SINOPSIS

Sobre la construcción del relato independista en Cataluña a lo largo de la historia reciente.

¿Cómo se ha forjado, en qué fases y con qué instrumentos políticos, institucionales y socioculturales, el imaginario independentista, de gran impacto en la población catalana?

A esa pregunta trata de responder el historiador Jordi Canal en este libro, de un modo ameno, instructivo y sobre todo riguroso. En Con permiso de Kafka, Canal traza en primer lugar un apunte histórico sobre el origen del nacionalismo catalán, acuñado sobre todo en el siglo XIX y las primeras décadas de la pasada centuria. Recorre a continuación los más de veinte años de gobiernos de Jordi Pujol. La llegada de este a la actividad política durante la dictadura franquista, su peculiar estrategia de implicación de zonas y áreas clave de la sociedad civil y cultura catalán serán elementos importantes de ese análisis. Todo ello para desembocar en la configuración de un relato nacionalnacionalista catalán que ha calado en profundidad y ha llevado al llamado procés, desde 2003 hasta la actualidad, periodo en el que se ha intensificado hasta la radicalización extrema el discurso y quehacer independentista.

Jordi Canal

Con permiso de Kafka

El proceso independentista en Cataluña

A mis queridas Mònica y Morgana, que estaban allí

PRÓLOGO

UNO

El proceso resulta aparentemente incomprensible y una inagotable fuente de sorpresas e incredulidad. El personaje principal, Josef K, lo vive en carne propia. De ahí que las primeras reflexiones del narrador sean del tenor siguiente:

¿Qué hombres eran esos? ¿De qué hablaban? ¿A qué organismo pertenecían? K vivía en un Estado de derecho, en todas partes reinaba la paz, todas las leyes permanecían en vigor, ¿quién osaba entonces atropellarle en su habitación? Siempre intentaba tomarlo todo a la ligera, creer en lo peor solo cuando lo peor ya había sucedido, no tomar ninguna previsión para el futuro, ni siquiera cuando existía una amenaza considerable. Aquí, sin embargo, no le parecía lo correcto.

A pesar de estar viviendo en un Estado de derecho, en paz y con todas las leyes en vigor, el proceso se desencadena fatalmente.

Josef K es detenido un día cualquiera en su habitación, antes de ir al banco a trabajar, mientras espera que la cocinera de la señora Grubach, su casera, le lleve el desayuno alrededor de las ocho, como todas las mañanas. Los vigilantes Franz, delgado y de constitución fuerte, y Willem, que le supera en estatura, comunican al personaje que está detenido y que su proceso acaba de comenzar, aunque no puedan explicarle ni aclararle nada. Tampoco le da razones el supervisor, que se ha instalado para la ocasión en otra dependencia de la casa de huéspedes, ocupada normalmente por la señorita Bürstner. «Usted está detenido, nada más», le espeta en sustancia. Ello no impide, sin embargo, que K pueda cumplir con sus obligaciones laborales, tal como va a hacer, finalmente, acompañado por tres de sus subalternos.

Franz Kafka escribió El proceso —Der Prozess, en alemán—, a cuyo primer capítulo pertenecen las acciones y personajes que acabo de describir, entre agosto de 1914 y enero de 1915, en los inicios de la Gran Guerra. Se mostró incapaz, sin embargo, de proseguir el trabajo de redacción. Kafka nació en 1883 en la ciudad de Praga, en una familia de comerciantes judíos, y se doctoró en leyes. Durante una gran parte de su vida adulta estuvo empleado en el Instituto de Seguros de Accidentes de Trabajo, en el que ascendió y era considerado un funcionario ejemplar. Cumplidor, acomodado, vegetariano y de complicada relación amorosa, Franz Kafka llevaba, en la primera mitad de la segunda década del siglo XX, una doble vida, parcialmente escindida entre sus obligaciones profesionales de día y la dedicación y pasión por la literatura.

Aunque incompleto, El proceso fue publicado póstumamente en 1925. La prematura muerte de Kafka, el año anterior, había dejado algunos capítulos terminados de la obra, junto con otros inconclusos, todos sin numerar u ordenar —en total, se calcula que quedaron 3.400 páginas de diarios y fragmentos literarios, entre ellos tres novelas, una de las cuales era la protagonizada por Josef K—. La primera edición estuvo a cargo de Max Brod, un amigo que no hizo demasiado caso —afortunadamente, como mínimo para los futuros lectores— de las disposiciones del autor para que, tras su fallecimiento como consecuencia de la tuberculosis, se quemaran sus diarios, cartas y manuscritos.

La novela El proceso es, sin lugar a dudas, una de las obras más importantes de Kafka, y, asimismo, una de las más célebres y leídas del siglo XX en el mundo occidental. Pocas producciones literarias han generado tantas discusiones e interpretaciones, desde disciplinas distintas y enfoques variopintos y con resultados desiguales. Por encima de todo emerge, a fin de cuentas, una genial novela, tan inquietante como fascinante. Como ha destacado Pietro Citati en Kafka (2007), Dios, la ley y el sentimiento de culpa pueblan la obra. La perspectiva tragicómica en la lectura de Franz Kafka resulta, sin embargo, tal como acertadamente proponía Milan Kundera, más atractiva e historicista que la simplemente trágica. Parece que las personas que asistieron a la lectura, por parte del autor, del primer capítulo de El proceso se rieron bastante. El conjunto es terrible, pero los detalles son cómicos, ha escrito Reiner Stach, uno de los más solventes biógrafos del escritor praguense.

Las peripecias del gerente de banco Josef K —el autor usaba frecuentemente la inicial para los nombres de sus personajes, aquí K como Kafka— fascinaron a Orson Welles, que hizo una maravillosa adaptación de la novela a la gran pantalla en 1962. No es frecuente que de una obra literaria extraordinaria surja una película igualmente extraordinaria. Este caso, el de la fusión Kafka-Welles, resulta sin duda excepcional. No se trataba de un film basado en la novela de Kafka, sostenía Welles, sino inspirado en ella. El proceso (The Trial/Le procès) fue una coproducción europea que contó con un importante presupuesto y un elenco de actores de primer orden: Anthony Perkins, Romy Schneider, Jeanne Moreau, Elsa Martinelli o Akim Tamiroff, además del propio director Orson Welles en el papel de orondo y sudoroso abogado. La cinta, de casi dos horas de duración, presenta una puesta en escena asfixiante y casi fantasmal, con claroscuros abundantes, espacios intrincados y angulaciones tan grotescas como brillantes. Orson Welles declaró que era, con toda seguridad, la mejor película que había hecho.

No se trata, sin embargo, de la única adaptación cinematográfica de la novela de Franz Kafka. De 1948 data la producción austríaca Der Prozeß, dirigida por Georg Wilhelm Pabst. El derrotado nazismo está en ella bien presente. Obtuvo premios en el Festival de Venecia al mejor director y también para el mejor actor, que recayó en Ernst Deutsch. Mucho más reciente es la realización de la BBC, The Trial (1993), dirigida por David Jones y basada en una adaptación de Harold Pinter. Kyle MacLachlan interpreta a Josef K, Anthony Hopkins al sacerdote, Juliet Stevenson a la señorita Bürstner y Alfred Molina a Titorelli. El guionista y director ruso Konstantin Seliverstov filmó su propia versión de El proceso en 2014, al igual que ha hecho con La metamorfosis y El castillo, todas en un intrigante blanco y negro.

La novela de Kafka ha sido también llevada en numerosas ocasiones a las tablas. Recuerdo haberla visto representada por última vez en el Teatro de la Aduana de San José, en Costa Rica, en 2015, en una coproducción del Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica —que cumplía, en aquel entonces, su sexagésimo quinto aniversario— y la Compañía Nacional de Teatro. Me invitaron al estreno, el jueves 20 de agosto por la noche, mis amigos Karen Poe Lang y Luis Thenon. Este último, escritor, actor y director argentino-canadiense y profesor en la Universidad Laval, dirigió la obra, a partir de una adaptación dramática del argentino Alejandro Finzi. Compartieron escena actores y actrices reconocidos —Pablo Morales, en el papel principal— y algunos alumnos aventajados de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. La iluminación parcial, la atonalidad del lenguaje sonoro, las múltiples puertas del escenario y la interpretación de los actores contribuían a un logrado ambiente opresivo. Fue una gran experiencia.

El proceso de Josef K o la metamorfosis de Gregor Samsa han contribuido poderosamente, entre otras ocurrencias y personajes de las narraciones de Franz Kafka, a dotar de sentido a la adjetivación del apellido del autor checo. Kafkiano o kafkiana adquieren popularidad, como términos, después de la Segunda Guerra Mundial, aplicados a múltiples situaciones, aunque entre ellas sobresalía la de los países del este de Europa sometidos al totalitarismo comunista. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra «kafkiano/a» es un adjetivo que admite una triple definición: perteneciente o relativo a Franz Kafka, autor checo, o a su obra; que tiene rasgos característicos de la obra de Kafka, y, por último, dicho de una situación: absurda, angustiosa.

El uso generalizado del adjetivo, sin embargo, empequeñece a Franz Kafka, un autor mucho más complejo y sustancial. Como apuntó Mario Benedetti en 1983, el año del centenario del nacimiento del autor de El proceso, uno de los problemas importantes que puede tener un escritor sustantivo es convertirse en adjetivo. Y, a guisa de explicación, añadía: «Lo kafkiano ha ingresado en la jerga periodística, en la oratoria, en el estilo político, en el habla pequeñoburguesa, pero de ningún modo sirve para resumir las cualidades y las calidades de un escritor impar. Lo kafkiano, en ese uso generalizador, divulgativo, ha ido restringiendo su propio significado, tal vez como consecuencia de que muchos de sus usuarios no han leído probablemente a Kafka».

DOS

En Cataluña, en el noreste de la península ibérica, se vivía, a principios del siglo XXI, en un Estado de derecho, en todas partes reinaba la paz y todas las leyes permanecían en vigor. Y, casi de golpe y sin avisos previos ni demasiadas alertas y previsiones, estalló el proceso independentista. Nunca podemos saber lo que ocurrirá mañana. Solamente nos queda la posibilidad de intentar reconstruirlo y comprenderlo a posteriori. En una obra muy original y algo polémica en algunos pasajes, aparecida en 2017, «Tumulto». Meditacions sobre l’octubre català, Arnau Gonzàlez i Vilalta, Enric Ucelay-Da Cal y Plàcid Garcia-Planas nos ofrecen sus reflexiones personales, desde profesiones, generaciones y opiniones políticas distintas, de lo ocurrido en Cataluña a lo largo de un mes de octubre de 2017 que consideran revolucionario. El objetivo principal del libro es dejar testimonio de un momento.

La primera anotación de Plàcid Garcia-Planas permite ejemplificar a las mil maravillas esta ignorancia de lo que el futuro más inmediato nos depara. Cuenta el autor que, estando en Belgrado como corresponsal de guerra, en el verano de 1989 o de 1990, antes de que Yugoslavia entrara en conflicto total, leyó un teletipo en el que el primer ministro del país aseguraba que se estaba a las puertas de la Guerra Civil. Se lo contó alarmado a una periodista serbia que, acompañándolo hasta un balcón del centro de prensa y mostrándole a la gente paseando y comiendo helados en la calle, le preguntó: «¿Crees que toda esa gente quiere ir a la guerra?». Evidentemente, lo ocurrido en Yugoslavia no puede compararse con la situación de la España de principios del milenio, pero, como sostiene Garcia-Planas, «ahora sabemos que cosas que nunca creíamos que pasarían, pasan».

A partir del año 2012, aunque con elementos detectables ya desde 2003, se está desarrollando en Cataluña un importante proceso político dirigido a la consecución de la independencia de esta parte del territorio de España. El conflicto ha fracturado la sociedad catalana y ha enfrentado simbólicamente a Cataluña contra el resto de España, aunque la voluntad y obstinación independentista —una característica de todo nacionalismo— en arrogarse el papel de pueblo catalán, con la exclusión de la otra mitad de la población, haya distorsionado en todo momento el enfrentamiento. Los viejos consensos y puentes han sido dinamitados, y el mundo real y las verdades han desaparecido para dejar paso a otro mundo virtual y soñado y a las posverdades. Las palabras —votar, decidir, democracia— ya no significan lo mismo que antes. Lo racional ha perdido definitivamente la batalla frente a las emociones.

En este tiempo, como mínimo hasta 2016-2017, los avances y provocaciones de los independentistas y el Gobierno de la Generalitat han sido respondidos, desde el Gobierno de España y una gran parte del mundo político e intelectual hispánico, con el silencio. Las movilizaciones en la calle han resultado multitudinarias. Nuevas maneras de gobernar, de legislar y de participar en lo público han emergido, mientras se hundía el sistema de partidos catalán hijo de la Transición democrática. Algunos observadores han llegado a hablar de revolución o de tsunami. El conflicto sigue, a día de hoy, totalmente abierto.

En mi opinión, una combinación de miradas hacia el pasado resulta indispensable para calibrar un presente extremadamente presentista. Primera mirada: a los orígenes y desarrollo del nacionalismo catalán, desde finales del siglo XIX, puesto que la opción de construir un Estado catalán separado de España ya se encuentra en los primeros planteamientos de este movimiento y nunca desaparece, aunque el pragmatismo o la acomodación permitan desplazarlo al estante de lo soñado. Segunda mirada: a los esfuerzos de nacionalización o construcción nacional de los nacionalistas a lo largo del siglo XX, con especial atención a las estrategias simbólicas, lingüísticas y de escritura de un relato histórico justificador en sentido nacional-nacionalista; en esta dirección, la etapa del pujolismo, entre 1980 y 2003, resulta, vista desde hoy, esencial. Tercera mirada: a la primera década del siglo XXI, que constituye la antesala del proceso a partir de la convergencia —uso la palabra sin connotación partidaria— de varios factores: una reforma del Estatuto no responsable y de oportunidad inventada por parte de la propia clase política catalana, de mediocridad pasmosa; la erosión del sistema político y judicial, favorecida por el doble desconcierto de socialistas y populares españoles desde 2004, al que acabó añadiéndose, ya en la segunda década secular, el tambaleo de la institución monárquica; un conflicto de carácter generacional; y, asimismo, los terribles efectos de la crisis económico-financiera de 2008, que iba a llegar acompañada de un generalizado desconcierto social, cultural y moral. El proceso independentista que acaba emergiendo con tanta fuerza en 2012 se edifica sobre estas bases y utiliza todos sus materiales de derribo. No es, en puridad, un simple conflicto entre Cataluña y España, como reza el relato oficial nacionalista, sino una disputa entre catalanes y entre modelos distintos de articulación de Cataluña en el mundo.

El proceso soberanista, separatista o independentista recibe el nombre de «proceso», sin más. Es, llana y simplemente, «el proceso»; en catalán, procés, aunque en alguna oportunidad, en una suerte de mezcla de catañol y de transcripción aparentemente fonética, algunos aludan maliciosamente al prusés. No resulta del todo excepcional que, en la historia contemporánea de uno u otro país, un proceso cualquiera se convierta, en propiedad, en «el proceso». Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso argentino. La dictadura cívico-militar implantada en 1976 fue bautizada por sus propios impulsores e ideólogos como Proceso de Reorganización Nacional, en claro contraste con los viejos autoritarismos y populismos, como la autodenominada Reconstrucción Nacional del peronismo o la Revolución Argentina del onganiato. No es infrecuente, empero, referirse, sencillamente, al Proceso. Coinciden en este acortamiento, en Argentina, varios intereses: en primer lugar, una necesidad mediática, puesto que en la televisión, a diferencia de los diarios e incluso de los documentos oficiales de la época, la abreviatura PRN no era fácilmente pronunciable ni evocadora —muchos españoles recuerdan todavía el famoso «Ce Ce O O» de Alfredo Urdaci, en octubre de 2003—, mientras que el nombre original excedía el largo óptimo; en segundo lugar, desde el poder argentino, se evitaba, por una parte, el término dictadura, y, de otra, se transmitía la idea de duración, necesaria para la erradicación del peronismo; y, finalmente, en la boca o la pluma de los grupos opositores, que adaptaron complacientes el término, este se cargaba de significados sobrepuestos, a manera de disfemismo, con un contenido eminentemente represivo, al tiempo que permitía evocar las connotaciones kafkianas del régimen.

En el caso catalán, la palabra mágica de los partidarios de la independencia, proceso, posee también un reverso oscuro en las alusiones de los críticos, contrarios o, simplemente, hartos de la situación creada. Comoquiera que sea, las alusiones a Franz Kafka y a lo kafkiano no han faltado a lo largo del proceso independentista en Cataluña. Unas pocas muestras permiten evidenciarlo. La líder de Ciudadanos en el Parlament, Inés Arrimadas, empezó su intervención en el plenario, la tarde del día 26 de octubre de 2017, con las palabras siguientes, dirigidas especialmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que había anunciado que no iba a convocar elecciones anticipadas para frenar la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución española: «Ni el proceso de Kafka era tan kafkiano como el proceso del señor Puigdemont».

Pocos días después, en una entrevista en Podemos España TV, Pablo Iglesias, preguntado sobre la fuga de Puigdemont a Bélgica, afirmaba que a él ya no le sorprendía nada y que «estamos viviendo situaciones kafkianas». Otro ejemplo de aquel momento, ajeno a la política partidista: el escritor Ildefonso Falcones declaró en Belgrado a la agencia EFE, el 27 de octubre de 2017, que lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos en Cataluña era «kafkiano, es demasiado y es una locura». El novelista se encontraba en Serbia —como mucho tiempo antes había estado allí Garcia-Planas, en un país, Yugoslavia, que ya no existe, un auténtico mundo de ayer— para presentar su última obra en la Feria del Libro.

En Empantanados (2018), el exdiputado Joan Coscubiela se pregunta si Franz Kafka escribió el guión del pleno del Parlament del día 10 de octubre de 2017. Pero, responde sin pausa: «Ni Kafka hubiera sido capaz de dibujar un escenario tan kafkiano». Aunque el año 2017 concentra la mayor parte de las alusiones a Kafka y a lo kafkiano, no representa la única ocasión en que se pueden encontrar referencias de este tipo. Estas expresiones estuvieron, asimismo, en la boca de los propios partidarios del proceso para referirse a las acciones y actuaciones de sus oponentes. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, declaraba a la prensa, en septiembre de 2016, que resultaba «kafkiano y triste» que el exconsejero y entonces diputado en el Congreso, Francesc Homs, tuviera que declarar en el Tribunal Supremo por la pseudoconsulta soberanista de 2014. Se trataba, sostenía Munté, de una situación «absolutamente kafkiana».

Cuando ya estaba casi poniendo punto y final a este libro, el 29 de enero de 2018, el director de La Vanguardia publicó un artículo en las páginas del diario titulado «Un proceso kafkiano». Alude Màrius Carol a las novedades y sorpresas de los últimos días en el enfrentamiento entre los independentistas y el Gobierno y las instituciones españolas de cara a la sesión de investidura, prevista inicialmente para el día 30 (y, finalmente, aplazada sine die): la inspección de alcantarillas y maleteros de coches por parte de agentes policiales, la salomónica decisión del Tribunal Constitucional, los conejos que van sacando Puigdemont y los suyos de la chistera. En la política catalana, afirmaba Carol, levantarse cada mañana conlleva una enorme incertidumbre. Para Josef K, una mañana de un día cualquiera empezó su proceso.

Cataluña no solamente tiene su propio proceso y sus episodios kafkianos, sino que, además, la literatura catalana también goza de su propio K. En 2015, poco antes del fallecimiento de su autora, la periodista y escritora Margarita Rivière, vio la luz una novela titulada Clave K. La obra había sido terminada más de tres lustros antes, pero en aquel momento no pudo publicarse —fue, reza la nota editorial, «amablemente “rehusada”»—. Jordi Pujol gobernaba todavía en la Generalitat. La novela trata, en clave K, de la sociedad catalana de los años ochenta e inicios de los noventa y, sobre todo, del pujolismo. ¿Por qué K? K de idioma y sociedad kaika, K de símbolo sencillo y fácilmente perceptible para las masas, pero asimismo K de Pujol —otros, como Albert Boadella, optaron por Ubú en sus sátiras—, nombre adoptado en «esas épocas históricas de la resistencia bancaria» por el entonces presidente del Gobierno kaiko, un hombre hecho a sí mismo, «bajo, más bien rechoncho y completamente calvo desde hacía años».

Los acontecimientos y las situaciones relatadas resultan reconocibles: la salida de una dictadura y la construcción democrática, la quiebra del banco de K (también el Josef K de Kafka trabajaba en una entidad bancaria) y el uso nacionalista de la polémica con el Gobierno central, el incendio del Gran Teatro de la Ópera kaika y la especulación urbanística, la gigantesca escultura de un calcetín, la publicidad institucional y la influencia en los medios, la televisión nacionalizadora y entregada a «la causa», la imposición social del idioma K, la pasión por mirarse el ombligo o, asimismo, como reconoce el inseparable secretario de K, Coska —Lluís Prenafeta, sin duda—, la «utilización demagógica de los sentimientos de la gente con la historia del país kaiko». Menos difícil aún es poner nombre real a algunos de los tipos y personajes, desde K y su esposa Marka hasta el arquitecto Ricardo Bahigues y, entre otros más, a Terra, ministro socialista del Gobierno central.

No faltan, en Clave K, ni las buenas familias de Barcelona, como los Catarach (Sebastián, Clarín y la sobrina Clara); ni muertos políticos, como Queiket; ni el poco independiente mundo del periodismo, con algunas excepciones como Julián Guevara; ni tampoco, finalmente, la fiel y eficiente secretaria de K, Karmen, conocida también por Kar, de escote espléndido e inspirador —de grandes discursos patrióticos, por ejemplo— y portentosas y complacientes manos. Con su agudeza habitual, Francesc de Carreras escribió que, con permiso de Valle-Inclán, Margarita Rivière había retratado perfectamente la Corte de los milagros catalana.

La novela de Rivière, ambientada en las décadas anteriores al estallido del proceso en Cataluña, muestra una sociedad y unas instituciones roídas por las tramas políticas, por la corrupción, el soborno y la especulación inmobiliaria, así como por la progresiva identificación entre K y el pueblo y nación kaikos. Marka lo expresa de forma clara en una conversación con su marido: «Si te atacan a ti, atacan a todo el pueblo kaiko, y todos hemos de estar ahí, contigo, como en los viejos tiempos». En el epílogo de la obra se nos desvela la trayectoria futura de algunos de los personajes: K fue absuelto, en concreto, de las acusaciones por apropiación indebida en el caso de su banco kaiko y proclamado hombre del año en la capital del Estado, dio innumerables lecciones de moral y ética, consiguió su propia policía, siguió reivindicando la identidad kaika como algo excepcional en el universo y, a su muerte, dejó una fortuna en paraísos fiscales. Le sucedió KQ —pronúnciese «cacu»—, su hijo y delfín, «un avispado hombre de negocios». Como bien se advierte en la contraportada del libro, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

En las páginas finales de El proceso, de Franz Kafka, antes del desenlace que supone la ejecución de Josef K en la noche anterior al día en que iba a cumplir treinta y un años, este se encuentra en la catedral con un sacerdote que se presenta como el capellán de la prisión y le explica que ha hecho que le llevaran a aquel lugar para poder hablar con él. «¿Sabes que tu proceso va mal?», le pregunta el sacerdote desde un pequeño púlpito lateral del templo, a lo que K responde: «También a mí me lo parece». Y más adelante agrega: «No sé cómo terminará. ¿Lo sabes tú?». La contestación del capellán y miembro también del tribunal no resulta muy distinta a la que podríamos dar ahora y aquí a alguien que nos interrogara sobre cómo terminará el proceso independentista en Cataluña: «No, pero me temo que terminará mal». En estos momentos no conocemos, lógicamente, el desenlace. No obstante, acabe como acabe, si pensamos en los efectos que ha tenido y tendrá todavía sobre la sociedad catalana y la española en general, podemos afirmar ya, sin tapujos, que el proceso terminará mal. Muy mal.

TRES

Con permiso de Kafka, en este libro me voy a ocupar del proceso. No el que afecta y descoloca a Josef K, sino el proceso independentista en Cataluña, a principios del siglo XXI, que también ha afectado y descolocado a muchas personas, tanto en Cataluña como en el resto de España, en Europa y en el mundo en general. Aunque el proceso por antonomasia de la época contemporánea sea el relatado en su novela por Franz Kafka, este otro merece igualmente una detenida atención. Resulta necesario ofrecer explicaciones, más allá de invectivas, eslóganes, valoraciones morales y reacciones emocionales, para un fenómeno que ha marcado profundamente la historia de los últimos años. No se trata ni de algo pasajero, ni superficial, ni tampoco simple. Presenta diferentes caras y ángulos, al tiempo que exige miradas desacomplejadas, aproximaciones no carentes de cierta originalidad y argumentaciones multicausales.

Lo que aquí se cuenta no es una historieta de buenos y malos, ni de lucha entre el bien y el mal, como algunas personas han intentado hacernos creer en los últimos tres lustros —y, en algunos casos, desde muchísimo antes—. El 2 de noviembre de 2017, Oriol Junqueras tuiteaba, antes de su ingreso en prisión: «Haced cada día todo lo que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21-D». Pocos días después, su compañera de partido, Marta Rovira, sentenciaba, ante el Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que «la revolución democrática no admite equidistancia, o estás con la revolución o estás con el opresor». En octubre del mismo año era el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, el que distinguía entre unos y otros: no podía avanzar lo que iba a hacer el Gobierno español ante el desafío de Puigdemont, puesto que no era posible contar «a los malos cómo actuarán los buenos».

Incluso algún historiador catalán ha obrado de esta manera, aunque al mismo tiempo asegurara, algo jesuíticamente, que no lo hacía. En una entrevista en eldiario.es, en septiembre de 2017, Josep Fontana afirmaba: «No vamos a hacer una historia de buenos y malos. En todo caso, me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos». Si la política de buenos y malos resulta, hoy y siempre, nefasta, la historia concebida en esta forma no merece comentarios, más allá de constatar que no es historia seria ni honesta.

Para describir y analizar el proceso independentista en Cataluña he optado por una aproximación que combina distintas disciplinas, en especial la ciencia política, la sociología y la psicología, presididas por la historia. No se encierra, sin embargo, en los cánones del relato académico, sino que coquetea abiertamente con el ensayo, lo que no significa, evidentemente, ninguna pérdida de rigor, ni de base documental, ni de espíritu crítico. El género ensayístico permite ayudar a responder adecuadamente a tres cuestiones que tienen que ver con la recepción, la inmediatez y la autoría. Pensar en el público lector resulta, ante todo, primordial. Los historiadores españoles se olvidaron de ello durante buena parte del siglo XX y ahora son pocos los que compran y leen sus productos. El hambre de historia, para decirlo en los términos del estadounidense John Lukács, es saciado, en la actualidad, por otros colectivos o profesionales. Con permiso de Kafka es un libro dirigido a un público amplio, curioso y cultivado.

La inmediatez constituye la segunda de las cuestiones anunciadas. Estamos ante un objeto de estudio en pleno desarrollo —cada día ocurren cosas nuevas que obligan frecuentemente a interrogarse sobre las interpretaciones del ayer reciente— y que todavía permanece abierto, sin final. Pasado y presente, que es al tiempo pasado futuro y futuro pasado, se dan en todo momento la mano. Nos falta perspectiva y, en cambio, nos sobran informaciones. Los historiadores no tenemos normalmente estos problemas ya que, por un lado, siempre sabemos cómo terminaron las cosas —lo que no es necesariamente, de todas maneras, una ventaja—, y, por otro, una selección natural o humana, o ambas, ha limitado previamente las fuentes. La fórmula ensayística permite moverse con mayor comodidad frente a unos acontecimientos y a unas situaciones inconclusas y en permanente evolución que no podemos, sin embargo, renunciar a analizar y a narrar.

Este género facilita, finalmente, una mayor implicación del yo del autor. No pienso, como nos decían en la universidad cuando cursaba mi carrera y como no pocos de mis colegas siguen creyendo, que el uso de la primera persona y la presencia del yo en el relato supongan una merma de la objetividad. Más bien me inclino por lo contrario: estamos ante una fórmula que, a través de una vía esencialmente subjetiva, garantiza mayores grados de objetividad. Seguro que ni lo objetivo ni la verdad existen realmente, pero la voluntad de aproximarse y guiarse por ellas resulta fundamental en las disciplinas humanísticas y sociales. Considero, como el historiador franco-polaco Krzysztof Pomian —lo he escrito ya, creo, en varias ocasiones—, que la obra ideal y, por consiguiente, inalcanzable es aquella que consigue aunar adecuada y armónicamente las tres aspiraciones siguientes: hacer saber, hacer comprender y hacer sentir.

Este libro, al igual que el prólogo que el lector tiene en este instante ante sus ojos, posee una estructura claramente tripartita. No es, lo advierto para que no induzca a nadie a duda, un homenaje a los Gobiernos de la Generalitat del 2003 al 2010, presididos por Pasqual Maragall (2003-2006) primero y después por José Montilla (2006-2010), apoyados por una coalición de socialistas, independentistas de ERC y excomunistas verdes, que recibieron el nombre de Tripartito. Mis intenciones son más sencillas: la adopción de las tres partes constituye la fórmula más corriente en el mundo savant francés y, por encima de todo, era la que se imponía a medida que iba avanzando en la redacción del libro. A los tres bloques se añade esta introducción y un breve epílogo dedicado a la situación del proceso independentista y de las sociedades catalana y española tras las elecciones autonómicas del 21 de diciembre de 2017. Como no podía ser de otra manera, el final resta totalmente abierto —e imprevisible—. Cierra el volumen, en cualquier caso, una pequeña selección bibliográfica, más orientadora que estrictamente exhaustiva.

Las partes del libro admiten, intencionadamente, tanto una lectura ordenada y completa como parcial. A partir de tres capítulos, el bloque inicial del libro («Tiempos de nacionalismo») ofrece las claves históricas para entender el surgimiento del nacionalismo catalán, en la España de finales del siglo XIX, y también los principales momentos y jalones del proceso de construcción nacional catalana a lo largo de la centuria siguiente. El análisis se centra en los siguientes: los primeros años del siglo XX —de la Lliga Regionalista a Solidaridad Catalana—, la época de la Mancomunidad de Enric Prat de la Riba, la Segunda República —en especial, el Estatuto de autonomía de 1932 y la sublevación del 6 de octubre de 1934— y, por último, la época autonómica abierta en 1980, marcada claramente hasta 2003 por la figura de Jordi Pujol. El régimen pujolista concentró muchísimos esfuerzos, desde el primer instante, en una intensiva operación nacionalizadora o renacionalizadora de la sociedad catalana. El proyecto fue bastante exitoso según los parámetros nacionalistas. Se clausura este bloque antes de los inicios del proceso independentista en Cataluña. Sin todos estos precedentes y estas circunstancias no iba a resultar, sin embargo, adecuadamente explicable todo lo ocurrido en el siglo XXI.

En la segunda parte («Anatomía del procés») se reconstruye y disecciona el proceso independentista en Cataluña, partiendo de 2003 —agotamiento del pujolismo, primer Gobierno tripartito, preludios de la reforma del Estatuto— y con punto final en las elecciones del 21 de diciembre de 2017. No concluye entonces, evidentemente, el proceso estudiado, pero sí esta obra —unas pistas sobre la continuación de este sueño o pesadilla, según los ojos de quien lo observe, lo protagonice o lo padezca, el lector las hallará en el epílogo—, ya que era imprescindible encontrar un término viable. En los tres capítulos de este bloque se combina la perspectiva cronológica (de 2003 a 2012, de 2012 a 2015, de 2015 a 2017, insistiendo en los cuatros meses postreros de este último año) y la temático-explicativa, que busca razones, causas —desde las más estrictamente políticas, económicas y culturales hasta las que nos adentran en frustraciones, miedos, aspiraciones, enamoramientos, creencias y complejos— y motivos de unas actitudes y decisiones de hombres, mujeres y niños de carne y hueso, como nosotros mismos. Únicamente una argumentación compleja puede permitir, a fin de cuentas, la comprensión de un complejo fenómeno.

La tercera parte de la obra («Historias, símbolos y colores de la patria») está dedicada a los relatos históricos, los mitos, las tradiciones y los símbolos del nacionalismo y el independentismo catalán. Se centra el capítulo 7 en la escritura de la historia de Cataluña en clave nacional-nacionalista y el papel que en ello han tenido los historiadores, en especial en los últimos cincuenta años. Nacionalismo e historia han mantenido y siguen manteniendo intensas relaciones —frecuentemente, bastante perversas— en Cataluña. Otros cuatro capítulos completan el último bloque. Mientras que en los capítulos 8 y 9 me ocupo de la señera y de la bandera estelada —además de todos los símbolos y estrategias movilizados por los independentistas en el siglo XXI—, en el capítulo 10 se estudian los himnos, canciones, danzas y fiestas consideradas nacionales, en un primer momento, y, ya en el capítulo 11, el día de la patria, la llamada Diada, el 11 de septiembre, desde los orígenes de la fiesta hasta 2017. Ni Montserrat, ni el burro catalán, ni el Pi de les Tres Branques —un pino mítico, en especial para los indepes y para los creyentes en los llamados Países Catalanes—, ni los lazos amarillos quedan fuera de este tratamiento. Todos estos símbolos, colores, mitos y relatos resultan fundamentales para unos movimientos que tienen en lo emocional y en lo religioso unas de sus claves esenciales.

Debo agradecer a Ramon Perelló, excelente editor y persona encantadora, el haberme propuesto escribir este libro. Fue en noviembre de 2017, tras la aparición de una entrevista que me hizo el buen y valiente periodista Xavier Rius en e-noticies sobre el proceso y la situación catalana, bastante leída y comentada. El principal problema era el tiempo. Ambos coincidimos en que lo ideal era publicarlo lo antes posible puesto que intentaba ofrecer respuestas ante el desconcierto provocado por el propio proceso independentista. Era un reto. Soy de escritura más bien lenta y pausada, algo obsesiva, como bien saben todas las personas que han trabajado en un momento u otro conmigo. Pero acepté y el 15 de diciembre, de regreso de una estancia en el noroeste de México, me puse a ello. He llevado a cabo desde entonces una vuelta al proceso en sesenta días de intenso trabajo y redacción. Me hubiera encantado que la vuelta tuviera, como en la novela de mi admirado Jules Verne, ochenta jornadas, pero ello era imposible. No es lugar, ahora y aquí, para lamentos. El resultado de mi particular aventura intelectual está fijado en las páginas de Con permiso de Kafka.

Además de Ramon Perelló y de Ana Camallonga, de la editorial Península, algunas otras personas han leído partes o la totalidad del texto y han hecho interesantes comentarios, sugerencias o correcciones. Destacan, entre ellas, mis colegas y amigos Pedro Rújula, Enric Ucelay-Da Cal, José María Pérez Collados, Àngel Duarte y Scheherezade Pinilla. Algunas ideas habían sido expuestas, antes de iniciar la redacción de este libro y sin imaginar que un día iba a existir como tal, en conferencias o seminarios en varias ciudades europeas y americanas y, asimismo, en algunos artículos de prensa. Mi esposa Mònica ha leído todas y cada una de las páginas de la obra; en algunos casos, dos y tres veces, o más incluso, como siempre en versiones sensiblemente distintas o, al revés, con cambios casi imperceptibles. Su paciencia, sentido común e inteligencia han sido fundamentales para mí en este proyecto. A ella y a mi hija Morgana, que estaban allí mientras lo escribía y, de igual manera, que estaban allí cuando sucedieron muchos de los hechos y circunstancias relatados, está dedicado el libro.

Gerona-París, 13 de febrero de 2018

PRIMERA PARTE

TIEMPOS DE NACIONALISMO

El Estatuto de autonomía aprobado en 2006 sustituyó en Cataluña al de 1979, elaborado en plena Transición democrática. La puesta en marcha de los preparativos para este significativo reemplazamiento y las discusiones y disputas que provocó abrieron una caja, la de Pandora, que a día de hoy todavía no se ha cerrado. En aquella coyuntura, a principios del siglo XXI, deben buscarse los orígenes del procés, el proceso, tal como veremos en la segunda parte de este libro. Conformémonos, por el momento, con algunos renglones del preámbulo estatutario de 2006. Reza, la primera de las frases del segundo párrafo, como sigue: «El pueblo de Cataluña ha mantenido a lo largo de los siglos una vocación constante de autogobierno, encarnada en instituciones propias como la Generalitat —que fue creada en 1359 en las Cortes de Cervera— y en un ordenamiento jurídico específico recogido, entre otras recopilaciones de normas, en las Constitucions i altres drets de Catalunya».

Ocho años después, en un tiempo simbólicamente marcado por el tricentenario de 1714, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hizo una declaración institucional tras la firma del decreto de convocatoria de la consulta del 9-N. Afirmaba el líder nacionalista el 27 de septiembre de 2014:

Tengo el honor de ser el 129 presidente de la Generalitat de Cataluña, institución creada en 1359 y que desde la primera presidencia de Berenguer de Cruïlles ha reflejado durante casi siete siglos la voluntad de autogobierno de los catalanes. A lo largo de estos siete siglos solamente imposiciones externas han provocado la suspensión del autogobierno. Un autogobierno que la voluntad expresa del pueblo catalán siempre ha deseado recuperar. Nuestras raíces son profundas, como lo es la solidez de nuestro sentimiento. Pero más sólidas resultan todavía la voluntad y la determinación de construir un país mejor de cara al futuro. Un buen país.

Y, acto seguido, añadía: «Queremos votar, queremos decidir y ahora tenemos el marco y el momento adecuado para hacerlo».

Una rápida consulta en la web oficial de la Generalitat de Cataluña, durante el relativamente corto mandato de Carles Puigdemont —aunque a muchos se les ha hecho larguísimo, vergüenza ajena al margen—, elegido el día 10 de enero de 2016, permitía tener conocimiento de que el político gerundense era el presidente número 130 de la principal institución del Principado. Así fue presentado, también, en su polémica y flojísima intervención —los medios nacionalistas catalanes omitieron en sus informaciones las preguntas comprometidas y las pobres e insatisfactorias respuestas de Puigdemont— en la Universidad de Copenhague el 22 de enero de 2018: 130th President of Government of Catalonia.

Detrás de los anteriores textos y referencias podemos encontrar trazos de la obsesión por la historia del nacionalismo y el independentismo catalanes. El pasado es leído siempre en una clave absolutamente presentista. ¿Qué significaban en las Edades Media y Moderna términos como pueblo, autogobierno, ordenamiento jurídico, presidencia, Generalitat? ¿O bien otras como nación, Estado y democracia, tan usadas y abusadas en el relato nacional-nacionalista patrio? En la cita anterior, Mas asimilaba el autogobierno de ayer al reclamado hoy; lo que, desde su punto de vista, suponía poder votar y decidir. La trampa resulta clara, pero muchos son los que creen en ello a pie juntillas. Aunque las palabras existieran, no tenían el sentido actual, como sabe cualquier honesto lector de historiadores de los conceptos y de los discursos como Reinhart Koselleck, John G. A. Pocock, Quentin Skinner, Pierre Rosanvallon, Jacques Guilhaumou, Elías José Palti, Javier Fernández Sebastián, Juan Francisco Fuentes, Carlos Espinosa o, entre otros más, Guillermo Zermeño. La entrada en la modernidad constituyó un gran laboratorio conceptual. El abuso de las continuidades y las miradas ahistóricas inducen frecuentemente a errores. La utilización partidaria de la historia es una tentación permanente.

La Generalitat de Cataluña de 2017 o de 2018 nada tiene que ver, excepto en el nombre, con la institución homónima anterior a 1714. Es hija o nieta, esencialmente, de la de 1931. No hay relación de continuidad entre la Generalitat contemporánea y la Diputación del General del siglo XIV. Se trata de dos instituciones distintas en épocas y circunstancias políticas, sociales y culturales disímiles en extremo. Y a pesar de que Puigdemont insista en ser considerado el mandatario número 130 de esta institución —y aspirante a ser el 130 y medio, como escribía José Ignacio Torreblanca en un lúcido artículo del 25 de enero de 2018—, la verdad es que nada le une al eclesiástico Berenguer de Cruillas, excepto en el marco diseñado por el relato nacional-nacionalista y en la imaginación de algunos patriotas.

La Diputación del General, más adelante conocida como Generalidad o Generalitat, que tenía su origen en las comisiones que, desde finales del siglo XIII, se ocupaban en la Corona de Aragón de recaudar los tributos votados y ejecutar los acuerdos de las Cortes, se convirtió en una institución estable a mediados de la centuria siguiente. En las Cortes de Cervera de 1359 se dieron pasos importantes en este sentido. La institución no solamente funcionaba en Cataluña, sino también en los reinos de Aragón y Valencia. Se trataba de un órgano formado por tres representantes de cada estamento (militar, eclesiástico, real), presidido por un representante del brazo eclesial y dotado de recursos propios. De organismo de carácter esencialmente económico pasó, con el tiempo, a serlo político y de gobierno. Fue suprimido en el siglo XVIII, tras el final de la guerra de Sucesión.

Más de dos siglos después, el 14 de abril de 1931, a la una de la tarde, Lluís Companys, tras deponer al alcalde monárquico, proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Las elecciones municipales, celebradas dos días antes, habían dado el triunfo en Cataluña a los republicanos y, en especial, a la flamante Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), liderada por Francesc Macià y de la que Companys formaba parte. Algo más de una hora después, Macià proclamó, en nombre del «pueblo de Cataluña», el «Estado catalán, que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas Ibéricas». Procedió también al nombramiento de nuevas autoridades y de un Gobierno provisional de Cataluña, formado por miembros de las principales formaciones republicanas.

El contacto entre los nuevos gobernantes en Madrid y Barcelona fue permanente. El andaluz Fernando de los Ríos y los catalanes Lluís Nicolau d’Olwer y Marcelino Domingo, ministros del Gobierno provisional de la República, se entrevistaron el 17 de abril en la Ciudad Condal con Macià y otras personalidades. Se llegó al acuerdo de renunciar al proclamado Estado catalán a cambio de la elaboración de un Estatuto de autonomía, que debía ser aprobado por las nuevas Cortes republicanas, y de la constitución de un poder político catalán. Este organismo iba a tomar el nombre histórico de Generalitat. Se trató de una sugerencia de Fernando de los Ríos, que en ningún caso implicaba continuidades o restauraciones imaginarias.

En cualquier caso, en abril de 1931, el envite del avi —«el abuelo», como se conocía popularmente a Macià, un viejo militar metido a político y, ya en la dictadura de Primo de Rivera, convertido en activo conspirador—, apostando por un Estado para que no se escapara la prometida autonomía acordada en el Pacto de San Sebastián (1930), dio buenos resultados. La Generalitat provisional, con Macià al frente, asumió las competencias de las diputaciones, que fueron suprimidas. La tarea principal de las nuevas autoridades fue la elaboración de un Estatuto. En mayo de 1932 se empezó a discutir en el Congreso. El Estatuto de autonomía catalán fue aprobado el 9 de septiembre por mayoría absoluta y el 15 fue rubricado por el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. ERC ganó por mayoría absoluta las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña, el 20 de noviembre. Macià fue elegido, el 14 de diciembre de 1932, presidente de la Generalitat, un puesto que ocupó hasta su fallecimiento, poco más de un año después, en la Navidad de 1933.

La nómina de los presidentes de la Generalitat que termina, a día de hoy, con Artur Mas y Carles Puigdemont en los puestos 129 y 130 (o 130,5), respectivamente, empieza, según algunos, en 1359 con Berenguer de Cruillas, el número 1. La lista oficial solamente se interrumpe entre 1714 y 1931. A los 121 que supuestamente se sucedieron antes de 1714 se suman, así pues, otros 9: Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla, Josep Tarradellas, Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont. Tarradellas, que pasó largos años en el exilio francés, negoció con Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos I el restablecimiento de la Generalitat, lo que quedó plasmado en un decreto del Gobierno español a finales del mes de septiembre de 1977. Aunque la lista de los 130 esté avalada por algunos historiadores, próximos al poder nacionalista de ayer y de hoy, resulta muy difícil establecer relaciones de continuidad entre la antigua Diputación del General y la Generalitat contemporánea. La obsesión por los encadenamientos choca, en ocasiones, con la realidad. Francesc Macià fue, en definitiva, el primer presidente de la Generalitat de Cataluña.

No figuran en la lista, en cambio, las personas que encabezaron la institución entre octubre de 1934 y febrero de 1936. El vacío, tanto como las presencias en otros casos, resulta también significativo. En el relato nacional, Companys seguía en la presidencia, como legítimo ocupante, a pesar de la destitución legal y la prisión, tras su rebelión fracasada del día 6 de octubre. En cualquier caso, el coronel Francisco Jiménez Arenas fue nombrado gobernador de Cataluña y presidente accidental de la Generalitat. Una ley de 2 de enero de 1935 dejaba «en suspenso las facultades concedidas por el Estatuto de Cataluña al Parlamento de la Generalidad».

Unos días más tarde, las autoridades militares cedieron el paso a los civiles: Manuel Portela Valladares y, más adelante, el radical Joan Pich i Pon. Poco después se puso fin al estado de guerra y la Generalitat recuperó algunos de los servicios, con la excepción del orden público. La crisis de los radicales conllevó el nombramiento como gobernador general y presidente de la Generalitat del valenciano Ignacio Villalonga y, posteriormente, del dirigente de la Lliga Félix Escalas. ¿Qué hacemos con estos presidentes de la Generalitat no contabilizados? ¿Cómo explicarán en el futuro los historiadores el triste final de la presidencia de Puigdemont y la etapa que le siguió?

El supuesto antiguo ordenamiento jurídico específico catalán fundamenta, asimismo, como veíamos en el preámbulo del Estatuto de autonomía de 2006, los relatos del nacionalismo. En los últimos años, algunos historiadores al servicio de esta causa, especialmente en la barcelonesa Universitat Pompeu Fabra, han insistido mucho en ello y en un imaginario camino —evidentemente, contrario al español— hacia la democracia ya en el siglo XVII. En la tercera parte del libro se trata esta cuestión. Estamos, en cualquier caso, ante un despropósito historiográfico. Tampoco los términos Cortes, Constitución o libertades significaban en el pasado lo mismo que en el presente. La continuidad semántica intenta sustituir a la simplemente terminológica como fuente de legitimación. Lo ha recordado acertada y oportunamente Alfons Aragoneses en su contribución en la obra Los juristas catalanes y el Estado español (2017).

Ferran Mascarell, consejero de Cultura durante unos meses, en 2006, con el socialista Pasqual Maragall y, en un sorpresivo movimiento por arte de birlibirloque —o, en otras palabras, puro transfuguismo político, no excepcional—, también a la cabeza de la misma Consejería de la Generalitat con el convergente Artur Mas entre 2010 y 2016, antes de ocupar la delegación de la Generalitat en Madrid, ha insistido en varias ocasiones, de palabra o por escrito, en que el independentismo actual poco tiene que ver con la historia. La revuelta de los catalanes, en sus palabras, que recuerdan las referencias elliottianas a 1640, tiene que ver sobre todo con la reacción frente a la baja calidad del Estado, no con temas históricos o identitarios. Resulta curioso que estas afirmaciones las haga, precisamente, la persona que estaba al frente de la Cultura en Cataluña durante los fastos del Tricentenario 1714-2014. En una entrevista en el diario El País, en enero de 2015, este historiador y político aseguraba que no era «un independentista historicista o romántico». El empeño de Mascarell en convertirse en el gran ideólogo procesista se ha saldado con un relativo fiasco.

Comoquiera que sea, los intentos de desvincular el proceso tanto del nacionalismo —«soy independentista, pero no nacionalista», aseguran algunos con argumentos poco convincentes, desmentidos por la realidad— como del argumentario historicista no han resultado demasiado creíbles. Lo nacional lo ha impregnado todo. Los independentistas, como antes los nacionalistas más o menos autonomistas, observan con atención el presente y miran hacia el futuro, ciertamente, pero nunca se olvidan de fundamentar su causa, en mayor o menor grado, en el pasado.

En esta primera parte de Con permiso de Kafka se analiza la historia del nacionalismo catalán, desde sus orígenes a finales del siglo XIX hasta el principio del siglo XXI, antes de la eclosión del proceso independentista. Trata el capítulo 1 («Los orígenes del nacionalismo catalán») de las causas del surgimiento de este nacionalismo, mientras que el capítulo 2 («Tres momentos») se centra en los principales lapsos de tiempo del proceso de construcción nacional de Cataluña antes de 1939: los primeros años del siglo XX, la época de la Mancomunidad y la Segunda República. Finalmente, en el capítulo 3 («Construir Cataluña») me ocupo de otro momento clave de la nacionalización, esto es, la etapa autonómica abierta en 1980, marcada por la figura de Jordi Pujol y por el pujolismo.

1

LOS ORÍGENES DEL NACIONALISMO CATALÁN

El nacionalismo catalán ha definido, desde sus orígenes a finales del siglo XIX, a Cataluña como una nación y a España como un Estado, pero no una nación. Lo natural frente a lo artificial. A cada nación, un Estado, apuntaba Enric Prat de la Riba en La nacionalitat catalana (1906), su obra teórica fundamental y una de las referencias esenciales del catalanismo. Para este autor, «la aspiración de un pueblo a tener política propia, a tener un Estado suyo, es la fórmula política del nacionalismo». En las conclusiones del libro, Prat de la Riba insistía en la cuestión en los términos siguientes: «Consecuencia de toda la doctrina aquí expuesta es la reivindicación de un Estado catalán, en unión federativa con los Estados de las otras nacionalidades de España. Del hecho de la nacionalidad catalana nace el derecho a la constitución de un Estado propio, de un Estado catalán».

Aspira el nacionalismo catalán a hacer coincidir, hoy, mañana o algún día, la nación con el Estado, esto es, a convertir Cataluña en Estado. Este deseo se ha mantenido hasta la actualidad, a principios del siglo XXI, en el que la opción abiertamente independentista ha tenido un espectacular crecimiento. Incluso en la etapa autonomista inaugurada en 1980, con los Gobiernos de Jordi Pujol, el Estado propio y la independencia formaban parte también del horizonte nacionalista, aunque en aquella coyuntura se reclamara a algunos de sus partidarios, como ha señalado con acierto Francesc de Carreras, paciencia. El autonomismo no fue nunca incompatible con el sueño de la independencia.

Las evoluciones catalanistas hacia posiciones soberanistas o secesionistas no deberían, por tanto, sorprendernos. No existen límites, una ausencia que permite a los nacionalistas, precisamente, estar en permanente agitación y regeneración. El nacionalismo se mueve como pez en el agua en los momentos o coyunturas de crisis, como ponen de relieve tanto el proceso independentista en Cataluña, a principios del siglo XXI, como, algo más de cien años antes, a finales del siglo XIX, su surgimiento en tierras catalanas.

Aunque en ocasiones, sobre todo desde el propio campo nacionalista, se usen como sinónimos o como estratos de una escalera evolutiva términos como catalanidad, catalanismo, regionalismo catalán, nacionalismo catalán o separatismo e independentismo, ni significan estrictamente lo mismo, ni tampoco existen entre ellos continuidades o saltos inexorables. Mientras que la catalanidad está situada en el amplio campo de los sentimientos, el catalanismo puede dividirse en literario, cultural y político e integrar a todos los demás, pero no a la inversa. Entre regionalismo y nacionalismo catalán la diferencia es nítida, especialmente si aplicamos los términos más arriba expuestos por Prat de la Riba. El separatismo y el independentismo son nacionalistas, pero lo contrario no necesariamente resulta siempre cierto. Las distintas caras del nacionalismo catalán en la España contemporánea, de ayer a hoy, se encuentran en íntima relación con cada coyuntura histórica.

FIN-DE-SIGLO

A finales del siglo XIX surgieron en España los denominados nacionalismos alternativos, subestatales o periféricos: el catalán, el vasco y el gallego. El primero iba a ser el que más rápidamente se consolidara. De un triple patriotismo —nacional, regional o provincial, local—, estructurado como si se tratase de capas de cebolla y vivido con una normalidad que acaso pueda parecer sorprendente vista desde hoy, se pasó a un patriotismo identificado con una nación, que era Cataluña, mientras que lo local era un complemento y España se convertía simplemente en el Estado, artificial y, a corto o largo plazo, prescindible.

Para comprender la génesis del nacionalismo catalán —y el proceso consiguiente de construcción de una entidad nacional— se han invocado, a veces, razones más o menos naturales o inexorables. Desde posiciones contrarias, las referencias a la simple invención no han faltado. No existen, sin embargo, ni explicaciones ni fórmulas únicas. Los procesos históricos siempre son complejos. En otros trabajos he propuesto que, a fin de entender su eclosión —el modelo es, sin duda, aplicable a los demás nacionalismos subestatales hispánicos, en especial el vasco—, debemos tener en cuenta cuatro conjuntos de elementos pertenecientes a campos diferentes: una coyuntura favorable, un descontento manifiesto en relación con los proyectos de construcción del Estado-nación español, un grupo de personas disponibles y dispuestas para dotar de fuerza y dirigir el proceso y, por último, sin que el orden tenga una especial significación, la existencia de tradiciones, conciencias, realidades, experiencias y signos de identidad más o menos antiguos.

Las crisis de finales del siglo XIX propiciaron en Cataluña, en concreto, la existencia de una coyuntura de este tipo. La Cataluña fin-de-siglo vivió momentos complicados. Y no solamente como consecuencia de lo que se ha venido en llamar el Noventa y ocho, la crisis del 98 o, asimismo, el «Desastre». España tuvo que enfrentarse, al igual que otras naciones de la Europa latina —ultimátum inglés a Portugal (1890), derrota italiana en Adua (1896), incidente de Fashoda (1898)—, a sus contradicciones y a sus fantasmas. La tensión entre imperio y nación resulta aquí palpable.

La Restauración (1875-1923) puede ser caracterizada como un régimen monárquico y de orden, liberal aunque no totalmente democrático, algo harto habitual en la Europa occidental en la segunda mitad del Ochocientos. Iba a durar casi medio siglo, hasta el golpe militar del general Miguel Primo de Rivera, en septiembre de 1923, que abría las puertas de una dictadura autoritaria. El Estado-nación español se consolidó en aquel medio siglo definitivamente, en su versión liberal, viviéndose una larga etapa de estabilidad y paz que, aunque en algunos momentos pudiera parecer frágil —más amenazada, en todo caso, en lo social que en lo propiamente político—, resultó a todas luces excepcional en España. Como en el caso de la Tercera República en Francia, los gobiernos postunitarios en Italia o, años antes, la Regeneraçâo de 1851 en Portugal, el régimen de la Restauración logró clausurar en España el largo periodo de enfrentamientos, revueltas y luchas civiles que presidió la conformación del Estado-nación liberal contemporáneo.

El pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos, a fines de diciembre de 1874, puso término al Sexenio Democrático (1868-1874) y permitió el restablecimiento de la monarquía. Alfonso XII, hijo de Isabel II, fue proclamado rey. Desembarcó en Barcelona el 9 de enero de 1875. El hombre fuerte del momento era Antonio Cánovas del Castillo. Los nuevos gobernantes dedicaron desde el primer momento innumerables esfuerzos a dar fin a dos dinámicas sobrepuestas: la coyuntura democrática y revolucionaria abierta en septiembre de 1868, que hizo posible una amplia movilización popular y un intenso desarrollo de experiencias republicanas —la Primera República, en lugar privilegiado—, cantonalistas e internacionalistas, vividas con no disimulado temor desde algunos sectores de la sociedad, y, en segundo lugar, el largo ciclo de violencias políticas iniciado en 1808, que puede ser caracterizado como una larga Guerra Civil, con las carlistadas como núcleo esencial.

La clave principal del éxito canovista, como bien han mostrado José Varela Ortega y Carlos Dardé, no fue otra que la imposición de la política y de la ley sobre la violencia. Los principios del cambio se plasmaron en una nueva Constitución, aprobada por las Cortes en 1876. A fin de asegurar la estabilidad política resultaba indispensable regular el acceso al poder de las principales facciones liberales. El pacto de alternancia, concretado en el llamado turno pacífico, se fundamentaba en el acuerdo, la tolerancia y la aceptación del adversario. La conformación de los partidos dinásticos tuvo lugar en el primer decenio de la Restauración: mientras que el Partido Conservador se organizó alrededor de la figura carismática de Cánovas, Práxedes Mateo-Sagasta, basándose en el mismo modelo, aunó en el Partido Liberal-fusionista a los distintos grupos que se reconocían como liberales y aspiraban a una progresiva introducción de reformas. Era el propio ejercicio del poder, sostenido en la confianza en la autoridad moderadora de la institución monárquica, lo que les otorgaba cohesión y acuerdo. El caciquismo, las redes clientelares y la manipulación electoral anclaban el poder. La plena consolidación del sistema de la Restauración facilitó las aperturas y la ampliación de las libertades, desde la Ley de Asociaciones (1887) hasta el sufragio universal masculino (1890).

En los años postreros del siglo XIX y en los dos o tres primeros del siglo XX se vivieron situaciones complicadas. Esta crisis del régimen de la Restauración resultó mucho más grave que la de 1885, pero bastante menos que la que iba a preceder —y provocar, está claro— el golpe militar de 1923. El fallecimiento de Alfonso XII en noviembre de 1885, sin descendencia pero con la reina encinta, había desencadenado una minicrisis que, contra lo que pudo pensarse en algún momento, acabó reforzando el régimen liberal. El fantasma de la posible falta de descendencia masculina y de nuevas querellas dinásticas, con la última guerra carlista en un recuerdo todavía nada lejano, infundió temores e incertidumbre. Y, al mismo tiempo, creó lógicas expectativas entre las oposiciones excluidas del sistema —carlistas y republicanos—, que se agitaron en los meses que transcurrieron hasta el nacimiento póstumo del futuro Alfonso XIII, en mayo de 1886.

El feliz alumbramiento, junto con los apoyos de sectores militares y eclesiásticos, además de los recibidos de las potencias europeas, dificultó todo movimiento amenazador. El acuerdo entre conservadores y liberales —lo que por aquel entonces algunos denominaron Pacto de El Pardo—, con la cesión de Cánovas a Sagasta de su lugar al frente del Gobierno de España, mostró la solidez de las bases del sistema. La regencia de María Cristina de Austria (1885-1902) tardó poco en asentarse.

En la fase finisecular se pusieron en evidencia, en cualquier caso, varios problemas y disfunciones del sistema político. Primero: la fuerte presión de las oposiciones y la modernización de la forma-partido, así como el crecimiento de las movilizaciones y el desarrollo del espacio público. La política española se convirtió, a fin de cuentas, en mucho más compleja y plural en la década postrera del siglo XIX. La proliferación de círculos y de otras formas de sociabilidad política, desde los centros catalanistas y los batzokis nacionalistas vascos hasta los círculos carlistas y republicanos, pasando por las casas del pueblo republicanas y socialistas y los ateneos anarquistas, así como también la importancia otorgada a la propaganda, los mítines y la movilización popular, se encuentran en la base de un proceso de modernización política que iba a mostrar con claridad todas sus posibilidades a inicios del siglo XX. Como ocurrió de manera paralela en países más o menos vecinos como Italia, esta modernización, que significaba asimismo avances en el proceso de politización y en la ciudadanía, procedió, como no podía ser de otra manera, de los partidos alternativos al turnismo dinástico. La prensa política vivió una etapa floreciente.

Segundo: la multiplicación de asociaciones y partidos regionalistas y nacionalistas. Catalanistas y vasquistas reclamaron un lugar en el escenario político restauracionista. La Lliga Regionalista, como veremos más adelante, y el Partido Nacionalista Vasco de los hermanos Sabino y Luis Arana ocuparon un espacio central en sus respectivos territorios.

Tercero: la desaparición de la generación de políticos que había protagonizado el Sexenio Democrático y la primera parte de la Restauración, entre los que sobresalían en Cataluña, sin distinción de ideologías y opciones partidistas, Francisco Pi y Margall (1901), Víctor Balaguer (1901), Juan Mañé y Flaquer (1901), Luis María de Llauder (1902) o Valentí Almirall (1904). Los dos grandes pilares de la Restauración española también fallecieron por aquel entonces: Antonio Cánovas del Castillo, asesinado por un anarquista italiano en 1897, y Práxedes Mateo-Sagasta, que murió en 1903.

Nuevos líderes jóvenes entraron en escena en unos momentos en los que el cuestionamiento de la fórmula turnista no era un tema menor y con una fractura creciente, para expresarlo en palabras de la época, entre el país real y el país legal. El sistema restaurador necesitaba, en la España de entre siglos, pequeñas y a veces no tan pequeñas modificaciones, así como voluntad por parte de sus dirigentes de adaptarse a los cambios y las novedades. Buena parte de ello se hizo realidad, permitiendo que la regencia de María Cristina de Austria dejase paso, sin mayores problemas, al reinado de Alfonso XIII (1902-1931).

La guerra de Cuba (1895-1898) tuvo como consecuencia grandes pérdidas materiales y humanas: unos 11.000 militares muertos en 1896, y más de 12.000 en 1897. La mayoría de las bajas no tenía nada que ver con los combates, sino con las enfermedades y las condiciones de vida sobre el terreno de soldados y civiles. Cuba fue uno de los pocos territorios ultramarinos que conservó España tras el proceso de las guerras de independencia del primer cuarto del siglo XIX. Los Gobiernos españoles hicieron todo lo posible, a lo largo de la centuria, para mantener esta preciada posesión, tanto a nivel estratégico como, sobre todo, económico, frente a los movimientos internos y a la presión de nuevas potencias emergentes, como la vecina Estados Unidos.

Antes de la llamada guerra de Cuba, de finales de la centuria, hubo otros conflictos importantes en la isla. Destacó, entre ellos, la guerra de los Diez Años, que estalló en 1868 y no cesó hasta la firma del Tratado de Paz de Zanjón, en 1878. Martínez Campos desembarcó en La Habana en noviembre de 1876 con refuerzos militares, financiados gracias a un empréstito realizado por un grupo de capitalistas encabezado por el naviero Antonio López. Los intereses antillanos pesaron fuertemente en las tramas conspirativas que habían permitido instaurar la Restauración. El proyecto recibió el apoyo de industriales y comerciantes catalanes, interesados en mantener el orden, evitar cambios en Cuba y despejar toda tentación librecambista. Comoquiera que sea, la pacificación de 1878 fue precaria —verbigracia, los episodios de la guerra Chiquita— y, como los hechos iban a demostrar pocos lustros después, temporal.

Entre 1895 y 1898 tuvo lugar una dura guerra entre las fuerzas españolas y los insurrectos cubanos, apoyados fuertemente por Estados Unidos —la doctrina Monroe y el imperialismo no eran ajenos a ello—, que en 1898 decidieron intervenir directamente. El presidente de este país, William McKinley, apoyándose en la explosión del barco de guerra estadounidense Maine en la bahía de La Habana —un hecho más que dudoso, al que la prensa norteamericana otorgó una extraordinaria trascendencia—, en febrero de 1898, declaró la guerra a España. La contienda hispano-norteamericana en Cuba, en 1898, fue corta y terminó en el mes de julio con la humillante derrota, en Santiago de Cuba, de la flota española, comandada por el almirante Pascual Cervera. Las negociaciones entre Estados Unidos y España empezaron de inmediato, con la mediación del embajador francés en Washington, Jules Cambon. El Tratado de París, firmado en diciembre de 1898, puso término al conflicto.

Las Filipinas no tenían para España, que las controlaba desde el siglo XVI, una importancia comparable a la de Cuba. De hecho, la propia presencia española en un archipiélago que contaba con algo más de 7.000 islas, con capital en la ciudad de Manila, era limitada. La piratería fue asimismo un problema recurrente. Las órdenes religiosas constituían, junto con los militares, una de las principales presencias coloniales hispánicas. Su situación estratégica para el acceso a los mercados asiáticos y el negocio del tabaco habían revalorizado aquellos territorios en el siglo XIX. Estados Unidos aprovechó, como en el caso de Cuba y Puerto Rico, los movimientos independentistas de la última década del siglo XIX contra la metrópolis para intervenir y hacerse finalmente con el control de las Filipinas.

España se vio en la obligación de abandonar en 1898, por tanto, sus últimas colonias: Cuba y Puerto Rico en las Antillas, y las Filipinas en el Pacífico. Como escribió José María Jover, en el siglo XIX estas posesiones eran los restos de un gran imperio mundial en manos de una pequeña potencia. La pérdida de las colonias y el final de este imperio se produjo, paradójicamente, en plena época del imperialismo. España se convirtió, a fin de cuentas, en una potencia marginal. Las pequeñas aventuras en el norte de África, ya en el siglo XX, no introdujeron cambios en esta situación.

Entre los efectos de la crisis colonial destacan, además, una sensación de humillación en el Ejército, que atizó en el inicio de la centuria los conflictos entre militaristas y antimilitaristas, y la desaparición de un mercado privilegiado para los comerciantes e industriales catalanes. Esta última cuestión tuvo efectos económicos importantes en algunos sectores, aunque relativamente menores si los observamos con una perspectiva temporal más allá del corto plazo; pero, en cambio, provocó otros mayores en el terreno de la política nacional. Para el flamante nacionalismo catalán, el caso cubano puso de manifiesto que autonomía e independencia no eran necesariamente quimeras.

Los problemas económicos y sociales no faltaron en la coyuntura de entre siglos. Afectaron los primeros a la agricultura y, en menor medida, a la industria. Tras una etapa de euforia en las décadas de 1870 y 1880, motivada por el auge de las exportaciones vitícolas —la filoxera estaba entonces afectando a los viñedos franceses—, llegó la ruina. El insecto de marras, que no entendía de fronteras, cruzó los Pirineos y se cebó en la viña catalana. La producción cayó en picado. No toda la extensión anterior iba a ser replantada en las décadas siguientes, ni mucho menos. Nació en aquel entonces el problema rabasaire. La pérdida de las colonias afectó también a las exportaciones. A las dificultades del sector del vino se juntaron los efectos de la crisis mundial de sobreproducción, que provocó la bajada del precio del cereal.

La crisis financiera de 1882, cierre de la llamada fiebre de oro —Narcís Oller iba a dedicar una novela a este tema, La febre d’or (1890-1892)—, que había provocado un enorme afán especulativo y el florecimiento de muchas entidades bancarias efímeras, no ayudó en esta coyuntura. La depreciación de la peseta, en cambio, ocasionó un incremento de las transferencias de los catalanes desde el exterior, puesto que los emigrados en América eran muy numerosos. La debacle colonial generó, de igual modo, una repatriación de capitales, invertidos parcialmente en la creación de nuevas empresas o utilizados para renovar otras. El gran cambio de la industria catalana en la etapa de entre siglos consistió en un proceso de diversificación. El textil, que sí se vio afectado por la pérdida de mercados, siguió siendo el sector mayoritario, pero otros, como el químico, el eléctrico o el cementero, adquirieron un peso mayor.

Los conflictos sociales que más preocupación generaron en el final de siglo fueron los atentados anarquistas. Tras el protagonismo adquirido por la bakuninista Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) durante el Sexenio Democrático, este movimiento fue sometido a una muy dura represión a partir de 1874-1875. Las principales acciones anarquistas en el Principado se produjeron entre 1893 y 1897. Afectaron, las más impactantes, a personajes clave de la Restauración, así como a lugares y actos emblemáticos de la burguesía o la Iglesia. En 1893, Paulino Pallás atentó en Barcelona contra el capitán general de Cataluña, Arsenio Martínez Campos, y dos bombas Orsini fueron lanzadas a la platea del Teatro del Liceo, provocando, aunque una no explotara, numerosas víctimas. Allí encontró la muerte, junto a su amante, la Mariona Rebull de la novela de Ignacio Agustí, convirtiendo en viudo a Rius. Un atentado contra la procesión de Corpus en la capital catalana en 1896 dejó, según algunas fuentes, una docena de cadáveres.

Barcelona, que creció de manera constante en el siglo XIX y superaba en 1900 el medio millón de habitantes —allí residía uno de cada cuatro catalanes— fue bautizada por aquel entonces como la ciudad de las bombas. A todas estas acciones les siguieron numerosas reacciones represivas, dando lugar a una dinámica de acción-represión-acción cuyos efectos acabaron afectando a amplias capas del movimiento obrero. Destacó, en este sentido, el conocido como proceso de Montjuich, en 1896-1897, con más de cuatro centenares de detenidos, torturas, consejo de guerra y cinco ajusticiados. Después de un breve paréntesis, entre 1904 y 1909 se iba a entrar en una nueva fase de propaganda por la acción. Mientras tanto, el recurso a la huelga se extendió. Cataluña, sociedad industrial, sufría algunas de sus propias contradicciones.

El fin-de-siglo fue una época, igualmente, de notables interrogaciones intelectuales. La palabra «intelectual» empezó a utilizarse no únicamente como adjetivo, sino también como sustantivo. En Cataluña, el nacimiento de esta figura, a caballo entre lo cultural y lo político, debe ser puesto en relación tanto con las reacciones ante el Desastre de 1898 como, sobre todo, con las protestas provocadas por el proceso de Montjuich. A diferencia del intelectual noventayochista coetáneo, a la manera de Miguel de Unamuno o de Ramiro de Maeztu, los intelectuales en Cataluña tenían al catalanismo como punto de referencia. El regeneracionismo estuvo a la orden del día. El malestar resultaba evidente, aunque también el contraste entre la realidad y sus lecturas y representaciones.

Coincidió con el gran momento del modernismo en Cataluña, con literatos como Joan Maragall, Raimon Casellas, Pere Coromines, Prudenci Bertrana, Santiago Rusiñol o Víctor Català, seudónimo de Caterina Albert. Ramon Casas y el propio Rusiñol destacaron en la pintura, un ámbito en el que representó un importante papel la Sala Parés. En arquitectura y artes decorativas, el equivalente local del art nouveau o modern style, tuvieron gran relevancia Antonio Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner —creador del Palacio de la Música—, Enric Sagnier y Josep Maria Jujol.

Analizado en perspectiva, el denominado Desastre no fue, en puridad, ni una catástrofe ni una ruptura histórica mayor. La expresión España fin-de-siglo evoca una nación en pleno cuestionamiento e inmersa en un debate sobre sus propias contradicciones. Pero, a pesar de ello —y el historiador debe ser muy sensible a esta cuestión—, el fin de centuria fue vivido entonces como un desastre, como el Desastre por antonomasia de la historia patria. El dirigente conservador Francisco Silvela lo expresó, en el título de un texto periodístico, con dos simples palabras, pero que definían el aparente estado de postración de España: «Sin pulso». Las metáforas médicas proliferaron por doquier: la nación estaba enferma, en decadencia o muerta —España tenía un problema, que no era otro que el «problema de España»— y la regeneración resultaba indispensable. Muchos médicos o curanderos se ofrecieron a tratar al cuerpo enfermo; cirujanos de hierro, en algún caso. Fueron, al fin y al cabo, los momentos estelares del regeneracionismo simbolizado por el aragonés Joaquín Costa.

Existe todavía un mito del 98: la pérdida de las colonias, el fin del imperio español, una suerte de hundimiento de una civilización. Sea como fuere, las cosas, como casi siempre ocurre en los procesos históricos, resultaron mucho más enmarañadas. Jacques Maurice y Carlos Serrano escribieron que «se temía una tempestad, algo así como Sedán y la Comuna juntos; fue poco más que una brisa». Así, pongamos por caso, los efectos económicos reales provocados por la crisis en el sector textil fueron menores que la alarma y la merma de confianza en la capacidad del Estado para defender sus intereses por parte de los grupos perjudicados. El imaginario del 98 ha condicionado, no obstante, todo el siglo XX, desde los regeneracionismos hasta el franquismo.

DE DEBILIDADES, ACTORES Y MATERIALES

Después de tratar algo detalladamente el primero de los cuatro conjuntos de elementos pertenecientes a campos diferentes que permiten, a mi entender, explicar el surgimiento del nacionalismo catalán, paso en este apartado a ocuparme de los otros tres.

El segundo conjunto de elementos evocado más arriba tiene que ver con el descontento manifiesto en relación con los proyectos de construcción del Estado-nación español a lo largo del siglo XIX. No se pueden entender los nacionalismos periféricos sin tener permanentemente en cuenta el nacionalismo estatal. De manera paralela a lo que ocurría en otros países europeos, como Francia o Italia, en España se asistió en el Ochocientos a un proceso de construcción nacional y a la voluntad de hacer españoles, de españolizar, es decir, de nacionalizar una comunidad política preexistente. Los resultados iban a condicionar la emergencia o no de proyectos alternativos. Los historiadores han debatido mucho en los últimos treinta años sobre el éxito o el fracaso del proceso de construcción nacional en la España del siglo XIX. La tesis de la debilidad ha sido recientemente impugnada o, como mínimo, matizada. Los problemas, sin embargo, resultan innegables.

Las hipótesis más influyentes en este terreno fueron presentadas por el historiador catalán Borja de Riquer en un texto en el que intentaba exponer las razones de la debilidad de este proceso y sus efectos sobre la génesis de los nacionalismos catalán y vasco. Estos no habrían destruido la unidad española, sostenía este autor en sus conclusiones, sino al revés; fueron el fracaso o la crisis de la penetración social del nacionalismo español los que permitieron el triunfo de los nacionalismos alternativos. Los argumentos que permitían defender esta posición eran los siguientes: las características específicas de la revolución liberal española; la ineficacia de la acción unificadora del Estado; el carácter nacional precario de la vida política —un país de centralismo oficial, pero de localismo real, como escribió acertadamente Juan Pablo Fusi—; los desequilibrios económicos regionales, sobre todo entre Cataluña y el País Vasco y el resto, y la débil homogeneidad social; un mensaje de integración nacional conservador y nostálgico; una acción insuficiente del Ejército y de la escuela en el proceso de nacionalización (los agentes estatales nacionalizadores por excelencia, junto con las comunicaciones, según Eugen Weber en su clásico libro Peasants into Frenchmen [De campesinos a franceses]), en la que el fracaso de la imposición del castellano como lengua única resulta un buen ejemplo; y, finalmente, la falta de prestigio de la monarquía y de los símbolos de la nueva nación, como la bandera o el himno.

El análisis de Riquer ha sido muy criticado en las dos últimas décadas, con razón, tanto por lo que se refiere al peligro del uso de modelos de «normalidad» —el representado por Francia, sobre todo— y lecturas obsoletas, como a la falta de tratamiento del trabajo de españolización de la propia sociedad civil, al margen del Estado, o la no insistencia en algunos puntos, como la ausencia de enemigos exteriores o el papel de la Iglesia y el catolicismo. Comoquiera que sea, las relaciones entre el proceso de construcción nacional español —sin la fuerza suficiente que garantizase su éxito, como mostró con brillantez, no exenta de polémica, José Álvarez Junco en Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (2001), o bien con el íntimo, errado e inmovilizador convencimiento de su natural solidez— y la génesis de los nacionalismos catalán o vasco a fines del siglo XIX resultan evidentes.

Luego están los actores, en el tercer lugar de nuestra lista explicativa. Esto es, personas disponibles y dispuestas a dotar de fuerza y dirigir el proceso, en especial intelectuales, políticos y profesionales. Autores como Ernest Gellner o Miroslav Hroch llamaron ya la atención hace muchos años sobre la importancia de las élites nacionalistas. En este sentido, el desarrollo en la segunda mitad de la centuria de importantes movimientos románticos (la Renaixença en especial), anticentralistas (el federalismo o el provincialismo) y regionalistas, desde el Centre Català a la Unió Catalanista, permitió la existencia de una nutrida cantera en el catalanismo. No se echa de ver, sin embargo, ninguna continuidad necesaria e inexorable entre estos movimientos y el nacionalismo. No todos los regionalismos y los anticentralismos ochocentistas acabaron convirtiéndose en España en nacionalismos, como pone de manifiesto el caso aragonés; incluso, en otro orden de cosas, los regionalismos, como en Valencia, pudieron ser excelentes vías de nacionalización española.

Detengámonos un momento, en este punto, en dos de los movimientos citados más arriba: la Renaixença y el regionalismo catalanista. Entre las décadas de 1830 y de 1880 se desarrolló el movimiento de la Renaixença (Renacimiento), que pretendía una parcial restauración del catalán como lengua literaria, así como recuperar la historia, el folclore y la cultura en general de este territorio. En aquel entonces, con el romanticismo como referente, se forjaron buena parte de los mitos catalanes. Tradicionalmente se ha considerado como punto de arranque el poema conocido como «Oda a la pàtria» (1833) —el título original es «La pàtria. Trobes»—, de Buenaventura Carlos Aribau, que este había escrito para festejar la onomástica de su patrón, el banquero Gaspar de Remisa.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII se habían producido cambios muy destacados en los usos lingüísticos en Cataluña. Además de la introducción del castellano en los ámbitos oficiales y en la escuela, los grupos dirigentes lo adoptaron como lengua propia y nacional, signo de progreso, dejando el catalán como idioma provincial, exclusivamente utilizado por los sectores populares y la baja literatura, como por ejemplo, los libros de piedad o algunas obras teatrales de tradición vallfogonesa. La opción era bien meditada, en cuanto vía de integración plena y global en la comunidad hispánica. En La Inquisición sin máscara (1811), el liberal mataronense Antonio Puigblanch escribía que resultaba indispensable que Cataluña «abandone el idioma provincial, si ha de estrecharse más y más bajo las nuevas instituciones con el resto de la nación, e igualarla en cultura». Y, acto seguido, remachaba: «Desengañémonos ya, y entendámonos que será siempre extranjero en su patria, y que por consiguiente quedará privado de una gran parte de la ilustración que proporciona la recíproca comunicación de las luces, el que no posea como nativa la lengua nacional». Hubo escasísimas resistencias a este proceso.

Inicialmente, la Renaixença constituyó un movimiento cultural inspirado por la burguesía catalana liberal-conservadora, adecuado a los cambios que se habían producido en el tránsito del viejo al nuevo régimen. El pasado medieval y las bellezas del paisaje regional eran, en las plumas en castellano y pluripatrióticas de Próspero y Antonio de Bofarull, Víctor Balaguer, Juan Cortada o Pablo Piferrer, un efectivo contrapunto para una sociedad industrial y conflictiva como la catalana, que tan acertadamente supo diagnosticar el pensador católico Jaime Balmes. La lengua catalana fue únicamente recuperada para la poesía culta, tanto por Joaquim Rubió i Ors, bajo el seudónimo de «Lo Gayter del Llobregat», como en los Juegos Florales, instaurados en 1859 y presentados como un acto restaurador de la fiesta medieval del gay saber. Estos se convirtieron en la fiesta por excelencia de la poesía y de la literatura en Cataluña. La lengua modelo no era, sin embargo, la que se hablaba normalmente en los pueblos y ciudades, sino la de los idealizados trovadores medievales.

El movimiento de la Renaixença, como ha mostrado JoanLluís Marfany en Nacionalisme espanyol i catalanitat (2017), no pretendió hacer renacer nada, y sus principales impulsores fueron los más entusiastas partidarios de la diglosia en Cataluña. El castellano fue lengua de ascenso social y de nación, mientras que el catalán se convertía, en palabras de Aribau, en «dialecto provincial». El nacionalismo español tuvo en Cataluña, en la primera mitad del siglo XIX, una de sus principales bases. Penetró en todos los sectores sociales. La burguesía catalana asumió un papel destacado en la construcción nacional española. La guerra de la Independencia (1808-1814) —aunque los nacionalistas catalanes quieran olvidar este episodio— fue, en este sentido, un momento fundacional. Esta burguesía, nacionalmente española y abocada a la industria, y sus intelectuales desarrollaron asimismo un regionalismo catalán, distinto del viejo patriotismo provincial de Antiguo Régimen. No había entre patria nacional y regional, a mediados de la centuria, incompatibilidad, sino complementariedad.

Antonio de Bofarull dio a la imprenta, en 1862, la primera novela histórica escrita en catalán, L’orfaneta de Menargues, ambientada en el Compromiso de Caspe. A partir de mediados de la década de 1860, el movimiento se amplió, con una extensión del uso del catalán, como muestran publicaciones como el Calendari Català, Lo Gay Saber o La Renaixensa. También se incorporaron sectores más populares e ideológicamente menos conservadores, con otro modelo lingüístico, representados en el teatro paródico y antifloralesco de Conrado Roure, Eduard Vidal Valenciano o Frederic Soler (Pitarra), y en revistas como Un Tros de Paper o La Campana de Gràcia. Catalanismo y Renaixença se dieron poco a poco la mano —Valentí Almirall representó en ello un papel decisivo—, siendo entonces bautizado y fijado el movimiento (Renacimiento versus una supuesta Decadencia) y retrotraído a la oda de marras de Buenaventura Carlos Aribau, escrita en un año clave de la evolución política contemporánea.

El catalanismo tuvo, a su vez, un desarrollo importante en el último cuarto del siglo XIX. Valentí Almirall, tras apartarse del grupo federalista de Francisco Pi y Margall, fue el personaje más activo en este campo en los años ochenta: edición del Diari Català (1879), en lengua catalana y que iba a llegar a casi ocho centenares de números; organización del Primer Congreso Catalanista (1880), que reunió a unas 3.000 personas de tendencias bien distintas, y el Segundo Congreso Catalanista, dos años después; creación del Centre Català (1882), y publicación de Lo Catalanisme (1886). Àngel Duarte, en una pequeña aunque excelente biografía de este personaje, ha escrito que, en 1882, Almirall «sentaría, quizás sin quererlo del todo, las bases de la ideología nacionalista catalana». El núcleo de Vic, de Jaume Collell, Jacinto Verdaguer y los obispos Josep Morgades y Josep Torras i Bages —autor de La tradició catalana (1892)—, así como el de la escuela de Olot, profundamente católicos y tradicionalistas, mantuvieron claras distancias con las posiciones almirallianas, desconfiados del pasado laicista y republicano del autor de Lo Catalanisme.

