HISTORIA DE UN LARGO CAMINO

I

Allá por el año 1955, se produjo en algunos sectores jóvenes y catalanistas un proceso de fuerte concienciación social y política. Todavía no exactamente política en el sentido habitual de la palabra, pero sí en el de sentirse responsables de la sociedad.

Personalmente participé en él movido por mis lecturas, sobre todo de historia catalana, española y europea. De historia antigua y reciente. Por mi catalanismo, que me venía de familia y arraigo, y de la vivencia de una situación injusta. Y por un potente sentimiento religioso.

Esto último —la influencia de una religiosidad cristiana que significaba un reto vital, tanto individual como colectivamente exigente— es lo que debe subrayarse a un lector de hoy. Porque la mentalidad actual está lejos de ello. Pero entonces en Europa estaba produciéndose un renacimiento, una resurrección tras los desastres materiales y morales que había producido la segunda guerra mundial. Un renacimiento marcado por la épica de la reconstrucción, por la moral de la justicia y por el anhelo de paz. De una paz duradera. Todo ello configuraba una mentalidad y una espiritualidad a la vez exigentes y podríamos decir que jubilosas y esperanzadas. Y muy comprometidas. Que concretamente desde la perspectiva espiritual y religiosa dieron lugar a un tiempo de cristianismo encarnado. De curas obreros y de preparación del Concilio Vaticano II. Afortunadamente no fue un tiempo de «valores líquidos».

En Cataluña —antes de que un hecho similar empezara a producirse en el resto del Estado—, a todo eso hay que añadir una interrogación sobre las causas del desastre de la guerra civil. Una interrogación que en algunos sectores pronto desembocó en la idea y el sentimiento de que en el país tenía que producirse una rectificación moral. Y una renovación espiritual.

Todo ello, vivido con mucha intensidad.

Doy esta explicación porque, si no la diera, creo que a la gente de ahora le costaría entender los fragmentos que a continuación transcribo. Por ejemplo, éste que abre un escrito mío sin fecha, pero que debe de ser de 1954 o 1955: «En este momento de preparación espiritual en el que nos hallamos los catalanes, hay un pecado del que debemos ser plenamente conscientes. Es el pecado de la insolidaridad».

Fijémonos en el uso de palabras como «preparación espiritual» y «pecado de insolidaridad». Expresiones que hoy crean extrañeza, pero que respondían a una actitud de sinceridad y exigencia ética. Y que en el ambiente en el que yo personalmente me movía se aplicaban a dos situaciones bien distintas, pero con fuertes puntos de contacto. Una era la situación de los barrios de reciente inmigración. Es decir, en parte todavía la de los años treinta, pero sobre todo la de finales de los cuarenta y los cincuenta. Una inmigración sobre todo andaluza, extremeña, manchega y castellana, también gallega. Una inmigración que vivía en condiciones muy precarias. La del chabolismo, la de las viviendas construidas deprisa y corriendo en una noche porque así la policía municipal no podía derribarlas, la de los barrios aparecidos como setas, sin urbanismo, sin servicios, a menudo sin agua corriente. Con todo, la gente solía tener trabajo, aunque mal pagado.

De esa inmigración se hizo cargo la Administración, aunque mal. Francamente mal. Y también se hizo cargo de ella gente del mundo católico. Las organizaciones religiosas, por ejemplo, pero sobre todo las parroquias. Que hicieron mucho trabajo. Mucho.

Personalmente, el contacto con esa realidad lo tuve a través de la OCPD (Orientació Catòlica per a Dependents), la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) y la JOC (Joventut Obrera Cristiana). Y la Confraria de Virtèlia, organización de jóvenes cristianos. O por vivencia directa de algunos barrios de mis pueblos, Premià de Dalt y Premià de Mar. O de la Guineueta de Barcelona. O del Poble Nou de Manresa, o de Can Valero en Montjuïc. Y no tardé en entender que, detrás de esa llegada cada vez mayor de gente de fuera y muy pobre, existía un problema social y humano muy grave. Y de ahí que, alrededor de 1955 o 1956, decidiera ir a ver qué ocurría en los países de donde procedía esa inmigración. Tan masiva y tan precaria.

O sea que, cuando (en el lenguaje espiritual de la época) yo hablaba de «pecado de insolidaridad», no me refería sólo a la gente que vivía en las chabolas de la Diagonal o en Ca n’Anglada de Terrassa o en el barrio de la Mina de Sant Adrià de Besòs, sino también, textualmente, «a las tierras españolas económicamente pobres y socialmente retrasadas». Y lo hacía asumiendo la responsabilidad que me correspondía como catalán, es decir, perteneciente a un país más rico y más desarrollado.

Decía entonces, hacia 1955: «Más del 50 por ciento del territorio y la población de España está en estas condiciones». Y seguía: «Este hecho constituye un problema muy importante y de múltiples dimensiones: es un problema económico y técnico, pero es también demográfico, pedagógico, social, político y, en último término, espiritual. Espiritual en sus consecuencias, pero sobre todo espiritual en las causas que lo perpetúan. Estamos ante un hecho de negligencia culpable, que sólo puede explicarse por la mentalidad que durante años y años ha dominado en las esferas dirigentes españolas: mentalidad capitalista maltusiana, mentalidad carente de conciencia solidaria, mentalidad sin caridad».

Romper esa tendencia histórica iba a ser una tarea —una tarea entusiasmante— para nosotros, mi generación. Transcribo literalmente: «La joven generación catalana tiene ante sí una maravillosa posibilidad: la de intervenir decisivamente en la construcción, hecha en la Justicia y en la Caridad, de España. En la Justicia y en la Caridad. Esta construcción tendrá muchos aspectos, pero uno de los más decisivos es éste, el de la puesta en marcha y la redención de extensísimas zonas del territorio español».

Una vez más, debo pedir comprensión por un lenguaje noble y generoso, pero que hoy resulta chocante. Aun así, lo que cuenta, para analizar una trayectoria y dilucidar su grado de honestidad y consecuencia, es ver cómo se ha expresado y ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Con el espíritu y la manera de expresarse de cada momento. Es decir, lo que cuenta es la autenticidad.

Lo que cuenta en este caso es que allá por el año 1955 —cuando yo tenía entre 25 y 26 años—, en unos escritos mucho más idealistas que calculadores, mi discurso expresaba compromiso con dos conceptos capitales: el de España y el de la solidaridad.

Todo ello, por supuesto, en el marco de un compromiso muy principal y vital con Cataluña. En el marco de un catalanismo —para emplear la expresión entonces más habitual— que me venía de muy joven, y siempre vivido con intensidad.

Ahora eso, lo repito, puede provocar incluso una sonrisa. Pero este relato que estoy trazando tiene por objetivo explicar los orígenes, explicar de dónde venimos unos cuantos. Y saber, por lo tanto, hasta qué punto hemos sido coherentes. Y fieles a un compromiso. Y hasta qué punto hemos tenido éxito o no. Todo ello lo condensamos en otro escrito de esa época, en un párrafo un poco repetitivo, pero que expresa a la vez nuestra ambición y nuestro temor: «Sería suicida ser optimista. No obstante, estructurar España en la Justicia y en la Caridad es la misión que se ofrece, si es capaz de aceptarla, a una joven generación catalana. En esta misión, habrá dos problemas que serán de lo más delicados, dos problemas cada uno de los cuales es capaz de provocar dos guerras civiles como la del 36, pero en los que nosotros no debemos ceder: uno es el de obtener un respeto total, máximo, por Cataluña; el otro es la puesta en marcha, el enderezamiento económico, social y humano de las regiones proletarias de España».

Consecuencia lógica de todo ello fueron mis visitas a Andalucía y Extremadura, a veces solo y en alguna ocasión acompañado por Jaume Nualart, activista católico y catalanista, que más tarde sería director general de Asuntos Sociales de la Generalitat. También fui a alguna zona especialmente deprimida de Castilla, inducido por la lectura de textos de Andrés Sorel, el autor de Castilla como agonía y Castilla en la encrucijada. Lo cuento en mis Memorias.

Quería visitar Las Hurdes, al norte de la provincia de Cáceres, al lado de La Alberca, pero por indicación de mi acompañante me entretuve en un lugar —no recuerdo el nombre— con una gran casa cuyos dueños tenían la costumbre de ir de caza, y tres o cuatro casas de lo más pobres. Me causó una impresión parecida a la que cuarenta años antes habían producido Las Hurdes al doctor Gregorio Marañón, que le impulsó a elaborar su informe sobre el estado sanitario y asistencial de la comarca. Y la misma que llevó a Luis Buñuel a realizar su película Las Hurdes, tierra sin pan, que años más tarde también vi representada en esa película tan extraordinaria de Mario Camus, basada en la novela de Miguel Delibes Los santos inocentes.

Todo ello me produjo una impresión muy penosa y anuló durante un tiempo la esperanza que me había provocado la visita a Cijara y Lobón para ver las obras del Plan Badajoz, un proyecto del Gobierno español durante el franquismo para regar y volver productivas zonas muy extensas de Extremadura. En aquel momento y durante prácticamente ocho o diez años, mi imaginario quedó marcado por ese viaje. Fui escéptico respecto a las perspectivas de futuro de esa sociedad. Temí que se hubiera producido una degradación social de muy difícil recuperación, que la gente sólo superaría emigrando. A Madrid y Cataluña principalmente.

Me ayudaron a superar dicha impresión dos cosas. La primera y principal, la oleada de optimismo, confianza y ambición constructiva que durante la década de los sesenta (y hasta la Transición y en ciertos aspectos durante una o dos décadas más) se produjo muy especialmente en Cataluña, pero también en gran parte del Estado. El «tot està per fer i tot és possible» («todo está por hacer y todo es posible») de Miquel Martí i Pol fue mucho más que un verso muy logrado. Fue instaurándose la idea de que venían años creativos y de cambio, años transformadores. Podríamos decir que lo leíamos en los astros —es decir, lo intuíamos—, lo notábamos en la gente y muchos lo sentíamos en la interioridad de cada uno. Y eso nos llevaba a recuperar no ya la confianza, sino también el sentido del compromiso. El sentido insoslayable del compromiso. Hacia lo que teníamos cerca, o no tan cerca. Pero de lo que, poco o mucho, éramos responsables.

En cuanto al desarrollo de parte del Estado español, me ayudó a volver a creer que podía irse superando (que podía hacerse algo más que simplemente confiar en la inmigración) el conocimiento más próximo de iniciativas y también de gente de ahí que había superado el pesimismo. Y también me ayudó a ello participar en algunas iniciativas económicas y sociales exitosas. Más de uno se ha sorprendido oyéndome hablar de Zafra (volvemos a Extremadura) y la empresa de motores DITER, de la que era propietario Díaz de Terán, un empresario extremeño a quien seguí con mucha simpatía precisamente porque rompía el estereotipo de economía nada industrial propia entonces de la Extremadura basada en la economía de secano. O de las plantaciones de cerezas del valle de Yeste. O de la transformación agraria de Almería, y muy en especial de Níjar. Y de muchas más iniciativas como ésa, algunas de las cuales conocía bien a través de Banca Catalana y el Banco Industrial de Cataluña. Dos bancos que en el pensamiento de algunos catalanes reunirían una fuerte y profunda catalanidad y vocación de apoyo a la creación de riqueza productiva en el conjunto del Estado. También en Zafra y Níjar.

En Cataluña, todo ello se complementaba con otra toma de posición ideológica, social y humana, que fue la formulación de una doctrina sobre la inmigración que puede resumirse con esa frase que dice que «es catalana toda persona que vive y trabaja en Cataluña». Y que, naturalmente, tiene voluntad de incorporarse a ella. Pensando en sí misma y sobre todo en sus hijos. Por eso desde el primer momento esa definición estuvo ligada al concepto de «ascensor social».

Después de toda esta explicación debe de ser fácil entender que me hiciera especial ilusión la visita que en 1996, como presidente de la Generalitat, hice a Lepe y Cartaya, en la provincia de Huelva. Una visita enmarcada en un conjunto de iniciativas con vistas a España que, bajo el lema de «Un diálogo sin reservas», pretendía aprovechar un momento positivo en todos los sentidos y en todos los ámbitos —el catalán, el español y el europeo, el económico y el político— para establecer una relación y una estructuración política e institucional de Cataluña en España definitiva y positivamente consolidadas.

Más adelante en este mismo libro se incluyen las tres conferencias de «Un diálogo sin reservas», una iniciativa que, como algunas más —por ejemplo, «Cataluña, tierra de acogida»—, pretendía establecer puentes de índole diversa —culturales, sociales, etcétera— y que fracasaron. Es lo que en mis Memorias llamo «la pedagogía ineficaz». En la propia Andalucía encontré frialdad y suspicacia. Con la excepción, eso sí, de Lepe y Cartaya.

Transcribo un párrafo de mi discurso en Sevilla, parecido en este punto a los que di en Lepe y Cartaya. Un párrafo precedido de una referencia a la situación en esas tierras treinta años antes: «Ni España ni Andalucía son lo que habían sido; se ha superado el subdesarrollo, y Andalucía ha demostrado que esto no se logra sólo con ayudas y subsidios, sino con iniciativa. Lepe y Cartaya, que habían sido enclaves pobres de algarrobos y granados, hoy son un jardín y se han enriquecido, no sólo por el cultivo de las fresas, sino por las empresas de transporte que a su vez se han creado y por el aprovechamiento que la gente de Lepe y de Cartaya ha hecho de los terrenos, invirtiendo, construyendo hoteles, puertos deportivos y campos de golf. Y en la medida en que Cataluña haya contribuido, respondiendo al llamamiento a la solidaridad de hace veinte o treinta años, yo, como presidente, me siento orgulloso de ello. Pero el mérito y el orgullo principales corresponden a la gente de Lepe y de Cartaya, que son un ejemplo para Cataluña y para España. Éste es el camino a seguir; y es un camino abierto por el que todo el mundo puede transitar».

Esta explicación de los orígenes de mi pensamiento y mi proyecto tenía que referirse obligatoriamente al tema de la solidaridad. Pero también es preciso que se refiera al de la idea de España. Y naturalmente a la relación Cataluña-España.

En mis Memorias explico cuál ha sido, desde joven, mi postura. Decía, y repetía siempre que era necesario: «Antes que nada, soy y me siento catalán. Y, por lo tanto, trabajaré para que Cataluña sea respetada en su identidad y tenga el autogobierno que le permita sacar adelante un proyecto colectivo ambicioso como país y como sociedad al servicio de la gente». Y añadía: «Creo que eso puede hacerse en el marco español. No en el marco español centralizador y uniformador tradicional, sino en el de una España que, superado el franquismo, con democracia integrada en Europa e incorporada de lleno en el proceso de progreso económico y social, estará en condiciones de admitir la diversidad de los pueblos que la conforman y adaptará a ellos su estructura institucional y política». Y decía que, si eso fuera posible, «sería necesario participar racional y sentimentalmente, a fondo y lealmente, en un proyecto español que lo respetara».

Así escribí y hablé, pensé y actué durante muchos años. De joven, en el campo cultural, social y económico. Y en el de la ideología. En el campo de la agitación. Escribiendo y hablando. En el campo de la política, y en todos los niveles y en todos los ámbitos. Como político y con proyección española, como europeísta y como presidente de la Generalitat.

Con referentes que he ido acumulando, desde los pensadores, políticos e historiadores catalanistas de antes de 1936 hasta el doctor Carles Cardó, el pensamiento precursor del Concilio y los actores e ideólogos de la resurrección europea de después de 1945. Desde la revista Quaderns de l’Exili de Raimon Galí y Joan Sales —que primero desde México y luego desde la propia Cataluña ayudó a gente joven a realizar una reflexión y una revisión de nuestra historia reciente— hasta Jaume Vicens Vives y Salvador Espriu. Es decir, hasta «els ponts del diàleg» («los puentes del diálogo») y «diverses són les parles i diversos els homes, i convindran molts noms a un sol amor» («diversas son las hablas y diversos los hombres, y convendrán muchos nombres a un solo amor»).

Pero el propio Espriu, pese a tener a menudo un tono de exaltación casi mística, preveía que Sefarad —es decir, España— podría no querer transitar por los puentes del diálogo y que quizá incluso los dinamitaría. «Però tu te’n rius: penses que l’aranya sempre tindrà fil» («Pero tú te ríes: piensas que la araña siempre tendrá hilo»). Y preveía, como posible, que «quan despertaràs, la rialla als llavis se t’estroncarà» («cuando despiertes, la risa en los labios se te cortará»).

Y es lo que ha ocurrido. No es que no hayamos recorrido camino. No es que no podamos contemplar con una sensación de trabajo bien hecho lo que los catalanes hemos realizado durante las últimas décadas. Pero no hemos alcanzado ni plenamente ni de modo consolidado nuestras metas. Y el impulso se ha detenido e incluso retrocede. Y lo que es peor: Sefarad ha derribado los puentes.

Para seguir con el lenguaje y la simbología de Espriu, ¿qué hace un pueblo cuando le cortan el paso hacia la «tierra prometida»? ¿Qué hace el caminante cuando se halla ante un muro? Se instala en la resistencia. En una resistencia creativa. No para ir muriendo cubierto de arena y en medio de moscas y lagartijas, sino para reafirmar su identidad y su mensaje.

Un mensaje y una identidad que no pueden ni ser estáticos ni estar orientados hacia una resignación paciente, sino inspirados en la voluntad de, por encima de todo, seguir existiendo y produciendo una realidad humana y social, cultural y espiritual, positiva.

Sin esperar ayuda ni comprensión de nuestro entorno, que ya está visto que no va a dárnoslas. Muy al contrario. Pero convencidos de nuestra propia identidad y de nuestros valores. Combinándolos con la voluntad que siempre hemos tenido de estar abiertos al mundo, podemos sacar la fuerza moral e intelectual que nos permitirá retomar el camino que ahora quieren cerrarnos. Pero no puede ser el mismo camino. No puede ser el mismo camino.

II

Hasta aquí he hablado de los inicios de mi pensamiento político y social y nacional. Sumergiéndome en los fundamentos, en las zonas más profundas de lo que era nuestro proyecto. Ahora salgo más a la superficie. A partir de ahora me dedicaré a escritos de la etapa ya propiamente política.

Y no debe sorprender, supongo, que el primero de estos escritos sea la conferencia que, a petición mía, pronuncié en el Club Siglo XXI de Madrid, el prestigioso cenáculo de la Transición, el 27 de abril de 1978.

En plena Transición existía por parte de los partidos y los políticos que apenas hacía un año que habían aparecido ya bien abiertamente ante la opinión pública una gran afición por dar a conocer sus ideas y sus propuestas. El Club Siglo XXI fue entonces probablemente la tribuna más utilizada. Como representante de CDC pedí al Club dar una conferencia de programa político. El Club lo aceptó, pero creyendo que daría una conferencia de política general y de información y propaganda referente a CDC (en ese momento no podía hablar en nombre de CiU, pues no se constituyó hasta meses más tarde).

Y les sorprendió que quisiera limitar mi parlamento a los «desequilibrios territoriales de España». Pero eso estaba muy vinculado con lo que habían sido mis vivencias, mis reflexiones y mi compromiso desde hacía prácticamente veinte años, de cuando iba a Baza, o a los pueblos castellanos, también de cuando visitaba el Mezzogiorno italiano.

Después, la política de CiU (y creo que puedo decir que, en general, la de Cataluña en el conjunto de sus fuerzas políticas y de su toma de posición respecto a la estructura y el desarrollo del Estado) fue consecuente con esa actitud solidaria. Pero ya hace tiempo, bastante tiempo, que sabemos que en muchos sectores políticos y sociales de España, y en algunos territorios, el concepto de solidaridad ha sido en gran parte pervertido. Y que en general la filosofía que predomina es que «la solidaridad sólo se practica con los bienes ajenos». O bien, con más grosería, «ustedes los catalanes tienen razón, pero a nosotros nos va bien así. Y punto. Y basta».

Y es preciso recordar los fragmentos de escritos míos reproducidos al principio de este texto, su tono más religioso que político, más reparador que calculador, para comprender que, en vista de esas actitudes y esas políticas tirando a cínicas, la decepción y el rechazo sean grandes. Y la valoración política y moral, muy negativa.

He tenido siempre muy viva la idea y el sentimiento de Cataluña. Por vivencia elemental, es decir, por la tierra, la familia, la gente, la lengua… Eso, como primer fundamento.

Luego, por reflexión, por asunción de valores, por proyecto. Pero es cierto que hasta hace muy poco la he visto enmarcada en el ámbito español. Y en el ámbito europeo.

Ya he explicado más de una vez que mi ilusión cuando era muy joven era visitar Estrasburgo. Lo digo en el primer volumen de mis Memorias: «Ni París, ni Roma ni Londres. Estrasburgo. […] escogí Estrasburgo porque en aquel momento yo ya era europeísta».

Y lo he explicado más veces, por ejemplo, hablando del origen carolingio de Cataluña. «No como simple conocimiento histórico o complacencia romántica, sino como afirmación actual y como proyecto», tal como expliqué años más tarde en una conferencia en el Institut d’Estudis Catalans. Y con más claridad todavía, y con más carga histórica y emocional, lo expresé en Aquisgrán, la capital de Carlomagno, nuestra primera capital histórica.

Digo en las Memorias: «Cuando en 1985 quise poner a los catalanes alerta con vistas a la próxima integración en la Comunidad Europea desde el punto de vista económico y de la competitividad pero, también y sobre todo, desde el político y el cultural, escogí para hacerlo la ciudad de Aquisgrán. Debajo mismo de la torre de Carlomagno hice, más que un discurso, una confesión de europeísmo, confesión en el sentido de declaración y de compromiso, y la hice en cuanto catalán y con solemnidad. Al lado mismo de donde todavía hay la corona del emperador Otón, empecé diciendo: “Vengo de lejos, de los confines del Imperio”. Algunos se sorprendieron un poco. “Nosotros éramos —les conté— la avanzada del Imperio hacia el sur, la avanzada de la Europa de entonces, puesto que la Península estaba dominada por los musulmanes”. Y añadí que “para nosotros, ir a Aquisgrán no es ir al extranjero: es volver a los orígenes”, y que integrarse en la Comunidad Europea “para Cataluña será como volver a casa”».

Eso lo expliqué en Madrid durante una conferencia sobre el Milenario de Cataluña, que se celebró en 1988. Pero les sorprendió porque no les hablé sólo de Cataluña y sus orígenes, sino también de Castilla y de lo que acabaría siendo España. Les conté toda la historia de Beato de Liébana, ese monje refugiado en Asturias en cuya obra confluyen temas religiosos y políticos que en conjunto configuran lo que podríamos llamar una ideología de la Reconquista, que entonces se hallaba en sus inicios. Se quedaron de una pieza. No esperaban que me hubiera interesado tanto por la historia de Asturias; de hecho, por el origen de la historia de España. Por aquella filosofía, por el pensamiento de un político disfrazado de monje, o monje disfrazado de político, muy importante y del pequeño monasterio de Santo Toribio —muy cerca de Potes, en el valle de Liébana, entre Cantabria y Asturias—, que escribe lo que luego se ha llamado el Beatus —libro del que hay tantas reproducciones en muchos lugares—, y que, en realidad, es una llamada a la resistencia contra los musulmanes y una llamada a la recuperación de Toledo. Es decir, de la capital del antiguo reino cristiano y visigodo. Ellos, cuando sólo eran cuatro en las montañas de Asturias, pensaban en Toledo. En lo que Toledo significaba. Nosotros, en cambio, éramos la avanzada, el baluarte meridional del Imperio carolingio, y todavía lo somos en cierto sentido.

Todo esto no es enrevesado. Todo tiene su lugar y tiene su papel. Si se aceptan las cosas tal como son y el derecho de cada uno a ser lo que es. El triple marco Europa-España-Cataluña tiene suficiente potencia y suficiente lógica, y suficiente interconexión, para que se le pueda aplicar una fidelidad global y todos sus elementos puedan potenciarse mutuamente. Si el espíritu es constructivo.

Pero, pese a esa visión iluminada, y joven, yo era consciente de que sería difícil. Pese a —lo repito— la ilusión generosa y ese tono un poco místico más espiritual que político que algunos teníamos. Por eso decía, refiriéndome a la labor de estructurar España en términos justos y solidarios: «Sería suicida ser optimista. En esta misión habrá dos problemas, cada uno de los cuales es capaz de provocar dos guerras civiles como la del 36, pero en los que nosotros no debemos ceder: uno es obtener un respeto total, máximo, por Cataluña; el otro es poner en marcha el enderezamiento económico, social y humano de las regiones proletarias de España».

Durante años, desde la década de los cincuenta hasta el momento de la Transición —como ya he contado— me esforcé por contribuir —con mucha modestia primero, con más posibilidades más tarde— a reforzar las bases económicas, sociales y culturales de Cataluña y su sentimiento de identidad, y también su capacidad de incorporar en nuestra sociedad mucha gente llegada de fuera. Pero siempre con la clara idea de que debíamos sentirnos responsables en todos los órdenes del conjunto del Estado. Eso naturalmente tomó mucho más vuelo con el advenimiento de la democracia. El lector encontrará más adelante un texto muy demostrativo, mi conferencia en el Siglo XXI de abril de 1978. Pero con la llegada a la Presidencia de la Generalitat mis posibilidades de acción y pensamiento se incrementaron. E hice buen uso de ello.

Ya he contado en mis Memorias que desde el momento de la Transición, y ya con CDC constituida como partido, asumimos la responsabilidad, en el grado y en la forma que nos correspondiera, de contribuir al éxito de la restauración democrática. Más que eso, a evitar el fracaso de una operación decisiva y de gran trascendencia histórica: que España se incorporase definitivamente al mundo moderno, a Europa y al modelo económico y social occidental. Todo ello, compatible —creíamos— con la defensa de los objetivos específicamente catalanes, tal como ya los he descrito.

Eso explica la política prudente y equilibrada de CDC durante esos años. Y prácticamente de siempre, hasta hoy mismo. Que quedó bien definida desde el verano de 1977, justo después de las primeras elecciones, a Cortes. Definida textualmente así: «Debemos contribuir a que en la política española haya estabilidad, continuidad y gobernabilidad. Porque después de cuarenta años de dictadura, y mucho más tiempo todavía de difícil adaptación a la modernidad y a la democracia política y social, la superación de todo eso no será fácil ni estará libre del peligro de recaídas. Por lo tanto, hay que contribuir a que España tenga gobiernos eficaces y estables, y a que la acción de reformas y regeneración del país y la sociedad tenga continuidad».

Creo que CiU y el nacionalismo catalán han prestado un gran servicio al conjunto del Estado. Y que a menudo han tenido actitudes más responsables respecto al interés general español que los grandes partidos españoles y muchas instituciones básicas del Estado.

Podríamos ir resiguiendo actuaciones concretas que durante más de treinta años han respondido a este compromiso de Cataluña, y muy especialmente del catalanismo, con el interés general del Estado. Sería una lista larga. A menudo provocaba críticas y agresiones, en ocasiones muy graves, de sectores importantes del mundo político y mediático, y en general de la opinión pública de España, que siempre han estado muy marcados por un estilo que mezcla tacticismo y cainismo. Lo explica bien una anécdota que viví en las Cortes a finales de 1978. El Gobierno de Adolfo Suárez defendía el voto en contra de una enmienda importante que habían presentado los partidos de izquierda a un proyecto gubernamental. El debate era encendido y muy agresivo. Era un asunto importante y que podía tener repercusiones. Y el Gobierno estaba en dificultades. Un debate al estilo de aquellos en los que el presidente Suárez era tratado de «truhán» y «general Pavía» desde la tribuna. Un debate agrio. Nosotros habíamos anunciado que apoyaríamos al Gobierno, y que, por lo tanto, lo salvaríamos. Pero, una vez anunciada nuestra intención de voto, ya no dijimos nada. Asistimos al debate mudos y con cierto sentimiento de asco. Tal vez por eso los grupos de la oposición temieron que nosotros nos despegaríamos del Gobierno y se alarmaron. Y ocurrieron dos cosas: separadamente, dos diputados —un socialista y un comunista— subieron a la parte alta del hemiciclo donde se sentaba nuestro grupo, y con un punto de ansiedad preguntaron si mantendríamos nuestro voto a favor del Gobierno. Y si, por lo tanto, le evitaríamos una peligrosa derrota. Y uno de ellos, recuerdo bien que incluso dijo: «Es que sería grave y peligroso que el Gobierno perdiese». Miquel Roca, que era nuestro portavoz, con un punto de socarronería, los tranquilizó. Y volvieron a bajar a sus escaños, y los grupos siguieron poniendo de vuelta y media a Suárez. Y el Gobierno no cayó. Y la oposición pudo decir que ellos habían sacado pecho y alguien llegó a decir que por culpa de los catalanistas la enmienda, muy social y muy de izquierdas, demagógica pero inviable, no se había aceptado.

Probablemente muchos piensen que eso no debe escandalizar a nadie, que en política ocurren cosas de este tipo. Y es cierto. Pero eso vale si hay alguien lo suficientemente serio y responsable para evitar que prosperen el tacticismo y la demagogia. Y para evitarlo el nacionalismo catalán, durante los treinta y cinco años que van de la Transición hasta hoy —treinta y cinco años especialmente difíciles y decisivos—, ha evidenciado muchas actitudes similares. Y si hablo de ésta, una entre tantas, es para ilustrarlo. Pero nuestra línea siempre fue la misma. Siempre con sentido de responsabilidad y sentido del interés general español. Y no siempre fácil de mantener.

Así pues, dejemos de lado el detalle de la acción política.

En lo que sí que conviene ahondar es en el pensamiento sobre España y sobre Cataluña y España, que ha impregnado gran parte de la acción política llevada a cabo desde el catalanismo. Y desde CiU.

En el terreno de las ideas ya he hablado de planteamientos e iniciativas que se remontan a mi juventud. Pero es oportuno observar que ya con democracia y con autonomía, y ya sumergido de lleno en la labor de Gobierno desde Cataluña y desde el nacionalismo, hubo iniciativas en la línea de proyecto común y de convivencia. Muchas. Una de esas iniciativas, en 1981. Fue el intento de retomar los encuentros y conversaciones de intelectuales catalanes y castellanos. Con una primera reunión en Sitges en diciembre de 1981, en un momento en el que ya se había producido la primera advertencia de las dificultades que iban a presentarse —el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de ese mismo año—. Y la segunda estaba gestándose: la LOAPA, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, que tenía el apoyo conjunto de la UCD, entonces en el Gobierno, el PSOE de Felipe González y la Alianza Popular de Manuel Fraga. Con el pretexto de la «armonización», la LOAPA, en realidad, pretendía cercenar nuestro techo autonómico y llevar al extremo la igualación por debajo y la supresión de todo lo que pudiera significar diferenciación. Era la culminación del «café para todos», la supresión práctica de la distinción entre «regiones y nacionalidades» de la que habla la Constitución. La LOAPA fue en gran parte invalidada gracias a la oposición política de la Generalitat, con el recurso que presentamos al Tribunal Constitucional, y a la reacción popular en Cataluña. Pero su filosofía ha reaparecido a menudo y ahora mismo impregna las iniciativas y decisiones políticas y jurídicas en todo el Estado.

No obstante, desde Cataluña seguíamos actuando con confianza y esperanza. Y con voluntad de diálogo y de compenetración. Pensando mucho en Cataluña, pero también en España. Dije en el discurso de apertura de las jornadas de Sitges: «Tenemos fe en lo que hoy se puede hacer en España desde el punto de vista de resolver, pienso yo que definitivamente, toda una serie de problemas. Y no solamente el problema autonómico —que atañe a las diversas nacionalidades, los diversos pueblos, lenguas y culturas—, sino, en general, el problema global de España. Pienso que estamos en un momento muy importante, en un momento que puede ser decisivo y en el que tenemos muchas más posibilidades de salir adelante que de fracasar. Desde Cataluña, ésta es nuestra convicción profunda, éste es nuestro sentimiento». Esa misma confianza la expresé en el discurso de clausura. Hablé de «la construcción de una España con cabida para todos. De una España, además, que yo pienso que puede ser dinámica, agresiva en el mejor sentido de la palabra. Personalmente, debo decirles que soy muy optimista respecto al futuro de España en tanto que realidad espiritual y en tanto que realidad cultural, en sí misma y en su capacidad de proyección y de su mensaje. Pero, naturalmente, hay una necesidad de que todos tengamos cabida en ella».

Acabé pidiendo ayuda a los asistentes llegados de fuera: «Y a ustedes en especial, les pedimos que hagan un esfuerzo por explicar en el resto del Estado esa realidad que es Cataluña. Que no es una moda, ni un programa electoral, ni un planteamiento ideológico, sino que es un pueblo que hace mil años que existe. Hace mil años que existe con su lengua, con su cultura, con su vivencia histórica, con su voluntad de ser en tanto que realidad diferenciada. Con su voluntad de participar, igualmente, en una labor común de construcción de España».

En un aspecto bien distinto, pero no poco importante, es oportuno referirse a mi visita a Murcia en febrero de 1982. Una visita bastante temprana en mi programa de visitas al conjunto del Estado. ¿Por qué esta preferencia? En primer lugar, porque la enfoqué como una especie de homenaje al murcianu. Es decir, a la inmigración del primer tercio del siglo XX. Que sobre todo llegó de Murcia y también de Almería y otros lugares de Andalucía. Pero a todos en el lenguaje popular se los llamó murcianus. Un homenaje a esa gente y a su país de procedencia. Y, en segundo lugar, elegí Murcia porque podía subrayar nuestro compromiso con el desarrollo general español. Hablé de ese «gran trasiego humano, con todo el drama que muchas veces implicaba. Pienso, por ejemplo, en La Unión, ese pueblo que tenía cincuenta mil o sesenta mil habitantes, y que ahora tiene quince mil o veinte mil. Ahí, detrás de esos números, hay todo un drama». Y añadía: «Espero que hechos así, en el futuro, no se vuelvan a producir, pues es nuestra voluntad colaborar en todo lo que signifique conseguir una España equilibrada, no solamente en lo político y en lo social, sino además en lo económico, en la producción de riqueza». Y, de hecho, la Murcia de 1981 ya no tenía nada que ver con la de los años veinte, treinta o cuarenta. O incluso cincuenta. El regadío, la industria conservera, el inicio del turismo, ya habían transformado en gran parte el paisaje, la economía y la gente. Y para mí, que durante los años cincuenta había seguido los primeros años de esa evolución, eso era motivo de satisfacción y sobre todo de confianza en la transformación —material y humana— del conjunto del Estado.

Pero era evidente que donde el presidente de la Generalitat, solemnemente y en nombre de Cataluña, tenía que expresar nuestra idea de España y el papel y el proyecto de Cataluña y también nuestro compromiso, era en Castilla. En Castilla y en León. Por peso político y demográfico, pero sobre todo por historia, por valores y por ideología. En Madrid, por supuesto, pero también, y con especial énfasis, en Burgos —«La gran oportunidad de construir una España para todos»—, en León —«Hay que partir de la base de que España es una realidad plural»— o en Villalar de los Comuneros —«Queremos construir una España en libertad»—. O en la Universidad de Salamanca: «Un intento de hacer comprender el nacionalismo catalán». Y en tantos otros lugares. Y acabando en Madrid, con una larga conferencia, «Catalanes en España», que después, como otras, reproduzco íntegramente, pero que no está de más decir cómo acaba: «Quisiera haber ayudado a comprender que Cataluña es una realidad que viene de lejos, que se ha ido forjando gracias al esfuerzo de mucha gente, que se ha ido forjando a través de su propia interiorización, pero también a través de una confrontación dialéctica y de una colaboración con el resto de los pueblos de España. Esta realidad catalana es la que hoy aparece, o reaparece, y que no es un invento o un programa político. Es mucho más. Y este hecho aparece, o reaparece, animado de una gran ilusión. De la gran ilusión de ser catalán, y de poder ser constructiva y eficazmente español». Y acababa: «Quiero expresarles mi más profunda convicción de que en esta ocasión entre todos vamos a dar respuesta positiva al gran reto histórico que tenemos planteado».

Todos los temas que he ido comentando hasta aquí son de gran importancia. La democracia y su consolidación en España, la integración en Europa, la necesidad del diálogo, el equilibrio territorial y la solidaridad. Y las raíces intelectuales y morales de un proyecto de regeneración. No sólo personal. De un modo u otro, con variantes, de mucha más gente.

Pero todo ello se produce —como ya se ha dicho— arrancando de un primer compromiso. De un compromiso con Cataluña. Y Cataluña no es una entelequia. Es una gente. Y no es una isla. Ya he contado que hay —al menos, en mi caso— una correlación entre Cataluña, España y Europa.

III

Durante unos cuantos años desde la Generalitat, y desde CiU, trabajamos a fondo y esperanzados en la línea de consolidación institucional y política, cultural, económica y social de Cataluña, de progreso general español y de un mejor encaje entre Cataluña y España.

En todos esos ámbitos los años noventa fueron positivos. Pareció que validaban el acierto de nuestro planteamiento. Para Cataluña y para España. Que realmente todos habíamos entrado en un nuevo ciclo histórico positivo y que tendía en todos los terrenos a la armonía. También en el del encaje Cataluña-España. El ciclo de conferencias Ante un nuevo ciclo histórico, que pronuncié en Madrid y Sevilla en 1996, respondía a este estado de ánimo.

Pero fue un espejismo. Pocos años más tarde, ya al final de mi ciclo, en 2003, la conferencia que a modo de despedida política di en el Colegio de Abogados de Madrid —«Desde la Constitución hasta hoy»—, destila un desencanto todavía no definitivo, pero ya preocupante. Que rápidamente se confirmó y agravó. Mucho.

La trayectoria, o el itinerario de esa decepción, de esa sensación de peligro de fracaso y también de engaño, puede reseguirse bien a través de muchos testimonios, de la opinión que mucha gente ha expresado durante los últimos años. Acabo de decir, por ejemplo, que mi conferencia en Madrid de 2003 ya manifestaba preocupación. Pero es sobre todo a partir de 2007 cuando eso se vuelve más evidente.

Habían contribuido a ello dos hechos: las actuaciones y manifestaciones del final del último Gobierno del PP y la forma en la que se desarrolló la discusión del nuevo Estatuto de Cataluña. Cómo se desarrolló en el ámbito político y también en el de la opinión pública. Con las iniciativas de excitación de la catalanofobia de algunos, con la frivolidad, la incoherencia y la grave falta de responsabilidad de otros, con la falta de realismo y el exceso de tacticismo de terceros. Algunos de estos fallos también los cometieron algunos sectores catalanes. Y estuvieron presentes en todos los ámbitos: el político, el jurídico, el mediático… Y con fallo grave de las instituciones. Sobre todo del Tribunal Constitucional, pero no sólo. De hecho, en eso y en otros temas se evidencia que toda la estructura del Estado estaba enferma.

Todo ello, en un crescendo acelerado, que explico a través de mi experiencia personal. Personal, pero que refleja la evolución del clima general. Todavía más: en más de un aspecto va detrás. Creo que lo explico bien, y en un tono de decepción difícilmente recuperable, en un artículo del 24 de marzo de 2009, titulado «El malogro». Decía: «La crisis actual española y catalana no es sólo una crisis económica clásica, o una crisis política pasajera, sino algo mucho más de fondo. Es incluso una crisis que pone en cuestión asuntos básicos de convivencia y reglas de juego elementales. No es una crisis más, no es una crisis cualquiera. Es una crisis de proyecto en común, una crisis de valores compartidos. Es una crisis de gran profundidad». Un artículo realmente muy crítico, poco esperanzado y muy acusador. También contra algunos aspectos de la política catalana.

Pero el paso hacia la rectificación, señalaba, si acaso tendrá que darlo España. Decía: «Cataluña durante años ya se ha arriesgado mucho, ya ha dado mucho (no sólo económicamente), ya ha ido muy por delante, ya ha asumido muchas y muy serias responsabilidades. Ya le cansa ser la munición del cainismo español».

Hablaba de «malogro». Y el malogro no es un defecto pequeño. El malogro significa que el producto está mal hecho, de arriba abajo. Se dice: «El sastre ha malogrado el vestido. No puede arreglarse. Hay que hacerlo de nuevo».

Por eso tuvo mucho sentido que semanas más tarde hablara de «El fracaso de Espriu», que empezaba así: «O tal vez habría que decir el fracaso de La pell de brau. O el fracaso de Sefarad. O simplemente el fracaso de Cataluña».

Ya se ve muy claramente que la relación va volviéndose cada vez más difícil. Que va de capa caída. Y en Cataluña gana fuerza día a día la idea de que de España no podemos esperar mucho. O nada. Eso lo resumía yo mismo en un artículo del 31 de marzo de 2009. Es decir, en un momento en el que en teoría CiU y la Generalitat podían sacar provecho de la situación de minoría parlamentaria del Gobierno del PSOE. Decía: «Con la situación política y parlamentaria actual, sin mayoría parlamentaria y con una crisis económica creciente, a menudo puedes encontrarte con alguien que te dice: “Ahora los catalanes podréis vender cara la piel”. A nuestro parecer, la respuesta debería ser: “No vendemos nada. Nos hemos retirado de este mercado, porque no es un mercado serio. Porque las palabras no se cumplen. Y las balanzas no están equilibradas. Los pesos no son correctos. Las letras a plazos no se pagan. Cuando el mercado vuelva a ser serio y correcto, ya nos avisarán”». Y realmente la ocasión en la que meses después CiU volvió a entrar en el mercado parlamentario fue para hacer un gran acto de responsabilidad, sin negociar nada, sin pedir nada. En realidad, no volviendo a entrar en el mercado. Sin comprar ni vender. Simplemente haciendo un acto de responsabilidad.

Fue en el mes de mayo de 2010, cuando el presidente del Gobierno español del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, amenazado por una inmediata intervención de España a la griega, salvó la propuesta de reformas (impuestas por Berlín, Bruselas, Nueva York, Washington, Fráncfort, etcétera) gracias a la intervención de CiU. Decisiva. Y con el voto en contra irresponsable y suicida del propio PP, en la oposición.

Pero entonces —marzo de 2010— no estábamos aún al final de la caída. Decíamos: «Nos amenaza todavía otro peligro: la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto».

Y efectivamente la sentencia fue demoledora. Lo fue en el tema competencial, en el de la financiación y en el identitario (sobre todo abriendo la puerta a un fuerte ataque político y judicial contra el uso del catalán, empezando por la inmersión). Una sentencia peor de lo que podíamos temer. Y, de hecho, hay un antes y un después de la sentencia.

De acuerdo con el espíritu de la Transición y de 1978, aunque rebajado ya en los últimos años, pero vigente todavía en parte, desde Cataluña se había mantenido la idea y la esperanza de que era posible una interpretación positiva de la Constitución desde una perspectiva catalana. Ahora ya no. Ahora desde Cataluña puede decirse que ya no tenemos Constitución.

A punto de celebrarse el día de la Constitución del año 2011, con las elecciones ya celebradas, José Bono, todavía ejerciendo como presidente del Congreso, le dijo a un diputado catalán, de CiU: «Supongo que nos veremos pasado mañana en la celebración del Día de la Constitución, como cada año». Y la respuesta fue: «No, ya no vendré más a celebrar la Constitución. Después de la sentencia del Tribunal Constitucional, nosotros no tenemos Constitución». Y así es. Realmente la versión que ha quedado de la Constitución y de la autonomía en general, y muy especialmente la catalana, queda tremendamente menguada. Como decíamos, una sentencia demoledora.

Y la interpretación que va haciéndose de ella, y su aplicación, lo confirman.

No debería sorprenderle a nadie que, siendo así, cada vez más catalanes hayan dejado de tener fe y confianza en España. Y que gente que durante décadas hemos practicado una política desde el catalanismo o nacionalismo catalán que con toda propiedad podía calificarse de españolista hayamos tenido que modificar muy a fondo nuestra postura.

Aquí acaba, de momento, la historia de un camino. Pero, en definitiva, todo es demasiado desgarrador, incluso personal y colectivamente demasiado dramático para hacer de ello un relato superficial. Por eso he hecho un largo recorrido, desde los orígenes. Desde los fundamentos. Desde mis dieciséis o diecisiete años hasta hoy. Desde el momento álgido del franquismo, cuando era muy poco lo que podía hacerse políticamente, cuando no era preciso quedar bien con nadie. Tiempo de intimidad, pero también de sinceridad y de sentimiento. Porque un recorrido tan largo podrá ser la historia o no de un éxito, pero necesariamente tiene que ser una historia auténtica desde el comienzo de todo. Y sólo así puede calibrarse toda la magnitud del error, el engaño o la decepción.

Es por mi denuncia, ya de joven, de la situación económica y social de gran parte de España y de sus consecuencias humanas, por el tono angustiado con que lo había hecho y por la acción política, económica y de sensibilización que desde entonces he hecho siempre —y realmente ha hecho Cataluña—, por lo que el cinismo de «la solidaridad sólo hay que practicarla con los bienes ajenos», dicho y practicado en los más altos niveles y en todos los ámbitos, me indigna. Y la reaparición del rechazo y el menosprecio hacia lo que somos. Y la ya nada disimulada voluntad de «acabar de una vez con esta anomalía». Todo ello provoca cada vez con más fuerza, en mucha gente de Cataluña, un sentimiento y una actitud que es mezcla de dignidad herida, percepción de ahogo económico con gran repercusión social y amenaza de la identidad.

Aquí termina, hasta hoy, la historia de una determinación, de un proyecto, de un camino. De un camino que tras una larga caminata ahora encontramos cortado por un muro. Volviendo a Espriu, debemos decir que es posible que al pueblo que camina por el desierto buscando un lugar de libertad, dignidad y plenitud de vida le haya llegado la hora de la decepción profunda, la que mata la esperanza. La hora en la que «quan despertaràs, la rialla als llavis se t’estroncarà» («cuando despiertes, la risa en los labios se te cortará»). La hora, también, del riesgo del abandono: «Em tornes mesell i em deixes podrintme en aquest femer» («Me conviertes en leproso y me dejas pudriéndome en este estercolero»). Pero también es posible que sea la hora en la que retumben con fuerza estos otros versos del poeta: «Escolta, Sepharad: els homes no poden ser si no són lliures. Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser si no som lliures. I cridi la veu de tot el poble: Amén» («Escucha, Sefarad: los hombres no pueden ser si no son libres. Que sepa Sefarad que nunca podremos ser si no somos libres. Y que grite la voz de todo el pueblo: Amén»).

Es decir, detenido por la gran roca, por el muro, que obstruye el camino, el pueblo que camina por el desierto puede rendirse o abandonarse a la somnolencia que provoca un gran cansancio y de la que ya no se despierta. O bien mantenerse abierto a la esperanza, responsable hacia los suyos y hacia su historia, que no pueden quedarse encogidos en un rincón del camino. Y abierto al espíritu de libertad individual y colectiva. Puede no olvidar que «los hombres no pueden ser si no son libres». Aunque sea cambiando de camino.

Todo ello configura un tiempo decididamente difícil, que no podemos afrontar sin renovación de nuestro pensamiento y sobre todo de nuestras actitudes. Y, a su vez, eso requiere una meditación sobre de dónde venimos. Sobre lo que hemos hecho. Sobre lo que hemos hecho bien y no tan bien.

Y una renovación de nuestros propósitos. Y eso no es posible sin una visión de futuro y sin apertura al mundo. Pero tampoco sin una reflexión acerca de nuestras raíces. Acerca de la motivación política y social e intelectual, pero también —también— espiritual de lo que hemos estado haciendo durante las últimas décadas. Y también antes. Es decir, la tormenta ahora es muy fuerte y nuestros árboles sólo resistirán si tienen raíces profundas.

Eso puede ayudar a entender que esta larga reflexión tenga en algunos momentos un tono poco habitual. No de pensamiento político o sociológico o económico. O, en todo caso, no sólo. Sino un tono extrañamente espiritual. Semirreligioso. En parte, es algo fruto de una época. De la época en la que Cataluña se afanaba por salir de la ruina y el desconcierto. En muchos terrenos. Y también Europa. Los nombres de los autores mencionados son prueba de ello.

Se habla de responsabilidad, de culpabilidad, de exigencia, de solidaridad. De pecado, religioso o social. En el ámbito individual y en el colectivo, como personas y como país. Cosas y conceptos poco frecuentes y poco comprensibles a estas alturas. Que suenan extraños.

Y que se remontan a muchos años. A hace sesenta años. Lejos. Pero las cosas no se entienden si no se conoce su origen.

Y, si no se entienden, resulta difícil emitir un juicio al respecto en la justa medida.

Por eso la primera parte de este relato arranca de muy lejos y muy de fondo. Pero hay una segunda razón. Y es que, como ya estamos en el punto donde una gran roca nos bloquea el camino y, por lo tanto, debemos tomar decisiones difíciles y graves —que para muchos significarán un cambio de ruta, sustancial y a veces traumático—, hay que dejar claros cuáles han sido desde el comienzo el propósito y la razón de ser de una acción y un pensamiento. No en el terreno individual —que también—, sino en el colectivo. Porque en la práctica esta acción y este pensamiento han sido en gran parte los de Cataluña.

Esta larga y en ocasiones un poco extensa explicación pretende dar a conocer decisiones y actuaciones, pero sobre todo motivaciones, algunas de las cuales son más morales que políticas.

Pretende dar grueso de autenticidad a todo un recorrido político y humano, desde una sinceridad un poco descarada. Una autenticidad que muchos, y Cataluña en su conjunto, necesitamos reivindicar en un momento en el que muy probablemente se precisará un cambio de ruta.

La roca que obstruye el camino no significa que el camino se haya terminado. Significa y reclama que se sortee o que se escale. Significa y reclama más esfuerzo, más riesgo, más capacidad de esperanza. Más voluntad de ser.

10 de julio de 2012,

segundo aniversario de la manifestación

contra la sentencia del Estatuto

Todo este primer escrito que sirve de prólogo está punteado de citas y referencias, algunas muy lejanas, que van definiendo lo que ha sido el camino. Pero, por su importancia, esta explicación requiere una abundante aportación de textos completos. No exhaustivos, pero lo bastante extensos y numerosos para dejar bien claros tanto la dirección y el sentido del camino como el proceso de bloqueo.

LOS DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES EN ESPAÑA

Conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, el 27 de abril de 1978

El título inicial de esta conferencia era forzosamente genérico —«Visión catalana sobre el desarrollo político, económico y social de España»—, puesto que tuve que darlo hace muchos meses. Pero de lo que realmente voy a hablarles es de «los desequilibrios territoriales en España». Lógico es, pues, que sea éste el título de mi parlamento de esta noche.

No les hablaré de este tema en términos técnicos debido a que mi objetivo no es presentar, bien alineados, los datos que ilustran el alto grado de desequilibrio territorial que hay en España, o repasar las políticas de desarrollo regional en los diversos países, sino invitarles a ustedes, a quienes han tenido la gentileza de venir aquí esta noche y en términos más generales a las fuerzas políticas y sociales españolas, a iniciar un diálogo profundo, un diálogo yendo a las raíces de este gran problema.

De este problema que Fernando Álvarez de Miranda, presidente de Congreso, calificó recientemente como «la cuestión posiblemente más polémica que deberán debatir las actuales Cortes», y creo que efectivamente es así. Los caminos para, en lo social —en lo que tradicionalmente venimos llamando lo social—, introducir más justicia y más participación son difíciles, pero se ven con cierta claridad. Creo que, en cambio, el tema de los desequilibrios territoriales lleva una enorme carga, por así decirlo, virgen. Es un tema real, muy real, dramático, objetivamente dramático y además visceral y apasionado, mucho más visceral y apasionado que otros de corte e historia más clásicos. Y que por desgracia se trata a menudo con ligereza, demagógicamente, es decir, sin intentar reducir esta carga de pasión, de prejuicios, de parcialidad en uno u otro sentido.

Es por todo ello que en el fondo mi conferencia, como he dicho, no será más, quizá para decepción de algunos, que una invitación a los sectores políticos, sociales y económicos a los que llegue mi voz, así como a los diversos pueblos de España, a dialogar sobre esta cuestión y a hacerlo con ánimo de desembocar en algo práctico y positivo.

Por supuesto que voy a tratar el tema con algo más de detalle, o que por lo menos voy a enumerar algunos de sus aspectos. Y para agilizar mi exposición creo conveniente avanzarles el guión de lo que va a ser mi parlamento. En primer lugar, haré un breve esbozo del estado de esta cuestión en Europa y luego en España; me referiré a algunos aspectos económicos y fiscales; justificaré por qué los políticos catalanes, y más específicamente los más marcadamente nacionalistas, sentimos un especial interés por el tema y reclamamos una toma de posición efectiva y colectiva a nivel de Estado; hablaré de las autonomías, de lo que pueden dar de sí y de lo que no, en esta cuestión del subdesarrollo y finalmente, avanzándome al debate conjunto que reclamamos, presentaré algunas sugerencias a efectos de resolución del problema.

Es cierto que ha habido centenares de artículos, docenas de estudios y docenas de libros que se han dedicado a estudiar este tema. Es más, no es justo decir —como suele decirse— que no se ha hecho nada práctico en este terreno. Pero, ante este reto de construir las bases de una nueva convivencia entre los pueblos de España, ese problema sigue estando ahí, quizá un tanto agazapado todavía, tapado por tantas cuestiones inmediatas urgentes, tratado con actuaciones puntuales, parciales y locales, pero ahí, con una enorme carga de conciencia de injusticia y de frustración.

En resumen, pues, mi intervención va a consistir en esto, en decir: «Veamos si somos capaces de aclarar las cosas, de decir las cosas por su nombre, de entendernos».

EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN EUROPA

Creo que para ello es esencial no desdramatizar, por supuesto, porque no se puede desdramatizar algo que representa en ciertas zonas del país emigración, frustración, pérdida de posibilidades de todo orden, o que representa en otras congestión y tensiones de todo tipo. No desdramatizar, pero sí situar el problema en su contexto.

Luego contemplaré brevemente los datos que configuran la realidad del desequilibrio territorial español, o para decirlo en términos más hirientes, del subdesarrollo de extensas áreas del territorio español. Pero creo que será bueno que antes dejemos bien sentado que no es sólo en España donde se dan estos desequilibrios. No caigamos en ese error tan frecuente entre nosotros de pensar que sólo aquí las cosas no han ido como deberían, porque lo cierto es que ha habido una tendencia histórica de concentración y de desequilibrio económicos en España, pero también, entre otros países, en Italia, en Francia y en Inglaterra. Y concretando más, vale la pena recordar que, dentro de Italia, Lombardía tiene una renta per cápita tres veces mayor que la de la Basilicata y la de Calabria, y que la de la región parisina es más del doble de la del oeste francés. Son bien conocidos los fuertes desequilibrios que existen entre Escocia, Gales e incluso algunas regiones muy característicamente inglesas y el resto del país. Estos desequilibrios tienen en los países de la CEE las mismas características que en España: estructuras económicas y sociales atrasadas, con relación real de intercambio adversa, ausencia de equilibrio en el sistema productivo, lo que repercute globalmente en una pérdida porcentual de renta global, en emigración y en despoblación.

Por supuesto que esta situación ha provocado en todos estos países una acción con finalidad correctiva, pero los resultados, sin propiamente constituir fracasos, en conjunto han sido mediocres. No mediocres en el sentido de que no hayan facilitado un crecimiento importante en términos absolutos, que esto sí lo han hecho. Está claro que sin esta política correctiva la situación sería mucho peor, y los desequilibrios, mucho mayores. Pero sí ha habido fracaso en el sentido de no acortar las diferencias, de eliminar los desequilibrios y, por consiguiente, de borrar el agravio comparativo. Italia, por ejemplo, ha hecho un gran esfuerzo para atacar esta cuestión. En el terreno práctico, por supuesto, a través sobre todo del Svimez (Istituto per lo Sviluppo del Mezzogiorno) y de la Cassa del Mezzogiorno. Además, la base teórica de esta política era notable. La lectura de los trabajos de Romeo, de Saraceno, de Cusimano, de Coppola, de Carlo Livi, incluso de Gramsci, resulta cautivadora.

Pero el resultado, después de veintisiete años de Cassa del Mezzogiorno —veintisiete años que estuvieron precedidos de actuaciones importantes, como algunas de la época de Mussolini, e incluso de antes, de los primeros años del siglo—, después de veintisiete años de Cassa, el resultado es el que dice Tagliacarne: «Cualquiera que no haya visitado el Mezzogiorno hace veinticinco años se maravillará de los grandes progresos conseguidos, especialmente en lo referente a nivel de vida, a vivienda, a higiene, a carreteras, a medios de comunicación, a escolarización, a régimen de alimentación, incluso a consumo superfluo. Quien no lo acepte es que no quiere reconocer la realidad. Las estadísticas demuestran esta mejora que —hay que decirlo— es muy inferior a lo deseable, pero que es consistente e irrefutable. Lo que no se ha conseguido, en cambio, es la anulación de la distancia socioeconómica entre las dos Italias, pero ésta es otra cuestión».

Y algo parecido ha sucedido en Francia y en Gran Bretaña, donde se da la circunstancia, poco exaltante, de que, por ejemplo, el verdadero motor, últimamente, del desarrollo de Escocia, que finalmente ha conseguido despegar económicamente, no ha sido la legislación de Westminster durante los últimos veinte años, sino el petróleo del mar del Norte.

Cabría pensar que en los países comunistas estas actuaciones equilibradoras tienen más éxito. Debo confesar que no conozco suficientemente bien este aspecto de la cuestión. Algunos datos sí tengo, un tanto contradictorios, más comparables, curiosamente, desde el punto de vista de expansión geográfica del desarrollo al modelo norteamericano que al europeo. De todas formas, sea cual sea la efectividad soviética, no creo que nos sirva como modelo de referencia. En España estamos discutiendo si una empresa va a tener o no derecho a pasar un obrero o un ingeniero de la sección de fundición a la de forja, a no ser que se cuente con la aprobación de la sección sindical o del comité de empresa, mientras que en la Unión Soviética un buen día una plantilla puede enterarse de que la trasladan entera a seiscientos kilómetros de distancia, en nombre de la racionalidad, por supuesto. Es un mundo, el soviético, que no es el nuestro y que afortunadamente nadie, aquí, reclama.

Sí puedo decirles algo, en cambio, de una sociedad también comunista, pero más asimilable a nuestro mundo occidental, que es la yugoslava. Yugoslavia ha hecho un gran esfuerzo para combatir las diferencias de desarrollo en sus distintas repúblicas. La empujaba a ello su carácter federal y la intensidad de sus enfrentamientos nacionales. De ahí que funcione en Yugoslavia desde hace muchos años el llamado «fondo de créditos para el desarrollo acelerado de las repúblicas y de las provincias autónomas económicamente poco desarrolladas», al cual cada República —es decir, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Macedonia— debe contribuir con el 1,94 por ciento de su renta nacional. Es un porcentaje alto, pues Italia —que también ha hecho un esfuerzo notable— sólo dedica el 0,67 por ciento. Además, este fondo se creó para beneficio, exclusivamente, de Bosnia-Herzegovina, de Montenegro, de Macedonia y de la provincia de Kosovo. No dispongo de datos completos, pero sí sé que el resultado es, también aquí, insuficiente. Y lo es en la misma forma que en los países occidentales: se produce un crecimiento absoluto importante, pero no se eliminan las diferencias. Les daré datos ilustrativos de ello:

a) La evolución de la población —por repúblicas— durante el último período de que tengo datos (19681974), en que el conjunto del Estado incrementó su población en tres millones de habitantes, siguió siendo negativa para Bosnia-Herzegovina y Montenegro (−2,2 por ciento y −1,5 por ciento), es decir, para las repúblicas subdesarrolladas, y positiva para Serbia, Croacia y Eslovenia (2,6 por ciento, 2,2 por ciento y 1,7 por ciento). Macedonia rompe, en cambio, esta tónica, con un incremento fuerte, del 3,9 por ciento, pero ello es debido a cuestiones de tipo político. Ustedes saben que Bulgaria reivindica la actual Macedonia yugoslava. Ante esto, el Estado yugoslavo ha ayudado, por un lado, a reforzar la identidad macedonia, la conciencia del pueblo de Macedonia, y por otro, a elevar el nivel de vida a fin de hacer económicamente poco interesantes las ofertas búlgaras.

b) En Serbia, la provincia más pobre era en 1951 la de Kosovo y la más rica, la de Voivodina, aparte de la región de Belgrado. Esta clasificación sigue exactamente igual en 1976, pese a ser la provincia de Kosovo una de las beneficiarias del fondo antes mencionado.

c) Eslovenia, que es la más progresiva de las nacionalidades yugoslavas, tenía en 1974, sobre el total de 1.727.000 habitantes, unos 300.000 inmigrantes, todos ellos recientes y la mayoría de ellos bosnios y herzegovinos. Es decir, se da en Yugoslavia el mismo fenómeno que aquí de desplazamientos de población por motivos económicos.

Con todo esto no pretendo desanimar a nadie, y menos dar a entender que hay que resignarse, que hay que aceptar las cosas tal como están. No lo pretendo porque no es cierto y porque sería improcedente, sería impúdico, y sobre todo lo sería dicho por un representante de una de las zonas ricas del Estado. Pero sí pretendo reclamar que no se hable del tema con ligereza, a base de acusaciones gratuitas o de autosatisfacciones petulantes, sin autocrítica de todos —de las regiones ricas y de las pobres—, a base de frases huecas sacadas de un manual universitario. El tema es demasiado serio, grave y difícil para hacerlo así.

… y en España

Pero, una vez situado el problema en su contexto general, hablemos de cómo se da en España. Aquí el problema viene también de lejos, como en Italia, y el proceso de desarrollo que España ha vivido durante los últimos lustros no lo ha resuelto.

En realidad, España perdió en el siglo XIX la oportunidad de sentar las bases de una estructura económica armónica y equilibrada entre sus diversas nacionalidades y regiones. En vez de ello, se fue dibujando con precisión una situación de economía dual, tal como ha descrito don Nicolás Sánchez-Albornoz. Los estudios de Jordi Nadal y Josep Fontana sobre los procesos de industrialización en el siglo XIX en España y la formación de un mercado español nos muestran un sinfín de oportunidades truncadas en diversas regiones en las que acabaron predominando los antiguos esquemas del sistema productivo. En realidad, tan sólo Cataluña y Euskadi consiguieron un proceso de crecimiento autosostenido y se convirtieron en sociedades industriales desarrolladas. Andalucía, Galicia y el País Valenciano, que cuentan con experiencias extraordinariamente interesantes en cuanto a la puesta en marcha de procesos de industrialización, no llegaron a verlos cuajados en un proceso de desarrollo bien consolidado.

