A Constance, Alex y Lucy

Prólogo

Escuela de mandarines

LLUÍS BASSETS

El poder no se desplaza solo. Le acompañan y a veces le preceden la población, la riqueza, los ejércitos, la tecnología y, naturalmente, al final de todo, en cola, las ideas y los valores. Podemos observarlo en la actual y precipitada redistribución que se está produciendo en el mundo, tanto en el conjunto del planeta, en dirección a Oriente y al sur, como en el interior de las sociedades e incluso en la sociedad global, con la aparición de nuevos poderes no estatales capaces de desafiar y subvertir las jerarquías y el orden establecido.

Aunque el poder suele desplazarse lentamente, desmintiendo incluso la capacidad de cambio de esos ciclos revolucionarios que terminan dando vueltas sobre sí mismos, las recientes modificaciones en su distribución a escala mundial llevan una aceleración fuera de lo habitual que las hace especialmente visibles en los grandes escenarios internacionales. Pero al final, como suele suceder en la vida misma, los últimos en darse cuenta de los cambios son quienes pierden el poder y quienes con él pierden sus propios valores e ideas. La procesión pasa, les deja solos y desposeídos, y ellos todavía siguen creyendo en las viejas jerarquías que pertenecen a su mundo desaparecido. Los combates de la historia proporcionan así amargas experiencias sobre los cambios y desplazamientos de influencia y poder, antiguas como la mitología, pero de las que difícilmente se aprende a tiempo.

Ahí está el caso modélico del país poderosísimo que pretendía culminar y garantizar su hegemonía mediante un despliegue de fuerza y poderío sin parangón en la historia y al final, gracias a la hybris, la arrogancia de los griegos, sólo consigue herirse a sí mismo y acelerar su caída. Y allí está el desposeído y humillado de ayer, que se convierte de pronto en la potencia de hoy gracias a su tamaño poblacional, a su emplazamiento geoestratégico y probablemente también a su capacidad para encajar como pieza imprescindible en el engranaje de la nueva economía globalizada.

Estas lecciones de siempre nos han sido impartidas una vez más en la última década, culminando una etapa de la historia del mundo que muchos interpretaron como la apoteosis de Occidente. Eran tres los éxitos indiscutibles recién cosechados por los países occidentales: el hundimiento de la Unión Soviética y del bloque comunista, el asentamiento de la superpotencia única como conductora imprescindible del planeta y la prosperidad inherente a la globalización económica y tecnológica. El nuevo siglo iba a ser entero para Estados Unidos, al decir de los intelectuales neoconservadores, partidarios de utilizar el poder para ampliar y alargar la hegemonía ganada y mantenida durante el siglo XX. Quienes se asociaran a tal esfuerzo, los países europeos por ejemplo, podrían compartir gloria y riqueza, mientras que quienes se opusieran quedarían condenados a la irrelevancia.

Al final de la primera década del siglo XXI todos sabemos que nada de esto ha sucedido y que nos dirigimos a toda velocidad hacia un mundo exactamente inverso al que habían diseñado aquellos osados revolucionarios de derechas a los que conocemos como neocons. El declive de la hegemonía estadounidense es evidente en todos los ámbitos, paralelo al ascenso desafiante de las nuevas potencias emergentes, encabezadas por China. No hay contrapeso alguno, puesto que Europa se halla más desunida que nunca y en situación todavía más declinante que Estados Unidos. Su modelo de cooperación multilateral y de soberanía compartida, exhibido en las últimas décadas como alternativa al mundo desordenado y en tensión de la multipolaridad, ha dejado de ejercer su viejo magnetismo, sustituido por el modelo asiático de crecimiento económico sin libertades, del que la dictadura comunista china es el mejor y más perfecto paradigma.

El periodista británico nacido en Singapur, John Kampfner, autor de Libertad en venta, posee las mejores credenciales profesionales y los mejores instrumentos de observación y análisis para explicar las consecuencias de este desplazamiento de poder hacia Oriente y la progresión del nuevo paradigma de desarrollo que lo acompaña, en el que se combina el crecimiento económico y la prosperidad con la limitación de libertades individuales y el pluralismo político. Kampfner es director de Index on Censorship (Índice de la Censura), una de las más destacadas ONG dedicada a combatir a favor de la libertad de expresión, especialmente las leyes antilibelo británicas. Su anterior libro, Blair’s Wars, es una acerada crítica a la arrogancia política y militar del primer ministro más belicista que ha tenido el Reino Unido desde la segunda guerra mundial, Thatcher y Churchill incluidos. Kampfner ha sido corresponsal en el Berlín comunista anterior a la caída del Muro y en Moscú en el momento de la disolución de la Unión Soviética; también corresponsal internacional con el Financial Times y director del semanario de izquierdas británico New Statesman.

Kampfner nos explica la nueva marcha antidemocrática del planeta por el buen funcionamiento de un pacto entre las elites y los ciudadanos, aplicado inicialmente con éxito en Singapur, imitado directamente por China y seguido posteriormente incluso por los países occidentales, que se habrían convertido así, por primera vez en la historia de la humanidad, en importadores en vez de exportadores de ideología. Su libro es una síntesis de análisis y de reportaje, con abundantes entrevistas personales, noticias precisas y observaciones sobre cada uno de los lugares visitados. Participa por tanto del ensayo periodístico y del viaje ideológico. Y tanto nos señala la dirección de marcha del mundo como nos sirve para entender los peculiares sistemas y sociedades de los distintos países que recorre en su periplo.

En circunstancias como las de la actual crisis económica y financiera occidental, en que los gobiernos se ven obligados a tomar medidas en el corto plazo altamente impopulares, para atajar los ataques especulativos a sus deudas soberanas y a sus monedas a costa de durísimos costes en las urnas, el trade-off entre prosperidad y democracia relatado por Kampfner es una tentación todavía más acuciante y el modelo más inquietante de salida del bache. Pocos son los gobiernos que se atreven a abordar  los problemas más estructurales y a largo plazo, como son la necesidad de mano de obra inmigrante, la reforma de los sistemas de pensiones o la reducción drástica de las administraciones públicas. Los sistemas políticos europeos y sus democracias parlamentarias se hallan a su vez en un momento de mutación, con la aparición de fuertes pulsiones populistas, polarización de los electorados y pérdida de fuerza y de poder de los partidos y las ideologías tradicionales, que modelaron los sistemas democráticos a lo largo del siglo XX. Y en esta situación aparece el nuevo peligro político, que consiste en considerar en el mejor de los casos a los sistemas democráticos como un obstáculo para la salida de la crisis y la recuperación de la senda de la prosperidad y en el peor en situarlos entre las causas del declive occidental.

Antes de la actual crisis, los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington ya situaron a los países occidentales ante la opción de adoptar el «pacto asiático» en una formulación más precisa: rendimos nuestra libertad a cambio de garantizar la seguridad y mantener la prosperidad. Pocos se daban cuenta de que estaban cediendo, además, la hegemonía mundial, sometidos a un extraño mimetismo que los igualaba con sus adversarios. Las guerras de Afganistán e Irak dañaron la capacidad de maniobra internacional de Estados Unidos, y las flagrantes vulneraciones de los derechos humanos de la llamada Guerra Global contra el Terror desprestigiaron a la primera superpotencia y entregaron argumentos poderosos a los regímenes no democráticos, e incluso a los «estados gamberros» enemigos de Washington.

La escuela de mandarines, que es donde mejor se ha elaborado este tipo de doctrinas, realmente existe. Lleva el nombre del fundador del peculiar sistema político que rige Singapur desde hace 1959 y se llama Lee Kuan Yew School de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional. El primer capítulo del libro arranca precisamente con una frase de su decano, el intelectual oficial del régimen Kishore Mahnubani: «Singapur es simplemente la sociedad más exitosa de la historia de la humanidad». Su teoría es una vieja conocida de los lectores españoles de cierta edad, que recordarán los beneficios económicos que produjo el llamado desarrollismo español, conducido por los llamados «tecnócratas», en los años sesenta bajo la dictadura del general Franco. Kampfner la sintetiza en una frase: «los países pueden ser armoniosos y prósperos sin sucumbir ante la democracia liberal de Occidente».

La libertad es en Singapur fundamentalmente económica. El sistema de impuestos no alcanza al 75% de la población laboral, y nadie deja más del 20% de su salario en ellos. El consumo es el deporte, la afición y casi la parte fundamental de la cultura nacional. Las clases medias son tratadas a cuerpo de rey por un sistema que limita duramente las libertades públicas pero reconoce las privadas. Todo está meticulosamente reglamentado y penalizado. Los medios están estrechamente controlados a través de compañías públicas. Las leyes contra la difamación impiden la existencia de un auténtico espacio de libertad de expresión y de crítica. El pluralismo es ficticio y la oposición se halla vigilada y perseguida.

Tras analizar el funcionamiento del modelo en su patria originaria, Kampfner sigue allí donde se ha desplegado con mayor brillantez y riqueza, aunque bajo una dictadura más explícita y cruel que en Singapur: Deng Xiaoping fue quien lo importó en China, con su frase sutil, «enriquecerse es glorioso», en la que hay que leer como subtexto que «ser rico», como situación estática, no lo es. Viaja a continuación a Rusia, donde desaparece la frontera entre legalidad e ilegalidad, moralidad e inmoralidad, paraíso de quienes desean hacer dinero rápido e infierno para los profesionales liberales, médicos, maestros, artistas o científicos. La etapa siguiente es Emiratos Árabes Unidos, donde el pacto tiene una peculiar declinación, de nuevo en dirección a Washington: en la era de Bush incluía una cierta tolerancia de las relaciones con Irán e incluso con las organizaciones terroristas islámicas, como evidencia que la mitad de los atacantes del 11-S fueran originarios de esta confederación árabe.

Termina así el periplo de las dictaduras más o menos formales y empieza, con India, el chequeo del pacto en las democracias, donde es más barroca y explícita su formulación en términos de corrupción, «la única forma de tirar adelante en política», según Shekhar Kapur, director de cine que conversa con el autor. Llega luego a Europa, concretamente a la Italia de Berlusconi, «un estado fallido» donde la democracia es vista como un obstáculo para los negocios y el pacto con las clases medias se reformula de forma ignominiosa como un régimen de exclusión de los extranjeros. Kampfner elude a Sarkozy, aunque lo cita junto a Blair en la estela de la putinización de los políticos europeos; pero a quien dedica un capítulo entero es a Reino Unido, antes de culminar su viaje de la infamia en Estados Unidos, la superpotencia ahora en declive a la que cabe atribuir, como ya se ha visto, la mayor responsabilidad por la rendición de la libertad ante la seguridad y el dinero.  

Siguiendo la estela de su anterior libro, Kampfner es especialmente ácido y cruel con su país, sometido desde 1997 a un recorte creciente de las libertades individuales y de la propia libertad de expresión a cargo de los gobiernos laboristas. Con Tony Blair el Reino Unido ha experimentado una regresión doble. Por una parte, en el control del ciudadano por el Gran Hermano gubernamental, a través de sistemas de videovigilancia y de control e interferencia de comunicaciones y en la ampliación de los poderes para detener e internar a sospechosos por parte de la policía. Por el otro, con el desarrollo de un sistema de penalización de la libre expresión mediante leyes anti difamación, que llegan a limitar la libertad de crítica y permiten el llamado ‘libelo turístico’, consistente en admitir acciones legales contra textos y comunicaciones producidas en el extranjero pero difundidas en el Reino Unido, y que son de gran utilidad para dictadores y magnates corruptos de países terceros.

En efecto, el poder no se desplaza solo. Durante siglos, Occidente había exportado sus ideas y sus valores al resto del planeta. También su modelo de sociedad, en la que no se concebía que democracia y prosperidad no anduvieran siempre de la mano. Ahora, por primera vez en la historia parece como si fuera un modelo de sociedad oriental el que se abre camino en todo el mundo y suscita la emulación e incluso la admiración en el resto del planeta. El ex «ministro» de Exteriores europeo Javier Solana habla de «la desoccidentalización del mundo». Y el ex presidente Felipe González, del peligro que significa «la fascinación por el mandarinato chino».

Algunos datos permiten, sin embargo, discutir los orígenes e incluso el alcance del «modelo asiático». La gracia del pacto chino es precisamente que compromete también a los socios occidentales de los chinos: mientras nos enriquezcamos, no vamos a criticarles. En su capítulo sobre China, y tras una conversación con dos empresarios, Kampfner hace una reflexión que permite comprender las responsabilidades occidentales: «Tal vez no debería sorprenderme. He visto muchos casos de personas con un máster en administración de empresas en Londres, Europa y Estados Unidos, personas de todas las nacionalidades que durante dos décadas se han identificado más con el poder global del dinero que con cualquier de compromiso político o protesta». Tony Judt ha hecho una reflexión similar en su libro póstumo Algo va mal. A la fascinación por el mandarinato chino la ha precedido una fascinación masiva de las clases cultivadas occidentales por el dinero rápido y fácil y un abandono de las pasiones intelectuales y morales que las habían ocupado en épocas anteriores.

La historia ha hecho una finta perversa desde la desaparición del comunismo y la adopción del capitalismo por parte del mayor Partido Comunista del mundo que es el chino. La convergencia entre las dos ideologías de la Guerra Fría, capitalismo y socialismo, que ingenuamente profetizaron políticos e intelectuales comunistas en los años sesenta y setenta y llegó a tomar forma en el eurocomunismo, con su utopía de un comunismo liberal, se está produciendo al fin. Pero ahora es un avatar invertido en su jerarquía moral gracias a esa transacción tan bien explicada por Kampfner, que nos da riqueza a cambio de libertad y nos propone un modelo de convergencia y síntesis de lo peor de los dos sistemas: la crueldad económica del mercado desregulado y el despotismo del Estado totalitario.

Introducción

¿Por qué hay tantas personas en el mundo dispuestas a ceder sus libertades a cambio de seguridad o prosperidad? De John Stuart Mill a Jeremy Bentham, de Sigmund Freud a Franklin Roosevelt, esta pregunta se ha planteado generación tras generación. Siempre nos dicen que se trata de una elección obvia o de una falsa elección. «Quienes están dispuestos a ceder su libertad básica a cambio de un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad», afirmó Benjamin Franklin en 1755.

Ojalá fuese tan sencillo. La primera parte de mi carrera periodística transcurrió durante los años ochenta en la antigua Unión Soviética y otros países tildados, por lo general, de «dictaduras». La libertad de expresión, de movimiento y de asociación estaba muy coartada. Estas restricciones afectaban a los individuos en todos los aspectos de sus vidas, aunque variaban de un país a otro y de un régimen a otro. La falta de libertades privadas era tan vívida como las restricciones con una carga política mayor en la prensa y los asuntos públicos. Los ciudadanos no tenían la capacidad, ni el derecho, de decidir dónde querían vivir, qué podían comprar y, en algunos casos, qué relaciones podían entablar. Las líneas divisorias con Occidente, con las democracias, dejando aparte sus imperfecciones, estaban claras.

Presencié la caída del Muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética. Recuerdo haber pasado la noche del 25 de diciembre de 1991, cuando bajaron la bandera soviética del Kremlin para sustituirla por la tricolor de la nueva Rusia, en compañía de Lev Kerbel, un escultor muy premiado. Kerbel nació el día de la revolución bolchevique, en 1917. Se hizo un nombre construyendo monumentos gigantes a Lenin y Marx, de Praga a Pyongyang. Lo conocí en otoño de 1985, cuando se hizo célebre su última gran creación para el pueblo de Moscú, el monumento de mármol y granito a Lenin que domina la plaza de Octubre. El suelo de su estudio estaba abarrotado de esculturas de Lenin y Marx, junto con un Stalin de tamaño natural, comunistas italianos, poetas de Barshkortostán, compositores, soldados y obreras de granjas colectivas cuyos pañuelos en la cabeza denotaban juventud. La pared de su cocina hacía las veces de libro de visitas. Cuando volví años después, comprobé que Boris Yeltsin había estampado su firma cerca de la mía.

Mientras tomábamos té y brandy, y veíamos el reportaje televisivo de aquella noche trascendental en su pantallita parpadeante, Kerbel rememoraba un sistema con el que se había arropado él y muchos millones de personas. Temía el futuro, pero durante los meses siguientes se acomodó razonablemente al nuevo mundo del rynok, el mercado. Aprendió a negociar contratos comerciales y se dedicó a producir esculturas para la nueva generación de oligarcas, bien para ellos, bien para sus mujeres o amantes. Sus hijas comenzaron a trabajar para la televisión estadounidense y él se iba de vacaciones a las islas Canarias.

La división ideológica que había perdurado desde la Ilustración, la lucha entre el liberalismo y la autocracia que había dividido a Europa en el siglo XX, había quedado superada. El fin de la Guerra Fría y el fracaso del comunismo abocarían, como pronosticó Francis Fukuyama, al «final de la historia» y «la universalización de la democracia liberal occidental como la forma última del gobierno humano». La teoría de Fukuyama siempre fue más compleja de como suele presentarse, pero durante más de una década el debate sobre la democracia y la democratización se había reducido a este simple molde. Durante todo este periodo se dio por supuesto que la libertad, los derechos individuales y los derechos humanos no podían disociarse de la democracia, y que la democracia estaba intrincadamente vinculada al mercado libre. No sólo prosperaban juntos, sino que se necesitaban mutuamente para sobrevivir.

La «victoria» de Occidente en la Guerra Fría parecía confirmar la supremacía tanto del modelo ideológico como del económico. Como prometió en su día Margaret Thatcher, no importaba si se empezaba por la libertad política o la libertad económica: tarde o temprano se terminaría con ambas. Thatcher aprovechó un rico filón del pensamiento anglosajón según el cual el mercado libre y la democracia liberal se refuerzan mutuamente. El capitalismo «sólo es compatible con la democracia», escribió el teórico socialista estadounidense cristiano Michael Novak en su libro The Spirit of Democracy Capitalism (1982). «Mientras que las formas bastardas de capitalismo parecen capaces de arreglárselas sin la democracia durante un tiempo, la lógica natural del capitalismo conduce a la democracia.» Bajo el comunismo, ni la Unión Soviética, ni China, ni sus estados satélites entrañaron una amenaza económica, y menos aún una amenaza ideológica significativa. Se asumía que la Rusia poscomunista y China acatarían sin reservas la política y la economía de Occidente.

El número de países que optan por las elecciones plurales y otros aspectos de la democracia ya ha empezado a aumentar. En la época en que la llamada «tercera ola» de democratización arrancó en 1974 en Portugal, apenas un cuarto de los estados del mundo superaban la prueba mínima: un lugar en donde la gente pudiese, mediante sufragio universal, escoger y reemplazar a sus dirigentes en elecciones regulares, libres y justas. Durante las dos décadas siguientes las dictaduras cedieron el paso a gobiernos elegidos democráticamente en el sur de Europa, Latinoamérica y más tarde Asia oriental. Finalmente, una explosión de libertad a principios de los años noventa liberó a Europa oriental y extendió la democracia de Moscú a Pretoria. Este viraje coincidió con un momento sin precedentes de dominio militar, económico y cultural estadounidense. Es probable que el movimiento alcanzara su clímax en junio de 2000, en la primera reunión celebrada en Varsovia conocida pomposamente como la Comunidad de Democracias. Con el gobierno de Clinton a la cabeza, estados tan dispares como Chile, la República Checa, la India, Malí, Portugal y Corea del Sur prometieron «respetar y defender las prácticas y los principios democráticos fundamentales» de las elecciones libres y justas, la libertad de expresión, la igualdad de acceso a la educación, el estado de derecho y la libertad de reunión pacífica.

La democracia representativa se extendió rápidamente; en 2000, 120 de los 192 estados naciones de la Unión Europea podían definirse claramente como democráticos. Por primera vez la democracia había logrado ser mayoritaria en el mundo. No obstante, como señala el escritor Paul Ginsborg, al tiempo que parecía ser dominante, la democracia liberal había entrado de hecho en una profunda crisis. «No era una crisis de cantidad, todo lo contrario. Era, más bien, una crisis de calidad», escribe Ginsborg. «Mientras que la democracia electoral formal se expandía a gran velocidad por todo el planeta, el descontento crecía en los núcleos democráticos tradicionales, expresándose de distintas formas: rechazo a la participación electoral, rechazo a la participación política (había más personas dispuestas a comprometerse con grupos de acción civil como Greenpeace que con los partidos políticos convencionales) y una pérdida de confianza en las instituciones democráticas y en la clase política en general.» Un nuevo término alemán que significa «desencanto político», Politikverdrossenheit, entró oficialmente en el léxico en 1994. El concepto se expresó con mayor radicalidad en protestas contra la globalización, como las de Seattle y Génova. De forma reveladora, las élites trataron con relativa ecuanimidad el abismo entre gobernantes y gobernados. Los políticos pronunciaban discursos sobre el déficit democrático, pero parecían cómodos con un statu quo que les concedía una hipotética legitimidad constitucional; o, en el caso de George W. Bush en las elecciones del 2000, una dudosa legitimidad legal.

A principios del siglo XXI el auge de China y el renacer de Rusia plantearon un desafío nuevo e inmediato. El capitalismo se había expandido más allá de Occidente y adaptado a distintas necesidades. En tanto mecanismo para adquirir riqueza, resultó ser extraordinariamente maleable. El capitalismo autoritario comenzaba a ser un adversario temible. El mercado se desligó de la democracia; y lo que es más, las auténticas élites que Occidente creía haber derrocado lo adoptaron con presteza. Las fuerzas de la globalización y las ilimitadas transferencias de riquezas y bienes reforzaron la soberbia de los nuevos y los viejos capitalistas.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre echaron por tierra las reconfortantes hipótesis sobre el equilibrio entre seguridad y derechos individuales. Los nuevos autócratas se beneficiaron de dos fuerzas que operaban de forma simultánea: la debilidad intrínseca de los sistemas democráticos y las medidas de los dirigentes occidentales en su «guerra contra el terrorismo». Explotaron el desequilibrio entre las exhortaciones retóricas del gobierno de Bush, a medida que seguía su programa de «democratización» en el mundo, y las sórdidas prácticas que iba permitiendo: desde la manipulación de las pruebas que desencadenaron la guerra en Irak hasta la humillación de los presos de Abu Ghraib, el uso sistemático de la tortura en cárceles secretas de todo el mundo, los «vuelos de la CIA» ilegales y la encarcelación extraterritorial de cientos de supuestos terroristas en la bahía de Guantánamo.

A fin de triunfar en este vacío moral, los nuevos políticos autoritarios llegaron a un acuerdo con sus pueblos. Las normas específicas variaban según los países, pero la matriz era similar. La represión era selectiva y se limitaba a quienes cuestionaban abiertamente el statu quo. El número de personas que entraban en esta categoría era en realidad muy pequeño: periodistas que criticaban al estado o publicaban información que denostaba a los poderosos, abogados que defendían a estos agitadores y políticos que se apartaban de su camino públicamente para «causar problemas». El resto de la población podía disfrutar de libertad para viajar, vivir más o menos como deseara y acumular y gastar dinero. Ésta era la diferencia entre las libertades públicas y las libertades privadas, o privatizadas. Para muchos la propuesta era atractiva. A fin de cuentas, ¿cuántos ciudadanos, inmersos en su vida diaria, desean cuestionar las estructuras de poder? Uno puede engañarse con más facilidad de la que cree y pensar que es lo suficientemente libre.

El modelo es Singapur, el estado en el que nací, y que me ha intrigado durante mucho tiempo. No deja de chocarme la cantidad de gente que conozco allí —que ha viajado mucho y ha pasado largas temporadas en universidades occidentales— dispuesta a defender un sistema que exige renunciar casi por completo a la libertad de expresión a cambio de una vida material muy buena. Éste es el pacto. Pero varía en cada país; los ciudadanos ceden distintas libertades según sus prioridades y costumbres. En ciertos países es la libertad de prensa; en otros es el derecho a no reelegir al gobierno; en algunos es un poder judicial imparcial; en otros es la habilidad de que cada cual siga adelante con su vida sin que lo espíen. En muchos es una combinación de todo esto y más cosas.

En el orden mundial de las dos últimas décadas, la alianza entre los dirigentes políticos, el comercio y las clases medias ha sido la clave. El acuerdo estriba en una clara, pero por lo general discreta, serie de entendimientos. Lo que ha ocurrido en todas estas sociedades es que el número de personas que se han beneficiado de este acuerdo ha aumentado gradualmente, y el estado ha sido lo bastante flexible como para satisfacer las distintas necesidades. Estas necesidades podrían resumirse como sigue: derechos de propiedad, derecho contractual, protección medioambiental, opción de escoger las condiciones de vida, derecho a viajar y derecho a ganar dinero —y conservarlo—. A las personas importantes —los ricos y los aspirantes a ricos— los protegerían contra el uso del poder estatal arbitrario. Pero ¿podía brindarse esta protección sin las herramientas de la democracia convencional, como las elecciones libres y la apertura de los medios de comunicación? Éste era el enigma al que se enfrentaban los capitalistas autoritarios.

Obviamente los más afectados fueron países como China y Rusia, donde un porcentaje importante de la población (quizá una minoría, pero una minoría considerable a fin de cuentas) creía que un exceso de libertades perjudicaría el crecimiento económico, la estabilidad política o la armonía social. El estado, si era listo, proporcionaba ciertos márgenes para la disidencia —las artes, tal vez, o los periódicos con poca tirada— al tiempo que mantenía controladas a las audiencias de masas. Su tarea más destacada fue tutelar los intereses creados, entre los cuales prevalecía el comercio, tanto nacional como internacional. Como Chris Patten recordó de su experiencia de gobernador de Hong Kong, los críticos que más insistieron en introducir un elemento de democracia en la colonia antes de que fuera transferida a China eran dirigentes comerciales estadounidenses y británicos en la región. ¿Por qué hundir el barco?

Recuerdo haber oído voces de resistencia similares en Rusia. He perdido la cuenta del número de banqueros occidentales, entre otros, que desdeñaban sinceramente los cambios democráticos que se introdujeron en los años noventa. ¿Por qué, se preguntaban, arriesgar contratos potencialmente lucrativos a costa de un experimento hostil para la historia rusa?

El mercado occidental hizo causa común con una nueva generación de socios rusos y chinos instruidos en Occidente. Muchos sostenían que un régimen autoritario, siempre que fuera estable, suponía una propuesta atractiva para la creación de riqueza. La élite empresarial ayudó a mantener a la élite política. Éste fue el pacto de Deng Xiaoping con la generación posterior a Tiananmen. El debate sobre la reforma política de los años ochenta propició que se estudiase la mejor vía para que el partido comunista en el poder se abriese a un examen y una responsabilidad mayores, sin «desestabilizar» una estructura política que había promovido tres décadas de gran crecimiento.

El pacto no sólo afectaba a estados en transición como éstos; afectaba a países mucho más cercanos, las llamadas democracias. Se llevó a cabo en circunstancias y culturas diferentes, y con ritmos diferentes. Todos lo hicimos. Todos seguimos haciéndolo. Todos elegimos las distintas libertades que estamos dispuestos a ceder. En ambos sistemas los ciudadanos han actuado en connivencia, pero los que viven en Occidente se llevan la palma. Tuvieron la opción de exigir más a sus gobiernos y reequilibrar el pacto entre derechos individuales, seguridad y prosperidad, pero mientras las condiciones fueran favorables, prefirieron no ejercerla.

El contexto cambió en 2008, cuando los años de crecimiento constante finalizaron de manera terrible. La bancarrota no abocó sólo a la crisis económica, sino que también cuestionó el futuro de los gobiernos cuya legitimidad se basaba en garantizar el prolongado bienestar de sus pueblos. No obstante, lejos de deshacer el pacto, la bancarrota mundial lo reforzó. Los países occidentales que habían rechazado la idea del estado como fuerza económica se vieron en la necesidad de tomarla en consideración. Con la inseguridad al acecho, y con el estado de nuevo interviniendo cuando le parecía adecuado, se daban las condiciones de que asumiera un control aún mayor de otros aspectos de la vida cotidiana de las personas. El clamor por la seguridad que se había explotado tras los ataques terroristas de Nueva York en 2001 se adaptó a la nueva «emergencia».

El presente libro no se centra en los regímenes tiránicos que gobiernan pistola en mano, en donde las familias y los padres se denuncian entre sí, en donde el estado es inequívocamente una fuerza malévola y no hay cabida para el mínimo acuerdo. No trata de Zimbabwe ni de Corea del Norte o Birmania. En estos países no existe un pacto entre el gobierno y el pueblo, sino un mero instinto de supervivencia. Como tampoco me centro en países con sus propias particularidades, como Israel, la Venezuela de Hugo Chávez o la Sudáfrica posterior al apartheid.

Después de haber viajado durante un año entero, me interesan por el contrario aquellos países que, con independencia de sus matices políticos, han aceptado los términos de la globalización. Como resultado, sus prioridades empiezan a fundirse en una. He hablado con intelectuales, periodistas, abogados, personalidades de la cultura, políticos y gente común que he conocido en el camino, y les he preguntado lo mismo que formulé al principio de esta introducción: ¿por qué se han trocado con tanta facilidad libertades por seguridad o prosperidad?

Empiezo por Singapur, con el extraordinario experimento socioeconómico de Lee Kuan Yew. Singapur suele percibirse como un paraíso unidimensional del consumo. Tiene algo de eso, pero también suscita preguntas básicas sobre nuestras prioridades. Cuando se independizó de Gran Bretaña, tenía la misma renta per cápita que Ghana. En los últimos cuarenta años ha crecido hasta convertirse en uno de los milagros económicos del mundo, una isla de estabilidad en una región convulsa. Examino la salvaje cultura de difamación, a tenor de la cual las autoridades persiguen tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros por la menor crítica; valoro un sistema electoral cuyas demarcaciones electorales están manipuladas y donde es práctica común encarcelar a los opositores. Sin embargo, los logros son llamativos. Los grupos étnicos antaño rebeldes —chinos, malayos e indios sobre todo— viven en relativa armonía; gracias a una vivienda social y unos servicios públicos notables, toda la población está bien atendida. El eje central es una clase media que, con algunas excepciones, está a gusto con un pacto en virtud del cual disfruta sin trabas de su espacio privado, siempre que no interfiera en la esfera pública.

En China se pasó de lo que se ha descrito oficialmente como el «siglo de la humillación» en manos extranjeras a la era maoísta de la uniformidad y el aislamiento. El progreso ha sido notable en las tres últimas décadas y ha tenido lugar dentro de un sistema que interpreta la teoría de la democracia según sus necesidades. La corrupción, las violaciones de los derechos humanos y la degradación medioambiental han ido de la mano de una estructura de partido único dependiente del crecimiento económico para mantenerse en el poder. No obstante, en el transcurso de mis diversos viajes, he percibido la naturaleza porosa del pacto. La libertad de expresión, aunque formalmente restringida en China, sobre todo en internet, está vivita y coleando en la calle y en situaciones semiprivadas. El gobierno trata de controlarla y canalizarla gracias a una combinación de tecnología, técnicas modernas de spin —lavado de imagen— y fuerza bruta. Sin embargo, las clases medias no tienen ningún interés personal en conceder el voto a cientos de millones de pobres con distintas prioridades políticas. La falta de democracia es, al menos por ahora, parte del acuerdo. El gobierno sabe que la concesión de comodidades en la esfera privada determinará su éxito.

Veamos ahora Rusia, país que he visitado con frecuencia durante treinta años. Me centro en personas que conocí en una época en que el verbo «conseguir» era más importante que «comprar», cuando viajar al extranjero sólo se permitía a grupos con autorización oficial. Estos amigos celebraron el fracaso del golpe de estado de 1991 y el desmoronamiento consecuente de su sistema autocrático. Descubrieron nuevas libertades y las gozaron, antes de que Boris Yeltsin consolidara su poder manipulando unas elecciones con el acuerdo tácito de Occidente. La democracia se asoció entonces al caos y la corrupción. El ascenso de Vladímir Putin en 2000 fue acorde a su tiempo: su recrudecimiento de las medidas de seguridad coincidió con una oleada de riqueza gracias al precio mundial del petróleo y el gas. Como su país era cada vez más rico y confiado, mis amigos recitaban el eslogan de las únicas tres «C» importantes para los nuevos rusos: Chelsea, Courchevel y Cartier.¹ Aunque valientes periodistas y defensores de los derechos humanos seguían haciendo preguntas, la inmensa mayoría aceptó el pacto. Los miembros de la jet set seguían temiendo que a la menor ocasión les confiscasen sus fortunas y bienes. Por este motivo sacaron su dinero al extranjero. Pero disfrutaron de sus libertades privadas y dejaron que los siloviki —los políticos que proceden de las élites de los organismos de seguridad— gobernasen sin trabas.

El siguiente capítulo examina el símbolo más curioso del pacto mundial: los Emiratos Árabes Unidos, en particular la excéntrica y llamativa ciudad de Dubai y la más discreta y rica en petróleo Abu Dhabi. En la época dorada de las entidades financieras había un dicho que decía: Shanghai, Mumbai, Dubai or goodbye [Shangái, Bombay, Dubai o adiós]. Desde los jóvenes comerciantes británicos hasta los mafiosos rusos y las estrellas de cine, todos aceptaban la riqueza estable —de los acuerdos de propiedad a los salarios libres de impuestos— que les ofrecían los jeques a cambio de no causar problemas. En Dubai eran incluso más complacientes y dejaban de lado los asuntos religiosos para permitir que los occidentales viviesen sus vidas como quisieran, y los procesaban por escándalos sexuales o relacionados con el alcohol sólo en circunstancias extremas. Los monumentos a la opulencia crecieron como setas y los hoteles y bloques de pisos rivalizaban en lujo. Los jeques pensaron que su modelo era inmune a la crisis económica de Occidente. Dubai, en particular, tuvo un éxito tremendo. Entonces, ¿qué cabía esperar de un pacto que se basaba puramente en el dinero?

La segunda mitad del libro versa sobre los países que manifiestan su adhesión a la democracia. Empiezo por la India, que se jacta de tener el sistema multipartidista más populoso del mundo. Como la economía china se había desarrollado de forma espectacular, parte de la élite empresarial india se preguntó si su forma de gobierno era un obstáculo para prosperar. Los ricos de la India elaboraron su propio pacto. Se procurarían a sí mismos los servicios básicos que el estado no alcanzaba a prestarles; harían menos demandas. A cambio, exigirían al gobierno que les dejase tranquilos para amasar dinero y que mantuviese a los pobres a raya. Este acuerdo fue cuestionado no tanto por la quiebra económica mundial como por los ataques terroristas de Bombay a finales de 2008. Por primera vez las clases acaudaladas se vieron atrapadas de lleno en la violencia que había azotado a la India durante tanto tiempo. Pidieron protección.

De todos los países del mundo, ¿por qué escoger Italia? Es importante, no por una relevancia geoestratégica especial, sino por ser el paradigma de lo que es una falsa democracia. En el ámbito institucional, Italia falla prácticamente en todos los aspectos. Los tres controles del poder ejecutivo —el Parlamento, los medios de comunicación y la judicatura— han visto minadas su independencia y autoridad. La corrupción está a la orden del día. Y, sin embargo, tres veces sus votantes han elegido en Silvio Berlusconi a un hombre que destaca por sus irregularidades financieras, su aprecio por autócratas como Putin y su vulgaridad. Berlusconi ha burlado a sus oponentes con suma facilidad y pretende expandir sus poderes. Es fácil desacreditar a Berlusconi y sus payasadas. Pero su popularidad duradera entre una amplia franja de la población pone de relieve hasta qué punto pueden prosperar las democracias hipotéticas e incluso depender del mismo ejercicio de poder arbitrario por el que se critica a los estados autoritarios.

En 1997 la ascensión en el Reino Unido de un gobierno de centro izquierda que se enorgullecía de sus libertades debería de haber sido un momento estimulante. No obstante, en una década, Inglaterra ha avanzado mucho en el desmantelamiento de sus libertades. En la actualidad posee una quinta parte de las cámaras de videovigilancia del mundo, cuenta con algunas de las leyes de difamación más punitivas del mundo y hace poco ha impuesto una ley, escudándose en el terrorismo, que permite detener a cualquiera que saque fotografías de la policía o de miembros de las fuerzas armadas. Un gobierno que se ha empeñado en fijar uno de los plazos más largos de prisión provisional para los sospechosos de terrorismo ostenta con soberbia sus credenciales autoritarias, con el argumento de que el público suele acoger bien estas medidas. En muchos casos lo hace, sobre todo antes de analizarlas detenidamente. Observo a un gobierno que ha confundido el papel benigno del estado en tanto productor de una sociedad más igualitaria con el papel maligno del estado que pretende poner freno a las libertades públicas. Me interesa comprender por qué la sociedad británica parece tan dispuesta a consentir el menoscabo de sus libertades hasta extremos insospechados.

Mi último destino es Estados Unidos, donde el pacto es más visible. El capítulo describe los efectos que han tenido en la sociedad estadounidense e internacional el 11 de septiembre, la guerra de Irak y los abusos en torno a la «guerra contra el terrorismo». La misión neoconservadora de Bush surgió de una mezcla de soberbia y frustración. Acabar con Saddam Hussein podría haber sido la fuerza catalizadora para derrocar a los dictadores de Oriente Próximo y más allá. Su fracaso fue consecuencia no sólo de la aplicación de una doble moral, sino de una confusión más profunda sobre la «promoción de la democracia». ¿Era la democracia un fin en sí mismo? ¿O era el medio para alcanzar un fin? ¿Debían estimularse las elecciones pluripartidistas en estados donde el resultado pudiese producir regímenes hostiles a Occidente y al concepto de democracia liberal, o producir inestabilidad étnica o política dentro del país? En el ámbito nacional Bush abanderó unas medidas drásticas de seguridad que la opinión pública y los políticos convencionales apenas cuestionaron. Los medios de comunicación estadounidenses lo mostraron como un presidente lánguido, sin la fortaleza necesaria para explicar los asuntos más graves.

¿Hasta qué punto la llegada de Barack Obama iba a paliar el desgaste democrático del país y la pérdida de la credibilidad democrática de Estados Unidos en el mundo? Sin duda, la naturaleza de su victoria electoral aportó un impulso más que necesario a las credenciales de la democracia constitucional del país. Pero estas esperanzas de un nuevo comienzo se vieron truncadas por la quiebra radical de los sistemas financieros estadounidense y mundial. La cruel ironía fue que el nuevo gobierno, en el cual habían depositado su fe miles de personas de todo el mundo, empezó a funcionar precisamente en un periodo de merma del poder estadounidense.

En otros tiempos Oswald Spengler predijo que «la época del individualismo, el liberalismo y la democracia, el humanitarismo y la libertad toca a su fin». La decadencia de Occidente se escribió hace aproximadamente noventa años, con motivo de las secuelas de la primera guerra mundial, las humillaciones del Tratado de Versalles y el principio de la Gran Depresión. Las masas, escribió, «aceptarán con resignación la victoria de los césares, los hombres fuertes, y les obedecerán». Con los mercados mundiales sumidos en un nuevo declive y con las viejas certezas destruidas, ¿nos rondará de nuevo la visión de Spengler? Esta vez el desafío es más sutil y sofisticado; el mundo no está tan radicalmente dividido en sistemas opuestos. Durante veinte años el Consenso de Washington apuntaló el credo de los mercados libres y la democracia liberal, que se reafirmaban mutuamente. Desde mediados de 2007, el desmoronamiento del pensamiento financiero anglosajón neoliberal ha desatado una crisis tanto en el sistema político occidental como en la economía.

Los sucesos de la última década han minado la convicción de que el enriquecimiento de un país, o el desarrollo de una clase media, estimulan una mayor libertad. Las teorías de «sin burguesía no hay democracia» de Barrington Moore han sido refutadas en los últimos veinte años de aspiración materialista. Durante este periodo, en todos los países los individuos han hallado un modo de desvincularse del proceso político mientras vivan con comodidad. El consumismo ha proporcionado el anestésico supremo para el cerebro. ¿Qué ocurre cuando la riqueza desaparece y el efecto del anestésico se pasa?

Mis descubrimientos son inquietantes, pero es más útil comprender que juzgar. Los políticos siempre han perseguido por instinto el poder y la forma de conservarlo, por medios honrados o delictivos. Menos comprensibles son las razones por las que muchos —tanto en estados autoritarios como democráticos— sucumbimos, y por qué tan pocos nos preguntamos por qué lo hacemos. Sean cuales sean los sistemas en los que vivimos, nuestras prioridades se parecen más de lo que nunca admitiríamos.

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Singapur: El modelo cómodo

Comprender los límites de la libertad es lo que posibilita la libertad.

CHUA BENG HUAT

«Singapur es sin ninguna duda la sociedad más lograda de la historia de la humanidad.» Me rasco la cabeza y tomo un gran sorbo de agua helada. Estoy en la oficina del profesor Kishore Mahbubani, el intelectual más célebre de Singapur, un hombre que viaja por el mundo diciendo a los escépticos que los países pueden ser armoniosos y prósperos sin sucumbir a la democracia liberal de Occidente. Decano de la Escuela Lee Kuan Yew de Políticas Públicas de la Universidad Nacional, siempre es un acierto visitar a Mahbubani para medir la temperatura política. Hace las veces de anfitrión para un sinfín de visitantes del mundo entero. Antes de mí ha recibido a una delegación de chinos. Después de mí llegará el embajador suizo. Todos están deseosos de conocer el secreto del éxito de un estado isleño que es un milagro económico y un banco de pruebas social.

La arrogancia de mi anfitrión me desconcierta. Pero procuro no mostrarme desdeñoso y no caer en la trampa de la «mentalidad occidental», expresión usada para desechar las críticas que hacen los extranjeros. Yo siento algo más que una vaga curiosidad. Nací en Singapur y, aunque me fui siendo joven, mis padres vivieron en la ciudad quince años. Cuando que vuelvo me compro un nuevo plano, pues las calles han sido derribadas y sustituidas por monumentos cada vez más altos al dinero y a un modelo de progreso. La nostalgia por el pasado es uno de los pocos lujos que nadie puede permitirse aquí. También he mantenido la relación con varios hijos e hijas de los amigos de mis padres, algunos indios, otros malayos, la mayoría chinos. Son médicos, abogados, financieros y músicos bien situados. Estudiaron en universidades británicas, estadounidenses o australianas, pero casi todos regresaron al país. Para ellos el reluciente aeropuerto Changi de Singapur es como una parada de autobús, entran y salen de los aviones sin pensárselo dos veces. En su vida diaria son capaces de hacer lo que les plazca. Disfrutan de sus libertades privadas, pero la libertad de expresión y el activismo político son cosas que practican cuando están en el extranjero. Recuerdo que de estudiante asistí a manifestaciones con varios amigos cuando estábamos en Londres. Cuando volvían a casa sellaban sus labios. Puedes tomarlo o dejarlo, afirman. Lo hacen por decisión propia.

La palabra «pacto» se inventó en Singapur. El estado provee una de las rentas per cápita más altas del mundo, que equivale a las mejores de Occidente. A cambio, la ciudadanía evita causar problemas. La ciudad-estado se ha convertido en un monumento a la creación de riqueza. Resulta tan seductor como alarmante. Todo funciona espectacularmente bien. Los ricos son extremadamente ricos. Los pobres viven con una holgura extrema. El experimento de Singapur fue idea de Lee Kuan Yew, su primer ministro durante treinta años, y su líder supremo desde que renunció al cargo. Aunque domina la escena política, el pacto de Singapur versa sobre mucho más que un hombre; exige, y recibe, la cooperación voluntariosa de la amplia mayoría.

Cuando uno contempla el horizonte de Singapur, los refulgentes bloques de oficinas, los hospitales vanguardistas y la eficiente vivienda social, es fácil olvidar que todo podía haber resultado muy diferente. Singapur era un lugar atrasado, una isla pantanosa poblada por unos cuantos pescadores cuando la fundó Stamford Raffles, un comerciante británico que buscaba una nueva escala para la Compañía de las Indias Orientales en la ruta de las especias. A medida que se hacía más célebre como puerto franco, empezaron a frecuentarlo comerciantes de toda la región con sus culis, y hubo hasta 10.000 llegadas nuevas en los cinco primeros años. Singapur se convirtió en un crisol de chinos, malayos, indios, armenios, europeos y todo aquel que tuviese el afán de hacer dinero. El control británico terminó definitivamente con la invasión de los japoneses en 1942. En los tres años siguientes murieron asesinados más de 50.000 chinos en las campañas de «purificación mediante la purga».

El joven Lee era un empleado durante la ocupación japonesa. A él, como a otros de su generación, esta experiencia le influyó sobremanera. Al final de la guerra fue a la Universidad de Cambridge a estudiar derecho. Después obtuvo el título de abogado. Durante su estancia en Inglaterra sentía gran interés por la política anticolonial, así como por el socialismo fabiano del Partido Laborista. Estudió el pensamiento fabiano sobre la función del estado como ingeniero del cambio social y proveedor de servicios. Se hizo partidario de la «socialización» de la tierra. Cuando regresó a Singapur en 1949 se involucró en los movimientos independentistas en ciernes del sureste de Asia. En Malasia estos movimientos adoptaron la forma de la resistencia armada. Los británicos declararon el estado de excepción y durante doce años se enzarzaron en una prolongada lucha en la jungla. Lee, pese a considerarse de izquierdas, argumentó que se podía haber conseguido más mediante la negociación y fundó su Partido de Acción Popular (PAP) en 1945 como una mezcla de socialismo democrático y nacionalismo.

Tres años después Singapur consiguió un autogobierno totalmente independiente de Gran Bretaña y en 1959 Lee fue elegido su primer ministro. En 1963 Singapur se unió a la Federación Malaya, en un intento de brindar mayor seguridad y afrontar las dificultades económicas. Pero la división ideológica y las tensiones entre etnias amenazaron enseguida la unión. Treinta y tres personas fueron asesinadas y cientos heridas en los disturbios raciales del año siguiente. Lee sacó apresuradamente a su pequeña ciudad-estado de la federación y siguió por su cuenta. Su tarea era poco envidiable. Con escasos recursos y en medio de una región inestable, Singapur se enfrentaba a un fuerte desempleo y a la escasez de vivienda, y su potencial para los conflictos intercomunales era aún mayor. Una revista de la época describió la ciudad como un «hoyo de miseria y degradación». La mayoría de la población vivía en destartaladas casas kampong (pueblo en malayo) de madera. Las únicas ventajas del país eran su puerto y la iniciativa de su población.

Lee pretendía inventar una nueva nación con una entidad geográfica y cultural. Mientras sus vecinos del sureste asiático se bandeaban entre la dictadura y los breves coqueteos con la democracia —sin lograr suficiente éxito en ninguno de los dos casos—, él creó un híbrido. Para él la clave estaba en la regeneración estatal, con la incorporación de leyes que anexionaban extensas franjas de tierra para construir viviendas sociales y otros proyectos de infraestructura como carreteras, escuelas y hospitales. En la época de la independencia, más de la mitad de los obreros no habían recibido una educación formal; en 1990 dos tercios habían completado la educación secundaria. Entre 1965 y 1995 la economía creció un considerable 9% al año, tres veces más rápido que en Estados Unidos. Los ingresos per cápita crecieron una media del 7%, duplicándose más o menos todos los decenios. El PIB pasó de mil millones a ochenta y seis mil millones de dólares. Su sistema sanitario era la envidia de Asia. Lee se aficionó a llamar a su pequeño país «oasis del primer mundo en una región del tercer mundo».

Durante medio siglo gestionó con cuidado su estado, tratando de fijar hasta el mínimo detalle. Examinó personalmente la idoneidad de los cónyuges para los funcionarios públicos (basándose, por lo común, en el coeficiente intelectual) y decretó el número de hijos que podían tener. A través de campañas públicas de información exhortó a sus ciudadanos a que acatasen sus censuras. Se dieron instrucciones para todo, desde la higiene hasta la cortesía. En los años setenta la campaña «Detente después del segundo» frenó con tanto éxito el índice de natalidad que fue necesaria una campaña inversa con el eslogan «Ten tres o más si puedes costeártelo».