Ni los forzados intentos de algunos historiadores por enlazar el catalanismo de la segunda mitad del siglo XIX con el supuesto austracismo persistente de la primera mitad de la centuria anterior, ya sea a través del carlismo, ya sea del liberalismo, ni tampoco la interpretación del carlismo y del federalismo como una suerte de precatalanismos o de precedentes del nacionalismo catalán, contribuyen en nada sustantivo a las explicaciones históricas. La polémica algo artificial entre Jordi Solé Tura y Josep Termes sobre los orígenes burgueses o populares del catalanismo y el nacionalismo es ya de otra época y poco aporta. El nacionalismo impulsado inicialmente por la burguesía catalana no es contradictorio con la existencia de un catalanismo popular. La búsqueda de precedentes y de evoluciones naturales y lógicas ha llegado, sin embargo, en algunos casos —pienso aquí en algunos maleducados textos de Agustí Colomines—, hasta límites tan obsesivos como estériles.

En cualquier caso, los sectores más conservadores del Centre Català, como Àngel Guimerà y el diario La Renaixensa, se escindieron de esta entidad para fundar, en 1887, la Lliga de Catalunya, a la que pronto se sumaron los jóvenes del Centre Escolar Catalanista (Enric Prat de la Riba, Narcís Verdaguer i Callís, Francesc Cambó, Lluís Duran i Ventosa). En 1891 nació la Unió Catalanista. Esta federación celebró varias asambleas en distintos puntos de Cataluña (Manresa, Reus, Balaguer, Olot). En la reunión de 1892 se dieron a conocer las llamadas Bases de Manresa —Bases per a la Constitució Regional Catalana—, una suerte de proyecto de constitución catalana.

Enric Prat de la Riba y Pere Muntanyola redactaron en 1894 un panfleto a modo de catecismo, bastante influyente, titulado Compendi de la Doctrina Catalanista. Distinguían ya claramente entre el Estado —como «entidad política, artificial, voluntaria»— y la patria, en su caso Cataluña, que era una «comunidad histórica, natural, necesaria». Mientras que el Estado era obra de los hombres, la patria, en cambio, era «fruto de las leyes a las que Dios ha sujetado la vida de las generaciones humanas». En este catecismo, que provocó gran escándalo, el Estado español era definido como enemigo de Cataluña.

A partir de mediados de la década, el referente principal del catalanismo pasó a ser el abogado Prat de la Riba, director desde 1899 de La Veu de Catalunya. Muchas de las personas citadas supra se reencontraron en 1901 en la Lliga Regionalista, el primer partido de masas nacionalista, dirigido por Prat de la Riba y Cambó, junto con un buen número de burgueses descontentos con la ineficacia del Estado y de los partidos de la Restauración a la hora de defender sus intereses en aquella agitada coyuntura finisecular. Prat de la Riba y los suyos llevaron a cabo, a lo largo de la última década del siglo, un intenso trabajo de propaganda catalanista y de entrismo en asociaciones y corporaciones, en especial en Barcelona.

Finalmente, en esta lista de cuatro factores debemos tener en cuenta la presencia de tradiciones, conciencias, realidades, experiencias y signos de identidad más o menos antiguos. Entre estos sobresalen la lengua, la cultura y la historia propias, las lealtades institucionales y las tradiciones jurídicas locales y regionales, la conciencia étnica y las identidades o, entre otros, las realidades socioeconómicas —la industrialización y el industrialismo, por ejemplo, que ponían de relieve, además de claras diferencias económicas y laborales con otros territorios hispánicos, elementos definitorios de «lo catalán»— y las experiencias históricas acumuladas. Aunque toda nación y todo nacionalismo sean una construcción, no resulta posible emprenderla, al fin y al cabo, sin bases ni materiales como los anteriores.

La convergencia de los cuatro conjuntos de elementos que acabamos de analizar y sus interrelaciones permiten explicar la eclosión del nacionalismo catalán —y de los demás nacionalismos que denominamos periféricos— en la España fin-desiglo. Por separado, estos elementos nunca habrían dado lugar seguramente a dicho resultado. Una cultura o una lengua propias, pongamos por caso, pueden constituir piezas centrales, como en Cataluña, o secundarias, como en el País Vasco, en donde la raza fundamentó los primeros discursos nacionalistas, en una peculiar sublimación a contrario del casticismo español más intransigente, con atribuciones de pureza de sangre incluidas. Sea como fuere, cultura y lengua no resultan suficientes, sin más, para dar lugar a un nacionalismo, como muestran la región valenciana o las islas Baleares.

La cuestión racial no es un tema totalmente inexistente en tierras catalanas, como muestran las propuestas en la etapa de entre siglos de Pompeyo Gener sobre las dos razas españolas —aria al norte y semítica-negroide en el resto— o los famosos cráneos distintos entre peninsulares del doctor Robert, que tanto sorprendieron a su colega Santiago Ramón y Cajal. En la década de 1930 también encontramos el racismo biológico sin casi eco de La raça (1930), del veterinario olotense Pere Màrtir Rossell, o el manifiesto «Para la conservación de la raza catalana», impulsado en 1934 por el economista-demógrafo Josep Anton Vandellós, muy preocupado por la combinación entre baja natalidad catalana y alta inmigración, y firmado por nacionalistas como Pompeu Fabra, el jurista Francesc de Paula Maspons i Anglasell, el historiador Josep Calassanç Serra Ràfols o el etnólogo Josep Maria Batista i Roca, introductor del escultismo en Cataluña y fundador de Palestra (1930), una organización juvenil patriótica inspirada en los boy scouts.

Incluso el historiador y futuro dirigente de ERC, Oriol Junqueras, trató, en un artículo en el diario Avui en 1988, de las notables diferencias genéticas entre catalanes y españoles. Sin embargo, en el nacionalismo catalán, lo cultural siempre ha predominado sobre lo biologizante. Otra cosa es la formulación de una preponderancia cultural y política, fundamento de una idea clara de superioridad con respecto a los «otros» españoles. Este elemento, considerado cierto ayer, todavía resulta más evidente en el hoy procesual.

CONSTRUIR LA NACIÓN

Con la génesis de los nacionalismos periféricos, la España del siglo XX iba a ser muy diferente de la de la anterior centuria. La cuestión nacional y el conflicto entre estos nacionalismos y el Estado se convirtieron en problemas centrales, hasta hoy, de la realidad de España. Miguel de Unamuno escribía en 1897 que la unidad nacional española no era algo evidente. De la España del siglo XIX, enfrascada y enfrentada en edificar un Estado-nación, va a pasarse en el siglo XX a otro escenario muy distinto: nuevas naciones van a reclamar su puesto en España, nuevos procesos de nacionalización van a ser emprendidos, nuevas propuestas para pensar el Estado van a estar encima de la mesa. El nacionalismo es una construcción, y la nación, una construcción de los nacionalistas.

Abundan las personas que creen que las naciones han existido siempre y las que piensan que los orígenes nacionales de Cataluña deben buscarse en el Medievo. El obispo Josep Torras i Bages creía que la nación catalana fue creada por Dios. En La tradició catalana, de 1892, una suerte de réplica implícita a Lo Catalanisme de Almirall, afirmaba: «Cataluña la hizo Dios, no la han hecho los hombres; los hombres solo pueden deshacerla; si el espíritu de la patria vive, tendremos patria; si muere, morirá ella misma». Y en otro de los capítulos del libro, escribía:

La Iglesia es regionalista porque es eterna. Los organismos políticos, los Estados, se hacen y se deshacen según las circunstancias, incluso son constituidos en congresos diplomáticos, por lo que su duración es siempre limitada, y, al deshacerse, reaparecen las antiguas naciones, las unidades sociales naturales formadas, no en congresos, ni en dietas de hombres de Estado, sino en los eternales consejos de la Providencia divina.

Antes del siglo XX no existía, sin embargo, ninguna nación llamada Cataluña. Fueron los nacionalistas los que, a partir de finales de la década de 1890, se lanzaron al proyecto de construir una nación y de nacionalizar a los catalanes, esto es, de hacer catalanes plenamente conscientes de formar parte de una supuesta nación catalana. El proceso de nacionalización se hizo contra la nación española y con formas no muy distintas a las aplicadas por los Estados-nación del siglo XIX, aunque el Estado, en este caso, solamente pudiera ser, por el momento, imaginado. Hacer catalanes plenamente conscientes de formar parte de una nación catalana significaba, en palabras del escritor, periodista y político Josep Pous i Pagès, «recatalanizar Cataluña». La tribu, como apuntaba Josep Pijoan, iba a devenir nación.

Fruto en buena medida de todo lo anterior, en 1901 tuvieron lugar cambios trascendentales en la política catalana: la fundación de la Lliga Regionalista, la formación que iba a convertirse en hegemónica hasta la Segunda República, y el triunfo en la capital, en las elecciones generales, de la que fue conocida como la candidatura de los cuatro presidentes. Tanto en los orígenes de la formación como en la idea de la candidatura se encontraban dos entidades que se habían formado un par de años antes: la Unió Regionalista y el Centre Nacional Català. Agrupaba la primera a un sector de la burguesía catalana descontento con la política estatal y decepcionado por la fracasada experiencia del Gobierno Silvela de marzo de 1899. Habían apoyado sobre todo al general Camilo García de Polavieja, ministro de la Guerra, que recogió sus inquietudes económicas y regionales. Francisco Silvela nombró ministro de Justicia a Manuel Duran i Bas y alcaldes de Barcelona, Reus y Tarragona, respectivamente, a Bartomeu Robert, Pau Font de Rubinat y Francesc Ixart; además, promovió a los obispos Josep Morgades y Josep Torras i Bages para ocupar las sedes de Barcelona y Vic.

Las cosas se torcieron con el enfrentamiento entre el ministro Raimundo Fernández Villaverde y los industriales, comerciantes y tenderos barceloneses, que se negaron a pagar las nuevas contribuciones, que habían aumentado significativamente para costear el déficit generado por el conflicto colonial y la guerra con Estados Unidos. La campaña de protesta empezó en mayo, coordinada por la Liga de Defensa Industrial y Comercial. Robert renunció a la alcaldía. Este movimiento, que fue conocido como el «tancament de caixes» —el cierre de cajas—, terminó con la suspensión de garantías constitucionales y algunas detenciones. Los ministros Polavieja y Duran presentaron la dimisión en octubre. Los polaviejistas catalanes constituyeron la Unión Regionalista —las presiones la convirtieron muy pronto en Unió—, presidida por Lluís Ferrer-Vidal y en la que destacaban los Raventós, Rusiñol, Sallarés, Bertran i Musitu, Agulló, el doctor Robert o los hijos del banquero Girona.

El Centre Nacional Català, la segunda entidad citada, estaba formado por el sector posibilista, partidario de entrar en la liza electoral, que se separó al final del siglo de la Unió Catalanista. Destacaban, entre sus miembros, Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Josep Puig i Cadafalch o Lluís Duran i Ventosa, hijos políticos casi todos de Narcís Verdaguer i Callís. Los representaba La Veu de Catalunya, convertida en diario —Prat de la Riba era el director y Raimon Casellas el redactor jefe—, frente a las posiciones unionistas de La Renaixensa. La generación del año 1901, como denominó Jaume Vicens Vives a aquella minoría movilizadora de la «gente de bien», tuvo un papel fundamental. Una generación, sostenía este historiador en Notícia de Catalunya (1954), «mucho más expresiva en sus inquietudes esenciales que la tan cacareada del 1898 en Castilla».

En la nueva formación se habían integrado algunos jóvenes abogados republicanos, miembros de la llamada peña del Ateneo Barcelonés —el Ateneu—, como Jaume Carner, Santiago Gubern, Joaquim Lluhí i Rissech o Ildefons Sunyol. La suma del núcleo política e intelectualmente sólido del Centre Nacional Català con los conservadores regeneracionistas de la Unió Regionalista, bien posicionados desde un punto de vista político y social, dio lugar, en 1901, a la Lliga Regionalista.

Para las elecciones generales del 19 de mayo de 1901, ambos grupos, ya fusionados en la Lliga, impulsaron en Barcelona la candidatura de los cuatro presidentes, formada por Albert Rusiñol, expresidente de Fomento del Trabajo Nacional —industrial, hermano del pintor y escritor Santiago—; el doctor Bartomeu Robert, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País; el arquitecto Lluís Domènech i Montaner, expresidente del Ateneo Barcelonés, y el propietario Sebastià Torres, presidente de la Liga de Defensa Industrial y Comercial. Todos salieron elegidos. Los acompañaron al Congreso de los Diputados un par de republicanos, Francisco Pi y Margall y Alejandro Lerroux, y el liberal Pedro Gerardo Maristany, futuro conde de Lavern. Las puertas a un sistema de partidos específicamente catalán, aunque fuera de manera parcial, habían sido abiertas.

2

TRES MOMENTOS

Antes de 1939, tres momentos resultan esenciales en el proceso de construcción nacional y de politización nacionalista de Cataluña: los primeros años del siglo XX, la época de la Mancomunidad y la Segunda República. Lo nacional atraviesa la sociedad catalana y se convierte en el centro del sistema y del debate políticos. En los años de entre siglos, como se trata con detalle en la tercera parte de esta obra, se asistió a una fecunda invención y reelaboración de presuntas tradiciones. Mientras que la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930) supuso un importante freno al proceso nacionalizador, el final de la Guerra Civil española (1936-1939) y el franquismo conllevaron la represión de los nacionalismos periféricos y un amplio y abusivo empeño renacionalizador español. Más adelante, a partir de la década de 1980, como se analiza en el capítulo siguiente, el proyecto de nacionalización catalana fue retomado con gran brío y éxito por el pujolismo.

LA LLIGA Y SOLIDARIDAD CATALANA

En 1901 se fundó, como vimos en el capítulo anterior, la Lliga Regionalista. Esta formación, dirigida por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, puede ser definida como moderna, nacionalista —a pesar de autodenominarse regionalista, fruto de las confusiones iniciales sobre este par de términos—, conservadora, industrialista y no dinástica. Estas características, en especial el conservadurismo, se fueron concretando de manera progresiva entre 1901 y 1905. A diferencia de lo ocurrido en 1901 con la candidatura de los cuatro presidentes, la flamante formación catalanista no tuvo tanto éxito en las distintas elecciones de 1903 y 1905. No fue simple ni rápida su penetración en buena parte del territorio de Cataluña, más allá de la capital.

Prat de la Riba fue encarcelado durante unos pocos días, en 1902, en un calabozo de la prisión de la calle barcelonesa de Santa Amalia —una «inmundicia» según sus supuestas palabras al verlo—, por la publicación de un artículo, reproducido de L’Indépendant de Perpiñán, en La Veu de Catalunya, el diario que dirigía, auténtico portavoz de la Lliga. La prisión y la grave dolencia que padeció al salir —estuvo bastante tiempo en un sanatorio francés— fueron aprovechadas para consolidar el proyecto. El encarcelamiento, aunque sea por unas pocas horas o por unos días, deviene pátina patriótica.

Los conflictos sociales de 1902 contribuyeron a afianzar una posición de clara defensa social en el nacionalismo catalán. El 17 de febrero empezó una huelga general que paralizó Barcelona durante unos días. En la ciudad condal participaron, según algunas fuentes, entre 80.000 y 100.000 trabajadores, bien asentados en las sociedades de oficio, que abandonaron sus trabajos y cuyos piquetes paralizaron la actividad industrial y comercial, así como el transporte público. Sea como fuere, la huelga terminó sin concesiones por parte de la patronal y una fuerte represión, con más de una decena de muertos.

En 1904 se produjo una escisión en la Lliga Regionalista, causada por la desobediencia de Cambó a las directrices lligaires al dirigirse, aunque críticamente, al joven rey Alfonso XIII en su visita a Barcelona. Francesc Cambó, que era entonces uno de los concejales del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, pidió al monarca autonomía para los «organismos naturales» (región, municipio, familia). Recibió el apoyo de la mayoría de la formación, pero hizo que el sector de los antiguos republicanos, liderado por Jaume Carner, Joaquim Lluhí i Rissech e Ildefons Sunyol, la abandonaran. Estos sacaron a la calle El Poble Català, primero semanario y después diario, alternativa a La Veu de Catalunya, y crearon, más adelante, el partido Centre Nacionalista Republicà.

Completaba entonces la oferta del nacionalismo la veterana Unió Catalanista, que, dirigida desde 1903 por Domingo Martí i Julià —por mucho que les pese a los ultranormalizadores, nunca se llamó Domènec, sino Domingo, un nombre bien catalán, como demostró Joan-Lluís Marfany—, a pesar de mantener su genuino apoliticismo, radicalizó sus reivindicaciones catalanistas y sociales, intentando, sobre todo en la segunda década de la centuria, un acercamiento al mundo obrero. Acogió, por aquel entonces, a buen número de los reducidos separatistas existentes, como Vicenç Albert Ballester, el creador de la bandera estelada (véase el capítulo 9).

Los republicanos estaban bastante divididos. La Unión Republicana, creada en 1903, bajo la presidencia de Nicolás Salmerón, agrupó a los distintos núcleos españoles, con la excepción de los federales. Obtuvo muy buenos resultados en las elecciones de aquel año y en los dos siguientes, en especial en la Ciudad Condal, pero se rompió como consecuencia de la Solidaridad Catalana. Algunas zonas, como Reus o Figueras, mantuvieron un particular microclima republicano. En cualquier caso, la novedad más sobresaliente fue la irrupción del cordobés Alejandro Lerroux, conocido como el «emperador del Paralelo», que, instalado en la capital del Principado desde 1901 —y diputado en el Congreso—, se convirtió en el líder e ídolo de las masas republicanas barcelonesas con una retórica provocadora y demagógica, harto seductora. En el discurso del populismo lerrouxista resultaban esenciales el anticlericalismo y un creciente anticatalanismo, que era, en puridad, antiligüismo.

Los viejos partidos, conservadores y liberales, así como las formas antiguas de hacer política —turnismo, baja participación, caciquismo (el persistente cacicato liberal en la montaña leridana, o bien el salismo en Tarrasa, que permitió la presencia de Alfonso Sala en el Congreso entre 1893 y los finales de la Restauración)—, seguían estando bien presentes a principios de la centuria. Así, por ejemplo, la Lliga obtuvo cuatro diputados en 1901 por la ciudad de Barcelona, pero solamente sumó dos más en toda Cataluña: Leonci Soler (Manresa) y Carles de Camps (Olot). En las cuatro provincias se impusieron los liberales. En los comicios generales de abril de 1903, convocados esta vez por los conservadores, sus electos fueron mayoría en las provincias de Gerona, Tarragona y Lérida, mientras que en la de Barcelona vencieron los republicanos. La Lliga obtuvo, en total, cinco escaños.

En septiembre de 1905, los republicanos volvieron a imponerse en la provincia de Barcelona, mientras que en las otras tres lo hacían los liberales, que esta vez habían organizado las elecciones generales. Los lligaires sumaron siete diputados: dos en Barcelona, cuatro más en la provincia (Manresa, Vic, Vilanova, Granollers) y uno por el distrito de Olot. Acaso los resultados de las elecciones para diputados provinciales del mismo año 1905, ofrecidos por Isidre Molas, permitan hacerse una idea algo más precisa de la pluralidad política catalana: la Diputación de Barcelona quedó formada por 16 dinásticos (10 conservadores y 6 liberales), 11 republicanos, 6 de la Lliga y 3 carlistas; la de Tarragona, por su parte, por 11 dinásticos (7 conservadores y 4 liberales), 6 republicanos y 3 carlistas. La perspectiva barcelonesa de la historia de Cataluña, inevitable teniendo en cuenta el peso de la ciudad en todos los órdenes y la tendencia política catalana al centralismo, resulta algo distorsionadora.

Situado inicialmente en la órbita de la Lliga y de la Unió Catalanista, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI) se fundó, en abril de 1903, en el modernista café Els Quatre Gats. Pasó de menos de cien asociados en el año de su fundación a unos 10.000 en la década de 1920. Los dependientes eran trabajadores de cuello y corbata, en contraste con los obreros de blusa y alpargatas, y aspiraban sobre todo al ascenso social y a instalarse por cuenta propia. Los objetivos del CADCI pueden resumirse en tres puntos: la defensa y propaganda del catalanismo, la formación y el ocio de los asociados —promovieron de forma decidida, por ejemplo, la práctica deportiva y las excursiones— y el reformismo social, para lo cual establecieron secciones de socorros mutuos, de cooperativismo y de acción sindical.

El 25 de noviembre de 1905 vio la luz en las páginas del semanario Cu-cut!, próximo a la Lliga Regionalista, una viñeta satírica de Joan García-Junceda (Junceda), en la que un militar mantenía la siguiente conversación con un ciudadano, delante del Frontón Condal, al que se estaban dirigiendo muchas personas:

—¿Qué se celebra aquí que hay tanta gente?

—El Banquet de la Victòria.

—¿De la victoria? Ah, vaya, serán paisanos.

Con el banquete de marras, la Lliga celebraba su triunfo pírrico en Barcelona —o acaso su dulce derrota: una docena de concejales frente a los catorce de Unión Republicana— en las elecciones municipales. Como era ya costumbre en la publicación y con el 98 en la cabeza, el autor ninotaire oponía un partido exitoso a un fracasado Ejército. La prensa catalanista, y en particular la lligaire, había adoptado desde hacía algún tiempo una insolente y reiterativa violencia de palabra e imagen contra el estamento militar, que, al mismo tiempo, observaba con indignación los progresos del catalanismo.

La algarada protagonizada aquel mismo día por decenas de oficiales de la guarnición barcelonesa, que asaltaron y destrozaron las redacciones del Cu-cut! y La Veu de Catalunya, hizo olvidar todas las provocaciones y convirtió a los nacionalistas en víctimas de la barbarie castrense —y española, para más inri—. La reacción de las autoridades, previa crisis gubernamental, se centró en elaborar una ley que dejara bajo jurisdicción militar toda afrenta al Ejército o la patria. No se inquietó a los vengadores, que recibieron adhesiones numerosas, sino todo lo contrario. La Ley de Jurisdicciones fue votada y promulgada en marzo de 1906.

En Gerona, en febrero de 1906, se había presentado ya en público Solidaritat Catalana, una plataforma de formaciones políticas unidas frente a los hechos de noviembre de 1905 y a la elaboración de la nueva ley, que recortaba las libertades de prensa y expresión, amén de suponer un menoscabo del civilismo restaurador. Este movimiento, en cuanto representación supuesta de la sociedad civil, iba a convertirse, a no mucho tardar, en coalición electoral. Lo integraban desde los federales a los carlistas, pasando por la Lliga Regionalista, los republicanos catalanistas —que pocos meses después fundaron el Centre Nacionalista Republicà— y una parte de Unión Republicana, además de independientes. La Unió Catalanista y el CADCI sostuvieron de forma entusiasta la iniciativa, mientras que los conservadores dinásticos se situaron al margen y Lerroux, tras respaldar a los asaltantes, fomentó un frente antisolidario. Salmerón, en cambio, representó un papel destacado en el movimiento. La división de los republicanos volvía a manifestarse.

El homenaje, en mayo, a los diputados que se habían opuesto a la Ley de Jurisdicciones y el mitin celebrado en la plaza de toros de las Arenas consolidaron la Solidaritat. Los dirigentes de la Lliga fueron los grandes muñidores de la maniobra política, conscientes de las ventajas que esta podía tener, tanto para su propia formación como para las relaciones con el Estado.

Enric Prat de la Riba pergeñó para la ocasión, reutilizando bastantes materiales, la que puede considerarse como su obra teórica fundamental y una de las referencias esenciales del nacionalismo: La nacionalitat catalana, que vio la luz en la segunda mitad de mayo de 1906. Se trataba, en palabras de Eugeni d’Ors, del libro de cabecera de Cataluña. La obra tenía poco fondo y pocas ideas, pero es, hasta hoy, a través de muchas generaciones catalanistas, un hito del pensamiento nacionalista. No ha sido, me parece, superada. Quizás la cosa no da para mucho más...

En 1894 había publicado ya, con Pere Muntanyola, tal como vimos en el capítulo anterior, el Compendi de la doctrina catalanista, en donde sostenían que la patria de los catalanes era Cataluña, mientras que España era solamente el Estado al que esta pertenecía. Una docena de años después, en La nacionalitat catalana, Prat de la Riba retomaba con mayor firmeza esta cuestión:

Y veíamos más: veíamos que Cataluña tenía lengua, derecho, arte propios; que tenía un espíritu nacional, un carácter nacional, un pensamiento nacional; Cataluña era, así pues, una nación. Y el sentimiento de patria, vivo en todos los catalanes, nos hacía sentir que patria y nación eran una misma cosa, y que Cataluña era nuestra nación, al igual que nuestra patria.

Si ser patria, si ser nación era tener una lengua, una concepción jurídica, un sentido del arte propios, si era tener espíritu, carácter, pensamientos nacionales, la existencia de la nación o de la patria era un hecho natural como la existencia de un hombre, independiente de los derechos que se le reconocieran de hecho. El esclavo romano era hombre, aunque por las leyes de su tiempo fuese una cosa en manos de otro hombre, del hombre oficial que las leyes reconocían. La nación era nación aunque las leyes la tuvieran sujeta, como el esclavo romano, a otra nación, a la nación oficial, la nación privilegiada. El hombre era hombre, aunque por la ley no lo fuese; la nación es nación aunque por ley no lo sea.

Prat de la Riba había tomado de Valentí Almirall la idea herderiana de Volkgeist. El Estado, en cualquier caso, era una organización política, sostenía, algo bien distinto de la nación. En La nacionalitat catalana, el nacionalismo pasaba a articularse con el imperialismo, en tanto que segunda de sus funciones, siendo la primera la de dotarse de Estado («Cada nacionalidad debe tener su Estado»). Según el autor, Cataluña debía aspirar a convertirse en un Estado impulsor de un imperio hispánico —o incluso ibérico—, despertando con su empuje y con su ejemplo «las fuerzas adormecidas de todos los pueblos españoles». Construir la nación-Estado catalana e intervenir decididamente en la política española acabaron por ser, en la práctica, las dos caras de una misma moneda.

En el programa del Tívoli, que se presentó en este teatro barcelonés en abril de 1907, estaban las bases de la coalición electoral solidaria. Se exigía la derogación de la Ley de Jurisdicciones y se hacían algunas consideraciones sobre Cataluña, en la línea del manual pratiano, además de introducir notas poco precisas sobre el sufragio, la cultura y la economía. Las candidaturas solidarias obtuvieron excelentes resultados, tanto en las elecciones provinciales de marzo de 1907 —Prat de la Riba accedió a la presidencia de la Diputación de Barcelona— como en las generales del mes siguiente. En estas últimas lograron 41 de los 44 escaños en el Congreso por distritos catalanes. El flamante diputado por el distrito de las Borjas Blancas fue Francesc Macià, exteniente coronel de ingenieros, de acomodada posición en tierras leridanas, que había abandonado la carrera militar tras los incidentes de 1905.

Un par de cuestiones, sin embargo, empezaron a quebrar la unidad: el proyecto de Ley de Administración Local de Antonio Maura, que la Lliga apoyaba, y el presupuesto de cultura del Ayuntamiento de Barcelona de 1908, paralizado ante las presiones del obispo Salvador Casañas, alarmado ante los planteamientos innovadores que incluía en materia de enseñanza. En las elecciones municipales de 1909 se impusieron en la capital los radicales lerrouxistas, en plena recuperación, lo que provocó duras acusaciones de la Lliga a los republicanos solidarios como responsables de que las distintas fuerzas hubieran concurrido por separado.

En la Diputación de Barcelona, asimismo, Prat de la Riba alcanzó un acuerdo de gobierno con los liberales dinásticos y Joaquín Sostres, que había presidido la institución entre 1905 y 1907, se convirtió en vicepresidente, en detrimento del candidato republicano catalanista. No resultaba fácil mantener un bloque de opciones políticas tan disímiles. Los principales beneficiarios de Solidaritat fueron la Lliga y Francesc Cambó, que convirtieron su propuesta regional-nacionalista en hegemónica y se erigieron en los interlocutores privilegiados de una Cataluña en rediseño con una España a la espera de un decidido impulso regenerador.

La ciudad de las bombas de los años noventa se convirtió en los primeros del siglo XX, en denominación cara a los anarquistas americanos, en la rosa de fuego —con este título, precisamente, Joaquín Romero Maura consagró, en 1975, un libro a los años 1899 a 1909, que constituye, en mi opinión, el libro de historia dedicado a Cataluña más importante del último medio siglo, como mínimo—. La tensión social era máxima y la violencia insurreccional no resultaba excepcional. Acaso el momento álgido fue la llamada Semana Trágica, que se desarrolló en Barcelona entre el 26 de julio y el 1 de agosto de 1909. Los conflictos se extendieron a algunas otras localidades, como Sabadell, Granollers, Manresa, Badalona o Mataró.

El estallido del movimiento insurreccional estuvo motivado por la movilización de tropas para la guerra de Marruecos —el envío repetido de soldados reservistas al norte de África afectaba sobre todo a obreros casados y con hijos que no habían podido pagar la cuota establecida para liberarse del servicio militar— y adquirió un cariz antimilitarista y marcadamente anticlerical. El comité que debía pilotar la huelga general, convocada para el 26, solamente controló la situación el primer día. En las semanas anteriores, la prensa acogió campañas muy radicalizadas, desde el anticolonialismo de Antoni Rovira i Virgili en las páginas de El Poble Català hasta la machacona explotación lerrouxista del arraigado anticlericalismo popular.

El orden no pudo ser restablecido hasta la llegada de las primeras tropas de refuerzo por mar, procedentes de Valencia. Los enfrentamientos provocaron numerosos heridos y en ellos murieron dos guardias civiles, tres soldados y ochenta y dos civiles. La represión impulsada por el Gobierno Maura fue contundente: cinco fusilados —entre ellos, Francisco Ferrer Guardia, considerado instigador de los hechos y que ya había sido procesado tras el atentado de su discípulo, Mateo Morral, contra la pareja real, en 1906—, doscientos desterrados y 2.000 exiliados en Francia.

Las secuelas de la Semana Trágica, que iba a marcar nítidamente un antes y un después, se prolongaron en los meses siguientes en la sociedad y la política catalanas. Por un lado, el obrerismo radicalizó sus posiciones. Las huelgas iban a multiplicarse, en especial a partir de los primeros años de la segunda década del siglo. Solidaridad Obrera, una plataforma creada como respuesta de clase a Solidaridad Catalana —aunque, desde el principio, con vocación estatal—, agrupando inicialmente a anarquistas, socialistas, republicanos y trabajadores de otras tendencias, hizo avances hacia su constitución como central anarcosindicalista.

De otro lado, el final de la Semana Trágica dio la puntilla a Solidaridad Catalana —el frentismo catalán no conseguía disimular por más tiempo la división derecha-izquierda— y tuvo efectos electorales negativos, tanto en 1909 como en 1910, para la Lliga. Esta formación, ante el miedo al desorden y la revolución —Prat de la Riba y otros dirigentes le temían, por encima de todo, a la fragmentación interna de la sociedad catalana—, se había alineado con la posición de firmeza del Gobierno de Maura, que no iba a tardar en ser sustituido por Segismundo Moret. La imagen, cultivada exitosamente por la Lliga, de modernización controlada y superioridad catalana se erosionó. La Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR), creada en 1910, que fusionaba a los sectores republicanos solidarios, no pudo hacerse, no obstante, con el liderazgo del movimiento catalanista ni consiguió desplazar al lerrouxismo de la capital.

LA MANCOMUNITAT

El segundo de los momentos evocados al inicio de este capítulo corresponde a los años de la Mancomunitat pratiana. La Mancomunidad de Cataluña se constituyó en abril de 1914 y Enric Prat de la Riba fue elegido presidente de la institución. En Mentrestant. Meditacions en temps de silenci, un texto elaborado en la primera mitad de la década de 1940 y que no vio la luz hasta 2014, el nacionalista Maurici Serrahima hizo un fino resumen del proyecto pratiano: se apercibió de que Cataluña «no es un pueblo constituido» y, por tanto, «le dio la forma nacional que su contenido exigía». El ensayo nacionalizador resultó, visto con la perspectiva que ofrece un convulso siglo, bastante exitoso. La Mancomunidad duró solamente una década, presidida por Prat de la Riba, hasta su muerte en 1917, Josep Puig i Cadafalch y Alfonso Sala.

Desde 1911 se llevó a cabo en Cataluña una campaña para la formación de una mancomunidad interprovincial que reuniera las competencias de las cuatro diputaciones existentes. Aunque la Lliga Regionalista llevara la voz cantante, las otras fuerzas —excepto el lerrouxismo— contribuyeron de manera decisiva. El caso de los liberales, que controlaban la Diputación de Lérida, se nos aparece, en este sentido, como paradigmático. Un decreto del Gobierno Dato, en diciembre de 1913, hizo posible las mancomunidades en toda España. Pero solamente los entes provinciales catalanes se acogieron a esta vía parcialmente descentralizadora de la Administración del Estado, aunque, al mismo tiempo, regionalmente centralizadora.

La Mancomunitat se formó el 6 de abril de 1914. Prat de la Riba, que desde 1907 estaba —y siguió— al frente de la Diputación de Barcelona, auténtica institución matriz, fue escogido como presidente. La Asamblea de la Mancomunidad de Cataluña, integrada por representantes de las cuatro diputaciones, elegía un Consejo permanente formado por ocho miembros. Los nacionalistas moderados nunca dispusieron de mayoría y la pluralidad política fue una constante en los órganos de gobierno. El rol de Prat de la Riba, al aunar otras fuerzas, resultó cardinal. Si bien las diputaciones cedieron lentamente servicios y recursos entre 1914 y 1920, no hubo nuevos traspasos estatales.

Desde la Mancomunidad, Prat de la Riba hizo ingentes esfuerzos, a pesar de las limitaciones competenciales del nuevo ente, para construir la nación catalana. Evidentemente, él no lo formulaba de esta manera, puesto que creía que las naciones eran algo natural y lo construible eran los Estados; en consecuencia, dotó a una supuesta nación de estructuras de Estado. Y ofreció, lo que no iba a constituir un elemento menor, suculentas posibilidades de funcionarización. Una función pública modélica era, además, en el discurso nacionalista pratiano, como ha estudiado David Martínez Fiol, el contramodelo del empleado castellano-español ineficaz y gandul; el funcionario catalán podía ser definido, en cambio, como moderno, trabajador y eficiente.

Aunque los recursos económicos fueron limitados, procedentes de los fondos de las diputaciones y de la emisión de deuda —un empréstito en 1914, de quince millones de pesetas, y otro, seis años después, de sesenta—, su haber, por lo que a las realizaciones se refiere, resulta notorio. Esta experiencia iba a convertirse, en el imaginario nacionalista, en punto de referencia ineludible para toda nueva tentativa de autogobierno.

En el prólogo de un librito oportunista y de escaso interés —Pàtria i progrés. La Mancomunitat de Catalunya, 1914-1924 (2014), de Agustí Colomines y Aurora Madaula—, Francesc-Marc Álvaro, uno de los periodistas más comprometidos con el proceso independentista del siglo XXI, escribía que la Mancomunitat fue «el momento cero, el instante fundacional, de esta apuesta decidida de Cataluña por una normalidad que, hoy, tenemos la responsabilidad de hacer posible por medio de las urnas». Al margen del presentismo y del abuso de pasado para asuntos presentes, tan recurrente en la Cataluña contemporánea, resulta interesante la idea de 1914 como punto cero o instante fundacional.

Otros nacionalistas catalanes defienden que el punto cero fue 1714 y el Borne la zona cero. Quim Torra, por ejemplo, el guardián del espíritu de 1714 —como titulaba Jordi Mercader un artículo en El País sobre este personaje, en enero de 2015, en donde el interfecto declaraba que «fuera del hecho nacional, no hay vida»— y de las reliquias del Borne, como primer director del Born Centre Cultural, antes de pasar a la presidencia de Òmnium Cultural a la muerte de Muriel Casals, calificaba este último lugar y el barrio de la Ribera como la zona cero de los catalanes. Demasiados números dígitos redonditos, me parece, en manos de tanto cero a la izquierda. 1714, 1914 y 2014 constituyen momentos fundamentales del relato nacional-nacionalista catalán. Paradójicamente, de 1814 no se habla nunca. ¿Tiene ello algo que ver con la posición profundamente comprometida de los catalanes con España durante la guerra de la Independencia? Pues eso...

El programa de modernización emprendido por las autoridades de la Mancomunidad se centró, esencialmente, en dos campos: las infraestructuras y la cultura. Prat de la Riba lo resumió de forma gráfica, en algunos de sus discursos, al decir que en ningún pueblo, por pequeño que fuera, debían faltar carretera, teléfono y escuela con biblioteca. Las políticas sociales, la beneficencia y la sanidad no se descuidaron. A lo largo de una década se construyeron o repararon carreteras, caminos y puentes y algunos pueblos quedaron por vez primera comunicados. Casi 6.000 kilómetros de línea telefónica fueron instalados. Se pusieron en marcha, asimismo, algunas iniciativas en el ámbito ferroviario —en 1920 fue aprobado el anteproyecto del ferrocarril Reus-Montroig— y de las obras hidráulicas.

En el terreno cultural, la normalización lingüística, la educación y las bibliotecas centraron las actuaciones de la Mancomunidad. La Diputación de Barcelona fundó, en 1907, el Instituto de Estudios Catalanes, que, entre otras tareas, emprendió la labor de unificar ortográficamente la lengua catalana. Hubo notables resistencias. Pompeu Fabra fue el gran codificador a través de sus normas ortográficas (1913), una gramática oficial (1918) y el Diccionari general de la llengua catalana (1932). Intentó superar la dispersión dialectal, fusionar el uso corriente de la lengua con la tradición, poner coto a los barbarismos y, siempre que fuera posible, optar por la palabra o construcción que más se alejara de la equivalente castellana.

La Mancomunidad no tenía competencias en educación básica —en la órbita de la llamada escuela nueva, uno de cuyos pioneros en Cataluña fue el excarlista Joan Bardina, organizó escuelas de verano para maestros y otras formaciones para enseñantes—, pero sí se implicó decididamente en la creación o mantenimiento de escuelas técnicas y profesionales, como las de Trabajo, Agricultura, Industrial, Administración Pública, Profesional de la Mujer, Bibliotecarias, Bellos Oficios, Arte Dramático o, entre otras más, de Altos Oficios Comerciales. En 1914, la Biblioteca de Cataluña se abrió al público. Empezó a formarse una red de bibliotecas populares por toda la región: las dos primeras que se inauguraron, en 1918, con sus edificios propios, fueron las de Valls y Olot.

Eugeni d’Ors fue la gran cabeza pensante e intelectual orgánico por excelencia del despliegue cultural pratiano. En 1920, no obstante, dimitió —o fue defenestrado, como se prefiera— como director de Instrucción Pública de la Mancomunidad, un cargo que ocupaba desde 1917, a consecuencia de los conflictos con el entonces presidente Puig i Cadafalch y su propia evolución ideológica, marcada por las opciones autoritarias y elitistas. En 1921 se marchó a Buenos Aires.

Estas actuaciones político-culturales resultan inseparables del noucentisme, un término que juega con la polisemia en catalán del término «nou», equivalente tanto al número nueve como a nuevo. Fue definido por D’Ors, en la serie diaria titulada «Glosari», que publicaba desde 1906 con el seudónimo Xènius en las páginas de La Veu de Catalunya. A ello contribuyeron, asimismo, Josep Carner, Jaume Bofill i Matas, Josep Maria López-Picó y Josep Pijoan. El regeneracionismo, la mediterraneidad, el clasicismo o la civilidad se encontraban en los fundamentos del noucentisme, opuesto a su antecesor, el modernismo, aunque más en la teoría que en la práctica. La función social del artista se oponía al art pour l’art. Este movimiento resulta inseparable del proceso de profesionalización del intelectual. En la jerarquía noucentista, la poesía era el culmen, seguida, a distancia, del ensayo.

La coyuntura de la Gran Guerra estimuló, una vez consolidada la Mancomunidad —la política de «Catalunya endins», hacia dentro—, un mayor intervencionismo lligaire en la reforma del Estado. Prat de la Riba, que en la guerra mundial, a diferencia de Cambó y otros dirigentes de la Lliga, no ocultó sus preferencias por los imperios centrales, elaboró en 1916 el manifiesto-programa «Per Catalunya i l’Espanya gran», cuyo título fue sugerido por Cambó. Proponía una solución federal abierta, de tintes iberistas, recogiendo las viejas tesis de la hegemonía y el imperialismo catalán. El éxito cosechado en Cataluña —electoral, ante todo— no tuvo correspondencia fuera. Cambó no encontró aliados sinceros para la erección de esa «gran España».

La muerte de Prat de la Riba, el primer día de agosto de 1917, en la misma casa de Castellterçol en donde había nacido 46 años antes, ha estado envuelta, desde la misma época, de cierto aroma martirial. El mismo año falleció Martí i Julià, en 1916 lo hizo Torras i Bages y en 1918 Verdaguer i Callís: una generación del catalanismo estaba desapareciendo. El presidente de la Mancomunitat murió, como iba a ocurrir en 1933 con el presidente de la Generalitat Francesc Macià, pocos años después de haber conseguido construir un aparato esencial, más rudimentario o más consolidado, de autogobierno para Cataluña.

Por encima de todo, sin embargo, como escriben sus biógrafos y hagiógrafos desde aquel entonces, Enric Prat de la Riba expiró como consecuencia de la alteración de la salud que había contraído en la prisión en 1902. Ello lo acercaba al fundador del nacionalismo vasco, Sabino Arana, igualmente encarcelado —por un periodo más largo, sin embargo— y contagiado en prisión de la enfermedad que lo acabaría llevando a la tumba en 1903. Culpar de ello al Estado se convirtió en un eficaz recurso martirial de la religión nacionalista.

En un libro reciente, de muy interesante factura, titulado A la recerca de Prat de la Riba (2017), Joan Esculies cuestiona esta versión. El diagnóstico de la muerte apuntaba a la enfermedad de Graves-Basedow, un hipertiroidismo de causa autoinmune que requiere para hacerse evidente una base genética que la predisponga y un factor causal que la desencadene, como el estrés. Tres síntomas son los más característicos: bocio, exoftalmia (vulgarmente, ojos saltones) y taquicardia. El historial de Prat de la Riba coincide bien con todo ello. En cualquier caso, si se acepta que esta fue la causa de la defunción, el político catalán no pudo contagiarse en la cárcel puesto que se trata de una enfermedad no contagiosa. Quizás, como hipótesis, la prisión podría haber ayudado a desarrollar un brote —no necesariamente el primero— de la enfermedad de Graves-Basedow. Los brotes de hipertiroidismo se combinan normalmente con largos periodos de remisión. Uno de los primeros podría haber provocado su muerte en 1917.

Francesc Cambó —el político catalán más importante del siglo XX, que estuvo, asimismo, entre los más hábiles, inteligentes y destacados en el conjunto de la España de la misma centuria— se convirtió, a la muerte de Prat de la Riba, en el líder indiscutido de la Lliga Regionalista. En la Mancomunidad, tras la presidencia accidental de Romà Sol, fue elegido Josep Puig i Cadafalch. Se impuso al político dinástico leridano Joan Rovira por 48 votos contra 39. Con la dictadura de Primo de Rivera, la Mancomunidad de Cataluña fue sometida a un progresivo desmantelamiento. Tras la dimisión del lligaire Puig i Cadafalch, fue nombrado presidente, a finales de enero de 1924, Alfonso Sala Argemí, de Unión Monárquica Nacional. Curiosamente, el relato nacional-nacionalista se olvida regularmente de Sala. La Mancomunitat fue suprimida definitivamente en julio de 1925.

EL 14 DE ABRIL Y EL 6 DE OCTUBRE

La Segunda República (1931-1939) constituye el tercero de los momentos de intensa nacionalización catalana en el siglo XX. Es la etapa de lo que Enric Ucelay-Da Cal bautizó en un libro clásico e imprescindible, de 1982, como la «Cataluña populista». Entonces se pusieron de manifiesto las conexiones —e indefinición de fronteras— entre los proyectos políticos que elaboraron los representantes de la burguesía industrial, los portavoces de la pequeña burguesía, los cuadros y los organizadores obreros. ERC estuvo en el centro de este populismo nacionalista y republicano. La elaboración del Estatuto de autonomía de 1932 y la revuelta de Lluís Companys, el 6 de octubre de 1934, ejemplifican bien este momento.

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 vencieron en Cataluña los republicanos y, en especial, ERC, encabezada por Francesc Macià. Esta formación se impuso con claridad a la Lliga, que en los meses anteriores se había convertido en uno de los sostenes políticos de la monarquía, fracasando en su proyecto de Centro Constitucional con los mauristas. En Barcelona, ERC obtuvo la mitad de los puestos. Los comicios habían supuesto un plebiscito adverso a la monarquía y a Alfonso XIII —empezaba entonces un exilio sin retorno—, en especial en las grandes ciudades.

El 14 de abril de 1931, pasadas las dos del mediodía, el líder de ERC proclamó el «Estado catalán». A la una había sido instaurada la República; en Madrid, esto tuvo lugar por la tarde. Se procedió al nombramiento de nuevo capitán general —el barcelonés Eduardo López de Ochoa, sustituido pocas semanas después por Domingo Batet—, gobernador civil de Barcelona —Lluís Companys (ERC), avalado por sus buenas relaciones con el mundo obrero y sindical—, alcalde de Barcelona —Jaume Aiguader (ERC)— y presidente de la Audiencia —Josep Oriol Anguera de Sojo, del Partit Catalanista Republicà (PCR), que unos meses después asumió el Gobierno Civil barcelonés—. Macià nombró, asimismo, un Gobierno provisional de Cataluña, formado por miembros de las principales formaciones republicanas: Francesc Macià, Ventura Gassol y Joan Casanovas (ERC); Rafael Campalans y Manuel Serra Moret (Unió Socialista de Catalunya, USC); Salvador Vidal (UGT), Casimiro Giralt (Partido Republicano Radical, PRR) y Manuel Carrasco i Formiguera (PCR). También se ofreció una consejería a Ángel Pestaña, de los sectores moderados de la CNT, que la rechazó.

El día 15 de abril fue declarado feriado, coincidiendo con la convocatoria de una huelga general impulsada por los anarquistas, lo que dio lugar, como en la tarde anterior, en un ambiente festivo, a importantes manifestaciones callejeras, en algunas de las cuales se corearon vivas a Macià y mueras a Cambó. Dos días después se entrevistaron en Barcelona tres ministros del Gobierno provisional de la República —Fernando de los Ríos, Lluís Nicolau d’Olwer y Marcelino Domingo— con Macià y otras personalidades, llegándose al acuerdo de renunciar al proclamado Estado catalán a cambio de la constitución de un poder político catalán, que iba a tomar el nombre histórico de Generalitat, y la elaboración de un Estatuto de autonomía.

La Generalitat provisional asumió las competencias de las cuatro diputaciones catalanas, que fueron suprimidas. El primer Gobierno de la etapa que principiaba era casi idéntico al formado unos días antes. Macià hizo algunas otras remodelaciones de su gabinete a lo largo del siguiente año y medio, manteniendo siempre la pluralidad partidista. Lo más significativo fue la entrada, en diciembre de 1931, de otro miembro de ERC que iba a representar un papel muy destacado en la historia catalana: Josep Tarradellas.

La tarea principal y urgente de las nuevas autoridades catalanas fue la elaboración del Estatuto, un trabajo emprendido con diligencia por una comisión creada a este efecto, encabezada por Jaume Carner. Los ponentes, reunidos en un hotel del valle de Nuria, lo habían concluido ya a mediados de junio. El Estatuto de Nuria, como se denomina a este texto, definía Cataluña, en el artículo primero, como «un Estado autónomo dentro de la República española», establecía el catalán como única lengua oficial, contemplaba numerosas competencias transferidas y, en el preámbulo, expresaba el deseo de que España se estructurara de manera federal. Los Ayuntamientos refrendaron el Estatuto durante la segunda mitad de julio y el 2 de agosto tuvo lugar una consulta popular que, con un 75 por ciento de participación, dio como resultado un 99 por ciento de votos positivos. A mediados de agosto, Macià hizo entrega oficial del texto al Gobierno de la República.

Las elecciones a Cortes constituyentes tuvieron lugar el 28 de julio —con sufragio universal masculino y un sistema de doble vuelta, en grandes circunscripciones, que privilegiaba a las mayorías—, en las que se impuso la coalición de socialistas y republicanos. En Cataluña, las votaciones otorgaron un amplio triunfo a ERC, con 25 de los 54 escaños en disputa en las cinco circunscripciones. Venció en todas, excepto en Tarragona, en donde lo hizo el Partido Republicano Radical Socialista de Domingo, con 3 diputados. El resto de los escaños quedaron muy repartidos, destacando los de la Lliga (3), PRR (2), PCR (3), USC (4) y los de los republicanos federales (5). Otros grupos obtuvieron poca representación, como el PSOE (1) y la Unió de Rabassaires (1). Acaso la principal sorpresa, como ya había ocurrido en las municipales, fue la debilidad del Partit Catalanista Republicà, una opción centrista fruto de la fusión de Acció Catalana (1922) y Acció Republicana de Catalunya (1930). A partir de 1933 tomó el nombre de Acció Catalana Republicana (ACR).

ERC iba a convertirse en la nueva fuerza hegemónica de la Cataluña populista. Esta formación nacionalista, republicana y socializante, declaradamente interclasista, surgió en marzo de 1931 de la confluencia de Estat Català, el Partit Republicà Català, el grupo de L’Opinió y sectores federales. La fuerza popular y territorial del partido se explica por la integración de la gran variedad de centros, pequeños casinos y peñas que estaban en la base del republicanismo en Cataluña. La nueva formación surgía con un discurso radical y rupturista. Convivían en su seno desde tendencias obreristas hasta el filo-fascismo declarado de Josep Dencàs, conformando una opción catch-all tan atractiva como difícil de mantener al margen de riñas y escisiones internas. El carisma del avi y la identificación, a partir de mediados de 1931, entre ERC y Generalitat, actuaron como elementos unificadores. Lluís Companys iba a convertirse en el líder parlamentario de ERC en Madrid.

La Constitución española fue aprobada en diciembre por las Cortes. Niceto Alcalá-Zamora, que había encabezado el Gobierno provisional republicano desde julio hasta su dimisión en octubre, en desacuerdo con las medidas tomadas en el tema de las relaciones Iglesia-Estado, fue nombrado presidente de la Segunda República. Manuel Azaña, que sustituyó al anterior en octubre, fue reafirmado como primer ministro de un Gobierno republicano-socialista, en el que Jaume Carner detentaba la cartera de Hacienda. En mayo de 1932 se empezó a discutir en el Congreso el Estatuto de autonomía catalán. El debate fue largo y, en muchos momentos, tenso. Fuera del Parlamento se produjeron protestas anti-autonomistas.

El Estatuto fue aprobado el 9 de septiembre —el golpe frustrado de José Sanjurjo, la llamada Sanjurjada, en agosto, agilizó las discusiones— por mayoría absoluta y el 15 fue rubricado por el presidente de la República. La adaptación a la nueva Constitución, que se refería a España como un Estado integral compatible con la autonomía regional y municipal, obligaba a definir Cataluña, en el Estatuto de autonomía de 1932, como una «región autónoma dentro del Estado español». Mientras que las lenguas oficiales iban a ser el catalán y el castellano, las competencias se recortaban con respecto al texto de Nuria, sobre todo en cuestiones financieras y relativas a la enseñanza. A pesar de ello, la sensación de haber dado un paso decisivo resultaba evidente entre los nacionalistas.

A principios de octubre de 1932 se formó un nuevo Gabinete presidido por Macià, que en esta ocasión era casi monocolor, con la excepción del socialista Serra Moret en la consejería de Economía. A finales de mes se convocaron las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña, que tuvieron lugar el 20 de noviembre. ERC ganó por mayoría absoluta: 56 escaños —a los que hay que sumar 4 del aliado Partit Radical Autonomista, una escisión en la circunscripción de Tarragona del PRR, liderada por Jaume Simó— de un total de 85. La Lliga obtuvo 16 diputados y 5 la USC; con 1 se iba a quedar, entre otras formaciones, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), un partido católico fundado el año anterior por políticos de orígenes carlistas —Joan Baptista Roca Caball, por ejemplo— y católicos catalanistas, a los que se sumaron algunas personas procedentes del PCR, como Manuel Carrasco i Formiguera, convertido en el principal referente de la formación.

Companys fue elegido presidente del Parlament —un cargo que tuvo que dejar en junio del año siguiente al ser nombrado ministro de Marina en el último Gobierno Azaña antes de las elecciones— y Macià, el 14 de diciembre de 1932, president de la Generalitat, un puesto que ocupó hasta su fallecimiento, poco más de un año después. Francesc Macià debe ser considerado, como vimos en la introducción de esta primera parte del libro, el primer presidente de la Generalitat.

Los tres Gobiernos formados en esta etapa de presidencia de Macià únicamente integraron a miembros de las distintas corrientes internas de ERC y tuvieron al frente un consejero jefe, cargo que iba a corresponder, sucesivamente, a Joan Lluhí i Vallescà, Carles Pi i Sunyer y Miquel Santaló. El Parlamento catalán aprobó, entre 1932 y 1934, un estatuto interior, que regulaba el funcionamiento de las instituciones autónomas, y numerosas leyes que afectaban a variados ámbitos, desde la de creación del Tribunal de Casación hasta la de Contratos de cultivo, pasando por otras en las esferas municipal, financiera o cultural. A pesar de las reducidas competencias en el terreno educativo, la Generalitat impulsó la creación de centros escolares, como el Institut-Escola.

Para una buena comprensión de la sublevación de octubre de 1934 resulta imprescindible referirse de entrada a las elecciones generales de noviembre de 1933, en las que se impuso, en el conjunto de España, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), una nueva formación dirigida por José María Gil-Robles, aunque sin mayoría absoluta en el Congreso. El abstencionismo fue alto y por vez primera votaron las mujeres: no parece que se sostenga el mito que pone en relación triunfo derechista y voto femenino. En Cataluña ganó la Lliga Catalana —nombre adquirido por la refundada Lliga Regionalista a principios de febrero de 1933—, encabezada por Francesc Cambó, que obtuvo 22 escaños, a los que hay que sumar los de un par de independientes de derechas, frente a los 17 de ERC —y uno de la Unió de Rabassaires—, con Macià y Companys entre los electos.

ERC solamente quedó por delante en la circunscripción de Barcelona, pero no en la capital, y en la provincia de Gerona. Alcalá Zamora, ante las prevenciones de las izquierdas frente al cedismo, encargó formar nuevo Gobierno al republicano radical, pero ahora moderado en la práctica, Alejandro Lerroux, que emprendió una revisión de las políticas llevadas a cabo en el bienio anterior, en especial en las cuestiones religiosa y agraria.

El avi Macià falleció en la Navidad de 1933. Para sustituirle al frente de la Generalitat fue elegido, el último día del año, Lluís Companys. El apoyo político recibido en el Parlamento catalán no puede ocultar, sin embargo, que la sucesión de Macià en el interior de ERC había sido complicada. Los sectores republicanos, obreristas y rabasaires acabaron por imponerse —en una votación con numerosas ausencias— a los más estrictamente nacionalistas, que habían propuesto al leridano Humbert Torres.

Comoquiera que sea, Companys formó un Gobierno amplio, con presencia de los distintos sectores de ERC, la USC, ACR y el PNRE (Partit Nacionalista Republicà d’Esquerres), un partido constituido por el grupo de L’Opinió —Tarradellas, Lluhí i Vallescà—, escindido de ERC. En las elecciones municipales, a mediados de enero de 1934, la coalición liderada por ERC venció en la capital y en todas las grandes localidades, con la excepción de Gerona, Vic y Olot. Carles Pi i Sunyer se convirtió en el nuevo alcalde de Barcelona. Casi seiscientos municipios quedaron en manos de las izquierdas y más de cuatrocientos en las del centro y derechas. La Lliga, alegando coacciones es esta cita electoral, se retiró del Parlament.

Las discusiones sobre la Ley de Contratos de Cultivo marcaron el año 1934. La situación en el campo catalán era conflictiva en los inicios de la década de 1930, y las pugnas entre rabasaires y propietarios menudearon. En abril, el Parlamento autonómico aprobó la ley —el año anterior ya se había legislado provisionalmente sobre los desacuerdos derivados de estos contratos— que mejoraba sensiblemente la situación de aparceros y arrendatarios y favorecía su conversión en propietarios. ERC y Unió de Rabassaires mantenían entonces vínculos profundos.

El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (IACSI) se opuso frontalmente al precepto, mientras que la Lliga solicitó al nuevo Gobierno radical de Samper —este había tomado posesión a fines de abril— su impugnación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que, por estrecha mayoría, resolvió anular la ley. La respuesta del Parlamento catalán fue aprobarla de nuevo sin ninguna modificación. El Gobierno de España y la Generalitat, sin embargo, entablaron negociaciones. Las posiciones del IACSI se hicieron cada vez más intransigentes y la entidad pasó, con la elección como presidente de Josep Cirera, de la órbita de la Lliga a la de la CEDA. A principios de septiembre, unos pocos miles de propietarios catalanes se manifestaron en Madrid. Aunque no fueran la única razón, resulta evidente que la actitud conciliadora del Gobierno Samper —el temor a la reforma agraria y la desconfianza hacia el catalanismo eran elementos destacados en el mundo de las derechas hispánicas— y el acuerdo al que acabó llegando con la Generalitat para retocar algunos aspectos de la ley contribuyeron, sin ninguna duda, a su caída.

Otra cuestión provocó, asimismo, algunos roces entre las Administraciones central y autonómica. En septiembre fue cesado el jefe de la Comisaría de Orden Público, Miquel Badia, un nacionalista radical que se había caracterizado durante su mandato por la represión del cenetismo y el desarme del somatén. Tuvo que presentar la dimisión por las presiones gubernamentales tras la detención de un fiscal durante la vista contra el abogado nacionalista Josep Maria Xammar. Al frente de la Consejería de Gobernación estaba el principal líder de Estat Català, Josep Dencàs, con el que Badia colaboraba estrechamente en el diseño de unas fuerzas de orden público de obediencia estrictamente catalana y preparadas frente a cualquier eventualidad.

El 4 de octubre se constituyó un nuevo Gabinete Lerroux, que incorporaba a tres ministros de la CEDA. Era uno de ellos Anguera de Sojo, que se había alejado de la órbita nacionalista, al frente de Trabajo. Esta presencia cedista en el Gobierno de España fue la razón que justificó el estallido de distintos movimientos insurreccionales. De hecho, existían pactos secretos previos entre Manuel Azaña, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto y Lluís Companys a fin de evitar la llegada al poder de la que consideraban como derecha antirrepublicana. Las revueltas de octubre de 1934 tuvieron tres focos principales: Madrid, Barcelona y Asturias, en donde cuajó la movilización de unos radicalizados socialistas, que iba a durar un par de semanas y terminó con una violentísima represión.

Estos episodios pusieron de manifiesto una de las razones del fracaso de la experiencia del régimen de 1931: la incapacidad, por parte de las izquierdas, de construir una República integradora, en donde las derechas y los monárquicos tuvieran un espacio legítimo; lo que en el caso de Cataluña significaba, en concreto, una identificación exclusiva y exclusivista entre republicanismo y nacionalismo, que condenaba irremediablemente a las oposiciones a ser enemigas de Cataluña y de la República.

Las llamadas a la huelga de la Alianza Obrera en Cataluña, en coordinación con otros puntos de la geografía nacional, tuvieron un éxito relativo el día 5. Era la Alianza una plataforma de sindicatos y organizaciones obreras, con la UGT como entidad más destacada, creada a finales de 1933. La CNT-FAI se desentendió del movimiento. Hubo manifestaciones de obreros aliancistas a favor de la República Catalana y solicitando armas, que les fueron reiteradamente denegadas. Las fuerzas de orden público, al mando del consejero de Gobernación, Dencàs, ocuparon la ciudad el 6 con la excusa útil de prevenir altercados anarquistas.

Tras un frenético día de reuniones, llamadas y consultas —las presiones de los nacionalistas radicales resultaron, a la postre, decisivas—, el presidente de la Generalitat proclamó, pasadas las ocho de la noche del 6 de octubre de 1934, «el Estado catalán dentro de la República federal española». Era una respuesta, se aseguraba, ante una Cataluña y una República en grave peligro, ya que habían «asaltado el poder» las «fuerzas monarquizantes y fascistas». El seguimiento de este genuino pronunciamiento civil, en la línea formal de los que los militares progresistas llevaron a cabo a lo largo del siglo XIX, fue escaso, si descontamos a los escamots de Estat Català, a militantes de fuerzas separatistas algo insignificantes, como Nosaltres Sols y el Partit Nacionalista Català, o a miembros de la paramilitarizada Palestra de Josep Maria Batista i Roca.

El general Domingo Batet, un catalán de Tarragona que estaba al frente desde 1931 de la IV División Orgánica, declaró, un par de horas después, de acuerdo con el Gobierno Lerroux, el estado de guerra. Las tropas asediaron el palacio de la Generalitat, defendida por los Mozos de Escuadra que dirigía el comandante Pérez Farràs. La Guardia Civil y la mayor parte de los efectivos de los cuerpos de Seguridad y Asalto se pusieron a los órdenes de Batet. Este militar, que mantenía buenas relaciones con los políticos autonómicos, ya había advertido en varias ocasiones a Companys —la última, aquella misma tarde— que no iba a secundarle por ilegales veredas. A pesar de las consignas recibidas del general Francisco Franco de emplear toda la fuerza disponible, Batet sofocó la rebelión con el menor número posible de víctimas: ello le valió la Gran Cruz Laureada de San Fernando en abril de 1935, pero también la inquina del futuro dictador, como pudo comprobarse en 1937 con su fusilamiento.

Poco antes del amanecer, tras la rendición de Companys y su Gobierno, la Generalitat fue tomada; también el Ayuntamiento de Barcelona, cuyo alcalde y concejales de izquierda se habían solidarizado con las autoridades del otro lado de la plaza. Los detenidos fueron trasladados a los buques Uruguay y Ciudad de Cádiz, acondicionados como prisión. Únicamente Dencàs logró escapar, a través de las alcantarillas, huyendo a Francia. Todos los dedos iban a señalarle como el culpable del fiasco. La rebelión había durado menos de diez horas.

En la capital casi no hubo resistencia. Acaso resulten en algo ciertos los comentarios del abogado y político catalán Amadeu Hurtado sobre las peleas generadas por la Ley de Contratos de Cultivo: era un conflicto generado por los políticos y, a la gente de la calle, en general, que ya empezaba a tomarse con ironía las machaconas alarmas y peligros que se cernían supuestamente sobre Cataluña, no le interesaba lo más mínimo. Los escamots intervinieron escasamente y la resistencia sindical fue corta. El único episodio destacable tuvo lugar en los locales del CADCI, en la rambla de Santa Mónica. El enfrentamiento terminó con tres muertos, entre ellos Jaume Compte, máximo dirigente del Partit Català Proletari (PCP), fundado en enero de aquel mismo año. El balance de bajas en la ciudad, entre civiles y militares, fue de una cuarentena.

En el resto de Cataluña se incendiaron algunos templos, algunos eclesiásticos sufrieron agresiones —el rector de Navás, mosén Morta, fue asesinado— y se ocuparon fincas y viviendas, además de practicarse detenciones y la destitución de algunos Ayuntamientos de derechas. Los principales conflictos tuvieron lugar en la provincia de Barcelona y en el norte de la de Tarragona, y en las ciudades de Gerona y Lérida. En Vilanova y la Geltrú, por ejemplo, los grupos obreristas, a los que aquí se sumaron los anarquistas, toparon con la Guardia Civil y los carabineros, dejando cinco muertos; asimismo, algunas iglesias sufrieron destrozos. En Vilafranca del Penedés, en donde se reunieron muchos campesinos de los alrededores, el Centre Agrícola fue ocupado y se asaltaron los locales del Partido Republicano Radical y la Lliga Catalana, además de los de la Asociación Católica. Varios edificios religiosos fueron incendiados y destrozados, en especial la basílica de Santa María.

El final de la insurrección barcelonesa comportó, en lo que resulta una constante en la historia catalana contemporánea, el remate de la del resto del territorio. Algo más de 7.000 personas fueron detenidas. El día 8, en cualquier caso, la revuelta social y la insurrección nacionalista habían terminado y se volvía a la —ya imposible— normalidad. Octubre de 1934 ahondó la fractura catalana y, sin duda, también la española.

La actuación del presidente del Gobierno autónomo, aquel 6 de octubre, debe ser puesta en relación con las tensiones políticas acumuladas en los últimos meses, tanto en el interior de Cataluña como en el marco español. En la propia proclama no se olvidaba la coordinación con otras fuerzas no catalanas. No era, en puridad, como se le atribuyó, un pronunciamiento separatista, sino de reconducción del régimen republicano hacia una vaga vía federal, algo que conectaba con los orígenes del catalanismo de izquierda. La acción de Lluís Companys resultó, en esencia, populista, viril y martirial.

Populista, ante todo: se pretendía, tal como ocurrió en abril de 1931, provocar una amplia movilización ciudadana para presionar y amenazar al Estado, esperando una negociación o reconducción de la línea política. De ahí que el cálculo real de las fuerzas disponibles fuera un tema menor. Era un órdago. Pero el Estado esta vez decidió no participar en el juego.

Amadeu Hurtado, en el diario que escribió entre los días 29 de mayo y 15 de septiembre de 1934, había definido al president como el exponente perfecto del espíritu de protesta: tenía la fuerza de simpatía atractiva del bohemio, aunque sin inquietudes intelectuales, «que no conoce ni entiende a fondo ningún problema de Gobierno, pero que de todos ellos capta lo que de asequible tienen para la multitud»; en definitiva, se trataba de un agitador, tendente a la protesta y hábil a la hora de «utilizar cualquier motivo de orden sentimental para infundir miedo al adversario». Pero esta vez las calles y plazas no se llenaron. El jugador populista perdió la partida.

Viril, en segundo lugar: no pueden excluirse razones íntimas, vinculadas con el corazón y la entrepierna, como ha mostrado convincentemente Enric Ucelay-Da Cal, en la decisión de Companys. Cierto es que los historiadores tienden a excluir generalmente las cuestiones más estrictamente personales de las explicaciones históricas, como si los hombres y mujeres del pasado no fueran como nosotros y carecieran de sentimientos y emociones. El presidente de la Generalitat necesitaba reafirmar su frecuentemente cuestionado nacionalismo frente a Estat Català, Dencàs y los hermanos Badia. Con uno de ellos, Miquel, el comisario de Orden Público cesado en septiembre, conocido como el Capità Collons (Capitán Cojones), se había disputado los favores sexuales de su amante —la vida desordenada del president era un secreto a voces—, la militante independentista Carme Ballester, nacida en 1900 y casada, que, en plena Guerra Civil, iba a convertirse en la segunda esposa del presidente de la Generalitat. La proclama de Companys el día 6 fue, en parte, un acto de reafirmación viril a fin de mostrar lo grande que era su amor a la patria.

Martirial, por último: a medida que el año 1934 iba avanzando, Companys asumió, de manera paralela a su propia exacerbación nacionalista, ya fuera sentida o forzada, una posición victimista y, en cierto modo, abocada fatal pero fecundamente al martirio. La historia catalana, con 1714 en lugar destacado, enseñaba, según el relato nacionalista, que la derrota era prenda necesaria para el triunfo final. A principios de junio, según recoge el ya citado Hurtado, Companys le había comentado lo que sigue: «Ha llegado la hora de dar la batalla y de hacer la revolución. Es posible que Cataluña pierda y que algunos de nosotros dejemos la vida en ello; pero perdiendo, Cataluña gana, puesto que necesita sus propios mártires, que le asegurarán mañana la victoria definitiva».

En la entrada del día siguiente, el autor reproducía unas palabras del consejero de Finanzas, Martí Esteve, sobre el presidente de la Generalitat: «Está transfigurado, con el convencimiento de que Cataluña necesita para su emancipación un golpe de fuerza que provoque víctimas. Se diría que sueña con dejar a la historia el nombre glorioso de un mártir». En el juicio ulterior asumió, en consecuencia, toda la responsabilidad de los hechos del 6 de octubre: «Si hay un responsable soy yo o, cuando menos, tengo que absorber la mayor parte de la responsabilidad».

El coronel Francisco Jiménez Arenas fue nombrado gobernador de Cataluña y presidente accidental de la Generalitat. Se clausuró el Parlamento y se suspendieron las actividades de los partidos de izquierda y sindicatos. Más de un centenar de ayuntamientos fueron disueltos y sustituidos por comisiones gestoras afines a las derechas. El 23 de octubre, la autoridad militar suspendió la vigencia de la Ley de Contratos de Cultivo y las denuncias, detenciones, intimidaciones y desahucios, a partir de entonces, no escasearon. Muchos rabasaires acabaron en el barco prisión Manuel Arnús, anclado en Tarragona. Una ley de 2 de enero de 1935 dejaba en suspenso las facultades estatutarias del Parlamento.

Unos días más tarde, las autoridades militares cedieron el paso a los civiles y Manuel Portela Valladares se convirtió en gobernador, gozando del puesto hasta su nombramiento, en abril, como ministro. Ocupó su lugar el radical Joan Pich i Pon, que compaginó el cargo con el de alcalde de Barcelona. De orígenes humildes y pocos estudios, este personaje ha pasado sobre todo a la historia por sus lapsus linguae, las piquiponadas, aunque no todas las que se le atribuyen eran realmente suyas —al oír La Marsellesa se le erizaban «los pelos del corazón», el tirano más famoso era «Tirano de Bergerac», en Barcelona habían abierto un restaurante con «luz genital»—, que lo convirtieron, de un lado, en muy popular, y, de otro, en blanco de descalificación fácil por parte de sus adversarios. Pich i Pon formó un Gobierno con miembros de su propio partido, más lligaires, cedistas e independientes de derecha. Poco después se puso fin al estado de guerra y la Generalitat recuperó algunos de los servicios —e incluso aumentó la «sustancia autonómica», según Francesc Cambó—, con la excepción del orden público.

Sin embargo, la crisis de los radicales provocada por el escándalo del estraperlo —no se autorizó la ruleta de juego Straperlo, que podía ser convenientemente trucada, a pesar de que su promotor había sobornado a varios políticos, por lo que acabó tirando de la manta—, en el que el alcalde de los gazapos estaba implicado, conllevó el nombramiento como gobernador general y presidente de la Generalitat del valenciano Ignacio Villalonga, colaborador de Cambó y miembro de la Derecha Regional Valenciana, y, posteriormente, del dirigente de la Lliga Félix Escalas.

La posición de los miembros de esta formación catalanista conservadora no resultó nada fácil, situados entre aquellos nacionalistas que se arrogaban el derecho de actuar en nombre del pueblo de Cataluña y los españolistas que, aprovechando esta circunstancia, deseaban hacer recaer sobre Cataluña, como ente, todas las culpas y proceder en consecuencia. Condenaban la insurrección, pero se esforzaron, con éxito solamente relativo, en evitar que la responsabilidad recayese sobre todos los catalanes. Francesc Cambó intervino en esta línea en un debate en el Congreso, a finales de 1934, en el que numerosos diputados pidieron la supresión del Estatuto.

La Lliga colaboró con las demás derechas españolas, al tiempo que intentaba salvar el régimen autonómico. Se opuso a la ley de 2 de enero, que fue impugnada ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, y cooperó en el intento de reanudar las sesiones del Parlament, con la aquiescencia de las autoridades, fracasado ante las amenazas de Companys. Los lligaires participaron en los nuevos ayuntamientos constituidos y en los Gobiernos y presidencia de la Generalitat de esta etapa. Pere Rahola formó parte, asimismo, como ministro de Marina, de los dos Gobiernos presididos por Joaquín Chapaprieta, entre finales de septiembre y mediados de diciembre de 1935, y se incorporó, como ministro sin cartera, al de Manuel Portela Valladares, entre el 14 y el 30 de este último mes. La actitud del partido fue condenada por las izquierdas y se convirtió en tema de áspera disputa electoral.

Rápidamente, se formó un consejo de guerra para los jefes y oficiales del Ejército que permanecieron al frente de los servicios de orden público traspasados, bajo las órdenes del Gobierno autonómico. Pérez Farràs y Escofet fueron condenados a muerte, pero el presidente de la República, Alcalá-Zamora, conmutó las penas por treinta años de reclusión mayor. Los diputados, alcaldes y concejales detenidos empezaron a ser liberados en febrero de 1935. Carles Pi i Sunyer iba a ocuparse de coordinar las actividades de la desmembrada ERC. Los integrantes del Gobierno de la Generalitat destituido fueron juzgados por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República y sentenciados, el 6 de junio de 1935, con la salvedad del huido Dencàs, a treinta años de prisión y trasladados a los penales de Cartagena y el Puerto de Santa María.

Las fotografías de Companys tras los barrotes de su celda, amplia y eficazmente explotadas, contribuyeron de manera poderosa a forjar la imagen del president como mito. La irresponsabilidad y el fiasco del 6 de octubre —el «ridículo más espantoso», en palabras de Claudi Ametlla; una «abominación», según Gaziel— se convirtieron, tras el encarcelamiento y condena de los responsables y la suspensión estatutaria, en una nueva hazaña del relato nacionalista. La liberación de los detenidos iba a constituir un elemento básico en la campaña electoral de febrero de 1936. Tras el triunfo de las izquierdas y la prometida amnistía regresaron a Cataluña como héroes. Companys, que se había ofrecido como mártir, era ya, por fin, un icono del catalanismo. Las izquierdas supieron explotar en su favor la emoción creada en torno a los dirigentes de la Generalitat encarcelados. Las invocaciones al avi muerto y al president condenado resultaron recurrentes. El populismo volvió a dar sus frutos. Ayudaron a ello las dificultades de la Lliga a la hora de explicar su alianza, aunque hiciera campaña electoral aparte, con algunos partidos declaradamente antiautonomistas. La radicalización era muy ostensible.

Después de las elecciones, el nuevo Gobierno de España, presidido por Azaña, impulsó un decreto-ley de amnistía y autorizó al Parlamento catalán a retomar sus funciones y designar el Gobierno de la Generalitat. Companys fue ratificado como presidente —la interinidad había sido asumida, tras las elecciones, por Joan Moles— en la sesión del 29 de febrero. Todos los antiguos consejeros fueron confirmados por Companys en sus puestos, con la excepción de Dencàs, sustituido por Josep Maria Espanya. Los días 5 y 6 de marzo tuvo lugar un duro choque verbal en la Cámara catalana entre Dencàs y algunos miembros del Gobierno sobre el 6 de octubre. Para estos últimos, el responsable del desaguisado no era otro que el exconsejero de Gobernación, mientras que este les puso en apuros al sostener que había sido nombrado precisamente con el objeto de preparar y organizar un eventual enfrentamiento armado «contra España». Las cosas permanecieron igual de claras o de oscuras que antes del inicio del debate.

Sea como fuere, a su vuelta a Barcelona, Lluís Companys pronunció una célebre frase para la historia: «Volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer». El periodista Manuel Chaves Nogales escribió en el diario Ahora, el 3 de marzo de 1936, con su habitual agudeza:

Companys empieza a ser otro hombre sustancialmente distinto del que fue, y hasta los que más reacios somos a aceptar esta metempsícosis tenemos que rendirnos a la evidencia. Aquel agitador de multitudes, aquel revolucionario audaz, aquel hombre de acción que proclamó el 14 de abril la República Catalana antes que la española, es ya casi un personaje simbólico. Dentro de poco Companys será, como lo fue Macià, un puro símbolo. Reconozcamos que Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas. Lo uno vale lo otro.

3

CONSTRUIR CATALUÑA

En 1980 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en Cataluña tras la restauración de la Generalitat, el regreso de Josep Tarradellas de su exilio francés y la aprobación, en 1979, del Estatuto de autonomía. El president Tarradellas volvió a Barcelona el 23 de octubre de 1977, recibido por miles de personas. «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí», dijo a los concentrados en la plaza de Sant Jaume. Tras la dimisión de Josep Irla en mayo de 1954 y un proceso no exento de polémica, Josep Tarradellas fue elegido en el exilio nuevo presidente de la Generalitat. Viejo miembro de ERC, había sido consejero y encabezado el Gobierno catalán en varias ocasiones en la década de 1930. Desde la localidad francesa de Saint-Martin-le-Beau, mantuvo la vela institucional durante el resto del franquismo.

Entre 1980 y 2003 ocupó el palacio de la Generalitat Jordi Pujol, al frente de la formación política Convergència i Unió (CiU). El independentismo era, en aquellos tiempos, casi marginal. El régimen pujolista concentró muchísimos esfuerzos, desde el primer instante, en la nacionalización de la sociedad catalana. En la época se hablaba de la tarea de construir Cataluña. El proyecto fue bastante exitoso según los parámetros del nacionalismo. Los efectos de esta operación intensiva permiten entender algunas características del proceso independentista en la Cataluña del siglo XXI.

CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO

Aunque la Generalitat restaurada tuviera escasas competencias, las de la Diputación de Barcelona en puridad, Josep Tarradellas formó Gobierno a su vuelta a Cataluña con los líderes de las principales fuerzas parlamentarias —Joan Reventós y Josep Maria Triginer (PSC-PSOE), Antoni Gutiérrez Díaz (PSUC), Jordi Pujol (Pacte Democràtic per Catalunya) y Carlos Sentís (UCD)— y otros consejeros de su elección, en este caso con cartera, como su hombre de confianza Frederic Rahola, que asumió la consejería de Gobernación, Ramon Espasa, Narcís Serra, Josep Maria Bricall o Juan José Folchi. Entre los decretos de aquel momento destaca el de la enseñanza obligatoria de la lengua catalana en el sistema educativo.

Tarradellas, que había tenido muchísimo tiempo para reflexionar en el exilio, adquiriendo la clara conciencia de ser un puente en la política catalana y convirtiéndose en un estadista, iba a enfrentarse a los parlamentarios, que intentaban mantenerlo al margen, en el proceso de elaboración del nuevo Estatut. Las relaciones con Tarradellas fueron siempre tensas a consecuencia de la voluntad del veterano político republicano de controlar todas las iniciativas. Este era especialmente reticente frente al PSUC, por razones que tienen algo que ver con los problemas de la época de la Guerra Civil y el anticomunismo posterior, y a Jordi Pujol, al que veía como un claro competidor por el poder en Cataluña. En sus memorias, este último escribe que él era, en aquel entonces, tarradellista, pero que Tarradellas era antipujolista. Se retiró de la primera línea en 1980, aunque mostrara en más de un caso su disgusto por la evolución política y las divisiones, que eran, en su opinión, endémicas en Cataluña. Con la muerte de Josep Tarradellas en 1988, desaparecía uno de los pocos —muy pocos, en puridad— grandes presidentes que ha tenido la Generalitat de Cataluña.

El 15 de octubre de 1977 se promulgó en España la Ley de Amnistía y en los meses siguientes se elaboró una nueva Constitución. Formaron parte de la comisión redactora del anteproyecto los catalanes Miquel Roca Junyent (CDC) y Jordi Solé Tura (PSUC). Tras proclamar «la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles», la Constitución «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran» en el artículo segundo del título preliminar. Con el término nacionalidades, que dio pie a largas discusiones, se evocaban las particularidades de los casos catalán, vasco y gallego. Pero se ofrecía a los otros territorios, en algunos de los cuales se estaban desarrollando importantes movimientos regionalistas, la posibilidad de erigirse en autonomías. Se iba a hablar, en la época, de «café para todos».

El Estado, en consecuencia, reza el artículo 137 del título VIII, «se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan». Era la base del nuevo Estado de las autonomías, con el que se pretendía resolver los problemas provocados, a lo largo de todo el siglo XX, por la cuestión nacional y territorial. El referéndum para ratificar la Constitución española se celebró el 6 de diciembre de 1978. En Cataluña, la abstención se situó en poco más del 32 por ciento y el sí obtuvo más del 90 por ciento de los votos, por encima de la media nacional. Tras la promulgación de la Constitución, las cámaras fueron disueltas y se convocaron nuevos comicios.

Las elecciones generales del 1 de marzo 1979 presentaron en Cataluña pocos cambios con respecto a las de 1977. Acaso lo que más se modificó fueron las siglas de los partidos y coaliciones. De hecho, la aparición, desaparición, fusión, escisión y alianzas múltiples de partidos políticos, identificados por siglas con diferencias mínimas como en una gran sopa de letras, singularizó la primera mitad de la década de 1970 y los albores del posfranquismo. La fiebre partidista se colaba por todas partes. La cantante Guillermina Motta interpretaba un tema, en 1977 —«Quan som al llit, no em parlis del partit»—, escrito por Narcís Comadira, en el que aseguraba que estaba dispuesta a todo, pero que por favor no le hablaran de partidos políticos en la cama.

Mientras que el partido —el «partit»— por excelencia, el comunista PSUC, se reforzaba a partir de su propio dinamismo, la extrema izquierda seguía muy fragmentada. En el espacio socialista convivían varios grupos: el Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, formado por Josep Pallach en 1974, al que se unió inicialmente la ERC de Heribert Barrera; la Federación Catalana del PSOE, que encabezaba Josep Maria Triginer, y por último, Convergència Socialista de Catalunya, que integró al Moviment Socialista de Catalunya (MSC) de Joan Reventós y a otros núcleos procedentes del Front Obrer de Catalunya (FOC) y de la Força Socialista Federal, una evolución a la izquierda del viejo movimiento CC (Crist-Catalunya, Cristians Catalans o Comunitat Catalana) de Raimon Galí y Jordi Pujol.

En Montserrat se fundó, en 1974, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), que se definía como nacionalista y de centroizquierda, con Jordi Pujol al frente, secundado por Miquel Roca Junyent. Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) tenía su origen en el grupo Llibertat i Democràcia Social, reconocido desde 1974 por la Internacional Liberal, y estuvo dirigida por Ramon Trias Fargas. Los partidos y sindicatos fueron legalizándose, incluso los comunistas, pese a todas las presiones recibidas. Fuera quedaron, en un primer momento, los carlistas, la extrema izquierda y los independentistas.