Es de un gran interés estudiar la historia económica de estas regiones —y por supuesto también las de Euskadi y el Principado de Cataluña—. Historia económica que no es sólo económica, por supuesto, sino también política, de estructuras sociales y, en último término, de actitudes colectivas. Y creo que esa historia debería ser conocida por cuantos deseen enfrentarse, constructivamente, a los desequilibrios territoriales. Entre otras cosas, porque evitaría ciertas acusaciones que a veces se lanzan alegremente. Sería una primera contribución a la seriedad con que debemos atacar el problema.

¿Por qué Andalucía, que empezó el siglo XIX siendo la región más rica de España y con perspectivas agrarias e industriales muy halagüeñas, acabó siendo una de las más pobres, al término de un proceso grave de desindustrialización? Málaga fue una punta de lanza del naciente desarrollo industrial español y Sevilla la seguía de cerca. A mediados de siglo, Málaga era en conjunto la segunda provincia industrial de España y Sevilla debía ser la quinta o la sexta, y contaban además con sólidos apoyos políticos en Madrid. ¿Qué pasó, pues? Es básico conocer la respuesta. Por eso tengo dicho a mis amigos andaluces, cuando me acerco a su tierra, que sí, que me interesa hablar con los políticos andaluces, pero menos que con los empresarios, y más que con los empresarios, me interesa hablar con los historiadores y con los buceadores de la realidad mental y social de Andalucía, con los estudiosos de la identidad andaluza, de los mecanismos colectivos andaluces. Porque los primeros —políticos y empresarios— tienen un techo, creado por condicionamientos económicos, por supuesto, pero también sociales, de mentalidad y de historia colectivas. Y lo mismo vale para el País Valenciano. ¿Por qué el País Valenciano, que hace cien años poseía todas las condiciones que en los países de Europa, y en España mismo, promovieron la revolución industrial y los convirtieron en sociedades económicas evolucionadas, por qué el País Valenciano no pasó hasta muy recientemente del estado de una agricultura rica, con un relativo bienestar, eso sí, pero sin alcanzar un verdadero desarrollo? En uno y otro caso, el andaluz y el valenciano, se trata de una constelación de factores en los que ahora no voy a entrar. El caso es que únicamente Cataluña y el País Vasco consiguieron realizar un auténtico despegue y crear una economía desarrollada, y ello fue así hasta que en la década de los cincuenta se produce, gracias a un fuerte apoyo político, que viene a reforzar el centralismo tradicional, la consolidación de Madrid como un área industrial muy importante y como una zona económica de excepcional privilegio. Luego se produce la positiva evolución, ya mencionada, del País Valenciano. El resto de las regiones y nacionalidades, aunque participan en el proceso de crecimiento económico de los sesenta y de los primeros setenta, no consiguen disminuir sustancialmente las distancias, lo cual consolida el clásico esquema de la economía dual.

No voy a cansarles explicándoles la magnitud de los desequilibrios territoriales en España. A título de recordatorio les diré sólo que, de 1966 a 1976, en un período en que España ganó más de 3,5 millones de habitantes, Extremadura, León y Castilla la Vieja perdieron el 11,1 por ciento, el 7,2 por ciento y el 0,6 por ciento de su población, y que, por el contrario, Cataluña, el País Valenciano, Euskadi y Castilla la Nueva (y ya saben que en este sentido Castilla la Nueva quiere decir en gran parte Madrid, y que este dato positivo encubre a su vez otro regresivo) crecieron, respectivamente, un 21 por ciento, un 18,7 por ciento, un 18,5 por ciento y un 18,2 por ciento. En cambio, los ingresos per cápita regionales aportan cierta esperanza en favor de un reequilibrio regional, pero en realidad es un dato engañoso, fruto de la pérdida de población de las regiones pobres. Y en efecto, si analizamos la evolución porcentual de los ingresos totales, vemos que las diferencias no disminuyen. Otros datos confirmarían este cuadro, pero la situación es sobradamente conocida para que dediquemos tiempo a su descripción pormenorizada.

Lo cierto es que Cataluña, el País Vasco, Madrid, también en menor grado el País Valenciano y las Baleares crecen a un ritmo fuerte, mientras que Andalucía, Extremadura, muchas provincias castellano-leonesas —algunas de ellas, por cierto, muy castigadas y olvidadas—, Galicia y en menor grado Canarias pierden posiciones relativas constantemente y viven, varias de ellas, el drama de la emigración. Lo cierto es también —y éste es un dato del cual se suele hablar poco— que este proceso ha concentrado en las zonas desarrolladas enormes déficits sociales, que han dañado el tono y el nivel de toda la vida colectiva, y en especial la de los propios inmigrantes. Recuerdo esto, porque la gran batalla que a través de la Administración pública y a través de los Gobiernos autónomos vamos a tener que librar en los próximos años es doble, no en una sola dirección, sino un tanto contradictoria: reducir los desequilibrios territoriales, mejorando la posición de las zonas menos desarrolladas, y además dotar a todo el país, y especialmente a sus capas populares, de unos niveles aceptables, en calidad y cantidad, de equipamientos e infraestructuras sociales. Repito: son dos expectativas del pueblo español, ambas justas, ambas germen de riesgos graves si no se atienden, pero un tanto contradictorias, porque la primera comporta invertir más en las zonas menos desarrolladas y la segunda, hacerlo en las más desarrolladas y de incremento de población más reciente. Personalmente pienso, y mi partido piensa, que hay solución para esta aparente contradicción —solución posibilista y gradualista, por supuesto, no teóricamente brillante, pero sí positiva—. Pero he querido referirme a ella para salir al paso nuevamente de las fáciles alegrías de quienes piensan, o por lo menos dicen o hacen creer, que ahora van a resolverse rápidamente, como por encanto, los déficits escolares y sanitarios de los catalanes, y de los andaluces, manchegos y gallegos de L’Hospitalet de Llobregat —de los andaluces, manchegos y gallegos de L’Hospitalet de Llobregat que a todos los efectos nosotros vemos como catalanes, no como forasteros—, o de los andaluces, manchegos y gallegos de Eibar o de Madrid. Y de quienes piensan, o por lo menos dicen o hacen creer —que a menudo son los mismos—, que también a partir de ahora va a poderse impulsar poderosa y espectacularmente el desarrollo andaluz, manchego y gallego gracias a un formidable apoyo económico del Estado.

La reforma fiscal apunta, entre otras cosas, a hacer posible este doble esfuerzo, que no será ni fácil ni de efectos inmediatos, y ello me obliga a hacer un nuevo llamamiento a la discusión serena, honesta y no falaz, que es en último término el objetivo principal de esta conferencia.

ASPECTOS ECONÓMICOS Y FISCALES

Esto nos lleva a referirnos, más para dejarla apuntada que con ánimo de resolverla, a la eterna discusión acerca de la relación deficitaria de las zonas más desarrolladas con respecto a la Administración central. Concretamente Cataluña y el País Vasco presentan déficits acusados en el saldo de los flujos financieros con el resto del Estado. En el caso de Cataluña, de cada cien pesetas que el Estado recauda allí, sólo son reinvertidas cuarenta en ella. En otros terrenos también el déficit es acusado. Por ejemplo, durante los últimos años el conjunto de la Seguridad Social ha tenido, respecto a Cataluña y respecto al País Vasco, un superávit acusado. Así, los últimos datos de que yo dispongo indican que la Seguridad Social ingresó en Cataluña el 22,4 por ciento del total estatal y gastó sólo el 16,8 por ciento, siendo estas cifras en el País Vasco del 8,6 por ciento y del 4,4 por ciento, respectivamente. Es decir, peores todavía.

Pero creo que faltaría a mi propósito de iniciar el debate sobre el subdesarrollo y la necesidad de darle solución, y de hacerlo en las condiciones más favorables posible, es decir, menos crispadas, menos polémicas posible, si ahora ahondara yo en este tema. Es un tema del cual hay que hablar con calma, con datos ciertos, científicamente, no de paso y por encima. Sé muy bien cuál sería la réplica a lo que he expuesto, la primera réplica, la segunda y la tercera que iban a hacerme. La de que una parte de los impuestos que los catalanes, los vascos y los madrileños pagamos en realidad antes los hemos recaudado, porque iban incluidos en los precios de nuestros productos manufacturados; la de que las cuotas de la Seguridad Social van también repercutidas en los precios; la de que muchas actividades industriales y comerciales gallegas o manchegas o andaluzas tienen su sede social, y por consiguiente su centro pagador de impuestos, fuera de sus zonas de actividad directa. Y ahí nos enzarzaríamos, pues es seguro que por lo menos de entrada no nos pondríamos plenamente de acuerdo.

Y yo acudiría a mis contrarréplicas, que las tengo, por supuesto, y diría que en último término Cataluña y el País Vasco consiguen el equilibrio de la balanza de pagos a través de un esfuerzo productivo, es decir, que recuperan a través del sector privado lo que pierden a través del público. Y que el hándicap de tener muchas sedes sociales fuera del territorio, en Madrid básicamente, también se da en Cataluña. Además, el tema se complicaría con otros elementos, uno de ellos precisamente el papel de Madrid. No de Madrid en tanto que capital administrativa, más o menos centralista —más bien, hasta ahora, más que menos—, sino de Madrid en tanto que polo desarrollado y en tanto que centro de recaudación y de inversión. Datos como, por ejemplo, entre otros muchos, que en Madrid la Administración gasta el ciento dos por ciento e incluso más —no el cuarenta por ciento como en Cataluña— del total de la recaudación hecha por Hacienda en la provincia de Madrid, es decir, que como región desarrollada que es no participa, más bien al contrario, en el proceso redistributivo por parte de las zonas más avanzadas a favor de las menos desarrolladas. El tema de Madrid presenta un elemento subsidiario de complejidad, que es el de los servicios centrales de la Administración del Estado. Constituye la réplica habitual a las críticas contra el trato de favor presupuestario que recibe Madrid, pero creo que, en lo fundamental, no las invalida. Pero, en cualquier caso, obliga a una discusión larga, profunda y bien documentada. Pero repito: todo esto nos llevaría muy lejos. Quede pues constancia, sólo, de que éstos son, entre otros, los temas a tratar y de que de este gran debate, serio y constructivo, debe salir definida una nueva política española de lucha contra los desequilibrios territoriales. Una política de la que no habrá que esperar, ni nadie deberá prometer, milagros, pero que debe y puede ser más eficaz, más coherente y políticamente mejor inspirada, que la seguida hasta ahora.

UNA COMISIÓN PARLAMENTARIA

Cabe que ustedes se estén preguntando cómo pensamos que debería orientarse este debate. La verdad es, lo digo sinceramente, que no estamos, ni yo ni mi partido, en condiciones de dar más respuesta que la de que lo principal es simplemente iniciar ese estudio conjunto y en serio. Es por eso por lo que anunciamos nuestro propósito de pedir a las Cortes que sea nombrada una comisión de estudio para que, en un plazo breve, de meses, proponga las líneas maestras de una nueva política de desarrollo global español. Puede que hasta después de la aprobación de la Constitución este tema no pueda tener traducciones institucionales precisas, y ello, entre otras razones, porque, a nuestro entender, lo que oficialmente hoy se llama la política regional —que, como pueden comprender, es un término que no goza de mi plena aprobación, dada mi condición de nacionalista catalán—, y que comprende no sólo las autonomías, sino este tema de la lucha contra el subdesarrollo, debería radicar en el Senado. Pero no sabemos todavía qué Senado vamos a tener, ni si va a ser capaz, por consiguiente, de asumir esta responsabilidad. En cualquier caso, doy por supuesto que deberá crearse una Caja de Compensación entre los diversos pueblos que componen España, pero después de la experiencia italiana dudamos que esta Caja deba ser autónoma, como es la Cassa del Mezzogiorno. Por ello pensamos que el Senado, como cámara de regiones y nacionalidades, y como expresión de la política global española —que de todas formas en lo referente a su definición debe compartir con el Congreso—, debería asumir una específica responsabilidad en este campo. Pero repito: no sabemos todavía si ello será posible.

VISIÓN DEL PROBLEMA DESDE CATALUÑA

Quisiera explicarles ahora por qué en Cataluña se siente un especial interés por esta problemática, y por qué nos consideramos llamados a desempeñar un papel importante en su intento de solución. Hay varias razones. Nosotros vivimos este problema directamente a través del hecho inmigratorio. Ante él cabe la postura de intentar beneficiarse de un aporte de mano de obra forastera, sin más. Pero, en los niveles de dirección de Cataluña, siempre ha habido la convicción de que este gran trasiego humano no es un hecho positivo y que, por supuesto, es injusto. En Cataluña, por su gran volumen, acaba teniendo un papel dislocador de toda la sociedad. En sus zonas de origen constituye un nuevo factor de empobrecimiento y de frustración que repercute negativamente en toda España. Y en términos generales, creemos que la existencia de una economía dual es una amenaza para todo el país. La consolidación democrática y, más simplemente, la convivencia y el progreso del país requieren, entre otras condiciones fundamentales, ésta, también fundamental: la de la eliminación, o por lo menos un alivio sustancial, del subdesarrollo.

No por muy citado vamos a silenciar el discurso de Francesc Cambó en 1911, pronunciado en Zaragoza, uno de cuyos párrafos sintetiza bien su pensamiento y el de Cataluña. Decía: «En un país no puede haber oasis. Si con toda su fuerza y vitalidad una región obtiene un gran progreso y no lo comparte con los demás, sólo lo goza precariamente, porque en definitiva lo ha de perder». Ni vamos a ignorar que pocas personas como el propio Cambó, en su libro Ocho meses en el Ministerio de Fomento, han defendido con criterios de tanta modernidad la necesidad de una política general de desarrollo. Ni a silenciar tampoco que el tema de la reforma agraria andaluza —como política de justicia y creación de riqueza— se convirtió durante la Segunda República en casi una obsesión para las izquierdas catalanistas. Ni a no recordar que uno de los argumentos utilizados por Jaume Carner, ministro de Hacienda en los Gobiernos de Manuel Azaña, en la defensa de su proyecto de reforma fiscal era, ya entonces, en 1932, también éste: la reforma agraria andaluza va a tener un coste que debemos pagar entre todos.

Hoy, como en la época de Cambó, o como cuando las izquierdas catalanistas ligaban su futuro político, y el de Cataluña, a un republicanismo que para ellos equivalía a la eliminación de los obstáculos tradicionales en el camino hacia la modernización y la europeización del Estado, hoy nosotros, los partidos nacionalistas catalanes, replanteamos el problema de siempre: nuestra libertad como pueblo, la libertad nacional de Cataluña, así como la definitiva estabilización dentro de unas coordenadas de progreso de la sociedad española, van ligadas al progreso general —y, por consiguiente, no sólo al de algunos islotes— y a la creación de una estructura moderna, justa y plural del Estado español. En todo ello deseamos colaborar.

Creo que este ánimo colaborador nos obliga a hacer una reflexión. Hay quien piensa, y dice, que esto se resolverá a base de que las zonas más ricas del Estado ayuden a las más pobres. Y llevan razón en ello. La Caja de Compensación, a la que tantos han aludido, y nosotros también, en último término es esto: las zonas ricas deben ayudar a través de ella a las menos desarrolladas. Pero también aquí es preciso medir bien las palabras, no caer en simplificaciones equívocas y no despertar fáciles y falsas ilusiones. Creo que, si se estudia bien la cuestión, se verá que en el terreno estrictamente económico Cataluña, por ejemplo, no podrá aportar cuantitativamente mucho más de lo que ya aporta. No vean en eso una toma de posición antisolidaria. Tengan la seguridad de que no es así. Pero, cuando la reinversión del Estado es ya sólo del cuarenta por ciento de lo que se recauda y cuando los déficits sociales y de infraestructura son tan acusados como son en Cataluña, es obligado reconocer que sería ilusorio contar con un incremento sustancial de la aportación económica catalana. La solución pasa por planteamientos más complejos, que comportan un notable incremento del ingreso fiscal, una política presupuestaria que tenga en cuenta este problema, por unas autonomías eficaces, por un estudio muy pormenorizado de las posibilidades de cada zona, por una acción de pedagogía y de mentalización adecuadas, por un estudio —también de la mejor manera, en el grado y en la forma de hacerlo—, de la redistribución territorial de la renta, incluyendo en este estudio a Madrid, que no puede seguir siendo una variable independiente ni invertir más de lo que recauda. Lo que no puede hacerse es decir, simplemente, sin más, que paguen los vascos, los catalanes, los madrileños, los valencianos.

Si planteamos el problema, es porque creemos poder ser de utilidad en este tema. El esfuerzo de realismo que he intentado hacer puede haberles hecho pensar que mi actitud era un tanto escéptica, pero no es el caso. A mi entender, estamos en condiciones de afrontar el problema. El sentido de solidaridad es ahora más agudo que nunca; la fiscalidad permitirá una política de apoyo, y a veces de intervención del Estado, más eficaz; a pesar de todo, se van consolidando nuevas zonas, nuevas manchas por así decirlo, de desarrollo económico y las autonomías proporcionarán unos instrumentos indispensables para una buena política regional.

Y de esto —de las autonomías regionales— quiero justamente hablarles.

LAS AUTONOMÍAS

En nuestra opinión, la llamada política regional, la política de promoción, de realización regional, no puede ser sólo una política de transferencias económicas. Las transferencias son únicamente uno de sus elementos, importante, por supuesto. Otro de estos elementos son las infraestructuras, que en parte pueden haber sido fruto de esas transferencias, pero no siempre ni totalmente. Y puestos a hablar de infraestructura, sobre todo lo que se precisa para una política regional es que haya país. Ésta es la principal infraestructura. Que no haya sólo carreteras o energía barata o menos analfabetos. Sobre todo es preciso que haya país, que no es lo mismo que el hecho de que haya carreteras, energía barata o escuelas. Las carreteras pueden servir para marcharse más aprisa; la energía barata, para encandilarse más, a través de la televisión, con el espejuelo de Madrid o de Barcelona; las escuelas, para aspirar a ser funcionario a seiscientos kilómetros de distancia. Y con la autonomía puede pasar lo mismo: puede ser un gran elemento de reconstrucción, o por el contrario un nuevo instrumento de política caciquil y oligárquica, o un simple punto de apoyo para que los partidos estatales conquisten, encaramándose en él, el poder en Madrid. Recientemente escribí que sobre las autonomías pendían algunos riesgos, entre ellos el de ser utilizadas por los grandes partidos estatales no como elementos de desarrollo de la colectividad autónoma o de consolidación de su identidad como pueblo, sino como simples plataformas de poder en Madrid. Otro riesgo es el de hacer creer que las autonomías van a resolver el problema del subdesarrollo, que van a ser un formidable motor de creación de riqueza, y todo ello dicho a veces con actitud agresiva hacia las zonas del Estado más desarrolladas. Yo debo recordar, a quien corresponda, que Cataluña y el País Vasco han creado su riqueza sin gozar de autonomía, en épocas en que en España mandaban Espartero y Narváez, Cánovas y Sagasta, Dato y Moret, y que sólo hemos tenido autonomía de 1932 a 1939, en una época, por otra parte, agitada y difícil. Si nosotros reclamamos la autonomía es, por supuesto, para llevar mejor nuestros asuntos, también los económicos, pero es sobre todo para poder seguir siendo catalanes. La riqueza no se crea sólo con autonomía: se crea con espíritu empresarial, se crea no sucumbiendo a la atracción —para los empresarios, los intelectuales o los políticos— de Madrid como objetivo máximo, se hace aprovechando todos los recursos de que se dispone, se hace creando la mentalidad y las condiciones sociales precisas para romper la rutina, para dar curso a las posibilidades creadoras que hay en el país, para no esperarlo todo de fuera.

ALGUNAS SUGERENCIAS

Les decía al principio que haría algunas sugerencias en la línea de la política contra el subdesarrollo que hay que definir. Pero entiendo que no sería útil entrar ahora en la enumeración de medidas concretas, porque tales medidas sólo tienen sentido en el marco de una política de conjunto. Ahora yo les podría presentar un cuadro de medidas de ayuda al llamado desarrollo regional que comprendiera subvenciones a la inversión, ayudas fiscales, préstamos, bonificaciones del interés, garantías del Estado, etcétera. Más concretamente, podría hablarles de medidas tales como la exención del impuesto sobre la renta, del de beneficios de sociedades y del cincuenta por ciento de los gastos de inversión, como se hace en Italia con las inversiones en el Mezzogiorno; o de la bonificación del tres por ciento de interés en los créditos destinados al Limburgo holandés; o de las llamadas primas de desarraigo que se conceden a las empresas que trasladan centros de trabajo de la región de París a otras zonas de Francia; etcétera. Y con éstas, y otras muchas, podría combinar un cuadro de medidas, o varios cuadros de medidas. Pero no se trata de esto, por lo menos esta noche. Porque las medidas concretas sólo tienen sentido en el marco de una política de conjunto, que no existe. De lo que se trata esta noche es de empezar a poner el tema en el primer plano de las preocupaciones colectivas, conjuntamente, con visión global del país, con visión de Estado y no de política clientelista. Y en esta línea lo único que voy a hacer es señalar, por mi parte, algunos puntos generales:

1. Está ante todo, y perdonen mi reiteración, la invitación a la discusión conjunta del tema por parte de todas las fuerzas parlamentarias, a través de contactos multilaterales que nos proponemos propulsar y a través de la constitución de una comisión especial en el Congreso.

2. El principio de solidaridad debe presidir esta política. Por consiguiente, creo —y en este mismo sentido se han expresado diversos partidos— que habrá que arbitrar una fórmula de compensación entre los diversos pueblos de España, se llame Caja de Compensación o Fondo Federal Equilibrador —expresión utilizada en un Congreso del PSOE— o Fondo de Ayuda al Desarrollo, que es la denominación que le dio el Congrés de Cultura Catalana celebrado en Cataluña por iniciativa de la sociedad civil. Y aquí es obligado hacer un inciso significativo. El reciente Congrés de Cultura Catalana agrupó al nacionalismo intelectual catalán, y precisamente este congreso asumió, con propuestas concretas, la voluntad de contribuir a erradicar el subdesarrollo en España. Creo que es un hecho muy ilustrativo.

3. Debería haber un órgano que asumiera la responsabilidad de aplicar esta política de desarrollo general. He sugerido antes que, según cuál sea su configuración definitiva, el Senado, concebido como cámara de regiones y nacionalidades, podría ejercer esta función. Función, repito, de aplicación, puesto que en ningún caso el Congreso podría desentenderse de la definición de esta política, conjuntamente con el Senado, pues, si bien es cierto que se trata de corregir los desequilibrios territoriales, también lo es que ello hay que hacerlo en el marco del interés y del progreso global del país.

4. Entiendo que el desarrollo debe ser lo más armónico posible y que en muchos casos deberá tener un componente agrícola importante. Luego pondré un ejemplo ilustrativo sobre el particular. Pero creo que generalmente el desarrollo agrícola solo no va a ser suficiente. Parece bastante demostrado que, para conseguir unos niveles económicos superiores, es preciso completar el desarrollo agrícola con un cierto grado de desarrollo industrial. Y ahí creo oportuno advertir que todo proceso industrializador comporta ventajas, pero también inconvenientes. Porque se tiende a menudo a reclamar industrias no polucionantes, que no afeen el paisaje, ni el ambiente, que sean de tecnología avanzada, que sean de tamaño medio para evitar según qué impacto en las estructuras del país, que no dependan de multinacionales, etcétera. No se trata, por supuesto, de desplazar a las regiones necesitadas de desarrollo las industrias que otras zonas rechazan, pero se trata de aceptar lo bueno y lo malo de la industrialización. Como decía recientemente un economista gallego, «no debe caerse en la tentación, infantil por demás, de rechazar industrias no del todo malas, alegando que queremos otras mejores. El proceso de desarrollo económico requiere pragmatismo. Toda nueva industria que quiera instalarse en Galicia debe evaluarse globalmente, en base a la técnica del análisis coste-beneficio, contemplando no sólo los inconvenientes, sino también las ventajas».

5. Todo ello requerirá, como componente del esfuerzo solidario al que tantas veces me he referido, una intervención preferente de los grandes instrumentos de política económica del Estado, y pienso especialmente en el Instituto Nacional de Industria, el INI.

6. Pero todo esto —Caja de Compensación, INI, etcétera— resultará inútil sin la debida movilización de las energías locales.

A veces no se puede salir de un estado de subdesarrollo sin ayuda exterior, pero nunca se puede salir de él sin el propio esfuerzo. Por ello voy a hablar de cuatro elementos de esfuerzo propio, que considero capitales.

1. La autonomía. Ustedes saben que yo no creo en el carácter milagroso de la autonomía. Pero, si bien es cierto que la autonomía no comporta necesariamente desarrollo, a partir de ahora, tal como se orientan las cosas en España, no podrá existir desarrollo sin autonomía. La autonomía no basta, pero es un elemento indispensable del desarrollo. Ahora bien, debe ser una autonomía en serio, y el riesgo de que no sea una autonomía de verdad no radica sólo, ni quizá a veces principalmente, en el regateo de Madrid. Radica a veces en fallos, en endebleces, en incoherencias de quienes aspiran, de quienes aspiramos, a la autonomía. La autonomía es ante todo un instrumento para dar consistencia y fuerza a lo que se es, para construir la propia identidad, la propia realidad colectiva. Y para, a través de ese ser más, merecer el respeto de todos y trabajar mejor, hacer rendir más las propias posibilidades.

2. Los instrumentos financieros. Muchas regiones y nacionalidades no pueden hablar de bancos propios, pero sí de cajas de ahorros, las cuales, a mi entender, deberían reforzar e institucionalizar mejor, a través de las federaciones regionales, su relación y colaboración en el ámbito de la región o de la nacionalidad. Las cajas deben ser un gran instrumento de desarrollo regional.

Y puesto que subrayo este punto, quizá sea obligado decir que con esto no me refiero a las recientes decisiones, de algunas cajas, de negarse a financiar obras públicas en Cataluña o en el País Vasco, que temo mucho que obedezcan a reacciones de esas que justamente queremos evitar —parciales, a veces resentidas— más que a reacciones constructivas. Reacciones comprensibles quizá, pero que tienen su paralelismo en las de los catalanes, que también los hay, que dicen que el Estado debe reinvertir en Cataluña el cien por cien de lo recaudado en nuestro país y no redistribuir. Son reacciones no solidarias. Pero, al margen de esto, es cierto que la futura política global que propugnamos debe contar con un protagonismo muy preponderante de las cajas en el desarrollo de su propio territorio.

3. El aprovechamiento de los recursos disponibles, con realismo y sin gigantismos y sin esperarlo todo de la intervención oficial o foránea. Voy a poner un ejemplo de lo que quiero decir con esto. Recientemente he visitado una provincia de las llamadas poco desarrolladas, pero en la cual apunta en estos momentos una esperanza. Una esperanza que puede cambiarlo todo, y salvarlo todo. Me refiero a Almería, donde se está produciendo el milagro de la conjunción del sol, del agua y de la técnica, y de la renovada esperanza de los hombres para crear una agricultura espléndida, rica como pocas. Y este ejemplo de Almería es ilustrativo y esperanzador. Ilustrativo de que se dan, a escala menor, «petróleos del mar del Norte». Quiero decir que los grandes milagros son excepcionales —es excepcional que se descubran, por ejemplo, grandes yacimientos de petróleo—, pero los pequeños milagros son bastante más frecuentes. El milagro del agua que siempre existió, bajo la tierra yerma, y que ahora puede extraerse. El milagro, incluso con agua escasa, de una irrigación, ahora posible, no por inundación, sino por goteo. El milagro, tan simple, de los invernaderos, de los kilómetros y kilómetros de cobertizos de plástico. El milagro de ser capaces de ir a buscar técnicos israelíes. Y el milagro —y a eso iba— de que en gran parte esto lo esté haciendo gente de Almería, y cuando no es de Almería, gente no especuladora, cultivadores y labradores de zonas más del norte que, tal como ya sucedió en Italia, desplazan sus cultivos hacia el sur. En todo caso, no son especuladores ni gente de las finanzas, gentes que invierten en Almería como quien compra valores canadienses. O son médicos y abogados de Almería, que invierten en su tierra en vez de hacerlo en la Bolsa. Esto es asumir la propia responsabilidad, rastrear en busca del pequeño milagro presente en tantas partes, pero que hay que saber descubrir y explotar. Esto es apurar las propias posibilidades, que a veces son mucho mayores de lo que en un principio pareció. Todo ello puede dar juego, a condición de que la gente tenga capacidad de iniciativa y confianza en sí misma.

4. La imperiosa necesidad de un empresariado autóctono eficaz. No hay desarrollo económico sin empresarios. En la Unión Soviética puede que sí lo haya, pero en las democracias europeas —y ahí pueden ustedes escoger los ejemplos más progresistas: Suecia, Gran Bretaña, el país que quieran—, no hay desarrollo económico sin empresarios.

En Andalucía, en Aragón, en Galicia, por supuesto en Cataluña, no hay, no habrá, desarrollo económico sin empresarios. Me permito decir a los partidos de izquierda que no pueden seguir zahiriendo al empresariado gratuitamente y al propio tiempo reclamar que la economía del país funcione bien. Se puede reclamar una reforma fiscal avanzada, una ley sindical como la de los países más progresistas de Europa, intervención del Estado en determinados asuntos, pero no se puede ir a la destrucción de la iniciativa empresarial. Como decía un especialista italiano en cuestiones de subdesarrollo, hablando concretamente del Mezzogiorno, sigue existiendo la necesidad de hombres capaces de asumir responsabilidades globales y papel de líderes, y éstos en el campo económico son los empresarios.

NECESIDAD DE DIRIGENTES AUTÓCTONOS

Todo esto —las cajas, las autonomías, etcétera— tiene un punto común, que es la necesidad de un estamento dirigente amplio y de calidad en todos y cada uno de los pueblos de España. Un estamento de dirigentes económicos, empresariales, obreros, de la industria y del campo, políticos, intelectuales. Y ello requiere no tener como meta, en lo personal, triunfar fundamentalmente en Madrid. Por supuesto que hay que ir a Madrid a tratar con la Administración, a discutir los problemas a escala estatal, a ser, si es preciso, diputado, o subsecretario, o ministro. Pero no hay que hacer de ese ir a Madrid y de ese triunfar en Madrid la meta de nuestra vida. Es frecuente criticar, a menudo con razón, el absentismo de los propietarios agrarios. Pero ¿y el de los financieros?, ¿y el de muchos intelectuales?, ¿y el de muchos profesores?, ¿y, quizá, el de los políticos?

Les decía que hay una constelación de hechos que explican el fracaso —muy evidente en un caso, relativo en el otro— del desarrollo en Andalucía y en el País Valenciano. Pero en ambas constelaciones hay un dato constante, que es el absentismo de los sectores dirigentes, más concretamente la fuga hacia Madrid.

Se me ha dicho en épocas pasadas, cuando yo trabajaba, con otros, en el campo económico, que debía abandonar el horizonte catalán e instalarme en Madrid. Si desde Cataluña, me decían, con una base que en nuestro caso inicialmente era muy reducida, si desde Cataluña, aunque sin dar la espalda a Madrid, hicimos una labor importante, qué no habríamos hecho si nos hubiéramos trasladado a Madrid y nos hubiéramos fundido en el establishment madrileño. Habríamos hecho más, quizá, pero seguro que no habríamos colaborado al desarrollo catalán.

Señoras y señores: quisiera que mis últimas palabras sirvieran para llevar a su ánimo mi íntima convicción de que estamos en un momento favorable para intentar dar solución a este problema, a este problema secular. Psicológicamente, históricamente, generacionalmente, estamos en un momento favorable. Me complacería mucho poderles transmitir esta esperanza mía. Éste es un objetivo principal de mi intervención. Otro es decirles, con la convicción de interpretar un amplio sentimiento catalán, que Cataluña acepta, aspira a un protagonismo en este esfuerzo contra los desequilibrios territoriales. Aspira a aportar una colaboración importante, desde su perspectiva, por supuesto, que se basa en la exigencia de un planteamiento basado en la creación general de riqueza, y en su buen reparto, y en el criterio de solidaridad, de todos, no basado en el exabrupto, en la crítica fácil y electorera o en el resentimiento. Basada, insisto, en la creación de riqueza, en la creación de más riqueza y más difundida y mejor repartida, no en la destrucción de riqueza. Cataluña es un país pobre. Su riqueza es el resultado de un esfuerzo de generaciones, no de la posesión de materias primas, de la entrada de capital extranjero. Por esto tememos a los destructores de riqueza. Ni es tampoco, nuestro desarrollo, el resultado de una infraestructura generosa.

Cuando en 1801 el ilustrado Melchor Gaspar de Jovellanos va a su exilio de Mallorca, al pasar por Cataluña se asombra del pésimo estado de los caminos catalanes, quizá, dice, los peores de España. Y al propio tiempo queda admirado de la extensión y perfección de los cultivos. Ahora que se habla tanto, y con razón, de la necesidad de infraestructuras, vale la pena recordar este testimonio. Que ayudará, creo yo, a comprender el sentido profundo, antimaltusiano, optimista, de lo que quiero decirles: sobre todo hay que redistribuir, hay que imponer unas normas de justicia a escala de toda la geografía del Estado, pero también hay que crear. Hay que crear, en un marco de solidaridad, y hacer que todo el mundo pueda crear. Porque, en última instancia, los hombres y los pueblos se dignifican, y progresan, no a través de lo que reciben, sino de lo que crean.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA EN CASTILLA Y LEÓN

Entre el 26 y el 29 de noviembre de 1981, siendo presidente, realizo un primer viaje institucional a Castilla y León. Pronuncio discursos y conferencias en Burgos, Valladolid, Villalar de los Comuneros, León, Astorga y Salamanca. Una visita no coyuntural, sino realizada con el objetivo de explicar nuestro concepto del Estado y reiterar nuestro compromiso con la nueva etapa de la historia de España.

PARA AUMENTAR EL RECÍPROCO CONOCIMIENTO

Respuesta a la bienvenida del presidente José Manuel García-Verdugo, presidente del Consejo General de Castilla-León, en el Palacio de la Isla de Burgos, el 26 de noviembre de 1981

Es deseo de la Generalitat de Cataluña el esforzarse en tener la relación más estrecha posible con el conjunto de los pueblos de España y, además, también de las comunidades autónomas que se vayan configurando. Era nuestra intención iniciar este tipo de contactos ya la pasada primavera, lo que no se hizo por una serie de circunstancias que no vienen al caso, y pareció más adecuado su aplazamiento.

Los iniciamos hoy, y hemos querido empezarlos por Castilla y León con un objetivo, que no es el que generalmente se asigna a esta clase de contactos, lo que se acostumbra a llamar «estrechar lazos», sino que es con el deliberado propósito de aumentar el recíproco conocimiento que, por otra parte, nos es absolutamente necesario.

Sabemos por experiencia que el conocimiento directo de las personas, de las cosas y en este caso de las nacionalidades españolas es mucho mejor, fructífero y positivo, mucho más estimulante incluso, que los clisés que unos y otros tenemos. En otro aspecto —y éste es el motivo fundamental—, hemos iniciado el contacto por Castilla y León porque, justamente en este momento, vamos a intentar todos construir el Estado de las autonomías y, a través del mismo, dar la impresión de una manera de ser y de actuar que represente un avance en el planteamiento que hubo en el pasado y en el que todos nos sintamos a gusto; en el que todos tengamos cabida, con las culturas, con las realidades, con las lenguas existentes en España. Un planteamiento que, partiendo de establecer una España plural, nos permita auparnos hasta la conquista de un futuro brillante en todos los aspectos.

Desde Cataluña nos pareció que lo lógico era tener un contacto con una realidad, con una realidad permanente que tiene más duración que las propias generaciones y circunstancias políticas, que perdura a través de los siglos con aquella gran realidad que han sido y son España, Castilla y León. Es justamente el momento en que tenemos que contribuir a construir una España para siempre. Hemos sentido, desde nuestra propia concepción de España, la necesidad de ese diálogo, con esa realidad fundamental y vertebrada que ha sido Castilla y León.

Éste es el motivo, no otro, de nuestra presencia aquí. Es, por supuesto —al menos así lo deseamos—, el momento de entablar conversaciones y diálogos lo mismo en lo económico que en otros aspectos, tales como los de la juventud, dado el interés que la misma juventud tiene en ello; mas lo fundamental es establecer contacto —repito— con esta gran realidad que un día saltó del norte, de los montes de España, que cundió por toda la meseta, bajó por el Pisuerga, por el Arlanza, llegando al Arlanzón, que más tarde llegaba a los montes Carpetanos y que prosiguió difundiéndose más y más. Que se introdujo en toda Andalucía y que llegó a crear una de las grandes civilizaciones y culturas y una de las grandes lenguas.

A nosotros que, como sabéis, tenemos dentro de nuestros objetivos la defensa de nuestra lengua, desde el gran conjunto español e hispano, nos gusta de todas formas no sólo reconocer, sino expresar nuestra enorme admiración por esa gran gesta castellano-leonesa que ha permitido la construcción de una de las realidades culturales, lingüísticas y espirituales más importantes que existen.

Éste es el verdadero objetivo de nuestro viaje y visita, más allá de la coyuntura política; más allá de hechos accidentales. Más allá de todo, hay hechos trascendentales que permanecen, y son realidades importantes, sólidas, absolutamente fundamentadas, cimientos de nuestro país. Y es en esta línea en la que entramos en contacto con hechos tan perdurables, y por lo que, representando a la Generalitat de Cataluña, hemos venido hasta aquí.

Seguros estamos de que sabréis valorar, estimar y situar este contexto en su auténtica intención, esta nuestra visita de la que habréis de extraer consecuencias positivas, no solamente para un momento inmediato, sino para lo que debe interesarnos más: cuál es la construcción de esa España que deseamos.

Señor presidente, muchas gracias.

VOLUNTAD DE HACER UNA APORTACIÓN AL QUEHACER COMÚN

Palabras pronunciadas en la visita al Ayuntamiento de Burgos, el 26 de noviembre de 1981

En las palabras que he pronunciado en la sede del Consejo General de Castilla y León, he afirmado ya que este viaje responde a un deseo de fortalecer, de mejorar al máximo esta relación, este contacto entre las realidades históricas que han sido tan fundamentales en la historia de España y que, incluso a veces a través de ciertas confrontaciones, han sido tan eficaces en la construcción de esta realidad que es España. Me refiero a esta formidable realidad histórica, lingüística, cultural, en último término espiritual, que es Castilla y León; y a esta realidad nuestra, entrañable, muy identificada con su propio ser, con mucha voluntad de defender ese ser y al propio tiempo de hacer la contribución, la mejor contribución posible, al quehacer común español: esta realidad que es Cataluña.

Aquellas palabras, por supuesto, pueden ser repetidas exactamente y con especial razón aquí, en la sede del Ayuntamiento de Burgos. Porque, si importante ha sido Castilla, importante ha sido forzosamente Burgos, que fue —en tiempos lejanos, evidentemente— su capital, la capital del Reino de Castilla. Y lo ha sido después como región, por supuesto. Ya sé que ése es un terreno en el cual hay ciertas discusiones a veces —no hablo del futuro—; pero, en todo caso, sí ha sido una ciudad por antonomasia castellana. Una ciudad profundamente identificada, enraizada, en ese ser castellano al cual he expresado antes mi admiración.

Quería decirle, señor alcalde, que agradezco que en su discurso haya hecho usted referencia a algunas personas en quienes en realidad confluyen estos dos puntos de que usted hablaba. Me refiero, concretamente, a esta voluntad de conservar la propia identidad, en lo castellano y en lo catalán, y, al mismo tiempo, a esta voluntad de construcción de un país común.

Ha hablado el señor alcalde de Cambó, ha hablado de Gaudí, ha hablado de Verdaguer. Pocos nombres hay que puedan simbolizar tan bien lo político, en el caso de Cambó; y lo literario, lo lingüístico, lo espiritual, en el caso de Verdaguer. Verdaguer, que fue en realidad el gran restaurador de la lengua catalana y que, por otra parte, como complemento a esta voluntad de afirmación catalana, escogió como temas fundamentales de sus grandes obras —sobre todo L’Atlàntida — unos temas que, precisamente, eran aptos para hacer lo que podríamos llamar el canto a esta gran entidad con gran capacidad de proyección mundial, universal, que es España. O sea, en Verdaguer precisamente, se reúne este sentimiento profundamente popular y profundamente auténtico de lo catalán y, por otra parte, también, con toda su autenticidad, esta voluntad de hacer una aportación al quehacer común.

Y por lo que se refiere a Gaudí, se trata de un hombre profundamente arraigado en nuestro país, concretamente en Cataluña en este caso. Un hombre que, con sus obras, precisamente, ha sido quien ha dibujado en cierto sentido el propio perfil de la ciudad de Barcelona: las torres de la Sagrada Familia. Hombres más enraizados que éste en la realidad catalana pocos los hay y, sin embargo, fue un hombre que viajó por España, un hombre que trabajó en España, un hombre que dejó también en estas tierras de Castilla y León la señal de su genio y de su obra. Por lo tanto, yo le agradezco, señor alcalde, que usted me haya dedicado estas palabras que, pienso, concuerdan perfectamente, concuerdan plenamente, con lo que yo deseo que sea el espíritu de este viaje. No un viaje inspirado en la política, no un viaje inspirado —por así decirlo— en los hechos circunstanciales —que hoy cambian, que mañana serán de una forma distinta—, sino un viaje inspirado en el culto —y la palabra no es exagerada— de los valores permanentes. Los valores permanentes de Cataluña, los valores permanentes de Castilla y León, los valores permanentes de España.

Y nada más. Simplemente, expresarles mi profunda satisfacción por encontrarme aquí, en el Ayuntamiento de Burgos, capital de Castilla y León. Muchas gracias.

ESPAÑA LA HEMOS HECHO ENTRE TODOS

Discurso pronunciado durante el almuerzo ofrecido por el presidente de la Diputación de Valladolid en el Palacio de Fuensaldaña

Las palabras del señor presidente de la Diputación, así como la presencia nuestra aquí en Valladolid, concretamente en Fuensaldaña, me inspiran algunas reflexiones que, abusando de su amabilidad y de su paciencia, me gustaría transmitirles.

En primer lugar, la Generalitat ha pensado que era bueno que el proyecto de ir tomando contacto directamente con las diversas comunidades autónomas y con los diversos pueblos de España empezara precisamente por Castilla y León. Y concretamente, que era importante hacerlo así porque, en un momento en que vamos a intentar construir una España que en todos sus planteamientos políticos, sus planteamientos de estructura interna, sea algo permanente, sea algo duradero, nos parecía lógico e interesante que entráramos en contacto precisamente con aquello que en España es permanente; con aquello que no depende de la fugacidad de la política, que no depende de la fugacidad de la coyuntura, sino aquello que viene de muy lejos, de siglos atrás y que está preñado, por así decirlo, de calores que no son perecederos, por lo menos en la medida humana. Y es con esta construcción de España expresada en una frase de Julián Marías con la cual yo debo manifestar cierta disconformidad, y el señor presidente de la Diputación me va a permitir que así lo exprese. Porque, si España sólo la hubiese hecho Castilla, nosotros o incluso ustedes quedaríamos quizá en situación difícil para justificar nuestra presencia aquí. Pensamos que España la hemos hecho entre todos, y al decir esto quiero decir que también la ha hecho Cataluña con su cultura, con su lengua, con su propia concepción de lo que es y debe ser España.

Puestos a hacer esta construcción —que esperamos que sea realmente duradera—, hemos pensado que era bueno entrar en contacto con aquello que es permanente y con la que, históricamente y en la profundidad de las ideas fundamentales, es —ha sido y es— la interlocutora fundamental de cualquiera que quiera contribuir a esta construcción de España, que es Castilla y León, con su tradición histórica, con su tradición política, con su tradición cultural.

Ése es el motivo por el cual hemos venido, y ése es el motivo por el cual hoy, por ejemplo, hemos visitado Covarrubias. La hemos visitado ustedes saben perfectamente por qué: porque en Covarrubias yace enterrado Fernán González, es decir, el hombre que representa el punto de inicio de Castilla y el hombre que más contribuyó a dar forma política a Castilla.

Hemos estado en Santo Domingo de Silos porque Santo Domingo de Silos —no tanto, quizá, en el terreno estrictamente político, pero sí en el terreno cultural, en el terreno de las ideas, en el terreno también de la sensibilidad, en el terreno religioso, con la enorme importancia que el hecho religioso ha tenido siempre en la formación de los pueblos europeos y por supuesto también en la formación del pueblo castellano—, Santo Domingo de Silos, digo, ha sido obviamente un elemento absolutamente decisivo en esa conformación de Castilla y León, y en último término también de España.

Hemos venido igualmente a Fuensaldaña, que, como lo recordaba muy bien el señor presidente de la Diputación, tiene también en todo este devenir histórico su especial significado, respondiendo, repito, a estos planteamientos nuestros. Deseamos participar en esta construcción desde nuestra perspectiva, que en algunos aspectos puede que no sea totalmente coincidente con otras perspectivas, o incluso, en cierto sentido, con la de Castilla y León. Pero todos tenemos un mismo objetivo, y creemos nosotros —creo yo que sin petulancia— que tenemos la posibilidad de hacer unas aportaciones importantes a este quehacer.

Dicho esto —y puesto que estoy en Fuensaldaña y de hecho en la zona de Valladolid—, quisiera yo añadir otro aspecto que deseo tener presente en todo el curso de este viaje mío, que es el siguiente: no se trata de vivir sólo de la historia, no se trata de vivir del pasado, no se trata de vivir solamente de los hechos espirituales. Existen también los hechos materiales, los hechos económicos, los hechos sociales; existen las crisis económicas que vivimos, algunas coyunturales, sobre todo la gran crisis industrial, que ustedes, poco o mucho, me imagino, también conocen; existen grandes crisis que vienen de más lejos. El problema es ya de tipo estructural en lo económico y en lo social, y es un problema que también en esa nueva España debemos intentar superar.

Yo quiero, precisamente en esta zona de Valladolid —que ha representado en lo que es la Castilla moderna el núcleo que primero, antes que nadie, ha empujado en el sentido de dar contenido industrial, de dar mayor empuje, de dar mayor fuerza, mayor techo económico a Castilla—, yo quiero aquí recordar que debemos saber conjugar, por un lado, a Fernán González y, por otro lado, la superación de la crisis agraria, la superación de la crisis industrial, la superación de la crisis económica, la superación del paro, etc. Y también, por otra parte, todo aquello que hace que los hombres puedan vivir un poquitín mejor. Quiero expresar aquí, ante el propio presidente del Consejo General de Castilla, mi satisfacción —y no es que el presidente necesite ningún elogio mío, por supuesto— por un hecho que quizá alguien considerará muy nimio, pero que a mí me parece muy importante. Y es que, viniendo hacia acá, muchas veces me he interesado por una pequeña fábrica, por una construcción, por una obra pública, por un pueblo que parecía abandonado allí en lontananza. Yo iba haciendo preguntas: «Con aquello, ¿qué hacéis?, ¿qué pasa allí?, ¿qué se produce?». Y he notado que el presidente —y, repito, sería absolutamente absurdo, sería incluso incorrecto por mi parte que yo quisiera emitir un juicio sobre la actuación de nadie de ustedes, por supuesto, y mucho menos del presidente del Consejo General—, he notado, digo, que en las personas con quien he hablado, empezando por su propio presidente, los problemas —hoy por hoy tenemos que decir de Castilla, porque no he entrado todavía en León; pero, en fin, los problemas de Castilla y León— son conocidos con mucho detalle por esos hombres que tienen bajo su responsabilidad ese Consejo General de Castilla y León.

Eso es muy importante porque —y perdonen si me alargo un poco—, en ultimo término, la autonomía ¿qué es? Por supuesto, la autonomía sirve para defender la propia identidad; pero, por otro lado, sirve para estar más cerca de los problemas, para seguir los problemas muy de cerca, para estar muy encima de ellos. Porque, además, sepan una cosa: si estamos encima de los problemas, los resolveremos mejor. Una cantidad determinada de dinero sirve mucho más si, en el momento de gastarla, sabemos exactamente en qué la gastamos, con quién la gastamos, con quién nos jugamos aquellos dineros, por así decirlo, y no si lo resolvemos burocráticamente, muy lejanamente desde un despacho o desde donde sea.

Por lo tanto, a mí me gusta, precisamente en el castillo de Fuensaldaña, tan cerca de Valladolid, recordar que hoy hemos visitado la tumba de Fernán González, que hemos estado en esta especie de cuna de la espiritualidad de Castilla que es Santo Domingo de Silos, que hemos estado comentando incluso los pequeños detalles, incluso los pequeños problemas que hay en esta zona. Y que hoy estamos en un lugar que ha representado historia, que contiene historia —este castillo, por ejemplo—, pero que, además, también contiene una manifestación de una actitud moderna, de una actitud muy actual, de una voluntad muy actual de creación de riqueza.

Quería decirles, por otra parte, lo que por lo menos desde la perspectiva de la Generalitat entendemos que debe ser esa nuestra actuación autonómica. Les contaré un hecho que tiene cierta relación, precisamente, con una de las visitas que hemos efectuado hoy: la de Covarrubias. De la misma forma que Fernán González es el padre de Castilla y padre de la nacionalidad castellana, el padre de la nacionalidad catalana es Guifré el Pilós —Wifredo el Velloso para ustedes—, quien está enterrado concretamente en el monasterio de Ripoll. Está enterrado allí, pero lo está en malas condiciones. Tiempo atrás, su tumba fue, no diré profanada, pero por lo menos deteriorada seriamente. Pensé, cuando llegué a ser presidente de la Generalitat, que no era correcto que el Estatuto de Cataluña que, entre otras cosas, es un instrumento de defensa de la personalidad del pueblo catalán, no sirviera además para restaurar la tumba del fundador de ese pueblo catalán, de esa nacionalidad catalana. Y en eso estamos, y vamos a culminarlo muy pronto.

Pero al propio tiempo yo sabía que en Ripoll, la ciudad donde está el monasterio, hay una vieja aspiración —que no solamente es de Ripoll, sino de los pueblos que están sobre su misma línea—, que es conseguir el desvío de la carretera. Esta carretera pasa por medio de la ciudad —se trata de una ciudad de trece o catorce mil habitantes, muy angosta—, crea grandes problemas y es una cuestión que hace mucho tiempo que va arrastrándose y que nadie ha resuelto todavía. Entonces, yo di mis órdenes al Consejo Ejecutivo de la Generalitat —órdenes que espero que serán obedecidas y cumplidas—, y dije: «Vamos a hacer la restauración de la tumba del fundador Wifredo el Velloso que es, por así decirlo, la manifestación de nuestra voluntad de ser, la manifestación de nuestra voluntad de mantenernos fieles a nuestras raíces, la manifestación de nuestra voluntad de mantenernos fieles a nuestro espíritu. Pero vamos a procurar que lo podamos hacer, además, el mismo día en que podamos dar satisfacción a esa vieja aspiración muy cotidiana, muy diaria y muy prosaica —si ustedes quieren— que consiste en que la gente pueda circular con mucha más comodidad, incluso con muchos menos riesgos en ciertos aspectos». Es decir, combinar lo que es permanente y lo que nos viene de mil años atrás con lo que es muy cotidiano, muy inmediato; combinar lo que es realmente la manifestación de nuestro espíritu, del espíritu castellano, del espíritu catalán, con algo también, si ustedes quieren, muy prosaico, pero que, al final, no lo es tanto porque sirve para que la gente viva mejor. En último término, la política también tiene ese objetivo: conseguir que la gente viva mejor. Con ese ejemplo, intentar aunar lo que es permanente y lo que es muy inmediato, lo que es muy espiritual o lo que está en la base de nuestras identidades, pero al propio tiempo lo que es una reclamación muy legítima, pero, por así decirlo, muy material, de nuestras gentes, este intento de síntesis del pasado y del futuro, de lo espiritual y de lo material, pienso yo que debería informar nuestras actuaciones autonómicas.

Tengo la impresión, sinceramente, en mi breve y fugaz, por supuesto, contacto con Castilla y León, de que este espíritu existe aquí. Veo que hay, y lo celebro muchísimo, una voluntad de ahondar en el conocimiento de la propia personalidad. Y lo veo, por ejemplo, en las cosas que me contaba ayer el señor presidente; cosas menores —podrán pensar algunos—, pero que en realidad ayudan a reforzar este espíritu castellano de siempre, castellano y leonés. Lo que me contaban ayer me parece muy importante y estoy seguro de que a ustedes también se lo parece. Toda la política de recuperación de ciertos monumentos, por ejemplo, de darles vida otra vez, de que la gente no los vea como unas piezas arqueológicas, sino como algo de su presente y de su futuro, todo esto estoy viendo que ustedes lo hacen. Y me congratulo muchísimo de ello, porque tenemos necesidad de que esa capacidad de tomar decisiones sea una cosa generalizada en toda España, tanto en lo político como en lo económico. Porque, o todos vamos progresando, o, en último término, no nos servirá de nada que alguien avance más, si el resto del país no le sigue.

Por lo tanto, quiero manifestarles mi satisfacción y decirles lo mismo que decía ayer al finalizar mi discurso de respuesta al muy amable discurso que me dedicó el señor presidente del Consejo General; yo, sobre estas bases, tengo mucha fe en el futuro de Cataluña, tengo mucha fe en el futuro de Castilla y León y, además, tengo mucha fe en dos cosas: primera, en la necesidad de que todos tengamos la voluntad —y por supuesto nosotros, los catalanes, la tenemos— de hacer unas aportaciones realmente importantes en ciertos aspectos que creo que pueden ser determinantes en la construcción de esa España para todos y, por otra parte, tengo fe, simplemente, en España. Muchas gracias.

CONVIVENCIA, PROGRESO Y LIBERTAD

Palabras pronunciadas ante el Monolito de los Comuneros de Villalar, el 28 de noviembre de 1981

Me complace poderles dirigir unas palabras, y le he pedido al presidente García-Verdugo decirlas exactamente debajo del Monolito, porque para mí tiene un valor, incluso, sentimental. Como decía antes en el Ayuntamiento, todos de chicos hemos vivido y hemos bebido a través de nuestros manuales de historia estos hechos de Villalar. Nos han golpeado en nuestra imaginación y, por lo tanto, en cierto sentido, estoy aquí como recuperando un viejo recuerdo familiar.

Yo decía antes que, en la construcción de España, esta España nueva que estamos construyendo y que estoy seguro de que, pese a las dificultades, la sabremos construir, hay que tener en cuenta la convivencia de todos los pueblos que la componen; hay que tener en cuenta también la necesidad del progreso económico y social de todos estos pueblos, y hay que tener en cuenta, finalmente, esta exigencia de libertad que nos recuerda este monolito de Villalar.

Por lo tanto, bajo este triple planteamiento de convivencia de las lenguas y de las culturas, de progreso económico y social para todos, y de libertad; bajo este triple planteamiento, quiero yo enmarcar esta presencia mía en Villalar y quiero manifestar mi profunda satisfacción por estar aquí con ustedes.

Muchas gracias.

MOMENTO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS SECULARES

Palabras pronunciadas en la recepción ofrecida por el Ayuntamiento de Burgos, el 28 de noviembre de 1981

Creo que van a estar todos ustedes de acuerdo conmigo si digo que vivimos actualmente en España un momento especialmente importante, en ciertos aspectos exaltante; quiero decir, en un momento que por supuesto tiene sus dificultades y sus riesgos, pero que tiene también grandes posibilidades. Se nos ofrece la posibilidad, ahora, de resolver temas que durante muchos años han quedado sin resolver. Por ejemplo, el tema de nuestra convivencia; conseguir que realmente en España —como en la mayoría de los países de la Europa occidental— sea normal vivir en un régimen de libertad y en un régimen de democracia.

Se nos presenta también el reto de conseguir, de estimular, nuestro desarrollo económico; con todas sus secuelas —que debe tenerlas— de carácter social, es decir, de carácter de justicia. Desarrollo además generalizado, no localizado, equilibrador de todas las tierras del país. Se nos presenta igualmente una oportunidad que, a nuestro entender, es importante —y cuando digo a nuestro entender quiero decir desde el punto de vista de Cataluña—, que es la de conseguir un engarce eficiente, realmente operativo, entre España y Europa, que se ha producido, que se produjo durante los últimos siglos, para que pueda ser constructivamente, positivamente superado. Y se nos presenta, finalmente, la posibilidad de acercarnos al problema de la España plural, de la España que es el resultado —a través de un quehacer y de un devenir históricos— de la convivencia de diversos pueblos y nacionalidades —como dice la Constitución—, para que entre ellos no solamente se edifique esta construcción común que es España, esa realidad común que es España, sino que tengan cabida efectiva —con pleno respeto en sus realidades propias— todos los pueblos, todas las nacionalidades que la constituyen.

Por eso, les decía, vivimos un momento exaltante, un momento que no va a ser un vacío en la historia de España. No lo va a ser porque, o conseguimos triunfar —y yo creo, señor alcalde, que lo conseguiremos— y dar un paso adelante muy importante en la convivencia española y hacemos una España grande y una España para todos, o fracasamos. Y eso será muy grave, pero también tendrá un significado, también tendrá un sentido histórico. Ésa es, pues, nuestra gran responsabilidad, la responsabilidad que nos ha tocado vivir a nuestra generación. Y, decía antes, es exaltante esa responsabilidad precisamente por su importancia.

En este momento, precisamente, la Generalitat de Cataluña ha creído bueno fortalecer todo aquello que pudiera ser relación, pudiera ser mutuo contacto, con estos otros pueblos, con esas regiones, con esas nacionalidades de España que han contribuido, contribuyen y contribuirán al quehacer común. Dentro de este propósito nos ha parecido que era lógico, que era justo, que históricamente, además, era lo que tenía más sentido, que ese contacto se hiciera, en primer lugar, precisamente con Castilla y León. Es decir, con aquella realidad de tipo cultural, de tipo político, de tipo lingüístico e incluso de tipo ideológico —y al decir ideológico, quiero decir que tenía su propia concepción de España, concepción en la cual los catalanes no siempre hemos coincidido ni quizá coincidimos totalmente hoy—, con aquella realidad de país dentro de España que de forma más decisiva, de forma más determinante, ha contribuido a la constitución de España. Éste es el motivo de nuestra presencia. Y es que pensamos que, si un diálogo desde la perspectiva catalana, y pienso yo que también desde la perspectiva española, es especialmente importante, éste es el diálogo entre Castilla y León y Cataluña.

Y pienso que este diálogo es importante porque, dentro de este conjunto español, Cataluña, por su lengua, por su cultura, por su sentido de la historia, también tiene su propia idea de España, a nuestro entender no solamente compatible, sino absolutamente enriquecedora de la idea global actual de España. Una idea global que existe, y que nosotros hacemos nuestra. Pero, dentro de esto, nosotros constituimos, evidentemente —eso es absolutamente indiscutible—, una realidad bien definida. Por lo tanto, éste no es un diálogo cualquiera: es un diálogo que se establece entre interlocutores que le aportan elementos de tipo cultural, de tipo lingüístico, de tipo ideológico; elementos propios importantes.

Precisamente por eso hemos querido empezar —y perdonen la insistencia— nuestros contactos con los pueblos, las regiones y las nacionalidades de España a través de esta realidad que he dicho muchas veces —y voy a repetir aquí, no con ánimo de halago, sino porque es verdad— que no solamente ha sido capaz de realizar una obra importantísima dentro de la Península, sino que, además, ha sido capaz de proyectarse a través del tiempo. Es decir, creando en el campo literario, en el campo de las ideas, en el campo de la fe, en tantos campos, realidades que trascienden los siglos y que, además, son capaces de proyectarse a través de la geografía a todo el mundo, a todo el universo, creando unas realidades culturales, lingüísticas, unas realidades profundas, por así decirlo, de las más importantes que han existido.

Quería decirles, por otra parte, que lo que nos incita a la colaboración —más importante que cualquier otra cosa— con ustedes es esta vocación que ustedes tienen —y tenemos nosotros— de hacer más que de deshacer, de construir más que de destruir. Y quisiera hacer aquí una doble afirmación: por una parte, de españolidad, de voluntad de participar de forma creativa, de forma auténtica y muy positiva, muy constructiva, en el quehacer común español; y por otra parte, como hacemos siempre, esta afirmación de nuestra voluntad de ser españoles a través de esta realidad que es Cataluña; a través de nuestra catalanidad, a través de nuestros valores de lengua, de cultura, de conciencia histórica, y a través de un valor que entendemos que ha sido muy importante en lo que podríamos llamar la filosofía política catalana de siempre, que es el valor da la convivencia. El valor de la convivencia dentro de Cataluña entre todos los hombres y mujeres que en ella viven y en ella trabajan; el valor de la convivencia entre los diversos estamentos que hay en el país, y el valor de la convivencia en el conjunto de España.

Señor alcalde, señores presidentes, señoras y señores: quisiera terminar este breve parlamento con una expresión muy convencida, muy profunda, muy sincera, de la fe que tengo en que ese reto ante el cual estamos situados en estos años finales del siglo XX va a representar en lo político, en lo social y en lo económico, en lo de la presencia de España en el mundo y en lo de la estructura del Estado, unos años muy decisivos, y decisivos, además, en sentido positivo. Tengo la confianza, además, de que, humildemente, modestamente, este viaje mío y la recepción calurosa, la recepción comprensiva que todos ustedes me están ofreciendo va a ser una contribución a ese éxito; éxito del cual tenemos necesidad, porque no podemos fracasar. Si desperdiciáramos esta vez esa oportunidad histórica en lo político, en lo económico, en lo social y en lo que hace referencia a la estructura interna del Estado, nos enfrentaríamos con un futuro enormemente incierto. Pero, en todo caso, sepan —no es quizá el momento de razonarlo ahora— que el presidente de la Generalitat y, en general, toda Cataluña están plenamente identificados con esta ambición, con ese deseo, y que va a ser para ella un gran honor poder participar en su consecución juntamente con todos los pueblos de España.

UN INTENTO DE HACER COMPRENDER EL NACIONALISMO CATALÁN

Discurso pronunciado en la Universidad de Salamanca ante el rector Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, el 29 de noviembre de 1981

Decía usted hace un momento que deseaba pedir al presidente del Consejo General de Castilla y León y también a mí mismo, como presidente de la Generalitat, que tuviéramos muy en cuenta en todo momento el papel de la universidad. Y que, por lo tanto, procuráramos, dentro de las competencias que corresponden a las entidades autónomas, darle el apoyo debido. Tenga usted la seguridad de que ésta es una preocupación que el Gobierno de la Generalitat y yo, personalmente, tenemos.