He vivido y viajado bajo muchas dictaduras a lo largo de los años, países donde buscas micrófonos ocultos debajo de las mesas y donde asumes que esas sombras reflejadas en el escaparate de la esquina son las de un hombre que fisgonea y te está siguiendo por la calle. En Singapur la vigilancia es más sutil, pero es un sistema que a pocas personas les interesa cambiar de veras. Es fácil comprender el motivo. Tres cuartas partes de la mano de obra no pagan impuestos y nadie paga más del 20%. Es tal la demanda de inmuebles, a medida que siguen llegando avalanchas de empresas extranjeras, que muchos parecen satisfechos cuando derriban sus bloques de pisos, porque podrán construir cada vez más alto y embolsarse los beneficios. No queda casi nada de la Singapur tradicional. El último pueblo en pie, Kampong Buangkok, no más de veinte casas recónditas al norte de la isla, está siendo engullido.

No está permitido ningún obstáculo en el camino de la creación de riqueza —el deber patriótico supremo—. Comprar se ha tornado el pasatiempo nacional. Cada vez que deambulo por Orchard Road, la principal calle comercial, veo a consumidores felices y comilones felices. Esto es un paraíso para sibaritas, con muestras de la cocina más creativa, fusiones multiculturales de alimentos básicos de gran calidad en locales agrupados al aire libre diseminados por toda la urbe. En una semana concreta pruebo cocina sicuani, diferentes tipos de japonesa, del sur de la India (con las manos, sobre una hoja de plátano) y del norte de la India. Me detengo en los restaurantes de los centros comerciales (baratos y alegres). Me invitan a ambientes ingleses formales (el Club de Críquet de Singapur, claro está), incluso me sirven salchichas alemanas bañadas en riesling. Luego están el club de tenis y de natación, y los bares donde se bebe, en las «zonas de ocio» creadas artificialmente en los muelles Clarke y Robinson. ¿Que las personas, sobre todo las que tienen mundo, no se dejan sobornar tan fácilmente?

Para comprender la otra Singapur, la menos acaudalada, hay que visitar las altísimas viviendas sociales HDB (Housing and Development Board) en el centro. Desde los años sesenta casi el noventa por ciento de la población ha sido desplazada a bloques de pisos estatales bien acondicionados y escrupulosamente limpios. La Housing and Development Board recibió amplios poderes de expropiación y forzó al reasentamiento. Una de sus misiones consistió en dispersar a las comunidades que estaban separadas por etnias de chinos, malayos e indios. En el mundo feliz resultante, la composición étnica de cada bloque de pisos debía reflejar el país en conjunto. Las personas de distintas nacionalidades fueron instruidas para compartir las mismas escaleras, centros comunitarios, piscinas y paradas de autobús. A tenor de los conflictos intercomunales de los años sesenta, la armonía forzosa que siguió produjo resultados verdaderamente sorprendentes. Las diferencias intercomunales sencillamente no están permitidas.

Todo está estipulado por ley. Los ciudadanos que buscan piso a menos de dos kilómetros de sus padres tienen prioridad; es una forma de facilitar que cuiden a sus mayores. La población puede comprar en el mercado primario —a precios más bajos y con fácil acceso a los préstamos sin intereses—, pero sólo si está casada. Debe conservar el piso diez años, a fin de reducir la especulación; luego ya puede venderlo a precios de mercado a cualquier comprador. Toa Payoh es el segundo experimento más antiguo de este tipo. Desde la última planta de un bloque de cuarenta pisos disfruto de una vista panorámica de la ciudad: una sucesión de rascacielos hasta donde alcanza la vista. Cuentan con servicios de todo tipo en las calles de alrededor: desde puestos de venta de telas hasta pequeños quioscos con lo último en televisor de plasma de 46 pulgadas o frigoríficos enormes a la venta. En los ascensores de un edificio —sin pintadas ni olores a orina— encuentro un tablón de anuncios vecinal. Una tarjeta recuerda a los visitantes que pueden unirse a un grupo de senderismo en los jardines chinos cercanos. Otra anuncia un concurso de trino de pájaros, pasatiempo popular al que los oriundos destinan hasta el sueldo de un mes comprando pájaros enjaulados. Otro anuncio pide «voluntarios» para un programa de vigilancia que anima a informar sobre cualquier persona sospechosa de conducta antisocial. El complejo cuenta con excelentes instalaciones deportivas, incluidos un estadio, una sala de deportes cubierta y la mejor piscina del país, donde se celebran competiciones nacionales.

En la sala principal veo a un grupo de ancianos chinos, malayos e indios jugando a las damas bulliciosamente. Es viernes por la tarde y sospecho que han bebido un whisky o dos. Me invitan a unirme a ellos. Charlamos. Lucho por entender su singlish —el inglés coloquial de Singapur—, un curioso híbrido hablado por la mayoría. Les pregunto sobre sus vidas, sus aspiraciones. No tienen quejas, afirman. Por culpa de la crisis mundial la economía no es lo que era, pero mejorará. En cualquier caso, prefieren estar aquí que en ningún otro lugar de Asia. Las encuestas de opinión significativas no existen. La gente sólo hace confidencias a los buenos amigos. Por lo tanto, siempre cuesta averiguar si dicen de verdad lo que piensan, conscientes de que cualquier crítica o apreciación genuina podría ponerles en apuros. Intuyo que en el caso de estos hombres, ambas suposiciones son ciertas.

Cuanto más tiempo permanecía en su cargo, más se convencía Lee de que había dado con el modelo para el progreso de Asia. Desde el principio vio las críticas públicas como una traba. Concentró los medios de comunicación bajo el control de dos empresas estatales, Singapore Press Holdings Ltd (que dirige los periódicos) y MediaCorp (que se ocupa de la radio y la televisión). Se celebran elecciones cada cinco años y en teoría los partidos de la oposición pueden presentarse. No obstante, cualquier político o periodista que diga algo controvertido sobre los poderosos puede ser detenido y acusado de difamación. Si se gastan el dinero, se declaran insolventes y pueden ir a la cárcel.

Incluso los procedimientos democráticos minimalistas han sido «modificados» en beneficio del Partido de Acción Popular (PAP) de Lee. Las circunscripciones electorales que votan a candidatos de la oposición de forma significativa tienden a desaparecer en las siguientes elecciones, incorporadas a escaños ya existentes. Cuando los votantes optan por el candidato equivocado, les recuerdan sus errores. No lejos del leal Toa Payoh, el vecindario de Potong Pasir sufrió durante muchos años la anomalía de no tener una estación de metro MTR operativa. La estación existía, pero permanecía cerrada. El gobierno dio varias razones «técnicas», pero los vecinos sabían el verdadero motivo. Potong Pasir es célebre por ser el distrito electoral opositor más antiguo en la Singapur de un solo partido dominante, y la disidencia no se recompensa. Chiam See Tong, del Partido Democrático, ha obtenido mayoría en el distrito electoral desde 1984, desbancando a los candidatos del PAP durante seis elecciones sucesivas por la pura fuerza de su personalidad. Ningún incentivo ni amenaza alguna han disuadido a los votantes locales de irritar a los poderes que sean. Es comprensible que estos votantes sean reacios a expresar los motivos por los cuales votan a Chiam, pero no parece que se deba a una antigua lealtad. Cuanto más aplica el gobierno la política del palo y la zanahoria para persuadirles, más insolentes se vuelven. Esta pequeña anécdota contribuye a que las afirmaciones de que Singapur es una democracia sean algo tan curioso. Normalmente no es una democracia, pero en muy raras ocasiones lo es.

El PAP ha estado en el poder desde 1959 y en la actualidad ocupa 82 de los 84 escaños del Parlamento, pese a que en las últimas elecciones de mayo de 2006 sólo logró el 67% de los votos. En otras palabras, una forma más representativa de democracia no debería estar fuera del alcance de un electorado con una elevada formación. Por lo tanto, cuando votan a la oposición, los ciudadanos deciden quejarse. Pero al mismo tiempo saben que su voto no logrará la menor diferencia, y no parecen demasiado preocupados. ¿Actúan todos por inercia por el bien de la democracia?

Los que representan realmente a la oposición saben lo que les pasará. Chee Soon Juan y J. B. Jeyaretnam sufrieron años de acoso. Jeyaretnam fue el primer miembro opositor del Parlamento en 1981, por el Partido Obrero, y terminó cumpliendo dos mandatos de cinco años. En ambas ocasiones lo acusaron de una sarta de delitos, desde calumnia hasta malversación de fondos. Tras su segunda victoria en 1997, presentaron contra él siete pleitos por difamación y finalmente le obligaron a declararse en bancarrota. Al final de su vida, Jeyaretnam —en tiempos un prominente abogado rico y extravagante— tuvo que ponerse en las esquinas de las calles o en las bocas del metro para difundir sus libros sobre la política de Singapur, pues ningún minorista los quería vender. Decía que había perdido la cuenta del número de veces que lo habían demandado por difamación. Falleció en septiembre de 2008, a la edad de noventa y dos años. El gobierno expresó a la familia sus corteses pero frías condolencias. La blogosfera se hizo eco de su muerte y varias personas expresaron juicios favorables sobre él. El resto del público pasó página rápidamente. En el mundo de los medios de comunicación el acontecimiento apenas suscitó una mención. Pese a todos sus esfuerzos, los gobiernos occidentales han ignorado casi por completo a la oposición de Singapur. Prefieren regañar a los chinos o a los rusos por su mala disposición a las críticas, pero en Singapur hay demasiado dinero en juego como para ir molestando con estos asuntos.

Chia Thye Poh fue el preso de conciencia en activo que más tiempo pasó en la cárcel, casi veintitrés años; un periodo de encarcelamiento sólo superado a escala internacional por Nelson Mandela. Apodado el «revolucionario dócil», lo detuvieron en 1966 en virtud de la Ley de Seguridad Interna (ISA, por sus siglas en inglés) y pasó gran parte de las dos décadas posteriores incomunicado, sin cargos. Durante casi toda esta reclusión el gobierno no dio explicaciones sobre su encarcelamiento y finalmente lo acusó de haber encabezado una llamada al derrocamiento violento del gobierno. Tras su liberación en 1989 lo enviaron al exilio interno en Ventosa, la isla «vacacional» al sur de Singapur. La ISA, que legitima a las fuerzas de seguridad para realizar detenciones sin mandamiento judicial, fue una de las numerosas leyes represivas que los británicos legaron a Singapur. En fechas más recientes se han promulgado otras. Todas comparten coloridos títulos orwellianos, como la Criminal Law Temporary Provisions Act [Ley de disposiciones transitorias del derecho penal], que permite el encarcelamiento de los disidentes, la Undesirable Publications Act [Ley de publicaciones indeseables], que pone freno a la libertad de expresión, y la Public Entertainments and Meetings Act [Ley de reuniones y espectáculos públicos], que proscribe cualquier reunión no autorizada de más de cuatro personas. Se dejan pocos cabos sueltos. En 2007 al Partido Obrero —el grupo de la oposición que encabezara Jeyaretnam— le denegaron el permiso para celebrar su quincuagésimo aniversario con una fiesta ciclista en un parque público.

Aunque las cifras de las penas de muerte se guardan en secreto, según Amnistía Internacional 420 personas fueron ahorcadas entre 1991 y 2005, sobre todo por homicidio y tráfico de drogas, lo que sitúa a Singapur en el mayor índice de ejecuciones del mundo en proporción a su población. En 2007 más de seis mil personas condenadas fueron sentenciadas al azote con vara. El código penal permite azotar con vara más de treinta delitos, incluidos el robo, el vandalismo y la rebelión. En la práctica implica un castigo de cárcel obligatoria para violadores, narcotraficantes y extranjeros de paso que permanecen en el país más tiempo del que les permite su visado. Las normas se publican en teoría como elemento disuasorio. Estipulan que la vara debe ser de caña. Se pone previamente en remojo para evitar que se astille cuando entra en contacto con las nalgas del preso y también para que sea más flexible. Antes de su uso se trata con antiséptico para evitar infecciones. Con los infractores más jóvenes se usa una vara más ligera.

Los grupos defensores de los derechos humanos no son los únicos que arrojan luz sobre la trayectoria de Singapur en esta materia. El Departamento de Estado estadounidense identifica, entre otras cosas, la detención preventiva, el ascendente del poder ejecutivo sobre el poder judicial, la violación de los derechos privados de los ciudadanos, la restricción de la libertad de expresión y de prensa y la autocensura de los periodistas. Sus informes anuales están a disposición del público, pero no son discutidos en Singapur, como tampoco expuestos públicamente por los sucesivos gobiernos norteamericanos que, desde hace tiempo, ven en la ciudad a un socio estratégico de confianza. El informe anual sobre derechos humanos del gobierno británico no suele mencionar el funcionamiento de su antigua colonia. Como siempre, la realpolitik fija los términos para la crítica occidental del estado de la democracia y los derechos civiles de otros.

Es mediodía y estoy en una zona con césped cerca del ayuntamiento. Una señal me indica que esto es Speakers Corner (el rincón del orador). Lo establecieron en el 2001 para rebatir las críticas internacionales de que Singapur es una dictadura. El gobierno insiste en que todo el mundo puede decir lo que le venga en gana, siempre que no vulnere la ley. Pero no es tan sencillo. Éstas son las instrucciones enumeradas en el tablón de anuncios: hay que inscribirse en la comisaría de la esquina; hay que rellenar los datos y esperar un permiso; si te lo conceden, se graba tu discurso y se conserva durante seis años. El discurso puede utilizarse en tu contra en cualquier juicio por difamación o de otra índole. No está permitido hablar de asuntos religiosos ni raciales, y tampoco se puede insultar a ninguna autoridad. Por si alguien se siente tentado de hacerlo, la señal enumera amablemente todas las previsiones de las distintas leyes que pudieran infringirse. Me planto en la comisaría para preguntarle al oficial cuándo será el turno del próximo orador. Tardará un tiempo, me responde el hombre. Tampoco es capaz de recordar al último que lo solicitó.

Las opiniones de casi todos los que conozco en Singapur varían de la desaprobación moderada de los asuntos de estado a algo un poco más fuerte. Pero no alborotan en público. La acción más arriesgada suele consistir en enviar correos electrónicos, sin comentarios, con vínculos a actividades de la oposición en internet. La ausencia de unos medios de comunicación o de un discurso político abierto ha engendrado un floreciente hervidero de rumores. Las páginas web con base en Singapur son vibrantes, a menudo con archivos de vídeo o audio de mini reuniones que han sido reventadas y demás críticas contra el régimen. Los debates candentes se airean en internet. ¿Qué está organizando exactamente el ejército de Estados Unidos en la base naval gigante de Changi? ¿Guardan misiles nucleares submarinos? ¿Qué le pasó a un terrorista indonesio que desapareció de una cárcel de alta seguridad? ¿Hasta qué extremo están ligados los vínculos financieros de Singapur con la dictadura birmana? ¿Es cierto que Singapur suministra equipos de comunicaciones al ejército birmano? ¿Es cierto que el dictador más anciano de la junta militar, Than Shwe, ha recibido en secreto un tratamiento contra el cáncer en un hospital gubernamental de Singapur? La discusión es acalorada en la página web del Partido Obrero, en la de los socialdemócratas (SDP) de más reciente formación y en un buen número de foros cibernéticos de ciudadanos.

Las autoridades rastrean internet en busca de alborotadores potenciales, pero son reticentes a la hora de cerrar las páginas web ofensivas. Varias de estas páginas, incluida la del SDP, habían colgado un vídeo de cuarenta minutos sobre la libertad de expresión y la dictadura. Según la oposición, el documental, titulado One Nation Under Lee, se ha visto 40.000 veces en YouTube y se ha proyectado en festivales, incluida la vecina Malasia. La primera vez se proyectó en el Excelsior Hotel de Singapur. Aunque el acto era privado y sólo se permitía el acceso a los invitados, se filtraron oficiales de la Media Development Authority y exigieron que les entregasen la película y el proyector. Estos procedimientos también se grabaron en vídeo y pueden verse. La película es un manual básico para jóvenes militantes de la oposición, un tanto inocente pero con tono resuelto. Cita como modelo a la líder de la oposición detenida en Birmania, Aung San Suu Kyi, y ensalza las virtudes de la desobediencia civil. Dice que el gobierno de Singapur advierte sin cesar de «los estragos y el caos» que provocarían las protestas. Pondera que las voces disidentes pueden ser temerosas, pero que tienen poder para lograr el cambio. Luego va al grano: «La única pregunta es: ¿queremos ejercerlo?».

De momento esta pregunta parece retórica. Se organizan manifestaciones en contadísimas ocasiones y, cuando tienen lugar, el grupo de manifestantes (por lo general menos de diez) no oponen resistencia cuando los meten rápidamente en furgones policiales. Seah Chiang Nee, un comentarista político veterano, refleja la disidencia política, o la falta de ella, en su periódico digital. Describió una reciente y minúscula concentración a favor del movimiento pro democrático en Birmania. «No puedo imaginar a 2.000 estudiantes con carteras Armani e iPods manifestándose en Orchard Road y lanzando cócteles molotov.»

En los periódicos, y en particular en la televisión, no se menciona ninguno de estos temas. La prensa sí que trata algunos problemas económicos y sociales. Es bastante abierta con las crisis extranjeras; exhorta a las comunidades y a los individuos a comportarse mejor. Pero la motivación ha de ser la autosuperación o el patriotismo. Recuerdo un aviso gubernamental de hace años en el Straits Times, el periódico más importante de Singapur, que advertía a los ciudadanos de los castigos que sufrirían si no cambiaban sus viejos acondicionadores de aire por otros nuevos antes de determinaba fecha. Se desaprueban las críticas al gobierno, sobre todo de renombrados ministros y funcionarios. Resultan inadmisibles si provienen de extranjeros. La prensa internacional que critica a Lee o a sus subordinados es perseguida hasta los tribunales. Según las nuevas normas, para funcionar en Singapur, los medios de comunicación extranjeros deben depositar una suma considerable y nombrar a un representante local que pueda dar la cara en un juicio. La lista de ilustres publicaciones internacionales que han provocado la ira de las autoridades incluye a la Far Eastern Economic Review, el Wall Street Journal y el Financial Times. En varias ocasiones han tenido que disculparse forzosamente por haber escrito artículos críticos con Singapur. Negarse no habría tenido ningún sentido desde el punto de vista comercial.

Think Centre, aprobada en octubre de 2001 como ONG independiente, es una de las organizaciones sancionadas oficialmente, o por lo menos muy tolerada. Su presidente, Sinapan Samydorai, fija las reglas básicas: «Puedes hablar de las políticas oficiales, puedes criticar a las empresas vinculadas al gobierno por no ser transparentes o responsables, pero si hablas de uno de los suyos y dices que tiene a parientes suyos ahí y das su nombre y apellidos, entonces corres el peligro de que te demanden por difamación».

A veces se airean las controversias individuales. En 2005 el Parlamento aprobó un plan para legalizar el juego en los casinos, lo que preparó el terreno para la construcción de dos complejos turísticos multimillonarios en la bahía Marina, en el centro de la ciudad, y en la isla Sentosa. Muchos se encolerizaron, alegando que no querían que Singapur se convirtiese en una mini Las Vegas o una rival de Macao. No deseaban que la vida decadente que tanto temían llegase con el juego. Durante algún tiempo el debate fue público, hasta que se decretó que ya se había discutido lo suficiente. Durante una de mis visitas fui a ver la construcción en persona. Acompañado de un fotógrafo, me abrí paso entre las hormigoneras y los pesados camiones que se hundían en el lodo. En cuanto empezamos a sacar fotos nos «invitaron» a la oficina de la obra para que diésemos explicaciones. Un escocés que no se presentó nos pidió nuestros permisos, y luego nos acompañaron fuera con amabilidad.

En alguna ocasión se declaran crisis más profundas que no pueden ocultarse al público. En 2004 se descubrió que una de las organizaciones benéficas más importantes, la National Kidney Foundation, había pagado a su director vuelos en primera clase, el mantenimiento de su Mercedes y grifería de baño chapada en oro para su oficina privada. Todo ello aparte de su sueldo anual de casi 200.000 libras. La patrocinadora de la organización benéfica, que resultó ser la mujer del ex primer ministro, declaró que no podía comprender por qué se había armado tanto revuelo, pues su sueldo era una «miseria». Cuando el Straits Times, por lo general prudente, aireó toda la historia, como era de esperar la fundación interpuso la demanda por difamación; pero la causa no salió adelante, en medio de un insólito escándalo público. El director y la junta de la fundación dimitieron. La versión del pacto de Singapur exige que los altos funcionarios actúen con probidad para la galería. En este caso, como se había incumplido el pacto, había que mostrar que se aplicaba un castigo. Sin embargo, habrían preferido que no se hubiera filtrado.

Singapur se enorgullece de la suma que paga a sus altos funcionarios. En el último recuento el primer ministro ganó 2,6 millones de dólares al año y el miembro más joven de su gabinete, la modesta suma de 1,3 millones de dólares. Para contratar a los mejores como funcionarios de servicios administrativos, el gobierno paga tanto dinero como el sector privado. En abril de 2007 el jefe de los funcionarios públicos recibió 1,5 millones de dólares al año, más que los sueldos juntos del presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico. Según me dicen, es un precio pequeño que hay que pagar para el progreso de un país. La idea es garantizar que el estado pueda captar a los más talentosos, incluidos potencialmente los más sinceros, o invitarlos a formar parte de él.

La búsqueda de talentos es una política autorizada oficialmente. El gobierno hace cualquier cosa por atraer sangre fresca a Singapur, siempre que cubra un vacío de competencias. Los funcionarios son destinados a pueblecitos de Malasia y la India. Están haciendo cada vez más batidas en China. Para el gobierno de Singapur la cohesión étnica es uno de sus primeros objetivos. Queda prohibido expresamente cualquier comentario que se considere incendiario desde el punto de vista racial. No obstante, de forma discreta, se mantiene la dominación de los chinos sobre las extensas minorías malayas e indias. La llegada reciente de cientos de personas nuevas del «continente», muchas de las cuales no saben hablar inglés, que sigue siendo la lengua franca de Singapur, está dejando huella.

Hay una segunda razón para tratar tan bien a los funcionarios del gobierno: garantizar que se combate la corrupción en cada eslabón de la cadena, pues con unos sueldos tan elevados el afán de lucro particular no compensa el riesgo. Pero con tan poco periodismo de investigación, la ausencia de corrupción a gran escala es algo en lo que la población ha de confiar. Como ocurre con el nepotismo, estaría mal vista sólo si se considerase que la persona en cuestión no es válida para el empleo. De hecho, el nombramiento como primer ministro en 2004 de Lee Hsien Long, el primogénito de Lee Juan Yew, se presentó como algo acorde a los valores confucianos. El «familiarismo», como se conoce, o guan xi, la noción china de relaciones o conexiones personales, no equivale, según los funcionarios, al amiguismo.

Durante el año 2008 Singapur fue el primer país de la región que sufrió oficialmente la recesión. Su dependencia en las exportaciones la había hecho especialmente vulnerable. Pero durante mis conversaciones en la Universidad Nacional y otros lugares no vi muchos indicios de que la crisis económica hiciera tambalearse el equilibrio fundamental sobre el que se organiza la sociedad. Mahbubani va más allá cuando señala que Asia está mejor situada económica y políticamente que Occidente para reconstruirse después de la crisis. Asia, dice, está progresando en su objetivo final de practicar la democracia de un modo más armonioso que Occidente. Es una variación sobre el tema, una forma de democracia basada en los resultados. Las demandas individuales se subordinan a las colectivas y, sin embargo, los individuos son libres en muchos aspectos de la vida. Cualquier persona con talento entra a formar parte del sistema. «¿Por qué los brasileños son los mejores en fútbol? Porque van por los barrios buscando a talentos de seis años. Nosotros hacemos lo mismo con el estado. Seleccionamos a los mejores cuidadosamente», afirma. «Si crees que puedes conseguir que algo funcione mejor, te damos la oportunidad de demostrarlo. Asimilamos a la disidencia. Lo más estúpido es aplastarla. Aquí no se echa a perder ningún cerebro. La capacidad política de nuestros padres fundadores era extraordinaria. La he encontrado muy pocas veces en mis viajes por el mundo.» La tesis de Mahbubani, expuesta en un libro reciente, ha calado en Asia; no tanto en Europa y América. No le sorprende. «Occidente se está convirtiendo en el problema. No quieres ceder el espacio. Y también te muestras cada vez más incompetente en el gobierno.» Concluye: «Según todos los indicadores, Singapur es la nación más lograda. No es sólo la riqueza que hemos creado; es cómo cuidamos a los últimos de la fila».

Uno de los aspectos más intrigantes de la mezcla autoritaria de Lee es su entusiasmo por defenderla dondequiera que vaya, sobre todo en el circuito de conferencias. En un debate con Lawrence Summers, de Harvard, en 2006, insistía en que su objetivo no era mantener al PAP en el poder, sino garantizar la estabilidad en general, hasta mucho después de su partida. Según declaró: «Al final del día ofrecemos a cada ciudadano lo que quiere: una buena vida, seguridad, una buena educación y un futuro para sus hijos. Eso es una buena forma de gobierno». En una visita a Australia el mismo año, comparó su propuesta con la de sus anfitriones. Aunque la política de estos últimos podía ser más emocionante, «los debates interminables para lograr un mayor control del asunto eran escasos; en realidad cada partido trataba de apuntarse tantos». El entonces primer ministro australiano dijo: «Dedicas todo tu tiempo a lidiar con esta política de partido. El resultado es que no te queda demasiado tiempo para ocuparte del futuro a largo plazo».

Por lo tanto, la responsabilidad del gobierno es sumamente técnica cuando trata de proporcionar una buena vida a cambio del respaldo de los votantes. Las elecciones son, en esencia, un boletín escolar. Yo prometo y suministro, tú me votas a mí. La democracia se usa para legitimar la fórmula. La democracia se ha desprendido de cualquier supuesto liberal, y sin pedir disculpas, de la representación a la delegación administrativa, de los derechos individuales al bienestar colectivo. A esto se reduce básicamente.

Los singapureños defienden su propia versión de la democracia comparándola y contrastándola con las de sus vecinos. Algunos países de la región pueden tener en teoría un sistema democrático, pero en muchos aspectos vitales, de la economía a la seguridad, por lo común les ha ido peor. Observemos el ejemplo de Filipinas, dicen, un país que en términos políticos es uno de los más libres de la región. Allí se pueden conseguir armas sin problemas, el terrorismo es moneda común, mientras que la economía pasó de ser una de las más prometedoras en los años cincuenta a un caso perdido en la actualidad. No existe ni una sola democracia liberal que funcione en el sureste asiático. La trágica historia de Birmania es bien conocida. Sólo ahora Vietnam, Camboya y Laos están empezando a recuperarse de las décadas en que los comunistas de distintas facciones, apoyados por China y la URSS, causaron varios estragos en Indochina; Vietnam y Laos siguen siendo nominalmente comunistas, mientras que el primer ministro de Camboya es un antiguo miembro de los jemeres rojos. Tailandia sigue con su desgastado modelo, que oscila entre una tímida democracia y los golpes de estado encabezados por el ejército, con una monarquía todopoderosa pero también inexplicable gracias a unas agobiantes leyes de lesa majestad. La rigidez del sistema político de Malasia se ha puesto de relieve hace poco con la reacción del gobierno de coalición ante la perspectiva de perder poder por primera vez, lo que ha provocado una crisis en la que el líder de la oposición, Anwar Ibrahim, ha sido incriminado por acoso sexual. En Indonesia, supuestamente una democracia desde la caída del general Suharto, las elecciones están tan empañadas por la corrupción y los votos fraudulentos que sería una broma insinuar que merecen la descripción de «libres y justas».

Ahora, de Indonesia a Malasia, de Kazajistán a Rusia, pasando por los Emiratos Árabes Unidos, los gobiernos intentan aprender de Singapur. El alumno más aventajado es China. El progreso, combinado con el orden y la libertad limitada, ha sido la máxima de los gobernantes desde la muerte de Mao; es una filosofía cuyos orígenes modernos hunden sus raíces en Singapur. Con su aversión al caos, o luan, los líderes chinos han acabado aprendiendo y admirando el enfoque de Singapur, y su primera escala es siempre el ministerio de Mahbubani, que se ha convertido en el centro de la diplomacia pública del país. El jefe del partido en la provincia de Jiangsu envió allí durante quince días a todos los secretarios locales de su partido, que sumaban setenta.

Lee ha insistido muchas veces en que el modelo de Singapur no es exportable, porque sólo puede aplicarse en países pequeños o ciudades-estado. En los pormenores sin duda tiene razón. Obviamente, no se puede encargar ningún sistema ya hecho. Aun así se contradice a sí mismo cuando argumenta a favor de los «valores asiáticos», un concepto muy de moda en los años noventa y que en la actualidad sigue teniendo eco entre algunas personas. Fomenta las nociones del bienestar colectivo sobre el individualismo, la armonía social sobre la disidencia y el progreso socioeconómico sobre los derechos humanos. Lee expuso lo que pensaba de esto en Tokio en 1992: «Salvo pocas excepciones, la democracia no ha traído ningún gobierno bueno a los nuevos países en vías de desarrollo. Lo que los asiáticos valoran no debe ser necesariamente lo que los estadounidenses o europeos valoran; los occidentales valoran las libertades y los derechos individuales. Como asiático con un bagaje cultural chino, yo valoro a un gobierno que sea honrado, eficaz y eficiente».

El economista y filósofo Amartya Sen ha criticado con vehemencia este planteamiento. Postula que los valores asiáticos se invocan para justificar un autoritarismo que no es específico de Asia. «La defensa de los valores asiáticos suele asociarse con la necesidad de resistirse a la hegemonía occidental. La conexión entre ambos asuntos, que se ha dado cada vez más en los últimos años, usa la fuerza política del anticolonialismo para apoyar el ataque contra los derechos civiles y políticos en la Asia poscolonial. Esta conexión, aunque bastante artificial, puede ser bastante efectiva desde el punto de vista retórico», escribía Sen en 1997.

¿Qué más da que el modelo de autoritarismo no sea producto de la reacción poscolonial ni específico de Asia? ¿Qué pasa si es aplicable universalmente? Escuché esta convincente observación de un joven intelectual y activista israelí antiglobalización, Uri Gordon, que compara los valores asiáticos de Lee con la virtù de Maquiavelo: «Al igual que Maquiavelo opuso la virtud romana a la moralidad cristiana contemporánea, podemos interpretar que Lee ha escogido los valores asiáticos para Singapur como una alternativa a la democracia liberal de Occidente. Lee y sus colaboradores se pueden considerar como discípulos aventajados del florentino, pues someten a la población a una vida cómoda de autocensura».

Más que crear un gran sentido de la emancipación y la autoconciencia, Singapur se ha encargado de convencer a la clase media de que se aparta de la esfera pública. ¿Para qué causar problemas cuando hay tantas comodidades que perder? Interesado en desarrollar esta idea con otros profesores del departamento de Mahbubani, le pedí al profesor Wang Gungwu, director del East Asia Institute, que explicase la base filosófica del experimento de Singapur. La describe como un «contrato hobbesiano». Según la teoría del contrato social de Thomas Hobbes, las libertades ilimitadas producen una «guerra de todos contra todos». Necesitamos, deseamos, límites que nos salven a nosotros mismos de nuestros lados oscuros. «La población de Singapur ha conseguido dominar una gama de habilidades, entre las que se incluyen el control y la libertad.» Los funcionarios chinos, añade, están impresionados. «Quieren que sus ciudades funcionen como ésta. Sienten un gran temor por una revuelta masiva que podría estallar próximamente en China.»

Después le pregunto a un sociólogo. «En Singapur las teorías sobre la democratización y sus defensores reciben su castigo», afirma el profesor Chua Beng Huat. «Singapur no lo habría conseguido sin ciertas restricciones de la libertad de expresión. No habría funcionado con una serie de instituciones conflictivas.» Discute mi reflexión de que se trata de un pacto consciente. La libertad personal, postula, «mejora gracias a la atenuación de la pobreza. Por lo tanto, no tienes la impresión de estar haciendo un trato». Dice que el PAP ha tratado de establecer un «culturalismo político» que promueve la noción de individuo como «ciudadano cultural» en contraste con el «ciudadano liberal» asociado con las democracias liberales. De este modo, el PAP ha redefinido las estructuras de representación y participación política. Está en juego nada menos que la conformación de las fronteras y el significado político. Hombre genial y elocuente, me deja reflexionar sobre este pensamiento. «Comprender los límites de la libertad es lo que posibilita la libertad. El bien supremo es imposible sin restringir en cierto grado el individualismo. La debilidad del liberalismo es la nula disposición a pagar la cuota por ser socio.»

Quizá dependa de qué libertades y qué limites existan. En el aspecto social, en la batalla entre lo tradicional y lo moderno, es donde el pacto de Singapur es más vulnerable. Lee dedicó años enteros a crear un estado a su imagen y semejanza. Las comodidades de consumo no parecen haber infundido anhelos de un cambio político mayor. La presión está adoptando otra forma. A cambio de ceder por completo el espacio público al gobierno, los ciudadanos buscan ahora el control total de la esfera privada. El prometido liberalismo social tiene sus vaivenes. Aquí es donde se ponen a prueba más activamente los límites. Los conceptos más preceptivos de ley sobre el matrimonio, las relaciones sexuales y otros asuntos no son compartidos en el gobierno. Existe una división genuina, sobre todo en líneas generacionales, que resulta difícil de ocultar. Sonreí para mis adentros cuando me dijeron que los límites de la libertad de expresión se conocen comúnmente como out-of-bounds markers.² La obsesión por el golf, el tenis y otras formas más inofensivas de entretenimiento es fuerte.

Desde que Lee se «jubiló» en 1990 (ahora lo llaman el «ministro mentor»), se han suavizado algunas de las restricciones más características. Se han abolido algunas leyes antiguas, como la que determinaba la longitud del cabello del hombre, aunque otras que sancionan escupir en público y no vaciar adecuadamente el retrete siguen vigentes. La ley que ilegalizaba el chicle se «relajó» en 2004 para permitir el uso de la goma de mascar «terapéutica» y cumplir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La vida cultural está de capa caída. El Audience Development Fund se ha fundado para «educar» el buen gusto artístico del público y estimular la iniciativa artística dentro de unos límites. El diseño, sobre todo la moda, está en auge. En la escuela de arte de La Salle, un edificio de acero y cristal de Little India, un grupo de estudiantes ensaya una obra en madarín sobre un trozo de césped artificial en la entrada principal. Grace, el director, me cuenta que pueden elegir entre una pila de guiones. El tema de esta obra corta trata del encuentro entre distintas personas en un autobús. Grace dice que es una metáfora de la vida. Uno de los actores lleva una camiseta que reza: «Hacemos dinero, no arte». Me pregunta si capto la ironía.

En ciertas ocasiones se entablan conversaciones francas, por lo general entre personas a las que no les preocupa el desarrollo de su carrera en el sector privado o público. Hablo de nepotismo, corrupción, secretismo y sexo con un escritor llamado Gerrie Lim. Solía residir en Los Ángeles, donde escribió libros sobre arte y relaciones sexuales. Me habla de «NUTS», siglas de No U-Turn Syndrome [Síndrome «prohibido cambiar de sentido»]. A diferencia de los conductores de otros países, los singapureños no giran sus coches en los cruces a menos que haya una señal que indique que pueden hacerlo. Asumen que hay algo prohibido a menos que se diga expresamente lo contrario. Cuando remitió su último libro —sobre la industria sexual— a la Media Development Authority, el censor tardó un mes en contestarle. No tenía ni idea de en qué posición se encontraba, pero al final le dieron el visto bueno. «Nunca me he enfrentado a una presión abierta, pero siempre tienes la sensación de que estás esperando una llamada», confiesa. «La gente siempre me pregunta cómo consigo salirme con la mía. Supongo que soy inofensivo.»

A medida que pasan los años, los «indicadores de fuera del terreno de juego» sobre los asuntos morales son cada vez más difíciles de localizar. Cuando en 1998 salió la serie televisiva estadounidense Sexo en Nueva York, la prohibieron en Singapur. Cuando se estrenó la película en 2008, los carteles publicitarios del descarado cuarteto paseando por Manhattan adornaron todas las calles comerciales de la ciudad. En 2005 Singapur celebró su primera Sexpo, exposición sobre sexo. Las autoridades la justificaron alegando que las parejas tenían mucho que ganar si estimulaban su vida sexual; no obstante, no estaban alentando la promiscuidad. Se aplicaron unas normas estrictas. No se permitió nada que tuviese «algún parecido con los genitales». No se permitió nada que animase al sexo oral o anal, ambos estrictamente prohibidos.

En octubre de 2007 el Parlamento rechazó una propuesta para revocar una ley que proscribía las relaciones sexuales privadas y consentidas entre hombres. Aunque los procesos judiciales son poco comunes, los infractores pueden cumplir hasta dos años de cárcel, acusados de «indecencia flagrante». La homosexualidad está prohibida en televisión. Un programa de mobiliario para el hogar fue multado por exhibir a dos hombres completamente vestidos en el mismo dormitorio. Sin embargo, los censores sí que permitieron que se proyectara en los cines la película Brokeback Mountain. «Muchos de mis colegas en el Parlamento tenían una conciencia clara de la reputación de Singapur como estado paternalista y de buena gana habrían relajado las restricciones», me dijo un diputado. Pero eran reacios a reducir las restricciones por miedo a suscitar el antagonismo de los núcleos tradicionales, como los que yo había conocido en Toa Payoh. Como ponderó, esto era sin duda un ejemplo de «democracia consultiva» en acción.

Con Lee en sus ochenta y tantos, a los singapureños les cuesta imaginar la vida sin el hombre que los ha guiado durante todo el camino desde la independencia. La amplia mayoría de sus súbditos —incluidos aquellos que sé que están en posición de hacer comparaciones bien fundamentadas— han aceptado su argumento de que sólo habiendo actuado del modo en que lo ha hecho Singapur ha logrado tanta disciplina y prosperidad. Es tal el énfasis que se le da a la comodidad del consumo, que las recesiones económicas previas —la crisis asiática de 1997 y el virus SARS de 2003— se vivieron con auténtica conmoción. Si acaso, reforzaron el anhelo de estabilidad política. Muchos hablan de que quieren una prensa más abierta, que sus políticos sean menos autoritarios, pero al mismo tiempo no desean sacrificar ni un ápice de su buena vida: las compras interminables, el cuerno de la abundancia de restaurantes y bares excelentes, los clubes de tenis y de natación, los Mercedes y los BMW.

El gobierno está en apuros. Le preocupa el número de estudiantes educados en Occidente que optan por quedarse largas temporadas en el extranjero tras graduarse. Los repone sin cesar con graduados de China y otros países, pero le gustaría realmente atraer de vuelta a sus conciudadanos. Sabe que ablandarse un poco con la sociedad, ayudaría. Al mismo tiempo le asusta lo que eso podría desencadenar, y trata de relegar cualquier liberalización a unas áreas culturales y económicas específicas. No quiere relajar su control del espacio político y público.

De hecho, los pleitos por difamación han aumentado en los últimos años. Singapur busca constantemente la aceptación internacional de sus instituciones; por eso, que invitase a la International Bar Association (Asociación Internacional de Abogados; IBA, por sus siglas en inglés) a celebrar su conferencia anual en la ciudad en octubre de 2007 se interpretó como un buen gesto. Pocos meses después, el Instituto de Derechos Humanos de la IBA publicó un informe que criticaba el uso de los pleitos por difamación para silenciar a la oposición y la prensa, y expresaba su preocupación por la independencia y la imparcialidad de los jueces en Singapur. En lugar de encarar el problema, las autoridades recurrieron a su acostumbrada mezcla de sanción legal y furia. Lee acusó a las organizaciones de derechos humanos de «conspirar para acabar con nosotros». Afirmó que Occidente se había percatado de que Rusia y China habían estado estudiando el éxito de Singapur, y los miraban como una amenaza creciente.

El debate actual sobre el modelo de Singapur suele reducirse a un marcador de puntos fáciles por ambas partes. Muchos escritores se centran en el estado obsesivo y en el consumidor obsesivo, y no ven mucho más allá. Cuando en 1993 el escritor William Gibson acuñó la frase «Disneylandia con la pena de muerte», causó crispación. Los detractores de Singapur suelen citarla como un buen resumen de su récord en derechos humanos, y los defensores del país como un ejemplo de prepotencia extranjera. La etiqueta de Gibson es clara e ingeniosa. Pero la realidad es mucho más complicada que eso.

¿Conllevará el fallecimiento de Lee una relajación tanto de la esfera pública como de la privada o intentará el gobierno tomar medidas aún más duras? Un argumento a favor de la relajación es el propio interés económico. En una de las raras críticas que se hacen dentro del país, el director gerente del Banco Mundial, Juan José Daboub, advirtió en mayo de 2008 que Singapur sufriría económicamente si no se relajaba. «Un desafío así es la delicada tarea de equilibrar un deseo de orden y estabilidad social —durante muchos años distinguida cualidad del crecimiento de Singapur— con una necesidad de permitir más innovación y creatividad para producir bienes y servicios de alta calidad en una economía mundial más competitiva», afirmó. «La innovación y la creatividad no son, por definición, ni disciplinadas ni ordenadas. Como Singapur mira a un futuro creciente y próspero, para alcanzar el equilibrio adecuado tendrá que gobernar con destreza y probablemente asumir riesgos.»

Mientras la economía de Singapur caía en picado (el crecimiento descendió casi un 20% en el primer trimestre de 2009, el mayor descenso jamás registrado), algunos empezaron a ponderar con más contundencia que nunca que la naturaleza real de su política autoritaria supondría un impedimento para la reactivación. Este argumento, inspirado en expertos como Daboub, era que la economía de Singapur, de corte estatal, era más vulnerable de lo que se admitía oficialmente y que la falta de un debate abierto había exacerbado el problema. Los medios de comunicación, fuertemente controlados, también fracasaron a la hora de vigilar a los dos fondos inversores principales del estado, Temasek y GIC, que terminaron con miles de millones de pérdidas por malas adquisiciones.

Las posibilidades de que la crisis propicie una nueva transparencia parecen ilusorias, al menos de momento. Poco después de regresar de un viaje por el país, escribí un blog para el Guardian con una introducción sobre el debate del «pacto». Lo titulé «El nuevo autoritarismo» y cité los ejemplos de algunos de los países que examino en este libro. Pero mis referencias a Singapur fueron breves. Hablé de las personas que conocía y añadí que «son todos muy versados en política internacional, pero están perfectamente satisfechos con la situación de su país. Yo solía tranquilizarme a mí mismo con la vieja certidumbre de que este modelo no era aplicable a otros estados más grandes y diversos. Ahora creo que eso es incorrecto». Seguí hablando de las crecientes amenazas contra los derechos civiles en países como Rusia e Italia, pasando por el Reino Unido, antes de concluir: «Una forma moderna de autoritarismo, bastante distinto del comunismo soviético, el maoísmo o el fascismo, está naciendo. Se hace brindando un mínimo de buena vida, y una vida tranquila, el anestésico supremo para el cerebro». Al día siguiente llamó el Guardian. El gobierno singapureño solicitaba el derecho a la réplica. Yo no tenía ninguna objeción a que respondiesen a mi artículo —pues, a fin de cuentas, en eso consisten los artículos de opinión—, pero no podía imaginarme ni por asomo qué había hecho para concitarme su cólera. Es más, antes de mandar el artículo mi principal preocupación era que los blogueros me atacasen por ser tan generoso con mi país natal.

Como era de esperar apareció una réplica. Estaba firmada por el alto comisionado del Reino Unido, Michael Teo. Era básicamente una reafirmación de la filosofía del sistema político de Singapur, antes de concluir: «Toda sociedad debe alcanzar su propio equilibrio entre las libertades individuales y el bien común. En Occidente hay algunos, como John Kampfner, que sienten la llamada de ir más allá y convertir a los infieles a la democracia liberal occidental. Pero la prueba real es lo que funciona en el mundo real, con sociedades reales. Venerar el modelo occidental como la única vía y descartar el resto de las soluciones por autoritarias o antidemocráticas, es sin duda el anestésico supremo para el cerebro». Al día siguiente el Straits Times publicaba el artículo íntegro de Teo, bajo el encantador titular «Singapore Ticks Off British Writer» (Singapur regaña a escritor británico).

La rencilla me dejó con una serie de sensaciones contradictorias. Una era el miedo: ¿me impedirían entrar en el país o me detendrían acaso a mi llegada? Otra era la preocupación por mis amigos de Singapur. Varios de ellos me habían enviado las distintas referencias del blog, por lo general sin comentarios. Otra fue la sorpresa. Me había preocupado más que juzgasen el artículo demasiado benévolo con Singapur, en lugar de lo contrario. Esto dio paso a la decepción. ¿Por qué, me preguntaba, no puede Singapur comprometerse? Seis meses después estaba de vuelta en el aeropuerto de Changi, algo nervioso, con motivo de una conferencia académica. Me permitieron pasar, ante una sonrisa forzada del funcionario de inmigración. Todas las personas con las que estuve —políticos, profesores universitarios, periodistas y financieros— mencionaron, un tanto violentos, que habían leído el artículo. Todos nos lo tomamos a risa. Hablé públicamente de mi opinión sobre el «pacto», a lo que siguió una discusión enérgica pero amistosa. En Raffles Bar pasé una agradable velada con un ejecutivo de prensa jubilado. También él lo sacó a colación, con cierto embarazo, pero me aseguró que no había habido nada especial en la forma de tratarme. Este tipo de cosas suceden todo el tiempo, comentó. Como para tranquilizarme, me sugirió que el ministro de Exteriores debía de haber acudido a una de sus «habituales rondas de pensamiento de grupo», en las que se dicta una orden desde arriba y se acata sin discusión. ¿Qué dice esto de la fragilidad de un régimen que sufre un ataque de ira por culpa de cualquier blog? Los regímenes a punto de caer suelen reaccionar radicalmente a las críticas, así que tal vez se esté operando un cambio. Podría ser, pero después de todo lo que he visto, ese cambio se restringiría a la esfera privada y no incluiría la pública. Por lo visto, esto es lo que busca la mayoría de la gente con la que he hablado.

Le pregunté a mi compañero de copas si veía alguna posibilidad de que la cultura de la difamación se suavizase. Ninguna, me contestó. La ley de desacato fue diseñada para proteger la confianza pública en las instituciones del estado, en los buenos y en los malos tiempos. La mayoría —los ciudadanos de Singapur, los negocios internacionales, los gobiernos extranjeros— tienen un interés personal en conservar el statu quo. ¿Por qué si no, sugirió, Singapur lo habría hecho tan bien durante tanto tiempo? Para mí, que me había pasado gran parte de mi carrera tratando de causar problemas a los políticos, este pensamiento era difícil de aceptar.

Más espeluznante aún es pensar que en este mundo hay muchísimas personas que, sin preocuparse por su cultura política, también se han dejado anestesiar con gusto. Singapur será la tierra del equilibrio en su forma más pura, pero ¿no somos todos más singapureños de lo que pensamos?

2

China: El jugador discreto

Con el voto en manos equivocadas, salen elegidas las personas equivocadas que luego manipulan al electorado.

