Índice

Portada

Sinopsis

Portadilla

Dedicatoria

Cita

Prólogo. La sociedad de las brechas

Introducción. Cosas que rompen España

1. Humanos sin atributos

2. España: la democracia del insulto...

3. La brecha entre ricos y pobres

4. La brecha entre mujeres y hombres

5. La brecha entre jóvenes y mayores

6. La brecha entre el mundo rural y el mundo urbano

7. La brecha entre turbocapitalismo y retrocapitalismo

8. La brecha entre analógicos y digitales

Epílogo. Somos datos de un algoritmo

Y entonces, Putin invadió Ucrania

Bibliografía

Notas

Créditos

Sinopsis

Vivimos en la era de la confrontación y la crispación. Los discursos del odio, que hacen un uso estratégico de la mentira, deterioran las democracias al alimentar los movimientos populistas, más interesados en señalar culpables que en buscar soluciones.

Parecería que el consenso constitucional de la Transición está definitivamente roto y que hemos regresado a un pasado similar al de los últimos siglos de nuestra historia, en el que España estaba dividida en dos mitades y a cada una le sobraba la otra mitad.

Las causas del fenómeno hay que rastrearlas en la ruptura de la cohesión social, acelerada por la crisis de 2008, la globalización descontrolada y la pandemia. El economista y expolítico Jordi Sevilla estudia con detenimiento las brechas sociales responsables de la ruptura de la sociedad española y del resto de países occidentales.

El autor las agrupa en 6 binomios: pobres/ricos; mujeres/hombres; jóvenes/mayores; rural/urbano; analógicos/digitales; y turbocapitalismo/retrocapitalismo. Sevilla analiza la situación de cada una de estas brechas y plantea las propuestas de solución que los más destacados expertos en la materia han señalado para cada una.

Sólo curando las heridas de la sociedad española, que polarizan a los ciudadanos y generan desconfianza en las instituciones, podrá resolverse el malestar cívico que amenaza nuestras democracias y restaurar con ello la cohesión social necesaria para una convivencia pacífica.

La España herida

Las 6 brechas sociales y cómo corregirlas

Jordi Sevilla

Para Ana.
Si veinte años no es nada,
dos por veinte es toda una vida

«Con el fuste torcido de la humanidad, no puedes construir algo recto.»

IMMANUEL KANT

Prólogo
La sociedad de las brechas

Sabemos bien que las sociedades son espacios de diversidad, antagonismo y conflicto. No vivimos en comunidades homogéneas ni deberíamos aspirar a las unidades enfáticas y los consensos absolutos. Son cosas imposibles y, aunque sólo fuera por eso mismo, situaciones que no tiene ningún sentido desear. La pregunta inquietante es si, pese a esto, hay algún límite a partir del cual ya no tenemos una sociedad diversa, sino fragmentada, insoportablemente desigual, incoherente y disfuncional, herida y fracturada. ¿Cómo distinguimos el pluralismo de la fragmentación, la división de poderes del choque y de los vetos entre las instituciones? ¿Cuál es la diferencia entre el desacuerdo productivo y la diversidad que enriquece? ¿Cómo se rompen las sociedades y hasta qué punto es posible que ellas mismas recompongan su frágil unidad?

Jordi Sevilla ha escrito este libro de mirada amplia e impulso renacentista, en el que se analizan algunas de las brechas más significativas de las sociedades contemporáneas. El título del libro parece sugerir una enésima mirada sobre el conflicto territorial que España no termina de resolver, un conflicto que aborda con lucidez y al que entiende también en clave social y afectiva. Pero este libro aspira a realizar un diagnóstico más completo de los desgarros sociales, para lo que el autor pasa revista a otras heridas a veces menos ruidosas pero no por ello menos importantes —de ahora mismo y, probablemente, de un futuro no muy lejano—, como las brechas de género, intergeneracionales, la que enfrenta a ricos y a pobres, la contraposición entre lo rural y lo urbano, la coexistencia —problematizada por la pandemia— del mundo analógico y la nueva realidad digital o la persistencia de un tejido productivo dual que combina disfuncionalmente «turbocapitalismo» y «retrocapitalismo». Son heridas que podrían completarse con las contraposiciones entre lo global y lo local, entre racionalidad y emociones, de lo público frente a lo privado, o de la vieja y la nueva política. Estas fracturas han generado nuevas líneas de identificación, ejes de conflicto que van más allá de la simplificación derecha/izquierda y que debemos afrontar con una estrategia más sofisticada.

Sería deseable que pudiéramos al menos examinarlas como un taxonomista que clasifica y ordena asuntos diversos, o bien como un burócrata que divide el trabajo y asigna su solución a las instancias especializadas competentes, pero no es fácil, ya que lo complicado de todo ello es que se trata de brechas que se solapan, multiplican y agravan. Lo malo de las brechas es que no se sustituyen, sino que se superponen; donde había un conflicto de clase, por ejemplo, se añade un conflicto territorial u otro de género que no remplazan al anterior, sino que lo hacen más complejo. Tiene poco sentido considerar que por un lado están los problemas que tienen que ver con la identidad y por otro los que tienen que ver con la redistribución, o que atender a unos impide hacer caso a otros, como si pudiéramos dedicarnos primero a los emigrantes y después a resolver las debilidades del estado de bienestar, o como si el error de la izquierda hubiera sido priorizar la agenda feminista y desinteresarse de los trabajadores. Para bien o para mal, las crisis políticas a las que nos enfrentamos son muchas, diferentes y tan interrelacionadas que no puede uno parcelar el campo de trabajo y posponer algo que pueda considerase secundario. Asistimos a una multiplicación de los ejes de confrontación y antagonismo. La agenda política de las democracias avanzadas es abrumadoramente diversa y endiabladamente interconectada. Todas estas heridas se resolverán al mismo tiempo o no se resolverán de ninguna manera.

Una brecha no es simplemente una tensión que se resuelve con un acuerdo o una transacción, sino una ruptura consolidada, una herida crónica para la que no parece haber sanación. En una brecha se estabilizan valores e intereses contrapuestos sin que asome la posibilidad de integrarlos o de realizar un compromiso entre ellos. Coexisten hoy, y convivirán en el futuro, lo digital y lo analógico, pero habrá que repartir equitativamente los costes de la transición hacia un entorno laboral más automatizado y combatir las divisiones que amenazan con dejar a muchos atrás; la economía no prospera si no hay estímulos, pero el discurso del mérito parece desconocer las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad y desmienten la supuesta igualdad de condiciones; vivimos en un espacio supuestamente abierto pero en el que hay distancias infranqueables, techos y líneas rojas; el difícil equilibrio entre competir versus cooperar parece haberse estabilizado en una brutal competición sin reglas comunes; los valores de la libertad y la igualdad, siempre en tensión, se han polarizado de modo tal que quienes pretenden monopolizar uno de ellos se desentienden completamente del otro; la reivindicación de respeto a la diversidad deriva en narcisismo en la misma medida que la apelación a la igualdad se convierte en una coartada para la imposición.

Hay muchas «rupturas» de las reglas del juego que se explican por un juego que no ha sido suficientemente integrador. Preguntémonos si detrás de la desafección que llevó a una buena parte de nuestra sociedad a desentenderse de los asuntos comunes (para regocijo de los que querían convertirlos en asuntos privados), en la indignación que agitó casi todo y produjo finalmente muy poco, o en la unilateralidad que tensó la cuestión catalana sin ofrecer una salida viable, no había otra cosa que problemas irresueltos y enquistados, malos funcionamientos del sistema político que habíamos aceptado cínicamente como normales. Las sociedades se pueden romper tanto por una voluntad expresa de hacerlo como por una falta de voluntad de resolver los problemas que conducen a la ruptura. En política, cuando hay una mala solución, no necesariamente debemos concluir que no había un problema.

El autor de este libro no se limita a diagnosticar las heridas, sino que plantea algunas condiciones para su curación. El punto de partida consiste en entender dónde radica realmente la fortaleza de las sociedades. Esa fortaleza depende de que hayan conseguido articular equilibradamente cohesión y diversidad. La primera condición de ese equilibrio es respetar una prohibición democrática fundamental: en una sociedad pluralista nadie representa en exclusiva la totalidad de la sociedad, ni siquiera la totalidad de una parte de esa sociedad (los trabajadores, el orden constitucional, la nación, los valores políticos o las mujeres), aunque todos estaremos convencidos de que representamos esos intereses mejor que nuestros competidores. Sin esta distinción entre pensar que somos los mejores y saber que no somos los únicos no existe cultura política democrática que se precie, sino bandería, fanatismo y voluntad de exclusión.

Cumplida esta condición, para abordar las grandes transformaciones que tenemos que acometer es necesario configurar sujetos políticos amplios. No se pueden abordar las cuestiones estratégicas sin acuerdos y ánimo de integración. Es preferible estar preocupado de que falte alguien que estar convencido de que sobran algunos. Tal vez aquí se encuentre la debilidad fundamental de nuestros sistemas políticos y su impotencia para resolver las grandes brechas que nos atraviesan. Uno de los efectos de la llamada polarización es que sustituye el poder compartido por la impotencia compartida. Hay una confrontación que es muy conservadora en el sentido profundo del término: que no cambia nada, deja las cosas como están y compensa esa incapacidad con una retórica de cambio inflamada. Es posible que vivamos en una sociedad que no puede restablecer la unidad por medio de la imposición de una de las partes, pero tampoco dispone de la cultura política que sería necesaria para un acuerdo integrador.

El tipo de gobierno que está requiriendo esta sociedad de las brechas exige mirada amplia, visión de conjunto y una nueva cultura institucional y organizativa. Quien quiera abordar con seriedad los actuales retos sociales encontrará en este libro unas valiosas indicaciones para pensar estas nuevas realidades, reflexiones que son el primer paso para acertar en las decisiones.

DANIEL INNERARITY

Introducción
Cosas que rompen España

«Se rompe España» fue un eslogan político, tan eficaz como mendaz, utilizado contra el primer Gobierno de Zapatero, del que formé parte, por un Rajoy haciendo una oposición no menos centrada que la de Aznar a González o la de Casado a Sánchez. Se refería Rajoy a los hipotéticos riesgos sobre la unidad nacional que, según él, estaba corriendo el Gobierno socialista al plantear una actualización necesaria del diseño autonómico planteado en la Constitución, con la experiencia acumulada durante los treinta años de su puesta en marcha.

Resulta una ironía de la historia que fuera el mismo Rajoy que acusaba de «romper España» al Gobierno que había descarrilado el Plan Ibarretxe y conseguido mantener a la mayoría del catalanismo político dentro del espíritu autonómico de la Constitución —frente a los cantos de sirena independentistas que ya llenaban el ambiente social en Cataluña— quien tuviera que presenciar, ante su incrédula pasividad, cómo le organizaban un referéndum ilegal en Cataluña, sobre el que después el Parlament aprobó una declaración formal de independencia. La España que no se rompió con Zapatero estuvo más cerca que nunca de hacerlo con Rajoy, que nunca entendió que la gran fortaleza de nuestra Constitución radica, precisamente, en su capacidad de integración, y no en el fanatismo de la imposición unilateral. Para que no se rompa un traje de alguien en crecimiento, lo más sensato es ensanchar las costuras.

Siempre he creído que nuestra derecha política, si tanto le importaba la posibilidad de que España rompiera su unidad territorial, debería haber pactado con el Partido Socialista Obrero español (PSOE) la reforma del Estatut de Catalunya para, desde ahí, dar entrada a una Convergència i Unió (CiU) que, entonces, seguía apostando por la vía de una mayor autonomía y una mejor financiación, con el País Vasco como ejemplo al que aspiraba.

Como ministro encargado de la cosa, mantuve contactos periódicos con Josep Piqué, ministro en varios gobiernos del Partido Popular (PP) y entonces portavoz de dicho partido en el Parlament de Catalunya, quien estaba igualmente interesado en explorar las posibilidades de un acuerdo sobre una reforma del Estatut que, en su proyecto, podría permitir al PP presentarse en Cataluña como una alternativa válida para esa derecha catalanista que empezaba a estar ya muy harta de una CiU a la que diversos casos de corrupción y la pérdida de la Generalitat estaban difuminando como actor político. Un Estatut pactado entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) y un PP catalanista, tal vez con el apoyo de los restos de una CiU abiertamente enfrentada a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hubiera tenido una solidez tan grande que hubiera mantenido en la irrelevancia política a los aspirantes a la independencia de Cataluña, que siempre los ha habido.

Nunca sabremos si ésa era una opción viable o no, porque muy pronto la dirección nacional del PP situó este asunto en la línea de confrontación total y radical con el Gobierno socialista; en la misma trinchera en la que ya había situado su análisis enloquecido y confabulanoico de los atentados del 11-M o la lucha contra el terrorismo de ETA (y resulta extraño que se acuse de «connivencia» al partido que, desde el Gobierno, forzó el alto el fuego, primero, y la disolución, luego, de la banda terrorista vasca, un éxito de nuestra democracia que la derecha conservadora no permite que celebremos como corresponde). Como se ve, esa ruptura de la cultura del pacto de la que acusa Rajoy al actual Gobierno de Sánchez en un libro tiene ya en él mismo ilustres antecedentes.

Los miembros del equipo que asumimos el Gobierno en 2004 fuimos los primeros en plantear, de forma explícita, una reforma de la Constitución en cuatro asuntos concretos, uno de los cuales era cerrar el Estado autonómico que la Constitución había abierto. Entendimos entonces algo que no era posible anticipar en 1978; entendimos que, varias décadas después, la Constitución tenía ya una solidez suficiente para transformar los capítulos que permiten crear un Estado autonómico en otros que declararan cerrado el proceso autonómico previo y habilitaran los principios de funcionamiento del «nuevo Estado» que, si bien era una posibilidad entonces, era ya una realidad madura, aunque llena de disfunciones que merecía la pena corregir. Se trataba de que aquello que ya existía, un Estado autonómico, funcionara mejor, con menos disfunciones y duplicidades. Esa reforma, como tantas otras, sigue pendiente.

Mientras tanto, durante la última década hemos vivido en España un verdadero proceso de rupturas sociales que han puesto en cuestión nuestra capacidad de convivencia y la cohesión como proyecto nacional democrático. Parecería que hemos regresado a toda velocidad a un pasado que ha marcado los dos últimos siglos de nuestra historia, en el que España estaba dividida en dos mitades y en el que a cada una le sobraba la otra mitad. Una España que, en apenas doscientos años, vivió: una guerra contra Francia; varias escaramuzas entre liberales-constitucionalistas y conservadores-regalistas; tres guerras carlistas; una guerra colonial; movimientos cantonalistas; dos derrocamientos de la monarquía; el intento de una nueva dinastía extranjera; varios pronunciamientos militares; dos repúblicas; una guerra civil, seguida de una cruenta posguerra; dos dictaduras; pobreza extrema en coexistencia con la riqueza de los terratenientes, estraperlistas y señoritos; traumáticos movimientos de población durante la industrialización de la década de 1960; y largas décadas de terrorismo.

Con ese trasfondo histórico de intolerancia extrema, social, religiosa e ideológica, todavía adquiere mayor mérito lo que representó a finales de la década de 1970 la transición democrática, que estuvo construida sobre un amplio consenso, con dos principios motores: nadie quería volver al pasado, a ningún pasado; y todos querían llegar a ser como los países europeos de nuestro entorno. Eso hizo posible la primera Constitución española consensuada entre los actores políticos y refrendada por una amplia mayoría de la ciudadanía. La primera Constitución de nuestra historia que quería, de forma explícita, ser de todos y no de unos contra otros.

En el fondo, nuestra democracia se fundamenta sobre el reconocimiento de un principio muy básico: la convivencia se construye a partir de la existencia de tres capas de asuntos comunes. Una primera capa constituye lo que define al colectivo como tal, dándole una identidad compartida que sólo puede ser consensuada y aceptada por todos. Una segunda capa está formada por aquellos asuntos estratégicos sobre los que, aun existiendo visiones diversas, es más eficaz llegar a amplios acuerdos de Estado a medio plazo. Por último, una tercera capa que engloba el resto de los asuntos y que es donde se centra la actividad y la confrontación en una democracia de partidos. Y todo ello recubierto por reglas no escritas que dotan de legitimidad a todo el sistema.

Esta idea, consustancial a todo sistema democrático, entra en quiebra en tiempos recientes y en todos los países avanzados que constituyen las democracias de referencia en el mundo. En efecto, no es un fenómeno exclusivo de España. En apenas una década, los títulos de los ensayos más influyentes dan buena cuenta de esta realidad que concentra la atención de las élites pensantes. A título de ejemplo, citaré algunos de los más conocidos: Cómo mueren las democracias, de Levitsky y Ziblatt; Por qué estamos polarizados, de Ezra Klein; La edad de la ira, de Fernando J. López; Las mentiras que nos unen, de Kwame A. Appiah; La sociedad decadente, de Ross G. Douthat; La era del enfrentamiento, de Christian Salmon; Identidad: la demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, de Francis Fukuyama.

El foco de atención política se ha desplazado hacia la crisis de las democracias por su incapacidad para satisfacer las necesidades de muchos ciudadanos que, ante los cambios profundos y rápidos que vivimos, se sienten amenazados y perplejos y caen en manos de políticos populistas que señalan falsos culpables y practican el enfrentamiento, en búsqueda de falsas soluciones en un imposible regreso a un pasado idealizado que nunca existió. Hoy se impone una visión infantil de la política que se mueve bien en el fango de la confrontación, la deslegitimación y el insulto, todo lo contrario de lo que representa la democracia. La lógica subyacente a las nuevas redes sociales actúa como cámara de resonancia que potencia esta deriva.

La traducción de este fenómeno mundial en España empieza (todavía de la forma tímida en que lo practicaba en Estados Unidos el movimiento llamado Tea Party —compárese con su epígono, Donald Trump—) cuando el nuevo líder de un refundado PP, José María Aznar, no consigue ganar las elecciones, en plena crisis poscelebraciones de 1992, a un «desgastado» dirigente socialista, Felipe González. Entonces, la derecha, decide cambiar las reglas del juego, centrando su campaña en el objetivo de «echar» al líder del PSOE, como única forma de poder ganar unas elecciones. Y eso es lo que ocurrió en 1996, tras una campaña de acoso y derribo personal como no habíamos visto en la reciente democracia española.

En espera de que algún día se escriba lo ocurrido esos años, muy nutrido de técnicas de acoso practicadas ya durante la República, sostengo que ese período representa la antesala de lo que vivimos hoy. Por mi parte, he dado mi visión de lo ocurrido en España desde el 15-M de 2004 y la crisis financiera de 2008 en tres libros: Para qué sirve hoy la política: una democracia para escépticos (RBA, 2012); Seis meses que condujeron al rescate (Deusto, 2015); y Vetos, pinzas y errores: ¿por qué no fue posible un gobierno del cambio? (Deusto, 2017).

Con estos antecedentes, abordé el proyecto de describir las seis brechas sociales que dividen hoy a la sociedad española, intentado abrazar dos objetivos: 1) poner el foco del debate público en lo que considero importante; y 2) resaltar que existen soluciones, pero que requieren una concepción distinta de la política, un enfoque que pase por la búsqueda de pactos y acuerdos, como algo ya no sólo legítimo sino imprescindible en democracia. Y para ello movilicé a un amplio grupo de expertos en cada uno de los asuntos implicados, quienes brindaron su valiosa colaboración, sobre todo a la hora de debatir propuestas. La pandemia dificultó las sesiones presenciales de debate, que fueron sustituidas por videoconferencias, una vez repuestos todos del shock que nos condujo al confinamiento.

Desde el principio conté con dos ayudas sin las que no hubiera sido capaz de hacer este trabajo, al menos como lo había diseñado: por una parte, la financiación y el apoyo material del Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», para el que realicé una versión más académica de las brechas que, luego, tuve además la oportunidad de difundir en seis sesiones públicas de debate con expertos, celebradas durante el mes de septiembre de 2021 en el Palau Macaya de Barcelona, propiedad de dicha institución.

Por otra parte, pude contar con la colaboración de Diana Ortega y Belén Santacruz, tanto en la versión más académica, como en la traslación a la actual versión en libro. Sin ellas, no hubiera tenido fuerzas para abordarlo. En la versión para el Observatorio Social, conté también con la colaboración puntual de dos expertos y amigos: Juan Miguel Márquez, respecto a la brecha entre analógicos y digitales; y Miguel Marín, para la brecha entre turbocapitalismo y retrocapitalismo. A todos ellos, gracias.

Una visión laica del mayor y más influyente relato identitario sobre los seres humanos, la Biblia, situaría el origen de todo en la palabra: «En el principio era el Verbo» (Juan 1, 1). Desde ese punto de vista, el acto de creación del mundo consistiría en nombrar las cosas, señalarlas, darles nombre. La palabra sería lo que crea la realidad. Lo que no tiene nombre, de lo que no se habla, no existe. Por eso los relatos son tan importantes. Porque configuran nuestra conciencia de la realidad, en función de la cuál tomamos decisiones, actuamos. La «lucha de clases» no existiría como «realidad», para los marxistas, si Marx no hubiese creado previamente el concepto de clase y lo hubiese delimitado sobre la realidad dando lugar a la aparición de la «clase social». Sería otra cosa, pero ni clase, ni lucha de clases. De hecho, algunos autores han señalado que, por ejemplo, polarizaciones como la que existe entre lo rural y lo urbano ganan peso precisamente porque el concepto de clase social ha perdido capacidad explicativa y movilizadora.

En otro ámbito, un 77 por ciento de los españoles dice en las encuestas que la situación económica del país es mala o muy mala. Esa percepción, formada a través de lo que se escucha en los medios de comunicación o en los debates políticos, no les impide reconocer que, en su caso concreto, su situación económica personal es buena o regular, y que sólo es mala o muy mala para un 25 por ciento. Es decir, la mitad de los ciudadanos viven convencidos de que las cosas van mal en economía, a pesar de que no es ésa su experiencia personal. Pero luego tomarán decisiones —por ejemplo, la de votar a unos o a otros— mucho más en función de su creencia que de su vivencia. Por eso, la política se ha convertido en una «guerra de relatos», mucho más que en confrontación entre diferentes propuestas para resolver problemas existentes en la realidad: porque, ¿qué realidad?, ¿la propia y personal o aquella en la que creemos, en función de lo que nos cuentan?

Por eso he querido señalar, nombrar, hacer realidad en el debate público, las seis brechas sociales que, creo, son más relevantes hoy, porque causan fricciones, enfrentamientos, heridas a la sociedad española. Y para buscar soluciones, tenemos que ser conscientes de la gravedad del problema. Hay otras brechas sociales, como, por ejemplo, la que existe entre ese 53 por ciento de las familias españolas que llegan a fin de mes con dificultades y que a menudo se ven obligadas a «comerse» ahorros o pedir prestado, frente al 46 por ciento cuyos ingresos les permiten ahorrar todos los meses. O la que hay entre ese 55 por ciento que se declara católico (aunque la mitad de ellos reconozca no ser practicante) y el resto, que manifiesta no serlo. O entre los que tienen un sentimiento nacional determinado y los que sienten la nación, a veces, «otra» nación, de forma distinta. Pero he decidido elegir las seis brechas que figuran en este libro.

Sobre la mayoría de este tipo de debates, tan de moda hoy, planea la antigua confrontación entre comunitarismo y liberalismo, que tantas páginas brillantes ha dejado en el ámbito de la filosofía política, relanzado por la publicación, en 1971, de Teoría de la justicia, de John Rawls. Como también renacen variantes del antiguo debate en torno al racionalismo, sus virtudes y sus excesos. En el fondo, se trata de responder a la vieja pregunta: ¿podemos los humanos construir una sociedad buena, ordenada por principios racionales que estimulen nuestro lado positivo? Y, también, ¿podemos ser felices?

Las últimas décadas han sido muy fructíferas en los avances científicos, entre otros, aquellos relacionados con el conocimiento del cerebro humano. A partir de ahí se están reinterpretando algunos de los relatos que a lo largo de los siglos hemos ido construyendo sobre nosotros mismos, sobre cómo somos, sobre por qué hacemos lo que hacemos y cómo se puede influir sobre ello para mejorarlo. O eso nos gusta pensar. Aunque sólo sea por lo desolador de diagnósticos pesimistas, como los realizados por Erich Fromm en 1955, cuando sostuvo que los seres humanos «destruirán su mundo y se destruirán a sí mismos porque serán incapaces de soportar el aburrimiento de una vida sin sentido». Mientras tanto, la política se ha ido convirtiendo en un espacio para agitar emociones, sin más resultado que acumular enfrentamientos y frustración social.

Hace cuatro años le dije a quien ha sido editor de la mayoría de mis libros, Roger Domingo, de la editorial Deusto (Planeta), que ya no escribiría más libros. El esfuerzo que requieren, sobre todo cuando lo has de compartir con otros trabajos muy absorbentes, resulta excesivo para el escaso impacto que suelen tener. Y todos mis libros han buscado un impacto que ayudara a cambiar la manera en que hacemos las cosas desde la política, pero también desde la sociedad civil. Mi racionalismo impenitente lleva fatal reconocer y aceptar que los seres humanos nos resistimos mucho a hacer lo correcto, incluso cuando sabemos que lo es. De hecho, la mayoría de las veces no lo hacemos. Y sirva como ejemplo lo ocurrido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021, celebrada en Glasgow: nuestro nivel de conocimiento sobre las causas, efectos y riesgos del cambio climático son suficientes para determinar en qué sentido debemos cambiar nuestra conducta como humanos y cuáles han de ser los pasos y la dirección en que darlos. Sin embargo, no lo hacemos. Al menos, no con la velocidad e intensidad deseada. Nos comprometemos a adoptar medidas concretas en plazos concretos, y, luego, no los cumplimos, aunque en ello vaya una buena parte de nuestro futuro como especie en el planeta Tierra.

Una manera de contar lo ocurrido a Occidente en los últimos treinta años se podría sintetizar así: al principio, con la caída del comunismo, proclamamos el fin de la historia porque el modelo de la democracia social y liberal se había impuesto como mejor sistema para organizar la convivencia. Pronto, sin embargo, describimos el conflicto de civilizaciones que iba a enmarcar los próximos años en torno a identidades y religiones diferentes en permanente lucha excluyente. De ahí, intentamos el diálogo de civilizaciones e, incluso, una alianza de civilizaciones ecuménica. Y hablo de la ONU y de relaciones internacionales entre países, más allá del debate estrictamente religioso. Ahora, de aquí, del papa Francisco proviene la última foto del momento actual: el naufragio de nuestra civilización, incapaz de hacer frente a sus contradicciones y resolverlas de acuerdo con los principios y valores que configuran, precisamente, a Occidente. Como ejemplo de ello tenemos la crisis de la inmigración en Europa y Estados Unidos, al margen y en contra de los proclamados derechos humanos, una de las grandes invenciones de la humanidad.

Y, todo ello, en la mejor época histórica del ser humano, cuando hemos alcanzado los mayores niveles de bienestar y conocimientos nunca conseguidos. Cualquier pasado fue peor. Y ese indicativo de progreso material, moral y científico empuja todavía mi optimismo histórico. Sin embargo, debemos reconocer que el camino de avance ha tropezado con un obstáculo imprevisto, uno que creíamos perdido entre los sueños de la razón: la cara B del mismo ser humano, cuya cara A nos ha traído hasta aquí.

Saber lo que tenemos que hacer no garantiza, ni mucho menos, que lo hagamos. Es lo que Pinker llama «déficit de razón»: «[...] la dificultad de convencer a la gente para que acepte las soluciones cuando efectivamente las encontramos».1 Ahí radica una buena parte del debate —hoy y a lo largo de la historia—. De ahí mi lucha contra el «hay que hacer», y mi insistencia en el «cómo hacerlo».

Contra una amplia evidencia, sigo confiando en que todavía seremos capaces de hacer lo más sensato, aquello que más nos beneficia a todos. Y que merece la pena luchar por ello. A lo mejor, señalar algunas cosas que no funcionan e intentar luchar para mejorarlas es la manera en que algunos le damos sentido a nuestras vidas. Pues sea.

El objeto de este trabajo es ayudar a entender las causas profundas que están detrás de los preocupantes fenómenos sociales y políticos que vivimos y vemos en los medios de comunicación y en las redes sociales, e intentar proponer soluciones para que las cosas no se nos vayan de las manos si llegan a ese punto en que el cambio de la tendencia resulta ya imposible.

Defenderemos la tesis de que el cambio de ciclo se ha producido como consecuencia de la acumulación de tres vectores que han ido rompiendo los equilibrios preexistentes, haciéndonos entrar, acaso de golpe, en esta fase de caos relativo. El primer vector es la ruptura de la cohesión social creada en torno a los valores del estado de bienestar y la democracia como consecuencia de las políticas aplicadas en las últimas décadas, que han provocado importantes brechas sociales que están en el origen de los problemas actuales. Por una parte está lo que he llamado en otro libro la «rebelión de los ricos», un ensalzamiento del mercado en detrimento del papel del Estado, y una crítica de las políticas tributarias y redistributivas. Por otra están las políticas de la identidad que han contribuido, aunque no fuera ésa su intención, a romper la idea de un nosotros al colocar en el centro de la construcción reivindicativa a un colectivo definido, en parte, frente a otro colectivo. El segundo vector ha sido una globalización excesiva, rápida y sin gobernanza ni contrapesos, que ha reducido a los Gobiernos nacionales (y a la política democrática nacional) a meros comparsas en asuntos económicos y sociales globales para los que los Gobiernos nacionales se han quedado sin herramientas para canalizar. El tercer vector ha sido la fuerza con que nos golpean dos fenómenos paralelos que interactúan para alterar nuestra forma tradicional de vida: el cambio climático y la revolución de los algoritmos y la computación. El efecto conjunto de los tres vectores ayuda a explicar el momento: el primero fracciona al país; el segundo reduce la utilidad de la política efectuada en el ámbito nacional; y el tercero nos expone a cambios profundos y nuevas incertidumbres que agudizan la necesidad, precisamente, de aquello que ya no existe y se busca, a la desesperada, en el falso confort del populismo.

Hablaremos de España, de una España herida por las varias brechas sociales que rompen la sociedad española hoy. Y lo haremos después de adoptar una decisión, discutible como todas, pero que queremos explicitar de antemano: no hablaremos de la brecha territorial que, de manera recurrente desde hace más de cien años, cuestiona la unidad nacional tal y como quedó definida en todas las Constituciones de los últimos ciento cincuenta años y, más recientemente, en la Constitución vigente de 1978. Ese cuestionamiento se orienta, a veces, hacia un cambio de las reglas del juego, y otras, directamente, a la ruptura del juego, a su abandono.

A pesar de que en estos últimos años, cuando se acuñó el eslogan «se rompe España», el riesgo de desintegración territorial se refería en exclusiva a su integridad territorial actual, queremos señalar que hay otras formas de «romper España», y no menos preocupantes, especialmente la que se orienta a romper su cohesión social y deteriorar la convivencia democrática entre ciudadanos que comparten los mismos derechos formales, pero que quedan atrapados entre otro tipo de «brechas sociales» que les impiden desarrollar plenamente sus proyectos de vida en libertad.

1

Humanos sin atributos

Vivimos una era de la confrontación. Es una época en la que, según Christian Salmon, se imponen «los discursos de odio que intentan suscitar no la empatía, sino la antipatía; no la pertenencia, sino la división; no la continuidad, sino la ruptura»;1 una época «de caos y de choques que deja poco espacio para la deliberación democrática, los relatos colectivos e incluso, simplemente, la palabra»;2 un momento histórico que hace «un uso estratégico de la mentira» y que impone «un combate frontal que acaba con el terreno de la política y con la diversidad de la sociedad».3

En los últimos meses hemos visto cómo una oleada de furia ciudadana ha recorrido el mundo. Y sigue..., con movilizaciones sociales de cierta relevancia y gran impacto mediático en Francia, Hong Kong, Chile, Argelia, India, Cuba, Sudáfrica, Brasil... Las más recientes han sido las manifestaciones de los antivacunas, pero también hemos visto, incluso en directo, cómo una amalgama extraña de outsiders asaltaba por la fuerza el Capitolio de Estados Unidos instigados por quien entonces era aún el presidente del país. Sea por las restricciones derivadas de la pandemia, sea como protesta por los efectos de una globalización sin límites, sea por falta de libertad, sea por causas específicas del país, todas estas movilizaciones tienen dos elementos en común: (1) responden a un malestar social evidente que (2) proviene de un exagerado sentimiento de agravio tan fuerte que nubla la razón.

Daría la impresión de que algo se está rompiendo en nuestro mundo haciendo aflorar «la edad de la ira»,4 en la cual si no expresas tu cabreo corres el riesgo de ser invisible para los demás, ya que los canales tradicionales que vertebran la relación entre representantes y representados en una democracia se han roto. Y es verdad: las reglas del juego han cambiado de forma radical, y con ello cambian las oportunidades, las posibilidades y la distribución de ganadores y perdedores. Y es así como se rompe el espejo donde un relato edulcorado de las cosas reflejaba unos principios y valores del ordenamiento social que no sólo ya no existen, sino que incluso empezamos a dudar de que hayan existido de verdad alguna vez.

La sociedad se divide hoy en privilegiados y ofendidos. Y a ello hay que añadir que depende de ti, de cómo te sientas en cada momento, el estar en una franja o en la otra, más que de datos externos objetivos, y pueden darse toda clase de combinaciones, incluyendo la de los privilegiados que se sienten ofendidos y la de los ofendidos que, en el fondo, se saben privilegiados comparados con otros.

El orden internacional que, más o menos a duras penas, ha imperado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial está saltando por los aires, después de haber quedado seriamente tocado tras la caída del comunismo en Europa, cuyos emblemas son la caída del Muro de Berlín, en 1989, y la disolución de la Unión Soviética, entre 1990 y 1991. La «derrota» de Occidente en Afganistán, plasmada con la retirada de tropas de Estados Unidos y otros países en 2021, es la prueba del nueve que evidencia que los valores de Occidente están en retroceso en todo el mundo, incluso en los propios países occidentales, cada vez más atrapados por el populismo y los relatos mágicos que tanto daño están haciendo a nuestras democracias socioliberales.

Además, la Primavera Árabe, los movimientos en protesta por la crisis mundial de 2008 —como nuestro 15-M y el Occupy Wall Street, y también los más recientes Me Too o Black Lives Matter— y aquellos en favor de adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, así como el shock que está suponiendo la pandemia de la COVID-19 a la hora de agravar las desigualdades en el mundo, radiografían esas rupturas de viejos consensos sociales y políticos que incluían un relato compartido sobre el nosotros y el futuro común.

Para la inmensa mayoría de los ciudadanos, la crisis económica de 2008 empieza por culpa de una cosa apenas comprensible, como fueron las hipotecas subprime en Estados Unidos, seguida de la posterior quiebra de Lehman Brothers, una entidad financiera desconocida por la inmensa mayoría y que había abusado sin límite de algo llamado «derivados». A partir de ahí, muchos ciudadanos se vieron golpeados, de sopetón, por una crisis y una recesión económica imprevistas que en algunos países llegaron en uno de los, en apariencia, mejores momentos del ciclo económico, como sucedió en España.

Las heridas de esa crisis y de las políticas puestas en marcha para hacerle frente fueron rápidas y profundas, pero, además, cuando los ciudadanos del primer mundo, sobre todo los europeos, se volvieron hacia sus Gobiernos buscando protección, se encontraron con que éstos les daban la espalda, atrapados como estaban por unos compromisos internacionales que limitaban sus márgenes de actuación en cuanto al déficit y a la deuda pública y que los empujaban a aplicar recortes y medidas de austeridad, porque así lo exigían entidades abstractas como «Europa», la «troika» o «los mercados financieros internacionales».

Todo ello dejó un poso de desigualdad y de descontento social, una sensación de injusticia, ya que parece que unos fueron los responsables de la crisis, mientras que otros pagaron los platos rotos de ésta. Este enfado y esta impotencia de amplias capas sociales están siendo aprovechados por el populismo y por las ideologías extremas que crecen alimentadas por las promesas de recuperación económica incumplidas por parte de los partidos políticos del sistema (recuperación económica que no está llegando a todos por igual), por la insatisfacción ciudadana ante la polarización creciente de renta y riqueza, por el miedo en aumento de aquellos que sienten que su futuro les ha sido hurtado y por la humana necesidad de buscar culpables, aunque sean falsos culpables, como plantean los agitados discursos del populismo y de los partidos que crecen gracias al voto del enfado.

En 2020, con la pandemia, costó entender y aceptar que, en apenas tres meses, nuestra vida cotidiana cambiara de forma radical hasta llegar al confinamiento. Y todo por culpa de un virus originado en un país muy lejano, sin que todavía hayamos concluido con certeza cómo se expandió tanto y de manera tan rápida. Pero, como consecuencia de algo que apenas entendíamos, nos vimos encerrados en casa, o despedidos, o cerrando nuestros negocios, o en el hospital, o muertos, o con nuestras esperanzas hechas pedazos... A finales de 2021, en muchos países se han revertido en buena medida las consecuencias de la pandemia, pero en otros Estados incluso se ha retrocedido a estadios previos en cuanto a datos sanitarios y cierres de actividades, como ha sucedido en algunos países de Europa del Este con muy bajos índices de vacunación.

En definitiva, estamos ante un conjunto de revueltas dispares y desarticuladas, más que ante una revolución planificada o que responda a un patrón. Pero esa tensión no va a disminuir. Las autoridades ya están interiorizando que esas protestas van a continuar, contra las restricciones sanitarias, el pasaporte COVID o el coste de las medidas de lucha contra el cambio climático. Las sociedades de este comienzo del siglo XXI se están quedando sin argumentos para la empatía, la solidaridad, la cohesión..., y a la vez vemos que cada vez más personas, de manera individual, asumen y practican estos valores, muchas veces a través de organizaciones no gubernamentales.

Tales revueltas son protestas ante «lo que no me gusta», más que de apoyo a un programa de cambio sobre «lo que me gusta». No responden tanto a una discrepancia respecto a la necesidad e incluso a la oportunidad de adoptar determinadas medidas, sino a un agravio del tipo «¿por qué a mí y no a otro?». Hoy en día parece que hay mucha gente que no se define «a favor de algo», sino «en contra de algo», y las redes sociales organizan sus grupos, en multitud de ocasiones, con este criterio «a la contra». Por eso, lo relevante de estas protestas es que su origen está siempre situado en un colectivo que se siente maltratado o no tenido en cuenta (la brecha) por los poderes públicos, y su método conduce siempre a la confrontación con aquellos a quienes señalan como culpables de su situación. Además, hace tiempo que la clase política ya no es el único culpable señalado en las movilizaciones, ni tampoco se trata de una vuelta de tuerca del clásico «la gente contra las élites». No. Ahora, con demasiada frecuencia, la división y la confrontación se producen entre unos colectivos de ciudadanos y otros colectivos de ciudadanos con características diferentes.

La sociedad se ha quebrado, primero, y luego se está enfrentando a las diversas rupturas o brechas que existen o se han creado. Las revueltas actuales se están levantando sobre brechas y muros sociales construidos sobre aquello que nos diferencia; y están convirtiendo al adversario en enemigo, la negociación, en claudicación, y el acuerdo, en rendición. Con esta actitud excluyente, se está haciendo imposible el sistema de convivencia entre diferentes que es la democracia, la cual, por definición, es inclusiva. Las revueltas actuales ya no agitan las banderas de más y mejor democracia; y, sólo por ello, se convierten ya, y con demasiada frecuencia, en una amenaza para la democracia que hay que analizar y combatir, para evitar que la incapacidad de los políticos a la hora de encontrar soluciones a estos problemas lleve a un bloqueo de inacción que acabe convirtiéndose en una mala gobernanza que también ponga en riesgo la democracia. Como dice María Antonia Sánchez-Vallejo: «Ofendidos. El mundo se ha convertido en una interminable legión de seres agraviados y airados por el simple uso de la palabra. Por ofensas religiosas [...] o por ofensas laicas».5

En ese contexto, Pau Marí-Klose ha señalado en un artículo: «Como señala [Ezra] Klein [en Por qué estamos polarizados], “los medios políticos están sesgados, pero no tanto hacia la izquierda o la derecha, sino hacia los ruidosos, escandalosos, llamativos, inspiradores y conflictivos”. [...] Un nuevo perfil de político se mueve como pez en el agua en ese entorno y obtiene más tiempo en antena Son tratados como más dignos de comentario que los discursos más cuidadosos, ajustados a hechos y orientados al impulso de políticas públicas».6 Y ese mayor tiempo en antena supone un mayor trozo del limitado mercado de la atención humana, aunque con ello se convierta la política en un espectáculo más, destinado a agitar emociones en lugar de a buscar soluciones.

Media Francia celebra que Joséphine Baker, una vedete de origen humilde, nacida en otro país (Estados Unidos)7 y negra, entre a formar parte del Panteón de París, lugar emblemático donde reposan personas ilustres de Francia, lo cual se ve como símbolo de un país diverso, plural y orgulloso de una tradición basada en los valores de la Revolución francesa. Mientras, la otra mitad de Francia cae seducida por los alarmismos y la xenofobia de un nuevo candidato de extrema derecha a la presidencia, Éric Zemmour, quien con su extremismo hace parecer a los Le Pen casi como centristas. Y, para ello, Zemmour utiliza las mismas mentiras que emplean todos los populistas del mundo contemporáneo: la decadencia del país (en contra de toda evidencia) está causada por élites egoístas que quieren destruir la esencia del «pueblo», que debe levantarse contra «extranjeros», razas y creencias ajenas a «nosotros» y recuperar un (imposible) autogobierno que nos devuelva a un pasado idílico (e inexistente) donde sí fuimos puros, fuertes y felices.

Según un reciente estudio sobre la conflictividad en el mundo, la pandemia produjo unos cinco mil enfrentamientos en 158 países. Durante la última década, los conflictos subieron un 251 por ciento con un coste económico calculado en el equivalente al 12 por ciento del PIB; 40 países corren un grave riesgo de inestabilidad en los próximos dos años, y la causa más compartida de los conflictos es la desigualdad en el reparto del crecimiento económico.8

En paralelo, el Barómetro de Confianza de la consultora Edelman indica una pérdida creciente en los indicadores de confianza de los ciudadanos en las instituciones, explicable por la elevada corrupción y por unas políticas públicas incapaces de corregir la desigualdad social. Esa desconfianza creciente da paso al desconcierto, al cabreo y a los autoritarismos populistas.

La queja social y el malestar con la democracia

Es cierto que la tensión entre bloques antagónicos ha sido una constante en la historia desde el siglo XX. Primero vivimos dos guerras mundiales, el ascenso de ideologías totalitarias como el nazismo y el comunismo, los campos de exterminio o la guerra de Vietnam. El enfrentamiento entre las democracias occidentales y el bloque comunista acabó dividiendo al mundo, aliándose los países por bloques ideológicos. Luego cobraron relieve las diferencias entre el Norte (los países ricos) y el Sur (los países pobres y en desarrollo), lo cual acabó afectando a la dinámica económica de crecimiento mundial. Pero se trataba de tensiones externas entre países, aunque tuvieran su reflejo interno dada la pluralidad y complejidad de las sociedades actuales.

Las tensiones de ahora, sin embargo, dividen internamente a las sociedades en varios bloques que van más allá del tradicional antagonismo entre «élites» y «masas» (en términos orteguianos). Cada bloque interno se organiza en torno a una fractura social (real o percibida) desde la que se busca construir una identidad propia que exige ser reconocida y tenida en cuenta, aunque con ello se debilite la cohesión social mínima sobre la que se soporta una convivencia democrática. Los bloques, además, no son monolíticos, ya que muchos se entrecruzan y solapan, lo que contribuye todavía más a generar una cierta confusión que, eso sí, parece tener un denominador común: un gran malestar difuso, cargado a menudo de resentimiento, que se traduce en «una polarización cada vez más extrema donde el mensaje es agresivo y va a las vísceras»,9 según Joaquín Estefanía. El debate político parece haber dimitido del espacio público, y ha sido sustituido por la confrontación entre hooligans, y no sólo en los medios de comunicación, en las redes sociales o en las calles, sino incluso en el Parlamento, donde se impone el insulto, la descalificación y los intentos de imposición unilateral de una parte.

En el momento actual, «la mitad de la humanidad está fuera de juego»10 (como lo ha expresado Bill Drayton), y todos los de esa mitad tienen la convicción de que están relegados, de que nadie cuenta con ellos y, como dice Daniel Innerarity, «hay en ellos más frustración que aspiraciones».11 Y esto sucede al mismo tiempo que estamos atravesando ese momento peligroso de toda transición social en el que tan defendible es alumbrar signos del nuevo orden mundial como pensar que viviremos mucho tiempo en el desorden marcado por las siguientes y variopintas fuerzas: blockchain, impresión digital 3D, big data, inteligencia artificial, robotización o transición ecológica, pero también nacionalismo, xenofobia, intolerancia, irracionalidad o un totalitarismo creciente. Como señala Víctor Lapuente, «jamás hemos experimentado tanta ansiedad».12

El terreno donde desarrollamos nuestra convivencia se ha llenado de trincheras del odio desde donde entablar una lucha de relatos basada en convertir al adversario en enemigo. Parafraseando a Carl von Clausewitz, la política se ha convertido en la continuación de la guerra por otros medios. Demasiada gente vive y se comporta como si no reconociera que una cuestión puede tener al menos dos caras.

Aunque no es el objetivo de este trabajo estudiar todos estos fenómenos que están caracterizando nuestro tiempo, sí parece necesario ir más allá de los síntomas para esbozar las causas de estos fenómenos que, como veremos, tienen mucho que ver con la proliferación y el ensanchamiento de brechas sociales que han roto la idea de propósito común entre actores diversos. Al respecto, existe un amplio consenso entre los expertos en relación con los siguientes hechos:

El pacto social establecido desde la Segunda Guerra Mundial ha saltado por los aires al calor de la globalización, la revolución tecnológica y la primacía de una economía financiera que ha erigido el beneficio privado en su nuevo y exclusivo tótem. La Gran Recesión que estalla en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y la posterior crisis del euro es el punto de no retorno de un proceso de ruptura entre élites económicas globales y trabajadores sedentarios que pronto ven surgir entre sus filas a los perdedores de esa globalización y de ese modelo de capitalismo excluyente, en medio de la indiferencia pública. La polarización empieza por ser social, con la desaparición de la clase media y, con ella, de los valores que le dieron soporte en el modelo social anterior. Joaquín Estefanía lo expresa como un proceso interactivo de doble vuelta que empieza por «una secesión creciente de las élites, que abandonan el bien común»,13 dando, de manera unilateral, por concluido el contrato social que tenían como ciudadanos.

Para una parte muy numerosa de los ciudadanos de las sociedades avanzadas, la crisis de 2008 inició una secuencia que empezó por su incredulidad ante lo ocurrido (el modelo liberal, les dijeron, era la única solución a los problemas del mundo, y no podía fracasar), y de ahí pasaron a la sorpresa, al malestar, a la crítica, al enfado y, finalmente, al odio. Se han escrito muchos artículos que incluso señalan la existencia de una «internacional del odio» surgida como respuesta al hecho de que, si bien es cierto que la pobreza mundial se ha reducido (sobre todo, en India y China), las desigualdades han crecido de manera pronunciada en el resto de los países. Y, esta vez, a diferencia de lo que pasaba antes, no parece que le importe a nadie..., salvo a los que la viven en primera persona como una degradación de su estatus y de sus expectativas vitales.

Muchos ciudadanos europeos y americanos han visto cómo sus Gobiernos dedicaban ingentes cantidades de dinero para «rescatar» a los bancos, a la vez que sobre ellos recaían los efectos de unas políticas de austeridad suicida (llamadas «austericidas»), resumidos en precariedad laboral y deterioro de los servicios públicos, haciéndoles sentir casi como un «daño colateral» de las políticas puestas en marcha para hacer frente a una crisis del capitalismo liberal que todos habían dicho, hasta entonces, que era imposible que ocurriera.

Ello hace que muchos ciudadanos se sientan engañados, maltratados y menos importantes para «el sistema» que las empresas y los bancos. Analizando el caso de los chalecos amarillos de Francia, Christophe Guilluy dice que la quiebra del modelo económico, del relato que nos había mantenido unidos en Occidente desde hace décadas, nos lleva a un callejón sin salida en el que «se refuerza la desconfianza de las élites en las clases populares y de las clases populares en las élites».14

En palabras de Innerarity: «Lo que hoy se ha quebrado es la confianza en que los Gobiernos quieran o sean capaces de afrontar los riesgos de la existencia de manera eficaz e igualitaria. [...] La desconfianza funciona en la doble dirección. La desconfianza de las élites hacia la ciudadanía se corresponde con la arrogancia de los electores que quieren que sus representantes no sean más que una correa de transmisión, sin ningún momento deliberativo, de sus aspiraciones».15 «Cada día estamos más descontentos con nosotros y nuestras instituciones. Se ha desplomado la fe en todo tipo de entidades públicas y privadas»,16 añade Víctor Lapuente. Cuando las élites se desenganchan de lo que les ocurre a sus conciudadanos y hay mucha gente que se siente excluida del futuro, las bases de la confrontación están sentadas.

Esta polarización y esta desconfianza afectan, de manera directa, a la calidad de la democracia, entendida como las normas de convivencia de las que nos habíamos dotado y que, según algunos, triunfó en todo el mundo tras la caída del comunismo. «La democracia se está debilitando, y la política [está] polarizándose tanto en el mundo emergente como en el desarrollado»,17 dice Andrés Ortega. Según Lapuente, al haberse sobrepasado cierto umbral de desconfianza, «y como hoy, los ciudadanos creen que las élites políticas y económicas no sirven a los demás, sino a sí mismas, crecen las soluciones autoritarias».18 Así, de manera creciente, se vota a partidos que expresan y recogen ese enfado, aunque no lo lleven a ningún lugar constructivo, porque son partidos autoritarios que refuerzan y viven de una polarización política que excluye, precisamente, las principales características de una democracia, como son la tolerancia, el respeto hacia el adversario, el diálogo, la negociación y el acuerdo. Ahora, la esencia de esta «nueva política» asentada en el malestar difuso existente no es ayudar a resolver ningún problema, sino hacerse ver y señalar culpables, aunque sean falsos, y aunque sus denuncias no superen el más mínimo análisis objetivo. Son partidos que no buscan mediar para resolver problemas, sino hacerse eco de un malestar existente y agrandar aquello que es su razón de ser: el enfado, la desconfianza, la irritación, el insulto. Por ello, en sus actuaciones en la escena pública reproducen este hecho con intervenciones insultantes, irascibles, de confrontación pura y dura, muy alejadas del cumplimiento de las reglas no escritas que hacen funcionar un sistema complejo como la democracia, buscando blindar su alianza con sus electores reflejando como un espejo su estado de ánimo, y sin atisbar siquiera posibles acuerdos imprescindibles para encontrar soluciones a los problemas y para mejorar la convivencia.

De esta manera, poco a poco, mueren las democracias, como señalan Levitsky y Ziblatt en su afamado libro Cómo mueren las democracias, en el que ahondan en cómo, hoy en día, «las democracias pueden fracasar a manos no de generales, sino de líderes electos, de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los llevó al poder».19 Y lo hacen, sobre todo, cuando rompen dos normas básicas de la democracia: la tolerancia mutua y la contención institucional. Estas dos normas vendrían a ser lo que Lluís Bassets ha llamado «los guardarraíles de la democracia»20 que evitan que la democracia descarrile cuando, por ejemplo, dejamos de reconocer al adversario como sujeto respetable y digno o dejamos de utilizar con contención las posibilidades que abre el poder democrático, por ejemplo, con la ocupación por los partidos políticos de instituciones básicas que deben ser neutrales.

Cuando la política se convierte en cosa de hooligans, los argumentos y las razones desaparecen en medio del griterío de quienes confunden, cada vez más, la política con un reality show en el que lo importante es «estar presente», aunque para ello, en un mundo donde la atención del público es el bien más escaso (y preciado), tengan que llegar a lo estrambótico. Son cada vez menos los políticos que quieren resolver los problemas de la gente, mientras que aumenta el número de políticos que viven del conflicto, el cual, por ello, se ocupan de mantener y agrandar.

Todo esto empieza debido a la existencia de brechas sociales que no se reconocen en el espacio público y que, por tanto, nadie se siente comprometido a resolver. Utilizamos el concepto de brechas en el mismo sentido en que Raghuram G. Rajan lo usa en su libro Grietas del sistema: «[...] la metáfora de las fracturas. En geología, las líneas de fallas son fracturas de la corteza terrestre a lo largo de las cuales las placas tectónicas entran en contacto. Alrededor de estas líneas de falla se generan enormes tensiones».21

Los colectivos afectados por esas fallas o brechas tienen dos tareas: hacerse ver, para hacerse valer, y, sólo entonces, exigir soluciones a su problema con independencia de cómo cuadre esta solución en el contexto global de una sociedad que sienten que se va diluyendo mientras los excluye. La reivindicación identitaria es el primer paso para estos colectivos, ya que quienes se sienten en precario buscan defender su dignidad y exigen ser tratados con equidad.

Como dice Ricardo Dudda: «La política es hoy una mezcla de propaganda e histeria mediática, polarización identitaria y procedimientos institucionales solemnes y a menudo anticuados», con exceso de narcisistas políticos cuyo «objetivo principal es no perder presencia». El narcisista político «aspira a convertir su identidad en público. Las redes sociales le ayudan».22

El espacio de decisión de la política nacional se ha estrechado mucho en las últimas décadas marcadas por la internacionalización de una economía que se ha situado en tierra de nadie, fuera del alcance de los «gobiernos nación» y sin verse sometida a una verdadera gobernanza mundial, más allá de algunas reglas globales interpretadas por organismos multilaterales con escasas competencias efectivas.

La evidencia de este hecho es percibida por los ciudadanos, pero no como impotencia real y objetiva, sino como incapacidad de los Gobiernos nacionales, contra los que dirigen todos sus reproches. Así, la actual estructura de falta de gobernanza y de orden mundial alimenta los agravios y el enfado de quienes se sienten olvidados o maltratados, o de quienes merecen más y no se resignan, y tienen la posibilidad de expresarlo públicamente al vivir en democracias. Hay, pues, un sustrato estructural objetivo que favorece el enfrentamiento y las explosiones de ira en el mundo actual.

Además, como señala Daniel Innerarity, «nuestras democracias están diseñadas para un mundo que en buena parte ya no existe».23 La complejidad del mundo moderno es tal, y la arrogancia separadora de las políticas de identidad es tan grande, que los viejos equilibrios se han alterado de tal manera que los nuevos conflictos generan ingobernabilidad, descontrol y deslegitimación de la política democrática frente a una autocracia, supuestamente más eficaz. Y el mismo autor argumenta que habría que cambiar el eje de la confrontación ideológica, que ya no se juega entre izquierda y derecha, sino en otro modo de gobernar y en una nueva manera de hacer política de la complejidad.

Un ejemplo reciente del desajuste existente entre el sentir ciudadano y las herramientas de la democracia lo hemos visto en unas declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, que aspira a ser candidata electoral desde una nueva plataforma que refleje un proyecto transversal en lo político (más allá de la izquierda y la derecha) y un frente amplio «de la gente» en lo organizativo, ya que, según dice: «Los partidos son una cosa muy pequeña en nuestro país y son un obstáculo hoy en la ciudadanía española. Son percibidos así».24 Ello, a pesar de su dilatada militancia en un partido político concreto y de que la Constitución establece que «los partidos políticos [...] son instrumento fundamental para la participación política».

La pandemia arrasa con (casi) todo..., temporalmente

La pandemia de la COVID-19 no ha puesto fin a las revueltas originadas por el persistente malestar social, aunque ha cambiado la excusa para ellas. Ahora se manifiestan quienes niegan la existencia del virus y lo achacan todo a una gran conspiración mundial destinada a controlar a los individuos mediante las vacunas, junto con quienes defienden su derecho a no vacunarse sin verse estigmatizados por ello, debido a obligatoriedad de poseer algún tipo de certificado «COVID-free», exigido cada vez para hacer más cosas. Los mismos argumentos que se utilizan para que la vacunación no sea obligatoria (de momento) se esgrimen también para criticar estas medidas de control que limitan la libertad individual.

Llama la atención que, en términos comparativos, estemos viendo en el primer mundo más incidentes (incluso violentos) con estas o parecidas municiones como argumento que revueltas y protestas en el tercer mundo por la falta de vacunas o de condiciones sanitarias adecuadas para hacer frente a la pandemia. Mientras en una parte del mundo se defiende, al límite, una versión peligrosa de la libertad individual, en otras partes del mundo parece que no se lucha por la vida con la misma intensidad. Parecería que estas revueltas contra las restricciones por la COVID-19 son un lujo de países ricos. Y ello, a pesar de que la pandemia está elevando la desigualdad y la pobreza en todo el mundo, incluso en España, donde hemos vuelto a los peores momentos de la crisis de 2008.

Las pandemias y el cambio climático han existido siempre. Es verdad. Pero nunca como ahora han tenido tanta causalidad antropogénica, es decir, son respuesta a las actuaciones humanas sobre la naturaleza, con una intensidad y un ritmo incompatible con los tiempos que ésta necesita para reequilibrarse. Las prácticas agrícolas, la invasión de los bosques, la destrucción de los hábitats y el mismo cambio climático han generado una proliferación de nuevas enfermedades humanas que evolucionan a partir de vida silvestre. La Organización Mundial de la Salud (OMS) constata que cada año surgen cinco nuevas enfermedades humanas, tres de las cuales son de origen animal, aunque no todas alcanzan la dimensión de pandemia.

Distorsionar con nuestros actos la evolución natural está teniendo beneficios a corto plazo para los humanos, pero también efectos negativos a medio plazo sobre nosotros mismos. Y, como ocurre en otros ámbitos de la acción humana, unos son los principales beneficiados, mientras otros soportan mayormente los costes. De los casi dos millones de virus todavía no descubiertos que se calcula que existen, al menos 850.000 pueden ser capaces de infectar a las personas. ¿Cuántos darán lugar a nuevas pandemias en el futuro?

Existe un amplio consenso en señalar cinco importantes pandemias conocidas anteriores a la COVID-19. De manera resumida, son las siguientes:

La peste de Justiniano, que empezó bajo el mandato de este emperador en el 550 y que se prolongó durante dos siglos.

La peste negra, que tuvo en el siglo XIV uno de sus peores brotes y que se estima que provocó, a lo largo de los años, más de 100 millones de muertos en Eurasia y el norte de África.

La viruela, causante de una auténtica catástrofe demográfica en el Nuevo Mundo, que fue llevada allí por los conquistadores y que, todavía en el siglo XVIII, causó el fallecimiento de 30 millones de europeos (un tercio de la población) y dejó con fuertes deformaciones a otros cuantos millones.

La gripe de 1918 (mal llamada «gripe española»), que desde finales de la Primera Guerra Mundial provocó, en dos años, la muerte de 50 millones de personas en todo el mundo.

El sida, causado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), que en el siglo XX provocó la muerte de 25 millones de personas en el mundo.

La COVID-19, que en el siglo XXI lleva contabilizados, en casi dos años (hasta diciembre de 2021), algo más de 5,3 millones de fallecidos en el mundo.

En palabras del catedrático español Pablo Martín-Aceña: «Sin las catástrofes demográficas provocadas por las pandemias, la distribución del poder político, las instituciones, la organización social y la economía de hoy tendrían un perfil y unos rasgos radicalmente diferentes, irreconocibles».25

La pandemia de la COVID-19 ha puesto muchas cosas patas arriba. Ha sido como si, de repente, nuestro mundo entrara en una distopía, donde casi todo es parecido a nuestro mundo anterior, pero, en el fondo, es totalmente distinto. Desde que en marzo de 2020 se declarara la pandemia por el virus SARS-CoV-2, y hasta diciembre de 2021, más de 5,3 millones de personas han perdido la vida en el mundo como consecuencia de la COVID-19, frente a unos 650.000 que fallecen al año por gripe. Un análisis más concreto de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 nos traería las siguientes reflexiones:

Cristaliza un estado de temor difuso, incluso miedo, que viene flotando en nuestras sociedades desde hace tiempo, ante la cantidad y velocidad de los cambios disruptivos que estamos viviendo. Como el paranoico que siente que, de verdad, lo persiguen, los miedos abstractos se materializan, de repente, en un virus. Aparece de verdad un enemigo, real y común a toda la especie.

Se da un reconocimiento del elevado papel que la casualidad (el azar) desempeña en nuestras vidas. Lo sabemos, lo vivimos, lo experimentamos en el caso de los accidentes, pero queremos vivir una vida «como si» lo tuviéramos todo controlado y «como si» aquello que nos ocurre fuera fruto, casi exclusivamente, de nuestras acciones y decisiones. La necesidad de sentir control sobre las cosas es una característica humana que la pandemia ha puesto patas arriba. De repente, me veo directamente afectado por algo que ocurre en China, que viaja por el mundo a gran velocidad y que me influye con relativa independencia de lo que yo haga. A lo mejor, los «cisnes negros» son mucho más habituales de lo que nos gusta pensar.

Ese descontrol objetivo sobre nuestras vidas cotidianas lo intentamos suplir convirtiendo la ciencia en un dogma, y el poder, en algo (casi) absoluto, algo que conduce a refugiarse en un «que me digan qué tengo que hacer», lo cual no deja de ser un desistimiento de las propias potencialidades. Ante mi desprotección, creo escudos mentales. La rapidez con la que han surgido vacunas ayuda a reforzar el papel de la ciencia.

La gestión política desaparece, y las decisiones se adoptan siguiendo el dictamen de «los expertos», incluyendo el lobby farmacéutico, a quienes entregamos buena parte del poder ritual sobre lo que podemos y no podemos hacer. Esto, por ejemplo, no se hace en el caso de la lucha contra el cambio climático.

De acuerdo con lo anterior, se establece una evaluación diaria de la evolución de la enfermedad y, en función de eso, se corrigen y gradúan las medidas adoptadas. Es una forma de tomar decisiones públicas —con base en los datos y estudiando el impacto del conjunto de las medidas adoptadas— que deberíamos extender a todas las políticas públicas y presupuestarias para gobernar con base en la evidencia.

Sin embargo, la gestión de la pandemia responde a una de las mayores decisiones políticas que debe adoptar toda sociedad: cuál es el equilibrio aceptado entre libertad y seguridad, dentro de una escala gradual entre restricciones que evolucionan con la marcha de la pandemia. Los datos, pero también los valores, configuran las decisiones colectivas: confinamos nuestra libertad en aras de una mayor seguridad, sobre todo, en los momentos iniciales, cuando desconocíamos casi todo del coronavirus.

La pandemia evidencia que, incluso ante la enfermedad, hay brechas sociales. Y mucho más ante la respuesta restrictiva que se le da, que, a pesar de las medidas compensatorias puestas en marcha desde los Estados, evidencia un aumento claro de la desigualdad social como consecuencia de la pandemia en su doble faceta: el impacto de la enfermedad en sí y la capacidad de hacerle frente en igualdad de condiciones (ingresos, vivienda, acceso a estudios o trabajos en línea, etcétera).

Durante un tiempo, los seres humanos nos sentimos fraternos, hijos de un mismo aliento, haciendo frente, juntos, a un enemigo común, desde una conciencia planetaria. Fue un espejismo que se deshizo pronto. Enseguida, la unanimidad de los aplausos quedó rota por las caceroladas de quienes no querían perder la polarización social y política de la que se alimentan, y, muy pronto también, se fracturó por la retahíla de negacionistas, conspiranoicos y anarcoliberales bordeando la sociopatía, ya que no existe la libertad de contagiar a otro. La pandemia generó el contexto perfecto para quienes tienden a creer en oscuras tramas: ansiedad, impotencia, estrés... El desigual reparto de las vacunas a escala mundial evidencia que hemos recuperado las fronteras y el nacionalismo de los ricos.

Tanto las pandemias como el cambio climático, dos de los principales vectores de transformación de la sociedad humana actual, tienen varios rasgos analíticos comunes que quisiera resaltar:

Ambos fenómenos representan ejemplos claros de lo que se conoce como acción colectiva. En síntesis: lo que te ocurre a ti no depende sólo de ti, ni de lo que tú hagas. Lo que hagan los demás, su conducta, te afecta tanto o más que la tuya propia. Puedes ser respetuoso con el medio ambiente y extremadamente prudente durante la pandemia, pero eso no evita que el cambio climático o un contagio te afecten igualmente.

Esto significa que la única forma adecuada de enfrentar ambos fenómenos es conjugando la responsabilidad individual con una conducta colectiva responsable. Sólo si hacéis todos, de manera conjunta, lo correcto, es posible superar ambos problemas.

El carácter colectivo del problema y de su solución nos lleva directamente al Estado, como única entidad organizada y con capacidad de abordar este tipo de problemas generales. Se trata de aspectos que van desde el establecimiento de normas comunes de obligado cumplimiento hasta su vigilancia y sanción, pasando por las prestaciones para atender aquellas necesidades imposibles o difíciles de abordar por el individuo: prestación sanitaria, mascarillas (si no están públicamente disponibles), respiradores o la vacuna y su dispensación.

La ciencia, el pensamiento racional, se convierte en el principal instrumento del que disponen los humanos para hacer frente al problema, analizarlo, entenderlo y encontrar una solución. Ni el «pensamiento mágico» ni el negacionismo son soluciones a ambos problemas (pandemia y cambio climático), aunque, en un momento revuelto como el actual, pueden ofrecer consuelo a grupos marginales de desesperados.

Conviene señalar que estas características esenciales que definen dos de los principales problemas que afectan hoy a los seres humanos, así como otros muchos procesos sociales, representan un «relato» del individuo, de la sociedad y del papel del Estado contrario a la narración hegemónica durante las últimas décadas, un relato que se ha basado en un supuesto individualismo extremo y en explicar todos los resultados como consecuencia exclusiva de la acción individual que, supuestamente, se equilibra en la sociedad mediante una «mano invisible».

Desde este punto de vista, tanto el cambio climático como la pandemia deberían destruir el mito neoliberal que ha justificado, en exclusiva, nuestras actuaciones en las últimas décadas y que ya nos condujo a la crisis financiera global de 2008. Esto tampoco significa que tengamos que pensar en una ley del péndulo que nos lleve a un pensamiento exclusivamente comunitario. Más bien deberíamos aprender a vivir entre ambos enfoques, como entre dos aguas, ya que hay determinadas cosas que es mejor descargarlas en el individualismo liberal, y otras, derivarlas hacia el comunitarismo.

La pandemia ha tensionado al límite nuestro Estado de derecho hasta hacerle varios desgarros que los jueces han tenido que coser, con desigual criterio y fortuna. Cuando supe que las autoridades chinas habían impuesto un confinamiento estricto en la ciudad de Wuhan como instrumento para evitar la propagación de la COVID-19, lo primero que pensé es que una medida así sería imposible en países democráticos como los europeos. Pocas semanas después, nos veíamos todos confinados en casa, en medio de una inicial aceptación generalizada de una medida que algunos, pocos, dudaban que tuviera el impacto sanitario previsto, pero que, en todo caso, afectaba a nuestros derechos y libertades como ninguna otra adoptada en período de paz, y que, desde luego, significaba la ruina económica del país.

Como señala Toby Green en su disruptivo libro The Covid consensus,26 apelar al confinamiento ha llevado a la izquierda a aceptar un evidente incremento de las desigualdades (nacionales e internacionales) a pesar de las políticas compensatorias puestas en marcha en todos los países avanzados; y a la derecha, a aceptar una fuerte injerencia del Estado en la vida privada de los ciudadanos. Desde un punto de vista tradicional, ambos espectros políticos han renunciado temporalmente a sus principios en aras de un «bien superior», la salud pública, para la cual tampoco ha sido evidente la superioridad del confinamiento, dado que no ha evitado una segunda y una tercera y una cuarta olas de contagios.

Plantearlo en términos bélicos, de «guerra contra el virus», lo único que intentaba era reforzar el clima de excepcionalidad en el que se nos impuso vivir durante semanas. Y la constante apelación al superior criterio de «los expertos» presentaba una supuesta unanimidad entre éstos, eludiendo la responsabilidad política de quien adoptaba la decisión. Baste ver que en otros países no ha habido confinamientos estrictos (al principio no los hubo en Reino Unido, Estados Unidos, México, Brasil, India...), y algunos de sus «expertos» avalaron la medida, buscando la inmunidad de grupo como mejor forma de atacar al virus.

En España, que las medidas para «combatir» al virus no eran incuestionables ni jurídicamente neutras es algo que vimos en cuanto se inició la desescalada, con la cual se produjo un amplio ir y venir de medidas restrictivas diferentes en cada comunidad autónoma, validadas o no por sus tribunales de justicia. Los expertos se fueron diluyendo, y el único criterio usado para adoptar restricciones era el número de contagios. Pero nunca se explicó por qué los aforos se limitaban con las cifras concretas que se exigían: ¿por qué la mesa en el interior de los bares y restaurantes tenía que ser de seis comensales y no de cuatro o de ocho?

Por contraste, con la dureza y obligatoriedad de estas medidas que afectaban directamente a las libertades individuales (suspendiéndolas o limitándolas) y al desempeño económico, parece que nunca se contempló hacer la vacuna obligatoria, aunque, como parece, vacunarse es la mejor manera de combatir el virus.

No podemos saber qué hubiera ocurrido con la pandemia en España y en Europa sin el confinamiento. Es evidente que la alternativa nunca fue «libertad», como demandaban frívolamente algunos, sino otro tipo de restricciones menos limitativas sobre nuestros derechos y sobre la actividad económica. Aquellos países donde no hubo confinamiento tuvieron un peor desempeño en términos de contagiados y fallecidos. Pero resulta difícil asegurar si la causa fue ésta o más bien una infraestructura sanitaria muy deficiente y una estructura social cargada de pobreza e informalidad económica.

A pesar de todo, el confinamiento nos permitió conocer algo importante sobre nuestra sociedad. Al dividir las actividades en «esenciales» y «no esenciales» y al restringir el gasto en actividades no esenciales, por estar clausuradas, pudimos constatar, como en un experimento de laboratorio, que nuestra economía no funciona con base en el ahorro, como predican algunos conservadores, sino por el impulso del consumo, del gasto. Y, además, quedó de relieve que el gasto en actividades «no esenciales» es vital para nuestra economía, así como para satisfacer los deseos de los ciudadanos, muchos de los cuales se lanzaron a hacer botellones incluso cuando no estaban permitidos, haciendo caso omiso a los razonamientos sobre los riesgos y el peligro de contagio. Ese gasto que va más allá de lo necesario o lo esencial se diría relacionado con ese papel social del lujo en el capitalismo del que habló Sombart.