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977 dieron el triunfo en España a la Unión de Centro Democrático (UCD), el partido pergeñado por Adolfo Suárez, que se acercó a la mayoría absoluta, con 165 diputados, seguido del PSOE de Felipe González, con 118. En Cataluña se impuso el PSC-PSOE —la coalición Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), formalizada en primavera, reunía al PS (Congrés), sucesor de Convergència Socialista, y a la Federación Catalana del PSOE—, que obtuvo un 28,4 por ciento de los votos, mientras que el PSUC quedaba, algo sorpresivamente en tanto que partido por excelencia del antifranquismo, en segundo lugar, con el 18,3 por ciento. La UCD, con Carlos Sentís como cabeza de lista en Barcelona, obtuvo el 16,9 por ciento de los votos y la coalición Pacte Democràtic per Catalunya —CDC, EDC, FNC y el Partit Socialista (ex-Reagrupament), cuyo presidente Pallach había fallecido meses antes—, liderada por Jordi Pujol, el 16,88.

Esquerra de Catalunya-Front Electoral Democràtic —una alianza que incluía a la todavía ilegal ERC, el minúsculo Estat Català, el marxista-leninista-maoísta Partit del Treball (PTE) y la Associació Catalana de la Dona— se hizo con el 4,72 por ciento y un diputado. En el Senado, la coalición socialista-comunista-republicana Entesa dels Catalans se impuso en las 4 circunscripciones, saliendo elegidos sus doce candidatos, entre los que estaban Josep Benet, Francisco Candel, Pere Portabella, Salvador Sunyer o Felip Solé Sabarís.

En 1979, el Partit Socialista de Catalunya (PSC-PSOE), en el que se habían fusionado el PS (Congrés), la federación catalana del PSOE y el Partit Socialista (Reagrupament), obtuvo el 29,67 por ciento de los votos, seguido de Centristes de Catalunya-UCD con el 19,35. El PSUC bajó al tercer puesto, con el 17,38 por ciento, y la nueva Convergència i Unió (CiU) —CDC, que había absorbido a la Esquerra Democràtica de Catalunya (EDC) de Ramon Trias Fargas, se coaligaba con Unió Democràtica de Catalunya (UDC)— se quedó en el 16,38. Lejos se situaron ERC-FNC (4,18) y Coalición Democrática (3,65).

El 3 de abril de 1979, los comicios locales dieron las mayorías a PSC-PSOE (26,86 por ciento) y PSUC (20,26) en las grandes ciudades y en el cinturón industrial barcelonés, mientras que en poblaciones pequeñas y zonas rurales se impuso CiU (18,99), que obtuvo globalmente más concejales. En las capitales provinciales fueron elegidos, como primeros alcaldes democráticos, Narcís Serra (Barcelona), Joaquim Nadal (Gerona), Antoni Siurana (Lérida) y Josep Maria Recasens (Tarragona).

Aunque el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña no fuera aprobado hasta después de las elecciones de 1979, los trabajos habían empezado mucho antes. Se llevaron a cabo paralelamente a las discusiones sobre la Constitución. La Asamblea de Parlamentarios eligió una comisión, llamada Comisión de los Veinte, para elaborar un anteproyecto. El resultado fue el Estatuto de Sau, que tomaba el nombre del parador de la comarca de Osona en el que trabajó dicha comisión. Esta no se decidió entonces, a diferencia de los políticos vascos, por el concierto económico. La Asamblea ratificó el Estatuto de Sau ya a finales de diciembre de 1978, pero hubo que esperar a la formación de las nuevas cámaras, tras las elecciones de 1979, para que el texto pudiera ser discutido. En agosto fue aprobado por la Comisión de Asuntos Constitucionales después de alguno que otro recorte, en especial en el capítulo de economía y finanzas.

En determinados puntos, como educación, cultura, política lingüística, sanidad u obras públicas, las competencias eran mucho más amplias que en el Estatuto de la Segunda República, mientras que en orden público o justicia eran inferiores. Se mantenían las diputaciones provinciales y los gobiernos civiles. Muchas cuestiones quedaban abiertas para ser reguladas en el futuro por el Parlament. Cataluña era definida como una nacionalidad y el catalán como lengua propia, cooficial junto con el español.

El 25 de octubre de 1979 se celebró en Cataluña el referéndum sobre el Estatuto. La participación fue bastante más baja que en las votaciones sobre la Constitución, superando ligeramente la abstención el 40 por ciento. La acumulación de citas electorales —tres solamente en 1979—, los efectos de desmovilización de la crisis económica y el paro y, asimismo, las dudas entre algunos sectores de la población sobre los beneficios de la autonomía permiten explicar, en buena medida, la baja participación. Sea como fuere, más del 88 por ciento de los votantes se inclinaron por el sí al nuevo Estatuto.

PUJOL Y LA NACIONALIZACIÓN

En las primeras elecciones al Parlament con vigencia del Estatuto de 1979, celebradas el 20 de marzo de 1980, CiU obtuvo 43 diputados (encabezados por Jordi Pujol), por delante del PSC-PSOE con 33 (Joan Reventós), el PSUC con 25 (Josep Benet), CC-UCD con 18 (Anton Cañellas), ERC con 14 (Heribert Barrera) y el Partido Socialista de Andalucía-Partido Andaluz con 2 (Francisco Hidalgo). Quedaron fuera del Parlamento catalán algunos personajes que habían tenido un papel destacado en la izquierda nacionalista e independentista de la Transición, como Jordi Carbonell o Lluís Maria Xirinacs. La abstención fue del 38,67 por ciento, ciertamente alta aunque algo menor que la del referéndum estatutario. Muchas previsiones erraron y las izquierdas perdieron la hegemonía de la que habían disfrutado en años precedentes.

Jordi Pujol, una persona culta y de notable talla política, se convirtió en presidente de la Generalitat en 1980 e iba a ostentar este cargo a lo largo de más de veintitrés años. El pujolismo fue un momento fundamental en la nacionalización de Cataluña. En este tiempo, al frente de la principal institución catalana, Pujol y los nacionalistas convergentes se dedicaron plenamente, para decirlo con una expresión cara a este político y que condensa a la perfección sus ideas, a la tarea de construir Cataluña. Construir Cataluña era, al fin y al cabo, la continuación lógica del «hacer país» —uno de los lemas identificadores del pujolismo—, que había ocupado a este político desde su juventud. De ahí que el primer volumen de sus memorias, de 1930 a 1980, incluyera, en la edición en español, el subtítulo «historia de una convicción».

A principios de la Transición democrática, Jordi Pujol gozaba de gran prestigio en amplios sectores de la sociedad catalana, en especial en el interior, que resultaba de la acumulación de los resultados de sus actividades más o menos resistencialistas durante el régimen franquista: la campaña contra el director de La Vanguardia Española, Luis de Galinsoga, que había espetado públicamente la frase «Todos los catalanes son una mierda» a la salida de misa en la parroquia barcelonesa de San Ildefonso, el 21 de junio de 1959, y que acabó siendo destituido por el Gobierno, a principios del año siguiente, después de meses de pérdida de lectores y anunciantes en el diario; los hechos del Palau de la Música, en mayo de 1960, las torturas padecidas y la condena a prisión en un consejo de guerra; el proyecto de Banca Catalana, como banco nacional, a partir de la adquisición, en marzo de 1959, por parte de un grupo de empresarios e inversores —Florenci Pujol, su hijo Jordi y el cuñado Francesc Cabana representaron un destacado papel— de una entidad de la ciudad de Olot, la Banca Dorca; el apoyo financiero a todo tipo de actividades culturales, como la Gran Enciclopèdia Catalana —en 1969 vieron la luz las primeras entregas, impulsada inicialmente por Max Cahner y Jordi Carbonell, pero tras una importante crisis, Jordi Pujol y Banca Catalana asumieron su publicación—; o, asimismo, una frenética actividad por toda la geografía catalana, formando grupos y estableciendo contactos.

Para mucha gente, Pujol era una persona totalmente entregada a la causa de Cataluña, que por ello había sufrido, como Prat de la Riba o Companys, el paso por la cárcel, y a la que había dedicado su patrimonio. Yo me crié en un ambiente en el que Jordi Pujol era un modelo y puedo, además de contarlo, testimoniarlo. ¡Cuántas veces oí contar en mi casa de pequeñito los sucesos del Palau y las torturas! Por si fuera poco, mi padre no solamente trabajaba en Banca Catalana, sino que lo había hecho anteriormente en Banca Dorca, en Olot, en donde había empezado a trabajar de joven como botones, igual que muchos otros buenos hijos de familia humilde. Estuvo convencido hasta el final, con la inocencia y la ceguera que estimula la religión nacionalista, de que Banca Catalana tenía una esencial e irrenunciable función patriótica. Y, en consecuencia, vivió la profunda crisis de la empresa de los años ochenta y progresiva desaparición de la marca —desde la posición de director de la segunda oficina más importante, la de la ciudad gerundense de Olot— como un auténtico y frontal ataque a la nación catalana. La discusión sobre este episodio era inútil en mi casa: la fe y la pasión anulaban cualquier argumento. Victimismo y racionalidad nunca suelen juntarse.

Ninguna anécdota refleja mejor, en mi opinión, la voluntad de Jordi Pujol de estar en todo momento al servicio de Cataluña que la del día de su boda con Marta Ferrusola. En los brindis, Pujol aseguró que su pasión primera y fundamental era Cataluña y que, en consecuencia, ésta iba a pasar en muchas ocasiones por delante de esposa e hijos. La fórmula no era pura retórica —y fue descaradamente imitada, en su propio enlace matrimonial, por más de un cachorro convergente—. Acaso sea esta la clave para entender algunas de las cuestiones que tanto se debaten hoy sobre las relaciones entre la familia Pujol, el dinero y el poder.

En la segunda mitad de la década de 1970, en plena negociación del acuerdo de CDC y EDC para concurrir juntos a las legislativas constituyentes, Ramon Trias Fargas, inteligente profesor, político liberal y líder de la segunda formación, le espetó en una conversación a Jordi Pujol: «Yo me he metido en política para servir un poco a Cataluña, pero tú has venido a salvarla». La nacionalización o renacionalización de la sociedad constituyó el elemento central de la misión de construir Cataluña a la que se libró el pujolismo —Construir Catalunya era el título, precisamente, de un libro publicado por Pujol en 1979, en el que se recuperaban algunos de sus escritos de las décadas anteriores— desde las instituciones autonómicas a partir de 1980.

El proceso de nacionalización de Cataluña llevado a cabo por el pujolismo se ha fundamentado, entre otras cosas, en la llamada normalización lingüística, las estructuras culturales bautizadas como nacionales, el control de los medios de comunicación o el reclamo funcionarial. En los cuatro casos, los resultados han sido globalmente exitosos para los intereses del nacionalismo.

Lo que se conoce como «normalización» pretendía revertir una sustitución lingüística a fin de que la lengua perjudicada —el catalán— recuperara el estatus de «plena» o «normal». La primera Ley de Normalización fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 6 de abril de 1983, con 105 votos a favor y una única abstención. Su objetivo prioritario, además de mostrar de manera explícita el apoyo institucional al uso social del catalán, era la recuperación de la lengua en el terreno oficial, en los medios de comunicación públicos y en el sistema educativo. En este último, la ley establecía las bases para el uso vehicular habitual de la lengua catalana, impedía de manera explícita la segregación de los alumnos por motivos de lengua y convertía el catalán en la lengua del sistema educativo, aunque se garantizaba cierta presencia del castellano y el conocimiento de las dos lenguas oficiales. Estas políticas lingüísticas tuvieron resultados felices para sus promotores. La aplicación no estuvo exenta de polémica. En 1998, una nueva Ley de Política Lingüística sustituyó a la de 1983 con la voluntad de consolidar y ampliar los efectos normalizadores.

Al margen de la aplicación de la ley, el Gobierno catalán, a través de una Secretaría de Política Lingüística, organizó varias campañas de promoción y sensibilización lingüística. La primera y más destacada se lanzó a principios de la década de los ochenta con el lema «El català, cosa de tots», aunque popularmente sea más conocida como campaña de la Norma. Norma era el nombre de una chica de 12 años, dibujada por Lluís Juste de Nin (que firmaba como Esquerrà), que empezaba a hablar con todo tipo de personas invitándolas a utilizar el catalán. Como padre, no estoy muy convencido de que empezar a hablar con todo el mundo sin conocerlos fuese un buen consejo para una adolescente primeriza. Pero, ya se sabe, ¡qué no haría uno por la patria! Norma protagonizó numerosas historietas gráficas, con guión de Avel·lí Artís Gener (alias Tísner), publicadas en los periódicos de la época. Más adelante se hicieron nuevas campañas que insistían en el papel de los catalanoparlantes en el mantenimiento del uso social del catalán, en especial frente a las viejas y nuevas migraciones.

Entre las estructuras culturales destacan, además de los museos, el Arxiu Nacional de Catalunya (1980), el Museu d’Història de Catalunya (1986) y también el Teatre Nacional de Catalunya, cuyas actividades empezaron en 1996, siendo Josep Maria Flotats su director-fundador; al año siguiente se inauguró un edificio propio, obra de Ricardo Bofill. La segunda institución responde desde su creación al alto valor que el nacionalismo concede a la historia y al control de sus relatos y está al servicio de la tarea de patentizar la identidad nacional catalana. Algunos de sus directores han sido Carme Laura Gil (1996), Josep Maria Solé i Sabaté (1996-2000), Jaume Sobrequés (2000-2007) y Agustí Alcoberro (2007-2014). El pujolismo dio fuertes alas al relato que para el nacionalismo catalán habían construido los historiadores. Me ocupo en detalle de este tema en el capítulo 7. El uso y el abuso de la historia constituyen características fundamentales de los nacionalismos. Y también del nacionalismo en Cataluña.

La primera emisión de TV3, el canal principal de Televisió de Catalunya —parte de la Corporación Catalana de Radio y Televisión—, tuvo lugar, en pruebas, la víspera del 11 de septiembre de 1983, mientras que en enero de 1984 empezó la programación normal. El Canal 33 iba a sumarse en 1988. Los recursos invertidos en crear, mantener y desarrollar una televisión catalana, en catalán y nacional han sido ingentes, a la altura de la misión que se le había atribuido. Como escribió Pujol en sus memorias, «en nuestro proyecto de país, una radio y una televisión públicas tenían que ayudar a defender la lengua y a construir consciencia de nacionalidad»; esto es, contribuir «a vertebrar el país a fuerza de transmitir unos valores que nos resultan propios», siendo «una herramienta de conciencia, de construcción y de identificación de país».

TV3 contó desde el principio con una programación generalista para todos los públicos y un plantel de grandes profesionales. La apuesta por la producción propia y el desarrollo de la cultura y lengua catalanas caracterizan su funcionamiento hasta el momento presente. Las retransmisiones deportivas, con especial atención a todo lo que se refiere al Barça, las telenovelas —en 1994 comenzó la emisión de la primera telenovela catalana, Poblenou—, los informativos y los programas infantiles, en especial el Club Súper3, constituyen los pilares principales de la programación. Los mapas de los denominados Países Catalanes sirven desde entonces, como si fuera algo normal y neutro, para los pronósticos del tiempo en los noticiarios de la cadena.

En 1990 se hizo público un documento, en las páginas de El Periódico, que el Gobierno catalán y las altas instancias de CiU debatían por aquel entonces como programa ideológico para el decenio finisecular. Era una fuerte apuesta por seguir con el proceso de nacionalización en todos los ámbitos e, incluso, intensificarlo. Entre los objetivos generales destacaban los que siguen: elección y divulgación de los conceptos que permitan el fortalecimiento del pueblo catalán («ser más cultos, más modernos, más cívicos, más solidarios, más europeos, amar el trabajo, gusto por el trabajo bien hecho, constatar las raíces, vigencia de los valores cristianos...»), divulgación de la historia y del hecho nacional catalán, Cataluña-Países Catalanes como nación europea emergente, concienciar a los catalanes de la necesidad de tener más hijos para garantizar la personalidad colectiva, Cataluña como nación discriminada, Cataluña como pueblo que camina en busca de su soberanía dentro del marco europeo.

En el terreno de la enseñanza se recomendaba impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes. Para ello era imprescindible el correcto conocimiento de la lengua, la historia y la geografía de Cataluña y los Países Catalanes, o bien catalanizar la enseñanza, además de reorganizar el cuerpo de inspectores para que vigilaran el cumplimiento de la normativa en este terreno. El objetivo principal para los medios de comunicación dependientes de la Generalitat debía ser la eficaz transmisión del «modelo nacional catalán». Introducir «gente nacionalista» en los lugares clave, potenciar el diario Avui y crear una agencia de noticias catalana de espíritu nacionalista y gran solvencia eran formas de conseguirlo. A la Administración se le reclamaba identificarse con los valores nacionales (sociedad civil, eficacia, austeridad, etcétera). Finalmente, para los elaboradores del texto, era imprescindible hacer conocer Cataluña y los Países Catalanes en todo el mundo y catalanizar las actividades deportivas —con los Juegos Olímpicos de 1992 en mente— y las de carácter lúdico.

EL PUJOLISMO

En 1980, Jordi Pujol formó gobierno en minoría, aunque con el apoyo parlamentario de ERC y también de CC-UCD. Heribert Barrera, que había conseguido hacer renacer el viejo partido de Macià y Companys —si bien la continuidad histórica desde 1931 sea, en ocasiones, más ficción que realidad y se haya recurrido con harta frecuencia a la invención de la tradición—, aunque manteniendo durante bastante tiempo una cierta indefinición ideológica, asumió la presidencia del Parlamento. El primer Gobierno Pujol, que funcionó hasta 1984, contaba con un adjunto a la presidencia, Miquel Coll Alentorn, de Unió Democràtica, y un total de once consejerías. Destacaban, entre otros, Ramon Trias Fargas (Economía y Finanzas), Joan Vidal Gayolà (Gobernación) —sustituido más adelante por Macià Alavedra—, Josep Maria Cullell (Política territorial y Obras públicas), Joan Rigol (Trabajo), Max Cahner (Cultura y medios de comunicación) o Joan Guitart (Enseñanza).

La tarea fundamental de este Gobierno consistió en conseguir un máximo de competencias —la parte catalana de la comisión mixta de traspasos Estado-Generalitat estuvo presidida por Miquel Roca Junyent—, lo que, en un primer momento, hasta febrero de 1981, no resultó difícil puesto que Adolfo Suárez necesitaba los votos de CiU en el Congreso. La otra obra gubernamental destacada en estos primeros años ochenta fue la puesta en funcionamiento de la nueva Administración autonómica. La amplia oferta de empleo público iba a favorecer un nuevo clientelismo nacionalista.

Tras el fallido golpe de Estado del 23-F y la formación del Gobierno Calvo-Sotelo, el proceso autonómico se ralentizó, y se aprobó, con el apoyo de PSOE y UCD, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Pujol se arrogó el papel de gran defensor de las competencias amenazadas e hizo un amplio despliegue de victimismo, que iba a tener efectos muy negativos en el Partido Socialista, tildado de sucursalista y anticatalán; más, si cabe, tras el oscuro caso Banca Catalana. Cataluña no podía ser una sucursal: esta era la idea central lanzada con notable éxito, desde 1980, por el publicista Joaquín Lorente, un lenguaje nuevo que distinguía entre una CiU defensora de Cataluña y unos partidos, en especial el socialista, dependiente de las decisiones tomadas en Madrid. Lo nacional e identitario colonizaron totalmente la política catalana, permitiendo la expedición de simbólicos certificados por ser buenos o malos catalanes. El diálogo devino, por mucho tiempo, monólogo.

El nacionalismo más radical quedó en aquel entonces levemente reforzado, como muestra el desarrollo de entidades como la Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes —la Crida—, una plataforma creada en 1981 como movimiento cívico de respuesta al «Manifiesto de los 2300», en el que se denunciaba la discriminación lingüística de los castellanohablantes en Cataluña y las nuevas políticas de inmersión; entre sus grandes movilizaciones destacan la campaña «Som una Nació» —unas 100.000 personas reunidas en un acto en el Camp Nou— o bien la organizada contra la LOAPA en 1982. El independentismo, no obstante, fue minoritario —incluso, en algún momento, francamente marginal— durante toda la etapa pujolista, tanto en el terreno político como en el más estrictamente armado (Terra Lliure). Sobresale únicamente ERC, abiertamente independentista en la última década del siglo. En el capítulo 4 trato específicamente de esta cuestión.

En 1984, Jordi Pujol fue reelegido como presidente de la Generalitat, aunque esta vez con mayoría absoluta. CiU obtuvo en las elecciones al Parlamento catalán 72 escaños, mientras que el PSC-PSOE, con Raimon Obiols como cabeza de lista, se quedaba en 41. Los otros diputados se repartieron entre AP-PDP-Unión Liberal (11), PSUC (6) y ERC (5). Los excelentes resultados de uno contrastan con los mediocres de los demás, en especial de centristas, socialistas, comunistas y Esquerra, en plena disolución ucedista los primeros, afectados los segundos por la resaca de la LOAPA y el uso patriótico pujolista de la querella de Banca Catalana, inmersos los terceros en luchas intestinas —el sector prosoviético fundó en 1982 el Partit dels Comunistes de Catalunya, presidido por Pere Ardiaca— y anclados en una cierta vaguedad los últimos, que llevó a parte de su electorado a optar por el pragmatismo nacionalista y votar a CiU.

A pesar de todo, Pujol ofreció a ERC entrar en el Gobierno y Joan Hortalà se convirtió en consejero de Industria. Asimismo, el veterano Frederic Rahola pasó a ser el primer Síndic de greuges —nombre que recibe en Cataluña el Defensor del pueblo—, al que sucedieron el excentrista Anton Cañellas (1993-2004) y el excomunista Rafael Ribó, a partir de 2004.

Convergència mantuvo claramente la situación de dominio en los comicios autonómicos de 1988 —CiU (69), PSC-PSOE (42), Iniciativa per Catalunya IC (9), AP (6), ERC (6) y CDS (3)— y 1992 —CiU (70), PSC-PSOE (40), ERC (11) IC (7) y PP (7)—, pero en los de 1995 perdió diez diputados —CiU (60), PSC-PSOE (34), PP (17), ERC (13) e IC-Els Verds (11)— y necesitó apoyos para seguir gobernando. En esta última convocatoria encabezaban las listas, al margen de Pujol, Joaquim Nadal por los socialistas, Alejo Vidal-Quadras por el PP, Àngel Colom por ERC —este activista y dirigente mesiánico impulsó el independentismo de la formación y rejuveneció la militancia, aunque abandonó el partido en 1996 junto con su fichaje estrella, Pilar Rahola, para formar el fracasado Partit per la Independència, antes de terminar en CiU o en su órbita mediática— y Rafael Ribó por Iniciativa.

En 1999, CiU obtuvo 56 escaños, por delante del PSC-Ciutadans pel Canvi, con Pasqual Maragall a la cabeza, que se quedó con 52 a pesar de haber obtenido más votos. Los otros escaños se repartían entre PP (12), ERC (12) e IC-Els Verds (3). Los apoyos de CiU al Gobierno socialista de Felipe González y al popular de José María Aznar pasaron factura. Las de 1999 fueron las últimas elecciones a las que concurrió Pujol como cabeza de lista y candidato a la presidencia de la Generalitat. En 2003 iba a presentarse como candidato de CiU Artur Mas.

A lo largo de las dos décadas finales de la centuria se conformó un modelo electoral dual en Cataluña, con CiU como vencedora en los comicios autonómicos y el PSC-PSOE en los generales, seis en total entre 1982 y 2000, dejando en todos a la formación pujolista en segundo lugar. Los socialistas obtuvieron, en 1982, un 45,84 por ciento de los votos y 34,13 por ciento en 2000. Por lo que a los convergentes se refiere, Miquel Roca Junyent fue, entre 1977 y 1995, el portavoz del grupo parlamentario catalán en el Congreso de los Diputados.

En la década de 1980, Roca Junyent se embarcó en la fallida operación reformista —Operación Roca— con Antonio Garrigues Walker. El Partido Reformista Democrático (PRD) constituyó un fiasco y no consiguió ni un solo escaño en las elecciones legislativas de 1986. Las relaciones entre CiU y PRD fueron siempre ambiguas. Miquel Roca Junyent dejó el Congreso para presentarse, en 1995, a la alcaldía de Barcelona, pero fue claramente derrotado por Pasqual Maragall. La abstención ha sido siempre más alta en las elecciones autonómicas que en las generales, como puede verse si comparamos porcentajes de la última década del siglo: 1992 (45,25 por ciento) y 1999 (41,47 por ciento) frente a 1993 (24,41 por ciento) y 2000 (36,67 por ciento).

Otra dualidad evidente se desprende del pulso entre los dos vecinos de la plaza San Jaime, que ha dado lugar a un sinfín de conflictos: la Generalitat en manos convergentes y el Ayuntamiento de Barcelona —además de la Diputación— en las de los socialistas. A pesar de que CiU haya presentado a algunos pesos pesados —Trias Fargas, Roca Junyent, Cullell— como candidatos a alcalde de la ciudad condal, nunca ha puesto realmente en peligro, hasta 2011 con Xavier Trias, la hegemonía del PSC. Pasqual Maragall fue alcalde de Barcelona entre 1982 y 1997, sustituido entonces por Joan Clos y, en 2006, por Jordi Hereu.

Los veintitrés años de pujolismo terminaron en 2003. Se había construido Cataluña o, como mínimo, una de las Cataluñas posibles. Un país, en cualquier caso, mucho más nacionalizado. Este es uno de los principales éxitos de los gobiernos de Pujol en la Generalitat. Lo han hecho posible el reclamo funcionarial y el control de los medios de comunicación o bien leyes como la de Normalización Lingüística —de 1983 y revisada a final de siglo— y la de creación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión. O la puesta en funcionamiento de nuevas estructuras policiales autonómicas: los Mozos de Escuadra, los Mossos.

No faltaron enfrentamientos con el Estado —numerosos han sido los recursos presentados por los Gobiernos de España y de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional— y con algunos Ayuntamientos catalanes, en especial el de Barcelona y los de su cinturón industrial, mayoritariamente en manos de la izquierda. Con la Ley de Ordenación Territorial (1987) se suprimió la Corporación Metropolitana de Barcelona, percibida desde la Generalitat como un contrapoder socialista, y se crearon los poco efectivos consejos comarcales.

Importantes fueron los trabajos y proyectos de los Gobiernos de la etapa pujolista en el terreno de las infraestructuras y de los servicios públicos, complementados por los esfuerzos de los Ayuntamientos, así como las actuaciones en el campo de la sanidad, la proyección exterior, el desarrollo industrial, las universidades o la enseñanza. Por lo que se refiere a las infraestructuras, constituye una de las realizaciones estrella el llamado Eje transversal, una autovía que empezó a construirse en 1985 con la voluntad de unir las provincias de Lérida y Gerona, desde los límites con Aragón hasta la costa mediterránea, y cuyo primer tramo se inauguró a final de siglo.

Resultan interesantes algunos datos conocidos recientemente sobre la financiación de la obra pública mayor de Jordi Pujol, la auténtica «joya de la corona». El diputado convergente por Gerona, Josep López de Lerma, se enteró por José Folgado, hombre de confianza del ministro de Economía popular Rodrigo Rato, de que el desdoblamiento del Eje Transversal, supuestamente a cargo de la Generalitat de Cataluña —y «objeto de tantas inauguraciones por parte del president Pujol como kilómetros tiene», López de Lerma dixit—, en realidad había sido totalmente sufragado por el Estado. Artur Mas se lo confirmó, pidiéndole que intentase evitar que saliera a la luz, pues «si se sabe la verdad sobre el Eix, nos hundimos». El diputado en el Congreso consiguió evitarlo entonces, salvando, en palabras propias, a Jordi Pujol del ridículo.

Las contribuciones a la modernización de España y, en algunos momentos de la década de 1990, a su gobernabilidad y estabilidad, con beneficiosos acuerdos puntuales —como la cesión de cuotas progresivamente mayores del IRPF o la agilización de determinados traspasos—, pero sin participación en los ministerios y con un no despreciable coste electoral, deben ser también destacadas.

En el plato negativo de la balanza figuran, por el contrario, los excesos del clientelismo y de una Administración sobredimensionada, unos medios de comunicación de régimen, las limitaciones de los proyectos culturales —perfectamente compatibles con grandes inversiones, que resultan innegables, pero que han creado una sociedad más provinciana y ensimismada y menos universalista por la vía nacional— y la sombra de la corrupción. No han hecho más que alargar esta sombra las famosas acusaciones por parte de Pasqual Maragall en sede parlamentaria de cobros de comisiones del 3 por ciento, repetidas ante los micrófonos radiofónicos por Josep-Lluís Carod-Rovira y Joan Puigcercós o por muchas personas en privado, además de escándalos como el del Palau de la Música, que provocó el embargo de la sede central de la antigua Convergència, el llamado «caso Pretoria» o bien la comisión parlamentaria por la que ha desfilado la extensa familia Pujol en pleno en febrero y marzo de 2015. En el momento de escribir estas líneas, en enero de 2018, las investigaciones continúan y existen un montón de frentes abiertos. El «mito Pujol», mientras tanto, como bien explica el periodista Lluís Bassets, se ha hundido. Su declaración pública de julio de 2014, en pleno proceso, acusándose de fraude fiscal —el famoso testamento y herencia del abuelo Florenci— con la voluntad esencial de tapar los pufos de su esposa e hijos, constituyó un pequeño tsunami en la política y la sociedad catalanas.

Laurentino Vélez-Pelligrini dedicó al pujolismo como lógica, retórica y estilo nacional-populista el libro El estilo populista. Orígenes, auge y declive del Pujolismo, de 2003. Jordi Pujol es presentado como un líder voluntarista y movilizador, que usa retóricas populistas y victimistas —se trata, sostiene el autor, más de retórica que de doctrina—, en las que Cataluña (el «país») es concebida como «pueblo», en oposición al poder estatal y por encima de clases, grupos e individuos. Se distinguen tres tipos de victimismo: político, económico y simbólico, correspondientes, respectivamente, a las retóricas del «pueblo agraviado», de la «Cataluña expoliada» y del hecho diferencial. El pujolismo, en tanto que «estilo» de acción política, constituye una modalidad de populismo entre muchas otras posibles, en el marco de la extensa tipología fenomenológica de la que habló Margaret Canovan. Este «nacional-populismo», que ha asegurado a Pujol y a CiU el poder autonómico entre 1980 y 2003, es considerado, a fin de cuentas, como «uno de los fenómenos políticos sin duda más importantes de [la] historia contemporánea» de Cataluña.

Jordi Amat se preguntaba, en El llarg procés (2015): «¿Hasta qué punto la confesión de fraude fiscal de Jordi Pujol en julio de 2014 va a intoxicar no solamente la construcción de su biografía sino toda la elaboración del relato de la Cataluña de la segunda mitad del siglo XX?». La cuestión se me antoja plenamente pertinente. No resulta fácil hacer, en nuestro tiempo, un balance equilibrado. Mientras que los oponentes de ayer o sus sucesores están aprovechando la ocasión para derrumbar su figura, los que ayer le idolatraban o los que han retomado sus caminos partidarios e ideológicos miran hacia otro lado. No va, según parece, con ellos.

Pujol pertenece a la etapa del autonomismo en la era del soberanismo o del independentismo. Está, como ahora se dice frecuentemente, en otra pantalla. Además, resulta lícito, por lo que parece, cargarle hoy todas las culpas de lo malo de ayer con la voluntad de limpiar la conciencia e imagen de los nuevos líderes conversos a la idea de moda. Pero la situación actual es, en gran medida, hija de la profunda nacionalización del pujolismo. Me parece que falta todavía algo de distancia temporal y emocional para evaluar correctamente su obra. El hecho de que yo no la comparta en absoluto y piense que sea la responsable de una parte de los problemas de nuestros inicios del siglo XXI, no es óbice para evaluarla como destacada y perdurable. Jordi Pujol, junto con Josep Tarradellas, aunque en circunstancias bien distintas, han sido los dos únicos presidentes de la Generalitat —de los nueve que se han sucedido desde 1931, no de los supuestos 130 o 130 y medio de marras— con auténtica talla de estadistas.

SEGUNDA PARTE

ANATOMÍA DEL PROCÉS

El nacionalismo, en todas sus distintas formulaciones y en sus manifestaciones variopintas, resulta asimilable a una religión. La aserción es válida para todos los nacionalismos contemporáneos, tanto para los que se desarrollan en los Estados-nación como en el de aquellos constructos nacionales que carecen de forma estatal. El caso de Cataluña y del independentismo catalán de las dos primeras décadas del siglo XXI no constituye, evidentemente, una excepción. Tampoco lo es si tomamos en consideración el nacionalismo catalán en toda su larga historia. De hecho, ya Enric Prat de la Riba hablaba, antes de formular sus célebres tesis sobre la distinción entre nación y Estado y sobre la nacionalidad catalana, que vimos en la primera parte de este libro, de «la religión catalanista», que «tiene por Dios a la patria». Terminaba la década de 1880 y el futuro presidente de la Mancomunidad de Cataluña, católico a machamartillo, acababa de ingresar en el Centre Escolar Catalanista.

El historiador Carlton J. H. Hayes, especialista en historia europea y de los nacionalismos y profesor en la Universidad de Columbia, dedicó en 1960 un estudio al nacionalismo como religión de inequívoco título: Nationalism: A Religion. Fue uno de sus últimos libros publicados, cuatro años antes de su fallecimiento. Hayes, también católico devoto, explicaba que el surgimiento de su interés por el nacionalismo databa de la Primera Guerra Mundial. Le había dedicado tres de sus libros, entre 1926 y 1931, y partes de otro, amén de numerosos artículos. En la nueva obra, con la que Hayes regresaba a este tema casi tres décadas después, apuntaba:

En el nacionalismo, como en cualquier emoción, existen grados. Nuestra lealtad a la nacionalidad y al Estado nacional puede estar limitada por otras lealtades —a la familia, a la Iglesia, a la humanidad, al internacionalismo— y verse restringida por ellos en proporción correspondiente. Por otra parte, el nacionalismo puede ser lo más importante, la lealtad máxima, que impera sobre las demás. Esto sucede normalmente cuando la emoción nacional se fusiona con la religión y el nacionalismo se transforma en una religión o en el sustitutivo de una religión.

Hayes conocía bien la península ibérica, puesto que fungió como embajador de Estados Unidos en España durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1945, con la misión esencial de mantener la neutralidad española y contrarrestar las presiones alemanas. Fue pieza clave en la crisis diplomática del wolframio y dejó escritas unas interesantes memorias de aquella etapa. En la obra sobre la religión nacionalista, sin embargo, las referencias al pasado español son escasas y no siempre demasiado acertadas. No puede decirse lo mismo del tratamiento de las historias de Francia, Gran Bretaña, Rusia —y la URSS—, Alemania o los Imperios austro-húngaro y otomano. Sea como fuere, las reflexiones generales resultan de un enorme interés. Afirmaba Hayes, en este sentido: «Desde que el nacionalismo moderno hizo su aparición en Europa occidental, ha participado de la naturaleza propia de una religión». Y unos renglones más abajo añadía:

El nacionalismo, como cualquier otra religión, nos pide, no únicamente la voluntad, sino también el intelecto, la imaginación y las emociones. El intelecto construye una teología o una mitología especulativa del nacionalismo. La imaginación construye un mundo nunca visto, en torno al pasado eterno y al futuro infinito de la propia nacionalidad. Las emociones despiertan en nosotros alegría y éxtasis al contemplar al dios nacional, que es infinitamente bueno y nos protege; deseamos obtener sus favores, agradecer sus beneficios, tememos ofenderle, sentimos respeto y reverencia al considerar la inmensidad de su saber y su poderío; y brota naturalmente el culto, tanto privado como público, como expresión de esos sentimientos. El nacionalismo, como todas las demás religiones, es social, y sus ritos más importantes son los ritos públicos, que se llevan al cabo en nombre de una comunidad y que tienen por fin lograr su salvación.

La insistencia del autor estadounidense en las emociones, los sentimientos, el culto, los ritos públicos o la idea de salvación merece ser tenida en cuenta. Sin embargo, no voy a profundizar ahora y aquí en mi lectura de la obra de Hayes. Únicamente añadiré, siempre con la voluntad de introducir elementos que nos permitan comprender lo más adecuadamente posible nuestro objeto de estudio, una última cita: «El nacionalismo es una religión sumamente sectaria, se muestra intolerante con cualquier otra creencia que pueda rivalizar con ella». Tomen nota, por favor.

La lectura del proceso y del independentismo catalán en clave religiosa no ha estado del todo ausente en los comentarios o análisis de los últimos años. Un par de ellos me parecen especialmente relevantes, ambos del año 2017. El filósofo Manuel Cruz, expresidente de Federalistes d’Esquerra y diputado del grupo socialista en el Congreso desde 2016, encabeza su artículo del 16 de diciembre de 2017 en el diario digital El Confidencial, en el que colabora frecuentemente con sugestivos e inteligentes textos —algo poco habitual, bueno es tenerlo en mente, en la Cataluña procesual—, con el título siguiente: «¿‘Mani’ o misa de 12? (Sobre la última religión disponible)».

La pieza está escrita después de la emisión del programa Salvados, de Jordi Évole, en el que Inés Arrimadas, de Ciudadanos, y Marta Rovira, de ERC, habían protagonizado un cara a cara, y en ella se propone una reflexión sobre la naturaleza de las movilizaciones independentistas en Cataluña. El proceso ha acabado por convertirse, apunta Manuel Cruz, en un fin en sí mismo, cuyos partidarios son totalmente inmunes a la argumentación de las ideas y, asimismo, a toda posible refutación de los hechos. En consecuencia, el autor concluye:

Se equivocaban los que se preguntaban por la hipotética decepción de los ya famosos «independentistas de buena fe». A la vista está que no los hay de buena y de mala fe. Nos podemos ahorrar el adjetivo diferenciador: son todos de fe, y es la fe, una fe desnuda, lo que les congrega alrededor de determinadas iniciativas en el espacio público (manifestaciones, concentraciones silenciosas o ruidosas según convenga, procesiones con antorchas o velas, pancartas con cambiantes leyendas en los balcones, etc.), cuya función es precisamente la creación y el reforzamiento del sentimiento de pertenencia a un grupo, sin que ni siquiera sentido tenga cuestionar ninguna de tales iniciativas. ¿O es que acaso alguna vez se ha abierto un debate público entre los católicos respecto a si una determinada fiesta ha de ser de precepto o no?

Para muchas personas, agrega acertadamente Manuel Cruz, el proceso no solamente se había convertido en un modo de vida, sino que, más decisivo y extendido todavía, les estaba proporcionando un sentido a la vida. Y termina con una sustanciosa interrogación: ¿es el independentismo el último credo religioso disponible?

Corresponde la segunda de las referencias más arriba señaladas al libro La pasión secesionista (2017), de Adolf Tobeña, que contiene una original mirada al proceso catalán. En alguno de los capítulos de esta parte me ocuparé de nuevo de sus tesis. En este punto, me interesa la caracterización religiosa que el autor introduce a la hora de tratar de las multitudinarias manifestaciones del 11 de septiembre de los años 2012, 2013 y 2014. Se trata, nos dice, de inmensas performances, imponentes actos litúrgicos o procesiones monstruo y desbordantes. Afirma, en concreto: «Las organizaciones civiles secesionistas que impulsaron y montaron estos imponentes actos litúrgicos consiguieron demostrar, a lo largo de convocatorias sucesivas, que podían movilizar con éxito alrededor de un millón de efectivos y hacerlos formar o desfilar, de manera disciplinada, festiva y pacífica. Habiendo invertido, además, cada uno de los feligreses, una módica cuota contributiva para pregonar su fe y su fuerza en la comunión gozosa. Esas desbordantes procesiones [están] transidas del fervor trascendente que anida en los pueblos que caminan, al unísono, hacia la tierra prometida».

El independentismo del proceso se nos aparece, así pues, en su forma más religiosa: fe, credo, comunión, tierra prometida, feligreses, actos litúrgicos, procesiones. Estas últimas recuerdan, asimismo, a otras formas de sociabilidad bien enraizadas en épocas pretéritas en Cataluña, como los aplecs, una suerte de reuniones al aire libre, ya sean sardanistas o carlistas; en la actualidad, sin embargo, no se sale al campo sino que el campo, por el contrario, va la mayor parte de las veces a la ciudad.

Me permito añadir otros términos, a fin de completar los textos de Manuel Cruz y Adolf Tobeña: sacerdocio —como el de algunos líderes del proceso, como Oriol Junqueras—, apostolado —no otra cosa hacen los adherentes de organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana (ANC) u Òmnium Cultural—, mesianismo —el Moisés-Mas de la campaña electoral de 2012—, peregrinación —ni a Lourdes ni a Fátima, sino a Bruselas, a visitar al ilustre fugado (perdón, eufemísticamente «exiliado»)—, paraíso —la futura República Catalana, en donde los catalanes serán, según se les promete, ricos, libres y plenos—, mártires —algunos ya lo son, como los Jordis, y otros lo desean, como Carles Puigdemont—. Las transferencias de sacralidad están a la orden del día. La lista anterior puede, sin duda, alargarse. Sobresalen, en cualquier caso, una fe no cuestionable y la confianza ciega del devoto. Los independentistas catalanes, por encima de todo, creen.

En esta segunda parte se trata específicamente del proceso independentista en Cataluña, desde 2012 hasta finales de 2017, aunque retrotrayendo sus orígenes y precedentes a 2003, coincidiendo con el final del pujolismo, el inicio de los Gobiernos tripartitos y las iniciativas de reforma del Estatuto de autonomía. La descripción y el análisis se combinan a la hora de desplegar este peculiar ejercicio anatómico. Los tres capítulos presentan una secuencia temporal: de 2003 a 2012, en el que constituye el capítulo 4 («Abrir la caja de Pandora»); en el capítulo 5 («Viaje a ninguna parte»), el momento marcado por la segunda presidencia de Artur Mas, de 2012 a 2015; y, de finales de 2015 a 2017, en el capítulo 6 («Ocho segundos y 155 razones»). Los comicios del 21-D son el punto y final del bloque.

4

ABRIR LA CAJA DE PANDORA

En su última legislatura, Jordi Pujol preparó la sucesión en CiU y en la Generalitat de Cataluña. No iban a ser los elegidos ni Miquel Roca Junyent, eterno segundo en Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y hombre de la formación en Madrid —el Cambó de Prat de la Riba/Pujol, como se dijo en muchas ocasiones—, ni el emergente líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida. El president prefirió optar por Artur Mas, una persona muy bien considerada en el entorno familiar de Pujol. Como ha escrito el exdiputado convergente Josep López de Lerma en Cuando pintábamos algo en Madrid (2016), Artur Mas fue elegido sucesor «en el comedor familiar de los Pujol»; la familia presidencial, añade, «escogió a Artur Mas como el yerno perfecto de Marta Ferrusola para sucederle, en espera o no, de que su hijo Oriol Pujol creciera en edad y en madurez. Ha resultado que no respecto de lo segundo». En 2001, Artur Mas fue nombrado consejero de la Presidencia y conseller en cap (consejero primero) del Gobierno de la Generalitat.

Resulta, como mínimo, curioso que la persona destinada a actuar a partir de entonces como líder de una formación nacionalista y, a partir de 2012 en pragmática conversión —de nuevo, lo religioso— como adalid del independentismo catalán no catalanizara su nombre, según se ha publicado en varias ocasiones y nadie ha desmentido, hasta el año 2000. Artur era Arturo, según el registro civil y su DNI. Como todos los nacidos durante el franquismo, fue inscrito con la forma castellana de su nombre. No obstante, en enero de 1977 entró en vigor la reforma del artículo 54 de la Ley del Registro civil (1957), que permitía adaptar el nombre a la lengua de la comunidad de origen. Artur Mas tardó ¡solamente! 23 años en hacerlo, cuando ya hacía un lustro que ocupaba consejerías en el Gobierno Pujol. También yo me llamaba oficialmente Jorge, pero a mi padre le faltó tiempo, tras la reforma del artículo 54, para catalanizarlo —en 1977, yo era menor de edad— e inscribirme como Jordi.

MAS Y MARAGALL

Barcelonés, nacido en 1956 en una familia vinculada con la industria textil y metalúrgica, Artur Mas es el mayor de cuatro hermanos. Estudió en el Liceo Francés de Barcelona y en el Aula Escuela Europea, lo que le permite hablar con fluidez, además del catalán y el castellano, los idiomas francés e inglés. No se me escapa la paradoja que supone el hecho de que buena parte de los dirigentes nacionalistas catalanes y también sus respectivos hijos —de Jordi Pujol a Artur Mas, e incluso el socialista José Montilla— se hayan educado en colegios en donde se estudiaba en varias lenguas, al tiempo que fuerzan a la comunidad que han dirigido durante tanto tiempo a hacerlo en una sola de ellas, la catalana, con algunas pizcas casi simbólicas de castellano e inglés. A la fábrica de monolingües —ya sea pública o bien concertada— acuden, por lo que parece, los que no tienen posibilidades —económicas, logísticas o de oferta plural— de ir a otra parte, junto a los estrictos militantes de la escuela pública y gratuita.

Artur Mas se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona y cursó también un par de años de estudios de Derecho. Tras un brevísimo paso por la empresa privada, en 1982 entró en el sector público de la mano del consejero de la Generalitat, Francesc Sanuy, como colaborador del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo en tareas de promoción exterior y de captación de inversiones extranjeras para Cataluña. Iba a ser, más adelante, jefe del Servicio de Ferias y director general de Promoción Comercial. Aquel 1982 ocurrió otro hecho destacado: el matrimonio de Artur Mas con Helena Rakosnik. Tienen tres hijos. Mas fue concejal del Ayuntamiento de Barcelona entre 1987 y 1995. En el grupo municipal de Convergència i Unió ostentó el rol de portavoz de Asuntos Económicos de 1988 hasta 1991, y del Grupo Municipal entre 1991 y 1993, que, a partir de este año, presidió. Desde 1991 fue diputado de la Diputación de Barcelona.

Mientras era simple edil en el consistorio barcelonés, fue reclutado para la empresa privada por Lluís Prenafeta, la todopoderosa mano derecha de Jordi Pujol, que le ofreció la gerencia de Vilassar Internacional, la sociedad holding del grupo peletero Tipel. Este negocio no terminó demasiado bien. Allí coincidió, en cualquier caso, con Jordi Pujol júnior, el hijo mayor del president. Más adelante, Artur Mas aterrizó, por indicaciones de la principal autoridad catalana, en La Seda de Barcelona.

En 1995 obtuvo un escaño en el Parlament en las listas de CiU en la provincia de Barcelona. Este mismo año fue designado por Jordi Pujol para ocupar la cartera de Política Territorial y Obras Públicas en su Gobierno. Dos años después era nombrado consejero de Economía y Finanzas. En 2001, como vimos supra, dejó este cargo para ponerse al frente de la Consejería de la Presidencia del Gobierno de la Generalitat. De su etapa como consejero datan algunos casos de corrupción, ligados a las famosas comisiones del 3 por ciento recibidas por el partido gobernante a cambio de adjudicaciones, sobre todo de obra pública, que están siendo todavía investigadas o bien han sido ya juzgadas. Devino secretario general de CDC y presidente de CiU. En muchas ocasiones ha declarado que Jordi Pujol fue su padre político, especialmente al mostrar su tristeza y dolor tras la famosa declaración pública de aquel en julio de 2014; no obstante, fue uno más entre los que pasaron página —o pantalla, como ahora se estila decir— del viejo líder, al que casi todo lo debían, con vergonzosas prisas.

Artur Mas fue el candidato convergente a presidir la Generalitat en las elecciones autonómicas de 2003. En los comicios obtuvieron la victoria, en número de votos, los socialistas —la candidatura PSC-Ciutadans pel Canvi—, con un 31,16 por ciento frente al 30,94 de CiU, pero estos últimos se impusieron a los primeros en escaños: 46 frente a los 42 de las listas encabezadas por el exalcalde de la Ciudad Condal Pasqual Maragall. El resto de los puestos en el Parlamento catalán se distribuyeron de la siguiente manera: 23 para la ERC de Josep-Lluís Carod-Rovira, 15 para el PP de Josep Piqué —exministro de Industria, Asuntos Exteriores y Ciencia y Tecnología y portavoz del Gobierno de España en la etapa de José María Aznar, así como presidente del PP catalán entre 2003 y su dimisión en 2007— y 9 para IC-Esquerra Alternativa, con Joan Saura como número uno. Mas iba a desarrollar, en esta legislatura, la labor de jefe de la oposición.

Pasqual Maragall se convirtió, de forma algo inesperada para buen número de observadores, en el nuevo presidente de la Generalitat a mediados de diciembre de 2003. Terminaban los veintitrés años de pujolismo. En sus memorias, Oda inacabada, de 2008, Maragall escribió sobre su antecesor: «En algún sentido he reconocido ser no solamente su heredero, sino también su alumno, después de que nuestros caminos se entrecruzaran con intermitencia durante medio siglo». Las relaciones entre las familias Pujol y Maragall habían sido muy buenas durante bastante tiempo, en especial en las décadas de 1960 y 1970. El escultismo había hecho que los dos futuros mandatarios catalanes entraran en contacto.

Entre 1982 y 1997, antes de lanzarse a la carrera por la presidencia de la Generalitat, Maragall fue alcalde de Barcelona. Accedió al cargo tras el nombramiento de Narcís Serra como ministro de Defensa en el primer Gobierno González. Era teniente de alcalde desde 1979. Entre 1999 y 2003 presidió el Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña. Durante esa legislatura presentó una moción de censura contra Jordi Pujol, que no prosperó. Era octubre de 2001 y Artur Mas defendió su no pertinencia. Dos años después, aunque no se impusiera en los comicios en número de escaños, como hemos visto, accedió a la presidencia de la Generalitat.

Nacido en 1941, Maragall había cursado las carreras de Derecho y Ciencias Económicas en la Universidad de Barcelona, amplió estudios en Nueva York y defendió su tesis doctoral, en la segunda de las especialidades, en 1978, en la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema era el precio del suelo urbano en Barcelona entre 1948 y 1978. Trabajó como economista en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona y en el Servicio de Estudios del Banco Urquijo, además de impartir clases como profesor adjunto en la Universidad Autónoma de Barcelona. «Fui alcalde de mi ciudad durante quince años inolvidables, durante los cuales Barcelona, sin duda, se transformó totalmente», escribió una década más tarde. Además de los cambios experimentados por la ciudad, indiscutiblemente trascendentes, no resulta posible hablar de este político catalán sin hacer referencia a la organización de los Juegos Olímpicos de 1992.

A Pasqual Maragall le han acompañado siempre las maragalladas, esto es, unas ocurrencias, las suyas, en ocasiones geniales, en otras visionarias y, con harta frecuencia, demasiado iluminadas y alejadas de la realidad. El gerundense Joaquim Nadal, que le conoce bien y le tiene en gran estima, ha escrito, en Testimoni de càrrec (2014): «Solamente Pasqual Maragall tenía una cabeza en la que hervía una lluvia de ideas. A Maragall se le ha podido reprochar el desorden, la extemporaneidad de sus planteamientos, las ideas suscitadas a chorro y de manera anárquica. Pero, incluso de esta manera, desgranaba las propuestas intelectuales, políticas y organizativas que debían servir para construir un nuevo espacio político, una nueva hegemonía social, el margen diferencial, el valor añadido que nos hacía falta para conseguir la mayoría social y electoral que necesitábamos para dar el sorpasso y ganar a Convergència i Unió». De acuerdo. Las maragalladas, sin embargo, continuaron tras acceder los socialistas al poder. El lío de la reforma del Estatuto de autonomía catalán estuvo trufado de ellas.

Comoquiera que sea, regresando ahora al decisivo año de 2003, los socialistas, los independentistas —la ERC que lideraba Josep-Lluís Carod-Rovira— y los excomunistas verdes sumaron sus diputados y formaron un Gobierno tripartito, el primer Tripartito, fundamentado en el llamado Pacto del Tinell y un programa básico de cuatro puntos: más y mejor autogobierno y más calidad democrática, un nuevo impulso económico, una Cataluña socialmente avanzada y, por último, una nueva política territorial y ambiental. Ernest Benach, de Esquerra Republicana, fue elegido presidente del Parlamento de Cataluña.

El primer Gobierno Maragall, constituido el 20 de diciembre de 2003, estuvo formado por Josep-Lluís Carod-Rovira (consejero primero), Joan Saura (Relaciones Institucionales y Participación), Joaquim Nadal (Política Territorial y Obras públicas, y portavoz), Josep Maria Vallès (Justicia), Montserrat Tura (Interior), Antoni Castells (Economía y Finanzas), Joan Carretero (Gobernación y Administraciones Públicas), Josep Bargalló (Educación), Caterina Mieres (Cultura), Marina Geli (Sanidad), Antoni Siurana (Agricultura, Ganadería y Pesca), Josep Maria Rañé (Trabajo e Industria), Pere Esteve (Comercio, Turismo y Consumo), Anna Simó (Bienestar y Familia), Salvador Milà (Medio Ambiente y Vivienda) y Carles Solà (Universidades, Investigación y Sociedad de la Información). El PSC-CpC se quedaba con ocho consejerías, más Maragall, mientras que a ERC le tocaban media docena y un par a ICV-EA.

Carod-Rovira, el número dos del Gobierno —al frente de ERC desde 1996, dejando a Joan Puigcercós el trabajo parlamentario en Madrid—, como consejero de la Presidencia y conseller en cap, no tardó mucho tiempo en verse obligado a dimitir, tras su tristemente famosa entrevista, en enero de 2004, con emisarios de ETA en Perpiñán. En la remodelación, Bargalló —otro republicano independentista del denominado «clan de la avellana» tarraconense— ocupó su puesto y Marta Cid se incorporó como consejera de Educación. El principal problema de los Gobiernos Maragall —muchas destituciones, dimisiones y remodelaciones tuvieron lugar entre 2003 y 2006— fue su propia composición y las dificultades para armonizar la pluralidad de intereses partidistas. Joan B. Culla escribió, en el diario El País, que «será muy difícil que en el futuro inmediato este Gobierno se quite de encima la imagen de jaula de grillos o de camarote de los hermanos Marx, que deje de dar la impresión de un aglomerado de taifas celosas de su territorio respectivo y desconfiadas con el vecino».

Mientras los republicanos independentistas intentaban controlar los principales instrumentos de nacionalización, que funcionó viento en popa a toda vela, desde Iniciativa se optaba por centrarse en los temas ambientales y en la batalla de la memoria, que terminó con la creación del polémico Memorial Democràtic. Los socialistas toleraron todos los caprichos e incompetencias de sus socios a fin de seguir en el poder. Maragall, que en sus memorias califica la experiencia del primer Tripartit como «un estallido de ilusión y de contradicciones», consiguió resolver parcialmente el desaguisado creado por sus aliados confiando en Joaquim Nadal, alcalde de Gerona entre 1979 y 2002 y parlamentario desde 1984, que ejerció como portavoz del Gobierno, además de ser el consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 2003 y 2006, y también entre 2006 y 2010, bajo la presidencia de Montilla.

EL NUEVO ESTATUTO

La elaboración de un nuevo Estatuto de autonomía constituyó el gran proyecto de Pasqual Maragall en la Generalitat de Cataluña, tras haber sustituido a Jordi Pujol en 2003. Se trataba de reformar el texto estatutario de 1979 a fin de aumentar las cotas de autogobierno. Los nuevos retos y las constatadas deficiencias o disfunciones del Estatuto aprobado durante la Transición democrática justificaban, en palabras de los impulsores de la iniciativa, el proceso de reforma. Maragall anotó en sus memorias que el nuevo Estatuto «debía hacer realidad para nuestros nietos los sueños nacionales de nuestros abuelos».

El proceso de tramitación empezó en febrero de 2004 con la constitución de una ponencia parlamentaria. El Parlament aprobó la propuesta en septiembre de 2005 por amplia mayoría —votaron solamente en contra los diputados del PP—, tras lo cual fue enviada al Congreso de Diputados, en donde se introdujeron algunas modificaciones a pesar de las promesas en sentido contrario del presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que afectaban sobre todo al financiamiento propio y a la definición nacional de Cataluña. La nueva versión, pactada por PSOE y CiU, fue aprobada en las Cortes a fines de marzo de 2006 y ratificada por el Parlamento catalán, aunque en este caso ERC votó en contra, junto con el Partido Popular, a causa de los recortes sufridos por el texto. Pasqual Maragall se vio en la tesitura, en consecuencia, de tener que cesar a los consejeros de la formación independentista. Esta última mostró a lo largo de la legislatura no estar a la altura de lo esperado en un partido que pueda considerarse de gobierno y no de simple oposición.

Joaquim Nadal, fiel colaborador de Maragall, ha escrito que la etapa 2003-2006 estuvo marcada por la tramitación del Estatuto de autonomía y por las presiones recibidas por el presidente de la Generalitat y sus más directos colaboradores: «Administrando sus silencios y sus salidas, el presidente había ido llevando las cosas a un terreno que facilitaba la aprobación del nuevo texto estatutario. Sin embargo, la envergadura del cambio y el conjunto de intereses en juego, la mirada más corta que larga de los partidos y las contradicciones internas del frente favorable al Estatuto minaron la situación, incluso antes de que se articulara abiertamente la actitud hostil y antiestatutaria del PP en Cataluña, pero sobre todo España para adentro». En Oda inacabada, aseguraba Maragall que no era el Estatuto ideal que él quería, pero que «representa un avance innegable para el autogobierno y su financiación».

El Estatuto era de tendencia claramente intervencionista y prolija: más de 220 artículos, repartidos en 7 títulos y 22 disposiciones, frente a 57 artículos y 15 disposiciones, entre adicionales, transitorias y finales, en el de 1979. El pequeño mea culpa de Lídia Santos, jurista y una de las electas socialistas que más trabajó en este tema, inspira interés: «Es pesado en muchos aspectos, particularmente en el Título de competencias, y complejo. Incluso, debido al propio método muy abierto de elaboración, con continuas agregaciones, es probable que la redacción no haya sido tan depurada como sería deseable en un texto jurídico». No está nada mal teniendo en cuenta la supuesta trascendencia del nuevo Estatuto.

El Estatut fue sometido a referéndum en Cataluña en junio de 2006, con una abstención superior al 50 por ciento y casi tres de cada cuatro votantes optando por el sí. Los recursos ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo texto no iban a faltar. El alto abstencionismo no parece casual si tenemos en cuenta que el Estatuto respondía más a las necesidades de la clase política que a las de los ciudadanos —Enric Juliana hizo referencia en La deriva de España (2009) a un auténtico «enredo veneciano», cada uno con su máscara puesta—, bastante indiferentes en este tema hasta que fueron impelidos a movilizarse por la vía de la crispación, el victimismo y la defensa de la patria amenazada. Las retóricas anticatalana y antiespañola, como sabemos desde hace tiempo, se alimentan una a otra. Avivar discordias es siempre una grave irresponsabilidad.

Los cruces de acusaciones, reproches e insultos se convirtieron en una espiral de fuego, atizado por innumerables pirómanos, de una parte y otra, en nada desinteresados. En julio de 2006, el Partido Popular presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad y calificó el nuevo texto como una «Constitución paralela», en especial por la definición de Cataluña como nación. Fue admitido a trámite en noviembre. No iba a ser, sin embargo, el único recurso elevado al Constitucional. La masiva campaña de recogida de firmas por parte del PP en toda España contra el Estatuto —casi cuatro millones, en total— fue vivida, como ha reconocido el actual dirigente de la formación Xavier García Albiol, como una agresión por una parte de los catalanes.

El 18 de febrero de 2006 tuvo lugar en Barcelona una manifestación, convocada por la Plataforma pel Dret a Decidir (PDD) con el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir» (Somos una nación y tenemos derecho a decidir). Aunque los organizadores cifraran la asistencia en 700.000 a un millón de personas, parecen más ajustados los cálculos de la Guardia Urbana —125.000— o el grupo Constrastant —más de 80.000—. Comoquiera que sea, la manifestación fue muy importante. Era una forma de movilización que pretendía ejercer presión a fin de evitar cualquier recorte del texto estatutario en el Congreso de Diputados. Entre los partidos políticos, solamente ERC se sumó oficialmente. Destacaban, en primer término del cortejo, actores (Lloll Bertran, Joel Joan, Teatre de Guerrilla), cantantes (Titot, Lluís Gavaldà), periodistas (Vicent Partal), historiadores (Oriol Junqueras), escritores (Isabel Clara-Simó) o algunos infaltables e inclasificables del universo independentista (Lluís Maria Xirinacs, Víctor Alexandre). Hubo proclamas independentistas y no pocas esteladas.

Entraba con fuerza en juego, en cualquier caso, la sociedad civil, impulsada por una nueva generación que reclamaba presente y futuro, mientras recordaba el pasado más lejano y olvidaba el más reciente. La Plataforma pel Dret a Decidir se había constituido en diciembre de 2005 y la manifestación de febrero de 2006 fue su primera actividad. El derecho a decidir ingresaba con éxito en el discurso nacionalista catalán, compitiendo y desplazando progresivamente, en el ideario, al ajado derecho de autodeterminación, de rasgos marxistas y tercermundistas. La transversalidad no era el menor de sus valores.

En la primavera de 2006, la PDD hizo campaña por el no al Estatut. En los meses anteriores perdió algo de fuerza por las desavenencias en su interior sobre la posición que se debía adoptar en el referéndum. Recibió críticas por hacer seguidismo de ERC. Al año siguiente, el día 1 de diciembre, la Plataforma organizó otra manifestación en la que se reivindicaba el traspaso de la red de transportes y otras infraestructuras a la Generalitat. «Somos una nación y decimos BASTA», rezaba el lema de la convocatoria. El colapso del sistema de Cercanías, en octubre y noviembre de 2007, justificaba esta nueva protesta de aires soberanistas.

Todos los grupos políticos, en Cataluña primero pero también en el resto de España, aprovecharon lo que únicamente se puede calificar de tamaña insensatez, la de la apertura de la caja estatutaria de Pandora, para sus propios intereses: desde unos socialistas necesitados de reafirmar el poder recientemente conseguido (2003 en Cataluña y 2004 en España) hasta CiU y el Partido Popular, formaciones desconcertadas y con dificultades para aceptar sus respectivas derrotas en 2003 y 2004, sin olvidar una ERC crecida y dispuesta a jugarlo todo, en un ejercicio de maximalismo táctico, a fin de avanzar en la ruta independentista. En un discurso pronunciado en el Senado en mayo de 2006, el diputado socialista Isidre Molas afirmó: «No encuentro adecuado utilizar un tema tan importante, con tanto riesgo de fuego, para buscar rentabilidades inmediatas de vuelo gallináceo».

Me parece que casi nadie está exento de responsabilidad a la hora de haber alimentado un monstruo que constituye la antesala de eso que hemos venido en llamar el proceso. En el caso particular de Pasqual Maragall y su círculo próximo, como máximos impulsores del desaguisado, deben añadirse un par de otras razones: por un lado, la elección de un hito por el que su presidencia iba a ser recordada, como había ocurrido con los Juegos Olímpicos en la etapa de la alcaldía de Barcelona; y, por otro, la reivindicación, a través de un Estatuto más federalizante y con mayores cotas de autogobierno, del marchamo nacionalista de los socialistas, quitándose de encima finalmente la vieja mancha de «malos catalanes» que el pujolismo había conseguido imponerles desde los años ochenta, en la época del proceso Banca Catalana. La carrera por formar parte del panteón de la patria permitió el rearme nacionalista de CiU y ERC y, a la postre, iba a acabar llevándose por delante al propio PSC.

En La conjura de los irresponsables (2017), Jordi Amat asegura que iniciar en aquel momento el proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de autonomía constituyó un acto de irresponsabilidad. El amplio consenso imprescindible para una reforma de este calado no existía. «Al fin y al cabo —escribe Amat—, se dijera o no, lo que se pretendía llevar adelante no era modificar, sino crear un modelo territorial que implicaba una reconsideración sustancial de la organización del poder del Estado». Según este autor, los socialistas catalanes y españoles acabaron siendo los más perjudicados, mientras que para el PP resultó sobre todo una herramienta de movilización de su electorado, para CiU un instrumento para descabalgar a Maragall y para ERC un taladro para cargarse el encaje territorial. La conclusión no admite réplica: «Todo empezó mal. Y terminó peor. Todos los actores, casi todos, actuaron de manera irresponsable porque, en lugar de ordenar una nueva situación, diseminaron las semillas del caos». Lo más grave, siguiendo a Jordi Amat, es que otros irresponsables y otras irresponsabilidades estaban todavía por llegar o por incorporarse a la magna conjura.

La primera factura a pagar que dejó la aventura estatutaria consistió en un deterioro de la convivencia y la casi total inacción del Gobierno catalán mientras duró la reforma y la tramitación. Buena parte de los puntos que formaban parte del Pacto del Tinell quedaron sin concreción y como promesas incumplidas. Excepto en temas como las actuaciones en los barrios —a pesar del hundimiento del túnel del Carmelo en febrero de 2005—, la educación y algunas infraestructuras, el balance de la legislatura resultó más bien insuficiente, coronado por el parcial fracaso estatutario. Quedaba todavía por delante la inconstitucionalidad de algunos artículos del Estatuto, que era más que evidente desde el principio, incluso para el propio Pasqual Maragall. La sentencia del Tribunal Constitucional, no obstante, iba a tardar unos cuantos años en conocerse, contribuyendo decisivamente a enrarecer todavía más el ambiente político y social.

FIN DE ETAPA

Pocos días después del referéndum del Estatuto de autonomía catalán, en cualquier caso, un Pasqual Maragall cada vez más cuestionado por el PSOE y el Gobierno de Madrid y en el propio PSC, anunció la renuncia a la reelección y su retirada política. Los socialistas eligieron, en julio, como candidato a la presidencia de la Generalitat, en las elecciones anticipadas que se avecinaban, a José Montilla, nacido en Iznájar (Córdoba), exalcalde de Cornellá de Llobregat y ministro de Industria, Turismo y Comercio en el Gobierno Rodríguez Zapatero (2004-2006).

En noviembre de 2006, José Montilla se convirtió en presidente de la Generalitat, en una prolongación del Gobierno tripartito entre socialistas, independentistas y excomunistas verdes. Las elecciones de aquel año, con una abstención del 44,67 por ciento, dieron la victoria a CiU —Mas fue nuevamente la cabeza de cartel—, que se hizo con 48 escaños, mientras que el PSC-Ciutadans pel Canvi se quedaba en 37. Por número de votos, los socialistas ganaban por escaso margen. Salieron elegidos, asimismo, 21 candidatos de ERC, 14 del PP, 12 de IC-Esquerra Unida i Alternativa (IC-EUiA) y 3 de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s). No había enormes cambios con respecto a 2003, al margen de la caída destacable del PSC-CpC —una pérdida de 5 escaños— y leve de ERC y crecimientos más o menos moderados de IC-EUiA, CiU y PP.

La novedad más reseñable fue la entrada en el Parlament de una formación joven: C’s, dirigida por Albert Rivera. Le acompañaron en la Cámara catalana José Domingo y Antonio Robles. Este grupo, cuyo congreso constituyente se celebró en julio de 2006, recibió innumerables ataques desde el principio por parte del mundo del nacionalismo. Uno de sus múltiples opinantes, Joan Vall Clara, afirmaba por aquel entonces que se trataba de «un conjunto de gente inadaptada en una sociedad que funciona perfectísimamente». El 7 de junio de 2005, quince intelectuales catalanes habían presentado un manifiesto en el restaurante Taxidermista de Barcelona: Félix de Azúa, Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada, Teresa Giménez Barbat, Ana Nuño, Félix Ovejero, Félix Pérez Romera, Xavier Pericay, Ponç Puigdevall, José Vicente Rodríguez Mora, Ferran Toutain, Carlos Trias, Iván Tubau y Horacio Vázquez-Rial.

Las reuniones habían empezado el año anterior, impulsadas inicialmente por el escritor y periodista Arcadi Espada. Las actuaciones del Gobierno tripartito de Maragall estaban mostrando que, a pesar del final de la etapa Pujol, el nacionalismo seguía estando en el centro de la política catalana. En aquel entonces, las principales discusiones entre los promotores de la iniciativa se centraron en la estrategia organizativa —partido o plataforma— y el posicionamiento ideológico —liberalismo versus socialdemocracia, un debate que iba a durar mucho tiempo y que dio lugar a bastantes enfrentamientos internos—. Arcadi Espada y Francesc de Carreras personificaron las posturas en liza. Sea como fuere, en julio de 2006 acabó naciendo el nuevo partido y el joven Albert Rivera se convirtió en su líder. La denuncia del nacionalismo y la defensa del bilingüismo y la Constitución iban a ser elementos primordiales del ideario. En el nombre de la formación (Ciutadans-Partido de la Ciudadanía) primaba la voluntad de insistir en la necesidad de abordar los problemas reales de los ciudadanos.

En el nuevo Gobierno Montilla estaban algunos de los principales pesos pesados de los tres partidos: los socialistas Joaquim Nadal (Política Territorial y Obras Públicas), Antoni Castells (Economía) o Montserrat Tura (Justicia), los independentistas Josep-Lluís Carod-Rovira (vicepresidente) o Joan Puigcercós (Gobernación y Administraciones Públicas) y el líder de Iniciativa Joan Saura (Interior, Relaciones Institucionales y Participación). El republicano independentista Benach continuó en la presidencia del Parlament. Ni la gestión de Saura en Interior, ni la de Carod-Rovira, obsesionado en abrir costosas «embajadas» por el mundo, contribuyeron precisamente a prestigiar la política.

En esta legislatura se hizo todavía más evidente la voluntad de los dirigentes de ERC de afianzar el independentismo. Desde el punto de vista de la construcción nacional, los dos Tripartitos redoblaron, sostiene con acierto Francesc de Carreras, «el impulso de los gobiernos pujolistas y, salvo excepciones, con peor calidad y estilo», como ponen de manifiesto la reforma del Estatuto o bien las medidas punitivas en el terreno lingüístico. Continuaron algunos de los programas nacionalizadores e intervencionistas que venían de lejos: en la escuela y el modelo lingüístico, en el empobrecimiento cultural y el adoctrinamiento permanente a través de la prensa, la radio y la televisión. Las esperanzas puestas por algunos sectores de la sociedad catalana en un cambio de rumbo en estos terrenos, contando con la moderación socialista, habían sido defraudadas.

La Cataluña de 2010 había perdido, en relación con otras comunidades autónomas de España, dinamismo y era algo menos competitiva que tiempo atrás. La inversión del tiempo de gobierno y administración en debates identitarios y confrontaciones con otros territorios tuvieron un par de nefastas consecuencias: la no suficiente atención a los problemas básicos de la ciudadanía y elevados niveles de descrédito y desafección. Montilla puso de moda esta última palabra en 2007 para referirse al peligro de distanciamiento sentimental entre Cataluña y España, fruto, entre otras cosas, de la falta de inversiones. Tenía, empero, otras acepciones. La deuda generada por un gasto incontrolado, incluso en plena época de crisis, hipotecó en buena medida la gestión de los gobernantes futuros. Asimismo, el ámbito cultural, en particular el de lengua catalana, había avanzado notablemente en sus grados de ensimismamiento y autorreferencialidad. En 2012, el escritor y periodista Valentí Puig advertía lúcidamente que la cultura de Cataluña podía acabar convirtiéndose en un parque temático.

En junio de 2010, se hizo pública, con injustificado retraso y tras unos años de maniobras politiqueras algo impresentables en el seno de la institución, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto de Cataluña de 2006. El recorte del texto era poco importante: afectaba únicamente a catorce artículos y otra veintena eran reinterpretados, sobre todo los referentes a la justicia y a la preferencia del catalán sobre el castellano, pero no, en cambio, a la presencia del término «nación» en el preámbulo, considerado carente de eficacia jurídica interpretativa. Ser o no ser nación no implicaba, así pues, nada en definitiva, lo que chocaba frontalmente con el primer mandamiento de la ley nacionalista catalana desde sus orígenes (a una nación, un Estado, Prat de la Riba dixit). Fue visto como un ataque frontal a la esencia y la sensibilidad catalanas. Las cosas se estaban percibiendo ya en el plano de lo emocional. La reacción ante la sentencia resultó muy amplia, estimulada por asociaciones nacionalistas en permanente movilización. No es cierto, sin embargo, como a veces se asegura, que este fuera el punto de partida y la causa principal del proceso independentista. Todo estaba ya en marcha.

Una importante manifestación tuvo lugar en las calles de Barcelona el 10 de julio de 2010 —el 10-J, en el relato oficial—, impulsada por Òmnium Cultural, que presidía la economista Muriel Casals, bajo el lema «Som una nació. Nosaltres decidim» (Somos una nación. Nosotros decidimos). Era una reacción contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Se insistía en la idea del derecho del «pueblo de Cataluña» a decidir. A la marcha se adhirieron numerosas entidades, los sindicatos y los partidos representados en el Parlament, excepto el PP y C’s. Hacía ya meses que se estaba preparando esta respuesta ante la posibilidad de una resolución lesiva para el nuevo Estatuto. Se oyeron muchos gritos independentistas y las banderas estrelladas abundaron. Asistieron entre 400.000 personas y un millón y medio, según las fuentes, aunque algunos periódicos ofrecieron cifras bastante más bajas. José Montilla, que acudió al acto acompañado de los expresidentes de la Generalitat y del Parlamento catalán, fue increpado tras disolverse la manifestación y hubo incluso un intento de agresión. No faltaron gritos, asimismo, contra el líder de Unió, el moderado Duran i Lleida.

El año anterior habían tenido lugar dos hechos reseñables, que, en algún modo, prolongaban la vía del derecho a decidir y anticipaban, en la manera de ver de sus promotores, el «atentado» constitucional contra el Estatuto —y no al revés, como en cualquier Estado normal—. El 13 de septiembre de 2009 (13-S) se celebró una consulta sobre la independencia de Cataluña en Arenys de Munt, en la provincia de Barcelona, que constituyó solamente el inicio de una campaña de consultas de ámbito municipal entre 2009 y 2010. La pregunta era la siguiente: «¿Está de acuerdo con que Cataluña se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social, integrado en la Unión Europea?».

Aunque el número de votantes no fuera muy elevado —un poco más del 40 por ciento en Arenys, pero por debajo incluso del 15 por ciento en alguna otra ciudad—, las movilizaciones correspondientes contribuyeron a modelar el tenso clima político catalán. Los partidos políticos no eran los impulsores de la iniciativa, pero tanto CiU como ERC y los demás grupos independentistas aprovecharon la ocasión brindada en beneficio propio. Algunas de las personas que participaron en las comisiones técnicas o juntas electorales forman parte de los sospechosos habituales del proceso: Uriel Bertran, Elisenda Paluzie, Oriol Junqueras, Alfons López Tena, Hèctor Lòpez Bofill, Jaume Renyer o Carme Forcadell.

El 26 de noviembre de 2009, una docena de periódicos catalanes —entre ellos, La Vanguardia, El Periódico y Avui, al margen de los de ámbito provincial o comarcal— publicaron un editorial conjunto titulado «La dignidad de Cataluña». Era una crítica deslegitimadora del Tribunal Constitucional, al tiempo que una defensa del Estatuto de autonomía de 2006, aprobado por los catalanes en referéndum. Sus redactores señalaban que, con la posible sentencia que estaba por caer, se ponían en peligro los viejos pactos de la Transición, advertían de la preocupación y el hartazgo en Cataluña por los ataques a su identidad y dignidad y, para terminar, amenazaban, si era necesario, en un guiño a la historia —1906—, con la legítima respuesta de una nueva «solidaridad catalana». La presión a la justicia era nítida; el texto, desde un punto de vista democrático, algo inquietante.

Volvamos ahora a 2010. En la Diada de aquel año, el 11 de septiembre, a pesar de los intentos hechos desde Òmnium y otras plataformas y formaciones políticas, no se consiguió una exhibición independentista de fuerza como la del mes de julio. A diferencia del 10-J, el 11-S de aquel año solo se movilizaron algunos pocos miles de nacionalistas. La asistencia a la manifestación fue menor que en 2009. Los comicios para renovar el Parlamento catalán estaban a la vuelta de la esquina. Y los partidos explícitamente independentistas se presentaban divididos: ERC, Reagrupament y Solidaritat per la Independència. Incluso Joan Laporta, líder de este último grupo, prefirió el fútbol a la concentración. Una foto del rey de España ardió a manos de los radicales y se simularon también quemas de la Constitución.

En noviembre de 2010 se celebraron elecciones autonómicas, que dieron una clara victoria a CiU y a Artur Mas, con 62 escaños, a media docena de la mayoría absoluta. Las otras formaciones se quedaron lejos de este resultado: PSC-PSOE (28), PP (18) —con Alicia Sánchez-Camacho al frente—, IC Verds-EUiA (10), ERC (10) —ahora encabezada por Joan Puigcercós—, Solidaritat per la Independència (4), liderada por el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta, y, finalmente, C’s (3). La caída de las tres formaciones integrantes de los Gabinetes de 2003 a 2010 no fue pequeña. Quedaron fuera del Parlament, en algunos casos sorpresivamente, varias formaciones: el partido del independentista y ex de ERC Joan Carretero, Reagrupament; la formación de la expolítica popular Montserrat Nebrera, Alternativa de Govern; Unión, Progreso y Democracia (UPyD); Plataforma per Catalunya, de Josep Anglada; e, incluso, la CORI, que proponía, en su particular frikismo contrapolítico, a la popular artista transexual Carmen de Mairena como candidata a consellera en cap de la Generalitat.

Artur Mas fue elegido, en definitiva, presidente de la Generalitat de Cataluña en segunda votación —por mayoría simple— el 23 de diciembre de 2010. Antes de los comicios, Pilar Rahola se había preguntado, a la manera de José Luis Perales, «¿Y cómo es él?», en su libro La màscara del rei Artur (2010); la respuesta, según la autora, solamente podía ser favorecedora. El llamado «pinyol» (hueso), el núcleo convergente formado por jóvenes pospujolistas e independentistas, como David Madí, Francesc Homs, Lluís Corominas, Felip Puig o el hijo del expresidente Pujol, Oriol, iba a tener gran influencia. Sin embargo, si nos guiamos por los resultados, el prometido «gobierno de los mejores» se dejó, a la hora de la verdad, para otro momento. La nueva etapa de poder convergente, entre 2010 y 2012, se distinguió en especial por los ajustes y fuertes recortes para hacer frente a la crisis y al déficit.

En los años anteriores, Mas había reforzado el think tank de su formación, convirtiendo la Fundación Trias Fargas en la CatDem a fin de intentar capitalizar todas las posibilidades del derecho a decidir y abanderar su defensa en el marco de lo que llamaron la «casa grande del catalanismo». El objetivo de fondo era preparar el acceso del líder de CiU a la presidencia de la Generalitat. Al frente de la CatDem fungió un personaje algo oscuro, el historiador Agustí Colomines. En el cambio de nombre resulta claro, en cualquier caso, que intervino un poderoso factor: las sospechas que recaían, cada vez más nítidamente, en la fundación convergente en temas de financiación ilegal estaban ensuciando el buen nombre y el legado de Ramon Trias Fargas.

CRISIS

Los efectos de la Gran Recesión de 2008 resultaron devastadores en España y, de manera específica, en Cataluña: destrucción de empleo, paro, quiebras, desahucios, prima de riesgo disparada, deuda, precariedad, pobreza, emigración. Un panorama desolador, a fin de cuentas. La sociedad catalana no ha salido completamente todavía, a pesar de la evidente recuperación en algunos aspectos, de esta situación cuando escribo estas líneas. Las crisis de principios del siglo XXI han tenido en la economía y las finanzas su vértice principal. Otros países europeos o americanos no han escapado de ellas, aunque la gravedad del caso hispánico resulta evidente. Tampoco España les ha plantado cara en solitario, pues ya no es posible pensar la economía y las finanzas en el estrecho marco regional o estatal, como han mostrado las intervenciones de la Unión Europea y el Banco Central Europeo.

En cualquier caso, no parece posible reducir a este terreno las circunstancias que han afectado a Cataluña y a España en general en los últimos tiempos. Se ha vivido una confluencia de situaciones críticas que no solamente afectan a la economía, sino también a la sociedad, a la política y a la cultura. Las crisis de principios del milenio han constituido, asimismo, una profunda crisis moral. Habían pasado años irresponsables, como reza el título de un excelente libro de Valentí Puig, de 2013, en un inicio de centuria, sostiene el autor, «que manifiestamente carece de grandeza». La corrupción, el despilfarro y la pérdida de algunos valores han mostrado su peor cara y la democracia construida con muchos esfuerzos, desde la década de 1970, ha sido objeto de múltiples cuestionamientos.

Tras el presente gaseoso de la época de José Luis Rodríguez Zapatero llegaba la era de la incertidumbre, un estado que muchos ciudadanos habían ya olvidado o, simplemente, nunca conocieron. La España democrática, europea, rica y de imparable progreso construida en el último cuarto del siglo XX mostraba sus debilidades; no era una muerte de éxito, pero sí algo que se le parecía bastante. El Estado de las autonomías ha mostrado también algunos de sus límites en pleno siglo XXI y se han multiplicado las voces que reclaman una reforma de la Constitución de 1978. Rodríguez Zapatero revalidó en 2008 el triunfo de cuatro años antes frente al Partido Popular de Mariano Rajoy. En las elecciones del 9 de marzo de 2008, el PSOE obtuvo más de 11 millones de sufragios —el 43,87 por ciento— y 169 diputados, mientras que el PP, por su parte, más de 10 millones, el 39,94 por ciento de votos y 154 escaños. En Cataluña, los socialistas obtuvieron el 45,39 por ciento de los votos.