KEVIN AO

¿Qué hay más placentero que pasar una mañana radiante junto al agua, tomando un espresso y escuchando el repique de las campanas de una iglesia? Fue en Portofino, lo que explicará mi sosiego. Sólo que no se trataba del puerto italiano frecuentado por ricos y famosos. Este Portofino es un pueblo artificial construido a orillas de un lago en Shenzhen, una ciudad del sur de China que es un monumento al mercado libre. Para ser exactos, me hallaba en la zona conocida como OCT, Overseas Chinese Town (Ciudad China de Ultramar). El lago que estaba contemplando era artificial; la torre del reloj bajo la que estaba sentado era moderna, pero ¿qué más daba? «Vosotros tenéis el sueño americano, nosotros tenemos el sueño de Shenzhen», dijo mi anfitrión.

Lanciel Cui es la gerente de una importante compañía naviera israelí de esta región de China. A diferencia de muchos chinos, ya ha viajado por todo el mundo. Me deleitó con sus experiencias en las islas Feroe y la ciudad norteña inglesa de Grimsby («¿Por qué —se preguntaba— los colegiales rondan el centro comercial durante el día?» y «¿Por qué todos tienen ese aspecto pálido?»). Sus padres son el vivo ejemplo de la historia china del éxito moderno. Ambos eran de ascendencia campesina; su padre medró y fue nombrado decano de la universidad; su madre ejerció de médico militar. Ninguno reconocería ahora su país. Lanciel es la quintaesencia de una mujer cuarentona con carrera al estilo occidental, una madre soltera que hace malabares para mantener el equilibrio entre su vida y su trabajo. Vuela con regularidad de Beijing a Shangái para asistir a reuniones y se sabe de memoria los horarios de las compañías; intenta asegurarse de que llega a tiempo al último vuelo de regreso a casa siempre que puede. Ella, como todo el mundo en Shenzhen, es una «inmigrante». Cuando Hong Kong, al otro lado del puerto, seguía en manos británicas, este lugar era un apacible pueblecito pesquero. Su población se ha incrementado en unos sorprendentes trece millones de habitantes. Su economía creció una media de 28% al año durante más de dos decenios. A principios de los años noventa, los urbanistas chinos pensaban que los centros económicos principales del país —Shangái y Shenzhen entre otros— tardarían cincuenta años en adelantar a Singapur. Ya ha sucedido. En cuanto a Hong Kong, ya hay planes en marcha para fusionar el «páramo» que en tiempos fue considerado un centro económico mundial con Shenzhen.

Por lo tanto, para mí Shenzhen era el mejor lugar para observar la versión china del pacto. Como primera zona económica libre, fue el banco de pruebas de las reformas económicas de Deng Xiaoping, el laboratorio para la adhesión posmaoísta al capitalismo. A finales de los años setenta, una gira por el sureste asiático fue lo que alertó a Deng de la necesidad urgente de cambio. Le impresionó la modernidad de ciudades como Bangkok, Kuala Lumpur y Singapur. Cuando regresó a China, dijo: «Singapur goza de un buen orden social y está bien administrada. Deberíamos aprovechar su experiencia y aprender a administrar las cosas mejor que ellos».

Desde el momento en que Deng anunció su política de «puertas abiertas» y su programa de «cuatro modernizaciones» —agricultura, industria, ciencia y tecnología, y ejército—, China ha buscado un modo de conciliar el mercado libre con la política a puerta cerrada. El último gran dictador marxista-leninista siguió en el poder, pero sólo tras aceptar el capitalismo.

Lanciel se ha tomado el día libre para hacerme de cicerone. Deseoso de empezar mi paseo por la ciudad, rechazo la oferta de probar un pastel de queso y otras delicias del konditorei estilo austriaco y me monto en su todoterreno. Conducimos por calles cuidadas, flanqueadas de árboles, con carriles bici rojo chillón que no desentonarían en una ciudad alemana de provincias, por delante de urbanizaciones privadas y lujosos apartamentos. Tengo enfrente Window of the World, un parque temático con su Torre Eiffel particular, su Torre de Pisa inclinada y sus pirámides egipcias, además de una estación de esquí cubierta de 4.000 metros cuadrados. Nos lleva una hora larga conducir de un extremo de la ciudad, el moderno centro de Futian, al casco antiguo. Lanciel señala un curioso edificio pequeño a nuestra izquierda. El Skylight Hotel fue en tiempos uno de los edificios más altos de la ciudad. Ahora apenas se situaría en el número cien de la lista. En su día también llegó a indicar los confines de la ciudad; ahora millones de personas viven más allá. Cerca de este edificio hay dos primicias de las que Shenzhen puede alardear: la primera Bolsa de China (ahora hay dos) y el primer McDonald’s (ahora hay más de mil). Pasamos por delante de una foto gigantesca de un Deng sonriente, con el moderno horizonte de la urbe como fondo natural. Lanciel me dice que hace unos años desplazaron varios metros el monumento conmemorativo para ampliar la avenida Shennan. «Ni siquiera después de su muerte se interpuso a la vía del progreso», comenta con una sonrisa.

Todos los días de mi viaje los periódicos de China y Hong Kong incluyen artículos que elogian las maravillas del gran salto al capitalismo para celebrar su trigésimo aniversario. Curiosamente, muchos artículos son apasionantes, una mezcla de rimbombancia y modestia, de anécdota personal y esfuerzo nacional. Cuando luchaba por reafirmar su control en 1991 tras la crisis de Tiananmen, el enfermo Deng pronunció la célebre frase (o eso dicen): «Enriquecerse es maravilloso». Urgió a China a «crear más Hong Kongs». Como mínimo se abrieron dos mil Zonas Económicas Especiales a principios de los años noventa, concentradas en el delta del río Pearl, en la provincia sureña de Guangdong, con Shenzhen en el centro. Con el tiempo se crearon muchas otras ciudades experimentales, motores de un programa económico más extenso y ambicioso con ánimo de lucro que ya se ha realizado. «Algunos deben enriquecerse primero», proclamó Deng, argumentando que las distintas regiones debían «comer en cocinas diferentes», en lugar de meter sus recursos en una «olla común».

Paramos en Coastal City, un centro comercial que sólo lleva abierto nueve meses, el más reciente de los miles de palacios del consumo diseminados por China. Paso por delante de una hilera de tiendas y no veo ni una sola persona comprando. La crisis económica mundial ya ha golpeado a la ciudad, pero los comerciantes intentan que no se note. No quieren perder prestigio. A la hora del almuerzo, en un restaurante taiwanés que da a la pista de hielo cubierta del centro comercial, Lanciel me presenta a su amigo Peter. Su empresa exporta enseres domésticos al mundo entero. Mis anfitriones aseguran que varios miles de fábricas han cerrado en la provincia de Guangdong, más de las que se han reconocido oficialmente. Peter comenta que ahora puede llegar a la cercana ciudad de Guangzhou en poco más de una hora. Antes, el viaje de 150 kilómetros por autopista le habría llevado como mínimo el doble de tiempo.

Peter señala que los precios de los inmuebles en Shenzhen han disminuido hasta un 40%. Un bajón en el mercado era inevitable, afirma. Los precios se basaban en la especulación, respaldada por los funcionarios de los gobiernos locales, muchos de los cuales hicieron dinero rápido. La creación de riqueza ha dependido de varios factores: los préstamos de la banca comercial, la privatización del total de viviendas y, más recientemente, la privatización limitada de la tierra. Peter asegura que, durante cierto tiempo, al gobierno central le ha preocupado la dejadez administrativa en regiones como Guangdong y ha intentado, con resultados limitados, poner a raya a los funcionarios locales. «Beijing vio avecinarse los problemas mucho antes que las jerarquías de Shenzhen y Shangái. Querían que se controlasen mucho más los precios de los inmuebles, pero los políticos se acuestan con los promotores inmobiliarios.» Las cifras confirman su preocupación. Por lo visto, la corrupción entre los «barones rojos» de las regiones le cuesta a China en torno al 15% de su PIB anual. Cerca del 90% de los tres mil hombres de negocios más ricos del país están emparentados con figuras políticas. Más de la mitad de los casos por corrupción que llegan al Tribunal Supremo no acaban en juicio.

Me siento apabullado por la sinceridad de mis dos anfitriones («Todo el mundo sabe qué pasa con la corrupción y los funcionarios locales, pero no hay manera de hacerlo público») y su conocimiento del mundo. Comentan las tendencias comerciales de Wal-Mart y Tesco, la crisis del sector inmobiliario en Estados Unidos y Europa, y sus secuelas en las fábricas de Shenzhen que les han suministrado productos. Hablamos de tipos de interés e inflación («Nuestro gobierno dice que tenemos un 5% de inflación, pero en cuanto echas un vistazo por ahí te das cuenta de que se han inventado las cifras»). Aquí no existe la sensación de aislamiento, más bien lo contrario. Y, sin embargo, no importa lo mucho que se critiquen las prácticas del Partido Comunista, sobre todo del partido local; no ven muchas razones para cambiar el statu quo político. «¿Cómo ves posible darle el voto a 800 millones de campesinos analfabetos y esperar al mismo tiempo que el país siga siendo pacífico y estable?» He oído esta cantinela una y otra vez durante mis viajes.

Reanudamos nuestro circuito y Lanciel me enseña algunos de los edificios modernos más sorprendentes de Shenzhen. En materia de ayuntamientos, nunca había visto nada parecido al Citizens’ Plaza, una estructura de vidrio que ocupa una manzana entera, con un techo que ondula como una ola. Los barrios periféricos de Boaon y Longgang, al norte, no cuentan con semejantes delicias; sólo hay almacenes y fábricas de hormigón que escupen humo espeso.

Lo que queda del campo ha sido destruido. El suelo parece una mezcla de barro, arena y maleza. A varias colinas que rodean a estos gigantes industriales las han desmochado para rellenar el terreno ganado al mar. Durante este periodo la consigna fue: Shenzhen no debe dejar de crecer. Riqueza o aire puro: en la precipitada carrera a la modernización, la consigna fue que no se podía tener ambas cosas. El gobierno escogió por los ciudadanos. En la actualidad la crisis económica tiene sus compensaciones. El cielo está mucho más limpio ahora, me dice Lanciel, porque ha caído la producción. Me cuenta que hasta pocos días antes de vernos, llevaba meses sin ver el sol. El coste del crecimiento acelerado de China es evidente desde hace tiempo. El Banco Mundial calcula que en la última década cerca de 750.000 personas han muerto prematuramente todos los años a causa de la contaminación. Según la entidad, los costes sanitarios por daños medioambientales suman en torno al 5% del PIB. En su lista de las veinte ciudades del mundo con la atmósfera más contaminada, dieciséis están en China. La mayoría de las personas con las que he hablado se guían por su experiencia personal, no por las declaraciones oficiales ni las estadísticas extranjeras.

Nos paramos en un semáforo en medio de esta jungla industrial. Al otro lado de la carretera una docena de obreras jóvenes, todas vestidas con los mismos petos rojos, emergen de una mole industrial y cruzan una peligrosa autopista de cuatro carriles para alcanzar la parada del autobús. Aquí está el epicentro del «milagro de Wal-Mart», la revolución de alta producción con poco margen de ganancias que ha brindado una riqueza sin parangón a China y unos artículos de precios irrisorios a Occidente. En pleno auge de la producción barata, la mitad de los pantalones vaqueros del mundo, los aparatos de aire acondicionado, el mobiliario, los textiles y el calzado se fabricaron aquí. La relajación del antiguo sistema de permisos de residencia —en chino hukou— fue un factor decisivo. Hubo un éxodo rural de más de cien millones de personas a las zonas urbanas. En su momento álgido, se dice que Shenzhen acogió a ocho millones de trabajadores temporales inmigrantes. A mediados de la década, algunos empezaron a organizarse para constituir sindicatos oficiosos y protestar contra las condiciones de vida. En parte como consecuencia de la agitación social y en parte para responder a las preocupaciones internacionales de los consumidores sobre la explotación laboral en fábricas, una nueva ley laboral aprobada en enero de 2008 aumentó el salario mínimo.

Luego cayó la demanda del consumidor en Occidente y, en consecuencia, se redujeron bruscamente las exportaciones de las que China y esta región dependían sobremanera. Los oriundos insisten en que los patronos más displicentes de Shenzhen no son de la región, sino de Hong Kong y Taiwán. Se han registrado varios casos de propietarios de fábricas que de la noche a la mañana han dejado sin trabajo a sus obreros por cierre patronal y luego han desaparecido de la jurisdicción legal de China. Sin empleo ni indemnización, los trabajadores no tienen otra alternativa que volver al campo. A principios de 2009 unos 600.000 trabajadores emigrantes de la provincia de Guangdong fueron obligados a marcharse, según los datos oficiales. La Academia China de Ciencias Sociales calculó en torno al 10% el índice creciente de desempleo urbano; más del doble de los datos publicados por el gobierno. Dada la propensión a restar importancia a los problemas, estos porcentajes podrían ser sensiblemente más elevados.

El cálculo más reciente de «incidentes masivos», el eufemismo oficial para las protestas, asciende a 87.000 al año. Aparte de un pequeño número de excepciones, casi todas las protestas se asociaron a quejas específicas, como la pérdida de empleo o preocupaciones relativas a la corrupción o la explotación. No tenían un tono abiertamente político. Los funcionarios están nerviosos, pero tienen interés en explicar los últimos sucesos. A mediados de los años noventa, durante la rápida liberalización de la economía que introdujo el primer ministro Zhu Rongji, las empresas estatales despidieron aproximadamente a cincuenta millones de sus empleados. Se desataron protestas, pero al final la cosa quedó en agua de borrajas.

El partido emite públicamente una serie de mensajes. La estrategia informativa del gobierno es tenaz, pero también sutil y sofisticada. Parece que los medios de comunicación centrales controlados por el gobierno hacen poco por minimizar las protestas. La explicación que me dan es que todo esto tiene menos que ver con el principio de la libertad de expresión que con el oportunismo. Los medios nacionales han actuado así para demostrar la perfidia de los administradores locales y la necesidad de que el gobierno central tenga controlados a los funcionarios corruptos en el interior del país. Pero hay otro mensaje que apunta directamente al meollo del pacto entre el Partido Comunista Chino y la clase media. Si valoras tus nuevas comodidades, no apoyes al populacho. Tus condiciones de vida sólo estarán garantizadas mediante el control central, que no debe cuestionarse, sobre todo en tiempos revueltos. Durante años, el crecimiento anual superó el 9%. Como ambas partes empezaban a asumirlo como algo natural, no cabía la posibilidad de que la crisis repentina de 2008-2009 intranquilizase a la población. Pero la inseguridad no puede ser un factor de cohesión social tan fuerte como antes lo fuera el optimismo.

Cuando Hurun, un instituto de investigación que edita una revista de tendencias, elaboró su primera «lista de ricos» chinos en 1999, exigía una fortuna personal de apenas seis millones de dólares para situarse entre los cincuenta primeros. Cuando publicó su informe en 2007, incluyó a quinientos individuos y el requisito mínimo se fijó en cien millones de dólares. Pero lo que resulta más impactante aún es el aumento radical del número de multimillonarios: según Hurun, el número de multimillonarios pasó de ser siete en 2004 a ciento seis. Por debajo de este nivel, una nueva clase de millonarios empezó a expandirse rápidamente. En 2008, en el punto álgido del boom, China contaba con 451.000 personas con un millón de dólares en activos disponibles. Esto la convertía en el país del mundo con más millonarios en términos reales. Con la desigualdad también entre las más altas del mundo, los jefazos del partido no se habían olvidado de las ramificaciones sociales. Ya en 2005 la prioridad, como se fijó en el undécimo plan quinquenal, era el «desarrollo científico»: la idea de que la calidad del crecimiento era tan importante como la cantidad de crecimiento, de que había que afrontar las desigualdades dentro de las regiones y entre las regiones. A la exhortación de Jiang Xemin de construir la «sociedad acomodada», xiaokang shehui, siguió el movimiento hacia la «sociedad armoniosa», hexie shehui. La nueva generación de súper ricos chinos adoptó un perfil público más modesto que sus homólogos rusos; mantenían sus lujos apartados de la vista del resto de la población. No es que su poder adquisitivo fuese menor, pero los ricos de China tenían que aceptar otra condición: ojo con alardear de tus riquezas, y que vean que contribuyes más a la sociedad común.

El terremoto de la provincia de Sichuan les dio una prueba de este calado. Una semana después del desastre de mayo de 2008, Hurun calculó que los cien más ricos del país ya habían donado 120 millones de dólares en conjunto. Como en Rusia, como en Singapur, como en tantos países, los que habían triunfado en China sabían lo que debían hacer para congraciarse con las autoridades. Se aseguraron de no exponer sus libertades privadas recién adquiridas a ninguna tentación de interferir en la vida pública.

El equilibrio chino es el más fácil de comprender. Visité por primera vez el país a mediados de los años ochenta. A la sazón se seguía controlando estrictamente la vida en casi todas sus facetas. La población casi no podía escoger dónde vivir, qué clase de trabajo buscar y, en algunos casos, qué ropa vestir o con quién contraer matrimonio. Para las clases medias (pero ni de lejos para el resto) todo esto terminó hace tiempo.

Estas libertades no son triviales. Son las que se experimentan día a día. Poseen un significado y un valor, sobre todo si no se han experimentado antes. Muchos chinos han adoptado los símbolos omnipresentes del lujo que la globalización les ha traído: Armani, Mercedes y golf. Shenzhen está en la vanguardia del encaprichamiento asiático con el deporte, y no permitiría nada que sólo fuese número dos. La ciudad cuenta como mínimo con una docena de exclusivos clubes de golf, atractivos jugadores de toda Asia y fines de semana o vacaciones hechos a medida. El Mission Hills Golf Club es el más grande del mundo e incluye nada menos que doce campos diseñados por algunos de los jugadores profesionales más célebres del mundo, ocho restaurantes, un hotel, residencias privadas y dos piscinas.

Como no tengo mucho interés en el deporte, comprobé con una mueca que el destino de mi última reunión del día era el Noble Merchant Golf Club. Lanciel me comunica que su cuñado, abogado, ha reunido a varios amigos y contactos de trabajo para celebrar una cena en mi honor. Nos conducen a un salón de banquetes que da a uno de los hoyos. De camino, agarro un folleto de la recepción: «Otra superioridad [sic] de NM Golf es el completo sistema de iluminación para los 18 hoyos. Este sistema transforma la noche en día para que los socios ocupados puedan disfrutar del golf cómodamente y convenientemente siempre que tengan tiempo libre». Y sigue: «Conviene saber que el State Guest House de NM Golf es la primera casa club lujosa de Shenzhen, que sólo sirve en banquetes de gala».

Me recibe nuestro anfitrión, Wang Heping, de la Shenzhen Lawyers Association. Hombre afable y jovial, me presenta a los invitados reunidos, que me esperan en la terraza de nuestro comedor privado. El grupo se compone de varios periodistas de la prensa local, dos industriales, un gestor de activos, un arquitecto, un catedrático de filosofía de la Universidad de Nanking que ha venido especialmente para la ocasión y dos personalidades ya jubiladas del Shenzhen Municipal Bureau of Culture. La reunión no tiene un comienzo feliz. Intento hacer una broma poco acertada sobre el fútbol como lenguaje internacional, que los demás invitados se esfuerzan por reírme. El señor Wang entra sin más rodeos en materia y me pregunta mi opinión sobre el estado actual de China. Contesto que no voy a aventurar ninguna opinión, pues estoy allí para observar. Como mi respuesta no se considera del todo satisfactoria, expongo lo que pienso del «pacto». ¿Hasta qué punto estaban ellos preparados para sacrificar sus libertades a cambio de prosperidad y seguridad? A partir de este punto y con ayuda de un buen vino tinto, la velada despega.

La conversación es una mezcolanza de apasionamiento, filosofía y socarronería. Hablamos de la importancia de la familia, la elección de Barack Obama, la crisis mundial y sus posibles remedios. Uno de los invitados ve con pesimismo el panorama económico de China. «Todos esperan ciegamente una recuperación. Piensan que el barco tiene un agujerito. Pero va a hacer agua antes de que se den cuenta.» Por lo visto, las metáforas navales están de moda, y hay otra que se usa para hablar de la reforma política: «Esto es como un largo crucero por el océano. No hay un destino. Debemos escuchar a los pasajeros». Yo interpreto esto último como la reivindicación de una mayor democracia, pero como no estoy del todo seguro, les presiono para que hablen del enfoque occidental de los derechos civiles y su aplicación en China. «Eso es un dilema para la gente como nosotros», dice uno. «Conocemos el valor de la democracia y la libertad, ¿pero cómo las logramos?.» Otro calcula que China adoptará los «valores universales de los derechos humanos, la democracia y esa clase de cosas de aquí a diez años», antes de añadir: «No creemos en fundamentalismos. Somos más oportunistas y pragmáticos».

Sólo ocasionalmente se permite la intromisión del nacionalismo. La cena coincide con una cumbre de emergencia del G-20 en Washington para discutir sobre la crisis económica. Todos estamos de acuerdo en que este hecho marca el primer reconocimiento oficial —aunque tardío— del lugar que ocupa China entre los gigantes económicos. En este punto el arquitecto saca un fajo de papeles y se dispone a leer un discurso preparado. Los otros se mofan de su formalidad, pero nadie quiere negarle su momento. Habla de la humillación de China a manos de las potencias extranjeras y de que «no habríamos soñado ni por asomo con una vida así hace diez años». La prosperidad de la economía se ha debido, no a la apertura de la reforma política, sino a la naturaleza del pueblo chino, su capacidad emprendedora y su laboriosidad. Era injusto que otros países dictasen cualquier actuación sobre China, en especial restricciones medioambientales que frenarían su crecimiento. «El mundo es pequeño; sus recursos son limitados. Vosotros [Occidente] ya habéis devorado gran parte de los buenos alimentos.» Pensé para mis adentros que esto era una variación de otra que había oído en esa línea: «Estados Unidos come hoy el almuerzo de mañana. China come el almuerzo que no comió hace ciento cincuenta años».

Hablando de comidas, mientras el arquitecto pronuncia su discurso, yo me armo un lío para conseguir extraer algo de un centollo extremadamente caro. Mi vergüenza disminuye un poco cuando uno de los invitados interrumpe la conversación para decir: «La reforma china es exactamente así: delicada, difícil y liosa». Todo el mundo se echa a reír. El ánimo decae otra vez cuando se pasa al tema de la identidad de la China moderna. «No sabemos quiénes somos», señala uno de los periodistas. «La gente intenta creer en algo.» Los chinos, afirma, están «atrapados en la transición». Está citando el título de un libro que un profesor chinoestadounidense, Minxin Pei, impulsor del debate sobre el equilibrio político y económico, escribió en 2006. Pei afirma que el fuerte crecimiento económico ha disminuido la posibilidad de que se lleve a cabo una reforma política. Mediante un proceso de «adaptación intolerante», las élites dominantes han afianzado su poder, y seguirán haciéndolo. Otro de los invitados se vuelve hacia mí y añade: «Somos diferentes de vosotros. Somos un rebaño de ovejas; seguimos la hierba espesa y el látigo de nuestros gobernantes». Para terminar, uno de los reunidos, que hasta ese momento no había hablado, expresa un pensamiento breve: «Lo único que nos queda son nuestras tradiciones, y la única tradición que nos queda es la familia». Durante la cena, todos los asuntos son tratados con convicción y rebatidos con igual convicción por todos los comensales. Hasta los hombres de la oficina local de cultura se desinhiben y participan. Después se habla de los Juegos Olímpicos, que se ven por abrumadora mayoría como un gran despliegue de profesionalidad y orgullo chino. No tanto, dice un invitado. «La ceremonia de apertura tal vez no fuera comunista, pero sí colectivista. Nos sentimos avergonzados, humillados. Fue demasiado disciplinada.»

Se ha hecho tarde en la noche. Nos despedimos con apretones de manos y abrazos. Mientras me lleva a nuestro automóvil, mi anfitrión, el señor Wang, me pregunta mis impresiones. Le digo que la velada me ha parecido notable por su franqueza. Le indico que no citaré a ninguno de los presentes por su nombre, sólo por seguridad. Me dice que no había pensado en eso, pero no protesta. Le pregunto cómo ha organizado la reunión. Me dice que había invitado a tres o cuatro y les había pedido que trajesen a conocidos suyos. En otras palabras, todos hablaban sin saber si podían confiar o no en los demás. «Hablamos sin tapujos en nuestros círculos cerrados, pero nunca en reuniones formales como éstas.» Para él y sus amigos es una incursión en lo desconocido, una ruptura con lo convencional que les ha dejado satisfechos y con un sentimiento de seguridad. Insiste en que le agrada que la reunión haya tenido lugar. No estoy seguro de si creerle, pero por motivos personales me agrada mucho que haya sido así.

En Beijing, pese a todos los intentos superficiales de que la ciudad sea cosmopolita, hay más cautela cuando se departe de política. Esto no es sorprendente en absoluto, puesto que se trata de la sede del poder, y están en juego las ambiciones de muchas personas con las que he hablado, que un exceso de crítica no les ayudaría a lograr. Estoy sentado en la cafetería Zi Guang, cerca de la entrada este de la Universidad Tsing Hua, con un grupo de media docena de intelectuales. Una, profesora de literatura y traductora de la Central Communist Party School, se ha traído su portátil para la conversación, lo cual me desconcierta un poco. ¿Está subiendo a un blog la conversación (en cuyo caso, bien)? ¿O la está apuntando para uso oficial (en cuyo caso será difícil que mis interlocutores se abran al debate)? Cuando pasamos al tema de la economía, la conversación es sincera. El grupo habla de amigos que han perdido dinero en el mercado bursátil de Shangái (que a estas alturas ha recortado dos tercios de su valor). Una persona cuenta que un amigo suyo vendió su casa para invertir en acciones hace varios años. Para algunos como él, era un riesgo calculado. Para otros se convirtió en un fondo de seguridad social, del que ahora se ven privados.

Durante años el avance de China en el mundo se ha seguido con temor desde Occidente. A mediados de la década, gracias a sus fondos soberanos de inversión, el dinero chino alcanzaba zonas de Estados Unidos que el gobierno estadounidense ya no podía alcanzar. En 2007 China había acumulado la sorprendente cifra de 1,2 billones de dólares en reservas de divisas para invertir, gran parte de las cuales se colocaron en tesorerías estadounidenses o bonos del estado. Esto se hizo, en parte, en combinación con fondos de Singapur, a medida que los vínculos entre ambos gobiernos crecían. Sólo entre 2006 y 2007 la participación china en el capital social empresarial de Estados Unidos se había multiplicado por dieciséis. En las mentes de algunos políticos estadounidenses el auge de China era tan peligroso como lo había sido el de Japón en los años setenta y ochenta. Se bloquearon acuerdos específicos; se fijaron tarifas a precios prohibitivos. En 2005 el Congreso aseguró que se había cancelado la absorción del gigante de la energía Unocal por parte de la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). También se bloqueó el intento posterior de comprar la firma de telecomunicaciones 3Com, por temor a que Beijing tuviese acceso a la tecnología militar sensible estadounidense.

Al principio las incursiones chinas en las economías occidentales eran bien vistas en el país. Pero cuando se torcieron los resultados, se desató una reacción en contra. En mayo de 2007 China invirtió 3.000 millones de dólares en la compañía de capital de inversión Blackstone, con base en Nueva York. Que el estado comunista comprase en una de las grandes empresas en alza de Wall Street, con la esperanza de gestionar con más profesionalidad sus inversiones, fue una imagen simbólica fuerte. En cuestión de semanas, no obstante, sus acciones cayeron en picado. Los blogueros se lanzaron a las críticas en masa y las autoridades no hicieron nada para detenerlos, lo que dejaba entrever cierta tolerancia hacia la discusión abierta expresada en términos patrióticos. «Las reservas extranjeras son el producto del sudor y la sangre del pueblo de China, por favor inviertan en ellas con más cuidado», proclamaba un comentario en sina.com, una página web muy visitada. Pese a todo, el debate en los medios de comunicación sobre la economía fue relativamente abierto.

Cuando pasamos del asunto de las finanzas al de la política, mi grupo universitario se vuelve más circunspecto. Un joven que acaba de volver de pasar un año en Cornell insiste en que China puede seguir «combinando el modelo económico y social colectivista con cierto grado de consumismo» (una variación sobre la idea consolidada de economía de mercado + leninismo). Les comento que vengo de curiosear en una librería cercana donde he encontrado las obras completas de Milton Friedman al lado del presidente Mao en el mostrador. Les parece normal. De modo que les pregunto si detectan algún vínculo entre la comodidad material y las demandas de una mayor libertad. «Por supuesto», contesta una. «La riqueza conduce a exigir más autonomía personal», continúa, antes de añadir enseguida que este asunto debería y podría incluirse en un debate del Partido Comunista.

Los estudiantes admiten que intercambian información con sus amigos sobre las maravillas de la técnica que permiten burlar los últimos cortafuegos de internet. Sin embargo, insisten en que es mejor que se mantengan ciertos controles por el bien de la estabilidad social, y añaden que, de relajarse la censura, redundaría en beneficio de una eficiencia y probidad mayores. «Necesitamos transparencia informativa para mejorar nuestro sistema de responsabilidad y la campaña anticorrupción y detectar errores en las decisiones.» Desarrollan el argumento echando mano de proverbios: «¿Cómo se cura un paciente a sí mismo?». Y este otro: «¿Cómo correrá una caballo más deprisa si es el único de la carrera?».

Su solución, por lo que veo, estriba en un arte de gobernar pragmático, una variación de las elecciones entendidas como forma de plebiscito, a la manera de Singapur, o un simple indicador del funcionamiento del gobierno. De este modo, la democracia se define puramente como una responsabilidad tecnocrática. El foro de estas valoraciones se basa en estructuras sancionadas oficialmente: consultas públicas, reuniones de expertos, estudios y, sobre todo, discusiones internas del partido que puedan dar cabida a distintas perspectivas. Todo ello puede resumirse con el concepto de «democracia deliberativa», tan de moda en los círculos intelectuales chinos.

¿Puede lograrse esto a través de un partido único? La dirección comunista todavía tiene que incorporar la «suave» infraestructura institucional que, en mayor o menor medida, figura en los sistemas occidentales: tribunales independientes, derechos de propiedad claros, una prensa libre, sindicatos independientes, una forma de gobierno empresarial efectiva, leyes transparentes contra el monopolio, una investigación intelectual libre e incluso un sistema de bienestar que funcione bien. Mis interlocutores estudiantes están convencidos de que China adoptará estos mecanismos, pero puede absorberlos en el sistema actual. Usan como punto de referencia el terremoto de Sichuan. «No podríamos haber reaccionado tan deprisa como lo hicimos de haber tenido una democracia multipartidista. Este desastre natural volvió a despertar nuestra confianza en la necesidad de cohesión, que sólo puede proporcionar el modelo colectivista», me explica uno de ellos. Comparan Sichuan con el huracán Katrina. Al cabo del rato citan también la respuesta de las autoridades indias a los ataques terroristas de Mumbai.

La tragedia de Sichuan marcó un momento importante. Reflejó las distintas contradicciones en juego, cuando las autoridades chinas luchaban por seguir el ritmo de la apertura social y de las demandas de la tecnología digital. Empezaron como siempre, tratando de minimizar la amplitud del daño y evitar una cobertura informativa sobre el terreno. Con los Juegos Olímpicos a tan sólo tres meses de distancia, el gobierno tenía especial interés en controlar el mensaje. Sin embargo, cuando empezaron a proyectarse reportajes y vídeos en todo el mundo a través de internet, antes de la mínima posibilidad de censurar la información, poco a poco la estrategia se vino abajo. Las autoridades transigieron enseguida y, para su sorpresa, comprobaron que las consecuencias inmediatas resultaron ser lo contrario de lo que temían. La imagen del primer ministro Wen Jiabao con sus zapatos gastados y su traje desvaído trepando por los escombros para reunirse con las víctimas y exhortando a los servicios de urgencia a que se esforzasen al máximo fue un golpe de efecto instantáneo. El «abuelo Wen» se convirtió en el rostro mundial de la tristeza de China. Por unos instantes se volvió de mal gusto criticar a China, como averiguó la actriz Sharon Stone cuando insinuó que el desastre se había debido al mal «karma» del historial en materia de derechos humanos de su gobierno. Wen visitó varias veces la zona afectada. Incluso abrió su propio espacio en Facebook, que acabó siendo uno de los más visitados de este tipo.

Las imágenes del temblor cuidadosamente seleccionadas para las noticias ayudaron a reforzar el sentimiento de solidaridad nacional en 2008, uno de los años más importantes de la historia moderna de China. Por todo Beijing y otras ciudades aparecieron anuncios publicitarios en los costados de los autobuses y en las estaciones de metro con la imagen de un oso panda o una chica guapa junto al eslogan: «Gracias a ti, Chengdu será mejor». Sin embargo, a medida que aumentaron las críticas contra las medidas que se estaban aplicando a largo plazo, se endurecieron de nuevo las restricciones sobre la cobertura informativa. El Ministerio de Propaganda dictó directrices a las agencias de noticias controladas por el estado para que prohibiesen ciertos temas, entre los que figuraban los asuntos sobre la construcción de escuelas, si los esfuerzos de rescate del gobierno habían sido demasiado lentos y si Beijing había previsto el terremoto pero no avisó a tiempo a los habitantes (como afirmaban los rumores). Se impidió que varios grupos de padres afligidos, que habían perdido a sus hijos únicos en el derrumbe de una escuela, viajasen a Beijing para presionar al gobierno. A los periodistas que preguntaban demasiado les dijeron que «hiciesen hincapié en la publicidad positiva» y «apoyasen la unidad, la estabilidad y el ánimo general».

No hablé con casi nadie que estuviera contento con la gran dosis de censura de los medios de comunicación, aunque las alternativas sugeridas variaban considerablemente. Los miles de periódicos, revistas, programas de radio y televisión de todas las provincias de China están bajo la mirada vigilante del partido, en mayor o menor medida. (En los últimos años la prensa económica ha sido la más dinámica y sincera.) Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en el mes de diciembre de 2008 había veintiocho periodistas encarcelados en China, el mayor número del mundo (seguido de Cuba). Las condenas más comunes son por divulgación de secretos de estado, subversión y difamación; acusaciones empleadas con frecuencia para silenciar a los críticos más sinceros.

En la actualidad la mayor preocupación del partido es internet. En 2008 China superó a Estados Unidos en número de usuarios: más de 200 millones de asiduos en el último sondeo. Las autoridades han intentado bloquear los debates delicados mediante filtros por palabra clave y un ejército de «niñeras virtuales» empleadas por portales y proveedores de servicios. Cien mil monitores o «polis cibernéticos» manejan este «gran cortafuegos de China». Suelen bloquearse páginas web extranjeras, desde la BBC hasta la Wikipedia. El gobierno ha desarrollado una de las tecnologías más sofisticadas del mundo para localizar páginas web peligrosas y desarrollar algoritmos que eliminen mensajes publicados que incluyan palabras como «democracia», «Dalai Lama» o «masacre de Tiananmen». Ambas partes juegan a un elaborado juego del gato y el ratón, en el que los usuarios más listos encuentran formas de burlar los bloqueos oficiales. Una técnica inteligente consiste en usar software en línea para transformar en vertical la escritura china, en lugar de horizontal. Esta triquiñuela frustró los detectores de palabras clave durante un tiempo. Uno de los trucos del estado es usar a miles de comentaristas contratados, que fingen ser usuarios normales, para rebatir las críticas del gobierno. Son conocidos entre los blogueros independientes como «miembros del partido por 50 céntimos», por la pequeña suma de cincuenta céntimos chinos que, por lo visto, les pagan por mensaje publicado.

A veces el gobierno central anima a los blogueros a que descarguen la bilis. El gobierno ha permitido que aflore una sensación de «poder del pueblo», el cual hace las veces de vigilante contra las fechorías de los funcionarios locales. Esto refuerza la credibilidad de las autoridades federales que actúan deprisa para castigar a los sinvergüenzas. En una ocasión apareció en la red una fotografía en apariencia inofensiva de un funcionario de vivienda de Nanjing. Los blogueros con ojo de lince detectaron enseguida en su muñeca el reloj suizo de 15.000 dólares. Dos semanas después le despidieron luego de que los investigadores determinaran que había llevado un tren de vida demasiado elevado para ser un funcionario público con un sueldo modesto.

La frontera entre el espacio público y el privado es la raya divisoria que define y determina la libertad en China. Esta línea cambia sin cesar y desafía las etiquetas fáciles. Muchos estudiantes con los que he hablado se sentían frustrados por los esfuerzos de censura de las autoridades y que ellos consideran agresivos y desesperados. Sin embargo, les gusta señalar que el torrente de información ahora accesible en internet ha aportado a muchos jóvenes chinos urbanos una sensación de libertad con la que sus padres nunca habrían soñado. Les molesta que se insinúe que les han lavado el cerebro o que su acceso a la información es mucho menos completo que en Occidente.

Para la politóloga Anne-Marie Brady, los principales publicistas de China han estudiado las teorías de «fabricando el consenso» de Edward Bernays, considerado el creador de las relaciones públicas modernas, y Walter Lippmann. En su fecundo libro de 1922, La opinión pública, Lippmann dijo que la democracia y los medios de comunicación funcionaban a medio gas y que el «rebaño aturdido» era incapaz de llegar a conclusiones inteligentes por iniciativa propia. A este rebaño, postulaba, debe gobernarlo «una clase especializada». Esta clase se compondría de expertos, también conocidos como élites, cuya función sería sortear el defecto primario de la democracia, el imposible ideal del «ciudadano omnicompetente». Brady muestra cómo los gobiernos dictaminan los asuntos que son discutibles y los que son intolerables. Se sitúan, entonces, fuera del perímetro. El estado interviene en todos los niveles de la jerarquía mediática a través de un sistema de orientación informativa, examen de las noticias una vez publicadas y recompensa y castigo. Su herramienta más eficaz es más un invento tradicional chino que algo importado de Occidente, una regulación del tipo «sabes a qué nos referimos» que permite la experimentación, tolera la ambigüedad y luego castiga retroactiva y arbitrariamente. Es el modelo de Singapur adaptado a una población más numerosa, que pone menos énfasis en los pleitos por difamación (los acusados en China dispondrían raras veces del dinero para pagar) y más en otras formas de sanción, desde la presión ejercida por los compañeros hasta el encarcelamiento.

Luego están las vías de escape culturales. En muchos aspectos Beijing es más vanguardista que Singapur y otras ciudades asiáticas. Un paseo por la zona de Sanlitun da fe del colorido mundo de las artes visuales y la música, las librerías a rebosar de gente o la elegante ropa urbana de diseño, entre otras cosas. En el mundo universitario, varios profesores con los que he hablado que han trabajado en Asia me dijeron que habían gozado como mínimo de tanta libertad para sus investigaciones en la capital china como en cualquier otro sitio. Esto es abrirse con un objetivo distinto, como escribe el veterano observador de China Andrew Nathan: «Esta zona franca apenas patrullada no es la antítesis, sino la gemela de la campaña permanente sobre la frontera política, donde los pocos que insisten en poner a prueba al régimen son marginados de la cultura y por lo general ignorados».

Pero este grifo se cortó descaradamente en el periodo previo a los Juegos Olímpicos y durante los mismos. En 1993 China se avergonzó ante el mundo cuando su candidatura a los Juegos en el año 2000 se fue al traste por las denuncias públicas de su violación sistemática de los derechos humanos. Cuando volvió a presentarse en 2008, el gobierno chino prometió que se «abriría en todos los aspectos» y mejoraría los derechos civiles. Lo que no fue sino una maniobra para salvar las apariencias de todos los implicados. La comunidad internacional pudo declarar que estaba trabajando por los derechos humanos universales, aunque se sabía de sobra que la mejora económica de China era la auténtica razón del cambio de actitud hacia ella.

En muchos aspectos, el sistema chino se había adaptado como nadie a tamaña empresa. Sin restricciones presupuestarias, licitaciones transparentes y una ingente y dócil mano de obra inmigrante, las autoridades finalizaron a tiempo no sólo las treinta y una canchas olímpicas, sino también tres nuevas líneas de metro y el aeropuerto con la terminal más grande del mundo.

Con tanto quehacer, el gobierno pensó que las manifestaciones de disconformidad de aquel periodo eran poco eficaces e inofensivas. Intensificó la represión para garantizar el «orden». Los grupos defensores de los derechos humanos denunciaron el encarcelamiento de activistas que hacían campaña por distintas causas, desde los derechos de la tierra hasta el sida. Condenaron a varios disidentes a «tareas de reeducación» y los enviaron a la cárcel sin juicio. Detuvieron a varios ciudadanos comunes que habían usado el método tradicional y autorizado de presentar demandas locales. Las detenciones por «poner en peligro la seguridad del estado» batieron su récord en ocho años. Los abogados que defendiesen a los activistas en los tribunales se exponían a ser detenidos, golpeados y amenazados. «Teníamos la esperanza de que los Juegos Olímpicos actuasen como catalizadores de la reforma, pero gran parte de la ola represiva actual contra activistas y periodistas no se mantiene al margen de los Juegos, sino precisamente a causa de ellos», informó Amnistía Internacional.

Los chinos asumieron que con tanta política mundial e inversión empresarial ya asignada a los Juegos de Beijing, los gobiernos occidentales harían oídos sordos a las protestas. Tenían gran parte de razón, pero no toda. Hubo una serie de incidentes muy embarazosos. Pero al final Occidente hizo lo que suele hacer. Era el peaje que había que pagar.

A principios de año el director de cine Steven Spielberg dimitió como consejero artístico de los Juegos Olímpicos en protesta contra el papel de China en la crisis humanitaria de Darfur. Desde hace tiempo China ha hecho caso omiso de la preocupación internacional sobre su apoyo al gobierno tiránico de Sudán, que está acusado de fomentar un conflicto en el que al menos 200.000 personas han sido asesinadas y dos millones expulsadas de sus hogares. Spielberg declaró que ni él ni otras estrellas de Hollywood tendrían nada que ver con la «Olimpiada del genocidio». Esta condena no estaba fuera de lugar, pero había grupos defensores de los derechos humanos que se sentían igual de frustrados por la escasa respuesta de Occidente al conflicto.

El Tíbet es otro asunto por el que China se ha visto sometida a un prolongado examen. En marzo de 2008, cinco meses antes de los Juegos, las fuerzas de seguridad chinas dispersaron a unos trescientos monjes budistas que se habían manifestado en la capital, Lhasa, para conmemorar el aniversario de la revuelta fallida de 1959. Más de mil tibetanos fueron detenidos. El gobierno chino afirmó que los amotinados habían asesinado a diecinueve personas como mínimo. Los exiliados tibetanos afirmaban que los soldados habían asesinado a docenas de civiles. Muchos chinos protestaron furiosos contra la cobertura informativa occidental, o contra lo que les contaron de la cobertura. En la pantalla del Messenger, uno de los mensajes más recurrentes era «Amo a China», junto con «Odio a la CNN».

Lo que se vio a continuación en las calles de las capitales europeas alimentó esta postura. En Londres, el 6 de abril de 2008, unos manifestantes interrumpieron el paso de la antorcha olímpica cuando cruzaba la ciudad. Las escenas de París al día siguiente fueron todavía más caóticas. El gobierno chino estimuló un clima de orgullo patriótico herido. A muchos chinos les habían dicho que la televisión occidental había manipulado deliberadamente la cobertura informativa. Una estudiante me divirtió con el siguiente comentario sobre la cobertura informativa que la BBC hacía del Tíbet: «También lo podría haber escrito el Dalai Lama». Otra, que se encontraba estudiando en Londres el día de la protesta de la antorcha, dijo que había participado en una contra-protesta organizada por chinos a favor del gobierno. «Éramos miles defendiendo a nuestro país, pero sencillamente desaparecimos de vuestras pantallas.» Hizo oídos sordos a mis protestas de que tal vez la habían informado mal.

Aquél fue un periodo crucial para los gobiernos occidentales. ¿Debían posicionarse sobre los derechos civiles? ¿O no debían gastar la pólvora en salvas para no arriesgar la relación comercial y estratégica con la tercera economía más potente del mundo? Al final hicieron un poco las dos cosas, intentaron frustrar a los grupos defensores de los derechos humanos y encolerizar al gobierno.

La canciller alemana Angela Merkel provocó la ira general al entrevistarse con el Dalai Lama en Berlín. Su predecesor, Gerhard Schröder, dijo acerca de esta decisión: «Ciertas situaciones recientes han herido los sentimientos del pueblo chino, y lo lamento». Pronunció estas palabras durante un seminario en Beijing titulado «El desarrollo de China y la armonía en el mundo». En el plazo de un año las relaciones habían vuelto a la normalidad, luego de que Merkel consolidara su asistencia a los Juegos Olímpicos con otra visita a China. El británico Gordon Brown parecía hacerse un lío constante. Durante su primera visita a Beijing dio casi prioridad exclusiva al comercio, mencionando vagamente el asunto de los derechos humanos. Cuando se intensificaron los disturbios del Tíbet, declaró que no iría a la ceremonia de apertura, pero que presenciaría la fiesta de clausura. Nadie sabía a ciencia cierta qué significaba eso. Cuando la vapuleada antorcha olímpica llegó a Downing Street en aquel caótico día de abril, consintió en recibirla, en fotografiarse con ella, pero no en tocarla.

Los franceses fueron los que más sufrieron. Su presidente Nicolas Sarkozy decidió al principio que impregnaría su política extranjera de un renovado interés por los derechos humanos. Amenazó con salirse de la ceremonia de apertura si no se hacían «progresos» con el Tíbet. Esta amenaza, junto con las protestas contra la antorcha en París, suscitó una extraordinaria reacción antifrancesa. El gobierno chino logró movilizar una campaña popular en contra de la injerencia occidental. El objetivo principal fue la cadena francesa de supermercados Carrefour, la tienda extranjera de más exito de China. Durante varios días de abril sufrió una serie de protestas sonadas. El gobierno chino se sentía bastante satisfecho al ver la ira de su pueblo en las noticias nacionales e internacionales y permitir que sus ciudadanos utilizasen internet para exhortarse unos a otros a unirse. La meta era triple: demostrar un patriotismo henchido antes de los Juegos Olímpicos, castigar a Francia y ahuyentar a futuros sinvergüenzas.

El gobierno chino es un viejo maestro en el ejercicio del poder implícito. A diferencia de Rusia, intenta evitar el lenguaje belicoso. Su especialidad es la amenaza controlada, reforzada por la seguridad de su creciente poder económico. En vísperas de los Juegos Olímpicos, los países que trataran a China con «respeto» saldrían beneficiados, como les dijeron. La campaña «pasa de Francia» fue exitosa en todos los frentes. Cuando se marchó de Beijing tras la ceremonia de apertura, Sarkozy trató de congraciarse con sus anfitriones, declarando que los Juegos merecían una «medalla de oro», aunque volvería a las andadas al reunirse con el Dalai Lama en diciembre. Los empresarios franceses echaban humo por las oportunidades perdidas y sus homólogos de otros países estaban entusiasmados ante la perspectiva de conseguir uno o dos contratos extras a costa de los franceses. Esta puja competitiva por los derechos humanos no era nueva: se había hecho con la misma presteza durante la Guerra Fría. El lobby empresarial británico recibió otro empujoncito cuando David Miliband incluyó un cambio en las relaciones con el Tíbet, aprovechando que todo el mundo estaba de espaldas. En vísperas de las elecciones estadounidenses de aquel otoño, el Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores) emitió una declaración parlamentaria que reconocía formalmente la soberanía china sobre la disputada región. Miliband argumentó que sólo estaba alineando al Reino Unido con Estados Unidos y la Unión Europea y eliminando una anomalía, lo cual era cierto. Pero ya se había dado el paso. Los chinos estaban contentos.