Decía hace un momento en la visita que hemos hecho a la Universidad Pontificia que los problemas que tenemos planteados en el Estado español, a escala general o universal, son problemas de técnica, problemas políticos, problemas económicos, pero sobre todo son problemas de ideas. Si tuviéramos unos conocimientos precisos de la realidad y unos grandes intelectuales que nos guiaran —y digo esto en un momento de cierta crisis de valores intelectuales—, indudablemente seríamos más capaces de desempeñar nuestra tarea en España, por supuesto, y también fuera de ella.

Por lo tanto, quede usted tranquilo en el sentido de que esta preocupación la sentimos y de que procuraremos actuar de acuerdo con ella.

Ha hecho usted referencia al problema de la identificación de los pueblos. Efectivamente, debo decirle que mi objetivo fundamental no es un problema teórico, no es un problema económico, sino que es un problema de identidad colectiva. Puede que, si no fuera por esta cuestión, yo no anduviera metido en política. Y esto porque, por un lado, es preocupación mía personal, del Gobierno de la Generalitat y del pueblo de Cataluña, conseguir el reconocimiento claro y pleno de su personalidad colectiva. Una personalidad que, como usted sabe, se basa en unos hechos de historia, de lengua, de cultura y en unos hechos de conciencia histórica, con firme voluntad de conservarlos. Por otro lado, sabemos, y queremos que así sea, que la historia es ésa y el sentimiento también; que esta realidad nuestra que es Cataluña y que queremos defender está inserta —cordialmente— en una realidad que es España. Y hemos de encontrar, pues, la forma de combinar esta realidad de lengua, de cultura, de conciencia histórica, con esta otra realidad que es España. Éste es un objetivo fundamental de la política actual, es una de las exigencias principales que el país tiene planteadas y, por supuesto, es un objetivo absolutamente principal en mi ámbito personal.

Tenga usted la seguridad, Magnífico Señor Rector —y aquí volvemos al tema de la profundización a través de la capacidad de conducir nuestro trabajo universitario bien hecho—, de que no hay que temer lo que podríamos llamar esta política de afirmación como pueblo, esta política que quizá alguno de los presentes podría calificar, con cierto temor, de política nacionalista. No hay, pienso, que temerlo: yo soy un político nacionalista y sin embargo estoy aquí, a través de este viaje, intentando hacer comprender que mi nacionalismo, llevado de una forma en que pienso que debe y puede llevarse, no es incompatible con este quehacer común español al cual, en el transcurso de mi viaje, tantas veces he hecho referencia.

Porque pienso que una voluntad de afirmación hecha desde la superficialidad, desde el reflejo, desde la visceralidad, desde la frustración o desde el resentimiento puede efectivamente implicar los riesgos a que usted, Magnífico Señor Rector, hacía referencia. Pero esta misma política, hecha desde la profundización de las propias raíces, de la propia identidad, de lo que ha sido el pensamiento que ha inspirado durante siglos la actuación de una colectividad —en este caso, de Cataluña—, todo esto hecho desde la profundización del conocimiento histórico, no solamente desde el conocimiento superficial, epidérmico y —en el sentido peyorativo de la palabra— romántico; esta acción hecha con profundidad puede servir para unir, y unir de verdad, no por imposición, por coacción, por peso político, sino realmente por auténtica y profunda convicción. En esta tarea estamos, y esto es lo que intentamos hacer muy humildemente en este viaje, que trata de moverse en esta línea. No hemos ocultado nunca nuestra voluntad de ser catalanes, y todo esto implica la defensa lingüística y cultural. Por otra parte, hemos dicho muy claramente, y también lo decimos constantemente en Cataluña, que esto queremos hacerlo como una aportación nuestra a este quehacer multisecular común que es el quehacer español.

Tengo la pretensión de creer —y no me cansaré de decirlo— que quizá este viaje es una aportación en este sentido, es un paso adelante en esta dirección. Pero quisiera pedirles algo a ustedes, a la Universidad de Salamanca, que es una de las universidades con más prestigio en el mundo. Me he referido alguna vez, en el curso de este viaje, al hecho de que esta realidad que es Castilla y León es una realidad formidable precisamente por la capacidad que ha tenido de proyectarse en el tiempo y en el espacio. Ningún sitio, quizá, mejor que éste para recordar esta expansión directa e indirecta; ningún sitio mejor para repetirlo que esta Universidad de Salamanca.

Pues bien, a esta Universidad, como presidente de la Generalitat, tengo que hacerle una petición, y es que el evidentemente insuficiente conocimiento de la realidad de Cataluña y de su lengua y de su historia —una realidad compleja, inserta en España y bien diferenciada— sea subsanado. Y que, para combatir este déficit, se pueda contar con la colaboración plena, entusiasta y efectiva de la Universidad de Salamanca. Porque, si bien es cierto que puede haber en ese insuficiente conocimiento alguna responsabilidad nuestra —porque nunca las culpas y las razones están totalmente de un lado—, también debe de haber alguna responsabilidad en el sector propiamente castellano que compone España.

Quiero pedirle, Magnífico Señor Rector, que la Universidad de Salamanca haga, en este sentido, una aportación. Y aunque esto no depende solamente de ustedes, lo comprendo perfectamente, sí que podrían ustedes, Señor Rector, por ejemplo, crear en esta universidad una Cátedra de Lengua y Literatura Catalanas; una cátedra de conocimiento no sólo de la lengua y la literatura, sino de lo que es la realidad total. Y podrían organizar unos coloquios, unos contactos. Esto sería enormemente positivo, con la condición, por supuesto, de que ustedes nos permitieran expresarnos tal como somos. Yo soy —y quiero insistir en ello para que no quede ningún malentendido— un político nacionalista. Todo el mundo lo sabe, además. He querido decirlo aquí, y al mismo tiempo he querido decir que, cuando se profundiza en el nacionalismo, se encuentran, en realidad, las raíces comunes. Es decir, cuando se profundiza en el nacionalismo catalán, se encuentra la Crónica de Jaime I, a la cual hice referencia en el discurso que pronuncié en la sede del Consejo General de Castilla y León en Burgos, donde señalé que Jaime I comentaba, con motivo de su visita al papa en Aviñón y queriendo el rey hacer una Cruzada: «Hoy hemos defendido el honor de España». Inútilmente, por cierto, porque el papa no le hizo caso, pero esto es secundario. Lo importante es que dijo: «Hoy hemos defendido el honor de España».

Por lo tanto, es a partir de nuestra reflexión profundamente catalana como pensamos nuestra forma de ser española, que es tan válida como otra cualquiera y que, en realidad, puede y debe servir para el enriquecimiento mutuo. Desde esta perspectiva, pienso que sería bueno que ustedes, desde esta Universidad, pudieran fomentar —por supuesto también con toda autenticidad castellana y con la autenticidad de esta enorme riqueza que viene plasmada en este mapa— más diálogo, más conocimiento, más comprensión. A veces, quizá con un punto de conflictividad, pero en último término siempre eficaz. Porque, en último término, siempre nos encontraremos con un Jaime I que dirá esto que yo decía antes y que nos va a reconciliar en el mutuo respeto.

Quiero decir, Magnífico Señor Rector, que, en esta misma línea, nosotros, la Generalitat de Cataluña, vamos a organizar para antes de Navidad un coloquio, un encuentro entre intelectuales castellanos y catalanes, de representantes de la cultura castellana y de la cultura catalana. Es nuestro deseo que asistan a esta reunión personas como José Antonio Maravall, Antonio Tovar, Julián Marías, Pedro Laín Entralgo, José Luis López Aranguren… Personas del más alto nivel intelectual y muy altamente representativas de la cultura española, y más concretamente, de esta cultura castellana que es la que ha hecho, entre otras cosas, esta enorme y formidable expansión.

Nosotros, ahora, contribuiremos con nuestra propia gente y con nuestras propias instituciones e ideas a este diálogo. Y esto que vamos a hacer en Sitges dentro de pocas semanas, y estas mis palabras, son puntos modestos pero reales en esta línea de comunicación. Es tan importante esta ósmosis entre las personas, entre las ideas y entre las actividades, que todo lo que hagamos será poco, todo lo que hagamos será bueno.

Le agradezco, por lo tanto, muchísimo, Señor Rector, que me haya acogido. Le agradezco sus palabras. Y, sobre todo, le agradezco que, puesto que estoy seguro de que creen que es necesario, ustedes, la Universidad de Salamanca, vayan a aportar un mayor esfuerzo todavía a esta labor de comprensión entre todos los pueblos de España.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA EN MADRID

Finalizada la visita a Castilla y León, quise rubricar el sentido de mi viaje mediante un discurso en Madrid, con una doble intención de memoria histórica de proyecto común y de expresión solemne de una voluntad de presencia y colaboración de Cataluña con España.

CATALANES EN ESPAÑA

Discurso pronunciado en Madrid en noviembre de 1981

Señoras, señores: como ustedes saben, he vuelto hoy del viaje que he hecho a Castilla y León. Un viaje que no ha sido —y ha sido mi deseo que no fuese— un viaje coyuntural, sino, por el contrario, un viaje a unas páginas decisivas de la historia de España. Un viaje también, por supuesto, a la problemática de los desequilibrios territoriales españoles.

Y se da el caso de que, a la vuelta de este viaje, hecho, repito, con una voluntad no política —en lo que lo político pueda tener de fugaz y coyuntural—, sino más bien con una mentalidad histórica, con una voluntad de reencuentro y de profundización históricos, se da el caso de que justamente en este momento debo cumplir con un ya antiguo compromiso: el compromiso de pronunciar un discurso aquí, con motivo del trigésimo aniversario del Cercle Català de Madrid.

Voy a intentar seguir en esa línea no coyuntural, en esa línea de realidades permanentes y no de realidades fugaces. Acaba de haber cambios importantes en la política española y habrá más en los próximos días. Sería fácil, por lo tanto, caer en la tentación de hablar de ellos. Pero pienso que esto no es lo que hoy debo hacer. Por tanto, quizá para desilusión de algunos, voy a decirles que en todo el discurso no saldrá ni una sola vez el nombre, por ejemplo, del presidente Calvo-Sotelo, que no saldrá ni una vez el nombre del principal jefe de la oposición, Felipe González, o de Manuel Fraga. Voy a hacer un discurso, repito, sobre los hechos permanentes que durante años y durante siglos han configurado unas realidades que son las que en último término, más allá de las coyunturas, cuentan.

Por otra parte, deseo hacer esto porque yo les hablo hoy como presidente de la Generalitat. Es decir, hablo como un político que tiene como responsabilidad principal consolidar una línea —a veces quebrada— de autogobierno catalán. Que tiene también como responsabilidad principal alcanzar el respeto de la personalidad colectiva de Cataluña, así como su reforzamiento. Y que tiene también como responsabilidad principal conseguir que Cataluña sea, dentro de España, un elemento dinámico, un factor de progreso, de estabilidad, y por supuesto un apoyo incondicional a la democracia.

PARA MEJOR COMPRENDER

Estos son nuestros objetivos básicos y en función de ellos voy a hablarles. Voy a hablarles concretamente de lo que Cataluña es y de cómo ha llegado a ser, es decir, de qué manera se ha convertido en lo que es como personalidad, como personalidad definida y diferenciada dentro de España. Y lo voy a hacer dando un muy breve —un muy precipitado y quizá, por precipitado, confuso— repaso de los últimos trescientos años de la historia catalana. Porque pienso que ese repaso puede ayudar a superar ese punto de perplejidad que, a pesar de todo, se sigue notando fuera de Cataluña cuando nosotros o los amigos no catalanes, pero que conocen y comprenden nuestra realidad, hacen la presentación de la Cataluña del año 1981. Esta Cataluña con reivindicaciones no siempre agradables, no siempre de fácil asunción, sería más fácil comprenderla si se conociera cómo se ha formado, cómo se ha ido configurando. Lo que hoy nosotros somos como catalanes y como españoles es el resultado de un proceso, y el conocimiento de este proceso ayudará a comprender.

Ayudará a comprender. Es una larga batalla en la que conviene que no nos cansemos. Los catalanes hacemos un poco como los fumadores que dicen: «Voy a dejar de fumar». Y dejan de fumar, efectivamente, pero luego fuman otra vez. Pues bien, los catalanes decimos de vez en cuando: «Tenemos que hacer una campaña para explicar lo que somos y adónde vamos al resto de los españoles». Y empezamos. Pero, como es una campaña difícil —la verdad es que es muy difícil—, resulta que, al cabo del tiempo, nosotros y algunos amigos no catalanes que nos ayudan no tenemos la suficiente tozudez, la suficiente continuidad, e interrumpimos esta actuación. Pues bien, a través de una campaña hecha más a fondo y con gran tozudez, deberíamos explicar lo que somos, de dónde venimos y adónde vamos. Quizá esto ayudaría a que no se nos hicieran preguntas o consideraciones como por ejemplo «Catalanismo equivale a separatismo», o más matizadamente, «El catalanismo se desinteresa de España». O bien la pregunta que me hacen incluso a mí: «Diga usted, realmente cuando está en su casa, con su esposa, ¿usted también habla catalán?». Y no me obligarían a contestar: «Yo hablo castellano con usted, pero, en general, por supuesto, hablo catalán». Otra afirmación es: «La autonomía es un factor de crecimiento, es decir, el crecimiento económico es consecuencia de la autonomía». Lo cual no es cierto y hay que explicarlo para que no se produzcan según qué frustraciones graves. O bien: «El catalanismo fue un invento de la burguesía catalana para defender su política económica, su política de aranceles». O bien: «Cataluña ha sido siempre bilingüe», lo cual es falso. Etcétera. En resumen, se trata de una serie de argumentos o de objeciones con unos comunes denominadores que son: pensar que hay cierta artificialidad en el hecho catalán y por supuesto en el movimiento reivindicativo catalán; pensar que Cataluña ha sido o es, en lo político, instrumentalizada al servicio de causas económicas y sociales extrañas a lo que aparentemente se pretende defender; hacer hincapié en el tema de la insolidaridad —o del egoísmo, como se decía en el siglo XIX— de Cataluña. Pues bien, lo que quiero explicar es que Cataluña y su movimiento político, de derechas y de izquierdas, no es ni artificial, ni está manipulado, ni es insolidario, sino que es algo permanente, con personalidad propia y, además, con una voluntad de construcción de España. Todo ello, evidentemente, dentro de un proceso dialéctico, de una confrontación dialéctica, con otras fuerzas y con otras concepciones de España. Pero, en todo caso, todo ello auténtico y no menos español que otros planteamientos que se puedan hacer.

Cuando, en los primeros años setenta la reivindicación catalana se hizo presente en el conjunto de la política y de la sociedad española con un estilo político muy particular, muy imaginativo; yo diría cuando en los años 1977 y 1978 se produjeron, por un lado, el regreso del presidente Tarradellas y, por otro, una fuerte influencia catalana en el conjunto de España, no se trataba ni de un hábil planteamiento propagandístico ni de una audaz táctica ni, tampoco, de una moda pasajera. Se trataba de una realidad forjada durante siglos, oculta y marginada durante largos períodos, pero siempre, incluso cuando estaba oculta y marginada, operante. Una realidad que durante los últimos trescientos años ha desarrollado un proceso creador de gran vitalidad y de gran empuje.

A FINALES DEL SIGLO XVII, UNA SITUACIÓN INÉDITA

Por lo tanto, voy a hablarles —muy brevemente, por supuesto— de esta evolución que nos conduce a nuestra realidad de hoy. Y lo primero es explicar por qué escojo el final del siglo XVII para el inicio de esta explicación. Escojo este momento porque, a mi entender, es el momento en que Cataluña empieza a moverse en la órbita de lo español de forma consciente y con objetivos claros. Hasta aquel momento no había sido exactamente así. Por ejemplo, la guerra dels Segadors de 1640 tuvo un fuerte componente separatista, y en el grado en que no fue separatista fue confusa. Por otra parte, el cuerpo social y la fuerza económica de Cataluña, pese a cierto inicio de recuperación después de la larga decadencia de los siglos XV y XVI, eran todavía débiles. La guerra y la posguerra significaron un nuevo parón en ese inicio de recuperación, amén de la pérdida irreparable, gravísima, que representó la amputación del Rosellón. Pero, a finales de siglo, se han producido ya dos hechos absolutamente insólitos, rigurosamente inéditos en la historia de Cataluña. Ha habido un primer intento de presencia y de influencia catalanas en Madrid, a caballo de la política de Juan José de Austria, que había sido virrey en Cataluña. Intento fallido, intento sin consecuencia, pero muy significativo e inédito, como decía. Y sobre todo ha habido, muy a finales del siglo XVII, la aparición de un grupo de intelectuales y comerciantes dominados por la gran figura de Narcís Feliu de la Penya que definen la filosofía mercantil y política e incluso el modelo cultural de lo que, a su entender, debe ser Cataluña. Representan una mentalidad moderna y mercantil, frente al espíritu gremial; una mentalidad capaz de imaginar una compañía de comercio del tipo de las que por aquel entonces constituían los holandeses. De hecho, Feliu de la Penya propugna que Cataluña pueda ser, dice él, la Holanda del sur. Propugnan en realidad una Cataluña decididamente burguesa. Su actitud es claramente contraria a la nobleza, pero en cambio es favorable a la revitalización de las instituciones de la Edad Media catalana por lo que implicaban de mentalidad pactista y de afirmación catalana. Y todo ello se complementaba con una enérgica defensa del intervencionismo catalán en España. Los dos libros fundamentales de Feliu de la Penya son, en realidad, dos memoriales, dos programas de política económica, de política de estructura del Estado. Son dos memoriales que dirige al rey.

Este intervencionismo catalán en España se ponía de manifiesto, además, en otra reivindicación que ha sido una constante del movimiento catalán en general, y más recientemente, del catalanismo político: la de reclamar un buen funcionamiento del Estado. Creo que en esas muy breves pinceladas que acabo de hacer del pensamiento de Feliu de la Penya y del grupo dirigente, en aquel momento, de Cataluña, se resumen muchos de los trazos dominantes en las actitudes políticas catalanas desde entonces hasta el día de hoy.

Debo decir, a modo de inciso, que, si bien desde la perspectiva oficial de la historiografía española la opción borbónica fue, en el año 1705, la del progreso, y la austríaca, la reaccionaria, para aquellos catalanes que eran europeizantes, que tenían como modelo a Holanda, que eran pactistas, la defensa de un concepto del Estado y de una concepción global de España que encajaran con estas ideas y actitudes, que indudablemente eran de progreso, pasaba por la defensa de la causa austríaca. Ahora es un poco indiferente saber quién tenía razón. Pero lo que sí hay que subrayar es que aquella no fue ya una guerra separatista, sino que fue una guerra de intervención en España en defensa de determinado modelo económico, político y, en cierto sentido, cultural.

Esta vez también la derrota truncó la recuperación catalana, pero al cabo de veinte o treinta años la vitalidad del país había superado este nuevo bache. Esta vitalidad, por otra parte, estaba muy generalizada en toda la periferia española. Y es a partir de este momento que voy a intentar hacer brevemente unos saltos en el tiempo hasta situarnos en el año 1981. Unos saltos en el campo de la economía, de la lengua, de la cultura, de la política, de las instituciones, para ver cuál ha sido la evolución de Cataluña desde entonces hasta ahora.

EL SIGLO XVIII

Ante todo, unas muy breves pinceladas demográficas. Cataluña empieza el siglo XVIII con cuatrocientos mil habitantes. Cataluña había sido siempre, en el conjunto de España, un país de demografía muy débil. Empieza, repito, con cuatrocientos mil habitantes, y lo termina con novecientos mil. El siglo XVIII, el XIX y el XX, por razones diversas —natalidad, inmigración, desarrollo económico—, han sido siglos de gran crecimiento demográfico catalán. Empieza el XIX con novecientos mil habitantes y lo termina con dos millones. En el siglo XX, pasa de los dos millones a los casi seis en 1960. Como ustedes saben, esta inmigración en buena parte está muy plenamente incorporada e integrada al cuerpo social y cultural catalán. Me refiero a las inmigraciones antiguas y a las de los años treinta y cuarenta e incluso en buena parte a la de los cincuenta. No es el caso todavía de gran parte de la inmigración más reciente. Y ahí radica el mayor desafío con el que se enfrenta la sociedad catalana. Espero que lo sepamos resolver positivamente y sin traumas.

Sobre la base de este telón de fondo demográfico nos encontramos, en el siglo XVIII, con un gran progreso económico, de origen agrícola, pero también industrial y comercial. Se inicia entonces un gran comercio con Europa y también, a partir de la segunda mitad del siglo, con América. Es una época fundamental porque, aunque en realidad es una época gris en otros aspectos —el político, por ejemplo—, desde el punto de vista de la construcción de la infraestructura económica, de la infraestructura urbana, de la infraestructura industrial del país, es un siglo absolutamente decisivo y por supuesto positivo. En cambio, como les decía, desde un punto de vista político es un siglo muy poco relevante. El catalán hizo, durante todo el siglo XVIII, lo que normalmente hace después de una severa derrota, después de un desastre colectivo: refugiarse en el trabajo.

Hubo, en la segunda mitad del siglo XVIII, una actitud de adhesión a la política de Carlos III. Carlos III es el rey que hace funcionar el Estado, que introduce una administración eficiente, que termina con la discriminación del comercio americano respecto no solamente a los catalanes, sino también a otros súbditos de la Corona. En cierto sentido, en él —pueden pensar algunos— vuelven a aparecer las viejas ideas regeneracionistas de Feliu de la Penya. Pero, desde un punto de vista político catalán y desde el punto de vista de la intervención de Cataluña en España, el siglo es realmente pobre. Las instituciones han sido suprimidas: la Generalitat, el Consell de Cent y las veguerías. En contrapartida, se da un hecho que es constante en nuestra historia moderna, y es que, cuando perdemos nuestras instituciones políticas, si, por una parte, nos refugiamos en el trabajo, por otra, nos lanzamos a la creación de entidades, de sociedades, de instituciones no políticas, pero que en cambio asumen en la práctica, y a veces muy eficazmente, la dirección del país. Instituciones económicas, sociales, filantrópicas. Voy a darles dos ejemplos. Uno es la Junta de Comercio, del año 1758, con sus escuelas técnicas, escuelas de idiomas, de contabilidad, de dibujo. Es un fenómeno que se produce en toda la periferia española, y bastante menos en el centro. Se produce, por ejemplo, en Valencia y en el País Vasco. Pero en Cataluña cuenta ese fenómeno con una base social especialmente fuerte, especialmente relevante, de industriales, de comerciantes, de profesiones liberales, de terratenientes ilustrados. Otra institución muy importante durante este siglo, y también durante el siglo XIX, es el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. Ambas entidades, la una en el terreno comercial y con vocación de dirección global del país, la otra en el terreno agrícola, son dos ejemplos, entre otros, de este movimiento de creación de entidades no políticas, pero con gran proyección pública.

¿Qué sucede en Cataluña durante el siglo XVIII desde un punto de vista lingüístico y cultural? A principios de siglo, el catalán es lengua única en el país. Lo digo porque últimamente —en la televisión, por ejemplo— se nos dice que Cataluña ha sido siempre bilingüe, lo cual es una falsedad histórica. Pero se inicia entonces un ataque solapado contra la lengua catalana, con aquella advertencia célebre de Felipe V que dice: «Hágase sin que se advierta el cuidado». Es decir, hágase de forma que no se note. Pero lo cierto es que se inició el ataque contra el catalán, que luego es continuado por un rey, por otra parte muy positivo, como Carlos III.

De todas formas, este ataque no empieza a ser realmente eficaz, sobre todo en el ámbito de la enseñanza, hasta el reinado de Fernando VII. Aunque ya durante el siglo XVIII la Iglesia, para defenderse de este proceso de castellanización, tuvo que recurrir a la reedición falsa de los rituales. Es decir, puesto que estaba prohibido editarlos en catalán, los editaban con una fecha retrasada. Y lo mismo hubo que hacer con las gramáticas catalanas.

De todas formas, el catalán sigue siendo la lengua única de las clases populares, de la Iglesia, de los notarios, de los testamentos. Es la lengua dominante en el comercio, y por supuesto es la lengua familiar y habitual, tanto hablada como escrita, de las clases instruidas hasta muy entrado el siglo XIX. O sea, que, en resumen, nos encontramos a finales del siglo XVIII con un país con vitalidad, con un país pujante, políticamente anulado, sometido a un proceso de descatalanización todavía poco acentuado. Es un país profundamente catalán. Es una situación gris en un sentido, aunque en muchos aspectos productiva. Es decir, hay un trabajo por dentro, sin de momento aparecer en la superficie.

EL SIGLO XIX

Esta situación se trunca con el gran trauma de las guerras napoleónicas y, a partir de este momento, en lo político, se inicia un movimiento importante y confuso. Durante bastantes años es un movimiento balbuceante, pero que tiene ya lo que podríamos llamar un sello precatalanista. Es el caso de toda una serie de movimientos precarlistas, en los años veinte y en los años treinta, antes de la guerra de 1833. Todos ellos están llenos por una parte de un vago foralismo, por otra parte de un profundo arraigo a la tierra, de un arraigo casi, por así decirlo, sensual. Esto desemboca en el carlismo, ya netamente foralista y me atrevería a decir que catalanista, objetivamente autonomista. En todo caso, es muy profundamente foralista.

Otra reivindicación constante después de 1833, es decir, después de la creación de la estructura provincial de España, tanto por parte de los movimientos conservadores como de los movimientos que llamaríamos de izquierdas, es la Diputación General o la Diputación Única. Era un intento de evitar que fuera fracturada la unidad administrativa y política de Cataluña. Esta es otra constante de nuestro movimiento político. En realidad, ya había aparecido antes, con las Cortes de Cádiz, donde se empieza a hablar de una nueva estructura territorial de España. El diputado que actúa de portavoz catalán, que es Felipe Aner de Esteve, hace una defensa contra la fragmentación política de Cataluña y pide que, cuando se proceda a esta nueva distribución territorial, Cataluña conserve la unidad política y la unidad administrativa del país. Esto se manifiesta más tarde aún durante la primera mitad del siglo XIX, a través de los movimientos situados más a la izquierda. Hay una tendencia constante a la creación de Juntas, de Juntas de Cataluña. No de Juntas de Barcelona, de Lleida, de Tarragona, de Girona, sino de Juntas de Cataluña, que ellos llaman la Junta Central, que querían federar a una Junta Central de España. Éste fue un intento varias veces repetido durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado.

Y en esta misma etapa de los balbuceos habría que situar los movimientos democráticos y socialistas utópicos que fueron importantes en Cataluña, como también el movimiento —políticamente un poco inconexo, pero sentimentalmente muy fuerte y que además tenía una connotación anticentralista muy patente— contra las murallas de Barcelona. Las murallas de Barcelona significaban Felipe V, significaban la Ciudadela, es decir, los símbolos de una opresión. Todo esto iba desembocando en lo que algunos han llamado provincialismo no conservador y, finalmente, en el federalismo republicano. Estos balbuceos luego tendrán unas traducciones muy concretas, en las que nos detendremos un momento.

Pero, antes, permítanme que haga referencia a un movimiento de extraordinaria importancia, que fue el proteccionismo. El mercado español se crea en cierta medida como consecuencia de la pérdida del mercado americano. Ya existía en parte antes, por supuesto. No hace mucho he leído unos trabajos, por cierto muy apasionantes, que explican las relaciones comerciales entre Cataluña y Valladolid a raíz y a caballo de la exportación de tejidos y de la importación de granos. Existían, naturalmente, muchísimos contactos. Pero, en su plenitud, el mercado español realmente empieza entonces a configurarse, y sobre todo se complementa cuando se construye la red de ferrocarriles. Tengan ustedes presente que, no hace muchos años, hace ciento treinta años, ciento cuarenta años, quizá ciento cincuenta años, era evidentemente más económico importar en Barcelona trigo de Sicilia que traer el trigo de Medina del Campo o de Palencia.

Se crea, pues, el mercado español durante el siglo XIX. Este hecho tendrá, naturalmente, enorme y positiva trascendencia política. Ante este hecho, Cataluña adopta —pese a que hubo una excepción notable, que fue el caso del librecambista Laureà Figuerola, el ministro de Hacienda introductor de la peseta— una actitud típicamente europea, proteccionista. Pero esta actitud fue mal comprendida debido al desfase social y económico que se iba estableciendo en España, y repercutió negativamente en las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado. Nosotros planteamos el proteccionismo como una política para toda España, una política para las manufacturas catalanas, una política para los cerealistas castellanos, para el carbón asturiano y para el hierro vizcaíno. Por ejemplo, la Comisión de Fábricas, muy al principio de la batalla proteccionista, en el año 1836, dice: «Los fabricantes de algodón han procedido siempre con el principio de no dañar los productos agrícolas. Ésta fue la causa de haber contribuido eficazmente a la prohibición de los cereales extranjeros, prefiriendo consumir los nacionales un tanto más caros». Sin embargo, un hecho que pesaba —y pesa, aunque menos, por supuesto— es el desfase que se produce en el desarrollo económico del siglo pasado entre Cataluña y el resto de España. Esto crea una situación que hace difícil entender que esa política proteccionista, que es la política que practican todos los Estados europeos, es la política adecuada para el progreso general español. Digo que todos los países europeos practicaban el proteccionismo, y así es. Quien no lo practicaba es Inglaterra, por la simple razón de que por estar más avanzado su proceso industrial le interesaba el librecambio a fin de poder colocar los productos manufacturados. Pero, de hecho, practicaba el proteccionismo al revés, es decir, prohibía la exportación de maquinaria. Un inglés que exportara un telar, de contrabando, por supuesto, era condenado a muerte. Por lo tanto, era también una forma de protección. Sin embargo, como ya he dicho y por las razones que he expuesto, esta política fue de difícil aceptación en el conjunto de España. En cambio, en Cataluña fue unánime su defensa. Prim, por ejemplo —y cito, entre otros, este nombre, porque puede resultar un poco sorprendente—, Prim dice, en un discurso en el año 1841: «Le importa poco al Gobierno que se arruinen nuestras industrias, que perezcan nuestras fábricas, que se vea Cataluña, por consiguiente, sumida en la miseria». Testimonios de este tipo podrían darse muchísimos, que abarcan casi todo el siglo XIX, hasta el momento del triunfo del proteccionismo, en el año 1891, por obra del Gobierno de Cánovas.

Pero esta batalla para Cataluña es, en parte, erosionante, porque da lugar al tópico o a la creencia del egoísmo catalán. Digo egoísmo catalán porque es la expresión típica de la época. Da lugar al sentimiento anticatalán y obliga a los proteccionistas, por una parte, a defenderse de las acusaciones de antiespañolismo, y por otra, por esta razón y por otras razones políticas que luego veremos, a plantearse nuevamente la necesidad de intervenir en la reforma del Estado. En aquel momento hay dos grandes movimientos catalanes que intentan esta reforma. Por un lado, el regionalismo intervencionista conservador. Podríamos situar quizá un poco subsidiariamente dentro de esta tendencia a Balmes. Pero, básicamente, hay que citar los nombres de Joan Mañé i Flaquer, Joan Illas i Vidal y, sobre todo, más tarde, Manuel Duran i Bas. Ellos se quejan de la tendencia sistemáticamente centralizadora y represiva. Refiriéndose al Estado, hablan de modelo de Estado burocratizado, critican la falta de planteamientos industrialistas, achacan al Estado la incapacidad de desatar el nudo de la centralización, etcétera. Y eso hace que fracase lo que lógicamente parecía que debía producirse: un entendimiento entre este sector conservador catalán, de gran peso en la sociedad catalana, y la Unión Liberal. Hay un célebre diálogo entre José Posada Herrera, ministro de la Gobernación en varias ocasiones durante los años cincuenta y sesenta, y Mañé i Flaquer. Mañé va a plantear su política, la política suya y de Duran i Bas, la política de descentralización. En realidad, era un planteamiento modesto, que expuso a Posada en una entrevista que deberíamos releer todos y que plantea la misma temática que está en el centro de muchas preocupaciones nuestras de hoy. De estas preocupaciones en las cuales tenemos todos un poco de razón y para las cuales habría que encontrar un punto de equilibrio. Posada dijo a Mañé: «Mire usted, lo que piden no es aplicable al resto de España. Por lo tanto, si no es aplicable al resto de España, no se lo vamos a aplicar a ustedes». Evidentemente el intento fracasa, y además fracasa un ambiente, una expectativa. El movimiento intervencionista y descentralizador de Mañé i Flaquer y sus compañeros es calificado en Madrid de provincialismo, dándole, a la palabra «provincialismo» una connotación separatista. Y por ello Mañé y Duran tienen que defenderse en artículos, algunos de ellos muy dignos de ser releídos hoy. Por ejemplo, Mañé i Flaquer habla de «el provincialismo, palabra inventada para ridiculizarnos», o bien Duran i Bas, en los años cincuenta, escribe un artículo, un gran artículo, en el Brusi por supuesto, titulado: «Catalanismo no es provincialismo». En uno de sus artículos hay una frase muy grave de Duran i Bas, y sabido es que Duran i Bas era un hombre en todos los sentidos enormemente moderado. Pese a ello, Duran hace la siguiente grave afirmación, que nos pone de manifiesto cómo los problemas que hoy tenemos —pese a todo, mejor enfocados, pienso yo, que en aquella época, y ya les avanzo que mi conclusión va a ser optimista— tienen muchos puntos de contacto con los de hoy. Duran i Bas dice: «El cargo más grave que se hace a Cataluña es que sus habitantes son demasiado catalanes».

Este intento fracasa. Fracasa en un doble sentido: el de intentar la reforma del Estado y el de conseguir la descentralización. Y sucede lo que siempre sucede en Cataluña —y que debemos procurar que no suceda— cuando se ha dado un intento de ese tipo y se ha fracasado: no se insiste suficientemente. Quiero creer que, si se insistiera más, los resultados serían mejores, aunque no debo silenciar que a veces parece como si no quisieran que insistamos. El caso es que se produce un repliegue hacia Cataluña y un desentendimiento, entonces sí, de la problemática general del Estado. Los sectores conservadores catalanes, después de este fracaso, hacen un nuevo intento con Cánovas, que no prospera, y quedan ya muy marginados. Incluso los grandes nombres de la economía catalana, como Manuel Girona o como Evarist Arnús, son personas de gran poder económico en el conjunto de España, pero políticamente marginables. Tenemos que esperar a principios del siglo XX para que haya un nuevo intento.

Esto ha sido la versión conservadora. La versión que en aquella época se llamaba «democrática» sigue unos caminos por supuesto diferentes, pero en cierto sentido paralelos. Hay hechos como las Juntas Centrales del Principado de Cataluña, a los que ya me he referido. La de 1835 muy explícitamente se constituye para superar la división provincial. La revuelta de 1837 llega a proclamar la independencia de Cataluña con el objetivo, claramente explicitado, de luego federarse con el resto de España. Está el movimiento de las Juntas Centrales, a las cuales he hecho referencia, de los años 1842 y 1843. Está el pacto federal de Tortosa en el año 1869, que reúne a los republicanos federalistas de Cataluña, Aragón, las Islas Baleares y Valencia bajo el impulso de Valentí Almirall. Hay toda una serie de revueltas federales, pequeñas, anárquicas muchas veces, pero que demuestran una gran sensibilidad popular y que duran desde 1869 hasta 1872. Está finalmente la proclamación del Estado Catalán dentro de la República federal española, en marzo de 1873. Y hay algunos hechos más, que habría que intercalar, pero que silencio para no cansarles excesivamente.

En todo caso, esto desemboca en lo que se ha llamado federalismo republicano o republicanismo federal, como quieran. Quiero subrayar, de este federalismo republicano o de este republicanismo federal, un hecho fundamental. Los federales catalanes no pedían privilegios para Cataluña. Pedían que la organización que ellos pensaban que debía y podía aplicarse a Cataluña fuera aplicada a lo que ellos llamaban las regiones históricas de España. Pero descubrieron —les sucedió lo mismo que a Mañé— que fuera de Cataluña el federalismo republicano no tenía ni fuerza ni capacidad de estructurarse regionalmente. Vieron como el republicanismo rápidamente evolucionaba en sentido unitario y, en realidad, jacobino. El enfrentamiento entre el republicanismo federal y el republicanismo unitario fue grave. Y, en todo caso, también aquí —como antes en lo que hemos llamado la versión conservadora del intervencionismo y de la política catalanas—, todo ello prepara el pase al nacionalismo que se producirá a finales de siglo, o, quizá más exactamente, en el año 1901.

En aquel momento coinciden tres fuerzas de regionalismo prenacionalista. Los conservadores, los que estaban en el Instituto Agrícola de San Isidro, en el Fomento del Trabajo Nacional, en la Liga de Defensa de la Industria y del Comercio, por una parte. Los federales, que tienen una gran figura, muy representativa y que ella sola resume el movimiento y la decepción, que es Valentí Almirall. Almirall es, por así decirlo, un político federalista español, con voluntad de proyección de su doctrina política al conjunto de España, en íntima colaboración con Francesc Pi i Margall, pero que llega a la conclusión de que estos planteamientos no tienen posibilidades fuera de Cataluña, y se repliega, él también. Aunque luego tiene algunos cambios personales, en aquel momento él es, quizá, quien objetivamente prepara con más eficacia lo que podríamos llamar el paso ya a los planteamientos de signo nacionalista. Y finalmente están los carlistas. El carlismo, del cual poco hemos hablado, es un movimiento enormemente importante, enormemente popular, enormemente auténtico. Se ha creado cierta imagen peyorativa del carlismo que no responde a la realidad de lo que fue, por lo menos de lo que fue en Cataluña. Después de su fracaso, el carlismo también refluye o, mejor dicho, desemboca, o desembocan muchos de sus hombres más destacados y muchos de sus pensadores, en los planteamientos catalanistas. Tengan ustedes presente que en el nacimiento del catalanismo desempeña un papel importantísimo Prat de la Riba, hombre claramente de estirpe carlista. Pero, además, hay que contar con todo lo que en Cataluña se ha llamado el «vigatanismo», es decir, toda la escuela cultural, literaria, política y filosófica que se produce en torno a la ciudad de Vic, es decir, en torno a lo que podemos llamar el centro espiritual del carlismo catalán.

Por lo tanto, confluyen estas tres fuerzas. Quiero decirles que, cuando confluyen estas tres fuerzas, para hacer una política más radical desde un punto de vista catalán, el proteccionismo ya ha triunfado. El proteccionismo triunfa en el año 1891 y en realidad todas esas formulaciones empiezan a ser realidad a partir de 1895, 1900, 1901. Hay un segundo momento en el que ese triunfo del proteccionismo, que repito que ya es efectivo desde 1891, se consolida. Es en 1906, y la Solidaritat Catalana, que es probablemente el movimiento de signo catalanista más potente de los primeros años del siglo XX, es de 1907. O sea, que esta relación que se acostumbra a establecer en el sentido de que el catalanismo es un instrumento para dar apoyo, de forma espuria, a la reivindicación proteccionista queda desmentida por las fechas. Y creo que también queda desmentida por todo este conjunto de movimientos, a veces confusos, pero en todo caso muy diversos, y por supuesto no todos ellos conservadores, que durante el siglo XIX, a través de una maduración de sus planteamientos políticos y también a través de la decepción que les produce su fracaso en el ámbito general español, va conduciendo a lo que será la formulación ya netamente nacionalista del siglo XX.

Hay todavía, por parte conservadora, un último intento durante el Gobierno de Silvela-Polavieja. Este intento no tiene ninguna continuidad. Pero debe saberse y valorarse debidamente que ese intento, hecho por gente muy conservadora —Fomento del Trabajo, Instituto Agrícola de San Isidro, Liga de Defensa de la Industria y del Comercio, Asociación Económica de Amigos del País—, que ese intento pide, entre otras, dos cosas. Dice: «Se dividirá el territorio de España en grandes regiones de limitación natural, por su lengua y por su historia». Éste es el planteamiento del Fomento del Trabajo en el año 1899. Y luego pide, también, la creación de una Diputación única para toda Cataluña. La actual política de la Generalitat tiene, en este sentido, y en otros muchos, unos claros antecedentes que invalidan cualquier acusación de caprichosa o irreflexiva.

Quizá para cerrar este capítulo, que nos lleva ya al siglo XX, sería preciso hacer dos pequeños comentarios. Uno sobre Almirall, que habló exactamente, textualmente, de la «decepción por la inviabilidad del regionalismo popular fuera de Cataluña». Pero, además, y sobre todo, de lo que se queja es de la «atomización cantonalista». Es decir, Almirall pensó que realmente el hecho que hacía inviable ese planteamiento había sido, en su opinión, el de que, en el momento en que pudo plantearse ese tema, el cantonalismo se sobrepuso a lo que hubiera sido una formulación más racional y más de acuerdo con aquellas regiones de lengua y de historia que él defendía. Y el cantonalismo esterilizó el proyecto regionalista.

Finalmente, quiero decir que, en todos esos últimos años del siglo XIX y principios del XX, hay algunos personajes —grandes personajes españoles no catalanes— que tienen contacto con algunos de estos movimientos regeneracionistas que se intentan lanzar desde Cataluña. Voy a dar los nombres de algunos de ellos. Uno es Costa, por supuesto; otro es un personaje que estos días he reencontrado en Valladolid y en Burgos, que es Silió; otro es Basilio Paraíso, y otro es Santiago Alba, también vallisoletano. Me voy a detener un momento en Alba, porque ahí tenemos una cuestión grave y que nosotros hoy tenemos que tener muy en cuenta. En el Gobierno que se llamó de unidad, o de concentración, no recuerdo, en el año 1918, coinciden Alba y Cambó. Pero a Alba le cuesta mucho aceptar la afirmación muy profundamente catalana, con sus consecuencias de lengua, de historia y de cultura, que hace Cambó, y Cambó, por supuesto, no está dispuesto a renunciar a ellas. O sea, que debemos darnos cuenta de que existen unas dificultades objetivas, que en el caso de la relación de esos dos hombres, Cambó y Alba, se pusieron muy de manifiesto, y que nosotros no podemos ignorar, pero que sí debemos superar.

Pienso que es conveniente que rompa lo que podríamos llamar el esquema que pensaba seguir. Ahora debiera hablarles de los aspectos económicos durante todo este siglo XIX, pero me parece que es innecesario. En cambio, hay un hecho importante que quiero nuevamente subrayar: la no aparición de focos industriales fuera de Cataluña tuvo unas consecuencias negativas desde el punto de vista de la colaboración, del mutuo entendimiento. Me he preguntado muchísimas veces por qué. Y llegados a este punto, hay que recordar algo que tiende a olvidarse: Cataluña ha creado su riqueza sobre la base de una naturaleza pobre. Esto debe quedar claro. Cataluña es un país que no tiene materias primas. Cataluña es un país que no tiene, en principio, una agricultura próspera, y menos en aquellos momentos, cuando todavía no existía el canal de Urgell. El terreno catalán es muy quebrado. Cataluña es un país con unos ríos pobres. En realidad, la riqueza de Cataluña se ha creado por algún hecho, de tipo psicológico, que ha desembocado en una gran pasión por el trabajo y en una notable creatividad. Y en contra de lo que a veces se dice, esta riqueza tampoco es el fruto de un trato político especial de favor ni, evidentemente, del disfrute de ninguna autonomía. Cataluña no ha tenido prácticamente nunca autonomía. La tuvo un poco, y en condiciones enormemente precarias, durante los años treinta, como ustedes saben. Y la vuelve a tener ahora. Pero el caso es que no aparecen focos industriales fuera de Cataluña; en contra de lo que lógicamente parecía que iba a ocurrir, porque, por ejemplo, el siglo XIX empieza con muy buen arranque industrial andaluz. Las provincias de Málaga y de Sevilla, concretamente, son provincias de gran peso industrial hasta los años cuarenta y cincuenta. Luego, no sé exactamente por qué, esto se pierde. Esto ha sido negativo, pero es un hecho. Como es un hecho que de los novecientos y pico ministros, no puedo decir la cifra exacta, que en España entre el año 1833 y 1901 sólo veinticuatro fueron catalanes. Éste es un dato del cual puede que los catalanes seamos algo responsables, pero en todo caso anula cualquier acusación que se nos pueda hacer de favoritismo político.

No quiero detenerme más en el terreno económico, porque me doy cuenta de que me alargo demasiado. Sí debo decir, sin embargo, que el siglo XIX es también un siglo pobre en el terreno de las instituciones políticas. La riqueza de iniciativas políticas es evidente durante este siglo, pero no logran, o logran muy poco, la cristalización institucional. En cambio, es rico en el terreno de las instituciones económicas, ciudadanas, culturales, etcétera.

Fruto de la corriente catalanista, todavía no política, pero sí intelectual, literaria y de sentimiento de la segunda mitad del siglo XIX, nacen toda una serie de nuevas entidades: los Jocs Florals, los centros excursionistas, los orfeones, los ateneos, por supuesto el Ateneo de Barcelona, que es catalanizado por Guimerà ya hacia finales de siglo. Se pone de manifiesto una gran densidad societaria, de origen, por así decirlo, privado, es decir, de la gente que se reúne para lo que sea: para una actividad deportiva, cultural, cooperativa, recreativa, religiosa, artística, folclórica, etcétera. Eso tiene un peso enorme durante el siglo XIX y lo recojo porque eso mismo ha salvado Cataluña durante los últimos cuarenta años. Toda esa serie de instituciones, instituciones llamémoslas modestas, de base, como ahora se diría, potenciaron entonces el país y lo han salvado recientemente. Esta riqueza societaria, que afortunadamente seguimos teniendo y que sigue produciendo iniciativas, tiene su arranque en el siglo XIX y desempeña un gran papel en la actuación del catalanismo.

Para situarnos finalmente en el año 1900 con una visión de conjunto de la sociedad catalana —aunque hemos dejado de lado la cuestión económica—, debo decirles que, durante la segunda mitad del siglo XIX, progresa, y progresa efectivamente, ahora ya, la política de descatalanización lingüística. Pero se da el caso curioso de que, cuando eso empieza a hacer mella en ciertos ambientes populares, comienza una reacción cultista, la reacción de la Renaixença. Esta reacción pudo haberse perdido, como se perdió la reacción provenzal con Frederic Mistral, premio Nobel de Literatura en 1905. Pero, en el caso catalán, no se perdió. No fracasó, porque hubo un proceso completo: estaba el hecho lingüístico, pero también un hecho cultural amplio, incluso muy popular, gracias precisamente a toda esa serie de entidades a las que antes me he referido. Y existió además una gran base económica que desempeñó indudablemente un papel importante. Había también unos planteamientos políticos, incluso en aquella época que yo antes he calificado de balbuceos. No había sólo un movimiento literario, como fue el minoritario provenzal. Porque, a pesar del planteamiento cultista de los Jocs Florals y de la Renaixença, había ambientes populares que vivían intensamente todas estas realidades. El carlismo, por ejemplo, al cual me he referido antes, es un movimiento profundamente catalán, precatalanista o prenacionalista, muy popular. El republicanismo federal es también un movimiento popular. Buena parte del sindicalismo, en realidad todo el sindicalismo hasta los años veinte, es de origen, de raíz y de expresión muy catalanes. El mejor testimonio de ello es el «Noi del Sucre», el principal dirigente sindicalista hasta 1923. Es un hombre que aquí en Madrid, en el Ateneo, pronuncia un discurso profundamente catalanista en el año 1919, cuatro años antes de ser asesinado en aquella lucha realmente muy anticivil que sostuvimos de 1917 a 1923, plagada toda ella de pistoleros y de atentados. Y otro gran ejemplo de popularismo es, entre muchos otros menos destacados, el de Frederic Soler Pitarra. Si el catalanismo literario sólo lo hubieran constituido los poetas cultistas, quizá habría fracasado, pero el populismo y en otras ocasiones la vulgaridad incluso de un Pitarra, del los romanços, de los sainetistas, toda esa vitalidad enorme, nos salva de este riesgo. Y Verdaguer es otro caso de poeta popular. De él conocemos L’Atlàntida, de muy difícil lectura, conocemos Canigó, más fácil, pero lo que mucha gente no sabe es que la gran labor lingüística de Verdaguer son sus canciones, sus oraciones, sus pequeñas poesías de tipo piadoso que han marcado la espiritualidad de Cataluña muy recientemente, pero que al propio tiempo tuvieron enorme influencia lingüística.

O sea, que, en resumen, a finales del siglo XIX existe una tendencia castellanizadora a ultranza del Estado, con prohibición efectiva de la enseñanza en catalán, desaparición del catalán de la Administración pública, incluso la local, de las testamentarías y del notariado, de las empresas, en buena parte también del comercio, incluso del teatro. Llegó a prohibirse que se representara teatro exclusivamente en catalán. Pero esto coincide con la recatalanización cultural, es decir, con la Renaixença, con el Romanticismo, con el Modernismo, muy radical en el terreno catalán, todo lo cual desemboca en el Novecentismo del siglo XX y constituye en realidad una gran —si se me permite la expresión—revolución cultural. Y en el seno de la propia Iglesia, en el mismo momento en que se produce, en sus niveles más cultos un retroceso lingüístico importante, Verdaguer lanzó un poderoso y eficaz movimiento de reacción popular.

EL SIGLO XX

Y llegamos al siglo XX, es decir, llegamos a la recta final que debe llevarnos al año 1981, en este periplo que tengo la esperanza de que ayude un poco a comprender qué es Cataluña, qué es el catalanismo y qué es la Generalitat en el año 1981. El siglo XX, en lo político, está muy marcado por el nacionalismo catalán, ya. He dicho antes que podía ponerse como fecha inicial de la acción del catalanismo político el año 1901. Este catalanismo político, o este nacionalismo catalán, se caracteriza por una afirmación catalana intensa, pero también, con muy pocas excepciones, por una fuerte proyección española, por una españolidad distinta probablemente de la que se pueda sentir en Burgos, en Valladolid o en Cáceres, pero auténtica y, siempre que ha podido y le han dejado, muy operativa. Uno de los aspectos en que intenta manifestarse esta españolidad es precisamente a través de una reforma, de un regeneracionismo del Estado.

Les voy a ahorrar los detalles sobre las traducciones concretas de esta política de afirmación en lo lingüístico y en lo cultural. En todo caso, voy simplemente a decirles que se consigue la unificación lingüística, lo cual es un gran éxito, y que se lleva a cabo una política de intensa culturización. La cultura se convierte, casi excesivamente si se me permite decirlo, en una especie de gran ideal colectivo. La pedagogía, por otra parte, se convierte en una especie de mito del catalanismo. Se cree que todo se resolverá a través de la cultura, que todo se resolverá a través de la pedagogía. Y no digo que no sea así, pero probablemente hubo en ese aspecto quizá un exceso de optimismo. Son aspectos muy importantes, pero no lo son todo. Este ideal de la Cataluña Ciudad, que significaba una Cataluña evolucionada y culta, pulcra incluso, tolerante, progresiva, etcétera, esto marca mentalmente a buena parte del catalanismo. También con sus defectos, porque eso que aparentemente es muy brillante tiene sus contrapartidas negativas. Pero lo cierto es que esto marca mentalmente al catalanismo, por lo menos al catalanismo hasta la guerra.

Pero, además, existe esta voluntad de proyección, de construcción de España, de transformación del Estado. Siempre se habla de Cambó. Se habla de Cambó, porque realmente es, en este sentido, la persona más característica, pero no es el único. Por dos veces en momentos clave, Cambó decide entrar en el Gobierno de Madrid. Llegados a este punto, debo hacerles una advertencia. Les he dicho que esta conferencia se basa en los valores permanentes de la historia: por consiguiente no hagan ustedes ninguna aproximación o extrapolación a situaciones actuales. Sería por parte de ustedes perder el tiempo. Repito, pues. Hay dos grandes presencias de Cambó en el Gobierno: en 1918 y en 1921. Con un doble objetivo que viene explicitado por él: «Vamos a intentar la transformación del Estado y vamos a disipar sospechas». Es decir, «vamos a demostrar que no es verdad que el catalanismo se desinterese del conjunto de España, vamos a procurar ser más eficaces que nadie no en la defensa de Cataluña, sino en la aplicación de una política de progreso general español». Si ustedes leen el libro que él publicó sobre su paso por el Ministerio de Fomento, verán que hay una preocupación casi digámosle obsesiva por subrayar esta voluntad de construcción, desde un ministerio concreto, de España. En todo caso, aquellas dos intervenciones de Cambó, de la Lliga y del catalanismo conservador fueron la expresión de la voluntad intervencionista en España y de la responsabilización del catalanismo en la gobernabilidad y en la europeización de España. Esa línea sigue luego manteniéndose, aunque con menos brillantez. Los años 1918 y 1921 probablemente son el momento cumbre de esa política de Cambó. Luego hay cierto declinar, quizá porque en cierto sentido esta política condujo a un fracaso. En efecto, la actitud de Cambó y de la Lliga no consigue absolutamente ninguna contrapartida de tipo autonómico, ni tan sólo de tipo descentralizado.

Otro intento de este tipo, ya más tarde, en los años treinta, con la República, lo hace Esquerra. Es la otra alternativa catalana, la que se hace desde la izquierda política y, en parte, aunque menos, desde la izquierda social. Hay una anécdota muy ilustrativa de la cual, por supuesto, tampoco deben ustedes sacar ninguna conclusión que tenga el menor viso de actualidad. Macià llama un día a Companys, al atardecer, y le dice: «Tiene usted que dimitir como presidente del Parlamento de Cataluña, porque hay, como usted sabe, una crisis de Gobierno grave en Madrid. Entiendo que tiene que haber un ministro que esté vinculado con la Generalitat y pienso que debe ser usted». Companys hace un amago de resistencia. Macià insiste: «Dimita usted de presidente del Parlamento, coja el tren de las nueve y vaya a Madrid». «Señor presidente, ¿puedo saber por lo menos qué ministerio tengo?». «No lo sé, es igual, usted se va a Madrid primero, porque nos corresponde apoyar a la República en un momento de crisis grave, y además porque nos conviene estar presentes en el Gobierno de Madrid». Companys coge el tren y en Guadalajara, como es costumbre, sube el jefe de estación, lo saluda con un «señor ministro» y Companys pregunta: «¿Puede decirme de qué soy ministro?». «Señor, es usted ministro de Marina». Realmente, no era un ministerio para Companys, que era un hombre de El Tarròs, como el senador Ferrer aquí presente, un hombre de tierra adentro, payés por así decirlo. Era un ministerio poco brillante, pero en realidad de lo que se trataba era de dar el apoyo de la Generalitat a la República y, por otra parte, de poder participar en la política general del Estado.

Podría hablar de la intervención catalana en otros aspectos concretos de la República, pero creo que esta anécdota es suficiente para que quede claro el planteamiento. En el terreno de las instituciones del siglo XX, se caracteriza por unas recuperaciones importantes. La Mancomunidad primero, que no es más que las cuatro diputaciones catalanas coordinadas gracias a una ley que inició Canalejas y que después de su muerte hizo aprobar definitivamente Romanones. La Ley de Mancomunidades iba destinada a todas las regiones que la quisieran aplicar, que quisieran la Mancomunidad. En realidad, no hubo ninguna otra región que la pidiera, y no sucedió como ahora, que la autonomía es obligada, es impuesta si es preciso.

Entre todos debemos encontrar la forma de que las autonomías funcionen, de que concretamente la autonomía de Cataluña sea respetada y de que, al propio tiempo, el Estado no cruja. Debemos intentarlo, y yo no abandono la esperanza de que lo consigamos. Pero no debemos olvidar estos antecedentes, estas dificultades de Almirall para encontrar respuestas fuera de Cataluña, estas dificultades de Mañé para entenderse con Posada Herrera, o bien esto que acabo de recordar de la Ley de Mancomunidades.

Dicho esto, y para resumir, después de este muy largo y muy incompleto repaso de casi trescientos años de historia, en un intento de hacer comprender la génesis de la Cataluña de hoy, del catalanismo y de la Generalitat, permítanme unas conclusiones. Unas conclusiones que son los hechos permanentes que se manifiestan a través de la historia.

CONCLUSIONES QUE DERIVAN DE HECHOS PERMANENTES

Una primera conclusión es la existencia de una realidad catalana basada principalmente en la lengua, en la cultura, en la conciencia histórica, en el sentimiento, por supuesto, y también en determinada concepción de España. Esto es una realidad que existe, que nadie ha inventado, y que no muere, porque, cuando parece que muere, reaparece. No es un invento. No lo es nada de lo que constituye esa realidad. No lo es, por ejemplo, la lengua. Yo sé que a muchos no catalanes les cuesta la aceptación real, no la intelectual, del hecho lingüístico. Pero ni Cataluña ni el catalanismo ni la lengua catalana son una maquinación antiespañola. No son tampoco el arma de una clase social. Puede que una clase social u otra, según sean las relaciones de fuerzas, un sector político, las hayan utilizado en algún momento como arma política, pero no son objetivamente el arma de una clase social. Cuando nosotros, desde la Generalitat, decimos que Cataluña no es un programa electoral, que Cataluña no es una moda, que Cataluña no es una táctica, queremos decir que es una realidad profunda. Una realidad profunda que a veces será o no será comprendida, que a veces podrá quedar encajada o no dentro del marco del sistema de una Constitución o de determinada coyuntura política, pero que queda más allá, porque es una realidad milenaria. Es una realidad que está ahí y que nadie ha inventado, y que, evidentemente, nadie ha inventado para crear falsos problemas a nadie.

Segundo hecho permanente. La inserción clara de esta realidad en el conjunto de España y la voluntad de intervenir política, económica, ideológicamente en ella, en España. Entiendo por ideología en ese caso una propia concepción de España. Este hecho permanente ha dado lugar a una política reformista de la cual he citado algunos ejemplos, desde Feliu de la Penya hasta iniciativas de la Lliga o del republicanismo catalanista.

Tercer punto. Es evidente que, de esta doble realidad de la existencia de un hecho diferenciado, que es Cataluña, y de la existencia de otro hecho no menos real que es España, dentro de la cual está Cataluña, es evidente que de ahí derivan ciertas dificultades objetivas. Son las dificultades con que chocó el regionalismo de Mañé i Flaquer y que provocaron su desacuerdo con los unionistas. Son las que impidieron que luego, en la época de Cánovas, los descendientes políticos de Mañé y los de los unionistas se entendieran mutuamente. Son las que explican que Almirall, un hombre sanguíneo, llegue a introducir en sus escritos expresiones de gran dureza cuando, desde su perspectiva de republicano federal, se enfrenta con los republicanos unitarios. Son los que explican el desacuerdo entre Cambó y Alba. Ahí hay una dificultad, una dificultad que Niceto Alcalá-Zamora echó en cara a Cambó cuando le dijo: «Usted tiene que escoger entre ser Bismarck o ser Bolívar». Y sin embargo nosotros, los catalanes, no podemos renunciar a ninguna de nuestras fidelidades.

Dificultades derivadas también del desfase económicosocial. Podemos discrepar de según qué forma de entender la solidaridad, pero no pueden ser discrepancias de fondo, porque el desarrollo español, que es ante todo una exigencia de justicia, es también, por así decirlo, una necesidad de Cataluña. Puede que haya catalanes que no lo entiendan así, pero no hay que ser muy lúcido para comprender que ésa es una necesidad egoísta incluso desde una perspectiva estrictamente, muy estrictamente catalana. No les voy a citar las frases de Cambó o de Carner, dos políticos de dos momentos diferentes, de 1911 y de 1932, de dos momentos distintos, Monarquía y República; de la Lliga uno, de Esquerra otro. Por falta de tiempo y por innecesarias, no les voy a citar frases de estos dos políticos o de otros muy conocidos que abonan la tesis de que los mejores espíritus de Cataluña siempre han visto claro que teníamos que tender a un desarrollo generalizado y equilibrador.

Y hay un cuarto hecho permanente, que es la reclamación que ha hecho Cataluña de unas instituciones políticas propias, que además eviten el fraccionamiento político-administrativo del país, se llamen Juntas Centrales, Diputaciones Generales, Diputaciones Únicas, Mancomunitad o Generalitat. Y esto, todos. Recuerden aquella gente tan moderada, tan conservadora, en cierto sentido tan impregnada de una visión muy canovista de España, que dio apoyo al Gobierno de Silvela-Polavieja. Aquella gente reclamaba esto. Reclamaba esta unificación político-administrativa de Cataluña. Por esto he podido afirmar recientemente que la pretensión de que las diputaciones desaparecieran o dependieran de la Generalitat no era un capricho ni un invento, sino la manifestación actual de una vieja aspiración.

LO QUE SIEMPRE HA EXISTIDO

Señores, lo que les he querido decir con este discurso que, por supuesto, está resultando excesivamente largo, es muy simple. Les he querido decir que esta realidad ha reaparecido. En un primer momento, su reaparición siempre es acogida con cierto alborozo, pero a veces resulta después un punto incómoda. Y a veces puede parecer agresiva en su intento de recuperar un terreno perdido durante largas épocas de postración. En su largo exilio, Tarradellas decía que había que dar apoyo —no lo decía con esas palabras, pero el concepto era ése— a lo permanente, que, para él, quería decir la Generalitat. A la Generalitat sin más, casi sólo como idea, a una Generalitat vacía, porque, cuanto más vacía, más permanente era, menos vinculada estaba a lo coyuntural, a las pequeñas polémicas de partidos y de personas. Cuando decía esto, demostraba una clara intuición. Demostraba que entendía que los catalanes, muchos de los cuales —las nuevas generaciones— desconocían que hubiera existido la Generalitat, intuían que una Institución, con «I» mayúscula, debía existir. Cuando de repente se la encontraron, aquello fue aceptado, y fue aceptado por todo el mundo. Yo soy el representante de un Gobierno minoritario, discutido políticamente, con dificultades parlamentarias, todo lo que ustedes quieran. Pero la Institución y yo mismo —en el grado en que además de ser hombre de partido, soy presidente de la Generalitat— somos respetados. Somos respetados por nuestros adversarios políticos. Lo somos, y esto es, por una parte, un elogio que hago a mis adversarios políticos, pero, sobre todo, es una constatación de esta voluntad, de que la Institución existe. Es una constatación del carácter permanente que se asigna a la Institución de autogobierno que representa, que debe representar a la totalidad del país. Parecía que había muerto, pero ha aflorado de nuevo porque forma parte de las aspiraciones permanentes de nuestro pueblo.