La crisis económica desmentida por activa y por pasiva por el jefe del Gobierno durante la campaña de las elecciones de 2008 —lo que iba a retardar, con negativos resultados, junto con una política expansiva de gasto, las acciones estatales para hacerle frente— llegó a un punto en el que ya resultaba imposible negar la evidencia. La recesión acabó deviniendo depresión. Y, con la ministra de Economía y Hacienda Elena Salgado al frente, que sustituyó en 2009 a Pedro Solbes, tuvieron que tomarse medidas drásticas, en la mayor parte de los casos en contradicción con el programa socialista. Otros países europeos estaban asimismo en situaciones comprometidas. Para reducir el déficit se anunció, en mayo de 2010, la reducción del sueldo de los funcionarios en una media del 5 por ciento, el congelamiento de las pensiones para el siguiente ejercicio, la supresión de la ayuda de 2.500 euros por nacimiento y la bajada del sueldo de un 15 por ciento a los miembros del Gobierno, además de cambios en las prestaciones de la dependencia y recortes en la inversión pública y la ayuda al desarrollo.

En junio se aprobó el Real Decreto-Ley 10/2010, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. UGT y CC.OO. convocaron una huelga general el 29 de septiembre en protesta contra las medidas de austeridad y la regresión de los derechos de los trabajadores. La profundidad de la crisis económica y las presiones europeas —no solamente del Banco Central Europeo— acabaron conduciendo, en septiembre de 2011, a una reforma urgente del artículo 135 de la Constitución, acordada por PP y PSOE, para incluir el principio de estabilidad financiera a fin de limitar el déficit público.

A fines de 2011, la prima de riesgo de España —diferencia entre el bono español y el alemán a diez años— alcanzaba máximos históricos, acompañada de una destrucción de empleo y un paro que parecían desbocados, con unos 5 millones de personas desocupadas. Los sectores jóvenes eran los más afectados. En Cataluña, de las 760.000 personas desocupadas en 2011, 146.500 tenían entre 16 y 24 años, y 547.100 entre 25 y 54 años. Casi 300.000 parados en tierras catalanas pertenecían a hogares con todos los miembros activos desocupados.

Según los datos del Instituto de Estadística de Cataluña, las tasas de paro crecieron notablemente desde 2009. Se pasó de un 8,9 por ciento en 2008 a un 16,2 por ciento al año siguiente, un 17,7 por ciento en 2010, un 19,2 por ciento en 2011, un 22,5 por ciento en 2012 y un 23,1 por ciento en 2013. Los datos estaban siempre por debajo de la media española, entre dos y tres puntos normalmente. En el total de España, la tasa de paro era del 26,1 por ciento en 2013. A partir del año siguiente empezó a disminuir. En la provincia de Tarragona, en 2013 el paro era superior al de la media española: 26,9 por ciento. Las diferencias en el interior de Cataluña no eran menospreciables. Tomemos, por ejemplo, los porcentajes de 2011: Barcelona (19,1 por ciento), Gerona (21,7 por ciento), Lérida (13,8 por ciento) y Tarragona (20 por ciento).

La difícil situación en España obligó, en 2011, a un adelanto electoral. Rodríguez Zapatero anunció, a principios de abril de aquel año, que no iba a presentarse a unos nuevos comicios generales y emplazó a su partido a poner en marcha el mecanismo interno de primarias a fin de elegir a un candidato tras las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo. Tras la renuncia de la ministra de Defensa, la socialista catalana Carme Chacón, a presentarse al proceso de primarias, el comité federal del PSOE proclamó en julio de 2011 como candidato a Alfredo Pérez Rubalcaba, exministro tanto con González como con Rodríguez Zapatero.

En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular alcanzó el poder, con mayoría absoluta, y el político gallego Mariano Rajoy, exministro en varias ocasiones en la doble etapa de presidencia de José María Aznar y sucesor suyo al frente de la formación liberal-conservadora, se convirtió en nuevo presidente del Gobierno de España el 20 de diciembre. El Partido Popular obtuvo un 44,63 por ciento de los sufragios, casi 11 millones de votos y un total de 186 diputados en el Congreso. Era la victoria más contundente obtenida por una formación política desde 1982.

Los socialistas cosecharon un descenso muy considerable de sus apoyos. Por primera vez en el siglo XXI, CiU se impuso al PSC-PSOE en unas elecciones legislativas: 29,35 por ciento de los votos frente al 26,66 por ciento. Los socialistas habían ganado claramente en Cataluña, en cambio, en 2000 (34,13 por ciento), en 2004 (39,47 por ciento) y, sobre todo, en 2008 (45,39 por ciento). Encabezada por Josep Antoni Duran i Lleida, CiU obtuvo 16 escaños en el Congreso, mientras que los independentistas de ERC sumaban 3 y más de 250.000 votos. Otra novedad importante del año 2011 fue la victoria de CiU en la alcaldía de Barcelona, que pasó a manos de Xavier Trias.

Casi toda la acción gubernamental del primer Gabinete formado por Rajoy en 2011 se concentró en la búsqueda de respuestas y soluciones a la crisis económica y financiera, que en muchas ocasiones significó adecuarlas al marco europeo y a la propia inestabilidad de la zona euro. En febrero de 2012, mediante el Real Decreto-Ley 3/2012, se tomaban medidas urgentes de reforma del mercado laboral: reducción de las indemnizaciones por despido y facilidades para las regulaciones de empleo. En junio, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunciaba la obtención de un préstamo millonario de la Unión Europea para sanear el sistema bancario español, en especial el sector de las cajas —CAM, Caixa Catalunya, Bankia—, agobiadas por el pasivo inmobiliario y una gestión en la que lo político había primado en muchos casos sobre lo demás. Meses después entró en funcionamiento, en el marco de la reestructuración del sistema bancario español, el denominado «banco malo» o Sareb. La troika europea iba a realizar también exámenes regulares de la salud financiera de España.

En julio de 2012 se tomaron medidas drásticas, que afectaron tanto a los ciudadanos directamente como a las estructuras estatales, autonómicas y municipales: subida del tipo general del IVA desde el 18 hasta el 21 por ciento, supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios, recorte millonario en las partidas de gasto de los ministerios, revisión en las prestaciones por dependencia y desempleo y en las deducciones por vivienda, condiciones nuevas de consolidación fiscal en las Comunidades Autónomas. A pesar de todo, la bolsa seguía cayendo mientras crecían el paro, la prima de riesgo y las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

Las protestas se multiplicaron. Quizás lo más impactante fueron las amplias movilizaciones ciudadanas que ocuparon el espacio público y cuya primera gran escenificación tuvo lugar poco antes de las elecciones municipales y autonómicas —en algunas comunidades— de mayo de 2011. Fue el 15-M. Una manifestación había sido convocada el 15 de mayo en decenas de ciudades españolas por varios colectivos, entre los que sobresalía la plataforma Democracia Real Ya, contra «políticos y banqueros» y el bipartidismo (el PPSOE, en su jerga) y en favor de «una democracia más participativa». Miembros del denominado Movimiento 15-M levantaron en distintas plazas y lugares públicos más o menos improvisados campamentos, entre los que destacaron el de la Puerta del Sol en Madrid y el de la plaza Cataluña en Barcelona.

Alrededor de un centenar de concentraciones y acampadas se sucedieron en los días siguientes al 15-M en diversas ciudades de la geografía española e incluso en algunas extranjeras. Eran los llamados «indignados». En Barcelona, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana acabaron desalojando por la fuerza —y de manera harto contundente— la plaza de Cataluña por razones de salubridad, aunque después de la actuación de las brigadas de limpieza volvió la acampada. La carga policial dejó más de cien heridos, 37 de ellos policías. El consejero de Interior del Gobierno de la Generalitat, el convergente Felip Puig, recibió muchas críticas por esta actuación.

El 15 de junio de 2011, un par de miles de indignados asediaron a los diputados en las puertas del Parlamento, en el parque de la Ciudadela. A pesar de la protección policial hubo empujones (Ernest Maragall), lanzamiento de plátanos y otros objetos (Joan Herrera), pintadas en la cabeza (Joan Boada) o en la ropa (Montserrat Tura) y, sobre todo, muchos gritos, insultos, silbidos y escupitajos. No faltaron robos o intentos de robo. Y muchos electos, entre ellos el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, fueron trasladados en helicóptero. Hubo varios heridos de carácter leve en el enfrentamiento entre manifestantes y la policía autonómica. Xavier Casals ha hecho referencia a un gran estallido de populismo plebiscitario, antielitista y antiparlamentario, que contrapuso, a la manera italiana, la plaza al palacio; en este caso, al Parlamento.

El movimiento del 15-M y de los indignados, con un marcado carácter antiglobalización y generacional —uso masivo de las redes y combinaciones interesantes entre radicalidad política y cultural izquierdista y un ambiguo conservadurismo social de tono presentista, que presuponía una irrenunciable hiperresponsabilidad del Estado y la existencia de derechos universales y obligatorios—, iba a tener importantes repercusiones en el sistema político y en los modos de participación ciudadana.

El 15-M, por ejemplo, fue el germen de muchos movimientos e impulsor de otros ya existentes pero casi invisibles. Destaca, entre ellos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha intentado parar centenares de desahucios y en la que tuvo un papel no menor la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. No tardaron tampoco en aparecer, especialmente a partir de 2013, proyectos políticos creados o vinculados a colectivos y miembros del 15-M. El «no nos representan», referido a los partidos y a los políticos en ejercicio, se convirtió en su principal lema.

Las crisis de principios del milenio constituyen el escenario de fondo del proceso independentista en Cataluña. Este ha sido, a fin de cuentas, el resultado de una inusual coincidencia de elementos, en la que lo político se ha mezclado con lo económico, y lo cultural con lo social. Cualquier interpretación que no los tome todos en consideración no va a permitir una comprensión precisa y cabal del fenómeno. Esta coyuntura profundamente crítica ha permitido una explosión de antiguos movimientos —el nacionalismo, abocado al soberanismo y el independentismo— y de los efectos de intensos procesos sobre la población —la nacionalización—, en un momento de debilidad del Estado —cuestionamiento del marco autonómico, corrupción, descrédito—, de acceso a la vida adulta de nuevas generaciones sin pasado y oscuro futuro, y, asimismo, de apertura de ventanas de oportunidades políticas y de ascenso social en una imaginada nueva organización estatal armónica y próspera. Y, en medio de todo, un florilegio de emociones y sentimientos: desde la rabia al autoenamoramiento, del miedo a la ensoñación, de la ambición al hartazgo, de la frustración al supremacismo, del autoengaño al odio.

5

VIAJE A NINGUNA PARTE

Según el barómetro de opinión pública del mes de junio de 2011 del Centre d’Estudis d’Opinió, un organismo dependiente de la Generalitat y con fama de lugar de alta cocina por lo que a resultados se refiere, el 42,9 por ciento de los catalanes votaría positivamente en un referéndum para decidir la independencia de Cataluña y el 28,2 por ciento, en cambio, se inclinaría por el no, con una abstención del 23,3 por ciento y un 4,4 y un 0,8 por ciento, respectivamente, de no sabe y de no contesta. El mismo estudio descubría los siguientes resultados: el 33 por ciento de los catalanes se declaraba federalista, el 31,8 por ciento autonomista y el 25,5 por ciento independentista, mientras que el 5,6 por ciento pensaba que Cataluña debía ser simplemente una región de España. A la pregunta sobre las razones de un voto afirmativo por la independencia, más de 1 de cada 3 encuestados (36,4 por ciento) contestaba que lo principal era la capacidad y deseo de autogestión económica.

Resulta interesante relacionar y poner en diálogo estas respuestas con las que se ofrecían a otro interrogante: «¿Cuáles son los problemas de la Cataluña actual?». El 68,9 por ciento de las personas encuestadas citaba el paro y la precariedad laboral, mientras que el 40,8 aludía al funcionamiento de la economía; seguían, por este orden, la insatisfacción con los políticos (25,1 por ciento), la inmigración (19,3 por ciento), la inseguridad ciudadana (10,1 por ciento) y, muy atrás, las relaciones Cataluña-España (8,6 por ciento).

El principal problema de Cataluña, en aquellos momentos, según los encuestados, era económico y social, con el paro y la precariedad laboral en primer término. Sin embargo, mientras que las relaciones Cataluña-España preocupaban más bien poco, los partidarios de la independencia no paraban de crecer. La independencia se nos antoja, al fin y al cabo, como una respuesta emocional a una suerte de no-problema. Ello no significa que los motivos de queja o reivindicación de los ciudadanos de Cataluña no existieran, en plena crisis económica, política, social y moral que, entre otras cosas, había hecho emerger claramente las inadecuaciones, a principios del siglo XXI, del ayer celebrado Estado de las autonomías. Se mostraban, asimismo, los desajustes de una financiación autonómica que, por una parte, permitía situaciones de notorio privilegio como el cupo vasco, y, por otra, no acababa de tomar en consideración que las distancias de riqueza e infraestructuras entre las regiones más y menos ricas de España ya no eran las mismas que a la salida del franquismo. El auge de las posiciones independentistas, no obstante, apelaba mucho más a las razones del corazón que a las de la racionalidad. Un relato positivo, aunque rebosante de vacíos, falsedades y medias verdades, estaba siendo construido.

LA DIADA DE 2012

La celebración de la Diada de 2012 fue impresionante. Una gran procesión independentista recorrió aquella tarde las calles de Barcelona. El tono reivindicativo que los actos del 11 de septiembre tuvieron durante la Transición democrática regresaron ahora con fuerza, aunque con demandas, participantes y exhibiciones formales algo distintas. En el capítulo 11 trato en detalle de la fiesta del 11 de Septiembre en Cataluña, como día de la patria, con especial atención a las manifestaciones del siglo XXI.

En 2011 habían aumentado ya los participantes con respecto a años anteriores: unos 50.000 según los organizadores, cinco veces menos en los cálculos de la Guardia Urbana. Entidades, plataformas y partidos, en especial ERC y las Candidatures d’Unitat Popular (CUP), desfilaron en bloques distintos. Los gritos de independencia y a favor de los Países Catalanes se combinaron con la defensa del catalán, amenazado, desde el punto de vista de los movilizados, por recientes resoluciones judiciales sobre la lengua vehicular en la escuela. En algunas pancartas podía leerse una frase de Heribert Barrera, el líder republicano fallecido un par de semanas antes: «Tenim pressa, molta pressa». Tenían mucha, mucha prisa. Cierto es. Al final de la manifestación, los jóvenes más radicalizados, en lo que era ya un particular ejercicio repetitivo, quemaron banderas españolas y francesas y alguna foto de Juan Carlos I.

La convocatoria de 2012 fue otra cosa. En aquella Diada tuvo lugar una gran manifestación con el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa», esto es, Cataluña, nuevo Estado de Europa. Entre 600.000 y un millón y medio de personas salieron a la calle en la Ciudad Condal. Se repartieron miles de cartulinas verdes —según los coordinadores de la marcha, era el color de la esperanza y del Sí— con el lema «Independència», que debían ser alzadas para conformar una gran «marea verde». Algunos periódicos, como El Punt-Avui, las regalaron en los días anteriores al 11. Si no, añadían, cualquier cartulina verde iba a servir. El carácter de gran coreografía y performance se ha mantenido en casi todos los actos organizados, a partir de entonces, por la ANC. Los colores han adquirido una especial importancia en la Cataluña de la segunda década del siglo (véase la tercera parte de esta obra).

Destacó una clara colaboración institucional, desde los Ayuntamientos hasta el Gobierno de la Generalitat. Autobuses y trenes especiales salieron de distintos puntos de Cataluña hacia Barcelona. Artur Mas declaró que, debido a su cargo presidencial, no podía participar en la manifestación, pero que anímicamente iba a estar allí. El carácter independentista del acto resultaba nítido. Los titulares de los diarios lo recogían así: «Goleada independentista» (El Periódico), «histórica exhibición de fuerza» del independentismo (El País), «El clamor independentista colapsa Barcelona» (El Mundo). TV3 hizo una cobertura amplia y especialísima de los actos del día 11. Carme Forcadell, presidenta de la entidad organizadora, la ANC, había declarado unos días antes: «El pueblo está preparado, y necesitamos que el Gobierno y las instituciones den un paso adelante porque queremos un país libre y soberano, queremos la independencia».

La Diada de 2012 y, en general, todo el mes de septiembre de aquel año, constituye uno de los momentos álgidos del proceso. Tras la apertura de la caja de Pandora del Estatuto de 2003 y la explosión de 2010, sentencia del Tribunal Constitucional mediante, en 2012 confluían todas las energías, las movilizaciones, las estrategias y las esperanzas desplegadas en los últimos años. La sociedad civil y las instituciones volvían a ir de la mano en pos de la tierra prometida, llámese esta República o Ítaca. Una parte muy importante de los catalanes había asumido que su futuro se encontraba fuera de una España que concentraba todos los males, al tiempo que negaba la identidad y posibilidades de desarrollo de Cataluña.

Hablaban, claro está, en nombre de Cataluña, sin tener en cuenta que existía otra u otras Cataluñas, aunque estuvieran atadas al miedo a hablar, a la indiferencia y a una profunda e interiorizada espiral de silencio. Esta otra Cataluña, sin embargo, no merecía su atención. Los catalanes independentistas pertenecían, bastante mayoritariamente, a unas clases medias, muy enraizadas en el interior de Cataluña y pueblos y ciudades pequeñas y medias, que se sentían amenazadas o, al contrario, que veían posibilidades de mejora en la nueva aventura. Estos catalanes estaban, ha argumentado el psiquiatra Adolf Tobeña, profundamente enamorados. Sus reacciones y activismo tenían que ver, en consecuencia, con «el fervor típico del enamoramiento». Enamorados, sostenía Tobeña, de «un ideal, un paraíso espléndido, gozoso y dorado». Enamorados, añado yo, de sí mismos y de su mundo, o, como mínimo, de lo que veían en sus distorsionados espejos.

Desde el 11 de septiembre de 2011, un año antes, además de las elecciones que dieron la victoria en el Congreso y en el Senado al Partido Popular de Rajoy, habían tenido lugar algunas iniciativas significativas. Destacan, entre ellas, las campañas de protesta contra los peajes y el agravio que suponían para Cataluña, en relación con Madrid —el aparentemente espontáneo hashtag «novullpagar», esto es, no quiero pagar—; las de denuncia del déficit fiscal —«Diem prou!», con una incitación a no pagar impuestos al Estado—, y también las propuestas de algunos Ayuntamientos para poner a votación mociones a favor de la independencia o para cambiar el nombre de las plazas de España de pueblos y ciudades por plazas de la Independencia.

La insubordinación ciudadana estaba en el fondo de algunos de los anteriores propósitos, que coincidían en el tiempo con otros de tipo más social, desde la lucha contra los desahucios a la defensa de la sanidad pública —sin olvidar a los siempre atentos okupas—. Algunos observadores calificaron las circunstancias de gran olla a presión. Los jóvenes habían adquirido un protagonismo esencial. El eco mediático fue enorme, en especial en la televisión y radio públicas de Cataluña y en emisoras y prensa pronacionalista. Día tras otro se transmitía la idea de una situación de excepcionalidad y de injusticia. De fondo, múltiples polémicas entre gobernantes sobre el reparto autonómico de los dineros, la insolidaridad y el pacto fiscal. El ambiente general se iba cargando poco a poco.

En diciembre de 2011 se constituyó en la ciudad de Vic la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI). Formaban parte de ella instituciones municipales —consejos comarcales y diputaciones incluidos— con la tarea principal de sumar esfuerzos y trabajar por la independencia de Cataluña. En julio de 2012 se habían adherido ya a la AMI más de 400 municipios —en febrero de 2018 se anuncia en su página web que la cifra asciende a 787— del total de 947 de Cataluña.. Las primeras diputaciones en sumarse fueron las de Gerona y Lérida. El cargo de primer presidente de la AMI recayó en el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), de una familia de larga tradición política. Este iba a ocupar el puesto hasta 2015, cuando abandonó la alcaldía. Le sustituyó al frente de la AMI el alcalde de Gerona, Carles Puigdemont.

En la primera asamblea general de la AMI, celebrada en 2012, se hizo público un manifiesto por la independencia de Cataluña. En el documento se podía leer: «La semilla de la independencia está sembrada y ahora el fruto empieza a madurar». La asociación se comprometía a convocar, más adelante, un referéndum de independencia y mostraba el claro deseo de que Cataluña fuera el próximo Estado de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. Terminaba el manifiesto con un explícito «Visca Catalunya lliure!». Vila d’Abadal, que abandonó Unió Democràtica en 2012 por discrepancias con Duran i Lleida y sus posiciones frente al independentismo, estuvo en primera línea, junto con Carme Forcadell y Muriel Casals, en muchas de las actividades organizadas en los años siguientes.

De 2011 data, asimismo, un librito de Jordi Pujol, Residuals o independents? Quan es trenquen els ponts, en el que se recopilaban un par de conferencias del expresidente de la Generalitat. Sostenía Pujol que, en los últimos tiempos, en especial a partir de 2000, se había producido un proceso de involución en las relaciones entre Cataluña y España, que llegaba a su momento álgido con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el nuevo Estatuto. Lo que se encontraba tras ello era la voluntad de convertir Cataluña en residual, esto es, un «pueblo sin personalidad propia», sometido a un proceso homogeneizador, de limitado autogobierno y ahogado fiscalmente.

Esta política, afirmaba, rompía todos los puentes. Habían fracasado los viejos proyectos de entendimiento y colaboración, en los que Pujol y los nacionalistas se habrían mostrado siempre leales con España haciendo posible la gobernabilidad. A partir de 2000 se impuso rápidamente «una idea de España que volvía a ser la de antes». Las alternativas, si se proseguía en este camino, no eran otras que la gradual desaparición de la catalanidad y de Cataluña, o bien la independencia.

Frente al expolio y a la voluntad de conducir a Cataluña por la vía de la decadencia política y la disolución identitaria, anotaba el expresident, los ciudadanos debían reaccionar y resistir. Tras muchos años de intentar hacer desistir de sus propósitos a los independentistas, cada vez más numerosos, Pujol escribía que a día de hoy ya no tenía argumentos para combatirlos, excepto la difícil viabilidad del proyecto y los riesgos internos. Se encontraba en la obligación, por consiguiente, de revisar sus planteamientos de siempre sobre el tema. La independencia aparecía como una suerte de fase superior del nacionalismo.

Dejando ahora al margen el victimismo y el hecho de que los puentes no se habían roto, sino que estaban siendo deliberadamente dinamitados en la imaginaria retirada catalana de España, el texto de Jordi Pujol mostraba una marcada preocupación por la posteridad. El expresidente de la Generalitat no deseaba ser recordado solamente como un hombre del siglo XX, un nacionalista moderado y dialogante del pasado, y se resistía, en consecuencia, a perder presencia en un escenario en el que se discutían en Cataluña alternativas radicales, como el soberanismo o el independentismo. Esta preocupación por la posteridad se ha vuelto, en ocasiones, obsesión. La confesión de 2014 iba a echarlo todo por la borda.

No me resisto a introducir aquí el retrato que el periodista Rafel Nadal hizo de Jordi Pujol en Els mandarins (2011). Lleva por título «La posteridad» y relata una conversación entre el periodista Arturo San Agustín y Pujol en 2003, en los últimos meses de su mandato. «Su problema, le espeta en un momento de la entrevista el periodista, es que no tiene ninguna obra para enseñar, para ser recordada.» «Hombre, San Agustín. Si no hemos parado de hacer escuelas, ambulatorios, polideportivos...», reacciona el Muy Honorable. «Nada. De todo eso, no se va a recordar nada.» «¿Y algún hospital? ¿Alguna carretera?» «Tampoco. Yo le hablo de una imagen que resuma su presidencia. De un símbolo para la historia.» El president se agita, inquieto, en su silla, y lanza la pregunta siguiente: «Y qué han hecho otros para que se los recuerde».

El periodista alude a Helmut Kohl y la unificación alemana, así como a François Mitterrand y la pirámide del Louvre. Pujol se echa para atrás y cierra momentáneamente los ojos. De golpe se reincorpora e interroga a su interlocutor: «Y Maragall. ¿Qué obra va a recordarse de Maragall?» «Los Juegos Olímpicos», contesta San Agustín. Vuelve a hundirse en la silla y la entrevista llega a su fin. Al día siguiente, antes de las nueve de la mañana, Jordi Pujol llama a la redacción del periódico: «San Agustín, hoy me parece que no he dormido demasiado bien por su culpa. Deberíamos terminar con nuestra conversación».

ANC Y ÒMNIUM CULTURAL

La preparación de la Diada de 2012 estuvo a cargo, como he apuntado más arriba, de la nueva Assemblea Nacional Catalana, una entidad constituida el 10 de marzo de aquel mismo año en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Quedaron aprobados entonces sus estatutos, el reglamento interno y la llamada «hoja de ruta» hacia la independencia. El nombre remite, evidentemente, a la mítica Assemblea de Catalunya, una plataforma política y social unitaria surgida en 1971 que había agrupado a partidos, sindicatos, colegios profesionales, entidades culturales, comunidades cristianas y asociaciones de vecinos en torno a un programa de cuatro puntos: amnistía, libertades políticas, estatuto de autonomía y coordinación con las otras fuerzas democráticas españolas. Esta, que abarcaba en lo ideológico desde la democracia cristiana hasta la extrema izquierda, fue una pieza fundamental en la Cataluña del final del franquismo y de la Transición democrática.

La ANC se define como «una organización de base transversal y unitaria que tiene como objetivo la independencia de la nación catalana por medios democráticos y pacíficos». Estructurada a partir de asambleas territoriales, sectoriales y exteriores, recogió la herencia de las consultas municipales sobre la independencia, que habían movilizado a millares de personas en todo el Principado y habían contribuido decisivamente a cuestionar la democracia parlamentaria y cargar de significado mágico —o abiertamente religioso— la palabra Votar, con V mayúscula. La ANC, a partir de un fuerte enraizamiento en el territorio, muy especialmente en la Cataluña interior y en las poblaciones medias y pequeñas, ha tenido un papel esencial en el procés. No son pocos los que consideran que en muchos momentos lo han dirigido efectivamente, poniendo a una porción no escasa de la clase política en el poder a sus propias órdenes. Comoquiera que sea, el carácter parainstitucional de la ANC no se le escapa a nadie.

La primera presidenta de la ANC fue Carme Forcadell, una persona que iba a convertirse, junto con Muriel Casals —al frente de Òmnium Cultural—, en una de las principales caras del proceso independentista en Cataluña. Nacida en Xerta (Tarragona) en 1955, Forcadell se licenció en Filosofía y Ciencias de la Información, además de poseer un máster en Filología Catalana. Desde muy joven estuvo implicada en la defensa de la lengua catalana y la lucha por la independencia. Trabajó como periodista y correctora en TVE, y, como profesora de lengua catalana, en un instituto de Sabadell, en donde residía. En 1985 se incorporó al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Fue asesora en lengua y cohesión social, así como coordinadora de normalización lingüística. Ha escrito algunos libros sobre pedagogía, lengua y literatura y un diccionario, además de colaborar en varios medios de comunicación.

Militó en ERC y fue miembro de la ejecutiva nacional de la formación independentista entre 2001 y 2004. También representó a este partido, como edil, en el Ayuntamiento de Sabadell entre 2003 y 2007. Ha formado parte, en puestos destacados, de la Comisión de la Dignidad —para la recuperación de los llamados «papeles de Salamanca», en una disputa que se vivió con pasión y como agravio— y en la Plataforma por el Derecho a Decidir. Como presidenta de la ANC, entre 2012 y 2015, estuvo en primera línea de la organización de las grandes manifestaciones del 11 de Septiembre. En 2015 se integró en las listas electorales de Junts pel Sí y obtuvo un escaño en el Parlamento catalán. Fue elegida presidenta del Parlament. Al frente de la ANC la sustituyó, en aquel entonces, Jordi Sànchez, uno de los integrantes de la pareja que iba a ser conocida, en el marco del proceso, como los Jordis.

Desde 2010, Muriel Casals, la otra líder del movimiento ciudadano independentista y de la que se autodenominaba la «revolució dels somriures» (la revolución de las sonrisas), presidía Òmnium Cultural. Esta entidad sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción de la lengua y la cultura catalanas y la defensa de la identidad nacional de Cataluña, nació durante el franquismo, en 1961, de la mano de algunos patricios como Fèlix Millet i Maristany (Banco Popular, Chasyr, Orfeó Català) —padre del tristemente famoso Fèlix Millet Tusell, juzgado y condenado a principios de 2018 en el caso Palau o caso Millet—, Joan Baptista Cendrós (Floïd, Banca Catalana) o Lluís Carulla (Gallina Blanca), además de Joan Vallvé y Pau Riera.

Muriel Casals sustituyó en la presidencia a Jordi Porta, que había dirigido Òmnium en los últimos ocho años. Fue la primera mujer que ocupó el cargo en el casi medio siglo de existencia de la entidad. Desde 2008 formaba parte de la junta directiva de la organización. No es gratuito citar a otras personas que se integraron, aquel mismo año, en la cúpula: Vicent Sanchis, entonces presidente del consejo editorial del diario Avui y al frente de TV3 en el decisivo año procesual de 2017; el periodista Carles Cuní; la abogada Marta Rovira, militante de ERC y futura secretaria general del partido desde 2011; el politólogo Joaquim Colominas, y también el notario y político Alfons López Tena, fundador del Círculo de Estudios Soberanistas, autor de un texto de éxito —Catalunya sota Espanya. L’opressió nacional en democràcia (2007)— y principal difusor del eslogan de marras «España nos roba». La lucha por la independencia de Cataluña se convirtió, en el nuevo siglo, en un objetivo explícito. Las estrategias fueron largamente pensadas, discutidas y maduradas.

Nacida en Aviñón en 1945, Casals fue profesora de Análisis Económico en la Universidad Autónoma de Barcelona. Militó en el PSUC. A principios del siglo XXI formó parte de la junta directiva del Ateneo Barcelonés. Como vimos en el capítulo anterior, Òmnium Cultural estuvo implicado a fondo en las protestas y en la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de autonomía catalán en 2010. Fue la gran presentación de Muriel Casals en sociedad, más allá de los círculos habituales en los que se había movido cultural y profesionalmente. A partir de entonces y hasta su muerte en febrero de 2016, unos días después de ser atropellada por un ciclista en Barcelona, se convirtió en uno de los iconos del proceso.

En 2015 se integró en las listas de Junts pel Sí, como Forcadell, y obtuvo un escaño en el Parlamento catalán. Como presidenta de Òmnium Cultural, entre 2010 y 2015 —la sustituyó el empresario Jordi Cuixart, la otra media naranja de los Jordis, tras una presidencia interina de Quim Torra—, al margen del combate directo por la independencia catalana y la organización de los actos de la Diada, Muriel Casals se destacó por sus declaraciones extemporáneas contra las peticiones de padres de alumnos por una educación bilingüe —«Estos padres están maltratando a sus hijos. Están usando y abusando de sus hijos», afirmó en TV3— y por la cruzada contra los comerciantes que no rotulaban en catalán, a los que se denunciaba ante el órgano competente de la Generalitat para que fueran multados.

NUEVAS ELECCIONES

La legislatura iniciada en 2010 duró poco tiempo y los catalanes volvieron a las urnas, en unos comicios autonómicos, dos años después. Artur Mas y los suyos se lanzaron de cabeza a una nueva convocatoria electoral con la intención de aprovecharse del ambiente en las calles, al margen de las estructuras partidistas clásicas —el denominado, desde medios nacionalistas, «clamor del pueblo»—, tras las grandes movilizaciones del 11 de septiembre de 2012. Por lo que parece, las encuestas que manejaban los dirigentes de CiU, en especial el influyente y poderoso David Madí, anunciaban un gran triunfo. La Vanguardia de José Antich bendecía además la maniobra, al servicio ya claramente del proceso. Los «intelectuales procesistas» ofrecían, en paralelo, apoyo e ideas, desde Jaume Sobrequés a Pilar Rahola, sin olvidar a otros como Vicent Sanchis, Ferran Requejo, Josep Maria Terricabras, Francesc-Marc Álvaro, Isona Passola, Quim Torra, Agustí Colomines o Salvador Cardús.

El rechazo del Gobierno de España de un pacto fiscal a la vasca para Cataluña, en plena época de crisis económica y financiera, contribuyó a justificar la decisión. Nunca quedó muy claro lo que había ocurrido aquel día 20 en la Moncloa, en la reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy. Unas semanas más tarde, este último afirmó que se le había obligado a optar entre un concierto económico —o pacto fiscal, como se le llamaba en los últimos tiempos— para Cataluña o nada, y que el dirigente catalán se negó a hablar de cualquier otra cosa, amén de anunciar que todo aquello «traería consecuencias». Artur Mas negó el chantaje. No es descartable, en mi opinión, que la reunión fuera una simple puesta en escena por parte del presidente de la Generalitat y que todo estuviera ya previsto de antemano.

A lo largo de la segunda década del siglo XXI, como mínimo hasta 2017, la hiperactividad procesual del Gobierno de la Generalitat, primero con Mas y después con Puigdemont, acompañados siempre por el extenso universo independentista y sus entidades, ha contrastado con la hiperpasividad del Gobierno Rajoy, ante la mirada algo despreocupada de buena parte de la sociedad española. ¿No es esa una de las razones que explican la permanente progresión del proceso independentista? Los episodios de guerra sucia que tuvieron lugar, en aquel entonces, organizados por algunos servidores del Estado para desprestigiar a líderes independentistas no podemos contabilizarlos como actividad gubernamental, puesto que, como consecuencia de su burda factura, permitieron el suministro de carburante a los que se pretendía combatir. La hiperpasividad a la que he aludido fue, más bien, una larguísima adición de silencios.

Sea como fuere, en septiembre de 2012, Artur Mas se declaró abiertamente independentista. Vanidoso herido, en palabras de Jordi Amat, quiso controlar la nueva realidad. Algunos colaboradores suyos de la época reconocen que, a fines de agosto, todavía se encontraba en el estadio del derecho a decidir. En las semanas siguientes, la conversión se tiñó de mesianismo. A nadie se le oculta, no obstante, que en el fondo de las trascendentales decisiones de aquel momento se encontraba una estrategia para desviar la atención y las responsabilidades de las impopulares medidas económicas y sociales tomadas por el Gobierno Mas en los dos años anteriores. La culpa, cómo no, iba a ser solamente de Madrid.

Durante la campaña electoral de 2012 se comparó en numerosas ocasiones a Artur Mas, presidente de la Generalitat y líder de CiU, con la figura de Moisés. Los carteles de propaganda de la propia formación nacionalista contribuyeron a ello. Un Artur Mas converso al independentismo se erigió, en cualquier caso, en salvador y conductor de un pueblo hacia un supuesto destino: la independencia y la génesis de un nuevo Estado en Europa. El discurso era simple pero efectivo: escapando de los españoles, los catalanes iban a ser felices y ricos y plenos. Las elecciones del 25-N eran, de algún modo, la clave para un camino sin retorno en un viaje a ninguna parte.

Un cartel electoral con el lema «La voluntad de un pueblo», acompañando la imagen de Moisés-Mas, constituyó una ejemplar muestra del mesianismo y la apuesta populista del nacionalismo convergente. Mas es un iluminado, escribió por aquel entonces Francesc de Carreras en La Vanguardia; Joaquín Leguina, en un artículo en el diario El País dedicado al nacional-populismo del líder de Convergència, dejó a un lado la figura de Moisés guiando al pueblo para centrarse en la del flautista de Hamelín, que conducía a sus seguidores al suicidio.

Los resultados de las elecciones al Parlamento catalán de 2012 fueron, sin embargo, algo inesperados para los convocantes: CiU perdió una docena de diputados y se quedó en 50; ERC-Catalunya Sí, con Oriol Junqueras como cabeza de cartel, se situó como segunda fuerza y 21 diputados; el PSC-PSOE reculó hasta los 20 escaños y el tercer puesto; el PP obtuvo 19 e IC Verds-EUiA, 13; Ciutadans pasó de 3 a 9, mientras que la CUP —las antisistema Candidatures d’Unitat Popular— entró en el Parlament con 3 diputados. Plataforma per Catalunya, que ponía el acento en un férreo control de la inmigración y en la necesidad de más seguridad ciudadana, quedó fuera de la cámara por poco, tanto en 2010 como en 2012. La bajada de CiU era compensada, en el nuevo campo independentista, por las subidas de ERC y la entrada en liza de la CUP. Crecía, al mismo tiempo, el voto específicamente antinacionalista, con C’s multiplicando por tres sus anteriores resultados. Se estaban conformando, casi definitivamente, los dos grandes espacios del proceso.

En diciembre de 2012, con los votos de CiU y ERC, Artur Mas fue reelegido presidente de la Generalitat. La significativa pérdida de apoyos en las urnas no comportó ningún replanteamiento, sino todo lo contrario. La vía de la radicalización iba a permitir olvidarse de este contratiempo. El 23 de enero de 2013, el Parlament aprobó, a propuesta de CiU y ERC, una declaración de soberanía del pueblo de Cataluña, que insistía en el derecho a decidir y en la organización de una consulta. Votaron también a favor ICV-EUiA y la CUP, aunque esta última solamente de forma parcial. Se opusieron PP y C’s. Aunque el líder del PSC, Pere Navarro, defendió el no, el grupo parlamentario se partió por la mitad. Diputados como Joan Ignasi Elena o Marina Geli no siguieron las consignas. En este último partido, las grietas no hacían más que aumentar desde el final del Tripartito y la intensificación del proceso independentista.

En conjunto, la nueva etapa de poder convergente se caracterizó por los ajustes y fuertes recortes para hacer frente a la crisis y al déficit, así como por la concentración de esfuerzos en el rearme nacionalista —en especial durante la conmemoración, en 2014, del tricentenario de 1714— y la demanda de un Estado propio. Estas dos etapas de Gobiernos convergentes, entre 2010 y 2012 y entre 2012 y 2015, difícilmente van a pasar a la historia ni por los logros sociales ni por la acción legislativa, sino por la conversión al independentismo del partido gobernante, la parcial supeditación institucional a organismos como Òmnium Cultural o la ANC, la permanente presión nacionalista en forma de populismo y el poco talante dialogador, compartido, bueno es recordarlo, con el Gobierno de España en manos de Mariano Rajoy y el PP. La inactividad, por lo que a la resolución de los problemas básicos de la ciudadanía catalana se refiere, debido a la inversión de tiempo requerida por temas identitarios y nacionalizadores, merece ser destacada. Prolongaba, en cualquier caso, la de anteriores mandatarios en Cataluña.

La obcecación de Artur Mas, la soberbia de la consejera de Educación Irene Rigau y las malas formas del portavoz del Gobierno Francesc Homs —sustituido, en junio de 2015, para pasar a ser el jefe de campaña de las elecciones autonómicas de septiembre y, más adelante, elegido diputado en el Congreso— contrastaron, en aquel entonces, con el pragmatismo y las tímidas apuestas por el entendimiento con el Estado de algunos pocos consejeros, como Ramon Espadaler y Santi Vila. Paradójicamente, o quizás no, ambos iban a acabar en 2017 en las cunetas de la desaforada deriva masista y puigdemonista. El proceso soberanista ha constituido, al mismo tiempo, una excelente tapadera para los recortes, la corrupción y la mediocridad de la clase política. El salto del autonomismo al independentismo dificultaba o impedía toda vuelta atrás.

Si volvemos a fijarnos en los resultados de las elecciones autonómicas de 2012, podremos comprobar que la opción abiertamente independentista —el independentismo de siempre, más el de anteayer— sumaba un total de 74 voces, por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento catalán. De una de las tres fuerzas, CiU, se ha hablado largamente en las páginas anteriores, sometiendo a análisis su camino desde el pujolismo al independentismo masista. Algunos comentarios deben hacerse ahora, sin embargo, sobre ERC, de su salida de la crisis del final del Tripartito y quizás también de algunos momentos anteriores. Y, sobre todo, ha llegado el momento de hablar de la CUP. Ambas tareas nos van a obligar a hacer una pequeña excursión en el tiempo a épocas de independentismo minoritario y casi marginal y de dudas entre la acción política y la armada.

DEL VIEJO AL NUEVO INDEPENDENTISMO

De la historia de Esquerra Republicana de Catalunya se ha tratado ya en distintos pasajes de la primera parte de este libro y también en el capítulo 4. Nacido en marzo de 1931, este partido constituyó el centro del poder en la Cataluña republicana. Los cuatro primeros presidentes de la Generalitat —omito aquí la discusión, planteada en otro lugar, sobre el paréntesis 1934-1936— pertenecieron a esta formación: Francesc Macià, Lluís Companys, Josep Irla y Josep Tarradellas. Desde el estallido de la Guerra Civil en julio de 1936, los dirigentes de ERC se vieron sobrepasados en Cataluña por unos acontecimientos y situaciones que nunca llegaron a controlar.

El partido sufrió en 1939 una fuerte represión y solamente pudo dedicarse a resistir en un desesperante exilio. A finales de la dictadura franquista, ERC era una formación casi inexistente, sin espacio político, y, para más inri, dividida en varias facciones. Era vista por aquel entonces, a fin de cuentas, no sin mucho de razón, como una reminiscencia del pasado. La formación nacionalista renació, no obstante, en la Transición democrática bajo el liderazgo de Heribert Barrera. No faltaron ni dificultades económicas ni conatos de escisión. En las elecciones generales de 1977 se hizo con un escaño en el Congreso. La indefinición ideológica se mantuvo durante bastante tiempo.

ERC consiguió catorce escaños en el nuevo Parlamento catalán en 1980, y se convirtió en árbitro de la situación. Apoyó al partido de Jordi Pujol, y Barrera asumió la presidencia del Parlamento de Cataluña. Cuatro años después, con la primera mayoría absoluta de CiU, ya no era indispensable para la gobernabilidad, pero Pujol iba a ofrecer a sus dirigentes entrar en el Gobierno, lo que aceptaron. La cercanía al poder terminó por pasar factura, tanto a nivel de resultados electorales —en 1986, ningún diputado de ERC se sentó en el Congreso— como de enfrentamientos internos.

El moderado Joan Hortalà se convirtió, en 1987, en el nuevo secretario general del partido, dejando a Barrera la presidencia. Fue entonces cuando desembarcaron en ERC un par de grupos de activistas. Unos, procedentes de la antigua Nacionalistes d’Esquerra —en las primeras elecciones autonómicas, en 1980, encabezada por Jordi Carbonell, se convirtió en extraparlamentaria— y de la más joven Entesa dels Nacionalistes d’Esquerra, justo cuando la mayoría de esta última formación participaba en la creación de Iniciativa per Catalunya. Algunos habían militado en la década de los setenta en el ala menos radical del PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans). El segundo grupo provenía de la Crida (Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la Cultura i la Nació Catalanes), una plataforma creada en 1981 como movimiento cívico de respuesta al «Manifiesto de los 2.300».

Entre los nuevos militantes destacaban Àngel Colom, Ernest Benach y Josep-Lluís Carod-Rovira. El tono independentista subió en el partido y se produjo una neta radicalización. Los recién llegados fueron adquiriendo poder y, en alianza con algunos núcleos históricos, se hicieron, tras innumerables peleas, con el control del aparato. En 1989, Colom conquistó la secretaría general de ERC. La victoria de este último provocó la ruptura de la formación y la creación, por parte de los disidentes encabezados por Hortalà, de Esquerra Catalana (EC), que en 1993 se integró en Convergència Democràtica de Catalunya.

El nuevo proyecto de ERC consistió en impulsar el independentismo y aumentar y rejuvenecer la militancia. En aquella época se abrieron las puertas a los radicales del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y de Terra Lliure. El grupo terrorista Terra Lliure había surgido en 1978 con el objetivo de formar un Estado socialista independiente de los llamados Países Catalanes. Algunos de los militantes de otra banda activa en la década de 1970, el Exèrcit Popular Català (EPOCA), se integraron, en torno a 1979-1980, en Terra Lliure. Eran responsables de los asesinatos del empresario José María Bultó, en 1977, y del exalcalde de Barcelona Joaquín Viola y su esposa, al año siguiente. Algunos de sus miembros, en especial Carles Sastre, como veremos más adelante, han tenido un papel no menor en el proceso.

Uno de los primeros dirigentes de Terra Lliure fue Josep de Calassanç Serra, alias Cala, hijo del historiador Serra Ràfols —al que citamos en la primera parte como firmante, en 1934, del manifiesto «Para la conservación de la raza catalana»— y hermano de Eva y Blanca Serra, estrechamente vinculadas también al mundo del independentismo radical, en aquel entonces, y hoy a la CUP. Cala fue expulsado de Terra Lliure en 1983.

El grupo terrorista se dio a conocer en junio de 1981, en un acto organizado por la Crida en el Camp Nou, a través del lanzamiento de octavillas en las que se definía como una organización revolucionaria que luchaba por la independencia de los Países Catalanes y hacía un llamamiento a sumarse a este combate. Desde un punto de vista político, Terra Lliure surgía de escisiones del PSAN y se vinculaba a IPC (Independentistes dels Països Catalans) —fundado en 1979 y que dirigían Carles Castellanos, Josep Maria Cervelló y las hermanas Serra— y, más adelante, al MDT.

En 1981, miembros de Terra Lliure secuestraron a Federico Jiménez Losantos, que en aquel momento era profesor en un instituto de Santa Coloma de Gramanet y uno de los promotores del «Manifiesto de los 2.300», y le pegaron un tiro en una pierna. Pere Bascompte fue el principal perpetrador de la acción. Fue detenido, pero huyó a Francia aprovechando un error administrativo y no regresó a España hasta la prescripción de todos los sumarios pendientes con la justicia. El activista Jaume Fernàndez Calvet, fundador de la banda junto con Bascompte, Cala y Frederic Bentanachs, justificó a posteriori el atentado —en el libro Terra Lliure (1979-1985), de 1986— como una acción para frenar una «maniobra lerrouxista», congratulándose de que varios de los firmantes del manifiesto se fueran de Cataluña.

Terra Lliure cometió, a lo largo de los años ochenta, numerosos atentados contra oficinas bancarias, juzgados, intereses económicos españoles y franceses y miembros de la policía y el Ejército. Una bomba colocada en los juzgados de las Borjas Blancas mató, en 1987, a una vecina del edificio. Varios de sus activistas fallecieron manipulando explosivos y casi tres centenares de detenciones, por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, afectaron a sus militantes y simpatizantes. En 1992, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la mal llamada «Operación Garzón» —Baltasar Garzón no fue el único juez que actuó— fue de notable envergadura, con más de cuarenta detenidos, algunos de los cuales denunciaron torturas.

Esta banda criminal abandonó la lucha armada en 1991, aunque algunos de sus militantes se resistieron y unos pocos, como Joan Carles Monteagudo, entraron a militar en ETA. La disolución formal tuvo lugar en 1995. Las maniobras de Àngel Colom desde la Secretaría General de ERC hicieron que una parte de los militantes de Terra Lliure, así como miembros de Catalunya Lliure y de la rama juvenil Maulets, ingresaran en el partido. Sobresalían, entre ellos, Pere Bascompte o Xavier Vendrell. Colom declaró a Europa Press, en julio de 1991, que la autodisolución de Terra Lliure era «una buena noticia para todos los catalanes y el futuro de Cataluña».

¿Por qué fracasó tan palmariamente Terra Lliure? Diego Muro y Simon Vall-Llosera, en un interesante artículo publicado en 2016, apuntan varias razones, en especial la eficacia de la actuación policial del Estado y las deficiencias organizativas y disputas internas. No se consiguió, en ningún momento, una conexión real con la sociedad catalana, que era extremadamente reacia a la lucha armada. Entre las causas no puede obviarse, sin embargo, otra: los efectos negativos de la actividad criminal de ETA en Cataluña en una organización que intentaba, sin conseguirlo siempre, no provocar víctimas mortales.

Entre 1975 y 2001, el movimiento terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Euskadi y Libertad), surgido en 1959, provocó en Cataluña más de medio centenar de muertes. El punto álgido de esta espiral sin sentido de muerte y destrucción fue el atentado de Hipercor en Barcelona, el 19 junio de 1987. La explosión de la bomba colocada en el parking del establecimiento, con veinte kilos de amonal, provocó 21 muertos y casi medio centenar de heridos. El rechazo en Cataluña ante este acto de barbarie fue generalizado. Más de 700.000 personas se manifestaron en las calles de Barcelona.

El primer asesinado por ETA en tierras catalanas, sin embargo, se llamaba Ovidio López y era agente de policía. Falleció tras el atraco a una sucursal del Banco de Santander en la Ciudad Condal. Fue en junio de 1975. En diciembre de 1990, seis policías nacionales murieron en un atentado con coche bomba en Sabadell y, en mayo de 1991, lo hicieron diez personas en el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil de Vic. Cuatro de ellas eran niñas de entre 7 y 14 años. La banda criminal se cebó, asimismo, en intereses turísticos y aumentó sus actuaciones en vísperas de los Juegos Olímpicos de 1992.

El 21 de noviembre de 2000 fue asesinado en Barcelona el intelectual, profesor y exministro de Sanidad socialista Ernest Lluch. La condena en Cataluña fue unánime. Era un buen amigo y lloré amargamente. En el último mes de aquel año, el concejal del PP del Ayuntamiento de Viladecavalls, cerca de Tarrasa, Francisco Cano, se convirtió en nueva víctima de los etarras. El último muerto de la macabra lista es el mozo de escuadra Santos Santamaría, asesinado en Rosas por la explosión de una bomba en marzo de 2001. Entre 1986 y 2001, el comando Barcelona de ETA fue desarticulado en cinco ocasiones. La banda anunció en 2004 la suspensión de sus acciones armadas en Cataluña tras una reunión en Perpiñán con el entonces conseller en cap de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, en una acción muy criticada y condenada.

Comoquiera que sea, regresando ahora al hilo de la evolución de ERC, el tema de la independencia se convirtió, durante la dirección de Àngel Colom, en el ingrediente básico del discurso y la actividad del partido. Se intentó crear una suerte de casa grande del independentismo, aunque en aquellos tiempos, a diferencia de hoy, los independentistas cabían todavía en una casa relativamente pequeña. Tiene razón Joan B. Culla cuando caracteriza a Àngel Colom como un dirigente de actitudes mesiánicas y gran pobreza intelectual. Era, por encima de todo, un activista.

En la campaña electoral catalana de 1992, ERC introdujo un mensaje de largo y triste recorrido: el del expolio de Cataluña por parte de España. Todas las anteriores novedades no tuvieron, sin embargo, digno reflejo en las urnas. Por esta razón, la dirigencia se propuso, en 1993, rebajar el tono radical y hacer un fichaje estrella, que no tardó en estrellarse: Pilar Rahola. Las tensiones internas aumentaron en los años siguientes, así como el amplio descontento interno hacia el tándem Colom-Rahola. Estos abandonaron ERC en otoño de 1996 y fundaron el fracasado Partit per la Independència, antes de terminar en CiU o en su órbita mediática. Esta escisión por la cúpula constituye, sin lugar a dudas, un caso bastante curioso y excepcional.

El resto de las facciones de ERC se unieron para asegurar la continuidad del partido y Carod-Rovira accedió a la Secretaría General. Se marcaron más las distancias con CiU que en épocas anteriores y se fueron incubando algunos elementos que iban a hacer posible, unos años después, un Gobierno tripartito. Joan Puigcercós se convirtió en la cara de ERC en Madrid. Se llegó a las elecciones catalanas de 2003 en un clima de euforia, propiciado por los sondeos y el crecimiento de la afiliación. ERC pasó a ser la tercera fuerza política del Parlamento catalán, y su pacto con socialistas e Iniciativa abrió a Pasqual Maragall las puertas de la Generalitat. ERC obtuvo importantes puestos en el Gobierno y en otras instituciones. La voluntad de ocupar el espacio y apoderarse de las redes clientelares de CiU solo se hizo realidad a medias. La formación masista iba a resistir la embestida.

La irresponsabilidad de algunos de los dirigentes republicanos provocó algunas grietas. El desgaste de Carod-Rovira tras su célebre viaje a Perpiñán para entrevistarse con miembros de ETA generó tensiones internas en la formación y animó al poco escrupuloso Joan Puigcercós a prepararse para presentar batalla por el liderazgo de la formación. El conflicto entre ambos dirigentes fue largo y cansino. Pilar Rahola ha escrito en alguna ocasión que el ripollense Puigcercós tenía tendencia a «hablar con el trabuco en la boca».

En la legislatura abierta en 2006, con la reedición en Cataluña del Tripartito, se hizo patente la voluntad de los dirigentes de ERC de afianzar el independentismo. En el interior de la formación, no obstante, florecieron las divisiones, las corrientes críticas y, al final, las escisiones. Me refiero, sobre todo, a Reagrupament, de Carretero, favorable a reforzar todavía más la identidad independentista, y a Esquerra Independentista. Este último grupo se sumó, en 2010, al proyecto de Laporta y López Tena, Solidaritat Catalana per la Independència. En el partido se impusieron los oficialistas que seguían a Joan Puigcercós y Joan Ridao, frente al carod-rovirismo.

Los resultados electorales en las autonómicas de 2010 fueron malos. Se perdió casi la mitad de los escaños del Parlament. La crisis no era menor, agravada por el fiasco en las elecciones municipales de mayo de 2011. La ejecutiva acabó dimitiendo y convocando, anticipadamente, el vigesimosexto congreso de ERC. Carod-Rovira incluso se dio de baja y anunció que había votado a la CUP en las municipales. Oriol Junqueras y Marta Rovira fueron elegidos, aquel mismo año 2011, como nuevos presidente y secretaria general, respectivamente, de la formación. Empezaba otra etapa, en la que pronto se dejaron atrás todos los malos augurios. Los resultados de 2012, en los que ERC–Catalunya Sí, que presentó a Junqueras de número uno, se convertía en la segunda fuerza parlamentaria, lo muestran con claridad meridiana.

El historiador Oriol Junqueras era ya eurodiputado, independiente elegido en 2009 en la candidatura Europa de los Pueblos-Verdes. Con Ramon Tremosa, independiente por Convergència, y Raül Romeva, de Iniciativa, formaron lo que se conoció como el «tridente catalán» en el Parlamento europeo. Junqueras renunció al acta en 2012 —la representante del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Ana Miranda, pasó a ocupar el escaño— y él y Romeva iban a colaborar estrechamente en el futuro. Y antes de ser diputado europeo, Junqueras fue concejal en el Ayuntamiento barcelonés de San Vicente dels Horts; en 2011 se convirtió en alcalde, reelegido en 2015. En diciembre de este último año dejó la alcaldía en manos de su número dos para dedicarse totalmente al proceso independentista.

Ha declarado en varias ocasiones que se hizo independentista a los ocho años. Es católico practicante y ha formado parte de numerosas asociaciones. Se doctoró en Historia y, especialista en historia económica moderna, es profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado en muchos medios de comunicación, en especial en TV3 —el programa El favorit, presentado por Toni Soler— y en Catalunya Ràdio y RAC1. En septiembre de 2011 hizo una intervención en el famoso e influyente programa de humor político de TV3 Polònia —de Toni Soler también—, en donde siempre se le ha tratado muy bien a través del personaje que lo imita. Dicen algunos que los políticos catalanes se esfuerzan en imitar a sus respectivos dobles televisivos. Junqueras dirigió el diario digital directe!cat y ha sido uno de los promotores de la plataforma cívica independentista Sobirania i Progrés.

Mientras que ERC aparecía como una viejísima formación política, la CUP era vista como muy nueva. Ya cuando se conocieron los resultados de las municipales de 2011 se aludió a la CUP como novedad, revelación o sorpresa. Pero, en realidad, no era tan flamante. Para rastrear sus orígenes debemos volver a sumergirnos en el magma de pequeños grupúsculos independentistas de las décadas de 1970 y 1980. Buena parte de lo dicho supra nos será de utilidad. La CUP estaba inscrita como partido desde hacía un par de décadas y sus miembros se consideran herederos de la aventura independentista y de izquierdas, explícitamente marxista y tercermundista, iniciada a finales de la década de 1960 por el PSAN, que supuso una ruptura clara con el separatismo de la época de la crepuscular Unió Catalanista, de Estat Català o del Front Nacional de Catalunya.

El PSAN vivió múltiples escisiones, al igual que los pequeños grupúsculos más o menos independentistas de los años setenta y ochenta, desde el Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN), que encabezaban Fèlix Cucurull y Lluís Maria Xirinacs —en las autonómicas de 1980, este último, un histórico, no entró en el Parlament— hasta Nacionalistes d’Esquerra. El sectarismo estaba a la orden del día. Pere Pugès i Dorca, por ejemplo, uno de los futuros fundadores de la ANC y mano derecha de Forcadell —e implicado en algunos asuntos algo turbios dentro de la entidad—, pasó por el PSAN, el BEAN y Nacionalistes d’Esquerres antes de aterrizar en el PSC.

Con la excepción de la interesante experiencia de Nacionalistes d’Esquerra, la animadversión hacia la lucha parlamentaria —no había nada más burgués que unas elecciones— y la atracción violenta, representada por Terra Lliure, acabó por paralizar a estos movimientos independentistas. La creación del MDT en 1984, a partir de la confluencia del PSAN y de IPC, reanimó a estos sectores, aunque ya en 1987 se dividieron en dos: el MDT-IPC (Carles Castellanos), que apoyó a Herri Batasuna en las elecciones europeas y a las CUP en las municipales, y el MDT-PSAN (Josep Guia), disuelto en 1989 «a favor de la construcción de una Cataluña libre». La organización Catalunya Lliure (CL) tomó el relevo. Las rupturas fueron violentísimas. Estos grupos estaban implantados en todo el territorio de sus imaginados y queridos Países Catalanes.

De hecho, la historia de las CUP empieza efectivamente en la Transición democrática y, de forma específica, en el ámbito municipal. Un par de exitosas experiencias, a partir de las elecciones para los ayuntamientos de 1979, merecen ser citadas: la Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA), de Jaume Soler en Arbucias (Gerona), y Unitat Municipal 9, de Xavier Garriga, en San Pedro de Ribas (Barcelona). Fueron alcaldes de sus ciudades, respectivamente, 24 años seguidos y 16 años, en dos mandatos. En 1986 nació la Assemblea Municipal de l’Esquerra Independentista (AMEI) y, al año siguiente, algunas listas municipales concurrieron a las elecciones con el nombre de Candidatura o bien Colectivo de Unidad Popular. En 1991 se registró el nombre Candidatura de Unidad Popular como partido y las listas patrocinadas por AMEI se extendieron. Por aquel entonces, AMEI-CUP, en la continuación de la línea MDT-IPC, se enfrentó a la estrategia no combativa e integradora de Àngel Colom en ERC. Esta última se convirtió, en los años noventa, en el referente partidista de un independentismo que seguía siendo minoritario en Cataluña.

Las relaciones entre las CUP locales y ERC no resultaron siempre fáciles. Hubo aproximaciones y también enfrentamientos. Tampoco lo fueron entre el partido de Colom y Carod-Rovira y los cachorros de Maulets o con la Plataforma per la Unitat d’Acció (PUA), nacida en 1995 con la voluntad de combatir el posibilismo de ERC. Coquetearon con las tácticas de kale borroka del entorno etarra y acabaron creando Endavant. Tanto este último grupo como Maulets se mostraron muy activos a la hora de apoyar la creación de casals independentistas en todo el territorio catalán. Muchos de ellos están en la base de la expansión de la CUP en el nuevo milenio. Endavant-OSAN y el MDT eran dos de los colectivos más influyentes en la CUP al empezar la centuria.

La entrada en el siglo XXI iba a cambiar muchas cosas. El ámbito municipal siguió siendo fundamental y los resultados fueron mejorando en cada elección: 2003, 2007, 2011. El componente generacional resultaba evidente, tanto en los simples miembros como en los dirigentes, de Anna Gabriel a Quim Arrufat o David Fernàndez. Entre los ideólogos de la CUP del siglo XXI sobresale alguien bastante más mayor: el historiador y novelista Julià de Jòdar. Debo reconocer que para mí fue una enorme sorpresa verle en esta tesitura. Fue mi primer jefe en un trabajo fijo, en la Editorial RBA, mientras yo cursaba el doctorado en Barcelona y antes de entrar en la carrera universitaria. Era, en aquel entonces, como muchos en Cataluña, un devoto seguidor de Josep Fontana y una persona simpática pero reservada y elegantísima, casi siempre luciendo espléndidas corbatas, bien combinadas con la americana del día. En 2012 publicó, con David Fernàndez, Cop de CUP. Fue diputado en el Parlament unos pocos meses, entre 2015 y 2016.

En 2009 terminó la ambigüedad entre la CUP y las CUP, optándose por la primera opción. Sus miembros estuvieron muy implicados en la campaña de consultas ciudadanas iniciada en Arenys de Munt. Todo había empezado, de hecho, con una propuesta del concejal de la CUP en aquella localidad. Después de muchas asambleas y discusiones sobre estrategia y atentos al momento que se estaba viviendo en Cataluña, se decidió que la CUP concurriera a las elecciones autonómicas de 2012. Lo hizo bajo el nombre CUP-Alternativa d’Esquerres e iba a conseguir, como hemos visto, tres diputados, todos por la provincia de Barcelona: David Fernàndez, Georgina Rieradevall y Quim Arrufat. Algunas excéntricas pero muy efectivas actuaciones del primero de ellos —el desagradable interrogatorio, sandalia en mano, a Rodrigo Rato en una comisión del Parlament y su «Hasta luego, gánster» en 2013, por ejemplo— le convirtieron, a lo largo de la legislatura, en muy popular. En los comicios siguientes, los escaños se multiplicaron hasta llegar a diez e hicieron de la CUP un actor decisivo para la continuación del proceso independentista en Cataluña.

EL AÑO DEL TRICENTENARIO

La declaración de soberanía de enero de 2013, que hemos tratado más arriba, fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional en mayo del mismo año. El principio de soberanía —«el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano», rezaba el documento aprobado por los diputados catalanes— planteaba serios problemas. Pero los dirigentes independentistas no estaban dispuestos a frenar el proceso, sino todo lo contrario. En abril tuvo lugar la reunión en la que se constituyó el denominado Consejo Asesor para la Transición nacional y, en junio, la del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.

El Consejo Asesor para la Transición Nacional fue creado por el Gobierno catalán en febrero de 2013 para que le asesorase en el proceso de la consulta sobre la independencia de Cataluña y en el diseño e implantación de estructuras de Estado. Quedaba adscrito al Departamento de Presidencia, dirigido por Francesc Homs, e iba a presidirlo Carles Viver Pi-Sunyer. Entre los integrantes se puede citar a Germà Bel, Salvador Cardús, Àngel Castiñeira, Pilar Rahola, Josep Maria Reniu, Ferran Requejo o el empresario Joan Font. El 11 de abril se celebró la reunión constitutiva de este órgano colegiado. Elaboraron un total de diecinueve informes.

El Pacto Nacional por el Derecho a Decidir llevó a cabo el primer encuentro, en el Parlamento de Cataluña, el 26 de junio de 2013. Participaron todo tipo de entidades, sindicatos, entes municipales y diputaciones, grupos parlamentarios y el Gobierno de Cataluña. Inicialmente eran cerca de medio centenar, entre ellas ANC, Òmnium Cultural, AMI, Pimec, UGT o CC.OO. Presidieron la reunión Artur Mas y la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. El Pacto defendía el ejercicio del derecho de decidir y la celebración de una consulta sobre el futuro de Cataluña. Entre los grupos políticos, se adhirieron desde el principio CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP. En septiembre se presentó en público un manifiesto, firmado ya por centenares de entidades.

El 11 de septiembre de 2013 se organizó la denominada Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana que unía el norte con el sur de Cataluña, unos cuatrocientos kilómetros, pasando por Barcelona. Todo estaba milimetrado. La organizaron las entidades independentistas, con la ANC en primer término, pero el Gobierno catalán y los partidos CiU y ERC se volcaron también en esta nueva performance. Los participantes fueron más de un millón y medio, según los convocantes y la Generalitat, o bien la mitad, según otros cálculos y algún estudio posterior. Decenas de miles de camisetas oficiales fueron adquiridas por los fieles, que vivieron la experiencia en un ambiente festivo y familiar, con presencia, a la manera carlista, de tres generaciones.

Los organizadores del acto central de la Diada reclamaron un referéndum de independencia para 2014, con una pregunta clara. La presidenta de la Assemblea, Carme Forcadell, exigió a Artur Mas la convocatoria de una consulta «sin dilaciones ni pérdidas de tiempo, que solo perjudican a nuestro pueblo». La presión debe entenderse como una respuesta a algunas informaciones que apuntaban a una negociación abierta desde la Generalitat con el Gobierno central.

Pocos meses después, el 12 de diciembre, el president Mas, acompañado de algunos líderes de los partidos que apoyaban la iniciativa —Jordi Turull y Francesc Homs (CDC), Joana Ortega y Ramon Espadaler (UDC), Oriol Junqueras y Marta Rovira (ERC), Joan Herrera (ICV), Joan Mena (EUiA), David Fernàndez (CUP)—, anunció la fecha y la pregunta de la consulta sobre la independencia que iba a tener lugar al año siguiente. La fecha: el 9 de noviembre de 2014, el 9-N. Y la pregunta, o, mejor, la doble pregunta: ¿Quiere que Cataluña se convierta en Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente? Según Artur Mas, todo era claro y concreto. Si él lo dice...

El presidente de la Generalitat pidió al Gobierno de Mariano Rajoy que facilitara las cosas para que los catalanes pudieran expresarse en las urnas, como estaba previsto que ocurriera en Gran Bretaña con el caso de Escocia. En los meses siguientes, el espejo escocés estuvo inevitable y permanentemente presente en la política española. La respuesta de Rajoy no se hizo esperar: la consulta no iba a hacerse, puesto que era ilegal y estaba «fuera de toda discusión y negociación». Topaba, sostenía el mandatario, con la Constitución y con la unidad de España. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró también muy crítico y tajante con este nuevo paso adelante en el proceso.

El proceso parecía, sin embargo, imparable. El 16 enero de 2014, en un pleno extraordinario, el Parlamento de Cataluña aprobó una proposición de ley en la que se solicitaba al Congreso la delegación a la Generalitat de las competencias necesarias para poder convocar un «referéndum consultivo» en 2014. El día 8 de abril, una delegación del Parlament, compuesta por los diputados Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV-EUiA), defendió de forma conjunta esta petición en la Cámara baja. La intervención de Rovira fue particularmente esperpéntica. La propuesta fue rechazada por el Congreso por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención. Rajoy replicó que celebrar referéndums era una «competencia exclusiva» del Estado. La Generalitat y los partidos iban a continuar, sin embargo, con los preparativos para la consulta del 9-N.

Mientras tanto, desde el independentismo catalán se estaban definiendo y señalando ya a los enemigos de mañana, de hoy y de ayer. No en otro sentido debe ser interpretada la propuesta emanada del propio Gobierno de la Generalitat de elaborar ficheros de amigos y enemigos de las políticas desarrolladas por esta institución. Tras las críticas recibidas, la llamada «lista de Homs» —Homs, Francesc Homs— pasó a descansar felizmente, por el momento, en un cajón.

Algunos presuntos intelectuales e inquisidores, bien conectados con el poder catalán, sin embargo, denunciaban abiertamente a los enemigos de la independencia y preparaban futuras purgas. Era el caso, por ejemplo, del libro titulado La trama contra Catalunya (2013), de Hèctor Lòpez Bofill. La obra estaba dedicada a Jaume Renyer, que no es otro que el personaje que acompañó a Carod-Rovira a Perpiñán a hablar con los emisarios de la banda ETA, antiguo participante en la disolución de Terra Lliure y miembro, sucesivamente, de ERC, de Reagrupament y de Solidaritat per la Independència. En sus páginas se ponía nombre y apellidos a los «enemigos de la Cataluña libre», también designados como «agentes unionistas», «colaboradores con la metrópolis», «sicarios de España», «vigilantes del gueto» o «quintacolumnistas». Aseguraba el autor que la hostilidad de estos enemigos a «la libertad de Cataluña será castigada».

A los del presente y del futuro, los historiadores añadieron a todos los enemigos que Cataluña supuestamente había tenido a lo largo de los tiempos. Quedaban simplificados en un nombre: España. El simposio celebrado en diciembre de 2013 en Barcelona, con el título «España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014)», del que se trata en el capítulo 7, constituyó una nítida y perversa muestra de ello. Jaume Sobrequés fue el organizador del evento, que contó con una conferencia inaugural de Josep Fontana.

La fabricación de enemigos desde la Cataluña independentista, tanto a nivel interno como externo, resultaba preocupante. Y hacía inevitable el conflicto abierto, tal como denuncié a finales de 2013 en un artículo publicado en las páginas de El Mundo. La socialista Carmen Chacón hizo referencia, unos meses antes, a la voluntad de algunos de dividir la sociedad catalana. El presidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004, José María Aznar, advertía en octubre de 2012 del peligro de ruptura de Cataluña como sociedad, como cultura y como tradición; antes que la unidad de España, dijo, estaba en juego la integridad de Cataluña.

Cinco años más tarde, en julio de 2017, en un encuentro con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó Aznar: «Antes de romperse España, se romperá Cataluña». En el mismo acto, González hizo el siguiente comentario: «El problema de Cataluña no es con España, es con la propia Cataluña». Visto lo visto, ambos tenían razón.

En 2014 surgió Societat Civil Catalana (SCC), una entidad antiindependentista y partidaria de afianzar las históricas relaciones entre Cataluña y España. Fue su primer presidente Josep Ramon Bosch. En el manifiesto de presentación de SCC, de abril de 2014, sus impulsores se comprometían «a trabajar por una Cataluña que lidere una España moderna y europea; una Cataluña orgullosa de su historia y de sus tradiciones, de su riqueza cultural y lingüística, modelo de convivencia plural». Hacían una llamada a los catalanes «a movilizarse por una Cataluña abierta en una España de todos».

La aparición de esta entidad, que fue galardonada en noviembre del mismo año con el Premio Ciudadano Europeo 2014, otorgado por el Parlamento Europeo, puso de manifiesto que una parte de la ciudadanía no nacionalista estaba dispuesta a salir de la espiral de silencio en la que había vivido durante años. La entidad recibió duras críticas desde el primer momento. SCC ha sido acusada, entre muchas otras cosas más, de pretender ser una anti-ANC o la ANC del unionismo. Esta plataforma organizó el 11 de septiembre de 2014, en Tarragona, un modesto acto bajo el lema «Recuperemos el seny, recuperemos la senyera».

La Diada fue, sin embargo, como ya venía siendo habitual en los últimos años, la gran fiesta del independentismo. Con el lema «Vía Catalana» o simplemente «V», la ANC y Òmnium Cultural organizaron en las calles de Barcelona la formación de una inmensa V de cuerpos humanos, que reunió entre casi 2 millones y menos de 500.000 personas, según las fuentes. Esta V significaba, tal como puede leerse en las declaraciones de aquel día y anteriores, «vía», pero también «votar», «voluntad» o «victoria». Era, además, una Diada especial, en el año del tricentenario del final de la guerra de Sucesión, en 1714. La conmemoración de este acontecimiento, clave en toda la construcción del relato nacional-nacionalista en Cataluña —tal como se estudia en la tercera parte—, ocupó mucho tiempo y consumió muchos recursos públicos.

En la exitosa manifestación del 11 de septiembre de 2014, los parlamentos de las presidentas de las dos entidades convocantes, Carme Forcadell, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y Muriel Casals, de Òmnium Cultural, coincidieron en la apelación al Pueblo —con mayúscula— como origen de todo, en esencia, justificación y preeminencia. Afirmó, en este sentido, Forcadell: «Somos un Pueblo y juntos hoy y aquí convocamos la consulta [por la independencia]. Gobierno, Parlamento, presidente: pongan las urnas». Y añadió, en una inevitable referencia histórica —estas no faltan nunca en los discursos de los nacionalistas catalanes—, que «el 11 de septiembre del 1714 es el día en que perdimos nuestras libertades y el de 2014 pasará a la historia como la fecha clave para recuperarlas».

En la misma línea insistió Casals con las palabras siguientes: «¡El Parlament aprobó una declaración de soberanía, hagámosla! [...] La voz del Pueblo está por encima de lo que piensan unos jueces del Tribunal Constitucional». El Pueblo, en definitiva, le pedía al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a las instituciones de Cataluña, a través de las portavoces de dos asociaciones supuestamente representativas, que convocara elecciones y vulnerara la legalidad. Este pueblo estaba por encima de leyes y jueces, más si cabe al tratarse de un «ellos» en oposición a un «nosotros». Carme Forcadell no tenía ninguna duda sobre quiénes lo formaban, como declaró en mayo de 2013: los adversarios eran el PP y C’s, mientras que los restantes eran «el pueblo catalán» que iba a conseguir la independencia.

El populismo, como ha subrayado Xavier Casals, ha impregnado profundamente la política en Cataluña de este nuevo siglo y se encuentra en el centro de las aspiraciones independentistas del nacionalismo catalán. El nacional-populismo exhibido entonces por el propio Artur Mas da buena cuenta de este fenómeno. El mensaje institucional del presidente de la Generalitat, el 11 de septiembre de 2014, era muy interesante, con una nítida apelación desde el presente al pasado, pensando en el futuro:

Es necesario conocer nuestra historia para recordar lo profundas que resultan las convicciones democráticas del pueblo catalán. En unos momentos en los que se quiere menospreciar, desvirtuar e incluso negar nuestro pasado como país, se hace más necesario que nunca conmemorar lo que hemos sido, recordar que la defensa heroica de Barcelona, y de toda Cataluña, hace tres siglos, fue para defender unas leyes que se contaban entre las más avanzadas del momento y que se contraponían al poder absoluto ejercido de manera absoluta. Y que fue precisamente el absolutismo homogeneizador, vencedor de la guerra, el que quiso aniquilar nuestra identidad, nuestra lengua y nuestros usos y costumbres.

Si la sociedad catalana de 1714 era ya democrática, la de hoy también quería «decidir de manera democrática, votando». El Estado estaba todavía a tiempo, afirmaba Mas, de «escuchar el clamor pacífico y democrático de este pueblo». Y, acto seguido, remachaba: «Silenciar la voz de un pueblo que quiere hablar es un error».

CONSULTAS

El referéndum convocado en Gran Bretaña sobre la independencia de Escocia, el 18 de septiembre de 2014, planeó durante muchos meses sobre la política catalana y española. Según el relato oficial en Cataluña, lo que se permitía allá se estaba impidiendo aquí. Los independentistas catalanes querían ser escoceses. Curioso. Cuando yo era jovencito, estos, que eran otros y pocos, aunque ruidosos, entonaban en las manifestaciones y concentraciones «La autonomia que ens cal / és la de Portugal», esto es, que la autonomía que realmente deseaban era la de Portugal. Era otra época. Parece que en la segunda década del siglo XXI ya no quieren que su Cataluña sea como Portugal, sino más bien como Escocia. Además de las razones de inmediatez política, en el descarte del vecino portugués no puede obviarse la influencia, en una comunidad en la que el Barça es más que un club, de la «traición» de Luis Figo y de la crispación provocada por José Mourinho en su paso por el banquillo del Real Madrid. Ya no parece políticamente correcta, en medios nacionalistas y nacionalizados, la identificación luso-catalana.

Los casos catalán y escocés, no obstante, poco tenían que ver. El líder nacionalista Alex Salmond insistía en ello siete días antes del referéndum: lo que estaba ocurriendo en Cataluña, declaraba, «no pienso que tenga nada que ver con lo que está pasando en Escocia». Y, acto seguido, añadía que la diferencia clave entre ambos casos era el acuerdo o no para la celebración de una consulta. Conseguir un entendimiento era, desde su punto de vista, «la mejor manera de llevar a cabo un referéndum de independencia». Legalidad frente a la ilegalidad: esta era la diferencia fundamental entre ambos casos.

Tampoco se parecían en nada las preguntas formuladas: una interrogación clara en Escocia versus una doble cuestión, especialmente enrevesada, en Cataluña. El marco constitucional de referencia —la existencia o carencia de texto escrito— y la historia, a veces invocados, resultaban bien distintos. Mientras que Escocia formaba parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda desde principios del siglo XVIII, Cataluña estuvo integrada en la monarquía hispánica desde finales del siglo XV y, con anterioridad, en la Corona de Aragón. Nunca fue un Estado independiente.

Ni Mas era Salmond, ni Rajoy era David Cameron. Mientras que el presidente de la Generalitat y CiU carecían de solera independentista, con una conversión reciente, el Partido Nacional Escocés (SPN) era, desde tiempo atrás, explícitamente separatista. Salmond había desarrollado parte de su carrera política en Londres, en el espacio británico, mientras que Mas nunca se ha movido políticamente de tierras catalanas. Como escribía Valentí Puig en uno de sus excelentes artículos, este último ni conoce en exceso la naturaleza del Estado, ni es comparable en experiencia parlamentaria a Jordi Pujol, Josep Antoni Duran i Lleida o Francesc Cambó.

De manera paralela, la extremada prudencia o pasividad de Rajoy contrastaba con la imprudencia de Cameron, que desperdició la posibilidad de una negociación sobre más autogobierno por querer ganar por goleada, forzando un debate y un voto sobre la independencia, además de haber dejado escapar la ventaja que tenía en todos los sondeos. Cameron convirtió, como recordaba entonces José Antonio Zarzalejos, el problema escocés en otro frente abierto en una Europa en crisis.

El triunfo del no en el referéndum del 18 supuso una gran decepción para los catalanes independentistas. Resulta necesario pensar estos conflictos en el marco de la Unión Europea. Distintos movimientos se miran con atención unos a otros para persistir o rectificar sus respectivas hojas de ruta. Ello resulta válido para los nacionalismos de Escocia y Cataluña, pero también en los casos del País Vasco, de la denominada Padania o de Córcega. Los Estados buscan, asimismo, apoyos de otros Estados para contrarrestar estas tendencias. En este sentido, el proceso catalán constituye, más allá de un tema español, un problema europeo.

Piénsese, por ejemplo, en las conexiones recientes entre los casos catalán y vasco. Desde Cataluña se siguieron atentamente las vicisitudes del llamado Plan Ibarretxe, que terminó en fiasco. Cuando los peneuvistas, con Iñigo Urkullu al frente, recuperaron la Lehendakaritza en 2012, tras la etapa del socialista Patxi López, frenaron todas las iniciativas secesionistas —la experiencia del órdago de Juan José Ibarretxe resultaba, en este sentido, decisiva—, desmarcando totalmente el caso vasco del catalán, como mínimo hasta conocerse el alcance de la vía emprendida por los impulsores del proceso. Las bondades de una sociedad sin atentados y con buenas infraestructuras y calidad de vida, bien financiada a través del cupo, justificaban la prudencia peneuvista.

Sea como fuere, el 9 de noviembre de 2014 (9-N) tuvo lugar un simulacro de referéndum sobre la independencia de Cataluña. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados, en abril, a la petición de la cesión de la competencia para convocar y celebrar referéndums, el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó, el 19 de septiembre, una ley de consultas. Fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el 27, y, al día siguiente, Artur Mas firmaba el decreto de convocatoria de la consulta. El proceso fue suspendido de forma cautelar, el 29 de septiembre, tras la aceptación a trámite por parte del Tribunal Constitucional de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno español contra el decreto de convocatoria de la consulta y de una parte de la Ley del Parlament 10/2014 de consultas populares. El 14 de octubre, el presidente de la Generalitat anunció públicamente su intención de realizar una consulta alternativa usando recursos institucionales, pero con la colaboración de voluntarios, asociaciones civiles y al amparo de parte de la Ley de Consultas que no había sido suspendida. El Gobierno catalán se comprometió a financiar e impulsar lo que rebautizó como «proceso participativo». A pesar de una nueva suspensión, se siguió adelante con el referéndum de independencia.

La participación en la consulta no llegó al 40 por ciento, pese a que votaron menores de 18 años e inmigrantes. Optaron por el sí algo más de 1,8 millones de personas. Los resultados del 9-N, muy destacables, mostraron, sin embargo, a sus impulsores que la fuerza del independentismo era algo menor de la esperada y, en cualquier caso, insuficiente para seguir adelante sin algunos cambios y ligeros replanteamientos con el procés. Las denuncias contra esta consulta no autorizada han culminado, a fines de septiembre de 2017, con la reclamación por parte del Tribunal de Cuentas de sumas millonarias por desvío de fondos públicos a los principales organizadores, con Artur Mas, Irene Rigau, Francesc Homs y Joana Ortega a la cabeza.

Los efectos del 9-N supusieron, a pesar de las declaraciones en sentido contrario de los líderes nacionalistas, un freno parcial de las movilizaciones independentistas y una cierta sensación de desconcierto entre la ciudadanía. Mientras tanto, en el campo más estrictamente político, hicieron su aparición o bien se agravaron las batallas de liderazgo, las pugnas y purgas internas: en CiU, por ejemplo, con grandes tensiones entre convergentes y seguidores de Duran i Lleida, que acabaron por dinamitar la coalición, y también en el seno de un PSCPSOE en preocupante declive. El sueño independentista, asimismo, disimulaba cada vez más ineficazmente las manifiestas limitaciones políticas para gobernar.

6

OCHO SEGUNDOS Y 155 RAZONES

Los independentistas catalanes mostraron en la Diada de 2015, de nuevo, por cuarto año consecutivo, una gran capacidad de movilización. El lema: Via Lliure, vía libre. Aquel 11 de septiembre se llenaron los cinco kilómetros y doscientos metros de la avenida Meridiana, en un ambiente bastante familiar. Asistió mucha gente de fuera de Barcelona, que se había trasladado a la capital sobre todo en autocares. Todo estaba controlado. Abundaban las banderas estrelladas y los gritos a favor de la independencia, con su forma habitual: «In…, Inde…, Independència». Centenares de castellers, llegados de toda Cataluña, amenizaron la tarde levantando castillos humanos a lo largo de todo el recorrido.