Los Juegos Olímpicos suscitaron una enorme oleada de ardor patriótico y, por extensión, el respaldo del pacto. Algunos diplomáticos occidentales señalan que cuanto más critican ellos, las ONG o los periodistas al gobierno chino, más parece que se refuerza dentro del país la popularidad del régimen en lugar de reducirse. En julio de 2008 el Pew Research Center publicó una encuesta que se aireó ampliamente en China. Pew la resumía así: «A medida que espera orgulloso los Juegos de Beijing, el pueblo chino expresa unos niveles extraordinarios de satisfacción con el modo en que se están haciendo las cosas en su país y con la economía de la nación. Con más de ocho de cada diez personas valorando positivamente ambos datos, China se coloca a la cabeza de los veinticuatro países por ambas medidas en la encuesta de 2008. Estos resultados representan una mejora radical de la satisfacción nacional desde principios de la década».

Los medios de comunicación estatales chinos y la blogosfera aprovecharon estos resultados. Se sentían igual de entusiasmados con un libro publicado durante los Juegos Olímpicos, How East Asians View Democracy (Cómo ven la democracia los asiáticos orientales). El libro, publicado por Columbia University Press, compara y contrasta ocho países de Asia oriental y concluye que la satisfacción pública con el régimen es más elevada en China. La satisfacción es menos pronunciada en países más asociados con la democracia: Corea del Sur, Taiwán, las Filipinas, Hong Kong y Japón puntuaban menos. Algunos cuestionaron la metodología de estas encuestas. Parecían reflejar el ánimo en aquellos días: de desafío ante la crítica y de orgullo tras el éxito. Este orgullo se vio reforzado por las cincuenta y una medallas de oro que el país anfitrión ganó en los Juegos.

No obstante, durante el mes que duraron las competiciones deportivas, Beijing parecía una ciudad fantasma. Muchos de los que solían recibir visados sin problema no pudieron entrar esta vez. Los hoteles, al menos los que no estaban cerca de la Ciudad Olímpica, registraron una ocupación menor de la habitual. Una «guía legal» práctica aconsejaba a atletas, funcionarios, reporteros y espectadores cómo debían comportarse. Tenían ordenado evitar las «actividades subversivas» y «exhibir estandartes religiosos, políticos o raciales». Sí que hubo protestas esporádicas entre los seguidores de la secta Falun Gong y el movimiento «Tíbet Libre», pero sacaron de inmediato a los manifestantes de delante de las cámaras occidentales. Se bloquearon algunas páginas web; desbloquearon otras después de hacer las representaciones oficiales a través del Comité Olímpico Internacional (COI), aunque volvieron a bloquearlas casi todas después de los Juegos Olímpicos. Los residentes informaron de que se habían aplicado sin previo aviso una serie de normas excéntricas. Prohibieron a los restaurantes servir carne de perro, por temor a que los extranjeros se disgustaran, y también prohibieron a varias tiendas la venta de ginebra, ya que los funcionarios decían que podía usarse para hacer cócteles molotov.

Una de las primeras cosas que hago al llegar a Beijing en un frío día de noviembre es dar un paseo por el Estadio Olímpico, el Nido de Pájaro. Quiero llevarme una impresión de lo que debió de ser. Tiene un aire de abandono. El edificio, sólo unos meses después, ya parece un poco estropeado. El precio de la entrada justifica difícilmente una exposición de trajes anodina en una esquina del campo. La policía custodia con recelo la casa que hay frente a la pista de atletismo, por razones que no alcanzo a entender. Los turistas siguen viniendo, sobre todo de otras regiones chinas, cámaras en mano, dispuestos a sacar una instantánea de su estadio nacional.

Me pregunto si los Juegos Olímpicos marcaron de verdad la exitosa entrada de China en el escenario internacional o si sólo aportaron un estímulo breve antes de que una realidad más dura amaneciera. Nicholas Bequelin, de Human Rights Watch, me recuerda que China sigue teniendo más de sesenta delitos capitales, incluidos crímenes no violentos como la evasión de impuestos. Ejecuta a más personas que el resto del mundo en total. Esta práctica también se ha convertido en un negocio redondo: más del 95% de los órganos trasplantados que se comercializan proceden de presos ejecutados. Luego está la política del hijo único, el punto más claro en el que el estado sigue interviniendo en la esfera privada. La línea oficial es que esta política, ideada hace treinta años, ha evitado 400 millones de nacimientos extras que habrían obstaculizado el crecimiento económico de China y perjudicado la estabilidad social. Los economistas predicen una mayor escasez de mano de obra a medio plazo a medida que envejezca la población actual. Esta parte se discute con relativa libertad. Lo que se menciona rara vez son las consecuencias en lo relativo a derechos humanos: los infanticidios, las adopciones forzadas y demás malos tratos que son resultado de esta política.

Hablamos sobre el tortuoso camino trillado de Occidente. Bequelin señala que los políticos no son los únicos culpables. Siguen el ejemplo de las grandes corporaciones. Los bufetes de abogados internacionales son cada vez más reticentes a criticar a China por temor a perder acuerdos comerciales, me dice. Sucede lo mismo con los conglomerados mediáticos y, de hecho, con todas las empresas comerciales. El problema subyacente, insinúa, no es una cuestión de principios —China ha firmado catorce tratados internacionales que atañen a los derechos humanos y sigue insistiendo en el «progreso»—, sino la necesidad de guardar las apariencias. La razón por la que las autoridades toman medidas tan fuertes contra los disidentes es porque son muy proclives a criticar a China delante de los extranjeros. La tarea radica en descubrir un nuevo lenguaje y unos mecanismos nuevos con los que combatir estos problemas. El viejo programa de la Guerra Fría, con sus certezas facilonas acerca de un sistema que ilumina el camino y otro que languidece por su degradación moral, hace tiempo que dejó de existir. Los asuntos como las elecciones pluripartidistas y la libertad de expresión —y la relación de la población con ellas— son mucho más complejos, menos de color blanco o negro, en la China contemporánea y más rica. «La industria de los derechos humanos necesita evolucionar», dice Bequelin. «Necesitamos encontrar un nuevo lenguaje que se dirija a la gente que ha crecido acostumbrada al consumismo y a un sistema de partido único.»

Parece que han vuelto muchas prácticas sucias. Los escándalos por corrupción no han disminuido. El peor fue uno por el que murieron varios niños y enfermaron miles tras beber leche en polvo adulterada con melamina, un compuesto industrial usado para manipular las pruebas de nutrición. Una vez más, los medios de comunicación oficiales trataron de silenciar el asunto, hasta que se expusieron todos los hechos. El asunto mancilló todavía más la reputación de los productos chinos en el mundo entero. Los funcionarios advirtieron a los productores de alimentos y fármacos de los castigos, incluida la pena de muerte, si usaban la crisis económica para ahorrarse dinero.

La crisis mundial está en el candelero cuando me reúno con Michael Pettis y sus estudiantes. Pettis es profesor de la Guanghua School of Management de la Universidad de Beijing. Aunque es sábado por la tarde, está impartiendo un seminario sobre macroeconomía a once jóvenes en una sala de reuniones del edificio de economía. Pettis invita a uno de sus pupilos a tomar las riendas de la discusión. El estudiante habla de gran variedad de temas: las predicciones de la gravedad de la recesión, la reforma fiscal, la liquidez bancaria y los peligros de la inflación y la deflación. Discuten hasta qué extremo la crisis está afectando ya al país y cuánto puede caer el índice de crecimiento. Pettis les deja hablar y sólo interviene de vez en cuando. Les pregunta si han visto una entrevista reciente en la televisión con el primer ministro sobre el estado de la economía. «Wen parecía verdaderamente aterrorizado. Hay algo que les asusta de verdad», señala. Ellos asienten con la cabeza. «¿Qué es?» Nadie da una respuesta.

Caminamos calle abajo y por un portal estrecho entramos a una amplia cueva sin ventanas, un club llamado D22. Pettis compagina su especialidad de los mercados financieros con la dirección de uno de los locales musicales más vibrantes de la ciudad. Mientras me prepara un gin-tonic, señala que la hornada actual de estudiantes es la primera en mucho tiempo que va a pelear. Cerca del 80% de los estudiantes que acabaron la universidad en el verano de 2008 no tenían empleo tras graduarse y muchos siguen sin encontrar trabajo mucho después. Tanto les ha agobiado la búsqueda de empleo en el sector privado que un millón de estudiantes se ha presentado a los exámenes de acceso al funcionariado para optar a un empleo estatal, un aumento del 25% con respecto al año anterior. Como cada puesto recibe una media de ochenta solicitudes, la frustración es mayor. Según el periódico del Ejército de Liberación Popular, las solicitudes para enrolarse en el ejército son más numerosas que nunca en esta generación.

Para muchos jóvenes, influidos por los espeluznantes relatos de sus padres durante la Revolución Cultural, la capacidad de ser apolítico se considera un privilegio. Les gusta sacar buenas notas y disfrutar el poco tiempo libre que sus ocupados horarios les dejan. Todo lo demás se considera una distracción, incluso un peligro. Dadas las menores perspectivas de empleo, no sorprende que se hayan vuelto más prudentes aún a la hora de «causar problemas». Según un dicho popular: «Nadie se aplastaría su propio pie con una piedra». Pettis habla del desfase entre una «liberalización cultural radical parecida a la de Estados Unidos en los años sesenta» y «el peor sistema educativo para los chicos más inteligentes» que sigue anclado en la antigua práctica de horas larguísimas y aprendizaje de memoria. «Sacan las mejores notas del mundo, pero las quejas que he oído de los directores financieros es que muchos de los graduados chinos que despiden son incapaces de enfrentarse a ideas fuera de lo habitual.»

La cautela podría explicar la reticencia de algunos a ser críticos, pero también es una justificación segura siempre. Al día siguiente me encuentro en un reservado de un salón de té venerable con cien años de historia, Sheng Xi Fu, bebiendo un té gold de la provincia de Yunnan. Estoy con dos jóvenes emprendedores, Chenggen Hu y Kevin Ao. Ambos forman parte de una tendencia de retornados de Silicon Valley, jóvenes que han pulido sus habilidades comerciales en Estados Unidos y buscan darles un buen uso en su país natal, invirtiendo en empresas fabricantes de semiconductores. Aunque no se definirían a sí mismos como tales, se les podría considerar conversos al movimiento de la «nueva izquierda» en China incluso antes de que la crisis económica se viera afectada por la incuestionable adoración a las teorías del mercado libre. «Durante los últimos diez o quince años no hemos hecho más que copiar a Occidente. Hasta hace poco pensé que China sería una sociedad puramente capitalista. Pero la crisis demuestra que Estados Unidos no es un buen ejemplo», comenta Chenggen. «Hasta ahora te habrían denunciado en los círculos intelectuales si defendías una intervención económica. Supongo que China tiene suerte de que el gobierno no fuera tan partidario del mercado. Ahora incluso esos profesores que se graduaron en Estados Unidos están cuestionando el modelo estadounidense.» ¿Y qué hay del sistema social? «La clase media china siempre ha querido vivir el estilo de vida americano: una casa, un coche, niños, perros, ese tipo de cosas. Pero no es accesible a toda la sociedad.»

Pese al inesperado éxodo del campo a la ciudad en las últimas dos décadas, la población china de 1.300 millones de personas sigue incluyendo, según los cálculos, a unos 800 millones de campesinos, en su mayoría con una educación pobre. La autodenominada clase media crece rápidamente, y en números absolutos puede haber alcanzado los 200 millones, pero aun así continúa siendo una fracción del total. «Las elecciones libres son buenas en teoría, pero no ahora», dice Kevin. «Con el voto en manos equivocadas, salen elegidas las personas equivocadas que luego manipulan al electorado.» Protesto contra la obviedad de que eso es el último refugio de la élite que no desea compartir el poder, que eso mismo es lo que se decía en Occidente antes de que el sufragio fuera universal. Se trata, replica, de una cuestión de educación y de un sentido de la responsabilidad. También hablamos del asunto de la identidad étnica. Unas cincuenta y cinco minorías tienen representación en China. «No cuesta mucho imaginar cómo se fracturaría China si se convirtiese en una democracia», dice Chenggen. «Sobran los ejemplos de cambios políticos que traen la división. El pueblo chino quiere una vida estable.»

Les pregunto sobre los detalles de su trayectoria en materia de derechos humanos en China. Empiezo por la plaza de Tiananmen, un asunto que hasta ahora no me atrevía a sacar por prudencia. Kevin dice que su cuñado era uno de los manifestantes, pero que lo dejó un día antes de la ofensiva. Un buen amigo suyo se quedó y pasó un año en la cárcel. Ahora es un hombre de negocios de éxito que vive en el extranjero, aunque en teoría tiene derecho a regresar. «Los estudiantes tenían buen corazón pero estaban descaminados», dice. Recuerda una disputa en su familia en aquella época: «Mi padre estaba contra los estudiantes. Todos los demás, a favor. La historia le dará la razón». Kevin dice que su hermano ya retirado fue una de las figuras del partido, responsable de la reconstrucción de Chengdu, la capital de la provincia de Sichuan, después del terremoto. Muchos lugareños se quejaron de la falta de compensaciones económicas. Kevin dice que, aunque sus quejas podían tener justificación, no deberían haber protestado durante los Juegos Olímpicos e insultar a su país.

Habla de Singapur antes de que yo saque el tema a colación. «El modelo de Singapur es el mejor para nosotros. En muchos aspectos los singapureños son más chinos que nosotros. Quieren más control todavía que nosotros.» Cito tres modelos alternativos que China podría haber adoptado. El primero es el corto experimento liberal en la Rusia de los últimos años de Gorbachov y los primeros de Yeltsin. El segundo es la tumultuosa democracia de Taiwán. El tercero es la India, la democracia más populosa del mundo. Cada ejemplo suscita muecas de dolor. No tienes más que mirar el rendimiento económico de esos países y compararlo con el de China, me dicen. «Los occidentales no están abiertos a otros sistemas políticos», afirma Chenggen. «No pueden aceptar que otros sistemas sean buenos.»

Chenggen y Kevin quizá no sean tan viajados como mis amigos de Singapur, pero parece que llegan a conclusiones similares. De nuevo constato que algunos de los elementos más progubernamentales son los que han recibido mayor educación occidental. Tal vez no debería sorprenderme. He visto muchos casos de personas con un máster en administración de empresas en Londres, Europa y Estados Unidos, personas de todas las nacionalidades que durante dos décadas se han identificado más con el poder global del dinero que con cualquier asunto de compromiso político o protesta. Sus homólogos chinos tan sólo tratan de emularlos.

Los Juegos Olímpicos mostraron lo mucho que se había modernizado China, pero no hacia la democracia liberal. El estado sigue diciendo a la población cuántos hijos puede tener. Todavía restringe la movilidad de los pobres urbanos y rurales. Pero sí que ha dejado de inmiscuirse bastante en la vida diaria de los ciudadanos, concediéndoles libertades sin precedentes para el consumo y la organización de su desarrollo profesional y personal. Este aumento de la libertad personal ha ido de la mano de un control más sofisticado de la esfera pública. En los años ochenta muchos intelectuales chinos apoyaban las elecciones pluripartidistas. Desde los sucesos de la plaza de Tiananmen se ha redefinido la reforma política. Aunque sigue habiendo destacados pensadores que creen en la adopción gradual de la democracia, muchos intelectuales modernos postulan que sería mejor que China evitase las elecciones y se centrara en lograr que el estado unipartidista se basara más en normas y fuese más sensible. El partido es de lo más meticuloso. Ha comenzado a confiar en las encuestas de opinión, los grupos de discusión, internet y demás consultas para estar en contacto con la opinión pública. Ha surgido un modelo de «autoritarismo deliberativo» que, al menos de momento, parece haber aumentado la legitimidad del estado unipartidista y reducido las demandas de democracia de corte occidental tal como la entiende la población.

¿Qué hay de esos vástagos de China que han tenido más experiencia sobre lo que nosotros consideramos que es una democracia? Puede que Hong Kong no sea tan bullicioso como antaño. Igual piensa que ya no puede competir con el poder económico de Shangái y Shenzhen. En ciertos aspectos la promesa china de «un país, dos sistemas», cuando se libraron de los británicos en 1997, se ha mantenido. Aunque la prensa se ha cortado las alas, los periódicos y la televisión son más inquietos que los de la península. Un clásico inconformista es el Apple Daily, siempre vibrante. Su director, el empresario Jimmy Lai, ha soportado toda clase de adulaciones y amenazas para que modere su periódico sensacionalista, incluido un boicot de los publicistas alentado por el gobierno. El asunto de la plaza de Tiananmen ya no tiene por qué comentarse en voz baja; la religión se practica abiertamente. Es singular ver a partidarios del Falun Gong —proscritos y perseguidos a tan sólo unos kilómetros, al otro lado de la bahía— armando ruidosas protestas. La declaración conjunta chino-británica firmada en 1984 garantizaba el «modo de vida hongkonés». Para las autoridades chinas, los cambios posteriores a favor de la democracia que introdujo Chris Patten, el gobernador saliente, eran contradictorios con lo que Londres había acordado. A los intelectuales chinos les gusta aclarar que, incluso a comienzos de los años ochenta, los gobernadores coloniales de Hong Kong eran más reacios a la representación democrática, la libertad de expresión y la libre asociación que el gobierno chino actual.

Para algunos activistas, periodistas y profesores comprometidos políticamente con Hong Kong, entre otros, el peligro estriba no tanto en la normativa jurídica como en la autocensura, pues temen las consecuencias más sutiles a la hora de decir lo que piensan. Joseph Cheng forma parte de un grupo cada vez más pequeño de profesores afincados en Hong Kong, dispuestos a hacer campaña en pro del movimiento democrático. «Soy un activista, seguiré siendo un activista, pero no puedo ser optimista», dice Cheng, profesor de ciencias políticas en la Universidad de la ciudad de Hong Kong. «La mayoría cree, incluso aquí, que no hay una alternativa clara. Les asusta el cambio, sobre todo en tiempos difíciles. Creen que si te echan del partido, tu vida será un caos.»

En la mente de los gobernantes, y de las florecientes clases medias, está profundamente arraigado el temor al luan, el caos. Las autoridades investigan concienzudamente la posible raíz del problema. «Los funcionarios del partido se aplican mucho en el estudio de las comparaciones históricas», afirma Cheng. «Por ejemplo, han estudiado la experiencia del movimiento Solidaridad de Polonia en relación con sus sindicatos; comparan la veneración al “pope polaco” con Falun Gong.» La apertura política de los últimos diez años se ha restringido sobremanera. La persona encargada de la administración diaria de Hong Kong, su gobernador, es nombrada, no elegida por votación. El Parlamento representa a electorados ordinarios y «electorados funcionales»; figura creada para que la comunidad empresarial tenga una influencia desproporcionada en el Parlamento. Como en la China peninsular, los comerciantes elitistas de Hong Kong han trabajado estrechamente con el Partido Comunista. Los dos poderes comparten el mismo parecer sobre el peligro potencial de una democracia que funcione al cien por cien, temerosos de que pueda ser un catalizador del malestar. Cheng está escribiendo un libro sobre la plaza de Tiananmen y participa en mítines y otras actividades que organiza la Alianza de Hong Kong en apoyo a los derechos humanos. Señala que la conmemoración anual de junio de 2008 tuvo menos asistentes y fue más silenciosa que nunca. Podría deberse en parte al terremoto de Sichuan y al entusiasmo por los Juegos Olímpicos. Pero investigadores de la rival Universidad de Hong Kong detectan un ligero cambio en el ánimo general. Su estudio revela que la mayoría de los residentes hongkoneses siguen creyendo que los estudiantes chinos tenían razones para protestar en 1989 y el gobierno hizo mal en tomar medidas tan duras. Pero el porcentaje de encuestados convencidos de que los derechos humanos habían mejorado desde 1989 en China había aumentado a un ritmo constante, hasta alcanzar el 85%. En torno al 77% tenía esperanzas de que los derechos se respetasen más en el futuro.

Cheng dice que todo el mundo obra con más cuidado, incluso en el entorno relativamente más libre de Hong Kong. «Ahora la presión encubierta es fuerte. Soy el único profesor senior que organiza cosas. Ni siquiera aquí puedes ser decano o rector, y no te dan fondos para la investigación si hablas demasiado. Como en 1989 el nivel de vida de los intelectuales era más bajo, pensaban que tenían menos que perder. Desde entonces el partido ha tenido la astucia de captar a las élites, y muchos intelectuales de aquí y de China se han abierto camino.»

El profesorado es sólo uno de tantos grupos que el régimen ha conseguido captar con éxito. Refiero a Cheng las conversaciones que mantuve en China en torno a la sublevación de 1989 y las decisiones que se tomaron después. Me dice que son bastante representativas del consenso. La población se ha reconciliado con su derrota política porque ha triunfado en el plano económico, dice. «La generación posterior a Tiananmen ha hecho las paces con el gobierno. Ahora el pensamiento general es que los estudiantes tenían razón en sus principios, pero fallaron en la práctica. Al enfrentarse tan directamente al régimen, no le dieron otra alternativa. Muchos te dirán que es mejor hacer reformas poco a poco.» Cheng prevé que no habrá más altercados en un sistema que «todavía funciona bastante bien» y no menosprecia el enfoque «deliberativo» del Partido Comunista. «Están probando reformas políticas dentro del partido. Intentan ser más sensibles. Como la dirección no quiere una democracia como la entendemos nosotros, tiene que ser más sensible.» Insinúo que esto tiene toda la pinta de ser otra variación del pacto. «Hasta en una crisis económica cabe la posibilidad de mejorar los niveles de vida si no desafías a las autoridades. Mientras no causes problemas, eres bastante libre. Si los causas, enseguida te conviertes en un paria. La policía va a por ti, Hacienda va a por ti, tus amigos y colegas son más reacios a devolverte las llamadas.» Según Cheng, viene a ser «un sencillo análisis de costes y beneficios». Los costes son altos, pero los beneficios también. Pero ¿qué ocurre —me pregunto— si los beneficios empiezan a disminuir?

Mi última parada es Taipei, la capital de Taiwán, o la República de China, o la vigésimo tercera provincia de la República Popular de China, depende del punto de vista. He venido a observar el pacto desde el otro extremo del telescopio, a un país que, si nos atenemos a un programa de «democratización» occidental, cumple todos los requisitos.

Después de cuarenta años de ley marcial, los taiwaneses han disfrutado durante más de un decenio de un periodo de libertad turbulenta. Para muchos extranjeros, la única referencia de la política taiwanesa son las imágenes televisivas de miembros del Parlamento enzarzados en peleas. Para muchos chinos, Taiwán es el ejemplo perfecto de los peligros que entraña la democracia. Los ocho años de gobierno del Partido Democrático Progresista (DPP) han llegado a su fin. El veterano partido en el poder, el Kuomintag (KMT), vuelve a la carga tras reinventarse a sí mismo, al menos con fines electorales, como una fuerza para la democracia. Sin embargo, sólo unos días antes de mi visita, se llevan esposado de su casa al antiguo primer ministro del DPP, Chen Shui-Bian, acusado de malversación de fondos. Su partido protesta por lo que ellos creen que será un proceso organizado con fines propagandísticos, y argumentan que los jueces nunca toman medidas duras contra los políticos del KMT cuando meten las manos en la caja. No es casual, después de todo, que el antiguo dirigente de Taiwán, Chiang Kai Shek, fuese conocido como «Cash My Cheque» («Cámbiame este cheque»).

Resuelvo que lo primero que debería hacer es rendir homenaje a este hombre. Cuando llego al monumento conmemorativo Chiang Kai Shek, me dicen que ha cambiado de nombre. El gobierno del DPP ha intentado quitar todos los monumentos de Chiang que ha podido. Al final le han obligado a restituir la estatua del hombre que se enfrentó a Mao en la guerra civil china, perdió y huyó a Taiwán en 1949, desde donde gobernó en el exilio durante veinticinco años. El Monumento Nacional a la Democracia de Taiwán, como se llama ahora, se encuentra en unos suntuosos jardines que también albergan el Teatro Nacional y el Conservatorio de Música Nacional —que evocan el Monumento a Lincoln y el National Mall de Washington—. No sorprende que la moderna Taiwán imite tanto a Estados Unidos, durante años patrocinador de un régimen dictatorial. Lo que importaba era que Chiang fuese anticomunista.

Subo los ochenta y nueve escalones (ochenta y nueve eran los años de Chiang cuando murió) hasta alcanzar la colosal figura de mármol de un hombre sentado, sonriente y bastón en mano. La misma pose es imitada en otras estatuas por toda la isla. El museo que hay escaleras abajo es igual de cautivador. Las paredes están cubiertas de fotografías de Chiang con líderes mundiales (o al menos los pocos que Taiwán reconoció después de que Richard Nixon viajase a la China peninsular para acudir al famoso acto diplomático del ping-pong en 1972). Entre los amigos estadistas de Chiang se incluían el general Somoza de Nicaragua, Augusto Pinochet de Chile y otros indeseables. El plato fuerte del museo son los dos Cadillac Fleetwoods negros brillantes, uno de los años cincuenta y otro de los setenta; unas limusinas monstruosas y relucientes de tres toneladas desde las que Chiang vigilaba su isla.

La difícil historia de Taiwán proyecta una luz enigmática sobre la doble moral de la Guerra Fría. Mientras un país fuese prooccidental en sus lealtades geoestratégicas, se pasaba de puntillas sobre su política interior con respecto a la democracia y los derechos humanos. Eso es lo que sucedió con Chiang cuando declaró la ley marcial. Cuando Taiwán introdujo libertades reales, Occidente la abandonó a su suerte con la China peninsular autoritaria.

Dennis Engbarth, periodista de Estados Unidos y residente en Taiwán desde hace mucho tiempo, hace constante hincapié en este aspecto particular. Ha dedicado gran parte de su vida a tratar de convencer a todo el que estuviera dispuesto a escucharle de que la democracia taiwanesa es un ejemplo a seguir, y que no debe menospreciarse. Cuando le prestan atención, Engbarth se embarca en una apasionada defensa de la independencia de Taiwán, que él y otros defensores del DPP ven peligrar ante el avance de China, su dinero y la ambivalencia de Occidente. Me recuerda que cuando los taiwaneses celebraron sus primeras elecciones democráticas en 1996, los estadounidenses no dejaron de manifestar su inquietud. El gobierno chino intentó impedir el inminente experimento democrático ejecutando ejercicios militares en la costa. El presidente Clinton envió dos portaaviones para garantizar el buen desarrollo de las elecciones. Según Engbarth, en poco más de una década Taiwán ha avanzado mucho, ha aventajado a Hong Kong en garantías democráticas y en modelo a seguir. ¿Qué otro país puede presumir de haber logrado unas elecciones multipartidistas, la libertad de expresión, una cultura cada vez más respetuosa con los derechos humanos y una renta per cápita de 30.000 dólares al año, inmediatamente después de medio siglo de dictadura? «Es uno de esos raros casos de democracia ascendente, aunque muchos no se den cuenta.» También afirma que nada de esto se ha logrado gracias a la comunidad internacional. Cuanto más se democratiza Taiwán, menos parece importarle a nadie. La doble moral era más intensa durante el gobierno de Bush. Debido al apasionamiento de los neoconservadores por «promocionar la democracia», la Casa Blanca veía a Taiwán —en particular a su terco gobierno del DPP— como un obstáculo para el progreso de China. «Bush estaba disgustado con Taiwán por tratar de afianzar la democracia», afirma Engbarth.

Aparte de unos cuantos países latinoamericanos —una vuelta a las viejas dictaduras— y uno o dos países más, ninguno tiene ya su embajada oficial en la isla. Con su reluciente rascacielos Taipei 101, el edificio más alto del mundo hasta hace relativamente poco, algunas zonas del centro urbano parecen modernas. Pero en comparación con otras ciudades de la China peninsular, casi todos los edificios se ven más viejos y destartalados. Los vehículos son menos elegantes. Los scooters son la forma de transporte preferida y dan un aspecto caótico y ruidoso a las calles. Casi todo el lugar parece una regresión a otra época, a una América cuyas prioridades han cambiado.

Andrew Yang, del Consejo Chino de Estudios de Políticas Avanzadas, me pone al corriente sobre ciertas estadísticas. La inversión de Taiwán en China acaba de ascender a la sorprendente suma de 70.000 millones de dólares, alcanzando casi a Estados Unidos. En otras palabras, Taiwán y China ya están muy integrados, y es lo que quiere la comunidad empresarial taiwanesa. Yang insiste en que a nadie le apetece dar marcha atrás. Según un sondeo reciente, menos del 12% de la población está a favor de la unificación política, pero sólo el 17% apoya la independencia en la actualidad. El cambio llegará poco a poco, pero llegará, y los intereses económicos tomarán la delantera. «Casi todo el mundo quiere el statu quo para dejar que la siguiente generación determine el estatuto de Taiwán», dice Yang. «De momento se conforman con desarrollar otros vínculos con la península.»

Ésta es la estrategia del nuevo gobierno taiwanés, que ha desarrollado, sin complejos, fuertes lazos con los comunistas chinos. Se asegura una tregua militar y establece vínculos financieros. Yang insiste en que ninguno de los dos partidos negociará los derechos civiles de Taiwán a cambio de lucrarse económicamente. «Aquí tenemos noventa y ocho partidos políticos, incluido un Partido Comunista propio. Me encanta llevar a funcionarios chinos al edificio de la Administración Central y enseñarles cómo protestan fuera los de Falun Gong. Les digo que cuando ellos permitan eso y la religión, entonces sí que estarán haciendo progresos.» Pero con tantos taiwaneses viajando y trabajando en la península ahora —más de un millón de viajeros regulares o residentes temporales en China de una población taiwanesa de veintitrés millones en total—, tengo mis dudas. A la postre estos derechos resultarán prescindibles, cuando la madre patria absorba la islita.

A las pocas semanas de la vuelta al poder del KMT se firmó un acuerdo que fijaba vuelos chárter entre Taipei y las ciudades peninsulares. En diciembre de 2008 estos enlaces proliferaron, con más de doce rutas diarias a un número creciente de destinos. Con el tiempo, la experiencia personal tendrá más peso que la política, puesto que el pueblo ve los beneficios económicos de asimilarse a la península, seguramente dulcificados con la promesa de toda clase de autonomías, a diferencia de Hong Kong. ¿Seguirá siendo Taiwán como es ahora, una extraña mezcla de herencia estadounidense de los años cincuenta, costumbres ancestrales chinas y tradición nipona, y ese sentido de la resistencia que suele desarrollar el aislamiento? Lo dudo. ¿Es éste un caso como el de Cuba, pero a la inversa, un caso de «agárralo mientras puedas», antes de que el inexorable poder de China absorba esta isla sin que se haya disparado un solo tiro?

Fue tal el nerviosismo durante los Juegos Olímpicos que los canales estatales chinos recibieron la orden de retrasar diez segundos las emisiones en directo para tener la posibilidad de cortar la transmisión si el Tíbet Libre u otros manifestantes causaban problemas. Medio año después las autoridades de Beijing no podían imaginarse la vergüenza que tuvieron que pasar cuando decidieron retransmitir en directo el discurso de investidura de Barack Obama en Washington. El nuevo presidente tan sólo llevaba unos minutos hablando cuando declaró: «Recordad que las generaciones anteriores combatieron el fascismo y el comunismo no sólo con misiles y tanques, sino también con sólidas alianzas y convicciones duraderas». El programa se interrumpió de golpe, dejando a la presentadora de Beijing y al corresponsal de Washington en la pantalla del estudio mascullando una conversación sobre la política económica de Obama, en un intento desesperado de rellenar el tiempo en antena. Hicieron de tripas corazón para cerciorarse de que los espectadores no oían las cavilaciones del presidente en torno a la libertad, en particular su frase: «Quienes se aferran al poder mediante la corrupción y el engaño y silenciando a la disidencia saben que están en el lado equivocado de la historia». La diferencia horaria —era la una de la madrugada en Beijing— garantizó que no hubiese demasiadas personas delante del televisor. Para quedarse más tranquilos, los censores oficiales eliminaron éstas y otras observaciones ofensivas de las traducciones que se hicieron más tarde ese mismo día. No obstante, no tardaron mucho en figurar los comentarios en internet sobre la extrema susceptibilidad del estado. Acudió más gente que nunca a otras páginas web para ver el discurso completo.

Cualquier esperanza de que las restricciones durante los Juegos Olímpicos se relajasen una vez que los invitados extranjeros hubiesen vuelto a casa resultó una mera ilusión. La censura, especialmente en internet, aumentó. Se lanzaron varias campañas contra lo que las autoridades denominaron páginas web peligrosas o vulgares. De golpe y porrazo, se cerraron 19 páginas web por no censurar contenido inadecuado, considerado perjudicial para la salud mental y física de la juventud. Un alto funcionario de la Oficina de Información de China advirtió a sus colegas que estuviesen atentos: «Tenéis que comprobar las cadenas una a una, los programas uno a uno, las páginas una a una», dijo. «No podéis saltaros ningún paso. No podéis dejaros ningún cabo suelto.»

En diciembre de 2008 unos trescientos intelectuales causaron gran conmoción cuando colgaron un manifiesto político en la red con el nombre de Carta 08. La idea era conmemorar el decimosexto aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El nombre hacía alusión a la Carta 77, el manifiesto a favor de los derechos humanos que los disidentes de la Checoslovaquia comunista pusieron en circulación en 1997. Este nuevo documento reivindicaba desde la propiedad privada de la tierra hasta la democracia pluripartidista; afirmaba que las tensiones y las protestas sociales iban en aumento, lo que «indicaba una tendencia hacia una pérdida de control desastrosa». La democratización, concluía, no podía «retrasarse más».

El éxito del Partido Comunista, y su relativa popularidad, había descansado en cuatro pilares: una presencia general de seguridad militar, el control sobre los medios de comunicación, la captación de los grupos más importantes de la sociedad (sobre todo la clase media) y el crecimiento económico de dos cifras. ¿Acaso el edificio que ha transformado el lugar de China en el mundo y respaldado al partido en el poder está a punto de derrumbarse cuando la economía se tambalea? Muchos intelectuales y miembros de la clase media —de cuyo apoyo dependía el partido— asumieron una visión puramente pragmática del gobierno de un partido único. Para ellos era el mejor modo de garantizar la seguridad y la prosperidad, y comprobaron que estaban en lo cierto. De modo que ¿está empezando a romperse el pacto? Sin duda se enfrenta a su prueba más dura desde 1989. El dilema al que se enfrenta la dirección del partido es peliagudo. Si abre demasiado la mano podría desencadenar protestas similares a las de Tiananmen, que sacudieron el estado. Pero si no suministra suficientes válvulas de seguridad a los descontentos, podría dividirse bajo la presión.

Sin embargo, los datos económicos —la caída repentina de las tasas de crecimiento, la subida del desempleo y los posibles cambios demográficos peligrosos— no eran los únicos que reforzaban estas predicciones. Con decenas de millones de obreros ya prescindibles en las ciudades, ¿qué pasaría si muchos se negaban a volver a casa y quedarse en sus aldeas? Estos temores cobraron fuerza cuando los disidentes intentaron organizarse. No obstante, la mayor amenaza para la estabilidad es que un porcentaje considerable de la población llega a la conclusión de que no puede permitirse la crisis y que el cambio político bien merece la revuelta necesaria. Para muchos chinos —sobre todo los nostálgicos de los tiempos de Mao— lo importante es tener más libertad que antes para poder encauzar sus vidas a voluntad.

El pacto con la generación posterior a Tiananmen, y el consiguiente menoscabo de los derechos humanos y políticos, ha librado con éxito a los chinos del caos que tanto temen. Pero este pacto no es estático. Es dinámico e incierto. Los que lo han aceptado todavía deben deliberar si es temporal —la escuela de pensamiento «China no está lista para gozar de mayores libertades públicas»— o si afianza una visión duradera y convinvente de que tales derechos son hostiles a las necesidades del país. En otras palabras, ¿son los derechos humanos presentados en la declaración de las Naciones Unidas una construcción occidental, como afirman los ultranacionalistas, o China comenzará a adoptarlos a tiempo? De momento muchos chinos creen que sólo después de renunciar a la esfera pública han conseguido mayor libertad en la esfera privada. Se preguntan si no había otro modo de alcanzar la prosperidad y la seguridad que exigían al pacto.

En cualquier caso, la actuación occidental no les ha convencido en absoluto de que exista otra vía. Cuando Zhou Xiachuan, el director del Banco Popular de China, habló de «las vulnerabilidades inherentes y los riesgos sistémicos» de la economía mundial basada en el dólar, las cancillerías del mundo entero tomaron nota, y se sobresaltaron. Se dieron cuenta de que hablaba de algo más que de dinero. Comprendieron que, aparte de la turbulencia a corto plazo que sus declaraciones provocarían, reafirmaba el papel de China en el mundo y reflejaba su gran confianza en el modelo político que ha escogido.

3

Rusia: El capitalista furioso

La gente de a pie se hartó de su inusitada libertad para criticar al gobierno porque no aportaba ninguna mejora.

LILIA SHEVTSOVA

Un sábado de verano por la tarde en el Beach Club de Moscú. La arena es importada de las Maldivas. Se sirve champán y langostas frescas, y nos invitan a salir para el espectáculo. Dos animadoras están alabando las virtudes de un coche de lujo, mientras unas bailarinas de barra americana giran sobre una plataforma. Llovizna. Entablo conversación con un joven que trabaja para la filial británica de la tienda B&Q. Me reprocha la política extranjera «agresiva» del Reino Unido hacia Rusia mientras mastica y chupa ruidosamente marisco. No me molesto en replicarle y me excuso. Luego me pongo a hablar del mejor comentarista de fútbol de la televisión rusa, Viktor Gusev, y nos enzarzamos en un intercambio verbal más placentero sobre los méritos de los equipos nacionales de nuestros países.

Mi estado de ánimo mejora cuando la banda de música programada empieza a actuar. Los Mumi Troll llevan varios años en el escenario, con su mezcla de rock y baladas. Invitan a mi amigo Art Troitsky, el promotor de rock más famoso de Rusia, a subir al escenario para presentarlos y, durante su actuación de una hora larga, comprendo por qué gustan tanto. Entiendo parte de las letras, desde el comprensible «dejé atrás mi patria» de una canción hasta el incomprensible «no te inyectes una escuela de delfines» de otra. Más tarde Art me lleva a los camerinos. Esta vez no hay elaborados cócteles, sino whisky de malta servido en vasos de plástico y muy buena conversación con la banda y su líder, Ilia Lagutenko. Se marchan en su autobús. Es medianoche. Nos desplazamos fuera de la ciudad a otra fiesta playera, en Rubliovka. Unos jóvenes rusos de aspecto normal —sin aire fanfarrón ni pastoso— bailan al ritmo de una banda de samba brasileña. Otros se bañan en el río. Como me ocurre siempre en Rusia, paso del descorazonamiento a la animación en un abrir y cerrar de ojos.

La adhesión de Rusia al consumo ostentoso ha sido la más pronunciada de los mercados emergentes. La primera vez que visité el país fue a finales de los años setenta, y lo he visitado con asiduidad desde entonces, incluidos dos periodos de trabajo como corresponsal a mediados de los ochenta y durante los primeros años vertiginosos de los noventa. He visto a la Unión Soviética estancada y tristemente aislada. El chiste era «hacemos como que trabajamos, ellos hacen como que nos pagan». Lo viví durante los turbulentos años de la apertura de Mijaíl Gorbachov al glasnost y la perestroika, cuando sus planes volvieron a verse socavados primero y acelerados después con Boris Yeltsin. Tras el fracaso del golpe de estado de 1991 y el desmoronamiento consiguiente de la URSS, la nueva Rusia emprendió una nueva revolución. Fue tanto una revolución del pensamiento individual como del mundo político. Millones de rusos perdieron el miedo, plantaron cara a la autoridad y abrazaron la libertad de expresión floreciente.

Por supuesto, Vladímir Putin no retrataría así esta época después. Al contrario, los años noventa serían conocidos como «la década del caos». Esta concepción gira en torno a una narrativa de «la Rusia que perdimos» (frase tomada entonces del título de una célebre y fascinante película de Stanislav Govorujin). Para muchos rusos ésta fue la época de una élite advenediza que se repartía el botín con el hampa; en Occidente, muchos se lamentan por haber perdido la oportunidad de consolidar la transición de Rusia a la democracia. El gran error de Occidente, reconocido en todo el mundo, fue pensar que los mercados libres y la democracia eran la misma cosa. Todo empezó con una «terapia de choque», la teoría monetarista que decretó la privatización de casi todo lo que pertenecía al estado. Recuerdo haber asistido a innumerables conferencias de prensa de ministros de economía y finanzas, y comprobar que sus consejeros occidentales actuaban como sus titiriteros. Los occidentales hacían gala de un exceso de celo y una falta de previsión política. El enfoque generalizado de Occidente durante los años noventa era una mezcla de condescendencia, benevolencia e insensibilidad. Los liberales rusos respondieron con una deferencia cultural que se transformaría después en resentimiento.

Los recursos naturales de un país entero, sobre todo el petróleo y el gas, se pusieron en venta y a precios ridículos. Arramblaron con ellos los poderosos y los próximos al poder, los afortunados o los listos. La primera generación de oligarcas surgió en una sociedad casi exenta de normas. Entre 1991 y 1996 el estado ruso se despreocupó realmente de vigilar a la sociedad. Apenas existían las distinciones entre legalidad e ilegalidad, moralidad e inmoralidad. No había definiciones rígidas del crimen organizado, el blanqueo de dinero o la extorsión; de forma implícita, todas las transacciones comerciales eran ilegales y legales a un tiempo. Estos oligarcas trabajaban codo con codo con la élite política y los servicios de seguridad, y entre todos se repartían el botín.

La primera fase de la conversión al capitalismo llegó con un parón repentino en 1998, cuando las inversiones en «pirámide» y otras fórmulas para desviar fondos sufrieron una crisis. Rusia dejó pasmados a los inversores internacionales al no pagar sus deudas y desencadenar una gran demanda del rublo. Como la autoridad de Yeltsin se vino abajo, los oligarcas consolidaron su posición. El más importante era Boris Berezovski. Se hizo con el control de la primera cadena de televisión, la ORT, y abrió sus puertas a las personas de peso —la hija de Yeltsin y su marido—. Juntos orquestaron el gobierno, despidiendo y cambiando a su antojo a los primeros ministros (en los ocho años de presidencia de Yeltsin nombraron a cinco primeros ministros). Mientras tanto, aunque una minúscula minoría se enriquecía, la infraestructura se paralizó. Decenas de millones de trabajadores estatales —desde soldados hasta policías, pasando por médicos y profesores— sufrieron la congelación de sus ya escasos salarios durante meses. La esperanza de vida disminuyó; reaparecieron varias enfermedades contagiosas que habían sido erradicadas de la URSS, y las escuelas y los hospitales se echaron a perder.

De mis conocidos, quienes se habían dedicado a los negocios se las arreglaron. Los que habían desarrollado su talento en otros campos, como la ciencia y las artes, los profesores y los médicos, vieron cómo bajaba su nivel de vida y languidecía su sentido del orgullo y la identidad. Habían depositado muchas esperanzas en el nuevo orden y se sintieron abandonados. Pero, a pesar de todo el desengaño, los rusos gozaron de libertades sin precedentes. El país se abrió drásticamente. Visité varias regiones a las que no se podía acceder antaño. En uno de mis viajes conocí a un sospechoso jefazo militar en la base nuclear ártica de Nueva Zembla; en otro alquilé un helicóptero militar en Kamchatka, cerca de Alaska, e invitamos a veinte miembros de la comunidad local, incluido un sacerdote, a unirse a nosotros. Recuerdo la caza de ciervos en la nieve siberiana con Mijaíl Kaláshnikov, el inventor del fusil de asalto que lleva su nombre. Terminé entablando amistad, si puede decirse así, con uno de los golpistas de 1991, el antiguo primer ministro Valentín Pávlov, al cual visité poco después de que saliera de la cárcel de Lefortovo. Todo el mundo se sentía libre para expresarse. Los periódicos crecieron como setas; toda una nueva generación de periodistas de diarios como Sevodnya (Hoy) y Nezavisimaya Gazeta (El Independiente) se había liberado por fin de las leyes contra la difamación y otros problemas de censura. Conocí a Svetlana Sorókina, una de las presentadoras más célebres de la televisión rusa, que se había hecho un nombre a finales de los años ochenta, en los últimos días de Gorbachov, por negarse a leer en voz alta ciertas noticias propagandísticas en el telediario de la noche. Ella y otros como Yevgeni Kiseliov, con su espectáculo Itogi del sábado noche, abrieron nuevos caminos para el análisis y las noticias en televisión. Todos se dedicarían a comentar con excitación sus entrevistas más duras y los escándalos que habían salido a la luz. Seguramente NTV fue el mayor avance, una nueva cadena fundada por Vladímir Gusinski, uno de los oligarcas más famosos de las primeras generaciones. La cadena desarrolló un nuevo estilo de reportaje de investigación, análisis político y sátira.

Gusinski encarnaba lo bueno y lo malo; era un hombre de ciertos principios políticos, pero era incapaz de resistir la tentación del dinero. Como tantos rusos de la época, se definió a sí mismo por la rápida acumulación de riqueza. Llegué a conocerle bastante bien, a él y a su mujer, y resultaba curioso ver cómo un director de teatro inteligente pero discreto sucumbía a los excesos de la opulencia. En Moscú, una cena informal se convertía en un suntuoso banquete servido por camareros de punta en blanco. En Londres no pudo resistirse a enseñarme la piscina de su mansión de Chelsea. En los restaurantes disfrutaba devolviendo la langosta que había pedido, quejándose de que era demasiado pequeña. Al mismo tiempo, a través de NTV y Sevodnya, estaba resuelto a desempeñar un papel en la democratización de Rusia. Pero lo más peligroso era que parecía confundir el proceso democrático con el resultado. Él y otros seis oligarcas, Berezovski incluido, financiaron la campaña de reelección de Yeltsin en 1996 y pusieron otra vez la televisión al servicio de la propaganda. Los liberales rusos y las embajadas occidentales no aludían al alcoholismo ni a la deteriorada salud del presidente. Sabían muy bien lo que estaba pasando, pero decidieron que la libertad de expresión no debía interferir en el éxito electoral. Insistían en que el fin justificaba los medios, pero si Yeltsin se veía obligado a dejar el cargo, Rusia volvería a una época oscura de represión. Menospreciaban la libertad de expresión por la causa aparente de la democracia liberal.

Cuando los años noventa tocaban a su fin, Yeltsin ya era objeto de burla. Cuanto más se evidenciaban sus juergas y el debilitamiento de la economía, más fuerte era el clamor por la «estabilidad». Los mismos oligarcas que antes habían manipulado el proceso para prolongar la permanencia de Yeltsin en el poder, vieron después la necesidad de una sucesión rápida y ordenada. Estudiaron una lista de posibles candidatos y repararon en Putin, un funcionario mediocre del antiguo KGB, a quien habían nombrado el último de sus primeros ministros hacía poco. Putin desempeñó bien este cargo para ellos, haciendo gala de una acusada profesionalidad. Su declaración de guerra contra los rebeldes de Chechenia tuvo una gran acogida. Rusia empezaba a autoafirmarse de nuevo.

La noche del milenio, Yeltsin sorprendió a su país con el anuncio de que cedía la presidencia a su primer ministro con efecto inmediato. El ascenso de Putin satisfacía las necesidades de los rusos de a pie y de los intereses empresariales. En cualquier caso, la democracia se había ido al garete mucho antes de que Putin asumiese su cargo. Tres meses después, el nuevo presidente se aseguró el «respaldo» de la ciudadanía gracias a unas elecciones fijadas por los oligarcas; financiaron la campaña, tal como habían hecho en 1996, y se aseguraron de que los rivales de Putin fuesen denunciados en cada vuelta. Aconsejaron a sus rivales más serios, como el alcalde de Moscú Yuri Luzhkov y el antiguo primer ministro Yevgeni Primakov, que no se presentaran. Vladímir Potanin, uno de los magnates más célebres, dijo durante la campaña de Putin: «Ya veremos si cumple lo prometido». Lo prometido era restaurar el orden, pero también no inmiscuirse en sus imperios económicos. Éste era el pacto entre ellos. Este pacto era más injusto que en China y otros estados en transición, porque aparentaron que se hacía en interés de la democracia.

