción». La conclusión fue que «no habrá regeneración democrática en nuestro país si el PP no pasa a la oposición y renueva liderazgos de abajo arriba». Además, en su propuesta se especifica que si Rajoy no acepta el encargo del rey, «el PSOE asumirá su responsabilidad y se presentará al debate de investidura» y que «si el PSOE es llamado a la investidura [...] tenderá la mano a la izquierda y a la derecha para esas transformaciones, sin frentes, con políticas, con programas y no con sillones».

En el mismo día, y también tras su entrevista con el rey, el presidente en funciones Mariano Rajoy, que dos días antes se veía «con todas las fuerzas» para presentar su candidatura a la investidura por ser el líder del primer grupo parlamentario por escaños, anuncia que «declina» el ofrecimiento que le ha hecho el rey en ese sentido y retira «de momento» su candidatura, reconociendo: «No tengo votos suficientes para ser investido». Repito, no acepta, pero no lo descarta. Y, mientras tanto, seguíamos sin conocer el proyecto y las propuestas de Rajoy, más allá de esas vaguedades y generalidades que él presenta como propuestas.

Muy pocos habían anticipado este escenario. Pero alguno de esos pocos estaba en el equipo de Sánchez, por lo que no nos pilló tan de sorpresa como al resto del país. Rajoy, fiel a su estilo, ni lo intentaba. O mejor, como el perro del hortelano, ni hacía ni dejaba hacer. Daba la espantada. Con ello, además, el procedimiento constitucional quedaba bloqueado ya que no estaba prevista una situación como ésta. Los constituyentes habían previsto el caso de que un candidato no obtuviera la investidura. En ese caso, a los dos meses de la primera votación perdida se convocaban elecciones de manera automática. Pero, si no hay candidato ni, por tanto, votación parlamentaria, ¿quién y cuándo se convocan nuevas elecciones?

En el espacio de muy pocas horas el panorama político español había cambiado de manera drástica e imprevista. Una espantada y otro portazo empujaron al PSOE y a su candidato hacia un doble movimiento: anunciar que si Rajoy persistía en su renuncia, Pedro Sánchez estaba dispuesto a intentar formar gobierno, y dos, distanciarse de Podemos e iniciar una aproximación hacia Ciudadanos. «Por responsabilidad, Pedro Sánchez aceptará recabar apoyos para ser investido presidente si se lo encarga el rey, pero iniciará el diálogo con diversas fuerzas y con Ciudadanos con especial interés, mientras crece el malestar con Podemos», «El líder del PSOE decidió, de forma deliberada, llamar ayer a Rivera antes que a cualquier otro interlocutor» (El País). Recuerdo que, en ese momento, Ciudadanos decía que nunca votaría la investidura de Sánchez.

Artículo de opinión:

Tareas económicas del próximo gobierno

Publicado en El País el 12 de enero de 2016

Supongamos que en las próximas semanas se forma un gobierno basado en las nuevas realidades surgidas de las urnas. Existe un amplio consenso sobre cuáles deberán ser sus prioridades económicas: consolidar la frágil recuperación actual, crear empleo adicional al cíclico, reducir las crecientes desigualdades que fracturan peligrosamente nuestra sociedad y establecer una senda creíble de reducción del déficit público.

Durante 2016 continuará el impulso del crecimiento económico. Pero de una manera inercial, con tendencia a frenarse si no se cambia radicalmente la política económica con el objetivo de afianzar el motor de la demanda interna. Se ha dicho, y es verdad, que nuestra recuperación debe mucho a factores externos volátiles como la caída del precio del petróleo, la depreciación del euro y la laxa política monetaria del BCE. Pero se ha dicho menos que nuestro PIB ha empezado a crecer cuando lo ha hecho el consumo de las familias. Después de años con nuestras autoridades insistiendo en la «austeridad expansiva» o en la «devaluación interna» como instrumentos imprescindibles para mejorar nuestra competitividad y que las exportaciones nos sacaran de la crisis, resulta que crecemos, no cuando deprimimos de forma dolorosa la demanda interna, sino cuando aumenta impulsada por el gasto, no por el ahorro. Como decíamos algunos, los sacrificios realizados estaban más relacionados con la presión de los acreedores que con soluciones económicas adecuadas a una crisis de sobreendeudamiento.

Por eso, si queremos consolidar esta recuperación y convertirla en una auténtica salida de la crisis, tenemos que hacer lo contrario de lo hecho hasta ahora. Empezando por abandonar la idea de competir por costes salariales bajos y cambiando las prioridades hacia productividad, valor añadido, tecnología e innovación, que nos permitan retribuir mejor a los trabajadores y, con ello, reforzar su capacidad de consumo. Este cambio, reforzado por la necesaria transición energética hacia una economía baja en carbono, afecta tanto a la reforma laboral como a la apuesta por la digitalización y la I+D+i, a la actividad crediticia del ICO como banco público o a la regulación del autoconsumo energético con energías renovables.

El empleo que se creará con la recuperación previsible, aun si se produjera este cambio de modelo de crecimiento, nos seguirá dejando un insoportable número de parados al final de la legislatura. Para reducir a la mitad la tasa de paro en cuatro años necesitamos un Plan de Choque, con medidas específicas, que nos permita crear empleo, público y privado, más allá del ciclo, especialmente en colectivos vulnerables como parados de baja cualificación, tanto jóvenes como mayores de cuarenta y cinco años. No hacer nada, confiándolo todo al empuje natural de la economía, resultará insuficiente y, por ello, no será una opción socialmente aceptable.

Más y mejor empleo ayudarán a cerrar la importante brecha social que se ha abierto en España como consecuencia de la crisis y, sobre todo, de las políticas puestas en marcha para hacerle frente. Pero no será suficiente. Hará falta aplicar políticas activas para reducir la creciente desigualdad, actuando tanto sobre la llamada «predistribución» (salario mínimo, negociación colectiva) como sobre la «redistribución» asociada al salario social (educación, sanidad, dependencia, políticas sociales) y al salario diferido (pensiones), asuntos todos ellos donde habrá que revertir los recortes presupuestarios y de derechos de los últimos años, restañando las heridas antes de abordar las necesarias reformas que hagan sostenibles dichas políticas en el nuevo contexto de envejecimiento de la población y de globalización de la economía. Junto a ello, una urgente actuación contra la pobreza severa con la creación de un Ingreso Mínimo Vital.

Las presiones que todas estas decisiones políticas ejercerán sobre el gasto público, en un marco europeo donde la reducción de un déficit tan elevado como el español seguirá siendo un compromiso inevitable y en un contexto nacional de revisión del modelo de financiación autonómico, llevarán a adoptar una primera decisión, en el tiempo, como es renegociar con las autoridades comunitarias el calendario de ajuste, sólo posible si va acompañado de un potente programa de medidas estructurales que incluya: una revisión crítica de las principales partidas presupuestarias de gasto, desde el punto de vista de su eficiencia; una reforma fiscal que reduzca la no tributación de algunas bases impositivas, a la vez que combata el fraude, y aplazar cualquier decisión de rebajas tributarias incompatible con todos los objetivos anteriores.

Habrá que hacer muchas de las reformas que se han pospuesto durante la pasada legislatura y revertir otras que se han hecho. Pero, sobre todo, habrá que cambiar el método de hacer política, enterrando el rodillo y la confrontación sistemática, para poner en marcha la máquina del diálogo y de los acuerdos. Porque los ciudadanos han dicho con su voto que sólo juntos podemos.

Capítulo 2

El primer debate de investidura

(febrero y marzo de 2016)

Cuando suena el teléfono ya es tarde esa noche del 2 de febrero. Sin embargo, estoy esperando la llamada. Es la responsable de prensa del PSOE pidiéndome con urgencia un currículum breve para la nota que van a sacar a primera hora de la mañana anunciando la comisión negociadora socialista de la que formaré parte. Aunque conozco desde hace semanas que estaré en esa comisión, este simple acto de rutina menor indica que la cosa se ha puesto en marcha: el rey acaba de encargar al secretario general del PSOE y candidato, Pedro Sánchez, la tarea de conseguir mayoría parlamentaria suficiente para respaldar su investidura como presidente del gobierno tras la segunda espantada de Rajoy. Y Sánchez ha aceptado. El momento no por esperado es menos emocionante.

Me viene a la memoria aquel Pedro, joven economista/político que trabajó conmigo entre 2000 y 2004, cuando yo estaba en la ejecutiva federal como responsable de Economía y Empleo, antes de incorporarme como ministro de Administraciones Públicas en el primer gobierno de Zapatero. Tampoco puedo evitar recordar al Pedro Sánchez, primer secretario general del PSOE elegido por primarias, que, tras algunos contactos previos, me convenció en junio de 2015 para que abandonara mi trabajo de seis años en el sector privado como asesor sénior de PwC y me incorporara a su equipo de expertos como encargado de elaborar la parte económica de su programa electoral y de gobierno. Porque si algo dejé claro desde el principio es que yo no volvía a la política, sino a la campaña presidencial de Pedro.

Mientras localizaba y actualizaba un currículum, sentí un cierto vértigo por la tarea que teníamos por delante, a la vez apasionante y acogotante, dada la difícil situación del país que nos dejaba el PP en herencia: roto socialmente, desmoralizado y falto de proyecto colectivo.

La comisión negociadora, propuesta por el secretario general pero ratificada en su nombramiento por la Comisión Eejecutiva Federal del partido, quedó constituida por seis miembros de los que la prensa dijo: «Personas con talante moderado, huyendo de los extremismos» (El Mundo), un grupo caracterizado «por su experiencia en manejar asuntos complejos» (El País) y que «tiene experiencia y está rodado» (El Periódico de Catalunya). Entrando brevemente en cada uno de nosotros, junto a la mención de María Luisa Carcedo, responsable en la ejecutiva de asuntos sociales, materia de la que fue consejera en Asturias, el conocido periodista Joan Tapia recogía en su columna de los otros cinco: «Desde José Enrique Serrano, sufrido y desconocido jefe de gabinete de Felipe González y de Zapatero, hasta el vasco Rodolfo Ares, clave en el pacto PP-PSE que hizo lendakari a Patxi López, y el concienzudo economista Jordi Sevilla, llevan en la piel las cicatrices de haber madurado en el poder, mientras que la catalana Meritxell Batet y el portavoz parlamentario Antonio Hernando representan una ya algo curtida nueva generación. Son un equipo sénior que inspira confianza. Ni tributarios del conformismo ni ingenuos inexpertos susceptibles de ser seducidos por programas peregrinos».

Sí. La cosa iba en serio.

Un candidato real en busca de votos

No se dejó nada a la improvisación. Desde el primer momento, la rueda de prensa tras la aceptación del encargo real, el candidato socialista se esforzó por dejar claras las líneas que iban a orientar su intento. De entrada, que iba en serio, es decir, que llegaría hasta el final presentándose en el Congreso para desbloquear, con su votación, la delicada situación constitucional creada de no haber candidato a la investidura, ya que los plazos para una nueva convocatoria electoral, en caso de que no se lograra una investidura, sólo empiezan a correr a partir de la votación fallida de un candidato. Pero ¿qué pasa si no hay ningún candidato? Puede parecer un asunto menor, pero no lo es, ya que ni el rey ni el presidente del Congreso tienen potestad constitucional para, en esa circunstancia, disolver las Cámaras. Al bloqueo institucional de un país sin gobierno habríamos sumado un conflicto constitucional que hubiera tenido que ser resuelto, tal vez, por el Consejo de Estado. Es decir, más tiempo y confusión añadida a la ya creada con la irresponsable negativa de Rajoy. Sánchez, por tanto y en primer lugar, con su aceptación de llegar «hasta el final» contribuía a desbloquear una parálisis institucional inédita en nuestra democracia.

El candidato socialista, además, adelantó desde el primer momento, cuáles serían sus intenciones. Así, tal y como recogió la prensa, habló de «negociar con todos para un Ejecutivo transversal», pidió «al menos un mes» para «negociar a izquierda y a derecha». Adelantó, también que «no negociaría con el PP ni con los independentistas» y en respuesta a las críticas que, desde el principio, estaba recibiendo por parte del líder de Podemos, añadió: «Los votantes de Podemos no entenderían que no se apoyara a una candidatura de un presidente socialista que pusiera fin a cuatro años de gobierno del PP».

En su intervención ante el Grupo Parlamentario Socialista del día siguiente a su designación por el rey añade ya conceptos que luego se han repetido muchas veces: «El cambio no es solamente de políticas. El cambio debe ser también de formas de hacer política, de maneras de ejercer la política». O: «El cambio no es hablar de sillones, es hablar de formas de hacer política y del contenido de esas políticas para los ciudadanos». Incorpora ya la expresión «las fuerzas del cambio» y señala: «Tenemos que dejar atrás los vetos [...] no hablar de frentes que nos separan, sino de lo que tenemos en común, que es lo que nos une».

En esa intervención, preliminar aunque muy preparada desde hacía tiempo, señala cuatro asuntos, herencia que nos deja el PP, como aquellos que deben articular una oferta de programa de gobierno: la falta de oportunidades laborales, especialmente para algunos colectivos; la creciente desigualdad social que se ha instalado en nuestro país, con su secuela de pobreza para amplios colectivos, sobre todo niños; la pérdida de confianza en las instituciones como consecuencia de los casos de corrupción conocidos, mayoritariamente asociados al PP, y la crisis de convivencia entre españoles derivada de la ausencia de un proyecto común ilusionante, que ha llevado a algunos a pensar que irse (independizarse) puede ser una solución.

En esa reunión ante todos los diputados y senadores socialistas anuncia que esa misma tarde va a iniciar los contactos con todos los grupos parlamentarios, de menor a mayor, sin excluir al PP ni a los independentistas, aunque sólo sea para decirles a ambos que, por razones distintas, no va a iniciar negociaciones con ellos porque no quiere contar con su apoyo para su investidura. Con posterioridad decidirá incluir también en sus contactos a los representantes de la patronal y de los sindicatos.

Como dijo Antón Losada en El Periódico de Catalunya, Sánchez «es ahora quien reparte juego», añadiendo: «Lleva la iniciativa y todo depende de su inteligencia y de su audacia. Si se deja atenazar por las presiones que le llueven dentro y fuera, fracasará. Si logra ensanchar el campo que todos se empeñan en estrechar, tendrá éxito». En eso estábamos desde el principio.

Las entrevistas de Pedro con los grupos parlamentarios más pequeños resultaron satisfactorias. Todos ellos manifestaron su predisposición a sentarse a negociar con la comisión negociadora los mimbres de un apoyo a su investidura. Esa predisposición, siendo igualmente importante en todos los casos, resultó especialmente significativa en cuanto a su lectura política en tres grupos: Izquierda Unida/Unidad Popular, Compromís y Partido Nacionalista Vasco.

La reunión con Rivera se produjo en un clima relajado, viéndose claro desde el principio que había voluntad de buscar un acuerdo que no sólo fuera de investidura, sino que incluyese medidas que garantizasen la gobernabilidad a lo largo de la legislatura. Pero también, desde el principio, el líder de Ciudadanos insistió en hablar en paralelo con los populares para conseguir su abstención en la sesión de investidura, actitud tendente a facilitar la posterior inclusión del PP en las comisiones que deberían negociar reformas, como la constitucional, en las que la presencia del PP era imprescindible por razones obvias, pero además porque su mayoría absoluta en el Senado le permitiría retrasar, o incluso bloquear si optaban por el obstruccionismo, muchas de las medidas propuestas.

Por reflejarlo en las palabras que recogió la prensa de la rueda de prensa posterior: «Rivera negocia un pacto de legislatura con Sánchez, pero exige que esté el PP» (El País), «Rivera mediará para que el PP no vote en contra del PSOE» (El País), «Ciudadanos se desprende del contrato único» (El Mundo), «Suavizará sus posturas para facilitar acuerdos» (El País).

Todo lo contrario ocurrió con la entrevista que Pedro mantuvo con Pablo Iglesias, quien le expresó con claridad que mientras tuviera una negociación abierta con Ciudadanos se olvidara de sentarse a negociar con Podemos. De hecho, ni tan siquiera nombró a los miembros de su comisión negociadora, pues estaba dispuesto a que no hubiera contactos en ese sentido. Con una estrategia de empezar marcando territorio con imposiciones unilaterales que se haría frecuente en él, Iglesias ya había calentado la reunión con declaraciones previas en las que decía: «Pedro Sánchez ha intentado vender un acuerdo de gobierno con Podemos y con Ciudadanos y eso es imposible». En paralelo, había hecho pinza con el PP en la Mesa del Congreso, defendiendo que el plazo para el debate de investidura fuese de sólo quince días y no de un mes como había solicitado el candidato socialista. «Podemos y PP presionan para tratar de precipitar la investidura», recogió El País, mientras que El Mundo decía: «PP-Podemos, pinza en torno a Sánchez. Los dos partidos apuntan hacia nuevas elecciones».

En la reunión a solas, Iglesias fue muy claro al decirle a Pedro que tendría que elegir entre Podemos o Ciudadanos. La cosa, a lo mejor, era muy de Juego de Tronos. Pero la presión y el chantaje político no cuadran bien con un intento serio de negociar para llegar a acuerdos, no de que el otro acepte una serie de imposiciones, que es como Iglesias parece entender el asunto.

Eso justifica lo circunspecto que apareció Pedro en la rueda de prensa posterior al encuentro. Tan evidente fue su decepción que El Periódico de Catalunya recogió, señalando la diferencia con entrevistas anteriores: «Tras verse con Iglesias, Pedro Sánchez compareció con gesto muy serio. Ello evidenciaba un evidente desencuentro». El mismo medio recogía las siguientes palabras dichas por Sánchez ante los periodistas: «La actitud de Iglesias es excluyente. Tengo la sensación de que no quiere un acuerdo, sino la repetición de elecciones», «si lo primero que hacemos es poner vetos, no habremos entendido el mensaje de la sociedad española».

Desde esa primera reunión, por tanto, Podemos se negó a negociar nada con los socialistas. El País tituló en portada: «Iglesias suspende el diálogo con el PSOE en la primera reunión», y subtitulaba: «Sánchez rechaza el ultimátum y comienza a pactar políticas con Rivera». En su editorial decía: «Iglesias planteó un órdago en toda regla con tres premisas: excluir a Ciudadanos de las conversaciones, mantener su pretensión de una vicepresidencia en el posible Ejecutivo y afianzar la prioridad del derecho a decidir en Cataluña», reconociendo que «el líder de Podemos salió escaldado ante una respuesta firme de un Sánchez que tiene que actuar sin complejos ante la presión de esta fuerza emergente».

El Mundo, por su parte, tituló: «El PSOE rechaza las negociaciones en exclusiva. Sánchez inicia el diálogo con Ciudadanos, IU, Compromís y el PNV e invita a sumarse a Pablo Iglesias», añadiendo en su editorial «el líder socialista rechazó la negociación en exclusiva y excluyente con Podemos, subrayando que los españoles no quieren vetos ideológicos ni partidistas [...]. El acuerdo entre PSOE y Podemos parece cada día más improbable. Sánchez e Iglesias ni siquiera se molestaron en ocultar sus diferencias».

Tenían que producirse también contactos con el PP, como así ocurrió en la famosa reunión donde Rajoy se hizo el despistado para no darle la mano a Sánchez, pero las cosas estuvieron muy claras. Rajoy dijo desde el principio: «Vamos a votar “no” a la investidura de Sánchez» y pidió a éste que «deje de marear la perdiz y tome una decisión definitiva sobre si acepta la propuesta del PP o la de Podemos». Cuando se produjo la reunión, la prensa recogió: «Desacuerdo total» (El Mundo) y «Rajoy y Sánchez descartan cualquier pacto para que uno de los dos gobierne» (El País). A la vez, Rajoy seguía diciendo que tras el previsible fracaso de Sánchez, «el PP lo intentará», sin aclarar si con él de candidato o no. ¡Eso si era marear la perdiz!

Por tanto, las estrategias y las intenciones de cada uno de los participantes quedaron fijadas desde el principio. Para la comisión negociadora, pues, la clave del proceso estaba en que nos esforzáramos por conseguir culminar con éxito los acuerdos con quienes habían manifestado su predisposición inicial a ello y lograr que otros cambiaran su oposición inicial por otra postura más próxima a nuestros intereses. Pero para eso, precisamente, están las negociaciones, ¿no? Sin embargo, alguna sorpresa nos llevamos.

A pesar de la contrariedad que supuso la actitud intransigente y prepotente de Iglesias y el mal sabor de boca que nos dejó a todos, en la reunión de balance final que tuvimos, Pedro estaba contento, pero consciente de la enorme tarea que tenía y que teníamos por delante. Recuerdo que habló de nuestra responsabilidad a la hora de estar a la altura de la corriente de ilusión y de esperanza que habían despertado en la sociedad española las expectativas abiertas en torno a un presidente del gobierno que representara el cambio respecto a un Rajoy convertido en el político peor valorado en democracia.

Se trataba de una oportunidad histórica que no teníamos derecho a desperdiciar por querellas de interés partidista. Nos pidió que trabajáramos con la vista siempre puesta en los intereses de aquellos para quienes trabajábamos: los ciudadanos y, dentro de ellos, los más desfavorecidos, pero sin olvidar lecciones como la griega, donde el populismo ha acabado por resultar mucho más caro a quienes menos tienen, con el resultado de que los griegos han sufrido dos plagas: el «austericidio» y el populismo pseudoizquierdista. Por último, añadió que veía muy difícil sumar una mayoría parlamentaria, pero que teníamos la obligación de intentarlo.

La comisión negociadora negocia

La misma tarde del 3 de febrero tuvimos los negociadores la primera reunión oficial de trabajo. La celebramos en el despacho del portavoz parlamentario y miembro de la comisión negociadora, Antonio Hernando. Todavía no sabíamos entonces que ese amplio y señorial despacho de estilo rancio —formaba parte de la sede central del viejo Banco Exterior cuando resultó absorbida por una de las ampliaciones de los edificios del Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo— se convertiría en nuestra casa durante las semanas que siguieron, ni que a su larga mesa rectangular íbamos a estar sentados horas y horas, alternando análisis, estrategia, información, con comidas de picoteo o, incluso, cenas.

Establecer allí nuestra sede fue una de las primeras decisiones. Por comodidad, ya que teníamos al lado las salas donde íbamos a proponer a los demás grupos que celebráramos las reuniones de negociación y, en la misma planta o en la de arriba, a casi todo el equipo de técnicos y expertos del Grupo Parlamentario Socialista (a muchos de los cuales conocía bien de cuando fui uno de ellos antes de ser diputado) por si necesitábamos de sus servicios para analizar alguna propuesta o elaborar un documento. Pero también por representatividad: aquello formaba parte de la sede de la soberanía popular y era allí donde iba a tener lugar el debate para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno.

Conocía al resto de miembros de la comisión negociadora de épocas anteriores, salvo a Rodolfo Ares, con quien sólo había trabajado recientemente en la campaña electoral y que se convirtió en persona clave del proceso. Actuando como una especie de secretario ejecutivo de la comisión, ayudando a mantener siempre el norte de las negociaciones y dispuesto a intervenir en las situaciones delicadas, siempre con sentido y provecho. A José Enrique Serrano lo conocí a principios de los años noventa cuando accedió a la dirección del gabinete del presidente González, siendo yo jefe de gabinete del ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes, en un período de crisis varias. En aquella época había unas comidas oficiosas de jefes de gabinete durante las cuales a menudo se desbloqueaban acuerdos que luego acababan siendo aprobados por el Consejo de Ministros. Después coincidí con él trabajando en el programa electoral de las elecciones del año 2000 y, luego todavía, cuando él era director del gabinete del presidente Zapatero y yo ministro de Administraciones Públicas. A lo largo de todos estos años a veces hemos estado enfrentados y a veces hemos sido aliados, pero creo que siempre ha habido respeto y reconocimiento profesional mutuo. José Enrique es la memoria viva de los asuntos de Estado, además de experto en regeneración democrática y, por su profesión previa, en mercado de trabajo.

Meritxell Batet fue portavoz de Administraciones Públicas en el Congreso justo después de que yo dejara de ser el ministro del área. Comíamos juntos con frecuencia para intercambiar opiniones sobre la materia. Como responsable del último programa electoral del PSOE —en el que también participé— y como antigua profesora de derecho constitucional, se centró en los asuntos relacionados con regeneración democrática.

María Luisa Carcedo fue nombrada por mi sustituta en el ministerio directora de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas. Como se creó bajo mi mandato, María Luisa había recurrido a mí en alguna ocasión para conocer los antecedentes de algún que otro expediente. Esta médica fue consejera de Asuntos Sociales en Asturias y, como actual responsable en la ejecutiva de lo mismo, actuaba sobre todo en lo relacionado con políticas sociales, sin dejar de aportar opiniones políticas siempre del máximo sentido común y prestando atención a las distintas sensibilidades del partido. Antonio Hernando, por último, trabajó con Consuelo Rumí en la ejecutiva del PSOE en la misma época en que yo formaba parte de ella. Más adelante coincidimos como diputados. En su calidad de portavoz parlamentario, Antonio ejercía de comodín en las negociaciones, manteniendo los contactos vivos y, por acuerdo unánime del grupo, como portavoz de una comisión negociadora cuyos miembros decidimos «pasar a la clandestinidad» en términos de prensa para evitar que una filtración o una equivocación no querida pudieran poner en riesgo el delicado proceso negociador.

Desde la primera reunión dejamos claro nuestro cometido: conseguir el mayor número de apoyos para la investidura de Pedro Sánchez como próximo presidente del gobierno, dentro de los límites establecidos por el propio candidato y por el Comité Federal del PSOE. Y acordamos que la mejor aportación que podíamos hacer en ese sentido era trabajar con transparencia entre nosotros, todos a una, comentándolo y discutiéndolo todo y sin dejarnos en el tintero ninguna discrepancia. Mantener en el tiempo estas dos decisiones: silencio frente a la prensa y «buen rollito» interno, fue la clave del trabajo realizado, en un contexto muy complicado del que, a menudo, conseguíamos abstraernos para centrarnos en exclusiva en nuestra tarea sin dejarnos influir por el clima existente a nuestro alrededor, a pesar de que, en general, todos coincidíamos en percibir una tremenda ilusión popular en la calle con las expectativas levantadas por el proceso negociador. De hecho, cada día empezábamos la jornada comentando tal o cual comentario de ánimo que habíamos recibido cuando, en la calle, el autobús, un taxi o una cafetería, alguien nos reconocía de vernos en la televisión y se nos acercaba para animarnos en nuestra labor, dejando claras sus esperanzas de que todo llegara a buen puerto. Incluso personas que se declaraban votantes del PP nos deseaban suerte por el bien de España. Una ilusión colectiva tan grande, en positivo, por un proyecto de futuro de país, hacía tiempo que no se veía en nuestras calles. Esa responsabilidad de estar a la altura de los deseos colectivos pesaba, sin duda, sobre nosotros en cada acto del proceso.

Establecimos, también desde el principio, algunos procedimientos muy básicos, pero importantes. Estábamos dispuestos a aceptar que hubiera diferentes formas de apoyo al candidato: sólo de investidura, de legislatura y también de gobierno; pero nosotros sólo negociaríamos sobre el programa, dejando las eventuales negociaciones sobre la participación o no en el gobierno para un momento posterior. De esos asuntos sólo se trataría si había acuerdo sobre el contenido de lo que había que hacer y dejábamos las decisiones al respecto sólo en manos del candidato, quien como presidente investido habría sido el único habilitado para nombrar a los miembros de su gobierno.

Con este objetivo, comenzamos por elaborar el «Programa para un gobierno progresista y reformista. Propuesta del PSOE» que sirviera de base para las negociaciones con las diferentes fuerzas políticas. Tomando como punto de partida nuestro programa electoral, el 8 de febrero presentamos un documento de 53 páginas donde las numerosas propuestas se articularon en torno a siete ejes programáticos:

1. Consolidar una recuperación económica justa y medioambientalmente sostenible, fundamentada en la productividad, la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal progresivo y suficiente.

2. Crear empleo suficiente para, en cuatro años, reducir a la mitad la tasa de paro con puestos de trabajo estables y de calidad.

3. Alcanzar un pacto social y político por la educación, la ciencia y la cultura como uno de los ejes fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades.

4. Reducir las desigualdades sociales, combatiendo la pobreza y fortaleciendo los sistemas de protección social del Estado del Bienestar.

5. Impulsar reformas del sistema democrático para reforzar los derechos y libertades, asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y el compromiso contra la violencia de género, mejorar la calidad de las instituciones y luchar contra la corrupción.

6. Potenciar el papel activo de España como miembro de la Unión Europea y de la eurozona, nuestra política exterior y nuestra cooperación al desarrollo, con especial atención a África y Latinoamérica.

7. Reforma de la Constitución para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado.

Este documento programático fue muy bien acogido por todos los grupos parlamentarios a los que se lo enviamos y con los que nos reunimos por separado para explicárselo. Según decía El Mundo, «Todos los partidos con los que se vio la comisión negociadora del PSOE así como la formación de Pablo Iglesias destacaron que puede ser fácil llegar a un acuerdo de investidura sobre esta base». Iglesias llegó a decir que nos habíamos inspirado en su programa. A pesar de ello, Iglesias mantuvo su negativa a sentarse con los socialistas «mientras Sánchez mantenga el diálogo abierto con Ciudadanos».

El País, por su parte, señaló respecto al documento lo que sigue: «El PSOE realizó ayer una demostración de cintura política impensable hace unos días al lograr el visto bueno inicial de Podemos, Ciudadanos, Compromís e IU a la propuesta de programa de gobierno con la que Pedro Sánchez busca los apoyos necesarios para ser investido presidente [...] una síntesis de marcado contenido social», aunque el diario no profundizaba en las cuestiones más espinosas. Y dijo sobre el mismo asunto en su editorial que «la iniciativa socialista da pie a un debate sobre las políticas que necesita este país», aunque añadía: «No es probable que el partido de Iglesias entre en una negociación de contenidos porque su alternativa está clara: u obtiene el poder de inmediato —de ahí su insistencia en el gobierno de coalición— o buscará una nueva oportunidad electoral».

Sólo el PP se desmarcó del acogimiento general y se manifestó crítico con el documento al señalar, claramente sin haberlo leído, que representaba «la vuelta al zapaterismo más radical».

Para que no se crea que la percepción positiva sobre que las negociaciones empezaron con un buen clima es una posición subjetiva mía, transcribo lo que recogió la prensa de boca de los otros participantes. Joan Baldoví (Compromís): «El documento es un buen punto de partida y las posiciones excluyentes de Podemos y de Ciudadanos son reversibles. Tanto unos como otros van a tener que bajar las escaleras». Alberto Garzón (IU): «He recibido el documento con alegría». José Manuel Villegas (Ciudadanos): «Los ejes planteados permiten un espacio suficiente para llegar a acuerdos». En otros ámbitos, sin embargo, la posición era mucho más escéptica, como reflejó El Mundo en un editorial titulado «La propuesta del PSOE, un guiño imposible a derecha e izquierda».

En esos mismos días, dentro de la ronda de contactos del candidato, se reunió con sindicatos y patronal. El Periódico de Catalunya recogió esos encuentros titulando: «Sánchez recibe el aval de CC. OO. y UGT al acuerdo amplio con Podemos y Ciudadanos. La CEOE considera que la prioridad es no repetir elecciones».

Diario: 10 de febrero

Durante la mañana acompaño a Pedro (fuera de cámaras) en sus reuniones por separado con los sindicatos y con la patronal. Sorprende que ambos interlocutores manifiestan su interés en que Pedro sea investido presidente, entre otras cosas porque se consideran maltratados por la prepotencia del gobierno popular durante la última legislatura de mayoría absoluta.

Dedicamos la comida a reordenar la estrategia negociadora acordando acelerar los pasos para un acuerdo con IU y con Compromís a la vez que establecemos la fecha para el debate de investidura, que se hará pública el próximo lunes.

Por la tarde mantenemos la primera reunión con el PNV, donde me reencuentro con dos viejos conocidos. Su posición es muy clara: no quieren que Rajoy siga y están predispuestos a apoyar la investidura de Pedro, pero tenemos que comprometernos a sacar adelante alguna de sus reivindicaciones pendientes —muchas de ellas acordadas con el anterior gobierno socialista— así como a explicitar que no buscamos una involución centralizadora en nuestras propuestas, es decir, un compromiso de defender el autogobierno sin recortarlo por la vía de la legislación básica.

Luego, con IU/UP establecemos un calendario de avance en las negociaciones en dos asuntos prioritarios: regeneración democrática y plan de emergencia social. Están dispuestos a firmar un compromiso de apoyo a la investidura la semana que viene siempre que haya acuerdo en estas dos cosas.

Aupados por la buena acogida del documento que contenía nuestras propuestas entre las fuerzas políticas cuyo apoyo teníamos que recabar, impulsamos la estrategia negociadora con todos los grupos que quisieron hacerlo, menos los independentistas. Sólo se autoexcluyó Podemos, mientras que en el caso del PP ni nosotros estábamos interesados en recibir su apoyo ni ellos querían dárnoslo.

Decidimos, y el resto de grupos aceptó, un procedimiento muy claro y sencillo de contactos: algunas reuniones tendrían que ser públicas, con posterior rueda de prensa informativa sobre los avances producidos, pero otras serían reuniones discretas para evitar la presión mediática. Todos éramos conscientes de que unas negociaciones serias para investir a un presidente del gobierno exigían zonas y momentos alejados de la exposición pública. En ese sentido no recuerdo que nadie propusiera, ni siquiera planteara, que las reuniones de negociación se hicieran «en abierto» a los medios por cualquiera de las fórmulas que las nuevas tecnologías permiten, a pesar de la presión que, me consta, ejerció alguna televisión privada, sin duda más interesada en su cuota de pantalla que en ensanchar los límites de la democracia con mecanismos que a veces los estrechan en la práctica.

Acordamos, también, dividir las negociaciones en dos grandes bloques que podrían tratarse en mesas separadas: regeneración democrática y socioeconomía. Sin embargo, era evidente que no habría acuerdos definitivos en nada hasta que no hubiera acuerdo global en todo; por tanto, los avances parciales que se pudieran conseguir en algunas materias (muchos con gran rapidez, pues casi todos opinábamos lo mismo sobre lo que había que hacer) no eran tales hasta que no hubiera, en su caso, un acuerdo sobre la totalidad. Ésta es una técnica habitual en las negociaciones complejas cuando hay un tiempo limitado para llegar a un acuerdo y nos facilitaba tanto avanzar como ir acotando los verdaderos obstáculos. Sin embargo, es evidente que al ponerla en práctica educe la capacidad de bloqueo por parte del más débil en la negociación, ya que si alcanzamos un acuerdo en, por ejemplo, el 90 por ciento de los temas, la capacidad de frenar todo el acuerdo por ese 10 por ciento restante es menor, aunque sean asuntos muy importantes. De ahí que algunos nos propusieran empezar la negociación al revés, precisamente por ese 10 por ciento en el que se intuía que estaban los mayores obstáculos, y sólo si se producían avances ahí, entonces empezábamos a negociar el resto.

Una de nuestras obsesiones —especialmente mía por mis antecedentes como miembro de un gobierno de España y por mi obsesión de que todo lo que aprobáramos tenía que caber en el presupuesto ya aprobado para 2016, en sus modificaciones o en el que pudiéramos aprobar para 2017 y siguientes— era que las discusiones fueran lo más concretas que fuera posible, que se centraran en problemas reales y giraran en torno a propuestas claras. Intentamos evitar un debate abstracto: no estábamos en un seminario de una facultad ni en una mesa redonda en televisión. Discutíamos y teníamos que llegar a acuerdos sobre asuntos importantes, pero que deberían ser llevados a decisiones concretas por parte de un gobierno que queríamos constituir en pocas semanas.

Por tanto, había que bajar el balón al suelo para que los debates no se perdieran en la palabrería y para que las decisiones acordadas se pudieran llevar a cabo. Esta línea de actuación pragmática nos condujo a algunas situaciones curiosas, que iré contando en su momento, cuando propuestas que sonaban muy bien al enunciarlas eran impracticables si se analizaban desde las restricciones de los votos o de la legalidad. Por ejemplo, los términos en que Compromís nos planteó la exigencia de que el nuevo gobierno condonara una parte de la deuda acumulada por la Comunidad Valenciana tras varios modelos de financiación autonómica que, según consideraban, habían llevado a una «infrafinanciación» de la Comunidad. Era directamente ilegal, por mucho que tuviera un gran eco político. De haberse llevado a cabo en sus términos, el ministro de Hacienda que lo hubiera hecho habría cometido un delito de malversación de fondos públicos, además de que era imposible ejecutar una medida de esta naturaleza sólo para una comunidad autónoma sin que el resto se pusiera a la cola para conseguir lo mismo; en ese momento, el problema alcanzaba unas dimensiones que hacían inviable, por su cuantía y por su ilegalidad, la solución de Compromís.

Compartiendo el objetivo de mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana y del resto de autonomías, propuse un fórmula alternativa que podía tener el mismo, o parecido, resultado final, pero que se ajustaría a la legalidad siempre que consiguiéramos cambiar ésta primero. Esa propuesta, sin embargo, tenía menos «glamour» publicitario, era más gris mediáticamente y requería algo más de tiempo para poder aplicarla porque había que aprobar nuevas leyes tras un período de intensa negociación. Siendo, por tanto, nuestra propuesta la única solución posible, era menos vendible políticamente, por lo que no gustó a nuestros interlocutores. Preferían seguir defendiendo algo imposible de hacer, pero que sonaba mejor a los votantes. Es sólo un caso entre los muchos similares que nos encontramos en un proceso de negociación de cuyo pacto final nunca podremos saber cuál habría sido el contenido, ya que no llegó a buen puerto.

Ese permanente pensar en medidas concretas que se deberían poder aprobar e impulsar desde un gobierno del cambio nos llevó a proponer trabajar sobre papeles con propuestas. Con nuestro documento de programa como base cada una de las otras delegaciones debería presentar sus propios textos con enmiendas parciales, textos alternativos o propuestas complementarias. Durante el proceso, sin embargo, la realidad fue que los demás grupos parlamentarios nos hicieron llegar sus respectivas listas con los asuntos que querían pactar con nosotros para facilitar su voto favorable a Pedro Sánchez, salvo Ciudadanos, que sí entró en un debate de nuestro texto, punto por punto y página por página.

Desde el primer momento detectamos diferencias en el planteamiento de los grupos interlocutores. Así, IU/UP manifestó desde el principio que ellos sólo estaban interesados en negociar su eventual apoyo a una investidura de Sánchez y que, para ello, nos presentaban un documento con siete peticiones, muchas de las cuales coincidían con medidas incluidas ya en nuestra oferta de programa de gobierno. En la misma posición estaba el PNV, que subordinaba su apoyo al candidato y a su futuro gobierno a la respuesta a un conjunto de reivindicaciones vascas pendientes. Compromís, que había negociado ya con el PSPV-PSOE un acuerdo exitoso para compartir gobierno en la Comunidad Valenciana, hablaba de un apoyo que fuera más allá de la investidura sin excluir su participación en el futuro gobierno, en base al cumplimiento de lo que llamamos «agenda valenciana», un conjunto de reivindicaciones que afectaban a la Comunitat, algunas en exclusiva, como el reconocimiento a Benidorm del carácter legal de municipio turístico, que, sorprendentemente, aún no tiene, y otras transversales, como impulsar el corredor mediterráneo.

Ciudadanos, por su parte, explicitaba su intención de formalizar un apoyo de legislatura que incluyera las principales reformas que había que hacer en España, conscientes de que tan importante como investir a un presidente es asegurar una estabilidad parlamentaria que permitiría aprobar las leyes y los presupuestos que ese presidente enviase al Parlamento. Sin embargo, en ese momento, se mostraba mucho más ambiguo sobre su predisposición a entrar a formar parte del nuevo gobierno de lo que luego se manifestó.

Diario: 11 de febrero

El día está presidido por los temores crecientes ante la actitud de Ciudadanos, especialmente tras la entrevista de Rivera con Rajoy. No terminamos de tener claro cuáles son sus intenciones: a nosotros nos dicen una cosa, pero Rivera sigue jugando en público a ser el gran hacedor de un acuerdo tripartito con el PP. Esa misma mañana, tras recibir un mensaje de Luis Garicano, pongo el siguiente comentario en el chat que hemos creado los negociadores socialistas: «Preparémonos para una posición pública de Rivera dura del tipo de: “Apoyo a Sánchez siempre que me acepte tres condiciones, no subir impuestos, no derogar la reforma laboral y cambiar la ley electoral”. Parece que quiere tensar la negociación y ponerse en el centro de la misma».

A la hora de la comida, a la que se incorpora Pedro, tratamos ampliamente el asunto y se decide convocarlos a una reunión reducida, tras una conversación entre Sánchez y Rivera, en la que les pediremos que clarifiquen ya sus intenciones: quieren apoyar la investidura o no, quieren ir más allá hasta un acuerdo de legislatura y gobierno o no.

La reunión bilateral que tenemos fijada para la tarde va a ser especialmente relevante porque, a petición de ellos, vamos a centrarnos en el mercado laboral, que es donde al parecer existen las mayores diferencias entre ellos y nosotros. En los últimos días Garicano no ha dejado de decirme que ya entiende nuestros compromisos con los sindicatos, pero que ellos tienen concepciones muy novedosas sobre el asunto.

Celebramos la reunión a las seis de la tarde porque Garicano ha vuelto tarde de Bruselas, donde ha visitado a funcionarios de la Comisión y ha tenido un contacto con prensa para que se sepa que ha estado allí.

Empieza Luis trasladándome su preocupación por la dureza que ha apreciado en los funcionarios europeos contra una posible flexibilidad presupuestaria con España. Le señalo que Manolo de la Rocha ya ha estado (de manera informal y sin tantos alardes mediáticos) tres veces en los últimos meses con altos funcionarios de la Comisión, e incluso con el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, para hacerles llegar nuestras preocupaciones y nuestras intenciones. Que ya conocemos su posición, pero que ese asunto no se resolverá al nivel de funcionarios sino a un nivel político del Colegio de Comisarios o incluso del Consejo Europeo.

Entramos en el debate sobre el punto de nuestro documento relativo a la creación de empleo y la reforma del mercado laboral, asunto sobre el que anticipo los mayores obstáculos dado que durante la campaña electoral ellos han hecho bandera política de la propuesta del contrato único, que curiosamente sólo defienden algunos académicos. Desde el principio aclaro que no vamos a echar la tarde en debatir las bondades o defectos del mercado laboral español o del contrato único. Junto a su portavoz parlamentario en economía, Toni Roldán, Garicano viene acompañado de un prestigioso economista (que había colaborado con el PSOE hace años) experto en mercado laboral y de un abogado del Estado reconvertido en socio de un bufete especializado en estos asuntos. Por mi parte, para la sesión he pedido a José Enrique Serrano, miembro también de la comisión negociadora y experto en legislación laboral, que me acompañe, junto con un viejo amigo de ambos que fue ministro de Trabajo en un gobierno socialista y, además de eso, profundo conocedor de la realidad de nuestro mercado laboral.

Superados los primeros ajustes y afinadas todas las voces en la misma onda —encontrar una solución intermedia entre sus posiciones y las nuestras sin intentar convencer al otro para ganarle por goleada—, entramos en materia hasta llegar al siguiente resumen: aceptan la necesidad de un plan de choque para crear empleo entre aquellos colectivos más vulnerables, comparten la necesidad de reformar e impulsar las políticas activas de empleo, solicitan aclaraciones sobre las propuestas de reforma de la reforma popular del mercado laboral en el sentido de fortalecer la negociación colectiva reduciendo capacidad discrecional de los empresarios, insisten en que no les gustan nuestras propuestas, pero creen que podemos consensuarlas siempre que alcancemos un acuerdo sobre un régimen contractual —que aceptan que no podrá llamarse contrato único— que ayude a reducir la precariedad laboral haciendo que la contratación indefinida sea preponderante al ser más atractiva que ahora. Ambas partes acordamos que hacer más atractiva la contratación estable no es una cuestión de coste del despido, sino de la regulación de éste, en la actualidad excesivamente judicializado, lo que introduce incertidumbre y costes indirectos. Quedamos en que nosotros redactaremos una propuesta que les enviaremos a finales de semana.

No puedo ocultar que termino la reunión moderadamente optimista y así se lo hago saber a Pedro: en mercado laboral, uno de los asuntos donde se suponía que las posiciones de Ciudadanos y las nuestras iban a estar más alejadas, incluso a ser contrarias, veo posibilidades de acercamiento. Será difícil, pero es posible. Veremos.

Iniciamos las negociaciones con todos a la vez y por separado, sin ocultar a nadie los avances que se pudieran estar dando en las otras mesas. Para nosotros, flexibles como éramos respecto a las diferentes demandas de cada uno (apoyo de investidura y ya, además apoyo de legislatura y ya, además incorporación al gobierno), era clave la transparencia entre los diferentes procesos negociadores: que todos supieran dónde estábamos con los demás para evitar sorpresas. En cualquier caso, como partido que llevaba la iniciativa al ser Pedro Sánchez quien había recibido el encargo del rey, era nuestra responsabilidad garantizar que los diferentes acuerdos parciales que pudiéramos alcanzar en cada mesa fueran compatibles entre sí, evitando vetos cruzados. La tarea no era fácil y exigió de nuestros negociadores mucho trabajo, mucha coordinación y que la información fluyera internamente sin límites. A lo largo de las tres semanas que duró el proceso elaboramos no menos de veinticinco documentos y celebramos no menos de treinta reuniones y contactos vinculados a la negociación.

La sombra de los dos grandes ausentes planeaba sobre todas y cada una de las reuniones. En el arranque del proceso pesaba más la influencia del PP sobre Ciudadanos, ante todo porque esta formación seguía empeñada en alcanzar un acuerdo con el PSOE que pudiera ser luego apoyado, aunque fuera con su abstención, por el partido de Rajoy. Al principio, daba la sensación de que negociaban con nosotros con un ojo puesto en el PP.

Pero fue durante el desarrollo y, sobre todo, en su fase final, cuando el boicoteo de Podemos al proceso negociador empezó a pesar mucho sobre la actitud de IU/UP y de Compromís. Ambas formaciones empezaron las conversaciones con nosotros haciendo bandera de su total autonomía política (Rodolfo Ares era quien les preguntaba sobre el asunto de manera periódica), incluso intercambiábamos anécdotas y confidencias sobre Podemos, aliados en Valencia de Compromís y muy conocidos por Garzón y la cúpula de IU, pues Iglesias y varios de sus dirigentes habían sido durante mucho tiempo asesores de IU. Sin embargo, al final fueron incapaces de romper con la fuerza de atracción de Podemos y se plegaron totalmente a la estrategia rupturista de Iglesias. Incluso, como veremos, alguno actuó como agente doble.

Diario: 12 de febrero

Hoy hemos avanzado en paralelo con las negociaciones con IU/UP y con Compromís. En ambas hemos utilizado el mismo método decidido previamente: preguntarles directamente cuál es su predisposición real a firmar un acuerdo de investidura y, a partir de ahí, ir centrando los debates en torno a un documento específico que recoja aquellas demandas a cambio de las cuales votarían a Pedro en la investidura. Este método fuerza un avance en las negociaciones, pero hace más arduo nuestro papel como negociadores porque tenemos que asegurarnos de que, en el caso de que firmemos un acuerdo específico con cada uno de ellos, no son contradictorios entre sí (las condiciones de un acuerdo impiden firmar otro acuerdo) e, incluso, de que son coherentes. En todos los casos, el documento base sobre el cual se negocia es el que presentamos nosotros hace unos días.

IU está encantada con el método ya que nos dijo explícitamente el primer día que, de momento, sólo podía comprometerse a la investidura, sin ir más allá hasta ver qué pasaba con Podemos. Para Compromís, sin embargo, la cosa les sabe a poco ya que nos han manifestado desde el principio su voluntad de implicarse con un acuerdo de legislatura que, eventualmente, significara entrar en el gobierno al estilo del que tenemos en la Comunidad Valenciana. Están menos presionados por Podemos y mucho más interesados con colocar algunos asuntos de su «agenda valenciana», que tendremos que consensuar nosotros con el president Ximo Puig.

En ninguno de los dos casos, cuando entramos a analizar las distintas materias, encuentro diferencias insalvables que impidan el acuerdo. Tampoco veo en ellos el vértigo que detecto en Ciudadanos. Sin embargo, en todos ellos nos encontramos ante un cierto adanismo por parte de sus negociadores, gentes con buenas intenciones pero que parecen interesados en convencernos de que el mundo es redondo, como si sólo ellos estuvieran en el secreto y nosotros todavía no nos hubiéramos dado cuenta de ese hecho. En algún caso, por ejemplo, refieren, como si nosotros no lo supiéramos, legislación o medidas que se aprobaron en el gobierno del que formé parte o, incluso, que adopté yo siendo ministro y les sorprende cuando se lo refiero.

La tarde ha estado protagonizada por la entrevista entre Pedro Sánchez y Rajoy. En la comida previa en Ferraz he visto a Pedro con pocas ganas de acudir a la cita, pero muy consciente de que era necesario. El encuentro se liquida con la anécdota de que Rajoy no ha visto, o no ha querido ver, la mano que le ofrece Pedro, y con la petición de Pedro a Rajoy de que el PP, en la oposición, sea tan leal y proclive a los pactos de Estado (que ha centrado en unidad nacional, antiterrorismo y reforma de la Constitución) como lo ha sido el PSOE. Ello, después de resaltar la necesidad de que el PP se regenere en la oposición y la necesidad de que los quince millones de votantes que pidieron cambio en las elecciones del 20-D lo encuentren en un cambio de gobierno y en un cambio de políticas que sólo puede representar un gobierno del PSOE.

La estrategia de Rajoy, en todo caso, es muy obvia: ayudar a que el PSOE fracase en su investidura porque Ciudadanos no le apoye, lo que podría obligar a lanzarnos a la desesperada en brazos de Podemos, cuyos votos, no obstante, siguen siendo insuficientes y, a partir de ahí, de un Pedro radicalizado y fracasado, promover un golpe dentro del partido que fuerce a abstenernos en un intento de legislatura que, entonces sí, harían ellos (con Rajoy, o no). Como pasó la semana pasada en la Mesa del Congreso, en ese intento parecen coincidir con Podemos, que busca demostrar a nuestros votantes que el PSOE se ha lanzado en manos de la derecha. ¿La pinza?

A última hora, al hacer el balance del día y marcar las tareas para el fin de semana, hemos analizado la información que nos llega de que Podemos quiere presentar el lunes su papel donde, a partir del nuestro, insiste en su propuesta de estructura de gobierno a nivel de Secretaría de Estado. A partir de ahí quiere hacer una ronda de debates sobre su propuesta con parte de los socios que están negociando con nosotros y, al parecer, también con nosotros.

La jugada es clara: están preocupados porque han perdido iniciativa y les estamos cercando con IU y con Compromís, lo que rompe su consigna de que «pactamos con la derecha». Quieren romper el cerco y dar un salto que les permita, de forma muy infantil, situarse en el centro de la atención mediática. Decidimos dos cosas: acelerar las firmas de acuerdos con IU y Compromís, a la vez que les recordaremos el lunes que el candidato mandatado por el rey es Sánchez y no Iglesias y que de la misma manera que nosotros hemos respetado el tiempo de Rajoy hasta que él declinó, pedimos a Iglesias que respete el tiempo de Sánchez. Continuamos tendiéndoles la mano para debatir sobre nuestra propuesta, pero nada más. Veremos. Seguimos convencidos de que Iglesias y los suyos no quieren pactar con nosotros (por eso ponen condiciones inasumibles) porque quieren ir a nuevas elecciones donde intentarán superarnos con el argumento de que «hemos pactado con la derecha», como si los problemas hoy de España se pudieran abordar en clave frentista.

El lunes Pedro visita a Patxi López, presidente del Congreso, para fijar la fecha del debate de investidura. La pinza entre el PP y Podemos sobre Patxi, en la Mesa y ante los medios, para intentar acortar el tiempo de negociación de que disponemos mediante la fijación de una fecha para el debate temprana, no es sorprendente, pero es inaceptable.

El PNV era el grupo que tenía una estrategia propia más consolidada, si bien su simpatía hacia Pedro, derivada en parte de su antipatía hacia Rajoy, estaba matizada por tres hechos fundamentales: que la pasada legislatura, el PSE-PSOE le había arrebatado el gobierno vasco, por primera vez, tras pactar con el PP; que, a pesar de que lo habían recuperado en esta legislatura, la irrupción de Podemos en el País Vasco amenazaba la hegemonía nacionalista a la que podían aspirar, junto a un Bildu renacido de la mano de Otegi, y que una de las fuerzas necesarias para la investidura de Pedro era Ciudadanos, que se había manifestado muy virulentamente en contra del Concierto vasco, eje central sobre el que estaba construida la autonomía de Euskadi.

Con todos esos mimbres iniciamos la construcción del cesto, siendo conscientes de que no teníamos mucho tiempo para hacer algo serio. Y empezamos por acelerar los contactos con IU/UP y con Compromís mientras ralentizábamos los contactos con Ciudadanos, por tres razones: porque la sintonía era muy buena con ambas formaciones, con muchos guiños y complicidades en las reuniones y contactos; porque ellos tenían prisa también, y porque si alcanzábamos un acuerdo con ambas formaciones de izquierda, cosa que parecía muy posible dadas las posiciones de cada uno, romperíamos el eje de las críticas de Podemos respecto a que nos lanzábamos en manos de la derecha, con lo que dejaríamos a Podemos aislado y, entendíamos, más proclive entonces a llegar a un acuerdo, siquiera de abstención, en la investidura de un presidente socialista.

El País tituló: «El PSOE busca socios entre los aliados de Podemos. Sánchez intenta acuerdos con IU y Compromís para presionar a Iglesias». Parece evidente que esa estrategia de resaltar el aislamiento de Podemos como forma de hacerles aproximar su actitud a la del resto de fuerzas que estaban, por lo menos, sentadas con nosotros en la negociación, sólo podía tener éxito si contábamos con el acuerdo y la complicidad de los líderes de IU y de Compromís. Todos éramos plenamente conscientes de que para una investidura que llegara a buen fin, la participación de Podemos era totalmente imprescindible. Sobre todo para quienes nunca creímos en una participación alternativa del PP en forma de abstención, ni estuvimos dispuestos a propiciarla. Por eso, Pedro Sánchez participó de forma activa en esa estrategia envolvente, manteniendo un contacto fluido con Mónica Oltra y con Cayo Lara, fuera de las mesas y de los focos.

Diario: 13 y 14 de febrero

Hemos dedicado el fin de semana a elaborar los documentos que vamos a proponer tanto a IU/UP como a Compromís, para firmar con ellos, por separado, un acuerdo de investidura. Yo lo he tenido que hacer a distancia, pues debía asistir a una boda fuera de Madrid en la que, en un ambiente más bien «pepero», he visto mucho enfado con Rajoy por su mala gestión de la corrupción y del período postelectoral y mucho, mucho miedo a que Podemos entre en el gobierno. En lo que he encontrado mayor coincidencia (y no le doy rango de encuesta) es en la esperanza en un gobierno entre PSOE y Ciudadanos.

El esquema de ambos documentos es muy similar: partiendo del programa de gobierno que presentamos al inicio de la semana, desglosamos dos bloques: uno de regeneración democrática y otro que es plan de emergencia social. Sobre esta base se añaden algunos asuntos específicos propuestos para cada uno de los grupos, cuidando de que no sean incoherentes entre sí.

