Una historia breve para hacer saber, comprender y sentir Cataluña en toda su sencilla complejidad. · Disponible en castellano y catalán. · La historia de Cataluña explicada de forma sintética, desde la prehistoria hasta la actualidad, y analizada en su contexto.

Jordi Canal

Historia mínima de Cataluña

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Titivillus 26.04.2018

Jordi Canal, 2015

Mapas: Javier Belloso

Editor digital: Titivillus

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Prólogo

En las dos décadas que siguieron al final de la Guerra Civil española proliferaron los ensayos dedicados a Cataluña por parte de autores catalanes. Sobresalían en ellos las interrogaciones y los análisis sobre su ser o su historia, la debilidad nacional o el papel de la región en España, el fracaso de la experiencia autonómica o la necesidad de una más o menos inmediata reconstrucción. El año 1939 resultó para sus autores un momento decisivo, tanto si habían vivido el fratricidio desde un bando como desde el otro, con grados variopintos de compromiso. Las consecuencias, en lo colectivo y en lo individual, adquirieron dimensiones pavorosas.

Las reflexiones contenidas en dichas obras estaban dirigidas sobre todo a los propios catalanes, aunque en algunos casos fueran pensadas para un público internacional. La fecundidad ensayística de esta coyuntura resulta comparable, salvando evidentes distancias, con la provocada a nivel hispánico por el «desastre» del 98.

Algunos de los volúmenes vieron la luz en el extranjero y en varias lenguas. Los autores vivían en el exilio, desde 1936 o 1939, en Europa o en América. El filósofo Ferrater Mora publicó, en Chile, Les formes de la vida catalana (1944), en versiones catalana y española. Dos años después, el médico Trueta, emigrado en Gran Bretaña, dio a la imprenta The Spirit of Catalonia, traducido poco después al catalán en México. También en 1946 se editó, en este caso en Francia, la Histoire spirituelle des Espagnes, del canónigo Cardó. Otros trabajos aparecieron en el interior, como la influyente Notícia de Catalunya (1954), de Vicens Vives.

En ocasiones, solamente circularon unas pocas copias mecanografiadas de la obra, como ocurriera con Mentrestant, de Serrahima, elaborada en 1942-1944, o bien el texto quedó sin publicar y desconocido en vida del ensayista. Este último fue el caso de Quina mena de gent som. Quatre assaigs sobre Catalunya i els catalans [Qué tipo de gente somos. Cuatro ensayos sobre Cataluña y los catalanes] de Agustí Calvet, más conocido como Gaziel, cuyas distintas partes fueron redactadas entre 1938 y 1947, pero que no estuvo disponible en las librerías hasta 1970, incluido póstumamente en la obra completa en catalán del autor.

Gaziel, que puede ser considerado como uno de los más grandes periodistas de la Cataluña del siglo XX, se vio obligado a escapar con su familia de la Barcelona revolucionaria en 1936. Estuvo instalado en Francia y Bélgica, pero retornó a España en 1940. Tras el sobreseimiento de las causas que se le abrieron, estableció su residencia en Madrid, buscando otras maneras de ganarse la vida, en una suerte de largo exilio interior. Aunque sus artículos ya no pudieran ver la luz en las páginas de los diarios, nunca dejó de escribir.

El primero de los ensayos de Quina mena de gent som, presentado como una introducción a una nueva historia de Cataluña, es una pieza extraordinaria. Fue escrito en 1938, en París, tras una detenida relectura de una obra fundamental de la historiografía catalana: la Història de Catalunya (1934-1935), de Ferran Soldevila. Se trataba, en su opinión, de un trabajo excelente, tanto por su abundante información y seriedad científica como por la técnica histórica y el estilo claro y preciso. Lo definía como uno de los libros más bellos, al tiempo que bien construidos, que puedan leer los catalanes, inflamado todo de «fe catalanesca», la fe ciega del patriotismo. Adolecía, sin embargo, de un problema: no era tanto la historia estricta de unos hechos, como la de un deseo maravilloso urdido con ellos. O, expresado de otra forma, Soldevila no presentaba, en realidad, la historia de Cataluña, sino la historia del sueño de Cataluña.

Cuando la Guerra Civil terminara, escribir una nueva historia de Cataluña iba a resultar imprescindible. Se trataba, según Gaziel, de una empresa colectiva. El objetivo no era elaborar una contrahistoria o una antihistoria de las anteriores, confeccionadas en otras circunstancias, mas una historia diferente, «más real, más directa y profunda». El resultado no iba a ser ni una historia ejemplar y estimulante, ni un cuento de hadas patriótico. Los renglones siguientes del ensayo pueden considerarse una suerte de prefacio a esa nueva «narración verídica» de la historia de Cataluña, tan deseada y deseable.

Insistía Gaziel en que, a lo largo de algo más de mil años, Cataluña nunca había existido como entidad política; los catalanes fueron, en todo momento, incapaces de construir un estado, «una entidad política propia, exclusiva». El término Cataluña no tuvo en ningún momento ni el sentido ni el contenido que se le estaba dando desde la época de la Renaixença. La imagen del autor era muy gráfica: el arca maravillosa que guardaba los sueños patrióticos de los catalanes nacionalistas de su época no había existido nunca en el pasado. Todos los intentos habían sido frustrados por la locura —los ecos de octubre de 1934 resonaban en estas palabras— y la debilidad catalanas.

Las historias elaboradas desde 1870 narraban hechos reales, sostenía Gaziel, pero los atribuían a una entidad política y orgánica que era un auténtico fantasma, esto es, «Cataluña considerada com un estado catalán». Se trataba, en fin, de una figura mitológica, hija del moderno nacionalismo.

Gaziel criticaba en estas historias, impregnadas de ideal nacionalista, que hicieran converger todos los acontecimientos del pasado hacia la necesidad apriorística de obtener, como coronación, la plenitud de la nacionalidad catalana en una forma estatal. Con el calificativo «nacional», que era un espejismo antihistórico, se introducía una valoración puramente actual en el proceso analizado.

Toda historia nacionalista —o absolutista, o fascista, o federalista— era, simple y llanamente, una historia falsa. Esas historias de Cataluña resultaban, en el fondo, afirmaba, apologías melancólicas y delirantes, obras edificantes y estimulantes. Indispensable era, en resumen, una nueva historia que dejase de contar lo que debió ser y no fue, para intentar explicar, de una vez por todas, lo que fue.

Las historias elaboradas con posterioridad a estas lúcidas y valientes consideraciones han sido, en parte, bastante distintas de las que produjo la historiografía hasta Soldevila. El papel de Vicens resultó, en este aspecto, fundamental. Más adelante, en las décadas de 1970 y 1980, se llevaron a cabo intentos individuales y colectivos de reexaminar a fondo y reescribir la historia catalana. Las maneras de elaborarla fueron revisadas y se hizo un notorio esfuerzo desmitificador. En algunos casos, no obstante, el atributo marxista o comprometido sustituyó, simple y llanamente, al nacional o patriótico.

Desde la última década del siglo pasado, en estrecha relación con las propias evoluciones de la historiografía y con las vicisitudes políticas, han regresado con fuerza inusitada algunos de los caracteres y problemas de la historia nacional que criticaba Gaziel. Ello resulta especialmente evidente, más que en las investigaciones sobre temas específicos, en las obras de síntesis sobre la historia de Cataluña, en los textos de divulgación y, asimismo, en el amplio uso político que del pasado se está haciendo día tras día, como la conmemoración del tricentenario del final de la guerra de Sucesión, en 2014, puso de manifiesto.

La historia tiene en estas tierras una dimensión muy especial, seguramente más decisiva que en algunas otras partes del mundo, a la hora de pensar el presente y el futuro. Cataluña es, como ha afirmado García Cárcel, una sociedad enferma de pasado. Y los historiadores no siempre han sabido o han querido protegerse frente a ello, poniendo en peligro en ocasiones uno de los fundamentos de su propia profesión, el espíritu crítico. La elaboración de la historia como acto esencialmente patriótico, las aplicaciones de conceptos y visiones del presente al pasado, el juicio a las acciones de hombres y mujeres de otros tiempos por no haber llevado a cabo lo que debieron hacer desde un punto de vista de ideologías de hoy, o, asimismo, el uso en los trabajos de terminología ahistórica constituyen, en mi opinión, lastres que la historiografía sigue sin decidirse a soltar.

La obra que el lector tiene ahora ante sus ojos no es ni pretende ser la historia nueva reclamada por Gaziel, pero en sus reflexiones he encontrado elementos inspiradores varios. Mi intención es mucho más modesta: explicar la historia de Cataluña con normalidad, sin prejuicios, de manera desapasionada y no lineal, en su contexto, y, asimismo, atendiendo a su complejidad.

No asumo otro compromiso como historiador que el que tengo con la propia historia en tanto que disciplina y oficio. Como escribiera en 1935 Vicens, la única historia de Cataluña que se puede aceptar es la que se desprende de los documentos y del esmerado estudio de los sucesivos ambientes pasados. Toda la grandeza se encuentra en la intrincada sencillez de dicho propósito.

Escribir una historia mínima de Cataluña ha resultado una experiencia muy grata y enriquecedora —no sé si, como se planteaba en una ocasión Vilar, la he elaborado o no con simpatía, aunque creo que sí, y, de hecho, me preocupa poco, pues lo único realmente importante es haberla preparado con rigor—, al mismo tiempo que un auténtico reto. He divido el libro en cinco partes, con estricto orden cronológico. Para una mayor coherencia del texto me he permitido armonizar y unificar los nombres de personajes y lugares. El resultado es una historia en la que, a pesar de que la política constituya su espina dorsal, se tratan también los aspectos económicos, sociales y culturales. El final está impuesto por el presente. Termina el volumen, así pues, en el verano de 2015, en unos momentos especialmente agitados, llenos de interrogantes.

I
NOTICIAS DE CATALUÑA

¿Cómo hacer referencia a una época en la que no existía Cataluña como entidad, ni tampoco se usaba dicho término? Las respuestas a este interrogante han sido muchas y variadas. Como siempre, el gran problema de los historiadores —o la suerte, objetarán algunos— es el que deriva de ser conocedores del futuro de ese pasado que constituye su objeto de estudio. Los países, pueblos, naciones o estados hoy existentes surcaron unos caminos llenos de encrucijadas y vivieron múltiples enfrentamientos más abiertos y de resultados más inciertos de lo que en ocasiones pueda pensarse. La vinculación del presente con el ayer dista mucho de resultar evidente. Se hace imprescindible, así pues, evocar una y otra vez los peligros del determinismo y la necesidad de tener en cuenta que otras evoluciones y otros procesos, otras historias al fin y al cabo, fueron también posibles.

No es mejor compañero de viaje el esencialismo. Una pretendida Cataluña eterna resulta, simple y llanamente, ahistórica. Nada ha existido siempre, ni nada está condenado a perpetuarse. Contra esta tentación reaccionaba el gran medievalista Ramon d’Abadal, en sus trabajos de la década de 1960, al bautizar las tres centurias inmediatamente anteriores al año 1000 como la pre-Cataluña. Aquel momento era una suerte de prólogo. Otros autores han extendido de manera impertinente la pre-Cataluña a las épocas visigótica o romana, o bien han insistido en la idea, cargada de inexorabilidad, de unas raíces que pueden retrotraerse hasta la prehistoria o más allá.

En la colaboración de Abadal en la obra colectiva Història dels catalans se apuntaba que fue con la invasión musulmana cuando empezó la gestación «d’allò que anys a venir serà la nostra Catalunya». Lo de antes constituía otro mundo. Aunque no se nos pueden ocultar leves destellos de determinación, la propuesta abadaliana de la pre-Cataluña alcanzó bastante éxito y sigue formando parte usual del vocabulario de la historia de la Edad Media. Estaba en lo cierto este autor al advertir que era prácticamente imposible saber cuándo nació exactamente Cataluña, puesto que larga e indefinida fue su gestación.

ENTRE LOS PIRINEOS Y EL MEDITERRÁNEO

Situada en el noreste de la península ibérica, Cataluña ocupa en la actualidad algo más de 32.000 kilómetros cuadrados y tiene, según datos de 2014, 7.518.903 habitantes. Está dividida en cuatro provincias (Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona) y 42 comarcas.

Limita al norte con Francia, a través de los Pirineos, al sur con la Comunidad Valenciana, al oeste con Aragón y al este, en una costa de más de medio millar de kilómetros, con el mar Mediterráneo. Desde el surgimiento de Cataluña hasta hoy se han producido algunas variaciones. La más importante tuvo lugar en el sigloXVII y comportó, como consecuencia del tratado de los Pirineos (1659), la anexión a Francia de algunos territorios catalanes.

Cataluña es bastante montañosa y comprende gran diversidad de paisajes, vegetación y climas, desde el mediterráneo del litoral hasta el de montaña, pasando por el continental. Los ríos han tenido, desde antiguo, un papel fundamental como articuladores del territorio y vías de comunicación y transporte. Puede distinguirse entre los que se dirigen directamente al Mediterráneo, nacidos en los Pirineos o más al sur —Fluviá, Ter, Tordera, Llobregat, Besós, Francolí—, y los ríos pirenaicos o prepirenaicos de la cuenca del Segre —Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorzana, Cinca—, que constituye el principal afluente del Ebro. La ciudad de Barcelona ha sido históricamente centro y capital de Cataluña.

Estas tierras situadas entre los Pirineos y el Mediterráneo han estado habitadas desde hace centenares de miles de años. Antes de la llegada del hombre ya vivieron allí algunos primates, como los dryopithecus; un esqueleto bastante completo de uno de ellos, de hace unos diez millones de años, fue localizado en la década de 1990 en la zona de Sabadell y bautizado como Jordi. Los restos humanos más antiguos conocidos corresponden al Paleolítico inferior: el cráneo de un Homo erectus, de unos 450.000 años de antigüedad, que se encontró en la cueva del Aragó, en el Rosellón.

Del Paleolítico medio data la famosa mandíbula de Bañolas, que perteneció a una neandertal y tiene una antigüedad de 45-50.000 años. En el Paleolítico superior se inició la época del Homo sapiens. Uno de los yacimientos más importantes de este periodo se sitúa en el área de Seriñá. Los grupos humanos se adaptaron a una situación climática más cálida en el Epipaleolítico o Mesolítico, una etapa en la que destacan las industrias microlaminares y las muestras de arte rupestre, como las de El Cogul y la sierra de la Piedad, en Ulldecona.

En el Neolítico (5.000-2.200 a. de C.) empezó la práctica de la agricultura y la ganadería. La cerámica cardial, decorada con impresiones de conchas, es característica de este momento, así como los sepulcros de fosa y el fenómeno megalítico. El Calcolítico (2.200-1.800 a. de C.) constituye, con abundancia de vasos campaniformes, una continuidad de la etapa anterior. A partir de 1.800 a. de C. se desarrolló la edad de Bronce. Entre el 1.100 y el 700 a. de C. cruzaron los Pirineos y se extendieron por el territorio de la actual Cataluña los pueblos de los campos de urnas. A partir de 700 a. de C. empezó la edad del Hierro, que comportó cambios importantes en la economía y la tecnología, así como en el hábitat, cada vez más centrado en poblados bien defendidos, como puede observarse en el yacimiento de Els Vilars, en Arbeca.

Fenicios y griegos mantuvieron contacto con las poblaciones del litoral noreste de la Península, en especial en la desembocadura del Ebro y el golfo de León. Los foceos, provenientes de Massalia (Marsella), se instalaron alrededor de 580 a. de C. en una casi isla —hoy, San Martín de Ampurias—, base de lo que iba a ser, ya en tierra firme, Emporion (Ampurias). Esta mantuvo una estrecha relación con un territorio indígena extenso, en el que estaban instalados los indigetes, y constituyó, en esencia, un centro redistribuidor de productos alimentarios —aceite, vino, salazones— y suntuosos, metales y telas.

Al margen de las zonas litorales, el territorio estuvo sobre todo habitado, entre los siglos VI y I a. de C., por los pueblos iberos. En el noreste peninsular encontramos a los ya citados indigetes; los layetanos, en la costa, entre los ríos Llobregat y Tordera; los ausetanos, alrededor de Ausa (Vic); los lacetanos, en los valles del Llobregat y el Cardener; los ilergetes, en los llanos de Urgel y las cuencas del Segre y el Cinca, o, entre otros, los ilercavones, en la depresión del Ebro. Los iberos basaban su economía en la agricultura y la ganadería, manejaban el hierro, comerciaban entre ellos y con griegos y cartaginenses y conocían la moneda y la escritura.

El desembarco en Ampurias, en 218 a. de C., de los ejércitos romanos tenía como principal objetivo atacar la retaguardia de las tropas de Aníbal, que en aquellos momentos estaban combatiendo en la península itálica. El litoral mediterráneo de Iberia se había convertido desde hacía años en zona de influencia disputada entre los imperios de Roma y Cartago. El río Ebro constituyó durante algún tiempo una línea natural de separación. La ruptura del equilibrio acabó provocando el estallido de la segunda guerra púnica (218-202 a. de C.). La Península iba a convertirse en uno de los escenarios privilegiados de este conflicto, implicando a la fuerza a toda la miscelánea de pueblos iberos.

El final de la guerra contra los cartagineses dio paso a una etapa en la que las tropas romanas se lanzaron a una decidida conquista del territorio, ya fuese por la vía de la negociación o la armada. El botín en oro, plata, cereal y esclavos fue considerable. En 197 a. de C. las nuevas tierras controladas por Roma se dividieron en dos provincias: Hispania Citerior e Hispania Ulterior. El espacio de la actual Cataluña quedó integrado en la primera, con Tarraco (Tarragona) como centro urbano de referencia.

Las resistencias, sin embargo, no faltaron, estimuladas por las profundas diferencias culturales y la fuerte presión tributaria. Los romanos se vieron en la obligación de mandar más legiones con el fin de reprimir los intentos insurreccionales. En décadas ulteriores, en cambio, la conflictividad se trasladó a otras zonas de la península ibérica, mientras que el noreste quedaba en buena medida pacificado.

En los siglos siguientes se produjo un intenso proceso de romanización: orden administrativo y fiscal, intenso desarrollo urbanístico y viario, nueva estructura social presidida por la ciudadanía, decidida introducción de la moneda, fuerte expansión de la lengua latina y la religión romana. La integración ibera en las tropas auxiliares y las relaciones entre soldados y mujeres indígenas contribuyeron decisivamente a estas transformaciones. Buena parte de los viejos poblados fueron inicialmente mantenidos —con excepciones, como Ullastret—, pero con el paso del tiempo se multiplicaron las nuevas construcciones o la reforma de algunas ya existentes.

En 27 a. de C. se implantó una nueva división territorial de Hispania, a partir de tres provincias: Ulterior Baetica, Ulterior Lusitania y Citerior o Tarraconensis, con Tarraco como capital. Entre la provincia y las ciudades hallamos los conventos jurídicos (conventus): en el norte peninsular, uno de ellos era Tarraco y otro Caesaraugusta (Zaragoza), que incluía Ilerda (Lérida) y su territorio.

A principios del siglo I existían, en el noreste de la península ibérica, dos colonias de derecho romano: Tarraco, que contaba con destacadas construcciones monumentales, y Barcino (Barcelona), de reciente fundación. Otras ciudades eran consideradas municipios de derecho romano y sus habitantes podían ser, asimismo, ciudadanos: Emporiae (Ampurias), Gerunda (Gerona), Egara (Tarrasa), Iluro (Mataró), Baetulo (Badalona), Dertosa (Tortosa), Aeso (Isona) o, entre otras, Ilerda. En el campo tuvieron gran desarrollo las villas, que combinaban partes residenciales y productivas.

La estructura social marcaba claras diferencias entre los ciudadanos, los individuos libres pero sin ciudadanía, los libertos y los esclavos, empleados en el servicio doméstico y en trabajos agrícolas o artesanales, en la pesca, en las salinas o en las minas. Los principales cultivos de la época fueron los cereales, los olivos y la viña. El vino de la zona era muy apreciado.

Las primeras muestras de debilidad del imperio romano, confluencia entre crisis del poder político y militar e incursiones de los pueblos germánicos, pueden ser datadas en el siglo III. Sin embargo, en época de Diocleciano, a fines de la centuria, se vivió una cierta recuperación y estabilidad, permitiendo una reforma territorial. Las provincias hispanas aumentaron de tres a media docena, una de las cuales seguía siendo la Tarraconense, aunque de la antigua demarcación se habían desgajado la Cartaginense y la Gallaecia. Quedaba integrada en la diócesis hispánica, que, a la vez, formaba parte de la prefectura de las Galias. A partir del siglo IV, Barcelona desplazó a Tarragona como referente.

Los datos más antiguos que poseemos sobre la penetración del cristianismo en el noreste de la península ibérica corresponden a mediados del siglo III. Se trata del martirio en Tarragona, en 259, del obispo Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio. Fue a finales del siglo IV y a lo largo del siguiente cuando el cristianismo adquirió más importancia, penetrando en todos los grupos sociales. La cristianización fue más precoz en el mundo urbano que en el rural. Ocho obispados, con la sede metropolitana de Tarragona, son citados en los documentos del siglo VI: Barcelona, Ampurias, Gerona, Egara, Ausona, Lérida, Urgel y Tortosa.

El imperio romano, dividido desde finales del siglo IV entre occidente y oriente, sufrió numerosos ataques de los pueblos germánicos. Los visigodos, comandados por Alarico, saquearon Roma en 410, después de una larga marcha desde los Balcanes, y en los años siguientes hicieron incursiones en Hispania. Una parte de los tesoros rapiñados y, asimismo, la cautiva Gala Placidia, hermanastra del emperador Honorio, llegaron a Barcelona. Esta contrajo matrimonio por el camino con el sucesor de Alarico, Ataúlfo, poco antes de su asesinato en 415.

Los godos actuaron en varias ocasiones como tropas al servicio del imperio romano de occidente para enfrentarse con suevos, vándalos y alanos, instalados en varios puntos de la Península desde finales de la primera década del siglo V. Coincidieron y, en ocasiones, tuvieron que plantar cara al fenómeno de los bagaudas, unas violentas tropas formadas por campesinos desraizados, esclavos fugitivos, bandoleros y desertores, que vivían fundamentalmente del saqueo. En 449, en colaboración con tropas suevas, estos tomaron y destruyeron parcialmente Lérida.

Las tierras de la actual Cataluña y el valle del Ebro constituyeron las últimas zonas que restaron bajo poder romano, antes de la caída del imperio occidental en 476. Dichos territorios quedaron integrados en el reino visigodo de Tolosa (Toulouse), que se había formado al norte de los Pirineos hacía casi seis décadas. La presión de los francos en la Galia obligó a los visigodos a desplazarse, a principios del siglo VI, hacia el sur. Este proceso, que se desarrolló entre la derrota de Vouillé de 507 y la constitución del reino de Toledo, en 567, iba a comportar la extensión de sus dominios por la Tarraconense, la Cartaginense y la Bética. Barcelona constituyó la primera de sus capitales peninsulares.

Entre 567 y 711 los visigodos establecieron un regnum unificado en Hispania. Se trataba de algo más de cien mil personas bastante romanizadas y con estructuras marciales. En 589, con la denominada conversión de Recaredo, adoptaron el catolicismo como religión oficial. La Tarraconense era una de las cinco diócesis que articulaban el territorio hispano.

En la cultura, las continuidades resultan evidentes. También lo son desde un punto de vista socioeconómico: se aprovechó y adaptó el sistema de ingresos fiscales del bajo imperio y esclavos y colonos siguieron siendo las dos grandes categorías de individuos que cultivaban la tierra. Los viejos y nuevos grupos dirigentes llegaron a un entendimiento para la repartición del poder y el control de la sociedad. Las élites visigodas e hispanorromanas mantuvieron unas relaciones más estrechas de lo que a veces se ha afirmado. La sociedad hispanorromana iba dejando paso a la hispano-visigoda.

El último tercio del siglo VII y la primera década del siguiente resultaron muy agitados, con tensiones entre poderes locales y central. La monarquía unificada mostraba limitaciones. En 673 tuvo lugar en tierras tarraconenses y septimanas la revuelta nobiliaria del duque Paulus. Su enfrentamiento con el rey Wamba debe interpretarse como la lucha por el poder entre una monarquía central debilitada y las noblezas provinciales, bien arraigadas en el territorio y cada vez más encumbradas.

Las hostilidades entre distintas facciones, a principios del siglo VIII, acabaron provocando y facilitando, tras la muerte de Witiza en 710, la llegada a la Península de las tropas islámicas que controlaban el área del Magreb. Los musulmanes avanzaron harto deprisa desde 711. La concomitancia entre, por un lado, la desestructuración del poder y de la sociedad goda, y de otro las ofertas de sometimiento a cambio de dependencia tributaria, pero con un formal respeto de propiedades y estructuras sociales, favorecieron la expansión. Las élites locales se ocuparon de las negociaciones.

No toda la aristocracia visigoda, sin embargo, pactó en un primer momento con los invasores, como ponen de manifiesto algunos focos de resistencia de caudillos locales como Akhila o Ardó. Mientras que algunas ciudades se integraron pacíficamente en el nuevo orden, como Lérida o Ampurias, otras resistieron y fueron tomadas por la fuerza, amén de parcialmente destruidas, como Tarragona.

El proceso de islamización provocó transformaciones destacadas a mediado y largo plazo. Las emigraciones no fueron, sin embargo, nada residuales. Cuatro años después de la caída de Barcelona, en 716, las tropas árabo-bereberes exploraban y saqueaban ya los lugares del norte de los Pirineos.

TIEMPOS DE CONDES

Las tierras que hoy conforman Cataluña constituían en el siglo IX, por encima de todo, una zona de frontera. Las marcas fueron usadas por los carolingios para definir sus diferentes límites imperiales frente a pueblos de variado origen. La Marca hispánica —en ocasiones denominada meridional o de Gotia— señalaba las tierras, delimitadas por los ríos Segre, Cardener y Llobregat, que separaban el sur del imperio de Al-Ándalus.

La Marca hispánica quedó relativamente fijada tras unas mal conocidas décadas de tira y afloja. Los árabo-bereberes traspasaron los Pirineos hacia 720 y conquistaron Narbona. No iban a hallar auténticos frenos a sus ulteriores expediciones de exploración y castigo más al norte hasta 732, en Poitiers. La suma de inestabilidad y descontento, además de la presión de los hispani, alejados de sus tierras norte allá, favorecieron, en la segunda mitad del siglo VIII, las intervenciones francas al sur de los Pirineos. En 785 ocuparon Gerona y, en 801, Barcelona. Los intentos de conquistar Tortosa, entre 804 y 809, se malograron.

Los territorios de la Marca estaban divididos en condados —Ampurias, Rosellón, Barcelona, Gerona, Besalú, Osona, Cerdaña, Urgel, Pallars y Ribagorza—, gobernados por un personaje de nombramiento real, el conde, normalmente de linaje aristocrático, que, junto con el obispo, representaba la lejana autoridad imperial. A las funciones administrativas sumaba el control del orden público, la justicia y la recaudación de tributos. El principal de estos condes recibía el apelativo de marqués, como ocurrió con Bera de Barcelona (801-820). Las autoridades eclesiásticas dependían del arzobispado de Narbona.

Excepto en el caso de Bera o, más adelante, de Sunifredo, que estuvo al frente de buena parte de los condados hispanos y septimanos entre 834 y 848, la mayoría de los condes de la Marca hispánica fueron, hasta el último tercio del siglo IX, de origen franco. Las familias hispano-godas y francas emparentaron con frecuencia. La última revuelta a favor de una identidad goda tuvo lugar en 826-827, con epicentro en la llanura de Vic, dirigida por Aizón y Guillemón, un hijo de Bera.

En los años centrales del siglo, las disputas en la cabeza del imperio y entre bandos aristocráticos, junto con el afianzamiento de señoríos y linajes, fortalecieron a las autoridades locales. A la muerte del emperador Carlos el Calvo, en 877, la fragmentación y regionalización del poder resultaba evidente. Wifredo el Velloso, hijo de Sunifredo, que estaba al frente desde 870 de los condados de Cerdaña y Urgel, fue designado también en Troyes, en 878, como gobernante de los de Barcelona y Gerona, incluyendo Besalú y Osona.

El conde asoció a sus familiares en el gobierno de los territorios y fortaleció su linaje frente a la aristocracia franca del norte. Sus hermanos Radulfo y Miró I rigieron Besalú y Rosellón, mientras que sus primos Delá, casado con su hermana Quixilona, y Suñer II estuvieron al frente de Ampurias y, asimismo, Rosellón. Tuvo el mérito de convertir su poder en hereditario y patrimonial. La política matrimonial de las casas condales de la marca meridional se caracterizó hasta 930 por la endogamia —a pesar de las prohibiciones de la iglesia y de la ley visigótica, las uniones entre parientes próximos resultaron habituales, lo que facilitaba la solidaridad familiar y frenaba la dispersión del patrimonio—, la isogamia —los casamientos tenían lugar entre condes e hijas de condes, lo que permitía cogobernar con los parientes— y la proximidad, esto es, en un espacio comprendido grosso modo entre los Pirineos y el Llobregat.

En esta época se impulsó decididamente el movimiento colonizador de las tierras centrales de la futura Cataluña, en donde se restauró el obispado de Vic y se fundaron monasterios como Santa María de Ripoll y San Juan de las Abadesas. Emma, hija de Wifredo y Guinidilda, se convirtió en la primera abadesa de este último centro; otro de los retoños de la pareja, Radulfo, acabó siendo obispo de Urgel. El conde Wifredo falleció en 897 defendiendo los límites de su marca frente a las tropas leridanas de Lubb ibn Muhammad.

Mientras los cambios políticos que se estaban produciendo en los condados de la Marca hispánica eran de notable profundidad, las estructuras sociales y económicas no evolucionaban al mismo ritmo. Predominaba la pequeña propiedad campesina, trabajada directamente o en sistema de tenencia, y la esclavitud rural estaba en decadencia, aunque se podían encontrar todavía algunos servi, junto con cautivos de guerra, empleados sobre todo en el servicio doméstico. La agricultura estaba sustentada en la viña y el cereal. El pan se convirtió en la base de la alimentación.

El hábitat puede calificarse de semidisperso, con predominio de pueblos de entre cinco y quince familias nucleares. Desde el siglo IX se extendieron los castillos dotados de un territorio sobre el que se ejercía la jurisdicción civil y criminal. Existían pocas ciudades, que funcionaban como capitales condales o episcopales.

La desaparición de Wifredo el Velloso implicó un reparto territorial entre sus descendientes. Wifredo II Borrell le sucedió al frente de los condados de Barcelona, Gerona y Osona, que iban a convertirse en el núcleo central hegemónico de la Marca hispánica. Su hermano Suñer I los heredó a su muerte, en 911. Otros dos hermanos, Miró el Joven y Sunifredo II, estaban al frente respectivamente de los condados de Cerdaña-Besalú y de Urgel. Tras la muerte del primogénito Armengol en la batalla de Baltarga (942), en Cerdaña, contra los invasores húngaros, Suñer I tomó los hábitos, cediendo sus dominios a los otros dos vástagos, Miró I y Borrell II. Tras el fallecimiento de este último, en 992, se dividieron los condados entre el primogénito Ramón Borrell I (Barcelona-Gerona-Osona) y Armengol (Urgel).

Las familias dirigentes procuraron imponerse, además, en la dirección de los asuntos eclesiásticos a través de la dotación de instituciones monásticas y catedralicias y la colocación de familiares y fieles. A esta época corresponde el llamado arte prerrománico. Destacan las iglesias de Tarrasa —Santa María, San Pedro y San Miguel— y la de San Miguel de Cuixá, además de un buen número de pequeños templos rurales.

Las relaciones entre los condados del este de los Pirineos y el poder real se enfriaron progresivamente a lo largo del siglo X. La debilidad de los últimos emperadores carolingios hizo que no acudieran en auxilio de Borrell II cuando sus tierras fueron amenazadas y saqueadas por los musulmanes en las décadas finales de la centuria. La entronización de Hugo Capeto, en 987, tras extinguirse la línea carolingia, acabó de romper los vínculos por la vía del silencio. La emancipación condal quedaba consumada. En el siglo X existió, asimismo, un intento de romper la obediencia eclesiástica a Narbona y promover un arzobispado propio en los territorios del sur de los Pirineos. Esta tentativa, sin embargo, fracasó.

No más sencilla resultó la vecindad con Al-Ándalus. Ante todo hay que distinguir entre dos tipos de territorios por lo que a la futura Cataluña se refiere. En primerlugar, los que solo permanecieron bajo dominio musulmán durante el siglo VIII. A pesar de la voluntad de los recién llegados, organizados en estructuras clánicas y tribales, de arabizar e islamizar las nuevas sociedades y de mezclarse con la población autóctona, la influencia fue relativa.

No puede decirse lo mismo de las tierras que van a ser conocidas como Cataluña nueva, que formaron parte de Al-Ándalus entre los siglos VIII y XII. Aunque existieran minorías judías y cristianas, la arabización y la islamización resultaron profundas. Estas sociedades del límite norte-oriental andalusí se integraron plenamente, no sin conflictos, en el sistema califal. Los centros urbanos de Larida y Turtuxa mostraron gran dinamismo.

Los condados hispanos se convirtieron en una zona clave en la conexión entre dos mundos, tanto a nivel comercial como cultural. Tras la ruptura con Bagdad en 929, el nuevo califato de Córdoba mostró su fortaleza y, en consecuencia, llevó a los condes barceloneses a mandar varias embajadas a la corte andalusí para asegurar, al precio de unas ciertas concesiones y no menos sumisión, la paz y seguridad de la franja fronteriza. La entronización de Hisham II, en 976, cambió el panorama. La voluntad de recuperar el antiguo esplendor militar privilegió la guerra santa contra los núcleos cristianos.

El personaje clave en este viraje fue el hayib o primer ministro Al-Mansur o Almanzor, que protagonizó varias expediciones contundentes, en especial la de 985 contra Barcelona. Tras derrotar a un ejército mandado por el conde Borrell II, los árabes iniciaron el asedio de la ciudad el 1 de julio, tomándola el 6 con saqueos, destrucciones e incendios, como el que afectó al monasterio de San Pedro de las Puellas. Hubo numerosos muertos, heridos y prisioneros.

Abd al-Malik se convirtió, a la muerte de su padre Almanzor, en nuevo hayib. En 1003 se puso al frente de una razia contra las tierras del conde de Barcelona, que supuso la destrucción de Manresa. Tres años después, en cambio, las fuerzas conjuntas de los condes de Barcelona, Cerdaña, Urgel y Besalú le derrotaron en Torá. Más adelante, aprovechando los conflictos internos del califato y la demanda de ayuda por alguno de los sectores en liza, se organizó una gran expedición contra Córdoba (1010). Al-Ándalus empezaba a vivir un proceso de fractura e inestabilidad, que iba a estallar en 1031 tras la caída del califato y el surgimiento de los reinos de taifas.

LA SOCIEDAD FEUDAL

A la muerte del conde Ramón Borrell I, en 1017, siguieron las minoridades de su hijo Berenguer Ramón I, casado con Sancha de Castilla, y de su nieto Ramón Berenguer I. Ejerció la autoridad la madre y abuela viuda Ermesenda de Carcasona. De la unión de Ramón Berenguer I y Almodis de la Marca nacieron Ramón Berenguer II Cabeza de Estopa y Berenguer Ramón II. Este último fue apodado con posterioridad el Fratricida al atribuírsele el asesinato, en 1082, del hermano, con el que debía gobernar conjunta e indivisamente los condados.

La política matrimonial de las casas condales había mudado significativamente desde mediados del siglo X: la endogamia dejó paso a la exogamia, la isogamia a la hipergamia —los condes daban a sus hijas en matrimonio a miembros de la aristocracia local, en recompensa a su servicio y lealtad— y la proximidad en la busca de esposa a la apertura progresiva. El linaje, asentado sobre la primogenitura masculina y la indivisión patrimonial, se impuso al primado de los primos. Estas estrategias toparon a veces con la iglesia, en tanto que poco concordantes con el modelo cristiano de matrimonio.

En los inicios del nuevo milenio se produjeron cambios sociales decisivos, presididos por la inseguridad y la violencia. Un conjunto de factores los impulsaron: el crecimiento económico y demográfico, la presión sobre las fronteras de Al-Ándalus como fuente de recursos, el fortalecimiento de la aristocracia curial y, asimismo, la debilidad de la institución condal tras la muerte de Ramón Borrell I. La aristocracia puso en cuestión la autoridad tradicional y se centró en someter al campesinado y apropiarse de una porción importante del producto de su trabajo.

La rebelión de Mir Geribert en la marca del Penedés, en 1040, constituyó el más célebre de los episodios de impugnación del régimen condal. La aristocracia pretendía usurpar las tierras y castillos, además de rechazar una justicia de naturaleza pública. El uso de la fuerza, que proporcionaban la detención de castillos y el reclutamiento de hombres de guerra, ampararon dicho asalto a lo público.

Desde 1060 los condes de Barcelona intentaron, con bastante éxito, restablecer su autoridad aprovechando los recursos públicos que todavía controlaban, así como las contribuciones urbanas, el oro de las parias y la organización de nuevas expediciones contra los musulmanes. Llegaron a un doble compromiso con los viejos linajes de condes, vizcondes y vicarios (veguers): por un lado, se aceptaban como hecho consumado las usurpaciones de bienes y derechos públicos, la privatización parcial de la justicia y la sumisión del campesinado a la nobleza; de otro, los magnates debían reconocer al conde como princeps y señor eminente de todos los castillos. El casal de Barcelona iba a conseguir, de esta manera, unificar políticamente el territorio. En los condados pequeños, en cambio, las cosas fueron algo más complicadas.

En la nueva sociedad emergente se multiplicaron los vínculos de hombre a hombre —personas del mismo estamento, ya fuese noble o eclesiástico— y se impuso el sistema de feudos privados. El grupo aristócrata se amplió, siempre en el marco de una estricta jerarquía que iba desde los condes hasta los numerosos milites o caballeros, integrantes de las guarniciones de los castillos.

A mediados del siglo XI se puede hablar ya de los primeros signos claros de la degradación social y económica del campesinado. Se asistió a un proceso de encuadramiento payés y de conversión en siervos, fundamentado en la aplicación de cargas banales o jurisdiccionales, amén de nuevas exacciones y usos. El sistema se sostenía sobre una legitimación e institucionalización de la violencia, en tanto que forma de ejercer la señoría. La pequeña propiedad de antes del año 1000 evolucionó hacia un predominio de la gran propiedad feudal.

Hubo resistencias a la violencia, entre las que sobresalieron las impulsadas por miembros de la institución eclesiástica. Se crearon sagreras, unos espacios más o menos circulares de unos treinta pasos alrededor de los templos, que el obispo delimitaba en el momento de la consagración. En este territorio sagrado todo bien y persona estaban protegidos, bajo pena de excomunión, lo que benefició a campesinos y comerciantes. Allí se levantaron construcciones para vivienda o para almacenar las cosechas, que servían también para guardar utensilios o toneles para el vino o instalar palomares o colmenas. El barrio barcelonés de la Sagrera debe su nombre al terreno que rodeaba la iglesia de San Martín de Provensals.

Las asambleas de paz y tregua, que prolongaban los esfuerzos hechos anteriormente en otras geografías con la pax Dei, constituyeron otra de las iniciativas de aquellos tiempos convulsos. En una de las más antiguas del noreste hispánico, celebrada en 1027 en la población rosellonesa de Touluges, se acordaron treguas semanales a la violencia feudal y se proclamó la inviolabilidad del patrimonio eclesiástico. Estuvo presidida por un personaje que asumió un papel decisivo en momentos de cuestionamiento de la autoridad condal: el abad y obispo Oliva. La iglesia no pretendía cuestionar el dominio señorial, sino limitar la violencia y preservar el propio patrimonio, amén de asegurar su preeminencia.

Los cambios que se estaban produciendo en todos los niveles de la sociedad hicieron indispensable poner al día las normas jurídicas, que hasta entonces se habían fundamentado en las leyes de los visigodos. El resultado de esta necesidad codificadora fueron los Usajes de Barcelona, cuyo núcleo más antiguo data de la época de Ramón Berenguer I. Estas normas, inspiradas en el renacimiento del derecho romano, constituyeron la base jurídica del orden feudal entre los siglos XIy XV.

La emergencia de los reinos de taifas comportó un cambio significativo en las relaciones de los condados con Al-Ándalus. El oro musulmán afluyó en abundancia, producto de un comercio floreciente, de las soldadas de los mercenarios enrolados en los ejércitos andalusíes y, en especial, de las parias abonadas por los reyes de las taifas fronterizas a fin de obtener la protección de los guerreros y condados del norte. Dichos beneficios fueron antepuestos, a lo largo del sigloXI, a las conquistas. Hubo, sin embargo, algunos avances territoriales cristianos, como muestran las cartas de repoblación y el establecimiento de castillos en Cervera (1026), Tárrega (1056) o Anglesola (1079).

Las taifas de Lérida y Tortosa, junto con la de Denia, pasaron, en 1082, a manos de Al-Mundir, lo que provocó innumerables conflictos con los reinos vecinos. En ellos se involucraron, en apoyo del primero, los ejércitos del conde de Barcelona, y, de los segundos, las mesnadas castellanas de Rodrigo Díaz de Vivar. En 1090, en la batalla de los pinares de Tévar, el Cid Campeador se impuso a las tropas comandadas por Berenguer Ramón II.

Ramón Berenguer III, apelado el Grande, empezó a gobernar en 1097. Tenía quince años. De sus más de tres decenios al frente del condado de Barcelona pueden destacarse tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la reanudación de la política expansionista hacia el vecino Al-Ándalus, en ocasiones en connivencia con los condados colindantes. Las taifas se encontraron en aquel entonces en medio de una amenazante pinza formada por el expansionismo de los feudales y la agresividad religiosa de los almorávides recién llegados.

La restauración definitiva del arzobispado de Tarragona, a pesar de la férrea oposición tanto de Narbona como de Toledo, constituye el segundo de los puntos a tener en cuenta. El obispo de Barcelona Olegario, que pasó a ser el nuevo arzobispo, impelió a partir de 1129 el sometimiento y repoblación del área de Tarragona. Finalmente, Ramón Berenguer III llevó a cabo una hábil política matrimonial como fórmula de conquista y unificación del territorio. Con este procedimiento consiguió incorporar a su casa condal Besalú (1111) y Cerdaña (1117), además de Provenza (1112).

Los condes de Ampurias, Rosellón, Urgel o Pallars, que todavía se mantenían independientes frente a la hegemonía barcelonesa, firmaron con Ramón Berenguer III pactos de vasallaje. El conde expiró en 1131, sucediéndole su hijo Ramón Berenguer IV en los dominios del sur de los Pirineos y, en los de Provenza, el hermano gemelo Berenguer Ramón.

¿Desde cuándo empezaron a utilizarse el gentilicio «catalanes» y el topónimo «Cataluña»? Aparecen por vez primera en un texto escrito a finales de la década de 1110: el Liber Maiochilinus de gestis Pisanorum illustribus, obra seguramente del monje Enrique de Pisa, donde se narra la cruzada contra las Baleares en la que participaron las milicias de Ramón Berenguer III. Con frecuencia son los otros los que necesitan fijar las formas de referirse a un «ellos» cualquiera.

En el Cantar de Mío Cid, no obstante, los hombres de Berenguer Ramón II eran aún denominados francos. Hubo un tiempo largo en el que se llamó de distintas e imprecisas formas a los catalanes y a la Cataluña en formación. ¿Cuántos «catalanes» se darían entonces por aludidos al ser designados de esta manera? Pocos, a buen seguro. Lo cierto es que en el noreste ibérico estaba surgiendo una entidad particular y requería ser nombrada.

La cultura alcanzó en los siglos medievales un nivel muy destacado en estas tierras. El arte románico constituye una buena muestra de ello. Por su arquitectura, el monasterio de San Pedro de Rodas, Santa María de Vilabertrán, San Vicente de Cardona, San Pedro de Caserras y Santa María de Ripoll, con su extraordinaria portada, ocupan un lugar de honor. Por lo que a la escultura se refiere destacaron los núcleos ampurdanés y rosellonés. En el siglo XII laboró el maestro de Cabestany.

Las iglesias del valle pirenaico de Bohí contienen las muestras más excelsas de pintura mural románica. Al maestro de Tahull se le atribuye el Pantocrátor del ábside de San Clemente de la población homónima. Otros pintores importantes de la época —o sus respectivos talleres— fueron los maestros de Pedret, Bohí, Urgel o Cardona. De la segunda mitad del siglo XI data la bordadura conocida como tapiz de la Creación, conservado en la catedral de Gerona.

Las instituciones eclesiásticas y los clérigos tenían, por aquel entonces, el casi monopolio de la cultura y de la escritura. El abad Oliva tuvo un papel destacado, desde Ripoll y Vic, en el desarrollo cultural del siglo XI. El monasterio de Santa María de Ripoll logró un gran prestigio, actuando su biblioteca y scriptorium como puente con los saberes andalusíes.

A partir de 1137, tras casarse con la niña Petronila, nacida el año anterior, hija de Ramiro II el Monje e Inés de Poitiers, el conde Ramón Berenguer IV pasó a regir Aragón. El matrimonio era sobre todo una vía para solucionar los problemas planteados por el testamento de Alfonso el Batallador, en el que se legaba el reino a las órdenes militares. Frente a las suspicacias de la Santa Sede y la amenaza castellana, los aragoneses optaron por firmar en Barbastro las capitulaciones matrimoniales de Petronila con Ramón Berenguer IV. Era la opción más ventajosa.

La boda se celebró efectivamente trece años después en Lérida. Apodado por los cronistas el Santo, el conde añadía Aragón a su soberanía. No se tituló rey, sino príncipe, puesto que la dignidad estaba reservada a su suegro. Tuvo que negociar con las órdenes del Temple, Hospital y Santo Sepulcro para que renunciaran, a cambio de compensaciones materiales y sustanciosos derechos en conquistas futuras, al testamento del Batallador.

La unión contribuyó a impulsar el expansionismo hacia los territorios que iban a recibir el apelativo de Cataluña nueva. Coincidiendo con la prédica de la segunda cruzada, en 1146, la iglesia incentivó las acciones bélicas en la Península contra los musulmanes infieles. Ramón Berenguer IV reunió un poderoso ejército, apoyado por el crédito urbano, encuadrado por feudales ávidos de guerra y tierras y con la participación de cruzados, templarios y hospitalarios, marinos genoveses y caballeros de origen variopinto, que recibieron suculentas recompensas.

En 1148 tomaron Tortosa y, al año siguiente, Lérida. La última fase tuvo lugar recién iniciada la segunda mitad del siglo XII con el sometimiento de las posiciones de Miravet y de Ciurana. Una entidad que respondía al nombre de Cataluña quedaba, a grandes rasgos, formada. En 1151, en el tratado de Tudillén, el príncipe de Aragón acordó con Alfonso VII de León el reparto de las futuras conquistas en Al-Ándalus.

La expansión militar se complementó con la reorganización del territorio y una febril actividad de colonización y repoblación por parte de hombres y mujeres del norte, como atestiguan las cartas de poblamiento y franquicia de la época. Estas favorecieron la génesis de una sociedad algo más equilibrada y con más libertades que la de los condados septentrionales. La orden del Císter contribuyó con la fundación de los monasterios de Poblet, Santes Creus y Vallbona de las Monjas. Se asistió a un auténtico cambio de civilización. La génesis de Cataluña, al igual que sucediera con otros pueblos peninsulares, tuvo lugar, a fin de cuentas, en una confrontación casi permanente con el islam, que recibió, como estrategia perfectamente concebida con fines legitimadores, el apelativo de reconquista.

LAS BARRAS DE SANGRE

En estos primeros siglos medievales tiene sus orígenes la bandera catalana —conocida también como señera—, con sus cuatro franjas rojas sobre fondo amarillo. Lo histórico y lo legendario se han fundido con harta frecuencia a la hora de explicar cómo y en qué momento preciso hizo su aparición este emblema, futuro símbolo de Cataluña. Según una leyenda muy extendida fue un rey franco, Carlos el Calvo según unas versiones y Luis el Piadoso según otras, el que otorgó a Wifredo el Velloso, en agradecimiento por sus servicios de guerra, un escudo con cuatro barras rojas. El conde había sido herido en el campo de batalla y su señor mojó los dedos en la herida y dibujó cuatro palos en el que hasta entonces había sido su blasón raso dorado.

Si diéramos por bueno sin más este hermoso relato, los hechos habrían tenido lugar a finales del siglo IX. Sin embargo, los emblemas heráldicos sobre escudo datan, en Europa, del siglo XII. Todos los indicios apuntan al sacerdote y teólogo valenciano Pedro Antón Beuter como el inventor, en la Crónica general de España, y especialmente de Aragón, Cathaluña y Valencia (1551), de la leyenda. Martín de Riquer sugirió, por un lado, que el tema del uso de la sangre para diseñar escudos de armas derivaba seguramente de las aventuras de Galaad, en el influyente ciclo artúrico; de otro, que Beuter se había inspirado, copiando literalmente algunas de sus expresiones, en un pasaje del Nobiliario vero (1492), de Hernán Mexía, en el que se narraba el origen de las armas heráldicas del linaje de los Córdova.

Esta leyenda, que estaba destinada a tener amplísima difusión y seguimiento, provocó, no obstante, el desconcierto de algunos historiadores y heraldistas coetáneos, convencidos de que el escudo de marras era aún más antiguo. En cualquier caso, la versión de Beuter fue adoptada y adaptada por numerosos historiadores en las centurias siguientes y se convirtió, al fin y al cabo, en historia verídica. Cierto es que no todo el mundo le dio crédito, como pone de manifiesto el silencio de Jerónimo Zurita sobre este episodio en los Anales de la Corona de Aragón.

Ya en el siglo XIX, al lado de estudiosos que, como Pablo Piferrer o Próspero de Bofarull, no albergaban dudas sobre el carácter ficticio y legendario del relato de los cuatro palos de sangre, los escritores de la Renaixença difundieron el asunto en sus poemas y narraciones. Rubió i Ors dio a la luz en 1839 en el Diario de Barcelona la poesía «Lo compte Jofre’l Pelós». El más bonito e insigne de los poemas dedicados a la leyenda de los cuatro palos es el que Verdaguer tituló «Les barres de sanch», incluido en el volumen Montserrat (1880).

A la leyenda aludió Balaguer, dándola por buena, en la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón (1860) y en unos exaltados versos de 1882. La pintura histórica, tan cultivada en el siglo XIX, no ignoró tampoco esta sustanciosa temática. Destaca, en dicho sentido, el óleo Origen del escudo del condado de Barcelona (1843-1844), de Lorenzale.

La primera evidencia documentada del escudo está fechada en 1150, algunos años después de la unión de los condados catalanes con el reino vecino de Aragón. Se trata de unos sellos en los que Ramón Berenguer IV está representado a caballo con un escudo en la mano izquierda que contiene varias rayas heráldicas —no fue hasta el siglo XIV, en la época de Pedro el Ceremonioso, cuando su número quedó fijado en cuatro—. Aseguran algunos autores que existen antecedentes, impugnados, no obstante, por otros. Destacan, entre ellos, las tumbas románicas originales del siglo XI de la condesa Ermesenda de Carcasona y de su bisnieto Ramón Berenguer II, que se encuentran en la catedral de Gerona.

El blasón de oro con cuatro palos de gules, para decirlo en términos propiamente heráldicos, ha dado lugar a una polémica entre especialistas, no exenta de tintes presentistas y con claro trasfondo regional-nacionalista. ¿Las cuatro barras pertenecen en origen a Cataluña o a Aragón? No parece que esta cuestión les quitara el sueño a los hombres y mujeres de la época. El blasón era un emblema familiar o dinástico, no territorial. Las barras o palos verticales mudaron en franjas horizontales en el paso del escudo a la tela de la bandera.

En las épocas bajomedieval y moderna no se produjeron grandes evoluciones por lo que al carácter de este emblema se refiere. Pujades, a principios del sigloXVII, hacía mención de los cuatro palos como «armas o insignias de nuestros invictos condes de Barcelona». Coexistió con otros, como la bandera de San Jorge —una cruz griega roja sobre fondo blanco o plateado—, que fue adoptada como propia por las instituciones barcelonesas o por la Diputación del General. En las Narraciones históricas desde el año 1700 al 1725, Castellví detallaba la entrega de banderas a los vencedores tras el 11 de septiembre de 1714, empezando por las de la Coronela y «la antiquísima bandera de Santa Eulalia» y acabando por la de San Jorge, que, sostenía el autor, «es la que representaba el Principado».

En el siglo XIX, con el hambre de pasado que implicó la Renaixença, las cuatro barras constituían, fundamentalmente, un recuerdo histórico. No fue hasta la década de 1880 cuando adquirieron un tono reivindicativo. El surgimiento del nacionalismo, a finales de la centuria, intensificó esta tendencia. Otras opciones quedaron por el camino, en especial la cruz de San Jorge. El éxito de los impulsores fue trocar un emblema partidario en el de un territorio y una comunidad.

En el siglo XX la insignia de las cuatro barras se convierte en la bandera de Cataluña. A ella está dedicada la conocida canción «El cant de la senyera», que se estrenó en Montserrat en 1896, con letra de Maragall y música de Millet. Reza el artículo cuarto del estatuto de autonomía de 1979 que «la bandera de Cataluña es la tradicional de cuatro barras rojas en fondo amarillo», unas palabras que se repiten en el estatuto reformado de 2006.

En los últimos años han proliferado las banderas con las cuatro franjas que incorporan una estrella blanca de cinco puntas en un triángulo azul. Es la llamada «estelada» —de «estel», estrella—, símbolo del independentismo. Sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XX, aunque hasta hace muy poco su presencia en las calles era testimonial. Esta enseña fue ideada por Vicenç Albert Ballester y se exhibió por vez primera en 1918. La influencia de la bandera cubana resulta nítida. Han reivindicado la bandera, en la etapa democrática, distintos movimientos de ultraizquierda independentista y el partido ERC. Su popularización data, en cualquier caso, del siglo XXI sobre todo, con la aventura secesionista en Cataluña de fondo.

Este último proceso ha coincidido con la banalización de la señera y la estrellada. Las banderas, desde hace un tiempo, ya no se cuelgan en los balcones de las viviendas coincidiendo con algunas fechas señaladas del calendario, sino que se dejan allí en permanencia; ya no se exhiben solamente en las fachadas de los ayuntamientos, sino también en la entrada de las poblaciones; ya no se multiplican en actos políticos o culturales y manifestaciones, sino que han pasado a inspirar todo tipo de prendas de vestir, complementos y tatuajes. No resulta tampoco casual que el Barça haya adoptado en los últimos años como uno de sus equipamientos de recambio una camiseta barrada en rojo y amarillo. La guerra de las banderas está a la orden del día.