Putin no tardó en reafirmar su autoridad, o alterar los términos de su compromiso con quienes lo habían nombrado. A las pocas semanas de que asumiera el cargo, e incluso antes de su «elección», el Kremlin ordenó detener a un conocido reportero de Radio Liberty. Los reportajes de Andrei Babitski sobre Chechenia suponían una amenaza directa para Putin. Para la segunda guerra de Chechenia, Rusia usó como pretexto las bombas que estallaron en varios edificios de tres ciudades rusas, matando a trescientas personas. Babitski fue uno de los periodistas que investigaron la teoría de que las mismas fuerzas de seguridad rusas habían ordenado los atentados terroristas. Lo acusaron de espionaje, lo encerraron en una celda de aislamiento, lo interrogaron y lo entregaron a los rebeldes chechenos como terrorista a cambio de un soldado ruso.

El mensaje de Putin era claro: los medios de comunicación deben verse a sí mismos como un mecanismo que emite comunicados, no como un medio que canaliza críticas, y menos aún como un juguete para hacer negocios. Después fue a por los oligarcas. Gusinski fue retenido antes de partir al Reino Unido; lo mismo le ocurrió cuando intentó viajar a España y luego a Israel. Después le tocó el turno a Berezovski, que se subió a su jet privado rumbo a Inglaterra. Putin les podía haber parado los pies a ambos, pero parecía contento de verlos alejarse. Supuso que no le incordiarían tanto si permanecían lejos. Berezovski no le complació. Desde su mansión de las afueras de Londres, emprendió una campaña personal contra Putin y fue objeto de reiteradas peticiones de extradición por parte del Kremlin. Lo que importaba realmente a Putin era que Gusinski y Berezovski habían tenido que renunciar a sus bases de poder mediático. Las cadenas televisivas y los periódicos de ambos pasaron a ser órganos del Kremlin, y Putin había calculado que estas adquisiciones no le concitarían demasiadas críticas. Tenía razón. En el punto álgido de su primera purga, en noviembre de 2000, según una encuesta, sólo el 7% de los rusos creía que las cadenas principales eran independientes al principio, frente al 79% que creía que dependían de los oligarcas. En otras palabras, muchos se preguntaron si lo que habían visto de la democracia era tan valioso.

Putin había modificado los términos del pacto con la primera generación de oligarcas; aunque lo habían encumbrado en el poder, convocó a varios de ellos a una reunión a los pocos meses de tomar posesión de su cargo y dejó las cosas claras. Había consolidado su poder y reescrito las reglas. A partir de ese momento serían así: os dejaré tranquilos para que hagáis dinero; más os vale que saque mi tajada, pero alejaos de la esfera pública a menos que os indique lo contrario. Los que le desafiaron acabaron lamentándolo.

En 2003 el oligarca Mijaíl Jodorkovski, entonces uno de los peces gordos gracias a su petrolera Yukos, fue acusado de fraude y evasión de impuestos. Había irritado al Kremlin, no por la expansión de su negocio, sino por sus ambiciones políticas; se anunciaba, por sus credenciales, como posible rival de Putin y financiaba a los partidos de la oposición en la cámara baja del Parlamento, la Duma. Su detención y el juicio posterior conmocionaron a Rusia y a la comunidad económica internacional. Putin quería dejar claro que nadie estaba por encima de la ley, su ley. «Tenemos a una categoría de personas que se han hecho millonarias de la noche a la mañana, como quien dice», declaró. «Han creído que los mismísimos dioses se han dormido en sus cabezas y todo les está permitido.» Jodorkovski fue condenado a nueve años en un campo de trabajo de Siberia.

Putin sabía, y sabía que todos lo sabían, que había escogido a un solo chivo expiatorio. Podría haber elegido a cualquier oligarca para su escarmiento, pero las ambiciones de Jodorkovski habían sido las más descaradas. Putin también sabía que nadie con serias ambiciones de hacer negocios protestaría. El caso Jodorkovski no sólo acabó silenciando las voces disidentes del mundo de los negocios, sino que también propició que los siloviki, la élite de los servicios de seguridad e inteligencia, comprasen el sector privado. En breve dictaron el rumbo político y económico del país. El capitalismo de los magnates desaprensivos durante los primeros años de Yeltsin se afianzó bajo el control del Kremlin. La clave fue consolidar la lucrativa industria energética. Bajo lo que se dio a conocer como la «nueva privatización de terciopelo» los aliados de Putin controlaron las juntas directivas de las empresas rusas más importantes, desde los gigantes del gas y del petróleo hasta los ferrocarriles y las líneas aéreas. Todos triunfaron, política y económicamente, en particular el presidente. Lo apodaron «Kremlin S.A.».

En 2004 me invitaron a conocer a Putin. Fue con motivo de la reunión inaugural del Valdai Club, que aspiraba a ser un grupo de discusión anual de expertos rusos y occidentales. Nuestra llegada al país coincidió con los primeros días de la matanza de la escuela de Beslan, al norte del Cáucaso. Era imposible no sentir repugnancia ante la crueldad que los asesinos mostraban delante de las cámaras de televisión en directo. Pero mis conversaciones con políticos, periodistas e intelectuales en aquellos días tensos fueron desalentadoras. Un director o dos mostraron agallas, como Raf Shakirov de Izvestiya —antaño periódico vocero del gobierno, pero más tarde serio y crítico—, a quien despidieron tras denunciar que el número de rehenes en la escuela era mucho mayor que el anunciado oficialmente. Otros, que yo creía progresistas, se habían convertido en nacionalistas xenófobos, culpaban a los de fuera de las desgracias de su país y se negaban a reflexionar sobre el contexto de Beslan (dos ataques sangrientos contra Chechenia). ¿Estábamos ante una conversión ideológica genuina? ¿Se estaban anticipando a sus amos? ¿O era un intento de desviar la atención de la incompetencia de las fuerzas de seguridad? La política de la queja, una de las facetas menos atractivas de la vida política soviética, seguía tan arraigada como siempre en la Rusia capitalista. La culpa de las desgracias del país siempre era de otro. Se trataba de un instinto visceral que, por lo visto, compartían tanto ricos como pobres, tanto quienes conocían bien Occidente como quienes no lo conocían bien.

Supuse que, en plena situación de emergencia para la nación, una reunión social con un grupo de extranjeros no sería prioritaria en la agenda del presidente. Cuando me enteré de que no la habían cancelado, conjeturé que no pasaría de un rápido apretón de manos en el Kremlin. Pero nos metieron en un autobús con dirección a la residencia oficial de Putin, en las afueras. Cuando llegamos a Novo-Ogarevo, pasadas las opulentas casas de la nueva élite aburguesada, nos condujeron a una antesala con una mesa de billar y un televisor de plasma. Allí vimos las noticias de las ocho en el segundo canal, que era entonces el canal ruso más leal al gobierno. En el telediario no preguntaron nada comprometido como, por ejemplo, por qué el intento de rescate de Beslan había sido tan chapucero; por qué las autoridades habían falseado el número de rehenes en la escuela; por qué Chechenia actuaba de aquel modo. Lo que sí vimos fue una sucesión de imágenes de entierros de cuerpos, de madres y padres llorando desconsoladamente bajo la lluvia torrencial, de un muchacho cantando el Ave María a una multitud silenciosa en San Petersburgo.

Por fin nos llevaron al piso superior, tras advertirnos que el presidente no estaba de humor para la reunión. Con una ondulación de la mano, Putin nos conminó a sentarnos a una mesa rectangular cubierta con un tapete blanco. Nos sentamos por orden alfabético y, cuando el presidente nos invitó a hacerle preguntas, yo fui uno de los que levantó tímidamente el brazo. Me señaló desde el otro lado de la mesa. A modo de introducción, le di nuestro pésame colectivo. No quería parecer insensible, aventuré, pero ¿seguro que su política hacia Chechenia no tenía nada que ver con todo este asunto? Durante los treinta minutos siguientes Putin hizo una exégesis ininterrumpida de la historia reciente de Rusia. Tenía la mirada fija e inexpresiva; no vaciló ni miró sus notas una sola vez. Reconoció que los chechenos habían sufrido terribles miserias durante las deportaciones de Stalin. Que habían luchado con más valor que nadie por la defensa de la patria soviética contra el fascismo. También insinuó que él probablemente no habría obrado como Boris Yeltsin en 1994, cuando desencadenó la primera guerra moderna contra Chechenia. «No sé cómo habría actuado; a lo mejor igual, a lo mejor no. Pero se cometieron errores.»

Putin explicó que, tras la retirada rusa, Chechenia recibió lo que quería: «independencia de facto». Pero los dirigentes locales dejaron que se deteriorase, estimularon el extremismo y convirtieron la región en un trampolín de terroristas de toda Rusia. «El fundamentalismo radical de la peor ralea llenó el vacío», dijo. Hombres y mujeres acabaron ante pelotones de fusilamiento y golpeados con palos. En 1999, para cuando ya era primer ministro, el gobierno ruso no tenía más elección que contraatacar, aunque sólo fuese para prevenir la violencia que se estaba extendiendo más allá de la frontera chechena, en la vecina República de Daguestán. Mientras, Rusia buscaba interlocutores entre los dirigentes políticos: «Hasta intentamos negociar con individuos que empuñaban armas contra nosotros. Hicimos lo que ustedes nos pidieron». El estatuto de Chechenia no era la cuestión, afirmó. Los islamistas habían manipulado el tema de la independencia con un objetivo mayor.

Sus argumentos, aunque selectivos desde la perspectiva histórica, estaban cuidadosamente formulados y expuestos con soltura. El único momento en que no pudo contener sus emociones fue cuando habló de Beslan. Incluso cuando más enfadado parecía, conservó siempre la calma. Terminó su disertación —no habíamos pasado de la primera pregunta— invitándome a que me preguntase: «¿Le gustaría que unos individuos que disparan a los niños por la espalda llegaran al poder en cualquier lugar de este planeta? Si se lo preguntara, no haría más preguntas sobre la política rusa».

Chechenia, nos dijo Putin, no era Irak. «No es un país lejano. Es una parte crucial de nuestro territorio. Estamos hablando de la integridad territorial de Rusia.» Lo estaban usando de trampolín, dijo, y «ciertos elementos foráneos» instigaban a la violencia. «Hemos observado episodios. Es una réplica de la mentalidad de la Guerra Fría. Hay ciertas personas que quieren que nos centremos puramente en nuestros problemas internos. Mueven hilos para que no levantemos la cabeza en el plano internacional.» Rusia, insistió, ya no tenía pretensiones «imperialistas» más allá de sus fronteras. No se sentía a gusto con la ampliación de la OTAN a los antiguos estados bálticos soviéticos. No veía por qué motivo los denominados socios querían pilotar aviones de caza en el espacio aéreo ruso. Esto, añadió, recurriendo a otra palabra soviética, no era sino una «provocación». Su país no disponía de los recursos necesarios para vigilar sus fronteras como era debido. A nadie le interesaba una Rusia débil e inestable. «¿Se le ha pasado a alguien por la cabeza qué sucedería si Rusia fuera eliminada?»

Era difícil no identificarse con muchas de las cosas que decía. La creciente hostilidad de Putin se debía en gran medida al análisis fallido de Occidente sobre la psicología de la Rusia moderna, y a una fuerte rabia contenida de los rusos por la doble moral de Occidente que siguió a la ayuda prestada por Moscú a Washington tras el 11 de septiembre de 2001. Veamos las concesiones rusas: el cierre de una base de espionaje en Cuba y una base naval en Vietnam, y luz verde para que Estados Unidos utilizase bases aéreas en Asia central a fin de apoyar la invasión de Afganistán. El Kremlin supuso que, a cambio, serían más comprensivos con sus intereses.

Putin comenzó a recelar en noviembre de 2003, cuando una protesta popular en Georgia obligó a dimitir al presidente de la época soviética, Eduard Shevardnadze, y marcó el comienzo de un gobierno pro estadounidense encabezado por Mijeíl Saakashvili, educado en Estados Unidos. Para las capitales occidentales, sobre todo para los neoconservadores de Washington, la Revolución de las Rosas era la expresión última del poder del pueblo; para Moscú era un ejemplo flagrante de manipulación estadounidense sobre la opinión pública y de doblez de la retórica democrática. En menos de un año unos acontecimientos similares en Ucrania agravarían las preocupaciones de Putin. La campaña electoral de noviembre de 2004 en este país se vería empañada por las acusaciones contra Moscú por su supuesta implicación en el envenenamiento del pro occidental Viktor Yushchenko, y la disputada victoria del candidato pro Kremlin, Viktor Yanukovich. Tras las concentraciones masivas se ordenó una segunda vuelta, y las llamadas fuerzas «naranjas» tomaron el control de un país profundamente dividido. Para Oriente y Occidente estas dos antiguas repúblicas soviéticas se volvieron el centro de atención de una batalla geoestratégica —pues a la OTAN le tentaba el ingreso de Georgia y Ucrania—, pero también ideológica. Acabó tornándose un juego de todo o nada. El resentimiento de Rusia crecería con más fuerza si cabe cuando Estados Unidos ideó planes de defensa contra misiles y sistemas por radar en Polonia y la República Checa, y apoyó la declaración de independencia de Kosovo.

Sin embargo, en aquella sesión con Putin en el 2004, el presidente ruso seguía dispuesto a conceder a Bush el beneficio de la duda. Aunque no mostró moderación con respecto a las fuerzas críticas dentro de su país. Le preguntamos qué opinaba de la libertad de expresión. Dijo que era parte esencial del desarrollo de un país, pero que los periodistas también debían ser «eficientes». Comparó la relación entre el estado y los medios de comunicación con algo que había visto en una película italiana, pero no nos dijo cuál. A lo mejor había aprendido la frase de su amigo Silvio Berlusconi: «La función del hombre de verdad es hacer progresos. La función de la mujer de verdad es oponerse a ellos».

Habíamos tomado varias tazas de té negro y terminado unos esponjosos bizcochos de fruta. Era pasada la medianoche. Habíamos estado con nuestro anfitrión durante tres horas y cuarenta y cinco minutos. ¿Qué otro jefe de estado habría consentido en pasar tanto tiempo «cara a cara» con un puñado de extranjeros, sobre todo en el momento álgido de una situación extrema? Me chocó que Putin tuviese tantas ansias de ser comprendido. Antes de despedirnos quiso decir una última palabra sobre Chechenia. Estaba dispuesto a abrir un diálogo, pero no con «asesinos de niños». Dijo: «Yo no os aconsejo que os reunáis con Bin Laden, le invitéis a Bruselas, a la OTAN o a la Casa Blanca, tengáis conversaciones con él y le dejéis que imponga sus condiciones para que luego os deje en paz». Sencillamente no podía entender por qué los de fuera veían las cosas de forma distinta. ¿Acaso no teníamos conciencia? Tras esto, se incorporó y dio la vuelta a la habitación estrechándonos la mano uno a uno, mirándonos fijamente a los ojos.

Ese mismo día temprano yo había estado en una estación de metro, Rizhskaya, la que utilizaba para ir al trabajo durante mi primera estancia en Moscú a mediados de los años ochenta. La boca del metro se había transformado en un santuario, el último de los varios que hay por toda Rusia consagrados a las víctimas del nuevo terror. Cubrían una pared entera claveles, fotografías y poemas a los seres queridos. En la tarde del 31 de agosto de 2004, una «viuda negra», como se conoce ahora a las terroristas suicidas, voló por los aires fuera de la estación, junto a una hilera de tiendas. Bajé por las escaleras mecánicas hasta el andén, pasando por delante de anuncios de detergentes y reproductores de DVD. Por el interfono, un mensaje grabado pedía a los viajeros que informasen si veían a alguien o algún paquete sospechoso. Pero ¿a quién debían informar? ¿Cabía esperar algo de los jóvenes policías apoyados con desgana en la barandilla? En los vagones todo el mundo miraba a todo el mundo, rumiando qué planes secretos tendría el vecino, pero todos sabían que no había nada que hacer al respecto. Yo le daba vueltas a lo que Putin había dicho a la nación en su discurso televisado: «Nos hemos demostrado a nosotros mismos que somos débiles, y los débiles siempre son derrotados». También medité sobre el término zhurnalyuga —periodista basura—, que ha tenido mucho eco en el entorno de Putin.

Esa misma semana, en circunstancias sospechosas, dos destacados periodistas no pudieron entrar en Beslan. A uno lo retuvo la policía en el aeropuerto de Moscú-Vnúkovo, tras un altercado con un borracho que tenía toda la pinta de estar planeado. En el primer caso se trataba de Babitski, de Radio Liberty, que no había cejado en su valiente labor investigadora. La otra periodista se desplomó en un avión de camino al Cáucaso, luego de que le administraran una taza de té envenenado. Se trataba de Anna Politkóvskaya, la reportera de investigación y comentarista más célebre de Rusia. Lo único importante para Putin es que los medios de comunicación no mancillaran su reputación diciendo que la orden la había dado él; de ahí el uso de la palabra «eficiente».

Desde el año 2003 la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras ha situado todos los años a Rusia entre el puesto 140 y 147 de unos 170 países en su clasificación mundial de la libertad de prensa. Rusia suele ocupar puestos similares a Afganistán, Yemen, Arabia Saudí y Zimbabwe, aunque ya supera ligeramente a Singapur y China. A diferencia de estos países, las autoridades rusas se han centrado menos en la legislación preventiva y más en la brutalidad punitiva. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) afirma que Rusia es el tercer país del mundo más peligroso para los reporteros. La Unión Rusa de Periodistas calcula que han sido asesinados más de doscientos en diez años. En ningún caso se ha detenido al cerebro del crimen.

El caso más famoso fue el de Politkóvskaya, asesinada a balazos en el ascensor de su edificio en octubre de 2006. Su trabajo en el Cáucaso era innovador y enfureció al Kremlin. No obstante, a diferencia de otros periodistas menos conocidos que habían sido agredidos o asesinados, todos pensaban que su fama la mantenía a salvo. Pero no fue así. Roman Shleinov, periodista de investigación del periódico para el que ambos trabajaban, explica el motivo: «El periodismo se torna una amenaza y una seria molestia cuando empieza a influir en la dinámica social. Los informes de Politkóvskaya tuvieron este efecto, porque para las organizaciones extranjeras de derechos humanos representaba una fuente de información alternativa. Era más que una periodista: era una activista social. No es la crítica al Kremlin en sí misma lo que pone en peligro a los periodistas rusos, sino la amenaza que constituyen para un viejo sistema de relaciones que beneficia a una pequeña minoría. Y eso no se permitirá».

Su muerte alarmó a periodistas y grupos de derechos humanos del mundo entero. En Rusia los pocos liberales que quedan reaccionaron enérgicamente, pero la mayoría de la población pareció tomárselo con serenidad. Cuando le presionaron para que comentase algo al respecto, Putin dijo que la influencia de Politkóvskaya en la política rusa había sido «insignificante». Pasaron muchos meses hasta que se emprendió una investigación. Al final juzgaron a tres sicarios, pero en febrero de 2009 fueron absueltos. A pocos les sorprendió, pues no había una acusación sólida contra ellos. Los investigadores cumplieron con las formalidades. Nadie podía tocar a los que habían ordenado el asesinato. La participación del estado en un asesinato de esta índole habría sido un escándalo en cualquier país, pero no en el régimen de Putin. Cuando los intereses de las estructuras de poder se ven amenazados por el periodismo independiente, los asesinos a sueldo son el recurso último de la censura.

El asesinato de Politkóvskaya tan sólo fue el último de una larga serie. En la época de Yeltsin también había periodistas y políticos de la oposición en el punto de mira; en particular Galina Starovoitova, destacada progresista, asesinada en 1998 a punta de pistola en el edificio de San Petersburgo donde residía. Pero en tiempos de Putin aumentó la frecuencia de los asesinatos, al igual que la confianza de sus ordenantes. En 2003, Yuri Schekochijin, director adjunto de Novaya Gazeta y vicepresidente del Comité de Seguridad de la Duma Estatal, murió a la edad de cincuenta y tres años de una misteriosa alergia. Nadie creyó ni por un instante que se debiera a causas naturales. Yo lo conocí a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando salió elegido para el Congreso de los Diputados del Pueblo, el primero y único Parlamento semilibre que la Unión Soviética había tenido en su vida. Su estilo caótico y espontáneo le inspiró para hacer campaña activamente. Audaz pero también práctico, Schekochijin fue una destacada personalidad en los años de Gorbachov y Yeltsin, y se unió a muchos moscovitas en la defensa de su democracia en ciernes durante el golpe de estado de 1991. Muchos se han retirado desde entonces a su mundo consumista. Él y unos pocos más siguieron adelante. Su oposición pública a la guerra de Chechenia y su flagelo contra el KGB y sus sucesores le concitó muchos enemigos.

En la Rusia de provincias, aparte de los reporteros, cualquiera que se entrometa en el camino de las autoridades y sus socios comerciales y criminales es probable que reciba un castigo sumario. «La reacción de las autoridades locales a las publicaciones es mucho más despiadada que la de los federales», dice Shleinov. «Los jefes de las administraciones locales tienen carta blanca en sus tratos con los periodistas. En su territorio son “zares” de poca monta e imitan a las autoridades centrales de forma exagerada.» Existe cierta similitud con China, donde los excesos pueden ser mayores en las regiones que en el centro, pero las autoridades nacionales fijan los parámetros en conjunto.

En una ocasión, a la pregunta de cómo se defendería de las críticas que lo acusaban de limitar la libertad informativa, Putin respondió: «Muy sencillo. Nunca hemos tenido libertad de expresión en Rusia, así que no entiendo realmente qué podría reprimirse. A mí me parece que la libertad es la capacidad de expresar una opinión propia, pero debe haber ciertos límites, como estipula la ley». Ésta es la versión rusa de los «indicadores de fuera del terreno de juego» singapureños, aunque el escenario suele ser el hueco de una escalera y el método empleado una semiautomática. Periodistas así, además de un grupito de activistas y abogados defensores de los derechos humanos, han roto lo que la comentarista Masha Lipman llama el equivalente ruso del «pacto de no participación». La ciudadanía acordó no entrometerse en la política a cambio de poder participar en los beneficios del boom energético ruso.

Puede que la época de Putin esté tocando a su fin, mientras Rusia se recupera de la crisis mundial, pero sus ocho años de presidencia, de 2000 a 2008, coincidieron con la etapa de mayor crecimiento económico y estabilidad política que su país había experimentado desde hacía una generación. Un país que había estado a punto de hundirse en 1998 había logrado acumular las terceras mayores reservas de divisas del mundo. La renta per cápita ascendió de menos de 2.000 dólares en 1998 a 9.000 dólares a principios de 2008. Si se tiene en cuenta que el impuesto sobre la renta no superaba el 13% y que cada soviético tenía una vivienda gratis al final de la etapa soviética, los ingresos disponibles eran más elevados de lo que sugieren estos datos. A diferencia de muchos países occidentales, los consumidores apenas tenían hipotecas ni contraían deudas excesivas. Todo se basaba en precios disparatados de los productos de consumo en los mercados mundiales. Cada aumento de un dólar en el precio de un barril de petróleo representaba un aumento de mil millones de dólares en la recaudación oficial. El Kremlin fue prudente en sus previsiones presupuestarias; intuyó la bajada de los precios y creó un fondo de estabilización de 160.000 millones de dólares a partir del superávit de las rentas públicas. Pensó que sería suficiente para protegerse de cualquier imprevisto.

No todos se beneficiaron. La mayoría de los pensionistas luchaban para llegar a fin de mes; muchos perdieron sus casas por varias estafas de urbanísticas; otros no lograron recuperarse de las inversiones fraudulentas en «pirámides» de la última crisis económica. Los más vulnerables de la sociedad siguieron sufriendo, como habían hecho en los años noventa. Pero lo importante era que había suficientes personas que se las arreglaban suficientemente bien y se consideraban lo suficientemente libres en sus vidas personales. Los que se las arreglaron, lo hicieron extraordinariamente bien. Los coches deportivos, las tiendas de diseño y los restaurantes caros eran, a mediados de 2000, lo habitual entre una proporción pequeña pero significativa de la población de las grandes urbes. Se decía que en Moscú preparaban el mejor sushi fuera de Japón. La capital presumía de más modelos de BMW serie 6 que cualquier otro país del mundo. Los pronósticos decían que Rusia superaría a Alemania y se convertiría en el mayor mercado mundial de coches de lujo. Esta riqueza ayudó a fomentar el renacer de la confianza nacional; la creencia de que los rusos volverían a levantar la cabeza bien alto en el mercado internacional. Esta confianza en sí mismos siguió manifestándose con una mezcla de soberbia y queja.

Putin había prometido a su pueblo un nuevo pacto o, más bien, la vuelta a uno antiguo en un nuevo marco. Devuelve la esfera pública a los que saben y, a cambio, la población recibirá la seguridad perdida. Aunque la prosperidad sólo afectaba a unos pocos, la restauración del orden básico implicaba que los trabajadores del sector público y otros que no habían compartido la riqueza al menos disfrutarían de unos ingresos estables y regulares. La diferencia principal entre la época de Putin y la época soviética estribaba en la esfera privada. Putin no tenía intención de imponer de nuevo la prohibición de viajar, ni dictaminar dónde podía vivir o trabajar cada cual. Los individuos eran libres de ir donde gustasen y vivir la vida como gustasen, siempre que no causaran problemas.

En este sentido Putin había cumplido lo prometido. La riqueza, de la que varias generaciones de rusos no habían disfrutado nunca, era el antídoto perfecto contra el compromiso político. La concentración de la autoridad en manos de Putin y la eliminación de fuentes de poder alternativas produjeron una indiferencia absoluta hacia la política y el aletargamiento de la sociedad mediante los bienes de consumo.

Muchos periodistas siguieron asumiendo riesgos, incluso en la época de Putin. Pero muchos de mis conocidos prefirieron llevar una vida tranquila. ¿Por qué hundir el barco si se puede gozar de la buena vida, pagando un poco menos del 10% de impuestos, veranear en Cap Ferrat y vivir en uno de los muchos «pueblos» privados que estaban construyendo a las afueras de Moscú? Este tipo de compensación era similar a la de mis amigos de Singapur, con la diferencia de que a principios de los años noventa había conocido a muchos así que salían en defensa de la incipiente democracia de Yeltsin y se comprometían en serio con el debate político. Aunque después decidieron retirarse.

Estas personas habían aceptado el pacto global y disfrutaban de sus privilegios. Recuerdo una tarde de mayo de 2008 en Moscú. Una valla publicitaria frente al Teatro Bolshoi recordaba a los transeúntes que Rusia acababa de derrotar a Canadá en la final del Campeonato Mundial de hockey sobre hielo y que el Zenit de San Petersburgo había vencido al Glasgow Rangers en la Copa Final de la UEFA en Manchester. «Lo hacemos mejor» rezaba el anuncio. El mayor logro estaba por llegar: la Liga de Campeones se jugaría en Moscú y enfrentaría al Manchester United y mi club, el Chelsea. En palabras de un aficionado, este acontecimiento marcó «la mayoría de edad de Moscú». He presenciado muchos cambios profundos en Rusia, pero se me abrieron los ojos como platos cuando vi la Plaza Roja transformada en un carnaval, con los hinchas ingleses, que habían accedido tranquilamente al país sin visado, chutando el balón fuera del Mausoleo de Lenin y los revendedores vendiendo entradas. Para el Kremlin este importante ejercicio de relaciones públicas estaba a punto de ser superado por algo incluso mejor.

Aquel sábado era la final del Festival de Eurovisión. Habían invitado a mi amigo el promotor de rock Art Troitskyal estudio de la segunda cadena estatal, junto a una esmerada selección de artistas y seguidores. Hacía tiempo que las tertulias en directo habían dejado de emitirse por el temor de las autoridades a que se airearan comentarios poco afortunados. Pero aquí se trataba de pura diversión, no cabía duda. El escenario al aire libre iba a intercalar las reacciones de los tertulianos en Moscú con el espectáculo en directo, que transcurría en la capital serbia, Belgrado. Me sorprendió —y me intrigó— que me dejaran estar con Troitsky aunque, dada la desafortunada actuación del participante británico, lo mejor era quedarse callado. El británico quedó en último lugar, y yo agaché la cabeza como era de esperar. La canción rusa, una balada interpretada en solitario por Dima Bilan, una estrella famosísima, arrasó. Mientras Bilan cantaba su victoriosa interpretación de «Relieve», ondeando una bandera rusa por todo el escenario, la cobertura informativa rusa conectó con el estudio en Moscú. Una serie de famosillos del espectáculo, de mediana edad y con chaquetas de piel, agarraron el micrófono, proclamando que se merecía la victoria, cómo demostraba esta victoria la grandeza de Rusia, e incluso lo mucho que había que agradecer esta victoria al primer ministro y al presidente. Cuando le tocó el turno a Troitski dijo que en su opinión la canción era una basura y que la votación era un amaño de los países eslavos y otros países de la antigua Unión Soviética. Gritos ahogados por doquier. «Traidor», le espetó una mujer. «Creía que eras un patriota», le recriminó otro. «Yo respetaba tu trabajo», lamentó un tercero, «pero ahora veo quién eres realmente».

En muchos aspectos la televisión rusa ha progresado desde los tiempos de la Unión Soviética. Su calidad de producción es impecable. Sus programas de entretenimiento y espectáculos gozan de tanta popularidad como cualquier otro del mundo. Es una veterana de los programas rosas con escaso nivel intelectual y produce tanta bazofia como cualquier otra televisión de Occidente. Pero no programa tertulias espontáneas. Troitsky no es ingenuo. Supo hacer frente común con el sistema en la época soviética para promocionar sus grupos de música. Estuvo al frente de la revolución de Yeltsin, y le invitaban a programas importantes en la televisión y la radio. En cuanto Putin llegó al poder, los directores empezaron a desconfiar de él, pero a Troitsky le costó un poco darse cuenta. Una vez lo invitaron a participar en la edición con famosos del programa ¿Quién quiere ser millonario?, pero el día previo al rodaje uno de los productores llamó para decir que la lista de concursantes había cambiado. Se disculpó torpemente, alegando un «cambio de situación». Le pasó más veces. Su amiga, la presentadora de televisión Sorokina, preguntó al director del programa, Konstantin Ernst, qué estaba pasando. Ernst le contestó: «Lo sabes muy bien, Sveta. Es incontrolable». Poco después, le cerraron el programa a la propia Sorokina. Primero le dijeron que tenía que grabar con antelación su tertulia vespertina debido a las opiniones «peligrosas» de los invitados y la audiencia. Luego se la paralizaron del todo. En el 2008 Novaya Gazeta publicó un artículo sobre las listas negras de la televisión rusa. Troitski era uno de los que figuraban en ellas. El informe citaba una fuente televisiva según la cual un comentario de Troitsky en un programa de 2004 había ofendido especialmente al Kremlin. Decía literalmente: «La gente suele trocar la libertad por la seguridad o la seguridad por la libertad; a este respecto, miren la historia reciente de Rusia: con los comunistas no teníamos libertad, pero sí relativa seguridad; con Yeltsin no teníamos seguridad, pero había mucha libertad; con Putin no tenemos ni lo uno ni lo otro».

Incluso a una personalidad tan astuta como Troitsky le sorprendió que se enfadaran tanto con él la noche de Eurovisión. Al fin y al cabo, sólo se trataba de música popular, no de un asunto de vital importancia para Rusia. Mientras conducíamos de madrugada de vuelta a casa recibió varios mensajes seguidos, algunos de apoyo, de amigos, y otros amenazadores. Había roto el pacto. El asunto no era tan grave como para ponerle en peligro, pero le habían avisado.

Sus presuntos amigos no tenían por qué haber reaccionado como lo hicieron. No se había ejercido una presión manifiesta. Pero lo hicieron, viendo quizá en sus extravagantes muestras de patriotismo más contratos lucrativos futuros. La nueva cultura empresarial obraba en armonía con el pensamiento autoritario.

La autocensura se volvió un instinto natural entre los periodistas y otros profesionales de la vida pública. A los defensores de los derechos humanos, o lo que queda de esa comunidad, se les considera una pandilla de románticos sin remedio; y a las organizaciones no gubernamentales, agentes de fuerzas foráneas hostiles. El Parlamento ruso, que durante el ejercicio en el cargo de Putin era un organismo al servicio del Kremlin, ha aprobado una serie de leyes para frenar lo que denomina «conducta antiestatal». Un artículo de la legislación otorga a los servicios de seguridad el derecho a matar enemigos del estado dentro y fuera del país. Otro otorga a los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley el derecho a considerar los actos de disidencia como formas de extremismo o traición, delitos punibles con hasta veinte años de cárcel. Se ha vuelto a definir el concepto de traición para incluir los perjuicios contra el orden constitucional ruso. Los defensores de los derechos humanos afirman que es como volver a los tiempos de Stalin. Una vez más, son pocos los que se quejan.

Como siempre, los países occidentales mostraron su confusión y doble moral característica en los negocios. Una de las ironías es que, durante este periodo, el país con el que Rusia tenía una de las peores relaciones políticas —el Reino Unido— participó en su auge económico. En 2006 Gran Bretaña era el segundo inversor en Rusia. Casi todo el dinero, no obstante, fluía en dirección contraria. Cuando Peter Mandelson, uno de los confidentes próximos a Blair, declaró a mediados de los noventa que el Nuevo Laborismo había «tenido manga ancha con los que se estaban haciendo obscenamente ricos», tal vez apenas intuía lo que vendría después. Durante el gobierno laborista Londres se vendió a la nueva élite mundial como un lugar menos regulado y con mayores ventajas fiscales para los negocios que cualquiera de sus rivales. El gobierno había ideado formas muy atractivas de no pagar impuestos (legalmente) y reducido las probabilidades de ser pescado si se evadían impuestos (ilegalmente). No resultó extraño, pues, que los oligarcas rusos hicieran de la capital británica su hogar. La ciudad se hizo célebre entre los rusos como «Londongrado», donde las personas con ultra-high net worth,³ como las llamaron los agentes inmobiliarios, podían disfrutar de sus lujos sin ser estorbados. Un cuarto de millón de rusos se instalaron allí.

En el verano de 2007 discutí con Alistair Darling, el ministro de Hacienda del Reino Unido, el fenómeno «Londongrado». Le pregunté si había algo por lo que Inglaterra no se postraría ante los súper ricos. ¿Llegaría el gobierno a considerar la posibilidad, como muchos habían urgido, de aplicar un impuesto a los residentes no domiciliados? Parecía aturdido y se limitaba a sonreír. Le dije que muchos rusos que yo conocía estaban perplejos ante la laxitud del gobierno británico, que permitía entrar a tantas personas con historiales controvertidos. Se encogió de hombros, dijo que estaba «exagerando» el problema y murmuró algo de que la capital británica era el «centro financiero del mundo». Ésta era la parte británica del pacto.

A la inteligencia británica le preocupaba la llegada de toda una subcultura de individuos fabulosamente ricos y de dudosa reputación. En el Ministerio de Exteriores se sorprendieron ante la decisión de conceder asilo a Boris Berezovski. Los servicios de seguridad notaron una gran actividad en el Servicio Federal de Seguridad, que dejaba entrever un vínculo inextricable entre los negocios rusos y los intereses políticos. En abril de 2006 se fundó la Agencia contra el Crimen Organizado (SOCA, por sus siglas en inglés), en la línea del FBI en Estados Unidos. Blair prometió que el nuevo organismo «les haría la vida un infierno» a los gángsteres, capos y traficantes de seres humanos. La mafia rusa era uno de los agentes más poderosos de la industria criminal, valorada por lo visto en veinte mil millones de libras sólo en el Reino Unido. El único éxito significativo de la SOCA contra los rusos en este periodo fue la detención de tres piratas informáticos de poca monta, que habían estado chantajeando a corredores de apuestas irlandeses y británicos. Luego se perdió la pista; cuando se trataba de rusos, los británicos se mostraban reacios a investigar todo lo que no fueran delitos menores como drogas y prostitución. Esto reforzó la sospecha de que faltaba voluntad política para combatir el blanqueo de dinero, puesto que eso minaría la reputación de la ciudad como capital financiera del mundo.

Se admitía a cualquiera en el acto. Las empresas de relaciones públicas se hacían de oro difundiendo la propaganda del Kremlin, y los financieros cerraban tratos. El alcance de la conchabanza se reveló más tarde en el marco inverosímil de Corfú. Se supo que Mandelson, que luego sería nombrado secretario de Estado para los Negocios del gobierno laborista, y el canciller del Tesoro en la sombra, George Osborne, se habían estado congraciando por separado con Oleg Deripaska, uno de los oligarcas más controvertidos de Rusia con estrechos vínculos con el Kremlin. La mayor controversia fue la petición de dinero que hizo Osborne para su partido, pero las actuaciones de Mandelson causarían más de una conmoción. ¿Qué hacía el comisionado de Comercio de la Unión Europea visitando con regularidad un crucero de lujo propiedad de un magnate al que habían retirado el visado de entrada a Estados Unidos?

En la Cámara de los Lores los diputados hacían cola para encargarse de las «consultas» de los oligarcas. Ganaban pingües anticipos por la tarea de otorgar una dudosa respetabilidad política. Uno me dijo que aconsejaba a un financiero cómo demandar a la prensa por hurgar en sus prácticas comerciales. Los periodistas se mostraban cada vez más reacios a investigar la corrupción, pues los rusos usaban bufetes de abogados británicos para intimidarlos. «Nos han dicho que no nos metamos con los oligarcas», me dijo el director de un periódico nacional. «Son demasiados problemas.»

La aparente serenidad de Alistair Darling el día de nuestra conversación era incluso más alarmante si se tenía en cuenta que, seis meses antes, en noviembre de 2006, Alexander Litvinenko —un agente del KGB que se había unido a la disidencia— había sido envenenado en el centro de Londres. Con este asesinado, el Kremlin había dado otro aviso de cuáles serían las consecuencias, en cualquier punto del planeta, si cualquier ruso cuestionaba su supremacía. Al principio los británicos declararon que, pese a su indulgencia en el frente económico, tomarían medidas después de lo sucedido a Litvinenko. El hombre que las proponía era el señor Anthony Benton, embajador británico en Moscú. Brenton ya había irritado a los rusos por acudir a reuniones de la oposición. El embajador urgió a Downing Street, en varios memorandos, a asumir una línea más dura con Putin, que denunciase a las claras las crecientes tendencias dictatoriales del Kremlin. Pocas semanas después Inglaterra dijo que había descubierto una trama para asesinar a Berezovski en Londres y anunció que iba a expulsar a cuatro diplomáticos rusos en respuesta a la negativa del Kremlin a entregar al hombre sospechoso del asesinato de Litvinenko. Los rusos pagaron con la misma moneda, con expulsiones, y se intensificó la campaña de difamación de Brenton. Los gamberros de Nashi —las juventudes del Kremlin— se dedicaban a saltar ante el coche oficial de Brenton cada vez que salía de la embajada y a boicotearle en los encuentros públicos. Como todo indicaba que tenían en su poder copias de la agenda con las citas diarias del embajador —lo que les permitía seguirle la pista—, aumentaron las sospechas de que el Servicio Federal de Seguridad estaba en el ajo.

Nashi no era una organización marginal de jóvenes testarudos. Fundada por el subdirector de administración de Putin, Vladímir Surkov, era central para el Kremlin a la hora de concebir una ideología y un medio visible de ganar prosélitos. Surkov, al que apodaban el cardenal gris, acuñó el concepto de «democracia soberana», definiéndolo como la «vida política de una sociedad en la que los poderes políticos, sus autoridades y sus decisiones las decide y controla una nación rusa diversa con el fin de que todos los ciudadanos, grupos sociales y nacionalidades, todas las personas que la constituyen, alcancen el bienestar material, la libertad y la justicia». De este modo rechazaba la idea de que sólo puede haber un tipo de democracia, y postulaba que cada país debía tener la libertad y la soberanía de desarrollar su propio modelo. Sus partidarios se definían a sí mismos como una combinación de nacionalismo, retórica antioccidental y aversión al «capitalismo oligarca» (aunque los oligarcas más despabilados se aseguraban de dar dinero a Nashi para mantener a los suyos a raya). Nashi se presentaba como una formación joven, moderna y social. Combinaba las aventuras adolescentes y traviesas en varios campamentos de verano con la posibilidad de armar grandes alborotos contra sus enemigos y una especie de ideología. Al cabo de un año de su creación contaba con más de 200.000 miembros, de los cuales 10.000 eran activistas regulares o «comisarios». Se recurría cada vez más a los gamberros de Nashi, además de la policía del Ministerio del Interior, para reventar manifestaciones. Por lo general, esto sucedía lejos de las cámaras occidentales, aunque a veces los filmaban. En una de esas ocasiones, en mayo de 2007, un grupo de manifestantes, entre los cuales había miembros del Parlamento Europeo, trataron de atraer la atención pública sobre la creciente hostilidad contra los homosexuales en Rusia. Los tiraron al suelo y los golpearon, incluido el activista británico defensor de los derechos humanos Peter Tatchell. Detuvieron a los manifestantes, en lugar de a sus agresores.

Un mes más tarde Brenton decidió, motu proprio, volar a Londres un fin de semana después de que Gordon Brown sucediera a Blair en Downing Street. Se había empeñado en informar al nuevo primer ministro y a su joven secretario de Asuntos Exteriores, David Miliband, de los peligros de la Rusia de Putin. Brenton les advirtió que el asesinato de Litvinenko era sólo el principio y les urgió a poner en práctica una política radical.

Gran Bretaña estaba envuelta en otra batalla igual de importante por el control de las vastas y lucrativas reservas de energía rusas. Las multinacionales petroleras occidentales, en especial BP y Shell, suponían un obstáculo para el Kremlin. Habían afianzado varios negocios en unos términos que los rusos denunciaron luego por parecerles absurdamente generosos. BP había fundado una empresa conjunta llamada TNK-BP con unos cuantos oligarcas, asegurándose el 50% de las acciones, lo que, a juicio de los rusos, era un tipo de interés preferencial. La operación rusa contribuyó mucho al crecimiento de BP en este periodo. Obtuvo pingües beneficios, y el Kremlin quería arrebatárselos para sus aliados. Casi todas las compañías petroleras se doblegaron bajo la presión. Shell vendió a Gazprom una buena parte de su participación en el proyecto Sajalin-2, de 20.000 millones de dólares. Sus ejecutivos eran perseguidos y acosados en las calles de Moscú; también asaltaron sus oficinas. Dos jóvenes rusos con formación británica fueron acusados de espionaje. Los políticos y los líderes comerciales de Rusia tenían los triunfos en la mano. Sabían que al final BP capitularía, y así fue. La compañía británica sabía que algo era mejor que nada. A los ministros británicos no se les había escapado que, con independencia de las malas relaciones diplomáticas, el negocio entre ambos países era floreciente. Los vínculos financieros eran sencillamente demasiado estrechos, y demasiado beneficiosos para ambos, como para sacrificarlos por la diplomacia o los principios.

Las empresas británicas rara vez han mostrado escrúpulos a la hora de negociar con Rusia. Siempre que los gigantes rusos de la energía han solicitado sus servicios, les han complacido con gusto. Cuando parte de Yukos, la empresa embargada al encarcelado Jodorkovski, fue lanzada al mercado en la Bolsa de Londres, la venta atrajo a varios compradores rivales. El financiero George Soros fue el único que urgió a las instituciones occidentales a boicotear la oferta. Andrei Illarionov, un antiguo consejero económico sin pelos en la lengua, tildó la cotización de «crimen contra el pueblo ruso». Estas quejas cayeron en saco roto. Hacia finales de 2007, más de veinte empresas rusas importantes con una capitalización bursátil combinada de unos 625.000 millones de dólares cotizaban en Londres. Esta cifra superaba con creces la Bolsa de Nueva York, donde los niveles de confidencialidad eran mayores en comparación. Pese a sus muchos fallos a la hora de regular los mercados financieros, a los estadounidenses no les hacía tanta gracia postrarse ante el dinero ruso.

Muchos rusos con los que hablé estaban confundidos ante las quejas contra los repugnantes negocios que los oligarcas se traían entre manos. Los británicos se lo habían buscado, me dijeron. Si no querían veneno de polonio, si no querían chantajes industriales, que no hubieran recibido el dinero ruso con tanto entusiasmo.

En marzo de 2008 anunciaron que Brenton se marchaba de Moscú. El Ministerio de Exteriores negó que Inglaterra hubiese ondeado la bandera blanca y dijo que su plazo en el cargo había llegado a su fin natural. El Kremlin describió la partida del embajador como una victoria e insinuó que Londres quería adoptar un enfoque más conciliador. Las empresas británicas que operaban en Rusia, y habían expresado bastantes dudas sobre la línea dura del embajador, respiraron aliviadas.

El fenómeno de Londongrado dio a entender que las relaciones políticas congeladas no tenían por qué enturbiar los calientes lazos comerciales. Casi todos los países europeos adoptaron una actitud más indulgente al ver que ambas cosas estaban irremediablemente vinculadas, e hicieron grandes esfuerzos por no enojar a nadie. Alemania e Italia, los estados que dependían sobre todo del petróleo y el gas ruso, fueron los más reacios a cuestionar el menoscabo de los derechos humanos por parte del Kremlin. A los pocos meses de dejar su cargo como canciller de Alemania en el 2005, Gerhard Schröder asumió la presidencia del Consejo de Vigilancia del soñado proyecto ruso, el gasoducto del Mar Báltico, el más caro jamás construido en el mundo. Unas semanas antes, en uno de los últimos actos como representante de su país, Schröder firmó un acuerdo de cinco mil millones de dólares para suministrar gas natural a Alemania. Cuando el líder del Partido Demócrata Libre de la oposición, Guido Westerwelle, señaló la extraña coincidencia y criticó la oferta de Schröder, el antiguo canciller le demandó para intentar silenciarlo. Schröder insistió en que todo había sido una coincidencia y que él no había hecho nada malo. «No puedo entender esta crítica», dijo en una conferencia de prensa en la sede moscovita de Gazprom. A Romano Prodi le hicieron una oferta similar justo cuando dimitía como primer ministro de Italia. El incentivo era nombrarle director del proyecto paralelo al de Gazprom, el gasoducto South Stream. Al menos Prodi declinó la oferta. Donald Evans, antiguo secretario de Estado para el Comercio de Estados Unidos y amigo íntimo de George Bush, también rechazó propuestas similares. El mismísimo Putin lo había cortejado para que asumiera un alto cargo en la firma petrolera Rosneft, en la misma época en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos investigaba su secuestro de los activos de Yukos.

Lo más desalentador es que muchos de estos abusos autoritarios no transcurrían lejos de las miradas indiscretas, en una cárcel secreta de las inmensidades de Siberia. Aquello no era la Unión Soviética de Stalin, sino un país completamente integrado en la economía mundial. La violencia se imponía a las puertas de los nuevos ricos. En diciembre de 2008 la policía hizo una redada en las pequeñas oficinas petersburguesas de Memorial, grupo defensor de los derechos humanos y centro de investigación que registra a las víctimas de las purgas comunistas. Varios policías antidisturbios con pasamontañas negros irrumpieron en la sede de Memorial y confiscaron sus ficheros. La redada coincidió con una ofensiva pública sin precedentes de intelectuales respaldados por el Kremlin que acusaban a Memorial de distorsionar la historia de Rusia para minar el fervor patriótico. Uno de los politólogos elegidos por Putin, Gleb Pavlovski, denunció que Rusia era vulnerable a las concepciones «foráneas» de su historia. Los medios de comunicación rusos sólo cubrieron someramente la redada. Todo el mundo permaneció impasible. En cualquier caso, nadie tenía demasiadas ganas de sacar a relucir los abusos del pasado. Las encuestas indicaban de forma sistemática que los votantes aprobaban la restauración del antiguo himno nacional soviético, y al menos el 50% consideraba positivo el papel histórico de Stalin. Una versión nueva —o más bien tradicional— de la historia acabó imponiéndose en los libros de texto.

