A la memoria de Ernest Lluch, maestro y amigo

Introducción

Están clavadas dos tardes. Que no te la den con queso en economía

¿Serviría de algo si, a estas alturas, afirmara que nunca dije que enseñaría economía a José Luís Rodríguez Zapatero ZP en dos tardes? De aquella conversación entre ZP y yo, captada por unos micrófonos supuestamente apagados pero, en realidad, encendidos, lo que menos me preocupó, entonces, era lo de las dos tardes. De hecho, en la crónica de El Mundo que citaré, se hace referencia a que bromeábamos «sobre la polémica relativa al fichaje de Miguel Sebastián como asesor económico del Partido Socialista». De eso iba la cosa.

Primero, el contexto. Era finales de septiembre del año 2003 y acudíamos a una charla con el Grupo Parlamentario Socialista tras una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSOE bastante «conflictiva». Tanto, que yo no quería asistir y sólo lo hice cuando ZP pasó por mi despacho de la tercera planta de Ferraz para obligarme a acompañarle en su coche. El motivo de la discusión había sido, era y fue todavía luego, su decisión de apartarme de la dirección de la parte económica del programa electoral para encargársela a Miguel Sebastián, que formaba parte de los grupos de trabajo organizados desde mi Secretaría de Economía y Empleo de la CEF y que acababa de ser despedido de su puesto de jefe de Estudios del BBVA.

Este asunto significaba una desautorización a mi labor como responsable de Economía del PSOE y su portavoz parlamentario, que yo consideré totalmente injustificada, hasta el punto que presenté mi dimisión al Secretario General sin que éste la aceptara, pidiéndome, además, que siguiera ayudando desde mi puesto, cosa que hice.

La tensión entre ambos era máxima en ese momento, razón por la cual, cuando nos dijeron que se había oído parte de la conversación privada que mantuvimos, yo me quedé muy preocupado, pero en absoluto por lo de las «dos tardes», que me parecía una anécdota menor, sino por lo que dije sobre ese asunto y, sobre todo, por lo que pude haber dicho en el contexto de cinco días de debates entre ambos sobre la cuestión.

Segundo, lo dicho. Se trataba de una exposición a los diputados y senadores socialistas en la que anticipábamos nuestra alternativa presupuestaria, días antes de que el gobierno de Aznar hiciera pública la suya. Recuerdo que lo habíamos preparado con un grupo reducido de economistas que nos ayudaban porque ya se había tomado la decisión de que el debate presupuestario lo haría el propio Zapatero.

Según consta en El Mundo del 24 de septiembre de 2003 bajo el titular «Jordi Sevilla corrige a Zapatero en una conversación privada captada por los micrófonos de la prensa», en otros medios de comunicación y en la propia cinta televisiva, la conversación textual fue la siguiente:

Jordi: Esto es fácil, a no ser que quieras hacer una tesis doctoral.

Zapatero: Sí, pero es complicado.

Jordi: Se te nota todavía un poco inseguro, has cometido un par de errores. Has dicho que aumenta la progresividad en lo del sistema fiscal y lo que aumenta es la regresividad, pero son chorradas...

Zapatero: Bueno, pero da lo mismo.

Jordi: Lo que te quiero decir, lo que tú necesitas saber para esto son dos tardes.

Zapatero: ¿Sabes qué es lo peor?, que me gusta.

Jordi: Prefiero que me sustituyas tú que Miguel [el ex directivo del BBVA Miguel Sebastián, cuyo «fichaje» ha mermado las competencias del responsable económico del partido].

Zapatero: Qué cosas dices.

Tercero, la interpretación. Es obvio que ni le digo que yo le daré dos tardes de clase de economía ni, mucho menos, que toda la economía se puede aprender en dos tardes. Dejando al margen lo obvio, que la expresión «dos tardes» no se puede interpretar en sentido literal sino como metáfora, parece evidente que hablábamos de la preparación para el debate presupuestario que iba a tener lugar unas semanas después: «lo que tú necesitas saber para esto».

Trabajamos algo más que «dos tardes» en la preparación de ese debate presupuestario, el primero que hacía ZP. Creo que lo ganó frente al ministro Montoro. Estábamos en la oposición y a cinco años de la crisis económica.

Demasiadas veces me he encontrado, en la política y fuera de ella, con gente inteligente que había desarrollado una aversión inexplicable a los asuntos económicos, que les parecían esotéricos e incomprensibles. Demasiadas veces me he encontrado a economistas que se aprovechaban de esa situación, aparentando una dificultad elevada en los asuntos económicos, lo que unido a un lenguaje críptico les convertía, a ellos, en imprescindibles como asesores del político.

Eso, en momentos en que la actividad económica, la política económica y las decisiones económicas son fundamentales, siempre me ha molestado porque creo que, en esencia, los conocimientos necesarios para adoptar medidas políticas sobre asuntos económicos en la vida pública o para entenderlos están al alcance de cualquier persona interesada. Quizá sea por mi experiencia como divulgador, pero estoy convencido de que se pueden hacer entendible asuntos económicos, supuestamente complejos, a una persona interesada y con formación media. Al menos los relacionados con la actividad política normal (que tienen mucho que ver con la política a secas), ya que otra cosa distinta es lo exigible para hacer una carrera académica, como queda dicho en la conversación.

La anécdota de las «dos tardes» me ha acompañado desde entonces hasta el punto de que decidí sacarme la espina escribiendo este libro, que pretende ser una breve introducción básica a la economía. Cito como antecedente La economía en una lección, del economista liberal Henry Hazlitt o, en otro ámbito, el Curso de filosofía en seis horas y cuarto, del escritor polaco W. Gombrowicz.

El lector interesado encontrará aquí una visión de la economía distinta de otras obras de moda. Hay quien concibe la economía como una rama de la psicología que estudia el comportamiento humano en situaciones especiales donde tiene que elegir entre alternativas bajo determinados supuestos. No creo que la economía tenga por objeto estudiar la conducta humana individual. Es más, trasladar al conjunto de la acción humana (casarse, tener hijos o delinquir) los supuestos y métodos aplicados al «homo economicus» me parece divertido, pero absurdo y peligroso. Como confundir ciudadano con consumidor o votante con contribuyente. La economía es un compendio sistemático de saberes sobre cómo funciona la sociedad en su conjunto, que es más que la suma de sus individuos, en un aspecto esencial como es la producción y distribución de bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades humanas.

Hay otros que concebimos la economía como el análisis del comportamiento de las sociedades ante el problema básico de su supervivencia desde el punto de vista de la producción y reproducción de bienes y servicios. Se trata, por tanto, de una ciencia social que no puede abordarse con rigor desde un individualismo metodológico que sólo queda como resto en algunos manuales de economía herederos, además del intento efectuado por algunos economistas en el siglo XIX por emular la teoría del equilibrio universal de Newton (antes de Einstein) o suplantar una versión descafeinada de la selección natural de Darwin o aferrarse a una supuesta psicología humana (teoría de la demanda), que ningún psicólogo reconocería hoy como correcta.

Resulta sorprendente, desde ese sabor antiguo que destila una parte de la fundamentación científica de la economía académica, que se siga insistiendo en que la economía estudia la conducta humana partiendo del principio esencial de la escasez cuando, en la mayoría de los casos, dicha escasez es sólo temporal, ya que la mayor parte de los bienes y servicios se pueden producir, y de eso va la economía. ¿Son escasos los coches, los tomates o los ingenieros? Sólo en un momento concreto pueden serlo, porque hablamos de bienes que son reproducibles. Sin embargo, donde se encuentra la verdadera escasez, en los recursos naturales no reproducibles, se pretende aplicar la misma lógica de los precios y el mercado que para aquellos productos que sí son reproducibles.

Puesto que no hay bienes eternos ni producción a partir de la nada, todo sistema económico viable ha de ser autorreproductivo y apoyarse en una cadena de ciclos que permitan la reproducción con excedentes periódicos. Por tanto, lo que tiene sentido es estudiar esas condiciones de producción, distribución y reproducción del sistema económico en su conjunto, incorporando su relación con los recursos realmente escasos que son los naturales.

Fracasado el comunismo como alternativa global al capitalismo, vivimos tiempos en los que se ha perdido la mesura. Al menos en las posiciones económicas mayoritarias, muy sesgadas hacia un fundamentalismo de mercado que no sé dónde encuentra las razones para justificar su supuesta superioridad explicativa. Desde un punto de vista teórico, los mercados perfectos no pueden ser un programa descriptivo de una realidad llena de información imperfecta, mercados que no se equilibran o economías donde más de la mitad de la actividad está formada por el sector público o por el llamado tercer sector social, ambos fuera de la lógica del mercado. Pero incluso el resto lo forman grandes empresas monopolísticas o millares de pequeñas empresas, en gran parte subordinadas a las anteriores o a los bancos.

Por tanto, el fundamentalismo del libre mercado, como mucho, puede ser prescriptivo, una especie de mandatos a la manera en que lo son las Tablas de la Ley de Moisés. Una cosa que si fuera posible, sería deseable. Pero ¿es deseable una sociedad basada en los principios del libre mercado? Su máxima expresión teórica (otra cosa son las creencias y la fe) nos llevaría a lo que se conoce como «óptimo de Pareto», situación perfectamente compatible con un nivel de desigualdad social que puede chocar con otros valores sociales como la democracia o la idea de una sociedad justa en la que merezca la pena vivir. Así, aparece el viejo dilema entre eficiencia y equidad, del que no podemos salir como tampoco podemos de aquel otro entre seguridad y libertad. Para ambos, encontrar nuevas respuestas válidas no pasa por eliminar una de las opciones, confundiendo derechos —accesibles a todos los ciudadanos— con mercancías, que sólo pueden comprar quienes tienen dinero para ello.

Grandes economistas conservadores como Samuelson, han defendido las fortalezas del mercado pero también sus limitaciones y la necesidad del Estado, a pesar de sus problemas, en lo que se llamó y siguen siendo economías mixtas. Sin embargo hoy, estos conservadores moderados parecen casi como socialistas radicales ante el dogmatismo ideológico al que se aferran algunos que son, precisamente, los que nos han conducido a la crisis actual.

Recuperar lo obvio, aunque suene hoy casi como revolucionario, es uno de los intentos explícitos de este libro. Incluido que hay intereses encontrados en nuestra sociedad y que todos ellos utilizan las herramientas de la economía para justificar sus posiciones. Porque, tal vez, como decía la gran (y olvidada) economista británica Joan Robinson, el análisis económico no es más que una «caja de herramientas» de las que tomamos, en cada momento, la que necesitamos. Eso no conduce al relativismo, ni a la inutilidad de la economía, pero debe ponernos en guardia frente a supuestos argumentos «científicos» e «incontrovertibles» que, si rascamos, defienden intereses sociales concretos.

Hemos construido un sistema económico que se basa en la necesidad creciente de ganar dinero mediante la venta de bienes y/o servicios. Retengan esta idea simple pero analíticamente muy poderosa: si alguien no compra, alguien no vende, ni obtiene beneficios ni, por tanto, tiene sentido mantener el empleo y la producción. Todo nuestro modelo social se basa en que alguien gana dinero vendiendo lo que se ha fabricado, porque alguien lo compra, siendo secundario qué se vende (armas), o dónde (exportación) o a quién (Estados), siempre que tenga capacidad de pago, que puede ser propia (según sus ingresos) o prestada (créditos).

Este enfoque de la economía —según el cual es el gasto (la demanda) lo que determina la producción (oferta)— es contrario al basado en la idea de que la oferta, al contratar trabajadores, crea su propia demanda. Estas dos visiones conducen a análisis y propuestas encontradas. Valga como ejemplo una pregunta que pongo en todos los exámenes: ¿qué efectos tiene sobre el empleo un descenso generalizado de salarios? Si predomina la segunda visión, ante un abaratamiento del factor trabajo, se contratará más trabajadores, por lo que subirá la demanda agregada, y por lo tanto se creará más empleo. Por el contrario, desde la primera visión, si los trabajadores existentes ganan menos, gastarán menos, bajará la demanda agregada, no se podrá vender y se despedirá a trabajadores. Que predomine un efecto o el contrario dependerá de dos cosas: cuánto baje el salario (si es poco, la demanda apenas variará, aunque tampoco incentivará la nueva contratación) y, sobre todo, de la proporción que representen los nuevos contratados (demanda adicional) respecto a la masa total de trabajadores a los que se les rebaja el salario (demanda existente).

Pocos dudan de que tengamos un sistema productivo capaz de poner en el mercado una cantidad de mercancías muy superior a lo que somos capaces de comprar con la actual distribución de renta (ingresos). Parece que, al menos con la tecnología actual, la oferta va muy por delante de su propia demanda. De ahí que la necesidad de encontrar nuevos mercados de consumo (y no sólo zonas más baratas de producción) haya estado detrás de las dos principales medidas económicas adoptadas en los últimos años: la apertura de fronteras para las mercancías y los capitales (globalización); y la concesión de préstamos a segmentos cada vez menos solventes de clientes (las conocidas como hipotecas subprime). Juntas han permitido acceder al mercado, como demandantes, a millones de nuevos consumidores en todo el mundo, lo que se ha traducido en avances en la producción y en los beneficios, pero también en el endeudamiento y en las burbujas especulativas y en una crisis económica que, es verdad, ha sido global y ha afectado al conjunto del sistema capitalista. Un sistema dual, capaz de alcanzar las mayores cuotas de creación de riqueza y, a la vez, agudizar problemas de injusticia social, no resolver otros como el hambre o agravar algunos más como los medioambientales.

Un sistema económico cuyo objetivo es ganar dinero. Para ello sólo atendía aquellas necesidades humanas a las que pudiera ponérseles precio y sólo para aquellos ciudadanos que pudieran pagarlas.

Como esto dejaba a mucha gente, con derecho al voto, fuera del sistema por no tener recursos suficientes, desarrolló un sector público que atendiera las necesidades básicas de los más pobres. Durante mucho tiempo, la mejor manera de ganar dinero era fabricando productos que luego se vendían por una cantidad de dinero superior a lo que había costado producirlos. Como muy pronto la capacidad de producir creció más que la de consumir, a pesar de ampliar mercados hasta alcanzar todo el planeta, desarrolló un sector financiero capaz de conceder créditos que facilitaran el acceso al consumo, incluso a personas con una capacidad de compra real por debajo de sus compras efectivas.

Abusando del mecanismo, el endeudamiento del sector privado creció desproporcionadamente y con él los precios de algunos activos que centraban la compra (vivienda). Cuando la distancia entre capacidad de compra y capacidad de pago se hizo tan grande que el riesgo de impago sobrepasó los límites, estalló la burbuja, se invirtió el proceso y llegó la crisis. Entonces, el Estado intervino en ayuda del sector privado tanto empresarial (créditos, avales, inversiones, capital) como familiar (gasto por desempleo). Este mayor gasto, unido a menores ingresos a causa de la crisis, provocó un déficit creciente.

La crisis no es, por tanto, un cisne negro, una rareza que sólo ocurra de tarde en tarde y de manera impredecible, sino más bien un cisne blanco, algo habitual en una economía que se mueve de manera cíclica y a golpe de crisis más o menos profundas. Sólo en los últimos diez años hemos atravesado cuatro crisis (Dragones Asiáticos, Rusia, Argentina y las puntocom) hasta llegar a la actual, que responde al esquema clásico de burbuja especulativa por sobreendeudamiento, aunque agravada por la nueva realidad de producirse en un mundo globalizado y con libertad de movimiento de capitales.

En ese sentido podríamos decir que el capitalismo ha evolucionado pasando a través de tres fases: la comercial, en la que el dinero desempeñaba el papel de mercancía que facilita los intercambios de otras mercancías. La financiera, en la que cambia el papel del dinero para ser, sobre todo, una reserva de valor que utiliza la producción y el intercambio de mercancías como instrumento para crear más dinero. Por último, la fase de capitalismo de casino que hemos vivido al calor de la desregulación, los derivados y la innovación financiera, unida a las nuevas tecnologías y la dispersión del riesgo, que ha funcionado según un esquema puro de intercambio de dinero por dinero, desvinculado de la producción y del comercio de mercancías, facilitando el crédito excesivo y la creación de una burbuja especulativa a escala mundial.

Dicen que el mayor triunfo del diablo es convencernos de que no existe. De igual manera, uno de los mayores éxitos del capitalismo es habernos (casi) convencido de que su lógica económica responde perfectamente a la naturaleza humana siendo, por ello, el «modo natural» de organización de la sociedad. Tras la quiebra moral y material del comunismo, el capitalismo se ha quedado sin alternativas globales, lo que ha arrastrado al basurero de la historia no sólo cualquier intento de organizar la economía sobre bases diferentes, sino, incluso, aquellas propuestas de reforma profunda del mismo, que, sin alterar su «esencia», permitieran una «presencia» más acorde con principios éticos de justicia social.

Hoy, después de que cierto capitalismo de casino nos haya llevado a la mayor crisis económica de los últimos setenta años, incluso las propuestas de refundación efectuadas por un líder conservador como Sarkozy se disuelven en el aire al poco de ser pronunciadas. Y, a pesar de las reticencias para modificar profundamente el sistema conduciéndolo hacia un capitalismo con rostro humano, el actual capitalismo tiene fallos profundos en su funcionamiento que deberían ser corregidos para mejorar la eficiencia y el bienestar colectivo.

Quizá por ello, cuando queremos entender la esencia de lo que nos pasa, reflexionar sobre el sistema en su conjunto, su dinámica y sus contradicciones lógicas evidenciadas mediante una profunda crisis que no es un «cisne negro» sino un problema sistémico, tenemos que seguir recurriendo a tres autores con más de cien años de antigüedad: Adam Smith (siglo XVIII); Karl Marx (siglo XIX) y John Maynard Keynes (comienzos del siglo XX), a pesar de lo mucho que en apariencia han cambiado las cosas de la economía mundial.

En Smith destaca su interés por investigar las causas del crecimiento económico y por combatir aquello que represente un freno a aquél. Su análisis sobre los factores que impulsan el desarrollo —como son la especialización, la ampliación del mercado y la competencia— chocaban con los postulados fisiócratas, así como con el mercantilismo estatal impulsado por la aristocracia inglesa del momento. En realidad, su desconfianza hacia el Estado —que es una de las cosas que nos ha quedado de su valiosa aportación— debe entenderse como un ataque a ese Estado mercantilista del último feudalismo, que, en su época, se elevaba como un freno real a la libertad de mercados, que necesitaba el crecimiento económico del primer industrialismo burgués. Mayor actualidad debería tener su advertencia sobre las tendencias naturales del empresario a confabularse contra el interés público, en ausencia de restricciones que sólo pueden provenir de un Estado liberal.

Por su parte, en el análisis sobre la dinámica del capitalismo efectuado por Marx, habría que destacar su teoría de las crisis como parte intrínseca del propio funcionamiento de un sistema que convierte la propiedad privada de los medios de producción en la quintaesencia de su ser. Mientras que en el feudalismo era la posición social hereditaria la que determinaba el poder y la riqueza, en el nuevo sistema capitalista las relaciones se alteran y es la riqueza hereditaria la que determina la posición social y el poder. La estructura económica se convierte, así, en el corazón del entramado social, siendo el Estado una pieza más que garantiza la propiedad privada como motor del crecimiento, aunque con ello se provoque, también, desigualdades sociales que explican los ciclos económicos y las crisis recurrentes.

Keynes se separaría de Smith en su crítica al Estado, y de Marx, entre otras cosas, en su ataque a la propiedad privada. Es el perfecto reformista al entender la lógica real del sistema por encima, o por debajo, de los supuestos teóricos que lo definen en los libros, y al propugnar cambios radicales en lo accesorio para mantener la esencia del modelo. Así, para Keynes, los individuos no se comportan de acuerdo con los supuestos de racionalidad enunciados como hipótesis por la teoría. Sobre todo en una crisis profunda en la que, por otra parte, tampoco se cumple que el todo no es más que la suma de las partes. Para él existe un comportamiento agregado que es distinto del individual en aspectos importantes, y con ello hay espacio para una lógica colectiva representada por el Estado que difiere de la privada, gracias a lo cual actúa de contrapeso cuando una recesión hunde las expectativas de beneficio de la propiedad privada, bloqueando cualquier decisión de consumo o inversión.

En el fondo, la visión de Keynes —en torno a la que se permitió dar un vuelco al conjunto del saber económico de la época— fue que si todo el mundo ahorrara toda su renta —exagerando lo que predica el saber conservador tradicional—, nadie consumiría, nadie vendería, nadie fabricaría, nadie trabajaría, nadie ingresaría renta porque dejaría de haberla.

Además teorizó que en momentos de crisis, con el paro creciendo y con profundas incertidumbres sobre el futuro, los particulares ahorran por temor, por precaución, agudizando, con ello, el ciclo bajista de la depresión. Por eso hace falta que intervenga el Estado, cuya lógica de inversión y consumo es distinta y puede ayudar a mantener la demanda agregada y el empleo. Todo el edificio keynesiano se sustenta en haber percibido que en épocas de crisis se rompen las dos identidades básicas sobre las que se construye la economía académica tradicional: la renta de un país o se consume o se ahorra; y el ahorro es igual a la inversión. Esta segunda salta por los aires en momentos de incertidumbre (se ahorra, pero no se invierte) y, además, cuando gracias a la globalización y a las nuevas técnicas bancarias, los mercados mundiales de capitales separan todavía más el momento y el lugar del ahorro del momento y el lugar de la inversión. Si los particulares, durante las crisis, ahorran pero no invierten, el ciclo de la renta se rompe, salvo que introduzcamos inversión y consumo público.

Cuando esto ocurre, como en esta crisis, las estrategias de política económica orientadas a salir del bache tienen que verse afectadas. Mientras duren esas circunstancias, una estrategia conservadora centrada en rebajar impuestos y recortar el gasto público sería un error contraproducente. Si las familias tienen más renta disponible consecuencia de las rebajas impositivas, pero la misma desconfianza ante el futuro, ahorrarán todavía más y ese dinero adicional no ayudará a reactivar la economía. Además, si el gasto público —que es el único elemento dinámico que mantiene el crecimiento de la demanda agregada— se reduce, caerá adicionalmente la actividad económica.

Así, entre los tres, cada uno subido a hombros del gigante anterior, nos ayudan a entender, todavía hoy, los problemas de funcionamiento dinámico de nuestro modelo económico, y aportan un enfoque que integra las relaciones económicas como una parte más del devenir social, en una legítima economía política. Para entender y no sólo para narrar lo que pasa. Algo a lo que les invito mediante la lectura, en dos tardes, de esta breve introducción a la economía. Agradezco a Juan Carlos Collado, José Vidal, Alberto Estévez y Arancha Garrido sus comentarios, así como la ayuda prestada en las sucesivas fases de corrección del texto.

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La visión económica de la sociedad. Flujo circular de la renta

La economía representa una visión especial de las relaciones sociales, distinta de otras posibles como las que aportan la historia, la psicología o la estética. Se ocupa, en concreto, de estudiar cuál es el origen y la naturaleza de la riqueza para, a partir de ahí, analizar los factores que estimulan su crecimiento y su reparto entre individuos y grupos sociales. A primera vista, la riqueza de una sociedad aparece como una inmensa acumulación de mercancías, bienes y servicios, dispuestos para satisfacer necesidades humanas.

Los primeros economistas que podemos considerar como tales —los mercantilistas— creyeron que la riqueza provenía del comercio entre países: vender mucho y caro, comprar poco y barato, hasta generar un intercambio favorable que permitiese acumular oro o plata. En seguida, sin embargo, hubo quien se dio cuenta de que el intercambio, se efectuara como se efectuara, sólo repartía la riqueza existente de manera distinta al momento anterior a éste, pero no explicaba cómo se creaba. Por eso, los fisiócratas apuntaron a la naturaleza, en concreto a la agricultura, como el origen de la riqueza, ya que sólo ella permitía crear algo nuevo que antes no existía: la cosecha.

Por su parte, Adam Smith —considerado el padre de la economía moderna— apuntó que sin trabajo humano la naturaleza por sí sola tampoco era capaz de crear riqueza. Por tanto, en su visión, la única fuente auténtica creadora de riqueza era el trabajo humano —más en concreto su especialización gracias a la división del trabajo—, al que, por otro lado, se puede reducir también las máquinas o el capital empleado en la producción, sobre todo a partir de la industrialización.

El economista, como el científico, simplifica la realidad —en este caso, la complejidad social— agrupándola en tres grandes instituciones: familias, empresas y Estado, y estudia un tipo concreto de relaciones entre todas ellas, vinculadas a la perspectiva específica con que lo analiza. A partir de ahí establece las variables determinantes en que se fija y las relaciones que tienen entre sí, para elaborar modelos de análisis, predicción y recomendación de políticas económicas.

En concreto:

Las familias ofrecen su trabajo a las empresas o al Estado en el mercado laboral a cambio de un sueldo con el que compran bienes y servicios, que demandan en el mercado correspondiente. Las empresas contratan/demandan trabajadores, lo que, junto con otros factores de producción (capital, naturaleza), les permite ofrecer bienes y servicios que venden a cambio de un precio. El Estado, además de regular mediante leyes que inciden en toda la actividad económica de familias y empresas, impone impuestos que le permiten financiar los sueldos que paga a sus trabajadores, las transferencias que efectúa (subsidios o subvenciones), y los bienes y servicios que ofrece a la sociedad (policía, jueces, maestros, sanidad, etc.).

Partiendo de este esquema simple, de doble dirección, conocido como el flujo circular de la renta, podemos adentrarnos ya en multitud de problemas económicos: la oferta y la demanda, el intercambio, el mercado, la determinación del precio, el equilibrio entre todos los componentes del esquema, la importancia del dinero, los impuestos y el gasto público, la función de producción empresarial, etc.

Lo primero que llama la atención es que cada uno de los tres agentes económicos presentes desempeña una función distinta y complementaria, y actúa además según una lógica diferente.

Las familias, para un economista, son centros de producción, reproducción, cuidado y formación de la mano de obra a la vez que consumidores de aquello que ellos mismos ayudan a producir. Conviene destacar que una parte importante de esa labor (por ejemplo la crianza de los hijos) se realiza «fuera de condiciones de mercado», es decir, sin precio y sin buscar el beneficio como único objetivo. Esto significa que, en el flujo circular que representa de forma simplificada el conjunto de la actividad económica de una sociedad actual, existen zonas básicas que soportan el conjunto del edificio que se sitúan fuera de la lógica predominante en el modelo. Volveremos sobre ello.

Las empresas gestionan recursos —principalmente ajenos (tecnología, fondos prestados, maquinaria, suelo, edificios, trabajo, etc.), reunidos y adquiridos por el empresario, que también aporta su propio trabajo—, a partir de los cuales organizan la producción de un bien o de un servicio que ponen a la venta en el mercado. La viabilidad de la empresa exige que los ingresos obtenidos sean, al menos, suficientes como para retribuir todos los recursos ajenos empleados en su fabricación (sueldos, alquileres, intereses, primas de seguros, dividendos, royalties, etc.) más el propio beneficio que el empresario espera obtener. Si es superior a esta cifra, se puede acumular en fondos propios que reducen la dependencia financiera exterior de la empresa.

El Estado tiene dos tareas mínimas imprescindibles: en primer lugar, regular el funcionamiento adecuado del conjunto de la actividad económica de acuerdo con valores socialmente mayoritarios (edad mínima para trabajar, índices de contaminación, derechos de propiedad o defensa de los consumidores) y garantizar su cumplimiento; y, en segundo lugar, intervenir en la economía para asegurar que existan aquellos bienes y servicios que por sus características son bienes públicos no susceptibles de ofrecerse por las empresas privadas en condiciones socialmente aceptables y, por tanto, puedan evolucionar dependiendo del país y de la circunstancia histórica (sanidad, policía, pensiones de jubilación, atención a los pobres, etc.). Para ello necesita recursos que obtiene mediante impuestos obligatorios que sólo puede extraer de las familias, las empresas o los mercados. Hay una tercera tarea del Estado que tiene que ver con su papel a lo largo del ciclo económico, y que complementa al sector privado, sobre todo, en momentos de crisis. Pero esto lo veremos más adelante.

Lo segundo que debemos destacar es la existencia de un doble circuito paralelo: uno, formado por bienes o servicios, mientras el otro está formado por el dinero necesario para pagar lo anterior a los precios determinados en los respectivos mercados. Así, la diferencia entre una economía real y otra monetaria reside en el origen mismo de la economía moderna. Cuando ambos flujos divergen de manera importante (hay más dinero que mercancías o al revés), surgen problemas, desequilibrios e incluso crisis.

La tercera cuestión que merece la pena destacar del sencillo pero potente esquema anterior es que éste está construido sobre la base de un triple equilibrio simultáneo: 1) entre el dinero que circula y su contrapartida en bienes y servicios, intercambiados por un precio; 2) entre ambos mercados —el de bienes y servicios por un lado, y el de trabajo por otro, ya que lo que se gasta en uno es lo que se ingresa en otro: los trabajadores gastan en uno de lo que ganan en otro, mientras que los empresarios de lo que ganan, pagan, entre otros, a los trabajadores—; 3) entre el sector privado (familias y empresas) y el Estado, ya que las interacciones entre ambos son imprescindibles: el Estado vive de los impuestos que pagan los otros dos, mientras que éstos necesitan al Estado en asuntos básicos, sin los cuales no podrían obtener los ingresos que obtienen (educación, protección de la propiedad, etc.).

Una ruptura del equilibrio en cualquiera de los tres elementos del circuito tiene una repercusión cierta sobre los otros dos, una cuestión que analizaremos más adelante. De esta forma, el equilibrio tiene que ser simultáneo y general, así como el desequilibrio —al que llamamos crisis— también suele serlo, en el sentido de que, aunque empiece en un punto del esquema, se propaga, con mayor o menor intensidad y rapidez, y se generaliza al resto de la economía a través de los agentes y los mercados.

Los economistas suelen decir que «no hay comidas gratis» para indicar que en la sociedad todo tiene un coste, incluso lo que aparenta no tenerlo debido a que no pagamos un precio en el momento de consumirlo o usarlo (por ejemplo, la sanidad pública o las autovías). En muchos casos se refieren a que al final «alguien lo paga», aunque no sea directamente (por ejemplo, mediante impuestos generales); y en otros casos aluden al llamado coste de oportunidad, que indica el coste del tiempo empleado en hacer algo, porque con ello dejamos de hacer otra cosa alternativa a la que renunciamos por el momento.

Pero no todas las cosas que tienen valor tienen precio. Ya decía Antonio Machado por boca de su Juan de Mairena que «sólo un necio confunde valor y precio». Por ejemplo, el aire que respiramos o el cuidado materno: es evidente que tienen mucho valor para nuestra vida, incluso para el correcto funcionamiento de la actividad económica, pero no tienen precio establecido. Podríamos decir que tener valor es condición necesaria para que tenga precio, pero no suficiente. Utilizaremos la idea representada por el flujo circular de la renta para entender mejor que, en una sociedad, todas las actividades económicas y las políticas económicas de los gobiernos se pueden clasificar bajo una de estas tres características: productivas, cuando ayudan a que crezca el conjunto del pastel de la riqueza; distributivas, cuando reparten el mismo pastel pero de forma distinta mejorando con ello el bienestar colectivo (los que ganan con el nuevo reparto son muchos más que los que pierden); y apropiativas, cuando alguien acapara para sí una parte del pastel abusando de una posición de fuerza o de dominio y con perjuicio para el conjunto (por ejemplo mediante subidas especulativas del precio de productos básicos, como el suelo).

Por otro lado, tener la imagen del flujo circular de la renta presente nos permite ver mejor la interacción entre los tres agentes principales de la economía. Así, si el Estado por ejemplo sube impuestos a las empresas e incrementa la subvenciones a las familias, efectúa una redistribución de renta con efectos distintos a lo que ocurriría si lo hiciera al revés, incrementando los impuestos de las familias y las subvenciones a las empresas. De igual manera las actuales políticas de reducción del déficit público a toda costa significan trasvasar recursos de las familias y de las empresas al Estado mediante subidas generalizadas de impuestos y recortes globales de transferencias, con el resultado de Estados más ricos mientras que familias y empresas más empobrecidas.

Los economistas clásicos debatieron mucho sobre el valor de las cosas, y distinguían tres características que aportaban valor a un producto: que fuese útil para satisfacer alguna necesidad; que fuese escaso, en el sentido de «raro» (como los diamantes o el petróleo); y qué cantidad de trabajo se necesitaba para su fabricación. Es curioso, pero las dos piezas angulares sobre las que se ha construido el edificio de la economía contemporánea —la escasez y la utilidad— eran sólo partes menores de la teoría clásica del valor, centrada en unos productos que, en su mayor parte, como los coches, los tomates o los abogados, son reproducibles; es decir, se pueden «fabricar» más si hace falta, por lo que sólo pueden sufrir escaseces temporales.

Para que exista un precio necesitamos que aquello de lo que estamos hablando se encuentre a la venta. Por ejemplo, tomates, las horas de uso de un hotel, la ocupación temporal del asiento en un AVE , la atención bucodental o el tiempo de un peluquero.

La mayoría de las veces, la compra-venta del producto se produce en un mercado organizado, donde el precio se fija teniendo en cuenta la ley de la oferta y de la demanda, como las acciones de una empresa en la bolsa de valores. Otras no, o de manera tan indirecta que pasa a ser una referencia lejana, mezclada con otro tipo de consideraciones, tan o más importantes como, por ejemplo, en el caso de la tarifa eléctrica en España.

En los dos mercados señalados en el esquema circular de la renta hemos dicho que hay quienes ofrecen algo —bienes, servicios o trabajo— y quienes demandan ese algo. Aunque luego entraremos en las características específicas que diferencian el mercado laboral del resto, hasta el punto de que lo hemos puesto separado, centrémonos ahora en la parte común: hay cantidades ofertadas y cantidades demandadas de una cosa. ¿Cómo funciona esto, sobre todo a la hora de determinar el precio y la cantidad total que se intercambian?

En economía se entiende por oferta la cantidad de un producto que se está dispuesto a vender a un precio determinado. Se supone, además, que a mayor precio se estará dispuesto a vender más cantidad, por lo que se dibuja, en un sencillo eje de coordenadas donde figura precio en la ordenada y cantidades en la abscisa, una curva con pendiente positiva, como en la siguiente figura. Por demanda se entiende la cantidad de un producto que se está dispuesto a comprar a cada precio. En este caso, a mayor precio la cantidad demandada será menor, por lo que la curva tendrá una pendiente negativa.

La ley de la oferta y de la demanda nos dirá que, para un producto y un mercado concreto el precio y la cantidad de equilibrio se establecerá allí donde se crucen las dos curvas (ver figura a continuación), ya que cualquier otro dejará oferta o demanda insatisfecha, como se puede comprobar si situamos otro precio por encima o por debajo del precio de equilibrio y vemos qué ocurre en cada caso con la cantidad ofertada y demandada. Si el precio es superior, habrá más gente dispuesta a ofertar y menos a comprar, por lo que existirá más oferta que demanda, lo que hará bajar el precio. Y lo mismo, pero al revés, si el precio se sitúa por debajo del precio de equilibrio.

Este principio es muy elemental y simplifica, en exceso, la compleja realidad. Así, por ejemplo, supone que el incremento de lo ofertado se puede hacer al instante (no hay demoras, ni retrasos, ni producir más cantidad requiere tiempo, ni costes adicionales) y lo mismo con la demanda: si el precio es muy bajo, lo compramos casi todo, aunque no lo necesitemos. Sin embargo, parece que podemos aceptar, de manera consistente con nuestra experiencia diaria en una mayoría de mercados, la idea general de que cuanto más crece (baja) la oferta de algo, el precio tiende a bajar (subir) y, al revés, cuanto mayor (menor) es la demanda, los precios tienden a subir (bajar), al menos de manera transitoria hasta que se vuelve a incrementar (reducir), si se puede, la oferta.

Cuestión más discutible sería convertir esta evidencia empírica tendencial en mercados y situaciones concretas en una ley inexorable que se aplicase a todos los productos, en todas las circunstancias, aseverando que el libre mercado es capaz de alcanzar, siempre, el mejor equilibrio posible y que cualquier intervención sobre él (del Estado, por ejemplo) es perjudicial. Porque esta visión de los intercambios en un mercado competitivo deja fuera de explicación práctica tantos supuestos reales que se convierte, de hecho, en una ideología, es decir, una afirmación en la que se puede creer, o no, pero que resulta indemostrable por métodos científicos.

Por ejemplo, el libre mercado competitivo como método óptimo para fijar precios y cantidades de equilibrio, cuya versión teórica más sofisticada son los modelos de equilibrio general, deja fuera:

1. Situaciones muy generalizadas en la realidad económica en las que existe una fuerte presión para que las empresas crezcan en tamaño y se reduzcan en número, ya que resultan más eficientes así (el nombre técnico es rendimientos crecientes). En este supuesto, el mercado tiende a ser de pocos y grandes, con capacidad para influir sobre el precio, todo lo contrario de lo que presupone el modelo competitivo donde operan multitud de pequeñas firmas sin capacidad individual para influir sobre el precio final.

2. Situaciones donde existen incertidumbres, es decir, donde no existe información perfecta, esto es, completa y accesible sin apenas coste para todos los operadores, como presupone el modelo de competencia perfecta. Hablamos de los casos típicos del mercado de seguros, los de segunda mano o el mercado financiero de derivados cuya complejidad es ya tal que, a menudo, ni el vendedor conoce todas las características del producto que vende. Cuando la información no es perfecta o adquirirla representa un coste elevado, los comportamientos de los agentes económicos se alejan de la predicha por el modelo del mercado perfecto.

3. Situaciones en las que el factor tiempo es fundamental (ya que no hay producción instantánea), donde existen inercias del pasado o donde los procesos de aprendizaje son importantes.

4. Situaciones en las que existe lo que se conoce como efectos externos, es decir, cuando una actividad afecta, quiera o no, a otra actividad. Por ejemplo, polucionando, o creando economías en red, tan frecuentes en el mundo en que vivimos. Entonces, tampoco los axiomas del libre mercado se cumplen.

5. Situaciones, por último, en las que se produce lo que se llama bienes públicos. Es decir, aquellos en los que el uso no puede ser excluyente —por ejemplo, una puesta de sol o un paseo por Central Park que puede ser compartido, a la vez, por mucha gente— porque incluso si ello genera incomodidades grandes a algunos, aconsejando la imposición de un precio para excluir el acceso, éste no podría fijarse en los términos puros del libre mercado.

En este grupo debemos incluir, con fuerza, todos aquellos bienes y servicios derivados de la aprobación mediante leyes de derechos ciudadanos —por ejemplo, a la salud, a la educación o a la seguridad pública—, que deben ser accesibles para todos, con independencia de su nivel de renta y riqueza, por lo que no pueden comprarse y venderse en un mercado donde el criterio de reparto es tener dinero para pagar el precio, por lo que quedan excluidos quienes no lo tienen.

Todas estas situaciones, ubicadas fuera de los supuestos del libre mercado, incluyen la inmensa mayor parte de la actividad en una economía moderna. Y su tratamiento debe hacerse desde otros supuestos distintos que incluyan una presencia activa del Estado, como regulador, controlador o proveedor, algo que suele disgustar a quienes se aferran a un ideal, el libre mercado competitivo, tan irreal como la vieja planificación comunista. Olvidarse de esta realidad y querer aplicar los principios del libre mercado, como si se cumplieran en la realidad las condiciones que muestran su superioridad en los modelos nos ha llevado, por ejemplo, a la actual crisis de sobreendeudamiento derivada de la desregulación de los mercados financieros internacionales. Esta supresión de la norma fue adoptada de manera consciente por quienes como el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Allan Greenspan, creían ideológicamente en que si se dejaba libre a los mercados, éstos se equilibrarían y encontrarían la mejor solución tanto en precios como en cantidades.

Lo dicho anteriormente no implica reconocer y aceptar en la práctica algunas de las bondades aconsejadas por el modelo teórico: sentido de la oferta y de la demanda, competencia, transparencia informativa en los mercados, control sobre los abusos de posición dominante, etc., que curiosamente deben ser impuestas desde la normativa, ya que, en contra de los supuestos de la teoría, el instinto natural del ser humano en un mercado donde hay oferta y demanda no parece ser competir, sino pactar, coaligarse en defensa de los intereses propios en contra de quienes tienen intereses contrarios a los nuestros. En este caso, evitar la competencia a costa de los consumidores o aliarnos contra los trabajadores o éstos contra los empresarios. Ya lo decía Adam Smith, el padre del liberalismo: cuando cinco empresarios se reúnen en secreto es siempre para confabular contra el interés general.

Un problema distinto, aunque no menos importante, surge cuando los economistas ortodoxos pretenden pasar de las partes al todo o, dicho en la terminología específica, de la micro a la macroeconomía. Porque, ¿funcionan las cosas igual a pequeña que a gran escala o, en todo caso, de manera compatible? No. O mejor, no siempre, ni en todo. Cuando una liberal como Margaret Thatcher dijo aquello de que «la sociedad no existe» ya que sólo hay individuos juntos, estaba planteando este problema esencial, cuya respuesta depende mucho de lo que debemos hacer en el ámbito de la política económica.

La teoría de juegos ha evidenciado que el abanico de comportamientos humanos es mucho más amplio que el supuesto por la ciencia económica convencional. Que lo racional en muchas situaciones es, como hemos visto antes, llegar a acuerdos, coaligarse con el competidor en lugar de competir contra él o formar grupos en defensa de un mismo interés compartido cuya satisfacción requiere que otro grupo de intereses no alcance el suyo porque son incompatibles. Con ello se fundamentan categorías interpretativas como las clases sociales, tan contrarias al programa de individualismo metodológico en que se basa la economía académica.

Y que el propio concepto de racionalidad egoísta sobre el que se ha construido ese edificio es discutible. Por ejemplo, en el famoso dilema del prisionero, donde ambos ganan si cooperan y callan, el comportamiento egoísta de cada uno de los participantes le lleva a delatar al otro consiguiendo con ello el peor resultado agregado de los posibles en contra de la ideología del libre mercado, que estipula que persiguiendo cada agente económico maximizar racionalmente sus propios objetivos, se consigue, gracias a la mano invisible, un resultado óptimo para la colectividad.

Si el todo (la sociedad) es más que la simple suma de las partes (el economista clásico Marshall decía que al igual que una catedral es más que la simple agregación de las piedras que la construyen), entonces constituye un ente nuevo y distinto que puede estar sujeto y regido por reglas diferentes a las que determinan el comportamiento económico de los individuos aislados. Si es así, como parece evidente, algunas cosas puede que funcionen a pequeña escala (micro) pero no a gran dimensión (macro), con lo que las pretensiones de generalidad científica de muchos supuestos económicos convencionales quedarían en evidencia. Un ejemplo conocido de esto es la llamada paradoja de la austeridad, según la cual aunque es recomendable que los individuos y las familias ahorren, si este comportamiento se generaliza (si nadie gasta y todo el mundo ahorra), entonces nadie compra, luego nadie vende y el resultado es una caída de la demanda agregada que arrastra la producción y el empleo a la baja.

La diferencia, incluso antagonismo, entre el comportamiento individual y el agregado, con sus diferentes motivaciones y efectos, es lo que abre también la puerta a la necesaria intervención del Estado (único agente global) en la economía, desde la legitimidad que le presta desempeñar una función diferente a la que tienen las familias y las empresas. Ello proporcionando un papel imprescindible a una política económica activa como concepto, para un mejor funcionamiento de las cosas. Con Estados que actúen en la economía, las sociedades funcionan mejor y consiguen mejores resultados que si las dejamos, sólo, en manos de mercados sin controles.

Hemos representado bajo la forma sencilla del esquema circular de la renta y del dinero uno de los problemas esenciales de la economía: la estrecha interdependencia entre todas sus partes y decisiones. Además, hay que tener en cuenta el hecho constatado de que para que funcione adecuadamente —en el sentido de producir el nivel deseado de empleo, bienes y de servicios que la sociedad demanda— no vale cualquier tipo de interrelación, sino sólo aquellas que mantengan un razonable nivel de equilibrio entre, al menos, los sectores considerados básicos.

Al hablar del «mercado de bienes y servicios» en realidad estamos englobando una multitud diversa de mercados de distintos productos y servicios: coches, hoteles, medicina, escuelas, bolígrafos, patatas, carne, aviones, etc. Por su parte, al simplificar en el «mercado de trabajo» estamos hablando de carpinteros, fontaneros, médicos, abogados, conductores, agricultores, etc.

En la medida en que, para conseguir cualquiera de estas cosas, necesitamos emplear una o varias de las otras, no es suficiente con producir de todas ellas, sino que hay que hacerlo en las cantidades y especificaciones requeridas para que puedan ser utilizadas en la fabricación de aquellos otros bienes y servicios en los que se requiere.

Así, por ejemplo, para fabricar coches necesitaremos ruedas, planchas de metal, volantes, materiales eléctricos, asientos, limpiaparabrisas, pintores de chapa, robots, obreros montadores, naves para construir o ensamblar, etc. Cada uno de estos componentes, aplicando el principio de división del trabajo, será producido por otro fabricante en otro sitio distinto y, a veces, lejano. Coordinar todas estas producciones para que estén listas las necesarias en el momento y en el lugar en que se necesitan, es uno de los problemas más importantes de la actividad económica, sino el que más. Que se complica muchísimo si tenemos en cuenta que, a su vez, cada uno de esos productos necesarios para construir un coche necesita de otros para ser producido y la mano de obra debe cualificarse de acuerdo con las necesidades derivadas del estado de la técnica en cada momento.

Averiguar cómo funciona el complejo entramado de saber lo que necesita cada uno en cada momento, quién lo puede hacer, hacerlo y coordinar de manera eficiente todas esas ofertas y demandas requiere, ante todo, un completo sistema de información para evitar parones, frenos y bloqueos en lo que debe ser el continuo fluir de una producción circular.