La idea es enviarlos el domingo por la noche, buscando que ambos grupos manifiesten su acuerdo el lunes o el martes y podamos hacerlo público cuanto antes. Al ser dos fuerzas de izquierdas, conseguir el acuerdo contrarrestaría la estrategia de acorralarlos con la derecha que mantiene Podemos.

El sábado por la noche Pedro me llama por teléfono. Tenemos una larga conversación sobre la situación. Le insisto en que debe avanzar sus ideas sobre la estructura que quiere para un futuro gobierno e incluso que vaya pensando en nombres. La experiencia demuestra que son decisiones muy importantes, que se han de adoptar en muy poco tiempo a partir de la investidura y, por tanto, procede tenerlo pensado de antemano. Quedamos en vernos con José Enrique Serrano para hacer una reflexión conjunta sobre el asunto. Sobre todo porque Pedro ya ha anunciado que incorporará a independientes a su gobierno y no hace falta ser muy listo para intuir que ellos serán los guiños políticos que está dispuesto a lanzar a aquellas fuerzas parlamentarias que, de una manera u otra, hagan posible su investidura sin entrar formalmente en el gobierno.

Tras comentarlo con José Enrique, envío a Garicano el domingo por la mañana los textos, supuestamente de consenso, sobre reforma laboral elaborados por el exministro que nos ayuda en la materia. Son muy buenos, pero seguro que Ciudadanos siente la necesidad de aportar su impronta. Esperaremos: la semana que viene Garicano no está en Madrid porque viaja a China para dar unas clases.

IU/UP nos presentó un documento breve con las dieciséis condiciones aprobadas por su presidencia, acompañadas de la declaración de intenciones: si alcanzábamos un acuerdo sobre las mismas, comprometían, en principio, su voto favorable a la investidura de Pedro. Una lectura rápida de las mismas me planteó una reflexión que vale para otros momentos de la negociación: la dificultad de negociar propuestas programáticas que combinan algunas demandas muy genéricas, como «Reforma fiscal progresiva y combatir el fraude fiscal» —¿qué quiere decir esto exactamente? Nosotros llevábamos propuestas muy concretas en este campo— o «Un plan de emergencia social» —sin más detalles, donde nosotros proponíamos diez medidas concretas como la creación de un Ingreso Mínimo Vital, incrementar la prestación por hijo a cargo o recuperar el subsidio por desempleo para parados mayores de cincuenta y dos años— junto a algunas tan concretas como «Incrementar el salario mínimo un 20 por ciento en 2016» o «Crear una banca pública a partir de las entidades nacionalizadas» tras el rescate financiero.

La subida del salario mínimo (SMI) fue uno de los puntos de discrepancia a lo largo de toda la negociación, por lo que merece la pena que me detenga un momento en el asunto. Desde el PSOE defendíamos una subida del SMI en 2016, recordando que ésa fue una de las primeras medidas con que se estrenó en 2004 el gobierno de Zapatero, con dos objetivos: recuperar el poder adquisitivo perdido después de cuatro años congelado (esto representaba, aproximadamente, un 4,5 por ciento) y alcanzar en dos legislaturas el 60 por ciento del salario medio neto, que es la cuantía recomendada por la Carta Social Europea como suficiente. En 2016, justo en año electoral, Rajoy lo había subido un 1 por ciento (apunto, también, que el IPC es negativo en estos tiempos). Proponer una subida del 20 por ciento en un año constituía claramente una exageración, incluso para quienes éramos partidarios de subirlo como manera de poner fin a la devaluación salarial impuesta estos últimos años y como medida de lucha contra el nuevo fenómeno de los «trabajadores pobres», personas con empleo pero con retribuciones que no les sacan de la pobreza.

El asunto de la banca pública también apareció varias veces a lo largo de las negociaciones y merece a su vez unas breves palabras. En nuestro programa de gobierno incluimos medidas concretas para impulsar el ICO y transformarlo en un verdadero banco público de inversiones. Junto a ello, en el programa electoral insistí en señalar nuestro compromiso con proceder a la privatización de Bankia y del resto de entidades financieras que la crisis obligó a nacionalizar a través del FROB. Por un lado, un país como España, que necesita recurrir a los mercados internacionales para solicitar préstamos en cuantías muy importantes, no podía enfrentarse a la Comisión Europea y al BCE lanzando una señal que generaría malestar y nerviosismo en los mercados con el consiguiente aumento de la prima de riesgo; por otro lado, y sobre todo, no creo que tener una banca comercial pública mejore, en absoluto, la situación de la economía, ni mucho menos de los menos favorecidos. Ésa es una de esas concepciones de la vieja izquierda de los años sesenta del siglo pasado, antes de la globalización y de la liberalización de los movimientos de capitales. En todo caso, aunque estábamos dispuestos a cumplir con el compromiso de privatización establecido en el ME —Memorando de Entendimiento, las imposiciones de la troika tras ese rescate que, según Rajoy, no hubo y al que he dedicado el libro Seis meses que condujeron al rescate. Crónica de un rescate que Rajoy no supo evitar (Deusto, 2015)—, no íbamos a cumplir las fechas que unilateralmente había decidido el gobierno popular. Por tanto, nuestra propuesta era proceder a su privatización en cuanto las condiciones del mercado hicieran rentable la operación, para recuperar para los contribuyentes el máximo dinero posible del puesto en su rescate. Vista la evolución de los mercados, era previsible que esas circunstancias difícilmente se darían a lo largo de la entonces naciente legislatura y a eso sí que podíamos comprometernos. Y hasta entonces dejaríamos que siguiera gestionado en manos profesionales, como venía haciéndose.

Otras condiciones también figuraban de forma explícita en nuestra propuesta de programa: la reforma de la ley electoral o medidas de lucha contra la corrupción. A la vista, pues, de todo ello, no parecía aventurado decir que el acuerdo para la investidura era relativamente posible, dado que tampoco IU/UP pretendían imponernos todas sus condiciones sin cambios, como luego otros sí pretendieron. Y así hubiera ocurrido de no mediar otras circunstancias ajenas.

Las conversaciones con Compromís estuvieron desde el principio marcadas por una cierta complicidad, derivada de que ambas fuerzas políticas compartíamos gobierno en la Comunidad Valenciana, apoyado desde fuera por Podemos. Además, el hecho de que sus diputados hubieran salido del grupo parlamentario de Podemos, sin conseguir que éste les ayudara a formar grupo propio, nos hacía pensar que era cierta la autonomía frente a la fuerza morada de la que presumían. Además incluyeron como interlocutores a pesos pesados de su organización (plural, ella misma) con larga trayectoria en la gestión municipal y cargados de experiencia política. Todo ello facilitó la interlocución desde el principio. Aunque no la hizo más fácil.

Como he contado antes, los asuntos de la «agenda valenciana» centraron las negociaciones, a partir de un documento que nos presentaron donde se detallaban sus demandas. Desde el principio manifestaron su predisposición a apoyar a un gobierno socialista desde dentro, conscientes de que su fuerza iba un poco más allá de sus cuatro diputados. Empeñados como estábamos en forzar a los de Iglesias a negociar con nosotros, también apreciábamos mucho su nivel de información sobre lo que ocurría en el seno de Podemos y sus confluencias.

El PNV, por su parte, nos pasó su documento de demandas que incluía muchos de los acuerdos de traspasos de competencias a los que ya se había comprometido el último gobierno socialista y que no se pudieron llevar a cabo por el adelanto electoral y la posterior victoria del PP. Junto a ello, apretaban las tuercas en el asunto del cupo, pendiente de cerrar desde hacía ya tiempo ante el bloqueo al que le había sometido Montoro, junto al conjunto de la financiación autonómica.

Las conversaciones con Coalición Canaria también se contagiaron del hecho de compartir gobierno en Canarias. Sus demandas de «agenda canaria» coincidían bastante con nuestras propias demandas o eran plenamente compatibles con ellas. Su combativa diputada Ana Oramas resultó ser una negociadora dura pero confiable, y su organización, una fuerza política comprometida con su palabra hasta el final.

En ese contexto, el lunes 17 de febrero Iglesias dio el tercer portazo a la posibilidad de acuerdo. Y lo hacía con sus actos, aunque su boca dijera «me dejaré la piel para llegar a un acuerdo con Sánchez». Ese día presentó un documento encaminado a ser su propuesta de negociación con el candidato socialista. Casi cien páginas que tenían tres características concretas: un incremento del gasto público de 90.000 millones de euros, absolutamente disparatado para la realidad de nuestras cuentas públicas; el referéndum de autodeterminación de Cataluña como línea roja inamovible, y una detallada propuesta de gobierno en el que él mismo se reservaba una poderosa vicepresidencia y se desarrollaban las características de los quince ministerios propuestos, con algunas de las reglas de funcionamiento (por ejemplo, habría ochenta altos cargos cuyo nombramiento tendrían que negociar entre ambas fuerzas). Además, adelantaba que iniciaría una ronda de contactos con los líderes políticos para presentarles la propuesta.

Un disparate sin paliativos. De nuevo, por las formas: para Iglesias negociar es tratar de imponer sus ocurrencias por la fuerza. Pero también por el fondo: no había por dónde agarrar el contenido de la propuesta. Nuestra primera reacción, marcada por la sorpresa y la incredulidad ante la arrogancia de un personaje que se presentaba casi como el candidato a la investidura como vicepresidente en lo que pretendía ser el gobierno de Iglesias presidido por Sánchez, la expresó el portavoz Antonio Hernando. Y más clara no pudo ser: «Pablo, ni sabes dónde estás, ni qué papel te corresponde». Y añadió: «Mientras Podemos ofrece a los medios un gobierno de coalición sin consultarlo antes, ejerce vetos y se arroga responsabilidades que no tiene, hay partidos que trabajan para buscar el pacto».

La prensa fue incluso más dura que nosotros ante la supuesta propuesta de negociación. El Periódico de Catalunya tituló: «Perplejidad en el PSOE por la oferta de Iglesias», señalando «El acuerdo que propone Iglesias contiene medidas difíciles de asumir por los socialistas, por ejemplo, un aumento del gasto de 90.000 millones de euros, pero, sobre todo, un referéndum en Cataluña sobre la independencia». Su columnista Joan Tapia lo valoraba así: «Con las propuestas presentadas públicamente, cualquier aproximación entre PSOE y Podemos suena imposible [...]. Iglesias vive en un mundo irreal».

El País, por su parte, tituló: «Iglesias pone precio al pacto: vicepresidencia y referéndum». Y en su editorial consideró: «El PSOE debe rechazar con contundencia el programa de Podemos [ya que] la propuesta es innegociable tanto por la forma como por el fondo». Su influyente columnista Javier Ayuso decía: «Es un pulso a los socialistas [...] a Iglesias le ha podido la arrogancia [...] el documento presentado es un auténtico boicot a cualquier pacto con el PSOE [...] Iglesias ha perdido la iniciativa política y piensa que nuevos comicios pueden darle más votos si logra culpar al PSOE [...] ayer Podemos se borró de la negociación». Por último, El Mundo, decía: «Podemos pone unas condiciones imposibles a Pedro Sánchez».

Diario: 17 de febrero

Reunión del equipo, a la que se incorpora Pedro durante un rato. Hoy tenemos negociaciones todo el día con Ciudadanos: en sesión reservada por la mañana y pública por la tarde, con rueda de prensa. No obstante, hablamos sobre la actitud a adoptar respecto al órdago de Iglesias. Vemos la necesidad de que Pedro siga con la actitud de mano tendida, pero de poner a un interlocutor que canalice las críticas a Podemos y a sus propuestas ya que pensamos que con ello fortaleceremos a nuestros votantes (muy enfadados con la actitud prepotente de Iglesias), a la vez que intentamos debilitar el aparente bloque monolítico que representa hoy el conglomerado Podemos, sabiendo, como sabemos, que tienen muchas más tensiones internas de las que se reflejan. Menos en Galicia, donde la prensa ya recoge hoy ataques a En Marea, a la que considera incapaz de que Iglesias haya recogido ni una sola de las reivindicaciones gallegas que llevaban en su programa. Tenemos que insistir por ahí. Como no puede ser nadie de la comisión negociadora, se lo encargamos al portavoz en el Senado.

Nuestra estrategia sigue siendo priorizar un acuerdo con IU/UP y con Compromís antes que un acuerdo con Ciudadanos, ya que esto último puede condicionar a los dos anteriores, más que a la inversa. La idea hoy es anunciar avances en asuntos importantes (tenemos que negociar a éstos cuáles anunciamos) mientras mantenemos las diferencias en otros asuntos como fiscalidad, mercado laboral o autónomos. En realidad, con Ciudadanos estamos trabajando en un acuerdo de legislatura, que queremos presentar como un acuerdo de investidura.

Creemos que la atracción que sobre IU y Compromís ejerce Podemos (con quien se reúnen esta semana) es mayor que la que ejerce el PP sobre Ciudadanos, aunque estos últimos sigan declarando en público su voluntad de integrarlo en un eventual acuerdo con el PSOE.

Cuando recopilamos los avances realizados en las negociaciones con Ciudadanos, la lista es considerable. Y, como apunto yo, toda ella asumible por los otros interlocutores, incluido Podemos, ya que si descendemos a lo concreto, dentro de lo urgente, las diferencias irreconciliables son mínimas. En paralelo, avanzo con Garicano los papeles sobre mercado laboral y sobre reforma educativa que quedamos en revisar entre mañana (jueves) y el viernes, consciente de que será aquí donde apuraremos hasta el final para buscar un acuerdo.

En la rueda de prensa, el responsable de Ciudadanos insiste en que los órganos de su partido han decidido, de momento, abstenerse o votar en contra, lo que causa confusión entre los periodistas. Tenemos que explicar que si llegamos a un acuerdo, los órganos del partido cambiarán hacia una decisión hacia un voto favorable. No obstante, lo más relevante que ha dicho ha sido que en caso de que Pedro Sánchez no fuera investido, Ciudadanos mantendría su oposición a votar a Rajoy.

A última hora, nos llegan rumores de que algunos líderes del PP (y no sólo Esperanza Aguirre, que lo ha dicho en la televisión) estarían planteando la abstención de sus diputados en caso de acuerdo PSOE-Ciudadanos a cambio de una salida «ordenada» de Rajoy.

Mientras tanto, en el mundo exterior, el precio del petróleo sigue por los suelos a pesar de la intervención de los países árabes productores y el Deutsche Bank ahonda las dudas sobre la estabilidad del sector financiero alemán; en España la Guardia Civil registra la sede madrileña del banco chino ICBC por blanqueo y detiene a algunos directivos.

Mientras Podemos iba a lo suyo y daba un tercer portazo a cualquier posibilidad de acuerdo con el PSOE, las negociaciones avanzaban a buen ritmo y éramos optimistas respecto a la posibilidad de sumar a las cuatro fuerzas políticas con las que estábamos hablando a un apoyo a la investidura de Sánchez. Sin embargo, poco a poco empezamos a comprobar que las negociaciones con IU/UP y con Compromís se estancaban sin que acabáramos de cerrar nada y sin que tuviéramos ninguna discrepancia tan profunda que lo justificase. Podemos seguía encerrado en su aislamiento crítico, y Ciudadanos, por su parte, conforme comprobaba el «ninguneo» creciente al que Rajoy les sometía, iba estrechando más sus vínculos con nosotros y, con ello, sus prisas para llegar a un acuerdo esperando, tal vez, que con él en la mano a Rajoy le costaría más votar en contra de la investidura de Pedro. El PNV, por su parte, siempre nos dijo que tendrían dificultades para apoyar una investidura que fuera claramente perdedora. En ese supuesto, preferían mantenerse al margen.

Se acercaba la fecha fijada para el debate y seguíamos sin tener los votos suficientes para que Pedro tuviera más votos a favor que en contra en una segunda vuelta. Quizá sea éste el momento de recordar que no era la primera vez que un candidato obtenía así su investidura. Felipe González lo hizo en 1993, Aznar en 1996 y Zapatero en 2004 y 2008. Y en todas esas ocasiones el candidato tuvo que negociar los apoyos necesarios para obtener más votos a favor que en contra en la segunda votación. Pero nunca hasta ahora lo había intentado como candidato el líder del segundo grupo parlamentario porque el del primero hubiera rechazado el encargo. También era la primera vez que los acuerdos se negociaban con mucha luz y bastantes taquígrafos y sin cláusulas secretas.

Pero estábamos atascados. Algo más teníamos que hacer para conseguir que Podemos moviera su oposición y entrara a negociar sus condiciones para un apoyo, como estaban haciendo las demás fuerzas parlamentarias partidarias de cambiar a Rajoy. Con ese objetivo, habíamos puesto en marcha contactos laterales con sus confluencias gallega y catalana para calibrar si todos tenían la misma posición que Iglesias o si había margen para ayudar a un cambio en la misma. En el fondo, y a pesar de todas las evidencias, no acabábamos de creernos que sus sucesivos portazos al diálogo respondieran a una estrategia meditada. Más bien tendíamos a pensar que eran fruto de un error de cálculo en un partido que, a pesar de todo, estaba lleno de contradicciones internas y era primerizo en la liga nacional de la política. Nos costaba aceptar que su obsesión por convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda española, sobrepasando al PSOE en votos y escaños, tuviera más importancia que conseguir un importante cambio social y político en el país, de la mano de un presidente socialista necesitado de su apoyo parlamentario para sacar adelante sus reformas. Nos costaba aceptar que su posición estaba determinada por la partitocracia y que para sus dirigentes fuera más importante, como para Rajoy, anteponer sus intereses de partido a los intereses generales del país. Nos costaba creer que al final estuvieran dispuestos a votar junto al PP, en favor de la continuidad de Rajoy y en contra de Sánchez. Nos costaba creerlo. Y, sobre todo, nos costaba creer que sus votantes se lo perdonaran.

Por todo eso, cuando el líder de IU/UP, Alberto Garzón, nos propuso un movimiento arriesgado pero que podría concluir con Podemos sentado a una mesa con nosotros negociando la investidura de Pedro, estuvimos dispuestos a escucharlo con atención. Se trataba de la conocida como «mesa a cuatro», donde nos sentaríamos a negociar IU/UP, en calidad de anfitriona, Compromís y PSOE, y a la que invitaríamos a Podemos a sumarse. Tal vez así, nos dijo, romperíamos su aislamiento y al entrar a debatir sobre propuestas concretas iría moderando sus posiciones y tomando tierra. La realidad era que nuestras negociaciones con Ciudadanos avanzaban a buen ritmo, teníamos casi cerrados sendos acuerdos con IU/UP y con Compromís, asuntos todos ellos públicos y recogidos convenientemente por la prensa, es decir, al alcance de los dirigentes de Podemos, con quienes, sin embargo, la tensión pública subía de tono a pesar de que habíamos ayudado a resolver el problema de sus sitios en el hemiciclo, cediéndoles una parte de nuestros escaños para que los ocuparan ellos.

Teniendo en cuenta esta realidad, la mesa a cuatro podría significar un avance para nuestras posiciones, en la medida en que Podemos se sentaría a negociar con nosotros a la vez que nosotros estábamos negociando públicamente con Ciudadanos, demostrando con ello lo absurdo de su primer veto a esta posibilidad. Sentarse en esas condiciones evidenciaba que Podemos rectificaba totalmente su posición inicial y que, en consecuencia, habíamos perdido quince días de negociación por su intransigencia. Y todo ello, además, sin reuniones mediáticas entre los dos líderes, como había exigido Iglesias, y en el ámbito de las comisiones negociadoras. Parecía un avance muy importante para nosotros en el camino de la investidura. El País tituló: «Podemos cede y asume que el PSOE negocie en paralelo con Ciudadanos».

Garzón tuvo su minuto de gloria al protagonizar una salida al bloqueo entre Podemos y el PSOE, mientras que nosotros, como dijo El Mundo, por fin estábamos negociando a todas las bandas: «Los socialistas empiezan a negociar un programa con Podemos, IU y Compromís, mientras ultiman un pacto con Ciudadanos». El lunes 22 de febrero tuvimos la primera de las reuniones a cuatro. Dos días después, con apenas dos tardes de discusiones, Podemos se levantaba de la mesa en lo que sería su cuarto portazo a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

El acuerdo con Ciudadanos y lo que de él derivó

Los contactos con Ciudadanos, algo ralentizados porque queríamos tantear antes cuánto daba de sí la mesa a cuatro, continuaron avanzando con fluidez. En una reunión pública con Rivera, Sánchez tuvo que escenificar que el inicio de conversaciones con Podemos no significaba renunciar a Ciudadanos, sino que, antes bien, lo considerábamos la confirmación de la postura que habíamos defendido desde el principio: negociar a izquierda y a derecha, negociar a todas las bandas.

Las relaciones personales con el equipo negociador de Ciudadanos, encabezado por José Manuel Villegas, eran buenas y de confianza mutua creciente, sobre todo con Antonio Hernando y con Rodolfo Ares, que actuaban de coordinadores. Desde el principio aceptaron negociar sobre la base de nuestra propuesta de programa en dos mesas, que acabaron siendo tres: regeneración democrática y economía, con un apartado específico de políticas sociales. En la primera estaban José Enrique Serrano, Meritxell Batet, Hernando y Ares, con el apoyo inestimable de José de Francisco, asesor del Grupo Parlamentario Socialista. Para la negociación de los asuntos de la segunda mesa, aunque participábamos como miembros del equipo María Luisa Carcedo y yo, con la intervención de Serrano para los asuntos laborales, decidí, de acuerdo con Pedro, incorporar dos apoyos externos que fueron muy importantes: el responsable de economía en la ejecutiva del PSOE, Manolo de la Rocha, y, para uno de los asuntos que se preveían más espinosos, a Valeriano Gómez, uno de los mayores expertos que conozco en mercado laboral español, con larga trayectoria como asesor en el PSOE y en la UGT y que había sido ministro de Trabajo en el último gobierno socialista. Para cuestiones concretas, contábamos con otros apoyos puntuales.

El equipo económico de Ciudadanos estaba encabezado por Luis Garicano, a quien tuve la oportunidad de conocer unos meses antes gracias a los buenos oficios de Joan Navarro, que fue mi antiguo jefe de gabinete y ahora es socio de la consultora de comunicación y asuntos públicos Llorente y Cuenca, pero que, sobre todo, es un buen amigo mío. Ese primer contacto entre Garicano y yo, en el transcurso de una comida relajada e interesante, ayudó luego a que las negociaciones, aunque fueran intensas, incluso con momentos de ruptura, estuvieran presididas por la confianza mutua imprescindible para que este tipo de acuerdos salga adelante con éxito. La Unión Europea se ha construido en base a estos principios de colaboración que no son de suma cero donde unos ganan lo que otros pierden, sino relaciones de suma positiva, donde todos ganan, aunque no todos por igual y a la vez. A Luis le acompañaban Toni Roldán, un joven economista con sólida formación, y Francisco de la Torre, un inspector de Hacienda convertido en diputado, con un gran conocimiento práctico de las cosas.

Casi desde el principio detectamos en ellos dos maneras de llevar la negociación. Mientras que en la parte de regeneración democrática se empezó por acordar todo aquello en lo que estábamos de acuerdo y se dejaron para el final los puntos de discrepancia, en la parte económica preferían empezar por las discrepancias porque, como decía Luis Garicano, si no conseguíamos llegar a un acuerdo en ellas, no perderíamos el tiempo con los demás asuntos. Esa técnica significaba ir introduciendo retraso en la negociación de los asuntos ya que los estímulos a acercar posiciones en los casos de discrepancia eran menores y con ello se ponía en riesgo la consecución del acuerdo total.

He de reconocer que tuvimos más de una discusión por este asunto procedimental. El resultado fue que, cuando ya habían cerrado el acuerdo en la parte de regeneración democrática e incluso en políticas sociales, nosotros estábamos empantanados por las discrepancias y con todo el resto por revisar. Es decir, llevábamos mucho retraso. Como anécdota, parte de la negociación tuvimos que hacerla por Skype ya que Garicano tuvo que irse una semana a dar un curso a una escuela de negocios en China. Nos obligó a unos horarios un poco atípicos, pero no entorpeció para nada el debate.

Los puntos a los que más tiempo dedicamos ya que eran en los que partíamos de una distancia superior fueron tres: consolidación presupuestaria, reforma fiscal y derogación de la reforma laboral del PP. Y lo que más esfuerzo me requirió fue intentar que los debates no derivaran al ámbito académico o de diagnóstico. Me obsesionaba que aspirábamos a estar en el gobierno en pocas semanas, tomando decisiones que serían justo sobre lo que teníamos que acordar. Por ejemplo, la supresión de las diputaciones era esgrimida por Ciudadanos como un ahorro presupuestario de unos 6.000 millones de euros que evitaría hacer otro tipo de ajustes en el gasto. Mi razonamiento era que, suponiendo que lográramos suprimir las diputaciones, en primer lugar no podíamos suprimir sus funciones ni a sus funcionarios, por tanto el ahorro nunca sería tan grande; pero, en segundo lugar, suponiendo que lo fuera, hacerlo nos podría llevar más de un año, por lo que el supuesto ahorro no tendría reflejo hasta el presupuesto de 2018. Demasiado tarde para un gobierno que debe adoptar medidas presupuestarias urgentes en el verano de 2016 y que no podía hacerlo con dinero del palé.

El acuerdo recoge, sobre estabilidad presupuestaria, tres principios fundamentales: uno, la voluntad clara de seguir reduciendo el déficit público; dos, la voluntad de hacerlo renegociando con Bruselas el calendario, la senda temporal, evitando una confrontación «a la griega» —cuando los socialistas propusimos en el programa electoral retrasarlo un año, el PP nos criticó y después intentó negociar esa misma medida—, y tres, el compromiso de no continuar con los recortes en el gasto social, sino más bien revertir los hechos por el PP. Los 7.000 millones de euros comprometidos en el paquete de emergencia social hubieran sido la mayor y más importante medida realizada en lucha contra la pobreza desde la aprobación de las pensiones no contributivas por el gobierno Felipe González.

Curiosamente, el debate sobre impuestos fue más sencillo. Había un amplio campo de acuerdo en la urgente necesidad de mejorar la lucha contra el fraude. El portavoz de Ciudadanos en la materia, Francisco de la Torre, es un inspector de Hacienda con amplia experiencia en el asunto. Ellos señalaron sus líneas rojas en la materia y, a partir de eso, buscamos soluciones alternativas, hasta acabar acordando que un gobierno apoyado por ambas fuerzas políticas llevaría a cabo una profunda reforma fiscal que trasladaría la carga impositiva desde el factor trabajo hacia la riqueza y los recursos naturales escasos y contaminantes.

En mercado laboral el debate fue más sencillo de lo que preveíamos porque nuestros interlocutores, como habían dicho en público, renunciaron desde el principio al contrato único, algo que sabían que nosotros no hubiéramos podido aceptar bajo ningún concepto. A partir de ahí, todo consistió en retocar la propuesta presentada por nosotros con alguna ampliación interesante. Siempre me ha parecido paradójico que un asunto tan importante como la legislación laboral, donde el PP ha fundamentado buena parte de su «devaluación interna» en un ataque a los derechos de los trabajadores creando una desigualdad social sin precedentes, se acabara materializando en los medios en la polémica de la derogación de la reforma laboral del PP. Resulta evidente que una nueva regulación como la propuesta en el acuerdo anula a la anterior (la «deroga») y la sustituye, de la misma forma que resulta evidente que de los cientos de artículos que tiene la reforma laboral del PP, sólo una parte es relevante a los efectos que nos interesan, por lo que discutir si se deroga «toda» o no es un debate realmente carente de todo sentido.

En el resto de asuntos nos encontramos problemas serios en algunas materias relacionadas con la reforma de la Constitución, la ya citada supresión de las diputaciones, el empeño de deslindar los conceptos de violencia de género y violencia intrafamiliar, o la cuestión de los permisos de maternidad/paternidad. En general, sobre asuntos de derechos y libertades observamos, sin sorpresa, que las posiciones estaban alejadas aunque fuéramos capaces de encontrar puntos en común. Baste citar los debates que tuvimos sobre el aborto, la ley de muerte digna o la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede.

El debate sobre las diputaciones también fue muy intenso. Desde la simplificadora «supresión sin más» que defendían ellos, hasta la fórmula final pactada en la que se sustituirían por un órgano que ofreciera las importantes prestaciones que las diputaciones prestan a los pequeños municipios, pero de una manera más eficiente y sin necesidad de constituir nivel de poder político administrativo, que no deja de ser heredero de un momento donde no existían las comunidades autónomas.

Al final se hizo un gran paquete con las discrepancias, que se sustanciaron una a una en una reunión con presencia de Hernando y de Villegas, dejando las más importantes para el encuentro que mantuvieron después Sánchez y Rivera en el que se acabó acordando todo. Entonces, cuando ya habíamos llegado a acuerdos sobre lo mayor, tuvimos que empezar a encontrar puntos en común sobre lo menor en materia de economía, es decir, sobre todo aquello que habíamos ido aplazando porque era donde las discrepancias eran menos significativas, lo cual no quiere decir que no las hubiera.

En paralelo a estas negociaciones con Ciudadanos tuvo lugar la primera de las reuniones de la mesa a cuatro. Siempre mantuvimos informados a las otras tres fuerzas políticas presentes de nuestras negociaciones con Ciudadanos y desde el principio dejamos claro que nuestra estrategia no había cambiado, que un acuerdo entre las cuatro fuerzas políticas presentes en la reunión no proporcionaba una mayoría suficiente para la investidura de Sánchez, por lo que nosotros seguíamos trabajando en sumar a Ciudadanos al acuerdo. Nadie pudo llamarse a engaño al respecto porque, además, nuestras negociaciones con el partido de Albert Rivera estaban en la prensa. El Periódico de Catalunya dijo: «Sánchez se acerca a Ciudadanos sin romper con Podemos». De la misma forma, los medios iban recogiendo toda la labor de precalentamiento de Podemos sobre la reunión a cuatro, sobre todo en su intención de exigir que hablásemos del reparto de ministerios. «Iglesias condiciona el pacto con Sánchez a entrar en el gobierno» (El País).

Nada más empezar la reunión, notamos un cambio radical en la postura de IU/UP, que era quien convocaba. De repente, todo el trabajo avanzado bilateralmente con nosotros —el preacuerdo de investidura que casi habíamos alcanzado— se echaba a la basura porque ahora, en esa nueva mesa a cuatro, había que empezar desde cero, o casi. Compromís se quedó tan sorprendido como nosotros por el cambio de actitud de Garzón.

Donde había un intento común de atraer a Podemos al espacio de acuerdos que habíamos alcanzado PSOE, Compromís e IU/UP, nos encontrábamos ahora con un cambio de bando de Garzón, que intentaba atraernos hacia el espacio defendido desde siempre por Podemos, que resultaba ser el promotor oculto de la idea de la mesa a cuatro y, además, el principal beneficiario de la misma. Según dijeron algunos confidenciales algún tiempo después, el verdadero cerebro de esa operación contra nosotros fue Julio Anguita, un viejo comunista obsesionado con destruir al PSOE, hasta el punto de haber sido el inventor en los años noventa del siglo pasado de la famosa pinza, curiosa teoría política que defendía que era más «de izquierdas» pactar con el PP de Aznar contra el PSOE que apoyar a éste para derrotar a la derecha. Afortunadamente, los votantes de izquierdas hicieron que fracasara esta estrategia, provocando que su creador se retirara de la primera línea política. Hasta ahora.

El resto de la reunión, en la que nosotros insistimos en que hablaríamos sólo de programa ya que ése no era el lugar ni el momento para hablar de sillones, se centró en una larga exposición por mi parte sobre la situación económica y las alternativas existentes, seguidas por una respuesta de dos de los miembros de la delegación de Podemos donde rezumaban una profunda desconfianza hacia el PSOE y a sus años de gobierno en España. Eso sí, todo su discurso era muy académico, muy abstracto y muy alejado de la realidad. Recuerdo haber hablado de la diferencia entre el principio de deseo y el principio de realidad, y de que su concepción del mundo parecía creer que basta con querer algo para que ese algo se haga realidad. Todo muy aburrido, hasta que intervine para decir que su propuesta económica sólo era posible si se daban dos supuestos: salirnos del euro y declarar una suspensión de pagos de la deuda externa. Ambos supuestos, dije, eran igualmente disparatados. Ahí protestaron todos.

Concluida la reunión y tras una breve conversación de Ares con los asistentes de Compromís, tuvimos una convocatoria de urgencia en el despacho de Hernando. Estuvimos de acuerdo en que Podemos no buscaba llegar a acuerdos con nosotros, sino obligarnos a aceptar sus condiciones. Por ello, no se movían en ninguno de los tres asuntos claves: referéndum, gobierno y política económica. Y que, para alcanzar su objetivo, había contado con la ayuda inestimable de Garzón, que, sin duda, sería debidamente retribuida en las listas electorales, como luego se vio. Pero el cambio de situación colocaba a Compromís en una tesitura difícil para ellos, ya que no querían romper con nosotros ni enfrentarse a Podemos.

Tras hablar con Pedro decidimos, en primer lugar, seguir con las reuniones a cuatro bajo el principio de Ares de que uno nunca se levanta de una negociación; si hay ruptura, tiene que ser el otro quien asuma su coste. En segundo lugar, intentaríamos retener a Compromís e intensificar las aproximaciones desde los socialistas gallegos a las mareas. En tercer lugar, tendríamos que acelerar las negociaciones con Ciudadanos porque la investidura se acercaba y podíamos encontrarnos con que Pedro se presentaba a ella sin haber conseguido sumar ni un solo voto adicional a los del Grupo Socialista. Si llegábamos al debate con un acuerdo con Ciudadanos, pondríamos a Podemos en la tesitura de acabar apoyando a un presidente socialista o votar haciendo la pinza junto con Rajoy, que mantendría a éste en la Moncloa. Llegado el caso, esperábamos que Podemos se aviniera a alcanzar un acuerdo con nosotros en las cuarenta y ocho horas previstas entre la primera y la segunda votación, con lo cual Pedro sería presidente.

En las siguientes horas tuvimos que trabajar en dos pistas: mientras seguíamos negociando con Ciudadanos, asistimos por la tarde a la segunda reunión de la mesa a cuatro, en la que nadie parecía querer entrar en materia. Como si dispusiéramos de todo el tiempo del mundo, en lugar de ir contrarreloj, se sucedían largas intervenciones de cada uno de los partidos participantes sobre asuntos sin duda interesantes, pero alejados de un intento serio de alcanzar acuerdos. Con posterioridad, algunos participantes reprocharon que me ausentara un par de veces de la reunión por sendas llamadas telefónicas que interpretaron como que estaba negociando, a la vez, con Ciudadanos. Nada más alejado de la realidad. Se trataba de un problema familiar, pero la agresividad de su interpretación demuestra el nivel de tensión existente entre las delegaciones y evidencia que aquello no conducía hacia nada útil. Podemos había hecho su jugada, con el apoyo de Garzón, y esperaba. Nosotros no estábamos dispuestos a entrar en el juego que nos quería marcar Podemos, ni tampoco estábamos dispuestos a ser quienes rompieran la baraja.

Cuando tras dos semanas de intensas negociaciones, a veces hasta altas horas de la madrugada y con varias amenazas de ruptura por una parte o por la otra, alcanzamos un acuerdo con Ciudadanos, en un texto de sesenta y seis páginas que contenían más de doscientas medidas de cambio y de reformas articuladas en siete ejes, las cosas dieron un giro muy importante y empezaron a moverse en muchas direcciones.

La inmensa mayoría de ciudadanos respiraron ilusionados porque, aun insuficiente para garantizar una investidura, se empezaba a ver algo tangible del cambio representado por los resultados del 20D. Si todos coincidían en que el mensaje de los votantes había sido forzar a los políticos para que hablasen y pactasen, teníamos por fin un primer resultado en esa dirección. Las encuestas realizadas entonces avalan la buena acogida que el acuerdo tuvo entre los ciudadanos. Más allá, incluso, de su contenido concreto, se valoraba el mismo hecho de que se hubiera firmado. Los ciudadanos premiaban en las encuestas el esfuerzo de Sánchez y Rivera para conseguir acuerdos que sumaran, puesto que la falta de consenso entre los políticos venía siendo uno de los principales motivos de enfado ciudadano. En Metroscopia (El País) el acuerdo PSOE-Ciudadanos hacía que el 50 por ciento de los votantes creyera que el PP debería abstenerse para facilitar la formación del gobierno, mientras que un 52 por ciento decía que Podemos debería abstenerse o incluso votar a favor del mismo. Es decir, el acuerdo suscitó en una corriente mayoritaria de ciudadanos la convicción de que debería ser la base del gobierno del cambio que querían.

Diario: 28 de febrero

Quedo con José Enrique en Ferraz para la revisión final del discurso de investidura que Pedro quiere tener en sus manos a media tarde. Coincidimos en la sede con Juan Manuel Serrano y con Rodolfo Ares. Comentamos la novedad del día: el éxito en el referéndum a la militancia realizado los dos días anteriores, con una participación superior al 50 por ciento y una abrumadora mayoría en favor del sí (casi el 80 por ciento).

Aprovecho para sacar el otro asunto del día, sobre el que he puesto un comentario en el chat que tenemos abierto el equipo negociador del que he enviado copia a Pedro. Personas cercanas a Podemos, con Garzón como portavoz oficioso, están haciendo correr la idea de que este debate y esta votación de investidura, lejos de ser el final de nada, son el comienzo de todo. Que tras el fracaso de Pedro, se iniciará la verdadera negociación sobre su investidura. Que todavía hay tiempo para encontrar acuerdos.

Sostengo que hay que cortar de raíz esta versión. Primero, porque no encuentro ningún argumento que haga pensar que después del 5 de marzo vaya a haber elementos suficientes como para creer que hay margen para una votación diferente a la que se produzca ese día. Nosotros no podemos dar un bandazo y romper el acuerdo con Ciudadanos para aceptar las tesis de Podemos e, incluso si la negociación fuera sólo para conseguir la abstención de Podemos, nada impide que lo intentemos antes del 5.

Pero, en segundo lugar, porque un fracaso de Pedro esta semana, para enzarzarse en otros cuarenta días de negociaciones, provocaría un profundo cabreo ciudadano, además de que no hay garantías de que no sea el PP quien se mueva para capturar el apoyo de Ciudadanos para forzarnos a nosotros a la abstención.

Mi tesis es muy clara: Pedro debe dejar claro en su discurso y en el debate que se trata de ahora o nunca. Que si no sale elegido ahora, no buscará, ni aceptará una nueva investidura sin unas nuevas elecciones de por medio. Que los de Podemos dejen de jugar con el tiempo, como hacía la vieja política, y se definan ya en la votación del 5 de marzo.

No todos los presentes opinan lo mismo. Hay unanimidad contra la idea de aceptar que esto ha sido una pantomima porque lo serio empieza luego del 5, pero se muestran más prudentes que yo a la hora de no cerrarse ninguna opción de futuro. Se cita, como ejemplo, la actuación de la CUP en Cataluña.

Luego, me encierro con José Enrique a pulir el discurso y queda finalmente en sus manos la corrección final.

La valoración del acuerdo fue, también, bastante positiva entre la opinión publicada. Así, por ejemplo, Joan Tapia decía en su columna: «En treinta días, el PSOE y Ciudadanos han alcanzado un consenso, un compromiso solvente entre el liberalismo centrista y la socialdemocracia pragmática [...] hay realismo y voluntad de consenso». El País, en su editorial, afirmaba: «Los cambios esbozados responden a planteamientos que llevan mucho tiempo en la plaza pública y que han aparecido en el discurso de diferentes partidos». Y, en otro editorial añadía: «Armar un pacto para corregir el rumbo de España fue el mensaje de las urnas. Con mayor o menor acierto, sólo el PSOE y Ciudadanos lo están intentando de verdad. [...] Es un esfuerzo que debería servir para desbloquear la situación».

Sin embargo, todos señalaban que mucho de lo comprometido, como la supresión de los aforamientos, las medidas para «despolitizar» la justicia, las limitaciones de mandatos o la prohibición de referéndums independentistas, entre otras medidas, requerían una reforma de la Constitución imposible de llevar a buen término sin la participación y el apoyo de otras fuerzas parlamentarias, particularmente del PP.

Pero no todo fueron elogios para el acuerdo. Rajoy, siempre constructivo, dijo que era «un brindis al sol que no va a servir para nada», y los portavoces del PP señalaron que Rivera se había vendido al socialismo. En el otro extremo de la pinza, el anuncio del acuerdo fue la excusa utilizada por los dirigentes de Podemos para romper «muy indignados» las negociaciones de la mesa a cuatro, al considerar que dicho acuerdo «era incompatible con Podemos» dado que, en su versión, era el PSOE quien se había lanzado en brazos de la derecha.

Esa misma tarde, los representantes de IU/UP, Compromís y PSOE esperamos media hora a que acudieran los de Podemos a la cita que teníamos en agenda. No lo hicieron. Sus sillas quedaron vacías. Nos dieron plantón. Fue el cuarto portazo de Iglesias a la posibilidad de un acuerdo con el PSOE. En los días sucesivos pudimos comprobar que la supuesta autonomía de IU/UP y de Compromís respecto al sol Podemos no existía y que la fuerza de su campo gravitatorio arrastraba también a éstos a romper las negociaciones con nosotros, a pesar de haber estado tan cerca de alcanzar sendos acuerdos.

Cuestión distinta, por último, es la recepción que tuvo el acuerdo en el seno del PSOE. Por hacerlo breve: los adversarios de Sánchez intentaron utilizarlo en su contra. Una parte de los presidentes de Diputación se manifestaron en contra de la propuesta de supresión de diputaciones contenida en el mismo. Pero 74.000 militantes, el 79 por ciento de los que votaron en la consulta interna (un 50 por ciento de los afiliados), lo respaldaron y, tras ellos, el Comité Federal lo aprobó sin apenas debate. La sensación mayoritaria era que Sánchez salía reforzado internamente, como reconoció Casimiro García-Abadillo en su columna: «Sánchez se consolida con el pacto».

Diario: 29 de febrero

Como 2016 es año bisiesto, Pedro puede festejar su cumpleaños en su día. Hay reunión del Comité Federal que debe ratificar el acuerdo de investidura suscrito. Tras el abrumador apoyo de los militantes, nadie se atreve a ir más allá de alguna intervención crítica por la supresión de las diputaciones. También hay felicitaciones al equipo negociador, a cuyos miembros nombra Pedro uno a uno en su intervención final.

Curioso lo de las diputaciones: yo intenté ya su profunda transformación en mi borrador de Ley de Bases del Régimen Local que, finalmente, no pudo salir adelante en el propio gobierno, siempre creí que debido precisamente a este asunto. Años después, Rubalcaba lo propuso en una conferencia del partido y, de nuevo, estuvo a punto de salir pero, en el último momento, se frenó, confirmando el poder orgánico que tienen los diputados provinciales y los presidentes de Diputación. Ahora se aprueba otra vez y apenas si las defienden los directamente afectados. En todos los casos, siempre se ha hablado de sustituir el actual aparato político burocrático por otras estructuras más eficientes y menos politizadas, sin dejar de prestar los servicios a pequeños municipios que actualmente prestan las diputaciones. El problema es que las diputaciones hacen mucho más: son estructuras de colocación de militantes de partido, están trufadas de muchos casos de corrupción y gastos superfluos y estructuras de poder no democrático (su elección es indirecta), opuesto, en muchos casos, a las comunidades autónomas. Los adversarios de Pedro se equivocan al centrar sus críticas al acuerdo en este aspecto.

Por la mañana se remite a cada uno de los grupos de izquierda que giran en la órbita de Podemos, y a ellos mismos, una propuesta personalizada de posible acuerdo de investidura. Es plenamente compatible con el acuerdo suscrito con Ciudadanos, se añaden los avances realizados en las conversaciones bilaterales que ha habido y se destacan las medidas más progresistas y de regeneración con la idea de plantearles: ¿vais a votar que no a todo esto?

La respuesta, como previsible, ha sido negativa. Claramente están jugando a una derrota en esta semana, con la esperanza de que se retomen unas nuevas negociaciones (modelo tabula rasa) a partir de la próxima. Los más pesimistas creemos que no quieren pactar en serio con el PSOE, sino derrotarlo en unas elecciones anticipadas. Sus intereses de partido por delante de los intereses de la gente. ¿Es eso la nueva política?

Como curiosidad final, debo reseñar que, según un trabajo reciente realizado con un software creado por una empresa salida de la Universidad Politécnica de Madrid, el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Ciudadanos tiene un 76 por ciento de programa socialista y sólo el resto coincide con el programa de Ciudadanos.

Para que conste.

Las consecuencias del debate de no investidura

El debate de investidura permitió evidenciar la existencia de dos fuerzas políticas que ofrecían una respuesta novedosa acorde con el desafío planteado por los votantes el 20D y de otras dos ancladas en el pasado e incapaces de entender las exigencias de los nuevos tiempos.

Junto a un detallado programa de gobierno, coincidente con el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, la esencia del discurso del candidato y de lo que habíamos estado haciendo en el mes anterior, se puede resumir en las siguientes cinco realidades que recojo en las propias palabras del discurso de Sánchez:

1. «Dieciocho millones de españoles y españolas votaron por la no continuidad del actual gobierno del PP. Dieciocho millones de españoles esperan un gobierno distinto.»

2. «Con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el PP no podemos pactar. Porque si nuestro único objetivo es ayudar a la conformación de un gobierno de cambio... ¿cómo vamos a hacerlo con el PP?»

3. «No hay mayoría suficiente en este Parlamento para sumar un gobierno de izquierdas. No suma. La izquierda no ha conseguido en estas elecciones el número de diputados suficiente para conformar un gobierno de un único color político.»

4. «Quienes sí han conseguido una amplísima mayoría parlamentaria son las fuerzas del cambio [...], ¿por qué no nos unimos para hacer un gobierno del cambio? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para aprobar cuantas normas sean posibles para resolver los problemas acuciantes de los españoles? ¿Por qué no votamos juntos a favor de todo en lo que estamos de acuerdo? ¿Dónde está el problema?»

5. «Existe un amplio acuerdo sobre los cambios que queremos en materia de regeneración democrática, reconstrucción del Estado del Bienestar, reactivación y modernización económica, creación de empleo con derechos y lucha contra la dualidad laboral o el combate sin cuartel contra la corrupción. [...] Si la mayoría de los españoles y de diputados de esta Cámara quiere todo esto, ¿por qué no lo llevamos adelante?»

Frente a esas evidencias, un compromiso: «Ofrezco un gobierno que ponga en marcha todo aquello en lo que estemos de acuerdo la mayoría y que traiga a este Parlamento todo aquello en lo que discrepamos, para que lo discutamos y llevemos adelante lo que la mayoría decida». Y eso exigía un cambio en la manera de hacer política para recuperar el diálogo, único método para alcanzar acuerdos. «Los ciudadanos no han sustituido una mayoría absoluta por otra, los ciudadanos han sustituido una mayoría absoluta por construir gobiernos fuertes, estables, desde el diálogo y el acuerdo.»

Finalmente comprometía tres acciones inmediatas: «Saquemos a España de la situación de bloqueo en la que se encuentra, pongamos en marcha el cambio que esperan millones de españoles y arranquemos a la velocidad que conjuntamente decidamos, pero avancemos».

Diario: 1 y 2 de marzo

El debate de investidura transcurre como previsto, excepto, tal vez, en la dureza de los ataques de Pablo Iglesias al PSOE y a Pedro. No abre ni un solo resquicio para intentar una aproximación. Se le nota mucho un resentimiento hacia los socialistas que debe encontrar explicación más en el ámbito de la psiquiatría que de la política. Como recoge El País: «Iglesias rompe los puentes con los socialistas con una andanada de duros ataques». Rajoy, displicente, evidencia lo que es, un zombi político: «Rajoy califica de farsa la sesión» (El País).

Pedro muy bien. Anclado en el discurso de la transversalidad, reconvertido en mestizaje ideológico. Los frentismos no suman y, además, son negativos para resolver los problemas que tiene España. Apelación permanente a las fuerzas del cambio. Termina agotado pero, a pesar de todo, contento. Hemos conseguido desatascar la situación constitucional (el reloj de las elecciones ya se ha puesto en marcha) y ser los únicos que han sido capaces de sumar apoyos: ahora, somos 130 diputados (PSOE más Ciudadanos).

Coincido en la tribuna con los tres presidentes autonómicos socialistas que acuden y con los secretarios generales de los dos sindicatos mayoritarios. Mucha expectación, a pesar de que el resultado presenta pocas sorpresas.

La repercusión mediática del discurso del candidato podemos sintetizarla en la portada de El Periódico de Catalunya del miércoles 2 de marzo de 2016: «Empecemos la próxima semana. Sánchez lanza un plan de medidas urgentes para sustituir a Rajoy».

Esa propuesta, avalada por Rivera, fue despreciada tanto por Rajoy como por Iglesias. El primero, según recogió El País, hizo un «duro y hasta en ocasiones cruel discurso de réplica» en el que llegó a calificar el debate como «farsa» y «bluf», llegando incluso a decirle a Sánchez, en un gesto supremo de desvergüenza: «Usted ha puesto las instituciones al servicio de su supervivencia y eso también es corrupción», olvidando su rechazo al encargo del rey, así como que si hay un partido acosado por la corrupción es, precisamente, el que preside Rajoy.

A partir de ahí, el PP alternó una estrategia de ninguneo y acoso hacia Ciudadanos, al que llegó a llamar «una confluencia del PSOE», con una recuperación de su propuesta de gran coalición con el PSOE para lo que Rajoy «llamaría a Sánchez» en cualquier momento (aún podríamos seguir esperando esa llamada). Mientras tanto, rechazó el pacto Rivera-Sánchez como base de un eventual diálogo porque suponía una enmienda a la totalidad a sus políticas durante la legislatura.

Iglesias por su parte, «rompe los puentes con los socialistas con una andanada de duros ataques» (El País). «La carta de presentación parlamentaria de Iglesias fue tan dura y llena de reproches que, al final, lo que buscaba [...] era hacer saltar por los aires las ya de por sí mínimas relaciones entre ambos, abriendo heridas que tardarán en curar» (El Mundo), «La contienda entre Sánchez e Iglesias dificulta la negociación» (El Periódico de Catalunya).

Mucha gente se preguntó cuál era la razón de que Iglesias hiciera esa intervención que, claramente, era un quinto portazo a la posibilidad de negociar un acuerdo entre la primera y la segunda votación. Sánchez se preguntó a los pocos días en una entrevista en El País: «No entiendo de dónde saca Iglesias tanto odio y rencor contra el PSOE». Antón Losada decía en su columna que «si Iglesias tuviera argumentos más sólidos para explicar su voto no habría tenido que recurrir al fantasma de los GAL».

Pero la idea más extendida es que una intervención tan desproporcionada como la que tuvo el líder de Podemos en medio del aplauso enfervorizado de los suyos no fue casual o un error. Que estaba perfectamente preparada y ensayada. Como recogió Álvaro Carvajal en El Mundo: «Fueron los gestos, las formas y, sobre todo, las palabras. Pablo Iglesias se estrenó ayer en el Congreso echando un pulso al PSOE por la hegemonía de la izquierda, en una suerte de OPA hostil», es decir, que formaba parte de «una estrategia hostil diseñada para eliminar del mapa al PSOE». Superado el momento del debate, Iglesias recuperó su tono amable y su predisposición a negociar con el PSOE, siempre que éste rompiera con Ciudadanos y retirara el acuerdo como base de negociación. Es decir, otra vez a la casilla de salida, imponiendo sus condiciones. «Iglesias busca la reconciliación sin moverse de su plan» (El Mundo), «Podemos rechaza una negociación conjunta con el PSOE y Ciudadanos». Tan agresiva y evidente fue la maniobra de Iglesias que en ningún momento entre la primera y la segunda votación esperamos, ni se nos ocurrió, hacer un movimiento para intentar que cambiaran de postura.

Para Rivera, el debate y, sobre todo, el desprecio que le manifestó Rajoy, lo empujaron a acercarse más al PSOE y a radicalizar su oposición a la dirección del PP. «Rivera reclama a los populares que se deshagan ya de Rajoy», «Rivera elige cerrar filas con Sánchez para dejar a Rajoy aislado» (El Mundo), «Rivera da por terminada la etapa de Rajoy y defiende su pacto con el PSOE» (El País).

Como dijo El País en su editorial, la propuesta de gobierno presentada por Pedro era «la mejor opción». El editorial afirmaba después que «Sánchez y Rivera perderán la votación pero sus argumentos han ganado». A pesar de ello, nosotros teníamos que decidir cómo proseguir después de que la candidatura de un presidente socialista, avalada con un acuerdo transversal con Ciudadanos, fuera rechazada por el Congreso, con la única incorporación inestimable de la diputada de Coalición Canaria. Y teníamos que adoptar una decisión de forma rápida porque las amenazas de que ahora Rajoy tomara por fin la iniciativa, con el único objetivo de perjudicar al PSOE, eran creíbles de acuerdo con el sentido común, aunque no contábamos con la «personalidad» de Rajoy. Muchos medios presionaban en esa dirección siguiendo la secuencia lógica marcada por dos editoriales consecutivos de El Mundo: «Sánchez sigue despreciando al PP sin lograr el apoyo de Podemos», ergo, «Aún es posible un acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos».

No puedo ocultar que todas las experiencias con Podemos nos habían llevado a un punto claro de desconfianza abierta hacia ellos. A pesar de todo, Podemos estaba apoyando gobiernos autonómicos del PSOE y nosotros les estábamos dando las «alcaldías del cambio» sin pedir ni sillones ni poner obstáculos. Cada vez parecía más claro que el problema principal lo representaba la cúpula nacional de la formación. Dicho de otra manera, donde no estaba Iglesias, PSOE y Podemos llegaban a entendimientos de gobierno.

Tras la no investidura se habían producido dos efectos: Pedro dejaba de ser el candidato propuesto y, asunto no menor, se ponían en marcha las previsiones constitucionales que nos encaminaban a unas nuevas elecciones si nadie lo impedía. Eso nos ofrecía las siguientes alternativas, todas ellas con fecha clara de caducidad si queríamos evitar la repetición de las elecciones, lo que añadía un elemento adicional de presión a las negociaciones: la primera era no hacer nada más, constatando que abandonábamos la iniciativa durante los dos meses que faltaban hasta la convocatoria de elecciones, con el riesgo de que el vacío lo ocuparan otros con sus iniciativas y de que los ciudadanos nos acusaran de tirar la toalla y resignarnos sin intentarlo hasta el final. La segunda opción era cambiar la estrategia seguida y, dando un giro radical a nuestra postura, manifestar que ahora sí estábamos dispuestos a escuchar las propuestas del PP o de Podemos, a las que veníamos diciendo que no. Una tercera era reafirmarnos en lo hecho, convencidos de que no teníamos alternativa y consolidar el acuerdo con Ciudadanos para, desde los 131 votos conseguidos (que ya eran más que los 123 del PP), intentar ampliarlo a otras fuerzas y, en concreto, a una abstención pactada con Podemos que permitiera que IU/UP, Compromís y algún otro grupo votaran a favor del candidato socialista del cambio. Decidimos hacer esto último.

Con esta idea en mente y sin perder un minuto, el mismo sábado 5 las comisiones negociadoras de PSOE y Ciudadanos nos reunimos en una sala del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ambas delegaciones nos mostramos satisfechas con el documento de gobierno alcanzado y propuesto, así como con todo el proceso seguido. Tanto, que nos comprometimos a mantener la alianza, tomando la iniciativa para intentar ir sumando apoyos al cambio. Con ello reafirmamos la estrategia seguida y lanzamos el mensaje claro de que no íbamos a dar bandazos, como nos pedían otros. Incluso, dado que todo acuerdo posterior será para sumar al ya existente, nos comprometemos a acudir conjuntamente a todas las reuniones de negociación que se puedan establecer con otras fuerzas parlamentarias que lo soliciten. El acuerdo es bueno, su contenido también y el proceso de cambio sigue siendo la estrategia adecuada.