Poco después de la redada en Memorial, Anastasia Baburova, periodista de veinticinco años, y Stanislav Markelov, abogado defensor de los derechos humanos, fueron asesinados a punta de pistola en pleno día en una calle concurrida del centro de Moscú. Markelov había representado a Novaya Gazeta varias veces en los tribunales. Pero el día de su muerte fue el objetivo por otro asunto: su tentativa de apelar contra la pronta excarcelación de un oficial del ejército ruso condenado por la violación y el asesinato de una joven chechena. Le dispararon a bocajarro. Cuando Baburova, que caminaba con Markelov, intentó intervenir, le dispararon también a ella, lo que la convirtió en la cuarta periodista de prensa asesinada en un decenio. El pequeño mundo de los derechos humanos lloró su pérdida pero, para variar, la amplia mayoría de los moscovitas se mostraron indiferentes. «Los asesinos no temen nada porque saben que no los castigarán. Pero sus víctimas tampoco temen nada, porque cuando defiendes a otros, dejas de temer», escribió Yelena Milashina, colega de Markelov y Baburova. «Hoy en día los miedosos son los que no se meten en líos, intentando sobrevivir en estos malos tiempos, pero los malos tiempos (por alguna razón) no parecen tener fin.»

Los incidentes de este tipo estaban pensados para infundir miedo. Pero las medidas drásticas generalizadas no eran comprensibles. Varios periódicos, no sólo el Novaya Gazeta, continúan criticando al Kremlin y contando historias que perjudican sus intereses. La emisora de radio Ekho Moskvy ha ejercido durante casi dos decenios un periodismo fuerte e independiente para su grupo de oyentes leales en la capital. Por ironías de la vida, desde 2001 su mayor accionista ha sido Gazprom, el conglomerado energético que constituye una de las bases de la economía y el poder político del Kremlin. Desde el principio hasta el fin, la economía de mercado ha condicionado las decisiones de Putin. La tirada de los periódicos y las audiencias de radio son comparativamente pequeñas. De modo que dejar en paz a ciertos mercados ha servido a sus intereses. Después, Putin podría citar estos periódicos y estas emisoras de radio en su defensa cada vez que los líderes europeos cuestionaran sus credenciales democráticas.

Curiosamente, en Rusia internet está menos vigilado que en China. De vez en cuando las autoridades han conminado a varios blogueros famosos a que abandonasen su trabajo o se moderaran, pero no ha habido ningún intento coordinado de cerrar sus páginas web. En teoría, una de las razones que explican esta actitud relativamente relajada es demográfica. La población envejecida de Rusia es tal (en comparación con China), que el cibermundo sigue considerándose un pasatiempo minoritario. La inclusión de internet en el mercado no llega al 25% y se concentra sobre todo en Moscú y otras ciudades ricas. Para el Kremlin sólo cuentan las cadenas de televisión. Como en China, apenas se emite en directo y las tertulias lo hacen con cierto retraso, por si alguien dice algo impropio. Los directores de las cadenas son convocados a reuniones semanales para fijar el programa de noticias; los productores ejecutivos reciben listas con los nombres de los rivales políticos cuya presencia no se tolera en antena. La lealtad de importantes presentadores, directores de cadena y reporteros estrella se compra con sueldos de escándalo. Esto también forma parte del trato.

Un antiguo rival político hizo el siguiente cálculo. En algo tan reciente como las elecciones parlamentarias de diciembre de 2003, los votos obtenidos por agrupaciones liberales representaban casi el 20%. ¿Cómo habían desaparecido éstas y sus partidarios con tanta facilidad? Porque sólo unos pocos habían aguantado el desafío. Durante muchos años la figura más destacada fue Gregori Yavlinski. Yo hice varios viajes con él por todo el país en la década de los noventa, cuando estaba fundando su partido opositor, Yabloko. En la época de Yeltsin, Yabloko era una fuerza parlamentaria a tener en cuenta. Yavlinski se presentó como candidato a presidente en dos ocasiones, pero ya en la primera legislatura de Putin se quejó de que se estaba volviendo imposible hacer política de oposición.

Muchos políticos prominentes guardaron silencio, se dedicaron a los negocios o se aliaron con el bando poderoso. Uno de ellos fue Piotr Aven, ministro de uno de los primeros gobiernos liberales postsoviéticos. Llegó a ser un banquero rico y, en marzo de 2002, instó a Putin a imitar a Augusto Pinochet, insinuando que sólo la dictadura era capaz de lograr reformas en el mercado. Sin inmutarse, Yavlinski y otros siguieron adelante por inercia y salían en las televisiones occidentales para criticar al Kremlin, dando un barniz de credibilidad a las afirmaciones de que Rusia estaba desarrollando cierta clase de democracia. En las elecciones parlamentarias de diciembre de 2007 ningún partido liberal rozó siquiera el umbral necesario para obtener escaños en el Parlamento. Poco después, Yavlinski decidió cambiar de vida y abandonar el escenario. El periodista Arkadi Ostrovski comentó que los liberales rusos habían sido más activos cuando se opusieron a la invasión de Checoslovaquia en 1968 que a la guerra de Georgia.

El problema de muchos de estos liberales es que durante la presidencia de Yeltsin dejaron que los identificaran con el capitalismo cruel practicado como terapia de choque. De este modo minaron inconscientemente su noción de democracia liberal. Lilia Shevtsova, destacada cronista de la época, lo resume así: «El periodo de Yeltsin brindó a Rusia no pocas libertades. Rusia nunca había sido tan libre», afirma. «Pero la libertad sin unas costumbres ordenadas, con una cultura legal floja y unas élites egoístas, condujo al caos y a la ilegalidad, a la indiferencia hacia todos los tabúes y las restricciones. Los rusos —asustados ante las libertades desconocidas para ellos y sin saber cómo gestionarlas— inclinaron la balanza de nuevo hacia el orden.» En su oficina de la esquina de la calle Tverskaya con la plaza Pushkin, cerca de la antigua oficina de Moscow News donde los disidentes se reunían antaño, Shevtsova me dijo: «La gente de a pie se hartó de su inusitada libertad para criticar al gobierno porque no aportaba ninguna mejora». En su libro más reciente, Putin’s Russia [La Rusia de Putin], habla del periodo en que Putin llegó al poder: «Putin recibió el apoyo en masa de las principales fuerzas de la sociedad rusa. Los miedos acumulados, la confusión, la sensación de correr peligro y el muy real “síndrome de Weimar” ruso, todo empujó al pueblo a anhelar el orden y una cara nueva en el Kremlin». Citó algo que el sociólogo Yuri Levada había escrito en la última edición de Moscow News de 1999, cuando calibró a la Rusia que esperaba el liderazgo de Putin. «Ningún investigador ha visto jamás a la sociedad rusa en este estado. Todos los miedos y las pasiones que esperaban la hora propicia han aflorado a la superficie y la capa oculta de nuestra conciencia ha quedado al descubierto.» Esta observación me trajo a la memoria otra de Serguéi Kiryenko, antiguo primer ministro. Hablaba de «liberalismo del estilo de vida», concepto que había suplantado al de «liberalismo del punto de vista», ya obsoleto, según me comentó. Era abril de 2000, antes incluso de la época de Putin.

Shevtsova comparó a la nueva clase media rusa con los rentiers, personas que se beneficiaron de la generosidad del estado con una burocracia excesiva. No diferían mucho de las élites comerciales y políticas de las dictaduras latinoamericanas de los años setenta y ochenta, que disfrutaban de la buena vida siempre que no preguntasen mucho sobre los actos de las dictaduras en el poder. La élite rusa había dejado atrás una civilización, pero no alcanzó otra. «Estamos perdidos en la transición. Es posible que permanezcamos aquí algún tiempo», dijo Shevtsova con su elocuencia habitual. A mí me pareció un buen resumen de la situación en que se hallaban muchos rusos. Nunca se habrían visto como defensores del mundo según Putin, pero tampoco vieron la necesidad de causar problemas. Durante años habían logrado éxitos bajo el mandato de Putin, con la riqueza que acompañó su gobierno. Lo que deseaban era menos brutalidad y un respeto más estricto del estado de derecho.

En septiembre de 2008 volví a Rusia tras mi primer encuentro con Putin en cuatro años. Esta vez, en la conferencia de Valdai, nos dieron dos por el precio de uno: el primer ministro Putin y su protegido, el nuevo presidente Dmitri Medvédev. Teníamos curiosidad por saber cómo funcionaría este matrimonio. Nadie, ni en Rusia ni en el extranjero, dudó por un instante de quién llevaba la batuta. Antes de estas reuniones habíamos participado en mesas redondas en Rostov del Don. La cultura del consumo había traído por lo menos tres restaurantes japoneses y varias tiendas de ropa de diseño a esta agradable ciudad sureña. No obstante, en la conferencia, los debates fueron como una vuelta a la Guerra Fría.

Unas semanas antes Georgia había lanzado una ofensiva militar en la región de Osetia del Sur, largo tiempo aliada de Rusia. Los rusos usaron la fecha del 8 de agosto de 2008 para retratarse como víctimas del terrorismo. El Kremlin respondió lanzando un asalto desproporcionado contra Georgia. La victoria fue coser y cantar, pero redundó en un agudo deterioro de sus relaciones con Occidente. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a desatarse la furia en la sala. Vyacheslav Nikonov, nieto de Vyacheslav Molotov, el ministro de Exteriores de Stalin, era uno de los «pensadores» preferidos de Putin. Le dijo a nuestro grupo que Rusia había demostrado mediante su dura respuesta militar en Georgia que «nunca se había sentido tan fuerte desde la caída de la URSS». Y añadió: «Todos estamos pagando el precio de diez años de desprecio de Occidente hacia Rusia». Serguéi Brylov, un joven comentarista de televisión, hizo una observación del mismo estilo pero más moderada: «Occidente ha logrado la consolidación de la clase política rusa».

Para el acontecimiento principal nos enviaron a Sochi, la ciudad turística del Mar Negro que se preparaba para celebrar los Juegos de Invierno de 2014. Putin tenía un aspecto sano, relajado, sarcástico, agudo y a veces enfadado; nos agasajó con buena comida y vino en una villa que, según los nativos, era propiedad de su amigo el oligarca Deripaska. Desde la Revolución de las Rosas y la Revolución Naranja, los rusos han observado los sucesos acaecidos en Georgia y Ucrania con creciente preocupación. Por culpa de las disputas internas y la corrupción, ninguno de los dos países ha sido el dechado de democracia que Estados Unidos tanto había deseado. Pero para el Kremlin constituyeron una cabeza de puente geoestratégica de Estados Unidos en el corazón de la antigua Unión Soviética. Putin describió a Rusia como un país sitiado por un Occidente agresivo, en particular Estados Unidos y el Reino Unido. «¿Qué esperáis que hagamos, que nos defendamos con catapultas?», gritó. «Si un agresor invade tu territorio, le darás un puñetazo en la cara y harás bien. ¿Deberíamos habernos limpiado la sangre y hacer una reverencia?» Durante tres horas nos deleitó con su acostumbrada mezcla de lenguaje amenazador y conciliatorio. Dijo que había tratado a Bush «mejor que algunos estadounidenses», pero advirtió a Estados Unidos, y a todo Occidente, de que se había acabado el tiempo de la acción unilateral. Los romanos podían haber destrozado Cartago, «pero el Imperio romano fue destruido por los bárbaros. Hay que tener cuidado con los bárbaros». E insistió: «Rusia no es una amenaza para Estados Unidos o Europa. Ya no tenemos ambiciones imperialistas».

Mientras lo observaba, paralizado, no podía dejar de concluir que esta política de la queja, rusa por antonomasia, había alcanzado su apogeo en aquel hombre. Ya no suplicaba comprensión, como nos había comunicado claramente cuando nos reunimos durante la masacre de Beslan en 2004. Quizá pensara que ya no la necesitaba, porque en el transcurso de esos años Rusia se había abierto paso, con dinero y fuerza bruta, hasta situarse entre los primeros.

Al contrario que Putin, que nos había hecho esperar una hora y media, al día siguiente Medvédev llegó alegremente, a la hora exacta, para reunirse con nosotros en el curioso marco de una sala de banquetes en el último piso de los almacenes comerciales Gum, frente al Kremlin. Luego de saludarnos uno por uno, nos dijo que le habría gustado dedicar el mes de agosto a combatir la corrupción, reforzar el estado de derecho y reformar la economía. Pero la guerra era la guerra. «La protección de vidas y la dignidad de los ciudadanos de Rusia, sin importar dónde estén, es la tarea más importante del estado ruso. Estados Unidos aprendió lecciones cruciales del 11 de septiembre. Los sucesos del 8 de agosto tienen cosas que enseñarnos.» Dejó claro que estaría preparado para defender militarmente a los rusos dondequiera que estuviesen en el mundo, y que cualquier intento por parte de Georgia o Ucrania de intentar ingresar en la OTAN aumentaría las tensiones con Occidente. La mano del gobierno estadounidense había sido evidente a la hora de incitar a los georgianos a desafiar a Rusia.

Medvédev dijo que había intentado varias veces discutir su caso con los estadounidenses, pero las conversaciones habían sido improductivas. Bush le preguntó: «Eres un hombre joven con un bagaje liberal. ¿Por qué haces esto?». Medvédev contestó: «Yo no quería esto realmente. Pero hay tiempos en que la imagen no es nada y la acción lo es todo». Luego, el presidente ruso añadió: «No quiero que Rusia sea un estado militarizado y encerrado en un telón de acero. Yo he vivido en ese país y era aburrido y poco interesante». Reconoció que Rusia no había logrado convencer a gran parte del mundo exterior de que era diferente de la antigua Unión Soviética. «Algunos piensan que no sólo somos los sucesores legales de la URSS, sino también sus herederos ideológicos. Esto, sencillamente, no es cierto. Tenemos una escala de valores totalmente distinta.» Tras esto, nos ofreció un vino tinto excelente (francés, porque el georgiano llevaba mucho tiempo prohibido) con el que brindamos, y posó con nosotros para una fotografía de grupo.

Al día siguiente tuvimos nuestra última reunión. La hora (las ocho de la mañana) y el lugar (un anodino hotel de la cadena Holiday Inn situado fuera de la circunvalación periférica, donde nos habíamos hospedado) decían mucho del estado de la oposición rusa. Para mostrar su adhesión a la libertad de expresión, los organizadores de Valdai habían invitado a Garry Kasparov, el antiguo campeón mundial de ajedrez y líder de la oposición más visible en Rusia, a unirse a nuestro grupo. Kasparov dijo que cada vez le resultaba más difícil celebrar reuniones en hoteles internacionales en el centro de la ciudad. Los directores, a menudo occidentales, habían decidido que no tenía sentido, desde el punto de vista comercial, enojar al Kremlin. Kasparov nos dijo que le habían permitido vernos sólo después de haber montado una escena en un foro con medios de comunicación internacionales unos meses antes.

Mientras que todas nuestras reuniones de aquella semana habían figurado en los noticiarios vespertinos en horas de máxima audiencia, a nadie le sorprendió que no hubiese ni una cámara a la vista en esta ocasión. Kasparov dedicó casi todo su tiempo a analizar por qué el Kremlin había sido más listo que otras organizaciones y personalidades opositoras. Según dijo, casi todas habían creído erróneamente que podían influir desde dentro en las actitudes hacia la libertad de expresión, los derechos humanos y la democracia en general. «Todas las fuerzas de liberalización y democratización importantes están exhaustas», dijo. «Se acabó.» Era hora de trabajar «en paralelo» con la política convencional. Kasparov se mantuvo categórico cuando afirmó que la época de Putin llegaba a su fin y los clamores de cambio se hacían sentir cada vez más. Afirmó que las recientes protestas contra el elevado precio del combustible habían adquirido una dimensión política. «Este régimen está agonizando.» La mayoría de los contertulios de aquel día rechazaron discretamente su análisis, por considerarlo mera ilusión.

En los primeros meses de crisis económica mundial el gobierno parecía confiar en que, gracias a su rico fondo de estabilización, Rusia saldría relativamente ilesa. Algunos llevaron este argumento un paso más allá. «Estados Unidos y sus ideas de la superioridad del capitalismo liberal y la función limitada del estado en la economía se han llevado un severo revés», comentó Serguéi Karaganov, veterano politólogo. «Al final resultó que el modelo de un capitalismo liberal-democrático maduro, que parecía haber ganado para bien, ya no era el único punto de referencia ideológico para el resto del mundo. Los estados del nuevo capitalismo —naturalmente más autoritarios, en línea con su fase de desarrollo socioeconómico— brindaron un modelo de desarrollo político más atractivo y al alcance de los países rezagados.» Putin emitió un mensaje parecido ante la élite mundial en Davos.

Pronto se vería que no estaba en lo cierto. La espiral descendente de Rusia fue una de las más pronunciadas del mundo. La respuesta inmediata del Kremlin fue relativamente hábil. Evitó el pánico en el sector bancario —un gran logro dada la fragilidad del sector— gracias al acopio de reservas de oro y moneda fuerte en los buenos tiempos. Sin embargo, la Bolsa y el rublo se hundieron. El valor de las acciones se redujo miles de millones de dólares; muchos perdieron sus ahorros y millones de personas se quedaron sin empleo. En cuanto a los oligarcas, se rumoreaba que habían perdido la asombrosa cifra de 250.000 millones de dólares. Muchos no tuvieron otra elección que acudir al Kremlin, con el sombrero en la mano, y mendigar préstamos para salvar sus imperios.

Incluso durante el mandato de Putin tuvieron lugar protestas callejeras esporádicas. Por lo general, las autoridades no intervenían, porque las manifestaciones siempre eran convocadas para denunciar una queja específica, como los precios de la electricidad o las pensiones. Pocas eran abiertamente políticas en su esencia. Pero todo empezó a cambiar poco a poco. A principios de 2009 una concentración en Vladivostok, el Extremo Oriente ruso, convocada al principio para protestar contra los derechos de aduana impuestos sobre el importe de los vehículos extranjeros, terminó en una concentración contra Putin. El Kremlin se inquietó tanto que envió fuerzas de élite del ejército a miles de kilómetros por todo el país. La oposición política empezó a unirse bajo el estandarte de una nueva organización, Solidaridad, que había tomado su nombre del sindicato polaco de los años ochenta que contribuyó a acelerar el desmoronamiento del comunismo. En Boris Nemtsov, antiguo viceprimer ministro, tenían una personalidad carismática. Esta clase de grupos irritaba cada vez más al Kremlin, pero no suponían aún una amenaza política directa.

Durante la conferencia de Valdai me chocó una observación en particular. La expuso Timothy Colton, profesor estadounidense y biógrafo oficial de Yeltsin. Dijo que Rusia no era el modelo indicado para un poder blando. Carecía de «ideología de alcance mundial y atractivo». En gran parte era cierto, pero sí que tenía cierto atractivo a escala nacional, y había funcionado durante mucho tiempo. La Rusia de los años de Putin se había consolidado en torno a la riqueza, el nacionalismo y la queja. Putin no había basado su legitimidad en conceptos abstractos como el estado de derecho, la probidad y la transparencia, sino en dos cosas: la capacidad del régimen para procurar estabilidad política y crecimiento económico. ¿Había sido listo o sólo había tenido suerte? ¿Había generado toda la riqueza durante el boom del petróleo o había sido simplemente su beneficiario y su guardián? Daba lo mismo. Había superado la prueba de eficiencia, una variante de la misma prueba aplicada en Singapur y China. Al menos eso es lo que habían hecho creer a la población antes de que la riqueza se evaporara en parte. Putin era responsable de una economía que dependía cada vez más del petróleo y el gas. También había exhortado a la diversificación en nuevos sectores, pero sin mostrar un interés real. No creyó en el deber de hacerlo.

Los problemas de Putin le dieron una pequeña oportunidad a Medvédev, el cual aprovechó su creciente popularidad mundial para consolidar su propio sello, lo que llamó una política «basada en normas», y suavizar algunas asperezas del sello autoritario particular de Putin. Intentaba creerse lo que nos había dado a entender el día de la reunión, que era un auténtico reformista pero que la guerra de Georgia lo había distraído. Cada vez que Medvédev hablaba con el público europeo, su mensaje era el mismo, y ordenó a sus confidentes que hicieran lo mismo en sus viajes. Ellos animaban a la ciudadanía a que diesen más importancia al renovado compromiso del presidente por combatir la corrupción; como la reunión que mantuvo con Mijaíl Gorbachov sobre derechos civiles, y la reactivación de un oscuro organismo de derechos humanos que en realidad ya había creado Putin en 2004. Medvédev y los suyos se ofendían cada vez que los comparaban con China. El debate secular sobre la identidad europea o asiática de Rusia se había resuelto tiempo atrás.

En Rusia las encuestas de opinión sugerían que sus ciudadanos no estaban seguros. Los estudios mostraban una aversión constante hacia los valores políticos occidentales (en oposición a los valores consumistas occidentales), anteriores a la crisis de Georgia, pero exacerbados por ella. La Nueva Escuela Económica de Moscú publicó datos cotejados entre 2003 y 2008 sobre las actitudes hacia la democracia. El escepticismo o la hostilidad hacia Estados Unidos eran tan pronunciados entre la juventud como entre sus abuelos, y levemente menor en el grupo de entre treinta y cinco y cuarenta y cinco años de edad. Cuando les preguntaron si la sociedad occidental era un buen modelo para Rusia, el 60% respondió negativamente y sólo el 7% positivamente. Según los encuestadores, esta actitud se ha endurecido año tras año. La desaprobación entre los ricos era tan pronunciada como entre los pobres. El estudio concluía que los rusos figuraban entre los menos partidarios de Occidente del mundo, mucho menos incluso que el pueblo de Bielorrusia, conocida como la última dictadura de Europa.

En cualquier caso, la cuestión de la identidad rusa no refleja lo esencial. Lo que sucedió en tiempos de Putin, lo que les sucedió a las personas que conocí, pudo haber sido más dramático, más brutal que en otros países, pero el pacto no era distinto del de cualquier otro lugar. El dinero estaba ahí para que lo amasaran, rusos y extranjeros por igual. El pacto se ha tensado porque el anestésico de la riqueza deja de hacer efecto y los ciudadanos de Rusia no tienen otras comodidades a las que recurrir.

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Emiratos Árabes Unidos: El dinero fácil

La democracia es un sistema que sirve para dar la mejor vida posible a las personas. No es un fin en sí mismo.

AYMAN SAFADI

Estaban todos allí. Hollywood y Bollywood mezclados con miembros de las casas reales, el Salón de la Fama Nacional de Béisbol y otras celebridades surtidas. Dubai era testigo de la fiesta más estridente jamás celebrada en el emirato. El colosal Atlantis, una monstruosidad de hotel rosa, se inauguró en noviembre de 2008. Unas doscientas estrellas cinematográficas de segunda fila llegaron invitadas, procedentes del mundo entero, a un banquete de langostas y un espectáculo pirotécnico que, según anunciaron, sería siete veces más grandioso que el de la apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing. Se hacía alarde de un pacto muy singular. En los desiertos de Arabia, un estado beduino tradicional festejaba un palacio de codicia, propiedad de un judío sudafricano. El plato fuerte de la velada era una actuación especial de Kylie Minogue, icono gay mundial.

Se había construido un modelo de negocio sobre la complicidad, todo en nombre del consumo. Los Emiratos Árabes Unidos se habían transformado en un destino de ensueño para quienes desearan enriquecerse deprisa a cambio de no hacer demasiadas preguntas. Podían satisfacer sus fantasías más salvajes, a puerta cerrada. A un chasquido de dedos de las familias poderosas, estadistas, empresarios y artistas acudirían en tropel. Todos eran bienvenidos, sin distinción del color o la nacionalidad, unidos en el objetivo de crear riqueza. Para ello, todos harían la vista gorda con sus vecinos. Era un verdadero sueño global hecho realidad y, durante una década o más, todos triunfaron.

Entonces se derrumbó. Justo cuando el Atlantis abría sus puertas, el edificio económico se desplomó. El precio del petróleo cayó en picado a 50 dólares el barril, un tercio de su valor máximo. El precio de la propiedad se hundió. La Bolsa se hundió. Cundió el pánico entre decenas de miles de extranjeros británicos, indios, rusos, estadounidenses, etcétera. La crisis de liquidez provocó su desesperación por recapitalizarse y desembarazarse de sus propiedades a cualquier precio. La venta desesperada redujo los precios con más rapidez todavía; en este efecto dominó, la mitad de proyectos de construcción de la región, que sumaban en total unos asombrosos 600.000 millones de dólares, se suspendieron temporalmente o se cancelaron, dejando una estela de bloques a medio construir en las inmediaciones de la ciudad que llegaba hasta la playa.

Miles de extranjeros que habían acudido a Dubai con la esperanza de hacer fortuna fácilmente se enfrentaron de golpe a una situación de neto patrimonial negativo. Los desempleados perdieron sus visados de trabajo y tuvieron que salir del país en el plazo de un mes. Muchos decidieron partir de forma voluntaria. Por retrasarse en los pagos, algo que las leyes de los Emiratos castigan con cárcel, miles de personas huyeron del país. Los aparcamientos del aeropuerto se abarrotaron de vehículos abandonados por sus dueños, con las llaves puestas en el contacto y notas de disculpa en los parabrisas. El Atlantis, como todos los hoteles que lo habían precedido, jamás imaginó que el negocio se fuera a pique. Nunca, como rezaba la publicidad, escasearían los clientes dispuestos a desembolsar hasta 25.000 dólares la noche por una habitación, a contemplar los tiburones y las rayas en el inmenso acuario acristalado del vestíbulo. Al cabo de pocos meses el hotel no tuvo más remedio que ofertar paquetes vacacionales económicos.

Dubai era el paraíso de los Emiratos. Fue el más afectado cuando el sueño se desvaneció. Abu Dhabi era el jugador más serio. No tuvo necesidad de arriesgarse, pues el petróleo garantizaba su riqueza. Abu Dhabi posee el 95% del petróleo de los Emiratos Árabes Unidos y más de la mitad de su PIB. Tiene más dinero del que podría gastar, y con el paso de los años ha encontrado formas cada vez más ingeniosas de distribuirlo. «Tienen más petróleo que Dios dólares», me dice un comerciante. Su pacto era más sofisticado. Sus leyes, más complejas. Su modelo ha demostrado ser más duradero.

«Si esta fórmula tiene éxito, éste es el nuevo mundo.» Ashraf Makkar tomaba té conmigo en uno de los muchos hoteles lujosos que jalonan la arbolada costa de Abu Dhabi. Antaño corresponsal de la agencia Reuters, ahora ejerce de asesor de comunicación de la Mubadala Development Company (MDC), un cargo nada insignificante en una empresa nada insignificante. MDC es el brazo inversor del territorio más grande y rico de los siete gobernados por jeques que constituyen los Emiratos Árabes Unidos. Makkar es un hombre fornido y pugnaz, que me regaña cariñosamente por un artículo que le ha llamado la atención. En el artículo de marras me preguntaba si el Fondo Soberano de Inversión que crearon los estados del golfo Pérsico, China y Singapur, entre otros, y que compraba grandes participaciones en corporaciones globales, podía representar un peligro para lo que queda de democracia liberal, al dictar los términos del compromiso en el mundo. Makkar recitó frases enteras de un artículo que yo ni recordaba. Lo que sí recuerdo es el titular: «Singapur regaña a escritor británico». Esta vez, la amonestación fue en privado, verbal y muy discreta. No tenía nada que temer, me dijo. «Éste es el lugar donde funciona la globalización.» Todos acudían a Abu Dhabi y a su primo menor y más llamativo, Dubai, no sólo por la riqueza, sino por el mensaje que los Emiratos enviaban al mundo como modelo global de multiculturalismo. «Mira las luces. Nadie celebra mejor las Navidades que estos muchachos.» Insiste en que es un modelo de armonía. «Éste es el único lugar donde encuentras a indios y paquistaníes jugando juntos al críquet. Lo que transforma las cosas es un sentido de la propiedad. Todos tienen un gran interés en ver que el país triunfa.»

Fue el padre del gobernador actual, el jeque Zayed bin Sultán al Nahiyan, quien transformó Abu Dhabi —unas cuantas cabañas diseminadas en el desierto y gente que vivía de la pesca de perlas y un comercio ganadero en declive— en esta sorprendente metrópolis. El jeque Zayed ascendió al poder en 1996 con el apoyo de los colonialistas británicos salientes. Mientras que Bahrein y Qatar prefirieron la independencia, el jeque sedujo a los demás para formar una federación, los Emiratos Árabes Unidos, con la promesa de compartir los copiosos recursos de su tierra, al tiempo que concedía a los otros clanes bastante autonomía. Tras verificar que su emirato hacía acopio de riqueza gracias al petróleo, a finales de los noventa el jeque Zayed decretó que su estado-ciudad debía diversificarse como el destino final para los negocios, los deportes y las actividades artísticas, y para los europeos adictos al sol; todo con el mayor de los lujos. Insistió en que todo se hiciera sin ofender a la cultura beduina indígena y sin dejarse llevar por el desarrollo desordenado y la sociedad cosmopolita de dudosa reputación y extravagante de Dubai. Zayed no creía muy necesario someter la sociedad a examen, por no hablar de la familia real. «¿Por qué deberíamos abandonar un sistema que satisface a nuestro pueblo para introducir un sistema que parece engendrar discordia y confrontación?», se preguntó. «Nuestro sistema de gobierno se basa en nuestra religión, que es lo que quiere nuestro pueblo. Si buscan alternativas, estamos dispuestos a escucharlas. Siempre hemos dicho que nuestro pueblo debería expresar abiertamente sus demandas. Estamos todos en el mismo barco, y ellos son tanto el capitán como la tripulación.»

Cuando sucedió a su padre en 2004, el jeque Jalifa bin Zayed al Nahiyan procedió a abrir más Abu Dhabi; pero cada paso estaba cuidadosamente controlado. El jeque poseía todos los palacios y hoteles de lujo que un monarca podía soñar: lo que realmente quería era que se tomase en serio su reino, y estaba decidido a emplearse a fondo para ello. La cultura era un bien que había que comprar. Se destinaron 20.000 millones de libras para contratar a los mejores arquitectos del mundo y autorizar a que las «marcas» de los mejores museos abrieran sucursales en Abu Dhabi. Se escogió un lugar. Saadiyat, «la Isla de la Felicidad», fue una de las diversas islas artificiales que se construyeron para aumentar el tamaño de Abu Dhabi. Frank Gehry, el arquitecto del célebre museo Guggenheim de Bilbao, está construyendo el Guggenheim más reciente —y más grande—. El carismático arquitecto francés Jean Nouvel está proyectando la primera sucursal del Louvre en el mundo. Cada museo prestará sus obras y recibirá cientos de millones por el derecho a que usen sus nombres. Junto a estos monumentos de descomunal fantasía estarán el nuevo Museo Nacional del Jeque Zayed, proyectado por Norman Foster, y un centro de artes escénicas con un aforo de seis mil personas proyectado por Zaha Hadid. El centro cultural también incluye una sucursal de la Sorbona y pronto albergará un campus de la Universidad de Nueva York, el primer colegio de artes liberales estadounidense en el extranjero. Asimismo, hay conversaciones en curso con la Biblioteca Pública de Nueva York, entre otras bibliotecas importantes del mundo, la Ópera Metropolitana de Nueva York y el Lincoln Center.

Hubo mucha resistencia —más en Francia que en Estados Unidos— a la idea general de exportar cultura al desierto. El director de la Sorbona, Jean-Robert Pitte, resumió muy bien el escepticismo reinante: «¿De verdad podemos llevar cultura a jinetes de camellos y vendedores de alfombras?». Los críticos de arte acusaron al jeque de «sobornar» a los museos occidentales para que diesen su aprobación a lo que no era sino una versión artística de los parques temáticos que estaban construyéndose en todo el Golfo. Los críticos de arquitectura se quejaron de la «megalomanía arquitectónica». El propio Gehry condenó la decisión de construir en Saadiyat semejante cantidad de edificios prominentes tan cerca unos de otros, como si se tratase de una «orgía». Varias destacadas personalidades de la cultura europea y estadounidense denunciaron el verdadero descaro que suponía usar dinero para comprar cultura —como si eso mismo no hubiese pasado en sus países—. A principios de 2008, más de cuatro mil profesores, historiadores de arte y arqueólogos franceses, entre otros, firmaron una petición que se oponía a la asociación con el Louvre, alegando que el patrimonio cultural de Francia no estaba «en venta».

Costó más de dieciocho meses negociar el acuerdo con el Louvre. Un veterano diplomático francés, Jean d’Haussonville, se encargaría de dirigirlo. Para él, su misión era una «misión civilizadora», la de civilizar a otros mediante la cultura francesa. Según dijo, los votantes franceses y los aficionados al arte apreciarían la idea de ayudar a «disuadir al fundamentalismo [islámico] a través de la cultura». Estos ideales —nobles y condescendientes por igual— enmascaraban el verdadero motivo: el dinero. Abu Dhabi pagó más de 500 millones de dólares sólo por usar el nombre «Louvre». El paquete total ascendía a 1.200 millones de dólares.

Para suavizar las críticas, el gobierno francés ha creado una junta consultiva para que el Louvre garantice que no se comprometerán la calidad y la libertad artísticas. Los críticos predicen que, cuando abra sus puertas en 2012, el museo tendrá que complacer a sus conservadores anfitriones. «Menos mal que Monet pintó nenúfares [y no desnudos]», declaró el periódico Libération. D’Haussonville admitió que la última palabra la tendría el gobierno local, no la junta consultiva. «A fin de cuentas, es su país, y son sus museos, así que pueden rechazar cualquier pieza.»

Los que atacan los compromisos culturales inherentes en proyectos como el de Saadiyat quizá tengan algo de razón, pero se han equivocado de blanco. Dada la ilimitada profundidad de sus bolsillos, el jeque Jalifa no será condenado por intentar gastar algo de su dinero en arte. Es más un asunto de ética de los vendedores occidentales, pero, como he comprobado más de una vez, en los negocios entre instituciones occidentales y gobiernos extranjeros rara vez intervienen las consideraciones éticas. Ahora la prueba es si estas universidades y museos introducen inquietudes intelectuales y controversia en una tierra donde la libertad de expresión es limitada y la democracia en teoría inexistente.

Cuando George W. Bush escogió Abu Dhabi como destino para pronunciar un discurso sobre la «democracia y la consecución de la libertad» en enero de 2008, no pasó inadvertido a más de uno que había elegido un estado con algunas de las instituciones políticas menos desarrolladas de la región. Ésta era la rama política del mismo compromiso. Desde su formación hace casi cuarenta años, los Emiratos Árabes Unidos han presenciado una sola transferencia de poder y celebrado algo similar a unas únicas elecciones nacionales. En el año 2006 un colegio electoral seleccionado por las familias reales de los Emiratos votó para que veinte personas se unieran al Consejo Nacional Federal. Los otros veinte miembros fueron elegidos a dedo. El consejo sólo tiene poderes consultivos. Los partidos políticos están prohibidos y la libertad de prensa sufre restricciones.

Discuto el alcance y las formas de censura con Martin Newland, antiguo director del Daily Telegraph, el cual llegó a Abu Dhabi atraído por una nueva aventura fascinante. El National, un periódico en lengua inglesa, comenzó a editarse en abril de 2008. Según su director, el príncipe heredero, era «fruto de una visión que reconoce el papel fundamental que una prensa libre, profesional e ilustrada desempeña en el proceso de desarrollo nacional». El objetivo, en otras palabras, es importar los patrones periodísticos internacionales a los Emiratos sin remover demasiado las aguas. Eso se quedaba corto al lado del riesgo que asumió la familia real qatarí cuando abrió la cadena de televisión al-Jazeera en 1996. Aunque la cadena había impedido cualquier tipo de crítica a sus mecenas (al sellar su pacto particular), había abierto el camino a la aparición de un periodismo independiente y vigoroso en Oriente Próximo. No obstante, el National sí que hace ciertos progresos. Comenté con Newland algo que Makkar me había dicho: «Cuando quieres decir algo en la prensa local, lo puedes decir siempre que lo digas de forma adecuada». Newland desarrolla la idea. «Como principio de mercadotecnia, no venderás periódicos si atacas a los dirigentes del país. Pero eso no significa que no puedas hacer periodismo duro.» Señala artículos que su periódico ha publicado sobre la decisión de pasarse a la energía nuclear. «Tal vez no les guste el 20% de lo que hacemos, pero aprecian el hecho de que mostremos a Abu Dhabi como una sociedad normal.»

Como en Singapur, estos acuerdos son deliberadamente vagos. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se ha pasado de la raya hasta que lo ha hecho. El jeque Jalifa decretó hace tiempo que no debía encarcelarse a los periodistas por ser excesivamente críticos, y su gobierno ha sido reacio a usar las leyes de difamación contra los periodistas. No obstante, cuando comenzó el azote de la crisis económica, los Emiratos Árabes Unidos reaccionaron al modo clásico de los países en donde las libertades son concedidas en lugar de decretadas por ley. A principios de 2009 se presentó una nueva ley que imponía nuevas cortapisas a la libertad de expresión en los medios. Al gobierno le habían alarmado las crecientes críticas de los medios de comunicación contra su modelo comercial y la publicidad en torno a varios escándalos empresariales graves. La ley proponía aplicar sanciones de hasta 150.000 dólares «a cualquiera que publique noticias engañosas para la opinión pública susceptibles de causar perjuicio a la economía nacional». También se aplicarían multas cuantiosas a los periodistas que criticasen a la familia real. Los ministros trataron de hacer hincapié en que se permitirían reportajes críticos siempre que fuesen «bien fundados» y «equilibrados».

La nueva prohibición puso de manifiesto la fragilidad del pacto. Aumentó el vacío informativo, ya grande de por sí, que dificultaba la obtención de datos fiables y propiciaba con facilidad los rumores. Las normas que rigen otros aspectos de la vida cultural están igual de mal definidas. Es común la censura de películas y libros si se consideran ofensivos para el buen gusto cultural o si incurren en una crítica excesiva al gobierno. En un caso reciente se retrasó la publicación de un libro de Christopher Davidson, profesor de la Universidad de Dirham y especialista en los Emiratos Árabes Unidos. Davidson acusó a las autoridades de censurarlo. El Consejo Nacional de Medios de Comunicación lo negó y sacó el libro a la venta, aunque insistió en que contenía «un sinfín de errores». Las autoridades pagan grandes sumas de dinero a las empresas de relaciones públicas occidentales para que publiquen comunicados de prensa o contesten por ellos a preguntas difíciles, lo que conduce a la extraña situación de que algunos reporteros enviados a los Emiratos Árabes Unidos llamen por teléfono a Londres para informarse sobre algo que sucede en Abu Dhabi o Dubai. Siempre se puede recurrir a la pericia empresarial de Occidente para que acate las órdenes de cualquier régimen del mundo, sin miramientos políticos ni éticos.

Muchos occidentales con los que he hablado, de manera oficial pero también a título privado, insistieron en recalcar los aspectos positivos de la sociedad de Abu Dhabi, aunque a menudo para contrastarlos con la tosquedad del vecino Dubai. Newland señala que se hablan 160 lenguas en un país minúsculo. «Podemos demostrar que la teoría del choque de civilizaciones aquí no es válida. En la calle puedes encontrarte con un paquistaní miembro de una tribu junto a un banquero de Goldman Sachs. Las personas conviven sin problemas. Es una prueba concluyente de la globalización», dice. No puedo afirmar que haya visto al supuesto miembro de la tribu y al supuesto banquero cogidos del brazo, pero Newland está en lo cierto cuando destaca cierta mezcolanza cultural. Los occidentales, en pantalones cortos, y los nativos, con sus dishdashas —el atuendo típico—, parecen convivir a gusto en restaurantes y centros comerciales. Ganar y gastar dinero es lo que les une.

Ayman Safadi es el jefe de la empresa de comunicación que dirige el National. Desde su posición ventajosa ve Abu Dhabi como un modelo a imitar en Oriente Próximo. «Mira a tu alrededor y verás que los estados que mejor funcionan en la región son o monarquías —como su Jordania natal, por ejemplo— o emiratos. Compara este lugar con Yemen, Egipto o Siria. Los grandes centros poblacionales del mundo árabe ya no son las bases del poder. No he conocido a ningún nativo que sea infeliz con esta receta», me cuenta Safadi. ¿Cuántos empresarios de Teherán o Beirut pueden establecer sus negocios sin que las autoridades, los clanes o los fanáticos religiosos apenas les molesten? «Los juicios occidentales sobre Abu Dhabi no son realistas. Aquí tenemos otro tipo de responsabilidad.» Sobre el tema de que la familia gobernante abra un poco la mano con el poder o, al menos, permita un contrapeso, dice: «Tienes que medir el pulso a la democracia. Las elecciones son una herramienta vital en una democracia, pero no puedes reducir la democracia a las elecciones. La democracia es un sistema que sirve para dar la mejor vida posible a las personas. No es un fin en sí mismo». La creación del National y la mayor libertad, aunque limitada, de la que goza son esenciales en este proceso de medir el pulso a la democracia. Safadi hace alusión a un estudio reciente sobre la calidad de la educación en los Emiratos que se quejaba del bajo nivel de las aptitudes básicas entre los estudiantes indígenas. Esta situación ya se está notando en el mercado laboral, donde a los habitantes locales les cuesta cada vez más obtener, y conservar, empleos especializados.

Tengo una imagen similar de un escenario muy diferente. Voy conduciendo desde hace casi dos horas por una autopista tan blanda como una alfombra. Los árboles jalonan la carretera, alimentados por un riego constante en el desierto. Detrás, las dunas cambian gradualmente del dorado al rojo. La ciudad de Al Ain, en la frontera con Omán, es la segunda más grande del emirato de Abu Dhabi. También es el centro de la enseñanza. Apenas tres años antes, durante mi primera visita a la ciudad, vi pocos edificios de más de dos plantas. Ahora se ha expandido de forma espectacular; los bloques de pisos crecen como setas. Pero su antiguo sabor no se ha perdido del todo. El paisaje, las fortalezas, los mercadillos y la montaña yerma de Yébel Hafit que domina la ciudad son lo más cercano a la autenticidad árabe que se encuentra por estos lares. Tengo una cita con Donald Baker, un canadiense que es decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos. Es uno de los muchos profesores y conferenciantes reclutados en el extranjero como parte del programa concertado para mejorar la calidad de la educación. Las matrículas de alumnos siempre han sido motivo de preocupación. De entre la población local de los Emiratos Árabes, una media de 38.000 estudiantes al año terminan el bachillerato; sólo cuatro mil ingresan en la universidad, de los cuales el 80% son mujeres, un logro considerable. Sin embargo, muchas de estas jóvenes se someten a una gran presión familiar que las obliga a abandonar sus estudios antes de tiempo para formar una familia. Al menos para el gobierno, la educación de la mujer se considera vital para el desarrollo del país.

El Centro Zayed para el Patrimonio y la Historia, a unos kilómetros de distancia, es una vuelta al pasado, a una vida sin importaciones culturales extranjeras, a una vida de simplicidad material. Los pasillos están flanqueados de fotografías color sepia de dunas y zocos. «Si hace veinte años le hubiesen dicho a un jeque que su país se convertiría en esto, no habría dado crédito.» Hasan Al-Nabudah es profesor de estudios islámicos medievales y está especializado en la historia de Omán. «Ahora el desarrollo es imparable. Tendrá que seguir hasta el final. Ha rebasado el control de nuestros gobernantes.» Le preocupa el apuro económico de los nativos, que en general no se las arreglan tan bien como cabría esperar por culpa de una distribución de la riqueza escandalosamente desigual. No obstante, lo que más le inquieta, y no es el único, es la erosión de la cultura. Hombre de habla pausada, que ha pasado largas temporadas de estudio en Occidente, insiste en que no es contrario al principio de modernización de los Emiratos Árabes, sino a la velocidad y el modo con que se lleva a cabo. Sabe que si uno es crítico pueden acusarlo de simpatizar con los islamistas, de querer que los Emiratos Árabes vuelvan a épocas oscurantistas, algo que él rechaza enérgicamente. Algunos canalizan sus dudas a través de páginas web desde el anonimato y tratan todo tipo de asuntos como el desequilibrio demográfico, la extinción de la lengua árabe, la compra de bienes inmuebles por extranjeros o la rivalidad en la búsqueda de empleo. La mayoría calla.

Algunos se permiten hacer críticas duras. En abril de 2008 una advertencia del jefe de policía sobre la inestabilidad social provocó titulares de prensa. «Temo que estemos construyendo edificios pero perdiendo los Emiratos», dijo el general Dhahi Jalfan Tamim en una «conferencia sobre la identidad nacional» en Abu Dhabi, a la que acudieron todas las personalidades. La supervivencia misma de la familia real corría peligro, afirmó. Al tiempo que alababa la iniciativa del jeque Jalifa de declarar 2008 «el año de la identidad nacional», dijo que en los Emiratos no se había afrontado a tiempo el problema demográfico. El «desequilibro demográfico», como se dice eufemísticamente, es agudo. Menos del 15% de la población de los Emiratos Árabes es indígena. Los demás son extranjeros. Al-Nabudah lo describe así: «Los nativos se cobijan en sus complejos habitacionales en estado de choque. Se sienten marginados. Están apechugando con la inmigración interior. En Abu Dhabi tienen petróleo. No necesitan nada más. Eso es lo que la gente no entiende. Podrían haber vivido una vida bonita y lujosa. No necesitan una población más grande».

Son tales las tensiones subyacentes entre los autóctonos, que la familia gobernante no podría permitirse introducir una democracia mayor por mucho que quisiera, afirma Al-Nabudah. También señala la contradicción implícita en el afán de Occidente por «democratizar». Según él, unas elecciones libres para la población local de los Emiratos Árabes minarían el poder de la familia gobernante y su proyecto económico de crecimiento gracias a la mano de obra extranjera. «Imagínese cuál sería la reacción si tuviésemos aquí un Parlamento en funcionamiento.»

En Abu Dhabi vuelvo a visitar uno de los lugares a los que solía ir. En marzo de 2005 tuve el dudoso honor de ser uno de los primeros huéspedes del hotel Emirates Palace. Para mi sorpresa, la única persona que encontré en el comedor a la hora del desayuno fue al astro alemán del tenis Boris Becker. Yo me había adelantado un día a un viaje de prensa organizado. Recuerdo haber descrito en mi artículo el nivelazo del lugar: 6.000 metros cuadrados de pan de oro, 7.000 puertas, 12.000 letreros y 1.002 lámparas de araña hechas con cristal Swarovski. «Un gran atrio domina el centro del palacio, el más grande del mundo. Su cúpula dorada hace sombra a la de la catedral de San Pablo. La sala para el público es como dos canchas de fútbol. Ya emplea a 1.200 trabajadores procedentes de 50 países, una auténtica torre de Babel vestida de Armani, con minifaldas y chaquetas con galones de oro. Aunque el hotel se llenase, habría cuatro empleados por cliente», escribí. Los clientes de mayor categoría disponían de su entrada particular. «Sus limusinas pasaban por debajo del Arco de Triunfo (inexplicablemente un pelín más pequeño que el original de París) particular del Palace y ascendían por una rampa hasta los pisos superiores. Eso, si no usaban el helipuerto privado del hotel. El resto de los mortales teníamos que enfrentarnos a una procesión de fuentes hasta llegar a la entrada principal.»