Una suerte de puntero gigante amarillo, de sesenta kilos de peso, circuló por la parte central de la Meridiana, apuntando al Parlamento de Cataluña y marcando simbólicamente el camino a la independencia. Los participantes siguieron con disciplina estricta, como buenos fieles, los preceptos de los organizadores y de los voluntarios: vistieron camiseta blanca, se instalaron en la zona que se les había asignado previamente y, asimismo, mostraron en alto cartones de distintos colores, en forma de puntero, cuando pasaba por su zona el puntero gigante. Otra gran performance, al fin y al cabo, minuciosamente concebida y bien ejecutada. La ANC ofrecía un pack Via Lliure, que contenía la camiseta alba y un puntero genérico para ser pintado, además de alguna otra cosilla. No era obligatorio comprarlo, anunciaban, pero sí conveniente; en 2017, en cambio, denunciaron la competencia de chinos y otros copiones, así como a los que se escaqueaban y buscaban imitaciones de los productos oficiales, o bien ahorraban y se lo hacían ellos mismos.

Los colores de los punteros correspondían a los futuros ejes de la República Catalana y se organizaban por tramos, en los que se distribuían los fieles según su comarca de procedencia. Así, por ejemplo, el puntero de cartón naranja —color del eje Cultura y educación— correspondía a las comarcas del Alto Ampurdán, la Garrotxa y la Selva. Los participantes del Bajo Llobregat, en cambio, lucían un puntero amarillo —el color del eje Democracia—, junto con los que procedían de los territorios del resto de los soñados Países Catalanes, esto es, la llamada Cataluña norte, Valencia e Islas Baleares.

La televisión pública autonómica no se perdió ningún detalle aquel día y reprodujo, una vez y otra, las imágenes en los que siguieron. Ante algunas críticas sobre partidismo y adoctrinamientos varios, el director de TV3, Eugeni Sallent, respondió vía Twitter: «Servicio público, derecho a la información». Los organizadores afirmaron que habían estado presentes dos millones de personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona cifraba la asistencia en 1.400.000 y en algo más de medio millón la Delegación del Gobierno en Cataluña. Entre los periodistas existía un cierto consenso a la hora de señalar que los participantes eran menos que en Diadas precedentes.

En los parlamentos finales intervinieron Quim Torra y Jordi Sànchez, sustitutos respectivos de Muriel Casals de Òmnium Cultural y de Carme Forcadell de la ANC —candidatas en las elecciones del 27S por Junts pel Sí—. Mientras que Quim Torra hizo referencia a que conformaban la «revolución de las sonrisas», un manido tópico procesual, Jordi Sànchez fue un poquito más original: «Somos el movimiento democrático más potente de Europa».

Autopercepciones al margen, entre las afirmaciones que Jordi Sànchez hizo aquel día, entre el acto y la atención a la prensa, que las reproducía con leves variantes, merecen ser destacadas un par. La primera, en razón de su contundencia, pronunciada a las 18.31 horas: «Hemos decidido que nos vamos. Y lo haremos tan rápido como podamos, con la legitimidad de la calle y el mandato de las urnas». La segunda, por repetir por enésima vez a fin de mantener intacta la fe de los feligreses, quizás algo sorprendidos y seguro que muy indignados por las últimas noticias llegadas de tierras del norte sobre la salida de la Unión Europea de una Cataluña independiente: «Europa no podrá dar la espalda a las urnas». La puesta en escena, iniciada a la hora oficial de los nacionalistas catalanes, esto es, las 17.14, concluyó con el canto colectivo del himno Els segadors.

Las elecciones autonómicas del 27 de septiembre estaban en la cabeza y en la boca de todos. Los aspirantes a diputados de Junts pel Sí y la CUP no faltaron. Oriol Junqueras aseguró que iban a hacer todo lo posible para que fuera la última Diada antes de la independencia. De hecho, uno de los carteles anunciadores rezaba: «11S > 27S. Guanyem la República Catalana». El puntero de marras señalaba claramente las urnas. Artur Mas, por si no quedaba claro, lo recordó en una comparecencia tras haber recibido a los organizadores del acto en el palacio de la Generalitat y felicitarlos a ellos y a todos los catalanes asistentes: «En la calle se influye y en las urnas se decide». No había acudido a la manifestación a fin de preservar, según se comunicó, su rol institucional, pero su discurso de antes de cenar fue de una gran dureza contra Mariano Rajoy y su Gobierno. La sinergia entre el Gobierno de la Generalitat, CiU, ERC, la ANC y Òmnium Cultural era clara. Todos formaban parte de la candidatura de Junts pel Sí.

La utilización partidista de la Diada fue muy criticada por los demás grupos políticos. El socialista Miquel Iceta reclamó una Diada «de todos los catalanes», mientras que el popular Xavier García Albiol acusaba al Gobierno de Mas y a los independentistas de «expulsar» al resto de los catalanes de esta festividad. En otra línea, Inés Arrimadas, de C’s, recordó, a los que identificaban a los movilizados con Cataluña, que millones de catalanes «se han quedado en casa». Y, finalmente, Andrea Levy, del Partido Popular, aseguraba que Cataluña era mucho más plural de lo que se había visto aquel día.

LA PAPELERA DE LA HISTORIA

Por encima de todo, 2015 fue un año marcado por la convocatoria de los ciudadanos a las urnas: autonómicas en Andalucía (marzo), municipales y autonómicas (mayo), autonómicas en Cataluña (septiembre) y, por último, en diciembre, elecciones generales. La imposibilidad de elegir un presidente del Gobierno de España obligó, además, a repetir estos últimos comicios en junio de 2016. Los abusos electorales provocaron, como seguramente no podía ser de otra manera, resacas tremebundas.

No debe olvidarse que, ya en mayo de 2014, se habían celebrado las elecciones europeas, que tuvieron notables efectos sobre la política interna. Con una participación de más del 45 por ciento del censo, los distintos partidos y coaliciones obtuvieron los resultados siguientes en número de puestos: PP (16), PSOE (14), Izquierda Plural (6), Podemos (5) —un movimiento creado el mismo año 2014, dirigido por el politólogo Pablo Iglesias—, UPyD (4), Coalición por Europa (3) —suma de CiU, Reagrupament, PNV, Coalición Canaria y Coalición por Galicia, liderada por Tremosa—, Esquerra pel Dret a Decidir (2), Ciudadanos (2) —uno de los escaños, para el escritor catalán Juan Carlos Girauta—, Los Pueblos Deciden (1) —EH Bildu y BNG— y Primavera Europea —Compromís, Equo, CHA, etcétera— (1).

En Cataluña se impuso Esquerra pel Dret a Decidir (EPDD), que integraban ERC, la Nova Esquerra Catalana que impulsaba el exsocialista Ernest Maragall, hermano de Pasqual y consejero en sus Gobiernos, y Catalunya Sí. Solamente en la provincia de Lérida les superó Coalición por Europa. Los eurodiputados de EPDD fueron la pareja Josep Maria Terricabras y Ernest Maragall, que protagonizaron por aquel entonces un spot electoral bastante patético que provocaba algo de risa sin pretenderlo y, sobre todo, vergüenza ajena. El filósofo y político de ERC Josep Maria Terricabras, persona taimada y bastante fanática, ha sido muy activo a lo largo del proceso. La voluntad de internacionalizarlo en Bruselas le ha llevado a coquetear con lo peor del nacional-populismo europeo.

Al margen de la exigua victoria del partido en el Gobierno, parcialmente castigado por los votantes por la gestión de la crisis y los casos de corrupción, estos comicios resultaron decisivos en, como mínimo, tres aspectos: mostraron las primeras fisuras serias en el edificio del bipartidismo construido desde la misma Transición democrática; los malos resultados y el cuestionamiento del papel central del socialismo en la izquierda provocaron una sacudida interna en el PSOE, que tuvo sus efectos sobre un PSC descompuesto, y por último, los dos elementos anteriores generaron mucha inquietud en la Casa del Rey y entre aquellos que estaban trabajando en la abdicación, por aquel entonces sin fecha fija, de Juan Carlos I, y obligaron, en consecuencia, a acelerar los preparativos y anunciar la noticia a los españoles el día 2 de junio.

En las distintas elecciones del año 2015 tuvieron lugar cambios significativos. En marzo, las elecciones al Parlamento andaluz dieron nuevamente la victoria al PSOE, pero Susana Díaz se vio en la obligación de pactar con Ciudadanos para gobernar. En los comicios municipales y autonómicos del 24 de mayo, los principales partidos españoles tuvieron notorias caídas de voto e irrumpieron con fuerza nuevas formaciones. En la ciudad de Madrid, Manuela Carmena, cabeza de lista de Ahora Madrid, con la ayuda socialista, ocupó la alcaldía sustituyendo a la popular Ana Botella. En Barcelona, a su vez, Ada Colau, de Barcelona en Comú, fue la más votada y, gracias a distintas alianzas con las izquierdas, desplazó al convergente Xavier Trias y fue elegida alcaldesa de la capital catalana.

El 27 de septiembre se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña. Pretendían los convocantes que el 27-S se convirtiera en un gran hito del futuro calendario de la patria, otorgando a estos comicios el carácter de plebiscitarios. En la firma del decreto de convocatoria, el 3 de agosto, Artur Mas aseguró que era posible «hacer del próximo 27 de septiembre una fecha señalada de nuestra historia». Y también declaraba: «Estamos ante una situación excepcional que requiere decisiones también excepcionales».

En aquellos primeros días del mes de agosto, el president iba a argumentar que debía considerarse el 27-S como una continuación del 9-N del año anterior, puesto que se trataba «de contarnos, de cuántos están a favor del sí y del no». Cierto es que formalmente las elecciones eran autonómicas, pero, añadía de forma algo petardista, que «si los partidarios y la gente les quiere dar carácter plebiscitario, jurídicamente no se puede parar». Exigió asimismo que, a diferencia de 2012, no hubiera guerra sucia. Todo por el proceso, a fin de cuentas, ya que, en palabras de Mas, «tenemos derecho a la legítima defensa».

Era, en cualquier caso, la tercera vez en un lustro que los catalanes acudían a las urnas para elegir a los miembros del Parlament y para tener presidente y Gobierno de la Generalitat. Los argumentos sobre la excepcionalidad del momento y las necesidades de avanzar en el proceso no casaban del todo bien con unas realidades en las que emergía una clara incapacidad para gobernar. La confusión entre los partidos políticos y las instituciones, por un lado, y las poderosas entidades independentistas, por otro, resultaba, cuando menos, preocupante.

En los comicios al Parlament del mes de septiembre se impuso la coalición Junts pel Sí (JxS), formada por CDC —ya definitivamente «liberada» de la Unió de Duran i Lleida—, ERC e independientes y figuras de ANC u Òmnium. Obtuvo 62 diputados, aunque sin mayoría absoluta. Abría la lista de Barcelona Raül Romeva, seguido por Carme Forcadell, Muriel Casals, Artur Mas y Oriol Junqueras. Destacaba, entre los candidatos, el cantautor jubilado e independentista radical Lluís Llach. El aspirante a la presidencia era Mas, pero cedía preferencia, simbólicamente —o quizás no tanto—, a representantes de la sociedad civil. C’s, con 25 escaños e Inés Arrimadas al frente, se convirtió en la segunda fuerza parlamentaria, seguida del PSC de Miquel Iceta con 16. El resto se repartieron de la manera que sigue: 11 para Catalunya Sí que es Pot (CSQP) y el mismo número para el PP, y 10 para la CUP. Unió Democràtica de Catalunya (UDC), tras la ruptura de la coalición CiU, se quedó fuera del hemiciclo catalán.

La activista Carme Forcadell, antigua dirigente de ERC y de la ANC, se convirtió en presidenta del Parlament. Al día siguiente, 27 de octubre, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP registraron una propuesta de declaración en la que instaban a hacer público «solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República». El 5 de noviembre de 2015, el Tribunal Constitucional admitió a trámite, por unanimidad, los recursos presentados por Ciudadanos, PSC y PP contra la decisión de la Mesa del Parlamento catalán de someter a debate y votación la resolución independentista. Ciudadanos y PP solicitaban, además, la suspensión cautelar del pleno en el que se iba a debatir la resolución, pero esta medida fue desestimada por el Tribunal.

En cualquier caso, la resolución fue aprobada el 9 de noviembre con 72 votos a favor y 63 en contra. El mismo día, Mariano Rajoy inició los trámites para elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pidiendo un informe al Consejo de Estado. Al día siguiente, este se pronunció favorablemente a su presentación, lo que hizo, el 11 de noviembre, la Abogacía del Estado. El Tribunal Constitucional iba a admitirlo ese mismo día a trámite y suspendió la resolución. El 2 de diciembre de 2015, el Tribunal Constitucional, por unanimidad, declaró inconstitucional la declaración del Parlamento.

Dos grandes bloques, aunque bastante heterogéneos, se iban perfilando a partir del eje del sí o el no a la independencia de Cataluña. El crecimiento de Ciudadanos, opuesto frontalmente al proceso, era muy notable. El candidato de Junts pel Sí a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, no consiguió apoyos suficientes para la investidura, ante la negativa a votarle de los diputados de la CUP, también ferviente partidaria de la secesión, amén de anticapitalista y antisistema. Artur Mas tuvo que ceder el puesto a otro miembro de su formación.

La elección de Carles Puigdemont, alcalde de Gerona y veterano independentista —no un converso reciente, a lo Mas— como nuevo president estuvo precedida por un conjunto de hechos que contribuyeron a desprestigiar parcialmente a la máxima institución catalana: presiones callejeras, declaraciones sobre corregir en la negociación lo que no se obtiene en las urnas, una bochornosa subasta de la presidencia de la Generalitat, voluntad de erosionar el sistema por parte de la CUP ante la impasible mirada de aquellos que necesitaban sus votos y, por último, la humillación del propio Mas, vulgarmente tirado a la «papelera de la historia» por el diputado cupaire Benet Salellas. La Generalitat estaba ya bastante tocada por casi tres lustros de relativo desgobierno, por el caso Pujol y otras corrupciones —desde el tan mentado 3 por ciento hasta el saqueo del Palau de la Música y el embargo de la sede central de Convergència, sin olvidar algunos casos como el Pretoria o el de la ITV—, por los desafíos recurrentes a la legalidad y, por último, por la propia deriva soberanista.

CARLES PUIGDEMONT

¿Por qué Carles Puigdemont? Las explicaciones que han circulado son de muy distinto cariz. Y no pocas las personas implicadas en su promoción, desde David Madí como gran muñidor hasta el periodista José Antich o Pilar Rahola, sin olvidar la conexión gerundense de los hermanos Benet y Lluc Salellas. Ha habido rumores para todos los gustos.

Avanzo un par de razones que me parecen esenciales. Primera: Puigdemont era un independentista de toda la vida, a diferencia de otros candidatos convergentes, una circunstancia que lo convertía en no solamente aceptable, sino deseable para ERC, la CUP y para las influyentes entidades civiles. Con estas últimas había trabajado frecuentemente codo a codo. Desde mediados de 2015 presidía, además, la AMI. Segunda, y complementaria: Puigdemont era un político gris, mediocre como diputado y como alcalde. Todos pensaron que era la opción ideal en aquel momento: manipulable e influenciable, tanto para Junqueras y ERC como para la CUP, e incluso, para los suyos, en especial Artur Mas, que no descartaba volver tras un amargo paréntesis, u otros miembros de CDC con altas aspiraciones.

No contaron, sin embargo, con que Carles Puigdemont podía superarlos a todos en radicalidad, terquedad, temeridad y vocación martirial. Acabó siendo, incluso para sus propios compañeros de partido, como ha revelado Joan Coscubiela en una entrevista en La Vanguardia, el «pastelero loco» (el término admite una doble lectura, tanto de habilidad en el pasteleo político como de referencia a la pastelería familiar de Amer). Sea como fuere, la observación de Manuel Chaves Nogales, en marzo de 1936, que he citado al final del capítulo 2, resulta aquí también válida: «Reconozcamos que Cataluña tiene esta virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya que no puede hacer de ellos perfectos estadistas».

El presidente Puigdemont acabó siendo, desde finales de 2017, una de las grandes atracciones turísticas de Bélgica, junto con el Manneken Pis. A diferencia de este último, sin embargo, sus chorritos contienen el agua bendita necesaria para la soñada secesión. De ahí tantas peregrinaciones de fieles y sacerdotes de la causa a la capital belga. Así nos va. No adelantemos por el momento, sin embargo, acontecimientos.

Nacido en Amer, provincia de Gerona, en 1962, Carles Puigdemont Casamajó, casado y con dos hijas, es, como ya ha sido dicho, un convencido independentista de toda la vida. Incluso se ha asegurado que su familia era ya «ferma», en referencia a una manera de ser y estar en la línea de la más de pura cepa nacionalista. Obvian, evidentemente, la deserción de su abuelo durante la Guerra Civil o bien la militancia falangista de algún que otro pariente. Puigdemont ha centrado la mayor parte de su vida pública en el periodismo, la comunicación y, especialmente en la última década, la política. Su currículum vitae ha sido objeto de algunas polémicas. Se presentaba como filólogo y periodista y en muchos medios aparecía, en sus inicios laborales, como licenciado en Filología y en Periodismo. En realidad, su formación era de bachiller. Cursó los estudios básicos y el bachillerato en su pueblo natal y, a continuación, en el internado del Collell.

Empezó la carrera de Filología Catalana en el Colegio Universitario de Gerona, pero abandonó los estudios para «dedicarse al periodismo», aunque algunas fuentes señalan igualmente como causa el grave accidente de coche que sufrió en 1983 y cuyas secuelas disimula, en parte, con su tan comentada melena. Comoquiera que sea, una vez descubierto el engaño, el Diari de Girona le ha seguido tratando como filólogo «de formación aunque no haya acabado la carrera». Por lo que a la profesión periodística se refiere, accedió a ella, como muchas otras personas en esa época, no vía licenciatura, sino por acreditación del ejercicio de esta profesión durante un mínimo de dos años. A los dieciséis años ya ejercía de corresponsal para el periódico Los Sitios, de Gerona, y enviaba, entre otras, crónicas futbolísticas. En 1981 empezó a trabajar en el diario El Punt, del que acabó siendo redactor jefe.

En sus años universitarios, Carles Puigdemont fue activista de la Crida y uno de los fundadores de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), la rama joven de la Convergència pujolista, en Gerona. Se cuenta que a los diecisiete años acudió, acompañado por su tío y padrino Josep, primer alcalde democrático de Amer y afiliado a CDC, a un mitin de Jordi Pujol. Poco después iba a solicitar el carné del partido. Participó, asimismo, en la organización de actos de apoyo a los independentistas detenidos en la operación de Garzón y otros jueces en 1992 (véase supra). No fue, en ningún caso, un peso pesado en la política gerundense, más allá de su convivencia y amistad con el ala más independentista del nacionalismo, en el entorno de la Llibreria Les Voltes. Entre 2002 y 2004 dirigió la Casa de Cultura de Gerona, en un cargo de designación política ofrecido por Carles Pàramo, presidente convergente de la Diputación y alcalde de Rosas. En 2006 resultó elegido diputado en el Parlament por la circunscripción de Gerona, y, al año siguiente, concejal en el Ayuntamiento de esta ciudad. Fue por aquel entonces cuando empezó a dedicarse de pleno a la política.

La periodista Elianne Ros, con quien Puigdemont convivió durante cinco años, ha recordado: «Vivía el independentismo, cuando casi nadie era independentista, con absoluta normalidad». Las anécdotas indepes de Puigdi, como le conocen sus amigos y compañeros, han sido contadas una y mil veces. Algunas, explicadas por personas cercanas y periodistas, se recogen en el libro Puigdemont, el president @KRLS (2016), de Jordi Grau y Andreu Mas. Viajó durante años, por ejemplo, con un DNI catalán para hacer patria, que mostraba, si nadie caía en el engaño, en hoteles en el extranjero. Cuando usaba la autopista siempre pasaba por debajo de las señalizaciones que indicaban «peatge», en catalán, y nunca peaje: «Por si nos cuentan», explicaba. Para ir a Madrid en avión no utilizaba el puente aéreo, sino que prefería otras combinaciones, aunque fueran más caras y largas —un Barcelona-Bruselas-Madrid, pongamos por caso—, ya que esta treta le permitía entrar en la capital de España por la puerta de vuelos internacionales.

A lo largo de casi tres décadas, la actividad profesional de Carles Puigdemont estuvo relacionada, básicamente, con el sector de la comunicación. Es autor del libro Cata... què? Catalunya vista per la premsa internacional (1994) y de diversos ensayos sobre comunicación y nuevas tecnologías. Ha colaborado de manera habitual en los medios. Ejerció como primer director de la Agència Catalana de Notícies, la agencia de noticias pública de la Generalitat, y como director general de Catalonia Today, un periódico catalán escrito en inglés que él mismo contribuyó a impulsar, ayudado básicamente por las subvenciones públicas otorgadas entre 2004 y 2010 por la Generalitat. Era un periódico moderno e innovador, publicado en una Cataluña ídem, que se daba a conocer al mundo absolutamente desmarcada de España. Catalonia Today fue dirigido después por su esposa Marcela Topor, a quien conoció en su etapa como director de la Casa de Cultura cuando ella acudió a Gerona como integrante de un grupo de teatro amateur rumano.

Tras cuatro años de concejal y portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Gerona, en 2011 se convirtió en alcalde de la ciudad. Cuatro años antes, en 2007, había sido ya candidato algo sorpresivamente, en sustitución del abogado Carles Mascort, que se desmarcó por un oscuro caso de amenazas a su familia. Como hemos visto más arriba, en 2015 devino presidente de la AMI. En el Parlamento de Cataluña representó a CiU durante tres legislaturas, de 2006 a 2015, y a Junts pel Sí a partir de 2015. En enero de 2016 se convirtió, tras la situación kafkiana —con permiso de Kafka, de nuevo— creada en Cataluña tras las elecciones del 27-S, en presidente de la Generalitat.

GOBIERNOS Y PARTIDOS

Aunque en 2014 y 2015 empezaran a notarse cambios positivos en los grandes datos, como el crecimiento moderado del PIB o la disminución de las tasas de paro —España seguía siendo, sin embargo, uno de los países con mayor tasa de desocupación en la Unión Europea—, los niveles de afiliación a la Seguridad Social de finales de 2008 no se recuperaron hasta mediados de 2017. La tasa de paro en Cataluña bajó del 23,1 por ciento de 2013 al 15,7 por ciento, en 2016. La atención prestada a la economía por los equipos de Mariano Rajoy parece lógica si tenemos en cuenta la situación en la que España se encontraba, pero es igualmente cierto que la poca dedicación a las relaciones internacionales y a la presencia española en el mundo, o bien a la política —en el sentido amplio de hacer política, que comprende mucho más que la simple gestión— no ha beneficiado a medio y largo plazo a España, ni en el exterior ni en el interior. Las evoluciones de la apuesta independentista en Cataluña constituyen una clara muestra de ello.

La legislatura 2011-2015 estuvo marcada por las investigaciones sobre corrupción: el caso Gürtel, que afectaba a miembros en activo o no del PP, y el de los ERE en Andalucía, con numerosos miembros de la Administración y Gobiernos del PSOE de las etapas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicados, que se sumaban al caso 3 por ciento en Cataluña, que tocaba de lleno al universo convergente. Ponían de manifiesto la baja calidad moral de una parte de la clase política y la inadecuación del sistema de financiación de los partidos, al tiempo que servían de acicate para la consolidación de nuevos proyectos políticos y para el ascenso de los populismos.

Las nuevas elecciones generales tuvieron lugar el 20 de diciembre de 2015. El PP, encabezado de nuevo por Mariano Rajoy, venció en los comicios, pero lejos de la mayoría absoluta. De 186 diputados en el Congreso pasó a 123. Con 90 escaños, 20 menos que en las anteriores elecciones, el PSOE de Pedro Sánchez se posicionó en segundo lugar. Podemos obtuvo 42 diputados, a los que hay que añadir los de las formaciones con las que había establecido acuerdos, las llamadas confluencias, como Compromís (Comunidad Valenciana), En Marea (Galicia) o En Comú (Cataluña), lo que hacía un total de 69. Ciudadanos, el partido dirigido por Albert Rivera, consiguió 40 y más de 3,5 millones de votos. Rivera, una figura política en claro ascenso, había sido diputado en el Parlamento catalán desde 2006 hasta 2015. Los independentistas catalanes de ERC sumaron 9 escaños, 8 la marca de Convergència (Democracia y Libertad) —los casos de corrupción pasaban factura a la imagen de la formación y disimular las siglas históricas era un pequeño alivio—, 6 el PNV, 2 IU, 2 EH Bildu y 1 CC-PNC.

El socialista vasco y exlehendakari Patxi López fue elegido presidente del Congreso. La undécima legislatura iba a ser corta. De las tres rondas de consultas del rey Felipe VI con las formaciones políticas acabaron resultando un par de negativas de Rajoy a someterse a la investidura por falta de apoyos suficientes y un intento fallido de Pedro Sánchez, a principios de marzo, al no lograr la mayoría parlamentaria requerida. Recibió el apoyo de Ciudadanos, pero tanto el PP como Podemos se opusieron, con la mirada ya puesta en unas nuevas elecciones. En los meses finales de 2015 y toda la primera parte del año 2016 funcionó, en definitiva, un Gobierno interino encabezado por Mariano Rajoy, con las limitaciones subsiguientes —toma de iniciativas, gasto e inversiones, política exterior—, en unos momentos todavía delicados como consecuencia de las crisis.

La imposibilidad para construir una mayoría parlamentaria para formar gobierno acabó obligando a convocar unas nuevas elecciones para el domingo 26 de junio de 2016. No hubo cambios demasiado significativos. Ni se disparó la abstención, como algunos vaticinaban, ni el PP perdió fuerza, sino más bien lo contrario. Esta formación pasó de 123 a 137 escaños en el Congreso. Los otros tres principales partidos, en cambio, se quedaron prácticamente igual o bien empeoraron los resultados del año anterior. El acuerdo seguía siendo casi imposible. La tensión, tras tantos meses de interinidades, llegó a niveles preocupantes. Tener que ir de nuevo a las urnas inquietaba no solamente a los españoles, sino también a las instituciones europeas y a los mercados mundiales. Rajoy fue propuesto por el rey Felipe VI, pero la investidura no fue otorgada por el pleno del Congreso el 2 de septiembre.

El radical «no es no» de Pedro Sánchez acabó por fracturar al socialismo. Los cruces de acusaciones y reproches y, al final, la dimisión de 17 miembros de la ejecutiva para presionar al secretario general para que con la abstención favoreciese la elección de un presidente del Gobierno, hicieron del congreso federal del 1 de octubre uno de los más agitados de la historia centenaria del PSOE. Los hechos de aquel día en la sede central socialista de la calle Ferraz terminaron con la dimisión de Pedro Sánchez. Una comisión gestora, presidida por Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, iba a pilotar la formación; contaba, en especial, con el apoyo decidido del poderoso PSOE andaluz.

El 29 de octubre de 2016, casi en el último momento que marcaban los plazos legales, Mariano Rajoy se convirtió nuevamente, en segunda votación, gracias al voto favorable de Ciudadanos y de Coalición Canaria y a la abstención de 68 diputados socialistas —15 optaron por el no, 7 de ellos del PSC—, en presidente del Gobierno español. Empezaba la XIIª legislatura de la democracia y atrás quedaban más de 300 días de provisionalidad. Esta larga etapa dio alas al proceso.

Regresemos, en este punto, unos meses atrás. El domingo 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont fue elegido nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Los retos del mandatario iban a ser mayúsculos si deseaba aterrizar en la realidad y abandonar la ficción en la que parecía haberse instalado la política catalana. Las cosas no fueron, sin embargo, en esta línea. Más bien todo lo contrario. Torpeza e irresponsabilidad han ido de la mano, una vez tras otra, en los meses de mandato puigdemonista.

El nuevo Gobierno, que debía durar, según las declaraciones hechas en aquellos días por sus principales líderes, unos dieciocho meses —el paraíso se encontraba cada vez más cerca—, estaba integrado por Oriol Junqueras (vicepresidente, además de Economía y Finanzas), Raül Romeva (Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia), Neus Munté (Presidencia y portavoz del Gobierno), Jordi Jané (Interior), Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia), Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad), Jordi Baiget (Empresa y Conocimiento), Meritxell Serret (Agricultura), Dolors Bassa (Bienestar, Trabajo y Familia), Antoni Comín (Sanidad), Santi Vila (Cultura) y Meritxell Ruiz (Enseñanza).

Todos eran miembros de CDC o bien de ERC, casi mitad y mitad. Toni Comín procedía del maragallismo y Raül Romeva de la antigua izquierda más o menos unida, mientras que Santi Vila dejaba la Consejería de Territorio a Josep Rull y, en cambio, se convertía en consejero de Cultura. Al cabo de poco tiempo, el Tribunal Constitucional suspendió el nombre de la Consejería de Asuntos Exteriores.

La acción del Gobierno catalán, presionado permanentemente por los antisistema de la CUP y sus imprescindibles escaños para la gobernabilidad, se dirigió a la organización de un referéndum de independencia. En julio, el Parlament aprobó las conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. El lema de las actividades reivindicativas del 11 de septiembre, organizadas de nuevo por ANC y Òmnium con apoyo decisivo gubernamental, fue «A punt» —a punto— y estuvieron descentralizadas en cinco localidades: Barcelona, Berga, Lérida, Salt y Tarragona. La asistencia disminuyó de nuevo con respecto a convocatorias anteriores.

En los meses finales del año 2016, tanto el Gobierno como el Parlamento catalanes ocuparon buena parte del tiempo en discusiones, resoluciones y declaraciones sobre el referéndum de independencia que debía celebrarse al año siguiente. Al final, fue convocado, en junio de 2017, para el día 1 de octubre del mismo año, un domingo. A pesar de que desde distintas instancias —europeas, estatales, regionales, locales— se hubiera puesto en evidencia la ilegalidad, el carácter inconstitucional y antidemocrático de esta consulta, Carles Puigdemont manifestó su voluntad de llegar hasta el final. La equivalencia entre votar y democracia fue repetida por los independentistas hasta la saciedad, olvidando claramente o ignorando de manera deliberada que también las dictaduras, como el franquismo, organizaban referéndums y elecciones. El relato del proceso brilla por su simplicidad y por su eficacia.

Un elemento que enrareció el ambiente desde mediados de 2016 fue la llamada Operación Cataluña. En julio de aquel año, el comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, reveló que había trabajado junto con Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de este cuerpo de seguridad, para poner en marcha un grupo dedicado a buscar información comprometedora sobre políticos de CDC y ERC con el objetivo de frenar el proceso independentista. La trama incluía pruebas falsas, manipulación de datos, informes irregulares, agentes secretos, filtraciones a la prensa o amenazas para obtener información comprometedora.

Los datos difundidos implicaban al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, o al director adjunto de la Policía Nacional, Eugenio Pino. El Parlamento de Cataluña —y también el Congreso de los Diputados— creó una comisión de investigación que dio mucho que hablar y permitió sostener que la guerra sucia era una realidad. Se ha hablado mucho de «policía patriótica». La incompetencia, las extralimitaciones y los errores de unos, a fin de cuentas, daban vitaminas a otros.

El proceso ha sido un gran devorador de partidos. El sistema político catalán se parece muy poco al de la primera década del siglo XXI y, menos aún, al de finales de la centuria precedente. La ruptura de la vieja coalición CiU —creada a finales de la década de 1970— ha sido el efecto más notable. El motivo último fueron las fuertes discrepancias sobre el tema independentista. Unió Democràtica de Catalunya, tras los pésimos resultados electorales de 2015 y con una altísima deuda acumulada, ha acabado desapareciendo. Algunos de sus miembros fundaron Demòcrates de Catalunya para lanzarse en brazos de CDC e integrarse en Junts pel Sí. Entre ellos, los nacionalmente radicalizados Núria de Gispert, Joan Rigol y Antoni Castellà.

Tras la amarga victoria de su formación y la suya propia, a fines de 2015 y principios de 2016, Artur Mas ha intentado controlar su partido, CDC, aunque cediendo la primera línea a militantes jóvenes —Marta Pascal o David Bonvehí—. Sin embargo, la crisis y el deterioro de la imagen de la formación obligaron a refundarla, en el verano de 2016, y bautizarla, tras un confuso baile de nombres y siglas, como Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT).

El debilitamiento del espacio socialista en Cataluña constituye otro efecto del desarrollo del procés, que, en este caso, se sumó a una larga resaca que se arrastraba desde la época de los Tripartitos. Con un fondo de caídas electorales y crisis internas, han dirigido el PSC, tras la etapa Montilla, Pere Navarro y, desde 2014, Miquel Iceta. Ha habido muchas escisiones individuales —en algunos casos, consejeros del Gobierno de la Generalitat entre 2003 y 2010, integrantes de la supuesta «alma» más profundamente catalanista— o de pequeños núcleos proindependentistas. Ernest Maragall formó Nova Esquerra Catalana, que ya en 2014 se alió con ERC en las elecciones europeas (véase supra). En un sentido totalmente distinto, aunque muchos de los antiguos votantes socialistas hayan contribuido decisivamente a ello, debe destacarse el crecimiento continuado de la opción antinacionalista y antiindependentista de C’s, primero con Albert Rivera y después con Inés Arrimadas.

EL PARAÍSO EN LA OTRA ESQUINA

La profunda nacionalización a la que ha sido sometida la sociedad catalana, tanto en las etapas pujolista (1980-2003), masista (2010-2015) y puigdemonista (2015-2017) como en la de los Tripartitos socialista-independentista-ecolocomunistas (2003-2010), explica en buena medida, junto con las crisis que han confluido a principios del siglo XXI y con los enfrentamientos en torno a la reforma del Estatut, la situación de la Cataluña actual. El independentismo, minoritario en el seno del nacionalismo catalán a lo largo del siglo XX, se ha convertido en una poderosa fuerza, absorbiendo viejas formaciones autonomistas y extendiéndose en nuevas capas sociales. Cerca de la mitad de la población catalana apoya a los partidos que lo defienden.

Esta situación ha sido posible, entre algunas cosas más, gracias a un extendido clientelismo, a los discursos machacones de políticos y opinantes, a una televisión de régimen (TV3), a una prensa, una radio y unas asociaciones fuertemente subvencionadas y, asimismo, a la intensidad de la normalización e inmersión lingüística, que no solamente ha tenido efectos sobre la lengua, sino en el campo de las ideas y de las estructuras mentales. Las campañas de normalización lingüística (véase el capítulo 3) continuaron en el siglo XXI, como «El català va amb tu» en 2006, dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años, o bien «Encomana el català» en 2009-2010, que insistía en la necesidad de dirigirse a todo el mundo en catalán. Era algo que, decían, se contagia (encomana).

Por encima de todo, me parece fundamental tener en cuenta que los jóvenes catalanes y algunos ya no tan jóvenes, esenciales en las movilizaciones e impulso del independentismo, han sido educados en la escuela autonomista. No se trata exactamente de adoctrinamiento, aunque algo haya de ello, sino de integración activa en un universo hipernacionalizado que se cuela en los libros de texto, en las actividades lectivas y en los juegos. No en vano el colectivo profesoral constituye uno de los pilares del proceso. Tiene razón Joaquim Coll cuando asegura que «el modelo de escuela catalana es nacionalista», en lengua y en contenidos. En la segunda mitad de 2017, muchos centros escolares se han convertido, al margen del día 1 de octubre, en espacios intensamente politizados a través de pancartas, carteles, lazos, pintadas o trabajos manuales de signo indepe, y en algún caso se ha llegado a actitudes parcialmente segregacionistas y supuestos delitos de odio, que están siendo investigados.

Los medios de comunicación han tenido un papel decisivo en el proceso. El papel nacionalizador que la televisión y la radio autonómicas tuvieron en el pujolismo y en la etapa de los Tripartitos, así como el relativo control político ejercido sobre ellos, se ha transformado, en la segunda década del siglo XXI, en una puesta total y exclusiva de estas al servicio de la causa independentista. Se pasó, apunta Adolf Tobeña, del «goteo aleccionador» a la «intoxicación apabullante» del somatén mediático. La manipulación abunda, mientras la pluralidad escasea, incluso cuando se invita al «raro» de turno para vapulearle y mostrar que ellos sí son tolerantes con todas las opiniones.

El nivel de degradación ética y profesional de TV3 y Catalunya Ràdio en 2017, como arietes del proceso y referentes movilizadores, resulta difícilmente descriptible. Un repaso a las informaciones del diario digital e-notícies, dirigido por Xavier Rius, que ha tratado con frecuencia de los abusos de la televisión y radio públicas catalanas, permite hacerse una idea cabal de hasta dónde han llegado las cosas. TV3 y Catalunya Ràdio necesitan, con urgencia, una profundísima refundación.

Josep Borrell y Joan Llorach escriben, en Las cuentas y los cuentos de la independencia (2015), reflexionando sobre las razones que permiten repetir frases o fórmulas falsas con toda tranquilidad e impunidad: «Los medios de comunicación públicos, y en general los controlados de una u otra forma por la Generalitat, han actuado como repetidores de las tesis oficiales y no han ejercido adecuadamente su función de verificación y crítica». A los medios directamente controlados por la Generalitat deben añadirse todos los más o menos subvencionados, desde la prensa escrita en catalán —El Punt Avui o Ara— y la comarcal hasta algunas emisoras, sin olvidar a los periódicos digitales. Algunos de estos últimos viven casi exclusivamente de alimentar el proceso: NacióDigital.cat, El Nacional.cat, de José Antich, o VilaWeb, más dirigida a los soñados Países Catalanes, de Vicent Partal.

Uno de los grandes éxitos del nacionalismo en Cataluña, en los últimos treinta y ocho años, ha sido la aceptación como evidentes, por parte de numerosos catalanes, de cosas que distan mucho de serlo. Se trata de afirmaciones convertidas en prejuicios o presuposiciones —frases como «La culpa es de Madrid», «España nos roba», «La política catalana es diferente», «Cataluña es más moderna» (o más europea, o más democrática), «Cataluña mantiene a otras regiones», «Democracia es votar», «España no nos quiere», o, entre otras, «Los derechos de Cataluña no son reconocidos»— que transitan desde su natural condición de discutibles hasta el estatus de lógicas y evidentes, y, en consecuencia, indiscutibles. Acaban constituyendo, a fin de cuentas, verdades inamovibles, cuerpos integrantes de la religión nacionalista, y la fe no admite, como sabemos, ni impugnación ni matices. No se pronuncian para ser comentadas o criticadas, sino como letanía de reafirmación, alimentadora de identidad.

Asegurar que estas ideas prejuiciadas no resultan ni evidentes ni indiscutibles supone para el ciudadano arriesgarse a una mirada displicente en el mejor de los casos, y a una acusación de tener autoodio o a una denuncia pública —los jóvenes seguidores de la CUP se han convertido en unos expertos, copiando el viejo modelo batasuno vasco— en otro peor. Las redes sociales han permitido una apertura indiscriminada de la veda para el insulto, la descalificación, la denuncia o la delación de los otros. Y en el campo político, la consecuencia puede ser la exclusión del sistema de partidos catalán, como les ha ocurrido con harta frecuencia al PP, a Ciudadanos e incluso al PSC.

La famosa no violencia del proceso catalán es cierta solamente a medias. Ha habido poca violencia física, pero muchísima simbólica o moral. Las ocupaciones del espacio público no han sido amables. Las listas negras existen. Los piquetes no se anduvieron con remilgos en los paros de octubre de 2017. Las presiones y amenazas a cargos públicos, sobre todo en el mundo municipal de las zonas con más compromiso independentista, no han sido poca cosa: insultos, pintadas, escraches, burlas y acoso a los hijos. Incluso los propios niños reproducen a veces las actitudes de sus padres: me cuenta un buen amigo, no independentista, que un día, al salir su hija al colegio, en un pueblecito pequeño de la provincia de Gerona, los otros niños la rodearon coreando el grito de guerra «In… Inde… Independència» hasta hacerla llorar. La famosa revolución de las sonrisas tiene una cara oscura. Las sonrisas las guardan para ellos en el seno de la comunidad nacional que forman, mientras que a los demás les reservan incomprensión, despecho, desprecio u odio, o todo a la vez.

El miedo ha estado arraigadísimo en una parte de la sociedad catalana hasta mediados de 2017: no hablar, no decir, no significarse, no replicar, no discutir, no mostrarse. Ni en el trabajo, ni en el vecindario, ni en la escuela de los hijos, ni en el bar. Mirar a un lado y otro antes de hablar o comentar algo con un amigo o un conocido. No llevar la contraria a un independentista para evitar problemas. Por ejemplo, un famoso periodista de La Vanguardia y activista del proceso, Màrius Serra, en junio de 2015 difundió vía Twitter la conversación privada que estaban manteniendo, en una terraza de un café de las Ramblas de Barcelona, Ferran Toutain y Miriam Tey, intelectuales no nacionalistas. Se hizo rápidamente eco de ello el digital VilaWeb, de Vicent Partal, tildando el intercambio de «anticatalanista» —aunque acabó por retirar la noticia—. Como quiera que sea, la salida de la espiral de silencio de los no nacionalistas ha sido lenta y tardía.

Algunas palabras han sido redefinidas por el nacionalismo —democracia o unionista, pongamos por caso—, mientras que ciertas expresiones han adquirido aura taumatúrgica, como proceso o derecho a decidir. En La Cataluña insurgente (2017), Gabriel Colomé afirma que el independentismo se ha apropiado de conceptos políticos para retorcer su significado original y apoderárselos en exclusiva. Y cita, como ejemplo: derecho a decidir (por derecho a la autodeterminación), desconexión (por secesión), consulta (por referéndum), elecciones plebiscitarias, mandato democrático, Estado propio, unilateralidad, desobediencia, soberanía, Parlamento soberano o estructuras de Estado.

El poder nacionalista, institucional o no, como ocurrió en otros episodios de la historia europea del Novecientos, se ha esforzado en crear una nueva lengua. Cuando hablo con mi cuñada de democracia resulta evidente que no tenemos lo mismo en la cabeza. Su democracia significa votar, está por encima de cualquier ley, procede del pueblo, es intrínseca a la sociedad catalana y España carece bastante de ella. Todo es profundamente discutible y, en algún caso, radicalmente falso. Es una democracia con derechos, pero sin deberes. Por eso la compañera de mi hermano dice que le resulta imposible entenderme y entender las razones por las cuales no veo las cosas con la nitidez que ella las percibe. Es evidente y claro, cree ella. El paraíso está aquí cerca, en la otra esquina. El diálogo de nosotros con los otros se acaba convirtiendo, al fin y al cabo, en inviable.

Algo parecido ocurre con el abuso de referencias al franquismo. Como escribía acertadamente José Antonio Zarzalejos en El Confidencial en diciembre de 2017: «A los dirigentes separatistas no se les caen de la boca dos palabras: “fascista” y “franquista”». A «fascista» y «franquista» me permito añadir «facha», muy usual también. Eduardo Mendoza ha dedicado algunas interesantes páginas a la «industria del franquismo», que sigue muy viva entre el nacionalismo y la izquierda radical en Cataluña. Desde hace tiempo tengo la convicción de que tanta alusión al desaparecido franquismo es una estrategia fácil y simple para los que no quieren o son incapaces de pensar. Las mentiras, las difamaciones y los insultos pueden también considerarse violencia. En efecto, la crispación ha aumentado en Cataluña en el último decenio y la sociedad se halla mucho más dividida que en el pasado.

En un libro citado más arriba, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Josep Borrell y Joan Llorach desmontan uno de los grandes tópicos del proceso: que «España nos roba» y que existe una cifra que lo demuestra, esto es, los 16.000 millones que supuestamente el Estado sustrae a los catalanes. A partir de la independencia, aseguraban Oriol Junqueras, Artur Mas y tantos y tantos partidarios del proceso, según su cálculo de las balanzas fiscales, Cataluña podría disponer cada año de esos millones de euros adicionales. El expolio fiscal quedaba, desde su punto de vista, claramente demostrado.

Borrell y Llorach muestran que todo es mentira: los cálculos —las cuentas— no están bien hechos; las famosas balanzas fiscales alemanas de referencia no han existido nunca; el método de cálculo denominado «monetario» no es ni el más habitual ni aplastante —a pesar de lo que diga Germà Bel— con respecto al de «carga-beneficio»; no se incorpora en los cálculos el coste de unas futuras estructuras de Estado; no se incumple el principio de ordinalidad, etcétera. Trampas sobre trampas, más preocupantes, si cabe, teniendo en cuenta que Junqueras acabó siendo consejero de Economía de la Generalitat. Los autores del estudio concluyen:

Hemos argumentado que el déficit fiscal calculado como una aproximación a esos beneficios fiscales está mucho más cerca del 5,5 % que del 8,5 % proclamado por Mas y Junqueras. Y demostrado que los costes reales que Cataluña tendría que asumir como Estado independiente están ampliamente infravalorados.

Tampoco es cierto que la comparación internacional justifique decir que Cataluña sufre un expolio fiscal. Ciertamente, nuestros cálculos muestran que es cierto que Cataluña tiene un déficit fiscal superior al que se puede justificar por un razonable efecto redistributivo con el resto de España. Pero la diferencia es, en el peor de los casos, del orden del 1,5 % del PIB; no del 8,5 %, no de 16.000 millones de euros, sino de 3.000. Y para corregir un problema de este orden, ¿hay que recurrir a una declaración unilateral de independencia?

HERIDAS MORALES

Desde el mes de junio se conocía la fecha del referéndum (1 de octubre) y la pregunta: «¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?». El 26 de julio de 2017, el pleno del Parlamento de Cataluña aprobó, con los 72 votos a favor de Junts pel Sí (JxS), la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó —el exconsejero de Justicia ha sido uno de los damnificados por la crisis convergente y los escándalos de corrupción en el partido— frente a los 63 en contra del resto de los grupos, la reforma del reglamento de la Cámara catalana a fin de permitir que un grupo parlamentario pueda solicitar que una proposición de ley se tramite por el procedimiento de lectura única. Esta modificación debía permitir una aprobación por la vía rápida de todas las leyes vinculadas con el referéndum y sus consecuencias. Pocos días después, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy contra esta ley y la suspendió de manera cautelar.

A lo largo del verano, JxS y la CUP registraron en el Parlament las conocidas como Ley del Referéndum y Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. Regulaba la primera la celebración del referéndum, definido como vinculante y sin mínimos de participación —contrariamente a las recomendaciones de la Comisión de Venecia y otros órganos internacionales— y que contemplaba la declaración formal e inmediata de la independencia de Cataluña si se imponían los votos positivos. Establecía también la creación de una Sindicatura Electoral de Cataluña. La segunda, cuyos bocetos eran públicos desde hacía ya bastantes meses, constituía la clave del eventual proceso de desconexión de España tras el referéndum.

La única forma de aprobarlas con celeridad, tras la suspensión de la reforma reglamentaria, era usar un pequeño resquicio legal: Junts pels Sí y la CUP tenían que introducir la tramitación en el orden del día de la sesión una vez iniciado el pleno, previa admisión a trámite por la Mesa del Parlamento. Esto fue precisamente lo que ocurrió a principios de septiembre, aprovechando las mayorías parlamentarias y en la Mesa de los grupos independentistas y la colaboración entregada de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell.

Antes de septiembre de 2017, sin embargo, ocurrieron en Cataluña unos acontecimientos no directamente vinculados con el proceso, pero en los que este se coló también, algo relativamente lógico si tenemos en cuenta la tensión política que se estaba viviendo. Un atentado yihadista sacudió Barcelona el 17 de agosto. Unos minutos antes de las 5 de la tarde, una furgoneta embistió a gran velocidad a la multitud que se encontraba en las Ramblas, por donde avanzó en zigzag, recorriendo más de medio kilómetro por la zona central del paseo. Horas después, Estado Islámico reivindicó el atentado. Este atropello produjo 13 muertos y 131 heridos, uno de los cuales, una turista alemana, falleció diez días después. A pesar de la reacción policial, el conductor del vehículo, identificado más adelante como Younes Abouyaaqoub, logró escapar a pie mezclado entre la multitud. Robó un coche, acuchillando y matando a su propietario, y huyó de Barcelona tras arrollar a una agente de la policía que formaba parte de uno de los controles activados en las salidas de la Ciudad Condal en el marco de la denominada Operación Jaula.

La reconstrucción de estos hechos tardó en hacerse pública más de tres días. Horas después del ataque en Barcelona, en la noche del 17 al 18, a la una y cuarto de la madrugada tuvo lugar otra acción terrorista en Cambrils, una población de la costa tarraconense. Un vehículo intentó saltarse un control de los Mossos y atropelló a 6 personas —una mujer falleció horas después—, la mitad miembros de este cuerpo policial. Uno de los ocupantes del coche hirió en la cara a otra persona en su intento de huir. Cinco terroristas fueron abatidos por la policía catalana.

Mientras se iniciaba una frenética búsqueda del conductor de la furgoneta de las Ramblas, empezaron a relacionarse estos atentados con la explosión de una casa, la víspera del 17, en Alcanar, en el sur de Cataluña. Uno de los dos cadáveres hallados entre los escombros correspondía al que había sido imán de la ciudad gerundense de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, presunto cerebro de una célula terrorista a la que todos los anteriores, esencialmente de origen marroquí, pertenecían. El día 21 murió Younes Abouyaaqoub en Subirats, cerca de Sant Sadurní de Anoia, cuando fue interceptado por la policía en una zona de viñedos llevando un falso cinturón de explosivos.

En estos días hubo varios detenidos e interrogados en Ripoll y en Alcanar. Según la hipótesis principal de los investigadores, el grupo yihadista se reunía desde hacía tiempo en el chalé de Alcanar y estaba preparando furgonetas-bomba para perpetrar un atentado de grandes dimensiones, pero algún error provocó un accidente que forzó a los terroristas a cambiar de planes y optar de manera precipitada por el atropello masivo en el centro de Barcelona. El balance total de las luctuosas acciones de agosto de 2017 fue, al margen de los 8 terroristas muertos, de 16 víctimas, entre Barcelona y Cambrils, y numerosos heridos de más de treinta nacionalidades distintas.

La condena a los atentados fue, tanto en España como a nivel internacional, unánime. El 20 de agosto se celebró en el templo expiatorio de la Sagrada Familia una misa solemne en memoria de los fallecidos, con la presencia de los reyes Felipe VI y Letizia y las principales autoridades catalanas y españolas. El cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, pronunció una homilía en defensa de la paz y de la unión y contra las divisiones en la sociedad. Al terminar el acto, ya en la sacristía, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abroncó a Omella al considerar inaceptables sus palabras. Ni el uso del castellano ni la defensa de la unidad para ser más fuertes, en una época en la que lo que estaba en primer plano para los independentistas catalanes era la separación, fueron del gusto del president.

No debe sorprender, en este sentido, la entrevista, solamente unos días después, entre el vicepresidente Oriol Junqueras y el abad de Montserrat Josep Maria Soler. La Iglesia catalana ha sido, con algunas excepciones, un soporte importante del independentismo.

El 26 de agosto tuvo lugar una gran manifestación en Barcelona de repulsa contra los atentados y el terrorismo y en favor de la paz y la convivencia, con el lema «No tinc por» (no tengo miedo). La cabecera de la manifestación estuvo ocupada de forma honorífica por miembros de los diversos cuerpos de seguridad y emergencias que participaron en el dispositivo de ayuda a las víctimas, mientras que en una segunda cabecera se situaron las autoridades: el rey Felipe VI, los presidentes Rajoy y Puigdemont y la alcaldesa Ada Colau, junto con políticos y autoridades de toda España.

La convocatoria se vio pronto enrarecida por los pitidos y abucheos destinados al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, así como la significativa y calculada presencia de banderas estrelladas y pancartas que vinculaban al Gobierno español y a la Corona con la violencia en Oriente Próximo. Tanto el independentismo —desde el Gobierno autonómico y desde las asociaciones ANC y Òmnium— como la extrema izquierda —sin alusiones al islamismo radical y a los terroristas, pero sí muchísimas a la supuesta islamofobia— intentaron convertir una manifestación contra unos atentados terroristas en un altavoz y puesta en escena de sus propias reivindicaciones.

Las polémicas se extendieron varios días, en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, alrededor de distintos temas: la actuación de los Mossos, ejemplar para muchos ciudadanos y el Gobierno catalán —este aprovechó para limpiar la imagen del cuerpo policial, que en algunas actuaciones violentas en los años anteriores había quedado tocada, en especial en el caso de la mujer que perdió un ojo por disparos con pelotas de goma en 2012 durante la huelga general del 14N, y se esforzó en mostrar la innecesaria presencia en Cataluña de otras policías— e inaceptable para otros, como la CUP, que llegó a acusarlos de haber ajusticiado a los terroristas; la poca colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad y la incapacidad para haber detectado los manejos islamistas en Cataluña; la pasiva reacción —e incluso satisfacción— de las autoridades catalanas ante los abucheos recibidos por el rey y otras personalidades; o, asimismo, la no instalación en las Ramblas barcelonesas de bolardos a pesar de las recomendaciones hechas desde el Ministerio del Interior. El cargado ambiente en Cataluña hizo que los verdaderos problemas de la amenaza islamista y su penetración en la región, tantas veces denunciada, pasasen a un segundo plano.

Volvamos, tras esta suerte de paréntesis, a la narración y análisis de los hechos relacionados más directamente con el proceso independentista. La vulneración de las legalidades española y catalana y el atentado a los derechos de los diputados de la oposición resultaron flagrantes durante los plenos del 6 y 7 de septiembre para la aprobación de las leyes registradas en los meses anteriores. La actuación de Carme Forcadell, al margen de la ineptitud mostrada en el ejercicio del cargo, fue vergonzosa. Se ignoró el acuerdo del Consejo de Garantías Estatutarias y se pisotearon la Constitución y el Estatuto. Cierto es que se escucharon algunas intervenciones brillantes, como las de Alejandro Fernández (PP) e Inés Arrimadas (C’s) y la de Joan Coscubiela (CSQP), que puso en pie a toda la oposición, pero no a algunos de los miembros de su grupo, totalmente roto en esos debates. Otra formación devorada por el proceso.

Las palabras de Joan Coscubiela eran contundentes: «No quiero que mi hijo Daniel viva en un país donde la mayoría pueda tapar los derechos de los que no piensan como ella». El linchamiento mediático fue inmediato, con Gabriel Rufián, Jordi Sànchez o Mònica Terribas, desde Catalunya Ràdio, en posición preferente. Coscubiela ha hecho referencia a la División Mediática Ítaca, contrapunto, en su opinión, de la División Mediática Brunete madrileña.

Otro político presente entonces en el Parlament, el consejero de Empresa y Conocimiento —desde julio de aquel año— Santi Vila, que acabó dimitiendo en octubre, ha escrito en De héroes y traidores (2018):

Lo que sí queda para mi tormento y remordimiento como demócrata, como la página más negra de mi currículum como ciudadano y como servidor público, es haber presenciado la sesión plenaria del 7 de septiembre de 2017 en el Parlament de Cataluña, la que aprobó la disparatada ley de desconexión, y no haber dimitido al instante. Aunque yo no tuve que votarla por no ser diputado, fracasados los intentos de evitar su tramitación, que dentro del Gobierno los hubo (y no tan solo por mi parte), fue un error grave contemporizar con ella, aunque fuera para ningunearla. No me queda la menor duda de que tampoco Carles Puigdemont se sintió orgulloso en aquellas horas tristes. De hecho, me consta que intentó evitarla. Su incapacidad de frenar aquel pleno y aquella votación tan hiriente seguramente era el preludio trágico de nuevas y más graves impotencias por su parte. En aquellos días fue tan grande la fanatización de los míos que el menosprecio de los que no pensaban como ellos se consideró un mal menor, justificable por el bien superior que se perseguía. De nuevo, como en tantos otros momentos fatales de la historia, el fuego interior en el alma de unos pocos justificó el atropello de los considerados insensibles o sordos a la llamada de la fe redentora.

La particular concepción de la democracia de los independentistas catalanes y su desprecio de las leyes, además de la emergencia de tics autoritarios, se evidenció con claridad el 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlament. Los plenos de aquellos dos días constituyen la escena parlamentaria más oscura de Cataluña desde 1980. La oposición se ausentó del pleno en las votaciones. La fractura de Cataluña en dos mitades fue diáfanamente representada en el Parlament. En una de estas ausencias, el 6, una diputada de CSQP, la economista Àngels Martínez, retiró las banderas españolas que los diputados del PP acababan de dejar, junto a señeras, en sus escaños vacíos. Las entregó a una representante de la CUP que se encargó de hacerlas desaparecer. A ella solamente la representaba la enseña republicana, declaró más tarde, en un alarde de profundo respeto hacia lo que los demás puedan pensar.

Las actitudes dudosamente democráticas del rodillo independentista hicieron que algunos medios hablasen de golpe de Estado. Quizás el término pueda considerarse exagerado, pero el atentado a la democracia era mayúsculo. Tras el lamentable espectáculo de la semana anterior en el Parlament, se sostenía en el editorial del diario La Vanguardia del lunes 11 de septiembre: «El episodio parlamentario ha dañado a la institucionalidad catalana, fuente de poder desde el regreso de Josep Tarradellas en 1977. Ha herido moralmente a la mitad de la sociedad catalana. Ha rebajado el prestigio del país y ha restado fuerza moral al propio soberanismo. Algunas cosas de fondo han cambiado esta semana».

LOS JORDIS

Tras la aprobación de la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del Referéndum de Autodeterminación, este fue formalmente convocado por el Gobierno de Puigdemont para el día 1 de octubre. Las nuevas suspensiones por parte del Tribunal Constitucional —tanto de esta norma como de la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República— no frenaron el ímpetu independentista.

No obstante, a la manifestación del 11 de septiembre —con el lema «La Diada del Sí»— en Barcelona, organizada por las entidades de siempre, asistieron menos de la mitad de personas que en años anteriores. Las referencias a votar, al referéndum, a la democracia y a la represión no faltaron aquel día: «Defenderemos este referéndum con toda la fuerza» (Anna Gabriel, CUP), «España está en decadencia democrática y nos devuelve al franquismo» (Neus Lloveras, presidenta de la AMI desde abril de 2016), «Nos declaramos insumisos a los Tribunales y Gobiernos que solo quieren preservar la indivisible unidad de la patria» (Jordi Sànchez, ANC), «Basta de represión por ejercer la democracia» (Arcadi Oliveras y la «monja del proceso», Teresa Forcades, del izquierdista Procés Constituent).

Las asociaciones que se siguen arrogando la representación del pueblo catalán —ANC y Òmnium Cultural—, así como la CUP, han continuado marcando desde la calle y las redes la agenda del Gobierno de la Generalitat. Este último había sido remodelado, a mediados de julio, a instancias del vicepresidente Oriol Junqueras, para forzar el compromiso unánime de todos sus miembros en las decisiones a tomar: entraron Jordi Turull en la Consejería de Presidencia y como portavoz, Clara Ponsatí en Educación —el control de los colegios resultaba fundamental como espacios para organizar las votaciones— y Joaquim Forn en Interior, con la consigna de controlar férreamente a los Mossos, la policía autonómica. La declaración unilateral de independencia (DUI) no estaba, por aquel entonces, descartada por parte de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y los suyos.

La segunda parte del mes de septiembre de 2017 se vivió en Cataluña entre declaraciones provocadoras y actitudes martiriales, ceses y algunas detenciones, multas y reforzamiento policial, ocupaciones de la calle y presiones al contrario, ruidos estrepitosos y enormes silencios, posverdades y advertencias, urnas escondidas y réplicas de páginas webs, movilizaciones constantes y aplicación de la ley.

Uno de los episodios más trascendentes de aquella quincena tuvo lugar en los días 20 y 21 frente al Departamento de Economía de la Generalitat. El 20 de septiembre, la Guardia Civil detuvo por orden judicial a catorce altos cargos del Gobierno catalán. Destacaba, entre los afectados, el número dos de Junqueras, Josep Maria Jové, uno de los principales urdidores del referéndum. En el marco de la llamada Operación Anubis, los agentes registraron también algunas consejerías de la Generalitat, en especial las de Economía, Gobernación, Exteriores y Trabajo. Miles de personas se concentraron frente a estos edificios, convocadas a través de las redes sociales.

La manifestación principal tuvo lugar frente al departamento dirigido por Oriol Junqueras, a fin de dificultar el trabajo de la Guardia Civil y los agentes judiciales que registraban los locales. Según las estimaciones de la Guardia Urbana de Barcelona llegaron a reunirse unas cuarenta mil personas, en parte convocadas por la ANC y Òmnium Cultural. Los máximos responsables de ambas entidades, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, se personaron en el lugar y arengaron a los manifestantes. Los vehículos de la Guardia Civil fueron destrozados y los agentes, que habían entrado en las dependencias a las 8 de la mañana, no pudieron abandonar el edificio hasta la madrugada. La secretaria del juzgado se vio obligada a salir por la azotea. Hubo forcejeos con los Mossos y lanzamiento de objetos, además de gritos de «Esta noche os vais sin coche» dirigidos a los guardias civiles. La famosa no-violencia procesual estuvo parcialmente ausente en aquellas horas. Fue, ha escrito Enric Ucelay-Da Cal, «una auténtica insurrección civil, pacífica, pero agresiva».

A mediados de octubre, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, mandó a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Eran «los Jordis», los «presos políticos» —como designan, equivocada y tendenciosamente, sus seguidores a estos aprendices de político presos— por excelencia del universo independentista. Se trata de dos personas bastante distintas.

Jordi Sànchez es el más político de la pareja. Nacido en 1964, se licenció en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona y ejerció como profesor asociado en la Universidad de Barcelona. Fue uno de los principales dirigentes de la Crida, una entidad que mantuvo estrechas relaciones con el radicalismo vasco y que fue algo condescendiente con la actividad de ETA, incluso en el atentado de Hipercor, en 1987, cuya culpa atribuyó en buena medida a la policía y a la propia empresa (se lo recordó Joan López Alegre a Jordi Sànchez en un debate en La Sexta, en octubre de 2017). Estuvo posteriormente en la órbita de Iniciativa per Catalunya. Fue consejero de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (1996-2004) y dirigió la Fundació Jaume Bofill desde 2001 hasta 2010 —entre 1996 y 2001 ejerció ya como director adjunto—. En 2010 le nombraron adjunto general del Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, exdirigente comunista primero y luego ecosocialista.

Sànchez relevó a Carme Forcadell al frente de la ANC en 2015. Le eligieron los miembros del secretariado de la entidad por amplia mayoría —Sànchez era una persona de consenso y contaba con el apoyo de la dirección saliente—, aunque no había sido el candidato más votado por los socios. Liz Castro obtuvo más sufragios. Iba a forjarse una imagen de hombre de seny, útil sobre todo para tranquilizar a los soberanistas más conservadores que habían convergido en el independentismo. La imagen, evocada en otros pasajes de esta obra, de la ruptura con el Estado como una revolución o revuelta de las sonrisas ha resultado muy útil. Muchísimos se lo han creído. En las negociaciones para investir a un presidente de la Generalitat y las negativas de la CUP para apoyar a Artur Mas, Sànchez cargó duramente contra los anticapitalistas.

En noviembre de 2017, Sànchez dimitió de su cargo en la ANC para integrarse, como número dos, en la candidatura de Junts per Catalunya. El 21 de diciembre fue elegido diputado en la Cámara catalana. A la hora de redactar estas líneas, sigue encarcelado sin fianza, como Cuixart, en la prisión de Soto del Real por un presunto delito de sedición por los hechos del 2021 de septiembre. Tanto su encarcelamiento como el del otro Jordi han provocado numerosas concentraciones y manifestaciones y están en el origen —como explico en la tercera parte— de los lazos amarillos que desde entonces lucen en el pecho los nacionalistas catalanes. El amarillo acabó por convertirse, desde octubre de 2017, en el color del proceso.

Jordi Cuixart relevó en 2015, al frente de Òmnium Cultural, a Quim Torra —que había sustituido poco antes a Muriel Casals,fallecida al año siguiente—, y entonces era un personaje poco conocido. Nacido en 1975, creó su propio negocio en 2003, sin terminar sus estudios secundarios. Se ha definido, en más de una ocasión, como empresario de izquierdas. Era socio de Òmnium desde 1996 y ocupó varios cargos en la entidad. En su discurso como presidente flamante, afirmó: «Vamos a trabajar incansablemente para un país mejor y más justo. Estamos convencidos de que se puede ampliar la base social a favor de la independencia y este será uno de los ejes de nuestra actuación».

Tanto un Jordi como el otro, al frente de las dos grandes entidades impulsoras del independentismo, han tenido un papel decisivo como promotores del proceso: mediadores entre los distintos grupos en él implicados, observadores atentos de las actuaciones del Gobierno Puigdemont —y de Junts pel Sí y la CUP— para la organización del referéndum del 1 octubre, y, evidentemente, organizadores de todas las grandes movilizaciones en la Cataluña de 2015 a 2017. No solamente de las Diadas, sino también de las innumerables concentraciones provocadas por todo tipo de decisiones judiciales o políticas. La presión ha sido permanente. Las llamadas a concentrarse frente al Departamento de Economía, el 20 de septiembre de 2017, colmaron el vaso.

REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

El día 1 de octubre de 2017 se organizó el referéndum sobre la independencia de Cataluña. La Generalitat consiguió hacerlo, a pesar de todos los impedimentos gubernamentales y las actuaciones policiales —el Gobierno había trasladado en las semanas anteriores a un numeroso contingente—, con la colaboración de miles de voluntarios que ocuparon los colegios, escondieron las urnas chinas y aseguraron las votaciones. El tejido social y asociativo contribuyó al éxito. Los Mossos no ayudaron demasiado a que no fuera posible. La Guardia Civil y la Policía Nacional acabaron actuando en las puertas o en el interior de los colegios electorales con algo de precipitación y bastante contundencia. Se les había ordenado impedir las votaciones e intentaron hacerlo, si era necesario a empujones y porrazos. Hubo heridos. Desde fuentes del independentismo se hizo referencia, de manera harto exagerada, a más de mil heridos, dos de ellos graves. TV3 y otros medios lo repitieron una y otra vez.

La ANC y Òmnium habían pedido a sus seguidores a través de las redes que ocuparan los puntos de votación y convirtieran la acción en una fiesta familiar. Buscaban la confrontación y, sobre todo, imágenes, que consiguieron y dieron la vuelta al mundo. Fueron los grandes triunfadores del día 1. La torpeza del Gobierno Rajoy y de los mandos de la operación policial, descolocados por la pasividad de la policía autonómica y por la capacidad de las entidades independentistas para organizar un efectivo dispositivo, se hizo evidente. Tomaron decisiones erradas y, sobre todo, perdieron la batalla de las imágenes y del relato. El efecto internacional fue desastroso. No se habían preparado para ello.

La intervención policial provocó también prisas y descuidos en los organizadores del referéndum. Ello permitió ver urnas llenas de papeletas antes de empezar la votación o personas que votaban varias veces. Todo fue irregular. Sin censo, y a pesar de que era imposible saber realmente cuánta gente había votado y dónde y cómo lo había hecho, el Gobierno de la Generalitat ofreció, al cabo de unos días, resultados oficiales con el 100 por ciento de papeletas escrutadas. Según estos datos, participó el 43 por ciento del censo total y votaron 2.286.217 personas, con los siguientes resultados: sí, más del 90 por ciento del voto válido; no, algo más del 7,5 por ciento; en blanco, el 2 por ciento. Los votos nulos estaban por debajo del 1 por ciento. La pantomima había sido útil para los intereses de los organizadores y había creado un nuevo relato colectivo. El proceso, bueno es recordarlo, ha sido, desde el principio y por encima de todo, relato.

El 1 de octubre iba a convertirse en una nueva fecha del calendario de la patria. Pol Serrano pedía, en un artículo de NacióDigital.cat de finales de noviembre de 2017, que el 1 de octubre se convirtiese en la Diada nacional de Cataluña. Muchas personas han reelaborado sus propias historias personales a partir de las vivencias de aquel día. Unos estuvieron allí y otros han acabado creyéndose que les pegaron o ultrajaron de verdad. Más de uno inventó lesiones y abusos: el caso más escandaloso fue el de Marta Torrecillas, que denunció que los agentes policiales le habían roto, uno a uno, los dedos de una mano y le habían tocado los pechos, una versión que ella misma, concejal de ERC, tuvo que desmentir al cabo de pocos días. Algunos se sintieron decepcionados esperando a una policía que no llegó a sus colegios. Otras generaciones habían corrido delante de los grises...

La mitificación de esta fecha ha llegado hasta el punto, en la ciudad de Gerona, de rebautizar la plaza de la Constitución como plaza del 1 de Octubre de 2017. El pleno del Ayuntamiento de Gerona, gobernado por el PDeCAT, aprobó el lunes 12 de febrero de 2018 una moción para el cambio de nombre con los votos a favor de los ediles del PDeCAT, ERC y la CUP y con los del PSC, Ciudadanos y PP en contra. Según la alcaldesa, Marta Madrenas, era la respuesta a un «clamor popular». De hecho, los Comités de Defensa de la República y la plataforma Girona Vota ya la habían rebautizado simbólicamente mucho antes. Los manejos de Madrenas, diputada de Junts per Catalunya además de alcaldesa, fueron denunciados en un manifiesto y en una concentración. La alcaldesa presentó y celebró el cambio como un gran triunfo democrático. Cuidar el feudo gerundense siempre proporciona suculentos réditos políticos. El presentismo, la memoria selectiva y un cierto autoritarismo disfrazado de democracia siguen guiando los pasos de los partidarios del proceso independentista.

Para el día 3 de octubre estaba convocada una huelga general por parte de algunos sindicatos minoritarios, como CGT, CNT o Intersindical-CSC, pero no por CC.OO. o UGT. A esta huelga se sumó, tras los hechos del día 1, un denominado «paro de país» —esto es, obligatorio— impulsado por una Mesa por la Democracia, en la que sí estaban estos dos últimos sindicatos —aunque sus líderes fueron extremadamente ambiguos—, junto con alguna organización empresarial y las infaltables ANC y Òmnium Cultural. Se trataba de protestar contra la actuación policial el 1-O.

Consiguieron una paralización bastante amplia de Cataluña, sobre todo en los sectores de la educación, la sanidad y el transporte, aunque menos en la industria. Se cortaron carreteras, los piquetes obreros y patrióticos estuvieron muy activos —los Comités de Defensa del Referéndum se convirtieron en Comités de Defensa de la Huelga, en algunos casos— y las coacciones a los que no se sumaban fueron ostensibles, tanto en el comercio como en la función pública. Hubo muchas concentraciones y manifestaciones, especialmente importantes en Barcelona y alguna otra gran ciudad. Durante el día hubo escraches y protestas contra los policías instalados en Cataluña. Destacó, en este sentido, el acoso que estos sufrieron en Pineda de Mar.

La noche del mismo día 3 se emitió el anunciado discurso televisivo del rey Felipe VI. Dos ideas emergían de sus palabras: la crítica a la deslealtad de los políticos independentistas y de la Generalitat, que estaban fracturando la sociedad catalana y cuestionando la unidad de España; y, en segundo lugar, el apoyo a los catalanes preocupados por esta situación. «Son momentos difíciles, pero los superaremos», afirmó. El discurso abría las puertas a una actuación más firme del Gobierno español, al tiempo que guiñaba un ojo al PSOE para que no la entorpeciera más de lo debido en un partido de oposición. La aplicación del artículo 155 de la Constitución ganaba enteros.

Las críticas de algunos líderes y fuerzas políticas, incluidos los partidarios del proceso, mostraban que no habían entendido o no habían querido enterarse de los verdaderos destinatarios del discurso. Ni era un mensaje a los españoles, ni a todos los catalanes, ni podía pedir diálogo por encima de la ley, ni tampoco disculpas por el 1-O a los verdaderos culpables del desaguisado. Primó, en algunos casos, como en Podemos, el antimonarquismo frente a una reflexión serena y a la altura de las circunstancias. Para los independentistas, además, se trataba de una muestra más de la incompatibilidad entre un monarca cabeza de las Fuerzas Armadas y garante de la unidad de España y sus proyectos particulares. Felipe VI, como antes Juan Carlos I, era la principal encarnación del enemigo. Como twitteó Joan Tardà, Felipe VI era digno de Felipe V. Un insulto, desde su particular punto de vista, insuperable.

El 8 de octubre tuvo lugar en Barcelona una importante manifestación antiindependentista. La ciudadanía silenciosa tomaba la calle. Convocada por Societat Civil Catalana (SCC) bajo el lema «Recuperem el seny», reunió a personas de ideologías muy distintas, pero que coincidían en el hartazgo del proceso. «No vamos a callar más», se podía leer en el manifiesto de la convocatoria. Reunió a un millón de personas según los organizadores y a 350.000 en los cálculos de la Guardia Urbana. Ondearon muchas banderas de España, un hecho bastante insólito —véase la tercera parte del libro—, y se oyeron gritos contra TV3, de apoyo a la policía y a favor de la aplicación del 155. En los parlamentos intervinieron Mario Vargas Llosa, Carlos Jiménez Villarejo y Josep Borrell. Otras manifestaciones de este tipo tuvieron lugar en las semanas siguientes, entre las que destaca la del 29 del mismo mes, «Todos somos Cataluña», también convocada por SCC y que concentró entre 300.000 y más de un millón de personas.

Una intervención «histórica» de Carles Puigdemont en el Parlamento catalán estaba prevista para el 10 de octubre. Se esperaba que hablase del éxito del referéndum y proclamase, en consecuencia, la independencia. Un par de elementos, sin duda, le hicieron dudar en los días inmediatos. Ambos topaban de frente con el relato del proceso, que habían repetido una y mil veces y que los fieles independentistas creían por encima de cualquier evidencia.

Desde Europa, las voces que afirmaban que una Cataluña fuera de España quedaría también al margen de la Unión Europea subieron de tono y contundencia. Quizás si lo hubieran hecho mucho antes, desde 2012 por ejemplo, las cosas no habrían llegado tan lejos. Cierto es que los líderes independentistas siempre habían afirmado que eso era imposible, que Europa no podía privarse de la Dinamarca del sur ni de una de sus naciones más antiguas, que los catalanes eran los únicos europeos de la península ibérica y, por tanto, parte natural de la Unión Europea. En este caso también, todo se basaba en medias verdades y engaños flagrantes.

El segundo elemento era la fuga de empresas. Cambios de sede social o fiscal empezaron a acumularse rápidamente. Los más impactantes fueron los de CaixaBank y el Banco Sabadell, además de Gas Natural. Desde entonces la sangría no paró. Según El Economista, a finales de diciembre, más de 3.100 empresas habían trasladado sus sedes sociales fuera de Cataluña. Los efectos sobre el comercio, el transporte y el turismo en Cataluña no han sido menores. Los boicots a productos catalanes fuera de Cataluña no han faltado. Las previsiones de crecimiento del PIB tuvieron que modificarse a la baja. Todavía no es posible hacerse una idea exacta de las consecuencias económicas del proceso. El desafío separatista sin duda está siendo un lastre.

Las anteriores consecuencias no son las únicas. Algunos médicos han advertido también de las de tipo psicológico, desde el estrés y la ansiedad al insomnio y el abatimiento. En octubre, algunos productos se agotaron en farmacias catalanas. Comoquiera que sea, el día 10 de octubre, en un discurso confuso y algo esperpéntico en el Parlament, Carles Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña. Pero ocho segundos después la dejó en suspenso. Los diputados de Junts pel Sí y la CUP firmaron la declaración de independencia, pero no registraron el documento. Todo muy claro, con luz y taquígrafos. Fue la culminación de lo que Francesc de Carreras ha denominado el «6 de octubre posmoderno», pensando en la comparación inevitable con 1934.

Ante la amenaza de una aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, Puigdemont se debatió hasta el último momento, en el mes de octubre, entre convocar elecciones o proclamar definitivamente la independencia. El día 26 por la noche parecía convencido de lo primero o así lo creyeron un par de personas que tuvieron un papel importante a la hora de convencerle de que esta era la mejor opción, el lehendakari Urkullu y el consejero de Empresa Santi Vila. Pero al día siguiente cambió de opinión. No resistió ni a las presiones de los suyos en los despachos —con Rull y Turull en primer plano—, ni a los sollozos de Marta Rovira, ni a la presión en la calle, sobre todo de las huestes cupaires. No quería que le recordaran como a un traidor. Santi Vila dimitió.

El president y los independentistas forzaron una votación secreta en el Parlamento catalán para aprobar la resolución conjunta de JxS y la CUP para declarar la independencia de Cataluña en forma de República. Lo que sigue ha sido contado en múltiples ocasiones. El mismo día, el Senado iba a aprobar la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución española y la consiguiente intervención de la autonomía. Mariano Rajoy destituyó al Gobierno de Cataluña, disolvió el Parlamento y convocó elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre. El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fue destituido. La aplicación contenida del 155 y los inmediatos comicios tomaron por sorpresa a muchos observadores. Los gobernantes independentistas no tenían nada preparado. Habían engañado a todos. La campaña electoral iba a ser extraña. TV3, que, a diferencia de lo que se había especulado, no fue intervenida con el 155, se volcó en apoyo a las candidaturas independentistas y, en especial, a Junts per Catalunya, que lideraba Puigdemont desde el extranjero.

Los exmiembros del Gobierno y los de la Mesa del Parlament fueron llamados a declarar. Los Jordis, como vimos más arriba, ya estaban en prisión. Puigdemont y algunos de sus exconsejeros huyeron de España y se instalaron en Bruselas. Dos de ellos, sin embargo, Joaquim Forn y Dolors Bassa, regresaron para presentarse en la Audiencia Nacional. El 3 de noviembre, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretó prisión incondicional para Oriol Junqueras, Carles Mundó, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. El único que iba a quedar en libertad, previo pago de una fianza de 50.000 euros, fue Santi Vila, que había dimitido antes de la declaración de independencia.

Algunos de los exconsejeros fueron liberados más adelante. No, en cambio, Junqueras y Forn. La ANC y Òmnium se han hecho cargo de los dineros de las fianzas, excepto de la de Vila, considerado ya, por su realismo, el gran traidor al proceso. Las protestas en la calle han sido continuas desde entonces, con lazos amarillos, caceroladas, concentraciones varias y manifestaciones.

PASADO Y PRESENTE

El 8 de noviembre, el mismo día en que el Tribunal Constitucional anuló la DUI aprobada por el Parlamento catalán el 27 de octubre, iba a tener lugar otra huelga general, aunque con muchísimo menos seguimiento. Los Comités de Defensa de la República fueron muy activos. Un nombre emergió con fuerza: Carles Sastre, que estuvo entre los principales líderes de la huelga del 3 de octubre y su minoritario sindicato, Intersindical-CSC, encabezó la del 8 de noviembre. Este último día, una mujer se presentó en la plaza Sant Jaume y se paseó entre los manifestantes que protestaban contra la aplicación del artículo 155 con un cartel marrón con una inscripción en rojo: «Sastre assassí». La mujer en cuestión no era otra que la hija del exalcalde de Barcelona Joaquín Viola y de Montserrat Tarragona, asesinados en 1978, en otra época.

En diciembre de 2015, Sastre había encabezado ya un manifiesto firmado por una veintena de antiguos miembros del Exèrcit Popular Català (EPOCA) y de Terra Lliure —se presentaban como «represaliados de la lucha independentista»— para pedir un acuerdo de gobierno entre Junts pel Sí y la CUP. Entre los firmantes estaban también Montserrat Tarragó y Àlvar Valls. Los medios de comunicación públicos invitaron a Sastre a presentar el manifiesto. Mònica Terribas, en su programa de Catalunya Ràdio, fue muy complaciente con él y los «compañeros de Terra Lliure». Esas fueron sus palabras textuales, como bien destacó el periodista Cristian Segura en un excelente reportaje en las páginas de El País. ¿El independentismo de hoy justifica los asesinatos y destrucciones del de ayer? ¿Todo por la patria?

En un programa de TV3, Sastre fue calificado por el periodista Xavier Graset como ex-preso político y «gran reserva del independentismo». Pocos días después, El Periódico publicó una indignada carta de la sobrina del empresario Bultó, Lucía Bultó: «Cuando Xavier Graset habla de la muerte de José María Bultó olvida maliciosamente decir que José María Bultó no murió de un ataque al corazón ni de un cáncer, sino porque su entrevistado, Carles Sastre, entró en casa del señor Bultó mientras comía con su familia y, a punta de pistola, le adosó una bomba al pecho, bajo amenaza de hacerla estallar si José María Bultó no pagaba 500 millones de pesetas. Horas después, la bomba estallaba, despedazando en mil partes el cuerpo de Bultó».

Los asesinatos de los Viola y de Bultó se remontan al final de la década de 1970, época en que el terrorismo tuvo un papel no menor en tierras catalanas. Surgieron varios grupos terroristas en Cataluña, con la independencia por bandera, como el Front d’Alliberament de Catalunya —que cometió varios atentados, en uno de los cuales, en marzo de 1971, murió el guardia civil Dionisio Medina— y la Organització de Lluita Armada. La banda más activa fue el EPOCA, inspirado por Josep Maria Batista i Roca y fundado por Jaume Martínez Vendrell, un veterano militante de Estat Català —con cuyas milicias había participado en el desembarco de Alberto Bayo en Mallorca en 1936— y del Front Nacional de Catalunya.

A EPOCA se le atribuye el asesinato de José María Bultó, presidente de la química Cros, en 1977, y, al año siguiente, muy posiblemente —los hechos resultan algo más confusos—, de Joaquín Viola y su esposa, Montserrat Tarragona. Una bomba adosada en el pecho destrozó los cuerpos de Bultó y Viola. En julio de 1977 fueron detenidos Carles Sastre, Àlvar Valls, Montserrat Tarragó y Josep Lluís Pérez, acusados del asesinato de Bultó, pero se les aplicó al cabo de unos meses la Ley de Amnistía del año anterior. Tras la apelación del ministro del Interior y el asesinato de los Viola se intentó encarcelarlos de nuevo, pero se fugaron antes a Francia. Sastre fue detenido en 1985 en Puigcerdá, junto con Tarragó y Jaume Fernàndez Calvet.