Por otro lado, abrimos el documento de compromisos de gobierno del cambio a un proceso, que iniciaríamos la semana siguiente, de reuniones y diálogo con la sociedad civil, de quien, de mutuo acuerdo, ambas fuerzas nos comprometemos a asumir mejoras, añadidos y aportaciones para conseguir que el documento fuera, también, de muchos colectivos sociales que desean el cambio.

Constatamos que a lo largo del debate se había evidenciado la existencia de un centro reformista y progresista en torno a un acuerdo de cambio, rodeado de dos extremos radicales, el PP y Podemos, incapaces de alcanzar acuerdos con nadie.

Trabajamos a partir de otras dos premisas: las elecciones son la última opción, pues supondrían la constatación de que los políticos no habían sabido estar a la altura de lo pedido por los ciudadanos, y sumar fuerzas al cambio y al programa de cambio era nuestra obligación. Teníamos que llegar a más fuerzas parlamentarias pero, también, a fuerzas sociales.

Con todo ello, «PSOE y Ciudadanos renuevan su pacto y negociarán juntos» (El País), «El PSOE y Ciudadanos negociarán juntos con PP y Podemos» (El Mundo).

Diario: 3 de marzo

Reunión a las doce del equipo negociador y Pedro. Se unen César Luena y Óscar López. Me sorprende la unanimidad que existe respecto a la situación y nuestras opciones: no podemos cambiar de estrategia. Hemos hecho una apuesta respaldada por los militantes en referéndum y validada por el Comité Federal de la que no podemos salirnos ahora.

No podemos aceptar ninguna de las dos únicas alternativas que existen: volver a la gran coalición con el PP o romper con Ciudadanos e intentar un acuerdo con Podemos, sus confluencias y sus adheridos. Ambas opciones presentan muchos inconvenientes de los que destacamos dos: sería reconocer que hemos fracasado en nuestra estrategia hasta ahora y, sobre todo, cualquiera de estas dos opciones rompería al partido ya que los militantes no nos seguirían ni en un giro hacia el PP ni mucho menos hacia un pacto con Iglesias, que tanto nos ha insultado.

No podemos dudar ni mucho menos desdecirnos de lo hecho hasta aquí. Sólo podemos seguir avanzando en la misma dirección. Consolidar el acuerdo con Ciudadanos y, a partir de ahí, seguir buscando ampliar los apoyos a la candidatura de Pedro Sánchez con otras fuerzas del cambio.

No debemos dar por perdida la votación de mañana, pero mañana tenemos que empezar a pensar en escenarios para pasado mañana, empezando por anticipar lo que pueda hacer el rey, de quien esperamos que no ponga en marcha otra ronda de contactos y, mucho menos, otro encargo.

Diario: 5 de marzo

Tal y como era previsible, Pedro tampoco fue elegido en la segunda votación, si bien sumamos el voto afirmativo de Coalición Canaria. Total, 131 votos a favor y 219 en contra. Pablo Manuel Iglesias volvió a demostrar ayer que, en palabras del editorial de El País, «sigue sin entender dónde se encuentra» en el Parlamento.

No soy objetivo, pero creo que el esfuerzo realizado y los argumentos esgrimidos durante los dos debates (Antonio Hernando ha estado magnífico en ambas intervenciones en nombre del Grupo Socialista) han ido abriendo brecha en la opinión pública y, también, en la publicada. Cito dos artículos que tengo a mano: «En definitiva, aquello que presentaron Sánchez y Rivera fue la creación de un espacio sobre el que poder tejer un acuerdo [...]. Tampoco hace falta entrar explícitamente en el consenso, basta con abstenerse» (Fernando Vallespín), «La crueldad de Pablo no sólo ha dejado en evidencia la bondad de Pedro sino que además ha destruido las esperanzas de regeneración democrática, haciéndonos regresar al pasado más aciago» (Enrique Gil Calvo). Dicho de forma más aséptica: «Ha habido dos fuerzas políticas (PSOE y Ciudadanos) que han intentado conseguir una mayoría para formar gobierno, y otras dos (PP y Podemos) que han bloqueado esta posibilidad» (editorial de El País).

Sin necesidad de generalizar, como hace la encuesta que publica El País según la cual la mitad de los votantes de Podemos no aprueba su posición en el debate, me parece relevante que ilustres miembros del grupo, como el exfiscal Jiménez Villarejo, que llegó a ser europarlamentario con Podemos, decida romper con ellos por haber rechazado el gobierno del cambio ofrecido por Sánchez.

Diario: 9 de marzo

Tres datos resumen el día y los cambios de la situación. En primer lugar, empieza a salir a la luz pública, desde el interior del PP, la demanda de que Rajoy dé un paso atrás o al lado para dar entrada a otro candidato que ayude a desencallar la situación. Ésa es una posibilidad que hemos barajado en la comisión negociadora con temor porque, en función de quien sea el nuevo candidato y de la actitud que adopte respecto a nuestro acuerdo con Ciudadanos (imaginemos que lo acepta), puede hacer pinza para que nos abstengamos en su investidura, lo que rompería al PSOE. La posibilidad de esta hipótesis es muy baja hoy porque Rajoy no está en esa idea y no hay nadie en el PP con fuerza suficiente como para forzarle a una retirada. En todo caso, el acuerdo de nuestro Comité Federal (ni Rajoy, ni nadie del PP) nos blindaría frente a este riesgo que, no obstante, estaría entre las especulaciones de los medios.

En segundo lugar, por la mañana hemos tenido la primera reunión entre representantes del acuerdo entre PSOE y Ciudadanos y la sociedad civil. Hemos querido sacar el debate del Congreso a la calle y hemos empezado con una reunión con las organizaciones de los autónomos, ATA y UPTA. Mucha sintonía, pero el interés mediático sigue centrado en los dimes y diretes de la investidura, antes que en la realidad de las medidas.

El tercer dato nuevo del día está vinculado a la entrevista que ha dado Pedro en la que reconoce que no podrá formar gobierno monocolor y se muestra abierto a considerar la inclusión en el gobierno de miembros de Podemos. Por la tarde tenemos una reunión de la Comisión, a la que se incorpora Ignacio Urquizo, para buscar desarrollos del acuerdo que puedan representar un acercamiento a las posiciones de Podemos, con el objetivo de seguir presionándoles para la abstención. Ignacio, que les conoce bien por haber compartido años de estudios y docencia con ellos en la facultad, no tiene dudas respecto a su nulo interés en pactar con nosotros. Su visión es que los dirigentes de Podemos consideran que el PSOE es igual al PP y su único objetivo es sustituirnos. Nada más. No obstante, señala que han crecido porque han sabido conectar con los muchos damnificados por la crisis y por las políticas de austeridad, que empezaron con Zapatero: gente que no tiene perspectivas de que las cosas vayan a mejorar y que no percibe diferencias entre el mensaje del PSOE y el del PP.

El objetivo era, pues, ampliar el actual respaldo parlamentario insuficiente. Subir, desde los 131 diputados que habían votado en favor de la investidura del cambio, hasta una mayoría que pudiera ser victoriosa. Y hacerlo sin dar ningún giro brusco que pudiera poner en peligro, precisamente, esos 131 votos ya conseguidos. Nuestra estrategia era subir a partir de ahí, en absoluto cambiar de aliados para subir. Porque esto último sólo sería posible si de repente aceptábamos las dos opciones que veníamos rechazando desde el principio: la gran coalición con el PP o la opción de Podemos más los independentistas. Habíamos intentado un tercer camino entre ambas opciones extremas y no teníamos más que persistir en el mismo, intentando que fuera otro —es decir, Podemos— quien cambiara sus exclusiones al entender que apoyar, aun con dudas, un cambio de la mano de un presidente socialista era más fiel a los deseos de sus votantes que empeñarse en mantener su veto y forzar una repetición de elecciones.

Para esa estrategia, abrir el acuerdo a la sociedad fue un acierto por varias razones: porque nos permitía contrastar con los afectos la bondad de sus principales propuestas, porque reforzaba la idea del vínculo establecido entre PSOE y Ciudadanos que queríamos imponer en los contactos con otros grupos parlamentarios y porque evidenciaba que el acuerdo no era intocable, se podía corregir, mejorar, ampliar, sobre todo por una buena razón, como podía ser sumar apoyos al mismo.

He de decir que la respuesta de todas las organizaciones de diversos sectores con las que nos reunimos fue de claro respaldo a las propuestas contenidas en el acuerdo; detecté una preferencia clara por que hubiera un gobierno que las pusiera en práctica, aun incluso en los casos en que ellos discrepaban de algunos puntos o echaban en falta alguna otra medida.

Así, recogimos muchas enmiendas al acuerdo tras las reuniones que tuvimos juntos con, por ejemplo, organizaciones de autónomos, energías renovables, plataforma del tercer sector (especialmente emotiva esta reunión por el apoyo manifestado allí al Ingreso Mínimo Vital y al aumento del presupuesto para cumplir la Ley de Dependencia), asociaciones de consumidores y CEOE. El balance fue una inyección de optimismo para quienes asistimos, pues nos permitió entrever que nuestro camino, un gobierno del cambio para llevar adelante nuevas políticas como las contenidas en el acuerdo, conectaba perfectamente con las demandas de los afectados. Quienes estaban a pie de obra en la solución de los problemas reales que afectan a la gente valoraban (incluso respaldaban) las medidas contenidas en el acuerdo.

Por tanto, como siempre pensamos, el programa era acertado y difícilmente se podría utilizar como excusa para la discrepancia, excepto para quienes no quisieran de verdad el cambio respecto a lo aplicado por el PP o estuvieran más preocupados por los sillones.

Diario: 17 de marzo

Reunión bilateral con IU/UP sin Ciudadanos. Les recordamos los dos elementos claves de nuestra estrategia: no aceptaremos más reuniones a cuatro como las que habían propiciado ellos y no romperemos el acuerdo que tenemos con Ciudadanos aunque, como siempre insistimos, está abierto a mejoras, ampliaciones y complementos. Dicho eso, somos conscientes de que sólo podemos mejorar el resultado si incorporamos a Podemos de alguna manera en la estrategia del gobierno del cambio.

Ellos —Garzón— insisten en que no sería bueno acabar en otras elecciones, que trasladarían a los ciudadanos nuestro fracaso a la hora de formar gobierno. Si nosotros renunciamos a buscar apoyos en el PP, como decimos, entonces sólo es posible buscarlos en Podemos, solución en la que ellos se encontrarían más cómodos, a pesar del enfado que tienen con Podemos por el ninguneo al que les tienen sometidos (organizaron la última reunión a cuatro sin contar con ellos y ahora llevan varios días esperando una reunión que les han solicitado). Seguirán trabajando para que Podemos se acerque a un acuerdo con el PSOE y aceptan no poner vetos, es decir, entienden que nosotros sigamos vinculados con Ciudadanos. Como dijeron en la rueda de prensa, «ése es el centro de la cuestión. Si el PSOE y Podemos no se ponen de acuerdo, habrá elecciones».

Reconocen que, tras el trabajo ya realizado las pasadas semanas, estamos muy cerca de un acuerdo respecto al contenido del programa. Pero necesitan un escenario que sea cómodo para ellos: con Ciudadanos y sin Podemos no estarán.

Tal vez, como dicen ellos, pudimos haber intentado pactar con Podemos primero y a partir de ahí buscar la abstención de Ciudadanos. Sin embargo, reconocen con nosotros que para eso Podemos equivocó su estrategia al negarse a negociar con nosotros durante quince días fundamentales y luego pedirlo a partir de una exigencia inasumible de sillones en el gobierno, incluida la vicepresidencia.

O se equivocaron, o nunca quisieron sentarse a negociar en serio, como siempre hemos sospechado.

A partir de ahí, sólo mantuvimos dos reuniones con partidos políticos, a las que fuimos PSOE y Ciudadanos juntos. Una, con el PNV. Aunque sus puertas no estaban cerradas del todo, como dijo el portavoz nacionalista: «El pacto en el que se sustenta el texto del PSOE y Ciudadanos imposibilita el acuerdo e incluso la posibilidad de emprender un proceso de negociación con el PNV». Son muy críticos con las posiciones «neocentralistas» de Ciudadanos, que, por otro lado, ha cuestionado el Concierto vasco, fundamento constitucional del autogobierno de Euskadi. Complicado.

La otra reunión a tres la tuvimos con Compromís. Sin grandes novedades que reseñar, salvo la misma celebración de la reunión, en la medida en que visualizaba que nuestra apuesta política podía estar abriéndose camino entre quienes hasta entonces habían visto como imposible un acuerdo por el cambio que fuera transversal. Para nosotros, llegados a ese punto, era el único camino.

Artículo: Otra política económica

Publicado en El País el 22 de marzo de 2016

El acuerdo programático que ha acompañado al debate de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez representa un evidente cambio en la política económica. Al menos, en tres asuntos capitales: la prioridad otorgada a los excluidos por la crisis; la diferente orientación de la política presupuestaria, arrumbando los recortes sobre política social, y la voluntad de impulsar un modelo productivo que compita por valor añadido y no por precariedad laboral.

Tanto la crisis económica como las políticas puestas en marcha para hacerle frente, han ido dejando en la cuneta a un creciente número de personas que, de no hacer nada, van a quedar excluidas de la recuperación. Hablamos de las 750.000 familias que no tienen ingresos de ningún tipo, los casi dos millones de parados de larga duración y baja cualificación, los centenares de miles de trabajadores cuyos bajos salarios no les sacan de la situación de pobres, los miles de niños que no pueden hacer una comida digna al día. Éstos son los colectivos sobre los que se han cebado los desahucios, la pobreza energética, la exclusión social, y sobre los que están actuando las organizaciones sociales y caritativas porque no disponemos, apenas, de políticas públicas para atender sus necesidades. Pues bien, a ellos van dirigidas un conjunto de medidas concretas, cuya cuantificación representa triplicar los recursos presupuestarios actuales: la creación de un Ingreso Mínimo Vital, el incremento de la ayuda por hijo a cargo, la compensación fiscal salarial, un plan de choque de creación de empleo para colectivos vulnerables, medidas para la inembargabilidad de la vivienda habitual en familias con dificultades o la definición de un consumo mínimo vital en energía o agua.

El acuerdo incluye, también, un cambio radical en la orientación de la política presupuestaria. Sin cuestionar nuestra pertenencia al euro, se asumen tres principios: se mantiene el compromiso de reducción del déficit público, pero su ritmo se gradúa, de manera negociada con Bruselas, en función de nuestras posibilidades reales; una renuncia explícita a que dicha reducción se siga haciendo recortando gastos sociales, y otra renuncia explícita a que el ajuste se haga subiendo impuestos a las rentas del trabajo. Todo lo contrario de lo hecho durante estos últimos cuatro años por el PP.

Es evidente que estos compromisos encierran contrapartidas. Como todo. La negociación con Bruselas exigirá, seguramente, aceptar reformas estructurales, dolorosas para algunos colectivos, que aumenten el potencial de crecimiento de nuestra economía; el incremento previsto en los gastos sociales para recuperar lo recortado en educación, sanidad, dependencia y otros exigirá reducir otro tipo de gastos burocráticos y de funcionamiento, mejorando la eficiencia del conjunto del gasto público; la renuncia a aumentar impuestos sobre la renta del trabajo exigirá su aumento para las empresas, la riqueza y grandes fortunas, así como sobre los recursos medioambientales escasos. Son decisiones de política económica que figuran en el acuerdo con propuestas concretas y que representan un cambio radical respecto a lo hecho en esta legislatura.

Se incluye, por último, una decidida voluntad de impulsar un modelo productivo distinto, donde se mejore la productividad favoreciendo las inversiones en innovación, valor añadido, talento; donde se favorezca una transición hacia un sistema energético sostenible, y donde se abandone la apuesta realizada por el actual gobierno por abaratar el trabajo mediante una reforma laboral regresiva. Desmontar esta reforma, como se hace en el acuerdo, devolviendo capacidad central a la negociación colectiva para que la necesaria flexibilidad empresarial no se haga unilateralmente y a costa de los trabajadores, es la evidencia del cambio propuesto, que se une a las medidas propuestas que permitirían desmontar, también, el capitalismo de amiguetes que se ha construido durante estos años.

El acuerdo se define como «reformista y de progreso», conteniendo medidas factibles que avalan esa definición. Claramente representa otra política económica, muy diferente a la llevada a cabo durante la pasada legislatura. Donde entonces se buscó romper las medidas de cohesión social (negociación colectiva y Estado del Bienestar), ahora se persigue, precisamente, lo contrario: combatir la desigualdad generada. Así lo ha entendido el PP, que lo califica de enmienda a la totalidad de su labor de gobierno. Así lo están entendiendo los diferentes colectivos sociales y organizaciones a los que se lo estamos explicando. Si todas las fuerzas que se dicen del cambio lo entendieran igual, se estaría aplicando ya, desde un nuevo gobierno. ¿Entonces?

Capítulo 3

La segunda tanda de negociaciones

(abril de 2016)

El sábado 9 de abril, mientras el líder de Podemos era recibido en Barcelona por los suyos en un acto público al grito de: «¡Que no, que no, que no queremos pacto!», refiriéndose a la consulta anunciada por Iglesias el día anterior sobre el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos, un distinguido grupo de intelectuales, artistas y sindicalistas ultimaban la presentación de un manifiesto, que presentarían el lunes 11 con varios centenares de adhesiones, en el que reclamaban un pacto entre PSOE, Ciudadanos y Podemos precisamente para lograr un gobierno del cambio en España. Los autores del manifiesto, personas muy conocidas y con inequívoca trayectoria progresista, señalaban en su texto que ya dos de las tres fuerzas citadas habían suscrito un acuerdo que «puede significar un inicio para sentar las bases de un programa de cambio» y, por consiguiente, no hacerlo, sería «una irresponsabilidad» y un desprestigio de la política, de los partidos e, incluso, un desprecio a la ciudadanía. Las bases de Podemos rechazan, pues, un acuerdo que han aprobado por amplia mayoría las bases del PSOE, y que apoyan, en el Manifiesto, personas tan reconocidas como Nicolás Sartorius, Soledad Gallego, Joaquín Estefanía, Carlos Jiménez Villarejo o Ana Belén.

¿Dónde está el problema? ¿Cómo es posible que existan dos interpretaciones tan antagónicas, en el seno de los simpatizantes de izquierda, sobre la situación de España y sobre sus soluciones? ¿Se trata, como dijo el actor José Sacristán en una entrevista, de la «impaciencia de los malos aprendices» o, por el contrario, en palabras duras del columnista Joan Tapia, de «un megalómano que aspira a ser el Lenin libertario del siglo XXI», refiriéndose al líder de Podemos?

La primera reunión a tres, que resultó la última

El desenlace de esta historia comenzó el jueves de esa misma semana, el 7 de abril, cuando se produjo la primera reunión tripartita de negociación entre PSOE, Podemos y Ciudadanos. Al menos en su aspecto público. Porque dicha reunión fue precedida de varios contactos discretos entre delegaciones del PSOE y de Podemos —de los que mantuvimos informados a Ciudadanos— y de algunos momentos de tensión que contaré.

La cita era a las cinco de la tarde, hora taurina donde las haya, y todo el dispositivo se había estado preparando durante muchas horas por equipos de las tres delegaciones, teniendo presente el impacto mediático de un evento que alguna cadena televisiva retransmitió en directo. Así, se acordó que la primera delegación en llegar sería la del PSOE, seguida por la de Ciudadanos, como firmante del acuerdo, mientras que la delegación de Podemos entraría la última en la sala donde esperaríamos los demás.

No fue ésa la vez que más fotógrafos, cámaras de televisión y reporteros he visto siguiendo una noticia de la que yo fuera parte (mi primera visita como ministro, al lendakari Ibarretxe en 2004, es mi punto máximo de seguimiento mediático), pero sin duda había muchísimos. Tuvieron que hacer turnos para entrar a tomar imágenes, dándose la curiosa circunstancia de que, finalizados los turnos de cámaras y de fotógrafos, se abrió un último turno en el que los propios reporteros entraron a tomar imágenes directamente con sus dispositivos móviles.

Había barajado la idea de negarme a saludar a Pablo Iglesias, quien, en un gesto diferencial con el resto de líderes, iba a encabezar la delegación de Podemos, sustituyendo a Errejón en esa tarea. La razón de mis dudas sobre si saludarlo o no radicaba en los comentarios despectivos que sobre mí había efectuado durante algún debate en la campaña (su célebre referencia a una presunta «multinacional House Water Watch Cooper» con la que pretendió desprestigiarme), y sobre todo en el debate de investidura, donde de nuevo centró en mí una parte de los insultos. Y digo «insultos» porque de eso se trataba, ya que en ningún momento fueron comentarios, más o menos críticos, pero basados en algo que fuera mínimamente cierto. Con muchos años de vida pública a mis espaldas, he llegado a aceptar las críticas, malamente las descalificaciones y nunca los insultos. Es más, siempre me he negado a aceptar como inevitable que la política sea «así». No, no es verdad. La política la hacen «así», un barrizal, algunos políticos que se manejan mejor en el barro.

Cuando entró la delegación de Podemos, sus componentes fueron rodeando la amplia mesa ovalada, que ocupaba casi toda la sala, saludando a todos los presentes; me resultó brusco negarle el saludo a Iglesias, por lo que le di la mano sin mayores entusiasmos. Seguro que él ni percibió mis reticencias. Curiosamente, al empezar la reunión formal, Pablo Iglesias señaló precisamente que, a pesar de los ataques que había lanzado en público el día anterior al líder de Ciudadanos (a quien acusó en el Parlamento de hacer «un ejercicio de cuñadismo ideológico» y de «usar tópicos rancios»), «una cosa es lo que tenemos que decir en público y otra cosa lo que tenemos que decir en privado. Y yo vengo con la mejor de las disposiciones». Si hay un ejemplo del cinismo de la vieja política —cuando no hay micrófonos se dicen cosas distintas—, me pareció que era esta afirmación.

La reunión comenzó con una primera intervención de nuestro portavoz, Antonio Hernando, para situar brevemente el momento en el que estábamos: si queríamos evitar elecciones, porque eso sería tanto como que la clase política se negara a asumir sus responsabilidades y se las trasladara de nuevo a los ciudadanos, el PSOE sólo veía como vía de solución una ampliación del acuerdo que ya teníamos con Ciudadanos hasta incluir a Podemos en la forma que ellos quisieran: voto favorable al candidato Sánchez o una abstención que permitiera que fuera elegido en la medida en que votaran a favor otras fuerzas con las que ya teníamos conversaciones muy avanzadas. Hernando insistió en los millones de españoles que tenían puestas su mirada y sus esperanzas en esa reunión y en los que allí estábamos sentados, haciendo un llamamiento en el sentido de que no teníamos derecho a defraudar tantos deseos de cambio como había en el país.

A continuación intervino el representante de Ciudadanos, José Manuel Villegas, quien con una intervención algo más seca estableció la posición de su partido: ellos ya habían cedido de sus posiciones electorales hasta llegar al acuerdo conocido con el PSOE y esperaban que Podemos se sumara al mismo para lograr una mayoría de investidura suficiente. Para ello, estaban dispuestos a hacer cambios y modificaciones en el documento, siempre que tales cambios no desvirtuaran la esencia del mismo, entre otras cosas porque el acuerdo había sido acogido de forma muy positiva por la sociedad.

Por último, Pablo Iglesias intervino para decir que ellos constataban que «la vía del 130» —la suma de los diputados de PSOE y Ciudadanos— «estaba muerta», ya que había fracasado al no producir la investidura de Sánchez. Por tanto, pensaban que había que explorar otras opciones, y descartar la anterior. Y, en ese sentido, proponían un nuevo acuerdo a 161, fruto de la suma de los diputados de PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida, que podría facilitarse, sin recurrir al imprescindible apoyo de los independentistas que los socialistas rechazábamos, si Ciudadanos se sumaba también al nuevo acuerdo o, cuando menos, se abstenía en base a las aproximaciones programáticas alcanzadas. Ellos proponían «otra vía y otro acuerdo», para facilitar el cual habían traído un documento con lo que de forma pomposa llamaron «concesiones» para lograr desbloquear la situación.

Tras esa intervención, fue evidente para todos que Iglesias y Podemos no habían modificado su posición ni un milímetro desde la noche electoral del 20D. Toda la supuesta flexibilización y sus cacareadas «cesiones» para llegar a un acuerdo se habían limitado a un truco de maquillaje, con una clara intencionalidad política: dinamitar nuestro acuerdo con Ciudadanos y que nos lanzáramos en los brazos de la verdad, la vida y la sonrisa del destino que representaban ellos. Para lograrlo, completaron el proceso de rectificación que habían iniciado cuando Iglesias «renunció» a exigir una vicepresidencia que nunca nadie le concedió y que tanto daño a su imagen le había granjeado.

Así, en esta reunión, en un paso más de lo que en la jerga interna de la comisión negociadora llamábamos proceso de «blanqueo» de Podemos, se aproximaron a nuestro programa electoral para introducir una cuña entre nosotros y Ciudadanos. De forma paradójica, ese programa electoral que yo había contribuido a elaborar y que tan reprobable les había parecido durante la campaña electoral («neoliberal de derechas» fue la calificación más suave que le aplicaron), ahora «no era tan distante de sus posiciones», «estaba muy bien» y lo utilizaban, incluso con frases y propuestas copiadas de forma textual, para redondear una nueva propuesta programática por su parte, la tercera que les conocíamos en poco más de tres meses.

Finalizada la breve exposición de Iglesias, intervino otra vez Hernando para repetir la posición del PSOE: ni la vía del 130, ni la vía del 161 eran posibles para nosotros. Lo que estábamos proponiendo y buscando era la vía del 199 (PSOE más Podemos más Ciudadanos), que respondía desde una mayoría parlamentaria suficiente a la visión transversal y plural que, en nuestra opinión, debería haber tenido España entonces y, me reafirmo, debería tener ahora.

Ése fue un momento de tensión: cuando se explicitó que unos no estaban muy predispuestos a realizar grandes cesiones en el acuerdo existente y que otros no tenían ningún interés en llegar a un acuerdo, salvo el que ellos proponían. El impasse se superó cuando todos aceptamos que dos miembros de la delegación de Podemos pasaran a explicar el documento de propuestas que habían traído a la reunión. Pero antes solicité efectuar una intervención, que fue complementada por otra posterior de Meritxell Batet, en el sentido ambas de pedir altura de miras dado lo excepcional de la legislatura y de la necesidad de hacer cosas excepcionales para favorecer un cambio. Sobre este asunto me explayaré más adelante reproduciendo un artículo que con posterioridad publiqué en El País y que recoge lo esencial de mi intervención.

Al comenzar a exponer las propuestas incluidas en el documento que llevaban, tuvo lugar un breve pero duro intercambio de pareceres entre miembros de las delegaciones de Podemos y de Ciudadanos en lo que me pareció una especie de provocación mutua, perfectamente no casual. El documento «Veinte propuestas para desbloquear la situación» que empezaron a presentar los de Podemos con la promesa de que nos lo entregarían al finalizar la reunión para que pudiéramos analizarlo con detalle antes de darles una respuesta, incluía, junto a un pequeño pastiche de medidas inconexas, dos propuestas que evidenciaban su nula predisposición a mover ficha en lo más mínimo: la propuesta número 19, sobre el derecho a decidir —aunque proponían que se tratara en reuniones bilaterales entre el Partit del Socialistes de Catalunya y En Comú Podem, trasladando la decisión a ese ámbito— y la propuesta número 20, sobre un gobierno de coalición formado de manera proporcional por «PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, IU y Compromís», que excluía a Ciudadanos e incorporaba como única cesión respecto a versiones anteriores que Pablo Iglesias ya no exigía para sí la vicepresidencia del mismo y se aceptaban «posibles independientes de consenso».

Dado que sabían perfectamente nuestra oposición radical a aceptar el mal llamado derecho a decidir y eran conscientes del daño que nos hizo aquella rueda de prensa en la que Iglesias se autopropuso como vicepresidente al cargo de todos los aparatos del Estado, resultaba imposible aceptar que fuese un documento hecho para negociar: desde luego no con Ciudadanos, a quienes excluía del acuerdo y del gobierno, reduciéndolos a meros comparsas, pero tampoco con los socialistas pues se mantenían intactas todas las razones de nuestra oposición a las versiones anteriores de la propuesta. Argüir que pasar de pedir un incremento del gasto público de 90.000 millones de euros a uno de «sólo» 60.000 millones ya era una gran cesión, hubiera sido considerado un insulto por cualquier mente imparcial.

En definitiva, nos encontramos en medio de una reunión en la que Ciudadanos mostraba poca flexibilidad para mover su postura, pero en la que Podemos realizó una provocación preparada en toda regla, a ellos y a nosotros, buscando sólo una cosa: romper el acuerdo existente, sin intentar nunca sumarse a él. La evolución de los acontecimientos avaló esta interpretación al día siguiente mismo.

Dos anécdotas relevantes se produjeron durante la exposición del documento de Podemos y al finalizar la misma. La primera cuando el economista Nacho Álvarez, que estaba sentado a mi lado, mencionó que se oponían a la reforma de las pensiones del PP y que propugnaban regresar al marco que vinculaba la evolución de las pensiones al IPC, como fórmula para garantizar el poder adquisitivo de las mismas. En ese punto pedí la palabra para efectuar una pregunta: si se vinculaba el aumento anual de las pensiones al IPC (como, por cierto, había impuesto el PSOE durante sus gobiernos en años con inflación elevada), ¿qué pasaba en años con IPC negativos como los que estábamos viviendo ahora? ¿Deberían devolver los pensionistas las subidas efectuadas a sus pensiones? Este debate ya tuvo lugar a mediados de los años noventa, cuando se subieron las pensiones un año en base a una previsión de IPC que luego resultó inferior. La respuesta de Nacho fue la esperable: si eso pasaba, si el IPC era negativo —y viene pasando ya unos años—, las pensiones se congelarían. Entonces pregunté si en los dos últimos años, y previsiblemente en el actual, su fórmula de izquierdas sería congelar las pensiones, mientras que subirlas el 0,25 por ciento como prevé la fórmula del PP sería de derechas. Recibí sonrisas de sorpresa en las caras de varios dirigentes de Podemos que claramente no se habían planteado una cuestión como ésta, que afecta a millones de personas, y silencio por parte de Nacho.

La segunda anécdota tuvo lugar cuando Nacho explicó como una de sus grandes cesiones que sólo pedían la derogación de la reforma laboral del PP, sin pedir también la derogación de la reforma de Zapatero, «aunque no nos gusta», apostilló. En ese momento, un representante de Ciudadanos dijo: «A nosotros tampoco nos gusta», a lo que yo añadí: «A mí tampoco me gusta, y lo expresé en artículos publicados», momento que aprovechó José Enrique Serrano para decir que a él tampoco le gustaba, generando un cierto silencio que aproveché para decir que tampoco me gustaba el Plan de Estabilización de 1959 pero que no iba a pedir su derogación ahora. Unas risas cortaron la situación incómoda que se generó al evidenciar lo absurdo de la supuesta cesión podemita.

La reunión se encaminaba a su final cuando se plantearon otras dos cuestiones altamente relevantes: una, para entender el sentido que la misma tenía para cada uno de los participantes; la otra, porque me hizo evidenciar la visión política de los principales dirigentes de la nueva formación emergente. Es verdad, como ha contado él hasta la saciedad, que, tras dar por explicadas sus propuestas antes de proceder a entregarnos el documento, Iglesias preguntó sobre los márgenes que tenía el acuerdo suscrito entre PSOE y Ciudadanos. Pero no es menos cierto que las respuestas no fueron exactamente como las ha contado él ya que, si bien ambos partidos le dijimos que considerábamos el acuerdo como una base fundamental de un gobierno del cambio, es decir, que no íbamos a romperlo en ningún caso, Ciudadanos se mostró más cauteloso respecto al margen real de negociación de que disponían, recordando que ellos ya habían hecho casi todas sus cesiones precisamente para llegar al acuerdo con los socialistas («Hemos estirado el brazo ya casi todo lo que podemos»), y desde el PSOE insistimos en que creíamos que había nuevos márgenes para encontrar cambios que pudieran facilitar la incorporación de Podemos ya que era evidente que sin cambios que incorporaran nuevas fuerzas no habría mayorías suficientes para una investidura.

Pero tanto Ciudadanos como el PSOE nos comprometimos con Iglesias y la delegación que encabezaba a que analizaríamos el documento que nos entregaban y en breve les daríamos una respuesta sobre las posibilidades existentes de acuerdo a tres. Esta idea se repitió varias veces, hasta el punto de que formó parte de lo que comentamos, unos y otros, que incluiría parte de la rueda de prensa posterior en la que íbamos a dar cuenta de lo acontecido en una reunión que podía dar lugar a otras sectoriales para avanzar en los puntos de un programa de gobierno.

Casi al final se planteó la espinosa cuestión de las fórmulas de gobierno, en las que pronto se vio claro que Podemos vetaría la presencia en él de Ciudadanos, y viceversa. En ese momento Rodolfo Ares repitió lo que ya habíamos dicho en otras situaciones similares: que nosotros no hablábamos de gobierno y de su composición hasta haber cerrado un acuerdo de programa y que, en todo caso, esa conversación le correspondía al candidato a presidente, en exclusiva. Entonces saltaron dos de los máximos dirigentes de Podemos para argumentar que «la política es poder y el poder son los ministerios y el gobierno»; por tanto, hablar de ello era fundamental en una negociación de ese tipo. Ares, sin alterarse, repitió: «Primero programa, que se habla con nosotros, y luego, en su caso, gobierno, que se habla con Sánchez».

En ese momento me vino a la mente la distinción que hice años atrás entre aquellos que están en política para «hacer algo» en favor de los demás y aquellos que sólo están en los cargos para «ser alguien» más o menos poderoso. Confieso que ver a dos jóvenes representantes de la «nueva política», ambos todavía por debajo de los treinta años, más obsesionados por los sillones que por el programa, me deprimió, reafirmándome en mi intuición de que con esa gente sería difícil hacer algo en común. En ese momento me convencí de que si hubiéramos aceptado darles una vicepresidencia y siete ministerios, como pedían, enseguida, de manera automática, el acuerdo del PSOE con Ciudadanos hubiera pasado, sin cambiarle ni una coma, a ser perfectamente asumible por ellos como programa de un gobierno del cambio. No sé. A lo mejor estoy más mayor de lo que creo.

En todo caso, concluimos la reunión acordando lo esencial de lo que se iba a contar en la rueda de prensa posterior, que esencialmente era lo que dijeron, con énfasis distintos, tanto Hernando como Villegas: estamos siguiendo un camino muy difícil, el desfiladero se estrecha reduciendo los márgenes, pero seguimos intentándolo; analizaremos las propuestas que nos ha entregado Podemos y en las próximas horas hablaremos para comunicarles nuestra opinión sobre ellas y ver cómo proseguimos la negociación.

Los preparativos de la reunión

Nosotros salimos contentos de la reunión. Preocupados, pero relativamente contentos porque éramos plenamente conscientes de todo el trabajo entre bambalinas que habíamos tenido que hacer para llegar a ese punto que, de alguna manera, justificaba nuestro empeño: frente a todos los que habían repetido que era imposible que nos sentáramos a negociar a tres, acabábamos de hacerlo como mejor prueba de que en todo este proceso estábamos haciendo lo imposible por llegar a acuerdos de cambio. Pero sabíamos lo mucho que habíamos trabajado para ello. Empezando porque, la misma mañana de la reunión, los representantes de Ciudadanos nos comunicaron que su intención era levantarse por la tarde de la mesa y romper toda posibilidad de acuerdo con Podemos. Se encendieron todas las luces rojas y el equipo se puso a trabajar para evitarlo.

La reunión a tres se venía preparando desde, por lo menos, diez días antes de las vacaciones de Semana Santa, cuando después de una conversación entre Sánchez e Iglesias se acordó abrir una línea bilateral de contactos que se decidió mantener al margen de las comisiones de negociadores y del conocimiento público. No así del de los dirigentes de Ciudadanos, que no sólo conocían la existencia de los contactos, sino también de su desarrollo. Esa vía discreta de contactos bilaterales debía permitir generar la confianza mutua y esas complicidades personales de las que habíamos carecido hasta ahora y que tan imprescindibles son para que unas negociaciones complejas lleguen a buen puerto. A través de esa vía paralela conocimos, por ejemplo, los primeros documentos de Podemos en los que iniciaban lo que ellos llamaban cesiones en sus propuestas, con el ánimo, según decían, de facilitar un acuerdo. Tomándolos como base pudimos empezar a realizar, con la máxima discreción, un análisis comparado entre las diferentes versiones de programa y su distancia relativa respecto a nuestro acuerdo con Ciudadanos, que debía de ser el otro punto de referencia de un eventual acuerdo a tres.

Aunque no estuve en las reuniones bilaterales «discretas» con Podemos, ya que sólo hubo tres y dejaron de hacerse antes de entrar a debatir los contenidos programáticos respectivos, de la información que nos iban pasando los asistentes se podía deducir un esfuerzo por parte de Podemos de mostrarnos su cara más amable y tranquilizadora. Visto ahora, tengo la impresión de que cada una de las partes sólo escuchaba lo que quería oír del otro y no lo que realmente se decía. Por ejemplo, aunque siempre mantuvimos ante Podemos que para nosotros el acuerdo con Ciudadanos era irrenunciable y que todo nuestro esfuerzo de construir una mayoría de gobierno debía partir de ahí, ellos actuaban como si en el fondo eso no fuese cierto y, al final, nosotros fuésemos a acabar yéndonos con ellos y aceptando, aunque de mala gana, el apoyo externo de los independentistas. Por nuestra parte, cuando ellos decían, en privado como en público, que respetaban nuestro acuerdo con Ciudadanos, preferíamos creer que aceptaban sinceramente la negociación a tres cuando, como vimos luego, ellos pensaban utilizar dicho acuerdo para obtener la abstención de Ciudadanos para poder formar un gobierno PSOE-Podemos.

En los contactos bilaterales se pudo observar con claridad lo que nosotros llamábamos el «blanqueo» al que se estaban sometiendo Podemos y su líder, con el objetivo de limar la imagen que existía entre los ciudadanos de su intransigencia y radicalismo. Imagen, desde luego, ganada a pulso con sus durísimas acusaciones e insultos a los socialistas. La teatral renuncia de Pablo Iglesias a formar parte del gobierno de Sánchez en calidad de vicepresidente («Él se propuso solo y él se excluye solo», dijo Pedro Sánchez; «Es de tocomocho que Iglesias haya renunciado a una vicepresidencia que nunca tuvo», comentó Albert Rivera) formaba parte de esa estrategia de suavización de la imagen, junto a sus esfuerzos por hacer «aparentes cesiones» y, sobre todo, por decirlo muchas veces en cada intervención pública, para intentar que quedara en el recuerdo de la gente.

Conforme fuimos conociendo detalles de los enfrentamientos internos en Podemos —el cese de su secretario de Organización manu militari por parte de un Iglesias abiertamente enfrentado a su hasta entonces número dos Errejón— tendimos a interpretar ese cambio de actitud aparente, ese recubrirse con piel de cordero que estaba haciendo Iglesias, como expresión de su propia debilidad interna en un partido de nueva creación, con dificultades para encajar sus diferentes culturas, con pugnas de poder en varios de sus territorios y con problemas para articular, de nuevo, las relaciones con unas confluencias territoriales en permanente debate entre su subordinación nacional al paso marcado por Iglesias y sus deseos de independizarse como organizaciones de ámbito territorial, tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña o en Galicia, donde eran necesarias, para gobernar, estrategias de aproximación al PSOE distintas de las seguidas por Iglesias a nivel nacional.

El martes 29 los miembros de la comisión negociadora nos vimos con Pedro Sánchez y César Luena para preparar la reunión que iba a tener lugar a solas entre Sánchez e Iglesias. El contexto no podía estar más agitado. Por primera vez en España, cien días después de las elecciones no había gobierno y la sensación de bloqueo en las negociaciones estaba bastante extendida entre la opinión pública y la información publicada. Nosotros, que teníamos un poco más de información sobre las intenciones de cada uno de los protagonistas, estábamos divididos entre la evidente constatación de que las posiciones no avanzaban y el optimismo relativo que se desprendía de unas predisposiciones favorables al acuerdo que todos expresaban en privado.

Ello hacía que la evidente tensión mutua que, de manera creciente, reflejaban en público los dirigentes de Ciudadanos y de Podemos fuera considerada por nosotros como escenificaciones de cara a la galería —o «postureo», como se da en denominar ahora—, al menos la mayoría de las veces. Nuestra tarea, y sobre todo la de Pedro, consistía entonces en limar asperezas, sostener los dos extremos de la cuerda para evitar que se rompiera, e intentar que, a pesar de todo, siguiéramos trenzando a tres el nudo del cambio. No teníamos otro camino.

En la mencionada reunión se hizo un repaso actualizado de la situación, empezando por constatar la torpeza con la que Rajoy estaba abordando el momento: sin adoptar iniciativas, amagando, sin dar y obligando a Rivera a mantenerse aferrado al acuerdo con nosotros como consecuencia del ninguneo al que se le sometía desde el PP, donde se llegaba a afirmar que si el PSOE aceptaba hablar con el PP, Ciudadanos no era necesario para nada. Por nuestra parte, los 131 votos que habían apoyado la investidura de Sánchez eran «irrenunciables», pero claramente insuficientes.

Ratificamos también que el acuerdo con Ciudadanos era una base irrenunciable para nosotros, pero no intocable, como habíamos tenido intención de demostrar cuando lo mejoramos al incluir muchas de las sugerencias efectuadas por la sociedad civil después de los contactos mantenidos por delegaciones conjuntas del PSOE y de Ciudadanos con representantes de autónomos, energías renovables, consumidores, tercer sector, patronal, etcétera, contactos en los que se constataron dos cosas: apoyo mayoritario a las medidas propuestas en el acuerdo y deseo de que se articulara pronto un gobierno del cambio que las pudiera llevar adelante.

En ese momento Pedro expresó, creo que por primera vez, que si para articular una mayoría parlamentaria que sumara a Podemos al acuerdo ya existente entre nosotros y Ciudadanos había que pactar un gobierno tripartito, estaba dispuesto a hacerlo. Con posterioridad expresó esa misma idea ante la prensa, que la recogió diciendo: «Sánchez se muestra partidario de incorporar a representantes de Podemos y de Ciudadanos dentro de un gobierno transversal».

Pedro nos contó también que Rivera conocía nuestros contactos bilaterales con Podemos y que le parecían bien, siempre que no fueran públicos, aunque observábamos un endurecimiento evidente en la postura pública de los dirigentes de Ciudadanos respecto a Podemos. En concreto, y sólo como ejemplo, al globo sonda de gobierno tripartito lanzado por Pedro contestó Villegas de forma inmediata: «Ciudadanos no va a compartir un gobierno tripartito con Podemos porque las diferencias son muchas». Ese tensionamiento de la situación por parte de Ciudadanos llevó a El País a titular, un día antes de la reunión entre Sánchez e Iglesias: «Ciudadanos advierte a Sánchez contra todo pacto con Iglesias». En nuestra opinión, dado que las encuestas se mostraban favorables a los intereses de Ciudadanos, su aversión a unas nuevas elecciones se reducía y, con ello, aumentaba su intransigencia frente a un acuerdo compuesto de gobierno.

Diario: 29 de marzo

Día importante. Después de la barrera psicológica de las vacaciones de Semana Santa y antes de las dos reuniones entre Pedro y Rivera, hoy, y Pedro e Iglesias, mañana. El tiempo del «postureo» se acaba y necesitamos acotar en serio los límites reales de un acuerdo de gobierno posible, para el que tenemos escasamente tres semanas.

El contexto no es favorable. A los, casi, cien días sin gobierno se unen dos posiciones generalizadas que se reflejan en varios editoriales y tertulias: hemos perdido el tiempo («Cien días perdidos», se titula el editorial de ayer de El País) y hay poco margen real para un acuerdo porque todos los protagonistas son víctimas de sus acciones y declaraciones pasadas. Además, las debilidades internas expresadas tanto por nosotros (con la fecha del Congreso del partido como espada de Damocles), como por Podemos (con el enfrentamiento abierto entre sus números uno y dos, con cese del responsable de Organización de por medio), se recogen apenas como los únicos cambios que pueden afectar a las negociaciones. Más, al parecer, que todo el recorrido realizado hasta llegar aquí y que las respuestas ciudadanas recogidas, mejor o peor, en las encuestas que se están publicando. Dicho de otra manera: cuando las negociaciones para formar gobierno entran en su fase más delicada e importante, la sociedad parece haber desconectado ya de las mismas y pocos conceden posibilidades a que algo cambie antes de unas inevitables elecciones.

Tenemos reunión interna del grupo negociador por la mañana en Ferraz, con Pedro, antes de la ejecutiva. Se nos entrega, para su análisis, un documento parcial de propuestas programáticas de gobierno presentado por Podemos en las reuniones secretas que estamos manteniendo con ellos. A la vez que se nos dice que el resto de propuestas llegarán en los próximos días, se nos confirma que la impresión que tienen en el equipo que está en contacto directo con ellos es que el verdadero y casi exclusivo escollo es su cerrazón ante la demanda de que Pablo Iglesias sea vicepresidente del gobierno. El poder y los sillones ante todo, ya se sabe.

Aunque el documento, centrado en la parte económica y social, tiene partes perfectamente compatibles con nuestro acuerdo de gobierno con Ciudadanos, mantiene otras sobre déficit, ingresos y gastos públicos que centran nuestras verdaderas discrepancias, ya que su aplicación significaría una ruptura clara con Bruselas por manifiesto incumplimiento de los compromisos de déficit y reversión de algunas de las reformas más valoradas por la Comisión, como la de las pensiones. Además, llevaría aparejados una subida del gasto público muy superior a la prevista en nuestro acuerdo, ya elevada, y, sobre todo, unos incrementos de impuestos claramente inaceptables. No es sólo que estas propuestas, que ellos presentan como una cesión respecto de su programa electoral, sean inaceptables para Ciudadanos. Es que nosotros tampoco las podemos aceptar: «suena» demasiado al primer y fallido gobierno de Tsipras en Grecia.

Esta realidad nos lleva, en la segunda reunión del equipo con Pedro por la tarde en el Congreso, a reproducir nuestro dilema: no podemos romper el acuerdo con Ciudadanos, pero necesitamos que Rivera nos deje margen para negociar la incorporación de Podemos a una versión del mismo si queremos conseguir los votos necesarios para que haya gobierno. A la vez, necesitamos que Iglesias acepte apoyarnos, sin que ello signifique romper el acuerdo con Ciudadanos. ¿La cuadratura del círculo? No. La única posibilidad de formar un gobierno de cambio es que las tres principales fuerzas del cambio acepten apoyarlo. El resto sí que son fórmulas tan imaginativas como imposibles, incluido el tan manido gobierno «a la valenciana», en el que la izquierda tiene mayoría absoluta (aquí no) y en el que Podemos no participa, mientras que aquí quiere la vicepresidencia.

Centramos el debate sobre los márgenes que tenemos que pedir tanto a Ciudadanos como a Podemos, en programa y en fórmula de gobierno, partiendo del reconocimiento de lo obvio: sólo con Ciudadanos no hay gobierno (porque nosotros no aceptaríamos una imposible colaboración del PP que, por otro lado, no se está produciendo), y sólo con Podemos, tampoco (porque nosotros no aceptaríamos la imprescindible colaboración de los independentistas catalanes). En esas condiciones, el cambio, o no es, o sólo será mediante una colaboración a tres entre Ciudadanos, Podemos y PSOE.

Toda nuestra estrategia pasaba por ser transparentes con Ciudadanos para no romper lo conseguido. A la vez teníamos que intentar ensanchar el acuerdo con ellos todo lo posible para intentar dar cabida a Podemos, aunque fuese bajo la fórmula de abstención. De forma alternativa, si no era posible firmar un acuerdo a tres, deberíamos explorar una fórmula en la que al acuerdo existente se le viniera a sumar otro bilateral entre PSOE y Podemos que resultara complementario y compatible con el primero.

Especulábamos con algo parecido a lo que propuso IU/UP: un listado de diez o doce exigencias concretas a partir de las cuales negociar su apoyo a la investidura. Para muchos de nosotros, la opción de apoyar la investidura de Sánchez a cambio de conseguir algunas contrapartidas programáticas y quedarse en la oposición para condicionar desde el Parlamento a un gobierno necesitado de apoyos para sacar sus leyes constituía una estrategia racional compatible con los intereses de un partido nuevo como Podemos.

Entre las fórmulas posibles de gobierno, las alternativas tampoco eran ilimitadas: si un gobierno tripartito no era posible, entonces podíamos ir a un gobierno con Ciudadanos apoyado desde fuera por Podemos (recordemos que Podemos no forma parte del famoso gobierno «a la valenciana», limitándose a prestar apoyo parlamentario desde fuera), a un gobierno con Podemos apoyado desde fuera por Ciudadanos o a un gobierno en solitario del PSOE (tal vez con figuras independientes próximas a los otros dos) apoyado desde el Parlamento por Ciudadanos y Podemos en base a los acuerdos programáticos eventualmente alcanzados con uno y con otro.

En todo caso, era evidente que teníamos que ir trenzando confianzas mutuas, mantener información cruzada permanente y explorar los márgenes de un acuerdo que permitiera formar un gobierno del cambio. Para nosotros era muy importante que se produjera la reunión a tres. En primer lugar, porque lo veníamos propugnando desde el principio como solución a la formación de nuevo gobierno, dado que no era posible ningún gobierno sin la participación del PSOE y nosotros teníamos claras nuestras líneas rojas: no al PP; no a los independentistas. Pero, en segundo lugar, también porque estábamos convencidos de que era posible alcanzar un acuerdo programático a tres que pudiera impulsar una legislatura beneficiosa y rica en cambios. Habíamos pactado ya con Ciudadanos y estábamos conversando con Podemos. Sabíamos que las posiciones no estaban tan alejadas respecto a lo que había que hacer en esta legislatura extraordinaria. Y estábamos convencidos de que, si conseguíamos dar una oportunidad al diálogo a tres rompiendo los prejuicios, el acuerdo programático era factible y a partir de ahí, con flexibilidad, no sería difícil encontrar una fórmula de gobierno que satisficiera a las tres fuerzas políticas. Al menos, lo suficiente como para estar dispuestas a apoyarlo dado lo especial de la situación española.

Diario: 4 de abril

Reuniones bilaterales por separado con Ciudadanos y con Podemos. Ambos muestran muy buena predisposición hacia un diálogo tripartito. Los interlocutores aprecian un cambio radical de actitud, sobre todo en Podemos, a pesar de que les hemos puesto algunas cartas boca arriba, rebajando expectativas, en especial cuando se les ha planteado que es muy difícil su presencia en el gobierno.

Tal y como está la situación, Ciudadanos tiene la llave en estos momentos, ya que con su actitud, más flexible o más inflexible, puede favorecer o impedir el acuerdo final. Nosotros jugaremos a mediadores y Podemos es la incógnita. El límite a la actuación de Ciudadanos es el riesgo de desubicación al que le puede llevar si se escora mucho hacia la izquierda para facilitar la incorporación de Podemos. Es un partido de centroderecha que compite en esa zona del espectro y no puede irse demasiado a la izquierda porque con ello deja su espacio libre, que puede recuperar el PP.

Se ha acordado la metodología y el calendario de trabajo. Empezaremos el jueves y seguiremos durante el fin de semana, en mesas separadas. Yo presidiré por el PSOE la parte de economía, sociedad, etcétera.

Aparecen varias encuestas que apuntan a una bajada en las expectativas de Podemos, un aumento en las de Ciudadanos y un cierto estancamiento en las nuestras. Según me cuentan algunos expertos, puede estar produciéndose un trasvase de votos de Podemos hacia nosotros y de nosotros hacia Ciudadanos, lo que nos obligaría a no perder la centralidad y la iniciativa que hemos alcanzado.

Nuestro empeño era muy difícil de conseguir. Lo sabíamos desde el principio. Pero nos parecía que, dado que no había otra alternativa, acabaría abriéndose paso en las cúpulas de Ciudadanos y de Podemos, para lo que ayudaría romper los estereotipos y conseguir espacios sinceros de encuentro. Tiempo, roce, discreción y nuestro buen hacer intermediador podían hacer posible una legislatura fructífera para España.

Por eso la reunión a tres era tan importante en nuestra estrategia. Para conseguir que se celebrase, Pedro estuvo dispuesto a hacer concesiones formales: a Rivera, la celebración de una reunión pública el día antes de su anunciado encuentro con Iglesias; a este último, aceptar todas sus condiciones formales para la reunión, desde la sala en que se debía celebrar hasta el polémico paseíllo que hicieron los dos solos por la acera del Congreso, atestada de cámaras, fotógrafos y curiosos.

Mientras se celebraba la reunión, el equipo negociador, junto al secretario de Organización del partido, César Luena, estuvimos reunidos en el despacho del portavoz parlamentario, Antonio Hernando, adonde se dirigió Pedro Sánchez al finalizar la misma. En la hora siguiente se volvieron a encender todas las luces de alarma en el equipo del PSOE. La versión que nos transmitía Pedro de lo tratado en la reunión difería bastante de lo que contó Iglesias en la posterior rueda de prensa.

Pedro llegó de la reunión bastante optimista ante la predisposición al acuerdo manifestada en privado por Iglesias. Nos recordó que también el acuerdo con Ciudadanos había costado mucho, que ellos también tenían dudas al principio y que también habían dado muchas vueltas a la idea de pactar con nosotros. Pedro interpretaba que Iglesias no tenía claro qué camino seguir, que estaba prisionero de sus muchas contradicciones y de las muchas presiones de una organización en ebullición como la suya, que también avanzaba mediante prueba y error; pero que nosotros teníamos la obligación de ayudarles a salir de su laberinto y acercarlos a nuestras posiciones en forma de su apoyo a la investidura a cambio de algunos puntos en el programa de gobierno, que le había parecido sincero cuando le había expresado su voluntad de llegar a un acuerdo.

Nos pidió que entendiéramos que el recorrido desde el «no» en la investidura hasta el «sí» o la abstención en la siguiente votación no era fácil para una fuerza política como Podemos. Nos instó a tener paciencia y perseverancia porque el nuestro era el único camino posible para evitar nuevas elecciones. La gente entiende que la renuncia unilateral de Iglesias a su exigencia de ser vicepresidente era un éxito de Sánchez que demostraba que, poco a poco, estábamos consiguiendo aproximarnos a la opción a tres. Incluso la petición de Iglesias de que el asunto del referéndum catalán, inasumible para nosotros, se desplazara a una mesa aparte entre los máximos dirigentes del PSC y de En Comú Podem, con todas las aristas que tenía, podía significar una voluntad de apartarlo de foco para que no enturbiase las posibilidades de acuerdo en el resto de asuntos.

Fue entonces cuando acuñamos la frase de que estábamos un poco más cerca de un gobierno del cambio y un poco más lejos de las elecciones. Mientras Rajoy seguía atascado, nosotros llevábamos la iniciativa política del cambio en España.