Mi reacción fue una mezcla equilibrada de desdén e intimidación por los excesos del lugar, pero me la guardé para mí como hacemos en la buena sociedad occidental. A fin de cuentas, ¿a quién no le parecería vulgar semejante despliegue de fastuosidad? Yo pensaba que la gente iría allí a pasar un fin de semana de excesos y a reírse de sí mismos, pero no podía imaginarme que un hotel de tanto nivel y tan escaso gusto fuese todo un éxito. Pero no se trataba de eso. En los Emiratos Árabes este tipo de proyectos arquitectónicos son disparates individuales. No se ajustan a los planes de negocio convencionales. Me sentí aliviado cuando en el 2008 comprobé que el hotel tenía más afluencia que antes. Ahora es el centro de los negocios y la diplomacia de Abu Dhabi, y entre sus clientes habituales hay presidentes, reyes, altos ejecutivos y astros del deporte. Pero sigo sin comprender cómo puede llegar a fin de mes.

Hace tiempo que viajar entre Abu Dhabi y Dubai ha dejado de ser una experiencia exótica. Mientras que hace unos cuantos años, desde la comodidad de un vehículo con aire acondicionado, se podía contemplar al pintoresco beduino cruzando el desierto, ahora el panorama está dominado por edificios, grúas y más edificios. Dubai ha construido de la nada 120 kilómetros de canal, con casas a ambos lados. Este proceso se está moderando en la actualidad, pero pocos dudan de que se reanudará en serio. Cuando su población conjunta alcance los diez millones, las dos ciudades se habrán unido de hecho. Los autóctonos aventuran que acabará llamándose Abu Dubai.

Dubai ha conseguido que su primo mayor sienta que ha alcanzado ya la mediana edad. El paquete con el que Dubai se ha vendido al mundo entero —estabilidad, negocios inmobiliarios, potencial de alta rentabilidad, un sinfín de tiendas y oportunidades de ocio— ha resultado muy atractivo para cientos de miles de extranjeros. Dubai se consideraba uno de los tres eslabones del gran milagro de la globalización —como se decía en tiempos del boom—, junto con Shangái y Mumbai. Londres, Nueva York y Tokio quedaron descartados por ser ciudades «del ayer». En los círculos financieros, los más agudos lo interpretaron como otro ejemplo de la soberbia que había transformado el antiguo páramo que era Dubai en la jungla de la construcción que es en la actualidad. Pero sus voces rara vez se escuchaban. ¿Por qué iban a escucharlas, cuando todos se lo pasaban en grande amasando fortunas?

Dubai se convirtió en el centro mundial de la codicia. Cada símbolo del lujo debía ser superado por otro. Al principio los urbanistas parecían no tener límites. Pasaron por alto consideraciones patrimoniales y medioambientales. Casi nadie se quejó cuando un nuevo participante, el hotel Palazzo Versace, construyó una piscina aclimatada de 800 metros cuadrados y una playa con arena refrigerada artificial y ventiladores para proteger a sus huéspedes de los excesos del calor estival. «Absorberemos el calor de la arena para que esté lo bastante fresca como para tumbarse en ella», dijo el presidente del grupo hotelero. «Ésta es la clase de lujos que quiere la gente de nivel.» No parecía importarle mucho que los Emiratos Árabes Unidos fueran la región con más emisiones de carbono por habitante del mundo.

El jeque Mohamed bin Rashid Al-Maktum, el soberano, conocido cariñosamente como «jeque Mo», transformó su parcela de tierra, que era un mini reino, en una corporación internacional. Hace una década, cuando el petróleo empezó a agotarse y los ingresos disminuyeron, trazó un nuevo rumbo para la prosperidad de Dubai. Se basaba en la propiedad, el turismo, el transporte marítimo (por Yébel Ali) y la creación de un nuevo centro financiero a medio camino entre Londres y Singapur, libre de impuestos para los individuos y numerosas empresas.

El discurso de las relaciones públicas está cargado de superlativos. El Burj al Arab es el hotel más alto del mundo, más que la Torre Eiffel y sólo ligeramente más bajo que el Empire State Building. En teoría fue el primer hotel del mundo de siete estrellas, lo que empujó a la envidiosa Abu Dhabi a erigir el Emirates Palace. Una vez construido el Burj al Arab, su forma de casco de acero y vidrio revestido de teflón se convirtió en el símbolo nacional. Desde entonces el Burj Dubai lo ha superado en altura, cuando cobró ritmo la carrera por la construcción más estrafalaria. «Monumento. Joya. Icono. El Burj Dubai se conocerá con muchos nombres. Pero sólo un grupo privilegiado de personas llamará casa al Burj Dubai», reza la publicidad. En julio de 2007, cuando todavía era un rascacielos sin terminar, superó al Taipei 101 como el edificio más alto del mundo.

No costaba mucho averiguar los planes del jeque Mo. Desde las estrellas occidentales del celuloide hasta los financieros, pasando por los futbolistas y los turistas, todos eran invitados a probar un trozo del pastel e ir y venir a su antojo, siempre que respetasen las reglas. Cada vez que se anuncia un nuevo proyecto de construcción, conviene respirar hondo. Durante años el horizonte se ha poblado de grúas; según los cálculos, representan el 20% total del mundo. En Dubai se construyó la primera estación de esquí en el desierto; han emergido amplias islas artificiales del mar, las islas Palm, hogar de muchos astros del fútbol británico, y las islas The World, que engloban trescientas islas privadas artificiales cuya forma imita los continentes del mundo. Se prevé que cada una sea propiedad de un rico o famoso, que se trasladaría de la península al archipiélago y viceversa en lancha motora particular. Casi todas las estrategias de marketing se han dirigido a las celebridades; por poner un ejemplo, les ofrecían propiedades gratis o con sorprendentes descuentos. Parte del argumento de venta de Burj Dubai ha consistido en buscar a estadistas mundiales, como Henry Kissinger, Bill Clinton y Tony Blair, para que personas afines puedan coincidir en el ascensor y sentirse a gusto en su entorno herméticamente sellado. Como me reconoció un urbanista, está «diseñado para aumentar el poder de la mente, además de la opulencia».

Desde las alturas, mientras divisábamos la ciudad, Nicholas Maclean me habló de todos los proyectos en construcción. Este director regional de la firma inmobiliaria internacional más importante me detalló meticulosamente los planes previstos para Dubai. Durante los cuatro años siguientes se preveía construir unos 75 millones de metros cuadrados de oficinas y espacios residenciales, más del triple de la cantidad total de terreno en uso. Sólo el nuevo aeropuerto contaría con ochocientas torres. La demanda era tal que el periódico local, el Gulf News, llegó a publicar hasta tres suplementos diarios sobre propiedad inmobiliaria, en parte para atender la especulación, pero sobre todo para alojar las 300.000 novedades anuales. «Tú construye, que ya llegará la gente», era el principio al que atenerse. Eso fue antes de la crisis. Ahora son menos optimistas.

Dubai no tiene parangón en el mundo a la hora de combinar los lujos excesivos con las peores desigualdades sociales. A cualquier hora del día y de la noche pueden verse grupos de «trabajadores invitados» —por lo general de la India, Pakistán o Bangladesh— picando en las obras. Como denuncia la ONG Human Rights Watch, «Dubai, uno de los mayores booms de la construcción en el mundo, se nutre de obreros que reciben un trato menos que humano». Los patronos se han acostumbrado a no pagar a sus obreros. Los dirigentes del Comité Permanente de los Emiratos Árabes Unidos para el Trabajo y la Inmigración informaron a la ONG de que, sólo el año anterior, 20.000 trabajadores habían presentado quejas al gobierno por no haber cobrado sus salarios y por las penosas condiciones laborales.

La mayoría de los obreros de la construcción garantizan su empleo en los Emiratos Árabes Unidos pidiendo préstamos a las agencias de trabajo de sus países de origen. Un peón destina una parte considerable de su sueldo (en torno a 70 libras al mes) al reembolso de estos préstamos sobre una base mensual, y si no cobra el sueldo su deuda aumenta. Los trabajadores no tienen acceso a la sanidad ni a otros derechos básicos. Las empresas que los avalan les retienen el pasaporte y, a menudo, la paga de un mes o dos para garantizar que sigan trabajando. El resultado es una verdadera servidumbre por deudas, un sistema de trabajo en régimen de servidumbre. Los accidentes laborales son moneda común. Según unos estudios independientes publicados en los medios de comunicación locales, hay una media de dos a tres muertes al día. Los obreros trabajan por turnos y duermen por turnos, a veces veinte en una habitación. Según ciertos organismos de las Naciones Unidas, ha habido hasta 300.000 trabajadores ilegales en los Emiratos a un mismo tiempo. Mientras pudieron, algunos participaron en protestas públicas y huelgas para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales. Pero una verdad difícil de aceptar es que la mayoría de los trabajadores ha hecho todo lo posible por prolongar su estancia, porque eran conscientes de que ganaban diez veces más que en sus países, pese a todas las deducciones y humillaciones sufridas. Otra realidad, incluso más difícil de digerir, es que todo el que hacía dinero en Dubai —las inmobiliarias, los hosteleros, los operadores turísticos, los jóvenes tiburones de las finanzas— sabía que era a costa de explotar a los surasiáticos.

En cuanto al consumo excesivo, el jeque Mo predicó con el ejemplo. Su lista de compras incluía el transatlántico Queen Elizabeth 2 (conocido como QE2) junto con los muelles de Tilbury y Southampton; Barneys, los almacenes de lujo de Nueva York; acciones del Standard Chartered Bank; la mitad de la famosa avenida de Las Vegas; y el negocio de sementales de pura sangre más importante de Australia, que vino a sumarse a sus cuadras de sementales en los Emiratos, Gran Bretaña e Irlanda. Para no ser menos, el jeque Jalifa había invertido en la Warner Bros y en un extraño equipo de fútbol inglés de primera división, el Manchester City, con instrucciones de derrochar cuanto fuera necesario para convertirse en el mejor equipo del mundo. Casi todas las adquisiciones del jeque las hacen asesores que dirigen empresas de inversión de capital privado; pero son ellos los que sueltan la pasta.

El Fondo Soberano de Inversión amasó toda su fortuna en los Emiratos Árabes Unidos. La riqueza se hizo soberana de verdad. De los cerca de treinta fondos existentes, el mayor es el Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Durante el periodo de crecimiento global, cuando se disparó el precio del petróleo, los fondos buscaron instituciones en las que invertir. Daban por sentado que tendrían rendimientos estables. El Kuwait Investment Authority pagó 3.000 millones de dólares por tener participación en Citigroup e invirtió 2.000 millones de dólares en Merrill Lynch; ADIA ya había comprado el 4,9% de la participación en Citigroup por 7.500 millones de dólares. Los Fondos de Qatar y Dubai se hicieron con un tercio de la Bolsa de Londres.

Al principio, a los políticos occidentales sólo les preocupaba una cosa. Se quejaban de que los fondos propiedad de regímenes autoritarios y dirigidos con tanto secretismo como cualquier fondo de alto riesgo o compañía de capital de inversión, acaparasen activos estratégicos. Uno de los líderes políticos alemanes, Franz Müntefering, que llegaría a ser vicecanciller, los describió como «saltamontes». El término se usó cada vez más a medida que crecían los impulsos proteccionistas.

El aviso a los Emiratos Árabes Unidos llegó en el 2006. La empresa británica P&O, propietaria de seis puertos estadounidenses en su cartera internacional, incluido el de Nueva York, accedió a que Dubai Ports World la comprase. La adquisición fue remitida al Congreso y al gobierno de Bush, que dio su consentimiento. A la Casa Blanca le interesaba tener a los jeques Jalifa y Mo contentos y demostrar su aprecio por la discreta cooperación de los años anteriores. No obstante, cuando se hizo público el acuerdo, la oposición popular logró que la Comisión de Créditos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos paralizara la compra con una sorprendente votación de 62-2. La humillación dolió en los Emiratos Árabes, en medio de acusaciones mutuas de negocios sucios. Bush estaba furioso. Los políticos y líderes comerciales de ambos países habían escarmentado y juraron que no volvería a repetirse una situación así. La clave fue una campaña de relaciones públicas que, aparte de las virtudes financieras de los Emiratos, ensalzó su entorno como un lugar tranquilo para negociar y relajarse. Se minimizaron todas las manifestaciones externas de «fundamentalismo». La religión también desempeñó su papel en el pacto.

Desde hace tiempo los jeques Mo y Jalifa han sopesado las necesidades de los occidentales en conflicto con las tradiciones religiosas que prohíben el alcohol, las relaciones sexuales fuera del matrimonio y la homosexualidad. Las autoridades hacen la vista gorda casi siempre, sobre todo en Dubai: el alcohol se vende sin problemas en hoteles y restaurantes, incluso durante el mes santo del Ramadán. Los jeques han intentado mitigar la indignación de los países árabes por la decadencia occidental con medidas enérgicas regulares (y designando chivos expiatorios de vez en cuando para dar ejemplo, antes del retorno a la normalidad de los negocios) y afirmaciones eufóricas de lealtad al islam. En las afueras de Abu Dhabi han construido la Mezquita del Jeque Zayed, una proeza arquitectónica con la alfombra más grande del mundo, según dicen. Como era de esperar, el jeque Jalifa quería que fuese la mezquita más grande del mundo, en honor a su padre, pero la vecina Arabia Saudí protestó, insistiendo en que no debía usurpar el puesto a los dos emplazamientos más sagrados del islam, la gran mezquita de La Meca y la Mezquita del Profeta en Medina.

La imagen hedonista de Dubai se volvía cada vez más problemática. Un funcionario del gobierno me describió al occidental típico como «los señores del tatuaje y las quemaduras de sol». Lo peor llegó en el 2008, cuando detuvieron y condenaron a dos británicos acusados de mantener relaciones sexuales en un espacio público. La historia del «polvo en la playa» tuvo gran polémica en el Reino Unido. Los periódicos enviaron equipos de reporteros para que redactasen artículos ingeniosos sobre las travesuras de sus compatriotas, pero también sobre la «brutalidad» del país anfitrión. Fue uno de esos casos clásicos de una pizca de racismo con un toque de colonialismo, una gran dosis de xenofobia y una visión simplista de las costumbres sociales. La pareja en cuestión hizo lo que cientos de expatriados hacen el día principal de la oración entre los musulmanes: ir a uno de los hoteles de la ciudad para la tradicional fiesta del viernes con barra libre. Salieron ebrios del hotel y un agente de policía los descubrió en la playa de Jumeirah echando un polvo en la arena. Sólo les puso una multa, pero les ordenó que se marcharan. Ellos hicieron caso omiso de la advertencia y el agente los detuvo cuando volvió por segunda vez. Según fuentes policiales, la mujer increpó al policía por haberlos molestado de nuevo. Acusaron a la mujer de haber insultado al policía y de haber intentado pegarle con uno de sus zapatos de tacón alto (un acto especialmente insultante, como Bush descubriría más tarde en Bagdad), antes de que la sujetaran y metieran en el calabozo. En octubre de 2008 el Tribunal de Primera Instancia de Dubai les declaró culpables de mantener relaciones sexuales sin estar casados y de escándalo público, y los condenaron a tres meses de cárcel. Luego apelaron y consiguieron que los dejasen salir del país.

La suya fue una ruptura mayúscula del pacto: una combinación de bebida, grosería, violencia e insulto religioso. Más que con represión, se podría decir que trataron a la pareja con indulgencia. Podría citar muchos países, incluidos algunos «democráticos», donde los habrían tratado con más dureza. Muchos blogueros extranjeros afincados en Dubai expresaron su indignación en internet, pues el comportamiento de la pareja les perjudicaría en el futuro a la hora de divertirse. Los occidentales tenían permiso para hacer lo que quisieran siempre que no se exhibiesen en público. Mientras el dinero siguiera fluyendo, parecía un compromiso fácil de asumir para la mayoría.

Los malabarismos no se limitan a las sensibilidades culturales, sino que se adentran también en el campo de la geopolítica. En numerosas ocasiones los Emiratos Árabes han servido de discreto escenario para las negociaciones delicadas en Oriente Próximo sobre el Líbano, Libia y Pakistán, por ejemplo. El gobierno anfitrión asegura a las distintas partes que nadie las desenmascarará. El pacto tácito garantiza que no se tocarán ciertos temas, sobre todo después de susurrar una palabra al oído de un director de prensa. Se ha comparado a Abu Dhabi y Dubai con la Viena de la Guerra Fría, un lugar de encuentro entre Oriente y Occidente. Otra comparación menos halagadora podría ser la Suiza de la segunda guerra mundial, un país que malquistó a unos contra otros y brindó un refugio financiero para todos, sin hacer preguntas incómodas.

Una versión moderna de este pacto es la establecida con los estadounidenses que han invertido, militar y políticamente, en los Emiratos Árabes. Pese a no poseer una base permanente como en Singapur, la armada de Estados Unidos desembarca a más marines a lo largo del año en Yébel Ali que en cualquier otro puerto extranjero. El Departamento de Defensa de Estados Unidos suministra a los Emiratos lo último en armamento sofisticado por valor de miles de millones de dólares como, por ejemplo, la venta reciente de misiles Patriot. Tener a un aliado leal y bien armado tan cerca de Irán conviene a los intereses de Estados Unidos. Entretanto, los estadounidenses hacen la vista gorda ante las remesas diarias de productos occidentales que los Emiratos envían a Irán. Este negocio, del que Irán depende por completo, incumple las sanciones impuestas por Estados Unidos para castigar a Teherán por su larga rebeldía.

Luego queda el pacto sobre el terrorismo. Nunca ha dejado de ser curioso que los Emiratos se hayan librado de uno de esos atentados espectaculares con bomba, dada la situación geográfica del país, la mezcla étnica y la cantidad de edificios famosos tentadores para Al Qaeda y otros grupos afiliados. Un golpe de estas características daría una asombrosa publicidad a los militantes islamistas. El resultado sería el caos, la fuga de capitales y la quiebra de la confianza. Los estadounidenses saben que dos de los diecinueve hombres que protagonizaron los atentados del 11 de septiembre eran ciudadanos de los Emiratos. Se dice que la mitad del presupuesto de 500.000 dólares destinado a los atentados se envió de Estados Unidos a Dubai. Y sin embargo los estadounidenses dirigieron su ira contra Afganistán y más tarde Pakistán, pero no contra los Emiratos Árabes Unidos, como podían haber hecho fácilmente. La relación con ellos era demasiado importante para ponerla en peligro.

Los servicios de seguridad nacionales y occidentales siguen de cerca lo que está haciendo cada cual en Dubai y Abu Dhabi. Los residentes dicen que están ofreciendo inmunidad bajo mano a gente que se ha metido en líos por delitos menores, si a cambio delatan a sus colegas. También se utilizan otros incentivos, como me comentó un empresario: «Están dando permisos de residencia a cambio de que se espíe para ellos. A otros que se meten en follones les dicen que no los expulsarán del país si cooperan. Todo el mundo asume que hay espías en todas las oficinas». Y añade, como inquietante ejemplo del trato propuesto: «Me quedo más tranquilo sabiendo que, si yo causo problemas, en un par de días me pillan». Por lo visto, el pacto tiene variedad de usos.

Las embajadas occidentales han observado un aumento constante del número de amenazas en los últimos años, aunque por ahora no han pasado de eso. Tal vez la razón más convincente de la ausencia de terrorismo sea el papel de los Emiratos Árabes, que han estado blanqueando dinero de algunos supuestos responsables de los atentados del 11 de septiembre a través de bancos locales y negocios creados en elaboradas cadenas. Como afirman algunos, es un «pacto entre caballeros»; puedes utilizar el territorio para descansar, divertirte y crear riqueza mientras mantengas tus actividades militares en el exterior. Al Qaeda no ha sido la única en salir beneficiada. El padre del programa nuclear de Pakistán, A. Q. Khan, admitió que lideraba un grupo clandestino que, con ayuda de una empresa de Dubai, suministraba tecnología nuclear paquistaní a Irán, Libia y Corea del Norte.

El papel de los Emiratos no difiere mucho del papel desempeñado por Londres, que ofreció a los islamistas militantes un lugar donde amasar y guardar dinero en la época anterior al 11 de septiembre (Londonistán), y fue refugio de oligarcas rusos de dudosa reputación después (Londongrado). Los miembros de una mafia rusa que opera a menor escala también han convertido Dubai en su hogar. Según cuentan, cuando menos se espera, los rusos ocupan la mitad de las habitaciones de los mejores hoteles. De cuando en cuando hay tiroteos, como el del célebre hotel de lujo Burj al Arab en 2006, cuando asesinaron a tiros a un vendedor de diamantes sirio. El hampa rusa controla buena parte de las industrias de metales preciosos, drogas y prostitución. La mayoría de los acompañantes y las prostitutas llegan fletadas en avión discretamente a través del aeropuerto de Al Ain y terminan en burdeles camuflados de clubes nocturnos. El que cuenta con peor fama es Cyclone, donde, según parece, las chicas se valoran más o menos por su nacionalidad, y las rusas suelen ser las más caras. La globalización satisface el mercado, que satisface la demanda a su vez. En sus páginas web los expatriados cotillean constantemente sobre este tipo de locales, pero el asunto no se menciona entre la buena sociedad ni en los medios de comunicación oficiales. De vez en cuando se hacen redadas y cierran algunos. Luego vuelven a abrir «remozados» o se lavan la cara cambiando de lugar. Es la parte sórdida del pacto.

«Queremos brindar integridad moral», dice Labuschagne. De origen sudafricano, es uno de tantos asesores traídos de fuera para aconsejar a la familia gobernante. A Dubai le interesa despojarse de su reputación de mal gusto e inmoralidad. La educación, la sanidad y un gobierno eficiente son la clave. Labuschagne habla de una nueva Ciudad Universitaria con miles de plazas nuevas en facultades e institutos técnicos. Su mensaje es parecido al de varias personas con las que he hablado en Abu Dhabi. Está a años luz del concepto occidental de democracia liberal, pero también de la política de otros países de la región. ¿Se trata de darse un simple barniz de respetabilidad o significa algo más?, le pregunto. «Estamos tratando de desarrollar de verdad un modelo positivo de crecimiento para el resto de la región», me cuenta Labuschagne. «No se trata sólo de dinero.»

Mi última visita a la región tuvo lugar una semana después del colapso de Lehmann Brothers en Nueva York. La mayoría de los financieros, agentes inmobiliarios y operadores turísticos que conocí en Dubai y Abu Dhabi confiaban en librarse de la súbita crisis económica sufrida en Occidente. Pese a reconocer los peligros potenciales, un director ejecutivo me contó que su mayor problema residía en afrontar las solicitudes de empleo lastimeras —de cualquier empleo— de conocidos suyos que habían perdido el trabajo en Inglaterra o temían perderlo de forma inminente. «Me están inundando el buzón de correos electrónicos con currículos», dice. Casi toda las personas con las que hablé entonces confiaban razonablemente en que Dubai —pese a la vulnerabilidad del sector inmobiliario— saldría airosa con un «aterrizaje suave». Se convencían a sí mismos de que los Emiratos Árabes Unidos estaban disociados de las economías de Occidente y de que su pacto para enriquecerse era más duradero que el de los «viejos países».

La velocidad y profundidad de la crisis económica sorprendió a la familia real. Cada uno a su manera, Jalifa y Mohamed habían visto a sus estados-ciudad como modelos del nuevo mundo consumista, pero también como algo más. Los habían visto como un ejemplo a seguir, en particular en Oriente Próximo, como un crisol de culturas unidas por el hechizo de la prosperidad. Luego de que miles de inversores abandonaran la ciudad, el gobierno anunció un presupuesto expansionista para estimular la economía; se inyectarían 50.000 millones de dólares extras en proyectos de infraestructura, que se sumarían a los 200.000 millones de dólares ya destinados. Era más fácil aplicar estas medidas en un país donde los poderosos de la política tenían participaciones en las empresas más fuertes. La fuente del dinero procedió del miembro más viejo de la familia, Jalifa, que salió al rescate del más joven y derrochador Mo. La desesperada y endeudada Dubai recibió ayuda de la recatada y rica en petróleo Abu Dhabi.

Hubo otra operación de rescate que las autoridades intentaron guardar en secreto con más desesperación si cabe. Desde otoño de 2008 Estados Unidos y otras naciones occidentales engatusaban y coaccionaban a los Emiratos para que los ayudaran en aquellos tiempos de necesidad. Invocaron viejos favores, como la discreta garantía de seguridad de Estados Unidos a los jeques y su predisposición a pasar de puntillas sobre sus tratos con individuos del entorno de Al Qaeda.

Henry Paulson, secretario del Tesoro de Bush, había convocado varias reuniones secretas con dirigentes y ministros del golfo Pérsico para urgirles a que inyectasen dinero en la maltrecha industria automovilística de Estados Unidos y otros sectores de la economía. El Fondo Soberano de Inversión ya había sufrido un duro revés por haber invertido en esa misma economía estadounidense, pero aún contaba con decenas de miles de millones para invertir. El presidente Bush agasajó a varios miembros de las familias reales de los Emiratos Árabes en Camp David, incluidas varias personalidades con altos cargos en el fondo de inversión ultrahermético ADIA. A la sazón, parecía que el único lugar con dinero de sobra era Abu Dhabi. Era hora, les dijo, de corresponder a una vieja amistad. A principios de noviembre de 2008 tuvo lugar otra inquietante reunión, cuando Gordon Brown, el primer ministro británico, realizó una visita de dos días a los Emiratos Árabes Unidos. El viaje no suscitó mucho interés en el país americano, pues coincidió con los desastrosos resultados de sus elecciones presidenciales. El primer ministro instó a China y al Golfo a que utilizasen sus fondos de inversión para llenar las arcas del FMI, pues se había visto obligado a emplear sus reservas en la concesión de préstamos urgentes a países europeos en riesgo de bancarrota, como Islandia, Hungría y Ucrania. Digamos que el primer ministro expuso el problema en toda su magnitud. Lo cierto es que Occidente estaba en bancarrota. El denominado mundo democrático acudía, con el sombrero en la mano, a su nuevo pagador.

Todos los problemas eran relativos en los nuevos tiempos dramáticos. Dubai se exhibía, a ojos de su vecino árabe, como un emirato con holgura económica y una vida cómoda. Había caído en la economía del boom inmobiliario, el crédito excesivo y otras prácticas financieras irresponsables. En muchos aspectos, Dubai es más una marca que un país; su reputación depende del dinero y del lujo, y puede recurrir a poco más si su sofisticación se viene abajo. El emirato sufriría a corto plazo. Pero gracias a Abu Dhabi no se hundiría y se prepararía para empezar de nuevo.

La vida de quienes no se vieron en la necesidad de vender y marcharse (sobre todo quienes compraron bienes inmuebles al principio, cuando los precios eran bajos) no cambió prácticamente nada. La tribu blanca de Arabia siguió comprando en las mismas tiendas que tenían en sus países natales; siguieron trabajando en entornos similares a los de sus países. Podían broncearse, jugar al tenis y beber, a puerta cerrada, siempre que quisieran. Nadie les pedía nada, excepto que generasen y gastasen dinero. Era el pacto menos exigente de todos y, para mucha gente, era un pacto atractivo. Era el pacto del dinero en su forma más pura. Todos, desde el funcionario británico y el emprendedor libanés, hasta el importador iraní y el gobierno estadounidense, asumieron los compromisos adecuados para disfrutar de lo que podía ofrecerles.

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La India: La alternativa populosa

El mito de la intolerancia sigue muy presente… Seguramente seremos una de las sociedades libres más crueles del mundo.

TARUN TEJPAL

Dos escoltas armados merodean a la entrada de la casa de Teesta Setalvad. No se ponen en guardia cuando me acerco, más bien siguen relajados. He venido a ver a una de las defensoras de los derechos civiles más valientes de la India, la nieta de un antiguo ministro de Justicia, una mujer que decidió salirse de lo convencional para denunciar los abusos y las conspiraciones de un estado calificado como la democracia más grande del mundo.

Periodista de oficio, Setalvad edita una revista mensual llamada Communalism Combat. La fundó porque le inquietaba que los medios de comunicación nacionales dejasen de informar sobre la cara más desagradable de la vida, preocupados más bien por retratar a la India como un país en la senda luminosa de la modernidad y la prosperidad. En concreto, habían dejado de investigar el papel de los políticos y las fuerzas de seguridad en los numerosísimos incidentes por conflictos comunales que la India llevaba sufriendo años enteros. «Los medios no se pronuncian sobre la brutalidad y las castas», me dice mientras nos sentamos en un banco del patio que separa su casa de su destartalada oficina. «La relación entre lector y prensa ha cambiado. Hoy en día, las protestas y la política real no son noticia», dice.

Le pregunto por qué necesita toda esa protección alrededor de su casa. Me contesta que recibe varias amenazas por teléfono todas las semanas. La Central Industrial Security Force, una de las agencias de seguridad del país, le ha dado protección las veinticuatro horas, sobre todo en la zona de Mumbai y dondequiera que se desplace dentro de su estado natal de Gujarat. Esto la reconforta un poco, pero no demasiado. Los guardaespaldas que proporciona el estado indio no se cuentan entre los más temibles del mundo. Sus escoltas hacen todo lo que pueden, pero no han logrado evitar al menos seis ataques contra su coche hasta ahora. Para muchos poderosos, Setalvad es una agitadora. Varios quiosqueros ya no encargan su revista. No merece el riesgo, les advierten.

Tras haber viajado por países que incurren en el supuesto autoritarismo, quiero evaluar el pacto en una democracia, y no una democracia cualquiera. El logro constitucional de la India durante sesenta años de independencia es destacable. Este país de más de mil millones de habitantes, con dos mil grupos étnicos y doscientas lenguas, ha seguido tenazmente, excepto durante un breve periodo, el camino de la democracia multipartidista, la separación de poderes, la independencia del poder judicial y la libertad de expresión. En teoría cumple todos los requisitos democráticos. Pero, más allá del ritual del voto, ¿qué libertades concede exactamente y para quién? Como me insinuaron algunos en China, ¿acaso otorga libertad real a los ciudadanos para que elijan cómo quieren vivir sus vidas?

Setalvad fundó Communalism Combat tras una serie de enfrentamientos religiosos a principios de los años noventa entre hindúes y musulmanes. Sus periodistas no ponderaron sólo las causas de la violencia, sino también la reacción de las fuerzas de seguridad. En uno de sus primeros números señaló que, en regiones gobernadas por grupos nacionalistas hindúes, se animó a la policía a arremeter contra los musulmanes y otras minorías. «Con su cruel indiferencia ante el atropello de los derechos civiles y las flagrantes violaciones de los derechos humanos, la policía en la India no fue nada discriminatoria en el pasado», escribe. «Con la creciente comunalización de los políticos y la policía, los musulmanes son el blanco selectivo de las detenciones, el maltrato y la tortura en varios estados desde 1990.»

Ella y su equipo se han dedicado durante años a investigar uno de los episodios más brutales de la historia de la India independiente. En febrero del año 2002, a las afueras de la ciudad de Godhra, en el estado occidental de Gujarat, 58 hindúes, muchos de ellos mujeres y niños, ardieron vivos cuando una turba prendió fuego al tren en el que viajaban. Iniciaban el viaje de regreso de la ciudad de Ayodhya, el centro de una disputa entre musulmanes e hindúes por la construcción de un templo sobre las ruinas de una mezquita mogola. Docenas de musulmanes fueron detenidos; adujeron que los hindúes habían estado hostigándolos. Narendra Modi, jefe de gobierno regional de Gujarat, decretó un día de luto para que se celebrasen los funerales en la ciudad más grande del estado, Ahmadabad. Una nutrida multitud, muchos con pañuelos color azafrán y pantalones cortos color caqui, que son el uniforme del nacionalismo hindú, y armados con espadas, explosivos y bombonas de gas, lo arrasó todo en busca de venganza. Vertieron queroseno en las gargantas de hombres, mujeres y niños, antes de prenderles fuego. Como muchos investigadores posteriores han demostrado, los jefes de policía y los políticos del partido en el poder, Bharatiya Janata Party (BJP) —Partido Popular Indio—, o permanecieron impasibles o los ayudaron en su tarea proporcionándoles listas informatizadas de direcciones. Fueron asesinadas más de mil personas, en su mayoría musulmanes. Arrasaron unas 230 mezquitas y santuarios. Cuando le pidieron que condenara la violencia, en su lugar Modi citó la tercera ley de Isaac Newton: «Toda acción produce siempre una reacción igual y contraria». Modi jamás se ha disculpado ni expresado arrepentimiento alguno por lo sucedido.

Setalvad tiene muchos enemigos, pero Modi en particular no aprecia su empeño para que se haga justicia. No es uno de esos coloridos señores de la guerra de un estado fracasado o en vías de serlo. Es uno de los políticos más populares del país y es considerado —para bien o para mal— un rostro de la India moderna. Sólo unos meses después de los disturbios de Gujarat, Modi fue reelegido jefe de gobierno regional. En el 2007 volvió a ganar, para un tercer mandato sin precedentes. Vestido con modestia, es considerado un ejemplo de rectitud fiscal; y gracias a su atractivo don para la oratoria, es un actor fundamental de la escena nacional. Muchos observadores dicen que sólo es cuestión de tiempo que llegue a ser primer ministro. La élite empresarial de la India —los directores de gigantes como Tata, Reliance, Airtel e Infosys— lo agasajan. Estos hombres, los estereotipos que durante años han adornado las portadas de las revistas Forbes y Fortune, destacan la función de Modi a la hora de fomentar los altos índices de crecimiento sistemático, la probidad fiscal, la eficiencia y el espíritu emprendedor. Gujarat es conocido como el estado pionero, el ejemplo a seguir por el resto del país, la versión india de Singapur. Los empresarios occidentales hacen cola a las puertas de Modi. Su estado tiene más inversión interna que cualquier otro. Se dice que, al contrario que en el resto de la India, los trenes son de verdad puntuales en Gujarat.

No obstante, desde hace varios años, a Modi le han negado el visado para visitar Estados Unidos por la cuestión de los derechos humanos; decisión que la élite empresarial de la India ve como humillante e inmerecida. Han presionado a Washington para que revoque su decisión, confiando en que lo hará. El dinero finalmente hablará, insisten. «En los años inmediatamente posteriores a la independencia, la élite tenía un gran sentido de la responsabilidad hacia el desarrollo del país en conjunto. Ahora todo lo que desea es hacer dinero y vivir bien. Yo provengo de esa mismísima élite privilegiada. Pero si no somos capaces de enfrentarnos a personas como Modi, entonces, ¿para qué sirve nuestra democracia?», se pregunta Setalvad.

¿Por qué es tan importante este individuo, este incidente de violencia entre tantos en el país y este estado en concreto? Todas las personas con las que he hablado tienen un concepto extremista de Modi. O es un salvador o es un dictador (en algunos casos ambas cosas). Muchos votantes comunes, no sólo en Gujarat, y muchos líderes empresariales internacionales y locales, parecen dispuestos a pasar por alto cualquiera de sus fechorías, porque identifican en él una oportunidad de progreso para la India. Ven en él a la persona que puede brindar un entorno comercial hospitalario, un oasis para la iniciativa empresarial en un país cuyas aspiraciones a largo plazo chocan con una población principalmente pobre y analfabeta, una infraestructura mala y deteriorada y un sistema político caótico. Es un proceso mental similar al que esperaba a Vladímir Putin en Rusia y ha sostenido al Partido Comunista en China. Caos es una palabra que muchos rusos usaban para describir los años de Gorbachov y Yeltsin y que los chinos usaban para advertir de lo que habría pasado si hubiesen permitido las protestas de Tiananmen.

Modi es el último político en quien la élite comercial de la India ha depositado todas sus esperanzas en las dos últimas décadas. El país se ha alejado mucho de la visión de su padre fundador, Mahatma Gandhi, otro guyaratí, el hombre que hizo de la rueca el símbolo del movimiento libertario. Gandhi quiso una India en donde la atenuación de la pobreza, el pluralismo religioso y la protección de las minorías contra la mayoría hindú fuesen las prioridades permanentes. Los gobiernos de Jawaharlal Nehru y su hija Indira Gandhi ampliaron la función del estado al nacionalizar los bancos y aplicar la reforma agraria. Aunque la economía crecía de hecho, la sima entre la India y los países desarrollados aumentaba. Una serie de crisis financieras ocasionaron una vuelta de tuerca inesperada en 1991 y una liberalización económica bajo el gobierno de Narasimha Rao en el Congreso y su ministro de Hacienda, Mammohan Singh. Rao anunció al país que del malestar económico surgía una buena oportunidad para «sacudirse las telarañas del pasado y recibir el cambio». Se acabó el papeleo burocrático, los mercados de capitales se liberalizaron en parte, se abrieron los mercados laborales y el crédito se puso a la orden del día. En su estudio autorizado de los cambios económicos, Gurcharan Das compara la liberalización económica india con la apertura china de Deng Xiaoping. Das argumenta que la revolución de Rao fue más importante, si cabe, que la revolución política de Nehru en 1947.

La India moderna nació en 1991, o al menos eso es lo que afirmaron posteriormente los prosélitos del mercado libre. Se incorporó a las filas de los estados globalizados y ofreció un nuevo pacto atractivo a su pueblo o, mejor dicho, a quienes podían acatarlo. En virtud de sus términos, decenas de millones de personas podrían hacer dinero a sus anchas. El estado no se interpondría en su camino, haría la vista gorda a la evasión de impuestos y otros excesos. Los nuevos ricos serían libres de meterse en política si lo deseaban —a fin de cuentas estaban en una democracia—, pero malgastarían sus energías si lo hacían. No obstante, se desvincularon de la política y la actividad estatal, seguros de que, una vez elegidos, los políticos mirarían por sus intereses en todos los niveles, siempre que ellos mirasen por el interés de los políticos; es decir, sus billeteras.

Desde entonces el gasto material se elevó al rango de pasatiempo nacional. El crecimiento económico se interpretó como un símbolo de virilidad nacional. Entre los años 1999 y 2008 la economía de la India se triplicó. En julio de 2006 la revista estadounidense Foreign Affairs declaró que la India era una «historia de rabioso éxito capitalista» al romper las cadenas y lanzarse al camino sin retorno de la prosperidad. El sueño indio era una atractiva mezcla de vieja «espiritualidad», unida a una visión romántica de su democracia y, en la actualidad, la posibilidad de que los extranjeros encuentren un Starbucks en casi cada esquina. En la India el periódico Times of India publicaba a diario reportajes de adquisiciones y tratos comerciales con grandes titulares como «La India está lista para el cambio» y «La India se incorpora a la globalización». El Bharatiya Janata Party fue el más beneficiado con su atractivo lema «India brilla». Los «señores del mercado», como los llamaban, los jóvenes prometedores de las tecnologías de la información, los nuevos aspirantes a telefonistas de un call center en Bangalore y Hyderabad, todos formaban parte de una única narrativa lineal: lo estamos consiguiendo, estamos ingresando en el club mundial.

El ideal gandhiano de autosuficiencia nacional cedió ante la apertura absoluta a los mercados mundiales y la alianza con Occidente. Los gobiernos indios dejaron de tratar con la misma prioridad ciertos asuntos mundiales sobre derechos humanos y justicia social, como la cuestión de Birmania, el Tíbet o Palestina. La India abandonó su estatuto de país no alineado y, a cambio, el gobierno de Bush logró convencer al Congreso de Estados Unidos de que aceptara un acuerdo en julio de 2005 en virtud del cual la India se convertiría en una potencia nuclear. Para la India fue una bendición especial. Bush creyó que apoyar el auge económico y militar de la India democrática ayudaría a inclinar la balanza global del poder a favor de la «libertad». Al igual que con Singapur, los Emiratos Árabes Unidos y China, la India llegó a un acuerdo con Estados Unidos: la economía seguiría su rumbo armonioso a cambio de una cooperación discreta y la buena voluntad por ambas partes para pasar de puntillas ante las actuaciones más sucias del estado.

El retrato entusiasta de la India en los medios de comunicación extranjeros como la nación del futuro, rivalizando con China, alimentó un nuevo patriotismo. También relajó la cohesión intercomunitaria característica de los primeros años de la independencia. El Bharatiya Janata Party estaba en una posición aventajada para aprovechar ambas tendencias y para hacer del hindutva, el sentimiento de pertenencia hindú, la causa nacional definitiva.

Durante los veinte años de liberalización, los pobres, el 75% de la población que vive con menos de dos dólares al día, han vivido una existencia paralela. Sus dificultades son tan críticas como lo han sido siempre y están estrechamente vinculadas a la malnutrición y el analfabetismo. Pankaj Mishra y Arundhati Roy, entre otros, han documentado, con sus críticas mordaces, la terrible opresión y las humillaciones que sufre la India de forma habitual. En libros y películas se han plasmado los tratos entre los slumlords,⁴ la policía y los políticos, las amenazas constantes de traslados forzosos y demoliciones, la particular miseria que traen los monzones. Los institutos de investigación proporcionan un mar de estadísticas que reflejan los niveles de desigualdad. De todo el crecimiento económico, menos del 1% del presupuesto está destinado a la sanidad pública. Los niveles de malnutrición infantil son más elevados que en el África subsahariana en general. Según los estudios de Unicef, en la India más de la mitad de las mujeres y tres cuartas partes de los niños menores de tres años son anémicos. El problema no es la falta de información o transparencia, sino la falta de voluntad.

Amartya Sen preguntó una vez cómo podía prosperar el país si la mitad era una Silicon Valley californiana y la otra un África subsahariana. En ciudades como Mumbai la proximidad entre los ricos y los pobres es un inconveniente que los segundos intentan obviar por todos los medios. De Juhu a Dharavi, los suburbios urbanos, hacinados cerca de los aeropuertos, las vías de trenes y las autopistas principales, están a la vista de los que circulan con sus todoterrenos. Los centros comerciales con aire acondicionado no dejan entrar a individuos que los clientes encontrarán de todos modos en los bazares de la calle. Uno de los centros comerciales más frecuentados por la clase media de Mumbai es Atria, que abrió en el barrio de Worli en 2006 y cuenta con el primer escaparate de Rolls-Royce de la India, un outlet de ordenadores Apple y restaurantes de comida rápida. Se halla a pocos metros de unas chabolas de chapa, una planta de tratamiento de aguas residuales y otros ejemplos de infravivienda.

No hubo nada extraordinario en el modo en que la India amasó riqueza y la gastó durante aquellos años. Siguió el mismo patrón que sus homólogos, de Singapur a Moscú, de Londres a Milán. Los gustos del consumidor se habían globalizado y homogeneizado. Tal vez la única diferencia sea la incomodidad que produce en los indios tener que soportar la desagradable visión de los pobres de camino a sus paraísos sellados herméticamente.

El escritor Pavan Varma ha estudiado el desarrollo de la clase media durante las dos décadas de reforma económica. La divide en cuatro segmentos: los «muy ricos», que constituyen en torno a seis millones de personas; la «clase consumista» (equivalente a la clase media de los países desarrollados); los «escaladores» (con cierta renta disponible, pero con un fuerte anhelo de adquirir más); y los «aspirantes» (que no tienen mucho pero piensan que sus hijos un día lo tendrán). Los dos primeros grupos son los más importantes económica y políticamente, mientras que los dos últimos los reafirman en sus convicciones.

La paradoja es que todos ellos se consideran rehenes de fuerzas que escapan a su control. En teoría lo son. Están sujetos a un proceso democrático sin precedentes en el mundo, donde cientos de millones de analfabetos o semianalfabetos determinan el resultado de las elecciones. ¿Qué otro país se jacta de tener un sistema de sufragio universal para los gobiernos nacionales, regionales y locales a semejante escala? La compra de votos y el fraude no han desaparecido, pero incluso los críticos más duros reconocen que el proceso electoral tiende a reflejar la voluntad del pueblo. Y eso significa la voluntad de cientos de millones de pobres. ¿Es de extrañar, entonces, que las clases medias se hayan vuelto paranoicas? El número de votantes siempre ha sido menor entre los ricos que entre los pobres; tanto que la prensa ha comenzado a exhortar a las clases medias a que acudan a las urnas. La campaña más reciente del Times of India se titulaba «Despierta, India». Que, en realidad, quería decir: vosotros, los ricos, espabilad, no dejéis vuestro destino en manos ajenas.

La minifortaleza de Setalvad está cerca de la playa de Juhu, el barrio al norte de Mumbai sinónimo de Bollywood. A espaldas de las calles principales hay largas hileras de villas encaladas, muchas con sus propios guardias de seguridad. El Marriott Hotel es el lugar de encuentro preferido de actores, productores y financieros para hacer negocios. Charlo sobre el tema de la democracia con una de las celebridades de Hollywood —no de Bollywood—, el director Shekhar Kapur. Su último proyecto es una película sobre la escasez de agua, nada que ver con sus primeros guiones, más glamurosos. «La prosperidad económica es el poder básico. Sólo los ricos y los poderosos tienen libertad real en la India», dice. «Aquí los sistemas están subvertidos. Por ejemplo, el sistema judicial funciona a todo gas, pero no para los pobres.» ¿Cómo se entiende que la India tenga una intelectualidad tan locuaz y un cuerpo político tan pobre?, le pregunto. «El único modo de avanzar en política es siendo corrupto. Los políticos creen que tienen ciertos derechos después de haber invertido tanto tiempo en que los elijan.» Formar una coalición es un negocio lucrativo. En el plano nacional los ministros de Telecomunicaciones y Transporte, por ejemplo, ofrecen oportunidades inmejorables para llevarse contratos. Sucede lo mismo en cada peldaño del escalafón.

A veces aparece una de esas raras personas que rompen el molde. Uno de los aspectos más atractivos de las campañas electorales en varios países democráticos es su capacidad para producir inconformistas. Adolf D’Souza es uno de ellos. Cuando lo llamo para que me dé las señas de su oficina electoral, me dice que está al lado de una iglesia, en el «garaje número uno». Rodeado de sillas de plástico, armatostes, un dispensador de agua y montones de papeles, me habla de su experimento político en miniatura. Activista de la Iglesia católica de Juhu desde su adolescencia, fundó su grupo vecinal, la Aware Citizens Platform en 2002 para vigilar la actuación de los candidatos al concejo municipal de Mumbai, la Corporación Municipal. Los índices de participación entre los votantes eran tan bajos que su grupo decidió presentarse a la siguiente ocasión, que es cuando él entró. En las elecciones locales de 2007 D’Souza derrotó al candidato del Partido del Congreso por seiscientos votos y se convirtió en representante del distrito electoral 63. Su equipo sólo gastó 57.000 rupias (unas 800 libras) en la campaña; calcula que sus rivales gastaron muchísimo más.

«No hice promesas específicas en la campaña. Sencillamente dije a la gente que si quiere cambiar las cosas no puede conformarse con ir a votar, debe participar», explica D’Souza. Su comité electoral se reúne dos veces al mes para tomar decisiones colectivas que él debe respetar. Pero dedica casi todo su tiempo a los problemas acuciantes del barrio: mal estado de las carreteras, basura amontonada, alcantarillado pobre y agua sucia. El problema es que para lo que sea, para acelerar las cosas, los contratistas siempre piden dinero y, a menos que te ciñas a ese código, lo más probable es que acabes frustrado. «Aquí puedes pagar para conseguirlo todo. Es un lenguaje tácito.»

D’Souza vive con su padre y viaja por la zona en rickshaw.⁵ Le pagan 10.000 rupias al mes (unas 140 libras), que supone una cantidad holgada para la mayoría pero es insignificante para un político. Los cálculos sobre el alcance de la corrupción entre las tres categorías de políticos del país varían. Se da por sentado que la amplia mayoría, con independencia de su profesionalidad en el trabajo, utiliza el cargo para enriquecerse, sobre todo en el ámbito local y estatal. También existe una rara categoría de individuos —Manmohan Singh es uno de ellos— conocidos como «limpios». En el refinado circuito de las cenas, donde la política es tratada con una mezcla de intriga, desdén y apatía, estos asuntos suscitan indignación.