También han reaparecido la lengua y el hecho cultural, ambos absolutamente decisivos. Nosotros podemos renunciar a muchas cosas, pero no podemos renunciar a la lengua y a la cultura, porque son nuestra columna vertebral, nuestra médula. Sabemos que éste es un tema que hoy tenemos que tratar con especial atención por el hecho inmigratorio. Sin embargo, sabemos también que quienes más necesitados estamos de encontrar una solución de convivencia que permita una lenta y no traumática, una muy fraternal y muy respetuosa integración en la sociedad catalana, somos nosotros, somos los catalanistas, es decir, los que hemos hecho de la continuidad de esta realidad que es Cataluña un objetivo absolutamente básico, no de nuestra política, sino de nuestra vida. Y quienes más necesidad tenemos de una sociedad que será catalana, pero que será catalana de una forma distinta, evidentemente, de lo que habría sido sin que se hubiera producido ese hecho humano y demográfico, quienes más preocupados debemos estar somos nosotros. No puedo ahora extenderme en explicarles nuestra política lingüística y la prudencia con que actuamos, pese a lo que se diga, de buena fe o de mala fe. Pero sepan que, si alguien está interesado en que el país no se fracture, obviamente somos nosotros.

¿Qué más ha reaparecido? Ha reaparecido la voluntad de intervención. Yo soy un político nacionalista, soy un político que procura, por así decirlo, no tener ningún vínculo de dependencia política con otras fuerzas políticas centradas en Madrid. Eso es sabido. No lo digo con aire polémico: es un hecho. Sin embargo —y alguno de ustedes asistió a aquella conferencia— ya en el año 1976 vine a Madrid a explicar lo que era nuestro nacionalismo y lo que era nuestra visión de España. Hablé también de nuestra voluntad de presencia en el quehacer de España. Tenemos derecho a estar presentes en él, tal como somos, es decir, desde la forma de ser español que se da en Cataluña. Esto era la tradición de Cambó y la tradición de Carner. Es una tradición que hoy recoge, como figura más vista de esta política, Roca i Junyent, que por supuesto cuenta para ello con el apoyo de sus correligionarios. Esta política que persigue la modernización y la reforma del Estado es una política plenamente intervencionista.

Hay que decir que también reaparecen las mismas dificultades de siempre, las dificultades de comprensión, con responsabilidades repartidas, con responsabilidades a uno y otro lado. Es evidente, por ejemplo, que hay catalanes que no tienen una visión suficientemente clara de lo que ha sido y de lo que es Castilla. Y los prejuicios que fuera de Cataluña hay respecto a nosotros son harto conocidos. Hay dificultades de comprensión y dificultades de encaje, aquellas dificultades a las cuales ya hacía referencia Posada Herrera, dificultades que a menudo tienen una base objetiva. Sin embargo, creo que en esta ocasión hay más madurez que nunca y creo sinceramente que, esta vez, podemos conseguir salir adelante.

Pero seguir adelante requiere superar una serie de atrasos históricos. Requiere modernizar el Estado. Requiere conseguir un desarrollo generalizado para evitar algunas de esas dificultades de encaje que históricamente se han producido en el terreno industrial y en el terreno económico. Esto implicará un incremento de desarrollo mayor de algunas otras zonas respecto a Cataluña. Requiere consolidar la democracia, consolidar la libertad, es decir, consolidar lo que podríamos llamar la revolución política. No me refiero, por supuesto, a una revolución violenta. Me refiero al cambio profundo de signo democrático que, durante los últimos siglos, se ha producido en muchos países de Europa y que España no ha hecho todavía plenamente, de la misma forma que no hizo plenamente tampoco, en el debido momento, su revolución industrial. Es preciso también que España se vincule estrechamente con Europa, que deje de vivir de espaldas a ella como prácticamente ha hecho desde finales del siglo XVI. Nosotros, los catalanes, somos especialmente sensibles a este desapego a Europa, porque, como dice Sánchez-Albornoz —y cito a un historiador poco sospechoso—, siempre hemos vivido —más que ningún otro pueblo español— anclados en la cultura europea, procediendo de ella y alimentándonos de ella. De ahí que sintamos tanta necesidad de esta vinculación. Pero esta vinculación también la necesita España en su conjunto.

Y finalmente hay un último problema que hay que resolver para salir adelante: el de la estructura del Estado. Resolverlo de forma que no cruja la estructura del Estado, pero que tenga en cuenta la realidad plural de España y, concretamente en el caso de Cataluña, que tenga realmente en cuenta su muy larga tradición autonómica. Esta larga tradición basada no sólo en hechos políticos, y menos todavía en hechos administrativos, sino en hechos de fondo, como son una lengua, una cultura, una conciencia histórica muy viva. Resolver esto es otro de nuestros grandes desafíos.

He pensado que no habría correspondido a mi función entrar en lo que podríamos llamar la anécdota política. Ni tan sólo en el comentario de los serios problemas políticos que hoy hay en España. Cuando mañana vuelva a Barcelona, por supuesto que, en lo que me corresponda, deberé ocuparme de ellos. Pero hoy he pensado que mi mejor servicio sería hacer la presentación de esa Cataluña, difícil a veces de entender fuera de ella, y sobre todo difícil de entender si no se la contempla en toda su dimensión y sin saber cómo se ha gestado. Una de las buenas formas de llegar a entender una realidad es saber cómo se ha gestado. Es lo que he intentado explicar con esta larga conferencia. Quisiera haber ayudado a hacer comprender que Cataluña es una realidad que viene de lejos, que se ha ido forjando gracias al esfuerzo de mucha gente, que se ha ido forjando a través de su propia interiorización, pero también a través de una confrontación dialéctica y de una colaboración con el resto de los pueblos de España. Esta realidad catalana es la que hoy aparece, o reaparece, y que no es un invento o un programa político. Es mucho más. Y este hecho aparece, o reaparece, animado de una gran ilusión. De la gran ilusión de ser catalán, y de poder ser constructiva y eficazmente español.

Quiero expresarles mi más profunda convicción de que, en esta ocasión, entre todos vamos a dar respuesta positiva al gran reto histórico que tenemos planteado.

ANTE UN NUEVO CICLO HISTÓRICO

El año 1996 es un momento esperanzador. Da la sensación de que la política de compromiso leal y profundo de Cataluña en la construcción de la España democrática y abierta a Europa, capaz de crecer económicamente, crear un buen Estado de bienestar y modernizarse en todos los sentidos, ha sido eficaz, en beneficio de todo el Estado. Y más capaz que en el pasado de aceptar su diversidad interna, también la personalidad propia y diferente de Cataluña. Parecía que, por un lado, en gran parte estuviera haciéndose realidad esa idea del historiador Vicente Cacho, autor de El nacionalismo catalán como factor de modernización, y que España realmente estuviera cerca de dar un gran salto histórico. Y, por otro, que eso fuera compatible con la aceptación de la realidad y las aspiraciones catalanas. Es decir, que después de siglos difíciles España estuviera entrando en un nuevo ciclo histórico. Positivo. Esperanzador para todo el mundo.

En ese marco y con ese estado de ánimo pronuncié las tres conferencias siguientes, la primera y la tercera en Madrid, y la segunda en Sevilla.

Una esperanza que pronto se disipó.

¿ES POSIBLE EL ACUERDO NO COYUNTURAL? ES HORA DE SUPERAR LOS PACTOS DE COYUNTURA

Conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, el 1 de julio de 1996

Señor presidente del Congreso, señor presidente del Senado, señores ministros, señoras y señores: en primer lugar, quiero agradecer al Club Siglo XXI la oportunidad de poder hablar de nuevo desde una tribuna tan prestigiosa. Lo hice por primera vez en el año 1978, y desde entonces han sucedido muchas cosas, ha habido muchos vaivenes, se han desvanecido algunos prestigios y han aparecido otros —tanto en lo que concierne a figuras como a entidades—, pero este foro ha mantenido su alto nivel.

Quería decir también, antes de entrar en el tema del cual trataré, que posiblemente sorprenda a algunos que Miquel Roca haya hecho la presentación, puesto que normalmente no suele correr a cargo de personas tan directamente vinculadas al partido y a lo que uno representa. Pero, a través de mi exposición, comprenderán por qué se lo pedí. Comprobarán ustedes que también la presentación hecha por Roca forma parte de mi discurso.

Y entro en el tema diciéndoles que, desde 1975, Cataluña ha actuado en el conjunto de España con un alto sentido de responsabilidad. Y también que el balance de esa actuación es indiscutiblemente positivo desde el punto de vista del interés general español. Esto es válido para Cataluña, pero también para el nacionalismo catalán, y más específicamente para Convergència Democràtica de Catalunya y para la coalición Convergència i Unió.

Les recordaré algunos episodios que, a mi entender, lo confirman. En su momento colaboramos con UCD. Posiblemente fuimos la fuerza política que más colaboró con UCD. Y lo hicimos porque vimos en UCD y en Adolfo Suárez la posibilidad —que en algún momento nos pareció además la única— de que la Transición fuera una realidad. Y lo hicimos conscientes de que políticamente era arriesgado. Porque realmente nosotros no nos beneficiamos directamente de ello; se benefició el país. Por ejemplo, cuando en 1977 dijimos a Suárez y a su vicepresidente económico, Enrique Fuentes Quintana, que nuestros votos estarían invariablemente con UCD en todo lo referente a la política económica que iniciaba en aquel momento Fuentes Quintana —un momento delicado, de sudamericanización—, prestamos un servicio, creo que importante, y que no necesariamente tenía que repercutir positivamente para nosotros en términos electorales. Quiero recordarles que UCD no tenía mayoría absoluta y que le era muy difícil sacar adelante algunos de sus proyectos, pero los votos de la entonces denominada «minoría catalana» lo hicieron posible. Quiero recordarles también, por ejemplo, un hecho que protagonizamos Roca y yo (que no fue en la fecha del 23 de febrero de 1981, sino los días 24 y 25). Roca salió del Congreso el 24, a media mañana, como todos los diputados que habían sido secuestrados el día anterior durante el intento de golpe de Estado. Me llamó desde el Hotel Palace a mi despacho de la Generalitat, y me comentó lo que había sucedido. Y me dijo: «Tengo que decirte una cosa relacionada con la sesión de mañana». (Ustedes recuerdan que el golpe del 23 de febrero se produjo durante el debate de investidura del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo. Nosotros, en primera instancia votamos contra la investidura de Calvo-Sotelo porque sabíamos que aquel Gobierno iba a constituir una inflexión restrictiva en cuanto a política autonómica. Y hubiéramos votado otra vez contra Calvo-Sotelo.) Volvamos a lo que me dijo Roca el 24: «Oye, yo he pensado que mañana…». Le interrumpí y le dije: «De acuerdo». Me respondió: «Hombre, todavía no he terminado de decirte de qué se trata». «Sí, pero sé que me vas a decir que mañana tenemos que votar a favor del Gobierno. Y además tenemos que hacerlo a cambio de nada». Y efectivamente, así era. «Por lo tanto, tienes razón. Y, ahora, cuando salgas de la cabina telefónica del Palace, buscas el primer periodista que encuentres y le dices que mañana votaremos a favor de Calvo-Sotelo para que nadie piense que hemos negociado nada». Porque entendíamos, y fuimos los únicos, que debíamos dar apoyo incondicional al nuevo Gobierno, para fortalecer lo único que podía ser un Gobierno democrático en aquel momento. Fuimos los únicos que lo hicimos, a pesar de que, con razón, temíamos que iba a ser un Gobierno muy negativo en política autonómica. Por cierto que luego se nos echó en cara que hubiésemos intentado reforzar con nuestros votos el único Gobierno democrático posible en aquel momento.

Debo decir, también, y lo digo con pesar, que la respuesta inmediata a nuestro gesto no fue estimulante, porque se celebró una reunión de cuatro partidos con el Rey en la cual debieron acordar algo —nunca hemos sabido qué, aunque intuimos con bastante claridad lo que tratarían—. Los cuatro partidos fueron UCD, PSOE, Alianza Popular y el Partido Comunista. No fuimos invitados a ella ni el Partido Nacionalista Vasco ni nosotros. Sin embargo, fuimos los únicos conscientes de que un Gobierno cuyos ministros se habían visto obligados a arrastrarse por el suelo durante media hora tenía que ser fortalecido con un voto absoluto y con un total respaldo; a cambio de nada.

Y luego dimos apoyo —lo encabezó Roca— al proyecto reformista —un programa de alcance español— que fracasó y que, sin embargo, nosotros siempre hemos intentado aplicar. Tanto que, de unos años a esta parte, estamos consiguiendo introducir —creo que con un éxito apreciable— buena parte del programa de aquel intento serio, aunque posiblemente ingenuo, de contribuir al regeneracionismo español. Y ahora, y antes de seguir con la lectura de esta hoja de servicios, se habrán percatado de por qué he pedido a Roca que hiciese la presentación, y por qué he dicho que su presentación formaba igualmente parte del discurso. Porque ha sido Roca quien más ha personificado nuestras actuaciones y servicios al país. Por ello, su presencia sirve para subrayar lo que les estoy diciendo.

Y hemos hecho nuevas aportaciones. De 1993 a 1995, hemos colaborado con el PSOE. Nos sentimos especialmente satisfechos de ello. Ustedes saben que no ha sido fácil, pero creemos que el balance ha sido bueno. Y debo decir con toda sinceridad que esta colaboración no se interrumpió por cálculo político, sino porque la situación se hizo insostenible. Y aun cuando la interrumpimos, la pactamos de manera que no perjudicase determinados intereses españoles y, sobre todo, que no afectase algo que para nosotros era muy importante: la presidencia española de la Unión Europea durante el segundo semestre.

Luego, desde hace poco, hemos iniciado una colaboración con el Partido Popular. Lo hacemos con la voluntad de que resulte y de que dure lo suficiente para poder llevar a cabo —y creo que así será—, una buena acción de Gobierno. Y conscientes de que esta colaboración puede tener una trascendencia notable, más allá de lo que es estrictamente político. En todo caso, nos ha inspirado la voluntad de contribuir a la estabilidad, a la gobernabilidad y al progreso general de España. Y debo añadir que lo hemos hecho con lealtad.

Cabe preguntar: «¿Son una especie de veleta si han pactado con unos y con otros?». No, no somos una veleta, y yo —puesto que no quisiera alargarme demasiado— no les voy a leer textos nuestros de 1975 y de 1977 —de los que antes hablaba Roca— , y tampoco los voy a comparar con los de otros partidos. Pero no hemos sido una veleta, insisto. Lo que sucede es que, desde nuestra posición de siempre, es decir, desde nuestro programa, hemos manifestado una voluntad de pacto. Y ahora podemos decir que Convergència i Unió ya ha contribuido a la estabilidad y al progreso generales en circunstancias muy diversas, y nadie puede, por lo tanto, echarle en cara deslealtades. Y tampoco se nos puede acusar de haber abusado del poder de decisión que en algún momento hayamos podido tener. Por ejemplo, siempre hemos evitado frustrar la victoria al partido más votado o, más exactamente, frustrar a aquella parte mayoritaria de la opinión pública española que, en un momento determinado, toma una determinada opción. Tuvimos que explicarlo mucho en 1993 y en 1994, y espero que no tengamos que explicarlo demasiado, ahora, en 1996.

Creo que hemos sido prudentes —o lo hemos intentado— y que no hemos cometido actos de irresponsabilidad. Lo que les he comentado antes de la presidencia de la Unión Europea está en esta línea de la responsabilidad. Y nuestra actitud, por ejemplo, en temas tan debatidos, agrios y conflictivos, como los GAL o los papeles del CESID, podrá ser acertada o no, pero la hemos planteado con gran convicción. En estos casos nos ha inspirado siempre el sentido de Estado, y por ello seguimos en contra de que se repartan por las buenas los papeles del CESID. Podemos equivocarnos, pero es nuestra posición. Y, por otra parte, también quiero subrayar que a menudo oímos hablar de una posible reforma de la Constitución o de los estatutos, y nosotros, que tenemos serias quejas sobre su interpretación y aplicación, no lo hemos pedido nunca, porque sabemos que, si llegáramos a plantearlo —si un día lo hiciésemos—, abriríamos un proceso de consecuencias inciertas.

Por todo ello, nadie debería escandalizarse si decimos que hay cosas, y muy importantes, en las que no estamos de acuerdo. Concretamente, no estamos de acuerdo en cómo se aplica la Constitución en el tema autonómico ni en el tono general de la política autonómica, por lo menos la referida a Cataluña.

Teniendo en cuenta todo eso, no es temerario afirmar que disponemos de un capital —demostrado e importante— de sentido de Estado, de responsabilidad y de lealtad lo bastante sólido para que, con radical franqueza, reclamemos una reflexión e incluso determinados cambios en el sistema autonómico, y muy especialmente en lo que afecta a Cataluña. Con radical franqueza y sin ánimo de halago. Porque no estoy aquí con ánimo de halago y, además, estoy seguro de que mi discurso no va a merecer el beneplácito de todos, de los presentes y de los de fuera, y que no faltará quien afirme que no es oportuno. Pero quiero advertirles que nunca nada parece oportuno cuando se trata de decir determinadas cosas.

Pienso que este es un buen momento para España. Hay sosiego, perspectivas positivas, una profunda estabilidad del país —no sólo la política, que, a mi entender, está conseguida—, sino en general. Por lo tanto, es el momento en el cual podemos hablar de todo; por supuesto, en la forma debida. Y por ello persigo un diálogo franco para intentar llegar a acuerdos y pactos menos coyunturales que los actuales —y no me refiero a los de carácter político que hemos establecido con el Partido Popular— porque, como habrán advertido, mi discurso se sitúa en otro plano tratando de pactos adaptados a una situación más intemporal y menos subordinada a situaciones políticas concretas.

La Constitución viene a ser el pacto formal de convivencia de los ciudadanos y de los pueblos del Estado. Para que sea útil, debe responder suficientemente a la realidad del país, pero no por ello deja de ser a menudo fruto de la relación de fuerzas y de las ideas dominantes de cada momento. En cierto sentido, éste fue el caso de la Constitución de 1978. Era un momento muy difícil, muy contradictorio y muy peligroso. Por ello hay que señalar como un mérito que los constituyentes —entre ellos, de forma especial, precisamente Roca— elaborásemos y aprobásemos una Constitución abierta y ambigua —no me duele la palabra— que permitiera interpretaciones diversas. En aquel momento, en aquella coyuntura, esto fue probablemente acertado. Quedaban así, para más adelante, las varias posibles lecturas, también coyunturales. Lo que les digo es válido en gran parte para la Constitución de 1978, pero especialmente lo es en lo que concierne a la estructura del Estado y a las autonomías.

Es cierto que en los Estados que no son homogéneos o que simplemente asumen una forma autonómica o federal siempre persiste una dialéctica y una cierta tensión. Sucede en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania. No obstante, en aquellos países, en lo fundamental, el proceso está ya cerrado. La estructura del Estado ha dejado de estar constantemente en el centro del debate político institucional. Tomemos, por ejemplo, el caso de Alemania. ¿Por qué es federal Alemania? Por imposición. Porque, después de la guerra, los aliados —y especialmente los franceses—, convencidos de que federalismo y descentralización equivalían a debilidad, le impusieron el federalismo. La idea dominante en la posguerra era que la centralización democrática, la planificación democrática y el dirigismo democrático daban fuerza, y que la descentralización generaba debilidad. Como Alemania acababa de perder la guerra, le impusieron una Constitución federal. Fue un gran error, porque está claro que la estructura se ha ido ajustando, que Alemania se ha adaptado a la situación, la ha aceptado, la ha asimilado, ha sacado un gran provecho de ella —reconocido por todo el mundo, empezando por los franceses—, y actualmente —a pesar de los tira y afloja— su Constitución ya no es coyuntural.

Pues bien, la pregunta que planteo es ésta: ¿Estamos en España en condiciones de analizar no sólo la Constitución, sino toda la práctica política institucional y cultural que ha habido desde 1977 hasta 1996, de aquilatar su resultado, de ver si —como en el caso de Alemania— lo establecido al principio se ha consolidado ya o, por el contrario, ha demostrado no adaptarse plenamente a la realidad? Dar respuesta a esta pregunta es el objetivo de esta conferencia, en primer lugar en lo referente al Estado de las autonomías, y más específicamente aún, a la autonomía de Cataluña. Y añado que, en el caso de que la Constitución siguiese chirriando seriamente, porque no se produjera el pleno asentamiento —como el que hubo en Alemania—, habría que ver a través de qué lecturas puede conseguirse. Y añado —y quisiera enfatizar esta frase— que a veces ha habido que cambiar una Constitución por la obstinación en no cambiar su lectura.

¿Cuál era la situación sobre esta cuestión en el lustro decisivo que va de 1975 a 1980? Entre los grandes retos de la nueva situación, figuraba el de Cataluña y el País Vasco, y el antecedente de la Segunda República lo corroboraba. Durante los años del franquismo, la persecución contra las identidades y las instituciones catalanas y vascas fue dura y llevada a cabo con voluntad de destrucción, hasta el punto de que, en algún momento, el régimen franquista pudo llegar a creer que esta persecución dejaría nuestro país absolutamente postrado, con una cultura definitivamente marginal, una lengua residual y una conciencia colectiva totalmente descatalanizada.

En 1973 ya estaba claro que esto no era así ni en Euskadi ni en Cataluña. No solamente estaba claro, sino que eran muchos, muchísimos, los que pensaban que estas dos reivindicaciones nacionales podrían ser el escollo más difícil y peligroso de la Transición hacia la democracia.

En este marco, un planteamiento básico de la Transición fue la generalización autonómica. Cuando en la «comisión de los nueve» de 1977 —de la cual formé parte— Convergència Democràtica de Catalunya propuso la generalización autonómica siguiendo el modelo italiano y partiendo de la base de que había unas nacionalidades históricas muy bien definidas en España, propugnaba que hubiera estatutos ordinarios y estatutos extraordinarios, como en Italia. Esto no fue asumido por los restantes miembros de la comisión de los nueve y tuvimos que presentarlo a título particular Anton Cañellas —en representación de los democratacristianos, y más concretamente de Unió Democrática— y yo mismo a Suárez, sin ninguna receptividad.

La consecuencia fue instaurar el «café para todos», con la particularidad de los regímenes forales del País Vasco y de Navarra y también de los cabildos canarios, los cuales, más o menos, habían ido persistiendo en la estructura del Estado. Es decir, parecía que era de más fácil aceptación lo que, en cierto modo, había tenido continuidad. En todo caso, el objetivo era claro: el «café para todos» pretendía diluir las autonomías inevitables del País Vasco y de Cataluña y conseguir la general aceptación de la Constitución y de la nueva situación democrática.

Hoy podría ser distinto, y por eso hago este discurso para comprobar si, como creo realmente, la coyuntura ha cambiado. Nosotros asumimos en aquel momento la responsabilidad de aceptar un planteamiento que podría tener ciertos inconvenientes para nosotros, porque entendimos que esto favorecía el proceso de la Transición democrática. Pero nos llegamos a hacer la pregunta: ¿esta responsabilidad —que en aquel momento coyuntural parecía clara— tiene que durar siempre, o cabe la posibilidad de que las coyunturas cambien y que podamos replantear algunas de estas cuestiones?

Debo recordarles que la generalización autonómica no respondía ni a la demanda social ni a la demanda política del momento. Hay dos anécdotas que lo demuestran. No serían válidas ahora, con lo cual salgo al paso de cualquier crítica que pudieran formularme.

En una ocasión visité una comunidad autónoma —me permitirán que no desvele cuál— y su presidente me dijo: «Mire usted; a mí, como secretario general de mi partido, me correspondió combatir la idea de la autonomía en mi región; después hubo un cambio de política coyuntural, con el objetivo de desgastar a UCD, y se esgrimió el agravio comparativo. Ganamos las elecciones y ahora soy presidente de esta Comunidad Autónoma». Esa declaración ya le honraba. Pero prosiguió: «Comprenderá que, aunque yo no crea en esto, al ser el presidente, debo procurar hacerlo lo mejor posible». Podríamos hablar de muchos casos similares de aquella época. Una más reciente: hace pocos días vi, por televisión, que se celebraban los doce años de autonomía de una comunidad —tampoco diré cuál— y su presidente hizo un discurso en el sentido siguiente: «Después de doce años de autonomía, tenemos que definir nuestra identidad. Tenemos que definir el sentido de nuestra autonomía». Es decir, que doce años después, aquella comunidad autónoma aún tiene que definir el sentido de su autonomía. Y lo primero que deciden es decir que son una nacionalidad, porque es sabido que, por desgracia, esta distinción que se estableció en la Constitución entre regiones y nacionalidades —que realmente tenía un gran sentido en aquel momento— ha sido tratada con tan absoluta ligereza que corre el riesgo de perder su razón de ser y puede ser esgrimida ahora con arbitrariedad total en nombre, por supuesto, del agravio comparativo.

Cierto es que hoy la situación es distinta, porque se crean hábitos, se crean intereses, se crea una clase política y se crean sentimientos legítimos, y sinceros. Probablemente hoy, si se pretendiese suprimir la autonomía de una comunidad autónoma de las que he hablado, habría una reacción, pero en aquel momento la cosa fue así. Y realmente, como dijo el señor Joaquín Leguina, presidente de la Comunidad de Madrid, en cierta ocasión —cosa que le agradezco, porque he dicho antes que, sobre estas cuestiones, vale más lo que digan los no catalanes que los catalanes—, en España hay autonomías gracias a Cataluña.

Deseo precisar que en la defensa de la generalización autonómica Cataluña y Convergència i Unió volverían a estar en primera fila, si se pretendiese suprimirlas. Lo que criticamos, por consiguiente, no es la generalización autonómica, que fuimos los primeros en defender, sino la forma homogeneizadora como se ha llevado a cabo y el freno constante que ha representado para Cataluña. Por lo demás, es bien conocida nuestra opinión de que las autonomías han significado un mayor grado de vitalidad e iniciativa para el conjunto de España. Hoy mismo, en una conferencia en El Escorial, respondiendo a una pregunta, he insistido sobre ese punto.

Como les decía, una Constitución ambigua significa que, de momento, se acepta un texto que más adelante podrá interpretarse diversamente; es decir, un texto que en el futuro se definirá mejor, según cuál sea la evolución política, social o ideológica, según la relación de fuerzas y según diversas circunstancias. También según lo que determine el Tribunal Constitucional, el cual, a su vez, como es lógico, y no es criticable, tampoco es inmune a la evolución del contexto general.

Cierto que en 1979 los partidos políticos catalanes creyeron, o algunos fingieron creer, que en la Constitución figuraban garantías suficientes para asegurar un alto grado de autonomía y que se tenía en cuenta el hecho diferencial catalán. Todo ello con moderación, fruto de un evidente sentido de responsabilidad, o ingenuamente por el halago de sentirse llamados a ejercer esa responsabilidad en beneficio general. Quizá también respondiendo a aquella apelación que una vez me hizo (en el pasillo del Congreso de los Diputados) Joaquín Garrigues —entonces ministro del Gobierno de Suárez—: «Mira, el equilibrio sobre el que trabajamos es muy frágil. Si vosotros os echáis al monte —no se refería en el sentido violento, sino en el de radicalizar nuestras posturas—, corremos el peligro de no alcanzar el éxito…». Sucedía que, ya entonces, éramos punto de referencia. Le dije: «Oye, nosotros no somos el único riesgo». «En realidad —me dijo—, como punto de referencia, vosotros sois los que contáis más.» No es ninguna suerte ser punto de referencia o, como dijo una vez un político socialista, «absceso de fijación». Pero, en realidad, entonces fue así, y a veces todavía hoy sigue siéndolo.

Por otra parte, el compromiso político de UCD y del PSOE en 1979 era tener en cuenta la personalidad diferenciada de Cataluña, de una manera práctica y concreta, tanto en términos generales como en el propio Estatuto de Cataluña. Se trataba de «no hablar mucho de ello, para que fuera así» —y en la sala hay algunas personas que lo recordarán, porque intervinieron en ello—. Había un compromiso político de que la generalización autonómica no limitaría el techo competencial catalán ni diluiría el hecho diferencial. Y este compromiso político podía apoyarse en los elementos de heterogeneidad que figuran en la Constitución. En la Constitución hay aspectos de carácter homogeneizador, pero hay otros que permiten la heterogeneidad. Y desde Cataluña se hizo la apuesta confiando en este supuesto. La evolución posterior no ha confirmado esta expectativa. ¿Tiene la reunión del 24 de febrero de 1981 algo que ver con esto?

Permítanme un inciso: la homogeneidad y la homogeneización explican que, en nuestro partido, hayamos manifestado nuestro rechazo al federalismo. Rechazamos la homogeneidad porque no responde a la realidad y rechazamos la homogeneización porque representa siempre una pérdida de identidad y un límite a nuestro techo de autogobierno. Esto explica el interés, sólo relativo, que hemos manifestado respecto a la reforma del Senado. El vicepresidente primero del Senado —Joan Rigol— ha expuesto este punto de vista con claridad en diversas ocasiones. Si la reforma debe servir para subrayar todavía más la homogeneización autonómica, si no permite codificar las diferencias — que, por supuesto, no es únicamente Cataluña quien las tiene—, no nos interesa. Es decir, Cataluña no aspira a ser un Land alemán, pese a que los Länder alemanes tienen más competencias y reciben mejor trato financiero que nuestras comunidades autónomas más beneficiadas; ni aspira a que el Senado sea una especie de Bundesrat, aunque, por supuesto, no rechaza que el Senado sea una cámara territorial. Pero básicamente aspira a un reconocimiento claro de la naturaleza política de su nacionalidad.

Enlazo de nuevo, después de este inciso, con el hilo central de mi argumento. Les hablaba de cómo se plantearon las cosas en 1978 y 1979. A partir de entonces el proceso homogeneizador se puso en marcha, en parte, por un reflejo social colectivo y, en parte, por la utilización política y electoralista, a veces demagógica, de la cuestión. El reflejo social colectivo se basó sobre todo —y sigue siendo así— en el agravio comparativo y en el efecto de emulación —el punto de referencia del que hablábamos— referido a Cataluña.

Recientemente, Jaime García Añoveros, que fue ministro de Hacienda con Suárez, lo ha descrito magistralmente en un artículo titulado «El hecho diferencial». Dice: «Desde la Transición, el modelo a seguir por todas las demás, hasta para existir, ha sido Cataluña. La especialidad foral del País Vasco lo coloca para el común de nacionalidades y regiones en caso aparte, pero ya la entronización de Tarradellas en la Generalidad contagió al personal político de una fiebre preautonómica. Después, con la autonomía y el Estatuto catalán, sucedió lo mismo: los autonómicamente más audaces querían ser como Cataluña y enseguida, mientras otros se conformaron con un paso más lento. La presión autonomizadora se ha iniciado siempre o casi siempre en el País Vasco y Cataluña, pero quien produce un efecto de emulación más operativo es Cataluña». Hasta aquí García Añoveros. Y así es, efectivamente. Lo es tanto que, en la redacción del Estatuto de autonomía de una comunidad autónoma, con posterioridad a la de Cataluña, se introdujo la competencia en aguas lacustres por el simple hecho de que dicha competencia figuraba en el de Cataluña, y a pesar de que en aquella comunidad no hay lagos. Cuando se hizo observar lo ilógico del caso a los redactores del proyecto, la respuesta fue: «Figura en el de Cataluña; mantengámoslo, por si acaso». Esto es enfermizo.

Pasan muchos años sin que nadie —excepto el País Vasco— pida el traspaso de los grandes puertos. De repente, el nacionalismo catalán lo consigne, e inmediatamente hay una reclamación general. Es bueno que se reclame, pero ¿por qué no antes? O es que antes no existía el derecho o que no existía la voluntad de reclamar. Evidentemente, no existía. Y esto ha sucedido con todo, o con casi todo. Lo único con lo que no ha sucedido es con las competencias penitenciarias. Desde 1984, Cataluña es la única comunidad que las tiene asumidas. Tanto es así que, en algún momento, pudo parecer que el hecho diferencial se reducía a eso, especialmente cuando años atrás incluso el tema lingüístico se tuvo que poner a disensión, sobre todo en sus consecuencias de financiación. Había quien decía: «Si quieren hablar catalán, que se lo paguen». Y lo mismo ha sucedido con los recursos de inconstitucionalidad —el ochenta y cinco por ciento de los cuales han sido presentados por el País Vasco y Cataluña— de los cuales ganamos el sesenta y cinco por ciento y no sólo para nosotros, sino también para todas las comunidades autónomas. Y me pregunto: ¿por qué únicamente las presentamos nosotros, y no las otras comunidades autónomas? «El resultado va a ser —dice García Añoveros— un federalismo singular. Un federalismo sucesivo en lugar de simultáneo, es decir, un federalismo por arrastre. Un federalismo —insiste García Añoveros— que va a llegar hasta donde Cataluña sea capaz de llegar y, por supuesto, un federalismo radical, en el sentido de absolutamente igualitario.» Ruego a mi buen amigo García Añoveros que me disculpe por el uso que hago de su artículo, pero no puedo evitarlo: describe magistralmente lo que ha sucedido y lo que sucede. El artículo, por otra parte, está escrito desde el afecto hacia Cataluña. Vean, si no, como termina: «Quizá el hecho diferencial catalán sea esta función real de liderazgo [se refiere a la capacidad de arrastre hecha en términos constructivos]». Y luego termina con la clásica, inevitable y a veces irritante apelación al seny, diciendo: «El seny es mucho más irresistible que la bravura». Muchas gracias por la amabilidad, que además me consta que es sincera, pero esto nos deja muy insatisfechos, en primer lugar, porque pretender tratar en términos iguales lo que no es igual es injusto; en segundo lugar, porque la respuesta a este supuesto liderato muchas veces no se da en términos positivos, sino más bien negativos. Cada vez que pedimos algo de lo que después se beneficia todo el mundo, provocamos reacciones altamente hostiles hacia el nacionalismo catalán y a la postre muchas veces también, por simplificación, hacía Cataluña.

Dicho esto, voy a referirme ahora a la cuestión de la financiación, sobre la cual, por supuesto, no voy a pasar de puntillas. Es un tema económico, por supuesto, pero también moral. Es un tema político, pero también estadístico. La financiación autonómica ha estado dominada por el concepto de solidaridad. En España el concepto de solidaridad se ha implantado con gran fuerza, y es positivo. Y quiero recordar que la primera vez que hablé desde esta tribuna, en abril de 1978, fue bajo el título «Los desequilibrios territoriales en España». Fue una conferencia que pronuncié cuando todavía no era presidente—, aquí en el Club Siglo XXI, el día 27 de abril de 1978. Yo mismo escogí el tema. Dije entonces textualmente: «El principio de solidaridad debe presidir la política española. Por consiguiente, creo —dije también— que habrá que arbitrar una fórmula de compensación entre los diversos pueblos de España que se llame —nombre que yo en aquel momento me inventaba— Caja de Compensación, Fondo Federal Equilibrador o Fondo de Ayuda al Desarrollo». No me extiendo en la cita, pero he querido poner de manifiesto que, desde el punto de vista del planteamiento político, hemos tenido las cartas en regla desde el primer momento.

Pasemos ahora a los datos numéricos. Sé que es una música que no gusta —incluso a mí me desagrada—, pero ya he advertido al principio que iba a hablarles con total franqueza y, ustedes disculpen, sin pretensión de agradar.

1. La diferencia entre lo que el Estado recauda en Cataluña y lo que le devuelve está entre el 8,5 por ciento y el 10,6 por ciento del PIB anual de Cataluña. En 1994, esto representó alrededor de un billón cien mil millones de pesetas, o sea, unas ciento setenta mil pesetas por persona.

2. Esto es consecuencia del hecho de que los catalanes pagamos un veinte por ciento por encima de la media española y recibimos un diecisiete por ciento por debajo. Es decir, hay treinta y siete puntos porcentuales de diferencia, lo cual es totalmente insólito en Europa, desde Italia hasta Alemania. En Alemania, la solidaridad se aplica desde el llamado «Fondo Suma Cero», pagando más los más desarrollados, naturalmente, pero no recibiendo menos.

3. Hay que añadir que los fondos europeos representan un nuevo factor de desequilibrio contra Cataluña, y ello no sólo porque Cataluña no es objetivo uno, sino porque, además, paga a la Unión Europea más de lo que recibe. Pudo pensarse, con lógica, que cabría suavizar los criterios fuertemente redistributivos de lo que propiamente es financiación del Estado, dado que los fondos estructurales y, en general, casi todas las ayudas de la Unión Europea, se aplicarían preferentemente a las zonas con PIB de renta más bajos, pero no ha sido así. El caso es que, entre 1986 y 1993, España recibió tres billones seiscientos mil millones de pesetas, pero Cataluña sólo ha recibido el 6,5 por ciento de aquella cifra, pese a representar el 16 por ciento de la población.

4. Básicamente, la contribución a la solidaridad va a cargo de Cataluña, sólo de Cataluña y de Madrid, y muy marginalmente del País Valenciano. Quizá algún año puede que haya alguna otra comunidad que contribuya, pero en realidad son Cataluña y Madrid. Además, Madrid tiene contrapartidas muy importantes —ustedes lo saben— a través del gasto total del Estado —capítulos uno, dos y cuatro— y a través de la inversión del Estado. Por otra parte, la contribución redistributiva de Madrid, en cierto modo, es en parte más formal que real, pues, debido a la localización en Madrid del domicilio fiscal de muchas empresas públicas y no públicas, debería significar una devolución a los centros colectivos repartidos por toda España, y no es así.

Resulta, en resumen —e insisto en que lamento tenerles que hablar de esto, pero algún día había que hacerlo—, que Cataluña es cuatro veces solidaria; primero, porque paga más al Estado; luego, porque recibe menos directamente del Estado en inversiones y gastos; luego, porque tiene una financiación autonómica inferior a la media y, finalmente, porque es aportadora neta a la Unión Europea, en lugar de ser receptora.

Y, repito, es un caso insólito en Europa. O sea, que también tenemos las cartas en regla para hablar de esto. Primero, porque pagamos, y en segundo lugar, porque siempre hemos defendido la política de equilibrio territorial.

Sí no fuera por la premura de tiempo, me complacería, y sería para mí un cierto relajamiento, hablar de mis vivencias personales. No de las actuales, sino de cuando era joven, de cuando tenía veinticinco, treinta, treinta y cinco años. Me gustaría hablarles de cómo yo había recorrido España, viendo qué era España y sobre todo viendo qué era la España pobre.

En cierta ocasión el presidente Suárez me dijo: «Vosotros los catalanes siempre estáis encerrados en Cataluña. No sabéis del resto del país». Yo le respondí: «Oye, ¿tú has estado alguna vez en Sanchidrián?». Y me respondió: «Hombre. Ése es mi territorio». Le contesté: «Pues yo también. Yo también he estado en Sanchidrián». «¿Y tú has estado en Blascosancho?» «Hombre, pues también es mi territorio.» Antes de que Andrés Sorel escribiese sus libros sobre Castilla y su grave crisis, yo ya había visitado algunos pueblos envejecidos y semivacíos de Castilla con ánimo de conocerlos y de entender qué había sucedido.

Siento no poder extenderme más sobre esto; pero no puedo evitar decirles que yo no tenía necesidad de que el Extremadura subiera a Primera División para saber dónde está Almendralejo, y Zafra, Lobón, Cíjara o Fregenal, o qué son en Galicia Chantada y los pueblos de la carretera solitaria entre Vegadeo y Lugo por la que mucha gente pasa y nadie se detiene. Yo sí. Pero, en fin, no les voy a hablar de esto. Simplemente quería insistir en que tenemos las cartas en regla.

Por lo tanto, estamos de acuerdo: solidaridad. Pero ha llegado el momento de revisar el concepto. Primera pregunta a responder: ¿ha sido eficaz? Sí, e incluso mucho. Por lo tanto, una primera respuesta positiva. La redistribución de la renta ha sido muy fuerte; la más fuerte de toda Europa. Cuando Rodríguez Ibarra dice, en frase muy gráfica, que ahora en Extremadura ya no se podría rodar Los santos inocentes, tiene razón. Y en Baza, población que yo también había visitado, ya no hay gente viviendo en cuevas. Y de todo ello nos congratulamos todos los españoles, y sobre todo los catalanes, porque ya he manifestado que somos los que más solidaridad hemos manifestado con nuestra contribución económica.

Podríamos ampliar esta respuesta positiva con otras consideraciones, también positivas, pero es preciso introducir ciertas matizaciones. Concretamente: el cambio sustancial en el ranking de renta per cápita por comunidades autónomas, en el sentido equilibrador, no se corresponde con el ranking del PIB, es decir, con la capacidad de crear riqueza. Es cierto, y no sería honesto esconderlo, que éste es un proceso más lento y mucho más difícil, pero en cualquier caso es obligado repensar el concepto de solidaridad si se tiene en cuenta que hay zonas de España menos desarrolladas donde la reacción en el PIB se orienta bien, y en otras no. En estas segundas, algo falla.

En aquella conferencia en 1978, yo hablaba ya con elogio de un ejemplo de capacidad de superación de una situación tradicionalmente negativa, concretamente la de Almería, y más específicamente la de Níjar. Yo la conocí en el año 1959, cuando me dedicaba a recorrer nuestros caminos para conocer toda España —y de una forma especial la España pobre— porque había leído el libro Campos de Níjar, de Juan Goytisolo, que me había impresionado. Níjar, veinte años después, en 1978, se había transformado tremendamente —positivamente, por supuesto—, con mucha menos ayuda de la que luego, durante lustros, han recibido algunas zonas que, en cambio, no han despegado.

Y cuando uno analiza la forma positiva en que se ha transformado, por ejemplo, la ciudad de Sagunto, que parecía destinada a la definitiva decadencia, o cómo fuera de España se han transformado espectacularmente regiones como el País de Gales o el área de Bari en Italia, nos asiste el derecho a pensar que conviene encender la alarma roja y comprender que transferir renta no equivale necesariamente a potenciar el desarrollo.

Por consiguiente, es preciso repasar el concepto de solidaridad, por lo menos por las razones siguientes:

1. Porque las situaciones de emergencia se han superado. Lo que decíamos de Los santos inocentes.

2. Por la forma en que demasiado a menudo la solidaridad se entiende —y es un pecado en el que podemos caer todos—, como dice con toda franqueza un presidente de una comunidad autónoma de las que solicitan solidaridad: «La solidaridad se suele entender siempre aplicada a los bienes ajenos, nunca a los propios». Y no pondremos ejemplos ilustrativos de esto, pero abundan mucho.

3. Porque demasiada gente da por supuesto que la solidaridad debe ser para siempre y sin techo. Y esto puede llegar a ser muy pernicioso para todos, e incluso para los beneficiarios de la solidaridad.

4. Porque se ha creado una mentalidad viciada en este sentido. Se pretende que la solidaridad se aplique en cascada y en todo. No solamente a través del Fondo de Compensación Interterritorial, sino a través de las partidas ordinarias de los presupuestos, de los fondos estructurales europeos, de los fondos de cohesión; absolutamente en todo. Les pondré dos ejemplos de esta desviación. Los fondos de cohesión no deben estar sujetos a criterios de solidaridad, ya que están destinados, o bien al desarrollo de las comunicaciones interestatales, o bien a resolver problemas de medioambiente y, por tanto, deben aplicarse especialmente a aquellas zonas del país que tengan problemas de medioambiente. Y puede muy bien suceder que zonas menos desarrolladas tengan menos problemas de medio ambiente. En este caso no hay que aplicar por el sistema de cascada el criterio de solidaridad.

Nosotros tuvimos hace unos meses un caso algo chusco. Pedimos fondos de cohesión para la incineradora de los productos industriales de todo el polígono químico de Tarragona, que obviamente está en Tarragona, y no en otra zona. Y nos dicen: «No, porque ustedes, como ahora aplican un canon especial de saneamiento —que existe en España, pero que no se cobra— y un canon hidráulico, que no existe en España, pero que ustedes sí tienen y cobran, ya tienen dinero». Eso es muy grave. Ello significa divorciar totalmente dos criterios que deben complementarse: la solidaridad y la responsabilidad. Hay una cierta tendencia a pensar que pueden separarse. Y no sólo es un problema español, porque pasa un poco en los países del sur de Europa, donde se tiende a veces a desvincular totalmente solidaridad de responsabilidad.

Otro ejemplo, para que comprendan hasta qué punto esta mentalidad lo ha impregnado todo: el Banco de España había bajado los tipos de interés, y yo, en una rueda de prensa, hago un canto casi lírico a la decisión del gobernador y expreso mi satisfacción. Se levanta un periodista y me dice: «Pero, señor presidente, ¿cómo se va a aplicar el criterio de solidaridad a esta rebaja de los tipos de interés?». Respondí: «La solidaridad no es de aplicación en este caso». A ello me replicó: «Esto hay que aplicarlo» y me dio su explicación. Yo repuse: «A las hipotecas se les va a aplicar la misma rebaja sea de donde sea su titular». Y así debe ser, y ni al Gobierno ni a la oposición ni al Banco de España les pasa por la cabeza otra cosa. Pero es una anécdota que ilustra hasta qué punto se ha creado una mentalidad que convierte en casi pecado —yo, por supuesto, estoy cometiendo un pecado mortal en estos momentos— decir: «Hablemos de esto. Reflexionemos sobre ello. Estudiémoslo».

Por lo tanto, partiendo de la base de que es bueno que España siga siendo un país avanzado en términos de solidaridad, también será bueno que se haga una reflexión sobre esta cuestión y se verá si hay que mantenerla exactamente igual o no, ahora que las situaciones de emergencia se han superado, y que además se ha visto que se han establecido algunos mecanismos abusivos o, por lo menos, desviados.

Sobre el tema de la financiación cabría insistir especialmente en un punto: la solidaridad debe consistir en pagar más los que tienen que pagar más (los que tienen una renta más alta y producen un PIB más alto), pero no deberían recibir menos. Deberíamos inspirarnos en los ejemplos de otros países europeos, donde las zonas más desarrolladas pagan más y reciben menos, pero no se las sitúa nunca por debajo de la media. En España, se nos sitúa diecisiete puntos por debajo. Y, sobre todo, hay que insistir en una cosa: no es válido que los ciudadanos, por los servicios a que tienen derecho, reciban menos como consecuencia de una aplicación —pensamos que muy poco acertada— del principio de solidaridad.

Creo que esto es fácil de defender. Se aceptará o no, pero es de fácil comprensión. Más difícil es, a veces, defender —pero creo que también valdría la pena que sobre ello hubiera una reflexión seria— que Cataluña, por ciertas características, se encuentra con determinados problemas económicos que otras zonas no tienen. Por ejemplo, ¿ustedes se han detenido a preguntarse por qué en Cataluña hay más hospitales y más escuelas concertadas? Sobre eso se pueden dar diversas respuestas, pero yo les daré algunas. Una es que tradicionalmente la inversión pública en enseñanza y en sanidad había sido en Cataluña inferior a la media; otra es que, por supuesto, Cataluña, por su estructura social y por su nivel económico, ha podido crear estos centros. Entonces nos dicen: «Pues se lo pagan ustedes». Pero quiero advertirles una cosa: si repentinamente todos estos centros concertados, escolares u hospitalarios, se convirtiesen en públicos —y por lo tanto, tendríamos que pagarlos el Gobierno de la Generalitat y tendríamos que acudir también al Estado—, esto crearía un gravísimo problema al señor Rodrigo Rato, ministro de Economía. Por lo tanto, este tema no puede resolverse así, por las buenas, y con ligereza.

No voy a abusar de su paciencia, y por lo tanto voy a orientarme hacia el final de mi discurso diciendo lo siguiente: puede sorprender, después de cuanto acabo de decir, que no plantee la revisión de la Constitución o que Convergència i Unió no haya convocado manifestaciones pidiendo la revisión del Estatuto, como han hecho otras comunidades autónomas. Para convocar manifestaciones y para pedir la revisión del Estatuto contaríamos con el apoyo seguro de otros partidos que representarían, con toda seguridad, más de las tres quintas partes del Parlamento de Cataluña, y muy probablemente entre el ochenta y el ochenta y cinco por ciento. Pero siempre nos hemos resistido a hacerlo, y siempre hemos pensado que debíamos llevar al ánimo de toda España, del Gobierno de España, de la oposición y de la opinión pública, temas que no deben ser tratados a caballo de las coyunturas electorales, sino como problemas de fondo para aceptar el reto del siglo XXI para España. Como reza el título de esta conferencia, y recogiendo una idea de Pedro Laín Entralgo, quizá estamos en condiciones de llegar a acuerdos no coyunturales, que es de lo que se trata. Siempre hemos intentado, sin éxito, repito, hacer llegar al Gobierno, a la oposición y a la opinión pública española, la idea de que todas estas cosas pueden resolverse con una adecuada lectura de la Constitución. Por ello finalmente me decido a dar una conferencia que no es una provocación, pero que pretende hablar con mucha claridad de estos temas. Hay demasiada gente que en privado nos dice que tenemos razón, pero que luego, en la práctica, y en público, dice lo contrario.

Pensamos que a través de lecturas no forzadas podría conseguirse lo que reclamamos. Lecturas, por supuesto, mucho menos forzadas que algunas que se hicieron en su momento, entre 1979 y 1982. Algunos de ustedes, de los aquí presentes, de diversos colores políticos, participaron en ellas, incluso nuestros diputados colaboraron. Alguien incluso nos dijo: «Estad tranquilos —dirigiéndose a Roca, a mí, o a Trias Fargas—, porque lo que vamos a aceptar seguramente es anticonstitucional. Pero no temáis: nadie va a plantear ningún recurso». Y efectivamente nadie lo planteó.

No pedimos tanto. Pedimos sólo que, de una forma mucho más modesta, se hagan aquellas lecturas que permitan subrayar los aspectos de heterogeneidad que hay en la Constitución y que nos podrían permitir, sin forzar nada, reconocer este hecho diferencial catalán que reclamamos. Más preciso: no lo reclamamos, porque lo tenemos. Reclamamos sólo que se reconozca lo que ya existe. Somos conscientes de que toda esta cuestión no es sólo un problema de la Constitución, sino también —y de manera muy especial— de actitud política, de voluntad o de falta de voluntad para alcanzar un pacto político. Y también he dicho que la negativa a interpretar la Constitución conforme a la realidad tarde o temprano lleva a un callejón sin salida.

Somos conscientes de que una petición de revisión del Estatuto y de la Constitución, según quién la plantea, no inmuta a nadie, pero, si la pide Cataluña, sí provoca reacciones. Además, si la tuviésemos que pedir, no sería una revisión de poco relieve y correríamos el riesgo de conflictividad que queremos evitar. Por eso les estoy hablando con una cierta solemnidad, con una cierta autoridad. Roca decía que quizá mi discurso sería un poco provocador. Y sucede que no lo es, pero sí es cierto que sobre este tema no podemos seguir pasando de puntillas, y como éste —insisto— es un momento positivo de la historia de España, pienso que podemos enfrentarnos con él.

Nos sentimos capaces de hablar de esto, de reclamar este cambio en la forma de aplicar la Constitución, porque hemos hecho aportaciones importantes —como he dicho desde el principio— al desarrollo español en lo político y en lo económico. Porque habremos ayudado a cambiar la mentalidad, porque hemos asumido responsabilidades en todos los terrenos. Por supuesto, también en el esfuerzo de integración europea. Pensamos que en el ámbito catalán hemos conseguido un progreso importante. Hemos conseguido afirmar nuestra identidad y reforzar nuestra cohesión; hemos conseguido crear en un cierto sentido —y van a pensar ustedes que soy inmodesto— un cierto modelo catalán. Y eso no lo digo yo. Me lo decían estos últimos días en una reunión de Mercosur en Buenos Aires. Lo decía la revista Der Spiegel recientemente. Lo han dicho algunos políticos italianos, y un profesor italiano me lo decía esta mañana en la Complutense. Lo dicen, por ejemplo, los tratadistas universitarios de estas cuestiones. Se dice en general. Existe ese modelo. Un modelo basado en la afirmación de identidad, en la cohesión y en la capacidad de realizar todo esto dentro de un marco estatal más amplio, dentro del cual se está, no a regañadientes, sino intentando hacer aportaciones positivas al progreso general.

Todo eso se ha hecho y marca el momento presente. Todo eso nos permite plantear estos temas, porque, aunque haya un balance positivo, persiste entre los catalanes el temor al ahogo, al riesgo de asfixia, de que se nos cierre el horizonte por ahogo competencial, político o financiero. Por ello hay que dar la voz de alarma precisamente cuando en España hay sosiego y cuando el país ha conseguido instalarse en la normalidad. En España vamos a tener los problemas de los demás, con dos grandes partidos bien asentados y, por lo tanto, con estabilidad política y perspectivas de futuro claras. La integración europea se está resolviendo bien, y España ha mejorado su prestigio al haberse producido una alternancia política con normalidad, y da la sensación de que el nuevo Gobierno puede realmente gobernar y actuar positivamente. En este momento en que España puede aspirar no a jugar en Primera División europea, que ya lo hace, sino a situarse en la parte alta de la tabla, es cuando podemos, con tranquilidad y honradamente, decir: «De todos modos, hay algunas cosas que no funcionan, que no son justas y que, si no se resuelven, nos pueden llevar no sé si a un conflicto, pero al menos al ahogo, a la asfixia de las grandes posibilidades que tiene Cataluña. De las posibilidades propias y de las que pueda aplicar al conjunto de España».

En un momento tan altamente positivo, afirmamos nuestro derecho a la diferencia. No al igualitarismo, no a la tendencia generalizadora. Siempre dentro de la modestia, porque no creemos ser mejores. No afirmamos el derecho a ser mejores, que no lo somos, sino a la diferencia. ¿Quién va a dudar que en el mundo tiene más peso la lengua castellana que la catalana? También la inglesa tiene más peso que la danesa. Pero esto no debe comportar inferioridad de situación y de trato ni del catalán ni del danés. Pero el tema no es ése. No es eso. Simplemente decimos que no queremos seguir aceptando pasiva y resignadamente esquemas, conceptos y recetas que conducen a la igualitarización de Cataluña o a la homogeneización, y que entendemos que al concepto de solidaridad indiscriminada y acrítica hay que aplicarle una reflexión, a fondo, por supuesto siempre en la línea de asegurar el progreso general del país.

Todo eso no tiene nada que ver con el pacto político que Convergència i Unió ha establecido con el Partido Popular. Mañana visitaré al presidente Aznar y no le hablaré de esta conferencia, a no ser que él quiera hablarme de ella. Y esta reflexión tampoco forma parte de nuestros acuerdos ni de los compromisos del Gobierno central. Al margen del pacto que procuremos aplicar con la máxima lealtad y la máxima eficacia de que seamos capaces, aprovechando —insisto— un momento quiero invitar al país a hacer esta reflexión. También quiero dejar claro —eso sí quiero decirlo— que lo importante en el pacto político con el Partido Popular es lo autonómico más que lo económico y, dentro de lo autonómico, lo importante no es tanto la transferencia de los puertos y del INEM —con ser muy importantes—, sino aquellas cosas que realmente pueden reforzar el poder de fondo de la autonomía de Cataluña y que además hacen referencia a hechos que son diferenciales. Por ejemplo, el tema de la policía autonómica y de su despliegue en tráfico. Es un tema difícil, pero menos que revisar la Constitución. O ciertos aspectos de organización territorial o de administración periférica del Estado o de financiación, o de lengua, cultura, etc.

Al llegar al término de mi intervención, quiero hacerles observar que les he hablado situándome más allá de los temas concretos y planteándolos de manera que no pueda, ni deba, interrumpir nuestro trabajo de cada día, que, por ejemplo, consiste en discutir cómo tiene que ser el presupuesto del 1997, o en dar apoyo a los recientes decretos económicos del Gobierno. No deseo que el planteamiento que reclamo incida en el trabajo cotidiano; simplemente, aprovechando un momento positivo que es mérito de todos, invito a esta reflexión. Hay que atender a las coyunturas. Ya he dicho antes que fue muy bueno que los constituyentes de 1978 fuesen capaces de tenerlas en cuenta, aunque fuese a costa de una cierta ambigüedad. Pero cabe preguntar si no ha llegado un momento en que vale la pena ver, en primer lugar, si la coyuntura ha cambiado y si, como sugiere Laín Entralgo, no se puede llegar a pactos más definitivos, a situaciones más de asentamiento definitivo.

En todo caso, ésta es la invitación que les hago a ustedes, y a través de ustedes a todo el país. Pero quisiera decirles, para terminar, que sería bueno que todo eso no cayese en saco roto; que pudiese ser criticado, o pudiese ser simplemente aceptado como tema de discusión. Y, muy especialmente, quisiera que las personas —los españoles no catalanes— que en privado están de acuerdo con estos planteamientos también lo expresen en público, porque, mientras sean planteados y dichos en público solamente o casi solamente por el presidente de Cataluña, incluso en aquellos aspectos que puedan ser asumidos por el conjunto del país o que puedan permitir el inicio de una reflexión serena y profunda, no van a ser suficientemente eficaces.

Les invito a asumir, en lo que les corresponda, la responsabilidad de hacer pública esta reflexión, aun en el caso de que desemboque en un claro desacuerdo con lo que les acabo de decir.

Muchas gracias.

LA HORA DEL DIÁLOGO SIN RESERVAS

Discurso pronunciado en el Real Alcázar de Sevilla, el 21 de octubre de 1996

Señora alcaldesa, autoridades, señoras, señores: ante todo deseo agradecer la oportunidad que se me ha ofrecido de dar esta conferencia y de hablar con ustedes. Y quiero agradecer también la muy amable presentación, la muy entrañable presentación, que acaba de hacer de mí Jaime García Añoveros.

No sé si mi conferencia va a responder a lo que ustedes esperan de ella. Puede que una parte de mi conferencia a algunos de ustedes les parezca inapropiada, incluso, quizá, un tanto antipática. Sin embargo, puesto que se trata de practicar un diálogo sin complejos, sin miedos, sin sospechas mutuas, uno puede aventurarse a correr estos riesgos, sobre todo cuando, como es mi caso, se hace, por una parte, desde el afecto —el afecto a Andalucía en este caso—, y por otra parte —y esto quisiera subrayarlo, porque es lo que a mí me gustaría más que quedara claro de mi conferencia—, se hace desde una gran confianza en el futuro. Personalmente estoy muy esperanzado respecto a las perspectivas de todos nosotros, de Cataluña por supuesto, de Andalucía y de toda España. Me gustaría transmitir esta impresión mía, esta vivencia mía, esta seguridad que siento, esta confianza.

Desde esta doble posición de afecto y de confianza en el futuro, me propongo hablarles. ¿De qué? Pues de lo de siempre. Siempre hablo más o menos de lo mismo. Siempre tengo que hablar de Cataluña y de España, y hoy también de Andalucía.

¿Quién les habla? Bien, esto ya no hay que repetirlo, porque García Añoveros lo ha explicado muy bien. Quizá con una pizca de parcialidad positiva. De todas formas, permítanme que yo añada algo que precisamente está en la línea de aquello que puede no gustar tanto, que a veces se desea que no sea recordado. Pero un diálogo sin reservas requiere esta referencia personal, por otra parte ya sabida. Les habla un representante, si me permiten inmodestamente decirlo, destacado, un representante destacado del nacionalismo catalán. No únicamente les habla el presidente de la Generalitat, sino que les habla un político, un político nacionalista, que, además, como muy bien ha dicho Jaime García Añoveros, desde los años cincuenta se ha interesado mucho siempre por los temas de Andalucía y en general, más en general, por los temas del desarrollo español.

En mi caso, para situar bien la cuestión, ¿qué es ser nacionalista catalán? Pues es considerar que Cataluña es una nación, y que España es plurinacional. ¿Quiere esto decir que desde nuestro punto de vista España es un simple Estado, es decir, un simple organismo administrativo, político-administrativo? No. Es cierto que en Cataluña a veces hay personas que eluden pronunciar la palabra «España» y dicen «el Estado español». Como en la época de la República había gente que nunca utilizaba la palabra «España» y decía «la República». Pero éste no es mi caso. Y no es el caso de muchos otros como yo. No es España un simple organismo administrativo o político-administrativo. Es un hecho histórico sólido. Es un conjunto de interrelaciones humanas y de vivencias colectivas, no solamente individuales, sino colectivas, de todo tipo. Por lo tanto, es lo que yo he dado en llamar una realidad entrañable. No simplemente una realidad libresca ni una realidad administrativa.

Probablemente, o seguramente, nuestra forma, la de muchos catalanes, de sentirnos españoles es distinta de la que tienen otros españoles. Yo recuerdo que un profesor burgalés que había vivido veintisiete años en Cataluña, casado con una mujer catalana y con hijos catalanes e incluso catalanistas, me decía: «Mire usted, Pujol, yo ya sé que ustedes —y lo sé porque lo he vivido en mi casa con mi mujer, con mis hijos, en la intimidad—, sé que ustedes se sienten españoles; lo que pasa es que efectivamente ustedes se sienten españoles, por lo menos mi mujer y mis hijos, de otra forma, de otra manera. Y yo, que soy burgalés, que soy castellano, lo he entendido. Pero tiene usted que comprender que a veces esto, fuera de Cataluña, cuesta de comprender y que la diferencia en la vivencia de lo español se interpreta simplemente como un rechazo». En cualquier caso, es cierto que nuestra españolidad pasa previamente por nuestra catalanidad.

¿Qué más significa nuestro —subrayo lo de nuestro, es decir, el que yo puedo en buena parte representar, porque es cierto que hay otras versiones del nacionalismo catalán, radicales pero minoritarias—, qué más significa nuestro nacionalismo? Pues significa —y lo hemos demostrado con creces durante todos estos años y Jaime García Añoveros es testigo de ello— una voluntad de involucración en todo lo referente al conjunto de España: a sus intereses, a sus problemas, a sus angustias, a sus esperanzas. Significa una voluntad de no quedar al margen.

Y creo que hemos hecho —los catalanes en general, Cataluña como país, no solamente los nacionalistas— aportaciones positivas, creo que muy positivas. Probablemente también algunas negativas, pero permítanme que hoy yo me centre en las positivas. Hemos hecho, creo, aportaciones positivas.

Una vez me decía un personaje importante, medio intelectual medio político, de Madrid: «Oiga, Pujol, ustedes tienen que estar muy satisfechos por su —lo que él llamaba— su gran éxito histórico». Se refería al catalanismo, al nacionalismo catalán. «Porque, primero, las cuatro cosas que —según él— ustedes han defendido con ahínco desde principios de siglo han triunfado. ¿Cuáles han sido estas cosas? Aparte de mantener la identidad de Cataluña y orientarla en un sentido de progreso, aparte de esto, ustedes en el ámbito español, ¿qué han defendido? Pues han defendido la democracia. Ustedes no han sido los únicos adalides de la democracia, por supuesto, pero ustedes siempre, desde finales del siglo XIX , están, digámosle así, en la vanguardia en esta reclamación de democracia. Han defendido el desarrollo. Han defendido el crecimiento económico, la modernización del país y la europeización. Esto lo han defendido ustedes. Y todo esto hoy ya es un hecho, una realidad. Y además, la propia mentalidad española en su conjunto ha evolucionado en este sentido. Como realidad y como mentalidad españolas.» Jaime García Añoveros hacía referencia a mi europeísmo, pero en realidad mi europeísmo no es más que la traducción personal de una actitud europeísta catalana que ha existido siempre y que, efectivamente, no hace más de veinticinco años era muy minoritaria en España, porque ni la derecha ni la izquierda españolas no fueron europeístas. No voy a detenerme en esto, pero nosotros sí lo fuimos, lo hemos sido siempre. Y finalmente me decía esta persona: «Ustedes han introducido más que nadie el autonomismo en España, además de su propia autonomía. Esta generalización autonómica a veces les produce algún sinsabor, porque ustedes defienden su derecho diferencial y esto les resulta difícil en ciertas ocasiones, pero lo cierto es que en España hay autonomías gracias a ustedes».