II
CATALUÑA Y LA CORONA DE ARAGÓN

Relataba Gaziel que, en una ocasión, Francesc Cambó le había asegurado que «la piedra de toque para saber si un hombre es verdaderamente patriota está en saber si siente la Edad Media». Todas las patrias que conocemos, razonaba el político y mecenas, nacieron en dicha época; Europa, en aquel entonces, segregaba patrias. Por consiguiente, el que no sintiera la Edad Media no podía tampoco sentir la patria, al igual que no puede sentirse hijo el que no siente a la madre. Cambó estaba hablando, evidentemente, de Cataluña. Los siglos medievales fundamentan el imaginario nacional y ofrecen elementos de reafirmación y de reclamo de derechos y aspiraciones variopintos.

Desde un punto de vista estrictamente historiográfico, no toda lectura del pasado es válida. El anacronismo, pongamos por caso, no resulta aceptable. Las palabras de hoy no tenían ningún significado ayer, o bien expresaban con harta frecuencia otra cosa. Nada tiene que ver, como aseguraba Gaziel, la «nació cathalana» de la que hablaba Muntaner en el siglo XIV con la «nacionalitat catalana» de Prat de la Riba. La idea del segundo no era una continuidad de la del primero, sino una radical subversión provocada por la emergencia del nacionalismo. Un nuevo vocabulario político y social surge con la entrada en la era contemporánea.

En el caso del estudio de la corona de Aragón, la mezcolanza entre la terminología de la época y la del tiempo del historiador ha provocado un confusionismo pernicioso, amén de innecesario. En la Edad Media no encontramos referencias ni a una supuesta confederación catalano-aragonesa, ni a reyes de Cataluña-Aragón, ni a condes-reyes, ni a reino de Cataluña. Se trata de construcciones historiográficas y políticas contemporáneas. A los casos mentados podría agregarse la estéril polémica sobre las sumas y restas en los numerales regios. ¿Alfonso el Casto fue Alfonso II o Alfonso I, o bien Alfonso I de Cataluña y II de Aragón? La superioridad de la condición real era lógica para el monarca, plenamente aceptada por los magnates y asumida con naturalidad por los súbditos.

En Notícia de Catalunya, Vicens Vives ofrecía unas interesantes reflexiones sobre las lamentaciones de la historiografía romántica en torno a la corona de Aragón. Escribió, en este sentido:

Desde mediados del siglo XIX nos ha molestado que los condes de Barcelona fuesen conocidos en todas partes bajo el nombre de reyes de Aragón, que nuestros bisabuelos guerreros y mercaderes trascendieran a las páginas de la historia extranjera bautizados como «aragoneses», que al hablar de nuestra expansión mediterránea se empleara el calificativo de aragonesa. Hemos acudido a los más refinados procedimientos para evitar semejante confusionismo: hemos hablado de Confederación catalanoaragonesa, de reyes de Cataluña-Aragón, de condes-reyes, de monarcas con una, dos o tres numeraciones. A mi juicio, este infantilismo no solo nos ha perjudicado, molestando innecesariamente a los aragoneses, sino que ha creado un peligroso confusionismo en nuestro espíritu público, ya que hemos puesto en la picota una de las más fecundas soluciones de nuestro intervencionismo en el complejo mundo hispánico.

En lugar de tirarse los nombres y los números a la cabeza, acaso resulte más fructífero explicar las realidades que las palabras representan y esconden.

NORTE Y SUR

El conde de Barcelona y príncipe de Aragón, Ramón Berenguer IV, falleció en 1162. Meses después, la viuda Petronila hizo donación del reino a su hijo, llamado hasta entonces indistintamente Ramón o Alfonso, pero que abrazó la tradición onomástica real aragonesa y pasó a la historia como Alfonso II el Casto. Se trata del primer autén-tico monarca de la corona de Aragón. Al margen del rey y sus próximos colaboradores, integrados en la corte, en esta unión dinástica cada una de las partes mantenía tierras, instituciones, leyes y costumbres. Dos territorios y dos pueblos, en fin de cuentas, reunidos, en tanto que estructura política plural y agregativa, bajo una misma corona.

En los años del Casto sus posesiones se ampliaron, tanto a través de conquistas como de la integración de algunos condados: Rosellón, a la muerte en 1172 de Gerar-do II, o Pallars Jussá, en 1192, tras los mandatos de las condesas Valencia y Dulce. Fue una época de reorganización administrativa y fiscal, en la que se iban perfilando y cohesionando los territorios definidos de Aragón y Cataluña. Esta última comprendía, según aseguraba el monarca en una asamblea de paz y tregua de 1173, «a Salsis usque ad Dertusam et Ilerdam».

Tanto el reinado de Alfonso II como el de su hijo Pedro II el Católico estuvieron marcados por la cuestión occitana. Ya Ramón Berenguer IV, tras las conquistas leridanas y tortosinas, había colaborado con su sobrino Ramón Berenguer III de Provenza para someter a la díscola nobleza y tejer una red de alianzas con el fin de aislar a la casa de Tolosa, apoyada por los Capetos. A la muerte del conde, en 1166, Alfonso el Casto fue nombrado, con la aquiescencia de la aristocracia local, marqués de Provenza. En 1176 firmó la paz con un asaz recompensado conde de Tolosa y se fijaron las fronteras de ambos dominios.

La tranquilidad, no obstante, duró poco. Al año siguiente, el magnate tolosano denunció, ante el capítulo general de los cistercienses, el ascendiente del catarismo en las tierras del norte de los Pirineos y las dificultades para frenar la progresión de esta secta cristiana, que la iglesia consideraba herética. La Santa Sede reaccionó con excomulgaciones de los cátaros y sus protectores, como los Trencavel. Ante la disyuntiva entre apoyar a estos últimos o mantener las relaciones con los tolosanos, el rey se inclinó, valorando la posibilidad de afianzar los dominios ultrapirenaicos, por la primera opción. Con los años y, sobre todo, con las muertes de Alfonso II y de Ramón V de Tolosa, se interrumpieron las hostilidades.

El papado y los eclesiásticos no cejaron, sin embargo, en la lucha contra los cátaros, destacando los cistercienses y predicadores como Domingo de Guzmán. El papa Inocencio III pregonó la cruzada en 1208 y convocó a la nobleza del norte de Francia, ofreciendo implícitamente a la monarquía el dominio del sur. Al frente de las tropas, muy numerosas por mor de las apetitosas promesas de tierras y botín, se pusieron el normando Simón de Montfort y Arnaldo Amalric, antiguo abad de Poblet.

Para defender sus territorios los señores occitanos se reagruparon en torno a Pedro II, que se vio en la obligación de proteger a sus vasallos y reafirmar la política ultrapirenaica de su dinastía. Fue una guerra brutal y muy cruenta. El rey murió, en 1213, en la batalla de Muret. Allí se abrieron las puertas del sur del Loira a los Capetos, mientras se cerraban las de la integración de Occitania en la corona de Aragón. Los hechos de 1213 obligaron a mirar más al sur y al Mediterráneo.

La sociedad catalana de la segunda mitad del siglo XII y de la centuria siguiente estuvo marcada por un fuerte dinamismo. Todos los indicios apuntan a ello. El crecimiento demográfico, para empezar, si bien debemos distinguir entre un aumento interno, deudor en gran medida del desarrollo productivo, la reducción del hambre, la disminución de la edad de matrimonio y, asimismo, del incremento de la fecundidad, y otro externo, vinculado a la incorporación de pobladores de los territorios conquistados de Al-Ándalus. Ciudades como Barcelona —la más habitada, seguida de Perpiñán— ampliaron notablemente, en aquel entonces, el perímetro amurallado. La sobrepoblación en algunas partes del territorio favoreció las aventuras expansionistas del siglo XIII.

La producción pecuaria se consolidó en torno al ovino, que permitía la obtención de carne, lana, leche y pieles. La agricultura se basaba en los cereales y la viña, incentivada por el aumento de la demanda urbana. De forma progresiva se introdujeron algunos cultivos especializados, como azafrán, lino o cáñamo. El incremento de la producción agraria estuvo acompañado por el del suelo sembrado. La no rara fragmentación de las explotaciones fue compensada con plantíos más intensivos.

El sector de la transformación —textil, piel, cuero, tintes— adquirió un notable impulso en algunos centros urbanos. El textil era el más dinámico, basado en el algodón, el lino y, sobre todo, la lana. Tanto en el mundo urbano como en el rural, la pañería (draperia) iba a constituir una actividad esencial. Hasta las mejoras tecnológicas de finales del siglo XIII, las unidades de producción eran pequeñas y poco equipadas. Los menestrales o gente de los oficios se organizaron en gremios y cofradías.

Aunque aumentaran las villas nuevas y la concentración poblacional en núcleos más compactos, que articulaban el territorio y se convertían en lugar de mercado, la unidad de explotación agraria y el hábitat fundamental del payés siguió siendo el mas (manso o masía). La práctica del heredamiento, que suponía la donación en vida del payés a uno de sus hijos, aunque manteniendo el usufructo, de la mayor parte de la herencia, favorecía la continuidad de las explotaciones.

No faltaron las disputas entre señores feudales por los dominios directos y algunas violencias en la disputa por jurisdicciones o rentas. La imposibilidad de hacerse con nuevas posesiones provocó fuerte inquietud desde finales del siglo XII. Aunque el patriciado, que acabó por asegurarse el control de los gobiernos municipales, se hubiera enriquecido originalmente con el comercio, las actividades de transformación o la administración real, compartía con la aristocracia militar su condición de señores, titulares de tierras y jurisdicciones. La vinculación entre los mundos rural y urbano fue cada vez mayor.

Las disputas entre señores directos y campesinos en torno a las exacciones exigidas y las propias interpretaciones de los contratos enfitéuticos aumentaron desde mediados del siglo XIII. En la denominada Cataluña vieja, la extensión de las servitudes y de los malos usos por parte de los señores, con la inestimable colaboración de los juristas, acabó por configurar la figura del payés de remensa. Este era, por encima de todo, un siervo, esto es, no libre en tanto que persona adscrita y dependiente de otra.

Los denominados malos usos eran media docena: intestia (derecho del señor a quedarse con una parte de los bienes muebles o ganado si el campesino fallecía sin dejar testamento escrito), eixorquia (derecho del señor a recibir la tercera parte de los bienes muebles y ganado si el campesino moría sin hijos), cugucia (derecho del señor a recibir una parte de los bienes de la mujer culpable de adulterio, con o sin anuencia marital), arsina (derecho del señor a quedarse con una parte de los bienes muebles del campesino si se incendiaban el manso o sus tierras), ferma d’espoli forçada (derecho del señor a percibir una cantidad para autorizar una hipoteca dotal del campesino sobre el manso al pactar su matrimonio) y remensa (derecho del señor a imponer un rescate al campesino que desease abandonar el manso o la tierra).

El impulso del comercio constituyó uno de los elementos peculiares de este periodo en tierras catalanas. La prosperidad se asentó fundamentalmente sobre esta actividad, que movilizaba sectores sociales y actividades varias en torno a las lógicas de reexportación de productos. El comercio se centró en el Mediterráneo occidental y oriental —la ruta más rica, sin duda—, la Europa continental y las penínsulas italiana e ibérica. De Aragón se importaba sobre todo trigo, lana y carne.

Los mercaderes apoyaron decididamente las iniciativas regias de expansión y aportaron donativos y créditos; obtuvieron, a cambio, bienes y privilegios mercantiles. En los centros urbanos, estos se reunían en las lonjas para tratar de los asuntos que les incumbían. Poco a poco se crearon corporaciones y una jurisdicción especial, los denominados consulados de mar. Al de Barcelona, de la segunda mitad del siglo XIII, se sumaron más adelante los de Tortosa, Perpiñán y San Feliu de Guíxols. Para los negocios se desarrollaron formas asociativas específicas, como la comanda —una sociedad formada por un socio capitalista y otro comanditario para un tiempo limitado, con frecuencia un viaje de ida y vuelta— y la compañía.

Aunque en el origen estuviera ideada para facilitar el canje de las monedas circulantes, la mesa de cambio (taula de canvi) se transformó ya, a fines del siglo XIII, en banco incipiente, que administraba depósitos, concedía créditos y participaba en el tráfico de letras de cambio. A principios del siglo XV, tras algunas importantes quiebras en este sector, tuvo lugar una importante reforma, así como el surgimiento de una Taula de Canvi de Barcelona, respaldada por el poder municipal.

»MARE NOSTRUM»

Hijo de Pedro el Católico y María de Montpellier, Jaime I nació en 1208. Cuando sus padres murieron, en 1213, hacía ya unos pocos años que el infante había sido colocado como prenda bajo la tutela del archienemigo Simón de Montfort, que solamente se avino a devolverlo en 1214 tras las presiones del propio papa. El niño regresó a su tierra, quedando bajo tutela de Guillermo de Montrodón, maestre del Temple. Los caballeros templarios se ocuparon de educarlo en el castillo de Monzón. Con solamente trece años se desposó con Leonor de Castilla.

La minoridad del rey constituyó una etapa convulsa. Asumió la regencia el tío de su padre, Sancho. La agitación y descontento de los feudales, que se sentían amenazados por la estabilidad fronteriza y las evoluciones de la economía, además de por las disputas regia y patricia de su casi monopolio del poder, resultaba evidente. Aunque las revueltas aristocráticas se iban a alargar hasta la época de su hijo Pedro el Grande, fueron parcialmente desactivadas por Jaime I con la promesa de nuevas conquistas, emprendidas gracias a la contribución y el crédito de las ricas ciudades.

Desde 1225 hasta 1344 tuvo lugar la impresionante aventura catalano-aragonesa en el Mediterráneo, que afectó principalmente a la región de Valencia, las islas Baleares, Sicilia y Cerdeña, además de algunas partes de Grecia. El Mediterráneo devino mare nostrum. Paralelamente, en el tratado de Corbeil (1258), a cambio del reconocimiento francés de la realidad del noreste de la Península y la renuncia a cualquier derecho de época carolingia, Jaime I hizo explícito abandono de la política ultrapirenaica.

Las conquistas de Mallorca y Valencia constituyeron magnas empresas. Esta expansión generó nuevas realidades políticas, sociales y lingüísticas. Constituía, en buena medida, una forma de liberar algunas de las tensiones que atravesaban la sociedad desde principios del siglo XIII. Tanto la belicosidad nobiliaria como los intereses comerciales contribuyeron al éxito de la iniciativa.

Jaime I reunió las cortes en Barcelona, a finales de 1228, para exponer sus planes de conquistar las Baleares y pactar las aportaciones a la causa y los ulteriores repartos. La lucha contra la piratería y las represalias por la captura de naves, que estorbaban al cada vez más floreciente comercio, estaban en la mente de todos. Los expedicionarios iban a ser sobre todo catalanes.

Las tropas se hicieron a la mar, a principios de septiembre de 1229, en Salou, Cambrils y Tarragona. La capital, Madina Mayurqa, fue tomada al asalto, tras rechazarse toda negociación, el último día del año. Los distintos focos de resistencia del interior de la isla no quedaron totalmente controlados, sin embargo, hasta el verano de 1232. Los musulmanes mallorquines fueron mayormente impelidos al exilio o convertidos en esclavos y sus bienes repartidos entre los conquistadores. Para la colonización se apeló a payeses del noreste de Cataluña, que se establecieron mediante contratos enfitéuticos; una carta de franquicia, de 1230, favoreció el proceso repoblador.

Las otras islas de las Baleares siguieron caminos distintos. Mientras que los musulmanes de Menorca firmaron con el Conquistador un pacto de vasallaje en 1231 y consiguieron retardar la ocupación hasta la década de 1280, la conquista de Ibiza y Formentera, en cambio, tuvo lugar en 1235.

El reino de Mallorca quedó perfilado en los testamentos de Jaime I, inspirados por una concepción claramente patrimonial. A la muerte de su padre, Jaime II de Mallorca heredó el reino, que incluía las islas Baleares, los condados de Rosellón y Cerdaña, el vizcondado de Carladés, junto con Omeladés, y la señoría de Montpellier. Aunque la capital fuera la ciudad de Mallorca, el monarca residía habitualmente en Perpiñán. El nuevo reino tuvo vida independiente entre 1276 y 1285 y entre 1298 y 1343. Las relaciones con la Península no fueron nunca plácidas.

El caso del reino de Valencia es sensiblemente distinto. La conquista de las taifas levantinas fue largamente objeto de deseo, como ponían de manifiesto los tratados de Tudillén (1151) o de Cazola (1179) y los reiterados ataques cristianos. En la conquista, iniciada en 1229, participaron catalanes y aragoneses, aunque fueron estos últimos los que llevaron la iniciativa, especialmente al principio.

La conquista, que se alargó diecisiete años, puede ser dividida en tres fases. Entre 1229 y 1235 se ocupó la parte norte, mientras que las operaciones militares se trasladaron al centro entre 1236 y 1238. En las cortes de Monzón de 1236, generales para toda la corona de Aragón, Jaime I solicitó ayuda para una empresa que había superado las expectativas de principio. La entrada en la ciudad de Valencia tuvo lugar el 9 de octubre de 1238. La etapa postrera, entre 1239 y 1245, afectó a la zona meridional. El tratado de Almizra (1244), entre Jaime I y el futuro rey Alfonso X el Sabio, puso fin momentáneamente a los rifirrafes sobre los límites conquistados o a conquistar. El acuerdo reservaba las tierras alicantinas a la expansión castellana.

Los pactos de capitulación iban a caracterizar la conquista relativamente rápida de las tierras valencianas. La corona se hizo con núcleos urbanos ricos y poco dañados, debiendo a cambio respetar vidas, leyes, costumbres y religión de los vencidos. Los musulmanes iban a ser mayoritarios en el futuro, excepto en la parte norte y en la capital, frente a los nuevos pobladores. Esta situación provocó bastante inestabilidad, con revueltas musulmanas destacables y decretos de expulsión.

El Conquistador no anexionó Valencia y Mallorca ni a Aragón ni a Cataluña. En el caso valenciano se propuso crear un reino propio, con leyes y instituciones, una estructura más equilibrada y un peso mayor de villas y ciudades, intentando escapar algo a las limitaciones de su autoridad que se producían en los viejos territorios. Más adelante, en tiempos de Jaime II, para proteger mejor el floreciente comercio catalán entre las dos orillas del Mediterráneo y dejando a un lado los acuerdos de Almizra, sus tropas ocuparon Alicante, Elche, Orihuela y Murcia, en 1296, y Lorca en 1300. Las negociaciones llevaron finalmente, en la sentencia arbitral de Torrellas (1304) a una división de la zona en litigio y a la definitiva incorporación de las tierras de Alicante, Elche y Orihuela al reino de Valencia.

Jaime I murió en 1276, dividiéndose el reino entre sus dos hijos varones, convertidos en Pedro III el Grande y Jaime II de Mallorca. El mayor se había casado con Constanza, de la familia alemana de los Hohenstaufen que reinaba en Sicilia, enfrentada al papado y a los franceses. La derrota frente a los angevinos y la muerte de los últimos monarcas de esta dinastía, Manfredo y Conradino, en la segunda mitad de la década de 1260, convirtieron a Constanza, hija del primero, en la heredera de los derechos de su linaje a la corona siciliana.

En Palermo, en marzo de 1282, una revuelta conducida por la aristocracia y los dirigentes municipales —las denominadas vísperas sicilianas— supuso la expulsión de los angevinos. Temerosos de la reacción de Carlos de Anjou y fracasado el intento de aproximación al papado, se pusieron bajo la protección de Pedro el Grande. Este, que llevaba tiempo preparándose para esta eventualidad, tomó posesión de Sicilia. Contra Pedro III se aliaron el rey de Francia, la casa de Anjou, Jaime II de Mallorca y el papa, que lo excomulgó.

La flota aragonesa, dirigida por Roger de Lauria, un marino originario del sur de la península italiana, derrotó reiteradamente a la angevina. En 1285, la invasión francesa de Cataluña, previa ocupación del valle de Arán, fracasó. En Barcelona, los efectos de la guerra en los precios y los impuestos, además del déficit cerealista como consecuencia de malas cosechas, provocaron durante algunas semanas una intensa protesta social contra las autoridades, dirigida por Berenguer Oller, que llegó a constituir una suerte de gobierno popular.

Las victorias aragonesas favorecieron la búsqueda de una solución duradera. Pedro el Grande, fallecido en el mismo año 1285, legó Aragón, Cataluña y Valencia al hijo mayor, Alfonso, dejando Sicilia a Jaime. El nuevo rey confiscó Mallorca e Ibiza a su tío Jaime II, por el apoyo brindado a los franceses, y, en 1287, se hizo con Menorca, fuente de riquezas, esclavos para vender y tierras para repartir y repoblar. Durante el corto reinado de Alfonso el Liberal se negoció con todos los implicados en el conflicto, pero su muerte, en 1291, iba a obligar a introducir cambios.

Jaime II el Justo le sucedió tras ceder Sicilia al hermano pequeño, Federico. La prosecución de los contactos multilaterales terminó con el tratado de Anagni (1295), que incluía la paz con Francia; el matrimonio de Jaime II con Blanca, hija de Carlos de Anjou; la futura restitución de las Baleares a su rey; la donación de Sicilia al papa, abriendo a cambio las puertas a una futura conquista de Córcega y Cerdeña, y, asimismo, el levantamiento de la excomunión del soberano. Los sicilianos no aceptaron el acuerdo y proclamaron rey a Federico. Las hostilidades con los angevinos no terminaron hasta 1302, con la paz de Caltabellotta. De esta manera, una rama de la dinastía se instaló durante un siglo en Sicilia, hasta que este territorio volvió a integrarse, a principios del siglo XV, en la corona de Aragón.

Para afrontar los retos mediterráneos Pedro el Grande se había visto en la obligación de poner orden en casa. En los últimos años de la época de su padre, la nobleza catalana y aragonesa, inquieta ante algunas medidas regias y el peso de villas y ciudades, volvió a agitarse. La situación se agravó en los inicios del nuevo reinado. La toma de Balaguer (1280) y el proceso de los rebeldes pusieron fin definitivamente a las revueltas. Las pugnas iban a dirimirse, en el futuro, en las cortes, a las que catalanes, aragoneses y valencianos fueron convocados en numerosas ocasiones.

En las cortes de Barcelona de 1283, a cambio de una importante contribución, el rey aceptó que estas se reunieran anualmente, poniendo las bases del pactismo. Se benefició a las ciudades y la oligarquía consolidó el régimen municipal, en especial en Barcelona, que contaba desde hacía casi un par de décadas con la institución de gobierno del Consejo de Ciento. Los señores reforzaron también la autoridad sobre los siervos.

A pesar de que el rey no tuviera jurisdicción sobre algunas zonas y que existían organizaciones propias de las baronías, la monarquía fue perfilando a lo largo del siglo XIII una división territorial de Cataluña en veguerías. A principios del siglo XIV, una propuesta de creación de cuatro supraveguerías —Barcelona, Gerona, Lérida, Tortosa— no prosperó. Hacia 1318 el mapa estaba prácticamente fijado y se mantuvo, con pocos cambios, hasta el siglo XVIII.

El final de la guerra siciliana había dejado a numerosos mercenarios sin botín ni actividad remunerada. Fueron los almogávares, unos combatientes que tenían su origen en los soldados fronterizos andalusíes que hacían incursiones y correrías (algaras) en territorio enemigo. Su eficacia hizo que fueran adoptados en los condados y reinos emergentes. Se convirtieron en tropas de choque, mayormente de infantería, con armas y bagajes ligeros, duchas en el espionaje, el uso de hondas, lanzas y saetas y el enfrentamiento con caballeros.

Antes de trasladarse a Sicilia, ya habían participado en la conquista de Teruel, Mallorca, Valencia y Murcia. Junto a catalanes, aragoneses y naturales de otros reinos hispánicos, muchos musulmanes integraban estos cuerpos. Los almogávares no eran exclusivos de Cataluña ni de la corona de Aragón, sino que podemos encontrarlos en todos los reinos fronterizos de la península ibérica, en especial en Castilla. Sus formas y tácticas de lucha sorprendieron hondamente en el resto de la Europa feudal.

En 1303, unos miles de almogávares, formando la denominada Gran Compañía Catalana, embarcaron rumbo a Constantinopla para ponerse al servicio del emperador bizantino, en guerra contra los turcos. Los mandaba Roger de Flor, un antiguo caballero templario de origen italo-germano. Cosecharon numerosos éxitos militares en Asia menor. El descontento popular por los abusos de la tropa, las tensiones con otros mercenarios y con los genoveses, el coste de las soldadas y acaso las ambiciones territoriales de Roger de Flor condujeron al asesinato de este último y algunos de sus hombres en Adrianópolis, en 1305.

La reacción almogávar no se hizo esperar y dio lugar a la llamada venganza catalana, que llevó al saqueo de la Tracia, con masacres de poblaciones enteras incluidas, al grito de «¡Desperta ferro!», «¡San Jorge!» o «¡Aragón! ¡Aragón!». El infante Fernando de Mallorca asumió la dirección de la Compañía, que se trasladó a Grecia, viviendo del saqueo y poniéndose al servicio de señores variopintos. Se hicieron con el ducado de Atenas, en 1311, y, más adelante, en 1319, crearon en el sur de Tesalia el ducado de Neopatria.

Estas posesiones almogávares fueron puestas bajo la autoridad de la casa de Sicilia. Al ser traspasadas, algunas décadas después, a Leonor, hermana de Federico III de Sicilia y esposa de Pedro el Ceremonioso, los ducados quedaron incorporados a la corona de Aragón. La falta de recursos económicos, sin embargo, hizo inviable mantenerlos, lo que provocó su pérdida, entre 1388 y 1390.

A pesar de que Jaime II hubiera obtenido del papa la enfeudación de Córcega y Cerdeña en 1297, la conquista de esta última isla se dilató en el tiempo. Ni el estado de las finanzas reales tras la aventura siciliana; ni los conflictos con Castilla por las tierras de Alicante y Murcia, entre 1296 y 1304; ni el intento fallido de conquista de Almería y de control del Estrecho, aconsejaban proceder con demasiada premura.

Las tropas de la corona de Aragón no desembarcaron en Cerdeña hasta 1323. Cierto es que, con anterioridad, las intrigas para debilitar a los pisanos y favorecer el proaragonesismo no faltaron. El control de la isla resultaba interesante desde el punto de vista estratégico y económico, sin olvidar las posibilidades que ofrecía para repartir tierras y honores a los feudales y obtener beneficios para el monarca.

Tras desembarcar en Cerdeña, el poderoso ejército dirigido por Alfonso, el hijo del monarca, tuvo que hacer frente a los pisanos, que fueron vencidos finalmente en Lucocisterna (1324). A pesar de controlar en apariencia la isla, las frecuentes revueltas sardas y la ayuda exterior de Génova y Pisa hicieron muy difícil la dominación aragonesa. La ocupación militar se impuso, demandando muchos recursos.

TRILOGÍA MORTAL

En 1300, Cataluña tenía alrededor de medio millón de habitantes. El crecimiento había sido muy importante a lo largo de la centuria precedente en toda la Península. Las tierras catalanas eran las más pobladas de la corona de Aragón, doblando tanto a las aragonesas como a las valencianas. Sea como fuere, los 500.000 habitantes se convirtieron en un techo, que no volvió a ser alcanzado hasta principios del siglo XVIII. Al importante hundimiento demográfico del siglo XIV le siguió otro, mucho más suave, en el siguiente. Entre 1300 y 1497 los moradores de Cataluña habían quedado reducidos a la mitad.

La caída poblacional constituye un primer indicio claro de la crisis social y económica vivida en los siglos XIV y XV. La trilogía mortal formada por la peste, el hambre y la guerra hizo acto de presencia con inusitada recurrencia. En Cataluña, 1333 aparece calificado en los documentos como «lo mal any primer». No merece mejor calificación el que le siguió. Todo apunta, no obstante, a que las dificultades frumentarias habían principiado algo antes y las malas cosechas se sucedían desde la segunda década del siglo. La escasez generalizada provocó una fuerte alza de precios y especulación; en algunas ciudades, el desabastecimiento, al que contribuyeron los bloqueos de la marina genovesa, resultó fatal.

Hacia mediados del siglo XIV la peste negra llegó a la península ibérica, abatiéndose sobre una población ya debilitada por las anteriores circunstancias, afectada por el hambre y la malnutrición, y especialmente vulnerable. El Rosellón fue el primer territorio damnificado de la corona, a donde la epidemia arribó, a mediados de abril de 1348, desde el foco marsellés. Esta epidemia fue seguida de muchas otras, con un cierto aire cíclico, a lo largo de casi una centuria.

El aumento de los índices de mortalidad en las décadas centrales del siglo XIV fue muy destacado. Algunos cálculos cuantifican los muertos en Barcelona en una de cada cinco personas. La población infantil quedó muy diezmada, comprometiendo los relevos generacionales. A la peste y las hambrunas se sumaron, en varios momentos de los siglos XIV y XV, los temblores de tierras en algunas zonas del principado.

En el mundo rural, muchas masías y explotaciones, así como algunos pueblos enteros, quedaron vacíos. La migración del campo a las ciudades no constituyó un elemento secundario, estimulado no solamente por el deseo de escapar del hambre y los contagios, sino sobre todo por la subida de los salarios y la multiplicación de las ofertas laborales. Los más afectados, en cualquier caso, fueron los campesinos más modestos. Otros aprovecharon la situación para hacerse a bajo coste con los mansos abandonados (masos rònecs) y ampliar sus dominios. Una parte de los payeses —los llamados grassos (gordos), en particular— aumentó su fortuna.

De forma paralela, los señores intentaron paliar la caída de la renta feudal con mayor subyugación y aprovechamiento. Se reclamaron derechos sobre los ya citados mansos o se hicieron intentos para introducir nuevas condiciones, al mismo tiempo que se aseguraban las existentes, tales como los malos usos o el derecho de maltrato. Todo ello acabó dando lugar, en especial en el siglo XV, a un sinfín de conflictos y revueltas protagonizados por los payeses de remensa.

Curioso resulta constatar, a primera vista, que, de forma paralela a los efectos críticos descritos, el número de gremios artesanales creciera considerablemente en ciudades como Barcelona. Tanto por lo que se refiere a la producción como a la mano de obra, el textil constituía el negocio principal. Entre 1380 y 1425 la producción pañera creció en un tercio. A finales de la centuria, en cambio, vivió momentos difíciles. Otros sectores merecen, asimismo, ser recordados: carpintería, calzado, platería, jabonería o trabajo del coral y cuero. El comercio marítimo siguió siendo uno de los pilares de la economía. Y se continuaron obteniendo grandes beneficios. Hasta bien entrado el siglo XV, Cataluña mantuvo su posición privilegiada de intermediario en el comercio internacional del Mediterráneo oriental, base de la fortuna de sus grupos dirigentes.

Las pérdidas totales de población a lo largo de la crisis bajomedieval oscilaron en el principado entre un treinta y un sesenta por ciento del total. El reino de Valencia, también muy afectado por la depresión, se recuperó mucho más rápidamente que Cataluña, superándola, en el siglo XV, tanto en habitantes como en dinamismo económico.

Jaime II el Justo murió en 1327 y le sucedió su hijo Alfonso, apodado el Benigno. Estuvo sentado en el trono pocos años, dando paso a su primogénito Pedro, nacido de la unión con su primera esposa Teresa de Entenza, condesa de Urgel. El reinado de Pedro IV el Ceremonioso se extendió de 1336 a 1387. No fueron solamente tiempos de dificultades económicas, sino también de tipo político. Resultaba complicado mantener los altos costes de la empresa mediterránea y peninsular. Ambos monarcas toparon con los estamentos.

La tensión aumentó sobremanera en la etapa del Ceremonioso, que se propuso rehacer la potestad regia e imprimir a su mando un sesgo más personalista y menos dependiente de los estamentos. Tardó más de una década en convocar cortes y se enfrentó a nobles y ciudades. El monarca se vio obligado a vender más patrimonio y jurisdicciones y a endeudarse para hacer frente a los altos costes de la política exterior. Parece que las quiebras bancarias de 1381 —la de la banca Descaus-Olivella— y de los años siguientes guardaban algo de relación con la elevada presión regia. La necesidad de subsidios y donativos, en época de crisis, hizo que tuviera que replantear sus maneras de gobernar y plegarse en buena medida a las demandas de las cortes.

De la colaboración con Castilla para enfrentarse a los benimerines de Fez con el fin de evitar una invasión de la Península se pasó, a partir de 1350, a un deterioro de las relaciones, que acabó en la llamada guerra de los dos Pedros. Pedro I el Cruel, aliado de los genoveses y fiado de su creciente poderío naval, declaró la guerra a la corona de Aragón en 1356. Pedro IV apoyó los intereses de Enrique de Trastámara contra su hermanastro, en una guerra civil dentro de otra peninsular. El clima bélico continuó hasta la firma del tratado de Almazán (1375). La sangría económica, en ciudades como Barcelona, y amplias zonas asoladas fueron los resultados más visibles de la guerra.

Pedro IV puso fin, en 1343, con el apoyo financiero de la ciudad de Barcelona, al reino de Mallorca, reincorporando a la corona de Aragón los territorios insulares y, a continuación, los pirenaicos, excepto Montpellier, Omeladés y Carladés, vendidos al rey de Francia. Tuvo que enfrentarse a su cuñado Jaime III, derrotado y muerto en la batalla de Llucmajor (1349). Era un paso más en la política centralizadora.

Una especial atención reclamó la pacificación de Cerdeña, incesantemente en pie de revuelta, con clara instigación genovesa. La conquista de Alguero, en el noroeste de la isla, en 1354, fue seguida de una repoblación por parte de hombres y mujeres de Cataluña, lo que explica que hoy se siga hablando en esta ciudad un dialecto catalán, el alguerés. La corona se alió con Venecia y Bizancio contra Génova. Tanto el conflicto militar como el corso tuvieron consecuencias importantes en las finanzas y en el abastecimiento de las ciudades. Pedro IV intervino también en Sicilia, recurriendo a una hábil política matrimonial para integrar la isla a sus posesiones.

La Diputación del General, más adelante conocida como Generalitat, que tenía su origen en las comisiones que, desde finales del siglo XIII, se ocupaban de recaudar los tributos votados y ejecutar los acuerdos de las cortes, se convirtió en una institución estable a mediados de la centuria siguiente. Era un órgano formado por tres representantes de cada estamento (militar, eclesiástico, real), presidido por un miembro del brazo eclesial y dotado de recursos propios. Con el tiempo pasó de ser un organismo de carácter esencialmente económico a otro político y de gobierno.

Los reinados de los hermanos Juan I el Cazador y Martín I el Humano han sido considerados como la etapa crítica que precede el final de la dinastía de los condes de Barcelona y reyes de Aragón. El infante Juan había sido el primero en ostentar el título de duque de Gerona, convertido en príncipe en la época de los Trastámara, que iba a pasar después a la monarquía hispánica. Reforzó el papel de la nobleza y no faltaron choques con las cortes, a las que reclamaba recursos mientras estas le solicitaban que se desprendiese de los malos consejeros y sanease las finanzas.

El asalto a las juderías (calls) del verano de 1391 constituyó un nítido indicio de la crisis política y social del momento. El descontento popular fue dirigido, como en otras partes de Europa y como ya había ocurrido en numerosas oportunidades en tierras de la corona de Aragón, contra las comunidades hebreas. Se calcula que, en aquel entonces, unos doce mil judíos vivían en Cataluña. Los disturbios al grito de «¡Bautismo o muerte!» se sucedieron en Barcelona, Gerona, Lérida, Balaguer y Perpiñán.

El Cazador falleció en 1396 y Martín el Humano ocupó el puesto vacante. Hizo ingentes esfuerzos para conseguir la paz social y regenerar las finanzas reales. Para ello reunió en varias ocasiones las cortes y retomó la tímida política de su antecesor de recuperación del patrimonio regio. Tuvo escaso éxito. Continuó, asimismo, con la opción profrancesa a favor del papa de Aviñón, en clara ruptura con las posiciones cautelosas de Pedro el Ceremonioso tras el cisma de Occidente (1378). Ello conllevó el apoyo romano a las revueltas en Cerdeña y a la agitación en Sicilia. El papa Benedicto XIII, el aragonés Pedro de Luna, pariente próximo de la mujer del monarca, se refugió en la corona de Aragón.

La muerte del hijo del rey, Martín el Joven, en 1409, significó la incorporación de Sicilia a la corona, pero puso encima de la mesa un grave problema sucesorio. Tanto Juan I como Martín I habían tenido vástagos varones, pero todos fallecieron antes que sus progenitores. También los dos hijos legítimos de Martín el Joven murieron antes que él. Quedaba solamente Federico, retoño natural, que no fue legitimado. Jaime de Urgel, bisnieto por vía paterna de Alfonso el Benigno y cuñado de Martín el Humano, que había sido nombrado lugarteniente de Aragón, era la persona mejor situada. Pero el monarca murió, en 1410, sin designar sucesor.

Abriose un largo, complejo y agitado interregno. Cuatro candidaturas al trono estaban perfiladas, con partidarios en los tres territorios de la corona: Jaime de Urgel, ya citado; Luis de Anjou, duque de Calabria, nieto por línea femenina de Juan I; Alfonso de Gandía, nieto por vía paterna de Jaime II, y, finalmente, Fernando de Antequera, nieto por vía masculina de Pedro el Ceremonioso. Mientras se iban formando bandos irreconciliables alrededor de los dos primeros candidatos, en especial en Valencia y Aragón, el último iba afianzándose apoyado en el poder político, militar y diplomático que le confería la regencia de Castilla.

El asesinato, en 1411, del arzobispo de Zaragoza, firme defensor de la causa de Luis de Anjou, por parte del líder de los urgelistas de Aragón, Antonio de Luna, dio un vuelco a la situación. Los partidarios del de Anjou se sumaron al bando de Fernando de Trastámara —o Antequera, como consecuencia de la conquista de esta plaza a los andalusíes, en 1410—, firmemente sostenido por el papa Luna, interesado en obtener el apoyo de Castilla y de la corona de Aragón a su propia causa.

Las divisiones internas en Cataluña, que paralizaron toda decisión, y las hostilidades entre urgelistas y trastamaristas en Aragón y Valencia propiciaron que se impusiera la propuesta del papa de reunir una comisión de expertos. A la hora de fijar la lista de compromisarios imperó el criterio de los profernandistas aragoneses, mientras que desde Cataluña no se llegó a ningún acuerdo sobre nombres alternativos y, en el reino de Valencia, los dos bandos se enfrentaron por la vía armada.

Reunidos en Caspe los nueve compromisarios, después de examinar los derechos de los pretendientes, eligieron, en junio de 1412, a Fernando de Antequera. Se inclinaron por él los tres aragoneses, dos valencianos —los frailes y hermanos Vicente y Bonifacio Ferrer— y Bernardo de Gualbes, consejero de Barcelona. De los dos catalanes restantes, el jurista Guillermo de Vallseca votó a Jaime de Urgel y Pedro de Sagarriga, arzobispo de Tarragona, a este mismo y a Alfonso de Gandía.

La historiografía catalanista ha convertido el compromiso de Caspe en una magna derrota nacional, amén de la verdadera causa de la decadencia de Cataluña. Acaso sea mejor invertir los términos y considerar el resultado de 1412 como una de las múltiples consecuencias de la decadencia bajomedieval. La debilidad catalana fue, en fin de cuentas, lo que posibilitó que castellanos, aragoneses y el papa Luna actuaran sin demasiadas cortapisas.

Pocos años duró el reinado de Fernando I. Tuvo que enfrentarse a Jaime de Urgel, que, instigado por algunos de sus fieles y familiares, se insurreccionó, siendoderrotado en Balaguer (1413). La relación entre rey y estamentos, cada vez más consolidados y arrogándose mayor poder, protegidos por el reforzado escudo del pactismo, resultó poco fluida. Acaso era difícil no tener en cuenta que, de hecho, ellos habían contribuido a designar al rey —y no la invocada voluntad divina— y, por consiguiente, eran depositarios de soberanía.

La Diputación del General, controlada por la nobleza y el rico patriciado, acabó erigiéndose en la representante de la tierra frente a la realeza. Esta última, según un dictamen jurídico de las cortes barcelonesas de 1431-1434, debía someterse y proteger los «Usatges e Constitucions e leys del Principat». El pactismo constituía, en puridad, una forma derivada de la relación feudal entre el primus inter pares y sus vasallos.

En 1416, a la muerte del monarca, accedió al trono su primogénito Alfonso. Al igual que sus hermanos y hermanas, hijos todos de Leonor de Alburquerque, había contraído un matrimonio bien calculado: con su prima María, hija de Enrique III de Castilla. Las ambiciones de los Trastámara respondían a criterios patrimoniales y familiares y mostraban la fuerza de las élites nobiliarias afectas.

Alfonso el Magnánimo estuvo al frente de la corona de Aragón entre 1416 y 1458, aunque vivió más tiempo en tierras italianas que hispanas. Tras intervenir en Cerdeña y Córcega, a partir de 1421 se implicó a fondo en los asuntos napolitanos. Alfonso V instaló su corte y asentó sus reales en Nápoles en la década de 1440, ejerciendo de monarca renacentista, sin volver jamás a los territorios ibéricos. El Mediterráneo oriental atrajo desde entonces sus atenciones y pasiones.

A pesar de que la política marítima tuviera efectos beneficiosos para el prestigio de la monarquía y el comercio, comportó unos altísimos costes. La otra cara de la moneda consistía en la permanente demanda de recursos para sostener las campañas y aventuras italianas. Las cortes se reunieron en innumerables ocasiones, presididas por el propio rey o, en la mayor parte de los casos, ante su ausencia, por un lugarteniente, puesto que ocupó durante mucho tiempo la reina María. No siempre obtuvo donativos.

En Cataluña, a diferencia de lo que ocurría en Valencia, que se estaba convirtiendo en el siglo XV en el centro económico de la corona, los estamentos se enfrentaron una vez y otra con la voluntad regia. Estos se quejaban de los intentos de recuperación de patrimonio real, de las medidas favorables a los payeses de remensa o del excesivo intervencionismo regio, mientras reclamaban el mantenimiento de los cargos principales para los autóctonos o la reforma de la justicia.

La década de 1450 resultó particularmente agitada, cediendo una herencia envenenada para el reinado del sucesor de Alfonso V. Un par de decisiones encendieron los ánimos. En primer lugar, el lugarteniente Galcerán de Requesens dejó, en 1453, el gobierno de Barcelona en manos de sectores moderados de la llamada Busca, en detrimento de la oligarquía tradicional —ciudadanos honrados, banqueros y ricos mercaderes—, que nutría la facción de la Biga.

Los buscaires, una parcialidad formada sobre todo por mercaderes, artesanos y menestrales, proponían un programa basado en devaluación, proteccionismo y reforma aperturista del gobierno municipal. El sector más radical formó, a principios de los cincuenta, con permiso real, el sindicato de los Tres estamentos y pueblo de Barcelona. Enfrentamientos entre mayores y menores tuvieron lugar, asimismo, en otras ciudades, convertidas, en ocasiones, desde finales del siglo XV, en auténticos campos de batalla entre bandos.

En una sentencia interlocutoria de 1455, en segundo lugar, se decretaba la suspensión provisional de los malos usos. En los años anteriores los remensas se habían empezado a organizar en sindicatos, ante la indignación estamental y la pasividad de la administración regia. Atribuir estas medidas a veleidades populares de la monarquía constituye una mala lectura de la situación, en la que, por encima de todo, predominaba la estrategia de enfrentamiento con el pactismo y la búsqueda de aliados. Las últimas cortes del reinado mostraron el enojo de los estamentos y lo irreconciliable de las posiciones de unos y otros.

Cuando Juan II, que ocupó la lugartenencia en los últimos años del reinado de su hermano, subió al trono, en 1458, acumulaba un largo historial de conflictos, algunos irresueltos, como el que le oponía con su primogénito Carlos, príncipe de Viana. Acusado de traición, este último fue encarcelado a finales de 1460, lo que provocó que las cortes de Lérida acusaran al monarca de violar las constituciones, formaran el Consejo del principado y se aprestaran al enfrentamiento abierto. De una actuación imprudente surgió, en fin de cuentas, una excusa perfecta.

Frente a esta situación y ante el temor al estallido de una conflagración, Juan II se acabó plegando ante los estamentos, liberando al príncipe y firmando la capitulación de Vilafranca (1461). Esta obligaba al rey, en la línea de sometimiento de la monarquía propugnado desde hacía décadas por los sectores oligárquicos, a solicitar permiso a las principales instituciones antes de tomar decisiones, tales como nombrar oficiales o incluso entrar en territorio catalán. Además, debía delegar las funciones en un lugarteniente, que, a la hora de la verdad, no fue otro que su vástago Carlos.

Sin embargo, la repentina muerte del de Viana, entre rumores insistentes de envenenamiento, hizo que el cargo pasase al niño Fernando, hijo del rey y de su segunda esposa Juana Enríquez. Estos acabaron en Gerona, protegidos por el obispo y los remensas y asediados por las tropas de la Generalidad y el gobierno barcelonés. Para hacer frente a dicha situación, Juan II pidió ayuda al rey de Francia, a cambio de la Cerdaña y el Rosellón. Fue por ello acusado de traidor y desposeído de la corona.

Mientras todos estos acontecimientos iban desarrollándose, otros dos conflictos que afectaban las tierras catalanas se mezclaron con ellos. Correspondía el primero al enfrentamiento abierto, en especial en la montaña del noreste de Cataluña, entre bandas de payeses de remensa, liderados por personajes como Francisco de Verntallat, y los señores. El segundo conflicto era urbano: la Biga recuperó el poder municipal y destacados buscaires fueron ajusticiados, acusados de traición como consecuencia del llamado complot de San Matías, en febrero de 1462.

Acababa de empezar una larga guerra civil, en la que los dos bandos estaban unidos más en función de los enemigos compartidos que por los proyectos e ideascomunes. Como en todo fratricidio, cuestiones personales, familiares o de vecindad matizaban la impermeabilidad de uno y otro campo. El conflicto duró una década.

Una Diputación del General realista fue creada, mientras que las instituciones ofrecieron sucesivamente la corona a Enrique IV de Castilla, al condestable Pedro de Portugal y a Renato de Anjou. La Taula de Canvi barcelonesa no resistió la presión y quebró en 1468. La acción combinada de éxitos diplomáticos, como el matrimonio del infante Fernando con Isabel de Castilla o las alianzas internacionales, y la ayuda prestada por valencianos y aragoneses en las cortes de Monzón (1470) facilitaron el triunfo del bando de Juan II.

La capitulación de Pedralbes, en octubre de 1472, ponía punto final al fratricidio. Quedaba anulada la concordia vilafranquina, un perdón casi general era otorgado, se fusionaban las dos Generalidades, se obligaba a restituir los bienes confiscados y las causas judiciales pendientes eran sobreseídas. Victorias un poco amargas, como la de los remensas que vieron postergada toda salida a sus reivindicaciones, y algunas dulces derrotas, como la de la oligarquía municipal o la de las doctrinas pactistas, adornaron una paz deseada y la voluntad de pasar página.

La Cataluña de 1472 era un país exhausto. Muertes, destrucciones y paralización parcial de la vida económica dejaron huellas profundas. La coyuntura bélica fue la culminación trágica de una estructura social y económica marcada por la crisis y la decadencia. El peso del principado en el seno de la corona de Aragón tendió a reducirse, como iba a mostrar el dinamismo de las actividades productivas y comerciales en Valencia a lo largo del siglo XV o la mayor solidez de las estrategias políticas aragonesas. A pesar de la recuperación que tuvo lugar en el reinado del monarca Católico, los catalanes hicieron su entrada en la época moderna en no óptimas condiciones.

HABLAR, ESCRIBIR, CREAR

El acceso de la lengua catalana a la escritura data del siglo XI. Se trata de frases extensas en documentos latinos o de breves textos. Uno de los más antiguos conocidos redactado íntegramente en catalán corresponde a un fragmento de una traducción del siglo XII del Liber iudiciorum. Los documentos de carácter jurídico o administrativo y, asimismo, económico, redactados en esta lengua, empiezan a proliferar en la segunda mitad de la centuria.

Las Homilías de Orgañá, de principios del siglo XIII, constituyen el primer texto de carácter más o menos literario conocido escrito en catalán. Se trata de una colección fragmentaria de sermones cuaresmales, que confirman que el clero se comunicaba en lengua vulgar con sus fieles. De la misma época parecen ser unas glosas catalanas anotadas en un misal latino, procedentes de Encamp, en Andorra.

Para rastrear los orígenes de esta lengua debemos, sin embargo, remontarnos en el tiempo. El catalán se originó en el noreste peninsular y en el sur de la Galia a partir del latín vulgar que introdujeron los romanos tras la conquista. Fue una zona profundamente romanizada, en especial la parte litoral, lo que comporta que elsustrato lingüístico (celtas, griegos, fenicios, iberos) tenga una trascendencia relativa. La extracción social de los colonos, entre los que predominaban los antiguos legionarios, hizo que el latín hablado en la Tarraconense fuera menos refinado que el de otras provincias, como la Bética. En las zonas pireanicas, en cambio, la penetración latina fue escasa. En Ribagorza y Pallars se habló hasta época carolingia una modalidad del vasco.

Desde entonces la lengua hablada estuvo en permanente evolución. Resulta imposible saber el momento exacto en el que se pasó de un latín vulgar muy transformado a un incipiente catalán. Sugieren algunos filólogos que el primitivo romance o sermo rusticus catalán acaso se conformara entre los siglos VII y VIII. Los hablantes tomaron consciencia de la diferencia entre su lengua oral y escrita a fines del siglo VIII e inicios del siguiente.

El romance catalán estuvo limitado hasta el siglo XI a la denominada Cataluña vieja, en donde constituye un habla románica constitutiva o, lo que es lo mismo, surgida directamente del latín vulgar. Un par de zonas, sin embargo, pueden distinguirse: el triángulo Rosellón-Barcelona-Cerdaña, más romanizado y sometido a los influjos de los superestratos germánicos, ya sea visigodo o franco, y el área de Urgel, Andorra, Pallars y Ribagorza, tardíamente o nada romanizada, pero con un sustrato importante, claramente relacionado con la lengua vascónica. Este es el origen de la división entre las variantes dialectales del catalán oriental y del occidental.

A partir del siglo XI tienen lugar tres procesos fundamentales. Ante todo, el acceso del catalán a lo escrito, que mitigaba una situación nítida de diglosia, en la que el latín actuaba como lengua culta. En segundo lugar, la expansión lingüística hacia la Cataluña nueva, en tanto que habla consecutiva, implantada a través de la conquista y la repoblación. En estos territorios el árabe se había asentado como lengua de cultura y la arabización lingüística era ya profunda en el siglo XI. Por último, la emancipación del catalán o catalanesco de la lengua de oc o provenzal, a partir de principios del siglo XIII, y su definitiva conformación como lengua románica con personalidad propia.

En el marco de la corona de Aragón, cada parte conservó su lengua, aunque los contactos e influencias mutuas resultaban inevitables. La Cancillería real, organizada por Jaime II y fijada definitivamente en la época de Pedro el Ceremonioso, resultó clave para la cohesión idiomática. Sus empleados dominaban a la perfección el catalán, el aragonés y el latín. En la corte se hablaba, dependiendo del lugar, aragonés o catalán.

La expansión lingüística hacia Mallorca y Valencia dependió, en buena medida, de las identidades de los grupos y los individuos que se instalaron en estas tierras. Las conquistas peninsulares y mediterráneas dieron lugar a un espacio lingüístico catalán —como hacía Muntaner, no era entonces raro usar el término «nación» en el sentido de comunidad de lengua, ni más, ni menos—, que ha sufrido desde entonces notables evoluciones. En la época medieval, la Península fue multilingüe, como en el pasado prerromano e incluso en el romano.

Aunque resulta evidente considerar que el catalán es la lengua primaria de Cataluña, nunca, a lo largo de la historia, ha sido la única. Ha coexistido, tanto en sus formas habladas como en las escritas, con otras lenguas, igualmente consideradas como propias por una porción más o menos amplia de catalanes. La pluralidad lingüística ha sido una constante. La convivencia entre latín, lengua de oc, aragonés y catalán, en los siglos medievales, dejó paso a la de castellano —o, más adelante, español— y catalán, con niveles variopintos de relación e interrelación, que perdura hasta hoy mismo.

La inserción de las lenguas romances o vulgares en la escritura y, posteriormente, en la literatura, constituyó un transformación fundamental. La literatura trovadoresca, introducida por los juglares que cantaban y ponían música a poemas provenzales, adquirió notable importancia en el siglo XII. Los contactos y circulaciones con tierras occitanas eran por aquel entonces muy fluidos. Esta poesía, que celebraba esencialmente el amor cortés en cortesanos escenarios, escapaba al control eclesiástico. Trovadores catalanes célebres fueron Ramon Vidal de Besalú, Guillem de Berguedá o Cerverí de Gerona.

Durante mucho tiempo la poesía se siguió cultivando en Cataluña en la lengua de oc. La ruptura con esta tradición no se produjo definitivamente hasta el siglo XVcon la obra del valenciano Ausiàs March, autor de Llir entre cards o de Cant espiritual. Entre los poetas, no puede olvidarse a Jordi de Sant Jordi.

En el caso de la prosa las cosas evolucionaron de manera sensiblemente distinta y el catalán se convirtió pronto en una lengua de excelencia literaria en el marco de una corona de Aragón notablemente ampliada. Mucho tuvo que ver en ello el escritor, filósofo y misionero de origen mallorquín Raimundo Lulio o Ramon Llull, autor, entre finales del siglo XIII e inicios de la centuria siguiente, de una amplísima producción, en la que se pueden resaltar Llibre de l’orde de cavalleria o Llibre d’Evast e Blanquerna, que incluye la bella pieza mística Llibre d’Amic e Amat.

Contemporáneo suyo fue el teólogo, filósofo y galeno de reyes Arnaldo de Vilanova, que dejó una extensa obra en latín dedicada a la medicina, mientras que algo antes vivieron el prestigioso jurista Ramón de Penyafort y el filósofo, talmudista y cabalista gerundense Mosé ben Nahmán o Nahmánides (1194-1270), conocido como Bonastruc de Porta en los textos cristianos.