Carles Sastre fue condenado en 1985 a 30 años de prisión como coautor del asesinato de Bultó. Al año siguiente se le absolvió del asesinato de Viola y Tarragona por falta de pruebas, a pesar de que el hijo de la pareja reconoció a Sastre y a Tarragó como dos de las personas que entraron aquel día en su casa. La familia Viola siempre le ha apuntado como el asesino. Finalmente, en 1987, se condenó a Sastre a 18 años más de prisión por pertenencia a banda armada —los grupos terroristas EPOCA y Terra Lliure— y tenencia de armas. Solamente cumplió 11 años. En 1996 salió de prisión, aunque, a diferencia de otros exterroristas, sin aceptar la reinserción. Ni él ni Tarragó ni Valls han pedido nunca perdón a las familias de sus víctimas.

Carles Sastre se presenta a sí mismo, en un libro que publicó junto con Carles Benítez, Pep Musté y Joan Rocamora, Terra Lliure: punt de partida (2012), como «el prisionero independentista catalán que ha pasado más años en prisión, hasta que fue liberado en 1996». Sastre reapareció en los medios de comunicación durante el proceso catalán. En 2012 formó parte de la lista de la CUP en Lérida, en un lugar simbólico, en las elecciones al Parlament. Al año siguiente fue elegido como secretario general del sindicato de la izquierda independentista Intersindical-CSC, próximo a la CUP. Ocupaba hasta entonces el cargo de secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva. Ha participado en actos oficiales de promoción procesual. Se le puede ver, por ejemplo, al lado del famoso exjuez Santiago Vidal, en la foto de familia de la cumbre del referéndum que tuvo lugar en el Parlamento de Cataluña en diciembre de 2016, presidida por Carles Puigdemont, Artur Mas, Carme Forcadell, Ada Colau y Oriol Junqueras.

Carles Puigdemont, tras su huida de España, se instaló en Bruselas junto con algunos de sus consejeros también prófugos de la justicia. Desde allí hicieron campaña para las elecciones del 21 de diciembre de 2017. Sea como fuere, el 4 de noviembre se emitió, por parte de la Audiencia Nacional, una euroorden de detención en la que se solicitaba la extradición de los exmiembros del Gobierno catalán instalados en Bruselas. La justicia belga les tomó declaración al día siguiente, dejándolos en libertad, aunque sin poder abandonar Bélgica. La orden de detención internacional fue, más adelante, estratégicamente retirada. La ANC y Òmnium Cultural organizaron una magna peregrinación, por tierra y aire, a Bruselas, el 7 de diciembre, para arropar a sus «exiliados» —un término usado por los independentistas, algo ofensivo para los que han sido de verdad exiliados, en 1939 y en otros momentos de la historia de España, y lo pasaron mal—, bien provistos de lazos, sudaderas y bufandas amarillas.

El expresidente de la Generalitat se había echado al monte. Era un nuevo Companys redivivo. Le daba igual arrasar con todo mientras se respetara su imaginario estatus institucional y su calidad de guía de un pueblo —otro Moisés—. Continuaba con una característica que ha sobrevolado en permanencia el proceso: la realidad paralela. Esta permite estar por encima de la ley, no acatar la Constitución ni el Estatut, no calcular ni asumir de verdad las consecuencias de los actos, mentir como bellacos —por la mañana se puede sostener una cosa y lo contrario por la tarde, da igual— e inventar nuevas vías si las existentes no gustan o no convienen.

Las élites procesuales han pilotado Cataluña como si fuera un gran videojuego. Ni las consecuencias en la economía, ni en el buen gobierno, ni en la estabilidad del sistema político, ni en la cohesión social, ni en la paz y tranquilidad del país, les han importado, a fin de cuentas, lo más mínimo. El objetivo era Ítaca, la independencia. De ahí que Puigdemont reclamara poder estar por encima de la ley española, también desde Bruselas. En su mundo particular y en el de sus colegas en el proceso, la ley la deciden ellos. Ellos son la ley.

Quizás por este espíritu algo montaraz, sumado a la procedencia de Puigdemont de la Cataluña interior tradicional y a su propio nombre, Carles, el periodista Enric Juliana empezó a hablar de carlismo. La idea arraigó, puesto que los mapas de la influencia carlista en el siglo XIX no resultan muy distintos de los que ponen de relieve las zonas más independentistas en la actualidad. Empero, ni los carlistas eran independentistas, ni los fueros tenían nada que ver con las autonomías, ni hay continuidad ninguna entre carlismo y nacionalismo. Los conflictos del siglo XIX y los de hoy poco tienen que ver. La equivalencia territorial es, en cambio, interesante. Se trata de zonas que han sido muy tocadas por el catolicismo y el conservadurismo social, de familia troncal y comunidades fuertes y reacias a grandes cambios. No se puede reducir a una cuestión de derechas e izquierdas, sino de fondo conservador, que sirve tanto para la vieja Convergència pujolista como para la ERC de Junqueras o la CUP.

La Cataluña del proceso no quiere cambiar. Se gusta tal como es o como cree que es. Otra vez el espejo. Los miedos a las crisis de principios del siglo XXI han sido reconvertidos en entusiasmos por la independencia. España representa para ellos la crisis, el derroche, la corrupción, la baja calidad democrática, el expolio, mientras que el paraíso se encuentra en la otra esquina. Se trata de creer fervientemente en las posibilidades de esta nueva Cataluña. Es el futuro.

La apuesta de las élites independentistas y de una parte de la clase política catalana ha sido muy clara. El proceso es una revuelta de una zona rica, que no quiere lastres en épocas de crisis ni ejercer solidaridades frustrantes y que se percibe como superior —el complejo de superioridad catalán, implícito o explícito tiene aquí un papel clave—, y de unas clases medias que no quieren dejar de serlo. En todo caso, aspiran a mejorar. El proceso ha sido un modo de vida para algunos, pero también ha sido o aspira a ser un buen modo de ganarse la vida.

Para los políticos, el proceso ha sido una tabla de salvación para esconder su falta de proyectos y de visión del mundo y, esencialmente, su patética mediocridad. Además, ha permitido ocultar parcialmente la corrupción, tanto en Cataluña como en el resto de España. No se puede descartar inferencias extranjeras: la intervención rusa, con fines desestabilizadores, parece demostrada entre septiembre y diciembre de 2017; y, además, ha salido a la luz una entrevista en la embajada de Ecuador en Londres, el 9 de noviembre de 2017, entre Oriol Soler —uno de los ideólogos del proceso y colaborador de Puigdemont— y Julian Assange, muy activo en las redes a favor de la independencia.

Sea cual sea el desenlace final de la aventura secesionista, lo único que parece seguro es que va a terminar mal para Cataluña y para España. La reconstrucción de las roturas, en caso de ser posible, va a ser harto complicada y costosa y va a ocupar mucho tiempo.

TERCERA PARTE

HISTORIAS, SÍMBOLOS Y COLORES DE LA PATRIA

En 2014, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, presidido entonces por Artur Mas, celebró con grandes fastos el tercer centenario de la supuesta derrota catalana en la guerra de Sucesión. Era el denominado Tricentenari. Presentando como una guerra contra Cataluña lo que fue, en realidad, un conflicto sucesorio e internacional y, asimismo, como el final de un Estado catalán lo que nunca existió como tal, los nacionalistas señalaban el año 1714 como punto de referencia ineludible de su cultura y de su ser. En la ciudad de Lérida, el día 11 de enero de 2014, el presidente Mas pronunció el discurso de inauguración del programa de actos previstos para celebrar el Tricentenario 1714-2014. Empezaba la pieza oratoria reclamando el derecho, para toda nación, a conmemorar los hechos más relevantes de su historia para mirar hacia adelante, pensando en el futuro colectivo de los catalanes. La historia era, sostenía Mas, uno de los pilares o fundamentos de «nuestra nación». ¿Qué defendían los héroes catalanes de 1714?, se preguntaba a continuación el mandatario. La respuesta era de un presentismo flagrante: nuestras constituciones, nuestros derechos y nuestras libertades, y, también, la voluntad del pueblo de Cataluña de gobernarse a sí mismo, esto es, el autogobierno: «Defendían el autogobierno de Cataluña en mayúsculas».

En estos términos, la conclusión resultaba más que lógica. Trescientos años después, en 2014, los catalanes estaban luchando exactamente por lo mismo: la voluntad del pueblo catalán de gobernarse por sí mismo. Con una única diferencia, sin embargo: las armas de entonces fueron las bayonetas y los fusiles (Mas dixit), mientras que eran las de hoy la democracia, los votos y la movilización. La perversidad histórica del discurso, en un tono marcadamente populista, resulta manifiesta. Las reivindicaciones soberanistas e independentistas y las demandas de referéndums se anclaban, en una torticera pirueta ahistórica, en el pasado. En 2014 se iba a conmemorar, así pues, «la dignidad de un pueblo» que ha sobrevivido desafiando a Estados poderosos —entiéndase el español y, en parte, el francés— y que desea autogobernarse y «recuperar plenamente aquellas libertades que se le ha intentado arrebatar en numerosas ocasiones». Las declaraciones de Artur Mas y de otros líderes independentistas sobre ganar en las urnas, en 2014, lo que se perdió en 1714 por las armas, no resultaron excepcionales. La derrota de 1714 se convierte en el discurso del nacionalismo, a fin de cuentas, en el referente mítico de una victoria final.

No son pocos los movimientos, ideologías o culturas políticas que se han construido históricamente en torno a la memoria de una suerte de trauma fundacional, más o menos real o imaginado. Destacan, en este sentido, las llamadas causas perdidas (lost causes) o causas vencidas, desde las de los legitimismos europeos —en primer término, el carlismo y el neoborbonismo de la Italia meridional— o de ciertos nacionalismos, hasta la del sudismo confederado norteamericano. La idea es antigua en Occidente, aunque iba a cargarse de contenido político concreto en el siglo XVIII, fijándose, en la centuria siguiente, como un ideal romántico; la codificación ideológica de la causa perdida por parte de los vencidos en la Guerra Civil norteamericana (1861-1865) fue esencial. Este planteamiento, en cualquier caso, convertido en discurso eminentemente moderno, niega toda suspensión de la continuidad histórica. Estas causas pueden llegar a surgir o resurgir, sostienen algunos estudiosos, décadas o siglos después del acontecimiento traumático de referencia, como mostró el revival nacionalista romántico del siglo XIX o como está sucediendo en la actualidad. La pervivencia o reinvención se da en forma de identidad cultural de un territorio concreto o, de igual modo, en cuanto alternativa política.

Las referencias directas o indirectas en el nacionalismo catalán y, más específicamente, en el independentismo a la mítica fecha de 1714 resultan casi obsesivas. Cada 11 de septiembre, en conmemoración del 11 de septiembre de 1714, se celebra la Diada, el día de Cataluña. El tricentenario celebrado con gran despliegue de medios en 2014 tenía como referente, está claro, 1714. En la entrada del edificio del nuevo Born Centre Cultural —dedicado a la interpretación (nacionalista) de los hechos de 1714—, inaugurado en 2013, se instaló, tal como había anunciado unos meses antes el alcalde convergente de Barcelona Xavier Trias, un mástil de 17,14 metros de altura con una bandera catalana de 17,14 metros cuadrados. El peso del simbolismo se imponía en este caso incluso frente a la socorrida tentación virilmente patriótica del tamaño de los objetos, y en ese sentido no fueron pocos los que recordaron que era más pequeña y menos alta que la enseña rojigualda de la plaza de Colón de Madrid. Algo más larga fue la bandera, estrellada en este caso, que la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural desplegaron en San Cugat del Vallés en julio de 2017 como inicio de la campaña por el sí en el referéndum ilegal del 1 de octubre: más de 2.500 metros cuadrados de tela, que convertían a esa estelada en la más grande del mundo. El acto tuvo lugar, como no podía ser de otra forma, a las 17.14 de la tarde.

Para conmemorar la Diada de 2014, la del ineludible tricentenario del 11 de septiembre de 1714, los juegos de manos con la emblemática cifra se multiplicaron. En Campdevánol, por ejemplo, en el noreste de Cataluña, se organizó la Milla Catalana, una carrera solidaria de... 1.714 metros. En la misma provincia de Gerona, en la ciudad de Camprodón, como en muchas otras poblaciones del Principado, aquel día repicaron las campanas... a las 17.14 horas. Desde el año 2012, en el campo de fútbol del FC Barcelona el minuto 17 con 14 segundos de cada una de las dos mitades de los partidos da lugar a que una parte muy importante de los aficionados desconecte momentáneamente de las acciones de los protagonistas del terreno de juego y se lance a entonar el «In…, Inde…, Independència».

Tomando en consideración este último caso y el de la señera del Borne, el escritor Quim Monzó, poco sospechoso de fiebres unionistas, confesaba en un artículo publicado en La Vanguardia en abril de 2013 que, aunque en un primer momento había pensado que los nacionalistas catalanes exageraban con tanto 17,14 —«17,14», así se titulaba, precisamente, su columna periodística—, luego había llegado a la conclusión que quizás era conveniente que así fuera. Y a continuación proponía una larga lista de objetos que podrían ponerse a la venta: mesas de comedor de 1,714 metros cuadrados (no apta, añado yo, para familias numerosas), libros de 17,14 centímetros de altura, marcos para cuadros en tres medidas —17,14 centímetros, 1,714 y 17,14 metros de lado—, alfombras de 17,14 metros cuadrados, televisores de 17,14 pulgadas o, entre otros más, «condones y tampones vaginales de 17,14 centímetros, la medida ideal para todo catalán y toda catalana, respectivamente». Huelga decir que más de una de las ideas de Monzó se convirtió en realidad. No obstante, aunque a algunos les pueda pesar, los estudios de la Asociación Española de Andrología desmienten que la longitud media del pene en erección de los catalanes sea de 17,14 centímetros: en 2013, era de poco más de 13,5.

Sea como fuere, el nacionalismo catalán se define en buena medida, desde el principio, a partir de un cataclismo ocurrido casi dos siglos antes, en 1714, una derrota que habría supuesto el fin —un paréntesis, en puridad— de la nación y el Estado catalanes. La debacle de 1714 pasa a convertirse, en el discurso catalanista, en el referente mítico de un triunfo final. La estricta e inexorable continuidad entre el pasado y el futuro solamente resulta posible en un relato imaginario/imaginado. La Cataluña de la década de 1890 poquísimo tenía que ver con la de los siglos XVI y XVII y, a pesar de los esfuerzos de algunos historiadores, el catalanismo resulta difícilmente enlazable con el austracismo del siglo XVIII. Más alucinante y/o alucinada parece la frase del prolífico monje de Montserrat e historiador nacionalista Hilari Raguer en su panfleto Ser independentista no és cap pecat (2012), de título de clara raigambre sardaysalvanyesca: el nacionalismo catalán empieza «el 12 de septiembre de 1714, al día siguiente de la derrota nunca aceptada». No sé si ser independentista es o no un pecado —lo dejo en manos de preclaros teólogos—, pero en cualquier caso sí debería serlo decir tontadas amparándose en esta supuesta impunidad.

El nacionalismo catalán se vio obligado a dedicar buena parte de sus esfuerzos primigenios a un par de tareas. Primeramente, a la reescritura de la historia en clave nacional-nacionalista. Los historiadores han construido un relato para el catalanismo. La segunda tarea ha consistido en la reelaboración e invención de tradiciones, en el sentido que apuntaron Eric J. Hobsbawm y Terence Ranger en un estudio convertido ya en clásico: The Invention of Tradition (1983). Entre finales del siglo XIX e inicios de la centuria siguiente, al tiempo que tenía lugar la emergencia del nacionalismo, en Cataluña se asistió a una fecunda puesta en circulación de supuestas tradiciones. Nacieron entonces, adecuadamente recreados en la historia y dotados de indiscutible contenido nacional, los verdaderos y sacros símbolos de la patria, en especial la bandera de las cuatro barras o señera, la sardana considerada como danza nacional, el Pi de les Tres Branques, la montaña mí(s)tica y la virgen de Montserrat, el patrón Sant Jordi, el himno Els segadors y la Diada o día de la patria, el 11 de septiembre. La «causa vencida» de 1714 entraba con fuerza, culturalmente armada, henchida de estrategias de supervivencia simbólica, en el siglo XX.

Otros artefactos culturales, como la bandera y demás gadgets independentistas, los castillos humanos en cuanto espectáculo nacional o el burro catalán pertenecen a épocas más tardías o, incluso, al propio siglo XXI. A través de la apelación a las emociones, los símbolos considerados como nacionales contribuyen a generar identidad, pertenencia y cohesión, al tiempo que se definen frecuentemente frente a otros, percibidos en ocasiones como contrarios o amenazantes. De la construcción de un relato nacional-nacionalista del pasado y de algunos de los símbolos patrióticos catalanes anteriormente mencionados trata este capítulo. A pesar de mis bienintencionados propósitos y sintiéndolo mucho, no ocupa, sin embargo, ni 17,14 páginas ni contiene 1.714 palabras.

7

EL RELATO NACIONAL-NACIONALISTA DEL PASADO

El 11 de septiembre de 1941, el presidente del Centro Catalán de La Habana, el nacionalista radical Josep Conangla Fontanilles, pronunció el discurso de rigor en un día tan señalado en el calendario de la patria catalana. El final de la Guerra Civil española no estaba lejano e impregnaba todas sus palabras. Conangla se proponía, en su intervención, decir algunas cosas sobre «las enseñanzas que a mi juicio sincero se derivan, tanto de la luctuosa efeméride de 1714 como de todas las demás caídas que el pueblo catalán ha ido sufriendo, en su vía crucis histórico cruento, hasta llegar al calvario horrible del nuevo asalto a Barcelona por parte de los sucesores redivivos de las hordas austroborbónicas, es decir, las hordas falangistas-morunas-nazi-italianas del ejército cavernario de Franco».

En el recorrido del orador por la historia de Cataluña sobresalían algunos momentos: el Compromiso de Caspe, la «unión gitanesca» de los Reyes Católicos, la guerra de los Segadores como lucha contra el imperialismo español o las traiciones contra el espíritu «catalanesc» de 1714, así como «todo el rosario sucesivo de humillaciones, coacciones, abusos, atropellos, abatimientos, ilegalidades y torturas políticas, económicas y de todo tipo, desahogadas contra Cataluña desde el primer al último Borbón, de maldita memoria todos ellos, para asimilarla a Castilla, para embrutecerla, desorganizarla y españolizarla a la fuerza». La conclusión de Conangla era, a partir de los elementos anteriores, evidente: «Todo esto, en conjunto, desde el Compromiso de Caspe, 1412, hasta la época presente, es reducible a una deducción inconcusa: el enemigo de la Nación Catalana es el unitarismo castellano, convertido metafóricamente en centralismo españolista».

Treinta años más tarde, el gran músico y violoncelista catalán Pau Casals recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas. Tenía 95 años al recogerla, en 1971, y pronunció muy emocionado para la ocasión un famoso y recordado discurso en el que agradecía el gran honor que se le estaba haciendo con dicha distinción. Afirmó asimismo: «Soy catalán. Cataluña es hoy una provincia de España. ¿Pero qué fue Cataluña? Cataluña fue la nación más grande del mundo. Os diré por qué. Cataluña tuvo el primer parlamento, mucho antes que Inglaterra. Cataluña acogió los inicios de las Naciones Unidas. Todas las autoridades de Cataluña, en el siglo XI, se reunieron en una ciudad de Francia, que era entonces catalana, para hablar de paz. En el siglo XI». En el mismo acto, Casals interpretó al violoncelo la bella pieza El cant dels ocells.

Más adelante, bien enterrado el franquismo y en plena consolidación de la democracia y del Estado de las autonomías, la Generalitat pujolista impulsó, en 1988, la celebración con grandes fastos del Milenario del nacimiento político de Cataluña. En 988 los catalanes habían nacido, según parece, a la vida política, a la independencia al fin y al cabo, por la negativa del conde barcelonés Borrell II a rendir homenaje al franco Hugo Capeto. El Parlamento de Cataluña aprobó, en diciembre del año anterior, una proposición no de ley para la conmemoración. Los historiadores estaban divididos en este tema: las dudas de unos sobre la manipulación política o los cuestionamientos en torno a la fecha concreta de 988, eran contestadas por otros, como Josep Maria Ainaud de Lasarte, con el consejo de no caer en la erudición estéril.

El 22 de abril de 1988, el rey Juan Carlos I presidió la inauguración solemne de los actos del Milenario en el palacio de la Generalitat. En sus memorias, Jordi Pujol recordaba aquel momento: «En 1988, el mismo año del segundo centenario de Carlos III, quise conmemorar esa efeméride de mil años de antigüedad. [...]. Quise recordar al pueblo de Cataluña que veníamos de lejos y de un origen modesto». Este «pueblo» había nacido hacía más de mil años como nación, sostenía el mandatario catalán. Y añadía que en la construcción de un país, Cataluña, con un proyecto ambicioso e ilusionante, siempre se había tenido en cuenta la historia. «La historia, como la demografía, pesa mucho», afirmaba Pujol en su segundo volumen memorialístico, de 2009.

En las anteriores palabras de Josep Conangla Fontanilles, de Pau Casals y de Jordi Pujol encontramos algunos elementos que forman parte de lo que podemos denominar el relato nacional-nacionalista de la historia de Cataluña. Los ejemplos podrían multiplicarse. He escogido solamente tres, de momentos distintos y de personas con perfiles y opiniones también diversas, aunque todas declaradamente nacionalistas. Se trata de un relato claramente preponderante, bien extendido e interiorizado por los catalanes a lo largo del siglo XX y hasta hoy mismo.

LOS HISTORIADORES Y EL RELATO

Los historiadores, en concreto, han tenido un papel no menor en la elaboración, difusión y justificación del relato. No siempre han ejercido la prescriptiva crítica profesional. Historia y nacionalismo han mantenido relaciones profundamente viciosas en Cataluña. Afirmaba Marta Ferrusola, esposa del presidente de la Generalitat Jordi Pujol, en un acto celebrado en el Hotel Ritz de Barcelona en noviembre de 1988 sobre el Milenario y el catolicismo que «nuestra fe se alimenta con la lectura de los evangelios, nuestro nacionalismo se alimenta con nuestra historia». Este relato dominante ha sido creado por los historiadores para el nacionalismo catalán o bien simplemente apropiado por este —con o sin permiso—, desde el neorromanticismo patriótico conservador de Ferran Soldevila al nacional-comunismo romántico de Josep Fontana, sin olvidar a autores como Antoni Rovira i Virgili o Jaume Sobrequés, ni tampoco los precedentes provincialistas balaguerianos en el siglo XIX. «Historiador. Tu patria te necesita», titulaba El Roto su viñeta en el diario El País, el 23 de noviembre de 2013, en la que figuraba un personaje caracterizado con una barretina.

En este relato histórico nacional-nacionalista, Cataluña constituye una viejísima nación que se dotó pronto, entre la época medieval y la moderna, de un Estado, siempre acechado por Castilla-España y en vías de convertirse, a finales del siglo XVII, en un modelo de democracia. El 11 de septiembre de 1714 supuso el fin de una nación y de un Estado. La nación revivió en el siglo XIX, con la Renaixença en lo cultural, y con el catalanismo y el nacionalismo en lo político. En cambio, el Estado se convirtió en los siglos XX y XXI en una deseada e irrenunciable aspiración, a corto, medio o largo plazo.

A lo largo de estos más de mil años ha habido momentos de desnacionalización —la «desnacionalización del pueblo catalán» provocada por el Compromiso de Caspe, por ejemplo, como destacó Soldevila— y, por encima de todo, una resistencia frente a los ataques permanentes de Castilla-España, que fueron evidentes, según reza este relato, en las derrotas de 1714 o de 1939. De ahí la importancia otorgada a las piedras del Borne —«nuestra zona cero», como ha asegurado en múltiples ocasiones Quim Torra, primer director de este complejo arqueológico-cultural nacionalizador— o al combate por el retorno de los papeles de Salamanca, en puridad una disputa sobre reliquias, como bien observó Enric Ucelay-Da Cal.

Desde un punto de vista estrictamente histórico, sin embargo, ni Cataluña es una antigua nación, ni el primer gran Estado-nación, ni fue un Estado, ni un modelo de democracia en el siglo XVII e inicios de la centuria siguiente, ni la guerra de Sucesión o la Guerra Civil española fueron guerras contra Cataluña. Como ya aseguró Ernest Renan en una famosa conferencia pronunciada en la parisina Sorbona —«Qu’est-ce qu’une Nation?»— en 1882, el error histórico es un factor esencial en la creación de naciones. Consolidar una nación que pueda reivindicar un Estado propio ha sido la principal tarea a la que se han librado desde principios del siglo XX los nacionalistas catalanes. El uso y el abuso de la historia constituyen características fundamentales de todos los nacionalismos.

En Història de Catalunya, un librito de 2007 publicado en múltiples lenguas, bien publicitado y pergeñado por Jaume Sobrequés i Callicó, uno de los historiadores que se esfuerzan en ejercer como supuestos intelectuales orgánicos del nacionalismo independentista, puede leerse, entre otras cosas, a cual más sorprendente, que la obra atesora «la más escrupulosa intención de ser rigurosa», así como «una motivación social y política y responde a una inquebrantable voluntad de servir al país de su autor». El historiador adquiere un compromiso con su país, sostiene Sobrequés, «sirviendo hasta donde sea posible la verdad». Por lo que parece, todo tiene sus límites... patrióticos.

Estas son las primeras cuatro palabras de la obra: «Cataluña es una nación». Y en la página siguiente se añade que se trata de «una nación sin Estado propio, pero que lo tuvo a lo largo de casi mil años y que quiere y debería poder ejercer el derecho a decidir si desea volver a tenerlo». El presentismo se me antoja flagrante. El objetivo del volumen, así pues, es el de mostrar cómo se configura una nación —en el siglo XI existían, se nos dice, los rasgos que caracterizan «una realidad nacional»— dotada de un Estado propio, un Estado-nación consolidado ya en el siglo XIII que tuvo durante centurias un papel no pequeño en la historia europea y americana. En la Baja Edad Media se configuró una comunidad con «unas características plenamente nacionales» y Cataluña era entonces «un Estado-nación bien moderno desde el punto de vista político». Este Estado —un Estado «soberano», no sometido a Castilla— fue permanentemente agredido hasta conseguir su destrucción a principios del siglo XVIII. Tras este periodo de «hostilidad nacional» hacia Cataluña, en 1714 se acabó poniendo fin «al régimen político catalán, casi milenario».

Desde el siglo XVIII, continúa la exposición del autor, tiene lugar una «despersonalización nacional» y una «destrucción institucional, política y nacional» de Cataluña. ¿Cómo explicar, no obstante, que muchos catalanes colaboraran con las autoridades borbónicas? Sobrequés echa mano aquí de la idea del quintacolumnismo: «En momentos especialmente trágicos y de agresión nacional, en Cataluña ha existido siempre una quinta columna, que frecuentemente ha actuado a pecho descubierto, al servicio de aquellos que se han afanado en la aniquilación nacional del país». Tenemos, como no podía ser de otra manera en un relato nacional-nacionalista, «aquí y en la China popular y en la otra» —tomo prestada la célebre fórmula de Josep-Lluís Carod-Rovira—, a los infaltables traidores.

En cualquier caso, Cataluña iba a luchar constantemente por recuperar «lo que como colectivo nacional perdió después de la derrota de 1714». La democracia actual, sin embargo, no ha supuesto la recuperación de la «plenitud política» que Cataluña poseía antes de principios del siglo XVIII. La secesión constituye, por tanto, el final del proceso: «Cap a la independència», reza el título del último capítulo del libro. En marzo de 2013, en una entrevista en el digital nacionalista VilaWeb, Sobrequés afirmaba que «con España no hay nada que hacer; es una razón que se demuestra históricamente».

Jaume Sobrequés i Callicó, antiguo senador y diputado socialista —se dio de baja del partido en 2010 para apoyar a Artur Mas— y miembro de la junta directiva del Barça, además de inefable tertuliano deportivo, ha fungido como director del Museo de Historia de Cataluña entre 2000 y 2008 —un auténtico museo nacional y aleccionador— y, desde 2012, del Centre d’Història Contemporània de Catalunya (CHCC). Fue el impulsor del tristemente célebre congreso Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014), patrocinado por la Generalitat de Cataluña y su consejero de Presidencia Francesc Homs, que se celebró en diciembre de 2013, a las puertas del año del Tricentenario de marras. La iniciativa recibió muchísimas críticas. John H. Elliot la tildó, pongamos por caso, de poco histórica, sin rigor alguno, y la calificó de disparate. Incluso mostraron su disconformidad algunos historiadores nacionalistas tan sectarios como Francesc Vilanova.

La polémica histórica y política generada por el coloquio no arredró a Sobrequés, sino todo lo contrario, y en marzo de 2014 se comercializó otro librito suyo en la misma Editorial Base —dirigida por su hijo—, Espanya contra Catalunya. Crònica negra d’un simposi d’història, en el que explicaba y justificaba la organización del simposio, el desarrollo y los resultados y denunciaba asimismo las críticas recibidas. Los objetivos del congreso, que se define en todo momento como «científico» —Sobrequés clausuró la última sesión del simposio al grito de «¡Viva la historia rigurosa y científica que nos apoya y nos marca el camino hacia la independencia!», una auténtica astracanada, como apunta Jordi Amat—, habían sido esencialmente tres: estudiar la política de España con respecto a Cataluña, «casi siempre de naturaleza represiva»; presentar las condiciones de «opresión nacional» sufridas por el pueblo catalán, y, por último, poner de relieve cómo el «agresivo nacionalismo español» ha afectado de manera negativa a Cataluña. El discutible y discutido título es defendido con el sublime argumento de que «define una realidad incuestionable».

Las reacciones tras el anuncio del encuentro pusieron de manifiesto, sostiene Sobrequés, el sentimiento anticatalán de amplios sectores de la sociedad española, el «templado» soberanismo de personas significativas del mundo cultural e intelectual catalán y, finalmente, la animadversión de otras personas y de los partidos políticos españolistas de Cataluña. Se lamenta de la existencia de un «ejército bien organizado» antisimposio y anticatalán y de una «quinta columna» en el interior de la comunidad autónoma —los malos muy malos no descansan nunca, ni en el pasado ni el presente, ya se sabe—. La mescolanza perversa entre historia y proyecto político soberanista resulta permanente en las páginas de la obra. Algo que resulta normal en la concepción histórica del hijo del buen historiador gerundense Santiago Sobrequés, que se posiciona desde una «historiografía nacional catalana» y el compromiso del historiador. El «historiador de verdad —apunta Jaume Sobrequés i Callicó— debe ser un ciudadano comprometido con su país». Las palabras finales del librito no hacen más que corroborar esta idea: «La construcción nacional debe hacerse con coraje. Este es, a estas alturas de la vida, mi compromiso. El precio no importa. Lo que sea necesario».

Las más de ochocientas páginas de las actas del simposio Espanya contra Catalunya vieron la luz en diciembre de 2014, coeditadas por el Departamento de Presidencia de la Generalitat y el CHCC. En la presentación del volumen, Sobrequés insiste en todos los temas ya referidos, desde la permanente represión española hasta la quinta columna catalana. Más interesante resulta, sin embargo, la reproducción del discurso que pronunció en la inauguración del congreso, en el que, entre alusiones a la «realidad incuestionable, que como tal no puede ser puesta en duda» de la acción de España contra Cataluña a lo largo de tres siglos y apelaciones a la «firmeza de mis convicciones patrióticas», afirma: «Les guste o no, la historia es también un arma pacífica al servicio del futuro de nuestro pueblo, del futuro de nuestro país». Bonita declaración de prostitución intelectual: de tanto poner la historia al servicio de causas variopintas, de la revolución al nacionalismo, ya casi no nos queda oficio.

Participan en el volumen de actas en cuestión historiadores, economistas, juristas, sociólogos y lingüistas. La lección inaugural corrió a cargo de Josep Fontana, con un texto titulado «Espanya i Catalunya: tres-cents anys d’història». Un par de argumentos sobresalen en las páginas de este profesor y maestro de historiadores. En primer lugar, la derrota de 1714 significó el final de un proyecto político que, a lo largo de cuatro siglos —desde las Cortes de 1283 hasta las de principios del Setecientos—, elaboró «un sistema de gobierno representativo que, con la democratización que culminó en las Cortes de 1702 y 1706, figuraba entre los más avanzados y democráticos de Europa». La guerra de Sucesión habría enfrentado, en este sentido, el progreso y la democracia catalana en ciernes contra el absolutismo y el feudalismo español. Los estudios de Eva Serra y Joaquim Albareda avalan estas interpretaciones fontanistas, a medio camino entre la historia soñada y romántica y el relato nacionalista, sin olvidar el uso tramposo de terminología de actualidad y algunos leves toques de complejo de superioridad étnico-cultural. El segundo de los argumentos puede formularse de la manera que sigue: entre 1714 y 2014 ha existido en Cataluña «una corriente poderosa y profunda de consciencia colectiva» que «podría perdurar otros trescientos» años más. En 2017 Fontana fue premiado por el CHCC de Sobrequés con el llamado Reconocimiento Josep Benet.

Las anteriores ideas y otras fueron desarrolladas extensamente y de forma algo más argumentada en La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, un libro publicado por Josep Fontana, cómo no, en 2014. El objetivo principal, como se indica en el prólogo, es buscar explicaciones al hecho de que los catalanes «seamos hoy un pueblo con un fuerte sentido de identidad, de pertenencia a un colectivo que comparte mayoritariamente, además de lengua y cultura, unas formas de entender la sociedad y el mundo». Para Fontana, la identidad es «una realidad que nace de una larga existencia compartida». Sin embargo, nunca queda del todo claro en el casi medio millar de páginas lo que eso sea y sus características.

Las palabras introductorias terminan con la explicitación de uno de los motivos que le impulsaron a emprender esta aventura, que no es otro que «las profundas raíces que nos ligan a todos y cada uno de nosotros a la suerte de nuestro pueblo». Pero, me pregunto, ¿qué «raíces» y quiénes son «nosotros»? Reconozco, personalmente, que las identidades pretendidamente centenarias o milenarias y únicas o excluyentes me asustan un poco, en perspectiva histórica, y constituyen demasiado frecuentemente la antesala de lo que el escritor franco-libanés Amin Maalouf denominó, en un interesante ensayo, identidades asesinas.

Un análisis extenso de la aportación de Josep Fontana no resulta posible en estas páginas. Voy a centrarme en cuatro momentos clave. Primero: el nacimiento de Cataluña. Hacia el año 1000, sostiene el autor, en las tierras catalanas «no existía Estado, pero existían los fundamentos de una nación». Segundo momento: el siglo XIII. La época de Jaime I el Conquistador y de Pedro el Grande constituye, en opinión del profesor barcelonés, la de «un avance todavía más importante en la historia de nuestra formación como pueblo: el que llevó a convertir Cataluña en el primer Estado-nación moderno de Europa».

El tercer momento corresponde a 1714. Los gobernantes y administradores castellanos consiguieron entonces, escribe Fontana, «poner fin al Estado catalán; pero el conjunto de las características que a lo largo de casi mil años habían configurado una identidad propia que caracterizaba al pueblo, o a la nación, de los catalanes resistirían en unos primeros momentos, y se enriquecerían todavía con los nuevos elementos aportados por el desarrollo de una sociedad industrial». Cuarto y último: el presente. Se apunta que en el libro ha sido sometido a tratamiento «un sentimiento que ha perdurado en el tiempo y que ha llegado en plena vigencia al presente, habiendo resistido quinientos años de esfuerzos de asimilación, con tres guerras perdidas —el 1652, el 1714 y el 1939—, sometido a unas largas campañas de represión social y cultural, que todavía hoy siguen».

Todos y cada uno de los mojones del relato nacional-nacionalista se encuentran en las anteriores citas de la obra La formació d’una identitat. Una història de Catalunya. La historia se convierte de forma precisa, en este caso, en una narración del proceso secular de autorrealización nacional y estatal de la patria, adecuada para el momento agitado de hoy. Tras la lectura del texto en cuestión, algunos historiadores han expresado públicamente —pocos, pues ya se sabe que la crítica a los mandarines no es bienvenida, y las consecuencias, no subestimables—, importantes críticas. No les ha contestado y descalificado Fontana, sino que, como ya había ocurrido en otras ocasiones anteriores, ha dejado la tarea a algunos de sus fieles discípulos.

Así pues, Borja de Riquer cargó contra Santos Juliá en El País y de nuevo contra él y también contra un servidor, en La Vanguardia, por haberse atrevido a poner serios reparos a las sagradas palabras —muy renovadoras, por lo que parece— del venerado maestro. Este último diario no admitió réplica por alusiones directas, sino que ofreció a los aludidos la sección de cartas al director. El final de mi corto texto, titulado «Riquer y el rey desnudo», aparecido el 30 de septiembre de 2015, era el siguiente: «El problema planteado no es que el libro de Fontana cuestione ninguna narrativa oficial, sino que es un producto de baja calidad historiográfica y profundamente ideologizado. Así de simple. Y el enfado del profesor Riquer, en su papel de escudero de Fontana —no es el primero que interpreta este rol—, se dirige evidentemente hacia aquellos que han osado decir que el rey de la historiografía catalana está desnudo. Con la Iglesia hemos topado, amigo Pancho». Sí, con el historiador Pancho (Borja) de Riquer, no con Sancho Panza.

EL ARCA MARAVILLOSA DE LOS SUEÑOS PATRIÓTICOS

Agustí Calvet, más conocido como Gaziel, hizo ya en 1938 unas interesantes reflexiones sobre este tipo de historia nacional y nacionalista de Cataluña que en la actualidad representan los citados Sobrequés y Fontana. Gaziel, que puede ser considerado como uno de los más grandes periodistas de la Cataluña del siglo XX, se vio obligado a escapar con su familia de la Barcelona revolucionaria en 1936. Desde 1914 colaboró en el diario La Vanguardia, que iba a dirigir en la época de la Segunda República. Estuvo instalado en Francia y Bélgica, pero retornó a España en 1940.

Tras el sobreseimiento de las causas que se le abrieron, estableció su residencia en Madrid buscando otras maneras de ganarse la vida, en una suerte de largo exilio interior. Aunque sus artículos ya no pudieran ver la luz en las páginas de los diarios, como antes de la guerra, nunca dejó de escribir. Antes de su muerte, ocurrida en 1964, se editaron unas interesantes memorias y algunos libros de viajes. Otros textos, sin embargo, no iban a ser conocidos hasta la publicación, en 1970, de manera póstuma, del grueso volumen de su Obra catalana completa.

Quina mena de gent som. Quatre assaigs sobre Catalunya i els catalans constituye, en concreto, uno de ellos. Reúne un total de cuatro ensayos sobre Cataluña y los catalanes, escritos entre finales de la década de los treinta y los postreros años de la siguiente, aunque revisados con posterioridad: «Introducció a una nova història de Catalunya»; «Pobles remolcadors i pobles remolcats», una reflexión sobre Castilla y Cataluña a partir de las imágenes del heroísmo quijotesco y el antiheroísmo sanchopancesco; «El secret d’una migració misteriosa», dedicado al pintor Joaquim Sunyer, en tanto que representación genuina de la sustancia de Cataluña, y por último, «El desconhort», el desconsuelo, un profundo ensayo sobre la debilidad política y nacional de Cataluña —nacionalmente hablando, sostenía Gaziel, Cataluña ha sido y continúa siendo un organismo imperfecto, rudimentario y débil—, al mismo tiempo que una crítica catalanista a algunos de los postulados del nacionalismo desde Enric Prat de la Riba. Los cuatros textos están precedidos por un largo y sustancioso prólogo del autor ampurdanés, nacido en San Feliu de Guíxols en 1887.

El primero, presentado como una introducción a una nueva historia de Cataluña, es una pieza extraordinaria. Fue escrito inicialmente en 1938 en la ciudad del Sena, tras una detenida relectura de una obra fundamental de la historiografía catalana: la Història de Catalunya, de Ferran Soldevila, publicada en tres volúmenes entre 1934 y 1935. Cuenta Gaziel que la había leído ya anteriormente en dos ocasiones y consultado otras muchas, pero que la tercera le impulsó a tomar infinitas notas, permitiéndole meditar como nunca sobre la historia catalana. Se trataba, en su opinión, de un trabajo excelente, tanto por su abundante información y seriedad científica como por la técnica histórica y el estilo claro y preciso. Lo definía como uno de los libros más bellos, al tiempo que bien construidos, que puedan leer los catalanes, inflamado todo de «fe catalanesca», de la fe ciega del patriotismo. Adolecía, sin embargo, de un problema: no era tanto la historia estricta de unos hechos como la de un deseo maravilloso urdido con ellos. O, expresado de otra forma, Soldevila no presentaba, en realidad, la historia de Cataluña, sino la historia del sueño de Cataluña.

Cuando la Guerra Civil española terminase —la espeluznante locura de España, como la denominaba Gaziel—, escribir una nueva historia de Cataluña iba a resultar imprescindible. Se trataba, sin duda, aseguraba el autor, de una empresa colectiva, no adecuada para una sola persona. El objetivo no era elaborar una contrahistoria o una antihistoria de las anteriores, confeccionadas en otras circunstancias, sino una historia diferente, «más real, más directa y profunda». El resultado no iba a ser ni una historia ejemplar y estimulante, ni un cuento de hadas patriótico. Acaso esta «narración verídica» nunca llegase a ver la luz, aseguraba el director de La Vanguardia en las páginas de presentación, revisadas antes de morir, puesto que una fundación centrada en proyectos de esta naturaleza que había imaginado, junto con el político y mecenas Francesc Cambó, acabó frustrándose.

Los renglones siguientes del ensayo, ordenados en quince pequeños apartados, podían considerarse una suerte de introducción a esa nueva historia de Cataluña tan deseada y deseable. Todos los asuntos abordados en el texto incitan a la reflexión. No es mi intención tratarlos in extenso. Quisiera centrarme en un par de ideas que me parecen especialmente relevantes. Gaziel insistía, en primer lugar, en que a lo largo de algo más de mil años de historia, Cataluña nunca había existido como entidad política; los catalanes fueron, en todo momento, incapaces de construir un Estado, «una entidad política propia, exclusiva» que se llamara Cataluña. Este último término no tuvo, en ningún momento, ni el sentido ni el contenido que se le estaba dando desde la época de la Renaixença, en el siglo XIX.

La imagen de Gaziel era muy gráfica: el arca maravillosa que guardaba los sueños patrióticos de los catalanes nacionalistas de su época no había existido nunca en el pasado. Todos los intentos habían sido frustrados por la debilidad y la locura catalanas —los ecos del 6 de octubre de 1934 todavía resonaban en estas palabras—. Las historias elaboradas desde 1870 narraban hechos reales, sostenía el autor, pero los atribuían a una entidad política y orgánica que era un auténtico «fantasma», esto es, «Cataluña considerada como un Estado catalán». Se trataba, a fin de cuentas, de una figura mitológica, hija del moderno nacionalismo. La impotencia del presente impulsaba a algunos a afirmar que, en el pasado, Cataluña ya fue una nacionalidad y un Estado como los que deseaban los nacionalistas contemporáneos.

En relación con el punto anterior y en segundo lugar, Gaziel criticaba en estas historias de Cataluña, impregnadas de ideal nacionalista, que hicieran converger todos los acontecimientos del pasado hacia la necesidad apriorística de obtener, en tanto que coronación, la plenitud de la nacionalidad catalana en una forma estatal. El ejemplo más claro era, desde el mismo título, la Història nacional de Catalunya de Antoni Rovira i Virgili. Con el calificativo «nacional», que era un espejismo antihistórico, se introducía una valoración puramente actual en el proceso analizado. Las palabras de hoy no poseían ningún significado ayer, o bien expresaban con harta frecuencia otra cosa. Nada tenía que ver, como aseguraba Gaziel, la «nació cathalana» de la que hablaba Ramon Muntaner en el siglo XIV con la «nacionalitat catalana» de Enric Prat de la Riba. La idea del segundo no era una continuidad de la del primero, sino una radical subversión provocada por la emergencia del nacionalismo.

Toda historia nacionalista —o absolutista, o fascista, o federalista— era, simple y llanamente, una historia falsa. Esas historias de Cataluña resultaban, en el fondo, afirmaba el autor, apologías melancólicas y delirantes, obras edificantes y estimulantes. Indispensable era, en resumen, concluía Gaziel, una nueva historia que dejase de contar lo que debió ser y no fue, para intentar explicar lo que fue y lo que es, dando pistas, de una vez por todas, sobre lo que puede ser.

VICENS VIVES Y LOS MITOS

Las historias de Cataluña elaboradas con posterioridad a las lúcidas y valientes consideraciones de Gaziel han sido, en parte, algo distintas de las que produjo la historiografía romántica y neorromántica hasta Ferran Soldevila. El papel de Jaume Vicens Vives resultó, en este aspecto, fundamental. Fue uno de los grandes historiadores españoles del siglo XX. Tuvo una participación decisiva en los intentos hechos para renovar la historiografía hispánica, en especial la catalana, tras la guerra de 1936-1939, e intervino de manera destacada en el terreno político y social. Josep Pla escribió que su temprana muerte, a los 50 años en una clínica de la ciudad de Lyon, en junio de 1960, «ha sido la más devastadora que el país ha sufrido en los años que vamos, mediocremente, viviendo».

Jaume Vicens Vives nació en Gerona en 1910. Estudió Filosofía y Letras. Tras la licenciatura y el servicio militar se incorporó, en 1933, a la Universidad de Barcelona como profesor ayudante; más adelante, pasó a la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, obtuvo una cátedra de instituto de geografía e historia. La influencia de Antonio de la Torre y la cultura de raíz positivista fueron muy importantes en sus primeros pasos como historiador. En 1936 leyó la tesis doctoral, que iba a publicarse poco después: Ferran II i la ciutat de Barcelona, 1479-1516. Fue nombrado, aquel mismo año, profesor adscrito al seminario de Historia de Cataluña de la Universidad Autónoma de Barcelona. Colaboró estrechamente con el prehistoriador Pere Bosch Gimpera. Algunos avances de la tesis, con una visión renovadora de la figura del Rey Católico, así como sus referencias críticas a la historiografía romántica, provocaron una polémica con Antoni Rovira i Virgili, que le acusó de parcialidad y de poca sensibilidad «catalanesca».

Se incorporó a filas en 1937. No obstante, siguió con sus trabajos históricos, preparando con Alexandre Cirici un atlas geopolítico de Cataluña, un encargo del Departamento de Cultura de la Generalitat que no llegó a ver la luz. Algunos materiales fueron reutilizados más adelante por Vicens, en una coyuntura sensiblemente distinta. Al final de la Guerra Civil decidió quedarse en España. En los primeros meses de la posguerra, aunque había sido cesado como profesor universitario, colaboró estrechamente con Antonio de la Torre, nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona. Se le abrió un expediente de depuración como catedrático de instituto, pero fue archivado a nivel de responsabilidad penal, aunque la vía administrativa siguió su curso. En 1941 fue sancionado con dos años de suspensión de trabajo y sueldo, además de su traslado forzoso fuera de Cataluña. No volvió a la universidad hasta 1947, por oposición, primero en Zaragoza y, al año siguiente, en Barcelona.

Mientras tanto, nunca dejó de escribir y preparar proyectos. En 1939-1940 colaboró en la revista Destino, impulsada por intelectuales catalanes que habían coincidido en Burgos. Muchos de sus artículos estaban dedicados a la situación internacional, analizada desde una perspectiva geopolítica. El anticomunismo y los elogios a la política exterior de los regímenes fascista italiano y nazi no faltaban. La habilidad para enfrentarse a situaciones variables y el pragmatismo de Vicens Vives, a lo largo de toda su vida, resultan prodigiosos. En 1940 vio la luz Geopolítica del Estado y del Imperio y, una década después, el Tratado general de geopolítica.

Fundó en 1942, con su cuñado Frederic Rahola, Ediciones Teide. La empresa se especializó en textos dedicados a la enseñanza. Aquel mismo año dio a la imprenta la Historia general moderna. Del Renacimiento a la crisis del siglo XX. En la posguerra retomó algunos de sus trabajos anteriores. Historia de los remensas (en el siglo XV), uno de los libros más importantes, apareció en 1945. Antes, en 1940, había publicado Política del Rey Católico en Cataluña, y, más adelante, Fernando el Católico, príncipe de Aragón, rey de Sicilia, 1458-1478 (1952), Juan II de Aragón (1398-1479) (1953) y El gran sindicato remensa (1488-1508) (1954).

Desde 1948, con su incorporación como catedrático a la Universidad de Barcelona, se lanzó a un ambicioso programa de renovación historiográfica. Algunos autores han aludido incluso a una «escuela histórica barcelonesa». La creación del Centro de Estudios Históricos Internacionales y de las revistas Estudios de Historia Moderna (1951) e Índice Histórico Español (1953) debe ser inscrita en esta línea. También la colección «Biografies Catalanes», con la que se pretendía contribuir a la escritura de una nueva historia de Cataluña. Contó con notables ayudas, pero también con poderosas resistencias. En estos años se relacionó mucho con Rafael Calvo Serer y Florentino Pérez Embid, en la órbita opusdeística. Salió bastante de España —la participación en el IX Congreso Internacional de Ciencias Históricas, celebrado en París en 1950, merece ser destacada— y mantuvo intensos contactos con historiadores extranjeros. Contribuyó decisivamente a abrir ventanas a Europa.

La influencia de la Escuela de los Annales, junto con la de Arnold Toynbee, resultaron decisivas en los años de madurez del historiador gerundense. La historia social y la económica, de base cuantitativa, vinieron a complementar la historia más institucional. La erudición y el intenso trabajo de archivo dejaron paso a los proyectos de síntesis; la época moderna convivió en sus trabajos con la contemporánea. La mirada hacia el exterior, con una intensa labor de comentario bibliográfico, se complementa con la introspección. El espíritu tardopositivista coexistió con las tendencias neorrománticas. Ramon Grau y Marina López han hecho referencia, acertadamente, a los difíciles equilibrios entre tendencias opuestas que pueden encontrarse en el Vicens historiador. El resultado fue una obra rica, contradictoria, sugerente, densa y de gran influencia.

En la década de los cincuenta, Jaume Vicens Vives publicó muchísimo. Algunos de sus libros más destacados pertenecen al terreno de la síntesis o el ensayo. En 1952 vio la luz Aproximación a la historia de España y, dos años después, Notícia de Catalunya, en versiones catalana y castellana; en 1957 empezó a editarse la Historia económica y social de España y América, una obra colectiva en varios volúmenes, dirigida por Vicens. Notícia de Catalunya, en concreto, resultó un éxito de ventas. En 1960 se publicó una nueva edición catalana, corregida y ampliada. El objetivo del volumen —inicialmente debía titularse Nosaltres els catalans, pero los previsibles problemas con la censura hicieron que fuera modificado— era penetrar en el «ser colectivo» catalán. Modernidad y esencia se daban la mano, tanto en el fondo como en la forma. El esencialismo crepuscular de Jaume Vicens Vives comparte numerosos puntos con el de Claudio Sánchez Albornoz para la historia de España.

Notícia de Catalunya, que sella públicamente el compromiso del autor con el catalanismo, es inseparable de su interés por la historia contemporánea —Industrials i polítics del segle XIX (1958), por ejemplo— y, sobre todo, de la tarea cívica y política que llevó a cabo en sus postreros años de vida. Con motivo de una visita que le hizo Vicens Vives en 1958, el ya citado Josep Pla escribía: «Vicens está cansado (aburrido) de ejercer de profesor, de trabajar en el archivo, de vivir entre papeles viejos. Ha hecho una gran carrera de historiador y ha llegado donde ha querido. [...]. Pero ahora quiere desempeñar otra clase de carrera, más brillante, más espectacular. La popularidad le fascina. La política. Probablemente tiene ambición».

Colaboró de nuevo asiduamente en Destino. Sus contactos con grupos de oposición y con el exiliado president Tarradellas, así como con miembros destacados de la burguesía catalana, deben interpretarse como preparativos para una recuperación de Cataluña (el «redreç») y para un posfranquismo que, erróneamente, veía muy cercano. Un sólido grupo dirigente resultaba entonces imprescindible, y la burguesía catalana debía retomar, según Jaume Vicens Vives, el papel que tuvo en otras épocas. Era un liberal; un «centrista», ha escrito Josep Termes, bien alejado del Vicens premarxista inventado y apoderado interesadamente —como ocurrió también con Marc Bloch en manos del posvilarismo patrio— por algunos gurús. Preparar el futuro partiendo de la legalidad franquista resultó, a la postre, una vía cercenada por su prematura muerte.

En Haciendo historia (2012), John H. Elliott relata su llegada a Cataluña en la década de los cincuenta para avanzar en sus investigaciones sobre la revuelta de 1640. En un marco historiográfico dominado por dos figuras y dos opciones, la nacionalista de Ferran Soldevila y la revisionista de Jaume Vicens Vives, el autor se alineó con la última. Estas perspectivas eran la expresión, a su entender, de las tensiones inherentes a la escritura de toda historia nacional, en la cual se percibe el pasado a través del prisma del presente y el presente a través del prisma del pasado. Al igual que Vicens Vives y su círculo, sostiene Elliott, «me convertí en una especie de iconoclasta, ansioso de desterrar los mitos». E insiste en otro pasaje: «Hacer que se desvanezcan de tal modo los mitos nacionales es parte integral de la empresa histórica y era natural que yo compartiera la perspectiva de Vicens y me viera a mí mismo como compañero de armas».

Mito e historia se confundieron en la historia de Cataluña elaborada desde el siglo XIX. El nacionalismo ayudó a ello, puesto que mientras que la historia era necesaria para fundamentar el pasado del presente y sus reivindicaciones, el mito constituía un instrumento de conciencia y movilización. Y, asimismo, un arma contra otros mitos creados por nacionalismos opuestos; en esencia, evidentemente, el español. Jaime I se convertía en la contrapeso del Cid Campeador, y Wifredo el Velloso en el de Don Pelayo. El mito ha disputado su lugar a la historia en el caso de personajes —el desdichado Jaime de Urgel, los patriotas Pau Claris y Rafael Casanova o el mártir Companys—, acontecimientos —el Once de Septiembre— o ideas y actitudes, desde el casi democrático pactismo hasta la intrínseca modernidad catalana.

Para escribir una historia rigurosa, la separación de mito e historia resulta imprescindible. No se trata, evidentemente, de eliminar los mitos. Tienen sus funciones. La tarea del historiador es mucho más modesta: separar el mito de la historia y poner de manifiesto las perversiones, casi siempre interesadas, que genera su confusión. Los mitos no dejan de ser, al fin y al cabo, un objeto de historia. Frente a ellos, la función del historiador debe ser, ha escrito Ricardo García Cárcel, la de mostrar su relativismo histórico, así como la multiplicidad de lecturas que ofrecen a lo largo de los tiempos y en función de la identidad de sus intérpretes. La historia crítica es siempre revisionista.

La revista L’Avenç desarrolló desde sus inicios en la segunda mitad de los años setenta un muy destacado esfuerzo desmitificador a través de dosieres y artículos. A las voces que, como Oriol Pi de Cabanyes, en 1982, consideraban entonces que la crítica del mito era un paso hacia la desmovilización, otros, en especial Ferran Mascarell, uno de los directores que ha tenido la publicación, respondían que la desmitificación era imprescindible para historiar críticamente. Agustí Alcoberro, que fue director del Museo de Historia de Cataluña entre 2008 y 2014, y que, desde 2017, ejerce como vice-presidente de la ANC, aludía, a principios de la década de 1990, a la revisión de los mitos que se hizo en los tres lustros precedentes como una auténtica «cruzada». Todavía en 1991, en el editorial del número 150 de L’Avenç, sus redactores se sentían obligados a justificarse por el dosier de la revista dedicado nuevamente a los mitos catalanes, apuntando que con ello no querían «traicionar» al país. Albert Balcells se refería, en 1994, a una «línea mitófoba selectiva» por parte de esta revista.

DEBATES HISTORIOGRÁFICOS

En cualquier caso, después de la etapa marcada por la figura de Jaume Vicens Vives, en las décadas de 1960 y 1970 se llevaron a cabo intentos individuales y colectivos para reexaminar a fondo y reescribir la historia catalana. Fue una época, que Enric Ucelay-Da Cal bautizó como la del frente-populismo historiográfico, en la que las maneras de hacer historia fueron revisadas. Marxismo y nacionalismo presidían el momento, y el manido compromiso del historiador admitía pocas bromas en aquellas circunstancias.

Un buen ejemplo de las potencialidades de esta época fue la salida a la calle, en 1970, del primer número de la revista Recerques, con el subtítulo «Història, Economia, Cultura» e impulsada por Ernest Lluch, Ramon Garrabou, Josep Termes, Josep Fontana y Joaquim Molas. La lucha contra el franquismo y el resistencialismo daban fuerza al trabajo de los historiadores, pero marcaban también los límites de un doble teleologismo. De ahí, en buena medida, la rápida caducidad de muchos de los productos de aquella época. No soportan una lectura hecha en una coyuntura distinta.

En este marco debemos situar la irrupción en el escenario catalán y español del historiador marxista francés Pierre Vilar, autor de algunas obras de ineludible referencia: los volúmenes de La Catalogne dans l’Espagne moderne (1962) o las recopilaciones de trabajos Crecimiento y desarrollo (1964), Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII (1973) e Hidalgos, amotinados y guerrilleros (1982). Si se quiere comprender adecuadamente la influencia de Vilar resulta necesario añadir, al valor intrínseco de los anteriores textos, un mínimo de tres elementos: el amplio impacto de alguno de sus libros —en concreto, de la Histoire de l’Espagne, aparecida en 1947—, que relataban la historia de un país parcialmente sometido, en aquel entonces, a una manipulación y a un soterramiento de su propio pasado; la obra del historiador francés, que se convirtió en un importante estímulo para unos historiadores y unos aspirantes a serlo que querían profundizar en la historia de España de los siglos XVIII, XIX y XX, marginados tras la ruptura historiográfica de 1939 en favor de otras épocas más «gloriosas», y, finalmente, su manera de hacer historia, que iba a calar de manera profunda en una nueva generación, la del tardofranquismo, ávida de marxismo, economicismo y de opciones comprometidas y supuestamente revolucionarias. La combinación entre las aportaciones de Vilar y el estado de las historiografías catalana y española durante la segunda parte del franquismo y en la Transición democrática explican, en buena medida, la influencia e importancia de su obra y de su figura.

Existe, asimismo, un mito Vilar en Cataluña. Este autor ha sido sometido, sobre todo por parte de historiadores —aunque no exclusivamente—, a un proceso de mitificación personal e historiográfica que lo salvaguarda de todo intento de aproximación crítica y lo convierte en fuente de autoridad y sacralidad. El objetivo es, como mínimo, doble. De una parte, perpetuar una forma de hacer historia, apegada al materialismo histórico, y erigirlo en modelo frente a otros historiadores franceses «repudiables», llámense estos François Furet, Philippe Ariès, Emmanuel Le Roy Ladurie, Jacques Le Goff o Georges Duby. En este terreno, el papel de Josep Fontana y de su particular manera de hacer historia de la historiografía, que reduce todo a una competición entre buenos y malos, resultan decisivos. De otra, ayudar a sostener un par de las principales ideas del discurso histórico dominante en Cataluña: la de la intrínseca modernidad catalana en España y sus lógicas consecuencias, y la singularidad del «hecho nacional» catalán, avaladas ambas por la sempiterna «simpatía» vilariana.

Debo reconocer que en mi mirada sobre Vilar no solamente puedo tener en cuenta sus interesantes libros citados más arriba, sino también los publicados en la década de 1980, en la que yo realicé mis estudios. En aquel entonces, este historiador francés seguía anunciando de palabra y por escrito —véase, por ejemplo, el manual que circuló profusamente por las aulas universitarias, Iniciación al vocabulario del análisis histórico (1980)— que Stalin había sido una de las personas que mejor habían analizado el nacionalismo y la cuestión nacional. De hecho, aplicó a Cataluña las tesis estalinianas.

Entre 1987 y 1990, Pierre Vilar dirigió los ocho desiguales volúmenes de la Història de Catalunya, obra, respectivamente, de Joan Maluquer de Motes, Josep Maria Salrach, Carme Batlle, Núria Sales, Josep Fontana, Josep Termes, Borja de Riquer y Joan B. Culla. El octavo volumen contenía una antología de documentos, mientras que el siglo XVIII se esfumaba de la obra y los textos escritos por un Vilar crepuscular eran poco interesantes. Asimismo, en 1995 ofreció al público un libro tan esperado como insulso y mal editado: Pensar històricament. Reflexions i records. Algunas críticas a este libro, como las de Justo Serna en Recerques, se intentaron silenciar, con fortuna relativa, tal como relaté en mi libro La historia es un árbol de historias. Historiografía, política, literatura (2014).

No puedo olvidar, como anécdota vivida —yo estaba allí, como el célebre maestro Juan Martínez de Manuel Chaves Nogales—, que Vilar nos contó a algunos de los presentes en un curso de verano en Gerona, en julio de 1988, impermeabilizado ante todas las evidencias, que Albania era la sociedad más libre y modélica de Europa. Sea como fuere, resulta imprescindible no demorar por más tiempo la revisión de la obra y del legado historiográfico de Pierre Vilar. Revisar significa simplemente repensar y releer crítica, seria y libremente; una relectura de verdad, no la del «creyente» que retoma su «biblia», no la del escolasticismo, a la manera de Rosa Congost, Josep Fontana o Núria Sales.

En la primera mitad de los años ochenta vieron la luz los tres volúmenes de la Història dels Països Catalans (1980), coordinada por Albert Balcells —en la que participaban, además, Josep Maria Salrach, Eulàlia Duran, Manuel Ardit y Núria Sales—; la Història de Catalunya (1983), dirigida por Joaquim Nadal y Philippe Wolff, y la renovadora y más infravalorada Historia de Cataluña. Siglos XVI-XVII (1985), en dos tomos, de Ricardo García Cárcel. En esta década, la historiografía catalana prosiguió con su dinamismo, aunque el modelo «frente-populista» empezaba a mostrar síntomas de agotamiento, en paralelo a la conformación de un poder nacionalista moderado al frente de la nueva autonomía.

El toque de alerta llegó en las páginas de la revista L’Avenç con un artículo que firmaban un medievalista (Miquel Barceló) y dos especialistas en la época contemporánea (Borja de Riquer y Enric Ucelay-Da Cal), todos profesores en la Universidad Autónoma de Barcelona. Se titulaba «Sobre la historiografía catalana». En opinión de estos autores, coincidiendo con una etapa de confusión en lo político, la historiografía catalana estaba en un callejón sin salida —un «atzucac»—, especialmente por lo que a la «ambigüedad profunda» del sujeto histórico de la investigación y de la reflexión se refiere.

El debate abierto por este artículo, seguramente uno de los más influyentes publicados por historiadores en la Cataluña del último cuarto del siglo XX, se concretó sobre todo en un par de textos. Consistía el primero en la transcripción de una mesa redonda coordinada por Ramon Garrabou, publicada en 1984 en L’Avenç, con la participación de los tres autores del artículo anterior y de cuatro profesores de la Universidad de Barcelona: Josep Termes, Eva Serra, Miquel Izard y Jordi Casassas. La preocupación del organizador —que también mostró en algunos artículos de la misma época— por la anunciada crisis del marxismo y la despolitización resultaba palpable, casi tanto como una cierta añoranza del pasado reciente. En el centro de la discusión colectiva aparecían, asimismo, la necesidad o no de la crítica de los mitos y de la historia nacional. Termes representaba una visión nacionalista moderada, que se estaba desentendiendo del marxismo, mientras que Serra, por ejemplo, muy activa desde hacía tiempo en la política radical del independentismo socialista, afirmaba que «no tiene ningún sentido decir que Cataluña o los Países Catalanes son una nación si al lado no incluimos ocupada».

El segundo texto era un artículo conjunto de Albert Balcells, Casimir Martí y Josep Termes aparecido en las páginas de L’Avenç en 1985. Mostraban con interesantes argumentos los límites del marxismo patrio, Vilar incluido, y defendían «una historia nacional de los catalanes en su propia experiencia de pueblo», al tiempo que se cuestionaba la posibilidad de hacer una historia de Cataluña nacionalmente neutral. En este sentido, aseguraban que esta «o es nacionalmente catalana o es nacionalmente española —es decir, castellanizante— y en este caso la historia de Cataluña que se haga es historia provincial o, si se quiere, regional». No existía alternativa a dicha dicotomía. Las consideraciones sobre el marxismo y la izquierda señaladas por los autores indignaron profundamente a Francesc Roca y Ricard Vinyes, que respondieron en la misma revista de forma algo soberbia y desabrida.

Se reanudaron algunas discusiones sobre la historiografía contemporánea catalana a finales de los ochenta e inicios del decenio siguiente, con la intervención, entre otros, de Riquer, Ucelay-Da Cal, Anguera, Fontana, Sobrequés o Termes. Destacaban los tres primeros el contraste entre el crecimiento de la producción, la ampliación temática y el aumento de la profesionalización con la falta de verdaderas preguntas y el teleologismo generalizado. Según ellos, estancamiento y depresión caracterizaban el panorama del momento. Los aires de cambio y de ruptura empezaban a penetrar en el microcosmos historiográfico en Cataluña.

ENSIMISMAMIENTO

Desde la última década del siglo pasado, sin embargo, en estrecha relación con las propias evoluciones de la historiografía catalana y con las vicisitudes políticas, han regresado con fuerza inusitada algunos de los caracteres y problemas de la historia nacional criticados en su momento por Gaziel. La entronización historiográfica de Soldevila ejemplifica bien el cambio. Ello resulta especialmente evidente, más que en las investigaciones sobre temas específicos, en las obras de síntesis sobre la historia de Cataluña, en los textos de divulgación en forma de libro o revista y, asimismo, en el amplio uso político que del pasado se está haciendo día tras día, como la conmemoración, en 2014, del tricentenario del final de la guerra de Sucesión ha puesto claramente de manifiesto. El hecho de que un buen número de historiadores catalanes aceptaran participar acríticamente en los festejos de 2014, dirigidos, no por historiadores reputados, sino por una pareja de cómicos y empresarios televisivos, habituales de TV3, está claro —Miquel Calçada alias Mikimoto y el «polaco» Toni Soler—, dice muy poco en favor de esta profesión.

Tres razones me parecen fundamentales a la hora de intentar explicar el cambio de rumbo de la historiografía catalana a principios de la década de 1990. En primer lugar, el éxito del proceso renacionalizador pujolista y su gran interés en la historia —entre los asesores de Pujol encontramos a Josep Termes o Josep Maria Ainaud de Lasarte— como pilar de un proyecto nacional. El entonces presidente de la Generalitat de Cataluña aseguraba en 2001 que existía «una línea que pasa por Narcís Feliu de la Penya, Jaume Vicens Vives y Pierre Vilar, que es la que yo he seguido». Estas circunstancias generaron numerosos puestos, encargos, subvenciones y ayudas varias, bien aprovechadas por algunos historiadores. Las cosas no cambiaron en la etapa de los Tripartitos socialista-independentista-excomunistas verdes de 2003-2010, sino que de alguna manera incluso se profundizaron con la creación del llamado Memorial Democrático —una suerte de organismo orwelliano y totalitario, según escribió en sus memorias Josep Benet—, desde el que se trabaron clientelas y se repartió y derrochó mucho dinero, intentando imponer una visión profundamente maniquea de la historia catalana del siglo XX, en especial del episodio de la Guerra Civil.

Algunos historiadores catalanes han asumido desde finales de la pasada centuria el papel inquisitorial de señalar y denunciar a los colegas que se apartaban de la ortodoxia nacional-nacionalista. Entre todos ellos destaca, por la combinación de virulencia en las formas y mediocridad historiográfica, Agustí Colomines, ex de Bandera Roja y del PSUC, discípulo de Josep Termes, profesor en la Universidad de Barcelona, columnista y tertuliano ultranacionalista irascible y director de la CatDem, la sospechosa fundación de CDC en la época masista, sucesora de la muy investigada Fundació Trias Fargas. El profundo compromiso de Colomines con el proceso propició su nombramiento, en 2016, como director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. Otro caso, más patético si cabe y en el que reina por encima de todo la ideologización del pasado y la supina ignorancia, es el del licenciado en Historia Jordi Serrano Blanquer, columnista de distintos medios y presidente de la Universidad Progresista de Verano de Cataluña.

La crisis y el hundimiento del marxismo, en segundo lugar, que iba a llevar a muchos historiadores catalanes a abrazar el nacionalismo como fe o como religión de sustitución, o, simplemente, a retirar parcialmente la pátina marxistoide de sus interpretaciones —el marxismo de buena parte de nuestros ilustres historiadores marxistas, en una universidad catalana profundamente marxistizada, era en realidad un bluf— para dejarlas, de nuevo, en lo que siempre fueron, esto es, un simple radicalismo menestral y bullanguero. El añorado Ernest Lluch, con su habitual ingenio, bautizó, en un par de artículos publicados a principios de 1994 en La Vanguardia, estas posiciones como «pujolismo-leninismo». Lluch, como me comentó en varias ocasiones, tenía en la cabeza para ejemplificar esta actitud, entre otros, a Manuel Vázquez Montalbán y a Josep Fontana.

El nacional-comunismo ha florecido en Cataluña. En puridad, no ha existido, como suponen algunos observadores, un supuesto camino único que haya conducido del estalinismo al independentismo, en algunos significativos historiadores catalanes, sino dosis de izquierdismo y catalanismo radicales que se han inclinado más, según los momentos y las conveniencias y los beneficios, hacia un lado o hacia el otro, o, asimismo, discursos diferentes cuidadosamente preparados para distintos públicos.

La tercera y última razón apunta a la fuerte presión ejercida sobre los historiadores catalanes que se vivió en la primera mitad de los años noventa, consecuencia parcial de los dos elementos anteriores. Continuaron, por un lado, las polémicas públicas derivadas del artículo de 1982 de Barceló, Riquer y Ucelay-Da Cal, aunque con creciente virulencia y algunos nuevos participantes. Entre octubre de 1992 y enero de 1993, Quadern, el suplemento cultural de la edición catalana del diario El País, acogió un agrio debate, prolongado durante todo el año 1993 en la revista L’Avenç. La historia nacional y el compromiso nacional del historiador estaban, como siempre, en el centro de la controversia.

En un crítico análisis sobre los últimos diez años de historiografía catalana (masificación universitaria, fuerte peso de la historia local, fracaso metodológico de la historia de Cataluña como campo específico, crisis del marxismo, estancamiento), Enric Ucelay-Da Cal defendía la fidelidad del historiador a los valores profesionales, por encima de propaganda y lealtades ideológicas. Agustí Colomines, Josep Maria Muñoz y Ricard Vinyes se enfrentaron en las páginas del diario a estas posiciones, insistiendo especialmente en el vínculo —inevitable y necesario— entre producción historiográfica y proyecto político (progresista, pero sobre todo nacional). Estos autores se integraron al año siguiente en una nueva revista de historia, El Contemporani, que dedicó su número 2, significativamente, al homenaje y la recuperación de Ferran Soldevila. Pere Anguera y Xavier Vidal-Folch se sumaron, asimismo, al debate de El País por alusiones.

Albert Balcells, en un artículo en L’Avenç del verano de 1993, retomó largamente la discusión e hizo una interesante defensa de la historia nacional, oponiéndose a la desnacionalización historiográfica y recalcando, en el marco de su interpretación, la imposibilidad de la neutralidad nacional del historiador. La sentencia de Balcells dejaba pocas dudas: «El punto de vista del historiador que estudia la historia de Cataluña o es nacional español o es nacional catalán». En un número ulterior de la revista le respondieron Ricardo García Cárcel, Pere Anguera, Borja de Riquer y Àngel Duarte.

Por otro lado, en 1993 tuvieron una amplia circulación unos panfletos anónimos. En ellos se denunciaba a los historiadores catalanes que estaban «al servicio del Estado español», esto es, a Borja de Riquer y a Enric Ucelay-Da Cal, en primer lugar, seguidos, en posición secundaria, de Ricardo García Cárcel, Roberto Fernández, Josep Maria Fradera, Pere Anguera y yo mismo, que no era más, por aquel entonces, que un profesor ayudante de una pequeña universidad y en proceso de redacción de su tesis doctoral. El tono insultante y acusador, amparado en el anonimato, era intolerable. En el diario Avui, Joan B. Culla escribió: «Desde la doble y modestísima condición de historiador y de nacionalista catalán, me gustaría hacer comprender a los aprendices de redentores que, con anónimos insultantes e incitaciones a la caza de brujas, no se defiende ni a Cataluña, ni el nacionalismo, ni el rigor historiográfico, ni ninguna causa que valga la pena».

Enorme fue el efecto de los libelos sobre toda la profesión, que no reaccionó, sin embargo, de manera unánime —y, en algún caso, no los condenó, sino más bien lo contrario—. Los debates entre historiadores catalanes, en cualquier caso, se dieron por cerrados. Por lo que a los sentados en el banco de los acusados se refiere, tres actitudes resultaban posibles de cara al futuro: la tentación del aislamiento o de buscar temas de trabajo y reflexión lo más alejados posible de las tierras catalanas; rectificar, asumir la culpabilidad y hacer méritos para integrarse en el redil nacionalista que se estaba convirtiendo en dominante —e incluso, en algún caso, ejercer la práctica inquisitorial con el entusiasmo del converso y recibiendo las pertinentes recompensas, como en el caso de Riquer, que, por ejemplo, se negó a publicar un libro ya terminado cuya dirección había encargado a Ucelay-Da Cal y le sustituyó por Hilari Raguer—, o bien, finalmente, resistir al vendaval y seguir defendiendo una historia libre y abierta y no dominada por las imposiciones del nacionalismo. Ya nunca más las cosas iban a ser igual en la historiografía catalana.

Tiene la historia en estas tierras una dimensión muy especial, seguramente más decisiva que en algunas otras partes del mundo, a la hora de pensar el presente y el futuro. Cataluña es, como ha afirmado acertadamente Ricardo García Cárcel en La herencia del pasado. Las memorias históricas de España (2011), una sociedad enferma de pasado. Y el nacionalismo tiene buena parte de responsabilidad en ello, puesto que la historia, junto con la lengua, constituyen la base de su definición nacional de Cataluña. Quizás no sea ninguna casualidad el notable número de historiadores —casi a la par con los que cursaron estudios de filología catalana— metidos, en los tiempos recientes, a políticos catalanistas, o viceversa: Oriol Junqueras, Xavier Domènech, Santi Vila, Joaquim Nadal, Ferran Mascarell, Jaume Sobrequés, Julià de Jòdar, etcétera.

De hecho, ya el filósofo Josep Ferrater Mora advertía a sus compatriotas hace más de medio siglo, en sus Reflexions sobre Catalunya (1955), que el pasado debía ser pasado y no un reflejo de un melancólico recordatorio cualquiera —la obsesión por lo que hubiera podido ser pero no fue, ya denunciada por Gaziel—; si no, aseguraba, «enfermaremos de pasado» y va a resultar difícil sanar de esa traidora dolencia. Una de las consecuencias de la enfermedad de pasado era, sostenía Ferrater, el deseo de «romper arbitrariamente las complejas relaciones que mantienen los catalanes con los otros pueblos de España».

El nacionalismo ha hecho, desde su aparición a finales del siglo XIX, un uso y abuso permanente de la historia en su proceso de nacionalización de la sociedad catalana. Aunque pueda afirmarse que todos los nacionalismos sin excepción recurren a la historia para sustentar sus reivindicaciones, en el caso de Cataluña esta circunstancia llega hasta puntos de significativo delirio, como ponen de manifiesto los intentos burdos y ahistóricos de Jordi Bilbeny, Víctor Cucurull —activo miembro de la Assemblea Nacional Catalana—, Albert Codines y el Institut Nova Història de catalanizar a santa Teresa, Colón, Hernán Cortés, Ignacio de Loyola, Leonardo da Vinci, los Pinzón, Cervantes y El Quijote. Según Cucurull, Hernán Cortés, pongamos por caso, era catalán, se llamaba Ferran y tenía «una cultura política propia de la nación catalana». Estas teorías contubernistas han recibido jugosas subvenciones y premios de entes nacionalistas y el apoyo público de políticos como Jordi Pujol, Josep Rull, Josep-Lluís Carod-Rovira o Josep Maria Terricabras.

Tras esta brevísima incursión en los límites exteriores de la historiografía, recuperemos ahora el hilo del argumento sobre la crisis en Cataluña. En mi opinión, los principales lastres que la historiografía catalana sigue sin decidirse a soltar son los siguientes: la elaboración de la historia como acto esencialmente patriótico, la ausencia de diálogo con otras historiografías y la sobrevaloración de lo propio, las aplicaciones de conceptos y visiones del presente al pasado —sobre todo, todas aquellas vinculadas a la nación y el nacionalismo—, el juicio a las acciones de hombres y mujeres de otros tiempos por no haber llevado a cabo lo que debieron hacer desde un punto de vista de ideologías de hoy y, asimismo, el uso en los trabajos de terminología ahistórica.

La historiografía catalana, sostenían Josep Maria Fradera y Enric Ucelay-Da Cal en Notícia nova de Catalunya (2005), adolece de crítica fría y desapasionada, basada en argumentos intelectuales que excluyan tanto el panegírico como la represalia; al mismo tiempo, añadían, le sobran intentos de identificación entre verdades históricas y la defensa de un país o de intereses sociales. Como bien han recordado Ángel Duarte o Carlos Martínez Shaw, los mejores momentos de los estudios históricos catalanes han sido aquellos que han comportado un fructífero contacto con lo mejor de la historiografía española. Además de los libros analizados más arriba de Sobrequés y Fontana, deben citarse también, de esta etapa, las obras colectivas —en algún caso o partes, de calidad relevante, y en otros, de flagrante tintura política desde el mismo título— Atles d’Història de Catalunya (1995), Història de la Catalunya Contemporània (1999), Història de la cultura catalana (10 volúmenes, 1994-2001), Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans (14 volúmenes, 1995-2008), Historia de Cataluña (2006) y Catalunya, nació d’Europa. 1714-2014 (3 volúmenes, 2013, con prólogo de Jordi Pujol), dirigidas, respectivamente, por Jesús Mestre i Campi, Manuel Risques, Pere Gabriel, Borja de Riquer, Albert Balcells y Joaquim Albareda.

En conclusión, una historiografía contemporánea dinámica, seguida y admirada, como la catalana de la década de 1970 e inicios de la de 1980, ya no ejerce desde hace años casi ningún atractivo fuera de Cataluña: ni en el resto de España, ni en el resto de Europa, ni en el resto del mundo. La revista L’Avenç, que llegó a los cuatrocientos números en 2014 y ha celebrado sus cuarenta años en 2017, constituye un ejemplo magnífico de esta metamorfosis. La publicación fue una gran referencia para los historiadores catalanes y para los no catalanes desde el número 1, de 1977 —existe un número 0, del año anterior—. Fue su primer director Fèlix Ibàñez Fanés. Para mi generación, tanto durante nuestros estudios universitarios como en nuestro ejercicio de jóvenes historiadores, esta revista mensual era un modelo ineludible.

Colaboré en L’Avenç con cierta frecuencia durante la última década del siglo XX. Mi primera reseña apareció en sus páginas en 1988, el primer artículo en 1991 y, dos años después, vio la luz un libro sobre el carlismo que yo coordiné en la Editorial L’Avenç, gracias al entusiasmo en el proyecto de Ramon Sorribes y Nadala Fernández, jefes de redacción y de producción, respectivamente, de la revista en aquella época. Se trata de dos grandes personas y buenos profesionales que gestionaban el día a día en la etapa de dirección de Daniel Fernández. Los sustituyó a mediados de la década de los noventa Xavier Casals, un excelente historiador, mientras que Enric Ucelay-Da Cal y José Luis Martín Ramos se incorporaron a finales de 1993 para formar una suerte de equipo de dirección con Daniel Fernández.

Dejé de participar en L’Avenç a principios de siglo, si no recuerdo mal, aunque mi nombre figuró en el consejo de redacción del suplemento Plecs d’Història Local hasta 2006. Las cosas ya empezaban a tener mala pinta y el provincianismo avanzaba. Ha pasado ya bastante tiempo de aquello y la revista no ha enderezado su rumbo, sino más bien lo contrario. No he vuelto a colaborar más. L’Avenç resulta hoy una publicación, dirigida por Josep Maria Muñoz desde 1999 —y Núria Iceta, hermana del líder del PSC, como subdirectora y copropietaria— y comprometida a fondo con el procés, casi perfectamente prescindible para todo historiador, tanto no catalán como catalán. Una pena.

Para el consumo interno y la difusión del relato nacional-nacionalista, los catalanes cuentan desde 2002 con la revista Sàpiens, dirigida desde 2010 por Clàudia Pujol, con Jordi Creus como editor y Oriol Soler, uno de los ideólogos del proceso independentista, en el cargo de presidente de la cooperativa Som, que publica este producto. En 2010 aseguraban en su web que tenían más de 130.000 lectores. Avalan la calidad de Sàpiens, como miembros de su consejo asesor, por orden alfabético: Agustí Alcoberro, Francesc Cabana, Joan B. Culla, Josep Fontana, Emili Junyent, Andreu Mayayo, Borja de Riquer, José Enrique Ruiz-Domènec, Jaume Sobrequés y Josep Maria Solé i Sabaté. En enero de 2018 salió a la calle el número 190. A finales de este mismo mes estaba prevista la llegada a los quioscos de una versión renovada de la revista: el Nou Sàpiens.