Ha habido dos respuestas a la cuestión de cómo conseguir la información necesaria para que el proceso funcione adecuadamente: una, la que sitúa en la libre fluctuación de los precios —definidos por los movimientos de la oferta y la demanda en los mercados— el principal instrumento para transmitir la información sobre lo que se necesita y dónde. Por ejemplo, si sube el precio de las ruedas de bicicleta, será porque hay más demanda que oferta, por lo que un empresario emprendedor se pondrá a producirlas hasta satisfacer la demanda, momento en el que bajará el precio. Esta opción suele ser compatible con la existencia de propiedad privada y con la obtención de beneficio por parte del empresario, como incentivo para participar en el mecanismo económico.

Otro método es la planificación centralizada mediante la cual un organismo central, ayudado de un poderoso ordenador, centraliza la información dispersa sobre todas las necesidades y las canaliza hacia quien las debe producir para satisfacerlas. Por ejemplo, si conozco cuántos kilómetros de carretera nueva se van a hacer en los próximos cinco años, porque lo fijo en el Plan Quinquenal, puedo calcular cuánto asfalto necesito o cuántas señales de tráfico y encargarlos. En este caso, la propiedad de los medios de producción puede ser pública al no ser necesaria la existencia de un beneficio como incentivo, sustituido por la satisfacción del interés general y las necesidades colectivas.

Aunque es obvio, a estas alturas, que este segundo método, identificado con el sistema comunista de la antigua URSS, ha fracasado como alternativa global por múltiples razones que no vamos a analizar, incluyendo el efecto negativo sobre la eficiencia de la ausencia de incentivos adecuados, no podemos olvidar que cualquier empresa que funcione en el marco de una economía libre de mercado, también planifica a medio y largo plazo. Los presupuestos anuales, incluidos los de los gobiernos, son una forma de hacerlo, así como cualquier plan energético nacional o plan nacional de infraestructuras como los que se elaboran, por ejemplo, en España, o cualquier análisis de planificación estratégica en las empresas. Del mismo modo, la existencia de un importante sector público en las economías de libre mercado muestra que no todo es conveniente encargarlo al mercado y a su mecanismo de precios, como veremos más adelante.

El primer economista que intentó explicar la interdependencia global del sistema económico en todos los sectores fue el francés Quesnay, quien en el siglo XVIII elaboró un Tableau Économique, a partir de los trabajos previos de Cantillón, en el que pretendió reflejar todo el proceso económico en el cual «nada está solo y todas las cosas están entretejidas». Con posterioridad, aunque Cournot inició la formulación de las interrelaciones económicas utilizando el cálculo diferencial, hay que esperar al ingeniero Walras para encontrar una primera formalización matemática mediante un sistema de ecuaciones que tenía como incógnitas los precios de los bienes finales, de los factores de producción y las cantidades demandadas y ofertadas de cada uno de ellos.

Se inició así una línea de análisis económico conocida como modelos de equilibrio general, que intentaba explicar cómo funcionaba un sistema de mercado en el que los precios y la producción de todos los bienes, incluido el dinero y su precio (tipo de interés) así como los salarios y los beneficios empresariales, están interrelacionados, es decir: un cambio en cualquiera de ellos repercute sobre los demás de tal manera que, como mancha de aceite, acaba afectando al conjunto.

Encontrar para un sistema así, un equilibrio que además sea dinámico, es decir, que explique el crecimiento económico en las circunstancias reales de mercados incompletos, información imperfecta, incertidumbre, etc., sólo se ha conseguido en modelos muy matematizados, abstractos y con supuestos muy alejados de la realidad cotidiana, a pesar de los meritorios esfuerzos realizados por algunos economistas merecedores del premio Nobel (Debreu, Arrow y McKenzi).

Quizá por ello, desde el principio, se desarrolló otra línea paralela de análisis económico, la que podemos encontrar en la mayoría de los libros de texto y análisis económicos, que buscaba entender el funcionamiento del equilibrio en un solo mercado, incluyendo las decisiones de producción (equilibrio parcial) y no de forma simultánea en la economía en su conjunto. Para que el análisis parcial tenga relevancia, más allá del caso concreto analizado, se supone que basta con agregar comportamientos parciales para construir, según el individualismo metodológico ya visto antes, una realidad general que funcione según los mismos principios.

El enfoque general de la economía, por su parte, avanzó hacia instrumentos más prácticos y aplicados mediante las conocidas como tablas input-output. Este enfoque fue desarrollado por Leontief, por el que obtuvo también el premio Nobel en 1973. Basándose en los esquemas de reproducción de Marx, en los que esquematizaba en dos ecuaciones la producción de bienes de consumo y de bienes de inversión analizando las interrelaciones entre ellas, el modelo input-output se construye a partir de la constatación de que las salidas de una industria (outputs) son las entradas de otra (inputs). Y lo hace agrupando la producción industrial por sectores a partir de datos económicos concretos recogidos en un ámbito regional o nacional, como se observa en el cuadro siguiente.

X₁ = z₁₁ + z₁₂ + z₁₃ + Y₁

X₂ = z₂₁ + z₂₂ + z₂₃ + Y₂

X₃ = z₃₁ + z₃₂ + z₃₃ + Y₃

X₄ = z₄₁ + z₄₂ + z₄₃ + Y₄

En esta representación tenemos agrupadas en cada línea las salidas de cada sector (Xi). Los flujos (zij) pueden ser recolectados en una tabla en la que los sectores verticales son «vendedores» y los horizontales, «compradores». Un ejemplo de tabla input-output es:

En este ejemplo se considera que la demanda final se dedica exclusivamente al pago de los trabajadores, pero en una tabla input-output pueden añadirse igualmente los consumos caseros, las ventas (exportaciones) o las inversiones de capital, los salarios, etc. En el modelo input-output a veces se consideran estas demandas finales haciendo que la matriz sea considerablemente mayor que la correspondiente a las relaciones interindustria.

A partir de ahí se pueden construir las cuentas nacionales de un país señalando las diferentes interrelaciones sectoriales, lo que nos permitirá conocer las repercusiones e impactos de cualquier circunstancia (una escasez de petróleo, por ejemplo) o de una medida de política económica (subir los tipos de interés, por ejemplo).

Desarrollando los métodos matemáticos utilizados y perfeccionando la información recogida, se ha elaborado, de manera complementaria a las muy utilizadas tablas input-output, un conjunto de nuevos modelos de equilibrio general aplicado, útiles para la toma de decisiones que respetan el principio contenido en el esquema de flujo circular de la renta: en economía, todo está relacionado con todo y todas las incógnitas deben resolverse a la vez.

Cuando observamos la economía real de un país, medida por el PIB (producto interior bruto) —del que hablaremos con detalle en otro capítulo—, no sólo vemos una economía interrelacionada en la cual el estallido de la burbuja especulativa en el sector de la construcción, por ejemplo, se puede llevar por delante no sólo a los sectores relacionados con la construcción (como los azulejos o las puertas de madera o las cañerías de cobre o el mueble), sino también al sector de coches, ya que al quedarse en paro los trabajadores de la construcción hay menos gente dispuesta a comprar un coche y ello afecta a los talleres de reparación, etc.

No obstante, vemos también una economía que, salvo en momentos de crisis, crece cada año. La máquina económica que intentamos estudiar mediante los modelos descritos suele ser de suma positiva, es decir, sale como output más de lo que entra como input. Llamamos productividad a esa relación y la medimos como la cantidad de horas de trabajo necesarias para producir una unidad de PIB, de tal manera que, si crece la productividad, podremos producir más con las mismas horas de trabajo, o necesitaremos menos horas para conseguir lo mismo que antes. Esos incrementos de productividad son lo que explican que podamos ser cada vez más ricos.

Explicar esa compleja creación de riqueza, encontrando las reglas que la explican, así como sus fluctuaciones a lo largo del tiempo y su distribución entre factores productivos y grupos sociales, sería el objeto principal de la economía.

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La riqueza de las naciones

El libro que se sigue considerando origen de la economía moderna se publicó en Londres en 1776. Recordar la fecha es importante porque muchos de los problemas que analiza, críticas que efectúa y propuestas que sugiere están muy condicionadas por el contexto histórico: un capitalismo en formación y en lucha abierta contra el Estado... feudal y sus privilegios, anteriores a la Revolución francesa.

Adam Smith, que fue su autor, se propone investigar «la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones», asunto de máxima actualidad entonces, dado que la revolución industrial británica había abierto, por primera vez, una perceptible brecha entre Inglaterra y el resto de los países, acostumbrados todavía a un relativo estancamiento, asociado a las limitaciones productivas de una economía dependiente de una agricultura intensiva en mano de obra y poco tecnificada.

Había que explicar la riqueza de las naciones, porque eso era el fenómeno extraño, minoritario, fuera de lo normal. Doscientos años después se escribirían decenas de libros intentando explicar, por el contrario, la pobreza de algunas naciones, el subdesarrollo, convertido en una rareza en medio de un mundo desarrollado, con una percepción demasiado optimista respecto a que habíamos aprendido las claves del crecimiento económico.

Para Smith, la riqueza de una nación la constituyen «todas las cosas necesarias y útiles para la vida, que se consumen anualmente en ella». Es decir, lo que hoy llamamos «producto interior bruto», el famoso PIB, definido ahora como el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período, normalmente un año.

La riqueza, así definida, se produce mediante un proceso que transforma unos bienes económicos en otros y genera un excedente. Y si preguntamos al lector de qué depende la riqueza de un país, seguro que cada uno señala varias cosas, pero que podemos agrupar en unos pocos puntos comunes.

En primer lugar, la riqueza de una nación depende de sus recursos naturales. Parece evidente que si un país tiene mucha tierra productiva para la agricultura, buenas playas para la pesca o el turismo, minerales, gas y petróleo, cuenta con más posibilidades de ser más rico que otro que carezca de todos o de alguno de esos atributos.

En segundo lugar, la cantidad de mano de obra disponible que posea. En igualdad de condiciones técnicas, disponer de una buena cantidad de trabajadores para la producción es condición necesaria para que la producción total de «cosas útiles» sea mayor.

En tercer lugar, la riqueza de una nación será mayor cuanto más capital tenga disponible para utilizarlo directamente en la producción de bienes y servicios. Y todo lo demás igual: aquellos países que puedan aplicar una cantidad mayor de máquinas y de capital real a la producción, obtendrán un mejor resultado cuantitativo.

En cuarto lugar, el estado de la técnica, incluyendo la adecuada formación de sus trabajadores, será otro elemento fundamental para explicar las diferencias de PIB entre unos países y otros. Aquellos países con mejores tecnologías de producción y trabajadores mejor formados tendrán más posibilidades de que su productividad crezca y serán más capaces de producir más con los mismos recursos iniciales.

Por último, con todos los demás factores iguales, la riqueza de un país dependerá de la calidad de sus instituciones y de su funcionamiento, de que posean una legislación más clara y adecuada, así como de que sus impuestos sean equitativos, posea solidez política, etc., en la medida en que ello reducirá los costes de las transacciones y transmitirá mayor confianza y seguridad a los agentes económicos.

Tenemos agrupado, pues, en cinco grandes factores aquello de lo que depende la riqueza de un país: Recursos Naturales (RN), Trabajo (Tr), Capital (C), Tecnología (T) e Instituciones (IN).

PIB = F (RN, Tr, C, T, IN)

No todos son igualmente importantes en cada momento sobre el resultado final. Además, éste depende de la combinación entre todos ellos y existe cierto grado de sustituibilidad entre unos y otros. Así, hay países, como Japón, que ha suplido sus bajos Recursos Naturales con fuertes desarrollos de su Trabajo para obtener un resultado final mejor que otros países como Angola, que teniendo importantes Recursos Naturales no ha sabido, hasta ahora, sacarle todo el partido por falta del resto de los elementos.

También la importancia relativa de unos factores puede variar con el tiempo gracias al desarrollo de los otros elementos de la ecuación. Por ejemplo, un país basado en una agricultura poco tecnificada tendrá una dependencia mayor de un número suficiente de trabajadores que otro en el que el Trabajo permita obtener los mismos o más resultados agrarios con la utilización de menos mano de obra.

De igual manera, países con grandes incertidumbres debido a la situación de sus instituciones o de su aparato legal pueden tener dificultades en la creación de riqueza, que se solventan en cuanto cambian esas circunstancias y la inversión en capital se puede incrementar. Es el caso, por ejemplo, de Cuba o de los antiguos países comunistas europeos durante el período de transición hacia el capitalismo democrático en que están ahora.

Adam Smith decía que «sea cual fuere el suelo, el clima o la extensión del territorio de cualquier nación, la abundancia o la escasez de su surtido o abastecimiento anual dependerá de la pericia, destreza y juicio con que se aplique generalmente su trabajo [...] así como de la proporción que se guarde entre el número de los que se emplean en el trabajo útil y el de los que no están útilmente empleados». Es decir, ponía el acento en la combinación entre nuestro Trabajo + Tecnología, sin olvidar aspectos institucionales/culturales que determinan, en cada momento histórico, lo que es trabajo útil de lo que no lo es. Cuestión esta que, sin embargo, para él también dependía de «la cantidad del fondo o capital empleado en proporcionar trabajo productivo», nuestro Capital.

Este análisis hace depender la riqueza de un país y su crecimiento, en última instancia, de decisiones controlables por los seres humanos. Hasta lo que podríamos considerar elementos más exógenos, más ajenos a nosotros mismos y más vinculados a cuestiones dadas, como son los Recursos Naturales y el Trabajo, se pueden ver afectados por decisiones humanas en un triple sentido: primero, se puede tratar de descubrir nuevas materias primas en un país (gas, petróleo, etc.) o usos más productivos a algunos de los recursos naturales existentes. El caso del nuevo turismo, tanto rural como urbano, es paradigmático de lo que digo.

En segundo lugar, los avances técnicos como el teléfono móvil pueden dar valor a una materia prima que hasta entonces no lo tenía al transformarse en imprescindible para el nuevo producto o quitárselo al convertir en obsoleta otra que se utilizaba mucho hasta ese momento.

En tercer lugar porque la cantidad disponible de trabajadores depende de decisiones legales (elevar la edad mínima para trabajar los reduce; alargar la edad de jubilación los incrementa), medidas para incentivar la natalidad o, también, estímulos a la inmigración, que, como ha ocurrido en España entre 2000 y el 2008, vengan de fuera aquellos trabajadores que nos faltaban.

Analicemos ahora lo que hemos llamado el Capital, considerado por los economistas clásicos, como «trabajo humano acumulado» que incrementa la productividad del trabajo «vivo». En el fondo hablamos de los bienes de capital fijo, la inversión en máquinas, fábricas y herramientas que mejoran la capacidad productiva del trabajador. La diferencia entre hacer una carretera con picos y palas o con las nuevas máquinas actuales es suficientemente evidente como para no insistir en la importancia del capital sobre la mejora de la producción total.

Dentro del concepto de capital debemos introducir también el dinero, que en este contexto sólo representaría una posibilidad de adquirir capital físico que sea directamente productivo. Es decir: en este contexto, el dinero no es un elemento que contribuya a incrementar la producción excepto como mercancía que puede ser intercambiada (compra) por cualquier otro de los factores que sí contribuyen al crecimiento.

Al hablar de la Tecnología englobamos todas las actividades de Investigación, Desarrollo e innovación. Esto es, todo el talento humano convertido en instrumento de mejora de la producción. Es evidente que si conseguimos una manera robotizada de cortar la tela para hacer pantalones cuando antes lo hacía una máquina manual, no sólo aprovecharemos mejor los materiales, con menos desperdicio, sino que podremos cortar más pantalones en el mismo tiempo. O si descubrimos un nuevo material que pesa menos con la misma resistencia, los aviones podrán consumir menos combustible.

Por último, el factor institucional engloba todo lo relacionado con los incentivos, la seguridad jurídica, el sistema de propiedad, el financiero, así como el modelo político o educativo. Bajo la denominación de incentivos incluimos la política fiscal en favor, por ejemplo, de la inversión en I + D + i, las características del seguro de desempleo o si la tributación premia o no a las rentas ganadas frente a las heredadas.

Dentro de lo que la naturaleza ha dispuesto para una nación concreta y más allá del influjo externo de la climatología sobre las cosechas agrícolas, podemos concluir que hoy existe un importante margen de decisiones humanas que puede ayudar, o no, a que la riqueza de un país se incremente. Hemos visto países antaño subdesarrollados salir de esa situación y entrar en la fase de emergentes o directamente desarrollados simplemente como consecuencia de la adopción de ciertas medidas que afectaban a cualquiera, o a todos, los factores que definen el origen de la riqueza.

En ese sentido, los distintos países tienen y asumen una mayor responsabilidad sobre su destino al adoptar, o no, políticas y medidas adecuadas que estimulen un impacto positivo de las variables de las que depende el PIB sobre el resultado final de éste. Apostar por la educación, la investigación, la innovación o las mejoras institucionales es hacerlo por el crecimiento económico, además de otras consideraciones que también se deben tener en cuenta.

Crecer...

En sentido amplio hay dos formas de incrementar la producción de bienes y servicios en un país: la extensiva y la intensiva. La primera consiste en ir añadiendo cantidades adicionales de aquellos factores productivos que hemos identificado como tales. Por ejemplo, si descubrimos un nuevo yacimiento de gas, ponemos en cultivo nuevas tierras, incorporamos a más trabajadores o abrimos nuevas factorías, todo ello repercutirá de manera favorable en una mayor riqueza. Sería obtener más producto con la utilización de mayor cantidad de los mismos factores productivos.

Cuando los avances técnicos se estancan o cuando hay una abundancia de recursos por explotar —como ocurrió, por ejemplo, durante la colonización de Estados Unidos—, el modelo extensivo de crecimiento es el más empleado. En España, durante el último período largo de crecimiento del PIB, entre 1994 y 2007, la mayor contribución a éste provino de la incorporación de nuevo capital, aunque demasiado concentrado en la construcción, así como de la absorción de cinco millones de inmigrantes. Más trabajadores y más capital hacen aumentar la riqueza de un país.

Este modelo de crecimiento extensivo sólo tiene un problema: que se agota. Más pronto o más tarde, aquellos factores productivos adicionales que hemos podido ir incorporando y en torno a los cuales se ha basado el crecimiento llegan a su fin: las nuevas tierras buenas se acaban, ya no es fácil integrar más trabajadores, o poner más fábricas o más pisos toca techo cuando ya no se encuentra quien los compre.

Por el contrario, el modelo intensivo de crecimiento es más sostenible. Se trata de incrementar la cantidad de bienes y servicios que somos capaces de producir mediante una mejora en la técnica productiva, de tal manera que podamos hacer más con los mismos, o incluso con menos ingredientes. A esto se le llama productividad: hacer más con menos, producir una cantidad mayor utilizando los mismos recursos o producir lo mismo con menos recursos. Éste es el fundamento sostenible del crecimiento de la riqueza de los países en la medida en que se basa en algo que no se agota: el talento humano aplicado a la innovación productiva tanto de procesos como de productos. En este caso sería obtener más producto utilizando menos cantidad de los factores productivos o una combinación distinta de los mismos.

Aunque es cierto que hay sectores económicos más propensos a crecer de manera extensiva y otros de forma intensiva, las diferencias entre modelos de desarrollo en los que predominan unos u otros están más relacionadas con los vectores de crecimiento y, de forma especial, con la tecnología y con la innovación que incorporen. Por ejemplo, la agricultura ha sido durante siglos un sector en el que los avances técnicos han sido escasos y casi todo el crecimiento venía impulsado por la cantidad: nuevas tierras, más mano de obra. Sin embargo, ahora la agricultura de invernadero es intensiva, como también lo es en general el conjunto del sector al haberse incorporado innovaciones —nueva maquinaria, semillas selectas, abonos mejorados, etc.—, sobre las que se han puesto todas las esperanzas de crecimiento intensivo de la producción.

A veces, se producen cruces entre extensivo e intensivo cuando una nueva técnica permite descubrir, por ejemplo, un nuevo yacimiento de minerales cuya existencia se desconocía, o hace más productivas unas tierras que hasta entonces no lo eran, incorporándolas al circuito económico. Cuando en 1974 se produjo la fortísima subida de precios del petróleo como consecuencia del acuerdo entre la mayoría de los países productores agrupados en la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), a esos nuevos precios más altos del producto se volvió rentable invertir en la exploración de nuevos yacimientos situados en localizaciones más difíciles o con menores cantidades de producción que, hasta ese momento, no habían resultado interesantes. Igualmente se hizo rentable empezar a investigar sobre nuevas fuentes de energía renovable que redujeran nuestra dependencia de un petróleo ahora encarecido.

Detrás del tremendo crecimiento económico experimentado en el mundo en los últimos cien años se encuentran los impresionantes avances experimentados en la productividad del aparato productivo gracias a cambios continuos y permanentes en la Tecnología. Ello, además, ha llevado aparejado, de acuerdo con las interrelaciones ya señaladas entre los factores de producción, una ampliación en el Capital (nuevos productos y procesos) y una mejora sustancial en los trabajadores, sobre todo, en su nivel de formación, mucho más exigente que antes, para poder hacerse cargo de nuevos procesos productivos más complejos y con alta dependencia de nuevas tecnologías en permanente cambio.

A lo largo de los últimos setenta años hemos construido una sociedad opulenta (Galbraith) basada en el crecimiento económico continuo. Todos los engranajes económicos, políticos y sociales, así como nuestro imaginario colectivo, reposan sobre la idea de que cada año la riqueza general que seamos capaces de producir, medida por el PIB, será mayor que la del año anterior.

Cuando los ministros de Hacienda presentan los presupuestos generales para el siguiente año, esperamos escuchar cuánto creceremos, cuánto empleo nuevo se creará, cuánto se incrementarán los ingresos y los gastos públicos, dentro de la más pura lógica incrementalista. Por su parte, las empresas que aprueban sus cuentas en junta de accionistas quieren escuchar cuánto subirán los ingresos el próximo año, cuánto mejorará la rentabilidad de la acción y cuánto crecerán los beneficios. Y las familias prevén siempre mejoras en su renta basadas en las subidas salariales que, con toda certeza, se deben producir, así como que el banco pague más por sus ahorros.

Hemos puesto en marcha una maquinaria social que sólo sabe caminar hacia más, alimentando una idea de progreso asegurado, convertido, casi, en derecho exigible de ciudadanía. Sin crecimiento económico no hay, al parecer, paraíso social en la tierra, ya que éste lo hemos construido sobre la base de un juego de suma positiva, en el cual, cada año, suma algo adicional a lo existente del año anterior.

Sin embargo, no siempre ha sido así. De hecho, como hemos visto, la economía surge como ciencia al intentar explicar, con Adam Smith, cuál es el origen y la naturaleza de la riqueza, puestos en evidencia a partir de la industrialización. En un mundo estancado, donde la única riqueza deriva de privilegios feudales heredados, surge un nuevo sistema económico que, utilizando mejor el trabajo humano (división de tareas, especialización) y el talento humano (tecnología), es capaz de generar riqueza adicional a partir de importantes avances en la productividad de la actividad económica.

Al principio, esa riqueza estaba concentrada en unos pocos empresarios, mientras el resto de la población, incluidos sus trabajadores, vivían en las miserables condiciones descritas por Dickens en sus novelas. Luego, la nueva organización «científica» del trabajo en serie generaba tales capacidades de producción que se tuvieron que crear nuevos mercados internos, repartiendo esa riqueza creciente mediante subidas de salarios, para que los productos fabricados trabajando tres turnos pudieran ser adquiridos por alguien con capacidad de pago. Sobre esto se amplificó la demanda efectiva, impulsora del crecimiento según el uso extensivo del crédito. Por último, la existencia de una riqueza incremental en los países más adelantados hizo posible el reparto de un salario social diferido atribuyéndole al Estado la capacidad de ofrecer nuevos bienes públicos como sanidad, educación y pensiones, financiados con impuestos progresivos (Estado del Bienestar).

Se propagó, así, esa ideología del crecimiento permanente según la cual lo que no deja de ser una posibilidad basada en mejoras continuas de productividad asociadas a sucesivas oleadas de revoluciones tecnológicas se convierte en el aceite que lubrica sin parar el engranaje social hasta convertirse en derechos para unos y beneficios para otros.

Es cierto que hubo amenazas a este estado de cosas. Entre otras, la elevada inflación, que, si bien facilitaba acuerdos sociales de distribución aparente de la riqueza a corto plazo basada en la ilusión monetaria, introducía arena que amenazaba el correcto funcionamiento del sistema productivo. Pero, también, los límites al crecimiento derivados, por una parte, de que vivimos en una «nave espacial Tierra» con recursos naturales limitados y, por otra, de los efectos perjudiciales sobre el clima de la propia actividad industrial humana.

Este crecimiento continuo sobre el que hemos construido el equilibrio social y político de nuestras democracias se veía amenazado, también, de vez en vez, por crisis económicas que, fueran cisnes negros o consustanciales a la lógica del sistema capitalista, rebajaban temporal y recurrentemente el ritmo de crecimiento hasta que pronto se recuperaba la velocidad de crucero anterior.

Con estos antecedentes, la crisis general de sobreendeudamiento que vivimos hoy en día en nuestro mundo globalizado es diferente a las anteriores en tres aspectos. Primero: su larga duración, que obliga a introducir la perspectiva del decrecimiento en las instituciones sociales y políticas, no como una decisión voluntaria a favor de un modelo de sociedad distinto, sino por simple imposibilidad de seguir creciendo. Esto hace saltar por los aires los mecanismos tradicionales de intermediación al tener que repartir costes de una recesión, en una sociedad acostumbrada a repartir excedentes. Segundo: se produce en un contexto en el cual las jóvenes generaciones ya empezaban a vislumbrar que vivir peor que sus padres es algo altamente probable. Y tercero: la realidad de una economía mundial que sitúa el origen de muchos problemas en sitios lejanos, dejando a las autoridades nacionales sin apenas instrumentos eficaces para hacerles frente, abre una brecha entre los ciudadanos y conduce a una política democrática ineficaz en el ámbito nacional e inexistente en el global.

No sólo frenamos, sino que tenemos que dar marcha atrás en muchas cosas que, hasta ahora, eran habituales. Donde antes todo era distribuir a manos llenas se transforma ahora en repartir miseria, como dijo un presidente autonómico. El temor a que podamos entrar en un ciclo largo en el que una mayoría de ciudadanos irá a peor, a que la nueva cultura del esfuerzo pueda ser una vuelta a la explotación dickensiana, a un incremento en las desigualdades sociales en medio de la abundancia concentrada es inseparable de ese pesimismo que vemos hoy instalado en nuestra sociedad.

Parece oportuno, pues, introducir aquí una pequeña reflexión que nos permita regresar a lo fundamental. Hemos señalado que el objetivo de la producción económica de bienes y servicios, la creación de riqueza, debe satisfacer necesidades humanas. Pero ¿todas las necesidades?, ¿a cualquier coste? La primera pregunta nos interna en un debate del que sólo quiero ofrecer algunas pinceladas: para el economista, las necesidades humanas son múltiples e ilimitadas, incluso la satisfacción de una puede generar otra nueva en una rueda de giro perpetuo que justifica la presunción de que el crecimiento del PIB tendrá que ser permanente porque siempre habrá una necesidad no cubierta.

En la medida en que todos los sistemas económicos que han existido (esclavismo, feudalismo, industrialismo, etc.) han buscado cumplir con ese objetivo y no todos han llevado a crecimientos continuos de la riqueza colectiva, tendremos que reconocer que hay algo distintivo en nuestro sistema capitalista actual. Y ese algo diferencial podemos resumirlo en dos cuestiones. Primero: las posibilidades técnicas de producción son enormes y muy superiores a las de cualquier período previo, por lo que se pueden satisfacer más necesidades que antes y mejor (ejemplo sencillo: hoy existe capacidad para producir comida en cantidad suficiente como para que nadie se muera de hambre, a diferencia de otras épocas, en las que las hambrunas y las epidemias se llevaban por delante a un número importante de personas).

Y segundo: hemos configurado un sistema donde la obtención de un beneficio, ganar dinero, se ha convertido en el objetivo fundamental de la actividad económica y de la valoración social. Pero con una gran diferencia: antes el dinero se heredaba o se conquistaba como botín de guerras, pero ahora se puede ganar fabricando bienes y servicios que satisfagan una necesidad humana. A partir de ese momento, la dinámica del mercado capitalista permite crear nuevas necesidades (o descubrirlas cuando no sabíamos que las teníamos) con el único objetivo de ganar riqueza al hacerlo. Reconozco que nunca «sentí» la necesidad del mando a distancia o del teléfono móvil hasta que me lo ofrecieron empresas que ganaban mucho dinero cubriéndome esa «necesidad» no conocida previamente. Ahora, no sabría vivir sin ellos.

Los dos factores juntos han llevado a criticar la creación de necesidades cada vez más artificiales con el único objetivo de ganar dinero al satisfacerlas. Una buena parte de la tarea de los análisis de mercado y de la publicidad consiste en eso: descubrir pequeñas necesidades latentes y convencernos de que debemos satisfacerlas comprando determinado producto o servicio (a veces para ser más feliz). Con ello estaríamos introduciendo un deslizamiento claro de una posición en la que se gana dinero como incentivo para satisfacer necesidades humanas mediante la producción, que es la finalidad, a otra posición en la que cubrir necesidades humanas cada vez más exóticas es un instrumento para la verdadera finalidad de la producción, que sería ganar dinero.

Algunos piensan que deberíamos tratar de manera distinta lo que serían necesidades humanas básicas de las no básicas. Esa separación, que conlleva la necesidad de un primer acuerdo sobre dónde poner unas y otras, tendría un objetivo: garantizar para toda la población la cobertura digna de las necesidades consideradas básicas en cada momento, aprovechando la potencia productiva del sistema y aun a costa de sacarlas de la lógica del mercado y del beneficio, para encargarlas a una regulación (y, a veces, producción) estatal. Dicho de otra manera, convertir las necesidades básicas en derechos cuya satisfacción para todos asegura la comunidad mediante el Estado, con independencia de que pueda hacerlo mediante el mercado (por ejemplo, la comida) o mediante la producción pública (por ejemplo, la sanidad). Por su parte, la cobertura de lo que llamaríamos necesidades no básicas, mercancías que no derechos, se podrían seguir haciendo como hasta ahora.

Salvo que —y entramos en la pregunta de a qué coste estamos dispuestos a satisfacer las elásticas necesidades humanas para ganar dinero— hacerlo de esta forma entrañe problemas no para el sistema económico sino para el ecosistema natural en que se insertan todas nuestras actividades. Hablaríamos, entonces, de los llamados límites al crecimiento que hemos mencionado más arriba.

Todo el asunto referido a los límites al crecimiento derivados de la existencia de recursos naturales finitos, en especial, el petróleo como principal fuente energética, alcanzó gran protagonismo público sobre todo a partir de 1972, cuando se publicó «Los límites del crecimiento», un informe al Club de Roma, un centro de debate promovido por la ONU. En este informe, tras proyectar hacia el futuro la evolución de cinco variables clave, se concluía que de mantenerse las tendencias caminábamos hacia una crisis potencial que amenazaba el sistema mundial. A partir de ahí se abrió toda una reflexión sobre la incompatibilidad entre el crecimiento, tal y como lo estábamos entendiendo, y los límites impuestos por la naturaleza, sobre todo en caso de una generalización de los niveles de consumo de recursos finitos y de contaminación al conjunto del planeta. Si todos los habitantes del mundo usaran la misma cantidad de energía y emitieran los mismos residuos y contaminación al nivel de los habitantes de los países avanzados, no tendríamos suficiente con una Tierra.

Sin embargo, a corto plazo, la respuesta a estos temores vino a través de los mecanismos económicos del mercado (precios, externalidades, bienes públicos); la competencia y la innovación tecnológica serían suficientes para encontrar una nueva senda que hiciera compatible los programas de crecimiento con los límites medioambientales.

Éste fue, en el fondo, el sentido del conocido como Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, encargado a finales de 1983 por la ONU. En este informe se acuña el concepto de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

Sin embargo, todo el asunto dio un salto cualitativo cuando las preocupaciones de un grupo de científicos ante los efectos de nuestra actividad industrial sobre el clima se vieron respaldadas por la Conferencia de Río, de Naciones Unidas, en 1992. Desde entonces, el cambio climático, cada vez más refrendado, ha trasladado el eje de la preocupación desde los límites al crecimiento provenientes de recursos finitos hasta los efectos catastróficos de nuestro crecimiento económico actual sobre el medio ambiente, ya no en forma de la clásica contaminación, sino de calentamiento excesivo con repercusiones contrastables que afectan a la supervivencia de la propia especie humana.

... y repartir

Una vez visto qué produce la creación de riqueza en una sociedad, la economía debe dar cuenta de cómo se reparte dicha riqueza entre sus ciudadanos: qué criterios se utilizan, cuál es el resultado y sus consecuencias sociales y económicas. La renta per cápita es un indicador muy empleado, sobre todo en comparaciones internacionales, que se obtiene dividiendo el total de la riqueza entre el número de habitantes de un país. No obstante, es imperfecto, ya que sólo dice lo que podría pasar si repartiéramos la riqueza a partes iguales. Nada más. Se produce así la célebre broma de que dos personas y un pollo tocan a medio pollo per cápita. Pero luego, el dueño se lo come solo, mientras el otro mira.

Por tanto, hay que analizar los criterios de reparto en función de los mecanismos de producción y las reglas sociales imperantes en cada momento. Existe una aproximación que dice: la distribución de lo producido es una cuestión técnica en la medida en que es el sistema de precios el que, a través del juego de la oferta y la demanda, reparte la producción entre los individuos según lo que hayan aportado a la producción. Bien, pero es una aproximación limitada. Primero, porque considera igual las necesidades básicas de las no básicas, sin incorporar que algunas de las primeras son técnicamente imprescindibles para producir las segundas y no al revés. Segundo, porque considera que tanto los salarios como los beneficios son precios del sistema que se tienen que determinar a la vez que los demás y con las mismas condiciones, cuando eso no es exactamente así, como veremos a continuación. Tercero, porque, de nuevo, no funciona igual la determinación de los precios en los niveles pequeños (micro) de un solo mercado que en la economía en su conjunto analizada con esquemas de equilibrio general.

Los economistas clásicos tenían muy claro que la distribución del producto se realizaba entre clases sociales (terratenientes, empresarios, trabajadores) con criterios agregados vinculados a la tipología de propiedad privada sobre los medios de producción, determinada por normas sociales. La renta que percibía por sus tierras un terrateniente absentista sólo era explicable por decisiones legales o por costumbre heredada. Economistas posteriores desarrollaron una aproximación más técnica, aséptica en términos sociales, centrada en individuos y no en grupos o clases sociales, basada en decisiones «ciegas» adoptadas por una máquina llamada mercado competitivo. Los salarios y los beneficios que resultaban eran consecuencia de las reglas científicas de funcionamiento de esa máquina y si sus resultados no satisfacían, se acudía a decisiones privadas (cualificarse, innovar), pero no revueltas colectivas, que sería como revelarse contra la ley de la gravedad.

Haríamos bien en tratar de encontrar espacios en el punto medio: ni la distribución de la riqueza es algo decidido exclusivamente en el campo de la confrontación social y de las leyes, ni salarios y beneficios son simples precios que se fijan con los mismos criterios que se establecen los de los tomates o las camisetas. En el primer caso, si todo fuera cuestión de pugna, podríamos llegar a situaciones absurdas como que todo fuera salario, en cuyo caso, al no haber beneficio, ningún privado invertiría en la creación de riqueza, con lo que ésta se frenaría o debería hacerse por criterios de planificación centralizada sin propiedad privada, de cuyo fracaso ya hemos hablado. Por el contrario, si todo fueran beneficios, los trabajadores dejarían de consumir, incluso de reproducirse, frenándose la producción por falta de mano de obra, salvo que recurriésemos a un sistema similar al esclavista.

Pero el mercado laboral, aunque afectado indirectamente por los principios de oferta y demanda, no es un mercado como el de los tomates, lo que afecta a la manera en que se determina el precio. Aquí estamos hablando de personas, ciudadanos que además de trabajar, viven, opinan, votan, protestan. La relación entre quienes poseen medios de producción y quienes sólo son dueños de su fuerza de trabajo es tan desigual que un mínimo sentido de justicia social obliga a intervenir sobre las reglas de juego que enmarcan el intercambio de trabajo por un salario. El salario tiene, además, una doble función económica: para cada fabricante individual es un coste que conviene reducir. Pero para el conjunto de fabricantes, el consumo de los trabajadores constituye la base de su demanda, por lo que debería incrementarse. Para el trabajador es el precio por su servicio. Pero también es el coste de su subsistencia y reproducción, cosa que no ocurre con otros productos. Un tomate que no alcanza en el mercado el precio que lo hace remunerador, puede dejar de producirse, entregarse a una ONG para que lo exporte gratis a países pobres o destruirse. Por el contrario, el trabajador que se enfrenta a un salario muy costoso para el empresario se queda en paro, y plantea un problema social, se muere de hambre y, con mucha frecuencia, protesta, cosa que no he oído hacer nunca a un tomate o a una alcachofa.

Los beneficios, por su parte, retribuyen el esfuerzo emprendedor del empresario y deben permitir cubrir los intereses de la financiación necesaria para montar la empresa o, en todo caso, la retribución alternativa que tendrá ese mismo dinero depositado en un depósito bancario en lugar de invertirlo en una aventura empresarial. Pero es evidente que una parte de ese beneficio deriva de una cuestión jurídica, como es tener reconocida la propiedad privada sobre algunos de los factores de producción. Eso le habilita para quedarse con la parte final del excedente (cuando lo hay) derivado de los avances en productividad, una vez descontado el precio de su esfuerzo y la retribución de su inversión.

La distribución de la riqueza, en la que hay que incluir la parte que se apropia el Estado en forma de impuestos obligatorios, tiene un componente residual (que no quiere decir pequeño, sobre todo en sistemas económicos tan productivos como el nuestro), más allá de la adecuada retribución «técnica» de trabajo y capital, que suele ser objeto de pugna social entre representantes de los trabajadores y de los empresarios, como vemos anualmente en los debates sobre las negociaciones de los convenios colectivos. Ese componente «conflictivo» en la distribución de la renta es otro canal por el que la política, en forma de presión en defensa de intereses contrapuestos, se introduce en el mundo de la economía, en este caso, directamente en su núcleo empresarial. Si en la pugna suben los salarios, lo harán también aquellos sectores productivos de cuya demanda se nutren proporcionalmente más los trabajadores. Pero si ganan los beneficios, subirán las posibilidades globales de inversión así como la demanda de aquellos artículos de lujo al alcance de los más ricos. Así, como veremos luego, según se haga la redistribución de la renta, el tipo de crecimiento sectorial de la economía se verá afectado.

Encontrar un indicador a la evolución global de salarios es una muestra de ese debate, con repercusiones sobre el conjunto de la actividad económica. Se puede establecer una relación entre crecimiento del PIB y crecimiento de los salarios, para garantizar que la parte de los trabajadores en la renta nacional se mantiene constante. Se puede, también, vincularlos a la evolución de la inflación para asegurar que ésta no acaba deteriorando el poder adquisitivo de los salarios empobreciendo a los trabajadores, cuyo salario podría comprar cada vez menos cosas en caso de inflaciones elevadas.

Vincular la evolución de los salarios a la productividad es lo que recomiendan los manuales de economía. Pero, como siempre, las cosas son un poco más complejas en cuanto pasamos del titular al contenido. En primer lugar, hay que aceptar que los salarios que se vinculan a la productividad deben ser los salarios reales; es decir, una vez descontada la inflación (y podemos discutir si la inflación subyacente es mejor indicador que el IPC [índice de precios al consumo] a estos efectos). En segundo lugar, tenemos que negociar qué es productividad y, sobre todo, cómo se mide. El indicador agregado, productividad aparente del trabajo, no sirve porque sube durante las crisis por el incremento del paro y baja en las recuperaciones. Pero, además, ¿cómo se mide la productividad en un hospital, en la universidad, en unos grandes almacenes, en un periódico o en la tienda de la esquina? Les aseguro que no es inmediata ni evidente la respuesta, por lo que es obligatorio negociarlo. Y, en la medida en que la gestión empresarial tiene mucho que ver con la productividad, los trabajadores deben participar en dicha gestión micro (la famosa cogestión alemana) con acceso a la información y derecho de opinión, por lo menos.

Las estadísticas muestran una aparente y constante igualdad en la distribución de la renta entre salarios y beneficios en los países avanzados. Pero detrás de estas cifras se esconde la parte creciente que representan los impuestos y, sobre todo, que así como el peso de los salarios se mide multiplicando el salario medio por el número de trabajadores ocupados, la parte de los beneficios es «el resto», lo que sobra de la renta nacional después de quitados los impuestos y los salarios. Eso abre espacios para la duda sobre el rigor de la medición.

Uno de los efectos colaterales conocidos de las crisis económicas es el incremento en la desigualdad social: los pobres son más pobres y los ricos más ricos. Aunque todos hayan sufrido pérdidas, los pobres pierden, en términos relativos, más que los ricos, siendo esta razón suficiente para justificar políticas económicas que redistribuyan los sacrificios de manera inversamente proporcional a la renta y a la riqueza.

Lo llamativo, sin embargo, es que ese aumento en la desigualdad de la renta (medido por el indicador que se mida) se viene produciendo, incluso, durante los treinta años anteriores a la actual crisis. De hecho, muchos interpretamos que el proceso de sobreendeudamiento, que ha estado en el origen de la actual recesión mundial, fue un intento de mantener artificialmente la demanda efectiva supliendo mediante el crédito a grupos sociales cada vez menos solventes, la ausencia de renta suficiente obtenida por éstos a través de los mecanismos habituales del mercado o de las políticas sociales de los Estados.

Así, esta desigualdad creciente en la distribución de la renta estaría en el origen último de la actual crisis, que, por otra parte, no ha hecho más que agudizar el fenómeno. En España, por ejemplo, según los datos de contabilidad nacional, el peso de la remuneración de asalariados en la renta nacional ha bajado un punto porcentual entre 2000 y 2010, del 49,9 por ciento al 48,91 por ciento, mientras que el excedente bruto de explotación ha visto incrementar su participación en casi tres puntos.

Son muchos y muy complejos los elementos que deben analizarse para intentar explicar las causas de esta desigualdad creciente. Entre ellas, la globalización, las innovaciones tecnológicas, los cambios en la estructura de la población, etc. Pero lo más relevante del exhaustivo análisis de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es que hay dos cosas que sobresalen de forma clara como factores explicativos de la creciente desigualdad en la distribución de renta: los cambios normativos que debilitan la posición negociadora de los trabajadores respecto a las condiciones laborales, incluyendo los salarios y el retraimiento de las políticas públicas redistributivas, sobre todo impuestos y transferencias sociales.

Llama la atención que un fenómeno transversal y con tan fuerte impacto sobre la actividad económica como el que llamamos globalización —es decir, la casi total apertura de los mercados de productos, servicios y financieros— haya afectado menos al crecimiento de la desigualdad de rentas sufrida por los países de la OCDE en los últimos treinta años que el empeño ideológico en aplanar la progresividad de los impuestos o en reducir derechos laborales. De ser esto así —y hay suficientes elementos empíricos en el estudio como para hacerlo verosímil—, si hoy vivimos en un mundo socialmente más injusto, incluso con independencia de la recesión, no es como consecuencia de fuerzas impersonales de la economía sino de decisiones políticas adoptadas al calor de una visión ideológica de la sociedad que tuvo en Reagan y en Thatcher a sus primeros apóstoles.

Nos estamos centrando en un aspecto relevante como la desigualdad social, no explicada en función del mayor o menor esfuerzo o capacidad individual, sino por factores institucionales reversibles. Y dejamos de lado otros aspectos, como la eficiencia o la productividad, porque pueden ser cuestionables unas normas sociales que nos permitan ganar en eficiencia a costa de perder tanto en equidad.

España sería uno de los pocos países de la OCDE en los que la desigualdad social se ha reducido desde mediados de la década de 1980, con la excepción de los dos últimos años de crisis. La potente actuación redistribuidora del Estado, mediante los impuestos y las prestaciones sociales, ha contribuido de manera decisiva a ello. Aun así, en 2008, el ingreso medio del 10 por ciento de nuestros ricos era once veces mayor que el del 10 por ciento con menores rentas.

Considerando que treinta años es tiempo suficiente como para hablar de «largo plazo», podemos decir que la obsesión por reformar el mercado laboral de una manera sesgada que no busca un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, sino debilitar la posición negociadora de los sindicatos a la hora de mejorar salarios y condiciones laborales, unido a una obsesión no menor por el equilibrio presupuestario acelerado mediante la reducción del papel redistribuidor del Estado, sólo posible con impuestos suficientes y progresivos junto con políticas sociales activas, son políticas que favorecen a los más ricos y que conducen a una sociedad más injusta, polarizada y desigual.

Si las señales que envía el discurso y la acción pública son que se favorece mediante la tributación a las rentas no ganadas con esfuerzo (plusvalías, herencias y rentas de capital), frente a las rentas del trabajo, o que debemos sacrificar el presente y parte de nuestro futuro con la aplicación de políticas de austeridad extrema para satisfacer los intereses de aquellos rentistas que nos prestaron dinero en el pasado, como si no asumieran ningún riesgo con ello, la tendencia a la desigualdad creciente continuará. Y en la era del conocimiento en que nos movemos, una sociedad más desigual acabará generando una economía menos productiva, porque el factor trabajo carecerá de una retribución que compense la necesaria inversión formativa a lo largo de la vida, desincentivando el esfuerzo y provocando una descapitalización de talento, justo cuando más lo necesitaremos. Por ello, hasta el Foro Económico Mundial señala la enorme disparidad de ingresos como la principal amenaza de la década.