Otros autores importantes de los siglos bajomedievales fueron el humanista barcelonés Bernat Metge (Lo somni), el gerundense Francesc Eiximenis (Lo Crestià), el mallorquín Turmeda o los valencianos fray Vicente Ferrer, Canals, Jaume Roig (Espill o llibre de les dones), sor Isabel de Villena o Roís de Corella. La centralidad valenciana no resulta ajena a las evoluciones político-económicas del momento. Sobresalió, entre las creaciones del siglo XV, la novela caballeresca Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell.

Mención aparte merecen las crónicas y cronicones, entre los que adquieren una especial relevancia cuatro obras: el Llibre dels feits, dictado por el propio rey Jaime el Conquistador; la crónica de Bernat Desclot, elaborada en la década de 1280; la de Ramon Muntaner, un ampurdanés que estuvo al servicio de distintos monarcas del casal de Aragón y que legó un texto redactado, entre 1325 y 1332, en estilo directo y de gran valor literario, y, por último, la crónica de Pedro el Ceremonioso. La historiografía del siglo XV estuvo bien representada por Tomic y su Històries e conquestes dels Reys de Aragó e Comtes de Barcelona (1438) y por el obispo y cardenal Margarit.

El románico dejó paso, en el arte del siglo XIII, al gótico. En la Cataluña nueva se construyeron básicamente ya en este estilo los monasterios de Poblet, Santes Creus y Vallbona de las Monjas, así como las seos de Tarragona, Tortosa y Lérida. Más al norte se alzaron o prosiguieron las de Barcelona, Gerona, Manresa y Perpiñán, y, asimismo, las iglesias de Santa María de Castellón de Ampurias y de Santa María del Mar o el monasterio de Pedralbes. Al lado de los edificios religiosos, destacó el gótico civil: el palacio de los reyes de Mallorca de Perpiñán, la paería de Lérida, la fortaleza de Peratallada, la Pía Almoina gerundense, la lonja, las atarazanas y el hospital de la Santa Cruz de Barcelona, muchas de las casas señoriales de la calle Moncada, el salón del Tinell, el palacio de la Diputación del General y el antiguo Consejo de Ciento de la capital catalana.

El conjunto escultórico del Santísimo Misterio, en San Juan de las Abadesas, fue tallado a mediados del siglo XIII. En los últimos siglos medievales sobresalieron escultores como el maestro Eloi, Cascalls, Sanglada y Pere Joan, además de pintores como los hermanos Serra, Dalmau y Huguet. Entre la extensa obra pictórica de este último destaca el retablo de la Epifanía o del Condestable (1464-1465), destinado a la capilla del Palacio Real Mayor de Barcelona. Con todos ellos, una época extraordinaria en el terreno de la cultura llegaba a su fin.

III
CATALUÑA EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA

En Haciendo historia (2012), John H. Elliott relata su llegada a Cataluña en la década de 1950. En un marco historiográfico dominado por dos figuras y dos opciones, la nacionalista de Soldevila y la revisionista de Vicens Vives, el autor se alineó con la última. Estas perspectivas eran la expresión, a su entender, de las tensiones inherentes a la escritura de toda historia nacional, en la cual se percibe el pasado a través del prisma del presente y el presente a través del prisma del pasado. Al igual que Vicens y su círculo, sostiene Elliott, «me convertí en una especie de iconoclasta, ansioso de desterrar los mitos».

Mito e historia se confundieron en la historia de Cataluña elaborada desde el siglo XIX. El nacionalismo ayudó a ello, puesto que mientras que la historia era necesaria para fundamentar el pasado del presente y sus reivindicaciones, el mito constituía un instrumento de conciencia y movilización. El mito ha disputado su lugar a la historia en el caso de personajes —el desdichado Jaime de Urgel, el patriota Pau Claris o el mártir Companys—, acontecimientos —el Once de Septiembre— o ideas y actitudes, desde el casi democrático pactismo hasta la intrínseca modernidad catalana.

Para escribir una historia rigurosa la separación de mito e historia resulta imprescindible. La historiografía catalana hizo un trabajo muy intenso en esta cuestión, tanto en la época de Vicens como en las décadas de 1970 y 1980. Las circunstancias cambiaron en la de 1990, fruto, entre otros factores, de la crisis del marxismo y de los éxitos del proceso renacionalizador. El retorno de la historia nacional volvió a dar alas a los mitos.

No se trata, evidentemente, de eliminarlos. Tienen sus funciones. La tarea del historiador es mucho más modesta: separar el mito de la historia y poner de manifiesto las perversiones que genera su confusión. Los mitos no dejan de ser, al fin y al cabo, un objeto de historia. El historiador debe mostrar, sostiene García Cárcel, su relativismo histórico, así como la multiplicidad de lecturas que ofrecen a lo largo de los tiempos y en función de la identidad de sus intérpretes. La historia crítica es siempre revisionista.

¿TANTO MONTA, MONTA TANTO?

Los estragos de la guerra civil de 1462-1472 fueron ma-yúsculos. Los últimos años del reinado de Juan II estuvieron consagrados al intento de recuperar una cierta normalidad. No resultó sencillo, como ponen de manifiesto el litigio con Francia por el Rosellón y la Cerdaña —Luis XI de Francia se mantuvo firme a fin de obtener el pago de la ayuda dispensada— y las dificultades para restituir los bienes confiscados, si bien el monarca favoreció a sus partidarios durante la guerra.

La cuestión remensa quedó en el aire, en un mundo rural, sobre todo el área noreste, intensamente afectado por las destrucciones y el abandono. Solicitaban los señores la derogación de la sentencia interlocutoria de 1455, mientras intensificaban las presiones exactoras y reclamaban percepciones atrasadas. En el campo de enfrente se mantenían las antiguas exigencias, resistiendo al tiempo a las conminaciones señoriales. Las tensiones fueron permanentes y derivaron en rebrotes de violencia. El monarca acabó por inhibirse.

En 1473 se inauguraron unas cortes marcadas por la tirantez. La Diputación del General vivió por aquel entonces momentos algo ajetreados por problemas económicos y de corrupción. Entretanto, el gobierno municipal de Barcelona, controlado férreamente por la oligarquía, intentó fortalecer la influencia política de la ciudad. Las relaciones preferentes de la corona de Aragón se establecieron con Castilla, en cuyo trono se sentaba desde 1474 el hijo de Juan II y Juana Enríquez, Fernando, que había contraído matrimonio en 1469 con Isabel de Castilla.

Cuando a la muerte de su padre accedió al trono Fernando II, la situación del principado era muy crítica. En el momento de la unión de las coronas, la de Aragón estaba en franca desventaja, tanto desde un punto de vista territorial y poblacional como por los efectos de la honda crisis que vivían algunas de sus partes. Asimismo, la fuerza de la institución monárquica en Castilla, por lo que a la preeminencia y centralización se refiere, le otorgaba un peso mayor.

Tanto monta, monta tanto: aunque la unión en la diversidad de las dos coronas, por la vía del matrimonio —una unidad dinástica, ni nacional ni de naciones—, implicara igualdad, en la práctica una era más igual que la otra. Los efectos de ello resultaron palmarios en la construcción de la monarquía hispánica. La preeminencia castellana explica, en buena medida, el ausentismo del rey, que era representado en la corona de Aragón por un lugarteniente general.

El reinado de Fernando II se extendió, en la corona de Aragón, entre 1479 y 1516. Desde el primer momento, el monarca se concentró en resolver algunos de los problemas heredados más acuciantes. Cerrar definitivamente la guerra civil era uno de ellos. Resultaba imprescindible, en este sentido, abordar con todas las consecuencias la cuestión de los bienes confiscados y el conflicto remensa.

La fuerte presión señorial comportó la aceptación por parte del Fernando II, en las cortes de 1481, de la constitución «Com per lo Senyor», que revocaba la sentencia interlocutoria de 1455, a cambio de un generoso donativo de trescientas mil libras. La posición del rey estuvo siempre marcada por el pragmatismo. Ante las protestas suscitadas por este acuerdo, el monarca autorizó reuniones de los remensas a fin de buscar fórmulas para la redención de los malos usos. Un sector de los payeses, sin embargo, no aceptó esta vía y se insurreccionó. Un alzamiento, en Mieras, dio paso a la segunda guerra remensa (1484-1485).

El monarca intervino y forzó nuevas negociaciones, que terminaron con el acuerdo de todas las partes implicadas para aceptar un arbitraje real. El resultado fue la sentencia arbitral de Guadalupe, de 21 de abril de 1486, que constituyó un triunfo remensa, aunque no de todo el campesinado. Contenía un conjunto de disposiciones agrupables en dos bloques. En el primero podemos incluir la abolición de los malos usos y la remensa, pero manteniendo las obligaciones de los payeses por la tenencia de la tierra y por la jurisdicción del castillo. Cada hogar estaba obligado a abonar media libra por cada mal uso abolido, mientras que se conminaba a pagar censos atrasados.

Encontramos en el otro bloque la recuperación de los castillos por parte de los señores, que iban a recibir, además, una indemnización. Entre estos y los campesinos se establecía una tregua de cien años. A continuación se consignaba la lista de condenados por rebelión y otros delitos. El resto de los payeses eran perdonados previo ingreso de cincuenta mil libras en las arcas del monarca. Los representantes remensas se ocuparon, a partir de 1488, con la creación de un gran sindicato, de recaudar y fiscalizar las indemnizaciones.

Durante el reinado de Fernando II se dieron pasos importantes para la recuperación económica y política en Cataluña. En las cortes de 1481, la constitución de la «Observança» daba continuidad práctica al pactismo. Las instituciones fueron, asimismo, objeto de reforma. El lugarteniente general o virrey reforzó la representación del monarca en los reinos y principado. En 1494 fue creado el Consejo de Aragón. Se hizo un esfuerzo por mejorar la situación financiera de la Diputación del General y las elecciones de magistrados en este órgano fueron sustituidas por el método de la insaculación.

La moderna Inquisición fue introducida, en la primera mitad de la década de 1480, en Cataluña. Sustituía al antiguo organismo, mucho menos coercitivo y poderoso, creado por la iglesia católica en el siglo XII, que tuvo en el dominico gerundense Eimeric uno de sus célebres representantes. Como inquisidor general de las coronas de Aragón y Castilla fue nombrado, en 1483, el dominico Torquemada. A la persecución de los conversos, se añadió, en 1492, el decreto de expulsión de los judíos. Los de la corona de Aragón se dirigieron sobre todo a Italia y Turquía.

En 1493, los reyes recibieron en Barcelona a Colón a la vuelta de su primer viaje a las Américas. La segunda expedición se preparó, en buena medida, en la capital del principado. La empresa americana, en la que la corona de Aragón tuvo una señalada presencia en sus orígenes, quedó, a partir del siglo XVI, en manos sobre todo de Castilla.

En el contencioso con los vecinos del norte por el Rosellón y la Cerdaña, Fernando II consiguió pactar con el rey de Francia, en 1493, la devolución de los condados a cambio únicamente de su futura neutralidad. Los conflictos napolitanos, sin embargo, provocaron pronto un rebrote de las tensiones, que, con intermitencias y tratados de paz más o menos respetados incluidos, iban a alargarse hasta la segunda década del siglo XVI.

El fallecimiento de Isabel la Católica, en 1504, provocó más de un dolor de cabeza y puso seriamente en peligro la unión de las coronas. La heredera en Castilla era Juana, que ya presentaba claros trastornos mentales. La muerte de su marido, Felipe de Habsburgo, alias el Hermoso, en 1506, dejó como heredero al pequeño Carlos. El cardenal Cisneros asumió la regencia, a la que se sumó Fernando de Aragón.

Este contrajo nuevo matrimonio, en 1505, con Germana de Foix, sobrina del rey de Francia. Era una de las consecuencias del tratado de Blois, del mismo año, suscrito por Fernando el Católico y Luis XII, que ponía fin parcialmente a los enfrentamientos armados en Italia. En la última década de su vida consagró esfuerzos a las empresas italianas y del norte de África, sin olvidar la anexión de Navarra.

La pareja real tuvo un hijo, en 1509, que murió a las pocas horas de nacer. Todos los intentos posteriores para tener descendencia resultaron vanos. Se esfumaba, de esta manera, la posibilidad imaginada entonces por algunos de una corona de Aragón separada nuevamente del reino de Castilla. El monarca católico murió en 1516. Los años de su reinado fueron decisivos en la historia de Cataluña. El joven Carlos de Habsburgo heredó entonces los tronos de sus abuelos y, pocos años después, se convirtió en emperador. Inaugurábase la época de los Austrias.

MERCADERES, PELAIRES, SEGADORES

A finales del siglo XV, el principado tenía casi 225.000 habitantes, que suponían poco menos de la mitad de la población que doscientos años antes. Barcelona era la ciudad principal, albergando a unas 35.000 personas. El crecimiento a lo largo del siglo XVI, especialmente en la segunda mitad, y en el primer tercio del XVII fue muy importante. Nadal estima, para 1626, unos 475.000 habitantes, un cálculo que otros autores consideran excesivamente conservador.

El final de las crisis epidémicas y las guerras, junto con el decisivo flujo migratorio francés, explican en buena medida esta recuperación demográfica. La necesidad de mano de obra, por un lado, y, de otro, las guerras de religión y algunas zonas del territorio francés superpobladas constituyen las claves de la llegada de estos inmigrantes, básicamente varones jóvenes.

La producción agraria y ganadera seguía siendo la base económica de la sociedad catalana en la época moderna. El predominio de los cereales era abrumador. Las comunidades campesinas no eran homogéneas. En el nivel más bajo se encontraban los payeses con escasa tierra y jornaleros, braceros, mozos o criadas. Por encima se ubicaban los que disponían de tierra suficiente para mantener a la familia, aunque en bastantes ocasiones dedicaran una parte del trabajo a actividades no agrarias. En la cúspide hallamos a los payeses que eran señores útiles y propietarios de mansos, que empleaban a mozos y, estacionalmente, a jornaleros y segadores.

La preservación e integridad del patrimonio eran fundamentales en la lógica de las familias campesinas, como muestran la institución del hereu y la importancia otorgada a los capítulos matrimoniales y los testamentos, regulados por los notarios en contratos públicos. La sociabilidad payesa se desplegaba en torno a la parroquia.

Los principales conflictos que enfrentaron a señores y campesinos a lo largo del siglo XVI estuvieron relacionados con las obligaciones de estos últimos para con los perceptores de rentas y con la preocupación de los primeros por el fraude recurrente en las transacciones sobre el dominio útil. La renta feudal tenía en los pagos proporcionales de la cosecha su fuente primaria.

Una parte muy importante de los señores pertenecía a la nobleza. La atracción de la vida urbana, en especial de Barcelona, afectó de manera no despreciable a este grupo. Mientras que el brazo militar representaba a la nobleza en las instituciones, el eclesiástico, que era el principal en precedencia en las cortes, estaba formado por miembros del obispado, conventos, monasterios, capítulos catedralicios y algunas que otras órdenes.

Desde el concilio de Trento adquirió gran importancia la figura del rector, convertido en referente, pero también en supervisor atento, de la sociedad rural. Fue un destino muy preciado por los propietarios de mansos para sus hijos segundos. A finales del siglo XVI, el territorio estaba dividido en nueve diócesis.

Las ciudades vivieron cambios significativos en los siglos XVI y XVII, sobre todo entre 1550 y 1640. La primera mitad del siglo XVI resultó, en cambio, complicada. Desde un punto de vista social se asiste a la emergencia de una nueva oligarquía urbana, que conformaban los nobles afincados en las ciudades, una parte de los mercaderes y negociantes y, asimismo, campesinos que habían obtenido la concesión de títulos de ciudadano honrado.

Importantes familias de mercaderes instalaron bases en la Península o en las Canarias. Los productos catalanes —paños, vidrio, libros, cuero— llegaban, en el comercio de cabotaje, a puertos como Sevilla, que contaba con el monopolio exportador, para ser enviados a América. La exclusión del comercio catalán del nuevo mundo es un mito. Como asegurara Martínez Shaw, los catalanes participaron en la carrera de Indias como pasajeros, tripulantes o sobrecargos al cuidado de sus propias mercancías. La situación de Cataluña en el siglo XVI y su falta de capitales y fuerzas hizo difícil, sin embargo, el aprovechamiento de las oportunidades abiertas.

Los mercados castellanos atrajeron poderosamente a los comerciantes del principado, que exportaban productos elaborados e importaban materias primeras, entre las que destacaban el trigo y la lana segoviana. Frente a un comercio mediterráneo en relativa crisis, el atlántico introdujo nueva vitalidad en la economía catalana. La viña y la elaboración de aguardiente se vieron especialmente beneficiadas. Las pequeñas compañías dominaban el panorama mercantil.

En paralelo se asistió a la eclosión, en el seno de la menestralía, de los pelaires (paraires), que se ocupaban de la preparación de la lana antes de tejerse, pero, en ocasiones, actuaban como comerciantes del producto y coordinadores de las distintas fases locales de la fabricación. La pañería ostentaba un lugar muy destacado. Casi la mitad de las familias de las ciudades vivía de las actividades artesanales. Los cambios productivos, en especial la descentralización, que dejaba a Barcelona los acabados y el comercio pero trasladaba a ciudades vecinas o al ámbito rural buena parte de las elaboraciones, iban a generar problemas, con el paso del tiempo, en el sistema gremial.

Los oficiales y aprendices, que constituían la parte menos favorecida de los gremios artesanales, eran, junto con lacayos, criados, lavanderas, mozos o peones de la construcción, el núcleo más humilde entre los trabajadores urbanos. Por debajo se encontraban solamente los sectores marginales: pobres, delincuentes, vagabundos y prostitutas.

En 1516 accedió al trono Carlos I. De las cortes de 1519-1520 salieron medidas que favorecían el comercio marítimo y la pañería y el rey obtuvo un donativo de doscientas cincuenta mil libras. En los años siguientes se produjeron tensiones sociales relevantes en la sociedad catalana, aunque sin llegar al nivel de las germanías en Valencia y Mallorca.

A lo largo del reinado se convocaron cortes con regularidad, lo que convirtió al emperador, a ojos de la historiografía romántica, en un enamorado de Cataluña y de sus fueros e instituciones, en contraposición con los Felipes que estaban por llegar. La realidad se antoja, sin embargo, más compleja: la voluntad de una parte de mantener su estatus y obtener desagravios coincidía con la imperiosa necesidad de fondos de la otra para mantener la política imperial.

La nobleza catalana se implicó de manera directa en las aventuras exteriores. Barcelona fue el centro de la gran expedición contra Túnez y sus atarazanas y cecas funcionaron sin descanso. Además, los conflictos con Francia afectaron inexorablemente al principado. Las tropas de Francisco I invadieron el Rosellón, en 1542, y sitiaron Perpiñán.

Cataluña adquirió un papel destacado en la política mediterránea imperial. Sin embargo, un par de decisiones no favorecieron al territorio: la alianza con los eternos rivales genoveses, en 1528, y la creación del Consejo de Italia, que desgajaba del de Aragón la parte italiana de la monarquía. A lo largo de sus años en el trono, actuaron como lugartenientes o virreyes media docena de personajes. Tres eran originarios de la corona de Aragón, entre ellos el catalán Folch de Cardona. Tuvieron que hacer frente al problema del bandolerismo y al provocado por la piratería.

Ambas siguieron siendo cuestiones candentes durante el reinado de Felipe II (1566-1598), que recibió de su padre los reinos hispánicos y las Indias. Diez virreyes le representaron en el principado, la mayoría de ellos grandes nobles castellanos, pero también el conde de Aitona. No fueron pocos los catalanes que participaron en la sofocación de la revuelta morisca de las Alpujarras, sobresaliendo, entre ellos, Luis de Requesens. Este personaje participó, como tutor de Juan de Austria, en la batalla de Lepanto (1571), y, entre 1574 y 1576, ejerció el gobierno de los Países Bajos.

A diferencia de las cortes de 1563-1564, que mostraron un razonable entendimiento entre las partes, las de 1585 resultaron altamente problemáticas. Destacó la agresividad de los tres brazos hacia el rey y sus representantes. Cierto es que obtuvo, al final, quinientas mil libras de donativo, pero la lista de agravios acumulados desde los años sesenta y de contestaciones fue larguísima. Entre los asuntos abordados descuellan el papel de la Inquisición, la injerencia de oficiales reales en asuntos de la Generalidad y las ciudades, la prohibición de los pedreñales, el impuesto del excusado, los conflictos derivados de la dependencia del monasterio de Montserrat de la congregación de Valladolid o el saneamiento de la Generalidad.

El desarrollo de las cortes de 1585 constituyó un nítido reflejo del viraje castellanista que había tenido lugar en la política de la monarquía católica, amenazada en varios frentes, tanto interiores como exteriores. La impermeabilización ideológica, en palabras de Reglà, tuvo graves efectos en un territorio fronterizo y crecientemente periférico como Cataluña.

El hijo de Felipe II y de su cuarta esposa, Ana de Austria, se convirtió en rey en 1598. Al año siguiente Felipe III visitó Cataluña y se convocaron cortes. Nadie podía adivinar entonces que iban a ser las únicas del reinado. Estuvieron presididas por la concordia. El rey recibió más de un millón de libras y se aprobaron constituciones y capítulos de cortes, además de crearse decenas de títulos de nobleza. Los desacuerdos tras este momento dulce, empero, no tardaron en multiplicarse. El igualadino Pedro Franqueza desempeñó destacados cargos y fue favorito del monarca hasta su caída en desgracia, acusado de corrupción, en 1607.

Un par de temas merecen aquí atención especial. En primer lugar, la expulsión de los moriscos, en abril de 1610. En Cataluña tenían menos presencia que en otras partes de la corona. Se calcula que eran algo más de cinco mil y estaban concentrados en los valles del Ebro y del Segre. Los moriscos catalanes se instalaron en el norte de África.

El bandolerismo, en segundo lugar. Este problema afectó ampliamente a la Cataluña del siglo XVI y llegó a su punto más alto en las dos primeras décadas delXVII. Iba a constituir uno de los principales quebraderos de cabeza de los virreyes. La tierra produce bandoleros «como hongos», aseguraba en 1614 uno de ellos. Este complejo fenómeno integraba tanto a malhechores rurales y salteadores de caminos como a seguidores de parcialidades feudales. Algunos de estos bandos, integrados por decenas de personas, y bandoleros, como Tomás de Banyuls, Juan Cadell —los seguidores del primero, señor de Nyer, recibieron el nombre de nyerros, y cadells los del segundo—, Serrallonga, los hermanos Margarit o Perot Rocaguinarda, adquirieron celebridad.

Felipe IV accedió al trono a la muerte de su padre, en 1621. Las tensiones con los estamentos empezaron desde el primer momento. El rey no pisó tierra catalana hasta 1626, lo que generó numerosos desencuentros. En aquella visita juró las constituciones e inauguró, a finales de marzo, unas cortes que resultaron muy agitadas y quedaron sin concluir.

La española era, como la inglesa, la austriaca y otras más en la época moderna, una monarquía compuesta, en la que coexistían unidades territoriales y jurisdiccionales, en la península ibérica y en el resto de Europa y las Indias, que presentaban y defendían celosamente sus estatus particulares. Entre estos reinos y provincias, que no estados, de la monarquía hispánica se encontraba el principado de Cataluña. El ausentismo real era inevitable, así como la sensación de amenaza de alguna de las partes con respecto a la entidad del conjunto con más poder y recursos. La igualitaria unión de coronas y sus compromisos dispares con la monarquía iban a ser cuestionados en momentos de guerras continuadas y dificultades en las finanzas.

La situación económica apurada de la monarquía de España en las primeras décadas del siglo XVII, que se sostenía básicamente en la fiscalidad castellana y los metales americanos, impulsó al valido de Felipe IV, el conde-duque de Olivares, a solicitar una mayor contribución de los demás territorios. El resultado fue la denominada Unión de armas, un plan de reforma fiscal y militar. Ya en diciembre de 1624 le había recomendado al monarca «hacerse rey de España». Se trataba de aumentar la autoridad real, a la manera castellana, sin las cortapisas constitucionales de otros territorios de la monarquía.

La reforma, que se planteó en las cortes de 1626, fue rechazada por los brazos invocando las constituciones y privilegios, a lo que añadían la denuncia de los cálculos de dinero y hombres, basados en una apreciación distorsionada del potencial demográfico del principado. El desconocimiento de Olivares de la realidad y la sensibilidad catalanas condujeron a un fiasco. Los desacuerdos, en la Unión de armas y en otras cuestiones, llevaron al rey a abandonar Barcelona sin clausurar la reunión. La tirantez era mayúscula, fruto del pulso entre la monarquía y las autoridades catalanas, pero también de las tensiones en el interior de la propia sociedad.

Las penurias alimentarias de finales de la década de los veinte y los efectos de la peste de 1630 no auguraban buenos tiempos para el entendimiento. El intento de retomar las sesiones, en mayo de 1632, fracasó nuevamente. Los pleitos iban a continuar fuera ya del marco de las cortes, que no volvieron a reunirse hasta el siglo siguiente.

La declaración bélica de la monarquía francesa a la hispánica, en mayo de 1635, en el marco de la guerra de los Treinta Años (1618-1648), convirtió el principado en uno de los escenarios de combate. Una parte del ejército real, formado sobre todo por napolitanos, valones, alemanes y castellanos, se instaló en Cataluña, recayendo el peso de su alojamiento en los grupos más modestos de la sociedad.

El valido Olivares aprovechó la situación para forzar una implicación militar directa de los catalanes. Los representantes se opusieron a ello, aunque se vieron en la obligación de contribuir a la recuperación de la estratégica fortaleza de Salses, entre julio de 1639 y enero de 1640. Mientras el enfrentamiento institucional arreciaba, el desgaste humano y económico de la contienda se tornaba cada día más considerable.

La explosiva suma de asentamientos y contribuciones, más los abusos, desmanes y vejaciones cometidos por las tropas sobre el terreno, acabaron por provocar, en un seco mes de abril y entre rumores de nuevos brotes epidémicos, una revuelta campesina en 1640. El alzamiento empezó con la matanza del alguacil Monrodón y sus subordinados en Santa Coloma de Farnés. En represalia, los tercios se libraron a saqueos y destrucciones en esta localidad, así como al incendio de la iglesia de Riudarenas.

La sublevación se extendió desde el nordeste hacia el centro y el sur. El carácter antimilitar inicial derivó hacia un ataque a colaboradores de las autoridades reales y en el tema de los alojamientos, así como a agentes feudales. A fines de mayo, unos doscientos campesinos entraron en Barcelona y vaciaron las prisiones. La intervención de los obispos de Barcelona y Vic consiguió que los alborotadores salieran de la capital, pero la revuelta, protagonizada ya por gentes del campo y de las ciudades, iba a proseguir en varios puntos del territorio.

El 7 de junio de 1640, día del Corpus Christi, varios centenares de segadores iniciaron un motín en Barcelona, profiriendo gritos de mueras a los traidores y al mal gobierno y vivas a la tierra. Pronto se les unió la menestralía. La cólera se dirigió inicialmente contra el virrey, conde de Santa Coloma, que fue asesinado. Murieron, asimismo, una docena de personas más. Aquella jornada iba a ser bautizada como el Corpus de sangre.

Los alborotos prosiguieron y se extendieron en los días siguientes. Hasta el 11 no lograron las autoridades que los agitadores abandonaran la ciudad. La revuelta se extendió al campo y el miedo hizo acto de presencia entre la oligarquía. La Generalidad, muy beligerante en los últimos tiempos bajo la batuta de Pau Claris, no podía acudir a la corona, que, además de reaccionar con gran indignación ante el asesinato del virrey, preparó sus fuerzas para hacer frente a la rebelión de Cataluña. La búsqueda de orden impulsó a las autoridades catalanas a intentar canalizar y reconducir la violencia social interior contra un oportuno enemigo político exterior, esto es, la monarquía de Felipe IV, al mismo tiempo que se ponían en manos de la Francia de Luis XIII. La revuelta política estaba ya en marcha al final del verano.

Claris se decidió, ante la gravedad de la coyuntura, a reunir en septiembre la Junta general de brazos, que constituía, de hecho, unas cortes sin rey. Se inauguró el día 10 y participó más de medio millar de representantes, con predominio de la nobleza, ciudadanos de Barcelona y el brazo real. La ruptura jurídica estaba consumaba.

Paralelamente, los emisarios de los nuevos gobernantes mantenían contactos con los de la monarquía de Francia. El acuerdo para una ayuda militar quedó concretado en Ceret el 24 de septiembre. Las autoridades catalanas pronto se encontraron presionadas, de un lado, por el avance de las tropas castellanas —el marqués de Los Vélez juró a finales de noviembre el cargo de virrey en Tortosa, cuyas autoridades se habían rebelado y puesto el enclave bajo la protección de Felipe IV— y, de otro, por la presencia francesa, cuya actitud ambigua no permitía ocultar una clara voluntad anexionista. Mientras tanto, en Barcelona y otros puntos la tensión social era enorme y se produjeron graves disturbios.

El 16 de enero de 1641 los brazos aceptaron la constitución de Cataluña en república y, el 17, lo hizo el Consejo de Ciento. El espejismo se mantuvo una semana. Aprovechando que los ejércitos de Felipe IV se acercaban a la capital, los franceses comunicaron a la Generalidad que solo se implicarían plenamente en la defensa del principado si este era colocado bajo gobierno de su monarca. Los representantes catalanes aceptaron la oferta y el día 23 Luis XIII fue proclamado conde de Barcelona.

Empezaba una separación de casi doce años. No tardó en producirse una progresiva sustitución del núcleo dirigente catalán, en la que se privilegió la entrega sin matices a las posiciones francesas. Adquirieron un papel destacado personajes como Fontanella, Margarit, Segarra o Ardena, bien encuadrados y vigilados por lugartenientes galos y, desde 1645, por el visitador general Pierre de Marca, que no dudó a la hora de dictar encarcelamientos, destierros y ejecuciones. Una parte de la nobleza se refugió en Castilla.

La inestabilidad política se impuso. El desencanto resultó pronto evidente: las promesas de respeto a las constituciones ocultaban intenciones centralistas y laminadoras. La ocupación efectiva del Rosellón y la masiva entrada de productos franceses no se hizo esperar. A mediados de la década de 1640, en la conferencia de Munster, los negociadores utilizaron Cataluña como valor de cambio a fin de hacerse con Flandes. Hubo numerosas conspiraciones frustradas o abortadas en distintos puntos del territorio y no faltó una dura represión. La supuesta unanimidad catalana nunca existió.

Barcelona acabó capitulando, el 11 de octubre de 1652, ante las tropas que mandaba Juan José de Austria. Se concedió un perdón general, que excluía a los principales dirigentes francófilos, y se hizo una promesa de respeto a las constituciones, privilegios y fueros del principado. La resignación de unos se equilibraba con la desconfianza de otros. El cúmulo de experiencias de la revuelta de los catalanes no iba a caer en saco roto.

Los representantes de Felipe IV y de Luis XIV firmaron, en noviembre de 1659, el tratado de los Pirineos, que clausuraba casi un cuarto de siglo de guerra entre las dos coronas. El conflicto afectó con especial intensidad los territorios catalanes. El Rosellón, el Vallespir, el Conflent-Capcir y treinta y tres lugares de la Cerdaña se convirtieron en una provincia del reino francés. La monarquía gala se apresuró en afirmar la soberanía jurisdiccional sobre el nuevo territorio y asegurar su control. Hubo, sin duda, resistencias. Los episodios más conflictivos tuvieron lugar en la década de 1670: la revuelta de los Angelets y las conspiraciones de Villafranca y Perpiñán.

El reinado de Felipe IV se alargó hasta 1665, sucediéndole su hijo Carlos II, que iba a perpetuarse en el trono hasta 1700. Los gobernantes catalanes hicieron inusitados esfuerzos por retornar al estado previo a la guerra de Separación. También la monarquía aprendió de esta experiencia, intentando abrir nuevas vías de entendimiento. Identificar esta etapa con el término neoforalismo resulta, sin embargo, algo exagerado. Las cortes no fueron de nuevo convocadas. Las memorias y las desconfianzas pesaron en demasía. Pactismo y absolutismo casaban bastante mal.

El tratado de los Pirineos no había puesto fin a las guerras. Ultra los enfrentamientos con el vecino del norte de 1667 y 1668, las tensiones se convirtieron en permanentes a partir de mediados de la década de los setenta. En 1678 los franceses ocuparon Puigcerdá, que no fue recuperada hasta la firma de la paz de Nimega. Los alojamientos de las tropas, las contribuciones para el ejército y los perniciosos efectos de una plaga de langosta en la cosecha de 1687 contribuyeron al estallido de la revuelta de los Gorretas o Barretinas (1687-1689). La protesta, que movilizó a miles de personas, adquirió un carácter antiseñorial. Los sublevados rodearon Barcelona en un par de ocasiones. La revuelta terminó con una amplia represión dirigida por el virrey duque de Villahermosa. Algunos barretinas exiliados se pusieron al servicio de Luis XIV.

Ambas monarquías lucharon abiertamente en la guerra de los Nueve Años (1689-1697). Barcelona, atacada y bombardeada en varias ocasiones, se rindió en 1697. La guerra terminó con la paz de Rijswijk. El sentimiento popular antifrancés no hacía más que aumentar.

A pesar de todo, el crecimiento demográfico y económico iba a caracterizar la etapa que medió entre las guerras de Separación y de Sucesión. El aumento de las tasas de natalidad y el paralelo descenso de las de mortalidad —la peste bubónica provocó estragos aún entre 1650 y 1654—, junto con el propio dinamismo de la economía y la continuación del movimiento inmigratorio galo, permiten explicar el incremento poblacional.

Nuevas técnicas y formas organizativas fueron adoptadas en la manufactura textil, que se implantó cada vez más manifiestamente en el campo en detrimento de unas ciudades en las que la fiscalidad y el precio de la mano de obra eran altos, sin contar con las reglamentaciones gremiales. Distintas zonas del territorio se concentraron en la pañería de variada calidad, desde la superior hasta las ordinarias estameñas. A la revitalización de los intercambios internos debe agregarse el notable desenvolvimiento del comercio atlántico.

Este dinamismo se encuentra en la base del surgimiento, en la segunda mitad del siglo XVII, de algunos ambiciosos proyectos. El más conocido es atribuible a Narciso Feliu de la Penya, que mantuvo estrechas relaciones con menestrales, mercaderes y medios influyentes barceloneses, convirtiéndose en una suerte de portavoz de sus intereses y planes. En Fénix de Cataluña (1683), Feliu de la Penya proponía la formación de una gran compañía, inspirada en las holandesas, que permitiera hacer frente al problema de la falta de capitales, causante del fracaso de numerosos planes manufactureros o mercantiles.

DE LA GUERRA Y LA PROSPERIDAD

El fallecimiento de Carlos II sin descendencia, en 1700, provocó un conflicto internacional. Algunas potencias, a la espera del anuncio del deceso, ya se habían estado repartiendo sobre el papel los territorios de la declinante monarquía católica y sus monopolios en las Américas. En el último testamento que había firmado Carlos II se nombraba como sucesor a Felipe, duque de Anjou y nieto de Luis XIV. Felipe V entró en España en 1701 y fue proclamado rey.

El eje franco-español —y, en especial, la concesión de importantes privilegios comerciales a Francia en la América española, como el suculento monopolio de importación de esclavos (asiento de negros)— inquietó a otros países, que acabaron constituyendo la Gran Alianza de la Haya, integrada por Inglaterra, las provincias de Holanda y el Imperio; a la coalición se unió Portugal dos años después. Proponían a un pretendiente alternativo, el archiduque Carlos de Austria. En mayo de 1702 declararon la guerra a los Borbones españoles y franceses.

Tras la proclamación de Felipe V en Madrid, el monarca se desplazó a Cataluña, donde juró las constituciones y celebró unas cortes que empezaron en octubre de 1701 y se alargaron hasta febrero del año siguiente. Se aprobaron medidas muy favorables, en especial por lo que se refiere a las demandas de la burguesía mercantil: el envío de dos barcos anuales a América, la creación de una Compañía Náutica Mercantil y Universal o un puerto franco en Barcelona. A cambio, se le hizo al rey un generoso donativo. Los elogios a Felipe V proliferaron por doquier.

En los años siguientes coincidieron los primeros compases de la guerra y la formación de un incipiente partido austracista, tanto en Cataluña como en otros territorios de las coronas de Aragón y Castilla. Georg von Hessen-Darmstadt, exvirrey del principado, constituía la conexión principal entre ambos aspectos. En septiembre de 1703 el archiduque fue proclamado en Viena sucesor de Carlos II y en marzo del año siguiente los aliados desembarcaron en Lisboa y ocuparon Gibraltar. El intento de rendir Barcelona, en mayo, encabezado por Darmstadt, fracasó.

El virrey Velasco ya había tomado disposiciones contra los primeros núcleos austracistas del principado. En estos destacaban algunos miembros del brazo militar y de la burguesía de negocios, como Feliu de la Penya; los propietarios acomodados e influyentes denominados vigatans —Moragues, Bac de Roda o los Puig, padre e hijos—, que ya habían luchado contra los franceses a fines del siglo anterior; los eruditos de la Academia de los Desconfiados, y, asimismo, numerosos eclesiásticos.

En junio de 1705 se firmó el denominado pacto de Génova entre los exiliados Peguera y Perera, con poderes concedidos por el grupo de los vigatans, y el plenipotenciario de la reina de Inglaterra. Los primeros se comprometían a reconocer al archiduque como rey y a aportar algunos miles de combatientes, mientras que los ingleses ofrecían un desembarco militar y respeto para constituciones e instituciones. La confluencia de la movilización de los vigatans en el interior contra los botiflers —el apelativo despectivo que recibieron los partidarios de Felipe V– y la llegada a la costa de la flota aliada consiguió que Barcelona cayera en manos de los austracistas en octubre.

¿Cuáles fueron las razones que llevaron a una buena parte de la sociedad catalana a apostar por Carlos III frente a Felipe V? Elementos como la extendida francofobia o la opción austracista de los eclesiásticos explican algunas opciones. El respeto a las constituciones e instituciones catalanas no era, en aquella fase del conflicto, un tema decisivo. En muchos casos, la opción por uno u otro pretendiente se hizo en contraposición y en conflicto con otras personas, núcleos o poblaciones. Existía, no obstante, un grupo con un proyecto claro, la burguesía mercantil ascendente, que hizo una apuesta y consiguió una importante adhesión.

El rey Carlos III no tardó en desembarcar y compensar a sus partidarios con títulos nobiliarios. En las cortes de 1705-1706 se confirmaron las concesiones que había hecho Felipe V y se añadieron otras más, que reforzaban el pactismo y los intereses burgueses. El donativo fue espléndido. Las actuaciones del archiduque, sin embargo, poco se diferenciaron entonces de las de cualquier monarca absoluto y su dependencia con respecto a los ingleses era notoria. La represión sobre los partidarios de Felipe V no resultó menor y muchos optaron por el exilio. Unos nueve mil borbónicos abandonaron la capital catalana en 1705. En el terreno militar, los intentos de recuperar Barcelona por parte de los ejércitos de Felipe V, en abril y mayo de 1706, se saldaron con un fracaso. El archiduque lanzó una ofensiva y llegó a Madrid, en donde se proclamó rey de Castilla.

En 1707, sin embargo, se volvieron las tornas. Felipe V había recuperado la capital en octubre del año anterior. Fue, sin embargo, la victoria borbónica en Almansa, en abril de 1707, la que iba a permitir la conquista de Valencia y Aragón. No tardaron en ser abolidos los fueros de ambos territorios, lo que tuvo importantes efectos sobre la actitud defensiva catalana. En octubre del mismo año la ciudad de Lérida capituló y en julio de 1708 lo hizo Tortosa. En enero de 1711 los borbónicos entraron en Gerona.

La situación internacional cambió decisivamente en aquel año. La muerte del emperador austriaco convirtió al archiduque en su sucesor y provocó la defección de las otras potencias aliadas, en nada interesadas en un eje hispano-austriaco. Los tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714) pusieron fin al conflicto internacional, con el reconocimiento de Felipe V como rey de España y de las Indias, previa renuncia a todo derecho sobre la corona francesa. A cambio, el imperio hispánico en Europa quedó totalmente desmembrado y Gibraltar y Menorca ocupadas por los ingleses, que obtuvieron, además, importantes concesiones comerciales.

A pesar del pacto de Génova y de los esfuerzos de sus embajadores, los catalanes se erigieron en los grandes olvidados y acabaron convirtiéndose en un «caso», reflejo de la supuesta mala conciencia de los whigs británicos. El nuevo emperador austriaco dejó en Barcelona a su esposa, Isabel de Brunswick, hasta marzo de 1713, en una suerte de simulacro de continuidad de su reinado.

Los aliados se retiraron de la Península y la guerra de Sucesión se convirtió en un conflicto exclusivamente hispánico. Ni las ofertas de amnistía y privilegios económicos hechas a los catalanes, por un lado, ni las presiones de Luis XIV sobre su nieto para obtener algo de flexibilidad, por el otro, tuvieron ningún efecto. Felipe V nunca perdonó el viraje de 1704-1705, que consideraba un delito de traición. En marzo de 1713 se creó la superintendencia general del ejército en Cataluña, al frente de la cual se nombró a José Patiño.

Los combates continuaron en tierras catalanas y las tropas borbónicas fueron ganando terreno. En julio de 1713, al tiempo que caía Tarragona, los barceloneses fueron conminados a rendirse. Una reunión de la Junta de brazos decidió, por 78 votos contra 45, continuar la lucha. No había entonces proyecto antiespañol, pero sí una cierta autosuficiencia, basada en los fueros y privilegios, frente a Castilla. La amenaza de su pérdida y de la consiguiente represión condujo, al final, a la resistencia a ultranza.

El sitio de la ciudad, dirigido por el duque de Berwick, iba a durar catorce meses, hasta septiembre de 1714. La desproporción entre las fuerzas era abismal: unos cuarenta mil hombres de los ejércitos español y francés contra unos cinco mil quinientos, muchos de ellos encuadrados en las compañías gremiales, bajo las órdenes del conseller en cap Rafael Casanova y el comandante Antonio de Villarroel. Una parte de la nobleza y la burguesía salieron para instalarse en el Mataró filipista.

La resistencia resultó numantina. Los religiosos representaron un papel muy destacado en ella, promoviendo un ambiente de religiosidad exacerbada, barroca y contrarreformista. Se calcula que se produjeron unas siete mil bajas entre los defensores y el doble entre los sitiadores de la ciudad, que acabó capitulando el día 11 de septiembre de 1714. Cardona, la última población catalana en manos del austracismo, cayó poco después.

La guerra de Sucesión fue, además de un conflicto internacional y dinástico, un enfrentamiento intrahispánico, en el que la mayor parte de la corona de Aragón se enfrentó con la mayor parte de la de Castilla. Pero ni los austracistas eran pocos en esta última, ni los borbónicos una pequeña minoría en la primera. Cataluña no fue unánimemente austracista ni mucho menos. Algunas poblaciones hicieron claras opciones a favor de los borbónicos: Cervera, Berga, Centelles, Ripoll o Manlleu. La guerra constituyó también un conflicto entre dos Cataluñas.

La represión que siguió a septiembre de 1714 fue muy dura. El clima de suspición, con denuncias y delaciones, resultó sofocante. Muchos de los que habían tenido cargos, así como la nobleza austracista, optaron por el exilio en Viena u otras partes. Algunos, como Vilana Perlas, ocuparon puestos destacados en la corte imperial.

En algunas poblaciones se destruyeron estructuras defensivas y en Barcelona se arrasó parte del barrio de la Ribera para construir la Ciudadela, convertida en símbolo de poder. Mientras se llevaba a cabo un desarme casi general, importantes contingentes militares se instalaron, en la posguerra, en Cataluña. Para su sustento y la vuelta a la normalidad se impusieron tributaciones extraordinarias en una provincia agotada por la guerra. No puede ignorarse, sin embargo, que la demanda militar proporcionó pingües beneficios a algunos sectores de la economía, como la industria textil y de la piel, las armas o la construcción.

El desenlace de la guerra, con la disolución de la corona de Aragón y la pérdida de los territorios europeos en Utrecht, ofreció a la monarquía la posibilidad de llevar a cabo sin demasiados obstáculos una reforma político-administrativa de tipo centralista y unitario. Nada excepcional, en cualquier caso, en la Europa del siglo XVIII. El monarca volvía al primer plano y el sistema polisinodial de los Austrias entraba en crisis.

Con la victoria de Felipe V se puso fin al modelo de monarquía compuesta o agregativa y coronas, reinos y principados quedaron reducidos a provincias. Cataluña iba a ser una de ellas: el pactismo dejaba de ser la forma de relación con la monarquía y se abolían los fueros y antiguas instituciones. El proceso resulta únicamente comprensible en el marco en el que se dio y con el lenguaje en el que estaba planteado. No se trató ni del fin de la nación catalana ni de la supresión de un sistema democrático.

El Decreto de Nueva Planta de la Real Audiencia de Cataluña (1716) estableció el reglamento de la flamante provincia. Los meses pasados desde la caída de Barcelona, en los que los órganos de gobierno eran provisionales y con una alta participación de catalanes, permitieron sortear las improvisaciones que marcaron la promulgación del decreto en Valencia, en 1707, y darse tiempo para la reflexión. En el diseño de la Nueva Planta se consultó y escuchó al ínclito Patiño, pero también a juristas como Ametller. Se mantuvo el derecho civil catalán.

El nuevo marco institucional y jurídico implantado en Cataluña no fue, en fin de cuentas, específico, sino compartido con otros ámbitos de la monarquía de Felipe V. Desapareció, en esta línea, el derecho de extranjería, no restringiéndose los cargos de una provincia únicamente a los naturales. La racionalización absolutista primó por encima de la voluntad castellanizadora.

En el vértice de la nueva pirámide de poder en Cataluña se encontraba, en sustitución del antiguo virrey, el capitán general —y, asimismo, gobernador general—, que reunía funciones tanto políticas como militares. Presidía, asimismo, la Real Audiencia, institución que reemplazaba al anterior tribunal homónimo, pero asumiendo al mismo tiempo funciones de gobierno. Capitán general y Real Audiencia conformaban el llamado Real Acuerdo.

Las veguerías fueron reemplazadas por corregimientos, que sumaban una docena: Barcelona, Mataró, Vic, Manresa, Gerona, Puigcerdá, Talarn, Cervera, Lérida, Vilafranca del Penedés, Tarragona y Tortosa. El valle de Arán constituía un distrito especial. Al frente de cada uno se encontraba el corregidor, con frecuencia un militar, y, por debajo, los alcaldes mayores. En los municipios se introdujo el modelo castellano de ayuntamiento de regidores, con nombramientos reales o de la Audiencia, carácter vitalicio y composición aristocratizada.

El intento de homogeneizar y racionalizar el sistema de contribuciones dio lugar, en Cataluña, a la introducción del real catastro. Hasta aquel entonces las disparidades entre las aportaciones de los distintos territorios a la monarquía eran enormes. La corona de Castilla asumía la parte del león. El desenlace de la guerra fue aprovechado para introducir en las distintas entidades de la antigua corona aragonesa, en una mezcolanza de voluntad punitiva e igualación fiscal, nuevos impuestos. El catastro era el sistema más complejo y elaborado.

El sistema tradicional de contribución indirecta —en cualquier caso, la mitad de la recaudación fiscal se seguía obteniendo de las rentas del tabaco, la sal y las aduanas o, entre otros, de los derechos de puertas— dejaba paso, en el catastro, a la imposición de un gravamen sobre la riqueza directa. Al principio supuso una carga harto pesada y generó protestas y coacciones. Sin embargo, la cuota fue modificada a la baja, sin actualizaciones, y en 1735 se hizo una revisión a fondo del sistema. Con el paso de las décadas, como consecuencia del crecimiento poblacional y de la producción, se mitigaron sensiblemente sus efectos. El carácter modernizador de estos cambios resulta patente, sirviendo de modelo a la hora de reformar más adelante la fiscalidad castellana, y facilitó el notable despegue de la economía catalana en el siglo XVIII.

El único momento de resistencia relevante en la posguerra se dio en 1719 con el alzamiento de los Carrasclets, que aprovecharon la delicada situación internacional del momento. La Cuádruple Alianza presionó diplomáticamente a la monarquía de Felipe V por su política expansiva en el Mediterráneo y, asimismo, invadió con algunas tropas el norte de Cataluña. Aprovechando estos hechos, en el sur se insurreccionaron algunas partidas de guerrilleros capitaneadas por el austracista Barceló, apodado Carrasclet, al que los franceses consideraban un bandido útil. Congregó a unas miles de personas y atacó poblaciones como Valls, Reus o Vilafranca. Los cambios en la política europea, no obstante, comportaron la retirada aliada y la consiguiente desmovilización guerrillera.

Para asegurar el orden en 1719, el capitán general de Cataluña y la Real Audiencia decidieron armar escuadras de paisanos. La mayoría se fue disolviendo a medida que pasaba el peligro. Entre las que se mantuvieron estaban las «esquadras del bayle de Valls», cuyo responsable era el payés y tratante de ganado Pedro Antón Veciana. Estas se consolidaron y extendieron por otros puntos hasta convertirse en las Escuadras de Cataluña, dedicadas a la persecución de sediciosos y delincuentes y cuyo comandante fue, desde 1723, Veciana. La experiencia catalana en el terreno del orden público, precedente adverado del cuerpo policial de los mossos de esquadra, iba a ser imitada en otras regiones españolas.

El nuevo régimen borbónico fue consolidándose poco a poco, tanto por la vía represiva como sobre todo gracias a la integración en las nuevas estructuras de buena parte de la aristocracia y la burguesía de la tierra. A finales de abril de 1725 se firmó la paz de Viena entre los dos principales rivales de la guerra de Sucesión, cerrando algunos asuntos que todavía coleaban. Felipe V era reconocido como rey de España, renunciando el emperador Carlos VI a todo derecho sobre la corona y cesando las reclamaciones sobre el restablecimiento de las instituciones abolidas por los decretos de Nueva Planta. El tratado ofrecía a los exiliados austracistas amnistía y perdón general, libre goce de los bienes y reconocimiento y restitución de dignidades.

Entre 1734 y 1741 circularon algunos escritos contra el nuevo régimen filipista, que correspondían a lo que Ernest Lluch denominara el austracismo persistente. Pero casi no hubo insurgencias y las pocas que se conocen resultan difíciles de distinguir de la simple delincuencia común. La mitad de las antiguas autoridades municipales se integraron sin mayores problemas en los nuevos ayuntamientos. Asimismo, la venta de los cargos de regidor, que la monarquía planteó en 1739, tuvo mucho éxito.

Las transformaciones de las estructuras demográficas, económicas y sociales del siglo XVIII resultaron de incuestionable trascendencia. En ocasiones enlazaban con las de la segunda mitad de la centuria anterior. Una de las características más significativas de los cambios que se produjeron fue el dinamismo de la nueva burguesía mercantil. El marco era aún feudal, aunque se anunciaban las formas del capitalismo.

La población aumentó notablemente a lo largo del siglo XVIII. Barcelona y las zonas del litoral adyacente, más allá de Mataró y Tarragona, constituían la parte más habitada. La capital albergaba más de cien mil moradores. Las poblaciones que superaban los diez mil individuos se doblaron en el curso de aquella centuria. La caída de la mortalidad extraordinaria y de la ordinaria entre los adultos iba a posibilitar el crecimiento demográfico. Otro elemento a tener en cuenta es el dinamismo de la nupcialidad.

La agricultura vivió una etapa de marcado incremento de la producción. Este fue en parte de carácter extensivo, basado en el duro trabajo de sus impulsores, desde arrendatarios a rabasaires, vinculados con el contrato de rabassa morta (cepa muerta). Un par de vías contribuyeron a dichos resultados: un uso más intensivo de la tierra y la especialización de los cultivos. La viña constituyó la principal protagonista del proceso y vino y aguardiente los productos más exportados.

La producción de tejidos de lana iba a progresar a lo largo de la centuria, sobre todo en el pre-Pirineo y en la depresión central. Las cofradías de pelaires y tejedores representaron un papel clave en esta industria rural. La limitación de algunos territorios al cereal y, en especial, a la viña no solamente contribuyó a la emergencia de trabajos vinculados con la elaboración, el envase y transporte del vino y el aguardiente y, más allá, a la formación de un verdadero mercado interior, sino que iba a favorecer la concentración en otras zonas de la manufactura tradicional, antes diseminada por toda Cataluña. Dos terceras partes de la producción comercial catalana de tejidos de lana procedían, en 1765, de esta industria rural dispersa, muy vinculada a una economía de base agraria con la que compartía la fuerza de trabajo.

Al lado de estas manufacturas dedicadas a tejidos baratos y de mediana calidad, en la zona de Olot se producían sobre todo medias y barretinas y, en Tarrasa e Igualada, trapos finos. Existían, asimismo, algunas otras industrias importantes en el interior de la provincia: hierro, papel, seda y pieles.

En el litoral encontramos un par de actividades económicas destacadas: la construcción naval y la industria algodonera, principalmente la producción de tejidos pintados, las llamadas indianas, muy pujante en Barcelona. Esta última, favorecida por la prohibición en 1728 de las importaciones y las franquicias y privilegios concedidos para su elaboración en España, era una manufactura centralizada, esto es, con fábricas. Al terminar el siglo existían ya en la ciudad condal un centenar, que ocupaban a más de diez mil personas.

Los intercambios se multiplicaron. El gran mercado español era mucho más accesible tras la supresión parcial de obstáculos y aduanas interiores que tuvo lugar tras la guerra de Sucesión. La instalación de redes de trajineros, botiguers y comerciantes catalanes en toda la Península, en especial a partir de 1740, está bien documentada. Se exportaban tejidos de lana, seda y algodón y en las importaciones abundaban las primeras materias y los alimentos.

En los mercados europeos y americanos se colocaban vinos y aguardientes, así como algunos otros productos agrarios e industriales. El eje Barcelona-Cádiz se fortaleció a lo largo del siglo. En 1756 se constituyó la Real Compañía de Barcelona. Los decretos de libre comercio de 1778, que afectaban a los puertos de Barcelona y los Alfaques, únicamente facilitaron, estimulados además por medidas proteccionistas, unos intercambios existentes y muy desarrollados.

El reinado de Felipe V concluyó a su muerte, en 1746. Le sucedieron sus vástagos Fernando VI, que iba a ocupar el trono hasta 1759, y Carlos III. La paz de Aquisgrán (1748) permitió unos años de sosiego. Uno de los capitanes generales que más tiempo ocupó el puesto en Cataluña fue el marqués de la Mina, impulsor de obras públicas —en la capital, la construcción del barrio de la Barceloneta o la iluminación de las calles— e insigne promotor de ópera en el Teatro de la Santa Cruz.