Tras el optimismo contenido con el que escuchamos la versión que Pedro hacía de la reunión, la rueda de prensa de Iglesias nos sentó a todos, Pedro incluido, como un jarro de agua fría. Nos pareció a todas luces un intento de hacer saltar a Ciudadanos y, con ello, romper cualquier posibilidad de acuerdo a tres, que era la base de toda nuestra estrategia. Una vez más, Iglesias había jugado a la esquizofrenia de ser el amable doctor Jekyll al reunirse en privado con Pedro y el exaltado míster Hyde al manifestarse en público. Nuestra sorpresa, y la de Pedro, fue tal que decidimos cambiar el tono de su intervención en la rueda de prensa que iba a ofrecer e incrementar las dosis de prudencia. Pedro decidió comunicar que el acuerdo a tres perseguido era muy difícil, «casi imposible», a pesar de lo cual habíamos dado un paso adelante en esa dirección.

La prensa recogió los resultados de esa reunión a solas entre Pedro e Iglesias con grandes cautelas y división de opiniones: «Sánchez pide fe en una misión imposible: gobernar con Podemos y Ciudadanos» e «Iglesias y Sánchez no llegan a un acuerdo que conduzca al gobierno» (El País), «El PSOE ve una oportunidad», «Sánchez aprovecha la debilidad de Iglesias para activar el pacto» y «El líder del PSOE impone a Podemos que acepte sentarse en la mesa con Ciudadanos» (El Mundo), «Segunda oportunidad», «Negociar con tres sillas» e «Iglesias renuncia a entrar en el futuro gobierno y accede a sentarse a pactar con Sánchez y Rivera» (El Periódico de Catalunya).

La idea más extendida tras la reunión bilateral era que Iglesias retiraba el veto y se abría, con cautela, a una negociación a tres con el PSOE y Ciudadanos. Entre las valoraciones más desconfiadas estuvo la del editorial de El País —«Pedro Sánchez propone un acuerdo tripartito de viabilidad más que dudosa»—, muy en la línea de las reticencias que el mismo día dejaba filtrar el líder de Ciudadanos, que se manifestó en el sentido de que prefería volver a las urnas antes de que Iglesias llegara al poder.

Recordemos que el líder de Podemos había hablado no sólo de que él iba a encabezar la delegación de su partido sino que iba a hacerlo «arremangándose» para entrar a trabajar en serio en unas negociaciones que se suponían lentas y difíciles. Al relevar a Errejón como jefe de la delegación podemita en las negociaciones, además de anticipar algunos de los problemas internos que estallarían entre ambos por el control de su organización, parecía trasladar el hecho de que le daba la máxima importancia al proceso que se iniciaba a tres, dando una señal de que iba en serio.

Iglesias parecía estar representando un intento firme por su parte para desbloquear la situación, como si hubiera entendido y aceptado que la única manera de hacerlo era teniendo en cuenta las posiciones de los demás y, de forma especial, del PSOE como socio hegemónico de la negociación. De hecho, cuando se convocó la reunión pública entre las tres delegaciones, nuestra impresión era que si alguien estaba poniendo dificultades al éxito de la misma era Ciudadanos, empujado, sin duda, porque todas las encuestas les daban como el principal beneficiario de unas nuevas elecciones. Por eso no nos sorprendió que la misma mañana de la reunión nos trasladaran su predisposición a romperla.

Controlado ese fuego mediante la intervención directa de Sánchez con Rivera, para lo que no estábamos preparados es para lo que pasó luego: Podemos iba con una estrategia deliberada de provocar a Ciudadanos (recuerdo que la tarde anterior hubo un duro cruce de reproches entre Iglesias y Rivera en un debate parlamentario) para incitarles a abandonar la reunión y, eventualmente, forzar una ruptura del acuerdo que tenía con nosotros. Sólo así podría salir adelante su estrategia, la misma que habían mantenido desde la noche de las elecciones. Todas sus «cesiones» no eran más que humo en nuestros ojos para intentar cegarnos.

Del sexto portazo de Iglesias

y de lo que a continuación sucedió

«Constatamos con sorpresa que al día siguiente, antes de recibir nuestra respuesta sobre el documento, rompisteis unilateralmente cualquier posibilidad de negociación», decía entre otras muchas cosas la carta que nuestro portavoz, Antonio Hernando, envió el 10 de abril a Pablo Iglesias como jefe de la delegación de Podemos en la reunión a tres que había tenido lugar el jueves 7 de abril. La carta adjuntaba un análisis de las propuestas que presentó Podemos en dicha reunión y concluía diciendo: «Resulta difícil sostener que el acuerdo no ha sido posible por culpa del programa y mucho menos sin intentarlo. Es una lástima».

Es cierto, como atestiguan las publicaciones en medios del día, que la rueda de prensa que ofreció Iglesias —rodeado de toda su cúpula como acostumbra a hacer— para anunciar la ruptura de las negociaciones encontró al equipo socialista reunido con Pedro Sánchez para analizar, precisamente, el documento con las propuestas presentado por Podemos el día anterior, intentando encontrar márgenes de acuerdo, entendido que tendríamos que forzar un poco a Ciudadanos para que en algunos asuntos la formación aceptara llegar un poco más lejos que hasta entonces.

Se nos puede tildar de inocentes, pero el anuncio de ruptura nos cogió desprevenidos porque, aun conscientes de que estábamos transitando un camino lleno de minas, esperábamos que se diera una oportunidad al acuerdo en forma de tres o cuatro reuniones plenarias o en grupos especializados. Al menos ése había sido el compromiso personal que Iglesias había asumido con Pedro en su entrevista a solas: algo así como «tranquilo Pedro, que yo no me levantaré de la mesa». Por eso debo reconocer que sí, que nos sorprendió una rueda de prensa de ruptura, cuyo contenido tampoco se nos había querido adelantar por los cauces habituales de contacto discreto, como venía siendo la práctica normal. De hecho, a partir de ese momento los interlocutores de Podemos estuvieron varias horas sin coger las llamadas de los negociadores socialistas con los que llevaban tiempo reuniéndose. Todo apuntaba a una actitud planificada, premeditada.

Parte de la prensa recogió desde el principio una versión inequívoca de la misma reunión, antes incluso de conocer la rueda de prensa que tendría lugar, extrañamente, al día siguiente: «El pacto a tres con Podemos fracasa en el primer intento» y «Podemos revienta la reunión con una oferta inasumible para Rivera», titulaba El País el viernes, un día antes de que Iglesias formalizara esa ruptura. «Iglesias revienta el acuerdo a tres y exige un gobierno sin Ciudadanos» y «Podemos dinamita el pacto», señalaba por su parte El Mundo. «Podemos y Ciudadanos muestran al PSOE que el pacto a tres es casi imposible» y «Podemos y Ciudadanos siguen muy lejos del acuerdo», apuntaba El Periódico de Catalunya. Tras la rueda de prensa en la que Iglesias rompía toda posibilidad de pacto a tres y descargaba la responsabilidad en sus bases mediante una consulta, El Mundo titulaba: «Podemos da un portazo a Sánchez y lanza su campaña».

He recogido esta selección de titulares para señalar el consenso existente respecto a que fue Podemos quien decidió romper cualquier posibilidad de acuerdo a tres para un gobierno de cambio, sin esperar siquiera a ver las posibilidades reales que existían para lograrlo. Como recogió también la prensa, nosotros lo veíamos muy difícil —nunca lo ocultamos—, pero no imposible. Pero Podemos no dejó siquiera que creciera una posibilidad.

A la vista de que también Ciudadanos estaba tensionando la situación, como demuestra el hecho de que el día antes de la reunión expresó su deseo de entrar a formar parte del gobierno del cambio («Ciudadanos pide ministerios en la coalición con Sánchez», decía El País), cuando hasta entonces nunca había hablado del asunto —hasta el punto de que El Mundo tituló: «Ciudadanos arruina el plan de Sánchez con Podemos»—, algunos observadores empezaron a preguntarse, de buena fe (del resto, ni hablo), si los socialistas éramos los únicos que no nos queríamos enterar de que el acuerdo a tres no lo querían dos de los tres.

Casimiro García-Abadillo, por citar a uno de esos observadores, hablaba sin tapujos de «un paripé, un intento tan vano como subir a la Luna en una escoba». El editorial de El Mundo decía: «Alcanzar un acuerdo compartido para facilitar que Sánchez gobierne parece tan difícil como cuadrar un círculo», y titulaba: «Pedro Sánchez, al final de la escapada». Los finos portavoces del PP esgrimían que estábamos haciendo «un teatrillo».

¿Éramos ingenuos los negociadores y dirigentes socialistas? ¿Estaba Pedro Sánchez tan desesperado como para intentarlo «todo», con tal de ser investido presidente, como decía la prensa de la derecha? ¿Teníamos ilusión por el cambio, éramos unos ilusos o, como dijo un columnista ilustre de El País, jugábamos al «ilusionismo» con la gente?

Sugiero al lector que consulte la lista de quienes formábamos parte de la comisión negociadora del PSOE. Resulta difícil poner junto a esos nombres y sus trayectorias los calificativos de ingenuos, ilusos o ilusionistas. Y sugiero también que repase las condiciones definidas por el Comité Federal del PSOE el 28 de diciembre de 2015 para enmarcar el proceso negociador y piense qué otra cosa distinta de lo hecho pudimos hacer. Desarrollaré este punto más adelante. Pero basta con decir ahora que si Pedro hubiera querido ser presidente a cualquier precio, le hubiera bastado con aceptar las condiciones de Iglesias, y «la sonrisa del destino» le hubiera llevado a la Moncloa (como temía la derecha). O, incluso, si hubiera buscado una salida personal a sus conflictos internos, podría haber intentado entrar a formar parte de un gobierno de coalición con el PP, con o sin Rajoy (como quería la derecha). Por tanto, las críticas del tipo «Sánchez se desespera por llegar a ser presidente» que algunos esgrimieron sólo son compatibles con la ausencia de rigor y de verdad en el análisis por parte de algunos medios de comunicación donde no se penaliza publicar mentiras, ni siquiera a sabiendas.

De manera inmediata, tras confirmarse la ruptura por parte de Podemos, ¿dónde estábamos? El anuncio de la consulta de Podemos y sus términos de la misma —tanto las preguntas capciosas como la amenaza de que, si el resultado no era el que quería, Iglesias presentaría su dimisión—, junto a su apuesta, reafirmada ante el president de la Generalitat, en favor de un referéndum de autodeterminación, evidenciaban que el camino emprendido a tres había entrado en vía muerta, al menos en sus términos iniciales. ¿Cuáles eran nuestras opciones: constatar el fracaso del pacto a tres y asumir que sólo quedaba acudir a las elecciones como única opción? Si lo hacíamos así, ¿aguantaríamos quince días, hasta que se convocaran las elecciones el 3 de mayo sin que nadie más, especialmente Rajoy, intentara algo que debilitara nuestra posición?

A todas estas reflexiones dedicamos la mañana del domingo 10 de abril, en una reunión en Ferraz. Creo no equivocarme si digo que la mayoría del equipo negociador estábamos a favor de reconocer públicamente la situación y que Pedro anunciara que no participaría, ni por activa ni por pasiva, en ningún otro intento de investir un candidato sin pasar antes por las urnas. Parecía evidente que la situación hacía imposible nuestro empeño en formar gobierno y lo mejor era reconocerlo abiertamente ante los ciudadanos. Las cosas tienen que tener un final claro y rotundo. Como una buena mascletà valenciana, creo que añadí. La gente tiene derecho a saber cuándo una situación ya no da más de sí para, a partir de ahí, atribuir en las urnas responsabilidades entre los protagonistas.

Dos temores y una responsabilidad jugaban en contra de este análisis. El primer temor, que anunciar quince días antes del fin de plazo que tirábamos la toalla fuera criticado por los votantes, que exigen, con razón, que sus políticos se esfuercen todo lo posible en la consecución de sus objetivos. Segundo temor, que dejábamos un hueco enorme de tiempo por el que se podría colar Rajoy con algún tipo de oferta manipuladora destinada, en realidad, más a hacernos daño a los socialistas que a buscar una solución real al problema. Como ejemplo de que este temor no era un delirio, cito titulares que aparecieron esos días en tres periódicos serios: «Rajoy ofrecerá a Sánchez ser vicepresidente del gobierno. Le convocará con una oferta muy detallada que prevé la reforma constitucional y de la ley electoral» (El Mundo); dos editoriales de El País titulados «El PP y el PSOE tienen que hablar antes de rendirse a nuevas elecciones» y «Si Rajoy indica que está dispuesto a negociar, Sánchez debe recoger el guante», y «El acuerdo de PP y PSOE se erige como la única e improbable opción» (El Periódico de Catalunya). Por tanto, la misma presión interna y externa a favor de un entendimiento con el PP que ya sufrimos al inicio del proceso se repetiría ahora bajo la amenaza del poco tiempo restante. Y nosotros seguíamos convencidos de que cualquier aproximación o acuerdo con el PP de los recortes y de la corrupción no sería una opción asumible para nosotros, ni entendible para nuestros votantes. Asunto este que, de ocurrir, no tenía por qué preocupar a algunos de los que defendían esta opción, pero a nosotros, es evidente, sí y mucho.

Al final, sin embargo, se impuso el argumento esgrimido por Pedro Sánchez: a pesar de todas las evidencias en contra, no podíamos resignarnos a estudiar e intentar una última opción, una fórmula nueva que pudiera obtener el apoyo de Ciudadanos y de Podemos para articular un gobierno de cambio y evitar las elecciones, algo diferente de lo hecho hasta ahora, aunque dentro de los mismos parámetros. No fuera nadie a creer que no lo intentábamos hasta el final. Y si no salía por un camino, buscaríamos otro alternativo que fuera practicable y nos llevara al mismo destino. También iban a sentir Rivera e Iglesias la presión del tiempo y de la inacción. Así que teníamos que ponernos a trabajar en un Plan B. «Yo no me resigno a acudir a las elecciones sin haber intentado todo lo posible y compatible con nuestros principios» fue una frase que repitió Pedro varias veces.

Y ahí radicaba la dificultad del encargo en el que nos pusimos a trabajar desde el día siguiente: no podía ser una solución que necesitara del PP o de los independentistas; no podía significar una ruptura con Ciudadanos que se interpretara como que dábamos un giro o que no cumplíamos nuestros acuerdos; tenía que ser «a tres» por activa o por pasiva porque, si no, no daban los números en el Parlamento para la investidura; no podía ser lo que ya había sido descartado tanto por Ciudadanos como por Podemos, y tenía que incluir garantías de que el gobierno resultante tuviera suficientes apoyos parlamentarios como para poder desarrollar su tarea en base al programa pactado.

Con una dificultad añadida respecto al procedimiento: había quienes esperaban que se produciría un acuerdo de última hora, en el momento mismo de la votación, como había ocurrido en Cataluña. El problema es que nuestro procedimiento nacional es distinto del autonómico, por cuanto que en el primero es imprescindible que se produzca un encargo del rey para que se pueda proceder a sesión de investidura. Y era bastante evidente que el rey no iba a correr el riesgo de volver a hacer un encargo sin tener plenas garantías de que el candidato iba a salir nominado por una mayoría de votos parlamentarios. Es decir, en nuestro caso primero había que llegar a un acuerdo suficiente, luego hacerlo público, y entonces, y sólo entonces, el rey haría el encargo al presidente del Congreso de convocar sesión de investidura. Y todo ello, con tiempo suficiente como para soslayar la convocatoria automática de elecciones prevista para el 3 de mayo. El anuncio de que el rey iba a celebrar una última ronda de consultas el 25 y 26 de abril ponía tope temporal al intento de buscar acuerdos.

Tanto en la reunión con el grupo parlamentario el martes 12 como en posteriores presencias públicas, la posición de Pedro se atuvo a lo acordado: insistir en su llamamiento a Iglesias para desbloquear la formación de un gobierno de cambio en lugar de ayudar a que Rajoy siguiera en la Moncloa y manifestar su voluntad de seguir intentándolo hasta el final.

A pesar de que se repetían los llamamientos por parte de casi todos los líderes al diálogo, unido a invocaciones genéricas a evitar unas nuevas elecciones, pronto se vio claro que quienes lo habían intentado ya no veían más posibilidades reales y quienes habían apostado con sus actos por las elecciones desde el principio, aunque dijeran lo contrario con sus bocas, estaban aguardando el momento para lo que alguno denominó «la segunda vuelta» del 20D.

Como anécdota que resume la situación, durante esos últimos días hábiles antes de la disolución obligada de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones, y con motivo de la última ronda de consultas del rey, Compromís hizo pública una última propuesta de Acuerdo del Prado con los trece puntos que, a su entender, podrían concitar todavía una mayoría de gobierno que evitara las urnas. Durante unas horas la posibilidad pareció existir. Las respuestas fueron significativas. Desde el PSOE, reunidos de urgencia en la calle Ferraz, contestamos de forma afirmativa a diez de los puntos e hicimos matices a los otros tres y consideramos nuestra respuesta compatible con el acuerdo que habíamos firmado con Ciudadanos. Sólo discrepamos (programa, programa, programa) de nuevo de la fórmula de gobierno proporcional propuesta, que sólo incluía a la izquierda que sumaba 161 escaños insuficientes, y proponíamos un gobierno monocolor con la incorporación de independientes procedentes del ámbito de Podemos y del ámbito de Ciudadanos, ya que cualquier otra posibilidad estaba excluida por sus vetos cruzados. Iglesias, claramente a contrapié, contestó que sin sillones/ ministerios no había programa que valiera. Rivera, por su parte, despreciaba incluso el intento como poco serio.

En ese clima, lo nunca visto ocurrió. Y los españoles fueron llamados de nuevo a las urnas. Como decía El Roto en su viñeta por boca de un barrendero: «¡Tiran nuestros votos!... ¿y nos piden otros?». Pues eso.

El oscuro influjo de las encuestas

Se ha señalado sobre estos meses de negociaciones que, desde un punto de vista de teoría de juegos, los partidos políticos estaban apurando sus movimientos hasta el final como en el llamado «juego del gallina», en el que gana quien más aguanta antes de caer por un precipicio, representado, para esta ocasión, por la repetición de elecciones.

La realidad resulta un poco más compleja, sobre todo porque la opción de acudir a unas nuevas elecciones, aun cuando todos los partidos la rechazaban entonces de manera enfática, no puede considerarse, en rigor, como caer por un precipicio. Porque todos, repito, todos los partidos consideraban —aunque no lo dijeran— que en un escenario de nuevas elecciones su posición relativa mejoraría. Y lo creían por tres razones: porque así lo decían las encuestas, porque, si no lo decían, se consideraban capaces de darles la vuelta, o porque, a pesar de los riesgos encerrados en unas elecciones, sus dirigentes consideraban más aceptable asumir esos riesgos que hacer frente a la certeza de críticas internas e insatisfacción de los votantes ante un acuerdo de gobierno que no fuera plenamente satisfactorio. Y, por definición, todo acuerdo complejo con otras fuerzas entraña cesiones que pueden ser criticadas como excesivas por los correligionarios. Esta actitud, además, reflejaba el rasgo que todos los partidos tuvieron en común durante ese proceso de negociación: el cuestionamiento interno a sus liderazgos orgánicos, que los animó, sobre todo en la izquierda, a repartir la responsabilidad de las decisiones, primero con los militantes mediante consultas internas y luego con el conjunto de los votantes en unas elecciones. Aunque con importantes diferencias entre unos y otros.

De esta manera, repetir elecciones llegó a interpretarse como la menos mala de todas las opciones, al menos, desde el punto de vista de los dirigentes, por considerarse la que menor coste personal podía representarles. Esto fue especialmente cierto en los dos partidos que se dedicaron a impedir el acuerdo en torno a un gobierno. Se podría pensar que varios de ellos contemplaban unas nuevas elecciones como una especie de segunda vuelta donde aspiraban a obtener todo lo que no obtuvieron tras el resultado del 20D.

Más allá de sus diferencias concretas, las encuestas publicadas durante este período compartían algunos rasgos esenciales surgidos del mismo hecho seminal: pequeñas variaciones en cuanto al voto hacia una formación u otra se pueden traducir en una gran variabilidad en términos de diputados debido a la configuración de nuestra ley electoral. Dado que no había tiempo para que el censo se incrementara con nuevas incorporaciones, sólo existían dos variables a tener en cuenta: los cambios de voto y la abstención. Los primeros parecían existir, pero de manera insuficiente, toda vez que por lo que sabíamos los electores no cambian de opinión en el espacio de seis meses.

En ese contexto, la clave del resultado en diputados de unas nuevas elecciones dependía del nivel de participación logrado, teniendo en cuenta, además, que las elecciones de 2015 tuvieron un nivel medio y, en todo caso, por debajo del esperable para el tipo de elecciones que fueron. La abstención a unas u otras fuerzas iba a ser lo que reflejara, sin duda, el nivel de insatisfacción de los votantes ante la repetición de las elecciones y en qué medida repartían responsabilidades a unos partidos u a otros.

Lo más importante de unas elecciones es formar gobierno, de un signo o de otro. Y eso depende de los diputados efectivamente conseguidos en cada provincia y no tanto de los porcentajes de votos atribuidos a nivel nacional. En este sentido, si hiciéramos un consenso de las encuestas de entonces, en términos de porcentaje de votos, todas recogían una bajada de Podemos, una subida de Ciudadanos, un mantenimiento del PP y un ligero avance del PSOE.

Podríamos decir que los ciudadanos parecían premiar a los dos partidos que habían intentado formar gobierno en base a un acuerdo transversal, mientras que sancionaban a quien lo había impedido o ni siquiera lo había intentado. Sin embargo, trasladado con todas las cautelas a escaños, había consenso respecto a que se podría producir una apreciable variación en términos de bloques parlamentarios toda vez que las encuestas decían que tras unas nuevas elecciones era más posible que la suma de PP más Ciudadanos pudiera dar una mayoría suficiente como para formar gobierno. Por el aumento de los segundos pero, también, por el sorprendente mantenimiento de los primeros, que parecen tener una base electoral muy sólida.

Hay que constatar que, incluso en lo que sería un escenario menos proclive a la izquierda como el que dibujaban casi todas las encuestas, Podemos aspiraba a superar en votos y en escaños al PSOE, para lo que estaba dispuesto, esta vez sí, a encajar algún tipo de acuerdo electoral con IU. En este caso, creían sus dirigentes, facilitar un nuevo gobierno de la derecha en España tras unas nuevas elecciones quedaría compensado para ellos si eran capaces de sobrepasar al PSOE, que era y es, a lo que parece, su objetivo principal.

Este análisis explica por qué, a pesar de todo, repetir las elecciones no actuó sobre los partidos políticos como amenaza suficientemente disuasoria como para obligarles a buscar hasta el final pactos que las hicieran innecesarias. En otro lugar he defendido que el principal problema político de España hoy no era el bipartidismo, como algunos han querido señalar, sino la partitocracia, es decir, el empeño sistemático de anteponer los intereses partidistas sobre los intereses generales del país. La repetición de elecciones por incapacidad de las fuerzas del cambio de llegar a acuerdos para formar gobierno sería uno de los casos más evidentes de lo que he dicho: algunos partidos prefieren la esperable mejora relativa de su posición tras unas nuevas elecciones antes que sacrificarse por el interés general y poner en pie un gobierno del cambio que es lo que necesitarían los españoles. ¿Lo percibirán así los votantes? Y si lo perciben, ¿lo sancionarán en las urnas?

Artículo: ¿No es posible el cambio?

Publicado en El País el 14 abril de 2016

Parece que se ha perdido una oportunidad para el cambio en España. Para el cambio de gobierno y de las políticas regresivas llevadas a cabo por el PP pero, también, para el cambio en la forma de hacer política, abandonando la confrontación partidista sistemática en favor de la negociación, del diálogo y del acuerdo. Los viejos demonios de la intransigencia y del sectarismo han impedido que avanzara, mediante «la vía de 199» diputados, un gobierno de progreso apoyado por los tres grandes partidos del cambio, que impulsara 250 medidas urgentes, o más, de reforma económica, social y democrática que demandan una amplia mayoría de ciudadanos y que hubieran representado un giro trascendental en nuestro país: desde un plan de emergencia social, hasta la reforma de la ley electoral y del reglamento del Congreso, pasando por recuperar la inversión en sanidad, dependencia y educación o una reforma fiscal para que pague más quien más tiene, o medidas de choque para crear empleo en colectivos vulnerables. Pero también se ha perdido una oportunidad para abordar una reforma de la Constitución que incluyera una solución al nuevo problema territorial, desde una mayoría parlamentaria tan amplia que hubiera hecho imposible la tentación de veto desde un PP en una oposición obstruccionista.

Ésta es una legislatura excepcional, que requiere soluciones excepcionales, más allá de la aritmética parlamentaria. Es excepcional la presencia de 109 diputados de dos partidos que se presentaban por primera vez a unas elecciones nacionales. Es excepcional que el líder de la primera fuerza parlamentaria renunciase, por dos veces, a intentar formar gobierno. Es excepcional que ninguno de los dos bloques de la política tradicional, izquierda y derecha, sumase una mayoría suficiente. Es excepcional que el primer partido del país esté inmerso en tan elevado y extendido número de casos judiciales por corrupción. Es excepcional el profundo y extenso malestar social, tras una profunda crisis económica y cinco años de políticas conservadoras que han agudizado la desigualdad y suprimido los horizontes de mejora para amplias capas de la población, sobre todo los jóvenes.

Por todo ello, ha sido excepcional que dos fuerzas de perfiles diferentes (una de centroderecha, otra de izquierda; una nueva, otra centenaria; una sin experiencia de gobierno, otra con larga experiencia gubernamental) hayan buscado y conseguido aproximar posiciones hasta pactar un acuerdo con medidas para un gobierno transversal, inequívocamente reformista y de progreso, que se basa, precisamente, en la superación de la vieja política de bloques ideológicos y su sustitución por amplios acuerdos plurales como mejor forma de resolver los problemas actuales de nuestro país. Demasiadas veces hemos dicho que los políticos españoles no eran capaces de encontrar respuesta a problemas esenciales como educación, empleo o la convivencia, precisamente porque habían renunciado a la única vía de solución para los mismos, que no era otra que el consenso en reformas que no podían cambiarse cuando cambiase el gobierno. Pues bien, hasta ahora, dos fuerzas políticas centrales han intentado esa nueva vía del acuerdo y, otras dos, situadas en los extremos, han conseguido vetarla desde presupuestos de vieja política, para seguir con lo mismo que no ha funcionado hasta ahora: la confrontación sectaria.

Si tuviéramos que buscar antecedentes a la excepcional situación actual, tendríamos que irnos a aquella legislatura de 1977 donde un gobierno minoritario presidido por Suárez, para desarrollar la democracia tras el franquismo, puso en marcha un proceso de negociaciones con todos los partidos del arco parlamentario (el PCE de Carrillo, como la AP de Fraga) que dieron como resultado los Pactos de la Moncloa y la Constitución. Entonces, igual que ahora, nadie pretende que nadie renuncie a sus principios o a su ideología. Pero la situación hace imprescindible que se anteponga el interés general sobre el de partido y se encuentren, dialogando, esos puntos de acuerdo donde una amplia mayoría de ciudadanos pueda sentirse representada. Pactar, entonces como ahora, representa sumar, todo lo contrario de ceder, que es restar.

Con el resultado electoral del 20D, los españoles dijeron dos cosas claras: queremos que Rajoy y el PP no sigan en la Moncloa (por eso le quitamos la mayoría suficiente) y queremos que eso se consiga mediante acuerdos entre las fuerzas políticas que representan ese cambio (por eso tampoco damos mayorías alternativas de bloques). Por tanto, en esta coyuntura, impulsar, de verdad y no desde la retórica de mitin o de plató, el cambio en España exige buscar puntos de encuentro comunes, exige una concepción transversal de la política. O ¿alguien se imagina que, por ejemplo, la Constitución se puede reformar para modificar el encaje de Cataluña o para incluir los derechos sociales, sin un amplio consenso? ¿Propugna alguien la vuelta al turnismo del siglo XIX español, donde cada vez que cambiaba el partido de gobierno se cambiaba la Constitución?

Desde esa perspectiva, para el PSOE, convertido en el partido central del escenario porque todas las soluciones pasan por él, ni pactar una continuidad de Rajoy o del PP, ni poner el gobierno de España en manos de quienes quieren, precisamente a cambio, romper España, han sido, son, ni serán opciones viables, ni acordes con las necesidades, ni con el mandato de las urnas.

Los ciudadanos han querido que el acuerdo plural, otra «pasada por el consenso», sea la única opción de cambio posible hoy en España. Y conseguirlo requiere muchos días, y algunas noches, de debates y negociaciones sinceros que, lamentablemente, no ha sido posible realizar con todos. No lo ha sido con el PP, a pesar de los amagos publicitarios que haga, porque la propia esencia del concepto «cambio» lo hace imposible. Pero tampoco lo ha sido con Podemos, que tardó en levantarse menos que en sentarse, porque siempre entendió que negociar era que los demás aceptáramos sus condiciones (con, o sin «cesiones» unilaterales) y porque en todo momento antepuso su presencia en el gobierno por delante de cualquier otro asunto de programa, es decir, sus intereses partidistas, por delante de los problemas de los ciudadanos. ¿Cuántos de los que han oído hablar hasta la saciedad del «gobierno a la valenciana» recuerdan alguna propuesta programática de Podemos?

Si vamos de nuevo a las urnas, los ciudadanos tendrán que tomar nota de que dos partidos han intentado ofrecer soluciones desde una nueva política de diálogo, negociación y pacto, mientras que otros dos se han enrocado en la vieja política de la confrontación, la intransigencia, la prepotencia y el reproche, consiguiendo, en la práctica, una pinza de intereses comunes que ha hecho imposible el cambio. De momento.

Las elecciones que nadie parecía querer, pero que se hicieron inevitables

Decía el clásico, y repetía con frecuencia Rodolfo Ares, que los acuerdos políticos nunca se rompen por el programa porque, si hay voluntad de acordar, siempre se puede encontrar una fórmula para limar o aplazar una discrepancia respecto al qué hacer. Sin embargo, siempre se utiliza el programa como la excusa para romper porque la verdadera razón, el egoísmo de parte o el poder, resulta poco edificante confesarla. Los acuerdos se basan, pues, en el análisis de los intereses en juego.

Durante la campaña electoral del 20D repetí en muchos foros el razonamiento en que basaba mi convicción de que Pedro Sánchez sería presidente del gobierno, siempre que el PP perdiera su mayoría absoluta. Puro análisis de intereses. Empezando por Ciudadanos, a quienes veía interesados en apoyar la investidura del candidato del PSOE con el objetivo de enviar al PP a la oposición si el partido quería consolidarse como una alternativa estable para los votantes de centroderecha. Para Rivera, decía yo, estrenarse apoyando a Rajoy, o incluso al PP, podía significar acabar siendo absorbido por los populares o, cuando menos, difuminado hasta el punto de desaparecer. Podemos, por su parte, debería estar interesado también en apoyar un gobierno del PSOE, tal vez mediante su abstención pactada, para quedarse en el Parlamento como única oposición de izquierdas a un gobierno socialista necesitado de sus votos para sacar adelante muchas leyes. Y aquí ponía yo siempre el ejemplo del «gobierno a la valenciana», en el que Podemos no participa aunque lo apoya desde fuera en el Parlamento. Ello les daría tiempo para ir ganando experiencia.

Las cosas, sin embargo, no han ido por ahí. Es evidente que mi interpretación de los intereses de cada uno de los participantes se equivocó en el caso de Podemos, sin que esto signifique que ellos actuaran en contra de sus intereses, sino simplemente que sus intereses reales resultaron ser otros mucho más pedestres: el poder, los sillones, superar al PSOE. Y si no los conseguían a la primera, volverían a barajar.

Uno de los casos más sencillos —y a la vez más potente en sus implicaciones, por ejemplo, contra la visión de una economía que libremente se equilibra— es el famoso dilema del prisionero según el cual dos personas actuando libremente y por separado en defensa de sus propios intereses llegan a un resultado que es más perjudicial para ambas que si hubieran colaborado. También se suele citar en el mismo sentido que si en una ciudad cada habitante utiliza su coche privado para desplazarse con mayor rapidez, el resultado colectivo puede ser un inmenso atasco que acaba por hacer que todos lleguen tarde. Es decir, si cada uno se limita a perseguir el interés propio, puede ocurrir a veces que el resultado colectivo sea peor que si hubieran colaborado sacrificando parte de sus intereses privados en aras de un mayor beneficio para todos.

Esto es, exactamente, lo que ocurrió: como quiera que algunos partidos prefirieron seguir sus propios intereses en exclusiva, nos vimos abocados a un resultado —unas nuevas elecciones— que para la inmensa mayoría de ciudadanos era peor que si hubieran pactado un gobierno de cambio. Esto refleja exactamente el problema que para nuestra democracia es la partitocracia: anteponer los intereses de partido por delante del interés general del país. Así, todos manifestaban que no querían repetir las elecciones. Sin embargo, algunos actuaron de una manera que las volvió inevitables. Veámoslo con algo de detalle.

El PP fue el que más perdió en las elecciones del 20D, al pasar de la mayoría absoluta a no poder formar gobierno y estar a punto de convertirse en oposición. Sin embargo, su líder prefirió obviar este importante dato, el tremendo castigo sufrido tras cuatro años de gobierno, y agarrarse al hecho de que, a pesar de todo, el PP fue el partido más votado. Ello les llevó a insistir en que habían ganado las elecciones, olvidando el pequeño detalle de que, en una democracia parlamentaria, sólo gana quien puede formar gobierno, algo que Rajoy ni siquiera intentó.

Desde ese momento el PP fue prisionero de un líder totalmente identificado por los ciudadanos con importantes recortes en gastos sociales y con una corrupción masiva vinculada a su partido y a dirigentes cercanos a su persona. Era imposible entonces para las demás fuerzas del arco parlamentario alcanzar un pacto con un PP encabezado por Rajoy y, a la vez, el PP no era capaz de plantearse con éxito un cambio de líder. A partir de ahí, la estrategia de Rajoy iba en dos direcciones: ningunear a Ciudadanos, visto como un competidor, y sentarse a esperar que alguien, desde dentro del PSOE o desde sus alrededores, forzara a Sánchez a abstenerse en una investidura de Rajoy a cambio de algunas contraprestaciones más o menos importantes.

Tuvo la alternativa de intentar desde el principio un acuerdo con Ciudadanos para forzar, desde los 163 diputados, una investidura con un candidato distinto a Rajoy. Pero esta posibilidad ni siquiera se intentó. Sobre todo porque las encuestas no reflejaban que sus votantes estuvieran castigando el absentismo escandaloso de Rajoy ni los nuevos casos de corrupción que fuimos conociendo. Descartada cualquier opción de gran coalición, las elecciones eran su mal menor porque habían visto muy cerca su paso a la oposición.

Ciudadanos había conseguido superar unos resultados electorales muy por debajo de lo esperado/anunciado, con una actitud claramente identificada con el deseo mayoritario entre sus votantes: dialogar, negociar, pactar, acordar. Al intentarlo con el PP, sólo recibió desprecio por parte de la dirección de este partido, rival directo. Al intentarlo después con el PSOE, tuvo éxito. Fracasada su aspiración a ejercer de bisagra entre los dos grandes partidos, se centró en frenar cualquier posibilidad de acceso de Podemos al poder, aunque no le hiciera ascos a un apoyo externo de éste en forma de abstención. Todas las encuestas señalaban que sería el partido que más rédito electoral sacaría en caso de nuevas elecciones, por lo que su resistencia a las mismas se fue resintiendo hasta llegar a contemplarlas como el mejor escenario para reforzar su posición relativa.

El PSOE era el partido central del escenario, en la medida en que todas las opciones posibles pasaban por su apoyo activo o pasivo. Dicho de otra forma, con el resultado del 20D, no había posibilidad alguna de formar gobierno sin el apoyo del PSOE. Ese protagonismo tan destacado, agudizado por la inacción de Rajoy, lo colocaba en el centro de todos los debates como oscuro objeto del deseo de unos y otros. Desde esa perspectiva era tal vez el menos interesado en unas nuevas elecciones, sobre todo porque las encuestas señalaban un aumento absoluto de sus apoyos pero con posibilidades de que no fuera suficiente para reforzar su posición relativa en la nueva Cámara. Fue el que hasta ese momento había actuado de manera más coherente. Dijo desde el principio lo que no apoyaría: ni un gobierno con el PP ni un gobierno con el apoyo de los independistas. También dijo lo que quería: un gobierno transversal, a izquierda y a derecha, para superar esta difícil etapa de la vida española desde el acuerdo y el consenso constitucional.

Podemos, por último, también marcó desde el principio las dos líneas rojas que ha mantenido inalterables: referéndum de autodeterminación, como derecho al que se pudiera acoger Cataluña, u otros territorios como Galicia, y presencia «proporcional» en un gobierno que concebían como un gobierno de Iglesias, presidido por Sánchez. Y desde el principio su postura fue: o eso, aunque cedan en cosas que consideran accesorias como el programa, o elecciones.

Mucha gente ha señalado que el objetivo prioritario, que se antepone a cualquier otro, de la dirección de Podemos, y especialmente de Iglesias, es sobrepasar al PSOE como fuerza hegemónica de la izquierda, sueño que entronca con la teoría de las dos orillas inventada por Julio Anguita en los años noventa y que le llevó a ejercer una pinza contra el PSOE (convertido en su enemigo principal), aliándose incluso con el PP de Aznar (convertido en enemigo secundario y aliado temporal).

Todo lo que ha hecho Podemos responde a esta visión. Incluso la razón esgrimida del porqué de su imprescindible presencia en el gobierno: no se fían del PSOE, y por eso deben gobernar juntos, para vigilarlo y asegurarse de que hace lo correcto. Fascinados porque el 20D se quedaron a «sólo» 300.000 votos del PSOE, es decir, muy cerca de conseguir su objetivo, la idea de una segunda vuelta electoral sólo podía ser superada por la aceptación por parte del PSOE de sus dos exigencias básicas mencionadas arriba. Si esto no se conseguía, mejor elecciones que intentar apoyar un gobierno del cambio en el que ellos no estuvieran, aunque eso fuera lo mejor para «los de abajo».

Resulta curioso cómo Podemos hizo campaña propugnando la superación de los viejos conceptos de izquierda y derecha y su sustitución por los de «casta» y «los de abajo», y lo rápido que han abandonado a los de abajo a su suerte, en aras de conseguir sus objetivos de poder, el de toda la vida, definido desde la «verdadera izquierda», cuya esencia sólo ellos controlan.

Analizando la dinámica de las fuerzas en acción y sus intereses, se entiende mejor cómo todos decían no querer elecciones pero, en el fondo, defendiendo sus intereses, dos de ellas las hicieron inevitables. Sin embargo, aunque ambos estén relacionados con el incendio, no es lo mismo un bombero que un pirómano. Tomemos nota.

Artículo de opinión: Los seis portazos de Iglesias

Publicado en El Confidencial (versión resumida) el 9 de junio de 2016

El desparpajo con el que Iglesias habla de pactos, manos tendidas, necesidad de acuerdos o no establecer líneas rojas, es sorprendente, si no estuviéramos ya acostumbrados a la ligereza insultante con que transita su intransigencia y dogmatismo por la vida pública. Sobre todo porque, hasta ahora, no ha hecho otra cosa más que lo contrario de lo que ha dicho. Esa capacidad de decir una cosa y la contraria es congénita: lo hizo contra el bipartidismo, ahora sustituido por el bibloquismo; lo hizo con la superación de la izquierda y la derecha («trucos de trileros», llegó a decir), para abrazarse, lloroso, a Anguita, el teórico de la pinza antisocialista junto a Aznar, y lo hace ahora, pasando de la izquierda anticapitalista a una socialdemocracia, más o menos marxista, según convenga.

En sus actuales declaraciones sobre la necesaria negociación para formar gobierno después del 26J (nadie parece que vaya a sacar mayoría absoluta), dice todo lo contrario de lo que hizo en situación similar entre los meses transcurridos entre el 20D y la nueva convocatoria electoral que hizo inevitable con su veto, junto a Rajoy, a un gobierno del cambio presidido por Sánchez. Como olvidar lo ocurrido es la base sobre la que se construye la mentira, creo necesario recordar, de manera ordenada, las seis ocasiones, en menos de cuatro meses, en que Iglesias pudo haberse sentado a negociar con Sánchez un gobierno del cambio, y no sólo no lo hizo, sino que cerró la puerta con un sonoro portazo. Con ese recordatorio, la pregunta será: ¿por qué tenemos que creerle ahora cuando sus hechos lo desmienten?

El primer portazo a la posibilidad de negociar un acuerdo con el PSOE tras el resultado de las elecciones del 20D, donde el PP de Rajoy, pese a seguir siendo la primera fuerza, experimentó un tremendo retroceso al perder la mayoría absoluta y más de treinta escaños y tres millones de votos, lo dio Iglesias la misma noche electoral. Según recoge la prensa del día siguiente, en las celebraciones de la noche electoral y ante sus seguidores enfervorizados por el resultado obtenido, Iglesias señaló lo cerca que habían estado de su verdadero objetivo electoral y político, sobrepasar al PSOE, y puso como línea roja de toda negociación la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña (luego extendido a todos los territorios que lo pidan), sabiendo que eso era totalmente inasumible por el PSOE. Sus declaraciones esa noche, vistas ahora, ya indicaban claramente que su verdadera estrategia no era intentar negociar acuerdos con los socialistas, sino forzar unas nuevas elecciones que le permitieran cumplir su sueño de partido. Desde el principio, los intereses del partido por delante de los intereses de «la gente».

El segundo portazo a la posibilidad de una negociación con los socialistas para formar un gobierno del cambio lo dio Iglesias a la salida de su entrevista con el rey el día 22 de enero: mientras el candidato socialista estaba reunido con «el ciudadano Felipe», Iglesias le estaba imponiendo, ante las cámaras de las televisiones, un gobierno del que él mismo sería vicepresidente con amplias atribuciones de control sobre los aparatos del Estado. Operación que remató con aquella frase tan cursi como insultante de que Sánchez debería agradecerle a él, Iglesias, el hecho de que «la sonrisa del destino» le hiciera presidente honorífico de un gobierno de Iglesias. Además, aclaró, si querían formar parte del gobierno era porque «no se fiaban de los socialistas» y necesitaban marcarlos de cerca en su acción de gobierno. Es decir, se proponía formar gobierno no porque hubiera un acuerdo programático (nunca se discutió de programas) sino porque había una profunda desconfianza (¡un gobierno en el que la mitad no se fía de la otra mitad!). Créanme, la indignación y el enfado que esta rueda de prensa generó en el seno de los socialistas no fue una torpeza de Iglesias sino un golpe calculado que buscaba precisamente eso, romper puentes.

El tercer portazo fue su negativa a sentarse a negociar con el ya nominado candidato Sánchez la posibilidad de un acuerdo de investidura, de legislatura o de gobierno, mientras éste mantuviera abierto el diálogo con Ciudadanos. De nada valió la evidencia de los números (PSOE más Podemos más IU sumaban menos votos parlamentarios que PP y Ciudadanos), que hacía inevitable el recurso a los independentistas, aspecto este que el PSOE dejó claro desde el 28 de diciembre que no podía aceptar, ni la evidencia del discurso del candidato socialista en el sentido de que la transversalidad era un valor imprescindible en la España actual, ninguno de cuyos problemas se podría resolver desde una estrategia de confrontación de bloques ideológicos. Así, como consecuencia de este portazo, el equipo negociador del PSOE estuvimos durante varias semanas sentados a negociar con aquellos que quisieron sentarse a negociar: Ciudadanos, IU, Compromís, PNV y Coalición Canaria. ¿Hubieran sido diferentes los acuerdos alcanzados de haberse sumado al diálogo Podemos desde el principio? Nunca lo sabremos. Pero sí sabemos que no lo quisieron hacer.

El cuarto portazo se produjo cuando, tras conseguir que se sentaran a negociar con el PSOE junto con IU y Compromís, en la llamada «mesa a cuatro», sólo acudieron a las dos primeras reuniones, dejándonos a los otros tres esperándoles cuando se negaron a seguir hablando porque habíamos alcanzado un acuerdo con Ciudadanos. Todos conocían que estábamos negociando, todos sabían que nuestra posición era buscar acuerdos «a izquierda y a derecha», todos sabían que nos responsabilizamos de que todos esos acuerdos fueran compatibles (como lo eran el alcanzado con Ciudadanos y los muy avanzados acuerdos con IU y Compromís), y todos sabían que ante el inminente debate de investidura los socialistas queríamos ir habiendo sumado votos en torno a la candidatura de Sánchez. Si Podemos evitaba acordar con nosotros (sólo se sentaron dos tardes) y forzaba a IU y a Compromís a que tampoco firmaran pese a haber alcanzado acuerdos casi completos, sólo dejaban abierta la puerta del acuerdo con Ciudadanos, que es, exactamente, lo que hicimos: aquello que veníamos diciendo desde el 20D.

El quinto portazo se produjo, delante de todos los españoles, en el hemiciclo del Congreso en el propio debate de investidura del candidato Sánchez, cuando un resentido Iglesias le reprochó tener las manos «manchadas de cal viva» en referencia a los GAL, como punto culminante de un durísimo (e injustificado) ataque al PSOE, a su historia, a su presente, etc. La mayor parte de la prensa destacó el resentimiento y la animadversión con que Iglesias trató a quienes decía querer hacer sus socios. Les aseguro que la distancia se ensanchaba y tampoco ahora por torpeza de Iglesias sino por cálculo partidista.

El sexto y último portazo, tras unas semanas en las que Iglesias cambió su discurso haciendo unas supuestas «cesiones» (como renunciar a una vicepresidencia que nadie le había concedido), se produjo cuando tras aceptar sentarse a negociar «a tres», es decir, con PSOE y con Ciudadanos, que era lo que los socialistas veníamos pidiendo desde el principio, montaron un paripé de presentar un «nuevo» documento que era el de siempre, pero con algo más de azúcar, y dieron el espectáculo cuando de manera unilateral, al día siguiente y mientras los demás estábamos estudiando sus propuestas programáticas, rompieron un diálogo que, en realidad, se habían encargado de impedir desde la misma noche del 20D.

Ésos son los antecedentes negociadores de Iglesias. Antecedentes que pueden encontrarse con un simple rastreo en las hemerotecas. Un líder político que concibe negociar con imponer sus condiciones a los demás, que nunca estuvo interesado en llegar a un acuerdo que hiciera presidente del gobierno a Sánchez y que, desde la misma noche electoral, antepuso sus intereses de partido (sobrepasar al PSOE en unas nuevas elecciones) a los intereses de «la gente» (un gobierno que cambiara las políticas de Rajoy). Un líder que no tiene reparos en coincidir con Rajoy, como hizo en la votación de investidura del 4 de marzo, si con ello, en una nueva pinza, se perjudica al PSOE.

Con esos antecedentes, ¿qué cabe esperar de las negociaciones para formar gobierno que, de forma inevitable, se abrirán tras el 26J?

SEGUNDA PARTE

Capítulo 4

«No es no» (de junio a agosto de 2016)

Repetir elecciones por no haber sido capaces de formar gobierno no había ocurrido nunca en nuestra reciente historia democrática. Sin embargo, es difícil decir que los españoles lo vivieran como un fracaso del sistema. Con preocupación, sí, pero todo el mundo parecía entender que vivíamos un momento especial, caracterizado por el paso de un bipartidismo imperfecto a un cuatripartidismo imperfecto, y que todos, votantes y políticos, estábamos en fase de rodaje ante algo que ocurría por primera vez, pero que tenía visos de haber llegado para quedarse una larga temporada.

Un 76 por ciento de los votantes consideraba positivo para España que quien formase gobierno tuviera que contar con el apoyo de otros partidos (Metroscopia) y, aunque no se reconocía en público, la incapacidad manifestada por los partidos para entenderse en esta nueva situación reflejaba, en parte, la propia división existente entre los ciudadanos: ganaba las elecciones el partido que más rechazo tenía y con el líder peor valorado, a la vez que los votantes se declaraban muy divididos entre quienes preferían un gobierno «nítidamente de izquierdas» (PSOE+UP), 48 por ciento, y quienes lo preferían «más de derechas» (PP y Ciudadanos), 42 por ciento. Pero también estaban muy divididos entre la percepción de «las élites» y la de «la gente», entre la España plural y la España profunda, entre nómadas de la globalización y sedentarios, entre integrados y excluidos. Mi convicción era y es que la división política no hacía más que reflejar la división social y ciudadana, pero que resulta más fácil echarles la culpa a «los políticos» ya que nadie se atreve a hacerlo con «los votantes».

La primera sorpresa con que nos encontramos fue que la polarización izquierda/derecha seguía determinando buena parte del posicionamiento político de los ciudadanos, pese a la evidencia de que ninguno de los dos bloques sumaba lo suficiente como para formar gobierno y la convicción, que teníamos muchos, de que ninguno de los grandes problemas de nuestro país encontraría solución volviendo a un esquema de confrontación de media España contra la otra media. Volveré sobre ello.

No habrá terceras elecciones

Nuestra campaña electoral tenía un eje muy evidente: en marzo, existió la posibilidad de que Pedro Sánchez fuera investido presidente de un gobierno de cambio frente a Rajoy y el PP, pero la intransigencia de Iglesias, anteponiendo los intereses de su partido, lo hizo imposible. Nuestro análisis decía que Podemos prefirió jugar a sobrepasar al PSOE como primer partido de la oposición, antes que involucrarse apoyando a un gobierno presidido por un socialista. Por tanto, todos los que prefieran impedir que Rajoy y el PP sigan en la Moncloa, ya saben que deben votar al PSOE, que es quien, de verdad, ha luchado para conseguirlo, mientras que Podemos no ha tenido reparos en votar junto al PP contra un presidente socialista. Un enfoque fácil, sencillo, entendible y acorde con lo que había ocurrido en marzo, donde, como he contado, Podemos nunca quiso sentarse a negociar, en serio, con el PSOE y cada vez que hubo algún acercamiento, siempre aparecía Iglesias con alguno de sus portazos para hacérnoslo imposible. Esperábamos que los votantes castigarían en las urnas a quienes bloquearon el cambio empujándonos a las nuevas elecciones y que premiarían a quienes habíamos intentado, en serio, formar un gobierno de cambio.

La siguiente sorpresa, pues, fue darnos cuenta de que cuando se preguntaba por responsabilidades por que no hubiera habido gobierno y, por tanto, de que se debieran celebrar nuevas elecciones, la mayoría de los ciudadanos culpaba, en primer lugar, al PSOE. Según la encuesta de My Word para la cadena SER, en mayo, un 31,1 por ciento consideraban al PSOE como responsable, por un 26 por ciento que decían que lo era el PP y apenas un 13 por ciento que señalaban a Podemos. Es cierto que este dato, sin la información adicional que daré ahora, conduce a error: por razones totalmente contradictorias, la mayoría de quienes votaron al PP (68 por ciento) y de quienes votaron a Podemos (37 por ciento) acusaban al PSOE por no haberse podido formar gobierno. El gobierno que cada uno de ellos propugnaba, claro. Sin embargo, la mayoría de quienes votaron socialista (33 por ciento) señalaban a Podemos como los responsables del no gobierno del cambio y de las segundas elecciones.

En un contexto de elevada fragmentación entre los votantes, sin ningún «temor al futuro, ni nostalgia del pasado» (José Pablo Ferrándiz, Metroscopia), aunque las espadas seguían en alto, el centro sociológico que representábamos Ciudadanos y nosotros se iba desdibujando poco a poco en favor de la polarización representada por PP y Unidos Podemos, cuyos intereses coincidían, otra vez. Ello fue determinante en la campaña electoral, ya que tuvimos que ir reduciendo el espacio dedicado a culpabilizar a Podemos por su no a Sánchez, manteniendo, no obstante, el hueco a la solución «transversal» que habíamos intentado en la fallida investidura de Sánchez y mientras seguíamos aferrados al eficaz «no a Rajoy» que nos permitía, de forma simultánea, fidelizar a nuestros votantes y competir por los votantes exsocialistas que se habían desplazado a Podemos por considerar al PSOE demasiado próximo al PP.

Dos importantes actos con intervenciones de Pedro Sánchez, a los que asistí acompañándole, reflejan perfectamente el fuego cruzado y la elevada complejidad en que se desenvolvía una campaña electoral que algunos tenían interés en situar sólo en «blanco o negro», mientras otros nos esforzábamos por matizar los muchos grises posibles. El viernes 27 de mayo acudimos a las tradicionales jornadas que el Círculo de Economía de Barcelona organiza en Sitges y en las que iban a intervenir los cuatro dirigentes de los cuatro principales partidos nacionales.

Soy socio del Círculo, he asistido a esas jornadas en varias ocasiones y conocía a su presidente de entonces, el profesor Antón Costas, quien nos hizo llegar, con antelación, la pregunta que estaban haciendo a todos los candidatos: dado que no se esperaba ningún vuelco electoral y, más bien, todas las encuestas daban resultados muy similares a las anteriores elecciones que no habían permitido formar gobierno, ¿se comprometían allí, públicamente, a evitar unas terceras elecciones, aceptando, caso de que no hubiera mayorías suficientes, dejar gobernar a la lista más votada? Aprovechamos el viaje desde Madrid para, entre otras cosas, preparar una respuesta adecuada, conscientes de la trascendencia mediática que tendría, pues ya mucha gente estaba hablando de si acabaríamos yendo a terceras elecciones si nadie cambiaba ni el resultado ni el guion. Recuerdo que le propuse dos cosas para su respuesta: que el compromiso no debería hacerse en torno al candidato de la lista más votada, sino al candidato que reuniese mayores apoyos parlamentarios, ya que nuestra Constitución investía presidente en función de los apoyos conseguidos en el Congreso de los Diputados y no directamente en las urnas. Por otra parte, le trasladé mi convicción de que, si aplicábamos la teoría de juegos, no habría terceras elecciones, porque, en la breve y reciente legislatura, el acuerdo transversal no había sido posible dado que dos de los cuatro jugadores (PP y UP) habían apostado desde el principio por no participar en el juego, sino por repetir elecciones. Si ahora asumíamos que nadie apostaría por ir a unas terceras elecciones dado que sería un fracaso con elevado coste pues acabaría por enfadar a los votantes, entonces los incentivos sobre los cuatro jugadores para llegar a un acuerdo de mayoría serían tan elevados que éste se encontraría.

Con la primera idea puse luego un tuit que tuvo cierto eco mediático, aunque no todos lo entendieron en su literalidad: de haberse aplicado este acuerdo en marzo, Pedro Sánchez sería presidente del gobierno al haber sido el candidato con más apoyos parlamentarios.

Sobre la segunda reflexión escribí un pequeño artículo que no llegué a publicar, pero que reproduzco a continuación.

Artículo: No habrá terceras elecciones

Parece que las nuevas elecciones no van a provocar un vuelco en la situación parlamentaria respecto al 20D, como sería que alguno de los partidos obtuviera una mayoría absoluta. Por tanto, aunque se producirán cambios en la distribución de escaños, tras el 26J, seguirá siendo imprescindible algún tipo de pacto entre partidos para formar gobierno. Si asumimos que el desgaste de unas terceras elecciones consecutivas es una amenaza sobre el propio sistema democrático como para excluirlo del tablero de opciones, los partidos tendrán que abordar el proceso poselectoral con una única carta: llegar a acuerdos que permitan formar gobierno. Esta presunción podría reforzarse con un compromiso público de que, si nadie alcanzara una mayoría suficiente, se dejará gobernar al candidato que haya obtenido mayor apoyo parlamentario y no la lista más votada, precisamente, para premiar la búsqueda de pactos. A partir de ahí, la pregunta es si será suficiente con que estos acuerdos se den dentro de los bloques enfrentados o si harán falta acuerdos transversales.