En noviembre de 2013 editaron la obra El món ho ha de saber, dedicada a la guerra de Sucesión y a la versión ortodoxamente nacional de la historia de Cataluña de los últimos trescientos años. Claudia Pujol alude en la presentación a los setecientos años anteriores, en los que «hemos sido plenamente soberanos». Se editó en cuatro lenguas, colaboró la ANC y se mandaron 15.000 ejemplares a personalidades de todo el mundo. Cuando apareció, algunos historiadores extranjeros que habían sido entrevistados para el proyecto, como el portugués Pedro Cardim, protestaron al sentirse víctimas de una manipulación política independentista.

Otra iniciativa puede darnos adecuadas pistas sobre las intenciones patrióticas y el rigor de la publicación. Desde la revista Sàpiens se dio a la luz, a principios de 2015, una obra en veinte volúmenes, titulada Història de la humanitat i la llibertat, en la que deseaban destacar el papel de la libertad como motor de la evolución humana. La lista siguiente de «momentos estelares de la lucha por la libertad» es la que se ofrecen en este peculiar producto, en un anuncio a toda página en La Vanguardia el 17 de abril de 2015: el descubrimiento del fuego, la invención de la imprenta, la Revolución francesa, la tenacidad de Gandhi, el desembarco de Normandía, la resistencia contra el apartheid de Mandela y, no se lo pierdan, la Vía Catalana y las grandes movilizaciones del pueblo catalán.

La historiografía catalana contemporánea, con lógicas excepciones individuales, vive en un pernicioso e improductivo ensimismamiento. Mirarse el ombligo es una pésima solución. Y más todavía si se acompaña, para plantearlo en los términos de Adolf Tobeña, de un enamoramiento de sí misma. En una entrevista concedida por Josep Fontana al periodista Ernest Alós en El Periódico en octubre de 2014, con motivo de la publicación del ya citado La formació d’una identitat, este historiador afirmaba que la sociedad castellana tenía desde antiguo un problema de intolerancia y que ha sido educada para no entender nada en tema de diferencias y lenguas. Y, acto seguido, justificaba de la manera siguiente su negativa a una traducción del libro del catalán al español: «Quería explicar cosas a gente que tiene la misma cultura, que ha tenido las mismas experiencias, que se ha encontrado con los mismos problemas y con la que tenemos una visión del mundo compartida, que es lo que acaba fabricando toda esta identidad». «¿Se rinde? ¿No hay nada que hacer?», preguntaba entonces sorprendido Alós, a lo que Fontana respondía: «No es eso solo. He escrito un libro pensando en lectores catalanes. Si he de hacer los mismos razonamientos a lectores castellanos, lo tendría que reescribir completamente. Y no sé si vale la pena el esfuerzo».

Escribir historia de Cataluña en catalán para lectores catalanes y, evidentemente, nacionalistas catalanes —una visión del mundo compartida, ¿no?—, incomunicable a otro público no catalán en otra lengua no catalana: resulta difícil encontrar una mejor apología del onanismo intelectual patriótico. La pregunta que uno puede formularse, en consecuencia, es obvia: ¿está el historiador catalán condenado a ser, con permiso del genial Dalí, un gran masturbador? Inquietante perspectiva, me parece. Pienso que ya no necesitamos más historia patriótica, nacional y nacionalista, sino, por encima de todo, historia crítica, ambiciosa, problemática y comparatista, en la lengua que sea. Historia, al fin y al cabo, bien hecha.

8

CUATRO PALOS DE SANGRE

La bandera catalana, también conocida en la época contemporánea como la señera, con cuatro franjas rojas sobre fondo amarillo, tiene sus orígenes remotos en los primeros siglos medievales. Lo histórico y lo legendario se han fundido con harta frecuencia a la hora de explicar cómo y en qué momento preciso hizo su aparición este emblema, futuro símbolo de Cataluña. Según una leyenda muy extendida y bien conocida, tanto entre las viejas como entre las nuevas generaciones de catalanes, fue un rey franco, Carlos el Calvo según unas versiones y Luis el Piadoso según otras, el que otorgó al conde Wifredo el Velloso —Guifré o Jofre el Pilós, en catalán—, en agradecimiento por sus servicios de guerra, un escudo con cuatro barras rojas. El conde había sido herido en el campo de batalla y su señor humedeció los dedos en la herida y dibujó cuatro palos en el que hasta entonces había sido su blasón raso dorado. El buen conde, cantaba la artista Guillermina Motta en el disco Història de Catalunya en cançons (1971), «ens dón per bandera la sang del seu cor» (nos da por bandera la sangre de su corazón).

LA LEYENDA

Si diéramos por bueno sin más este hermoso relato, los hechos habrían tenido lugar en el siglo IX. Wifredo el Velloso estuvo al frente de los condados de Barcelona y Gerona entre 878 y 897. Sin embargo, difícilmente podía haber ocurrido de tal manera puesto que los emblemas heráldicos sobre escudo datan, en Europa —como recordaba el historiador de la literatura Martí de Riquer en su obra Llegendes històriques catalanes (2000)—, de la primera mitad del siglo XII.

Todos los indicios apuntan al sacerdote y teólogo valenciano Pedro Antón Beuter como el inventor, a mediados del siglo XVI, de la leyenda. En la segunda parte de la Crónica general de España, y especialmente de Aragón, Cataluña y Valencia, que vio la luz en la ciudad del Turia en 1551, Beuter contaba que el conde Wifredo, junto con algunos caballeros barceloneses, auxilió al emperador franco Luis el Piadoso en la lucha contra los normandos: «En este comedio los Normandos entraron por la tierra de Francia, y hovo de hazer gente el Emperador Lois para resistirles, y fue a servirle el conde con los cavalleros Barceloneses que con el se hallaron y pelearon con los Normandos valerosamente y vencieronlos». Y acto seguido añadía:

En esta batalla (segun he hallado escrito en unos quadernos de mano) diz que pidio el conde Iofre Velloso al Emperador Lois que le diesse armas que pudiesse traher en el escudo, que llevava dorado sin alguna divisa, y el Emperador viendo que havia sido en aquella batalla tan valeroso que con muchas llagas que recibiera, hiziera maravillas en armas, llegose a el, y mojose la mano derecha de la sangre que le salia al conde, y passo los quatro dedos assi ensangrentados encima del escudo dorado de alto abaxo, haziendo quatro rayas de sangre, y dixo, estas seran vuestras armas conde. Y de alli tomo las quatro rayas, o vandas de sangre en campo dorado, que son las armas de Cathaluña, que agora dezimos de Aragon.

Nótese, ante todo, la supuesta procedencia de la noticia: los cuadernos encontrados son, como sabemos, un clásico literario. Y, asimismo, la inexistencia de una guerra contra los normandos con participación de hombres de Barcelona. Martí de Riquer sugirió, por un lado, que el tema del uso de la sangre para diseñar escudos de armas derivaba seguramente de las aventuras de Galahad en el influyente ciclo artúrico; de otro, que Beuter se había inspirado en un pasaje del Nobiliario vero, un libro escrito por Hernán Mexía e impreso en Sevilla en 1492, en el que se narraba el origen de las armas heráldicas del linaje castellano de los Córdova: de oro tres fajas de gules. En este caso, el rey Fernando III el Santo pasó por un escudo de oro tres de sus dedos mojados en la sangre de un caballero herido. Beuter no solamente se inspiró en este relato, sino que copió literalmente algunas de sus expresiones.

Esta leyenda, que estaba destinada a tener amplísima difusión y seguimiento, provocó, no obstante, el desconcierto de algunos historiadores y heraldistas coetáneos, ya que hasta aquel entonces habían mantenido que el escudo en cuestión era aún más antiguo. En su crónica de Aragón —De primis Aragoniae regibus, de 1509—, por ejemplo, Lucio Marineo Sículo afirmó que, allá por el siglo VIII ya lo portaba el mítico Otger Cataló. En cualquier caso, la versión de Beuter fue adoptada y adaptada por numerosos historiadores en las centurias siguientes y se convirtió, al fin y al cabo, en historia verídica. Cierto es que no todo el mundo le dio crédito, como pone de manifiesto el silencio sobre este episodio de Jerónimo Zurita en los Anales de la Corona de Aragón, cuya edición príncipe fue publicada en 1562; por ende, aseguraba el cronista real Esteban de Garibay que el propio Zurita le había contado que el episodio de Beuter sobre el escudo del conde Wifredo era «cosa fabulosa».

Ya en el siglo XIX, al lado de estudiosos que, como Pablo Piferrer o Próspero de Bofarull, no albergaban dudas sobre el carácter ficticio y legendario del relato de los cuatro palos de sangre, los escritores de la Renaixença, fuertemente impregnados de espíritu romántico, difundieron el asunto en sus poemas y narraciones. Joaquim Rubió i Ors, que firmaba como el Gaitero del Llobregat, dio a la luz en 1839 en las páginas del Diario de Barcelona la poesía «Lo compte Jofre’l Pelós»; en 1860, Josep Coroleu, que no por casualidad tomó la decisión de bautizar a su hijo con el nombre de Wifredo, presentó en los Juegos Florales de Barcelona un poema sobre las barras de sangre. A la leyenda aludió Víctor Balaguer, dándola efectivamente por buena, en la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, publicada en la primera mitad de la década de 1860, y en unos exaltados versos de 1882.

El más bonito e insigne de los poemas dedicados a la leyenda de los cuatro palos de Wifredo el Velloso es el que Jacinto Verdaguer, mosén Cinto, tituló «Les barres de sanch», incluido en el volumen Montserrat (1880). En los versos dedicados a estas barras de sangre se cuenta cómo, ante los suspiros de tristeza del dañado conde de Barcelona, preocupado por el hecho de que su blasón careciera de divisas, Carlos el Calvo puso cuatro dedos en la herida y los deslizó por aquella pieza de oro. Tras llorar de alegría, una vez en posesión de sus nuevas armas, Wifredo toma la palabra y se dirige al emperador de los francos en los términos que siguen:

— Gran mercés, lo rey de Fransa,

gran mercés, l’emperador.

Si no puch tornar á véureus,

Catalunya y Aragó,

est testament vos envío

escrit ab sanch de mon cor,

grabaulo en totes mes torres,

brodaulo en tots mos penons,

y portau les quatre barres

á les quatre parts del mon—.*

La pintura histórica, tan cultivada en el siglo XIX, no ignoró tampoco esta sustanciosa temática. Destacan, en dicho sentido, el óleo Origen del escudo del condado de Barcelona (1843-1844), de Claudio Lorenzale, de estilo nazareno y exento de toda épica —propiedad de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi—, y el cuadro con el mismo motivo, pintado en 1895 por Pablo Antonio Béjar, que se encuentra colgado en la sala principal del castillo de Santa Florentina, en Canet de Mar.

Comoquiera que sea, la primera evidencia documentada del escudo con las cuatro barras rojas sobre fondo dorado está fechada en 1150, algunos años después de la unión de los condados catalanes con el reino vecino de Aragón. Se trata de unos sellos en los que Ramón Berenguer IV está representado a caballo con un escudo en la mano izquierda que contiene varias rayas heráldicas —no fue hasta el siglo XIV, en la época de Pedro el Ceremonioso, cuando su número quedó fijado en cuatro—. Aseguran algunos autores que existen antecedentes, impugnados, no obstante, por otros. Destacan, entre ellos, las tumbas románicas originales del siglo XI de la condesa Ermesenda de Carcasona y de su bisnieto Ramón Berenguer II, que se encuentran en la catedral de Gerona. En el frontal de la sepultura de la primera se aprecian nueve barras rojas sobre fondo áurico.

El blasón de oro con cuatro palos de gules, para decirlo en términos propiamente heráldicos, ha dado lugar a una polémica entre especialistas, no exenta de tintes algo presentistas y con claro trasfondo regional-nacionalista. ¿Las cuatro barras pertenecen en origen a Cataluña o bien a Aragón? No parece que esta cuestión quitara especialmente el sueño a los hombres y mujeres de la época. El blasón era un emblema familiar o dinástico y, en ningún caso, territorial. Ello permite explicar que los palos o franjas de sangre no solamente se encuentren indistintamente en banderas o escudos de Cataluña, Aragón, Valencia o las Baleares, sino también de Andorra y de algunas regiones o poblaciones que hoy pertenecen a Francia o Italia, como la Provenza, Perpiñán, Aix-en-Provence o Alguero, en la isla de Cerdeña. Las barras o palos verticales mudaron en franjas horizontales en el paso del escudo a la tela de la bandera.

En las épocas bajomedieval y moderna no se produjeron grandes evoluciones por lo que al carácter de este emblema se refiere. El historiador Jerónimo Pujades hacía mención, a principios del siglo XVII, en su Crónica Universal del Principado de Cataluña, de los cuatro palos como «armas o insignias de nuestros invictos condes de Barcelona». Coexistió con otros, como la bandera de San Jorge —una cruz griega roja sobre campo blanco o plateado—, que fue adoptada como propia por las instituciones barcelonesas o por la Diputación del General.

En las Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725, Francisco de Castellví, un militar de Montblanc que había participado como capitán de la Coronela en la defensa de la Barcelona sitiada por las tropas borbónicas, detallaba la entrega de banderas a los vencedores tras el 11 de septiembre de 1714, empezando por las de la Coronela y la «tan nombrada» y «antiquísima bandera de santa Eulalia», y acabando por la de san Jorge, que, sostenía el autor, «es la que representaba el Principado». Útil resulta recordar, en este punto, que fue la Diputación del General la principal impulsora en Cataluña del culto de este santo, enemigo de dragones y salvador de doncellas, símbolo de la caballería y, en aquella época, de devoción sustancialmente nobiliaria.

LA BANDERA

En el siglo XIX, con el hambre de pasado que implicó la Renaixença, las cuatro barras constituían, fundamentalmente, un recuerdo histórico. No fue hasta la década de 1880 cuando adquirieron un tono reivindicativo. El surgimiento del nacionalismo, a finales de la centuria, intensificó esta tendencia. Otras opciones quedaron por el camino, en especial la cruz de san Jorge. A diferencia de lo que iba a ocurrir coetáneamente con la ikurriña, resultaba en este caso fácil acudir a la historia y establecer convenientemente —sin necesidad de inventar de cabo a rabo, a la manera de los hermanos Sabino y Luis Arana— la tradición. El proceso fue paralelo, como se analiza en esta parte, a los del himno y el día de la patria, en cuanto parte del proceso de construcción nacionalista de una nación. El éxito de los impulsores fue la conversión de un emblema partidario en el de un territorio y una comunidad.

No parece nada pertinente, en cualquier caso, la afirmación de algunos historiadores según la cual la bandera catalana es mucho más antigua que las de España, Francia o Estados Unidos, todas ellas de los albores de la contemporaneidad. Un mínimo de dos graves confusiones subyacen en esta postura: por una parte, identificar impropiamente escudo y bandera; por otra, asimilar un símbolo personal con otro nacional, que, como pone de manifiesto la misma palabra, solamente puede resultar viable en la época de los Estados-nación y de los nacionalismos. Se trata de simples juegos de manos historiográficos. En cuestiones de banderas, ni el tamaño importa demasiado —a diferencia de lo que creen todos los nacionalistas—, ni la antigüedad convierte automáticamente a los territorios en ostentadores de exclusivos derechos o de mayores o menores ribetes de excelencia.

En el siglo XX, la insignia de las cuatro barras —franjas, en puridad— se convierte en la bandera de Cataluña. A ella está dedicada la conocida canción El cant de la senyera, que ha funcionado en ocasiones como un auténtico segundo himno catalán, junto con Els segadors. La composición, que se estrenó en Montserrat en 1896, con letra de Joan Maragall y música de Lluís Millet, contiene un estribillo con los tres versos siguientes:

Al damunt dels nostres cants

aixequem una senyera

que els farà més triomfants.*

Si en el Estatuto de autonomía catalán de 1932 no había referencias a la insignia, sí reza, en cambio, el artículo cuarto del Estatuto de 1979 que la bandera de Cataluña es «la tradicional de cuatro barras rojas en fondo amarillo».

En las décadas de 1980 y 1990 tuvieron lugar en distintos lugares de Cataluña, aunque en mucha menor medida que en el País Vasco en la misma época, lo que vino en llamarse guerras de banderas. La rojigualda era rechazada por ser considerada un supuesto emblema «franquista» o «extranjero» y se le negaba un lugar al lado de la señera, incumpliendo de esta manera la legalidad. El alcalde de Solsona, Ramon Llumà, perteneciente a CiU, que estuvo en el cargo entre 1979 y 2003, se hizo célebre por responder ante el requerimiento para colgar la bandera española en la casa consistorial, que la tela estaba en la lavandería. La campaña titulada «Un país, una bandera» exigía que en los ayuntamientos ondease exclusivamente la señera, especialmente el día 11 de septiembre. La adhesión municipal acabó siendo, con el paso de los años, mayoritaria. El nacionalismo no solamente utiliza la bandera como signo de entidad y de reafirmación, sino que también la convierte con harta frecuencia en emblema de exclusión y de combate. De la misma manera que se contestan e impugnan las identidades múltiples, tampoco la diversidad simbólica es bienvenida. La quema de enseñas constituye su materialización extrema.

Al margen de los actos oficiales y fiestas locales y regionales, desde la Transición democrática la señera se ha colgado tradicionalmente en los balcones y ventanas de las casas particulares en días señalados, como Sant Jordi o la Diada. El proceso independentista ha introducido, sin embargo, algunos cambios en estos usos. Organizado por la Associació Catalana Pro Senyera Més Gran del Món, el 25 de agosto de 2004 se desplegó en el Camp Nou, mientras sonaba El cant de la senyera, la bandera de las cuatro barras más grande del mundo: 140 metros de largo por 93,6 de ancho, esto es, algo más de 13.000 metros cuadrados. Tanto antes como después han tenido lugar algunos actos e iniciativas parecidos. La obsesión por los récords es universal.

En cualquier caso, las palabras más arriba citadas del Estatuto de 1979 se repiten de forma textual en el artículo 8.2 del Estatuto reformado de 2006, con un añadido: «La bandera de Cataluña es la tradicional de cuatro barras rojas en fondo amarillo y debe estar presente en los edificios públicos y en los actos oficiales que tengan lugar en Cataluña». El artículo 8.1 introduce, de igual modo, la definición de la señera, junto con el himno Els segadors y la fiesta del 11 de Septiembre, la Diada, como «símbolos nacionales» de Cataluña.

9

LOS COLORES DE LA INDEPENDENCIA

En los últimos tiempos han proliferado las banderas con los cuatro palos que incorporan una estrella de cinco puntas. Es la llamada estelada —de estel, estrella—, un símbolo del independentismo catalán. La estrella sustituía, en el imaginario del catalanismo radical, al ave fénix. Esta bandera ha sido, asimismo, asociada al mito o sueño de los Países Catalanes, esto es, los territorios de habla catalana, en especial Cataluña, Valencia y las Baleares, sin olvidar la llamada Cataluña norte —los Pirineos Orientales franceses, territorios objeto del Tratado de los Pirineos de 1659— y la ciudad sarda de Alguero. Nacionalismo catalán e imperialismo se han dado la mano en muchas ocasiones, tal como ha mostrado en sus interesantes estudios Enric Ucelay-Da Cal.

BALLESTER Y LA ESTELADA

Aunque hasta hace poco la presencia de la estelada en las calles fuese cuasi meramente testimonial, sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XX. En su versión definitiva, con una estrella blanca sobre triángulo azul, fue ideada o inspirada por el barcelonés Vicenç Albert Ballester Camps en 1918. Salió a las calles durante las movilizaciones autonomistas de aquel año y el siguiente y fue usada, en especial, en la campaña separatista para la internacionalización del denominado «pleito catalán» en la posguerra mundial. El primer testimonio gráfico del diseño de la bandera se encuentra en la hoja de propaganda en color What says Catalonia y Ce que dit la Catalogne, versiones inglesa y francesa de un documento publicado el 11 de septiembre de 1918. Curiosamente, en la versión catalana —La paraula de Catalunya— se sustituye la estelada por la señera. En noviembre del mismo año, el periódico L’Intransigent reproducía una fotografía de unos jóvenes de excursión en Montserrat con las banderas estadounidense y la catalana estrellada. Al año siguiente se editaron, asimismo, unos sellos en color con la estrellada de fondo y el texto «Societat de les Nacions-1919. Catalunya lliure».

Podemos, sin duda, encontrar esporádicamente algunos precedentes de la estelada diseñada por Ballester y su núcleo de independentistas catalanes, con formas, colores o signos variopintos. Corresponde el más antiguo a un sello de la Unió Catalanista de 1904. Tienen, en todos los casos, algunos elementos que acabaron por formar parte de la bandera de los cuatro palos con el triángulo azul y la estrella blanca. Sea como fuere, la influencia de las banderas cubana, puertorriqueña y estadounidense resulta evidente. Ballester había pasado algún tiempo en Cuba en la década de 1890 y mantuvo muchas relaciones con los catalanes de la isla durante toda su vida. La independencia cubana era, igualmente, punto de referencia central, pues mostraba que la separación de España no suponía un imposible.

Vicenç Albert Ballester fue marino mercante, como su padre, comerciante y empresario. Su vida política transcurrió desde el principio en el universo de la Unió Catalanista (UC) del doctor Domingo Martí i Julià, una formación que él mismo acabó presidiendo a partir de 1920. Tuvo también cargos en la junta directiva del CADCI. Estuvo muy vinculado a la sociedad La Reixa, que desde principio de siglo tenía por misión la ayuda a los catalanistas encarcelados o que se habían ido al extranjero para evitar problemas con la justicia; tras la disolución de esta entidad en 1908, contribuyó a crear y dirigió la Associació Catalana de Beneficència, que tenía el mismo cometido, ligada a la UC.

Participó, además, en el Foment Autonomista Català, constituido en 1903, en la fundación al año siguiente de la escuela catalana gratuita Mosén Cinto y en las tareas organizativas de los actos de la Diada en Barcelona en la primera y segunda décadas del siglo XX. Muchos de los esfuerzos de Ballester estuvieron dedicados al campo de la prensa, en especial las cabeceras La Tralla, en sus distintas etapas, y Renaixement, Som...! o L’Intransigent. Casi todos sus artículos estaban firmados con seudónimo. Destacan, entre los que usó a lo largo de su vida, los acrónimos VIC (Viva la Independencia de Cataluña) y VIC I ME (Viva la Independencia de Cataluña y Muera España), así como los alias K.TA.LÀ., Pere Rus o Jordi Boncop.

Ballester encabezó el Comité Pro-Catalunya, que intentaba aprovechar la participación de voluntarios catalanes en la Gran Guerra, en el bando aliado, y la ventana de oportunidad que creían atisbar en las declaraciones del presidente estadounidense Woodrow Wilson y sus famosos catorce puntos para conseguir que Cataluña se convirtiera en miembro de la Sociedad de Naciones y en un nuevo Estado. El mito creado en la época de los 10.000 o 12.000 voluntarios de Cataluña que supuestamente habrían participado al lado de Francia no es más que eso, un mito, y las cifras que aporta el historiador David Martínez Fiol no pasan en ningún caso de los tres dígitos. En cualquier caso, la actividad desplegada a fin de internacionalizar el «asunto catalán» —y revisar, por ejemplo, el Tratado de Utrecht de 1713— resultó muy notable en la posguerra, siempre bajo la protección de la flamante estelada. El Míster Wilson de los separatistas catalanes, como más tarde el Míster Marshall del pueblo de Villar del Río, inmortalizado por el gran Luis García Berlanga en 1953, era bienvenido... pero pasó de largo.

En 2008 empezó a cantarse, en el marco del denominado Centenario de la Estelada, el Cant de la Independència, una suerte de himno catalán separatista. Estaba basado en un poema de Ballester —ya hace tiempo Joan-Lluís Marfany mostró que casi todos los catalanistas de esa época eran unos lletraferits, esto es, textualmente, unos «letraheridos», unos literatos en acto o potencia—, adaptado y musicado por Josep Meseguer, con arreglos de Jordi Prades. Fue cantado por Núria Inglés el 10 de septiembre de 2008 en el Fossar de les Moreres, en un acto organizado por Catalunya Acció. Esta plataforma independentista es liderada por Santiago Espot, impulsor, entre otras cosas, de las campañas de denuncia contra los establecimientos que no rotulan en catalán y de la pitada al himno español y a Felipe VI en la final de la Copa del Rey de Fútbol en 2015, que enfrentó en el Camp Nou al FC Barcelona y al Athletic de Bilbao (el juez le condenó por ello al pago de una multa en diciembre de 2017).

Este canto de la independencia, en el que no faltan menciones a la «esclavitud de la tierra catalana» —desde 1714, claro está— y a «levantar los fusiles», no tuvo demasiada fortuna, a pesar de ser interpretado en años sucesivos en distintos actos independentistas. El estribillo, que se repetía no pocas veces, no dejaba dudas sobre los objetivos del nacionalismo catalán radical: «No pidolem lleis noves, ni demanem clemència; / volem per Catalunya només la Independència» (No mendigamos leyes nuevas, ni pedimos clemencia; / queremos para Cataluña solamente la Independencia).

El poema original de Vicenç Albert Ballester, firmado con su habitual VIC y titulado «Himne», había sido pergeñado por el autor para la Diada de 1907. Los adaptadores contemporáneos del texto introducen un par de cambios importantes. En primer lugar, la conversión en estribillo de dos versos de la tercera estrofa de la poesía, eliminando el verso que seguía y cambiando una palabra. Había escrito, en origen, Ballester: «No pidolem lleis noves, ni demanem clemència; / volem per Catalunya la santa Independència; / que Espanya s’humiliï sota el penó barrat» (No mendigamos leyes nuevas, ni pedimos clemencia; / queremos para Cataluña la santa Independencia; / que España se humille bajo el pendón barrado). Como puede verse, en el siglo XXI la independencia ha dejado de ser santa y parece que ya no se pretende humillar a nadie. El otro cambio comporta la eliminación de las dos primeras estrofas del himno. En la primera media docena de versos se contraponía el odio y el rencor «a la cadena» y a los «locos tiranos» con el amor a «nuestra Patria esclava», mientras que la segunda es como sigue:

Un odi gloriós arrasa una muntanya.

El nostre odi tità contra la vil Espanya

és gegantesc i foll, és gran, diví, i sublim;

fins n’odiem el nom, el crit i la memòria,

les seves tradicions, la seva xorca història

i àdhuc els seus fills propis nosaltres maleïm.*

No parece muy aventurado apuntar que la causa de la supresión algo tiene que ver con tanto «odio» —cinco veces se repite la palabra, y otra más en forma verbal, en solamente doce líneas— y «rencor» acumulado, en unos momentos en los que se estaba perfilando una revuelta de las sonrisas y del supuesto buenrollismo.

Un pequeño comentario merece, asimismo, este curioso Centenario de la Estelada de 2008. Está fundamentado, como tantas cosas en el discurso independentista actual, en una falsedad originaria: no hay ninguna estelada creada o diseñada, ni por Ballester ni por ningún otro, en 1908. Pero este parece ser un detalle nimio frente a las posibilidades del invento para servir a los fines políticos y movilizadores de sus promotores. La Comisión 100 años de Estelada no se esconde, por cierto, de ello, como dejan claro en su página web (www.estelada.cat): «La fecha de 2008 escogida para conmemorar el centenario de “la estelada” radica sobre todo en la idoneidad del momento favorable para hacerlo. Aunque podríamos someternos al debate del rigor histórico y esperarnos diez años más, no se comete ninguna falsedad científica en plantear esta fecha y no otra». Todo un programa.

Podemos considerar a Vicenç Albert Ballester, en cualquier caso, un verdadero apóstol de la causa durante toda su vida. Se han conservado, de la época de la Segunda República, algunas etiquetas engomadas —una suerte de pegatinas— que él mismo encargaba con algunas máximas impresas de su propia inspiración: «Escupir en el suelo es antihigiénico y embrutece» (Ballester era un obseso de la limpieza y aborrecía especialmente a los que escupían, lo que no me parece nada mal como actitud); «Escupir en el suelo es cosa de borbónicos» (aquí ya se mezclan dos de sus más queridas detestaciones); «El catalán que no es catalán no es nada» (militancia por naturaleza), o, entre otras, «La escuela catalana es el plantel de los futuros patriotas» (el control de la escolarización no es nada nuevo en el mundo del nacionalismo).

Entre las máximas en esbozo, que, según los biógrafos de Ballester, Fermí Rubiralta y Joan Muray, no se sabe si llegaron a ver la luz, destaca la siguiente: «Catalán: no compres nada forastero ni a ningún forastero si en Cataluña existe lo que necesitas y un catalán que lo venda». De hecho, una de las actividades a las que dedicó bastantes esfuerzos, en el marco del impulso a la lengua catalana y a la nacionalización, fue el rotulado de las tiendas. Intentaba convencer a los botiguers e incluso les proporcionaba carteles, pero no se privaba de la denuncia desde la prensa que controlaba o en la que veían la luz sus escritos, publicando listas de establecimientos «recomendables» o bien consignas como esta: «¡Nacionalistas! No compréis en las casas que no tengan los rótulos en catalán».

En las décadas de 1920 y 1930 fue más partidario de Daniel Cardona que macianista, participó en la creación del grupo Nosaltres Sols!, criticó el Estatuto catalán de 1932 como «la limosna que España ha estimado conveniente concedernos» y vio con buenos ojos la revuelta de Lluís Companys el 6 de octubre de 1934. Falleció cuatro años después, en Masnou, en plena Guerra Civil española. No resulta casual, visto todo lo visto, que a Vicenç Albert Ballester se le dedicara, en el altamente simbólico año de 2014, una plaza en Barcelona; y, asimismo, unos jardines en Gerona, en donde ondea una gran estelada, inaugurados por el en aquel entonces alcalde de esta ciudad Carles Puigdemont.

BANDERA DE COMBATE

La estrellada es una bandera de combate. Su historia inicial, como la del primer independentismo catalán en general, resultó muy cubana. No solamente el modelo isleño fue un referente permanente, como mínimo hasta que en la época de la Primera Guerra Mundial empezó a compartir espacio con el modelo irlandés, sino que buena parte de la financiación para las ulteriores aventuras de Francesc Macià y los separatistas —más o menos pacíficas, más o menos violentas, siempre insurreccionales— procedía de las Américas, en especial de la isla de Cuba. Muchos de los centros catalanes de ultramar adoptaron la enseña de la estrella solitaria. También lo hicieron Macià y Estat Català en la década de 1920, y en 1919, la Federació Democràtica Nacionalista (FDN), considerada como la primera, aunque efímera, formación política de la historia del independentismo catalán.

La Asamblea Constituyente del Separatismo Catalán, reunida en La Habana en el otoño de 1928 bajo la presidencia de Macià, aprobó una Constitución provisional de la República Catalana, redactada básicamente por el periodista catalano-cubano Josep Conangla Fontanilles. En el tercer artículo podía leerse: «La bandera oficial de la República Catalana es la histórica de las cuatro barras rojas sobre fondo amarillo; con la adición, en la parte superior, de un triángulo azul y con una estrella blanca de cinco puntas en el centro».

Con la Segunda República, la señera se convirtió en oficial. La adoptaron abiertamente Francesc Macià, la nueva ERC y la recién instaurada Generalitat. Pero mantuvieron la estelada, que dejaba de ser clandestina, las Juventudes de ERC (JEREC) o grupos como Nosaltres Sols! o, incluso, Estat Català. Una parte del nacionalismo, como los autonomistas de la Lliga o de Acció Catalana Republicana (ACR), fue muy crítica con el uso de la estelada, asegurando que la señera era más que suficiente. Desde Nosaltres Sols!, una publicación cardonista adherida a la Unió Catalanista, contestaban, en agosto de 1933, que «la estrella es para nosotros la distinción que existe entre los catalanes que se inclinan y traicionan y los catalanes que siguen el camino único, rebelde y recto para la libertad de la patria». Valorar o no la autonomía estaba en el centro del debate, mientras que la aceptación en aquel entonces de la bandera catalana por parte del Estado resultaba intolerable para los radicales. Estos últimos solamente iban a renunciar a la estrellada en una Cataluña independiente.

Ondeó la estelada en algunos de los ayuntamientos que se sumaron a la rebelión de octubre de 1934. Josep Dencàs dio orden para que se izara el día 6 en el edificio de la Consejería de Gobernación, pero el presidente de la Generalitat le pidió que la retirara. Durante la Guerra Civil española de 1936-1939 constituyó la insignia distintiva de la columna Macià-Companys. Aparece, asimismo, en algunos carteles de propaganda de la época, de Estat Català o de las JEREC.

Los reducidísimos núcleos independentistas la siguieron utilizando durante el franquismo. El Front Nacional Català (FNC), fundado en París en 1940, combinó la estelada y la señera, aunque con más tendencia a reivindicar esta última. En las décadas de los cuarenta y los cincuenta resultaron frecuentes los actos de resistencia consistentes en colgar en lugares públicos y bien visibles grandes banderas cuatribarradas. En cambio, la de la estrella solitaria reapareció con cierta fuerza a finales del decenio siguiente, adoptada por el nuevo Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN), escisión marcadamente juvenil e izquierdista del FNC.

Para mostrar su radicalidad en lo social, junto con lo nacional, los del PSAN improvisaron una estelada con astro rojo. Esto los obligó a cambiar el azul del triángulo por el blanco por cuestiones de visibilidad. El Moviment d’Unificació Marxista dels Països Catalans (MUM) conservó la enseña al escindirse en 1976 del PSAN. Y también lo hizo el Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional (BEAN). Mientras tanto, el PSAN aprovechó para adoptar un triángulo amarillo, inspirado en la perpiñanesa Esquerra Catalana dels Treballadors, que había renunciado en 1972 al blanco, percibido en Francia como monárquico y contrarrevolucionario. La estelada de fondo amarillo, con barras y estrella rojas, iba a convertirse en la bandera de la izquierda radical independentista, desde el PSAN de ayer a la CUP de hoy, pasando por el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y la banda terrorista Terra Lliure. Aunque ERC no la negara, privilegió claramente la estrellada del azul sobre blanco, igualmente como iban a hacerla suya, en los años ochenta, las juventudes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Estas enseñas con estrella de cinco puntas eran sobre todo enarboladas públicamente en las pequeñas concentraciones independentistas del Fossar de les Moreres, en Barcelona, o del Aplec del Pi de les Tres Branques, en el llano de Campllong, en el municipio bergadano de Castellar del Riu. Este pino de tres ramas, cantado por Jacinto Verdaguer como «árbol sagrado de la patria», fue declarado monumental en 1987 por la Generalitat de Cataluña. En el siglo XVIII era visto como un símbolo de la Santísima Trinidad. Desde la segunda mitad de la centuria siguiente, empero, se convirtió en lugar de excursiones, meriendas y aplecs y, poco a poco, el sentido patriótico se fue imponiendo. La transferencia de sacralidad, desde el catolicismo al nacionalismo, resulta, en este como en tantos otros casos en tierras catalanas, patente. Las tres ramas del pino simbolizan la variedad en la unidad de los imaginarios Países Catalanes. Cedido por su propietario a la Unió Catalanista a principios del siglo XX, el árbol murió a mediados de la segunda década de la centuria. Cerca de allí, otro pino más pequeño, el denominado Pi Jove, el pino joven, pasó a simbolizar la patria renaciente.

En torno a ambos árboles, el viejo y el joven, vienen celebrándose el tercer domingo de julio, desde 1980, concentraciones independentistas. Nunca han sido muy numerosos los asistentes. La concordia se ha combinado —como ocurre frecuentemente en el universo de los grupúsculos del izquierdismo, de talante casi sectario— con los enfrentamientos, tanto contra organizaciones consideradas moderadas, ya sea CDC —que pronto dejó de acercarse al lugar— o incluso ERC, como entre facciones de los propios radicales, verbigracia en el seno del MDT. En los últimos tiempos ha primado un ambiente algo más lúdico y festivo. Una de las ramas del pino principal fue serrada por unos desconocidos en 2014 y el árbol tuvo que ser restaurado.

El 16 de julio de 2017 se desarrolló el aplec número trigésimo octavo, que reivindicaba nuevamente la unidad de los Países Catalanes. Consistió en un par de actos: el primero, patriótico unitario, a las 11 de la mañana en el Pi Vell, con varios parlamentos de representantes valencianos, baleares y roselloneses, así como de los Jordis de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, que aprovecharon para hacer campaña por el anhelado referéndum; el segundo, denominado patriótico de la izquierda independentista, en el Pi Jove, con la participación de las organizaciones Endavant, Poble Lliure y Casal Panxo. No faltaron en la fiesta ni los trabucaires, ni los castells, ni los gigantes, ni las sardanas, ni tampoco la lectura del famoso poema que mosén Cinto dedicó en el siglo XIX al venerado árbol.

LA ESTRELLA DEL PROCESO

La popularización de la estelada data sobre todo del siglo XXI, con la aventura secesionista en Cataluña de fondo. Los primeros ámbitos en donde enraizó, en los albores del procés e incluso antes, fue en los conciertos de rock catalán —en catalán, más precisamente, un medio musical militante, bien subvencionado por la Generalitat y esencialmente adolescente y juvenil— y en el campo de fútbol del FC Barcelona. Algunos de los cantantes, músicos y grupos rockeros han seguido actuando hasta nuestros días y, asimismo, poniendo su arte al servicio de la revuelta independentista. Es el caso de Gerard Quintana, de Els Pets, o de Francesc Ribera, alias Titot, cantante de Brams y de Mesclat y militante de la CUP, a la que representa como edil desde 2011 en el Ayuntamiento de Berga. En la canción de Mesclat El rei vol corona (2002), Titot canta que si el rey quiere corona, que «venga a Barcelona y el cuello le cortaremos», mientras que en Inauguració (2011), del grupo Brams, el sujeto se burla del periodista Federico Jiménez Losantos y le dice que lleva «en la rodilla una perla», en referencia a la bala que recibió en un atentado de Terra Lliure y en apología clara del terrorismo.

Los partidos del equipo blaugrana en el Camp Nou se han convertido, con el paso de los años de este nuevo siglo XXI, en una atracción turística más y en una gran misa de nacionalismo radical. El Barça pasó de polarizar las ansias nacionalistas «como si fuera el ejército desarmado de un país», en la célebre frase de Manuel Vázquez Montalbán referida a los años del franquismo, a hacerlo con las ansias independentistas. Ha ayudado a ello, por un lado, la elección para la presidencia del club del abogado independentista Joan Laporta en 2003, que comportó una elevada politización del Barça, identificado hasta la saciedad con Cataluña y sometido a una fuerte recatalanización a fin de contrarrestar un imparable proceso de internacionalismo.

De otro lado, la llegada al banquillo como míster, en 2008, del exjugador Josep Guardiola, abrió una etapa de enfrentamientos que iban más allá de lo deportivo con el eterno enemigo, el Real Madrid, entonces entrenado por el histriónico portugués José Mourinho. Los partidos entre estos dos equipos, que, según el antropólogo Jordi Salvador Duch, ejercen como una suerte de guerra fría metafórica que enfrenta a Cataluña contra España-Castilla, subieron no pocos grados de temperatura. Las declaraciones y apoyos públicos al proceso, que han seguido hasta hoy, tanto desde Alemania como desde Inglaterra, de un cuasi-santificado Pep Guardiola, en tanto que apóstol ejemplar de la religión de la patria, constituyen un importante y mediático estímulo al independentismo.

En el marco de esta implicación barcelonista con la política catalana de los últimos tiempos puede situarse la decisión de sus directivos y patrocinadores de inclinarse, para la temporada 2013-2014, por una camiseta barrada en rojo y amarillo como segundo equipamiento del Barça. Reivindicación y banalización simbólica se juntan aquí a partes iguales. En años posteriores, la camiseta de la señera se ha mantenido como tercera combinación del primer equipo del FC Barcelona, como camiseta prepartido, o bien como prenda para las categorías inferiores del club. En algunas ocasiones, el pantalón rojo ha sido sustituido por otro de color azul, en una combinación en la que algunos han querido ver un guiño a la estelada.

También el equipo de fútbol de la ciudad de Lérida dispone de una camiseta oficial con los cuatro palos, y algún otro club, como el Llagostera, ha vestido a sus jugadores con la estelada. Otra cosa es la selección catalana de fútbol, que ha ido combinando modelitos cuatribarrados de distinto estilo. Aunque se mantenga la reivindicación de las selecciones deportivas —algunos grupos, además del propio poder autonómico, han usado y abusado de ello con fines estrictamente políticos y comerciales—, los partidos amistosos jugados por la selección catalana de fútbol, que dan lugar a grandes aquelarres independentistas, han ido perdiendo con el tiempo interés y espectadores a pesar de las machaconas campañas de promoción de TV3.

Como en otros momentos hicieron con la tela rojigualda la baronesa Thyssen (Tita Cervera), Ana Obregón o Silvia Fominaya en Interviú, también algunas catalanas se han mostrado desnudas o casi desnudas en los últimos años en las páginas de la revista, cubiertas únicamente, en este caso, con la bandera estrellada. Se trata de Jèssica Oliveras, Miss Nación Catalana (2012); la modelo gerundense Montse Roura (2014), aunque esta posaba medio cubierta por la estelada y medio por la bandera española para simbolizar las dos Cataluñas, y, asimismo, la periodista y farandulera televisiva Karmele Marchante (2015). Una habitual de las portadas de la famosa publicación del Grupo Zeta, la exactriz porno, colaboradora televisiva y declarada independentista —y muy preocupada por la lengua de los catalanes—, María Lapiedra, ha sido fotografiada en numerosas ocasiones medio tapadita con la estelada. Fue la musa del partido Solidaritat Catalana per la Independència, del expresidente del Barça Joan Laporta, hasta que fue apartada de la formación tras la grabación de un vídeo, en 2010, en el que se paseaba en ropa interior por Madrid con una estelada, haciendo sugerentes poses y cantando «Laporta president». También se mostró con los pechos al aire y barretina y bandera estrellada frente al Parlamento catalán, en abril de 2011, como sostén de la secesión. Más adelante hizo incluso un vídeo de apoyo a Artur Mas.

En 2008, la actriz y presentadora leridana Txe Arana grabó un vídeo para promover un referéndum de autodeterminación en 2014, patrocinado por el grupo Gent 2014 de ERC e impulsado por un clarividente Josep-Lluís Carod-Rovira. Arana, que se mostraba solamente vestida con la bandera estrellada —con un astro bien rojo— para la ocasión, ha participado en numerosos actos y campañas publicitarias, tanto oficiales como no, a favor de la independencia de Cataluña a lo largo de la segunda década de este siglo.

En un sentido sensiblemente distinto, en 2013 se hicieron públicas unas curiosas fotos del actor y director teatral Albert Boadella mostrando su culo a través de una estelada agujereada expresamente en el sitio de la estrella —blanca, como las posaderas de Boadella, sobre azul—. Era su particular y provocadora protesta, ni la primera ni la última, está claro, contra el proceso independentista.

Cuando las irreverentes imágenes de Boadella fueron publicadas en el blog de Arcadi Espada, en la página web de El Mundo, aproveché para mostrarlas a unos familiares, declarados independentistas —confieso que en mi entorno familiar, en Olot y en Gerona, casi todos han abrazado la nueva religión— y no les hizo ninguna gracia. El humor del que hacen gala los independentistas catalanes se reduce, con frecuencia, a lo que ellos consideran motivo de ja-ja-ja, despreciando las bromas de los demás. El sentido del humor es unidireccional. Les ocurre, asimismo, a los grandes payasos de la patria —Toni Albà, Empar Moliner, Toni Soler, Mikimoto, etcétera—, dispuestos a reírse y burlarse de todo y de todos, con «buen rollo», excepto de lo que no les gusta o no les conviene. Libertad de expresión versus mal gusto. Sea como fuere, una de mis parientes me contó, como ingeniosa contrarréplica al trasero de Boadella, que un amigo suyo le había dicho que iba a tatuarse una bandera de España en el agujero del culo para poder cagarse cotidianamente en ella. No sé si lo ha hecho —y reconozco que me da absolutamente igual—, pero resulta bien significativo de una particular escatología patria.

Estrellada rima con proceso. En calles, plazas y balcones se mezclan en los últimos años las distintas variantes de la bandera de la estrella solitaria, aunque prima claramente la del triángulo azul con el astro albo. Esta permite integrar más adecuadamente a los sectores más moderados, reacios al color rojo estelar. Ocasionalmente, otras enseñas estrelladas han hecho acto de presencia y están en el mercado virtual y físico. En diciembre de 2017, la tienda comprarbanderas.es ofrecía en su catálogo las catorce esteladas (¡14!, ¿como (17)14?) siguientes: catalana, roja, verde, blanca PSAN, anarquista, de las 3 estrellas, romboidal, del Barça (barras y estrella rojas sobre fondo azul), de los Países Catalanes Independentistas (diez estrellas en círculo en el triángulo, representando los territorios catalanes), con estrella azul (usada, según parece, en algunas manifestaciones estudiantiles de los años sesenta), del Socorro Catalán, negra y verde, negra y TomorrowLand. Se daba la posibilidad al cliente, asimismo, de personalizar y crear su propia estrellada. Reconozco que algunas de ellas no las he visto nunca en directo. Al igual que la estelada del Barça, existen otras de equipos de fútbol y baloncesto, como por ejemplo la del FC Palamós, impulsada desde 2014 por la Penya Sport de aquel club gerundense: barras y estrella azules sobre fondo amarillo.

La estelada verde (triángulo de dicho color y astro blanco) es una creación de 2008 para simbolizar, junto al separatismo, el amor a la humanidad y la defensa de la ecología y del animalismo. La negra fue lanzada en el tricentenario de 2014 por la Fundació Reeixida —sucesora de la Comisión 100 años de Estelada, más arriba citada— y se presentó y fue avalada por el Museo de Historia de Cataluña. Sobre fondo negro incluye la cruz de santa Eulalia y una estrella, ambas de color blanco. Esta creación se basa supuestamente en distintos estandartes negros del pasado de Cataluña. En este caso, el negro se opone al blanco de la bandera de rendición, indicaban sus impulsores Joan-Marc Passada, presidente de Reeixida y escritor, y el diseñador gráfico Jordi Avià en una entrevista en VilaWeb en septiembre de aquel año, y contiene un mensaje de resistencia y firmeza. Apuntan algunas personas que el particular diseño de la cruz permite visualizar dos V: una de Victoria y otra de Votar.

Esta misma fundación hizo público un documento en junio de 2017, firmado por Passada y Avià, con una propuesta de ficha técnica para la bandera estelada y otra de reglamentación para la señera y la estelada en la futura República Catalana. Por lo que a la primera se refiere, se ofrecen una serie de consideraciones vexilológicas y de protocolo: proporción 1:2, paleta cromática, significado de los elementos y los colores, pliegue de la bandera en cinco movimientos hasta dejar solamente visible el triángulo azul con la estrella blanca o, igualmente, incorporación de una estelada de duelo para acontecimientos luctuosos —inspirada en la usada en 1936 en el entierro de los asesinados hermanos Badia—, en la que se cubriría de negro la tela dejando solamente a la vista la parte triangular. La proposición de uso de banderas tras la independencia deja la señera como bandera de Estado, de uso restringido y carácter histórico, y, en cambio, convierte la estelada en bandera civil.

El especialista en heráldica y genealogía Armand de Fluvià había planteado, unos años antes, que si los Países Catalanes conseguían constituir una única nación, su bandera debería ser la tradicional amarilla con las cuatro fajas rojas, sin ningún complemento —o sea, la señera—, y, en cambio, la más adecuada para Cataluña resultaría una bandera amarilla con cuatro fajas rojas y un palo blanco en el palo, con una cruz plena roja. En la fábrica patriótica de símbolos nunca se descansa.

OCUPAR EL ESPACIO

El procés ha comportado algunos cambios en el uso y exhibición habitual de las banderas. Empresas online, bazares chinos y tiendas de todo-a-un-euro han hecho su agosto con las telas —o los plásticos, depende—. Desde hace algún tiempo, la señera y la estelada ya no se cuelgan en los balcones de las viviendas catalanas coincidiendo con algunas fechas señaladas del calendario propio —en especial, la Diada, Sant Jordi y fiestas locales—, sino que se dejan allí en permanencia. El paisaje urbano catalán está mutando. La estrategia de ocupación visual del espacio público resulta evidente.

Esta apropiación de los lugares, símbolo proyectivo de una Cataluña independiente, ha estado acompañada, por un lado, de una multiplicación de las enseñas en los actos públicos o partidarios y, por otro, por su presencia en la vestimenta patriótica (véase infra). Sin olvidar, está claro, los grafitis en los muros, que incluyen una versión simplificada y monocroma de la estelada, aunque a veces se use un fondo amarillo preexistente o bien se pinte uno ex profeso. La lucha por el espacio ha ido de la mano, asimismo, de un acrecentado exhibicionismo en las fachadas de ayuntamientos y otras instituciones y de la presencia en la entrada de muchas poblaciones —con frecuencia en una de los centenares de rotondas que pueblan la geografía del Principado— de una bandera colgada de un mástil, lo más alto posible o lo más patrióticamente viable (esto es, 17,14 metros).

La no oficialidad de la estelada, a diferencia de la señera, ha provocado algunos equívocos y no pocos conflictos. Una muestra de ello fue la prohibición por parte de la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, de las banderas estrelladas en la final de la Copa del Rey de 2016, en el estadio Vicente Calderón, entre el Barcelona y el Sevilla. Sin embargo, las autoridades tuvieron que permitir su exhibición tras el pronunciamiento del juez Jesús Torres, que aseguraba que no estaba probado que esta pudiera incitar al racismo, la violencia o la xenofobia. La estrellada fue en este caso, sentenció acertadamente el periodista Joan Tapia, una vitamina para un independentismo que no pasaba por sus mejores momentos. Las esteladas presentes en edificios y espacios públicos y oficiales en Cataluña, en especial en el ámbito municipal, por el contrario, pese a más de una sentencia judicial, no han sido casi nunca retiradas. La neutralidad institucional ha brillado asiduamente por su ausencia.

La guerra de las banderas está a la orden del día. Si en los primeros años del proceso la ocupación visual del espacio no tuvo ninguna respuesta —la agresividad no violenta del nacionalismo y la espiral de silencio explican bien esta circunstancia—, las cosas cambiaron a lo largo de 2017. La radicalización en una parte de la sociedad y el hartazgo en otra generaron un par de fenómenos nunca vistos en Cataluña y en España en general. Balcones y ventanas empezaron a mostrar en algunas poblaciones catalanas, muy especialmente grandes ciudades de las provincias de Barcelona y Tarragona, banderas españolas, algo casi inédito desde la Transición democrática. No ha resultado raro ver en Barcelona, por ejemplo, fachadas que combinan, según los pisos o apartamentos, enseñas cuadribarradas, estrelladas y rojigualdas. Las banderas españolas han acompañado también la salida a las calles de los contrarios a la independencia. El espacio ciudadano está en disputa.

La segunda cosa sorprendente consiste en la exhibición en ventanas y balcones, fuera de Cataluña, de banderas españolas como protesta al desafío separatista. Un paseo por algunos barrios de Madrid o por calles de otras ciudades peninsulares, entre septiembre y diciembre de 2017, no dejaba lugar a dudas sobre este fenómeno nuevo.

Desde el final del régimen de Franco, la rojigualda ha sido más bien poco exhibida o exhibida con recelo. El abuso simbólico y nacionalizador del franquismo explica esta reacción, que tiene dos líneas argumentales: por un lado, la difícil no identificación de la bandera con el pasado dictatorial y españolista, y, por otro, la consideración reverencial de las banderas regionales, en tanto que resistencialistas, sobre todo por parte de la izquierda, frente a la del Estado. Los gobiernos posfranquistas dieron clara preferencia a la construcción de la democracia por encima de la nación española. A todo ello se sumó, desde principios del siglo XXI, el resurgimiento de la bandera republicana como signo de protesta contra el Gobierno de España (verbigracia, guerra de Irak), contra el rey (verbigracia, cacería en Botsuana y affaire Corinna) o contra el sistema (y supuesta casta, verbigracia, Podemos, las llamadas Confluencias e Izquierda Unida).

El proceso independentista ha supuesto paradójicamente el culmen, iniciado ya claramente a finales de la centuria con las victorias deportivas de las selecciones de fútbol y baloncesto, de la salida del armario de la bandera española y de su normal exhibición, también en Cataluña. En ella se había concentrado tradicionalmente el desamor y el odio del nacionalismo catalán. Una de las consecuencias del procés ha sido la expresión en amplios sectores de afecto, amor o veneración hacia ese viejo símbolo de España, exhibido de manera solitaria en Cataluña o hermanado con la señera (casi nunca la estelada) a fin de representar la españolidad de Cataluña.

La profusión de banderas y el conflicto frontal de identidades que estas no escondían, lejos de cualquier posible encuentro y carentes de matices, llevó a la directora de cine catalana Isabel Coixet a publicar una interesante tribuna en El País, el 4 de octubre de 2017, en unos momentos especialmente tensos. Coixet denunciaba «la fractura pasmosa de una sociedad que convivía en paz y sin temores» y, a pesar de todo lo ocurrido, reivindicaba la «seca y silenciosa tierra de nadie en la que me hallo, en la que sé que muchos nos hallamos, en la que no suenan himnos ni gritos ni proclamas, en donde el aire solo mueve banderas blancas que susurran al viento “socorro” con la vana esperanza de que alguien, en algún lugar, alguna vez, antes de que sea demasiado tarde, las escuche».

El color blanco se convirtió, en los días siguientes, a partir de distintas iniciativas en las redes sociales, en símbolo de diálogo y normalidad. Hubo algunas concentraciones bajo el lema «Parlem? ¿Hablemos?» en grandes ciudades españolas, incluida la que se celebró en una repleta plaza Sant Jaume de Barcelona —se sumaron, a título no partidista, algunos políticos, sobre todo del universo socialista—, de personas vestidas de blanco, con pancartas, carteles, globos y alguna bandera de este mismo color. Fue una destacada noticia, pero la suerte de estas propuestas como vía para superar el enfrentamiento, en una sociedad fracturada en la que los extremos se imponían a la moderación o la equidistancia, resultó más bien escasa.

A las banderas oficiales catalanas y españolas, a las distintas variantes de la estelada y a alguna rojigualda preconstitucional —antes del proceso, confinadas en los reducidos actos del 12-O—, se han sumado con fuerza, desde el día después de las elecciones de diciembre de 2017, las de Tabarnia. Esta iniciativa, medio en broma, medio en serio, ha tenido un impacto no menor en el debate y el conflicto provocados por el proceso independentista al situarlo frente a un espejo, tan deformante como los del callejón del Gato valle-inclanesco. Mientras que el imaginario territorio tabarnés incluye buena parte de las provincias de Barcelona y Tarragona —de la comarca del Maresme, o incluso incorporando parte de la de la Selva, por el norte, hasta el Bajo Campo—, mayoritariamente constitucionalistas, también la bandera fusiona las de las dos entidades: dos cuarteles con la cruz de san Jorge barcelonesa (cruz de gules sobre blanco) y los otros dos con los verados en ondas de oro y de gules tarraconenses.

La oferta de banderas tabarnesas es amplia —la web Dolça Catalunya ponía a la venta, el día 16 de enero, con algo de retintín, 155 de estas enseñas— y, por lo que parece, los resultados han sido bastante buenos. La gerente de la empresa catalana Banderas AAP declaró a la agencia EFE, el 2 de enero de 2018, que tuvieron que acortar las vacaciones y avanzar el retorno al trabajo ante la altísima demanda de este producto tras el día de Navidad.

El proclamado presidente de Tabarnia en el exilio, Albert Boadella, hizo su discurso de presentación de la iniciativa, vía Skype por supuesto, el martes 15 de enero de 2018 con tres banderas a su espalda: la europea, la española y la tabarnesa. En el discurso, que empezaba con un tarradelliano «Ciudadanos de Cataluña, no estoy aquí», se mostraba el hastío ante «tantos capullos disfrazados de “segadores”», se denunciaba que los independentistas «habían hecho del Parlamento el auténtico Teatro Nacional de Cataluña», se aludía a una «Tabarnia triunfante, rica y plena» —como en el principio del himno catalán— y se concluía con una gran butifarra por parte del orador, nombre que recibe en las tierras del noreste de España el tradicional corte de mangas. Pocos días iba a tardar la televisión pública catalana TV3, que a diferencia de TVE y otras cadenas no había ofrecido el evento como noticia —como destacó agudamente el crítico televisivo Ferran Monegal—, en ofrecer un espacio al cómico independentista de guardia, Toni Albà, para que este pudiera mofarse de Tabarnia y del parlamento de Boadella y le dedicara también unas cuantas butifarras.

A principios de 2018 se dio a conocer, tras la definición territorial, el gentilicio (la RAE acepta tabarnés, tabarnienese y tabarniano), la bandera propia, el periódico Tabarnia Today y el lema «Tabarnia is not Catalonia» —a la hora de escribir estas líneas no había acuerdo todavía sobre el himno, con propuestas variadas, una de ellas titulada «Los unidores»—, el nuevo escudo de Tabarnia. Este se incorpora a veces en el centro de la enseña. Representa al caballero con armadura san Jorge amansando pacíficamente al malvado dragón independentista —todo en negro sobre blanco— y la leyenda «Acta est fabula», esto es, traducido del latín, «La función ha terminado». Según la cuenta oficial de Twitter de Tabarnia, el 9 de enero, estas palabras vienen a significar, en claro mensaje a los independentistas, lo que sigue: «Hasta aquí ha llegado el teatro, ya os podéis ir a casa».

La recuperación o invención de leyendas, muy del estilo de Juego de tronos, no ha sido exclusiva de los partidarios de Tabarnia, sino que desde el campo del independentismo, este aspecto ha sido igualmente atendido. Destaca, entre ellas, el «Donec perficiam», que significa algo así como hasta conseguirlo o hasta triunfar. Este lema o leyenda fue utilizado por la Guardia de Corps del archiduque Carlos durante la guerra de Sucesión. Contemporáneamente ha sido empleado, sobre todo a partir de 2015, en camisetas, sudaderas y pegatinas, acompañando a la estelada negra.

Algunos historiadores al servicio de la causa independentista, como Oriol Junqueras, Agustí Colomines o Francesc Xavier Hernàndez, no son ajenos a su popularización y justificación como elemento destacado del «pasado nacional», al tiempo que consigna para aplicar al revolucionado momento presente. En el Borne se dedicó una polémica exposición temporal a esta temática. La lingüista y miembro de la CUP Blanca Serra —hermana de la historiadora Eva Serra, también independentista desde la época del PSAN— terminó su discurso de la Diada de 2017, en el emblemático Foso de las Moreras, con un «Donec Perficiam. Votarem i Guanyarem!».

ROPA, COMPLEMENTOS Y CARTELES

No solamente de banderas estrelladas vive la identidad y propaganda del independentismo en Cataluña. Resulta necesario referirse a tres aspectos, como mínimo, a fin de completar estas páginas: la decoración del cuerpo, la proliferación de adhesivos y carteles y, finalmente, el fenómeno de los lazos amarillos. Existe, en primer lugar, una moda indepe. La estelada, con astro blanco o rojo, y los lemas más o menos separatistas han inspirado todo tipo de prendas de vestir, desde camisetas, polos, chaquetas, sudaderas, pantalones, faldas, jerséis y bodis para bebés hasta calzoncillos, tangas, leggings, pijamas, corbatas —a Artur Mas le regalaron una en la fiesta de Convergència (CDC) en Igualada en 2013—, guantes, sombreros, gorros y gorras, bufandas, pareos, bañadores, chanclas y zapatillas deportivas.

La marca más conocida, con tienda propia en el Ensanche de Barcelona, es Catalunya Freedom, una empresa fundada el 11 de septiembre de 2012, según declaran sus promotores, con «la ambición de ser la auténtica marca catalana de moda». La ropa es de calidad, los motivos patrióticos discretos —con preferencia por símbolos y estandartes antiguos—, los diseños exclusivos y el precio no precisamente barato. Una camisa para hombre ronda los 90-100 euros. La empresa garantiza que proveedores y fabricantes están en Cataluña o, si no es así, como mínimo instalados en los llamados Países Catalanes.

El caso anterior es bastante excepcional. Abundan, en cambio, los productos más asequibles y con lemas o símbolos muy visibles. XB Estudi, de Torroella de Montgrí, ofrecía en su web, en noviembre de 2017, por ejemplo, camisetas con los siguientes motivos: Sí Sí 9n2014, Catalonia New State of Europe (también disponible en catalán), Som-hi, Segadors, Freedom Catalonia 2014, Corbata catalana, Corbata estelada, Lazo amarillo, Jo votaré Sí, Carrer de la Independència, Som una nació, Estelada, Catalunya independent sia! o, entre otras, Independència què collons!, esto es, qué cojones, y una camiseta antimonárquica, en donde un elefante pisa una corona real. Esta empresa instala asimismo un tenderete en las ferias locales de Cataluña.

Los complementos indepes tampoco faltan: fundas de teléfono móvil, cascos para motociclistas, brazaletes, collares, pendientes, relojes, llaveros, encendedores, imanes de cocina, pines e insignias, lápices y bolígrafos, preservativos (ya lo decía Quim Monzó), libros, juegos de cartas, carteras, mochilas, urnas en miniatura, fundas para pasaporte o DNI catalanes, pelotas y toallas de playa —en algunos lugares de la costa gerundense no se han visto pocas en los últimos veranos—, paraguas, vasos, tazas y platos, sábanas, cojines o delantales de cocina. Una oferta completísima de estos objetos puede encontrarse, entre otros lugares, en Estelània, que se presenta como la tienda de la estelada, con sede en Badalona. En las manifestaciones o concentraciones, los jóvenes y adolescentes usan habitualmente la propia bandera atada al cuello como una capa. En algunos casos, los independentistas han dado un paso más, optando por tatuajes estrellados en distintas partes del cuerpo. La industria del patriotismo va viento en popa a toda vela en Cataluña.

Identificarse y reconocerse resultan, en este asunto, tan importantes como politizar privadamente lo público. Huelga decir que cuando la ANC u Òmnium Cultural comunican a los participantes de algunas de sus grandes performances las prendas que deben llevar o su color, o las comercializan ellos directamente a precios patrióticos —esto es, con un suplemento que se destina a las cajas de resistencia o a financiar los actos de la entidad—, crean tendencia. Estos espectáculos están esencialmente diseñados para ser vistos en televisión o en las redes. La Assemblea tiene tienda propia, en la que pone a la venta cuatro grupos de productos: «uniformes» de las distintas manifestaciones organizadas, ropa, complementos y, por último, banderas, pancartas y colgaduras de todos los tamaños. Entre las banderas merece la pena destacar, por su originalidad, una estelada gay: los colores del arcoíris sustituyen los palos de sangre, mientras que se mantiene el triángulo azul y la estrella blanca. Muchas de las colgaduras, en otro orden de cosas, están pensadas para los balcones, con frases alusivas a la democracia, la libertad, el Sí, los supuestos presos políticos, la República Catalana y muchas otras más.

Como curiosidad, aunque no decore el cuerpo sino más bien sirva para alimentarlo o, como mínimo, para alegrar la vista catalanista, deseo mencionar el caso de las manzanas con estelada que cultiva, desde 2010, un agricultor de Castelldans, en tierras leridanas, Joan Escolà. No se trata de una etiqueta, sino que se les coloca un adhesivo, en una suerte de impresión en negativo, cuando el fruto está verde para evitar que una parte de la pieza adquiera su color característico. Cuando se recoge la manzana y se le retira el adhesivo aparece la estelada como si fuera un auténtico tatuaje. Esta variedad frutal ha recibido el ingenioso nombre de manzana independentista. Con ella sí es posible jugar con las cosas de comer... Y si alguien tiene sed, siempre puede optar por un cava 1714 o un D.O. República Catalana, por un vino tinto La Indi, los tres promocionados o comercializados en algún momento por la ANC, o bien por el agua independentista, con una estrellada que cubre todo el envase.

Los adhesivos y los carteles constituyen el segundo aspecto a tener en cuenta. La enorme variedad de unos y otros es prácticamente indescriptible. El independentismo ha hecho un amplísimo uso de ellos. Quizás lo más novedoso se encuentre, como ya hemos visto en el caso de las banderas, en la voluntad de ocupación extensa del espacio público. Y, asimismo, la ignorancia de todas las reglas de civismo ciudadano y de las ordenanzas municipales sobre publicidad, contando con la tolerancia, aquiescencia o colaboración en muchas ocasiones de las autoridades, funcionarios y policías locales. «Las calles serán siempre nuestras», han gritado públicamente en ocasiones los seguidores de la CUP y de otros grupos. De ahí las acciones de empapelamiento de sedes de algunos partidos políticos, casas particulares, muros, contenedores de basura, señales de tráfico o farolas. No han faltado las convocatorias de «encartellades» populares por parte de Òmnium o de la ANC. Imprentas e impresoras han funcionado a fondo. Incluso se han visto, en algunas calles, post-its amarillos con un «155 No» escrito a mano. Todo sirve. El auge de los carteles coincidió con los agitados meses de octubre y noviembre de 2017. Resulta interesante constatar que, en las ciudades medias y grandes, los carteles desaparecían con una cierta rapidez, arrancados por personas individuales o pequeños grupos organizados.

La oferta de pegatinas, en concreto, es inacabable, con banderas, lemas y temas variopintos. A veces se adaptan motivos preexistentes a la causa independentista reciente. Es el caso del burro catalán, que, como la vasca oveja Latxa, representa un contramodelo del toro de Osborne hispánico. Nacido en 2004, el adhesivo con esta raza equina autóctona en peligro de desaparición —el motivo ecológico era decisivo en su origen— se colocó inicialmente en la parte trasera de los coches, aunque su éxito lo catapultó a las camisetas, tazas, móviles, gorras, toallas y libros. Devino un símbolo de catalanidad y anticentralismo. Las pegatinas con el burro haciéndole tras-tras-por-detrás al toro son bien conocidas (también, desde otro punto de vista, las que invierten los roles). Al pobre burro se le ha añadido, en los últimos tiempos, una inevitable bandera de la estrella solitaria, como simple acompañamiento o, también, como tapabocas, o, mejor dicho, en esta circunstancia, como tapamorros.

AMARILLO, AMARILLO ES...

En la triple relación de aspectos anunciada supra, no resulta posible dejar de tener en cuenta, finalmente, el fulgurante suceso de los lazos amarillos a finales de 2017, que ha acabado convirtiendo este color en uno de los principales distintivos del procés. El uso de los lazos solidarios o de concienciación es prácticamente universal. Se trata de pequeñas piezas de cinta doblada por arriba formando un lazo o, asimismo, de representaciones de este en materiales y dimensiones distintos. Los lacitos se exhiben pegados a la ropa, casi siempre a la altura del pecho izquierdo, pero también pueden anudarse, en tamaño mayor, a farolas, árboles o antenas de coche —muy habitual, esto último, en alguna coyuntura bélica en Estados Unidos, por ejemplo—, colgarse en edificios o bien reproducirse en adhesivos.

Las razones solidarias, de concienciación o conmemorativas pueden ser muy variadas, desde enfermedades, como el rosa del cáncer de mama o el rojo del sida, hasta reivindicaciones más estrictamente sociales o políticas. Los colores varían según las causas, aunque una de ellas puede tener distintos colores de referencia, dependiendo en ocasiones de opciones o tradiciones nacionales, y aunque uno de ellos pueda representar más de una causa, como el verde con la ecología y el trasplante de órganos.

No se trata, en cualquier caso, de un fenómeno totalmente nuevo en Cataluña. En la España de la democracia, los lacitos ya habían sido exhibidos en algún momento: por ejemplo, de color azul, en la década de 1990, para manifestar el rechazo contra la banda terrorista ETA y su entorno; o bien, a principios del siglo XXI, con el tricolor republicano, en defensa de la memoria histórica.

En el primer tercio del Novecientos, los nacionalistas catalanes lucían lazos cuatribarrados para reclamar la autonomía e, incluso, de forma limitada, la independencia. Esta circunstancia provocó más de un altercado con las autoridades en la década de 1910 y de 1920. A finales del franquismo y en la Transición democrática —e incluso más adelante—, los lazos con la señera abundaron en actos patrióticos o festivos, o bien en reivindicaciones específicas como las de la escuela catalana y la normalización de la lengua. Era habitual, en aquel entonces, que a uno le colocaran un lacito en el pecho a cambio de un pequeño donativo.

La opción por el lazo de color amarillo es, en cambio, muy reciente: esto es, del último trimestre de 2017. Existe, empero, un antecedente algo aislado. Los senadores convergentes lo lucieron en el pecho durante un pleno de la Cámara Alta en octubre de 2014. En aquel momento, uno de ellos, exconsejero de Bienestar Social y Familia en el primer Gobierno Mas, Josep Lluís Cleries, explicó a la agencia Europa Press que se trataba de un símbolo de los defensores de la consulta y del derecho a votar libremente. Tuvo entonces, en cualquier caso, poco recorrido simbólico.

La llamada a lucir lazos amarillos en público tuvo lugar en la tarde del 17 de octubre de 2017, unas horas antes de la manifestación convocada en Barcelona para protestar contra el encarcelamiento, la víspera, de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de la Assemblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. La ANC invitó vía Twitter a exhibir un lazo amarillo en solidaridad con los llamados Jordis. Más adelante se incorporaron a la lista, asimismo, los exconsejeros detenidos del Gobierno Puigdemont. El toque cromático vino acompañado de la difusión de mensajes relativos a los «presos políticos», inexacta denominación para unos políticos presos, como tuvo que recordar incluso Amnistía Internacional, y ofensiva para los prisioneros por cuestiones políticas de otros momentos no democráticos de la historia de España —algunos encarcelados durante el franquismo mostraron su tristeza e indignación por el uso banal y torticero que se estaba haciendo de esta expresión— y del mundo. Sea como fuere, la campaña amarillista ha resultado bastante exitosa.

Pilar Rahola, «intelectual» de cabecera de Artur Mas y Carles Puigdemont, filóloga, periodista, participante desde hace años en el telebasureo hispánico e influyente impulsora del proceso, usando en ello no pocos ingredientes de embaucamiento y demagogia, escribió sobre el amarillo catalán, el 30 de noviembre, en su columna del diario La Vanguardia: «Nunca pareció un color llamado a grandes gestas, ni aspiraba a protagonizar los titulares, no en vano estaba huérfano de causa. Pero llegaron los tiempos del 155, las cárceles se llenaron de demócratas y los bodies de la gente empezaron a lucir lacitos, bufandas, insignias y todo tipo de complementos soleados, convertido el amarillo en el símbolo de la protesta contra la represión». Concluía su artículo afirmando que el amarillo iba a convertirse en el color de moda en tierras catalanas. Esta última era la única media verdad del texto. La reiterada identificación de Cataluña con solamente una de sus partes constituye, a fin de cuentas, un vicio nacionalista.

¿Por qué escoger el amarillo? No queda del todo claro y han circulado varias explicaciones, unas más convincentes que otras. Este color se ha asociado en distintos momentos, especialmente en Estados Unidos y Canadá, al ejército y a los soldados ausentes. Las viejas canciones The yellow rose of Texas (La rosa amarilla de Texas) y She wore a yellow ribbon (Ella llevaba un lazo amarillo) han sido muy populares. Igual que la segunda se titula, en su versión original, el western dirigido por John Ford e interpretado por John Wayne en 1949, La legión invencible. De otra canción, Tie a yellow ribbon round the old oak tree (Ata una cinta amarilla alrededor del viejo roble), compuesta por Irwin Levine y L. Russell Brown en 1972 e interpretada por Tony Orlando, se vendieron cientos de miles de discos. Las campañas de los lazos y cintas amarillos fueron especialmente significativas durante la crisis de los rehenes en Irán —«Tie a Yellow Ribbon», ata un lazo amarillo, en especial en los árboles, como puede observarse en la película Argo (2012)— y también en las guerras del Golfo. Curioso resulta constatar que el color amarillo es, al tiempo, el que se atribuye popularmente a los cobardes.

No debe descartarse en la elección del amarillo, asimismo, el hecho de que este color no hubiera sido casi nunca usado en España con connotaciones políticas en un lazo. O bien que fuera el emoticón más fácilmente disponible en WhatsApp. Algunas asociaciones de familiares de enfermos de espina bífida, que usaban este símbolo desde hacía tiempo, hicieron públicas sus quejas por esta apropiación política. A posteriori se han añadido algunas explicaciones históricas, confrontando el azul de Felipe V y el amarillo imperial austríaco durante la guerra de Sucesión del siglo XVIII. En 1705 parece que algunos barceloneses se colocaron lazos amarillos en el sombrero como protesta contra las autoridades borbónicas. Hubo detenciones e incluso algún ajusticiado por esta causa. Sea como fuere, el éxito ha superado las expectativas de los promotores de la iniciativa en el siglo XXI.

Además de sencillos lacitos en el pecho —no precisamente discretos, en algún caso, ni simples en ocasiones, como en el caso de los hechos con ganchillo y otras técnicas— y de pines en metacrilato, como los comercializados por la ANC, se han visto en los pueblos y ciudades de Cataluña lacitos gigantes, lazos de tela o plástico en balcones, rejas, farolas, troncos y ramas de árboles, camisetas, carteles, adhesivos y colgaduras con este motivo. Sin olvidar, está claro, la vestimenta de color amarillo: sobre todo bufandas, fulares, guantes y gorros, pero, de igual modo, jerséis, camisetas, chaquetas e impermeables. Los partidos y entidades independentistas han dejado en sus actos sillas vacías con lazos amarillos para los ausentes. La marea amarilla ha invadido y coloreado muchos espacios de Cataluña. E incluso de la ciudad de Bruselas, el 7 de diciembre, durante la peregrinación patriótica organizada para arropar a los ilustres president y consejeros fugados o exiliados. Puigdemont luce en actos públicos una gran bufanda amarilla.

Unos días antes, el 2, en el concierto celebrado en el Estadio Olímpico Lluís Companys, organizado por la ANC con el fin de recaudar dinero para la caja de solidaridad destinada a pagar multas y fianzas derivadas de procesos judiciales y en homenaje a los líderes presos, la actriz Txe Arana y la entrenadora de baloncesto Carme Lluveras proclamaron desde el escenario: «Reivindiquemos un color que significa la libertad». Muchos asistentes llevaban ya prendas de este color, pero en la entrada la Assemblea regaló gorros de lana y cartelitos amarillos con la inscripción, en inglés, «Republic of Catalonia. Freedom Political Prisoners». El acto terminó con el público y los participantes cantando a capela Els segadors.

La campaña electoral para las elecciones del 21 de diciembre, convocadas tras la aplicación del artículo 155 constitucional, colocó al amarillo en el centro de una áspera disputa. Las juntas electorales que velan por la neutralidad en los comicios obligaron a retirar los símbolos políticos, en especial los amarillos, de los edificios y espacios públicos. Así, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tuvo que dejar de iluminar en amarillo las fuentes de la ciudad y hubo que retirar grandes lazos en las fachadas de edificios municipales. Se consideró, de igual modo, que los miembros de las mesas electorales no podían exhibir lazos amarillos.

Desde el campo independentista se proclamó que se estaba prohibiendo el amarillo, y no solamente no se hizo caso a las indicaciones o bien se buscaron alternativas del mismo color, sino que arreció la campaña cromática. A veces con peregrinas ideas, como la de atar lazos de plástico en los pilones de algunas calles, a baja altura, justo donde se mean los perros del vecindario, lo que acababa, evidentemente, siendo un asco. Como en el caso de los carteles, en algunas ciudades estos lazos desaparecían al cabo de poco por la acción de personas indignadas e, incluso, por parte de grupos formados para llevar a cabo esta empresa en común y difundirla después en las redes como acto resistente ante la idea de «la calle es nuestra».

Los lazos de solidaridad, mal usados, pueden también convertirse en lazos de agresión, como ha podido comprobarse en algunas pintadas con espray en casas, tiendas —la regentada por la madre de Albert Rivera en Granollers, por ejemplo— o coches de personas consideradas unionistas. La ministra de Sanidad, la catalana Dolors Montserrat, con un remarcado vestido amarillo pistacho, acudió al Congreso, el miércoles 13 de diciembre, en donde tuvo un encontronazo con el independentista Joan Tardà, que exhibía el lazo amarillo. Entre otras cosas, espetó Montserrat: «Me lo he puesto porque solo faltaba que también nos robaran la paleta de colores».

En el debate televisivo de los candidatos de las formaciones políticas con representación parlamentaria para las elecciones autonómicas del 21-D, que tuvo lugar el 18 de diciembre de 2017 con la moderación del «imparcialísimo» director de TV3 Vicent Sanchis, pudieron verse algunos lazos. Jordi Turull (Junts per Catalunya), Carles Riera (CUP) y Marta Rovira (ERC) lucieron lazos amarillos. Esta última apareció, además, con un jersey de este mismo color. Xavier García Albiol (PP) también llevaba un lazo, pero distinto: en un lado de la cinta, la señera, y la bandera española en la otra. Los demás candidatos no exhibieron lacitos. El día 21, en el interior y en el exterior de muchos colegios, el amarillo no faltó en desafío a las juntas electorales. En los días previos, los servicios de limpieza municipales tuvieron mucho trabajo para eliminar la pintura amarilla de suelos y paredes de los centros escolares que iban a abrir como locales de votación.

Después del 21-D, la presencia de este color en las calles no ha disminuido. Un par de iniciativas merecen ser comentadas. Primeramente, la llamada de Òmnium Cultural a dejar una silla vacía con un lazo amarillo en las comidas de las Navidades en homenaje a los políticos ausentes. La campaña para ocupar el espacio con el amarillo en las cabalgatas de los Reyes Magos, el 5 de enero de 2018, en segundo lugar, sobre todo en la de Manresa, que iba a ser retransmitida por TV3. La ANC y Òmnium llevaron a cabo una intensa campaña y los Grupos de Defensa de la República (GDR) trabajaron en este sentido sin descanso. La politización de las cabalgatas no era algo nuevo, puesto que en años anteriores, pongamos por caso, ya se habían hecho esfuerzos por difundir los farolillos (fanalets) independentistas. Los niños han sido una parte importante en todas las movilizaciones. El proceso es amarillo, amarillo es. La presencia de lazos y otros objetos de este color en las calles y edificios ha acabado obligando a algunos pocos ayuntamientos a tomar medidas y, lo más excepcional, visto lo visto, a aplicar las ordenanzas municipales.

10

DANZAS, CASTILLOS, HIMNOS NACIONALES

«La sardana és la dansa més bella / de totes les danses que es fan i es desfan» (La sardana es la danza más bella / de todas las danzas que se hacen y se deshacen), reza un conocido poema del escritor catalán Joan Maragall, compuesto en la última década del siglo XIX. Advierte el autor, en otros versos de la composición, que no se trata de una danza lasciva, ni innoble, sino de «la dansa sencera d’un poble», la danza completa de un pueblo, el pueblo catalán. La sardana, un baile considerado como otro de los símbolos catalanes por antonomasia, representa un interesante ejemplo de lo que los historiadores británicos Hobsbawm y Ranger designaron como tradiciones inventadas. Mientras que a finales del siglo XIX, la sardana era desconocida o considerada algo exótico para la mayoría de los habitantes de Cataluña, excepto los de la provincia de Gerona, en donde tenía sus raíces, en 1906 se hablaba ya abiertamente de «danza nacional». Y, lo que resulta más significativo aún, se estaba transmitiendo la idea de que era y siempre había sido el baile por excelencia de los catalanes, esto es, un baile de «la tierra» y de míticos orígenes. A partir de los años postreros del siglo XIX, catalanismo y sardana pasaron a ser indisociables, convirtiendo en «nacional», una vez retocado, depurado y pasado por Barcelona, el modelo festivo de la Cataluña vieja.

Fue Josep Pella i Forgas, en su Historia del Ampurdán, que empezó a publicarse en 1883, la persona que puso las bases para el proceso mitificador de la sardana —«Es nuestro baile nacional: saludadle», así empieza el capítulo que el autor le dedicaba—, que poetas como los ya citados Maragall y Verdaguer y otros más retomaron a continuación. El mito presentaba tres caras, como bien mostró Joan-Lluís Marfany: el propio baile, que ascendía a la categoría de «danza nacional» —aunque cuando escribía Pella solamente se bailara en el norte de Cataluña, permaneciendo casi ignota en el resto del territorio—; el Ampurdán, como una suerte de quintaesencia de Cataluña —en competencia con la propuesta contemporánea de la Montaña, de raíz tradicionalista, impulsada por el vigatanismo y por la escuela de Olot—, y, finalmente, la figura del músico Pep Ventura (1817-1875). Este había sido, según el nuevo relato, el auténtico salvador y purificador de la «danza nacional» catalana.

El mito pasaba por encima de un par de evidencias, sin embargo, escondidas adecuadamente y progresivamente olvidadas, en las que Ventura tuvo un papel destacado: la sardana era, desde mediados de siglo, un auténtico baile de moda, sobre todo entre los jóvenes, en el Ampurdán y territorios vecinos, como la zona de Olot —un fenómeno que debe ser puesto en relación con el proceso de cambios en el ocio y la sociabilidad en el paso del Antiguo Régimen a la sociedad liberal, visible, aunque con cronologías y formas algo variables, en toda la Europa de la época—, y una parte de su éxito se debía, precisamente, a la mezcla y a la combinación con otras músicas, como la ópera, la zarzuela o las habaneras, y, asimismo, en algunos momentos, a un carácter marcadamente ideológico —La Marsellesa y el Himno de Riego se convirtieron también en tema de sardana de la mano de Ventura, amigo de Josep Anselm Clavé—, en la órbita del republicanismo federal.

Pep Ventura fue uno de los principales impulsores de las sardanas largas, así denominadas por contener mayor número de compases, que dejaban atrás el contrapaso —en el Sexenio Democrático (1868-1874), en algunas poblaciones ampurdanesas, los carlistas persistían en el contrapaso para oponerse a la sardana moderna y corruptora— y las sardanas cortas. Se introdujeron, al mismo tiempo, una coreografía distinta y nuevos instrumentos —como la tenora, de la que Ventura, también llamado Pep de la tenora, fue un virtuoso— y se adaptaron fragmentos de música escénica para transformarlos en bailables, con títulos como Sardana sobre motivos de la Traviatta, Sardana sobre motivos del Faust, Sardana del barbero de Sevilla o Sardana Fra Diabolo. Pep Ventura no solamente fue un prolífico compositor de sardanas y otras músicas, sino que tenía su propia orquesta.