La etapa de Carlos III resultó más agitada que la de su predecesor. El rey llegó a España procedente de Nápoles, en 1759, y lo hizo, entre grandes aclamaciones, por Barcelona. El reformismo inicial generó muchas expectativas entre los sectores más activos. Personajes como Caresmar o Romá y Rossell formularon entonces interesantes propuestas. La esperanza se iba a tornar en algunos casos en frustración. Pero resulta palmario que comerciantes e industriales prosperaron en aquellos tiempos. Desde la década de 1740 la agitación de gremios y menestrales contra el carácter aristocrático de los ayuntamientos fue constante.

Carlos IV se convirtió en rey de España en 1788. A finales de febrero de 1789 tuvieron lugar en Barcelona —y afectaron a Vic y Mataró— los «rebomboris del pa», esto es, alborotos del pan. Era la causa principal la escasez y la subida del precio de aquel producto, provocada por las malas cosechas y la disminución de las importaciones. Se sucedieron durante un par de días incendios, saqueos, ataques a propiedades y protestas contra asentistas y autoridades. Los grupos dirigentes y los gremios ayudaron en la represión.

Las noticias, ideas y refugiados de los hechos revolucionarios del otro lado de la frontera crearon alarma. La relación entre la monarquía de Carlos IV y los nuevos gobernantes galos, que no fue nunca demasiado buena, empeoró tras la ejecución de Luis XVI, en enero de 1793. La ruptura no se hizo esperar y la Convención declaró la guerra a España. Corría el mes de marzo.

Por su situación geográfica, Cataluña se convirtió en campo de batalla en una guerra que fue adjetivada como grande: la Guerra Gran. Mientras que la campaña del 93, dirigida por el general Ricardos, permitió ocupar algunos enclaves al norte de los Pirineos, en la campaña del año siguiente se volvieron las tornas. Las tropas francesas recuperaron el terreno e invadieron el norte de la provincia. La Seo de Urgel fue ocupada y saqueada y se rindió la fortaleza de San Fernando de Figueras. Con no pocas dificultades se preparó una movilización general y defensa. El sentimiento antigabacho y la religiosidad estuvieron bien presentes. No hubo ya avances significativos, ni por un lado ni por el otro, hasta la firma de la paz de Basilea, en julio de 1795.

Los costes humanos y económicos fueron elevados, en especial en las zonas fronterizas. A un nivel más general deben tenerse en cuenta, asimismo, el aumento del endeudamiento de la hacienda real y la inestabilidad provocada en los intercambios mercantiles. La guerra de la monarquía española contra Francia y, a partir de 1796, contra Inglaterra dificultó el comercio marítimo y amenazó los negocios. La pujante burguesía tomó nota de las limitaciones del sistema.

Entre los siglos XVI y XVIII el catalán compartió amplios espacios con el castellano y el latín, sin olvidar, en los primeros momentos modernos, el italiano. La unión de las coronas de Aragón y Castilla significó la adopción del castellano por una parte de la aristocracia catalana. El ascenso social y político era un decisivo factor por lo que a los usos de la lengua se refiere.

En las áreas urbanas, sobre todo Barcelona, se asistió a una cierta castellanización por razones de prestigio o rentabilidad económica. Sin embargo, la mayoría de la población siguió hablando en catalán. Aunque en las universidades el latín fuera la lengua principal hasta el siglo XVIII, la de la enseñanza básica fue, hasta el siglo XIX, la catalana. El papel de las órdenes religiosas fue importante en el avance relativo de la predicación en castellano.

En la lengua escrita y, sobre todo, la literaria, catalán, latín y castellano coexistieron, aunque con una tendencia del último en convertirse en principal. Los autores plurilingües siguieron teniendo un eminente protagonismo. Algunos, como Boscán o Torre y Sevil, escribieron casi solo en castellano. El prestigio de la lengua y la literatura castellanas era, en aquel entonces, muy grande.

En la nueva época de la imprenta, los textos en castellano empezaron a hacerse con un espacio importante al lado de los latinos y catalanes. Los impresores y libreros hicieron una clara apuesta, en general, por el mercado y la rentabilidad económica. A partir de la segunda mitad del siglo XVI y en pleno Siglo de oro, la literatura empezaba a ser mayoritaria en castellano y de poca entidad en catalán.

No hubo grandes cambios en el siglo XVIII. El catalán, que siguió sin una renovación del modelo de lengua, se mantuvo como dominante en el terreno oral y familiar, la pastoral y en la correspondencia privada y comercial, así como en la enseñanza primaria y la literatura popular. Pero la castellana avanzó en la administración y la alta cultura. La pujante burguesía la adoptó decididamente. Antonio de Capmany consideraba el catalán como un «idioma antiguo provincial, muerto hoy para la República de las letras, y desconocido del resto de Europa».

Aunque la represión lingüística fuera una realidad en Cataluña, el proceso castellanizador debe tanto a factores exógenos como endógenos. Explicitaba el decreto de Nueva Planta, en concreto, que las causas de la Real Audiencia «se sustanciarán en lengua castellana». Hubo intentos de imponerla en la administración y los libros. Fue en 1768 cuando apareció una voluntad más decidida de unidad lingüística, situando el castellano como prioritario en el ámbito eclesiástico —frente al latín, sobre todo— y educativo. La penetración del castellano en la enseñanza primaria y secundaria tuvo efectos relativos hasta el siglo XIX.

En la Cataluña del siglo XVI se distinguieron los poetas Serafí y Pujol. La literatura del barroco adoptó con frecuencia modelos y formas castellanas. Entre los autores de poesía y obras de teatro descuellan Vicent Garcia —el rector de Vallfogona—, Francesc Fontanella y Josep Romaguera. Entre los juristas catalanes de la época moderna debe citarse a Joan Pere Fontanella, y, entre los cronistas e historiadores, a los Carbonell, Despuig, Viladamor, Calça y, sobre todo, a Pujades. En 1709, Feliu de la Penya dio a la luz los Anales de Cataluña.

Para el siglo XVIII se hace indispensable una mención al barón de Maldá y su dietario Calaix de sastre. Muchos autores escribieron en castellano y algunos, como el dramaturgo Comella, se trasladaron a Madrid. En el terreno musical sobresalieron el padre Soler, compositor y clavecinista instalado en el Escorial, y Terradellas, célebre creador de óperas. La voluntad racionalizadora de la estructura universitaria, así como el deseo de recompensar la lealtad filipista de la ciudad, llevaron a convertir, en 1717, la Universidad de Cervera en la única de Cataluña. Entre sus profesores destacaron los juristas Finestres y Dou. Algunas empresas editoras de la capital, como la casa Piferrer, adquirieron gran prestigio, con un notable volumen de ventas en toda la Península.

Las instituciones culturales y académicas florecieron a lo largo de la centuria, así como todo tipo de iniciativas científicas. En 1752 se fundó la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Las ideas ilustradas enraizaron en el campo intelectual catalán a finales del siglo XVIII. Los autores más representativos fueron Caresmar y Cap-many. La Junta de Comercio representó un papel decisivo, impulsando las escuelas de Náutica —dirigida por Sinibaldo de Mas—, Dibujo, Nobles Artes o Comercio.

En el campo del arte, la penetración del renacimiento fue, en Cataluña, muy lenta. Los efectos de la crisis bajomedieval, el traslado de la corte y la limitación del mecenazgo explican parcialmente este fenómeno. El retablo de Santa Elena (1519), en la catedral de Gerona, obra de Norri y Fernández, es una de las primeras obras renacentistas del principado.

El conjunto escultórico más importante de la época en tierras catalanas es el retablo mayor, en alabastro, de Santa María de Poblet, elaborado por el valenciano Forment. En arquitectura pueden destacarse la casa del Arcediano y el palacio del Lugarteniente, ambos en Barcelona. Blai realizó la iglesia de la Selva del Camp —con Amigó—, así como la ampliación del edificio de la Generalidad y su fachada. Los compositores Mateo Flecha el Viejo y su sobrino, del mismo nombre y apodado el Joven, así como Brudieu, de origen francés y maestro de capilla en la Seo de Urgel, destacaron en el campo de la música.

El gran pintor del siglo del barroco fue el solsonés Francisco Ribalta. La arquitectura tiene en fray José de la Concepción, llamado el Tracista, su principal figura. Las fachadas de la catedral de Gerona y la iglesia barcelonesa de Belén empezaron a construirse en el último cuarto del siglo XVII. En pintura sobresalieron, en el siglo XVIII, Viladomat y los hermanos Tremulles. La arquitectura civil de la época resulta de gran interés, desde la nueva universidad de Cervera hasta la casa consistorial de Manresa, sin olvidar los palacios Moja y de la Virreina.

CONMEMORAR UNA DERROTA

Trescientos años después de 1714, el día 11 de septiembre es, en Cataluña, una jornada feriada. En esta fecha se conmemora la denominada Diada —el Día—, que corresponde a la principal festividad de esta comunidad autónoma. La fiesta resulta inseparable de la evolución del nacionalismo catalán. En el calendario de la patria que este elaboró desde finales del siglo XIX para la nueva entidad en construcción, la fecha del 11 de septiembre adquirió rápidamente un lugar destacado.

En aquel día de un lejano año de 1714, según el relato nacionalista, Cataluña resultó vencida, dando paso a la pérdida de sus libertades. Felipe V habría puesto fin, supuestamente, a la «nación catalana» y forzado el inicio de una larga época de decadencia, que se mantuvo hasta el renacimiento cultural y, más adelante, político, con el (re)surgimiento nacional-nacionalista de finales del siglo XIX.

Los escritores de la Renaixença, desde Balaguer hasta Pitarra pasando por Piferrer y otros más, dedicaron poemas y narraciones a los hechos de 1714. En 1886, varios jóvenes miembros del Centre Català organizaron un funeral, dedicado a los que murieron «en defensa de las libertades catalanas destruidas por Felipe V con la toma de Barcelona», en Santa María del Mar. Las presiones del capitán general provocaron que el obispo de la ciudad prohibiera al canónigo Collell pronunciar el sermón que tenía preparado.

En los años siguientes no hubo actividad. En 1891 se celebró, por vez primera, una velada en honor de los «mártires de las libertades catalanas». El acto se repitió en 1892. Dos años después se llevaron a cabo las primeras ofrendas florales al monumento de Rafael Casanova. Debió de tratarse de una acción bastante aislada. En 1895, la Associació Popular Regionalista organizó el festejo. En 1897, unos jóvenes decidieron, al finalizar la celebración, ir a ofrecer una corona de flores a Casanova. La acción se repitió en 1899, con el añadido del canto de «Els segadors».

El año 1901 fue un momento clave. La ofrenda floral, que se sumaba a las veladas y a una misa funeral, terminó con una carga de la policía y una treintena de detenidos. La movilización de protesta por los arrestos tuvo como consecuencia la creación de una sociedad de socorro para los encarcelados y la popularización de todos los actos anteriores. A partir de entonces el ritual iba a repetirse, con pocas variaciones, hasta la actualidad.

Hubo, sin embargo, en el interior del propio nacionalismo, algunas voces críticas con la elección del 11 de septiembre, como las de Prat de la Riba o Alomar, que, en 1906, reclamaba menos pasado y más futuro. El primero proponía mirar hacia momentos más gloriosos del pasado, la que él denominaba la edad de oro de la patria, esto es, la época medieval.

Los años 1905 y 1906 marcaron el inicio de los actos unitarios del Once de Septiembre. La celebración empezó a enraizar en todo el territorio catalán. A partir de 1913 se sumaron a la conmemoración los actos que tenían por escenario el fosar de las Moreras, en donde se enterró a un gran número de defensores —y atacantes, puesto que no siempre era fácil distinguir entre los restos de unos y otros— de la ciudad en 1714. La dualidad espacial se ha mantenido, con escasos cambios, hasta 2014: la estatua de Casanova y el Fossar, un lugar de memoria y de concentraciones radicales.

Las celebraciones estuvieron prohibidas durante la dictadura de Primo de Rivera. En la Segunda República, en cambio, alcanzaron gran trascendencia. Macià afirmó, en 1931, que el 11 de septiembre constituía una demostración ante todo el mundo de que «por las libertades, nuestros antepasados estaban dispuestos a morir antes que a someterse».

Entre 1939 y 1975 se impidió todo festejo e, incluso, se hizo desaparecer el monumento a Casanova. La primera conmemoración legal no pudo hacerse hasta 1976 en San Boi de Llobregat. En 1977 se restituyó a su antiguo emplazamiento la estatua de Casanova. El 11 de septiembre de aquel año tuvo lugar la llamada manifestación unitaria del millón de personas, con el lema «Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía». Una ley del nuevo parlamento catalán declaró la Diada, en 1980, «fiesta nacional de Cataluña».

En la última década del siglo XX y en la primera del XXI, con el gobierno autónomo plenamente consolidado, la festividad se volvió algo más banal, coexistiendo tres planos: institucional —desde el gobierno catalán y el parlamento se organizaban los actos principales, en tanto que fiesta «nacional» fundamental, y TV3 ofrecía, en la noche del 10, el discurso del presidente de la Generalidad—; reivindicativo, sobre todo por parte de los sectores independentistas, y, por último, festivo —muchos ciudadanos participaban en los actos planeados en toda la geografía catalana y colgaban banderas en los balcones, pero otros aprovechaban también la oportunidad para escaparse a la playa o a la montaña—.

Desde 2010, a raíz del intenso desarrollo de las posiciones soberanistas e independentistas, la festividad del 11 de septiembre ha adquirido nuevamente un marcado tono protestatario. Las convocatorias de 2012 y 2013, a cuyo frente se colocó la flamante Asamblea Nacional Catalana (ANC), descolocando al propio gobierno autonómico, han sido multitudinarias.

La principal novedad de la también muy concurrida conmemoración del 11 de septiembre de 2014 ha consistido en una ofrenda oficial en el fosar de las Moreras, que parece coherente con la deriva independentista de los gobernantes. La plataforma Societat Civil Catalana organizó el mismo día, en Tarragona, un acto paralelo bajo el lema «Recuperemos el seny, recuperemos la senyera». Las declaraciones de Mas y otros dirigentes sobre ganar en las urnas en 2014 lo que se perdió en 1714 por las armas, resultan, desde un punto de vista histórico, una barbaridad. Aunque han pasado ya tres siglos desde los acontecimientos del final de la guerra de Sucesión y casi nada vincula el presente con aquel entonces, los nacionalistas se esfuerzan en revivirlos cada año, construyendo el mañana desde el ayer.

IV
CATALUÑA EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA

Los años terminados en catorce parecen haber sido decisivos en la historia de Cataluña. En 1714 terminaba la guerra de Sucesión. Otra concluía en 1814, la de la Independencia o del Francés, tras seis años de enfrentamientos contra los invasores y entre los propios catalanes. Cien años después, en 1914, se creaba la Mancomunidad de Cataluña, con Prat de la Riba al frente y un proyecto moderno de construcción nacional.

La historia como conocimiento no anda casi nunca al mismo paso que la conmemoración. Mientras que el pasado resulta clave en la primera, en la segunda está supeditado al presente y al futuro. Los centenarios nos proporcionan información sobre todo acerca de sus impulsores. Pueden ser fuente de legitimidad para el poder, pero también una vía de expresión de posiciones discordantes. Los usos públicos de la historia constituyen un campo de gran interés.

Conmemorar con gran boato, en 2014, el tricentenario del final de la guerra de Sucesión, dedicar esfuerzos relativos al centenario del nacimiento de la Mancomunidad y olvidarse totalmente de la guerra de la Independencia no ha sido gratuito, sino una opción coherente con los intereses de los gobernantes en la Cataluña de hoy. El conflicto de principios del siglo XIX pasa inadvertido y se echa al olvido puesto que resulta evidente que los catalanes se implicaron decididamente entonces en la construcción de la nueva nación española. A 1914 le faltan derrotas y heroísmos, además de remitir a unas élites con un nivel y una preocupación cultural hoy impensables y a un proyecto de país moderno y regenerado.

Se insiste hasta la saciedad, en cambio, en la cercanía a 1714, cuando se trata de otro momento, no comprensible con las categorías de trescientos años después. Ello obliga, en consecuencia, a la invención de una época. Aunque los organizadores de las conmemoraciones no tengan la obligación de escuchar a los historiadores, estos sí tienen el deber de decir alto y claro todas estas cosas. La historia crítica no puede ceder nunca ante la historia pública.

LIBERALES, CARLISTAS Y POETAS

Las tropas napoleónicas entraron en Cataluña en febrero de 1808. Desde el año anterior, en el marco de la alianza franco-española, habían empezado a penetrar en España para dirigirse a Portugal. La voluntad de controlar la Península presidió, sin embargo, todos los movimientos. Pronto iban a instalarse en Barcelona, una ciudad de la que no salieron hasta la retirada definitiva en 1814.

La permisividad para con los militares y los incidentes provocados por estos, junto con el clima de crisis monárquica y el descontento social, provocaron, en mayo y junio de 1808, una insurrección general contra los franceses y las autoridades españolas que con ellos colaboraban. Estos movimientos, mayormente espontáneos y populares, derivaron en la formación de juntas. La primera en crearse fue la de Lérida. Las razones e intereses de los distintos individuos y grupos sociales alzados eran dispares, desde la voluntad de mantener la estructura del antiguo régimen hasta el cuestionamiento de los derechos señoriales o el simple patriotismo. Los unía la lucha contra los franceses.

La guerra de Independencia o del Francés puede ser dividida en Cataluña en tres etapas. La primera se extendió hasta la caída de Gerona, en diciembre de 1809, tras un largo asedio iniciado en mayo. Los sitios de Gerona iban a convertirse, junto con los de Zaragoza, en los más emblemáticos de la guerra. Los franceses fracasaron, sin embargo, en sus primeros intentos de ocupar, en verano de 1808, la ciudad, punto estratégico entre la capital y la frontera. Controlaban entonces la fortaleza de Figueras y la plaza de Barcelona. Tampoco tuvieron éxito en el desplazamiento hacia el sur, siendo derrotados en junio en las batallas del Bruch.

En Lérida se constituyó, a mediados de junio de 1808, la Junta superior del principado de Cataluña bajo la presidencia del obispo de aquella diócesis. Nacía como gobierno provincial legítimo y con tres misiones fundamentales: asegurar el orden, bajo la autoridad del capitán general, y organizar la resistencia; coordinar las distintas juntas locales y de corregimiento, y, por último, conseguir recursos para hacer frente al ataque napoleónico. La defensa de la religión, el rey y la patria eran centrales en los propósitos declarados por sus integrantes.

Los años 1810 y 1811 conforman la segunda de las etapas. Los franceses se hicieron con el control de Lérida, en mayo de 1810, permitiéndoles el dominio de la línea del Segre y el acceso a los recursos del llano de Urgel. En enero del año siguiente cayó Tortosa, una plaza clave para el control de la desembocadura del Ebro. El objetivo siguiente fue Tarragona, puerto principal y capital de la Cataluña patriota, donde estaba entonces instalada la Junta.

El mariscal Augereau desplegó a principios de 1810 una abierta política de atracción, convirtiendo la lengua catalana en cooficial y apelando a una memoria histórica particularista. Colaboraron en la campaña algunos convencidos afrancesados, como Tomás Puig, Antonio de Ferrater o Pujol y March. Estas medidas tuvieron, sin embargo, escaso eco. El sentimiento antigabacho estaba muy presente y era antiguo, alimentado por los frecuentes conflictos bélicos y el activismo eclesiástico.

Mientras tanto, a las cortes de Cádiz, que elaboraron la Constitución española de 1812, acudieron representantes catalanes elegidos por la Junta superior, los corregimientos y algunas ciudades. Entre los diputados predominaban los conservadores o férreamente defensores del antiguo régimen, como Creus, Utgés, Papiol o Dou. Los catalanes tuvieron, con la excepción de Capmany, una participación modesta en las sesiones.

La tercera de las etapas iba a durar hasta el final de la guerra. La resistencia se redujo en ocasiones a la actuación de las guerrillas. En enero de 1812, Cataluña fue anexionada al imperio y se introdujo una nueva división territorial, con dos intendencias —Alta y Baja Cataluña— y cuatro departamentos: Ter, Segre, Montserrat yBocas del Ebro. El valle de Arán fue incorporado a la alta Garona.

Las derrotas de los ejércitos de Napoleón en Rusia y el centro de Europa coincidieron con el avance de las tropas anglo-españolas en la Península. Las guerrillas, muy activas en el norte catalán, infligieron un notable desgaste al ejército galo. José I abandonó España en marzo de 1813 y en noviembre se firmó el tratado de Valençay, que ponía fin a la guerra. La retirada de los ocupantes, sin embargo, aún tardó unos meses.

La guerra del Francés dejó un territorio devastado y una población exhausta. Las pérdidas humanas fueron muy elevadas. La mortalidad se dobló en los años de la guerra. La suma de impuestos, empréstitos, donativos, multas, suministros nunca abonados, destrucciones de cosechas y edificios, paralización de las actividades comerciales, robos y saqueos empobrecieron la sociedad.

Aunque no pueda exagerarse el peso del patriotismo, tampoco resulta posible olvidar que las lecturas del conflicto se hicieron, desde Cataluña como en otras partes, en clave eminentemente hispánica. Pero la reducción de la guerra de la Independencia a un conflicto entre españoles y franceses es simplificadora. Esta tuvo también elementos de enfrentamiento civil, como la presencia de los afrancesados o las querellas entre absolutistas y liberales ponen de manifiesto.

Fernando VII regresó a España en marzo de 1814. El día 22 entró por La Junquera, dirigiéndose a Valencia, donde se iba a consumar la vuelta al absolutismo. Esta restauración estuvo marcada por las dificultades económicas y el colapso hacendístico. Se asistió a múltiples conatos de signo liberal para poner fin al régimen. Uno de ellos, en 1817, encabezado por el antiguo capitán general Lacy, fracasó en el intento de tomar Barcelona.

Más éxito tuvo el pronunciamiento de Riego en enero de 1820, que acabó con el sexenio absolutista y abrió las puertas del trienio liberal. El 10 de marzo la capital catalana se sumó al movimiento. Empezaban tres años de construcción del estado liberal, que generó enfrentamientos entre moderados y exaltados y provocó la oposición armada absolutista. El principal apoyo de los gobernantes procedía del pueblo urbano y la burguesía, deseosa de avanzar en la articulación de un mercado nacional. La política tributaria, la introducción de nuevos valores o el desmantelamiento de estructuras tradicionales, en una situación coyuntural de crisis económica, favorecieron el descontento campesino. A partir de 1822 proliferaron las partidas realistas y se estableció la regencia de Urgel, pero no consiguieron derribar el sistema.

El ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis puso fin al trienio y restauró de nuevo la monarquía absoluta. Los primeros años estuvieron marcados por un impresionante despliegue represivo. La presencia de tropas del país vecino en Cataluña evitó el descontrol que se vivió en otras partes. El nombramiento del conde de España como nuevo capitán general, en 1827, sin embargo, incrementó la violencia. En el interior del absolutismo apareció pronto una división entre moderados y ultras.

En tierras catalanas estalló, en 1827, la guerra de los Agraviados (Malcontents), que, al grito de vivan el rey absoluto, la Inquisición o la religión y mueran las sectas y los liberales, movilizó a cerca de treinta mil hombres. Existe una relación entre áreas empobrecidas y zonas de arraigo de los revoltosos. La propaganda contrarrevolucionaria del clero animó el movimiento. Únicamente la presencia de Fernando VII en Cataluña y la actuación represiva del ejército permitieron dar por finalizado el conflicto en octubre.

Coincidieron, en los años siguientes, el culebrón palaciego sobre la sucesión del rey y algunas conspiraciones y pronunciamientos, estimulados por la coyuntura revolucionaria europea de 1830. Los Milans del Bosch se mostraron muy activos entre Perpiñán y La Junquera. Todos los intentos acabaron fracasando, lo que iba a propiciar el acercamiento entre algunos sectores liberales y los más reformistas del absolutismo. Llauder fue nombrado capitán general en 1832.

Entre la muerte de Fernando VII, en 1833, y el acceso al trono, diez años después, de su hija Isabel II, se dejó atrás el antiguo régimen y la revolución liberal se impuso, aunque no sin conflictos, como la guerra carlista y las peleas entre moderados, progresistas y radicales pusieron en evidencia. Una de las primeras realizaciones del régimen cristino fue una nueva división territorial, que organizaba Cataluña en cuatro provincias: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.

La intensificación revolucionaria de 1835 estuvo provocada por los avances del carlismo en armas y las ambigüedades de la corona. En las bullangas el protagonismo de los sectores populares urbanos resultó muy notable. En verano de 1835 estallaron en Reus y, a continuación, en Barcelona, donde la indignación popular se dirigió contra los conventos y los frailes. Las autoridades no intervinieron, mientras que la burguesía no escondía su satisfacción por las posibilidades que la destrucción ofrecía a nivel urbanístico. Monasterios como Poblet o Ripoll fueron asaltados.

Otra bullanga, en agosto, se cobró la vida del general Bassa. La noche del 5 al 6 tuvo lugar la quema de la fábrica Bonaplata, una acción de claro contenido ludita. La burguesía optó por el moderantismo y apoyó, en 1837, junto con la Comisión de fábricas, la acción represora del capitán general barón de Meer contra radicales y progresistas. Entre septiembre de 1837 y julio de 1839, Cataluña estuvo en permanente estado de guerra.

Al final de la carlistada, el general Espartero acabó proclamándose regente. Su actuación en Cataluña, marcada por el autoritarismo y la poca sensibilidad industrialista, provocó una amplia alianza contra él. El estado de sitio, la suspensión de la Asociación de Tejedores, las medidas de censura y el temor a un tratado librecambista con Inglaterra, en plena crisis económica, ampliaron la defección a mediados de 1842. La reacción de castigo consistió en el bombardeo de Barcelona.

En mayo de 1843 tuvo lugar en Reus un pronunciamiento contra Espartero, animado por los militares Prim y Milans del Bosch. Tras la caída del regente empezaron las disputas entre distintos grupos, que terminaron, en la capital, con una insurrección en septiembre, denominada la Jamancia, que no iba a concluir hasta el mes de noviembre. Los sectores medios y populares apoyaron a la nueva Junta Suprema creada en la ciudad, mientras que los sectores acomodados se refugiaron en Gracia, donde se organizó el bando gubernamental. Después de ver peligrar la posición en su propio feudo, en los años siguientes la burguesía se implicó poco en la política nacional. El desprestigio progresista llevó al poder a los moderados, que iban a construir en buena medida el estado español contemporáneo.

Entre 1833 y 1876 se desarrollaron las guerras carlistas, principal expresión del enfrentamiento fratricida hispano-español del siglo XIX. La primera guerra carlista o de los Siete Años tuvo lugar entre 1833 y 1840. Revolución liberal y guerra carlista se alimentaron mutuamente. En octubre de 1833 se alzaron partidas en el centro y el sur de Cataluña, aunque sin demasiadas repercusiones. La actuación del capitán general, procediendo al desmantelamiento de los voluntarios realistas, contribuyó al difícil arranque de la sublevación. Sin embargo, el movimiento creció y se extendió. Las zonas de dominio carlista estuvieron concentradas en el sur y en las áreas prepirenaica y pirenaica.

Berga cayó a mediados de 1837, pasando a convertirse en la capital del carlismo catalán. En esta ciudad se instaló la Real Junta Superior Gubernativa del principado de Cataluña. A mediados de 1838 asumió la comandancia del carlismo en Cataluña el ínclito conde de España, que acabó asesinado al año siguiente a manos de sus subordinados. En mayo de 1839 los carlistas incendiaron Ripoll. Pese a moverse por toda Cataluña, no consiguieron ni una adhesión generalizada ni el control de la región.

La guerra de los Matiners (1846-1849) tiene también su origen en la convergencia e imbricación entre la ofensiva de los partidarios carlistas y el malestar de amplios sectores de la sociedad. El cabecilla más destacado en los primeros compases fue mosén Benet Tristany. Además de la Montaña, a caballo entre las provincias de Gerona y Barcelona, y el sur de Tarragona, la actividad se concentró en tierras de Lérida.

Hubo algunas movilizaciones carlistas en 1855, en pleno bienio progresista (1854-1856). Barcelona había sido la primera ciudad española importante en levantarse en julio de 1854, en un alzamiento encabezado por progresistas y demócratas y notable participación de la pujante clase obrera. La cuestión industrial estuvo en el centro de la política en aquellos dos años de crisis de la hegemonía moderada. La tensión entre estado, fabricantes y trabajadores alcanzó altas cotas, como iba a poner de manifiesto la huelga general de julio de 1855, la primera declarada en España. El progresismo no consiguió consolidarse ni acabó de conectar con sus bases populares.

A partir de 1858, durante los gobiernos de la Unión Liberal del general O’Donnell, se llevaron a cabo varias intervenciones coloniales. Cuba iba a constituir el centro de todas las estrategias, lo que no podía ser más que bien visto por una burguesía con grandes intereses en la isla. La guerra de África (1859-1860) apasionó a la opinión pública. La exaltación nacional, a la que contribuyó la iglesia, se vistió de orgullo regional. Medio millar de catalanes se alistó en una expedición comandada por el general Prim y pintada por el también reusense Fortuny.

Poco antes había sido aprobado el proyecto de ensanche de Barcelona de Cerdá, el primero de España y modelo para muchos de los que se realizaron con posterioridad. Desde la década de 1830 existía la voluntad de derribar las murallas a fin de mejorar las condiciones higiénicas y el tráfico de mercancías y para beneficiarse de la urbanización que se iba a generar. Los solares conventuales fueron aprovechados, como muestra la construcción del Liceo. La demolición de las murallas, desde mediados de los cincuenta, transformó la fisonomía de la ciudad condal.

Los viejos salones y academias dejaron paso, aunque sin desaparecer del todo, a círculos, casinos y ateneos. Entre las décadas de 1840 y 1860 nacieron el Círculo del Liceo, el Casino Menestral de Figueras, el Círculo Sabadellense o el Círculo de Lectura de Reus. En las ciudades proliferaron asimismo los cafés, que a mediados de la centuria dejaron de ser espacios solo para hombres. De carácter más popular eran las tabernas, así como algunos ateneos, sociedades y los famosos coros de Clavé.

En la década de 1860 el sistema isabelino vivió una etapa de dificultades. La crisis industrial y las demandas empresariales no encontraron respuestas efectivas de los gobiernos moderados. El desgaste y desprestigio del régimen hicieron que las élites opositoras se activaran. En septiembre de 1868, la «Gloriosa» se llevó por delante la monarquía de Isabel II.

El movimiento impulsado por progresistas, unionistas y demócratas tuvo, en Cataluña, una destacada participación ciudadana, que respondía a motivaciones variopintas, desde la supresión de consumos y quintas hasta las reclamaciones de libertades y sufragio universal, pasando por propuestas de signo anticlerical, sin olvidar los conflictos de estricto carácter localista. Se formaron juntas, que las distintas fuerzas políticas, en especial demócratas y republicanos federales, intentaron controlar.

La burguesía, con Antonio López al frente, mostró inquietud por la guerra en Cuba (1868-1878), donde sus intereses eran altamente sustanciosos. Mantuvo una posición intransigente frente a los insurrectos. Las instituciones económicas se movilizaron contra las medidas tendentes al librecambismo del ministro Figuerola.

En las elecciones generales de enero de 1869, celebradas con sufragio universal, ganaron en Cataluña los republicanos. En las cortes estaban, sin embargo, en la oposición. Las tensiones no faltaron, sobre todo tras la aprobación por amplia mayoría de una avanzada constitución monárquica. En mayo, una veintena de representantes de los territorios de la antigua corona de Aragón, reunidos por Almirall, firmaron el pacto de Tortosa, que defendía las conquistas revolucionarias y el proyecto federal. En septiembre y octubre se produjeron disturbios y una insurrección en favor de la república federal, con algunos miles de movilizados en Barcelona, Reus y el Ampurdán.

Juan Prim, que fue ministro de Guerra y más adelante jefe del gobierno, representó un papel esencial en la búsqueda de rey. El gobernante catalán cayó asesinado antes de la llegada a España de Amadeo I. El reinado resultó altamente inestable. La abstención electoral fue alta en el principado y el republicanismo se impuso, en contraste con el control gubernamental progresista. Esta situación, junto con el miedo al desorden, la democracia, la pérdida de Cuba y el carlismo, impulsaron a los conservadores a organizarse.

El obrerismo vivió un momento de notable dinamismo, favorecido por el nuevo régimen de libertades. La sociedad más importante fue Las Tres Clases de Vapor, una federación textil formada en 1869, próxima al republicanismo. Poco a poco se extendió el ideario bakuninista. El Primer Congreso Obrero español, celebrado en Barcelona en junio de 1870, se adhirió a la I Internacional. La conflictividad iba a intensificarse en 1871, llevando al gobierno, en enero siguiente, a disolver los sindicatos y secciones internacionalistas.

Amadeo I abdicó en febrero de 1873 y la Primera República fue votada por las cámaras, a pesar del predominio monárquico, siendo Figueras el primer presidente. Otros tres iban a seguirle en menos de un año, hasta el golpe militar de enero de 1874, que abrió las puertas al régimen del general Serrano. En las elecciones de mayo de 1873 la abstención alcanzó el setenta por ciento. Una constitución federal impulsada por Pi y Margall, fuertemente reclamada por las bases catalanas, nunca llegó a aprobarse. La sublevación cantonalista y la guerra carlista pusieron en serios apuros al gobierno.

En 1872 estalló la segunda guerra carlista. Desde el inicio del sexenio se produjeron alzamientos, pero ni la improvisación ni la frágil consistencia del conglomerado contrarrevolucionario favorecieron un mínimo éxito. En aquellos momentos apostaron por la política, la prensa y la propaganda, consiguiendo una notable reactivación del movimiento. La defensa del catolicismo estuvo en el centro de las movilizaciones.

El bando sublevado prosperó en 1873, impulsado por la proclamación de la Primera República. En marzo de 1874 tuvo lugar el sitio de Olot, convertida en capital del carlismo catalán. En agosto fue ocupada la Seo de Urgel. A fin de dotar de una administración estos territorios se instituyó, en julio de 1874, la Diputación de Cataluña. Las declaraciones fueristas de algunos dirigentes tuvieron escaso efecto. Savalls fue nombrado en 1875 capitán general de la Cataluña carlista. La región quedó totalmente ocupada por el ejército a lo largo de aquel año.

Entre las décadas de 1830 y 1880 se desarrolló el movimiento de la Renaixença (renacimiento), que pretendía una parcial restauración del catalán como lengua literaria, así como recuperar la historia, el folclore y la cultura en general de este territorio. Tradicionalmente se ha considerado como punto de arranque el poema conocido como «Oda a la pàtria» (1833), de Aribau. Con el romanticismo como referente, se forjaron entonces buena parte de los mitos catalanes.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII se habían producido cambios muy destacados en los usos lingüísticos. Además de la introducción del castellano en los ámbitos oficiales y la escuela, los grupos dirigentes lo adoptaron como lengua propia y nacional, signo de progreso, dejando el catalán como idioma provincial, exclusivamente utilizado por los sectores populares y la baja literatura.

En Cataluña veía la luz, desde 1792, el Diario de Barcelona. Fue, no obstante, en la década de 1830 cuando se produjo un florecimiento de la prensa política y de información. Destacó, entre los periódicos, El Vapor. La ciudad condal se convirtió en aquel entonces en un importante centro editor en lengua española.

Inicialmente, la Renaixença constituyó un movimiento cultural inspirado por la burguesía catalana liberal-conservadora, adecuado a los cambios que se habían producido en el tránsito del viejo al nuevo régimen. El pasado medieval y las bellezas del paisaje regional eran, en las plumas castellanas y pluripatrióticas de los Bofarull, Balaguer, Cortada o Piferrer, un efectivo contrapunto para una sociedad industrial y conflictiva como la catalana, que tan acertadamente supo diagnosticar el pensador católico Jaime Balmes.

La lengua catalana fue únicamente recuperada para la poesía culta, tanto por Rubió i Ors, bajo el seudónimo Lo Gayter del Llobregat, como en los juegos florales, instaurados en 1859 y presentados como un acto restaurador de la fiesta medieval del gay saber. La lengua modelo no era la que se hablaba normalmente en pueblos y ciudades, sino la de los idealizados trovadores.

Antonio de Bofarull dio a la imprenta, en 1862, la primera novela histórica escrita en catalán, L’orfaneta de Menargues. A partir de mediados de aquella década el movimiento se amplió, con una extensión del uso del catalán, según muestran publicaciones como el Calendari Català, Lo Gay Saber o La Renaixensa. También se incorporaron sectores más populares e ideológicamente menos conservadores, con otro modelo lingüístico, representados en el teatro paródico y antifloralesco de Roure, Vidal Valenciano o Frederic Soler (Pitarra), y en revistas como Un Tros de Paper o La Campana de Gràcia.

La plena normalización de una literatura culta y de calidad en lengua catalana está asociada, en el último cuarto de la centuria, a tres nombres y a otros tantos géneros: en la poesía, Jacinto Verdaguer, el escritor más importante y popular del siglo XIX, autor de las épicas La Atlàntida y Canigó, amén de varios poemarios, como Pàtria o Montserrat; en el teatro, Àngel Guimerà, que firmó obras como Mar i cel o Terra baixa, representadas con gran éxito de público, y, finalmente, en la novela, Narcís Oller, a cuya pluma se deben La papallona o La febre d’or.

LA FÁBRICA DE ESPAÑA

Según el censo de 1877, Cataluña contaba con 1.750.000 habitantes. Algo más de nueve de cada cien españoles eran catalanes. La población de este territorio prácticamente se había doblado en noventa años, desde 1787. Aunque entre 1860 y 1890 el empuje se redujera parcialmente, a principios del XX se rebasaban los dos millones.

El crecimiento demográfico del siglo XIX tiene una relación decisiva con la nupcialidad y la fertilidad. La caída de las muertes, en cambio, fue relativamente modesta. A algunos episodios epidémicos, tanto de fiebre amarilla como de cólera, deberíamos añadir la alta mortandad de las grandes ciudades. La sobremortalidad infantil fue muy acusada hasta finales de la centuria.

Barcelona multiplicó el número de sus moradores a lo largo del siglo, consolidando su posición de núcleo central del territorio. En 1857 contaba con unos doscientos mil habitantes. La alta natalidad y la llegada permanente de nuevos contingentes humanos, atraídos por la gran urbe y sus posibilidades ocupacionales, permiten explicarlo. Tanto el proceso de urbanización como las migraciones internas se intensificaron en todo el área catalana.

A finales del siglo XVIII, la población activa agraria doblaba a la del sector industrial: cincuenta y dos por ciento frente a un poco más del veinticinco por ciento. Como consecuencia de la puesta en cultivo de nuevas tierras cada vez más pobres, la evolución desfavorable de los precios y la coyuntura bélica, se produjo una crisis parcial del modelo de desarrollo agrario fundamentado en la especialización y la intensificación del trabajo. La conflictividad abundó, vinculada, entre otras cosas, a la caída de los ingresos señoriales y a las resistencias al pago de los diezmos.

El régimen señorial fue abolido en la década de 1830. De la confusión de dominios y derechos sobre la tierra se iba a pasar a la plena propiedad. Los cambios fueron profundos y se ofrecieron oportunidades para la movilidad social. Los enfiteutas se convirtieron frecuentemente en propietarios, consolidándose un amplio sector de payeses acomodados, los hacendados. Fueron, junto con la burguesía ciudadana, los principales beneficiarios de la desintegración de los grandes patrimonios nobiliarios y del proceso desamortizador.

La agricultura del siglo XIX continuó basándose en la especialización y la orientación comercial. El sector vitivinícola siguió siendo el más dinámico; en 1879, la viña ocupaba un treinta y cuatro por ciento del total de superficie cultivada. Otros sectores especializados eran el del aceite, la fruta seca o el corcho. A lo largo de la centuria se incrementaron la superficie cultivada y las prácticas intensivas, a las que el aumento del regadío contribuyó. Entre los canales construidos sobresale el de Urgel. El arroz fue muy cultivado, desde la década de 1860, en el delta del Ebro.

Las principales transformaciones económicas del siglo XIX tuvieron lugar en el sector secundario. Entre la década de 1830 y la de 1890 se asistió a una auténticarevolución industrial. Cataluña se convirtió, en aquel entonces, en la fábrica de España. El algodón constituyó la clave del proceso. Los datos de importación de este material permiten hacerse una idea cabal de las dimensiones y evoluciones de la industrialización: unas mil quinientas toneladas de algodón en 1816-1820, que se convirtieron en casi cuarenta y un mil en 1879-1883.

A finales del siglo XVIII coexistían industrias tradicionales y nuevas: la manufactura lanera rural y las fábricas algodoneras urbanas. En este último sector, la producción de indianas entró en crisis en la coyuntura de entre siglos y dio lugar a una nueva estructura industrial que abarcaba el ciclo completo del textil algodonero a partir de la especialización fabril en alguna de las fases de producción: hilado, tejido y estampado. Los inicios de la mecanización favorecieron dicho proceso, al que el arribo de algodón en rama americano a buen precio y las medidas proteccionistas también contribuyeron.

A partir de la década de 1780, las hilaturas instalaron las famosas spinning-jenny o máquinas simples. Estas fueron adaptadas de inmediato con la creación de las bergadanas. Más adelante se usaron las water-frame, conocidas como «máquinas inglesas». Y, a partir de 1814, se iban a generalizar las más modernas mule-jenny, que requerían fuertes inversiones para unas fábricas movidas por la fuerza hidráulica o el vapor.

El ritmo de mecanización fue muy intenso, sobre todo en las hilaturas, aunque algo menos en el sector del tejido, que completó el proceso en la segunda mitad de la centuria con el uso general de telares de lanzadera volante y los jacquard. Especialización y mecanización hicieron posible una bajada de los costes. En los inicios del último cuarto de siglo, el textil algodonero catalán cubría ya casi el ochenta por ciento del consumo hispano.

La mecanización comportaba un uso intenso de energía inanimada. El vapor fue la opción elegida por los fabricantes y el fundamento de la revolución industrial. Presentaba, no obstante, el inconveniente de su alto precio, puesto que dependía del carbón, necesariamente importado. Este elemento explica que muchas industrias se situaran en Barcelona y zonas cercanas o en otros puntos del litoral para abaratar el transporte. La primera gran fábrica algodonera, totalmente mecanizada y basada en el vapor, fue la Bonaplata, Vilaregut, Rull y Cía., que empezó a funcionar en 1833.

El uso de la energía hidráulica, en cambio, favoreció la concentración de empresas en las cuencas de ríos como el Llobregat, el Besós o el Ter. Estas presentaron una gran expansión a partir de los sesenta. El fenómeno de las colonias industriales está relacionado claramente con esta opción. Se han censado más de ochenta, centradas en el algodón con la excepción de unas pocas colonias mineras. A finales de siglo, la fábrica de río y la turbina se impusieron como alternativa viable al vapor y la ausen-cia de recursos carboníferos.

La industria lanera tuvo una evolución bastante distinta, concentrada en la zona de Sabadell y Tarrasa y mecanizada en la segunda mitad de la centuria. A mediados del siglo XIX, el producto industrial se dividía de la siguiente manera: cincuenta y dos por ciento para el sector algodonero, veintidós para el lanero y veintiséis para otras industrias. La mecanización estimuló el desarrollo de la industria metalúrgica, en la que sobresalió La Maquinista Terrestre y Marítima (1855).

Los capitales invertidos en la industrialización fueron, en esencia, locales, provenientes de la vieja industria, el comercio y la agricultura especializada. Destacó la llegada de dinero de catalanes en el extranjero, especialmente en Cuba, donde sus actividades económicas eran más variadas que en la época imperial, entrando también en el tráfico negrero. El sector de las finanzas vivió entonces un notable desarrollo. El Banco de Barcelona fue creado, en 1844, por Manuel Girona, y, en 1876, se fundó el Banco Hispano-Colonial.

Las consecuencias de la revolución industrial sobre la estructura de la sociedad no fueron desdeñables. La mano de obra rural se trasladó, en muchos casos, a las fábricas. A mediados del siglo XIX la población obrera barcelonesa superaba largamente los cincuenta mil individuos. Los gremios fueron suprimidos en la década de 1830, aunque su desarticulación resultara lenta.

Las fábricas habían ido aumentando de tamaño, tanto para concentrar la maquinaria como, sobre todo, para vigilar el trabajo obrero y el producto final. El control de la mano de obra se traducía en largas jornadas, división del trabajo, un ritmo constante o el despido libre. Abundaba a mediados de siglo el trabajo infantil. Las condiciones de vida de los obreros fueron, en general, precarias y hubo un claro deterioro de la situación higiénica y sanitaria. Las respuestas pasaron por la constitución de sociedades —en 1840 se fundó la Sociedad de Protección Mutua de Tejedores de Algodón de Barcelona— y por las protestas, destrucciones de máquinas y huelgas.

Los transportes sufrieron notables cambios en la época del liberalismo y la industrialización. Algunas instalaciones portuarias fueron mejoradas y el comercio de cabotaje continuó teniendo una presencia fundamental. La aplicación del vapor a las naves supuso una mudanza decisiva. En 1834 se estableció un servicio de barco de vapor entre Barcelona y Palma.

Las carreteras existentes resultaban insuficientes para una región en pleno proceso industrializador. Tres únicas vías principales, no renovadas, unían Barcelona con Zaragoza y Madrid, con Valencia y con Francia. El capitán general Manuel Pavía creó, en 1848, la Junta de Carreteras, que elaboró un plan general para Cataluña. En 1856 se concluyó la vía Tarragona-Lérida.

Fue en las comunicaciones ferroviarias, sin embargo, donde tuvieron lugar las transformaciones más significativas. En 1848 se inauguró la línea Barcelona-Mataró, la primera no solamente de Cataluña, sino de toda la Península. En los años siguientes la red de caminos de hierro se extendió: Sabadell (1855), Tarragona y Reus (1856), Manresa (1859), Lérida (1860) y Gerona (1862). En la década de 1860 se iba a conectar con las líneas de Zaragoza y Valencia. La crisis de 1866, no obstante, puso freno a las nuevas construcciones. En 1878 los raíles llegaron a Portbou, en la frontera con Francia.

LOS NACIONALISTAS Y LA NACIÓN

El pronunciamiento de Martínez Campos, a fines de diciembre de 1874, puso término al sexenio y permitió el restablecimiento de la monarquía. Alfonso XII, hijo de Isabel II, fue proclamado rey. Desembarcó en Barcelona el 9 de enero. El hombre fuerte del momento era Cánovas del Castillo. La Restauración, un régimen monárquico, liberal y de orden, duró casi medio siglo. Los nuevos gobernantes dedicaron desde el primer momento innumerables esfuerzos a dar fin a la coyuntura democrática y revolucionaria abierta en septiembre de 1868 y al largo ciclo de violencias políticas iniciado en 1808.

La vía militar y represiva predominó en la empresa de terminar rápidamente con la segunda guerra carlista. A su final en Cataluña, en el mismo año 1875, algunos miles de carlistas cruzaron la frontera, conviviendo en el exilio con republicanos, cantonalistas, prófugos y demás emigrados.

La guerra de los Diez Años en Cuba se cerró con el tratado de paz de Zanjón (1878). Los intereses antillanos pesaron fuertemente en las tramas conspirativas que habían permitido instaurar la Restauración. El proyecto recibió el apoyo de industriales y comerciantes catalanes, interesados en mantener el orden, evitar cambios en la isla y despejar toda tentación librecambista.

Una nueva constitución fue aprobada por las cortes en 1876. A fin de asegurar la estabilidad política resultaba indispensable regular el acceso al poder de las principales facciones liberales. El pacto de alternancia, concretado en el llamado turno pacífico, se fundamentaba en el acuerdo, la tolerancia y la aceptación del adversario. La conformación de los partidos dinásticos tuvo lugar en el primer decenio de la Restauración: mientras que el conservador se organizó alrededor de la figura carismática de Cánovas, Sagasta aunó en el liberal-fusionista a los distintos grupos que aspiraban a una progresiva introducción de reformas. El caciquismo, las redes clientelares y la manipulación electoral anclaban el poder.

Entre los conservadores alfonsinos de primera hora destacan Duran y Bas y Mañé y Flaquer, director del Diario de Barcelona, además del hacendado figuerense Pelagio de Camps, el fabricante Ferrer-Vidal o el rector de la Universidad de Barcelona Reynals y Rabassa. En 1883 se fundó el Círculo Conservador-Liberal. Fiel a las directrices madrileñas fue el cacique conservador Planas y Casals. El principal líder de los fusionistas en Cataluña era Balaguer, ministro de Ultramar con Sagasta. También destacaron Rius i Taulet, el cacique Comas Masferrer o los industriales Godó, fundadores de La Vanguardia.

Desde finales de la década de 1880, carlistas y republicanos habían procedido a una acomodación al sistema y participaron en la modernización de las formas políticas. El principal dirigente del carlismo catalán, entre 1889 y 1902, fue Luis M. de Llauder. Los integristas se escindieron del carlismo en 1888. El autor de El liberalismo es pecado (1884), el eclesiástico Sardá y Salvany, era su referente ideológico.

Los republicanos, tras la agridulce experiencia de 1873, estaban divididos entre los progresistas de Ruiz Zorrilla, los posibilistas de Castelar —con periódicos como La Publicidad o La Campana de Gràcia—, los seguidores de Salmerón y los federales, a la vez fraccionados entre los pactistas de Pi y Margall y los orgánicos de Figueras, sin olvidar la línea catalanista de Almirall.

En 1888 se fundaron el PSOE y la UGT, cuya dirección estuvo en Barcelona hasta 1899. Sin embargo, reformistas y anarquistas eran los grupos más implantados. Los primeros se coordinaban en Las Tres Clases de Vapor, el periódico El Obrero y el Centro Federal. Los anarquistas, sometidos a una dura represión a partir de 1874, crearon, a principios de los ochenta, la Federación de Trabajadores de la Región Española. Entre los dirigentes sobresalían Pellicer y su primo Farga Pellicer, Canibell o Llunas y Pujals.

El catalanismo tuvo un desarrollo importante en el último cuarto de siglo XIX. Anteriormente debe citarse La Jove Catalunya (1870), una asociación que aunaba cultura y política. Almirall fue el personaje más activo en este campo en los años ochenta: edición del Diari Català (1879), organización del Primer Congreso Catalanista (1880), creación del Centre Català (1881) y publicación de Lo catalanisme (1886). El vigatanismo, con Collell y los obispos Morgades y Torras i Bages, así como la escuela de Olot, profundamente católicos y tradicionalistas, mantuvieron claras distancias con las posiciones de Almirall, desconfiados de su pasado laicista y republicano.

Los sectores más conservadores del Centre Català, como Guimerà y el diario La Renaixensa, se escindieron para fundar, en 1887, la Lliga de Catalunya, a la que pronto se sumaron los jóvenes del Centre Escolar Catalanista (Prat de la Riba, Verdaguer i Callís, Cambó, Duran i Ventosa). En 1891 nació la Unió Catalanista. Esta federación celebró varias asambleas en distintos puntos de Cataluña; en la de 1892 se dieron a conocer las llamadas bases de Manresa, una suerte de proyecto de constitución catalana. A partir de mediados de la década, el referente principal del catalanismo pasó a ser Prat de la Riba.

Usando el derecho constitucional de dirigir peticiones a la corona se presentó en 1885 la Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña, un memorial de agravios impulsado por el Centre Català, con el sostén de una amplia representación de la burguesía. Las cuestiones que preocupaban a los elaboradores del documento eran los intentos de unificar el código civil y el proyecto de convenio comercial con Gran Bretaña. El asunto del proteccionismo era recurrente. Las asociaciones industriales, como Fomento del Trabajo Nacional, lo convirtieron en una de sus razones de ser.

En mayo de 1888 empezó la Exposición Universal de Barcelona, que supuso un importante impulso para la ciudad. El parque de la Ciudadela constituyó el espacio central de la muestra. Barcelona superaba en 1900 el medio millón de habitantes. A ello contribuyó la agregación, en 1897, de las poblaciones de las afueras: Las Cortes, Gracia, San Andrés de Palomar, San Gervasio, San Martín de Provensals y Sants. El paseo de Gracia se convirtió en el nuevo centro burgués capitalino.

La Cataluña fin-de-siglo vivió momentos complicados, marcados por las crisis. La guerra de Cuba (1895-1898) tuvo como consecuencia grandes pérdidas materiales y humanas; la conversión de España en una potencia de tercer orden, tras la obligación de abandonar sus últimas colonias; una sensación de humillación en el ejército, que atizó en el inicio del siglo los conflictos con los antimilitaristas, y, por último, la desaparición de un mercado privilegiado para los comerciantes e industriales. En cualquier caso, los efectos económicos reales provocados por este último elemento fueron menores que la alarma y la merma de confianza en la capacidad del estado de los sectores perjudicados.

Tras una etapa de euforia en las décadas de 1870 y 1880, motivada por el auge de las exportaciones vitícolas —la filoxera estaba entonces afectando a los viñedos franceses—, llegó la ruina. El insecto de marras cruzó los Pirineos y se cebó en la viña catalana, cayendo la producción en picado. Nació en aquel entonces el problema rabasaire. La pérdida de las colonias afectó, asimismo, a las exportaciones.

A las dificultades del sector del vino se juntaron los efectos de la crisis mundial de sobreproducción, que provocó la bajada del precio del cereal. La crisis financiera de 1882, que cerró la fiebre de oro, no ayudó en esta coyuntura. La debacle colonial dio pie a una repatriación de capitales, invertidos parcialmente en la creación de nuevas empresas o utilizados para renovar otras. El gran cambio de la industria en la etapa de entre siglos se tradujo en un proceso de diversificación. El textil, que sí se vio afectado por la pérdida de mercados, siguió siendo el sector principal, pero otros, como el químico, el eléctrico o el cementero, adquirieron un peso mayor.

Los conflictos sociales que más preocupación generaron fueron los atentados anarquistas. En 1893, Pallás hirió en Barcelona al capitán general de Cataluña, Martínez Campos, y dos bombas Orsini fueron lanzadas en el teatro del Liceo. En 1896, un atentado contra la procesión del Corpus dejó una docena de cadáveres. Barcelona era la ciudad de las bombas. A todas estas acciones les siguieron numerosas reacciones represivas, como el proceso de Montjuich, dando lugar a una dinámica de acción-represión-acción cuyos efectos afectaron a amplias capas del movimiento obrero.