Las dos fuerzas que unieron sus vetos desde los extremos para impedir el cambio en marzo, están intentando radicalizar la campaña como si no hubiera otra solución a la hora de formar gobierno que alguno de ellos liderando uno de los supuestos bloques existentes: derecha o izquierda. Aunque resulta indignante que quienes hicieron bandera de la necesaria superación del bipartidismo en España enarbolen ahora la teoría de «los dos bloques u orillas» como un triste remedo de la misma, lo relevante es analizar las escasas probabilidades de que ello ocurra.

En la corta legislatura que dejamos atrás, el bloque PP y Ciudadanos sumaba 163 escaños y el bloque PSOE, Podemos e IU, 161. Esta evidencia dejó las opciones de un gobierno construido desde bloques en manos de los escaños nacionalistas/independentistas. Aunque parte de este tercer bloque nutrió, en el pasado, los apoyos tanto a PP como a PSOE, cuando no había mayoría absoluta, ello no ha sido posible esta vez, precisamente, por la deriva independentista en que se han instalado.

Si mantenemos que este bloque seguirá con un nivel de representación similar tras el 26J, ¿de dónde van a sacar los otros dos bloques los 13 y 15 escaños que necesitan respectivamente para llegar a la mayoría absoluta que les permitiría formar gobierno? Desde la lógica de que sólo habrá gobierno de izquierda o de derecha, cualquier mejora del PP a costa de Ciudadanos (y viceversa), o de Podemos a costa del PSOE (y viceversa), dejaría inalterado el resultado total del bloque. ¿Se puede pensar en un trasvase de votos y escaños de esa magnitud entre bloques? La probabilidad es baja por dos razones. Primero, según el CIS, la ubicación mayoritaria de los españoles en una escala del 0 (extrema izquierda) al 10 (extrema derecha) es el 4,6. Mientras, sitúan al PP muy a la derecha (8,2) y a Podemos muy a la izquierda (2,3) como para pensar en fugas de voto de uno a otro. Es verdad, no obstante, que sigue abierta la espita del trasvase entre Ciudadanos y Podemos para aquellos que priman lo «nuevo» frente a lo «viejo». Pero, en ese sentido, la reciente «operación Anguita + IU» realizada por Iglesias reduce la ilusión de que Podemos sea una opción «nueva», en lugar de la vieja extrema izquierda de siempre.

En segundo lugar, todas las encuestas sitúan al PP y a Podemos encabezando el nivel de rechazo que generan entre los españoles. Cuando se pregunta «a quién no votaría en ningún caso», un 59 por ciento de españoles contesta que al PP y un 45 por ciento que nunca votaría a Podemos. Mientras, sólo un 17 por ciento y un 14 por ciento, respectivamente, dicen que no votarían nunca al PSOE o a Ciudadanos.

Así, las estrategias de polarización de la campaña situando como única opción de gobierno o un bloque encabezado por el PP u otro bloque encabezado por Podemos ocultan que, en realidad, si ambos partidos crecieran arrebatando escaños a sus potenciales aliados de «bloque», se alejarían las opciones de formar gobierno. Además, aún en este caso, la formación de gobierno a partir sólo de un pacto en el seno de cualquiera de ambos bloques tampoco sería evidente. Si PP y Ciudadanos es el bloque mayoritario, ¿no correría Rivera el riesgo de ser absorbido si acepta un gobierno presidido por Rajoy? Por otro lado, si es mayoritaria la opción PSOE y Podemos, ¿aceptaría ahora Iglesias una presidencia socialista que rechazó el 4 de marzo? Y si el PSOE es tercera fuerza ¿de verdad haría presidente a quien habría sido su verdugo?

La formación de gobierno tras el 26J seguirá reposando, pues, en el triunfo de pactos transversales y no en la confrontación entre bloques ya que, con mucha más probabilidad, sólo será posible hacer gobierno con la suma de tres fuerzas parlamentarias. Y si excluimos a los independentistas, esa tercera fuerza sólo se podrá conseguir «en el otro bloque». Eso significa que habrá que contar con el PSOE para cualquier opción de gobierno, y todas tendrán que ser transversales: Rajoy necesitará tanto a Ciudadanos como al PSOE para seguir en el gobierno, y Sánchez, como en marzo, necesitará a Ciudadanos y a Podemos para formar un gobierno del cambio. Por eso, en la medida en que suban las opciones centrales y, de forma destacada, el PSOE por su papel clave, mayor será la probabilidad de que haya gobierno en julio.

Tras las últimas elecciones, dos partidos apostaron muy pronto por repetir elecciones: el PP, cuyo candidato ni siquiera lo intentó, y Podemos, cuyo candidato rompió en hasta seis ocasiones cualquier posibilidad de aproximación al PSOE. El 27J estaremos en una situación política muy distinta de la que tuvimos tras el 20D. Y, precisamente por ello, será más posible que salga adelante el «gobierno del cambio» que no pudo salir en marzo, después del veto conjunto PPodemos al candidato socialista. Porque ahora, éstos, no tendrían el plan B de ir de nuevo a las urnas, y ese dato les obligará a cambiar sus actitudes.

Habíamos decidido centrar la intervención de Pedro en Sitges en el análisis y las propuestas económicas del programa electoral. Sin embargo, la prensa recogió al día siguiente: «Pedro Sánchez defiende ante los empresarios que no habrá terceras elecciones» (Abc), mientras que El Mundo titulaba: «Pedro Sánchez dejará gobernar al PP si no logra ser investido», y recogía que, ante el comentario del moderador de que «tenemos derecho a tener gobierno, no es un capricho» y que era «impensable» que se pudieran repetir una y otra vez las elecciones, Sánchez aseveró que «les puedo asegurar que no va a haber terceras elecciones [...], si el PSOE es primera fuerza política en España, habrá gobierno en una semana». Lo hizo recordando que Rivera no parecía que tuviera muchas ganas de apoyar al PP ya que «Rajoy está metiendo a la derecha española en un callejón sin salida y la única alternativa constructiva que puede tender puentes a un lado y a otro es el PSOE».

Otra intervención relevante tuvo lugar pocos días después, el 30 de mayo, en el Foro del diario El Mundo, en Madrid, donde retomó estos asuntos, aprovechando para matizar su postura, que no había sido debidamente recogida en los medios. Así, el diario recogía que «después de que la mayoría de los asistentes al foro económico de Sitges interpretaran tras sus palabras que Sánchez había levantado su veto al PP [...], ayer el líder socialista quiso despejar dudas y fue claro: descarto que gobierne el PP con la abstención del PSOE» (El Mundo). Aseguró que «nunca vetaré a ninguna fuerza del cambio, pero mantengo mi veto al PP».

«Sánchez cargó con dureza durante toda la entrevista tanto contra el PP y Rajoy como contra Podemos y Pablo Iglesias, en quien quiso personalizar el ala dura del partido, responsable del “bloqueo de un gobierno del cambio” [...]. “Cuando Errejón lideró las negociaciones, éstas avanzaron”, dijo. “Y cuando Iglesias tomó el mando, el diálogo duró 12 horas y se rompió”.» «Iglesias y Rajoy son dos caras del mismo problema, que se llama bloqueo.» «Podemos lo que ha hecho estos meses es perder votos, porque mucha gente no ha entendido lo que ha hecho Iglesias [...], por eso ha decidido absorber a Izquierda Unida.» Pero, «quienes dijeron no a su investidura en marzo, no van a poder sostener ese no ahora» [...]; «se mostró confiado en que el ala moderada de Podemos tome el mando del partido tras las elecciones del 26 de junio». En otro orden de cosas, reforzó la idea ya expuesta en Sitges de que «en un sistema parlamentario [...] no gobierna quien tiene más votos, sino el que consigue más escaños en la investidura» y, a preguntas de los periodistas, dijo que «no había recibido presiones de los poderes económicos».

La noticia más novedosa de la campaña electoral fue la integración de la Izquierda Unida de Garzón en el conglomerado que formaban Podemos, En Común Podem, Compromís y En Marea. Como ya he contado, esta operación no nos sorprendió a quienes habíamos vivido de cerca los movimientos de unos y de otros durante las negociaciones para formar gobierno en la pasada y corta legislatura. Era evidente que, con ello, Garzón quería soslayar los importantes problemas que arrastraba su formación, incluida una importante deuda, mientras que Iglesias quería reforzar la idea de que, esta vez sí, se produciría el sorpasso al PSOE para convertir a la nueva coalición Unidos Podemos en la primera fuerza electoral de la izquierda, que era, desde el principio, su objetivo principal, personal y casi único.

El resultado de las elecciones del 26 de junio no estuvo a la altura de nuestras expectativas. Ya en la misma noche electoral hubo en Ferraz lecturas más optimistas y otras más pesimistas. Aunque tampoco esta vez se produjo el sorpasso que habían anunciado todas las encuestas que relegaban al PSOE al tercer lugar, el panorama político no cambiaba demasiado respecto a las elecciones del 20 de diciembre. Sin embargo, se podían detectar pequeños cambios, altamente significativos: el PP, aunque seguía perdiendo tres millones de votos y 49 escaños respecto al 2011, veía reforzada su posición, con 700.000 votos y 14 diputados más que el 20D. Unidos Podemos mantenía los escaños que tenían las dos fuerzas coligadas, pero perdía un millón de votos respecto a las dos por separado el 20D. El PSOE apenas si perdía 100.000 votos respecto a las anteriores elecciones pero acumulaba cinco diputados menos, y Ciudadanos bajaba casi medio millón de votantes y ocho escaños. A la vista del resultado, sólo el PP podía decir que había visto recompensada parcialmente en las urnas su estrategia, ya que tanto los dos partidos que apoyamos una investidura de cambio (PSOE y Ciudadanos) como quien buscó desesperadamente el sorpasso quedamos lejos de nuestros deseos. El tablero volvía a parecer imposible porque, como habíamos dicho algunos, los bloques no sumaban (suponiendo que fuera posible el acuerdo entre PP y Ciudadanos por un lado o entre PSOE y UP por otro) y seguía siendo necesario un enfoque transversal para formar gobierno... o contar con los independentistas, si ellos aceptaban.

Antonio Hernando actuó de portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE, reunida el lunes 27 de junio y con sus palabras reflejó lo que era, en ese momento, el sentir mayoritario en Ferraz: había que trasladar la presión a Rajoy, que era quien había ganado las elecciones. «Que Rajoy empiece a sumar apoyos» (El Mundo). Eran los días de exigirle a Rajoy «que busque apoyos entre sus afines ideológicos, entre los que no está el PSOE». «Hernando ratifica que el PSOE no apoyará, ni se abstendrá ante un ejecutivo del PP [...], aunque también reconoce que las urnas han situado a los socialistas en la oposición» (El Confidencial). Aprovechó también para cargar contra Iglesias «por haberle dado a Rajoy una segunda oportunidad».

En esos primeros días tras las elecciones trabajábamos con la hipótesis —que otros analistas también citaban como probable— de que el PP, con ese resultado, no necesitaría al PSOE para investir a su candidato. Si Rajoy se ponía a trabajar, a negociar, a pactar, podía sumar, junto a los 137 escaños propios, los 32 de Ciudadanos, 1 de Coalición Canaria y los 5 del PNV, hasta llegar a 175 escaños, a sólo uno de la mayoría simple necesaria para ser investido en segunda vuelta. Y los medios señalaban como ese uno probable al diputado de Nueva Canaria, elegido en las filas socialistas. Parecía una solución razonable, que le permitiría al PP formar gobierno sin necesidad de negociar con la antigua CiU y que nos dejaba a nosotros en la oposición, pero dispuestos a pactar no sólo grandes asuntos de Estado, sino reformas importantes que requirieran mayorías más estables. Muy pronto comprobamos, sin embargo, que no era ésa la primera opción de Rajoy, que seguía empeñado en darnos el abrazo del oso con sus propuestas de gobierno de coalición o su insistencia en contar con nuestro apoyo, activo o pasivo, para su investidura y la estabilidad de su gobierno, como cuando declaró que necesitaba a Ciudadanos para la investidura y al PSOE para gobernar.

Albert Rivera, ese mismo lunes, declaraba «no apoyaré ningún gobierno de Rajoy», y que apostaba por un gobierno de PP, PSOE y Ciudadanos, pero «con caras nuevas». El ganador Rajoy, por su parte, declaraba: «Yo no voy a renunciar a gobernar», y advertía de la «irresponsabilidad antológica» que cometerían otros partidos si bloqueaban la posibilidad de un gobierno encabezado por el PP y llevaban al país a unas terceras elecciones. Mientras, seguía diciendo que su preferencia era formar «la gran coalición» con el PSOE. Iglesias, por último, dijo que «los resultados no cumplen las expectativas, ni son satisfactorios», después de haber perdido más de un millón de votos. Manifestaba su pesar por el aumento de votos en el «bloque conservador» pero añadía que «sería sensato» que las fuerzas progresistas comenzaran a dialogar y que él «no descartaba ningún escenario».

A diferencia de lo ocurrido tras las elecciones del 20D, ahora parecía indudable la voluntad de Rajoy, como líder de la fuerza más votada, de intentar formar gobierno, para lo que anunció que, en breve, entablaría conversaciones con los otros dirigentes parlamentarios. Pedro encargó a José Enrique Serrano que hablara con el director de gabinete de Rajoy para pedirle que en los contactos dejara al PSOE para el final y, a ser posible, después del Comité Federal del PSOE, que finalmente se convocó para el 9 de julio.

Por su parte, Pedro no reunió al grupo de negociadores, ni al de apoyo, y optó por llevar directamente todos los contactos de forma personal y bilateral. Así, fue reuniéndose por separado con todos nosotros y con algunos dirigentes del partido para ir configurando su posición. De golpe, dejamos de ser un equipo para pasar a ser asesores individuales del secretario general. Esto no impedía que nosotros, por nuestra cuenta, siguiéramos viéndonos y comentando la situación y sus alternativas. Pero el cambio de método de trabajo por parte de Pedro fue muy evidente desde el día siguiente a las elecciones del 26J. Y lo mantuvo hasta el último momento.

Mi reunión con él, prevista para el lunes 4 de julio a las cinco de la tarde, se pospuso hasta el miércoles 6 a la una del mediodía. No le había visto desde la noche de las elecciones y le encontré relajado y expansivo. Como si la idea de que Rajoy tenía posibilidades, si quería, de formar gobierno sin necesidad de poner al PSOE contra la espada y la pared le hubiese quitado un peso de encima. Comentó que estaba viendo y hablando con mucha gente para recabar opiniones, y me preguntó por la mía. Recuerdo que le dije que no creía que Rajoy aceptara dejarnos fuera, sin más. Mi tesis era que Rajoy estaba en una estrategia de hundir al PSOE, para la que le había servido Iglesias como colaborador externo, como en los años noventa lo hicieron con Anguita, en lo que se conoció como «la pinza» antisocialista, pero que ahora intentaría darnos otro golpe al presionarnos para que tuviéramos que apoyar su investidura, consciente de que lo que más daño nos hacía ante nuestros votantes era, precisamente, reforzar la idea de que PP y PSOE éramos lo mismo o compartíamos los mismos objetivos. Por tanto, añadí, «no creo que Rajoy suelte la mordida. Va a seguir acorralándonos, para forzar nuestra abstención». Y, además, en esa posición favorable a ayudar a que el partido más votado formara gobierno, aunque por razones distintas, estaban también una parte del partido (González lo dijo en una entrevista en El País), los medios de comunicación con más influencia en nuestros votantes y, desde luego, el poder económico, que quería pronto un gobierno sólido y alineado con la Unión Europea.

Yo dudaba de que pudiésemos resistir la presión en favor de facilitar un gobierno del PP. Por tanto, le propuse sumarnos a la posición que, en ese momento, estaba defendiendo Rivera, y que, incluso, mediante una rueda de prensa conjunta Rivera-Sánchez, se estableciera que el precio para que ambos partidos facilitaran un gobierno del PP sería que el candidato no fuese Mariano Rajoy. Si, a cambio de la abstención, conseguíamos sacar a Rajoy de la Moncloa, el hecho podría ser defendible ante nuestros militantes y nuestro electorado. En todo caso, con este movimiento poníamos la presión sobre el PP y sobre Rajoy, el político peor valorado del país, ya que si no aceptaba e íbamos a terceras elecciones sería su responsabilidad. En aquellos días, recuerdo que ésta era una posibilidad que se barajaba en público en muchos ámbitos, incluidos los empresariales, hasta el punto de que circulaban quinielas con eventuales sustitutos de Rajoy, dentro del PP. La cosa fue tan fuerte que el propio PP se vio obligado a reforzar a Rajoy, como su único candidato, mediante declaraciones de algunos de sus dirigentes. En ese momento, exigir la sustitución de Rajoy era algo difícil, pero no imposible, además de que trasladaba toda la presión política sobre el PP, en lugar de como estábamos ahora, que toda la presión giraba en torno al PSOE.

A Pedro no le acabó de gustar esta propuesta que, sin duda, ya había escuchado y ponderado. Me dijo, sin ser taxativo, porque me insistió en que todavía estaba formándose opinión, que no le gustaba la idea de interferir en la vida interna de otro partido al condicionar quién debería de ser, o no, su candidato. Que eso, además, abriría otra caja de los truenos en el seno del propio PSOE si se empezaba a extender la petición de cambiar, desde fuera, al líder, y que empezaríamos pidiendo que se fuera Rajoy y acabaríamos teniendo que explicar por qué no se iba Sánchez. Recuerdo que, en aquel momento, no me convenció la explicación, que entendí demasiado autoprotectora por su parte, ya que en absoluto tenían nada que ver Rajoy y Sánchez, ni su situación, ni su trayectoria, ni nada. Sin embargo, debo reconocer que algo más de información o de conocimiento debía de tener él en ese momento porque, no mucho más tarde, el 4 de septiembre, el diario El País publicó un editorial titulado: «Ni Rajoy, ni Sánchez. Pedimos a los dos responsables del bloqueo que den un paso atrás», en una operación que encontró eco en otros medios de comunicación.

Llegó entonces el momento en que yo le pregunté cuál era su reflexión, su postura sobre lo que teníamos que hacer. Insistió en que estaba escuchando a mucha gente, que todavía era pronto para cerrar una posición definitiva ya que todo era muy fluido. Que se inclinaba por mantener el «no» a Rajoy, esperando que el PP resolviera la cuestión de su investidura buscando mayorías conservadoras en la Cámara sin necesidad de la abstención socialista, que él veía muy complicada dado el rechazo que generaba entre nuestros militantes y votantes, así como porque, en espera de la reunión del Comité Federal, casi ningún dirigente del partido se había pronunciado explícitamente por esa solución, que había sido rechazada por unanimidad el diciembre anterior, aunque eran ya varios quienes en privado apuntaban hacia la abstención.

Le insistí, entonces, en que Rajoy no buscaría la fórmula lógica de negociar con Ciudadanos, PNV, más Coalición Canaria, para situar su investidura a un solo diputado, sino que iba a intentar salpicarnos sabiendo el daño que nos hacía el debate sobre nuestra abstención. Y añadí que, si al final no íbamos a ser capaces de aguantar la presión, era mejor estar preparados de antemano para una abstención condicionada a cambio de conseguir algunas mejoras evidentes para quienes más habían sufrido las políticas de Rajoy. En ese momento, ya casi despidiéndonos, me insistió en que estaba analizando escenarios y que él no descartaba que al final tuviéramos que abstenernos en segunda votación, confiando en que a nuestros votantes se les fuera bajando el cabreo conforme nos vieran ir consiguiendo cosas, desde una oposición constructiva en el Parlamento, de un gobierno en minoría. Pero que todavía era pronto para decirlo. Eso, añadí, nos daría cuatro años para centrarnos en rehacer el partido y volver a presentarnos como alternativa de gobierno en las próximas elecciones.

Durante todos esos días, los miembros del anterior grupo negociador, y algunos más de la dirección del partido, seguíamos en contacto para intercambiar información y contrastar opiniones. Fue así como conocí un documento que, a título personal, pero recogiendo la opinión de muchos de nosotros, se elaboró para pasárselo a Pedro antes de la reunión del Comité Federal. Está fechado el 8 de julio, tiene 11 folios y lleva por título «Escenarios y posibilidades ante la investidura». Selecciono, a continuación, algunos de sus pasajes más interesantes para este ensayo ya que refleja, perfectamente, cuál era el estado de opinión existente en ese momento. Al menos, entre quienes asesorábamos.

Informe interno:

Escenarios y posibilidades ante la investidura

1. Rajoy ha obtenido nueva legitimación para mantenerse al frente del gobierno: ha ganado votos y 14 escaños y, al tiempo, sus más «naturales» adversarios han retrocedido respecto de los resultados de diciembre de 2015.

Tiene, así, una oportunidad para presentarse con alguna garantía a la investidura, pero también tiene un problema: la suma de votos necesaria para lograrla.

Los resultados del 26J se pueden resumir en cuatro bloques diferentes: la derecha y el centro-derecha suman 169 votos (137 PP y 32 Ciudadanos, 6 más que el 20D), la izquierda alcanza 156 (85 PSOE y 71 UP, 5 menos que el 20D), el nacionalismo moderado logra 6 (PNV 5 y CC 1, uno menos que el 20D) y el nacionalismo soberanista suma 19 (9 ERC, 8 CDC y 2 Bildu, los mismos que el 20D).

2. Cuando han comenzado los contactos, el punto de partida en los análisis es unánime: parece razonable pensar que el techo de Rajoy se sitúa en los votos de PP, Ciudadanos, PNV y CC. Con ellos, alcanzaría el voto de 175 diputados, una cifra que, de hecho, le coloca en una situación en la que nadie entendería que se negase la investidura a quien, por otra parte, ha ganado las elecciones.

El problema, pese a ello, es que a esos votos les falta uno para la mayoría absoluta, una mayoría que, de hecho, por la configuración de esos bloques, resulta exigible desde luego en la primera votación y, casi, en la segunda, pues en ésta se necesitaría, al menos, una abstención para que el resultado fuese suficiente.

La consecuencia es que se haya «elaborado» una segunda unanimidad en esos análisis: no hay solución si no se logra, al menos, la colaboración del PSOE, que debe efectivamente prestarla.

Una colaboración que se basa en una tercera unanimidad: si fue imposible articular una alternativa a Rajoy en torno al PSOE en marzo, más lo es en este momento tanto por razones de aritmética como de legitimidad.

Estas conclusiones exigen examinar si sus presupuestos son seguros antes de proceder a determinar cuáles pueden ser las opciones del PSOE.

3. En resumen:

• Es completamente descartable que Unidos Podemos, ERC y Bildu opten por una posición distinta al voto contrario a la investidura de Rajoy: ni Rajoy les quiere ni ellos estarán dispuestos a otra cosa.

• No parece fácil que Rajoy pueda sumar, a la vez, PP, Ciudadanos, CDC, PNV y CC, lo que, de darse, le situaría en 183 votos o, si se cayese PNV, 178.

• La apuesta más optimista llevaría a Rajoy a 175 votos (PP, Ciudadanos, PNV, CC) pero, a día de hoy, es más que problemática, al menos mientras los afectados (Ciudadanos, PNV, CC) no conozcan la posición definitiva del PSOE.

• La más ajustada sería la que daría a Rajoy 169 votos favorables (PP y Ciudadanos) o 170 (PP, Ciudadanos y CC).

• Estas dos últimas apuestas, para permitir la investidura, necesitan que todos los grupos mencionados voten positivamente y que alguno de los grupos restantes se abstenga en segunda votación. En la medida en que falle alguno de los hipotéticamente favorables, el nivel de abstención de los otros deberá ser mayor.

Si todo lo anterior funciona en la forma descrita o parecida a ella, Rajoy tiene un problema... y el PSOE también.

El PSOE: ¿qué hacer?

Se valoren como se valoren los resultados del 26J, el PSOE ha confirmado no sólo que constituye el principal grupo de oposición a un eventual gobierno del PP, sino que ha reafirmado —por el número de votos recibido y por el número de diputados que ha logrado— su condición de alternativa política al PP. Lo ha hecho en circunstancias que, en los meses y semanas anteriores a las elecciones, todos le negaban, y esta negativa ha reforzado esa condición.

La consecuencia inherente a ese reconocimiento es evidente: la alternativa al PP no puede ser la solución del PP.

Esta conclusión tiene sucesivas traducciones.

Primera posibilidad. El PSOE no puede, salvo que se traicionase a sí mismo a los ojos de sus electores, formar un gobierno de coalición con el PP.

Segunda posibilidad. El PSOE no puede apoyar con su voto la investidura de Rajoy, aun manteniendo su negativa a entrar en su gobierno. Así lo anunció la Comisión Ejecutiva en su reunión tras las elecciones.

Tercera posibilidad. Es la más polémica, pues implica, en cierto sentido, una revisión de las anteriores: que el PSOE posibilite la investidura de Rajoy mediante un voto de abstención.

Es una alternativa que, en términos internos, tiene defensores: unos, por sentido de responsabilidad con el país (se evitan elecciones, se salva una cierta normalidad «institucional»); otros, por tacticismo en la pelea interna (se propone lo contrario de lo formulado por la dirección del partido). Y, desde luego, tiene y sobre todo tendrá defensores externos que, sea cual sea el argumento que utilicen, lo que esconden es su irrefrenable deseo de que siga gobernando el PP y siente las bases para hacerlo en el futuro.

Esta alternativa es mucho menos lineal en su formulación y efectos que las anteriores y exige una reflexión, aunque sea esquemática, sobre el cuándo, el cómo, el quién y el qué.

Sólo hay una condición sobre la que sí debemos fijar nuestra posición porque la respuesta que nos demos determinará la abstención misma. Es ésta: ¿exigimos de Rajoy que construya una mayoría cualificada a la que sólo falte un máximo de seis-siete diputados para alcanzar los 176 que la garantizan?

El coste para el PSOE de asumir en solitario (o con adhesiones independientes de nuestra posición pero derivadas de ella) la investidura efectiva de Rajoy con nuestra abstención se multiplicaría hasta límites casi insoportables para parte importante de nuestro electorado y, desde luego, para quienes buscan cotidianamente la ocasión para desestabilizar a la dirección del partido.

Sería, además, un acto en gran medida baldío pues, para no serlo (esto es, para posibilitar realmente un gobierno que gobierne), requeriría transformarse de una «abstención de investidura» en una «abstención de oposición». Si no lo hiciésemos así, un gobierno investido con 137 votos y que no cuenta con apoyo alguno de inicio, no podría gobernar con efectividad: los proyectos de ley, o no se aprobarían o llevarían al gobierno a ejecutar leyes cuyo contenido no comparte; las proposiciones de ley de la oposición tendrían margen suficiente para aprobarse una tras otra; los decretos-ley sufrirían para su convalidación; el techo de gasto y los PGE no podrían aprobarse salvo que ese gobierno aceptase condiciones que supondrían un enfrentamiento gravísimo con Bruselas... y, pese a todo ello, no podría renunciar porque, conforme al art. 115 de la Constitución, no es posible una disolución anticipada hasta que transcurra un año desde la anterior disolución.

Este tipo de abstención, desde luego, no se le puede pedir al PSOE.

Cuarta posibilidad. El PSOE intenta, de nuevo, articular una mayoría alternativa al PP.

Esta opción supone, en definitiva, reiterar el movimiento de febrero-abril y exige una condición previa sin la que resulta imposible: que el PP haya fracasado en la investidura de Rajoy (o que, por lo que luego diré, Rajoy haya renunciado a intentarla y también lo haya hecho el PP fracasado el intento de Rajoy).

Es una opción que encuentra, de entrada, un problema complejo de legitimación. Lo tiene, primero, porque la diferencia entre diciembre y junio es que se ha incrementado la distancia entre PSOE y PP: frente a los 33 escaños que nos separaban en diciembre, hoy son 42. Pero es que, en segundo lugar, lo que entonces permitió argumentar con que la suma de que partíamos (130 diputados: 90 del PSOE y 40 de Ciudadanos) superaba el número de votos del PP (123), hoy se han vuelto sólo 117 frente a los 137 del PP.

Si a estas circunstancias añadimos el veto mutuo entre Ciudadanos y Podemos, que Ciudadanos ha reiterado que transformará en negativa a formar parte de un acuerdo a tres y en voto en contra en un eventual intento de investidura PSOE-Podemos, sólo cabe un recurso para alcanzar el número de votos suficiente para la mayoría necesaria: forjar un acuerdo PSOE-Podemos-ERCCDC-PNV, que dotarían de 178 votos de respaldo. No necesito poner en duda la posibilidad real de alcanzar este acuerdo (aunque sería, indudablemente, imposible) ni acudir a argumentar con la negativa que tendríamos en relevantes dirigentes del partido; las encontraríamos, también, entre quienes a ultranza permanecen leales al secretario general.

Quinta posibilidad. Visto lo señalado en los apartados 3.1 a 3.5, si nosotros mantenemos la negativa a entrar en un gobierno con el PP y a votar favorablemente la investidura de su candidato, si no facilitamos la investidura de Rajoy mediante una abstención por nuestra parte y si desistimos de intentar conformar una alternativa suficiente para plantear una investidura distinta, el PSOE debe afrontar la celebración de nuevas elecciones. No sólo eso. Debe también prepararse para una ofensiva que tendrá como único objeto hacerte responsable directo y exclusivo de este nuevo fracaso en el sistema de investidura y de esa nueva convocatoria electoral.

A nuestro juicio: en este momento sólo un partido puede acariciar la idea de ir a nuevas elecciones: el PP.

En todo caso, una nueva convocatoria tendrá un efecto social demoledor sobre la credibilidad del sistema y, especialmente, sobre la del sistema de partidos.

El Comité Federal del sábado 9 de julio duró casi seis horas, y tuvo 48 peticiones de palabra. Aunque formalmente apoyó la posición del secretario general de mantenerse en el «no» a Rajoy, lo hizo sin una resolución por escrito y tras un debate más organizado y duro de lo que dio a entender Sánchez en su posterior comparecencia ante la prensa. Por citar sólo dos titulares que recogen lo que se trasladó a la prensa por parte de los asistentes: «El PSOE sale de su Comité Federal dividido y sin una hoja de ruta clara para la investidura» (El Confidencial), «Díaz, Madina y Lambán amargan el Comité Federal del PSOE a Pedro Sánchez» (El Plural). Como quiera que son muchos los asuntos que se entremezclaban en esa reunión, conviene ordenar lo que sabemos de lo que ocurrió en la misma, dado que tuvo mucho mayor importancia sobre lo que luego ocurrió de lo que pensamos en el momento.

La valoración del resultado electoral ya trazó dos bloques claros entre los miembros de la dirección socialista. Mientras que el secretario general, aun mostrando su insatisfacción respecto a los resultados, cargó las tintas contra Podemos y consideró positivo que no se hubiera producido el sorpasso (llegó a hablar de declive de la formación morada y fortalecimiento de un PSOE capaz de haber aguantado el tirón), otros intervinientes fueron más duros en su análisis. En concreto, Eduardo Madina le señaló que «desde el Congreso en que te elegimos secretario general, hemos perdido un voto por cada minuto transcurrido», acusó a la dirección de hacer «análisis imaginarios» sobre los resultados y señaló que había preferido «la irresponsabilidad de llevar al país a su propia deriva, antes que asumir la responsabilidad de su fracaso histórico». Susana Díaz, en la misma línea, señaló sobre este punto que era una buena noticia que no se hubiera producido el sorpasso pero que «nos hemos salvado por la campana, no podemos decir que somos el partido hegemónico», e hizo un llamamiento para «revertir esta tendencia, no conformarse sólo con quedar por delante de Podemos y ofrecer un proyecto sólido». Fernández Vara, según recoge la prensa, dijo que «no es bueno acostumbrarte a perder y no darte cuenta de que te has acostumbrado». Javier Lambán, por su parte, cerró esta línea crítica al recordar la lista de secretarios generales que, tras unos malos resultados electorales, habían presentado la dimisión.

Sobre la vertiente orgánica del debate, quiero insistir en que los llamados barones críticos eran «los primeros interesados en trasladarle al secretario general la presión de administrar el voto del partido si las cosas encallan [...]. Los barones quieren que sea Sánchez, y no ellos, quien gestione el endiablado escenario futuro». Susana Díaz dijo que «corresponde al secretario general gestionar esta decisión. Va a tener mi lealtad. Pero que tome esta decisión con claridad, desde las convicciones del PSOE y no desde el tacticismo» (El Confidencial). A la vez, manifestaron dudas sobre recurrir al voto de los militantes ya que ello podía significar que la dirección «eludía sus responsabilidades». Como señalaba el diario que estamos citando, «las diversas posturas se entienden también por el juego del próximo congreso del partido».

Sobre el asunto más relevante —cuál debía ser la postura del partido en el complejo panorama político poselectoral—, podemos distinguir tres subtemas: existía amplio acuerdo en mantener el «no» a Rajoy, al menos de momento. Hubo debate soterrado respecto a si el partido debía quedarse en la oposición o, si fracasaba la investidura de Rajoy, debíamos intentar un gobierno alternativo como en febrero. Algunos defendieron esta última postura, mientras que la mayoría de los intervinientes se mostraron claramente en contra. Desde luego Díaz que dijo, según la prensa: «Estos debates que se han abierto de que podemos formar gobierno pueden convertirse en pesadilla», a la vez que calificó de «catástrofe» la posibilidad de unas terceras elecciones.

Sin embargo, como es obvio, el asunto más importante era qué hacer si la investidura de Rajoy se bloqueaba por falta de apoyos: ¿se abstendría el PSOE, o no? Curiosamente, éste, que era el asunto central, fue sobre el que menos explícito se fue. Como dijo El Confidencial: «Todos saben el trago que supondría para el partido asumir una abstención. Por eso el resorte de la abstención es sugerido por sus defensores, pero no dicho expresamente». Excepto Fernández Vara, que mantuvo su posición pública de que «está muy bien decir no, nunca jamás. Pero ¿y después? Porque no hemos respondido a la pregunta clave de cómo evitar unas terceras elecciones». La mayoría de los críticos se mostró partidaria de no mostrar todas las cartas ahora. Sin embargo, según el avezado periodista de El Confidencial que conoce bien los entresijos del PSOE, «el sentir mayoritario del Comité es que el PSOE tendrá que revisar su veto si Rajoy logra armar un acuerdo con otras formaciones que le permita llegar hasta los 170 escaños, sumando a los suyos los de Ciudadanos y Coalición Canaria». El País tituló, en el mismo sentido: «El PSOE revisará su “no” a Rajoy si roza la mayoría absoluta con otros grupos», aunque «por ahora mantiene su negativa a negociar la investidura con Rajoy», como había sugerido Felipe González en un artículo en el propio El País.

Visto desde ahora, este Comité tuvo mucha más importancia de lo que pareció en su momento, pues las espadas que acabarían cayendo sobre la cabeza de Sánchez tres meses más tarde ya estaban claramente afiladas y alineadas en todo lo alto. El PSOE era «un partido dividido y sin rumbo claro, una vez que se materialice en el Congreso el “no” a la investidura de Rajoy» (El Confidencial). O eso parecía, a un observador atento.

Esa misma semana Rajoy inició sus primeros contactos. A pesar de sus declaraciones previas en sentido contrario, Albert Rivera declaró: «No hay veto a Rajoy», y se mostró decidido a negociar, en principio, su abstención. Iglesias mantuvo la reunión «por cortesía», recogió El País, aunque a la salida «instó a Sánchez a formular alguna propuesta sobre la base de su programa», ya que «es muy importante que un partido tan arrinconado por la corrupción como el PP no vuelva a gobernar».

Aunque Sánchez reafirmó ante los medios su rechazo a la investidura de Rajoy y señaló que no tenía nada que negociar con éste, la reunión resultó mucho más trascendente de lo que en su momento pareció. Según las informaciones a las que he tenido acceso, procedentes de ambas partes, Mariano Rajoy acudió a la reunión con la oferta explícita de formar un gobierno de coalición y Sánchez, con el «no es no», pero «a día de hoy» —como matizó luego a la prensa—. En el transcurso del encuentro, Rajoy llegó a la conclusión de que el Partido Socialista encontraría una fórmula para no vetar su investidura si sumaba 170 diputados que la apoyaran, como explicitó semanas tarde en debate de investidura.

Sánchez, por su parte, salió convencido de que Rajoy no sólo buscaba en el PSOE su abstención para ser presidente del gobierno por segunda vez, sino su apoyo posterior durante la legislatura al menos para aprobar dos Presupuestos Generales del Estado.

Estas conclusiones divergentes explican tanto lo que Rajoy dijo a la prensa: «Necesito a Ciudadanos para ser investido y al PSOE para gobernar», como por qué Sánchez se convenció de que facilitar la investidura de Rajoy significaría aceptar el abrazo del oso y que el PSOE desapareciera como oposición. Al menos ésa fue la impresión que nos trasladó a sus asesores tras la reunión: Mariano Rajoy no sólo buscaba la investidura, sino la complicidad del PSOE en la legislatura.

Por eso durante aquellos días Rajoy no dejaba de cortejar al PSOE, en un intento no sólo de incidir en su debate interno, sino también de reducir la importancia de Ciudadanos, ya que, en palabras de un dirigente del PP, «para negociar con el PSOE no necesitamos a Ciudadanos, y si acordamos con el PSOE, tampoco serán necesarios». La constitución formal del nuevo Congreso de los Diputados y, sobre todo, la elección de la Mesa y de la Presidencia representaron un inesperado aval a las tesis socialistas de que Rajoy debía y podía buscar mayorías conservadoras en el hemiciclo: Ana Pastor fue elegida, en segunda vuelta, presidenta con 169 votos a favor (PP y Ciudadanos).

A los pocos días del Comité Federal, recibí de Pedro el encargo de trabajar con José Enrique Serrano en un papel breve donde se definieran las condiciones para una eventual negociación con el PP de nuestra abstención. Insistió en que no sacáramos conclusiones ya que se trataba sólo de tenerlo preparado para el caso, improbable, en que fuese necesario recurrir a él. Conscientes de la importancia del encargo, nos pusimos a ello y, aunque concluido antes del 23 de julio, le enviamos el documento que adjunto a continuación.

Informe interno: Condiciones para una abstención

La investidura del presidente del gobierno y la constitución consiguiente de un nuevo gobierno se encuentran bloqueadas.

No se dan hasta hoy las condiciones exigidas por la Constitución para la investidura pues el candidato del Partido Popular no ha logrado, en el tiempo transcurrido desde las elecciones del 26 de junio, los apoyos necesarios para lograrlas ni, menos aún, los acuerdos suficientes para asegurar la gobernabilidad del país en la Legislatura.

El PSOE acordó, tras la reunión del Comité Federal del partido, su voto negativo a dicha investidura.

Fue una decisión, por ello, independiente de cualquier propuesta de programa de gobierno que pudiese formular el Partido Popular o el propio candidato.

Fue una decisión, por el contrario, que tomaba como fundamento dos tipos de consideraciones que siguen siendo válidas. Por un lado, la condición del Partido Socialista de alternativa política al Partido Popular y, consiguientemente, su obligación de ejercer la oposición como fuerza más votada de entre las que consideran necesario y urgente un cambio político. Por otro lado, el anunciado propósito de Mariano Rajoy de perseverar estrictamente, en la legislatura que ahora se inicia, en las políticas puestas en práctica por su gobierno desde diciembre de 2011, significa que apuesta por una línea de actuación que, a juicio del Partido Socialista, ha erosionado gravemente derechos de los ciudadanos, la calidad y cantidad de los servicios públicos que reciben, las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría, la confianza en la democracia y la calidad de nuestras instituciones.

No ha habido, en estas semanas, una propuesta del Partido Popular que altere esta perspectiva y suscite el apoyo o, al menos, la comprensión de otras fuerzas políticas.

No merece ese nombre el «Programa para el gobierno de España» que el pasado 13 de julio el Partido Popular remitió a los grupos políticos con representación parlamentaria.

El PSOE ha estudiado con detenimiento este documento y ha comprobado que no se separa de la línea mantenida por el gobierno del PP desde diciembre de 2011 y, en consecuencia, estima que no contiene las respuestas que requieren los graves problemas de nuestra vida política, económica y social ni, menos aún, las que necesitan los ciudadanos para recuperar condiciones de vida digna y protección adecuada ante los estados de necesidad que afectan a millones de personas.

También comprueba el PSOE que es difícil identificar en este documento novedades y correcciones de rumbo que permitan prever y justifiquen un cambio en los partidos políticos que ya han expresado públicamente su intención de votar negativamente la investidura del Sr. Rajoy.

No ha habido, pues, cambio de actitud que refleje la comprensión por el Partido Popular de que está en minoría en el Congreso. No ha habido conciencia de que, si quiere mantener la Presidencia del gobierno, necesita pactos sobre la actuación futura del gobierno que incorporen propuestas, iniciativas o planteamientos de otros grupos políticos. No ha habido negociación real alguna que facilite la acción y la estabilidad de un nuevo gobierno. Se ha preferido actuar como si se mantuviesen las condiciones inherentes a un gobierno apoyado por la mayoría absoluta del partido que presida ese gobierno.

Parecería que Rajoy, poniendo la carga de la responsabilidad en el apoyo incondicionado de los grupos parlamentarios de la oposición, buscaría conseguir la mayoría absoluta que no le han dado los ciudadanos.

De mantenerse este estado de cosas, está garantizada una grave crisis institucional y democrática de la que sólo el Partido Popular es responsable por su pasividad, su inamovilidad y su aislamiento.

Creemos que no es posible asumir con resignación que el partido más votado en las pasadas elecciones renuncia a su responsabilidad de, mediante la flexibilidad, la generosidad y el pacto, lograr los apoyos que permitan a la democracia española poner fin a un período de interinidad política y de gobierno en funciones que se extiende ya por más de siete meses. No es posible asumir, igualmente, que la única salida que tácitamente promueva el Partido Popular sea una nueva convocatoria de elecciones generales.

El Partido Socialista se siente irrenunciablemente vinculado a sus principios programáticos, a la defensa de los derechos, libertades e intereses mayoritarios de los españoles, a la exigencia de garantía efectiva de los grandes servicios públicos del Estado. Y también se siente firmemente comprometido con la estabilidad política, el gobierno del Estado y la eficacia del ordenamiento constitucional.

Nada hay hasta ahora que justifique un cambio de decisión sobre el voto negativo del PSOE a la investidura como presidente del gobierno del candidato del Partido Popular. Pero el Partido Socialista está dispuesto a intentar favorecer que se articule una mayoría de gobierno suficiente.

Lo hace con dos condiciones. La primera, que el candidato alcance una mayoría que, si insuficiente para asegurar por sí misma la investidura, obtenga un resultado cercano a ella (más de 168 votos) y garantice una cierta posibilidad de gobierno estable. La segunda, la aceptación de las propuestas que a continuación se listan.

De darse ambas, el Partido Socialista no apoyará con el voto de los diputados de su Grupo Parlamentario la investidura del Sr. Rajoy ni aceptará negociar un acuerdo de gobierno ni se comprometerá con la acción de ese gobierno. Simplemente, posibilitará, con su abstención, la constitución de un nuevo gobierno que ponga fin a la interinidad actual y normalice el funcionamiento de las instituciones. Será, por tanto, el eje de la oposición parlamentaria, una oposición que ejercerá con lealtad pero con firmeza, con contundencia pero con sentido de Estado y, siempre, con la voluntad de alcanzar acuerdos en torno a las siguientes iniciativas:

1. Adopción, en el plazo de un mes tras la constitución del gobierno, de las siguientes decisiones:

• Incremento del Salario Mínimo Interprofesional.

• Reconocimiento del subsidio indefinido a los parados de larga duración de más de cincuenta y dos años.

• Incremento sustancial de la ayuda por hijo a cargo por parte de la Seguridad Social.

• Recuperación de afiliación y cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares.

• Reconocimiento efectivo de prestaciones a los dependientes ya calificados.

• Reducción del IVA cultural al 10 por ciento.

• Paralización del calendario de aplicación de la Ley de Educación.

• Supresión del llamado «impuesto al sol».

• Medidas necesarias para retirar el recurso ante el TC contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

• Inicio de las negociaciones en torno a un nuevo modelo de financiación autonómica que establezca la garantía de una financiación suficiente y estable de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia).

• Elaboración de un Plan Integral de lucha contra la economía sumergida y la explotación laboral.

2. Revisión, en el plazo de dos meses, de disposiciones aprobadas en la X Legislatura:

• Ley de reforma laboral: recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos; modificación de la actual preferencia del convenio de empresa, para excluir la regulación de jornada y salario que deberá ser sectorial; prohibición de efectuar horas extraordinarias no remuneradas, sobre todo en contratos a tiempo parcial.

• Ley de Seguridad Ciudadana.

• Recuperación de la jurisdicción universal.

• Ley de racionalización y modernización de la Administración Local: recuperación de los servicios sociales; financiación local.

3. Aprobación, en el plazo de tres meses, de Proyectos de Ley para:

• Establecimiento de un mínimo común nacional en Impuesto de Patrimonio y en Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

• Creación y aplicación de un Impuesto sobre transacciones financieras.

• Moratoria del plazo de instrucción previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

• Lucha contra el cambio climático.

4. Medidas de regeneración democrática a adoptar en el plazo de dos meses:

• Aprobación de un nuevo sistema de nombramientos en órganos constitucionales y organismos reguladores conforme a criterios que garanticen la no intervención de los partidos y la objetividad de evaluación de los méritos de los candidatos.

• Garantía de independencia efectiva de RTVE.

• Compromiso de cese inmediato de altos cargos y renuncia a la condición de electos (y, en caso de negativa, envío al grupo mixto) de quienes afronten juicio oral a título de acusados.

5. Constitución, en el plazo de dos meses, de los siguientes órganos:

• Subcomisión para la reforma constitucional.

• Grupo de estudio sobre Cataluña.

• Grupo para un Pacto por la educación que, en el plazo de tres meses, proponga una Ley de consenso.

• Grupo de estudio de la tributación de la riqueza.

• En el marco de la Comisión del Pacto de Toledo, subcomisión sobre fórmulas de asegurar la financiación suficiente de las pensiones de la Seguridad Social.

• Comisión para un Pacto nacional contra la Violencia de Género.

• Comisión para un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

El rey inició la ronda oficial de contactos con los portavoces parlamentarios el 26 de julio. En su contacto posterior con los medios de comunicación, pocos cambios se pudieron ver en las posiciones, salvo uno: Rivera había pasado del «no» a la abstención, y llegó a pedir que todos los partidos se abstuvieran para permitir gobernar al más votado. Sánchez se mantuvo en el «no es no», aunque pidió que, a diferencia de lo que hizo en febrero, el candidato popular se sometiera esta vez a la investidura. Iglesias insistió en que existía una alternativa a un gobierno de Rajoy, aunque reconoció que «es poco viable» ya que los puentes con Sánchez «parecen definitivamente rotos», a la vez que volvía a descartar un acuerdo transversal con los socialistas y Ciudadanos.

El 29 de julio, Mariano Rajoy aceptó el encargo del rey para intentar una investidura, aunque sorprendió a todos ya que no asumió «el compromiso en su totalidad [...] porque no garantizó que llegue a someterse al debate y a la votación que pondría en marcha la cuenta atrás para disolver las Cortes en caso de no salir elegido y no fructificar una alternativa» (El País). Admitió que no contaba con más apoyos que sus 137 diputados y que su intención era negociar un eventual programa de gobierno para poder acudir con garantías a la investidura. «Buscaré apoyos para formar un gobierno moderado y un calendario para llevarlo a cabo [...], pero no voy a dar ninguna fecha concreta.» Desde Ciudadanos hablaron de que era un «candidato a medias».

A partir del momento en que ya hay un candidato, aunque sea sin la seguridad de que llegará hasta el final, se recolocan las piezas del puzle. El PP intensifica su presión sobre el PSOE para que levante su veto. Ciudadanos intenta hacer valer su posición, amenazando con no apoyar a Rajoy si no se aceptan sus condiciones. El PSOE ve como algunos de sus referentes más conocidos, incluidos los expresidentes González y Zapatero, reclaman un debate interno para que el partido reconsidere su negativa a facilitar el gobierno del Rajoy. La sensación de acoso a la dirección socialista es tan grande que el día 5 de agosto dos de sus máximos referentes se ven en la obligación de salir a los medios para defender lo que es, hasta ese momento, la posición oficial adoptada por el Comité Federal, algunos de cuyos miembros dicen en público cosas que no defendieron en la reunión del Comité. Así, Antonio Hernando hizo declaraciones en el sentido de que «nadie va a quebrar al PSOE, no vamos a apoyar a Rajoy ni con la abstención» (El País), y el exlendakari Patxi López, en la cadena SER, acusó a Rajoy de estar chantajeando al PSOE al acusarle de bloquear la gobernanza de España.

En ese contexto de presión sobre la dirección del Partido Socialista y mientras Rajoy seguía sin mover ficha en serio para recabar otros apoyos a su investidura, Sánchez convocó, el miércoles 17 de agosto, una reunión conjunta de la dirección del partido y del Grupo Parlamentario, a la que invitó a algunos expertos que le asesorábamos: José Enrique Serrano, Rodolfo Ares y yo mismo. Nada más llegar de A Coruña, donde pasaba unos días de vacaciones, hablé con Pedro en el Congreso de los Diputados, que es donde iba a celebrarse la reunión. Le pregunté si la reunión tenía más sentido que el meramente mediático para contrarrestar la presión que se nos estaba haciendo. Por su respuesta, no me cupo ninguna duda de que había endurecido su posición respecto a la investidura de Rajoy y que, en ese momento, ya no contemplaba la eventualidad de una abstención, a ningún precio, ni en ningún caso.

Recuerdo que le insistí, primero, sobre las razones de que nos enrocáramos en el «no es no», sin asumir sus conclusiones. Citó dos como más relevantes: que los militantes y votantes habían radicalizado su posición y no entenderían que facilitáramos un nuevo gobierno de Rajoy. En su opinión, abstenernos equivalía a engrosar el número de votos de Podemos con votantes socialistas cabreados. Además, contó como en su reunión con Rajoy éste le había dicho, con total claridad, que no quería sólo una abstención de investidura. Que necesitaba el apoyo socialista, al menos, a dos presupuestos para poder cumplir con las exigencias de recortes de Bruselas. «Entrar por esta senda», dijo, «nos va a ir convirtiendo en la muleta del PP en el Parlamento y ante los ciudadanos.» A partir de esta explicación, que yo compartía, repetí mi reflexión de julio en el sentido de que íbamos a sufrir muchas presiones para que nos acabáramos absteniendo y que si, al final, lo hacíamos, era mejor empezar por asumirlo y negociar contrapartidas claras y defendibles ante los ciudadanos. En ese momento, me miró a los ojos y me dijo: «Jordi, estoy preparado para aguantar todas las presiones que vayan a hacernos y voy a defender la autonomía del partido y la autoridad de su dirección hasta el final».

Según las encuestas conocidas de My Word para la SER, entre los votantes del PSOE, la inmensa mayoría declaraba que nunca deberíamos pactar para formar gobierno con el PP (55 por ciento), y otro grupo importante decía, también, que no podíamos pactar con Podemos (34 por ciento), cuando sólo un 17 por ciento de los votantes de Podemos pensaba que no deberían pactar con los socialistas. Similares resultados eran los reflejados en la encuesta de Metroscopia para El País: el 54 por ciento de los votantes rechazaba que el PSOE facilitara la investidura de Rajoy, siendo partidarios de buscar acuerdos con Unidos Podemos y otras fuerzas. La encuesta de My Word de junio es más contundente en esa misma dirección: el 26 por ciento consideraba más probable un gobierno de izquierdas, frente al 18 por ciento que creía probable una gran coalición, o el escaso 11 por ciento que creía probable un gobierno transversal entre PSOE, UP y Ciudadanos. Y dentro de la profunda división existente entre los votantes, una ligera mayoría prefería a Sánchez como presidente del gobierno de España (24 por ciento) frente a Rajoy (21 por ciento) o Iglesias (19 por ciento). Por concluir con las encuestas, entre mayo y junio, según el Observatorio de la SER, las preferencias de los votantes socialistas sobre el gobierno que sería mejor para nuestro país crecieron hacia el gobierno de izquierdas (del 28 por ciento al 34 por ciento), mientras que decaía la de un gobierno transversal entre PSOE, UP y Ciudadanos (de un 42 a un 27 por ciento) y bajaban, también, los partidarios de una gran coalición con el PP.

Tras esta conversación privada, tuvo lugar la reunión del grupo de dirección socialista en la que, según recogió la prensa: «El PSOE insiste en el “no” a Rajoy, sin un plan alternativo a las elecciones» (El País). En esas mismas fechas, Rajoy y Rivera tensaron la cuerda del acuerdo. El segundo, planteando públicamente exigencias previas para sentarse a negociar, y el primero, negándose a aceptarlas. El resultado, «Rajoy se resiste a ceder y crece el riesgo de terceras elecciones» (El País) y «Rajoy enfría los pactos y se prepara para otras elecciones» (El Mundo).

Parecía evidente que entre PP y PSOE, o mejor dicho, entre Rajoy y Sánchez, se estaba practicando lo que en teoría de juegos se llama el «juego del gallina», en el que dos jugadores se desafían y pierde el primero que cede y se retira. Rajoy quería que el PSOE facilitara su elección como presidente para minimizar el papel de Ciudadanos y golpear a los socialistas en la herida interna, y estaba dispuesto a amenazar con su arma nuclear: terceras elecciones, mientras que Sánchez quería que Rajoy se buscara los apoyos en otros grupos diferentes al socialista y amenazaba con dejarle sin ser investido presidente y correr el riesgo de ver como se acababa articulando, esta vez sí, un gobierno del cambio. En ambos casos estaba en juego mucho más que el futuro político de ambos personajes. Estaba en juego, o al menos eso creían ellos, el papel futuro de sus respectivos partidos en la democracia española. Y entender esto es clave para entender lo sucedido y lo que hicieron unos y otros.

Finalmente, la Ejecutiva del PP aprobó las condiciones impuestas por Rivera y el 22 de agosto empezaron formalmente unas negociaciones que, en medio de repetidos y reiterados llamamientos al PSOE para que se sumara, tanto por parte del PP como de Ciudadanos, culminaron en una solemne firma de un documento de 44 folios que incluía «150 medidas para mejorar España» y que garantizaba el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Rajoy, mientras se seguía presionando al PSOE para que se incluyera en el mismo dado que muchas de las medidas estaban, también, en el pacto suscrito en febrero entre el PSOE y Ciudadanos. Como curiosidad, el mismo Rajoy que tanto criticó la solemnidad de dicha firma en febrero, aceptó esta vez que se abriera el Congreso de los Diputados un domingo para celebrar, con toda solemnidad, la firma del acuerdo entre él y Rivera. El camino de la investidura se completó con otro acuerdo con Coalición Canaria, que representaba un voto más, hasta sumar 170 apoyos, insuficientes para garantizar la investidura. En ningún momento consta que Rajoy hiciera aproximaciones a otros grupos parlamentarios y toda su estrategia seguía centrada en presionar al PSOE para conseguir su abstención. Entre el círculo de asesores de Ferraz pensábamos que si bien Rajoy no saldría investido esta vez, después de las elecciones vascas y gallegas sería cuando podría sumar los cinco votos del PNV, para quedarse a sólo un voto de la mayoría necesaria para salir en segunda vuelta. Y eso, nos parecía manejable, tal vez, como se dijo al principio, con el diputado de Nueva Canaria.

La investidura fallida de Rajoy. ¿Y ahora, qué?