Por último, veamos dos reflexiones finales sobre cómo ha podido impactar la COVID-19 y las medidas adoptadas en la percepción del riesgo por parte de las sociedades. Por una parte, cuando vemos de manera generalizada y reiterada cómo los jóvenes incumplen las restricciones, podemos concluir que se han vuelto irresponsables o que su percepción del riesgo ha variado a lo largo del proceso: asumen que el riesgo de un contagio mortal para ellos o sus contactos no es lo suficientemente elevado ni está lo suficientemente probado como para renunciar a su ocio. Algunas sentencias judiciales parecen darles algo de razón.

Por otra parte, queda por ver cómo la experiencia por la COVID-19 afecta al conjunto de la sociedad en relación con la percepción del sufrimiento ajeno; es decir, si todo lo ocurrido nos hace incrementar la empatía y la solidaridad frente a males ajenos o, por el contrario, nuestro límite de insensibilidad ha aumentado y nos hemos endurecido frente a los males ajenos.

La conclusión que propongo es que la pandemia ha sido un elemento altamente disruptivo de nuestra evolución social, pero que más bien ha acelerado algunas tendencias en marcha, antes que provocar un cambio o una ruptura en las tendencias preexistentes. Así, ha impulsado, con claridad, la digitalización del mundo, el aumento de la desigualdad mundial y el auge de China. En ese sentido, no creo que la pandemia nos haga mejores, pero sí nos acercará el futuro con mayor rapidez, haciéndonos distintos. Y, desde luego, no parece que vaya a ser un revulsivo positivo frente a la creciente polarización y cabreo social, más allá de algunos espejismos ya vistos.

Lo que une y lo que separa

La tensión entre unidad y diversidad de los seres humanos o, en sentido más general, entre aquello que nos une y lo que nos separa, aquello que tenemos en común y aquello que nos diferencia, no es nueva en la historia ni en los diferentes tipos de relatos que hemos construido sobre nosotros mismos. Por citar un clásico de nuestra tradición judeocristiana, la Biblia, en el Antiguo Testamento se reconoce la unidad de los humanos al decir que «era la tierra toda de una sola lengua y de unas mismas palabras» (Génesis 11, 1). A partir de esa unidad inicial, la división se produjo como consecuencia de un castigo divino ante la osadía de los humanos que pretendieron trabajar juntos para construir «una torre cuya cúspide toque los cielos y nos haga famosos» (Génesis 11, 4). Ante este desafío, Yahvé se dijo: «“He aquí un pueblo uno, pues tienen todos una lengua sola. [...] Se han propuesto esto, y nada les impedirá llevarlo a cabo. Bajemos, pues y confundamos su lengua, de modo que no se entiendan unos a otros”. Y los dispersó por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la torre» (Génesis 11, 6-8). Es decir, la unidad se volvió peligrosa, y Yahvé impuso la diferencia (de lenguas, etcétera) y la dispersión como forma de debilitar a los humanos, creando división donde había unidad.

Hasta el Nuevo Testamento no se recupera el mensaje de unidad esencial o básica entre los seres humanos cuando Jesús predica que «no es el siervo mayor que su señor» (Juan 13, 16), que «más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los Cielos» (Mateo 19, 24) o aquel «amaos los unos a los otros» (Juan 13, 34), e incluso todavía más el «amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian» (Lucas 6, 27); y también, de forma más clara, la doctrina de que «todos somos iguales ante los ojos de Dios» (expresada en varios libros de la Biblia).

Más allá del terreno religioso, habría que esperar hasta el siglo XVIII para encontrar en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 que todos los hombres son creados iguales y que todos tienen los mismos derechos inalienables, como el derecho a la vida, la libertad o la búsqueda de la felicidad. Esta idea, revolucionaria en su época, saltó a Europa cuando en agosto de 1789 la recién creada Asamblea Nacional francesa aprobó una Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano donde se recogían «derechos naturales, inalienables y sagrados» del hombre, de carácter universal y sobre los que se fundamentaba toda forma de gobierno. Es verdad que ese reconocimiento de unos derechos que unen a todos los hombres por encima de cualquier otra cosa que los diferencie o separe dejaba fuera, en aquella época, a los esclavos (negros), a quienes no tenían propiedades y, sobre todo, a las mujeres. Pero ello no debe hacernos perder la perspectiva del avance sustancial que esta concepción representó frente a las creencias que construyeron el Antiguo Régimen, basado en una autoridad de los monarcas emanada directamente de la voluntad de Dios, así como en la división de la sociedad en estamentos jerarquizados, hereditarios y estancos.

Debemos, en gran parte, a esta Era de las Luces, a los filósofos de la Ilustración, la idea de que entre los dioses y el resto de los animales se situaban los seres humanos, que tenían unos derechos naturales, evidentes y universales, que los identificaban, unían y hacían iguales entre sí, más allá de otras cuestiones que pudieran diferenciarlos. Esta idea de humanidad como valor que unía a los seres humanos se evidenció, por contraste, con el debate desatado dos siglos antes sobre si los indígenas habitantes de la recién descubierta América podían ser considerados seres humanos (lo que exigiría reconocerles estos derechos naturales) o eran una especie de animales a medio camino entre los humanos y los simios (lo que legitimaría someterlos a esclavitud, por ejemplo).

El paso de estos «derechos humanos» a los «derechos del hombre», como concreción en forma de derechos políticos de individuos autónomos que viven juntos en sociedad, no tardó en darse durante la Revolución francesa.

Con estos antecedentes, se entiende mejor el paso dado en 1948 cuando las recién creadas Naciones Unidas adoptaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo primer artículo dice: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos»; y especifica, en su artículo 2, que esta declaración se aplica a toda persona «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquiera otra condición». Es decir, nuestra convivencia se fundamenta en algo esencial que nos hace iguales, por encima de otras circunstancias accidentales que señalen diferencias evidentes que en ningún caso deben dar lugar a desigualdades o a fundamentar brechas, muros o enfrentamientos.

Las brechas sociales se construyen sobre la existencia de una desigualdad, es decir, de una diferencia convertida, mediante algún tipo de razonamiento o prejuicio, en justificación de un tratamiento discriminatorio hacia aquellos colectivos que se distinguen por tener esa diferencia. Estas brechas, como las que analizaremos aquí, pueden existir a pesar de que el ordenamiento jurídico de un país reconozca la validez de los derechos humanos. Es decir, se puede reconocer en teoría la existencia de una igualdad fundamental entre todos los seres humanos pero, en la práctica, considerar que en la convivencia política en sociedad existen diferencias que se anteponen en forma de brechas, a veces legales (en 2019, India adoptó una ley para reconocer la nacionalidad a inmigrantes, pero excluye a los musulmanes), a veces por la vía de los hechos (el llamado «techo de cristal» que limita el ascenso laboral de las mujeres en países donde está legalmente reconocida la igualdad de oportunidades para todas y todos). A menudo, esas brechas llevan a que nos encerremos dentro de pequeñas comunidades caracterizadas por compartir la misma diferencia, o bien a que nos alejemos y veamos con hostilidad al resto de la gran comunidad con la que no compartimos esa diferencia identitaria.

A lo largo de la historia hemos visto y seguimos viendo multitud de ejemplos de lo que acabamos de decir: el color de la piel o la práctica de una religión concreta son elementos diferenciadores que han dado lugar a tratamientos discriminatorios, normalmente por parte de una mayoría social que no comparte esa diferencia, abriendo así brechas sociales que, a menudo, han concluido en conflictos de gran magnitud. El complejo sistema de castas de India sería un caso extremo de lo dicho: abre profundas brechas entre grupos cuyas diferencias son imposibles de apreciar por un profano. Esto es a pesar de las medidas legales y constitucionales adoptadas en el país —como cuotas en puestos gubernamentales, funcionariales, laborales y en la educación, etcétera— para reducir las desigualdades.

La dinámica entre este tipo de brechas ayuda a explicar lo que ocurre en muchas partes del mundo: Israel, por ejemplo, no se entiende sin el conflicto entre judíos y árabes-palestinos. Por su parte, las tensas relaciones entre los países árabes del golfo Pérsico se entienden mal si olvidamos la brecha entre chiitas y sunitas. En nuestra propia historia, Europa no sería como es sin las largas guerras de religión habidas entre católicos y protestantes, así como Estados Unidos no sería lo que es sin el largo conflicto entre blancos y negros.

No queremos decir con esto que la existencia de brechas sociales conduzca, de manera inevitable, a un grave conflicto, y menos aún a guerras. No. Pero sí queremos señalar, sin embargo, que no podemos vivir de espaldas a la existencia real de brechas sociales, que no podemos pensar que la mera aprobación de los Derechos Humanos o la existencia de constituciones democráticas que proclaman la igualdad de derechos entre todos los seres humanos (participen del grupo social que participen) son motivo suficiente para borrar de un golpe el concepto y la existencia de brechas sociales, cuyo creciente protagonismo político y mediático en las sociedades actuales aconseja un repaso como el que aquí proponemos. Parafraseando a Marx, la historia es mucho más que la historia de la lucha de clases. Porque las sociedades no sólo se organizan, identifican y entran en conflicto en torno a la brecha de clases (aunque, en determinados momentos y países, esta brecha haya podido ser la principal en torno a la que ha girado la vida social), sino que ésta es sólo una de las posibles brechas que guían el devenir social.

Raíces de la actual discordia

Dice Philip K. Dick que la realidad es aquello que existe, aunque queramos ignorarlo. Pues bien, la realidad es que nunca como ahora los seres humanos habíamos sufrido tantos cambios, tan socialmente disruptivos, reforzándose unos a otros, en tan poco espacio de tiempo y con una velocidad tan acelerada.

Tres son los vectores de cambio que más están influyendo en nuestra situación actual: mundialización, digitalización y cambio climático. Los tres han surgido o se han acelerado de manera exponencial en los últimos treinta años. Han sido treinta años en los que, casi sin darnos cuenta e impulsados por un relato de modernidad, avance y bienestar colectivo, han saltado por los aires los parámetros sobre los que habíamos construido el mundo (el mundo avanzado, al menos) desde 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Primero se desplomó el bloque comunista, y ahora está resquebrajándose el bloque del capitalismo liberal y democrático que construimos como alternativa a aquél durante la guerra fría. Algunos autores establecen una relación causa-efecto entre ambos hechos. Lo veremos.

Los hitos que han acelerado la fuerza disruptiva de cada uno de los vectores han sido los siguientes:

Mundialización. Se produce desde la liberalización de movimiento de capitales, la desregulación de las inversiones extranjeras y el empuje al comercio mundial a partir de la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001. En paralelo, se han incrementado la velocidad de movimiento de la información, los contactos transnacionales e, incluso, las emigraciones. Hace 150 años dar la vuelta al mundo precisaba ochenta días (como señaló Julio Verne en su famosa novela). Hoy se puede hacer en 67 horas.

Digitalización. Se produce desde 1981, fecha aceptada como la aparición del primer ordenador portátil, hasta ahora, en plena sociedad de los datos que alimentan la inteligencia artificial, pasando por el surgimiento del iPhone en 2007. Parece evidente la magnitud del salto tecnológico experimentado en este campo, así como la creciente y absorbente vinculación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que han conllevado cambios disruptivos en nuestra manera de comprar, leer, divertirnos, aprender, trabajar, ir al médico y un largo etcétera.

Cambio climático. Aunque el proceso empezó con la revolución industrial, los científicos constatan un fuerte crecimiento del calentamiento global en los últimos treinta años, hasta el punto, como hemos visto, de que ya hay cambios irreversibles. Además, sin actuaciones más radicales por nuestra parte, la temperatura media del planeta crecerá previsiblemente de manera acelerada hasta llegar a los 4-5 ˚C a finales del siglo XXI, cifra catastrófica y claramente incompatible con nuestra forma actual de vida en el planeta.

Cuando este proceso, con tres fuerzas que interactúan, empezó hace unos treinta años, el pensamiento hegemónico sobre estos tres vectores era muy optimista, y la mayoría estábamos convencidos de sus bondades, de la capacidad de la ciencia para encontrar una solución «no dolorosa» a las emisiones de CO2 y de las inmensas posibilidades que se abrían ante la especie humana para dar otro salto evolutivo en su bienestar y en la misión establecida en el relato bíblico de «llenad la tierra y sojuzgadla». Una vez más, el saber humano iba a proporcionarnos una nueva fase de empoderamiento como especie, incrementando, además, nuestra libertad individual y colectiva (la caída de la URSS fue saludada como la victoria definitiva del modelo democrático liberal en todo el mundo). Había una amplia «concordia» sobre las bondades de las fuerzas desatadas al abrir esa caja de la ciencia y del relato neoliberal sobre la economía y la sociedad. Podíamos tener problemas en el itinerario, pero serían menores, los podríamos superar, y el destino final era una nueva utopía por la que valía la pena hacer esfuerzos.

Treinta años después, ese relato benefactor, complaciente y optimista ha saltado por los aires ante la realidad de una transición mucho más dura de lo que se nos dijo y la creciente convicción de que el juego de poderes ha introducido un cambio en nuestra estructura social y en las narraciones que nos contamos. La concordia inicial, sin llegar todavía a la distopía, atraviesa por un período de profunda discordia como consecuencia de la rapidez y la intensidad de los cambios que estamos viviendo y que se deben a las tres mencionadas fuerzas (o vectores) actuando a la vez. Veámoslo, para mayor claridad expositiva, de manera separada:

La mundialización ha llevado aparejado un importante cambio en la estructura del poder mundial. A título de ejemplo: mientras que los países del G-7, los más poderosos del mundo, ostentaban el 56 por ciento del PIB mundial hace treinta años, hoy apenas llegan al 38 por ciento, y esa bajada ha sido cubierta por el ascenso espectacular de los países emergentes, y de manera destacada China, que ha hecho girar el eje del poder mundial hacia Asia y el Pacífico. Además, la mundialización ha permitido romper las cadenas de valor de las empresas y globalizar los procesos productivos a escala mundial. Todo ello ha ensanchado los márgenes de beneficio empresarial (producen más barato y venden al mismo precio o algo menor), con fuerte repercusión sobre las rentas de los trabajadores en una y en otra parte del mundo. Esa asimetría percibida en el reparto de los beneficios de la mundialización económica está detrás de algunos movimientos de rechazo «contra el sistema», como el populismo.

(Vinculado a este cambio, hemos pasado de un mundo con una única potencia [Estados Unidos] a otro claramente multipolar [Estados Unidos, Unión Europea, China, Rusia, Turquía, Irán...]. En paralelo, la mundialización de las comunicaciones ha llevado al antiguo tercer mundo la evidencia de que se puede vivir mejor y con más libertades de como lo hacen ellos en sus países. Eso ha desatado dos respuestas: incremento de la emigración y estallidos de «primaveras árabes» democratizadoras, que, una década después, han acabado en dictaduras en los países que las tuvieron.)

La digitalización ha sido la responsable del mayor y más rápido cambio que hemos experimentado en nuestra manera de vivir. Y no ha terminado. La pandemia ha impulsado el cambio al obligarnos a pasar, de forma acelerada, de la presencialidad a la actividad y el trabajo en línea. Gracias a la digitalización, por ejemplo, Amazon tiene un valor bursátil superior al PIB de España; la empresa de alquiler de coches con conductor más grande del mundo no tiene coches en su activo ni conductores en nómina; y el mapa del poder económico mundial, representado por las empresas que están entre el grupo de las veinte con mayor capitalización bursátil del mundo, ha experimentado un cambio drástico en favor de las tecnológicas y aquellas cuyo negocio está basado en datos y algoritmos. La deriva de la digitalización hacia la robotización de los actuales trabajos desempeñados por humanos empieza a ser ya evidente, y es previsible que su impacto pueda ser superior al que tuvo en otras ocasiones en que la técnica sustituyó fuerza laboral humana, porque ahora también sustituye «inteligencia» humana.

El cambio climático está trayendo tres impactos acelerados: el aumento de los fenómenos atmosféricos extremos que afecta a la geografía económica; la pérdida de poder relativo de los países y empresas que viven del petróleo y del gas, con fuerte impacto geoestratégico; y un proceso de electrificación acelerada y de generación de electricidad con energías renovables, que obliga a cambios importantes en nuestra forma de vida e, incluso, en el diseño de nuestras ciudades. En un mundo con emisiones cero, el poder de los individuos habrá crecido gracias a las posibilidades abiertas por el autoconsumo eléctrico, y el de las grandes compañías eléctricas será menor que en el pasado.

Algunos expertos dicen que muchos de nuestros problemas actuales derivan de la velocidad e intensidad de los cambios que estamos viviendo. Nuestra mente racional no está preparada, desde un punto de vista evolutivo, para reaccionar con tanta rapidez a cambios tan intensos y adaptarse a ellos. Eso les da todo el protagonismo a las emociones (el «elefante» de Haidt)27 en la gestión de la respuesta, que, debido a ello, es predominantemente no racional. Respondemos con corazonadas y seguimos a los nuevos narradores de historias que nos tranquilicen o que canalicen nuestro enfado contra alguien. El vértigo ante lo desconocido, el miedo a la caída y la desconfianza en los poderes y en los discursos tradicionales llevan a mucha gente a agarrarse a lo que sea. Y, como siempre en la historia de la humanidad, en ese contexto de discordia surgen los populistas, los milenaristas y el pensamiento simple, de brochazo. Es decir, la apariencia, la consigna, el escorzo, el enfrentamiento que busca movilizar las emociones negativas. O sea, predomina el no pensamiento.

Únase a ello el cambio de narración que nos hacemos. Ahora, todo lo que iba a beneficiarnos pone en riesgo nuestros puestos de trabajo; lo que estaba destinado a darnos más libertad se muestra como una fuente de control que hace que perdamos nuestra privacidad; los pioneros que montaron sus empresas desde un garaje de manera casi desinteresada se convierten en multimillonarios, y sus empresas son grandes oligopolios que viven de nosotros y de los datos que pueden obtener de nosotros (la mayoría de las veces sin permiso); y, además, no sólo la técnica no resuelve el problema de las emisiones de CO2, sino que nuestra actual forma de vida nos hace responsables de la catástrofe climática del planeta, por lo cual debemos cambiar de estilo de vida. Contándonos esta nueva historia o narración, la sensación de culpa y de haber sido engañados prende, en forma de cabreo, en una parte importante de la sociedad occidental.

Todo ello incide sobre una sociedad que tenía ya, desde la crisis financiera mundial de 2008, importantes fracturas en su relato (como evidenció el movimiento Occupy Wall Street) y que, en paralelo o aprovechando la circunstancia, está en pleno proceso de revisión de la legitimidad de los diferentes «poderes»: el racial (Black Lives Matter) y de género (Me Too).

Figura 1.1. Vectores del cambio

Fuente: Elaboración propia.

Estamos viviendo algo parecido a una «revolución» en varios de los puntos vertebradores de nuestra sociedad y, sobre todo, en la forma en que nos lo hemos relatado hasta ahora. Y, como en todo momento de cambio drástico, hasta que se instale la nueva narrativa, el nuevo relato que respalde una nueva distribución del poder social (económico, político, racial, de género...), viviremos brotes de conflicto entre pasado y futuro, entre instalados e insatisfechos. Y ello, a menudo, genera confusión, alguna frustración y cabreo.

Un breve paseo por la historia

Los europeos formamos parte de un espacio y un proyecto que, en los años transcurridos desde la Revolución francesa, se ha movido entre tres brechas fundamentales: el nacionalismo, la llamada cuestión social, o lucha de clases, y la existente entre democracias liberales y autoritarismos. Estas tres brechas han cubierto otras (la cuestión judía, como la más destacada, y que condujo al Holocausto perpetrado por el régimen de la Alemania nazi), y a menudo se han entrelazado unas con otras sin solución de continuidad. Además, de manera creciente, en los últimos años ha resurgido la brecha de la inmigración e incluso, vinculada a menudo a ella, determinadas brechas que reflejan formas peculiares de expresión religiosa, como el uso obligado del burka o la ablación del clítoris.

Con frecuencia, la relación entre las diversas brechas ha sido conflictiva. Otras se han planteado como alternativas. Y cuando ha habido que escoger entre unas y otras, principalmente entre nacionalismo y cuestión social, las posturas han ido desde la famosa frase atribuida al líder derechista en la Segunda República española, Calvo Sotelo, que dijo preferir «una España roja, antes que rota», hasta los actuales movimientos anticapitalistas que, como en Cataluña, prefieren aliarse con los burgueses independentistas porque consideran que lo primero es la nación, y luego ya hablaremos de la lucha de clases.

Entre las revoluciones posbonapartistas de 1848 y la caída del Muro de Berlín en 1989, la confrontación entre burguesía y proletariado es posible que fuera el eje principal sobre el que discurrió el discurso político en el mundo. En torno a tal confrontación, y heredando una costumbre derivada del lugar donde se sentaban en la Asamblea unos y otros en la Revolución francesa, los principales partidos políticos se ubicaron a izquierda (defensores del proletariado) y derecha (defensores de la burguesía), así como buena parte de los países del mundo se alinearon, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, o bien en el bloque comunista (supuestamente defensor del proletariado), o bien en el bloque capitalista (supuestamente proclive a la burguesía).

Aun aceptando que ésta fuera la brecha principal en torno a la que se organizó el debate y la confrontación política durante una gran parte del tiempo reciente, nunca fue la única. Incluso en muchos momentos llegó a ser desplazada por la otra gran brecha que ha dividido y enfrentado a los seres humanos en las últimas décadas: la nación y el nacionalismo. Así, por ejemplo, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los líderes de la organización obrera mundial, la Internacional Socialista, pensaron que los trabajadores se negarían a ir al campo de batalla al tratarse de una guerra entre las burguesías de las diferentes naciones europeas. Estaban convencidos de que el nuevo grito unitario de clase, «Proletarios de todos los países, uníos», haría imposible la guerra entre naciones, ya que la fraternidad y solidaridad universal de clase mundial de los obreros se antepondría a la belicosidad nacionalista de las burguesías: ¿por qué iba un obrero francés a matar en el campo de batalla a su hermano de clase, un obrero alemán, en beneficio de la clase enemiga de ambos, la burguesía?

Desde entonces, al menos, se han planteado como alternativas la cuestión social y la cuestión nacional, como dos de las principales fracturas que dividen a los seres humanos. Y se dio por supuesto que los obreros estaban más interesados en plantear la cuestión social, mientras que los burgueses utilizaban la cuestión nacional como coartada para eludir sus responsabilidades en la cuestión social.

Algo más que la casualidad quiso que en 1848 coincidieran varios hechos: la publicación del Manifiesto comunista elaborado por Marx y Engels —que tanto influyó en la creación de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT), o Primera Internacional obrera—; la ola revolucionaria burguesa que enfrentó, en toda Europa, la defensa de ideales nacionales; y unos tímidos avances democráticos (el sufragio universal masculino, por ejemplo) frente al autoritarismo imperial heredero de la Restauración iniciada en el Congreso de Viena (1814-1815) tras las guerras napoleónicas. Quizá fue la primera vez que se confrontó una visión internacional de la causa obrera con los valores nacionalistas defendidos por una burguesía en auge. Y ya entonces, como luego en las sucesivas ocasiones de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, triunfó la causa de la nación frente al supuesto internacionalismo de la causa obrera.

Tras la Segunda Guerra Mundial, otra brecha vino a sobreponerse a las dos anteriores: democracia versus totalitarismo. Mientras la derecha, burguesa, nacionalista y capitalista, defendía los valores democráticos tras la dura guerra mantenida contra el fascismo y el nazismo, una parte importante de la izquierda obrera internacionalista se encontraba atrapada por la defensa de la «dictadura del proletariado», que en los países comunistas supeditaba, en principio, la causa obrera a lo que se consideraban «libertades burguesas». La parte socialdemócrata que criticaba duramente la falta de libertades y de democracia en los países comunistas seguía defendiendo que los valores de la igualdad social debían estar situados al mismo nivel, o incluso por delante, del principio de libertad como criterio de ordenación de una sociedad justa. Por ello, el Estado, como representante de un supuesto interés general que operaba por encima de la brecha de clases en el ámbito geográfico y político de la nación, estaba legitimado para coartar la propiedad privada burguesa mediante impuestos y regulaciones, siempre que éstos ayudasen a mejorar las condiciones sociales, de vida y de oportunidades de los trabajadores menos favorecidos.

Un poco de teoría política

Dos son las preguntas fundacionales de toda la teoría política: la primera, ¿qué hacemos con quien no es como nosotros?, ¿qué trato le damos?; y la segunda, ¿existe la sociedad como un ente con vida propia, superior a la suma de sus partes? Según cuáles sean las respuestas y cómo se combinen entre sí, tendremos la totalidad de los sistemas políticos de ordenación de la convivencia entre humanos. Veámoslas con algo de detalle para insertar el análisis de las brechas sociales en un entorno más amplio.

La primera pregunta roza lo filosófico, ya que requiere aceptar y entender que existe un nosotros definido por algunas características y un ellos definido por otro conjunto de características suficientemente diferentes en algo. El análisis podría hacerse a nivel individual (yo y otro), pero el reconocimiento del individuo como base del análisis social frente a la comunidad es algo todavía no resuelto en la filosofía política actual. Si existe un nosotros es porque hay algo, alguna característica dominante, que nos identifica. Y si existe un ellos es porque hay otras características distintas que identifican a ellos (otros) como algo que los hace diferentes a nosotros. Por tanto, sólo es posible la existencia de un nosotros y de un ellos en la medida en que haya algo, una característica dominante, que define de manera diferente a ambos colectivos, y que lo hace de manera tal que no nos cuesta reconocer y diferenciar el nosotros del ellos.

Algunas características identitarias y diferenciadoras son muy obvias: los valencianos (nacidos en la provincia de Valencia) y los sevillanos (nacidos en la provincia de Sevilla). En este caso, dotamos a la provincia de nacimiento de la capacidad dominante suficiente para diferenciar a un colectivo de otro. Entonces resulta evidente que si en lugar de la provincia trasladamos el rasgo identitario a la nación, valencianos y sevillanos serían iguales como españoles, y los otros serían, por ejemplo, los franceses. E igualmente evidente resulta que tal brecha nacional sólo tiene sentido a partir del momento en que la nación aparece como marco territorial definitorio de un colectivo y que carece de todo sentido para alguien que viviera en una época en que las naciones no existían ni como concepto. Sabido es que, para Aristóteles, la ciudad, como comunidad de varias aldeas, es «una de las cosas naturales» superiores y que organiza la comunidad humana, dado que, para él, «el hombre es por naturaleza un animal social» y «el único animal que tiene palabra» como característica propia que sólo se aprende de los otros que forman la comunidad.

Existen muchas características diferentes capaces de enmarcar a un nosotros y a un ellos. A escala individual, por ejemplo, un individuo puede ser valenciano pero vivir en Burgos, y a la vez ser seguidor del F. C. Barcelona, hacer ciclismo en un equipo de aficionados, ser padre de familia, de raza blanca, universitario y haber cambiado su sexualidad hacia la homosexualidad. Si ordenáramos a todos los ciudadanos por estas ocho características, este individuo formaría parte de ocho grupos de nosotros, diferentes a otros muchos grupos de ellos alternativos, otros con los que, sin embargo, puede compartir muchas de las características. Por otra parte, cada individuo puede vivir cada una de estas características con una intensidad diferente: mientras ser seguidor de un equipo de fútbol puede ser algo poco importante para unos, para los grupos de radicales violentos puede ser su razón de ser, aquello que los dota de su verdadera identidad.

Sirva esto para evidenciar el hecho de que definir un nosotros y un ellos puede resultar mucho más complicado de lo que parece. Porque los seres humanos tenemos muchas identidades de manera simultánea y, además, porque vivimos con diferente intensidad cada una de ellas.

A partir de aquí, sea cual sea la característica principal que aceptemos que sea aquella que nos dota de la identidad dominante, al menos para un aspecto concreto de nuestra vida, ¿qué hacemos, qué actitud adoptamos con quienes son diferentes, con aquellos que tienen otra característica dominante que los hace distintos en algún aspecto identitario importante, como han sido a lo largo de la historia el color de la piel, el lugar de nacimiento, la religión, el idioma, el sexo o la ideología política?

La primera reacción, aquella que se inscribe más en nuestra naturaleza animal, consiste en no aceptar esa diferencia y combatir al otro por la fuerza para someterlo, dominarlo y asimilarlo (si es posible), intentando cambiarlo para que abandone aquello que lo hace diferente y se parezca más a nosotros. Ésta es la actitud mantenida, en un momento u otro de nuestra historia, con los negros, las mujeres, los homosexuales o la conversión forzosa de judíos y musulmanes en la Edad Media. Se trataría de eliminar la característica que los hace diferentes a nosotros y, caso de no poderse por razones obvias, someterlos por la fuerza para colocarlos en una posición subordinada.

Una segunda reacción, más matizada que la anterior, es coexistir, aislarlos en guetos donde puedan vivir acorde a su diferencia, pero sin mezclarse con nosotros. En esta actitud se pueden inscribir tanto las juderías existentes en casi todas las ciudades europeas durante tantos años como las leyes que prohibían matrimonios interraciales en Sudáfrica y otras zonas del planeta.

La tercera reacción posible es convivir, establecer normas y reglas de convivencia en los mismos espacios y con las mismas oportunidades, formando parte todos de una misma comunidad que se define como plural y que no discrimina en función de las características dominantes de identidad de cada colectivo. Y se trata de una comunidad cuyos miembros no sólo son capaces de convivir, en el sentido orteguiano de «conllevarse» (congeniar o soportarse mutuamente), sino también de trabajar juntos en proyectos colectivos a partir de lo que los une y rebajando la capacidad centrífuga de las diferencias. De hecho, el consenso científico actual defiende que fue la capacidad de cooperar, de manera cada vez más compleja, lo que permitió al Homo sapiens ser lo que es ahora.

En este caso, fijaríamos un nosotros lo suficientemente amplio en su definición (seres humanos, por ejemplo) como para dar cabida a cualquier otra característica identitaria que pasaría a ser, en este caso, secundaria. Nos une algo superior, algo tan fuerte que puede ser compatible con la existencia de otros subconjuntos ordenados según cualquiera de las otras características que se nos ocurran. Así, por ejemplo, para un patriota verdadero, nacer en el mismo espacio geográfico nacional es un vínculo de unión tan fuerte como para dar cabida, sin problema, a que luego se sea de derechas o de izquierdas, de una ciudad o de otra, o a que se hable un idioma u otro o se practique una religión u otra.

Para Habermas, por ejemplo, la identidad dominante que ordenaba a todas las demás era el llamado patriotismo constitucional, según el cual la comunidad superior se definía por compartir un mismo conjunto de derechos y deberes constitucionales. Eso, el respeto a unas mismas leyes, era lo que definía un nosotros. En esa misma dirección, la de definir un nosotros amplio basado en la igualdad ante la ley, debe entenderse la ya mencionada Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 1948, en la que se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, origen nacional, opinión política, etcétera. Aquí la única comunidad existente, aquella que forma un nosotros, sería la de los seres humanos. Así pues, el resto de las características deberían subordinarse a esta principal que nos define. Con ello desaparece la idea de brechas sociales como las que utilizamos aquí, subsumidas todas ellas en un marco general y abstracto en el que la naturaleza de seres humanos nos iguala y une. En este nivel de abstracción, no habría un ellos (salvo, quizá, el resto de los animales o la naturaleza, aspecto este que empieza a incorporarse en los nuevos movimientos sociales en defensa de los derechos de los animales o en contra del cambio climático y el impacto negativo sobre el propio planeta de la acción humana descontrolada).

La actitud de convivir, cooperar y compartir con los que no son como nosotros fue desarrollada, entre otros, por Voltaire en su Tratado sobre la tolerancia, escrito en 1763. Su propuesta se resume en la frase: «No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti»; y la elabora tras constatar que las «guerras de religión» desatadas en Europa tras la Reforma luterana sólo habían llevado a matanzas. En ese contexto, considera como una actitud racional defender el «respeto al otro», el «dejarle defender sus posiciones» y, en definitiva, el «respetar la diferencia» como el mejor método para organizar una sociedad plural de diferentes. Sobre todo, si la alternativa es el fanatismo y las guerras.

La segunda pregunta seminal tiene que ver con la existencia, o no, de una lógica colectiva derivada de un todo que es superior a la suma de las partes que lo componen. Se ha recordado mucho la famosa frase de Margaret Thatcher en la que decía, desde su liberalismo extremo, que la sociedad no existía, que sólo había conocido individuos que interactuaban en defensa de sus intereses, bajo los principios de la ley. De hecho, la líder conservadora británica estaba reproduciendo la afirmación realizada unos años antes por uno de los principales teóricos del llamado anarcocapitalismo norteamericano, Robert Nozick, quien en 1974 dijo en su libro principal, Anarchy, state and utopia: «No hay una entidad social [...], sólo hay individuos. Nada más. Hablar de la existencia de un bien común es falso».

Llevado a nuestra reflexión, esto último sería como reconocer que no existe un nosotros y un ellos, sino tan sólo muchos yos y muchos otros. Lejos de ser una cuestión en exceso académica o irrelevante desde el punto de vista práctico, el asunto afecta al nudo de nuestro trabajo en este libro, ya que, si existe un todo con características propias que sea algo más que la suma de las partes, se puede definir una lógica colectiva que vaya más allá de las particulares e, incluso, podemos hablar de la existencia de un interés común general al que deben subordinarse los intereses particulares de las partes.

En nuestro razonamiento, si hay una unidad de referencia lo suficientemente general como para incluir varios colectivos particulares, las brechas entre estos últimos podrán generar tensiones, pero sólo hasta el punto en que se ponga en riesgo la unidad superior de referencia. Es decir, existe un interés general que todos están dispuestos a defender, incluso sacrificando parte de sus intereses particulares. Dicho interés general debe ser conocido y compartido por todos para operar como freno a los conflictos particulares que puedan existir. Y no siempre es fácil. Por ejemplo, evitar los efectos negativos que tiene el calentamiento global sobre el planeta y los seres humanos que lo habitamos, como consecuencia de la masiva emisión de gases de efecto invernadero asociada a la forma de vida adoptada por los humanos en los últimos doscientos años, parecería un interés lo suficientemente superior como para conseguir eliminar todos los intereses particulares que se oponen a las medidas propuestas por los científicos para combatir el cambio climático ya evidente. De hecho, así lo atestiguan las diferentes iniciativas que desde Naciones Unidas se han puesto en marcha para conseguir reducir las emisiones de CO2 y de otros gases, desde el Protocolo de Kioto (1997) hasta el más reciente Acuerdo de París (firmado en 2016). Sin embargo, año tras año, los Gobiernos incumplen sus compromisos y se comprueba que las emisiones, lejos de disminuir, siguen aumentando a pesar de que los negacionistas del cambio climático han ido perdiendo la batalla pública. Todos decimos compartir el objetivo marcado por el interés general, pero luego no se cumplen los compromisos por las dificultades que entrañan los cambios que conllevan, que incluyen transformaciones en las formas de vida de todos nosotros, y también por la fuerza de los intereses particulares de quienes serían perdedores en el cambio.

Durante años, el llamado interés común superior actuaba como tapón que frenaba la intensidad de las tensiones entre los diferentes intereses particulares de las distintas brechas en que se articulaba una sociedad concreta. Sin embargo, en los últimos años, la mundialización de la economía y la irrupción de las tecnologías de la comunicación y la información han debilitado tanto el ámbito del Estado nación que se está perdiendo un referente importante a la hora de gestionar las relaciones entre los distintos colectivos que conforman la sociedad nacional. Con ello, el análisis de las brechas que dividen a las sociedades cobra un renovado interés, porque están adquiriendo unas dinámicas nuevas que, a menudo, reflejan un malestar generalizado que se manifiesta con estallidos de violencia callejera, así como con el auge electoral de unos nuevos populismos autoritarios que cuestionan las reglas de juego democráticas que nos hemos dado.

Dinero o reconocimiento

Algunos autores han planteado la existencia de una alternativa excluyente entre la cuestión social y la cuestión identitaria como argamasa en torno a la que se construye una sociedad. Así, Nancy Fraser y Axel Honneth se preguntan: «¿Debemos optar por una política de redistribución que pretenda abolir las diferencias de clase o debemos abrazar una política de reconocimiento que trate de celebrar o deconstruir las diferencias de grupo?».28 Estos autores, con diferencias entre ellos, reconocen que «la política de la redistribución suele equipararse a la política de clase, mientras que la política del reconocimiento se asimila a las luchas acerca del género, la sexualidad, la nacionalidad, el carácter étnico y la raza»,29 y tienen dos orígenes muy diferentes en la filosofía política y en la historia social; pero, al mismo tiempo, defienden que hoy en día la búsqueda de una concepción de sociedad justa «exige tanto la redistribución como el reconocimiento»,30 ya que, por separado, ninguno es suficiente.

También se puede defender que, en el fondo, una parte de las reivindicaciones de redistribución se han construido a lo largo de la historia sobre un relato identitario en el que la clase social se ha convertido en el grupo identitario sobre el que construir el relato y la sociedad deseada. Cuando los marxistas diferenciaban entre «la clase en sí» y la «clase para sí» en función de que los trabajadores tomaran conciencia, o no, de sus potencialidades para convertirse en «proletariado» como clase universal llamada a construir la sociedad justa (comunismo), se puede entender que estaban haciendo un llamamiento a la configuración identitaria de una clase social llamada a confrontarse con la burguesía, otra clase social cuya identidad se derivaba de poseer los medios de producción. Así pues, la cuestión social no ha estado exenta de relatos épicos, banderas, himnos, organizaciones y celebraciones que ayudaban a configurar una identidad propia, e incluso excluyente.

El ascenso de la política identitaria del yo —como afirmación de la especificidad del grupo frente a la búsqueda de un bien común— se ha ido produciendo a lo largo de varios años. En el caso de Estados Unidos, según muchos comentaristas, se inició en 1968 cuando el estallido de varias revueltas simultáneas en colectivos en busca de un reconocimiento propio (negros, mujeres, ecologistas, etcétera) empujó a los políticos a fragmentar sus mensajes para dirigir uno a cada uno de los colectivos. Con ello se ha ido perdiendo la conciencia de que existe algo común que nos une a todos, de que la ciudadanía es un elemento unificador que orienta políticas particulares pero sin perder el sentido de lo común, de que existe un ente superior, para muchos la nación, que unifica más allá de las confrontaciones particulares derivadas de las diferentes identidades particulares.

Recientemente, un importante autor como Mark Lilla ha centrado en este hecho la razón por la cual los demócratas perdieron las elecciones presidenciales de 2016 frente a Trump, cuando todo apuntaba a una clara victoria de su candidata, Hillary Clinton. Según Lilla, los demócratas han dejado de prestar atención en sus discursos a lo que une a todos los ciudadanos, a aquello que todos tenemos en común, para centrarse sólo en aquello que nos diferencia, colectivo a colectivo. Con ello, la identidad colectiva ha desaparecido, absorbida por decenas de identidades particulares, y todas ellas son muy importantes, pero ninguna es capaz de configurar por sí sola un proyecto común para todos los ciudadanos.

Durante los años del movimiento por los derechos civiles, en las décadas de 1950 y 1960, se exigía que las minorías (los negros principalmente) tuvieran los mismos derechos que el resto porque todos compartían algo superior, la misma ciudadanía que los unía a todos como estadounidenses; sin embargo, actualmente, insiste Lilla, los movimientos de la identidad se hacen fuertes en reivindicar sus diferencias aun a costa de perder aquello que los une con todos los demás. Se convierten, pues, en movimientos que se dirigen a sí mismos, carentes por tanto de un proyecto común que vaya más allá de sus particularidades identitarias propias, corriendo el riesgo de convertirse en movimientos excluyentes que buscan su derecho a ser como son, en lugar del mismo derecho a la diferencia que nos une a todos como ciudadanos.

Se trataría de minorías de confrontación que renuncian a crear nada común sobre la base de algo más general que nos una a todos. Esa dinámica entrópica en la que desaparece la idea de un nosotros global ha podido dar lugar a tensiones identitarias entre diferentes minorías particulares que, en el caso de varios países, están despertando el populismo de una extrema derecha que ve en Trump a su referente internacional. En esa era de la identidad particular, en la que se reduce hasta casi desaparecer el espacio del discurso dirigido al conjunto de la nación y a los intereses generales como ciudadanos, se mueve mejor la derecha que la izquierda.

Al menos, también ha llegado a esta conclusión otro de los mejores intérpretes de la importancia adquirida por la identidad en los tiempos actuales. Nos referimos a Francis Fukuyama, quien señala que «la demanda de reconocimiento de la identidad de cada uno es un concepto maestro que unifica gran parte de lo que está sucediendo en la política mundial en nuestros días».31 Y ello agudiza las confrontaciones, porque los problemas de identidad difícilmente se pueden negociar, como ocurre con los problemas sociales, partiendo las diferencias. Aquí, o me reconoces o no me reconoces, pero sin términos medios, como acostumbra a suceder en los procesos de negociación política en democracia. Ello hace que «el resentimiento por las humillaciones también ha sido una fuerza poderosa en los países democráticos».32

Así, esta crisis de identidad conduce en la dirección opuesta «a la búsqueda de una identidad común que una al individuo con un grupo social».33 Por eso Fukuyama subtitula uno de sus artículos «El nuevo tribalismo y la crisis de la democracia»,34 porque insiste en que «diferentes grupos han llegado a la conclusión de que sus identidades —sean nacionales, religiosas, étnicas, sexuales, de género u otras— no están recibiendo un reconocimiento adecuado» y, como consecuencia, «las sociedades democráticas se están fracturando en segmentos basados en identidades cada vez más pequeñas, poniendo en riesgo con ello la posibilidad de establecer un proceso de deliberación sobre la acción colectiva de la sociedad como un todo», al haber perdido la referencia a una identidad humana universal que nos une como sujetos de los mismos derechos.

Por ello, «el principio de reconocimiento igual y universal ha mutado en un reconocimiento especial de grupos particulares». En ese contexto, la percepción de la invisibilidad es clave para determinar decisiones políticas hasta el punto de que «ser pobre es ser invisible a los ojos de los demás seres humanos, y la indignidad de esa invisibilidad resulta, a menudo, peor que la falta de recursos».

Libertad, igualdad, fraternidad y principio
de la diferencia

Si aceptamos que existe una característica principal capaz de ordenar las diferencias que conviven en todo colectivo humano y aceptamos que se opta por buscar fórmulas que nos permitan convivir juntos, a pesar de las múltiples brechas en torno a las que nos podemos agrupar los humanos, el siguiente paso será discutir cómo se establecen esas reglas capaces de ordenar una convivencia que vaya más allá de la fuerza por sometimiento o del aislamiento en guetos. Reglas que permitan trabajar juntos, a pesar de nuestras diferencias respecto al sexo, la raza, la ideología o la religión.

A partir del momento en que la respuesta a la existencia de otros con características diferentes a las nuestras es trabajar juntos, porque definimos algo que nos une por encima y con más fuerza centrípeta que aquello que nos separa, la siguiente pregunta es cómo establecemos esas reglas de convivencia entre diferentes. Para algunos, la respuesta a esta pregunta hay que buscarla fuera del ser humano, en aquello que la religión establezca como expresión del mensaje divino y en su adecuada interpretación por aquellos acreditados debidamente para ello: la Iglesia o los sacerdotes. Así, las reglas religiosas no serían sólo unas normas de conducta individual válidas para los creyentes, sino que servirían también para organizar la convivencia social. Se entiende rápido que esta respuesta puede funcionar en sociedades con religiones homogéneas, pero que es más difícil de hacer operativa en sociedades plurirreligiosas que pueden encontrar reglas que chocan entre sí.

La segunda respuesta a esta pregunta, aunque no recurre a los dioses, también hurta al ser humano capacidad para establecer sus propias reglas de conducta y convivencia, dejándolas en manos de la evolución social y de la historia, un poco a modo de las posturas evolucionistas darwinianas y su teoría de la selección natural, o bien siguiendo el principio de la mano invisible que, según Adam Smith, acaba equilibrando los mercados de bienes y servicios. Así, las instituciones sociales que existen hoy son el resultado de una decantación, con ajustes, a lo largo de muchos siglos de prueba y error, demostrando con su supervivencia su superioridad frente a otras formas de organización social que puedan ocurrírseles a los seres humanos, las cuales, o bien han sido descartadas a lo largo de la historia, o bien, si no se han experimentado, son inventos de una razón humana excesivamente presuntuosa (la «fatal arrogancia» de la razón, en palabras de Hayek). La historia demuestra que los experimentos sociales provenientes de la intención humana de modificar voluntariamente y, a menudo, por la fuerza, lo que ha decantado la misma historia han terminado muy mal, sea el nazismo o el comunismo. Este enfoque evolucionista, como en el caso de las teorías de Darwin, no se plantea la cuestión de si las instituciones existentes son justas y equitativas o no, ya que su objetivo es ser eficaces, no tanto ser moralmente buenas. A este enfoque podemos llamarlo conservador, porque defiende lo existente como la mejor solución a los problemas del orden social y, al mismo tiempo, critica, como peligrosos, todos los planteamientos de reforma consciente por parte de los seres humanos.

La tercera respuesta sería la única que establece y afirma la centralidad de los seres humanos a la hora de establecer las reglas de convivencia entre diferentes, reglas de las que ellos mismos se quieren dotar, de acuerdo con su razón y su libre albedrío. Pondríamos su fundación en el movimiento de la Ilustración en los siglos XVII y XVIII, con dos momentos históricos de referencia: la Declaración de Independencia de Estados Unidos y, trece años después, la Revolución francesa, que sintetizó los principios básicos para la convivencia humana en la conocida tríada de libertad, igualdad y fraternidad, aún hoy pendiente de su plena realización en nuestras sociedades modernas, e incluso de su adecuada definición, como veremos brevemente a continuación: libertad, ¿para qué?; igualdad, ¿de qué?; fraternidad, ¿entre quiénes?

Durante años, incluso en la misma Francia revolucionaria, la mayoría identificaba libertad con libertades políticas: de expresión, de reunión, de manifestación, de representación, de religión o de pensamiento. Se trataba de principios convertidos en derechos a los que (casi) todos debían tener acceso, sin que ello dependiera de la clase social en que cada ciudadano hubiera nacido. Así, frente a los derechos hereditarios de la sociedad feudal, que excluían a una amplia mayoría, estos derechos políticos eran iguales para (casi) todos, nobles, burgueses o campesinos, haciendo que la soberanía de la nación emanase del pueblo. Este planteamiento hacía saltar por los aires el concepto de esa autoridad única de los reyes procedente, hasta entonces, de «la gracia divina», así como los derechos hereditarios exclusivos de la nobleza. Al principio, tales derechos sólo se defendieron para hombres con determinadas propiedades mínimas, excluyendo a los más pobres y a todas las mujeres. A pesar del carácter revolucionario de las libertades políticas como principio de convivencia, el camino hasta el sufragio universal pleno fue largo y tortuoso; como también lo fue la ampliación del concepto de libertad hasta extenderlo a otros derechos, los sociales, a los que todos los seres humanos tenían derecho con independencia de su posición en el orden social.

Esta revisión y ampliación del concepto de libertades, que se extendió desde el ámbito político al social, fue posible gracias a la lucha sindical y al movimiento socialdemócrata que, después de la Segunda Guerra Mundial, generalizó como derechos las coberturas universales frente a riesgos ciertos a los que los ciudadanos están expuestos de manera desigual. Se trata de riesgos objetivos que pueden afectar de manera muy diferente a las personas en función de condiciones fortuitas o que no dependen de su voluntad, como el haber nacido en una familia rica o en una pobre, y que se refieren a la educación, la sanidad, las pensiones, etcétera, conformando lo que conocemos como estado de bienestar.

Desde entonces, el concepto de libertad hay que entenderlo como aquello que crea la posibilidad real de que los individuos puedan llevar adelante sus proyectos de vida sin restricciones o dominaciones ajenas a sí mismos. Ésta es la visión que defienden también aquellos que creen que la primera condición para ser libres es no morirse de hambre y, por tanto, defienden una libertad real para todos con base en una renta universal garantizada. (Véase el informe «Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica».)35

En el mismo sentido, John Rawls, uno de los filósofos políticos más influyentes de nuestro tiempo, no sólo menciona que para que exista libertad hace falta dotar de condiciones materiales mínimas e iguales a todos los seres humanos, sino que en uno de sus principios básicos de una «sociedad justa» establece, como consecuencia de un proceso de discusión racional entre seres humanos, la redistribución de renta en beneficio de los menos favorecidos (principio de la diferencia).

La libertad, así entendida, tiene mucho que ver con el segundo principio de ordenación social establecido en la Revolución francesa: la igualdad. Pero ¿igualdad de qué? ¿En qué tienen que ser iguales los miembros de la comunidad? En primer lugar, tienen que ser iguales en los derechos políticos y sociales que constituyen las condiciones materiales de la libertad. Este punto, no menor, establece un vínculo muy estrecho y especial entre libertad e igualdad, dos principios sobre cuya preeminencia ha habido mucho debate a lo largo de los años. Así, se decía que los más conservadores defendían antes la libertad que la igualdad, mientras que los más progresistas hacían lo contrario. Con la definición de libertad que hemos dado, y que es la comúnmente aceptada hoy en día por la mayoría de los filósofos políticos, dicha antítesis se mitiga mucho, ya que no puede haber verdadera libertad si no hay un grado mínimo de igualdad entre los miembros de la comunidad; al menos, de igualdad de acceso a los bienes políticos, sociales y comunales.

Asimismo, parece razonable que todos los miembros de la comunidad gocen de igualdad de oportunidades. Es decir, sería exigible una verdadera igualdad de partida, y no tanto una igualdad de resultados. Sólo una igualdad al inicio de la vida permite establecer la responsabilidad de los individuos a la hora de aprovechar sus capacidades y las oportunidades que la vida les vaya presentando. Si queremos aplicar el viejo principio defendido por Marx para caracterizar una sociedad «justa» («comunista», en su terminología), según el cual cada uno debe aportar según sus capacidades y recibir según sus necesidades, ello sólo será posible si hay una igualdad de oportunidades inicial que no haga depender el despliegue pleno de las capacidades de los individuos de hechos que no dependen de su voluntad, como la familia en la que nacen. Esto último es relevante, sobre todo, si consideramos que hay evidencias suficientes en el sentido de que no sólo se hereda la riqueza, sino que, en sociedades con brechas convertidas en muros, la pobreza también se hereda. A título de ejemplo, así lo señalan estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que demuestran que los alumnos pobres repiten curso cuatro veces más que los de familias con más recursos, lo cual reduce sus posibilidades de superar la pobreza familiar mediante su progresión social a través del estudio y la formación.

Establecer una verdadera igualdad de oportunidades en el inicio de la «carrera de la vida», removiendo los obstáculos sociales existentes, es, por otra parte, la única manera real de exigir responsabilidades a los individuos y hacerlos partícipes de los frutos de sus esfuerzos personales. Así, en el caso de que haya ayudas públicas compensatorias (formación profesional para parados, por ejemplo), la comunidad tiene la obligación de proporcionar la ayuda a quien la necesite, pero la persona que la recibe tiene también la obligación de aprovechar al máximo dicha ayuda, evitando caer, como tantas veces ocurre, en las redes de las ayudas sociales que acaban perpetuando ese estado de pobreza que, se supone, tenían que eliminar. Si la política de igualdad debe concentrarse de manera desigual en los menos favorecidos, éstos tienen la obligación frente a la comunidad de utilizarla como trampolín para salir de su situación.

Además de esta igualdad de oportunidades, o de recursos, que busca rectificar el azar de aquellas circunstancias no elegidas por el sujeto, pero que influyen directamente sobre sus resultados, encontramos también la igualdad de bienestar y la igualdad de capacidades. La igualdad de bienestar, concepto de raíz utilitarista, busca elevar el bienestar social medio a través de políticas controladas de redistribución de rentas desde los más ricos hacia los más pobres, con base en la idea de que existe una utilidad marginal decreciente. Por su parte, la igualdad de capacidades desarrollada por el premio Nobel de Economía Amartya Sen va más allá de los recursos y de la renta, ya que incluye otros aspectos esenciales que influyen de manera decisiva en la vida de las personas, como, por ejemplo, acceso a la sanidad, seguridad vital, etcétera, aspectos que influyen en la posibilidad de que las personas desarrollen todas sus capacidades. Esta interpretación se basaría en el conocido refrán que dice «No me des pescado, enséñame a pescar», y, luego, déjame pescar.

Y así llegamos al tercer principio ordenador de una sociedad justa, el peor entendido de todos, la fraternidad (que no se puede sustituir por el de solidaridad, como a menudo se ha hecho desde la izquierda). Fraternidad, ¿entre quienes? ¿Quiénes somos la comunidad, ese «nosotros» entre los que debe regir la regla de considerarse hermanos, unidos por un vínculo fraterno? Como hemos señalado arriba, la definición del demos, de la comunidad de referencia, es esencial para entender las cosas.

Algunas ideologías lo fundamentan en la diferencia, en aquella característica que nos separa de otros colectivos que no la poseen. Por ejemplo, haber nacido en un territorio geográfico concreto, tener un determinado color de piel, un sexo o una religión. Son enfoques excluyentes, que definen a la comunidad por oposición frente a quienes no tienen determinadas características y que, con demasiada frecuencia a lo largo de la historia, han reforzado los lazos fraternos desatando conflictos e incluso guerras con quienes no forman parte de su comunidad al tener otras características diferentes. Así, el nacionalismo, el racismo, la xenofobia, el machismo... se erigen sobre la diferencia y se construyen buscando un enemigo.

Por el contrario, como hemos visto, también se puede organizar la comunidad, la fraternidad, sobre aquello que nos une por encima de las diferencias y de las fronteras nacionales. Por ejemplo, formar parte de los seres humanos. En el sentido aquí referido de principio ordenador de la sociedad, la fraternidad se aplica sobre todos los que están unidos en torno a los principios de libertad e igualdad, a las reglas democráticas en una especie de «patriotismo constitucional» (concepto de Habermas). Así entendida, la fraternidad dota de identidad racional al colectivo y ofrece al individuo acomodar su sentimiento de pertenencia al de una ciudadanía democrática regida por principios racionales de convivencia. En consecuencia, quedan excluidos de esta fraternidad aquellos que no compartan o que vulneren los principios de libertad e igualdad aquí reseñados y que han sido alcanzados mediante la razón dialogada y los procedimientos democráticos.

Como se ve, en la forma racional de organizar la convivencia entre diferentes de una manera fraterna, la igualdad de derechos es plenamente compatible con la diversidad de características o de pensamientos. Y la fraternidad así entendida permite incorporar los sentimientos, tan importantes en la vida humana, de una manera que, aun yendo más allá de la razón, no se constituyan, como a menudo ocurre hoy en día, en avanzadillas de un asalto a la razón en toda regla. Así pues, la fraternidad elimina las actuales fronteras nacionales basadas en un hecho fortuito e involuntario, como es nacer aquí o allá, y elabora nuevas fronteras basadas en la decisión racional y voluntaria de respetar unas normas democráticas de convivencia.

Por tanto, una sociedad de diversos en la que se quieran respetar los sentimientos de pertenencia, sin que ello sea incompatible con organizarse de acuerdo con principios racionales que le permitan ser justa o considerarse como decente, debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, debe proteger de manera preferente a quienes son diferentes, a los disidentes de la «norma», para integrarlos sobre la base del principio de fraternidad. Eso es así porque se valora la cohesión social como un valor esencial de convivencia y, por tanto, se combaten las brechas sociales que puedan existir porque amenazan la convivencia pacífica y democrática. Las brechas, si se agrandan o se mantienen a lo largo del tiempo, acaban por ser incompatibles con la democracia (y pueden generar reacciones populistas, autoritaristas, etcétera).

La desigualdad social como terremoto

Resulta difícil explicar la sorpresa con la que, a las puertas de la segunda década del siglo XXI, vimos resurgir con fuerza dos problemas que parecían propios del siglo XIX: el nacionalismo y la desigualdad social. El crecimiento del sentimiento nacional en plena era de la globalización y de las nuevas tecnologías de la conectividad mundial, el repliegue en la nación, parece tan inexplicable como que la sociedad humana actual, que vive el mejor momento de bienestar y calidad de vida de su historia, vea cómo crece la desigualdad social y cómo la pobreza se cronifica incluso en sociedades ricas. Sobre todo cuando, a diferencia de lo ocurrido en siglo XIX, cuando se plantearon como alternativas, según hemos visto, ahora la desigualdad y la pobreza parecen, en gran parte, aliadas y que se refuerzan de manera mutua.

Seguramente tendremos que buscar en el psicólogo social Jonathan Haidt una explicación al hecho de que el repliegue en la nación como fortaleza sea la respuesta que encuentran muchos de quienes se sienten desplazados, marginados y olvidados, en un momento en el que estamos en pleno despegue hacia un mundo global, rico y tecnológico, aunque visto como una distopía por un número creciente de ciudadanos en todo el mundo. Ello hace que, en la era de internet, la política se esté desarrollando por unas sendas diferentes, incluso contrarias, a lo previsto hace unas décadas.

En su libro La mente de los justos,36 Haidt encuentra la explicación a «por qué la religión y la política separan a personas sensatas» en lo que denomina la psicología moral subyacente, que sería aquello que permite a los seres humanos, a la vez, cooperar y enfrentarse, dado que «los seres humanos somos en un 90 por ciento chimpancé y en un 10 por ciento abeja».37 Y se basa en tres principios: 1) «La intuición viene primero, el razonamiento estratégico después»;38 2) «Hay más en la moralidad que sólo prejuicio y justicia»;39 y 3) «La moralidad une y ciega».40

El fenómeno mediático en que se ha convertido el economista francés Thomas Piketty ha contribuido a dotar de respetabilidad académica y relevancia política al hecho indiscutible del surgimiento de una desigualdad social creciente en nuestros días, que coexiste y contrasta con el elevado nivel de vida y de bienestar que hemos alcanzado los seres humanos y con la reducción de la pobreza a escala mundial, gracias, sobre todo, a países como India y China. A la vez que repetimos que vivimos el mejor momento de la historia de la humanidad, de manera casi repentina se nos dice que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres está aumentando, que existe un elevado porcentaje de ciudadanos en los países desarrollados que viven bajo el riesgo de la exclusión social por sus bajos ingresos y que la clase media está desapareciendo en los países más desarrollados, incrementándose así la polarización social.

Aunque no todo el mundo admite los datos y hechos que prueban esta realidad, vamos a resumir aquello admitido como consenso mayoritario por los expertos, empezando por los más de cien agrupados para construir una base de datos sobre la desigualdad, la World Inequality Database (WID.world),41 que cubre a más de cien países, así como las conclusiones derivadas de los estudios realizados, al calor de la presencia pública del debate, por organismos como el Banco Mundial y la OCDE, y también por grandes empresas de consultoría, como McKinsey & Company, poco sospechosos de ser antisistema. Así, ese consenso apunta lo siguiente:

El 1 por ciento más rico del planeta posee un 45 por ciento de la riqueza global, mientras que el 50 por ciento más pobre apenas sí llega a poseer el 1 por ciento. Y esta desigualdad ha venido creciendo en las últimas décadas, de forma especial desde la crisis de 2008, según dice el banco Credit Suisse en el informe que publica regularmente sobre el asunto. No es el único informe que señala esta realidad, más allá de diferencias en números o años concretos.

La desigualdad entre países se ha reducido, sobre todo por el avance de India y China, pero ha crecido en el interior de los países, especialmente en los más avanzados. Se calcula que tres cuartas partes de la desigualdad mundial actual se deben a la que existe en el interior de cada país.

La pobreza mundial se ha reducido, especialmente la pobreza severa, aunque ha subido en el antiguo primer mundo, con riesgo de cronificarse.

La desigualdad es mayor si la medimos por la riqueza que si lo hacemos por la renta. Los ricos son más ricos hoy porque ha crecido el valor de su riqueza, en muchos casos heredada, y no tanto porque ingresen más por su trabajo. Ello es compatible con el hecho de que la desigualdad de rentas derivada del abanico salarial también se ha ensanchado en los últimos años.

En dos tercios de los países miembros de la OCDE, la desigualdad ha crecido desde el año 2000. Casi la mitad de la población de los países avanzados cree que, en promedio, está peor que hace veinte años.

Muchos y diferentes indicadores recogen el hecho del aumento de los niveles de pobreza en los países del G-7, desde un 23 por ciento de la población, en 1985, hasta un 30 por ciento, en 2016.

El auge del populismo en los países avanzados ha sido alimentado por la tensión existente entre los objetivos proclamados de equidad en esos países y la realidad de ver cómo crece la desigualdad en su seno, a la vez que se da una mejora apreciable de la situación en países más pobres.

En este libro nos interesa sólo el análisis de las brechas que están dado lugar a una desigualdad creciente en el interior de los países desarrollados (no tanto entre países), lo cual, según organismos tan poco sospechosos como la OCDE, está dando lugar al surgimiento de un fenómeno denominado «la menguante clase media».42 Nos interesa sobre todo porque, en palabras de Dani Rodrik, «la desigualdad refleja y se vive como una pérdida de dignidad»43 por los afectados.

Muchas personas que solían creerse como parte de la clase media, y que fundamentaban en ello una parte importante de su identidad pública, han perdido nivel relativo de renta, riqueza e influencia social. Como dice Fukuyama, «la amenaza percibida para el estatus de clase media puede entonces explicar el auge del nacional populismo en muchas partes del mundo durante la segunda década del siglo XXI. [Y así], los ciudadanos resentidos que temen perder el estatus de clase media apuntan con su dedo acusador hacia las élites, para quienes son invisibles, pero también hacia abajo, hacia los pobres, que sienten que no merecen atención y que son injustamente favorecidos».44 Y ello es así porque «un grupo humillado que busca la restitución de su dignidad tiene mucho más peso emocional que las personas que sólo buscan una ventaja económica».45

En esa misma dirección, por citar otro ejemplo, el premio Nobel de Economía Branko Milanovi apunta: «Es el gap [la brecha] entre las expectativas existentes en la clase media y el escaso crecimiento de sus ingresos lo que ha alimentado el malestar con la globalización y, por asociación, incluso, con el mismo capitalismo».46

La desigualdad no es un fenómeno nuevo. Pero su crecimiento agudo en los últimos años representa un fracaso del discurso económico y político dominante en Occidente desde, al menos, el fin de la Segunda Guerra Mundial, discurso que ha basado buena parte de su hegemonía en la convicción de que el crecimiento económico era suficiente, por sí solo, para ir reduciendo tanto la desigualdad como la pobreza. Sin embargo, al menos desde 1980, hemos tenido crecimiento económico a pesar de vivir también algunas crisis, pero en el mundo desarrollado la desigualdad crece, la pobreza se estanca y la clase media se desvanece, como demostración de que el llamado ascensor social se ha averiado. Y ello, más allá de ser un problema económico, se convierte en un problema social y político que afecta al sistema democrático tal y como lo conocemos.

Porque se puede establecer una conexión directa entre el aumento de la desigualdad y la cronificación de la pobreza, con el surgimiento de muchas de las brechas sociales que analizaremos aquí, con el desencanto de las clases medias respecto al sistema actual, con su desenganche, que está dando lugar al surgimiento del populismo autoritario y los riesgos para la supervivencia de la democracia liberal como la hemos conocido y defendido desde al menos 1945.

El pensamiento político y económico hegemónico en Occidente en los últimos ochenta años ha usado el crecimiento económico como el bálsamo de Fierabrás, la piedra angular sobre la que construir una sociedad moderna, democrática y cohesionada, en la creencia de que los frutos de ese crecimiento repercutirían en todas las clases sociales de tal manera que las oportunidades de mejora estaban ahí, a disposición de quien quisiera aprovecharlas. Crecimiento económico, reparto de éste, más igualdad de oportunidades (ascensor social) y democracia liberal con contrapoderes han sido los cuatro ejes sobre los que se ha construido el mundo que conocemos, en el que la cohesión social era un valor clave a defender. Y esos cuatro ejes están hoy en serio cuestionamiento por razones diversas, aunque interrelacionadas, lo que ha hecho saltar por los aires la cohesión social.

El primer cuestionamiento al crecimiento económico como objetivo incuestionado y único instrumento para mejorar el bienestar global ha venido del reconocimiento del hecho de que los recursos naturales básicos para conseguir ese crecimiento son limitados. Quizá el informe «Los límites del crecimiento», encargado por el Club de Roma y publicado en 1972, puede ser citado como el ejemplo más evidente. Hoy dicha crítica ha mutado, ampliándose hasta constatar que este modelo de crecimiento es incompatible con la naturaleza, tal y como la conocemos, ya que está provocando un calentamiento global, aumentando la temperatura media del planeta en varios grados como consecuencia de la emisión de gases de efecto invernadero, lo que está teniendo repercusiones graves sobre la población y costosas para la sociedad. Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y los acuerdos impulsados por la ONU para encontrar medidas que reduzcan ese calentamiento (es ya imposible evitarlo) serían el ejemplo de lo dicho, ya que exigen cambios importantes sobre el modelo económico en vigor y sobre los pilares del crecimiento vigentes hasta ahora. Constatemos que, hasta ahora, la teoría económica del crecimiento ha considerado los recursos naturales o la naturaleza como un dato exógeno no limitativo a pesar de recordatorios de economistas heterodoxos como Kenneth E. Boulding, que a mediados de la década de 1960 ya advertía de los dos problemas fundamentales de la economía del planeta usando la metáfora de la «nave espacial Tierra»: cómo obtener de manera ilimitada la energía necesaria y cómo deshacerse de los desperdicios generados.

La segunda crítica sobre un crecimiento económico supuestamente ilimitado, el cuestionamiento del modelo estándar, ha venido por una constatación: no se ha evitado la existencia de ciclos económicos que, con cierta regularidad, echan por tierra mediante crisis y recesiones una parte del bienestar alcanzado. Ni la presencia del Estado como agente regulador de la actividad económica (keynesianismo) ni la exclusión del Estado para dejar actuar plenamente a un mercado supuestamente autorregulador (neoliberalismo) han conseguido evitar los vaivenes económicos, los ciclos de auge y bajada, las crisis y las recesiones que reducen la magnitud del crecimiento económico de manera periódica.

Se ha constatado que la última Gran Recesión vivida en Occidente a partir de la crisis financiera internacional desatada en 2008 —con la quiebra de Lehman Brothers como epifenómeno— y, sobre todo, las políticas puestas en marcha para hacerle frente han repartido sus efectos negativos de manera desigual entre clases sociales. Y tal constatación ha sido fundamental para generar un desenganche generalizado de la población con el modelo económico y social existente en nuestros países. Se acumula la evidencia de que los ricos, moviéndose en un mundo nómada donde la riqueza se distribuye mundialmente en función de las rentabilidades, han salido indemnes de la misma crisis que ha hundido el nivel de bienestar y, sobre todo, las expectativas de los trabajadores y de las clases medias, sedentarias, ancladas a la realidad de su nación de origen.

La evidencia de que la globalización, gran vector de supuesta riqueza hasta hace poco, tiene perdedores y ganadores, unido a la sensación de desamparo derivada de la inacción de los Gobiernos nacionales, cuando no la crítica abierta a sus políticas de austeridad aplicadas de manera desigual (para unos parece que sí hay rescates con dinero público, el mismo que se recorta para las políticas sociales), han sido claves para explicar la actual ruptura social y el desengaño con «el sistema», entendido como el capitalismo globalizador más la democracia liberal, que se está traduciendo en el auge de un nacionalismo neopopulista autoritario, algo que parecía imposible hace escasamente una década.

Se trata de un giro que ha transformado un modelo económico, social y político integrador, inclusivo y que hacía de la cohesión social un valor supremo en otro del que una parte importante de la población se siente excluida y huye. Tal giro se puede situar en los comienzos de la década de 1980, cuando se ponen en marcha dos políticas en paralelo: la globalización de la economía, incluyendo la libertad de movimiento de capitales, junto con el repliegue del Estado, asociado con los mandatos de Ronald Reagan, en Estados Unidos, y de Margaret Thatcher, en Reino Unido. Estas políticas han acabado por poner fin a los mecanismos existentes de reparto de la riqueza, de redistribución de los frutos del crecimiento, mecanismos que durante tantos años habían formado parte de lo mejor de nuestra sociedad..., hasta entonces.

El salto dado en la globalización con la aceptación de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 —reconociendo su carácter de «economía de mercado» a pesar de que muchos pensaban que no reunía las condiciones adicionales que requería una competencia justa— creó una burguesía mundial, una élite global, mientras dejaba a los trabajadores anclados en sus países. Al final, y en contra de las predicciones de Marx, eran los burgueses de todo el mundo quienes se unían. Y, además, casi en paralelo, se rompían los dos mecanismos fundamentales de reparto existentes hasta entonces: la negociación colectiva y las medidas estatales de redistribución de la renta.

Margaret Thatcher ganó las elecciones en Reino Unido en 1979 usando un mensaje de enfrentamiento con unos sindicatos que llevaban casi un año bloqueando la vida de los británicos en lo que se llamó el «invierno del descontento». Pero, más allá del momento, la nueva primera ministra conservadora —la misma que creía que la sociedad no existe, que sólo existen individuos cooperando gracias a los mecanismos del libre mercado— aplicó unas políticas destinadas a debilitar el papel de los sindicatos en su influencia sobre el mercado laboral y sobre el conjunto de la sociedad, a la vez que iniciaba el repliegue del Estado en su tarea redistributiva.

Así, al igual que haría el presidente Reagan en Estados Unidos casi a la par, se liberalizó el mercado de trabajo reduciendo el peso negociador de los trabajadores y su influencia sobre las condiciones de la contratación, incluyendo la formación del salario, a la vez que se rebajaron los impuestos y se redujo su progresividad como en patrimonio o sucesiones con el argumento de favorecer el ahorro, al mismo tiempo que las rentas derivadas del capital dejaron de poder ser controladas al estar globalizadas. Además, en paralelo, se recortaron las prestaciones públicas orientadas, fundamentalmente, a las clases menos favorecidas y a las clases medias.