La palabra «intelectual» empezó a utilizarse a finales del siglo XIX como sustantivo. El nacimiento de esta figura, a caballo entre lo cultural y lo político, debe ser puesto en relación, en Cataluña, tanto con las reacciones ante el «Desastre» como, sobre todo, con las protestas provocadas por el proceso de Montjuich. Coincidió con la gran época del modernismo, con literatos como Maragall, Casellas, Ruyra, Coromines, Bertrana, Rusiñol o Víctor Català, seudónimo de Caterina Albert. Casas, Nonell y el mismo Rusiñol destacaron en la pintura. En arquitectura, escultura y artes decorativas tuvieron gran relevancia Gaudí, Puig i Cadafalch, Domènec i Montaner, Sagnier, Blay y Jujol; y, en la música, Albéniz.

A finales de siglo se pusieron en evidencia, asimismo, varios problemas y disfunciones del sistema político: la fuerte presión de las oposiciones y la modernización de la forma-partido; el desarrollo del espacio público y el crecimiento de las movilizaciones; la multiplicación de asociaciones y partidos regionalistas y nacionalistas, y, asimismo, la desaparición de los políticos de la generación que había protagonizado el sexenio y la primera parte de la Restauración. Nuevos líderes jóvenes entraron en escena en unos momentos en los que el cuestionamiento de la fórmula turnista no era un tema menor y con una fractura creciente, para expresarlo en palabras de la época, entre el país real y el país legal.

El surgimiento de los nacionalismos alternativos, subestatales o periféricos fue, sin duda, el más destacable efecto de las crisis de finales del siglo XIX. Elnacionalismo catalán iba a ser el que más rápidamente se consolidara. De un triple patriotismo —nacional, regional o provincial, local— se pasó a otro identificado con una nación, Cataluña, mientras que lo local era un complemento y España se convertía simplemente en un estado artificial y prescindible.

Para entender la eclosión del nacionalismo catalán deben tenerse en cuenta cuatro conjuntos de elementos. Ante todo, una coyuntura favorable. Las crisis finiseculares propiciaron la existencia de un momento de este tipo. El caso cubano mostró, además, que autonomía e independencia no eran quimeras. En segundo lugar, un descontento manifiesto en relación con los proyectos de construcción del estado-nación español a lo largo del siglo XIX. Se asistió entonces, de manera paralela a lo que ocurría en otros países europeos, a un proceso de construcción nacional y a la voluntad de hacer españoles, es decir, de nacionalizar una comunidad política preexistente. Los resultados iban a condicionar la emergencia o no de proyectos alternativos. La falta de solidez de la nacionalización española en Cataluña estimuló o, como mínimo, favoreció la génesis de un nuevo nacionalismo.

El tercer conjunto de elementos corresponde a los actores, esto es, personas dispuestas y disponibles para dotar de fuerza y dirigir el proceso, en especial intelectuales, políticos y profesionales. El desarrollo en la segunda mitad de la centuria de importantes movimientos románticos, anticentralistas —el federalismo o el provincialismo— y regionalistas permitió la existencia de una nutrida cantera.

Finalmente, la presencia de tradiciones, conciencias, realidades, experiencias y signos de identidad más o menos antiguos. Entre estos sobresalen la lengua, una cultura y una historia propias, las lealtades institucionales y las tradiciones jurídicas locales y regionales, la conciencia étnica y las identidades o, entre otros, las realidades socioeconómicas —industrialización o industrialismo— y las experiencias históricas acumuladas. Aunque toda nación y todo nacionalismo sean una construcción, no resulta posible emprenderla sin bases ni materiales.

La convergencia de todos los elementos anteriores y sus interrelaciones permiten explicar el surgimiento del nacionalismo catalán. Por separado, estos elementos nunca habrían dado lugar seguramente a dicho resultado. Una cultura o una lengua propias, pongamos por caso, pueden constituir piezas centrales, como en Cataluña, o secundarias, como en el País Vasco —la raza fundamentó allí los primeros discursos nacionalistas, un tema no inexistente en tierras catalanas, como muestran los textos del Dr. Robert o, más adelante, La raça (1930), de Rossell—, pero no resultan suficientes, sin más, para dar lugar a un nacionalismo.

El flamante nacionalismo catalán se libró desde el inicio a un proceso de construcción nacional propio, de nacionalización en fin de cuentas, que se hizo contra la nación española y con formas no muy distintas de las aplicadas por los estados-nación. Antes del siglo XX no existía ninguna nación llamada Cataluña. Fueron los nacionalistas los que, a partir de finales de la década de 1890, se lanzaron al proyecto de construir una nación y de nacionalizar a los catalanes.

Una clara muestra de este proceso consistió en definir, recrear históricamente y dotar de contenido nacional los símbolos, en especial bandera, himno y día de la patria. Asimismo, la sardana, un baile considerado otro de los emblemas catalanes por antonomasia, representa un interesante ejemplo de tradición inventada. Mientras que a finales del siglo XIX era desconocida o algo exótico para la mayoría de los habitantes del principado, excepto los de la provincia de Gerona, donde tenía sus raíces, en 1906 se hablaba ya abiertamente de «danza nacional». Y, lo que resulta más significativo aún, se estaba transmitiendo la idea de que era un baile de la tierra de míticos orígenes. Catalanismo y sardana pasaron a ser indisociables, convirtiendo en nacional, una vez retocado y pasado por Barcelona, el modelo festivo de la Cataluña vieja.

Con las canciones llamadas populares o tradicionales ocurrieron cosas parecidas. Cantar en coro era una de las grandes pasiones —como el excursionismo— de los catalanistas y, más adelante, de los nacionalistas. El Orfeó Català fue creado en 1891 y otras sociedades corales se fundaron por toda la región. Además de cohesionar al grupo y transmitir ideología, entonando melodías de la tierra se luchaba contra la castellanización. De hecho, las canciones verdaderamente populares y los espectáculos preferidos en la Cataluña de finales del siglo XIX eran los del género chico. Este no tenía espacio, sin embargo, en la nación imaginada y construida por los nacionalistas. Otros dos grandes entretenimientos de la época también merecían ser desterrados: el flamenco y los toros.

El proceso de reinvención de lo supuestamente tradicional puede percibirse de forma nítida en la composición “Els segadors”. La letra y la música, aunque se presenten habitualmente como populares y antiguas, constituyen, en realidad, reelaboraciones o invenciones parciales de la última década del siglo XIX. En 1892, Francesc Alió armonizó musicalmente y adaptó la letra, con la ayuda de Ernest Moliné i Brasés, de una antigua canción catalana, seguramente del siglo XVII, que narraba los hechos del Corpus de sangre. Esta había sido recogida y publicada por vez primera por Milà Fontanals en Romancerillo catalán (1882).

Alió cambió la música original por otra en la que aprovechó la melodía de una antigua canción erótica e introdujo el famoso estribillo “Bon cop de falç, defensors de la terra” [Buen golpe de hoz, defensores de la tierra], más adecuado que el usado al entonar las versiones tradicionales —«Segueu arran, que la palla va cara»— [Segad al ras, que la paja está cara], considerado poco patriótico y combativo e inadecuado para una sociedad urbana.

El Orfeó Català la incorporó, ya en el mismo año 1892, a su repertorio. No tenía, en aquel entonces, ninguna connotación patriótica ni reivindicativa. Las cosas cambiaron, sin embargo, a lo largo de aquella década, debido al trabajo de divulgación que llevaron a cabo los catalanistas y sus entidades. De hecho, hacía ya algunos años que en estos ambientes la preocupación por la ausencia de un himno resultaba evidente.

Si hasta 1892 casi nadie conocía la letra de «Els segadors», desde entonces se popularizó en los ambientes del catalanismo. En los últimos años de la centuria, la canción sufrió un importante proceso de politización. Se empezó a escucharla de pie y, en el caso de los varones, con la cabeza descubierta.

Algunos empezaron ya a calificar «Els segadors» como himno nacional de Cataluña. Presentaba, sin embargo, un problema: la letra. Era demasiado larga, amén de detallista en exceso y con referencias religiosas, lo que hacía que, frecuentemente, se cantaran solamente algunas estrofas. Para solucionar esta cuestión no faltaron debates y polémicas. La letra actual, de tres estrofas y un estribillo, fue pergeñada, en 1899, por Emili Guanyavents.

En el primer tercio del siglo XX, otros grupos y culturas políticas combatieron la canción convertida por los nacionalistas en himno —y prohibida, en algunos momentos, por las autoridades—, oponiéndole sobre todo «La Marsellesa». Los coros de Clavé eran, asimismo, bastante refractarios a entonarla. Incluso un catalanista como Almirall la calificó, en 1902, de «canto de odio y fanatismo».

El momento de Solidaridad catalana, en 1906-1907, asentó la canción en un universo nacionalista en expansión. «Els segadors» y «La Marsellesa» se cantaron juntas el 14 de abril de 1931. Solamente cuatro días después, sin embargo, en presencia de las principales autoridades de la nueva república en Cataluña, se estrenó el «Cant del poble», con música de Vives, inspirada en una canción de Clavé, y letra de Sagarra. Era una propuesta hecha directamente desde arriba para sustituir la vieja composición por otra menos belicosa y una pizca más alegre. No acabó, sin embargo, enraizando.

La prohibición, en la época franquista, de «Els segadors» llevó a buscar himnos sustitutivos. Un par de ellos, en especial, hicieron fortuna, aunque no autorizados durante bastante tiempo: «El cant de la senyera» (letra de Maragall y música de Millet) y la sardana «La Santa Espina» (letra de Guimerà y música de Morera). Mientras que en la década de 1960 ambas empezaron a ser toleradas, «Els segadors» no se cantó abierta y colectivamente en público hasta 1976, con motivo de la celebración del 11 de septiembre.

Desde la transición democrática, en cualquier caso, «Els segadors» quedó rápidamente establecido, primero de hecho y, en 1993, a través de una ley del parlamento de Cataluña, como «himno nacional de Cataluña». En 2001, en una instrucción del Departamento de Enseñanza de la Generalidad, se establecía que la canción debía ser enseñada en las escuelas. En el estatuto de autonomía reformado de 2006 el himno era definido como símbolo nacional.

UN NUEVO SIGLO

En 1901 tuvieron lugar cambios trascendentales en la política catalana: la fundación de la Lliga Regionalista, la formación que iba a convertirse en hegemónica hasta la Segunda República, y el triunfo en la capital, en las elecciones generales, de la que fue conocida como candidatura de los cuatro presidentes. En los orígenes de ambos se encontraban la Unió Regionalista y el Centre Nacional Català.

Agrupaba la primera a un sector de la burguesía catalana descontento con la política estatal y decepcionado por la fracasada experiencia del gobierno Silvela de marzo de 1899. Habían apoyado sobre todo al general Polavieja, ministro de la Guerra, que recogió sus inquietudes económicas y regionales. Silvela nombró ministro de Justicia a Duran i Bas y alcaldes de Barcelona, Reus y Tarragona, respectivamente, a Robert, Font de Rubinat e Ixart; además, promovió a los obispos Morgades y Torras i Bages para ocupar las sedes de Barcelona y Vic.

Las cosas se torcieron con el enfrentamiento entre el ministro Fernández Villaverde y los industriales, comerciantes y tenderos barceloneses, que se negaron a pagar las nuevas contribuciones, aumentadas significativamente para costear el déficit generado por el conflicto colonial. La campaña de protesta empezó en mayo, coordinada por la Liga de Defensa Industrial y Comercial. Robert renunció a la alcaldía. Este movimiento, conocido como el «cierre de cajas», terminó con la suspensión de garantías constitucionales y detenciones. Los ministros Polavieja y Duran presentaron la dimisión en octubre. Los polaviejistas catalanes constituyeron la Unió Regionalista, presidida por Ferrer-Vidal y en la que destacaban los Raventós, Rusiñol, Sallarés, Bertran i Musitu, Agulló, el doctor Robert o los hijos del banquero Girona.

El Centre Nacional Català estaba formado por el sector posibilista, partidario de entrar en la liza electoral, que se separó al final del siglo de la Unió Catalanista. Despuntaban, entre sus miembros, Prat de la Riba, Cambó, Puig i Cadafalch o Duran i Ventosa, hijos políticos casi todos de Verdaguer i Callís. Les representaba La Veu de Catalunya. En la nueva formación se habían integrado, asimismo, algunos jóvenes abogados republicanos como Carner, Gubern, Lluhí i Rissech o Sunyol. La suma del núcleo política e intelectualmente sólido del Centre Nacional Català con los conservadores regeneracionistas de la Unió Regionalista, bien posicionados desde un punto de vista político y social, dio lugar, en 1901, a la Lliga Regionalista.

Para las elecciones generales del 19 de mayo de 1901 ambos grupos, ya fusionados, impulsaron en Barcelona la candidatura de los cuatro presidentes, formada por Albert Rusiñol, expresidente de Fomento del Trabajo Nacional; Robert, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País; Domènech i Montaner, expresidente del Ateneu Barcelonès, y Torres, presidente de la Liga de Defensa Industrial y Comercial. Todos salieron elegidos. Les acompañaron al congreso un par de republicanos, Pi y Margall y Lerroux, y el liberal Maristany.

La Lliga Regionalista, dirigida por Prat de la Riba y Cambó, puede ser definida como nacionalista, conservadora, industrialista y no dinástica. Estas características, en especial el conservadurismo, se fueron concretando entre 1901 y 1905. En 1904 se produjo una escisión, causada por la desobediencia de Cambó a las directrices lligaires al dirigirse, aunque críticamente, a Alfonso XIII en su visita a Barcelona. Recibió el apoyo de la mayoría de la formación, pero hizo que el sector republicano la abandonara. Estos sacaron a la calle El Poble Català y crearon, más adelante, el Centre Nacionalista Republicà.

Los republicanos seguían bastante divididos. La Unión Republicana, creada en 1903 bajo la presidencia de Salmerón, agrupó a los distintos núcleos españoles, con la excepción de los federales. Obtuvo buenos resultados en las elecciones de aquel año y en los dos siguientes. Algunas zonas, como Reus o Figueras, mantuvieron un particular microclima republicano. En cualquier caso, la novedad más sobresaliente fue la irrupción de Alejandro Lerroux, conocido como el Emperador del Paralelo, que, instalado en la capital del principado desde 1901, se convirtió en el líder e ídolo de las masas republicanas con una retórica provocadora y demagógica. En su discurso populista resultaban esenciales el anticlericalismo y el anticatalanismo.

Lerroux fundó, en 1908, el Partido Republicano Radical. El ayuntamiento de Barcelona fue uno de sus principales feudos. En el éxito lerrouxista tuvo una gran importancia la modernización de las prácticas políticas, con nuevas formas para encuadrar y movilizar. Destacaba, en este sentido, la red de centros de barrio agrupados por las casas del pueblo. Las meriendas fraternales podían llegar a concentrar, en la montaña del Coll, a decenas de miles de personas en un ambiente festivo y reivindicativo.

La insistencia en las novedades no puede hacernos olvidar, sin embargo, que seguían estando bien presentes a principios de la centuria los viejos partidos y las formas antiguas de hacer política: turnismo, caciquismo —el persistente cacicato liberal en la montaña leridana, o bien el salismo en Tarrasa, que permitió la presencia de Alfonso Sala en el Congreso entre 1893 y finales de la Restauración— o baja participación. La Lliga obtuvo cuatro diputados en 1901 por la ciudad de Barcelona, pero solamente sumó dos más en toda Cataluña: Soler (Manresa) y Camps (Olot).

El 17 de febrero de 1902 empezó una huelga general, que paralizó la ciudad de Barcelona durante unos días. Enlazaba directamente con la de los obrerosmetalúrgicos, iniciada unas semanas antes, y, asimismo, con la oleada huelguística que, en los años precedentes, había afectado las cuencas del Ter y el Freser, donde se concentraba buena parte de la industria textil. En la ciudad condal participaron entre ochenta y cien mil trabajadores. El paro terminó sin concesiones de la patronal y con una fuerte represión.

A partir de la suscripción pública para los heridos y familias de esta huelga surgió la idea de crear una entidad para asegurar la vejez o invalidez de los trabajadores. En abril de 1904 se constituyó la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, impulsada por el abogado Moragas. El industrial Ferrer-Vidal se convirtió en su primer presidente.

Situado inicialmente en la órbita de la Lliga y de la Unió Catalanista, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) se fundó en 1903. Los dependientes eran trabajadores de cuello y corbata, que aspiraban al ascenso social y a instalarse por cuenta propia. Los objetivos del CADCI pueden resumirse en la defensa y propaganda del catalanismo, la formación y el ocio y el reformismo social.

La educación de los sectores populares preocupó enormemente a inicios del siglo XX. De este interés surgieron iniciativas variopintas, al margen de la iglesia y el estado. La influencia de la Institución Libre de Enseñanza fue relativa, mientras que la Escuela moderna, racionalista y anarquista, adquirió un peso destacado, impulsada por el pedagogo librepensador Ferrer Guardia. En 1902 se fundó en la ciudad condal el Ateneu Enciclopèdic Popular.

La publicación, el 25 de noviembre de 1905, de una viñeta satírica en Cu-cut!, próximo a la Lliga, contra el ejército español —un blanco harto habitual— provocó una algarada protagonizada por decenas de oficiales de la guarnición barcelonesa, que asaltaron y destrozaron las redacciones del semanario y de La Veu de Catalunya. La reacción de las autoridades, previa crisis gubernamental, se centró en elaborar una ley que dejara bajo jurisdicción militar toda afrenta al ejército o la patria. La ley de Jurisdicciones fue votada y promulgada en marzo de 1906.

En Gerona, poco antes, se había presentado en público Solidaridad catalana, una plataforma de formaciones políticas unidas frente a los hechos de noviembre de 1905 y la elaboración de la nueva ley. Este movimiento iba a convertirse, a no mucho tardar, en coalición electoral. Lo integraban desde los federales a los carlistas, mientras que los conservadores dinásticos se situaron al margen y Lerroux, tras respaldar a los asaltantes, fomentó un frente antisolidario. Salmerón, en cambio, representó un papel destacado. Los dirigentes de la Lliga fueron los grandes muñidores de la maniobra. Prat de la Riba pergeñó para la ocasión la que puede considerarse como su principal obra teórica y referencia esencial del nacionalismo: La nacionalitat catalana.

Las candidaturas solidarias obtuvieron excelentes resultados, tanto en las elecciones provinciales de marzo de 1907 —Prat accedió a la presidencia de la Diputación de Barcelona—, como en las generales del mes siguiente. Un par de cuestiones, sin embargo, empezaron a quebrar la unidad: el proyecto de ley de administración local de Maura, que la Lliga apoyaba, y el presupuesto de cultura del ayuntamiento de Barcelona de 1908. En las elecciones municipales de 1909 se impusieron en la capital los lerrouxistas. En la Diputación de Barcelona, asimismo, Prat alcanzó un acuerdo de gobierno con los liberales dinásticos. Los principales beneficiarios de Solidaritat fueron la Lliga y Cambó, que convirtieron su propuesta regional-nacionalista en hegemónica y se erigieron en los interlocutores privilegiados de una Cataluña en rediseño con una España a la espera de un impulso regenerador.

La tensión social era máxima en Barcelona y la violencia insurreccional no resultaba excepcional. El momento álgido fue la llamada Semana Trágica, entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 1909. Los conflictos se extendieron a algunas otras localidades, como Sabadell, Granollers, Manresa, Badalona o Mataró. El estallido del movimiento insurreccional estuvo motivado por la movilización de tropas para la guerra de Marruecos y adquirió un cariz antimilitarista y marcadamente anticlerical. El comité que debía pilotar la huelga general, convocada para el 26, solamente controló la situación el primer día.

Los ataques a la iglesia, vista como conservadora y aliada de ricos y poderosos, amén de controladora de la moral sexual femenina y la educación, expresaron el malestar popular y de los grupos progresistas y de izquierdas. Unas ochenta iglesias, conventos, orfanatos, asilos, escuelas y círculos obreros católicos fueron saqueados e incendiados. El orden no pudo ser restablecido hasta la llegada de tropas de refuerzo. Los enfrentamientos provocaron numerosos heridos y muertos. La represión impulsada por el gobierno Maura fue contundente: cinco fusilados —entre ellos, Ferrer Guardia, considerado instigador de los hechos—, doscientos desterrados y dos mil exiliados en Francia.

Las secuelas de la Semana Trágica se prolongaron en los meses siguientes en la sociedad y política catalanas. Por un lado, el obrerismo radicalizó sus posiciones. Solidaridad obrera, una plataforma creada como respuesta de clase a Solidaridad catalana, hizo avances hacia su constitución como central anarco-sindicalista. En septiembre de 1911 tuvo lugar, en Barcelona, el congreso fundacional de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

Por otro lado, dio la puntilla a Solidaridad catalana y tuvo efectos electorales negativos, tanto en 1909 como en 1910, para la Lliga. Esta formación, ante el miedo al desorden y la revolución, se había alineado con la posición de firmeza de Maura. La Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR), creada en 1910, que fusionaba a los sectores republicanos solidarios, no consiguió hacerse con el liderazgo del movimiento catalanista ni desplazar al lerrouxismo de la capital. El pacto de San Gervasio (1914), entre la UFNR y el Partido Republicano Radical, puede interpretarse como una suerte de canto del cisne. Una escisión del partido, en la que sobresalía Rovira i Virgili, formó Esquerra Catalanista, antes de integrarse en la Unió Catalanista; otra, con Layret a la cabeza, dio lugar, en 1915, al Bloc Republicà Autonomista.

Desde 1911 se llevó a cabo en Cataluña una campaña para la formación de una mancomunidad interprovincial, que reuniera las competencias de las cuatro diputaciones. Aunque la Lliga llevó la voz cantante, las otras fuerzas —excepto el lerrouxismo— contribuyeron de manera decisiva. Un decreto del gobierno Dato, en diciembre de 1913, hizo posibles las mancomunidades. Pero solamente los entes provinciales catalanes se acogieron a esta vía parcialmente descentralizadora de la administración.

La Mancomunitat se constituyó el 6 de abril de 1914 y fue elegido como presidente Prat de la Riba. Los nacionalistas moderados nunca dispusieron de mayoría y la pluralidad política fue una constante en los órganos de gobierno. Desde la Mancomunidad, Prat hizo ingentes esfuerzos, a pesar de las limitaciones competenciales, para construir la nación catalana. Y ofreció, lo que no iba a constituir un elemento menor, suculentas posibilidades de funcionarización. El ensayo nacionalizador resultó bastante exitoso.

El programa de modernización emprendido por las autoridades de la Mancomunidad se centró, esencialmente, en dos campos: las infraestructuras y la cultura. A lo largo de una década se construyeron o repararon carreteras, caminos y puentes y algunos pueblos quedaron por vez primera comunicados. Casi seis mil kilómetros de línea telefónica fueron instalados.

En el terreno cultural, la normalización lingüística, la educación y las bibliotecas centraron las actuaciones. La Diputación de Barcelona había fundado el Instituto de Estudios Catalanes (1907), que, entre otras tareas, emprendió la tarea de unificar ortográficamente la lengua catalana. Hubo notables resistencias. Pompeu Fabra fue el gran codificador, intentando superar la dispersión dialectal, fusionar el uso corriente con la tradición, poner coto a los barbarismos y, siempre que fuera posible, optar por la palabra o construcción que más se alejara de la equivalente castellana.

La Mancomunidad no tenía competencias en educación básica, pero sí se implicó decididamente en la creación o mantenimiento de escuelas técnicas y profesionales. En 1914, la Biblioteca de Cataluña se abrió al público y empezó a formarse una red de bibliotecas populares por toda la región. Eugeni d’Ors fue la gran cabeza pensante e intelectual orgánico por excelencia del despliegue cultural pratiano.

Estas actuaciones político-culturales resultan inseparables del noucentisme, definido por D’Ors, junto con Carner, Bofill i Matas, López-Picó o Pijoan. El regeneracionismo, la mediterraneidad, el clasicismo o la civilidad se encontraban en los fundamentos del noucentisme. La función social del artista se oponía al art pour l’art modernista. En la jerarquía genérica, la poesía era el culmen: Carner y Bofill, que firmaba con el seudónimo Guerau de Liost, constituyen sus principales cultivadores.

En pintura sobresalieron Torres-García, Sunyer, Anglada Camarasa, Togores y Nogués; en el campo de la escultura, Clarà, Casanovas y Hugué; en la decoración, el cosmopolita José María Sert; en la música, Toldrà, Morera y Mompou, y, en arquitectura, Goday y Masó. Folch i Torras consiguió que la revista que dirigía desde 1904, En Patufet, alcanzara una tirada de bastantes miles de ejemplares.

A pesar de la no participación española en la Gran Guerra, las divisiones entre aliadófilos y germanófilos marcaron la vida política y cultural. Algunos catalanes se alistaron en la Legión extranjera francesa. El neutralismo promovido por la Lliga y algunas entidades empresariales favoreció las perspectivas económicas. La coyuntura bélica estimuló, una vez consolidada la Mancomunidad, un mayor intervencionismo lligaire en la reforma del estado.

Fueron aquellos los años en los cuales se popularizó el deporte. Desde finales del siglo XIX se crearon entidades vinculadas con el motor, el ciclismo, el tenis, la natación, la gimnasia o el fútbol. En este último sobresalieron equipos como el Palamós (1898), el FC Barcelona (1899), la Sociedad Española de Football (1900), que iba a convertirse en el RCD Español, o el CE Sabadell (1901). En la capital se publicaban Los Deportes o El Mundo Deportivo. Incluso el excursionismo, bien enraizado —el Centre Excursionista de Catalunya celebró, en 1903, su 25 aniversario—, impulsó decididamente su vertiente más deportiva, con la apuesta por el alpinismo y el esquí.

A partir de la segunda mitad de la década de 1910 el deporte se convirtió, de la mano del fútbol, en un espectáculo. La construcción de nuevas instalaciones constituye una clara muestra de estos cambios: las Corts, Sarriá, Montjuich. Lo es, asimismo, el aumento del espacio dedicado al deporte en la prensa, el surgimiento de nuevas cabeceras o las retransmisiones radiofónicas de los partidos. El FC Barcelona pasó de poco más de cuatrocientos socios, en 1910, a diez mil en 1922.

La Primera Guerra Mundial tuvo efectos muy relevantes para la economía catalana. Las exportaciones aumentaron considerablemente durante la conflagración, pero su final provocó la pérdida de los flamantes mercados y la entrada en una crisis larga y profunda. No parece que los grandes beneficios se invirtieran en alcanzar mayores grados de competitividad. El índice de precios al consumo se disparó entre 1915 y 1920. El hecho de que los sueldos no siguieran siempre la misma tendencia iba a provocar un descenso de los salarios reales. El sector bancario padeció una profunda sacudida en 1920, con la desaparición, entre otras, de entidades como el Banco de Tarrasa y el Banco de Barcelona.

Al margen de la estricta coyuntura bélica y de la posguerra, la evolución de la economía puede considerarse positiva, en conjunto, en las tres primeras décadas del siglo. Entre 1900 y 1930 el producto interior bruto (PIB) casi se triplicó. La industria, que fue el auténtico motor económico y principal causante de la intensa urbanización del periodo, ocupaba ya, en este último año, a más de la mitad de la población activa.

En este proceso, la diversificación resultó clave, así como el aumento de las inversiones extranjeras y de la demanda de viviendas, transportes urbanos y redes de comunicación. Adquirieron mayor presencia las empresas eléctricas, químicas, cementeras, siderúrgicas y metalúrgicas, así como las de cuero, calzado, alimentación y papel.

El sector energético, en particular, mostró un enorme dinamismo. La Canadenca, esto es, el holding Barcelona Traction, Light and Power y Riegos y Fuerzas del Ebro, era la entidad principal. Sea como fuere, en 1930 el textil suponía aún la mitad de la industria catalana. La política proteccionista contribuyó de manera notable al crecimiento económico: el arancel de 1891 fue revisado un lustro después y de nuevo en 1906; y, en 1922, el arancel Cambó incidió en la misma dirección.

La secular falta de recursos naturales se redujo a partir de la segunda década del siglo con el descubrimiento de sales potásicas en la zona de Suria y Cardona. Por lo que a la agricultura se refiere, puede constatarse un aumento de la producción, al tiempo que disminuían las personas ocupadas y la emigración tenía lugar desde las zonas más aisladas y de suelos más pobres hacia las ciudades. La viña, tras la devastación de la filoxera, se recuperó lenta y parcialmente. Los sectores más dinámicos fueron los del arroz, las patatas y la ganadería. Tuvieron un notable desarrollo el cooperativismo, en especial en la provincia de Tarragona, y el sindicalismo agrario. La federación Unió de Rabassaires surgió en 1922.

Tres movimientos de orden distinto, aunque compartieran más de un elemento en sus reivindicaciones, coincidieron en el verano de 1917: las juntas militares de defensa, la asamblea de parlamentarios y la huelga general del mes de agosto. Eran las juntas un movimiento corporativo de oficiales del ejército, disconformes con el sistema de ascensos vigente e inquietos ante el encarecimiento del coste de la vida. Inicialmente saludadas por Alfonso XIII, adquirieron notable eco en las casernas catalanas e iban a provocar, en junio, la caída del gobierno.

El cierre de las cortes y la suspensión de las garantías constitucionales por parte del nuevo gabinete Dato, que estaba en minoría, impulsaron a los dirigentes lligaires a convocar una asamblea de los parlamentarios catalanes a principios de julio. Los asistentes se pusieron de acuerdo para solicitar una inmediata reunión de las cortes y una reestructuración del estado. El 19 del mismo mes, ante la falta de respuesta gubernamental, convocaron una segunda reunión a la que asistieron republicanos y socialistas no catalanes. La Lliga intentó capitalizar el movimiento, a la espera de una convergencia con los juntistas frente al gobierno. Pero ello no fue posible. Además, la cuestión social obligó a un repliegue conservador y poco favorable a cualquier voluntad reformista.

La huelga general convocada al unísono por UGT y CNT en los centros industriales españoles, a mediados de agosto, se alargó en Cataluña cinco días. Tanto las juntas de defensa como la asamblea de parlamentarios, a pesar de la coincidencia en algunas reivindicaciones, cerraron filas, ante el temor revolucionario, con el gabinete Dato. El ejército reprimió este movimiento social, que terminó en las calles catalanas con más de treinta muertos.

El deceso de Prat de la Riba, el primer día de agosto de 1917, llevó a Puig i Cadafalch, tras la presidencia accidental del Romà Sol, al frente de la Mancomunidad. Cambó se convirtió en el líder indiscutido de la Lliga. En el espacio político de izquierdas había surgido una nueva formación: el Partit Republicà Català, impulsado por Layret, Companys o Domingo. Nunca consiguieron disputar seriamente, sin embargo, el espacio del lerrouxismo en Barcelona.

Entre marzo y noviembre de 1918, Cambó iba a participar, como ministro de Fomento, en el gobierno Maura, junto con Ventosa en Abastecimientos. La Lliga encabezó la movilización proautonomista de 1918-1919 y la defensa del estatuto de autonomía redactado por los diputados catalanes y apoyado por la Mancomunidad. Las muestras de hostilidad fuera de Cataluña resultaron harto relevantes y la gran mayoría de los parlamentarios se mostraron contrarios. El agravamiento de la situación social, a lo largo de 1919, terminó por desactivar toda reivindicación autonomista.

Desde mediados de la segunda década del siglo XX se vivió una fuerte expansión del movimiento sindical, bien aprovechada por la CNT. En el congreso de Sants (1918), los cenetistas catalanes acordaron, en esencia, optar prioritariamente por la acción directa, reafirmar el apoliticismo y el anarcosindicalismo y, sobre todo, adoptar la forma de sindicatos únicos de ramo o de industria, de ámbito local. Un nuevo núcleo generacional de sindicalistas revolucionarios emergió entonces, entre los que destacaban Peiró, Pestaña o Seguí, apodado el Noi del Sucre. La confederación regional del trabajo catalana de la CNT contaba, en 1919, con más de 428.000 afiliados.

La huelga de la Canadenca, a partir del 5 de febrero de 1919, constituyó la gran prueba de fuerza del sindicato único contra la patronal. El despido de unos trabajadores impulsó al sindicato a convocar una huelga general en todas las empresas del sector, consiguiendo paralizar Barcelona. Se sumaron, asimismo, trabajadores del textil, los tranvías, el gas y el agua y los impresores. Los directivos de la empresa y el comité de huelga, forzados por el gobierno, llegaron a un acuerdo el 17 de marzo. El capitán general, sostenido por una inquieta patronal, no colaboró, recomenzando el paro el 24. Se declaró de nuevo el estado de guerra. Hubo numerosas detenciones entre obreros y agitadores. El conflicto terminó el 14 de julio, dejando mucho resentimiento y ganas de revancha.

En octubre de 1919 se crearon oficialmente los sindicatos libres, una respuesta blanca ante la articulación obrera en torno a los sindicatos únicos. Tenía unos ciento cincuenta mil miembros en 1921-1922, sobresaliendo obreros semiespecializados, artesanos e integrantes del sector servicios.

El periodo 1919 a 1923 fue la época del pistolerismo. En noviembre de 1919 los patrones impusieron el lock-out, que iba a alargarse hasta finales de enero del año siguiente. La federación patronal propició el surgimiento de una policía paralela. El conflicto se hizo mucho más duro tras el atentado, a principios de 1920, contra el presidente de la patronal barcelonesa, Félix Graupera: clausura de sindicatos, multiplicación de los ataques y las encarcelaciones y, a partir de mayo, incremento de las huelgas. El general Martínez Anido fue nombrado gobernador civil de Barcelona, llevando a cabo una implacable represión sobre la CNT y el movimiento obrero en general.

El abogado y político Layret fue asesinado en noviembre de 1920. En 1921, los anarquistas catalanes Casanellas, Mateu y Nicolau mataron al presidente Dato. A finales de octubre de 1922 se creó el grupo terrorista Los Solidarios, en el que militaron personajes como Durruti, García Oliver o los hermanos Ascaso. En marzo de 1923 fue asesinado el Noi del Sucre.

El sistema político de la Restauración estuvo afectado desde 1918 por una profunda crisis. La inestabilidad ministerial estaba a la orden del día, mientras que el pretorianismo asomaba la cabeza. En aquel marco, la Lliga, que, a pesar de una cierta erosión seguía siendo el partido hegemónico en Cataluña, apoyó a la monarquía y los gobiernos conservadores, en una opción de responsabilidad ante el descontrol social en la región y el político-militar en el marco estatal.

La actitud de los dirigentes de la Lliga provocó una escisión en su interior y el surgimiento, en junio de 1922, de Acció Catalana, impulsada por Nicolau d’Olwer o Bofill i Mates. No fue la única formación política que vio la luz en aquellos años: en 1919 nació la antiautonomista Unión Monárquica Nacional, del egarense Sala; en 1922 apareció el independentista Estat Català, de Macià y Cardona, y, al año siguiente, Unió Socialista de Catalunya (USC), impulsada por Campalans y Serra Moret.

OBRAS PÚBLICAS, LIBERTADES PRIVADAS

El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, protagonizó un golpe de estado. Dos días más tarde, Alfonso XIII iba a proceder al nombramiento del militar como jefe de gobierno y a disolver las cortes por decreto. Detrás de esta acción se intuyen varias razones: la corrupción política y el descrédito de los partidos, la interminable guerra de Marruecos y los fracasos militares, la conflictividad social y el protagonismo de los nacionalismos subestatales. Los dos últimos elementos tenían especial incidencia en Cataluña. Acaso no resulte sorprendente que la dictadura empezara en estas tierras.

No hubo grandes resistencias al golpe. La burguesía lo secundó con firmeza. No obstante, la dictadura, que debía ser un paréntesis militar excepcional a fin de retornar en breve a la normalidad, se perpetuó a partir de 1925 con la formación de un directorio civil, además de llevar a cabo una política anticatalanista.

En los terrenos militar y social, las flamantes autoridades obtuvieron destacados resultados. La presencia de Martínez Anido al frente de la subsecretaría deGobernación —y, más adelante, del ministerio— no dejaba dudas sobre sus intenciones. La dictadura terminó con el pistolerismo e iba a permitir el restablecimiento del orden público en la ciudad condal. Mientras que el sindicato socialista UGT se acomodaba a las nuevas circunstancias, la CNT sufrió una amplia represión.

La política iba a resultar afectada, asimismo, desde el primer momento. Al margen de paralizar las cámaras legislativas, el régimen procedió a la destitución de los ayuntamientos y a designar otros, controlados por los gobernadores, en su mayoría militares. El general Milans del Bosch ocupó el puesto, desde 1924, de gobernador de Barcelona. El mismo proceso iba a aplicarse a las diputaciones provinciales, base de la Mancomunidad, que fue sometida a un progresivo desmantelamiento. Tras la dimisión de Puig i Cadafalch, fue nombrado presidente, en enero de 1924, Alfonso Sala. La Mancomunitat fue suprimida definitivamente en 1925.

El supuesto peligro separatista justificaba las actuaciones contra las asociaciones catalanistas y la prohibición de la enseñanza en catalán en las escuelas y en el ámbito eclesiástico. El uso de este idioma en la documentación asociativa fue, asimismo, perseguido. Un centenar de escritores en lengua castellana dio a la luz, en 1924, un documento en defensa del catalán.

La década de 1920 fue, a pesar de todo, una época de crecimiento de las publicaciones periódicas y libros en catalán. Aparecieron nuevos diarios como La Nau y El Matí y revistas como Mirador, Critèrion, Revista de Catalunya o L’Opinió. En aquellos años nacieron editoriales como Barcino o Proa. En noviembre de 1924 se inauguró Radio Barcelona y, un lustro después, Ràdio Associació de Catalunya.

Algunas voces defendían la vía insurreccional, especialmente en el seno del incipiente catalanismo independentista de Estat Català. El grupúsculo Bandera Negra preparó, en 1925, el denominado complot del Garraf. Desde su exilio en París, Macià organizaba mientras tanto una expedición guerrillera con el objetivo de cruzar los Pirineos y provocar una amplia revuelta contra la dictadura. En 1926, un grupo de expedicionarios que estaba a punto de entrar en España por Prats de Molló fue detenido.

En 1929 se celebró en Barcelona la Exposición Internacional, que tuvo grandes efectos sobre la ciudad y sobre Cataluña en general. Las obras se alargaron casi un decenio y emplearon alrededor de cuarenta mil trabajadores. Se construyeron la plaza de España, el Palacio Nacional, la fuente mágica, los jardines de Montjuich o el Pueblo Español. La ciudad, servicios y transportes incluidos —el metro, por ejemplo—, cambió sustancialmente.

Barcelona albergaba, en 1930, más de un millón de habitantes. Desde 1900 había casi duplicado la población. Las ciudades de su entorno también habían crecido mucho. Reus había dejado de ser el segundo núcleo poblacional y lo era, en su lugar, Sabadell. La región, en su conjunto, pasó de casi dos millones en 1900 a algo más de 2.750.000 habitantes en 1930.

El desarrollo económico explica en buena medida el aumento, con un crecimiento migratorio claramente superior al vegetativo a partir de la segunda década del siglo. Barcelona y las zonas colindantes, así como las cuencas del Llobregat y el Ter, resultaban tentadoras por sus industrias. Pero también las obras públicas y la Exposición Internacional atrajeron a muchos trabajadores del resto de España.

El régimen primorriverista, que nunca acabó de conseguir una plena institucionalización, perdió a finales de la década el apoyo de la corona y de sectores crecientes del ejército. Se redujo significativamente su base, en especial entre aquellos que consideraban la dictadura necesaria pero limitada en el tiempo, mientras que las oposiciones se fortalecieron. El republicanismo adquirió un peso muy notable. En enero de 1930 el dictador presentó la dimisión.

Entre aquel momento y abril del año siguiente se sucedieron al frente del gobierno el general Berenguer y el almirante Aznar. La Lliga colaboró con este último. Fueron meses muy intensos, con apertura política y gestos conciliadores, acuerdos entre formaciones republicanas —pacto de San Sebastián— y surgimiento de nuevos partidos, como el Bloc Obrer i Camperol (BOC), el efímero Centro Constitucional o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Las elecciones municipales de abril de 1931 propiciaron un vuelco de la situación.

V
LA CATALUÑA DE AYER Y DE HOY

En un ensayo publicado poco antes de su fallecimiento, en 2014, Jacques Le Goff se preguntaba si era necesario cortar la historia en tramos. La respuesta, a pesar de todas las matizaciones, era positiva. La periodización constituye, sostenía este medievalista, un acto complejo, a la vez cargado de subjetividad y de esfuerzo por producir un resultado aceptable para la mayoría. Cada periodo extiende siempre sus largos tentáculos hacia las etapas anterior y posterior. Nada empieza totalmente de cero ni nada termina de manera abrupta, siendo la evolución, en forma de antecedentes y consecuencias, construcciones y destrucciones y, asimismo, continuidades y discontinuidades, la clave de todo relato histórico. Como escribiera Eric J. Hobsbawm, la historia es como un autobús de línea, que no obliga en cada parada a bajar a todos los pasajeros y recoge a otros totalmente nuevos.

Si lo anterior resulta evidente en las divisiones en grandes épocas, más lo es todavía en la periodización en etapas más cortas. En 1923 terminó la Restauración, pero la monarquía de Alfonso XIII iba a alargarse hasta 1931. En 1936 principiaba la Guerra Civil, mas en una buena parte del territorio español y, en concreto, en Cataluña, proseguía la Segunda República. El franquismo empieza en muchas partes en 1939; en otras, en 1936, en 1937 o, como en Lérida, en 1938. La dictadura perdura algo más allá de la muerte del dictador, en noviembre de 1975. ¿Cuándo comienza y acaba, en realidad, la transición democrática?

Si de una periodización del siglo XX basada exclusivamente en criterios derivados de los acontecimientos políticos pasáramos a otra en la que lo económico, lo social, lo demográfico y lo cultural tuvieran también su propio peso, percibiríamos más adecuadamente los extraordinarios cambios que tuvieron lugar en los años sesenta. Existe, en este sentido, una mayor distancia entre los años cincuenta y los sesenta que entre los años treinta y los cuarenta, en los que el primer franquismo no deja de ser una continuidad de la Guerra Civil, al igual que esta lo fue de la Segunda República. El único corte histórico indiscutible, en fin de cuentas, es el postrero, entre el pasado y el futuro. El presente es, únicamente, un instante.

REPUBLICANA

El 14 de abril de 1931, Lluís Companys, tras deponer al alcalde monárquico, proclamó la república desde el balcón del ayuntamiento de Barcelona. Las elecciones municipales, celebradas dos días antes, habían dado el triunfo en Cataluña a los republicanos y, en especial, a la flamante ERC, liderada por Macià y de la que Companys formaba parte. ERC se impuso con claridad a la Lliga, que en los últimos meses se había convertido en uno de los sostenes de la monarquía. Los comicios supusieron para esta y para Alfonso XIII, al fin y al cabo, un plebiscito adverso, en especial en las grandes ciudades. Algo más de una hora después del acto de Companys, Macià procedió a la proclamación, en nombre del «pueblo de Cataluña», del «estado catalán, que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de repúblicas ibéricas».

Macià nombró nuevas autoridades y formó un gobierno provisional de Cataluña, integrado por miembros de las principales fuerzas republicanas: Macià, Gassol y Casanovas (ERC); Campalans y Serra Moret (USC); Vidal (UGT), Giralt (Partido Republicano Radical, PRR) y Carrasco i Formiguera (Partit Catalanista Republicà, PCR). El día 15 fue declarado feriado, coincidiendo con la convocatoria de una huelga general, lo que dio lugar, como en la tarde anterior, en un ambiente festivo, a importantes manifestaciones callejeras, en algunas de las cuales se corearon vivas a Macià y mueras a Cambó.

Desde el 14, el contacto entre las nuevas autoridades en Madrid y Barcelona fue permanente. El 17 se llegó al acuerdo de renunciar al proclamado estado catalán a cambio de la constitución de un poder político, que iba a tomar el nombre histórico de Generalidad, y la elaboración de un estatuto de autonomía. Este debería ser aprobado por las cortes republicanas. El envite del Avi —el Abuelo, como se conocía popularmente a Macià—, apostando por un estado para que no se escapara la prometida autonomía acordada en el pacto de San Sebastián, había dado buenos resultados.

La Generalidad provisional asumió las competencias de las cuatro diputaciones, que fueron suprimidas. El primer gobierno de la etapa que principiaba era casi idéntico al formado unos días antes. La tarea principal y urgente de las nuevas autoridades fue la elaboración del estatuto, una tarea emprendida con diligencia por una comisión creada a este efecto, encabezada por Jaume Carner.

El estatuto de Nuria, como se denomina a este texto, definía Cataluña como «un estado autónomo dentro de la República española», establecía el catalán como única lengua oficial, contemplaba numerosas competencias transferidas y, en el preámbulo, expresaba el deseo de que España se estructurara de manera federal. Los ayuntamientos lo refrendaron durante la segunda mitad de julio y el 2 de agosto tuvo lugar una consulta popular, que, con un setenta y cinco por ciento de participación, dio como resultado un noventa y nueve por ciento de votos positivos. A mediados de agosto, Macià hizo entrega oficial del texto al gobierno de la República.

Las elecciones a cortes constituyentes tuvieron lugar el 28 de julio. Se impuso la coalición de socialistas y republicanos. En Cataluña, las votaciones otorgaron un amplio triunfo a ERC, con 25 de los 54 escaños en disputa en las cinco circunscripciones. Iba a convertirse en la nueva fuerza hegemónica. Esta formación nacionalista, republicana y socializante, declaradamente interclasista, surgió en marzo de 1931 de la confluencia de Estat Català, el Partit Republicà Català, el grupo de L’Opinió y sectores federales. Su fuerza popular y territorial se explica por la integración de la gran variedad de centros, pequeños casinos y peñas que estaban en la base del republicanismo en Cataluña. El carisma del Avi y la identificación, a partir de mediados de 1931, entre ERC y Generalidad, actuaron como elementos unificadores.

La constitución española se aprobó en diciembre. Alcalá-Zamora fue nombrado presidente de la Segunda República y reafirmado Azaña como primer ministro de un gobierno republicano-socialista, en el que Carner detentaba la cartera de Hacienda. En mayo de 1932 se empezó a discutir en el congreso el estatuto catalán. El debate fue largo y, en muchos momentos, tenso. Aprobado el 9 de septiembre, el 15 fue rubricado por el presidente de la República. La adaptación a la nueva constitución, que se refería a España como un estado integral compatible con la autonomía regional y municipal, obligaba a definir Cataluña, en el estatuto de autonomía de 1932, como una «región autónoma dentro del estado español». Mientras que las lenguas oficiales iban a ser el catalán y el castellano, las competencias se recortaban con respecto al texto de Nuria, sobre todo en cuestiones financieras y relativas a la enseñanza. A pesar de ello, la sensación de haber dado un paso decisivo resultaba evidente entre los nacionalistas.

A principios de octubre de 1932 se formó un nuevo gabinete presidido por Macià, que en esta ocasión era casi monocolor. A finales de mes se convocaron las primeras elecciones al parlamento de Cataluña, que tuvieron lugar el 20 de noviembre. ERC ganó por mayoría absoluta: 56 escaños de un total de 85. La Lliga obtuvo 16 diputados y 5 la USC; con 1 se iba a quedar, entre otras formaciones, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), un partido católico fundado el año anterior.

Companys fue elegido presidente del parlament —un cargo que tuvo que dejar en junio del año siguiente al ser nombrado ministro de Marina— y Macià, el 14 dediciembre de 1932, president de la Generalidad, un puesto que ocupó hasta su fallecimiento. Los tres gobiernos formados en esta etapa únicamente integraron a miembros de las distintas corrientes internas de ERC. El parlamento catalán aprobó, entre 1932 y 1934, un estatuto interior y numerosas leyes que afectaban a variados ámbitos, desde la de creación del Tribunal de casación hasta la de contratos de cultivo, pasando por otras en los terrenos municipal, financiero o cultural.

En octubre de 1931, el consejo ejecutivo de la Generalidad aprobó el decreto de creación de una ponencia para el estudio de una división administrativa. Las comarcas debían sustituir a las provincias, un modelo considerado foráneo e impuesto. Los ponentes presentaron a finales de 1932 los resultados, en los que se proponía una Cataluña integrada por nueve veguerías y treinta y ocho comarcas. La inestabilidad política de los años siguientes frenó, sin embargo, la voluntad de llevar el proyecto a la práctica. La nueva división no se implementó hasta la segunda mitad de 1936, con la Guerra Civil ya empezada. El decreto, de 27 de agosto, establecía una división en nueve regiones y treinta y ocho comarcas, a fin de integrar los 1.070 municipios catalanes. Esta estructura territorial estuvo vigente hasta 1939 y fue recuperada —aunque no las regiones— por la Generalidad en 1987.

La CNT, que agrupaba a casi la mitad de los obreros catalanes, vivió en su interior, en los primeros tiempos republicanos, un enfrentamiento entre los sectores más moderados, llamados trentistas, entre ellos Pestaña y Peiró, y el faísmo, tanto el de los militantes de la FAI Juanel o Abad de Santillán, como el de hombres de acción como García Oliver, Durruti o Acaso y el de la familia Urales-Montseny. Los faístas acabaron imponiéndose, forzando la salida de los demás, que crearon la Federación Sindicalista Libertaria y los Sindicatos de Oposición.

Las huelgas resultaron muy frecuentes desde los primeros meses tras la proclamación de la República. La decepción obrera frente al reformismo de los nuevos gobernantes provocó un alzamiento, a mediados de enero de 1932, en la cuenca minera del alto Llobregat, en la que se abolió la propiedad privada, declarándose el comunismo libertario. Los enfrentamientos entre activistas de la CNT y de los escamots de Estat Català, dirigidos por Dencàs y Badia, que se arrogaban la tarea de mantener el orden público en Cataluña, menudearon y propiciaron la hostilidad entre los anarquistas y el gobierno catalán, por un lado, y, de otro, la lucha en el seno de ERC de este grupo y el de L’Opinió, que tildaba a los primeros de fascistas.

En las elecciones generales de noviembre de 1933 se impuso, en el conjunto de España, la CEDA, aunque sin mayoría absoluta. En Cataluña ganó la Lliga Catalana —nombre adquirido por la refundada Lliga Regionalista a principios de febrero de 1933—, encabezada por Cambó, que obtuvo 22 escaños frente a los 17 deERC. Ante las prevenciones de las izquierdas frente al cedismo, Alcalá Zamora encargó formar gobierno al radical —ahora moderado en la práctica— Alejandro Lerroux, que emprendió una revisión de las políticas llevadas a cabo en el bienio anterior.

Macià falleció en la navidad de 1933. Para sustituirle al frente de la Generalidad fue elegido Companys, que formó un gobierno amplio, con presencia de los distintos sectores de ERC, la USC, ACR (Acció Catalana Republicana) y PNRE (Partit Nacionalista Republicà d’Esquerres), un partido constituido por el grupo de L’Opinió —Tarradellas, Lluhí i Vallsecà—, escindido de ERC. En las elecciones municipales, a mediados de enero de 1934, la coalición liderada por ERC venció en la capital y en todas las grandes localidades, con la excepción de Gerona, Vic y Olot. La Lliga, alegando coacciones en esta cita electoral, se retiró del parlament.

Las discusiones sobre la ley de contratos de cultivo marcaron el año 1934. La situación en el campo catalán era conflictiva y las pugnas entre rabasaires y propietarios menudearon. En abril, el parlamento autonómico aprobó la ley, que mejoraba sensiblemente la situación de aparceros y arrendatarios y favorecía su conversión en propietarios. ERC y Unió de Rabassaires mantenían entonces vínculos profundos. El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro se opuso frontalmente al precepto, mientras que la Lliga solicitó al nuevo gobierno radical de Samper su impugnación ante el Tribunal de garantías constitucionales, que, por estrecha mayoría, resolvió anular la ley. La respuesta del parlament fue aprobarla de nuevo sin modificaciones. El gobierno de España y la Generalidad, sin embargo, entablaron negociaciones.

Las posiciones del IACSI se hicieron cada vez más intransigentes y la entidad pasó de la órbita de la Lliga a la de la CEDA. A principios de septiembre unos pocos miles de propietarios catalanes se manifestaron en Madrid. Aunque no fuera la única razón, resulta evidente que la actitud conciliadora del gobierno Samper y el acuerdo al que acabó llegando con la Generalidad para retocar algunos aspectos de la ley contribuyeron a su caída.

Otra cuestión provocó, asimismo, algunos roces entre las administraciones central y autonómica. En septiembre fue cesado el jefe de la comisaría de orden público, Miquel Badia, un nacionalista radical que se había caracterizado durante su mandato por la represión del cenetismo y el desarme del somatén. Tuvo que presentar la dimisión por las presiones gubernamentales tras la detención de un fiscal. Al frente de la consejería de Gobernación estaba el principal líder de Estat Català, Josep Dencàs, con el que Badia colaboraba estrechamente en el diseño de unas fuerzas de orden público de obediencia estrictamente catalana y preparadas frente a cualquier eventualidad.

El 4 de octubre se constituyó un nuevo gabinete Lerroux, que incorporaba a tres ministros de la CEDA. Era uno de ellos Anguera de Sojo, al frente de Trabajo. Esta presencia cedista en el gobierno de España fue la razón que justificó el estallido de distintos movimientos insurreccionales. Las revueltas de octubre de 1934 tuvieron tres focos principales: Madrid, Barcelona y Asturias. Estos episodios pusieron de manifiesto una de las razones del fracaso de la experiencia del régimen: la incapacidad de construir una república integradora, en donde las derechas y los monárquicos tuvieran un espacio legítimo.

Las llamadas a la huelga de la Alianza Obrera en Cataluña, en coordinación con otros puntos de la geografía nacional, tuvieron un éxito relativo el día 5. Era la Alianza una plataforma de sindicatos y organizaciones obreras, con la UGT como entidad más destacada, creada a finales de 1933. La CNT-FAI se desentendió del movimiento. La sede de Fomento fue asaltada y los rabasaires se movilizaron en el campo.

El presidente de la Generalidad proclamó, el 6 de octubre de 1934, «el estado catalán dentro de la República federal española». Era una respuesta, se aseguraba, ante una Cataluña y una República en grave peligro, ya que habían «asaltado el poder» las «fuerzas monarquizantes y fascistas». El seguimiento fue escaso, si descontamos a los escamots de Estat Català, a militantes de fuerzas separatistas algo insignificantes, como Nosaltres Sols y el Partit Nacionalista Català, o a miembros de la paramilitarizada Palestra de Batista i Roca.