La sesión de investidura de Rajoy se fijó en el mismo formato establecido para la realizada, pocos meses antes, por el candidato Sánchez: primera intervención del candidato a las 16 horas de un día, luego se suspende la sesión hasta las 9 horas de la mañana siguiente, cuando empiezan las réplicas de los portavoces del resto de los grupos. Se supone que quienes tienen que contestar los argumentos del candidato deben tener tiempo de estudiar lo que haya propuesto en una intervención que nadie conoce de antemano. En otras ocasiones, la intervención del candidato se ha realizado por la mañana y las respuestas del resto de los portavoces se han hecho por la tarde, siempre con la idea de darles tiempo para prepararlas en función de lo dicho por el candidato en su intervención.

Normal. Si no fuera porque el PP había criticado ferozmente dicho formato cuando había sido propuesto por el presidente del Congreso Patxi López cuando el candidato era Sánchez. Esgrimieron toda una retahílas de insultos y descalificaciones porque, según ellos, era un formato que beneficiaba en exclusiva al candidato al darle todo el protagonismo del día, mientras que todo el resto de intervinientes tenían que repartir su espacio mediático al día siguiente, entre sí y con las réplicas del candidato. Admito que es criticable el formato. Pero haberlo criticado tanto cuando era para otro candidato y aceptarlo e imponerlo cuando el candidato es el tuyo es un ejemplo claro del tipo de actuación que aleja a los ciudadanos de la política y de una clase política cuyos principios parecen de plastilina y sólo valen cuando interesa. Que el PP siguiera actuando así es la mejor prueba de cómo no se había enterado de las causas profundas del terremoto que está sufriendo el sistema político e institucional español.

El plato fuerte del debate, sin duda, fue la primera intervención del candidato, en la que tenía que exponer, de manera convincente, las razones por las que era conveniente que le otorgaran la confianza para ser elegido presidente del gobierno, y la intervención del líder del PSOE explicando las razones por las que no consideraba acertado facilitarle una investidura para que pudiera formar gobierno.

Rajoy se vio en la necesidad de justificar por qué había aceptado el encargo del rey. Sobre todo, después de la «espantada» que había dado en febrero y de las muchas dudas que había sembrado, también, en esta ocasión sobre si, aceptado el encargo, finalmente iría, o no, al Congreso a solicitar la investidura. Lo fundamentó en tres razones: «España necesita un gobierno con urgencia», «los españoles han señalado con claridad su preferencia por el Partido Popular» y, en tercer lugar, «porque no existe una alternativa razonable». El candidato fue muy claro respecto a sus intenciones: España necesita «un gobierno que continúe la tarea emprendida», y reclamó, en su misma intervención, la necesidad de asegurar no sólo un gobierno, sino la gobernabilidad: «Debe ser un gobierno estable, debe ser capaz de gobernar». Y añadía: «No se trata pues de aprobar no importa qué gobierno ni de imponerle que adapte sus actuaciones a su propia musculatura política, ni mucho menos que restrinja su programa a lo que su debilidad le permita». Hace falta «un gobierno que sea estable, duradero, sólido y tranquilizador». Y, aclaraba que la situación «exige o bien un gobierno de coalición o, cuando menos, alguna clase de acuerdos que eviten una legislatura estéril».

A partir de ahí, proseguía su argumento: «Los electores han dispuesto que el Partido Popular gane las elecciones pero no le han otorgado los votos suficientes para formar un gobierno en solitario». Hacen falta acuerdos. Como los que él había conseguido: «Acudo hoy, además de con el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, Partido Aragonés y Foro de Asturias, con el respaldo del Grupo Parlamentario Ciudadanos y el de la representante de Coalición Canaria». A pesar de ello, que elevaba el apoyo a su investidura a los 170 diputados, reconocía que «no basta con estos acuerdos para completar una mayoría suficiente». «El futuro inmediato de España, por tanto, está pendiente de lo que se decida en este debate.» Y añadía: «¿O es que alguien aquí está pensando en convocar nuevamente a los españoles a las urnas? ¿Y cuántas veces estaría dispuesto a hacerlo?».

El candidato, para cerrar todo el espacio posible, descalifica la posibilidad de cualquier otra alternativa: «La opción que traigo a esta Cámara es la única que parece viable». «No existe alternativa», y si existiera, sería «un gobierno de mil colores, radical e ineficaz [...] que además vendría hipotecado por las exigencias de partidos cuyo principal objetivo es desafiar a nuestras instituciones democráticas y romper nuestra unidad territorial».

En resumen, para el candidato, vivimos una situación excepcional que requiere un gobierno presidido por él ya que ha sido el partido más votado, un gobierno que represente una clara continuidad con la buena labor realizada hasta ahora, un gobierno en minoría que requiere acuerdos que aseguren la gobernabilidad, un gobierno de las fuerzas «constitucionalistas», que frene cualquier aventura secesionista. Rajoy considera que ya ha hecho todo lo que podía con sus acuerdos con otras fuerzas parlamentarias, pero necesita más apoyos, que reclama al PSOE. De manera explícita en el final de su última réplica a Sánchez, donde dice: «Ya no vengo aquí a solicitar su confianza porque, como he dicho, ya he entendido todas las partes del “no”. A lo único que vengo es a decir —puesto que hemos conseguido con esfuerzo un acuerdo y hay 170 diputados que comparten el programa que expuse ayer aquí—: déjennos ustedes al menos gobernar, no bloquee y no nos lleve a una tercera convocatoria electoral. Eso es lo que yo le pido aquí».

La intervención de Pedro Sánchez en el debate de investidura de Rajoy fue preparada, con mucho cuidado, por el equipo habitual del que yo formaba parte. Y no era fácil, ya que se desarrollaba en medio de un contexto demasiado cargado de datos: el debate fallido de Pedro en marzo, el resultado de las segundas elecciones, los resquemores abiertos con los dirigentes de Podemos, las presiones externas a favor de la abstención, las dudas del propio Rajoy que ya había dado una espantada en febrero, la propia presión interna en el PSOE, etc. Nuestra intención fue preparar un debate muy centrado en la defensa de la posición que íbamos a defender, el «no», sin ceder a la tentación de entrar en las especulaciones, tan de moda en los medios, sobre sus consecuencias: ¿Y si Rajoy conseguía el apoyo del PNV? ¿Intentaríamos un gobierno alternativo tras el «no» a Rajoy? ¿Con quién? Nuestro «no», ¿significaba apostar por nuevas elecciones? Adoptamos la decisión de ir paso a paso, sin dejarnos arrastrar por el juego anticipatorio de las hipótesis. Ahora tocaba el debate sobre la investidura de Rajoy y no convenía mezclarlo con nuestra propia estrategia política a medio plazo, cuyos plazos y tiempos debían de ser establecidos autónomamente por nosotros.

Elaboré un papel para Pedro sobre lo que consideraba debería de ser el foco central de su intervención. Pedro recogió parte de mis argumentos en su discurso, que tuvo, al menos, tres líneas argumentales que se entrecruzaban. La primera, central en ese tipo de debate, cuestionando la credibilidad del candidato que hacía imposible «confiar» en él. Especialmente cuando dijo: «El debate de investidura no es de convalidación mecánica del resultado electoral [...], el de investidura es un debate sobre la confianza que genera el candidato ante los 350 diputados aquí presentes [...]. Señor Rajoy, su comportamiento reciente y lejano, su uso y abuso de las instituciones, sus mentiras de ayer y de hoy, su no asunción de responsabilidades políticas ante los casos de corrupción que le afectan, avala nuestra absoluta desconfianza ante usted y por eso votaremos en contra de su candidatura». Añadiendo: «Usted no es un recién llegado [...], en España han pasado muchas cosas durante estos últimos años para no olvidarlas, para no pensar que no han sucedido [...]. Señor candidato, no tiene credibilidad, no está en condiciones de hacer lo que proclama». Es decir, aunque usted prometa hoy aquí que va a hacer cosas distintas, que va a gobernar de otra manera, su historia, su pasado, no hacen creíble sus promesas actuales. «Señor Rajoy, usted no está en condiciones de hacer lo que proclama [...], los causantes de los problemas no pueden exigir ser los mismos que los resuelvan con las mismas recetas. No podemos esperar de ellos un cambio de conducta, un cambio de políticas.» Esta línea argumental se cerró con la última frase, justo al final de su última réplica, cuando dijo, a modo de resumen: «El problema no es que los socialistas no confiemos en usted; el problema, señor Rajoy, es que usted no es de fiar. Por eso votaremos en contra de su candidatura».

Este razonamiento se refuerza en la réplica cuando dice: «Usted pide confianza sin aval de gestión y tampoco sus propuestas merecen ese aval. Usted aspira a perpetuar las políticas a las que nos hemos opuesto durante sus cuatro años de mayoría absoluta». «La falta de credibilidad, el haber dicho una cosa y luego la contraria, es lo que provoca desafección hacia la política.»

La segunda línea trataba de razonar lo absurdo (y peligroso) de que el principal partido de la oposición fuera forzado a facilitar el gobierno a su principal adversario. En este sentido, señaló Sánchez, tras recordar que había muchos antecedentes en España de gobiernos en minoría: «La novedad, no desde el 26 de junio, sino desde el 20 de diciembre, es que por primera vez en la historia de nuestra democracia el candidato de la primera fuerza política es incapaz de lograr los apoyos que le permitan ganar la investidura y garantizar la gobernabilidad del país». Y apuntó la paradoja de que, sin embargo, «para conseguir la Presidencia de la Cámara, el grupo parlamentario popular no tuvo problemas en alcanzar un acuerdo con otras fuerzas parlamentarias de este Congreso. Sin embargo, no ha intentado repetir ese pacto para la Presidencia del gobierno».

En el mismo sentido, recogía el sentido de la estrategia de Rajoy: «Desde que perdiera su mayoría absoluta ha insistido usted, primero en la formación de una gran coalición entre su partido y el mío y, más tarde, en que los socialistas nos teníamos que abstener ante sus políticas para dejarles gobernar [...]. Ha llegado a decir que necesita a Ciudadanos para la investidura y al PSOE para poder gobernar. En tan sencilla fórmula, lo que usted está planteando va más allá del rodillo de la mayoría absoluta de hace cuatro años, lo que usted está queriendo decir a los españoles y a esta cámara es que quiere gobernar sin oposición. Si cediéramos a sus pretensiones, ésta sería la legislatura del chantaje [...] porque más tarde tendríamos (por los mismos argumentos) que aprobar los Presupuestos, etc.». Es decir, la propuesta de abstención representa «que sean los votos de quienes abiertamente nos hemos enfrentado a sus políticas los que sostengan ahora a usted como un presidente [...] que promete continuismo».

Ambos coinciden en señalar que la situación, tras dos elecciones tan recientes, es excepcional. Discrepan, no obstante, en qué debe hacerse ante esta excepcionalidad. Sánchez destaca, así, que «el PSOE tenemos una primera y principal obligación institucional, la de representar de forma constructiva y leal a millones de españoles que no desean que el señor Rajoy y el PP sigan gobernando este país, [debemos] dar voz en el Parlamento a los millones de ciudadanos que nos votaron el pasado 26 de junio». Y añade: «Nadie puede pedirnos que apoyemos aquello que aspiramos a cambiar [...], que utilicemos la fuerza que millones de ciudadanos nos han dado para ir en contra de lo que creen [...], nuestro programa era una enmienda a la totalidad de sus políticas [...]. Señor Rajoy, somos la alternativa a su gobierno porque tenemos alternativas a sus políticas».

La tercera línea argumental se centra en criticar la gestión gubernamental de Rajoy como fundamento para descalificar sus promesas de futuro: «España necesita un gobierno, sí; por eso votaremos en contra de la continuidad de su mal gobierno, señor candidato». «Usted, señor candidato, sólo sería merecedor de comprensión si deshiciera todas sus políticas más perniciosas y que más daño han hecho a todos los españoles durante estos últimos años [...]. Lo que España realmente necesita no son cuatro años más de Rajoy al frente del gobierno. Y colaborar a ello es uno de los actos de más responsabilidad que un político puede hacer en nuestros días.» Y en la réplica añadió: «Usted aspira a perpetuar las políticas a las que nos hemos opuesto durante sus cuatro años de mayoría absoluta [...]. Señor Rajoy, no se confunda, la mayoría de los españoles no están de acuerdo ni con la reforma laboral, ni con la gestión que ha hecho usted del “caso Bárcenas”, ni tampoco de su amnistía fiscal. Por eso usted no tiene la mayoría para gobernar y por eso usted va a perder este debate de investidura». En la breve intervención del segundo día de votación añadió en esta línea: «Cuatro años de mayoría absoluta, cuatro facturas: la territorial, la social, la económica y la política, que usted no ha sido desgraciadamente capaz de resolver».

Y concluía con una declaración obvia, pero importante: «No es una cuestión de bloqueo, señor Rajoy. Si usted con la candidatura, al final, obtiene 170 votos a favor y 180 votos en contra, no es una cuestión de bloqueo, es una cuestión de democracia».

En resumen: el «no a Rajoy» se fundamentaba en tres puntos clave: el candidato y su trayectoria no ofrecen credibilidad como para otorgarle la confianza, el PSOE representa la alternativa que aspira a sustituirle y puede pactar asuntos con el gobierno, pero lo que no puede sin alterar el sistema de representación democrática es ayudarle a llegar al gobierno. La idea de que para ser oposición debía antes ayudar a hacer gobierno es paradójica; las políticas de Rajoy han dañado mucho a la sociedad española y sus ofertas de enmendar lo más perjudicial de su gestión pasada son pocas y nada creíbles.

La intervención de Pedro Sánchez y su debate con Rajoy produjeron un efecto inmediato en su sucesor en la tribuna: para encontrar espacio y marcar distancias, Iglesias se vio obligado a radicalizar su intervención hasta el histrionismo: como acostumbraba a hacer, afirmó lo que debía ser demostrado: «Nadie duda de que con ustedes no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina, nadie duda de que nosotros siempre estaremos frente a ustedes. Nadie duda, señor Rajoy, de que nosotros somos su antagonista, y me enorgullece ser su antagonista». Es decir, se autoatribuyó el papel de única oposición «verdadera». No hubo nada más destacable en su intervención. Siguió insistiendo en su versión de las dos orillas de Anguita, pidiendo al PSOE que se decidiera entre el PP y Podemos y, sin duda para facilitar las cosas, insistió en que «tampoco se puede gobernar en este país sin contar con la libertad y la posibilidad de discutir cómo se configuran los pueblos de España, los pueblos de este Estado».

Quiero destacar dos altercados interesantes con Rajoy, porque son mucho más que anecdóticos. El primero derivado de cuando Iglesias, de nuevo afirmando aquello que tiene que demostrarse, enfatizó que «nuestra gente es la gente corriente, la gente de los barrios y pueblos de este país. Nuestra gente se levanta temprano a trabajar...». En su réplica, Rajoy le dijo: «A ustedes les votan estudiantes, abuelos, obreros, catedráticos, autónomos, comerciantes, y suman 5 millones, que es una cifra importante. Oiga, ¿y a los demás quiénes nos votan? ¿Los ricos y gente despistada? [...]. Hay gente para todos los gustos y gente con gustos distintos. Por tanto, nadie tiene el patrimonio de la gente, ni usted, ni nosotros, aunque nosotros tenemos un poquito más, por lo menos, en estas últimas elecciones».

El segundo tuvo que ver con el «numerito» que hizo Iglesias de concluir su intervención en la tribuna levantando el puño en busca más de la foto que de la coherencia. Rajoy, con cierta sorna, le dijo: «Yo nunca le he reprochado que levante el puño, mientras no sea obligatorio levantarlo, señor Iglesias».

Albert Rivera era, en principio, quien tenía un papel más difícil en el debate, tras haber pasado, en pocas semanas, de apoyar a Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno a hacerlo con Rajoy, cuya cabeza había pedido inicialmente cuando pidió explícitamente que el PP presentara otro candidato que no fuera él. Tal vez por ello, cogió el toro por los cuernos desde el principio de su intervención: «En su día nos sentamos con el PSOE y el candidato propuesto por el rey, señor Sánchez, y ahora nos hemos sentado nuevamente con el candidato propuesto por el rey, el señor Rajoy, [en ambos casos] para intentar aplicar los cambios que 3,2 millones de españoles nos pidieron en las urnas», y desarrolló el sentido de su existencia política: «Los españoles [...] a los viejos partidos les dieron más votos que a los nuevos partidos, pero muchos menos votos de los que sacaron en 2011. Y a los nuevos partidos nos dieron votos, pero no suficientes como para hacer los cambios sin contar con la vieja política [...]. Los españoles piden cambios, pero nos obligan a dialogar, y Ciudadanos quiere hacer cambios pero practica el diálogo para conseguir los cambios». Y, a partir de ahí, teorizó sobre la función de un partido bisagra: «Ciudadanos se ha sentado a hablar con los que no se hablan, ha llegado a acuerdos con los que no acuerdan y hemos demostrado que en el centro está la virtud [...], que desde los extremos no se solucionan los problemas», y concluyó: «De las 150 reformas acordadas con el PP, hay cien acordadas también con el PSOE [...], por tanto, señorías, si tenemos cien reformas por aplicar comunes entre el lado izquierdo de la Cámara, el centro y la derecha, si tenemos espacio común para aplicar políticas de consenso [...], ¿por qué no nos ponemos a trabajar?».

A partir de ahí, desgranó su plan A, el deseado: «A mí lo que me gustaría [...] sería un consenso de 254 escaños (PP, PSOE y Ciudadanos), con un nuevo presidente, con un nuevo gobierno, con nuevas políticas y con un consenso más amplio para aplicar estas reformas». Pero añadió, «¿qué sucede? [...], que el PP dice no y el PSOE dice no». Por tanto, añadió, «tengo que conformarme con el plan B, que consiste en “antes que bloquear España [...] prefiero que gobierne la lista más votada, con exigencias y condiciones para una investidura”». A veces, concluyó, «hay que escoger entre lo malo y lo peor». Y señaló: «El cambio no ha llegado al gobierno, pero el cambio ha llegado al Parlamento», y basándose en ese análisis, le pidió a Sánchez que «llegados a este punto, 310 días después de convocar elecciones el 20D, con un gobierno en minoría que tendrá que pactarlo todo con la oposición, nos pongamos en marcha. [Señor Sánchez] ustedes y nosotros podemos por primera vez, si se suman, controlar un gobierno que no tiene mayoría absoluta, podemos legislar y hacer cambios que no pueden hacer solos, podemos coger estas cien reformas comunes y llevarlas a cabo [...]; es mucha la potencia de esos escaños que tienen el PSOE y Ciudadanos». Y basándose en ello y en su trayectoria anterior de apoyo al PSOE, dijo: «Le pido al señor Sánchez que no sea un tapón, que ponga condiciones, que negocie, que exija», que si estuvo mal que el PP no hubiera dejado gobernar a Sánchez, no hiciera lo mismo ahora. Y concluyó su réplica: «Ni ustedes son los malos por votar no a Rajoy, ni Rajoy era de los malos por votarles a usted que no. Pero sí es malo para España que ustedes dos siempre voten que no».

A efectos de lo que pueda significar para lo que aconteció en las semanas posteriores, quisiera reflejar como algo destacado del debate las acusaciones cruzadas permanentes que se lanzaron a lo largo del mismo los representantes de Ciudadanos y los de Podemos.

Otras dos intervenciones merecen la pena destacarse aquí. Y lo haremos citando las realizadas por sus portavoces en el segundo día del debate, el 2 de septiembre. Me refiero, primero, a la del representante del PNV, ya que habían circulado muchos rumores respecto a que sus seis parlamentarios podrían acabar apoyando a Rajoy después de las elecciones autonómicas del 25 de septiembre. Su portavoz, Esteban Bravo, fue concluyente: «El PNV no liga lo que pueda pasar en las elecciones vascas con la candidatura a la presidencia del gobierno». Y añadía, rotundo: «No podemos votar favorablemente a un candidato que durante cinco años ha hecho oídos sordos a dialogar con el gobierno vasco y a buscar acuerdos, mucho menos con un acuerdo de 150 puntos que anula nuestras competencias [...] y que recoge un pacto por la unidad de España y la defensa de la Constitución cuyo contenido es inaceptable por nuestra parte [...]. No podemos apoyar a un candidato que hace un discurso [basado] en la negación de la [concepción de nación y de país] que tenemos los demás en lugar de tratar de buscar consensos». Concluyendo: «No vamos a tragar sapos». La del representante de la antigua CiU, hoy enmarcado en el Grupo Mixto, Francesc Homs, fue totalmente explícita: «Señor Sánchez, le reitero lo que le dije en el debate del miércoles. Si toma usted la iniciativa, ya sabe, estamos dispuestos a hablar, y también sabe de qué: de democracia y de Cataluña».

Quiero concluir transcribiendo lo dicho por los portavoces en el segundo día de debate antes de la votación del 2 de septiembre, porque es especialmente interesante. Lo dicho por Sánchez en el segundo día de debate que generó mucho revuelo e interpretaciones: «La responsabilidad de todos y cada uno de los diputados y diputadas que conformamos todos los grupos parlamentarios que representamos a las fuerzas políticas del cambio el pasado 26 de junio es la de ofrecer una solución a este país, al atasco político en el que lo ha introducido el candidato Rajoy. Y no les quepa duda, señorías, de que si actuamos todos con altura de miras y con generosidad, estoy convencido de que encontraremos esa solución y, no les quepa duda, el Grupo Socialista formará parte de esa solución». A esa reflexión, Iglesias insistió con el mismo argumento que había defendido desde el 20D: «Ustedes [socialistas] tienen que elegir estratégicamente si su futuro pasa por llegar a acuerdos con el Partido Popular o su futuro pasa por llegar a acuerdos con nosotros». Rivera fue muy claro: «Hoy se va a acabar el pacto de investidura que firmamos con el PP. Les digo una cosa muy clara: estaremos a la expectativa por si algún candidato del Partido Popular tiene una investidura viable [...]; si hay soluciones, si hay investidura viable, si se comprometen con las reformas que Ciudadanos pide, estaremos dispuestos a desbloquear el país».

La votación no tuvo sorpresas y 180 representantes de la soberanía popular dijeron «no» a la candidatura de Mariano Rajoy, mientras que 170 apoyaron el «sí». A partir de ese momento, el reloj de la democracia se puso en marcha y, de acuerdo con la Constitución, si en el plazo de dos meses no había una investidura con éxito, se convocarían elecciones de forma automática.

El anunciado fracaso de la investidura de Rajoy se reflejó de distinta manera en los medios de comunicación. El País optó por darle el protagonismo a Ciudadanos: «Rivera pide al PP un candidato viable para otra investidura». El Mundo situaba el foco en otro sitio: «Pedro Sánchez resucita el gobierno del cambio para justificar su “no” a Rajoy». En la misma línea que El Periódico de Catalunya, «Sánchez mueve ficha», o Abc, «Sánchez se postula para buscar una alternativa a Rajoy y descoloca al PSOE». En los editoriales, el abanico de opiniones es más amplio, aunque queremos citar sólo dos: «Sánchez empieza a moverse», dijo EPC, aplaudiendo que se intentase construir un gobierno de cambio ya que «a Rajoy —sobre todo tras la petición de Rivera— sólo le queda ir a unas terceras elecciones», y El Mundo, que titulaba como «imposible» la alternativa buscada por Sánchez.

Salvo el diario catalán Ara, que dijo que «Rajoy pierde su investidura y confía en la presión sobre Sánchez para salvar la cabeza», la opinión publicada se dividía de forma mayoritaria entre aquellos que apuntaban a nuevas elecciones y aquellos que creían que Sánchez intentaría algo, otra vez. En favor de la primera hipótesis, a la que se oponía frontalmente El País en su editorial («Sólo podemos desear que Sánchez no esté pensando en las urnas») y en una información elaborada por el periódico («Líderes territoriales del PSOE abrirán el debate para evitar nuevas elecciones»), vino el acuerdo unánime conseguido en el Parlamento para cambiar un punto de la Ley Electoral y, con ello, la fecha de unas eventuales terceras elecciones con el objetivo de que no cayeran el 25 de diciembre, día de Navidad. Este hecho hacía más creíble que se estuviera imponiendo, con resignación, la idea de repetir elecciones de nuevo.

En favor de la segunda, además de las palabras de Sánchez en el debate, quiero recoger un cierto estado de ánimo ciudadano que podemos ver reflejado en el manifiesto «Por un Gobierno de Progreso. Por un Acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos», que estuvo publicándose durante esos días en los medios y que, encabezado por un centenar largo de intelectuales, profesionales, políticos y artistas, fue recogiendo miles de firmas. En él se decía que «una gran parte del electorado [13,6 millones] ha rechazado la continuidad del PP y ha logrado con su voto una mayoría parlamentaria que puede cambiar el rumbo del país [...], llamamos a PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir un nuevo gobierno que ponga fin a los recortes, inicie un proceso de regeneración democrática y responda a las necesidades sociales más urgentes».

El reducido grupo que habíamos trabajado el debate con Pedro salimos contentos del Congreso. Recuerdo que alguien dijo algo así como que habíamos argumentado tan bien las razones del «no a Rajoy» que resultaría muy difícil dar marcha atrás, en caso necesario. Nadie teníamos una idea muy clara de lo que tenía Pedro en la cabeza, salvo mantener la negativa a facilitar la investidura de Rajoy. A partir de ahí, en los días sucesivos, encargó dos cosas: estudios electorales y un documento que se acabó titulando «Propuesta a los grupos parlamentarios para un gobierno del cambio» y que debía, eventualmente, complementar las conversaciones bilaterales que iba a mantener él, personalmente, con los diferentes líderes parlamentarios opuestos a Rajoy. Incluso con Rivera, que parecía dispuesto a romper con Rajoy. Mientras tanto, las campañas electorales en Galicia y en el País Vasco iban a ocupar casi toda su atención y su tiempo, pues era mucho lo que nos jugábamos ahí. En paralelo, como había anunciado El País, algunos líderes territoriales del partido iban apuntando la necesidad de revisar la posición del «no es no». A la conocida postura de Fernández Vara, ahora Lambán, García-Page y Puig hicieron declaraciones en el sentido de la conveniencia de «abrir una reflexión» sobre la situación y la postura del PSOE. Como recogía la periodista que firmaba la crónica el mismo viernes 2 de septiembre: «Todo resultaría más fácil, recalcan, si la relación de la mayoría de los dirigentes territoriales con Sánchez fuese más fluida y natural, pero no es así. El líder socialista no les llama y ellos tampoco a él, con alguna excepción esporádica».

Tras el debate las posibilidades eran, pues, las siguientes: Rajoy había quemado sus puentes con el nacionalismo vasco y no había dado ningún paso para acercarse al catalán, aunque ambas derechas nacionalistas habían sido los socios del PP cuando se les necesitó en 1996 para conseguir la primera investidura de Aznar. Sin embargo, había alcanzado un pacto con el nacionalismo canario y, sobre todo, con el nuevo partido Ciudadanos. Aunque existían dudas sobre la solidez de este último, no había ninguna sobre su insuficiencia para ser investido presidente del gobierno. Por tanto, sólo tenía abiertas dos opciones: una, caminar hacia unas terceras elecciones, confiando en mejorar su resultado lo suficiente como para hacer posible, entonces sí, la investidura con los apoyos conseguidos. Dos, esperar, mientras alentaba la presión sobre o contra Pedro Sánchez, para obligar al PSOE a cambiar de posición y abstenerse.

Sánchez, por su parte, que ya había sentido una fuerte presión externa en favor de la abstención, se enfrentaba a otras dos opciones, mientras veía organizarse y crecer la revuelta interna en el partido contra él y contra la situación a la que estaba conduciendo al partido y al país: caminar hacia unas terceras elecciones confiando en que el resultado mejorara sustancialmente la situación del PSOE, siempre que se produjera, de forma simultánea, un avance del PP que le liberara de la presión en favor de la abstención socialista, por ser ya innecesaria y, en paralelo, una mejora del resultado electoral socialista, a costa de Podemos. En esa situación, el PSOE estaría en mejores condiciones de ir reconstruyendo, desde la oposición, una alternativa de gobierno. La segunda opción era volver a intentar un gobierno del cambio como el que intentamos en marzo, es decir, en base a acuerdos con Podemos y Ciudadanos, o explorando otras opciones que, necesariamente, incluían alguna forma de apoyo de los grupos nacionalistas e independentistas. Lo primero seguía siendo difícil porque los vetos mutuos entre ambas fuerzas se habían incrementado desde marzo, y lo segundo seguía yendo en contra de las resoluciones vigentes del Comité Federal.

En todo caso, y como recordábamos en cada una de las reuniones internas, el rey no haría otro encargo a Pedro Sánchez, sin que estuviera claro y asegurado su éxito. Nuestra convicción era que el rey no se arriesgaría a otra investidura fallida. Por tanto, el acuerdo en torno a un gobierno alternativo al del PP, de haberlo, tendría que ser público y evidente, antes de comunicárselo al rey para que éste volviera a hacer un encargo a Sánchez. Y sólo había dos meses de plazo, con unas elecciones autonómicas de por medio.

El dibujo de las opciones y de las estrategias posibles quedaba así: Rajoy y Sánchez podían tener interés común en propiciar otras elecciones, en las que ambos esperaban mejorar. Rajoy y los barones socialistas podían tener interés común en impulsar un cambio en la posición del PSOE, en el sentido de la abstención. Rivera podía tener interés en apoyar a un candidato que evitara una repetición de elecciones que se le anticipaban negativas. Iglesias podía tener interés en propiciar un gobierno de Sánchez siempre que fuera bajo sus propias condiciones y dentro de su marco conceptual o, alternativamente, repetir elecciones para ver si, esta vez sí, se producía el sorpasso. Los nacionalistas e independentistas, que no tenían ningún interés en que Rajoy repitiera como presidente, podían tener interés en un gobierno de Sánchez, incluso sin grandes contrapartidas previas.

Las encuestas realizadas en septiembre, tras la investidura fallida de Rajoy, mantenían los porcentajes de votos para PP y PSOE apenas a dos meses de las elecciones del 26 de junio y sólo apuntaban ligeros descensos en Unidos Podemos y en Ciudadanos. Más interés tenían otras preguntas realizadas sobre preferencias de los electores. Por seguir con la realizada por la empresa My Word para la cadena SER, se evidenciaban los siguientes datos: el 70 por ciento de los consultados decía que vivía la situación política con «aburrimiento o hartazgo». El 63 por ciento del total pensaba que caminábamos hacia unas terceras elecciones porque ningún partido sería capaz de formar gobierno, aunque preguntados por lo que preferirían, sus respuestas reflejaban una gran división: el 38,7 por ciento prefería que el PSOE formase gobierno con el apoyo de Unidos Podemos y de Ciudadanos (17,6 por ciento) o de Unidos Podemos y partidos nacionalistas (21,1 por ciento). Por su parte, el 34 por ciento prefería un gobierno del PP con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE (19,3 por ciento) o de otras fuerzas (14,7 por ciento).

Si ponemos el foco en aquellos que dijeron haber votado al PSOE, el 61,1 por ciento estaba convencido de que caminábamos hacia terceras elecciones, aunque una abrumadora mayoría del 48 por ciento preferiría un gobierno del PSOE con apoyo de Unidos Podemos y de Ciudadanos. La opción de abstenerse para que el PP formase gobierno era la preferida sólo por el 9 por ciento de los votantes socialistas, muy por debajo del 17 por ciento que decían preferir un gobierno del PSOE con apoyo de Unidos Podemos y partidos nacionalistas. Preguntados los votantes del PSOE sobre lo que debería hacer el PSOE para desbloquear la situación evitando terceras elecciones, más de la mitad (51,2 por ciento) decían que debería pedir apoyo a partidos nacionalistas, y sólo el 19,5 por ciento que debería abstenerse para facilitar un gobierno del PP.

Por resumir la posición, según el Observatorio de la cadena SER, los votantes del PSOE en septiembre de 2016, tras la investidura fallida de Rajoy:

— Creen, de manera abrumadora, que habrá nuevas elecciones porque no será posible formar gobierno.

— Prefieren, de forma muy mayoritaria, que el PSOE forme gobierno con el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos.

— Para evitar elecciones, creen que el PSOE debería pedir apoyo a partidos nacionalistas para formar gobierno (51 por ciento), antes que abstenerse para facilitar un gobierno del PP (19,5 por ciento).

Era ésa, también, la opinión que se tenía en la dirección del PSOE: ir a terceras elecciones, siendo malo, no era el desastre que algunos anunciaban y, para evitarlas, lo peor para el PSOE era facilitar, con su abstención, un gobierno de Rajoy. La referencia de Sánchez en el debate a que «las fuerzas del cambio podemos hallar una solución», algo que El Mundo calificó como «la penúltima pirueta de Pedro Sánchez», desató las especulaciones. El País señalaba que «el PSOE permitirá a Sánchez negociar con Podemos y Ciudadanos» con el objetivo de evitar las terceras elecciones, refiriéndose a la reunión de la Ejecutiva del partido el lunes 5 de septiembre.

Tras la investidura fallida de Rajoy, las cosas cambiaron en Ferraz. Una de las claves de ese cambio la recogió eldiario.es: «Pedro Sánchez pierde el miedo a las terceras elecciones [...], son varios los inquilinos de los despachos de Ferraz los que piensan que unos nuevos comicios son el mal menor dentro de las opciones existentes [...], miembros de la dirección sostienen que otros comicios podrían dar un espaldarazo al PSOE respecto a Podemos y que son una salida mejor que permitir que Rajoy gobierne [...] en el equipo de Sánchez están convencidos de que la resistencia se verá compensada en las urnas, mientras que permitir gobernar al PP daría alas a Podemos».

Como no había ninguna negociación abierta, no se reeditó el equipo negociador creado cuando tras las elecciones del 20D buscamos la investidura de Sánchez. Pero tampoco Pedro mantuvo durante septiembre las reuniones del equipo que habíamos trabajado, durante julio y agosto, en el discurso y en el debate de investidura de Rajoy. Es verdad que las campañas electorales en Galicia y en el País Vasco consumían mucho del tiempo y de la dedicación del secretario general, pero mentiría si no dijera que se percibió un proceso de alejamiento respecto a quienes habíamos constituido, hasta entonces, su círculo político de confianza. Hablábamos entre nosotros para confirmar que no hablaba con nosotros y que apenas si sabíamos cuáles eran sus intenciones respecto al bloqueo político de España. Este asunto, la creciente incomunicación de Pedro no sólo respecto a otros dirigentes del partido sino, incluso, a su equipo más cercano, contribuyó, sin duda a que las discrepancias se acabaran convirtiendo en enfrentamientos por desconfianza mutua. Faltaban cauces de comunicación y así, cualquier gesto se podía interpretar mal agrandando las discrepancias.Todos esperábamos al resultado de las elecciones convocadas, a la vez que éramos conscientes de que superadas éstas, quedaría muy poco tiempo para intentar nada serio antes de que las elecciones fueran automáticamente convocadas.

Dado que mi despacho estaba en la misma cuarta planta de Ferraz que el del secretario general, algunas mañanas, al llegar, me pasaba a saludar a su jefe de gabinete para comentar las noticias de prensa y algún incidente que hubiera ocurrido. Una de las veces, coincidí con Pedro a la puerta de su despacho y me comentó que había estado con el nuevo presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. Me sorprendió que no me hubiera dicho nada porque yo solía acompañarle en ese tipo de contactos, y ante mi queja, recuerdo que insistió en que había sido algo protocolario, sólo para conocerse. Semanas más tarde conocimos todos que, al parecer, la reunión había tenido más contenido que la simple cortesía. Según reconoció el propio Sánchez en una entrevista en La Sexta, era cierto lo que publicó El Mundo sobre esa reunión: «Pedro Sánchez pidió ayuda a Telefónica para frenar la hostilidad de Prisa» contra él, aprovechando que Telefónica era un accionista importante del grupo de comunicación. Además, según el diario, aprovechó la reunión para trasladarle al nuevo presidente una queja por lo que consideró injerencias excesivas del anterior presidente César Alierta en contra suya y en favor de Susana Díez. Con posterioridad, el propio Sánchez confirmó los términos de la información en una polémica entrevista televisiva realizada después de su dimisión como secretario general del PSOE.

A lo largo del mes de septiembre tuve dos conversaciones telefónicas con Sánchez y una reunión sobre la necesidad de negociar con el gobierno dos asuntos importantes que estaban atascados por tener un gobierno en funciones: la nueva senda de gasto de las comunidades autónomas y el nuevo mecanismo de aprobación del techo de gasto, que requerían un Decreto Ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que debería ser convalidado por el Congreso, para lo que hacía falta el apoyo socialista. Además, la situación de la CNMV, con su presidenta y su vicepresidenta muy cerca del fin irrevocable de su mandato, lo que amenazaba con dejar sin quorum al órgano rector de la institución, lo que hubiera provocado enormes perjuicios al país. En ambos asuntos, acordamos que yo dirigiera un grupo de negociación con el gobierno con el objetivo de llegar a sendos acuerdos, como así ocurrió.

La primera conversación fue de las que yo llamo de «mantenimiento». Me llamó sin ningún objetivo concreto, salvo el de intercambiar opiniones. Ante mi queja de que me encontraba un poco fuera de juego ya que no sabía muy bien lo que estaba pensando hacer, me dijo que pronto convocaría una reunión para contarnos sus contactos y cómo estaba la situación. Insistí y me comentó que había mantenido alguna conversación telefónica con Iglesias y que estaba pendiente de hablar con Rivera, pero que no había nada perfilado. Recuerdo que hablamos de la necesidad de poner a ambos ante la obligación de superar sus recelos anteriores del mes de marzo y empujarles a llegar a algún tipo de acuerdo que hiciera posible un gobierno del cambio apoyado, de alguna manera, entre las tres fuerzas, como había avalado la Ejecutiva del partido.

Al día siguiente de la conversación, en un mitin de precampaña en A Coruña, el líder de Ciudadanos rechazó la posibilidad de negociar con Podemos y, según recogió El Periódico: «dejó claro que no tiene ninguna intención de sentarse a negociar un ejecutivo con Pablo Iglesias por la defensa que éste hace del referéndum en Cataluña». En esos momentos, la estrategia del partido naranja ya iba dirigida, de manera explícita, a pedirle a Sánchez «que reflexione y llegue a un acuerdo con condiciones o sin condiciones con Rajoy para superar esta situación» (Villegas). Desde Podemos, por su parte, Echenique afirmó en rueda de prensa que «el diálogo a tres está basado en un futurible que no se va a dar» tras el acuerdo de Ciudadanos con el PP; añadió que un posible pacto entre UP, el PSOE y Ciudadanos era «dibujar castillos en el aire» cuando lo que hacía falta era «la voluntad política del PSOE para formar un gobierno de progreso», y confirmó que «no ha existido ninguna convocatoria o llamada al respecto».

Tal vez por eso, El País recogió, además de la «perplejidad» de Podemos y Ciudadanos ante el llamamiento de Sánchez, que «antes incluso de que el líder del PSOE haya establecido contactos con los demás partidos para explorar si existe una salida que evite las terceras elecciones, sectores de su partido ya se desmarcan de este diálogo, que consideran inútil. La solución que busca Sánchez pasa por un pacto con Ciudadanos y Podemos, que el PSOE andaluz ve inviable». Tengo el total convencimiento de que más allá de servir como argumento electoral («Sánchez clama contra los vetos cruzados de Ciudadanos y Podemos», repitió en varios mitines), en ningún momento Sánchez intentó avanzar en serio por esa vía. Entre otras cosas, porque me constaba que algunos de los miembros de su círculo privado de confianza no se recataban en señalar que empeñarnos en ese acuerdo a 3 en marzo había sido un error que, además, achacaban al equipo negociador, tal y como recogió algún confidencial tras la dimisión del secretario general.

La segunda conversación telefónica que tuve con Pedro fue a mediados de septiembre, poco antes ya del día de las elecciones gallegas y vascas. En ese momento crecía el rumor por la villa y corte madrileña de supuestos contactos, en principio muy secretos aunque todos los interlocutores parecían conocerlos al dedillo, entre representantes del PSOE y Podemos, por una parte, y entre representantes del PSOE y las fuerzas independentistas catalanas por otro, todo ello con vistas a una eventual investidura de Sánchez. Le pregunté explícitamente por ello y me lo desmintió, más allá de alguna conversación telefónica con algunos diputados de la antigua CiU. En todo caso, recuerdo que comentó que el problema catalán no tendría solución si no se propiciaban conversaciones entre «Madrid y Barcelona» y que, en todo caso, él no podía impedir que si se repetía una investidura suya, los parlamentarios independentistas le apoyaran gratis.

«Es cierto, Pedro», le dije. «El problema catalán sólo encontrará solución desde el diálogo, la negociación y las reformas de tipo federal que propugnamos nosotros. Pero por lo que yo viví siendo ministro en el debate sobre la reforma del Estatuto catalán, este asunto requerirá un acuerdo con el PP, o no saldrá adelante. Si fueras presidente, te recomendaría sentarte a hablar con los independentistas. Pero si quieres llegar a presidente, no puedes hacerlo, porque no llegarás; entre otras cosas, porque la mitad del PSOE se volverá en tu contra.» Parece una contradicción, pero es así. «Por eso», continúe, «ni creo que sea bueno un acuerdo con Podemos sin Ciudadanos, ni creo que sea conveniente incorporar a los independentistas a un acuerdo con Podemos. Y te recuerdo que el rey sólo te hará el encargo para una nueva investidura si es público y notorio que tienes asegurada una mayoría suficiente. Y sólo con Podemos no llega, y con la incorporación de la antigua CiU y de ERC, no te lo recomiendo, porque no será creíble que sea “gratis” y, en todo caso, no tendrías asegurado el voto de todo el grupo socialista. Sería una operación de altísimo riesgo. Para el país, para el partido y para ti.»

«Pero entonces, vamos a terceras, ¿no?», me preguntó. «Pues veo mejor ir a terceras que intentar formar gobierno con una mayoría como ésa», respondí. «Porque no va a salir. Pero si sale, sería todavía peor.»

Pocos días después de esta conversación, que reproduzco de memoria porque no tomé notas, llegó a mi conocimiento un documento confidencial que, por encargo del secretario general después de la investidura fallida de Rajoy, había redactado una persona de la dirección federal del partido. Su título: «Propuesta a los Grupos Parlamentarios para un Gobierno del cambio». Se trataba de un documento de nueve páginas donde se recogían las principales propuestas programáticas que veníamos haciendo desde el 20D sobre erradicar la pobreza, modernizar la economía, regenerar la democracia o reformar la Constitución, muchas de las cuales se recogieron en el Acuerdo de investidura suscrito en marzo con Ciudadanos. Sólo incorporaba una novedad, el punto 9, titulado «Una solución para Cataluña» y que reproduzco a continuación.

Una solución para Cataluña

— En el marco de esta reforma constitucional, y aprobado en consecuencia por todos los españoles, se acordará un Pacto político con Cataluña que, respetando las implicaciones del principio de igualdad, reconozca su singularidad y mejore su autogobierno.

— Apostar por la vía de la negociación para resolver los conflictos competenciales pendientes entre la Generalitat y el Estado.

— Impulsar de manera decidida el Corredor Mediterráneo y la mejora del servicio de Cercanías. — Dar cumplimiento a la DA3ª del EAC, desde los primeros Presupuestos Generales del Estado de la legislatura, para que las inversiones de los ministerios en Cataluña alcancen en porcentaje el nivel de la participación catalana en el PIB.

— Dar cumplimiento a las sentencias del TC para que la Generalitat de Catalunya pueda gestionar los fondos derivados de la casilla del 0,7 social en el IRPF.

— Aprobar, en el segundo año de la legislatura, una ley de reconocimiento y promoción de la pluralidad lingüística de España.

— Difundir las lenguas oficiales españolas a través del Instituto Cervantes, en cooperación, en el caso de que existan, con los organismos dependientes de las comunidades autónomas.

— Culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado.

Con todo, y más allá de estas propuestas concretas, el principal ofrecimiento del nuevo gobierno al pueblo de Cataluña debe ser la firme voluntad de convertir el diálogo en el instrumento para plantear propuestas y resolver conflictos. Un diálogo que permita objetivar los problemas, desterrar el victimismo y los enfrentamientos territoriales, y que busque soluciones consensuadas. Un diálogo a la vez bilateral y multilateral (reactivando la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Catalunya, todas las Conferencias Sectoriales y sobre todo la Conferencia de Presidentes). Un diálogo que sirva para avanzar de verdad y que permita realmente el despliegue de políticas para el progreso social y económico de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña.

Por la información de la que dispongo a día de hoy, este texto, que puede considerarse razonablemente dentro de la posición oficial del PSOE, jamás fue algo más que una propuesta personal, que nunca se discutió, ni traspasó la sede de Ferraz, ni sirvió, por tanto, para ninguna negociación efectiva, que, en lo que yo conozco, no tuvo lugar en ningún momento. Salvo que consideremos «negociar» alguna conversación telefónica y una charla en torno a un par de cafés. Repito, por lo que yo conozco, no hubo más. Y, en todo caso, si lo hubo, ni trascendió entonces, ni lo ha hecho hasta la fecha.

La prensa informó de contactos telefónicos de Sánchez con Rajoy, para decirle que no contara con él; de una entrevista con Garzón y de una llamada con Iglesias, de quien escuchó que le parecía más viable, aunque compleja y difícil, la posibilidad de un acuerdo que incluyera a ERC y a la antigua CiU que pensar en un acuerdo PSOE-Unidos Podemos con una abstención de Ciudadanos que veían imposible. El líder de Podemos también le señaló que no estaban dispuestos a abrir formalmente negociaciones si no había una decisión previa en ese sentido por parte del PSOE. No queremos una «escenificación vacía» llegó a decir. Esta contumaz realidad llevó a El País a reconocer que «la incompatibilidad entre Iglesias y Rivera rebaja las expectativas de Sánchez», quien, formalmente, no se estaba postulando, esta vez, como candidato. Como hemos dicho, el escepticismo era enorme en las mismas filas socialistas, sobre todo en aquellas federaciones más identificadas con los críticos a Sánchez: «El final está anticipado, se vetan unas fuerzas a otras», dijo el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. Por su parte, el portavoz parlamentario Hernando defendió las gestiones de Pedro aduciendo que «no quiere sentarse a esperar arrancando hojas del calendario hasta que se vuelvan a convocar elecciones».

La batalla por la Moncloa se trasladó al terreno electoral en Galicia y en Euskadi, de tal manera que la imputación de Rita Barberá y su salida/expulsión del PP, donde había sido un gran peso pesado desde el carnet número tres que ostentaba, o las peleas por las listas en el Partido Socialista de Galicia adquirían inmediatamente una doble dimensión: local y general. Por eso no puede considerarse como casual la tormenta en un vaso de agua que organizaron los barones críticos con Sánchez, en plena campaña, en solidaridad con Fernández Vara y su derecho a decir lo que pensaba aunque fuera crítico con la línea del secretario general. Se acusó a la dirección del partido de intentar callar a los discrepantes y se lanzó una campaña mediática y en las redes sociales «en defensa de la libertad de expresión» dentro del PSOE, del que llegaron a decir que «se está creando un clima asfixiante» contra los discrepantes.

Aprovechando la defensa de la libertad de opinión, Susana Díaz dijo que «siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar y hay que hacer una oposición útil» (El País), mientras que el resto de barones, a la vez que apoyaban a Vara, «advertían contra aventuras con los independentistas» (El Mundo) y «los críticos vetarán cualquier pacto de Sánchez con los independentistas» (El País). No conocemos que hubiera represalias por parte de la dirección. Pero el frente crítico había mostrado su fuerza, su coordinación y su unidad de criterio. Aunque nadie defendía la abstención, todo apuntaba, cada vez con más claridad, a ello: verde y con asas.

Pablo Iglesias, siempre oportuno, aprovechó la situación para echar una mano al cuello: «El PSOE no quiere de presidente a Sánchez. Yo sí», dijo sin ruborizarse, antes de que se hiciera público que «Iglesias y Errejón se enfrentan por la estrategia y el futuro de Podemos» (El País) en un debate que llevaba meses gestándose, incluyendo la actitud adoptada en la investidura de Sánchez. Para acabar de arreglar la situación, «Puigdemont y ERC enfrían ahora la vía del referéndum unilateral» (El País), hasta el punto de que ese diario editorializó al respecto bajo el título «Algo se mueve» mientras, por su parte, «UGT cierra filas con Sánchez por resistir ante Rajoy» (El País).

Pareciera que la incapacidad mostrada por los cuatro grandes partidos para hacer frente, con éxito, al bloqueo político derivado de las urnas estaba motivada por sus propios problemas internos, y, a la vez, la parálisis institucional en que estaba sumido el país agrandaba los problemas internos de los partidos generando unas brechas que complicaban, todavía más, la gestión del momento político. Era el mejor ejemplo de mi tesis de que nuestro problema no era el bipartidismo, como habían defendido los nuevos partidos, sino la partitocracia, el anteponer los intereses personales y electorales de cada partido a los intereses generales del país. Y sí, la aparición de dos nuevas fuerzas había roto el bipartidismo, pero también había reforzado la partitocracia, de la que los nuevos hacían tanta o más gala que los antiguos.

Mientras Rajoy hacía su campaña electoral capeando los escándalos de corrupción que salpicaban a su partido, Sánchez leía en prensa que «el sector crítico sopesa pedir la dimisión del secretario general tras las elecciones del 25S» (El Periódico) o que «Sánchez y los líderes territoriales tienen interrumpido el diálogo [...] fruto del enfriamiento en sus relaciones personales y políticas. Ni Sánchez les llama ni los presidentes autonómicos críticos le requieren» (El País).

Pedro Sánchez, consciente de que el PSOE tenía en sus manos todas las llaves de la situación política del país, y viendo que la rebelión contra su autoridad por parte de los barones críticos era ya imposible de disimular, a la vez que hacía imposible cualquier movimiento autónomo por su parte como secretario general del partido, pareció traducir su hartazgo personal ante una situación tan polifónica preparando un golpe de autoridad, de audacia, de soberbia, o de ensimismamiento, según se sea más o menos cercano al personaje. Y lo desdobló en dos movimientos paralelos. El primero: «Sánchez desoye a los barones [...]; el líder del PSOE prevé emplazar a Rivera e Iglesias tras el 25S para buscar un gobierno del cambio» (El Mundo), «...y Sánchez planta cara [...]. El líder socialista intentará pactar con Podemos y Ciudadanos pese al “no” de los barones» (El Periódico). La misma víspera de las elecciones, Sánchez reafirmó en sus actos su decisión de no facilitar la investidura de Rajoy, a la vez que repetía que «sería imperdonable no intentar formar gobierno» (El País). El segundo movimiento se filtró a la prensa antes incluso de que se produjeran las elecciones gallegas y vascas: «Sánchez sopesa una consulta a los militantes para reforzarse ante los críticos» (El Mundo), «Sánchez dispuesto a forzar un Congreso para blindarse» (El Mundo), «Sánchez dispuesto a convocar a las bases para frenar a sus críticos», «Sánchez convoca al Comité Federal y se prepara para el enfrentamiento» (El País).

La respuesta no tardó en llegar: desde dentro del partido «los barones se movilizan para frenar los planes de Sánchez [...], se oponen al gobierno alternativo y al adelantamiento del Congreso» (El Mundo), «los críticos del PSOE rechazan ir a un Congreso antes de que haya gobierno» (El País). Desde fuera del partido, los votantes socialistas, tanto en Galicia como en Euskadi, sin duda hartos con la división evidente de la dirección, fueron a votar en mucho menor número que en otras ocasiones. Así, el PSOE quedó como tercera fuerza en Galicia, siendo sobrepasado por el PP, que repitió mayoría absoluta, y por el conglomerado En Marea, mientras que caía a la cuarta posición en el País Vasco, por detrás del PNV, Bildu y Podemos. Las peleas internas tienen coste electoral elevado. Al menos en el PSOE.

Capítulo 5

Donde dije digo...

(septiembre y octubre de 2016)

«Vamos a las terceras elecciones.» Ésa fue la conclusión a la que llegué después de escuchar al secretario general proponer, tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del Partido del lunes 26 de septiembre, la convocatoria de un Congreso del partido a celebrar a principios de diciembre, que debería venir precedido por unas primarias que eligieran al secretario general, para las que fijaba la fecha del 23 de octubre, en una propuesta que debería ser ratificada por el Comité Federal convocado para ese sábado 1 de octubre.

En su comparecencia ante los medios reconoció que existía un debate de fondo, no menor, en el partido sobre cuál debía ser la posición de los socialistas en el actual momento político de España. Entre las tres opciones existentes —terceras elecciones; facilitar, mediante la abstención, el gobierno de Rajoy, o intentar un gobierno alternativo—, se proclamó partidario de lo tercero e invitó a quienes tuvieran un proyecto mejor a dar un paso al frente y a que lo defendieran ante los militantes con el objetivo de que, finalizado el proceso de debate y votación, el partido tuviera «una única voz y no lo que ha ocurrido hasta ahora».

Sánchez fue desgranando en su intervención dos realidades que todos conocíamos porque estaban continuamente en todos los medios de comunicación, ya que había quien se encargaba de avivar ese fuego: que el PSOE no estaba unido detrás de su liderazgo y que no todos pensaban igual respecto a la actitud a adoptar ante el bloqueo de la situación política derivada de las elecciones. Por ello dijo: «Ha llegado la hora de plantear este debate en un Congreso» [para que los militantes expresen su opinión y elijan a los líderes que representen la posición del partido, ya que] «es la hora de hablar claro y decirle al país qué piensa y qué ofrece el PSOE». En resumen, como señaló la corresponsal de El País al día siguiente en su crónica: «Ha llegado el momento de que el PSOE decida su proyecto político y su liderazgo, y eso sólo es posible en un Congreso del partido».

El momento de hablar claro

se convirtió en la semana trágica

Conociendo ahora lo que ocurrió a continuación durante esa semana, mi reacción puede parecer ingenua. Pero, honestamente, pensé entonces que Sánchez estaba cogiendo, por fin, ese toro por los cuernos, ya que si algo se había evidenciado de manera creciente desde las segunda elecciones de junio era que el PSOE, a quien todos consideraban el partido clave de la situación, se mostraba débil en sus posiciones como consecuencia del cuestionamiento permanente y público que del secretario general se estaba haciendo. Y que poner fin a esa situación de «provisionalidad aparente» del líder del partido era fundamental si queríamos utilizar la fuerza de los votos socialistas en un momento tan delicado de España. Con la situación de «acoso y derribo» que se había desatado hacia Pedro Sánchez y que he ido demostrando aquí, era imposible para la dirección del partido seguir haciendo política: ni abstenerse, ni negociar un gobierno alternativo, ni encabezar las listas en unas eventuales tercera elecciones.

Por tanto, si la situación política y electoral en España había colocado al PSOE en una posición determinante, en la que su participación activa era imprescindible para cualquier solución, y si el líder del PSOE estaba siendo sometido a una campaña de desacreditación intensa, desde dentro y desde fuera, con el objetivo de debilitar su posición personal y política, resolver esto último, en un sentido o en otro, era pues fundamental para que el PSOE pudiera estar a la altura de sus responsabilidades con el país. Desde ese punto de vista, resolver el problema interno del PSOE, en un sentido o en otro, se había convertido en condición necesaria para resolver el atasco político de España. Si había una crisis de liderazgo y con ella, de posición política del partido, hasta el punto de ser pieza esencial del bloqueo político de España, lo mejor era resolverlo mediante los procedimientos orgánicos del partido: convocando a los militantes a primarias y a un posterior Congreso que diera respaldo suficiente al líder y a las propuestas políticas que salieran ganadoras de ambos procesos. Y, para ello, se proponían a votación del Comité Federal unas fechas que permitieran, en caso de que ganara un candidato alternativo con una posición distinta a la del actual secretario general, que se pudiera evitar todavía, aun de forma ajustada, la convocatoria automática de elecciones que se produciría el 31 de octubre, si nadie lo impedía.