Ese Estado democrático que recaudaba según el principio de que pagara más quien más tenía, ese Estado que gastaba en prestaciones universales (sanidad, educación, pensiones, etcétera) que beneficiaban, sobre todo, a la clase media trabajadora, a la vez que concentraba acciones específicas para combatir la pobreza..., ese Estado inició su retirada. Entrábamos, con ello, en otra etapa del desarrollo político y económico. Una etapa que nos ha llevado a donde estamos: unas élites que viven en un mundo global, unas clases medias en retroceso, importantes sectores sociales que se sienten olvidados, marginados, excluidos del futuro..., y una política nacional que parece haber dimitido de su función fundamental como mecanismo para resolver problemas de los ciudadanos a menudo generados en otras partes del planeta y sobre los que apenas se tiene capacidad de influir a través de algunos organismos supranacionales.

Por tanto, no está en el presente el origen de nuestros problemas actuales. No podemos obviar este contexto histórico a la hora de entender lo que nos pasa: vivíamos en una sociedad inclusiva en la que, se decía, las desigualdades y la pobreza se estaban reduciendo —sobre todo las no derivadas de opciones individuales— como consecuencia del crecimiento económico y de las políticas redistributivas puestas en marcha por los Estados nacionales, y hemos pasado a otra sociedad en la que se constata que los ricos son cada vez más ricos y en la que una mayoría social percibe que está peor que hace dos décadas —es decir, en retroceso e invisible—, y donde persiste una pobreza a la que no somos capaces de mirar a la cara, de eliminar ni tampoco de reducir con los mecanismos tradicionales. (Esto último lo han demostrado David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens, ganadores del Premio Nobel de Economía en 2021 con su novedoso planteamiento de propuestas prácticas para reducir la pobreza a través del combate contra sus síntomas externos.) Y en esta sociedad actual los Gobiernos nacionales parecen incapaces de mantener la cohesión social, atadas sus manos como están por acuerdos multilaterales, decisiones supranacionales y reglas decididas en «lejanos» organismos internacionales de los que forman parte, pero que parece que adoptan sus decisiones sin tener en cuenta a todos sus miembros.

Pero conviene señalar que el incremento de la desigualdad y la cronificación de la pobreza en el primer mundo no han sido algo inevitable o fruto secundario de las fuerzas ciegas del mercado o de la globalización. No. Ha sido causado por decisiones políticas concretas adoptadas a lo largo de las últimas décadas con base en una concepción de la sociedad y de su funcionamiento que renuncia a buscar de manera consciente la cohesión social como pegamento fundamental de una estructura democrática del poder, de la ciudadanía y de su convivencia pacífica. Olvidando lo ya señalado por Aristóteles, en el sentido de que la pobreza alimenta los desórdenes en la comunidad, y que ha recordado recientemente Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz en 2006, cuando ha declarado que «la desigualdad es una bomba de relojería sobre la que estamos viviendo y que debemos desactivar».47

No basta, por tanto, con cuestionar el crecimiento económico como concepto, ni basta con hablar de sus límites naturales ni con criticar el PIB como medida insuficiente del bienestar social. Hoy, la desigualdad no es una cuestión que se pueda reducir sólo al ámbito del reparto de renta económica. Hablamos también del reparto de la riqueza, de las oportunidades, del aprovechamiento de las capacidades, de la presencia y de la influencia pública. Hablamos de reconocimiento y de dignidad, en suma. Nadie quiere ser menos que nadie, y todos quieren sentirse en pie de igualdad respecto al que más.

Nada de esto significa que todos los que manifiestan su malestar en las ciudades del mundo entero (a veces de forma violenta) tengan razón en sus críticas o exigencias. Pero ayuda a entender el problema, lo cual es, siempre, el primer paso para intentar una solución.

De lo contrario, de no pelear por un nuevo sistema económico, social y político que ponga la cohesión social en el centro de sus prioridades, avanzaremos hacia una situación peligrosa que empieza en democracias «irascibles» y puede derivar en lo que algunos han llamado «democraturas», sistemas políticos que mantienen una apariencia formal de democracia, pero que en su funcionamiento real contienen elevados rasgos de autoritarismo y prácticas pseudodictatoriales. Conforme las instituciones de control y contrapeso a los gobernantes quedan absorbidas por el poder ejecutivo, el Gobierno deja de ser una institución que representa a todos los ciudadanos y se convierte en Gobierno «de parte», agudizando con ello la polarización social y la pérdida de valores democráticos.

El prestigioso Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, que elabora anualmente un informe sobre la calidad de la democracia mundial, habla de un proceso acelerado de «autocratización» que conduce a democracias electorales, pero ya no liberales. Sin salir de Europa, varios países, como Rusia, Turquía, Hungría o Polonia, podrían considerarse en este nuevo modelo a caballo entre las democracias tradicionales y las nuevas formas de totalitarismos como el caso chino.

Por último, no podemos perder de vista la repercusión que sobre la desigualdad, las emigraciones y la pobreza está generando ya el cambio climático y sus efectos en forma de sequías, tormentas o fenómenos atmosféricos que son auténticas emergencias climáticas que afectan a un número creciente de zonas del mundo. El Banco Mundial, por ejemplo, ha calculado que unos cien millones de personas en todo el mundo estarán en riesgo de pobreza a causa del cambio climático de aquí a 2030. Y, además, como señala James K. Galbraith, si no reducimos el enfado generado por la desigualdad, mucha gente, en todo el mundo, se opondrá a la gran transformación que necesitamos hacer en nuestra manera de producir, distribuir y consumir para hacer frente al cambio climático.

Teoría política de la especie humana:
la razón desvaída

La actual especie humana, autodenominada Homo sapiens en alusión a que su principal característica diferencial es la capacidad de conocer, es la triunfadora tras varios intentos evolutivos que se han ido produciendo en el orden de los primates en los últimos millones de años, desde especies del África originaria, una de cuyas ramas somos nosotros, hasta otras como el Homo floresiensis, originario de islas indonesias, o el Homo neanderthalensis, que habitó en Eurasia y con el que el Homo sapiens convivió durante varios miles de años. Surgimos hace entre 300.000 y 200.000 años, lo cual representa muy poco tiempo, comparado con los 4.000 millones de años que se calcula que tiene de existencia la vida en la Tierra. Según un cálculo muy popular, si la edad de la Tierra se representa como un día de 24 horas, nuestra especie llevaría apenas un minuto en ella.

Siempre han coincidido diferentes géneros y especies homínidas compartiendo el planeta. Excepto ahora, que la única superviviente se ha demostrado muy invasiva, llegando a ser una fuerza ecológica de gran impacto. La opinión compartida por los expertos es que somos fruto de una hibridación entre especies que se cruzaron y que nuestra fuerza diferencial viene de la conjunción de cinco capacidades: comprender, comunicarse, cooperar, participar de ficciones simbólicas y experimentar compasión.

Todos los humanos compartimos el 99,9 por ciento de nuestros genes. Si nuestro código genético se pudiera escribir en un libro, ocuparía 260.000 páginas. Aquello que nos hace «únicos» representa apenas 500 de esas páginas, un 0,1 por ciento de un código genético que compartimos también con los chimpancés, en un 96 por ciento, y hasta con los gatos domésticos, en un 90 por ciento. Quizá este dato, que nuestra unicidad se basa en el 0,1 por ciento de diferencia, es lo que hace tan difícil, a menudo, aplicar esa sentencia de Jorge Luis Borges, en su cuento «Funes el memorioso»: «Pensar es olvidar las diferencias, es generalizar, abstraer».

La especie humana ha convertido en castigo, el mandato bíblico del Génesis: «Llenad la tierra y sojuzgadla». Según estimaciones de Naciones Unidas, si en el año 1900 había una población mundial de unos 1.600 millones de seres humanos, hoy estaríamos en unos 8.000 millones, y se prevé que alcancemos casi los 10.000 millones en 2050. En el momento actual, el 50 por ciento de la población mundial vive en Asia, seguida de África, con un 17 por ciento.

Este crecimiento espectacular de la población, relacionado con mejoras evidentes en sanidad y alimentación, es paralelo al aumento de la esperanza de vida que se ha producido y al que está previsto. Hoy, los mayores de sesenta años representan el 10 por ciento de la población mundial, y los menores de quince años, el 30 por ciento; pero las tendencias indican que estas proporciones se inviertan en 2050, cuando habrá un 22 por ciento de los mayores de sesenta años y un 20 por ciento de los menores de quince años.

Este proceso de «llenar la tierra» ha venido acompañado de otros seis hechos relevantes que han contribuido al surgimiento de nuevas realidades que son consecuencias no previstas de la manera en que hemos abordado el proceso de «sojuzgar la tierra»:

Urbanización. Más de la mitad de la población mundial ya vive en núcleos urbanos (más de 2.500 habitantes), en un proceso que irá a más, llegando al 68 por ciento en 2050. La ciudad más poblada hoy, con más de 37 millones de personas, es Tokio, seguida de Yakarta, con 26 millones, y Seúl, con 23 millones, algo por delante de Delhi, con 22 millones.

Deforestación. Un tercio de la superficie terrestres es forestal. Esa cantidad de millones de hectáreas está en regresión desde hace doscientos años como consecuencia, principalmente, de tres acciones humanas: el 54 por ciento como consecuencia de la agricultura y la tala de árboles, y el 22 por ciento para «sembrar» árboles para su explotación económica, principalmente para obtener aceite de palma.

Esta deforestación acelerada está influyendo de forma negativa sobre la biodiversidad de la naturaleza, y también nos está acercando a algunas formas de vida animal. Una de las consecuencias de esto último es que virus que hasta ahora no habían entrado en contacto con poblaciones humanas tienen ahora mayor facilidad para «saltar» a humanos directamente o a través de algún animal intermedio, dando lugar a enfermedades nuevas para nuestra especie. Se calcula que el 75 por ciento de las nuevas infecciones humanas (sida, ébola, gripe aviar, etcétera) tienen su origen en animales salvajes de los que ahora estamos más cerca al haber reducido sus hábitats naturales.

Cambio climático. Los expertos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), grupo de trabajo de la ONU, calculan que, si hace doscientos años, en la época preindustrial, la cantidad existente de CO2 en la atmósfera era de 250 partes por millón (ppm), hoy hemos alcanzado la cifra de 416 ppm como consecuencia de la sociedad industrial que hemos construido, basada en la quema de combustibles con alto contenido en CO2 (carbón, petróleo, gas, etcétera).

Esta mayor acumulación de gases de efecto invernadero ha provocado una elevación apreciable de la temperatura media del planeta que alcanza, ya, 1,3 ˚C de media (y subiendo), hasta alcanzar, de no hacer nada, los 3 ˚C. Este calentamiento está teniendo ya repercusiones evidentes sobre la frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos y sobre la subida del nivel medio del mar por el deshielo de los polos.

Desertificación. Un tercio de la superficie terrestre se encuentra en diferentes grados de desertificación, entendida como el proceso gradual de degradación de las tierras en zonas áridas, hasta hacerlas inútiles para la agricultura. Se calcula que 1.200 millones de personas en todo el mundo están afectadas por este proceso, el cual está siendo impulsado por la acción humana en forma de sobrexplotación de acuíferos, deforestación y sequías vinculadas al cambio climático.

Existe la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, de la que forman parte 197 Estados.

Basura. Los seres humanos generamos al año 1.900 millones de residuos sólidos. Deshacerse de ellos no es fácil, y, con demasiada frecuencia, los acumulamos en vertederos donde se incineran, con la correspondiente emisión de CO2. Otras veces los dejamos en vertederos ilegales por los que pagamos a países pobres del tercer mundo, sobre todo si se trata de materias peligrosas. Apenas un 20 por ciento se reciclan.

Sólo de plásticos de un solo uso, generamos 10 millones de toneladas de residuos al año, una parte importante de los cuales acaba en el mar, donde no sólo flota, llegando a formar la llamada «isla de la basura del Pacífico» con una extensión equivalente a tres veces Francia, sino que ya se deposita en las profundidades, con el correspondiente efecto negativo sobre la flora y la fauna marinas.

No contentos con inundar de basura los mares y las tierras, los seres humanos también hemos empezado a llenar el espacio de basura. En este momento se calcula que hay más de 7.000 satélites en la órbita terrestre, de los cuales apenas 4.300 están en funcionamiento. El resto configura una masa de desechos estimada en 130 millones de objetos de menos de 10 cm, una masa de más de 9.000 toneladas que refuerza la contaminación lumínica de la tierra y que, con su choque constante entre ellos, va creando zonas peligrosas para la navegación espacial.

Progreso. Los humanos tenemos la capacidad de entender, aprender y mejorar. En palabras de Steven Pinker: «El mundo ha hecho progresos espectaculares en cada una de las medidas del bienestar humano».48 A pesar de los altibajos y los problemas existentes, no hay ni un solo dato o argumento que abone las teorías de la «perpetua decadencia».

Comparado con cualquier período anterior, los seres humanos han alcanzado el mayor nivel de renta per cápita y de bienestar de su historia. Es cierto que se dan profundas desigualdades geográficas y sociales, pero todos los indicadores de desarrollo humano certifican que vivimos la época dorada de nuestra especie. Citaré, de los muchos posibles, sólo dos datos: la esperanza de vida promedio ha pasado de los cuarenta años, en 1800, a los setenta y dos años, en 2021, y se prevé que en 2050 sea de setenta y siete años. En el mismo período (1800-2021), la tasa de mortalidad infantil ha caído a más de la mitad.

Somos muchos más, vivimos mucho mejor y muchos más años. Pero el lado oscuro de estos avances (repito, con grandes desigualdades) lo han constituido los efectos negativos provocados por nuestra acción agresiva sobre los equilibrios de la naturaleza, así como la respuesta que la naturaleza está dando a estas agresiones, respuesta que pone en cuestión nuestro modelo de vida.

Desde el punto de vista de nuestro entorno, de la naturaleza en la que vivimos y que nos rodea, no hay duda de que somos una especie altamente depredadora, sobre todo en los últimos 250 años, con la expansión del modelo económico y social del capitalismo industrial. Como señalan los expertos, la humanidad consume un 74 por ciento más de recursos naturales al año de lo que el planeta es capaz de regenerar. Ello significa que necesitaríamos casi dos planetas para mantener nuestros actuales patrones de producción y consumo.

Si consideráramos nuestro planeta como una nave espacial (siguiendo la metáfora de la «nave espacial Tierra», de Boulding), los seres humanos hemos gestionando muy mal, hasta ahora, los dos problemas principales que afectan a su supervivencia: la obtención de energía y el tratamiento de los residuos generados. Una nave espacial que utiliza energías finitas y que, además, contaminan el clima de la nave y se limita a acumular cada vez más basura cerca del almacén de comida es claramente una nave que está sacrificando el largo plazo en beneficio del corto plazo; pero se trata de un beneficio suicida.

Este modelo de vida, basado en explotar el planeta, en «sojuzgarlo», ha llegado a un límite en el que traspasarlo puede poner en marcha un proceso peligrosamente irreversible. De ahí que sea imprescindible acompañar las políticas de lucha contra el cambio climático y en favor del medio ambiente, con un cambio en los valores sociales y económicos egoístas que nos han conducido a este bucle de autodestrucción.

Este contraste entre una «cara A» del relato que nos hemos contado desde hace doscientos años, llena de promesas de progreso infinito y bienestar ilimitado, y la evidencia de una «cara B» que apunta a un colapso del sistema, si no hacemos nada para evitarlo, ha dado pie al surgimiento de «profetas» de la catástrofe que, a partir de la proclamación de que esta civilización está acabada, como les ha ocurrido a otras civilizaciones anteriores construidas por nuestros antepasados, pretenden enseñarnos a «colapsar mejor». Nada de esto es nuevo. El surgimiento, de manera recurrente, de una creencia milenarista sobre un inminente fin del mundo, que predica el autocastigo por nuestras malas acciones como única forma de salvación, es también una de las características específicas del ser humano —o de una parte de los seres humanos que, en diferentes circunstancias históricas, han reaccionado así.

Los individuos Homo sapiens son seres sociales por naturaleza (como nos dijo Aristóteles), pero empeñados en defender su individualidad y en proteger su privacidad. Nacer en un grupo aumenta las probabilidades de supervivencia y permite aprender y desarrollar características específicas de la especie, como el lenguaje, la capacidad de aprender y el simbolismo abstracto.

Por ello, la socialización les es impuesta por nacimiento. Por el contrario, la individualización es un largo proceso histórico con avances y retrocesos, que se ha elegido de forma voluntaria a partir de la curiosidad vinculada a la capacidad de entender y cambiar el entorno, también el social. Desde este punto de vista, la naturaleza humana incorpora una dualidad: socialización/individualización. La primera desarrolla el sentido de pertenencia y de seguridad que ofrece el grupo, mientras que la segunda viene impulsada por el conocimiento y la conciencia de sí, derivada de la capacidad de razonar, y que conlleva riesgos asociados a la libre elección, que es, precisamente, lo que más diferencia a los humanos de otros animales, ya que la mayoría de los animales tienen habilitado el instinto gregario, pero no la capacidad de elegir.

Esta dualidad constitutiva de la naturaleza humana, con su lado animal y su lado sapiens, es esencial para explicar su comportamiento. Y así ha sido desde las primeras narraciones que se han ido contando los humanos. Empezando por el dios Jano de los griegos, con sus dos caras que unen, a través de una puerta, el comienzo y el final de los procesos. Idea bastante similar al concepto chino sobre el yin y el yang, que representan dos fuerzas opuestas pero complementarias que, con su permanente fluir y cambio entre una y otra, son esenciales en el universo. También encontramos ecos de la dualidad constitutiva en las ideas bíblicas sobre el bien y el mal, ángeles y demonios, en permanente lucha, pero ambos necesarios para dar sentido al otro y al concepto de libre albedrío, característica única de los humanos.

El budismo zen profundiza esta idea, señalando no sólo la unión entre ambos aspectos duales, sino el carácter intrínsecamente mixto de ambos cuando llama a ver «en lo doblado, lo recto, y en lo recto, lo doblado», apuntando a que existe una unidad básica que cobija la aparente dualidad. Esto supone que no hay una frontera infranqueable entre ambas caras, que nadie es cien por cien bueno o cien por cien malo, todo el tiempo. El saber popular ha insistido desde siempre sobre este aspecto («nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira»), pero tendemos a olvidarlo, sobre todo, en los momentos en que, arrastrados por el fanatismo, nuestro entendimiento, nublado por las emociones de confrontación, guía nuestra acción. Con el tiempo, gana capacidad explicativa la conocida plegaria de la serenidad que dice: «Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia».

Es imposible sobrevolar este asunto sin mencionar la gran aportación que realizó la filósofa Hannah Arendt cuando acuñó al concepto «la banalidad del mal» al relatar en su libro Eichmann en Jerusalén el juicio que tuvo lugar en 1961 contra uno de los responsables del genocidio de judíos llevado a cabo en los campos de exterminio por el régimen nazi. En esa persona, Arendt supo ver la complejidad del ser humano al observar a alguien que había exterminado judíos con la misma distancia, frialdad y eficacia desapasionada y burocrática con que hubiera dirigido una fábrica de material bélico. Y, luego, esa persona volvía a casa y era un marido y padre ejemplar.

Esa misma dualidad constitutiva se encuentra también en uno de los principales y más largos debates filosóficos desde la antigüedad: ¿qué predomina en los seres humanos, su razón o sus emociones?, ¿qué guía, de manera referente, la acción humana, los intereses objetivos o sus sentimientos subjetivos? Y, más aún, elevando la cuestión desde el carácter descriptivo al prescriptivo: ¿qué debería guiar la acción humana, la razón o las emociones?

Es decir, estamos ante un debate que se ubica en dos planos paralelos que a menudo se confunden: el descriptivo (lo que es) y el normativo (lo que debería ser). Un ejemplo de lo primero lo expresa el filósofo Maurizio Ferraris: «Lo característico del ser humano no es la reflexión inteligente, sino la reacción inmediata que es la herencia de la caverna y la sabana».49 Un ejemplo de lo segundo es el siguiente pensamiento de Buda: «Mi mente es la rienda que lleva el control».

Podríamos decir que hay muchos seres humanos en un ser humano. Por ello, junto con la definición de Homo sapiens se han propuesto también otras que ayudan a completar el mapa, como la de Homo faber, para destacar la faceta de hacer, de construir, que tienen los humanos, y no sólo de pensar. Luego, se unió la idea de Homo ludens para incluir la importancia que tiene el juego en el desarrollo de los humanos y de sus sociedades. Y, más recientemente, Giovanni Sartori desarrolló la de Homo videns, que le sirvió para analizar cómo la actual cultura de la imagen, de lo aparente, de lo visible, tanto en medios audiovisuales tradicionales (como la televisión) como en las redes sociales, puede estar alterando la manera en que nos relacionamos con el mundo externo, reforzando la pasividad del espectador, la pérdida de capacidad de análisis crítico, la adicción y, en definitiva, la cesión que estamos haciendo al permitir que otros puedan manipularnos y controlarnos utilizando, precisamente, nuestros sesgos cognitivos y nuestras emociones.

La mente de los justos: el análisis de Haidt

Puede que todo empezara con Spinoza y su convicción de que «la esencia del hombre es el deseo» o de que nuestros pensamientos y sentimientos están ligados íntimamente. En todo caso, el libro de Haidt La mente de los justos50 se inscribe en una línea sólida de autores que han interpretado el clásico «conócete a ti mismo» de una manera diferente al tradicional racionalismo cartesiano. Esto es algo que también mantuvieron los psicoanalistas discípulos de Sigmund Freud, como Carlos Castilla del Pino, que define los sentimientos como «un instrumento del que dispone el sujeto para la relación (emocional, afectiva, además de la mera y fundamental relación cognitiva para la cual, la relación emocional es condición necesaria) con los objetos del mundo exterior y consigo mismo»,51 de tal manera que carecer de sentimientos es una psicopatología.

Por su parte, el filósofo Max Scheler, en su clásico libro El puesto del hombre en el cosmos,52 dice que fue un error de los griegos (extensible a Descartes) situar sólo en la razón la característica diferencial del ser humano, porque deja al margen otros muchos rasgos distintivos que afectan a su conducta. En concreto, habla del «espíritu» como el concepto que integra razón y sentimientos, entendidos como «actos volitivos» como el amor, la bondad, la veneración o el arrepentimiento. Los análisis actuales de la cuestión, hechos desde enfoques más integrados, señalan que no hay dos partes más o menos integradas (cerebro y corazón, en versión popular), sino una única parte (¿el «espíritu» de Scheler?) que tiene dos caras que se condicionan mutuamente de manera permanente.

El análisis ofrecido por Haidt se sitúa en el marco de la razón práctica. Dice que en su libro ha adoptado un enfoque «completamente descriptivo» del comportamiento humano (lo que es) y del papel de la moralidad, para explicarlo, sin pretender entrar en una visión normativa sobre el deber ser. En segundo lugar, el autor efectúa su análisis desde el punto de vista del psicólogo, con una amplia experiencia analítica basada en los avances en la neurociencia y en estudios empíricos que buscan entender (y explicar) cómo se comportan, en la práctica, los seres humanos reales, sin recurrir a abstracciones racionalistas.

Haidt llega a las siguientes conclusiones, que resumo: somos animales gregarios que hemos evolucionado mediante la selección natural; dicho de otro modo, nuestra mente y nuestra moral han sido sometidas a un largo proceso de evaluación con la realidad, de tal manera que si somos como somos es por alguna razón que nos ha permitido sobrevivir hasta ahora; así pues, hay una causa que explica nuestro comportamiento actual, incluso aquello que «no nos gusta de nosotros», y entenderla es la tarea a la que se dedica en su libro.

El primer punto es clave; Haidt escribe que «la intuición viene primero, el razonamiento estratégico después». Nuestra mente está dividida en dos partes: las emociones, que no son tontas, sino una manera de procesar información de manera rápida e intuitiva (a esa parte la llama «elefante»); y un razonamiento posterior, al que llama «jinete», más lento y controlado, que se limita a encontrar argumentos posteriores que ayudan a explicar lo que hemos hecho de manera automática. Así, la razón (el jinete) está al servicio de las emociones (el elefante), algo que está en línea con la posición filosófica de Hume cuando dice: «La razón es, y sólo debería ser, esclava de las pasiones».

Aunque he buscado la similitud de esto con la gran aportación sobre el asunto del premio Nobel de Economía Daniel Kahneman (autor de Pensar rápido, pensar despacio),53 en este último no es tan evidente la dominancia de una de las dos formas de nuestra mente sobre la otra, como en el caso de Haidt, quien, en La mente de los justos, dice con rotundidad que «el elefante manda», mientras que «el jinete sigue la ruta del elefante». De ahí deduce que «la razón (jinete) fue diseñada para buscar justificaciones, no la verdad» (p. 117), por lo que «el razonamiento consciente se lleva a cabo principalmente con el propósito de persuadir, no de descubrir» (p. 121); y concluye este punto diciendo que «las razones, a veces, logran influir a otras personas, pero la mayor parte de la acción en psicología moral está en las intuiciones» (p. 142).

El segundo principio de la teoría de Haidt se resume en que «la moralidad es mucho más que justo e injusto». Desarrolla, con amplio soporte empírico, seis principios morales en los seres humanos, cada uno de ellos con una fuerte explicación evolutiva: cuidado/daño; equidad/engaño; lealtad/traición; autoridad/subversión; santidad/degradación y libertad/opresión. Los seis principios constituyen una matriz moral en gran medida «innata», aunque a modo de primer borrador que puede verse modificado por el aprendizaje de cada individuo. La moral no es, por tanto, totalmente genética, pero, desde luego, tampoco es algo totalmente aprendido. Y avanza su propuesta más atrevida: mientras los conservadores se manejan con los seis principios, los progresistas sólo trabajan con tres, lo que supone una desventaja competitiva a la hora de ofrecer narraciones convincentes ya que «la mente humana es un procesador de historias, no un procesador lógico» (p. 404).

El tercer principio lo resume Haidt en que «la moralidad une y ciega», ya que «los seres humanos somos un 90 por ciento chimpancé y un 10 por ciento abeja». Es decir, somos Homo duplex, tenemos la capacidad de trascender el interés propio y sumergirnos en algo más grande que nosotros mismos, ya que «nuestra mente está diseñada no sólo para ayudarnos a competir dentro de nuestros grupos, sino también para ayudarnos a unirnos con los de nuestro grupo para ganar competiciones entre grupos» (p. 353). La religión y la política son, según el autor, dos instrumentos útiles para construir comunidades que nos permiten hacer juntos lo que no podemos lograr por nosotros mismos, con el problema de que, además de unir, nos hacen ciegos frente a las bondades del equipo rival. Sólo si «los elefantes están tranquilos» y «los jinetes fuera de servicio», es posible aproximar diferencias tendiendo puentes entre matrices morales enfrentadas.

Estamos ante una teoría importante para todos aquellos que quieran entender lo que está ocurriendo hoy en el mundo: desde el ascenso del populismo neofascista hasta el resurgir del nacionalismo excluyente, pasando por el cuestionamiento de las normas democráticas basadas en el debate con argumentos y no en descalificaciones. A lo mejor es que, como dice Haidt, el ser humano no es tan «racional» como nos gusta pensar, ni el interés propio es lo que más ayuda a explicar su comportamiento. Tras leerlo, incluso entendemos mejor asuntos de tanta actualidad como por qué un sentimiento manipulado (con noticias falsas o de otras maneras) no puede ser sometido a la razón. Esto último es algo que no es nuevo y que podemos encontrar ya en Cicerón cuando critica a Catilina por su manipulación populista del pueblo romano, o en el discurso de Unamuno contra Millán-Astray en el paraninfo de la Universidad de Salamanca en 1936, en el que denuncia una «enfermedad mental colectiva» fruto de un «estallido de repugnantes pasiones, resentimientos y envidia».

Tampoco querría situar a Haidt como una nueva aportación en el largo «asalto a la razón», junto con el Romanticismo o la escuela de Frankfurt, porque va mucho más allá. Aunque no lo cita, su enfoque debe mucho al psicoanálisis, que ya señaló dos cosas que recupera Haidt: la plenitud de la vida es racional (consciente) e irracional (inconsciente), aunque «no está dicho que la razón impere en todas las circunstancias». Es Freud quien insiste en que existe una parte de nuestra mente (inconsciente) que determina gran parte de la vida consciente de los individuos sin que éstos lo sepan siquiera, a la vez que señala, al final de su vida, que nuestras acciones están determinadas por el deseo y por dos instintos, el de vida (Eros) y el de muerte (Tánatos). Carl Gustav Jung, por su parte, habla de la existencia de un «inconsciente colectivo [formado por] sedimentos de experiencias constantes repetidas por la humanidad [a modo de] huellas de reacciones subjetivas, muchas veces repetidas».54

Durante décadas, la explicación hegemónica del comportamiento humano se ha basado en considerarlo un ser racional que actúa siguiendo sus intereses. El conocido como Homo economicus, movido por el cálculo egoísta de la maximización del placer individual, ha sido la caricatura dominante que se ha extendido desde el ámbito de la economía. Ése es el paradigma que salta por los aires con aportaciones como esta de Haidt, que, en parte, también conecta con George Lakoff y su teoría de los marcos cognitivos o mentales.

Es cierto que el principio de racionalidad individual ha sido sometido desde hace años a fuertes ataques: desde la teoría de juegos, con el dilema del prisionero como emblema, hasta las obras del filósofo Jon Elster, que muestran las limitaciones de la racionalidad como principio de decisión. Pero la actual corriente conocida como behavioral economics (economía conductual, o economía del comportamiento), con autores como Richard Thaler o el ya citado Kahneman, es más sólida a la hora de efectuar la crítica y relatar un proceso alternativo de toma de decisiones a partir de estudiar la realidad del ser humano concreto, en lugar de trabajar sobre hipótesis de un ser humano «aspiracional» (racional, entendido como carente de emociones) pero inexistente.

Esta corriente de pensamiento camina en paralelo a la que representa Haidt, con algunos puntos de contacto explícitos. La diferencia de éste es que no pretende inscribirse en el ámbito de la economía, sino que sitúa sus reflexiones más en contacto con la filosofía general, a partir del análisis empírico del comportamiento humano desde la psicología.

Al final de su análisis, Haidt intenta abrir una puerta a la esperanza respecto a la posibilidad de un diálogo entre elefantes controlado por los jinetes. Sólo eso evitaría la confrontación inevitable entre grupos sociales predeterminados a reforzar su confrontación mutua. «¿No podemos disentir de forma constructiva?», se pregunta el autor. La experiencia demuestra que hay ejemplos positivos de ello. Tal vez la cuestión sea dejar que cada una de las partes de nuestra mente se ocupe de aquello para lo que es mejor: el elefante para las fiestas y la rivalidad deportiva; el jinete para elaborar leyes y buscar consensos políticos. Si el primero tiende a ser conflictivo, dejemos que el segundo lo solucione. Si una manada de elefantes puede ser manipulada hasta el punto de conseguir que linchen a un inocente mientras que un grupo de jinetes hablando elaboran un código penal y un sistema imparcial de justicia, tal vez el proyecto ilustrado del siglo XXI consista en conocer bien al elefante que llevamos dentro para controlar su poder, pero dejando que sea el jinete quien tome el mando.

La propuesta de Haidt parece decirnos: «Esto es lo que hay». Utilizarlo como análisis del ser para deslizarnos hacia un deber ser con más conocimiento de causa sería necesario. Y, tal vez, se podría introducir una asignatura obligatoria para enseñarnos desde pequeños a conocer y controlar nuestros estados de ánimo; es decir, a conocer a nuestros elefantes. Ahora, sólo faltaría formar a los jinetes para que tomen el control, como pedía Buda y el movimiento estoico definido por Martha C. Nussbaum como «la terapia del deseo».55

De no hacerlo así, será difícil que las emociones (el elefante) sean capaces de poner un satélite en Marte que nos envíe imágenes en tiempo real, o de conseguir una vacuna contra una enfermedad, o de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial... Pero, a su vez, será también muy difícil que la razón (el jinete) sea capaz por sí sola de sentir amor o compasión, de arriesgar la propia vida por salvar a otro o, incluso, de escalar el Everest.

La razón llega a conclusiones, mientras que las emociones nos empujan hacia las acciones. Y aquí radica una de las características más llamativas de los seres humanos: hay situaciones en las que no somos capaces de hacer «lo que debemos» en los términos morales que nos dicta la razón, no por desconocimiento ni por sesgos cognitivos ni por enfermedades mentales patológicas, sino porque las emociones «negativas» nos bloquean y lo impiden. Así, las principales causas de muerte en el mundo avanzado están directamente conectadas con un estilo de vida inadecuado (comida, bebida, ejercicio). Y lo sabemos, lo decimos, pero muchos no somos capaces de actuar de la manera correcta (y rechazo la idea de que se «elija» racionalmente vivir menos tiempo, pero de manera más «agradable», porque lo normal es que eso conduzca a que vivamos muy mal y con muchas enfermedades los últimos años de nuestra vida, como consecuencia de esa actitud «irracional»).

Dado que las emociones tienen la capacidad de provocar acciones y dado que son más manipulables que la razón (que tiene sus propios sesgos cognitivos), desde hace décadas toda la industria del marketing está desarrollando mecanismos para inducir determinadas compras y consumos por nuestra parte. Masajea nuestros deseos y emociones con imágenes y relatos sugerentes, para conseguir que hagamos algo en lo que no habíamos pensado o para dirigir nuestra decisión de compra hacia una marca determinada. Esta misma experiencia se aplica también, desde hace siglos, al ámbito de la política, en el que, con métodos semejantes, se pretende influir sobre nuestras decisiones (o, según algunos, manipularlas) contándonos historias que se dirigen, de forma mayoritaria, a la parte emocional de la mente de los votantes.

De aquí se deducen dos conclusiones muy robustas para el análisis sociológico y político. La primera es que no es verdad, siempre, que la defensa de los propios intereses materiales sea lo único, y ni tan siquiera lo primero, a lo que aspiran los seres humanos. Un ejemplo: cuando la Segunda Internacional, en nombre del internacionalismo de clase («¡proletarios de todos los países, uníos!»), llama a no participar en la Primera Guerra Mundial por ser una pelea «entre burgueses», ajena a los verdaderos intereses de los trabajadores, fracasa estrepitosamente. Los trabajadores de los diferentes países europeos se sintieron más vinculados a sus lazos nacionales, estando más dispuestos a caminar hacia el frente de batalla cantando canciones patrióticas, al lado de sus burgueses, que a defender una supuesta «unidad de clase» que creaba una identidad internacional, por encima de las naciones.

La segunda conclusión es que, cuando los seres humanos actúan en contra de lo que parece deducirse de un análisis racional de sus intereses materiales, no lo hacen por falta de educación o por desconocimiento de éstos. A menudo, ello se debe a que sienten con más fuerza otro tipo de intereses dictados desde las emociones. Dicho de otra manera, mayor educación siempre es preferible a una falta de educación..., pero, por ejemplo, en la década de 1930, el pueblo más culto de Europa en aquel momento votó mayoritariamente a Hitler, y lo mantuvo en el poder.

Entre saber lo que debemos hacer y hacerlo hay un vacío en nuestra conducta individual y social, que refleja la batalla interna que sufrimos de forma permanente el elefante y el jinete. (Nótese que los autores de libros de autoayuda sacan buen provecho de esa circunstancia, en la mayoría de los casos con refritos de viejos principios estoicos o zen.)

El cerebro, ese desconocido

A estas alturas del siglo XXI no conocemos nuestro cerebro en la medida en que conocemos, por ejemplo, el corazón o los pulmones. Pero algunas cosas sí sabemos:

Es un órgano diseñado a través de la selección natural para resolver aquellos tipos de problemas con los que se enfrentaron nuestros antepasados en su modo de vida como cazadores y recolectores.

En este sentido, su finalidad última no es nuestra felicidad ni el conocimiento, sino la supervivencia.

La mayor parte del cerebro está procesando información, sin que seamos conscientes.

No descansa nunca. Durante el sueño, se «resetea».

Tiene una elevada plasticidad durante toda la vida de las personas.

Entre el estímulo y la reacción fisiológica hay un proceso de evaluación cognitiva que activa, o no, la emoción. (Como ya decían los estoicos: «No puedes controlar lo que pasa, pero sí tu reacción ante lo que pasa».)

Parte de tu capacidad cognitiva depende de los estímulos que hayas recibido de pequeño, que ayudan a crear diferentes redes neuronales.

Es capaz de anticiparse y predecir lo que es más probable que suceda, simplificando los datos confusos para poder gestionarlos y tomar decisiones en contextos de incertidumbre.

En las últimas tres décadas, la neurociencia ha hecho avances y descubrimientos muy importantes sobre la conexión entre algunos de nuestros «sentimientos» y el mecanismo cerebral que está detrás..., más o menos. Incluso los más acérrimos partidarios de una explicación exclusivamente psíquica a nuestro comportamiento reconocen que se puede inducir el sueño con anestesia, que ciertos estados anímicos deprimidos mejoran con la química y que los ansiolíticos relajan nuestra actitud. Por tanto, la relación entre el funcionamiento del cerebro y nuestro comportamiento puede ser más estrecha de lo que pensábamos hasta ahora, sin menospreciar el contexto en el que hemos crecido y la experiencia de lo vivido por cada uno. Hay pocas dudas de que la extirpación de una parte del cerebro —por un accidente o debido a una herida de guerra, por ejemplo— repercute sobre el comportamiento, y lo hace de manera distinta según cuál sea esa parte extirpada. En esa línea, actualmente se está investigando cómo se puede actuar y sobre qué partes del cerebro para mejorar desórdenes alimentarios graves o trastornos límite de la personalidad.

Nada de esto sorprenderá a quienes tengan conocimiento del mundo del marketing, muy acostumbrado desde hace años a trabajar sobre los factores inconscientes que motivan la compra por parte de los consumidores: desde la disposición de los productos en el punto de venta, pasando por la iluminación o la música ambiente, hasta el ya viejo «truco» (que sigue funcionando) del precio: esos 9,99 euros. Hoy, este campo de investigación sobre la conducta humana para intentar influir sobre ella utiliza el llamado neuromarketing para afinar más en cómo y dónde incidir en el cerebro para provocar una reacción determinada: la compra emocional. Las empresas dueñas de las redes sociales se han convertido en expertas en estas técnicas que, además, son capaces de generar una elevada adicción de respuesta a éstas, como puede ratificar cualquiera que tenga un adolescente cerca en su vida.

Tengamos todo esto presente, porque los mismos métodos utilizados desde antiguo por la publicidad son utilizados ahora por la política, actuando sobre los mismos circuitos cerebrales e intentado controlar nuestras reacciones emocionales.

Los relatos generan concordia o discordia

«Los humanos somos primates que nos contamos historias sobre nosotros mismos.»56 Y esas historias deben ser creíbles y reconfortantes, aunque sean inventadas, falsas o indemostrables. Los humanos nos movemos mal frente a la incertidumbre, a lo imprevisible, a lo inesperado..., y también frente a lo complejo y lo multirreferencial. Como dice el psicobiólogo Ignacio Morgado: «Nuestro cerebro es aún de la Edad de Piedra [...], está preparado para elegir entre dos opciones, no entre millones».57 Cuando nos enfrentamos a la ignorancia o la duda, preferimos optar por la tranquilidad del pensamiento mágico, aunque sea falso. Por otro lado, hay pocas dudas de que la complejidad del mundo y nuestro conocimiento de él se han incrementado mucho en las últimas décadas, hasta el punto de que hoy es imposible la idea de ese ser humano «renacentista» que tenía un saber enciclopédico y completo. Eso deja muchos puntos oscuros para una mayoría de los ciudadanos bombardeados con teorías conspiranoicas y falsos relatos que simplifican la explicación señalando un culpable.

La comunicación mediante el lenguaje, una de las características fundamentales de nuestra identidad como especie, ya que permite la cooperación que nos hace fuertes, puede convertirse también en un elemento de desunión (como en la Torre de Babel) o de confusión: entre lo que uno quiere decir y lo que dice; entre lo que uno dice y lo que otro escucha; entre lo que uno escucha y lo que entiende; entre lo que uno entiende y lo que quiere entender. En ese sentido, el lenguaje no es neutral. Por ejemplo, si decimos que el 18 de julio de 1936 hubo en España un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo, un Gobierno que tal vez pudo cometer errores e incluso gestionar mal el momento, sin que esto justifique el golpe, no es lo mismo que si describimos lo mismo como un alzamiento nacional, una cruzada contra un Gobierno de ladrones y asesinos. Las emociones que se mueven son distintas en un caso y en otro. Lo mismo ocurre si a un presidente democráticamente elegido de acuerdo con las reglas establecidas, pero que no nos gusta, le llamamos «ilegítimo» u «okupa». La degradación de la convivencia empieza, casi siempre, por la corrosión del lenguaje y de las historias que contamos con él, cuando buscan polarizar en lugar de unir.

Porque los relatos que nos contamos ayudan a construir nuestra visión del mundo, llegando a crear, en cierta forma, la propia realidad tal y como la vemos, la interpretamos y la sentimos. Por ejemplo, nadie cuenta hoy las guerras púnicas entre Cartago y Roma como unos enfrentamientos entre Túnez e Italia, entidades nacionales que ni existían en aquella época. Sin embargo, sí que contamos la batalla de Covadonga como el inicio de la construcción de la España actual, algo tremendamente discutible desde un punto de vista racional.

Lo mismo se aplica a los mitos construidos a partir de algunos relatos. El Cid Campeador es un buen ejemplo de un mito que ayuda a construir una identidad histórica, sin siquiera estar seguros de cuánta verdad hay en sus hazañas y, desde luego, obviando otros enfoques que se le pueden dar a dicha figura, por ejemplo, entre los árabes (por cierto, buena parte del Cantar del Cid se nutre de relatos árabes de la época). Como señala Henry Kamen, dado que «la ficción suele ser bastante más emocionante que el hecho documentado, [con frecuencia se llega a] falsificar intencionadamente el pasado [y a] novelarlo»58 para que ayude a forjar una determinada visión o ideología.

Con mucha frecuencia, el relato que nos contamos está basado directamente en la mentira y la falsedad. Citaré dos ejemplos próximos. El primero se refiere a la visión que durante siglos se ha mantenido sobre el papa valenciano Alejandro VI (Xàtiva, 1431-Roma, 1503) y sus hijos César y Lucrecia Borgia,59 visión que construyeron sus enemigos, empezando por el papa que le sucedió, Pío III, inventando mentiras sobre sus continuos incestos y su facilidad patológica para el asesinato en serie. Todo ello son mentiras, como se ha demostrado sin ninguna duda en fechas recientes, aunque a esas falsedades dio alas el propio Stendhal en sus Paseos por Roma (1829). De igual manera, la mentira del asesinato del príncipe Carlos (1545-1568) a manos de su padre el rey Felipe II, lanzada por los enemigos de este último, alimentó una leyenda negra que hasta recogió Verdi en el siglo XIX como argumento de su ópera Don Carlo.

En estos casos, como vemos hoy con los llamados negacionistas (de lo que sea: los virus, las vacunas, el viaje a la Luna..., por no hablar de los terraplanistas, que defiende que la Tierra es... plana), la verdad demostrada no es aceptada por algunas personas como argumento que pueda acabar con sus falsas creencias. Tal vez, como dice Blasco Ibáñez en su novela sobre los Borgia, A los pies de Venus: los Borgia (1926), porque «las muchedumbres [están] dispuestas siempre a creer todo lo que causa daño a los poderosos».

Otras veces, las leyendas se elaboran a partir de un error ocultado a lo largo del tiempo o, directamente, de una mentira. El mejor ejemplo que puedo poner es la película de John Ford El hombre que mató a Liberty Valance (1962), con guion adaptado a partir de una narración corta de Dorothy M. Johnson, una autora muy conocida por sus relatos del Far West. En ella, un senador estadounidense (interpretado por James Stewart) que se ha hecho famoso por haber puesto fin en su juventud, de manera heroica, al peligroso delincuente Liberty Valance (Lee Marvin) cuenta, ya de mayor, la verdadera historia de dicha muerte, que él mismo conoció más tarde: su tiro no dio en el blanco y quien mató al bandido fue un amigo suyo (John Wayne) que disparó estando oculto en la oscuridad y que, después de eso, vivió toda su vida en el anonimato viendo cómo la fama se la llevaba otro. Todo el mundo cree una cosa cuando, en realidad, lo que ocurrió fue otra muy distinta, y la película es una especie de deconstrucción del relato de héroes.

Sin duda, uno de los relatos sobre nosotros mismos que mayor transcendencia ha tenido a lo largo de la historia ha sido la Biblia. Toda sociedad humana ha sentido la necesidad de encontrar una explicación sobre el origen de las cosas y de la propia humanidad. Durante milenios se ha buscado esa explicación a través de los mitos y las religiones —en lo que se conoce como antropogonía—, y algunas de esas creencias han persistido incluso cuando la ciencia es ya capaz de ofrecer explicaciones a muchas de esas preguntas. Sin entrar en su aspecto religioso, que, de acuerdo con la fe, genera creyentes, el relato contenido en la Biblia gravita de manera decisiva, todavía hoy, sobre más de la mitad de la población mundial y está en el origen de las tres religiones monoteístas que agrupan a más fieles.

Del relato bíblico quisiera entresacar algunos puntos que considero cruciales para entender la organización del poder a lo largo de la historia y cómo entra en crisis a partir del siglo XVIII, sin que hayamos salido todavía de ésta:

La Biblia concibe la vida y el origen del hombre como algo otorgado, concedido, regalado, fruto de la voluntad de Dios. Y la mujer es creada a partir del hombre; es decir, la mujer no hubiera existido sin el hombre. Sólo como comparación, en la mitología griega, Prometeo crea al hombre, moldeándolo como figura de arcilla a imagen y semejanza de los dioses, mientras Atenea le da el soplo de vida, provocando el enfado de Zeus, que, entonces, le pide al dios del fuego y de la forja, Hefesto, que cree a la mujer como réplica.

La Biblia cuenta una historia según la cual Dios le otorga al hombre el poder de gobernar la Tierra y le impone una sola condición: no comer fruta del árbol del conocimiento. Es decir, el hombre bíblico tiene que cumplir un mandato divino para ser feliz: la obediencia. Por seguir con el paralelismo con la mitología griega, Prometeo es quien concede al hombre el fuego de la sabiduría («hice inteligentes y dueños de razón a quienes antes eran como niños», le hace decir Esquilo en Prometeo encadenado), provocando así el enfado de Zeus, quien, al parecer, o no quería hombres o los quería ignorantes. De su enfado surge el célebre castigo a Prometeo, encadenándolo a una roca para que todos los días un águila le comiera el hígado. Pero mientras Prometeo es bien visto por unos humanos agradecidos, e incluso es perdonado por Zeus tras ser liberado por Heracles, en el relato bíblico, la serpiente es el demonio, fuente de todas las desgracias humanas (pecado original), castigado sin perdón por un Dios a quien los humanos se empeñan en pedir perdón.

Cuando Adán desobedece a Dios e, instigado por Eva y la serpiente, accede al conocimiento (¿qué era tan importante conocer?), se producen dos consecuencias: primera, son expulsados del Paraíso y condenados a «parir con dolor» y «ganarse el pan con el sudor de su frente». Desobedecer los mandatos divinos te expulsa a un «valle de lágrimas». Segunda, de lo primero que toman conciencia cuando adquieren la capacidad de conocer es de que están desnudos, que son frágiles y débiles. El primer conocimiento que tenemos es, pues, sobre nosotros mismos.

Expulsados del Edén de la obediencia, junto con el conocimiento llegan también los sentimientos. Sienten vergüenza de estar desnudos, y luego sienten, además, envidia, con tal intensidad que ésta lleva a Caín a matar a su hermano Abel y, después, a mentir negándolo ante Dios: «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?».

Hay una pugna entre someterse a la obediencia, a los designios de un ser externo y todopoderoso, o hacer uso del libre albedrío y alcanzar el autoconocimiento acompañado de sentimientos, y ésta se ejemplifica en Abraham, el único profeta común a las tres religiones monoteístas, a quien Dios le exige sacrificar a su hijo en su honor y, aun sin comprenderlo, Abraham decide hacerle caso, siendo el hijo salvado en el último momento por un ángel, y siendo Abraham recompensado por un Dios que agradece así la confianza y la obediencia ciega.

La felicidad se obtiene, así pues, en la obediencia a lo que se decide fuera de nosotros y que nos llega como mandato, mientras que la libertad de elección que nos conduce al conocimiento rompe la armonía de la convivencia al poner en juego la razón, pero, también, los sentimientos humanos, llegando incluso al asesinato entre hermanos. ¿Qué peor «miedo a la libertad»? Quizá por ello adquiere toda su relevancia el aforismo griego atribuido a Heráclito de «conócete a ti mismo», como primer paso del conocimiento. Hoy, esta misma idea es expresada todavía por multitud de escuelas de psicoanálisis, e incluso en los libros de autoayuda.

En la medida en que los «designios» de Dios son interpretados y canalizados hacia los humanos a través de una religión instituida en Iglesia (o similar), el debate entre obediencia y criterio propio se ha desviado a lo largo de la historia, creando un elevado poder institucional de la religión organizada, un poder adquirido «por la gracia de Dios» atribuido a los mandatarios (reyes) y un modelo social donde se impone la obediencia por el miedo hacia lo que acarrea la desobediencia (incluso el infierno) y donde se castiga el conocimiento no controlado por tales poderes (véase la Inquisición, el caso de Galileo, etcétera), y todo ello siguiendo una actitud que llega hasta nuestros días, con, por ejemplo, los actuales fundamentalismos terroristas.

En ese contexto, se entiende mejor el inmenso esfuerzo realizado por el conjunto de pensamientos y acciones englobados bajo el nombre de la Ilustración (siglo XVIII), que proclamó esa «mayoría de edad» del ser humano de la que habló Kant al depositar su destino en sus propias decisiones adoptadas a partir del estudio, del conocimiento, del saber y de la razón. El pensamiento ilustrado da la vuelta como un calcetín a la historia contada por la Biblia, que había sido hegemónica hasta entonces; ahora obedecer sin más está mal visto, y rebelarse contra la autoridad externa y buscar autonomía en las decisiones basadas en cuanto mayor conocimiento mejor es una opción buena moralmente. Es el ser humano quien debe adoptar sus propias reglas de convivencia tras un proceso racional de análisis, y es el ser humano quien debe negarse a seguir aquellas reglas que sean impuestas desde fuera por la religión y sin más argumento que la supuesta superior bondad de la obediencia a alguien o algo que nos hace dependientes.

El movimiento ilustrado inicial —del que la Revolución francesa, Kant y los avances de la ciencia son sus primeros frutos— extrema su oposición a la tradición de obediencia, centrándose, casi de forma exclusiva, en resaltar la razón, y tiende a «olvidar» los sentimientos, que son rápidamente recuperados por el movimiento romántico, el cual contrarresta, complementa y, a veces, sustituye a la Ilustración en un baile con alternativas razón-sentimientos y razón-irracionalidad en las que todavía estamos y de las que el siglo XX, con el Holocausto y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, serían sus peores representaciones hasta la fecha.

Superada hoy en día, salvo para los fundamentalistas religiosos, la oposición radical entre obediencia y conocimiento autónomo (incluso hay destacados científicos que hacen compatible su actividad con ser creyentes religiosos), el gran problema, como hemos visto, se refiere a cuánta razón y cuántos sentimientos son necesarios para desarrollar el conocimiento y a cómo se interrelacionan entre sí para este fin, así como a si el resultado depende de esta interacción.

Visto todo ello, como señala Kwame A. Appiah, «si queremos vivir juntos en armonía, es fundamental que podamos mantener debates sensatos sobre aquellos asuntos que agitan profundamente nuestras pasiones»,60 y, en especial, sobre dos asuntos... El primero se refiere a aquello que configura nuestra identidad, que nos hace iguales a unos, pero distintos frente a otros —es decir, las identidades unen y dividen al mismo tiempo—. El segundo aspecto sobre el que debemos mantener debates sensatos y sobre el que es imprescindible alcanzar una situación de concordia (en el sentido de consenso dado por Cicerón) es el referido a «quién debe mandar», a cómo se legitima el poder en una sociedad, para que pueda ser aceptado por una amplia mayoría y, junto con el debate sobre el sujeto del poder, concordia también sobre «cuánto nos debe mandar», es decir, hablamos de los límites del poder.

Esa dualidad de los seres humanos que nos hace capaces de hacer lo mejor y lo peor también tiene su traslación al ámbito social, donde las tendencias positivas hacia la socialización tienen que convivir con tendencias negativas antisociales que también existen y son connaturales. Ello justifica lo absurdo de pensar en sociedades perfectas, sean utopías comunistas o liberales del libre mercado, que se ajusta sólo consiguiendo un óptimo social. Como dice Ortega y Gasset: «Cuando los seres humanos llegan a desconfiar mutuamente de su propia humanidad procuran interponer entre sí, para poder tratarse y traficar, algo premeditadamente inhumano: la ley».61

Matizando a Marx, la historia de la humanidad es la historia de las luchas por el poder y de las historias (ideologías) que nos inventamos para justificarlas. Y precisamos aquí que entendemos poder en el sentido polisémico de Foucault: poder de unos grupos sociales sobre otros; de unos humanos que se sitúan «dentro de la norma» sobre otros humanos situados «fuera de la norma»; de una raza sobre otra; de una nación sobre otras; de los hombres sobre las mujeres; de los padres sobre los hijos; de los «sanos» sobre los «enfermos»; de las instituciones sobre los individuos; de los humanos sobre la naturaleza y sobre el resto de los animales...

Retomando las metáforas del elefante y el jinete de Haidt, el elefante (las emociones) suele aceptar la fuerza (no se puede hacer nada) y la tradición (siempre ha sido así, por algo será) como argumentos suficientes para legitimar el poder. Las emociones representan al ser humano en su parte social, colectiva, comunitaria, y, frente a los abusos del poder, éste sólo entiende que dispone de la revuelta.

El jinete (la razón), cuando actúa solo y no como generador de relatos para el elefante, tiende a preferir que el poder esté basado en reglas de acceso y que, sobre todo, esté sometido a control y a contrapesos (si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente). Nuestra parte racional concibe a los seres humanos como individuos dotados de dos derechos fundamentales: igualdad y diferencia. Su respuesta al poder excesivo es cambiar de Gobierno o, incluso, cambiar las reglas, siempre de forma democrática. El jinete puede entender que, para pasar de un poder legitimado en la fuerza y la tradición a otro basado en normas democráticas, puede ser preciso ejercer la fuerza e incluso llevar a cabo una revolución, como la francesa de 1789, que cambió un modelo basado en la fuerza y en la tradición por otro fundado en la libertad, la igualdad y la fraternidad, aún imperfectas en su concreción paulatina.

La Revolución francesa negó el poder del rey y de la nobleza, hereditario y basado en la tradición o en la «gracia divina», y puso en marcha el reconocimiento de que la soberanía está depositada en el pueblo, en la nación de ciudadanos libres e iguales (principal valor proclamado por la Ilustración, que, según Kant, buscaba esa «mayoría de edad» de los seres humanos para asumir su destino en sus manos).

Esta alternativa entre un poder absoluto en manos de un rey cuyas potestades se heredan o una república con una soberanía popular que elige a quien ejerce el poder, con arreglo a normas establecidas y conocidas, forma parte sustancial de nuestra historia reciente. Por lo menos ha sido objeto de debate entre la Constitución de Cádiz (1812) y la Constitución de la Transición (1978), período cargado de enfrentamientos, inestabilidad, guerras civiles (las guerras carlistas, lo fueron), avances y retrocesos, alguno tan pintoresco, desde el punto de vista analizado aquí, como la dictadura franquista, clara heredera de la fuerza manifestada en una larga y cruenta matanza entre españoles, pero que buscó «legitimarse» arrogándose el dictador atributos reales, como fueron el designar títulos nobiliarios, declararse «caudillo por la gracia de Dios» y elegir a su sucesor.

La estabilidad de un sistema que legitima el poder basado en la soberanía popular, los derechos humanos y la democracia necesita mantener una sociedad cohesionada sobre la base de un relato convincente, asumido de forma mayoritaria y que respalde la equidad social, la concordia sobre los elementos esenciales constitutivos del sistema y una capacidad real de cambio político. Hablamos de un consenso sobre lo esencial que dota de sentido a la comunidad política (Constitución y políticas de Estado) y discrepancia efectiva sobre otros muchos aspectos que configuran la convivencia (alternativa real). De manera gráfica, una sociedad que tenga tales características, debe estar articulada por cuatro niveles de asuntos:

Nivel A: visión compartida de la comunidad.

Nivel B: reglas del juego sobre el poder.

Nivel C: asuntos importantes a medio plazo (políticas de Estado).

Nivel D: debate y alternativas sobre políticas concretas de organización de lo común, desde el Gobierno.

Los niveles A y B son el cimiento común que da sentido a la comunidad. Se suelen concretar en una Constitución y un conjunto de leyes que la desarrollan (electoral, de partidos, etcétera), que se establecen para durar y que se suelen revisar poco y muy de tarde en tarde, y bajo causas muy justificadas. Los nuevos acuerdos sobre estos dos puntos deben consensuarse.

El nivel C se centra en el terreno de asuntos importantes a largo plazo que van más allá de las opciones partidistas: defensa, política exterior, instituciones, etcétera.

El nivel D es el campo normal de juego para la política partidista, con revisiones cada cuatro años (o más o menos, según cada país).

En los últimos años hemos visto que este reparto tradicional de una democracia social-liberal se ha visto deteriorado. Por una parte, porque los cambios estructurales del escenario político mundial (globalización, mercados financieros internacionales, etcétera) han estrechado las diferencias prácticas en D, hasta el punto de que, a menudo, cuesta diferenciar las actuaciones en este campo de Gobiernos de diferentes partidos. Por otra parte, porque han aparecido nuevos asuntos que deberían estar en C, aunque suelen tratarse en D, como el cambio climático, la digitalización y otros. Y, por último, porque la confrontación típica de los asuntos de D se ha ido extendiendo, como consecuencia de la polarización, a las reglas de B e incluso a los asuntos que debían ser compartidos de A: el propio concepto de nación, un deseo común de proyecto futuro, etcétera.

Con ello, el juego democrático de pacto, consenso, más discusión y alternativas se ha emborronado y ahora todo parece abierto en canal, sin que quienes se empeñan en abrirlo parezcan ser conscientes de que, con ello, cuestionan las bases mismas de la existencia del país como tal. Hemos pasado de una actitud cooperadora que actúa según el principio de «qué puedo aportar para mejorar esta situación», a otra actitud extractiva que se mueve según el principio de «qué puedo sacar de esta situación que me beneficie».

En España, en esta última categoría habría que colocar, claramente, a quienes dicen no compartir ya más la idea de nación unida y desean independizarse, pero también a quienes defienden una idea pobre, limitativa y reducida de España que sólo podrán imponer por la fuerza o expulsando al resto de los españoles que no comparten esa idea excluyente.

En los dos casos, unos porque no quieran seguir en una España unida, y otros porque no quieran seguir en una España plural y diversa, ambas posiciones confrontan la Constitución de 1978, a la vez que ninguna es capaz de proponer una visión y unas reglas de juego que puedan ser ampliamente compartidas por el resto, incluso desde la discrepancia.

Las dos culturas

En pleno siglo XVI, los Ensayos de Montaigne inician la era del yo como relato hegemónico en el desarrollo humano. No sólo se identifica al individuo como centro de interés, contra la tradicional dominancia del grupo, sino que se le ensalza como punto de referencia del conocimiento: la subjetividad del yo individual, su punto de vista, como eje en torno al cual se articula el arte y, poco a poco, por extensión, el resto del saber. La ruptura que representan el Romanticismo o, con posterioridad, el impresionismo y el liberalismo político y económico, que se construyen a partir de la consideración de un individuo autónomo e independiente, no se entienden sin este giro epistemológico que abrió las puertas a todo lo demás, alcanzando un punto de inflexión con la revolución freudiana sobre la complejidad del propio concepto de yo, menos libre de lo supuesto.

En ese proceso de separación del individuo respecto al grupo y de su ruptura con las normas impuestas por la tradición, desde fuera del yo individual, la Ilustración representa el punto culminante al proclamar dos principios: la mayoría de edad del ser humano, libre de reinventarse sin ataduras con el pasado ni con ninguna tribu; y la idea de que esa plena autonomía sólo podría alcanzarse a partir de la primacía de la razón, dominando por fin sobre las emociones y la irracionalidad. Como hemos visto, estos dos enfoques, el de razón y el de emoción, presiden el desarrollo de la humanidad desde entonces, a veces en alianza, otras en confrontación y, aún otras, de manera separada, aunque paralela.

En 1959, el científico y novelista inglés C. P. Snow impartió una conferencia en Cambridge que tuvo mucha repercusión y que posteriormente publicó en un libro.62 La tesis que defendía era la existencia de un abismo insalvable entre la cultura científica, con la física como paradigma, y la cultura humanista, donde incluía las artes, la filosofía y las ciencias sociales. En su opinión, el futuro de la humanidad debería girar en torno a la primera, que era más racional, objetiva e imparcial.

Es cierto que, mientras hemos vivido un regreso a la tribu y un auge de las emociones y los sentimientos en el ámbito de las conductas sociales e incluso del pensamiento colectivo, la ciencia, quintaesencia del racionalismo, ha seguido su camino sin aparentemente verse afectada por el auge de la irracionalidad en el ámbito de las humanidades. Es más, su prestigio se ha mantenido tan alto que muchas de las salvajadas que se han practicado, como la pureza de la raza o la esterilización de discapacitados, se ha intentado justificar con argumentos «científicos» usados como base sobre la que construir una sociedad mejor. Eso explicó el posterior debate sobre si, después de los campos de exterminio promovidos por el nazismo, era posible mantener el pensamiento ilustrado y los sueños de la razón.

El esquema de esas dos culturas de Snow sigue siendo útil. Es más, en los últimos años se ha ensanchado la distancia entre ambas culturas. Así, mientras el humanismo, incluyendo la política y la historiografía, ha dado grandes pasos de regreso hacia el grupo como sujeto y la muerte del individuo y de la razón, los avances científicos y técnicos experimentados en los últimos cien años han sido espectaculares en todos los campos del saber. Por una parte, crece el número de seres humanos que renuncian a su mayoría de edad ilustrada para ponerse de nuevo en manos de la tribu, de gurús fundamentalistas o de personajes autoritarios, y a la vez, por otra parte, la ciencia avanza a pasos agigantados en ingeniería genética o construyendo telescopios capaces de captar señales del big bang, que tuvo lugar antes de que la Tierra existiera como tal.

Vivimos, sin duda, el mejor momento de la historia de la humanidad, lo que no quiere decir que no haya problemas, pero nos negamos a reconocer las claves que han hecho esto posible, que no son más que dos: el pensamiento racional en ciencia y la decisión de adoptar medidas de ingeniería social, como las democracias o el estado de bienestar, basadas en un enfoque racional e ilustrado de las relaciones humanas y del propio ser humano. Es como si nos negáramos a reconocer nuestro éxito y sus fundamentos. Así pues, no es casualidad la proliferación simultánea de libros sobre la especie humana, en conjunto, y de libros variados sobre autoayuda orientados a aquellos individuos que buscan tomar su destino en sus manos.

Encuentro, no obstante, algunas notas de esperanza. Veo en los negacionistas —cuyo número crece para pasmo de la mayoría— un deseo de llevar al extremo la ideología de la Ilustración. Me explico: la soberanía del individuo es tal, para ellos, que su criterio predomina, incluso, sobre el de los científicos y, desde luego, sobre el de cualquier institución. Es un planteamiento más anarcoide que gregario, excepto en el caso de aquellos cuyo negacionismo se ancla en creencias defendidas por sus Iglesias.

Por otra parte, también el pensamiento científico se ha hecho más consciente de sus debilidades. Las certezas de hoy quedan desmentidas mañana, y, para avanzar, la ciencia se impulsa mucho más en el método que en las conclusiones, provisionales por definición. Por último, vemos que el resurgir de las «tribus» de acuerdo con las políticas identitarias es muy diferente hoy, en la medida en que somos conscientes de que tenemos una pluralidad de identidades que nos vinculan a varias tribus, y no sólo a una. Las combinaciones de identidades se multiplican, y por ello la capacidad de dominar al individuo desde la tribu es menor actualmente —salvo tal vez en casos concretos de determinadas tribus juveniles, cuya explicación habría de buscarse en otro lugar.

Así pues, resulta difícil proponer un patrón explicativo único del fenómeno identitario. Pero existe una amplia mayoría de seres humanos dispuestos a seguir actuando de manera «correcta», para mejorar su futuro individual pero considerando que ello no está desligado del futuro colectivo de la especie ni del planeta en el que vivimos. Esto último traslada una gran responsabilidad a quienes, desde la política, aspiran a dirigir a las comunidades humanas para hacer algo que mejore el futuro conjunto, en lugar de sólo ponerse a su servicio para conseguir así ser alguien.

2

España: la democracia del insulto, un espectáculo entre el telediario y el tuit

En 2011, las elecciones generales que siguieron al 15-M dieron la mayoría absoluta al Partido Popular (PP). En los seis meses transcurridos entre la protesta de los indignados en la Puerta del Sol de Madrid —replicada en casi todas las ciudades de España, y que tanta repercusión nacional e internacional tuvo— y la celebración de las elecciones generales de noviembre de 2011, se produjo un importante vuelco electoral: el PP de Mariano Rajoy subió 32 escaños, hasta superar la mayoría absoluta de la Cámara. Mientras, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato, se desplomaba perdiendo más de cuatro millones de votos que fueron, en parte, a engrosar la abstención.

El enfado mostrado por buena parte de los votantes socialistas con la gestión que hizo el Gobierno de Zapatero de las dos crisis consecutivas, la financiera de 2008 y la del euro de 2010/2011, llenó las plazas de España y vació las urnas de votos progresistas, desilusionados y al grito de «no nos representan», lo que se complementaba con el relato de que, para hacer políticas de «derecha», no hacía falta partidos de «izquierda» gobernando. Pocas veces, hasta entonces, se había evidenciado una quiebra tan evidente entre representados y representantes en nuestra democracia, aunque muy polarizada en una zona del espectro político.

La expresión «PPSOE» se acuñó entonces con éxito para señalar que las políticas aplicadas desde el Gobierno no eran tan diferentes entre los dos partidos mayoritarios. Sin esta idea presente y sin los efectos electorales que tuvo para ambos partidos, no se entenderá el proceso de radicalización que se produjo en el enfrentamiento entre ambos, a veces más aparente que real, pero de una gran virulencia y que ha llegado con facilidad al insulto y a la descalificación personal en la pelea mediática protagonizada por sus líderes. Sin esta necesidad acuciante de marcar distancias para recuperar el espacio electoral perdido, no se entiende el momento socialista del «no es no», con un Podemos subiendo, ni el actual momento de radicalización extrema del PP, con un Vox en alza.

Desde 2011, hubo que esperar cuatro años más para que se produjera otro vuelco que afectaba de manera directa a nuestro modelo parlamentario hasta la fecha. Y fue un vuelco bifronte: las elecciones de 2015 tradujeron en votos y escaños ese movimiento de enfado/desafección hacia el PSOE. Apareció una nueva formación política, Podemos —con En Comú Podem, Compromís, En Marea—, que sumó un 20,6 por ciento del voto cuando el PSOE estaba en el 22,01 por ciento. Por el otro lado del espectro, el PP sufrió también un fuerte desgaste electoral como consecuencia, principalmente, de los escándalos de corrupción que empezaron a aflorar de manera generalizada, y perdió más de tres millones de votos, que son poco menos que los que consiguió otra fuerza política que hacía su estreno a escala nacional, Ciudadanos, con casi un 14 por ciento de los votos.

El resultado evidente fue el fin del bipartidismo imperfecto que ha definido nuestra democracia desde el principio. Si en 2008 PSOE y PP aglutinaban el 80 por ciento de los votos, en 2015 apenas superaban, juntos, el 50 por ciento. Sin embargo, con ser esto muy llamativo, lo más importante es recordar el nuevo marco político que se creó a raíz de los relatos que echaron a rodar, con gran éxito, las dos formaciones nuevas, Podemos y Ciudadanos, que, teniendo algunos puntos en común, estaban enfrentadas por dos visiones radicalmente opuestas de la acción política.

En común tenían el hecho de dividir entre «vieja» y «nueva» política (al estilo orteguiano), acusando de todos los males al «bipartidismo», considerando una misma e indiferenciable cosa a los dos partidos mayoritarios: el «PPSOE». Desde ese punto de vista, bastaba con su mera presencia para romper con las viciadas normas del viejo poder, introduciendo un potente aire regenerador en la vida política. Sin bipartidismo, las cosas serían muy distintas, y la nueva clase política surgida de las grietas del anterior modelo traería mayor honestidad, transparencia y proximidad a los «verdaderos» intereses y preocupaciones de los ciudadanos.

Pero también había diferencias destacadas entre ellos. Por su parte, Podemos estaba entonces totalmente enmarcado en el pensamiento populista (con expresiones como «la casta», «los de arriba», «la gente», «el pueblo», etcétera), abriendo espacios para la democracia directa como forma de superar los problemas de representación, apelando a la «patria» y buscando más culpables que soluciones (el «régimen del 78» como origen mítico de todos los males de la patria). Son los momentos en que todas las referencias culturales del discurso de Podemos se sitúan en el ámbito de la extrema izquierda, pero sus líderes mantienen la ambigüedad de haber «superado» la confrontación izquierda/derecha. Aunque Podemos era, en sus orígenes, un prototipo de populismo radical, poco a poco se fue imponiendo la visión de extrema izquierda clásica, incluso en lo relativo a las «purgas» internas de dirigentes y al culto al líder.

En otro espectro político, Ciudadanos se vinculaba explícitamente a un liberalismo progresista de raíz europea, y enmarcaba su propuesta en recuperar lo mejor de nuestra historia reciente: el consenso constitucional. A partir de ese talante dialogante (a izquierda y derecha) e integrador, desplegaba todo un programa reformista y democratizador, centrado en la honradez y la política como servicio público. Mantenía su confrontación de origen con el nacionalismo periférico, dando pie a la articulación política de un nacionalismo español orgulloso de serlo en Europa. Parecía, entonces, que por fin había triunfado en España una fórmula de partido bisagra de ámbito nacional, formula que ya fracasó con Adolfo Suárez (Centro Democrático y Social, CDS), con Antonio Garrigues y Miquel Roca (Partido Reformista Democrático, PRD) y con Rosa Díez (Unión Progreso y Democracia, UPyD).