La sardana que los nacionalistas catalanes reinventaron como danza nacional tenía poco que ver, no obstante, con todo lo anterior: era ancestral y una tradición recuperada, era pura y del pueblo. De ahí que, en muchas ocasiones, los adeptos conversos al nuevo baile se indignaran con aquellos que lo seguían practicando como lo habían hecho desde pequeños, sin darse cuenta de que ahora ya no era una simple diversión, sino que constituía un símbolo cargado de sacralidad.

Casi una centuria más tarde, a partir de la década de 1980, las sardanas iban a dejar paso, en tanto que fiesta popular y nacional por excelencia, a otra tradición, en buena medida también de origen local —casi desconocida fuera de las tierras tarraconenses—, pero más multitudinaria, arriesgada, participativa, integradora, como una vía de atracción de la inmigración, y televisiva: los castells (castillos humanos). El modelo festivo de la Cataluña nueva o del sur tomaba el relevo a la hora de definir, en este terreno, lo «nuestro».

Las torres o castillos humanos han vivido una etapa de gran expansión a partir de los años ochenta, con la multiplicación del número de agrupaciones (colles) más allá del sur de Cataluña, la creciente espectacularidad de las construcciones —el 25 de octubre de 1981, día de santa Úrsula, la Colla Vella dels Xiquets de Valls hizo el primer castillo de nueve del siglo XX, el cuatro de nueve con folre (forro), que no solamente cargó sino que también descargó—, las retransmisiones televisivas y la intensa promoción llevada a cabo, con buenas dosis de invención de la tradición de por medio, en cuanto fiesta popular y nacional. La Generalitat y los ayuntamientos han aportado un apoyo fundamental a las agrupaciones, que se han modernizado, son mixtas —dejan de lado la fuerte masculinidad de épocas anteriores— y amateurs, en contraste con el semiprofesionalismo de otras épocas.

Las colles de la ciudad de Valls lideraron el movimiento de los castells en la década de 1980. A partir de 1993 ha tenido lugar un importante progreso técnico, con la recuperación de construcciones inéditas en el siglo XX o la suma de otras nuevas. A finales de los años noventa tuvieron actuaciones muy destacadas los Castellers de Vilafranca, sin olvidar las de algunas agrupaciones de Tarrasa, Valls, Tarragona o Vilanova. Las torres humanas fueron incluidas en 2010, junto con el flamenco y el Canto de la Sibila, en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco. Se calcula que en aquel año unas 7.000 personas formaban parte, en Cataluña, de alguna colla castellera.

Volvamos en este punto, sin embargo, al siglo XIX. Con las canciones llamadas populares o tradicionales ocurrieron cosas muy parecidas a las de la sardana. Pero con la ventaja, para sus impulsores, de no estar vivas ni en una pequeña parte del territorio, lo que les otorgaba un marchamo de pura tradición más o menos antigua. Hasta el éxito de la sardana, cantar en coro era una de las grandes pasiones —también, en menor medida, el excursionismo— de los catalanistas y, más adelante, de los nacionalistas. El Orfeó Català fue creado en 1891, y otras sociedades corales se fundaron por toda la región. Además de cohesionar al grupo y transmitir ideología, entonando melodías de «la tierra» se luchaba contra la castellanización.

En realidad, las canciones verdaderamente populares y los espectáculos preferidos en la Cataluña de finales del siglo XIX eran los del género chico. Este no tenía espacio, sin embargo, en la nación catalana imaginada y construida por los nacionalistas. Otros dos grandes entretenimientos de la época merecían ser, asimismo, desterrados: el flamenco y los toros. Como reconocía Josep Berga i Boix en la novela Clareta (1917), el «espectáculo nacional» era la diversión más enraizada en la Vilafreda finisecular. La Vilafreda del libro no era otra que Olot, en plena Montaña catalana, una población, por cierto, con una de las plazas de toros más antiguas de España.

EL HIMNO DE CATALUÑA

El proceso de reinvención de lo supuestamente tradicional puede percibirse de forma nítida en la composición Els segadors, los segadores, que reza como sigue:

Catalunya, triomfant,

tornarà a ser rica i plena!

Endarrere aquesta gent

tan ufana i tan superba!

Bon cop de falç!

Bon cop de falç, defensors de la terra!

Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!

Ara és hora d’estar alerta!

Per quan vingui un altre juny,

esmoleu ben bé les eines.

Bon cop de falç! [...]

Que tremoli l’enemic

en veient la nostra ensenya:

com fem caure espigues d’or,

quan convé seguem cadenes.

Bon cop de falç! [...]*

La letra y la música, aunque se presenten habitualmente como populares y antiguas, constituyen, en realidad, reelaboraciones o invenciones parciales de la última década del siglo XIX. La cronología nos sitúa, como en el caso de la bandera, en el de la sardana y en el de la fiesta de la patria, en la coyuntura decisiva de entre siglos. En 1892, Francesc Alió armonizó musicalmente y adaptó la letra, con la ayuda de Ernest Moliné i Brasés, de una antigua canción catalana, seguramente del siglo XVII, que narraba los hechos del Corpus de Sangre de 1640. Esta había sido publicada por vez primera por Manuel Milá Fontanals en su obra Romancerillo catalán (1882), basándose en una copia suministrada por mosén Cinto Verdaguer, que recogió oralmente, en la década de 1860, en la zona de Vic o de las Guillerías. Bajo el título «La guerra de los segadores», Milá reprodujo un poema que empezaba con los versos siguientes:

Ay ditxosa Catalunya

qui t’ha vista rica y plena!

Ara’l Rey nostre senyó

declarada’ns té la guerra.

Lo gran comte d’Olivar

sempre li burxa l’aurella:

«Ara es hora, nostre Rey,

ara es hora que fem guerra».*

Francesc Alió cambió la música original por otra en la que aprovechó la melodía de una antigua canción erótica, dedicada a tres segadores —también llamados, en ocasiones, garberets, derivado de garba o gavilla de mieses— y a una dama, que el canónigo Jaume Collell había recordado y entonado para él; y, por lo que a la letra se refiere, se sustituyó el primer verso por el ahistórico «Catalunya, comtat gran» —Cataluña nunca ha sido un condado— y se introdujo el famoso estribillo «Bon cop de falç, defensors de la terra». Este último resultaba más adecuado que el que se había usado al entonar las versiones tradicionales: «Segueu arran, que la palla va cara» (Segad al ras, que la paja está cara), considerado poco patriótico y combativo e inadecuado para una sociedad urbana. En alguna ocasión se han destacado, asimismo, las similitudes de Els segadors con la melodía de una oración judía, Ein K’Eloheinu (No hay nadie como nuestro Dios), que conocemos en versiones del siglo XV.

El Orfeó Català incorporó la pieza, ya en el mismo año 1892, a su repertorio. No tenía en aquel entonces ninguna connotación patriótica ni reivindicativa. Las cosas cambiaron, sin embargo, a lo largo de aquella década, debido al trabajo de divulgación que llevaron a cabo los catalanistas y sus entidades. De hecho, hacía ya algunos años que en estos ambientes y, en especial, entre los segmentos intelectuales, la preocupación por la ausencia de un himno patriótico resultaba evidente. Se hicieron ensayos con varias poesías de autores juegofloralescos, se recuperó la famosa «Los néts dels almogávers» de Josep Anselm Clavé e, incluso, algunos adaptaron el Gernikako arbola vasco. Si antes de 1892 la letra de Els segadors era casi universalmente desconocida, desde entonces se popularizó en los ambientes del catalanismo, combinada con otros temas de tipo igualmente patriótico como Plany, esto es, lamento, de Enric Morera.

En los últimos años de la centuria, la canción sufrió un importante proceso de politización. Al oírla por vez primera, en 1897, escribió años más tarde Pompeyo Gener en unas páginas inéditas a su muerte, «me pareció una voz única que me imponía el sagrado deber de defender mi raza». Se empezó a escucharla de pie y, en el caso de los varones, con la cabeza descubierta. Nuevas versiones musicales, entre las cuales hubo una de Lluís Millet a seis voces, contribuyeron en aquellos momentos a divulgarla. Los catalanistas propagaban sus ideas cantando.

Empezaron ya algunos a calificar Els segadors como «himno nacional» de Cataluña. Presentaba, sin embargo, un problema: la letra. Era demasiado larga, amén de detallista en exceso y con referencias religiosas, lo que hacía que, frecuentemente, se cantaran solamente algunas estrofas. Para solucionar esta cuestión, en los ambientes catalanistas no faltaron debates y polémicas. Se convocó, asimismo, un concurso para encontrar una nueva fórmula más adecuada para tan trascendente canción. Así fue como nació la versión más o menos definitiva que hemos visto más arriba. La letra actual, de tres estrofas y un estribillo para ser entonado en otras tres ocasiones, fue pergeñada en 1899 por Emili Guanyavents.

En el primer tercio del siglo XX, otros grupos y culturas políticas combatieron la canción convertida por los nacionalistas en himno —y prohibida, en algunos momentos, por las autoridades—, oponiéndole sobre todo La Marsellesa. Los coros de Clavé eran, asimismo, bastante refractarios a entonar la canción. Incluso un catalanista como Valentí Almirall la calificó, en 1902, de «canto de odio y fanatismo». El escritor Josep Pous i Pagès, por su parte, aseguraba, cuatro años después, que no respondía espiritualmente a lo «que debería de ser el himno del renacimiento catalán». El momento de Solidaridad Catalana, en 1906-1907, asentó la canción, de manera no muy distinta a lo ocurrido con la bandera y el día de la patria, en un universo nacionalista en expansión.

Els segadors y La Marsellesa se cantaron juntas el 14 de abril de 1931. Solamente cuatro días después, sin embargo, en presencia de las principales autoridades de la nueva República en Cataluña, se estrenó El Cant del Poble, con música de Amadeu Vives, inspirada en una canción de Clavé, y letra de Josep Maria de Sagarra. Era una propuesta hecha directamente desde arriba para sustituir la vieja composición por otra nueva, menos belicosa y una pizca más alegre. No acabó, sin embargo, enraizando.

La prohibición durante la época franquista de Els segadors llevó a buscar himnos sustitutivos. Un par de ellos, en especial, hicieron fortuna, aunque no autorizados durante bastante tiempo: la sardana La Santa Espina (letra de Àngel Guimerà y música de Enric Morera) —«Som i serem gent catalana / tant si es vol com si no es vol, / que no hi ha terra més ufana / sota la capa del sol»,* rezan los primeros versos— y, como vimos más arriba, El cant de la senyera (El canto de la señera), con letra de Joan Maragall y música de Lluís Millet, abuelo y tío abuelo, respectivamente, del presidente de la Generalitat Pasqual Maragall y del empresario y saqueador del Palau de la Música Fèlix Millet.

Incluso se usó en ocasiones, especialmente en medios católicos, el Virolai, una canción basada en unos versos de mosén Cinto Verdaguer, el «príncipe de los poetas catalanes», y música de Josep Rodoreda, dedicada a la Virgen de Montserrat: «Rosa d’abril, Morena de la serra, / de Montserrat, estel: / il·lumineu la catalana terra, / guieu-nos cap al Cel» (Rosa de abril, Morena de la sierra, / de Montserrat, estrella: / iluminad la catalana tierra, / guiadnos al Cielo). No debe olvidarse el papel de la Iglesia en el nacionalismo catalán de ayer y de hoy, ni el de los monjes y abades montserratenses —de Aureli Maria Escarré, «medio Claris, medio Macià» según el poeta ampurdanés Carles Fages de Climent en uno de sus irreverentes epigramas, a Josep Maria Soler—, ni tampoco la condición de «santuario nacional» y «guía espiritual» de Montserrat. En 1880 se celebraron las fiestas de su milenario, que supusieron la restauración y establecimiento del Montserrat moderno (otra tradición inventada, como ya señaló hace años Josep Maria Fradera). El canónigo Collell aseguraba, a finales del siglo XIX, que Montserrat era «el corazón de Cataluña» y el «monumento eterno de la patria catalana».

Pieza estrella de la Escolanía de Montserrat, este himno espiritual y patriótico fue versionado, en el siglo XXI, por el inclasificable cantautor Pau Riba, en el concierto y álbum Virus Laics (2008). El juego de palabras entre el virolai y esos inoculados virus laicos, que forman parte supuestamente de la mutación progresiva de la especie humana en cyborgs triópticos, es ingenioso. Resulta curiosa la sorpresa e incomprensión del intérprete y de su público cuando llegan a los versos que rezan que la Virgen de Montserrat siempre será princesa de los catalanes y estrella de Oriente de los españoles. La nación de Verdaguer era España y su patria Cataluña, sin que ello le supusiera, a diferencia de los nacionalistas e independentistas de ayer y de hoy, ningún problema. Asimismo, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, los creyentes (católicos y/o independentistas) entonaron el Virolai, en la versión clásica, en una iglesia de Vilarrodona, en la provincia de Tarragona, dirigidos por el párroco Francesc Manresa —con sus hábitos, simulando una misa para confundir a la policía si esta se asomaba—, mientras se procedía al recuento de votos del pseudorreferéndum del 1 de octubre de 2017 al lado del altar del templo.

El 19 de mayo de 1960, en un concierto celebrado en el Palau de la Música de Barcelona, un edificio modernista emblemático obra de Lluís Domènech i Montaner, se entonó desde el público el prohibido El cant de la senyera. Las detenciones permitieron llegar hasta Jordi Pujol, que no asistió al acto, pero que estaba detrás de la acción junto con otros integrantes del grupo CC, inspirado por Raimon Galí, y había sido el redactor del panfleto Us presentem el general Franco, preparado con motivo de la visita que el dictador estaba haciendo en aquellas fechas por tierras catalanas. Pujol fue detenido, torturado y condenado a prisión en un consejo de guerra. Este episodio se conoce como los «hechos del Palau».

Mientras que, ya en la década de los sesenta, La Santa Espina y El cant de la senyera empezaron a ser toleradas, Els segadors no se cantó abierta y colectivamente en público, guiados por Oriol Martorell, director de la Coral Sant Jordi, hasta 1976, con motivo de la celebración del 11 de septiembre en Sant Boi de Llobregat. El año anterior, sin embargo, en el marco del festival de las Seis Horas de Canción de Canet de Mar, el cantautor Rafael Subirachs interpretó la versión antigua que empezaba con el «Catalunya, comtat gran», aunque eludiendo el «Bon cop de falç!» y recuperando el menos comprometido «Segueu arran, que la palla va cara». Como se aprecia en las grabaciones del concierto, el público reaccionó con fuertes aplausos, sobre todo ante dos alusiones a 1640 —leídas, está claro, en clave de 1975—: la liberación de los presos y el llamado a los catalanes a las armas.

En cualquier caso, Els segadors quedó rápidamente establecido desde la Transición democrática, primero de hecho y, posteriormente, a través de una ley del Parlamento de Cataluña de 25 de febrero de 1993, como «himno nacional de Cataluña» (Ley 1/1993). Una década antes, el consejero de Cultura de la Generalitat, Max Cahner, había escrito en la presentación del libro Els Segadors. Himne nacional de Catalunya (1983), de Josep Massot i Muntaner, Salvador Pueyo y Oriol Martorell, que no se trataba solamente de «un canto popular y colectivo: simboliza la realidad misma de Cataluña, como pueblo, como país, como nación». En 2001, en una instrucción del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, se establecía que la canción debía aprenderse en las escuelas.

En la Diada de 2006 se presentó una nueva versión orquestal del himno, encargada por el presidente Pasqual Maragall a Antoni Ros-Marbà, que ya había realizado otras dos anteriores a principios de la década de 1990, en la etapa pujolista. Antes de poder escuchar el resultado, el portavoz de CiU, Felip Puig, acusó al Gobierno tripartito catalán de «estar destruyendo el país y sus símbolos» y mostró la radical oposición de su grupo a cualquier modificación —«desnaturalización», se dijo entonces— de Els segadors. El compositor Ros-Marbà le dio a la composición, excepcionalmente de tonalidad menor, más fuerza rítmica interna a fin de convertirla, en palabras suyas, en «un himno valiente y reivindicativo».

En el nuevo Estatuto de autonomía reformado de 2006, tal como se indicó en un capítulo anterior, Els segadors era presentado como uno de los «símbolos nacionales» de Cataluña. Nunca han desaparecido totalmente, empero, las reticencias hacia este himno, tanto desde posiciones exteriores como desde el mismo interior de la comunidad nacionalista. En unas declaraciones a la emisora pública Catalunya Ràdio, a finales de agosto de 2017, el famoso músico y musicólogo Jordi Savall aseguraba que la letra de Els segadors no le parecía adecuada para un himno, puesto que resultaba «demasiado despectiva y violenta»; y, acto seguido, añadía que a los catalanes les convendría «un himno más espiritual y no hablar tanto de hoz y de confrontación». Pocos meses después, en un artículo publicado en la edición catalana de El País, el crítico y escritor Ponç Puigdevall describía la composición como «un himno un poco violento».

Los electos de la formación política Ciutadans-Ciudadanos, a lo largo de su existencia, y en algunas ocasiones también los del PP, han mantenido sus reservas, siempre desde el respeto, ante dicho himno y el uso que de él hacían los nacionalistas. El 26 de octubre de 2015 permanecieron en silencio cuando, tras la constitución del Parlamento catalán, los demás diputados entonaban la canción invitados por la nueva presidenta de la cámara Carme Forcadell. Ante las críticas recibidas, Inés Arrimadas se defendió afirmando que «no hace falta cantar Els segadors para ser catalana». El ínclito acusador Agustí Colomines denunció, en El Punt Avui, a finales de diciembre de 2017, que los diputados ciudadanos y populares no sentían Cataluña como nación propia y no aceptaban sus símbolos. Los nuevos elegidos el 21-D de los grupos C’s y PP tampoco entonaron el himno el 17 de enero de 2018, día de la constitución del Parlamento catalán surgido de las elecciones autonómicas de diciembre de 2017. Las redes se volvieron a animar y un presentador de TV3 pidió explicaciones al día siguiente a Arrimadas. La acelerada y radicalizada expresidenta del Parlament y ex de Unió, Núria de Gispert, que ya había invitado en otra ocasión a la líder naranja a irse de Cataluña —«¿Por qué no te vuelves a Cádiz?», espetó entonces—, tuiteó: «Cantan los segadores, el himno nacional de Cataluña, en la constitución del Parlamento. C’s y Arrimadas, o no lo saben o no lo quieren cantar. No sé lo que es peor».

Desde la televisión pública TV3 se mostró sorpresa y cierta indignación, en 2016, por el hecho de que ninguno de los 22 jugadores alineados en el partido de la final de la Supercopa de Cataluña, entre el Barça y el Espanyol, celebrado en Tarragona y que ganó este último equipo, cantara el himno durante su interpretación en los prolegómenos del encuentro. Las redes sociales, por supuesto, ardieron. Cierto es que el himno más conocido y cantado en Cataluña sigue siendo, sin duda, el del Barça, compuesto en 1974 con letra de Josep Maria Espinàs y Jaume Picas y música de Manuel Valls. Resulta mucho más alegre, más integrador y menos violento que el de Cataluña.

CANTANDO

Els segadors ha sido muy entonado en las constantes movilizaciones independentistas a lo largo del procés, sobre todo en 2017. Otras canciones lo han acompañado, como Què volen aquesta gent?, de la cantautora balear Maria del Mar Bonet; la popular La presó de Lleida —la han interpretado numerosos autores, como Joan Manuel Serrat o Marina Rossell, pero mi favorita sigue siendo la versión prepunk que Oriol Tramvia incluyó en el álbum Bèstia! (1976), grabado en directo—, o bien Les ninetes ploren. Esta última, una canción popular dedicada al legendario bandolero Joan Sala, alias Serrallonga —los bandidos han dado mucho juego en la música catalana, desde el propio Serrallonga en versión ecologista-kumbayá del grupo Els Esquirols, hasta el despiadado Joan Serra, el bandoler de Lluís Llach—, permite fácilmente ser adaptada a toda circunstancia: «Les ninetes ploren, / ploren de tristor, / perquè en Serrallonga / n’és a la presó». Las niñitas de la pieza pueden llorar, llorar de tristeza, por Serrallonga, pero también por los Jordis, o por Oriol Junqueras. Recuerdo haberla entonado yo mismo, en mi adolescencia, por el aquel entonces encarcelado Albert Boadella y por otros miembros de la compañía teatral Els Joglars.

Por encima de todas las canciones, sin embargo, ha despuntado L’estaca, de Lluís Llach. Escribió la letra y compuso la música en 1968. Forma parte de muchos de sus discos y era de obligada interpretación en los conciertos del cantautor ahora jubilado. La canción, pegadiza e ideal para crear comunidad de espíritu, se convirtió en un gran éxito y en símbolo de la oposición al franquismo terminal, que la prohibió con harta frecuencia. Fue adaptada como himno a la libertad y como protesta, asimismo, en otros países, entre los cuales sobresale Polonia, en donde el sindicato Solidarnosc la hizo suya en la lucha contra el régimen comunista. Consta L’estaca de una estructura en tres partes de dos estrofas más otras dos de estribillo, que se repite en tres ocasiones. A continuación se reproduce el primero de los bloques:

L’avi Siset em parlava

de bon matí al portal

mentre el sol esperàvem

i els carros vèiem passar.

Siset que no veus l’estaca

a on estem tots lligats?

Si no podem desfer-nos-en

mai no podrem caminar!

Si estirem tots, ella caurà

i molt de temps no pot durar,

segur que tomba, tomba, tomba,

ben corcada deu ser ja.

Si jo l’estiro fort per aquí

i tu l’estires fort per allà,

segur que tomba, tomba, tomba,

i ens podrem alliberar.*

Cantarla en los últimos años ha permitido a las generaciones más veteranas recordar las luchas de sus años mozos, aunque muchos no participaran activamente en ellas, o bien rememorarlas en el caso de las más jóvenes. Menear el mitificado o reinventado antifranquismo constituye un efectivo recurso del independentismo catalán. A ello ha ayudado la contraposición revivida desde este campo entre los cantantes Lluís Llach y Joan Manuel Serrat. El «noi del Poble Sec» ha sido insultado por las críticas formuladas al proceso —le han llamado fascista, entre otras lindezas—, como en otras épocas lo había sido por atreverse a cantar en castellano y no solamente en catalán, como Llach, mientras que el bardo de Verges era elevado a la categoría de héroe por su compromiso por la separación de Cataluña y los soñados Países Catalanes de España.

Diputado de Junts pel Sí en el Parlamento catalán en la legislatura 2015-2017, Llach se ha caracterizado por algunas salidas de tono —«cerdos», espetó a los líderes europeos por no abrir los brazos a una supuesta Cataluña independiente—, así como por su particular concepción de la sacrosanta libertad, tan cacareada, a la manera de la Gallineta de otra de sus canciones. En una charla organizada por Òmnium Cultural, en marzo de 2017, el diputado afirmó: «En el momento que tengamos la Ley de Transitoriedad Jurídica, ello obligará a todos los funcionarios que trabajan y viven en Cataluña. El que no la cumpla será sancionado. Se lo tendrán que pensar muy bien. No digo que sea fácil, al revés, muchos de ellos sufrirán».

Tras algunos años sin interpretarla en los escenarios, Lluís Llach cantó la historia del yayo Siset, con emoción y provocando no pocos derramamientos de lágrimas entre los asistentes, en el acto independentista de clausura de la campaña del referéndum del 1-O, organizado por partidos y entidades el 29 de septiembre de 2017 en la barcelonesa avenida María Cristina. La recuperación y glorificación independentista de este cantautor, escritor y elaborador de buenos caldos fue contestada con ingenio y de forma provocadora por algunas personas desde el otro campo desempolvando a Manolo Escobar y convirtiéndolo en símbolo de la canción protesta. Como proclamó Salomé en Eurovisión allá por el año de 1969, «vivo cantando, vivo soñando».

11

LA DIADA

Tres siglos después de 1714, el día 11 de septiembre es, en Cataluña, una jornada feriada. En esta fecha se conmemora la denominada Diada —el Día—, que corresponde a la principal festividad de esta comunidad autónoma. Desde hace bastantes años, es un punto señalado en rojo en el calendario laboral. Cierto es que sucesos más o menos recientes han coincidido en el título de 11-S con la celebración, ya sea la caída de Salvador Allende en Chile en 1973, ya sean, en especial, los impactantes atentados de Nueva York en 2001. En cualquier caso, el 11 de septiembre por excelencia de los catalanes no es otro que el de 1714, cuando la ciudad de Barcelona cayó ante las tropas borbónicas en la guerra de Sucesión. Lo recordó Artur Mas en su visita oficial al 9/11 Memorial de Nueva York, en 2015: «En Cataluña también tenemos nuestro 11 de septiembre» —afirmó, según la nota de Presidencia de la Generalitat—, que tuvo lugar cuando «hace 300 años padecimos la aniquilación de nuestras libertades, de nuestro derecho, de nuestras instituciones e incluso de nuestra lengua».

Como vimos en el capítulo 7, en el relato nacional-nacionalista, con una marcada y punzante obsesión por la historia —el escritor Eduardo Mendoza sostiene, en Qué está pasando en Cataluña (2017), que «la costumbre de adaptar la historia a las conveniencias del momento ha sido un rasgo distintivo de la identidad catalana»—, se interpreta el vencimiento de 1714 como el principio del fin de la nación, el Estado y las libertades de Cataluña. La derrota es invocada como base de una victoria futura.

DEL SIGLO XVIII AL XX

La Diada resulta inseparable de la evolución del nacionalismo catalán. En el calendario de la patria que fue elaborado desde finales del siglo XIX, como uno de los elementos definitorios y al mismo tiempo afirmadores de la nueva entidad en construcción, la fecha del 11 de septiembre adquirió rápidamente un lugar destacado. En aquel día de un lejano año de 1714, según la versión de los nacionalistas, Cataluña resultó vencida, dando paso a la pérdida de sus libertades, concretada en el Decreto de Nueva Planta (1716). Felipe V, el primer Borbón, habría puesto fin, supuestamente, a la «nación catalana» y forzado el inicio de una larga época de decadencia, que se mantuvo hasta el renacimiento cultural —la Renaixença— y, más adelante, el político, con el (re)surgimiento nacional-nacionalista de finales del siglo XIX.

Precisamente fueron los seguidores de este nacionalismo emergente, en su empeño por construir una nación, los que decidieron convertir el 11 de septiembre en fiesta de la patria recobrada. No se trata, como ha sostenido a veces parte de la historiografía de tinte catalanista, de un producto de la voluntad popular, una suerte de plebiscito anímico, a espaldas del poder político. Estamos ante una construcción voluntaria y consciente, fundamentada en materiales del pasado, que debe ser inscrita en el proceso definitorio de una nación y el consiguiente proceso de nacionalización de la sociedad catalana. La Diada tiene, en este sentido, una historia.

Los escritores de la Renaixença, desde Víctor Balaguer hasta Frederic Soler, alias Pitarra, pasando por Pablo Piferrer y otros más, dedicaron poemas y narraciones a los hechos de 1714. En la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, anotaba Balaguer: «Así fue como sucumbió Cataluña. Peleó y combatió hasta el último momento en defensa de sus libertades patrias». Y añadía: «Sea venerada siempre por los descendientes de aquellos esforzados varones la buena memoria de los que prefirieron morir antes de renunciar a la libertad, y sean los que sucumbieron en la lucha, mártires de su deber, un ejemplo y modelo dignos de ser imitados y seguidos por las generaciones futuras».

En 1886, varios jóvenes catalanistas radicales, miembros del Centre Català, una entidad presidida por Valentí Almirall, organizaron un funeral en Santa María del Mar dedicado a los que murieron «en defensa de las libertades catalanas destruidas por Felipe V con la toma de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714». Esta basílica barcelonesa está situada en el antiguo barrio de La Ribera, en donde supuestamente se enterró, en el foso llamado de las Moreras, a un gran número de defensores de la ciudad en 1714. Las presiones del capitán general provocaron que el obispo de la ciudad prohibiera al canónigo Jaume Collell pronunciar el sermón que tenía preparado. Josep Narcís Roca Farreras identificó esta celebración inicial del 11 de Septiembre como «nostre 2 de Maig», esto es, nuestro 2 de mayo de 1808; en ambos casos se produjo, sostenía, un acto de resistencia contra el invasor extranjero.

En los años siguientes no hubo actividad. En 1891 se celebró, por vez primera, una velada en el Foment Catalanista en honor de los mártires de las libertades catalanas. El acto se repitió en 1892. Dos años después se llevaron a cabo las primeras ofrendas florales al monumento de Rafael Casanova, el conseller en cap herido en el sitio de Barcelona con la bandera de santa Eulalia en las manos. Debió tratarse de una acción bastante aislada. En 1895, la Associació Popular Regionalista, de Barcelona, organizó el festejo. En 1897, unos jóvenes de la Joventut Excursionista Los Muntanyencs decidieron, al finalizar la celebración, ir a ofrecer una corona de flores a Casanova. La acción se repitió en 1899 con el añadido del canto de Els segadors.

El año 1901 fue, como en tantas cosas vinculadas con el nacionalismo catalán, un momento clave. La ofrenda floral, que se sumaba a las veladas y a una misa funeral, terminó con una carga policial y una treintena de detenidos. La movilización de protesta por los arrestos tuvo como consecuencia la creación de una sociedad de socorro para los encarcelados por motivos nacionalistas, La Reixa —a la que, como ya vimos en un capítulo anterior, estaba vinculado Vicenç Albert Ballester—, y la popularización de todos los actos anteriores. A partir de entonces, el ritual iba a repetirse en la Diada, con pocas variaciones, hasta la actualidad.

Hubo, sin embargo, en el interior del propio nacionalismo catalán, algunas voces parcialmente críticas con la elección del 11 de septiembre, como las de Enric Prat de la Riba o de Gabriel Alomar. En 1906, este último reclamaba menos pasado y más futuro. El primero, en un famoso artículo de 1899, cien veces reproducido —«1714. Els herois màrtirs», que publicó La Veu de Catalunya—, proponía mirar hacia momentos más gloriosos del pasado catalán, la que él denominaba «edad de oro de la patria», esto es, la época medieval, y dejar a un lado otros como 1640 o 1714. El Corpus de Sangre de 1640 y la figura de Pau Claris fueron propuestos, en especial desde sectores nacionalistas republicanos, como fecha y héroe alternativos, respectivamente, a 1714 y a Casanova. A pesar de algunas iniciativas en esta línea entre 1905 y 1912, no se impusieron y cayeron en el olvido. Menos fortuna tuvo aún la ocurrencia de Antoni Rovira i Virgili, en la segunda década del siglo XX, de convertir la Nochevieja, el Cap d’Any, en «fiesta nacional» catalana.

Otra fecha, el 23 de abril, Sant Jordi (San Jorge), el día del patrón de Cataluña —en un patronazgo compartido con la Virgen de Montserrat, la Moreneta—, en cambio, se convirtió en una celebración complementaria, más centrada en los aspectos culturales. De hecho, hasta que la fiesta no se subsumió en la del Libro, en la tercera década del siglo XX, fue siempre bastante minoritaria. Y el nombre Jordi no ha tenido hasta épocas bastante recientes el favor de los padres y padrinos catalanes —solamente dos personas así llamadas vivían en la Barcelona de 1640, por ejemplo—; en mi generación, por el contrario, la de los nacidos en la década de 1960, abundan los Jordis. Como mostró Carlos Serrano, tampoco Montserrat era un nombre con el que normalmente se bautizase a las catalanas hasta la primera mitad del siglo XX, cuando esta Virgen antigua fue integrada en la nueva nación en ciernes.

La devoción a san Jorge fue, desde el siglo XIV, cosa de la nobleza y de la Diputación del General, sin demasiados ecos populares. La feria de las rosas —u otras flores, como claveles— está documentada desde principios de la época moderna. El padre Raimundo Ferrer, en Barcelona cautiva (1818), hacía referencia al «invicto Mártir San Jorge, Patrón especial de la Corona de Aragón». Las cosas iban a cambiar con la Renaixença y el ulterior surgimiento del nacionalismo, que convirtieron al santo en patrón máximo de Cataluña y a su antagonista, el pérfido dragón, en enemigo de la nueva patria. El culto religioso devino patriótico. La Generalitat republicana declaró el 23 de abril fiesta cívica e inhábil en las oficinas públicas. En la actualidad, la rosa y el libro —nada que ver, empero, con la fiesta internacional, con Miguel de Cervantes y William Shakespeare— resultan inseparables en Cataluña en este día del año.

La formación Ciutadans-Ciudadanos ha sugerido sin éxito, en varias ocasiones, convertir el día de Sant Jordi en fiesta principal de Cataluña, en detrimento del 11 de septiembre. En un documento de la formación naranja se argumenta de la manera siguiente: «Ciudadanos (C’s) propone celebrar la Diada de Cataluña el día de Sant Jordi, por ser el fiel reflejo de la sociedad abierta, plural, cosmopolita y que mira al futuro que siempre ha sido Cataluña, frente a la comunidad inventada, imaginada, identitaria, dividida y que mira al pasado que representa la Cataluña de la Diada del 11 de septiembre. Ciudadanos no quiere conmemorar ni participar en perpetuar una festividad fundamentada en una mentira histórica». En 2016, Inés Arrimadas presentó una proposición para que la jornada del 23 de abril fuera declarada patrimonio inmaterial de la humanidad.

Volvamos ahora, sin embargo, a la Diada. Los años 1905 y 1906 marcaron el inicio de los actos unitarios. La celebración empezó a enraizar poco a poco en todo el territorio catalán, de Manresa a Gerona. A partir de 1913 se sumaron a la conmemoración los actos que tenían por escenario el Foso de las Moreras. La dualidad espacial se ha mantenido, con escasos cambios, hasta 2014: la estatua de Rafael Casanova, obra de Rosendo Nobas, que se colocó en 1888 al lado del Arco de Triunfo, en el marco de la Exposición Universal de Barcelona, y a partir de 1914, en la Ronda de Sant Pere, con proyecto arquitectónico de Alexandre Soler i March y figuras escultóricas en el pedestal de Jordi Llimona; y el Fossar, un lugar de memoria y de concentraciones radicales. Preside este último la leyenda sacada de los versos de una poesía patriótica de Pitarra: «Al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traïdor / fins perdent nostres banderes serà l’urna de l’honor» (En el Foso de las Moreras no se entierra a ningún traidor / incluso perdiendo nuestras banderas va a ser la urna del honor). La placa con esta inscripción fue colocada en 1915.

Los hechos narrados en el poema de Pitarra son aceptados a pie juntillas por la mayoría de los catalanes, pero no hay evidencias históricas ni arqueológicas, por el momento, que permitan corroborarlos. Lo único que parece seguro, como afirma el arqueólogo Roger Molinas, es que allí se enterraron cuerpos desde la época medieval. No parece que fuera ni el principal lugar de sepultura de los defensores de Barcelona en 1714, ni tampoco que únicamente los «patriotas» muertos fueran allí destinados, puesto que la dureza de los combates no siempre iba a hacer fácil distinguir entre los restos de atacantes y defensores. Menos de una década después de los hechos, según las investigaciones de Albert García Espuche, ya se habían construido casas en el cementerio. Este fue clausurado y desacralizado a principios del siglo XIX.

En la década de 1980, el Ayuntamiento de Barcelona adecentó la zona, muy degradada hasta entonces, y se inauguró una nueva plaza. Las obras generaron no pocas polémicas. Los edificios de la zona se restauraron a finales de los años noventa. En 1999, la Generalitat de Cataluña declaró el Fossar bien cultural de interés nacional. A principios de siglo se instaló en la plaza un gran pebetero, obra de Albert Viaplana, con una «llama eterna» dedicada a los muertos de 1714. La autora del proyecto inicial, Carme Fiol, se subió por las paredes con este añadido, que transformaba el espacio ciudadano por ella ideado en otro de tipo «fundamentalista». Los gobernantes municipales nacionalistas, sin embargo, con el republicano Jordi Portabella al frente, apoyaron la transformación.

De velar por la llama encendida y de las flores siempre frescas se ocupa la asociación cultural Memorial 1714, en la órbita de Òmnium Cultural y cuyo cometido es la preservación de la «memoria de los Patriotas que lucharon y murieron durante la guerra de Sucesión española». En el Foso de las Moreras se ha concentrado durante muchos años, tanto en la Diada como en algunas otras ocasiones señaladas, el radicalismo independentista catalán.

Sea como fuere, las celebraciones del 11-S estuvieron prohibidas durante la dictadura de Primo de Rivera. Entre 1917 y 1923 habían alcanzado notoriedad, coincidiendo con la campaña autonomista, el espejismo wilsoniano, la delicadísima situación social en Cataluña y la crisis del régimen de la Restauración. En 1917, la coincidencia con los funerales de Prat de la Riba, fallecido a principios del mes de agosto, impulsaron al diario La Veu de Catalunya a apuntar, el día 11 de septiembre, que «Rafael Casanova fue el héroe esforzado de la Decadencia; Enric Prat de la Riba, el príncipe glorioso del Resurgimiento». La conmemoración de 1923, pocos días antes del golpe de Estado, resultó muy agitada, con una contundente intervención policial que dejó numerosos heridos y detenidos.

En la Segunda República, los festejos alcanzaron gran trascendencia. Francesc Macià, el primer presidente de la Generalitat catalana, afirmó en 1931 que el 11 de Septiembre constituía una demostración ante todo el mundo de que «por las libertades, nuestros antepasados estaban dispuestos a morir antes que a someterse». El tono martirial de los dirigentes nacionalistas era recurrente —especialmente exacerbado en Lluís Companys a partir de 1934—. Aseguraba el avi Macià en 1932 que no había ido hasta el monumento de Casanova para «conmemorar la pérdida de aquellas libertades, sino para proclamar bien alto, ante Cataluña y el mundo, que aquellas libertades habían sido recobradas». Según algunas fuentes periodísticas partidarias asaz exageradas, en 1933 llegaron a acercarse entre 300.000 y 400.000 personas ante el monumento a Casanova.

La radio, en especial Ràdio Associació de Catalunya y Ràdio Barcelona, tuvo un papel muy destacado en la popularización, en todos los rincones de la geografía catalana, de los actos de la Diada. Antoni Rovira i Virgili publicó un artículo en 1932 en el que aseguraba que la celebración del 11 de Septiembre había dejado de ser ya un grito de dolor y un suspiro de deseo para convertirse, en la actualidad, en un grito de victoria: «Els vençuts de 1714 han estat els vencedors», esto es, los vencidos de 1714 han sido, al final, los vencedores.

FIESTA NACIONAL

Entre 1939 y 1975 se impidió toda celebración e incluso se hizo desaparecer el monumento a Casanova, que acabó arrinconado en un depósito municipal barcelonés. El primer intento de recuperación de la tradición tuvo lugar en 1964, de la mano, entre otros, de Josep Benet, Heribert Barrera, Anton Cañellas, Jordi Carbonell o Joan Reventós. Sin embargo, la primera celebración legal no pudo hacerse hasta 1976, aunque no en Barcelona, ya que el gobernador civil Salvador Sánchez-Terán no lo autorizó, sino en Sant Boi de Llobregat. En el acto intervinieron Miquel Roca Junyent, Octavi Saltor y Jordi Carbonell, representando, respectivamente, al Consejo de Fuerzas Políticas de Cataluña —creado en 1975 a partir de once formaciones: CDC, EDC, UDC, ERC, FNC, Partit Popular (el partido de Joan Colomines, como algunos lo llamaban entonces), Partit Carlí, Reagrupament Socialista, Convergència Socialista, PSAN y PSUC—, a los partidos de oposición no encuadrados en las plataformas unitarias y a la Asamblea de Cataluña, fundada en 1971. Estuvieron presentes, según los medios de comunicación de la época, entre 30.000 y 100.000 personas. Satisfecho por la convocatoria, Josep Benet anotó: «El pueblo vencido —pero no dominado— de 1939 volvía a estar de pie y avanzaba. Empezaba una nueva historia».

En 1977 se restituyó a su antiguo emplazamiento la estatua de Casanova. El 11 de septiembre de aquel año, a las cinco de la tarde, en la Ciudad Condal —del paseo de Gracia al Arco de Triunfo— tuvo lugar la llamada manifestación unitaria del millón de personas, con el lema «Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia». En numerosas ciudades de Cataluña se avanzó la conmemoración de la Diada al 10 a fin de favorecer la asistencia a la movilización barcelonesa. El diario La Vanguardia tituló la noticia del acto, el día 13: «Manifestación decisiva en la historia de Cataluña». Tuvo lugar en plenas negociaciones por la restauración de la Generalitat, la encabezaron los principales políticos catalanes del momento y fue multitudinaria, aunque el número de asistentes no llegara al millón del mito, sino, si tenemos en cuenta los cálculos generosos y aceptados por muchos autores, a 750.000; en cambio, según los trabajos del colectivo Contrastant, que toman en consideración los datos del área ocupada, la densidad y el tipo de manifestación, los reunidos estuvieron por debajo de los 300.000. Cuando se hizo público este último recuento, la reacción desde medios nacionalistas —en especial, el diario Avui y Miquel Sellarès, un nacionalista radical que estuvo entre los organizadores de las primeras Diadas como jefe del servicio de orden, y más adelante dirigió la policía autonómica— fue de indignación. Un mito es, cómo no, un mito.

Una ley del nuevo Parlamento catalán declaró la Diada, en 1980, fiesta nacional de Cataluña. Con la consolidación del régimen autonómico, la festividad del 11 de Septiembre se volvió algo más banal, coexistiendo tres planos. Ante todo, el institucional. Partidos y asociaciones protagonizaban las ofrendas en la estatua de Casanova y desde el Gobierno catalán y el Parlamento se organizaban los actos principales, en cuanto fiesta «nacional» fundamental. TV3 ofrecía, la noche del 10, el discurso del presidente de la Generalitat. Desde el mandato de Pasqual Maragall, el parque de la Ciudadela se convirtió en el centro de las principales actividades. Y en la tarde-noche del día 11 se incorporó desde 2000, organizado por las entidades civiles de la Comissió Onze de Setembre, un concierto popular, precedido de parlamentos de afirmación nacionalista.

En cada población de Cataluña, en cualquier caso, se desarrollaban actos oficiales, de muy distinta factura —conferencias, ofrendas, inauguraciones, conciertos—, los días 10 y 11 de septiembre. Destacaban las conmemoraciones en pueblos y ciudades con monumentos dedicados a personajes o hechos «patriotas» de la mítica guerra de Sucesión: Cardona (última plaza fuerte en caer en 1714); Berga (monumento a Casanova); Vic o Roda de Ter (memoria del dirigente Bac de Roda); Sort, Sant Hilari Sacalm o Pobla de Segur (monumentos al decapitado general Moragues, el «pájaro enjaulado en jaula secular» del bello poema de Pere Quart, cantado por Ramon Muntaner); Capsanes (lugar de nacimiento del guerrillero austracista Carrasclet); Lérida (caída de la ciudad en 1707), o, entre otros, Sant Boi de Llobregat (tumba de Casanova).

Aunque la ofrenda floral en Barcelona era siempre aprovechada por algunos grupos radicales para abuchear o insultar a partidos o asociaciones no nacionalistas o de nacionalismo demasiado templado —el PSC o incluso CiU, tras sus pactos en Madrid con el PSOE (1993) o con el PP (1996)—, la violencia verbal y gestual aumentó mucho en el siglo XXI. El lugar de memoria era considerado suyo y ello les otorgaba la potestad de señalar a los traidores que lo profanaban: el «nosotros» era, más que nunca, «no-a-los-otros». Una viñeta satírica de Miquel Ferreres, publicada en septiembre de 1995 en el diario La Vanguardia, mostraba a los representantes del PP en la ofrenda floral, afirmando: «Al fin y al cabo nosotros somos los únicos representantes que celebramos una victoria». En tierras catalanas, el pasado nunca pasa. En 2002, tres personas fueron detenidas por apología del terrorismo y amenazas a la comitiva del PP durante la ofrenda floral al monumento de Casanova. A consecuencia del acoso, algunas formaciones acabaron decidiendo no participar más en esta parte de la celebración.

Corresponde el segundo plano a la reivindicación directa —más allá de lo simbólico-ritual-lúdico—, sobre todo por parte de los minoritarios sectores independentistas, con el Fossar como núcleo de las actividades. La manifestación de la tarde de la Diada dejó de ser unitaria desde la década de 1980 y las cifras de participación se habían reducido sustancialmente —los organizadores, en especial ERC, estimaban, a ojo de buen cubero, una reunión de unas 20.000 personas en 2006, que podría reducirse, a buen seguro, a menos de la mitad—, mientras que las quemas de banderas españolas y los altercados con las fuerzas del orden al final del acto se multiplicaban, tanto en Barcelona —en la zona de Canaletas y otros lugares no lejanos— como en alguna otra población catalana que también acogiera concentraciones procesionales, verbigracia Gerona.

Y, por último, el plano festivo: muchos ciudadanos participaban en los actos planeados en toda la geografía catalana y colgaban banderas en los balcones, pero otros aprovechaban también la oportunidad para escaparse a la playa o a la montaña. El componente nacionalista y nacionalizador de la Diada ha continuado siendo, no obstante, esencial. A fin de cuentas, en ese día del año se conmemoran unos hechos del pasado y se pasa revista al presente —sirve, sostiene Albert Balcells, para hacer un balance anual de lo que Cataluña ya ha conseguido y de lo que le falta para su «futuro nacional»—, aunque siempre con la vista puesta en el futuro. Como vimos más arriba, el Estatuto de autonomía de 2006, en su artículo 8.1, define a la fiesta del 11 de Septiembre, al himno Els segadors y a la señera como «símbolos nacionales» de Cataluña.

Desde la segunda década del siglo XXI, a raíz del intenso desarrollo de las posiciones soberanistas e independentistas en Cataluña, la festividad del 11 de Septiembre ha adquirido nuevamente un marcado tono reivindicativo. La convocatoria de 2012, a cuyo frente se situó la flamante Assemblea Nacional Catalana —constituida en marzo de aquel mismo año—, fue multitudinaria y descolocó al propio Gobierno autonómico. En aquella Diada tuvo lugar una gran manifestación con el lema «Catalunya, nou estat d’Europa», esto es, Cataluña, nuevo Estado de Europa. El carácter independentista del acto resultó patente y las banderas estrelladas superaron a las cuatribarradas. «El independentismo catalán salió ayer definitivamente del armario», se podía leer al día siguiente en El Periódico, que calificó la manifestación como la mayor jamás realizada en Barcelona. Según los datos de los convocantes, la Guardia Urbana y la Consejería de Interior del Gobierno de la Generalitat, la iniciativa reunió entre 1,5 y 2 millones de personas; la Delegación del Gobierno de España en Cataluña, empero, redujo la cifra a 600.000. El expresidente Jordi Pujol afirmó que esta manifestación marcaba un antes y un después en la relación entre Cataluña y España.

El 11 de septiembre de 2013 se organizó la denominada Vía Catalana a la Independencia, una cadena humana que unía el norte con el sur de Cataluña. Según los datos de los convocantes y de la Consejería de Interior del Gobierno de la Generalitat, la iniciativa reunió a 1.600.000 personas. Un estudio pormenorizado, coordinado por el profesor Josep Maria Oller, llega a la conclusión, sin embargo, de que asistieron un total de 793.683 ciudadanos.

La principal novedad de la también muy concurrida conmemoración del 11 de septiembre de 2014, al margen de la formación de una V (de victoria, pero así mismo de voluntad y de votar) de cuerpos humanos en las calles de Barcelona —según la Guardia Urbana, 1,8 millones, y entre 470.000 y 520.000 en los cálculos hechos públicos por la Delegación del Gobierno español—, consistió en una ofrenda oficial en el Foso de las Moreras, que parece coherente con la deriva independentista de los gobernantes catalanes, con Artur Mas a la cabeza. La plataforma no nacionalista Societat Civil Catalana organizó el mismo día, en Tarragona, un modesto acto paralelo bajo el lema «Recuperemos el seny, recuperemos la senyera».

En los siguientes años, las manifestaciones, menos numerosas, se llevaron a cabo bajo los lemas «Via Lliure» (2015), «A punt» (2016) —descentralizada en cinco localidades— y «La Diada del Sí» (2017). Esta última reunió a un millón de catalanes, según la generosa Guardia Urbana de Ada Colau, o 350.000, en valoración de la Delegación del Gobierno de España, encabezada por Enric Millo. Un estudio universitario calculaba los participantes en las distintas citas de 2016 en 292.000. Y en unos 200.000, los concentrados de 2017. Al final del recorrido de esta última procesión, el Orfeó Català interpretó Els segadors y se pudieron escuchar los parlamentos de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Neus Lloveras, presidentes, respectivamente, de la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència (AMI).

En La pasión secesionista (2017), Adolf Tobeña se refiere a todas las anteriores celebraciones como performances, de gran magnitud e impacto plástico. Las manifestaciones independentistas de la Diada han sido muy bien organizadas, con la ANC y Òmnium Cultural a la cabeza, y calculadas al milímetro, en un ambiente festivo —grallas, castellers y estrelladas a manera de capa incluidos— y familiar. El peso de las nuevas generaciones, como ya se ha visto en otras partes de este libro, resulta fundamental. Ha sido insaciable fuente de identidad la ocupación real y simbólica del espacio, a través de las banderas, las pancartas, las camisetas de distintos colores según la ocasión —amarillo fluorescente en 2017, por ejemplo, con recomendaciones de no comprarlas en el mercado pirata sino en la ANC, a 15 euros la unidad, más del doble de su precio real—, las consignas políticas o el canto. De anunciar, promover y retransmitir estas procesiones nacionales se han ocupado, con un gran despliegue de medios, la radio y la televisión pública catalanas, totalmente abocadas, sin cortapisas ni dudas profesionales o deontológicas, al servicio de la causa independentista.

Sea como fuere, aunque han pasado ya más de tres siglos desde los acontecimientos del final de la guerra de Sucesión y casi nada vincula el presente con aquel entonces, los nacionalistas se esfuerzan en revivirlos cada año, construyendo el mañana desde el ayer. La supuesta derrota pasada —inventada e interiorizada como derrota nacional— conforma el referente mítico de la esperable futura victoria. La causa perdida o vencida puede postularse, a fin de cuentas, como proceso vencedor. El relato nacional y las tradiciones inventadas, en tanto que estrategias de supervivencia cultural, resultaron fundamentales en la nueva nación creada por los nacionalistas catalanes a finales del siglo XIX.

Como aseguraba el historiador británico Eric J. Hobsbawm hace ya algunos lustros en el prólogo a la edición en catalán (1988) de The Invention of Tradition, a pesar de que a los políticos y agentes de publicidad no les interese demasiado la relación entre los mitos, símbolos y tradiciones y la verdad histórica —en esencia, su preocupación se centra en la efectividad—, sí deben ocuparse de ella los historiadores. El espíritu crítico constituye uno de los fundamentos básicos del oficio de historiador. En el ensayo El laberinto vasco, de 1984, sostenía Julio Caro Baroja: «El historiador sabe muchas veces que la “tradición” es la historia falsificada y adulterada. Pero el político no solamente no lo sabe o no quiere saberlo, sino que se inventa una tradición y se queda tan ancho». Lo más grave del caso, sin embargo, me permito añadir a la reflexión de mi admirado Caro Baroja, se produce cuando los que se quedan tan anchos o callan o incluso contribuyen a la falsificación y adulteración son los propios historiadores.

EPÍLOGO

EL PROCESO EN SU LABERINTO: CINCO BREVÍSIMAS NOTAS

UNO

En las elecciones autonómicas celebradas en Cataluña, el jueves día 21 de diciembre de 2017, la participación se aproximó al 80 por ciento. La formación liderada por Inés Arrimadas (C’s) fue la más votada: más de 1.100.000 votos, un 25,35 por ciento del total, y 36 escaños en el Parlament. El crecimiento del partido naranja era muy importante: once puestos más con respecto a los comicios de dos años antes, amén de ser la primera vez que se imponía claramente en unas autonómicas, desde 1980, una formación no nacionalista. En segundo lugar quedó la lista del expresidente Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, con el 21,66 por ciento de los votos y 34 diputados; y en tercer lugar, ERC-CatSí, de Oriol Junqueras, que obtuvo 32 escaños y el 21,38 por ciento de los votos. Los pronósticos se equivocaron y Puigdemont venció a Junqueras. Ambos grupos sumados superaban el número de diputados de Junts pel Sí en 2015: 66 frente a 62.

Los cuatro grupos restantes no obtuvieron buenos resultados. El PSC se hizo con 17 escaños. Las expectativas generadas por la candidatura de Miquel Iceta no se hicieron realidad, con un solo diputado más y un claro desplazamiento de voto hacia C’s, sobre todo en las grandes ciudades del cinturón metropolitano de Barcelona. Catalunya en Comú-Podem, encabezada por el historiador Xavier Domènech, perdió tres escaños con respecto a 2015 y se quedó con 8. Las caídas más importantes, sin embargo, correspondieron a la CUP —de 10 diputados en 2015 a 4 en 2017— y al PP, que perdía siete escaños y se quedaba con 4 y un 4,24 por ciento de los votos.

Por circunscripciones, en las provincias de Barcelona y Tarragona la formación más votada fue Ciudadanos, con el 26,43 y el 27,35 por ciento, respectivamente, mientras que en Lérida y en Gerona venció Junts per Catalunya, con el 32,48 y el 36,67 por ciento. Desde este punto de vista, emergían dos Cataluñas, que todavía aparecen más claras si distinguimos, en cada zona, entre interior y litoral, entre rural y urbano y entre ciudades pequeñas y grandes. El contraste, por ejemplo, en la provincia de Barcelona, entre el voto en Santa Coloma de Gramanet u Hospitalet y Berga o Vic resulta evidente. Las diferencias entre la Cataluña del proceso e independentista y la otra, frecuentemente invisibilizada a lo largo del conflicto, resultan muy notables. Hemos tratado de esta cuestión en varios pasajes del libro. Constituye, en efecto, uno de los ejes de fractura de la sociedad catalana de hoy, y quizá también de mañana.

El eje derecha-izquierda volvió a perder peso, como había ocurrido a lo largo del proceso, frente al representado por la defensa o la oposición a la independencia. Asimismo, los extremos fueron ocupados por las principales fuerzas en liza, desplazando a sus habituales ocupantes (PP y CUP) e imponiéndose a las formaciones que, en uno u otro momento, se arrogaron posturas o misiones moderadoras, en especial los socialistas.

La suma total de diputados partidarios y no partidarios de la independencia de Cataluña arrojaba resultados no demasiado distintos de los de la anterior legislatura: la adición de Junts per Catalunya, ERC-Cat Sí y CUP daba un total de 70, esto es, una justa mayoría absoluta —por encima de los 68 diputados necesarios en un hemiciclo de 135 puestos—, mientras que C’s, PSC y PP sumaban 57, y 65 si se añadían los escaños de Catalunya en Comú-Podem. No era una repetición del anterior Parlament, pero el análisis por bloques daba resultados no demasiado distintos. Cambiaban, sin embargo, tres elementos: los conflictos en el interior de los dos campos, sobre todo entre los partidarios de Puigdemont y Junqueras, habían aumentado; las experiencias positivas y negativas de la anterior legislatura no iban a caer, en ningún caso, en saco roto, y, por último, la situación general de Cataluña estaba mucho más degradada.

DOS

El proceso, ha escrito Fèlix Riera en Just abans del salt endavant (2017), «que tenía que aclarar la cuestión catalana para los próximos cincuenta años, e incluso para siempre, se ha convertido en un laberinto, del que ahora no se sabe salir». Tras las elecciones del 21-D, muchas cosas han seguido igual o incluso han empeorado en Cataluña. Continúa el bombardeo mediático del independentismo, la ocupación partidista del espacio público, la vulneración o el intento de saltarse las leyes, el viaje a ninguna parte, la ausencia de una acción de gobierno efectiva, las mentiras del independentismo, la irresponsabilidad —nadie desea aceptar las consecuencias, penales o no, de sus actos, como han mostrado muchas de las comparecencias ante los jueces—, el victimismo. El proceso no ha terminado.

En este momento, los esfuerzos principales se dirigen a una mayor internacionalización del conflicto —desde Bruselas o desde tierras suizas, las escogidas por miembros de la CUP como Anna Gabriel— y a la búsqueda de fórmulas, por encima de toda legalidad y racionalidad, para investir a un Carles Puigdemont que únicamente está dispuesto a andar hacia el precipicio, llevándose con él en la caída a todo un país. La realidad paralela sigue mandando sobre la otra, la de la mayoría de los ciudadanos. No hay planes ni hay proyecto, como no existían cuando se declaró la independencia. El daño sobre las sociedades catalana y española es mayúsculo. Todo está, en algún modo, paralizado. La incapacidad se junta con la mala fe. Pero, a pesar de todo, la mitad de los catalanes sigue creyendo en el paraíso nacional.

TRES

El conflicto principal que se encuentra detrás del proceso no es entre Cataluña y España, sino entre distintas visiones, concepciones y percepciones de Cataluña. De ahí la fractura profunda de la sociedad catalana en la actualidad. La aventura independentista ha llegado tan lejos como consecuencia de los silencios, la infravaloración o la incredulidad de aquellos que podían haber reaccionado mucho antes, desde el Gobierno de Mariano Rajoy a la Unión Europea, pasando por las oposiciones, los intelectuales o los empresarios. Los proyectos alternativos mínimamente convincentes e ilusionantes han brillado por su ausencia. El nacionalismo —y, también, el independentismo— leen las debilidades del otro como un triunfo y una incitación a ir más allá. El triunfo de las emociones sobre la racionalidad, de la fe sobre la razón, del exabrupto sobre la palabra, de la mentira sobre las verdades, de la anarquía sobre la ley, del egoísmo sobre la solidaridad, de la secesión sobre la integración, convierte el camino hacia alguna parte en difícil y peligroso. En la situación presente, toda vuelta atrás es complicada o, simple y llanamente, imposible. Los bloques pueden acabar enquistándose. El diálogo, en definitiva, se nos antoja muy difícil. El trabajo de recomposición, en el sentido que sea, va a ser monumental.

CUATRO

Agustí Calvet, más conocido por el nombre de Gaziel, publicó un interesantísimo artículo en La Vanguardia el 28 de febrero de 1930, a dos columnas, con el título «¿Una nueva Cataluña?». La pieza arrancaba del final de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, entre 1923 y 1930, para reflexionar sobre la intervención catalana en España. Escribía Gaziel en el inicio del artículo:

Cataluña fue, entre todas las tierras de España, la que más contribuyó al advenimiento de la dictadura. Durante los seis años largos de su duración, Cataluña ha sido la que menos hizo para derribarla. Ahora, caída la dictadura, ¿qué hará Cataluña?

El sino político de la tierra catalana, desde que España se constituyó en unidad nacional a fines del siglo XV, ha sido constantemente un sino protestatario. Mal avenida con el uniformismo creciente del Estado español, que desconocía y olvidaba la personalidad catalana, Cataluña ha vivido, políticamente hablando, en un estado de malhumor y enfurruñamiento constantes: unas veces, la mayor parte del tiempo, dormitando acurrucada al margen de la vida pública, replegada en sí misma, bajo apariencias de ser un satélite más —un opaco y moroso satélite— en el sistema de gravitación centralista española (a la moda francesa); y otras veces, de pronto, dando unos bruscos estallidos anárquicos, que nunca, ni remotamente, le resolvían nada a ella, pero tan fuertes, de una realidad tan brutal, que bastaban para hacer tambalear a España entera. Pasadas estas convulsiones, volvía siempre el aparente sopor. Cataluña viene siendo, desde hace cuatro siglos, la epiléptica de España.

El episodio de la dictadura primorriverista había sido un nuevo caso de ello, sostenía Gaziel. Cataluña era, en buena medida, responsable de los hechos de 1923, como mostraban tanto los conflictos causantes de la crisis como los impulsores del golpe. Pero agregaba: «Y esto es lo estupendo: la dictadura se volvió inmediatamente de espaldas a Cataluña. Y Cataluña, una vez satisfecha su rara venganza contra los partidos políticos constitucionalistas, se echó a dormir profundamente, como un anarquista exhausto después de arrojar la bomba; y así ha permanecido durante seis años». Esta circunstancia merecía, según Gaziel, una reflexión colectiva:

Yo quisiera que Cataluña en peso se hiciese el inmenso favor de reflexionar sobre este hecho formidable. Sobre el hecho de que sus venganzas son, como ya he dicho, tan raras, que siempre se vuelven contra ella misma. Sobre el hecho de su sino político, tristemente negativo, que la mueve a protestar, a derribar, a impedir, a deshacer, a combatir siempre, sin afirmar, ni construir, ni colaborar, ni aunar, ni salir victoriosa nunca: hasta el punto de que, desde la implantación en Madrid del primer Carlos III hasta la dictadura del marqués de Estella, pasando por las Cortes de Cádiz, la República, la Solidaridad y la Mancomunidad, incluso los más rotundos éxitos del espíritu de Cataluña acaban siempre, irremisiblemente, en fracasos.

¿Cuáles eran las causas? Gaziel aludía al exclusivismo de los catalanes, a su «acantonamiento nativo», a «no saber enfocar y proyectar en grande lo que sentimos hondamente en pequeño». En este sentido, castellanos y catalanes adoptaban posiciones disímiles. Los vicios de unos y otros resultaban diametralmente opuestos. Así pues, el periodista ampurdanés continuaba su argumento como sigue:

El catalán, por lo menos el catalán moderno, cuando quiere acusar su personalidad se achica y encoge de una manera inverosímil. Individualista rabioso, a menudo poco sociable, y además desacostumbrado de todo mando en la cosa pública, tras largos siglos de ir a remolque de un Estado que no le satisface, define su patriotismo por eliminación. Descartando una a una las muchas cosas que no cree suyas, porque siempre las vio en manos ajenas, sin atinar jamás en que él también podría conquistarlas, como las conquistaron otros con su esfuerzo, acaba por encerrarse y limitarse en un sentimentalismo patriarcal y casero. Y su política —que debería ser, para que fuese buena, la menos sentimental, la más inteligente y lúcida de sus actividades— se reduce, a menudo, a una anacrónica añoranza.

El catalán, por si fuera poco, afirmaba el lúcido periodista Gaziel, moderado y catalanista convencido, cuando las cosas no acababan de funcionar a su gusto, en lugar de luchar por enderezarlas, «se enfada enseguida, protesta y se marcha». Y aseguraba: «Lo que le cuesta menos en este mundo es inhibirse. Y así, de achicamiento en achicamiento y de inhibición en inhibición, el catalán descontento cae sin darse en cuenta en el separatismo».

El separatismo —o independentismo— era, sin embargo, una pésima solución. De la manera siguiente lo argumentaba Gaziel en su artículo de febrero de 1930 en La Vanguardia:

Pero el separatismo es políticamente, para Cataluña, algo mil veces más difícil que el intervencionismo. Aun dejando a un lado todas las consideraciones morales y espirituales, materialmente el separatismo requiere, como obra humana, como problema a resolver y plan a ejecutar, un esfuerzo infinitamente mayor que el exigido por el intento de influir en la marcha del Estado español y modificarlo. De manera que en el fondo del separatismo catalán ha habido siempre una contradicción radical. El separatista cree que es imposible entenderse con el resto de los españoles; y para remediar esta situación, propone una cosa más difícil todavía, que es el desentenderse violentamente de ellos. No se siente capaz de hacer el esfuerzo necesario para influir en España, y en cambio sueña con el gigantesco propósito de escapar en absoluto a su influencia formidable. Para salir de una dificultad, crea otra mayor. Pero ¿si faltan fuerzas para resolver la más pequeña, cómo van a tenerse para la máxima? Por esto, prácticamente, el separatismo ha sido siempre en Cataluña una pura nulidad. Lo poco que se obtuvo, vino en todo momento por vías de intervencionismo. Y el separatismo no hizo más que deshacer lo hecho, acarreando la anulación o destrucción de lo conseguido, y dejando a Cataluña desolada e inerme, sin la más vaga, sin la más remota, sin la más quimérica compensación.

Y acto seguido concluía: «El separatismo es una ilusión morbosa que encubre una absoluta impotencia».

La cita es larga, pero si se hace el esfuerzo por sustituir separatista y separatismo por independentista e independentismo, que son términos más habituales a finales del siglo XX y en el siglo XXI, aunque correspondan a la misma nulidad o negación estéril —el autor sustituyó el primer término por el segundo cuando revisó el texto en la década de 1950, al igual que eliminó las referencias a Francesc Cambó—, las palabras de Agustí Calvet, Gaziel, son de rabiosa actualidad. El proceso ha sido y sigue siendo, al fin y al cabo, una ilusión profundamente morbosa.

CINCO

Para poner fin a este libro sobre un proceso, el llamado procés independentista de Cataluña, que todavía no ha terminado, quisiera volver al principio. «Alguien tenía que haber calumniado a Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo»: así empieza El proceso, de Franz Kafka. Los vigilantes Franz, delgado y de constitución fuerte, y Willem, que le supera en estatura, detienen a Josef K un día cualquiera en la casa de huéspedes en donde se aloja, propiedad de la señora Grubach, y le advierten de la larga duración de algunos procesos: «¡Y hay que ver lo que duran los procesos en los últimos tiempos!». ¿Hasta cuándo? No se sabe. El proceso de Josef K se había desencadenado fatalmente a pesar de estar viviendo en un Estado de derecho, en paz y con todas las leyes en vigor.

El proceso del protagonista de la novela de Kafka, en cualquier caso, termina con su muerte. Mientras dos hombres pálidos y grasientos, con levita y chistera, conducen a Josef K al lugar en donde van a ejecutarlo como a un perro, acuchillándolo en el corazón, este consigue concentrarse algunos instantes en sus pensamientos. De esta manera, se dice K a sí mismo: «Lo único que puedo hacer, lo único que puedo hacer es mantener el sentido común hasta el final». Mantener el sentido común, que como es bien sabido es el menos común de los sentidos, hasta el final... Un programa auténticamente revolucionario, a fin de cuentas, en tiempos de proceso.

BIBLIOGRAFÍA

Esta bibliografía no es exhaustiva, sino una simple selección de libros sobre las principales cuestiones abordadas en el libro. La base informativa fundamental, sin embargo, está constituida por los artículos de la prensa diaria, tanto en papel como digital.

ÁLVAREZ JUNCO, JOSÉ, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid, Taurus, 2001.

ÁLVAREZ JUNCO, JOSÉ, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016.

ÁLVARO, FRANCESC-MARC, Ara sí que toca! Jordi Pujol, el pujolisme i els successors, Barcelona, Edicions 62, 2003.

ALBERTÍ, JORDI, La bandera catalana. Mil anys d’història, 2.a ed., Barcelona, Pòrtic, 2013.

AMAT, JORDI, El llarg procés. Cultura i política a la Catalunya contemporània (1937-2014), Barcelona, Tusquets, 2015.

AMAT, JORDI, La conjura de los irresponsables, Barcelona, Anagrama, 2017.

ANGUERA, PERE, L’Onze de Setembre. Història de la Diada (1886-1938), Barcelona, Centre d’Història Contemporània de Catalunya-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2008.

ANGUERA, PERE, Les quatre barres. De bandera històrica a senyera nacional, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2010.

ANGUERA, PERE, Els segadors. Com es crea un himne, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2010.

ANGUERA, PERE, y DUCH, MONTSERRAT, Los gobiernos de la Generalitat. De Macià a Maragall, Madrid, Síntesis, 2008.

AYATS, JAUME, Els Segadors: de cançó eròtica a himne nacional, Barcelona, L’Avenç, 2011.

BALCELLS, ALBERT, La història de Catalunya a debat. Els textos d’una polèmica, Barcelona, Curial, 1994.

BALCELLS, ALBERT, Llocs de memòria dels catalans, Barcelona, Proa, 2008.

BALCELLS, ALBERT; PUJOL, ENRIC, y SABATER, JORDI, La Mancomunitat de Catalunya i l’autonomia, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans-Proa, 1996.

BASSETS, LLUÍS, La gran vergüenza. Ascenso y caída del mito de Jordi Pujol, Barcelona, Península, 2014.

BASSETS, LLUÍS, Lecciones españolas. Siete lecciones políticas de la secesión catalana y la crisis de la España constitucional (2012-2016), Barcelona, ED Libros, 2017.

BLAS, ANDRÉS DE; FUSI, JUAN PABLO, y MORALES MOYA, ANTONIO (dirs.), Historia de la nación y del nacionalismo español, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Fundación Ortega-Marañón, 2013.

BORRELL, JOSEP, y LLORACH, JOAN, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Madrid, Libros de la Catarata, 2015.

BORRELL, JOSEP; CARRERAS, FRANCESC DE; LÓPEZ BURNIOL, JUAN-JOSÉ, y PIQUÉ, JOSEP, Escucha Cataluña, escucha España. Cuatro voces a favor del entendimiento y contra la secesión, Barcelona, Península, 2017.

CAJA, FRANCISCO, La raza catalana, 2 vols., Madrid, Encuentro, 2009-2013.

CANAL, JORDI, Historia mínima de Cataluña, Madrid, Turner-Colegio de México, 2015.

CANAL, JORDI (dir.), Historia contemporánea de España, 2 vols., Barcelona, Taurus, 2017.

CARRERAS, FRANCESC DE, Paciencia e independencia. La agenda oculta del nacionalismo, Barcelona, Ariel, 2014.

CASALS, XAVIER, El oasis catalán (1975-2010). ¿Espejismo o realidad?, Barcelona, Edhasa, 2010.

CASALS, XAVIER, El pueblo contra el parlamento. El nuevo populismo en España, 1989-2013, Barcelona, Pasado y Presente, 2013.

COLOMÉ, GABRIEL, La Cataluña insurgente, Barcelona, Ediciones Carena, 2017.

CREXELL, JOAN, Origen de la bandera independentista, Barcelona, El Llamp, 1984.

CRUZ, MANUEL, Una comunidad ensimismada. Diez años de escritos sobre Cataluña, Madrid, Libros de la Catarata, 2014.

CULLA, JOAN B., Esquerra Republicana de Catalunya: 1931-2012. Una història política, Barcelona, La Campana, 2013.

CULLA, JOAN B., El tsunami. Com i per què el sistema de partits català ha esdevingut irreconeixible, Barcelona, Pòrtic, 2017.

DUARTE, ÀNGEL, Héroes de la Nación, apóstoles de la República. Vidas de nacionalistas catalanes, Madrid, El Viejo Topo, 2014.

ELLAKURRÍA, IÑAKI Y ALBERT DE PACO, JOSÉ M., Alternativa naranja. Ciudadanos a la conquista de España, Barcelona, Debate, 2015.

ESCULIES, JOAN, A la recerca de Prat de la Riba, Barcelona, Pòrtic, 2017.

FERNÁNDEZ, ROBERTO, Cataluña y el absolutismo borbónico. Historia y política, Barcelona, Crítica-Universitat de Lleida, 2014.

FERRAN, JOAN, Maleïda crosta, Barcelona, L’Arquer, 2009.

FONTANA, JOSEP, La formació d’una identitat. Una història de Catalunya, Vic, Eumo Editorial, 2014.

FORTI, STEVEN; GONZÀLEZ I VILALTA, ARNAU, y UCELAY-DA CAL, ENRIC (eds.), El proceso separatista en Cataluña. Análisis de un pasado reciente (2006-2017), Granada, Comares, 2017.

FRADERA, JOSEP M., Cultura nacional en una societat dividida. Patriotisme i cultura a Catalunya (1838-1868), Barcelona, Curial, 1992 (ed. cast.: Marcial Pons).

FRADERA, JOSEP M., La pàtria dels catalans. Història, política, cultura, Barcelona, La Magrana, 2009.

FRADERA, JOSEP M., y UCELAY-DA CAL, ENRIC (eds.), Notícia nova de Catalunya. Consideracions crítiques sobre la historiografia catalana als cinquanta anys de Notícia de Catalunya de Jaume Vicens i Vives, Barcelona, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, 2005.

GARCÍA CÁRCEL, RICARDO, La herencia del pasado. Las memorias históricas de España, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 2011.

GARCÍA CÁRCEL, RICARDO (dir.), Cataluña en España, Madrid, La Aventura de la Historia, 2014.

GARCÍA ESPUCHE, ALBERT, Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, Barcelona, Empúries, 2014.

GAZIEL (AGUSTÍ CALVET), Quina mena de gent som. Quatre assaigs sobre Catalunya i els catalans (1938-1947)¸ Barcelona, Pòrtic, 2009.

GONZÀLEZ I VILALTA, ARNAU; UCELAY-DA CAL, ENRIC, y GARCIA-PLANAS, PLÀCID, «Tumulto». Meditacions sobre l’octubre català (2017), Massanet de la Selva, Gregal, 2017.

HOBSBAWM, ERIC J., y RANGER, TERENCE (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1983 (trad. esp.: Crítica).

HURTADO, AMADEU, Abans del sis d’octubre (un dietari), Barcelona, Quaderns Crema, 2008.

JULIANA, ENRIC, La deriva de España: geografía de un país vigoroso y desorientado, Barcelona, RBA, 2009.

LAÍNZ, JESÚS, España contra Cataluña. Historia de un fraude, Madrid, Encuentro, 2014.

LO CASCIO, PAOLA, Nacionalisme i autogovern. Catalunya, 1980-2003, Catarroja-Barcelona, Afers, 2008.

LÓPEZ DE LERMA, JOSEP, Cuando pintábamos algo en Madrid, Barcelona, ED Libros, 2016.

LLUCH, ERNEST, La Catalunya vençuda del segle XVIII, Barcelona, Edicions 62, 1996.

MARAGALL, PASQUAL, Oda inacabada. Memòries, Barcelona, La Magrana-RBA, 2008.

MARFANY, JOAN-LLUÍS, La cultura del catalanisme. El nacionalisme català en els seus inicis, Barcelona, Empúries, 1995.

MARFANY, JOAN-LLUÍS, La llengua maltractada. El castellà i el català a Catalunya des del segle XVI al segle XIX, Barcelona, Empúries, 2001.

MARFANY, JOAN-LLUÍS, Nacionalisme espanyol i catalanitat (1789-1859). Cap a una revisió de la Renaixença, Barcelona, Edicions 62, 2017.

MARTÍNEZ, GUILLEM, La gran ilusión. Mito y realidad del proceso indepe, Barcelona, Debate, 2016.

MASSOT I MUNTANER, JOSEP; PUEYO, SALVADOR, y MARTORELL, ORIOL, Els Segadors. Himne nacional de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1989.

MENDOZA, EDUARDO, Qué está pasando en Cataluña, Barcelona, Seix Barral, 2017.

MILIÁN MESTRE, MANUEL, Los puentes rotos, Barcelona, Península, 2016.

MOLINERO, CARME, e YSÀS, PERE, La cuestión catalana. Cataluña en la transición española, Barcelona, Crítica, 2014.

MURAY, JOAN, y RUBIRALTA, FERMÍ, Vicenç A. Ballester i Camps (1872-1938). Creador de l’estelada, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, 2015.

NADAL, JOAQUIM, Testimoni de càrrec. Vint anys al servei de Catalunya (1993-2012), Barcelona, Proa, 2014.

NAGEL, KLAUS-JÜRGEN, Y RIXEN, STEPHAN (eds.), Catalonia in Spain and Europe. Is There a Way of Independence?, Baden-Baden, Nomos, 2015.

NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ M., y MOLINA APARICIO, FERNANDO (coords.), Los heterodoxos de la patria. Biografías de nacionalistas atípicos en la España del siglo XX, Granada, Comares, 2011,

PÉREZ COLLADOS, JOSÉ MARÍA, y DE MONTAGUT, TOMÀS (dirs.), Los juristas catalanes y el Estado español, Madrid, Cátedra de Cultura Jurídica-Marcial Pons, 2017.

PRAT DE LA RIBA, ENRIC, La nacionalitat catalana [1906], Barcelona, RBA, 2013.

PUJOL, JORDI, Memòries, 3 vols., Barcelona, Proa y Pòrtic, 2007-2012 (ed. cast.: Destino).

PUIG, VALENTÍ, Fatiga o descuido de España, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2015.

RAGUER, HILARI, Ser independentista no és cap pecat. L’Església i el nacionalisme català, Barcelona, Claret, 2012.

RIERA, FÈLIX, Just abans del salt endavant. Revisió crítica del conflicte entre Catalunya i Espanya, Barcelona, Pòrtic, 2017.

RÍOS, PERE, Banca Catalana: caso abierto, Barcelona, Península, 2015.

RIQUER I PERMANYER, BORJA DE, Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal, Madrid, Marcial Pons, 2001.

RIQUER I PERMANYER, BORJA DE, Anar de debò: els catalans i Espanya, Barcelona, Rosa dels Vents, 2016.

RIQUER, MARTÍ DE, Llegendes històriques catalanes, Barcelona, Quaderns Crema, 2000.

RIVIÈRE, MARGARITA, Clave K, Barcelona, Icaria, 2015.

RUIZ-DOMÉNEC, JOSÉ ENRIQUE, Catalunya, España. Encuentros y desencuentros, Barcelona, Libros de Vanguardia, 2010.

SAN AGUSTÍN, ARTURO, Cuando se jodió lo nuestro. Cataluña-España: crónica de un portazo, Barcelona, Península, 2014.

SANTOS, LÍDIA; BONET, LAIA, y FUENTES, DAVID, El nou Estatut. Comentaris a peu d’obra, Barcelona, Fundació Rafael Campalans, 2006.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, JAUME, Història de Catalunya, Barcelona, Base, 2007.

SOLDEVILA, FERRAN, Història de Catalunya, 3 vol., Barcelona, Alpha, 1934-1935.

TAPIA, JOAN, ¿España sin Cataluña? Crónica personal de sesenta días de discordia: del Once de Septiembre al 9-N, Barcelona, Península, 2015.

TARRADELLAS, JOSEP, Ja sóc aquí. Record d’un retorn, Barcelona, Planeta, 1989.

TOBEÑA, ADOLF, La pasión secesionista. Psicobiología del independentismo, Barcelona, ED Libros, 2016.

UCELAY-DA CAL, ENRIC, La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1931-1939), Barcelona, La Magrana, 1982.

UCELAY-DA CAL, ENRIC, El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003.

VÉLEZ-PELLIGRINI, LAURENTINO, El estilo populista. Orígenes, auge y declive del Pujolismo, Barcelona, El Viejo Topo, 2003.

VICENS VIVES, JAUME, Notícia de Catalunya, Barcelona, Destino, 1954 (ed. cast.: Destino).

VIDAL-FOLCH, XAVIER, ¿Cataluña independiente?, Madrid, Libros de la Catarata, 2013.

VILA, SANTI, De héroes y traidores. El dilema de Cataluña o los diez errores del procés, Barcelona, Península, 2018.

Notas

* «Muchas gracias, rey de Francia, / muchas gracias, emperador. / Si no puedo volver a veros, / Cataluña y Aragón, / este testamento os mando, / escrito con sangre de mi corazón: / grabadlo en todas mis torres, / bordadlo en todos mis pendones, / y llevad las cuatro barras / a las cuatro partes del mundo.»

* «Por encima de nuestros cantos / alcemos una Señera / que los hará más triunfantes.»

* «Un odio glorioso arrasa una montaña. / Nuestro odio titán contra la vil España / es gigantesco y loco, es grande, divino, y sublime; / hasta odiamos su nombre, el grito y la memoria, / sus tradiciones, su estéril historia / e incluso a sus propios hijos nosotros maldecimos.»

* «Cataluña, triunfante, / ¡volverá a ser rica y plena! / ¡Atrás esta gente / tan ufana y tan soberbia! // ¡Buen golpe de hoz! / ¡Buen golpe de hoz, defensores de la tierra! / ¡Buen golpe de hoz! // ¡Ahora es la hora, segadores! / ¡Ahora es la hora de estar alerta! / Para cuando venga otro junio / ¡afilemos bien las herramientas! // ¡Buen golpe de hoz! (…) // Que tiemble el enemigo / al ver nuestra enseña: / de la misma manera que hacemos caer espigas de oro, / cuando conviene segamos cadenas // ¡Buen golpe de hoz! […].»

* «¡Ay dichosa Cataluña / quién te ha visto rica y plena! / Ahora el rey nuestro señor / nos ha declarado la guerra. / El gran conde de Olivares / siempre le ladra al oído: / “Ahora es el momento, nuestro Rey, / ahora es el momento de hacer la guerra”.»

* «Somos y seremos gente catalana / tanto si se quiere como si no, / que no existe tierra más ufana / bajo la capa del sol.»

* «El abuelo Siset me hablaba / al amanecer en el portal / mientras esperábamos la salida del sol / y veíamos los carros pasar. // Siset, ¿no ves la estaca / a la que todos estamos atados? / Si no conseguimos liberarnos de ella / nunca podremos andar. // Si tiramos fuerte la haremos caer / ya mucho tiempo no puede durar, / seguro que cae, cae, cae, / pues debe estar bien podrida ya. // Si tú tiras fuerte por aquí / y yo tiro fuerte por allá, / seguro que cae, cae, cae, / y podremos liberarnos ya.»

Con permiso de Kafka

Jordi Canal

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© del diseño de la portada, Planeta Arte & Diseño

© de la imagen de la portada, Sr. García

© Jordi Canal Morell, 2018

© de esta edición: Grup Editorial, 62, S.L.U., 2018

Ediciones Península

Diagonal, 662-664

08034 Barcelona

edicionespeninsula@planeta.es

www.edicionespeninsula.com

Primera edición en libro electrónico (epub): abril de 2018

ISBN: 978-84-9942-703-4 (epub)

Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S.L.L.

www.newcomlab.com