Con su comparecencia del lunes 26, Sánchez reconocía una realidad, el PSOE estaba «abierto en canal» —como señaló un portavoz de los críticos— respecto a su liderazgo y respecto a qué hacer en lo inmediato, e informaba de cuál era su posición, sobre el fondo del problema: intentar un gobierno de cambio, y sobre la forma: que lo decidan los militantes en un Congreso.

Recuerdo que este posicionamiento de Pedro Sánchez se produjo un día después de las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, cuyos resultados habían sido interpretados igual por casi todo el mundo: «Galicia y País Vasco refuerzan a Rajoy y hunden a Sánchez» en su guerra interna, titulaba El País. Por su parte, El Mundo decía que «la debacle del PSOE debilita aún más a Sánchez», añadiendo para dejar clara su posición: «Pedro Sánchez ante el precipicio» [...], «las elecciones de ayer tienen una lectura interna clarísima». La portada de La Razón fue todavía más explícita: «No a Sánchez», en grandes titulares. Y desde la prensa catalana, la lectura era similar: «Los resultados dejan a Sánchez contra las cuerdas ante sus críticos», dijo La Vanguardia, a lo que añadía El Periódico de Catalunya: «Los batacazos en Galicia y Euskadi dan argumentos a los que reclaman un relevo» en el PSOE. Es cierto que este periódico es el único que, además del hundimiento del PSOE, destacaba, también, el fracaso de Ciudadanos, que no lograba entrar en ninguno de los dos Parlamentos autonómicos, y que «Podemos se quedó muy por debajo de sus expectativas» en ambas comunidades.

Ese lunes poselectoral se interpreta, de forma mayoritaria, en la opinión publicada como una descalificación a la postura política defendida por Pedro Sánchez («las urnas han castigado al PSOE en su bloqueo institucional», dijo Cospedal) aunque nadie hizo una lectura similar respecto a los malos resultados de Ciudadanos (¿se castigaba su reciente apoyo a Rajoy?) y de Podemos (¿se castigaba su negativa a un gobierno del cambio liderado por Sánchez en marzo?). Y se destapan ya las voces críticas internas que, con impulso andaluz, exigían que Sánchez «asumiera sus responsabilidades».

Como verbalizó El Periódico de Catalunya en su editorial: «¿Cómo se puede intentar gobernar España después de esto?». Por su parte, un columnista habitual de El País decía: «Sánchez se ha convertido en rehén y víctima de sí mismo atrapado en su laberinto bizantino» [...]. «Tiene Sánchez sometida la salud del PSOE a la propia». En esas condiciones, citando fuentes socialistas andaluzas, El Mundo decía: «No se descarta que antes del Comité Federal se exijan responsabilidades al secretario general o, incluso, forzar su salida de la dirección del partido».

Es decir, la lectura dominante (e interesada) que se hace ese lunes del resultado electoral del día anterior es la siguiente: una debacle para el PSOE que debilita a Pedro Sánchez ante sus críticos, que se pueden ver obligados a forzar su salida antes incluso de la reunión del sábado del Comité Federal. Como es evidente, también hay lecturas alternativas que destacan dos elementos: el PSOE ha aguantado mejor de lo previsto, a pesar del lío interno que han orquestado los críticos en los medios de comunicación en plena campaña electoral. Esta interpretación es minoritaria en los medios, pero es la que hace, por ejemplo, el secretario de Organización del PSOE la misma noche del domingo. Algunos, en voz baja, llegan a hablar de deslealtad por parte de algunos dirigentes locales y territoriales del partido que han aireado, sin rubor, sus discrepancias en medio de la campaña electoral. Recuerdo que La Vanguardia, en su editorial del martes 27, señalaba con sentido común que «el retroceso del PSOE tiene causas colectivas. Sánchez ha sufrido, desde primera hora, el acoso de altas figuras de su partido en lo que ha sido una actitud desleal para él y lesivo para el PSOE».

En ese contexto y ante esa presión creciente en contra, interna y externa, ¿cómo reaccionan la dirección del partido y su secretario general? Podían haber dimitido, como les pedían los críticos. Pero en vez de eso, después de dos años de confrontaciones y desencuentros con los barones autonómicos, deciden luchar en defensa de sus posiciones políticas y llaman a los militantes a que sean ellos quienes decidan quiénes quieren que sean sus líderes y qué posición política quieren que defiendan. Y lo hacen convocando el Congreso y las primarias que venían estando aplazados desde hacía meses. La idea es clara: en momentos difíciles para España como éstos y ante la creciente desconfianza pública entre la dirección federal y algunas direcciones autonómicas importantes, pongamos en marcha los procedimientos orgánicos para que el partido en su conjunto vote una dirección fuerte y unida que pueda desplegar toda la responsabilidad de un partido tan importante como el PSOE. Pero hablando «con una única voz». Ésa es la respuesta de Sánchez al resultado electoral y a la situación creada: si los dirigentes no somos capaces de ponernos de acuerdo, que hablen los militantes.

A partir de ese momento, la prensa se convierte, más que nunca, en altavoz de las distintas sensibilidades del partido, ya que la lectura de «todos en el PSOE contra Sánchez» que algunos quieren difundir es, sencillamente, falsa. A pesar de ello, predomina la indignación creciente de los llamados críticos: «Sánchez cambia su dimisión por un Congreso del PSOE», titula El Mundo el martes 27, añadiendo que «Sánchez reta a Susana Díaz a batirse con él ante las bases».

Por su parte, El País, convertido como hemos visto en el principal ariete contra Pedro Sánchez, dijo en su editorial del martes que Sánchez «se había sacado de la manga una carta tramposa para eludir sus responsabilidades por las sucesivas derrotas electorales» que se trataba de «la marrullería de un dirigente contestado internamente y decidido a continuar la fuga hacia delante sin causa que defender». Tal vez por eso tituló su editorial: «Un partido secuestrado».

El Mundo, en el suyo, describía así su posición: «Sánchez, lastrado por su debilidad orgánica ante las potentes federaciones críticas busca atrincherarse en la decisión de los militantes», y hablaba del «fracaso de la estrategia de Sánchez empeñado en un pacto imposible», coincidiendo con El País en que era una «huida hacia delante para eludir sus responsabilidades». El Periódico de Catalunya tituló: «Sánchez se lo juega a primarias y Congreso para zanjar la guerra interna», y La Vanguardia: «Sánchez reta a sus críticos a combatirlo en las primarias».

Todos los periódicos recogen la respuesta de los críticos ante el desafío de Sánchez. El secretario de Organización de la federación andaluza habló de que se quería convocar «un Congreso trampa» y exigió que cada uno asumiera sus responsabilidades, y la presidenta de la Junta de Andalucía señaló que en el PSOE no había «bandos» respecto a qué hacer frente a una nueva investidura de Rajoy. Es decir, ese mismo martes ya quedan claras tres cosas respecto a los llamados críticos: no quieren un Congreso del partido ahora; quieren que Sánchez dimita dando paso a una gestora que se haría cargo del partido hasta un pospuesto Congreso extraordinario, y no quieren aclarar cuál es su posición respecto al asunto político clave: ¿debe el PSOE abstenerse para facilitar un nuevo gobierno de Rajoy? Esta estrategia, diseñada a la medida de los intereses de quien aparece como principal cabeza visible de los críticos, era recogida por todos los medios. La Vanguardia, por ejemplo, decía: «Susana Díaz presiona para que [Sánchez] dimita y evitar la consulta [a los militantes]», mientras que Abc apuntaba: «Los barones forzarán una votación en el Comité Federal para tumbar la propuesta de Congreso y obligarle [a Sánchez] a dimitir». En la misma línea, un comentarista avezado como Joan Tapia señalaba que «Sánchez se ha decidido a poner fin a la crisis con un Congreso y con la elección de un secretario general por los militantes, y los barones se oponen radicalmente a esa hoja de ruta. El Comité Federal decidirá».

Todo apuntaba ese martes, pues, a que la batalla decisiva se daría en la reunión del sábado del Comité Federal, donde el secretario general podría ver derrotada su propuesta de convocar ya un Congreso con primarias para zanjar las diferencias. Asumiendo, claro, que una tal derrota obligaría, moralmente, a Pedro Sánchez a presentar la dimisión de su cargo. Las espadas estaban, pues, públicamente en alto, como se vio en la reunión que el Grupo Parlamentario Socialista celebró esa mañana, donde los críticos hicieron patente su discrepancia con lo que había propuesto la dirección del partido el día anterior.

Sin embargo, dos cosas más merecen destacarse de ese martes camino del sábado, porque ayudan a entender mejor lo que pasó: Sánchez, ante una pregunta explícita de la entrevistadora en la SER, dice que no se plantea dimitir, aun en el caso de que su propuesta no salga adelante porque el Comité Federal no la respalde. Segundo, ese mismo martes, el diario La Razón adelantaba a toda portada que «los críticos plantean que dimita el 51 por ciento de la Ejecutiva y nombrar una gestora», en lo que llamaba «“Operación Sánchez”: forzar la dimisión de la mitad de la Ejecutiva», idea que alguien filtró al periódico y que contaba con el apoyo explícito de ese medio conservador hasta el punto de que se permitió añadir: «Pedro Sánchez ya es pasado, sólo le queda aceptarlo y dimitir». Incluso señalaba en un recuadro con foto a «la “susanista” que puede ser clave»: la presidenta del Comité Federal. Repito, todo esto el martes 27.

El mismo martes en que la dirección de Podemos, siempre dispuesta a echar una mano al cuello del PSOE, anuncia que rompe los acuerdos que permiten gobernar en Castilla-La Mancha al socialista García-Page, a la vez que amagan con hacer algo similar con los otros barones autonómicos socialistas que lo son, precisamente, por haber hecho lo que ahora le niegan a Sánchez: un gobierno alternativo, incluso cuando el PP ha sido la opción más votada. No me resisto a constatar que este movimiento evidenció, como otros, las divisiones existentes en el seno de Podemos, ya que al envite de los «pablistas» respondió Errejón diciendo que no encontraba el sentido de responder a una acción del PSOE que facilitara el gobierno del PP en España con acciones de Podemos que facilitarían el gobierno del PP en varias comunidades autónomas. La situación era tan compleja y tensa que algunos incluso insinúan que la operación, publicitada por el propio Iglesias como «castigo» a quienes parecían ir contra Pedro Sánchez por no defender la abstención frente a Rajoy, pudiera estar coordinada con el secretario general del PSOE, cosa que a mí no sólo no me consta, sino que no me cuadra.

El tercero de los manifiestos “Por un Gobierno de Progreso. Por un Acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos”, firmado por más de dos mil intelectuales, políticos, artistas, sindicalistas, activistas, profesionales, etcétera, se publicó en El País el mismo miércoles que este diario titulaba a cuatro columnas: «El PSOE se alza ante el intento de Sánchez de retener el cargo». No hace falta que diga las tres falsedades que encierra dicho titular. Pero las diré: primera, si algo había quedado claro a esas alturas es que el PSOE estaba dividido, aunque sin votaciones era imposible saber quién tenía la mayoría y quién era la minoría. Por tanto buscar una confrontación entre Sánchez, por un lado, y «el PSOE» como un todo, por otro, no se correspondía con la verdad. Segundo, Sánchez no pretendía «retener el cargo» sino, precisamente, someterlo al escrutinio de los militantes en unas primarias a las que se podía presentar cualquiera que discrepara de la gestión del secretario general, e intentar ganarle en las urnas. Tercero, salvo el propio periódico y el resto de la prensa conservadora, nadie en el seno del partido había pedido de manera explícita y en voz alta la dimisión del secretario general. Por tanto, el cargo que «quería retener» era el suyo. El que le habían dado los militantes por votación, hacía poco más de dos años.

Siguiendo la información publicada el día anterior por La Razón, señalaba ese miércoles el periódico global: «Media ejecutiva socialista planea dimitir para forzar la salida de Sánchez». Y añadía, citando fuentes, que «el primer objetivo del sector crítico del PSOE es impedir que el Comité Federal del sábado vote la convocatoria de un Congreso para diciembre y primarias a la Secretaría General el 23 de octubre», y anunciaba que «en todas las federaciones socialistas se han puesto en marcha líneas de actuación para frenar el plan de Pedro Sánchez, todas traumáticas». Y, aceptando la interpretación de los críticos, aseguraba que las dimisiones en la Ejecutiva supondrían «la extinción de ese órgano, su sustitución por una gestora y la salida de Sánchez». En pocas horas vimos que esta interpretación era falsa (no es lo que ocurrió) e interesada (sólo lo defendía una parte).

El resto de los medios seguían con la versión de que la batalla se presentaría en el Comité Federal. Así, El Mundo titulaba: «Díaz moviliza a sus seguidores para forzar la dimisión de Sánchez en el Comité Federal del sábado, desactivando el Congreso». Y añadía: «La dirección socialista y los críticos movilizan a los suyos para ganar la votación del Comité Federal del sábado», concluyendo «la presidenta de la Junta no quiere presentarse, aún, a las primarias». La Razón, aunque mantenía su tesis de que «los miembros de la ejecutiva podrían presentar su dimisión», apuntaba más en la dirección de que el campo de batalla se había desplazado hacia el Comité Federal del sábado: «Dimisión o moción de censura a Sánchez [...], los críticos se plantean forzar la salida de Sánchez si pierde el sábado».

La Vanguardia señalaba que «el rechazo del líder del PSOE a dimitir si le tumba el Comité Federal acelera el acoso» y detallaba lo que presentaba como la «hoja de ruta» de Susana Díaz: «Dimisión inmediata de Pedro Sánchez, constitución de una gestora que asuma la responsabilidad de abstenerse en el segundo intento de investidura de Rajoy y convocatoria de un Congreso de unidad y de refundación del partido» al que presentaría su candidatura, que haría compatible con mantener la Presidencia de la Junta de Andalucía. Este periódico se apuntaba a la tesis de que «los críticos intentan echar a Sánchez antes del sábado». El Periódico de Catalunya destacaba en portada: «Díaz cerca a Sánchez», y refería: «Los críticos al líder socialista se imponen en una tensa reunión interna del Grupo Parlamentario».

Ese día, miércoles, es cuando empieza a brotar en boca de algunos líderes identificados con el sector crítico, como Ximo Puig y Eduardo Madina, la idea de que «primero España y luego el PSOE», como si no fuera ya evidente, a esas alturas, que ambos asuntos estaban determinados de forma simultánea ya que según cual fuera la solución al problema del PSOE, así sería la solución al problema de España. En concreto, si ganaba Sánchez, no habría gobierno de Rajoy, si ganaban los críticos, lo vistieran como lo vistieran, sí.

La mañana de ese miércoles estuvo, no obstante, determinada por dos acontecimientos de gran impacto, que parecían perfectamente coordinados: por una parte, el expresidente socialista Felipe González hizo unas declaraciones incendiarias contra Pedro Sánchez que se convirtieron en el disparo de salida de la «operación Sánchez», ya que, a las pocas horas de las mismas, 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, muchos de los cuales hacía tiempo que ni asistían a sus reuniones, presentaron la dimisión de sus puestos. Empecemos por lo primero.

Tras asistir al acto que rubricaba la firma de paz en Colombia entre el gobierno y la principal guerrilla, González presentó desde Chile, en la SER, una declaración de guerra, en toda línea, contra Sánchez. De entre lo mucho negativo que dijo sobre él y la situación a la que estaba llevando al partido y al país, quiero destacar su famosa frase en versión publicada por El País: «Me dijo que se iba a abstener. Me siento engañado y defraudado», que, traducida al lenguaje vulgar, quiere decir algo que todo el mundo entendió: para González, su sucesor en la dirección del PSOE no es alguien de quien te puedas fiar ya que, si engañó a Felipe, es que puede engañar a cualquiera. Sólo quiero dejar constancia de que no será posible encontrar en los anales del PSOE un ataque similar de un líder socialista respecto a uno de sus sucesores o antecesores. Además, como ya he contado, no creo que se tratara de un engaño, sino de un cambio de posición por parte de Pedro Sánchez, que no comunicó a Felipe González.

A escasas horas de estas explosivas declaraciones, que abrieron en canal a los militantes y simpatizantes socialistas en toda España, se hicieron públicas las dimisiones de 17 miembros de la Ejecutiva. Yo estaba en Ferraz esa mañana y fui testigo de cómo ese acto de insubordinación colectiva no cogió por sorpresa a la dirección del partido, ya que la petición y recogida de firmas era conocida desde hacía tiempo por la secretaria de Organización. Entre otras cosas, porque llegaron a pedir la firma a algunos miembros de la Ejecutiva que, aun manteniendo discrepancias con algunas de las últimas decisiones de Pedro, no consideraban ético intentar descabalgar con oscuras maniobras de salón a un secretario general elegido, por primera vez, por los militantes en primarias.

A partir de ahí, se desató la batalla por la interpretación reglamentaria de las consecuencias que tenía esa dimisión colectiva. Los críticos asumieron, con apoyo de algunos medios de comunicación como luego veremos, que las 17 dimisiones, unidas a los dos miembros que habían presentado formalmente la dimisión hacía meses por razones personales distintas, y a la baja por fallecimiento de Pedro Zerolo, sumaban 20 ausencias en una Ejecutiva formada inicialmente por 38 miembros. Así contado, la Ejecutiva se había quedado sin la mitad más uno de sus miembros iniciales, tal y como preveían los Estatutos del partido. No puedo dejar de mencionar, sin embargo, lo discutible de dicha suma. Sobre todo, porque había otra posible, que era: han dimitido 17 y siguen otros 18, luego no han dimitido la mitad más uno de los miembros en activo de la Ejecutiva. Y la indignación que a muchos militantes socialistas les produjo que los críticos, para conseguir sus fines, utilizaran la baja por fallecimiento de alguien tan querido por todos como Pedro Zerolo. Sin embargo, la dirección asumió que esa era la interpretación literal de lo dicho por los estatutos, donde, en el artículo 36, se habla de «bajas» en la Ejecutiva, sin entrar a detallar las razones de las mismas, ni el tiempo en que se hayan producido.

La batalla se produjo, no obstante, en la interpretación del resto del artículo 36, que literalmente dice que cuando se produzcan esas bajas de la mitad más uno de la Ejecutiva, «el Comité Federal convocará un Congreso extraordinario». Es decir, en ningún lugar habla de que ni el resto de la Comisión Ejecutiva, ni el secretario general se vean forzados a dimitir como consecuencia. Y en este punto, precisamente en este punto, se centró toda la confrontación posterior, ya que el sentido último de la operación era, precisamente, forzar la dimisión de Sánchez y el nombramiento de una gestora que pospusiera la celebración del Congreso. Y si eso no se conseguía, ¿para qué se había organizado la operación? Se citaron, es verdad, algunos pocos precedentes donde la dimisión de la mitad más uno de los miembros de una ejecutiva local o provincial había dado lugar al nombramiento de una gestora. Pero se omitía que, en esos casos, había sido un órgano superior, en cumplimiento de sus competencias, quien había adoptado tal decisión, sin que, en ningún caso, fuese automática. Pero en el caso de una Ejecutiva Federal el órgano superior sólo podía ser el Congreso, de acuerdo con los estatutos.

Para ayudar a entender la complejidad de la situación, tuve confirmación (el rumor estuvo circulando durante toda la mañana) de la dimisión de parte de la ejecutiva por la tarde, mientras me encontraba reunido con el ministro Montoro en el viejo caserón de Atocha, donde tantos años había trabajado yo cuando fui director de gabinete de Pedro Solbes en 1993-1996 y, luego, tras mi reingreso como funcionario. La situación, tan larga, de interinidad del gobierno, planteaba problemas imprevistos en el funcionamiento ordinario de las instituciones. Algunos podían tener solución jurídica siempre que tuvieran, además, respaldo político de los grupos parlamentarios, ya que el Congreso no estaba en funciones. Nos centramos, en concreto, en dos: la situación en que podía quedar la CNMV cuando se produjera el cese automático de su presidenta y de su vicepresidenta por haber agotado el mandato sin que la ley tuviera, como en otros casos, la previsión de certificar su continuidad en funciones hasta que no se les nombraran sucesores. Dado que, de no hacer nada, podía producirse una paralización en el funcionamiento cotidiano de un organismo tan importante, el gobierno abrió una ronda discreta de contactos para acordar una solución, de entre las opciones planteadas por la abogacía del Estado, que fuera aceptable políticamente.

Por otro lado, la prórroga presupuestaria a que abocaba la inexistencia de un gobierno planteaba un efecto colateral muy negativo en las comunidades autónomas, que se veían obligadas a presentar sus propios presupuestos (ellos no estaban en funciones) no sólo sin la información pertinente sobre la previsión de ingresos que el Estado central les haría de acuerdo con el modelo de financiación en vigor, sino de acuerdo con unos objetivos de déficit que habían quedado obsoletos desde que la Comisión Europea aceptó ampliar el mismo para el Reino de España en un acuerdo que, no obstante, no se había transpuesto a la legislación española como consecuencia de estar en funciones el gobierno. De no hacer nada, las comunidades autónomas tendrían que presentar un objetivo de déficit para 2017 del 0,1 por ciento, cuando ya estaba aceptado por Bruselas que podía ser del 0,5 por ciento o, incluso, del 0,6 por ciento. Tras varios contactos y una reunión con nuestros preocupados consejeros en una decisión que les afectaba directamente pero que sólo se podría negociar y corregir en el Congreso de los Diputados, acordamos contactar con el gobierno. Para negociar ambos asuntos me mandató el secretario general y eso es lo que estaba haciendo esa tarde en una reunión a la que me acompañaron el portavoz parlamentario de economía, Pedro Saura, y el responsable económico de la Ejecutiva, Manolo de la Rocha. Tengo que reconocer que sobre ambos asuntos llegamos a soluciones de las que participaron, también, los otros grupos de la Cámara, cuya participación fue exigida como condición por nuestra parte ya que queríamos evitar la imagen de PP y PSOE negociando en secreto.

Desde que se hicieron públicas las dimisiones en la Ejecutiva, y hasta media tarde del sábado, la confrontación estaba abierta: mientras que el secretario general y los restantes 18 miembros de la Ejecutiva se consideraban plenamente en activo, hasta el punto de reunirse el jueves para modificar las fechas del Congreso propuestas al Comité Federal (ya que éste había pasado de ordinario a extraordinario como consecuencia de las dimisiones), los críticos consideraban que habían cesado en sus funciones, por lo que no reconocían legitimidad a esa reunión de los miembros restantes de la Ejecutiva ni, por tanto, a sus decisiones.

La mayoría de los medios de comunicación entendió la situación como una confrontación entre dos partes del PSOE, una de las cuales había intentado, sin éxito de momento, derrocar al secretario general defendido por la otra parte. Así, por ejemplo, El Mundo tituló: «Sánchez hace frente al golpe de mano de los críticos y el PSOE se parte en dos». La Vanguardia hablaba de que «la dimisión de los críticos deja al PSOE partido en dos». En el mismo sentido, se entendió de forma mayoritaria que se trataba de un «golpe de mano contra Ferraz» en el que las declaraciones de González «fueron el pistoletazo de salida de un rosario de descalificaciones contra Sánchez» (El Mundo). «La maniobra, abanderada por Díaz y bendecida por González, [...] el golpe a Sánchez, [...] sitúa a Sánchez al borde de la dimisión» (La Vanguardia). «Golpe de fuerza para fulminar a Sánchez. González se suma a la ofensiva para derrocar al secretario general» (El Periódico de Catalunya).

De esa tónica general se desmarca, de forma destacada, El País, convertido, cada vez de manera más explícita, en portavoz de los críticos, dejando con ello en la cuneta su tradicional «independencia». El titular del jueves 29 tampoco tiene desperdicio. Dice: «Sánchez se atrinchera tras su cese» [sic]. Y apuntala como «verdad» lo que sólo defendía una parte: «La mayoría de la Ejecutiva dimite y deja sin funciones al secretario general», añadiendo en portada: «El líder destituido ignora la decisión». Para demostrar que no se trataba de un problema de edición en el titular de portada, el editorial también hablaba de que «el cese inevitable y legítimo de Sánchez es la única salida para el partido». En dicho editorial, llamado «Salvar al PSOE», llega a decir de Sánchez que es «un insensato sin escrúpulos que no duda en destruir el partido que con tanto desacierto ha dirigido, antes que reconocer su enorme fracaso». Costará mucho encontrar en la historia del periodismo democrático una injerencia tan directa en la vida interna de un partido y un ataque tan brutal a un dirigente político al que, pocos meses antes, apoyaban para que formara gobierno con Ciudadanos.

Apenas unas horas después de estos titulares, tanto el secretario general como los miembros en activo de la Ejecutiva pudieron ejercer su derecho al voto en el Comité Federal del sábado, demostrando así que no estaban «cesados» ni «destituidos». Recurro a Borrell, quien señaló sobre dicho titular, con su brillantez característica, en una entrevista en la SER, que «cesar es un verbo transitivo» y que le gustaría saber «quién había “cesado” a Sánchez», dado que el único instrumento previsto por los estatutos del PSOE era una moción de censura promovida desde el Comité Federal, cosa que no se había producido. En cualquier caso, El País rectificaba, en parte, su propia versión cuando al día siguiente ya hablaba de «tanto los seguidores de Sánchez como sus opositores» (es decir, que Sánchez también tenía partidarios) y titulaba la situación como «una guerra abierta en el PSOE», es decir, que había dos bandos y no sólo uno cargado de razón frente a la cerrazón de una persona enloquecida que, casualmente, era el secretario general del partido.

Más allá del debate interpretativo sobre los estatutos del partido (alguien llegó a insinuar que el asunto podría acabar en manos de los tribunales), el choque de legitimidad se evidenció cuando el jueves se presentó en Ferraz la presidenta del Comité Federal atribuyéndose a sí misma, en medio de un despliegue informativo excepcional, toda la autoridad del partido. El asunto no era menor ya que los críticos consideraban que Sánchez había dejado de ser secretario general y, por tanto, había que nombrar una gestora, mientras que los oficialistas consideraban que a pesar de la dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva, Sánchez seguía siendo secretario general hasta la celebración del Congreso extraordinario previsto en los estatutos. Este asunto es la clave para entender buena parte de lo que sucedió en los días posteriores y por qué resultó tan difícil encontrar puntos de encuentro entre ambos bandos, ya que o bien Pedro Sánchez seguía siendo secretario general, o bien no lo era. Pero no existían términos intermedios sobre este tema crucial del que dependía toda la operación.

Desde Andalucía, Susana Díaz habló de la necesidad de «coser» los rotos que se habían producido en el PSOE, según muchos, instigados por ella misma. El País así lo recogió en su edición del viernes, cuando tituló: «Susana Díaz reclama unidad y recuperar un PSOE ganador». Pero en las declaraciones públicas de la presidenta andaluza se cruzaron otros dos mensajes igualmente importantes: uno, la responsabilidad de todo lo que estaba pasando era, en exclusiva, del secretario general, y dos, al secretario general sólo le movían intereses personales. Así, El Mundo recogía el viernes: «La presidenta andaluza acusa a Sánchez de responder a intereses personales», mientras que La Razón lo expresaba como que «Díaz acusa a Sánchez de pensar en él y no en España».

Desde ese enfoque, los críticos se habrían visto obligados a intervenir para salvaguardar intereses generales superiores como, por ejemplo, España, aunque en ningún caso señalaban de manera explícita cómo pensaban hacerlo, más allá de quitando de en medio al secretario general. Pero el evidente conflicto político que estaba detrás de todo el asunto, aun siendo la madre de todo el conflicto, quedaba eclipsado y recubierto de generalidades como «primero España y luego el PSOE», cuando, como hemos visto, ambos problemas estaban simultáneamente determinados hasta el punto de que ése era el sentido último de forzar la salida de Sánchez, aunque nadie tuviera la valentía de reconocerlo explícitamente. En todo caso, para que nadie olvidase de qué iba todo el asunto, el editorial de El País lo recordaba con claridad: «El PSOE está obligado por encima de todo a evitar unas terceras elecciones» y, más adelante, «el dilema del PSOE es o menos PP ahora, o más PP en diciembre».

Tras los acontecimientos del jueves, que El Periódico de Catalunya resumió en un gran titular de portada, «Bochorno socialista», todos reconocían tres cosas: la operación contra Sánchez había fracasado, de momento; en segundo lugar, que el PSOE estaba roto en dos partes, por lo que no era cierta la imagen de que se trataba de «todos» contra un secretario general «ensimismado y aislado», atrincherado en su búnker de Ferraz, y en tercer lugar, la batalla se desplazaba a la reunión del Comité Federal del sábado. El propio diario El País, dos días después de haber publicado el «cese» de Sánchez, titulaba el viernes: «Total incertidumbre sobre el futuro» y «Sánchez busca medir fuerzas en el Comité Federal». El Mundo decía que «Sánchez y los críticos luchan por apropiarse del PSOE», La Vanguardia señalaba que «Sánchez resiste el primer asalto y Díaz sigue al acecho», publicando, además, una interesante información detallada sobre cómo «la pugna fractura todos los territorios socialistas», mientras que El Periódico de Catalunya editorializaba que «la salida más democrática es que las bases resuelvan el dilema: o el “no” de Sánchez a Rajoy, o la abstención», y su columnista Antón Losada decía: «Esto sólo se arregla votando».

A esas alturas, muchos analistas desde fuera del partido estaban señalando lo obvio, por más que se negara desde los críticos: como trasfondo de toda la pugna, más allá de las cuestiones personales o las ambiciones de poder de unos u otros, había una batalla política importantísima sobre cuál debía ser la posición del PSOE en la coyuntura actual de España. En concreto, si debía facilitar un nuevo gobierno de Rajoy con su abstención o no, aun asumiendo que esto último podría llevar a unas terceras elecciones si fracasaba, como parecía, la formación de un gobierno alternativo al del PP.

Sánchez fue el único que planteó de manera explícita y abierta desde el lunes la confrontación política que había detrás: el PSOE estaba dividido sobre qué hacer en España. De ahí que fuera preciso resolver primero el problema interno del partido para, desde ahí, ofrecer después una solución para España. Si lo enfocamos así, el verdadero dilema se planteaba sobre la manera en que el partido dirimía sus irreconciliables diferencias políticas internas: apelando al voto de los militantes en un Congreso o recurriendo a un golpe de mano que descabalgara al secretario general. Ésa es la esencia de lo que sucedió esa semana y en las siguientes.

A última hora del viernes, el secretario general leyó una declaración ante la prensa en la que situaba ahí, precisamente ahí, en el debate político subyacente, la verdadera cuestión de fondo de lo que estaba ocurriendo y de las discusiones del Comité Federal del día siguiente. «Mañana se celebra un Comité Federal que va a afrontar un debate decisivo. Ni es, ni puede convertirse en un debate reglamentario. Se trata de un debate político: decidir el rumbo que emprende el PSOE.»

Tras recordar la hoja de ruta establecida por el mismo Comité a finales de diciembre (el triple “no”: a Rajoy, a nuevas elecciones, a los independentistas), añadió: «El Comité Federal de mañana puede cambiar esa hoja de ruta y pasar a una abstención para que gobierne Rajoy», añadiendo a continuación que, si eso ocurría, «no podré administrar una decisión que no comparto». A partir de ahí, «resolver el debate es indispensable y urgente. Para el PSOE y para España». Y concluía: «O mañana se monta una gestora que facilite un gobierno de Rajoy o se convoca a los militantes para que decidan ellos [...], ése es el auténtico debate». El sábado, la prensa recogió de esta intervención lo siguiente: «Sánchez afirma que dimitirá hoy si pierde ante los críticos [...] y advierte que “o yo, o abstención al PP”» (El Mundo), «Órdago de Sánchez: “O Rajoy, o yo”» (La Razón), «Órdago de Sánchez al PSOE: o él o Rajoy» (El Periódico de Catalunya), «Sánchez y Díaz se juegan el PSOE y la legislatura» (La Vanguardia).

Además de esta confrontación política subyacente entre dos posiciones alternativas sobre lo que el partido debía hacer en lo inmediato y a medio plazo, la prensa también recogió otras cosas que ayudaban a enmarcar el debate del Comité Federal del sábado: «Los críticos exigen que una gestora dirija la organización hasta un nuevo Congreso» (El Periódico de Catalunya) y «Susana Díaz necesita tiempo para tener amarrado su asalto a la Secretaría General» (La Vanguardia). A esas alturas, incluso El País tuvo que admitir que la realidad del PSOE no se podía describir como «todos contra un líder errático», y tuvo que reconocer una «guerra abierta» en la que había «dos sectores». Además, añadía que «todos los puentes están rotos. No hay interlocución. No hay margen de acuerdo [...]. Los prolegómenos del Comité Federal sólo han servido para que cada sector consolide sus posiciones».

¿Cuáles eran esas posiciones? ¿Qué defendía cada parte? De manera resumida, la cosa se podría contar así: el sector oficialista defendía un proyecto autónomo y de izquierdas, lo que pasaba por negar el apoyo a Rajoy para que pudiera formar gobierno, intentar presionar por la configuración de un gobierno alternativo de cambio, en principio con apoyos de Ciudadanos y de Podemos, pero sin cerrarse a otras fórmulas que no se detallaban, y con ello, evitar las terceras elecciones que, en todo caso, eran preferibles a facilitar un nuevo gobierno Rajoy, aunque este punto tampoco se especificaba. La condición necesaria para que todo este escenario fuera posible era un PSOE unido en torno a un liderazgo fortalecido tras unas primarias y un Congreso que cerrara las crecientes divisiones y enfrentamientos internos.

Los críticos, por su parte, consideraban que evitar las terceras elecciones era la máxima prioridad, que seguir explorando un gobierno de cambio era, a esas alturas, una quimera, y que, en esa situación, lo mejor que podía hacer el PSOE era pactar unas condiciones para su abstención, facilitar un gobierno minoritario de Rajoy y emplear los siguientes años en hacer una buena oposición útil mientras se reconstruía la unidad interna del partido tras un Congreso para el que se necesitaba tiempo y sosiego. Esa estrategia, que, sin embargo, nunca se verbalizó ni se planteó de forma abierta, exigía sacar a Sánchez de la Secretaría General para que una gestora se hiciera cargo del partido y efectuara la ciaboga hacia su nuevo rumbo.

Como vemos, el Comité Federal más importante del PSOE en los últimos tiempos empezó la mañana del sábado no sólo con una profunda división entre sus miembros sino, lo que ayuda a entender (aunque no a justificar) lo que ocurrió, con ambas partes sin hacer explícita una parte fundamental de sus posiciones y de sus discrepancias. No, no se discutía sobre interpretaciones del reglamento. Se discutía, sin decirlo, sobre qué era el PSOE, qué debía ser y cómo se relacionaba con su nuevo entorno político, mucho más complejo que en la época del bipartidismo. Planteada en forma de «Sánchez o Díaz», «Congreso ahora o Comisión Gestora», se ocultaba una importantísima discusión política sobre el ser y el futuro del PSOE en la España de hoy, que conectaba con la reflexión más general sobre la crisis de la socialdemocracia europea (el temor a una «pasokización» surgía en casi todas las conversaciones) pero que, no obstante, nunca llegó a plantearse de forma explícita.

Sobre la reunión del sábado se sabe casi todo. Algunos se empeñaron en convertirla en espectáculo para mejorar audiencias (es decir, beneficios) y, desde dentro, se contribuyó filtrando fotos, vídeos y trozos de conversaciones y discursos en una reunión no abierta a los medios. No soy miembro del Comité Federal y, por tanto, no asistí a la misma; además, por encontrarme en Barcelona. Durante todo el día, no obstante, me mantuve en contacto con muchos de los asistentes y, desde entonces, he hablado con varios de los protagonistas hasta formarme mi propia opinión sobre lo que allí aconteció. Pero me voy a ahorrar nuevos cotilleos o más anécdotas jugosas para centrarme en lo que considero fundamental articulado en torno a los tres asuntos sobre los que giró el debate durante las muchas horas de reunión: qué se iba a someter a votación, quiénes iban a poder votar y cómo se iba a efectuar dicha votación.

Al principio, el orden del día para la reunión de esa sesión del Comité Federal se estableció en la reunión del lunes de la permanente de la Ejecutiva y consistía en convocar un Congreso del partido en la primera semana de diciembre y primarias para elegir al secretario general el día 23 de octubre. Con posterioridad, tras la dimisión de parte de la Ejecutiva, la dirección del partido, en su lectura de los estatutos que establecen la convocatoria, en ese caso, de un Congreso «extraordinario», interpretó que los plazos deberían acortarse y, así, dejando la fecha de las primarias, propuso adelantar el Congreso, ahora extraordinario, a finales de noviembre. Con ello, justo, pero se cumplían los plazos establecidos. Sobre esta cuestión, fundamental para decidir cuanto antes quién querían los militantes que fuese su dirección, ya que, sin ello, era imposible hacer política en un momento tan delicado, se superpuso lo dicho por Sánchez el día anterior al propio Comité Federal: el debate político de fondo sobre si abstenerse con Rajoy o intentar un gobierno alternativo.

Los críticos, por su parte, siguiendo su plan, querían debatir sólo sobre la constitución de una Comisión Gestora que llevara las riendas del partido hasta un Congreso que, a pesar de su carácter extraordinario, no debía ser, en su interpretación, urgente. Para ello, como hemos visto, la dimisión de parte de la Ejecutiva acarreaba la de toda la dirección, incluido el secretario general y, por tanto, el partido estaba descabezado. Este punto conecta, directamente, con el segundo asunto: ¿quiénes tenían derecho a votar en el Comité Federal? Aunque no siempre lo ejercen, los miembros de la Ejecutiva Federal, en su calidad de tales, tienen derecho a voto en el Comité Federal. Los 17 dimitidos, habiendo dejado de serlo, no podían ni estar en la reunión, salvo en función de sus otros cargos orgánicos en el partido. Pero, ¿qué pasaba con los otros 18 miembros de la Ejecutiva, incluido el secretario general, que, no habiendo dimitido, mantenían intacta su capacidad de voto para unos, pero para otros no, ya que se debían considerar dimitidos también?

Cómo ejercer el voto fue también objeto de debate. Hasta el punto de que la aparición de una urna y el aparente inicio del proceso de votación secreta sin que, todavía, hubiera acuerdo sobre el asunto, parece que desató una oleada de indignación en muchos de los presentes que pudo, incluso, precipitar el resultado del Comité tras muchas horas de tensión. No es frecuente que en las reuniones del Comité Federal se vote, ya que las decisiones suelen acordarse de forma consensuada. Y, cuando se vota, lo normal es hacerlo a mano alzada. El asunto del voto secreto en urna es, por tanto, cuestión delicada que había que discutir por lo que significaba.

Por agrupar las posiciones, los oficialistas pedían: votar las últimas fechas de primarias y de Congreso extraordinario ya propuestas; que pudieran votar los 18 miembros restantes de la Ejecutiva, incluido su secretario general, y que la votación se produjera en urna (conviene recordar que la historia oral del PSOE asegura que en el Congreso extraordinario del año 2000 ganó la candidatura de Zapatero frente a la de Bono sobre todo porque la votación se hizo en urna y ello evitó las presiones que sobre los participantes siempre tiene ejercer el voto en público). Los críticos, por su parte, defendían: votar una Comisión Gestora; que no pudieran votar ni Sánchez ni el resto de la Ejecutiva, porque, según ellos, ya no gozaban de esa condición, y que se votara a mano alzada.

Al final, se aceptaron los dos primeros puntos de los oficialistas y el tercero de los críticos. Pero cuando éstos aceptaron que Pedro Sánchez podía ejercer su voto, estaban con ello aceptando que seguía siendo el secretario general y, por ende, reconocían que toda la argumentación que habían mantenido durante los últimos tres días, incluido el espectáculo ofrecido por la presidenta del Comité Federal («la única autoridad existente soy yo»), había sido un montaje indefendible cuyo único objetivo era forzar la dimisión de un secretario general legítimo, legal y en plenitud de sus funciones. Sólo cuando la dirección del partido vio derrotada su propuesta sobre el Congreso, por 132 votos en contra y 107 a favor, se produjo la dimisión del secretario general, y sólo entonces pudo acordarse nombrar una Comisión Gestora.

Esto es importante resaltarlo. La maniobra de coordinar la dimisión de miembros de la Ejecutiva para, con ello, forzar la dimisión del secretario general, que había galvanizado la semana trágica del PSOE, se demostró un puro montaje en el momento mismo en que los críticos aceptaron el sábado que Sánchez ejerciera su derecho a un voto al que tenía derecho, porque nadie le había «cesado», más que en los titulares de prensa. Es decir, la posición reglamentaria defendida durante toda la semana por la dirección del partido se demostró la acertada.

Y la pregunta queda para el debate: ¿se hubiera organizado tanto destrozo al PSOE durante toda la semana y buena parte del sábado si los críticos hubieran estado seguros de contar, desde el principio, con una mayoría en el Comité Federal? ¿O, precisamente, porque no estaban seguros de contar con respaldo suficiente, es por lo que organizaron esa campaña de desgaste y presión durante la semana para forzar la dimisión del secretario general, que es lo único que les podía llevar a una Gestora que pudiera revisar la posición política del partido ante la investidura de Rajoy?

En su intervención ante los medios de comunicación tras presentar su dimisión, Pedro Sánchez volvió a señalar que había propuesto un Congreso extraordinario con relativa rapidez porque el PSOE tenía «dos cuestiones que se deben dirimir»: «el liderazgo, que se había puesto en cuestión» y «el posicionamiento del PSOE en la investidura». Ambos eran asuntos no menores, por lo que convenía dar la voz a los militantes, ni que admitieran más dilación, razón por la que se proponían fechas cercanas para el Congreso y las primarias. Esa propuesta razonada había sido derrotada y, señaló, «no puedo administrar una decisión que yo no comparto».

Toda la prensa del domingo 2 de octubre recogía estos acontecimientos de manera muy destacada, aunque no todos hacían la misma lectura de los hechos. «Pedro Sánchez dimite y deja un PSOE dividido y derrotado», decía El País, que apuntaba que ahora era «la hora de la unidad». «Los críticos tumban a Sánchez en un bochornoso Comité Federal», decía El Mundo, añadiendo en su editorial que «Sánchez tira la toalla tras un cerco implacable de los críticos» y que «el enfrentamiento del líder con el poder del PSOE hizo su situación insostenible». «Una buena decisión para el PSOE», titulaba La Razón, mientras que La Vanguardia señalaba que «Sánchez dimite y los barones se imponen en un PSOE roto». «KO a Sánchez» fue el titular de El Periódico de Catalunya, que señalaba la fuerte división interna.

Pocos, muy pocos, tuvieron dudas sobre que forzar la dimisión del secretario general para poder nombrar una Gestora no encubriera el cambio en la posición política del PSOE respecto a qué hacer en España: dejar gobernar a Rajoy, nuevas elecciones o intentar un gobierno alternativo. A pesar de que en ningún momento durante la semana o en las más de trece horas de reunión del Comité Federal los críticos explicitaron su posición al respecto, a nadie le cupo dudas de que nombrar una Gestora era la condición necesaria hacia un cambio en el rumbo establecido por el propio Comité Federal en Navidades (los tres «no») y transitar hacia una abstención en la investidura de Rajoy. Todos sabíamos que la operación era ésa, aunque nadie de los críticos lo hizo explícito. Y esta actitud les alienó algunos apoyos que se hubieran allegado si, en vez de plantear la batalla orgánica como un pulso de poder interno, se hubiera tenido la valentía de apuntar al debate político subyacente.

Si, como decían los críticos, primero España y después el PSOE, ¿por qué forzar la dimisión del secretario general cuando no se habían cuestionado públicamente, hasta entonces, las posiciones de éste ante los problemas de España? Si los críticos creían que resolver los problemas de España exigía virar hacia una abstención que permitiera gobernar a la opción más votada, ¿por qué no lo dijeron tras las elecciones del 20D, o las del 26J, o cuando el debate de investidura de Rajoy en agosto? Y, sobre todo, ¿por qué no plantearon que debatir esto fuera el único punto del Comité Federal del 1 de octubre como, por cierto, pidió Sánchez la noche del viernes?

El problema es que ellos sabían, mejor que nadie, que después de llevar meses contribuyendo a hinchar el globo del «No a Rajoy, ni a nadie del PP», posición en la que estaban públicamente todos ellos menos Fernández Vara, los votantes y los militantes estaban mayoritariamente convencidos de que ésa era la mejor postura para el PSOE. Y el coste de cambiar esa posición hacia la abstención, como pedían todos los poderes fácticos del país, acabó siendo la división del partido y la cabeza de un secretario general obcecado en defender sus posiciones y sus competencias. Por tanto, se tuvieron que abordar los problemas del PSOE, antes de ofrecer soluciones a los de España. Como, por cierto, había defendido Sánchez. Pero unos lo querían hacer mediante consulta a las bases y un Congreso democrático, mientras que otros lo hicieron forzando la dimisión del secretario general, aun a costa de debilitar al partido y perjudicar su imagen.

De lo ocurrido en estos días merece destacarse, en positivo, la actitud de Pepe Borrell que asumió, casi en solitario, la defensa del sentido común ante los medios de comunicación y los propios militantes del partido. Aprovechando su propia historia política, paseó su lógica aplastante por radios, televisiones y el propio Comité Federal del que era miembro. A pesar de que defendía la abstención con contrapartidas, intentó poner pie en pared a lo que consideró «un golpe de Estado organizado por un chusquero» y en defensa de su idea de que «no quiero a un secretario general del PSOE que sea un hombre de paja de ningún poder territorial». Su llama de sensatez quedó apagada por el chaparrón que cayó sobre todos.

Una Gestora para la abstención

A nadie le cupo ninguna duda de que la primera tarea de la Comisión Gestora que se hizo cargo de la dirección del PSOE tras la dimisión de su secretario general no sería convocar un Congreso extraordinario a la mayor brevedad posible, como mandan los estatutos del partido. Si bien el debate del sábado 1 de octubre en el Comité Federal giró, formalmente, en torno a la propuesta de Pedro Sánchez de convocar primarias y un Congreso, todo el mundo sabía que lo que estaba detrás de los acontecimientos de esa semana eran otras dos cosas: la actitud de bloqueo que el partido estaba manteniendo respecto a la formación de gobierno por parte del PP y, en segundo lugar, la lucha orgánica por el liderazgo del partido. Por ese orden.

Salvo el caso de Fernández Vara, resulta difícil encontrar declaraciones de los barones del partido en las que transmitieran discrepancias respecto a la actitud mantenida hasta la fecha por el secretario general. Entre otras cosas, porque se mantuvo siempre dentro de las resoluciones aprobadas por el propio Comité Federal que había establecido el «no es no». Tan es así la cosa que todavía al día siguiente de la dimisión de Sánchez uno de los barones alineados en su contra, el presidente valenciano, Ximo Puig, hizo unas declaraciones en las que dijo: «El PP no ha hecho nada para merecer la confianza del PSOE, por lo que no podemos conformar ni un gobierno de coalición ni ayudar a su instauración en el poder» (El Mundo).

Sin embargo, tras el órdago lanzado contra la dirección federal del partido siempre estuvo la convicción de que había que dar un giro a la actitud mantenida por Sánchez e ir escorando al Grupo Parlamentario hacia la abstención frente a la candidatura de Rajoy. Nadie lo dijo, pero todos, incluida toda España, lo sabíamos. El lunes 3 de octubre El Periódico de Catalunya decía: «La tormentosa caída de Pedro Sánchez acerca a los socialistas a la abstención en una investidura de Rajoy».

Por ello, no extrañó que a eso precisamente dedicara sus primeros esfuerzos el presidente de la Gestora, Javier Fernández, desde el mismo día de su toma de posesión, siguiendo una estrategia muy conocida que podemos resumir en una frase célebre de Sherlock Holmes: «Cuando eliminas toda solución lógica a un problema, lo ilógico, aunque imposible, es invariablemente lo cierto». Así, en su primera rueda de prensa el mismo lunes 3 de octubre ya señaló su posición, en principio, personal. «El PSOE asume que la peor solución son otras elecciones», tituló El País al día siguiente, adelantando que Fernández había señalado también que «una abstención no es lo mismo que un apoyo». El presidente de la Gestora dijo ante los periodistas: «Yo no quiero elecciones y lo voy a defender ante el Comité Federal», que era el único órgano del partido con autoridad para proceder a un cambio de estrategia de esa magnitud. Es cierto que no era la primera vez que Fernández defendía esta posición, ya que en los últimos días había dicho que peor que un PP en minoría, como ahora, sería un PP en mayoría tras unas hipotéticas terceras elecciones.

Las tareas de la nueva Gestora eran varias y ninguna de ellas fácil de hacer. El Mundo las sintetizó en tres: «Cerrar las profundas heridas producidas, tratando de unificar una formación completamente partida por la mitad; empezar a reconstruir el partido; debatir de forma definitiva la postura del PSOE para evitar las terceras elecciones». Y El País remachaba: «La Gestora del PSOE se plantea cómo evitar las terceras elecciones». Como dijo El Mundo: «Casi todos los barones se han manifestado partidarios de evitar unos terceros comicios porque sería un disparate. Sin embargo, nunca han sido claros sobre la forma en que el PSOE podría evitar las elecciones».

Tal vez por ello, pocos días después, el domingo 9 de octubre, el mismo Fernández se encargaba de cerrar otra puerta al decir en una entrevista en el diario El País que «no hay una alternativa de izquierdas, hay que aterrizar en la realidad». Y desarrollaba el argumento al decir: «El “no” a un gobierno del PP está en la médula de los militantes del partido, por tanta corrupción y por los recortes. La contundencia con la que los dirigentes socialistas hemos rechazado una posible abstención ha ahondado en ello. Pero se ha revelado imposible otra opción de gobierno, por lo que ahora se requiere un aterrizaje forzoso en el principio de realidad [...]; una vez que no hay alternativa de izquierdas, no podemos cerrar en falso el debate sobre la abstención o incluso no tenerlo».

En apenas una semana, el presidente de la Gestora había eliminado tres de las cuatro «soluciones lógicas» al dilema del país y del PSOE: repetir elecciones es lo peor, no hay otra opción de gobierno posible (esa alternativa PSOE-Podemos-Ciudadanos que apoyaban muchos desde un manifiesto publicado en los medios) y, más en concreto, tampoco hay una alternativa de izquierdas (sin Ciudadanos y con los nacionalistas). Por tanto, sólo quedaba como cierto la abstención, hasta ahora tabú, pero desacralizada por Fernández como algo distinto al apoyo.

Otra vez en palabras de Holmes: «Una vez que descartas lo imposible, lo que queda es la verdad, por improbable que parezca». A partir del rápido desmontaje de «lo imposible», ya sólo era cuestión de tiempo que sólo quedara «la verdad» y fuera evidente para todo el mundo lo que se ocultaba detrás de la operación descabalgamiento de Sánchez, a la que tantas fuerzas ajenas al partido habían contribuido: abstenerse, para facilitar un nuevo gobierno de Rajoy, no sólo como la única solución posible, aunque hubiera sido improbable, sino como la mejor solución, especialmente, respecto a unas terceras elecciones, ya que las otras dos se habían descartado directamente como imposibles. Así, tras la dimisión forzada de Sánchez, tuvo lugar en pocos días aquello que El Mundo denominó «un viraje histórico» en el PSOE, con repercusiones evidentes sobre sí mismo y sobre el conjunto de España.

Tras el jaque mate de reina, el movimiento de salto del caballo requería tiempo para que tan brusco giro madurara en la estructura del partido y de su grupo parlamentario. Muy pronto empezaron a oírse voces internas apoyando la abstención. Voces que, hasta ese momento, se habían mantenido en silencio. Incluso pudimos escuchar algunas voces defendiendo la abstención, que era lo contrario de lo que habían venido proclamando hasta ese momento. Esas cosas pasan, ya que acudir en auxilio del vencedor está en la naturaleza de algunos humanos. Reorientado en esa dirección el rumbo del PSOE, la nueva dirección tenía otras dos decisiones importantes que adoptar: señalar quién debería aprobar el nuevo camino hacia la abstención, si los militantes mediante voto directo y secreto o un Comité Federal convocado a tal fin, y en segundo lugar, si aceptar una libertad de voto en el grupo parlamentario para facilitar la transición hacia la nueva postura, establecer una «abstención técnica» para aunar el voto negativo a Rajoy del Grupo Socialista con facilitar su elección mediante la abstención del número exacto de diputados que fuera necesario para ello o, por contra, forzar la unidad de todo el grupo en base a la disciplina de partido. De nuevo, el presidente de la Gestora actuó muy pronto como ariete en ambos asuntos y así, el mismo martes 4 de octubre, situando unas declaraciones de Fernández, ya leemos en El Mundo que «El PSOE no consultará a las bases si deja gobernar a Rajoy» y, en la página siguiente y de la misma fuente: «Cualquier solución es un problema para nosotros [...], ni me planteo que haya libertad de voto». Se hablaba de convocar un Comité Federal para el sábado 15 de octubre, que vendría precedido de una reunión de los barones del partido dentro del llamado Consejo Interterritorial. Había prisa. Recordemos que si antes del 31 de octubre no había sido elegido un presidente del gobierno, las elecciones quedarían convocadas de forma automática, al haber transcurrido dos meses desde la investidura fallida de Rajoy.

Todo el mundo coincidía en la necesidad de que la Gestora encontrara un «nuevo relato para explicar su giro, tras la campaña del “no es no” de Sánchez [...]; si el partido va a terminar absteniéndose ante la investidura de Rajoy, necesita empezar a justificarlo ya. Quitarle el tabú» (El País). La reunión a puerta cerrada con el Grupo Parlamentario el martes 4 de octubre fue un buen escenario para iniciar la ciaboga colectiva. Lo que el periódico El País denominó «la labor de pedagogía [...]. En el Grupo Parlamentario ha empezado la labor de persuasión». En ese momento, el nuevo relato se estaba construyendo sobre tres puntos principales de razonamiento: el primero, que no hablamos de abstención, sino de no repetir elecciones. El segundo, que Mariano Rajoy debería hacer «algún gesto» para facilitar una hipotética abstención socialista. Y, el tercero, que abstenerse, cuando no se puede ofrecer una alternativa de gobierno, no es sinónimo de apoyo sino que es la manera de poder ejercer la oposición.

La inmensa mayoría de los 26 parlamentarios socialistas que tomaron la palabra en la larga reunión del Grupo «se mostró en contra de terceras elecciones y a favor de abrir una reflexión para evitarlas» (El Mundo). «Abiertamente, no hubo defensas entusiastas de la abstención [...] pero sí se trató sobre los perjuicios que causaría al PSOE y al país la celebración de nuevas elecciones» (El País). En esa reunión, el presidente de la Gestora dijo, según recoge El Mundo, que «el debate sobre la abstención no es en absoluto ideológico, ni afecta a si el partido se acerca o se aleja del PP. Es un asunto táctico sobre qué conviene al país y al PSOE [...] ya que todo el mundo sabe que si hay terceras elecciones, el PP sacará mejor resultado».

Este último argumento se utilizó de manera tan contundente que durante unas horas llegó a cundir el temor en algunos medios de que el PP prefiriera ir a elecciones ya, dada la debilidad del PSOE en ese momento, roto y sin cartel electoral. Esta idea quedó reflejada en un titular de portada de El País: «El PP advierte de que ya no le basta la abstención del PSOE. Los populares quieren que los socialistas acepten los presupuestos y den garantías de estabilidad en esta legislatura o irán a las terceras elecciones», y en un editorial del mismo medio que decía que «El PP no debe aprovechar la crisis del PSOE para imponer condiciones». ¡Parecía el mundo al revés! El propio Rajoy tuvo que salir para desmentir este tipo de informaciones que, en realidad, más parecían dirigidas a reforzar la abstención como mal menor para el PSOE. La abstención se presentaba así como algo que obligaría a torcer la mano de un Rajoy que, en realidad, estaba deseando ir a unas terceras elecciones para perjudicar al PSOE. El líder popular fue contundente, «No queremos terceras elecciones [...], me ganaré día a día la gobernabilidad» (El País), y añadió que no aprovecharía la crisis socialista para imponer condiciones.