La relación entre los nuevos protagonistas era de cordialidad a veces, cuando criticaban a la «vieja política» del bipartidismo y proponían una regeneración democrática; mientras que otras veces era de fuerte confrontación, al representar modelos radicalmente distintos sobre aspectos sociales o económicos. Es indudable, sin embargo, que el surgimiento de ambas fuerzas parlamentarias renovó el discurso y el relato político español, tanto sobre el presente como sobre el pasado (transición democrática), y ayudó a reconducir la desafección ciudadana hacia los cauces de la democracia representativa que, a la vez que seguía siendo objeto de multitud de críticas, se veía reforzada en la práctica con la presencia en las instituciones de fuerzas «regeneradoras» de tan amplio espectro.

En apenas cinco años confluyeron, por primera vez en España, dos de las mayores crisis de toda nuestra etapa democrática. Ello supuso una profunda crisis económica y social que cuestionó buena parte del relato vigente y que vino acompañada de una profunda desafección ciudadana, común a otros países, respecto a la capacidad de ofrecer soluciones cohesionadoras por parte de un entramado político tan enfrentado entre sí como afectado por la corrupción.

Baste recordar que la crisis económica de finales de la década de 1970 estuvo acompañada de la transición a la democracia y los primeros pasos de la nueva Constitución; la crisis posterior, de la década de 1980, se gestionó desde un Gobierno socialista que no perdió su mayoría absoluta en toda la década; y la crisis financiera producida recién acabados los eventos de 1992, aunque ya salpicada por la polarización política del «váyase señor González», se produjo en medio de la euforia desatada por la caída del comunismo, los éxitos de España en la organización de la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona y el avance en la construcción europea que supuso la aprobación del euro.

Ahora no ha habido este tipo de acompañamientos. Una parte importante de los votantes se sintieron abandonados por sus políticos, y otra parte, traicionados por los suyos, aunque sólo se conocía entonces la punta del entramado de corrupción que, además, empezaba a salpicar a la Casa Real y que provocaría la abdicación del rey Juan Carlos en su hijo Felipe años después, en junio de 2014. Y todo ello produjo el revulsivo social que fue el 15-M de 2011, así como el posterior terremoto electoral que supuso el fin del bipartidismo y el surgimiento de dos nuevas fuerzas que suscitaron una gran corriente de ilusión y confianza, a la altura de la cual, como veremos, no supieron estar. En palabras de Ramón González Férriz: «El 15-M es una generación mirando al abismo que dice “El relato con el que has sido educado es falso”. No está asegurado que cada generación viva mejor que la anterior ni que nunca te caes de la clase media».1

Entre 2015 y 2019 vivimos un cuatrienio de vértigo en el que saltaron muchas cosas por los aires:

Es la primera vez que el bipartidismo pierde la mayoría de los votos al quedarse por debajo del 50 por ciento, cuando hasta entonces se había situado en el entorno del 75-80 por ciento.

Es la primera vez que hay una fragmentación tan grande en el Congreso y entre fuerzas tan enfrentadas que ni dialogan entre sí.

Es la primera vez que un candidato renuncia a presentarse a la investidura tras haber ganado las elecciones y habérselo solicitado el rey.

Es la primera vez que un candidato a la investidura es rechazado por el Congreso en primera y en segunda vueltas, forzando una repetición electoral.

Es la primera vez que un gran partido, como el PSOE, fuerza la dimisión de su secretario general y candidato, con el añadido de que había sido elegido por primarias y de que la censura se la hace el Comité Federal del partido.

Es la primera vez que el primer partido de la oposición se abstiene con el objeto de que sea elegido presidente del Gobierno quien ha obtenido mayor apoyo, aunque no sea suficiente.

Es la primera vez que un líder político obligado a dimitir por los suyos, y que abandona su escaño parlamentario, regresa al liderazgo tras volver a ganar otras primarias en su partido.

Es la primera vez que se aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía en Cataluña, tras una declaración unilateral de independencia aprobada por su Parlamento, en cumplimiento de un referéndum ilegal.

Es la primera vez que representantes políticos son procesados y condenados a prisión por estos actos contrarios a la Constitución.

Es la primera vez que triunfa una moción de censura contra un presidente del Gobierno.

Es la primera vez que se condena judicialmente a un partido de gobierno por corrupción.

Es la primera vez que la extrema derecha obtiene grupo parlamentario en el Congreso.

Es la primera vez que un presidente en funciones y candidato más votado en las elecciones no obtiene la investidura, forzando una nueva convocatoria electoral.

Es la primera vez que se forma un Gobierno de coalición en España.

Es la primera vez que se efectúan cuatro elecciones generales en el espacio de cuatro años (2015, 2016, abril de 2019 y noviembre de 2019).

Es la primera vez que la distancia ideológica percibida por los ciudadanos entre quien ostenta la Presidencia del Gobierno y el líder de la oposición es tan elevada. Este dato no se puede entender sin recordar el daño electoral que ambos partidos sufrieron tras la campaña de la «nueva política» en el sentido de que, en el fondo, eran lo mismo (el «PPSOE») y hacían lo mismo.

Demasiadas cosas por primera vez y en un muy corto espacio de tiempo, que, además, se vio bruscamente interrumpido por la pandemia de la COVID-19, que actuó como acelerador de las tensiones existentes. Esta montaña rusa se ha cobrado varias «víctimas» políticas, como son, de manera destacada y llamativa, los dos líderes nuevos, Pablo Iglesias y Albert Rivera, que tantas expectativas levantaron con su aparición en el escenario político. Ambos, y no es casualidad, iniciaron su declive después de negarse a hacer lo que, en ese momento, era considerado por la mayoría de la opinión pública como lo razonable: apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Iglesias arrastró a su grupo a votar en contra en 2016, tras un virulento discurso antisocialista donde llegó a esgrimir el asunto de los GAL, convencido de que una repetición electoral le proporcionaría el ansiado sorpasso sobre el PSOE. Se equivocó,2 y ello le costó romper con el núcleo fundador de Podemos y empujar a su grupo hacia un personalismo absoluto, que daba pasos para dejar de ser lo diferentes que prometieron ser y empezar a confundirse con la vieja «izquierda a la izquierda del PSOE».

Rivera, cuando la corriente mayoritaria de opinión apoyaba un gobierno reformista PSOE-Ciudadanos tras las elecciones de abril de 2019, se encastilló en una negativa cerrada, cargada de un resentimiento personal contra Sánchez que muy pocos fueron capaces de entender y apoyar. Algunos interpretamos que, más allá de sentirse engañado por Sánchez —tal vez durante las negociaciones de la moción de censura—, Rivera fue víctima de quienes, desde encuestas de encargo, le calentaron la oreja con que podía aspirar a ser alternativa de gobierno y no sólo partido bisagra. Se equivocó.

En ambos casos, podemos concluir que su declive empezó cuando dejaron de ser útiles para la regeneración política de la que hicieron bandera y empezaron a comportarse como cualquier otro partido político, anteponiendo sus filias, fobias e intereses partidistas a los deseos de una amplia mayoría de los ciudadanos que, en ambos casos, esperaban que facilitaran gobiernos de cambio. González Férriz es uno de los autores que mejor ha contado este proceso, incluyendo los enfoques diferenciales entre Podemos y Ciudadanos, y concluye que: «La nueva política asume todo lo malo de la vieja, y viceversa».3

La radicalidad en el discurso y en las propuestas con que se estrenó y mantuvo Iglesias durante buena parte de su carrera política, efectuada desde una autoproclamada «superioridad moral», provocó el rechazo inicial en buena parte del socialismo y el conocido efecto acción-reacción en la derecha que fue derivando también su discurso hacia el extremo, alentada, luego, por el abierto antisanchismo de Rivera (llegó a hablar en el hemiciclo de «la banda de Sánchez»). Sin este caldo de cultivo, es difícil pensar que un grupo de extrema derecha como Vox hubiera aparecido con tanta fuerza. Si ya no se trataba de gobernar España desde la concordia, sino de dar la batalla político-identitaria, «sin complejos», mejor el original que la copia popular, acusada por Vox de ser «la derechita cobarde».

El cuatrienio de vértigo mantuvo un elevado nivel de participación electoral en las cuatro elecciones generales celebradas: en el entorno del 70 por ciento. Por tanto, los parlamentos que resultaron eran, en cada momento, plenamente representativos de la ciudadanía. Representación que aparecía más fragmentada que nunca, con un menor peso relativo del bipartidismo y con un mayor número de partidos y grupos representados, incluso con un solo diputado.

Gráfico 2.1. Evolución del porcentaje de votos de PSOE
y PP respecto a otros en las elecciones seleccionadas
(2008, 2015 y noviembre de 2019)

Fuente: Elaboración propia.

Gestionar un nivel tan elevado de fragmentación del cuerpo electoral sólo se puede hacer de una manera sensata en democracia: negociando y pactando para ir fraguando mayorías parlamentarias suficientes que permitan gobernar, como se venía haciendo cada vez que no había habido mayoría absoluta en las cámaras (y lo hizo tanto el PSOE como el PP). Esto no fue posible ni en 2016 ni en abril de 2019 (por eso se repitieron las elecciones), y fue posible en la moción de censura de 2018, así como en la legislatura que surgió de las elecciones de noviembre de 2019.

Sin embargo, esta vez, la elevada fragmentación política respondía, además, al auge de dos hechos que adquirieron una hegemonía aplastante durante estos años: la identidad como valor social de reconocimiento y la confrontación sistemática como correlato político de ésta. La cuestión no era que la fragmentación respondiera al florecimiento de una pluralidad de identidades, sino que el discurso identitario se hizo hegemónico asentándose en una polarización excluyente que dificultaba los acuerdos, los cuales, cuando existían, eran descalificados con fuerza por unos adversarios que se deslizaban peligrosamente hacia la consideración de enemigos.

El espacio de la política se vio, así, cubierto de descalificaciones, resentimientos e insultos, fuertemente ampliados por los medios de comunicación y, todavía más, por el efecto «campana» de las redes sociales, las cuales tienden a simplificar en exceso, a reforzar las convicciones propias y a confrontarlas con las del adversario. Toda la complejidad de los problemas de una sociedad global del siglo XXI tiene que caber en un tuit, y eso sólo es posible reduciendo la reacción a aplausos o abucheos, porque, además, cada mensaje tiene que conseguir su minuto de espacio en el abarrotado mundo de la atención en las redes. Y las críticas ya no sólo es que fueran virulentas, sino que se dirigían y se dirigen a la persona, y no tanto a sus propuestas o acciones. Estamos en una democracia del insulto, lo que es, en sentido estricto, una contradicción en los términos.

Así pues, estamos ante un profundo deterioro de la democracia que, como se sabe, está constituida tanto por los usos y las costumbres como por las leyes y las normas. Negarle legitimidad a un presidente del Gobierno constitucional llamándole «okupa de la Moncloa», o bien criticar la gestión de la pandemia por parte del Gobierno acusándolo de ser el responsable de las muertes y, por tanto, «un asesino», o bien situarlo declarativamente como enemigo de la Constitución de todos, son declaraciones que pueden no ser ilegales, e incluso pueden entenderse como parte de la libertad de expresión, sobre todo de un parlamentario, pero, además de ser objetivamente mentiras, rompen los cauces por los que debe transitar el debate político democrático y radicalizan a los ciudadanos de una manera altamente peligrosa. Literalmente, se juega con fuego en un bosque seco y con temperaturas elevadas. Y eso es algo de lo que Trump dio sobrados ejemplos.

Como resultados de esta montaña rusa política, podemos mencionar tres: 1) las políticas identitarias (versión excluyente) se han reforzado, y algún partido político ha hecho de ello su seña de identidad; 2) la tensión política que vivimos es máxima y se ha trasladado a una parte importante de los ciudadanos, que se confrontan también entre ellos; 3) por último, una mayoría de los ciudadanos analiza la situación como un juego endogámico de la clase política y convierte «la política y a los políticos» en el primer problema del país. Este último hecho se da, entre otras razones, porque con esta actitud de confrontación radical sobre todas las cosas —sean los fondos europeos, la pandemia, la renovación del Consejo General del Poder Judicial o la crisis de Afganistán— no es posible resolver los graves problemas que siguen atenazando a nuestro país, los cuales, para su resolución, exigen grandes consensos en un clima de fuerte debate, pero de permanente respeto institucional.

La política se mueve, cada vez más, en una burbuja con sus propias reglas, donde prima la imagen, la comunicación, el titular y la apariencia más que la realidad. Es ya un lugar común señalar que los mayores estrategas políticos de hoy actúan como los guionistas de series televisivas, armando relatos que atrapen la atención de los ciudadanos con imágenes simples: una foto en la Moncloa firmando algo en un acto al que asisten grandes empresarios es más importante que el contenido de lo firmado. O una ayuda aprobada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) genera más publicidad que su letra pequeña, que la hace «casi» inaccesible para una gran parte de sus supuestos beneficiarios. Por el contrario, otra foto del presidente del Gobierno en el avión oficial —que han usado todos los presidentes del Gobierno— sirve para acusarle de hacer lo que haga falta con tal de «no bajarse del Falcon», aunque esté yendo a Bruselas para conseguir fondos para España (¿recuerdas lo del «pedigüeño» cuando se consiguió el Fondo de Cohesión?). Así, entre un gobierno del telediario y una oposición del tuit y del «no a todo», están deteriorando nuestro sistema político democrático y conduciéndolo a un callejón sin salida, es decir, haciéndolo inútil para cumplir con sus objetivos de servicio a los ciudadanos en la defensa de un interés general que sigue existiendo. Cuando ni la pandemia consigue hacerlos aunar esfuerzos y establecer un campo de colaboración leal y honesta, mal vamos.

Están siendo años de crispación, con los políticos en la avanzadilla de la estrategia. Hoy, en España, la polarización social viene de arriba abajo, como se demuestra cuando se organiza (esas cosas raramente son «espontáneas») una gran confrontación política y mediática sobre un asunto y se hace evidente que la opinión pública no coincide, en ese caso, con la opinión publicada. Por ejemplo, cuando sacar la tumba del dictador del Valle de los Caídos se recibe por la ciudadanía con gran tranquilidad (¿indiferencia?), a pesar del circo político y mediático que rodeó la decisión y el acto. Hablamos de esos momentos en los que, para muchos, los esfuerzos se centran en coger «el rábano por las hojas», aunque, a veces, nos entren dudas sobre si en verdad hay rábano o todo son hojas.

Es cierto que ha habido una radicalización política por parte de la ciudadanía. Si lo analizamos por el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el cuadro de autoubicación ideológica de los ciudadanos ha experimentado, en los últimos veinte años, un ensanchamiento en los márgenes «extrema izquierda y extrema derecha». En 2000, un 5 por ciento se ubicaban a sí mismos en la extrema izquierda, y un 1,8 por ciento, en la extrema derecha; y en 2021 esos porcentajes eran, respectivamente, del 15,7 por ciento y del 4,6 por ciento. Los extremos han ganado posiciones, a la vez que aquellos ciudadanos que dicen no tener simpatías por ningún partido político pasaban del 40 por ciento al 48 por ciento. Es decir, casi la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatías por ningún partido, aunque luego, muchos de ellos, votan.

Y, cuando lo hacen, también se puede observar esa radicalización política de España experimentada en los últimos veinte años: en las elecciones generales de 2000, con José María Aznar arrasando, no hubo representación parlamentaria «a la derecha» del PP. Hoy tenemos a VOX con un 15 por ciento de los votos. Mientras, lo que podemos agrupar como situado «a la izquierda» del PSOE tuvo en el año 2000 un 7 por ciento de los votos, y ahora, en 2021, supera el 15 por ciento.

El mayor problema, sin embargo, no es que la opinión pública haya incrementado su desapego hacia los partidos en diez puntos porcentuales, o se haya radicalizado, tanto en sentimiento como en voto. El problema es que esta huida hacia los extremos está tirando de los partidos tradicionales del bipartidismo, radicalizando sus mensajes y posiciones, «comprando» buena parte del «marco» mental político de los extremos y, con ello, haciendo muy difícil el diálogo transversal, los pactos y los consensos, incluso en aquello en que es imprescindible para que el sistema democrático funcione adecuadamente.

Gráfico 2.2. Autoubicación ideológica (según el CIS)

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (2021).

Siguiendo con los datos del barómetro del CIS, los ciudadanos se ubican, de media, en un 4,6 de una escala donde 1 es la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, pero ubican a Sánchez a su izquierda (3,71) y a Casado muy a su derecha (7,6). Nunca los ciudadanos habían tenido una percepción de que sus líderes principales estaban tan alejados el uno del otro, y esto ayuda a entender la crispación, aunque no la justifica. En paralelo, nunca antes había sido tan elevada y simultánea la «poca o ninguna» confianza que los ciudadanos dicen sentir por los líderes políticos: el 70 por ciento no confía en el presidente Sánchez, y el 85,7 por ciento no lo hace en Pablo Casado, según el último barómetro del CIS disponible cuando escribo.

Concluyendo este punto, vemos que es una evidencia que se ha incrementado la desafección de los ciudadanos respecto a los partidos y a los políticos, y que ha crecido la radicalización, a izquierda y derecha, del cuerpo social. Pero la traslación parlamentaria de estos procesos ha sido mayor. Los discursos «más a la izquierda» y «más a la derecha» se han impuesto en el escenario público, retroalimentándose y radicalizando a los partidos tradicionales, que han reaccionado anteponiendo sus intereses de partido (autodefensa), a los intereses generales del país. A eso respondió el «no es no» de Sánchez a Rajoy, con el temor, creíble entonces, de que Podemos le superase en votos; y a eso responde ahora la oposición desabrida, furibunda y radical de Casado, cogido entre el fuego extremista de Santiago Abascal y el de Inés Arrimadas (a la cual los ciudadanos encuestados ubican también muy a la derecha, con un 6,2, lejos de ese «centro» al que dijo aspirar).

Ese interés de los partidos principales por defender su espacio, ante los tirones que reciben y los votos que pierden a izquierda y derecha, es y ha sido el problema que ha esclerotizado nuestro sistema político de forma paulatina en las últimas dos décadas, arrinconando las políticas de consenso y la defensa del interés general como prioridad. Nuestro verdadero problema no fue el bipartidismo (en esto erraron el diagnóstico los «nuevos partidos de la regeneración»), sino la partitocracia que ha acabado por contagiarse también a las nuevas formaciones políticas, que tuvieron su momento de gloria y, luego, como en el estrambote de Cervantes, «miró al soslayo, fuese y no hubo nada».

No sé hacia dónde evolucionará el momento político actual de España. Pero espero que no sigamos mucho más tiempo en esta dinámica basada, como el cuadro de Goya, en darse garrotazos para intentar imponer cada uno de los bloques al otro su posición, cada vez más extremada. En un contexto mundial de crisis de la democracia y auge de las autocracias, estancarse en esa situación es una irresponsabilidad de nuestra clase política, cuyas responsabilidades públicas van más allá de sus propios y personales ombligos.

Tanto la vieja como la autoproclamada nueva política están ancladas en eslóganes que responden a enfoques del siglo pasado que han quedado vacíos de significado, más allá de una apelación identitaria residual. Al hacerlo, reducen en exceso el espacio disponible en el mercado de la atención pública a los nuevos problemas y enfoques del siglo XXI. Con ello ponen en cuestión su propia utilidad para los ciudadanos, lo que se traduce en mayores niveles de abstención y, sobre todo, en un número creciente de personas que dan la espalda, aburridas, al debate político, salvo que se transforme en puro espectáculo televisivo que compite por la audiencia con otros realities.

Mientras tanto, seguimos sin resolver los problemas asociados a los fenómenos del siglo XXI. Problemas y fenómenos, por ejemplo, como el de la nueva pobreza derivada de un modelo caduco de globalización o los que plantea mantener cadenas mundiales de valor sin que existan los correspondientes controles sobre ellas, con el resultado, como hemos visto durante la pandemia, de que puede haber problemas graves de suministro de bienes esenciales, mientras los instrumentos de la política democrática se encuentran limitados por las impotentes fronteras nacionales. A modo de contraejemplo, la lucha contra el cambio climático plantea dificultades de aplicación, pero los objetivos aprobados en la cumbre que dio lugar a los Acuerdos de París de 2015 fueron adoptados de manera transversal por la mayoría de los países y de las fuerzas políticas, situando la cuestión «más allá de la izquierda y la derecha», aunque, como tantas otras cosas, siga contando con su grupito folclórico de negacionistas.

Reflejos del deterioro de la democracia

En otro orden de cosas, la revolución digital en marcha plantea importantes incertidumbres sobre las que escuchamos poco debate y pocas propuestas por parte de los partidos políticos. Las bases sobre las que se fundamentaba nuestra sociedad del bienestar del siglo XX están siendo sometidas a un profundo «meneo» digital, además de la evidente atrofia del ascensor social y la pérdida de la cohesión social como un valor superior en una sociedad democrática. Y, sin embargo, la quiebra y reconstrucción del pacto social en una economía digital está ausente de los debates partidistas televisivos, e incluso de los debates parlamentarios.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un potente instrumento de transformación de nuestra manera de producir, vivir, trabajar, aprender, comprar o atender nuestra salud. La revolución digital está ya cambiando nuestro modelo productivo, y nuestras relaciones sociales empiezan a cambiar, cuestionando el marco operativo en el que hemos venido trabajando desde la Segunda Guerra Mundial, incluido un estado de bienestar basado en realidades productivas, sociales y políticas que están saltando por los aires.

El cambio en el modelo de producción provocado por la irrupción de nuevas tecnologías capaces de procesar un gran número de datos nos lleva a una nueva economía en la que el precio ya no es la variable principal (y casi exclusiva) para asignar recursos y equilibrar oferta y demanda, porque los algoritmos basados en inteligencia artificial permiten casar mejor los múltiples deseos del consumidor con las distintas características de la oferta. La función del mercado basado en el precio y la función del dinero, ahora digital, y del propio capitalismo financiero construido sobre todo ello se diluyen a pasos agigantados a golpe de fintech, bitcoins, algoritmos y bízums.

La revolución digital ha provocado un tremendo terremoto económico y en las relaciones de poder social en el mundo. Lo podemos mirar tomando como termómetro la evolución de las diez empresas con mayor capitalización del mundo entre 1990 y ahora. Hace treinta años, entre esas diez empresas había seis bancos y cuatro de los sectores de telecomunicaciones, informática, automoción y petróleo (una de cada sector). En estos momentos, entre las diez mayores empresas del mundo, ocho son tecnológicas —o bien su modelo de negocio está basado en la digitalización—, una es de automóviles eléctricos, y otra, del petróleo. El cambio es no menos llamativo en cuanto a los países donde se ubican sus sedes: en la década de 1990, ocho de esas empresas eran japonesas, y dos, de Estados Unidos; mientras que hoy, siete son de Estados Unidos, dos son de China y una es de Arabia Saudí. Además, actualmente, más del 50 por ciento del valor de capitalización está formado por lo que se conoce como «intangibles», que conforman una economía del conocimiento que era apenas reconocible hace treinta años.

Esa revolución digital incluye máquinas que aprenden solas con sus programas de inteligencia artificial conectados a otras máquinas y a bases con millones de datos que les permiten adoptar decisiones que hasta ahora estaban asignadas a la inteligencia humana. Ahora nos dicen que lo único que tiene valor es el dato. Los datos son ese «petróleo» del siglo XXI del que se nutren, para aprender, los algoritmos de inteligencia artificial con los que ya convivimos y que se usan para predecir nuestra conducta e influir sobre ella. Y resulta que hay quien está dispuesto a pagar mucho dinero por nuestros datos, esos que producimos tú y yo, diariamente. Pero nadie habla de pagarnos nuestra parte del negocio —el pocito de petróleo que nos corresponde como productores de datos—, sino que, con demasiada frecuencia, obtienen muchos de nuestros datos sin nuestro consentimiento y, a menudo, incluso sin que lo sepamos, gracias al iPhone con el que vivimos, dormimos, trabajamos, viajamos o nos divertimos.

Y ésa es la actual «cara B» de la utopía con que nació la World Wide Web y todo lo relacionado con los bits: si el motor que está haciendo funcionar esta revolución es el dato, las empresas dedicadas a obtenerlos estarán preocupadas por acceder a la mayor cantidad de datos y sobre el mayor número de aspectos. Pero esos datos son nuestros datos, los de todos, datos a los que, a veces, tienen acceso dentro de un aparente libre intercambio: tienes acceso gratuito a determinados servicios en la red, como la reserva de un restaurante o la lectura de un periódico, a cambio de que aceptes las cookies, es decir, cederles tus datos.

Pero, la inmensa mayoría de las veces, esa cesión no es consentida, y ni tan siquiera percibida, lo cual ha dado lugar a lo que se ha llamado «el capitalismo de la vigilancia», porque los datos extraídos mediante el proceso de «vigilancia» a que nos someten todos los aparatos digitales conectados a la red que nos rodean generan un mercado donde se cruzan grandes cantidades de dinero, porque debidamente tratados por el algoritmo permiten mejorar al propio algoritmo, a la vez que hacen posible conocer nuestras conductas para influir sobre ellas o, por qué no, manipularlas. Esa capacidad de manipular mediante el uso segmentado de la información que permiten hoy las nuevas tecnologías es lo que ha obligado, por ejemplo, a excluir de Twitter al ya expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que lo hacía de manera burda. Pero ¿y si es una manipulación segmentada más sutil, enviada sólo a quienes ya se sabe, gracias al análisis de sus datos, que pueden aceptarla porque refuerza sus prejuicios políticos o de consumo?

Los cambios globales están afectando también al propio concepto de empresa, cuyo papel en el mundo global del siglo XXI está siendo sometido a profundas revisiones, algunas de ellas muy disruptivas, hasta llegar a definir un nuevo modelo de capitalismo que algunos llaman capitalismo inclusivo o capitalismo de stakeholders (de accionistas), e incluso otros llegan a hablar de capitalismo progresista; pero el tema apenas ha interesado, hasta ahora, a los partidos políticos, que optan por mirar para otro lado situado, siempre, en el pasado. Al respecto, el exministro popular Juan Costa acaba de publicar un interesante libro titulado Multicapitalismo (Deusto, 2021) que plantea la existencia de cuatro formas diferentes de capital, cada uno con sus respectivos grupos de interés cuyas aspiraciones deben armonizarse en una estrategia empresarial compleja: el capital financiero, el capital intangible, el capital social y el capital ecológico.

En este sentido, se produce un reconocimiento de que las empresas tienen una responsabilidad que va más allá del interés de sus dueños o accionistas y que, en consecuencia, no deben buscar únicamente maximizar sus beneficios a corto plazo, sino involucrarse de manera activa y medible en la lucha contra el cambio climático o en reducir las desigualdades sociales o en ser activos en políticas de integración, todo lo cual obliga a revisar las relaciones entre lo público y lo privado, entre Estado y empresa, en el marco de un nuevo paradigma que reconoce una suma positiva que rompe con los viejos clichés que siguen guiando el funcionamiento de nuestra política, basados en una supuesta y antigua relación de suma cero. Y, de igual forma, ese reconocimiento sitúa en un contexto diferente las relaciones entre las empresas con propósito y sus trabajadores, algo no exento de conflicto, pero en lo cual se incorpora también una mayor corresponsabilidad, sobre todo en el seguimiento de las nuevas actividades sociales de las empresas.

La pandemia está acelerando la historia. Corremos el riesgo de ser atropellados por un futuro que viene a gran velocidad. Y, mientras tanto, nuestro debate partidista sigue anclado en el postureo, los titulares enlatados y las caricaturas de falsas soluciones a viejos problemas. Parecería que nos están ofreciendo una política low cost que no está a la altura de los nuevos retos.

Una nueva generación ha entrado en la dirección del país. La generación que nació y vivió en democracia. Una nueva generación que tiene necesidad de nuevos relatos que le ayuden a entender la España en la que tienen que tomar decisiones, de nuevas historias y maneras de contarse el mundo que realcen su función social, dotándola de sentido trascendente más allá de su biografía personal. Y ahí es donde observo una brecha colateral importante (y no analizada en profundidad aquí) entre aquellos que han encaminado su vocación y su trabajo hacia la política y lo público y quienes lo han hecho en otra dirección, sea la universidad, la investigación o el trabajo en el sector privado.

Ese cambio generacional se produce en un momento en que, en una década y dos crisis, España ha perdido la convergencia real con los países de la eurozona que tan laboriosamente había alcanzado en los veinticinco años anteriores de integración europea. Nuestra renta per cápita vuelve a ser un 30 por ciento menor que la media de nuestros socios, los cuales, por cierto, también sufrieron una crisis financiera y, ahora, la pandemia por la COVID-19.

La pandemia ha agudizado problemas que la economía española viene arrastrando desde hace décadas y que actúan como un potente freno de mano a nuestro potencial de desarrollo. Mientras no seamos capaces de reconocerlos y de elaborar estrategias para superarlos, seguirán siendo válidos los discursos críticos de esa España como problema o, cuando menos, el discurso de los males de la patria, tan afín al pesimismo noventayochista del siglo XIX. La cuestión es que resolverlos no es fácil, porque requiere, al menos, el mismo ímpetu reformista que, impulsado por similar consenso social y político, existió durante el proceso de integración a la UE, que fue sin duda el gran período de cambios estructurales en un país cuyo último consenso nacional se alcanzó a principio de los años noventa del siglo pasado, con el apoyo al proyecto del euro.

Mi tesis es que nuestros males diferenciales, que no han impedido un tremendo avance en renta per cápita y en nivel de bienestar social respecto a la época de la dictadura, son sistémicos. Es decir, forman un todo donde se interrelacionan y refuerzan los elementos que lo componen. Y se enquistan porque el abuso de la política como confrontación impide los acuerdos necesarios para corregirlos.

Por empezar por las personas, nuestro aparato productivo no es capaz de dar trabajo a todos los que desean y pueden trabajar, como demuestra el hecho de que en los últimos cuarenta años siempre, siempre, siempre, incluso en las épocas de gran bonanza vinculada a la burbuja inmobiliaria, nuestra tasa de paro ha estado por encima de la media comunitaria. Hoy trabajan en España siete millones de personas más que en 1976, al inicio de la transición política, para una población también muy superior, lo cual desmentiría el mito del eterno retroceso (vamos siempre a peor). Lo que señalo es que nuestro desempeño económico, aun siendo bueno, ha sido peor que el de los países de nuestro entorno.

Además, nuestro tejido productivo mantiene un elevado peso relativo de empresas poco eficientes, de baja productividad y que sólo son rentables sobre la base de precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores. Es cierto que tenemos una capa de grandes empresas multinacionales competitivas, innovadoras y que dan empleo al 41 por ciento de nuestros ocupados, pero que, en realidad, son una importante isla de modernidad en medio de ese 98 por ciento de las empresas de menos de 50 trabajadores donde predominan la temporalidad, los contratos a falso tiempo parcial y los bajos salarios, lo cual ocurre, entre otras razones, porque carecen de una adecuada representación sindical que fuerce una negociación equilibrada. Por cuestiones legales vinculadas al tamaño empresarial, seis millones de trabajadores no tienen órganos adecuados de representación colectiva en sus centros.

Por tanto, una parte de nuestros problemas laborales diferenciales, incluyendo una tasa superior de paro, la excesiva temporalidad o los bajos salarios vinculados con peores productividades, provienen del lado de la oferta. Según la Fundación COTEC, este océano de pymes y microempresas no invierten en I+D y tampoco forman a sus trabajadores, a la vez que tienen unas estructuras de capital débiles, con escaso pulmón financiero y muy dependientes de los bancos, además de tener una gestión empresarial poco profesionalizada. Así, tenemos un tejido productivo dual, con unas empresas nómadas equiparables a las de cualquier otro país avanzado y otras sedentarias que crecen a la sombra de la protección estatal en forma de políticas más acordes con un contexto de menor desarrollo relativo.

Esta estructura económica bipolar ayuda a entender las tensiones a que están sometidas las familias que, por una parte, son pieza esencial de la red privada de protección de los parados sin derecho a subsidio y, por otra, están tensionadas por unos ingresos medios bajos y muy desiguales, en parte por una menor incorporación de la mujer al mercado laboral. Ello da como resultado que el 35 por ciento de las familias no puedan afrontar gastos imprevistos, que el 34 por ciento no puedan salir de vacaciones ni una semana y que, en general, la tasa media de ahorro sea la mitad de la existente en el promedio de la eurozona, donde gozan de una renta media superior y de menores gastos gracias a una mayor protección pública.

A partir de ahí se entiende mejor nuestra elevada tasa de población en riesgo de pobreza o de exclusión social, que alcanzaba los 12,3 millones de personas, el 26 por ciento de la población, ya antes de la pandemia. Y esta realidad presenta una fuerte tendencia a la cronificación, sobre todo en dos colectivos: mujeres y niños. De momento, parece que el prometedor ingreso mínimo vital no está siendo capaz de atajar este problema diferencial, y ello está dando como resultado una escalofriante alza en el número de personas que recurren, durante la pandemia, a las llamadas «colas del hambre», donde distintas ONG les proporcionan alimentos.

En coherencia con esta estructura empresarial poco dinámica y con estas familias sobrecargadas, nuestro aparato estatal es limitado en sus prestaciones, así como muy ineficiente. Los ingresos públicos respecto al PIB se sitúan siete puntos porcentuales por debajo de la media de la UE-15, mientras que el gasto lo hace cinco puntos por debajo. Es decir, por cada punto de PIB recaudamos menos ingresos públicos por dos razones: los tipos efectivos en los dos grandes impuestos (IRPF e IVA) son menores, dada la elevada cifra de deducciones y exenciones, acompañado del hecho de que el fraude fiscal se da en mayor proporción relativa en nuestro país. El problema del gasto, por su parte, no es sólo cuestión de un menor gasto social relativo, sino de una (casi) inexistente evaluación de su eficiencia. En consecuencia, arrastramos un déficit presupuestario estructural en torno a un 2 por ciento del PIB. Este Estado débil explica por qué se erosiona la competitividad de las empresas sometiéndolas a costes superiores al canalizar vía tarifa eléctrica y cotizaciones sociales la financiación de gastos que en otros países se cargan sobre los presupuestos generales del Estado.

Problemas que se eternizan, discursos reciclados, soluciones que se repiten como fórmulas que no se aplican nunca, exceso de «hay que» y escasez de «cómo hacerlo»..., éstos son los rasgos que dibujan un panorama que el analista político estadounidense Ross Douthat ha denominado «la sociedad decadente» en un libro reciente4 que va mucho más allá de España. Ahí puede estar el origen del proceso de deterioro de las instituciones y de la acción política que explica el auge del populismo. Cuando la razón ha dejado de solucionar problemas, cuando perdemos capacidad de pactar las reformas necesarias, entonces el asalto a la razón gana terreno como estrategia legitimada.

En las últimas cuatro décadas de democracia, como país, lo hemos hecho bastante bien. Pero otros lo han hecho mejor. Y si queremos desatascar los problemas sistémicos que nos frenan, sobre todo en la perspectiva de la revolución verde y digital, debemos cambiar la estrategia, poniéndolos en el frontispicio del debate público y buscando aunar grandes acuerdos en torno a aquellas soluciones conocidas, pues sólo así seremos capaces de superar la inercia y vencer la oposición que todo cambio social provoca. Esta vez, los problemas de España tienen su arreglo en España, siempre que estemos dispuestos a arrinconar las acusaciones y las lamentaciones y a arrimar el hombro en busca de soluciones.

Seis brechas que rompen la sociedad española

Las brechas sociales son diferencias reales, existentes, convertidas en discriminación cuando no directamente en desigualdades que no se sostienen desde la razón, sino desde los prejuicios de quien eleva los muros interiores que quebrantan la sociedad. Es decir, con mucha frecuencia, las brechas proceden de injusticias sociales o derivan en ellas. Por eso decimos que las brechas carcomen la cohesión social, rompen la unidad y el propósito común de la sociedad y son agujeros por los que se va colando el populismo y el totalitarismo que ponen fin a una convivencia democrática en sociedades plurales como las nuestras. Por eso es tan importante conocerlas, analizarlas y combatirlas, para evitar que vayan a más y den lugar a confrontaciones sociales por fuera del marco democrático.

En España, la profunda huella de la última década —la crisis, la depreciación de los salarios, el recorte en el gasto social, más una recuperación que no está llegando a todos por igual— está abriendo demasiadas brechas sociales que se han convertido en caldo de cultivo para el populismo, el neoautoritarismo y el bloqueo de la situación política, evidenciado por haber tenido cuatro elecciones generales en cinco años y por la probada incapacidad para formar Gobiernos y mayorías parlamentarias estables. Ello, a su vez, dificulta todavía más la adopción de las medidas necesarias para reducir dichas brechas, por lo que la insatisfacción de la ciudadanía crece al ver que nadie hace (aparentemente) nada para resolver su problema, e incluso al percibir que su problema no es fácilmente reconocido y valorado por los poderes públicos y los medios de comunicación, salvo que la ciudadanía misma lo saque a la calle e incremente su nivel de agresividad, convencida de que sólo así encontrará esos diez minutos de atención que la sociedad de redes sociales está dispuesta a conceder a cualquier asunto. No es casualidad que el tema de los políticos y la política ya sea considerado el segundo problema para los ciudadanos en España, tras el paro, según el CIS. De ello sólo cabe deducir que existe una extendida desconfianza de los ciudadanos hacia quienes protagonizan la democracia, entendida ésta como espacio de convivencia y de resolución eficaz de problemas mediante el debate y el acuerdo.

Sin embargo, aunque la atención mediática sea perecedera, los problemas reales existen, y la gente real los sigue sufriendo aunque ya no salgan en la tele. Esa realidad casi estructural de los problemas englobados en las brechas sociales que analizamos es lo que hace que tenga sentido estudiarlos y esforzarse por presentar, desde la sociedad civil, ideas que puedan ayudar a solucionarlos, con el objetivo de resolver problemas existentes y que afectan a personas y colectivos existentes.

En este tramo final analizaremos por separado seis brechas de las que ya hemos hablado a lo largo del libro. Son brechas que dividen transversalmente a la sociedad española de hoy, y puede que falten algunas, pero creemos que no sobra ninguna, aunque no todas tienen la misma intensidad, ni el mismo peso (de momento). Pero en tiempos en los que los riesgos de ruptura territorial de España (de nuevo el nacionalismo desintegrador puesto en marcha) han tomado un protagonismo incuestionable y casi monotemático, nos ha parecido oportuno recordar que España no sólo se puede romper geográficamente, sino que se está rompiendo ya socialmente al haberse desatado las fuerzas que ponen en cuestión la cohesión social necesaria, compatible con una sociedad democrática. Y tomar conciencia de ello alinea las fuerzas sociales y políticas de una manera distinta a como lo hace el debate territorial.

Del mismo modo, nos ha parecido importante señalar que no sólo la desigualdad es la explicación del malestar existente, aunque las brechas interactúen entre ellas. Por ejemplo, la pobreza influye sobre la salud y los resultados educativos, y también afecta de manera distinta a jóvenes y a mayores, a hombres y a mujeres. Pero, como cuestión de principios, queremos señalar que las situaciones de dominación de un grupo social sobre otro, de unos individuos sobre otros, no provienen exclusivamente de la economía. Por ello son varias las fuerzas en marcha que definen un momento social concreto en un país.

Las brechas que expondremos de manera detallada son las siguientes: entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, entre jóvenes y mayores, entre el mundo rural y el mundo urbano, entre turbocapitalismo y retrocapitalismo, y entre analógicos y digitales. Veámoslas...

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La brecha entre ricos y pobres

España se ha convertido en un país muy desigual, donde cada vez hay más ricos, pero, también, más pobres. Esto genera unas dinámicas de polarización que conducen a una sociedad dual que avanza a dos velocidades. Se trata de una brecha multidimensional que, a partir de los diferentes indicadores analizados, podemos afirmar que existe, es amplia y tiene distintas implicaciones sociales, económicas e incluso políticas, por lo que no obedece simplemente a la mera diferencia de ingresos.

La desigualdad en España es alta, supera a la media europea y, además, tiene un componente estructural. Los altos niveles de inequidad de renta y de riqueza, así como serios problemas de igualdad de oportunidades, con un ascensor social que no funciona como debería, dan lugar a una transmisión intergeneracional de la pobreza o, lo que es lo mismo, a que la pobreza se convierta en hereditaria.

La radiografía de la pobreza y la exclusión social en España evidencia —como veremos en las próximas páginas de este libro— un fuerte incremento de personas que se encuentran en esta situación, tanto después de la crisis financiera de 2008 como tras la pandemia de la COVID-19. El 25,5 por ciento de la población española está en esta situación. Además, la COVID-19 no afectó a toda la población por igual, sino que impactó más en las zonas más deprimidas y a los colectivos más vulnerables. De hecho, un reciente informe de Oxfam Intermón estima un incremento de la pobreza del 22,9 por ciento en el último año, lo que marca máximos de la última década.

Podemos afirmar que el sistema español presenta una clara desigualdad en la distribución de renta y riqueza (fundamentalmente por el mercado laboral y un tejido económico con baja productividad y reducido tamaño empresarial). Además, esta desigualdad no se reduce lo suficiente, sobre todo si la comparamos con países del entorno europeo, tras la actuación de un modelo de redistribución y de protección social que no está siendo capaz de dar solución a los problemas actuales y deja excluidos a numerosos colectivos sociales. De hecho, la capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad es menor que en otros países de la eurozona y, por otra parte, el sistema no siempre se dirige a quienes más lo necesitan.

Con todo ello, el crecimiento económico por sí mismo no será suficiente para cerrar esta brecha, por lo que es necesario revisar y actualizar los mecanismos existentes e incorporar otros nuevos, como veremos más adelante. De lo contrario, esta brecha nos seguirá convirtiendo en una sociedad más vulnerable de cara a afrontar etapas menos positivas del ciclo económico en el futuro inmediato, pero también más vulnerable con vistas a abordar los grandes retos de futuro a medio y largo plazo. Cerrar esta brecha en el presente significa invertir en el futuro de la sociedad.

Un país cada vez más desigual

En España, la desigualdad es alta, supera a la media europea y, además, presenta un componente estructural. Nuestro país sufre uno de los mayores niveles de desigualdad de renta en Europa (podemos comprobarlo en diversos indicadores de desigualdad, como son el índice de Gini, el cociente S80/S20, el indicador P90/P10 o el índice de Palma), y, además, sabemos que el crecimiento económico por sí solo no conlleva necesariamente una reducción en los niveles de desigualdad, ni un avance o un progreso en las políticas sociales.

España se encuentra en el top ten de los países europeos más desiguales y entre los que más han visto aumentar la desigualdad, ya que, en los últimos diez años, la evolución del índice de Gini se ha incrementado en más de dos puntos porcentuales entre 2009 y 2014, volviendo a niveles similares a los de hace una década. Además, la situación ha emporado con el impacto de la pandemia. Ello ha derivado en una sociedad en la que los ingresos percibidos por el 20 por ciento de los españoles con mayores rentas son seis veces superiores a los alcanzados por el 20 por ciento de los españoles con las rentas más bajas.

Esta realidad se explica, en gran parte, por las consecuencias de la pasada crisis financiera y económica de la primera década del siglo XX, así como por las medidas y políticas que se ejecutaron para hacer frente a sus efectos. Los datos evidencian que la crisis económica afectó con mucha mayor intensidad a las clases con rentas más bajas; y, durante la recuperación económica, estos mismos colectivos de personas más vulnerables fueron los menos beneficiados. Posteriormente, el impacto de la pandemia ha vuelto a ser más intenso en los colectivos más vulnerables, provocando de nuevo un incremento de la desigualdad en nuestro país.

De acuerdo con la OCDE, entre los años 2007 y 2014, la renta media española cayó un 9 por ciento de promedio, pero, si se analiza cómo se distribuyó esta caída entre los distintos estratos sociales, se puede comprobar que un 21 por ciento de la caída afectó directamente al 10 por ciento de la población con rentas más bajas, mientras que la recuperación económica comprendida entre los años 2013 y 2016 benefició en mayor medida a los colectivos con rentas más altas. Según datos de Oxfam Intermón, hasta 19 de cada 100 euros de crecimiento económico fueron a parar directamente a manos del 10 por ciento de los hogares con mayores rentas, que fue lo mismo que llegó al 30 por ciento de los hogares más pobres e incluso hasta cinco veces más de lo que acabó en manos del 10 por ciento de los hogares con menor renta de nuestro país. Por tanto, el crecimiento económico de los últimos años no está repartiendo sus frutos por igual.

Gráfico 3.1. Evolución de la participación en la renta nacional por decil (2007-2019), en porcentaje

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.

De lo anterior se desprende que el porcentaje de renta nacional en manos de las familias con ingresos más bajos es menor que en la última década, mientras que los hogares con mayores ingresos han incrementado su participación en la renta nacional.

Si nos centramos en la desigualdad en términos de renta en España, la primera conclusión que se extrae es su relación directa con la desigualdad existente en el mercado de trabajo. Tener un empleo, hoy en día, no es sinónimo de bienestar, dado que España presenta unos elevados niveles de precariedad, como reflejan la alta tasa de temporalidad (24,7 por ciento), el empleo a tiempo parcial involuntario (52,2 por ciento) o la duración de los contratos temporales (de éstos, uno de cada tres dura menos de siete días).

Y la señal más negativa de todas es que en los años en los que se ha producido un incremento sostenido del PIB en España no ha habido una correlación directa con los salarios; por tanto, la tendencia que se ha observado en los últimos años es que el crecimiento económico no se traslada a los trabajadores. Por el contrario, los decrecimientos del PIB sí se trasladan con mayor fuerza a los empleados, tanto en términos de ocupación como de salarios. Tras la devaluación salarial de los pasados años, a pesar de cierto repunte de los sueldos en los últimos meses, no se han recuperado las pérdidas experimentadas en la última década.

Por otra parte, si atendemos a la desigualdad de riqueza, España es el país en el que más ha crecido la riqueza personal en los últimos treinta años, según el Laboratorio de la Desigualdad Global. Sin embargo, los datos evidencian que este crecimiento de riqueza personal se ha distribuido de manera desigual entre la población y tiende a concentrarse en una pequeña minoría. Así, según los datos del Global Wealth Report, el 10 por ciento más rico concentra más de la mitad de la riqueza, y el 1 por ciento más rico supera el valor de 1.800.000 euros de patrimonio medio, de forma que acumula una cuarta parte de la riqueza frente al 16,5 por ciento que atesoraba en el año 2008. En el otro extremo se sitúa el 50 por ciento de la población más pobre, que concentra el 7,7 por ciento de la riqueza disponible.

Además, y debido a su efecto acumulativo, cabe señalar que la desigualdad de riqueza en España es mayor que la de la renta.

Pero la desigualdad no sólo se refiere a la renta o a la riqueza. Hay un aspecto de la desigualdad, especialmente negativo, que merece atención por sus efectos sociales: la desigualdad de oportunidades. Según los datos de movilidad social de Eurostat, la mayor parte de las transiciones son descendentes, a la vez que la movilidad ascendente se ha visto dañada en la última década, concretamente pasando de significar el 41,3 por ciento de las transiciones, en 2007, al 29,5 por ciento de éstas, en 2018. Como resultado de esta dinámica, se está produciendo un estrechamiento de la clase media en nuestro país.

Normalmente, las circunstancias económicas, sociales o educativas se transmiten entre los miembros del hogar; es lo que se denomina la «transmisión intergeneracional de la pobreza». El lugar de nacimiento (familia, nivel socioeconómico de los progenitores, servicios y prestaciones de la zona de residencia, etcétera) condiciona, cada vez más, las circunstancias socioeconómicas del individuo si la igualdad de oportunidades no actúa como debiera. En este sentido, uno de los aspectos claves es la educación, y uno de los asuntos por resolver es la dualidad existente en el sistema educativo: el abandono temprano de la educación o la repetición de curso es mayor entre los estudiantes de hogares más pobres.

Crecen los niveles de pobreza y exclusión social

La radiografía de la pobreza y la exclusión social en España tampoco es muy positiva. Concretamente, los datos reflejan que el 21 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Con ello, España ocupa la quinta posición entre los países de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza o exclusión social.

Además, el impacto de la pandemia ha vuelto a recaer con mayor peso sobre los colectivos más vulnerables. Según el informe de Oxfam Intermón «Superar la pandemia y reducir la desigualdad. Cómo hacer frente a la crisis sin repetir errores», hay un millón de personas más en situación de pobreza tras la COVID-19. Si bien este dato no incluye el impacto positivo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), se trata del mayor incremento de pobreza relativa en España en los últimos diez años, seguido del 22,3 por ciento de 2016. Además, este mismo informe alerta de que el impacto es aún mayor en los más pobres. Así, se habría incrementado la pobreza severa, es decir, personas que cuentan con menos de 5.826 euros al año. En concreto, el 10,86 por ciento de la población estaría en esta situación.

Todo ello sin olvidar uno de los grandes lastres del país: España tiene un serio problema de pobreza infantil, pues casi tres de cada diez menores de 16 años viven bajo el umbral de la pobreza (27,6 por ciento).

Otro de los fenómenos analizados es el de los denominados «trabajadores pobres»: tener un empleo en España ya no es un mecanismo suficiente para salir de la pobreza, pues la precariedad del mercado laboral ha conducido a que el 13 por ciento de los trabajadores sean pobres y sufran grandes dificultades para llegar a fin de mes, para satisfacer sus necesidades materiales y para desarrollar sus proyectos vitales. Junto con ello, la pobreza incide también, directamente, sobre los desempleados, especialmente los de larga duración.

Como estamos viendo a lo largo de estas páginas, es importante analizar y comprender la desigualdad desde una perspectiva multidimensional, que no sólo se centra en la ausencia material de ingresos, sino que abarca otras muchas situaciones de vulnerabilidad, como la carencia material y la dificultad para acceder a bienes o servicios básicos, así como la baja intensidad en el empleo.

Gráfico 3.2. Tasas de riesgo de pobreza o exclusión
en función de si se está ocupado, parado o jubilado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Repensar el modelo redistributivo y de protección social

La existencia de esta brecha nos lleva a pensar en las diferentes medidas y políticas públicas necesarias para darle solución. En primer lugar, debemos partir de la base de que España presenta una desigualdad en la distribución de la renta que viene fundamentalmente explicada por el mercado laboral y un tejido productivo caracterizado por la baja productividad y el tamaño reducido de las empresas (un ejemplo concreto es cómo la pobreza laboral se concentra en las microempresas).

Pero otro grave problema es el sistema redistributivo y de protección social. Los mecanismos tradicionales no están siendo capaces de dar solución a los problemas actuales, y dejan excluidos a numerosos colectivos sociales. En España, el sistema redistributivo y de protección social posee una capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad menor que en otros países de la eurozona; además, el sistema no siempre se dirige a quienes más lo necesitan.

El marco económico y social actual es diferente del que había en el momento en que se diseñaron los mecanismos de redistribución vigentes hoy en día. En definitiva, a pesar del crecimiento económico experimentado por nuestro país, la renta per cápita no se distribuye de forma equitativa, lo que evidencia un problema de productividad y de reparto de la renta. Así pues, en la medida en que el crecimiento económico por sí mismo no va a cerrar esta brecha, es necesario revisar los mecanismos de protección social existentes, poniendo el foco en los colectivos más vulnerables, así como crear otros mecanismos nuevos.

A los fallos intrínsecos del propio mecanismo de redistribución, como son la falta de progresividad en el sistema y la escasez de recursos para el desarrollo de políticas redistributivas, se une la incapacidad de responder a nuevas realidades, como el desempleo de larga duración o la situación de pobreza en personas que trabajan. La primera pregunta que se debe plantear es si se están dedicando suficientes recursos a desarrollar políticas de protección social. España mantiene un porcentaje de ingresos y gastos públicos sobre el PIB inferior a la media europea: los ingresos se sitúan en el 41,3 por ciento del PIB español, frente al 46,8 por ciento del PIB de la eurozona; mientras que los gastos en nuestro país suponen el 52,3 por ciento, en contraste con el 54,1 por ciento de la eurozona.

Por tanto, aún existiría cierto margen de mejora; un ejemplo muy claro son los pocos esfuerzos que España destina a protección social: un escaso 17,4 por ciento del PIB, por detrás de la media de la eurozona (19,8 por ciento del PIB) y de países como Grecia (19,8 por ciento), Francia (23,9 por ciento) o Italia (21,2 por ciento).

Pero no se trata solamente de disponer de mayores recursos, sino que es aún más importante lograr que las actuaciones se centren en cubrir lagunas de nuestro sistema de protección, como en el caso de las prestaciones a las familias, y en mejorar su eficiencia y progresividad. En este sentido, uno de los problemas de las políticas sociales en nuestro país es su menor impacto para mitigar la desigualdad. En España, las transferencias sociales reducen menos la desigualdad que en el resto de los países de la eurozona. España se sitúa en la media europea en términos de desigualdad de ingresos, e incluso ésta puede ser menor que la de otros países, como Francia, Grecia, Portugal o Alemania.

Sin embargo, la desigualdad es mayor después de impuestos y transferencias, lo que evidencia la limitada actuación redistributiva del Estado y desemboca en una mayor desigualdad en el ingreso disponible de los hogares.

La misma conclusión se extrae del efecto de las transferencias a la hora de reducir la pobreza. Así, en España, la diferencia entre las tasas de riesgo de pobreza antes y después de las transferencias sociales es menor que la diferencia media de los países de la eurozona. Es decir, en nuestro país, las transferencias reducen la desigualdad menos que en Europa.

Además, el sistema tributario español tampoco da respuesta a los problemas de pobreza y desigualdad actuales. No recauda lo suficiente en todos sus grandes impuestos, manteniendo una presión fiscal del 35,4 por ciento, muy por debajo del 41,5 por ciento de la eurozona, con lo que se estima que España sufre unas pérdidas de ingresos fiscales de entre 50.000 y 60.000 millones de euros anuales por su menor presión fiscal, según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. No se debe olvidar el grave problema de fraude fiscal y evasión de impuestos de nuestro país.

Junto con ello, es fundamental poner el foco en la progresividad del sistema, ya que, como indica el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los hogares españoles de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el tipo medio efectivo del 20 por ciento de los hogares más pobres es superior al de algunos tramos de hogares con más renta, debido al mayor peso que tienen la imposición indirecta y las cotizaciones sociales sobre la renta de dichos hogares.

En conclusión, el marco económico y social actual es diferente al existente en el momento en que se diseñaron los mecanismos de redistribución vigentes hoy en día. Por este motivo, nos encontramos ante un nuevo contexto en el que se están redefiniendo las tareas o funciones del Estado con la sociedad. La brecha entre ricos y pobres obliga a repensar el sistema redistributivo y la fiscalidad, que deben, por un lado, ser el reflejo de los principios y valores de una sociedad y, por otro, revisarse y actualizarse conforme ésta avanza y cambia.

Se requiere ser capaces de restituir la confianza, de sacar de la resignación ante la desigualdad a gran parte de la población y de garantizar unas mínimas condiciones de vida digna ante un presente complicado y un futuro incierto.

No es sólo una exigencia por la justicia social, sino una necesidad para la convivencia, la credibilidad y el fortalecimiento de la democracia.

La brecha entre ricos y pobres a debate

Una vez estudiado y reflejado el estado actual de la brecha entre ricos y pobres, podemos confirmar la existencia y profundidad de esta fractura con relevantes implicaciones sociales, económicas y políticas en nuestro país.

Los principales elementos que caracterizan y explican el origen y la evolución de esta brecha entre ricos y pobres son de diferente procedencia e índole. Como señalamos al comienzo de este capítulo, las crisis de la última década (la financiera de 2008 y el impacto de la COVID-19) y las políticas desarrolladas han tenido un enorme impacto sobre la pobreza, la exclusión y la desigualdad en nuestro país, intensificando sus efectos negativos, especialmente en las personas más vulnerables y aflorando nuevas realidades como el ya mencionado fenómeno de los «trabajadores pobres».

Figura 3.1. Diagrama de la estructura de la brecha
entre ricos y pobres

Fuente: Elaboración propia.

No obstante, debemos hacer hincapié en el preocupante componente estructural de la pobreza en nuestro país, y especialmente en cuanto a la desigualdad. Los indicadores de desigualdad y las tasas de pobreza y de exclusión social eran ya especialmente elevados antes del estallido de la crisis económica de 2008. Los datos reflejan que la desigualdad en España tiene un componente claramente estructural, pero, según la Fundación Alternativas, lo que resulta especialmente llamativo no es tanto el incremento de los indicadores de desigualdad, sino la ausencia de cambios y mejoras en la distribución de la renta en etapas de crecimiento económico. La conclusión del informe sobre desigualdad de la Fundación Alternativas es contundente: «Existen elementos de tipo estructural que hacen que, en las etapas expansivas, la desigualdad no se reduzca sustancialmente y que aumente muy rápidamente en las recesiones».

Junto con estos factores globales, existen otros motivos o causas explicativas de esta brecha en España, sin olvidar el importante papel que ejerce el modelo redistributivo, como causa explicativa y amplificadora incluso de esta brecha. En primer lugar, nos encontramos con que el ascensor social está averiado. Lo veíamos anteriormente, donde concluíamos en la dificultad de ascender socialmente y, con ello, el problema de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Entonces, cabe reflexionar acerca de las consecuencias sobre el funcionamiento actual de la dinámica social, y podríamos prever que, en caso de persistir esta situación, las personas más vulnerables desconfiarán de que el esfuerzo o la meritocracia puedan ser instrumentos de movilidad social ascendente. Y con ello nos preguntamos: ¿estamos hipotecando nuestro futuro?

Hablar de falta de movilidad social, de desigualdad de oportunidades y de transmisión intergeneracional de la pobreza es hablar de injusticia, de graves consecuencias sociales, de sobrerrepresentación política y de una pérdida de talento para el crecimiento. Gran parte del origen de la desigualdad proviene de la riqueza heredada, ya sea por grandes dosis de concentración y revalorización de capital o por fuertes diferencias en las rentas del trabajo. Ello crea una «espiral desigualitaria» que plantea serios problemas para nuestra sociedad.

Entre estos problemas, destaca el propio cuestionamiento del esfuerzo personal como mecanismo para el ascenso social y económico a lo largo de la vida. Si la meritocracia y el esfuerzo personal no se traducen en una mejora de la vida de las personas, entonces, la sociedad corre el riesgo de caer en una espiral de resignación en la que quien nace en una familia pobre no cuenta con ningún incentivo para mejorar su posición. Si el lugar de nacimiento es el determinante de la vida, corremos el grave riesgo de caer en lo que Thomas Piketty denomina «heredocracia», con su consiguiente incremento de la desigualdad ante el derrumbe del pilar de la igualdad de oportunidades.

Una sociedad que cree en la igualdad de oportunidades requiere un sistema fiscal que sea reflejo de ello, que sea capaz de reflejar sus valores, sus principios y sus creencias. Apostar por la igualdad de oportunidades resulta crucial para la igualdad de resultados, lo que necesariamente pasa por una mejora de nuestro sistema educativo y sanitario.

El segundo aspecto clave es la existencia de un mercado laboral desigual y precario. Hoy, el mercado laboral es causa directa de las dinámicas de desigualdad y pobreza en nuestro país. Tener un empleo en España no es, en gran parte de los casos, suficiente para salir de la pobreza o desarrollar un proyecto vital con dignidad. Incluso podríamos hablar de que el mercado laboral está actuando como un factor acelerador de la pobreza y la desigualdad. Como ya hemos analizado, al elevado nivel de desempleo se unen las grandes disparidades entre los trabajadores y la gran precariedad —sobre todo entre los jóvenes—, manifestada en bajos salarios y altas dosis de temporalidad y parcialidad involuntaria.

Existe, por tanto, una alta correlación entre las malas condiciones laborales y el número de hogares con problemas de desempleo, pobreza y carencias materiales. Las circunstancias laborales repercuten directamente en la situación socioeconómica del hogar y en las situaciones de pobreza, exclusión o carencia material.

Esta compleja, delicada e injusta situación está impulsando el debate sobre la evolución hacia un sistema en el que el empleo pasa de ser considerado un derecho a ser un privilegio.

Y, como tercer factor, hay que destacar la concentración de la riqueza. A lo largo de este capítulo, hemos podido comprobar la tendencia actual hacia la cada vez mayor concentración de la riqueza en pocas manos. Éste es un factor explicativo de la brecha ricos-pobres que, además, se convierte en un acelerador hacia la cronificación del problema y hacia la debilidad en la igualdad de oportunidades, en favor de una mayor transmisión intergeneracional de la pobreza.

Habla también Piketty de un futuro de hiperconcentración de la riqueza. Es decir, un futuro que ya está aquí y que cada día que pasa va dejando un poso de desigualdad mayor, y también un descontento, una insatisfacción y unos problemas que no cesan de crecer. En España, las rentas del capital se vieron menos afectadas por la crisis económica y crecieron mejor tras ella (especialmente la riqueza financiera), tendiendo a concentrarse en porcentajes de población cada vez más pequeños. La dinámica de renta permite explicar, en parte, la mayor acumulación de riqueza por parte de los hogares más ricos, debido a que la riqueza se va acumulando año tras año y los hogares con mayor renta tienden a aumentar su ahorro.

Ligado a ello, nos formulamos la siguiente cuestión: ¿ha desaparecido o está desapareciendo la clase media? En estos últimos años ha aumentado la preocupación sobre el posible declive en el que se encontraría inmersa la clase media española y el hipotético aumento de la polarización en la sociedad, con las graves consecuencias que ello implica sobre la estabilidad social. La Fundación Alternativas explica cómo, desde los años setenta hasta la última crisis, las clases medias crecieron a costa de las clases alta y baja, en gran medida como consecuencia del fortalecimiento de la protección social y del desarrollo de la imposición progresiva. Con el inicio de la crisis de 2008, sin embargo, se invirtió la tendencia, con una rápida recomposición de la población desde la clase media hacia la baja. No obstante, el factor que más explicaría el distinto peso de la clase media en un país es la entidad e importancia de las políticas redistributivas. Por tanto, está en nuestras manos el cambiar el rumbo de esta tendencia.

¿Por qué nos preocupa la brecha entre ricos y pobres?

Son diversas las razones que explican la preocupación por dar solución a esta brecha entre ricos y pobres. Los argumentos son diversos, algunos pasan por la clásica defensa de la libertad del individuo, entendida ésta como una condición imprescindible para la dignidad humana, el desarrollo individual, la igualdad de oportunidades, etcétera. Hablamos de una libertad plena que garantice la posibilidad de que los individuos puedan llevar adelante el proyecto personal de vida que deseen, sin condicionantes externos arbitrarios. También podemos hablar de justicia social y asegurar una sociedad igualitaria sustentada en los pilares de la igualdad de oportunidades y en la igualdad de resultados. Incluso hay quienes defienden la lucha contra la pobreza y la desigualdad como un factor indispensable para asegurar el correcto funcionamiento del mercado y no perder una parte del crecimiento económico.

En ese sentido, un país con una sociedad desigual y con amplios sectores de su población en situación de vulnerabilidad o exclusión social es un país que está renunciando a una parte significativa de su potencial de crecimiento y de su talento.

Además, si nos preguntamos por los efectos de esta brecha en España, encontramos una gran diversidad de argumentos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala en su Fiscal Monitor de 20171 que «la desigualdad excesiva puede erosionar la cohesión social, conducir a la polarización política y, en última instancia, reducir el crecimiento económico». Pero hablamos también de importantes consecuencias sobre la cohesión social, e incluso de una pérdida de calidad democrática. La brecha entre ricos y pobres es otra forma de romper la sociedad española, generando enormes diferencias económicas, sociales, educativas, residenciales, territoriales, etcétera, que erosionan la convivencia, fracturan la sociedad y van generando un abismo desigualitario muy negativo para el funcionamiento de la sociedad y de la democracia. Sus peores manifestaciones son una cada vez mayor tendencia hacia la fragmentación y el individualismo, donde crecen además la insolidaridad, la preocupante frustración e incluso la resignación de gran parte de la población. En torno a estas realidades, nos formulamos la pregunta de por qué la desigualdad, por qué la existencia de una brecha entre ricos y pobres es mala para la calidad democrática. ¿Por qué nuestra democracia no puede ni debe permitirse estas fracturas sociales?

Más allá de este debate, es evidente la polarización y fragmentación político-social que hemos visto en la mayor parte de las economías avanzadas durante los últimos años, y que también ha afectado a España. La desigualdad y la incapacidad de las políticas redistributivas para dar respuesta a las nuevas realidades ha derivado en un auge de los movimientos populistas con discursos xenófobos, homófobos, antiinmigración o insolidarios que, por ejemplo, abogan directamente por reducciones masivas de impuestos en busca de una reducción cada vez mayor del sector público. Estos movimientos surgían mientras una parte importante de la población sentía una fuerte desvinculación y falta de representación e identificación con la política. Prueba de ello es la pérdida de confianza en las instituciones o la mala valoración de los representantes políticos. La confianza social en las instituciones y, en general, la satisfacción con la calidad democrática han venido deteriorándose debido a distintos factores que han generado un cóctel de desafección ciudadana, de percepción social de ineficacia e inutilidad política para la resolución de problemas y de falta de ética, responsabilidad y compromiso público.

En conclusión, instituciones tradicionales tales como los sindicatos, la Iglesia o la monarquía están perdiendo tanto la confianza de los ciudadanos como su lugar de centralidad en la sociedad. Y esta desafección se extiende hacia el funcionamiento de las instituciones de representación democrática, siendo así que los españoles apenas muestran confianza en sus cámaras de representación, a excepción de en las del ámbito de las instituciones europeas.

Una de las consecuencias menos conocidas pero con mayores implicaciones es la tendencia a que las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales. Según el «VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España» (2019), de Foessa, las tasas de abstención ascienden al 75 por ciento en los barrios más pobres, y, mientras que prácticamente nadie incluido en el espacio de integración reconoce no votar nunca, en los espacios de exclusión reconoce no hacerlo un 18 por ciento y un 22 por ciento. Podemos hablar, por tanto, de un «precariado político» que desemboca en una falta de representación política de los colectivos más vulnerables. «Si las personas excluidas no votan, no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión social», señala el informe.

Si seguimos preguntándonos por qué nos preocupa esta brecha, indudablemente debemos pensar en el presente, pero también en el futuro. Una nueva etapa de desaceleración podría tener un impacto social especialmente dañino para los estratos más vulnerables de la sociedad española. En definitiva, aquellos que más sufrieron las consecuencias de las últimas crisis económicas son quienes más corren el riesgo de tener que sortear nuevas dificultades.

Por otro lado, si pensamos en el futuro más cercano, una sociedad desigual y vulnerable es, sin duda, una sociedad más frágil para adaptarse a nuevas realidades que podrían derivarse de la revolución tecnológica o de la transición energética. Proporcionar soluciones a este problema nos permitirá estar preparados, como sociedad, para comenzar a transitar hacia lo que, para muchos, es ya un cambio de época que desembocará en una sociedad diferente a la actual.

Y a la sociedad, ¿le preocupa esta brecha?

La mayor parte de la población es consciente de las altas dosis de desigualdad social y de las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que atraviesan algunos sectores de la población. Es decir, la brecha que hemos analizado es plenamente percibida por la sociedad, ya que el 92 por ciento de la población considera que en el momento actual existe mucha o bastante desigualdad económica, y el 72 por ciento de la ciudadanía considera que la situación de pobreza en España va a continuar presente durante mucho tiempo, según datos de Foessa. Al mismo tiempo, existe una gran parte de la población que se ha resignado a sufrir grados excesivos de desigualdad. Un amplio sector de la sociedad parece resignarse ante el estancamiento de la desigualdad en las economías avanzadas, y asume que ésta es una consecuencia inevitable de la globalización y del crecimiento económico. Pero el peligro reside precisamente en que altos porcentajes de la sociedad comiencen a entender esta situación como una nueva normalidad.

Además, son cada vez más frecuentes las voces negacionistas de la desigualdad y de la pobreza. Quienes niegan la existencia de esta brecha usan como argumento habitual la comparación de los niveles de desigualdad y pobreza de las economías avanzadas con las de los países más pobres o la existencia de la economía sumergida, y a su visión se viene a sumar la de aquellos que señalan que ciertos niveles de pobreza y desigualdad no tienen por qué ser un problema, considerando que puede ser buena para estimular el crecimiento y la competencia. Y también hay sectores que atribuyen el problema al ciclo económico, obviando el carácter estructural, como afirman Luis Ayala y Jesús Ruiz-Huerta en el «3.er Informe sobre la desigualdad en España» (2018), de la Fundación Alternativas. Respecto a ello, destaca el cuestionamiento, hecho desde distintos sectores ideológicos, de la dimensión del problema de la brecha entre ricos y pobres y de la importancia de las políticas de protección social, haciendo que consensos alcanzados en las últimas décadas se pongan en cuestión y comiencen a tambalearse.

¿Estamos ante una rebelión de los ricos? Existe la protesta de quienes perciben que su contribución a la sociedad a través de impuestos es superior a lo que reciben como contraprestación, ya que su nivel de renta, entre otros factores, les permite acceder a bienes y servicios privados. Como ya señalé en De nuevo socialismo:2 «La rebelión de los ricos adquiere valor político cuando una amplia parte de la sociedad que, además, es la que crea opinión, está en disposición de salirse de los deteriorados circuitos públicos en el uso de servicios como sanidad, educación e incluso pensiones buscando alternativas privadas de mayor calidad que, por su nivel de renta, pueden costearse».

En definitiva, la cada vez mayor desigualdad y los elevados niveles de pobreza y exclusión social entre la población en España son realidades que nos convierten forzosamente en un país más vulnerable de cara a afrontar etapas menos positivas del ciclo económico en el presente, pero también nos hacen más vulnerables de cara a afrontar los grandes retos futuros. ¿De verdad estamos dispuestos, como país, a perpetuar estas situaciones de injusticia social y a renunciar a una parte tan importante de nuestro talento y de nuestra capacidad? Creemos que no, y, por ello, queremos centrar el debate en este asunto, analizarlo con rigor y proponer medidas concretas de solución. A ello dedicamos el siguiente apartado de este capítulo.

Cerrar esta brecha en el presente significa invertir en el futuro de la sociedad.

¿Podemos y debemos hacer algo?