El general Batet, que estaba al frente de la IV División orgánica, declaró, de acuerdo con el gobierno Lerroux, el estado de guerra. Las tropas asediaron el palacio de la Generalidad, defendido por los mozos de escuadra. La guardia civil y la mayor parte de los efectivos de los cuerpos de seguridad y asalto se pusieron a las órdenes de Batet. Poco antes del amanecer, tras la rendición de Companys y su gobierno, la Generalidad fue tomada; también el ayuntamiento, cuyo alcalde y concejales de izquierda se habían solidarizado con las autoridades del otro lado de la plaza. Los detenidos fueron trasladados a los buques Uruguay y Ciudad de Cádiz, acondicionados como prisión. Únicamente Dencàs logró escapar, a través de las alcantarillas, huyendo a Francia. Todos los dedos iban a señalarle como el culpable del fiasco. La rebelión había durado menos de diez horas.

En la capital casi no hubo resistencia. Los escamots intervinieron escasamente y la resistencia sindical fue corta. El único episodio destacable tuvo lugar en los locales del CADCI. El enfrentamiento terminó con tres muertos, uno de los cuales fue Jaume Compte, máximo dirigente del Partit Català Proletari (PCP). El balance de bajas en la ciudad, entre civiles y militares, fue de una cuarentena.

En el resto de Cataluña se incendiaron algunos templos, algunos eclesiásticos sufrieron agresiones y se ocuparon fincas y viviendas, además de practicarse detenciones y la destitución de algunos ayuntamientos de derechas. Los principales conflictos tuvieron lugar en la provincia de Barcelona y en el norte de la de Tarragona, además de en las ciudades de Gerona y Lérida. Algo más de siete mil personas fueron detenidas. El día 8, en cualquier caso, la revuelta social y la insurrección nacionalista habían terminado. Octubre de 1934 ahondó la fractura catalana.

La actuación del presidente del gobierno autónomo, aquel 6 de octubre, debe ser puesta en relación con las tensiones políticas acumuladas en los últimos meses, tanto en el interior de Cataluña como en el marco español. No era, en puridad, un pronunciamiento separatista, sino de reconducción del régimen republicano hacia una vaga vía federal. La acción de Companys resultó, en esencia, populista, viril y martirial. Populista, ante todo: se pretendía, como en abril de 1931, provocar una amplia movilización ciudadana para presionar y amenazar al estado, esperando una negociación o reconducción de la línea política. Era un órdago. Pero esta vez el estado decidió no participar en el juego, las plazas no se llenaron y el líder populista perdió la partida.

Viril, en segundo lugar: no pueden excluirse razones íntimas, vinculadas con el corazón y la entrepierna, en la decisión de Companys, que necesitaba reafirmar su frecuentemente cuestionado nacionalismo frente a Estat Català, Dencàs y los hermanos Badia. Con uno de ellos, Miquel, conocido como Capità Collons (Capitán Cojones), se había disputado los favores sexuales de su amante, la militante independentista Carme Ballester. La proclama de Companys fue, en parte, un acto para mostrar lo grande que era su amor a la patria.

Martirial, por último. A medida que el año 1934 iba avanzando, Companys asumió, de manera paralela a su propia exacerbación nacionalista, una posición victimista. Y abocada fatal pero fecundamente al martirio.

El coronel Jiménez Arenas fue nombrado gobernador de Cataluña y presidente accidental de la Generalidad. Se clausuró el parlamento y se suspendieron lasactividades de los partidos de izquierda y sindicatos. Más de cien ayuntamientos fueron disueltos y el 23 de octubre la autoridad militar suspendió la vigencia de la ley de contratos de cultivo. Una ley de 2 de enero de 1935 dejaba «en suspenso las facultades concedidas por el estatuto de Cataluña al parlamento de la Generalidad».

Unos días más tarde, las autoridades militares cedieron el paso a los civiles y Portela Valladares se convirtió en gobernador, gozando el puesto hasta su nombramiento, en abril, como ministro. Ocupó su lugar el radical Pich i Pon, que formó un gobierno con miembros de su propio partido, más lligaires, cedistas e independientes de derecha. Poco después se puso fin al estado de guerra y la Generalidad recuperó algunos de los servicios, con la excepción del orden público. La crisis de los radicales, sin embargo, conllevó el nombramiento como gobernador general y presidente de la Generalidad del valenciano Villalonga, colaborador de Cambó y miembro de la Derecha Regional Valenciana, y, posteriormente, del dirigente de la Lliga Félix Escalas.

La posición de los miembros de esta formación catalanista conservadora no resultó nada fácil. Condenaban la insurrección, pero se esforzaron, con éxito solamente relativo, en evitar que la responsabilidad recayese sobre todos los catalanes. La Lliga colaboró con las demás derechas españolas, al tiempo que intentaba salvar el régimen autonómico. Los lligaires participaron en los nuevos ayuntamientos constituidos y en los gobiernos y presidencia de la Generalidad de esta etapa. Pere Rahola formó parte de varios gabinetes ministeriales. La actitud del partido fue condenada por las izquierdas y se convirtió en tema de áspera disputa electoral.

Para los jefes y oficiales del ejército que permanecieron a las órdenes del gobierno autonómico se formó rápidamente un consejo de guerra. Pérez Farràs y Escofet fueron condenados a muerte, pero el presidente de la República conmutó las penas por treinta años de reclusión mayor. Los diputados, alcaldes y concejales detenidos empezaron a ser liberados en febrero de 1935. Pi i Sunyer iba a ocuparse de coordinar las actividades de la desmembrada ERC. Los integrantes del gobierno de la Generalidad destituido fueron juzgados por el Tribunal de garantías constitucionales de la República y sentenciados, en junio de 1935, a treinta años de prisión y trasladados a los penales de Cartagena y el Puerto de Santa María.

Las fotografías de Companys tras los barrotes de su celda, amplia y eficazmente explotadas, contribuyeron de manera poderosa a forjar la imagen del president como mito. La irresponsabilidad y el fiasco del 6 de octubre —el «ridículo más espantoso», en palabras de Ametlla, una «abominación», según Gaziel— se convirtieron, tras el encarcelamiento y condena de los responsables y la suspensión estatutaria, en una nueva hazaña del relato nacionalista. La liberación de los detenidos iba a constituir un elemento básico en la campaña electoral de febrero de 1936.

Tras el triunfo de las izquierdas y la prometida amnistía regresaron a Cataluña como héroes. Companys, que se había ofrecido como mártir, era ya, por fin, un icono del catalanismo. A su vuelta a Barcelona pronunció una célebre frase para la historia: «Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer». El periodista Chaves Nogales escribió en Ahora, el 3 de marzo, con su habitual agudeza: «Dentro de poco Companys será, como lo fue Macià, un puro símbolo. Reconozcamos que Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas. Lo uno vale lo otro».

La convocatoria a las urnas de febrero de 1936 impulsó la formación de dos grandes bloques, que, más allá del interés específicamente electoral, respondían al estado de división y enfrentamiento de la sociedad. Los extremos acabaron por merendarse el centro y los matices políticos. Por un lado, el Front d’Esquerres de Catalunya, la versión regional del Frente Popular, se proponía frenar el avance del fascismo y retomar la política reformista del primer bienio, amén de prometer el restablecimiento de la autonomía y de la ley de contratos de cultivo y una amplia amnistía. Por el otro, el Front Català d’Ordre, que, liderado por la Lliga, incorporaba a carlistas, cedistas, radicales y la derecha alfonsina, pretendía poner coto a la revolución y asegurar el orden.

Las izquierdas supieron explotar en su favor la emoción creada en torno a los dirigentes de la Generalidad encarcelados. Las invocaciones al Avi muerto y al president condenado resultaron recurrentes. El populismo volvió a dar sus frutos. La radicalización era muy ostensible. Al margen de ambos bloques quedaban la poderosa CNT, que no hizo apostolado por la abstención, y la minúscula Falange, prácticamente inexistente en aquel entonces en Cataluña.

Los resultados de las elecciones del 19 de febrero, con una elevada participación, dieron la victoria al Front d’Esquerres (con casi un 59 por ciento de los sufragios) y, en el conjunto de España, de forma mucho menos clara, al Frente Popular. La coalición se impuso en las cinco circunscripciones catalanas y obtuvo los 41 escaños de las mayorías, que se repartieron de la manera siguiente: ERC (21), ACR (5), USC (4), Partit Republicà d’Esquerra —sección catalana de Izquierda Republicana— (3), PNRE (2), Unió de Rabassaires (2), PSOE (1), PCP (1), Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) (1) y Partit Comunista de Catalunya (PCC) (1).

Tras las elecciones, el nuevo gobierno de España, presidido por Azaña, impulsó un decreto-ley de amnistía y autorizó al parlamento catalán a retomar sus funciones y designar el gobierno de la Generalidad. Companys fue ratificado como presidente en la sesión del 29 de febrero. Al cabo de pocas horas hizo su entrada triunfal en Barcelona. Todos los antiguos consejeros fueron confirmados en sus puestos, con la excepción de Dencàs, sustituido por Espanya.

La Lliga moderó algunas de sus posiciones, reafirmando la lealtad al régimen republicano, y buscó puentes con ERC a fin de asegurar la estabilidad en una época convulsa. La destitución de Alcalá-Zamora llevó a Azaña, el 10 de mayo, a la presidencia de la República. Lluhí ocupó la cartera de Trabajo en el gobierno formado, tres días después, por Casares Quiroga. A finales de junio, Escofet fue nombrado comisario general de Orden público, cuyas competencias volvía a tener la Generalidad.

Entre finales de 1935 y julio del año siguiente se produjeron algunos cambios en el espacio político catalán. El PNRE se reintegró en ERC, en abril-mayo de 1936, mientras que, de manera casi paralela, tuvo lugar la ruptura definitiva entre esta última formación y el sector de Dencàs. Con buena parte de las juventudes de ERC, los separatistas fundaron un nuevo partido al que dieron el viejo nombre de Estat Català.

En el ámbito comunista, a finales de septiembre de 1935 se había constituido el POUM, que agrupaba al BOC de Maurín y la Izquierda Comunista de Nin. Unos contactos iniciados en esta misma época dieron lugar, en julio de 1936, tras el estallido de la Guerra Civil, al nacimiento del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) a partir de la integración de cuatro fuerzas: la USC, el PCP, el PCC y la federación catalana del PSOE. Comorera pasó a ser el secretario general del partido. La disputa por la hegemonía comunista y el estalinismo cada vez más evidente del PSUC abocaron a ambos partidos a una auténtica lucha fratricida.

La primavera de 1936 distó mucho de ser tranquila. Los hermanos Badia fueron abatidos a finales de abril de 1936, supuestamente por pistoleros anarquistas, y a principios de julio fue víctima de un atentado el gerente de la empresa La Escocesa. La suma de los innumerables enfrentamientos en el campo y las huelgas en la ciudad contribuyeron a enrarecer el clima social y político. En Barcelona, un importante movimiento huelguista, iniciado por los metalúrgicos en marzo, se extendió a otros sectores en las semanas siguientes. Entre mayo y julio las huelgas se multiplicaron por toda Cataluña. La inquietud e indignación de los patronos era mayúscula. A mediados de año había en tierras catalanas, en fin de cuentas, mucha tensión en el ambiente y no poco resentimiento acumulado.

Cataluña tenía, en 1936, 2.920.786 habitantes. El crecimiento poblacional se había ralentizado significativamente en los años treinta como consecuencia del descenso de la nupcialidad y la natalidad y, asimismo, de una relativa parálisis de la inmigración. El escaso dinamismo de la demanda de empleo estaba en la base de ambos fenómenos. La caída de la actividad industrial, como mínimo hasta 1934, generó una notable presencia de paro obrero. La tendencia expansiva se truncó.

A pesar de la debilidad del flujo migratorio en la década de 1930, sobre todo si lo comparamos con los quince años anteriores, la presencia en Cataluña de medio millón de inmigrantes inquietó a algunos sectores del nacionalismo, que lo contemplaban como incompatible con la autonomía. Fueron acaso la expresión más elaborada de estos miedos desnaturalizadores e identitarios las obras de Vandellós, Catalunya, poble decadent y La inmigració a Catalunya. Baja natalidad catalana más alta inmigración convertían la cuestión demográfica en un problema racial. Este economista impulsó, en 1934, el manifiesto Per la conservació de la raça catalana, que firmaron nacionalistas como Fabra, el jurista Maspons i Anglasell, el historiador Serra Ràfols o el etnólogo Batista i Roca, introductor del escultismo en Cataluña.

Durante la Segunda República se vivió un notable desarrollo de la prensa. Los diarios con tiradas más altas eran La Vanguardia y El Diluvio. La prensa en catalán suponía un veinte por ciento del total. Uno de los proyectos culturales más interesantes fue el magazine Mirador, dirigido por Brunet. La radio estaba, en aquellos años, en plena consolidación, extendiéndose una red de emisoras locales por todo el territorio. Otro sector que mostró gran actividad fue el asociacionismo. En 1933 se concedió la autonomía a la Universidad de Barcelona, de la que Bosch Gimpera fungió de primer rector.

En los terrenos de la literatura y el arte, la continuidad entre los años veinte y treinta resulta clara, coexistiendo propuestas de muy distinto orden, desde la persistencia del noucentisme hasta las más vanguardistas. Fueron momentos importantes en la formación de un mercado cultural en catalán. En el cultivo de la poesía destacaron, entre otros, Riba, Foix, Oliver (Pere Quart), Gassol, Arderiu o Manent; y, en el de la prosa, Espriu, Trabal, Rodoreda, Pla, Puig i Ferrater, Llor o Carles Soldevila. El escritor más popular en la década de 1930 fue Josep Maria de Sagarra, que cultivó con éxito todos los géneros.

La pintura de la época es inexplicable sin tres genios, nacidos o instalados en tierras catalanas: Picasso, Dalí y Miró. El excesivo y provocador Dalí, que creó, al mismo tiempo que su obra, un personaje, fue uno de los firmantes, con Gasch y Montanyà, del Manifest groc (1928), documento fundamental de la vanguardia catalana. Entre los escultores que trabajaban en Cataluña debe destacarse a Gargallo y a Juli González, y, en la arquitectura, al GATPAC y a Sert, Subirana y Torres Clavé.

En el terreno de la música sobresalieron Gerhard, Blancafort, Casals o Pahissa, y, en el teatro, la actriz Margarita Xirgu. El jazz se introdujo entonces con fuerza y, antes de la guerra, abrió sus puertas el Hot Club de Barcelona. Xavier Cugat triunfaba, por aquel entonces, en Estados Unidos. El cine, que tenía una larga tradición en Cataluña, pasó de las películas mudas a las sonoras. En 1931 se creó Orphea Films.

Junto al fútbol y el ciclismo —Mariano Cañardo, navarro instalado desde muy joven en Barcelona, ganó en siete ocasiones la vuelta a Cataluña entre 1928 y 1939—, el boxeo fue el tercer deporte que gozó, en la década de 1930, de gran seguimiento como espectáculo. Cataluña tuvo en aquella época destacados boxeadores, como los campeones de Europa Víctor Ferrand, Carlos Flix o Josep Gironès.

La práctica de los deportes y el excursionismo se siguieron popularizando durante la Segunda República. Aumentaron las asociaciones deportivas o que disponían de una sección dedicada a estos fines, así como las instalaciones. En 1936 se fundó el Comitè Català pro-Esport Popular, que agrupaba distintas entidades deportivas y asociaciones como el CADCI o el Ateneu Enciclopèdic Popular. Constituyó su principal iniciativa la organización de la Olimpíada Popular de Barcelona, concebida como alternativa progresista, no elitista, cultural y no estatalista a los Juegos Olímpicos de Berlín. La Olimpiada debía ser inaugurada el 19 de julio de 1936. El estallido de la Guerra Civil, sin embargo, cuando las delegaciones de una veintena de países y unos seis mil deportistas estaban ya en la ciudad condal, obligó a suspenderla.

ABRAZO MORTAL

El alzamiento militar tuvo lugar en Cataluña, precisamente, el día 19. Lo ocurrido en otras partes de España desde el 17 era bien conocido, poniendo en alerta máxima a autoridades, fuerzas de seguridad y entidades políticas y sindicales. La comisaría de Orden público, dirigida por Escofet, disponía, asimismo, de informaciones sobre los planes de los insurrectos, entre los que sobresalían algunos oficiales de la Unión Militar Española. La salida de las tropas de las casernas barcelonesas, dirigiéndose hacia el centro de la ciudad, se encontró con la férrea oposición de los cuerpos de seguridad y asalto, así como la resistencia de los anarcosindicalistas y algún que otro grupo de paisanos. Aunque la Generalidad se había negado a darles armas, no carecían de ellas. Aviones del aeródromo del Prat, cuyo jefe, Díaz Sandino, permaneció fiel a la República, bombardearon y ametrallaron algunos cuarteles.

El general Goded, llegado hacia mediodía desde las Baleares, se puso al frente de la sublevación. Los alzados no consiguieron agregar más efectivos a su causa. La guardia civil se sumó a la defensa de la legalidad republicana y acabó por decantar la balanza. Por la tarde, con las calles casi pacificadas, fue asaltado el edificio de Capitanía y Goded detenido. Solamente quedó algún foco sin control, aplastado al día siguiente.

No en todas partes las tropas se habían sumado al alzamiento. En muchos casos solo se declaró el estado de guerra. Lérida fue la ciudad en la que el movimiento tuvo mayor desarrollo. El día 20, militares y guardias civiles cejaron en su empeño, ofreciendo poca resistencia.

La participación civil en el alzamiento fue muy limitada y menor de lo previsto, limitándose a carlistas, algunos falangistas, viejos sindicalistas libres, miembros de Renovación Española y de grupúsculos como el España Club o Voluntariado Español. En Barcelona se movilizaron cuatro centenares de personas. La mitad eran carlistas. La Lliga Catalana no participó ni en las conspiraciones ni en la sublevación, aunque ello no iba a salvar a muchos de sus miembros de ser asesinados en las semanas siguientes.

En la noche del 19 fue saqueado el arsenal del parque de artillería de San Andrés, apoderándose los asaltantes de unos treinta mil fusiles y demás material bélico. Buena parte del armamento de las tropas vencidas o rendidas fue asimismo recogido por la multitud que poblaba las calles de las grandes ciudades. Un nuevo poder popular, esencialmente conformado por militantes de la CNT-FAI, estaba en condiciones de disputar el monopolio de la violencia legítima a un estado en disolución. El ejército quedó prácticamente desintegrado —el 19, el ministerio de la Guerra había licenciado a todos los soldados de las unidades sublevadas— y la impotencia de las fuerzas de seguridad, pronto contagiadas por el ambiente revolucionario, resultó manifiesta.

El fracaso del alzamiento dio paso inmediato a la revolución y a una magna espiral de violencia. Había llegado la hora para materializar viejas aspiraciones, reivindicaciones e ideales, pero también para dar rienda suelta a no menos antiguos odios, rencores, cuentas pendientes y sed de venganza. Los revolucionarios auténticos compartían acciones con simples delincuentes, aprovechados y arribistas.

La iglesia se convirtió, como en otros momentos de la historia contemporánea, identificada con los ricos y las derechas, en el blanco predilecto de los revolucionarios. El anticlericalismo seguía muy arraigado en la cultura de una parte de la sociedad catalana. La actitud benevolente o instigadora hacia la conspiración de algunos eclesiásticos contribuyó a agitar los ánimos. Muchas iglesias y conventos fueron pasto de las llamas, destruidos o saqueados. El día 21, con algunos de ellos ardiendo todavía, la Generalidad se vio en la obligación de incautar los edificios a fin de salvar el patrimonio artístico.

Muchos religiosos fueron asesinados en las primeras semanas. Se calcula que, durante toda la Guerra Civil, el número de eclesiásticos muertos en obispados con sede catalana ascendió a 2.437, entre sacerdotes y miembros de órdenes religiosas. A estos difuntos, que suponen una tercera parte de los de toda España, resulta necesario sumarles los católicos que fueron liquidados por razones religiosas. No puede sorprender la actitud de buena parte de la iglesia a la hora de apoyar el bando sublevado y el temor de los católicos ante el descontrol revolucionario.

Tras la sublevación militar y los combates de los primeros días, España había quedado dividida en dos partes. La rebelión militar de julio de 1936 estaba proyectada como un movimiento rápido y efectivo, pero acabó dando lugar a una guerra civil larga y cruenta. En ambas partes se asistió a un despliegue de violencia higiénica inaudito.

Muchos combates conformaban la Guerra Civil, desde el social al ideológico, pasando por el religioso, el cultural y el nacional. Fue, igualmente, una guerra internacional: mientras que la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini colaboraban abiertamente con el bando sublevado, la URSS de Stalin lo hacía parcialmente con el republicano; voluntarios extranjeros se integraron en ambos ejércitos, destacando, en especial, las Brigadas Internacionales. La Guerra Civil española no constituyó una guerra contra Cataluña, sino un abrazo mortal también entre catalanes.

El poder estaba tras el 19 de julio, más que en ningún otro momento de la historia catalana y española, en las calles. El president Companys llegó a un mínimo acuerdo con los dirigentes anarcosindicalistas para preservar la Generalidad a cambio de la creación de un Comité Central de Milicias Antifascistas que reflejara los nuevos equilibrios políticos. Detentaba auténticamente, a pesar de estar en teoría subordinado a la Generalidad, el poder real.

El Comité, creado el 21 por un decreto presidencial, estaba compuesto por un total de quince miembros, pertenecientes a los principales partidos y sindicatos frentepopulistas: CNT-FAI (5), ERC (3), UGT (3), PSUC (1), Unió de Rabassaires (1), POUM (1) y ACR (1). En todo el territorio se formaron comités, no siempre bien coordinados, que duplicaron efectivamente las funciones de los ayuntamientos y otras instituciones. Florecieron por doquier las patrullas armadas. La fuerza real no estaba tanto en los comités como en las organizaciones que formaban parte de ellos y, por encima de todas, la CNT-FAI.

La Generalidad intentó hacerse con la desestructurada autoridad estatal en el territorio y ampliar la autonomía a través de la asunción de facto de competencias en áreas como hacienda o defensa, amén de apropiarse de las sucursales del Banco de España. La situación obligó a las autoridades catalanas a gobernar, en la medida de lo posible, a través de decretos. A finales de julio, Companys nombró a Casanovas consejero jefe de un nuevo gobierno de la Generalidad en el que participaron políticos de ERC, PSUC, ACR y Unió de Rabassaires. Duró escasos días, ante las presiones de los anarquistas, inquietos por la presencia en él de tres miembros del flamante PSUC, lo que obligó a prescindir de los comunistas de Comorera en el nuevo ejecutivo constituido el 6 de agosto.

El Comité de Milicias empezó a formar columnas de voluntarios armados y de militares y fuerzas del orden disponibles para ir a combatir a Aragón. Se abrieron varios puntos de reclutamiento y muchos fueron los alistados, que esperaban proyectar fuera la victoria obtenida en Cataluña y extender la revolución. Las columnas empezaron a salir de Barcelona el 24 de julio. La primera, con tres mil milicianos, medio centenar de soldados del regimiento de Alcántara y una compañía de voluntarios de las Juventudes Socialistas Unificadas, estaba liderada por Durruti. No llegó a Zaragoza, pero las tierras ocupadas quedaron sembradas de colectivizaciones.

Otras columnas fueron la Ortiz y la Ascaso, así como la Roja y Negra y Los Aguiluchos de la FAI, organizadas por García Oliver. El POUM y el PSUC también iban a mandar algunas al frente. ERC y Estat Català formaron, ante la imposibilidad de crear desde la Generalidad, a causa de la oposición anarquista, un ejército propio, la columna Macià-Companys. En total, estas columnas integraron a unos veinte mil combatientes. A pesar de la falta de organización y disciplina y de un armamento deficiente, consiguieron algunas victorias locales y estabilizaron el frente de Aragón, en donde iban a permanecer muchos meses.

Del puerto de Barcelona partió, el 3 de agosto, la expedición Bayo, que tenía como objetivo la reconquista de las Baleares para el bando republicano. El proyecto, visto con buenos ojos por la Generalidad y el Comité de Milicias y con enorme desconfianza por parte del gobierno central, movilizó a unos pocos miles de voluntarios. Aunque consiguieron controlar Ibiza y Formentera, la aventura terminó, el 4 de septiembre, como el rosario de la aurora.

A pesar de todos los escollos, la Generalidad fundó, a finales de agosto, una Escuela Popular de Guerra para formar los mandos de las milicias populares. No habían abandonado el propósito de configurar un ejército catalán. Se consiguió controlar mínimamente las milicias del frente de Aragón. La falta de armas y municiones llevó al gobierno autonómico a constituir la Comisión de Industrias de Guerra, que tenía como función principal la coordinación de las distintas industrias útiles para la guerra, en especial metalúrgicas, mecánicas y químicas. Llegó a controlar medio millar de empresas con unos 50.000 trabajadores, más otros 30.000 de las industrias auxiliares, desde textiles hasta alimentación.

A finales de septiembre se formó un gobierno de unidad antifascista, que, con Tarradellas en el cargo de primer consejero y al frente de Finanzas, estaba integrado por tres miembros de ERC y de la CNT-FAI, dos del PSUC y uno del POUM —Nin, en Justicia—, de la Unió de Rabassaires y de ACR, además de Díaz Sandino en Defensa. La entrada de los anarcosindicalistas en el gabinete comportó la disolución del Comité de Milicias Antifascistas. Resultaba difícil seguir por más tiempo con la ficción de dos entidades coordinadas, así como la no asunción por parte de la CNT-FAI de las responsabilidades del poder.

Mientras que con un decreto de 9 de octubre se intentó hacer desaparecer la dualidad de poderes en el ámbito municipal, otro, del 24 del mismo mes, el de Colectivizaciones, puso algo de orden en un proceso que había empezado tras el 19 de julio, en especial en la industria. Se fijaba la obligatoriedad de la colectivización en empresas de más de cien trabajadores o en las que el patrón fuese declarado «faccioso» o las hubiera abandonado. En las otras era necesario un acuerdo entre trabajadores y propietario. El decreto introducía un modelo de economía dirigida gubernamental, que lograba diluir de manera parcial la voluntad socializadora cenetista.

A mediados de diciembre de 1936, Tarradellas procedió a una remodelación del gobierno de la Generalitat, del que quedaron fuera ACR y el POUM —el PSUC, cada vez más fuerte a través del control de UGT y el apoyo soviético, exigió su exclusión—, mientras aumentaba su peso la CNT. Unas semanas antes, los anarcosindicalistas habían aceptado entrar en el gobierno de la República, presidido por el socialista Largo Caballero, con cuatro ministerios, tres de ellos en manos de catalanes: Peiró (Industria), García Oliver (Justicia) y Federica Montseny (Sanidad), la primera mujer ministro de la historia de España.

La limpieza revolucionaria en los primeros meses que siguieron al 19 de julio adquirió dimensiones trágicas y se cebó en eclesiásticos y personas de derechas y tradicionalistas, además de propietarios y payeses en el conflictivo mundo rural. En la retaguardia republicana catalana fueron asesinadas más de ocho mil personas, tres cuartas partes de ellas entre julio y diciembre de 1936. El gobierno de la Generalitat poco pudo hacer e hizo frente a los supuestos incontrolados, excepto facilitar salvoconductos y proteger la salida del territorio por tierra o por mar a algunos miles de personas. Es bien conocida la intermediación con la FAI de Gassol y Companys para salvar al arzobispo Vidal i Barraquer.

Tras el verano, incluso estas actuaciones resultaron más complicadas, con los anarquistas compartiendo gobierno. Aunque tras la creación de los tribunales populares se mitigara la violencia desplegada, no fue, en realidad, hasta mediados de 1937 cuando se entró en una fase de moderación en la siniestra tarea de higiene revolucionaria.

Algunas de las personas que escaparon de Cataluña se pasaron al otro lado. Fueron los llamados catalanes de Burgos. Carlistas, falangistas y monárquicos, junto con algunos eclesiásticos e industriales, se incorporaron los primeros al bando sublevado. El anticlericalismo y la revolución empujaron a otros, en ocasiones como reacción ante la amenaza de sus vidas y propiedades. La persecución contra la Lliga Catalana tras el 19 de julio, que provocó unos cuatro centenares de asesinados, iba a impulsar a sus dirigentes a ponerse al servicio del gobierno «nacional». Los lligaires, con Cambó al frente, financiaron un servicio de espionaje privado, el SIFNE (Servicios de Información de la Frontera del Nordeste de España), que desde Francia pusieron al servicio de los militares alzados. Uno de los políticos catalanes mejor situados en las esferas burgalesas fue el tradicionalista Bau Nolla. En el seno de la iglesia católica, que calificó la guerra como «cruzada» con ánimo legitimador, destacaban Pla y Deniel y Gomá.

El 3 de mayo de 1937 y en los días siguientes tuvieron lugar unos hechos que han merecido la consideración de guerra civil dentro de la Guerra Civil, enfrentando a las fuerzas de ERC y PSUC contra las de CNT-FAI y POUM. El problema de fondo no era otro que la lucha por el poder en el campo republicano. Ya en los meses precedentes se habían producido algunos choques alarmantes, que seguían poniendo de relieve la falta de control del gobierno autonómico frente a los paisanos armados: en enero, los hechos de la Fatarella; a finales de abril, el asesinato del dirigente comunista Cortada, y, poco después, la muerte del Cojo de Málaga en Bellver de Cerdaña en una acción al frente de sus milicianos.

La orden del entonces consejero de Seguridad Interior, Artemi Aiguader, y del jefe de las fuerzas de policía, el comunista Rodríguez Salas, de asaltar y tomar el control el 3 de mayo del edificio de Telefónica, en la barcelonesa plaza de Cataluña, ocupado por comités fundamentalmente anarcosindicalistas, dio paso a una balacera. Los enfrentamientos se extendieron rápidamente por toda la ciudad y aparecieron barricadas por doquier. El POUM se implicó en el conflicto en defensa de una revolución que reputaba amenazada. La lucha duró varios días, tanto en la capital como en Tarrasa, Reus, Tarragona, Tortosa o Vic. Hubo incluso tentativas de algunos grupos de abandonar el frente para sumarse a la guerra de retaguardia. En algo menos de una semana perdieron la vida entre doscientas y trescientas personas.

Las consecuencias de los hechos de mayo fueron importantes y variadas. Supuso, ante todo, una pérdida de influencia cenetista, así como un paso hacia lahegemonía del comunismo. En segundo lugar, los comunistas estalinistas del PSUC y el PCE, con control e intervención soviética, fabricaron un proceso contra elPOUM con acusaciones de trostkismo y de aliado del franquismo, además de responsable de la crisis de mayo. El POUM fue ilegalizado, la sede cerrada y sus dirigentes detenidos a mediados de junio. Nin fue trasladado a Madrid, interrogado y encarcelado en Alcalá de Henares. Y después desapareció a manos de agentes de los servicios secretos de la URSS y españoles de la Brigada Especial.

El gobierno de la República mandó, en tercer lugar, algunos miles de guardias de asalto a Cataluña para asegurar la paz ciudadana y aprovechó la situación para quitarle a la Generalidad las competencias sobre orden público y defensa. Finalmente, Largo Caballero optó por la dimisión al no aceptar, entre otras cosas, perseguir a un POUM acusado de fascista. El 17 de mayo Negrín formó un nuevo gabinete.

Hubo cambios, asimismo, en el poder local, reforzando el peso de PSUC y ERC, y en la Generalitat. El 29 de junio de 1937 se constituyó un nuevo gobierno, que iba a mantenerse hasta el final de la contienda, integrando a consejeros de ERC —Tarradellas (Finanzas), Sbert (Gobernación), Pi i Sunyer (Cultura)—, PSUC —Comorera (Economía), Serra Pàmies (Proveimientos), Vidiella (Trabajo y Obras Públicas)—, ACR —Bosch Gimpera (Justicia)— y Unió de Rabassaires —Calvet (Agricultura)—. El día antes había fracasado el intento de Companys de incorporar a miembros de la CNT. La tensión entre unos republicanos algo sobrepasados y unos psuquistas fortalecidos fue constante.

El traslado de Valencia a Barcelona, en otoño de 1937, del gobierno de la República tensó las relaciones con las autoridades autonómicas, que perdieron numerosas atribuciones reasumidas por el poder central. Tras la caída del País Vasco, el gobierno del lendakari Aguirre se instaló también en Cataluña. La actuación del Servicio de Investigación Militar (SIM), que acabó convirtiéndose en una suerte de policía política comunista, provocó, asimismo, más de un desencuentro. El SIM, con sus checas y sus particulares métodos, iba a originar un segundo terror rojo, que, aunque fuera de dimensiones menores que el anterior, estaba explícitamente amparado por las autoridades. Su principal objetivo era combatir el quintacolumnismo.

El parlamento catalán se reunió poco durante la guerra. En la última sesión, el 1 de noviembre de 1938, se renovó la mesa, eligiéndose a Josep Irla (ERC) como presidente de la cámara. Companys, al igual que Azaña, era partidario de no alargar la contienda, una razón que lo enfrentaba radicalmente con Negrín, que, en otro orden de cosas, nunca mostró demasiada sensibilidad autonomista. La guerra iba a terminar con una enorme desunión política, tanto en el seno del gobierno de la Generalitat como entre este y el republicano.

La producción industrial disminuyó progresivamente en Cataluña a lo largo de la guerra. Mientras que el sector metalúrgico se mantuvo gracias a la demanda bélica, el textil quedó especialmente afectado, tanto por la falta de recursos para importar materias primeras como por la pérdida de buena parte de los mercados nacionales. El paro, a pesar de las movilizaciones, no desapareció. Las colectivizaciones, en muchos casos, habían complicado la situación.

La escasez y el hambre no estuvieron ausentes. Tanto el hecho de constituir un territorio tradicionalmente deficitario en productos alimentarios como la llegada de refugiados agravaron la situación en Cataluña. Otros factores a tener en cuenta son el desorden económico y productivo, el acaparamiento, la subida de los precios o la depreciación monetaria. En las ciudades la realidad era especialmente grave. El racionamiento, a partir de 1937, no resolvió los problemas y el mercado negro floreció. Las enfermedades, sobre todo aquellas vinculadas con carencias nutritivas, aumentaron, así como los índices de mortalidad infantil.

La llegada de numerosos refugiados se multiplicó al tiempo que la República perdía fragmentos de territorio. La ayuda internacional, como la prestada por los cuáqueros, contribuyó a aliviar mínimamente el panorama. Mientras que a finales de 1936 los desplazados eran ya trescientos mil, dos años después la cantidad se había elevado hasta un millón, la mitad de ellos menores de quince años. Hubo no pocos problemas de convivencia con la población autóctona.

En la prensa, los hechos de julio de 1936 habían provocado también cambios sustanciales. Muchos periódicos y revistas desaparecieron en los meses siguientes y otros fueron confiscados por organizaciones políticas. Esto último ocurrió con la mitad de los diarios de Barcelona. La prensa no frentepopulista fue, simple y llanamente, suprimida. Los periódicos tuvieron que lidiar con la censura y el control político e ideológico, además de aceptar, a partir de 1937, la escasez de papel.

La Generalidad dedicó, en los años de guerra, una gran atención a la cultura, vinculándola al propio proceso de defensa de la República y la autonomía. El Comisariado de propaganda, creado en octubre de 1936 y dirigido por Miravitlles, promocionó reportajes y documentales a través de Laia Films. También participó activamente en el pabellón de la República de la Exposición Internacional de París, en 1937. El arquitecto Sert diseñó el edificio y allí se expusieron, al margen del Gernika de Picasso, piezas emblemáticas de Miró o González. El gobierno autónomo impulsó también los Servicios de Cultura en el Frente, la Institución de las Letras Catalanas o el Consejo de la Escuela Nueva Unificada. El proceso de catalanización llegó entonces a uno de sus momentos más altos.

El cartelismo de esta época —Fontserè, Bas, Bofarull— o la fotografía, en donde destacaron los trabajos fotoperiodísticos de Centelles o Brangulí, sin olvidar a Català Pic, merecen una especial mención. Helios Gómez fundó en 1936 el Sindicato de Dibujantes Profesionales. En aquellos años se publicaron algunas obras literarias importantes: Vals, de Trabal; Bestiari y La fam, de Pere Quart; Unitats de xoc, de Calders, o Aloma, de Rodoreda.

Algunos escritores y artistas catalanes tuvieron un papel notable en la cultura hecha desde el territorio y bando franquista. El lligaire Estelrich dirigió en París, entre 1937 y 1939, el bimensual en lengua francesa Occident, un apoyo muy notable a la imagen exterior de la causa «nacional». La revista Destino constituyó el proyecto cultural de más calado del momento. Editada por la delegación de prensa y propaganda de la FET y de las JONS catalana en Burgos, estaba dirigida por Ignacio Agustí y tenían en ella una participación importante Vergés, Masoliver, Pruna o el dibujante Castanys.

Masoliver y Pere Pruna formaron parte del equipo de Ridruejo, que hizo un gran esfuerzo, fracasado al fin, para introducir el catalán en la propaganda franquista. D’Ors impulsó la creación del Instituto de España y fue nombrado, en 1938, jefe nacional de Bellas Artes. En San Sebastián, el canónigo Vilaseca dirigió el semanario infantil carlista Pelayos, en el que la mayoría de colaboradores eran catalanes. Juan Tusquets, que escapó de Barcelona vía Génova, mantuvo buenas relaciones con Franco, que le encargó la elaboración de resúmenes de prensa, aparte de decir misa en ausencia del capellán de la familia, el también catalán padre Bulart. Impulsó la elaboración de un enorme índice de más de ochenta mil sospechosos de pertenecer a la masonería y creó Ediciones Antisectarias.

El peso anarcosindicalista dificultó la transformación de las milicias en un ejército popular. La militarización no se consiguió realmente hasta después de la crisis de mayo de 1937. A finales de agosto de aquel año muchos requetés catalanes del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat murieron en la defensa de Codo, en la provincia de Zaragoza, frente a los republicanos. A mediados de diciembre empezó la batalla de Teruel, que terminó en febrero de 1938. En la ofensiva siguiente, las tropas de Franco ocuparon Fraga, el 26 de marzo, y se situaron a las puertas de Cataluña.

En los días 16, 17 y 18 de marzo de 1938 tuvieron lugar los bombardeos más cruentos de la Guerra Civil en tierras catalanas. Los trece ataques aéreos de la aviación italiana, con base en Mallorca, afectaron de lleno Barcelona y dejaron un millar de muertos. Aunque hubo bombardeos desde el principio del conflicto, la intensidad y la eficacia habían aumentado desde enero de 1938. Cálculos bastante precisos dan un total de cinco mil muertos como consecuencia de las bombas, la mitad de ellos en la capital.

Lérida cayó en manos de las tropas «nacionales» el 3 de abril de 1938 y los tribunales militares empezaron inmediatamente a funcionar, dando lugar a más de medio millar de ejecuciones. Franco derogó por decreto el estatuto de autonomía catalán el día 5. Entre el 6 y el 10 ocuparon Balaguer, Tremp y Camarasa, además de controlar una zona con importantes centrales hidroeléctricas. El 15 llegaron al Mediterráneo por Vinaroz, aislando Cataluña.

A finales de julio empezó la batalla del Ebro. La noche del 24 al 25 las tropas republicanas cruzaron por sorpresa el río, hicieron numerosos prisioneros y conquistaron algunos centenares de kilómetros cuadrados, fracasando solamente en Amposta. Consiguieron frenar, asimismo, el avance hacia Valencia. La respuesta de los franquistas, conscientes de la importancia propagandística de esta acción, consistió en defender Gandesa, mandar tropas de refresco, bombardear los puentes y pasaderos y abrir las compuertas de los embalses de Barasona, Tremp y Camarasa para provocar una riada que aislara ambas orillas.

A principios de agosto empezó una guerra de trincheras y desgaste, muy costosa en vidas humanas. El ejército republicano estaba lastrado por las dificultades a la hora de abastecer las tropas a través del Ebro; la falta de armamento provocada por el cierre de la frontera francesa a la entrada del material militar soviético y la insuficiencia de las industrias de guerra; y, asimismo, la desmoralización creciente. El pacto de Múnich dio al traste con las esperanzas sobre una intervención francesa y británica en el conflicto y convirtió la resistencia a ultranza en el Ebro en inútil. La retirada de las Brigadas Internacionales debilitó las posiciones. En la madrugada del 16 de noviembre, en cualquier caso, las tropas republicanas se habían replegado ya al otro lado del río. Casi cuatro meses de combates dejaron miles de cadáveres en ambos bandos. El desgaste resultó enorme.

A finales de 1938, solamente una gran parte de Cataluña, junto con algunas provincias castellanas, andaluzas y valencianas, además de Madrid, seguían en manos republicanas. La ofensiva «nacional» avanzaba y reducía poco a poco el territorio. Las tropas dirigidas por Franco emprendieron el 23 de diciembre la campaña de Cataluña. El 15 de enero de 1939 cayó Tarragona. Numerosas personas se lanzaron a las carreteras en dirección a la frontera escapando de los combates. Barcelona fue ocupada el día 26 y muchísima gente se echó a la calle para recibir al ejército vencedor.

La proximidad de Figueras a la frontera la convirtió, a lo largo del mes de enero y principios de febrero de 1939, en un núcleo estratégico decisivo y lugar de paso. Gran parte de los organismos civiles y militares fueron ubicados en la fortaleza o castillo de San Fernando. La ciudad se erigió, en aquellos días, en capital de la República.

El día 1 de febrero se reunieron en la fortaleza las cortes españolas. Asistieron sesenta y dos personas, entre miembros del gobierno central y diputados. La sesión tuvo lugar por la noche en las caballerizas. El elemento central fue un discurso pronunciado por el jefe del gobierno, en el que hizo una llamada a la resistencia y detalló los tres puntos de su propuesta para negociar la paz. La actividad diplomática desplegada por el doctor Negrín en los días siguientes, sobre estas condiciones, se saldó con un rotundo fracaso. En la misma fortificación se firmó el 3 el acuerdo de Figueras, que permitía la salida de España del patrimonio artístico depositado en el norte de Cataluña.

La IV División de Navarra entró en Gerona el 4 de febrero. El 7 cayó Olot y el 8 las tropas franquistas entraron en Figueras. Dos días después llegaron a la frontera francesa. Los enfrentamientos bélicos iban a continuar en otras partes de España durante unas semanas. La Guerra Civil concluyó oficialmente el 1 de abril de 1939.

Desde el mes de enero habían entrado en territorio galo, entre civiles y militares, más de 400.000 personas. La salida fue caótica y desesperada, no precisamente facilitada por las autoridades francesas. Los combatientes republicanos fueron internados en centros de acogida, un eufemismo que ocultaba auténticos campos de concentración. Los primeros se improvisaron en la playa, acotados por el mar y las alambradas y vigilados por soldados senegaleses, y, más adelante, se organizaron otros en distintos puntos del Hexágono. Muchos catalanes estuvieron en el de Agde. Los refugiados padecieron maltrato, enfermedades, hambre y humillaciones.

UNA LARGA DICTADURA

El 26 de enero de 1939, día de la entrada de las tropas franquistas en la capital catalana, fue creada la Jefatura de las Fuerzas y Servicios de Ocupación de Barcelona, a cuyo frente estaba el general Álvarez Arenas. El régimen especial se alargó hasta el mes de julio. Entonces se nombró al general monárquico Luis Orgaz capitán general de Cataluña. Los militares vencedores representaron un papel fundamental en el franquismo, como el encargo de la intensa represión y su presencia en los gobiernos de Franco y en la administración civil del estado ponen claramente de manifiesto.

El movimiento antirrevolucionario de julio de 1936 se había ido convirtiendo, a lo largo de la guerra, en un proyecto de nuevo estado. La ruptura con el pasado se pretendía total, ilegalizando partidos y sindicatos, persiguiendo a los partidarios del viejo orden, anulando la reforma agraria, cercenando libertades e instaurando un régimen autoritario, jerárquico, nacionalista y profundamente católico. Desde sus orígenes hasta noviembre de 1975, el franquismo resultó, por encima de familias y grupos más o menos influyentes en cada momento, una dictadura personal.

El denominado Movimiento Nacional integraba al único partido: Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de lasJONS). Surgido en abril de 1937, a partir del decreto de Unificación, fusionaba las organizaciones falangista y carlista. Las otras fuerzas políticas habían sido ya prohibidas. La presencia catalana en las altas instancias de FET y de las JONS fue más bien reducida. Los consejeros nacionales de la formación catalanes o con estrecha vinculación con Cataluña eran pocos en los años cuarenta: Aunós, Carceller, Fontana, Joaniquet, Santa Marina, Mateu y Ribas Seva.

El Movimiento controlaba la propaganda y los medios de comunicación: en 1944 formaban parte de su red de prensa, en Cataluña, dieciséis revistas y cinco diarios. En el terreno sindical fue creada la Organización Sindical Española, en cuyo seno funcionaron las Centrales Nacional Sindicalistas; en el de los jóvenes y estudiantes, el Frente de Juventudes y el Sindicato Español Universitario (SEU); y, por último, en el de las mujeres, la Sección Femenina. Los falangistas nunca pudieron imponer su proyecto totalitario y el Movimiento, con el paso del tiempo, acabó convirtiéndose en una instancia burocrática, necesaria para las promociones personales, pero bastante carente de toda iniciativa.

Los gobernadores civiles constituyeron, desde las provincias, la pieza clave de la arquitectura de la administración territorial, con amplios poderes. Los roces y conflictos de los primeros tiempos entre gobernadores y jefes de FET y de las JONS se solucionaron haciendo coincidir ambos cargos. Muchos de los gobiernos civiles estuvieron en manos de militares y, normalmente, en las de personas sin vínculos con el territorio. Hubo, no obstante, algunas pocas excepciones: Ventalló en Lérida, en 1938, o Coll en Gerona, entre 1939 y 1942. Hellín, alcalde y presidente de la Diputación de Lérida, fue nombrado gobernador, a partir de los años sesenta, en otras provincias de España.

Al margen de los gobernadores civiles, el personal político en el ámbito provincial y local estuvo formado por catalanes que antes de la Guerra Civil habían militado o eran simpatizantes del carlismo, el monarquismo alfonsino, la CEDA, la Unión Patriótica primorriverista, los sindicatos libres u otras formaciones de extrema derecha; y, también, del radicalismo y la Lliga Catalana. Los falangistas de primera hora eran pocos y no muchos los excombatientes. No faltaron, en los cargos de ayuntamientos y diputaciones, empresarios, profesionales liberales, comerciantes y propietarios. Poco a poco se formó una auténtica clase política franquista, por encima de viejas adscripciones partidarias de origen. La militancia en el Movimiento, tras un lógico crecimiento en 1939 y en los primeros años cuarenta, tendió a la baja.

Los catalanes estuvieron infra-representados, en especial en las primeras décadas, entre el alto personal político. Solamente el leridano Aunós participó en los gobiernos de Franco en los años cuarenta, en tanto que ministro de Justicia. Carceller, un turolense formado en Tarrasa bajo la protección de Alfonso Sala, fue ministro de Industria y Comercio entre 1940 y 1945.

La Cataluña franquista no fue una entelequia. Muchos catalanes recibieron al nuevo régimen con alegría y esperanza o con resignación, como una vuelta al orden y el fin de la revolución y la persecución religiosa. El régimen contribuyó en todo momento a perpetuar las divisiones entre vencedores y vencidos. No existió auténtica voluntad de consenso. El miedo, generado por la violencia física y simbólica, actuó durante mucho tiempo como agente desmovilizador. Sobrevivir y pasar página se convirtieron en tareas esenciales.

En la primera etapa del franquismo, hasta 1945, los gobernantes mostraron sus preferencias y apoyo al Eje en la Segunda Guerra Mundial. La formación de la División Azul constituye un buen ejemplo. En ella participaron algunos centenares de catalanes. En comparación con otras provincias españolas era poco, pero debe tenerse en cuenta que la dirección falangista catalana no era partidaria de que sus subordinados se incorporaran a la División, temerosos de perder a algunos de sus mejores cuadros en un territorio que catalogaban como complicado. El donativo económico más elevado que se hizo a esta unidad desde el sector privado correspondió a la industria textil lanera catalana: medio millón de pesetas.

La iglesia se erigió en la gran legitimadora del régimen. No se olvidaban las medidas tomadas por los gobiernos de los primeros años de la década de 1930, ni mucho menos todavía la persecución en la zona republicana. La «cruzada» religiosa debía continuar más allá de la etapa bélica, centrada esencialmente en recuperar la antigua influencia social de la iglesia. La jerarquía estuvo en todo momento al lado de las autoridades.

Las justificaciones y el rol legitimador tenían sus contrapartidas en la presencia pública de lo religioso, desde las misas de campaña y las confirmaciones en grandes espacios y plazas hasta las peregrinaciones y las santas misiones, muy frecuentes en la década de 1940; en la financiación, por parte del estado, de la iglesia y el clero; en la atribución del control estrecho y obsesivo de la moralidad; y, asimismo, en el papel predominante en el terreno de la educación primaria y secundaria. La reconstrucción de los seminarios y el fomento de vocaciones constituyeron una tarea privilegiada. El número de seminaristas se dobló entre 1934 y 1956.

A partir de sus derechos en el nombramiento de obispos, acordados en 1941 con el Vaticano, Franco primó y premió a eclesiásticos comprometidos con el régimen, como Arriba y Castro, nombrado arzobispo de Tarragona en 1949, o el obispo de Lérida Aurelio del Pino. A pesar de la adhesión general de los prelados al franquismo, no faltaron algunas tensiones, como las provocadas por la lengua de la predicación o la defensa de prerrogativas. La permanencia de Vidal i Barraquer en el exilio iba a constituir un obstáculo a la normalización institucional de la iglesia de posguerra. Después de su muerte, en 1943, la sede tarraconense fue ocupada por Manuel Arce.

El nacionalcatolicismo contribuyó decisivamente a la aceptación resignada o agradecida de la dictadura. La efectividad de este discurso era, en este sentido, mucho mayor que el del falangismo. Los curas parroquiales, a pesar de algunas indicaciones superiores, recuperaron relativamente pronto la predicación y la catequesis en catalán. Numerosas entidades fueron surgiendo, asimismo, en el mundo católico con propuestas parcialmente alternativas. Montserrat se convirtió, desde la etapa del abad Escarré, en refugio y propulsora de actividades catalanistas. La recristianización, en cualquier caso, mostró claramente sus límites tras el triunfalismo de la posguerra, tal como ponen de manifiesto los datos sobre asistencia a la misa dominical.

La instalación del nuevo régimen se hizo con un extraordinario despliegue de violencia. La represión fue ejercida, en Cataluña, desde la entrada de las tropas llamadas nacionales en tierras leridanas en 1938. No faltaron algunos casos de maltratos, violaciones y saqueos, en manos sobre todo de regulares y legionarios. Algunos civiles, en especial pertenecientes a Falange, colaboraron con los militares en las faenas represivas. Murieron unas cuatro mil personas en total, trescientas de ellas sin juicio previo. Estas cifras, algo inferiores a las de otras regiones españolas, deben ponerse en relación con las mayores posibilidades de huir gracias a la cercanía de la frontera. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo entre 1938 y 1943; el año 1939, en especial los meses de mayo a julio, con un millar de ajusticiados, constituyó el momento más intenso.

Las cárceles y campos de concentración habilitados se llenaron de detenidos. En enero de 1940 había en Cataluña más de 27.000 presos, la mitad en la capital. Los tribunales militares empezaron a funcionar muy pronto y la justicia sumarísima de urgencia se impuso. Los consejos de guerra fueron muy numerosos. Las delaciones y denuncias de los propios vecinos no escasearon.

Al final de la Guerra Civil tuvo lugar un amplísimo proceso de depuración, que afectó a los trabajadores de las distintas administraciones. Se trataba de castigar actitudes del pasado, al tiempo que se imponía fidelidad y sumisión. Era una forma, asimismo, de obtener puestos de trabajo libres para los fieles y pagar servicios a la causa. Hubo numerosos ceses, suspensiones temporales y otras sanciones. Entre los colectivos más afectados se encontraba el de los maestros. Se confiscaron las propiedades de partidos, sindicatos y entidades consideradas desafectas, pasando a formar parte del patrimonio estatal o siendo subastadas. Y se abrieron numerosos expedientes personales, con el resultado de penas económicas, que en muchos casos recayeron en los familiares.

La represión franquista afectó a la lengua y la cultura catalanas. Desde el primer momento, las autoridades prohibieron el uso público del catalán, reducido al espacio doméstico. Los nombres de personas, calles y entidades fueron castellanizados y la utilización del «dialecto catalán» en documentos públicos, anuncios, rótulos e inscripciones fue sancionada con multas. Esta lengua desapareció de la educación y, en un primer momento, de la vida religiosa. La publicación de libros y revistas en catalán estuvo inicialmente prohibida. A partir de mediados de la década de 1940, sin embargo, hubo una relajación progresiva de todas las anteriores medidas.

Tras cruzar la frontera en febrero de 1939, Companys se dirigió a París, en donde la Generalidad mantuvo abierta una oficina. Las presiones del ejecutivo francés le obligaron a dejar la capital, en verano, e instalarse en la localidad bretona de La Baule-les-Pins. Con la ocupación alemana de Francia, el president quedó prácticamente aislado. La policía militar lo detuvo y lo entregó a agentes españoles. Pasó por la Dirección General de Seguridad, en Madrid, siendo interrogado y maltratado, y después lo trasladaron a Barcelona. Condenado a muerte en un consejo de guerra, fue fusilado el 15 de octubre de 1940 en el castillo de Montjuich.

Esta muerte elevó a Irla a la presidencia de la Generalidad. Según el estatuto interior, el cargo correspondía interinamente al presidente del parlamento hasta que se eligiera a un sucesor. Irla, sin embargo, que se había establecido primero en Ceret y después en Cogolin, en zona controlada por el régimen de Vichy, tenía pocas posibilidades de actuar. Pi i Sunyer creó en Londres un Consejo Nacional de Cataluña, que se presentaba como gobierno en el exilio y defendía tesis rupturistas con el pasado y apostaba por la autodeterminación. Irla acabó desautorizándole.

Este empezó a actuar más libremente en la segunda mitad de 1944. En enero siguiente constituyó un consejo asesor integrado por miembros de partidos y asociaciones catalanistas y, en septiembre, formó su primer y único gobierno, ampliado en 1946 —Fabra, Pi i Sunyer, Rovira i Virgili, Comorera, Xirau, Padró, Serra Moret y el poeta Carner—, que intentaba integrar a distintos grupos políticos y comunidades del exterior.