Con todo ello, el nuevo relato socialista quedaba así, al menos en ese momento: si el PSOE se abstenía en una nueva votación de investidura, no sería porque Rajoy se lo mereciese, ni mucho menos porque España se mereciese otra legislatura de Rajoy. La abstención sería por razones egoístas del PSOE, porque no hacerlo nos llevaría a unas terceras elecciones en las que el PP se reforzaría y el PSOE saldría perjudicado. Es decir, la abstención se defendía sólo por interés de partido. Sin duda, era una narración destinada a convencer, principalmente, a los militantes socialistas.

Los primeros pasos de la Gestora por la andadura de la abstención abrieron ya dos debates de calado, altamente relacionados entre sí y que van a permanecer con nosotros durante mucho tiempo: qué tipo de oposición debería hacer el PSOE, es decir, cuál debería ser su actitud ante un gobierno de Rajoy al que había facilitado la investidura y, en paralelo, quién sería el verdadero líder de la oposición a ese gobierno, si un PSOE que le había permitido existir, o un Podemos rodeado de esa nueva aureola de radicalidad gestual a que aspira su líder.

Pablo Iglesias «ningunea al PSOE y ya se erige en líder de la oposición», titulaba El Mundo al hacerse eco de un acto en el que había dicho que «el desafío de Podemos es asumir el espacio que nos han entregado, que es ser la oposición en este país» ya que «después de entregar el gobierno a los corruptos, mafiosos y responsables del sufrimiento de la gente, ¿quién en España va a creer que los socialistas pueden ser oposición?». En el mismo sentido se expresó también el líder de IU: «Si los socialistas se abstienen, lideraremos la oposición». Conviene recordar que en esos primeros días de socialismo post Sánchez, los dirigentes de Podemos amagaron con «una maniobra de presión contra los dirigentes territoriales del PSOE a cuenta de una hipotética abstención a un gobierno del PP» (El País). Tras romper su acuerdo con García-Page en Castilla-La Mancha, insinuaron que podrían desestabilizar a aquellos presidentes autonómicos socialistas que lo fueran gracias a su apoyo, si pasaban a defender la abstención frente a Rajoy. Como dijo su secretario de Organización: «Habrá consecuencias en sus pactos en Aragón y en la Comunidad Valenciana si sus presidentes permiten que Rajoy siga en Moncloa». En el mismo sentido se expresó IU, que apoyaba en Asturias a Javier Fernández: «No es compatible favorecer la continuidad de Rajoy y entenderse en Asturias con IU en base a un programa que confronta con el de Rajoy». Las amenazas se diluyeron como azucarillo en agua después de que Errejón señalara lo paradójico de una amenaza que tuviera como consecuencia de que el PSOE facilitara el gobierno nacional al PP que Podemos facilitara, con la ruptura de sus acuerdos con el PSOE, unos gobiernos autonómicos del PP.

Entre este Podemos y el PP de Rajoy debía encontrar su espacio el PSOE, primero como referente de la oposición y, luego, como alternativa real de gobierno. Para ello, lo más urgente era contrapesar el hecho de la abstención con una retórica fuertemente antiPP: «La Gestora comunica a Rajoy que el PSOE no le garantiza la estabilidad» (El País), «El PSOE no garantiza la estabilidad al PP» (El Periódico de Catalunya). Y luego, diferenciarse de Podemos: «El PSOE sólo negociará con Rajoy después de la investidura [...]. Ferraz rechaza una garantía de estabilidad previa, aunque asume que después habrá que llegar a acuerdos» (El Mundo). Quien mejor expresó la necesidad de ocupar ese espacio político fue Ramón Jáuregui, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo y uno de los dirigentes más respetados en el partido y fuera de él: «Hay que aprovechar un gobierno débil para impulsar una agenda reformista [...]. Pienso en un PSOE capaz de pactar. También con el gobierno. Cuanto más se vuelque en la calle Podemos, más espacio queda para el centroizquierda que representa el PSOE. Perder el centro es perder la capacidad de ser alternativa» (El País). Y apostillaba: «Si no eres capaz de presentar un gobierno alternativo al partido ganador, debes aceptar que construya su mayoría y pueda gobernar», apuntando con ello, a favor de la abstención, un principio de «responsabilidad democrática» muy diferente al meramente egoísta señalado por la Gestora.

Apenas una semana después de la toma de control del PSOE por parte de la Gestora, la prensa podía recoger que «Nadie ve ya otras elecciones [...]. El PP percibe ya en el PSOE la voluntad de abstenerse [...]. Ciudadanos y Podemos también ven con claridad que se aleja la opción de repetir elecciones» (El Mundo), «El PSOE apura los plazos para facilitar la reelección de Rajoy» (El Periódico de Catalunya). En palabras del portavoz de la Gestora: «Seguimos favoreciendo las condiciones para que se produzca un diálogo sosegado y tranquilo sobre la posible abstención para hacer presidente a Mariano Rajoy» (El Mundo), que añadía ya que la fecha más probable para el Comité Federal que debatiría la abstención sería el domingo 23 de octubre. En paralelo, el presidente de la Gestora decía que «el PSOE no es un partido asambleario», por lo que defendió que la decisión última se adoptara en el Federal, sin necesidad de posterior ratificación por los militantes en referéndum. Para llegar a esa estación, se comprometía a ver «a los líderes regionales uno a uno» (El País) de tal manera que «los barones fijarán el camino a la investidura» (El Mundo) teniendo en cuenta que «el PSOE aguarda a las primarias del PSC para anunciar su decisión» (El Periódico de Catalunya). Y no sólo por la importancia intrínseca del problema catalán, ni por las supuestas conversaciones mantenidas por Sánchez con los independentistas catalanes a las que nos referiremos en breve. También por la importancia del propio PSC, un partido autónomo respecto al PSOE pero con un acuerdo de colaboración fraguado en la Transición, y de sus siete diputados en el Congreso. En todo caso, y respecto a esto último, los dos candidatos que presentaron su candidatura a la Secretaría General del Partit del Socialistes de Catalunya defendían el «no es no» a Rajoy y ello arrastró a todos los diputados socialistas catalanes en la votación de investidura.

El reelegido secretario general de los socialistas catalanes se vio envuelto en uno de los asuntos más turbios ocurridos durante esos días, dado que se le señalaba como el interlocutor privilegiado en Cataluña: la supuesta conspiración de Sánchez con Podemos y los independentistas catalanes para dar un golpe de mano que le llevara a la Moncloa de la mano de una mayoría absoluta de 178 escaños. Se trataba de la llamada «operación Frankenstein», que, según algunos, no sólo estaba «prácticamente cerrada» sino que el entonces secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tenía intención de presentar en público en una reunión del Comité Federal que pensaba convocar el 23 de octubre, precisamente el mismo día que el Comité Federal iba a acabar votando la abstención después de defenestrarlo. En palabras de uno de los principales divulgadores de esta estrafalaria teoría, que tuvo cierto recorrido entre los partidarios de la conspiración como explicación del todo, «el Comité Federal del 1 de octubre fue innecesariamente brutal, pero ese día se paró el verdadero golpe, el que tenía preparado Sánchez para el 23». Según uno de esos digitales para los que no hay diferencia entre noticia y rumor sin confirmar, «Pedro Sánchez tenía ya el “sí” de Pablo Iglesias, Homs y Junqueras para ser presidente del gobierno» (ECD). Y se aseveraba sin ninguna prueba ni ningún rubor.

Otros comentaristas más rigurosos señalaban, sin embargo, lo contrario. Que «Pedro Sánchez tenía un plan para alcanzar la Presidencia del gobierno con el apoyo de Podemos y los soberanistas catalanes, pero su concreción no era “inminente”, en contra de lo señalado por algunos medios de comunicación de Madrid, deseosos de caracterizar el vertiginoso golpe de mano contra Sánchez como una operación de “salvación nacional”» (Enric Juliana, La Vanguardia). ¿Qué hay de verdad en todo esto?

Posiblemente fue Alberto Garzón el primero que habló en público, tras la dimisión de Sánchez, de que «el PSOE estaba explorando incluso una investidura más abierta que en la ocasión anterior. Es decir, sin vetar a independentistas y nacionalistas [...], nos manifestaron que no iba a ser como tras el 20D, sino que serían mucho más abiertos» (entrevista en El País). Al día siguiente, El Mundo, citando «fuentes del PSOE», señalaba en titular que «El PSOE atribuye a Sánchez e Iceta un plan de pacto con secesionistas», y desarrollaba en la información que los sectores críticos con Sánchez encontraban pruebas de que «el secretario general del PSC, Miquel Iceta, con el respaldo pleno de Pedro Sánchez, intentaba pavimentar desde hace meses el camino para construir una fórmula in extremis de gobierno alternativo contando con el apoyo de las fuerzas independentistas» y, continuaba, que dicha maniobra «se venía preparando desde hace tiempo y de manera unilateral pero con pleno conocimiento y aliento del exsecretario general del PSOE». Una parte de estas supuestas pruebas era un «documento programático de tres folios» que, supuestamente, se sometía a consideración de los aliados para su aprobación. «El documento pretendía ser un mínimo común denominador para facilitar la investidura y abrir la puerta a un cambio de ciclo», dice Juliana. Sin duda, habla del documento al que ya he hecho referencia en un punto anterior.

A partir de ahí, los exégetas de la nada discrepan en casi todo. Alguno señala que la abstención de Ciudadanos formaba parte del plan, ya que si Ciudadanos no sumara sus votos a los de Podemos, y menos después de haber apoyado a Rajoy en agosto, el temor del partido naranja a unas terceras elecciones les podría empujar a aceptar la «operación Frankenstein». Otros, por contra, dicen que este plan enmendaba el supuesto error cometido por Sánchez en marzo al preferir acordar con Ciudadanos antes que con Podemos (como si ello hubiera sido posible, según hemos visto) y dejaba fuera a Rivera y los suyos. Unos aseguran que Junqueras, y con él ERC, había dado su acuerdo explícito, mientras que todos escuchamos a Tardà diciendo públicamente que era mentira que ellos hubieran acordado nada con Sánchez: «En los últimos meses no hemos recibido ninguna llamada del PSOE». Para unos, el apoyo del PNV era algo seguro. Otros, por contra, dicen que se había optado por dejar al PNV para el final y que todavía nadie le había explicado la supuesta operación. Por supuesto en la operación estaban Compromís y Ada Colau, en principio, descontentos con la negativa de Podemos a facilitar en marzo un gobierno del cambio encabezado por Sánchez. Lo mismo sucede con la formación morada: mientras que unos analistas aseguran que Pablo Iglesias había aceptado, otros señalan que la decisión estaba dividiendo a Podemos, con un Errejón totalmente partidario frente a un Iglesias resistente ya que «sospechaba que la verdadera intención del PSOE era forzar las terceras elecciones para dejar en la cuneta a Podemos» (Juliana).

Curiosamente, todos se refieren como fuentes de la información a colaboradores muy cercanos a Pedro Sánchez cuando era secretario general. Al parecer, a unos les dijeron que «las conversaciones estaban muy avanzadas» (ECD), mientras que a otros les dijeron que «nuestra estrategia pretendía dibujar una línea parabólica. Primero decimos “no” a Rajoy. Después intentamos un gobierno de cambio. Si el pacto para una mayoría alternativa fracasa, por culpa de la intransigencia de Iglesias, aún quedaban dos opciones: aceptar como inevitables las terceras elecciones e, incluso, plantearnos a última hora una abstención justificada por la gravedad del momento» (citado por Juliana). Es decir, en un entorno muy cercano a Sánchez y muy reducido, al parecer, para unos «lo tuvimos en nuestra mano, estuvimos muy cerca de conseguir formar gobierno», mientras que para otros no pasó de ser una cortina de humo.

Con estas premisas, no es sólo evidente que «el pacto no era inminente». Es que ni siquiera constituía una realidad mínimamente creíble. De hecho, en lo que yo conozco, más allá de conversaciones informales y de estudio de alternativas, como se hizo también con la abstención, la pomposamente llamada «operación Frankenstein» nunca existió. De hecho, creo que lo que se ha contado al respecto forma parte de una operación de intoxicación informativa contra Pedro Sánchez, al que se quiso acusar, con dicha invención, de aventurero irresponsable. ¿No resulta extraño que nadie de los muchos afectados, de tantos partidos, lo haya confirmado y, sin embargo, sólo lo supieran quienes lo cuentan y quienes lo escriben? Obviando, por cierto, que además de los 178 votos que nunca existieron, para sacarla adelante hubiera tenido que convencer a la mayoría del Comité Federal del PSOE y a su Majestad el Rey, que le tenía que haber vuelto a hacer el encargo antes del 31 de octubre.

Mientras se mantenían, supuestamente en el máximo secreto, estas complejas conversaciones para investir a un Sánchez poco menos que «enloquecido», yo recibía, como ya he mencionado antes, el encargo de ese mismo secretario general para negociar con el gobierno del PP, en concreto sus ministros De Guindos y Montoro, dos problemas de gran trascendencia que estaban bloqueados como consecuencia de tener un gobierno provisional: la delicada situación de la CNMV ante el inminente cese por agotamiento del plazo de mandato de su presidenta y de su vicepresidenta y, sobre todo, la necesidad de modificar, por Decreto Ley convalidado por el Congreso, los objetivos de déficit para las comunidades autónomas de tal manera que éstas pudieran cerrar sus presupuestos de 2016 y aprobar los de 2017 de manera más holgada, con menor necesidad de ajustar el gasto, de acuerdo con los nuevos objetivos de déficit público ya autorizados por Bruselas, pero que no se habían podido trasladar a la legislación española debido a la prolongada interinidad del gobierno. Este último punto era, lógicamente, de alto interés para todos los presidentes autonómicos. En ambos asuntos alcanzamos acuerdos satisfactorios, a los que también se sumó Ciudadanos, según informaron los medios de comunicación.

El camino del PSOE desde el «no es no» a la abstención era tan largo como necesariamente rápido. Y tenía al menos tres hitos importantes más, una vez la Gestora había desarrollado una narrativa destinada a convencer a los propios: el Comité Federal debía aprobar la nueva posición política, el giro histórico, sin necesidad de consultar a la militancia; en segundo lugar, el discurso, argumentándolo en el debate de investidura, empezando por decidir quién debía de ser, en el pleno del Congreso, el portavoz de la nueva postura del partido, y en tercer lugar, conseguir hacer todo esto con la menor quiebra interna posible.

Una vez desprestigiada la posibilidad de un gobierno alternativo y establecida la narración de que unas nuevas elecciones serían perjudiciales para el PSOE, la Gestora tenía que dar el siguiente paso y conseguir que el Comité Federal aprobara la abstención en la investidura de Rajoy, después de haber aprobado en diciembre lo contrario y de haberlo mantenido vivo desde entonces, ya que —recuerdo— el «no es no» era algo asumido por la mayoría del partido, militantes y dirigentes. Hasta ese momento, en que era llegada la hora de decir Diego donde se había dicho digo.

El camino hacia la abstención estuvo empedrado de apoyos externos que acompañaron un alud de declaraciones orgánicas en favor del viraje. Desde un número creciente de diputados y senadores hasta distintas federaciones, entre las que destacó la andaluza, cuya comisión ejecutiva así lo proclamó. En sentido contrario y, en defensa de continuar negándose a facilitar el gobierno a Rajoy, se manifestaron también ejecutivas regionales como la del País Vasco o la del PSC en un debate que dividió al partido, agrupación por agrupación. Desde fuera, Rajoy dio instrucciones a los suyos de mantenerse silenciosos ante el duro proceso abierto en el PSOE, la prensa conservadora prodigaba artículos que intentaban apoyar el giro socialista y El País echó el resto, con dos editoriales y una encuesta elaborada por Metroscopia.

Conocidas las discrepancias mantenidas desde la dirección del periódico del grupo Prisa con el anterior secretario general del PSOE, no podía extrañar que siguiera insistiendo en un editorial que «la negativa a asumir los fracasos electorales y los graves errores de estrategia cometidos desde el 20D han ahondado divisiones preexistentes e impedido la recuperación de la confianza». Pero, apoyando el titular del editorial, «Contra el derrotismo», se señalaba que «el PSOE tiene futuro pese al pesimismo que prolifera a su alrededor». Al parecer, razones para una cierta resignación socialista había, ya que tal y como refleja la encuesta, tras la dimisión forzada de Sánchez, unas nuevas elecciones no sólo beneficiaban al PP, que vería aumentada en cinco puntos su ventaja, sino que relegarían al PSOE a la tercera posición tras un claro sorpasso por parte de Podemos.

A pesar de que, según la encuesta, la actuación de Javier Fernández como presidente de la Gestora era bien valorada, un 49 por ciento de los votantes del PSOE se decían partidarios de evitar un gobierno de Rajoy, frente al 47 por ciento que decían que lo prioritario era evitar nuevas elecciones. Curiosamente, no se preguntaba por la posibilidad de un gobierno alternativo, de tal manera que no se podía concluir que todos aquellos que pensaban que repetir elecciones era negativo, tenían que aceptar, necesariamente, que la abstención era la única manera de evitarlo. En aparente contradicción con lo anterior, la encuesta detectaba que para una mayoría de votantes socialistas (56 por ciento) lo que más convenía al PSOE era abstenerse para que gobernara Rajoy en minoría, frente a sólo un 37 por ciento partidarios de mantener el «no» e ir a nuevas elecciones (otra vez, la opción de gobierno alternativo desaparecía como preferencia opcional). Se mire como se mire, el propio diario reconocía lo obvio: «Los votantes socialistas están divididos» respecto a la posible abstención que facilitara otro gobierno de Rajoy, exactamente lo mismo que estaban divididos los militantes y los dirigentes del partido. En ese clima, la apelación del editorial a que «el PSOE debe superar el abatimiento y pensar en el futuro» era más un deseo que una realidad.

Entre lo que podemos considerar ayudas externas a la decisión del PSOE hay que citar unas declaraciones de Rajoy, realizadas tras un Consejo Europeo y a dos días de la reunión del Comité Federal en la que mostró su cara más amable: «Tendré que adecuar mi discurso a la nueva situación», «habrá muchos puntos de nuestro programa electoral que no podrán salir adelante», «todos tenemos que ceder», «soy consciente de los apoyos que tengo», y se mostró respetuoso con la inminente decisión socialista que podría facilitar su investidura. «Rajoy se mantiene en la prudencia», tituló El Mundo, añadiendo que «el PP cree que habrá una legislatura duradera porque el PSOE necesita tiempo para recuperarse». El anuncio de Su Majestad el Rey de que haría una ronda de consultas con los portavoces parlamentarios para sondear una eventual investidura, justo antes de que venciese el plazo legal, pero después de la reunión del Comité Federal del PSOE, es, sin duda, otro elemento de contexto que ayudó a quienes iban a defender un cambio en la posición socialista.

El domingo 23 de octubre, a las 10 de la mañana, dio comienzo, en la sede de la calle Ferraz, la reunión del Comité Federal del PSOE bajo la nueva presidencia de José Blanco. Los 49 miembros que tomaron la palabra lo hicieron para posicionarse en torno a dos propuestas de resolución que habían sido presentadas, una por Elena Valenciano, en la que se defendía la abstención para no repetir elecciones ni prolongar un dañino «bloqueo político y un desgobierno», y otra por Txarli Prieto, explicando las razones de seguir con el «no» a Rajoy, para mantener la palabra dada a los votantes y por respeto al sentir de los militantes. El debate fue, según el presidente de la Gestora, de gran nivel, aunque «duro, franco y respetuoso». Transcurridas cuatro horas se procedió a la votación, que dio un resultado claro: 139 a favor de la abstención, 96 a favor del «no» a Rajoy. La sesión se levantó sin aplausos, ni sonrisas de los vencedores. Sin embargo, fuera de las filas socialistas, mucha gente respiró aliviada ese día. Empezando por Rajoy, a quien, como dijo un columnista de El Periódico de Catalunya, «le ha bastado con esperar».

«El PSOE logra sacar a España del bloqueo y evita otras elecciones» (El País), «Paso a Rajoy. El PSOE decide que Rajoy continúe en el poder para evitar elecciones» (El Periódico de Catalunya), «Un PSOE fracturado aprueba hacer presidente a Rajoy» (El Mundo). Los editoriales reflejan simpatía hacia la decisión: «El PSOE ha actuado con un sentido de Estado encomiable» decía El País, que añadía: «Rajoy no ha hecho nada para merecerlo». «Un gesto de altura política y responsabilidad institucional acorde con la formación que más tiempo ha gobernado este país desde la Transición» (El Mundo). Más crítico se mostró El Periódico de Catalunya, que dijo en su editorial que dicha decisión «rompe con el sentimiento mayoritario de la militancia» y «deja al PSOE rehén de Rajoy, que podrá convocar elecciones cuando quiera» por lo que «el deseo de derogar desde la oposición las controvertidas leyes del PP será difícil».

La decisión del Comité Federal, «una decisión sin precedentes en la democracia española» (El Mundo) ya que «nunca el PSOE había facilitado desde la abstención un gobierno de la derecha» (EPC), tenía, en todo caso, elevados y evidentes costes para el PSOE. El primero, el citado divorcio con «el sentimiento mayoritario de la militancia, que fue consultada para ratificar el acuerdo con Ciudadanos, pero no lo ha sido ahora en una medida mucho más trascendente para el futuro del partido» (EPC). El segundo, «una vez que ha sacado adelante la abstención, el mayor problema que tiene el PSOE es conseguir la unidad en su grupo parlamentario» (El Mundo). El tercero, «el riesgo de ruptura entre Ferraz y los socialistas catalanes» (El Mundo). Por último, «pensar en cómo ejercer la oposición al Partido Popular para estar pronto en condiciones de ser su alternativa» (El País).

Este último periódico, en su editorial del día después, planteaba una duda crucial: «Todo esto podría haberse evitado si los socialistas hubieran tomado esta decisión en diciembre pasado una vez asumidos sus pésimos resultados electorales o, posteriormente, en junio, tras otra derrota histórica» (El País). Sin embargo, no decía que nunca quien ganó las elecciones renunció a presentar su candidatura para la investidura, que nunca en nuestra historia democrática el primer partido de la oposición se había abstenido para facilitar el gobierno (nadie se lo pidió a Rajoy en marzo), que nadie había planteado seriamente esa posibilidad tras el 20D, incluido El País, sobre todo por la espantada de Rajoy, y que hasta ese día, 23 de octubre, nadie había escuchado en público a destacados líderes socialistas como, por ejemplo, Susana Díez, defender la abstención. Por tanto, el problema, de existir, iba más allá del «liderazgo de Pedro Sánchez», que es a lo que querían reducirlo todo, de manera simplista.

Con la decisión del Comité Federal de ese día, todo el tablero político quedó afectado. Ciudadanos, pese a alabar la «responsabilidad» del PSOE, empezó a sentir que sus escaños podían ser un poco menos necesarios que antes; Podemos se reivindicaba como la única alternativa a un sistema en el que PP y PSOE habían pasado «de turnarse, a necesitarse» tras la «rendición del PSOE», y los independentistas veían reforzada su tesis de abandonar una España que les daba la espalda. El PP, mientras tanto, callaba. ¿De verdad había pasado lo peor?

El tercer debate de investidura de un candidato a la Presidencia del gobierno en menos de un año dio comienzo el miércoles 26 de octubre, cinco días antes de que concluyera el plazo fijado por la ley para convocar elecciones de forma automática. Y desde el principio se sabía ya el resultado final: Rajoy saldría investido presidente por el Congreso de los Diputados el sábado, tras la segunda votación. Para sorpresa de muchos, la Gestora decidió mantener como portavoz socialista en la sesión a Antonio Hernando, anterior portavoz parlamentario con Pedro Sánchez y uno de los principales arietes públicos del «no es no». Todo el mundo interpretó el gesto como lo que era: un intento de mostrar que el frente «sanchista» se empezaba a resquebrajar.

El candidato Rajoy hizo una intervención medida al milímetro, en la que consiguió colocar todos sus mensajes. Empezando por ir desgranando a lo largo de su discurso argumentos para vanagloriarse de que él tenía razón desde el principio, una especie de «ya os lo dije», de «hay que ver la de vueltas que habéis dado para llegar al punto de partida»: «No he cambiado de opinión desde el mes de diciembre [...], hemos de superar los efectos del bloqueo político de estos meses y ponernos al día cuanto antes [...], hemos dejado escapar diez meses». Aupado en esta seguridad en sí mismo, fue exquisito a la hora de ir combinando críticas al PSOE con dejarles una puerta abierta que facilitara su giro hacia la abstención.

Resume en cuatro las razones por las que se presenta de nuevo a la investidura y, con ello, marca distancias con las razones esgrimidas por el Comité Federal del PSOE para facilitar su investidura: la primera, «que España necesita un gobierno con urgencia». Aunque las cosas van bien, «España hasta ahora ha mantenido su rumbo [...], estamos creciendo a un ritmo que duplica el crecimiento de la zona euro y gracias a eso somos el país que más empleo crea», es decir, sus políticas durante la pasada legislatura, que tanto rechazo generan en la bancada socialista, han sido acertadas, «todo tiene un límite», «la inestabilidad política se ha convertido a ojos de cualquier observador en el mayor riesgo para nuestra economía», «está en juego la piedra angular de nuestra prosperidad, la confianza». No debemos permitir que por culpa de los políticos «se malogren los titánicos esfuerzos que han hecho los españoles para representar una historia de éxito que todos reconocen». Salvo la oposición socialista, le faltó decir.

La segunda razón por la que se presenta de nuevo a una investidura. «La razón más importante [es que] los españoles han mostrado en dos ocasiones, tanto en diciembre como en junio, su clara preferencia por el Partido Popular» y conviene que «en una democracia consolidada gobierne aquella formación política que tiene más apoyos entre los ciudadanos». En España «desde el año 1977 siempre ha gobernado la fuerza política que ha contado con más apoyos populares». Es evidente que omite tanto que eso ha sido así no por ser la más votada, sino porque ha conseguido el mayor número de apoyos parlamentarios, como, sobre todo, que nunca, desde 1977, se ha obtenido el gobierno gracias al apoyo del primer grupo de la oposición. Nunca. A pesar de ello, Rajoy concluye que «la alternativa que mi grupo plantea es, hoy por hoy, la única razonable de gobierno», y apostilla con ironía: «como el tiempo se ha encargado de demostrar (Aplausos)».

La tercera razón es más sibilina, pero evidente: «Desde la última sesión de investidura se han producido cambios muy relevantes que mejoran la situación política y abren la posibilidad de que este debate finalice de manera diferente al anterior». Es decir, se presenta porque el PSOE ha forzado la salida de Sánchez y la nueva dirección ya ha anunciado su abstención. Es decir, reconoce «que estamos en unas circunstancias nuevas» porque otros han cambiado de posición.

Deja para el final de las cuatro razones por las que presenta su investidura evitar unas terceras elecciones. Recuerdo que ésta era la principal razón esgrimida por la nueva dirección del PSOE en favor de la abstención, mientras que para Rajoy es la última. Y, además, no defiende evitar nuevas elecciones por razones partidistas, como hacía el PSOE al argumentar que otras elecciones les perjudicarían, sino que reconociendo que tal vez al PP repetir elecciones les fuera bien como partido, él no estaba a favor de ello por España y los españoles. «Unas terceras elecciones serían muy perjudiciales para nuestro país, un descrédito para la imagen de España en el exterior, una decepción para los ciudadanos y su confianza en el sistema político y un serio quebranto para la economía.» Y concluye el punto: «El Partido Popular no es un fin, sino un medio, una herramienta al servicio de la sociedad» y «Estamos hablando de España, y la repetición de elecciones no es lo que desean los españoles ni lo que más les beneficia».

El candidato Rajoy deja para el final de su intervención los guiños al PSOE, aquellas ayudas que considera puede necesitar la nueva dirección provisional para afianzarse en un cambio de posición política, alcanzado de forma tan traumática. Así, insiste en que «soy perfectamente consciente de que entramos en una nueva etapa política. Sé que [todo] tendrá que ser fruto del acuerdo, de la negociación, de la cesión y del entendimiento. Debemos asumir la necesidad del diálogo», y remacha: «La excepcionalidad de las circunstancias exige que se dejen a un lado todas las confrontaciones ideológicas y se sumen los esfuerzos de manera excepcional, porque se trata de una situación inédita que no conoce precedentes», [por ello] «tengo asumido que cada día tendremos que construir una mayoría para la gobernabilidad». Y concluye con lo que más necesitaban oír los nuevos responsables socialistas: «Estoy dispuesto a negociar cuanto sea necesario todas las decisiones».

Antonio Hernando no lo tenía fácil como portavoz del PSOE en el debate. Había sido la cara pública del «no es no» de la época de Sánchez y ahora debía ser la cara pública de la «abstención, como mal menor». Cinco son las líneas argumentales que se extraen de su intervención ese día: una, reconocer que el bloqueo político existente era negativo y señalar responsables al mismo. «El último año de bloqueo político ha dañado el funcionamiento normal del Estado y de este mismo Congreso de los Diputados [...]. No podemos, ni queremos, permitir que los serios problemas que padecen los ciudadanos estén bloqueados por el egoísmo de ningún partido. Han sido 312 días de gobierno en funciones, dos elecciones generales en el plazo de seis meses, dos sesiones de investidura fallidas con dos candidatos de dos partidos distintos, pero lo peor de todo es que el año transcurrido ha supuesto una prórroga de las políticas que ustedes iniciaron en diciembre de 2011 [...]. Todos los partidos somos responsables de la etapa de bloqueo institucional vivida en el último año, todos, pero hoy los ciudadanos van a ver que los socialistas somos los responsables de poner fin a esa situación, a ese bloqueo, a esa parálisis.»

Sin embargo, a pesar de la licencia de considerar a todos responsables del bloqueo, Hernando señala a unos más que a otros: en marzo, tras la irresponsable renuncia de Rajoy a aceptar la candidatura a la investidura, «Pedro Sánchez, de forma valiente y responsable, asumió el encargo de intentar formar gobierno». Sin embargo, como todos sabíamos ya a esas alturas, «el pacto que suscribimos para formar un gobierno reformista y de progreso no sirvió para superar la investidura. Tuvo en contra la coincidencia del PP y de Podemos, que pensaron que cualquier cosa era mejor que darle la Presidencia del gobierno al candidato socialista, a un socialista. Creo sinceramente que para algunos la cuestión no era el contenido del acuerdo, la cuestión era la aversión a que un socialista encabezara el gobierno de España». Por tanto, «si hoy estamos aquí es también porque Podemos sumó sus votos al PP para impedir la andadura de un gobierno presidido por un socialista, y eso no va a ser fácil de olvidar», y esto se hizo «por intereses partidarios y con el objetivo de celebrar unas nuevas elecciones y, sobre todo, de ganar en ellas al PSOE».

La segunda línea de su intervención era señalar que no se pudo hacer un gobierno alternativo al del PP. Ni en marzo, por culpa de Podemos como hemos visto, ni después de las elecciones de junio, ya que «tampoco entonces fue posible, porque el único gobierno posible, uno del PSOE con el apoyo de Ciudadanos y de Podemos, no podía hacerse realidad por los vetos entre estas formaciones y el resto de combinaciones no eran deseables para la estabilidad del gobierno de España. No creemos que se pueda gobernar España con los votos de quienes en este momento quieren separarse de España». «Hoy ya no valen los brindis al sol a favor de una mayoría distinta porque una y otra vez se ha negado esta mayoría por los hechos y con las actitudes» y remacha la idea con «los grupos con los que los socialistas estaríamos dispuestos a llegar a acuerdos no quieren llegar a acuerdos», por tanto, «las alternativas se han reducido a la disyuntiva o abstención o elecciones».

La tercera línea de razonamiento es muy clara: «Señor Rajoy, usted no nos gusta como presidente del gobierno porque no nos gustan sus políticas [...], usted no tiene ni nuestra confianza ni nuestro apoyo, máxime después de haberle escuchado ayer por la tarde». «Señor Rajoy, las razones que insistentemente hemos recordado durante estos diez interminables meses para no confiar en usted siguen absolutamente vivas.» Y para dar testimonio de ello, «el Grupo Socialista va a votar hoy “no”, un claro “no” a su investidura. Será la expresión de que todos los socialistas españoles consideramos que usted no es el presidente de gobierno que España necesita [...], nos sobran las razones para no confiar en usted». Y, a partir de ahí, se desliza hacia la cuarta línea argumental que justifica su nuevo discurso: a pesar de no confiar en Rajoy, «no hay razón para mantener el bloqueo político y llevar a los españoles a unas terceras elecciones» ya que «todos deberíamos tener claro el desastre que suponen unas terceras elecciones». Y, por primera vez, detalla algunas de las razones que para los socialistas justifican esa opinión repetida durante los últimos días pero sin detallar el por qué: «Unas terceras elecciones significarían más desafección hacia unas instituciones necesitadas de ganar credibilidad», citando en apoyo de esta idea el dato de que en las segundas elecciones la participación ha bajado hasta situarse en «la más baja de la historia», lo que «significa hartura de todos nosotros». Por tanto, «¿de verdad alguien cree que ir a votar por tercera vez en un año no tiene consecuencias sobre la fortaleza de nuestras instituciones, sobre la credibilidad de esta Cámara? [...] Yo digo que sí, que fragiliza nuestro sistema democrático, que cuestiona la utilidad de las instituciones». Y concluye: «¿Quién nos garantiza que después de esas nuevas elecciones no va a haber unas cuartas? ¿Seguiremos así hasta que alguien consiga los objetivos electorales que se ha marcado?». Por tanto, para evitar esa repetición de elecciones y sus graves consecuencias, según el portavoz socialista hace falta desbloquear la situación, «lo que irremediablemente supone permitir la investidura del señor Rajoy, que nosotros nunca hemos deseado, mediante la abstención». Por tanto, lo asume como «cumplir con un deber». «Nuestra abstención sería un ejercicio de responsabilidad para que España funcione y las instituciones democráticas no se muestren impotentes ante unos ciudadanos que esperan nuestras respuestas y que expresaron su voluntad en dos ocasiones.»

Por último, la quinta línea del argumento consiste en insistir en que con la abstención se abre un tiempo nuevo cargado de oportunidades: «Nuestra voluntad es darle la vuelta a estas políticas del señor Rajoy haciendo valer la composición de la Cámara para cambiarlas [...]. Señor Rajoy, no es que usted ofrezca diálogo, es que el diálogo se impone, es que el diálogo es absolutamente necesario, es que sin diálogo usted no puede sacar adelante la tarea de gobierno [...], usted sólo podrá sacar adelante su programa si esta Cámara decide que lo lleve a cabo [...], tendrá que discutir y pactar todo cuanto traiga a esta Cámara si es que quiere aprobarlo [...] nuestra abstención le permitirá a usted formar gobierno, pero no es un apoyo ni a sus gobierno, ni a sus políticas [...], nuestra abstención no es resignación, es un nuevo comienzo para construir una alternativa mayoritaria que sea el camino más seguro para gobernar y para cambiar España [...]. Con nuestro voto negativo en la sesión de hoy y nuestra abstención en la sesión del sábado vamos a empezar a trabajar para construir una alternativa mayoritaria como Partido Socialista para en el futuro ser mayoría en esta Cámara». Y, en la réplica, insiste en esta idea: «Estamos haciendo una abstención de investidura, no de legislatura [...]. Nosotros vamos a seguir siendo su oposición, señor Rajoy» [y] «vamos a abstenernos porque sabemos que a partir de ahí podemos rectificar los errores que creemos que usted ha cometido en el pasado».

De la réplica de Rajoy a Hernando sólo quiero citar su insistencia en que «no hay una alternativa viable ni razonable» a su investidura y, sobre todo, la confesión de que «vine en el mes de agosto porque había conseguido hasta 170 apoyos y porque, sinceramente, en un primer momento pensé que con esos 170 apoyos podría gobernar, como después de lo que usted ha dicho podré hacer ahora».

Para finalizar, quiero hacer dos menciones adicionales del resto del debate de investidura: la ironía con que el candidato Rajoy se burla de un aguerrido Iglesias, tras el esfuerzo de éste por visualizarse como líder de la oposición. Fue especialmente duro cuando insistió en que el PP había sacado muchos más votos que Podemos y que Rajoy iba a ser capaz de formar gobierno, cosa que Iglesias no había podido ni intentar. Y concluyó: «O no es verdad que seamos tan malos como ustedes dicen o es que ustedes son peores a ojos de la mayoría de los españoles».

Más relevante es mencionar la intervención del representante de la antigua CiU, Francesc Homs. Sobre todo porque tanto en marzo como en el debate de agosto se había dirigido expresamente a Pedro Sánchez para ofrecerle su apoyo a un gobierno de cambio alternativo al de Rajoy, «siempre que usted considere lo que se demanda desde Cataluña, que es un referéndum». Resulta extraño, por tanto, su silencio y el de todos los portavoces nacionalistas respecto a la supuesta «operación Frankenstein» a la que ya hemos hecho referencia. Resulta llamativo dicho silencio, sobre todo si todo estaba tan cerrado como dicen algunos.

Finalmente, a las ocho y veinticinco minutos de la noche del sábado 29 de octubre de 2016, la presidenta del Congreso de los Diputados pronunció las siguientes palabras: «Señorías, al haberse alcanzado el voto favorable de la mayoría simple de los miembros de la Cámara, queda otorgada la confianza al candidato don Mariano Rajoy Brey, lo que le comunicaré a Su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno. ¡Enhorabuena, señoría!».

La prensa hizo una lectura de lo ocurrido no exactamente coincidente. Para El País, lo importante era el «fin del bloqueo»: «Rajoy elegido presidente con la abstención del PSOE, tras 315 días». El Mundo tituló: «Rajoy pone sus límites. La última batalla ganada del superviviente Mariano Rajoy», y editorializaba advirtiendo que «la fractura del PSOE amenaza la estabilidad del gobierno». El Periódico de Catalunya, por su parte, contraponía en su portada con grandes caracteres: «Rajoy presidente. Sánchez disidente», y añadía que «Rajoy avisa de que gobernará con su programa y exige apoyo presupuestario al PSOE».

Lo ocurrido gracias a la abstención socialista dejó, además de a Rajoy presidente y desbloqueada la legislatura, una profunda herida en el PSOE que se evidenció con tres hitos que sólo menciono aquí al no ser ya objeto de mi análisis: la división en el seno del Grupo Parlamentario, donde los 15 diputados que votaron «no» a la investidura de Rajoy en contra de la directriz política del Comité Federal sólo fueron la punta del iceberg de otros muchos que acataron la disciplina de voto a regañadientes, por imperativo, como se dijo desde la Gestora. De este hecho se deriva otro que tiene mucho más calado a medio plazo: la anunciada revisión de las relaciones entre el PSOE y el PSC, consideradas como «asimétricas» por algunos miembros de la Gestora. Y por último, la división en el seno del partido reflejada por la renuncia del anterior secretario general Pedro Sánchez a su acta de diputado por su «profundo desacuerdo» con la decisión adoptada por los órganos del partido y su anuncio de que eso no significaba su retirada de la actividad política. Como dijo El Mundo, «Pedro Sánchez se va y apela a las bases para volver a liderar el PSOE». Pero lo que suceda de aquí en adelante es ya otra historia y deberá ser contada en otra parte. Y, seguramente, por otro cronista.

Epílogo

Mucha gente, demasiada, quiere que olvidemos lo ocurrido en España durante los 314 días que median entre el 20 de diciembre de 2015 y el 29 de octubre de 2016: entre la posibilidad real de proceder a un deseado cambio de gobierno y una nueva investidura del presidente peor valorado de la democracia española. Son los mismos, sin duda, que preferirían que nunca hubiera escrito este libro. Sin embargo, lo que ha sucedido es tan importante, dice tanto sobre cómo somos y cuáles son los problemas de nuestras principales instituciones democráticas —los partidos políticos— que no sólo contarlo, sino intentar ofrecer elementos para interpretarlo me parecía un deber cívico para alguien a quien las circunstancias colocaron en un observatorio privilegiado. Ahora que hemos descubierto la importancia de la narración, incluso por encima de la verdad, he creído necesario contar lo ocurrido, al menos, tal y como yo lo vi, lo conocí y lo experimenté; incluso tal y como lo pensé entonces y lo pienso ahora.

Porque no estamos hablando del pasado de nuestro país, por muy reciente que sea, sino del presente más rabioso, lo que vaya a sucederle en los próximos años estará tremendamente influido por las experiencias que extraigamos de lo ocurrido durante esos días, algo menos de un año, el año en que tantas ilusiones se frustraron. Sin ir más lejos, en el momento en que escribo estas líneas, todavía no se ha celebrado ni el Congreso del PSOE, ni el de Podemos, ni el del PP, ni el de Ciudadanos. Pero todos ellos, sus debates, sus posicionamiento, sus soluciones, sus estrategias de futuro, estarán marcados totalmente por lo hecho y lo no hecho en un periodo que fracturó no sólo al PSOE sino, como estamos ya comprobando, a Podemos, sin dejar de afectar a Ciudadanos y al propio PP. Y, de fondo, al propio funcionamiento del sistema democrático.

Parafraseando al presidente de la Comisión Gestora que ha dirigido el PSOE en estos meses: lo ocurrido durante esos trescientos catorce días ha generado una herida profunda en la conciencia colectiva del país que no se puede sanar sin airearla, analizarla, y desinfectarla antes de proceder a coserla.

En los meses transcurridos desde que Rajoy fue investido presidente han sucedido algunas cosas que refuerzan las tesis principales que defiendo en este libro. Lo reflejado en la ponencia presentada por la gente de Iñigo Errejón para el Congreso de Podemos certifica todo lo apuntado por mí en este libro respecto a la fallida investidura de Sánchez, sobre todo cuando se reconoce, y cito textualmente, que a partir del 20D «se planearon diferencias estratégicas en el interior del partido». Es aún más explícito cuando, como explicación a la pérdida de más de un millón de votos: «la gestión de las negociaciones de gobierno improductivamente y la percepción de inmadurez y soberbia». Y todavía más cuando habla de «la obsesión con el PSOE», que tiene que ver con «deudas pendientes de una parte de la izquierda de nuestro país». Es decir, Podemos votó no a la investidura de Sánchez, por inmadurez, soberbia, obsesión y deudas pendientes con el PSOE. Nada que ver con el programa de ese gobierno como siguen diciendo algunos en Podemos: no quisieron sentarse a negociar para que un socialista fuese Presidente del Gobierno porque su estrategia era «la negación obsesiva y el choque frontal con el PSOE» (Errejón dixit) para conseguir el sorpasso. Son varios los dirigentes de Podemos y sus confluencias con los que he coincidido en estos meses y que me han expresado exactamente esa misma idea: fue un error votar no y, con ello, impedir un gobierno de cambio presidido por Pedro Sánchez.

Por su parte, la intervención del presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, en el Comité Federal del partido celebrado el 14 de enero de 2017 certifica alguna de las hipótesis respecto a lo ocurrido con Sánchez: «Al día siguiente de las elecciones de junio, la inmensa mayoría de los dirigentes de este partido sabíamos lo que había que hacer. Lo que no sabíamos era cómo ganar el Congreso después de hacerlo». Eso explica dos cosas. La primera por qué, salvo Vara, ningún dirigente socialista expresó en público la necesidad de abstención: esperaban, sin duda, que fuera el secretario general quien lo hiciera, como fruto de la presión mediática a la que se le sometió, para debilitar así su posición en la pugna interna por el poder en el partido. Y también explica por qué cuando Sánchez propuso celebrar las primarias para el Congreso, antes de tomar la decisión final sobre la abstención o nuevas elecciones, se lo impidieron. Muchas supuestas explicaciones sobre lo sucedido en el PSOE en los días previos al 1 de octubre de 2016 han saltado por los aires, como falsas, con esta frase de Fernandez.

Estos meses de legislatura han hecho eclosionar todas las contradicciones presentes en el panorama político y social español. Se ha visto la fuerza de la colaboración entre PP y PSOE, pero también sus costes (todas las encuestas sitúan al PSOE como tercera fuerza detrás del PP y de Unidos Podemos) y sus límites (si la razón del PSOE para pactar con Rajoy es por sentido de la responsabilidad, ¿por qué no aceptar el gobierno de coalición que éste ha propuesto desde el principio?). Y hemos visto que no se puede despachar como «simplismo» negarse a ayudar al principal adversario a llegar al gobierno forzando la mano de los votantes (no es no); ni se puede defender con honestidad que la abstención ha sido la idea más brillante de un genio de la política porque está permitiendo al PSOE aplicar su programa y gobernar en la práctica, pese a su derrota electoral, ya que controla tanto al gobierno, como a la oposición, no es serio. Sobre todo después de que cuatro años de la socialdemocracia alemana compartiendo gobierno con Angela Merkel hayan llevado al FPD a quedarse sin líder y casi sin votantes porque todas las encuestas le dan el peor resultado de su historia. También se ha visto la debilidad de los nuevos partidos cuando ni influyen, ni son capaces de cambiar nada, ni pueden conseguir nada para sus votantes. ¿Cuál ha sido su aporte a la democracia y a los ciudadanos?

Hace ya diez años desde que dejé de ser ministro y ocho desde que renuncié a tener escaño parlamentario. En este tiempo he escrito algún libro y cientos de artículos sobre la situación económica de España y dos libros sobre la crisis política: Para desbloquear España (Barataria, 2011) y Para qué sirve hoy la política. Una democracia para escépticos (RBA, 2012). En ambos he defendido la necesidad de grandes consensos para resolver algunos de los problemas importantes que tenemos como país y cómo para ello hace falta recuperar la idea de que existen intereses generales por encima de los intereses partidistas. La ausencia de los mismos nos ha hecho ineficientes a la hora de resolver problemas y ha incrementado la desafección de los ciudadanos respecto al sistema democrático y a su utilidad.

Mi tesis ha sido, y es, que no sólo la crisis económica provocó el tsunami electoral y parlamentario de las elecciones de 2011 y 2015, como muchos creen, sino que el problema viene de antes y se llama partitocracia, problema que nada tiene que ver con el bipartidismo. Por tanto, grandes acuerdos, grandes consensos sí. Sobre Cataluña, la reforma de la Constitución, el sistema de financiación autonómica, el modelo de pensiones etc. Pero tengo más dudas de que la gestión ordinaria del Gobierno (techo de gasto, salario mínimo, presupuestos etc.) deba hacerse desde el acuerdo entre el gobierno y su oposición, porque ello dejaría a los ciudadanos sin alternativa que es una de las claves de la democracia. Es verdad que vivimos momentos extraordinarios. Pero no es menos cierto que Rajoy tiene a su disposición alternativas parlamentarias que no exigen el apoyo permanente del PSOE. Por otro lado, si el PSOE dice que quiere aprovechar la debilidad parlamentaria del PP para conseguir arrancarle cosas que figuran en su programa electoral, entonces, repito, ¿por qué no aceptar un gobierno de coalición? ¿O es que la responsabilidad es troceable: el techo de gasto sí, pero los presupuestos, no, la financiación autonómica sí, pero la reforma de la Constitución, no?

A estas alturas, resulta muy difícil seguir entendiendo lo que ocurre desde la lógica de viejo/nuevo (partidos o políticas); o bipartidismo/multipartidismo. La supuesta novedad asociada a los nuevos agentes políticos que han irrumpido con fuerza en estos tiempos, se ha acabado diluyendo demasiado pronto y con pocas consecuencias. La única realidad es que hoy España y los españoles tenemos muchos más problemas colectivos que hace una década, pero nos encontramos con una clase política, incluidos los nuevos, peor preparada para resolverlos. Y no me refiero a las capacidades individuales, sino al método de acción política donde lo importante no es tanto resolver problemas complejos, sino utilizarlos para dañar al adversario y en beneficio electoral propio. Es lo que tiene confundir la política democrática que busca soluciones, con el espectáculo populista, más preocupado en señalar culpables y el mezclar, la callada tarea parlamentaria, con el escándalo del plató televisivo.

Si hay un déficit importante en nuestra manera de hacer política es el análisis del cómo hacer, incluido la evaluación de lo ya hecho para sacar experiencias útiles respecto a lo que funciona y lo que no funciona. Siempre, claro que entendamos la politica como un campo de acción colectiva para resolver problemas sociales que inciden sobre la vida y las oportunidades de los ciudadanos. Es decir, si vemos la política como un lugar para «hacer»cosas y no para «ser» alguien, una práctica social que permite mejorar la vida de las personas y no un campo de batalla por el poder personal, a veces, desde egos muy grandes, sin que haya razones para ello.

Siempre me ha sorprendido la cantidad de gente que proclama todo el rato qué tenemos todos que hacer sin detallar jamás cómo tenemos que hacerlo, ni por qué nadie lo ha hecho hasta ahora, es decir, cuales son los obstáculos que lo impiden y el mecanismo a través del cual podremos vencerlos. Veamos un ejemplo: la mayoría de las enfermedades en el mundo desarrollado tienen que ver con nuestros hábitos de vida: comemos demasiado y mal, fumamos, hacemos poco ejercicio. Vale. Lo sabemos. ¿Y por qué, a pesar de saberlo, no cambiamos estos hábitos que nos conducirán a tener colesterol, hipertensión, problemas cardiacos etc.? Porque no es fácil. Y si alguien quiere ayudar, por favor, que deje de repetir lo que deberíamos de hacer para llevar una vida más sana y empiece a analizar aquello que nos impide cambiar y cómo podemos superarlo. Lo mismo se puede aplicar a la acción política. Todo el mundo dice, por ejemplo, que las administraciones públicas deben funcionar mejor, ser más eficientes, más sencillas y accesibles, etc. Y si todos estamos de acuerdo, ¿porque no se hace? ¿Es solo por incompetencia de todos los ministros que han pasado por la cartera? ¿No será que hay obstáculos objetivos que impiden ese cambio en el que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, los perjudicados por el cambio que se organizan para defender el statu quo, y por tanto, la estrategia política correcta no puede quedarse en volver a repetir lo que hay que hacer, sino en empezar a analizar cómo hacerlo? ¿Por qué no hablamos y discutimos de esto en lugar de volver a llevar el debate a los titulares y a los lugares comunes? ¿Cuánto tiempo más estaremos debatiendo cosas viejas, en los mismos términos poco útiles y descubriendo mediterráneos, cada vez que llega un responsable nuevo al ministerio o al Parlamento?

Para muchos, la política es Maquiavelo: El arte de conseguir y de mantener el poder. Sostengo que esta concepción es feudal y pre democrática. Que en una sociedad democrática, la política debe ser el arte de conseguir cambiar efectivamente las cosas en beneficio de una mayoría de votantes. Como cuando se aprobó una Constitución, ingresamos en las instituciones europeas, construimos las prestaciones del estado de bienestar o el estado autonómico, no solo diciendo que teníamos que hacerlo, sino haciéndolo superando los muchos obstáculos que surgieron. Y eso exige una forma de hacer política muy distinta a como se hace hoy en día en nuestro país.

En los últimos tiempos el mundo se ha complejizado mucho. Las sucesivas revoluciones tecnológicas, la globalización, el surgimiento de nuevos poderes mundiales son tres elementos claves que muestran lo mucho que han cambios las cosas. Y me refiero a los parámetros de la acción colectiva, no a asuntos menores o marginales. Y frente a eso, mi impresión es que se ha reducido el espacio de la política tradicional representado por los agentes de siempre: partidos, parlamentos, gobiernos. Cuanto más se escapa la realidad al control de la política nacional, más se reduce el debate político al tópico, la generalidad, el supuesto escándalo, el titular, el populismo. Y es una lástima. Porque la política democrática sigue siendo la única defensa de los intereses de mucha gente y, sobre todo, de los desfavorecidos.

El nuevo marco de relaciones sociales y los espacios de interacción que surgen al calor de las nuevas tecnologías, con unas empresas cada vez más mundializadas y unos gobiernos nacionales cada vez más empequeñecidos, obligaría a cambiar el paradigma de la acción política, incluyendo un nuevo modelo de relaciones entre público y privado, individual y colectivo. A título de ejemplo, si nos tomamos en serio la lucha contra el cambio climático, uno de los mayores desafíos actuales de la humanidad, deberemos promover una relación diferente entre empresas y gobiernos que promueva las responsabilidades compartidas para incentivar a todos a empujar en la misma dirección y un nuevo encaje de las responsabilidades individuales y las colectivas ya que por mucho que los ayuntamientos recojan la basura de forma selectiva, somos cada uno de nosotros, en nuestra casa, quienes debemos separarla inicialmente. Un problema nuevo que obliga a redefinir el cuadrante público/privado; individual/ colectivo de manera novedosa. Eso es política, con mayúsculas, en mi opinión.

Algo similar se podría apuntar respecto a otros muchos de los grandes problemas actuales: desde la lucha contra la pobreza, la formación profesional ocupacional, la incorporación de las mujeres a la vida profesional sin techos de cristal, los avances en medicina preventiva en el puesto de trabajo etc. Todos ellos requieren de un nuevo enfoque que supere los dogmas, los tópicos y las simplificaciones a las que estamos demasiado acostumbrados. Si queremos hacerlo, de verdad y no solo decirlo ante las cámaras de televisión. Todo ello abre también espacios nuevos para una política de nuevo cuño, que sale así del estrecho marco de sus agentes tradicionales: cuando una ONG da de comer a miles de personas necesitadas, una Fundación privada financia la formación laboral de personas con dificultades especiales que han sido expulsadas por el sistema educativo tradicional o una empresa, mediante sus fondos de responsabilidad social, promueve la construcción de viviendas sociales, estamos ante una nueva realidad de interacciones sociales en el espacio público que obliga a redefinir el marco de la acción política tradicional. El mundo de hoy permite hacer política, con mayúscula, desde sitios distintos a los partidos, los parlamentos o el gobierno. Afortunadamente. Aunque nada sustituye la decisiva labor realizada desde y por estas instituciones básicas, tan necesitadas de reforma, en su visión y en su organización.

Agradecimientos

Un libro como éste debe mucho a muchas personas. En primer lugar, a Mariano Martínez que me convenció, tras el 20D, de que tomara notas sobre la experiencia que estaba viviendo. Luego, a mi agente Luis G. Martín y a los amigos que han leído todo, o partes, del libro, para enriquecerlo con sus comentarios, en especial, Joan Navarro y José Enrique Serrano. También a la persona qua ha conseguido, con sus criticas y sugerencias, hacerlo más legible y, a pesar de ello, mantener mi amistad: Irene Alonso. El editor, Roger Domingo, con quien ya llevo unas cuantas aventuras editoriales, que consiguió hacerme romper mi promesa de que, tras el anterior, no volvería a escribir ningún otro libro. Y, desde luego, al equipo negociador nombrado por Pedro Sánchez para intentar formar un gobierno de cambio, que era lo que una mayoría de españoles pidieron tanto el 20D, como el 26J, sin conseguirlo de sus políticos, hasta ahora: Jose Enrique Serrano, Meritxell Batet, Maria Luisa Carcedo, Rodolfo Ares y Antonio Hernando. A pesar de todo ello, es un libro de autor, por lo que todas las críticas deben centrarse en mí.

Vetos, pinzas y errores

Jordi Sevilla, c/o Thinking Heads

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