De las páginas anteriores podemos concluir que en España la renta no se distribuye de manera equitativa, y nuestro esquema redistributivo es insuficiente para contrarrestar este hecho de manera adecuada como consecuencia de los recortes sufridos, pero también de un diseño inadecuado de los instrumentos de reparto de renta: impuestos insuficientes y poco progresivos junto con unas políticas de gasto escasas y poco orientadas a quienes más lo necesitan, especialmente por la fuerte expansión de las rentas de capital y su alta concentración.

Existe, así, un grave problema del sistema español, con una desigualdad en la distribución (fundamentalmente por el mercado laboral, un tejido productivo con baja productividad y un reducido tamaño empresarial, así como por una distribución de la renta basada en la alta expansión y concentración de las rentas del capital, como se señaló) que después se incrementa notablemente con la redistribución. Y esto último viene motivado por un modelo redistributivo que se enfrenta a un problema de doble vertiente: tamaño y composición. Por tanto, no sólo debemos señalar un problema en el diseño de los mecanismos —que, si bien también se produce cuando, por ejemplo, deja fuera del sistema a ciertos colectivos sociales, como los trabajadores pobres, no es el único problema del sistema—, sino también del tamaño del sistema. Nos encontramos con un porcentaje de ingresos y gastos públicos sobre el PIB inferior a la media europea, y con dicho nivel de recursos resulta complicado sostener un estado de bienestar y de protección social comparable al de otros países de nuestro entorno y, por ende, reducir la desigualdad y la pobreza.

Por tanto, confiar en que las desigualdades y la pobreza son efectos secundarios de la recesión y en que se corregirán por sí solas a base de un mayor crecimiento económico no es acertado. Primero, porque muchas de las causas que las originan van más allá de la coyuntura económica y se vinculan en mayor medida a fenómenos de más medio plazo, como la globalización, la revolución tecnológica, las condiciones monetarias o la emergencia climática, que traen consigo importantes desafíos en términos de redistribución y requieren medidas nuevas, globales y con visión a largo plazo. Y en segundo lugar porque los mecanismos existentes en el modelo económico y social tradicional en Europa en las últimas décadas se han averiado en varios ámbitos: en la llamada predistribución, con el deterioro de las condiciones laborales y el debilitamiento del poder negociador de los trabajadores, unidos a la baja productividad (con empresas pequeñas y empleo de baja cualificación), así como a la ya mencionada expansión de las rentas de capital y su alta concentración; en la redistribución por la parte de ingresos, con una pérdida de progresividad en los impuestos y tratamiento fiscal más favorable a las rentas del capital y de las sociedades que a los rendimientos del trabajo y de las personas físicas; y en el capítulo del gasto, con recortes asociados a las políticas de austeridad, que no se han revertido durante la recuperación, y con la inadecuación de algunos de sus instrumentos.

Y todo ello importa por tres razones: mejorar la equidad; fomentar el crecimiento en la medida en que la corrección de las desigualdades mejora el consumo de las familias, sobre el que se basa nuestra actual recuperación; y reducir las condiciones objetivas sobre las que se construye una parte del desánimo social, que se traduce en malestar, auge del populismo y deterioro de la convivencia democrática. Esa parte del desánimo social a la que nos referimos es sólo una parte, pero no es la menor, en la medida en que cada vez más se evidencia un deslizamiento de la ciudadanía de clase media hacia las zonas inferiores de renta y riqueza, a la vez que percibe que aquellos elementos que le permitían, con base en su esfuerzo, mejorar su posición social aparecen ahora gripados.

Por tanto, si queremos cerrar esta brecha, resulta necesario ser proactivos, hacer algo diferente a lo hecho hasta ahora y pensar que, ante problemas nuevos, necesitamos soluciones nuevas. Sin la introducción de cambios o medidas diferentes, seguiremos avanzando hacia un país dual y polarizado en el que un pequeño porcentaje de la sociedad absorbe y concentra los frutos del crecimiento, mientras que amplios porcentajes de la población se van quedando rezagados en el camino. Y ello, además, en un contexto de globalización intensa en los mercados de capitales y mercancías, con altas dosis de transformación e incertidumbre, y de reparto desigual de las ganancias y de los impactos, sin contar con los mecanismos de salvaguarda necesarios para equilibrar esta situación.

Resulta fundamental ser capaces de avanzar desde el «hay que hacer» hasta la determinación de «cómo hacer» las cosas. Así, cuando un gestor público se enfrenta a un nuevo cargo de responsabilidad, debe partir de la base de que las medidas más sencillas o factibles ya se han implementado. No obstante, si hasta el momento no se han aplicado fórmulas eficientes frente a complejos problemas o retos como los aquí planteados, en gran parte de los casos se debe a que la solución no es fácil. Los grandes problemas no tienen respuestas sencillas. Y esto, además, sucede en un mundo complejo, con problemas transversales, donde las respuestas desde las Administraciones públicas muchas veces son muy verticales, actuando en silos separados y herméticos, y bloqueando con ello posibles soluciones.

Hay dos factores fundamentales en el diseño de soluciones eficientes a problemas complejos. El primero es la determinación de la «dosis» adecuada de solución. Al igual que cuando enfermamos debemos tomar una determinada dosis de un fármaco, los problemas como los planteados en este libro requieren mecanismos de solución en un volumen adecuado y que no sólo mejoren la situación, sino que encuentren vías que permitan atacar de fondo el problema. El segundo factor es la coordinación de esas soluciones o medidas haciendo hincapié en el papel integrador del sector público. Con esto nos estamos refiriendo a la respuesta coordinada entre instituciones y respecto a la estructura social actual.

Pero, además, es necesario sustentar cualquier propuesta de solución sobre tres principios: el diseño de la política, su tamaño y su gestión. Así, conseguir la vinculación en cualquier medida mezclando diseño y tamaño dependerá de la gestión que se lleve a cabo. Disponer, por tanto, de un sector público con un tamaño suficiente, es decir, que disponga de los recursos necesarios, es clave; pero también lo son el adecuado diseño y gestión de las medidas.

Ligado con lo anterior, ante graves problemas, el análisis exhaustivo del estado de la situación es fundamental. Y, en ese sentido, se detecta un problema de indicadores y datos en el ámbito de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social para analizar con la suficiente precisión el fenómeno, generando además resultados divergentes en ocasiones. Por este motivo, deben mejorarse los indicadores actuales y, por ende, los datos que obtenemos de ellos, ya que se está observando que actualmente las Administraciones proporcionan una respuesta descoordinada respecto de la estructura social actual, en gran medida como consecuencia de las dificultades para detectar y diagnosticar adecuadamente los problemas principales.

A continuación se incluye una propuesta concreta de medidas para cerrar esta brecha (en el epígrafe «Propuestas de solución»). No obstante, cabe destacar la importancia de incorporar medidas tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el de los gastos.

Por un lado, es necesario repensar el sistema impositivo en España, siguiendo los principios de progresividad, neutralidad y estabilidad, así como de viabilidad. Es clave disponer de un nivel de presión fiscal razonable que permita disponer de los recursos necesarios, pero también disminuir los elevados gastos fiscales, así como remodelar situaciones incoherentes como el bajo gravamen en los impuestos indirectos (principalmente IVA) y los tipos reducidos en sectores clave para la economía española, haciendo que la existencia de minoraciones y el mantenimiento de tipos reducidos en el IVA deriven en que el tipo implícito de este tributo sea uno de los más bajos de Europa. A estos elementos se añade la importancia de recuperar una cultura de precios públicos.

Un asunto de gran relevancia es el diseño de la dualidad impositiva que genera distorsiones, por ejemplo, respecto al coste fiscal de la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler. En esa línea, urge cuestionarse la razón de ser de la diferente e injusta, en muchas ocasiones, imposición sobre el capital físico respecto a la imposición sobre el capital humano. La clave reside en perseguir la progresividad del sistema en su conjunto, revisando de forma conjunta los impuestos sobre la renta y del capital, de manera que, por ejemplo, se fusionen la tributación patrimonial con la de renta, haciendo tributar como parte de la renta un rendimiento de capital de la riqueza.

Por otro lado, el gasto público es clave, ya que se trata del componente con más capacidad redistributiva; y, en el caso español, además de ser reducido, es escaso en especie, y debe focalizarse más en los deciles más bajos y en los hogares más necesitados. Por tanto, la redistribución desde el gasto público también es fundamental. Y, en conclusión, si pensamos en el adecuado diseño de políticas que den respuesta a esta brecha poniendo el foco en las finanzas públicas, los expertos coinciden en señalar la importancia de simplificar el sistema y pensar conjuntamente en la estructura del gasto social y el sistema impositivo, de forma que el sistema en su conjunto cuente con un apoyo social que haga que la mayor parte de la ciudadanía se sienta integrada en favor de la cohesión social.

Y, si seguimos pensando en gastos, no podemos dejar de mencionar la educación. El sistema educativo español, además de ser clave para explicar la ruptura de la movilidad social en nuestro país, es uno de los asuntos que más preocupa y que requiere medidas inmediatas. Además, hay que considerar el papel clave que desempeñan la educación (ya desde la edad infantil) y las políticas de dependencia en el objetivo de alcanzar la efectiva igualdad de género. Especialmente negativas son la insuficiencia de recursos y la segregación escolar, con una escuela pública que carece de los ingresos necesarios en comparación con la privada, así como situaciones que van más allá del propio sistema educativo y que hacen que, por ejemplo, los hijos de familias pobres tengan una mayor probabilidad de repetir curso. Se destaca, además, la necesidad de encontrar un adecuado equilibrio entre la educación y la demanda de empleo. En este punto, pensar en el futuro de las nuevas generaciones es clave, con lo que el papel de la educación infantil se considera de vital importancia.

Además de todos estos aspectos analizados, cualquier medida para solucionar esta brecha debe tener en cuenta el matiz del caso español, con una cartera de activos protagonizada por el capital inmobiliario. La vivienda se convierte en un factor fundamental a tener en cuenta por su papel estructurador dentro de las ciudades y que, si bien ha sido un elemento de salvaguarda en los años de crisis económica para muchas familias, es también un activo de alto riesgo para los más pobres (ya que nos encontramos ante un proceso de pérdida patrimonial en los estratos más bajos de la distribución), así como un elemento de desigualdad frente a quienes residen en alquiler, ya que, por ejemplo, la vivienda es un factor determinante de la movilidad social.

El debate en torno a las medidas para cerrar esta brecha no debe perder de vista el marco del capital social, relacional o espacial que determina y explica en gran medida las situaciones de vulnerabilidad social actual, condicionando con ello también el futuro de muchas personas. La segregación espacial o el ambiente familiar, por ejemplo, se convierten en factores clave, así como el aislamiento social, nada relacionado con la renta y que se detecta incluso en espacios de renta alta. Junto con ello, para el diseño de políticas eficientes no debe perderse de vista la estructura social, la cual se encuentra en profunda transformación —por ejemplo, con la progresiva pérdida de peso de las clases medias—, y ello a pesar de que es compleja de entender con los datos e indicadores actuales. Y precisamente bajo este paraguas, y teniendo en cuenta los diversos factores sociales y de la propia estructura de la sociedad, es necesario encontrar mecanismos de redistribución y protección social que no sólo se asocien a la pobreza monetaria, pues, en muchas ocasiones, pequeños ingresos adicionales generan importantes mejoras en otras dimensiones de la exclusión social.

Por último, el reto se amplía en un contexto de cambio de valores caracterizado por procesos de individualización de los problemas que dificultan la adopción de políticas aceptadas socialmente por la mayoría. Ante esta brecha, por ejemplo, aun habiendo una amplia confianza en que políticas concretas y bien diseñadas son capaces de dar respuesta, se valora y comprende menos el apoyo fiscal ante discursos negacionistas y partidarios de rebajas fiscales, y se aboga explícitamente por el apoyo directo a las familias. Frente a ello, un factor altamente negativo es la utilización de discursos que se centran en el simple debate de la cuantía de los impuestos durante las campañas electorales, pero no en la eficiencia del sector público y en su análisis y control. Es necesario acabar con este tipo de mensajes para evitar una desafección ciudadana hacia el pago de impuestos, y se debe recalcar el mensaje de que, sin estos recursos, es imposible sostener un estado de bienestar y un sistema de protección social eficiente que dé respuesta a las necesidades sociales.

Propuestas de solución

Vistos todos estos factores de forma conjunta, veamos a continuación medidas o propuestas de solución concretas.

En el ámbito del sistema redistributivo, podría impulsarse una reforma fiscal que incluya, por ejemplo, un impuesto de sucesiones y donaciones armonizado a nivel estatal, la revisión y disminución de los elevados gastos fiscales, una revisión de la fiscalidad de autónomos —en un contexto en el que el contrato laboral tradicional no está dando respuesta a todas las nuevas realidades que están surgiendo en el mercado laboral—, una descarga de la tributación sobre las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y un acercamiento a unos niveles de presión fiscal similares a los de la eurozona.

Otras medidas serían la compatibilidad de prestaciones sociales con el empleo hasta determinado nivel, el incremento de las prestaciones dirigidas a los deciles más bajos de la distribución, así como un aumento de las prestaciones no contributivas hasta un nivel de vida digno (por ejemplo, tomando como referencia el mínimo personal y familiar del IRPF) y una ruptura de las barreras de accesibilidad a los mecanismos de protección, flexibilizándolos y procurando establecer sinergias entre ámbitos como el sanitario y el de las prestaciones monetarias de protección social.

También sería clave el incremento del gasto en el sistema de dependencia y el impulso de las denominadas «políticas del cuidado», con una clara perspectiva de género, así como la revisión de los precios públicos o la posibilidad de un IRPF obligatorio para toda la población en edad de trabajar, de forma que se integre en el sistema a los colectivos más desfavorecidos y se aplique adecuadamente el principio de generalidad.

En el ámbito de la infancia y la educación, se propone una educación universal infantil, incluida la educación de 0 a 3 años, sostenida por un sistema de escuelas infantiles públicas o la mejora de las prestaciones por hijo a cargo, avanzando hacia una renta básica universal para menores de edad, una medida que debería ir acompañada de la correspondiente reforma en el IRPF. Pero también son claves políticas de «desfamiliarización» de costes (comedores, actividades extraescolares, ayudas a alumnos con dificultades de aprendizaje, etcétera) contra la segregación escolar.

En definitiva, es necesario un incremento del gasto público destinado a la familia y la infancia en línea con la media de la eurozona. Pero también se precisa un incremento del gasto en educación y sanidad, al menos, hasta alcanzar la media de la eurozona.

Por su parte, en el ámbito de la vivienda, el foco debería estar en una ley de alquiler de vivienda que garantice el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos, y especialmente a los jóvenes, así como la ampliación del parque de vivienda social.

En el mercado laboral sería clave una simplificación de la gran diversidad de modalidades de contrato existentes y una mayor protección del trabajador temporal frente al despido, así como el incremento de la protección del empleado, por encima del puesto de trabajo —por ejemplo, frente a situaciones de despido, sobre todo con empleos temporales—, y la inclusión de las empleadas domésticas en el régimen general de la Seguridad Social.

Todo ello debería ir de la mano con el impulso de una política industrial moderna e innovadora, que incremente la productividad de la economía española y el tamaño y la competitividad de las empresas. Para ello, habría que aumentar la inversión en I+
D+i hasta el objetivo europeo del 3 por ciento del PIB, así como incrementar progresivamente el peso de la industria en el PIB.

Hablamos de una política alineada, a su vez, con el impulso de estrategias de sostenibilidad empresarial que contemplen los ámbitos de buen gobierno, medio ambiente y responsabilidad social, y que lleven al crecimiento del tamaño de las empresas y, con ello, a la protección del empleado. Asimismo, es deseable acabar con la fuerte rotación de las empresas apoyando la viabilidad de los negocios desde su nacimiento e impulsando hubs de innovación y de creación empresarial.

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La brecha entre mujeres y hombres

Este capítulo nos traslada a las multitudinarias movilizaciones que demandan la igualdad real entre mujeres y hombres como el mejor y más fiel reflejo de la brecha de género que se manifiesta en todo el mundo.

España, a pesar de los avances experimentados en las últimas décadas, todavía está lejos de alcanzar la igualdad de género de forma real y efectiva; persiste una profunda fractura que urge analizar para aspirar a ser el país justo e igualitario que tanto reclama la sociedad civil española. En este sentido, una oleada feminista sacude el mundo cada vez con más fuerza: el «feminismo 4.0» (según el concepto acuñado por Nuria Varela en su libro Feminismo 4.0).1 Este feminismo se plantea importantes retos, como el de acabar con el coste de oportunidad (en términos económicos y de talento), encontrar un nuevo espacio de convivencia y lograr que la sociedad avance hacia una nueva realidad igualitaria. Para poner en contexto la situación española en materia de igualdad, se puede recurrir a índices o estudios internacionales, y resulta ineludible referirse al último «Global Gender Gap Report» [Informe de brecha global de género], de 2021, elaborado por el Foro Económico Mundial, y en cuyo índice de brecha de género España ocupa el puesto 14 de los 156 países que conforman la lista. Llama la atención que nuestro país haya registrado un retroceso durante la pandemia: en 2020 había cerrado el 79,5 por ciento de la brecha de género y este año 2021 sólo ha reducido un 78,8 por ciento de esa diferencia. Gran parte de este retroceso se explica por la menor presencia de mujeres entre los representantes parlamentarios, ámbito donde la participación femenina se ha reducido desde el 47,4 por ciento del año 2020 al 44 por ciento de 2021.

Tabla 4.1. Índice global de brecha de género (2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Global Gender Gap Report 2021, Foro Económico Mundial (la lista completa incluye datos de 156 países).

Estado de la situación en cuanto a la brecha
de género

Superar la brecha entre mujeres y hombres es una cuestión de justicia social, dignidad de las personas y calidad democrática. Pero, además, es clave para el bienestar y el desarrollo social y económico del país, dado que permite aprovechar el cien por cien del potencial y del talento de las mujeres. La brecha de género es especialmente notoria en el ámbito laboral, caracterizado por una combinación de distintos factores que afectan negativamente a las mujeres en relación con los hombres: mayor desempleo, precariedad laboral, salarios más bajos, mayor temporalidad, menor visibilidad y escasa presencia en puestos directivos y de poder, entre otros. A lo largo de este capítulo se reflexiona sobre por qué las mujeres han sido las principales damnificadas tras la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha generado un fuerte impacto económico y laboral en la sociedad, agravando con ello estas desigualdades.

Por un lado, según los datos de la encuesta de población activa (EPA) a cierre de 2020, el desempleo femenino (18,3 por ciento) era superior al masculino (14,2 por ciento). Además, desde agosto de 2020, España es líder europeo en desempleo femenino, porque las mujeres han sido las más afectadas por la destrucción de empleo provocada por la crisis de la COVID-19 y también porque Grecia, que lideraba el ranking de desempleo femenino, dejó de publicar datos actualizados. Dicho de otro modo, en todos los tramos de edad existe una brecha de género en relación con el empleo, ya que, de los 19,9 millones de población ocupada que hay en España, tan sólo 9,1 millones son mujeres, lo que supone un diferencial de ocupación entre hombres y mujeres superior a 11 puntos porcentuales. Más adelante se analizará la fuerte relación que existe entre la vida laboral de una mujer y la maternidad, pero en este punto conviene destacar que la tasa de paro de las mujeres mayores de cincuenta y cinco años ha alcanzado recientemente un máximo histórico, lo que podría deberse a motivos demográficos derivados de la actual tendencia de envejecimiento poblacional, pero también a una mayor cronificación del desempleo, ante un mercado cuyas necesidades cambian vertiginosamente. En este sentido, destaca la situación que padecen las mujeres al frente de familias monoparentales, ya que, según datos del informe «#Monomarentalidad y empleo» de 2019, de la Fundación Adecco, un 82 por ciento de los llamados hogares monoparentales están encabezados por mujeres, y advierte de que casi la mitad de estas madres con un hijo a cargo son desempleadas, mientras que este porcentaje asciende al 75 por ciento en el caso de madres con tres hijos.

Por otro lado, la precariedad laboral en España afecta en mayor medida a las mujeres. Es importante contemplar la situación del empleo de los trabajadores en función del sexo teniendo en cuenta el sector de actividad, ya que la terciarización del empleo femenino explica también sus mayores tasas de precariedad laboral. En primer lugar, la población femenina ocupa principalmente los puestos de trabajo pertenecientes a los sectores peor valorados y retribuidos y con mayores índices de precariedad. Esto se debe, fundamentalmente, a la terciarización del empleo femenino: el 88 por ciento de las personas ocupadas en el sector servicios son mujeres. En segundo lugar, las actividades no remuneradas, como las tareas domésticas, el cuidado de menores y de personas dependientes, etcétera, son asumidas en su mayor parte por mujeres, de modo que éstas pueden no optar al empleo o, si lo hacen, pueden verse obligadas a interrumpir involuntariamente su jornada laboral y su proyección profesional. Así, la tasa de empleo a tiempo parcial en el año 2020, según el INE, afectaba al 22,8 por ciento de las mujeres, muy por encima de la media masculina: 7 por ciento. Otro dato para tener en cuenta es que más del 25 por ciento de los contratos formalizados por mujeres son temporales.

Junto con las menores tasas de empleo y el mayor paro entre las mujeres, uno de los rasgos más preocupantes de esta fractura son las peores condiciones laborales que sufren las mujeres en el mercado laboral, en muchos casos, además, desempeñando el mismo puesto de trabajo que los hombres. La brecha salarial por cuestiones de género es otra de las grandes señales de esta fractura, entendiendo por brecha salarial de género el porcentaje resultante de dividir dos cantidades: la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres entre el salario de los hombres. Las diferentes metodologías de cálculo de brecha salarial la sitúan entre el 22 por ciento, como estima la UGT, y el 15,1 por ciento, según el INE y Eurostat. Estos datos superan la media europea y, a este respecto, España ocupa el decimosexto lugar de la clasificación en cuanto a brecha salarial por género. Esta situación es, junto con otros factores, la causa y la explicación de los mayores niveles de vulnerabilidad económica que padecen las mujeres. Todos los datos analizados evidencian que España necesita continuar progresando en términos de igualdad en el mercado laboral. Ello es fundamental para no renunciar a una gran parte del talento humano, para no seguir perjudicando los proyectos de vida de muchas mujeres y su bienestar y, además, para evitar perder parte del potencial económico de país —sobre todo si se tiene en cuenta que, en términos generales, las mujeres alcanzan un mayor nivel educativo que los hombres.

Tanto el colectivo femenino como los colectivos de los jóvenes, los migrantes y los trabajadores de edades avanzadas con un nivel bajo de estudios son los grandes perdedores de la crisis económica, y son los que más han sufrido sus consecuencias, tal y como señala el «VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España» (2019), de Foessa. En relación con la renta media, las mujeres perciben menos ingresos, por lo que están sobrerrepresentadas en los estratos más pobres de la población: mientras que el 31,2 por ciento de las mujeres se sitúan en el grupo de rentas más bajas (el 30 por ciento del total de las rentas), apenas el 28,6 por ciento de los hombres se encuentran en este grupo. Si se atiende a la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social femenina (según el indicador AROPE, del INE), se advierte que esta tasa se sitúa en el 27 por ciento, casi dos puntos porcentuales más que la masculina (25,1 por ciento). Además, en el caso de las mujeres jóvenes, la tasa asciende hasta un 37,2 por ciento. En suma, el 22,2 por ciento de las mujeres viven bajo el umbral de la pobreza, frente al 20,9 por ciento de los hombres; el 5,5 por ciento de las mujeres sufren carencia material, frente al 5,3 por ciento de los hombres; y el 11,2 por ciento de las mujeres, frente al 10,1 por ciento de los hombres, viven en hogares con baja intensidad laboral.

Si se presta atención a la brecha de género en el ámbito de las pensiones —que hace referencia a la diferencia existente en el importe medio de pensión que reciben hombres y mujeres, en el caso de las de jubilación—, la pensión media de los hombres supera en más de un 30 por ciento a la de las mujeres, según reflejaba recientemente el Instituto BBVA de Pensiones. Y si incluimos todos los tipos de pensiones, en febrero de 2021 la pensión media del sistema en el caso de los hombres fue de 1.250,87 euros mensuales, mientras que la pensión media de las mujeres apenas ascendía a 826,41 euros. Además, el 82,17 por ciento de quienes se encuentran en el tramo de pensiones medias comprendidas entre los 150 y los 450 euros son mujeres. Pero si nos fijamos en las pensiones de viudedad, vemos que los datos no mejoran, dado que más del 90 por ciento corresponden a mujeres, y aunque la pensión media de jubilación es de 1.182 euros mensuales, la de viudedad se queda en 736,6 euros. Según el informe de Luisa Fuster «Las pensiones de viudedad en España», publicado por Fedea en enero de 2021, en los últimos 40 años la participación laboral de la mujer ha aumentado del 30 por ciento al 70 por ciento; sin embargo, en este momento, si no existiera la pensión de viudedad, el 50 por ciento de las mujeres no cobrarían una pensión contributiva, y la brecha de género de las pensiones sería del 60 por ciento, en lugar del 30 por ciento actual. Hay que señalar que la pensión de viudedad evita situaciones de pobreza a mujeres que no cotizaron en el pasado.

En el informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) de mayo de 2021 se especificaba que el 54 por ciento de los beneficiarios de las coberturas ofrecidas habían sido mujeres, y el 46 por ciento, hombres. Esta mayoría de mujeres es más significativa en el ámbito asistencial, llegando a superar el 68 por ciento en subsidio agrario. Esto refleja un cambio en la tendencia en la cobertura de las prestaciones proporcionadas por las instituciones tras la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. En este contexto, cabe mencionar el importante papel que representa el gasto social, que en España es de tan sólo el 16,6 por ciento del PIB, por debajo de la media de la eurozona (19,8 por ciento); y el gasto social destinado a familia e infancia, que apenas representa el 0,7 por ciento del PIB. De hecho, el informe de Svetlana Vtyurina «Effectiveness and equity in social spending: the case of Spain», publicado por el FMI en enero de 2020, destaca la necesidad de reordenar el gasto social, ya que no pondera adecuadamente algunos factores, como los hogares monoparentales o el número de hijos.

Una fractura en la vida personal y familiar

La brecha de género se manifiesta claramente en distintos aspectos de la vida personal o familiar. Especialmente en materia de conciliación personal, familiar y laboral, así como en el ámbito de la denominada «economía del cuidado», debido a que las mujeres asumen mayoritariamente las tareas del hogar y de la atención a las personas dependientes o del conjunto de la familia, a menudo sin reconocimiento ni contraprestación económica. Según datos del Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», las mujeres asumen un 39 por ciento de toda la producción de mercado en España y, en cambio, se encargan del 67 por ciento de la producción no remunerada.

Al analizar con detalle el reparto del tiempo por género, se observa que el hecho de que las mujeres dediquen casi el doble de horas semanales a actividades no remuneradas no está relacionado con las horas dedicadas al empleo principal. Las mujeres suman a su horario laboral estas horas de trabajo no remunerado, de modo que trabajan efectivamente, de media, 63 horas y 36 minutos a la semana, frente a las 56 horas y 36 minutos de los hombres, según datos publicados por el INE. Según datos de ClosinGap, las mujeres dedican, en España, dos horas más al día al hogar y a la familia que los hombres. En conjunto, la población femenina destina más del doble de horas a estas actividades no remuneradas, concretamente 87 millones de horas al día, frente a los 37,5 millones de horas diarias dedicadas por la población masculina. Además, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras las mujeres españolas están entre aquellas que más tiempo dedican a estas actividades, los hombres españoles se encuentran dentro del grupo con menos horas de dedicación, aunque no es menos cierto que, actualmente, no existe ningún país en el mundo en el que se repartan este tipo de tareas de manera igualitaria.

Cabe señalar, por otra parte, que más del 95 por ciento de quienes optan por trabajar voluntariamente a tiempo parcial para dedicarse al cuidado de las personas dependientes son mujeres. Respecto a la situación de inactividad, un 91,7 por ciento de las mujeres deciden no incorporarse al mercado laboral por «responsabilidades familiares o razones personales», mientras que este porcentaje es de tan sólo el 8,03 por ciento en el caso de los hombres. En este punto, la maternidad es un factor clave. Sus implicaciones, en primera instancia, están relacionadas con la mayor dedicación al trabajo no remunerado que prestan las mujeres y, en segunda instancia, a la consecuente interrupción involuntaria de sus carreras profesionales. Numerosas investigaciones coinciden en señalar el vínculo existente entre la maternidad y la brecha salarial, así como con otras realidades, como el llamado «techo de cristal». Lo peligroso de esta dinámica es su capacidad de retroalimentación. El hecho de que las mujeres asuman, desde la más tierna infancia, su función como «cuidadoras» y responsables de las actividades no remuneradas —porque es lo que han visto en casa y a su alrededor— provoca que, en edad adulta, se orienten por una tipología de trabajos y sectores que les permita compatibilizar esta serie de tareas con su vida profesional.

En el artículo «La brecha salarial en España se amplía tras la maternidad (y ahí se queda)», publicado en el blog Nada es Gratis, Libertad González Luna y Jorge García Hombrados exponen «cómo los ingresos de los padres se mantienen en la misma tendencia tras el primer hijo, mientras que los de las mujeres sufren una fuerte caída los dos primeros años, de la que no se recuperan durante el período estudiado. Al cabo de cinco años, la brecha de género que se abre con respecto al año de partida es del 17 por ciento». En un informe sobre este mismo ámbito, del Banco de España, se señala una brecha que asciende hasta el 23 por ciento al cabo de cinco años. Asimismo, a partir de una investigación de Kleven, Landais y Søgaard (2019)2 para Dinamarca —y que contó con una gran repercusión en distintos medios de comunicación—, se comprobó cómo el hecho de tener hijos está directamente relacionado con la existencia de una mayor brecha salarial. Sin embargo, esto no es una opción voluntaria, pues la conciliación es un problema que, en numerosos casos, constituye un freno para la carrera laboral de las mujeres, y no así para la de los hombres. En España, según la UGT, el 87 por ciento de las excedencias destinadas al cuidado de los hijos las solicitan mujeres, quienes, además, dedican el doble de tiempo que los hombres a las tareas domésticas y al cuidado de familiares y niños. Las mujeres trabajan de promedio, a lo largo de su trayectoria laboral, 1,1 horas diarias más que los hombres. Según datos publicados por el anterior Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS) correspondientes al primer semestre de 2017, el 98 por ciento de las mujeres que disfrutaron del permiso de maternidad no lo compartieron con el otro progenitor, y, por este motivo, a comienzos de 2021, el actual Gobierno equiparó los permisos por nacimiento para madres y padres. De esta manera, ambos progenitores podrán disponer de hasta 16 semanas intransferibles para los cuidados tras el nacimiento o la adopción.

Mujer: protagonismo y poder

Respecto al ámbito de la representación femenina en los órganos de decisión, tanto públicos como privados, cabe recordar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, aprobada por el Congreso durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esta ley buscaba la igualdad efectiva entre hombres y mujeres fomentando la presencia o la composición equilibrada de todos los órganos y cargos de responsabilidad, garantizando que las personas de un mismo sexo no superasen el 60 por ciento del total de representación. Exactamente, el texto de la ley dice que «los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan».

La participación de las mujeres en los distintos ámbitos del poder privado empresarial se ha incrementado notablemente durante los últimos años en España, tanto desde una perspectiva empresarial como política. Sin embargo, en el ámbito privado o empresarial, diferentes índices o indicadores, como el Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) o los últimos datos publicados por la asociación European Women on Boards (EWOB) y por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, reflejan el amplio margen de mejora en cuanto a visibilidad y liderazgo de la mujer en los órganos y consejos de dirección. Por ejemplo, tan sólo 30 de las 600 compañías cotizadas más grandes de Europa cumplen con los criterios de paridad, ya que en sus consejos de administración apenas hay un 33 por ciento de representación femenina, de promedio.

Concretamente, en España, en relación con los datos proporcionados por la CNMV, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas del IBEX 35 en 2020 era del 31,17 por ciento, superando en su conjunto, por primera vez, la recomendación del 30 por ciento marcada por la CNMV. Aun así, el supervisor bursátil español no se conforma con ello, y aconseja elevar al 40 por ciento la presencia de mujeres en los consejos antes de 2023. Aunque esta subida es casi doce puntos superior a la obtenida en el año 2013, resulta insuficiente. Otro hecho que debemos considerar es que únicamente el 4 por ciento de las consejeras del IBEX 35 son ejecutivas, lo que se traduce en una clara señal de falta de empoderamiento femenino y de toma de decisión efectiva y real de las mujeres. Al analizar individualmente las empresas que componen el IBEX 35, se observa que sólo 21 de las 35 cumplen con la recomendación (en 2019 eran 16, y en 2018, 12), siendo Red Eléctrica de España (REE) la única con igual número de mujeres que de hombres.

Esta dinámica se reproduce si se acota el tamaño de la empresa y se estudian los datos del último informe en 2021 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) sobre emprendimiento femenino, que muestra cómo el número de mujeres emprendedoras ha ido aumentando progresivamente en España. En la actualidad, más de 650.000 mujeres de entre 25 y 34 años lideran iniciativas empresariales, pero estas cifras siguen siendo muy inferiores a los valores medios de la eurozona. Según el «Global Entrepreneurship Monitor. Informe GEM España 2019-2020», el 48,4 por ciento de los emprendedores son mujeres, frente al 51,6 por ciento de hombres. En el GEM de 2020-2021 queda patente que la crisis de la COVID-19 ha provocado un fuerte parón en la actividad emprendedora. Así, la tasa de actividad emprendedora (TEA) total se sitúa en el 5,2 por ciento, con una caída de un punto porcentual interanual. En el sector del emprendimiento digital y tecnológico, apenas un 17 por ciento de las empresas emergentes tecnológicas han sido fundadas por mujeres. Éstas se enfrentan a mayores obstáculos que la población masculina en su actividad de emprendimiento, como el menor apoyo económico, la falta de visibilidad, problemas culturales, escasos referentes femeninos, etcétera.

En el ámbito político, se observa una presencia progresivamente más equilibrada entre ambos sexos. En España, el Ejecutivo de coalición que se constituyó en 2019, por ejemplo, lo formaban 11 mujeres y 12 hombres, contando al presidente del Gobierno, lo que supone un reparto equilibrado en el que las mujeres representan un 48 por ciento del total. Tras la reciente reforma del equipo de Gobierno, éste ha pasado a estar conformado por un 63,6 por ciento de mujeres, 14 ministras y 8 ministros, superando así al resto de los países europeos y convirtiéndose, por tanto, en ejemplo de ejecutivos paritarios.

Ahora bien, hay algunas responsabilidades tradicionalmente masculinizadas, como las carteras de Justicia, Defensa e Industria, a pesar de que, actualmente, las tres están lideradas por mujeres. Mención aparte merece el Ministerio de Interior, que nunca ha sido ocupado por una mujer. Pero, si se amplía el espectro, se constata que, a pesar de que la presencia femenina en el Congreso y el Senado venía mejorando, el ascenso de la ultraderecha ha provocado que España ya no disfrute del Congreso más paritario de Europa y quinto del mundo, según datos de ONU Mujeres. Este hecho es más relevante de lo que a priori podría parecernos, por una cuestión de democracia, que la sociedad española esté bien representada en los máximos órganos políticos. Por último, cabe destacar que el interés que las mujeres declaran tener por la política es un 16 por ciento menor que el manifestado por los hombres.

Así, aun teniendo presente que queda mucho por avanzar en materia de representación femenina en los órganos de dirección públicos y privados, no se pueden obviar los esfuerzos llevados a cabo hasta el momento y los hitos logrados en materia de paridad en España.

Desigualdad de género tecnológica: el papel de la educación y el cambio climático

Las sociedades están inmersas en una cuarta revolución industrial en la que lo digital inunda la cotidianidad en todos los ámbitos de la vida: institucional, académico, profesional, en las relaciones personales, etcétera. Esta situación es percibida de formas diversas, ya que, a la vez que supone nuevas oportunidades, especialmente para determinados colectivos sociales, también conlleva importantes desafíos que, según parece, pueden incidir negativamente sobre aquellos sectores más vulnerables de la población española. El punto de partida es diferente para hombres y mujeres, pues, a modo de ejemplo, actualmente, sólo el 30 por ciento de los profesionales en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son mujeres, mientras que la demanda laboral de estos profesionales crece imparablemente: a un 3 por ciento interanual.

Es necesaria la incorporación de las mujeres al sector tecnológico y digital. Para ello, se debe incidir en uno de los factores más importantes que se encuentran en el origen de esta brecha: la educación. Mientras que las mujeres disponen de un mayor nivel de estudios de media que los hombres, están muy infrarrepresentadas en carreras de las áreas STEM.3 Si no se revierte esta tendencia, se preveía un déficit de 3 millones de profesionales con conocimientos en TIC o STEM en 2020, según el Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico, publicado por la Secretaría de Estado para el Avance Digital en marzo de 2019. Esta fractura se amplía en la formación profesional básica, donde los ciclos formativos de informática y comunicaciones son la opción elegida por el 17,8 por ciento de las mujeres que acceden a este nivel de aprendizaje, y lo mismo ocurre en los ciclos de grado medio y superior, donde apenas uno de cada diez alumnos son mujeres.

En este sentido, uno de los datos extraídos del informe PISA resulta especialmente desalentador: la falta de confianza que manifiestan las niñas españolas de cara a emprender carreras científicas y tecnológicas. El informe se refiere a este fenómeno como «autoeficacia en ciencias»; este factor conlleva que haya menos mujeres que quieran dedicarse al ámbito de las TIC.

El estudio «Científicas en cifras», elaborado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC), y publicado por el anterior Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 2017, permite observar cómo la evolución de la participación laboral de la mujer en la industria de los sectores de alta y media-alta tecnología no es tan positiva. Si se quiere continuar avanzando, se debe incidir en uno de los factores más importantes que se encuentran en el origen de la brecha, como se ha indicado anteriormente: la educación.

Junto con la revolución tecnológica, el otro gran reto global es la emergencia climática. Resulta crucial, en este sentido, la introducción de una perspectiva de género tanto en su análisis como en las políticas impulsadas para combatirla. Las mujeres tienen una menor huella de carbono que los hombres, pero son las mujeres y las niñas quienes más sufren los principales impactos de esta emergencia, por el propio rol de la mujer en la sociedad y por su situación de mayor vulnerabilidad. «El cambio climático es una cuestión que afecta a las mujeres», señala rotundamente la Organización de Naciones Unidas, pues la población femenina es la más perjudicada por las temperaturas extremas, los desastres naturales o las migraciones climáticas, así como por la pobreza energética. Ante esta situación, un total de 45 países se han comprometido a erigir la igualdad de género y el empoderamiento femenino como pilares claves en la lucha contra la emergencia climática, que permitirá desarrollar medidas para dar respuesta al efecto desigual del cambio climático. Este nuevo plan, que estará vigente hasta el año 2025 —cuando se tendrá que revisar—, pretende lograr más participación de las mujeres en la negociación internacional, y asegurarles un papel activo en la toma de decisiones a nivel nacional.

La brecha de género a debate: una mirada
al feminismo

Una oleada feminista recorre el mundo. El feminismo es una de las principales herramientas de cambio del siglo XXI, un «tsunami morado» con un lema claro y compartido: conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Actualmente hay quienes hablan de un posfeminismo, al suponer una mayor integración y cercanía social gracias a las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y plataformas; es lo que se podría denominar un «movimiento feminista interconectado y globalizado». Esta realidad es la que Nuria Varela recoge en su libro Feminismo 4.0.

Este feminismo 4.0 plantea importantes retos, como responder a la cuestión de cuál es el coste de oportunidad, en términos económicos y de pérdida de talento, de la brecha de género. El Foro Económico Mundial estima que el PIB mundial podría aumentar en 5,3 billones de dólares para el año 2025 si la participación económica femenina mejorara un 25 por ciento. Por su parte, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés) constata que una mayor igualdad de género podría suponer un aumento en la contratación de entre 0,5 y 0,8 puntos porcentuales en 2030, y de hasta 2,1-3,5 puntos porcentuales en 2050.

Otro de los retos que tiene ante sí el feminismo es el papel del hombre. Superar la brecha de género supone acabar con el patriarcado, es decir, con una sociedad en la que la figura y el poder del hombre predominan sobre los de la mujer. Una tarea compleja si se tiene en cuenta lo que Celia Amorós define como «pactos patriarcales metaestables» en su libro Feminismo: igualdad y diferencia,4 que suponen la transformación continua del patriarcado para adaptarse a las distintas etapas y perpetuar su papel dominante, o la «socialización de género», que representa la transmisión de los distintos estereotipos, culturas o valores de género y que hace que a las mujeres se las asocie con determinados papeles en la sociedad. Los hombres deben ser partícipes directos en la búsqueda de la igualdad efectiva para encontrar su nuevo espacio. De forma paralela, la sociedad debe ser capaz de adaptarse a una nueva realidad igualitaria, mediante la feminización de la propia sociedad en su conjunto.

La brecha de género no es un problema de ideología o de personalidad; ni siquiera es una cuestión biológica. Procede de una fractura social, con distintas implicaciones, que se podría considerar uno de los problemas políticos más relevantes hoy en día. De la misma manera que se afirma «lo personal es político», el movimiento feminista pretende trasladar los problemas o las necesidades existentes a la escena pública. Cuando se trata de abordar esta fractura en España, debe asumirse que se plantea un problema público, que es necesario abordar desde todas sus dimensiones, incluida la política. Una igualdad entre hombres y mujeres no es sólo un derecho fundamental, sino que también se considera la base para sostener la sociedad del bienestar, igualitaria, justa y libre, capaz de afrontar los retos que tiene ante sí. Son diversos los análisis y opiniones en relación con estos aspectos, como distintos son los puntos de vista y enfoques que se manifiestan en este sentido.

Medidas para alcanzar la igualdad real

A lo largo de este capítulo se ha analizado la brecha existente entre las mujeres y los hombres por cuestiones directamente relacionadas con el género, abarcando distintos espacios o esferas que se ven afectados por ello, como el económico, laboral, personal, educativo, etcétera, y en este apartado se pretende aportar una reflexión acerca de cuáles serían los principales aspectos o puntos que se deberían abordar tanto desde el ámbito público de la sociedad como desde el privado. También se ha expuesto cómo la pandemia de la COVID-19 ha ensanchado aún más la brecha de género, dado que ha amplificado las desigualdades que ya existían. Asimismo, se evidencia que la naturaleza de esta crisis es diferente a la de las acaecidas hasta el momento, puesto que los sectores más afectados no son la construcción ni la industria, sino que esta crisis ha afectado sobre todo al sector servicios, cuya actividad requiere un elevado nivel de interacción social y es el que tiene una mayor proporción de mujeres.

Para llevar a cabo esta reflexión se invitó a un conjunto de expertas a participar en un debate y a proponer medidas con las que afrontar esta grave brecha e intentar eliminarla. De sus diferentes aportaciones se puede concluir, en primer lugar, que existe un déficit a la hora de incluir la perspectiva de género en las actuales políticas públicas. Además, destacan los estereotipos y roles de género que aún hoy siguen encasillando a las mujeres en el rol de cuidadoras no profesionales, las consecuencias negativas de la maternidad en la vida laboral de las mujeres y los efectos de una sociedad en la que persisten comportamientos y realidades machistas y sexistas en los espacios de la vida económica, política y social. Entre estas reflexiones destaca la necesidad de desarrollar políticas de fomento del empleo, de rentas mínimas para abordar la exclusión de mujeres con cargas familiares, de apoyo a la conciliación o, con carácter urgente, de actuaciones paliativas, que contribuyan, como mínimo, a afrontar graves problemas de pobreza infantil, especialmente en familias monoparentales femeninas.

En el ámbito económico y empresarial se pone el foco en el importante papel de los permisos de paternidad y maternidad intransferibles, la implantación de medidas de acción positiva para paliar los desequilibrios en las contrataciones y la definición de programas de formación para inspirar el talento femenino. A este fin, el papel activo de las empresas y de los hombres resulta fundamental. Se trata de que las empresas avancen progresivamente hacia una nueva realidad igualitaria, y para ello se puede plantear desde el desarrollo de medidas económicas y fiscales que incentiven la incorporación de la perspectiva de género en la gestión empresarial —como subvenciones y bonificaciones—, hasta la recomendación de incorporar cláusulas de igualdad en el sistema de contratación pública, de modo que todos los departamentos ministeriales y organismos públicos condicionen la obtención de financiación pública al respeto de la paridad y la igualdad. Para lo anterior resulta fundamental fortalecer los recursos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En esta realidad que deben afrontar las empresas, las expectativas de los trabajadores, tanto hombres como mujeres, respecto a su vida familiar y a la asunción de las tareas del cuidado deberán ser cada vez más parecidas. No obstante, esto exige, además, cambios culturales en las empresas que faciliten el desarrollo de carreras profesionales ascendentes compatibles con las cargas familiares de las personas, por lo que resulta necesario impulsar mecanismos como los horarios flexibles, las bolsas de horas, el trabajo en remoto, los turnos, etcétera.

Precisamente, la economía del cuidado es uno de los grandes temas que centraron el debate. Cambiar la situación actual pasa por un cambio cultural que debe producirse desde la infancia, en los hogares, y desde una educación basada en la igualdad, en los centros educativos. Debe avanzarse hacia la profesionalización de las actividades del cuidado y del rol de las «cuidadoras», así como hacia la corresponsabilidad —no sólo hacia la conciliación— y la asunción de tareas del cuidado por parte de los hombres. Para ello, por un lado, se propone reforzar mediante recursos económicos y humanos, del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), a través de los presupuestos generales del Estado, con el fin de acabar con la concepción de la economía del cuidado como trabajo no remunerado. Por otro lado, se propone ampliar los servicios públicos vinculados al bienestar y al cuidado de las personas dependientes, como las escuelas infantiles y los centros de mayores, la salud o la educación.

Respecto a las diferencias de género en la actividad económica, el punto clave de debate fue la garantía de un acceso igualitario al empleo. Para ello, es fundamental actuar desde las etapas más tempranas de la educación para derribar estereotipos y roles de género vinculados a las diferentes ramas formativas y a las capacidades profesionales. Asimismo, se requiere poner en valor, visibilizar y reconocer socialmente las actividades tradicionalmente desarrolladas por mujeres, mediante el incremento de salarios y la mejora de las condiciones laborales.

En cuanto a los aspectos del debate más centrados en el futuro, se considera categórico incluir el enfoque de género en la educación para acabar con estereotipos y lograr que las mujeres sean protagonistas de actividades clave para el futuro cercano, como son las materias STEM y las TIC. Esto implica, por ejemplo, contar con referentes femeninos entre el profesorado de estas ramas de estudio. Para que las mujeres jóvenes puedan competir en igualdad en el mercado laboral del siglo XXI, las compañías del sector tecnológico y digital deben desarrollar prácticas inclusivas, como igualdad en los procesos de contratación, políticas de igualdad, flexibilidad laboral, programas de formación para retener el talento femenino, etcétera.

En definitiva, las Administraciones, las empresas y la sociedad, en su conjunto, deben concienciarse de que no es posible asumir la pérdida de la mitad del talento, tan necesario en una transformación como la actual.

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La brecha entre jóvenes y mayores

En mayo de 1968 y durante los años setenta, gran parte de los jóvenes europeos protestaban en las calles porque no querían vivir como sus padres, en la sociedad industrial y de consumo que fundamentó el modelo social de la época en los países más desarrollados, frente a la alternativa representada por las sociedades comunistas de la época. Cuatro décadas más tarde, tras la crisis financiera de 2008, numerosos jóvenes que se congregaban en las plazas de Madrid, París o Nueva York, entre otras ciudades, y clamaban «no nos representan», protestaban porque no querían vivir peor que sus padres. Ésta es la primera generación desde la posguerra mundial que constata el agotamiento de la superación generacional, de la sociedad poscapitalista que aseguraba que, con preparación y esfuerzo individual, cada generación viviría mejor y en un mundo mejor que el de sus padres; y esa generación entrega ahora la antorcha del relevo a una generación que se hace adulta en plena pandemia de la COVID-19. Los jóvenes de la actual generación constatan cómo sus abuelos tienen un mayor riesgo de letalidad si contraen el virus, pero por otro lado, cobran una pensión media de jubilación bastante superior al salario medio al que ellos pueden aspirar, incluso a medio plazo.

Se abre, por lo tanto, una brecha generacional que va más allá de los niveles de renta para extenderse a las expectativas personales: los mayores conforman una generación que, en gran parte, ha visto cumplidos sus sueños, mientras que sus nietos integran una generación que se siente engañada porque, en gran medida, perciben que les han robado su futuro; aunque estudien, aunque trabajen mucho. Así pues, la asimetría es completa: los mayores tienen miedo a una pandemia que puede eliminarlos de la sociedad; los jóvenes, a un futuro ausente, que puede dejarlos sin lugar en la sociedad.

De entre todas las brechas contenidas en este libro, la generacional podría resultar la más desestabilizadora en términos sociales. Como primer paso para adentrarnos en ella, y si vamos a atender a cuestiones de jóvenes y mayores, deberíamos preguntarnos a quiénes consideramos como jóvenes y a quiénes como mayores. En sentido estricto, jóvenes son aquellas personas que acaban de cumplir la mayoría de edad, pero, también, aquellos comprendidos entre los 24 y los 35 años, que son adultos en edad de trabajar, emanciparse, emprender, asumir riesgos, endeudarse y reproducirse. Fueron el grupo más perjudicado por la recesión y están siendo los grandes olvidados en el reparto de las ganancias de la recuperación en un contexto marcado por la incertidumbre, la revolución digital y la globalización. De modo análogo, mayores serían las personas que ya han finalizado su etapa en el mercado laboral y emprenden una nueva etapa vital desde la situación de retiro o jubilación. Un colectivo esencial para el mantenimiento de familias enteras, y que ha soportado mejor los efectos de la crisis sobre su economía y su bienestar, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo ante la insuficiente revalorización de las pensiones.

En este contexto, la edad resulta fundamental para determinar el momento vital de un individuo y las circunstancias que contextualizan cada uno de estos momentos vitales y, a su vez, establecen las experiencias del individuo en los próximos años.

Resulta vital que la ruptura del pacto generacional no se plantee como una cuestión de rivalidad entre grupos de edad, sino como una situación de desigualdad intergeneracional que requiere soluciones. España debe y puede reapuntalar y mejorar su pacto generacional. Cerrar esta brecha y recuperar el pacto generacional es una necesidad del presente y una apuesta de futuro.

Estado de la situación en cuanto a la brecha generacional

Es ampliamente conocido que España se encuentra inmersa en una crisis demográfica de gran calado y que gran parte de la sociedad no es consciente de su gravedad. Actualmente, el país tiene unos 47,3 millones de habitantes, y la media de edad es de casi 44 años, según los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2021. Por tramos de edad, se aprecia que el 15,1 por ciento de la población tiene menos de 16 años; el 35,5 por ciento, entre 16 y 44 años; el 29,7 por ciento, entre 45 y 64 años; y el 19,7 por ciento, más de 65 años. Es decir, que la población mayor de 65 años es considerablemente superior a la menor de 16 años, y la previsión es que esta diferencia aumente progresivamente. Si se observa la pirámide de población española, por una parte, se advierte el comportamiento o la dinámica histórica de la demografía en España, donde la base se va estrechando mientras la cúspide va ensanchándose cada vez más, debido al envejecimiento de la generación del baby boom. Por otra parte, se observa cómo las proyecciones de población por sexo y edad realizadas por el INE hasta el año 2068 estiman que podría haber unas 241.059 personas mayores de 100 años (192.851 mujeres y 48.208 hombres) en esa fecha.

Lo anterior lleva a plantearse qué implicaciones se derivan del hecho de que existan diferencias de intereses, inquietudes y necesidades provocadas únicamente por la distancia generacional. Asimismo, se debe atender a una cuestión de expectativas, puesto que las generaciones más jóvenes ya no esperan vivir mejor que sus padres, a pesar de que disfrutan del acceso a una gran variedad de bienes y servicios y de unos niveles de bienestar muy superiores a los que tuvieron las generaciones anteriores, por ejemplo, en cuanto a sanidad o alimentación. Al volver la vista atrás, observamos que, en los últimos años, se han producido tres acontecimientos relevantes que han resultado ser grandes generadores de brechas (entendidas éstas en un sentido muy amplio) tanto en España como en otros países; en primer lugar, la crisis financiera de 2008, asociada, entre otros factores, a la quiebra del banco de inversiones estadounidense Lehman Brothers; en segundo lugar, la consiguiente crisis económica, que en España se sufrió con crudeza a partir del año 2010, con la implantación de severas medidas de ajuste económico y social; y en tercer lugar, una década más tarde, la sociedad se encuentra en una coyuntura similar, pero en esta ocasión el origen de la crisis no ha sido financiero, sino sanitario. El estallido de una pandemia vírica global ha conllevado la adopción e imposición de medidas que, hasta el momento, resultaban casi insólitas para la mayor parte de la población occidental, como son el control de la movilidad, la obligatoriedad del distanciamiento social o el confinamiento de la población. Estas decisiones principalmente persiguen, por un lado, frenar la propagación de la pandemia y, por otro, evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Las previsiones económicas tras los meses de reclusión social no son muy alentadoras. A pesar de no saber con exactitud cuáles van a ser las consecuencias finales, tanto económicas como sociales, se puede predecir que serán similares a las experimentadas tras las crisis anteriormente mencionadas, o incluso peores.

No es casualidad que comencemos el capítulo recordando estos tres acontecimientos, ya que los efectos y las políticas establecidas tras los episodios enunciados anteriormente estarían estrechamente relacionados con los orígenes de esta brecha intergeneracional, parece que las decisiones o medidas podrían haber estado más orientadas al bienestar o satisfacción de los mayores que al de los jóvenes. A pesar de que las nuevas generaciones gozan de una mejor salud y alimentación y tienen una gran variedad de medios a su alcance, cabe preguntarse si todo ello está relacionado con su actual calidad de vida.

La vulnerabilidad: un peligro que no se desvanece por sí solo con el tiempo

Mientras los ingresos salariales de los empleados más jóvenes continúan depreciándose, hasta resultar insuficientes para que puedan subsistir por sí mismos, los mayores consiguen sortear mucho mejor los efectos y las consecuencias de las recientes crisis económicas gracias a sus pensiones. La brecha generacional objeto de estudio en este capítulo tiene un claro componente de desigualdad financiera intergeneracional. Según Cristina Farràs y Judit Montoriol-Garriga, en un informe elaborado para CaixaBank Research, la riqueza neta mediana de los millennials se situaría en 3.000 euros, frente a los 63.400 euros de los jóvenes de la generación anterior, cuando tenían su misma edad, y sólo el 44 por ciento de los primeros tienen su vivienda en propiedad, mientras que en la denominada generación X eran el 65 por ciento.1

En la misma línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) apuntaba en su informe «Preventing ageing unequally»2 la diferencia de ingresos existente entre las distintas generaciones. Desde mediados de la década de 1980, el ingreso de las personas de 60 a 64 años ha crecido un 25 por ciento más que el ingreso del grupo de edad comprendido entre los 30 y 34 en España.

Según datos recogidos en la Encuesta de condiciones de vida (ECV) de 2019, del INE, se advierte una desigual evolución en la renta media, por persona y consumo, entre jóvenes y mayores. La renta media por persona de los jóvenes menores de 30 años es de 10.156 euros, un 1,5 por ciento inferior a la de hace una década, teniendo en cuenta que la principal caída se experimentó en los años 2008-2014, en plena crisis. Si bien es cierto que en estos últimos años se está compensando poco a poco dicha caída, el nivel de renta de los jóvenes continúa siendo muy inferior a la media nacional, situada en 11.412 euros, y a los 12.758 euros de los mayores de 65 años, cuya renta media ha aumentado un 17 por ciento en esta misma década. Además, atendiendo a las diferencias de renta por hogar, se repite la dinámica: 15.514 euros de media entre los jóvenes (un 2,5 por ciento menos respecto a 2008), frente a los 16.516 euros de los mayores de 65 años (un 14,8 por ciento más respecto a 2008).

Por lo tanto, los estudios y los datos vuelven a confirmar tanto la existencia de esta brecha salarial intergeneracional como su dinámica creciente. Se debe tener en cuenta que lo anterior no es algo que únicamente afecte a las personas más jóvenes, con el consiguiente aumento de sentimientos de frustración o pesimismo, sino que es una realidad que compromete el presente y futuro de la sociedad española. Muchos progenitores sienten no poder transmitir sus niveles de bienestar y seguridad económica a sus hijos, sentimiento que puede llegar a derivar, por ejemplo, hacia una actitud de rechazo hacia la inmigración e incluso hacia compatriotas de distinta condición económica.

En términos generales, desde el comienzo de la crisis de 2008, se observa cierto incremento de pobreza entre los jóvenes en España, mientras que la pobreza de las personas mayores de 65 años ha disminuido relativamente. Actualmente, en España, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de los jóvenes es del 33,8 por ciento, 11 puntos porcentuales más que en 2008 (22,8 por ciento), a la vez que esta misma tasa entre los mayores de 65 años es del 17,6 por ciento, 8,6 puntos porcentuales menos respecto a 2008. Hoy en día, en España, casi tres de cada diez jóvenes (el 28,3 por ciento) viven bajo el umbral de la pobreza. No obstante, resulta importante analizar la situación de vulnerabilidad desde una perspectiva multidimensional, no centrada únicamente en la pobreza. De este modo, se advierte que la carencia material severa es especialmente alta entre los jóvenes: en la actualidad afecta al 7 por ciento de ellos, frente al 4,5 por ciento de 2008. Casi el 40 por ciento de los jóvenes españoles no pueden permitirse ir de vacaciones una semana al año, el 41,4 por ciento no tienen capacidad económica para afrontar gastos imprevistos y, cada vez más, los jóvenes padecen dificultades económicas para llegar a fin de mes. La exclusión social afecta, sobre todo, a los jóvenes de entre 18 y 24 años, con una tasa que ha aumentado del 14,2 por ciento, en 2007, al 22,6 por ciento, en 2018, según datos de Foessa. «Las generaciones de mayor edad, con empleos más estables, vivienda en propiedad y con acceso a pensiones por jubilación, presentan niveles de integración superiores. Por el contrario, las personas más jóvenes, con situaciones más precarias en el mercado laboral y en la vivienda, tienen una tasa de exclusión muy superior», concluye el informe de Foessa.3

Si se comparan los datos del INE acerca de cuál ha sido la evolución que ha experimentado la renta anual media percibida por los hogares españoles entre 2008 —año en que se inició la crisis financiera— y 2020, en función de la edad y el sexo de la persona cabeza de familia, se evidencia que, mientras la renta anual que recibían los hogares con un cabeza de familia menor de 30 años disminuía, la renta anual media que entraba en los hogares en los que la persona de referencia era mayor de 65 años aumentaba.

No se debe caer en la trampa de pensar que los problemas de los hogares jóvenes se irán arreglando por sí solos con el tiempo, conforme este sector de la población avance en su ciclo vital. La realidad dista mucho de este planteamiento: según la OCDE, alrededor de dos terceras partes de la desigualdad de los ingresos que se acumula a lo largo de la vida se transmiten a los ingresos recibidos a través de las pensiones en la vejez. En España, esta transferencia está cerca del cien por cien debido al fuerte vínculo existente entre las contribuciones efectuadas al sistema de la Seguridad Social durante los años cotizados y las pensiones que estas mismas personas percibirán en el futuro. Es decir, no se trata de un problema que se solucione por sí mismo ni es un reto estático en el tiempo, sino todo lo contrario: probablemente, la precariedad de ingresos en la juventud conducirá a una mayor desigualdad de ingresos entre los futuros jubilados.

Esta situación de precariedad entre la población más joven explica, en gran medida, las bajas tasas de natalidad en España, que cerró el año 2020 con 338.435 nacimientos, lo cual supone 22.182 nacimientos menos que en 2019 (una reducción interanual del 6,15 por ciento, que se eleva a un 30 por ciento considerando la última década). La edad media para tener el primer hijo se ha vuelto a retrasar hasta los 32,3 años en 2020, y la media de hijos por mujer ha sido de 1,18 en el mismo año, lejos de la de 1,44 de 2008 y del máximo alcanzado en 1981, cuando el promedio se situó en 2,03 hijos por mujer. España atraviesa desde hace tiempo un invierno demográfico, y, según los datos de Eurostat, actualmente está entre los países de Europa donde más se retrasa la maternidad. Y, en gran parte de los casos, esta realidad no obedece a una opción deseada, sino que, como se indicaba anteriormente, la situación económica, laboral y de conciliación o los precios de la vivienda se convierten en factores decisivos que hacen que las mujeres en España tengan su primer hijo cinco años después de lo que desearían, según se desprende de la Encuesta de fecundidad del INE de 2020. Además, la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 puede afectar aún más a la situación actual de la maternidad.

Resulta razonable afirmar que, si las mujeres no tienen hijos, la población envejece, y esta situación presiona fuertemente al actual sistema de protección social debido a que cada vez habrá menos jóvenes trabajadores que puedan sustentar el presente sistema de pensiones. Frente a los diez trabajadores por cada tres jubilados que hay en la actualidad, se prevé que, en 2050, la proporción aumente a seis jubilados por cada diez trabajadores; ello generará una intensa presión sobre el sistema de pensiones, ya que este envejecimiento poblacional, junto con la actual precariedad laboral, lastra las cotizaciones de los trabajadores y provocará que los ingresos percibidos por el sistema resulten insuficientes para cubrir estos gastos. Este escenario deriva en una preocupante brecha generacional, que, entre otros factores, reside en el desigual peso de cada grupo de edad sobre la población total. Ello, sin duda, es realmente peligroso para el futuro de cualquier sociedad. Un país que descuida a sus jóvenes y no atiende sus demandas por los bajos réditos electorales que otorgan es una sociedad abocada al fracaso y a mantener serios problemas políticos, sociales y económicos en las próximas generaciones.

No es mercado laboral para jóvenes

En España, el trabajo ha pasado de ser considerado un derecho a ser tratado como un privilegio, pero un privilegio con el que muchas personas pueden poco más que satisfacer sus necesidades básicas, y ésta es la realidad para muchos jóvenes. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en una conferencia de 2019 titulada «La juventud en España: retos y oportunidades»,4 señalaba lo siguiente: «En resumen, podemos concluir que los jóvenes que ahora se incorporan al mercado laboral, a pesar de pertenecer a una generación especialmente formada, se enfrentan a algunos retos más exigentes que los que encararon las generaciones pasadas. Concretamente, los jóvenes de hoy tienen que enfrentarse al desafío que supone haberse incorporado al mercado laboral tras la crisis financiera, lo que ha dificultado su capacidad de adquirir experiencia en los primeros años de carrera profesional, especialmente en el caso de los trabajadores con menor grado de formación, y verse comparativamente más afectados por la temporalidad y la parcialidad».

Tras los meses de parálisis económica provocados por la reciente pandemia vírica, y según los datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) en junio de 2021, España fue el país con la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea de los Veintisiete (UE-27); concretamente, un 38 por ciento de los menores de 25 años se encontraba en situación de desempleo en nuestro país, mientras que el desempleo juvenil medio de la UE-27 permanecía en el 17,1 por ciento en el mismo período.

Los últimos datos publicados por el Banco de España, en su informe sobre la evolución de los sueldos por generaciones («Tendencias laborales intergeneracionales en España en las últimas décadas», 2020), alertan sobre cómo se ha agudizado la propensión a la precarización laboral, la cual ya venían soportando los jóvenes en España desde la pasada crisis financiera y económica iniciada en 2008. Como indica este estudio, «el fenómeno de salarios medios más bajos observado tras la crisis financiera para las generaciones más recientes podría obedecer no a causas relacionadas principalmente con la posición cíclica de la economía, sino a factores de naturaleza estructural y, por tanto, tendrían un carácter más permanente». Por otra parte, los más perjudicados son los jóvenes sin formación, que, a su vez, podrían ser los más vulnerables, porque al margen de los acontecimientos más recientes, el empleo juvenil es una variable ampliamente dual. La paradoja reside en el hecho de que los jóvenes no sólo se enfrentan a una brecha intergeneracional respecto a otros colectivos de más edad, sino que también se encuentran con notables diferencias dentro de su mismo grupo de edad. Así, los datos más recientes reflejan que el empleo se concentra entre quienes disponen de educación superior, con un total del 42 por ciento de ocupados jóvenes. En cambio, quienes tan sólo disponen de la primera etapa de la educación secundaria, o incluso menos, apenas alcanzan una tasa de empleo que supone menos del 28 por ciento del total.

Otro de los graves problemas a los que se enfrentan actualmente los jóvenes en el mercado laboral es la precariedad con la que están accediendo las nuevas generaciones a su primer empleo. Respecto al nuevo concepto de «trabajadores pobres» ya mencionado, si comparamos España con el resto de los socios de la eurozona y se toman los datos de 2017, último dato comparable con la eurozona, se observa que la tasa de trabajadores jóvenes pobres en España (20 por ciento) duplica a la de la eurozona (10,7 por ciento). Además, entre 2007 y 2017, el incremento de dicha tasa fue de casi 12 puntos porcentuales, mientras que en el caso de la eurozona apenas fue de 3 puntos porcentuales. Reflejo de ello es la situación de inseguridad laboral con la que se han acostumbrado a convivir las generaciones más jóvenes en España, y esta incertidumbre no deja de nublar sus expectativas y dificultar el abordaje de sus proyectos vitales.

Los jóvenes ven cada vez más frustrados
sus proyectos vitales

Los más jóvenes han llegado a la edad adulta en un momento de dificultades económicas y de incertidumbres globales. A las preguntas de cómo son los nuevos jóvenes, quiénes son y por qué son tan distintos a los de otras generaciones procura dar respuesta el artículo de la economista Roser Ferrer «Los millennials, ¿quiénes son?» (2018),5 elaborado para CaixaBank Research, en el que efectúa una radiografía de ellos. La brecha generacional se amplía cada día más, y la situación laboral de las generaciones más jóvenes determina en gran medida su vulnerabilidad en materia de pobreza y exclusión social. Además, si se suma la variable de dificultad de acceso a la vivienda, cuyos precios no dejan de crecer, la brecha se acrecienta todavía más.

Tras lo anterior, la pregunta que se debe plantear el lector es si España está dispuesta a asumir esta pérdida de capital humano en futuras generaciones. Aun hablando de las generaciones más cualificadas y, por ende, con mayores ingresos, los jóvenes no consiguen disponer de las oportunidades y los recursos que demandan y de los derechos básicos, como el acceso a un empleo y a una vivienda digna, que están convirtiéndose en privilegios accesibles a unos pocos. Estas dos variables son los principales ingredientes del peligroso cóctel que frustra (en el presente) y condiciona (en el futuro) los proyectos vitales de muchos jóvenes.

Según datos del último balance general del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (CJE), el año 2020, indudablemente marcado por la crisis sanitaria y económica de la COVID-19, cerró con la menor tasa de emancipación juvenil de los últimos 20 años, ya que apenas el 15,8 por ciento de las personas menores de 30 años pudieron emanciparse desde el punto de vista residencial. Respecto a la dinámica que ha seguido la emancipación residencial de la población joven desde el año 2015, los datos del citado Observatorio muestran una pendiente negativa hasta los 34 años. La edad media de emancipación, hoy en día, en España es de 29,5 años, bastante por encima de la media europea (26,2 años) según los datos de Eurostat. Como ya se ha indicado, tanto la inseguridad laboral como la accesibilidad a la vivienda representan dos de los factores más determinantes para la independencia de los jóvenes y para asegurar la trayectoria de su ciclo vital. En esta línea, tras la adquisición de la vivienda, el principal gasto de ésta es su propio mantenimiento (además de suministros, como agua, electricidad y otros gastos), y ambas cuestiones —adquisición de la vivienda y mantenimiento— están relacionadas con el nivel de ingresos del núcleo familiar.

Por ello resulta de interés estudiar cuál es la distribución del régimen de tenencia de vivienda (alquiler o propiedad), según los tramos de edad. Así, según datos del INE referidos a 2020, vemos que el 89,1 por ciento de los mayores de 65 años tienen vivienda en propiedad, mientras que sólo el 31,8 por ciento de los menores de 30 años la tienen. La tendencia alcista de los precios de la vivienda, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, no ayuda a cambiar el régimen de tenencia a los más jóvenes. Según datos del Banco de España recogidos en el informe «El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019» (2020), los precios de oferta del alquiler residencial muestran crecimientos acumulados entre 2013 y 2019 de cerca del 50 por ciento. La suma de la precariedad laboral y los elevados precios de la vivienda llevan a los jóvenes a hacer un sobreesfuerzo económico, lo que los conduce a un endeudamiento excesivo y a dificultades a la hora de ahorrar. Respecto al coste de acceso al alquiler de vivienda, modelo seguido por casi el 60 por ciento de los jóvenes, en el último estudio del Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España (2019) se informaba de que esta inversión llegaba a representar el 91,2 por ciento del salario de una persona y hasta el 47,4 por ciento del total de los ingresos de un hogar joven.

El acceso a una hipoteca es realmente complicado para los más jóvenes, tal y como refleja el estudio de Anna Campos «Los millennials: ¿una nueva concepción del trabajo?» (2018),6 realizado para CaixaBank Research, en el que se señala que los millennials que han comprado una vivienda dedican el 19 por ciento de su renta a los pagos asociados a ella, lo que representa 7 puntos porcentuales más que el esfuerzo que soportó la generación X a su edad. Por otra parte, el Banco de España, en su informe «Evolución reciente del mercado del alquiler de vivienda en España» (2019), señala que la proporción de hogares españoles que viven en régimen de alquiler y cuyo cabeza de familia es menor de 35 años se ha disparado hasta el 43 por ciento, y añade que «en promedio, han podido aumentar los requerimientos de ahorro inicial de los hogares para acceder a un préstamo hipotecario. Esto podría provocar una mayor permanencia en el mercado del alquiler por parte de los hogares jóvenes, y en particular entre aquellos con menores ingresos y con precariedad laboral, contribuyendo de este modo al incremento de la demanda de alquiler». Asimismo, el Consejo de la Juventud de España (CJE) declara que «el retroceso del alquiler no se ha traducido en un movimiento hacia la propiedad, sino hacia la cesión de vivienda: 12 de cada cien personas emancipadas de 16 a 29 años en España residen en viviendas cedidas» (2019). En el informe del Banco de España «El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019», se señala cómo se ha incrementado la actividad en el mercado inmobiliario, a la par que la inversión en vivienda, hasta alcanzar en 2019 el 5,7 por ciento sobre el PIB, valores que se encuentran próximos a los observados en el promedio de la eurozona.