Las relaciones con el gobierno republicano en el exilio, presidido por Giral y en el que participaban Santaló (ERC) y Nicolau d’Olwer (ACR), fueron buenas, mientras que los choques con la resistencia del interior menudearon. El cambio del panorama internacional, las querellas partidistas, la precariedad económica y la actitud intrigante de Tarradellas, que no participaba en el gabinete pero controlaba ERC y los escasos fondos autonómicos, dieron al traste con el gobierno de la Generalidad, disuelto a principios de 1948. A partir de ahí las disputas y conspiraciones no cesaron. Irla dimitió en mayo de 1954 y, tras un polémico proceso, Tarradellas fue elegido nuevo presidente de la Generalidad.

La actuación de los grupos contrarios al régimen franquista resultó altamente complicada en los años de la posguerra, tanto por la represión sufrida y la continua vigilancia policial como por las divisiones provocadas por la experiencia revolucionaria y los sinsabores del exilio. Hasta finales de 1943 la oposición consistió sobre todo en resistencia, con un interior y un exterior prácticamente incomunicados. La mayoría de las fuerzas políticas vivieron profundas crisis, desde las discordias enERC y el surgimiento del Front Nacional de Catalunya (FNC) de Cornudella y Cruells hasta la ruptura en el anarquismo entre interior y exterior y entre colaboracionistas y apolíticos, pasando por la bolchevización y las purgas internas en el PSUC.

En 1944 se produjo un cierto cambio, favorecido por un panorama algo más esperanzador. Las discrepancias políticas tuvieron, sin embargo, efectos paralizantes. La reaparición pública de UDC, el activismo de los monárquicos juanistas y el apoyo brindado a estos por los hombres de la Lliga introducían elementos nuevos. A principios de 1945, como fruto de las pugnas en el interior del POUM, se fundó el Moviment Socialista de Catalunya (MSC), al que se integraron políticos escindidos del PSUC como Serra Moret o antiguos militantes de ERC y CNT, mientras que el movimiento anarquista se dividió en dos formaciones.

El empeño en seguir pensando la realidad en clave de continuidad guerracivilista no contribuía a la efectividad de las oposiciones puesto que imposibilitaba la comprensión de una doble realidad, esto es, la consolidación del régimen y la voluntad de la población de olvidar el conflicto de 1936-39 para poder seguir viviendo o, como mínimo, sobreviviendo. A partir de 1947, las frustraciones y la eficacia represiva del estado sentenciaron el fracaso del primer antifranquismo.

Numerosos refugiados iban a integrarse, en los primeros años de la década de 1940, en los grupos de la resistencia francesa. Algunos fueron encarcelados o enviados a los campos nazis; se deportó a más de dos mil catalanes, en especial a Mauthausen. La experiencia de muchos combatientes en el maquis francés estimuló a partir de 1944 algunos proyectos de acción militar contra el régimen franquista, constituyendo el más importante la invasión fracasada, en octubre, del valle de Arán.

El maquis iba a estar relativamente activo en la segunda mitad de los años 40. Los comunistas de la Agrupación Guerrillera de Cataluña y los libertarios del sector apolítico eran los núcleos principales y protagonizaron secuestros, atentados, ataques contra empresas y atracos a bancos. El escaso apoyo de una población harta de guerra, la represión y la actitud de las potencias europeas resultaron determinantes para el final de estas aventuras. Aunque a principios de los años cincuenta las agrupaciones políticas decidieran pasar página, algunos individuos de adscripción libertaria como Facerías, Quico Sabaté o Caracremada siguieron haciendo la guerra por su cuenta.

El coste humano de la Guerra Civil fue muy elevado, tanto cuantitativa como cualitativamente. Las estimaciones más recientes apuntan a que la sociedad catalana perdió, en total, entre 125 y 135.000 personas —aproximadamente, un 4,5 por ciento de la población—, que corresponden a 60-65.000 exiliados permanentes y 60-75.000 muertos. Francia y México fueron los dos principales destinos de los primeros. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que entre los exiliados se encontraba la mayoría de los cuadros dirigentes, tanto políticos como sociales y culturales, de los años 30.

El segundo grupo, el de los muertos, puede desglosarse de la manera siguiente: 40-45.000 combatientes, entre frentes y hospitales; entre 5.000 y 5.500 víctimas de los bombardeos; 8.500 fallecidos en la represión republicana y 4.000 en la del otro bando, a los que hay que añadir, por último, los traspasados en campos de concentración nazis y franquistas, que según algunos cálculos se elevan a unos 2.000. Sugieren algunos estudiosos que faltarían aún un par de ítems por contabilizar, esto es, las defunciones fruto de explosiones o accidentes provocados por el material bélico abandonado, así como las causadas por enfermedades y hambre vinculados a la guerra.

Los combatientes muertos correspondían sobre todo a población masculina joven, lo que tuvo efectos evidentes tanto en el terreno demográfico como en el laboral. En la posguerra cayeron la nupcialidad y la natalidad y creció la mortalidad, en especial la infantil. Contribuyeron decisivamente a ello el hambre y las enfermedades. La conjunción de salarios bajos y precios altos provocó una fuerte caída del poder adquisitivo. El racionamiento de los productos básicos se impuso, al tiempo que florecía el mercado negro. La extensión de la tuberculosis, que afectaba sobre todo a los grupos populares urbanos, constituyó una de las singularidades de aquel momento. En los años cincuenta la situación mejoró sensiblemente, tanto en el terreno alimentario como en el sanitario, gracias al mayor poder adquisitivo, la estabilización de los precios y la mejora del abastecimiento.

A pesar de todo, la población aumentó en unas 350.000 personas entre 1940 y 1950, situándose en este último año en 3.240.313 habitantes. Solamente 90.000 son atribuibles al crecimiento natural; el resto correspondieron al saldo migratorio positivo. La desigual repartición del crecimiento resulta evidente, desde más del 15 por ciento en la provincia de Barcelona a 1,5 en la de Gerona. En 1960 la población catalana rozaba los cuatro millones. Durante la década había crecido en casi 670.000 habitantes, de los cuales 450.000 correspondían a inmigrantes.

La conjunción entre las posibilidades que ofrecía el mercado de trabajo y las dificultades vividas en algunas regiones españolas en la posguerra y el bloqueo de la diáspora internacional, tan importante entre 1880 y 1930, explican el arribo a Cataluña de miles de inmigrantes. Entre cuatro y cinco de cada diez recién llegados eran andaluces. En buena parte jóvenes, se integraron fácilmente en la industria y la construcción, amén de facilitar un rápido incremento poblacional. Este elemento, junto con un notable descenso de la mortalidad, explica el importante crecimiento demográfico a partir de mediados de la centuria.

La mayoría de los inmigrantes se instaló en la capital y en ciudades industriales próximas como Badalona, Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Cornellá, Sabadell o Tarrasa. El desequilibrio entre comarcas con una gran concentración de población —el Bajo Llobregat y el Vallés Occidental presentaron un crecimiento de casi el 60 por ciento— y otras con densidades e incrementos casi insignificantes o negativos, en especial las de montaña y las del sur de Cataluña, se acentuó más aún. Tres cuartas partes de la población se concentraba en la provincia de Barcelona.

La llegada masiva de inmigrantes puso de manifiesto las deficiencias en el sector de la vivienda y, en especial, de las casas baratas o sociales. En las grandes ciudades proliferaron los realquilados, el barraquismo suburbial y las cuevas habitadas. En los años cincuenta la construcción de viviendas se aceleró y en la periferia de las grandes ciudades surgieron polígonos y barrios nuevos, en donde la falta de infraestructuras, equipamientos y servicios básicos menudeó.

Las enfermedades y la precariedad de los habitáculos en la posguerra contrastaban con el lujo y el despilfarro. Fue una época de dinero fácil y de procedencia a veces inconfesable. Al lado de las familias de la burguesía antigua, emergieron desconocidos ilustres, como Muñoz Ramonet, que amasaron grandes fortunas con la especulación y el estraperlo.

La población activa estaba repartida, en Cataluña, de la manera siguiente en 1960: 19,2 por ciento en el sector primario, 50,6 en el industrial y 30,1 en los servicios. Los datos contrastan con los del resto de España, que en aquel momento todavía superaba ligeramente la mitad de trabajadores dedicados al sector primario. Por provincias, los resultados diferirían sustancialmente: agricultura, ganadería y minería suponían, en Lérida y Tarragona, el 54,4 y el 54,9 por ciento, respectivamente.

El proyecto autárquico del nuevo estado no benefició a la economía catalana. Hasta momentos algo avanzados de la década de 1950 no se recuperaron los niveles de renta y producción de mediados de la de 1930. Cierto es que las destrucciones de la guerra fueron cuantiosas, sobre todo en infraestructuras, vehículos y ganadería, pero menos en instalaciones industriales y equipamientos. La responsabilidad de la situación debe atribuirse, en buena medida, a la capacidad y opciones de la dirigencia del primer franquismo y al ultranacionalismo e intervencionismo. Las dificultades energéticas no ayudaron.

Tradicionalmente, la industria había sido muy dependiente de la importación de primeras materias y equipamientos, además de carbón y petróleo. El obsesivo aislamiento del régimen con respecto al mercado internacional resultó claramente perjudicial, aunque ofreciera, a partir de los mismos parámetros autárquicos, un acceso privilegiado y sin competencia al mercado español. Los sectores textil y metalúrgico sufrieron importantes caídas.

En los años cincuenta, sin embargo, la economía empezó a desarrollarse de manera muy destacada. Desde principios de la década se produjo una cierta reorientación de los postulados autárquicos, posibilitando una mayor apertura comercial y reduciendo el control, que iba a hacer posible una etapa de crecimiento de algo más de dos decenios. Aunque en 1960 el textil representase todavía un tercio de la producción industrial —las fibras artificiales suplieron la falta de algodón y lana—, los sectores punta eran, en aquel entonces, el químico y el del metal, en especial los materiales de transporte. La creación de la empresa automovilística Seat, en 1950, a partir de las inversiones de Fiat y del INI, representa bien esta nueva época.

Cataluña se consolidó como el gran centro industrial peninsular. La agricultura salió lentamente de su estancamiento, mientras que el sector servicios vivió los inicios de un importante desarrollo, impulsado por el turismo y consolidado en la década siguiente. La renta per cápita catalana, en especial la barcelonesa, era en 1960 claramente superior a la media estatal.

Las relaciones laborales estaban sometidas al estado, impidiéndose la existencia de sindicatos obreros y de acciones reivindicativas. Los sindicatos oficiales tenían una estructura claramente vertical y estaban controlados por los falangistas. Se impuso una rígida disciplina en los lugares de trabajo. Desde 1939 se amplió la jornada laboral a 48 horas y se recuperaron los salarios de antes de la Guerra Civil, con la consiguiente pérdida de capacidad adquisitiva. El pluriempleo y la autoexplotación a través de la acumulación de horas extras se generalizaron.

En unos momentos en los que la oposición antifranquista no pasaba precisamente por sus mejores momentos, tras el fracaso guerrillero y de las alternativas de unión política resistente, estalló, en febrero de 1951, la conocida como huelga de tranvías de Barcelona. Este movimiento espontáneo de protesta, consecuencia del amplio malestar popular, estuvo dirigido contra el aumen-to de las tarifas de los tranvías en la capital catalana. Los usuarios boicotearon este medio de transporte. Las autoridades se vieron en la obligación de bajar el precio de los billetes tras una semana y media de protestas. Este éxito impulsó a varios centenares de enlaces del sindicato vertical a convocar una huelga general contra el encarecimiento del precio de la vida. En ella, que duró tres días, participaron entre 250 y 300.000 trabajadores de Barcelona y otras ciudades industriales.

Aunque hasta la década de 1960 no existiera una autén-tica lucha obrera organizada, a lo largo de la anterior acaecieron numerosos conflictos y movilizaciones, especialmente centrados en conseguir aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. En 1956 se produjeron huelgas destacables en los sectores textil y metalúrgico y en 1957 fracasó una protesta en la capital contra las subidas de precios, inspirada en la de seis años antes, pero en esta ocasión impulsada por comunistas y otros grupos. Al año siguiente se promulgó la ley de convenios colectivos. Se abrieron posibilidades para el contacto entre obreros y núcleos antifranquistas, que los comunistas utilizaron a partir de la actuación en el marco del sindicalismo oficial. La jornada de reconciliación nacional, en 1958, y la huelga nacional pacífica, en 1959, organizadas por entidades partidistas, con el PSUC a la cabeza, tuvieron, en cambio, escaso eco.

A mediados de siglo, la consolidación del régimen era una evidencia. En mayo de 1952, la celebración en la capital catalana del Congreso Eucarístico, el primer gran acto internacional en el país desde la guerra, constituyó un gran despliegue de nacionalcatolicismo. Tanto la iglesia catalana, con el obispo Modrego de Barcelona al frente, como las autoridades invirtieron muchos esfuerzos en los preparativos y desarrollo.

La burguesía seguía sintiéndose relativamente cómoda en la dictadura. Ello era evidente, por ejemplo, en las grandes familias del textil, como los Valls Taberner, Bultó o Fabra, que apreciaban la paz y orden que les ofrecía el régimen, aunque se quejaran, más en privado que públicamente, de un cierto abandono hacia la industria y la región. En 1957 se incluyó a un ministro catalán en el gobierno: Pedro Gual Villalbí, antiguo miembro de la Lliga y secretario de Fomento de Trabajo Nacional.

El año anterior, Laureano López Rodó se convirtió en secretario general técnico de la presidencia del gobierno y hombre de confianza de Carrero Blanco. Fue un personaje clave en las relaciones entre el régimen y Cataluña. Los gobernadores civiles siguieron controlando la política provincial y local, de perfil bajo y asaz mortecina. Las elecciones de los años cincuenta eran poco más que una ficción. El personal político vivió un cierto rejuvenecimiento. En la década de 1950 estuvo al frente del gobierno civil de Barcelona Acedo Colunga. Pagés Costart, originario de Palamós y afincado en tierras leridanas, fue sucesivamente gobernador de Tarragona, Lérida y Gerona. En 1957 Porcioles accedió a la alcaldía de Barcelona.

Las oposiciones al franquismo habían cosechado algunos fiascos y se encontraban en una encrucijada. Cuatro de las formaciones más activas en la década de 1930 estaban casi finiquitadas: la CNT, débil en el interior y profundamente dividida en el exilio; el POUM, desarticulado en 1952, tras la detención de algunos de sus cuadros; ERC, reducida casi al entorno de Tarradellas, y, por último, la Lliga Catalana, en plena descomposición tras el fallecimiento de Cambó en 1947.

La emergencia de una generación que no había vivido la guerra y la agitación estudiantil en la Universidad de Barcelona, a partir de 1956, en defensa de la democracia y contra el SEU introdujeron elementos nuevos en el panorama catalán. El PSUC se erigió en el principal referente opositor, reforzado por la nueva política de reconciliación nacional y la opción decidida por plataformas amplias. En el espacio socialista nació, en 1959, la Associació Democràtica Popular de Catalunya, federada con el Frente de Liberación Popular. Dos años después, un grupo de esta organización creó el partido Front Obrer de Catalunya (FOC).

El catolicismo catalanista adquirió en aquel entonces un notable dinamismo, como pudo comprobarse ya, en abril de 1947, en los actos patriótico-religiosos de entronización de la Virgen de Montserrat, a los que asistieron, el día 27, unas decenas de miles de personas. La comisión organizadora, bautizada como «Abat Oliva», estaba presidida por el veterano dirigente lligaire Escalas e inspirada por el abad de Montserrat Aureli M. Escarré, con Millet en la secretaría general. En 1954 surgió el movimiento CC (Crist-Catalunya), un colectivo para el encuentro, la reflexión y la formación que tenía como principal ideólogo a Raimon Galí.

Algunos miembros de CC, entre los que destacaban Pujol, Espar, Casajoana y Polo, intervinieron en primera línea en dos acciones de gran impacto: la campaña contra Galinsoga, el director de La Vanguardia Española, que provocó su destitución a principios de 1960, y los «hechos del Palau», el 19 de mayo de 1960, cuando en un concierto en el Palau de la Música se entonó desde el público el prohibido «Cant de la senyera». Jordi Pujol fue detenido y condenado a prisión en un consejo de guerra.

La cultura catalana vivió en los inicios del franquismo una auténtica convulsión. Numerosas entidades fueron suprimidas en 1939. A principios de los años cuarenta se reconstruyó en la clandestinidad el Institut d’Estudis Catalans, en buena parte financiado por Fèlix Millet y la Benéfica Minerva, una entidad de mecenazgo catalanista; más adelante resurgieron los Estudis Universitaris Catalans.

La prensa estuvo estrictamente controlada. Se mantuvieron antiguas cabeceras, devueltas en algunos casos a sus antiguos propietarios, y se crearon otras, vinculadas frecuentemente a FET y de las JONS, como en tres capitales provinciales: La Mañana (Lérida), Diario Español (Tarragona) y Pirineo y, a partir del primer día de 1943, Los Sitios de Gerona. En Barcelona salían a la calle El Noticiero Universal, La Vanguardia Española, Diario de Barcelona, El Correo Catalán o Solidaridad Nacional.

La revista Destino reapareció como semanario en Barcelona a partir de junio de 1939, evolucionando hacia posiciones liberales y moderadamente catalanistas. En el exilio se publicaron decenas de revistas en catalán. En Cataluña las cosas eran más complicadas, pero pueden citarse Poesia, Ariel, Qüestions de vida cristiana o los tebeos L’Infantil y Cavall Fort. Auspiciada por Montserrat vio la luz, en 1959, Serra d’Or. Al margen de Destino, en castellano sobresalió Laye, editada a principios de los años cincuenta e impulsada por Sacristán, Castellet y los hermanos Ferrater.

Desde 1946 se concedieron permisos para editar libros en catalán. Antes solamente se había hecho alguna excepción, como las obras de Verdaguer. La editorial Selecta, que dirigía Cruzet, representó entonces un papel decisivo, sorteando dificultades y censura y creando una amplio catálogo.

En la posguerra se publicaron cuatro libros de poemas en catalán que se cuentan entre los más importantes del siglo XX: Nabí de Carner, Elegies de Bierville de Riba, Cementiri de Sinera de Espriu y Sol, I de dol de Foix. Garcés, Manent, López-Picó, Teixidor, Arderiu, Leveroni, Pere Quart, Vinyoli o Bartra siguieron escribiendo poesías y otros se sumaron entonces, como Palau i Fabre, Brossa o Perucho.

En la narrativa en catalán destacaron autores como Calders, Riera Llorca, Tísner, Ferran de Pol, Puig i Ferreter, Benguerel o Rodoreda —La plaça del diamant vio la luz en 1962—, así como Perucho, Espinàs, Amat-Piniella, Capmany, Sarsanedas o Pedrolo. La gran novela de esta etapa, y acaso una de las más interesantes del siglo XX, fue Incerta glòria (1956), de Joan Sales. Entre los ensayistas y memorialistas sobresalieron autores como Ferrater Mora, Vicens Vives, Soldevila o Gaziel.

Josep Pla, triunfador en la edición de 1951 del premio Joanot Martorell con El carrer estret, es el autor más importante de la literatura catalana contemporánea. En la posguerra se encerró a escribir, a manera de exilio interior, en su masía del Ampurdán y llevó a cabo una reconstrucción literaria de su mundo. Su obra completa consta de cuarenta y siete volúmenes.

En 1944 Ignacio Agustí publicó la novela Mariona Rebull. Aquel mismo año empezó a concederse, en Barcelona, el premio Nadal. Numerosos autores catalanes fueron galardonados, desde Laforet, en la primera edición, por Nada, hasta Juan Arbó, Romero, Matute o Gironella. Este último escribió una novela que iba a convertirse en un best-seller: Los cipreses creen en Dios (1953). Fue uno de los autores medulares de la editorial Planeta, fundada por Lara en 1949. A los escritores citados habría que añadir a Goytisolo, Salisachs, Barral y Gil de Biedma.

En el campo del arte, al margen de la obra de Dalí y Miró y del ya citado Pere Pruna, merecen una mención especial, en las décadas de 1940 y 1950, el pintor e ilustrador Rogent y el grupo vanguardista Dau al Set (Brossa, Tàpies, Cuixart, Tharrats, Puig, Cirlot, Ponç). Los pintores Guinovart y Ràfols Casamada y los escultores Subirachs y Fita empezaron asimismo a destacar en los años cincuenta. Las propuestas más innovadoras en el terreno arquitectónico proceden del llamado Grupo R, integrado por Coderch, Bohigas, Gili, Martorell, Moragas, Pratmarsó, Sostres y Valls.

La soprano Victoria de los Ángeles y la pianista Alicia de Larrocha iniciaron, ya en la década de 1940, una brillante carrera. Los compositores Homs y Montsalvatge se unieron a otros bien conocidos antes de 1936. Carmen Amaya iba a destacar, igual que antes de la guerra, en el cante y baile flamenco, participando en exitosas giras internacionales y en numerosas películas.

En un proceso iniciado pocas décadas antes, la radio se convirtió en el medio de comunicación y entretenimiento por excelencia. A mediados de siglo existían en Cataluña más de treinta emisoras. El cine se erigió en los años 40 y 50 en la principal forma de esparcimiento de la población. Fue un modo de evasión esencial en tiempos difíciles. Se construyeron entonces numerosas salas, algunas de las cuales superaban las mil quinientas butacas. El teatro perdió peso frente al cine. En catalán, el autor más aclamado era Sagarra. Como alternativa al teatro comercial aparecieron, a mediados de siglo, propuestas como la Agrupación de Teatro Experimental o la Agrupación Dramática de Barcelona.

En los teatros del Paralelo triunfaron en aquel tiempo Mary Santpere, Carmen de Lirio o Maty Mont. En los cuarenta se instaló en Cataluña la compañía Los vieneses. La música más popular en este tiempo fue la copla. En la zona de la Diagonal surgieron famosos restaurantes y salas de fiesta. Fue una época en la que adquirieron especial importancia meublés como la Casita Blanca o el Diagonal. La prostitución, tanto de lujo como la más popular, tuvo, como había sido ya corriente en el primer tercio del siglo XX, una gran presencia en la ciudad condal.

La afición a los toros aumentó en la época franquista, tanto por la promoción oficial derivada de considerarlos la fiesta nacional como por el atractivo de algunos notables toreros del momento. En el mundo taurino catalán debe citarse a Mario Cabré, que fue actor, amén de torear; Bernadó, el torero catalán más importante del siglo XX, y, asimismo, el empresario Balañá.

Las sociedades corales reaparecieron lentamente en la posguerra. El emblemático Orfeó Català, en concreto, no pudo actuar en público hasta 1946. El movimiento de los coros de Clavé, en cambio, se reconstruyó con mayor facilidad. Escuchar o bailar sardanas no estuvo autorizado en Barcelona hasta 1943, pero en otras partes de Cataluña se pudo hacer desde 1939 en tanto que manifestación folclórica regional. En 1950 se creó la Obra del Ballet Popular, cuya misión era el fomento de la sardana y de otros bailes populares.

El deporte fue, en la etapa de la dictadura, uno de los grandes espectáculos y formas de ocio y evasión. Barcelona acogió, en 1955, los II Juegos del Mediterráneo. Descollaron, entre los deportes espectáculo, el ciclismo, el automovilismo, el boxeo, la lucha y, por encima de todos, el fútbol.

El FC Barcelona representaba un papel fundamental en Cataluña, aunque sin olvidar al RCD Español, el otro equipo de la ciudad condal, y los clubs de categorías inferiores. En la segunda mitad de los años cuarenta, el Barça ganó tres ligas. En 1950 se incorporó a Kubala, que iba a convertirse en la figura del equipo y en un auténtico mito. El número de socios aumentó sensiblemente y en 1957 se inauguró el Camp Nou. En las décadas de 1950 y 1960 el FC Barcelona se erigió en un importante elemento integrador en la sociedad catalana de muchos inmigrantes. El Barça se identificó progresivamente con el catalanismo y el antifranquismo. A partir de los años sesenta la entidad usó cada vez más abiertamente la lengua catalana. La fórmula «el Barça es más que un club», popularizada en la década siguiente, intentaba incorporar todos los aspectos anteriores. Tras unos años poco triunfantes por lo que a títulos se refiere, la etapa de la presidencia de Montal supuso un cambio de tendencia, en especial tras el fichaje, en 1973, de Johan Cruyff.

SOPA DE LETRAS

En la década de 1960 la dictadura del general Franco entró en una nueva fase, marcada, de una parte, por el desarrollismo y una tímida apertura, y, de otra, por un conjunto de transformaciones culturales y sociales de enorme relieve que abrieron las puertas a otra Cataluña y otra España. Unas generaciones ajenas a la Guerra Civil empezaban a ser protagonistas de la vida pública. Aquella década puede ser considerada, en algún modo, la auténtica salida de una larga posguerra.

El proceso estuvo precedido, sin embargo, al final de los años cincuenta, por graves problemas económicos y malestar social. Las propuestas liberalizadoras de principios de aquel decenio y el desarrollo subsiguiente estaban provocando una alta inflación, un incremento del coste de la vida y un déficit comercial que amenazaba con la bancarrota del estado.

El denominado plan de estabilización, a mediados de 1959, junto con todo un conjunto de medidas aplicadas en los años siguientes, permitió una profunda reforma de la economía española. La devaluación de la peseta y la liberalización de las inversiones extranjeras tuvieron efectos positivos. En el corto plazo, sin embargo, algunas de las disposiciones generaron la caída del poder adquisitivo, el cierre de pequeñas empresas, la reducción de salarios, el aumento del paro y el descenso de las horas extra.

La inserción de la economía española en la mundial, aprovechando la expansión que se estaba viviendo en Europa occidental, iba a permitir un relevante despegue. Las importaciones se multiplicaron, financiadas parcialmente con las entradas de capital internacional, el turismo y las remesas de los emigrantes. Las exportaciones se elevaron en los años sesenta, tanto de productos agrarios como, sobre todo, en el caso catalán, de bienes de equipo, material de transporte y textil.

La etapa que principiaba alcanzó grados de desarrollo demográfico y económico inauditos. Por lo que al primero se refiere, de los poco menos de cuatro millones de habitantes de 1960 se pasó, en 1981, a casi seis. Fueron los años sesenta los que registraron un mayor grado de aumento, suma de la continuidad del crecimiento vegetativo más una intensificación de la llegada de inmigrantes de otras regiones de España, la mitad de ellos procedentes de Andalucía, seguido de los originarios de León y las dos Castillas y de Extremadura.

La industria catalana ofrecía puestos de trabajo, amén de unos salarios más altos que la media española. En alguno de esos años, los recién instalados superaron las cien mil personas. Los inmigrantes contribuyeron a un rejuvenecimiento de la población y al aumento de la nupcialidad y la natalidad. Hacia 1975 la esperanza media de vida al nacer se situaba por encima de los setenta y cuatro años.

Casi tres cuartas partes del incremento poblacional se concentraron en el área industrial de Barcelona, así como en los enclaves turísticos de la costa catalana. Dos tercios de la población vivía, en 1975, en las comarcas del Barcelonés, Bajo Llobregat, Vallés Occidental y Maresme, y casi el 80 por ciento lo hacía en ciudades de más de diez mil habitantes. Las localidades que más crecieron, en proporción, en la segunda mitad de la década de 1960, fueron Santa Coloma de Gramanet, el Prat de Llobregat y Hospitalet de Llobregat.

Al final del franquismo, las personas nacidas fuera de Cataluña superaban el cincuenta por ciento en comarcas como el Barcelonés y el Bajo Llobregat. En algunos barrios el porcentaje llegó a superar el noventa por ciento, fruto de su concentración en áreas periféricas de las localidades vecinas de Barcelona. Los comportamientos endogámicos menudearon. Las relaciones con la lengua y la cultura catalanas no resultaron simples.

La industria, tras un relativo decaimiento en la larga posguerra, mostró un eminente dinamismo en la segunda mitad del franquismo. El crecimiento de la producción fue muy notable, así como los cambios estructurales. La demanda de automóviles, maquinaria y electrodomésticos, así como las importantes inversiones extranjeras, explican en buena parte esta evolución. Los sectores metalúrgico, de la construcción y químico lideraron el desarrollo.

En el sector del automóvil, la empresa más importante era Seat, llegando a producir unos 300.000 coches en 1973 y ocupando, en la fábrica de Barcelona, a 30.000 trabajadores. Existían numerosas empresas auxiliares y otras que producían tractores, camiones y motocicletas, como Montesa, Derbi, Bultaco u Ossa. En 1975, la provincia de Barcelona reunía a algo más del veinte por ciento de los trabajadores industriales de España.

El suministro de energía barata y abundante contribuyó decisivamente al desarrollo industrial catalán. Lo hicieron posible la construcción de centrales térmicas, embalses y centrales nucleares. Ascó I entró en funcionamiento en 1972. El petróleo ocupó el lugar del carbón. El déficit de viviendas, el crecimiento de la población y la llegada de nuevos inmigrantes, sin olvidar las inversiones públicas en urbanización, puertos, carreteras o autopistas, contribuyeron a la extraordinaria expansión del sector de la construcción. También lo hicieron la demanda de hoteles, apartamentos y segundas residencias.

En cálculos de 1968 se estimaba que el déficit de viviendas era de 80.000 en Barcelona y de 100.000 en el área metropolitana. La edificación de barrios dormitorio como Bellvitge o Ciudad Badía iba a resultar insuficiente. El desorden urbanizador y la negligencia de los ayuntamientos quedó en evidencia, en septiembre de 1962, con motivo de unas importantes riadas que dejaron más de mil muertes y numerosos daños materiales en barriadas de Tarrasa, Rubí, Sabadell, Cerdañola o Ripollet, construidas en general en los lechos o márgenes de riachuelos y ramblas. Franco visitó Cataluña al año siguiente para supervisar las obras de reconstrucción. En la costa, la falta de control y la especulación provocaron casos flagrantes de degradación paisajística irreversible.

En el sector servicios adquirieron una descollante importancia las actividades turísticas. Desde finales de los años cincuenta la costa catalana iba a convertirse en una zona privilegiada del turismo de masas europeo de sol y playa, al que se ofrecían servicios a precios muy competitivos, fruto de los salarios reducidos y de la baja cotización de la peseta. Las plazas hoteleras se multiplicaron por más de seis entre mediados de la década de 1950 y 1970. Los campings y, desde finales de los años sesenta, tanto en la playa como en las zonas de nieve, coincidiendo con la mejora de las economías familiares, las segundas residencias y apartamentos completan el panorama. En 1965 pasaron por Cataluña más de cinco millones de turistas.

En aquellos años continuó el lento proceso de absorción bancario, pero también pareció resurgir el sector en Cataluña a partir de la reconversión de entidades: Banco de Sabadell, Banco Condal, Banco Atlántico, Banca Jover o Banca Catalana. Una parte de la burguesía catalana siguió fuertemente vinculada a la gran banca española, desde los Valls Taberner (Banco Popular Español) hasta los Mateu (Banco Hispano-Americano), pasando por los Güell o los Godó (Banco Central).

El crecimiento económico de la década de 1960 y de los primeros años de la de 1970 estuvo acompañado de un significativo incremento del poder adquisitivo. El número de trabajadores aumentó, así como los salarios. Las muchas horas trabajadas eran una de las principales causantes de la mejora del nivel de vida. Estos avances permitieron que el consumo se disparase, sobre todo el de electrodomésticos, motos y coches. El parque automovilístico se multiplicó por más de tres entre finales de los 50 e inicios de los 70.

El rápido crecimiento de la población puso de manifiesto las graves deficiencias en algunos servicios públicos e infraestructuras básicas. Al margen de la vivienda, las escuelas y guarderías resultaron insuficientes ante las necesidades de la escolarización. Esta alcanzaba solamente, en algunos barrios populares, a seis de cada diez niños. La masificación de las aulas universitarias llevó al nacimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona en 1968. El déficit de camas hospitalarias y ambulatorios era muy elevado, a pesar de la construcción de grandes hospitales, como el de Bellvitge, inaugurado en 1972.

La política estuvo dominada, en la década de 1960, por los denominados tecnócratas. Destacaba, entre ellos, el catalán López Rodó, cuya posición quedó aún más confirmada tras el acceso de Carrero Blanco, en 1967, a la vicepresidencia del gobierno. Impulsaron un intenso desarrollo, pero con limitados cambios políticos, y apostaron por una instauración monárquica.

El número de catalanes o personas estrechamente vinculadas con Cataluña en ministerios y altos cargos aumentó sensiblemente en la etapa de influencia de López Rodó, que, entre 1965 y 1973, fue ministro sin cartera y comisario del Plan de Desarrollo y, en 1973-1974, ministro de Exteriores. En páginas anteriores se hizo referencia a Gual Villalbí, ministro sin cartera desde 1957 hasta 1965. Planell Riera estuvo al frente del ministerio de Industria de 1951 a 1962. García-Ramal fue ministro de Relaciones Sindicales, Fontana de Comercio, Cortina Mauri de Asuntos Exteriores y Martínez Esteruelas, nacido en Hospitalet de Llobregat, de Educación y Ciencia, tras haber fungido como ministro de Planificación del Desarrollo en 1973.

El diplomático Fernández de la Mora, nacido en Barcelona, ocupó numerosos puestos en el ministerio de Asuntos Exteriores y, entre 1970-1974, fue ministro de Obras Públicas. Entre los altos cargos puede destacarse a Cruïlles de Peratallada, Udina Martorell o Samaranch, delegado nacional de Educación física y Deportes entre 1967 y 1970, al que sustituyó en el cargo Gich Bech de Careda, hasta entonces secretario general del FC Barcelona.

Los gobernadores civiles siguieron siendo, en esta etapa, los personajes clave del poder del estado en provincias. En Barcelona, donde el gobierno civil tenía una especial importancia, predominaron a su frente los militares y los no nacidos en el territorio. No fue así, sin embargo, en las otras provincias catalanas, con personajes como Hellín, Pagés Costart, Aigé o Anguera. Las diputaciones, a pesar del aumento de los presupuestos, continuaron con una vida política más bien lánguida. Para algunos de sus presidentes, mayormente notables de la provincia, constituyeron un premio o una puerta de acceso a puestos de mayor responsabilidad como los gobiernos civiles.

La burguesía catalana, que se hallaba entre los beneficiarios principales del gran crecimiento económico español del momento, dio su apoyo a las políticas de los tecnócratas. La mayoría del empresariado se encontraba relativamente cómoda en el franquismo, aprovechando la falta de libertades y control social. A pesar de las discrepancias sobre algunos puntos, no estaba dispuesta, en general, a evidenciarlas de forma pública. Porcioles, alcalde de Barcelona entre 1957 y 1973, se erigió en el contacto esencial entre estos grupos y el régimen. El extraordinario y algo descontrolado crecimiento urbano del área capitalina y las obras públicas permitieron hacer excelentes negocios.

En un panorama caracterizado por el individualismo y el retraimiento, resultaban excepcionales iniciativas como el Círculo de Economía, fundado en 1958 por un núcleo de jóvenes empresarios inquietos, influidos por el historiador Vicens Vives y partidarios de una total liberalización e integración europea, desde Ferrer Salat y Suqué hasta Güell de Sentmenat y Mas Cantí.

La ley de prensa, impulsada por Fraga en 1966, introdujo una cierta liberalización, suprimiendo la censura previa. En el mismo año se celebró el referéndum sobre la nueva ley orgánica del estado, con amplia participación y votos positivos, y en 1967 tuvieron lugar las primeras elecciones de procuradores por el llamado tercio familiar. Aunque se mantenía intacto el discurso sobre la inalterabilidad de los manidos principios del Movimiento, una apertura del régimen parecía vislumbrarse. Nada que ver, no obstante, con la democracia. Las tensiones en el interior de la cúpula de poder menudearon, entre partidarios y contrarios a toda reforma, a los que el estallido del caso Matesa dio munición.

El impulso de las oposiciones políticas y los movimientos sociales, a finales de la década de 1960, puso en guardia al franquismo. El estado de excepción de 1969 constituye un buen ejemplo de ello. La contradicción abierta entre una España en transformación y el inmovilismo excesivo del régimen era cada vez más evidente. A pesar de todo, la dictadura nunca estuvo realmente amenazada.

En la década de 1960, la confluencia del ambiente generado por el Concilio Vaticano II y los cambios que estaban teniendo lugar en España provocó un cuestionamiento del papel de la iglesia católica en el franquismo. La propia renovación generacional en su base iba a coadyuvar a ello. El mantenimiento de la estrecha vinculación de la jerarquía con el régimen fue objeto de crítica, desencadenando numerosos conflictos entre aquella y curas y laicos. Las declaraciones de Escarré al diario Le Monde, en noviembre de 1963, criticando al franquismo y denunciando la falta de libertades, provocaron un auténtico terremoto.

Muchos eclesiásticos y cristianos de base participaron en las luchas sociales de la época, ya fuese desde Comisiones Obreras o bien desde la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana, cuya radicalización llevó a la Conferencia Episcopal a silenciarlas. No faltaron los denominados curas obreros ni las propuestas para compatibilizar fe religiosa y marxismo, aunque no debiera exagerarse el peso real de estos grupos en el seno de una iglesia en donde el conservadurismo y el tradicionalismo seguían siendo importantes. En cualquier caso, el descenso de la práctica religiosa en los años 60 y 70 estuvo acompañado de una amplia desaparición de las sotanas, una caída de las vocaciones y una destacada secularización de sacerdotes.

Los movimientos sociales experimentaron una destacable reactivación desde mediados de los años 60. El surgimiento de las Comisiones Obreras catalanas, en una asamblea de trabajadores de los principales sectores industriales y de servicios celebrada en la barcelonesa parroquia de San Medir, en noviembre de 1964, constituyó la principal novedad de la época por lo que al activismo obrero se refiere. Confluyeron comunistas, socialistas, católicos, carlistas e independientes.

Comisiones Obreras apoyó la participación en las elecciones sindicales oficiales, obteniendo, en 1966, excelentes resultados, que provocaron inquietud entre las autoridades y un despliegue represivo contra los dirigentes. Una sentencia del Tribunal Supremo, en marzo de 1967, las declaraba ilegales. En la provincia de Barcelona se perdieron, en 1970, más de 2,3 millones de horas de trabajo, y, al año siguiente, casi cuatro millones. Implantadas en especial en la capital y su periferia y en otras zonas industriales, Comisiones incorporó a las plataformas reivindicativas demandas de tipo político.

Paralelamente tomaron cuerpo las movilizaciones estudiantiles, en una universidad en rápido crecimiento y fuertemente politizada. El 9 de marzo de 1966 mediomillar de representantes constituyeron el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona en el convento de los capuchinos de Sarriá. Se produjo un asedio policial, que terminó con la entrada en el recinto de las fuerzas del orden el 11 y la identificación y detención de los reunidos. Estos hechos se conocen con el nombre de la Capuchinada. La obra represiva contra el sindicato, en los años siguientes, dio paso a una radicalización del movimiento estudiantil, dominado por grupos y grupúsculos de extrema izquierda y por formas asamblearias y escasamente estables. En enero de 1969 tuvo lugar el asalto al rectorado de la Universidad de Barcelona, que impelió a las autoridades a declarar el estado de excepción.

Al movimiento obrero y estudiantil se unió, en aquel entonces, el vecinal, que empezó de manera descoordinada con denuncias contra la deficiencia de los servicios públicos, la mala calidad de las construcciones o la falta de iluminación, alcantarillado o pavimento en las calles, unos problemas que afectaban máxime a los nuevos barrios de la capital y su área metropolitana. En la década de 1970 las movilizaciones se extendieron y articularon. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona fue reconocida en 1974.

El PSUC estuvo implicado en todos los anteriores frentes sociales, amén de contar con la adhesión de numerosos intelectuales y profesionales. Se convirtió en la fuerza hegemónica entre las oposiciones a la dictadura. Desde 1965, en el II Congreso, López Raimundo dirigió oficialmente el partido. Esta formación logró salir del aislamiento al que había sido sometida por otras fuerzas tras 1939 y el anticomunismo de la guerra fría. Sus bases vivieron un proceso de rejuvenecimiento.

La opción unitaria y de reconciliación nacional hizo que contribuyera decisivamente al impulso de la Mesa Redonda, en 1966, tras la Capuchinada, y, un lustro después, de la Asamblea de Cataluña. En 1964 impulsaron el Movimiento Democrático de Mujeres. El PSUC mantuvo una amplia autonomía con respecto al PCE y se frenaron los intentos fusionistas. El partido y el sindicato CCOO, que se definían como organizaciones de clase y nacionales, representaron un papel esencial a la hora de poner en contacto a los inmigrantes con la lengua catalana y la llamada realidad nacional de Cataluña.

Otros grupos, como el FOC, el MSC o el FNC, pasaron por momentos complicados en los últimos años de la década de 1960. El primero se rompió en mil pedazos tras su IV Conferencia, en junio de 1969, dando lugar desde el año anterior a numerosos grupúsculos de extrema izquierda. El segundo se dividió entre el interior, mayoritariamente partidario de la acción unitaria de izquierdas y que lideraban Reventós y Obiols, y los exiliados, encabezados por Pallach, algo más moderados y anticomunistas. La izquierda catalana vivió un momento de intensa crisis y ebullición entre 1968 y 1971. Una escisión de jóvenes marxistas e independentistas en el FNC, finalmente, dio lugar al surgimiento del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) en marzo de 1969.

En los años 60 tuvo lugar un notable desarrollo de la vida cultural en lengua catalana con la creación de nuevas entidades, publicaciones, premios, editoriales y el fenómeno de la llamada nova cançó. Una pequeña parte de la burguesía catalana contribuyó decisivamente a su financiación. En 1961 nació Òmnium Cultural con el objetivo de defender la cultura e impulsar la enseñanza de la lengua catalana, siendo su primer presidente Millet Maristany. Entre los fundadores se encontraban otros empresarios como Cendrós, Carulla, Riera o Vallvé. En 1967 Òmnium organizó la campaña «Català a l’escola». Contaba con más de diez mil socios a principios de la década de 1970.

En 1961 también se creó la discográfica Edigsa para promocionar la canción catalana y, cuatro años después, Concèntric. Edicions 62 fue fundada en 1962. En 1969 vieron la luz las primeras entregas de la Gran Enciclopèdia Catalana, impulsada inicialmente por Max Canher y Jordi Carbonell. Tras una importante crisis, Jordi Pujol y Banca Catalana asumieron su publicación.

La nova cançó reivindicaba un uso normal de la lengua catalana en la canción y acabó vehiculando algunas de las reivindicaciones del antifranquismo. Porter Moix, Margarit y Espinàs fundaron, en 1961, el grupo Els Setze Jutges. Al trío inicial se le unieron pronto nuevos «jueces», algunos de ellos valencianos y mallorquines: Delfí Abella, Francesc Pi de la Serra, Enric Barbat, Xavier Elies, Guillermina Motta, Maria del Carme Girau, Martí Llauradó, Joan Ramon Bonet, Maria Amèlia Pedrerol, Joan Manuel Serrat, Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs y, ya en 1967, Lluís Llach. Estuvo vinculado inicialmente al grupo el cantautor de Játiva Raimon, que grabó en 1963 Al vent.

A medida que algunos de los miembros de Els Setze Jutges fueron adquiriendo popularidad y entraron en la vía de la profesionalización, los impulsores se retiraron. La nova cançó iba a convertirse en un fenómeno de masas, a lo que contribuyó el programa radiofónico Radioscope de Salvador Escamilla. Los recitales y los discos ampliaban poco a poco el público. Llach cosechó elogios con Campanades a morts (1977) y Verges 50 (1980). El disco Mediterráneo, uno de los más populares de Serrat, vio la luz en 1971.

La expresión nova cançó iba a dejar paso a otra, cançó catalana. Desde finales de los años 60 e inicios de la década siguiente se incorporó una pléyade de cantautores y grupos, entre los que se puede citar a Celdoni Fonoll, Joan Isaac, Ramon Muntaner, Ovidi Montllor, Marina Rossell o Pere Tàpias, así como La Trinca, Esquirols o la Companyia Elèctrica Dharma.

A finales de la década de 1960 surgió también el Grup de Folk, con Jaume Arnella, Xesco Boix, Oriol Tramvia, Pau Riba o Jaume Sisa. Algunos de sus miembros iban a integrarse más adelante en la denominada Onda layetana, con base en la sala Zeleste y de la que también formaron parte Manel Joseph y la Orquestra Platería. Sisa es uno de los artistas más geniales de esta generación e intérprete de una canción de mágica belleza, «Qualsevol nit pot sortir el sol» (1975). A finales de los años 70 e inicios de los 80 actuó con el grupo Dagoll Dagom y su otro yo, Ricardo Solfa, se instaló por un tiempo en Madrid a mediados de los años ochenta. Con la llegada de la democracia, la canción catalana experimentó una profunda crisis, aunque algún autor continuara en primera línea.

El fenómeno nova cançó fue coetáneo de otros que tuvieron un gran éxito en los años 60: un conjunto excepcional de intérpretes de boleros y baladas, entre los que destacaron José Guardiola, Salomé, Ramón Calduch, Moncho o Dyango; el boom de la música pop (Los Sírex, Dúo Dinámico, Los Diablos) o rock (Los Salvajes, Los Mustang); la rumba catalana, en cuyos orígenes destacaron Josep Maria Valentí Chacho, Antonio González El Pescaílla y Pedro Pubill, más conocido como Peret, a los que se sumaron en los años 70 Los Amaya y Rumba Tres, y, posteriormente, Gato Pérez. No resulta posible olvidarse, en otro orden de cosas, del pianista de jazz Tete Montoliu.

En las tablas operísticas triunfaron, desde la década de 1960, la soprano Montserrat Caballé y los tenores Aragall y, unos pocos años más tarde, Carreras; Jordi Savall lo ha hecho, desde los años setenta, como musicólogo y violagambista. Entre los compositores puede citarse a Guinjoan, Benguerel y Mestres.

En el campo teatral sobresalieron el grupo Els Joglars —fundado a principios de los años 60 por Albert Boadella, Antoni Font y Carlota Soldevila—, Els Comediants, Dagoll Dagom, Tricicle y La Fura dels Baus; Salvat y la Escuela de Arte Dramático Adrià Gual; los actores Capri, Garsaball, Nuria Espert, Flotats y Rosa Novell; o, entre otros, los dramaturgos Regàs, Teixidor y Benet i Jornet. En 1976 se fundó el Teatre Lliure.

La escuela de Barcelona tuvo un destacado papel en el cine español. Una de las películas más representativas fue Fata Morgana (1966), de Vicente Aranda. Otros directores catalanes importantes de las décadas de 1960 y 1970 fueron Portabella, Camino, Bigas Luna, Esteva, Jordà, Bellmunt, Pons o Ribas, que en 1976 estrenó la película histórica La ciutat cremada. La lista de destacados fotógrafos no es menos corta: Masats, Català-Roca, Miserachs, Colom, Maspons, Pomés o Colita. Entre los diseñadores y arquitectos más reputados encontramos a Bohigas, Bofill, Tusquets, Clotet, Ricard, Correa, Milà o Mariscal.

La mayoría de los artistas y escritores citados en el anterior apartado de este capítulo continuaron con su obra. Añadamos, entre los pintores y escultores, a Llimós, Amat, Arranz Bravo, Viladecans, Hernández Pijoan, Clavé, Corberó, Nazario o, entre los que empezaban a exponer a finales de la década de 1970 e inicios de la siguiente, a Perico Pastor y Jaume Plensa. En 1963 abrió las puertas el Museo Picasso y, en 1975, la Fundación Miró.

Entre los poetas, podemos sumar a Martí i Pol, Feliu Formosa, Miquel de Palol y Maria Mercè Marçal, en catalán, así como a Gimferrer, que cultiva el género tanto en esta lengua como en castellano y ha escrito, asimismo, novela y artículos literarios. Y, entre los narradores, Montserrat Roig, Porcel, Carme Riera y Monzó, en catalán, y, en lengua castellana, Marsé, Vázquez Montalbán, Mendoza y Ana María Moix. El hermano de esta última, Terenci, es autor de una extensa obra en ambas lenguas. La Barcelona de los años 60 e inicios de los 70 acogió a algunos de los principales escritores del denominado boom latinoamericano. Las buenas editoriales de la ciudad, así como la presencia de la agente literaria Carmen Balcells, explican parcialmente esta confluencia.

La prensa vivió algunos cambios reseñables. A finales de los años cincuenta, El Correo Catalán pasó de manos carlistas a las de los industriales textiles e introdujo notables cambios a todos los niveles, virando hacia el catalanismo y multiplicando su tirada. A mediados de los setenta lo adquirió un grupo controlado por Jordi Pujol y, a inicios de la década siguiente, entró en una fuerte crisis, desapareciendo en 1985.

El diario Tele/eXprés vio la luz en 1964 y fue dirigido, entre otros periodistas, por Sempronio, Agustí, Sentís e Ibáñez Escofet. Colaboraron en sus páginas, entre otros muchos, Vázquez Montalbán y Joan de Sagarra. La empresa editora del diario lanzó, en 1966, el semanario en lengua catalana Tele/Estel, dirigido por Sempronio. En abril de 1976 salió a la calle por vez primera el diario en catalán Avui. El semanario deportivo Dicen se convirtió, en 1965, en diario, mientras que en 1979 empezó a publicarse Sport, sumándose, en Barcelona, al anterior y a El Mundo Deportivo.

El semanario Destino ahondó en la década de 1960 su viraje catalanista y liberal, no escapando de las multas y las suspensiones. La revista Canigó fue creada en 1954 en Figueras, mientras que en 1961 vio la luz, en Vic, Oriflama y, cuatro años después, en Gerona, Presència. En los años 70 nacieron Recerques, L’Avenç y Els Marges. En Barcelona se editaron varias revistas humorísticas y satíricas en los años sesenta y setenta: Mata Ratos, Barrabás, El Papus —en 1977 la Triple A atentó con una carta bomba contra la redacción— o Por Favor. En 1976 se echó al mundo Interviú, base inicial del grupo Zeta de Asensio.

Aunque la radio siguiera ocupando un importante lugar en la vida de los hombres y mujeres, la novedad de la época fue, sin lugar a dudas, la televisión. Lasprimeras señales de Televisión Española pudieron captarse en tierras catalanas en febrero de 1959. Desde mediados de aquel año funcionaron los estudios de Miramar —el 14 de julio, Balcón del Mediterráneo, presentado por José Luis Barcelona, inauguraba las emisiones regulares—, donde se producían en los primeros años numerosos programas. En 1966 empezó a emitir regularmente, unas horas al día, la segunda cadena de televisión, conocida, por razón de la tecnología usada, como la UHF. Casi la mitad de los programas se realizaban en los estudios barceloneses. En la década de 1970 la presencia de la lengua catalana aumentó sensiblemente en la pequeña pantalla.

La crisis del petróleo de 1973 afectó de manera muy negativa a la economía, que en aquellos momentos estaba mostrando ya una clara tendencia inflacionaria. La fuerte dependencia exterior, tanto por lo que a materias primeras y energía se refiere como a inversiones y tecnología, la convertían en vulnerable. Con la multiplicación de los precios del petróleo subieron también los de los productos básicos, mientras que se desplomaron las inversiones extranjeras, se frenó el consumo y cayó el volumen de exportaciones, además de disminuir el número de turistas. Los gobiernos del franquismo terminal no intervinieron decididamente, alargando la recesión. Esta atañó a todos los sectores de la industria, en especial al del metal.

Los tiempos del pleno empleo quedaron atrás; en 1977, más de cien mil personas estaban desocupadas. El índice de paro se situaba en Cataluña, en la primera mitad de los años ochenta, alrededor del veinte por ciento, superando excepcionalmente la media nacional. La inflación estuvo a la orden del día, así como la pérdida de poder adquisitivo, el freno a la nupcialidad, la natalidad y los flujos migratorios y el incremento de las protestas sociales.

El estado de excepción de 1969 y las acciones represivas habían estimulado los contactos entre las oposiciones al franquismo. A finales de aquel año se formó la Comisión Coordinadora de Fuerzas Políticas de Cataluña, integrada por PSUC, FNC, MSC y UDC, además de una parte de ERC, que se unió inmediatamente después. El proceso de Burgos y la petición de penas de muerte para seis miembros de ETA puso en marcha a los movimientos políticos, sindicales y estudiantiles opositores y originó un encierro, en diciembre de 1970, de más de 250 escritores, artistas, cantantes, actores, cineastas y profesionales en Montserrat, que constituyeron la Asamblea Permanente de Intelectuales catalanes.

En 1971 surgió la Asamblea de Cataluña, una plataforma política y social unitaria que agrupaba a partidos, sindicatos, colegios profesionales, entidades culturales, comunidades cristianas y asociaciones de vecinos en torno a un programa de cuatro puntos: amnistía, libertades políticas, estatuto de autonomía y coordinación con las otras fuerzas democráticas españolas. En lo ideológico abarcaba desde la democracia cristiana hasta la extrema izquierda. El hecho de que la Asamblea se hubiera avanzado sensiblemente con respecto a las plataformas unitarias de ámbito español otorgó prestigio al antifranquismo catalán.

La aparición, desaparición, fusión, escisión y alianzas múltiples de partidos políticos, identificados por siglas con diferencias mínimas como en una gran sopa deletras, singularizó la primera mitad de la década de 1970 y los albores del posfranquismo. Mientras que el PSUC se reforzaba a partir de su propio dinamismo —Bandera Roja de Cataluña, escindida de la BR inicial e integrada por buena parte de la vieja dirección, con Borja y Solé Tura a la cabeza, se reincorporó en 1974—, la extrema izquierda seguía muy fragmentada. El FNC sufrió una nueva escisión en 1973, con el surgimiento del efímero Partit Popular de Catalunya. Tampoco elPSAN se escapó de las fugas, como muestra el PSAN-Provisional, creado en 1974 y próximo a los postulados del nacionalismo vasco armado.

En el espacio socialista convivían varios grupos: el Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, formado por Pallach en 1974, al que se unió inicialmente la ERC de Barrera; la federación catalana del PSOE, que encabezaba Triginer; Convergència Socialista de Catalunya, que integró al MSC de Reventós y a otros núcleos procedentes del FOC y de Força Socialista Federal, una evolución a la izquierda del viejo CC galiniano y pujolista; o, asimismo, el Partit Carlí de Catalunya.