Esta opinión es compartida por otros. Uno de ellos, por ejemplo, es Leguina. Leguina, en varias ocasiones, lo ha dicho con toda rotundidad, cosa que le agradezco. Y luego les leeré un artículo —valdría la pena que lo leyera entero, pero no lo voy a hacer; sólo leeré luego una parte por cuestión de tiempo—, un artículo precisamente de Jaime García Añoveros. Un artículo muy claro en este aspecto.

Creo que, en un cierto sentido, por lo menos vistas las cosas desde fuera de Cataluña, la opinión de mi interlocutor madrileño es válida. No digo que el mérito de esos logros haya sido únicamente catalán, por supuesto que no. Sería de una gran fatuidad, aunque, en algunos casos, como en el caso del autonomismo, creo que el porcentaje de nuestra contribución es muy muy muy alto. Pero, en todo caso, éstas son cuatro batallas que el catalanismo político ha librado, aparte de defender la identidad nacional de Cataluña. Ha pretendido, en el marco español, defender estos cuatro objetivos. Pues bien, quien les habla representa esta tradición política de afirmación de Cataluña como nación, de asunción del hecho español como una realidad no administrativa o político-administrativa, sino vivencial e histórica, y de voluntad de intervención en la vida política española en unas líneas que a nosotros nos han parecido y hoy nos siguen pareciendo positivas.

¿Sobre qué base se desarrolla el catalanismo y su proyección española? Se basa sobre Cataluña, claro. Y ¿qué es Cataluña? Pues Cataluña, para resumirlo muy brevemente —y digo esto porque es una definición que ayuda a entender algunos de los problemas que luego hemos tenido y tenemos todavía— es un injerto entre Jaime I y la revolución económica de los siglos XVIII y XIX. Esto, conjuntamente, es la Cataluña moderna. A lo cual hay que añadir los cambios importantes económicos, sociales y demográficos —Jaime García Añoveros ha hecho referencia al tema inmigratorio— que ha habido en Cataluña en el siglo XX. Es decir, es —aparte de estos cambios del siglo XX obviamente importantísimos— lo que nos viene de la Edad Media, que es el territorio, que es la lengua, que es la cultura, que son las instituciones tradicionales, que es la consciencia histórica, que es lo que yo llamaba la identidad, el sentido de identidad y luego es que, cuando entró en una decadencia que parecía irreversible, Cataluña hizo la revolución industrial. La hizo mucho antes que nadie más en el sur de Europa, y esto transformó el país y le dio una vitalidad nueva. Además, esta revolución industrial no se hizo contra la antigua identidad que estaba en decadencia, sino que, al contrario, se injertó con ella, la revitalizó y la potenció. Y esto es Cataluña hoy. Éstas tres cosas juntas.

Pero estas tres cosas juntas han planteado algunos problemas, porque en el sur de Europa únicamente dos países hicieron la revolución industrial, incluso ya a finales del siglo XVIII y por supuesto durante todo el siglo XIX. Solamente dos, que fueron Lombardía, que entonces formaba parte del Imperio austríaco, y Cataluña. Por una serie de circunstancias que ahora sería muy largo de explicar. Pero más de media Francia, toda Italia por supuesto, todo Portugal y toda España con la excepción de Cataluña tardaron en hacer esta revolución industrial. Conste que además esto se produjo en una circunstancia no estrictamente lineal, porque realmente en algún momento del siglo XVIII y de principios del XIX parecía que donde se iba a producir la revolución industrial era en otras partes, por ejemplo en Andalucía, básicamente en las provincias de Málaga y de Sevilla. Y también en Valencia. Y en algún otro sitio. Pero no fue así. La revolución industrial se produjo en Cataluña. Luego, bastante más tarde, el País Vasco la siguió y lo hizo con una gran fuerza industrial y financiera que todavía dura. Y también hubo algunas zonas dispersas, algunos pequeños núcleos. Pero la gran industrialización, el gran fenómeno de modernización de la economía española, realmente se produce muy tardíamente de una forma generalizada. Se produce, puede sorprender que sea tan tardíamente, pero se produce en torno al año 1960. Y desde entonces empieza a aparecer un hecho social nuevo e importante, que es la aparición de las clases medias. Siempre se dijo: «España no tiene clases medias». Y no las tenía. Por lo menos no las tenía poderosas, potentes. Y ahora sí las tiene. Ahora España es un país que tiene una estructura pareja a la de un país de Europa occidental. Ha sido un gran progreso.

Ante este hecho del subdesarrollo o del insuficiente desarrollo español, la posición del catalanismo siempre fue propugnar el desarrollo general. Y de ello hay muchos testimonios. Por ejemplo, cuando Cambó en Zaragoza, en un discurso célebre de 1911, dice: «En un país no puede haber oasis. Si con toda su fuerza y vitalidad una región obtiene un gran progreso y no lo comparte con los demás, sólo lo goza precariamente porque, en definitiva, lo ha de perder». Eso decía Cambó. Testimonios de este tipo podría aportar muchísimos.

En los años treinta, por ejemplo, la izquierda catalanista juega con pasión, y con un cierto romanticismo, compartido por la izquierda española en general en aquel momento, en el tema de la reforma agraria andaluza. Lo hace no solamente por ideología, sino también pensando que la reforma andaluza va a ser un factor de progreso económico muy importante. Y un antecesor tuyo, Jaime, antecesor tuyo como ministro de Hacienda, Jaume Carner, en la defensa que hizo en el año 1932 del presupuesto del Gobierno de Azaña, decía que la reforma agraria andaluza iba a tener un coste que debíamos pagar entre todos. Éstas eran las posiciones de un hombre, Cambó, digamos de derecha muy europea, y otro Carner, que podríamos llamar hoy de centro izquierda. Y estas posiciones las hemos seguido manteniendo; Jaime García Añoveros ha hecho referencia a esto en mi presentación. Y es cierto que podríamos añadir a estos testimonios una conferencia mía de 1978 titulada «Los desequilibrios territoriales en España», en la cual ya hablaba muy a fondo de este tema y propugnaba la creación de una Caja de Compensación, o de un Fondo Federal Equilibrador, que es la expresión que había utilizado el PSOE en uno de sus congresos, o de un Fondo de Ayuda al Desarrollo. El nombre no hacía la cosa. Esta actitud respondía a la mentalidad catalana en general, como prueba que el Congreso de Cultura Catalana, que era la expresión máxima del nacionalismo cultural de los años 1976, 1977 y 1978, había pedido también, yendo más allá de lo que podía ser un planteamiento estrictamente cultural, que en España se creara un Fondo de Ayuda al Desarrollo. Fue la denominación exacta que utilizaron. Ésta ha sido en general nuestra posición.

Yo personalmente he estado muy comprometido en esta línea. Puede que alargue un poco la conferencia explicando algunas vivencias personales, incluso anécdotas. Pero esto a veces ayuda a entender las cosas. A mí me preguntan a veces cosas con algo de agresividad o de recelo: «¿Usted por qué viene a Andalucía? Usted debe de venir por razones electorales o porque quiere hablar con el presidente Manuel Chaves de la financiación». No. Yo vengo a Andalucía desde hace muchísimos años, muchos, muchos, muchos. Desde principios de los cincuenta. Y siempre tuve interés en entrar en contacto con esta realidad andaluza. A Dos Hermanas, por ejemplo, a unos olivares que había y que conocía bien en aquella época, y que no sé si hoy todavía existen.

Pero la experiencia más impactante que tuve fue cuando, en el año 1959, Juan Goytisolo hizo un libro titulado Campos de Níjar. Después de leer aquel libro, un librito pequeño pero muy impactante, me dije: «Pues yo esto tengo que ir a verlo». Y me fui a Níjar y quedé muy impresionado por su miseria. Este ejemplo de Níjar lo explico siempre, porque para mí es una gran satisfacción poderlo hacer. Luego he estado dos veces más en Níjar. Una vez fui con mi mujer, en el año 1979 más o menos, poco antes de ser presidente de la Generalitat. Porque me dijeron: «Oye, ¿tú te acuerdas de aquello de Níjar que nos explicaste que estaba tan mal? Mira, esta gente ha buscado agua, ha encontrado agua. Aquello ahora es un vergel». Y dije: «Voy a verlo». Y me fui a ver Níjar, y también a El Ejido, donde no había estado la primera vez. Y quedé muy gratamente impresionado. Pero es que antes ya había estado no solamente en Dos Hermanas, sino en Extremadura, en toda la Extremadura desde Zafra, población con una cierta base industrial, hasta Lobón y Cíjara, como elementos básicos de la reforma agraria extremeña a través de los regadíos. No había tanta gente, no digo en Cataluña, sino en España, que se interesara directamente por estos temas en 1955, y que visitaran Níjar o Baza y otras poblaciones buscando la razón del desequilibrio, el porqué del desequilibrio español. Es cierto que indirectamente yo podía percibir la importancia y el dramatismo del tema, porque veía llegar gente de Andalucía a Cataluña. Y me decía: «La gente nunca se marcha de su casa por gusto. ¿Por qué se marcha esta gente? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué hay que hacer para que esto pueda, aunque sea lentamente, remediarse?».

A veces se dice, y es verdad, que esta voluntad catalana y catalanista por el desarrollo general español no obedecía solamente a razones de solidaridad, sino también de interés. Es verdad. En realidad, la frase de Cambó ya lo trasluce. Es verdad que había gente que decía: «A nosotros nos interesa que España progrese, porque, si no, ¿dónde vamos a vender nuestros productos?». Y es verdad que hubo épocas en que los fabricantes, por decirlo así, en forma estereotipada, de Sabadell y de Terrassa, estaban pendientes de si llovía en Castilla, porque vendían tejidos, y si no llovía en Castilla, no los vendían. O sea, que seguro que también había un problema de interés. De solidaridad y de interés. Ambos.

Y ahora también sucede. También hay interés en esta voluntad, en esta política de solidaridad que practicamos. Que discutimos en ciertas modalidades y en ciertas cuantías, pero que hemos defendido desde el primer momento, y me remito, por ejemplo, a esta conferencia mía de 1978. Pero el interés no es el mismo, no nos engañemos. Lo digo porque a veces hay argumentos contra nosotros que son absolutamente anacrónicos. Los argumentos ahora son la solidaridad y el interés, pero no el interés de mercado. No el interés de mercado. Porque, entre otras cosas, el mercado español cada vez va a ser menos importante para Cataluña. Ya lo es mucho menos de lo que lo era. Ahora nuestro mercado, el mercado de los productos catalanes, se reparte así: un cuarenta por ciento al resto de España, un cuarenta por ciento en Cataluña y un veinte por ciento en el mundo. Sobre todo en Europa. Pero es que estas cifras en muy poco tiempo van a transformarse mucho. Por lo menos un treinta y cinco por ciento de nuestro comercio se va a hacer con el mundo. Y el mercado catalán y el mercado español van a ir bajando. Ahora el interés no es tanto el interés de mercado, sino que a Cataluña le interesa la estabilidad española, le interesa el progreso español. El progreso generalizado. Porque, cuanto más progreso haya en España, más fácil también va a ser para nosotros y para todos plantear los temas y enfocarlos de una forma serena. Cuanto más progreso haya, más estabilidad habrá y más capacidad de entendimiento.

Yo creo que el progreso español en general va a facilitar las cosas. Y ahí iba a hacer un inciso relacionado con la transformación española. Es preciso que insistamos una y otra vez en que España ha hecho una transformación muy positiva. Lo cierto es que no es preciso insistir en ello cuando hablas con la gente personalmente, uno a uno. Nadie te lo discute. Lo que pasa es que, cuando lees los periódicos, cuando lees las declaraciones de este político o del otro o del de más allá, resulta que a veces da la sensación de que éste es un país que no ha progresado o que ha progresado de manera muy insuficiente, y eso no es verdad. España ha hecho un salto tremendo en todos los sentidos. En el sentido de la renta. En el sentido de la productividad. En el sentido de la consideración internacional. Cuando hace tres semanas The Economist citaba los tres países europeos con más capacidad de atracción de inversión industrial extranjera —no digo ni financiera ni inmobiliaria, digo industrial—, citaba estos tres, por este orden: Inglaterra, la República Checa y España.

Y cuando hace pocos días yo hablaba con algunos políticos alemanes sobre el Mediterráneo, en un momento de una cierta dimisión italiana —que por supuesto no la habrá siempre, pero de momento por lo menos en parte la hay— y en un momento de un cierto desconcierto francés, ellos me decían que España tiene que consolidar una posición en el Mediterráneo frente al Magreb. No en el sentido de ir contra, sino al revés, en el sentido de ayudar al Magreb y de fluidificar nuestras relaciones con el Magreb. O bien cuando estos mismos señores alemanes analizan el tema de Maastricht te dicen con toda franqueza, con toda rotundidad, con esa clásica franqueza alemana: «Oiga, a nosotros nos interesa que España entre. Nos interesa que entre. Y nos interesa que Italia entre. ¿Por qué? Por muchas razones, pero una de ellas es que son dos países que, si quedan fuera, para nosotros son muy peligrosos. La no entrada de estos dos países, según como funcione el cambio de las monedas, nos crearía muchos problemas, porque tienen suficiente fuerza, suficiente empuje, suficiente base, sobre todo industrial, para ello».

Esto es lo que ha sucedido, y esto es lo que explico a veces de una forma que sorprende. Sorprende que yo, nacionalista catalán, siempre bajo sospecha, sea probablemente uno de los propagandistas más entusiastas, más convencidos de la realidad positiva de la España de hoy, y de sus buenas perspectivas de futuro.

Esto sucede también en el caso concreto de Andalucía. Ha habido el gran desarrollo español, pero ha habido también el gran desarrollo andaluz. Y a mí me sorprende que a veces en Andalucía esto no se reconozca, que no se diga. Lo más importante de este viaje que estoy haciendo por Andalucía —y ustedes me van a perdonar, no lo tomen ustedes como una desconsideración hacía sus personas—, o lo más importante ha sido visitar Lepe y Cartaya. Porque que un político dé una conferencia donde sea, esto pasa cada día, pero que un político diga: «Oiga, yo quiero ir a Lepe y a Cartaya», esto no pasa tan a menudo. Los editorialistas, los políticos, los comentaristas, se preguntan: «¿Y por qué quiere ir Pujol a Lepe y a Cartaya?». Y buscan raras, extrañas y a veces retorcidas interpretaciones. «No, pues mire usted, yo he querido ir a Lepe y a Cartaya —y éste es además el mensaje que quiero transmitir— porque son dos ejemplos y afortunadamente hay muchos más en Andalucía —y, si quieren, ahora de memoria les doy diez o quince ejemplos más, y ya he hablado de Níjar y de El Ejido, por ejemplo— porque son dos ejemplos emblemáticos de una Andalucía muy dinámica, que no tiene miedo, que mira adelante, que mira hacia fuera, que mira hacia Europa y que tiene una gran capacidad de innovación. Que también pide, pide que le hagan la autopista que todavía falta hacer hasta Ayamonte, por ejemplo. Pero, sobre todo, más que pedir, lo que hace es decir: «Yo voy a hacer esto y esto y esto», y luego pide las cosas que nos interesa que en toda España nos pidan. Con el tiempo, más que fondos de compensación o de solidaridad, con el tiempo lo que interesa es que en España se pida lo que piden los leperos y los cartayanos. ¿Qué piden? Que el cambio de la peseta no les perjudique. Que los tipos de interés a ser posible sigan bajando, pero que en todo caso de ninguna forma suban. Piden que el Gobierno español defienda eficazmente en Bruselas sus intereses. O que defienda sus intereses cuando, por ejemplo, llega la cosecha francesa de fresas y hay una política discriminatoria contra las fresas de Andalucía. Piden esto.

La Andalucía que necesitamos, la España que necesitamos, y por supuesto la Cataluña que necesitamos, es ésa, a la cual vamos a llegar ¿en cuánto tiempo? En diez, en quince, en veinte años, no lo sé. Pero es ésa. Es un proceso lento, y eso es lo que quizás explica que ese progreso que a mi entender es muy muy importante en Andalucía a veces no sea percibido por los propios andaluces. Hubo un estancamiento en Andalucía casi de doscientos años. Andalucía empieza el siglo XIX siendo una región rica y lo termina siendo una región en crisis. O sea que hay por lo menos ciento cincuenta años de estancamiento. Superar esto no se hace en un día, no se hace en una semana, no se hace en un mes, no se hace en un año, no se hace en diez años. Esto se hace, generalmente, en un par de generaciones. Los alemanes del oeste pensaban que con toda su potencia y su organización y su capacidad iban a ayudar a la Alemania del Este a superar su bache en cinco años. Y no. No lo van a superar en cinco ni en diez ni en quince. Esto es así y no se puede cambiar. Es un fruto de la historia. Cada cual arrastra la suya. Pero, dicho esto, que puede explicar que a mi entender en Andalucía la gente no advierte la profundidad, la importancia, la inmensa dimensión del cambio, dicho esto, yo pienso que puede afirmarse que en Andalucía hay toda una dinámica positiva. Y muy positiva incluso. Quizá ahora a Chaves le resultaría difícil decir esto porque la gente diría: «Claro, ése defiende su gestión». O también, desde otro punto de vista, le sería más incómodo entrar en este tema a Arenas. Pero yo puedo decirlo con mucha libertad de criterio. Les voy a poner otro ejemplo.

Hace poco, hace tres meses, el nuevo primer ministro italiano, Romano Prodi, fue a Sicilia. Fue a decirles que ahora, con el nuevo Gobierno, con la nueva situación política, las cosas irían la mar de bien. Que harían muchas cosas. Y no se le ocurrió mejor ejemplo a Prodi para que los sicilianos comprendieran lo que el Gobierno de Prodi tenía la pretensión de llevar a cabo en Sicilia que decirles: «Tenemos que hacer en Sicilia lo que se ha hecho en Andalucía. Tenemos que convertir Sicilia en una nueva Andalucía». Esto no lo digo yo, lo dice Romano Prodi. Pongo este ejemplo de Romano Prodi, el jefe del Gobierno italiano, porque me parece especialmente significativo. Es decir, ustedes, nosotros también, Cataluña también, somos un referente europeo positivo. Mucha gente lo discute en Cataluña o no lo ve o no lo quiere ver, por partidismo, pero Cataluña es un referente europeo positivo. Pero Andalucía también, de otra manera. Les acabo de citar a Romano Prodi como podría citarles otros. Por ejemplo, hoy en Alemania, y refiriéndose a España, tanto en los ambientes políticos como económicos, esto también se percibe así.

Como ven, nosotros, los nacionalistas catalanes, además de defensores de nuestra identidad y de nuestros derechos, somos unos propagandistas entusiastas del momento actual español. Yo desafío a cualquier político español, el que quieran, desde Felipe González hasta José María Aznar, a ser más elocuente que yo cuando, en las instancias internacionales, en Europa y fuera de Europa, hago una explicación como la que acabo de hacer a ustedes y les explico cuál es la evolución de España y cuáles son, por ejemplo, las ventajas que desde el punto de vista de la inversión ofrece España. O cuando valoro la maduración que se ha producido en el pueblo español.

Todo esto nosotros lo hacemos asumiendo grandes riesgos, porque asegurar la estabilidad española a veces, ahora mismo, comporta tomar decisiones que son, por lo menos, arriesgadas. Lo han sido en diversas ocasiones desde 1977, y fue especialmente arriesgada la decisión que tuvimos que tomar en junio de 1993 de dar apoyo al PSOE, que había quedado en minoría después de las elecciones. Creo que, en aquel momento y hasta principios de 1996, nosotros hicimos lo que debíamos, teniendo en cuenta lo que les he dicho antes: éste es un país que necesita que lo pueda gobernar alguien, y que además esto se haga con un mínimo de garantías de estabilidad y, evidentemente, con una orientación básicamente europea. Y ahora no se me oculta que la decisión política que tomaron el Gobierno de la Generalitat y la coalición de Convergència i Unió es también políticamente arriesgada, y quizá era en su momento electoralmente arriesgada. Pero las circunstancias nos han puesto ahí. Y hay un papel que a veces le toca a uno desempeñar y tiene que desempeñarlo si no quiere faltar a una cita histórica.

Permítanme que ahora entre en una segunda parte de mi discurso, quizá, como ya les he anunciado al principio, más difícil de aceptar por su parte.

Todo esto se produce sin que se acabe de superar un hecho, y es lo que podríamos llamar una valoración negativa de Cataluña en muchos sitios de España. También por supuesto en Andalucía. Hay recelo. Y unas actitudes que resultan un freno para nuestra acción, y yo creo que para el conjunto de España, y que además a veces desvían lo que podría ser la dirección de los esfuerzos colectivos.

Yo pretendía, modestamente si ustedes quieren, vehicular el mensaje de Lepe y de Cartaya, y ¿qué sucede? Sucede que me encuentro, por así decirlo, sumergido en la OPA de Sevillana, y de la OPA de Sevillana se dice —¿y debería hablar con dureza de no sé quién porque no sé quiénes son las personas que han inventado esto?—, que esto es una maniobra de colonización de Cataluña, de colonización de Andalucía por parte de Cataluña. En primer lugar, supongo que quienes propagan esto no saben que el señor Jaime Ybarra va a ser, según dicen, vicepresidente de Endesa. En segundo lugar, supongo, y ustedes también lo saben, que la composición accionarial de Sevillana era la que era desde hace mucho tiempo, por supuesto no mayoritariamente andaluza. Y en tercer lugar, tampoco estos señores y todos los que hacen coro, que son más de los que debieran, deben de saber que la futura y previsible privatización de Endesa muy probablemente no tenga como elemento básico y aglutinador precisamente una entidad financiera catalana, sino una entidad no catalana, cuyo nombre tampoco ahora es necesario repetir. Pero, en fin, sucede esto. Estoy casi seguro, tristemente convencido, de que, aunque yo pretendiese, quizá presuntuosamente, subrayar el mensaje de Lepe y Cartaya, de Cartaya y Lepe, esto se quedaría, por así decirlo, sumergido por Sevillana y por la colonización que desde Cataluña pretendemos, dicen, hacer de España o de Andalucía.

Como dijo una vez un político andaluz, resulta que Cataluña se ha convertido en una especie de absceso de fijación para muchos españoles. Cuando no solamente en Andalucía sino también en otras partes de España hay un desengaño o una frustración, hay que buscar un responsable y ese responsable muy a menudo somos nosotros. Y claro, si esto sucede así, es que nosotros, los catalanes, debemos de tener nuestra parte de responsabilidad en ello. Quizá idiosincrasia, problemas de idiosincrasia o de carácter simplemente, o quizá los problemas que han surgido como consecuencia de esta diferencia en el ritmo y en la evolución del desarrollo económico. Ésa es otra de las razones por las cuales a nosotros nos interesa que toda España vaya subiendo rápidamente de nivel, y no solamente de nivel económico sino que se vaya europeizando al máximo desde el punto de vista de su estructura social. O quizá hay falta de confianza. Porque, a pesar de que hemos dado pruebas yo creo que muy muy muy notorias de lealtad, puede que sean o que parezcan insuficientes. Y, repito, a pesar de todo, somos los propagandistas más entusiastas de este cambio positivo que ha habido en España. En todo caso, esto es así, y uno se pregunta qué es lo que hay que hacer. Pero, por supuesto, no podemos dejar de ser catalanes para complacer a nuestros críticos.

Yo no vengo a pedir nada a Andalucía. Absolutamente nada. No vengo a pedir nada. Solamente vengo a pedir una cosa, y es que personas como ustedes, que son gente relevante, gente capaz de objetividad y si es preciso de comprensión, que ustedes ayuden por lo menos a deshacer una cosa, que es la imagen de la Cataluña explotadora. Nosotros tenemos que aguantar, porque, si replicamos, se nos echa mucha gente encima. Repito que ya sé que es un tema muy antipático éste, pero también les he dicho que no venía a complacer a nadie. Tenemos que aguantar que nos digan ladrones, que gente muy importante nos llame ladrones. Ladrones, no en forma digámosle subliminal, no, ladrones con todas las letras. No hace muchos días un político andaluz nos llamaba mercenarios. Otro nos equiparaba al Lazarillo de Tormes, aquél que se comía las uvas aprovechando que su dueño era ciego. Y que chupamos la sangre de no sé cuánta gente. Todo esto, todas estas palabras que les he dicho, no me las invento, éstas están en todas las hemerotecas. En la época de lo «políticamente correcto» estos insultos se nos aplican sin que nadie considere necesario salir al paso de ellos. Pues bien, yo quiero darles unos datos para que ustedes reflexionen, para que tengan otra visión, y para que puedan utilizar estos datos si creen que hay que hacerlo. Aun a riesgo de ser antipático ante ustedes, estas cosas debo decírselas. Y antes de darles unos datos, quería decirles otra cosa. Con frecuencia se dan actitudes que consisten en decir, antes de ver cuál es el sentido de la propuesta: «¿Esto favorece o no favorece a los catalanes? Porque, si les favorece, entonces quiere decir que esto no podemos aceptarlo». ¿Puedo decir que esto es inadmisible? Inadmisible desde el punto de vista de quienes sufrimos este trato, pero también respecto a quienes así se expresan y piensan. Son actitudes injustas respecto a nosotros, que denotan un tipo de mentalidad que no es la que se necesita para el progreso y condenan a quienes lo poseen. En Lepe y en Cartaya nadie me dice esto porque sus preocupaciones son otras. Son gente que se preocupa de su progreso y que confía en su propio esfuerzo.

Permítanme que les diga que España —y eso explica que Prodi diga lo que ha dicho— es el país de Europa con una mayor redistribución de la renta, con mucha diferencia. De acuerdo que así sea. Pero en todo caso que se sepa. Y se tenga en cuenta. La mayor redistribución que se hace en Europa es la que se produce en España. Permítanme que les diga que la diferencia entre lo que Cataluña recauda y lo que Cataluña recibe representa, según los años, entre el 8,5 por ciento y el 10,6 por ciento de su producto interior bruto. Que el déficit fiscal de Cataluña de 1994 ha sido de un billón cincuenta mil millones de pesetas. Es decir, ciento setenta mil pesetas por persona. ¿Tiene que ser así? Muy bien, que sea así. Pero que se sepa. Y que la gente que tiene responsabilidad lo diga. Oportunamente o inoportunamente. Yo estoy hablando inoportunamente ahora. También tengo derecho a pedir a quien sea que hable inoportunamente cuando convenga.

Esto viene de tiempo atrás, no es de ahora. Hay una obra colectiva dirigida por Joan Sardà Dexeus que cifraba esta diferencia en ciento setenta mil millones de pesetas en el año 1978. Y el también economista Jacint Ros Hombravella, en 1987 la cifraba en seiscientos cincuenta mil millones, que vienen a ser ochocientos cincuenta mil millones de ahora. Cálculos no siempre coincidentes, pero todos más o menos en la misma dirección. Tengo aquí datos para comparar con otros países europeos, con lo que sucede en Alemania y en Gran Bretaña, o en Italia, que representa una situación más pareja a la nuestra. Todos los datos comparativos demuestran esto que les decía. El país que, con mucho, hace mayor redistribución, y además una redistribución que va a cargo de muy pocas regiones, de muy pocas comunidades autónomas, es España.

En Cataluña y en Madrid se produce algo que es excepcional en Europa, algo que no se produce en ningún otro Estado. Esto tan excepcional es que aquí las regiones que tributan por encima de la media reciben por debajo de la media. Normalmente la redistribución consiste en que se rebaja a las que están por encima de la media, pero no situándolas por debajo de la media.

Renuncio a los datos que requerirían comparación. No voy a comparar Cataluña absolutamente con ninguna comunidad autónoma. Pero sí quiero decirles que para una población del 15,7 por ciento, desde 1981 hasta 1996, siempre las inversiones del Estado han sido muy inferiores a este 15,7 por ciento y que en el momento máximo fue del 10,84 por ciento. Y que incluso en los años de los Juegos Olímpicos no pasó del 10,25 por ciento y del 10,84 por ciento. Normalmente se sitúa claramente por debajo del 15 por ciento. No voy a hacer comparaciones. Puede que alguien me diga: «Es que esto tiene que ser así». Creo que esto es muy difícil de defender, pero si debiera ser así, y así es, que se sepa. Que se diga. Que se sepa y que se diga. Nosotros estamos de acuerdo en que haya redistribución y que haya crecimiento general español. Pero no queremos que se oculte la participación o la contribución que nosotros hacemos a esta acción. Y tenemos derecho a que no se oculte.

Quería decirles que, si la media española es 100, el PIB per cápita catalán es 124, pero la renta familiar es 111; es decir, hay trece puntos de diferencia. Trece puntos de diferencia son muchos puntos y es una solidaridad manifiesta. ¿Tiene que ser así? Ya les he dicho que no pido nada. Pido simplemente que se sepa y que se diga. Hay gente que tiene obligación de saber, y tiene obligación, ante la sociedad, de explicar. Que Cataluña aporta al Estado en concepto de recaudación fiscal un 20 por ciento más que la media y en contrapartida recibe el 83 por ciento, de cada 100 pesetas recibe 83. Hay una diferencia de 37 puntos, que es mucho. Y en la financiación de las competencias comunes en 1993, la que tenía mayor retribución, que no era Andalucía, recibió dieciséis mil ochocientas diecisiete pesetas, y la que tenía menos era Cataluña, que tenía seis mil ochocientas diecinueve. Que nosotros, en otro orden de ideas, tenemos el 31 por ciento del total de autopistas de peaje y el 4,3 por ciento de las autovías gratuitas, y que pagamos más del 40 por ciento del peaje. Esto también es bueno que se sepa porque luego uno se encuentra con la sorpresa de que viene gente de fuera de Cataluña y dice: «Ustedes son intratables. Ustedes lo cobran todo. Ustedes van a por todo. Ustedes se lo quedan todo. He llegado y lo primero que me han hecho ha sido pagar la autopista». Y claro, o esto es una gran ingenuidad, o una gran insensibilidad o una falta de ética total. Porque este peaje que este señor paga dos veces al año, una cuando va a Salou a pasar las vacaciones y otra cuando se marcha de Salou al terminar las vacaciones, nosotros lo pagamos cada día. Este peaje lo pagamos cada día. ¿Tiene que ser así? Yo creo que no. Pero en todo caso que se sepa.

Si a todo esto añadimos los fondos europeos, entonces el desequilibrio es todavía mucho mayor.

Quiero decirles que ante esto nosotros, el Gobierno de la Generalitat, hemos reaccionado haciendo una cosa que pocos gobiernos autonómicos hacen, que es poniendo tasas, recargos e impuestos propios, y que esto va a representar cuarenta y dos mil millones de pesetas este año 1996. Nosotros presionamos fiscalmente sobre Cataluña con cuarenta y dos mil millones de pesetas más. Son cánones y tasas que el resto de comunidades autónomas no han puesto.

Repito: sólo pido que no se silencie esto. No pido nada más. Tenemos derecho a que quien sea explique, y que quede claro, que somos cuatro veces solidarios porque pagamos más, porque recibimos menos directamente del Estado en inversiones y en gastos, porque tenemos una financiación autonómica inferior a la media —y la seguiremos teniendo pese al acuerdo actual, que ha mejorado con el Partido Popular— y porque somos contribuyentes netos en la Unión Europea en vez de receptores.

Para su tranquilidad, les diré que este capítulo antipático ya acabó. Me ha parecido que alguien tenía que decirlo. Yo he pedido tantas veces, tantas veces, que hubiera gente que lo dijese —que conste que alguno, alguno aquí presente, alguna vez lo ha hecho— que al final he pensado: «Voy a explicarlo yo». O sea, que no he venido para pedir nada. «¿Qué ha venido a pedir?», me han preguntado algunos periodistas. No, el acuerdo con el Partido Popular ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Jaime, tú sabes que yo dije en un momento determinado: «Oye, esta conferencia, puesto que no la podemos hacer en julio, que es cuando en principio estaba prevista, a principios de julio, hagámosla cuando ya sea firme el acuerdo con el Partido Popular, es decir, no en septiembre cuando se negocia el presupuesto, porque no quiero que esto se interprete en un sentido, digámosle, de presión. El acuerdo lo tenemos y el Partido Popular —yo supongo, y parece que así es— lo va a cumplir». O sea que no vengo a pedir nada. Vengo a pedir simplemente que sobre esto ustedes también reflexionen y que su espíritu de justicia, de cuya existencia no dudo, actúe consecuentemente.

Y, como les decía, ahora todo esto es más fácil de plantear porque las cosas han cambiado desde muchos puntos de vista. Incluso desde el punto de vista de los desequilibrios territoriales. Siempre cito una frase muy afortunada de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura, realmente muy afortunada, que de una forma muy gráfica dice: «Ahora, gracias a la política de equilibrio territorial, en Extremadura no se podría filmar, no se podría rodar Los santos inocentes». La película de Los santos inocentes. Y eso es cierto. Yo tengo una militante de mi partido, que vive en Cataluña y que es de un partido nacionalista, de CDC, y que es de Las Hurdes. Y siempre dice: «Tiene que ir usted un día a Las Hurdes, a mi pueblo. Tiene que ir a mi pueblo porque verá que toda esta leyenda que hay de Las Hurdes ahora ya no es verdad».

Esto es un gran mérito de la democracia española que subrayo entre otras cosas porque ha sido mérito de todo el mundo. De todos los Gobiernos, también de la Unión Europea, de todo el mundo. Pero es evidente que una contribución muy importante la ha hecho, económicamente hablando, Cataluña. Aparte de que creo que también hemos contribuido en el momento de la Constitución asegurando la estabilidad, y luego en más de un momento y en más de dos de la reciente historia española. Pero, a partir del momento en que la situación se ha estabilizado y España ha tomado un derrotero muy positivo, también se requiere un cambio en el enfoque de estos problemas que estoy comentando. Por ejemplo, probablemente el concepto de solidaridad ahora ya se tiene que utilizar más pensando —no digo «solamente», porque sigue siendo necesaria, pero sí «más pensando»— en que hay que crear riqueza, en que hay que resolver los problemas más elementales, por así decirlo, de equipamiento, de escolaridad, de sanidad, de comunicaciones, etc. Es decir, un cambio como el que ha habido, tan radical, y tan positivo, tan satisfactorio, requiere un cambio en el enfoque de los problemas. Un enfoque más en la línea de la producción de riqueza. Es decir, para entendemos, más en la línea de Lepe y Cartaya. Una vez más, ustedes comprenderán que, cuando pedí visitar Lepe y Cartaya, no fue por casualidad ni por ninguna intención oscura —lo cierto es que la proclamo a los cuatro vientos— ni por alguna frivolidad relacionada con algún chiste de Lepe; fue simplemente porque me pareció que eran dos pueblos que personalizaban de una forma muy emblemática esto que hoy se puede hacer, no digo en toda España, pero sí en muchas partes de España.

Y esta gente ¿qué pide? Pide que negociemos bien en Bruselas. Lo mismo que piden los aceiteros de Jaén, conjuntamente con Cataluña, porque también somos productores de aceite. Piden que negociemos bien esto. Y yo estoy seguro de que quizá en Huelva del tema de la OPA de Sevillana podrían hablar de otra forma, más positiva y sobre todo más racional. Quizá. Porque nosotros no tendremos una industria petroquímica de altura, de gran nivel, si no tenemos una energía barata. Y petroquímica la hay en Tarragona, pero también en Huelva.

En cierta ocasión pedí que me recibiera el presidente de BASF, porque iban a hacer una ampliación en Tarragona y al final no la hicieron. La hicieron en Amberes. Yo le dije: «Mire usted, le agradeceré que me reciba y que me explique cuáles son los motivos de su decisión. No vengo a pedirle ni a discutirle nada; sólo quiero saber en qué hemos fallado nosotros. En qué falla Tarragona. Para ver si podemos luego corregirlo. No para recuperar esta inversión que ustedes ya han decidido hacer en Amberes». Fui, me invitó a cenar y me dijo: «La energía en España es cara».

Esto ahora ya no sería tan cierto debido a la devaluación de la peseta —esto ocurrió el año 1990 más o menos— y a que se ha quebrado aquella tendencia que había al incremento constante de las tarifas eléctricas industriales. Pero la gente de Huelva sabe que necesita energía barata y que además necesita la liberalización del mercado, porque puede suceder que un día a la gente de Huelva, o a la gente de Tarragona, le interese comprar energía en Holanda. Tendrán que pagar el transporte a través de Bélgica y de Francia, pero a lo mejor les interesa comprar la energía en Holanda. Y esto va a suceder así dentro de muy pocos años. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es presionar al Gobierno para que la reestructuración eléctrica se haga teniendo en cuenta esto.

Ésta es la mentalidad que yo deseo introducir. Esta mentalidad que hace que en Lepe y en Cartaya —y perdonen que sea tan pesado con Lepe y con Cartaya— me hablen más de estos problemas y más de ver qué hay que hacer para evitar que en Francia se nos discrimine cuando llega la cosecha de la fresa francesa. Me hablan más de esto. Y es que realmente esta gente de Lepe y de Cartaya, y la gente del polígono de Huelva, y la gente que ha tenido tanto éxito con la atracción de turismo de invierno en los campos de golf —también en Lepe—, no se mueven por agravios comparativos, a menudo sin base, ni tampoco, por lo menos principalmente, por subvenciones, sino reclamando poder trabajar en buenas condiciones y con buenos instrumentos. Por cierto, cuando se empezaron a hacer los campos de golf, hubo muchas críticas, porque decían que todo esto era elitista y que era antiecológico, y resulta que en realidad una de las riquezas grandes que hay aquí en Andalucía es este turismo de invierno basado precisamente en los campos de golf de la Costa del Sol, o el de Lepe de veintisiete, nada menos que de veintisiete, hoyos.

Nosotros necesitamos que la política de equilibrio territorial no nos haga olvidar que debemos competir con Francia, Alemania y otros países por el estilo. Yo decía recientemente: «Cataluña no compite con Extremadura; Cataluña tiene que competir con Massachusetts. Nuestro objetivo es competir con Massachusetts». Y ahí nosotros necesitamos que incluso a la hora de la distribución de recursos se tenga en cuenta que nosotros —Cataluña, pero también en buena parte Andalucía, y cada vez más Andalucía— tenemos que competir con Alemania y con Massachusetts. Hay un tipo de aportación económica que ya no tiene que responder únicamente a resolver déficits sangrientos que arrastramos de hace muchos años, sino que tiene que responder a nuestra necesidad de competir con la Lombardía, con Baden-Württemberg, con Japón y con Massachusetts. Y esto también requiere una política de financiación autonómica. Y eso hace que haya algunas comunidades autónomas que necesiten ser atendidas, no por sus déficits, sino por la necesidad que tienen de poder competir internacionalmente, bien entendido que, si estas comunidades autónomas no pueden competir, España entera no va a competir.

Éstos son temas que hay que poner encima de la mesa y creo que ahora lo podemos hacer con tranquilidad. Pienso que ahora se dan las condiciones para una discusión de este tipo. Teniendo en cuenta además otra cosa: que el factor principal de riqueza de un país es su gente, es la mentalidad de su gente. Y este país, esta riqueza de gente la tiene.

Deseo terminar ya mi disertación, que por supuesto ha sido más larga de lo que es correcto. Les ruego que me disculpen, pero ustedes habrán notado que éste es un tema que me apasiona en todas sus dimensiones, tanto cuando hablo desde el punto de vista de la defensa de los intereses de Cataluña como cuando hablo del desarrollo general español o cuando hablo, quizá incluso excesivamente, de Lepe y de Cartaya por lo que emblemáticamente representan. Pero les quiero decir para terminar que todo esto lo sitúo en un marco, y es el de esta España que a mi entender tiene buenas perspectivas. Nosotros tenemos unos cuantos desafíos: la integración europea, Maastricht, la competitividad, hacer compatible la competitividad con el mantenimiento del Estado de bienestar, cosa, ésta última, difícil, no para nosotros, sino para todos los Estados europeos. O si no, vean por ejemplo el revolcón electoral de los socialistas el pasado domingo en Austria. ¿Por qué este revolcón? Simplemente porque han tenido que hacer un esfuerzo de adaptación del Estado de bienestar sin perder competitividad y esto ha tenido en este caso su precio, un precio que han pagado —creo yo, sinceramente— injustamente. Éstos son los desafíos: integración, competitividad más Estado de bienestar, internacionalización, hacer de España un país de la escala alta europea. Yo siempre digo que España no va a ganar la Liga, que España no va a ganar la Copa, que España no va a jugar la Copa de Europa ni la Recopa, pero España puede jugar la UEFA. España en Europa puede jugar la UEFA. Y es a eso a lo que hay que aspirar. Y creo que para ello la estabilidad y el buen entendimiento son necesarios.

Nosotros pretendemos que en España haya un cambio, que en parte ya se ha producido en estos últimos tres o cuatro años y al que creo que nosotros, en parte, hemos contribuido. Un cambio radical de lo que fue la orientación tradicional de la política económica española, que durante mucho tiempo, con algunos intervalos quizá, se basaba fundamentalmente en el ahorro exterior, en el consumo y en la importación. Y ésa es una mala tríada. Ésa es una mala tríada. Nosotros propugnamos que España se fundamente en el ahorro interior, en la inversión y en la exportación. Y esto está sucediendo. España crece económicamente pese a que tiene un consumo relativamente estancado, porque crece gracias a la exportación. ¿Quién habría creído esto hace quince años? ¿Quién habría pensado hace quince años que España crecería no por la construcción, o no por las naranjas, o no en un momento determinado por el mercado interior del automóvil, o en general por el consumo interior, sino que crecería, cuando todo esto no va demasiado bien, por su capacidad exportadora? Y por su capacidad exportadora no a países del Tercer Mundo, sino a Alemania, a Francia, a Norteamérica, Dinamarca y los Países Escandinavos. Este solo dato significa hasta qué punto las cosas han cambiado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues seguir por este camino y conseguir esta estabilidad y esta solidez que hacen de España un país normal alto. Normal alto dentro del conjunto europeo.

Me gustaría alargarme en estas cuestiones de política general española y de política económica, pero pienso sinceramente que ahora ya sería realmente abusar mucho de su paciencia. Permítanme, de todas formas, que insista en esta solicitud mía, en esto de que personas como ustedes ayuden a que en España se acabe esta historia de la explotación desde Cataluña. Porque es falsa. Esta historia es falsa. Esta historia es injusta, esta historia perjudica al conjunto del país. Y nosotros solos no podemos luchar contra ello.

Debo decirles con toda sinceridad que desde Cataluña no lo podremos hacer, porque sucede que, si uno de nosotros da una conferencia muy bien documentada, pero al día siguiente sale alguien que consigue el titular —y lo conseguirá con seguridad si dice según qué barbaridad—, todo nuestro esfuerzo, nuestra conferencia, nuestro libro, lo que sea, todo esto habrá sido en balde. Puede muy bien pasar que esto suceda ahora con este viaje mío a Andalucía. Únicamente a través de una acción sistemática hecha por parte de los españoles no catalanes se puede ayudar a que nuestra acción, que vamos a continuar haciendo, sea eficaz.

Y el otro gran mensaje que quiero enviarles es esta confianza que tengo en el futuro del conjunto de España. De Andalucía, por supuesto también de Cataluña, pero además de toda España. Nosotros tenemos unos objetivos de política catalanista. Pero los otros objetivos que tenemos son los de la estabilidad española, los del progreso general español, y sobre todo el de ver si somos capaces de introducir en el país mucha confianza en sí mismo —pienso que tiene derecho a ella— y mucha serenidad.

Sobre todo quisiera que quedara como elemento fundamental de mi presencia en Andalucía, aparte de este ruego insistente que les hago, esta expresión muy convencida de confianza, de confianza en nuestro futuro y de llamamiento a la serenidad colectiva.

Muchas gracias.

ESPAÑA, NUEVO CICLO HISTÓRICO

Conferencia pronunciada en el Centro Cultural del Círculo de Lectores de Madrid, el 26 de noviembre de 1996

Señoras, señores: a partir de este título —«España, nuevo ciclo histórico»—, les voy a dar una visión muy personal, en parte del momento presente, pero especialmente de la historia de España y de cómo, a partir de ella, propongo, proponemos, que enfoquemos el futuro.

Muy posiblemente mi conferencia les decepcione, porque no va a ser una conferencia muy política, en el sentido habitual de la palabra, y por supuesto, va a ser poco excitante. No sé exactamente qué título periodístico va a poder producir, y quizá sea un poco aburrida, porque, después de todo, la historia de España es algo que ustedes ya conocen, desde que de pequeños fueron a la escuela, y no les voy a descubrir nada especial.

El caso es que, como les decía, voy a intentar darles una visión muy personal o, más exactamente, muy del sector que represento, cuyo interés puede que radique en el hecho de que esta visión inspira nuestra acción política actual, la de un grupo que tiene un peso en la política catalana y en la política española. Es decir, la exposición de esta visión no es un ejercicio intelectual o de historiador frustrado —que también lo soy—. Para que ustedes comprendan lo que quiero decirles, les comentaré que, por ejemplo, a veces digo: «La historia de Cataluña se puede explicar en cinco segundos». Y la explico: la historia de Cataluña es el injerto entre Jaime I y la revolución económica de los siglos XVIII y XIX. Ya está. Se puede explicar en veinte o treinta segundos. En cuyo caso digo: «Es la combinación, o injerto por así decirlo, entre lo que nos viene de la Edad Media, que es nuestra lengua, nuestro territorio, nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestra conciencia de país. Es nuestro componente más identitario. Esto, en un momento en que estaba, por cierto, en franca decadencia, se injerta con una revolución que se produce excepcionalmente —porque en el sur de Europa esto fue poco frecuente— de tipo mercantil, de tipo agrario, de tipo económico, a finales del siglo XVIII y principios del XIX».

Y esto es la Cataluña de hoy. Hay más componentes, pero estos dos son los más básicos.

Si ustedes analizan nuestra política actual, en realidad no es más que un intento de aplicar esta visión histórica, porque tiene dos componentes fundamentales: uno es la defensa de la identidad de Cataluña como nación —Jaime I por así decirlo—; la otra es la voluntad a nivel catalán y a nivel español de conseguir la modernización del país y de conseguir que la revolución mercantil, industrial, económica en último término, y el cambio de mentalidad y el cambio de estructura social que todo ello representa se consoliden. Cuando nosotros decimos que hay que luchar en favor de la economía productiva, en realidad estamos repitiendo lo que dice Jaume Vicens Vives en sus libros, o Pierre Vilar, por ejemplo, en su tesis sobre la Cataluña del siglo XVIII en el marco de España.

Por lo tanto, en este sentido, puede que tenga algún interés esta visión histórica, porque no es simplemente histórica.

Así pues, yo, ¿qué quiero decirles? Quería decirles que, a mi entender, España vive el final de una larga decadencia o, más exactamente, vive el momento en el cual ya se ha superado la decadencia; un momento en que puede afirmarse que la decadencia española ya pertenece al pasado y que el futuro puede abordarse con más confianza, con más seguridad y más ambición que nunca.

Discúlpenme por dedicar un fragmento de mi conferencia a un recorrido histórico que a ustedes no les va a aportar nada que no sepan ya, pero puesto que arranco de la idea de la decadencia, más exactamente de superación de decadencia, y a través de ello intento lanzar un mensaje actual, y se lo avanzo, optimista, tengo que empezar diciendo que la decadencia española se puede situar en algún momento de mediados del siglo XVII. La pueden situar en 1643 —que es cuando el Ejército español es derrotado por primera vez, en Rocroi, en campo abierto, y además es derrotado de forma rotunda—, o la pueden situar en 1659, que es el año del Tratado de los Pirineos. Da lo mismo. En realidad, ahí empieza una decadencia grave, que quizá venía de antes, pero que estos hechos visualizan muy bien. A partir de ese momento, España, que había sido en Europa básicamente sujeto de la historia, se convierte, en buena parte, en objeto de la Historia.

Ése era el final de una larga, muy larga confrontación, que había empezado con las guerras de Italia —ciento cincuenta años antes— y que España había mantenido contra viento y marea, gracias, entre muchas cosas, en primer lugar, a una enorme energía castellana que se había acumulado durante los siglos de la Edad Media. Una enorme y formidable energía castellana, ya que realmente fue una gran aportación castellana la que hubo tanto en América como en Europa. Y, en segundo lugar, gracias a América. Sin América tampoco lo hubiera podido hacer, pese a esa gran energía. América le permitió enfrentarse a un país como Francia, que era un país mucho más completo, por así decirlo, que España, sobre todo que la Castilla de aquella época. Esta América, con sus riquezas, ayudó a mantener la guerra. Esto tuvo un efecto muy negativo a largo plazo, porque España tuvo dinero para mantener la guerra durante ciento cincuenta años, pero fue un dinero que nunca fue fruto de la economía productiva; es decir, no fue el resultado de una creación de riqueza que se hiciera en España, especialmente en Castilla; no fue eso. Sencillamente, era una riqueza que venía de América, pasaba, servía para pagar a los ejércitos, pero no fue la base de lo que podríamos llamar una mentalidad, y menos todavía una estructura económica de signo productivo. Esto luego se pagó.

¿De qué dispone España, cuando empieza esta decadencia? En realidad, sigue disponiendo de muchas cosas. Sigue siendo un país muy importante; sigue siendo un gran país europeo y americano. Dispone de América, de los Países Bajos, del Milanesado, de Sicilia, de Nápoles, de Cerdeña e incluso todavía de algunas plazas en Francia. Las posesiones europeas no las perdió hasta 1713, con el tratado de Utrecht. Es un gran país, pero ha perdido claramente la batalla por la hegemonía europea. Por otra parte, mentalmente, ¿qué la configura? La configura una mentalidad muy marcada por la Contrarreforma y por el Barroco, y por el recelo de la modernidad. A partir de ese momento —y ya antes había sido así— hay poca penetración del pensamiento moderno. Este fenómeno pasa, por supuesto, en todo el sur de Europa, pero de un modo muy especial sucede en España. Y en realidad se inicia entonces una forma de producir que al final se paga duramente y que ahora se ha superado. Que se ha superado durante los últimos veinte o treinta años —si quieren, en ciertos aspectos, cuarenta o cincuenta años— de una forma sorprendente, de un modo extraordinariamente positivo.

Empieza la época en la cual no se hacen las revoluciones a tiempo. Había una frase —que ustedes recordarán de hace años— que decía que España era un país que tenía revoluciones pendientes. España tenía muchas revoluciones pendientes, y no únicamente las que se mencionaban en aquel momento, sino las que había venido acumulando desde siglos a causa del inmovilismo y de su rigidez. Esto la condujo al aislamiento, a la marginalidad y al anquilosamiento. Al aislamiento y a la marginalidad como país, como Estado, y al anquilosamiento de la sociedad.

Es cierto que hubo intentos de superar esta situación. El más importante fue el de Carlos III, que incluso ya fue iniciado en tiempos de Femando VI. Un intento de aprovechar una coyuntura europea muy favorable: la segunda mitad del XVIII hasta la Revolución francesa fue una época de coyuntura europea en general muy favorable. Se practicó una buena política, moderna —moderna evidentemente aplicada al tiempo—, pero que finalmente fracasó. Todo lo que hubo de recuperación con Carlos III luego se quebró, se deshizo con una excepción —y tendrán que permitirme que, de vez en cuando, haga alguna excepción referida a Cataluña—. Ese proceso no se quebró en Cataluña. El proceso de recuperación que hubo durante el siglo XVIII no se quebró en Cataluña, y de ello ya hablé mucho durante la conferencia que hice hace once o doce años en Barcelona, cuando hablaba de Narcís Feliu de la Penya. Y luego también cuando el bicentenario de la muerte de Carlos III. ¿Por qué no se quebró? No se quebró porque Cataluña, que había tenido una evolución distinta, al margen —no había participado, no había tenido ni el mérito ni la ventaja de participar en aquella empresa realmente ciclópea que comprendió desde el descubrimiento y la colonización de América hasta la lucha a fondo por la hegemonía europea—, había quedado inmune de una serie de consecuencias negativas de aquel esfuerzo tan gigantesco. Y aquí, por una serie u otra de razones —por ejemplo, la revolución agraria del siglo XV—, en Cataluña había sociedad, había tejido social, lo cual, en conjunto, no existía en Castilla ni tampoco en el resto de España. Por lo tanto, en cuanto el rey y su impulso desaparecieron, en cuanto desapareció la coyuntura favorable, puesto que el impulso de recuperación español del siglo XVIII había sido dado desde arriba, desde el rey, este impulso se quebró. Era el rey quien decía: «Háganse manufacturas allí; vayan pescadores a esa otra zona; vayan alemanes a La Carolina». No era que el pueblo tuviera iniciativa, lo cual sí sucedía en Cataluña. Es decir, en la mayor parte de España se pagaba el precio de la desertificación económica, y sobre todo social, producida en los siglos XVI y XVII, por el gran esfuerzo militar, por el tremendo esfuerzo demográfico y, además, por el hecho de que la riqueza no era el resultado de una acción creativa, productiva, sino que era simplemente el resultado, en muy buena parte, de los tesoros que venían de América. Tengan presente que cuando ya España estaba realmente muy exhausta, pero Francia también, en 1658 —para que comprendan la importancia de ello—, de repente España pide la paz, que ya es la paz definitiva. Porque paces, durante ciento cincuenta años se habían hecho muchas, pero ésta ya fue la última. ¿Por qué sucedió esto? Porque en 1658 la escuadra holandesa captura entera la escuadra que viene de las Indias con dinero —con plata, con oro, etcétera — Eso iba así. No había, realmente, unas reservas propias. Y eso produjo una desertificación social, la cual, desaparecido el impulso real, no hizo posible que se mantuviera el esfuerzo que se había producido durante el siglo XVII. Pero más grave fue todavía que no sólo Carlos III no tuvo continuidad, sino que la primera mitad del siglo XIX fue muy negativa. Aparte de la endeblez, por así decirlo, de la sociedad y del país, hubo, como ustedes saben, grandes disensiones internas. Y es entonces, en la primera mitad del siglo XIX, cuando, a mi entender —todo esto es una visión, ya lo he dicho antes, muy personal—, se produce la pérdida de contacto ya insalvable —insalvable a corto plazo; ahora ya lo hemos salvado; este problema lo hemos resuelto ahora—, insalvable durante muchos decenios, con los países europeos avanzados: con Inglaterra, con Francia, con Bélgica, con Holanda, con el norte de Italia, con Bohemia, con Alemania. Y también, de paso, con Estados Unidos, que, por supuesto, se movían en otro terreno. Si los cito, es porque el momento más bajo, en un cierto sentido, de la decadencia española coincide —luego matizo esto— con el enfrentamiento con Estados Unidos; enfrentamiento para el cual España no estaba preparada ni materialmente ni mentalmente, porque España no se había dado cuenta de que Estados Unidos se había convertido en una gran potencia en el terreno de la industria, de la agricultura, de la producción. España no se había apercibido de ello, y eso era grave, aunque evidentemente había algunos políticos clarividentes, uno de ellos, por cierto, fue el general Prim. Los políticos españoles, o la opinión pública española, cuando hablaban de Estados Unidos, hablaban de los vaqueros y de los choriceros de Chicago —porque la prensa patriotera hablaba con desprecio de unos mataderos muy importantes en Chicago— y enviaron a luchar una escuadra que era absolutamente imposible que se pudiera enfrentar a lo que era una gran potencia industrial.

Se pierde contacto con toda esa gente: con los belgas, con los franceses, con los ingleses, con los holandeses, etcétera En cambio, yo creo —y estoy dándoles simplemente una visión de tipo personal que no tiene más valor que inspirar algunas de nuestras decisiones políticas (esto, que a primera vista puede parecer tan alejado de las decisiones políticas, no lo está tanto)—, yo creo que justamente entonces se empieza a producir la reacción. ¿Cuándo se produce? Se produce durante la segunda mitad del siglo XIX, con la Restauración. Algunas veces se ha hablado mal de la Restauración, pero pienso que habrá que hacerle justicia. La Restauración se quedó muy corta, se agotó, quedó exhausta. Terminó —por así decirlo— medio mal, pero en realidad hubo ya durante la Restauración un primer intento serio, sostenido, de recuperación; pero es un intento que llevará cien años, hasta hoy, para llegar a su plenitud. Hoy ha llegado a su plenitud.

Algunos dicen que el momento más bajo —yo pienso que quizá no es exactamente así, aunque quizá emblemáticamente sea cierto— se sitúa en 1898. La célebre crisis del 1898. ¿Fue realmente el momento más bajo? ¿O fue, por el contrario, dentro del desastre, un sobresalto que, finalmente, resultó positivo? No lo sé.

En todo caso, lo que sí es cierto es que la respuesta mayoritaria a la crisis española de 1898 es pesimista; por lo menos lo es de inmediato. Puede que luego ese pesimismo haya tenido otras derivaciones fructíferas. La respuesta que se da desde el centro del país, aunque con muchas aportaciones periféricas —la que se da, por ejemplo en general, desde Madrid, desde Castilla—, es pesimista. Repito: en lo inmediato.

Quiero subrayar —y también ahí la evolución de Cataluña es distinta— que la respuesta que se da desde Cataluña a la crisis del 1898 es optimista. Y lo es en dos sentidos, con un componente inicial estrictamente catalán. Esto es: vamos a sacar a Cataluña adelante. Se ha dado esta crisis —que fue muy dura para Cataluña, porque precisamente Cataluña, que había estado poco presente en América, en cambio sí que había estado muy muy presente en Cuba—, pero vamos a superar esto. Y, segundo, vamos a encontrar la forma, vamos a encontrar el mensaje que permita que el conjunto de España supere esto. La respuesta optimista.

Pienso que ahora que se acerca 1998, y que habrá que conmemorarlo, habrá que tener en cuenta esas cosas. Creo que afortunadamente podremos conmemorar esta efeméride en un ambiente muy positivo, muy optimista y muy esperanzador. No habrá una conmemoración, sino que supongo que habrá varias. Por lo menos habrá dos, y ustedes perdonen este acto de particularismo. La que organice el Gobierno español —el presidente Aznar ha hablado varias veces de esto— y la que organizaremos nosotros desde Cataluña. La organizaremos con una doble voluntad: de signo catalán y otra vez —como ya se hizo hace cien años— intentando dar nuestro mensaje y nuestra visión de lo que en este final de siglo XX puede ser España.

Esa larga decadencia fue acumulando muchos problemas de fondo, que ya he comentado: revoluciones pendientes como la cuestión agraria, que en cambio Cataluña sí hizo por una circunstancia histórica en la cual ahora no entraré con detalles, porque sería abusar mucho de su paciencia. Cataluña ya había tenido su revolución agraria en el siglo XV (las guerras civiles remences o payesas). Cataluña fue el único lugar de Europa donde ganaron los labradores, porque en todas partes fueron derrotados y ajusticiados. Pero ello no sucedió en Cataluña, por unas circunstancias que ahora no vienen al caso. Sin embargo, a finales del siglo XIX ya había muchos países que habían hecho la revolución agraria; por ejemplo, los franceses la hicieron con la Revolución francesa. En España, esto era una obsesión; recuerden que uno de los temas recurrentes de la Segunda República era la reforma agraria andaluza. En todo caso, la revolución agraria no se había llevado a cabo.

La revolución religiosa tampoco. La evolución religiosa que habían experimentado la mayoría de países europeos no se había producido en España La evolución hacia más tolerancia y más respeto, o bien hacia una mayor separación entre el Estado y la Iglesia, entre lo político y lo religioso, entre lo sagrado y lo profano: todo ello estaba muy atrasado en España. No olviden que en los años veinte del siglo XIX aún funcionaba la Inquisición, y en serio. Hasta no hace mucho hemos tenido una Iglesia muy fuerte, muy conservadora en todos los temas y, además, muy intervencionista. No se había producido la revolución religiosa.

Tampoco se había producido la revolución económica y, concretamente, la revolución industrial. Había habido un rechazo del mercantilismo y había habido un fracaso de la revolución industrial.

Jordi Nadal —un catedrático de Historia de la Economía catalán— tiene un libro, cuya lectura les recomiendo, que se titula El fracaso de la revolución industrial en España. Pone las fechas: 1814-1913. Y ¿qué representa 1814? Es el momento en que de hecho termina la Revolución francesa y toda la efeméride napoleónica. Es el momento en que España puede empezar a respirar y a decir: nos ponemos a trabajar de nuevo. Lo malo es que no lo hace, o no lo hace bien. Y hasta 1913, un año antes de la primera guerra mundial, que es cuando termina, para España y para Europa, lo que había sido el siglo XIX. Otra vez aquí se produce un hecho diferencial importante: en Cataluña el siglo XIX se aprovecha mucho mejor. En Cataluña, la revolución industrial es un éxito; como también lo es en alguna otra zona de España, pero relativamente aislada. Tampoco fracasa en el País Vasco, aunque allí la revolución industrial se produce más tarde y con características distintas.

En aquellos momentos, y en conjunto, España va a contracorriente del Occidente europeo, pese a los esfuerzos que ya había empezado a hacer, en ese sentido, la Restauración. Consecuencia de todo ello es un insuficiente crecimiento económico.

Más revoluciones pendientes. Una, capital, la democrática, la política. España es un país con dictaduras y guerras civiles. La Restauración —y por eso yo siempre insisto en que la Restauración hay que analizarla siempre con interés y haciendo una valoración a pesar de todo positiva— consigue una cierta estabilidad. Con muchos sobresaltos, con muchas imperfecciones, pero la consigue. Reintroduce el sentido de lo civil en la vida pública española. Pero, en conjunto, todo ese largo período que va desde el final de las guerras napoleónicas hasta hace muy poco, está caracterizado por debilidad política, desequilibrio social, dictaduras y guerras civiles.