Cabría esperar que las personas con mayores niveles de formación son las que tendrán mejores condiciones laborales y con mayores ingresos salariales. De ahí que el nivel de formación se considere un indicador estrechamente relacionado con el desarrollo y los niveles de empleo de la sociedad actual y futura. De hecho, la Estrategia Europa 2020, como continuación de la Estrategia de Lisboa (2000), intenta alcanzar el desarrollo de una sociedad con un alto nivel de empleo, sostenible y con cohesión social. Sin embargo, los datos indican que no siempre existe esta correlación entre el nivel de formación y una adecuada situación laboral.

El nivel de estudios y de cualificación profesional de los jóvenes en España es cada vez más alto, y las cifras relativas a la educación universitaria o superior son un claro ejemplo de ello. En 2020, en la población de 25 a 34 años, un 41,3 por ciento de los hombres y un 53,5 por ciento de las mujeres tenían un nivel de formación correspondiente a educación superior y doctorado, según datos del INE. A su vez, en los niveles de educación más altos es donde se detecta la diferencia más acusada entre sexos. En el lado contrario, para ese mismo grupo de edad, con nivel de formación de primera etapa de educación secundaria e inferior, los porcentajes eran de 33,8 por ciento de los hombres y 22,9 por ciento de las mujeres. A lo que se suma que el abandono temprano de la educación-formación en España alcanzaba la cifra de 20,2 por ciento para los hombres, siendo la más alta de todos los países de la Unión Europea y casi duplicando la cifra de la UE-27 (11,8 por ciento), mientras que para las mujeres fue del 11,6 por ciento en el año 2020.

Al mismo tiempo, el hecho de que la generación actual de jóvenes se considere la más formada y preparada profesionalmente no implica que disfrute de mayores oportunidades. De hecho, llama la atención el elevado nivel de desempleo juvenil también entre los más cualificados. El ejemplo más ilustrativo fue la fuga de talento de miles de jóvenes tras el estallido de la crisis de 2008, que provocó el mayor éxodo juvenil de la democracia. Las políticas públicas tienen un papel fundamental en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el sector público español está más orientado hacia los mayores, y no es capaz —o no lo hace con la intensidad y el interés que debería dedicarle— de dar soluciones a gran parte de los problemas, demandas y necesidades de los jóvenes. Tanto por diseño y estructura como por las cantidades que se destinan, el gasto del sector público se focaliza hacia los mayores, mientras que los recursos destinados a los jóvenes son, en comparación, escasos. España concentra la mayor parte del gasto social en satisfacer el pago y la revalorización de las pensiones. Además, la precariedad laboral conduce a unas prestaciones por desempleo que resultan insuficientes por su insignificante duración, como también lo son las políticas relacionadas con las rentas básicas de emancipación o las rentas mínimas para los jóvenes. El sistema de pensiones español es envidiable y refleja un éxito como sociedad, pero hay que ser capaces de sostener el sistema al mismo tiempo que se dispone de los mecanismos de protección y redistribución, necesarios para atender las necesidades de todos los grupos de edad.

Los jóvenes pierden confianza en las instituciones y están infrarrepresentados en los partidos políticos

Tomando como base el elevado ritmo de envejecimiento poblacional de España, a continuación se expone la estrecha relación existente entre esta dinámica y la representación y participación política actual. De entrada, se podría adelantar que el colectivo de los jóvenes es claramente uno de los más insatisfechos del país y el que manifiesta una mayor desafección por las instituciones y el sistema político. Concretamente, el 37,3 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años y el 21,7 por ciento de los que tienen entre 25 y 34 años valoran con menos de 3 puntos (sobre 10) su satisfacción con el sistema político actual. Los jóvenes españoles son críticos con el establishment del país.

Las previsiones realizadas por el INE advierten de la peligrosa pérdida de representación que viene soportando la población más joven en nuestro país respecto del total de habitantes e indican que, en apenas veinte años, los ciudadanos españoles mayores de 60 años casi duplicarán a los menores de 21 años. A tenor de lo anterior, resulta fundamental abordar, por una parte, si la representación en los partidos políticos presenta esta misma dinámica y, por otra, si el hecho de que la población joven cada vez simboliza un menor potencial de voto o apoyo político se refleja en que los representantes políticos tengan a los jóvenes cada vez más en el olvido. Como curiosidad, mientras que en 1976 las personas menores de 21 años representaban casi el 40 por ciento de la población española (había 2,5 menores de 21 años por cada persona con 60 años o más), cuarenta años después, los más jóvenes apenas suponían un 20 por ciento, y la proyección del INE no es nada alentadora, ya que estima que esta representatividad se puede desplomar hasta el 16-17 por ciento para el año 2040.

Cabe recordar que el sentimiento de insatisfacción, desesperanza y hastío que parece haberse extendido entre la población más joven fue lo que provocó la salida en masa del país de miles de jóvenes españoles altamente preparados y sin oportunidades de trabajo. Por otra parte, numerosos jóvenes de distintos países se organizaron y emprendieron conocidos movimientos de protesta: los «indignados», en Europa, y Occupy Wall Street, en Estados Unidos, por ejemplo. Estos movimientos comenzaron a cuestionar el sistema actual, impulsados, también, por la elevada situación de emergencia social del precariado. Según el banco de datos de Metroscopia, la confianza en las instituciones (también conocida como confianza institucional) de los jóvenes de entre 18 y 34 años se sitúa en el 53 por ciento de este colectivo de edad, mientras que para los mayores de 65 años este porcentaje es del 60 por ciento.

Pero ¿qué es lo que preocupa a los jóvenes? A diferencia de lo que parece entreverse, la política también está entre las principales inquietudes de los jóvenes, pues, según los últimos datos extraídos del sondeo realizado por el Instituto de la Juventud (INJUVE) en 2017, seis de cada diez jóvenes españoles (59 por ciento) considera que «hay que votar siempre, es una obligación en democracia», frente al 38 por ciento que considera que «sólo hay que votar cuando hay una alternativa satisfactoria». Asimismo, los datos muestran que la preferencia por votar siempre es más común entre las mujeres. De aquí se deduce que las mujeres jóvenes están mucho más interesadas y comprometidas con la toma de decisiones políticas que sus predecesoras. Sin embargo, ¿cuántas mujeres jóvenes con responsabilidades políticas hay actualmente en el panorama político español? ¿Reflejan los partidos políticos las inquietudes actuales de la sociedad, en general, y de los jóvenes, en particular?

En principio, podría parecer que los partidos políticos se esforzaron por empatizar con la población más joven y por contentarla en las últimas elecciones, celebradas en noviembre de 2019, ya que son los más jóvenes los que más tienden a la abstención, en comparación con otros grupos de edad. No obstante, normalmente, los jóvenes son excluidos o ignorados como candidatos o representantes políticos. En el estudio «Youth participation in national parliaments», publicado por la Unión Interparlamentaria (UIP) en 2021, se indica que «las personas entre 20 y 44 años representan el 57 por ciento de la población mundial en edad de votar, pero sólo al 26 por ciento de los parlamentarios del mundo. Los jóvenes menores de 30 años representan el 1,9 por ciento de los parlamentarios del mundo y más del 80 por ciento de las cámaras superiores de los Parlamentos no tienen diputados menores de 30 años». En los últimos años, los datos han mejorado para los parlamentarios de 31 a 40 años, pero no han tenido la misma suerte los parlamentarios menores de 30, cuya representación continúa siendo persistentemente baja. El sistema debería hallar la fórmula para alentar, integrar y mejorar la participación juvenil en las instituciones, a la vez que debería resolver las disparidades existentes entre el número de hombres y mujeres jóvenes que entran en el Parlamento y en el resto de las instituciones públicas. El Foro de Jóvenes Parlamentarios de la UIP define a los parlamentarios menores de 45 años como «jóvenes», en un intento de incluir a todos los Parlamentos, y reconoce que, en algunos países, algunas cámaras —especialmente las Cámaras Altas— tienen requisitos de edad mínima relativamente elevados.

Actualmente formar Gobierno en España supone un desafío cada vez más complejo, y la ruptura de la tendencia al bipartidismo altera y condiciona enormemente la intención de voto, al haberse incrementado la oferta electoral. Los partidos más nuevos (Podemos, Ciudadanos y Vox) han tenido más éxito entre los jóvenes recientemente, mientras que los partidos con más historia y experiencia de gobierno (PSOE y PP) continúan dominando entre las generaciones de mayor edad. Los nuevos partidos aparecen por delante de los tradicionales en todos los grupos de edad hasta el punto de inflexión de los 45 años, que se puede considerar como el corte generacional. Pero esta brecha generacional en el voto no ha existido siempre, sino que se ha generado durante la última década, en diferentes países occidentales y al mismo tiempo.

El Eurobarómetro da muestras de que las dificultades que afectan a la población joven en España son claramente percibidas a escala europea. Siete de cada diez jóvenes españoles declaran que se sienten marginados y no tenidos en cuenta por el sistema económico y social del país debido a la crisis económica. También llaman la atención los datos sobre las percepciones de los españoles, según Foessa (2019), que explican y reflejan el hecho de que las últimas crisis han afectado principalmente a los que menos tienen (93 por ciento), especialmente a los trabajadores maduros o de más de 65 años (61 por ciento), seguidos por los jóvenes (56 por ciento) y los adultos (45 por ciento), mientras que los menos afectados habrían sido los jubilados (42 por ciento).

En un artículo de 2019 publicado en The New York Times, el periodista y escritor español David Jiménez dice: «Un país que deja atrás a sus jóvenes compromete su futuro y pone en riesgo sus logros. Cuando ese abandono se hace, además, para beneficio de su población mayor, se fomenta una fractura generacional que impide que la sociedad reme en la misma dirección. España podría enfrentarse a décadas de estancamiento y oportunidades perdidas si no revierte una situación que ha sido agravada por su clase dirigente, incapaz de movilizarse en cuestiones que no aportan rédito electoral inmediato. Si España no quiere arriesgar los logros de las últimas cuatro décadas en democracia, sus dirigentes tendrán que empezar a escuchar a quienes deben consolidarlos o mejorarlos. La alternativa es un futuro en manos de una generación desencantada y resentida hacia el país que les traicionó».7

Los jóvenes lideran la lucha contra el cambio climático

La preocupación y la inquietud de los españoles por el cambio climático y sus consecuencias van en aumento, pero no todas las generaciones comparten la urgencia de establecer un marco regulador, tanto a escala nacional como europea, para limitar las emisiones de dióxido de carbono y mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C, a fin de mitigar los impactos del cambio climático en nuestro día a día. Los hechos demuestran que las actitudes ante este problema son muy diversas, sobre todo por parte de algunos grupos de edad más avanzada (y más negacionistas), y esto estaría manifestando un claro punto de disensión. Por lo tanto, cabe preguntarse cómo se está abordando, actualmente, la principal crisis a la que se enfrenta la humanidad, teniendo en cuenta que —en una dinámica de envejecimiento poblacional como la que vive en la actualidad nuestro país— la población de más edad tiene una menor preocupación por lo que ocurrirá en un futuro.

Este capítulo sobre la brecha generacional entre jóvenes y mayores en España también pretende reflejar la diversidad de opiniones que genera el hecho de la emergencia climática. Este aspecto llega a convertirse en un elemento de enfrentamiento entre diferentes generaciones en cuanto a las prioridades, cuando lo que parece necesario es que sea un problema sobre el que exista un gran consenso. Por ello, en este apartado intentaremos darle la vuelta a esta perspectiva y mostrar cómo la crisis climática puede ser un aspecto que cree unión entre personas de los diferentes grupos o tramos de edad.

La mayoría de las encuestas sobre el cambio climático que tienen en cuenta los diferentes grupos por sexo o edad revelan que, por un lado, las personas mayores de sesenta y cinco años son el grupo menos concienciado en relación con la crisis climática, mientras que los jóvenes son los más concienciados en este sentido; y ello pese a que los ciudadanos de más edad constituyen uno de los principales grupos de riesgo ante los desastres climáticos, cada vez más comunes. Sin embargo, por otro lado, los mayores destacan frente a los jóvenes por sus correctos hábitos de consumo, y normalmente son más ahorradores y están más concienciados respecto al reciclaje. De hecho, este contraste se confirma con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): tras preguntar sobre esta cuestión en 2019, el 90 por ciento de los encuestados de entre 25 y 34 años consideraban que el cambio climático era una realidad, mientras que entre los mayores de 65 años apenas el 72,6 por ciento estaban de acuerdo con ello.

El Real Instituto Elcano incluye, además, la variable del nivel formativo en la ecuación, y argumenta que «los desempleados, jubilados y amas de casa son más reticentes a que se destine dinero a compensar el efecto del cambio climático si ello supone reducir otras partidas estatales. Sin embargo, en todos los grupos sociodemográficos o ideológicos dominan los que mantienen posiciones ecologistas, incluso entre las personas mayores, de derechas, rurales, desempleadas, amas de casa y de bajo nivel educativo, concluyendo que son una minoría (en torno al 4 por ciento) los que niegan la existencia de ese cambio climático».8 En septiembre de 2019, esta institución publicó una encuesta que había efectuado bajo la premisa de que el cambio climático constituía una de las principales amenazas a escala mundial y que la lucha contra él debía venir de un esfuerzo coordinado por parte de todos. A este fin, formuló una serie de preguntas entre los residentes españoles mayores de 18 años, y las conclusiones fueron sorprendentes: «La población española percibe con gran preocupación el cambio climático, que considera de forma espontánea la principal amenaza medioambiental a la que se enfrenta el mundo en la actualidad. Son poquísimos —en torno al 4 por ciento— los que niegan la existencia de ese cambio climático».

A pesar de que las personas mayores de 65 años son el grupo menos concienciado sobre los peligros y las consecuencias que conlleva el cambio climático, éstas conforman uno de los colectivos que más lo padece debido a que, normalmente, el estado de salud de los mayores suele ser más vulnerable y frágil que el de los más jóvenes. Los efectos del cambio climático multiplican las causas de mortalidad, ya que pueden tanto modificar la gravedad y la frecuencia de los problemas de salud de los de más edad —que ya estarían influenciados por factores climáticos o meteorológicos— como crear nuevos problemas. En este sentido, consideremos la reciente situación de emergencia sanitaria vivida en el mundo debido a la COVID-19, que se cebó especialmente con las personas mayores. Conviene recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el cambio climático como una de las mayores amenazas para la salud del planeta, y estima que podría causar unas 250.000 muertes adicionales al año en el período 2030-2050, sin olvidar los fenómenos meteorológicos que ocasiona o agrava, como las inundaciones, los huracanes, los tsunamis, las olas de calor, las sequías, etcétera.

En el caso de España, como se indicaba anteriormente, la preocupación por el cambio climático y el conocimiento de que representa una grave amenaza para la salud son altos y, concretamente, figuran entre las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, sólo por detrás de la inestabilidad política y del paro. A pesar de ello, entre los españoles se manifiesta una importante brecha generacional en torno a este asunto: mientras que el 52 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29 años creen que la emergencia climática es uno de los principales problemas —diez puntos por encima de la media del país, del 42 por ciento—, apenas un 20 por ciento de la población comprendida entre los 30 y 64 años comparte esta opinión.

Se constata así que jóvenes y mayores muestran diferentes sensibilidades y opiniones respecto a los impactos del cambio climático, lo cual podría estar relacionado con la diferencia de edad y con las etapas o momentos vitales que atraviesan; pero se ha mostrado que todas ellas son igualmente vulnerables a los impactos provocados por la situación de emergencia climática, destacando la vulnerabilidad de los de más edad. De ahí la necesidad de involucrar a toda la población en la lucha contra esta importante amenaza global.

La brecha entre mayores y jóvenes en clave tecnológica

La brecha generacional que existe en torno a la digitalización es amplia; los datos de 2019 indican que hay un relevante descenso en el número de personas mayores de 55 años que utilizan internet en España. Entre 2007 y 2019, el proceso de alfabetización digital que experimentaron tanto jóvenes como mayores durante estos años fue claramente creciente: mientras que en 2007 la brecha era de 78,6 puntos porcentuales entre el grupo de edad más conectado (16-24 años) y el menos conectado (65-74 años), en 2019 esta distancia se había reducido hasta los 35,5 puntos. Además, los datos reflejan que, en el grupo de mayor edad (65-74 años), los hombres lideran la utilización del ordenador y el acceso a internet frente a las mujeres. Mientras en 2007 sólo el 7 por ciento de las personas mayores utilizaban internet, en 2019 esta cifra había ascendido hasta el 64 por ciento, impulsada por la alfabetización digital de las mujeres.

El concepto de «brecha digital» surgió a principios de la década de 1990 con la democratización del uso del ordenador, y desde entonces se utiliza para hacer referencia a las desigualdades existentes en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), entre sexos, edades, regiones, países, etcétera. Así pues, se puede hablar de una brecha digital generacional, y la reciente situación de estado de alarma a causa de la pandemia mundial de la COVID-19 la ha puesto aún más de manifiesto en el período en que las familias se vieron obligadas a confinarse en sus hogares: por un lado, los niños y los adolescentes debían proseguir su formación con medios telemáticos a los que no siempre tenían acceso, y, por otro, los más mayores debían ser autosuficientes en solitario, aunque en gran parte no disponían de herramientas o de conocimientos digitales. Según el INE (2019), el 41 por ciento de los españoles de entre 65 y 74 años no tienen ninguna competencia informática, y apenas el 9 por ciento de los mayores de 75 años emplearon herramientas de comunicación por internet en 2019. Para estos dos grupos de edad, el manejo y la comunicación a través de internet representan una barrera o un impedimento importante, ya que tan sólo el 8,9 por ciento declaran saber cómo hacer una llamada o videollamada y menos del 17 por ciento utilizan herramientas de mensajería instantánea. Estas cifras ponen de manifiesto el aislamiento y el desamparo social y familiar al que se han visto expuestas las personas de mayor edad durante los meses de confinamiento en nuestro país, un hecho que resulta alarmante en relación con la cohesión digital y la equidad. Es necesario evitar que la brecha digital se convierta en un nuevo factor de exclusión social. «La crisis de la COVID-19 ha concienciado a la sociedad de la situación de desamparo digital que se encuentran los mayores, no sólo a las propias personas mayores, sino también el resto de la familia, que se ha dado cuenta de lo importante que es que sus mayores estén conectados», considera Leopoldo Abad, autor del estudio «La brecha digital generacional: alfabetización digital para la e-inclusión de los mayores».9

Es relevante tener presente que actualmente habría seis perfiles digitales diferentes en la sociedad cuya principal característica común estaría definida por su grupo de edad; a este respecto, y según un estudio realizado por la consultora Coolhunting Group, más del 80 por ciento de las personas que integran un determinado tramo de edad presentan características comunes. Estos grupos de edad, o generaciones, son los siguientes: 1) la generación silenciosa, nacidos entre 1925 y 1944 (los que han conformado el mundo actual); 2) los babyboomers, nacidos entre 1945 y 1964 (que son los que más consumen, ya que, en general, disponen de un mayor poder adquisitivo); 3) la generación X, nacidos entre 1965 y 1979 (conocida como la juventud de los ochenta); 4) la generación Y, nacidos entre 1980 y 2000 (los llamados millennials, quienes crecieron con el cambio de siglo); 5) la generación Z, nacidos de 2001 a 2010 (los nativos digitales); y 6) la generación Alfa, nacidos a partir de 2011 (los verdaderos nativos digitales, por excelencia). Todos estos grupos presentan significativas diferencias o contrastes entre ellos, y supone todo un reto identificar sus necesidades y tomar las medidas acertadas para paliar la aparición de barreras o brechas entre unos y otros.

Conocer las diferentes generaciones digitales y sus distintos comportamientos resulta relevante desde el punto de vista demográfico y sociológico, pero también desde la perspectiva económica y empresarial. Por una parte, no todos los grupos presentan los mismos hábitos, intereses y necesidades de consumo, lo cual condicionaría la actividad económica y empresarial de las empresas. Asimismo, por otra parte, también estas diferencias entre generaciones en edad de trabajar afectan a la organización interna de las empresas empleadoras, ya que su gestión empresarial y laboral debe conjugar las visiones o maneras de trabajar de personas de generaciones diferentes que conforman sus plantillas.

La brecha generacional a debate: propuestas
de solución

A lo largo de este capítulo se ha analizado la significativa brecha generacional que presenta España. Una brecha generacional, económica y social que constituye un problema del presente y, sobre todo, del futuro de nuestra sociedad.

Actualmente, no cabe duda de que los jóvenes tienen acceso a una gran variedad de bienes y servicios en comparación con los que disponían otras generaciones de jóvenes en el pasado, pero también deben afrontar graves dificultades para llevar a cabo sus proyectos vitales. Esto supone una paradoja para una generación que, por un lado, vive en un estado de bienestar desarrollado y disfruta del acceso al ocio o la tecnología, pero que, por otra parte, no puede acceder con dignidad a modelos de vida que incluyan el acceso a la vivienda o a empleos estables y bien remunerados. Esto se debe, en gran medida, a que fueron el colectivo más hostigado por la crisis financiera de 2008, pero también a que las medidas adoptadas en los últimos años no tuvieron en cuenta las necesidades de la juventud. Y, ahora, tras el impacto de la pandemia por la COVID-19, parece que los jóvenes vuelven a ser el colectivo más maltratado por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya habla de la «generación del confinamiento».

Por lo tanto, resulta prioritario proponer soluciones a una juventud que reclama políticas públicas que den respuesta a sus problemas y necesidades. Una sociedad que da la espalda a los jóvenes que la conforman no es viable, y por ello se proponen aquí una serie de medidas para tratar de superar o cerrar la brecha generacional que afecta gravemente a España, medidas que se vertebran a partir de los ejes de la educación, la vivienda y el mercado laboral.

Respecto a las diferencias generacionales por cuestiones formativas, resulta clave fomentar los espacios de encuentro intergeneracional, por ejemplo, entre centros escolares y residencias de mayores, o los grupos de trabajo intergeneracional dentro de las empresas. También es esencial la formación en competencias digitales, impulsando la formación profesional adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral: mecanismos de formación, asesoramiento y apoyo al autoempleo y al emprendimiento juvenil, así como el diseño de nuevos itinerarios y programas de reinserción tras un primer fracaso escolar y laboral. Para esto último se considera que la formación profesional dual y el refuerzo de las prácticas durante los estudios (y los mecanismos de supervisión para evitar usos fraudulentos) podrían ser palancas interesantes a utilizar.

En cuanto a los aspectos del debate más centrados en el acceso a la vivienda, se considera necesario ampliar el parque público de viviendas junto con las ayudas disponibles para fomentar la emancipación y la adquisición de vivienda o el acceso a ella. Para lo anterior se propone crear una ventanilla única dirigida a los más jóvenes con el fin de que puedan informarse y acceder a todas las ayudas disponibles con mayor facilidad. Además, junto con lo anterior y con el fin de promover la participación juvenil, se plantea el estudio de cuotas de representación para menores de cuarenta y cinco años, así como el desarrollo de campañas, actividades o eventos para acercar la política a los jóvenes y acabar con su desinterés por ella.

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La brecha entre el mundo rural y el mundo urbano

La cuarta brecha de este libro viene impuesta por la dinámica territorial a la que nos lleva una especialización geográfica de la economía que, cada vez más, concentra la creación de riqueza y el empleo en unas áreas (ciudades y zonas costeras), con el riesgo creciente de despoblación de amplias zonas rurales y del interior del país.

Como se señala en la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico, puesta en marcha en 2019, la despoblación es un fenómeno generalizado que afecta al 50 por ciento de los municipios españoles, que actualmente están en riesgo de despoblación (por debajo de 12,5 habitantes por km²), pero que incide con mayor contundencia en los municipios más pequeños y sobre las áreas menos pobladas. Según los datos publicados a partir de dicha estrategia, desde 2001 hasta 2018, el 63 por ciento de los municipios españoles han perdido población. Y, si tomamos el período 2011-2018, más del 80 por ciento de los municipios españoles están perdiendo población.

Los datos son contundentes: mientras el 90 por ciento de la población se concentra en tan sólo el 30 por ciento del territorio, el 70 por ciento del territorio restante tan sólo concentra el 10 por ciento de la población. El 61 por ciento de los municipios españoles tienen menos de 1.001 habitantes, cifra que se ha considerado como indicador de que un municipio se encuentra en riesgo de extinción a medio plazo; además, según Eurostat, 19 provincias españolas están entre las menos densamente pobladas de Europa. La densidad de población más baja de toda España la tiene Castilla-La Mancha, con 25,69 habitantes/km², seguida por Castilla y León (25,97), Extremadura (26,13) y Aragón (27,42).

Esta brecha tiene importantes y diversas consecuencias en términos sociales, económicos, medioambientales e incluso políticos. Sus efectos son diversos, y a las tensiones territoriales se les suman consecuencias demográficas, de convivencia social, de presiones sobre el estado de bienestar, etcétera. Entre estos efectos destacan los siguientes: el envejecimiento de la población, con más de mil municipios en los que no hay ningún menor de cinco años; y la masculinización del territorio, ya que en el 75 por ciento de los municipios españoles hay más hombres que mujeres, y dicha tendencia es mayor en los territorios con menor densidad (con sus consecuencias sobre la natalidad).

También son reseñables, por ejemplo, los efectos de la brecha territorial sobre las situaciones económicas y de vulnerabilidad de los hogares. A los menores niveles de renta de los territorios más despoblados y rurales se les suman mayores tasas de pobreza. En España es especialmente notorio el dato que proporcionó el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil en 2019: «La pobreza infantil adquiere tintes específicos en contextos no urbanos y, especialmente, en zonas despobladas». Así, la tasa de pobreza infantil pasaría del 25,1 por ciento en zonas muy pobladas al 28,7 por ciento en zonas intermedias, y hasta al 34,3 por ciento en zonas poco pobladas.

Hablamos de una desigualdad que hace que las zonas rurales y del interior dejen de ser «atractivas» para muchos ciudadanos ante la falta de oportunidades laborales o de servicios públicos de calidad, especialmente para los jóvenes y las mujeres, dos de los colectivos que menos oportunidades encuentran en estas áreas.

Encontrar un equilibrio entre lo urbano y lo rural, entre el interior y la costa, debería ser una prioridad política para que miles de ciudadanos no se vean obligados a abandonar su lugar de residencia por cuestiones distintas a su voluntad.

En la actualidad tenemos que añadir que la COVID-19 ha incidido tímidamente sobre el equilibrio rural-urbano, aunque es muy pronto para evaluar la extensión de este impacto. El confinamiento nos hizo anhelar vivir más cerca de la naturaleza; el teletrabajo, que se ha impuesto a una buena parte de la población trabajadora, también anima a vivir fuera de las ciudades; la pérdida de ingresos producto de los ERTE, e incluso la pérdida del trabajo, nos ha hecho volver la mirada hacia los pueblos, pensando que allí gozaremos de más libertad y en un medio más saludable, además de que eso nos permitirá vivir con menos gastos económicos.

Está por ver si esta tendencia a lo rural será un efecto permanente o si, por el contrario, se revertirá una vez desaparecida la pandemia. Sea como fuere, el reto de atraer población a las zonas rurales está en marcha. El siguiente reto será arraigar a esa población, y para ello no hay otra vía que cerrar la brecha en cuanto a los servicios básicos y a las oportunidades laborales que ofrece el mundo rural.

Los inicios de la brecha territorial

En 1792, cuando el ministro Cabarrús escribió en una carta a Jovellanos que «la naturaleza no nos hizo para amontonarnos en grandes ciudades», Madrid tenía 50.000 habitantes. Hoy, la capital de España se acerca a los tres millones y medio de habitantes. Más allá de si la opinión del ministro ilustrado era correcta o no, tres grandes vectores de cambio se han producido en los últimos doscientos años, y son fuerzas que explican esa nueva realidad humana del «amontonamiento en grandes ciudades».

Por una parte, tenemos un incremento espectacular en el número de habitantes en el planeta. En segundo lugar, se ha producido la irrupción de la industrialización y la generalización del sistema económico capitalista fundado sobre la base de la maximización del beneficio privado, lo que exige analizar todas las relaciones humanas —incluyendo la localización y la vivienda— desde el punto de vista predominante de la rentabilidad económica como valor hegemónico en torno al que se organiza el conjunto de la sociedad, en abierta ruptura con lo que, hasta entonces, era lo dominante en la estructura social. En tercer lugar, se ha dado la aparición de determinados inventos y avances tecnológicos, como el acero, la electricidad, los ascensores o el automóvil, que han permitido darle forma a un nuevo concepto, el de megaciudad.

La industrialización del siglo XIX fue, sin duda, el desencadenante de una verdadera revolución urbana. Podemos decir que fue la lógica económica del capitalismo industrial la que generó la primera gran oleada de emigración desde el campo hacia la ciudad. Como efecto reactivo, hay una segunda fase en la dinámica rural-urbano en la que se reequilibran las ventajas, ya que la mecanización de la agricultura y la posterior aplicación de fertilizantes elevaron rápidamente la productividad del campo, mejorando las condiciones de vida de los que se quedaron en las zonas rurales. En esta fase, las ventajas asociadas al avance de la urbanización se trasladan, parcialmente, a las zonas rurales.

En una tercera fase aparecen los problemas asociados a las grandes metrópolis urbanas y a la alta densidad demográfica que las caracteriza. Entonces empieza a ponerse de moda «huir de la ciudad» para traer algunas de las características del campo a un nuevo diseño urbano, que va desde la «ciudad jardín», hasta las urbanizaciones en las afueras.

En la cuarta fase destaca un paulatino abandono de lo rural. Lo urbano vuelve a despegar gracias a que ofrece mejores dotaciones de servicios públicos, mayores oportunidades de carreras profesionales, más opciones de ocio y cultura y una gran capacidad de atracción del talento.

Sin embargo, el golpe definitivo viene de la mano de la globalización, por la apertura de mercados mundiales y la permanente obsesión/necesidad de los habitantes de las ciudades de obtener alimentos variados y a precios cada vez más bajos. Esto enmarcaría el reflejo actual de la situación: una actividad agrícola menos rentable y un campo con cada vez más zonas despobladas, y más amplias. Y, en paralelo: un mundo ciudadano que ve crecer de manera apreciable sus habitantes en una economía cada vez más diversa y global.

Esta situación ha generado profundo malestar, indignación y rebeliones, por ejemplo, en algunos movimientos como el de los chalecos amarillos1 o el de la España vaciada. Abordar, pues, la brecha rural-urbano sólo desde la óptica de la lógica económica de la rentabilidad, que es la que ha provocado la brecha ciudad-campo, sería un error que llevaría al fracaso. Así pues, parece que hay que abordar la brecha entre lo rural y lo urbano desde una lógica de igualdad de derechos y, a la vez, desde unas políticas públicas democráticas que deben garantizar a todos los ciudadanos la libertad de vivir donde quieran sin que eso signifique merma en sus derechos.

Además, actualmente entramos en una nueva fase de relación entre lo rural y lo urbano, un nuevo estadio en el que cada vez más gente trabaja, se relaciona y se divierte «en la red», haciendo que el lugar donde vivan, en igualdad de acceso a los servicios públicos y telemáticos, dependa más de sus preferencias individuales que de su realidad social y laboral.

Estado de la situación en cuanto a la brecha entre mundo rural y mundo urbano

Antes de entrar a cuantificar y analizar el fenómeno de la despoblación, vamos a intentar definir qué es el mundo rural. La Comisión Europea considera que «la noción de espacio o mundo rural va más allá de una simple delimitación geográfica; se refiere a todo un tejido económico y social que comprende un conjunto de actividades muy diversas». Dentro de la UE, no existe un consenso entre lo que es y no es rural. Para algunos países, como Alemania, España, Francia, Irlanda o Italia, el factor principal para definir un espacio como rural es el poblacional.

Organismos como la OCDE y la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) utilizan criterios de densidad demográfica, y en estos casos el límite está en los 150 y los 100 habitantes por km², respectivamente. Los umbrales utilizados para delimitar los espacios rurales de los urbanos pueden ser muy diferentes según los países; así, el límite máximo de habitantes del municipio rural varía de los 200 de Islandia, a los 2.000 de España y Francia y hasta los 30.000 de Japón.

La despoblación de las áreas rurales: un problema global

En la última mitad del pasado siglo XX se registró un crecimiento enorme de la cifra de población mundial. En 1950, esta cifra era de alrededor de 2.500 millones de habitantes; menos de cuatro décadas después, en 1990, había superado los 5.000 millones, y la población mundial llegó a aproximadamente 7.750 millones de personas en 2021. Según el informe de la ONU «World Urbanization Prospects» de 2019, la población mundial seguirá creciendo, y en 2050 seremos cerca de 10.000 millones de habitantes.

En este panorama, hay dos tendencias imparables a escala global: 1) la concentración de la población en las áreas urbanas y la proliferación de las llamadas «megaciudades» (de más de 10 millones de habitantes); y 2) la despoblación de las áreas rurales. Globalmente, hoy día, hay más personas viviendo en áreas urbanas que en áreas rurales.

Gráfico 6.1. Población mundial, urbana y rural (1950-2050)

Fuente: Naciones Unidas, informe «World Urbanization Prospects» (2019).

La despoblación es una consecuencia de la vulnerabilidad de las zonas rurales, no su causa. Los desequilibrios demográficos se miden con cuatro variables no independientes: la densidad de población, que supone un riesgo de polarización territorial; la tendencia en el número de habitantes; la tendencia de la pirámide de edad; y la masculinización de la población.

Atendiendo a la densidad de población, a nivel mundial, España ocupa el puesto 88 en el ranking de densidades de población de los distintos países, y tiene una densidad de población de 93 habitantes/km² (en 2019), que es considerada una densidad moderada. España es el cuarto país más poblado de la Unión Europea, según las estadísticas de Eurostat. Sin embargo, su densidad de población la sitúa en el puesto 18 en el ranking de la UE-28 (incluido Reino Unido, antes del Brexit), y es menor que la de la mayoría de los países de Europa occidental.

La Unión Europea sitúa el riesgo de despoblamiento en una densidad de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Nuestras áreas rurales, caen ampliamente dentro de este riesgo. El número de municipios españoles con una densidad de población igual o menor a 12,5 habitantes/km² es de 3.939 municipios, es decir, el 48 por ciento del total de los municipios. El problema, por tanto, afecta a aproximadamente unos 1,3 millones de habitantes.

Este riesgo de despoblamiento no se distribuye por igual entre las distintas comunidades autónomas. La comunidad más densamente poblada es Madrid, a gran distancia de la segunda, Euskadi. Hay una enorme concentración de población en las comunidades costeras, llegando en el Mediterráneo y las islas a presentar índices de densidad superiores al doble de la media de España. Las comunidades del Cantábrico y Galicia se sitúan aproximadamente en la media española. La despoblación se centra en las comunidades del interior: Aragón, Extremadura y las dos Castillas tienen una densidad de población menor a un tercio de la densidad media.

Además del reto de la densidad de población, otro de los grandes desafíos es el envejecimiento de la población en las áreas rurales. España cuenta en la actualidad con un total de 8.131 municipios. Si los clasificamos por tamaño de la población, menos del 1 por ciento de los municipios a los que hemos catalogado como grandes urbes de más de 100.000 habitantes acogen al 40 por ciento del total de la población, mientras que la población de los municipios rurales de menos de 2.000 habitantes, aunque suponen el 72 por ciento del total de los municipios, no llega al 6 por ciento del total de España.

El «vaciado» del mundo rural ha seguido inexorablemente a lo largo de la década de 2010. Desde 2010, más de 110.000 personas han emigrado hacia zonas con más futuro y mejores servicios. Los municipios de menos de 2.000 habitantes, que representaban en el año 2000 el 7,5 por ciento de la población española, hoy no llegan al 5,7 por ciento. Los municipios que llamamos «semirrurales» (entre 2.000 y 5.000 habitantes) no han salido mejor parados, y en los últimos diez años han perdido casi un 6 por ciento de su población.

Toda España, y podríamos decir todo el mundo occidental, está sufriendo un proceso de envejecimiento «natural» progresivo debido, por un lado, al aumento de la esperanza de vida y, por otro, al bajo nivel de nacimientos. Nuestra esperanza de vida es de 83,33 años, según datos del INE, lo que nos sitúa como el tercer país con la esperanza de vida más alta del mundo, sólo por detrás de Japón y Suiza.

Por otro lado, en cuanto a la edad media, nos situamos en el puesto 13 del ranking mundial, y en el puesto 10 dentro de los países de la Unión Europea. La edad media de la población española en 2019 era de 44 años.

En el mundo rural, a este envejecimiento «natural» tenemos que añadir el envejecimiento «migratorio» producido por la marcha de los jóvenes hacia zonas urbanas. Se observa que en las zonas rurales hay un porcentaje de población mayor de 65 años muy por encima de la media nacional. En el año 2000, el 28 por ciento de los habitantes de municipios rurales tenía más de 65 años, mientras que la media nacional se situaba en un 17 por ciento. En 2019, este porcentaje ha subido al 29 por ciento, pero también ha envejecido la población total, ya que los mayores de 65 años representan el 19 por ciento de la población de España.

Otro de los daños colaterales de la emigración del campo a la ciudad ha sido la masculinización de las áreas rurales. En una economía eminentemente agrícola, el papel de la mujer ha quedado tradicionalmente relegado al trabajo doméstico y de cuidados. Sin embargo, el desarrollo del sector servicios en las ciudades proporcionó un nicho laboral muy atractivo para la inserción laboral y la movilidad social de las mujeres, que son parte importante de la emigración a las ciudades, lo cual conlleva consecuencias por lo que respecta a la reducción de la natalidad en las zonas rurales.

Los municipios rurales tienen un 52 por ciento de población masculina, frente al 49 por ciento del total nacional o el escaso 48 por ciento de las grandes urbes. Además, los municipios rurales son los únicos donde la masculinización ha crecido sistemáticamente en las dos últimas décadas.

Gráfico 6.2. Masculinización de la población por tipo
de municipio en España

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (2020).

El envejecimiento y la masculinización en las zonas rurales no han hecho más que agravar los profundos procesos de transformación en la estructura de los hogares en España. De 2013 a 2019, el número total de hogares en España creció un 2,2 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 18,6 millones de hogares. En ese mismo período, el número de hogares unipersonales de personas de más de sesenta y cinco años creció un 11,3 por ciento, llegando al 14,6 por ciento en las zonas rurales.

Indicadores socioeconómicos de la brecha territorial

Durante los últimos años, en el debate sobre la desigualdad han ganado peso los enfoques sobre las desigualdades territoriales en detrimento de las desigualdades personales.

Para desarrollar este apartado, consideremos las provincias españolas clasificadas en tres grupos: provincias que componen el «núcleo duro» de la despoblación (son 11); provincias que componen el «núcleo blando» de la despoblación (12); y el resto de las provincias, las que llamaremos «provincias pobladas» (27).

La COVID-19 ha tenido un efecto devastador sobre el empleo. En 2020 se observó una caída sustancial en la tasa de actividad en los tres grupos de provincias antes considerados, y el más penalizado fue el núcleo duro, ya que el núcleo blando se ha defendido mucho mejor. Por su parte, las provincias pobladas (muchas de ellas costeras y, por tanto, muy dependientes del turismo) sufrieron una caída similar a las del núcleo duro, aunque algo más leve.

Si analizamos el problema laboral de la España vaciada desde el punto de vista del empleo, volvemos a obtener unos datos demoledores hasta 2019. Las provincias del núcleo duro de la despoblación presentan una tasa de empleo sistemáticamente por debajo de las tasas correspondientes al núcleo blando y a las provincias pobladas. En 2002, la tasa de empleo del núcleo duro se situaba más de seis puntos por debajo de la de las provincias pobladas, y tres puntos por debajo de la del núcleo blando. En 2019, esta distancia se acortaba a dos puntos respecto a las provincias pobladas, y casi se anulaba respecto a las provincias del núcleo blando.

El mayor golpe en el empleo se lo llevaron las provincias pobladas, más dependientes del turismo y la hostelería como hemos dicho anteriormente, con una caída en términos relativos de su tasa de empleo del 4,28 por ciento, muy superior a la caída del núcleo blando (1,43 por ciento), y a la del núcleo duro, que presenta el mejor comportamiento relativo de los tres grupos analizados (0,79 por ciento).

Por su parte, la tasa de paro castigó más duramente a las provincias del núcleo blando que a las del núcleo duro. En 2019 este grupo presentaba la cifra más alta de los tres, un 15,64 por ciento de parados entre su población activa, y subió más de un punto en 2020. Las provincias del núcleo duro que en 2002 presentaban la cifra más baja de la serie (9,05 por ciento) vieron cómo su paro se incrementaba hasta el 11,68 por ciento en el período transcurrido hasta 2019, y cómo incluso en 2020 consiguieron reducir su tasa de paro en medio punto en términos absolutos y en un 5,58 por ciento en términos relativos.

Una vez más vemos cómo las provincias de la España poblada son las que más están sufriendo en términos de empleo. Su tasa de paro creció en algo más de un punto en 2020 en términos absolutos, lo que supone un aumento del 18 por ciento en términos relativos respecto a su tasa de 2019.

En 2018, el PIB per cápita nacional, según el INE (Contabilidad Regional de España, a nivel provincial) ascendió a 25.770 euros. La diferencia entre la España vaciada (núcleos duro y blando) y la España poblada es brutal. El núcleo duro se sitúa 13 puntos por debajo de la media nacional, y a una distancia de 16 puntos con respecto al grupo de las provincias pobladas. El núcleo blando presenta una foto muy parecida a la del núcleo duro, situándose a once puntos de distancia de la media nacional, y a catorce puntos de las provincias pobladas.

La caída de 11 puntos en el PIB sufrida en España en 2020 como consecuencia de la COVID-19 afectó de forma muy desigual a las distintas provincias de nuestro territorio. Según un artículo publicado por el Banco de España, las mayores caídas del PIB en 2020 se habrían concentrado en un grupo de provincias ubicadas en el arco mediterráneo y Canarias.

Estas menores caídas del PIB en las provincias de la España despoblada acortarán las diferencias entre las tres áreas respecto al PIB per cápita en los próximos años, pero una vez más corremos el riesgo de que vuelvan a producirse a medio plazo si no cambiamos el paradigma económico con políticas activas de desarrollo rural.

Por otro lado, cabe señalar que la calidad de vida y el nivel de población no tienen una relación directa: comunidades autónomas que sufren el fenómeno de la despoblación tienen un índice de calidad de vida superior a la media nacional, como es el caso de La Rioja, Aragón (muy por encima de la media nacional) y Castilla-La Mancha (casi en línea con la media). Por el contrario, Castilla y León, Extremadura y Galicia presentan valores netamente inferiores a la media, siendo Galicia la comunidad con peor índice del conjunto.

El mantenimiento del bienestar social requiere trabajar por conseguir una sociedad más equitativa. La renta neta media nacional por unidad de consumo en 2019 fue de 17.287 euros, presentando un crecimiento respecto a 2008 del 7 por ciento. Este crecimiento fue menor en las tres comunidades despobladas y particularmente desfavorecidas: Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, que, además, presentan valores notablemente más bajos en su nivel de renta.

La renta disponible media total en 2018 fue de 22.634 euros; pero entre la de los municipios más pequeños (de menos de 1.000 habitantes) y la de los más grandes (de más de 500.000 habitantes), existe una brecha de 42 puntos; o, dicho de otra manera, la renta de los más pequeños es solamente el 58 por ciento de la de los más grandes. Casi sin excepción, la renta disminuye progresivamente con el tamaño del municipio.

Con los índices de renta disponible, y tomando como base 100 el total nacional, vemos cómo la renta media nacional se ajusta a la de los municipios de 100.000 a 500.000 habitantes, y sólo los de 50.000 a 100.000 superan la renta media. Para los demás tamaños de los municipios, el decrecimiento es sistemático y progresivo.

Entre la Comunidad de Madrid y Extremadura, que son las economías de mayor y menor paridad de poder adquisitivo, respectivamente, hay una diferencia de casi 30 puntos porcentuales. Si analizamos el ranking respecto al nivel de precios medios, las seis comunidades de la España despoblada se encuentran en la parte baja de la tabla, aunque con grandes diferencias: Aragón, La Rioja y Castilla y León (las de mayor renta dentro de este subgrupo) están 2 y 5 puntos respectivamente por debajo de la media; Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura (las de menor renta) presentan diferenciales más altos, con los 6 puntos porcentuales de Galicia, los 10 de Castilla-La Mancha y los 14 de Extremadura.2

Gráfico 6.3. Renta media por unidad de consumo,
en comunidades autónomas españolas seleccionadas
(2019)

Fuente: Encuesta de condiciones de vida (INE) y elaboración propia.

Tras analizar la calidad de vida, cabe prestar atención a los indicadores de pobreza y exclusión social. Según el informe «El estado de la pobreza», en el año 2021 el 26,4 por ciento de la población española se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, y una de cada tres de esas personas vive en una zona rural o poco poblada, porcentaje muy superior a la cuota que le correspondería si la pobreza se distribuyera equitativamente entre las zonas.3

En otras palabras, y según señala el informe, la población pobre busca zonas más económicas debido a sus escasos ingresos, y vive en mayor proporción en zonas rurales, donde, paradójicamente, hay menos recursos a su disposición. A su vez, las personas pobres que viven en zonas menos pobladas son las que tienen más dificultades para poder desplazarse a otras zonas con más recursos, lo que las sitúa en un círculo vicioso del que es difícil escapar.

El tamaño de la población de un determinado territorio no tiene una relación directa con la pobreza, pero, junto con otros factores económicos y sociales, sí marca cuáles son las comunidades despobladas con un alto o muy alto índice AROPE. En Castilla-La Mancha y Extremadura, despoblación y pobreza van de la mano.

La brecha en los servicios y recursos básicos

No podemos hablar de calidad de vida y bienestar social de una población si ésta no está recibiendo adecuadamente unos servicios públicos y básicos por parte de las distintas Administraciones. La falta de rentabilidad y el alto coste de prestar estos servicios en las áreas más despobladas incide sobre el fuerte desequilibrio entre territorios.

En 2016, la Fundación BBVA realizó un análisis para cuantificar el tiempo necesario para llegar por carretera desde los municipios más remotos hasta las ciudades o centros de actividad económica, comercial y de ocio; para ello, tomando como punto de partida los municipios rurales, construyó un indicador de accesibilidad por carretera. Con este indicador fue capaz de dividir los municipios rurales en dos categorías: municipios accesibles y municipios remotos. Los municipios remotos son aquellos que tienen un tiempo medio de viaje superior a 45 minutos para llegar a los centros urbanos. El resultado es que, a escala nacional, el 58 por ciento de los municipios rurales son accesibles, y el 42 por ciento, remotos.

Este resultado empeora mucho cuando se analiza por provincias. Muchas de las provincias en declive demográfico tienen un porcentaje de más del 50 por ciento de la población rural que vive en municipios remotos. Los casos más llamativos son Soria y Teruel, con porcentajes del cien por cien.

El transporte interior en España está caracterizado por una extensa red viaria, ferroviaria y de aeropuertos y puertos. Sin embargo, en zonas de baja población, los modos tradicionales de transporte público (ferrocarril y líneas de autobuses, fundamentalmente) no son eficientes ni económica ni medioambientalmente, y tampoco se adaptan a las necesidades de los usuarios, debido a su baja frecuencia o a la distancia a las paradas, las estaciones o los apeaderos.

En el entorno rural, en muchas ocasiones, el vehículo privado es la única alternativa viable para los desplazamientos. Las carreteras que interconectan el mundo rural suponen el 41 por ciento del kilometraje total, y soportan únicamente el 5,3 por ciento del tráfico.

Sin embrago, el transporte por carretera en autobús es clave para garantizar una movilidad sostenible, económica y capilar. El modelo español, caracterizado por la colaboración público-privada, hace del autobús el transporte colectivo con mayor nivel de cobertura del territorio, conectando aproximadamente 8.000 poblaciones en España. Dada la extensa red viaria de que disponemos en España, es muy posible que el autobús sea el mejor modo de transporte para dar respuesta a este reto.

Por otra parte, según el Observatorio del Ferrocarril en España, si comparamos los datos ferroviarios de la red española con los de otros países europeos, nuestra red está infradimensionada en su longitud con respecto a la superficie y número de habitantes, y, sin embargo, se sitúa muy por encima en el número medio de viajeros/km de la red.

El 90 por ciento del tráfico se concentra en las redes de cercanías y la vía estrecha, es decir, en las redes que interconectan el mundo rural; mientras que el AVE y la media distancia sólo soportan menos del 10 por ciento del tráfico total. En 2019 se invirtieron 2.407 millones de euros, de los que aproximadamente la mitad fueron a parar al AVE. Sólo el 8 por ciento del total se invirtió en la red de vía estrecha, a pesar de que esta vía soporta el 30 por ciento del tráfico anual de viajeros.

Pasamos ahora a otro de los grandes servicios públicos: la sanidad. La sanidad es un servicio de primera necesidad que ha sufrido un progresivo deterioro en el mundo rural en las últimas décadas, por razones de escala debidas a la baja densidad y aislamiento.

Atendiendo al número de médicos y médicas en activo, por comunidades autónomas, si exceptuamos Cataluña y Galicia, que se encuentran por debajo de la media, podría trazarse un mapa autonómico que divide España en dos: norte (con más médicos que la media) y sur (con menos).

Solemos considerar que la atención primaria es el eje del sistema de salud; sin embargo, parece haber consenso en que es dicha atención primaria la que necesita más refuerzo en el mundo rural para atender muy de cerca a una población dispersa y envejecida. Entre 2015 y 2019, el gasto sanitario público ha crecido un 14 por ciento, pero, al desagregar por tipo de gasto, vemos que la atención primaria ha crecido por debajo (11 por ciento), mientras que la atención hospitalaria y especializada está en línea con el crecimiento total.

En 2019, el gasto medio por habitante fue de 1.489 euros, pero con alta variabilidad entre las comunidades. El País Vasco es la comunidad que más gasta en salud por habitante: 1.873 euros, un 26 por ciento más que la media. En el otro extremo tenemos a Andalucía, con un gasto de 1.262 euros, un 15 por ciento menos que la media nacional.

Además, la mayor parte del personal sanitario contratado se la lleva la atención hospitalaria y especializada. La atención primaria sólo ocupa al 27 por ciento de los médicos y al 20 por ciento del personal de enfermería.

La problemática de la especialidad de medicina familiar y comunitaria (MFyC) en las zonas rurales tiene dos vertientes: por un lado, la previsión de jubilación de unos 16.000 médicos de esta especialidad en los próximos diez años según la Organización Médica Colegial (OMC); y, por otro lado, la falta de atractivo del ejercicio médico en estas zonas. Hay que promocionar la medicina rural con recursos materiales que ofrezcan al personal sanitario joven la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, ofreciendo mejores condiciones laborales e incentivos económicos a los médicos internos residentes (MIR) que terminan la especialidad de medicina familiar y comunitaria.

Este modelo de asistencia, que afecta a los más de ocho mil pueblos de menos de 15.000 habitantes que hay en España, ha encontrado en las nuevas tecnologías y en internet unos nuevos aliados y una forma de avanzar, pero, sin duda, aún queda mucho camino por recorrer. Las consejerías de salud son muy conscientes del problema. Sin embargo, pensamos que la crisis sanitaria desatada por la COVID-19 hará que las instituciones competentes se planteen un nuevo modelo sanitario, que esperamos que no deje de lado al mundo rural.

Junto con la sanidad, la educación es otro pilar básico que nos permite crecer como sociedad y desarrollarnos como país, y mucho más ahora que vivimos en la sociedad del conocimiento. En general, España gasta poco en educación —o, como mínimo, gasta menos que nuestros países de referencia.

En el imaginario rural, el cierre de la escuela significa la muerte del pueblo. Allí donde no existen servicios educativos no se puede establecer la población joven, condenando a esos municipios a la desaparición.

En cuanto a la educación infantil y primaria, el modelo organizativo de atención educativa para los municipios con poblaciones escolares reducidas es su agrupación en los llamados colegios rurales agrupados (CRA). En el curso 2017/18, en España había un total de 723 CRA, atendiendo a 2.182 localidades y 72.953 alumnos. Además, vemos que las comunidades autónomas que han sufrido mayor despoblación rural tienen en todos los casos una mayor ratio de localidades/CRA, siendo Galicia la que presenta la mayor ratio, más que duplicando la media nacional.

Pero la problemática de la educación en el medio rural no se resuelve sólo con más centros educativos, hay que encontrar un equilibrio entre el número de centros y la accesibilidad. El problema de la accesibilidad se manifiesta fundamentalmente en la enseñanza secundaria. En el anuario estadístico de 2021 Las cifras de la educación en España, del Ministerio de Educación, se menciona que, según el diagnóstico del medio rural realizado por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, a nivel global, sólo el 50 por ciento de la población española tiene acceso a un centro de enseñanza secundaria en su municipio.

Pero la brecha también la producen otros factores socioeconómicos, como serían las oportunidades de empleo cualificado, los costes directos e indirectos de proseguir la formación o los mayores niveles educativos de los padres en las zonas más urbanas, entre otros.

Quizá el mejor indicador de esta brecha sea la tasa de abandonos prematuros de la educación. El abandono escolar se acentúa en las zonas rurales, donde es más de dos puntos superior a la media de España.

Otro indicador que pone de manifiesto la brecha es el nivel educativo alcanzado por la población en edad laboral. Las diferencias entre los niveles educativos alcanzados en las urbes y las zonas rurales son abrumadoras: 17 puntos porcentuales más de población rural en el nivel inferior de educación; y 15 puntos por arriba la población urbana en el nivel superior de educación. Casi el 50 por ciento de la población rural tiene escasa formación, y, sin embargo, sus cifras de formación media y superior son prácticamente iguales.

Además de los servicios públicos tradicionales como la educación o la sanidad, debe tenerse en cuenta el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Seguramente, la infraestructura de comunicaciones y una conectividad competitiva no sean suficientes para frenar la despoblación, pero son absolutamente necesarias, y más si la red —como es el caso— reduce la dependencia de las infraestructuras públicas. En julio de 2020, el Gobierno de España presentó la Agenda Digital de España 2025. Entre sus objetivos contempla «garantizar una conectividad digital adecuada para el cien por cien de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas».

Hay dos tipos de razones que explican por qué se produce una brecha digital. La primera de ellas se refiere al proceso y a la velocidad de adopción, y tiene una respuesta fácil: el precio, los conocimientos necesarios para usar las redes y el nivel cultural del colectivo de usuarios. La segunda de ellas se centra en la infraestructura de comunicaciones, y tiene su origen en la apuesta realizada por la Unión Europea y nuestro país por la liberalización del sector de las telecomunicaciones y por la defensa de la competencia en el sector.

Según el índice de la economía y la sociedad digital (DESI) de 2020, en los dos indicadores principales que difieren en la velocidad de transmisión (más de 30 Mb/s y más de 100 Mb/s) se observa la brecha existente entre el mundo rural y la media nacional, muy especialmente en el de más alta velocidad, en el que la brecha alcanza 34 puntos porcentuales.

A pesar de estos malos datos, de 2018 a 2019, la brecha en la cobertura de más de 30 Mb/s se ha cerrado en casi 33 puntos porcentuales. En junio de 2019, la cobertura alcanzaba al 86,6 por ciento de la población, lo cual incluye aproximadamente a más de siete millones de personas que viven en municipios cuya densidad de población es inferior a 100 habitantes/km² (casi tres millones más que en 2018). También la brecha en la cobertura de redes ultrarrápidas de más de 100 Mb/s se ha reducido, aunque en menor medida. El aumento de cobertura en las zonas rurales ha sido de doce puntos porcentuales, desde el 38 por ciento al 49,8 por ciento. Desde 2014 hasta 2019, la cobertura ha pasado de ser prácticamente inexistente a estar disponible para casi la mitad de la población rural.

Pero la cobertura no es suficiente. La brecha digital entre el mundo rural y el urbano también la explica el indicador de implantación de banda ancha, medido como porcentaje de hogares que contratan servicios de conexión a la red. Para este indicador, los datos de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares de 2020, del INE, reflejan que el 95,3 por ciento de los hogares encuestados disponen de conexión de banda ancha.

En los últimos años se ha reducido la brecha de los municipios rurales en cuanto a hogares con conexión a internet; en 2020, esa brecha era de 3 puntos respecto al total de los municipios, y de algo más de 4 puntos respecto a los municipios urbanos. Pero, si hablamos de conexión con banda ancha fija, la brecha se agranda a más de 8 puntos respecto al total y a casi 12 respecto a los municipios urbanos. En las áreas rurales, el porcentaje de hogares con conexión de banda ancha sólo móvil es del 18,6 por ciento, dato que es 5 puntos superior al total y 8 puntos superior al urbano.

La brecha también se manifiesta en el menor equipamiento en productos TIC de los hogares en áreas rurales. En este caso, la brecha es de 6 puntos respecto a la media nacional, y de 10 puntos cuando comparamos con los municipios urbanos. En el total de España, en 2020 había un 81,4 por ciento de los hogares con algún tipo de ordenador, 5 puntos más que en 2015. En los municipios de menos de 10.000 habitantes, la cifra era del 75,3 por ciento de los hogares (5,5 puntos menos que el total), pero se había incrementado desde 2015 en 6,3 puntos (es decir, había crecido más rápido que la media).

La brecha territorial a debate: el impacto de la COVID-19 en el equilibrio rural-urbano

Hay signos claros de que la COVID-19 y el cambio de vida que nos ha impuesto han impactado en el equilibrio rural-urbano tal como lo conocemos. Sin embargo, es muy pronto para evaluar la extensión de este impacto. La pandemia nos ha mostrado cómo la concentración humana puede provocar la rápida expansión de las enfermedades. De repente, vivir cerca de la naturaleza, con menor riesgo de contagio, y de una forma mucho más económica, se ha convertido en una opción que algunos (no sabemos cuántos) ya han tomado, y que otros están valorando.

Otro efecto de la pandemia ha sido el crecimiento del teletrabajo. Según el Banco de España, en 2019, nuestro país todavía se encontraba a la cola de la Unión Europea en implantación del teletrabajo. En 2020 cambió por completo esta foto. Según el estudio «Evolución del trabajo en remoto», de Randstad, el 16,2 por ciento del total de los ocupados en España trabajan actualmente más de la mitad de los días desde sus casas, 11,4 puntos más que en 2019. El estudio destaca que 3.015.200 ocupados de nuestro país teletrabajan de manera habitual, es decir, más de la mitad de los días que trabajan lo hacen desde sus domicilios. Este volumen es un 216,8 por ciento superior al registrado en 2019.

Empresas y trabajadores tuvieron que adaptarse muy rápidamente a una forma de trabajar muy poco arraigada en nuestra sociedad. Lo han hecho, y las ventajas, tanto para las empresas (menores necesidades de espacio físico) como para los trabajadores (mayor capacidad de conciliación de la vida laboral y personal), han quedado demostradas.

El teletrabajo crea un nuevo segmento de profesionales que pueden decidir desplazar su residencia principal a zonas más tranquilas y baratas que la gran ciudad —con todas las ventajas que puede suponer para ellos y sus familias—, y desplazarse a la ciudad sólo una o dos veces por semana, cuando el trabajo lo requiera.

En un artículo en 20 minutos (22 de marzo de 2021), Pablo Rodero habla sobre cómo el nuevo contexto laboral ha llevado a muchos jóvenes a abandonar las grandes ciudades dando una nueva vida al campo. El artículo se titula «La pandemia repuebla la España rural», y nos cuenta el caso de varios jóvenes que han abandonado la ciudad porque con el dinero del ERTE no se podían permitir vivir en ella.

El 18 de marzo de 2021, en el artículo «Los ayuntamientos rehabilitan casas ante la mayor demanda», en El Diario de Burgos, L. Núñez informa sobre 29 pueblos de la Ribera del Duero que están ganando habitantes. Para responder a la demanda generada en el último año, numerosos municipios de la comarca están sacando a la venta parcelas.

En enero de 2021, el reportaje de «Comando Actualidad» «Pueblos que reviven: ¿la solución a la España más vaciada?», de RTVE, nos habló de que el interés por vivir en el campo ha aumentado un 30 por ciento durante esta crisis sanitaria, de que el censo de los pueblos ha crecido debido a la pandemia, al teletrabajo y a la necesidad de espacios abiertos, y de que incluso algunos pueblos han reabierto la escuela. Pero también se plantean si estamos ante un cambio de paradigma o si este nuevo camino tiene fecha de caducidad.

El 13 de septiembre de 2020, en un artículo publicado en El Nacional, de Cataluña, titulado «La magnitud de la migración de la ciudad al pueblo por la COVID-19», Núria Segura Insa aporta datos de pequeños municipios que están notando incrementos en su población gracias a las iniciativas emprendidas. Es el caso de Riner (Lleida), un municipio de 200 habitantes donde se han empadronado 30 nuevas personas, o Gósol (Lleida), que ha tenido un incremento considerable de nuevos niños inscritos en su escuela. El interés también lo han notado en la Associació de Micropobles de Catalunya (AMC), donde se ha incrementado exponencialmente el número de correos electrónicos que reciben de personas interesadas en abrir nuevos proyectos en el mundo rural.

El 12 de septiembre de 2020, Lucía Caballero en el artículo «¿Nos iremos a vivir al campo en la pandemia?», de la agencia SINC (Servicio de Información y Noticias Científicas), afirma no estar muy segura de la respuesta a tal pregunta, porque encuentra que no todo es idílico en el mundo rural. La falta de conectividad de alta velocidad entre otros servicios básicos pone freno a este deseo de la población. Sin embargo, aporta el dato de Idealista según el cual el interés por comprar una vivienda en una localidad de menos de 5.000 habitantes ha aumentado en un 13,2 por ciento desde enero hasta agosto de 2020.

El 25 de junio de 2020, Julio Núñez publicó en El País el artículo «La ruralización toma fuerza como condición para emprender un negocio», sobre cómo el asentamiento del teletrabajo, el crecimiento del comercio electrónico y el impulso del sector logístico hacen que abrir un negocio fuera de las grandes ciudades sea una oportunidad más rentable que antes de la pandemia. Como prueba, apuntaba los cientos de consultas que ha recibido durante el último mes la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), cuya vicepresidenta Mayte Mazuelas explicaba: «La semana pasada, por ejemplo, recibimos 93 llamadas telefónicas de interesados que querían capitalizar el paro para montar un negocio en su pueblo. Está claro que viene una crisis muy grande y, como sucedió en 2008, es más fácil crear tu propio empleo que encontrarlo».

En un informe de Funcas titulado «Ciudades: luces y sombras de un mundo cada vez más urbano»,4 de diciembre de 2020, se señala que no es la primera vez que hay quien ve asomarse el declive de las ciudades. Ya hubo quien predijo que las tecnologías de la comunicación y la eliminación de la necesidad de presencia física, tanto en el trabajo como para muchos actos de nuestra vida privada, sería el inicio del fin de las ciudades, predicción que no se ha cumplido.

Por tanto, tenemos dudas sobre si este «éxodo» reciente de las ciudades al campo será un efecto permanente o si, por el contrario, una vez desaparecida la pandemia, estas mismas personas volverán a la ciudad.

El reto de atraer población a las zonas rurales ya está en marcha. El siguiente reto será arraigar a esta población, y, para arraigarla, no hay otra vía que cerrar la brecha en los servicios básicos y en las oportunidades laborales que ofrece el mundo rural.

Medidas a adoptar para el desarrollo rural
y la cohesión territorial

El antecedente más notorio de la lucha reivindicativa del mundo rural lo encontramos en 1999, cuando se constituyó la plataforma ciudadana Teruel Existe. La plataforma se formó para poner de manifiesto la desatención de la Administración frente a los problemas más acuciantes de dicha provincia aragonesa: mejora de las infraestructuras, nuevos hospitales, mayores ayudas a la agricultura, mayor oferta educativa, medidas para generar empleo y un largo etcétera.

No se han conseguido muchas de estas reivindicaciones, pero la plataforma ha ayudado, y mucho, a la visibilización del problema. Hoy día hay 160 plataformas de las 25 provincias de la España vaciada, y Teruel Existe tiene representación en el Congreso de los Diputados desde las elecciones generales de 2019. Con estos antecedentes, se ha desatado un movimiento articulado denominado España Vaciada para conformar candidaturas electorales en varias provincias, empezando por las elecciones de Castilla y León, pero con la vista puesta en las generales.

Pero, sin duda, la mayoría de los ciudadanos toman conciencia del problema, y éste entra con fuerza en el debate público, en 2016, con el éxito editorial del libro de Sergio del Molino La España vacía.5

La fuerza del movimiento es tal que, en enero de 2017, la Conferencia de Presidentes acordó elaborar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, cuyas directrices generales se aprobaron por el Gobierno en marzo de 2019, coincidiendo con una gran manifestación que llenó las calles de Madrid exigiendo medidas contra la despoblación de las zonas rurales.

En este momento hay una gran cantidad de fondos y políticas previstos para asegurar la cohesión social y el desarrollo de las áreas rurales que vienen, por una parte, de los programas de desarrollo rural del Ministerio de Agricultura con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por otra, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública a través de su Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, y, por último, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con los fondos Next Generation EU. También son varias las comunidades autónomas que van aprobando medidas para compensar a esas zonas rurales golpeadas por la despoblación.

Las políticas y los programas de desarrollo del mundo rural están marcados por la Comisión Europea a través de la contribución que la Política Agrícola Común (PAC) realiza a los objetivos de desarrollo rural de la UE, y está financiada por el FEADER. El presupuesto del FEADER para el período 2021-2027 asciende a 95.500 millones de euros, lo que incluye una inyección de 8.100 millones de euros del fondo Next Generation EU, el instrumento europeo de recuperación para ayudar a hacer frente a los retos planteados por la pandemia de la COVID-19.

Para acogerse al FEADER de la UE, cada Estado miembro elabora su Programa de Desarrollo Rural (PDR), pudiendo seleccionar, al diseñar sus estrategias, entre un menú de medidas políticas generales que cumplen una o más de las prioridades de dicho fondo europeo.

En España, es el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el que, a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, elabora los PDR periódicamente. El PDR para el período 2021-2026 debe ajustarse a la propuesta de reforma de la PAC de la Comisión Europea de junio de 2018.

La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico fue elaborada por el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, adscrito al Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y fue aprobada en Consejo de Ministros en marzo de 2019. La estrategia tiene un carácter global y transversal, desde una perspectiva multidisciplinar, e incorpora una perspectiva demográfica en el análisis de las actuaciones sectoriales. Las directrices centran la estrategia en las tres cuestiones demográficas acordadas en la Conferencia de Presidentes: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante. Marcan siete objetivos transversales y se desarrollan en tres líneas de acción.

Por último, a raíz de la crisis sanitaria y económica generada por la COVID-19, el Consejo Europeo del 21 de julio de 2020 aprobó la dotación de 750 mil millones de euros para un fondo de recuperación (llamado Next Generation EU), con el objetivo de ayudar a los Estados miembros a superar la crisis. Este fondo de recuperación no sustituye a los fondos estructurales.

A España le corresponden aproximadamente 140 mil millones de euros de estos fondos. Para el reparto de parte de estos fondos, el Gobierno ha elaborado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española (presentado en abril de 2021), que guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de fondos europeos hasta 2023 y movilizará el 50 por ciento de los recursos con los que cuenta España gracias al instrumento Next Generation EU. Dicho plan se estructura en torno a cuatro ejes transversales, siendo uno de ellos la cohesión territorial.

Por otro lado, en marzo de 2021, el Gobierno de España aprobó 130 medidas frente al reto demográfico alineadas con la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las medidas se articulan en torno a los diez ejes siguientes:

Impulso a la transición ecológica.

Transición digital y plena conectividad (en especial, con 5G).

Desarrollo e innovación en el territorio.

Impulso del turismo sostenible.

Igualdad de derechos y oportunidades.

Fomento del emprendimiento.

Refuerzo de los servicios públicos e impulso de la descentralización.

Bienestar social y economía de los cuidados.

Promoción de la cultura.

Reformas normativas e institucionales para incorporar la perspectiva demográfica en la toma de decisiones en las Administraciones.

Se trata de un plan que ha comprometido la inversión de hasta 10.000 millones de euros en el período 2021-2023, canalizando una parte de los fondos europeos Next Generation EU que también incorporan esta nueva sensibilidad.

Mientras tanto, en España se han ido desarrollando varias iniciativas público-privadas de innovación social en el medio rural, entre las que cabe destacar las siguientes:

Labean. Promovido por el Gobierno Vasco y la Fundación HAZI para Añana, Montaña Alavesa y Enkarterri, es un proyecto que busca contribuir a la generación y consolidación de actividades económicas y del empleo, a la mejora del bienestar de la sociedad rural, al asentamiento de la población y a la trasformación del territorio, con acciones que permitan aflorar y aprovechar las oportunidades existentes en cada comarca ideando nuevos modelos de negocio, impulsando proyectos ya existentes, valorizando los recursos locales, haciendo partícipes a las entidades locales de la dinamización y cohesión territorial, promoviendo diversas colaboraciones entre los ámbitos públicos y privados o construyendo nuevas formas de gobernanza, entre otras actuaciones.

Navarra Rural Social Innovation Lab. Promovido por el Gobierno de Navarra y gestionado por El Hueco, persigue un cambio estructural en los modelos de colaboración e innovación en entornos rurales, de alto impacto y escalabilidad, con un rol relevante de las entidades locales, y los agentes de ámbito local, para el desarrollo económico, la potenciación de la innovación social y el incremento de la calidad de vida y la cohesión territorial.

Holapueblo. Promovido por Correos, el Grupo Red Eléctrica y Almanatura, esta iniciativa pretende poner en contacto pequeños municipios de toda España que quieren acoger a emprendedores, personas que buscan un pueblo para instalarse y poner en marcha su pequeño negocio, que debe ser innovador, con impacto social y sostenible.

Pastoreo en Red. Promovido por el Grupo Red Eléctrica y Agrovidar, pretende incorporar la ganadería extensiva al mantenimiento de las infraestructuras eléctricas e introducir la gestión de datos en las labores de pastoreo, aumentando el valor de los ecosistemas del entorno y prestando especial interés a las razas autóctonas en peligro de extinción.