Crecimiento económico, creación de empleo estable, retribuciones dignas, impuestos progresivos y políticas sociales redistributivas son los cinco elementos fundamentales de una política pública que reduciendo la desigualdad social nos conducirá, también, a un crecimiento inteligente, sostenido sobre el valor añadido del talento.

Mucha gente, a lo largo de la historia, ha defendido la idea de que crecer y repartir son dos cosas radicalmente distintas, que deben abordarse por separado al estar presididas por lógicas diferentes. Otros, sin embargo, pensamos que tienen mucho más en común de lo que se podría suponer a primera vista. Dicho de otra manera, según repartas, así crecerás el año siguiente, y, a su vez, según sea el modelo de crecimiento y no sólo su intensidad, así repartirás. Dos ejemplos servirán para introducir el siguiente capítulo. Una economía que crezca sobre la base de actividades muy intensivas en mano de obra sin cualificar, poca tecnología y grandes cantidades de financiación (construcción, por ejemplo) repartirá bajos salarios, no invertirá en innovación y desarrollará un sistema financiero potente. Pero otra sociedad que reparta mucho en salarios y muy poco en beneficios, tendrá poca gente invirtiendo en actividades nuevas, intensivas en capital e innovación, por lo que tampoco será necesario que crezca la producción de estos sectores.

La creación de riqueza y su reparto entre aquellos factores que contribuyen a ésta, como ya vieron los primeros economistas, no sólo es aquello que debe explicar la economía, sino que forman parte de un mismo problema, aunque se resuelva en dos fases interrelacionadas. Producción y distribución se determinan de manera simultánea.

3

En qué se emplea la riqueza

Hemos visto en el capítulo anterior los factores de oferta que crean la riqueza anual mediante la función de producción. Veremos en este capítulo los componentes de la demanda, es decir, en qué se emplea. El flujo anual de riqueza o sus equivalentes, producto interior bruto y renta nacional, al que llamaremos Y, creado y distribuido como hemos visto antes, sólo se puede emplear, globalmente, en dos cosas: utilizarlo ahora, consumirlo (C); o guardarlo para después, esto es, ahorrarlo (S).

Y = C + S

Al consumirlo, satisfacemos directamente aquellas necesidades que dieron origen a la creación de esos bienes y servicios. Si lo consumimos todo ahora, salvo el pequeño porcentaje que necesitemos para reponer lo que se ha desgastado en la producción, el año próximo podremos aspirar a tener lo mismo, pero no más. Sin embargo, si queremos aspirar a tener un poco más, bien porque las necesidades humanas, como hemos visto, son infinitas, bien porque sube la población, necesitaremos ahorrar para tener disponible un poco más de producto en el futuro.

Ese ahorro, que significa una renuncia a consumirlo todo ahora, puede simplemente guardarse para poder añadirlo al consumo del próximo año o utilizarlo para producir mayor cantidad. En ambos casos, esperamos obtener una compensación por esa renuncia al consumo en forma de tipo de interés, si prestamos a otro nuestro ahorro para que lo invierta o de beneficio si lo invertimos directamente nosotros. La inversión es, pues, el acto mediante el cual destinamos una parte de la producción actual a producir de nuevo. La secuencia temporal puede ser:

Y₀ = C₀ + S₀

Y₁ = (C₁ + S₀) + S₁

Siendo Y0 = Y1

O bien:

Y₀ = C₀ + S₀

Y₁ = C₁ + S₁

Pero siendo Y₁ = Y₀ + S₀, es decir, Y₁ mayor que Y₀.

En este segundo caso, diremos que el ahorro se ha invertido (I) de manera productiva haciendo que la riqueza crezca entre un año y otro. En este caso:

S = I, por lo que también podemos poner:

Y = C + I

Es decir, la renta de un año o se consume o se invierte para generar una renta mayor el año siguiente.

También aquí tenemos que observar cierto equilibrio entre ambas opciones. Porque si lo consumimos todo, no creceremos, pero si no consumimos nada, lo ahorramos e invertimos todo, nos podemos encontrar con que la nueva producción conseguida a base de invertir no encuentra a nadie que la demande porque nadie consume.

Así, nos movemos entre dos extremos: o todo se consume y no crecemos, o todo se ahorra, nadie compra, por lo que nadie vende, y tampoco crecemos. Dentro de estos dos límites, que frenan la creación de nueva riqueza, según destinemos más renta a consumir o a invertir, así será el crecimiento subsiguiente de la renta el año próximo.

Esto son identidades contables que se cumplen siempre. Lo interesante para entender la realidad económica es ver los elementos que determinan esas decisiones. Es decir, más allá de preferencias personales, relacionadas o no con convicciones religiosas o morales (por ejemplo, las que señalan que el protestantismo respalda más que el catolicismo una defensa de la austeridad y del ahorro por lo que los países que tienen esa religión como mayoritaria, como Alemania, han crecido más que los que no, como los del sur de Europa con mayor presencia católica), ¿qué factores influyen en nuestras decisiones para consumir o para invertir?

Consumo

Empecemos por el consumo. Lo primero que determina nuestra capacidad de consumo es el nivel de renta personal que hayamos conseguido obtener del proceso de su reparto analizado en el capítulo anterior. Una persona (A), que ingresa 100 unidades monetarias (pongamos euros, por ejemplo) no consume, en términos absolutos, lo mismo que otra (B), cuyos ingresos son de 1.000 €. Pero ¿qué pasa en términos relativos consumo/ingresos? En general se observa que los más ricos tienen una propensión menor a consumir que los más pobres, lo cual es fácil de entender: en el caso de A, puede que satisfacer las necesidades más perentorias de esta persona la obligue a utilizar el 90 por ciento de su renta (90 €), por lo que sólo podrá ahorrar el 10 por ciento de ésta. Por otro lado, es probable que el sujeto B, con un porcentaje menor de consumo sobre su renta, digamos el 70 por ciento (700 €), satisfaga ya sus necesidades, por lo que podrá ahorrar una parte mayor de su renta, el 30 por ciento. Así, los más ricos consumen proporcionalmente menos y ahorran proporcionalmente más que los más pobres, pero no porque sus virtudes sean diferentes, sino tan sólo porque pueden, es decir, porque sus mayores posibilidades económicas se lo permiten. Si ese ahorro lo emplean bien, y obtienen de él un adecuado interés o beneficio, todavía serán más ricos en el siguiente ciclo productivo agrandando, así, las diferencias de rentas en la sociedad.

Ésta es la razón por la que un economista, Kalecki, que elaboró en paralelo una teoría similar a la de Keynes, partiendo de Marx, dijo que los trabajadores (rentas más bajas) gastan lo que ganan mientras que los empresarios (rentas más altas) ganan lo que gastan. Lo primero quiere decir que las rentas más bajas gastan en consumo casi todo lo que ganan como ingresos, mientras que las rentas más altas recuperan como beneficios lo que gastan como inversión.

Esta peculiaridad, representada por el dato de que los niveles absolutos de renta utilizan, proporcionalmente de manera distinta la renta entre consumo y ahorro, tiene una repercusión fundamental para la política económica: si aplicamos políticas de redistribución que traspasen renta de los más ricos a los más pobres, el resultado será un incremento del consumo global con el consiguiente efecto positivo sobre la nueva inversión y el crecimiento futuro. Lo veremos en comparativa estática suponiendo que la misma renta, 1.100 €, se reparte de manera distinta.

Reparto 1

Renta

Consumo

Ahorro

Sujeto A

100

90

10

Sujeto B

1.000

700

300

Total

1.100

790

310

Reparto 2

Sujeto A

200

170

30

Sujeto B

900

675

225

Total

1.100

845

255

El ejemplo sirve para evidenciar cómo afecta la distribución de renta al crecimiento. Y cómo políticas de redistribución de renta mantenidas a lo largo del tiempo estimulan modelos de crecimiento basados más en el consumo que en la inversión, lo que, según lo que sea necesario en cada momento del ciclo económico, puede ser beneficioso o preocupante. Es obvio que los resultados aplicados en modelos dinámicos de crecimiento positivo de la renta pueden hacer crecer el consumo sin que la inversión se reduzca en términos absolutos, como ocurre en el ejemplo estático utilizado.

Esta característica del consumo influye de manera decisiva sobre el tipo de productos que se demandan mayoritariamente en un país y, por tanto, sobre el esquema de su producción (o, en su caso, de su balanza comercial). Supongamos un país donde la inmensa mayoría de las familias pertenecen al grupo de bajos ingresos. Entonces, su demanda de consumo estará muy dominada por productos básicos que deberán ser los que produzca su industria. Por el contrario, si la mayoría de su población se sitúa en los niveles altos de renta, habrá mucho espacio para añadir un consumo de bienes más sofisticados e incluso de lujo, lo que arrastrará igualmente a la diversificación de su sector industrial.

No obstante, el consumo de los individuos no depende sólo de su renta anual, sino también de cómo cambian sus necesidades a lo largo de la vida. No tiene las mismas necesidades de consumo un joven que empieza a trabajar que su abuelo que lleva jubilado dos años. Normalmente al principio se necesita consumir mucho (casa, coche, colegio, hijos, etc.) y se ahorra poco o, incluso, se vive a crédito. En la edad adulta se estabiliza el consumo y se empieza a ahorrar para devolver los créditos de juventud y acumular para la vejez, durante la que se suele consumir parte de los ahorros. Por lo tanto, este modelo hace depender el consumo de las expectativas sobre lo que llama la renta permanente del individuo a lo largo de su vida, desligándolo en parte de la renta anual según el uso de los servicios de préstamo de los bancos. Por ello, la estructura del consumo de un país dependerá también de su pirámide poblacional y de su nivel de envejecimiento. Pero en cualquiera de las versiones, los ingresos, la renta, es lo primero que determina la capacidad de consumo de los individuos.

Ahorro

Lo segundo sería la remuneración que te ofrece el no consumo, es decir, el ahorro. Superada la barrera de consumo que satisface las necesidades mínimas de un individuo o familia, si los intereses que le ofrecen los bancos por sus ahorros son muy altos, más gente preferiría dejar de consumir y colocar sus ahorros donde le den una elevada retribución.

Supongamos que, en el ejemplo de los individuos A y B, con unos ingresos de 100 €, las necesidades fundamentales se pueden cubrir con 80 €, y por la razón que sea los tipos de interés que te ofrecen por tus ahorros suben mucho. En esas condiciones, habrá gente que prefiera ajustarse a consumir sólo 80 € y así poder ahorrar 20 € en lugar de los 10 € de antes para obtener un ingreso adicional.

Por último, la decisión de consumir o ahorrar se decidirá también en función de las expectativas, de aquello que los individuos piensan que les puede ocurrir en el futuro. Si ingresas 100 € pero crees que vas a perder el trabajo y tardar mucho en encontrar otro, intentarás ahorrar más que si tienes claro que mantendrás un empleo. De la misma manera, si no hay sistemas públicos de pensiones, sanidad o educación, tendrás que ahorrar una parte mayor de tu renta para pagarte privadamente estos servicios básicos. En ese sentido, el llamado Estado del Bienestar, en el que estos servicios se ofrecen a todos los ciudadanos como derechos, se convierte, en la práctica, en renta en especie, porque si no los garantizara el Estado financiándolo mediante impuestos, tendríamos que financiarlos privadamente destinando una parte de nuestros ingresos.

Si analizamos ahora las decisiones de ahorrar para invertir, éstas dependen también en primer lugar del nivel de ingresos o de renta que se tenga. Cuanta mayor sea la renta, más propensión a ahorrar e invertir, como hemos visto. En segundo lugar, alguien que está analizando una decisión de inversión tendrá que tener en cuenta el beneficio esperado de ésta. O, mejor dicho, que le reporte un beneficio superior al tipo de interés que le puede dar el banco si deposita allí ese dinero en lugar de invertirlo en un negocio. Si el tipo de interés del dinero es muy bajo, no sólo resultará más fácil pedir un préstamo para financiar la inversión, sino que, además, se puede convertir en proyectos de inversión atractivos, muchos con una tasa de beneficio esperado más pequeña. Por ejemplo, a un tipo de interés del 7 por ciento, proyectos de inversión con un beneficio esperado del 4 por ciento tienen dificultades para llevarse a cabo. Pero si el interés baja al 3 por ciento, el mismo proyecto de antes se vuelve rentable.

Es verdad que, en la práctica, las cosas son un poco más complicadas porque las decisiones de invertir se ven a menudo afectadas por otras razones, como que ya tengo la empresa en marcha y puedo perder más si no invierto que si lo hago, o porque en el beneficio esperado incluyo también una revalorización de activos (como pasó con la vivienda cuando su precio subía recurrentemente). Pero, en todo caso, es evidente que en la decisión de invertir intervienen el tipo de interés y la tasa esperada de beneficios.

Por último, al igual que en las decisiones de consumo, sobre la inversión intervienen de manera destacada las expectativas de los empresarios y su capacidad de afrontarlas, lo que Keynes llamó el animal spirit. Si pensamos que las cosas van a ir realmente bien en el futuro inmediato, invertiremos. Por el contrario, si las cosas no están claras, tememos decisiones gubernamentales que nos perjudiquen o existen perspectivas de crisis, lo normal es que paralicemos las decisiones de inversión hasta que la situación se calme.

Ésta es la razón de la expresión «el dinero es miedoso», porque necesita certeza sobre el contexto, porque sólo invierte cuando ve clara las cosas, en el sentido de que considera que podrá, en el futuro, sacar todo el provecho previsto a la inversión. Dado que la mayoría de los procesos de inversión se ejecutan a lo largo de años y obtienen su retorno también a años vista, la credibilidad, la confianza, la seguridad en el marco económico, jurídico y político de un país es de suma importancia a la hora de incentivar, o no, las inversiones. Si tengo un proyecto muy rentable a cuatro años, pero creo que en ese plazo van a cambiar las circunstancias del país radicalmente a «peor» o a «no lo sé», me espero y, mientras, coloco ese dinero en el banco o en deuda pública, que me da menos pero más seguro.

Cuando existe un elevado nivel de endeudamiento privado (como ahora en España), para devolverlo, las familias y empresas deben incrementar su ahorro, que es la diferencia entre lo que ingresan (Y) y lo que consumen o gastan (C). A igualdad de ingresos deben reducir estos gastos para conseguir el ahorro (S) que les permita devolver los créditos. Ése es el sentido de las políticas de austeridad.

El problema surge cuando los ingresos, de la familia o de la empresa, también se reducen como consecuencia de la crisis, porque si descienden los ingresos, puede que se aprieten mucho el cinturón gastando poco (siempre habrá un mínimo vital) sin, por ello, ser capaces de generar más ahorro. En un contexto recesivo, si además desde el sector público se suben impuestos y se recortan transferencias para recudir el déficit público, se reduce la capacidad de ahorro del sector privado al disminuir sus ingresos netos, efectuando en la práctica una transferencia en la capacidad de ahorro desde el sector privado al público. Ello explica que en esas condiciones una política severa de austeridad pública agudice los problemas preexistentes en el sector privado.

Sector exterior

Hasta ahora estamos analizando los fundamentos de las decisiones esenciales de la economía, en un mundo muy sencillo donde no hay relaciones con el exterior, ni Estado, ni sistema financiero. Introducir estos elementos complica el esquema aproximándolo a la realidad, pero sin alterar sus características básicas.

Introducir el sector exterior significa ampliar el espacio geográfico de la actividad económica. En concreto que una parte de los bienes y servicios que producimos en el país se consumen fuera, en otros países. A eso lo llamamos exportación (X). Por el contrario, una parte de lo que consumimos en el país lo traemos de fuera mediante lo que llamamos importación (M). Cuando los alemanes compran nuestras naranjas o veranean en nuestra costa, estamos produciendo bienes y servicios (Y), generando una parte de renta, que no la consumen los españoles. Pero cuando traemos petróleo o máquinas que no tenemos aquí, estamos consumiendo productos que no hemos producido aquí, por lo que la renta se genera en otros países.

Esto significa que sobre nuestro inicial C (gastos) e I (inversión) tenemos que introducir dos nuevas variables al empleo de la renta: las exportaciones (X), que suman (se produce aquí), y las importaciones (M), que restan (no se produce aquí), por lo que el esquema quedaría ahora así:

Y = C + I + (X – M)

La diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, el signo de la balanza de bienes y servicios, es lo que aporta o drena a la riqueza anual. Si es positivo, suma (producimos más de lo que consumimos y por eso enviamos producto fuera), y si es negativo, resta (consumimos más de lo que producimos y por eso tenemos que traerlo de fuera).

Introducir el sector financiero permite separar temporalmente las decisiones de consumo, inversión y producción. Por ejemplo, permite consumir o invertir hoy más de lo que tenemos de renta anual gracias al recurso al crédito, con el compromiso de que lo devolveremos más tarde. Esto es especialmente importante en el caso del ciclo vital de la renta y del consumo: los jóvenes viven del crédito porque sus necesidades de gasto (incluyendo la vivienda) son superiores a las posibilidades de sus ingresos presentes. Luego, conforme entran en la edad adulta, los ingresos suelen ser mayores y, entonces, devuelven el crédito. Lo mismo para un empresario que monta su empresa gracias a un crédito que va devolviendo conforme obtiene beneficios. El recurso al endeudamiento es una práctica habitual en nuestra economía que permite dotar a las decisiones de consumo e inversión de elasticidad temporal. El problema, como luego veremos, es cuando se nos va la mano, cuando cometemos excesos que ponen en riesgo la solvencia del conjunto del sistema.

El Estado, ya lo hemos visto, es otro agente económico que también interviene con sus decisiones en el empleo de la riqueza anual mediante tres canales: los impuestos, que detrae tanto de las familias como de las empresas; las transferencias de renta y subvenciones que efectúa; y, por último, mediante su propia producción de bienes y servicios, que le permite contribuir al consumo y a la inversión nacional (salarios, compras, inversión pública). Por lo tanto, una parte de su actividad, es redistribuir renta.

Así, los impuestos reducen la renta disponible por familias y empresas disminuyendo su capacidad de consumo. Pero las transferencias y subvenciones que realiza equivalen a renta añadida a otras familias y empresas, lo que incrementa su capacidad de consumo e inversión. Por último, los salarios de sus empleados (que consumen productos producidos por empresas privadas), las compras que realiza al sector privado (luz, teléfono, ordenadores, coches, etc.) y las inversiones que contrata a empresas privadas (por ejemplo, en autovías o ferrocarriles) alteran el reparto expuesto hasta ahora de los empleos de la riqueza anual. El impacto neto sobre la riqueza del país de la actividad estatal estará formado, pues, por la diferencia entre los ingresos (T) que detrae del sector privado y los gastos (G) que inyectan actividad en el sector privado. De esta forma, el esquema definitivo del empleo de la renta quedará así:

Y= C + I + (T – G) + (X – M)

Aunque el saldo de ingresos y gastos totales del gobierno se encuentre equilibrado, sin déficit ni superávit, su aportación económica global nunca es neutra, ya que extrae recursos de unos sectores sociales y lo devuelve a otros sectores sociales, con diferentes propensiones al consumo. Además, suele invertir en proyectos en los que el capital privado no encuentra rentabilidad suficiente por sí solo, por lo que todo junto estimula un tipo de consumo y hace posible un tipo de crecimiento económico que no sería factible sin su presencia activa. De hecho, hay países, como Estados Unidos y Francia, en los que utilizan las compras públicas para estimular determinadas actividades o comportamientos en el sector privado, como el control de la polución, la aplicación de políticas de igualdad o el desarrollo de innovación empresarial.

Ahora ya podemos concluir matizando un poco más el esquema analítico inicial para aproximarlo a la realidad: la riqueza anual, o renta nacional, se emplea en: 1) consumo privado de empresarios y trabajadores, más el consumo público del Estado; 2) inversión privada e inversión pública; 3) exportaciones.

Simplemente para que nos hagamos una idea global de lo que representan porcentualmente cada uno de estos conceptos en un país avanzado medio, diremos que en España, en la última década, el peso relativo de los componentes de demanda del PIB ha oscilado entre:

Consumo final de los hogares

55-59 %

Consumo público

17-21 %

Inversión

24-30 %

Exportaciones bienes y servicios

25-29 %

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Dinero, precios e inflación

El dinero es uno de los inventos más útiles que ha desarrollado el ser humano. Sin él hubiera sido imposible desarrollar una economía tan sofisticada como la que tenemos, ni desde el punto de vista del intercambio, ni desde la producción. Podemos definir el dinero como una mercancía que, en su calidad de tal, no sirve para nada, excepto para ser cambiada por cualquier otra mercancía. Con el dinero, tal y como lo conocemos hoy en día, no se puede hacer nada salvo, tal vez, arte, en su calidad de papel decorado. Sin embargo, tiene un elevado valor simbólico por cuanto en él se encierra la posibilidad de acceder a cualquier bien o servicio que deseemos. Desde ese punto de vista, el dinero no es nada, pero puede transformarse en todo, serlo todo. O casi todo.

No siempre ha existido el dinero y tampoco hoy en día intermedia en todas las transacciones económicas. Por ejemplo, la decisiva tarea que desempeña en una familia actual el ama de casa o los abuelos cuidando a los nietos no se ve compensada por dinero, como tampoco los regalos que se donan la gente en Navidad. Al intercambio económico no mediado por el dinero lo llamamos trueque. El trueque estuvo en el origen de la sociedad primitiva cuando un cazador intercambiaba carne sobrante de una pieza por productos agrícolas de un campesino.

Sin embargo, aunque se organizara en forma de ferias regulares, el trueque presenta demasiados problemas. En primer lugar, tiene que coincidir que aquello que cambias porque te sobra sea lo que busca la persona que tiene en exceso justo lo que tú deseas. De lo contrario se pueden organizar intercambios triangulares con el riesgo de no encontrar en ese momento y en ese sitio a alguien interesado en mis productos. En segundo lugar, tiene que coincidir también en el tiempo y en el lugar los deseos de quienes intercambian los productos, sobre todo con aquellos que son perecederos. Esas dificultades para hacer coincidir deseos y posibilidades, que limitan mucho los intercambios, están en el origen del dinero, que empezó siendo un medio de cambio que facilitaba el intercambio: si no encontrabas lo que querías, cambiabas tus excedentes por una cosa, manejable, duradera y relativamente rara por escasa, que te sería aceptada en el siguiente intercambio realizado, ahora sí, en otro lugar o en otro momento. Esta primera función del dinero como medio de cambio amplía las posibilidades de los intercambios impulsando una producción y una especialización, ya no sometida a las restricciones del trueque.

A lo largo del tiempo ha habido varias cosas que han desempeñado este papel de medio de cambio, en el que todos los que participan en el intercambio deben estar de acuerdo a la hora de reconocer a esa cosa en particular esa capacidad de cambiarla por otra mercancía. De lo contrario, el intercambio se frena. Si, por ejemplo, en una comunidad se aceptan normalmente las nueces como medio de cambio, la gente cambiará naranjas por nueces convencidos de que, a su vez, cambiará esas nueces al cabo de varios días por otra mercancía como, por ejemplo, clavos. Pero si va a otra comunidad en la que no son las nueces el medio de cambio, debido a que poseen muchos árboles que las producen, sino las patatas, nadie le dará nada a cambio de sus nueces. Así, el intercambio mejora, pero, salvo por trueque, se limita al ámbito geográfico donde se acepte el mismo medio de cambio.

Una vez conseguimos que algo sea aceptado como medio general de cambio, ya es más fácil el siguiente paso, el de convertir el dinero en unidad de medida del precio de las cosas. En todo intercambio se establece una proporción: tanto de un producto o servicio a cambio de tanto de otro, dos kilos de naranjas por un día de trabajo, o un martillo a cambio de unos pantalones. Esa relación de intercambio entre unas mercancías y otras es lo que llamamos precio y, cuando lo podemos relacionar con una unidad de medida imparcial y objetiva, facilita mucho las cosas porque permite comparar. Así, los mismos dos kilos de naranjas de antes equivaldrán, por ejemplo, a diez unidades monetarias que serán igualmente, si mantenemos la misma proporción, el salario de una jornada laboral. Referenciar todos los precios a una misma unidad de medida mejora mucho la información sobre las relaciones de intercambio entre mercancías, lo que facilita las decisiones económicas.

El dinero, por tanto, desempeña dos funciones primigenias: ser medio de pago y ser unidad de cuenta. Pero con el tiempo ha ido añadiendo todavía otra tercera función, que se deriva de su capacidad para separar en el tiempo y en el espacio la compra de la venta, manteniendo su promesa de medio de cambio: ser un depósito de valor. Si guardo dinero, no pierde sus características definitorias, por tanto, no tengo porque usarlo al instante como ocurre con otras mercancías, sino que puedo atesorarlo para utilizarlo en el futuro.

En términos sencillos, podemos representar el trueque o intercambio directo entre mercancías y servicios de la siguiente manera: M-M’, donde el acto de compra y el de venta son simultáneos sin verse mediatizados por nada. El surgimiento del dinero significa pasar a un esquema que empieza por la venta de una mercancía a cambio de dinero, que luego, en otro momento, se transforma en compra de otra mercancía distinta (M-D-M’). Se vende para comprar. Un ejemplo de ello es el trabajador, que vende su tiempo de trabajo a cambio de un salario que luego transforma en alquiler de su vivienda, alimentos y cuidados médicos para su familia. Este esquema de intercambio simple requiere que la compra y la venta se equilibren dentro de un plazo razonable de tiempo. De lo contrario surgiría una crisis al quedarse mercancías producidas sin vender y, a la vez, necesidades humanas sin satisfacer.

La posibilidad de que ello ocurra es mayor cuando el dinero acumula la función de depósito de valor que puede retirarse de la circulación por causas diversas, como, por ejemplo, precaución respecto a un futuro incierto. Como luego veremos, esta relación establece la necesidad de que exista una cierta proporción entre la cantidad de mercancías en intercambio, su precio y la cantidad total disponible de dinero.

En un momento determinado de la evolución del sistema económico capitalista, la importancia del dinero, o mejor dicho, de su función como depósito de valor, le hizo independizarse parcialmente del intercambio de mercancías. Tener dinero se convierte en un objetivo en sí mismo. De hecho, maximizar beneficios en forma dineraria se convierte en el objetivo principal declarado del sistema social en que vivimos. Cuando esto ocurre, el esquema de intercambio muta hacia una forma como la siguiente: D-M-D’, donde la presencia en el proceso de intercambio comienza por el dinero con el que se adquiere mercancías (bienes y servicios) con el único objetivo de conseguir una cantidad superior de dinero (D’>D). Se compra para vender, y se obtiene un beneficio. Un empresario que con dinero propio o prestado monta una empresa con el único objetivo de obtener más dinero es el ejemplo paradigmático de este nuevo estadio de desarrollo social en el papel del dinero. Aquí, todavía, las mercancías son una etapa necesaria del proceso: el enriquecimiento que se busca exige producir algo real, tangible y útil. La economía productiva es, todavía, un aspecto imprescindible del proceso.

No obstante, pronto las cosas cambiaron. Sobre todo, como veremos, a partir de la aparición y el desarrollo de los bancos y del crédito como institución que permite «fabricar» dinero con el único objetivo de ganar más dinero en un esquema del tipo D-D’, donde se prescinde de la mercancía como necesidad para apalancarse en el dinero que crea más dinero, en una economía financiera autónoma respecto a la producción de mercancías. El nuevo esquema permite los mercados financieros y el endeudamiento, y con ellos las cosas cambian cualitativamente.

Teoría del endeudamiento

En el origen, como hemos visto, el dinero se inventó para facilitar los intercambios de mercancías. Poco a poco, sin embargo, fue haciéndose independiente de éstas en la medida en que era capaz de guardar capacidad futura de intercambio (ahorro) para aquellos que podían permitírselo, porque sus ingresos superaban a sus gastos. Entonces surge el préstamo, que es un reparto del dinero existente entre quienes no lo necesitan y quienes sí lo necesitan, para dar paso luego al crédito bancario, que es creación de dinero; es decir, creación adicional de capacidad de compra en un mundo en el que vender aquello que alguien está dispuesto a comprar y pagar se ha convertido, ya, en el principal medio para maximizar beneficios. Esto, siendo el objetivo inicial del mercado, ha acabado siéndolo de la sociedad de mercado. El crédito incrementó la separación entre dinero y mercancías, a la vez que reforzó el papel del sistema financiero sobre el conjunto de la economía, aunque conservando una función secundaria: lo importante seguía siendo producir cosas y venderlas.

En los últimos tiempos, sin embargo, la sofisticación de los mecanismos de conversión del ahorro en crédito ha sido enorme. Además son millones las personas que participan del proceso en todo el mundo, bien como ahorradores que invierten mediante sociedades especializadas, bien como prestatarios que asumen créditos cada vez con más riesgos (subprime o Grecia), auspiciados por sociedades de calificación con los incentivos trucados. Con todo ello, el dinero hace más dinero, sin necesidad de pasar por la forma mercancía del valor, es decir, sin necesidad de crear riqueza real o puestos de trabajo. Es la entronización del sistema financiero como eje en torno al cual gira el resto de la actividad económica hasta el punto de que hoy, cuando hablamos de «los mercados», sólo nos referimos a los mercados de dinero.

Desde el sector privado, nuestro modelo económico gira en torno a la obtención del máximo beneficio como principal razón de ser. Eso pasa por la capacidad de vender los bienes y servicios producidos de manera creciente por una máquina económica cada vez más eficiente. Encontrar nuevos mercados para una producción creciente y diversa ha estado detrás de fenómenos como el imperialismo o la ayuda al desarrollo, que buscan ampliar la capacidad de obtener beneficios vendiendo en nuevas zonas geográficas. Henry Ford, tras ser capaz de fabricar muchos coches al año gracias a la mecanización del proceso productivo, encontró también nuevos compradores en sus propios trabajadores, para lo que tuvo que subirles los sueldos. El salario pasó a ser, así, una variable económica ambivalente: por un lado, coste de producción que conviene rebajar; por otro, demanda efectiva que convendría mantener o elevar.

La globalización amplía este proceso en un triple sentido: incorpora a más consumidores de los países emergentes (las nuevas clases medias de América Latina o los muy ricos de China o Rusia); incrementa la capacidad de poner en el mercado mundial cantidades crecientes de productos en busca de compradores; y, a la vez, agudiza las desigualdades sociales en el primer mundo como consecuencia de la disciplina en salarios que impone, lo cual da lugar al paro, a salarios a la baja o, incluso, a los llamados en Estados Unidos trabajadores pobres, o en España menos que mileuristas.

En ese contexto, el recurso sistemático al crédito financiero es la pieza que permite proporcionar capacidad de compra efectiva a segmentos sociales que por su nivel de ingresos estarían excluidos de esos consumos. El caso de las hipotecas subprime es muy claro, pero no único. Desde el sector privado, pues, el recurso abusivo y peligroso (desde el punto de vista de la solvencia) al endeudamiento viene justificado por la necesidad permanente de generar nueva demanda interna, en países con desigualdades sociales crecientes, en los que el crédito sirve para engrasar los mecanismos de venta sobre esos desequilibrios de renta generados por el sistema.

Desde el sector público, el fenómeno es más conocido. No hablo del endeudamiento defendible, incluso desde la ortodoxia presupuestaria, vinculado a inversión pública plurianual o a mejoras permanentes en el capital social que incrementan el crecimiento potencial de la economía y se trasladan, también, a las futuras generaciones. Hablo de cuando recurrir al endeudamiento es lo que permite cuadrar, aparentemente, el círculo de dar sin cobrar, de ofrecer gasto público creciente para satisfacer todas las necesidades colectivas, incluso las insensatas, a la vez que se compite por rebajar impuestos, sin que la eficiencia del sector público mejore lo suficiente como para explicar el aparente milagro de conseguir, de forma recurrente, obtener más por menos.

En ambos casos, el recurso al crédito sirve para encubrir dos problemas importantes: tenemos unos salarios y unos impuestos demasiado bajos para una parte importante de la población, en un contexto en el que el sistema político-social se fundamenta en que las necesidades individuales y colectivas, sin importar su mayor o menor artificialidad, se satisfagan, ya que el beneficio empresarial o partidista se obtiene cuando cada vez más personas te compran (o votan) tu producto o tus propuestas.

Incorporar el endeudamiento alteraría, en parte, el modelo visto en el capítulo anterior, ya que la distribución de la riqueza se haría así:

Y = (C + C’) + (I + I’) + (G + G’)

Siendo C’, I’ y G’ el consumo, la inversión y el gasto público, respectivamente, conseguido a base de crédito sobre una renta futura suficiente para poderlo devolver.

Impulsada por la desregulación de los mercados financieros y los bajos tipos de interés, esta manera de funcionar se ha distorsionado por exceso en los últimos años, y ha llegado finalmente al actual sobreendeudamiento. Pero si la necesidad subyacente de recurrir al crédito forma parte de la lógica del sistema, salir de la actual crisis nos conducirá, en los países avanzados, a una situación en la que o bien nos veremos obligados a reproducir el mismo mecanismo hasta la próxima burbuja, o bien se reducirá sensiblemente el nivel de crecimiento y bienestar, o bien tendremos que subir salarios e impuestos, mejorando la productividad. Porque todo a la vez no será posible.

Lo que empezó siendo un instrumento para impulsar la economía real se ha acabado convirtiendo en un fin en sí mismo, con un poder efectivo muy superior al del resto de los sectores económicos e, incluso, al de las reglas del juego democrático, como estamos viendo con aquellos países periféricos del euro en dificultades. Hablamos de países cuyo sistema político de toma de decisiones se ha puesto en cuarentena porque tomaron un dinero prestado que, ahora, tienen serios problemas para devolver en las condiciones que se les exigen. Hablamos de países cuyos ciudadanos están sufriendo serios reveses y cuantiosas pérdidas porque ellos mismos, u otros, aceptaron créditos que, ahora, no pueden devolver en las condiciones que se les exigen. Hablamos de países que se ven obligados a pagar, ahora, las consecuencias de decisiones adoptadas antes, por ellos mismos o por otros, pero que no ven que los prestamistas privados que concedieron los créditos de forma alegre o incluso fraudulenta (basándose en información falsa proporcionada por agencias independientes) estén dispuestos a asumir su parte de responsabilidad en lo ocurrido, como está pidiendo la canciller Merkel. Hablamos de países cuya riqueza, producción, consumo y bienestar se está poniendo en cuestión porque alguien ha decidido que es prioritario atender a toda costa los intereses de los prestamistas, en las condiciones marcadas por ellos mismos. Hablamos, en definitiva, de la quintaesencia del fetichismo a que ha llegado el dinero, convertido en tótem al que sacrificamos todo lo demás, incluso nuestra democracia y nuestra soberanía nacional.

Dinero y precios

El dinero, como hemos visto, es la única mercancía que puede transformarse en cualquier otra mercancía. En ese sentido es pura capacidad abstracta de intercambio, desmaterializada de cualquier forma concreta. Sobre todo cuando abandonamos los modelos de patrón oro según los cuales detrás del dinero siempre había un compromiso teórico de entregar oro a cuyo valor estaba referenciado el dinero circulante para pasar al actual sistema fiduciario sin más respaldo que la confianza de la gente en que un papelito donde pone 20, 50 o 10 € me será intercambiado por productos cuyo precio sea ése.

El precio de las mercancías será, pues, su valor de mercado expresado en dinero. Son muchos los factores que influyen sobre la formación de los precios concretos de bienes y servicios concretos. Entre otras cosas, los costes de producción (nadie puede vender de manera continuada por debajo de costes) y la capacidad de influencia que sobre el mercado tenga quien ofrece el producto: cuando se pone a la venta un producto exclusivo, por su tecnología o porque cubre un hueco del mercado, existe cierta capacidad monopolista que permite fijar el precio inicial muy por encima del de coste y luego ir bajándolo para captar un mercado mayor.

Si es un producto que compite con otros iguales o similares, el productor intentará señalar su diferencia específica mediante la publicidad y la reputación, para intentar crear un pequeño monopolio artificial (toda la estrategia de las marcas va en esa línea: ser exclusivos, es decir, monopolistas) que le permita situar su precio por encima del coste pero no tanto como si es realmente exclusivo. Si no, si existen muchos productores con ofertas muy similares, hay más competencia y el precio tiende a situarse más cerca del coste con un margen de beneficios menor.

La teoría económica clásica dice que la existencia de competencia, entre muchos o entre pocos, es el factor principal que mueve a que las empresas mejoren su productividad (para rebajar costes), o innoven (buscando pequeños monopolios transitorios hasta que la competencia replica). Sin embargo, este enfoque debe adaptarse a la nueva realidad de grandes corporaciones mundiales que cotizan en varias bolsas y cuyos gestores vinculan su futuro y su salario a la mejora del valor accionarial de las mismas para que sus accionistas/dueños obtengan cada vez más dinero por su trocito de empresa.

En la medida en que ello esté vinculado a mejorar los beneficios presentes o futuros, rebajar costes significa, en primer impacto, mejorar el margen de beneficios si mantenemos los precios anteriores o mejorar el beneficio si ampliamos el mercado y vendemos más, al poder rebajar el precio. Con ello, no sólo la competencia externa con otras empresas, sino también la estructura de poder interno de las grandes corporaciones multinacionales, empujan en la dirección de ampliar el margen entre costes e ingresos por ventas en un proceso que arrastra a otras muchas empresas que son proveedoras o subsidiarias de la grande.

El precio a que se vende un producto o servicio se sitúa, pues, entre el suelo de los costes de producción y el techo del poder de mercado que la empresa sea capaz de conseguir y mantener en función de su tamaño y de las características del mercado en que opere. Pero sigue siendo útil tener en mente otras dos fuerzas de mercado que influyen sobre el precio de una mercancía: la oferta y la demanda. Cuanto mayor sea el precio, más incentivo existirá para producirla incluyendo nuevos oferentes si el mercado lo permite (si no es excesivamente especializado o si no requiere una elevada inversión inicial). Con ello, al incrementarse la oferta, existirá una presión a la baja sobre el precio. Por el contrario, cuanto más barato sea, mayor proporción de personas lo querrán comprar ejerciendo una presión alcista sobre el precio. Del juego dinámico de ambas fuerzas, más el de las condiciones cambiantes del mercado (que sea fácilmente accesible a nuevos entrantes, o no), surgirá el precio, en cada momento, expresado en dinero.

Todo lo demás igual, cuanto mayor sean los precios que tenemos que pagar por las mismas mercancías, mayor cantidad de dinero necesitaremos para efectuar los intercambios. De la misma manera, con los precios estables, si hay muchos más productos a la venta, como las necesidades humanas son infinitas, también necesitaremos mayor cantidad de dinero para comprarlos todos. Por último, la cantidad de dinero necesaria en una economía dependerá, también, de la velocidad con que circule: si veinte personas se deben, entre ellas, un euro y la moneda con que cancelan la deuda circula con rapidez, puede que con sólo una moneda se puedan cancelar todas las deudas. Pero si el proceso se interrumpe en algún momento, bien porque alguien se guarda el euro o porque no encuentra en ese momento a su acreedor, una parte del grupo se quedará sin cobrar ni pagar haciendo necesaria la entrada en el circuito de otra segunda moneda nueva.

Podemos, pues, establecer la siguiente identidad fundamental:

M . v = P . Y

Siendo M la cantidad total de dinero existente en la economía, v la velocidad de circulación de éste, P el nivel general de precios, e Y la cantidad total de bienes y servicios disponibles. Esta relación, descubierta inicialmente por un economista español, Tomás de Mercado, en el siglo XVI, tras analizar por qué las entradas de metales preciosos provenientes de América estaban produciendo una espectacular subida de precios en España y muy poco crecimiento, es una identidad en el sentido en que establece, simplemente, unas relaciones entre cuatro variables pero, en sí misma, no predetermina una explicación causal entre ellas.

Por ejemplo, si tanto Y como v se mantienen estables ya que no varían demasiado a corto plazo, una subida general de precios P sólo puede darse si hay un incremento paralelo de M. En ese sentido, tiene razón el monetarismo cuando dice que toda inflación es un fenómeno monetario. Pero esta correlación no entraña una explicación de por qué eso sucede, ya que las causas de una inflación pueden ser otras y más complejas.

Inflación

Por inflación entendemos una subida continuada y general de los precios en una economía en un período dado. Para hablar de inflación se tienen que dar los dos principios. No basta que el precio de uno o varios productos suban para que haya inflación, como tampoco una subida general de precios, pero de una sola vez es tampoco inflación. Tiene que ser general (la mayoría de los precios medidos por el IPC) y continuada. Dado que los precios son la expresión del valor de los productos en dinero, una inflación también puede verse como la pérdida de valor del dinero con que se mide el valor de los productos: «con el mismo dinero que antes ahora puedo comprar menos cosas» es lo mismo que decir que «para comprar las mismas cosas que antes necesito ahora más dinero», en ambos casos, porque han subido los precios.

Una inflación elevada (digamos, por encima del 10 por ciento anual) provoca grandes males a una economía. En primer lugar, genera incertidumbre sobre el futuro valor de las cosas, lo que altera las decisiones normales de consumo e inversión. En segundo lugar, altera de manera artificial los precios relativos entre bienes y servicios, ya que no todos los sectores ni empresas tienen la misma capacidad de trasladar la subida de precios de sus inputs al precio final. Por ello, en tercer lugar, una inflación elevada genera una nueva desigualdad social entre aquellos sectores que pueden blindarse frente a las subidas con cláusulas de revisión de ingresos y aquellos otros, normalmente los menos fuertes, que no pueden y ven cómo su poder de compra se deteriora hasta empobrecerlos. Esto puede originar una espiral de subidas salarios-precios en la medida en que la inflación fuerza a subir salarios para mantener el poder adquisitivo, y ello alimenta vía subida de costes la misma inflación. Los acreedores pierden y los deudores ganan porque el valor de la deuda se deteriora como consecuencia de la inflación. Por último, la inflación se convierte en un impuesto encubierto en la medida en que exista un sistema fiscal progresivo que ante subidas de sueldos para mantener la misma capacidad adquisitiva que antes nos cobra más porque para Hacienda ahora somos más ricos como efecto de la inflación.

¿A partir de cuándo una subida de precios es inflación? Es evidente que, en una economía compleja y plural como la nuestra, todos los días suben y bajan precios como efecto de las innovaciones, la competencia, los nuevos productos, etc. El Banco Central Europeo (BCE), cuya única función es combatir la inflación, ha establecido que hasta un 2 por ciento anual de subida de precios estamos ante una situación normal de una economía dinámica. Sólo a partir de ese 2 por ciento podríamos hablar de inflación. Mencionemos que en otros momentos históricos o en países en desarrollo se han vivido situaciones de «hiperinflación» con subidas anuales de los precios de un 1.000 por ciento o que durante la década de los 1970, inflaciones del 15 o del 20 por ciento fueron frecuentes en países avanzados.

Si hablamos de las causas de la inflación, más allá de constatar la obviedad de que es un fenómeno monetario, como podríamos decir que se trata de un problema social relacionado con los seres humanos, tenemos que reconocer que hay más de una. Y reconocerlo es fundamental porque según cuál sea el origen que determinemos para la inflación, así tendrá que ser la solución aplicada para corregirla.

Para los monetaristas, existe inflación sólo porque sube la cantidad de dinero existente en la economía. Para ellos, leyendo la fórmula desde la izquierda hacia la derecha, primero se incrementa M y luego suben los precios hasta la inflación. El incremento de M se puede deber, como en el caso español del siglo XVI, al descubrimiento de nuevas minas de producción de oro y plata. Sin embargo, a partir del momento en que se otorgó al Estado el monopolio de fabricar dinero y, además, el sistema monetario dejó de estar relacionado con la cantidad existente de oro, M sólo puede incrementarse si el gobierno (Estado) quiere darle a la maquinita de fabricar billetes y monedas.

Es evidente que en la medida en que la economía crezca, existan más bienes y servicios en circulación (Y) o se produzcan las subidas normales de precios vinculadas a productos mejores, siempre hará falta una emisión adicional de dinero (incluso para sustituir billetes y monedas deteriorados o perdidos). Pero sólo hay inflación, para los partidarios de este enfoque, cuando el gobierno (Estado) decide crear dinero nuevo adicional en gran cuantía sin que existan estas razones normales, sino siguiendo su propio interés, como, por ejemplo, financiar un déficit público excesivo o provocar, de manera artificial, una caída en los tipos de interés que ayude a reactivar la actividad económica.

Este último punto requiere una aclaración. Si regresamos a la fórmula, veremos que un incremento de M, con v constante, provoca una subida en el producto entre P (precios) e Y (riqueza). ¿Cuánto del incremento del producto se debe a cada uno de los factores de la multiplicación? Si todo incremento de M se transformara en incremento de la riqueza (Y), como creían los mercantilistas, para que un país fuera rico en bienes y servicios ofrecidos bastaría con que fabricara dinero, lo que no es el caso. Sin embargo, tampoco es cierto que todo incremento de M se transforme sólo en una subida de precios (P), dejándonos igual de pobres o de ricos que antes pero con los problemas añadidos de lo que provoca la inflación. En la práctica, un incremento de M se traduce, a corto plazo, en un incremento parcial tanto de Y como de P, dependiendo de la estructura institucional y económica del país en concreto. Sin embargo, a medio plazo, el incremento continuado de M va influyendo mucho más sobre los precios que sobre la producción, hasta que se transforma a largo plazo sólo en subida de precios, dejando la riqueza (Y) en manos de los factores analizados en el capítulo 2.

Desde esta visión, la inflación se produce sólo como consecuencia de la actuación del gobierno (Estado) y sólo éste puede combatirla recortando la cantidad de dinero existente en circulación.