Por supuesto, todo ello conlleva que no existe revolución social. Hay atraso social. Y no me refiero únicamente a lo que es la problemática que tradicionalmente se ha llamado propiamente social, o al problema obrero —como se decía antes— o a las cuestiones sindicales —aunque también me refiero a ellas, por supuesto—, sino que en gran medida me refiero a otra insuficiencia, la de la desestructuración social del país, que entre otras cosas se manifiesta por el hecho de que en España no haya clase media. Hasta hace muy poco, en España no ha habido clase media. Y el progreso, sobre todo el progreso en libertad, en un país donde no hay clase media, se hace muy difícil.

Más revoluciones pendientes: los desequilibrios internos, territoriales, las zonas subdesarrolladas. Que no se dieron sólo en España, pero que en España existieron, quizá no más que en Italia —sea dicho de paso—, pero sí en una forma acusada.

Y finalmente había otro tema en el cual España estaba descolocada; el campo internacional. Una vez perdido su papel hegemónico en Europa, todavía durante un siglo mantiene un papel importante, pero de segunda fila, y ya siendo a menudo objeto de la acción de los demás, que no sujeto de la propia acción. Pero llegó un momento de decadencia ya muy clara, y entonces España no encuentra su sitio en el mundo, no sabe dónde debe situarse. Duda entre el imperio americano, que luego pierde y la deja muy huérfana, y no acaba de poder entrar en Europa, por su propia debilidad, por sus complejos, por su aislamiento, porque, casi inconscientemente, en un cierto sentido se protege y se encierra en sí misma. Además, ni los franceses ni los ingleses ayudan. En realidad, la mantienen un poco al margen, no fuera de Europa, pero sí en el suburbio de Europa. Y con todo ello, además, llega un momento en que los propios españoles no se aclaran. Es la época, todavía muy reciente, en la que oímos hablar de que nuestro futuro estaba en Latinoamérica, de que Europa no nos interesaba, de que nuestro futuro estaba en la amistad con los países árabes; o en el neutralismo; o sólo en nosotros mismos, y de que podíamos prescindir de los demás. Todo esto, la gente de mi generación, e incluso algunos bastante más jóvenes que yo, lo ha vivido, lo ha oído no hace mucho.

Todo esto configura una España con muchos problemas graves, serios, de fondo, pendientes de resolución. Y con esto entramos en el siglo XX. Ya nos vamos acercando a los tiempos actuales. Yo diría que el siglo XX representa la dolorosa, lenta y, a veces, traumática superación de la Decadencia.

Creo oportuno analizar cuatro momentos importantes del siglo XX: la Restauración, que venía de antes, que fue útil, pero que se estaba agotando, y que necesitaba algún revulsivo para revitalizarse. Lo intentó en el siglo XX gente importante, como Maura, Canalejas o bien, también, la izquierda política e intelectual, minoritaria, pero importante y de calidad. Y es en el siglo XX que cuando Cataluña empieza a tener, e intenta tener como tal —como Cataluña y no sólo a través de un político en un momento determinado como fue el caso de Prim—, un papel importante en la política española de acuerdo con sus propios conceptos y sus propias ideas. Pero el proceso de agotamiento de la Restauración se consumó.

La República fue, sin duda, una auténtica revolución, un cambio muy profundo, pero fracasó. Luego resultó que muchas de sus ideas, de sus ilusiones, se recogen y se encauzan, porque en la historia nada muere y todo puede ser, en un momento determinado, recuperado e integrado. Probablemente ustedes conocen a un pensador político italiano llamado Pareto, cuya teoría principal es la que llama «de los residuos». Dice que a menudo algo parece que ha muerto, pero lo que ha significado, al cabo de unos años, de otra forma, es recogido y vuelve a aparecer. Pienso que la República, que en sí misma no puede decirse que fuera un éxito, en realidad fue un aldabonazo, una simiente, una esperanza, y fue después ya, una vez desaparecida la República, un referente. En todo caso, pienso que, en cierto sentido, podría decirse que fue la historia de una inmadurez, y eso seguramente resulta antipático decirlo, porque siempre que se habla de la República se hace en términos muy encomiásticos, pero es que yo hablo en términos positivos de la República. Cuando digo que fue la historia de la inmadurez, quiero decir que la República, para triunfar, necesitaba tres cosas que no tuvo: tiempo, paz y una coyuntura favorable. Y no tuvo ni tiempo, ni paz ni una coyuntura favorable. Además, a ella, más que a nadie, le explotaron de golpe todas las revoluciones pendientes. Y eso Raymond Carr lo ha descrito diciendo textualmente que «a partir de 1931, la repentina movilización de la Segunda República hizo estallar conflictos que habían estado latentes en los regímenes anteriores». Es decir, aquellas ocho revoluciones pendientes se hallaban ahí y eran un lastre, pero estaban un tanto adormecidas. Con la República de repente, y además de forma muy virulenta, todo esto se pone encima de la mesa, entre otras cosas, porque la coyuntura europea —no ya la coyuntura española— era de radicalización. Y la República no tiene capacidad para absorber eso, ya que para ello habría necesitado paz, habría necesitado tiempo, y no tuvo ni lo uno ni lo otro. Quedó como simiente, quedó como referente, y como una esperanza fallida que un día podía recuperarse, hasta hoy.

Y luego hay un tercer momento que hay que analizar. Naturalmente no se puede prescindir de cuarenta años de la historia de España del siglo XX: la Dictadura. Y ¿qué pasa durante la Dictadura? Durante la Dictadura pasan cosas muy importantes, y ahora voy a prescindir de los aspectos propiamente y estrictamente políticos. Pasan cosas muy importantes en el terreno del cambio social, del cambio económico y del cambio de mentalidad. Pasan cosas muy importantes, decisivas. Hay cambios sociales, cambios económicos y cambios de mentalidad. Y hay además el gran desarrollo económico, el gran empuje de la industrialización —esa industrialización que España, en su conjunto, no hizo a finales del siglo XVIII, cuando sí la hizo Cataluña, luego algunas zonas aisladas de España en el XIX. En el conjunto de España se produce a partir de los años 19591960. Y aparece, primero, una creación de riqueza; después, una apertura, porque, se quiera o no, todo ello obliga a ver otros horizontes; y tercero, aparecen las clases medias. La gran diferencia entre la España de los años veinte y treinta y la de los años ochenta es que en esa última hay clases medias, y esto es capital. Y, además, la Dictadura tuvo algo a favor suyo que no tuvo la República: la coyuntura, la cual, por lo menos en la segunda parte de la Dictadura, fue muy favorable. En cambio, la coyuntura republicana de los años treinta en Europa, ni políticamente ni socialmente ni económicamente había sido una coyuntura favorable. Al revés: había sido para todos una coyuntura desastrosa. En el año 1934, los tanques patrullaron por las calles de Ginebra; en el año 1934, los tanques patrullaron por las calles de Ámsterdam; en el año 1934, hubo dos guerras civiles —dos, aunque duraron poco— en Viena. Los años treinta son eso. En cambio, la Dictadura se pudo beneficiar, en lo económico y en la evolución social, de una coyuntura muy favorable.

Y finalmente llegamos al cuarto momento, que es la Democracia. Por mérito del pueblo español, que había madurado mucho durante esos cuarenta o cien o ciento cincuenta años —cojan ustedes cualquier trecho de este largo período—, la Democracia recoge y endereza mucho de lo que ha sucedido anteriormente, en la Restauración, en la República, durante la misma Dictadura, como acabo de explicar. Nosotros tenemos la suerte como generaciones —la mía y la que viene detrás de nosotros— de haber protagonizado, de haber asistido a un casi milagro, porque resulta que aquellas siete u ocho revoluciones pendientes, aquellos retos tan tremendos —con los cuales nadie se había atrevido a enfrentarse y que, además, habían estado en la base de la mina de la República, y de tantos otros intentos generosos y bien intencionados—, resulta que nosotros —en parte por mérito nuestro, pero sobre todo porque quizá en frase bíblica había llegado la plenitud de los tiempos— los podemos afrontar con buenas posibilidades de éxito. Tenemos la suerte de poder vivir una época que, en términos que si ustedes quieren pueden llamar hiperbólicos, ha sido milagrosa. Ha habido un cambio tremendo. A veces hay gente que lo quiere negar, pero el cambio ha sido tremendo. Y como es mérito de todos, hay que decirlo. Incluso es mérito de todos los que durante cien años intentaron ir, a veces vanamente, en contra de la decadencia. ¿Qué ha habido? Cambio político, democracia consolidada. ¿Qué ha habido? Crecimiento económico (infraestructuras, producto interior bruto). ¿Qué ha habido? Desarrollo industrial, que hoy nos permite confiar en el crecimiento económico pensando en la exportación. Ustedes, por favor, deténganse ahora a pensar en ello. Hace veinte años, hace quince años, nadie habría osado pensar que un día el progreso económico español no dependería ya del consumo interno —que está más o menos estancado—; no dependería ya de que llueva más o menos en las Castillas, y estén aseguradas las cosechas de trigo; que no dependería decisivamente de nada de ello, sino que dependería sobre todo de nuestra capacidad de exportar. Esto hace quince años no se lo creía nadie, y hoy es así. Pero, además, ¿exportar adónde? Exportar a Alemania, exportar a Suecia, exportar a Francia, exportar al norte de Italia, exportar a Inglaterra, exportar a Estados Unidos; es decir, a los países tecnológicamente desarrollados y de alta competitividad. Se ha producido este cambio. Y ha habido un cambio social, el de las clases medias. Y, además, ha habido una fuerte igualación económica y social. Yo no sé si la gente se da cuenta de la nivelación que hay hoy en amplios sectores del conjunto de nuestra sociedad. Por supuesto, tenemos un porcentaje demasiado alto de gente que vive al margen (pobre, olvidada…), pero se ha producido un fenómeno de nivelación económica y social muy fuerte en el conjunto de nuestra sociedad.

En lo referente a reequilibrio territorial, España es el país de Europa que mayor esfuerzo ha hecho para el reequilibrio territorial. Yo siempre cito una frase que me parece especialmente afortunada de Rodríguez Ibarra, el presidente de Extremadura. La cita, a veces, con una intención que no es la mía. Dice: «Hoy, en Extremadura, no se podría filmar la película Los santos inocentes». Y ello es realmente así. Y ése es un cambio muy importante. Y si ustedes repasan los últimos datos de los estudios que ha publicado el BBV y, más concretamente, la fundación que dirige José Ángel Sánchez Asiaín, verán como durante los últimos treinta años ha habido un cambio muy importante en el terreno del equilibrio de la renta, aunque mucho menos del producto interior bruto —y eso último también habrá que analizarlo.

Otra antigua revolución pendiente, que ahora ya no está pendiente: el posicionamiento internacional. Se acabaron todas las elucubraciones según las cuales el lugar de España estaba en América Latina. América Latina tiene para España un papel muy importante, pero no es ahí donde España se juega su ser o no ser como país, como economía y como estructura política, sino que es en Europa. Luego hablaremos de América Latina, pero de momento dejemos claro que el futuro de España se juega en Europa, no se juega en América Latina ni en los países árabes ni con planteamientos neutralistas. Ahora España ya es un país normal; no es un país fantasioso; no es un país caprichoso. Es un país que está exactamente donde debe estar. Su posicionamiento internacional está resuelto. No había estado en esa posición incluso durante siglos.

La revolución agraria no se ha producido en el sentido clásico e incluso a veces un poco romántico que la palabra tuvo, por ejemplo, cuando se hablaba de la reforma agraria andaluza. Pero no hay duda de que ha habido una evolución muy grande, por lo tanto una especie de revolución, también en el campo. Ya no tenemos ese problema. Tenemos, simplemente, los problemas propios del mundo agrario en toda Europa.

Se ha producido la revolución religiosa. Aquella cerrazón frente a la tolerancia y al respeto, todo aquello pasó. Si acaso habría que decir que eso se ha superado con exceso. Quiero referirme únicamente a unas declaraciones que hizo Francisco Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda con la UCD y de Exteriores con el PSOE, poco antes de morir. Dijo, hablando del tema: «De todas formas, ahora pasa que nosotros ya no creemos en nada. Y esto no es bueno». Realmente habrá que ver si es bueno que la gente no crea en nada. Pero, de todas formas, en el grado en que en esos temas pudo haber cerrazón hoy ya no la hay.

Todo esto ha conllevado un cambio profundo de mentalidad. Queda algo de Barroco. Yo, en unas declaraciones que recientemente hice, decía que todavía había quien estaba un poco influenciado por la Contrarreforma y el Barroco pero, en conjunto, el cambio de mentalidad, en un sentido de modernidad y de apertura, es evidente. O sea que ahora estamos ante el final de una decadencia: ante el final de un mal encaje en el mundo moderno, en Europa, en la economía mundial; ante el final de muchos desequilibrios internos, y ante el final de buena parte de la conflictividad interna. Por supuesto, estamos a medio camino de todo. No tenemos todavía todo el desarrollo económico que debiéramos tener y no hemos alcanzado el nivel europeo máximo que podemos alcanzar, no para situarnos como primer país, pero sí para situarnos en el grupo de cabeza de forma definitiva. Todavía nos falta. No todos los desequilibrios internos están superados. Existe una insuficiencia de esta evolución, en general positiva, que hay en España, que es la que a mí más me preocupa. La ha señalado una encuesta seria, y nos retrotrae a lo que decíamos de los tesoros que venían de América: España es el país de Europa, con mucha diferencia, donde hay más gente que considera que, cuando tiene un problema, se lo tiene que resolver la Administración. Y esto sigue siendo grave. Y ahí los políticos, los creadores de opinión, los maestros, todo el mundo tendríamos que insistir mucho, porque esto es, a la larga, un tendón de Aquiles que puede dificultar que saquemos provecho de estas perspectivas, a mí entender espléndidas, que tenemos.

Ustedes pueden pensar que, puesto que hemos llegado al punto actual, ya se acaba la conferencia y ustedes pueden respirar tranquilos. Pero no, porque todavía tengo que hablarles de otro tema. Hay algo, en ese final de decadencia, donde aún nos falta mucho por hacer, a pesar de que algo se ha hecho. Y ese algo es la estructura del Estado. Y también he de decirles algo sobre el papel que en todo ello tiene Cataluña.

Pero antes de pasar a ello quería redondear esta primera parte, diciendo lo siguiente: pienso que nos encontramos ante un nuevo ciclo histórico que puede ser creativo y que puede ser ambicioso. Que podemos acudir a ese ciclo desde la confianza, desde la convicción de la propia solidez y de las propias posibilidades, y ya no desde el miedo.

¿Qué quiere decir desde el miedo? Se lo voy a explicar con un ejemplo fácil. Antes he hablado del proteccionismo económico. España fue un país proteccionista. Cataluña fue proteccionista, pero también lo fueron los cerealistas castellanos, los siderúrgicos vascos y un poco casi todo el mundo. Y eso fue así porque España tenía miedo, porque no se sentía capaz, porque se consideraba y se sentía y, en algunos aspectos, era inferior y, por lo tanto, su defensa era encerrarse en sí misma. Cabe decir, incluso, que la debilidad era objetiva y que, por consiguiente, el proteccionismo estaba justificado.

En cambio, hoy resulta que todo el país piensa que estamos en condiciones de salir fuera, y que nuestro futuro depende de nuestra capacidad de estar presentes en el mundo. ¡Qué cambio más formidable y positivo de mentalidad! Eso es hermoso.

Eso, que se ve claro en el campo económico, pienso que vale para todo, para el conjunto del país. Por supuesto, todo esto no permite ni mesianismos ni volver a aquello que decían de «Por el imperio hacia Dios» ni nada por el estilo. Cada país tiene su medida, y España tiene la suya, que no es, por supuesto, la del Siglo de Oro. En realidad, últimamente todos los países se han encontrado redimensionados, excepto Estados Unidos. Y ello es así desde Suecia, que en su época fue una potencia importante, hasta Inglaterra, pasando por Alemania y por Francia.

Pero España tiene capacidad para ser un país importante, prestigioso y respetado y, además, con capacidad de progreso interior, en su vida interna, económica, social, cultural, de interrelación entre la gente y entre las comunidades y la sociedad. Esto es posible. Puede ser un país auténticamente democrático —políticamente en su vida social—, con buen crecimiento económico y con un buen nivel europeo de Estado de bienestar. Digo europeo porque no sé cuál va a ser exactamente el nivel del Estado de bienestar. En estos momentos, éste es un tema que está en revisión. Pero el buen nivel europeo que pueda haber —que de todas formas será bueno, porque éste es uno de los signos de identidad de Europa— lo podemos tener; está a nuestro alcance.

Puede ser un país bien incorporado a Europa, que es nuestro principal objetivo desde el punto de vista de proyección exterior, con gran influencia y presencia en América Latina.

Nosotros defendimos, hemos defendido siempre, que debíamos salir adelante a través de Europa. No nos engañemos: así debe ser. Ahora bien, lo que puede dar un elemento de diferencia, lo que puede introducir un elemento particular, que permita una mayor valoración, es que en América Latina podemos desempeñar un papel mayor que otros. En estos momentos España es el primer país inversor de América Latina, aunque hay quien dice que sigue siendo Estados Unidos. No lo sé, pero da lo mismo para el caso que seamos el primero o el segundo. A lo mejor, este año somos el primero y el año que viene somos el segundo. Da lo mismo, porque lo cierto es que ahí podemos desempeñar un papel importante. También económicamente, no sólo culturalmente. Es decir, podemos ser un país bien incorporado a Europa, con gran influencia y presencia en América Latina y con un papel relevante en el Mediterráneo occidental y en el norte de África. Ahí también podemos tener un gran papel, y útil para nosotros, y útil para Europa, que necesita cubrir bien su frontera sur, que es la frontera más peligrosa, más móvil y más incierta que tiene. Finalmente, es un país que puede utilizar a fondo la fuerza de una lengua que hablan trescientos o trescientos cincuenta millones de personas, y la de una cultura poderosa. Y ustedes saben que quien les dice esto ha dedicado su vida fundamentalmente a defender la lengua y la cultura catalanas; no precisamente la lengua y la cultura castellanas, sino la lengua y la cultura catalanas. Pero esto no quita que España tiene ahí, en su lengua, en el castellano, o en el español, y en su cultura, un arma muy poderosa. O sea que, en resumen, pienso que es un país que puede tener un importante peso propio y que puede tener una legítima y fundada ilusión de futuro.

Si ahora terminase, tendría el aplauso fácil de ustedes. Les acabo de explicar que todo va bien y que iremos mejor y les he dado una visión optimista que, en mi caso, además es sincera.

Pero debo decirles —y con ello ya renuncio al aplauso fácil— que hay algo que sigue sin estar bien, encajado en ello, que es Cataluña. Hoy no me voy a extender mucho en ello porque sería abusar mucho de su atención. Otro día lo haré en profundidad. Posiblemente todavía no ha llegado el momento de hacerlo, a fondo y con el espíritu muy abierto y muy transparente con el que estas cosas hay que plantearlas. Pero hay que empezar a pensar en ello.

Cuando digo que Cataluña no está bien encajada, esto no quiere decir que no haya habido —que los ha habido— progresos indudables e importantes; no sólo indudables e importantes, sino progresos que no se habían dado desde hace siglos. O sea que también cabe una visión positiva, un balance esperanzado.

Ahora bien, puesto que éste es el tema que, por lo menos a nuestro entender, no está definitivamente resuelto, y puesto que si ya lo hemos encauzado casi todo —nuestro posicionamiento internacional, nuestra capacidad de conseguir una competitividad que nos permita estar presentes económicamente en el mundo, si estamos en camino de ir resolviendo los desequilibrios internos, etcétera—, puesto que hay estabilidad —y no me refiero a la estabilidad política de tipo inmediato o coyuntural, sino a la estabilidad de fondo, a la estabilidad de la sociedad, de la que viene del sentir de la gente, de la actitud de la gente y de las bases económicas que se han ido creando—, y puesto que se puede hablar sin miedo de la realidad del futuro, pienso que sería el momento de analizar estas cuestiones con una gran sinceridad. Puede que no sea fácil, porque no hay duda de que hay algo negativo en el subconsciente, en el imaginario del resto de España hacia Cataluña, que no es positivo. Esto es cierto, y hay que ser consciente de ello. Es decir, si un político no sabe cómo terminar un discurso o un alto dirigente sindicalista no sabe exactamente qué decir para enardecer a la gente (y esto pasó hace muy pocos días) se mete con los catalanes, y tiene éxito, es que algo no funciona bien. Es que hay un gran recelo, o incluso quizá un desgarro. Y esto ha pasado hace dos, tres o cuatro días. Las encuestas también lo demuestran. Hay algo, que además seguramente viene de muy lejos, porque en las cartas de Cadalso en el siglo XVIII ya figuran estos mismos recelos, al lado de elogios importantes, dicho sea de paso.

Por otra parte, creo que al enfocar esto se puede decir que durante el largo siglo de lenta superación de la decadencia española, Cataluña ha tenido un papel importante y positivo. En más de una ocasión me han dicho: «Oiga, Pujol, usted tiene que estar muy satisfecho. Cataluña puede estar muy satisfecha —me decía un personaje importante del mundo cultural madrileño— porque sus propuestas han triunfado. En lo que va de siglo, ustedes, no solos, pero desempeñando un papel muy destacado, han sido pioneros en las propuestas de democracia, de modernización, de europeísmo, de reforma del Estado y de autonomía. Y todas esas cosas —las unas más, las otras menos— se van aplicando». Y otra persona me decía: «Mire usted, España se ha configurado de acuerdo con un modelo, el modelo que describió Ortega. Castilla ha hecho España —y también decía que podía ser que la deshiciera (no ha sido así)—. Ahora, si hay algún otro modelo que puede complementar eso, que puede perfeccionarlo, que puede sustituir según qué, viene de Cataluña». Y esto es lo que causa desazón, porque a la mayoría de españoles ya les va bien que las cosas estén como están. Y, en cambio, nosotros tenemos, en este sentido, una visión distinta. Y es por ello que Fernández Ordóñez —en esta misma entrevista que antes he citado, que fue muy memorable— decía que él a quien temía era a Cataluña. Porque otras reivindicaciones semejantes van muy solamente a lo suyo, pero no pretenden introducir nuevos conceptos válidos para el conjunto de los españoles y por lo tanto, aunque pueda sorprender, eso deja a la gente mucho más tranquila. Y éste no es el caso de Cataluña. Sea como sea, nosotros, durante estos cien años hemos intentado estar presentes en España con nuestras propias propuestas, evidentemente siempre ligadas a nuestra propia identidad como pueblo catalán. Y lo cierto es que la España de hoy es ya distinta. Por supuesto, ni con mucho no sólo por la acción de Cataluña. Pero, en todo caso, España ya no es sólo un Estado jacobino, unitario y centralista, dotado exclusivamente de las señas de identidad de Castilla, de una Castilla que, por otra parte, durante tres siglos —no hoy por supuesto— había vivido muy alejada de Europa. Siempre ha habido en España elementos particulares que no han sido fagocitados —la personalidad vasca, la navarra, la nuestra—, pero además ha habido cambios que no han sido sólo introducidos por los catalanes, pero que corresponden al modelo catalán de España: el europeísmo fuerte, el autonomismo, la aceptación de que en España conviven diversos pueblos con conciencia clara de su propia personalidad histórica, el concepto que decíamos de economía productiva —que va muy ligado al concepto de modernización— y luego la idea de que tiene que haber Estado —aunque menos del que hay—, pero sobre todo que tiene que haber sociedad. En estos momentos hay que hacer más esfuerzo en la creación de sociedad que en el fortalecimiento del Estado. Estas ideas no son sólo nuestras para España, pero para nosotros han sido muy esenciales, muy básicas de nuestro mensaje, de nuestra política y de nuestra acción en general.

Todos estos conceptos van ganando terreno. Me atrevería a decir que España hoy es más catalana de lo que era, pero donde sigue habiendo gran resistencia no es en el reconocimiento de ese europeísmo, en el reconocimiento de esta economía productiva, sino en el reconocimiento, con todas sus consecuencias, de la personalidad propia de Cataluña y en el de su realidad diferenciada, entre cuyas consecuencias no figura la secesión, ni el intento de secesión, pero sí una visión distinta del concepto de Estado y del papel de Cataluña.

Ahora que esto es posible, ahora que estamos bien integrados en Europa, ahora que España es un país que tiene prestigio —y puede tener más—, ahora que hemos roto el techo que frenaba nuestra competitividad, ahora que parece probable que entremos en Maastricht, ahora que somos el primer país inversor en América Latina, ahora que hemos alcanzado unos altos niveles de bienestar social, ahora que ya Los santos inocentes no se puede rodar en Extremadura, ahora que ya no viene nadie a decirnos, cuando levantamos un poco la voz, que tengamos cuidado porque puede haber un golpe militar… Ahora que ya, si viviera, mi gran amigo Joaquín Garrigues estaría tranquilo. Una vez, cuando se discutía la Constitución, me llamó Joaquín Garrigues y me dijo: «Oye, todo esto que estamos haciendo pende de un hilo. Estamos bordeando el precipicio. Si vosotros os radicalizáis, esto se va al garete». Yo le respondí: «Hay otros que se radicalizan». «Es igual. Con los otros no pasa nada. Si vosotros os radicalizáis, esto se va al garete.» La verdad es que nosotros nos radicalizamos poco. Pero ahora ya no hay riesgo de que nada se vaya al garete. Ahora, repito, Maastricht, competitividad, América Latina, Los santos inocentes, el bienestar social, etcétera. Por consiguiente, ahora ya se puede hablar de otro modo.

Quizá lo que habrá que hacer —y no hago ninguna propuesta, sino que simplemente intento introducir nuevas ideas, o viejas ideas que a lo mejor reaparecen y se convierten en modernas—, quizá lo que habrá que hacer es recuperar aquella idea de España que tenían algunos reyes catalano-aragoneses, y que recuperaron algunos pensadores catalanes y castellanos de la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. Entre ellos, el que fue rector de la Universidad Autónoma de Barcelona de 1932 a 1939 y luego gran figura del exilio en México, Pere Bosch i Gimpera, que escribió sobre España y las Españas, que en realidad con una mentalidad moderna recogía el espíritu que todavía avanzado el siglo XVIII se plasmaba en las monedas con la inscripción «Rex Hispaniarum».

Es muy fácil la descalificación en nombre de la modernidad. Pero a veces lo que llamamos modernidad es fugaz, incluso superficial, y no siempre acertado. La Constitución británica no es moderna, incluso es arcaica, y sin embargo funciona y funciona bien porque responde al propio tiempo a una realidad y a una tradición.

Contra lo que superficialmente pueda parecer, una idea que en estos momentos adquiere gran fuerza es la recuperación de las identidades, aunque hay sectores intelectuales que quieren disimularlo, lo mismo que lo combaten muchos poderes establecidos. Y no me refiero sólo, ni me refiero principalmente, a las nuevas independencias de la Europa Central y la Europa del Este que, por supuesto, responden a la existencia de unas realidades nacionales muy auténticas pero también a una circunstancia muy excepcional, sino a lo que los autores actuales modernos —luego les diré algunos— califican de auge del nacionalismo cultural o, incluso, como por ejemplo Alain Minc —que es uno de los autores de moda en Francia—, de «vuelta a la Edad Media», o bien que hablan de estados-regiones —refiriéndose no a regiones independientes, sino con fuerte iniciativa económica autóctona—, o que hablan de la identidad como defensa frente a la globalización. Detrás de estas expresiones pueden poner nombres tan actuales, sobre los cuales ya no es fácil sonreír con sorna y suficiencia, como por ejemplo el del sociólogo norteamericano John Naisbitt o el de Alvin Toffler, bien conocido como paradigma de la modernidad; como Edgar Morin, en Francia, o Alain Minc, que ya he citado; como Helmut Schmidt, respecto al cual la gente no suele sonreír ni considerarlo un reaccionario; como Michael Keating.

Hecha esa observación para que no se descarte cuanto planteo con sonrisa fácil, quiero decir que Cataluña quiere participar en este nuevo trayecto del definitivo alejamiento de la decadencia. Decadencia que quedó atrás, pero que incluso hay que perder de vista. Trayecto de acceso a un alto nivel europeo. Y queremos hacerlo en el mismo tren. Queremos hacer ese trayecto que creemos que España va a emprender. Sólo que reclamamos hacerlo en condiciones distintas y propias, porque si, como antes he dicho, en España hay una personalidad colectiva diferenciada y con voluntad de autoafirmación y, al mismo tiempo, con un concepto y un proyecto de España —lo cual no sé si nos ayuda en la tarea o nos la dificulta—, ésta es Cataluña. Por lo tanto, no les extrañe que desde Cataluña reclamemos una visión distinta de lo que ha de ser nuestra autonomía, desde la forma de ejercer las competencias hasta la financiación, pasando por un fortalecimiento de sus signos identitarios.

Lo que sucede es que la gradualidad y la tenacidad —si me permiten que nos atribuyamos estas virtudes— con que lo hacemos, unidas a aquel recelo atávico que lo catalán todavía inspira, hacen que nuestra acción merezca desde el rechazo indignado y ofendido de quienes nos ven como taimados explotadores del resto del país hasta el desprecio de quienes nos atribuyen capacidad sólo para las minucias y la mezquindad.

A unos y a otros, y a todos, presentamos, primero, el balance de lo que ha sido nuestra política y nuestra aportación, por ejemplo, durante los últimos cien años, que ya les he contado. Y luego, un segundo balance de la Cataluña de los últimos veinte años, que ha tenido un buen crecimiento económico, que ha tenido las cotas más altas de exportación, que ha tenido una muy alta, muy lograda y exitosa integración europea; que es considerada, en muchos sentidos, positivamente como referente internacional; que ha obtenido una considerable recuperación de nuestra lengua catalana y de nuestra conciencia de país y que, además, lo ha hecho con una muy buena convivencia y, por supuesto, con ausencia de violencia y en un clima de paz. Éste es uno de los balances que podemos exhibir.

Otro balance que podemos exhibir es el siguiente: creo que hemos hecho una contribución de primer orden a la consolidación democrática de España, a la reforma de la estructura del Estado, en el sentido autonómico; a la aceptación general de la mentalidad requerida para una buena economía productiva y a la europeización.

Con ese bagaje y con el proyecto de país que tenemos para Cataluña y para el resto del Estado, comprendan que no podemos renunciar a influir en España, ni podemos aceptar hacerlo desde posiciones subordinadas o no acordes con nuestra realidad como pueblo. De ahí que nuestra actitud sea cada vez más comprometida y que, además, nuestra lealtad sea, y será, cada vez más demostrada. Pero esto, evidentemente, se acompaña, y se acompañará en un futuro, por nuestra parte, de una exigencia cada vez mayor.

En cualquier caso, habrá que tener inventiva para encontrar esa salida; mutua comprensión y, como decía antes —y eso es muy importante—, un sentido muy agudo de la lealtad.

Y ahora, antes de terminar, quería decirles que ahí, si piensan que esto es algo que vale la pena, ustedes —quiero decir los españoles no catalanes— tienen que colaborar, por supuesto, muchísimo más de lo que han colaborado. Porque a nosotros, los catalanes, siempre se nos dice que no nos esforzamos en explicar lo que somos, lo que queremos, lo que hacemos. No nos engañemos, nuestro esfuerzo es casi casi al cien por cien baldío. Tienen que hacerlo ustedes. Yo hoy he gastado mucha energía aquí, mucha saliva, y hace poco estuve en Lepe, en Cartaya y en Sevilla, y doy conferencias y salgo en la televisión, pero sale el político número quinientos cuarenta y cuatro de cualquier partido, y en cualquier sitio dice una auténtica sandez contra nosotros, y eso es lo que vale.

Por lo tanto, conviene que no sea únicamente el político quinientos cuarenta y cuatro sino el uno, el dos y el tres y el cuatro y el diez los que salgan —políticos, intelectuales y todo el mundo— y expliquen las cosas, si es que las ven así. Si no, que nos lo digan, y entonces ya sabremos que no podemos contar con ellos. Voy a leerles un párrafo muy antiguo, para que vean lo que pasaba en el año 1913, que en parte es lo que pasa hoy. Es del epistolario de Unamuno y Maragall. Es un artículo de Unamuno, titulado «Un hecho triste», publicado en El Mundo Gráfico, de 4 de febrero de 1914. Dice así: «A primeros de noviembre recibí una carta de don Gustavo Gili —el editor de las obras completas de Joan Maragall— dándome una noticia que me dejó asombrado. La noticia era que fuera de Cataluña no se habían vendido, en el resto de España, más que seis ejemplares de dichas obras completas. Y luego se dirá que Cataluña vive espiritualmente divorciada del resto de España… Conviene saber que de los once volúmenes de esta edición de Maragall, seis lo son escritos en castellano». Porque, si bien la obra literaria, y buena parte de la obra también política, de ensayo y de crítica de Maragall, es en catalán, una parte muy importante de su obra periodística, de sus artículos políticos, sobre estética, etcétera, son en castellano. Pero se vendieron seis ejemplares (uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis). Esto era en el año 1914.

Hoy puede que las cosas hayan mejorado; pero, de todos modos, algo de esto sigue existiendo. En todo caso, era Unamuno quien podía llegar a hacer que se entendiera lo que era Cataluña. Probablemente Maragall no. Por lo tanto, y por supuesto si a ustedes les parece que eso vale la pena y que conviene hacerlo, les transmito una parte de la responsabilidad; una parte importantísima de esta responsabilidad, a efectos del resto de España. Nosotros solos, por más que hagamos, por lo que sea, no acabamos de conseguirlo. No lo consiguió Maragall, y tampoco lo estamos consiguiendo suficientemente nosotros. Algo se ha andado, pero estamos a la mitad de la mitad del camino.

En cualquier caso, habrá que encontrar entre todos la forma de que España no sea un problema, como a veces lo ha sido, sino una realidad integradora, una realidad positivamente y respetuosamente —es decir, basada en el respeto— integradora y proyectada hacia un futuro que yo pienso que va a ser y puede ser un futuro brillante. Se cerró el ciclo histórico de los temores, de los complejos e incluso, a veces, de una real inferioridad en más de un sentido; temores respecto al mundo exterior, pero también temores respecto a la realidad interna, de la cual nosotros formamos parte. Por lo tanto, puesto que esto se cerró, creo que deberíamos poder mutuamente invitarnos a recorrer con confianza un nuevo ciclo que —a mi entender— en todo y para todos puede ser ascendente.

Gracias por su atención.

DESDE LA CONSTITUCIÓN HASTA HOY

En septiembre de 2003, poco antes de las elecciones a las que yo ya no me presentaría y después de más de veintitrés años gobernando Cataluña, quise dar un discurso medio de despedida medio de balance en una tribuna de prestigio de Madrid, la sede del Colegio de Abogados. El título ya deja claro que se trató de una recopilación y un balance: «Desde la Constitución hasta hoy». Es decir: qué ha ocurrido, cómo han ido las cosas en este período.

A mediados de 2003 ya está claro que, en cuanto al ordenamiento autonómico en general y más específicamente en cuanto a Cataluña, estamos en una fase regresiva. No puede hablarse todavía de fracaso, pero sí de oportunidad perdida.

Es mi último discurso como político y con alta responsabilidad.

Discurso pronunciado en la sede del Colegio de Abogados de Madrid, el 17 de septiembre de 2003

Ante todo, quiero agradecer al Colegio de Abogados de Madrid la invitación a dar esta conferencia. Y lo agradezco especialmente porque me consta que la invitación nace de una actitud positiva y de simpatía hacia Cataluña e incluso hacia mi persona.

Puesto que en breve voy a dejar la Presidencia de la Generalitat, se puede pensar que esta conferencia va a ser un balance —o una justificación— de nuestra política, la política de CiU, o del nacionalismo catalán mayoritario o incluso mío personal. Pero al final también deberé decir algo sobre el futuro, pues opino, y ésta va a ser una conclusión importante de mi discurso, que estamos ante un cambio de rasante en la política catalana. En cualquier caso, es lógico que sobre todo les hable de lo que hemos hecho durante los últimos veinticinco años y del pensamiento político que ha guiado nuestra acción.

No es la primera vez que aquí en Madrid, y en otras partes de España, hago una exposición de este tipo; tanto es así que he creído oportuno proporcionarles el texto de una serie de discursos míos que, tomados en su conjunto, ayudan a comprender nuestra política. Ayudan a comprender el concepto de España que hemos defendido y que defendemos. Ayudan incluso a situar cronológicamente algunas de nuestras actuaciones, lo cual facilita su comprensión.

CDC aparece en la política española en el inicio de la Transición —CDC, coaligada ya desde 1978 con UDC en el seno de CiU— defendiendo las siguientes ideas básicas:

1. Opción inequívoca por el modelo político, social y económico de la Europa Occidental, o sea, democracia parlamentaria, economía de mercado y Estado de bienestar. Esto ahora parece obvio, pero entonces no lo era. El discurso político que entonces dominaba en el campo de la oposición hablaba de autogestión, de nacionalizaciones, de intervencionismo a ultranza; todavía en 1980 el PSC propuso en su campaña electoral para el Parlamento de Cataluña que incluso las grandes, muy grandes empresas debían ser autogestionadas.

Tampoco el concepto de democracia estaba totalmente claro. Era la época en la que la llamada democracia formal —y la democracia parlamentaria es formal— era objeto de crítica sistemática y dura desde buena parte de la izquierda, incluidos considerables sectores socialistas, y de buena parte también del mundo intelectual y mediático.

Tanto es así que para defender la democracia parlamentaria, y la economía de mercado, y la empresa privada, etcétera, yo opté en aquel entonces por referirme sistemáticamente al modelo sueco, que comportaba y comporta parlamentarismo, economía de mercado y empresa privada, pero que a la izquierda le resultaba difícil criticar.

2. Por supuesto, éramos autonomistas. Nuestro autonomismo también respondía a una demanda de descentralización y de profundización de la democracia, pero éste no era el elemento central y más importante de nuestra reivindicación. Como hemos recordado muchas veces —y encontramos una de estas referencias, por ejemplo, en mi discurso al Senado de septiembre de 1994—, la razón principal del catalanismo y de sus reivindicaciones es «la conciencia de nuestra identidad, la voluntad de defenderla, la de fortalecerla. Reclamamos el autogobierno, sobre todo, porque lo necesitamos para seguir siendo catalanes. El objetivo es la conservación y el fortalecimiento de nuestra identidad diferenciada dentro del conjunto de España». Bien es verdad que nuestra visión general de España comportaba la generalización autonómica, pero no en la forma del «café para todos» en el sentido de la homogeneización autonómica, que es a lo que desde hace tiempo se tiende.

3. Considerábamos un objetivo prioritario la rápida integración en lo que entonces era la Comunidad Económica Europea y hoy es la Unión Europea. Y también en la OTAN. Éramos radicalmente prooccidentales y europeístas, aunque con voluntad de mantener una positiva relación transatlántica. Recuerden que en aquella época la izquierda española era recelosa respecto a la CEE, contraria a la OTAN y antiamericana. Y en la derecha también había alguna que otra reticencia.

4. Éramos partidarios de un fuerte desarrollo económico, imposible a nuestro entender sin la integración europea (afortunadamente el tratado bilateral con la CEE que Alberto Ullastres había negociado nos era favorable) y sin una política despojada de las fantasías económicas defendidas por tantos profesores universitarios y, por supuesto, por muchos de los nuevos políticos del inicio de la Transición.

5. Este desarrollo económico lo planteábamos como un valor en sí mismo, pero además como una condición totalmente necesaria para la política social que urgentemente había que aplicar. El modelo sueco, u otros más modestos, no era posible sin un gran —y en parte previo— esfuerzo de creación de riqueza. En parte previo, digo, aunque, dada la situación, era preciso correr el riesgo de que, dentro de unos límites, el gasto social fuese por delante del crecimiento económico. Éste fue uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta en los Pactos de la Moncloa.

6. Defendíamos también una política de equilibrio territorial en el conjunto de España. Por supuesto que este punto había sido estudiado anteriormente por sociólogos y economistas, pero fuimos de los primeros en plantearlo políticamente en las Cortes y ante la opinión pública española. Cuando en abril de 1978 el Club Siglo XXI me dio a escoger un tema para una conferencia, escogí precisamente éste. O sea, que no hubo necesidad de que nos reclamaran solidaridad para que nosotros mismos, desde Cataluña, la planteáramos como algo acuciante. Otra cosa es que después se ha aplicado este principio de la solidaridad de una forma que a nuestro entender llega a perjudicar seriamente, y creemos que injustamente, a Cataluña. Repito que todo esto ahora puede parecer una obviedad. Entonces no lo era en absoluto.

Nosotros —es decir, CiU— teníamos una historia como fuerza política y como representantes de un pensamiento político y social catalán que explica que pudiésemos hacer un planteamiento de este tipo, poco frecuente en aquel momento en el sector de origen antifranquista, que era el nuestro. Nos ayudaba a esto la historia política, económica y social de la Cataluña de los últimos cien años, bastante distinta de la del resto de España, así como el carácter no violento e incluso no radical del sector mayoritario del nacionalismo catalán. En el orden personal puedo decirles que en mi época de banquero, e incluso antes, me había interesado por el desarrollo (y en ocasiones subdesarrollo) español. Poblaciones y territorios como Zafra o las Vegas Bajas de Extremadura, como Níjar y Almería, o como la industria de las comarcas de secano de Alicante o el entonces incipiente problema de la falta de diversificación industrial de Asturias o el profundo estancamiento de muchas zonas de Castilla la Vieja habían atraído mi atención; y también el problema de la emigración de las zonas subdesarrolladas, especialmente las andaluzas.

Desde joven fui, y sigo siendo, un admirador del presidente Roosevelt (de Franklin Delano Roosevelt). Por varios motivos, pero uno de ellos es que sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Fui un estudioso entusiasta de la Tennessee Valley Authority (TVA), y también de su política de modernización del campo. Añado a esto el impacto que produjo en mí la novela de Steinbeck Las uvas de la ira, que es el relato de la emigración de los campesinos arruinados de Oklahoma hacia California —que tiene más de una semejanza con la de la gente del sur de España hacia Cataluña—, y muchos en Cataluña nos sentíamos compenetrados con el libro de Francesc Candel Els altres catalans (Los otros catalanes). Comprenderán, pues, que estábamos mentalmente preparados para participar en el esfuerzo reequilibrador de España que se imponía.

Con el transcurso del tiempo hemos tenido que introducir algunos cambios en esta primera definición política e ideológica, pero en lo esencial seguimos con el mismo discurso. Creo que somos, en España y en Cataluña, la fuerza política que menos ha cambiado su discurso. Con él, desde la Constitución hasta hoy hemos teorizado y actuado en Cataluña y en el conjunto de España.

Era primordial, por supuesto, asegurar el éxito de la Transición, consolidar la democracia, y a ello contribuimos tanto como pudimos; desde participar en la comisión de los nueve que negoció con Adolfo Suárez las condiciones básicas del desarrollo político y social del régimen democrático, hasta la defensa sincera que siempre hicimos de la necesidad de legalizar el PCE; desde el apoyo sin fisuras a la política económica de Enrique Fuentes Quintana hasta la propuesta —aunque no fuimos los únicos en formularla— de organizar lo que luego fueron los Pactos de la Moncloa. (Estoy hablando a gente conocedora en su mayoría de lo que fueron aquellos años, y ello me ahorra tener que dar detalles sobre los Pactos de la Moncloa o sobre las dificultades y riesgos de la legalización en aquel entonces del PCE.) Siempre opinamos que la estabilidad y la gobernabilidad eran condiciones indispensables del éxito de la Transición y del éxito, más allá de la Transición, de la operación que apuntaba a hacer definitivamente de España un país moderno, justo en lo social, más capaz de crear riqueza y bien integrado en Europa.

Ya en aquel entonces nuestra voluntad de contribuir a la gobernabilidad fue puesta a prueba. En ninguna de las dos legislaturas en que gobernó UCD tuvo mayoría absoluta; siempre necesitó de algún apoyo. La política de consenso que, pese a la dureza que a veces tuvo la confrontación política, afortunadamente se practicó en buena parte de los grandes problemas, por lo menos hasta 1979-1980, permitió al Gobierno salir adelante, pero en ocasiones necesitaba de alguien que lo apoyara al margen del consenso, es decir, simplemente asegurándole la mayoría. Esto sucedió, por ejemplo, en asuntos de política económica y también de política exterior o frente a iniciativas parlamentarias que buscaban la erosión por la erosión, cosa que en aquellas circunstancias considerábamos poco seria. Este apoyo solía proceder de CiU. Fuimos en más de una ocasión el respiro que necesitaba un Gobierno agobiado, pero que estaba manejando bien la Transición. Años más tarde se nos ha criticado por haber dado apoyo al PSOE en momentos decisivos y en los que el Gobierno carecía de mayoría, y lo mismo ha sucedido con el PP. Más allá de las circunstancias y de las coyunturas, esta actitud se remonta a mucho antes, al momento de la Transición. Y se fundamenta en la convicción de que sin gobiernos estables no habría progreso en España. Esto ha requerido, naturalmente, que la política que ha pretendido aplicar el Gobierno no agrediera ni nuestras convicciones ni los intereses de Cataluña, pero nadie podrá negarnos, creo, que la defensa de estas convicciones y de estos intereses hemos procurado hacerla de la forma más compatible posible con la estabilidad y la gobernabilidad.

La Constitución fue en este sentido una gran piedra de toque. Y también el Estatuto de autonomía de Cataluña. Debo confesarles que personalmente ambos textos no me satisficieron plenamente, y sin embargo los defendimos sin titubeos ante las Cortes y ante el país. Yo también. Por dos razones: la primera, porque nos pareció, en el caso de la Constitución, que era el texto que el país podía asumir mejor y al que podía adaptarse mejor; la segunda, porque desde el punto de vista autonómico era un texto abierto que permitía progresos ulteriores.

Hoy muchos se preguntan si esta actitud fue acertada. Podemos afirmar con rotundidad que con ello contribuimos al buen resultado final del proceso de la Transición, pero desde el punto de vista catalán y vista la evolución posterior —sobre todo vista la orientación actual de la política española—, cabe preguntarse si no debimos ser más exigentes en lo referente a la autonomía de Cataluña, aun a riesgo, porque el riesgo existía, de provocar una situación difícil al conjunto del proceso, difícil y peligrosa. Incluso muy peligrosa.

Por supuesto, la respuesta general en España sería que hicimos bien en apostar por el consenso, que siempre en último término significa moderación. Pero quienes así se expresasen —que creo que serían la gran mayoría— debieran reflexionar sobre cuál ha sido la evolución posterior en materia autonómica, más todavía a la luz de lo que actualmente sucede en este terreno, y especialmente en el caso concreto de Cataluña.

El clima político español cambió rápidamente a partir de finales de 1979. Aumentó la agresividad —quizá comprensiblemente, puesto que con la Constitución aprobada y aprobados los estatutos vasco y catalán, muchos debieron de considerar que ya podía levantarse la veda—; es la época del «acoso y derribo».

Cambió también en lo propiamente autonómico. Cambió dentro de UCD —en realidad, fue Suárez quien más defendió dentro de UCD un modelo autonómico generoso— y cambió en el PSOE, más incluso que en UCD.

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 coadyuvó a ello, pero ya antes se había anunciado el cambio. La LOFCA y la LOAPA fueron ejemplos claros de este cambio; la LOFCA en lo económico, y con especial repercusión negativa para Cataluña, y la LOAPA en lo político e institucional —afortunadamente fue frenada en parte por el Tribunal Constitucional—. En aquel entonces nuestra capacidad de resistencia ya se había limitado. El PSOE, probablemente estimulado por su decepción a raíz de las elecciones catalanas, estaba fuertemente enfrentado con CiU y con la propia Generalitat, y UCD estaba ya en descomposición. Un ejemplo claro de esta evolución fue el fracaso en última instancia del acuerdo de financiación que estaban a punto de concluir el ministro Jaime García Añoveros y el consejero de Economía Ramon Trias Fargas, y que finalmente zozobró por la oposición del PSOE y por la debilidad de UCD; era un acuerdo sensiblemente más favorable a Cataluña de lo que luego resultó ser la LOFCA.

Otro episodio a reseñar es lo que sucedió al día siguiente del 23-F: el rey convocó en la Zarzuela a Suárez, todavía presidente del Gobierno; al candidato a presidente, Leopoldo Calvo-Sotelo; a Felipe González; a Santiago Carrillo, y a Manuel Fraga. CiU no fue convocada (tampoco el PNV). Fue fácil de comprender el sentido de esta exclusión. Yo dije entonces: «Me temo que esto, el 23-F, lo pagaremos nosotros». Y creo que así ha sido.

A los efectos de lo que les estoy contando, a partir de 1982 —es decir, de la aplastante victoria del PSOE en octubre de aquel año— debo reseñar cuatro hechos.

En primer lugar, ante la situación preocupante derivada de la victoria y de la hegemonía rotunda del PSOE, así como de la gran debilidad de la oposición, por otra parte muy sesgada hacia la derecha —situación que CiU juzgaba como negativa y peligrosa—, surgió la idea de intentar crear en España una fuerza de centro, el PRD, Partido Reformista Democrático. La idea fue de Miquel Roca, pero CiU la hizo suya y le dimos todo el apoyo de que fuimos capaces. La idea era buena, Roca tuvo todo nuestro apoyo y la defendió con bravura e inteligencia; todos asumimos un gran riesgo y también cometimos algunos errores importantes. Y el fracaso fue rotundo; excepto en Cataluña, donde de rebote CiU pasó de 12 a 18 diputados debido —creo yo— a que muchos catalanes compartieron el objetivo básico del PRD: dotar a España de una fuerza de centro, progresista y europeísta, con todas las debidas connotaciones de política económica y social, y por supuesto favorable a la autonomía.

En todo caso, el PRD es una manifestación más de la voluntad del catalanismo de estar presente en la política española con ánimo constructivo, aunque con una idea de España que la experiencia demuestra que es de difícil aceptación en el resto del Estado.

En segundo lugar, hubo el referéndum sobre la OTAN. Yo he dicho varias veces, y lo repito hoy, que en este punto la actuación de CiU, y la mía en particular, fue desacertada. (Lo explico con detalle en una conferencia que di en la Real Academia de la Historia en abril de 2001.) Pese a la demagogia que había hecho el PSOE (que al final rectificó con éxito) y a los errores —comprensibles dadas las circunstancias, pero en todo caso graves— que cometió en general la oposición, y también nosotros —CiU y yo mismo—, finalmente por fortuna el sí ganó el referéndum, lo cual ha tenido —como siempre habíamos previsto— efectos muy benéficos para España.

Que algo no hicimos bien es evidente, puesto que nosotros siempre habíamos sido europeístas, atlantistas y pro OTAN; lo éramos cuando casi no lo era nadie, y sobre todo casi nadie de la oposición antifranquista. Todo tiene su explicación, también esto, pero no deja de ser un ejemplo de incoherencia política.

Paso ahora a citar brevemente un tercer hecho que pesó mucho en la política catalana, y negativamente. Me refiero a la querella contra mí por el problema de Banca Catalana, que pudo haber tenido consecuencias también en la política española; no las tuvo porque en este caso, en cambio, CiU y yo mismo supimos anteponer el interés general a cualquier consideración de partido o personal. O al revanchismo.

Finalmente, debe recordarse que hacia finales de los ochenta el PSOE, aun conservando la mayoría absoluta, hizo un cierto giro; fue menos beligerante con la Generalitat y con CiU. Lo que sucedió sobre todo es que a medida que el PSOE fue introduciéndose en la mentalidad política, económica y social europea —recordemos que en 1986 España ingresó en la CEE—, ellos y nosotros fuimos acercándonos: coincidimos a menudo en asuntos económicos —hasta 1991, en que disentimos de la política de Solchaga—; coincidimos en asuntos sociales; coincidimos en asuntos europeos. En cambio, seguíamos en desacuerdo con el modelo de Estado del PSOE.

Un hecho que llama la atención es que, durante la huelga general contra el Gobierno del PSOE de diciembre de 1988, incluso sectores importantes del socialismo se alinearon contra el Gobierno, y sobre todo lo hizo la UGT —fue entonces cuando se produjo la ruptura entre Felipe González y Nicolás Redondo, secretario general del sindicato—, y cuando la oposición de derechas también se puso en su contra, en todo el mapa político español sólo CiU dio apoyo explícito al Gobierno.

A partir de 1991-1992 se produce un nuevo alejamiento entre el PSOE y CiU; esta vez por desacuerdos sobre política económica. El Gobierno practicaba una política basada en la financiación exterior y de intereses altos y de peseta también alta; esto provocaba la entrada de dinero extranjero, que ayudaba a cubrir el déficit, pero en cambio perjudicaba enormemente a la economía productiva. La política del Gobierno pivotaba sobre un triángulo constituido por financiación exterior, consumo e importación, y nosotros en cambio proponíamos otro triángulo que era ahorro interior, inversión y exportación. Era la defensa de la economía productiva frente a la de orientación más financiera. Nuestra política debía conllevar —y conllevó— unos tipos de interés más bajos y una peseta menos valorada, lo cual tuvo efectos muy positivos.

Así las cosas, hubo elecciones en 1993, en un momento de crisis económica general que afectaba muy seriamente a España. El PSOE perdió la mayoría absoluta. Podía tener mayoría parlamentaria con Izquierda Unida, pero ya había pasado la época de pactos de este tipo. Mucha gente —en el PSOE pero también en el mundo económico y en general en toda la sociedad— pensó que lo conveniente era el acuerdo entre el PSOE y CiU; también en los países de la Unión Europea se veía con inquietud que España entrase en una etapa de difícil gobernabilidad.

Había crisis, como he dicho, y en cambio precisamente entonces había que iniciar el camino que ha conducido a la Unión Económica y Monetaria (UEM) y al euro. Por todo ello nos pareció que debíamos ayudar a mantener la estabilidad, la gobernabilidad. Por supuesto, con condiciones.

¿Qué condiciones? Sobre todo, aplicar la política económica que antes he descrito y evitar cualquier distanciamiento con Europa, y también el compromiso del Gobierno del PSOE de revisar algunos aspectos de la política autonómica de carácter competencial —en especial la financiación, que siempre, desde la LOFCA, ha sido nuestro peligro de estrangulamiento y, por consiguiente, nuestro caballo de batalla.

Este acuerdo funcionó muy bien en materia económica, social y europea, y sólo relativamente bien en la autonómica, aunque bien es verdad que a partir de entonces, y hasta finales del año 2001, en materia autonómica en general y en lo referente a Cataluña ha habido progresos.

Nuevamente se nos echó en cara en Cataluña el no haber aprovechado la oportunidad para exigir mayores ventajas competenciales y financieras, y en el resto de España se nos acusó de mercantilistas, de chantajistas, de insolidarios, etcétera: lo hizo la oposición del PP, lo hizo IU, lo hizo más o menos bajo cuerda parte del socialismo, lo hicieron sectores amplios de la sociedad española en general, pero lo que finalmente rompió nuestra colaboración con el Gobierno no fue ni el sector más radical del nacionalismo catalán ni los ataques del PP —que llegaron a ser muy furiosos— ni la movilización mediática adversa. Ni el silencio asustado de muchos socialistas. Fue la acumulación de asuntos tan vidriosos como el caso Roldan, o el del gobernador del Banco de España, o el del BOE, o el de la Lotería, etcétera, y sobre todo, los GAL.

El problema de los GAL irrumpió en un momento en que el Gobierno estaba llevando a cabo una muy buena política económica, gracias a la cual empezábamos a salir de la grave crisis de los años 1991-1994, y sobre todo estaba poniendo las primeras bases de la integración de España en la UEM. Además, estaba actuando muy brillantemente en el ámbito europeo: recuerden que fue entonces cuando el Gobierno español consiguió que se creasen los fondos europeos de cohesión, y también entonces se consiguió por primera vez que la LIE se interesara por el Mediterráneo (Proceso de Barcelona).

De ahí que, a pesar de los GAL, defendiéramos la estabilidad del Gobierno hasta que el Tribunal Supremo se hizo cargo de ello. Nos pareció que, llegados a este punto, no podíamos seguir sosteniendo al Gobierno, pero pactamos la ruptura de tal manera, en la forma y en el tiempo, que ni la negociación de los fondos de cohesión ni la Conferencia de Barcelona ni la política económica que llevaba Pedro Solbes se viesen comprometidas.

Pese a los GAL, nuestra argumentación de defensa de la estabilidad era sólida, pero entonces no nos libró de críticas muy severas. Realmente fue una política muy arriesgada, y probablemente erosionante, pero nosotros creemos que hicimos un servicio importante, muy importante, al conjunto del país.

En las elecciones de 1996 se daba por seguro que el PP obtendría una victoria muy amplia. No fue así: ganó, pero por poco, y por supuesto, sin mayoría absoluta. En realidad, el resultado fue decepcionante para los populares, que durante unos días cayeron en el desánimo y en una cierta desorientación.

Poco después de las elecciones hubo quien sugirió un pacto entre PSOE, IU, CiU y otros; esto era una fantasía y un disparate, que los primeros en rechazar fueron Felipe González y el PSOE. Así las cosas, CiU tuvo que enfrentarse con una decisión difícil: hacer o no posible un Gobierno estable del PP. La decisión era difícil porque el PP nos había estado atacando con extrema dureza y sin reparar en medios durante años, y porque nunca había sido proclive al autonomismo, y mucho menos al catalanismo; en realidad, había sido anticatalanista. Se explica así que en Cataluña haya habido y siga habiendo un rechazo considerable hacia el PP. Eso hace especialmente arriesgada toda política de colaboración con él, aunque responda objetivamente al interés general español o catalán. Así era en 1996, y así es ahora. Por otra parte, sólo nuestro apoyo al PP permitía un Gobierno estable y eficaz en un momento muy decisivo; decisivo porque todavía no se había superado totalmente la crisis de principios de los noventa, pero sobre todo porque ya estaba en marcha el proceso que debía conducir a la UEM con el cumplimiento de los llamados criterios de Maastricht, que en aquel momento no era nada seguro que pudiésemos cumplir.

Otro argumento a considerar era el siguiente: la derecha había ganado en España, una derecha que por principio no podíamos calificar de no democrática, como algunos hacían —bien antidemocráticamente, por cierto—. Era una victoria muy justa, pero no tan justa si del resultado sustraíamos el voto de Cataluña; es decir, era bastante más clara en el voto del resto de España. Si en estas circunstancias CiU —representante muy principal del nacionalismo catalán y la fuerza más específicamente catalana— hacía imposible que el PP y lo mucho que el PP representaba accediera al poder, la frustración hubiese sido muy grande: un partido que sólo se presentaba en Cataluña hubiera impedido que la clara voluntad popular española fuese respetada. Habríamos hurtado la victoria a más de media España, una media España ya excitada y febril, con consecuencias probablemente muy negativas.

Nos pareció que no teníamos derecho a hacerlo por este doble motivo: el psicológico y en parte ético que les acabo de describir, y el de la urgencia política y económica antes mencionado.

Hicimos un tercer razonamiento, fruto quizá del estado de ánimo optimista que era el nuestro entonces. Salíamos de una época de colaboración positiva con el PSOE —quizá sólo debido a que los socialistas nos necesitaban, y mucho—, y nos había parecido que había algo más que esto; nos había parecido que había habido en el PSOE un cambio importante y real, en parte debido probablemente a la colaboración muy leal que el nacionalismo catalán le había prestado, pero en parte quizá también a una percepción distinta de lo que era y representaba Cataluña. Hoy podemos pensar que aquello fue un espejismo, vista la actitud del PSOE actual, pero ya he dicho que CiU vivió a mediados de los noventa una etapa esperanzada. Y por eso, además de otras razones ya expuestas, pensamos que podíamos intentar una operación similar con el PP.

Quince días después de las elecciones yo tuve dos largas entrevistas con Aznar orientadas por mi parte no tanto a hablar de programa de Gobierno y de puntos concretos de un posible acuerdo, sino a explicar el concepto de España que había tenido el catalanismo durante todo el siglo XX —que en la práctica coincidía con el que defiende CiU— y a exponer el papel que entendíamos que debía ocupar Cataluña, así como el tipo y grado de autonomía que debía tener. Pareció que había no diré plena coincidencia, pero sí sintonía suficiente como para intentar fijar los puntos de un acuerdo, y es lo que hicimos.

Se me dirá que en aquel entonces debimos ser más exigentes. Se dice que no debimos haber tenido comprensión por las dificultades de la otra parte ni por las urgencias del momento, ni habernos esforzado en encontrar el punto de equilibrio entre estas urgencias de la política y de la economía españolas y el mejoramiento de nuestra autonomía. La evolución posterior podría dar argumentos a quienes esto opinan. O no. Porque es cierto que hoy hemos vuelto a las viejas actitudes homogeneizadoras, y que el proceso de incremento del techo autonómico que iniciamos en 1996 no sólo se ha detenido sino que está amenazado de retroceso. Pero no es menos cierto que durante unos años, de 1996 a 2001, hubo avances en la autonomía de Cataluña. Avances importantes. Más que durante la anterior legislatura socialista. Y lo que por supuesto es indiscutible es que la contribución que CiU y la Generalitat hicieron a que España pudiese superar sus problemas del momento y dar el salto adelante que ha dado fue muy importante; en más de un momento fue decisiva.

En 1996 —y también antes— CiU optó en la negociación autonómica por el gradualismo. En realidad, ésta fue ya la opción del conjunto de las fuerzas políticas catalanas en 1978, cuando la redacción de la Constitución y del Estatuto, cuando pareció —entonces más incluso al PSC y al PSUC que a nosotros— que un mayor desarrollo autonómico tenía que irse produciendo a medida que la democracia se consolidara. Pero llegó el momento en el que nos pareció que debíamos intentar enfocar de una manera menos gradual y menos coyuntural la negociación autonómica.

En 1999 nuestra esperanza era que después del resultado positivo de la experiencia de 1996 a 2000, en la siguiente legislatura podríamos hacer un planteamiento de carácter más definitivo, que podríamos intentar cerrar el proceso autonómico en los dos aspectos más principales, el financiero y el competencial. La democracia estaba más que consolidada, el sistema autonómico generalizado había demostrado su bondad, el salto adelante de España en conjunto se había dado y la integración europea era un hecho.

Y Cataluña en su conjunto, y en particular CiU, había ejercido ampliamente y bien su capacidad de autogobierno y su capacidad de participación en los grandes objetivos comunes.