CTIC Rural Tech. Promovido por el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) en el valle de Peón (Asturias). A partir del concepto de «aldeas conectadas» y con base en la tecnología, pretende aportar innovación al sector agropecuario y a la industria de primera transformación, atraer nuevos pobladores, promover el turismo de nicho basado en recursos del entorno y potenciar los servicios de cercanía.

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La brecha entre turbocapitalismo y retrocapitalismo

En este capítulo se expone la existencia de una brecha en la estructura actual de la economía española. Se trata de una brecha que avanza y crece desde hace varias décadas, y que en gran parte es consecuencia de procesos de transformación tales como la globalización y la revolución tecnológica y digital en que nos encontramos inmersos, pero también de viejos problemas estructurales. Esta brecha económica evidencia una segmentación que refleja dos modelos económicos que coexisten: el turbocapitalismo y el retrocapitalismo. El turbocapitalismo está marcado por parámetros como la internacionalización, la digitalización, la formación y la innovación; y el retrocapitalismo, por estar más protegido frente al mundo exterior, tener una menor intensidad tecnológica e innovadora, un menor aporte de valor añadido a la economía y una necesidad recurrente de apoyo público para su supervivencia ante las crisis económicas.

Si bien los procesos de transformación actuales, señaladamente la globalización y la revolución digital, han traído consigo ganancias evidentes tanto en el plano económico como en el social, también plantean amenazas y retos sustantivos, generalmente relacionados con cuestiones como el agravamiento de las desigualdades o la polarización de los empleos, pero que también inciden de forma directa en esa dualidad de nuestra estructura productiva. Y es que fenómenos como la digitalización y la globalización agudizan la segmentación empresarial, en la medida en que los avances tecnológicos se concentran en un grupo de empresas, que es capaz de internacionalizar sus servicios y competir globalmente, mientras que el otro, generalmente compuesto por empresas más pequeñas incapaces de abordar estas transformaciones, se queda rezagado.

En España ha surgido un importante grupo de empresas «nómadas», que funcionan con lógica global y que son perfectamente competitivas a escala mundial. Sin embargo, el grueso de nuestro tejido empresarial está formado por empresas «sedentarias», más próximas a la vieja lógica del capitalismo protector. La «diferencia» económica española se debe, en buena medida, al mayor peso de este sector «retrógrado» de nuestro tejido productivo, un sector que no se puede identificar estrictamente ni con un tamaño ni con una actividad concretos, ya que incluye empresas pequeñas y medianas y de diversas actividades. Superar esta brecha requiere reformas estructurales como las que se proponen al final de este capítulo; pero, antes de aportar propuestas, conviene identificar dónde está el problema para no seguir empeñándonos en buscar soluciones donde no están.

La información recabada por el Banco de España a través de la encuesta sobre la actividad empresarial (EBAE) permite constatar que el impacto de la crisis de la COVID-19 no ha sido homogéneo, sino que, por el contrario, ha afectado con mayor intensidad a determinados sectores. Las empresas de menor tamaño han registrado caídas sustancialmente más acusadas que las de mayor tamaño, tanto en términos de facturación como de empleo.

Estado de la situación en cuanto a la brecha entre turbocapitalismo y retrocapitalismo

Desde hace décadas, la economía española arrastra debilidades estructurales que limitan su capacidad de desarrollo y crecimiento potencial. Los retos son muchos, pero se centran en tres ámbitos: el relacionado con un mercado laboral incapaz de dar trabajo a todos los que lo desean; el de un sistema educativo que no puede proporcionar a muchos jóvenes las capacidades necesarias para competir en un mundo crecientemente competitivo; y el de un aparato productivo bipolar en el que predominan las empresas menos eficientes y productivas. Se trata de debilidades que, con el paso de los años y a medida que se han ido enquistando, se han convertido en características estructurales de la economía española. Todas ellas han sido objeto de debate y estudio durante largo tiempo,1 y, al calor de la crisis pandémica derivada de la COVID-19, se han evidenciado aún más y han cobrado renovado interés, al ser debilidades vinculadas a la recepción de los fondos europeos de recuperación.2

En este capítulo nos centraremos en el reto relativo al tejido productivo, en el cual existe un problema que venimos acarreando desde hace décadas3 y que ha probado ser una importante rémora para el desempeño económico de España. Es un hecho que tenemos una distribución de empresas bipolar, que, en función del tamaño, se asemeja más a la de las economías en desarrollo que a la de nuestros principales socios de referencia (gráfico 7.1). Esta brecha en el tejido productivo refleja la coexistencia de dos modelos económicos, que estamos llamando «turbocapitalismo» y «retrocapitalismo». En el primero conviven las empresas más eficientes y productivas, empresas nómadas equiparables a las de cualquier otro país avanzado; en el segundo coexisten empresas sedentarias, que crecen a la sombra de la protección estatal en forma de políticas más acordes con un contexto de menor desarrollo relativo.

Gráfico 7.1. Distribución de empresas por tamaño
en España (enero 2021)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2021).

Sabemos que los actuales procesos de transformación, como la globalización y la revolución digital, plantean amenazas y retos como la ampliación de las desigualdades o la polarización de los empleos, pero también inciden directamente en nuestra estructura productiva. Por dar algunos datos que ilustren la situación descrita, el porcentaje de empresas que analizan el big data es más de tres veces superior en empresas grandes que en las que tienen menos de 50 empleados, y sólo el 9,5 por ciento de las empresas con menos de diez empleados realiza ventas online.

Adicionalmente, el reducido tamaño empresarial también dificulta los procesos de inversión (sobre este particular hablaremos más en detalle a lo largo del capítulo). En este sentido, según la «Encuesta de innovación en las empresas, año 2019» (2020), del INE, casi el 50 por ciento de las empresas de 250 o más empleados son innovadoras, mientras que ese porcentaje se reduce al 20 por ciento en el caso de las empresas de 20 a 249 empleados.

Las consecuencias de esta polarización son evidentes, y más aún en una economía global y digital en la que la dinámica real es que las empresas que consiguen mantenerse a la cabeza terminan teniendo una posición dominante frente a las demás, ejerciendo un importante poder de mercado.

Empresas nómadas y empresas sedentarias

En los últimos treinta años, y tras nuestro ingreso pleno a la Unión Europea, la economía española ha experimentado una profunda transformación al incorporarse en una economía mundial que, además, se estaba globalizando.

Nuestro grado de apertura al exterior casi se ha duplicado, habiendo crecido tanto las exportaciones como las importaciones (expresadas como porcentaje del PIB). Pero, siendo esto llamativo, es mucho más importante el salto producido en la presencia de nuestras empresas fuera de España, medida por la inversión española en el exterior. A principios de la década de 1990, apenas teníamos alguna empresa española que tuviera inversión permanente en el exterior. Hoy, son casi tres mil las que tienen filiales u otras formas de presencia permanente fuera, son varias decenas las que ocupan un puesto destacado en sus rankings sectoriales mundiales, y nuestra inversión directa exterior supera a la inversión extranjera en España.

En estos treinta años ha surgido en España un importante grupo de empresas «nómadas», que funcionan con lógica global y que son perfectamente competitivas a escala mundial. Además, en torno a ellas han generado un amplio grupo de proveedores nacionales que también han tenido que adaptarse a las exigencias de un mercado global. Estas empresas nómadas forman parte de lo que estamos llamando «turbocapitalismo», compañías que compiten de tú a tú con cualquier empresa internacional y que funcionan con las mismas reglas internacionales que el resto de su segmento global.

Sin embargo, el grueso de nuestro tejido empresarial está formado por empresas «sedentarias», más próximas a la vieja lógica del capitalismo protector, predominante en España hasta comienzos de la década de 1990, que del capitalismo competitivo de hoy. Esta estructura, todavía dominante, que hemos llamado «retrocapitalismo», es la razón de buena parte de nuestros elementos diferenciales con el resto de los países de la eurozona. La persistencia en España de una tasa de paro diferencial, de una mayor precariedad laboral, de una menor inversión en I+D+i o de una renta per cápita que no termina de igualarse, sólo encuentra explicación por esta característica diferencial de nuestra estructura productiva: la existencia de esta mayoría de empresas sedentarias, alejadas de los términos de gestión y competitividad exigibles hoy y que, no obstante, dan empleo a más de la mitad de los ocupados en el sector privado. Ahora, estas empresas ya no viven del proteccionismo comercial, como sí ocurría antes. Pero necesitan de políticas protectoras que conducen a asumir una precariedad laboral, unos salarios bajos, una laxitud tributaria o una flexibilidad en la aplicación de normativas como, por ejemplo, las medioambientales. En muchos de estos epígrafes estamos entre los últimos de la eurozona, porque muchas de estas empresas españolas no serían rentables (y cerrarían) con la aplicación estricta de la normativa europea en estas materias.

Como ya señalamos anteriormente, la diferencia de la economía española se debe, en gran medida, al mayor peso de estas empresas «retrocapitalistas» en nuestro tejido productivo, las cuales no se pueden identificar estrictamente ni con un tamaño ni con un sector, ya que se encuentran diseminadas por todos ellos.

La última información recabada por el Banco de España, a través de la encuesta sobre la actividad empresarial (EBAE), permite constatar que el impacto de la crisis de la COVID-19 no ha sido homogéneo, sino que ha afectado con mayor intensidad a determinados sectores, particularmente a aquellos más dependientes de la interacción y el contacto social —que han sido los que han concentrado el grueso de las restricciones puestas en marcha para contener la expansión de la pandemia— y a determinados tipos de empresas, concretamente, las de menor dimensión y también las menos productivas. Según los datos de la EBAE, las empresas de menor tamaño han registrado caídas más acusadas, tanto en términos de facturación como de empleo. Mientras que las empresas con menos de 50 empleados han sufrido caídas interanuales en su facturación de en torno al 20 por ciento, las grandes compañías con más de 250 empleados han experimentado variaciones interanuales medias de en torno al 12 por ciento. En términos de empleo, las pequeñas han perdido casi el doble de empleos que las grandes.

Grandes variables económicas y su evolución

A continuación, realizaremos un diagnóstico de las grandes variables de la demografía empresarial española, y estudiaremos su evolución durante las últimas décadas con el objetivo de dilucidar cuáles son las características estructurales del tejido productivo español, en comparación con nuestros principales socios de referencia en Europa.

Tamaño empresarial

La dimensión empresarial es un asunto que ha sido ampliamente analizado en un buen número de estudios, como, por ejemplo, los de Fariñas y Huergo (2015)4 y Abad (2015),5 de los que se desprende que la distribución de empresas por tamaño en España está claramente sesgada a favor de las empresas más pequeñas. Se trata de una tendencia que, además, permanece en el tiempo. Asimismo, la densidad de pequeñas y medianas empresas (pymes) en España, entendiendo como tal la ratio de pymes por cada mil habitantes, calculada según los datos de población del padrón municipal y del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE), permite refrendar la afirmación anterior. Así pues, según se desprende de los datos publicados por el INE, la densidad de pymes se ha mantenido más o menos estable durante las últimas dos décadas, en torno a 64 y 72 pymes.

La predominancia de empresas pequeñas y la infrarrepresentación de empresas medianas y grandes es una característica en general compartida con nuestros principales socios de referencia europeos, si bien se aprecian diferencias sustantivas con respecto a países como Alemania o Reino Unido, con una estructura empresarial más diversificada y en donde las micropymes suponen una parte menos sustancial del tejido empresarial. En cambio, el peso de las empresas pequeñas, medianas y grandes es mayor que en España.

Si nos fijamos en el tamaño medio de la plantilla de las empresas, se constata nuevamente el menor tamaño en términos comparativos del tejido empresarial español. Según reflejan los datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), las empresas de la Unión Europea tienen de media cerca de seis empleados, mientras que en España esta cifra se reduce hasta poco más de cuatro. La distancia con respecto a países como Alemania o Reino Unido es sustancial (sus empresas tienen, de media, cerca de doce y nueve trabajadores, respectivamente). Las empresas italianas son las únicas que se sitúan por detrás de las españolas. De nuevo, esta tendencia se mantiene en el tiempo (al menos desde 2012, el primer año para el que se dispone de datos).

Atendiendo a la composición de las empresas, las diferencias con respecto a nuestros principales socios europeos también son apreciables. Las microempresas españolas son más pequeñas que en Alemania o Reino Unido, aunque equiparables a la media europea. Llama la atención que las empresas medianas y grandes tienden a ser más grandes en España que en Alemania, aunque mucho más pequeñas que en Francia o Reino Unido.

Por último, si analizamos la distribución de las empresas según el sector en el que operan, observamos que el grueso de las microempresas se concentra de forma muy clara en el sector servicios, señaladamente en las actividades comerciales. En cambio, las empresas pequeñas, medianas y grandes se especializan en la industria. Es decir, conforme aumenta el tamaño empresarial, mayor es la proporción de empresas que operan en el sector industrial.

Empleo

La brecha entre empresas grandes y pequeñas es también muy evidente si se compara la distribución en términos de empleo. Según los datos publicados por Eurostat, las micropymes generan cerca del 38 por ciento del empleo en España, mientras que en Francia o Reino Unido esos porcentajes se reducen hasta el 25,5 por ciento y el 19,5 por ciento, respectivamente. En el otro extremo está Alemania, cuyas microempresas apenas generan un 19 por ciento del empleo total. Por su parte, las empresas grandes suponen en torno al 47 por ciento del empleo en Reino Unido y en Francia, y cerca del 37 por ciento en Alemania. Estas cifras contrastan claramente con la registrada por España, de 28,2 por ciento, sólo por detrás de Italia (21,4 por ciento).

Atendiendo al sector de actividad en el que operan las empresas, las grandes y medianas empresas manufactureras son las que emplean a un mayor número de trabajadores. Éste es un comportamiento que se observa tanto en España como en nuestros principales vecinos europeos. En los sectores analizados de la construcción y los servicios, las micropymes y pequeñas empresas son las que concentran mayores niveles de empleo, si bien se dan diferencias entre países.

Como conclusión a este epígrafe, parece existir un consenso suficientemente amplio en torno a la idea de que las pymes generan empleo de peor calidad que las empresas de mayor dimensión. En este sentido, resultan muy ilustrativos los resultados arrojados por la última edición del Informe PYME España,6 que concluía que casi un 42 por ciento de los trabajadores de las pymes tienen estudios básicos (Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional Básica), frente a sólo un 23,8 por ciento que han alcanzado la educación universitaria.

Productividad

Existe evidencia empírica abundante que demuestra que las empresas de mayor tamaño tienden a presentar mejores niveles de productividad. Por dar una referencia, en un estudio de 2016,7 el Banco de España constataba que las empresas con más de 250 trabajadores eran más de seis veces más productivas que las que tienen menos de nueve trabajadores. Este patrón, además, se mantiene en todos los sectores de actividad.

Si observamos los niveles de productividad de las empresas de las principales economías de la Unión Europea (UE), vemos que los niveles de productividad de las empresas españolas se sitúan claramente por debajo de la media europea y lejos, también, de nuestros principales socios, a excepción de Italia. Si atendemos a la productividad por hora trabajada, se repite un patrón de comportamiento similar: las empresas españolas se encuentran, de nuevo, a la cola en productividad, aunque acortan las distancias con respecto a sus competidoras y se sitúan por encima de la media de los países de la UE.

Si analizamos los niveles de productividad según el tamaño de las empresas, se confirma la tesis planteada al inicio de este epígrafe, y es que los niveles de productividad aumentan conforme lo hace la dimensión empresarial. Los datos reflejan que las empresas españolas son, independientemente de su tamaño, claramente menos productivas que sus competidoras europeas (o, lo que es lo mismo, que tanto las pymes como las grandes empresas españolas son menos productivas que las empresas europeas de tamaño similar), lo que a su vez podría explicar la diferencia de productividad de la economía española en comparación con las del resto de las grandes economías europeas.

De este modo, la productividad de las micropymes españolas es más de 2,5 veces inferior a la de Reino Unido y casi 1,9 veces inferior a la de Francia y Alemania. Si nos comparamos con Italia, aparecen también grandes diferencias, particularmente en los tramos de empresas medianas y grandes, que son sustantivamente más productivas que las españolas.

Estados patrimoniales: diversificación del pasivo

La evidencia empírica constata que el tamaño es un determinante clave del acceso al crédito de las empresas, como pone de manifiesto el menor volumen de financiación que tradicionalmente han recibido las pequeñas empresas españolas en comparación con las medianas y grandes. A su vez, el reducido tamaño empresarial suele ir acompañado de menores niveles de calidad de la información contable y de asimetrías en la información, lo que hace que las pymes dependan más de la financiación bancaria que las empresas grandes, que tienen más capacidad para acceder a la financiación de los mercados, generalmente aparejada a mayores costes de generación de información financiera y a la imposición de una mayor disciplina sobre la gestión empresarial. De este modo, las empresas europeas han sido históricamente más dependientes de la financiación bancaria que las de otras regiones económicamente avanzadas, como Estados Unidos, debido al elevado peso de las pymes en su tejido productivo. Esto es más evidente en el caso de España, donde la dimensión de las pymes es particularmente reducida.

Esta escasa capacidad de las pymes para diversificar su pasivo no sólo se refleja en su mayor recurrencia a un único tipo de financiación (la bancaria), sino también en el número de financiadores con los que trabaja. En este sentido, en España, lo habitual es que las empresas trabajen con una única entidad bancaria. Maudos y Fernández (2020)8 encuentran que, en el período 2001-2015, un 55,1 por ciento de las empresas españolas trabajaron con una única entidad bancaria, mientras que con dos entidades sólo trabajaron el 28 por ciento de las empresas. Ese porcentaje cae hasta el 12,9 por ciento en el caso de trabajar con tres entidades, y al 3,3 por ciento para las que trabajan con cuatro entidades. En promedio, durante el período analizado, las empresas españolas han trabajado con 1,7 entidades bancarias.

En los últimos años, la tendencia a trabajar con un único banco se ha acentuado, de tal manera que, en 2019, según datos del Banco de España, casi un 60 por ciento de las empresas españolas trabajaron con un solo banco, un 21,24 por ciento lo hacía con dos, y un 8,91 por ciento, con tres. Cuando vienen mal dadas, esta dependencia se convierte en un evidente obstáculo al crecimiento empresarial, tal como puso de manifiesto la crisis financiera de 2008, según Mielgo (2015).9

Rentabilidad

De acuerdo con la literatura económica neoclásica, existe una relación causal directa entre tamaño empresarial y rentabilidad, según la cual esta última crece conforme lo hace la primera. Esta afirmación es consistente con las ideas ya documentadas en este epígrafe, y es que, en la medida en que las empresas de menor tamaño enfrentan mayores dificultades para acceder a la financiación externa, sus costes son mayores y, por tanto, su rentabilidad económica es menor.

Otras variables: innovación y perfil exportador

Existe abundante evidencia empírica que certifica que el tamaño empresarial es un determinante clave de su capacidad de innovación e internacionalización. Los datos de la encuesta de innovación en las empresas de 2019, elaborada por el INE en 2020, reflejan la relación positiva existente entre dimensión empresarial y capacidad innovadora. El porcentaje de empresas que innovan es claramente superior en las de mayor dimensión, y se trata de una diferencia que, además, se mantiene independientemente del sector de actividad al que pertenezcan las empresas, según se deduce, asimismo, de los resultados de la citada encuesta. La misma tesis se constata si utilizamos otra fuente de referencia, como por ejemplo la encuesta sobre estrategias empresariales elaborada por la Fundación SEPI para empresas industriales. De acuerdo con los resultados, apenas el 13 por ciento de las empresas industriales de 200 trabajadores o menos realiza y contrata algún tipo de actividad de I+D, frente al 45,9 por ciento de las de más de 200.

Asimismo, la vertiente exportadora de las empresas se asocia también de forma positiva a su tamaño, de modo que, a medida que aumenta la dimensión de las empresas, lo hace también su probabilidad de exportar. El porcentaje de grandes empresas exportadoras es claramente superior al de empresas de menor dimensión, si bien la diferencia ha tendido a reducirse durante los últimos años. Si ponemos el foco en la propensión exportadora, la conclusión es la misma: la propensión exportadora de las empresas de mayor tamaño es del 43,4 por ciento, casi el doble que la de las empresas de menor dimensión, del 22,3 por ciento. Esta circunstancia se da en todos los sectores de actividad.

Comparativamente, las pymes españolas son menos innovadoras y tienen un perfil menos exportador que sus similares en la Unión Europea.

Los vectores del turbocapitalismo: tamaño, internacionalización, digitalización e innovación

Del análisis realizado hasta el momento, se deducen dos conclusiones muy evidentes: la primera es que las empresas españolas están segmentadas en dos grupos diferenciados entre los que existe una importante brecha de tamaño, contribución al empleo, productividad, rentabilidad y diversificación del pasivo, así como de capacidad de innovación e internacionalización; la segunda es que esas divergencias no se derivan de un efecto de composición sectorial (es decir, que se dan independientemente del sector en el que actúan las empresas), lo que significa que no se trata de un problema de sectores, sino de vectores. Estos vectores determinan ese turbocapitalismo al que debemos aspirar y que, en último término, han de impulsar un salto de productividad en la economía española.

El primero de estos vectores, y en cierto modo el «envolvente» de todos los demás, es el tamaño. El debate en torno a la necesidad de crecimiento de las empresas españolas está todavía lejos de concluir, pero existe un amplio consenso, tanto en la literatura académica como en el ámbito de la reflexión política, sobre la necesidad de aumentar el tamaño de las empresas españolas como elemento fundamental para reforzar la productividad y la competitividad de la economía. Las conclusiones alcanzadas en este capítulo apuntan en la misma dirección, y sugieren que las empresas más grandes son más productivas, más rentables y más innovadoras, y también que están más internacionalizadas, rasgos, todos ellos, clave para la competitividad empresarial.

Otra de las claves de la competitividad empresarial radica en la presencia internacional. Según hemos constatado, el mercado potencial de las grandes empresas tiende a ser mayor que el de las de menor dimensión. Eso significa que las grandes empresas operan más a escala internacional que las pequeñas, más orientadas al mercado local. Internacionalizarse es una vía para crecer y ganar competitividad empresarial y, en último término, un elemento más para impulsar el crecimiento potencial de la economía.

Abrazar la digitalización es otro de los grandes retos que tenemos por delante, y se antoja imperativo en un mundo marcado por el hecho digital. Abordar la transformación digital y apostar de forma decidida por la innovación son acciones que suponen ganancias de productividad sustantivas y permiten la creación de nuevas oportunidades de empleo y nichos de negocio de más valor añadido, entre otros muchos elementos ventajosos.

Respecto a la formación de la fuerza laboral, España no puede olvidar otro gran reto que enfrenta, que tiene que ver con la ineficiencia de su sistema educativo, que genera un patrón de resultados dual, en el que la población se concentra en los dos extremos de la cadena de la formación.

El resultado más evidente de todo lo anterior son unos niveles de abandono escolar y desempleo juvenil que superan con creces a los de nuestros homólogos europeos10 y un problema cada vez más evidente de mismatching, o desajuste de competencias.11

Abordar este reto se antoja aún más urgente en un mundo globalizado, digitalizado y crecientemente competitivo en el que el talento y la excelencia adquieren una relevancia cada vez mayor, constituyéndose en importantes vectores del turbocapitalismo al que aspiramos.

La brecha entre turbocapitalismo y retrocapitalismo a debate: propuestas de solución

Tenemos un sector público atrasado en muchos aspectos, incapaz de dar respuesta a las cambiantes demandas de la sociedad y muy ineficiente en sus prestaciones. No se trata de un problema de gasto (de hecho, España es uno de los países de la OCDE con mayor volumen de gasto social), sino de eficiencia. Así lo avalan los estudios sobre eficiencia del gasto público (spending review, en la terminología anglosajona) elaborados por el organismo español Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que concluyen que existen amplias bolsas de ineficiencia en el gasto público en nuestro país. Como consecuencia, España arrastra un déficit presupuestario estructural que supera con creces el de nuestros socios europeos, y que en 2019 alcanzaba el 4 por ciento del PIB.

Esa ineficiencia también se manifiesta por el lado de los ingresos, de tal manera que se sitúan casi cinco puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. Esto es así por dos razones básicas: de un lado, porque los tipos efectivos en los grandes impuestos —IRPF e IVA— son menores en nuestro país que en Europa dada la elevada cifra de deducciones y exenciones; y, de otro lado, porque el fraude fiscal tiene mayor peso en nuestro país.

Se trata de un aparato estatal marcado en general por una cultura institucional y organizativa anticuada que poco tiene que ver con la revolución tecnológica, el espíritu innovador o cualquier otro de los retos que afectan al mundo de hoy. El envejecimiento de la plantilla pública explica en buena medida este carácter anticuado. Y es que, en 2017, España era el tercer país de la OCDE con un porcentaje de empleados públicos mayores de 55 años más elevado, y menos del 10 por ciento de los empleados de la Administración del Estado tenían entre 18 y 34 años.

Este atraso se ha evidenciado durante la crisis del coronavirus. Los problemas que tuvieron que afrontar durante el confinamiento de los meses de marzo a mayo de 2020 los funcionarios para poder trabajar en remoto desde sus domicilios y los cuellos de botella que se generaron para gestionar la tramitación de los miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que han tenido que acogerse una buena parte de las empresas son sólo un par de ejemplos ilustrativos de ese rezago.

Tenemos, en definitiva, un aparato estatal con un elevado riesgo de perder el tren del futuro, un Estado débil que, además, erosiona la competitividad de las empresas, sometiéndolas a costes superiores al canalizar vía tarifa eléctrica y cotizaciones sociales la financiación de gastos que en otros países se cargan sobre los presupuestos nacionales. Aterrizando en el asunto objeto de estudio en este capítulo, dentro de la propia Administración existen divergencias que reflejan la brecha entre turbocapitalismo y retrocapitalismo. Por un lado, tenemos Administraciones modernas, ágiles y eficientes, y plenamente incorporadas a la digitalización, como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o la Dirección General de Tráfico (DGT), por ejemplo. Y, por otro lado, tenemos otras en las que todos estos atributos brillan por su ausencia. La existencia de esas «islas de modernidad» demuestra que es posible tener una Administración avanzada, eficiente y capaz de responder a las necesidades y problemas de los ciudadanos y de las empresas. Una Administración que sea capaz de impulsar la modernización y un salto de productividad y valor añadido en nuestro modelo productivo.

Por último, la pandemia de la COVID-19 impulsará profundos cambios en nuestro modelo económico y social. Los fondos de recuperación Next Generation EU y las reformas estructurales comprometidas en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia suponen una oportunidad única para modernizar nuestro modelo productivo y hacerlo homologable al del resto de las economías avanzadas sobre la base de dos ejes vertebrales básicos: la digitalización y la sostenibilidad.

La economía española arrastra desde hace décadas debilidades estructurales que minan su capacidad de desarrollo y crecimiento. Una de las más importantes es la que tiene que ver con el tejido productivo.

España tiene un tejido productivo dual, con una composición que se asemeja más a la de las economías en vías de desarrollo que a las de los países avanzados. Se trata de un aparato productivo en el que predominan de forma evidente las empresas poco eficientes, poco productivas, poco innovadoras, que no se han sumado aún al tren de la digitalización y que en su mayoría no han dado el salto a los mercados globales. Y todo ello, en contraste con lo que ocurre en nuestros principales socios de referencia en Europa, donde las empresas puntúan mejor en todos estos parámetros. El único país que registra valores similares a los nuestros es Italia, pero eso no debería ser consuelo, ya que Italia es, como también lo es España, uno de los «sospechosos habituales».

Esto se convierte en un problema en la medida en que estas características son propias del 99 por ciento de nuestro tejido productivo, convirtiéndose por tanto en un rasgo definitorio de nuestro modelo económico, que lleva décadas creciendo conforme a una doble segmentación: el turbocapitalismo, marcado por parámetros como la digitalización y la internacionalización; y el retrocapitalismo, en el que conviven las empresas menos eficientes e intensivas en tecnología e innovación. No se trata, por tanto, de un problema de sectores, sino de vectores. En otras palabras, esto no tiene que ver con la especialización sectorial de la economía española, sino con que buena parte de nuestro tejido productivo no ha incorporado a su funcionamiento los vectores y tendencias por los que se rige el mundo y las sociedades avanzadas. A saber, la digitalización, la innovación, la internacionalización y también el tamaño.

Asimismo, España debe abordar otros retos pendientes que se constituyen también en condición necesaria para impulsar la productividad y dar el salto al turbocapitalismo al que aspiramos. El reto relativo al sistema educativo es prioritario. En este artículo se han documentado brevemente las ineficiencias del sistema educativo español, un modelo exótico en el universo europeo, ya que no es capaz de proveer a los jóvenes de los conocimientos y competencias necesarios, y que, para colmo, alimenta las ineficiencias y la dualidad del mercado de trabajo, que, si bien no es el objeto de este capítulo, también precisa reformas de calado. Constatada la necesidad de impulsar un cambio en nuestro modelo productivo y dar el salto al turbocapitalismo, los fondos de recuperación europeos Next Generation EU y las reformas estructurales comprometidas en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituyen una oportunidad que España no puede dejar escapar.

Como conclusión, y con el único afán de orientar, a continuación indicamos algunas recomendaciones generales de política económica que creemos pueden contribuir a impulsar un salto de calidad y valor de nuestro modelo productivo.

Como ya se ha dicho, es necesario incrementar el tamaño medio de las empresas, y por ello vemos prioritario impulsar medidas realistas que lo permitan, como, por ejemplo, eliminar los umbrales fiscales, laborales y burocráticos que desincentivan el crecimiento empresarial y buscar un reparto más equilibrado entre financiación bancaria y de mercado. Asimismo, para mejorar la capacitación de los jóvenes y proveerlos de los conocimientos y las competencias necesarios para competir en un mundo globalizado y digital marcado por una competencia creciente y feroz, es necesario operar reformas que impulsen la calidad de nuestro sistema educativo y formativo y lo homologuen al de las economías europeas más avanzadas. Todo ello, con el objetivo en el horizonte de poner fin a la brecha entre las competencias de los trabajadores y las que demandan las empresas.

Además, resulta imprescindible, por una parte, incrementar el volumen de recursos destinado a I+D+i, mejorando, sofisticando y ajustando a las necesidades de las empresas (particularmente a las de las pymes) el modelo de incentivos empresariales a la innovación y al desarrollo. Por otra parte, hay que hacer caso a las voces autorizadas en economía para recuperar la senda de la consolidación fiscal una vez superadas la pandemia y la crisis. Antes del estallido de la crisis pandémica tuvimos seis años de intenso crecimiento que podíamos haber aprovechado para poner en orden nuestras cuentas. Es prioritario no repetir este error.

Todo lo anterior conlleva redoblar los esfuerzos para impulsar la salida de las empresas a los mercados internacionales y garantizar su presencia regular en ellos, con especial atención a las microempresas. La digitalización y la formación son dos aspectos clave para este propósito. Y también debemos promover una reforma de la Administración Pública que la haga más ágil y eficiente y que sea capaz de impulsar la modernización y el salto de productividad y valor añadido que precisa el modelo productivo.

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La brecha entre analógicos y digitales

Las tecnologías digitales están desempeñando un papel cada vez más relevante en la vida de la mayoría de las personas y organizaciones, y se han convertido en un elemento imprescindible para el desarrollo económico y social de todos los países. La rapidez con la que cada país —y, dentro de cada país, cada colectivo social o económico— asimila estas tecnologías es diferente, lo que conlleva distintos ritmos de adopción y, consecuentemente, la aparición de brechas tecnológicas entre países y entre colectivos.

Las brechas tecnológicas pueden diluirse de manera natural cuando el aumento del número de usuarios provoca la aparición de economías de escala que se traducen en menores precios y mayor facilidad de uso, algo que ya está ocurriendo en algunos ámbitos, como el del acceso y uso de servicios básicos de internet.

Sin embargo, las tecnologías digitales también actúan como amplificadores de competencias y capacidades preexistentes, reportando mayores beneficios a quienes ya disponían de ventajas previas. Una consecuencia de ello es que éstos tendrán mayores incentivos para acelerar la adopción de estas tecnologías frente al resto, lo que conduce al mantenimiento (o incluso aumento) de algunas brechas digitales, lo que a su vez incrementa las desigualdades en otros ámbitos de la vida. Esto es lo que parece estar ocurriendo con las competencias digitales, el uso de los servicios avanzados de internet o la digitalización y transformación digital de las empresas.

Medir el desarrollo digital no es una tarea fácil. La Comisión Europea lo ha intentado, y en 2015 desarrolló un índice sintético para medirlo, de gran uso actualmente: el índice de la economía y la sociedad digitales. Este índice, conocido como DESI (digital economy and society index),1 trata de medir el desarrollo global de la economía y la sociedad digital, y ha permitido comparar el desarrollo digital de los países de la Unión Europea, así como conocer su evolución y las brechas digitales que existen entre ellos. Desde que se empezó a utilizar en 2015, España siempre se ha situado por encima de la media de la Unión Europea en el índice global, y, además, ha sido uno de los países que más ha avanzado en su desarrollo digital. Actualmente, España es uno de los líderes en desarrollo digital de las grandes economías de la Unión Europea, por delante de países como Alemania, Francia o Italia.

Esta ventaja de España en el índice global se reparte de manera desigual en las distintas dimensiones del DESI. En todas ellas, en el año 2021, España ha estado por encima de la media europea, si bien mejor situada en unas dimensiones que en otras. Ocupa un lugar destacado en relación con la conectividad (3.a, a 12 puntos del líder, y 11,9 puntos por encima de la media de la UE) y en servicios públicos digitales (7.a, a 11 puntos del líder, y 12,6 puntos por encima de la media de la UE). En el resto de las dimensiones (capital humano e integración de las tecnologías digitales en las empresas) también se encuentra por encima de la media europea, aunque a mayor distancia de los países líderes. En capital humano, España ocupa la posición 12, a 1,3 puntos por encima de la media europea, pero a 22,8 puntos del líder. En integración de las tecnologías digitales en las empresas, se sitúa en el puesto número 16, a 20,8 puntos del líder y 1,2 puntos por encima de la media europea.

España es líder en conectividad, pero existe una importante brecha digital entre las zonas rurales y urbanas. Esta brecha, que prácticamente ha desaparecido en el acceso a internet estándar, todavía persiste en el acceso de calidad intermedia y alta, estimada en torno a los 15 puntos.

Algunos colectivos socioeconómicos, como estudiantes, jóvenes, personas con estudios superiores o con un alto nivel de ingresos, presentan unos indicadores de desarrollo digital próximos a la saturación, en línea con los niveles que muestran esos mismos colectivos en los países líderes de Europa. En el lado opuesto se encuentran pensionistas, mayores (entre 55 y 74 años), personas sin estudios o personas con bajos ingresos, que no sólo presentan un bajo nivel de desarrollo digital en España, sino respecto a los de esos mismos colectivos en los países líderes europeos.

Los criterios de clasificación que producen mayores brechas digitales en 2021 son, por orden de importancia, los de situación laboral, edad, estudios e ingresos, seguidos de lejos por los del hábitat y del género. Las mayores brechas son la de «competencias» (50-70 puntos entre algunos colectivos en 2020); la de «transacciones online» (entre 28 y 46 puntos); la de «consumo digital» (entre 24 y 37); y la de «acceso», que, aunque se ha reducido notablemente en los últimos años, sigue siendo elevada entre algunos colectivos (entre 17 y 25 puntos).

Mención especial merece la brecha que existe entre empleados y parados, que llega a alcanzar casi los 20 puntos en las competencias digitales y se sitúa por encima de 9 puntos en casi todos los indicadores, superando a las que existen entre el ámbito rural y el urbano.

De los párrafos anteriores se podría extraer la conclusión de que la brecha digital de género ya no es relevante. Nada más lejos de la realidad, ya que esta brecha sigue estando presente en la sociedad española, y donde más se manifiesta es en la distribución por género de los especialistas en tecnologías digitales, donde más del 80 por ciento son hombres, frente a sólo un 20 por ciento de mujeres.

Las empresas también sufren su particular brecha digital. El factor más determinante es el tamaño de la empresa y, en menor medida, el sector donde se encuadra. En las empresas de mayor tamaño, las del sector manufacturero y energético son las que muestran un mayor desarrollo digital y las que más ventas e ingresos realizan gracias a internet; mientras que en las pymes esta relación se invierte, y son las del sector servicios las que mejor aprovechan las ventajas de internet. En cualquier caso, las diferencias en los niveles de digitalización entre empresas grandes y pequeñas es muy elevado (38 por ciento frente a un 13 por ciento), y las diferencias entre los porcentajes de empresas que realizan ventas por internet también lo es (43 por ciento frente a un 23 por ciento), a pesar de la reducción de tal diferencia que se ha producido durante la pandemia de la COVID-19, debido a la aceleración en la adopción de tecnologías digitales por las empresas en ese período.

Cuestiones clave de la brecha digital

Las tecnologías digitales tienen un papel cada vez más relevante en la vida de la mayoría de las personas y organizaciones. Afecta a la forma en que nos relacionamos, trabajamos, estudiamos, nos formamos o empleamos nuestro tiempo libre, o a cómo o qué consumimos. Y a la forma en que se organizan las empresas, se relacionan entre ellas, con sus clientes o con las Administraciones públicas. Y a cómo nos informamos, vemos el mundo, lo entendemos y lo interpretamos. Afecta, en definitiva, a nuestras oportunidades de vivir mejor o peor, tanto individual como colectivamente.

Desde mediados de la década de 1990, la importancia de las tecnologías digitales no ha dejado de crecer. Y la crisis de la COVID-19 lo ha puesto de manifiesto de manera evidente: el confinamiento redujo a su mínima expresión los contactos sociales, y, durante un tiempo, el mundo pasó de ser un mundo físico a ser un mundo digital. Se sustituyeron en muchos casos las clases presenciales en centros educativos por clases online; el trabajo en la empresa, por el teletrabajo; las visitas al médico, por la telemedicina; las salidas al cine y con los amigos, por el cine en casa y las celebraciones por videoconferencias; y las compras en las tiendas, por el comercio electrónico. Sin las tecnologías digitales la vida hubiese sido mucho más difícil.

Para los que no disponían de estos recursos, la vida se convirtió en una realidad mucho más dura. Interrumpieron sus procesos formativos, tuvieron una peor asistencia sanitaria, experimentaron dificultades para adquirir los productos que necesitaban o dejaron de tener contacto con sus seres queridos. Muchas empresas no han podido adaptarse a este nuevo escenario y han tenido que cerrar o reducir de manera drástica su actividad. Las que han podido trasladar su funcionamiento al mundo digital han conseguido mantenerse mejor que las que no lo han podido hacer. También el teletrabajo ha experimentado un crecimiento exponencial, y en unos pocos meses se ha extendido más que en los cinco años anteriores.

En definitiva, la crisis ha puesto de manifiesto la importancia de un desarrollo digital vigoroso y sostenible para funcionar en situaciones extremas, y ha revelado con crudeza la brecha digital que existe.

Muchos de los cambios a los que asistimos en esta crisis están aquí para quedarse, especialmente aquellos que mejoran la productividad de las empresas o el bienestar social. Algunos cambios se han realizado de manera forzada: no existían otras alternativas. Otros responden a tendencias que venían de antes, pero que, por alguna razón, no terminaban de eclosionar de manera generalizada: la educación a distancia, el comercio electrónico, el teletrabajo, la telemedicina o el consumo de contenidos online.

La crisis también ha demostrado que los éxitos de una empresa o de una organización no son éxitos individuales, sino colectivos. No es posible extender la enseñanza online si parte del alumnado o del profesorado no dispone de los medios tecnológicos o los conocimientos digitales adecuados. Las empresas no pueden funcionar online si su cadena de suministros no está digitalizada, o no pueden digitalizar su oferta de productos o servicios si los consumidores no pueden acceder digitalmente a ellos. Normalmente, para que una empresa extienda el teletrabajo y siga siendo competitiva es necesario que toda la fuerza laboral afectada pueda y sepa hacerlo, y que la empresa en su conjunto esté preparada para ello; no basta con que sólo una parte de la fuerza laboral lo esté.

El concepto de «brecha digital»

En el ámbito internacional, la preocupación por reducir las brechas digitales data de la primera década de 2000, y ha estado siempre presente en las estrategias digitales, tanto en la Unión Europea como en los programas de lucha contra la pobreza y de desarrollo sostenible de la ONU.

La crisis de la COVID-19 reforzó esta preocupación, y ha influido en que algunos Gobiernos adopten medidas más contundentes para acelerar su reducción. Un ejemplo de ello es la estrategia digital presentada por el Gobierno de España en julio de 2020, denominada «España Digital 2025», y en los planes que la desarrollan, presentados en los meses siguientes.

¿Qué se entiende por brecha digital? En 2001, la OCDE, en un informe titulado «Understanding the digital divide», definió la brecha digital como «la brecha que existe entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de niveles socioeconómicos diferentes con relación a sus oportunidades para acceder a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y al uso de internet para una amplia variedad de actividades».

En 2001, la brecha digital se refería básicamente a la posibilidad o no de acceder a internet. Es lo que hoy día se conoce como brecha de acceso o brecha de primera generación. Con el paso del tiempo, se incluyeron nuevos elementos en su definición como el uso que se hacía de internet y las competencias digitales. Posteriormente se ha ampliado el concepto para incorporar las razones por las que se usa internet y el objetivo perseguido.

Hoy, el estudio de las brechas digitales se ha vuelto más complejo, y de lo que se trata es de determinar el beneficio que obtiene cada colectivo con el uso de internet, utilizándose los criterios anteriores (acceso, competencias, usos y motivación) como indicadores para encontrar una respuesta.2

¿Por qué se producen las brechas digitales? La respuesta inmediata podría ser: porque la adopción de nuevas tecnologías no se produce al mismo ritmo por parte de todas las personas u organizaciones.

La pregunta entonces sería ¿por qué los distintos colectivos adoptan las tecnologías con ritmos diferentes, y por qué el colectivo determina, de alguna manera, el ritmo de adopción? La respuesta habitual a esta pregunta es: porque el poder adquisitivo necesario para acceder a ellas, los conocimientos necesarios para usarlas o la cultura del colectivo o la organización de la que se forma parte están muy relacionados con el colectivo al que se pertenece. Los defensores de esta respuesta suelen argumentar que las innovaciones tecnológicas tienen un precio muy elevado al principio —razón por la cual suelen acceder a ellas sólo las personas con mayor nivel adquisitivo—, o bien son complejas de utilizar, lo que explicaría por qué acceden personas con niveles culturales elevados o con formación muy específica. Sostienen que, con el paso del tiempo, a medida que más personas y organizaciones usan esa tecnología, baja su precio y su uso es más fácil, lo que permite que sea utilizada por colectivos con menor poder adquisitivo o con menor nivel de conocimientos. Cuando de lo que se trata es de explicar la brecha entre empresas, las explicaciones son semejantes, pero adaptadas a la cultura empresarial o al compromiso con la innovación.

Esta hipótesis, que se conoce con el nombre de «hipótesis de la normalización», sostiene que, a medida que se extiende el uso y desciende el precio y la complejidad de una tecnología, las personas o colectivos que inicialmente quedaron fuera se irán incorporando y, finalmente, las brechas desaparecerán. La difusión de muchas tecnologías (automóviles, electricidad, electrodomésticos, acceso a internet...) pueden explicarse con base en esta hipótesis.

En el caso del uso de internet, existe otra hipótesis alternativa, conocida como «hipótesis de la estratificación» que conduce a conclusiones diferentes. Esta hipótesis sostiene que en internet se replican los usos que se dan en la vida offline, y que una persona «arrastra» a internet las competencias que tiene en la vida ordinaria. De esta manera, la vida online reproduce las desigualdades que se dan en la vida ordinaria por medio de dos mecanismos: el de la amplificación y el de la ley exponencial. El primero de ellos afirma que internet actúa únicamente como un amplificador; amplifica las capacidades y, en consecuencia, amplifica también las diferencias. El segundo añade un elemento a la amplificación, y afirma que la polarización preexistente hace que aquellos con mayor dotación inicial de recursos obtengan mayores beneficios que los que tienen una dotación menor, animando a los primeros a continuar con el desarrollo digital y desanimando a los últimos. En cualquier caso, y por ambos motivos, la convergencia, a diferencia de lo que ocurría con la hipótesis de la normalización, se torna casi imposible.

Las conclusiones de esta segunda hipótesis parecen estar apoyadas por dos hechos: 1) la observación de la lenta convergencia de algunas brechas digitales (las de uso y competencias, por ejemplo); y la creciente diferenciación en los resultados obtenidos de la digitalización para la mejora de la vida ordinaria de cada persona y la diferenciación progresiva en los resultados de distintos grupos de empresas.

Combinando ambas hipótesis se podría afirmar que, en las primeras fases de difusión de una nueva tecnología, ésta es adoptada por algunos colectivos con base en diferentes criterios (económicos, formativos, culturales, etcétera). Una vez que la tecnología va madurando, su precio disminuye y su facilidad de uso aumenta, lo que impulsa su adopción en otros colectivos. Sin embargo, si el desarrollo tecnológico es un proceso en evolución continua, como es el caso de las tecnologías digitales, el proceso de difusión es un proceso sin fin mientras continúe la evolución. En este caso, el proceso de normalización y reducción de la brecha en una tecnología se verá contrarrestado con la aparición de nuevas brechas en la tecnología que le sigue.

Esta hipótesis describe de una forma más completa lo que ha ocurrido en la adopción de las tecnologías digitales en los países de la Unión Europea, donde se han cerrado o se están cerrando algunas brechas digitales importantes (especialmente las de acceso), pero donde aparecen nuevas brechas en las tecnologías más modernas.

En esta situación, la única opción disponible para los poderes públicos es actuar en dos frentes: apoyar el desarrollo digital rápido en sus países, aunque ello signifique un incremento inicial de la brecha digital, y simultáneamente poner en marcha programas de reducción de las brechas digitales. Las razones para ello son varias.

Por un lado, el desarrollo digital, como todo desarrollo tecnológico, es un instrumento básico para impulsar el desarrollo económico de cualquier país, algo a lo que ningún país puede renunciar. Por otro lado, a medida que se expande el desarrollo digital, descienden los precios y aumenta la facilidad de uso de las tecnologías digitales. Y además es imposible aumentar el desarrollo digital de un país si una parte de éste no participa en dicho desarrollo —una vez alcanzada la saturación en un colectivo, la única forma de incrementar el desarrollo digital es incorporando a los demás colectivos.

Pero también, a medida que se incorporan más personas a la sociedad o a la economía digital, no sólo aumenta el bienestar de quien se incorpora, sino también el de los que ya lo estaban. Y, por último, las brechas digitales se trasladan a desigualdades sociales y cronifican situaciones de desigualdad, lo que convierte en imperativa la necesidad de luchar contra las brechas digitales.

La preocupación política en la Unión Europea
por las brechas digitales

No fue hasta mediados de la década de 1990 cuando la hoy Unión Europea empezó a desarrollar políticas digitales. Estas políticas han ido evolucionando con el tiempo, adaptándose a los cambios tecnológicos y a los cambios sociales y económicos que la propia digitalización impulsaba, así como a la evolución del desarrollo digital de los Estados miembros.

En la primera fase, su objetivo fundamental fue, en palabras del «Libro Blanco» de Delors,3 crear una «infraestructura europea de información» y poner en marcha un «grupo especial de muy alto nivel para precisar las prioridades y definir las modalidades de actuación y su calendario». La Unión Europea apostó por la liberalización del sector de las telecomunicaciones y por la defensa de la competencia en el sector, dejando en manos del sector privado el despliegue y la explotación de estas infraestructuras. Las razones por las que se adoptó esta decisión se apoyaban en la preocupación por no quedar rezagados en el desarrollo de la sociedad de la información con respecto a otras áreas geográficas, como Estados Unidos y Japón, y en el convencimiento de que la transformación digital era un instrumento imprescindible para aumentar la productividad y la competitividad de la economía europea. Estas dos ideas, el miedo a quedarse atrás y la imposibilidad de conseguir ganancias de productividad sin desarrollo digital, han sido y siguen siendo dos de las razones que impulsan las políticas digitales europeas.

En poco tiempo, la preocupación por las infraestructuras dio paso a otras inquietudes más relacionadas con aspectos sociales, empresariales, laborales o políticos, ausentes en los documentos iniciales. De esta manera, la preocupación por las brechas digitales escaló posiciones. ¿Cómo garantizar que el desarrollo de la sociedad de la información estuviese al servicio de todos? ¿Cómo aprovechar sus efectos positivos y minimizar los negativos?

En 2006, la Unión Europea celebró en Riga una Conferencia Ministerial sobre las TIC para una sociedad inclusiva, que estableció para 2010 «una serie de objetivos concretos con relación al uso y disponibilidad de internet, a la alfabetización digital y a la accesibilidad de las TIC» y acuñó el término e-inclusión. En 2007, la Comisión Europea presentó la «Iniciativa europea para la inclusión digital», con el propósito de conseguir los objetivos establecidos en Riga.

A partir de entonces, con mayor o menor intensidad, todas las estrategias europeas han contemplado objetivos relacionados con la reducción de la brecha digital entre los Estados miembros y dentro de cada uno de ellos, incluyendo objetivos de universalización del acceso mediante las distintas tecnologías que han ido apareciendo. Y se ha insistido en la reducción de las brechas digitales que en cada momento se han demostrado más resistentes (por ejemplo, la brecha digital rural-urbano), así como en la representación insuficiente de determinados colectivos socioeconómicos en algún apartado de la vida digital (como la brecha de género entre los especialistas en tecnologías digitales).

El interés por el desarrollo digital y por la reducción de las brechas digitales se reforzó en 2020 con la respuesta de la Unión Europea para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19, que incluía el compromiso de dedicar, al menos, el 20 por ciento de los cuantiosos fondos contemplados en el plan Next Generation EU a actuaciones que refuercen el desarrollo digital de los Estados miembros, y, en 2021, con la propuesta de una nueva estrategia digital para Europa, expresada en la comunicación «La brújula digital 2030: el enfoque de Europa para la década digital».

Metodologías para medir las brechas digitales

Cuando se habla de «brechas digitales», se habla de las diferencias que existen entre el desarrollo digital de colectivos diferentes, sean éstos países, áreas geográficas, grupos de personas o empresas. En consecuencia, cuando se habla de brecha digital, resulta necesario precisar entre quiénes se está midiendo dicha brecha.

También se debe indicar sobre qué se mide la brecha: sobre el acceso, el uso, las competencias... En función de la brecha que se esté estudiando se seleccionarán los indicadores que se utilizarán para hacer la comparación y la capacidad del indicador elegido para medir lo que de verdad queremos medir.

Cuando lo que se pretende medir es el desarrollo digital global, hay que tener en cuenta que todavía no existe un consenso generalizado sobre qué es el desarrollo digital. Llegar a acuerdos sobre muchos indicadores que miden aspectos particulares del desarrollo digital es fácil, pero hacerlo, a partir de todos ellos, sobre cómo construir un indicador único que pueda utilizarse como medida del desarrollo digital es más difícil. A veces, incluso es difícil determinar cuál es el mejor indicador para medir un aspecto particular del desarrollo digital.

La OCDE lleva más de veinte años trabajando para avanzar en la consecución de estos consensos y para definir indicadores que reflejen estos aspectos parciales del desarrollo digital, de modo que sirvan de ayuda a la hora de diseñar políticas digitales. Otros organismos han avanzado en la construcción de índices globales o sintéticos que reflejen en un único número el desarrollo digital de un país. Entre ellos destacan la Unión Internacional de Telecomunicaciones (OIT), que desarrolló el denominado índice de desarrollo de las TIC en 2009, y la Comisión Europea, que en 2015 presentó el denominado índice de la economía y la sociedad digitales (DESI).

El DESI es un índice sintético, con un rango que va de 0 a 100. Hasta el año 2020, este índice se calculaba mediante la agregación de cinco subíndices, obtenidos a su vez por la combinación de diferentes indicadores, con lo cual medía el desarrollo digital en cinco grandes dimensiones:

Conectividad: que usa indicadores de suscripciones de banda ancha fija, cobertura de banda ancha fija, banda ancha móvil y precios de banda ancha.

Capital humano: con indicadores de competencias digitales básicas y avanzadas y con indicadores sobre especialistas digitales en la fuerza laboral.

Uso de servicios de internet: que mide el uso de internet por parte de las personas.

Integración de la tecnología digital: que refleja la integración de las tecnologías digitales en las empresas midiendo la digitalización de las empresas y el comercio electrónico.

Servicios públicos digitales: que mide el desarrollo de la administración digital.

En la edición de 2021, este índice se modificó sustancialmente para adaptarlo a la nueva política digital de la Unión Europea, la «Década Digital», reduciendo de 5 a 4 sus dimensiones (se ha suprimido la relativa al uso de los servicios de internet) y cambiando algunos de los indicadores dentro de cada dimensión. El valor del DESI para todos los años anteriores se ha recalculado para que las comparaciones sean homogéneas entre años, aunque ello ha conllevado cambios en la situación de algunos países en algunas dimensiones.

En el cálculo del DESI, se usa el valor medio de cada indicador dentro de cada país para realizar comparaciones entre países, pero ello impide usarlo para conocer las brechas digitales dentro de cada país. Afortunadamente, para la mayoría de los indicadores utilizados existen valores desglosados por categorías socioeconómicas o por tipos de empresa y sector, bien en Eurostat o bien en las oficinas estadísticas nacionales, lo que sí permite calcular las brechas digitales dentro de cada país.

Las brechas digitales actuales entre España
y la Unión Europea y dentro de España

El índice global DESI de 2021 muestra el desigual desarrollo digital de los países que componen la Unión Europea. En 2021, la posición más adelantada correspondía a países que ya la ocupaban en las ediciones anteriores: Dinamarca, Finlandia, Suecia y Países Bajos. Ninguna de las mayores economías de la Unión ocupa estas posiciones. Entre los países de mayor tamaño, España ocupa el lugar más adelantado, ligeramente por delante de Alemania, y algo más adelantado que Francia y que la media de la Unión Europea. Cierran la clasificación Rumanía, Bulgaria y Grecia.

Como se observa en el gráfico 8.1, la diferencia entre países sigue siendo notable. En un índice cuyo valor puede ir de 0 a 100, el país más avanzado, Dinamarca, tiene un índice de 70,1, mientras que el de Rumanía, el menos avanzado, es de sólo 32,9, una diferencia de 37,2 puntos.

Gráfico 8.1. Índice de la economía y la sociedad digitales (DESI), clasificación de 2021

Fuente: Comisión Europea (2021).

De la evolución del DESI global se deduce que la Unión Europea ha mejorado su desarrollo digital año tras año, pero también que no ha conseguido reducir la brecha digital entre los Estados miembros. El desarrollo digital medido por el DESI ha avanzado de 35,3 puntos en 2016 a 50,7 en 2020, pero también ha aumentado la distancia entre el país más avanzado y el más retrasado, que ha pasado de ser de 28,8 puntos en 2015 a 37,2 en 2021.

Durante dicho período, España ha mejorado su posición con respecto a la media de la Unión Europea (en 2016 se situaba 4,4 puntos por delante y en 2021 lo hace en 6,8 puntos). Sin embargo, no ha conseguido reducir su distancia con el líder europeo (Dinamarca), que ha pasado de 10,5 puntos en 2016 a 12,6 en 2021.

Cuando se realiza este mismo análisis para cada una de las dimensiones que componen el DESI, se obtienen algunas conclusiones interesantes. Veámoslas...

Al igual que ocurría con el índice global, todos los países han mejorado su desarrollo digital desde el año 2016 en todas las dimensiones. El mayor incremento se ha producido en la conectividad (22,8 puntos), seguido de los servicios públicos digitales (20,1 puntos) y la integración de la tecnología digital en las empresas (14 puntos). Donde menos se ha avanzado ha sido en la dimensión del capital humano, con un incremento de sólo 4 puntos.

Sin embargo, las brechas digitales entre los países de la Unión Europea han aumentado en todas las dimensiones: 14,8 puntos en la integración de las tecnologías digitales en las empresas, 10,1 puntos en los servicios públicos digitales, 8,7 puntos en la conectividad y 2,4 puntos en el capital humano.

Todas las brechas digitales, medidas como la diferencia entre el nivel de desarrollo del país más avanzado y el del menos avanzado, se encuentran por encima de los 30 puntos, siendo la más pequeña la de conectividad, con 36,3 puntos, y la más elevada, la de servicios públicos digitales, con 70,3 puntos.

El comportamiento de España puede considerarse positivo de manera global, pero con diferencias entre los distintos ámbitos.

España ha mejorado, y mucho, en conectividad. Entre 2016 y 2021 ha mejorado su desarrollo en 30 puntos. Hasta 2020, España redujo considerablemente la distancia con el país líder hasta los 3 puntos, desde los 10,9 del año 2016. En 2021, esta distancia ha vuelto a aumentar hasta los 12 puntos debido al espectacular salto adelante de casi 20 puntos dado por Dinamarca. Por otra parte, ha aumentado su distancia respecto a la media europea en más de 7 puntos, hasta alcanzar los 11,9 puntos a favor de España.

También lo ha conseguido en servicios públicos digitales, donde viene ocupando posiciones de liderazgo desde que se mide el DESI, en 2015. A pesar del cambio de criterio para medir esta dimensión aplicado a partir de 2021, su desarrollo ha mejorado en 11 puntos, aumentando su distancia con la media europea hasta alcanzar los 12,6 puntos y ocupando el séptimo puesto en el ranking europeo, a 11 puntos del líder.

Sin embargo, su evolución no ha sido positiva en las otras dos dimensiones: capital humano e integración de las tecnologías digitales en las empresas. En estas dos dimensiones, España se encuentra ligeramente por encima de la media europea. La evolución de España en estos ámbitos es irregular, mejorando unos años y empeorando otros con respecto a la media europea, y, en el caso de la integración de las tecnologías por las empresas, alejándose siempre de los líderes europeos.

Como ya se ha señalado, los indicadores que usa el DESI miden la situación global de cada país, no de colectivos específicos, razón por la cual el DESI no mide las posibles brechas o desigualdades que puedan existir dentro de cada país en relación con el desarrollo digital. Para conocerlas es necesario analizar el valor de cada indicador, desglosado por categorías socioeconómicas, hábitat, tipo de empresa o cualquier otra categorización, como veremos a continuación.

Diferencias digitales entre la España rural
y la España urbana

Desde mediados de la década de 1990, las redes de comunicaciones y el acceso a internet se han ido extendiendo en toda la Unión Europea. La liberalización del sector de las comunicaciones y la protección de la competencia en el sector dieron lugar a una expansión de las redes de comunicación en un tiempo récord. Para asegurar un internet para todos se incluyó la garantía de servicio universal en la regulación de las telecomunicaciones. Sin embargo, actualmente la velocidad de acceso a internet incluida en el servicio universal (conexión a la red pública) es de sólo 1 Mb/s, cuando las ofertas comerciales se sitúan por encima de los 30 Mb/s y, dependiendo de las zonas geográficas, pueden llegar a los 600 Mb/s.

Como veíamos anteriormente, una de las dimensiones que conforman el índice de la economía y la sociedad digitales (DESI) es la de la conectividad, con indicadores relacionados con la cobertura de las redes de comunicación (hasta dónde llegan estas redes), con su implantación (cuántos hogares contratan sus servicios), con la cobertura móvil y con los precios de la banda ancha.

Tabla 8.1. DESI: conectividad en España y la Unión Europea (2021)

CONECTIVIDAD

ESPAÑA

UE

puesto

puntuación

puntuación

DESI 2021

3

62,0

50,2

Fuente: DESI (2021), Comisión Europea.

Gráfico 8.2. DESI: evolución de la conectividad en España
y la UE-27 (2016-2021)

Fuente: DESI (2021), Comisión Europea.

Los datos muestran que España se comporta muy bien en esta dimensión (puesto número 3), muy por delante de la media y mejorando año tras año. Además, los datos de cobertura y de implantación de la red móvil muestran niveles ya en saturación, y los datos de precios se aplican por igual en todo el país.

Para analizar la brecha digital en la cobertura digital y la banda ancha entre la España rural y la urbana, hay que tener en cuenta que la cobertura de una red mide la disponibilidad de una red en un territorio. Es condición necesaria, pero no suficiente, para que personas o empresas puedan conectarse a la red.

Para medir la cobertura de las redes digitales en los Estados miembros de la UE-27, el DESI, elaborado por la Comisión Europea, usa dos indicadores que miden, respectivamente, la cobertura de banda ancha de nueva generación (banda ancha fija con velocidades superiores a 30 Mb/s) y la de la red fija de muy alta capacidad (velocidades por encima de 100 Mb/s).

Los datos de cobertura de banda ancha de acceso de nueva generación, o NGA (velocidad mayor de 30 Mb/s), permiten concluir lo siguiente:

La media española es de un 92,3 por ciento, por encima del 87,2 por ciento de la media europea, y se sitúa en el puesto número 12.

La cobertura de las zonas rurales ha mejorado mucho en el último año, alcanzando el 70,1 por ciento de los hogares, por encima del 59,8 por ciento de la media europea, aunque España está todavía en el puesto 14 del ranking europeo.

Por su parte, las conclusiones ofrecidas por los datos de cobertura de red fija de muy alta capacidad, o VCHN (velocidad mayor de 100 Mb/s) son más optimistas:

España aparece como uno de los líderes en el despliegue de redes de muy alta velocidad (en cuarto puesto) cuando se considera el país en su totalidad, con un 91,7 por ciento de cobertura, frente al 59,3 por ciento de la UE-27.

España también aparece en un puesto destacado cuando se considera el despliegue en las zonas rurales, ocupando el séptimo puesto, con una cobertura del 64,2 por ciento, frente al 27,8 por ciento de la UE-27.

Por su parte, por implantación de una red se entiende el porcentaje de hogares que contratan los servicios de conexión a la red, lo cual requiere, lógicamente, que exista cobertura de red. Para medirla usando el DESI, la Comisión Europea emplea dos indicadores: uno que mide la implantación global de la banda ancha fija y otro que mide la implantación de banda ancha fija de al menos 100 Mb/s. Además, existen datos sobre la implantación de banda ancha estándar (fija y móvil), banda ancha rápida fija y banda ancha ultrarrápida fija, datos que pueden ser de utilidad para determinar la brecha digital en cuanto a la implantación.

De los datos de implantación de banda ancha estándar (móvil más fijo) se deduce que ésta cuenta con un elevado grado de implantación, tanto en zonas urbanas (96,6 por ciento) como rurales (un 91 por ciento); lo cual supone una brecha digital de implantación de unos cinco puntos. También se deduce que en las zonas urbanas un 10 por ciento de la población accede a internet usando sólo el móvil, mientras que este porcentaje sube hasta el 21 por ciento en las zonas rurales.

Existe, por tanto, una brecha digital relevante entre las zonas rurales y las urbanas en perjuicio de las zonas rurales, y esta brecha aumenta a medida que aumenta la calidad de las redes. Además, la brecha de implantación no es sólo consecuencia de la brecha de cobertura: aunque la diferencia entre la cobertura de banda ancha estándar fija es de sólo 2,6 puntos, la implantación de conexiones a internet fija arroja una brecha de 15,6 puntos, lo que puede deberse tanto a la calidad de la conexión como a otros factores adicionales (como las diferencias en el uso y la utilidad percibida de internet).

Las diferencias digitales entre colectivos socioeconómicos en España

El acceso a internet, las competencias digitales y el uso que las personas hacen de internet en cada país muestran datos diferentes. De los datos del DESI y de Eurostat se desprende que la mayor brecha digital es la «brecha de competencias». Aunque el porcentaje medio en España de personas con competencias básicas o avanzadas es del 57 por ciento, la diferencia entre el colectivo con más competencias digitales (estudiantes, con el 94 por ciento) y el que tiene menos (pensionistas y personas inactivas, con el 25 por ciento) es de 69 puntos; en función de la situación laboral, es de 19 puntos, de 55 en función de la edad, de 54 en función de los estudios, de 47 en función de los ingresos, de 15 en función del hábitat y de 3 atendiendo al género.

La segunda gran brecha es la que se produce en el uso de lo que hemos denominado «transacciones online» (que incluyen las compras, la banca online y el envío de formularios cumplimentados a las administraciones públicas). En este apartado, las brechas se sitúan entre los 28 y los 46 puntos, dependiendo de los colectivos, con la excepción de la brecha relacionada con el hábitat, que se sitúa entre 11 y 12 puntos, y con la alusiva al género, situada entre 1 y 4 puntos.

La tercera brecha se produce en lo que hemos denominado «consumo digital» (que incluye lectura de noticias online, audioconferencias y videoconferencias), con valores situados entre los 24 y 37 puntos, con la excepción, de nuevo, de las que atañen al hábitat y al género, que presentan brechas más reducidas.

La tradicional «brecha de acceso» es la que más se ha reducido con el paso de los años y la que más se ha reducido durante la pandemia. Aunque sigue siendo elevada, ahora se sitúa entre 17 y 25 puntos para las cuatro agrupaciones de colectivos con mayor brecha (el de situación laboral, edad, estudios e ingresos), y es más reducida respecto al hábitat (7,7 puntos) y al género (0,5 puntos, favorable a las mujeres).

Desde el punto de vista de la clasificación por colectivos, respecto al género se presentan brechas digitales más reducidas en todos los ámbitos (situadas entre –0,5 y 4 puntos); le sigue la derivada del hábitat (entre 2 y 12 puntos); la de ingresos (entre 17 y 43 puntos); la de estudios (entre 17 y 46 puntos); la de edad (entre 23 y 37 puntos); y la de situación laboral (entre 25 y 38 puntos).

Los colectivos individuales que presentan un mayor desarrollo digital son los estudiantes; seguidos de los jóvenes en general y las personas con estudios superiores o mayores niveles de ingresos. Los que presentan un menor nivel de desarrollo son los pensionistas, seguidos de las personas de 55-74 años o las personas sin estudios, así como los que tienen menores niveles de ingresos.

Una mención especial merece la diferencia que existe en todos los indicadores entre los empleados y los parados, con brechas muy significativas en todos los ámbitos, superiores a las relativas al género y al hábitat.

En los últimos años ha merecido una atención especial por parte de la Unión Europea (UE) la desigual presencia de hombres y mujeres entre los especialistas en tecnologías digitales. Entre los Estados miembros de la Unión Europea existe una diferencia importante en el porcentaje de especialistas en tecnologías digitales que tiene cada país sobre el total de su fuerza laboral (desde el 2 por ciento de Grecia hasta el 7,6 por ciento de Finlandia, con una media europea del 4,3 por ciento, y España con un 3,8 por ciento). A su vez, sólo uno de cada cinco especialistas digitales es mujer: la media europea es del 18,5 por ciento, mientras que en España es del 19,8; y la mayor participación se da en Bulgaria, donde es de un 28,2 por ciento. Es en este ámbito donde se produce la mayor brecha digital para las mujeres actualmente.

La existencia de brechas digitales muy acusadas en todos los ámbitos examinados se debe a que los niveles de acceso, uso o competencias están en niveles de saturación para algunos colectivos (estudiantes, jóvenes, personas con ingresos elevados o con alto nivel de estudios), mientras que se dan valores muy bajos en otros colectivos (pensionistas, personas de 55 a 74 años, sin estudios o con ingresos muy bajos). Esta constatación indica claramente que se requieren actuaciones singularizadas para cada uno de los grupos cuya situación se desea mejorar, y desaconseja la utilización de actuaciones de amplio espectro en la mayoría de los ámbitos.

A pesar de la notable reducción de la brecha de acceso en los últimos años, todavía existe una brecha relevante, lo que significa que grupos numerosos de personas no tienen ninguna oportunidad de aprovechar las ventajas que se pueden derivar del uso de las tecnologías digitales en el mundo actual frente a las que sí lo pueden hacer. Esta brecha se multiplica por dos cuando se le suma la de competencias digitales propiamente dicha, convirtiendo la situación en mucho más grave. En el mismo sentido apuntan las brechas de «consumo digital» y las de «transacciones online», ámbitos en los que existen determinados colectivos que acceden a nuevos servicios y productos digitales y realizan operaciones en el mundo físico en mayor proporción que el resto de los colectivos. Si consideramos, como dicen Javier Andrés y Rafael Doménech, que «el tipo de bienes y servicios proporcionados a costes marginales muy bajos o nulos ha aumentado exponencialmente en la era digital»4 se debe concluir que esta brecha digital no sólo es consecuencia de otras brechas preexistentes, sino que también contribuye a aumentarlas.

La brecha digital entre empresas

En el DESI, la Comisión Europea mide el desarrollo digital de las empresas y el uso que hacen de los canales digitales en una dimensión que denomina «integración de la tecnología digital». Para ello usa 11 indicadores diferentes que miden desde la intensidad digital de las empresas hasta el porcentaje de empresas que usan determinadas tecnologías digitales como redes sociales, macrodatos, inteligencia artificial, cloud o facturación electrónica, así como indicadores relacionados con el comercio electrónico, como ventas online, ingresos procedentes del comercio electrónico o venta transfronteriza online. El índice global que obtiene España en esta dimensión y su evolución en el tiempo se muestran en la tabla 8.2 y el gráfico 8.3.

Tabla 8.2. DESI: integración de la tecnología digital
en España y la UE-27 (2021)

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DIGITAL

ESPAÑA

UE-27

puesto

puntuación

puntuación

DESI 2021

16

38,8

37,6

Fuente: DESI (2021), Comisión Europea.

Gráfico 8.3. DESI: evolución integración de la tecnología digital en España y la UE-27 (2016-2021)

Fuente: DESI (2021), Comisión Europea.

Cuando se analizan algunos de estos indicadores para el caso de España y se compara su valor entre los distintos tipos de empresas, por tamaño y por sector, se observa que existen importantes diferencias entre ellas, tanto por tamaño como por sector.

En 2020, sólo el 12 por ciento de las empresas pequeñas (menos de 50 personas empleadas) mostraban niveles de digitalización elevados, frente al 26 por ciento de las empresas de tamaño intermedio (hasta 250 personas) y el 38 por ciento de las de mayor tamaño.

Entre las empresas grandes, las que operan en el sector manufacturero o energético tienen un nivel de digitalización mayor (el 45 por ciento de ellas) que las que operan en el sector servicios (un 35 por ciento). En el resto de las empresas, las de tamaño pequeño y mediano, son las del sector manufacturero las que exhiben mayores niveles de intensidad digital.