No obstante, la identidad fundamental mencionada más arriba admite otra lectura con origen en la parte de la derecha: algo —un incremento fuerte y continuado de la demanda (inflación de demanda) o de los costes de producción, debido al aumento de un precio básico como el petróleo o los salarios (inflación de costes) o una estructura económica deficiente que genera estrangulamientos en el abastecimiento de productos básicos (inflación estructural)— genera una presión fuerte sobre los precios que sólo puede aliviarse mediante un incremento de M. En este caso, el origen de la inflación serían los factores y tensiones que desde el sistema económico o social confluyen sobre los precios mediante una presión al alza. La subida de M, la inflación, sería sólo una respuesta a este otro problema, como la fiebre encubre en un paciente una infección. Si sólo aplicamos antitérmicos (reducir la M) sin combatir con antibióticos la infección origen del problema, no resolveremos nada.

La metamorfosis del dinero, el predominio del capitalismo financiero sobre el productivo, la necesidad sistémica del endeudamiento, la formación de los precios en las nuevas empresas transnacionales y la inflación como reflejo de una determinada patología social y no sólo de un problema monetario son aspectos esenciales que nos ayudarán a entender mejor la realidad actual de nuestro sistema económico, así como los márgenes y límites de las políticas económicas de base nacional.

Inflación y paro

Si, al menos, una parte del incremento de la masa monetaria, M, se traslada a la actividad productiva, Y, haciéndola crecer, existirá una relación inversa entre inflación y desempleo, de tal manera que la inflación (en este caso, de demanda) será el precio que pagar por determinada política económica expansiva que pretenda reducir el paro. Esta relación inversa entre paro e inflación —conocida como curva de Phillips por ser éste el nombre del economista inglés que la constató empíricamente— ha sido durante décadas la justificación de una determinada política económica que se movía, sobre todo mediante la política monetaria, entre un poco más de inflación (menos paro) o un poco más de paro (menos inflación), según fueran las urgencias coyunturales.

Sin embargo, dos cosas ayudaron a poner en cuestión la validez de esta relación en un nuevo contexto. Primero: que la gente aprende de la experiencia y, por tanto, anticipa lo que va a pasar después de haber constatado que ha pasado con anterioridad. Cuando los agentes económicos constataban que las medidas de lucha contra el paro adoptadas por los gobiernos producían inflación, se preparaban de manera anticipada para este efecto, blindando sus contratos y salarios para evitar perder poder adquisitivo. Con ello, la medida producía cada vez menos efecto y, como una medicina a la que nuestro cuerpo se ha habituado, hacía falta una dosis cada vez mayor de inflación para reducir en la misma proporción el paro. Así, la inflación anticipada acababa por no causar impacto sobre la economía real ni sobre el paro.

Y segundo: se produjo otro cambio, el del modelo productivo, con economías cada vez más abiertas y con importantes avances en productividad derivados del cambio tecnológico. Todo ello alteró la relación anterior entre las dos variables —paro e inflación— situándola en un nuevo lugar todavía desconocido. Como conclusión de ambas cosas diremos que a largo plazo los factores que determinan el paro están en la economía real y, por tanto, como vimos, todo incremento de M se traduce sólo en inflación aunque, a corto plazo, siga habiendo un espacio de intercambio entre ambos, mayor cuanto más inesperada es la actuación de los responsables monetarios.

5

Intermediarios financieros: más allá de los bancos

El dinero mueve la economía. Debido a ese papel esencial en el funcionamiento del sistema económico, se atribuye al Estado el monopolio de su emisión. No siempre ha sido así. Pero conforme se consolidaron los modernos Estados nacionales, se les atribuyó tres funciones exclusivas a modo de monopolios legales: la violencia (ejércitos, jueces, cárceles), los impuestos y el dinero.

Pero el dinero necesita, a su vez, un motor que lo bombee por todas las cañerías y lo haga circular desde quien lo tiene hasta quien lo necesita: los bancos. Además, hay muchas clases de dinero o formas distintas bajo las que se recubre la función del dinero. Veamos ambos aspectos y sus relaciones en el contexto de una economía en la cual, como hemos visto, se ha desproporcionado la circulación de dinero, lo que ha dado lugar a crisis como la que empezó en 2007.

¿Cuánto dinero tiene usted? Cuando analizamos nuestro dinero, el que poseemos cada uno de nosotros, nos estamos refiriendo a varias cosas. Por una parte, el dinero de bolsillo, el que llevamos encima o guardamos en casa en forma de billetes o monedas. Pero también contamos como dinero propio el que tenemos depositado en el banco bajo distintas fórmulas: cuenta corriente, depósitos a plazo, fondos de inversiones e incluso acciones o fondos de pensiones. Incluso, más allá, todos los bienes de que disponemos (casa, coche, etc.) formarían parte de nuestro «dinero» en la medida en que si lo vendemos, se pueden transformar, aunque con más lentitud, en dinero. Todo ello forma parte de nuestro patrimonio dinerario, aunque no todo está igualmente disponible con la misma rapidez, ni lo destinamos a los mismos usos: no vendemos un fondo de inversión para pagar un café, ni compramos el periódico pagando con una acción de bolsa. Pero sí sacamos del cajero automático, de nuestra cuenta corriente, con la tarjeta de crédito o de débito y podemos cancelar un depósito a plazo para comprar un coche.

Todo ello forma parte de nuestro «dinero» aunque no todo es exactamente igual. Las distintas clases de dinero se agrupan, así, en función de lo que se llama su liquidez, es decir, la mayor o menor facilidad y rapidez con la que podemos convertirlos en monedas y billetes.

La forma más usual y directa de dinero la constituyen los billetes y monedas de curso legal que, como medio de pago, están en manos del público. Si a eso le sumamos el dinero que se tiene guardado en los bancos en forma de cuentas corrientes y depósitos a la vista, agruparemos la expresión de dinero más líquida e inmediatamente disponible para su uso a la que llamamos M1, también conocida como oferta monetaria porque es la que depende directamente de la emisión de dinero que realiza el gobierno a través del Banco de España.

Si a M1 incorporamos otra parte del dinero depositada en cuentas de ahorro, menos líquidas en la medida en que se requiere tiempo para acceder a ellas, tendremos el agregado llamado M2. Si le sumamos los depósitos a plazo y otros pasivos bancarios, tendremos la M3, que se convierte en el agregado activos líquidos en manos del público (ALP) cuando le incorporamos el resto de los componentes todavía menos líquidos, como, por ejemplo, bonos del Tesoro o pagarés de empresa.

Esta clasificación es mucho más que un juego. Tal y como vimos, la cantidad total de dinero existente en una economía (M) influye mucho en la producción (Y) y, sobre todo, en los precios (P), por lo que su control por parte de las autoridades es una pieza esencial de las políticas económicas. Pero ¿cómo se controla la cantidad total de dinero cuando hay tantas formas en que se puede presentar éste?

Sobre todo si le añadimos una complicación adicional como es la capacidad que tienen los bancos para crear, ellos también, «dinero» llamado dinero bancario. Veámoslo con un poco de detalle porque es fundamental para entender lo que pasa en una economía monetizada y globalizada como la actual, en que las transacciones de dinero multiplican por mucho las transacciones de bienes y servicios, siendo ésta una de las características diferenciales de nuestra época económica.

Los bancos aparecen como entidades intermediarias entre aquellos a quienes les sobra algo de dinero y lo quieren guardar en algún sitio seguro, y quienes necesitan dinero y están dispuestos a pagar algo por obtenerlo prestado. Así, en su versión simple, un banco recibe dinero de sus clientes en forma de depósitos y lo emplea para conceder créditos. Como el banco obtiene dinero de esta segunda operación está dispuesto a dar una parte a quien efectúe sus depósitos en él, porque cuantos más depósitos tenga, mas créditos podrá dar y mayor será su beneficio obtenido de la diferencia entre lo que cobra por prestar y lo que paga por guardar.

Quien deposita sus ahorros en el banco asume el riesgo de que cuando los necesite no pueda disponer de ellos, mientras que el banco asume el riesgo de que no le devuelvan los créditos prestados. El banco es, pues, en su origen, un gestor de riesgos. Para reducirlos, la autoridad monetaria establece regulaciones que limitan ambos riesgos dentro de variables controladas: por un lado, obliga a los bancos a mantener una parte de sus depósitos de forma líquida para poder hacer frente a cualquier demanda de dinero por parte de los depositantes (coeficiente de caja o encaje bancario), y, por otro, establece límites a los créditos que puede conceder el banco, fijando una relación entre ellos y el capital de que dispone el banco para hacer frente a eventuales impagos. Los bancos están, así, obligados a cumplir determinadas reglas que garanticen su liquidez y su solvencia. Al menos en situaciones normales.

Para ver la necesidad de ambas regulaciones analicemos lo que hace el banco A cuando le dejamos en depósito una cantidad de dinero, digamos 10.000 €. Una parte de este dinero lo dejará en caja para cumplir el requisito de liquidez, pongamos 1.000 €, y el resto, 9.000 €, lo dedicará a conceder créditos. Para simplificar, supongamos que sólo hay un cliente que obtiene los 9.000 € de crédito con los que compra un viaje en una agencia de viajes que deposita ese dinero en el banco B. Éste repite la operación y con los 9.000 € deja 900 € en caja y utiliza el resto (8.100 €) para conceder otro préstamo. Así, del inicial depósito de 10.000 €, se ha puesto en marcha un mecanismo que hace que haya depósitos totales por valor de 19.000 € (los 10.000 € del banco A, más los 9.000 € del banco B) con préstamos concedidos por valor de 17.100 € (9.000 € + 8.100 €) y sólo 1.900 € en caja. Y así, el proceso se vuelve a repetir en lo que se conoce como creación de dinero bancario, cuyo monto total está limitado por el coeficiente de caja que se establezca y por las reglas sobre la cantidad de crédito que pueda conceder un banco en relación con el capital con el que pueda responder de posibles impagos.

Así pues, la autoridad monetaria controla el dinero total disponible en una economía actuando sobre todas sus formas. En unos casos directamente, M1, emitiendo dinero o retirando dinero de la circulación, y en los otros, cuando actúan los bancos creando dinero, mediante el coeficiente de caja y los requisitos de capitalización. Ésa es la razón por la que el sector financiero está regulado, supervisado e inspeccionado por el Banco de España mediante reglas que son internacionales y que se aplican por igual a todos los bancos del mundo: para controlar una variable clave para la economía como es la M, a la vez que para minimizar los riesgos asociados a la circulación de dinero por medio del circuito bancario.

Los bancos, en este esquema sencillo, actúan como motor impulsor del dinero a lo largo y ancho del sistema, haciendo de intermediario entre aquellos que pueden y quieren ahorrar (consumen menos de lo que ingresan) y aquellos que necesitan, ahora, más dinero del que tienen para realizar una inversión o un gasto. A los primeros les paga por tomar prestado y a los segundos les cobra por dejarles en préstamo un precio llamado tipo de interés que refleja, en realidad, el coste del tiempo. El de aplazar el consumo en un caso y el de adelantarlo en el otro. Con la diferencia entre uno y otro, más el hecho ya señalado de que puede «crear» más dinero en crédito del que tiene en depósito, el banco obtiene recursos para pagar sus costes y obtener un beneficio. Tres elementos son claves para asegurar el correcto funcionamiento de este esquema: la regulación pública, los costes de funcionamiento del banco y el análisis de los riesgos que entrañan los créditos que concede, para evitar impagos.

A menudo, en el día a día, los bancos encuentran dificultades para ajustar alguna de las condiciones de seguridad requeridas por la autoridad, en especial el coeficiente de caja. Entonces recurren a pedir dinero en préstamo a otros bancos, a muy corto plazo, en el llamado mercado interbancario. De igual manera, como el negocio en los bancos está en la concesión de créditos y la cantidad de éstos que pueden conceder está limitada por la regulación y por la cantidad de depósitos que tienen, poco a poco se han ido deslizando hacia la obtención de recursos para prestar distintos de los depósitos: mayoritariamente pidiendo prestado a otros bancos o emitiendo bonos o títulos mediante los que obtienen recursos de otra manera diferente a las cuentas. Sobre todo cuando el negocio de conceder créditos les pone en contacto con empresas y oportunidades de negocio en los que entran ya no sólo concediendo prestamos, sino invirtiendo directamente en el capital de las empresas.

Los bancos pasan así de ser bancos comerciales, meros intermediarios entre quien tiene dinero y quien quiere dinero, para convertirse en bancos industriales, propietarios de empresas, incrementando la importancia estratégica de su papel a la par que su poder económico y social. Este fenómeno, por citar una referencia, ya fue descrito en 1907 por un economista alemán, Hilferding, en su obra El capitalismo financiero. Cuando una empresa tiene entre sus dueños, total o parcialmente, a un banco, suele concentrar en él la mayoría de su actividad financiera, a la vez que el banco no suele trabajar con la competencia de esa empresa. Por ello, los elevados riesgos derivados de esa concentración han llevado a que las autoridades monetarias regulen sobre estas prácticas, que, en muchos países y momentos, han estado incluso prohibidas por los riesgos que conllevan, lo que ha obligado a distinguir entre bancos comerciales y bancos de inversiones.

La siguiente etapa de desarrollo del negocio bancario les ha llevado a dejar de ser bancos de empresas para aproximarse directamente al conjunto de los ciudadanos, cuando el desarrollo económico del país lo ha permitido. Así, no sólo se ha ampliado la gama de actividades a las que el banco concede créditos para incluir los llamados créditos personales (hipotecarios, consumo, etc.), sino que han encontrado otras actividades por las que obtener beneficio, en forma de comisiones, gestionando las nóminas, las tarjetas o los recibos domiciliarios de las familias. Con ello se ha elevado lo que se llama tasa de bancarización de la sociedad, es decir, la cantidad de actividades económicas que pasan, de una manera u otra, por una entidad bancaria. Los bancos han encontrado, de esta forma, la manera de hacerse presentes en amplias zonas de nuestra vida cotidiana, a la vez que ganan dinero mediante actividades distintas de las clásicas tomar depósitos y prestarlos.

Con el tiempo, de la misma forma que los bancos han encontrado de donde obtener dinero más allá de los depósitos bancarios, también las empresas han encontrado maneras de obtener dinero sin pasar por un crédito bancario: emisión de acciones, bonos o títulos, que colocan a entidades financieras que no son bancos, como fondos de inversión, o fondos de pensiones. Aparecen, así, entidades especializadas en este tipo de financiación alternativa —los bancos de inversión o de otro tipo— que no tienen depósitos de clientes ni están sujetas a la misma normativa e inspección que los bancos comerciales, y que intermedian con grandes beneficios entre grandes bolsas de ahorro no depositados en bancos comerciales, porque buscan rentabilidades mayores y empresas necesitadas de dinero no sometido a los rígidos requisitos de los créditos bancarios. A cambio de este menor control público no pueden hacer uso de los recursos y la financiación excepcional que los bancos centrales ponen a disposición de los bancos comerciales a los que supervisan. Este punto fue crucial cuando estalló la actual crisis financiera en Estados Unidos en 2007.

Los ahorradores han ido diversificando sus instrumentos de colocación de dinero, más allá de los clásicos depósitos bancarios individuales, desde la proliferación de inversores institucionales como los fondos de inversión, en los que el pequeño ahorrador ve como su dinero es invertido por expertos en busca de la máxima rentabilidad no exenta de riesgos, y, sobre todo, los poderosos fondos de pensiones, que mueven, por todo el mundo, grandes cantidades de ahorro proveniente de trabajadores con planes de pensiones complementarios a los públicos. Ambos tipos de fondos, junto con las compañías de seguros que buscan colocaciones rentables a la liquidez proporcionada por las ingentes cantidades de primas cobradas, se han convertido en elementos esenciales de eso que llamamos mercados financieros actuales.

Por el lado del demandante de dinero, las tres vías principales para conseguir financiación alternativas al crédito bancario son: la bolsa de acciones, la emisión de bonos y la relación directa con un inversor. Las acciones son derechos de propiedad sobre las empresas que autorizan a exigir una parte de los futuros beneficios y, normalmente, se compran y se venden en un mercado regulado como son las bolsas de valores. En las últimas tres décadas han experimentado un importante crecimiento, sobre todo a partir de las intensas privatizaciones de grandes empresas públicas seguidas de planes gubernamentales para fomentar lo que se llamó el capitalismo popular, que pretendía hacer partícipes a los trabajadores de la propiedad de las empresas a través de la compra de acciones.

Este movimiento —impulsado originariamente por Margaret Thatcher en el Reino Unido y que inyectó mucho dinero en las empresas mediante su acceso a la bolsa— ha caminado en paralelo con la implantación de lo que se llamó la «revolución de los mánager», que consiste en el hecho de que, en grandes empresas con muchos dueños-accionistas, la separación entre propiedad y gestión ha consolidado el poder y la autonomía de los gestores, que para tener contentos a los dueños lo han ejercido según el principio de «maximizar el valor para el accionista». Además sellaron su compromiso con ese principio, vinculando una parte importante de su propio sueldo a aquél en forma de retribución vía acciones. Esto ha tenido funestas consecuencias en la medida en que ha obligado a adoptar decisiones muy cortoplacistas basadas en ahorros de costes, venta de activos y reparto de dividendos, aun a pesar de debilitar la capacidad futura de inversión de las empresas o, incluso, la consecución de otros objetivos sociales de éstas.

Los mercados de bonos y deuda a largo plazo de las empresas ofrecen menos volatilidad que las acciones, en la medida en que suelen retribuirse a precio fijo. Por su parte, las relaciones directas con inversionistas privados (fondos de capital riesgo, por ejemplo) ofrecen posibilidades alternativas de financiación a las empresas con fórmulas flexibles.

Todo ello multiplica por mucho las posibilidades de financiación del conjunto de la economía, aunque en casi todas ellas, de una manera o de otra, estás presentes una entidad bancaria. Sobre todo cuando van acompañadas de dos hechos relevantes producidos durante la década de 1990: la libertad de movimiento de capitales, que, acompañando a la globalización de la economía, hizo posible que los ahorros de un campesino de la India pudieran financiar a un empresario polaco o francés; y la desregularización a que se sometió el sistema financiero mundial al calor de autoridades creyentes en que el libre mercado sin intervención pública mejoraba la asignación de recursos económicos y el crecimiento. Así se relajaron los requisitos exigidos a los bancos, a la vez que a las nuevas actividades que iban surgiendo consecuencia de la llamada innovación financiera, impulsada por el desarrollo de las nuevas tecnologías, se las declaraba exentas de control.

Éste es el caldo de cultivo en el que surge una manera diferente de gestionar el riesgo, que, como hemos dicho, es la esencia de la actividad bancaria en cualquiera de sus formas y lo que limita sus márgenes de actuación. Me refiero a la conocida como titularización, que dio lugar a los llamados productos derivados, elementos determinantes de la última crisis financiera mundial.

La cosa es muy sencilla: si al conceder un crédito, el banco asume un riesgo de impago pero gana dinero por los intereses que cobra, le interesará mucho reducir el riesgo manteniendo el cobro de intereses. ¿Cómo lo puede hacer? Repartiendo el riesgo no sólo con una compañía de seguros especializada que le cobra por ello, sino troceándolo entre varios agentes que estén dispuestos a asumirlo, a cambio de una rentabilidad. Supongamos que el banco tiene una cartera de créditos de 10.000 € que se compone de 2.000 € muy seguros, 5.000 € menos seguros y 3.000 € con riesgo, inicial o sobrevenido. Se queda en balance los 2.000 € y los otros 8.000 € los junta y divide en 16 trocitos («títulos») de 500 €, cada uno de los cuales contiene una mezcla de ambos créditos.

Si encuentra 16 compradores de esos títulos de deuda dispuestos a invertir con la promesa de cobrar directamente los intereses y el principal cuando venzan los créditos, el banco habrá conseguido tres ventajas en una sola operación: reducir su riesgo al endosarlo a otros; ingresar dinero con el que cancelar en sus balances el crédito; y obtener una jugosa comisión por organizar toda la operación. Hemos titulizado los riesgos crediticios y hemos creado unos nuevos activos cuyo valor es «derivado» del principal, que es lo que valga el crédito, ponderado por su riesgo de impago.

Con esta ingeniosa innovación financiera consiguen dos efectos colaterales no menos importantes: el primero es que los bancos tienen un fuerte incentivo en «sacar» de sus balances esos créditos titulizados, con lo que todas estas operaciones escapan al control y a la supervisión del regulador; y el segundo es que se fortalece el papel de las agencias especializadas en analizar el riesgo de los activos titulizados, las famosas compañías de rating, que curiosamente conceden sus notas por encargo del calificado que vende, aunque sirven para que tomen decisiones los compradores.

Como se ve, todo el juego de incentivos (aparentemente, todos ganan y mucho) estaba puesto para que esta operación, que existía desde hace años, adquiriera un volumen desconocido a partir de 2000 con la explosión del crédito hipotecario: entre 2004 y 2006 se titularizó el 80 por ciento de todas las hipotecas basura concedidas en Estados Unidos.

No obstante, no sólo los créditos hipotecarios son susceptibles de titularizarse. La operación puede extenderse a otros muchos activos bancarios, con tantas combinaciones en la mezcla como permita la imaginación de quien los «empaqueta» y «coloca» en un mercado que, a estas alturas, ya es mundial. Y que se encuentra ávido de oportunidades rentables de inversión porque, además, los bancos centrales están rebajando los tipos de interés para ayudar a que la economía se recupere del último bache relacionado con la crisis en bolsa de las compañías de internet.

Como se observa, la tradicional tarea de intermediar en el mercado financiero, poniendo en contacto a los ahorradores con los inversores se ha complicado mucho en nuestros días. Pero no es ahí donde radica el problema. El problema está en que, tal y como se ha hecho en las últimas décadas, hemos construido un sistema financiero que reúne las características que se detallan a continuación.

Es muy grande. Se ha calculado que el conjunto total de las transacciones globales de dinero multiplica por cinco el valor del comercio mundial. De hecho, la principal característica de este momento histórico no es tanto la innovación financiera que ha desarrollado sofisticados mecanismos de intermediación como el volumen desproporcionado que han alcanzado lo que podríamos agrupar como mercados financieros. Su peso e influencia es tan grande que provocan no sólo presiones especulativas sobre determinados activos, como la vivienda, sino que pueden presionar a gobiernos soberanos, como estamos viendo en el caso de la crisis del euro. Esto es así, también, porque, como luego veremos, el auge de estos mercados ha ido paralelo a un proceso de sobreendeudamiento sin precedentes aprovechando, sin duda, las facilidades crediticias que se ponían a disposición de empresas, particulares y gobiernos.

Es global. Actúa con todo el mundo como ámbito. La libertad de movimientos de capitales unida a las nuevas tecnologías han favorecido que se produzcan transacciones monetarias en tiempo real (apenas un apunte de ordenador) por todo el planeta. De hecho, una de las características de este período es que los ahorros de los países emergentes y en desarrollo, debidamente asesorados por los expertos, han financiado buena parte del crecimiento endeudado de los países desarrollados cuando, hasta ahora, lo normal era que los flujos de capitales fueran del Norte hacia el Sur.

Es autónomo. Estamos hablando de la intermediación en el mercado de dinero, donde el único intercambio que se produce es entre dinero y más dinero (D-D’) sin conexión directa con el mundo de la producción e intercambio de mercancías (M). Las nuevas técnicas han dotado a este mercado de un elevado nivel de autonomía, no sólo respecto a la producción real, sino también a las reglas y controles que las autoridades nacionales siguen manteniendo sobre el sistema bancario y las bolsas de valores. En gran parte, estos nuevos segmentos de mercados financieros emergentes se han situado fuera de los balances de las entidades tradicionales, cuando no directamente en paraísos fiscales. Así, la parte del mercado financiero que más ha crecido en los últimos años se ha situado fuera de la regulación y de la supervisión, haciendo negocios fabulosos bajo la excusa de que el libre mercado es más eficiente y funciona mejor sin intervencionismo estatal, lo que equivale, para los usuarios, a sin garantías.

No es propiamente un mercado. Los nuevos productos financieros que han surgido en los últimos tiempos para canalizar ahorro hacia la inversión no reúnen las dos principales características que definen a un mercado: precio conocido e información accesible. De hecho, al situarse en la zona gris de la economía, no resultaba fácil saber los precios de los activos que se vendían, sus retribuciones o, incluso, las comisiones cobradas por los diferentes intermediarios, incluidas las agencias de rating y las compañías de seguro. Pero, además, haciendo productos derivados sobre un activo subyacente cada vez más sofisticado y reproduciendo el proceso varias veces, al final ni el comprador sabía muy bien lo que estaba comprando, ni incluso el vendedor, a veces un encargado de sucursal bancaria, sabía lo que estaba vendiendo más allá de la comisión que recibía por venderlo. Esta situación de escasa transparencia ha facilitado que, en muchos casos, cuando ha estallado la burbuja, comprobáramos que hemos estado al borde del timo, cuando no que habíamos caído directamente en él, como prueba el procesamiento de Madoff, un aparente «mago de las finanzas».

Es crucial, aunque nos hace dependientes de algo que controlamos muy poco. Incluso cuando estallada la crisis, las autoridades se han propuesto regular estos mercados para evitar que vuelva a darse una situación parecida, sólo Estados Unidos ha avanzado en esa dirección, quedándose la Unión Europea (UE) anclada en sus problemas y sin que nadie, a pesar de las declaraciones, haya sido capaz de poner fin a los paraísos fiscales, pieza esencial de todo el proceso.

Es eficiente pero con muchos riesgos. Cierto que el ingenio y la garantía de obtención de importantes beneficios han sido dos elementos cruciales para que los nuevos mercados financieros hayan sabido aprovechar todas las posibilidades de acercar oferta de dinero a demanda de dinero en cualquier lugar del planeta. Con ello ha mejorado la eficiencia de los mercados financieros en la colocación adecuada de dinero. Pero tal y como lo hemos hecho, el riesgo asumido ha sido tan elevado que nos ha conducido a la mayor crisis financiera de la historia reciente. No obstante, como dicen los ingleses, no echemos al niño con el agua sucia del baño.

6

El papel del Estado en la economía

El papel del Estado en la economía moderna es uno de los asuntos peor entendidos a pesar de los ríos de tinta que se le han dedicado. Sea cual sea nuestra teoría política del Estado, incluso el contenido exacto que englobemos bajo esa denominación (gobiernos, parlamento, tribunales de justicia, administraciones públicas, etc.), debemos reconocer que, incluso para el supuesto teórico del Estado mínimo, el ya citado Adam Smith, hay tres «obligaciones del soberano de una república» que conllevan gasto público e interferir en el libre discurrir de la sociedad y la economía: la primera es «proteger a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes», lo que sólo puede hacerse por medio de la fuerza militar (defensa). La segunda es «proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad, o sea establecer una recta administración de justicia». Y la tercera es algo tan genérico y adaptable al momento como «erigir y mantener aquellos públicos establecimientos y obras públicas que, aunque ventajosos en sumo grado para toda la sociedad, son, no obstante, de tal naturaleza que la utilidad (beneficios) nunca podrá recompensar su coste a un individuo o a un corto número de ellos y que por lo mismo no debe esperarse que se aventuren a erigirlos ni a mantenerlos». Entre ellos, de forma destacada, las que «faciliten el comercio de la sociedad y promuevan la educación de la juventud».

Mas recientemente, incluso los modernos partidarios de un estado mínimo han añadido otras tres razones o circunstancias, englobadas genéricamente en lo que llamamos fallos del mercado, que obligarían a una determinada intervención del Estado si queremos que el resultado social conseguido sea el mejor posible. El primer fallo del mercado se produce cuando las circunstancias técnicas provocan que una determinada producción sea más rentable producirla a gran escala por la existencia de rendimientos crecientes, que quiere decir que la cantidad producida crece más que los inputs necesarios para producirla conforme aumenta el tamaño al que se produce, lo que significa que los costes medios descienden. En ese caso, las empresas crecen de tamaño en busca de la eficiencia hasta llegar a una situación cercana al monopolio, que debe ser vigilado, incluso combatido, por el Estado, mediante la legislación en defensa de la competencia para evitar los abusos, ineficiencias y sobreprecios asociados a estas situaciones. Estamos hablando de un amplio abanico de sectores (infraestructuras, telecomunicaciones, energía, etc.) tradicionales sobre los que hay que sumar el efecto combinado de mercado mundial más nuevas tecnologías sobre aquellas empresas multinacionales que basan su predominio y sus beneficios en las economías de gran escala. En esta categoría de fallos del mercado tenemos que incluir aquellas producciones que requieren un elevado coste fijo inicial, como los ferrocarriles, que no son accesibles al capital privado sin apoyo público y que, en todo caso, impiden una competencia perfecta como la diseñada en los manuales de economía.

El segundo fallo del mercado que justifica una intervención estatal se relaciona con lo que se llama bienes públicos. La economía de mercado se basa en la producción de bienes y servicios que pueden ser consumidos de forma privada a cambio de un precio: el peluquero que me atiende de manera individual lo hace de manera excluyente, es decir, su tiempo es divisible. De la misma forma, la manzana que me como yo no se la come nadie más. Sin embargo, existe otro tipo de bienes cuyo consumo no es divisible, que pueden ser consumidos de manera colectiva, es decir, su consumo por una persona no excluye el consumo simultáneo por otra: la música que suena en el hilo musical de la peluquería, una película emitida por televisión, un paseo por el parque o, de manera obligatoria, los gastos de defensa que nos defienden a todos, queramos o no. Esos bienes, llamados públicos, no resultan rentables para la iniciativa privada en las condiciones normales del mercado y suele encargarse su gestión al Estado o, en todo caso, aunque la gestión sea privada, suele ser una adjudicación pública o hacerse mediante regulación estatal.

El tercer fallo del mercado que se suele citar para dar entrada aceptada al Estado en la economía es cuando se producen lo que llamamos externalidades, es decir, cuando una actividad económica afecta de manera directa a alguien (interdependencia) sin que este alguien quiera, ni exista, por tanto, intercambio en el mercado por dicha relación. Si tengo debajo de mi casa una terraza de bar abierta hasta la madrugada con música fuerte, me produce una externalidad negativa al interferir en mi descanso. Por el contrario, quien establezca una empresa en un polígono industrial recibe una externalidad positiva en forma de infraestructuras ya disponibles. En ambos casos, el efecto colectivo es distinto al individual, y los beneficios privados se obtienen sin tener en cuenta todos los costes o beneficios necesarios para la obtención de los mismos. En el primer caso, los beneficios privados del dueño del bar no incluyen los costes que me impone su actividad, como en el segundo tampoco incluyen los costes de construir los equipamientos colectivos.

Si tenemos en cuenta que entre las externalidades se sitúan la contaminación, los atascos o el cambio climático, pero también internet, un elevado nivel de formación social o los avances en investigación, los fallos de mercado que no permiten calcular bien costes y beneficios privados por esta razón, lo que afecta de manera directa a la fijación de precios, son muy amplios. Bastaría con reconocer que el simple hecho de nacer en una sociedad determinada ya entraña una externalidad, normalmente positiva, ya que todos nos hacemos a nosotros mismos, pero a partir de lo alcanzado por quienes nos precedieron. Si eliminamos la externalidad social, no nos queda Robinson Crusoe, que se benefició de los materiales restantes del naufragio y de su propio conocimiento aprendido socialmente, sino «un indígena salvaje que vive de raíces, bayas y gusanos», según expresó el gran economista Paul Samuelson.

Hay otros muchos fallos del mercado, de reconocimiento más reciente, entre los que citaremos dos: el tratamiento de la información en los intercambios económicos y la regulación de las entidades financieras consideradas sistémicas, es decir, demasiado grandes para dejarlas caer, ya que su caída arrastraría al sistema económico en su conjunto.

El primero tiene que ver con mundos en los que la información no es perfecta, ni total, ni accesible para todos los que intervienen en una transacción, aun cuando los requisitos del modelo de mercado perfecto sólo se dan si ocurre. Hablamos de los ingredientes de un bote alimenticio, de una medicina, de un contrato de compra de un activo financiero o de una hipoteca. En todos los casos en los que existe tanto lo que se llama información incompleta (no se sabe todo o no es fácil saberlo) como información asimétrica (el vendedor sabe más que el otro y oculta datos, como ha ocurrido en la colocación de productos financieros derivados de los que se negaba el riesgo), el Estado debe intervenir mediante legislación y, a veces, con empleados públicos, como los notarios, para equilibrar las fuerzas evitando abusos de posición dominante por parte del vendedor. Por extensión, toda la legislación en defensa de los consumidores se podría incluir en este apartado aunque todavía se encuentre muy alejada de lo que necesitamos, ya que vivimos en una sociedad basada en el consumo pero en el desprecio a los consumidores por parte de sus proveedores de bienes y, sobre todo, de servicios.

Dejando para más adelante la discusión sobre el origen de la reciente crisis de sobreendeudamiento —en la que tan determinantes han sido los bancos mundiales y, en general, los mercados financieros internacionales, en parte desregularizados al estar domiciliados en paraísos fiscales y no consolidar con el balance de las casas matrices cuando las había—, parece establecido que existen entidades financieras que han sido consideradas por los gobiernos de la UE siguiendo una recomendación del G20, «sistémicas» y que requieren una supervisión especial por parte del Estado —mediante los bancos centrales—, que, por otro lado, se compromete a apoyarlas, incluso con dinero, si entran en dificultades que puedan afectar a la estabilidad del sistema (depositantes y acreedores).

De todo lo anterior quiero extraer dos conclusiones de gran trascendencia: en primer lugar, que existen fallos reconocidos del mercado que sólo pueden corregirse mediante intervención pública; y, en segundo lugar, la constatación de que estos fallos se producen y los corrige la intervención pública, algo sólo posible porque de alguna manera el todo es más que la suma de las partes, y quienes se ocupan de las partes, familias y empresas, no pueden hacerlo también del todo, que requiere un agente social, el Estado, con funciones, tareas y encomiendas diferentes a las de los otros agentes económicos.

Esta dualidad entre las razones de ser de unos y del Estado será luego fundamental para justificar la política económica anticíclica, como veremos, y para desmontar esa frase hecha, tan del gusto de algunos como errónea, de que el Estado tiene que comportarse como el buen padre de familia o como el buen empresario. Pues no. Precisamente su función es no comportarse igual, sino distinto, ya que cada uno tiene una tarea social diferente aunque complementaria.

Si sumamos las «tres, más tres, más dos» razones que definen aquellos supuestos en que una intervención estatal está justificada porque mejora el funcionamiento de la economía de mercado, el espacio disponible para dicha presencia estatal es tan amplio como variado, ya que a veces será mediante una regulación legal seguida de supervisión y sanción, en otras fijando precios públicos, en otras más mediante tasas y subvenciones, y todavía en otras mediante concesiones y producción directa a través de la administración o de empresas públicas. De hecho, la producción directa de bienes y servicios por parte del Estado español representa un 13 por ciento del PIB, mientras que la participación del gasto público está en el entorno del 45 por ciento del PIB (ambas en línea con los países de la OCDE)

Esto es importante recordarlo porque no podemos analizar el impacto de la actividad estatal en la economía sólo desde los presupuestos del Estado, sino también desde la multitud de normativas, requisitos y exigencias que enmarcan las decisiones privadas para canalizarlas mejor en una sociedad democrática. Si una ley prohíbe emitir CO2 u obliga a depurar todos los residuos industriales contaminantes, su impacto sobre costes, precios y decisiones de productores y consumidores será tan grande, o mayor, que si los presupuestos suben o bajan el impuesto tal o la tasa cual.

De la misma manera, el funcionamiento diligente o no del aparato administrativo que traslada las decisiones estatales hacia individuos y empresas tiene un elevado peso sobre la marcha del conjunto de la actividad económica. El desempeño de un país se verá afectado de forma negativa si para resolver asuntos administrativos de trámite, pero imprescindibles, los trabajadores deben ausentarse del puesto de trabajo durante horas, en lugar de hacerlo desde casa por internet, como ya es posible en la inmensa mayoría de los casos. Como no es lo mismo que una denuncia por mala práctica profesional se resuelva extrajudicialmente en dos meses o en dos años o que un expediente de suspensión de pagos en un juzgado quede cerrado en seis meses o en seis años. Ningún Estado puede funcionar sin una administración y unos empleados públicos. Pero la contribución de éstos al desempeño general de las cosas será más o menos positiva según funcione de acuerdo con principios de eficacia, eficiencia y simplicidad, asuntos que las nuevas tecnologías facilitan mediante lo que ha dado en llamarse e-administración, cuya contribución a la productividad global del sistema no podemos despreciar.

Pero las ocho razones mencionadas arriba para justificar una intervención estatal en mejora del desempeño económico del mercado no son las únicas que se pueden encontrar, en la realidad, para la intervención estatal en una economía moderna de mercado que suele dejar que el sector público gestione alrededor de la mitad de su riqueza anual, lo cual es mucho. Hay que añadir, además, el hecho constatado por Samuelson de que «la democracia es el sistema de reaseguro mutuo más importante que se haya inventado jamás»: seguro de educación, enfermedad, desempleo y jubilación garantizados, cuatro pilares de actuación estatal, identificados en Europa con el llamado Estado del Bienestar, impulsado por la socialdemocracia tras la segunda guerra mundial como una manera de reducir salarios monetarios en la fábricas pero compensándolos mediante salario social en especie financiado mediante impuestos progresivos que introducían en la ecuación el elemento de redistribución de renta.

Responsabilizar al Estado de todo esto significó convertir en derechos de ciudadanía para todos —situándolos fuera de la lógica del mercado, financiados mediante impuestos, ofrecidos en función de las necesidades y sin precio en el momento del uso— muchos bienes y servicios que, alternativamente, podrían haberse ofrecido en el mercado pero sólo para quienes tuviesen dinero para comprarlos al precio fijado. Hacerlo así fue posible porque, salvo en Estados Unidos, se impuso un criterio político —derechos e igualdad— sobre el principio de la maximización de beneficios de la economía de mercado, sin que ello signifique que la garantía pública de estos bienes no deba proveerse desde las mayores exigencias de eficacia e, incluso, mediante adjudicación a empresas privadas, que actuarían dentro de la lógica pública. Una parte importante del exceso de gasto constatable en los actuales presupuestos públicos, que ha llegado incluso al despilfarro, tiene que ver no tanto con cuestiones de titularidad sino con fallos en la gestión de lo público, al carecer de incentivos adecuados y de mecanismos de control y evaluación de eficiencia, no de legalidad.

El Estado y la macroeconomía

Ya hemos apuntado en capítulos anteriores los dos papeles fundamentales que el Estado desempeña, tanto por el lado de la creación de riqueza (función de producción) como por el de su empleo. Aunque desarrollaremos este segundo, no quiero dejar de señalar la importancia creciente que se le está dando al primero, incluso como parte de la explicación del crecimiento de los países o, dicho de otro modo, como razón por la que algunos continúan en el subdesarrollo: por fallos en sus gobiernos y en sus instituciones, corruptas y violentas en la mayoría de los casos.

De momento conviene que sepamos que cuando hablamos de buen gobierno, administración eficiente, transparencia gubernamental, buen funcionamiento de la justicia, combatir el fracaso escolar, reducir la carga administrativa sobre ciudadanos y empresas o una buena regulación con pocas leyes pero claras y que se cumplan, estamos hablando de crecimiento económico y no sólo de democracia.

Otra parte del factor institucional sobre el desarrollo tiene que ver con cuestiones como que el país funcione, la gente cumpla los compromisos, existan horarios ciertos o nadie cuestione la propiedad de uno. Y con una estructura empresarial que promueva la productividad, o aún mejor: promoviendo la participación comprometida de los trabajadores.

Por el lado del empleo de la riqueza ya vimos que el Estado participa mediante sus impuestos (T) y el conjunto de su gasto (G).

Y = C + I + (T – G)

La diferencia entre ingresos (T) y gastos (G) públicos nos proporciona el saldo presupuestario, que puede ser equilibrado: se gasta lo mismo que se ingresa; con déficit: se gasta más de lo que se ingresa; o con superávit: el gasto es inferior a lo que se ingresa.

Conviene destacar que desde el punto de vista de la demanda agregada, sólo en el caso de equilibrio (por el efecto de redistribución que tienen los impuestos y el gasto, con multiplicador neto positivo) y, sobre todo, en el de déficit, el impacto estimula un crecimiento de la riqueza (Y). Mientras, el superávit presupuestario, desde este punto de vista, es contractivo y empobrece al país al retirar el Estado del sector privado más recursos a través de los impuestos que lo que devuelve vía gasto. Otra cosa es que aproveche ese ahorro público, como veremos, para reducir deuda pública acumulada o que, entonces, rebaje impuestos para eliminar el superávit.

Si esto es así, surgen dos preguntas inmediatas: si tener déficit público hace crecer la economía, ¿no hemos encontrado el huevo de Colón del crecimiento continuo mediante déficit públicos crecientes? ¿Por qué nos parece tan malo y nos obligamos por leyes como el Tratado de Maastricht, o a veces mediante reformas en la Constitución, a reducirlo hasta unas cifras razonables o, incluso, cero?

La idea sobre una posible bondad del déficit público, siquiera condicionada a situaciones excepcionales de crisis graves, apenas surge tras la Gran Depresión de 1929 y siguientes, de la mano de políticos como Roosevelt y economistas como Keynes, incapaces de encontrar en los estrechos marcos teóricos y políticos de la economía hasta entonces ortodoxa ni una explicación a una realidad que, según el modelo, era imposible que ocurriera, ni mucho menos una solución práctica para el inmenso desempleo que vivió el mundo en la década de 1930 y que terminó con la segunda guerra mundial, previos ascensos de Hitler y Stalin al poder.

Pero incluso el conservador lord Keynes apuntó que el recurso al déficit público para estimular la actividad económica cuando la economía privada se encontraba gripada por una crisis sólo debía ser una cuestión transitoria desde la que había que regresar al equilibrio una vez superada la crisis. La razón es muy obvia, incluso hoy en día: para gastar lo que no se tiene (y eso es un déficit público) hace falta obtenerlo de algún sitio. Y sólo hay dos candidatos a corto plazo: el Banco Central, que imprime moneda con la que compra la deuda pública, haciendo subir la M de manera artificial y provocando una inflación; o pedirlo prestado, en forma de títulos de deuda, a cambio de un módico interés. En suma, un déficit público disparado provoca estos dos efectos negativos que actúan como freno: inflación o endeudamiento creciente.

La paulatina asunción de tareas por parte del Estado en las democracias occidentales —especialmente su utilización para contrarrestar el ciclo económico derivado de la inestabilidad intrínseca del sector privado de la economía, como veremos en otro capítulo— llevó a diseñar unos mecanismos estabilizadores automáticos en sus presupuestos, que vinculaban el déficit público con la evolución al alza o a la baja de la economía. Unos impuestos progresivos, cuya recaudación sube proporcionalmente más cuanto más crece la renta y viceversa, ayudan a enfriar el consumo privado. De la misma manera que gastos, como el seguro del desempleo que crecen cuando hay paro y bajan cuando se crea empleo, ayudan a estabilizar el consumo agregado. Si todo el déficit público existente proviniera de estos estabilizadores vinculados a la crisis, se eliminaría cuando regresara la fase alcista del ciclo. Pero no es así. Hay muchos gastos públicos fijos, inflexibles al ciclo, y con tendencia a aumentar de manera autónoma (como los de sanidad o pensiones) que sitúan la preocupación por el crecimiento del déficit público en el lugar que se encuentra.

Tengamos en cuenta que un «modesto» déficit del 2 por ciento del PIB anual, por debajo del tope de Maastricht, significa que en diez años la deuda pública que necesitamos que nos presten y nos refinancien ha subido 20 puntos. Pero la deuda pública no proviene sólo de los déficit acumulados sino que hay partidas de gasto público que se financian directamente con empréstitos, como las grandes obras públicas o los programas de defensa. Con todo ello, a lo largo de los años, la media de la deuda pública de los países de la Eurozona se sitúa por encima del 100 por ciento de su PIB; es decir, deben más que el conjunto de toda su riqueza anual. Eso es mucho dinero. Dinero que deben obtener de los mercados financieros a fuerza de pagar suculentos tipos de interés que, a su vez, recargan su gasto presupuestario anual en decenas de miles de millones de euros.

Si nadie hace nada por evitarlo y las circunstancias ayudan, una situación de déficit y endeudamiento creciente encuentra el momento explosivo cuando todos los incrementos de recaudación impositiva anual y todos los recortes de gasto no llegan ni para pagar los intereses crecientes de la deuda. En ese momento, el déficit sube impulsado sólo por los pagos de intereses por los déficit pasados.

Establecer reglas objetivas que obliguen a poner freno al deslizamiento del déficit y de la deuda por una espiral creciente autoalimentada parece, pues, razonable, aunque no sea necesario introducirlo como enmiendas constitucionales, ya que normas vinculantes como las derivadas de la legislación europea del euro (3 por ciento déficit, 70 por ciento PIB deuda) son más que suficientes si hay voluntad para hacerlo.

Sin llegar a estos límites extremos, muy vinculados a situaciones desestructurantes como una grave crisis generalizada, ha habido mucho debate sobre las supuestas bondades o no, incluso, de una cifra moderada de déficit público y de su impacto efectivo sobre el crecimiento económico.

Durante muchas décadas, los expertos han señalado que no todo el déficit es igual, ni puede ser tratado igual. Existe el déficit coyuntural, fruto de la evolución del ciclo económico como hemos visto, y otro estructural, como consecuencia de unos compromisos estatales de gasto, a veces derivado de leyes, no compensado por ingresos igualmente estables. Como también existe el déficit «bueno», atribuible a gastos de inversión que no pueden pagarse al contado (como hacen las familias cuando compran su vivienda o las empresas cuando invierten, que se endeudan) y el déficit «malo» fruto de gastos y transferencias corrientes.