Desde el primer momento de nuestra relación con el PP —es decir, desde abril-mayo de 1996—, ya habíamos dicho que los acuerdos a que entonces llegamos no eran nuestro objetivo último; teníamos pendiente el nuevo acuerdo sobre financiación —que no se pudo completar hasta finales de 2001—, y lo que entendíamos que debía ser el techo definitivo del autogobierno. Queríamos terminar con la gradualidad, con la discusión recurrente, que había tenido su razón de ser pero que a la larga producía irritación de la opinión pública española (irritación en buena parte fomentada y a menudo instrumentalizada). Pero la prioridad de la política económica y la negociación de algunos aspectos importantes de carácter autonómico —asuntos importantes como la policía autonómica, la vigilancia de carreteras, algunas leyes como la de puertos y ciertos aspectos puntuales de financiación—, y poco o mucho la táctica retardatoria del Gobierno central, retrasaron el nuevo planteamiento. De todas formas, durante el segundo semestre de 1996 CiU, y yo personalmente, ya dejamos claro cuál sería nuestro enfoque futuro, y dejamos claro también que a nuestro entender aquel era el momento históricamente apropiado para resolver definitivamente el problema de Cataluña; y ello en un marco del progreso general español.

Entre julio y noviembre de aquel año di tres conferencias —dos en Madrid y una en Sevilla— exponiendo nuestra visión y subrayando la oportunidad del momento. Los títulos son significativos: la primera se titula «¿Es posible el acuerdo no coyuntural? Es hora de superar los pactos de coyuntura»; la segunda, «La hora del diálogo sin reservas», y la tercera, «España, nuevo ciclo histórico». O sea, que aun habiendo sido bueno para todos el balance del acuerdo de junio de 1993 con el PSOE, y pensando que también lo sería el de abril de 1996 con el PP (y lo fue), queríamos dejar atrás la época de los pactos parciales, temporales y coyunturales e intentar un acuerdo global y definitivo.

Como decía, pese a haber orientado relativamente bien los asuntos acordados específicamente en abril de 1996, no se enhebró bien la continuidad posterior, y en el año 2000 la clara mayoría absoluta del PP abrió un interrogante. Pudo pensarse que, teniendo mayoría absoluta, el PP podría sentirse más libre para llevar a cabo en general una política de mayor desarrollo autonómico, y que en el caso concreto de Cataluña —libre de lo que se llamó «el chantaje de los catalanes»— podría tener una actitud mucho más abierta. No ha sido así: Aznar y el PP cumplieron su compromiso de modificar el sistema de financiación, y desde finales de 2001 tenemos un sistema mejor —aunque no definitivo desde nuestro punto de vista—, pero a partir de aquel momento la negativa a hablar de aplicar el Estatuto y la Constitución en términos más abiertos ha sido absoluta. Es más, a partir de aquel momento las iniciativas legislativas del Gobierno y multitud de actos administrativos tienen una clara intención de involución autonómica.

He empezado hablándoles de nuestros planteamientos a mediados de los años setenta. Les he contado, quizá con excesivo detalle, cómo desde entonces hasta hoy hemos procurado actuar de acuerdo con aquellos principios. ¿Cuál es la situación hoy?

Desde nuestra perspectiva no podemos considerarla buena: con toda evidencia, no lo es desde el punto de vista del autogobierno de Cataluña; no lo es desde el punto de vista del papel que desde el Gobierno del PP se asigna a Cataluña —la política del Gobierno y el conjunto de sus iniciativas parlamentarias lo atestiguan—; no nos es favorable tampoco la evolución de ideas y proyectos en el campo socialista (el documento de Santillana, por ejemplo, desde el punto de vista de la autonomía de Cataluña, es decepcionante), ni en general en la sociedad española.

Tampoco lo es desde el punto de vista competencial, y no lo es desde el punto de vista de la consideración que reclamamos para elementos básicos de nuestra identidad (por ejemplo, los cambios en el régimen lingüístico en las escuelas catalanas que el Ministerio quiere introducir representan desde nuestro punto de vista una amenaza grave). No voy a alargar la lista.

Afortunadamente Cataluña como país y como sociedad está funcionando bien. Francamente bien. Y todas las encuestas sociológicas confirman que los catalanes valoran positivamente lo que hemos hecho en Cataluña durante veinticinco años, y ahora mismo. Muy positivamente. Pero, en lo referente a nuestra relación con el Estado y con sectores políticos, culturales y económicos españoles, la situación actual no es buena.

¿Hay que hablar, por consiguiente, de fracaso? ¿De fracaso nuestro, de Cataluña y del catalanismo? Los progresos que ha habido en los últimos veinticinco años son tan grandes y en todos los campos que no se puede hablar de fracaso. Por supuesto, España en su conjunto en ningún caso puede hablar de fracaso —al contrario—, y como les he explicado, yo he sido un pregonero desde hace años del éxito español. Tampoco puede hablarse de fracaso en el caso de Cataluña. En absoluto. Hace treinta o cuarenta años estábamos en una pendiente que como lengua y cultura, como identidad colectiva, como país, nos llevaba al desastre; hoy no es el caso. Esto, aparte del progreso económico y social, de la modernización y de la internacionalización, de la convivencia ciudadana y de la cohesión social, y sin hablar de que todo eso se ha hecho en paz.

Pero sí es cierto que en Cataluña flota un aire de decepción, que existe la percepción de que en España, una vez superados los riesgos de la Transición, se asienta la idea de siempre de lo que debe ser España, con una visión excluyente de lo catalán; sobre todo, centrándonos en los años más recientes de Gobierno del PP, existe la sensación de oportunidad perdida.

La reclamación de más autonomía la hicimos siempre sin salirnos un ápice ni de la Constitución ni del Estatuto actual; sostuvimos, y sostenemos, que la Constitución y el Estatuto permiten más y mejores competencias y más poder de decisión —es decir, una autonomía políticamente mucho más consistente—; que permiten un desarrollo no homogéneo del Estado de las autonomías, acorde con la heterogeneidad española, acorde con la vocación autonómica de cada comunidad, que evidentemente no es uniforme ni en cantidad ni en intensidad.

A principios de la actual legislatura, a principios del año 2000, hicimos entrega a Rajoy, a Rato y a Arenas de un estudio extenso y sólido argumentando nuestra posición; argumentándola desde un punto de vista político pero sobre todo institucional, y sin salirnos de la Constitución. Quedaba claro, y sigue siéndolo, que no había obstáculo legal para elevar sensiblemente nuestro techo autonómico. El obstáculo, si acaso, sería político, político y de concepto de España y del Estado.

De principios de 2000 a finales de 2001 no insistimos porque habíamos acordado dar prioridad a la discusión del sistema de financiación, pero lo hicimos en diciembre de 2001, nuevamente con Rajoy, Rato y Arenas, y con Aznar. La respuesta ha sido tajantemente negativa. Definitivamente negativa. Y la política practicada por el Gobierno, diametralmente opuesta a lo reclamado por CiU.

Ante la evidencia de que no podremos negociar progresos autonómicos dentro del marco del Estatuto actual —es decir, que para el Gobierno central el Estatuto actual es un marco blindado a la baja y que no nos defiende del riesgo de involución—, el Gobierno de la Generalitat ha debido renunciar a su estrategia de siempre y plantear la reforma del Estatuto. Por supuesto, no puede sumarse al entusiasmo de los que festejan la Constitución a base de interpretarla a la baja; somos contrarios a convertirla en una jaula cuyos barrotes van estrechándose.

Creemos que eso atenta contra el espíritu y contra los criterios que la hicieron posible y que hicieron posible su aceptación, que la deforma y le hace perder aceptación. Lo decimos con convicción, con rotundidad, porque la conocemos bien, en sus entresijos, puesto que participamos a fondo en su redacción y en el espíritu que la inspiró. Es como si ahora en la práctica nos la cambiasen.

Alguien me ha dicho recientemente que no comprendía esta actitud en una persona como yo, decía que durante veinticinco años había demostrado tener sentido de Estado. Supongamos que esto sea cierto. Que hemos tenido sentido de Estado. Supongamos que sea cierto que en la Transición, y especialmente en los momentos clave, hayamos tenido sentido de Estado. Que lo hayamos tenido en el empeño de modular la confrontación nacionalista desde Cataluña de manera que no hubiese rupturas traumáticas ni riesgos temerarios. Que hayamos optado siempre por la gobernabilidad y la estabilidad en Cataluña y en todo el Estado. Que hayamos participado activamente en la consecución de los grandes objetivos de toda España. Que hayamos procurado llevar a Cataluña por caminos de progreso en todos los sentidos y de consolidación de su identidad nacional en un clima de paz y de convivencia. Que hayamos intentado hacerlo siempre dentro de la Constitución y del Estatuto. Supongamos que todo esto fuese cierto. Si así fuese, se comprendería que alguien preguntase: «¿Cómo, siendo así, ustedes ahora —y parece que en conjunto Cataluña— se sienten incómodos y piden cambios en profundidad? ¿Es que esta gente —el propio Pujol para empezar— ha perdido el norte? ¿Se han vuelto incoherentes, o insensatos?».

Pero la cuestión puede plantearse a la inversa. Si Pujol y CiU, según dicen, han tenido sentido de Estado, y si Cataluña ha actuado durante tantos años en forma constructiva, y ahora se muestran más críticos y más distantes, ¿es porque ellos han cambiado o porque desde fuera de Cataluña les han cambiado el paisaje? Cuando hablo de paisaje, me refiero a la política, la interpretación constitucional, la actitud en general.

Hoy impera en materia autonómica una especie de paroxismo no ya de reclamación solidaria ni de generalización autonómica ni de profundización democrática o de mayor eficacia administrativa y de mejor servicio, sino de igualitarismo y de reducción por debajo, y eso tanto en el campo socialista como en el popular. Les cuento una anécdota que explica bien lo que quiero decir.

Hace dos años me saludó un consejero de una comunidad autónoma que había pasado unos días en Cataluña. Me dijo que había quedado muy gratamente impresionado, que además había podido comprobar la falsedad de las acusaciones que a veces nos hacen de discriminación contra el castellano, que todo muy bien. Excepto… excepto la policía autonómica. «¿Tuvo usted algún problema con ella?» «No, en absoluto, pero no me gustó que hubiese una policía de la Generalitat.» Yo le expliqué que su comunidad autónoma también podía tenerla a través del artículo 150.2 de la Constitución y negociándola con el Gobierno central, y me replicó lo siguiente: «Ya lo sé. Pero es que nosotros no la queremos. Lo que nos irrita es que la tengan ustedes».

O sea, que como ellos no la quieren, no quieren que la tengamos nosotros. Ni que tengamos ciertas competencias en inmigración —que Cataluña necesita más que la gran mayoría de las comunidades autónomas—, ni determinadas competencias en formación ocupacional o en puertos y aeropuertos, o en programas escolares; y se comprende, porque la vocación autonómica es distinta, y lo es porque lo es la realidad y la historia de cada territorio, pero eso rebaja mucho el techo de la autonomía a la que aspiramos los catalanes.

Les decía antes que en el conjunto de estos veinticinco o treinta años no se puede hablar de fracaso. En absoluto: al contrario. Pero sí, respecto a Cataluña durante los últimos años, de oportunidad perdida, y se nota en muchos aspectos. Sobre todo, se puede hablar —ya lo he anunciado al principio— de cambio de rasante: las esperanzas puestas a partir de mediados de la década de los noventa, en que se abría un nuevo curso histórico que permitiría dejar zanjado el problema de Cataluña, no se han cumplido.

Por otra parte, los partidos que representan más del 90 por ciento de los diputados del Parlamento de Cataluña reclaman un nuevo Estatuto; con seguridad, esta reclamación será más intensa después del 16 de noviembre. Los sectores económicos del país —desde las cámaras de comercio hasta las patronales—, que habían sido poco reivindicativos hasta hace poco, sacan documento tras documento denunciando una discriminación en la financiación, una política de concentración económica que perjudica a Cataluña, unas inversiones insuficientes en infraestructuras, etcétera, y lo mismo cabe decir de los sindicatos; también en los sectores procedentes de la inmigración de los años cincuenta a setenta hace mella, por la relación que han mantenido con sus regiones de origen, que el concepto de solidaridad se aplique en la política social de forma discriminatoria contra los habitantes de Cataluña. Añadan a todo ello asuntos de política lingüística y cultural, o de freno a la presencia internacional de Cataluña, aun planteada en términos bien constitucionales.

Yo soy un político que ya se va retirando. Por lo tanto, lo importante no es lo que yo piense y sienta, sino lo que piensa y siente la gente en Cataluña. Y como digo, en este punto son varios los datos que indican que hay un creciente descontento.

Tal como han evolucionado las cosas, este renacer del espíritu reivindicativo era inevitable, y necesario, y confío en que se manifestará con fuerza y eficacia durante la próxima legislatura. Excepto el PP, todos los partidos catalanes están ahora en esta línea.

Lo digo con mucha tranquilidad de espíritu. Y ello por tres razones, con las que termino mi discurso.

La primera es que creo que hemos hecho lo que debíamos. Que en general hemos actuado de acuerdo con el interés general, de Cataluña y de España. Que incluso en aras de la gobernabilidad, o del buen Gobierno español, o de la consolidación financiera y competencial de la Generalitat, hemos asumido importantes riesgos políticos (y electorales). Así lo hicimos desde el principio, y recientemente también.

La segunda es que el balance global es bueno. Pese a todo, eso es indiscutible. Es bueno. Francamente bueno. Y ello debe llenarnos de satisfacción a todos cuantos hemos participado en el proceso.

La tercera, muy importante para mí —y ahora me refiero específicamente a Cataluña y a CiU—, es que la gente llamada a intentar dar continuidad a nuestro proyecto merece gran confianza: mía, por supuesto, pero sobre todo espero que la merecerá del pueblo de Cataluña. La continuidad de nuestra política está asegurada. Y eso me parece algo muy importante, porque creo que, pese a todo, nadie puede negar que ha sido positiva. Tengo confianza en que nueva gente asegurará la continuidad de nuestro proyecto.

Gracias por su atención.

¿RESIDUALES O INDEPENDIENTES? CUANDO SE ROMPEN LOS PUENTES

La conferencia que reproducimos en este libro se justifica por sí misma. No precisa explicaciones ni aclaraciones. En parte porque está a la vista de todo el mundo la realidad que vivimos, y también la evolución que ha tenido lugar. Y porque la propia conferencia, de un modo lo bastante extenso y detallado, explica todo el proceso personal y colectivo que la ha producido.

De todos modos, me ha parecido que no estaría de más presentar, antes de esa conferencia, un escrito que refleja las últimas etapas de un proceso de involución en la relación Cataluña-España. Un proceso que se ha acelerado mucho en los últimos años en todos los campos: político y económico, institucional, jurídico, lingüístico y en general identitario. Se ha acentuado la presión del conjunto del Estado sin demasiadas diferencias de color político. Hasta culminar en la sentencia del Tribunal Constitucional, que, por la forma en la que fue elaborándose durante cuatro años y por las consecuencias políticas y competenciales, financieras e identitarias, ratifica la voluntad de residualización de Cataluña.

Es una política que rompe los puentes.

La conferencia del 29 de marzo no hace más que levantar acta de esta ruptura.

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A LA INDEPENDENCIA, PASANDO POR QUEBEC

Editorial publicado el 25 de enero de 2011

Podría ocurrir que en un tiempo no muy lejano, en el tema de la relación entre España y Cataluña nos tuviéramos que enfrentar al dilema siguiente: o la España que el Tribunal Constitucional ha dibujado, con la presión descarada del PP, la posición entre ambigua y disimuladamente contraria del PSOE y el apoyo mayoritario de la opinión pública española, o la independencia.

Hace unos años parecía que podríamos evitar esta disyuntiva. Hace treinta o treinta y cinco años, e incluso hace diez, parecía viable que una evolución favorable de la interpretación de la Constitución y los efectos positivos de una colaboración política, económica y de hábitos de convivencia entre Cataluña y España fueran consolidando una estructura del Estado español que permitiera el reconocimiento claro y consolidado de la personalidad propia y diferenciada de Cataluña. Con respeto y garantía de la identidad, con un grueso de competencias que realmente significara un autogobierno muy importante y con la financiación adecuada para atender bien a sus ciudadanos y elaborar y aplicar proyectos colectivos ambiciosos. Naturalmente, todo ello comportaba una contribución leal y a fondo por parte de Cataluña al progreso democrático, económico, social y de prestigio de España. Es lo que, en algunas ocasiones, desde estos editoriales hemos denominado el «proyecto Vicens Vives/Espriu».

Esto ha fracasado. Desde hace unos años se ha ido consolidando un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo, es decir, de autogobierno muy limitado, y sometido a un creciente ahogo financiero.

Esto encaja completamente con la concepción de siempre de España, con el objetivo que siempre ha tenido: un poder político unificado, una centralización económica y una uniformización lingüística y cultural de signo castellano. Es el final de Cataluña como nación, lengua y conciencia colectiva. No mañana mismo, pero sí a pocas décadas vista. A través de un proceso gradual de marginación y de residualización de la catalanidad.

Porque a estas alturas es ingenuo pensar que se podrá frenar el proceso de ir atornillando la autonomía —y de hecho la identidad, el autogobierno y la economía de Cataluña—, con nuevas negociaciones, como pretenden aún algunos socialistas catalanes. Si algún cambio puede haber, de momento, es más fácil que sea para mal que para bien.

Por lo tanto, la alternativa a esto ahora tan sólo podría ser la independencia.

Como acabamos de decir, durante muchos años el nacionalismo catalán mayoritario no ha sido el independentista. Ha jugado la carta de un autonomismo que garantizara política y administrativamente un techo alto, económicamente viable y con garantía identitaria. Y rehusaba los requerimientos que algunos sectores le hacían de que se adhiriera al independentismo. Tenía argumentos para hacerlo.

Ahora ya no los tiene.

Ahora puede tener argumentos de viabilidad (no de viabilidad económica; una Cataluña independiente es viable). También de voluntad de no poner en peligro la cohesión interna catalana. Pero incluso este argumento pierde peso a medida que se acentúa más y más el trato económico discriminatorio, con repercusiones sociales y humanas. Ahora no tiene argumentos políticos y cada vez tiene menos argumentos sentimentales. O económicos.

La opción independentista es de difícil realización. La otra, la que nos impone España, la de los partidos españoles y de las instituciones españolas, no es tan difícil porque equivale a rendirse. Y a aceptar la marginación y el ahogo de Cataluña. Por lo tanto, es fácil. Pero es nuestro final colectivo.

Llegado el caso, alguna gente, que jamás habría soñado hacerlo, votaría por la independencia.

Habría habido un modo de evitar esto. Que se hubiese aceptado que Cataluña es un pueblo con personalidad propia, con derecho a ser respetado y considerado como tal. Y eso era posible dentro de España.

Pero requería, en primer lugar, no negarse a la evidencia. Y a la justicia. Y, por lo tanto, no negarle el derecho a su identidad y a un autogobierno adecuado a su historia y a su vocación. Cosa que era posible, pese a que la Constitución acabara incorporando la generalización autonómica. Pero lo hizo de forma que dejaba la puerta abierta a los hechos diferenciales. Una puerta que pronto se cerró (con la excepción de los derechos históricos del País Vasco y de Navarra, y los conciertos correspondientes).

Pero ahora ya es un criterio muy general que el «café para todos» fue un error, y peor aún han sido la forma en que se ha llevado a cabo y la forma en que se quiere culminar su aplicación. Lo dice ya, sin ambages, gente de primera fila tanto del PSOE como del PP. Sin ir más lejos, ayer lo dijo José Bono. Toda una sorpresa. Algunos, pocos de momento, incluso dicen que quizá existiría la posibilidad de reconducir esta situación. Hablan, por ejemplo, de que hay que admitir que «Cataluña es el Quebec de España».

Quebec no estaría bien en Canadá ni se sentiría tratado correctamente si se lo equiparara a Alberta, Labrador, Ontario o la Columbia Británica, territorios de raíz inglesa, anglófonos y de origen histórico muy diferente al de Quebec.

En su momento ésta habría sido una buena solución. ¿Ahora es posible?

En cualquier caso, entre la independencia y ser el Quebec español mucha gente votaría lo segundo. Pero podría ocurrir perfectamente que para España el estatus de Quebec fuera tan intolerable como la independencia.

Mientras esperamos el día de un hipotético referéndum oficial y vinculante, los catalanes sí que tenemos un objetivo muy claro: reforzarnos internamente. En economía, en creatividad cultural, en nuestra sociedad civil… Sin esperar demasiada ayuda ni demasiada justicia. Pero con la confianza que nos da una constatación: en Cataluña tenemos país. Hay gente con iniciativa. Ahora también, pese a la crisis y la hostilidad española. Y, mientras haya país, habrá futuro. Y el país irá aplicando día a día su derecho a decidir.

¿RESIDUALES O INDEPENDIENTES? ¿O ALGUNA OTRA SOLUCIÓN?

Conferencia pronunciada en el auditorio del Instituto de Educación Continua de la UPF, en Barcelona, el 29 de marzo de 2011

Agradezco su asistencia a esta conferencia. Es una conferencia que durante muchos años había pensado que nunca iba a tener que dar. Porque significa algo que para mí no es fácil. Significa reconocer que algunos de mis planteamientos de siempre como mínimo se tienen que revisar. Lo lamento personalmente, pero sobre todo pensando en nuestro país.

No es que Cataluña no pueda presentar un balance positivo de lo que ha sido nuestra acción colectiva, nuestra acción positiva de los últimos cuarenta años. Aún más, de todo el siglo XX. Tenía razón Joan Triadú cuando decía que para Cataluña el siglo XX había sido un siglo de oro. Y si nos situamos en el año 1940, cuando Màrius Torres hablaba de cómo se nos había derrumbado «la ciudad de los ideales que queríamos construir» y lo hacía «entre ruinas de sueños sepultados», y vemos como el país renació, tenemos derecho a la autoestima e incluso al orgullo. Y a la confianza. Y si nos centramos en los últimos cuarenta años, también es de justicia constatar que el balance es positivo. Incluso muy positivo. Ni el país ni las generaciones que han ejercido —que hemos ejercido— responsabilidades durante estos años debemos autonegarnos este mérito. Ni negárselo a Cataluña.

Todo eso nos da derecho, como decía, a la confianza y a la ambición. Mas, con esta actitud, debemos analizar la situación y, si es preciso, revisar planteamientos. Ver si el camino que hemos escogido nos conduce donde procede o no nos conduce a ningún lado. O incluso si puede ser utilizado para nuestra destrucción. Les hablaré de eso.

Pero debo hacer un comentario previo: que doy esta conferencia a título personal. Les tengo que recordar que yo estoy más que retirado de la vida política. Es verdad que escribo y doy conferencias, y que mucha gente me las pide. Pero en cambio participo muy poco en las decisiones políticas, por lo que puedo expresarme con más libertad. Doy por sentado, además, que en el terreno de la política operativa asumo las decisiones y actuaciones de CiU y, muy particularmente, del presidente de la Generalitat, Artur Mas.

También debo advertir que lo que quiero decir requiere realizar un recorrido histórico. En parte ya conocido, pero que hay que recordar, por lo menos en líneas generales.

Pasemos ahora a lo que les quiero explicar.

Yo siempre había dicho: «Antes que nada soy y me siento catalán. Y por lo tanto trabajaré para que se respete la identidad de Cataluña y para que tenga un autogobierno que le permita sacar adelante un proyecto colectivo ambicioso como país y como sociedad, al servicio de su gente». Y añadía: «Creo que eso se puede hacer en el marco español. No en el marco español centralizador y uniformizador tradicional, sino en el de una España que, una vez superado el franquismo, con democracia e integrada en Europa e incorporada del todo en el proceso del progreso económico y social, estará en condiciones de admitir la diversidad de los pueblos que la constituyen y a los que adaptará su estructura institucional y política».

O dicho de otro modo: «Yo antes que nada soy y quiero ser catalán. Con lo que conlleva de identidad, sentimiento y proyecto colectivos. Creo que esto es compatible con ser español, y participar racional, sentimental y lealmente en un proyecto español que lo respete. Si se llegara a dar el caso de que España rechazara este ser catalán, yo dejaría de sentirme español».

Durante más de cincuenta y cinco años he trabajado conforme a esta idea. A fondo. Tanto en el ámbito político como en el cultural y en el económico. Cuando entre 1955 y 1960 visité Andalucía, Extremadura y Castilla la Vieja para ver de cerca cuál era su problemática social y humana, lo hacía para ver qué tendríamos que hacer, cuando pudiéramos, para ayudar a estas tierras que se habían quedado rezagadas desde el punto de vista económico y social. Para pensar de qué modo algún día podríamos ayudar a superar esta situación. No es extraño que en el año 1978, cuando se estaba discutiendo la Constitución y cuando se empezaba a hablar de nuestro Estatuto, yo pidiera dar mi primera conferencia como diputado en Madrid en el Club Siglo XXI sobre «Los desequilibrios territoriales en España».

Añado un comentario. En esta apelación a la solidaridad para con el subdesarrollo de una gran parte de España, además de razones sociales y políticas, en algunos sectores catalanes y en mí mismo, estuvo en juego un componente importante de carácter religioso.

La verdad es que cuando ahora releo lo que escribía antaño, después de aquellos viajes, sobre el tema del subdesarrollo de estas tierras, me quedo atónito. Principalmente porque ya hace años que oigo decir y repetir, a gente de todas partes y de todo tipo, y entre ellas a personalidades del PSOE y del PP de un alto nivel político e institucional, que «la solidaridad sólo hay que aplicarla con los bienes ajenos». Y otras cosas semejantes. Casi me avergüenza ver como mi actitud y nuestra actitud —que eran fruto de un sentido de la responsabilidad y de la solidaridad auténticas, de raíz moral tanto o más que política— ni han sido entendidas ni han sido mínimamente correspondidas. De hecho, han sido y son burladas.

Más tarde, durante mi época en Banca Catalana y en el Banco Industrial de Cataluña, me complació poder tener algunas actuaciones económicas positivas en Extremadura (por ejemplo, en Zafra), en Asturias (que ya se estaba hundiendo en la crisis de la minería), en Aragón, en Andalucía, etcétera. Es decir, tampoco en el terreno económico pude tener una visión únicamente catalana. Me agradó poder ayudar en iniciativas de algunas empresas y territorios que necesitaban una atención particular. O cultural, por ejemplo, ayudando en la edición de la Enciclopedia de Andalucía. Y ayudábamos cuando, en cambio, nos negaban el permiso para abrir sucursales en Madrid por considerar que éramos catalanistas.

Una presencia en Madrid que era fundamental, porque nuestro proyecto económico consistía en poder intervenir en la economía española de una forma importante y constructiva. Yo personalmente sentía admiración por el Banco Urquijo. Porque fue un banco que durante setenta años contribuyó mucho a la industrialización y a la modernización de España. Que, con el paso del tiempo, terminó mal, porque, en un momento de crisis muy grave, alrededor de 1980, el peso de su inversión y de su inmovilizado industrial lo arrastró. Pero que había realizado una tarea muy positiva que alcanzaba todo el territorio español.

Me remonto a tiempos lejanos y hablo de distintas iniciativas. No tanto políticas, porque en los años sesenta y setenta no eran posibles, pero sí sociales, culturales y económicas. Les puede parecer raro que les hable del Banco Urquijo, de la Enciclopedia de Andalucía y de una empresa de Zafra. Pero es que ponen de manifiesto no tan sólo una sensibilidad fuerte en lo que concierne a los aspectos humanos y sociales del subdesarrollo, de la injusticia que había, sino también una voluntad de actuar en todos los sentidos en términos de interés general español.

Todo eso ya de cara al final de la dictadura, en un clima de esperanza, tanto dentro de Cataluña como en el marco de todo el Estado. Y definido tal como explico en el escrito «Del Tribunal Constitucional a la independencia. Pasando por Quebec». Decía yo —y decíamos muchos— que confiábamos en que, en la nueva situación que se avecinaba —democrática, muy evolucionada en todos los sentidos, con progreso económico y social, integrada en Europa, y también más equilibrada— y mediante «una colaboración política, económica y de hábitos de convivencia entre Cataluña y España, se fuera consolidando una estructura del Estado español que permitiera el reconocimiento claro y consolidado de la personalidad propia y diferenciada de Cataluña. Con respeto y garantía de la identidad, con un grueso de competencias que realmente significaran un autogobierno muy importante y con la financiación adecuada para atender bien a sus ciudadanos y elaborar y aplicar proyectos colectivos ambiciosos». Ello implicaba una contribución leal y profunda por parte de Cataluña al progreso democrático, económico, social y de prestigio de España. Un compromiso político e, insisto, también moral.

Eso era hacia el final del franquismo, y era algo compartido por sectores muy amplios políticos, sociales e intelectuales de Cataluña. Y evidentemente por mí mismo. Que intenté actuar en ese sentido. Personalmente o mediante varias instituciones privadas, y al fin políticamente a través de CDC. Ya durante la Transición.

Una prueba —entre tantas— de este modo de defender y de actuar y del compromiso que tomamos es el enfoque que CDC dio a su política española desde el mes de junio de 1977, esto es, inmediatamente después de las primeras elecciones (y que hasta el día de hoy ha seguido CiU). El compromiso fue: «Tenemos que ayudar a que en España, ahora y en un futuro, haya estabilidad, gobernabilidad y continuidad. Después de cuarenta años de dictadura y con problemáticas difíciles de todo tipo, un país no puede salir adelante, no puede prosperar, si no tiene estabilidad —o sea, si cada dos por tres tiene una recaída—, gobernabilidad —o sea, capacidad de evitar que los Gobiernos no puedan gobernar por razones políticas o sociales— y continuidad —o sea, que se alargue lo bastante como para poner al país política, económica y civilmente en una situación consolidada, de no retorno».

Es algo que hemos practicado durante treinta y cinco años. Con lealtad y de una forma eficaz. Con más lealtad que nadie.

Recordémoslo. Repasemos algunos episodios.

JULIO DE 1977

Aún no se hablaba de los Pactos de La Moncloa, sino que en el PSOE ya despuntaba lo que Guerra definió como «acoso y derribo» contra el Gobierno de Suárez, y la situación económica era de extrema y creciente gravedad. Con el peligro de entrar en un escenario de inflación de más del veinticinco por ciento, un paro galopante y una gran crisis empresarial. Justo entonces, el vicepresidente para Asuntos Económicos, el profesor Fuentes Quintana, realizó un discurso explicando las líneas básicas de la política económica que pensaba aplicar. Que CDC consideró acertadas, pero que fueron criticadas sin contemplación alguna, principalmente por el PSOE, por PCE y por AP. Y tampoco fueron aceptadas por el PNV. Cabe recordar que el Gobierno de UCD no tenía mayoría. Tenía únicamente ciento sesenta y ocho diputados, y la mayoría era de ciento setenta y seis. Por lo tanto, el Gobierno del presidente Suárez no habría podido evitar la rápida descomposición de la economía española si nadie lo hubiera ayudado. Ni, como colofón, un fracaso altamente probable de la transición democrática.

En ese momento crítico, CDC (a la sazón, CiU aún no existía) decidió ir a ver a Fuentes Quintana para decirle que nuestros ocho diputados —que, sumados a los de UCD, daban justo la mayoría— darían soporte sistemático en el Parlamento a sus decisiones en política económica. No exigimos nada a cambio. Simplemente, queríamos evitar que la muy grave crisis económica y social pusiera en peligro el proceso democrático.

Las diversas oposiciones siguieron presionando al Gobierno. Pero, con la mayoría asegurada, Fuentes Quintana y Suárez pudieron emprender las medidas necesarias. Pasaron un par de meses hasta que se fue imponiendo la idea —también defendida por CDC desde el principio— de que era necesario un gran pacto económico y social, que fueron los Pactos de La Moncloa.

23-F DE 1981

Son unos acontecimientos bastante conocidos.

En la primera votación habíamos votado contra la investidura de Calvo Sotelo porque nos percatábamos de que tendría una política regresiva. Pero dos días después, con la democracia amenazada y humillada, con una crisis económica muy grave y con cien muertos de ETA al año, CiU —es decir, la fuerza política, con mucho, más representativa del nacionalismo catalán— tomó la decisión, para reforzar la propia dignidad y, sobre todo, la dignidad de la democracia española, de votar a favor y por tanto de reforzar el Gobierno. Para que pudiera salir por mayoría absoluta y no tan sólo relativa. Y lo hizo sin pedir nada a cambio. Repito: para fortalecer la democracia.

Mas ya ahí se puso de manifiesto que nuestro sentido de la lealtad y de la responsabilidad no era correspondido. Por nadie. Lo ilustran dos hechos. El día siguiente el Rey convocó a los partidos españoles. Todos, salvo CiU y el PNV. Quedaba claro que la solución de la crisis la tenía que proponer y pilotar todo el mundo, excepto las fuerzas políticas más representativas de Cataluña y Euskadi. Incluso aquella —CiU— que había demostrado tener un sentido más fuerte de la democracia y del respeto institucional.

La segunda señal negativa fue el acuerdo, al cabo de poco tiempo, entre UCD y el PSOE sobre la LOAPA. Fue Cataluña, por la reacción del Gobierno de la Generalitat —por cierto nada acompañado por el PSC y UCD—, la que, con el recurso al Tribunal Constitucional y la movilización popular, consiguió frenar y rectificar considerablemente la LOAPA. En una época en la que el Tribunal Constitucional tenía una seriedad y una independencia que ahora no tiene.

El Gobierno de Calvo Sotelo confirmó nuestros temores de que sería regresivo en relación con Cataluña y con nuestra autonomía. Aun así, pudimos resistir bastante bien porque era minoritario y con una oposición socialista extremadamente beligerante, porque tenía grandes dificultades de todo tipo (crisis económica, desempleo, problemas internos en UCD, etcétera) y porque nosotros, tanto en Cataluña como en Madrid, en el Congreso, maniobramos bien y con un importante apoyo de Cataluña. Pero también ayudamos decisivamente al Gobierno español en temas económicos, en temas europeos y facilitando la petición oficial de ingreso a la OTAN, frente a la rotunda oposición socialista y avanzándonos a la rápida y creciente descomposición de UCD. Y permítanme que recuerde que esta situación eficaz y brillante, dadas las circunstancias, se debió en gran parte a Miquel Roca.

Es decir, el Rey nos había excluido de la reunión del día siguiente del 23-F y UCD y el PSOE —naturalmente, también AP— habían iniciado, con el proyecto de ley de la LOAPA, la política de recesión autonómica, principalmente en detrimento nuestro. Pero eso no nos hizo renunciar a contribuir decisivamente a la consolidación de la democracia, a la lucha contra la crisis económica y social y a evitar el naufragio general español.

1993

El PSOE perdió la mayoría absoluta. Por lo tanto, era posible entrar en una etapa de debilidad del Gobierno precisamente en un momento de fuerte crisis económica y con ETA aún muy activa.

Superada la etapa de los años ochenta de un enfrentamiento muy fuerte con CiU y valorando positivamente el programa y el proyecto —y también por necesidad—, el PSOE demanda nuestra colaboración parlamentaria y política. Y se la damos. Negociando contrapartidas, claro está.

Concretamente, en el ámbito autonómico conseguimos el primer cambio en el sistema de financiación. Modesto pero significativo por lo que representa de cambio de orientación. Y muy necesario porque el sistema aplicado hasta entonces, consecuencia de la LOFCA, estaba ahogando a la Generalitat. Mejorábamos sobre todo porque empezábamos a cobrar directamente determinados impuestos —total o parcialmente—, especialmente el quince por ciento del IRFP. Con tope, es decir, con fuerte limitación, pero rompiendo la situación imperante desde 1980 que nos perjudicaba cada vez más. A eso hay que añadirle alguna ganancia de competencias y, principalmente, la de los Mossos d’Esquadra.

Creo poder decir que, en lo concerniente a la política económica, nuestra contribución fue muy positiva. Concretamente, pedíamos pasar de una política muy preponderantemente financiera a una política productiva. De apoyo a la producción. Una política que Solbes aplicó con claro éxito. Y que aún hoy en día hay mucha gente que la recuerda por lo que significó de cambio en profundidad, y evidentemente buena para Cataluña y muy positiva para el conjunto del Estado. Una política que significaba orientar a fondo la economía española por el camino de la productividad y de la competitividad. Que por desgracia quedó ahogada a partir del año 2000 por la explosión inmobiliaria y especulativa.

Sería un error creer que eso se hizo con apenas dificultades.

Todo lo contrario. La legislatura 1992-1996 —la última de Felipe González— fue muy dura. Para el PSOE empezaba a agudizarse el desgaste de diez años de Gobierno, sobre todo, por un rimero de varios escándalos: económicos; el de Roldán, es decir, del responsable de la Guardia Civil; el de Rubio, es decir, del gobernador del Banco de España; el de los socialistas de Navarra; el del BOE; el de la Lotería; etcétera. Y rematándolo todo, y confiriéndole un muy alto grado de gravedad, el problema feo y amenazador del terrorismo de Estado, es decir, del GAL.

Mucha gente habría considerado justificado que hubiésemos retirado nuestro apoyo al Gobierno, y más aún teniendo en cuenta que ya a mediados de aquella legislatura habíamos conseguido las mejoras de carácter autonómico que habíamos pedido (sobre todo, nueva financiación y Mossos d’Esquadra). Pero no lo hicimos por lealtad —habíamos hecho un trato— y porque el Gobierno de Felipe González, pese a la presión mediática, social, parlamentaria y judicial —ésta especialmente peligrosa—, estaba gobernando bien en temas muy importantes para el conjunto del Estado. Una buena política en general, pero, sobre todo, tenía una buena política económica —francamente buena— y negociaba muy bien la relación de España con la Unión Europea. Principalmente, cabía la posibilidad de que Felipe González consiguiera que se crearan unos nuevos fondos europeos —los fondos de cohesión— cuyo principal beneficiario sería España. Y así fue. Gracias, repito, a Felipe González, pero también a la tranquilidad absoluta que la Generalitat y CiU le aseguraron.

Todo ello pese a una campaña durísima de la oposición, de casi todos los medios de comunicación; a un clima ciudadano cada vez más enrarecido; a una presión judicial tremenda; etcétera. Una presión también muy fuerte en Cataluña por parte, por un lado, del sector empresarial, pero también por un desánimo y un desconcierto totales del mundo sindical e, incluso, del PSC.

Pero esta presión no se dirigía tan sólo contra el Gobierno, el PSOE y Felipe González. También contra CiU y hasta de forma personalizada contra mí.

Aguantamos todo eso, y aguantando hicimos un gran servicio a España. También a Cataluña, pero principalmente a España. Se consolidó una situación sobre todo económica y social, y de un modo especial una relación con la Unión Europea, de la que España ha sacado beneficios extraordinarios.

Cabe decir que en Cataluña esta política de apoyo al cambio positivo económico y social de España no fue valorada por el electorado. En las siguientes elecciones —las de 1995— perdimos la mayoría absoluta.

MAYORÍA RELATIVA DEL PP (1996)

Fue otro momento en el que era necesario asegurar la continuidad, la gobernabilidad y la estabilidad en España. Algo que CDC, y después CiU, se había comprometido a hacer posible en España ya en el año 1977. Y que ahora sólo se podía hacer con el PP. Hay gente que nos critica que habláramos y que pactáramos con el PP. No nos lo criticó, en cambio, la gente con sentido de Estado e ideas claras sobre la realidad, como el propio Felipe González.

De este pacto obtuvimos contrapartidas autonómicas. Pero lo que ahora quiero subrayar es la contribución que el pacto significó para la definitiva superación de la crisis económica y para la continuidad y estabilidad que Rato representó, para con Solbes y para la gobernabilidad que aseguramos. En todo. Pero tuvo especial importancia la contribución que, a través de la Generalitat y de CiU —es decir, desde Cataluña—, se realizó, primero, para que España terminara de superar la crisis, que aún coleaba, y tomara impulso económico, y segundo, para que pudiera cumplir los llamados criterios de Maastricht. Y poder ingresar así en la Unión Económica y Monetaria Europea, es decir, en el euro. Recordemos cuáles eran esos criterios: un déficit no superior al 3 por ciento del PIB, un endeudamiento no superior al 60 por ciento, una inflación de no más de un 1,5 por ciento por encima de la media de los tres países que la tuvieran más baja, y estabilidad del tipo de cambio.

En el verano de 1996 parecía muy difícil que España pudiera cumplir estas condiciones en 1999, que era la fecha límite. Primero, porque el PP había hecho mucha demagogia cuando estaba en la oposición y muchos europeos, sobre todo alemanes, holandeses y franceses, estaban recelosos. Y segundo, porque cumplir requería medidas impopulares difíciles de tomar en minoría. Pero CiU podía aportar los diputados que daban la mayoría y también el prestigio europeo que, cuando menos al principio de la legislatura, el PP no tenía. En estos dos terrenos —el parlamentario y político en España, y el de información y creador de confianza en Europa—, tuvimos una actuación intensa y eficaz. Cumplimos plenamente nuestro compromiso.

ESPAÑA MUY CERCA DEL PRECIPICIO (MAYO DE 2010)

a) La respuesta catalana

Es uno de los ejemplos, entre otros muchos, que podríamos poner. Pero lo elijo porque muestra a las claras lo que ha estado sucediendo y sucede en la relación entre Cataluña y España.

A principios de mayo, España estaba a punto de ser intervenida por la Unión Europea (y el Fondo Monetario Internacional), como ya lo estaba Grecia y como pronto lo estaría Irlanda. Un desastre para España, pero también para la Unión Europea. La medida de España y de su crisis ponía en grave peligro el euro y a la propia UE. Sin embargo, el Gobierno español y sobre todo Rodríguez Zapatero seguían diciendo que no existía peligro alguno, que íbamos por buen camino, que no era preciso tomar medidas drásticas ni impulsar enérgicamente el pacto social. Hasta que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, el FMI, la señora Merkel y hasta el presidente Obama y el primer ministro chino conminaron al presidente Rodríguez Zapatero a que el Gobierno español tomara las decisiones que algunos meses y años atrás se había negado a tomar. Con la advertencia de que, de lo contrario, habrá intervención.

Rodríguez Zapatero claudicó e hizo lo que tiempo antes debería haber hecho. Pero lo tenía que aprobar el Parlamento, donde el PSOE no tenía mayoría y donde todos los partidos, recelosos de la demagogia y la irresponsabilidad del presidente, habían anunciado que votarían en contra. Y entonces a él, al Gobierno y al PSOE no se les ocurrió nada más que acudir a CiU. Es decir, a los nacionalistas catalanes.

Lo lógico habría sido que, por patriotismo y sentido de Estado, el PP por lo menos se hubiera abstenido. Además, el partido democratacristiano alemán de la canciller Merkel presionó para que así fuera. Vino, incluso, una delegación de muy alto nivel y los presionó en este sentido. Inútilmente. El cainismo político español, entre el PP y el PSOE, es más fuerte que el patriotismo, la idea del bien común y el sentido de responsabilidad. Y eso que la delegación alemana no era de poco nivel: Pöttering (presidente del Parlamento Europeo), Oettinger (comisario en Bruselas), Koch (presidente del Land de Hessen), etcétera. Y Wulff, a la sazón presidente del Land de la Baja Sajonia y al cabo de pocos días presidente de la República Federal. Todo en balde. Al tan patriótico PP no lo conmovieron ni las apelaciones al interés español ni las de la salvación del euro y de la UE.

Estos señores visitaron a Artur Mas y a Duran i Lleida e, incluso, en este caso a mí mismo. Les dijimos: «Con nosotros no es necesario que se afanen. Sabemos cuál es el interés general español y europeo». Efectivamente, CiU, y sólo CiU, salvó la propuesta del Gobierno. Tan sólo CiU.

La votación en el Congreso de los Diputados se realizó un miércoles. El viernes siguiente la ministra Salgado pudo asistir a la reunión de ministros en Bruselas no sin antes demostrar que había hecho los deberes. No siendo así, se habría producido una crisis de consecuencias muy graves e imprevisibles. Y eso, repito, porque la fuerza política más representativa del nacionalismo catalán jugó lo que podríamos denominar una carta españolista y europeísta.

b) La respuesta de España

Dos meses después de lo sucedido, el TC dictó sentencia sobre el recurso interpuesto por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Una sentencia demoledora como mínimo en tres puntos fundamentales:

1) El de las competencias, que quedan más limitadas y condicionadas que en el Estatuto de 1979. De hecho, se aplica la filosofía de la LOAPA.

2) En la financiación, que, a fin de cuentas —pese a alguna esperanza inicial—, no mejora, o mejora escasamente. Y con una letra pequeña muy negativa. Y que además el Gobierno central incumple sin contemplaciones siempre que le conviene. Con absoluta ignorancia, además, del principio de lealtad constitucional.

3) En las cuestiones identitarias. En varios aspectos, pero el más grave de todos es que abre la puerta a un ataque sistemático contra algunas conquistas muy importantes que habíamos ido logrando en el tema lingüístico. Una ofensiva que seguramente se irá desarrollando progresiva e intensamente, y que puede debilitar mucho la situación del catalán (por ejemplo, con la inmersión).

La sentencia fue celebrada por el PP, claro está. También prácticamente por todos los medios de comunicación no catalanes y en general por la opinión pública española. Y el presidente Rodríguez Zapatero, cuando se le preguntó por la sentencia, dijo: «Misión cumplida».

Lo dice el hombre que prometió que apoyarían, él y su partido, el Estatuto que Cataluña aprobara. Uno no sabe si esto se tiene que calificar de cinismo, de mala fe o simplemente de necedad. Y un comentario sobre el PSOE. La gran mayoría del partido se alegró de la sentencia. Algunos de sus dirigentes principales ya habían presionado en esta dirección con descaro, sin tapujos: Guerra, Bono, Chaves, los llamados barones del sur, varios presidentes autonómicos, etcétera. Y durante los años que duró la discusión del recurso, actuó de un modo que se pudo calificar de desleal teniendo en cuenta que el Estatuto recurrido había sido aprobado por las Cortes con el voto del PSOE. Todo ello, como decía, coronado por reacciones individuales de figuras muy destacadas del partido. Y, como colofón, con un artículo lamentable de Carmen Chacón y Felipe González, artículo que se podrían haber ahorrado.

LO QUE PODRÍAMOS LLAMAR UNA MISCELÁNEA

Es decir, tantas y tantas actuaciones que avalan mi —y nuestro— compromiso, mi —y nuestra— lealtad para con España. En temas de política exterior, o el apoyo incondicional que siempre, siempre, hemos dado a la lucha antiterrorista. Algo que nadie más puede decir. Lo repito: nadie más lo puede decir, ni los dos grandes partidos españoles. Fuera cual fuese el Gobierno y fuera quien fuese el ministro de Interior. Lo saben Martín Villa, Barrionuevo, Rubalcaba, todos. Hasta votamos la Ley de Partidos, algo que en Cataluña mucha gente nos criticó, y aún más en el País Vasco. Pero creí y creo que lo teníamos que hacer.

O bien en cuanto a los acuerdos de fondo sobre los que se basó la Transición. Por ejemplo, el tema autonómico. Por de pronto, no nos gustó «el café para todos». No por la generalización que significaba —siempre habíamos defendido que era preciso desarmar la estructura tan centralista de España—, sino porque no aseguraba lo bastante el carácter particular de Cataluña, que no era un antojo, sino una realidad histórica, de identidad y de conciencia colectiva, y de vocación. Pero entonces nos dieron garantías de que la Constitución permitía este reconocimiento de la personalidad catalana. Se puede discutir si hicimos bien o no aceptándolo, o si lo podríamos haber hecho mejor, o hasta podríamos analizar si en Cataluña había, por parte de todas las fuerzas políticas, la disposición a forzar un rechazo y una negociación más dura y más arriesgada. Pero lo que quiero subrayar es que, tanto desde el punto de vista de la solidaridad económica como de la generalización autonómica, Cataluña ha hecho bien los deberes. Y con lealtad. Incluso —y yo soy testigo particular de esto— habíamos hecho propaganda en más de un país europeo. O sea que en realidad lo que verdaderamente rechazábamos era una interpretación y una aplicación del texto constitucional que nos enrasa a todos por abajo y que impide las iniciativas que, como cabe esperar, Cataluña debe tener, dada su conciencia y su realidad colectiva más fuerte y más propia. Y que además la somete a un ahogo financiero grave y constante.

El tema de la financiación requiere un comentario aparte. En ninguna parte de la Constitución ni de la LOFCA, hay nada que justifique que desde hace muchos años Cataluña tenga que pagar por concepto de solidaridad alrededor del nueve por ciento de su PIB y, a menudo, incluso más. A la larga, eso se convierte en un expolio que perjudica a Cataluña y a su gente gravemente. Perjudica la economía, los servicios sociales, la educación, la sanidad, la cultura, la investigación, etcétera. Perjudica el propio concepto de autonomía. España no es el único Estado en el que rige el principio de solidaridad. Pero, en los países donde se practica bien, y con justicia, la solidaridad también tiene un techo. El caso más claro y más digno de atención —entre otras cosas, porque el sistema funciona bien— es el de Alemania, donde el déficit fiscal de los Länder con más PIB y más renta, como Baviera y Baden-Wurtemberg —son Länder llamados Geldgeber, es decir, «donadores de dinero»—, no puede ser superior al cuatro por ciento de su PIB. En nuestro caso, repito, es del nueve por ciento como mínimo.

No ha habido forma de hacer entender nada de esto al resto del Estado. Cada vez que Cataluña ha negociado, ha conseguido alguna mejora, pero que en parte al cabo de poco tiempo se ha perdido por la presión de las Comunidades Autónomas. Geldnehmer, es decir, «que cogen o reciben dinero». O por incumplimiento flagrante de la Administración central.

Muy grave es también la carencia ética que existe en la base de todo esto. Cuando releo mis textos de los años cincuenta —cuando volvía de mis viajes por Andalucía, Extremadura y Castilla, solo o acompañado por Jaume Nualart—, me percato de que teníamos un sentido de responsabilidad muy fuerte y auténtico, una asunción clara y consecuente de la vergüenza que todos nosotros teníamos que sentir por la situación de pobreza y de desesperanza que habíamos visto. Yo siempre cuento que aquella película de Los santos inocentes —aquel formidable filme de Mario Camus— yo ya la había visto durante mis visitas de los años cincuenta (ni que decir tiene que en versión no tan cruel). Y de eso derivó un compromiso. Al que en Cataluña por cuenta propia también llegó otra gente. Recordemos, por ejemplo, el libro Campos de Níjar de Goytisolo y el interés que provocó.

Políticamente todo ello desemboca en la actitud que yo mismo y CDC tuvimos en el momento de la Transición. Pero esta actitud no fue únicamente de CDC. Fue muy general en Cataluña, tanto políticamente como en el terreno intelectual. Todo el mundo asumió que la solidaridad debía ser un componente muy importante del nuevo concepto de sociedad y de Estado.

Pero, cuidado, el concepto de solidaridad no es tan solo económico. Como decía, también es, sobre todo es, ético. Y toda convivencia debe tener un componente económico, jurídico y político, pero también ético. Si el principio ético falla, el resto queda contaminado. Que es lo que ha ocurrido en España, y no sólo con el tema de la solidaridad interterritorial, sino en la política y las relaciones sociales en general.

Pero, volviendo al tema de la solidaridad interterritorial y a la forma en que se aplica, cuando oyes decir por parte de gente de muy alto nivel institucional del Estado que «la solidaridad sólo hay que aplicarla con los bienes ajenos» o que «el sistema es muy injusto respecto a ustedes, pero a nosotros nos va bien, y punto», tienes una sensación de engaño y de estar tratando con gente con la que nunca te podrás entender y que no hay nada que hacer. Esto hace que se pierda el respeto y la confianza. Que es adonde hemos llegado.

A toda esta retahíla hay que añadir una consideración negativa para con nosotros mismos. Se trata de un apuntamiento en nuestro pasivo colectivo, a pesar de que no con las mismas responsabilidades para todo el mundo.

Un tema importante fue que Cataluña en su conjunto —y concretamente CiU— no apoyara el ingreso a la OTAN. Que era algo que correspondía al interés general español. Y europeo. Lógicamente, CiU debería haber arrastrado a Cataluña a que votara a favor, porque siempre habíamos sido europeístas y atlantistas. También cuando nadie lo era y, sobre todo, cuando no lo eran ni los socialistas, que, tras muchos años de demagogia anti-OTAN, de repente, al llegar al Gobierno en 1982, entendieron que era preciso adherirse. Esta contradicción tiene su explicación, que ya he dado en numerosas ocasiones (por ejemplo en mis Memorias) y que ahora por no extenderme demasiado no repetiré. Pero lo hago constar ahora y aquí porque, en el inventario que estoy haciendo, considero importante y honesto citarlo. No sin decir, de paso, que el muy patriótico PP votó en contra.

Algunas veces he explicado el porqué de este error —que he calificado de error forzado, como se dice en el tenis, pero, al fin y al cabo, un error—, pero ahora simplemente lo consigno. Por objetividad y honestidad. Casi por escrúpulo. Acaso por exceso de escrúpulo. Y porque me supo mal verme obligado a actuar como actué.

Antes les he explicado la doctrina, el proyecto y los objetivos de Cataluña, y la acción respecto a la propia afirmación y respecto a España.

Se lo recuerdo brevemente. Y perdonen la insistencia.

Por un lado, una evolución favorable de la Constitución y los efectos positivos de una colaboración política, económica y de ámbitos competenciales entre Cataluña y España consolidaría una estructura del Estado español que permitiera el reconocimiento claro de la personalidad propia y diferencial de Cataluña. Con respeto y garantía de la identidad, con una cantidad de competencias que realmente significaran un autogobierno muy importante y con la financiación adecuada. Por otro lado, la idea de que esto sería posible en la España democrática, integrada en Europa, económicamente desarrollada, socialmente incorporada al Estado de bienestar, con prestigio y por tanto con confianza en sí misma.

Este planteamiento requería una condición en lo concerniente a Cataluña. Nosotros teníamos que contribuir sin reservas al progreso democrático, económico, social y de prestigio de España. Y aún se precisaría otra condición: en la relación mutua debería imperar la lealtad. Constitucional, claro está, pero también ética. Es decir, profunda.

En torno al año 2002 empezaba a ser evidente que este proyecto estaba fracasando.

«Ante un nuevo ciclo histórico», había dicho yo en Madrid en 1996. En un momento aún de esperanza. Un ciclo histórico que podía ser positivo, porque España había superado años y décadas, hasta siglos, de decadencia; porque Cataluña había hecho los deberes de convivencia y de progreso en Cataluña mismo, y de consolidación social e identitaria, y también de contribución leal al progreso español. Y porque Europa nos galvanizaba.

El nuevo ciclo histórico podía ser positivo. Pero no lo ha sido. El ciclo cambió, pero para mal.

A la larga ha cambiado para mal para todo el Estado. Por el clima general, por la crisis económica, por el cainismo político, por la pérdida de imagen y de prestigio. Pero, antes que nada, ya en la postrimería del año 2000, quedó claro que, del proyecto de diálogo y de esfuerzo, de aceptación de la personalidad propia de Cataluña en un marco español respetuoso y abierto a la diversidad —y en especial la catalana, dada su especificidad—, de todo esto no querían saber nada.

«Estamos ante un cambio de rasante en la política catalana», dije —siete años más tarde— en el marco del discurso que di en septiembre de 2003 en el Colegio de Abogados de Madrid. Una conferencia que hizo las veces de una despedida (mi retiro se tenía que producir dos meses más tarde) y de un balance. Personal y de proyecto. Y que ya reflejó preocupación. Y es que, durante la segunda legislatura de Aznar, ya con mayoría absoluta, se fue imponiendo rápidamente una idea de España que era de nuevo la de antaño. En todo lo referente al autogobierno se inició un retroceso, y además se anunció —no se puede decir que Aznar nos engañara— que se seguiría hasta el final por este camino. Si a esto le añadimos que el PSOE (mediante el denominado «Manifiesto de Santillana») también lo aguaba todo, como después se ha comprobado, y que el mundo mediático e intelectual, de derechas y de izquierdas, se alineaba en este sentido, ustedes entenderán el tono inquieto que tuvo mi discurso de despedida en Madrid en septiembre de 2003.

Ya hacía algún tiempo que se intuía que se andaba por el camino de una crisis grave. Y que en esta ocasión las tensiones no serían por una competencia de más o de menos, por una mejora modesta de financiación o por una infraestructura, sino por el concepto de autogobierno, y por la idea de España y de Cataluña. Sería una discusión profunda, en la que el Estado participaría con la idea recuperada de la España tradicional, y con la sensación de que ellos se habían fortalecido. En realidad menos de lo que creían, como después se ha visto. Pero con mentalidad de nuevo rico agresivo. Por tanto, iban con la idea de que ahora podían recuperar terreno y orientar la situación de Cataluña de forma que fuera entrando en el camino de la decadencia política y de la disolución identitaria. Ésta es la batalla de ahora. No una batalla de segundo orden, sino una ofensiva de gran calado. Y todo ello ha quedado definitiva y escandalosamente de manifiesto con la sentencia del TC, que, como dice un reputado jurista catalán, es demoledora.

Más, evidentemente, de lo que quieren dar a entender algunos políticos de allí y de aquí.

Demoledora, como antes he explicado, en tres aspectos fundamentales y decisivos: el de las competencias, el de la financiación y el de la identidad.

Llegados a este punto, por pura lógica o por sentimiento profundamente herido, tiene sentido que exista un incremento notable del independentismo. Sobre todo porque, entre el independentismo y el gradual debilitamiento y, andando el tiempo, la residualización o hasta la casi total desaparición de la identidad catalana, se ve poca voluntad y apenas posibilidad de introducir y hacer prosperar un nuevo intento de signo positivo. Pese a que también es cierto que cada vez hay más políticos españoles que dicen públicamente que el «café para todos» fue un error y que no se puede imponer a Cataluña el molde de un Estatuto de aplicación general a todo el Estado. Con el agravante de un nueve por ciento largo de déficit fiscal al año. Incluso se hacen algunas referencias a Canadá y a Quebec: «Habrá que admitir que Cataluña es el Quebec de España». Y ¿qué es Quebec dentro de Canadá? Es un pueblo francófono y de conciencia histórica muy propia, que ha sido reconocido como nación en el marco canadiense, con garantías políticas, jurídicas y económicas para su identidad y su desarrollo, lo que le permite afrontar los grandes retos de la economía, el bienestar social y la inmigración.

Esto podría responder bien a lo que ha sido el proyecto político y nacional del catalanismo. Es lo que estamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Y estaría en la línea que preconizan el presidente Mas y el Gobierno de la Generalitat con el «derecho a decidir». De entrada, para decidir sobre un pacto fiscal que acabe con el ahogo de Cataluña y que debería hacer posible la recuperación de un concepto integral de nuestra identidad. Pero ahora en España esto sólo son palabras y aún escasas. Y con el viento apenas a favor. Por lo tanto, como mínimo, en un punto sí que debemos ser, si no independentistas, por lo menos muy independientes, ya desde ahora. Es preciso trabajar para recuperar vigor. Debemos concentrarnos en resistir. Y en fortalecernos. Y en no dejarnos engañar. Abiertos a todo el mundo y en todos los ámbitos: el económico, el cultural, el de las ideas… Pero sin esperar demasiado a cambio y sin sentirnos obligados.

Después de muchos años de disuadir a los que optaban por el independentismo, ahora me encuentro con que no tengo argumentos para rebatirlos. Salvo el de su difícil viabilidad y de su riesgo interno. De viabilidad, por las dificultades políticas por el lado de España, pero también por el lado de Europa. Hace siete años, en 2004, quise dejar claro, una vez más, que para conseguir la independencia a menudo no basta con desearlo, aunque sea intensamente. Lo hice a través de una conferencia sobre «El proceso de independencia de los nuevos Estados europeos». Explicaba que prácticamente todas las independencias europeas del siglo XX han sido el resultado de una acción independentista, pero también, y de forma decisiva, de la implosión de los imperios o de los Estados plurinacionales. Esto podría suceder con más facilidad en Europa central y del Este que en los grandes Estados de Europa occidental. Y también he dicho en reiteradas ocasiones que hay que tener en cuenta la cohesión interna. Pero, si España sigue en su línea de desdén político y económico hacia Cataluña, podría suceder que la mancha de aceite independentista se fuera extendiendo. Ya se está extendiendo, acaso más sociológica y mentalmente que políticamente, como placas tectónicas que se mueven. Las placas tectónicas acostumbran a moverse lentamente, pero a veces se aceleran. A ojos vistas. Sea como sea, ahora existe algo que fabrica independentistas, y a un ritmo acelerado, que es un conglomerado de dignidad herida y de sensación de ahogo económico e identitario. Y el futuro no está escrito, pero la herida es penetrante. Cada vez más penetrante.

Durante cuarenta o cincuenta años, he procurado convencer a los catalanes que no creían en la posibilidad de una Cataluña con el reconocimiento, la garantía y la capacidad de proyecto que necesitamos en el marco español. Ahora no tengo estos argumentos. Ahora sólo tengo el de la gran dificultad de lograr la independencia. Muy grande. Es cierto que han ocurrido y ocurren cosas en el mundo que eran tan difíciles como lo pueda ser la independencia de Cataluña. También es cierto que, si la idea de España que ahora prevalece se consolida, la alternativa es la independencia y el gradual desvanecimiento de la catalanidad.

Y se comprende, por lo tanto, que para muchos valga el rechazo aun siendo de éxito incierto. Están en su derecho. Y puede ser una respuesta más digna y más efectiva que la de meter la cabeza bajo el ala. Más digna y más efectiva.

A los que así lo hagan, no se los podrá criticar. ¿En nombre de qué? No de la ética. «La solidaridad sólo hay que practicarla con los bienes ajenos.» Ni del espectáculo esperpéntico del TC, emanación del sistema político español, con la complicidad de unos y de otros. «Misión cumplida», como dijo Rodríguez Zapatero.

Tampoco en nombre de la economía. Tan sólo la creatividad y el espíritu emprendedor —que los tenemos— nos han salvado de lo que podría llegar a ser una decadencia irrecuperable.

Tampoco en nombre del progreso social. Como consecuencia de la asfixia económica, también ahí hemos empezado a cejar. Ya cejamos en todos los ámbitos, también en el de la sanidad o en la atención a los marginales, o en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Y no los podrán criticar los que no hayan reaccionado con vigor y públicamente contra el expolio fiscal. No podrán criticar a los independentistas, por poner un ejemplo más preciso, quienes no se sumen a la reclamación de un pacto fiscal en condiciones y definitivo. Sobre unas bases nuevas. Es oportuno decir hoy que la reclamación del pacto fiscal del presidente Mas es calificada de «zanahoria». Unas declaraciones preocupantes y penosas. Muy penosas.

Nos queda un activo muy importante. El más importante. Y es que en Cataluña hay país. Tenemos país. Precisamente ahora que tantas cosas marchan mal —y que esto es muy visible—, también es cierto que en el país hay mucha gente de calidad que hace cosas, que tiene iniciativas, y que las hace con ambición y visión de futuro y de horizonte amplio. En todos los terrenos. Debemos mirar más allá de la noticia diaria y por debajo de las nubes. Entrando en las casas, en los laboratorios, en las empresas, donde se realiza obra social, entrando donde hay gente que escribe o que trabaja en el ámbito artístico. Los que lo hacen, los que entran en el ámbito de la gente que trabaja, que crea, que inventa, que tiene curiosidad, que cree en el trabajo bien hecho y que ha asumido que nuestro mundo es el Mundo, tienen recompensa, porque se les refuerza la fe en el país. Y en su futuro. También en su futuro.