Cuando este análisis se realiza en función de las tecnologías utilizadas, el patrón del comportamiento es muy parecido, si bien los valores son diferentes. En el caso del uso de redes sociales, el porcentaje oscila entre el 41 por ciento y el 79 por ciento; en el de cloud básico, entre el 18 por ciento y el 69 por ciento; en el del cloud de complejidad media, entre el 14 por ciento y el 54 por ciento; y en el de análisis de macrodatos, entre el 6 por ciento y el 32 por ciento.

En relación con el comercio electrónico, las grandes empresas del sector manufacturero o energético son las que más ventas realizan por internet (el 47 por ciento de ellas lo hacen, lo que les supone el 33 por ciento de su facturación total), frente a sólo el 13 por ciento de las pequeñas del mismo sector, para las que esas ventas suponen el 4 por ciento de su facturación total.

En el caso de las empresas de servicios, también son las de mayor tamaño las que más ventas realizan por internet (el 39 por ciento de ellas lo hacen, lo que les supone un 23 por ciento de sus ingresos totales) frente al 29 por ciento de las pequeñas del mismo sector, para las que esas ventas suponen el 8 por ciento de su facturación total.

La brecha entre analógico y digital a debate:
el impacto de la COVID-19 en la digitalización
y en las brechas digitales

El ritmo de digitalización de la economía y la sociedad españolas, europeas y mundiales se ha incrementado de manera creciente en los últimos años. Se dice, con razón, que la revolución digital ha sido la más rápida de todas las revoluciones tecnológicas que ha experimentado la humanidad.

Tanto en España como en la Unión Europea, esto es fácilmente contrastable observando la evolución de los hogares conectados a internet y el de usuarios de internet. En dieciséis años, de 2004 a 2020, España pasó de tener sólo el 15 por ciento de los hogares conectados a internet con banda ancha a tener el 95,3 por ciento, y de un 31 por ciento de la población usando internet todas las semanas a casi el 88 por ciento.

Si medimos el desarrollo digital de una forma más compleja, integrando en la medida la conexión a internet y también el uso que las personas, empresas y organizaciones hacen de ella, la perspectiva temporal es más reducida (ya que no se dispone de datos para un horizonte temporal tan extenso), pero la riqueza de la medida aumenta. Si medimos el desarrollo digital por medio del DESI se observa un avance continuo: en una escala del 0 al 100, en sólo seis años, la Unión Europea ha avanzado de 35,3 puntos a 50,7; y España, de 39,7 puntos a 57,4. Se podría afirmar que, al ritmo actual, el plazo para alcanzar lo que hoy se considera un desarrollo digital pleno en el conjunto de la Unión Europea podría llevar del orden de 15-20 años. Tiempo corto, si se compara con los empleados por otras revoluciones tecnológicas, pero demasiado largo a la vista del tiempo empleado para conseguir una extensión casi universal de internet en Europa.

Quizá ésta sea una de las razones que han influido en las decisiones de los poderes públicos para intensificar la apuesta por políticas públicas digitales que coadyuven en el desarrollo digital, tanto en el ámbito europeo como en el español. La consideración del desarrollo digital como un bien público que debe ser promovido por los poderes públicos para alcanzar un nivel de producción adecuado, fortaleciendo la colaboración público-privada, ha sido la guía de la actuación pública tanto en España como en la Unión Europea en los últimos 25 años; y la manifestación más evidente de ello la constituyen las estrategias digitales que se han desarrollado a lo largo de los últimos años.

Tanto en la Unión Europea como en España, la apuesta para conseguir un desarrollo digital y verde ya era uno de los ejes vertebradores de la acción política antes de la crisis de la COVID-19. Uno de los efectos de la crisis ha sido precisamente fortalecer esta apuesta, a través de diferentes mecanismos.

En primer lugar, la crisis ha demostrado la necesidad imperiosa del desarrollo digital para afrontar este tipo de situaciones. Es difícil imaginar cómo podría haber sido la respuesta al confinamiento sin unos servicios digitales avanzados. ¿Qué habría ocurrido si las redes de comunicación no hubieran soportado el incremento de tráfico generado por la necesidad de teletrabajar, asistir a clases online, relacionarse con los demás, comprar o entretenerse? ¿Qué habría ocurrido si las empresas no hubiesen podido continuar buena parte de su producción porque los trabajadores no hubiesen podido acceder a su puesto de trabajo, aunque fuese de forma remota, o porque no fueran capaces de organizarse para hacerlo? ¿Qué habría ocurrido si la suspensión de clases presenciales hubiese significado la suspensión completa del proceso educativo? ¿Hubiera sido posible mantener el confinamiento y el distanciamiento social si la única forma de relacionarnos con nuestros seres queridos hubiera sido el teléfono? ¿Y si no hubiéramos podido hacer compra online? Son sólo preguntas retóricas que actúan como el dedo que señala la luna. No requieren una respuesta, pero apuntan a la necesidad de hacer una reflexión profunda sobre el impacto de la digitalización en la sociedad española.

En segundo lugar, la crisis ha acelerado el desarrollo digital, tanto en España como en el resto del mundo. Según un reciente estudio de McKinsey,5 la crisis de la COVID-19 ha acelerado de manera espectacular la adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas, produciendo en pocos meses cambios que antes requerían años. Entre estos cambios destaca la aceleración de la adopción del canal digital para relacionarse con los clientes y de la digitalización de la oferta de productos y servicios, así como el ritmo de adopción de cambios que afecta a la digitalización dentro de la empresa (teletrabajo, colaboración a distancia, demanda de servicios online o uso de tecnologías avanzadas). Y pensemos que estos cambios se han realizado en pocos meses y que antes de la crisis habrían requerido entre 3 y 10 años.

El desarrollo digital no sólo ha afectado a las empresas. También a las personas. En noviembre de 2021, el INE publicó los datos de la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los hogares, cuyos resultados vienen a confirmar algo que todos intuíamos: que el confinamiento ha acelerado de manera muy importante el uso de internet en los hogares y que ha forzado a muchas personas a familiarizarse con el uso de las TIC de manera brusca (los datos en adelante abarcan edades de entre 16 y 74 años).

Entre 2019 y 2021, el porcentaje de personas que nunca ha usado internet se ha reducido del 8,4 por ciento al 4,9 por ciento, y el de las personas que usan internet todas las semanas ha subido del 87,7 por ciento al 91,8 por ciento. Asimismo, el porcentaje de personas con competencias digitales básicas o superiores ha subido del 57,2 por ciento al 60,2 por ciento, y las personas con competencias avanzadas han pasado del 36,1 por ciento al 41,1 por ciento.

El uso de internet que más ha subido ha sido el de las llamadas por internet, seguido de la banca y las compras online.

Pero también se han revelado las brechas digitales de la economía y la sociedad españolas, como el elevado número de estudiantes que no han podido seguir las clases online, ya sea debido a la brecha de acceso (hogares sin conexión a internet), la brecha de uso (las competencias digitales de los alumnos para usar adecuadamente el medio digital) o la brecha escolar (la capacidad de los centros educativos y los docentes para continuar con el formato educativo a distancia online), como bien señalan Zubillaga y Gortázar en su informe de 2020 «COVID-19 y educación: problemas, respuestas y escenarios».6 Además, por ejemplo, se ha constatado el impacto asimétrico que el desarrollo del teletrabajo ha tenido sobre distintos tipos de trabajadores en el mercado laboral.

El cierre parcial de los servicios presenciales de comercios y administraciones públicas y su sustitución por servicios exclusivamente online ha tenido como consecuencia que algunos grupos, ya privilegiados, hayan incrementado los beneficios que obtienen de la utilización de este canal frente a aquellos colectivos que no pueden hacerlo o no disponen de la capacidad necesaria para ello.

De esta manera, al haberse hecho más imprescindible la utilización de las tecnologías digitales, se han revelado de manera dramática las brechas preexistentes y se ha lanzado una alarma general sobre las funestas consecuencias que tendría el mantenimiento —y no digamos la ampliación— de estas brechas en un escenario pos-COVID-19.

Por primera vez hemos presenciado de manera directa cómo las brechas digitales aumentan las desigualdades sociales de forma generalizada. De esta manera, se complementa la teoría ya contrastada de la influencia de las brechas sociales sobre las brechas digitales.

También hemos constatado que no es posible un desarrollo económico y social sin un desarrollo digital. A finales de septiembre de 2020, la Comisión Europea publicó el estudio «Shaping the digital transformation in Europe»,7 en el que se estima el incremento del producto interior bruto que se podría alcanzar como consecuencia de un mayor desarrollo digital de Europa y se pone de manifiesto que el efecto positivo estará en función del nivel de desarrollo digital de cada país. En marzo de 2021, la Comisión Europea constató que el desarrollo digital de los países de la Unión Europea seguía una senda ascendente, pero también que las diferencias entre países aumentaban, y publicó una nueva estrategia denominada La brújula digital 2030: el enfoque de Europa para el decenio digital,8 uno de cuyos objetivos es conseguir acelerar el desarrollo digital de todos los países y reducir las diferencias.

Cabe preguntarse qué cambios permanecerán una vez que se supere definitivamente la crisis de la COVID-19. Quizá sea pronto para dar una respuesta concluyente. Pero de lo que no cabe duda es de que muchos de estos cambios permanecerán, e incluso es posible que algunos se intensifiquen, especialmente aquellos que lleven aparejadas mejoras de utilidad para la ciudadanía, o de productividad para las empresas. Asimismo, tampoco hay dudas sobre el desigual reparto de cargas y beneficios que ello conllevaría y sobre la necesidad, en consecuencia, de abordar las políticas necesarias para garantizar un reparto equitativo y para conseguir que nadie se quede atrás y que todos tengan la oportunidad de aprovechar las ventajas derivadas de un desarrollo digital.

¿Podemos y debemos hacer algo respecto
a la brecha digital?

Abordemos ahora algunas de las conclusiones que se deducen de lo expuesto en los apartados anteriores...

Para empezar, el desarrollo digital influye de manera decisiva en el desarrollo económico y social de todos los países. Por ello, tanto la Unión Europea como España han apostado de manera decidida por la transformación digital de sus economías y sociedades, para lo cual han desarrollado estrategias digitales cuya centralidad se ha ido incrementando con el paso de los años.

El desarrollo digital ha conllevado un incremento de las brechas digitales entre diferentes colectivos y grupos de empresas. En ocasiones, estas brechas digitales han sido temporales, y hasta se han reducido con el paso del tiempo, cumpliéndose la conocida como hipótesis de la convergencia. En otras ocasiones, las brechas digitales no consiguen cerrarse debido al propio cambio tecnológico y a la diferencia de utilidad que obtienen los distintos colectivos como consecuencia de la digitalización. En estos casos, la brecha digital puede llegar a convertirse en el origen de nuevas desigualdades en el mundo no digital, cumpliéndose la conocida como hipótesis de la estratificación.

La crisis de la COVID-19 ha revelado de manera intensa la importancia de la digitalización en la economía y la sociedad, así como las brechas digitales existentes en nuestro país y en el resto de Europa. Con la pandemia también se ha acelerado el desarrollo digital de todos los países, y se ha abierto el debate sobre qué hacer para conseguir que nadie se quede atrás en un escenario pos-COVID-19 en el que la digitalización tendrá un papel todavía más relevante.

Un resultado inesperado de esta crisis sanitaria ha sido el incremento en la percepción de la transformación digital como bien público global, que requiere la intervención pública para garantizar que se produzca la cantidad necesaria a través de la colaboración público-privada y que exista un reparto justo de las cargas y los beneficios del desarrollo digital.

A pesar de que la revolución digital ha sido la que se ha propagado con mayor rapidez de todas las revoluciones tecnológicas, es necesario acelerar su despliegue para afrontar crisis como la actual y para mejorar la vida de todas las personas, atendiendo tanto al desarrollo digital global como a la reducción de las brechas digitales.

A partir del análisis del desarrollo digital de España y de las brechas digitales que existen dentro del país y respecto a Europa, se pueden realizar recomendaciones para mejorar el desarrollo digital global y reducir algunas brechas.

En primer lugar, es necesario cerrar la brecha de cobertura y acceso entre las zonas rurales y urbanas. Esto mejoraría el desarrollo global y eliminaría la brecha existente entre ambas zonas. Para ello se considera que se deben consolidar esfuerzos y compartir gastos mediante una compartición inteligente entre el sector público y el privado, minimizando costes mediante la eliminación de duplicidades en las inversiones y garantizando que las infraestructuras generadas estén al servicio de todos los operadores.

Por otro lado, se deben incrementar las competencias digitales y el uso de internet en los colectivos más desfavorecidos. El problema con las competencias digitales no es generalizado. Afecta de manera especial a colectivos específicos, especialmente a los menos favorecidos. Para que estos colectivos se incorporen al mundo digital es necesario que puedan comprobar la utilidad que ello les reporta, lo que significa que internet se debe concebir como un medio para conseguir un propósito, y no como un fin en sí mismo. Y para ello los programas deben diseñarse para incrementar las competencias digitales de la ciudadanía y responder a las necesidades específicas de los colectivos a los que están dirigidos, focalizándose además en los colectivos más desfavorecidos.

Junto con las competencias digitales, resulta clave repensar la formación para el empleo y la formación continua. La formación requerida para cada puesto de trabajo evolucionará en función de los desarrollos tecnológicos. Ya no es posible pensar en una formación única adquirida en un momento de la vida que sirva para el resto de la vida laboral. Es necesario incrementar la importancia de la formación para el empleo y la formación continua, consensuándola con los agentes sociales y el mundo educativo, así como diseñar mecanismos de revisión permanente para garantizar su aplicabilidad en todo momento. Además, se debe prestar especial atención a la adquisición de competencias digitales básicas y avanzadas, así como a las tecnologías disruptivas, como son la inteligencia artificial (IA), el procesamiento masivo de datos o la supercomputación.

Otra medida interesante sería el diseño de un programa especial para multiplicar la presencia de la mujer en las profesiones digitales a medio plazo. La presencia de la mujer en las profesiones y estudios digitales es muy reducida. Cambiar esta situación exige actuar en varios frentes: a) concibiendo el programa como un programa en revisión permanente; b) incluyendo el contenido digital no sólo en estudios específicos de tecnologías digitales, sino también en todos aquellos otros estudios que hacen un uso creciente de herramientas digitales para apoyar su propio contenido; c) revisando el propio contenido de los estudios que conducen a la obtención de titulaciones relacionadas con las tecnologías digitales; y d) favoreciendo la visualización de la mujer en este tipo de profesiones.

Uno de los grandes ámbitos para mejorar es el sistema actual de apoyos a la digitalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) y al emprendimiento. Es necesario crear un ecosistema que favorezca la colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas —tanto centrales como autonómicas y locales— y el sector privado, a fin de impulsar las iniciativas de apoyo a la digitalización de las pymes, consolidando la multiplicidad de sistemas de apoyo de cada administración en una única red claramente identificable, respetuosa con las competencias de todas ellas, y que facilite el conocimiento de los mecanismos de ayuda y apoyo para pymes que aquéllas ofrecen, respondiendo de sus actuaciones ante la sociedad en su conjunto. Junto con ello, se debería apostar por el establecimiento de mecanismos eficaces de transparencia y evaluación de los programas de ayuda y su difusión.

Por otro lado, resultaría interesante la creación de un fondo que podríamos llamar de «tecnologías para la igualdad», con una estructura de gobernanza asociada para financiar el desarrollo de proyectos tractores públicos y privados en pro de la igualdad, que incluya, entre otros, proyectos de digitalización del sistema educativo, sanitario, servicios sociales y formación para el empleo.

Y, por último, debemos estar preparados para lo imprevisto. Y ello conlleva crear estructuras de gobernanza abiertas y transparentes, con participación público-privada, para el impulso de los programas de igualdad digital en la Administración General del Estado, que sirva como modelo y estímulo para el resto de las administraciones públicas.

Epílogo
Somos datos de un algoritmo

Hemos asumido como algo positivo la digitalización de nuestras vidas, de nuestras relaciones, de nuestra economía. La revolución digital en marcha se ha convertido en un valor que los partidos políticos prometen, que los Gobiernos impulsan con fuertes ayudas presupuestarias —la más reciente, los fondos europeos Next Generation— y que los ciudadanos, a veces, exigimos en forma de demanda de conectividad y acceso a la red.

Nadie quiere quedarse atrás respecto a una transformación tan profunda ni perderse la oportunidad de participar en ella. Porque quedarse fuera se entiende como perder posiciones relativas, lo cual, en el mundo actual, es fuente de agravios, descontento y protestas.

Valga como ejemplo que una de las principales exigencias del movimiento España Vaciada es, precisamente, tener acceso a internet, porque, sin ello, su futuro está mucho más comprometido. Y valga como ejemplo definitivo el hecho de que todos llevamos en el bolsillo el principal icono de esa revolución digital: un smartphone. Ese objeto es una de las pocas cosas por las que volvemos a casa si se nos olvida, y cuya pérdida o extravío puede crearnos no pocos quebraderos de cabeza. Hasta tal punto somos dependientes de lo digital.

Sin embargo, en los últimos tiempos es frecuente escuchar y leer ensayos críticos con aspectos relevantes de esta civilización digital hacia la que nos estamos lanzando con los brazos abiertos.

Parece evidente que estamos muy lejos de aquellos tiempos del happy flowers, cuando internet era un desafío apasionante y, en gran parte, desinteresado, un medio para construir un mundo mejor, más feliz y más libre, donde el ordenador y la red serían herramientas para empoderar a los individuos frente a las organizaciones y la sociedad.

Unos cuarenta años después del nacimiento de internet y del primer ordenador personal de IBM, y veinte años después del estallido de la burbuja especulativa conocida como la crisis de las empresas puntocom, las cosas se están estabilizando en una realidad diferente a la utopía inicial: por una parte, un programa de inteligencia artificial (IA) acaba la décima sinfonía de Beethoven a satisfacción de la mayoría de los expertos; por otra, el fallo en un programa de reconocimiento facial envía a la cárcel a un inocente.

Recientemente hemos conocido que un programa GPT-3 de una empresa cofundada por Elon Musk es capaz de producir textos de asombrosa precisión e incluso de calidad literaria. Un avance impensable hace poco y que nos plantea la cuestión, no anecdótica, de quién tendría los derechos de autor de una novela bestseller «escrita» por un robot.

Al mismo tiempo, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, alerta en un informe de la expansión de sistemas peligrosos de IA para detectar emociones humanas o identificaciones biométricas, y pide paralizar su uso por la cantidad de sesgos clasistas, racistas o machistas que contienen sus algoritmos.

Por muy convencidos que estemos (y yo lo estoy) de las inmensas ventajas que nos proporcionan y nos van a proporcionar las nuevas investigaciones asociadas a la IA, no podemos ocultar que, hoy por hoy, surgen problemas importantes relacionados con la privacidad y la existencia de sesgos, errores, falta de claridad en las responsabilidades e insuficiente transparencia, problemas que no desaparecerán por sí solos si no hacemos algo para que desaparezcan y dejen de ser vulneraciones evidentes de los derechos humanos, tal y como los conocemos.

Creo que el cambio estructural impulsado por la revolución digital, cuya fase superior será el desarrollo pleno de la IA, es imparable; y puede ser altamente positivo para los seres humanos si colocamos, entre los dos modelos existentes hoy, que son la búsqueda del beneficio privado (Estados Unidos) o el control total sobre los ciudadanos por parte del Estado (China), una visión europea que regule e imponga la protección de los derechos digitales para los usuarios.

Otra de las tesis que argumento es que el ámbito de lo digital está llegando demasiado rápido a todos los aspectos de nuestra vida; tan rápido que no estamos teniendo tiempo para analizarlo y decidir, al igual que se hace con toda novedad, cómo queremos canalizarla para aprovecharla mejor, de acuerdo con nuestros valores.

Agrupo mi análisis en cinco apartados temáticos: inteligencia artificial; capitalismo sin capital; capitalismo de vigilancia; mercado oligopolista o capitalismo de Estado; y el que llamo «el futuro nos atropella».

Inteligencia artificial

La llamada inteligencia artificial (IA) ya convive entre nosotros, y está iniciando la mayor revolución económica y social desde, al menos, la industrialización del siglo XVIII. Como toda revolución global, tiene impactos en la economía, en la sociedad y en nuestra privacidad, y amenaza con ser fuente sistémica de nuevas brechas sociales al repartir sus innegables beneficios de manera asimétrica entre los individuos.

Se trata de una revolución que se está desarrollando a una velocidad récord y en todo el mundo a la vez. Y sobrepasa el ámbito de lo digital para insertarse, además, en el mundo físico y biológico, influyendo sobre muchas actividades hasta ahora reservadas a los seres humanos. Como revolución tecnológica, no sólo sustituye fuerza de trabajo humana, como las anteriores revoluciones, sino que entra de lleno en el campo de la inteligencia, hasta ahora reservado, en exclusiva, a los humanos. Ello, más el potencial desconocido de la confluencia de varias tecnologías que se retroalimentan, hace totalmente impredecible su evolución.

Podemos definir a la IA como una tecnología avanzada de predicción para la toma de decisiones. Y su característica específica y diferencial, eso que la dota de un carácter novedoso y revolucionario, es que, a diferencia de los algoritmos programados para seguir una secuencia de instrucciones, la IA se basa en lo que se conoce como redes neuronales, que exploran a la vez varias hipótesis y han sido programadas para aprender, siguiendo el principio de prueba y error.

A la IA se la «enseña» a comportarse de cierta manera, y aplica su superioridad mediante un aprendizaje automático que requiere de la disposición de muchos datos para analizar y de la elevada velocidad a la que es capaz de analizarlos para sacar conclusiones con base en el reconocimiento de patrones que se proyectan. En este sentido, decimos que la IA «aprende sola». Aprende, por ejemplo, a jugar al ajedrez, y llega a ganar al campeón mundial, y eso con sólo enseñarle las reglas del juego y dejarla «entrenarse» jugando contra sí misma millones de partidas en una hora.

Cuando se aplica esta nueva capacidad a implantar la automatización completa del proceso productivo (con su impacto sobre el empleo), a la conexión entre diferentes objetos a través de internet (el internet de las cosas), a la interacción con humanos mediante robótica inteligente (vehículo autónomo, domótica o cuidados personales) o a ayudar en los procesos de investigación médica y biológica, se hace evidente la potencia transformadora que tiene la IA, por su versatilidad y por su carácter de vector que transforma nuestro sistema económico y social. Para ello requiere sensores que capten los datos (materia prima imprescindible), transmisores que hagan accesibles estos datos para equipos remotos y capacidad suficiente de las redes por las que se conectan (ya se trabaja en la tecnología de gran capacidad 6G, sin haber desplegado todavía la 5G).

Una de las cosas que hace más disruptiva la IA es su carácter transversal: afecta a todos los procesos económicos y sociales, y con capacidad para transformarlos a todos ellos. En este sentido, va a ser una tecnología ubicua con capacidad para alterar la experiencia humana de la realidad e, incluso, la propia identidad humana.1

Los expertos señalan que, en apenas una década, nuestra manera de conectarnos a la red ya no será a través de las pulsaciones de un smartphone, sino mediante sensores colocados en la cabeza (o implantados en el cerebro) capaces de transformar directamente las señales eléctricas del cerebro y conectarnos directamente con las posibilidades que abre internet, y que si avanzamos en la idea del metaverso, de múltiples espacios virtuales, podremos interactuar mediante avatares en experiencias inmersivas... Y esos mismos expertos apuntan que estas tecnologías podrían hacer que quede alterada nuestra percepción de la realidad y que, incluso, a medio plazo, podríamos pensar en que nuestros recuerdos podrían acumularse en la nube, donde nunca los olvidaríamos.

Además, si pensamos en que la biotecnología permitirá acceder a tratamientos genéticos novedosos que influyan sobre nuestras enfermedades y nuestra longevidad, entonces deja de ser ciencia ficción la posibilidad de que las desigualdades humanas vayan más allá de las tradicionalmente asociadas a poder, renta y riqueza, hasta crear dos subespecies humanas, una superior a la otra.

Mientras tanto, en el camino de desarrollo e implantación de la inteligencia artificial en el mundo —sobre todo, impulsado por un reducido grupo de empresas privadas norteamericanas, sometidas a la lógica económica del mercado, o chinas, al dictado de sus autoridades políticas—, se están viendo amenazados el empleo (debido a la automatización y a las empresas de plataforma), los derechos ciudadanos (por la pérdida de privacidad) y la democracia misma (ya que es una tecnología que fomenta la polarización y las burbujas informativas que rompen el espacio común de diálogo que necesita un sistema democrático).

Todo esto hace urgente responder a la pregunta de quién controla hoy la inteligencia artificial,2 poniendo unas gotas de optimismo en el hecho de que todavía se puede reorientar el desarrollo e implantación de esta tecnología para maximizar sus aspectos positivos y socializarlos, así como para reducir sus aspectos negativos. Pero para ello tenemos que estar convencidos de que hemos puesto en marcha algo que puede cuestionar nuestro propio concepto de qué significa ser humano.

Capitalismo sin capital

Hoy en día:

Una sola empresa de la economía digital, Amazon, tiene un valor de capitalización bursátil que supera al PIB de España.

La mayor empresa del mundo en alquiler de vehículos con conductor no tiene ni vehículos entre sus activos ni conductores en nómina. Su valor es un algoritmo.

Más del 50 por ciento del valor de capitalización de las diez mayores empresas del mundo está formado por lo que se conoce como «intangibles».

Siete de las diez mayores empresas del mundo en capitalización bursátil son tecnológicas, o su modelo de negocio está basado en la tecnología digital.

Mientras seguimos hablando sobre cuánto hay que derogar de la reforma laboral pensada para una economía industrial del siglo XX, las calles y los tribunales se llenan de ciclistas repartidores (riders) desprotegidos que trabajan sin contrato laboral con las nuevas empresas de plataforma.

La pandemia por la COVID-19 ha evidenciado y acelerado las posibilidades del teletrabajo, de la sanidad y de la enseñanza en línea, y hasta lo útil de pagar mediante un bízum o de organizar reuniones por videoconferencia, con todas las repercusiones que todo ello tiene sobre viajes, viviendas, entidades financieras o centros de salud.

Estamos en un momento en que ya hemos incorporado a nuestros hábitos el hecho de llevar los billetes de tren o avión en el móvil, comprar telemáticamente o tener un QR con el certificado digital de vacunación, además del uso masivo de wasaps, correos electrónicos, vídeos de YouTube, etcétera.

Todo ello junto configura la mayor y más amplia revolución social llevada a cabo en nuestra historia, seguramente superior a lo que representó la agricultura o la industrialización, revolución realizada en un tiempo muchísimo menor y con un alcance vastamente global.

La digitalización cambia radicalmente la manera en que hacemos las cosas. No es hacer lo de siempre pero por internet, sino aprovechar internet para hacer las cosas distintas. Y con dos características diferenciales:

El principal activo de esta transformación afecta al conocimiento, al talento, al capital humano y a la inteligencia mucho más que al capital físico o financiero.

Ha sido posible gracias al impulso inicial del sector público y a una estrecha colaboración entre lo público y lo privado en su desarrollo, aunque no tanto ahora en su explotación comercial.

Capitalismo de vigilancia

Lo que está en el centro de toda esta transformación son los datos. Estamos ante innovaciones, como la inteligencia artificial (IA), que sólo son posibles gracias a la acumulación y al tratamiento de datos. En este contexto, un dato es una información, cualitativa o cuantitativa, que permite conocer algo y deducir consecuencias.

Los datos pueden ser sobre personas, como si compra pizza, le gusta la novela policíaca o viaja mucho a A Coruña en avión, o sobre cosas, como la evolución de una cosecha, las botellas de leche que quedan en la despensa o el nivel de tráfico en un momento determinado. Y pueden ser activos, cuando consentimos su uso, o pasivos, cuando ni siquiera sabes que estás proporcionándolos.

Como el objetivo es anticipar acontecimientos y comportamientos, así como ayudar a tomar decisiones, cuantos más datos se acumulen, mejores son los programas y más «inteligente» es la IA.

Ese valor estratégico es lo que permite decir que los datos se han convertido en el nuevo petróleo del siglo XXI, que vivimos en la economía de los datos o que el big data es lo más importante hoy.

En palabras de la Comisión Europea: los datos son el motor del desarrollo económico, están en el origen de nuevos productos, mejoras en eficiencia y servicios más personalizados. Y son esenciales para «entrenar» la IA.

Repito: sin datos, no hay ni programas ni IA ni digitalización. Los datos redefinen la manera en que producimos, consumimos e incluso vivimos. Por eso resulta clave definir la propiedad de los datos y la manera en que se captan y se utilizan. Sobre todo porque los principales y más relevantes productores de datos somos nosotros, los seres humanos, y hoy poseer grandes bases de datos es un negocio muy lucrativo para las empresas.

Me centraré ahora en los datos personales. No hay duda de que cada uno de nosotros es el propietario de los miles de datos que genera diariamente. En ese sentido, nunca como ahora, el sistema económico (ahora «sistema del dato») se había construido sobre los individuos como materia prima.

Pero dado que el valor de los datos existe en la medida en que se combinan con otros datos, se empaquetan y, además, pueden usarse varias veces, sólo podríamos reclamar la propiedad de una pequeña parte de la cadena de valor. Sería lo que se ha llamado dividendo digital, concepto que no ha pasado de ser, hasta ahora, una construcción teórica.

La conectividad es básica para acceder a una gran cantidad de datos y para recopilarlos. A partir de ahí se utiliza un algoritmo, que no es más que un conjunto de instrucciones diseñadas para resolver un problema concreto. En ese sentido, se puede considerar que una receta de paella es un algoritmo, aunque aquí hablamos de códigos informáticos que, a partir de la información contenida en una base de datos, realizan varias tareas: priorizar información (un buscador, por ejemplo); encontrar vínculos, asociaciones, patrones; filtrar, aislar lo importante (según un criterio predefinido); y clasificar de acuerdo a un criterio dado.

Muchos algoritmos son opacos, en el sentido de que no conocemos los criterios con base en los cuales deciden lo que es importante, clasifican o buscan patrones.

Hay algoritmos que siguen reglas, instrucciones construidas por sus programadores y de las que no se pueden salir, como, por ejemplo, el piloto automático de un avión. Y hay algoritmos de aprendizaje automático, con capacidad para analizar millones de datos y, bajo el método de prueba y error, encontrar por su cuenta la mejor manera de alcanzar su fin u objetivo. Esto sería la IA.

El uso comercial más inmediato de los datos es la publicidad. El mercado de la atención siempre ha sido muy competitivo, y las marcas han ido desarrollando a lo largo del tiempo distintas maneras de conocer lo más importante para ellas: qué es lo que gusta a los consumidores y los hace comprar un producto concreto y no otro similar.

Los estudios de mercado, el marketing y la publicidad han ido construyendo una de las industrias más importantes en este mundo de consumo en que vivimos.

Imaginemos el valor que tiene para una empresa conocer de manera personalizada los hábitos, costumbres y deseos de los consumidores para así poder focalizar al máximo la publicidad sin desperdiciarla lanzándola a voleo en medios masivos como la televisión. Así, la publicidad es más barata y alcanza mayor impacto.

Pues ésa es la información que proporciona la captura de nuestros datos: las páginas que vemos en internet, los productos o servicios que compramos, los sitios que buscamos, etcétera.

Además, puede saber cuál es el momento más adecuado para lanzarnos determinada publicidad, como, por ejemplo, mientras estamos viendo tal o cual página de internet; e incluso puede influir sobre nuestro comportamiento haciendo sugerencias a partir del análisis de nuestra huella digital.

El segundo uso evidente de nuestros datos, debidamente tratados, es la construcción de un perfil ajustado que pueda ayudar a tomar decisiones sobre nosotros, como, por ejemplo, si pedimos un crédito o queremos suscribir un seguro de vida.

Con la información proporcionada por nuestros datos, el porcentaje de equivocaciones y pérdidas por parte del banco o la compañía de seguros será menor.

Por último (por no hacerlo más largo), conocer el perfil que se deduce del análisis de nuestros datos da pistas importantes sobre nuestras creencias, opiniones e inclinaciones políticas, gracias a que se sabe cuál es el periódico que leemos, la radio que escuchamos o a quiénes seguimos en Twitter. Esa información es muy valiosa para campañas electorales, por ejemplo.

El tratamiento agregado de los datos permite, por su parte, encontrar patrones de mucha utilidad para, por ejemplo, el sector farmacéutico o sanitario, en la medida en que facilita la extracción de conclusiones y la realización de predicciones.

Igualmente sucede en el tratamiento de datos no personales agregados. Pensemos en la cantidad de recursos que se dedican a encuestas, pruebas, test y análisis de datos aislados y en lo mucho que esa tarea facilita la posibilidad del nuevo tratamiento de datos masivos.

Así pues, disponer de nuestros datos permite varias cosas: mejorar los programas digitales; entrenar y perfeccionar los algoritmos de IA; perfeccionar la publicidad; y conocer mejor los patrones colectivos de comportamiento para tener la posibilidad de influir sobre nuestras decisiones.

Si tenemos acceso a todo el historial de lo que hace una persona cuando está conectada a la red, pensemos en todo lo que se puede saber sobre ella y sobre sus hábitos, amistades, aficiones, enfermedades, relaciones con los bancos e incluso pensamientos.

Una gran base de datos de historiales de navegación puede contener incluso nuestros secretos más personales y privados, convertidos así en mercancía. Se trata de un modelo de negocio en el que nosotros somos aquello que se compra y se vende, gracias a unos datos que entregamos baratos a cambio de bagatelas o que nos extraen sin que seamos conscientes de ello.

Por consiguiente, no es extraño el gran desarrollo experimentado por los métodos de captación y almacenamiento de datos, así como la existencia de un mercado de datos, incluido un mercado negro.

Sólo hace falta que haya organizadores de la información recolectada para hacerla accesible y útil a los compradores, que suelen ser otras empresas tecnológicas, brókeres de datos, consultoras políticas y agencias de marketing.

Si el dato es nuestro y las empresas lo quieren para hacer negocio, ¿qué hacen para conseguirlo?

A veces nos piden autorización formal, como en el caso de las cookies, un trocito de código que se pega a tu navegador cuando pasas por un sitio web y que le dice al servidor quién eres; y, luego, te acompaña y toma nota del recorrido de tu navegación y los sitios donde has hecho clic.

Las cookies permiten a los anunciantes y a las páginas a las que entramos rastrear toda nuestra navegación. Eso plantea dos problemas. El primero es si realmente, cuando las aceptamos, damos un consentimiento suficientemente informado, en el sentido de si somos conscientes de los términos del acuerdo, dado lo complicados que suelen ser éstos. El segundo problema es que, cuando las aceptas, las cookies te dan derecho a acceder «gratis» a una página determinada, lo cual creemos que es un intercambio equitativo, aunque en realidad el precio que estamos pagando a cambio de ese acceso gratuito es muy elevado. Y esto es algo de lo que no somos conscientes normalmente.

Sin embargo, la mayoría de nuestros datos los consiguen sin que seamos conscientes de ello. Algunos expertos han calculado que el 70 por ciento de los datos se obtienen sin que seamos conscientes y, por tanto, sin nuestro consentimiento. Datos que incluyen aspectos sensibles de nuestra vida y con los que se puede construir un perfil muy atinado nuestro con el objetivo de seguir nuestro comportamiento, predecirlo, anticiparse e intentar influir sobre él.

El principal espía de nuestros datos lo llevamos en el bolsillo: el smartphone, que incluye fotos, vídeos, conversaciones telefónicas, correos electrónicos, chats, etcétera. Pero podemos incluir como «espías» otros dispositivos, como los asistentes virtuales, los buscadores, el ordenador mismo... Aunque podemos ampliar el espectro e incluir la alarma de casa, el GPS del coche, los videojuegos, las cámaras de vigilancia conectadas a algoritmos de reconocimiento facial, los satélites y todos los aparatos «inteligentes» que tenemos, y de manera creciente, en casa, y que acabarán conectados en lo que llamamos el internet de las cosas.

Vivimos literalmente rodeados por ojos y oídos digitales que tal vez nos faciliten la vida, es verdad, pero a un coste muy elevado y del que no solemos ser ni conscientes: la pérdida de privacidad, la vigilancia y el intercambio desigual entre lo que obtienen de nosotros y lo que obtenemos nosotros a cambio.

Con la obtención de datos como objeto de su modelo de negocio, parece razonable pensar que las compañías tendrán interés en maximizar las oportunidades para que produzcamos esos datos que nutren sus tecnologías y sus cuentas de resultados.

Para ello, las empresas han puesto en marcha dos estrategias paralelas: por un lado, extender los puntos de recolección de datos, ampliando la cantidad de puntos geográficos y objetos en los que instalar un chip conectado (internet de las cosas, coche autónomo, puntos de vigilancia, etcétera); y, por otro lado, forzarnos a incrementar el número de veces que interactuamos al día con las diferentes opciones que nos ofrece la red y el tiempo que pasamos en ello. Conseguir esto último exige utilizar diferentes y conocidas técnicas y trucos para generar adicción, para lo cual se hace uso de expertos en comportamiento humano que ayudan a diseñar todo aquello que nos puede convertir en adictos al móvil o a la red en general.

Sólo por dar algunos datos recientes, los españoles estamos 5 horas y 18 minutos conectados diariamente a internet a través de cualquiera de los posibles dispositivos. Si tenemos en cuenta que 43 millones de españoles utilizan la red en algún momento, es fácil hacerse una idea de la magnitud de las bases de datos que se extraen sólo de esta manera. A escala mundial, hay 3.500 millones de usuarios activos de redes, y la mayoría accede desde el móvil.

Pero, además de adicción, las redes crean sesgos, en forma de filtros de burbuja. Y lo malo es que lo hacen casi por definición estructural. En un mundo cargado de información, el perfilado de usuario que hacen los algoritmos para personalizar lo que te interesa (en su experiencia) te acaba encerrando en una burbuja donde sólo tienes acceso a informaciones que refuerzan tus preconcepciones, y sólo entras en contacto con personas que te son afines.

Así, a cada uno le da acceso y le cuenta cosas distintas en función de lo que ha aprendido que le interesa. Con ello, de un plumazo, el resto del mundo ha desaparecido de tu horizonte, y entonces empiezas a moverte en las redes sólo en contextos de refuerzo y autoafirmación.

La personalización, estrategia fundamental de los algoritmos de todas las empresas digitales y base de su modelo de negocio, acaba generando burbujas y aislamiento, espacios en los que nos van metiendo sin haberlo elegido nosotros, simplemente analizando nuestros datos e infiriendo lo que nos interesa. Nos construyen un mundo a nuestra medida.

Estas burbujas y estos sesgos son todo lo contrario al diálogo plural entre diferentes, que tan imprescindible es en una democracia.

¿Cómo combaten esos programas digitales que tanto nos conocen el déficit creciente de atención que mostramos los seres humanos? Proporcionándonos informaciones cada vez más llamativas y escandalosas, de esas que es imposible dejar pasar, e incluso informaciones que despiertan intensamente nuestro interés, bien porque nos generan una reacción muy adversa o bien porque nos hacen sentir una gran adhesión.

Y dado que conocen nuestros puntos de vista, lo que clicamos y lo que compartimos, lo que nos gusta y lo que no, pueden llegar hasta la manipulación y el recurso a la llamada posverdad (el llamamiento a nuestras emociones y creencias, más que a lo objetivo). Existe un algoritmo capaz de inferir nuestra personalidad a partir de los «me gusta» que clicamos. A partir de ahí, trabaja para ser capaz de realizar predicciones sobre nuestra reacción ante distintos supuestos.

Son muchos los ejemplos que se citan en la literatura de ambas cosas: la posverdad y la manipulación en el asalto al Capitolio como reacción a unas elecciones supuestamente fraudulentas es un buen ejemplo reciente. Y, si miramos a regímenes autocráticos, las posibilidades de control que pone en sus manos es tan grande que no pueden resistirse a utilizarla.

Es cierto que ambas cosas, mentiras y manipulación, han existido siempre, desde que el ser humano se construye en grupo contándose historias. Pero ahora la diferencia es que la propia naturaleza de la digitalización, gobernada como lo está —algo en lo que luego entraré—, hace que esa manipulación sea consustancial al modelo, y permite ejercerla a una escala infinitamente mayor.

Por citar un caso paradigmático y conocido, el escándalo de Cambridge Analytica, empresa británica contratada para trabajar en la campaña electoral de Trump y que accedió de manera ilegal a los perfiles de 87 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo, para transmitirles mensajes políticos emocionalmente sesgados, usando noticias falsas. Fue un ejemplo claro de cómo se puede manipular a las personas basándose en su perfil psicológico obtenido a partir de los datos que van desparramando en la red.

Este caso, destapado en marzo de 2018, le hizo perder a Facebook más de 35.000 millones de dólares en bolsa en un día, así como ser objeto de una multa federal de 5.000 millones de dólares tras un juicio público en el que dicha empresa estaba acusada de mala gestión de la privacidad de sus usuarios.

Así pues, no hay duda de que es posible usar nuestros datos para influir sobre nuestras emociones, de la misma manera que sobre nuestras decisiones de compra.

Y todo esto ocurre porque es posible desde el punto de vista de una tecnología que avanza de forma exponencial; porque hay incentivos para ir en esa dirección y porque no hay obstáculos que lo frenen y redirijan las posibilidades de la tecnología en otra dirección.

Estamos ante lo que Shoshana Zuboff ha llamado el «capitalismo de la vigilancia»,3 definido a su vez por Carissa Véliz de la siguiente manera: «[...] quieren saber quiénes somos, qué pensamos, qué nos hace daño. Quieren predecir e influir sobre nuestro comportamiento. Tienen mucho poder. Y se lo hemos dado nosotros».4

El capitalismo de la vigilancia transforma a los ciudadanos en usuarios y en generadores de datos, de nuestros datos, que es la valiosa materia prima por la que compiten las empresas de la digitalización, con la publicidad como excusa, y con el acceso gratis como coartada.

Este modelo económico utiliza la experiencia de las personas como materia prima de la que apropiarse para construir herramientas que puedan influir sobre la conducta humana, y no sólo en sus hábitos comerciales como consumidores. Conocen nuestra conducta y moldean nuestro comportamiento, señala Zuboff, generando una tremenda asimetría de poder entre empresas de lo digital e individuos.

Nunca habíamos estado tan cerca de la distopía del Gran Hermano, cuyos avances hacia lo real estamos ya comprobando.

Para aquellos que aún se sientan escépticos a estas alturas respecto a este análisis crítico sobre la «cara B» de la digitalización, baste recordar el asunto Snowden. Las filtraciones de Edward Snowden a la prensa permitieron saber que los ciudadanos norteamericanos habían sido espiados por agencias de su propio Gobierno federal, vulnerando derechos fundamentales mediante escuchas ilegales y acuerdos secretos con las principales empresas tecnológicas para tener un acceso directo a sus servidores. ¿Estamos en España u otros países más seguros los ciudadanos del resto del mundo, teniendo en cuenta que los contratos gubernamentales son una de las principales fuentes de ingresos de dichas compañías?

El volumen de datos que se producen en el mundo está creciendo a gran velocidad, sobre todo en las áreas industriales y profesionales. Y los avances que se producirán en la manera de almacenarlos en eso que llamamos la nube serán importantes.

Asegurar un acceso adecuado a los datos y a su almacenamiento responsable y seguro es una prioridad política hoy, y de la mayor enjundia. Porque, tal y como se está haciendo ahora, se están vulnerando varios derechos de los individuos.

Sí, tu smartphone está vulnerando de forma permanente tu derecho a la privacidad. Y, como demostró el caso de Cambridge Analytica, no tenemos garantías suficientes de que la gestión que están haciendo actualmente las compañías garantice un uso adecuado de nuestros datos.

Quien más y mejor ha estudiado este punto es Carissa Véliz, y lo que sabe y ha publicado sobre este importante punto me exime de ser exhaustivo aquí. Pero sí quiero dar algunas pinceladas sobre el problema.

La manera en que las empresas digitales acceden hoy a los datos representa un ataque directo a nuestro derecho a la privacidad. Es algo que, además, se vuelve contra nosotros debido a la forma en que utilizan ese poder que les damos, ya que van formando burbujas de manipulación que deterioran la calidad de la democracia.

Tal y como se está gestionando ahora mismo la economía de los datos en el mundo, vemos lo siguiente:

Tremenda concentración de poder para unas pocas empresas que, además, están generando unos beneficios fabulosos.

Gran capacidad para intervenir y manipular nuestras emociones en el ámbito comercial y político.

Vulneración de varios derechos humanos, siendo el más evidente, el derecho a la privacidad.

A menudo surge lo que se conoce como la paradoja de la privacidad, que consiste en el cuidado que ponemos en defender nuestra privacidad en el mundo real (cortinas, número de la tarjeta de crédito, dirección, etcétera) y lo inconscientemente que la entregamos, o dejamos que nos la roben, cuando media una pantalla o una conexión por internet.

Una vez que hemos tomado conciencia del hecho, seguros de las bondades que encierra el camino de la digitalización emprendido, será necesario adoptar medidas legislativas, como ya está haciendo la Unión Europea, para que las ventajas de las nuevas tecnologías no arrasen con siglos de lucha por establecer y garantizar los derechos humanos, el equilibrio de poderes y la democracia.

Mercado oligopolista o capitalismo de Estado

La nube de empresas, universidades, start-ups, centros de investigación y Gobiernos que trabajan hoy en desarrollos y nuevas aplicaciones de las tecnologías de la información es impresionante en todo el mundo.

Raro es el día en que no se hace público un nuevo programa o una nueva puerta que se nos abre gracias a ellas. Y desde un abanico muy grande que va desde la medicina, el espacio, el cambio climático, la alimentación o la cultura.

Sin embargo, por debajo de toda esta efervescencia de descubrimientos, la sociedad de los datos necesita una infraestructura física que permita la conectividad (la nube es un gran centro de procesamiento de datos, una especie de gran disco duro conectado a miles de ordenadores) y unas empresas que gestionen los algoritmos y los datos.

Internet nació como una red abierta y fuertemente descentralizada, y su primer problema fue cómo conectar las diferentes nets entre ellas mediante un sistema de comunicación resistente. En los comienzos se hizo encadenando líneas telefónicas con la señal de un satélite.

El siguiente problema fue de gobernanza. Hacía falta un código que hiciera de bisagra entre los distintos sistemas y que mantuviera la separación entre los dueños de las infraestructuras y los nodos interconectados.

Finalmente, en 1983 nació internet, en el ámbito académico; estaba formada por quince redes, y básicamente consistía en correo electrónico, grupos de noticias y una línea de comunicación remota entre ordenadores.

Dos revoluciones impulsaron internet: el ordenador personal comercial (de 1981, aunque hubo otros prototipos antes) y las redes de fibra óptica (de finales de la década de 1980). A partir de ahí, internet sale del gueto académico y se hace accesible para el conjunto de la sociedad, construyendo las primeras autopistas de la información.

En 1991 surge el último avance que permite crear y dar nombre a la World Wide Web (la red informática mundial). En 1996 se aprueba en Estados Unidos la ley que liberaliza las comunicaciones, que provoca un bum inversor en el sector que estalló en 2000 con la llamada burbuja de las puntocom, en parte por las posibilidades descubiertas en lo que se conoce como fibra oscura y la proliferación de puntos de interconexión entre unos sistemas y otros.

A principios de este milenio se inicia un proceso de crecimiento y fusión de empresas que dura hasta el momento actual, y las más conocidas, por ser las claramente hegemónicas, son las agrupadas, desde 2000, bajo el acrónimo GAFA: Google, Apple, Facebook y Amazon. (Algunos añaden a este grupo Microsoft e incluso IBM.)

En conjunto, estas empresas ostentan una posición de dominio tanto vertical, en aspectos como la energía, los centros de datos, la conectividad, los sistemas operativos y software de usuario; como horizontal, en servicios tales como mensajería, correo electrónico, descargas, motores de búsqueda, etcétera.

Se calcula que las empresas GAFA controlan más del 70 por ciento del tráfico que circula por la red. Este hecho las ha llevado a ser centro de atención de las Administraciones estadounidense y europeas en tres aspectos al menos:

El poder monopolístico que detentan.

El control sobre los datos que obtienen.

La supervisión sobre los contenidos que circulan por las redes.

Sobre estos tres aspectos se ha desarrollado una intensa actividad normativa y dominante, con multas en ambos lados del Atlántico.

Mientras la Unión Europea ha sido más activa en la protección de datos (mediante el Reglamento general de protección de datos), en Estados Unidos se estudia la reforma de la Sección 230 para que las empresas asuman responsabilidades sobre los contenidos peligrosos que se difunden en sus redes. Para evitar una acción normativa, las empresas han empezado a ejercer el autocontrol, sometiéndose a cartas de principios autoimpuestos que las han llevado, por ejemplo, a cerrar chats supremacistas o a expulsar al expresidente Trump de Twitter y de Facebook por propagar mentiras tendentes a inflamar los ánimos de sus seguidores.

El grupo GAFA+M+IBM está formado por empresas privadas que cotizan en bolsa y que están sometidas a los principios y las regulaciones del mercado. Aunque, no lo olvidemos, son empresas cuyo modelo de negocio busca el beneficio de sus accionistas, y no necesariamente el bienestar de la humanidad ni la mejora de la calidad de vida de los individuos.

Su objetivo es ganar dinero, dentro de la ley. Por eso es tan importante que las leyes protejan a los ciudadanos y a los usuarios de todos los problemas y las vulneraciones de derecho analizados.

Conseguir una «Carta de derechos digitales» que garantice a los ciudadanos los mismos derechos y garantías en la red de los que ya gozan en el mundo analógico es una necesidad que ayudará a reequilibrar la actual situación de excesivo dominio por parte de unas empresas que, al controlar la red, nos controlan a nosotros.

Si consideramos ahora el otro país gigante del mundo, China, sobresalen tres grandes grupos empresariales de un tamaño y poder similar al de las empresas estadounidenses: Baidu, Alibaba y Tencent.

Aunque las tres cotizan en bolsa, deben plegarse a los designios del Gobierno chino, que se ha marcado una estrategia de país para ser líderes mundiales en IA en 2030. Y, para alcanzar ese designio, China no se ve constreñida por los problemas del derecho a la privacidad que se plantean en las democracias.

El sistema autocrático chino no oculta que una parte esencial del uso que está haciendo de las nuevas tecnologías se orienta a controlar a su población, creando una «sistema de puntos» según el cual se anotan las buenas y las malas conductas y acciones de las que la red informa y que permite premiar a los buenos ciudadanos y sancionar a los malos.

Por terrible que nos pueda sonar, esto es posible gracias a una gestión determinada de los datos recogidos por el sistema, algo que debemos evitar que se produzca en las democracias.

No sería deseable ni el modelo puro de empresas de mercado poco respetuosas con nuestros derechos, si con ello hacen negocio, ni el modelo de Estado totalitario que aprovecha la IA para controlar mejor a sus ciudadanos. Debemos aspirar a un modelo en el que la esencia de nuestros derechos pueda ser compatible con los avances que representa la IA, sin sacrificarlos ni en aras del beneficio privado ni del control gubernamental.

No es tarea fácil. Y no va a ser fácil conseguirlo. Pero la batalla por implantar y garantizar los derechos digitales está siendo la gran batalla democrática de nuestro tiempo.

El futuro nos atropella

A veces, parece que el tiempo se comprime. Entonces, pasado, presente y futuro entrechocan con fuerza, provocando rupturas bruscas y efectos colaterales no previstos. La pandemia nos está empujando con tanta fuerza contra el futuro que corremos el riesgo de hacernos daño por falta de adaptación. Así, por ejemplo, seguimos sin cerrar la reforma de la reforma laboral del siglo XX, cuando se pueblan las calles con los precarios ciclistas repartidores correspondientes a esa realidad del siglo XXI: un nuevo mercado laboral correspondiente al capitalismo de las plataformas con algoritmos, donde nada es lo que parece si lo miramos con los ojos del pasado. Asimismo, ni las empresas tienen capital físico (el capitalismo sin capital, ejemplificado por la mayor empresa del mundo de alquiler de coches con conductor, que ni tiene coches en sus activos ni conductores en nómina) ni los trabajadores son (exactamente) ni asalariados ni autónomos, como los de antes.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un potente instrumento de transformación de nuestra manera de producir, vivir, trabajar, aprender, comprar o atender a nuestra salud. La revolución digital está ya cambiando nuestro modelo productivo, y también empieza a cambiar nuestras relaciones sociales, cuestionando el marco operativo en el que hemos venido trabajando desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo un concepto de estado de bienestar basado en realidades productivas, sociales y políticas que están saltando por los aires.

Casi dos millones de trabajadores están ya teletrabajando más de la mitad de los días laborales desde sus casas, forzados por la urgencia sanitaria, pero mostrando una transformación que se quedará en la sociedad, en una manera de trabajar y de vivir a la que todavía no nos hemos adaptado. De repente, a las empresas les sobra espacio, los trabajadores pagan con su sueldo gastos fijos del trabajo, y mucha gente se muda a las afueras de las ciudades en busca de campo para respirar, alterando los flujos de transporte y la realidad de muchos comercios y restaurantes.

El cambio en el modelo de producción provocado por la irrupción de las nuevas tecnologías capaces de procesar un gran número de datos nos lleva a una nueva economía en la que el precio ya no es la variable principal (y casi exclusiva) para asignar recursos y equilibrar oferta y demanda, porque los algoritmos basados en inteligencia artificial permiten casar mejor los múltiples deseos del consumidor con las distintas características de la oferta. El mercado basado en el precio, la función del dinero (ahora digital) y el propio capitalismo financiero construido sobre todo ello se diluyen a pasos agigantados a golpe de fintech, bitcoins, algoritmos y bízums.

Y, volviendo al tema de la IA, hoy asistimos a una sociedad de máquinas que aprenden solas con sus programas de inteligencia artificial, conectadas a otras máquinas y bases de datos con millones de datos que les permiten adoptar decisiones que hasta ahora eran asignadas a la inteligencia humana, a las personas.

Todo esto hace más fácil entender dos cosas que están en el frontispicio de las preocupaciones, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos: la necesidad ineludible y urgente de regular el mercado de datos para proteger la privacidad, controlando a las grandes tecnológicas (y no sólo por su poder monopolístico) y elaborando una «Carta de derechos digitales», como ha impulsado España dentro de la Unión Europea, para garantizar que todos aquellos derechos que tanto costó conquistar en el mundo analógico no se pierden, de repente, en «la nube», ni nos los cambian por baratijas.

Se ha dicho que poner en marcha un movimiento para proteger los derechos civiles y laborales en la red sería poner puertas al campo e iría en contra del avance tecnológico. Y también se ha dicho que empeñarnos en ello sería darle a China la preeminencia en esa carrera. Pero, si así fuera, estaríamos reconociendo que esta manera de desarrollar la tecnología inteligente exige atentar contra nuestros derechos individuales. ¿Lo aceptaremos?

Y entonces, Putin invadió Ucrania

Cuando Putin decidió proseguir su guerra para dominar Ucrania, iniciada en 2014 con la ocupación y anexión de Crimea, este libro estaba ya en imprenta. Tampoco parece que esta guerra deba ser objeto de reflexión en un trabajo que habla sobre las heridas sociales en España.

Pero los lectores que hayan llegado hasta aquí entenderán la necesidad de este comentario, porque lo ocurrido en Ucrania se puede interpretar, muy bien, a partir del esquema analítico desplegado en el libro. En concreto:

Las pasiones, nacionalismo expansionista ruso, se han vuelto a imponer sobre la razón de los beneficios claros de la paz.

La voluntad de dominio, de poder, se ha vuelto a imponer sobre la defensa común de los intereses materiales mutuos.

Y el resultado, cuando ambas cosas ocurren, como se ha demostrado a lo largo de la historia, es la confrontación, el enfrentamiento, la guerra. Por eso es tan importante tomar conciencia de la importancia (ya detectada por los estoicos) de educarnos para que la razón, aquello que es específicamente humano, controle de manera adecuada a los sentimientos (emociones). Y esto apela a una forma concreta de ordenar la convivencia democrática y las formas exigibles y aceptables en política.

El fuste torcido de la humanidad (I. Berlin) se acaba imponiendo si no somos capaces de conseguirlo. Y arrasa con ideologías, como la globalización, en las que hemos confiado en las últimas décadas como instrumento para conseguir un mundo mejor y con más bienestar gracias a la mutua cooperación pacífica entre naciones.

La batalla de la Ilustración sigue activa y es más necesaria que nunca en este planeta tan populoso y complejo de gestionar. De lo contrario, acabamos entregando nuestro destino y nuestras vidas, a los putin de turno. Otra vez.

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EPÍLOGO

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Notas

1. Pinker, Steven, Racionalidad: qué es, por qué escasea y cómo promoverla, Paidós, Barcelona, 2021.

1. Salmon, Christian, La era del enfrentamiento: del storytelling a la ausencia de relato, Península, Barcelona, 2019.

2. Ibídem.

3. Ibídem.

4. En alusión al libro de Pankaj Mishra, La edad de la ira: una historia del presente, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017.

5. Sánchez-Vallejo, María Antonia, «Silenciar a voces», El País, 4 de enero de 2020. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2020/01/03/opinion/1578055793_359225.html>. [Consulta: 29/12/2021]

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7. La estadounidense Joséphine Baker se nacionalizó francesa en 1937, y falleció en 1975. A pesar de convertirse en la sexta mujer (la primera negra) en formar parte del Panteón de París en noviembre de 2021, sus restos seguirán reposando en Mónaco.

8. VV. AA., «Alerta 2021: informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz», ECP, 2021. Disponible en <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/alerta21.pdf>. [Consulta: 29/12/2021]

9. Estefanía, Joaquín, «El modo de vida europeo», El País, 5 de enero de 2020. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2020/01/03/ideas/1578050210_793501.html>. [Consulta: 29/12/2021]

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11. Innerarity, Daniel, «Una democracia irritada», El País, 28 de noviembre de 2019. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2019/11/20/opinion/1574248554_538828.html>. [Consulta: 29/12/2021]

12. Lapuente, Víctor, «Los infelices 20», El País, 31 de diciembre de 2019. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2019/12/30/opinion/1577712665_963709.html>. [Consulta: 29/12/2021]

13. Estefanía, op. cit.

14. Guilluy, Christophe, «La batalla de los “chalecos amarillos”», El País, 18 de noviembre de 2019. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2019/11/16/opinion/1573918472_935464.html>. [Consulta: 29/12/2021]

15. Innerarity, «Una democracia irritada», op. cit.

16. Lapuente, op. cit.

17. Ortega, Andrés, «Votar más, protestar más», El País, 28 de diciembre de 2019. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2019/12/26/ideas/1577378291_055208.html>. [Consulta: 29/12/2021]

18. Lapuente, op. cit.

19. Levitsky, Steven y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Ariel, Barcelona, 2018.

20. Bassets, Lluís, «Saltan los guardarraíles», El País, 3 de enero de 2020 (actualizado el 4 de enero de 2020). Disponible en <https://elpais.com/politica/2020/01/03/actualidad/1578088360_666648.html>. [Consulta: 29/12/2021]

21. Rajan, Raghuram G., Grietas del sistema: por qué la economía mundial sigue amenazada, Deusto, Barcelona, 2011.

22. Dudda, Ricardo, «La política es hoy...», El País, 30 de diciembre de 2019. Disponible en <https://elpais.com/elpais/2019/12/27/opinion/1577463323_698674.html>. [Consulta: 29/12/2021]

23. Innerarity, Daniel, «La sociedad de las crisis», El País, 2 de septiembre de 2021. Disponible en <https://elpais.com/opinion/2021-09-02/la-sociedad-de-las-crisis.html>. [Consulta: 29/12/2021]

24. Chouza, Paula, «Yolanda Díaz sostiene que su proyecto es salir de la “esquinita” situada a la izquierda del PSOE», El País, 2 de diciembre de 2021. Disponible en <https://elpais.com/espana/2021-12-02/yolanda-diaz-se-aleja-de-los-partidos-para-su-proyecto-de-pais-y-considera-que-son-percibidos-como-un-obstaculo.html>. [Consulta: 29/12/2021]

25. Martín-Aceña, Pablo, La guerra eterna: grandes pandemias de la historia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2021.

26. Green, Toby, The Covid consensus: the new politics of global inequality, C. Hurst & Co., Londres, 2021.

27. Jonathan Haidt llama a las emociones «el elefante», como veremos más adelante.

28. Fraser, Nancy, y Axel Honneth, ¿Redistribución o reconocimiento?: un debate político-filosófico, Morata y Fundación Paideia Galiza, Madrid y La Coruña, 2006.

29. Ibídem.

30. Ibídem.

31. Fukuyama, Francis, Identidad: la demanda de dignidad y las políticas de resentimiento, Deusto, Barcelona, 2019.

32. Ibídem.

33. Fukuyama, Francis, «Against identity politics: the new tribalism and the crisis of democracy», Foreign Affairs, vol. 97, n.o 5, septiembre/octubre de 2018, pp. 90-115.

34. Ibídem.

35. Sevilla, Jordi (coord. y dir.), «Reforzar el bienestar social: del ingreso mínimo a la renta básica», informe, Observatorio Social de la Fundación «la Caixa», 2019.

36. Haidt, Jonathan, La mente de los justos: por qué la política y la religión dividen a la gente sensata, Deusto, Barcelona, 2019.

37. Ibídem.

38. Ibídem.

39. Ibídem.

40. Ibídem.

41. Véase: <https://wid.world/es/pagina-de-inicio/>. [Consulta: 29/12/2021]

42. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Under pressure: the squeezed middle class, OECD Publishing, París, 2019.

43. Rodrik, Dani, «Tackling inequality from the middle», Project Syndicate, 11 de diciembre de 2019. Disponible en <https://www.project-syndicate.org/commentary/tackling-inequality-from-the-middle-by-dani-rodrik-2019-12?barrier=accesspaylog>. [Consulta: 29/12/2021]

44. Fukuyama, Identidad, op. cit.

45. Ibídem.

46. Milanović, Branko, «The “crisis of capitalism” is not the one Europeans think it is», The Guardian, 27 de noviembre de 2019. Disponible en <https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/nov/27/crisis-of-capitalism-europeans-gig-economy>. [Consulta: 29/12/2021]

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48. Pinker, Steven, En defensa de la Ilustración: por la razón, la ciencia, el humanismo y el progreso, Paidós, Barcelona, 2018.

49. Ferraris, Maurizio, La imbecilidad es cosa seria, Alianza Editorial, Madrid, 2018.

50. Haidt, op. cit.

51. Castilla del Pino, Carlos, Teoría de los sentimientos, Tusquets, Barcelona, 2000.

52. Scheler, Max, El puesto del hombre en el cosmos, prólogo de Francisco Romero, Losada, Buenos Aires, 1938. Hay edición actual: El puesto del hombre en el cosmos, 2.a ed., Guillermo Escolar Editor, Madrid, 2019.

53. Kahneman, Daniel, Pensar rápido, pensar despacio, Debate, Barcelona, 2012.

54. Jung, Carl Gustav, Lo inconsciente, Losada, Buenos Aires, 2009.

55. Nussbaum, Martha C., La terapia del deseo, Paidós, Barcelona, 2003.

56. Blom, Philipp, Lo que está en juego, Anagrama, Barcelona, 2021.

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58. Kamen, Henry, La invención de España: leyendas e ilusiones que han construido la realidad española, Espasa, Barcelona, 2020.

59. Su apellido original era Borja (o De Borja), italianizado como Borgia.

60. Appiah, Kwame Anthony, Las mentiras que nos unen, Taurus, Barcelona, 2019.

61. Ortega y Gasset, José, «Las Atlántidas» y «Del Imperio romano», Revista de Occidente, Madrid, 1960.

62. La conferencia se llamó «Las dos culturas», y el libro, Las dos culturas y la revolución científica.

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2. Véase al respecto mi libro Vetos, pinzas y errores: por qué no fue posible un gobierno del cambio, Deusto, Barcelona, 2017.

3. González Férriz, Ramón, La ruptura: el fracaso de una (re)generación, versión Kindle, FLASH, 2021.

4. Douthat, Ross, La sociedad decadente: cómo nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito, Ariel, Barcelona, 2021.

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2. Sevilla, Jordi, De nuevo socialismo, Crítica, Barcelona, 2002.

1. Varela, Nuria, Feminismo 4.0: la cuarta ola, Ediciones B, Barcelona, 2019.

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3. Acrónimo de los términos en inglés science, technology, engineering y mathematics [ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas].

4. Amorós, Celia, Feminismo: igualdad y diferencia, Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 1994.

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1. Movimiento originado en las zonas rurales de Francia a causa del incremento de los impuestos al gasóleo.

2. Llano Ortiz, Juan Carlos (dir.), «El estado de la pobreza: seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España, 2008-2017», informe, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-España), n.o 8, Madrid, 2018. Disponible en <https://www.eapn.es/estadodepobreza/ARCHIVO/documentos/Informe_AROPE_2018.pdf>. [Consulta: 29/12/2021]

3. «11.o informe AROPE (2021)», El estado de la pobreza, 2021. Disponible en <https://www.eapn.es/estadodepobreza/>. [Consulta: 29/12/2021]

4. Bilal, Usama, Jeremy Burke, David Cuberes et al., «Ciudades: luces y sombras de un mundo cada vez más urbano», Panorama Social (Funcas), n.o 32, segundo semestre de 2020.

5. Del Molino, Sergio, La España vacía: viaje por un país que nunca fue, Turner, Madrid, 2016.

1. Al respecto, véase la comparecencia del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, el 23 de junio de 2020, ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España tras la COVID-19, que incluye un detallado repaso a los retos estructurales que enfrenta la economía española.

2. La Comisión Europea ha conectado la recepción de los fondos de recuperación COVID, señaladamente el paquete Next Generation EU, a la implementación de programas de reformas estructurales y proyectos de inversión que deben enmarcarse en los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

3. El profesor Román Perpiñá, en sus estudios y libros sobre la estructura económica de España, ya advertía de la existencia de dos grandes espacios que avanzaban a dos velocidades: un espacio central, agrario y protegido del mundo exterior, y un espacio periférico, industrial, con capacidad de participar en el comercio mundial. Más recientemente, la Fundación Alternativas ha apuntado en la misma dirección en el «4.0 Informe sobre la desigualdad en España» (2020), y advierte sobre el avance hacia una España a dos velocidades y el riesgo de aumento de brechas internas.

4. Fariñas, José Carlos, y Elena Huergo, «Demografía empresarial en España: tendencias y regularidades», Fedea, Estudios sobre la Economía Española, n.o 2015/24, 2015.

5. Abad, José María, «La dimensión empresarial importa: implicaciones (macroeconómicas) y causas (microeconómicas) de la reducida dimensión empresarial en España», en Miguel Marín (ed.), Los tres desafíos de la empresa española: productividad, dimensión e innovación, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), 2015.

6. Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), «Análisis estratégico para el desarrollo de la PYME en España: digitalización y responsabilidad social», Informe PYME España (FAEDPYME), 2018.

7. Moral-Benito, Enrique, «Growing by learning: firm-level evidence on the size-productivity nexus», documento de trabajo n.o 1.613, Banco de España, 2016.

8. Maudos Villarroya, Joaquín, y Juan Fernández de Guevara Radoselovics, Condiciones financieras de las empresas españolas: efectos sobre la inversión y la productividad, Fundación BBVA, Bilbao, 2020.

9. Mielgo Carrizo, Juan Antonio, «Una reflexión sobre el tamaño empresarial en España», Revista de Economía Información Comercial Española (ICE), n.o 885, julio/agosto de 2015.

10. Según datos de Eurostat de 2019, el desempleo afectaba al 32,5 por ciento de los jóvenes españoles de entre 15 y 24 años, lejos del 5,8 por ciento de Alemania o del 9,3 por ciento de los Países Bajos. Italia y Grecia registraban cifras similares, 29,2 por ciento y 35,2 por ciento, respectivamente.

11. Según un informe del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), el 77 por ciento de las empresas considera que existe un desajuste entre las competencias que demandan y las que ofrece el sistema educativo.

1. El DESI considera un valor de entre 0 (valor mínimo) y 100 (valor máximo).

2. Véase al respecto: Van Deursen, Alexander, Ellen Johanna Helsper, Rebecca Eynon y Jan van Dijk, «The compoundness and sequentiality of digital inequality», International Journal of Communication, vol. 11, 2017, pp. 452-473.

3. En 1993, Jacques Delors, entonces presidente de la Comisión Europea, escribió un documento titulado Crecimiento, competitividad y empleo: retos y pistas para entrar en el siglo xxi, el cual se conoce como «Libro Blanco» de Delors.

4. Andrés, Javier, y Rafael Doménech, La era de la disrupción digital: empleo, desigualdad y bienestar social ante las nuevas tecnologías globales, Deusto, Barcelona, 2020.

5. McKinsey & Company, «How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point – and transformed business forever», estudio (vv. aa.), 5 de octubre de 2020. Disponible en <https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever>. [Consulta: 29/12/2021]

6. Zubillaga, Ainara y Lucas Gortázar, «Covid-19 y educación I: problemas, respuestas y escenarios», documento técnico de análisis de la situación educativa derivada de la emergencia sanitaria, Fundación COTEC para la Innovación, 2020. Disponible en <https://bit.ly/2Ti8p7u>. [Consulta: 29/12/2021]

7. Comisión Europea y McKinsey & Company, «Shaping the digital transformation in Europe», Unión Europea, 2020. Disponible en <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=69479>. [Consulta: 29/12/2021]

8. Comisión Europea, Brújula digital 2030: el enfoque de Europa para el decenio digital, comunicación al Parlamento Europeo, 2021d. Disponible en <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118&qid=1632396697811>. [Consulta: 29/12/2021]

1. Kissinger, Henry A., Eric Schmidt, y Daniel Huttenlocher, The age of AI: and our human future, Little Brown and Company, Nueva York, 2021.

2. Acemoglu, Daron, Redesigning AI: work, democracy and justice in the age of automation, Boston Review, Cambridge (Massachusetts), 2021.

3. Zuboff, Shoshana, La era del capitalismo de la vigilancia, Paidós, Barcelona, 2020.

4. Véliz, Carissa, Privacy is power, Bantam Press, Londres, 2020.

La España herida

Jordi Sevilla

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