Incluso ha habido quien ha cuestionado el impacto positivo del déficit sobre la actividad, incluso a corto plazo, mediante dos enunciados teóricos cuya evidencia empírica es bastante confusa: quienes dicen que la deuda que financia gasto o inversión pública que anima la actividad de manera artificial es dinero no disponible para que el sector privado consuma o invierta de verdad, por lo que se produce un efecto expulsión y sustitución que se neutraliza en el impacto agregado sobre el crecimiento de la Y (efecto crowding out). Otros dicen que cuando los ciudadanos ven que hay déficit público (que sube la demanda agregada) ya saben que más pronto o más tarde vendrán subidas impositivas para financiarlo. Entonces, el «homo economicus» racional que define la teoría económica se pondrá a ahorrar ahora para poder pagar la futura subida impositiva. Con ello reducen el consumo tanto como lo aumenta el gasto público (equivalencia ricardiana).

El último ataque al gasto público y a lo que defiende la corriente principal de la economía se centra no tanto en negar el impacto positivo sobre el crecimiento de un déficit público moderado y adecuado a la coyuntura, como en intentar demostrar que, antes bien, es la reducción del déficit lo que resulta expansivo sobre la actividad, ya que genera confianza en los inversores privados. En algún contexto (deuda mayoritariamente pública, elevados tipos de interés, financiación bancaria disponible) es posible que se puedan dar episodios de efectos expansivos de una contracción presupuestaria. Pero no, de momento no es la norma general, como vemos cada día cuando los duros planes de ajuste del gasto público de los países del euro para reconducir a la baja sus déficit están sumiendo a éstos en unas recesiones inducidas sin precedentes en las que preocupa la presencia de un círculo vicioso entre reducción del gasto, recesión económica, retrocesos de los ingresos públicos vinculados a la actividad, más déficit, y vuelta a empezar.

Si desglosamos el consumo y la inversión según agentes ejecutantes, podríamos reescribir la fórmula inicial, sin sector exterior, de la siguiente manera:

Y = (Cpr + Ipr) + (Cp + Ip)

Es decir, el consumo y la inversión privada (descontados los impuestos y sumadas las transferencias públicas) por un lado, y el consumo y la inversión pública por otro. A partir de ahí:

Y = (Cpr + Cp) + (Ipr + Ip)

Lo que nos permite señalar, también, las interacciones que se generan entre público y privado. Por ejemplo, el sueldo de los empleados públicos se gasta en la adquisición de bienes privados, como las compras de la administración se hacen a proveedores privados, como una parte de la inversión pública contrata a empresas privadas por lo que, en muchos casos, inversión y consumo público y privado caminan juntos y en la misma dirección un largo trecho.

Hablando de impuestos...

En el edificio de la Agencia Tributaria estadounidense consta la frase del médico y poeta liberal Oliver W. Holmes: «Los impuestos son el precio que pagamos por la sociedad civilizada». Sin embargo, si algo ha provocado debates políticos enconados y serios enfrentamientos sociales a lo largo de la historia han sido los impuestos. En la época medieval sólo se convocaban Cortes para aprobar nuevos tributos y en el origen de la independencia estadounidense se encuentra la negativa de los colonos a seguir pagando impuestos a la Corona británica, sin tener reconocido el derecho de representación en el Parlamento que los decidía.

Cuando hablamos de impuestos, estamos lejos de hacerlo de algo técnico, como podría ser el trazado más adecuado para una nueva carretera. Como en toda cuestión económica hay asuntos técnicos que deben respetarse. Pero en los debates sobre impuestos se concentra mucha más carga ideológica que en ninguna otra parte de la economía, salvo tal vez el mercado laboral. Ideas como el efecto desincentivador de los impuestos sobre la actividad económica, la vinculación inevitable entre globalización y desfiscalización de las rentas de capital, la teoría de la doble imposición cuando se grava las rentas (nuevas) del ahorro o que la política social se hace desde el gasto y no desde el ingreso son afirmaciones profundamente ideológicas surgidas en ámbitos académicos conservadores que nunca se han podido demostrar de manera inequívoca desde un punto de vista científico.

Reconocer el carácter ideológico de los impuestos no significa negar la necesidad de adaptar, con pragmatismo, su concreción a la realidad de la evolución económica o al estado anímico general de una sociedad que tiende a comprimir al ciudadano que vota, en la categoría de contribuyente. Pero no nos hagamos trampas en el solitario. Decidir que todos los ciudadanos son iguales ante los impuestos o que unos son más iguales que otros no es un problema instrumental.

Excluir del debate económico, y sobre todo fiscal, las posiciones ideológicas, reconvertidas en eficacia técnica, ha formado parte del proyecto de algunos académicos conservadores empeñados en eliminar la aspiración por reducir las desigualdades sociales. Y se empezó por argüir que lo importante no era cómo se obtenían los ingresos, sino cómo se distribuía el gasto público para acabar, después, proponiendo también un reparto lineal de éste.

Ambas cosas son una falacia, ya que tan importante es conseguir que contribuya más el que más tiene como que se ayude más a quien más lo necesita, y ello exige mantener principios de progresividad en los tributos y de redistribución en los gastos. Siempre que una ideología política persiga la reducción de las desigualdades sociales injustificadas tendrá que pedirle más al que más tiene, para darle más al que menos tiene, por lo que contribuir a escote o recibir linealmente, a tanto por uno, es ajeno a dicho objetivo. Así de claro.

Tanto que nuestra Constitución dice en su artículo 31 que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica», sobre la que influyen varias cosas, pero de manera destacada dos: los ingresos anuales y la riqueza acumulada. Por tanto, en igualdad de condiciones, para que se cumpla el mandato constitucional deberemos diseñar un sistema tributario que en conjunto haga contribuir proporcionalmente más a quienes más ganan y más tienen.

Por lo tanto, debemos hilar un poco más fino, porque ni todas las rentas ni todas las riquezas son iguales desde un punto de vista económico y social. Hay rentas ganadas mediante el trabajo personal mientras que otras se obtienen sin ese esfuerzo presente. Por otro lado, dentro del patrimonio se mezcla el resultado de nuestro propio ahorro a lo largo de la vida con el caído del cielo sea en forma de herencia o de revalorización especulativa de nuestra vivienda o de acciones bursátiles.

Parecería razonable gravar proporcionalmente más aquellas rentas anuales y riqueza acumulada obtenidas por el sujeto sin esfuerzo personal que aquellas rentas y riqueza que son fruto del trabajo propio. Un sistema tributario así diseñado no sólo sería más justo desde el punto de vista de la igualdad social, sino que sería más productivo al estimular el valor del trabajo, la iniciativa productiva y la igualdad de oportunidades, frente al pelotazo, la herencia o la riqueza no ganada, derivada de algo tan aleatorio como la suerte.

En paralelo, para reducir desigualdades e incrementar las oportunidades de los menos favorecidos por la fortuna, el gasto público debería, junto con derechos generalizables para todos como la sanidad o la educación, concentrar sus esfuerzos en aquellos sectores sociales con menos ingresos y menos riqueza. Y, de manera especial, en aquellos que tienen tan poco de ambas cosas que ni siquiera llegan al mínimo exigido para presentar la declaración de renta y que se ven excluidos cada vez que definimos una ayuda social (deducciones por hijos, mínimo vital, etc.) a través de un instrumento como el IRPF (impuesto de la renta sobre las personas físicas).

Así planteado, el abanico de posibilidades a la hora de encontrar instrumentos técnicos que consigan reflejar estos principios es amplio. Y el debate en torno a ellos, o sobre los objetivos mismos, debería reflejar posturas diferentes en defensa de los intereses sociales de unos frente a otros.

En un debate serio sobre impuestos hay que tomar, al menos, cuatro decisiones cargadas de ideología si por tal entendemos una concepción determinada sobre los principios que organizan y articulan una sociedad democrática: cuántos impuestos se pagan, quién los paga, sobre qué se paga, cómo se paga. Por el cuánto me refiero al nivel que representan sobre la riqueza nacional e individual, es decir, la presión fiscal global y los topes personales para evitar que sean expropiatorios. Lo primero depende del nivel global de gasto que hay que financiar y de la marcha de la economía, porque las principales figuras tributarias modernas evolucionan con la renta anual. Mantener una presión fiscal en España por debajo de la media europea es una decisión política y no técnica, que condiciona las políticas de ajuste en el gasto público cuando, como ahora, hay problemas con el déficit público.

Decir quién paga impuestos tampoco es una cuestión técnica o instrumental. Al menos en tres ámbitos. Primero: la lucha contra el fraude fiscal reduciendo posibilidades legales de elusión. Segundo: acotando la obligación de declarar a partir de determinado nivel de renta, lo que facilita la gestión pero deja fuera a muchos ciudadanos que pierden así su condición constitucional de contribuyentes. Y tercero: decidir si pagan los usuarios de los servicios públicos (metro, sanidad o carreteras) mediante precios públicos o el conjunto de ciudadanos mediante impuestos.

Acordar qué hechos imponibles se gravan con impuestos es otra decisión profundamente ideológica. Recordemos que hasta la democracia, en España, existían impuestos de producto que se cargaban sobre los factores productivos, y hacerlos recaer sobre resultados (renta personal o societaria) expresa toda una concepción política sobre lo que debe ser una sociedad. Imponer que todas las rentas paguen lo mismo, provengan del capital, del trabajo o de la herencia, no es una cuestión instrumental, sino profundamente ideológica. Porque la carga tributaria no se reparte socialmente de la misma manera si dejamos que las rentas del capital o el patrimonio no tributen o preferimos que suba la tributación del consumo, respecto a la de la renta.

Por último, arbitrar cómo se pagan los impuestos tampoco es instrumental, sino que forma parte de una concepción ideológica de la sociedad. Decidir hasta dónde debe llegar la progresividad del sistema tributario afecta al grado de compromiso con la equidad que se tenga, heredado de la importancia relativa que se atribuya a este principio de articulación social. Como afectan también al mismo principio las decisiones sobre deducciones, desgravaciones, exenciones, si son en la base imponible o en la cuota, etc. Porque cada una de estas decisiones altera el reparto social de la carga.

El impacto de los impuestos sobre la conducta y las decisiones de los ciudadanos y empresas es objeto de amplia discusión entre los expertos, sin que un consenso basado en evidencias empíricas concluyentes haya sido posible hasta la fecha. Mi impresión, no obstante, es que para que una medida tributaria tenga impacto modificando alguna conducta o decisión tomada, debe ser de gran magnitud y persistencia.

Resulta difícil defender que alguien se haya comprado una vivienda, o haya efectuado determinada inversión o contratación, gracias a la existencia de una ayuda fiscal. Antes bien, se toma la decisión por otras razones y luego intentamos optimizarla aprovechando el catálogo disponible de beneficios tributarios. De esta forma se abarata el coste de ciertas decisiones, pero difícilmente podremos inducirla. Si esto es así, buena parte del debate tributario se agota en piruetas académicas (como la curva de Laffer) y la mayor parte de los gastos fiscales que en forma de deducciones y desgravaciones se aplican no resisten el menor análisis de utilidad real.

Con todo, el debate menos frecuente y más interesante es, sin duda, el de la legitimidad. El Estado extrae recursos a los ciudadanos de manera obligatoria para atender necesidades sociales. En democracia para poder hacerlo de manera legítima tiene que atender a tres principios: que todos paguen, que lo hagan en función de sus posibilidades y que se demuestre que esos recursos se gastan bien, en políticas conocidas y eficaces que consigan los fines previstos y anunciados.

Estas tres cuestiones han estado detrás del fenómeno que podemos llamar la rebelión de los ricos y que, de manera creciente en la última década, está condicionando el debate sobre el Estado: los más ricos (colectivos o territorios) se rebelan contra las políticas redistributivas y solidarias que supuestamente no les benefician a ellos, exigiendo limitar sus aportaciones a la colectividad. Los ricos ya no quieren seguir aportando tanto dinero a la caja común y, para hacer más presentable su postura, la vinculan a supuestas o reales ineficiencias de lo público y sus políticas. Ese fenómeno lo vemos detrás de las críticas a impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, peticiones para rebajar tarifas en el IRPF o, incluso, en movimientos como el de la Liga Norte en Italia, algunos planteamientos sobre el Pacto Fiscal en Cataluña o protestas alemanas sobre el justo retorno de sus aportaciones al presupuesto comunitario.

Una Administración invisible

El aparato instrumental del Estado a través del cual ejerce sus competencias es la Administración. La mejor Administración no es la que no existe, sino la que no notas que existe. Creo que es bueno partir del reconocimiento de que en sociedades complejas como las nuestras una Administración Pública es imprescindible si queremos garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y libertades decididos por los ciudadanos mediante el proceso político democrático. A partir de ahí debemos y podemos aspirar a un marco normativo y un diseño instrumental del aparato administrativo del Estado que sea transparente en el sentido de que cumpla sus funciones con eficacia, pero sin molestar a los ciudadanos, por ejemplo, con peticiones de información que ella misma tiene: es absurdo que para cualquier trámite, desde casarse hasta solicitar una beca, una parte de la Administración pida a los ciudadanos que aporten documentos que tiene y proporciona otra parte de la Administración, en lugar de «hablar» entre ellas directamente sin que el ciudadano tenga por qué conocer los procedimientos internos.

Este imperativo de coordinación eficiente es especialmente exigible en España, donde en pocos años hemos pasado de tener un Estado con una Administración, a seguir teniendo un Estado pero de las Autonomías, es decir, organizado en diecisiete Administraciones más la central.

Algo tan incontrovertible como eso requiere asumir varios principios funcionales muy diferentes a los que suele aceptar la actual burocracia y proceder a profundas transformaciones organizativas y normativas para poderlo llevar a la práctica. Entre los principios sobresalen dos. Primero: que para los ciudadanos todas las Administraciones (central, autonómica, local, europea) son la misma cosa y, por tanto, deben actuar como un todo articulado, aprovechando las posibilidades que proporcionan las nuevas tecnologías para hacer correr a los bits por la red en lugar de a los ciudadanos de una ventanilla a otra. Segundo: en democracia, el poder lo tienen los ciudadanos y no los funcionarios, por lo que todo debe adaptarse para que los primeros puedan ejercer con comodidad sus derechos, incluidos el de buen gobierno y el de no ser molestados innecesariamente por causa de carencias organizativas subsanables de las Administraciones.

Mediante la aplicación, en serio y con todas sus consecuencias, de estos dos sencillos principios se pueden poner en marcha profundas dinámicas de cambio y de reformas que, como bolas de nieve rodando ladera abajo, conduzcan a que en poco tiempo veamos transformaciones progresivas, aunque significativas e irreversibles, en nuestras Administraciones.

Para mucha gente, el resultado social que se obtiene del funcionamiento del sistema económico actual, basado en la propiedad privada de los medios de producción y en decisiones económicas adoptadas según la obtención del mayor beneficio económico posible, no es moralmente deseable, aunque pueda ser eficaz. Incluso los defensores de la economía del mercado tenemos reparos en vivir en una sociedad de mercado, donde todo tiene precio y el valor de las personas se determina por su aportación económica al colectivo. Sobre todo cuando no podemos evaluar el desempeño individual de cada uno, sin tener en cuenta las condiciones de partida y de desarrollo de las oportunidades reales que cada uno ha tenido y tiene para poder aportar, efectivamente, a la sociedad en función de sus capacidades.

Nuestras estructuras sociales determinan una desigualdad inicial de oportunidades para los individuos, ya que la decisión fundamental que más incide sobre su desempeño posterior —la familia, el país o la cultura en que nace— es fruto del azar y no la decide nadie. Alguien debe corregir o, cuando menos, moderar las desigualdades de partida no imputables a los individuos, mediante políticas que remuevan obstáculos y tiendan a equiparar las condiciones de partida de los individuos concretos, más allá del grupo en el que han nacido. El Estado, cuando impone impuestos sobre la herencia o impulsa una educación obligatoria y políticas de becas, está actuando en la dirección de acercarnos a una mínima igualdad de oportunidades real.

Por otro lado, a lo largo de la vida, los individuos se enfrentan a desigualdades que no proceden de su actuación sino de un contexto social sobre el que no tienen capacidad de actuación. Por ejemplo, la distribución primaria de renta entre trabajo y capital no está afectada sólo por la contribución de cada factor productivo a la producción, como dice la economía ortodoxa, sino que depende y mucho de elementos sociales exógenos, como son los derechos de propiedad y herencia.

En ese sentido, impuestos sobre las rentas no ganadas mediante el trabajo sino mediante la especulación, o políticas sociales, salario en especie, como sanidad, educación o pensiones públicas, financiadas por tributos progresivos en los que pague más quien más tiene, son mecanismos que, sin desincentivar los esfuerzos y la responsabilidad individual, ayudan a corregir situaciones injustas que afectan a los ciudadanos por razones ajenas a su voluntad, a su capacidad y a su esfuerzo.

Y cómo hacer este tipo de políticas no es sólo una cuestión de moral privada (corrección de desigualdades injustas o ayuda al que no puede), sino que afecta al bienestar del conjunto de la sociedad, el Estado debe encargarse de ello en forma de derechos sociales derivados de vivir en una sociedad justa en la que merezca la pena vivir y no sólo dejarlo a la actuación individual, siempre voluntaria y cercana a la caridad.

Aunque la experiencia ha demostrado que también existen «fallos del Estado», frente a los que debemos estar prevenidos reforzando la rendición de cuentas, la transparencia y la evaluación permanente de las políticas públicas y su eficacia, el Estado es el único agente social con capacidad y legitimidad suficiente para poder llevar adelante este tipo de políticas correctoras que aproximan el modelo económico que tenemos al tipo de sociedad que deseamos.

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Economía de países abiertos: el sector exterior

El concepto tradicional de nación parece que se está quedando, cada vez más, para los Juegos Olímpicos, la historia y las Naciones Unidas. La interrelación derivada de la apertura de fronteras a los intercambios económicos con otros países ha sido el primer paso de una globalización que afecta, incluso, a la soberanía nacional tal y como la entendíamos hace cincuenta años y sobre la que volveremos en otro capítulo.

Baste señalar aquí que la economía de un país abierto al exterior funciona igual que otra no abierta, pero con algunas particularidades muy importantes que veremos en este capítulo. De manera destacada y como ya apuntamos antes, todo lo que se produce en el país no tiene por qué consumirse en el país (exportaciones), ni todo lo que se consume tiene que ser producido allí (importaciones), como tampoco la relación entre ahorro e inversión es la misma si podemos colocar parte de nuestro ahorro en el exterior o pedir fuera dinero para invertir que no tenemos en el país.

Esta posibilidad, conseguida de manera lenta a lo largo de las últimas décadas mediante sucesivas rondas de negociaciones comerciales entre países y bloques, altera la manera en que actúan los agentes económicos, incluido el Estado, modificando alguna de las cosas de política económica que hemos visto, ya que en una economía abierta el total del gasto realizado no es necesariamente igual a la producción nacional, como tampoco el ahorro es necesariamente igual a la inversión. Eso abre muchas más posibilidades económicas de actuación, todas ellas con consecuencias que veremos.

Si recordamos la fórmula básica inicial:

Y = C + I + G + XN

Donde XN representa el saldo neto de intercambios de bienes y servicios con el exterior (balanza comercial + servicios = balanza por cuenta corriente); es decir: Exportaciones (X) – Importaciones (M). Podemos definir el grado de apertura de una economía como el cociente:

X + M / Y

a la vez que podemos escribir la fórmula de arriba de la siguiente manera:

XN = Y – (C + I + G)

Donde llamaremos a lo que está dentro del paréntesis gasto interior, y en la que Y será el total de la producción nacional y XN el saldo exterior neto. A partir de esa expresión, parece claro que si:

C + I + G > Y, entonces XN < 0

Es decir, si el total del gasto interior de un país es superior a lo que produce ese país, la diferencia sólo se puede traer de fuera, lo que proporciona un saldo exterior negativo (entra más de lo que sale). A veces, como ocurrió en Estados Unidos bajo mandato de Reagan, pero no sólo allí ni entonces, el origen del desequilibrio lo provocó no el consumo del sector privado sino un enorme déficit público (G), que arrastró a un mayor déficit comercial en lo que se llamaron los déficit gemelos.

Esa situación responde a una de las muchas en las que se aplica la frase «vivir por encima de sus posibilidades»: un país como el de arriba consume (incluyendo consumo en bienes de inversión) más de lo que tiene y por eso lo trae de otros países, lo que provoca un déficit en su balanza por cuenta corriente.

Fíjense que hablamos de suma total agregada. Puede ser —y de hecho es la situación más frecuente— que un país cuyo gasto interior es menor que su producción total (C + I + G < Y) y, por tanto, tiene superávit con el exterior (XM > O), importe, no obstante, mercancías o servicios que no tiene o que le resultan mejor o más baratos fuera. De hecho, cuando miramos los productos que realmente se importan y los que se exportan, con mucha frecuencia aparecen los mismos en ambos lados: importamos zapatos o turismo, pero también exportamos zapatos y turismo. A este fenómeno se le llama comercio intraindustrial y refleja dos cosas: la sofisticación que ha alcanzado la demanda de consumo en todas partes y que en realidad, aunque los denominemos igual, se pueden considerar productos distintos, ya sea por precio, marca o calidad. He puesto el caso del turismo por obvio: no es lo mismos venir al Prado (Madrid) que ir al Louvre (París), igual que para mucha gente no es lo mismo un vino español que otro francés, o unos zapatos de Alicante y otros italianos, y si tienen capacidad de elección pueden preferir uno, otro u ambos, sólo que algunos de ellos requieren moverse entre países y contabilizarse como exportaciones o importaciones.

Durante décadas se podía saber el nivel de desarrollo de un país por el tipo de mercancías que exportaba e importaba. Hoy, sin ser tan determinante, sigue siendo de gran ayuda. Por ejemplo, si un país exporta materias primas e importa alimentos básicos, lo normal es que esté en fase atrasada de desarrollo. Pero si lo que exporta es petróleo en cantidad, puede estar poco desarrollado por razones institucionales internas, pero eso no significa que sea pobre.

La masiva presencia de empresas globales con plantas de producción en muchos países ha incrementado el volumen de comercio entre ellas cuando pueden parcelar la fabricación en distintos lugares y ensamblarla en un mismo sitio. España importa componentes de automóvil y determinados automóviles, y exporta otros automóviles junto con nuevos componentes.

Pero volvamos al punto inicial: cuando compramos fuera más mercancías de las que producimos internamente generando un déficit exterior, la pregunta es obvia: ¿quién lo paga? Si recuerdan, en el modelo de una economía cerrada, el ahorro total (S) tenía que ser igual a la inversión total realizada por el país (I) salvo situación de crisis. Pues bien, al abrir la economía también se nos abren posibilidades de colocar nuestros ahorros fuera o de pedir prestado al exterior para financiar nuestra inversión si creemos que nuestros ahorros internos resultan escasos. Es decir, en una economía abierta existe la posibilidad de que:

S > I, en cuyo caso el país es prestamista neto del exterior, o

S < I, en cuyo caso, el país será prestatario neto del exterior, es decir, deudor.

Pues bien, con unas simples operaciones veremos que:

XN = Y – (C + I + G) se puede transformar en XN = (Y – C – G) – I

Y dado que lo que figura en el nuevo paréntesis es, en realidad, el ahorro (lo que se produce menos lo que se consume), podemos expresar lo de arriba así:

XN = S – I

Por tanto, un país con déficit comercial (XN < 0) es un país prestatario neto (S – I < 0), es decir, deudor, porque necesitará que le financien desde fuera esa capacidad de consumo excedentario que tiene.

Esto no debería sorprendernos, ya que si el consumo de un país excede su producción, su ahorro tendrá que ser pequeño o inexistente. Sin embargo, establece una conexión entre balanza comercial y balanza de capitales, que no siempre es evidente a simple vista, a la vez que permite concluir que sólo se puede vivir por encima de las posibilidades si alguien lo financia. O mejor dicho: mientras alguien lo financie.

Se podría pensar, con lo ya conocido hasta aquí, que los países más pobres serían los que, por su menor capacidad de ahorro vinculada a una riqueza de subsistencia, serían los prestatarios normales en el sistema internacional, ya que necesitan préstamos y donaciones exteriores para invertir lo suficiente como para hacer crecer su economía. Y así es. Pero el mayor deudor del mundo es Estados Unidos, que consigue mantenerse en esa posición desde hace tiempo gracias a la peculiar posición mundial de su moneda, el dólar, así como a su gran solvencia como el país más rico del mundo. Otros países deudores han tenido menos suerte y, de vez en cuando, se plantea una crisis de deuda externa como la que se desató en México en 1982, cuando dijo que no podía seguir pagando los intereses de la deuda y mucho menos devolver el principal, lo que dio lugar a una década marcada por fuertes ajustes en toda América Latina, por fuertes pérdidas en las entidades que habían prestado, a veces, sin demasiada seriedad y por importantes ayudas multilaterales, porque en una economía tan interrelacionada la caída de una ficha del dominó amenaza con arrastrar al conjunto.

Cuando un país ha caído en el endeudamiento externo excesivo sólo tiene una cosa que hacer: conseguir ahorrar mediante un crecimiento de su riqueza (Y) superior a su gasto interior (C + I + G) para poder devolver lo prestado. Eso significa importantes planes de ajuste y austeridad continuados en función de la gravedad de su situación.

Esa realidad debe estar siempre presente ante cualquier medida interna que adoptemos, pues ahora en una economía abierta cualquier cosa destinada a incrementar el consumo o la inversión —como, por ejemplo, una subida salarial, mayor gasto público o un programa de infraestructuras— ya no tendrá impacto sólo en la riqueza nacional, sino que vía importaciones se filtrará al exterior, lo que beneficiará de forma involuntaria a sus socios. Por eso, muchos economistas predican que planes de estímulo y reactivación de la economía sólo tienen ya sentido en marcos geográficos superiores al viejo Estado-nación, por lo que se necesita abarcar a la UE o al G20.

La apertura de una economía tiene efectos muy positivos, siempre que no cometamos excesos, ya que los intercambios mejoran nuestro bienestar. No es sólo que accedamos a bienes y servicios de los que no disponemos dentro de nuestras fronteras, sino que incrementar la competencia nos obliga a mejorar nuestra manera de producir y de hacer. A eso lo llamamos competitividad, que, aunque suele predicarse de las empresas, también puede aplicarse a los países: un país será muy competitivo si es capaz de producir bienes y servicios que prefieran sus nacionales y que, además, se vendan mucho fuera, lo que le proporcionará una balanza comercial positiva (salvo que deba importar productos básicos de los que carezca, como el petróleo).

En términos de nuestra fórmula, las NX serán positivas si conseguimos que la producción total (Y) sea superior al consumo interior. Por ello existe una relación estrecha entre la productividad, que mejora la producción (Y), por una parte, y la competitividad, que lo relaciona con el exterior, por otra. Puede que un país no tenga la posibilidad de elegir en qué sectores productivos se especializa porque eso depende de demasiados factores que no están al alcance de la programación. Pero sí puede decidir cómo quiere competir internacionalmente haciendo aquello que sabe/puede hacer: si competir por hacerlo más barato que otros, o competir por hacerlo mejor (y distinto) que otros.

En el primer caso tendrá que optar por rebajar costes de fabricación, especialmente la mano de obra, lo que no siempre le será fácil en un mundo global competitivo en el que siempre habrá otro país que haga lo mismo o muy parecido pero todavía más barato. En el segundo tendrá que apostar por incorporar valor añadido, calidad, marca, innovación continua, distintivos que lo hagan reconocible y apreciado en el mercado por encima del precio.

La competitividad tiene mucho más que ver con vectores de producción que con sectores de producción, más por cómo se hace que por qué se hace. Tomemos como ejemplo el vino, un producto antiguo donde los haya, que no se ha dejado de fabricar desde hace siglos, en el que el posicionamiento de países como España era, hasta hace pocos años, en el segmento de precio bajo/calidad discreta, salvo excepciones. Y, sin embargo, a fuerza de investigación, diseño, innovación, inversión y marca se ha mejorado de tal manera su calidad que hoy compite mundialmente con los mejores vinos, en mayor volumen y... ¡a un precio superior!

Si obtenemos mejor precio por aquello que exportamos, mejora nuestra balanza comercial, que en el fondo se mide en la unidad de cuenta que representa el dinero. Pero, en el caso de que haya involucradas distintas monedas, ¿qué significa mayor precio? ¿Medido en qué moneda, en la del comprador o en la nuestra?

Entramos en el decisivo asunto del tipo de cambio, que no es más que el precio relativo de una moneda en términos de otra. Normalmente se expresa como la relación nominal entre la moneda nacional y la extranjera. Así, si el tipo de cambio del euro (€) respecto al dólar USA ($) es 1/1,31, quiere decir que por cada euro nos dan 1,31 $. Pero también que necesitaremos 131 $ para pagar algo que cueste 100 €, pero sólo 77 € para comprar algo cuyo precio sea 100 $. A partir de ahí, si el euro se aprecia, quiere decir que vale más, que hace falta reunir más dólares para comprar un euro: por ejemplo, ahora 1/1,35. Esto quiere decir que lo que antes vendíamos en Estados Unidos por 1 € = 130 $, ahora, tras la apreciación, se encarece: cuesta más 1 € = 135 dólares. Lo contrario si se deprecia la moneda a 1/120, porque vendiendo al mismo precio en euros que al principio ahora sólo hay que pagar 120 $. La apreciación de una moneda hace que sus productos se encarezcan en términos de la otra moneda, mientras que la depreciación los abarata, todo ello sin que se hayan modificado las condiciones reales de producción, sino sólo por efecto monetario.

Siendo esto así, ¿por qué en lugar de pelear internamente para mejorar la competitividad de una economía no nos limitamos a depreciar la moneda y ya está? Porque si fuera tan fácil, todos lo harían y todos perderíamos en medio de la incertidumbre total sobre precios mundial, en la que nadie sabría a cuánto compra o a cuánto vende. Además, si depreciamos, todo aquello que importemos que esté referenciado a dólares, incluido el petróleo, nos costará más en moneda nacional, lo que generará una tensión inflacionista cuya importancia depende del grado de apertura que tenga nuestra economía.

Durante muchas décadas ha existido un sistema internacional de régimen de cambios fijo que obligaba a los países a mantener invariado su tipo de cambio precisamente para evitar devaluaciones competitivas. Primero fue el patrón oro, que vinculaba la cotización de las monedas al precio del oro, bastante estable. En realidad, sólo en el caso de un tipo de cambio fijo se puede hablar con propiedad de devaluación o depreciación cuando se altera oficialmente el valor de la moneda. En sistemas con tipos de cambio flexibles como los actuales, se habla de depreciar y apreciar, como en el régimen que sustituyó al patrón oro, que está basado en compromisos que obligaban a los bancos centrales a mantener sus tipos de cambio dentro de unos márgenes pequeños de fluctuación en lo que se llama fluctuación sucia o controlada. En la práctica, el dólar, por ser la moneda en que se denominan la mayoría de los contratos mundiales, ejerce de ancla de un sistema al que se vincula el euro, el yen y, ahora, el guan chino, con lo que se cubre la inmensa mayoría de las transacciones mundiales.

¿Y por qué se pueden comprometer las autoridades a mantener la fluctuación de las divisas en una banda? Porque, como todo, el precio de una divisa (su tipo de cambio) depende en el fondo de la cantidad de ésta que se ofrece y de la que se demanda. Y aunque esto tiene que ver con la cantidad de transacciones, el monto de divisas que necesitamos para pagar nuestras compras y el que obtenemos de nuestras ventas fuera y, por tanto, con el signo de sus balanzas comerciales y de capitales, es decir, algo determinado por el funcionamiento libre del mercado, en realidad, los bancos centrales, que tienen el control de la oferta monetaria de su divisa, pueden actuar en el mercado de divisas comprando o vendiéndola, para mantener el precio en una fluctuación pactada.

Si el tipo de cambio es un precio, también quedará afectado por la inflación cuando existe sólo en un país, o cuando hay un diferencial muy importante entre las inflaciones de distintos países que comercian. Por continuar con el ejemplo anterior, supongamos que no ha cambiado nada excepto que la Eurozona tiene una inflación muy superior a la de Estados Unidos. En ese caso, sus precios en euros subirán como consecuencia de la inflación y, al querer convertirlos en dólares para venderlos en Estados Unidos, veremos que se quedan muy por encima del mercado, por lo que nos veremos obligados a efectuar una depreciación nominal del euro para no perder competitividad como consecuencia de la inflación. Pero, entonces, además de disparar las alarmas sobre devaluaciones competitivas en otros países, todo aquello que tengamos que importar en dólares será ahora más caro, por lo que nuestro diferencial de inflación nos puede costar perder exportaciones y pagar más por las importaciones. Por eso se utiliza también el concepto de tipo de cambio real, que es aquel al que se le ha descontado los diferenciales de inflación que pueda haber.

Aunque al principio el tipo de cambio reflejaba las necesidades de divisas derivadas de las exportaciones e importaciones, es decir, de la balanza comercial, conforme se ha ido avanzando en la liberalización de los movimientos internacionales de capitales han sido los flujos de capitales —bajo la forma de inversiones directas, en bolsa o mediante préstamos— los que han ido ofreciendo y demandando divisas hasta el punto de acabar casi determinando el tipo de cambio. Esto añade una vinculación especial y más amplia entre la economía interna y la externa de los países abiertos: por ejemplo, si como consecuencia de una elevada inflación se decide aplicar una política monetaria restrictiva que eleve los tipos de interés, habrá que saber que ante los mayores tipos ofrecidos por el dinero habrá colocaciones en nuestra moneda provenientes del exterior, lo que apreciará nuestro tipo de cambio con los efectos negativos que ello tiene sobre las exportaciones. Lo mismo ocurrirá si ante un déficit público las autoridades recurren a emitir títulos de deuda con una retribución atractiva. También, entonces, el tipo de cambio se apreciará como consecuencia de movimientos de entrada y salida de divisas reflejados en la balanza de capitales. Esta vinculación entre lo de «dentro» y lo de «fuera» en una economía abierta puede hacer incurrir a las autoridades en contradicciones, por cuanto una medida de política económica que busque un efecto en un frente puede provocar otro efecto distinto en el otro, lo que complica la gestión de los asuntos económicos.

La existencia de distintas monedas ajustadas por su tipo de cambio ha llevado a preguntarse si, en el caso de una correcta cotización de las divisas, la capacidad de compra de cada una de ellas, es decir, la cantidad de bienes y servicios en los que se puede convertir, sería la misma en cada país. A esta presunción se le llama la teoría de la paridad del poder adquisitivo y se utiliza como un indicador que permite ver si la cotización de las monedas es adecuada o no. Se supone que si 1 $ permite comprar en Estados Unidos una hamburguesa y el mismo dólar se cambia por 0,70 €, entonces el precio de la misma hamburguesa en euros tendría que ser 0,70 si el tipo de cambio fuera el adecuado. De hecho, el ejemplo no está escogido al azar, ya que existe un Índice Big Mac, que compara el precio de esta famosa hamburguesa en casi todos los países del mundo para determinar si los tipos de cambio de sus monedas son los adecuados o están distorsionados.

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Ciclos y crisis. Mercado y Estado

Los bíblicos siete años de vacas gordas seguidos de otros siete de vacas flacas son prueba de cómo el saber popular ha constatado, a lo largo de la historia, la existencia de ciclos económicos donde la bonanza y las dificultades se alternan de forma natural. Al menos en economías primitivas de base agrícola sujetas a factores externos no controlables por el ser humano —lluvias, plagas de enfermedades o frío—. Cuando surgió la moderna ciencia económica, de manera paralela a los comienzos de la industrialización, la pregunta era: en un sistema económico basado en algo artificial, creado por el hombre, como es la industria, no afectada por el clima o las enfermedades, ¿tendrían lugar también ciclos y crisis?

Y la respuesta fue no. Más allá de pequeños problemas asociados al crecimiento que pueden provocar desajustes temporales entre lo producido por una industria y las necesidades de ese producto demandadas en ese momento por otra, si el modelo de flujo circular de la renta expuesto en el capítulo uno funciona correctamente, la competencia es perfecta y los precios son libres a la hora de transmitir fielmente la información a todos los agentes, sólo es posible una situación de equilibrio general a lo largo del tiempo. Es cierto que hablamos de un modelo teórico que establece un óptimo, fija una utopía hacia la que orientar las acciones de política económica concreta.

Pero al excluir los ciclos y las crisis del cuerpo central del análisis económico, dejó a los economistas desarmados a la hora de explicar una realidad que se continuaba mostrando con la misma contumacia que en la antigua economía agrícola: existen ciclos de auge y decadencia en la producción agregada (no sólo parcial), de la misma manera que, de vez en cuando, surgen crisis profundas que alteran el total funcionamiento del sistema económico. Ello obligó a los economistas seguidores de la corriente principal a lanzarse en manos de lo esotérico: los ciclos económicos estaban determinados por la fuerza de atracción de la Luna o, en el mejor de los casos, deben entenderse como rarezas, «cisnes negros» que surgen de manera aleatoria, sin que se sepa por qué vienen o, en otros casos, fruto de errores en la conducción de la política económica por parte de las autoridades. Todo para preservar la teoría del equilibrio general.

Sólo desde corrientes heterodoxas de la economía, como el marxismo, se defendió que los ciclos y las crisis eran algo normal, que formaban parte de la lógica de funcionamiento del sistema capitalista tal y como lo habíamos construido. Un modelo económico capaz de conseguir sorprendentes avances en productividad y bienestar material, pero que se movía en medio de altibajos y provocaba crisis periódicas. No podía hacerlo de otra manera, ya que la probabilidad de que todas las decisiones que se deben adoptar en economías complejas a lo largo del tiempo para producir y consumir se hagan efectivamente —a la vez y de manera general— es muy baja. Ello se explica a partir de argumentos muy diversos, como, por ejemplo, las diferentes teorías de los ciclos y de las crisis que veremos a continuación.

Pero empecemos por el principio, por las definiciones. Los ciclos económicos son variaciones en el ritmo de crecimiento del PIB, que se producen de manera repetitiva a lo largo del tiempo. Es decir, períodos de aumento en el nivel general de actividad económica, seguidos por etapas de caída general en ese nivel de actividad. Hablamos de un fenómeno relativamente generalizado, que no afecta sólo a un sector y que no se relaciona con variaciones estacionales recurrentes (por ejemplo, el turismo sube siempre en época veraniega y baja luego).

Si analizamos la evolución de la producción a lo largo del tiempo, veremos que hay momentos de expansión en que asciende, llega a un pico donde inflexiona, se contrae, desciende hasta un mínimo llamado valle y luego vuelve a recuperarse. Llamamos ciclo al período que transcurre entre una cima y otra, o entre un valle y otro, teniendo en cuenta que la fase de ascenso no suele tener la misma duración que la fase de bajada. También podremos ver cuál es el sentido general que presenta dicha evolución, al que llamamos tendencia y que marca el crecimiento potencial de la economía, que sirve de orientación para encauzar el futuro a partir de conocer la fase cíclica en la que nos encontramos: si nos situamos por encima, más pronto o más tarde habrá un retroceso hasta aproximarnos al potencial. Si, por el contrario, estamos situados cíclicamente por debajo del potencial, podemos tener la seguridad de que remontaremos las dificultades (aunque no se sabe cuándo) y volveremos a crecer.

En general, podemos aceptar que la tendencia está determinada por los elementos contenidos en la función de producción (capítulo 2), mientras que las fluctuaciones cíclicas no regulares dependen más de los componentes analizados en la demanda del PIB (capítulo 3). Las fluctuaciones económicas cíclicas afectan de manera general a todos los sectores, a los precios (provocando inflación o deflación) y, como es obvio, al empleo.

A veces, las fluctuaciones cíclicas son de corta duración (4-5 años o menos). Otras pueden llegar a durar 40-50 años —como las famosas ondas largas identificadas por el economista ruso Kondratieff en la década de 1920 y vinculadas por Schumpeter en su explicación años más tarde con cambios tecnológicos bruscos que alteran las condiciones de producción, provocando cierres de unas empresas mientras se crean otras nuevas—. De la misma manera, pueden ser de escasa intensidad, apenas una suave fluctuación en las variables económicas y otras, muy acusadas, con fuertes períodos alcistas, seguidos de retrocesos no menos intensos.

Llamamos crisis económica a la fase recesiva de un ciclo intenso y rápido, caracterizada por un fuerte retroceso de la producción, quiebra de empresas y sensible aumento del desempleo. A lo largo de la historia ha habido muchos ciclos acompañados de muchas crisis. Sólo en un período reciente de poco más de diez años hemos vivido las crisis del Sudeste Asiático, que se llevó por delante a los «cuatro dragones»; las crisis de Rusia, Brasil y Turquía; el hundimiento del fondo financiero estadounidense LTCM; la de las empresas de internet (las puntocom); y el corralito argentino. Sin embargo, para conocer una de la importancia de la sufrida a partir de 2008, tenemos que remontarnos a la crisis de la década de 1930, que acabó en la segunda guerra mundial.

Ya hemos dicho que las causas de los ciclos y las crisis han dividido al mundo de los economistas. Al menos entre aquellos que buscan explicaciones exógenas al sistema económico y aquellos que, por el contrario, anclan sus explicaciones en la lógica intrínseca de funcionamiento del sistema económico capitalista. Para los primeros, las crisis son «evitables», mientras que para los segundos, son sólo «paliables», ya que de lo único que podemos estar seguros es de que la crisis es la otra cara del crecimiento capitalista.

Lo que falla es el Estado

Aquellos que analizan las crisis desde causas ajenas al modelo de análisis y funcionamiento del capitalismo piensan que si dejamos que la economía se rija por los principios de propiedad privada y libre mercado defendidos por el enfoque del equilibrio general, seremos capaces de realizar en la práctica las bondades previstas por la teoría. En realidad, suponen que el sector privado de la economía es el único productivo y que los mercados son muy estables, es decir, sufren pocas fluctuaciones, si y sólo si, se les deja funcionar según los supuestos teóricos de la competencia: muchos participantes con plena libertad efectiva de entrada y salida, información perfecta, libre movimiento de precios y salarios al alza y a la baja.

Si esos supuestos se verifican, el modelo y sus partidarios creen que el mercado se ajusta solo, superando todas las dificultades que puedan surgir sin necesidad de recurrir a crisis que no son posibles en ese marco analítico. Como a pesar de todo las crisis ocurren, los partidarios del mercado tienen que buscar culpables fuera del mercado. Y con demasiada frecuencia los encuentran en supuestos errores cometidos por el Estado o, simplemente, como consecuencia del intervencionismo estatal, que rompe la lógica perfecta de funcionamiento del sector privado a través del libre mercado.

Podemos agrupar en dos grandes bloques las explicaciones de las crisis atribuibles a los partidarios del mercado: el ciclo político y la política monetaria del Banco Central. Ambas señalan a la actuación del Estado como responsable único y último de los ciclos y de las crisis económicas.

Crisis derivadas del ciclo político

En democracia, las elecciones regulares cada cuatro años tienden a condicionar el comportamiento de los políticos, que cuando están en la oposición prometen cosas difíciles o imposibles para conseguir votos, y cuando están en el gobierno aprueban medidas populistas para mantener sus votos. La lógica política en democracia lleva a que los políticos ofrezcan muchas cosas que incrementan el gasto público y, a la vez, prometan reducir impuestos pretendiendo que el milagro será posible gracias a continuas mejoras en eficiencia en la gestión o a «cajones oscuros», como, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal o la austeridad en «otros gastos».

El resultado de este enfoque, tremendamente crítico con el funcionamiento de la democracia, es que el gasto público tiende a incrementarse mediante la aprobación de medidas, como subvenciones o precios mínimos, que interfieren de forma negativa en el libre funcionamiento del mercado. Con ello se provoca un aumento de la actividad económica, normalmente cerca de las elecciones, soportado por un gasto que no es sostenible de manera ilimitada y que, cuando se tiene que pagar, pasadas las elecciones, provoca el efecto contrario al deprimir la actividad explicando, a corto plazo, fluctuaciones cíclicas en la economía provocadas por la actividad político-estatal.

A medio plazo, el déficit público —como expresión de medidas de gasto público no soportadas por el correspondiente incremento en los impuestos— tiende a hacerse crónico. Y, con él, la deuda pública necesaria para financiarlo. De tal manera que, cada vez, para que la estrategia surta efecto electoral, tiene que ir elevándose la dosis y, con ella, el tamaño del déficit y de la deuda, que tienden así a crecer... si no se le ponen límites mediante leyes o, incluso, en las Constituciones.

Esa expansión del gasto público, vinculada al ciclo político electoral, provoca dos distorsiones graves sobre la actividad económica privada. Una: introduce bienes y servicios no demandados por el mercado o en condiciones no soportables por éste, lo que condiciona toda la actividad del «mercado» de manera artificial. Por ejemplo, un tren de alta velocidad, imposible de rentabilizar desde un punto de vista estrictamente económico, pero que altera la estructura del resto de transporte privado o una sanidad gratuita que condiciona la actividad de los hospitales puramente privados o un subsidio de desempleo que pone suelo a los salarios.

Dos: como estas medidas necesitan dinero para financiarse y no suele venir de impopulares subidas de impuestos que ayudarían a redistribuir el existente, se acaba recurriendo al Banco Central para que emita moneda con que comprar los bonos del Estado con que financiar esas políticas. Por eso también se suele pedir un estatus de independencia de los bancos centrales que los haga más resistentes a este tipo de presiones gubernamentales. Esto nos aproxima a la siguiente causa.

Gestión equivocada de la política monetaria

Recordemos que el Estado tiene el monopolio de la emisión de moneda y, por tanto, de la gestión de la política monetaria que, a veces, delega en un Banco Central independiente sometido al objetivo de garantizar la estabilidad de precios y, a veces, el crecimiento.