En Montserrat se fundó, en 1974, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que se definía como nacionalista y de centroizquierda, con Jordi Pujol al frente, secundado por Miquel Roca Junyent. UDC, que había estado en el proceso de génesis de esta formación, pronto se desvinculó. Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) tenía su origen en el grupo Llibertat i Democràcia Social, reconocido desde 1974 por la Internacional Liberal, y estuvo dirigida por Ramon Trias Fargas.

A finales de 1975 se estableció el Centre Català, dirigido por Mas Cantí y Joaquim Molins y promovido por empresarios como Ferrer Salat o Güell de Sentmenat. Los intentos de refundar la Lliga tuvieron escaso éxito. En abril y mayo de 1975 las principales fuerzas de la oposición se presentaron públicamente, ante la tolerancia desconfiada del gobernador civil de Barcelona Martín Villa, en el ciclo de conferencias «Las terceras vías en Europa»: demócrata-cristianos (Cañellas), liberales (Trias Fargas), nacionalistas (Pujol), socialdemócratas (Pallach), socialistas (Reventós) y comunistas (Solé Barberà).

Franco visitó Cataluña por última vez en 1970. El apoyo a la dictadura estaba erosionado, pero no era en absoluto inexistente. El panorama se hizo en los años siguientes más complejo e inestable. Nada estaba, sin embargo, escrito de antemano —ni atado y bien atado, ni con la revolución en la otra esquina—, aunque se hicieron muchos esfuerzos, de unas partes y de otras, para que así fuera. La agitación política, obrera y universitaria aumentó. En 1974 se perdieron más de cinco millones de horas de trabajo. Comisiones Obreras promovió en julio una huelga general de una semana en el Bajo Llobregat. Aquel mismo año tuvo lugar el nacimiento del sindicato agrario Unió de Pagesos. En las elecciones sindicales de 1975 se impusieron las candidaturas apoyadas por Comisiones, Unión Sindical Obrera (USO) y los grupos de izquierda, en lo que supuso un golpe mortal a los sindicatos verticales.

En las universidades, en donde la politización de los estudiantes había alcanzado niveles muy elevados, los profesores no numerarios —los PNNs— organizaron un importante movimiento de protesta desde 1972, culminado en la huelga indefinida de la primera mitad de 1975. En 1974 se constituyó la clandestina Unión Militar Democrática. A nivel ciudadano, la campaña por los ayuntamientos democráticos de 1975 tuvo un gran eco.

La otra cara de la moneda era la represión, que se cebó especialmente en la prensa y en los periodistas, los participantes en protestas contra el régimen o el orden social y en miembros de agrupaciones radicalizadas, como puso de manifiesto la ejecución de Puig Antich, activista del Movimiento Ibérico de Liberación, en marzo de 1974. El asesinato de Carrero Blanco, en 1973, había dado aire a las oposiciones, al tiempo que impedía toda vuelta atrás. Incluso la clase política oficial comenzó a organizarse, aprovechando el estatuto de asociaciones políticas (1974): a Unión del Pueblo Español se sumaron Martínez Esteruelas, Samaranch, Calviño de Sebucedo o Pablo Porta; a Unión Democrática Española, Udina Martorell, que creó una sección regional llamada Unió Catalana; a Unión Nacional Española, Colomer y Fernández de la Mora; o, por último, a Asociación Nacional para el Estudio de Problemas Actuales, Viola, alcalde de Barcelona desde septiembre de 1975. La muerte de Franco en una cama de hospital, en noviembre de 1975, abrió las puertas al cambio.

EN EL PAÍS DE LAS AUTONOMÍAS

A fines de 1975 se formó el Consejo de Fuerzas Políticas de Cataluña, integrado por once partidos: CDC, EDC, UDC, ERC, FNC, Partit Popular, Partit Carlí, Reagrupament Socialista, Convergència Socialista, PSAN y PSUC. A diferencia de la Assemblea, a la que va a restar protagonismo, en el Consell la composición era menos favorable a las izquierdas. Ambas plataformas iban a coexistir en los meses siguientes. La Asamblea organizó, el 8 febrero de 1976, una manifestación en Barcelona para reclamar «Llibertat, Amnistia i Estatut d’autonomia».

La Asamblea preparó, asimismo, el 11 de septiembre de 1976, los actos de la Diada en San Boi de Llobregat, en los que intervinieron Roca Junyent, Saltor y Carbonell, representando, respectivamente, al Consejo, los partidos de oposición no encuadrados en las plataformas unitarias y la Asamblea. Asistieron, según los medios de comunicación de la época, entre 30 y 100 mil personas. En verano habían tenido lugar, a iniciativa de Pax Christi, un conjunto de marchas desde distintos puntos de Cataluña conocidas con el nombre de «Marxa de la Llibertat». Uno de los principales promotores fue el sacerdote Xirinachs.

En febrero de 1976 Juan Carlos I y Sofía visitaron Cataluña. El monarca pronunció una parte del discurso en el salón del Tinell en catalán. El gobierno, reunido en Barcelona con motivo de la presencia real, aprobó un decreto para crear una comisión para el estudio de un régimen especial para las provincias catalanas. La presidió Mayor Zaragoza, siendo su auténtico hacedor Samaranch desde la Diputación de Barcelona.

A fin de comprender las tensiones del momento y los múltiples pulsos que se estaban echando resulta imprescindible considerar que, al tiempo, varios movimientos y acciones estaban teniendo lugar, en ocasiones con evidentes interrelaciones con la movilización política. Los estudiantes y penenes seguían en lucha, emergía públicamente el feminismo, la prensa vivía nuevos aires de libertad y los conflictos obreros adquirían alarmantes dimensiones, como se vio en los dos primeros meses de 1976 con las huelgas generales del Bajo Llobregat y de Sabadell. Las asociaciones vecinales se enfrentaron reiteradamente con el alcalde de Barcelona Viola, que fue sustituido, en diciembre de 1976, por Socias Humbert, formado en el sindicalismo vertical pero con voluntad aperturista. Su etapa al frente del ayuntamiento de la ciudad condal estuvo marcada por importantes planes urbanísticos.

El Consell y la Assemblea mantuvieron fecundos contactos con las plataformas opositoras de ámbito español. En cambio, las relaciones de las entidades con Tarradellas fueron siempre tensas a consecuencia de la voluntad del veterano político republicano de controlar todas las iniciativas. Era especialmente reticente frente al PSUC y a Pujol, que veía como competidor.

Suárez sustituyó a Arias Navarro en la presidencia del gobierno en julio de 1976. La evolución hacia la democracia iba a constituir una de las características de los meses siguientes. El 15 de diciembre se celebró un referéndum sobre la ley para la reforma política, que desmantelaba las estructuras del franquismo. A pesar de las consignas de la oposición de optar por la abstención, esta alcanzó solamente el 26 por ciento. La inmensa mayoría de los catalanes que acudieron a las urnas votaron afirmativamente. Los resultados mostraban, en primer lugar, la voluntad de la población de pasar página sin rompimientos bruscos y echando al olvido viejas querellas, y, en segundo, la fuerza insuficiente de las oposiciones para seguir defendiendo la ruptura.

Poco a poco se hicieron pasos decisivos en la vía de la democratización. Los partidos y sindicatos fueron legalizándose, incluso los comunistas. Fuera quedaron, en un primer momento, los carlistas, la extrema izquierda y los independentistas. La Asamblea de Cataluña, cada vez más apagada frente al nuevo escenario partidista, impulsó la campaña «Volem l’Estatut».

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron el triunfo en España a la UCD de Suárez, que se acercó a la mayoría absoluta, con 165 diputados, seguida del PSOE, con 118. A bastante distancia se situaban el PCE y AP —creada formalmente a finales de 1976 como federación de siete partidos, entre los cuales Acción Regional, de López Rodó—, con 20 y 16 escaños respectivamente.

En Cataluña se impuso el PSC-PSOE —la coalición Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), formalizada en primavera, reunía al PS (Congrés), sucesor de Convergència Socialista, y a la federación catalana del PSOE—, que obtuvo un 28,4 por ciento de los votos, mientras que el PSUC quedaba, algo sorpresivamente, en segundo lugar, con el 18,3. UCD obtuvo el 16,9 por ciento de los votos y la coalición Pacte Democràtic per Catalunya —CDC, ECD, FNC y el Partit Socialista (exReagrupament), cuyo presidente Pallach había fallecido meses antes—, liderada por Pujol, el 16,88. La Unió del Centre i la Democràcia Cristiana de Catalunya, que reunía a UDC y el Centre Català, se quedó en un 5,67 por ciento. AP-Convivència Catalana, con López Rodó y Udina Martorell a la cabeza, solamente consiguió un 3,55 por ciento. Esquerra de Catalunya-Front Electoral Democràtic, finalmente, se hizo con el 4,72 y un diputado. En el Senado, la coalición socialista-comunista-republicana Entesa dels Catalans se impuso en las cuatro circunscripciones.

Estos resultados, en los que la victoria de las izquierdas y de las opciones abiertamente autonomistas resultaba nítida, precipitó la puesta en marcha de la «operación Tarradellas». El proyecto de régimen especial y el Consejo General de Cataluña, creado por decreto en marzo, mostraron, en aquel contexto, su inviabilidad. Dejando al margen a los nuevos parlamentarios —en junio, diputados y senadores de las provincias catalanas habían constituido la Asamblea de parlamentarios— y a los partidos, el ejecutivo entró directamente en contacto con el ilustre exiliado. A diferencia de lo que pretendían los partidos catalanes, Tarradellas se trasladó a Madrid, en junio de 1977, para entrevistarse con Suárez y el rey y negociar el restablecimiento de la Generalidad.

Tras el verano las cosas se aceleraron. Contribuyó sin duda a ello la multitudinaria manifestación unitaria del 11 de septiembre, que reunió según la leyenda a un millón de personas. Un decreto del gobierno restablecía la Generalitat a finales de mes. El president volvió a Barcelona el 23 de octubre, recibido por miles de personas. «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí» dijo, desde el balcón del palacio de la Generalidad, a los concentrados. Aunque la institución restaurada tuviera escasas competencias, las de la Diputación de Barcelona en puridad, Tarradellas formó gobierno con los líderes de las principales fuerzas parlamentarias y otros consejeros de su elección. Entre sus decretos destaca el de la enseñanza obligatoria del catalán en el sistema educativo.

El 15 de octubre de 1977 se promulgó la ley de Amnistía. En los meses siguientes se elaboró una nueva constitución. Formaron parte de la comisión redactora del anteproyecto Roca Junyent (CDC) y Solé Tura (PSUC). Tras proclamar «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», la Constitución «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran». Con el término nacionalidades, que dio pie a largas discusiones, se evocaban las particularidades de los casos catalán, vasco y gallego. Pero se ofrecía a los otros territorios, en algunos de los cuales se estaban desarrollando importantes movimientos regionalistas, la posibilidad de erigirse en autonomías.

El estado, reza el artículo 137 del título VIII, «se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan». Era la base del nuevo estado de las autonomías con el que se pretendía resolver los problemas provocados, a lo largo del siglo XX, por la cuestión nacional y territorial. El referéndum para ratificar la Constitución se celebró el 6 de diciembre de 1978. En Cataluña la abstención se situó en poco más del 32 por ciento y el sí obtuvo más del 90 por ciento de los votos, por encima de la media nacional.

Las elecciones generales del 1 de marzo 1979 presentaron en Cataluña pocos cambios con respecto a 1977. Acaso lo que más se modificó fueron las siglas de partidos y coaliciones. El Partit Socialista de Catalunya (PSC-PSOE), en el que se habían fusionado el PS (Congrés), la federación catalana del PSOE y el Partit Socialista (Reagrupament), obtuvo el 29,67 por ciento de los votos, seguido de Centristes de Catalunya-UCD con el 19,35. El PSUC bajó al tercer puesto (17,38) y la nueva Convergència i Unió (CiU) —CDC, que había absorbido a EDC, se coaligaba con UDC— se quedó en 16,38. Lejos se situaron ERC-FNC (4,18) y Coalición Democrática (3,65).

El 3 de abril de 1979, los comicios locales dieron las mayorías a PSC-PSOE y PSUC en las grandes ciudades y en el cinturón industrial barcelonés, mientras que en poblaciones pequeñas y zonas rurales se impuso CiU, que obtuvo globalmente más concejales. En las capitales provinciales fueron elegidos, como primeros alcaldes democráticos, Narcís Serra (Barcelona), Joaquim Nadal (Gerona), Antoni Siurana (Lérida) y Josep Maria Recasens (Tarragona).

En los años setenta surgieron varios grupos terroristas en Cataluña, con la independencia por bandera, como el Front d’Alliberament de Catalunya y la Organització de Lluita Armada. La banda más activa fue el Exèrcit Popular Català (EPOCA), inspirado por Batista i Roca y fundado por Martínez Vendrell, un grupo tristemente célebre por el asesinato de José María Bultó, presidente de la química Cros, en 1977, y, al año siguiente, muy posiblemente —los hechos resultan algo confusos—, del exalcalde Viola, junto con su esposa. Algunos de los militantes de EPOCA se integraron en Terra Lliure.

Aunque el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña no fuera aprobado hasta después de las elecciones de 1979, los trabajos habían empezado mucho antes. Se descartó entonces el concierto económico. El resultado fue el estatuto de Sau. En agosto de 1979 fue aprobado por la comisión de asuntos constitucionales después de alguno que otro recorte, en especial en el capítulo de economía y finanzas. En determinados puntos, como educación, cultura, política lingüística, sanidad u obras públicas, las competencias eran mucho más amplias que en el estatuto republicano, mientras que en orden público o justicia eran inferiores. Se mantenían las diputaciones provinciales y los gobiernos civiles. Muchas cuestiones quedaban abiertas para ser reguladas en el futuro por el parlament. Cataluña era definida como una nacionalidad y el catalán como lengua propia, cooficial junto con el español.

El 25 de octubre de 1979 se celebró el referéndum sobre el Estatuto. La participación fue bastante más baja que en las votaciones sobre la Constitución, superando ligeramente la abstención el 40 por ciento. La acumulación de citas electorales, los efectos desmovilizadores de la crisis económica y el paro y, asimismo, las dudas entre algunos sectores de la población sobre los beneficios de la autonomía permiten explicar, en buena medida, la baja participación. Más del 88 por ciento de los votantes se inclinaron por el sí.

En las primeras elecciones al nuevo parlament, celebradas el 20 de marzo de 1980, CiU obtuvo 43 diputados (encabezados por Pujol), por delante de PSC-PSOEcon 33 (Reventós), PSUC con 25 (Benet), CC-UCD con 18 (Cañellas), ERC con 14 (Barrera) y Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz con 2 (Hidalgo). La abstención fue del 38,67 por ciento. Muchas previsiones erraron y las izquierdas perdieron la hegemonía de la que habían disfrutado en años precedentes.

Jordi Pujol, una persona de notable talla política, se convirtió en presidente de la Generalidad, un cargo que iba a ostentar a lo largo de más de veintitrés años. En este tiempo al frente de la principal institución catalana se dedicó plenamente, para decirlo con una expresión cara a este político y que condensa sus ideas, a la tarea de construir Cataluña. Era, en fin de cuentas, la continuación lógica de hacer país —uno de los lemas identificadores del pujolismo— que le ocupara desde su juventud.

La nacionalización o renacionalización de la sociedad constituyó el elemento central del cometido al que se libró el pujolismo, desde las instituciones autonómicas, a partir de 1980. Esta ha sido posible gracias, entre otras cosas más, a la llamada normalización lingüística —una ley fue aprobada ya en 1983—, las estructuras culturales bautizadas como nacionales, el control de los medios de comunicación o el reclamo funcionarial. En los cuatro casos, los resultados han sido globalmente exitosos para los intereses del nacionalismo.

La primera emisión de TV3, el canal principal de Televisió de Catalunya —parte de la Corporación Catalana de Radio y Televisión, rebautizada en 2007 como Corporación de Medios Audiovisuales—, tuvo lugar, en pruebas, la víspera del 11 de septiembre de 1983, mientras que en enero de 1984 empezó la programación normal. El Canal 33 iba a sumarse en 1988. Los recursos invertidos en crear, mantener y desarrollar una televisión catalana, en catalán y nacional han sido ingentes, a la altura de la misión que se le había atribuido.

Pujol formó gobierno en minoría, aunque con el apoyo parlamentario de ERC y también de CC-UCD. Barrera, que había conseguido hacer renacer el viejo partido de Macià y Companys, asumió la presidencia del parlamento. El primer gobierno Pujol, que funcionó hasta 1984, contaba con un adjunto a la presidencia, Miquel Coll Alentorn, de UDC, y un total de once consejerías.

La tarea fundamental de este gobierno consistió en conseguir un máximo de competencias, lo que en un primer momento, hasta febrero de 1981, no resultó difícil puesto que Suárez necesitaba los votos de CiU en el congreso. Tras el fallido golpe de estado del 23-F y la formación del gobierno Calvo Sotelo, el proceso autonómico se ralentizó, aprobándose, con el apoyo de PSOE y UCD, la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Pujol se arrogó el papel de gran defensor de las competencias amenazadas e hizo un amplio despliegue de victimismo, que tuvo efectos muy negativos en el Partido Socialista, tildado de sucursalista y anticatalán. La otra obra gubernamental destacada en estos primeros años ochenta fue la puesta en funcionamiento de la nueva administración autonómica. La amplia oferta de empleo público iba a favorecer un clientelismo nuevo.

El nacionalismo más radical quedó reforzado, como muestra el desarrollo de entidades como la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes —la Crida—, una plataforma creada en 1981 como movimiento cívico de respuesta al Manifiesto de los 2300, en el que se denunciaba la discriminación lingüística de los castellanohablantes y las nuevas políticas de inmersión; entre las movilizaciones cridaires destacan la campaña «Som una Nació» o la organizada contra la LOAPA en 1982.

En 1984 Pujol fue reelegido como presidente de la Generalidad, aunque esta vez con mayoría absoluta. CiU obtuvo en las elecciones 72 escaños, mientras que elPSC-PSOE, con Obiols como cabeza de lista, se quedaba en 41. Los otros diputados se repartieron entre AP-PDP-Unión Liberal (11), PSUC (6) y ERC (5). Los buenos resultados convergentes contrastan con los malos de centristas, socialistas, comunistas y Esquerra, en plena disolución ucedista los primeros, afectados los segundos por la resaca de la LOAPA y el uso patriótico pujolista de la querella de Banca Catalana, inmersos los terceros en luchas intestinas —el sector prosoviético fundó en 1982 el Partit dels Comunistes de Catalunya— y anclados en una cierta vaguedad los últimos, que llevó a parte de su electorado a hacer una opción de pragmatismo votando a CiU. A pesar de todo, Pujol ofreció a ERC entrar en el gobierno.

Convergència mantuvo claramente la situación de dominio en los comicios autonómicos de 1988 y 1992, pero en los de 1995 perdió diputados, necesitando apoyos para seguir gobernando. En esta última convocatoria encabezaban las listas, al margen de Pujol, Nadal por los socialistas, Vidal-Quadras por el PP, Colom por ERC —este activista mesiánico impulsó el independentismo de la formación y rejuveneció la militancia— y Ribó por Iniciativa. En 1999 CiU obtuvo 56 escaños, por delante del PSC-Ciutadans pel Canvi, con Maragall a la cabeza, que se quedó con 52 a pesar de haber obtenido más votos. Los apoyos de CiU a los gobiernos socialista de González y popular de Aznar pasaron factura. Las de 1999 fueron las últimas elecciones a las que concurrió Pujol como cabeza de lista y candidato a la presidencia de la Generalidad.

A lo largo de las dos décadas finales de la centuria se conformó un modelo electoral dual en Cataluña, con CiU como vencedora en los comicios autonómicos y el PSC-PSOE en los generales, dejando en todos a la formación pujolista en segundo lugar. Los socialistas obtuvieron, en 1982, un 45,84 por ciento de los votos y 34,13 en 2000. Por lo que a los convergentes se refiere, Roca Junyent fue, entre 1977 y 1995, el portavoz del grupo parlamentario catalán en el Congreso de los diputados. En la década de 1980 se embarcó en la fallida operación reformista. La abstención ha sido siempre más alta en las elecciones autonómicas que en las generales.

Otra dualidad evidente se desprende del pulseo entre los dos vecinos de la plaza San Jaime, que ha dado lugar a un sinfín de conflictos: la Generalidad en manos convergentes y el ayuntamiento de Barcelona —además de la Diputación— en las socialistas. A pesar de que CiU haya presentado a algunos pesos pesados —Trias Fargas, Roca Junyent, Cullell— como candidatos a alcalde de la ciudad condal, nunca ha puesto realmente en peligro, hasta 2011 con Xavier Trias, la hegemonía del PSC. Pasqual Maragall fue alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997, sustituido entonces por Joan Clos y, en 2006, por Jordi Hereu.

El grupo terrorista Terra Lliure surgió en 1978 con el objetivo de formar un estado socialista independiente de los llamados Países Catalanes. En 1981 secuestraron a Federico Jiménez Losantos, que en aquel momento era profesor en un instituto de Santa Coloma de Gramanet y uno de los promotores del Manifiesto de los 2.300, y le pegaron un tiro en una pierna. Terra Lliure cometió a lo largo de los años ochenta numerosos atentados contra oficinas bancarias, juzgados, intereses económicos españoles y franceses y miembros de la policía y el ejército. Varios de sus activistas murieron manipulando explosivos. Una bomba colocada en los juzgados de las Borjas Blancas mató, en 1987, a una vecina del edificio. Esta banda criminal abandonó la lucha armada en 1991, aunque algunos de sus militantes se resistieron y unos pocos, como Monteagudo, entraron a militar en ETA. La disolución formal tuvo lugar en 1995.

Entre 1975 y 2001 el movimiento terrorista ETA ha provocado en Cataluña más de medio centenar de muertes. El punto álgido de esta espiral sin sentido de muerte y destrucción fue el atentado de Hipercor, en Barcelona, el 19 junio de 1987, con 21 muertos y casi medio centenar de heridos. El rechazo ante este acto de barbarie fue generalizado. El primer asesinado por ETA en tierras catalanas, sin embargo, data de junio de 1975. En diciembre de 1990 seis policías nacionales murieron en un ataque con coche bomba en Sabadell y, en mayo de 1991, lo hicieron diez personas en el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic. La banda criminal se cebó, asimismo, en intereses turísticos y aumentó sus actuaciones en vísperas de los Juegos Olímpicos.

El 21 de noviembre de 2000 fue asesinado el intelectual, profesor y exministro de Sanidad socialista Ernest Lluch. En el último mes de aquel año el concejal delPP del ayuntamiento de Viladecavalls, Francisco Cano, se convirtió en nueva víctima de los etarras. El último muerto de la macabra lista es el mozo de escuadra Santos Santamaría, asesinado en Rosas en marzo de 2001. Entre 1986 y 2001 el comando Barcelona de ETA fue desarticulado en cinco ocasiones. La banda anunció en 2004 la suspensión de sus acciones armadas en Cataluña tras una reunión con el entonces conseller en cap de la Generalidad, Carod-Rovira, en una acción tan criticada como irresponsable.

En 1985, Cataluña contaba con una tasa de desocupados superior al 22 por ciento, el porcentaje más alto entre las regiones de España. Era más elevada en el caso de mujeres y jóvenes, acercándose al 70 por ciento en 1984. Las zonas más afectadas por el paro eran las comarcas industriales vecinas de la capital, en donde se sobrepasaba el 30 por ciento. La caída del PIB fue muy importante. Los sectores del textil y del metal fueron los más afectados por la crisis que empezó a mediados de la década anterior, así como el de la construcción. El comercio se vio afectado como consecuencia de la disminución del poder adquisitivo de las familias y también la banca, en donde prosiguió el proceso de absorción por parte de los grandes bancos españoles.

Banca Catalana, que era la primera entidad financiera del principado, entró en crisis en 1982, quebrando dos años después en medio de millonarias pérdidas. Entre las causas sobresale la deficiente gestión de la entidad, junto con las dificultades de las empresas vinculadas al grupo, la adquisición de bancos en dificultades y el hundimiento del mercado inmobiliario. Jordi Pujol había sido su principal directivo. Banca Catalana fue intervenida por el Banco de España e incorporada finalmente en la órbita del Banco de Vizcaya; y, en 2000, se aprobó su fusión en el BBVA. Asimismo, en 1982 tuvieron serios problemas Bankunion y la Banca Mas Sardá, acabando por ser controladas, respectivamente, por el Banco Hispano Americano y el Banco de Bilbao.

A partir de la segunda mitad de la década de 1980 los datos mejoraron, en especial en el sector servicios y la construcción. Entre 1985 y 1991 se crearon casi medio millón de nuevos puestos de trabajo. La reforma laboral de 1984 introdujo nuevas formas de contratación, mientras que la de 1994 facilitó la expansión del trabajo temporal. El paro descendió hasta cerca de un 14 por ciento en 1991 y, tras aumentar en la etapa recesiva que se vivió entre 1992 y 1995 —en diciembre del primer año tuvo lugar la suspensión de pagos del grupo Torras, una de las mayores de la historia española—, se situó en 1998 alrededor del 16 por ciento. En 1996, casi un millón de personas no tenían trabajo.

En el último cuarto del siglo XX, el crecimiento de la ocupación en el sector servicios fue muy notable, situándose en el 60 por ciento de la población activa en 1996. La industria se mantuvo como la principal actividad en las comarcas de la Cataluña central, pero ya no en Barcelona. En este sector tuvo lugar una modernización destacada de la estructura productiva, con muchas inversiones extranjeras y la entrada de bastantes multinacionales. El predominio de pequeñas y medianas empresas caracterizaba el tejido industrial finisecular. A principios de los años 90, energía, química, metal y alimentación eran los núcleos más potentes. La construcción experimentó una recuperación muy nítida a partir de mediados de los años ochenta, favorecida por los Juegos Olímpicos, el turismo y la demanda de segundas residencias.

El sector terciario era mayoritario en numerosas comarcas, en especial las zonas litorales y pirenaicas. El turismo y el ocio han sido los principales responsables del extraordinario desarrollo de los servicios, pero también el aumento de funcionarios y empleados públicos, en especial los de la Generalidad. En el sector del comercio debe señalarse la construcción de numerosas grandes superficies.

Por lo que al sector financiero se refiere, por último, lo más destacable del periodo ha sido el acrecentamiento del peso de las cajas de ahorro. La fusión de las históricas Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona y la Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro dio lugar, en 1990, a una entidad, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, que se situó entre las primeras de España. El Banco de Sabadell se consolidó, asimismo, en la postrera década secular.

De los 5.956.414 habitantes de 1981 se pasó, en 1998, a 6.147.610, el 15,4 por ciento del total español. Mientras que en la primera mitad de los años 70 la población había aumentado en más de 550.000 personas, entre 1982 y 1986 lo hizo solamente en unas 22.000, con un saldo migratorio negativo, y entre 1987 y 1991 en algo más de 80.000.

El descenso de la natalidad resultó muy fuerte entre 1975 y 1985 y más moderado en el decenio siguiente. La edad media de matrimonio pasó, entre 1975 y 1995, de 26,5 a 30 años en los hombres y de 24 a 28 en las mujeres. Las tasas de natalidad y fecundidad se situaron entre las más bajas de Europa occidental, propiciando un proceso de envejecimiento de la población. La esperanza de vida al nacer era, en 1995, de 74,8 años en los hombres y 82,2 en las mujeres.

El futbol sigue siendo, en el último cuarto del siglo XX y a inicios del XXI, el espectáculo de masas por excelencia. Puyal empezó sus famosas retransmisiones en catalán de los partidos del Barça en 1976. TV3 ha dedicado, desde su creación, numerosos espacios al futbol. En las elecciones a la presidencia del FCBarcelona de 1978 se impuso el constructor José Luis Núñez. Al año siguiente, en Basilea, el Barça ganó su primera Recopa de Europa. En la década de 1980 se amplió el estadio y aumentaron los socios, sobrepasándose los 100.000 abonados.

En 1988 Cruyff se convirtió en entrenador del Barça y se vivió una etapa con numerosos títulos. Fue la época del «Dream Team». La llegada al frente del club de Laporta, en 2003, supuso algunos cambios. La etapa de este abogado independentista comportó una elevada politización del Barça, identificado hasta la saciedad con Cataluña y sometido a una fuerte recatalanización a fin de contrarrestar su imparable internacionalismo. En 2008, el exjugador Pep Guardiola se convirtió en el entrenador del primer equipo y empezó una etapa de señalados triunfos, consiguiendo, en 2009, seis títulos. Tres de sus integrantes, formados todos en la Masía, obtuvieron los primeros puestos en el FIFA Balón de Oro de 2010: Messi, Iniesta y Xavi. A Laporta le sustituyó en la presidencia, en 2010, Rossell y, tras su dimisión en 2014, Bartomeu.

El otro gran equipo de la ciudad condal experimentó transformaciones importantes en la última década del siglo XX. Catalanizó su nombre –RCD Espanyol de Barcelona— y sus directivos se vieron en la obligación de vender el campo de Sarriá para enjugar una enorme deuda acumulada. Desde 1997 el equipo de futbol disputó los partidos en el Estadio Olímpico de Montjuich; en 2009 iba a estrenar estadio propio, en Cornellá-El Prat, bautizado como Power8 Stadium.

La reivindicación de selecciones catalanas ha sido intensa a fines del siglo XX y principios del XXI. Algunos grupos, además del propio poder autonómico, la han utilizado con fines estrictamente políticos. Los partidos amistosos jugados por la selección catalana de futbol, en cambio, han ido perdiendo con el tiempo interés y espectadores a pesar de las machaconas campañas televisivas.

En el baloncesto han destacado el Club Joventut de Badalona, la Penya, que ganó la Copa de Europa en 1994 con un equipo en el que destacaban Villacampa y los Jofresa, y el FC Barcelona. En las décadas precedentes sobresalieron, entre los jugadores catalanes, Margall y Solozábal. Los hermanos Gasol han puesto el baloncesto en un lugar muy destacado en los años más recientes, jugando en la liga americana NBA, a la que también han accedido López, Navarro y Rubio.

La lista de pilotos que han obtenido importantes triunfos en las distintas modalidades de las dos ruedas es larga: Sito Pons, Crivillé, Arcarons, Tarrés, Colomer, Pedrosa, Checa, Gibernau, Coma, Bou, Laia Sanz, Viñales o los Márquez. En el tenis, tras Andrés Gimeno, que ganó el trofeo de Roland Garros en 1972, merecen ser citados Bruguera, Costa, Casal, Arancha y Emilio Sánchez Vicario, Corretja y Robredo. Los montañistas Cadiach, Sors y Vallés coronaron el Everest en 1985, mientras que en 1996 lo hizo Araceli Segarra. Kilian Jornet ha destacado más recientemente en la carrera y el esquí de montaña. En el balonmano de las décadas de 1980 y 1990 destacó Masip, mientras que en waterpolo lo hizo Estiarte. La natación ha vivido en el siglo XXI una época dorada, con Gemma Mengual, Andrea Fuentes, Ona Carbonell o Mireia Belmonte.

En el último cuarto del siglo XX, el número de asociaciones deportivas creció y el deporte escolar fue promocionado por los ayuntamientos y la Generalidad. La construcción de infraestructuras deportivas ha sido muy importante y, en algunos casos, como el circuito de Cataluña, en Montmeló, significaron elevadas inversiones. En cualquier caso, el momento álgido por lo que a la renovación de equipamientos se refiere coincidió con los Juegos Olímpicos de Barcelona (1992), que supusieron un éxito organizativo y de proyección catalana y española al mundo. La nominación de la ciudad condal como sede permitió atraer, entre 1986 y 1992, inversiones públicas y privadas por valor de cerca de un billón de pesetas, que se destinaron fundamentalmente a obras de mejora de la ciudad. También se hicieron numerosos trabajos en las subsedes, como Badalona, Bañolas o la Seo de Urgel.

La candidatura había sido impulsada, desde 1981, por el alcalde de Barcelona Serra y su sucesor Maragall, ante el poco entusiasmo de Pujol desde la Generalidad. La victoria socialista de 1982 y el nombramiento de Serra como ministro dieron un fuerte empujón al proyecto, apoyado por Samaranch desde la presidencia del Comité Olímpico Internacional y, a partir de 1987, por Ferrer Salat desde la del Comité Olímpico Español. En este último año se creó el consorcio público COOB’92. El principal gestor de toda la operación fue Josep Miquel Abad. Los juegos empezaron el 25 de julio y duraron hasta el 9 de agosto de 1992. Los deportistas y equipos españoles obtuvieron trece medallas de oro, siete de plata y dos de bronce. Ejerció de mascota el perro Cobi, diseñado por Mariscal.

Las torres o castillos humanos (castells) han vivido una etapa de gran expansión a partir de los años 1980, con la multiplicación del número de agrupaciones (colles) más allá del sur de Cataluña, la creciente espectacularidad de las construcciones, las retransmisiones televisivas y la intensa promoción llevada a cabo, con buenas dosis de invención de la tradición de por medio, en tanto que fiesta popular y nacional que sustituía a la sardana. El modelo festivo de la Cataluña nueva tomaba el relevo a la hora de definir, en este terreno, lo «nuestro». La Generalidad y los ayuntamientos han aportado un apoyo fundamental a las agrupaciones, que se han modernizado y son amateurs, en contraste con el semiprofesionalismo de otras épocas. Las torres humanas fueron incluidas en 2010, junto al flamenco y el canto de la Sibila, en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.

El desarrollo del mundo casteller coincidió con el fenómeno del denominado rock catalán —o, más bien, cantado en catalán—, surgido al final de la década de 1980 y en la siguiente. Aparecieron numerosos grupos, muchos de los cuales de poblaciones de comarcas y alejados del mundo artístico de la capital, que consiguieron conectar con un público joven y adolescente. La alta politización nacionalista radical de algunas bandas hace que estemos ante un fenómeno que va mucho más allá de lo musical. Cuatro de estos conjuntos ofrecieron, en junio de 1991, un concierto ante más de 20.000 personas en el Palau Sant Jordi: Sau, Sopa de Cabra, Els Pets y Sangtraït.

Como quiera que sea, el rockero catalán por excelencia del último cuarto del siglo XX y con más proyección peninsular e internacional es Loquillo. Otros grupos destacados de las décadas de 1980 y 1990 son El Último de la Fila o Los Sencillos. Algo más nuevos son los Estopa, un dúo formado por los hermanos Muñoz.

Entre las nuevas voces del flamenco sobresalen Mayte Martín, Miguel Poveda y Ojos de Brujo, mientras que en el campo de la rumba catalana nos encontramos, entre otros, con Los Manolos, Sabor de Gracia o Muchachito Bombo Infierno. El tiempo dorado de los cantautores y de la canción catalana ha pasado, aunque algunos, como Serrat o Raimon, sigan cosechando éxitos. Pascal Comelade, Sílvia Pérez Cruz o el irreverente Albert Pla, cantando en catalán y castellano, se han incorporado más recientemente a la lista. Puede citarse, entre los grupos, Manel o Els Amics de les Arts.

La cultura catalana —en especial, la de lengua catalana— puede ser caracterizada, a finales del siglo XX e inicios del siguiente, como altamente ensimismada y autorreferencial. Existen, claro está, excepciones —novelas como Jo confesso (2011), de Cabré, o excelentes proyectos editoriales como los de Jaume Vallcorba (Quaderns Crema, El Acantilado)—, pero en líneas generales este par de elementos la definen bastante bien. La búsqueda desesperada de la cantidad ha sepultado parcialmente la calidad y los escritores florecen mejor que los lectores. Las instituciones promocionaron durante mucho tiempo cualquier libro, obsesionadas por ofrecer cifras en crecimiento, al margen de todo estímulo a la excelencia. Valentí Puig, uno de los escritores e intelectuales más completos y estimulantes del actual panorama literario en Cataluña, advertía en 2012 que la cultura catalana podía acabar convirtiéndose en un parque temático.

Una brevísima selección, a completar con nombres ya citados en el apartado anterior, no puede olvidar a Pàmies, Moncada, Serés o Sánchez Piñol, en la narrativa escrita en catalán, ni a Margarit, Subirana o Casasses en la poesía. Tampoco, en la novela en castellano hecha en Cataluña, a Vila-Matas, Cercas, Vidal-Folch, Martínez de Pisón, Giménez Bartlett o Ruiz Zafón.

Los museos de arte catalanes que recibieron más visitas en 2012 fueron el Museo Dalí, el Museo Picasso, la Fundación Miró, el Caixa Fòrum y el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Todos eran superados, sin embargo, con datos del año siguiente en la mano, por el Museo del Barça. El incendio del Gran Teatro del Liceo, el 31 de enero de 1994, causó una gran conmoción y el edificio fue reconstruido en los años siguientes, ampliándolo y dotándolo de una infraestructura técnica muy avanzada. Abrió de nuevo sus puertas en octubre de 1999. Acaso una de las manifestaciones culturales que más ha contribuido a la internacionalización de Cataluña haya sido la cocina entendida como auténtico espectáculo, en manos de Ferran Adrià (El Bulli), los hermanos Roca (Celler de Can Roca) u otros cocineros y reposteros.

Los diarios más divulgados en Cataluña eran, en 2006, por este orden, La Vanguardia, El Periódico en catalán y castellano y la edición para Cataluña de El País. Entre las cabeceras exclusivamente en catalán pueden señalarse Ara y El Punt Avui. Por lo que a la prensa digital se refiere sobresale por su rigor e independencia e-notícies, dirigido por Xavier Rius.

Muchos columnistas y colaboradores merecerían ser aquí citados, pero me limitaré a la media docena siguiente: Antoni Puigverd en La Vanguardia, Javier Cercas en El País Semanal, Joan Tapia en el diario digital El Confidencial, Valentí Puig y Francesc de Carreras en El País —este último es, sin duda, el intelectual más destacado, en el sentido zoliano del término, de la Cataluña actual— y Arcadi Espada en El Mundo. En el medio televisivo, una de las propuestas informativas más estimulantes de los últimos años es la protagonizada por Josep Cuní, primero en TV3 y más recientemente en 8TV, la televisión privada del Grupo Godó.

En 2002, la población catalana superaba los seis millones y medio, mientras que en 2006 estaba ya por encima de los siete millones. Tenía, en 2014, un total de 7.518.903 habitantes, divididos de la manera siguiente por provincias: Barcelona (5.523.784), Tarragona (800.962), Gerona (756.156) y Lérida (438.001). Desde principios del siglo XXI se ha producido un importante crecimiento, con un peso fundamental de la inmigración extranjera. La comunidad principal es la marroquí. Después de 2012 se observan pequeños descensos poblacionales, en los que los retornos a los países de origen han tenido una clara influencia. El freno del crecimiento económico y una agudísima crisis a partir de 2008 explican este último fenómeno y, por encima de todo, el del aumento del paro, que era de 6,9 en 2005 y ha alcanzado, en 2014, el 20,3 por ciento.

La suma de la crisis financiera internacional y la explosión de la burbuja inmobiliaria provocó una situación muy complicada, con una fortísima recesión, enormes dificultades en las entidades bancarias, caída del poder adquisitivo y un empobrecimiento rampante. La sociedad catalana de la segunda década del siglo XX está mucho más endeudada y el alquiler ha ganado espacios a la vivienda de propiedad.

Si bien todos los sectores de actividad quedaron fuertemente tocados por la crisis —los concursos de acreedores y los cierres de tiendas han sido harto habituales entre 2008 y 2013—, el sector turístico ha mantenido parte de su fuerza y el número de visitantes extranjeros ha aumentado sensiblemente entre 2010 y 2014. La apuesta parcial por un turismo de bajo nivel y masivo ha contribuido, sin embargo, a deteriorar la imagen de algunas destinaciones, empezando por la propia capital.

Los veintitrés años de pujolismo terminaron en 2003. Se había construido Cataluña o, como mínimo, una de las Cataluñas posibles. Un país, en cualquier caso, mucho más nacionalizado. Este es uno de los principales resultados de los gobiernos de Pujol en la Generalidad. No faltaron enfrentamientos con el estado y con algunos ayuntamientos catalanes, en especial el de Barcelona y los de su cinturón industrial, mayoritariamente en manos de la izquierda. Con la ley de ordenación territorial (1987) se suprimió la Corporación Metropolitana de Barcelona, percibida como contrapoder socialista, y se crearon los poco efectivos consejos comarcales.

Importantes fueron los trabajos y proyectos de los gobiernos de la etapa de Pujol en el terreno de las infraestructuras —constituye una de las realizaciones estrella el eje transversal— y de los servicios públicos, que fueron complementados por los esfuerzos de los ayuntamientos, así como las actuaciones en el campo de la sanidad, la proyección exterior, el desarrollo industrial, las universidades o la enseñanza. Las contribuciones a la modernización de España y, en algunos momentos de la década de 1990, a su gobernabilidad y estabilidad, con beneficiosos acuerdos puntuales —como la cesión de cuotas progresivamente mayores delIRPF o la agilización de determinados traspasos— pero sin participación en los ministerios y con un no despreciable coste electoral, deben ser también destacadas.

En el plato negativo de la balanza figuran, por el contrario, los excesos del clientelismo y de una administración sobredimensionada, las limitaciones de los proyectos culturales —perfectamente compatibles con grandes inversiones, que resultan innegables, pero que han creado una sociedad más provinciana y menos universalista por la vía nacional— y la sombra de la corrupción. No han hecho más que alargarla las famosas acusaciones por parte de Maragall en sede parlamentaria de cobros de comisiones del tres por ciento, repetidas por muchas personas en privado, además de escándalos como el del saqueo del Palau de la Música —este ha provocado el embargo de la sede central de Convergència—, el caso Pretoria y la comisión parlamentaria por la que ha desfilado la extensa familia Pujol en pleno en febrero y marzo de 2015.

En su última legislatura, Jordi Pujol preparó la sucesión en el partido y en el gobierno de la Generalidad. El president optó por Artur Mas, una persona muy bien considerada en su entorno familiar. En 2001 le nombró consejero de la Presidencia y consejero primero del gobierno de la Generalidad. Mas fue el candidato de CiUen las elecciones autonómicas de 2003 que dieron la victoria en número de votos a los socialistas y a los convergentes en escaños: 46 frente a los 42 de las listas encabezadas por el exalcalde Maragall. Los otros escaños se repartieron de la siguiente manera: 23 para la ERC de Carod-Rovira, 15 para el PP de Josep Piqué —exministro de Industria, Asuntos Exteriores y Ciencia y Tecnología y portavoz del gobierno de España en la etapa Aznar, así como presidente del PP catalán entre 2003 y 2007— y 9 para IC-Esquerra Alternativa, con Joan Saura a la cabeza.

Pasqual Maragall se convirtió, algo inesperadamente para buen número de observadores, en el nuevo presidente de la Generalidad a mediados de diciembre de 2003. Socialistas, independentistas y excomunistas verdes sumaron sus diputados y formaron un gobierno tripartito fundamentado en el llamado pacto del Tinell. El principal problema de los gobiernos Maragall —muchas destituciones, dimisiones y remodelaciones tuvieron lugar entre 2003 y 2006— fue su propia composición y las dificultades para armonizar la pluralidad de intereses partidistas. De hecho, ya en enero de 2004 tuvo que dimitir el consejero de la Presidencia y consejero primero Carod-Rovira tras su entrevista con los etarras en Perpiñán. Habían pasado escasas semanas desde la formación del gobierno.

Mientras los republicanos independentistas intentaban controlar los principales instrumentos de nacionalización, que ha funcionado viento en popa a toda vela, desde Iniciativa se optaba por centrarse en los temas ambientales y en la batalla de la memoria, que terminó con la creación del Memorial Democràtic, desde el que se trabaron clientelas y se repartió y derrochó mucho dinero, intentando imponer una visión única y maniquea de la historia catalana del siglo XX. Maragall consiguió resolver parcialmente el desaguisado creado por sus socios confiando en Joaquim Nadal, alcalde de Gerona entre 1979 y 2002 y parlamentario desde 1984, que ejerció como portavoz del gobierno, además de ser el consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 2003 y 2010.

El gran proyecto maragalliano se concretó en un nuevo estatuto, en el que se pretendía reformar el texto de 1979 a fin de aumentar las cotas de autogobierno. El parlament aprobó la propuesta en septiembre de 2005 por amplia mayoría y aquella fue enviada al congreso, en donde se introdujeron algunas modificaciones, a pesar de las promesas en sentido contrario del presidente del gobierno Rodríguez Zapatero, que afectaban sobre todo al financiamiento propio y a la definición nacional de Cataluña. La nueva versión, pactada por PSOE y CiU, fue aprobada en las cortes en marzo de 2006 y ratificada por el parlamento catalán, aunque en este caso ERC votó en contra, junto al PP, a causa de los recortes sufridos por el texto. Maragall se vio en el compromiso de cesar a los consejeros de la formación independentista, que mostró a lo largo de la legislatura no estar a la altura de lo esperado en un partido que pueda considerarse de gobierno y no de simple oposición.

El estatuto, de tendencia claramente prolija e intervencionista, fue sometido a referéndum en Cataluña, en junio de 2006, con una abstención superior al 50 por ciento y casi tres de cada cuatro votantes optando por el sí. Los recursos ante el Tribunal constitucional contra el nuevo texto no iban a faltar.

El alto abstencionismo no parece casual si tenemos en cuenta que el estatuto respondía más a las necesidades de la clase política que a las de los ciudadanos, bastante indiferentes en este tema hasta que fueron impelidos a movilizarse por la vía de la crispación, el victimismo y la defensa de la patria amenazada. El precio a pagar acabó siendo el deterioro de la convivencia, una inconstitucionalidad parcial del estatuto, que era más que evidente desde el principio, y la casi total inacción del gobierno catalán mientras duró el proceso. La mayoría de los puntos que formaban parte del pacto del Tinell quedaron sin concreción. Excepto en temas como las actuaciones en los barrios —a pesar del hundimiento del túnel del Carmelo, en febrero de 2005—, la educación y algunas infraestructuras, el balance de la legislatura resultó más bien pobre, coronado por el fracaso estatutario.

Pocos días después del referéndum, un Maragall cada vez más cuestionado por el PSOE y el gobierno de Madrid y en el propio PSC, anunció la renuncia a la reelección y su retirada política. Los socialistas eligieron como candidato a la presidencia de la Generalidad, en las elecciones anticipadas que se avecinaban, a José Montilla, exalcalde de Cornellá de Llobregat y ministro de Industria, Turismo y Comercio (2004-2006).

En noviembre de 2006, Montilla se convirtió en presidente de la Generalidad, en una prolongación del tripartito. Las elecciones de aquel año, con una abstención del 44,67 por ciento, dieron la victoria a CiU, que se hizo con 48 escaños, mientras que el PSC-Ciutadans pel Canvi se quedaba en 37. Por número de votos, los socialistas ganaban por escaso margen. Salieron elegidos, asimismo, 21 candidatos de ERC, 14 del PP, 12 de IC-Esquerra Unida i Alternativa (IU-EUIA) y tres de Ciutadans-Partido de la Ciudadania (C’s), la formación que lideraba Albert Rivera.

Ciutadans, cuyo congreso constituyente se celebró en julio de 2006, tenía su origen en una plataforma impulsada por intelectuales como Azúa, Boadella, Carreras, Espada, Giménez Barbat, Ovejero o Pericay, que criticaba a los partidos existentes y defendía la necesidad de abordar los problemas reales de los ciudadanos. La denuncia del nacionalismo y la defensa del bilingüismo y la Constitución constituían elementos primordiales del partido.

En el gobierno Montilla estaban algunos de los principales pesos fuertes de los tres partidos aliados. En esta legislatura se hizo evidente la voluntad de los dirigentes de ERC de afianzar el independentismo, mientras que en el interior de la formación florecían las divisiones, las corrientes críticas y, al final, las escisiones. Desde el punto de vista nacionalista, los dos tripartitos redoblaron, sostiene Francesc de Carreras, «el impulso de los gobiernos pujolistas y, salvo excepciones, con peor calidad y estilo», como pusieron de manifiesto la reforma del estatuto o las medidas punitivas en el terreno lingüístico.

La Cataluña de 2010 había perdido, en relación con otras comunidades autónomas de España, dinamismo y era menos competitiva que tiempo atrás. La inversión del tiempo de gobierno en debates identitarios y confrontaciones con otros territorios tuvieron un par de nefastas consecuencias: la no atención a los problemas básicos de la ciudadanía y elevados niveles de descrédito y desafección. La deuda generada por un gasto incontrolado, incluso en plena época de crisis, ha hipotecado, en buena medida, la gestión de los gobiernos futuros.

La sentencia del Tribunal constitucional sobre el nuevo estatuto de 2006, que se hizo pública con injustificado retraso en junio de 2010, supuso un pequeño recorte del texto. La reacción resultó, en cambio, amplia, estimulada por asociaciones en permanente movilización. El 10 de julio tuvo lugar una importante manifestación, impulsada por Òmnium Cultural, bajo el lema «Som una nació. Nosaltres decidim».

En todas las elecciones legislativas de la primera década del siglo XXI ha vencido el PSC-PSOE. CiU quedó una vez y otra en segunda posición hasta los comicios generales de 2011, cuando se impuso a los socialistas: 29,35 frente a 26,66 por ciento. En noviembre de 2010 se celebraron elecciones autonómicas, que dieron una clara victoria a CiU y a Mas, con 62 escaños, a media docena de la mayoría absoluta. Las otras formaciones se quedaron lejos de este resultado: PSC-PSOE (28), PP (18), IC Verds-EUiA (10), ERC (10) —ahora encabezada por Puigcercós—, Solidaritat per la Independència (4), liderada por Laporta, y, finalmente, C’s (3).

Artur Mas fue elegido presidente de la Generalidad de Cataluña, en segunda votación, el 23 de diciembre de 2010. El llamado «pinyol» (hueso), el núcleo de Convergencia formado por jóvenes post-pujolistas e independentistas, como Madí, Homs, Corominas, Puig y el hijo del expresidente Pujol, Oriol, iba a tener gran influencia. El prometido «gobierno de los mejores», sin embargo, brilló por su ausencia.

La legislatura duró poco tiempo y los catalanes volvieron a las urnas en 2012. Las grandes movilizaciones del 11 de septiembre de aquel año y del anterior, organizadas por Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), junto con el rechazo del gobierno Rajoy de un pacto fiscal a la vasca para Cataluña, incitaron a Mas y a los suyos a una convocatoria electoral con la intención de aprovecharse del ambiente en las calles. Los resultados fueron, sin embargo, algo inesperados para los convocantes: CiU perdió una docena de diputados y se quedó en 50; ERC-Catalunya Sí, con Junqueras como cabeza de cartel, se situó como segunda fuerza y 21 diputados; el PSC-PSOE reculó hasta los 20 escaños y el tercer puesto; el PP obtuvo 19 e IC Verds-EUIA, 13; Ciutadans pasó de 3 a 9, mientras que la CUP —las antisistema Candidatures d’Unitat Popular— entró en el parlament con tres diputados.

Mas fue reelegido, en diciembre de 2012, con los votos de CiU y ERC, presidente de la Generalidad. La nueva etapa de poder convergente, desde 2010 hasta hoy, se ha caracterizado por los ajustes y fuertes recortes para hacer frente a la crisis y al déficit, así como por la concentración de esfuerzos en el rearme nacionalista —en especial durante la conmemoración del tricentenario de 1714— y la demanda de un estado propio. Sus dos etapas de gobierno no pasarán a la historia por los logros ni por la acción legislativa —la excepción en el panorama ha sido la eficacia, pragmatismo y apuesta por el diálogo del consejero Santi Vila—, sino por la conversión al independentismo del partido gobernante, la parcial supeditación a organismos como Òmnium Cultural o la ANC, la permanente presión nacionalista en forma de populismo, el poco talante dialogador —compartido con el gobierno de España en manos del PP— y las malas formas de su portavoz Homs. El proceso soberanista ha constituido, al mismo tiempo, una excelente tapadera para los recortes, la corrupción y la mediocridad de la clase política.

La nacionalización de la sociedad, tanto en las etapas pujolista y masista, como en la de los tripartitos, ha sido de gran profundidad y sus resultados explican, junto con la crisis económica y social, la situación actual. Lo han hecho posible, entre otras cosas más, un extendido clientelismo, los discursos machacones de políticos y opinantes, una televisión de régimen —TV3, adoctrinadora y obscenamente cara—, una prensa, una radio y unas asociaciones fuertemente subvencionadas y, asimismo, la intensidad de la normalización e inmersión lingüística, que no solamente ha tenido efectos sobre la lengua, sino en el nivel de las ideas y estructuras mentales.

El 9 de noviembre de 2014 se convocó un simulacro de referéndum sobre la independencia de Cataluña en el que la participación no llegó al 40 por ciento, aunque votaron menores de 18 años e inmigrantes. Los resultados del 9-N mostraron a sus impulsores que la fuerza del independentismo era menor de la esperada y, en cualquier caso, insuficiente para seguir adelante sin cambios con el denominado «proceso».

Esta situación ha provocado un freno en las movilizaciones y un cierto desconcierto entre la ciudadanía, mientras que en el campo político han hecho su aparición o bien se han agravado las batallas de liderazgo, las pugnas internas y la imposibilidad de seguir disimulando en el sueño independentista el peso de la corrupción y la incapacidad para gobernar. El surgimiento de entidades como Societat Civil Catalana ha puesto de manifiesto que una parte de la ciudadanía no nacionalista estaba dispuesta a salir de la espiral de silencio en la que había vivido durante años. El temor a un conflicto interminable y a una Cataluña fuera de las instituciones europeas no resultan elementos demasiado atractivos.

La segunda parte del año 2015 va a estar de nuevo marcada, por tercera vez en un lustro, por unas elecciones autonómicas, a las que se pretende otorgar esta vez el carácter de plebiscito. Existen algunos elementos que permiten prever en el futuro un parlamento mucho más fragmentado —la entrada de Podemos o una fuerte subida de Ciutadans, junto con el hundimiento anunciado de socialistas y populares—, a imagen de la propia sociedad catalana, más dividida y fracturada que en el pasado. Únicamente la vía de las negociaciones va a hacer posible la salida de la actual situación.

El país de las autonomías, la fórmula que permitió, en la transición política, construir una sólida democracia y diseñar una organización territorial profundamente descentralizada, necesita en la actualidad, en 2015, algunas reformas, que afectan, entre otras cuestiones, a la financiación de las comunidades. Sea como fuere, todo lo ocurrido en la última década, en especial el deterioro de la relación entre Cataluña y España, no permite volver atrás ni recuperar viejos modelos. Se requieren, hoy más que nunca, intensos esfuerzos de imaginación y ejercicios convencidos de pedagogía política.

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