Por eso podemos terminar este parlamento diciendo que, si bien la problemática política de Cataluña como economía y como nación es preocupante, también es cierto —y es importantísimo— que tenemos claros algunos objetivos y campos de acción: fortalecernos internamente. Abiertos al mundo, presentes y activos en todas partes, atentos a las evoluciones que se producen por doquier, pero fortaleciendo lo que somos. Y sin renunciar al derecho a decidir, que reclama el propio Gobierno de la Generalitat y a cuyo favor tiene ahora una clara mayoría en el Parlamento de Cataluña. El derecho a decidir sobre lo que sea necesario y hasta donde sea necesario.

Hace sesenta años —yo tenía veinte—, un día tuve la impresión, bajo el impacto de la guerra, de la dictadura y del clima de derrota, de que Cataluña no tenía futuro. Porque el balance me parecía muy negativo. Me desentendí del asunto. Pero, al cabo de tres años, volví a mirar el balance. Pensaba que el país estaría ya muy cerca de la quiebra. Mas vi que no, que seguía habiendo pasivo, pero que, poco a poco, el activo iba subiendo. Y entendí que mientras un país sume, aunque lo expolien, si suma, y Cataluña suma, está vivo. Y tiene futuro.

Muchas gracias.

REFLEXIÓN EN UN RECODO DEL CAMINO (1714-2014)

Conferencia pronunciada en el auditorio de Esade, en Barcelona, el 8 de marzo de 2012

Se acerca 2014. Trescientos años del final de la guerra de Sucesión y la derogación de las constituciones catalanas.

Una fecha fatídica de nuestra historia. Que, en el lenguaje político y diplomático de la época, significaba «el final de la nación catalana». Y que jurídicamente lo era.

2014 no puede ser un año más en la retahíla de conmemoraciones que año tras año se han celebrado en Cataluña. Trescientos años invitan a reflexionar. Sobre todo si coinciden con un momento de especial trascendencia para nuestro país. Un momento de interrogantes. Y peligroso.

Seguro que el impacto de los trescientos años, y sobre todo en la época que estamos viviendo, provocará que haya iniciativas varias, oficiales y de la sociedad. Seguro que del Gobierno y del Parlamento surgirán iniciativas. Estoy seguro de que tendrán el apoyo de mucha gente. Para empezar, el mío. Pero, desde la libertad que da no tener ninguna responsabilidad oficial, y desde la indeclinable voluntad de ser fiel a mi país hasta el último momento, he creído oportuno pronunciar esta conferencia, invitar a la reflexión, y ver si podrá contribuir a que tomemos posiciones en este momento tan difícil para nosotros.

El discurso que hoy les voy a ofrecer pretende dar una visión general de lo que han sido esos trescientos años. Pero no es un discurso erudito, de historiador especialista, es un discurso político. De todos modos, es un discurso de alguien que desde muy joven se ha esforzado en comprender la historia de nuestro país. De alguien que cree que no se puede entender un país, ni se lo puede servir, sin saber historia, geografía y demografía.

Y de hecho es una invitación a que en Cataluña se produzca un proceso de reflexión, urgente, con la experiencia de trescientos años de esfuerzo colectivo, sobre hacia dónde debe seguir nuestra historia. Dicho esto a guisa de preámbulo y de llamamiento a la conciencia colectiva, veamos lo que han sido esos trescientos años desde el final de la guerra de Sucesión y de la derogación de las constituciones catalanas.

Política e institucionalmente Cataluña se quedó a cero. Arrasada. La propia denominación del decreto «de Nueva Planta» ya indica que el propósito era dejar el país como un solar y construir algo completamente diferente. O dejarlo medio yermo.

¿Cuál fue la respuesta catalana? Una respuesta compleja, con componentes e iniciativas diferentes. Desde Carrasclet, que durante un tiempo siguió haciendo guerrilla a favor de la Generalitat suprimida por las montañas del sur de Cataluña, hasta, en el otro extremo, Veciana, terrateniente y adepto a los Borbones que, para combatirlos, creó en Valls el cuerpo de los Mossos d’Esquadra. La historia tiene esas ironías. Hubo desde la gente resignada hasta los que siguieron defendiendo la causa catalana desde el exilio de Viena o en la misma Cataluña, en la clandestinidad, con manifiestos reclamando a Inglaterra que exigiera al rey de España el cumplimiento de las cláusulas de respeto a Cataluña del Pacto de Génova de 1705.

Pero la respuesta que prevaleció —por lo menos muy pronto— fue la de la aceptación de los hechos. Abandonados por las potencias europeas, con el país ocupado y muy empobrecido por la guerra y algunas medidas fiscales que el nuevo régimen introdujo, con la mayoría de las clases dirigentes en el exilio o en el ostracismo y con la experiencia de dos guerras perdidas en un plazo de sesenta años, el país optó, de grado o por fuerza, por no rebelarse. Y por sobrevivir. Y por contar tan sólo consigo mismo y su propio esfuerzo. Con nuestro trabajo y nuestra iniciativa.

En mi primer discurso del Onze de Setembre como presidente de la Generalitat, en el año 1980, hablé de ello con una intención muy clara. Dije: «El 11 de septiembre de 1714, después de muchos meses de asedio y de una defensa heroica que toda Europa admiró, la ciudad de Barcelona tuvo que capitular. Había sido duramente bombardeada desde la llanura hasta la montaña de Montjuïc, había pasado hambre y había sufrido una epidemia. Había tenido miles de muertos. Y, como os decía, el día 11, a primera hora de la tarde, se rindió. Al día siguiente, el 12, el general jefe de las fuerzas que habían asediado la ciudad, el duque de Berwick, entró en Barcelona alrededor del mediodía. Cuando los heridos del día anterior aún agonizaban, el duque de Berwick entró y se encontró con un espectáculo que lo dejó sorprendido. No se encontró con una ciudad desmoralizada, que gemía, sino con una ciudad que trabajaba, que se había puesto a trabajar. Es decir, los mismos hombres que veinticuatro horas antes estaban defendiendo el portal de Junqueres y las murallas de la ciudad, aquellos mismos hombres, al día siguiente, si eran tenderos habían abierto las tiendas, si eran artesanos habían puesto en marcha sus talleres de artesanía, y las pequeñas industrias de la época se habían puesto de nuevo en funcionamiento».

1980 fue un año muy difícil. De ilusión por la recuperación de la democracia y de la Generalitat, pero económica y socialmente muy difícil. Con más paro del que tenemos ahora. Y con sectores enteros de nuestra industria que se hundían. Por lo tanto, encajaba la referencia a la decisión de los catalanes de salir adelante sobre todo por nuestro esfuerzo. Como después de 1714.

Sin instituciones, sometidos a un proceso de descatalanización. Arrinconados. Mal vistos por el resto del Estado. Pero, no obstante, es la época en la que en Castilla se empezó a decir que «los catalanes, de las piedras, sacan panes». Durante las primeras décadas, fue un esfuerzo muy a ras de tierra. Pronto, una demografía potente y la gradual creación de riqueza —primero, sobre todo, payesa, muy pronto también industrial, de pelaires y curtidores, de fabricantes de bergadanas y de llaves, de aguardiente, de botas y de tapones de corcho, etcétera— levantaron el techo del país. Cuando pasamos por las calles de muchos pueblos de Cataluña, vemos que en los umbrales de entrada hay una fecha inscrita. Son fechas que más o menos arrancan en 1680 y abarcan todo el siglo XVIII. También observamos que, sobre todo en las villas y en los pueblos de la Cataluña nueva, muchas iglesias y campanarios son del siglo XVIII. Señal de que fueron años de progreso económico y social.

Debo hacer un pequeño inciso y volver atrás. Acabo de citar el año 1680. Es decir, un tiempo anterior a la guerra y a 1714. Y he dicho que fue un buen año, cuando se reconstruían casas y se levantaban campanarios. Y es que en 1705, cuando empezó la guerra contra la España borbónica, Cataluña ya hacía dos o tres décadas que estaba dejando atrás la decadencia que había arrastrado, con intermitencias, desde el siglo XV. Superada la crisis que supuso la guerra dels Segadors y la pérdida del Rosellón, Cataluña se levantaba de nuevo y se iba poniendo al día. Y no era una reacción instintiva y de defensa, sino una acción positiva y pensada. Una acción que respondía a un proyecto. Había un proyecto.

A algunas personas las sorprendió que en mis discursos sobre la idea y el proyecto de Cataluña yo hiciera referencia a menudo a un historiador poco conocido, Narcís Feliu de la Penya. Y a su libro más importante, Fénix de Cataluña (1683), sobre la recuperación política y económica de Cataluña. Y a otro libro, Político discurso. Un historiador que he tenido presente desde muy joven. Ya hablo de él, por ejemplo, en mi libro Des dels turons a l’altra banda del riu, que escribí en 1961.

¿Quién fue Feliu de la Penya? Fue un abogado y empresario, y también concejal de Barcelona, muy relacionado con algunos países europeos, sobre todo Holanda e Inglaterra, y que quería dar un gran impulso económico a Cataluña, en el marco de la monarquía española, todavía austríaca, es decir, respetuosa con la Corona de Aragón y con Cataluña. Feliu de la Penya era un hombre con espíritu innovador y proyección exterior. Ya se intuye que cada libro que he citado responde a las dos direcciones de su proyecto, el de la Cataluña social y económicamente renaciente (Fénix de Cataluña) y el del posicionamiento de Cataluña y de hecho de todos los territorios de la Corona de Aragón en una monarquía hispánica renovada (Político discurso). Una monarquía a la que proponía todo un programa de reformas.

El proyecto catalán de Feliu de la Penya —bien asumido por una gran parte del país— no encajaba con lo que se suponía que sería la huella borbónica, es decir, francesa, ya definida entonces como muy centralista, muy homogeneizadora y económicamente muy intervencionista. Es decir, con el propósito de establecer la soberanía absoluta del rey sobre todos los territorios. Por lo tanto, sin respetar la autonomía de la Corona de Aragón, que sí habían respetado los Austrias.

Esta orientación de afirmación de país y desarrollo económico —y de gran desconfianza y, de hecho, animadversión hacia Francia después de la experiencia de 1640, agravada por las guerras con Francia en la última década del siglo XVII, libradas precisamente en territorio catalán— probablemente puede explicar que Cataluña rechazara al candidato francés y optara por el austríaco, lo que podría no haber sido así. Felipe V juró en 1702 las constituciones de Cataluña. En Barcelona. ¿Por qué, entonces, la mayoría de los catalanes se sintieron incómodos con ese pacto y optaron por el candidato austríaco? Podrían existir razones de oportunidad, sin duda. Y de animadversión y desconfianza, como ya hemos dicho. Pero seguro que también hubo un posicionamiento ideológico. Y es que los sectores dirigentes de Cataluña, y de cara a su proyecto de país, veían la opción entre el modelo francés, muy centralista y económicamente muy dirigista y proteccionista a favor de Francia, y el modelo austríaco, mucho menos centralista y homogeneizador, mezclado con el modelo económico anglo-holandés, con más libertad de la actividad económica y más mercantil.

Cabe decir que alrededor de 1700 en estas tierras el prestigio de Inglaterra y sobre todo de Holanda era muy grande. Lo era incluso en Francia. Basta con recordar la frase del gran Colbert, considerado grande porque revolucionó la economía y la administración francesas de una forma que en parte ha llegado hasta hoy. Cuando le preguntaron qué debía hacer Francia para convertirse en potencia económica, dijo: «Il faut holandiser la France». Francia tiene que ser como Holanda.

Lo cierto es que Cataluña se lo repensó y se decidió por el archiduque, por Inglaterra, Holanda y Austria, y no sabemos qué habría ocurrido si Cataluña y toda la Corona de Aragón se hubieran puesto del lado de Felipe V. La doctrina borbónica inspiraba toda la desconfianza y hostilidad españolas contra Cataluña, que ya eran muy intensas. Y también las francesas. Pero, a partir de ahí, todo son conjeturas, y tan sólo sabemos lo que sucedió. En 1714 y hasta hoy.

Así pues, ya se ve que la guerra de Sucesión no fue una guerra por la independencia. No fue como la guerra de 1640, de defensa exasperada contra una agresión y que pronto se convirtió en separatista. Fue una guerra de propuesta y de proyecto. De defensa del sistema vigente de la monarquía de los Austrias basada en el pactismo, con Cortes propias y sistema de representación política en la Cortes, en la Generalitat y en los municipios. Y con ánimo regeneracionista para toda la monarquía, muy en la línea de lo que Feliu de la Penya ya había propuesto en el Político discurso. Ni que decir hay que en esta propuesta no había nada que pudiera afectar a la baja hechos esenciales de Cataluña. Ni la lengua ni el derecho civil ni sobre todo —lo más importante— las constituciones. Sobre todo las constituciones, que eran lo que determinaba la naturaleza política de los catalanes, con todos sus derechos y deberes individuales y colectivos. Ahora a los catalanes se nos define por la lengua y la historia, o el lugar de residencia, etcétera; entonces el catalán era una persona sujeta a las constituciones del Principado de Cataluña. Con el decreto de Nueva Planta eso se pierde y el catalán empieza a ser lo que llaman «un español empadronado en Cataluña». Por eso decimos que jurídica, institucional y políticamente se había producido «el fin de la nación catalana». El resto de la identidad catalana —lengua, derecho civil, sentimiento de pertenencia— ya iría desapareciendo con el tiempo, todo «sin que se note el cuidado».

Merece la pena leer al pie de la letra lo que decía la «Instrucción secreta» dirigida a los corregidores de Cataluña en 1716: «Pero, como a cada nación parece que señaló la naturaleza su idioma particular, tiene en esto mucho que vencer el arte y se necesita de algún tiempo para lograrlo, y más cuando el genio de la nación como el de los catalanes es tenaz, altivo, y amante de las cosas de su país, y por esto parece conveniente dar sobre esto instrucciones y providencias muy templadas y disimuladas, de manera que se consiga el efecto sin que se note el cuidado».

En la práctica, la reacción que prevaleció en Cataluña después de 1714 fue la de refugiarse en el trabajo. Y en la reconstrucción del país. Hay que decir que en algunas zonas extensas de Cataluña esa recuperación tardó mucho. Zonas que vivieron una situación de miseria y de sumisión muy agudas. La ciudad de Lleida, por ejemplo, tardó décadas en recobrarse del saqueo de 1707. Pero el trabajo de una población modesta pero obstinada y productiva fue sentando las bases de una recuperación. Una parte importante era payesa, pero también industrial.

Hay una novela de Vicenç Villatoro, La dona a la finestra, que se desarrolla en la Barcelona de los últimos tres meses del asedio de 1714. Habla de una viuda de Tona de una masía acomodada, esposa de uno de los dirigentes vicenses austriacistas que muere al empezar la guerra. Ella tiene previsto casarse al final de la contienda con un oficial del ejército catalán. Cae la ciudad, la guerra termina, su prometido le propone marchar al exilio, a Viena o a Italia, para rehacer la vida con la esperanza de que los vaivenes de la política europea permitan reemprender la lucha. Pero ella prefiere volver a Tona, a la masía de Tona, que es una buena masía, pero que con la guerra ha quedado algo abandonada. La recompone, y al cabo de unos años casa a su hija con otro payés, propietario de los alrededores de Tona. Pasado cierto tiempo, pone algo de dinero en una curtiduría de Vic. Es decir, explota bien la masía, recompone el patrimonio, celebra un matrimonio para ampliarlo y se incorpora al desarrollo industrial, que va cobrando fuerza en una gran parte de Cataluña. O sea, el desarrollo payés —Vicens Vives dice que el siglo XVIII es la época de la colonización agraria de Cataluña— y la entrada en la economía industrial. Dos líneas de acción que mutuamente se refuerzan y que alcanzarán su plenitud en el siglo XIX.

Pero todo eso, en un marco político e institucional yermo. Con algunas peticiones prudentes a las autoridades borbónicas durante algunas décadas. En general, poco atendidas. E incluso con algunas normas económicas, como la introducción del catastro, que se consideraron negativas —algunas realmente lo fueron durante algún tiempo—. Y con impuestos indirectos crecientes. Pero todo eso frenó, aunque no impidió, el proceso de recuperación del país.

Hubo dos acontecimientos que ayudaron muchísimo. El primero, que desde la sentencia de Guadalupe de 1483, que puso fin a la guerra dels Remences, los payeses catalanes habían dispuesto de un marco jurídico favorable. Más favorable que el de los campesinos de los países europeos, lo que permitió un buen desarrollo económico y social, ya evidente a partir de finales del siglo XVI y especialmente a finales del siglo XVII. Es decir, cuando, sobre la base de una Cataluña que estaba superando la decadencia económica y social, la llamada generación de 1680 —la de Feliu de la Penya— formuló un programa de recuperación política y económica del Principado. Dirigido a Cataluña, pero defendido tanto en el Consejo de Aragón como en la Corte. Un programa que, en lo que concierne a Cataluña, se basaba en la especialización económica y los intercambios comerciales. Pero, además de esa base sólida, sobre todo agraria pero también industrial, otro hecho positivo para Cataluña fue que ya desde finales del siglo XVII, pero mucho más a lo largo del siglo XVIII, la demografía catalana tuvo un gran crecimiento. Cataluña dispuso de mucha gente, y de mucha gente joven.

Esta duplicidad entre el crecimiento demográfico y económico, por un lado, y la sumisión política, el ataque gradual contra la lengua y el derecho civil y la falta de instituciones, por otro, ha dado lugar a dos interpretaciones historiográficas que han tenido su peso en la formulación del catalanismo que aparecería ya en el siglo XIX y, sobre todo, en el siglo XX.

Por un lado, la de Ferran Soldevila, que define la Cataluña del siglo XVIII como «un país que se esfuerza en ser provincia». Es decir, que renuncia a tener personalidad propia. Un país que dimite. En cambio, Vicens Vives y Pierre Vilar lo presentan como un siglo de recuperación y de vitalidad. Y los tres tienen razón. Cataluña deja de reivindicar su antigua entidad política y constitucional, es decir, de hecho acepta lo del «fin de la nación catalana». Pero actúa con una formidable energía y creatividad en el terreno económico y empieza a crear una sociedad sólida. Al cabo de tres o cuatro décadas, supera la mentalidad de estricta supervivencia, comercia con todo el Estado, también con una buena parte de Europa e incluso con el Imperio otomano. Y hasta recupera la idea de Feliu de la Penya de crear compañías para comerciar con América (aunque de momento sin éxito por la prohibición de hacerlo). Transforma su producción agraria en artículos más elaborados y de más rendimiento (por ejemplo, el aguardiente, que exporta a todo el mundo), y en el campo industrial el progreso también es muy notorio. Y diversificado. Tejidos, curtiduría, metalurgia y maquinaria (desde los talleres textiles hasta las armas de fuego, o las herramientas para la agricultura), mestres d’aixa, aserraderos, etcétera. Aún más, la monarquía abre la mano y permite la creación de entidades como la Junta de Comercio de Barcelona, que tuvo un papel positivo. Y finalmente concede a los catalanes —en realidad a los naturales de lo que había sido la Corona de Aragón— el derecho a comerciar directamente con América. Todo eso, acompañado de una gradual superación del repliegue intelectual que se había producido justo después de 1714. Por ejemplo, a pesar del sentimiento antifrancés, fruto en parte de la guerra dels Segadors y agravado por la guerra de Sucesión, y a pesar del tono lógicamente conservador de una sociedad que en ciertos aspectos —por lo menos durante algunas décadas después de 1714— estaba en posición defensiva, en el último tercio del siglo XVIII las ideas de la Ilustración francesa se habían empezado a introducir. Influencia que en parte fue liquidada por la invasión napoleónica y la guerra del Francés.

Se puede decir que Cataluña llega a final de siglo con un buen impulso económico y social, con una demografía fuerte y con una cierta recuperación de la sociedad civil: la Junta de Comercio, la Sociedad de Amigos del País, escuelas y academias y toda una serie de proyectos ilustrados alrededor de 1780. La invasión napoleónica y la guerra del Francés (1804-1813) frenó todo este proceso. Intelectual, como he dicho antes, y económico. La guerra Carlista (1833-1839) y en general el clima político agitado de la primera mitad del siglo XIX también significaron un freno. Unas décadas de gran desarrollo en una gran parte de Europa occidental y durante las cuales España progresa poco pese a algunas medidas modernizadoras. De hecho, se queda a la zaga, pierde posiciones. Pero Cataluña, pese a verse afectada por el estancamiento español, supera las crisis que se van produciendo y se planta en el último tercio del siglo XIX habiendo transformado profundamente su economía, su sociedad y su mentalidad. ¿Por qué ese cambio tan positivo y tan diferente del resto del Estado? ¿Por qué, por ejemplo, Andalucía empieza el siglo XIX siendo, tal vez junto con Asturias, la región más rica de España y lo termina mucho más atrás? ¿Por qué en cambio Cataluña, a lo largo de todo el siglo XIX, sigue con la recuperación del siglo XVIII y la acentúa?

Todo el Estado español había progresado durante el siglo XVIII. Sobre todo fue positivo el reinado de Carlos III. Pero esa evolución se interrumpió radicalmente con la invasión francesa, la guerra de Independencia y el desbarajuste general que se instaló en España prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Permaneció distanciada de Europa durante muchas décadas. En realidad, la superación definitiva de esta situación no se empieza a producir con suficiente consistencia hasta 1960.

¿Por qué Cataluña recupera rápidamente el pulso después de la guerra del Francés y España no lo consigue? ¿Por qué la crisis política y la fractura ideológica y social que castiga a España, y en mayor o menor grado a Cataluña, aquí no consigue parar el proceso de recuperación y de modernización? Creo que la explicación es que este proceso, a lo largo de todo el siglo XVIII, se basa en el esfuerzo y en la iniciativa de la gente, de la sociedad. No del poder político. Cataluña había sido decapitada en 1714 política e institucionalmente. Pero, a partir de entonces —de hecho, reconstruyendo y siguiendo la mentalidad que he explicado de finales del siglo XVII—, la gente, los payeses, los industriales, los artesanos y los tenderos, los arrieros que comerciaban con España, etcétera, es decir, la sociedad en general —que no dependía ni esperaba casi nada del rey ni del poder político, en una época, además, en la que el poder político y administrativo no era tan invasor ni tan decisivo como ahora—, toda esa gente siguió trabajando. Y lo hizo cada vez más. Y cada vez mejor. En el conjunto del Estado había poca sociedad, pero en Cataluña «haberla, hayla». Era una sociedad que no necesitaba que le dijeran o le mandaran «haz esto o haz lo otro». Ésa fue la riqueza de Cataluña, que tomó impulso en el siglo XVIII y que llegó a un nivel muy alto en el siglo XIX. Y que conquistó el mercado español, sobre todo el de la lana y el algodón. Y que cada vez más se desbordó hacia la actividad cultural, intelectual y artística. Y, finalmente, política. Pasando por una etapa decisiva: el inicio de la recuperación de la memoria de lo que Cataluña había sido.

Porque es cierto que, durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, en Cataluña se había producido un olvido considerable de lo que habían sido las instituciones catalanas. Y las constituciones del Principado de Cataluña. Es lo que decía Soldevila: «Cataluña se había esforzado en ser provincia». O quizá simplemente la concentración del esfuerzo del país en el trabajo, la creación de riqueza y el impulso de una sociedad dinámica habían situado muy en segundo término la acción y el pensamiento políticos, muy limitados, además, por la estructura y la administración borbónica. No es que intelectualmente el país se quedara a cero. Existen, por ejemplo, nombres importantes del pensamiento jurídico y económico como Romà i Rossell y Jaumandreu, y la propia Universidad de Cervera, pero en conjunto el nivel era bajo, sin vínculos con la historia anterior a 1714.

Todo eso no quita que el sentimiento popular de catalanidad siguiera siendo fuerte. En el vivir de cada día, y evidentemente en el hablar, pese a la política asimilacionista de la monarquía, gradual pero sistemática («sin que se note el cuidado»). Todavía no había llegado la ley Moyano, que establecería la escuela pública exclusivamente en castellano, aunque aún no obligatoria. Y durante décadas y décadas los rectores siguieron usando el catalán en el registro de nacimientos y matrimonios. Pese a la presión de los obispos.

Podríamos resumir diciendo que Cataluña, en la segunda mitad del siglo XVIII — cincuenta años después de 1714—, era un país emergente, políticamente decapitado, pero con impulso económico.

Por otro lado, el país demográficamente no sólo estaba en fase ascendente, sino que era homogéneo. No había inmigración, o en todo caso no era importante. Y sobre todo se integraba rápidamente y sin problemas. Es el caso, durante los siglos XVII y XVIII, de la entrada principalmente de franceses, a menudo llamados gavatxos, que naturalmente no hablaban castellano —cabe decir que la mayoría de los catalanes tampoco— ni a veces francés, o puede que un mal francés, dado que la mayoría eran occitanos. Por lo tanto, la integración era rápida y total.

O sea que Cataluña era una país sin poder político, homogéneo por su lengua y mentalidad, y que de una forma precoz estaba dando los primeros pasos de la revolución industrial. Y socialmente conjuntado. Pero sin poder político, y había perdido la memoria de su historia y de sus instituciones. Lo último, dicho con excepciones, cultas y minoritarias y en todo caso social y políticamente inermes.

Cataluña había perdido la memoria.

Se comprende, por lo tanto, que en el momento de la invasión napoleónica algunas sugerencias francesas de antiguas libertades, como el uso del catalán en los documentos oficiales, no influyeran en la actitud catalana, con muy pocas excepciones. Es preciso decir que la mayoría de la población era antifrancesa por recuerdos históricos, por la brutalidad de las tropas francesas, por el tono antirreligioso de la revolución y por el temor de una colonización económica que arruinaría la naciente industria catalana. Pero, además, se había perdido la memoria histórica y política. No absolutamente. Recordemos, por ejemplo, los discursos de Capmany y de Aner en las Cortes de Cádiz. Pero era una memoria muy minoritaria y a menudo más nostálgica que propositiva. El proceso de modernización de Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX, aunque positivo en muchos aspectos, en ese sentido tampoco ayudó. Por ejemplo, el liberalismo —que penetró con fuerza en la sociedad catalana— ayudó a la apertura política, social y económica, pero de hecho dejó de lado todo lo que fuera reivindicación histórica, todo lo que oliera a antiguo. Hay que decir que, más adelante, del propio liberalismo surgió una de las ramas, y potente, del catalanismo. Pero tardó.

Esa situación, sin embargo, va cambiando a medida que avanza el siglo. Primero, porque el crecimiento económico, la mejora de las condiciones de vida, el papel ascendente de la ciudad de Barcelona, una creciente influencia intelectual y artística de Europa, el incremento de las iniciativas sociales de todo tipo, todo este conjunto de factores va produciendo una recuperación de la confianza y de la autoestima, y va conduciendo a una recuperación de la conciencia colectiva.

Lo cierto es que, durante el siglo XIX —y por decirlo de forma resumida— existen una serie de corrientes ideológicas, sociales, artísticas, políticas (o prepolíticas), religiosas y económicas —a veces convergentes o coincidentes, a veces más contrapuestas— que contribuyen a un resultado: el de recuperación de la memoria y el despertar del espíritu reivindicativo. De recuperación de lo que habíamos sido. Es decir, desemboca en el catalanismo.

No se puede describir la Cataluña del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX hablando del catalanismo como un fenómeno aparte de los otros movimientos sociales de la época. Está el movimiento obrero, está el papel que desempeña la burguesía industrial, están los grandes y variados movimientos artísticos e ideológicos propios de ese tiempo. Como en toda la Europa occidental más desarrollada, con la particularidad, solamente, de la importancia del anarquismo en Cataluña. Y también con la particularidad de que todo eso se produce en un país, Cataluña, que se afana por recuperar su memoria, salvar su identidad, conquistar el autogobierno y crear una sociedad moderna, equilibrada y justa. En el catalanismo —de hecho, en el nacionalismo catalán— confluyen la concienciación identitaria (la lengua, la cultura, las corrientes artísticas, la memoria, el sentimiento…) y el proyecto de un país moderno, económicamente potente y muy abierto a las corrientes sociales, políticas y culturales de Europa occidental.

Era un movimiento que se había ido forjando durante una gran parte del siglo XIX mediante el renacimiento literario, y de una creciente inquietud intelectual, del crecimiento y modernización de la economía industrial, de un sentimiento colectivo, de nuevas posibilidades en todos los ámbitos, de la incomodidad producida por un Estado español que frenaba más que impulsaba y que en ciertos aspectos estaba fracasando. Y, ahora sí, de la recuperación de una memoria histórica que, en definitiva, iba a desembocar en una fuerte conciencia de país. Y todo muy plural, porque tenía raíces conservadoras y tradicionales —en parte carlistas— y raíces liberales, republicanas y, en general, digamos que de izquierdas.

No es el momento de entrar a detallar la evolución del catalanismo. Ni su evolución interna —de la Lliga a Esquerra— ni su relación con el obrerismo, que en Cataluña estaba muy influenciado por el anarquismo y perjudicado por el fracaso e incluso el asesinato de algunos de sus dirigentes más moderados, más sólidos y de sensibilidad más catalana, como Layret y Seguí. Y por el enquistamiento y el miedo, que se apoderaron de algunos sectores conservadores, que se radicalizaron mucho. Lo que hay que subrayar es que el catalanismo ha sido el movimiento más determinante de la Cataluña del siglo XX y que incluso ha tenido un papel muy importante en la política española.

Tan sólo un inciso antes de seguir. Probablemente desde el primer momento habría sido conveniente que la reivindicación política y nacional se hubiera formulado en términos más precisos de lo que se hizo. Probablemente habría sido conveniente hacer como los escoceses, que también perdieron la independencia a principios del siglo XVIII, y que ahora han planteado la recuperación del autogobierno en términos de devolution, es decir, de que les devuelvan lo que tomaron, lo que en nuestro caso sería: «Devolvednos las constituciones de Cataluña que nos quitasteis en 1714». Naturalmente con los retoques que el país precisara, pero conservando el hecho básico de soberanía. Es decir, aferrándose a los derechos históricos. (Cabe decir que en el caso de Escocia eso se produjo mediante un tratado —el Tratado de la Unión— y no «por justo derecho de conquista», como en el caso de Cataluña. Aunque en realidad fue un tratado impuesto.)

Pero, pese al fuerte contenido histórico e historicista de Cataluña, lo cierto es que éste convivía con un ansia muy fuerte de modernidad que —a mi parecer, erróneamente— nos ha conducido a querer empezar de cero la reconstrucción de nuestras instituciones.

Para que se entienda lo que quiero decir, pondré un ejemplo que ya he explicado en alguna ocasión. El de Navarra. Como es sabido, Navarra tiene un régimen económico y fiscal muy favorable. Con mucha soberanía. A través de los fueros, que de hecho son un pacto que Navarra —el reino de Navarra— ya en el siglo XVI acordó con la monarquía española, es decir, con el Estado. Y ratificado en gran parte después de las guerras carlistas.

En el momento de la Transición hubo en Navarra una corriente de opinión —política e ideológica— partidaria de prescindir de los fueros. Los consideraban poco modernos, anacrónicos. Impropios de una economía del siglo XX. Tengo que decir que, además de los argumentos técnicos, influía un pensamiento que en el siglo XIX había sido liberal, y que hacia 1970 era principalmente socialista y más genéricamente progresista. Y con ansias de ser moderno. Yo recuerdo políticos navarros socialistas que años más tarde me decían: «Fue una suerte que a finales de los setenta y principios de los ochenta nosotros no ganáramos las elecciones en Navarra, porque habríamos cometido el disparate de prescindir de los fueros, dado que los considerábamos tronados y reaccionarios. Cuando, años más tarde, ganamos las elecciones, ya nos habíamos dado cuenta, por la práctica, de que los fueros —puestos al día y hasta mejorados— eran una bendición. Una garantía de autogobierno y de progreso».

En el caso de Cataluña ese dejar de lado los derechos históricos y llevar a cabo un planteamiento nuevo no fue muy radical.

Pero el caso es que las cosas son como son. Y tenemos que trabajar con lo que somos, lo que tenemos y lo que la historia nos ha dejado. Y como nos ha configurado. Y como vamos viendo, ahora que en este repaso histórico ya estamos a finales del siglo XIX, podemos afirmar que este pueblo, que a partir de 1714 tenía que ir desapareciendo «sin que se note el cuidado», se había ido recuperando y llegaba a finales de siglo con vitalidad renovada.

¿Cuáles han sido las líneas básicas del catalanismo desde que, a partir del último tercio del siglo XIX, se consolidara como un gran movimiento cultural e ideológico, social y económico y finalmente político? Estamos hablando de lo que podríamos llamar «las ideas centrales del catalanismo». Del conjunto del catalanismo. Del federalismo de Almirall a la nacionalidad catalana de Prat de la Riba. Del catalanismo de Cambó al de la Esquerra Republicana del presidente Tarradellas. Del catalanismo del doctor Cardó al de Serra i Moret.

Han sido:

1. Afirmación y reconocimiento de Cataluña como país con personalidad propia por su lengua, cultura, historia, conciencia y sentimiento colectivos, voluntad de ser y propósito de elaborar y realizar un proyecto propio de país.

2. Conciencia de que todo eso requiere una amplia capacidad de autogobierno. Un autogobierno al que Cataluña tiene derecho precisamente por el hecho de tener una personalidad propia bien definida y de ser consciente de ello. Y, por lo tanto, de sentirse llamada a llevar a cabo una acción colectiva muy propia, es decir, respondiendo a esa identidad y que sea útil a todos sus ciudadanos y consolide su personalidad, tanto de Cataluña hacia dentro como de Cataluña hacia fuera.

3. Eso, en sus manifestaciones mayoritarias, el catalanismo no lo ha planteado en términos de independencia, es decir, de ruptura con España, sino reclamando una reforma del Estado que hiciera posible el reconocimiento y el autogobierno de Cataluña. Un autogobierno lo bastante importante como para permitir un desarrollo consistente de un proyecto cultural e identitario, social y político de Cataluña.

4. Este planteamiento se hizo durante todo el siglo XX, con fuerza y ambición en los períodos favorables, y con las limitaciones impuestas durante las dictaduras. Pero de forma constante e inalterable como corriente de fondo. Lo hizo la Lliga, lo hicieron Esquerra Republicana y el Moviment Socialista de Catalunya, lo hizo el PSUC, lo hizo el presidente Tarradellas, lo hicieron los Gobiernos de CiU, el propio tripartito, y en general todas las fuerzas políticas catalanas desde la Transición hasta ahora. Con muy pocas excepciones y, además, poco determinantes.

5. Naturalmente eso conlleva un compromiso del catalanismo de contribuir al progreso general del Estado español. Un compromiso que el conjunto de Cataluña ha cumplido. Y lo ha cumplido bien. Ha realizado una aportación muy importante al cambio positivo que ha llevado a cabo España durante el siglo XX, y muy especialmente desde 1960.

6. Este mismo planteamiento es el que recuperó el catalanismo —el nacionalismo catalán después de la dictadura franquista—. Hay que recordar que fue una inversión especialmente brutal de la política de nivelación política, social, lingüística y cultural de Cataluña. De hacer realidad lo del «fin de la nación catalana».

Alrededor de los años noventa mucha gente decía: «Nos tenemos que felicitar porque lo que habíamos propugnado y defendido hace un montón de años, cuando éramos jóvenes, se ha hecho realidad. La democracia en España, el progreso económico y social, la autonomía de Cataluña, la reforma del Estado en un sentido menos centralista y la integración en Europa». En gran parte era verdad, pero con la reserva y la preocupación por mi parte de que algunos de esos objetivos no me parecían consolidados o se habían conseguido tan sólo a medias (especialmente el del autogobierno catalán). De todas formas, básicamente era verdad que de 1970 a casi el año 2000 todo sucedió de una forma que permitía esperar que el conjunto de nuestros objetivos, también el del autogobierno y el del respeto de nuestra identidad, acabara teniendo un grado suficiente de aceptación y de garantía. Pero eso cambió con la entrada al nuevo siglo. Con la entrada a la década de las decepciones, como muy bien la ha descrito Joan B. Culla. Y de las crisis, o simplemente de cambios radicales, en todos los ámbitos. De las nuevas tecnologías, de una globalización muy potente, del freno a la construcción política de la Unión Europea, de la crisis económica en Estados Unidos y en Europa, del agotamiento del impulso positivo, económico, social, político e incluso institucional del Estado español iniciado con la Transición…

Todo ello ha repercutido en Cataluña, donde además el impacto demográfico ha tenido gran magnitud, con la inmigración, en diez años, más diversa y, en términos relativos, la más fuerte de toda Europa. Y es en este marco en el que el pacto de la Transición, o más exactamente el espíritu positivo que en el momento de la Transición parecía inspirar la relación entre Cataluña y España —o, como se había denominado, el encaje entre Cataluña y España—, se rompe.

Hace ya algunos años que se observa que, por parte del Estado español, el objetivo ya no es contener una reclamación, según su parecer, excesiva de autogobierno, o mantener un nivel muy alto y muy discriminatorio de la aportación económica catalana en concepto de solidaridad, etcétera. Ahora ya el objetivo es ir reduciendo nuestra personalidad colectiva. Es conducirnos a la residualización y a la despersonalización como país. Que ya fue el propósito del decreto de Nueva Planta.

Es preciso decir —y es algo que debemos tener muy presente— que hay errores nuestros que han contribuido a esta evolución negativa. Errores de Cataluña. El último, la forma en que se planteó la propuesta del nuevo Estatuto.

Todo lo que se diga respecto al engaño de los partidos españoles, las campañas de catalanofobia, el escándalo del Tribunal Constitucional, la actitud general española de hostilidad, es cierto. Muy cierto. Pero ha habido algunos errores nuestros. Errores de imprudencia y de ligereza, y de táctica, que todos los catalanes debemos asumir como propios, sin necesidad de hacer internamente munición partidista. Sin que eso para nada quite gravedad al propósito de destrucción de la identidad catalana constantemente presente, con pocas interrupciones, en la política española. No debemos tampoco olvidar que el proyecto catalán tal y como ha sido asumido por la gran mayoría del pueblo catalán desde la Transición hasta hace poco ha reportado beneficios considerables. De estabilidad, de progreso, de convivencia, de integración y cohesión, etcétera. Por acción política e institucional, y por clima cívico y social. Durante tres décadas de prestigio dentro y fuera de Cataluña. Todo eso ahora ya no tiene la misma intensidad, pero muchos de esos aspectos positivos aún perduran.

Pero ahora la situación y las actitudes han cambiado radicalmente. Existe esa actitud muy general de hostilidad que ya he mencionado. En toda España y en todos los ámbitos. Y existe la idea clara de que ha llegado el momento de acabar con esa extraña, absurda y molesta anomalía que es Cataluña. Extraña por la lengua y por el sentido de identidad propia, y molesta porque no termina de encajar en la estructura y la maquinaria del Estado.

No hace mucho, en una reunión de gente de muy alto nivel de la política, la economía y la administración españolas, dirigiéndose a unos catalanes que discutían temas de lengua y de financiación —de hecho, de autogobierno—, alguien les dijo: «Habéis perdido la guerra». Y: «No os necesitamos, porque, en cualquier caso, y aunque haya tensión, seguiréis contribuyendo al PIB español con un veinte por ciento y además con déficit fiscal». Y también: «Y en momentos de crisis grave económica y social, si necesitamos vuestro apoyo político y parlamentario, nos lo daréis porque el derrumbe también os perjudicaría». Para remachar el clavo terminaron así: «Además, todo eso no tiene importancia, porque la inmigración os va a comer. Dentro de dos generaciones todo eso de la lengua y la autonomía se habrá acabado».

Nadie discrepó. Porque todo indica que éste es ahora el proyecto español. Tal vez un poco aliñado por el intento de encontrar alguna complicidad, pero que igualmente nos conduciría a la residualización como pueblo y como sociedad. Y que en todo caso no deja margen al planteamiento tradicional de Cataluña durante todo el siglo XX, también y muy especialmente durante los últimos cincuenta años. Es decir desde 1960. Y ahora ¿qué hay que hacer?

Ahora la respuesta del 12 de septiembre de 1714 no nos basta. La de la resignación política e institucional y de refugiarse en el trabajo. Ahora eso nos conduciría rápidamente a la residualización, primero, y a la desaparición, poco después.

Porque la Cataluña del siglo XVIII era homogéneamente catalana por la lengua, el sentimiento y la conciencia. La inmigración francesa que hubo en los siglos XVII y XVIII no hablaba castellano e incluso su francés era a menudo muy malo, o estaba muy mezclado con el occitano. Hasta muy entrado el siglo XIX, el francés no se convirtió en la lengua habitual de todos los franceses. Y de hecho la inmigración era escasa. Por otro lado, la homogeneidad catalana obligaba a que la integración de los inmigrantes fuera rápida. Por lo tanto, nada que ver con las masivas inmigraciones actuales. Entonces los grandes instrumentos de uniformización todavía no actuaban. Por ejemplo, la escolarización era muy limitada. Hasta mediados del siglo XIX, en España no había escuela pública, y no fue obligatoria hasta bien entrado el siglo XX. Escuela pública en castellano y sin referencias de signo catalán. O bien, la televisión. A partir de los años cincuenta del siglo XX empieza a funcionar una televisión para todo el Estado de lengua y contenidos españoles sin ninguna concesión al catalán, aparte de alguna pincelada. Y con la radio había sucedido lo mismo. Y con el cine, y en general con la industria audiovisual. Y hasta hace muy poco con la Administración, cada vez más invasiva. La incidencia del Estado ahora es mucho más efectiva, en todos los terrenos. El proceso descatalanizador que se pudo producir a nivel popular durante más de doscientos años después de 1714 fue limitado.

Ahora eso no es así. No lo es por una combinación de los medios de comunicación, de las inmigraciones y de un incremento de la capacidad de presión del Estado (que sólo podríamos compensar con un autogobierno muy potente y muy bien definido), y en general por todo el proceso de la globalización. Y por voluntad expresa del Estado español y de sus instituciones. Existe un antes y un después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo subrayo: existe un antes y un después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ahora vale lo que me dijo hace unos años el embajador de Estonia, un Estado independiente reciente que tiene, por cierto, una historia de éxito. Me dijo: «Los estonios hemos tenido mucha suerte. La tuvimos con la independencia de 1918 —que duró veintidós años— y sobre todo con la de 1991. La verdad es que no contábamos con ello. Si los cincuenta años de anexión a la Unión Soviética —es decir, al imperio ruso— hubieran durado cincuenta más, con nuestra pequeña dimensión y un treinta por ciento de inmigración rusa, creciente, y la presión rusa política y económica a la que nos sometían, probablemente habríamos ido desapareciendo. Y Letonia, mucho peor, porque tenía más presión rusa, política, demográfica y económica. Hay que tener en cuenta que al fin y al cabo la Unión Soviética era relativamente respetuosa en temas culturales y lingüísticos con las diferentes nacionalidades. Es que sin soberanía y sin frontera no se puede sobrevivir». «Y sin voluntad de sobrevivir —le dije yo—, pero también hace falta un poco de suerte, como usted mismo ha dicho.»

No hace muchos años, en 2004, pronuncié una conferencia —una más— para intentar hacer entender a la gente que la independencia de Cataluña era un objetivo de muy difícil consecución. Expliqué que las nuevas independencias europeas de principios de los noventa —también las de los años veinte—, como las de Estonia, Eslovenia, Ucrania y diez o doce países más, eran el resultado de un sentimiento nacional fuerte, pero también, y de forma muy decisiva, de la explosión de los Estados plurinacionales o imperios. Y previsiblemente no habría en Europa occidental explosiones como ésas. Decía que eso es algo que debemos tener muy presente. Por otro lado, y una vez más, insistía en la bondad de nuestro proyecto de entendimiento y de nuestra manera de hacer. Muy nuestra. Pacífica, dialogante, colaboradora, respetuosa y orientada hacia lo que hemos denominado «un encaje sólido y fructífero».

Ahora y aquí, en Europa occidental, podría valer, tal vez, lo que hace poco explicaba el primer ministro de Quebec. Que no tiene frontera ni la soberanía de un Estado independiente, pero que es fruto de un reconocimiento muy sustantivo del pueblo quebequés como nación. Un acuerdo, como ellos dicen, entre dos pueblos, el de raíz inglesa y el de raíz francesa. Un acuerdo que garantiza de forma fehaciente un amplio autogobierno, también económico, y sobre todo la identidad francesa a través de la política social y de educación, cultural, lingüística y de inmigración. Y que también garantiza un Estado del Canadá satisfactorio.

Éstas son las garantías que ahora Cataluña debe reclamar, y a las que, bajo ningún concepto, puede renunciar, porque está en juego realmente poder ser un país y una sociedad consistentes y con futuro, o escurrirnos hacia la residualización.

Pero ya es muy evidente que España no quiere eso. Que ahora lo que define la idea y el propósito dominantes en la política y en la opinión pública española es aquello tan brutal de «habéis perdido». Y que «dentro de dos generaciones todo eso de la lengua y de la autonomía se habrá acabado».

Ahora, con la fuerza que hoy tiene un Estado moderno, fuerte y centralizado, y con la presión que en todos los sentidos ejerce la globalización tecnológica y audiovisual, y con una presión demográfica cada vez más fuerte, la residualización sería inevitable. Ahora desapareceríamos.

La España que ahora dibujan el Tribunal Constitucional, los grandes partidos españoles y un muy potente movimiento de opinión española, que ha recuperado sus objetivos tradicionales, nos ahogaría. Por lo tanto, entre la residualización y la independencia, deberíamos optar por la independencia. Conscientes de que lograrla es muy, muy difícil. Pero es el camino que deberíamos emprender si no se nos ofreciera otra salida que garantizara un amplio autogobierno, una financiación justa y un mantenimiento efectivo de todos nuestros elementos de identidad, empezando por la lengua y la cultura. Lo único que nos podría salvar serían el pensamiento y la actitud independentistas como herramientas de trabajo. Porque, como mínimo, sería posible una actitud y una acción de resistencia fuerte. De resistencia creativa, es decir, no aislada, no cerrada en nuestro propio territorio, pero sin entregar ni nuestro pensamiento ni nuestro proyecto de país y de sociedad a un poder que se afana en arrinconarnos. Porque, mientras nos esforcemos en esta dirección, iremos haciendo camino. Y el país se mantendrá vivo.

Acabo con dos consideraciones.

Cuando se habla de la muy difícil viabilidad de la independencia, hay que tener en cuenta que, desde el punto de vista económico, una Cataluña independiente sería perfectamente viable. Es algo que está bien estudiado. Pero, además, tenemos el argumento de la experiencia. Si Irlanda, Estonia, la República Checa, Eslovenia y Dinamarca son independientes, también podría serlo Cataluña.

Mucho más difícil sería la viabilidad política. Por la radical oposición española y por la reticencia inicial de la Unión Europea, que ya tiene suficientes quebraderos de cabeza y que ya intentó frenar algunas independencias recientes, aunque ha terminado aceptándolas. Otra dificultad política es que la independencia sólo se puede reclamar con una clara mayoría social. Pero se puede conseguir. Con tiempo y con movilización. E, indirectamente, debido al mantenimiento de la hostilidad política y de la discriminación económica y social que nos impone España.

Eso nos conduce a la tercera inviabilidad.

Con las condiciones que España nos impone, Cataluña no es viable. La Cataluña con posibilidades de progreso económico, con un buen Estado de bienestar, con capacidad de conformar una sociedad cohesionada, con convivencia e integración, con capacidad también de mantener y fortalecer su identidad… esa Cataluña no es viable. Puestos a hablar de qué es viable y de qué no lo es, debemos saber que, en las condiciones en las que nos quieren hacer vivir en el marco español, no somos viables.

El otro comentario, y el último. O penúltimo.

Así las cosas, puede ocurrir que se extienda por Cataluña un sentimiento de desánimo. Y un interrogante: ¿qué tenemos que hacer?

Insisto en lo que he dicho: no podemos ni debemos establecer ciertos paralelismos con los países de Europa oriental. Lo preciso: paralelismos políticos. Es otro mundo. En cambio, sí podemos fijarnos en algunas actitudes.

Hace años recibí la visita del lituano Vytautas Landsbergis, quien había mantenido viva la idea de la independencia en las condiciones más difíciles propias de un disidente de la Unión Soviética. Finalmente, de una forma bastante inesperada, Lituania fue independiente.

Landsbergis me dijo: «Es verdad que hasta los que manteníamos una profunda fidelidad lituana considerábamos muy improbable la independencia. Incluso imposible. Pero jamás dejamos de labrar nuestros campos, ni de formar buenos músicos y buenos actores (Landsbergis era profesor de violín), ni de hablar lituano a todas horas y en todas partes, ni de mantener vivo en nuestra juventud el recuerdo de nuestra historia, ni de mantener operativas nuestras redes sociales… No dejamos de mantener vivo el sentimiento y la voluntad de país. Y nuestra dignidad. Es verdad que no contábamos con que, un buen día, casi por sorpresa, seríamos independientes. Pero queríamos salvar el sentimiento y la conciencia, la cultura y la lengua, los hábitos sociales y económicos propios de una nación. Incluso de una nación independiente. Creíamos que eso nos salvaría». Es decir, en cierto sentido muchos lituanos se sentían independientes y actuaban, siempre que podían, como si lo fueran. Eso, aplicado a todo y en todos los ámbitos y niveles, lo máximo que pudieron.

No es la primera vez que a la gente de mi generación se nos dice que Cataluña se ha terminado. Ya se nos dijo en 1939 y en 1950. Hasta tal punto que yo personalmente en el año 1950 abandoné. Tras tres largos años de organizar conferencias, imprimir papeles clandestinos, pintar «Visca Catalunya» en las paredes y poner banderas catalanas, lo vi todo tan negro que lo dejé. Creí que definitivamente Cataluña se había quebrado. Y me desentendí. O lo intenté. Pero al cabo de cuatro años me sorprendió notar síntomas de vitalidad que no me esperaba. La quiebra todavía no se había producido. Pese a ser tan evidente que, haciendo números, era inevitable. Quise saber por qué. Y descubrí que Cataluña tenía mucha más energía y más solidez de la que aparentaba. Mucha más. Y me puse de nuevo manos a la obra. Hasta hoy. Pero ahora podríamos volver a tener la tentación del desánimo. O de la frustración. No caigamos en ella. Los que tenemos la experiencia de una primera deserción, y también de una muy importante remontada, nos sentimos autorizados a reclamar que nadie se rinda. Que no renunciemos a nuestro derecho de decidir sobre lo que para Cataluña y para nuestra gente es esencial, desde la identidad hasta una estructura social justa, cohesionadora, de convivencia e integración. Sobre nuestra capacidad de formular y realizar un proyecto colectivo ambicioso para el país en general y bueno para todas las personas que viven en él.

No podemos renunciar a todo eso. Ni a la dignidad. A nuestra dignidad como pueblo. Probablemente algunos no se hayan dado cuenta de que ya hace tiempo que, tanto como las finanzas, la lengua y las competencias de autogobierno, lo que se ha herido es nuestra dignidad. Es aquello que he dicho antes: «Labrar los campos, defender la identidad y vivir y actuar con dignidad». Y, siempre que sea necesario, con orgullo. No con fanfarronadas, sino con orgullo. Con mentalidad independiente.

Todo eso a sabiendas de que, en todos los sentidos, tenemos mucho más país de lo que algunos creen. Lo constaté en el año 1954, cuando me puse de nuevo manos a la obra. Lo constato ahora cada vez que hago balance. Y ahora me sirve, y nos sirve, la conclusión de entonces: que en Cataluña debe haber una fuerza que los contables y los analistas y los expertos no acaban de definir demasiado bien, pero que sostiene al país y le da impulso. Pero es necesario que creamos en el país. Y que seamos consecuentes. Que no dejemos que se apaguen jamás nuestra fe y nuestra esperanza.

«HABÉIS PERDIDO Y NO OS NECESITAMOS»

Editorial publicado el 22 de junio de 2011

Hay gente que se escandaliza porque en Cataluña se dicen cosas como las siguientes: «Existe una creciente desafección entre Cataluña y España», o bien: «Algo se ha roto» (se entiende que entre Cataluña y España). O «se acabó la confianza».

O se habla de ser residuales o independientes. O se dice que «los puentes sentimentales y políticos entre España y Cataluña se han roto».

Expresiones así las ha utilizado gente con mucha responsabilidad, desde el presidente Montilla hasta Miquel Roca o Josep Maria Castellet, o yo mismo. Incluso se apunta Felipe González, por lo menos en parte, en el libro que ha publicado conjuntamente con Miquel Roca (con el título significativo de ¿Aún podemos entendernos?). Y yo mismo confesé hace poco que estábamos ante un dilema muy serio entre ser residuales o ser independientes.

Pero en España el clima es parecido, o peor. Peor porque responde a una actitud especialmente destructiva. Es ilustrativa la reciente conversación en Madrid entre personas no catalanas de muy alto nivel económico y político y un par de catalanes bastante representativos y en absoluto radicales, pero sí críticos con el trato que recibe Cataluña, aunque deseosos de evitar que se acentúe el distanciamiento y la fractura.

Los de Madrid no se anduvieron con chiquitas. A los dos catalanes ingenuamente bien intencionados les lanzaron, una tras otra, las frases siguientes: «Habéis perdido la guerra». O bien: «No os necesitamos, porque, en cualquier caso, y aunque haya tensión, seguiréis contribuyendo al PIB español con un veinte por ciento y además con déficit fiscal». Y también: «Y en cualquier caso, en momentos de crisis grave económica y social, si necesitamos vuestro apoyo político y parlamentario, nos lo daréis porque el derrumbe también os perjudicaría». Y para remachar el clavo acabaron así: «Además, todo esto no tiene importancia, porque la inmigración os va a comer. Dentro de dos generaciones todo esto de la lengua y la autonomía se habrá acabado».

No es una actitud excepcional. Ni es reciente. Ha sido evidente para todos, desde hace tiempo, que no se ha querido engañar. Como mínimo desde que el espíritu de la Transición democrática se fue desvaneciendo y reapareció —en la derecha y en la izquierda— el proyecto centralista y homogeneizador de España. Desde estos editoriales ya hace tiempo que advertimos que está sucediendo. Dando por sentado que en esta ocasión lo que está en juego no es tan solo el déficit fiscal, o un techo competencial más o menos alto, o determinadas infraestructuras, sino la continuidad de Cataluña como país. Como explicábamos en el editorial del día 1 de julio de 2008, superada la Transición, con el nuevo Estatuto metido en la trampa del Tribunal Constitucional y con una franqueza brutal en momentos de descontrol de la simulación, «ya empieza a ser hora de desenchufarles la respiración asistida».

Ésa es la actitud dominante ahora en España. De la derecha a la izquierda. Debemos ser conscientes de ello. Sobre todo, no debemos autoengañarnos. Y habrá que ver también cómo podemos resistir como sociedad y como país, como economía y como cultura, como proyecto de progreso y cohesión. Cómo nos enfrentamos a la crisis, cómo integrarnos bien y con mentalidad de ascensor social. Cómo damos respuesta al desánimo de sectores sociales y generacionales amplios.

Y lo podemos hacer. Ya hace tiempo que invitamos a que el país se baje del burro, a que sea realista. Pero lo hacemos —y eso es lo que hay que subrayar— con la convicción de que, si recapitulamos y hacemos recuento de lo que tenemos —es decir, de nuestros activos—, veremos que podemos salir adelante. Siempre y cuando, decíamos —y lo repetimos ahora—, recuperemos la seriedad.

«Contamos con lo que contamos», decíamos. «Añadámosle seriedad.»

Seriedad en el Gobierno y en general en la política. Seriedad en el sentido de hacer que las cosas funcionen. Con lo que tenemos y no nos pueden quitar y con la seriedad basta para que podamos avanzar. Porque, pese a la crisis, tenemos muchos activos.

Si la actitud de España ahora es que no nos necesitan, la nuestra debe ser lo más autosuficiente posible. Es decir, necesitarlos poco. Lo menos posible. Aunque no es cierto que hoy ellos puedan prescindir completamente de nosotros ni nosotros de ellos.

España anda lo bastante mal y ha actuado con demasiado desacierto como para prescindir de Cataluña. Evidentemente ellos dejan claro que de todos modos nuestra economía seguirá representando entre el dieciocho y el veinte por ciento del PIB estatal y que seguirán absorbiéndonos con el déficit fiscal. Pero sólo con eso no basta. Y es evidente que Cataluña está muy condicionada por la política y la legislación españolas. Pero una cosa es la legislación más o menos impuesta y otra la orientación que el país dé a su economía, a su trabajo cultural, a sus universidades, a su investigación y a sus obras sociales. Y a su voluntad de abertura al mundo y a la modernidad. Aquí tenemos más margen de lo que parece. Siempre que actuemos con seriedad, autoexigencia y una ambición equilibrada.

Ése es nuestro trabajo, ahora, como país. Nuestro trabajo más importante con diferencia. Conseguir que en Cataluña haya de nuevo un buen Gobierno. Conseguir que Cataluña se fortalezca interiormente en todos los sentidos. Resistir con la máxima firmeza los ataques contra la lengua catalana, descarados o sutiles y disfrazados. Puede que no vayamos a ser independientes, no lo sabemos. Pero, por lo menos, si somos menos dependientes, podremos ser más nosotros mismos.

Más allá del necesario y a veces doloroso esfuerzo de superación de la crisis económica y social, debemos ofrecer al país un proyecto renovado, económico, social y de cohesión. Un proyecto que entusiasme. Basado en nuestro esfuerzo y en nuestra creatividad mucho más que en lo que ahora pueda venir del Estado. Y basado en un fuerte sentido de la responsabilidad y del bien común.

Abierto a todo lo que sea necesario y convenga y se pueda. Pero, sobre todo, lo decisivo será lo que hagamos nosotros. Será el refuerzo interno de Cataluña.

LO QUE SEGURO QUE ES IMPOSIBLE

Editorial publicado el 13 de junio de 2012

Uno de los argumentos más potentes —para muchos el más potente— contra la independencia es la gran dificultad de conseguirla. Y es cierto que sería muy difícil. Por la radical oposición del Estado español, primero. Por una actitud muy reticente de la Unión Europea, también.

Por supuesto que hay ejemplos recientes de aceptación de un nuevo Estado por parte de la UE. Con reservas o incluso rechazo inicial, pero finalmente aceptándolo. Pero es cierto que, en nuestro caso, al pronto, costaría.

Tampoco sería fácil conseguir la amplia mayoría social que requiere una proclamación de independencia. Y seguro que de entrada no habría unanimidad. Pero es que no existe independencia alguna que se haya proclamado ni por unanimidad ni, normalmente, por una mayoría abrumadora. Salvo en casos de crisis muy graves y de implosión del imperio dominante, como en algunos países ex comunistas. Hay independencias recientes de Europa que se han proclamado con menos del sesenta por ciento de los votos. Y hace quince o veinte años la de Quebec se habría proclamado —la ley lo permitía— con una mayoría simple del cincuenta por ciento (pero los independentistas se quedaron justo por debajo del cincuenta por ciento de los votantes). O sea que sí es cierto que conseguir la independencia es muy difícil.

Pero, en el caso de Cataluña, tal como están las cosas, lo más difícil de todo es sobrevivir como país, con personalidad propia y con estructuras sociales positivas en las condiciones políticas e institucionales, económicas y financieras que nos imponen. Y también sería imposible, en estas condiciones, mantener nuestra identidad.

Dicen: «La independencia muy difícilmente es viable, y tiene riesgos». Y es cierto. Pero, con la no independencia, en el marco que España nos impone, lo que no es viable es Cataluña ni su desarrollo identitario, y tampoco económico y social.

No es posible, por ejemplo, mantener nuestro Estado de bienestar en el nivel en el que durante los últimos treinta años lo hemos situado. Y que permite la cohesión social, la convivencia, la integración de la inmigración y el refuerzo del país. Un país que tiene poco poder político y muy poco poder de coacción, y que por lo tanto tan sólo puede sobrevivir si es capaz de construir una sociedad acogedora y de progreso social.

Y, evidentemente, en las condiciones que nos imponen, no podremos mantener una identidad siempre presionada y muy a menudo agredida.

Hace poco Salvador Cardús decía que «una nación necesita un Estado para poder sobrevivir y garantizar el progreso de sus ciudadanos». Y así es. También se podría decir que lo que realmente requiere, más que un Estado y una bandera en la ONU, es poder de decisión en lo que es fundamental para construir la sociedad que sus ciudadanos necesitan y para garantizar y fortalecer su identidad. Más que la independencia formal. Y de hecho, tradicionalmente, ésta ha sido la orientación mayoritaria del nacionalismo catalán. Pero eso ha sido un espejismo. Lo que España quiere y quiere imponer es la residualización de Cataluña. Que Cataluña se vaya borrando gradualmente. Su pérdida de identidad y de capacidad de construir una sociedad de calidad para todos sus ciudadanos. Una evolución que ahora cree poder acelerar. Y es lo que hace.

Quiere hacer imposible que Cataluña esté en condiciones de construir una sociedad de calidad y de mantener su identidad. Es decir, quiere hacer imposible la Cataluña que muchos catalanes queremos, que queremos muchos de los siete millones de catalanes que somos.

Llegados a este punto, se entiende que haya un creciente estado de opinión favorable a la independencia. Que es difícil, pero no más que la supervivencia de Cataluña en la España que se va dibujando. Y que tiene la ventaja de que el camino que se hace —mucho o poco, parcial o total y definitivo— no se hace en la dirección de ir borrándola, sino en la de ir afirmándola. No en la de una creciente pasividad, sino en la de la creatividad. No en la del no ser, sino en la de ser. Y en la de la dignidad. Y finalmente en la del progreso material, social y moral. En la de la capacidad de ofrecer un horizonte positivo y no resignado a nuestro pueblo.

El caminante frente al desfiladero

Jordi Pujol

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Título original: El caminant davant del congost

© del diseño de la portada, Departamento de Arte y Diseño, Área Editorial Grupo Planeta

© Jordi Pujol i Soley, 2012

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© de la traducción del catalán de «Història d'un llarg camí», Agnès González Dalmau, 2012

© Ediciones Destino, S. A., 2013

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Primera edición en libro electrónico (epub): noviembre de 2013

ISBN: 978-84-233-4758-2 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L.

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