Alteraciones en la cantidad de dinero, como consecuencia de presiones políticas para financiar el gasto público, sin que se correspondan con las necesidades expresadas por el mercado y la economía privada, provoca alteraciones en variables clave como los precios (inflación) y, sobre todo, el tipo de interés. Al hacerlo así, bien por presión del gobierno o por errores del equipo directivo del banco, se puede provocar en la economía privada una crisis.

Quienes mejor han defendido este punto de vista son los llamados economistas austríacos, de manera especial, Von Mises y Hayek quien ya debatió con Keynes respecto al origen de la Gran Depresión de la década de 1930. La Teoría Austríaca del ciclo parte del reconocimiento de la importancia del sistema de precios como red de comunicación en una economía de mercado. En especial, el tipo de interés, entendido como precio que señala dos cosas a la vez: las preferencias de los ciudadanos entre consumir ahora o en el futuro (ahorrar) y las decisiones de los empresarios entre invertir a corto plazo (bienes de consumo) o a largo plazo (bienes de capital).

Cuando los ciudadanos deciden ahorrar, los tipos de interés bajan y los empresarios interpretan eso como la señal de que pueden invertir a largo plazo en bienes de capital aprovechando que los ciudadanos van a demandar menos bienes de consumo. Así, gracias a la información transmitida por el tipo de interés como precio del tiempo, se equilibran las decisiones de unos (consumir menos ahora), con la de otros (producir ahora menos bienes de consumo y más bienes de capital), determinando así, un tipo concreto de crecimiento equilibrado.

En ese contexto idílico, si por las razones que sean, el Banco Central emite más dinero del que requiere la economía, provocando con ello un descenso en el tipo de interés, se puede producir una crisis porque los empresarios interpretan la bajada de tipos como el deseo de los consumidores por ahorrar y, en consecuencia, trasladarán la producción de los bienes de consumo a los de capital. Pero como no es verdad que los consumidores hayan expresado un cambio de preferencias, sino que la bajada de tipos se debe a una interferencia del Banco Central, habrá demanda de consumo insatisfecha, por una parte, mientras por otra, puede haber exceso de demanda de bienes de capital, lo que aumentará los precios, que a su vez inducirá a un auge artificial, que puede llegar a ser una burbuja especulativa impulsada por una decisión arbitraria de política monetaria.

De esta forma se generan malas inversiones a largo plazo, al no estar respaldadas por decisiones de ahorro a corto plazo, junto con un sobreconsumo. Cuando esta situación se hace insostenible aparece la crisis. Quienes sitúan el origen de los ciclos y de las crisis en la política monetaria discrecional (Friedman es otro autor que debemos citar en esta corriente) se muestran partidarios de restringir el margen de decisión de los gobernadores de bancos centrales imponiéndoles el cumplimiento de reglas estrictas de comportamiento monetario.

Ambas cosas juntas —independencia del Banco Central y reglas de política monetaria— intentan evitar el margen de discrecionalidad del Estado, en sentido amplio, de lo público, a la vez que es congruente con la idea de que el dinero debe de ser «un velo» que cubra el conjunto de la economía pero de manera «neutral», sin interferir en una actividad productiva real, que es, por su propia esencia, estable y tendente al equilibrio.

Lo que falla es el mercado capitalista

Incluso reconociendo como razonables las explicaciones anteriores, el hecho de que los políticos, los gobiernos o los bancos centrales actúen o puedan actuar de la manera descrita, no tiene por qué responder —como dicen los partidarios de que el fallo está en el Estado— a lógicas internas de búsqueda del poder propio, o a errores sistemáticos. También es posible que su actuación —expandir el gasto público o favorecer bajos tipos de interés— sea una respuesta a problemas y demandas sociales generadas por deficiencias internas en el funcionamiento del mercado y del sector privado.

Así, si un gobierno decide endeudarse para invertir en una nueva carretera, estará dando trabajo y beneficios a las empresas privadas que resulten concesionarias de la construcción; si implanta servicios públicos de educación y sanidad, estará permitiendo mejorar la salud y la formación de los trabajadores, es decir, su productividad, sin que lo pague directamente la empresa; si mejora el seguro de desempleo, será una válvula de escape a las tensiones sociales del paro o si el Banco Central decide bajar el tipo de interés, favorece la actividad de empresarios concretos que, a los nuevos tipos, podrán invertir y crear empleo que, de otra manera, no podrían.

Es posible, por tanto, que el origen de los problemas a que el Estado intenta dar respuesta se encuentre en el sector privado y en el mercado y no al revés. Al menos así lo creen quienes sitúan el origen de los ciclos y de las crisis en un sector económico privado que, dejado a su libre albedrío, es tremendamente inestable por definición. O mejor: porque así se deriva de la lógica intrínseca de funcionamiento de un sistema capitalista basado en tres supuestos imposibles: propiedad privada de los medios de producción; actuación económica guiada por el principio de obtención del máximo beneficio posible; y confianza en que existe una «mano invisible» que aúna todas las decisiones egoístas individuales, lo que da un resultado óptimo , en forma del mayor nivel de bienestar posible en ese momento.

Quienes creen que si el mercado capitalista actúa bajo esos tres supuestos, es intrínsecamente inestable y origen, por tanto, de fluctuaciones cíclicas que a veces devienen en crisis explican su convicción de tres maneras principales, que veremos a continuación.

Desproporcionalidad sectorial

Si recordamos el sencillo esquema del flujo circular de la renta del capítulo 1, veremos la cantidad de cosas que tienen que coincidir en el tiempo y a lo largo del tiempo para que dicho flujo no se vea interrumpido, lo que provocaría una crisis.

Buscando puntos débiles en la cadena circular, el más obvio tiene que ver con la relación entre dinero total y mercancías totales. Tanto si hay más dinero del necesario como si hay menos, eso tiene efecto directo sobre el volumen de transacciones, sus precios y, por tanto, sobre la producción. Pero también podemos contemplar desajustes, por exceso o por defecto, entre las necesidades concretas de mano de obra por parte de las empresas y la cantidad y las características de la misma en un momento dado. Igualmente, como cada sector productivo necesita comprar inputs de otros sectores, pueden surgir interrupciones en las muchísimas cadenas de suministros que pueden conllevar a parones o crisis.

Sobre todo si asumimos que la única información que tienen los agentes económicos para tomar sus decisiones son los precios. Puesto que en la realidad no se da esa especie de «producción instantánea», que supone la teoría económica convencional, sino que hace falta tiempo para enterarse, decidir, invertir y ver los frutos, podemos encontrarnos con situaciones en las cuales los meses transcurridos entre que se detecta un problema y el mercado adopta decisiones para corregirlo, cuando viene la solución, el problema ya no existe o es otro.

El ejemplo típico de esto es el siguiente: un año hay escasez de tomates y el precio sube mucho. Los agricultores deciden, entonces, plantar tomates para ganar dinero. Pero como todos actúan de manera independiente, al año siguiente hay una sobreproducción de tomates que hace bajar mucho los precios, con lo que incurren en pérdidas y no vuelven a plantar tomates, por lo que, al año siguiente, hay pocos y vuelve a subir el precio. Añadamos que, cada año, según haya exceso o carencia de tomate, ello repercutirá sobre las fábricas de jugo de tomate y salsa de tomate, las pizzas y todo aquello que necesita o sustituye al tomate como materia prima originaria.

Si en lugar de un período de producción de un año como en el tomate, nos vamos a varios años como en las manzanas o las naranjas, o el suelo urbanizable para viviendas, se entienden mejor los problemas de inestabilidad asociados al mercado y no sólo al agrícola.

Para este enfoque, la propia complejidad de una economía ampliamente interrelacionada —que toma sus decisiones en un mercado con individuos aislados, que sólo miran los precios y buscan con ello el máximo beneficio personal— llevará a que el equilibrio supuesto por la teoría sea un milagro, más que el resultado predecible del funcionamiento imposible de un modelo perfecto que sólo existe en los libros.

Falta crónica de demanda con exceso recurrente de producción

La productividad incorporada en una economía capitalista moderna es tan elevada que genera una tendencia creciente a la sobreproducción. Es decir, a producir más de lo que es capaz de vender. O, visto desde el otro lado del espejo, a generar subconsumo global, en la medida en que cada uno por separado intenta mejorar su rentabilidad empresarial a base de abaratar, por unidad producida, la mano de obra empleada. Ambas tendencias simultáneas —producir mayor cantidad por hora de trabajo (productividad) y reducir el coste de la hora de trabajo por unidad producida (competitividad)— son intrínsecas a la lógica de maximización de beneficios del sistema económico capitalista y, adoptadas de manera individual, siguiendo cada uno su propio interés, provocan desajustes cíclicos y crisis periódicas, según los defensores de este enfoque.

La explicación se encuentra en un punto sencillo, pero clave, que divide desde hace dos siglos a los defienden que falla el mercado y a los que creen que falla el Estado: la conocida como ley de Say, en memoria del economista francés discípulo de Adam Smith que la anticipó. La ley de Say se resume de esta forma: en economías de mercado, «la oferta crea su propia demanda». Es decir, los empresarios, al montar la empresa para producir (oferta), necesitan contratar trabajadores que, con el salario que cobran, generan la demanda. Es obvio que la ley no se cumple empresa a empresa, sino de manera agregada y es compatible con los supuestos del modelo de equilibrio general de mercado.

Pues bien, el economista suizo de comienzos del siglo XIX Sismondi, en primer lugar, Marx de manera contundente y Keynes por su cuenta encarnan una corriente de pensamiento económico que dice que la tal ley no se cumple o, al menos, no siempre, lo que genera crisis por desajustes entre oferta agregada real y demanda efectiva (capacidad real de compra). Si un empresario produce pero no es capaz de vender su producción, no obtiene el beneficio esperado, cierra y despide a sus trabajadores. Con ello reduce la demanda de productos de otros empresarios que, colocados ante el mismo dilema, cierran también y ya tenemos una crisis.

Lo que se añade ahora aquí es que ese desajuste entre oferta y demanda agregadas es intrínseco al desarrollo de un modelo económico capitalista que busca individualmente obtener el máximo beneficio privado mediante mejoras permanentes en productividad y en abaratamiento del coste unitario de la mano de obra, lo que se traduce en una capacidad de producción constantemente por encima de las posibilidades de la demanda efectiva existente. Ahí estaría, para esta visión, la explicación de la Gran Depresión de la década de 1930 e, incluso, como veremos luego, de la actual crisis de sobreendeudamiento mundial.

La única salida para esta contradicción intrínseca del modelo, que lo lleva a crecer económicamente en medio de crisis recurrentes, sería la búsqueda permanente de nuevos mercados mediante tres acciones complementarias: innovaciones en nuevos productos más baratos, es decir, más accesibles para determinado sector de trabajadores y de población no relacionada directamente con la producción industrial; acceso a mercados geográficamente distintos mediante acuerdos comerciales, la globalización o el viejo imperialismo; y conversión del Estado en un mercado adicional de compra de determinadas mercancías ofrecidas por empresas privadas (militares, pero también sanidad, carreteras, etc.).

La competencia privada fuerza crisis recurrentes

Dentro de los economistas que señalan al mercado capitalista como el origen de los ciclos y de las crisis podemos señalar otras explicaciones parciales basadas, de una manera u otra, en la asunción de que el modelo de competencia, lejos de asegurar el equilibrio, incorpora muchos vectores de actuación que empujan en sentido contrario. Citaremos, para concluir, dos más: los cambios tecnológicos y la tendencia a la concentración empresarial.

Fue Schumpeter quien mejor planteó el asunto de cómo el cambio tecnológico era intrínseco a la lógica de crecimiento capitalista y cómo cada innovación sustancial provocaba una crisis, al menos de reajuste entre las actividades nuevas a que daba lugar y las viejas que morían en un proceso que denominó destrucción creativa. Un ejemplo muy evidente y citado: la implantación del ferrocarril, primero, y del coche de gasolina, después, pusieron fin a la hasta entonces próspera industria de las diligencias, los carromatos y los correos de caballo con postas. Más recientemente: piensen en todas las transformaciones asociadas a la innovación traída por las actuales nuevas tecnologías.

En otro orden de cosas, la evidencia muestra cómo los empresarios tienden a incrementar sus beneficios por la vía de concentrar producción elevando el tamaño medio de las empresas y poniendo fin, con ello, a uno de los supuestos básicos del modelo teórico de competencia perfecta, ya que con el tamaño surge la capacidad de influir sobre los precios, tanto de venta como de compra. La existencia de economías de escala —es decir, actividades en las que los costes medios se reducen conforme aumenta el tamaño— es un serio contrapié para el modelo de equilibrio general, que no contempla esta posibilidad, de la que está lleno nuestro mundo.

Incorporar la tendencia a la concentración empresarial como un instrumento de ahorro obliga a reconocer que, a menudo, dicho proceso conlleva reestructuraciones de plantillas y crisis parciales directas e indirectas, en la medida en que se traslada sus efectos a los proveedores y a los clientes. Incrementar beneficios aumentando el tamaño provoca alteraciones en los mercados que pueden llevar a situaciones alejadas del equilibrio del que habla el modelo teórico.

La reciente crisis financiera mundial

Aunque desde finales de 2006 se empezaron a acumular problemas con determinadas entidades financieras estadounidenses —que habían popularizado hipotecas para las clases menos pudientes (subprime), posteriormente titularizadas y vendidas como productos derivados a otras entidades—, fue en agosto de 2007, con la súbita quiebra del banco francés BNP, cuando la crisis adquirió presencia internacional.

Desde el principio se detectan tres cosas: es la primera crisis verdaderamente global que experimentamos, con origen en el centro del sistema capitalista, Wall Street; aunque su detonante es el mercado hipotecario, en el que se ha incubado una importante burbuja especulativa al calor del crédito barato, su contagio afecta al conjunto del sistema financiero internacional, que ha abusado de la ingeniería financiera para reducir riesgos dispersándolos y disparar el endeudamiento por todo el mundo; y aunque la crisis se ha incubado por los fallos del mercado desregulado que, desde luego, no se ha equilibrado solo, tampoco el Estado ha estado libre de responsabilidad, sobre todo la Reserva Federal estadounidense, que ha inflado la burbuja facilitando durante años una elevada liquidez al sistema que mantenía bajos los tipos de interés haciendo barato el crédito.

Todo ello confiere a la actual crisis una gravedad incluso mayor que la de la famosa Gran Depresión, iniciada en 1929. Sobre todo cuando la quiebra de Lehman Brothers, en setiembre de 2008, transformó una crisis de liquidez en otra de solvencia del conjunto del sistema financiero mundial. Numerosos bancos tuvieron que ser comprados, rescatados, incluso mediante nacionalización, en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Holanda, Alemania, etc. Esto instaló la desconfianza en el núcleo de unas instituciones que, como hemos visto, gestionan la confianza de la que viven.

A pesar de las masivas inyecciones de liquidez que los bancos centrales y los gobiernos inyectaron de manera concertada al sistema, éstas no llegaban a las familias y a las empresas porque los encargados de hacerlo, las entidades financieras, estaban tan necesitadas que se lo quedaban en forma de mayores provisiones con que hacer frente a una morosidad creciente. De la misma forma, desconfiaban tanto de sí mismas que ni siquiera se prestaban dinero en el mercado interbancario. Así, la crisis financiera se convirtió en crisis de la economía real, con miles de empresas cerradas y 50 millones de personas empujadas al paro en todo el mundo.

Que los mercados financieros mundiales no se han autorregulado parece hoy evidente. Sobre todo cuando empezaron a desarrollarse los nuevos y sofisticados productos financieros en un contexto mundial que aprovechaba la libertad de circulación de capitales que acompaña a la globalización de la economía. Y tampoco se regularon de manera impositiva por los Estados, como se hace con la actividad bancaria nacional, a pesar de que muchas voces lo pidieron, porque quien tenía potestad para hacerlo, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Greenspan, era un firme creyente en la bondad de los mercados libres, por lo que aceptó, activamente, la supuesta imposibilidad de regular una actividad mundial que utilizaba paraísos fiscales.

Pero si esta crisis de sobreendeudamiento no puede entenderse sin la desregulación de los nuevos mecanismos de gestión del riesgo financiero representado por los productos derivados, tampoco hubiera tenido lugar sin la desigualdad de renta subyacente que se venía incrementando en los últimos años como consecuencia del giro neoliberal de las políticas económicas desde el binomio Reagan-Thatcher.

La aparición y extensión de trabajadores pobres o menos que mileuristas —gente con trabajo pero que cobra unos sueldos miserables— dejaba a amplias capas de la población sin capacidad efectiva de acceso a la compra de productos básicos como la vivienda. O, lo que es lo mismo, dejaba muchas viviendas y otros productos sin producir o sin vender, pero, en todo caso, sin generar beneficio a los propietarios. El crédito bancario fue el recurso que ayudó a cubrir esa distancia, convirtiendo en compradores de ciertas mercancías caras a mucha gente que por su nivel de ingresos no podía acceder a ellas. El sistema creó un nuevo mercado comprador recurriendo al endeudamiento, que facilitó totalmente. Sólo ello explica que la deuda de los hogares estadounidenses representara en 1979 el 45 por ciento del PIB para pasar a ser el 98 por ciento en 2007, año en que la deuda total del país era el equivalente al 350 por ciento de su PIB.

Ha sido el economista estadounidense Hyman P. Minsky (1919-1996) quien mejor explicó el funcionamiento de una burbuja especulativa como la experimentada en torno a la vivienda en algunos países como Estados Unidos y España, seguidas inevitablemente de crisis. Conforme se amplían los criterios de concesión de crédito hasta incluir a gente sin trabajo, ni ingresos fijos (NINJAS: No Income, No Jobs, no Assets [«sin ingresos, sin trabajo, sin activos»]) —en parte porque el riesgo se diluye entre varias entidades gracias a los derivados, en parte también porque el respaldo del crédito es la propia vivienda como activo que, además, se revaloriza de forma continua—, la vulnerabilidad del sistema se hace mayor. El respaldo del crédito poniendo como garantía el propio activo comprado con el crédito se llama apalancamiento, y ha sido un método muy usado, también, por las empresas para comprar terrenos o maquinaria. Mientras hay crédito, hay demanda y los precios suben, lo que justifica la aparente racionalidad de un proceso que parece el huevo de Colón: puedes comprar, vender y ganar mucho dinero a crédito, es decir, sin necesidad de arriesgar dinero propio. Ésa es la faceta especulativa del proceso.

Ahora parece obvio que ese engranaje se mantiene mientras los precios de los activos (vivienda) suben. Pero cuando ocurre algo —en este caso una subida de los tipos de interés para combatir la inflación, que frena la demanda—, los precios empiezan a caer. Entonces, el proceso se invierte y del alza continua se pasa a la caída libre, conforme más y más personas se ven obligadas a vender para devolver los créditos, aunque sea asumiendo una pérdida. Esa avalancha de ventas hunde más los precios y la burbuja estalla: se paraliza la producción, se despide a trabajadores, y las entidades financieras que han participado en el proceso de préstamos baratos y fáciles se encuentran en una situación muy complicada.

Para concluir este capítulo cabe recordar que un documento del FMI reseña 122 crisis económicas en todo el mundo desde la famosa de 1929, aunque de distinta magnitud, origen y ámbito geográfico. Dato suficiente, creo, para pensar que las crisis son al capitalismo tan inevitables y consustanciales como las burbujas al cava.

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La política económica

Entenderemos por política económica el conjunto de decisiones y actuaciones que adopta un Estado (parlamento, gobierno, otras instituciones públicas) con el objetivo explícito de influir sobre el acontecer económico de un país. El simple hecho de hablar de y, todavía mucho más, aplicar medidas de política económica ya entraña, al menos, dos cosas. Primera: que el juego del libre mercado por sí solo es insuficiente para conseguir los mejores resultados económicos posibles. Al menos, en el mundo real en que vivimos, con sus defectos, imperfecciones, condicionantes y, sobre todo, con unos seres humanos que no siempre actúan según los supuestos de racionalidad económica que presupone la teoría convencional. De no ser así, si el mercado, como dicen algunos, se equilibrara solo y fuera un mecanismo de búsqueda de resultados colectivos superior a cualquier otro —gracias a esa «mano invisible» de la que hablaba Smith—, no haría falta política económica o, incluso hacerla podría llegar a ser contraproducente.

La segunda cosa implícita cuando los libros de texto hablan de política económica es que el Estado, en la medida en que lo hacemos depositario de la responsabilidad y la capacidad para llevar adelante esa política económica de la que hablamos, es una pieza esencial en el funcionamiento adecuado de la economía, en contra de quienes defienden que el mejor Estado es el que no existe.

Si hay sindicatos, grupos empresariales de presión, oligopolios, defensores de barreras que impidan la entrada de productos de otros países o de trabajadores extranjeros, o si el Estado tiene el monopolio de emisión de moneda y de imposición de impuestos, es porque la realidad en torno a la cual se articula la actividad económica en una sociedad es diferente al esquema económico convencional basado en el individualismo. En el mundo real hay gentes que se agrupan para la defensa de intereses comunes, que a menudo entran en conflicto con otros grupos que defienden otros intereses. Ello junto con un interés general superior a la simple agregación de intereses individuales (el todo es más que la suma de sus partes) configuran dos elementos de comportamiento social que difieren al supuesto por el saber económico hegemónico, y que explica la necesidad de que un agente social como el Estado intervenga mediante eso que llamamos política económica. Por ejemplo, para contrarrestar los ciclos, paliar las inevitables crisis y mejorar el desempeño económico conjunto de la sociedad. No obstante, como veremos, al mismo tiempo se cometen errores, frente a los que conviene estar avisados.

El debate en torno a la política económica empieza, pues, por aceptar un principio contrario al conservador «dejad hacer, dejad que ocurra», lo que significa aceptar la idea de que podemos mejorar el mundo en que vivimos, actuando de manera consciente en busca de metas y objetivos definidos de forma racional. El asunto no es menor, aunque no me extienda mucho en él, ya que afecta a la línea de flotación de dos concepciones antagónicas de la sociedad y de la historia con las que nos hemos venido encontrando a lo largo del libro. Una es la que defiende la superioridad del libre acontecer, de la no intervención consciente, temerosos de que resulte perjudicial, y la convicción de que las sociedades acaban escogiendo las instituciones y los comportamientos mejores más útiles para su propia supervivencia, al igual que hacen los seres vivos a lo largo del propio proceso de evolución darwiniana.

Otra, decidida a actuar sobre una realidad social que no le gusta, para transformarla siguiendo algunos principios ideales que configuran los valores de una sociedad justa. En ésta, los seres humanos no son meros comparsas de lo que les ocurre, sino que se convierten en guionistas y directores de escena.

Lo acontecido en los últimos años, incluyendo la gran crisis y todo lo relacionado con la globalización, ha hecho más complejo el debate sobre política económica. Hasta ahora se defendían ideas sencillas, como, por ejemplo, que necesitábamos un instrumento de política económica para cada objetivo. Hoy, sin embargo, la complejidad derivada de las interrelaciones e interactividades nos obliga a introducir un enfoque distinto de las políticas en, al menos, dos aspectos esenciales. Primero: las dosis. Como en los organismos que se han hecho resistentes a determinados antibióticos, también la economía en la que intervienen personas aprende y se hace inmune a determinadas medidas que han podido funcionar en el pasado. Por ejemplo, los trabajadores aprenden que si se les sube el salario un 3 por ciento pero la inflación se sitúa en el 5 por ciento, en realidad están perdiendo poder adquisitivo. O los contribuyentes constatan que tras cada período largo de aumento del gasto público, suele producirse una subida de impuestos.

Ese proceso de aprendizaje puede invalidar algunas medidas tradicionales de política económica o, en todo caso, requerir mayores dosis para obtener el mismo efecto.

El segundo aspecto en que debemos cambiar los procedimientos tradicionales de política económica tiene que ver con su estructura y está relacionado también con el proceso de aprendizaje, pero además con el hecho de que vivimos en sociedades mucho más complejas. Me refiero a la necesidad de actuar en bloque, mediante paquetes de medidas dirigidas al funcionamiento de un subsistema completo, y no sólo una sucesión dispersa de medidas cuya utilidad se difumina. Hay que trabajar con sistemas complejos y no podemos hacerlo a partir de modelos simples y lineales. Por ejemplo, combatir el paro requiere actuar, a la vez, sobre varias facetas: estimular la demanda agregada, mejorar la empleabilidad de los parados e incentivar su deseo de aceptar un empleo mediante subsidios de paro que no sean excesivos.

En todo caso hay que tener siempre presente que cualquier medida de política económica, orientada a mejorar determinado aspecto de la realidad, tiene efectos secundarios sobre otros aspectos. Por ejemplo, reducir el déficit público recortando el gasto provoca desempleo. Tener esto en cuenta obliga, también, a trabajar con paquetes de medidas combinadas superando las viejas simplezas de un objetivo, un instrumento.

Los economistas han tratado de incorporar parte de lo dicho en el concepto de expectativas. Las medidas adoptadas generan expectativas de cambios, en un sentido o en otro, y los agentes económicos se posicionan con antelación ante éstas para obtener ganancias. Con ello, a veces, alteran los resultados de las propias medidas. Por ejemplo, si el gobierno anuncia medidas para abaratar el precio de la vivienda el año próximo, pueden ocurrir dos cosas: que la gente, basándose en experiencias pasadas, no le crea, es decir, no crea que las medidas anunciadas tengan efecto real sobre el precio de la vivienda. Así las cosas, la vida transcurrirá igual y el anuncio o la medida del gobierno quedará en nada. Pero puede ocurrir que le crean, en el sentido de que crean que lo que ha dicho o hecho sí afectará al precio futuro de la vivienda. En ese caso, quienes venden viviendas intentarán acelerar ahora las ventas para aprovechar los mayores precios relativos. Mientras tanto, quienes desean comprar vivienda tenderán a esperar al año próximo para beneficiarse de los menores precios. El resultado final de la medida será incierto, aunque puede anticiparse a este año simplemente porque ha generado expectativas creíbles que modifican comportamientos.

Para facilitar la exposición ordenaremos el capítulo en torno a lo que persiguen las distintas medidas de política económica adoptadas, para ver luego sus estrategias, interacciones, efectos secundarios y algunos ejemplos importantes.

La política económica para el crecimiento: el lado de la oferta

Hemos visto que dentro de las fluctuaciones cíclicas que acompañan al devenir económico se puede encontrar una tendencia que marca el crecimiento a largo plazo de la actividad. Conocemos, también, los principales elementos que actúan sobre el crecimiento de los países a través del incremento de la oferta productiva o de mejoras en su productividad. Podemos, por tanto, entresacar un listado de actuaciones para que, desde los poderes públicos, remuevan obstáculos o perfeccionen aquellos factores que inciden directamente sobre una mejora en la capacidad productiva de un país: recursos naturales, capital, trabajo, tecnología e instituciones.

La experiencia de décadas de políticas internacionales de ayuda al desarrollo en países pobres ha dejado una conclusión potente: sin instituciones adecuadas, toda la ayuda externa que se reciba corre el riesgo de perderse en medio de la corrupción, la ineficiencia y la falta de medios para una adecuada distribución que la lleve a quien más la necesite.

Trabajar por, y perfeccionar permanentemente, el marco de instituciones que favorezcan el crecimiento es, pues, la principal política económica exigible a un país, sabiendo que el objetivo principal de éstas debe ser ofrecer garantías, reducir incertidumbres y transmitir confianza. Hablamos de leyes y normas, no adecuadas sino que se cumplan. Y junto con ello marcar reglas del juego que estimulen comportamientos sociales generadores de actividad económica. Por ejemplo, es difícil pensar que nadie vaya a montar un negocio en un sitio donde bandas organizadas de ladrones le roben de forma sistemática todos sus beneficios o que acepte un trabajo sin estar seguro de que le van a pagar si puede evitarlo.

El hecho de que en Occidente tengamos estas reglas establecidas no debe hacernos olvidar que no es así en amplias zonas del planeta, como tampoco olvidar que debemos perfeccionarlas de forma permanente porque hablamos de asuntos dinámicos que nunca están fijos para siempre. Por ejemplo, tenemos que saber cómo afecta una elevada imposición sobre los beneficios a la propensión de las empresas a invertir, o los riesgos que sobre el empleo puede ocasionar una excesiva protección sindical a un colectivo concreto de trabajadores mientras desprotege a otros.

En este ámbito de la política de mejoras institucionales y su impacto sobre el crecimiento económico, debemos incluir, por ejemplo, todo lo relacionado con una administración pública que funcione de forma adecuada.

Otro ámbito importante de actuación de la política económica sobre la oferta tiene que ver con la mejora de los otros elementos de la función de producción. Con trabajadores mejor formados y, sobre todo, formados de manera adecuada a las necesidades de una economía y una sociedad en permanente evolución, la productividad será mayor. Por tanto, las políticas educativas y su permanente adecuación a las posibilidades y necesidades de un mundo cambiante ayudarán a mejorar el crecimiento económico, además de satisfacer los otros aspectos fundamentales de cualquier política educativa.

De la misma manera, si la tecnología es un aspecto fundamental del desarrollo económico, la organización del sistema nacional de tecnología, los estímulos para que las empresas innoven, el apoyo directo a la investigación básica por parte del Estado o facilitar la transferencia de conocimiento de las universidades a las empresas serán aspectos esenciales de una política económica orientada al crecimiento. Sobre todo cuando vivimos en lo que se ha llamado economía del conocimiento, en el sentido de que para muchos autores el principal factor productivo en la sociedad actual es el talento humano, y de cómo lo organicemos dependerá, cada vez más, el desempeño económico de los países. La intervención pública en grandes planes de infraestructuras de transportes también reduce los costes medios de la economía e incrementa las posibilidades de crecimiento.

Durante las décadas de 1970 y 1980, e impulsado políticamente por el presidente estadounidense Reagan, un grupo de académicos (alguno alcanzó el Nobel) dio lugar a lo que se conoció como economía de la oferta, en contraposición a la hasta entonces predominante economía de la demanda, basada en los principios keynesianos. La idea básica era que la única actuación positiva que el Estado podía adoptar en economía era trabajar a medio plazo sobre los factores que mejoran la oferta productiva para hacer más atractivo y eficaz el trabajo del sector privado, sobre todo mediante rebajas de impuestos y reducción del excesivo intervencionismo tras décadas marcadas por demasiadas normas y reglas impuestas.

La desregulación (menos intervención pública) fue el motor de este conjunto de medidas de política económica fundamentado en la superioridad de un sector privado estable, equilibrado y que alcanza su potencial con cuanta más libertad mejor. Las sucesivas crisis habidas desde entonces —especialmente la Gran Recesión que todavía vivimos— pusieron fin a estos sueños renovados y nunca demostrados, aunque dejaron una nueva preocupación activa por el papel del Estado en el crecimiento económico por el lado de la oferta. Y, sobre todo, nos dejaron la importancia de las llamadas reformas estructurales, que no son otra cosa que intentar mejorar el crecimiento económico a través de mejoras permanentes en los factores de fondo que le afectan.

Las políticas de demanda para controlar el ciclo: monetaria y presupuestaria

Hemos visto cómo, además de la tendencia definida por la oferta agregada, el crecimiento económico fluctúa a lo largo del tiempo de manera cíclica afectado por lo que ocurra con la demanda agregada. Así puede haber momentos en que una presión alcista de la demanda por encima de la capacidad de producción en ese momento genere subidas generalizadas de precios (inflación) y otros en que exista equilibrio entre oferta y demanda, pero manteniendo factores productivos ociosos, es decir, con paro elevado.

La idea de que el crecimiento económico también se puede controlar actuando desde el lado de la demanda agregada y no sólo desde la oferta definida por la función de producción se la debemos en gran parte a John M. Keynes, a partir del análisis de lo ocurrido en la Gran Depresión de la década de 1930. Keynes fue el primer economista que desde la ortodoxia académica cuestionó la validez de un modelo que encontraba «normal», fruto del libre juego de los mecanismos del mercado, la existencia de paro masivo y miseria generalizada, a la vez que llamaba a no hacer nada porque el equilibrio se volvería a alcanzar de manera automática en cuanto los individuos comprendieran la nueva situación y se adaptaran a ella, por ejemplo, rebajándose los salarios.

En un ensayo memorable, El final del laissez-faire, escrito en 1926, Keynes ya advertía de que los economistas «han escogido las hipótesis de las que parten, que ofrecen a los principiantes, porque es lo más simple, no porque sea lo más próximo a los hechos». Eso se vio con claridad ante la incapacidad mostrada por la economía dominante para ofrecer soluciones a la grave depresión comenzada por el crack bursátil de 1929 en la Bolsa de Nueva York, entre otras cosas porque partía de supuestos irreales de análisis que impedían entender adecuadamente lo que estaba ocurriendo.

Fue Keynes quien teorizó en su famoso libro La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero (1936) que en situaciones de crisis graves con paro masivo, en las que la política monetaria pierde parte de sus atributos porque domina el temor y la incertidumbre máxima entre los individuos y el sector privado, el Estado debía actuar a través de los presupuestos para incrementar la demanda agregada para generar confianza y crear empleo, aunque con ello se incurriera en un déficit temporal.

Con ello daba respaldo conceptual a lo que ya estaban siendo prácticas en muchos gobiernos de la época, desde el estadounidense con las medidas adoptadas por el presidente Roosevelt en el conocido como «Nuevo Pacto (social)», hasta las dictaduras fascistas en Europa, con sus programas masivos de obras públicas y armamentos. Y dio pie a toda la reinterpretación mayoritaria de la economía y de la política económica, hasta la fecha.

De manera simplificada, el control de la demanda agregada para a través de ella incidir en la evolución y el desempeño económico se puede hacer utilizando la política monetaria y la política fiscal o presupuestaria. A veces de manera alternativa, otras de forma complementaria, dadas las relaciones mutuas que existen entre ambas, como veremos.

Política monetaria

La concepción ortodoxa de la teoría del equilibrio general defiende que el dinero no influye en la economía real, que es una simple unidad de cuenta para expresar los precios, pero que actúa como un «velo» que recubre el conjunto de la economía, sin alterarla. En este sentido, la única política monetaria posible y deseable sería aquella que estableciera la cantidad total de dinero necesario (M) para garantizar una estabilidad en los precios, sin afectar ni a los intercambios ni a la producción. Restos importantes de este enfoque los encontramos en la decisión generalizada hoy de imponer la autonomía a los bancos centrales para que ejerzan su monopolio de emisión de moneda y, en general, sus funciones de control del dinero existente, con el objetivo fundamental, cuando no exclusivo, de controlar la inflación.

Sin embargo, al menos a corto plazo, el dinero sí influye sobre la actividad económica real mediante tres canales. Primero: el llamado «efecto riqueza», según el cual una subida de precios en nuestros activos como la vivienda o las acciones bursátiles (lo contrario ocurre en las bajadas) provoca en los individuos la sensación (o la realidad si venden) de ser más ricos, lo que se traduce en un incremento de su consumo.

Segundo: el mecanismo mediante el que influye el dinero en la actividad real es el conocido como efecto tipo de cambio, cuando una alteración del nivel general de precios de un país, al alza o a la baja, modifica su tipo de cambio real, y con él la competitividad de sus exportaciones o el atractivo de las inversiones exteriores, y con ello el signo de su balanza de pagos. Un país que acumula diferencial positivo de inflación con sus socios comerciales porque sus precios suben más —como le ha ocurrido a España desde la entrada en vigor del euro— se encuentra con que resulta más difícil exportar y más fácil importar, lo que afecta al volumen real de su producción por un efecto derivado de la gestión de la moneda.

Y tercero: el más importante de los efectos del dinero sobre la actividad económica real es el que se produce mediante los tipos de interés. Al menos a corto plazo, una modificación de los tipos de interés, aunque sea como consecuencia de alteraciones en la masa monetaria, impulsará decisiones de los agentes económicos en un sentido o en otro. Si los tipos de interés descienden, sea por la razón que sea, esto estimulará la inversión y el consumo de los empresarios y de las familias porque será más barato pedir un crédito. Eso es, por ejemplo, lo que ocurrió en la década previa a la gran crisis actual: unos bajos tipos de interés estimularon un sobreendeudamiento que, a corto plazo, impulsó al alza la actividad económica y el empleo.

Por tanto, el Estado, que recordemos tiene el monopolio legal de la creación de dinero, aunque a veces lo delegue en una de sus instituciones como es el Banco Central, puede incidir sobre la actividad económica, los ciclos y el crecimiento, al menos a corto plazo, mediante la gestión de la cantidad total de dinero que circula por la economía, en un momento dado. A eso le llamamos política monetaria, cuyos principales instrumentos son: la emisión directa de dinero, lo que se conoce vulgarmente como «darle a la máquina de hacer billetes»; los préstamos que el Banco Central hace al Estado cuando le compra títulos de deuda (en la UE está prohibido hacerlo directamente, aunque en Estados Unidos no) o al conjunto del sistema financiero, en condiciones que pueden ser más o menos favorables según el tipo de interés que cobre, así como la cantidad y la calidad de garantías hipotecarias que pida a cambio; y, por último, mediante la regulación que impone al crédito bancario a través de los coeficientes que hemos visto en el capítulo correspondiente.

Con todo ello, dentro de las dificultades existentes abiertas en economías, en las que además el dinero circula a nivel mundial entre unas zonas monetarias y otras, el Banco Central puede incidir sobre la actividad económica real a través de la mayor o menor cantidad de dinero que mantenga circulando en la economía. Todo ello teniendo en cuenta dos pasos: la relación existente entre cantidad de dinero y precios (a mayor cantidad de dinero en circulación, más suben los precios y más bajan los tipos de interés) por un lado y la vista anteriormente entre precios y actividad económica real.

Tres cosas más hay que decir sobre la política monetaria. Primera: que necesita un tiempo para surtir efecto, aunque unas medidas concretas sean más rápidas que otras. Si, por ejemplo, queremos estimular la inversión, rebajar los tipos de interés a que presta el Banco Central tiene un efecto más rápido que darle a la maquinita de los billetes. Segunda: que no conocemos con certeza la intensidad del efecto, entre otras cosas porque los agentes adaptan sus expectativas según lo que conocen. Sabemos, por ejemplo, con seguridad que reducir la cantidad de dinero circulante hará que la inflación baje. Pero desconocemos con exactitud, y a pesar de los muchos estudios econométricos sobre lo que ha ocurrido en el pasado, cuándo lo hará y cuánto descenderá. Tercera: que en situaciones de gran incertidumbre, como puede ser una crisis grave, algunas reglas establecidas para situaciones normales no funcionan o lo hacen de otra manera. Por ejemplo, rebajar tipos de interés suele provocar en los empresarios una reacción favorable a la inversión. Sin embargo, si hay fuerte incertidumbre sobre el futuro, las inversiones se paralizan por mucho que desciendan los tipos de interés, ya que la gente prefiere disponer del dinero, ante lo que pueda ocurrir (preferencia por la liquidez). Esa limitación de la política monetaria en situaciones de elevada incertidumbre es lo que ha caracterizado la última década de Japón, sometido a fuertes riesgos derivados de problemas institucionales graves (corrupción) que han llevado a una baja actividad (estancamiento) a pesar de que los tipos de interés estaban en cero por ciento. Hay situaciones en que, como decía Keynes, puedes llevar el caballo al abrevadero (facilitar el acceso de los empresarios a la financiación) pero no obligarle a que beba (ni a que invierta). Entonces, más que nunca, está justificada la utilización del otro instrumento poderoso de política económica.

La política presupuestaria

Sobre la política presupuestaria inciden muchas más cosas que las relacionadas directamente con la gestión de la demanda agregada y con el ciclo económico. Hablamos del nivel y de las características de los servicios públicos que un Estado quiere ofrecer a sus ciudadanos y de cómo quiere repartir socialmente el coste de su financiación.

Sin embargo, nos centraremos aquí sólo en tres aspectos que tienen que ver directamente con decisiones de política económica con impacto en la actividad: la decisión de recurrir al endeudamiento para financiarse el Estado; el saldo entre ingresos y gastos, es decir, el déficit público; el impacto sobre el conjunto de la actividad económica derivado del volumen total de dichos ingresos y gastos, esto es, la presión fiscal y el porcentaje sobre el PIB del gasto público.

La deuda pública, como la privada, significa que adelantamos decisiones de consumo o inversión. Es decir, que gastamos ahora lo que todavía no tenemos, aunque si la decisión está tomada correctamente lo tendremos en el futuro. Acumular gasto en el presente significa impulsar en el momento actual la demanda agregada, en la medida en que el gasto público neto es uno de sus componentes básicos. En ese sentido forma parte esencial de una política de lucha contra la recesión económica, como reclamaba Keynes. Por ejemplo, el plan de pago a proveedores de las Administraciones Públicas puesto en marcha por el gobierno de España en 2012: la insuficiencia de ingresos derivada de la crisis había conducido a que muchas Administraciones territoriales no hubieran podido abonar facturas pendientes con proveedores, lo que incrementaba el déficit público (el desfase entre gastos e ingresos) anual. El gobierno central vino en ayuda de los deudores mediante la emisión de deuda pública, con la que cancelar los pagos pendientes. Con ello se transformó déficit de las Administraciones territoriales en deuda del Estado central, pero se inyectó dinero a las empresas acreedoras, un dinero que de otro modo no hubieran tenido.

Otro ejemplo lo representan las obras públicas plurianuales, que, como la compra de una vivienda por una familia, no se pagan al contado, sino que se recurre al endeudamiento, lo cual permite hacerlas con el consiguiente impacto sobre la actividad. La deuda pública, por tanto, tiene dos orígenes: el déficit público anual (los gastos que no se han podido pagar con los ingresos del año) y aquellas decisiones, normalmente de inversión a largo plazo, que se financian directamente con préstamos.

Desde el punto de vista de la política económica, la deuda pública tiene efectos positivos sobre la actividad, aunque, como es obvio, no está exenta de problemas. El primero de éstos es su relación con la política monetaria. Cuando el Estado se endeuda, puede hacerlo de dos formas: aprovechando que es el dueño de la máquina de hacer billetes, emitiendo dinero con el que financia su deuda. En este caso, en la medida en que exista desfase entre la cantidad de dinero emitida y la cantidad de actividad económica generada se puede provocar una subida de precios, inflación, que perjudica al conjunto de la economía. El Estado puede pedir prestado el dinero que necesita. Entonces absorbería fondos monetarios puestos, en principio, a disposición del conjunto de la actividad. En ese caso, si hay crisis económica y la actividad del sector privado no está al tope de su potencial, serán fondos ociosos, cuya canalización al sector público no tiene por qué perjudicar al privado. En otras circunstancias, si hay tensiones de liquidez, la aparición del sector público como competidor del privado por la obtención de fondos prestables se traducirá en una subida de los tipos de interés, que puede perjudicar a la actividad privada no directamente concernida por el gasto público financiado, aunque no sepamos ni cuánto, ni cuándo.

El segundo problema, como es obvio, tiene que ver con la cuantía global admisible de deuda pública, asumiendo por evidente que el endeudamiento no puede ser infinito en la medida en que por una vía (inflación) o por otra (subida de tipos de interés) de financiación acaba generando efectos perversos sobre el conjunto.

En todo caso, como hay que financiar la deuda, el pago de los intereses que genera sí se contabiliza en el presupuesto anual, lo que significa que si se encuentra con déficit, lo agranda.

Cuando los Estados salen a financiarse a los mercados internacionales pidiendo prestado, en la decisión del tipo de interés al que les prestan se tiene en cuenta el riesgo que asumen los acreedores de que el Estado en cuestión al que prestan acabe por no poder devolvérselo. En la Eurozona se toma como referencia el tipo de interés al que se presta al país considerado más solvente, Alemania, y a todos los demás se les cobra un plus adicional, una prima por el mayor riesgo asumido. Ésa es la prima de riesgo, el diferencial de tipos de interés con Alemania al que nos prestan los mercados financieros internacionales, que refleja la mayor o menor confianza que depositan en nuestra solvencia relativa como país.

La deuda pública de un país puede llegar a un momento explosivo cuando el incremento en los costes de su financiación (volumen total multiplicado por los tipos de interés a que esté concedida) superan el ritmo de evolución de los ingresos públicos, que dependen en parte de la tasa de crecimiento y de la inflación. En ese peligroso momento, el Estado ya no genera ingresos corrientes suficientes ni para pagar el nuevo coste anual de la deuda, con lo que la insolvencia es una realidad.

Todo eso es lo que da sentido y consistencia a las reglas que limitan la deuda pública en relación con la riqueza nacional, por ejemplo, en los países del euro.

Sin embargo, el déficit público es lo que configura el paradigma de la política económica presupuestaria, ya que son las decisiones anuales sobre ingresos y gastos lo que determina el signo, contractivo o expansivo, del impacto sobre la actividad económica del país. En los países avanzados existen instrumentos de ingresos (impuestos progresivos) y de gasto público (subsidios de desempleo) que actúan de manera contracíclica, como estabilizadores automáticos, en la medida en que cuando la economía va bien recaudan más y gastan menos, lo que contrarresta el impulso privado, mientras que cuando hay recesión actúan en sentido contrario: recaudan menos y gastan más, expandiendo el déficit público de manera «automática».

En principio, reducir el déficit (o incrementar el superávit cuando lo hay) contrae la actividad económica, mientras que aumentarlo genera actividad adicional. Esto es así por el llamado efecto multiplicador del gasto, que quiere decir que por cada euro adicional gastado por el sector público se genera actividad privada por encima de un euro. Por ejemplo, si el Estado contrata a dos personas que estaban en el paro o invierte en la reparación de una carretera, se pone en marcha la máquina del flujo circular de la renta: los nuevos contratados, a su vez, al tener ingresos adicionales, generaran nuevo gasto con sus compras lo que, a su vez, creará nueva actividad y empleo en otros sectores.

Hay dos consideraciones que conviene hacer en este punto. Primera: que el déficit, en la medida en que deviene deuda, incurre en los mismos problemas que hemos visto en ésta, haciendo también conveniente la necesidad de poner límites al déficit. Segunda: que, al igual que vimos en el caso de la política monetaria, el paso del tiempo, la experiencia y la costumbre de vivir con Estados cada vez más grandes obligan a incrementar la dosis de gasto público necesario para que tenga el mismo efecto sobre el empleo que antes. Dicho de otra manera, el multiplicador se hace cada vez más pequeño.

Estas consideraciones han llevado a algunos a defender la idea de que a partir de determinado volumen del gasto público, en el que ya estaríamos, reducirlo es lo que tiene un efecto positivo sobre la actividad económica. Hablamos de la teoría del efecto expansivo de la reducción del déficit público, tan utilizada para justificar la política de austeridad presupuestaria impuesta por Alemania a la Eurozona en medio de una crisis, que contradice todo el saber convencional acumulado. En realidad existen tres supuestos que, si se dan a la vez, pueden dar respaldo a esta teoría: elevadas tasas de interés a que se financia la deuda; existencia de fondos prestables ociosos, es decir, posibilidad de que haya crédito nuevo a la actividad privada; y cierto crecimiento económico. En esas condiciones reducir el déficit y, con él, los tipos de interés puede hacer que aumente la actividad privada en mayor proporción que disminuye la pública, lo que generaría un saldo neto positivo. Pero, excluido este supuesto, que hoy no se da, la evidencia sigue confirmando lo intuitivo: si recortamos mucho y rápido el déficit público, inducimos una recesión en la economía que puede situarnos ante un círculo vicioso en el que ha entrado, por ejemplo, Grecia: reducir el déficit mediante el recorte de gasto provoca una recesión que reduce los ingresos públicos, lo que obliga a nuevos recortes del gasto para cumplir los exigentes objetivos de déficit.

Respecto al último punto se ha hablado mucho del efecto negativo sobre la actividad privada y, por tanto, sobre el conjunto de la actividad económica, tanto de una elevada presión fiscal (ingresos públicos en relación con el PIB), como de un alto porcentaje de gasto público en relación con la riqueza anual. Es decir, aunque exista equilibrio presupuestario o, incluso, superávit, si se mantiene elevada la presencia del Estado en la economía, se pierde eficiencia, productividad y, en definitiva, riqueza y empleo, con relación a lo que se podría conseguir con una situación en la que fuese menor el peso de lo público en favor de la actividad privada.

Más allá de consideraciones ideológicas en las que no voy a entrar ahora, este planteamiento supone que, por definición, la actividad privada es más productiva que la pública y, además, que ambas funcionan sobre una relación de suma cero en la que una gana lo que pierde la otra. Ambas afirmaciones son ciertas en unas cosas y falsas en otras, sin que se pueda, con rigor, extraer conclusiones definitivas válidas de una vez y para siempre, con independencia del marco institucional en que se inserten. Por ejemplo, lo que puede resultar válido en este sentido para Suecia puede no serlo para Uganda, sencillamente porque sus sectores públicos y privados son muy diferentes y reaccionan de forma distinta, como hemos tenido ocasión de comprobar ante los fracasos reiterados de las «recetas» supuestamente universales de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ello hace que podamos sospechar, con fundamento, que los partidarios de un Estado «pequeño», con escaso margen de actuación presupuestaria, no lo sean tanto por razones contrastadas de eficiencia económica, sino por causas ideológicas relacionadas con la distribución de la renta y de la riqueza de un país, tarea en la que la acción del Estado es fundamental.

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La economía del euro

Nadie podrá decir que cuando en 1991 se adoptó en Maastricht la decisión de crear en la UE una moneda única que sustituyera nueve años después a las quince existentes entonces fuera una decisión improvisada (los primeros proyectos datan de finales de la década de 1960), ni que representara un salto en el vacío respecto al elevado nivel de integración ya alcanzado desde que en 1957 se puso en marcha la Comunidad Económica Europea (CEE).

La teoría de la integración económica establece varias etapas de las cuales la monetaria es la última. Partiendo de la realidad de varias entidades nacionales autónomas, el comercio entre ellas inicia un primer intercambio mutuamente beneficioso, no sólo porque permite acceder a mercancías que no se obtendrían de otra manera (si en mi país no hay petróleo, sólo podré tenerlo comerciando con quienes lo tienen), sino porque al ampliar el mercado al que se destinan (mercado nacional más exportaciones), se puede incrementar la escala de la producción, con lo que se gana en eficiencia. Además, si cambio mercancías libremente con otros países y ellos conmigo, cada vez más podremos especializarnos cada uno en aquello que sabemos hacer comparativamente mejor, con lo que se refuerzan también por esa vía la eficiencia y la productividad en toda la zona comercial.

Cuando, partiendo del comercio, se suprimen las restricciones al intercambio comercial (aranceles y otras) dentro de una zona geográfica concreta, se crea una zona de libre cambio, que sería la segunda etapa en la integración. Si a una zona de libre cambio le incorporamos un arancel externo único —es decir, una política comercial unificada frente al resto del mundo—, tendremos una unión aduanera o arancelaria. La creación de una unión aduanera provoca dos efectos en el comercio mundial: por una parte, crea comercio nuevo al abrir oportunidades que antes no existían, y a la vez desvía comercio, ya que ahora puede resultar mejor traer una mercancía de un país de la zona sin aranceles, cuando antes tal vez se traía de otros lugares, hoy situados fuera de la zona aduanera.

Durante muchos años, antes y después de la segunda guerra mundial, el proteccionismo comercial era la nota dominante del sistema económico mundial. Había muchas mercancías que simplemente no se podían importar o exportar; otras que se podían hacer pero pagando en frontera un impuesto llamado arancel (que podía ser muy elevado); otras que sólo se podían importar hasta un volumen determinado (cupos); y aún otras que tenían que cumplir normas técnicas diseñadas en muchas ocasiones para hacer inviable en la práctica su comercio. Una parte importante de la política internacional consistía en negociaciones para ir abriendo espacios recíprocos de aperturas comerciales, con numerosas excepciones que respondían a las exigencias y necesidades de los productores nacionales en cada país.

Desde esa situación, plantear una zona de libre cambio o, todavía más, una unión aduanera era visto como objetivos ambiciosos a los que se podría aspirar pero tras muchos años de aproximación paulatina. De hecho, existían acuerdos comerciales entre países, pero apenas ninguna zona comercial con las características mencionadas (salvo, tal vez, las formadas por las antiguas potencias coloniales y sus otrora colonias, ahora devenidas en países soberanos).

Cuando en 1957 se firmó el Tratado de Roma, que dio inicio a la CEE, el objetivo era crear una unión aduanera entre los países firmantes, a la que se unió la puesta en marcha de una experiencia novedosa como era aplicar una política agrícola común, a la vez que en paralelo se había firmado otro acuerdo sobre la puesta en común, también, de las políticas sobre el acero y el carbón. Aunque el impulso político inicial para crear la CEE está muy determinado por la obsesión de los líderes europeos del momento por evitar una eventual nueva guerra en el continente después de dos siglos con conflictos bélicos recurrentes, la manera concreta de hacerlo —ir creando lazos de interdependencia e integración económica creciente entre las naciones europeas— tenía mucho sentido desde el punto de vista de la teoría económica. Desde el principio, sin embargo, la experiencia de la CEE ha sido una combinación de política y economía que ha dado lugar a una poderosa institución que no responde exactamente a ningún diseño académico pero que funciona, aunque con muchos problemas. Al menos hasta el momento de la actual crisis desatada en torno al euro y a sus fallos de diseño.

No obstante los problemas surgidos en torno al euro tras la crisis financiera internacional iniciada en 2007, debemos reconocer tres éxitos en la experiencia de construcción en Europa de una institución como la UE. El primero, haber conseguido que Europa se convierta durante un largo período en un espacio de paz y prosperidad. El segundo, haberse convertido en un polo de atracción por su estabilidad y prosperidad relativa, como muestra el hecho de que sus miembros no dejan de incrementarse con nuevos candidatos, sobre todo tras la convulsión sufrida en el continente como consecuencia del desplome de los regímenes comunistas. Y tercero, haber construido una forma institucional novedosa, mediante una combinación atípica de economía y política, de comercio y democracia que, a pesar de sus múltiples carencias, sobre todo respecto a la lentitud con que toma decisiones, funciona mejor que cualquier otra alternativa conocida.

Las luchas por el poder y por la hegemonía que han marcado la historia de Europa no han desaparecido, pero gracias a la UE ahora se canalizan a través de las mesas de negociación, la burocracia y las votaciones, lo que significa un importante avance histórico impulsado desde la acción política, pese a todas sus carencias y ámbitos de mejora.

Hasta la aprobación, en 1986, del Acta Única, la CEE había sido una unión aduanera con una política común, la agrícola, que absorbía el 80 por ciento de un escaso presupuesto comunitario que apenas si representaba el 0,5 por ciento del PIB de la zona. Pero que ya se había convertido en polo exitoso de atracción tras haber duplicado el número de países miembros desde los seis fundadores y pese al período de «euroesclerosis» vivido a comienzos de la década de 1980 como continuación de la fuerte crisis del petróleo de 1974 y que se expresaba con el siguiente dato: en 1971 el primer vídeo que apareció en el mercado era europeo, diez años más tarde, nueve de cada diez vídeos comercializados en Europa eran japoneses.

El Acta Única marcó cinco objetivos de transformación para la UE: el compromiso de alcanzar en 1992 un verdadero mercado interior entre los países miembros, con desaparición efectiva de las fronteras y de todos los obstáculos al comercio, todavía existentes, incluyendo los tributarios; conseguir un desarrollo más armónico entre las distintas regiones de la UE, reforzando la cohesión económica y social; agilizar el mecanismo de toma de decisiones; incorporar a la UE dos políticas nuevas, como eran la de investigación y desarrollo tecnológico junto a la de medio ambiente.

También en el Acta Única se hacía una referencia inconcreta sobre el objetivo de alcanzar una Unión Económica y Monetaria (UEM), pero sin demasiadas concreciones. No obstante, no es aquí donde aparece la primera referencia a una unión monetaria en el largo proceso de integración comunitaria. De hecho, ya en 1969, la Comisión presentó un «Memorándum sobre la coordinación de las políticas económicas y de la cooperación monetaria en el seno de la Comunidad», conocido como Plan Barre, que fue seguido —en medio de varios planes e iniciativas sobre la construcción de una UEM que superase la fase de unión aduanera— por un informe encargado a un grupo de expertos encabezado por el profesor Werner: «Informe sobre la realización por etapas de la Unión Económica y Monetaria en el seno de la Comunidad» (1970).

Este informe fue aprobado por el Consejo en 1971, fecha en la cual la Comunidad adoptó ya la primera decisión de avanzar hacia una UEM. Esta decisión saltó por los aires cuando Estados Unidos, pocos meses después, suspendió la conversión del dólar en oro arrastrado por la tremenda inflación desatada por la guerra de Vietnam, lo que hizo estallar el sistema de tipos de cambio que había definido, hasta la fecha, el régimen monetario internacional, y dio lugar a una larga etapa de grandes fluctuaciones de las monedas de todos los países.

En ese momento, todavía inmadura la posibilidad de dar un salto adelante hacia una mayor integración monetaria, los países comunitarios adoptaron medidas defensivas que dotaran a los intercambios comerciales internos de la mayor estabilidad cambiaria posible. Así en 1972 se creó la llamada serpiente monetaria, un compromiso de que los bancos centrales mantendrían la fluctuación de las monedas dentro de una cierta banda, recurriendo a la intervención si hacía falta. Así pues, en 1973, se creó un Fondo Europeo de Cooperación Monetaria que ayudara a los bancos centrales en esa labor. A partir de 1979 se articuló el Sistema Monetario Europeo, que reforzó, en la misma línea, los compromisos con la defensa de la estabilidad monetaria en el seno de la zona comunitaria, lo que favoreció la cooperación intracomunitaria en este campo.

En 1988 se encargó al entonces presidente de la Comisión que encabezase un grupo de expertos que tenían que estudiar los pasos que dar para conseguir una UEM. Basándose en dicho informe y en medio de un gran optimismo generalizado por la buena situación de la economía en esos años, se iniciaron las negociaciones para modificar el Tratado de la CEE e incluir una UEM, tal y como se acordó finalmente en 1991 mediante el Tratado de Maastricht. En éste se adoptaron cinco decisiones políticas, aunque con base técnica, que han condicionado el desarrollo futuro del euro:

•    La propia existencia de una moneda única. Se podía haber establecido un sistema de tipos de cambio fijo e irrevocable, pero que mantuviera nominalmente las distintas monedas nacionales, como se pudo haber creado una moneda común, que compitiera con las existentes.

•    Dotar al nuevo Banco Central de un estatuto de independencia, definir sus objetivos exclusivamente centrados en la estabilidad de precios y prohibirle que comprara deuda pública de los Estados miembros. En aquel entonces, sólo Estados Unidos y Alemania tenían bancos centrales independientes, pero la Reserva Federal estadounidense tiene también por objetivo, además de controlar la inflación, contribuir al crecimiento económico y es, además, un «prestamista de último recurso» para el Estado, que puede recurrir a él cuando no obtiene financiación aceptable en los mercados privados.

•    Establecer una aproximación gradual y por etapas, pero a fecha fija y a partir de unos niveles de convergencia previamente definidos, contrastaba con quienes defendían desde la academia la conveniencia de hacerlo en un único paso, pues sería la unidad monetaria la que forzaría, luego, a la convergencia.

•    Definir los criterios de convergencia previa en términos nominales (déficit, deuda, inflación, tipos de interés y tipos de cambio), que, además de redundantes, dejaban fuera aspectos importantes de convergencia real (paro, renta per cápita, productividad, etc.), que también eran importantes.

•    Fijar un calendario con fechas exactas que, si bien reforzaban el compromiso, significaba asumir riesgos, como ocurrió, de no poder cumplirlas más que en segunda convocatoria.

Entre la aprobación del Tratado (1991) y la primera fecha prevista para inaugurar la UEM (1997) se desató una intensa crisis económica que se llevó por delante el sistema monetario europeo (hizo falta ampliar las bandas de fluctuación hasta casi hacerlas desaparecer) y, sobre todo, incrementó de manera súbita los déficit públicos de los países hasta el punto de que en la primera de las fechas previstas ni siquiera Alemania cumplía los criterios de convergencia, razón por la cual se optó por la segunda fecha: 1999 para fijar los tipos de cambio y 2000 para que empezara a circular el euro.

¿Una zona monetaria óptima?

A lo largo de los años se ha ido debatiendo entre los expertos qué definía una zona monetaria óptima y si la CEE era o no una zona que reuniese los requisitos necesarios para poner a circular, con garantías mínimas, una moneda única.

Desde el ámbito académico debemos al premio Nobel Mundell la fijación, en 1961, de los cuatro criterios que deben definir una área monetaria óptima, entendida como aquella en que circula una sola moneda: debe haber perfecta movilidad de capitales; debe haber, también, perfecta movilidad de trabajadores; debe tener unos presupuestos centrales que permitan redistribuir renta en el interior de la zona; y, por último, debe existir suficiente similitud entre sus estructuras económicas como para pensar que sus ciclos serán similares y un solo Banco Central podrá atender las necesidades del conjunto de la zona.

Muchos estudios habían señalado las ventajas que para una unión aduanera como la Comunidad, con algunas políticas comunes, tendría el avanzar hacia una moneda única. Los más destacados de entre los más recientes el llamado Informe Padoa-Schioppa sobre «Eficacia, Estabilidad y Equidad. Una estrategia para la evolución del sistema económico de la Comunidad Europea», publicado en abril de 1987, y el Informe Cecchini sobre el coste de la no Europa.

En ellos se razonaba de manera concéntrica: hay que remover los obstáculos que dificultan una auténtica libertad comercial en el seno de la Comunidad. Históricamente comenzamos por los aranceles y cupos; seguimos por los condicionantes técnicos y de seguridad de los productos; ampliamos de los bienes a los servicios, y empezamos con la libre circulación de personas; armonizamos impuestos indirectos que afectaban a los intercambios (IVA); y, finalmente, eliminamos los tipos de cambio, que son el último obstáculo que queda para la plena integración comercial de la zona. No eliminar todas esas barreras a los intercambios, incluyendo la existencia de distintas monedas con los costes de cambio y las incertidumbres asociadas, tiene un elevado coste económico para los consumidores europeos. Desde ese punto de vista, los sucesivos pasos en el camino de la integración comercial y económica van llevando, como las cerezas en racimo, a otros y otros, que de forma paulatina nos aproximan a la realidad de un mercado interior, sin barreras como la que existe en el seno de cualquier Estado.

Es evidente, sin embargo, que este proyecto que persigue que los intercambios económicos y comerciales entre Baviera, Sicilia y Extremadura se produzcan exactamente igual que entre Galicia y Andalucía, por ejemplo, tiene efectos sobre la producción, el empleo y la riqueza que no pueden pasar desapercibidos desde el punto de vista político, sobre todo porque se sigue manteniendo un sistema político fundado en Estados miembros con gobiernos democráticos que ven cómo pierden capacidad de controlar instrumentos económicos clave, pero sufren las consecuencias de la integración, no todas ellas positivas, a la vez y en toda el área.

Desde ese punto de vista, el salto al euro no puede analizarse como un paso más en el proceso de integración comunitario. Se trata de un importante salto cualitativo cuyas ventajas fueron, tal vez, más ponderadas que sus posibles consecuencias negativas, para las que visto ahora no nos preparamos lo suficiente. Quizá porque las ventajas eran para unos y los eventuales efectos negativos para otros.

Los cuatro criterios citados arriba han sido ponderados de manera diferente por unos autores y por otros. Uno de los grandes, por ejemplo, el profesor Tibor Scitovsky, escribió en 1957, antes que Mundell, que «el análisis sugiere que un mercado común paneuropeo de capitales y una política común paneuropea de empleo serían los requisitos previos imprescindibles de una moneda común». Y ello es así porque lo más preocupante de una área monetaria única es la existencia de lo que llama «choques o perturbaciones asimétricos».

Hablamos de choques asimétricos cuando una misma dificultad económica —por ejemplo, una subida de tipos de interés o una crisis energética— afecta mucho más a una parte del área monetaria que a otras. Conviene recordar que en la UE las partes geográficas afectadas de manera distinta están inscritas en entidades nacionales que conservan toda su legitimidad y responsabilidad democráticas ante los ciudadanos, pero que carecen de instrumentos suficientes, por formar parte de la UE, para responder a los efectos negativos de esas perturbaciones —como, por ejemplo, política monetaria.

Un ejemplo de perturbación asimétrica han sido los efectos de la crisis financiera internacional que, al golpear en realidades económicas distintas como Alemania, España o Grecia, tiene consecuencias muy diferentes en sus tasas de paro y déficit público. En ese contexto disponer de una sola y la misma política monetaria para todos, cuando las realidades concretas son tan dispares, revaloriza la importancia de la política presupuestaria como principal instrumento compensatorio de las diferencias y asimetrías. La pregunta, entonces es: ¿qué presupuestos, los nacionales o los comunitarios?

Sin necesidad de ser economista, cualquiera puede entender que construir una zona monetaria con una moneda única, el euro, obliga a reforzar los presupuestos comunitarios, aunque sólo sea de manera preventiva frente a esos choques asimétricos. Si, además, se pretende impulsar políticas que favorezcan la convergencia real entre los desiguales niveles de renta y bienestar dentro de la zona, habría una segunda razón de peso para que el presupuesto de la UE superase el ridículo 1,5 por ciento del PIB actual para aproximarse al entorno del 25 por ciento que representa el presupuesto federal en Estados Unidos. Es obvio que los países que contribuyen al presupuesto comunitario más de lo que perciben se muestran muy reticentes con cualquier iniciativa de ampliación de éstos.

Desde la aprobación del Fondo de Cohesión y la duplicación de los Fondos Estructurales —ambos por presión encabezada por España como complementos a los beneficios que a los países más desarrollados les iba a representar la política de mercado interior aprobada— una cierta tensión norte-sur se instaló en la UE entre países que obtenían fuertes beneficios económicos de la libertad comercial interna y otros —con problemas estructurales que resolver— necesitados de ayuda solidaria de los más ricos, como ocurre en el marco de cualquier Estado nacional.

El euro fue el precio que Alemania tuvo que pagar para que se le permitiera llevar adelante la unificación de las dos Alemanias tras la caída del Muro de Berlín. Pero puso dos condiciones: el euro tendría que parecerse lo más posible a su marco y debería quedar blindada la posibilidad de que el precio de la UEM cayera en exceso sobre los contribuyentes alemanes, que en ese momento bastante tenían con pagar la integración de la Alemania del Este. Luego, sin embargo, la elevación de los tipos de interés alemanes fue lo que hizo saltar por los aires el Sistema Monetario Europeo, lo que provocó una importante crisis en el resto de los países, que veían cómo sus capitales acudían a financiar, a esos tipos de interés, la unidad alemana.

La decisión de centralizar la política monetaria en un BCE, eliminándola como instrumentos nacionales de ajuste, no fue tan grave como las condiciones en que se hizo: lucha contra la inflación como mandato único y prohibición de prestar, ni en última instancia, a los Estados. Ambas respondían a presiones de Alemania, pero ataban las manos a los países menos desarrollados, que, a la hora de impulsar medidas de crecimiento adicional en sus territorios, se verían necesariamente abocados a contemplar una mayor tasa de inflación y un mayor endeudamiento público diferencial respecto a países más desarrollados que habían vivido este proceso en otros momentos históricos.

Por otro lado, Alemania mostró con mucha rotundidad su decisión de que fueran los presupuestos nacionales los que financiaran el coste de la unión monetaria, dentro de unos límites impuestos en el marco del Pacto de Estabilidad y de los Planes de Convergencia. De esta forma no habría fondos presupuestarios comunitarios adicionales para acompañar la unión monetaria, cuyos eventuales costes, directos o provenientes de choques asimétricos, deberían ser financiados desde los presupuestos nacionales en condiciones que no pusieran en riesgo, además, la lucha contra la inflación, como obsesión típicamente alemana, mediante un recurso excesivo al endeudamiento público.

Ambos asuntos juntos —ausencia de presupuesto comunitario adecuado al reto de la unión monetaria y prohibición al BCE para financiar gobiernos e instituciones de la UE— rompían la necesaria ligazón que, tal como hemos visto, debe existir entre política presupuestaria y política monetaria, con lo que se reducirían las posibilidades de hacer frente a los ciclos y a las crisis a los que se tenían que enfrentar los gobiernos nacionales, con una mano atada a la espalda.

Como conclusión de este punto podríamos señalar las siguientes cuestiones: la creación de una UEM en la UE fue una decisión política, fundamentada por un importante nivel previo de integración comercial. El diseño institucional de la UEM estaba muy sesgado en favor de la unión monetaria, lo que postergó una unión económica que incluyera la creación de un contrapeso efectivo al poder del Banco Central o la habilitación de una auténtica política paneuropea de empleo como la reclamada por Scitovsky. La unión monetaria, además de hegemónica, se orientaba hacia una versión restrictiva que hacía de la lucha contra la inflación la prioridad única. Las condiciones impuestas al euro —básicamente, la ausencia de un verdadero presupuesto comunitario que pudiese contrarrestar diferencias excesivas de renta así como los límites a las actuaciones de los presupuestos nacionales dentro del pacto de estabilidad— confirieron una asimetría a la unión que comprometía la solidez del proyecto.

El euro fue una decisión acertada, ni improvisada ni un salto en el vacío, como decíamos al comienzo de este capítulo. Pero su diseño y ejecución, con fuerte sabor alemán, contradecían los supuestos de la teoría económica y algunos incluso el propio sentido común. El principal problema no es saber si se reunían o no las condiciones previas predichas por la teoría para constituir una área monetaria óptima. El problema fue que nació atado de pies y manos, incapaz de hacer frente a todas las dificultades que, previsiblemente y como así ha sido, nos íbamos a encontrar en el camino. En el diseño incluido en el Tratado de Maastricht (en cuya negociación estuve, como miembro nada relevante de la delegación española) se podían entrever ya los términos de la nueva fase en la lucha por la hegemonía europea abierta con la caída del Muro de Berlín y todas las transformaciones adicionales a que dio lugar en Europa y en el mundo.

Los fallos de diseño amplificaron la crisis, lo que puso en riesgo al euro

En apenas ocho años, el euro ha pasado de ser reconocido mundialmente como una de las más importantes y exitosas operaciones políticas de integración monetaria en países avanzados a situarse al borde del abismo, con serias amenazas de ruptura y posibilidades ciertas de que, al menos un país, rompiera con él, lo que iniciaría el proceloso camino de salida y regreso a una moneda nacional.

¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido posible esa trayectoria tan sorprendente? Desde el principio hubo economistas, sobre todo estadounidenses, que defendieron que no se daban las condiciones señaladas por la teoría económica para construir en Europa una área monetaria óptima y que empeñarse en hacerlo, a pesar de todo, era jugar a la ruleta rusa. Dar el salto desde la integración comercial (mercado único) a una moneda única significaba introducir unos cambios importantes en la gestión y en la coordinación de las políticas económicas a escala comunitaria, que no se dieron. Una zona monetaria, para ser estable, requiere, según estos académicos, políticas centralizadas que aproximen los niveles de renta y de bienestar entre las distintas partes que la conforman, es decir, unificar políticas de productividad, laborales, sanitarias, de pensiones, de servicios sociales, etc. En lugar de eso, la Eurozona se limitó a coordinar políticas presupuestarias nacionales con una política monetaria que iba un poco a su aire, luchando contra la inflación.

De esta forma, el diseño institucional del euro y de la propia UE mostraron todos sus problemas cuando llegó la crisis financiera internacional y todo lo que hasta entonces era sólido (grandes entidades bancarias, por ejemplo) se desvaneció en el aire, lo que provocó una profunda brecha entre los diferentes países del euro afectados por tasas de endeudamiento (público y privado) tan dispares como sus distintas tasas de paro. La necesidad de mejorar la gobernanza del euro se convirtió en una urgencia a la que la Comisión ha dedicado tiempo y esfuerzo presentando propuestas.

Es verdad que los impulsores del euro (Kohl, Mitterrand, Felipe González) entendieron la UEM como el penúltimo paso hacia la deseada unidad política europea en torno a una Constitución y un sistema de gobierno democrático y común donde la Comisión fuera el ejecutivo que proponía y ejecutaba, el Consejo era una especie de senado territorial y el Parlamento Europeo el órgano de representación, control y colegislador. Sin embargo, el fracaso de los referéndums sobre el Tratado de Lisboa, que recogía los avances fundamentales hacia esa unión política, no sólo frenó el proceso de avances políticos debilitándola, sino que alentó una especie de renacionalización de las políticas, en la que la cooperación intergubernamental asumía el protagonismo del fracasado nuevo «gobierno europeo». Con un matiz fundamental: las instancias comunitarias defienden el interés general y las intergubernamentales el interés compartido, aparcando todo aquello en lo que no hay acuerdo.

Cuando ante las distintas realidades nacionales no aparecía una respuesta rápida, conjunta y solidaria comunitaria (ni había instrumentos presupuestarios, ni monetarios), los mercados financieros interpretaron que el compromiso de los países grandes del euro con los países periféricos y en dificultades del euro era escaso, lo que dio paso a sucesivas oleadas de ataques especulativos contra sus deudas soberanas que exigían una retribución cada vez mayor para seguir prestándoles (la prima de riesgo, o el diferencial de intereses que se paga de más por la deuda a diez años, respecto a lo que paga el país ancla, Alemania).

Los efectos de la grave crisis sobre algunos países con estructuras económicas más vulnerables (incremento del déficit público, riesgo de quiebra o quiebra de sus sistemas financieros) dificultaba tanto su acceso a los mercados para obtener la imprescindible financiación con que pagar —a veces, las pensiones o la nómina de sus empleados públicos— que se arbitró un mecanismo de intervención supranacional formado por tres instituciones, dos comunitarias (Comisión y Banco Central) y otra no comunitaria (FMI), que, a cambio de severísimos planes de ajuste presupuestario, inyectan liquidez en forma de préstamo, sin necesidad de recurrir a financiación privada. En algunos casos, como en Grecia, los planes de rescate han incluido un perdón, una quita parcial de la deuda por parte de los acreedores, como expresión de que alguna responsabilidad tuvieron al continuar alimentando una burbuja, al prestar sin la debida prudencia. El recurso a tan atípica «troika» rescatadora es, para muchos, la mejor expresión del fracaso en la gobernanza del euro, que sencillamente ni disponía de instituciones preparadas para gestionar una situación como ésta, ni fue capaz de preverla y evitarla.

Una parte de la explicación debemos encontrarla en lo que he llamado la enfermedad alemana del euro. Aunque le llamemos euro, vivimos en una zona marco ampliada. Si la unión monetaria fue el precio que Alemania estuvo dispuesta a pagar, tras la caída del Muro de Berlín (1989), para poder hacer su reunificación, la condición que puso es que el euro se pareciera en todo a su marco. Lo que hoy llamamos fallos en el diseño institucional del euro, o problemas de gobernanza —que tanto han tenido que ver con la agudización de los problemas en los países periféricos por la pésima gestión de la crisis de la deuda soberana— están en el ADN del proyecto alemán de Europa.

Fue Alemania la que impuso en el Tratado de Maastricht (1991) que el nuevo BCE fuese independiente (entonces, sólo Alemania y Estados Unidos lo tenían, sin que sus resultados en inflación fueran mejores). Fue Alemania la que impuso la lucha por la estabilidad monetaria como único objetivo del BCE sin incluir, como tiene la Reserva Federal estadounidense, un complemento genérico del tipo «compatible con el crecimiento y el empleo». Pero, sobre todo, fue Alemania la que obligó a la Eurozona a gestionar la política económica con una mano atada a la espalda, lo que estableció una ruptura insalvable en la necesaria coordinación de las políticas monetarias y presupuestarias cuando prohibió al nuevo BCE que financiase directamente a gobiernos, impidiendo que pudiese ejercer de «prestamista de último recurso». Esto a pesar de que las realidades en renta per cápita fuesen dispares y los choques asimétricos en la zona fuesen más que una posibilidad teórica.

Además fue Alemania (principal contribuyente neto) la que se negó a incrementar al presupuesto comunitario, el 1,5 por ciento del PIB de la zona, cuando el presupuesto federal de la otra gran área monetaria, Estados Unidos, representa el 25 por ciento, e impuso que cada país aguantara con sus propios presupuestos los costes que también tenía, junto con sus muchos beneficios, el euro, ajustándolos además con límites al déficit y a la deuda dentro de los planes de estabilidad. Por último fue Alemania quien echó agua, hasta descafeinarla, a la propuesta francesa de desarrollar la Unión Económica en paralelo a la Unión Monetaria con la idea de crear una especie de consejo económico que fuese el contrapoder efectivo al BCE.

La misma Alemania que con una reunificación (1990) disparatada desde el punto de vista económico (no así político) provocó una inflación que tuvo que combatir subiendo los tipos de interés, sin que le preocupase el que con ello provocara una profunda crisis en el mecanismo de cambio del Sistema Monetario Europeo, que obligó al resto de los socios a defender sus monedas con fuertes subidas de tipos de interés que precipitaron en Europa una corta pero intensa depresión (1992-1994). La Alemania que tras el fracaso del Tratado de Lisboa aceleró el proceso de renacionalización del proyecto de la UE, debilitando a la Comisión y no permitiendo, por ejemplo, que una adecuada supervisión comunitaria hubiera detectado a tiempo las trampas en los presupuestos griegos. O esa Alemania que deterioró el mecanismo comunitario de supervisión presupuestaria al bloquear, en 2003, un procedimiento por déficit excesivo que le iba a abrir la Comisión.

La Alemania que pospuso la imprescindible primera intervención en Grecia, porque Merkel tenía unas complicadas elecciones parciales, dando alas especulativas a «los mercados», en los que los bancos alemanes cuentan mucho, que lo interpretaron como escaso compromiso con el euro. El mismo gobierno alemán que está imponiendo una dieta de austeridad altamente contraproducente para la salud económica de Europa. Lo malo no es el régimen de adelgazamiento, necesario, sino que el método impuesto por Alemania es dañino para el crecimiento y el empleo y, por tanto, debilita la solvencia de unos países obligados a seguir una vía de empobrecimiento agudo.

También es la Alemania que obtiene superávit comercial exportando sus productos a los países del euro, la que más contribuye al magro presupuesto comunitario o la que impuso, en el rescate a Grecia, una quita a la deuda privada. La que mira para otro lado cuando el BCE se salta la prohibición de comprar deuda pública mediante estrambóticas operaciones con el FMI para que lo haga éste, o prestando a los bancos nacionales para que ellos la compren, con lo que obtiene un jugoso beneficio.

La Alemania de Merkel, por su peso en Europa y en el mundo, por su propio interés económico y, sobre todo, para convertir su indiscutible hegemonía en liderazgo legitimado debería modular su concepción sobre la política económica necesaria, para tener en cuenta, mínimamente, las necesidades y posibilidades nacionales de los distintos países del euro y de la zona en su conjunto. En ese sentido debería aprovechar la elección de Hollande, con su nuevo discurso europeísta, como «excusa» para introducir cuatro cambios importantes en su manera de contar y de actuar. Primero: reforzar su compromiso con el proyecto del euro y con la idea de una UE que sea mucho más que una zona de libre cambio. Segundo: acelerar la entrada en vigor del nuevo fondo de rescate europeo, utilizándolo como sustituto del BCE en sus intervenciones en los mercados de deuda soberana. Tercero: reconocer que la situación económica ha empeorado de manera significativa en algunos países, como España, Grecia y Portugal, justificando con ello un aplazamiento del calendario de cumplimiento de los objetivos de déficit, dado que la recesión económica impacta negativamente al reducir los ingresos, como ocurrió aquí en 2011. Y cuarto: lanzar un plan europeo de reactivación y crecimiento para infraestructuras y pymes, centrado en los países con mayores dificultades. Este plan podría financiarse a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y emitiendo eurobonos finalistas.

No es ésta la primera crisis que atraviesa el proceso de construcción europea. Pero sí es la más profunda porque se produce con un elevado nivel de integración (euro) y porque no admite más que saltar hacia adelante, si no queremos que todo lo construido desde 1957 como instrumento para evitar otra guerra en el continente salte por los aires.

La experiencia histórica demuestra que la UE sólo sale de los períodos de crisis existencial mediante un nuevo salto adelante en su proceso de integración. En esta ocasión son muchos los inconvenientes y los problemas constatados que tiene una moneda única sin Estado, que es lo que hemos construido a partir del fracaso del Tratado de Lisboa. Por tanto será razonable pensar que, a medio plazo, se deberá avanzar en el camino hacia una mayor integración económica en al menos dos aspectos: una unión bancaria, que incluya un fondo de garantía de depósitos europeo, un sistema europeo de supervisión y mecanismos conjuntos de capitalización. En paralelo, se deberán realizar avances sustanciales en la unión presupuestaria, con controles comunitarios y un mecanismo de mutualización de la deuda pública, mediante eurobonos, que acabe con las emisiones nacionales y la prima de riesgo. Ayudaría en todo ello incorporar una tasa a las transacciones financieras que proporcionara ingresos con los que fortalecer los recursos presupuestarios de la UE y, a corto plazo, el fondo de rescate.

Aunque nada de esto será suficiente sin dar pasos sólidos hacia una mayor integración política, abandonando la actual política basada en el predominio de los Estados nacionales y recuperando la idea de un verdadero gobierno europeo de matriz federal, capaz de respaldar la moneda única.

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Comercio internacional y globalización

Cualquier persona sensata contestaría a la pregunta de «¿por qué comercian los países entre sí?» con la respuesta de que lo hacen porque con ello ganan, ya que nadie lo haría si perdiera, salvo que se le obligara por la fuerza, como en caso del colonialismo o el imperialismo. Sin embargo, un economista ortodoxo tiene serías dificultades para responder a esa sencilla cuestión. Tantas, que se han tenido que agrupar en tres grandes bloques todas las teorías expuestas hasta la fecha dirigidas a explicar, de manera compatible con la evidencia empírica y con el resto del saber económico convencional, cuáles son las causas del comercio internacional y cuáles los efectos que provoca sobre el bienestar de los países que intervienen en él.

El primer bloque estaría formado por la teoría tradicional del comercio que, partiendo del propio Adam Smith (de hecho, una extensión a los países de su propia teoría del intercambio entre personas) y de David Ricardo, otro gran economista británico del siglo XIX, centraría la explicación del comercio internacional en el hecho de que los países son diferentes entre sí en tecnología, dotación de factores productivos o preferencias. Esa diferencia establece ventajas competitivas que permiten que puedan beneficiarse del comercio, si cada uno produce y vende lo que sepa hacer relativamente mejor (y, se supone, más barato).

Si un país tiene petróleo pero no naranjas, y otro país produce naranjas pero no tiene petróleo, ambos ganarán si comercian porque permitirán a sus ciudadanos disponer de lo que tenían previamente más lo que traen del otro país. Incluso si hay un país que ya tiene petróleo y naranjas, seguro que es mejor, relativamente, en una de las dos cosas y le resultará más rentable centrarse en la producción de aquello en lo que es mucho mejor e intercambiar el resto.

Además, ello le permitirá dedicar inversión y trabajo en aquello en lo que tiene ventaja comparativa, movilizando sus recursos productivos en el sentido de la especialización determinada por el comercio. En un modelo teórico, sin restricciones a la libertad de movimientos internacionales ni de los productos, ni de los trabajadores, éstos acudirán donde se paguen mejores salarios.

Por tanto, de acuerdo con este enfoque, el comercio incrementa el bienestar general porque diversifica, de manera eficiente, la producción mundial y permite que los precios de los productos se igualen como consecuencia de la competencia e, igualmente, que los salarios y la tasa de beneficios tiendan a igualarse también en todo el mundo porque, de otro modo, los trabajadores o los inversores se desplazarán en busca de donde obtuvieran mejores retornos.

Las teorías englobadas en este enfoque, simple pero coherente con el resto del modelo económico convencional de equilibrio general, predicen, pues, dos cosas. Primero: que los países que comercian tenderán a especializarse en aquellos bienes en cuya producción son mejores porque tienen una ventaja comparativa (incluida la dotación de factores productivos, como sol y playa, trabajadores cualificados o inversión en tecnología). Y segunda: que los países que comercian tenderán a equiparar su nivel de renta porque los salarios y los beneficios relativos se aproximarán.

Pues bien, las evidencias empíricas realizadas mediante el análisis con datos de muchos años de lo que ocurre en la realidad del comercio internacional y de los países que comercian no permite ratificar estas teorías, que, no obstante, se siguen enseñando en las facultades de todo el mundo.

En primer lugar, el comercio internacional se efectúa de forma mayoritaria entre países similares y no diferentes: con niveles similares de renta, con dotaciones similares de factores productivos y con gustos similares, siendo la similitud y no la diferencia, junto con la proximidad geográfica, los factores determinantes. Los grandes bloques comerciales como la UE o América Latina o Asia concentran dentro de su delimitación geográfica la mayor parte de los intercambios comerciales entre sus países miembros. Esto, como es obvio, no quiere decir que no haya comercio entre zonas geográficas distintas y distantes, pero representa una parte minoritaria del total que, como veremos más adelante, no está claro si crece o se mantiene estable.

Lo que más crece en los últimos años es el llamado comercio intraindustrial, que es contrario a lo predicho por estas teorías tradicionales que avalaría el comercio interindustrial. Así, los países no se especializan uno en coches y otro en zapatos e intercambian ambos productos (comercio interindustrial), sino que hacen, a la vez, coches y zapatos e intercambian las dos cosas: exportan coches y zapatos e importan otro tipo de coches y otro tipo de zapatos (comercio intraindustrial), ya que son productos diferenciados, o importan componentes, los ensamblan y exportan el producto final o partes más elaboradas de éste.

Por otro lado no hay evidencia empírica concluyente de que el comercio produzca una equiparación de salarios y beneficios. Quizá porque no existe esa supuesta libertad de movimientos de trabajadores que supone el modelo teórico.

La existencia de una realidad creciente, vinculada al comercio internacional, incompatible con las teorías tradicionales del comercio (aunque exista otra parte de comercio que sí puede explicarse de forma razonable por ella) ha dado pie a que surjan teorías alternativas que pretenden ajustarse mejor a esa realidad, cambiando algunas de las hipótesis abstractas del modelo tradicional.

Entraríamos así en el segundo bloque de teorías explicativas, que se ha dado en llamar Nueva Teoría del Comercio Internacional y que señala causas para éste que no tienen que ver con la existencia, o no, de ventajas comparativas entre los países, sino con la existencia de economías de escala en la producción, lo que permite tener acceso a una variedad más amplia de mercancías. El principal autor dentro de este bloque es Paul Krugman, quien publicó en 1979 un artículo que sentó las bases del nuevo enfoque al trasladar a la teoría del comercio internacional los nuevos enfoques que se estaban haciendo sobre la organización industrial. Fue ésa la razón principal por la que le dieron el premio Nobel.

La idea es muy sencilla, pero requiere superar importantes restricciones del modelo anterior como que no hay competencia perfecta porque no hay rendimientos constantes a escala. De hecho se parte de la constatación de que en muchas industrias lo que hay son rendimientos crecientes a escala, es decir, la producción se abarata cuanto mayor se hace, porque los costes medios se reducen, ya que los elevados gastos fijos se diluyen más. La fabricación de un coche, por ejemplo, se puede hacer de manera más rentable cuanto mayor sea el volumen que fabriquemos. Y lo mismo sucede con cada vez más productos cuya rentabilidad en la fabricación dependen de un volumen mínimo determinado a partir del cual los costes medios de producción descienden.

En estos productos, las empresas que los fabrican crecerán de tamaño, pasando de mercados de competencia perfecta (producto homogéneo, infinidad de productores que no pueden incidir sobre el precio) a mercados de competencia monopolística (productos diferenciados, pocos productores que sí influyen sobre el precio). La estrategia de diferenciación del producto, sea por características técnicas, aspecto o marca, concede al fabricante una posición de dominio sobre el consumidor haciendo, de alguna manera, único a cada producto.

Cuando un producto, sea un coche, un perfume, una cadena hotelera o una bebida, consigue diferenciarse de los competidores por la razón que sea (la publicidad no es la menor), entonces puede venderse en todo el mundo (el mercado se amplía) y fabricarse a gran escala aprovechando las consiguientes reducciones de costes.

En esos casos, que cubren cada vez un abanico más amplio de ejemplos, el comercio entre países se produce al margen de las ventajas comparativas, lo que da lugar a grandes empresas que actúan a escala mundial en mercados que no son de competencia perfecta.

El tercer bloque de teorías que intentan explicar, en todo o en parte, por qué existe comercio internacional es el más reciente y toma en consideración más la empresa que el país. Para este enfoque no serían tanto las naciones las que comercian sino las empresas. Y no todas las empresas exportan. De hecho sólo un pequeño porcentaje de empresas son exportadoras habituales (menos del 20 por ciento del censo total de empresas); la exportación está muy concentrada en pocas empresas; se suele exportar una parte reducida del total de la producción (con excepciones); y, sobre todo, las empresas exportadoras tienen características diferenciales respecto a las que no lo son, incluso dentro de un mismo sector. Estos modelos intentan, pues, centrarse en las características de las empresas de un país para encontrar las explicaciones a sus corrientes comerciales.

En el caso de grandes empresas que pueden ser casi monopolios en sus países de origen, obtienen su beneficio normal vendiendo en el mercado interior, y la exportación puede hacerse a un precio inferior al del mercado interior (a eso se le llama dumping) porque generan beneficio neto una vez superados los costes de transporte. Las exportaciones, en este caso, desempeñarían el mismo papel que los billetes a muy bajo precio que venden las compañías aéreas en el último minuto, porque la alternativa es que queden vacíos con igual coste del vuelo.

Si generalizamos este caso (que para muchos explica la agresividad comercial de ciertas empresas chinas), algunos flujos de comercio internacional se podrían explicar según una especie de «dumping recíproco» entre empresas de distintos países en lo que se ha llamado comercio estratégico.

Imperialismo

Si hay un ámbito de la actividad económica en el que resulta especialmente difícil dejar al margen, como suele hacer la economía convencional, las relaciones de poder y la política, es el comercio internacional. Aunque sólo sea porque el Estado, con sus medidas de política comercial, influye de manera decisiva. Prohibir la importación de un producto concreto, o hacerle pagar un impuesto en la aduana (arancel) o someterlo a determinadas condiciones técnicas que se configuran como auténticas barreras al comercio o subvencionar la exportación de otro producto son decisiones políticas que adoptan los Estados teniendo en cuenta muchos intereses pero, también, la fuerza y la capacidad de presión relativa de los sectores económicos afectados.

Recordemos que la primera teoría sobre el origen de la riqueza de las naciones, el mercantilismo, la situaba en el comercio y en la capacidad de los Estados para conseguir vender fuera (exportar) más de lo que compraban (importar), es decir, tener una balanza comercial favorable. Es evidente que si un país tiene, en un momento dado, un superávit comercial, otro tiene que tener déficit. Por tanto, si uno gana, otro pierde, al menos a corto plazo.

Cuando incorporamos las relaciones políticas de fuerza de los Estados en el análisis del comercio internacional llegamos a la teoría del imperialismo que, precisamente, explica las relaciones económicas internacionales en función del poder relativo de los diferentes Estados nacionales, puesto al servicio de unos intereses económicos concretos que se benefician del mismo.

Cuando el imperialismo ha sido una de las características fundamentales de la historia de buena parte de los siglos XIX y XX, resultaría sorprendente que no lo incluyéramos como una razón del comercio internacional. Aquella que dice que los países más poderosos estaban interesados en los países más atrasados por tres razones económicas: apropiarse de sus materias primas; encontrar mercados donde colocar sus excesos de producción; y buscar nuevas inversiones de capital que pudieran ser rentables. Y todo ello impuesto por la fuerza que daba, a menudo, el respaldo del ejército de la potencia imperial.

Surge así una teoría según la cual en primer lugar el comercio entre potencias imperialistas y sus colonias tiene lugar obligado por la fuerza. En segundo lugar ha beneficiado mucho más al país poderoso (centro) que al más atrasado (periferia), lo que ha generado un intercambio desigual presidido por la dominación, donde el país avanzado ha impuesto al atrasado unas condiciones comerciales y de precios desventajosas. Algunos encuentran en este hecho la explicación última a la existencia de países ricos y países pobres, que todavía persiste.

Las diferentes teorías sobre el imperialismo, muchas vinculadas con el marxismo, parten del análisis sobre las necesidades del capitalismo en los países avanzados y fundamentalmente dos: nuevos mercados donde poder vender sus mercancías, ya que su eficiencia productiva las hace crecer de manera exponencial; y nuevas oportunidades rentables de inversión ante el agotamiento relativo de éstas en las economías más maduras, acompañado de la constitución de grandes corporaciones con presencia de los bancos en las industrias. Ambas fuerzas, una de oferta y otra de demanda, empujarían a los países capitalistas hacia un expansionismo geográfico, sin excluir guerras por el reparto tanto de los territorios, que sería la base del comercio internacional de capitales, como de las mercancías y los servicios.

Las políticas comerciales: del GATT a la OMC

Los Estados-nación, los países, son los agentes básicos del comercio internacional, más allá de lo que expliquen las teorías. Podemos pensar que el libre comercio puede ser más beneficioso para un país que la autarquía (estar cerrado totalmente al intercambio con el exterior), pero si los grupos de interés que se benefician de la segunda son los que más influyen en el gobierno, acabarán imponiendo su solución aunque sea peor para el conjunto de los ciudadanos.

Supongamos, por volver al ejemplo anterior, que un país que produce petróleo y naranjas decide concentrarse en lo que hace mejor, pongamos las naranjas, y dejar de hacer lo otro, para pasar a importarlo. En primer lugar, surgen principios de seguridad nacional que aconsejan a un país intentar no depender de otro, al menos en asuntos vitales como el petróleo. En segundo lugar, alrededor del petróleo se ha constituido una industria con trabajadores que no verán con buenos ojos los gráficos de los académicos que les demuestran que tienen que sacrificarse y cerrar en beneficio de todos. En tercer lugar, la transición de una situación a otra lleva tiempo y durante ésta pueden aparecer múltiples situaciones (falta de trabajadores especializados, por ejemplo) que la hagan peor que el momento anterior, aunque todos puedan estar convencidos de que será mejor el futuro. En este contexto seguro que los empresarios y los trabajadores del sector del petróleo intentan que no se cierre su sector.

Por otra parte supongamos que se ha hecho la transición hacia el sector de la naranja, pero un año ha habido una helada que reduce la producción a la mitad y encarece el producto. Otros países productores de naranja intentarán aprovecharlo cubriendo el hueco de mercado provocado por circunstancias imprevistas y los del país intentarán evitarlo mediante aranceles o subvenciones a la exportación.

De todo esto hablamos cuando lo hacemos de la política comercial, de cómo la intervención de los gobiernos en defensa de unos sectores u otros o del interés general condiciona, en la práctica, la realidad del comercio internacional, sus flujos y sus precios.

La tendencia en las últimas décadas ha ido en el sentido de incrementar la liberalización del comercio mundial de bienes, servicios, capitales y trabajadores, aunque con velocidades distintas. Es decir, se han ido suprimiendo obstáculos que impedían el libre comercio entre países: desde la prohibición directa (muchos servicios no se pueden prestar más que por nacionales), hasta los aranceles, cupos, autorizaciones administrativas y condiciones técnicas restrictivas.

Tras la segunda guerra mundial se puso en marcha una organización, el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), encargado de promover la liberalización del comercio mundial y arbitrar en las disputas que pudieran surgir entre países. Se partía de dos supuestos: que durante la Gran Depresión de antes de la guerra el recurso al proteccionismo por parte de los países había sido negativo, agudizando la crisis; y la convicción de que el libre comercio, como hemos visto en las teorías económicas dominantes, incrementaba los niveles de vida de la población al favorecer el pleno empleo de los recursos productivos.

En sus casi cincuenta años de existencia, hasta que en 1995 fue sustituido por la Organización Mundial del Comercio, el GATT lideró profundos cambios en el comercio mundial de entre los que conviene resaltar los siguientes: el comercio internacional creció a un ritmo anual del 6 por ciento, muy superior al 4 por ciento que creció de promedio la producción. El volumen de intercambio de mercancías es, hoy, 45 veces superior al alcanzado en 1948, entre otras cosas porque las exportaciones representan en cada país tres veces más. El comercio de mercancías sigue siendo muy superior al de servicios, aunque mucho menos que el de capitales.

El balance de este más de medio siglo de liberalización del comercio mundial es positivo. Todos los países están involucrados, el nivel medio de proteccionismo expresado por los aranceles se ha reducido a la mitad y se ha avanzado en la corrección de medidas equivalentes. Sin embargo, la liberalización del comercio agrícola es todavía una asignatura pendiente, el comercio de servicios experimenta avances modestos y no se encuentra fácil solución a los nuevos problemas surgidos en torno a la propiedad intelectual (mercancías falsificadas), las relaciones entre comercio y medio ambiente o la equiparación entre las normas laborales para evitar competencia desleal en el comercio de mercancías producidas en condiciones muy desiguales según países.

Es decir, existe una asimetría en la liberalización del comercio internacional entre sectores y factores de producción: los capitales se mueven por el mundo con casi total libertad, las mercancías con bastante libertad, los servicios con bastante menos y los trabajadores con casi ninguna libertad. Esto provoca el efecto de que los teóricos beneficios del comercio se han repartido, también, de manera asimétrica entre países, según estuvieran posicionados con más o menos fuerza en cada uno de los capítulos. Por ejemplo, el proteccionismo agrícola de los países avanzados perjudica a los países en desarrollo para los que la producción agrícola es una parte esencial de su crecimiento. Asimismo, liberalizar el comercio de servicios bancarios, por ejemplo, beneficia a los países avanzados, que es donde se ubican los mayores bancos del mundo.

La consolidación de nuevos bloques comerciales, como la UE, con casi total libertad de intercambios en su interior, también ha impulsado el comercio mundial.

Globalización

Algunos dicen que el mundo se ha vuelto plano. Que las distancias han dejado de ser relevantes como consecuencia de las nuevas tecnologías y su impacto sobre todos los aspectos de la vida, incluyendo los costes del transporte. Así caracteriza el autor Thomas Friedman a la globalización en uno de sus libros de éxito mundial, en el que señala que, a su vez, sin el factor distancia como determinante, la producción y la distribución de mercancías se recoloca por países a nivel mundial siguiendo las pautas del nuevo consumo y de los costes relativos, como nos enseña la teoría del comercio internacional.

Sin llegar a tanto, es evidente que la autoconciencia del ser humano ha cambiado en los últimos años, fruto combinado de, al menos, tres hechos impulsados por las sucesivas oleadas de revoluciones tecnológicas que hemos vivido:

—  Tenemos más información los unos de los otros. Y la tenemos en tiempo real. Sabemos hoy en día cómo se vive en China, lo que ocurre en Australia o los problemas de la revolución árabe mucho mejor y más rápido que nunca antes en la historia.

—  Estamos más interrelacionados. Los productos que consumimos se han producido en uno o varios países lejanos, con tecnología nuestra y transportados por barcos de países terceros que ganan dinero que colocan en bancos internacionales con sede en cualquier parte.

—  Tenemos problemas comunes a los que sólo podremos hacer frente si trabajamos juntos. Por ejemplo, el cambio climático o el nuevo terrorismo internacional.

Todo ello refuerza una idea compartida de humanidad como nunca antes, en su doble vertiente: hacemos mundial el seguimiento simultáneo de unos Juegos Olímpicos, a la vez que tomamos conciencia de lo que tenemos en común como seres humanos, pero también de aquello que nos diferencia.

Junto con esto, otros hechos relevantes ayudan a entender los cambios que se están produciendo en nuestro planeta tierra:

—  Por primera vez, la riqueza anual producida (PIB) por el conjunto de países emergentes supera a la producida por los países avanzados (cuestión distinta es la riqueza per cápita u otros elementos de bienestar social, en los que la distancia es todavía muy grande).

—  Por primera vez, la población mundial que vive en ciudades supera a la población rural en un acelerado proceso de urbanización del que hablaremos luego. Ambos aspectos están, además, relacionados, ya que el 70 por ciento del crecimiento experimentado por los países emergentes proviene del empuje de un puñado de ciudades, apenas 20 o 26. Esto puede cambiar la manera de entender los sujetos activos en el desarrollo económico de los pueblos.

—  Por primera vez, el futuro económico de las zonas pobres de África y América Latina depende más de su relación con las economía emergentes, China de manera destacada, que con las antiguas potencias (Europa o Estados Unidos).

Al conjunto de todos estos cambios podemos llamarle globalización, entendida, según se define en la Wikipedia, como un proceso dinámico de «creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global», o como la define el FMI «Interdependencia económica creciente de los países provocada por la difusión de la tecnología, el aumento de las transmisiones de bienes y servicios y el aumento de los flujos internacionales de capitales».

A partir de ahí y más allá de las valoraciones concretas sobre el fenómeno globalizador, hay un debate de gran interés abierto para determinar si estamos, simplemente, ante una red más tupida de relaciones entre países, construida con mayor celeridad que antes, pero sin cambios sustanciales respecto a un proceso de intercambios mundiales que se inició en 1492 con el descubrimiento de América; o, por el contrario, la acumulación de pequeños cambios parciales ha provocado un salto cualitativo en las relaciones internacionales, lo que ha dado lugar a un nuevo paradigma productivo y social, distinto a todo lo conocido hasta ahora y que debería ser gestionado, políticamente, de manera diferente. Lejos de ser una discusión académica, cada una de estas posiciones representa una diferente guía para la acción práctica frente a la globalización, aquí y ahora.

Al analizar el impulso a la globalización experimentado en los últimos años, todo el mundo coincide en el papel determinante desarrollado por la acción conjunta de algunos hechos. Desde el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, su aplicación a la producción de mercancías o, en otro nivel, la desaparición del comunismo, lo que ha permitido una gestión diferente de los conflictos internacionales y una aceleración de las decisiones en favor de la liberalización global del comercio mundial.

Según el citado Friedman, en el «aplanamiento» del mundo han desempeñado un papel fundamental diez hechos que incluyen desde la caída del Muro de Berlín hasta los atentados terroristas de las Torres Gemelas, pasando por las nuevas posibilidades de externalización que ofrece la producción flexible de mercancías o los teléfonos móviles y los avances de las redes, en general. Todo ello, junto, provoca una transformación del sistema con los siguientes puntos principales:

—  Sitúa la conectividad entre los individuos en el primer plano, sin necesidad de pasar por otras instancias sociales. No es sólo que podamos ver, al instante, una manifestación en El Cairo transmitida por una participante a través de su móvil, sino que las radiografías que me hacen en Madrid pueden ser valoradas, al instante, por un equipo médico en Buenos Aires, o que la persona del servicio telefónico al que llamo desde España me contesta desde Tailandia.

—  Los procesos productivos de cada vez más mercancías pueden ser «desestructurados», lo que permite su fabricación por partes en diferentes lugares del mundo para acabar ensamblados en otra.

A partir de ahí, millones de personas que estaban «fuera» del sistema económico mundial se incorporan a éste y lo hacen sin necesidad de moverse de sus lugares de residencia. La competencia se incrementa, se abaratan los costes, la distribución global de la riqueza se altera, las estructuras organizativas se transforman, desde luego, en las empresas transnacionales, la formación, el talento humano y los individuos pasan a ser el factor determinante del desempeño económico.

Estas transformaciones no sólo alteran las reglas del juego en los países emergentes que se suman ahora a la economía mundial. Lo hacen también en los países avanzados, en los que se constata un desplazamiento de actividad económica hacia otros lugares sin que se perciba, con claridad, qué gana con ello la mayoría de la población, más allá de los accionistas de las empresas que se deslocalizan o, más bien, se multilocalizan. Ése es el origen de los movimientos antiglobalización, que recorren el mundo avanzado, a veces, reclamando una mejor distribución de los beneficios de la globalización y, otras, una imposible (y no deseable) vuelta al pasado.

Se podría decir que la globalización daría la razón a quienes defienden las bondades del modelo teórico de comercio internacional basado en los costes relativos y en la libertad de movimiento de los factores productivos. Sin embargo, como hemos repetido, esta globalización que estamos haciendo (o nos están haciendo) se basa en una total libertad de capitales, algo menos de mercancías, poco de servicios y casi nada de trabajadores. Con esas condiciones, alejadas del modelo abstracto, el resultado puede estar lejos de las ventajas deseables predichas, lo que da lugar, por el contrario, a un mundo real, más desigual e injusto.

Algunos estudios realizados sobre el asunto llegan a conclusiones como las siguientes: a pesar de las mejoras en renta experimentadas por los países emergentes (con gran concentración en tres, China, India y Brasil), no se aprecian importantes avances en sus procesos de convergencia en las rentas per cápita, con respecto a los países más avanzados. En este sentido, se calcula que China tardaría 80 años en alcanzar a Estados Unidos en renta per cápita manteniendo ambos sus ritmos actuales de crecimiento.

Lo que sí se observa es un incremento de las desigualdades internas en los países sometidos a la globalización: tanto los emergentes (el fenómeno de los «nuevos riquísimos» rusos o chinos) como los países avanzados, en los que la globalización perjudica más a los segmentos laborales menos cualificados. Por último, como ya hemos visto, el comercio mundial sigue concentrándose en países vecinos matizando con ello el concepto de «desaparición de las distancias», ya que parece que, al menos de momento, siguen siendo muy importantes para explicar los flujos de intercambios.

Todos estos datos —más la evidencia de que los pasos decisivos adoptados desde mediados de la década de 1990, en el sentido de empujar la globalización, se han visto acompañados de demasiadas crisis parciales en países emergentes (Asia, Rusia, Argentina, Brasil, etc.) sin descartar su impacto en la actual crisis financiera mundial— han llevado a un malestar creciente, no tanto con la idea en sí de la globalización, sino con los métodos concretos con que se ha impulsado desde instituciones internacionales como el FMI.

El premio Nobel de Economía Stiglitz sería el principal representante de esta corriente de pensamiento que, sin estar en contra de la globalización, denuncia que las élites políticas que la han impulsado (e incluso impuesto) se han equivocado en el método de hacerlo en dos asuntos fundamentales: el ritmo y la secuencia. Y, según él, lo han hecho así a causa del «fundamentalismo de mercado» que ha guiado su proceder.

La idea es muy sencilla (y compartida por muchos expertos): los procesos de liberalización y privatizaciones vinculados a la globalización deben hacerse de forma gradual y dejando la liberalización de capitales para el final. Sin embargo, tal y como se han hecho según programas ideológicos como el llamado «Consenso de Washington», han sido rápidos y han comenzado precisamente por liberalizar la cuenta de capitales, lo que ha afectado negativamente al tipo de cambio, perjudicando el resto del proceso de liberalización comercial.

Lo que Stiglitz denuncia como diseño equivocado del proceso por culpa de la ideología liberal imperante en los organismos internacionales puede ser entendido como defensa de los intereses económicos de los países avanzados que han situado en primer lugar aquellas cosas en las que ellos ganaban aún a costa de trastocar las economías y las sociedades de algunos países emergentes. Así, los problemas de la globalización no procederían de teorías equivocadas, sino de la imposición de unos intereses económicos concretos (grandes entidades financieras) frente a otros. La apertura prematura de la libertad de movimientos de capitales, unida a su deslocalización y ausencia de regulación, ha sido la causa fundamental de las burbujas especulativas que, a la postre, han acabado por provocar esta gran crisis económica mundial, con origen en Estados Unidos.

Mediante estas reflexiones, la globalización deja de ser una especie de fenómeno autónomo impulsado por avances técnicos sobre los que no tenemos control para convertirse en decisiones políticas, acertadas o no, adoptadas por los gobiernos e instituciones internacionales basadas en ideologías e intereses.

Este relato diferente del fenómeno sitúa los problemas en el ámbito de la llamada «gobernanza» de la globalización. Es decir, en lo que el economista estadounidense Rodrik ha llamado «el trilema de la globalización»: si dibujamos un triángulo y situamos en uno de sus vértices al Estado-nación, en otro a la democracia y en el otro la globalización económica, Rodrik dice que, hoy por hoy, no podemos tener los tres a la vez. Que tenemos que elegir por pares, sacrificando en cada elección al tercer vértice. Así, tenemos el par Estado-nación y globalización, pero con ello la democracia como mecanismo de control se diluye en un triple sentido: la globalización no está controlada por mecanismos democráticos; que impone a los países decisiones externas no controladas por sus parlamentos; y, además, que no tiene entre sus objetivos la promoción de la democracia en los países, como se constata con el trato preferente dado a una dictadura como China.

Podemos, también, escoger entre Estado-nación y democracia, pero en ese caso tenemos que renunciar a la globalización actual y, por último, podemos intentar diseñar mecanismos democráticos de control de la globalización pero, en ese caso, tendremos que sacrificar los actuales Estados-nación para caminar hacia unas nuevas instituciones internacionales, aún sin llegar al gobierno mundial, pero que permitan, por ejemplo, adoptar decisiones eficaces para problemas globales como el cambio climático o los movimientos de capitales.

Nos movemos en ese mar de dudas, problemas, oportunidades y transformaciones que vinculamos con la globalización. En un mundo que ha perdido su centro de gravedad política (no hay potencia hegemónica y las instituciones creadas tras la segunda guerra mundial, desde la ONU hasta el FMI, se han quedado obsoletas) y en el que algunos autores (Hardt y Negri) señalan que la nueva arquitectura internacional se hará desde un nuevo concepto de soberanía, que supera el Estado-nación y está formado por un conjunto público-privado de organismos e instituciones supranacionales, unidos por una misma lógica de mando que utiliza principios ideológicos neoliberales para defender los intereses de los nuevos actores surgidos en el ámbito global: empresas, bancos, fundaciones, etc., que no tienen, en realidad, centros territoriales de poder.

Así visto, la nueva economía surgida gracias a las reglas de la globalización estaría dando lugar a un nuevo principio de legitimidad jurídica distinto de los conocidos y no anclado en controles democráticos, ni territoriales. Estaríamos, pues, en una nueva fase del capitalismo en la que la fuerza expansiva manifestada por éste en otros momentos históricos (imperialismo) habría provocado, ahora, un salto cualitativo hacia una dimensión diferente y desconocida que no sólo trastoca los conceptos de Estado-nación, sino, también, de las estructuras tradicionales de poder, con la aparición de nuevos sujetos globales que expresan una nueva simbiosis entre lo público y lo privado, en la que el FMI, las reuniones informales del G20, las reuniones privadas de Davos, los consejos de administración de las nuevas transnacionales o las teorías de un nuevo gurú del sistema se sitúan en el mismo plano simbólico, sin contrapartes reequilibradoras de la misma dimensión.

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Los números cuentan

En economía, los números cuentan en, al menos, dos sentidos importantes: permiten conocer la situación real, más allá de las percepciones subjetivas de cada uno de nosotros, y nos orientan respecto a la intensidad en los efectos de las medidas que adoptamos. Por ejemplo, cuando se dice que en Estados Unidos hay preocupación por su elevada tasa de paro hasta el punto de que puede condicionar la reelección del presidente, podemos pensar que tiene un problema como el de España, donde también el paro es una grave preocupación. Pero si ponemos números, veremos que ellos tienen un 8 por ciento de gente que pudiendo trabajar y queriendo no encuentran empleo, frente a un 24 por ciento en España. El problema es el mismo (paro), pero no es igual.

Hay otros muchos casos que podemos poner para ilustrar la importancia de medir en economía, de conocer cuantitativamente de la manera más exacta posible, la cuestión de la que estamos hablando, porque ello puede matizar de forma decisiva las líneas de actuación. Pondré otros dos ejemplos ilustrativos. Recientemente hemos conocido que China ha desplazado a Japón como la segunda economía del mundo detrás de Estados Unidos, que sigue siendo la primera. Dos reflexiones surgen a partir de este dato. Primera: el hecho de que Japón, que lleva más de una década en recesión, seguía siendo la segunda economía del planeta. Segunda: aunque en volumen de producción China se sitúa detrás de Estados Unidos, la distancia entre ambos en términos de riqueza acumulada, repartida y bienestar social es tan grande que China no sería el segundo país adonde nos iríamos a vivir después de Estados Unidos si sólo mirásemos los aspectos económicos.

Segundo caso: con motivo de las ayudas públicas necesarias para salvar a las entidades financieras en crisis, ha habido quien ha alertado, en el caso de España, para no seguir el ejemplo de Irlanda, donde dicha ayuda se llevó por delante al conjunto del país. Es cierto y hacen bien en advertirlo. Pero mientras en Irlanda hablamos de un volumen de ayuda equivalente al 40 por ciento del PIB, en España se habla de un máximo que no llega al 10 por ciento del PIB. Por tanto, otra vez, es lo mismo pero no es igual porque es imprescindible conocer la cifra, el volumen, el número, conocerlo para que una opinión o una política pase de ser adecuada a inapropiada, según las circunstancias.

Conocer los números en economía es importante, también, porque nos puede dar una idea decisiva sobre los tiempos en que surgen efecto las medidas adoptadas y la intensidad necesaria de estas que tenemos que aplicar si queremos que tengan efecto. Un ejemplo básico es la relación entre tipos de interés, inflación y desempleo. Sabemos que, ante una inflación elevada que perjudique la competitividad de la economía, el análisis económico nos dice que una política monetaria restrictiva que suba los tipos de interés conseguirá atajarla, aunque con el coste de incrementar el paro.

Pero sin tener más información cuantitativa concreta será difícil conocer otros aspectos tan decisivos como son: ¿cuánto tiempo transcurrirá entre que adoptemos la medida de subir los tipos de interés y el efecto deseado de bajar la inflación?; y ¿cuánto tendremos que subir los tipos de interés para conseguir bajar la inflación un punto porcentual? ¿Cuánto se incrementará el paro como consecuencia? Sin esta información, quien tenga que tomar la decisión de subir o no los tipos de interés, no sabe realmente si adoptar tal medida tiene sentido práctico en la medida en que sus beneficios superen a los perjuicios generados. Y son asuntos lo suficientemente importantes como para limitar al máximo el prueba y error.

En otras ocasiones, aquello que funciona de una manera en un país o en un momento histórico puede no funcionar exactamente igual en otras circunstancias. Por ejemplo, ante una misma caída de la demanda de productos, una empresa alemana puede reaccionar rebajando las horas trabajadas y otra empresa española despidiendo a los trabajadores temporales. Adoptar una decisión u otra, con resultados sociales y económicos muy diferentes, depende de aspectos institucionales (tradición, contenido de los convenios colectivos, legislación, nivel de confianza alcanzado entre empresarios y trabajadores, valores culturales predominantes en la sociedad, etc.).

Otro ejemplo: ante un bache ligero de la actividad económica, un descenso en los impuestos puede ser una medida adecuada, ya que incrementa la renta disponible de las familias que, entonces, gastarán más reactivando mediante ese gasto privado la actividad. Sin embargo, en una recesión profunda, en la que la incertidumbre es muy elevada y la confianza escasea, la misma medida, bajar impuestos a las familias, puede agudizar la recesión en la medida en que esa mayor renta disponible no vaya a engrosar el consumo sino el ahorro, por precaución ante un futuro incierto. La misma medida, bajar impuestos, tiene dos efectos radicalmente distintos, según el contexto.

Podemos multiplicar los ejemplos de cómo el análisis económico es una buena guía para la acción, pero debe ser complementado por otro tipo de conocimientos cuantitativos, sociales o institucionales. Se ha hablado mucho, ante la crisis del euro, de volver a la peseta como solución, ya que podríamos emitir tanta moneda como fuera necesario, financiándonos sin necesidad de pedir prestado, e incluso devaluar para recuperar competitividad frente a nuestros competidores. Dejando al margen otro tipo de consideraciones de mucho peso, en el mismo ámbito de la economía, para que el análisis no fuera engañoso tendríamos que valorar la reacción de nuestros competidores en un juego en el que ellos también toman decisiones en función de las nuestras. Si nosotros hiciéramos eso, ellos no se quedarían quietos y, por ejemplo, nos pondrían barreras a nuestras exportaciones hasta eliminar la ventaja de la devaluación. O, si no queremos que la renta del país se contraiga de manera espectacular, seguiremos necesitando capitales extranjeros que alimenten nuestras inversiones: ¿a qué tipo de interés tendríamos que llegar para que nos los prestaran? ¿Qué impacto tendría ello sobre la inversión y el empleo nacional? ¿No acabará siendo peor la supuesta cura que la enfermedad?

Todo esto son elementos que convierten al análisis económico en economía política/institucional, necesitada de conocer datos, cuantificar efectos, analizar impactos y repercusiones cuantitativas, teniendo en cuenta, también, las reacciones dinámicas de unos agentes económicos que aprenden, la mayoría de las veces, de sus experiencias pasadas. Ello hace que las expectativas sobre lo que vaya a pasar sean tan decisivas en economía y, correlativamente, la credibilidad de quienes ayudan a configurar esas expectativas se convierte en un asunto fundamental.

De una parte de esta tarea se encarga la econometría y los modelos cuantitativos, sometidos también al hecho de que muchas de las preguntas que he realizado arriba y otras que se le pueden ocurrir al lector no tienen respuesta porque no la conocemos. Como mucho podremos saber lo que ha pasado en situaciones similares en otros momentos históricos o en otros países, pero sin que ello sea aval suficiente para que la predicción sobre lo que vaya a pasar ahora tenga seguridad científica alguna.

En ese sentido y más allá de las bromas sobre que los economistas predicen muy bien el pasado, o que toda predicción es difícil, sobre todo si es sobre el futuro, hay que reconocer las limitaciones predictivas de un conocimiento económico que se mueve bien en el análisis abstracto, pero con demasiado frecuencia no tiene información suficiente sobre cantidades y efectos cuantitativos. Sin contar con que, muchas veces, el anuncio de una medida provoca reacciones adaptativas por parte de los agentes económicos que acaban por influir sobre ésta. Si una agencia con credibilidad (aspecto básico) dice que el próximo año subirán sensiblemente los precios de la vivienda, mucha gente reaccionará ahora al anuncio, adelantando la decisión de comprar antes de que suban los precios. Si ese comportamiento es lo suficientemente generalizado, la demanda de viviendas hoy aumentará súbitamente, lo que provocará que los precios suban hoy y no el año que viene. ¿Cuánto? No lo sabemos sin mediciones y modelos suficientes.

Veamos con un poco de detalle qué es relevante medir en economía y cómo se hace en las variables clave.

Un indicador económico es una medida de algún aspecto relevante de la actividad económica de un país —o de un conjunto de países— realizada en un momento determinado del tiempo, que ofrece información útil susceptible de ser interpretada y valorada en términos de evolución. De entre ellos, los más conocidos son el Producto Interior Bruto (PIB), la Encuesta de Población Activa (EPA) y el Índice de Precios al Consumo (IPC). Todos ellos buscan ofrecer información sintética, fácil de entender y comparar y relevante sobre la evolución de la actividad económica realizada en un país (PIB), el empleo (EPA) y las variaciones que experimenta el precio de los bienes y servicios que se consumen (IPC).

¿Qué es el PIB?

El PIB mide la actividad económica (expresada en unidades monetarias) realizada en el interior de un país durante un determinado período, normalmente un año, y comprende el conjunto de bienes y servicios producidos y prestados en el país durante el período de referencia. Por ejemplo, si decimos que el PIB español en 2011 fue de 1 billón de euros, lo que realmente estamos diciendo es que el conjunto de bienes y servicios prestados y producidos en el interior de nuestras fronteras durante 2011, valorados en unidades monetarias, ascendió a 1 billón de euros.

El PIB sólo mide aquellas cosas que tienen «precio» en el mercado. Por ejemplo, el trabajo doméstico realizado por una madre o un padre de familia no se incluye en el cómputo del PIB. Pero si se contrata a una asistenta para que lo realice, sí computa. Por otro lado, recientemente, se ha suscitado un interesante debate sobre las muchas cosas importantes que no mide el PIB, pero que son determinantes en el bienestar de una sociedad. Como la felicidad o la sostenibilidad medioambiental de su crecimiento.

¿Qué diferencia hay entre el PIB y el PNB?

El PIB refleja la actividad interna en el propio país. El PNB (Producto Nacional Bruto) refleja cualquier actividad desarrollada en todo el mundo por los residentes o empresas pertenecientes al país en cuestión

¿Qué valor monetario se toma en cuenta para determinar el PIB?

Cuando para calcular el PIB valoramos los bienes y servicios tomando como referencia el valor de mercado, en ese caso se habla del PIB a precios de mercado. Éste es el indicador económico al que se suele hacer referencia cuando se habla del PIB a secas.

Alternativamente, si el cálculo se realiza tomando como referencia el valor monetario una vez descontados los impuestos indirectos que gravan el consumo y las subvenciones al precio, entonces se habla del PIB al coste de los factores. El PIB al coste de los factores, una vez deducidas también las amortizaciones de los bienes de capital, es lo que se conoce como la Renta Nacional.

¿Qué otras formas hay de hacer referencia al PIB?

También se suele hacer referencia al PIB per cápita o al PIB en términos nominales o reales. El PIB per cápita es el resultado de dividir el PIB por el número de habitantes de un país. Se trata de una medida aproximada de la capacidad económica de los habitantes de un país, que, con muchos matices (no tiene en cuenta como está distribuida la renta), permite realizar comparaciones entre países para valorar su grado de bienestar y desarrollo económico.

El PIB nominal hace referencia al valor monetario del PIB en un determinado momento del tiempo sin tener en cuenta cómo han evolucionado los precios.

Este aspecto es importante porque el PIB, entre un período y otro, puede crecer porque se haya producido más o porque produciéndose lo mismo todo cueste más caro. El PIB real mide el valor del PIB una vez eliminado el efecto de la variación de los precios. El indicador que se utiliza para eliminar la distorsión que, en el cálculo del PIB, producen las variaciones de precios se llama deflactor del PIB.

Imaginemos un hipotético país que sólo produce un bien, coches, y que en el año 2010 produjo 1.000 coches que se vendieron a un precio de 1.000 € cada uno. El PIB en 2010 de ese país sería de 1.000.000 €. Si en 2011 ese mismo país produce otros 1.000 coches pero esta vez se venden a 1.100 € la unidad, el PIB final será de 1.100.000 €, un 10 por ciento superior al de 2010.

Como se puede apreciar, la producción real es la misma en ambos años. Lo único que ha cambiado es que los precios han subido un 10 por ciento. O lo que es lo mismo, en 2011 el PIB nominal es de 1.100.000 € y el PIB real, una vez descontada la variación de los precios, de 1.000.000 €.

¿Cómo se aproxima el valor del PIB?

La actividad económica realizada en el interior de un país durante un determinado período puede ser calculada mediante tres métodos:

• Agregando el gasto total realizado por todos los agentes económicos.

• Sumando las rentas obtenidas por esos mismos agentes.

• O mediante la adición de los valores netos aportados por cada sector a la economía.

¿Cómo se calcula el PIB en función del gasto total?

Mediante este método el PIB se determina sumando el gasto total en bienes y servicios realizado por todos los agentes económicos en el interior del país durante el período de referencia.

A efectos del cálculo del PIB, los agentes económicos se clasifican en las siguientes categorías: familias, empresas, Administraciones Públicas y resto del mundo.

El gasto total realizado por las familias durante un período está integrado por el conjunto de bienes y servicios que adquieren y consumen y que, a nivel agregado, se denomina Consumo Privado (C).

El gasto total realizado por las empresas durante el período de referencia comprende, por una parte, los bienes que adquiere para el desarrollo de su actividad productiva, y que se conocen como inversión (I), y, por otra, las materias primas y mercancías que utiliza en el proceso productivo, cuya variación entre un período y otro también puede ser considerada como inversión.

Las Administraciones Públicas realizan tanto actividades de inversión como actividades de consumo. En este contexto, y para simplificar, al gasto total realizado por las Administraciones Públicas se denomina Gasto Público (G).

Por último, el resto del mundo, es decir, el conjunto de familias, empresas y Administraciones Públicas que están más allá de las fronteras también mantienen relaciones económicas con los agentes económicos que están en el interior del país. Esas relaciones económicas se materializan en ventas de bienes y servicios de los agentes económicos del interior hacia el exterior, más conocidas como Exportaciones (X) y en compras de bienes y servicios de los agentes del interior a los del exterior, más conocidas como Importaciones (M).

Pues bien, para calcular el PIB al gasto total realizado por familias (C), empresas (I) y Administraciones Públicas del país (G) hay que sumar el gasto total realizado sobre los bienes y servicios producidos en el país y vendidos en el exterior (– Exportaciones) y detraer el gasto total realizado sobre bienes y servicios producidos fuera de nuestras fronteras y consumidos en el interior (–Importaciones) (X – M).

En suma, según el método del gasto, el PIB será: PIB = C + I + G + (X – M)

¿Cómo se calcula el PIB en función de las rentas obtenidas por los factores de producción?

La actividad productiva y de prestación de servicios se traduce en remuneraciones a los asalariados, accionistas, empresarios, funcionarios, etc., que participan en la producción, prestación y posterior venta de los bienes y servicios producidos. Todas estas remuneraciones, en su conjunto, constituyen el valor total de los bienes y servicios producidos.

Así, si, por ejemplo, un coche se vende por 1.000 €, de esos 1.000 € una parte será para pagar los sueldos de los trabajadores que han participado en la producción del vehículo, otra parte para remunerar a las empresas que han suministrado las materias primas, otra parte para pagar los intereses de los préstamos solicitados para ejecutar la producción del coche, otro tanto para remunerar al staff directivo de la empresa, una parte importante se destinará a satisfacer impuestos, y el resto será beneficio que o bien no se distribuirá y se utilizará para nuevas inversiones o bien se repartirá entre los accionistas. La suma de todas esas remuneraciones constituye el valor total del bien producido, en este caso, el coche.

Haciendo este razonamiento extensivo a todos los bienes y servicios producidos en el interior del país, podemos calcular el PIB en función de las rentas de todos los factores que participan en el proceso productivo o, más concretamente, el PIB sería:

PIB = remuneración de asalariados + rentas de la propiedad y de las empresas + intereses financieros + amortizaciones + beneficios no distribuidos + rentas del capital + impuestos – subvenciones.

¿Cómo se calcula el PIB en función de los valores netos aportados por cada sector económico?

El valor añadido de un producto es el resultado de restar a su valor de mercado el valor añadido de las materias primas y productos terminados utilizados en su elaboración.

Supongamos un hipotético país en el que sólo existe una panadería. El panadero produce pan utilizando harina, levadura, agua y sal. El panadero ha adquirido la harina por 5 €, la levadura por 3 €, el agua por 1 € y la sal por 1 €. El coste total para el panadero de estos cuatro elementos será de 10 €. Si, posteriormente, el pan que produce lo vende por 15 €, el valor añadido de ese pan será de 5 €.

Pues bien, la suma de todos los valores añadidos de todos los productos y de todos los sectores es una medida del PIB que evita las dobles contabilizaciones. Es por ello que en el cálculo del PIB sólo se tienen en cuenta bienes y servicios finales. Siguiendo con el ejemplo, esto viene a significar que la harina que hemos contabilizado como parte del valor del pan no se puede computar otra vez aparte.

¿Cómo se calculan las tasas de variación del PIB?

Tanto o más importante que conocer el valor del PIB en un determinado momento del tiempo es observar cómo evoluciona el PIB entre diferentes períodos.

Los cambios que experimenta el PIB entre diferentes períodos determinan el crecimiento de la economía y para su cálculo se utiliza un indicador, la tasa de variación del PIB, que se calcula como el cociente entre el valor del PIB en un determinado período menos el valor del PIB en el período inmediatamente anterior, y todo ello multiplicado por 100 para que el resultado quede expresado en tantos por ciento.

Así, por ejemplo, si un país en el año 2011 tuvo un PIB de 110.000 unidades monetarias y en 2010 de 100.000, su tasa de variación del PIB entre 2011 y 2010 fue del 10 por ciento, o lo que es lo mismo, en 2011 su economía creció un 10 por ciento en términos nominales.

Expresar las tasas de variación en términos porcentuales, y no monetarios, facilita las comparaciones internacionales del comportamiento del PIB entre países. La tasa de variación del PIB es una medida del crecimiento, uno de los indicadores clave en el análisis económico. Máxime cuando el crecimiento está muy ligado a la creación de empleo. Cuanto más crece una economía, más empleo genera.

¿Qué otras formas hay de hacer referencia al PIB?

Es importante saber diferenciar entre el PIB y el PIN (Producto Interior Neto), así como entre los PIB efectivo y potencial.

Si al PIB le deducimos la parte del capital productivo (inversión) que las empresas dedican a mantener su capacidad productiva (las amortizaciones), obtendremos el PIN. Como medida económica, el PIN da una idea, desde el punto de vista de la inversión, de los recursos que la economía ha dedicado a ampliar la capacidad productiva y, por tanto, es una medida más aproximada de cómo está creciendo la economía.

Por otra parte, en toda economía hay recursos ociosos, sin utilizar. Nos referimos a trabajadores desempleados, materias primas que no se utilizan, maquinaria ociosa, etc. Si todos esos recursos se empleasen en el proceso productivo, el PIB que se obtendría es lo que se conoce como PIB potencial. Por el contrario, el PIB que se obtiene manteniendo determinados recursos ociosos es lo que se denomina PIB efectivo.

La diferencia entre el PIB potencial y el PIB efectivo marca el margen del que dispone a nivel teórico la economía de un país para seguir creciendo.

¿Cómo y quién calcula el PIB en España?

El PIB de España es estimado, con carácter trimestral y anual, por el Instituto Nacional de Estadística (INE) mediante una compleja operación estadística que se enmarca dentro de lo que se conoce como Contabilidad Nacional.

Veamos un cuadro tipo donde se refleja lo dicho hasta ahora:

Podemos resaltar del cuadro, cómo el Consumo Privado representa casi el 60 por ciento del PIB, mientras que el Consumo Público se sitúa en el entorno del 20 por ciento y la inversión se aproxima al 30 por ciento. En este caso, esto sólo es posible porque hay un déficit de balanza comercial (importamos más de lo que exportamos), lo que quiere decir que una parte de lo que consumimos o invertimos lo traemos de fuera.

Entre trimestre y trimestre, la coyuntura económica se sigue analizando siguiendo la evolución de otros indicadores mensuales, como el consumo de electricidad, la matriculación de automóviles o las ventas en comercio minorista.

¿Qué es el IPC?

El IPC (Índice de Precios de Consumo) mide mensualmente la evolución del nivel de precios (respecto a un año base 0) de un conjunto de productos (bienes y servicios) que consumen los hogares (las personas o familias) residentes en un país. Es un indicador, por tanto, que mide estadísticamente cuánto aumentan o disminuyen los precios de los principales bienes y servicios que integran una «cesta de la compra» representativa de los hábitos de consumo de las familias.

¿Qué cualidades fundamentales ha de tener el IPC?

La precisión de este indicador coyuntural, que mide la evolución del nivel de precios, se sustenta en dos cualidades que el IPC ha de tener: representatividad y comparabilidad temporal.

¿Cómo se consigue la representatividad del indicador?

El grado de representatividad se consigue en la selección adecuada de los artículos que forman parte de la «cesta de la compra», que deben ser los más consumidos por la mayoría de la población, así como los establecimientos de la muestra los más visitados.

La «cesta de la compra», los artículos que la componen y el cálculo de sus ponderaciones, se obtiene mediante una Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que suministra la información anual sobre la naturaleza y el destino de los gastos de consumo familiar. Es decir, tiene en cuenta el peso de cada uno de los artículos así como la evolución de los precios en los diferentes puntos de la geografía.

El número de artículos que componen la «cesta de la compra» del IPC actualmente es de 491 repartido en 12 grupos, 37 subgrupos, 80 clases, 117 subclases, 57 rúbricas y 28 grupos especiales.

¿Cómo se consigue la comparabilidad del indicador con otros períodos o países?

El IPC no tendría sentido si no pudiera ser comparable, tanto temporal como espacialmente, con índices de otros períodos, de otros países o períodos en un mismo país, y poder obtener las tasas de variación correspondientes. Es decir, esta comparabilidad impone la necesidad de que los elementos que definen el IPC permanezcan estables a lo largo del tiempo (excepto las propias variaciones de los precios recogidos mensualmente). De esta forma se consigue que cualquier variación en el IPC sea sólo debida a los cambios de los precios de los artículos seleccionados y no a cualquier cambio metodológico del indicador.

¿Cómo se calculan los índices del IPC?

Para calcular los índices del IPC, tomando un año base, se emplea la fórmula de Laspeyres encadenado que establece comparaciones entre el período corriente (t) y el período base (0), considerando las situaciones intermedias (k), los meses de diciembre de todos los años. Es decir, los índices elementales están referidos a diciembre del año inmediatamente anterior y las ponderaciones utilizadas para el cálculo de las agregaciones también hacen referencia a diciembre del año anterior, con lo que se mantiene la coherencia con los precios de referencia.

La tasa de variación mensual de un índice en el período (m, t) se calcula como cociente entre el índice del mes corriente (m) y el índice del mes anterior (m-1). La tasa de variación acumulada (o en lo que va de año) se calcula como cociente entre el índice del mes corriente y el índice de diciembre del año anterior. La tasa de variación anual se calcula como cociente entre los índices publicados del mes corriente y del mismo mes del año anterior.

La repercusión de la variación mensual de un artículo o conjunto de artículos en el índice general se define como la parte de la variación mensual del índice general que corresponde a dicho artículo o conjunto de artículos. Por tanto, la suma de las repercusiones mensuales de todos los artículos de la cesta de la compra es igual a la variación mensual del índice general.

En otras palabras, la repercusión que la variación mensual de precios de un artículo o conjunto de artículos tiene en la variación mensual del índice general, es la variación que éste habría experimentado si todos los precios del resto de artículos hubieran permanecido estables ese mes.

¿Para qué se utiliza el IPC?

Las aplicaciones del IPC son numerosas y de gran importancia en los ámbitos económico, jurídico y social. Entre ellas cabe destacar:

•    Como medida de la inflación. El estudio del alza persistente y generalizada que experimentan los precios de los bienes y servicios en un país a lo largo del tiempo.

•    Como deflactor del PIB. Para conocer su variación en términos reales o como elemento para conocer el valor real y actualizado de las deudas o de los flujos futuros de ingresos.

•    También se emplea como estimador del coste de la vida o como referencia en las negociaciones o revisiones salariales, en la fijación de las pensiones, en la revisión de los contratos de arrendamiento o en la actualización de las primas de seguros y otros tipos de contratos.

¿Qué es el Índice de Precios de Consumo Armonizado?

El IPC se dice que está armonizado (IPCA) cuando se calcula de acuerdo con las normas establecidas para su elaboración por parte del BCE para los países que forman la UE, lo que permite realizar comparaciones entre los países de la UE y entre éstos y otros países que no pertenecen a ésta.

¿Quién calcula y publica el IPC?

En España, el organismo que se encarga de calcular y publicar el IPC es el INE.

¿Qué es la EPA?

La EPA (Encuesta de Población Activa) es una estadística de periodicidad trimestral que tiene por finalidad obtener datos de la población en relación con el mercado de trabajo, en concreto, número de personas ocupadas, activas, paradas e inactivas.

Activos: son aquellas personas de 16 o más años que, en el momento de la encuesta, trabajan (en la producción de bienes y servicios) o están disponibles y en condiciones de trabajar (en la producción de bienes o servicios). Se subdividen en ocupados y parados.

Ocupados: son las personas de 16 o más años que, en el momento de la encuesta, han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc. Los ocupados se subdividen en trabajadores por cuenta propia (empleadores, empresarios sin asalariados y trabajadores independientes) y asalariados (públicos o privados). Atendiendo a la duración de la jornada los ocupados se clasifican en ocupados a tiempo completo y a tiempo parcial.

Parados: son las personas de 16 o más años que, en el momento de la encuesta están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando activamente empleo (en contacto con una oficina pública o privada de empleo, enviando candidatura a empleadores, respondiendo a anuncios, participando en entrevistas, concurso o prueba, etc.).

Inactivos: recibe esta consideración la población de 16 o más años no incluida en las categorías anteriores (jubilados o prejubilados, estudiantes, personas que se ocupan de su hogar, incapacitados para trabajar, personas que realizan sin remuneración trabajos sociales).

¿Cómo se elabora la EPA?

La EPA se realiza sobre una muestra de 65.000 familias al trimestre o, lo que es lo mismo, unas 200.000 personas.

La primera encuesta que se realiza a cada familia se hace de forma personal por entrevistadores fijos del INE. Las sucesivas encuestas se pueden realizar por teléfono o de forma personal. El período de referencia de la información es la semana anterior a la entrevista. Los resultados de la EPA se obtienen un mes y medio después de finalizar el trabajo.

Entender la EPA nos permite darnos cuenta de fenómenos aparentemente sin sentido como que puede ocurrir que suban, a la vez, el paro y el empleo, si sube más la población activa.

Junto a los datos proporcionados por la EPA, existe el registro de paro del INEM (Instituto Nacional de Empleo), donde se apuntan quienes estando desempleados cobran prestación o quieren seguir alguno de los cursos formativos que se dan. Pero al tratarse de otra fuente estadística, a menudo, las cifras no coinciden.

La economía en dos tardes

Jordi Sevilla

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© Jordi Sevilla, 2012

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