Para muchos candidatos la política es un modo de escapar de la pobreza, su propia pobreza. «Miles de hombres han escapado de las privaciones de la masa general y asumido cargos en el Parlamento», dice el escritor Pankaj Mishra. «No tienen una formación especial, a veces ni siquiera una alfabetización básica. Muchos son delincuentes.» Aunque no sean delincuentes, les van los chanchullos. A los políticos los apodan «gente para todo». Si quieres cualquier cosa, el diputado local o el concejal pueden arreglarlo por un precio determinado. Ver a peticionarios fuera de sus oficinas es una prueba de que han medrado. Pueden permitirse un coche y viajar al extranjero. D’Souza dice que no se deja sobornar. «Mis colegas del concejo piensan que soy ingenuo, pero no me importa ser el único que nada contracorriente.» Le pregunto cuánto se habría llevado en sobornos hasta el momento. «Cincuenta lakhs» es su respuesta, que equivalen a 70.000 libras. «En estos cinco años podría haber hecho lo que me llevará toda una vida. Puede verse como una oportunidad perdida.»

Mis reuniones con Setalvad, Kapur y D’Souza —todos viven a un kilómetro y medio de distancia pero habitan mundos diferentes— me recuerdan un encuentro que tuve la última vez que estuve en Juhu, hace dos años. En aquel entonces el milagro chino iba viento en popa. Recuerdo haberme reunido con un grupo de jóvenes emprendedores, todos ellos varones treintañeros que vivían en Silicon Valley y amasaban fortunas liderando la revolución del software en la India. Me hablaron del aeropuerto decrépito de Mumbai y de las cercanas barriadas de Juhu y Santa Cruz. ¿Por qué, sí, por qué no podía la India imitar las prácticas de los chinos?, se lamentaban. ¿Por qué no podían eliminar sencillamente aquellas monstruosidades y trabas al progreso? Que les den algún tipo de compensación si es preciso, que los reubiquen si realmente es preciso, pero ¿por qué debía la India soportar toda aquella mugre? Lo malo era que en las barriadas había votantes, miembros del Parlamento dispuestos a ser reelegidos y un proceso urbanístico de los más engorrosos del mundo. La democracia como cortapisa del crecimiento era una teoría que estaba de moda. La pregunta frecuente era: ¿Podemos permitirnos la democracia en este mundo tan competitivo? En China oí lo mismo en boca de emprendedores que habían estado en la India y menospreciaban este mismo «caos». Más recientemente se aireó el mismo argumento en la escena deportiva. Los indios se maravillaron de la celeridad y la eficacia de los Juegos Olímpicos de China. Los compararon con los desafortunados intentos de construir nuevos estadios para los Juegos de la Commonwealth de Delhi, mucho más modestos. Algunos comentaristas llegaron a sugerir que el gobierno pidiese ayuda a los chinos.

Entonces, ¿lo que impide el progreso no es tanto la existencia de la democracia como mecanismo político como la calidad de la democracia como vehículo de suministro? ¿Se debe la nula mejora de la infraestructura y los servicios públicos de gobiernos anteriores a que obtuvieron el voto o a que ese voto no se tradujo en la presión necesaria? Pallavi Aiyar, corresponsal en Beijing para el periódico Hindu, ha realizado un estudio de los sistemas de ambos países. Plantea la siguiente comparación: «Mientras que en China el Partido Comunista logró legitimidad por haber proporcionado crecimiento, en la India un gobierno logra legitimidad sólo porque lo votan», escribe. «En muchos aspectos la legitimidad de la democracia ha dispensado a los gobiernos indios de la necesidad de actuar. El Partido Comunista Chino no pudo permitirse ese lujo.» Si las elecciones no son consideradas el indicador último de las actuaciones políticas, como en Singapur, ¿están despojadas entonces de finalidad?

En el caso de la India tal vez las elecciones existen simplemente como el único punto de referencia para el conjunto de la población, ricos y pobres, musulmanes e hindúes. Resulta difícil negar la exuberancia extrema de las campañas electorales. Cuando se convocaron las elecciones generales de 2009, los medios de comunicación se afanaron en retratar a los candidatos, las perspectivas de los dos partidos principales, el Partido del Congreso y el BJP, y las distintas intrigas para crear coaliciones. Desde Sonia Gandhi —nacida en Italia y descendiente de la gran dinastía— hasta Modi y otros ministros de estado un poco menos controvertidos, en la política india no escasean las personalidades. Otra candidata que desata pasiones es la dirigente de Uttar Pradesh. Mayawati siempre suscita burlas entre los candidatos de las clases medias. Es dalit, un miembro de lo que solía conocerse como los intocables. Es descaradamente ambiciosa y apela a la lealtad a la casta, que sigue siendo un factor muy importante en los patrones de votación. Las clases medias la consideran ridículamente torpe. Una de las burlas recurrentes sobre ella, en cenas no tan refinadas, es que una vez se quejó de que, en uno de los muchos carteles que pueblan la capital del estado de Lucknow con su retrato, no salía la etiqueta Gucci del bolso. También se ríen de uno de los eslóganes de su campaña: «Soy de casta baja, soy célibe; soy vuestra». Se mofan de la promesa que ha hecho a los suyos: si un día ocupa la residencia del primer ministro en Delhi, todos podrán vivir como ella. Quizá las críticas que denuncian sus inclinaciones lujosas sean acertadas, pero buscan a propósito la afrenta. La élite la teme porque es impredecible. Todavía no han conseguida captarla en el club, pero confían en hacerlo tarde o temprano.

Al final Mayawati sólo se había limitado a engatusar a los votantes. Su actuación en las elecciones de mayo de 2009 fue pobre, como la de otras agrupaciones cuyo discurso se basaba en las castas. El Bharatiya Janata Party, liderado por el octogenario L. K. Advani, también decepcionó, dejando el campo libre al gran partido de la dinastía Gandhi, el Partido del Congreso, que se aseguró una reelección con los mejores resultados en veinte años. Muchos analistas celebraron el resultado como una victoria de la moderación y un «momento histórico» para la democracia de la India. A partir de entonces el Congreso no tendría excusas para fallar. Su capacidad para mejorar significativamente la economía y lograr mayor justicia social se pondría a prueba, al igual que el mandato a favor de una política más centrista. El Bharatiya Janata Party se había llevado un varapalo, pero el público nacionalista y consumista al que se dirigía seguía creciendo.

Cuando se celebran elecciones en el país, el número de votantes es elevado por tradición, con independencia de la gravedad de los chanchullos o el bajo rendimiento de los parlamentarios; el Lok Sabha, la cámara baja, se reunió tan sólo cuarenta y seis días en el año 2008. Algunos historiadores, como Ramachandra Guha, lo atribuyen al poder de la democracia en sí. Afirman que la democracia es lo que mantiene unida a la India, una proeza asombrosa en un país con docenas de lenguas y nacionalidades dispares, con semejante variedad geográfica y una división tan radical de la riqueza. Sin democracia, ¿cómo iba a existir una sola India?, pregunta Guha. Sin duda, su supervivencia es algo notorio, frente a la tensión intercomunal, los movimientos secesionistas y unos vecinos hostiles. Para la mayoría de los indios la democracia es su versión del sueño americano, el poder unificador del acuerdo constitucional de la nación que desterró su pasado colonial. Según muchas personas con las que he hablado, así como China se desmoronaría si el Partido Comunista perdiera control, la India perdería su razón de ser si se prescindiese de la democracia.

«La idea de la India es más fuerte que los indios», señala el comentarista M. J. Akbar. Cita tres libertades que mantienen unidas al país: la democracia, los derechos seculares y la igualdad entre los géneros (esta última categoría es más que discutible). Compara la India con otros países de la región que se conformaron con lo que los ingleses dejaron, sobre todo Pakistán, donde una minúscula y menguante élite convive con unas masas cada vez más radicalizadas. El éxito de la India, insiste Akbar, se debe a algo más que al hecho de que Nehru sobreviviera mucho después de 1947 y Jinnah no.

No obstante, aunque se afirma que Pakistán es un estado fallido y uno de los lugares más peligrosos de la tierra, la mortandad por ataques terroristas en la India supera a la de Pakistán. Este dato se menciona raras veces en la India y en Occidente, porque no se ajusta al discurso de una democracia exitosa. Según los datos del Centro Nacional contra el Terrorismo de Washington, cerca de cuatro mil personas murieron en la India por atentados con bomba o disparos entre 2004 y 2007, el triple que en Pakistán, y eso sin incluir Jammu ni Cachemira. El resultado sitúa a la India como el segundo país más peligroso del mundo después de Irak. De Bihar y Orissa, al este, hasta Punjab al oeste, y Karnataka y Tamil Nadu al sur, casi todos los estados han sufrido ataques violentos en algún momento. No obstante, la élite de Delhi y Mumbai casi siempre le ha restado importancia a la violencia, convencida de que, mientras se tomasen precauciones, no le afectaría. Esta concepción quedó reflejada incluso con ocasión de un atentado terrorista contra el Parlamento en 2001, donde murieron nueve personas. El atentado se atribuyó a fallos de seguridad específicos y no perturbó la conciencia nacional.

Los sucesos del 26 de noviembre de 2008 cambiaron esta ecuación. Aquella noche unos militantes islamistas asaltaron los hoteles Taj y Oberoi, la estación central de ferrocarriles y un centro cultural judío, asesinando a 172 personas en unos tiroteos coordinados con audacia. Lo importante no fue el número de personas que murieron —otros atentados terroristas se habían cobrado muchas más vidas—, sino la clase de personas que murieron. El Taj Mahal Palace and Tower, en el paseo marítimo cerca del famoso monumento de la ciudad, la Puerta de la India, no era sólo el hotel más lujoso de Mumbai, sino también el lugar donde había que dejarse ver cenando o tomando una copa junto a la piscina. Allí se celebraban importantes reuniones de negocios; era la herramienta de marketing perfecta para que la élite del país proyectase poder y estilo al mundo. Por eso las cadenas de televisión de la India corrieron in situ a retransmitir en directo desde sus furgonetas, pese a que las víctimas mortales, ciudadanos de a pie, fueron muchas más en la estación de ferrocarril.

Durante tres días los espectadores indios no se despegaron de sus televisores. El país tiene canales de noticias en inglés las veinticuatro horas. El impulso de cazar noticias llega hasta tal extremo, que es fácil caer en la tentación de divulgar informaciones sin haberlas comprobado. Eso es lo que sucedió con la frenética cobertura de los atentados: varios periodistas fueron acusados de sensacionalismo, de poner en peligro vidas humanas, incluso de provocar la muerte de varios clientes al identificar en directo su posible ubicación dentro del hotel sin ser del todo conscientes de lo que hacían. Uno de los acusados fue Barkha Dutt, el rostro de la cadena local NDTV. La periodista acudió desde su sede en Delhi y alternó los reportajes desde ambos hoteles. «No había ni una sola instrucción; no había un punto de información coordinado», me dijo. Durante esos tres días el estado se paralizó. Los periodistas estaban al acecho de cualquiera que pudiese decirles algo. «Todos daban órdenes —el ejército, los políticos, la policía—, y sin embargo yo tenía la sensación de que ninguno sabía con seguridad lo que ordenaba», dice Dutt, también director veterano de la cadena.

Las cadenas de televisión indias se centraron en el escándalo público, no sólo en los terroristas, también en la incompetente reacción de las autoridades. La unidad de comando principal tardó seis horas en llegar desde Delhi, porque su avión estaba en Punjab para una misión rutinaria y nadie tuvo el reflejo de llamar para que regresara de inmediato. La policía ordinaria no iba armada adecuadamente, ni mucho menos, y ni siquiera llevaba radios básicas. «Mostramos que el terrorismo le puede tocar a cualquiera» dice Dutt. «Mostramos que el país no tenía ningún tipo de control. Ni siquiera sabíamos lo que significaba tener una vigilancia como corresponde.» Luego extrae una conclusión más amplia: «La gente ya no aguanta tanta dejadez. Pero lo peligroso es que eso se canaliza en rabia contra el proceso político en general». Hasta que no volvió a su cadena, Dutt no tuvo una conciencia cabal de hasta qué punto era objeto de tantas críticas amargas. «El veneno de internet consiguió asustar», dice. «Yo era el chivo expiatorio de lo que hacía todo el mundo.»

Por extraño que parezca, NDTV sigue una línea moderada en comparación con las otras dos cadenas; Times Now y Headlines News, propiedad de los grupos mediáticos de Times of India e India Today, son un insulto a la inteligencia. No separan las noticias de los comentarios. Imitan el concepto de la Fox: primero el patriotismo, después la complejidad.

Aunque las cadenas siguieron diferentes líneas de investigación —casi siempre descaminadas—, cuando cubrieron esta apasionante y terrorífica noticia, concluyeron lo mismo sin titubear: tenía que haber sido obra de una mano extranjera, a saber, Pakistán. Los analistas rivalizaban entre sí por la vehemencia de sus condenas a Pakistán y lo siniestro de sus llamamientos a que la India golpease militarmente a su vecino. Por lo visto, a estos generales de salón no se les pasaba por la cabeza que ambos países están fuertemente armados con armas nucleares. La respuesta del gobierno fue más comedida que la de los medios de comunicación en general. Los ministros escogieron bien sus palabras, conscientes de que el lenguaje incendiario podía desencadenar pogromos contra los musulmanes. Los dirigentes musulmanes de la India también pusieron de su parte para enfriar los ánimos cuando condenaron a los terroristas.

Pero el ataque contra Mumbai marcó un hito entre las clases prósperas del país. Urgió a muchos ciudadanos encerrados en sus Indias privadas y ajenos al mal funcionamiento de su país a pedir un servicio público vital: seguridad. Presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo de la ciudad, acusando al gobierno de no cumplir con su deber constitucional de proteger el derecho a la vida de los ciudadanos. Estos pleitos han constituido un mecanismo importante para la defensa de los derechos de los oprimidos. Entre los que presentaron esta demanda en concreto figuran banqueros inversores, abogados de empresa y la Cámara de Comercio e Industria de Bombay. Era la primera vez que prestaba su nombre para un pleito en interés de la población.

La noche siguiente a la matanza de Mumbai miles de manifestantes se congregaron en la Puerta de la India para marchar con velas y dar rienda suelta a su ira contra los dirigentes. Hubo protestas similares en Delhi, Bangalore e Hyderabad. La reunión fue espontánea, la voz corrió con mensajes de móvil, correos electrónicos y Facebook. Comenté los sucesos de aquellos días con Kalpana Sharma, periodista y escritora especializada en los problemas de los pobres y otros grupos vulnerables. Estábamos en Leopold Bar, en la esquina del Taj. El Leopold era el bar donde los terroristas armados habían iniciado su operación aquella noche de noviembre; tras terminarse tranquilamente su cena y pagar la cuenta, abrieron fuego indiscriminado contra los clientes y el personal, asesinando a seis personas. El gerente no había querido tapar los boquetes de las balas, en memoria de lo ocurrido. Sharma recuerda su sorpresa cuando vio que las clases acomodadas caminaban por la calle en lugar de ir en coche. Entre las consignas que coreaban había una que pedía que se negara a los criminales el acceso a los cargos políticos; sus pancartas rezaban: «Cero seguridad, cero votos» y «Cero seguridad, cero impuestos». Sharma contó que se acercó a un hombre que llevaba una de esas pancartas y le dijo: «No pagas impuestos, y probablemente no volverás a votar de todas formas». Teniendo en cuenta lo desprendidos que eran antes los ricos con el estado, posiblemente Sharma tuviera razón.

Cuando Shobhaa De, escritora de novelas eróticas y la versión india de Jackie Collins, dijo en NDTV «basta ya», estaba expresando el deseo general de hacer algo. El problema es que nadie sabía muy bien qué. Algunos acusaron a Shobhaa de incitar a la violencia contra Pakistán, o contra los musulmanes de la India. Ella negó rotundamente estas acusaciones, alegando que no iba a tolerar la incompetencia del estado mucho más tiempo. Yo tenía mucha curiosidad por conocerla. «Estamos pasando una crisis intelectual, emocional y moral», me dijo en su lujoso piso de Cuffe Parade, que da al Mar de Arabia, una casa acorde con una de las mayores celebridades del círculo de famosos de Mumbai. «Iconos, estrellas de cine, líderes empresariales: ninguno de ellos habló como es debido contra los ataques terroristas. Lo primero que hicieron fue instar al gobierno a que garantizase su seguridad particular, la de sus proyectos y fábricas.» También dijo que la élite ya estaba «inmunizada, institucionalizada contra la corrupción» como para hacer cualquier cosa. «A estas alturas esta situación ya está demasiado arraigada.»

La ira de los indios ricos por las bombas de Mumbai se desató cuando se dieron cuenta de que el pacto se había roto. Habían gozado de una cómoda relación con los políticos y el estado. Ellos financiarían a los partidos políticos y llenarían los bolsillos de sus representantes elegidos en las urnas. En privado serían cómplices de la corrupción y en público la condenarían. Le pedirían poco al estado y recibirían poco a cambio, salvo el derecho a evadir impuestos. No tendrían que depender de unos servicios públicos lamentables. Sus todoterrenos con aire acondicionado se deslizarían por las carreteras desiguales; sus generadores diésel burlarían los parones en el suministro de energía (en algunas ciudades puede fallar la electricidad hasta doce horas seguidas); sus cisternas privadas garantizarían un suministro constante de agua limpia. La élite se desvinculó de la política activa y se sintió feliz de hacerlo. Nunca cuestionó la actuación de las fuerzas de seguridad cuando era violenta con los menos afortunados. Pero lo que no esperaba, o no iban a tolerar como si nada, era que su vida corriese peligro por culpa de unos incompetentes del Ministerio del Interior, el departamento de policía, el ejército o los servicios de inteligencia.

Rodaron cabezas, algo inusual en una tradición que raras veces obligaba a dimitir a los funcionarios por su incompetencia. En las urbes grandes se redobló la seguridad. Se acordonaron aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses, hoteles y edificios oficiales. Se montaron bloqueos de carretera al azar; los agentes armados parecían actuar por inercia. A los terroristas no les habría costado mucho organizar más atentados. En la actualidad lo que temen los ricos no es una restricción de la seguridad, sino la ausencia de la misma. Quieren volver a vivir en su burbuja.

Los medios de comunicación reflejaron estos miedos y les sacaron provecho también. Durante toda la década de los noventa, cuando vieron que eran rentables y que aumentaban las tiradas, casi todos los periódicos y revistas convencionales en lengua inglesa —cuyo público eran las incipientes clases medias— adoptaron un cariz desenfadado y se empobrecieron intelectualmente. Las historias «negativas» desaparecieron por completo de sus páginas. Son escasas las noticias sobre zonas rurales, ya que los ricos se concentran en una docena de zonas urbanas aproximadamente. Apenas se abordan los grandes escándalos, como los suicidios de decenas de miles de agricultores endeudados, ni los eternos conflictos en Cachemira y los estados nororientales; y cuando hay cobertura informativa, suele ser simplista o sensacionalista. Pero esta actitud no se debió a una censura directa —y mucho menos de los políticos—, sino más bien a las exigencias comerciales. El Times of India fue más lejos cuando en 2003 desdibujó las fronteras al introducir un servicio llamado «Medianet». El servicio permitía a las empresas comprar un espacio en el periódico distinto del destinado a la publicidad, una columna de determinados centímetros en varias secciones del periódico para darse una imagen favorable, como es natural. No pareció que los lectores se percatasen o les importase demasiado. Al Times se le ocurrió entonces la idea de los «acuerdos privados», en virtud de los cuales tendría participaciones en empresas a cambio de publicitarlas en el periódico. En su marketing oficial, el periódico lo describe como un «producto de una escuela de pensamiento liberal que cree firmemente que toda marca fue una idea en su día y que toda idea puede ser una marca». Las ventas globales del periódico siguieron creciendo, y otros se apresuraron a imitar su ejemplo. La sección editorial más leída era «página tres», un espacio de cotilleo y fotografías glamurosas del famoseo del país: estrellas de Bollywood, reinas de la belleza, jugadores de críquet e industriales. Ellos daban la imagen adecuada de la India moderna, confiada y enérgica.

Los medios de comunicación sí que persiguen la injusticia de uvas a peras pero, por lo general, en defensa de cierta clase de víctima. La triste historia de Jessica Lall fue uno de esos casos. Lall era una modelo y actriz famosa que, en abril de 1999, aceptó ser camarera por una noche en una fiesta. Ya de madrugada el joven Manu Sharma y sus amigos se acercaron a ella a pedirle una copa. Ella les contestó que se había agotado la bebida. Entonces Sharma le disparó en la cabeza. Los chicos se esfumaron en medio del pánico. Finalmente detuvieron a Sharma. Siete años más tarde el caso llegó a los tribunales, que lo absolvió a pesar de todas las pruebas contra él. ¿El motivo? Era el hijo de un político rico del Congreso. La cadena NDTV orquestó la campaña «Justicia para Jessica» para que se celebrara un nuevo juicio. Diez meses más tarde, con arreglo a un procedimiento acelerado, el Tribunal Supremo de Delhi revocó el veredicto y condenó a Sharma a cadena perpetua. Desde cierto punto de vista fue un caso de justicia loable llevado a término y a la vista de todos, pero ¿habría pasado lo mismo si Lall no hubiese sido una persona de clase media y bien relacionada? En la India esta pregunta se consideraría retórica pura. «Todos estaban encantados con el resultado», dice Meenakshy Ganguly, de Human Rights Watch. «Pero fue un caso típico de aplicar una regla para los bienaventurados y otra para las numerosísimas masas.»

Una de tantas curiosidades de la vida pública en la India es que los intelectuales que hablan inglés —una serie impresionante de escritores, comentaristas y tertulianos— pocas veces se han hecho oír tanto y, sin embargo, poquísimas veces han tenido tan poco impacto en las consecuencias políticas y económicas. La censura total existe, pero no es usual y a menudo depende del buen resultado de las acciones judiciales. El estado suele aplicar más la censura que las autoridades federales, y sobre todo contra la industria cinematográfica. El Central Board of Film Certification tiene el poder de prohibir cualquier cosa que juzgue ofensiva —sexo, desnudos o violencia—, que hiera las sensibilidades religiosas o que considere subversiva desde el punto de vista político. Se suelen emprender acciones judiciales contra sus decisiones y lo más frecuente es que le obliguen a ceder en algo o dar marcha atrás por completo. Es el caso de una película del año 2002 titulada Guerra y Paz, que trataba sobre armas nucleares y el 11 de septiembre. El director ganó el recurso en los tribunales luego de que los censores le exigieran veintiún cortes en la película. El ejemplo reciente más destacado es la prohibición de La solución final, una película del director Rakesh Sharma, sobre los disturbios de Gujarat en 2002. Los tribunales decían que su proyección en las salas podía instigar a la violencia comunitaria. La decisión fue revocada después de una larga campaña.

El mayor reto para la libertad de expresión son las leyes, algunas antiguas, otras nuevas, y las que se conocen como leyes del «discurso del odio». Es un problema que también han afrontado otros estados multiculturales, incluido el Reino Unido. La Constitución india garantiza la libertad de expresión, pero es un derecho con «restricciones razonables», sobre todo porque exige que no se perjudiquen las relaciones entre grupos religiosos. Dado el carácter volátil de las relaciones intercomunitarias, podría entenderse que exista cierta forma de protección. Pero varios ejemplos recientes evidencian que, como en otros países, los tribunales indios interpretan más ampliamente que antes la noción de «ofensa». En febrero de 2009 el director jefe y el director adjunto del Statesman de Calcuta, uno de los periódicos más antiguos de la India, con una honrosa tradición en pro de la libertad de expresión, fueron detenidos tras publicar un artículo de opinión del periódico británico Independent. El artículo, que hacía elogio del secularismo y denunciaba la intolerancia religiosa, sobre todo la del islam, suscitó protestas furiosas entre los grupos musulmanes. El periódico, que durante años había liderado el camino hacia la consecución de la libertad de expresión, emitió una disculpa rápida. Muchos interpretaron esta abjuración como el símbolo de un problema mayor: que las protestas del populacho influían en las decisiones oficiales e inculcaban en la vida pública una nueva actitud de autocensura. ¿Para qué causar problemas?

Alguien que rara vez —por no decir nunca— se ha planteado esta pregunta es Tarun Tejpal. Dejó el periodismo convencional en el año 2000 para abrir una página web de investigación llamada Tehelka. En pocas semanas le rodeó la polémica y se convirtió en un nombre nacional. El equipo de Tehelka ideó un plan corrosivo, conocido como «Operación West End», con vídeos que mostraban a varios peces gordos del gobierno y capos militares aceptando generosos sobornos a cambio de aprobar contratos de defensa. Muchos comentaristas reaccionaron ante la primicia preguntando qué había de nuevo en eso. Era tal el nivel de cinismo, que todos asumían esta clase de chanchullos como algo normal. ¿Por qué escandalizarse entonces? Los que tenían algo que esconder fueron menos displicentes. Tejpal se libró por los pelos de que lo asesinaran en abril de 2001. Entretanto el gobierno montó una campaña para desacreditar su investigación. El ministro de Defensa dimitió cuando los vídeos se hicieron públicos, sólo para ser rehabilitado en el cargo después. En 2004 Tejpal convirtió su plan en una revista, empleando hasta cuarenta periodistas. Tres años más tarde su equipo captó con cámaras a varios políticos, hombres de negocios y policías jactándose con orgullo de lo bien que habían planificado la muerte y la violación de musulmanes en Gujarat en 2002, la misma carnicería que la revista de Teesta Setalvad había investigado.

Las medidas de seguridad de Tejpal son incluso más rigurosas que las de Setalvad. Su oficina en el sur de Delhi está acordonada, y la policía armada lo escolta a todas partes, por turnos, día y noche. En plenas revelaciones sobre los contratos armamentísticos tuvieron que proteger su oficina con sacos terreros. Su plan está con frecuencia a punto de irse al garete. «Es un milagro que sigamos en esto, en más de un aspecto», dice. Dos semanas después de que publicase la historia de Gujarat, dos patrocinadores seguros tiraron la toalla, aunque él afirma que nunca deja de sorprenderle gratamente la cantidad de personas ricas que quieren ayudarle. «La gente sabe que la libertad de prensa es vital en una democracia y quieren que la información sea de dominio público. Pero en realidad no quieren que nada perturbe su estilo de vida. A la clase media le compensa que así sea.»

Señala la sima entre las funciones constitucionales de la democracia del país y las libertades que brinda. «A los extranjeros les han metido un ful con lo de Gandhi», dice. «El mito de la tolerancia sigue muy presente. En realidad, por nuestro concepto de casta, género, infancia y clase seguramente seremos una de las sociedades libres más crueles del mundo.» Los pobres, afirma, llevan años viviendo con miedo al terrorismo, al crimen, a la violencia intercomunitaria y a la violencia de estado. «Cuando tu vida pende de un hilo, tienes menos que perder si la violencia estalla de pronto, y por eso tiendes a no escandalizarte tanto cuando ocurre.»

La expresión «enfrentamiento con la policía» se usa para explicar los asesinatos policiales. En cada ocasión la versión oficial afirma que las personas asesinadas eran militantes o «sujetos de interés» a los que dispararon justo antes de que abriesen fuego primero. Estos «enfrentamientos» suelen ser un montaje, colocan armas en los cuerpos para inculparlos. Los intentos de que la policía rinda cuentas han tenido poco éxito. En el estado de Andra Pradesh un tribunal menor dictaminó que los asesinatos cometidos por la policía debían juzgarse como homicidios. El Tribunal Supremo revocó la decisión de inmediato. Ciertos jefes de policía veteranos han explicado que estos escuadrones de ejecución son necesarios para proteger al ciudadano de los criminales que no serán castigados en los tribunales por sus relaciones con los jueces o la policía. En otras palabras, la policía está contribuyendo al proceso democrático. Sólo se genera controversia cuando asesinan a alguien claramente inocente. Desde hace casi treinta años estos «enfrentamientos» de disparar a matar se han vuelto bastante frecuentes en las urbes grandes y, según las encuestas de opinión, son muy celebrados por la ciudadanía. Suelen invitar a periodistas y reporteros de televisión para que graben las secuelas in situ. O les envían elaborados comunicados de prensa que describen el drama con fidelidad y destacan las heroicas acciones de los agentes implicados. Casi nunca se investigan estos casos.

Poco después de los atentados de Mumbai, el Parlamento votó por abrumadora mayoría endurecer la legislación contra el terrorismo. Los cambios más controvertidos fueron la aprobación del derecho de los tribunales a aceptar testimonios arrancados de confesiones por la policía y el derecho de recluir hasta seis meses a sospechosos sin cargos. Durante años los grupos pro derechos humanos han sacado a la luz cientos de casos de muerte y maltrato a personas retenidas bajo custodia, pero pocos han suscitado interés. Las fuerzas de seguridad gozan de poderes casi ilimitados para combatir la insurgencia por toda la India. La disputa fronteriza con Pakistán sobre Cachemira y las prolongadas campañas de insurgencia del movimiento naxalita, liderado por los comunistas, en Bihar y otros estados del este han servido de pretexto para introducir toda una serie de leyes sobre seguridad. Por ejemplo: la Ley de Poderes Especiales para las Fuerzas Armadas (AFSPA, por sus siglas en inglés), que permite asesinar y realizar registros sin que medie ninguna orden; la Ley de Seguridad Nacional, que permite la suspensión de derechos a la representación legal y el acceso a los tribunales; y la Ley (de Prevención) del Terrorismo y de Actividades Perjudiciales de 1987, que ha favorecido casos generalizados de detenciones sin registrar y torturas, y la captura de parientes como rehenes cuando alguien buscado por la policía se da a la fuga. La policía aduce que estas medidas son necesarias para defender la democracia india de quienes tratan de destruirla. Argumento que pierde fuerza ante la casi total falta de transparencia y responsabilidad.

Los abogados y los defensores de los derechos humanos afirman que las fuerzas de seguridad llevan tiempo ensañándose con los pobres, los vulnerables y las minorías, sin o con legislación de tapadera. Buena prueba de ello es lo que llaman el sesgo «azafrán» entre los policías, sobre todo en ciudades donde gobierna el Bharatiya Janata Party o sus grupos afiliados. Se refieren a la discriminación de los nacionalistas hindúes contra las minorías. El problema va más allá del perfil demográfico. Los grupos pro derechos civiles calculan que la policía no investiga el 80% de los delitos denunciados por los ciudadanos. Se supone que los agentes, o sus jefes, son sobornados por bandas criminales. A la inversa, una proporción similar de las acusaciones son inventadas o se han confirmado bajo presión. Ningún partido en el gobierno ha mostrado excesivo interés por resolver el problema, pese a los esfuerzos de las ONG por convencerles, entre otros. Meenakshy Ganguly cuenta su caso, cuando le concedieron una audiencia con un alto ministro del gobierno. «Ahí estaba, sentado detrás de su escritorio vacío», me dice. «Hablo yo, le doy varios ejemplos concretos de problemas y abusos cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad. Ni él ni sus funcionarios escribieron nada de lo que les conté. Cuando hube terminado, se levantó y dijo “lo miraré”, y luego se fue.»

J. K. Galbraith dijo una vez que la India es una «anarquía que funciona». Los atentados de Mumbai demostraron lo errado de su descripción. Me pregunto, a tenor de las frustraciones sobre la competencia policial, hasta qué punto el ciudadano está ahora preparado para imponer un orden mayor. Algunos columnistas han empezado a hablar de lo inefable: «Estoy empezando a oír la clase de murmuraciones y quejas típicas de la clase media sobre la naturaleza inútil de la democracia y la necesidad de un gobierno autoritario», comentó el analista Vir Sanghvi. Se refería al momento fundamental de la historia de la India ya independiente, cuando Indira Gandhi impuso un estado de excepción en junio de 1975. En torno a mil disidentes fueron detenidos y encarcelados. Se prohibieron dos docenas de grupos políticos. Se ordenó a los medios de comunicación que no publicaran ninguna «noticia desautorizada, irresponsable o desmoralizadora», historietas y anuncios incluidos. El menoscabo de prácticamente todos los derechos humanos cumplía con la Constitución india, como justificó Indira Gandhi, pues, según ella, necesitaba frustrar «una conspiración muy arraigada» que habría «desembocado en el caos y la quiebra económica», convirtiendo a la India en un país «vulnerable a las tendencias divisivas y los peligros externos». La democracia, declaró, «ha dado demasiada libertad al pueblo». El recuerdo más vívido de muchos indios de la época fue la esterilización forzosa de millones de personas que ya habían tenido dos hijos o más —o eran problemáticas desde el punto de vista político—. Un programa de control de la natalidad basado inicialmente en la cooperación acabó transformándose en un instrumento de represión estatal. En varios pueblos y ciudades las fuerzas de seguridad reprimieron con crudeza las manifestaciones contra la policía.

Y, sin embargo, los ricos y los acomodados reaccionaron con sosiego, como siempre. La democracia más populosa del mundo se había deshecho con consumada facilidad. L. K. Advani, entonces ministro de Información y Radiodifusión y más tarde líder del Bharatiya Janata Party, recuerda lo sencillo que fue monopolizar los medios de comunicación. Poco después de declararse el estado de excepción dijo a un grupo de periodistas que algunos «se habían opuesto a estas medidas draconianas para suprimir el disenso, y pagaron el precio por ello». En cuanto a los demás, «cuando sólo se os pedía que agachaseis la cabeza, muchos optasteis por arrastraros».

La mayoría de los historiadores y comentaristas actuales prefieren hacer hincapié en el lado positivo: el hecho de que el estado de excepción terminó al cabo de veinte meses, que Gandhi acudió directamente al electorado y sometió su política de mano dura a plebiscito, aunque acabó perdiendo, para sorpresa de todos, y se retiró pacíficamente. No importaba lo imperfecta que pudiera ser, la democracia india mostró sus credenciales en una situación extrema.

Indira Gandhi ha gozado de una rehabilitación histórica significativa en los últimos años. Las encuestas la avalan como la política más apreciada de la historia moderna del país. «La recuerdan como una persona fuerte», explica Swapan Dasgupta, un destacado columnista. «No toleró las tonterías de las fuerzas hostiles dentro del país, y tampoco aguantó las tonterías de Pakistán.» De acuerdo con esta teoría la India ha cargado desde entonces con una sucesión de primeros ministros con falta de iniciativa personal de los votos necesarios en el Parlamento para aplicar programas radicales. A la mayoría los expulsaron tras cumplirse su primer mandato. Dasgupta y muchos como él ven en Narendra Modi al único miembro de la hornada actual de políticos capaz de ejercer un liderazgo fuerte y seguir los pasos de Indira. Le pregunto a Dasgupta si tiene algún modelo extranjero en mente. Menciona a Lee Kuan Yew de Singapur. Huelga recordar que durante el estado de excepción el hijo de Indira y su consejero más próximo, Sanjay Gandhi, citaban con frecuencia el autoritarismo de Singapur como el modelo a seguir en la India. Para muchos indios de aquella época Singapur era el primer país extranjero que visitaban. Admiraban el éxito de Lee por tener controladas las tensiones entre comunidades, la profesionalidad de la administración pública de Singapur, la limpieza de las calles y la combinación de una economía de corte mercantilista con unos servicios públicos eficaces. Luego piensa en otro posible mentor, Vladímir Putin. «Putin heredó una superpotencia en quiebra y restauró su honor con orgullo. Sacó adelante a Rusia sin ayuda de nadie. Sí, hay distorsiones, la mafia, por ejemplo, y la intolerancia con la disidencia. Podrán decir que es autocrático, pero no es un dictador y sí que tiene un mandato popular. Lo principal es que ha vuelto a crear un país de primera.»

«La India brilla» y demás eslóganes de las dos últimas décadas globalizadas se idearon con el objeto de retratar a la India como un país de primera. La clase media del país está obnubilada por el cuento de la superpotencia. El escritor Pankaj Mishra dice que para que esta ambición se cumpla en un país con tanta miseria y tantas desigualdades, la élite ha de crear un universo paralelo. Ése es el mundo de los call centre —centros de atención al cliente— de Bangalore, los gigantes de las tecnologías de la información, Bollywood y el celo adquisitivo internacional de los gigantes industriales como Tata. Este mundo vive junto a las barriadas de chabolas, las alcantarillas fétidas, la enfermedad y la malnutrición, pero es capaz de mantener a raya estas manifestaciones de la vieja India. Mishra comparte con Sangupta su comparación con Rusia. Las élites comerciales y políticas de ambos países han elaborado sus proyectos de modernización con Occidente como punto de referencia. Eso los aleja de China. Pero también proporciona un semillero de frustraciones, afirma Mishra. «Los trasfondos fascistas son inquietantes», dice. «Pero esto es también lo que Indira Gandhi ayudó a crear: un estado de ánimo muy compartido entre la clase media india, compuesto por igual de miedo, agresividad, desprecio y apatía; un clima de opinión en el que las distintas crueldades que envuelven al país resultan ajenas.»

No obstante, pese a las negras advertencias, ninguna de las personas con las que he hablado, procedentes de muy distintas filiaciones políticas, ven una posibilidad seria de volver al estado de excepción. La parte moderna y global de la India —no la India de las barriadas y los pueblos pobres— está orgullosa de su estentóreo discurso público y su flamante democracia. De hecho, algunas ONG y entidades que trabajan en proyectos comunitarios insinúan que podría haber motivo para albergar un optimismo prudente. Señalan una representación cada vez mayor de las castas inferiores y de las mujeres en las comunas de los pueblos, los panchayats, y en consejos locales urbanos. Señalan una sofisticación creciente entre los votantes, incluidos los analfabetos en teoría. Citan, como prueba, la imposibilidad de predecir el resultado de las elecciones en el país. En las de 2004 los expertos previeron la victoria del Bharatiya Janata Party y se equivocaron por completo. Constatan, además, que los hábitos de votación y las motivaciones están cambiando. Aunque sigue siendo muy fuerte, la política de la identidad basada en la casta o la religión puede dar paso, en algunos casos, a un proceso diferente que estriba más en la responsabilidad. La ciudad de Delhi he reelegido dos veces el mismo gobierno como reconocimiento a las mejoras en infraestructura. Nada de esto, afirman, viene de arriba, sino de un proceso de abajo arriba.

El problema de la India no es la falta de instituciones democráticas, sino de gobernanza, la incapacidad para brindar libertades económicas y sociales a la vasta mayoría de la población. Tras un periodo inicial de socialismo liderado por el estado durante los primeros años de la independencia, políticos y empresarios se subieron al tren de la globalización y usaron su poder como medio de enriquecimiento. Las clases acomodadas, las personas que durante los últimos veinte años podían haber explotado la nueva riqueza del país para lograr mejoras, o bien miraron hacia otro lado, o bien fueron cómplices de los defectos de la sociedad. Podrían haber participado activamente en el ámbito público. Al contrario que en los estados autoritarios, no se les habría castigado por causar problemas. Pero prefirieron no hacerlo. El nivel de complicidad, por lo tanto, es sin duda mayor.

6

Italia: El monólogo cómico

La merma de la calidad democrática está encarnada por una política que no pide la movilización o la participación ciudadana. Sólo necesita una buena vibración.

EZIO MAURO

En abril de 2008, a los pocos días de haber consolidado una sorprendente victoria electoral, Silvio Berlusconi invitó a su mejor amigo en la política internacional a ser el primero en celebrarla con él. Vladímir Putin aceptó con gusto. «Hace tiempo que no le veo. Le echaba de menos», declaró el presidente ruso a su llegada a la residencia de verano de Berlusconi en la Costa Esmeralda de Cerdeña. La Certosa, la villa de veintisiete habitaciones, ofrece a los VIP y a los amigos de la familia (son la misma cosa) un jardín botánico, un lago artificial con cascadas que fluyen por control remoto, un anfiteatro griego de cuatrocientas plazas y, por si las moscas, un búnker nuclear.

Los Putin eran visitantes habituales. Unos años antes sus hijas adolescentes fueron invitadas en verano. Una de las hijas de Berlusconi voló desde Australia para disfrutar con ellas del mar y la vida nocturna en los clubes para millonarios de Porto Cervo y Porto Rotondo, bajo la atenta mirada de sus guardaespaldas.

Vladímir y Silvio tenían una afinidad natural y mentalidades similares: les gustaba el dinero, las mujeres hermosas y las esposas fieles; no tenían tiempo para jueces, periodistas ni nadie que preguntase demasiado. La noche anterior habían visto un espectáculo de bailarinas ligeras de ropa; luego ambos hombres se quedaron hasta las cuatro de la madrugada discutiendo sobre los males del mundo. Más tarde, esa misma mañana, con cierto temor y no poco valor, Natalia Melikova, corresponsal del diario ruso Nezavisimaya Gazeta, se levantó de su silla en una rueda de prensa con el anfitrión italiano para pedirle a Putin que comentase tres rumores difundidos por todo Moscú. ¿Era cierto que una de sus hijas se había mudado a Múnich? ¿Era cierto que estaba a punto de divorciarse de su esposa Lyudmila? ¿Y qué había de los rumores sobre su estrecha amistad e inminentes nupcias con Alina Kabayeva, una glamurosa ex gimnasta de veinticuatro años que los lectores de una revista habían votado como la mujer más deseable de Rusia, miembro del Parlamento por el partido Rusia Unida pro Kremlin?

Mientras un Putin furioso fruncía los labios y ponderaba la respuesta, Berlusconi exclamó: «¡Oh! ¿Es eso cierto?». Putin, que en una ocasión había insinuado a un periodista francés, después de que le preguntase sobre Chechenia, que «se había circuncidado a sí mismo», contestó a Melikova: «No ha pronunciado ni una sola palabra de verdad». Luego decidió quitarle hierro al asunto y reforzar su fama de mujeriego. «Ha mencionado un artículo publicado en un periódico sensacionalista ruso sobre la campeona olímpica de la gimnasia rítmica, Alina Kabayeva, y su colega, la presentadora Yekaterina Andreyeva. Otros artículos hablan a veces de otras mujeres guapas y famosas. No creo que nadie se sorprenda si digo que me gustan todas, del mismo modo que me gustan todas las mujeres rusas.» Hizo una pausa para recibir el aplauso de los periodistas italianos y de un puñado de viejos residentes locales a quienes habían permitido entrar para ver a sus ídolos. «Pienso que nadie se ofenderá si digo que creo, personalmente, que nuestras mujeres rusas son las más talentosas y hermosas. Las únicas mujeres que pueden medirse con ellas en este aspecto son las italianas. Grazie.»

Luego Putin adoptó un semblante más serio: «Siempre he reaccionado negativamente contra los que, con su altanería y sus fantasías eróticas, se inmiscuyen en la vida de los demás». Acto seguido, Berlusconi, con sorna, hizo como si disparase al reportero culpable con una ametralladora. Luego bromeó sobre cambiar la prensa rusa por la italiana. Melikova estaba visiblemente disgustada. Otros se rieron nerviosamente. Más tarde, un portavoz trató de minimizar el incidente: «Sólo fue un gesto, un gesto juguetón; de hecho, hasta lo apreciaron, porque ayudó a preparar con más tiempo la larga traducción rusa». «Vi el gesto de Berlusconi y sé que tiene fama de bromista», dijo Melikova. «Espero que no haya consecuencias.» Pero sí que las hubo para el Moskovsky Korrespondent, el periódico sensacionalista que había publicado las historias originales sobre Putin y Kabayeva. Cerraron de inmediato su página web. El periódico, que sólo había durado unos meses y estaba especializado en famosos y cotilleos, formaba parte del potente imperio mediático de Yevgeni Lebedev, antiguo agente del KGB y empresario millonario. (Más adelante realizó la compra espectacular del periódico vespertino londinense Evening Standard.) El director de la casa editorial de Lebedev negó cualquier vínculo con la controversia, alegando que la página web había cerrado debido al déficit presupuestario. Pero las repercusiones se confirmaron cuando el periódico se retractó públicamente en la portada, lamentando mucho los «insultos». Y añadió: «Pedimos perdón a todos los que consideren que este artículo les ha provocado sufrimiento emocional».

Una vez solventado el engorro, Berlusconi y Putin reanudaron sus negocios en privado; y estos negocios entre ambos países vivieron una época dorada. Italia era el segundo receptor europeo de gas ruso y, junto a Alemania, el principal líder económico de la Unión Europea. La empresa italiana Eni y la rusa Gazprom tenían vínculos estrechos. Aeroflot estaba en complejas conversaciones con Alitalia a propósito de una posible absorción de la aerolínea italiana en apuros. En este aspecto ambos líderes no hacían sino seguir el patrón establecido por Boris Yeltsin y una serie de primeros ministros italianos. Incluso en la época soviética los contactos comerciales habían sido fuertes.

La amistad entre Berlusconi y Putin se remonta al año 2001. Berlusconi acababa de obtener su segunda victoria electoral; hacía un año que Putin había consolidado su hegemonía en Rusia. En el plazo de un año Berlusconi se reuniría más veces con Putin que con algunos de sus homólogos europeos, y aun menos con el presidente Bush. Berlusconi defendería sistemáticamente al presidente ruso ante la alarma internacional sobre la situación de los derechos humanos y el autoritarismo en Rusia. Todo es más fácil cuando hay «aprecio, confianza, respeto y amistad», declaró Berlusconi. «Es una amistad profunda que, como todo en esta vida, ayuda a comprenderse mejor y a tomar decisiones por el bien de todos, en este caso no sólo de nuestros países, sino también de la comunidad internacional.»

Nadie ignoraba el desprecio de Putin hacia la libertad de expresión y los peligros que corrían los periodistas problemáticos en Rusia. Pero ¿no tenía el listón más alto una supuesta democracia? Es fácil rebajar el ataque contra las libertades en Italia si uno se centra sólo en la bufonería de Berlusconi. Con su afición por la vulgaridad (brutta figura, como dicen los italianos), disfruta siendo caricaturesco. Es un hombre tan vanidoso que se ha hecho estiramientos faciales y oculta sus trasplantes de pelo con un pañuelo; un hombre que intenta congraciarse con cualquier rico o poderoso, desde Putin a su otro «mejor amigo», Tony Blair, y, al mismo tiempo, un hombre que también es capaz de ofender a quien sea, desde la reina Isabel II hasta Angela Merkel, la canciller alemana, pasando por Barack Obama, al cual describió como «guapo, joven y bronceado».

La historia de Berlusconi es más que la ascensión de un bromista. Todos los electorados pueden, de vez en cuando, perder el sentido común y elegir a incompetentes o demagogos. Un mecanismo de equilibro de poderes que funcione bien debe exponer sus defectos y sus excesos. Pero los italianos han votado tres veces a Berlusconi, la última en 2008, otorgándole una mayoría aplastante. Hablamos de un hombre que anima a los italianos a que hagan dinero como pasatiempo nacional extra y que ha utilizado el Parlamento para debilitar a las dos fuerzas que pueden interponerse en su camino, el poder judicial y los medios de comunicación. La versión italiana del pacto es una miopía mutua. Los votantes creen tan poco en la capacidad del estado para mejorar sus vidas que se conforman con que haga la vista gorda; a cambio, prometen no molestar demasiado a sus dirigentes. Este país, en el corazón de la Unión Europea, la OTAN, el G-8 y otras instituciones internacionales es, según casi todos los barómetros de teoría constitucional y política, un estado fallido. Y sin embargo sigue funcionando con toda tranquilidad, como siempre. El éxito de Berlusconi en los negocios y su ascenso al poder, además de su permanencia en él, dicen mucho de los intereses y las prioridades de los votantes italianos. También debe servir de lección al resto de Europa y otras naciones más lejanas.

«Llevamos viviendo con él veinte años. No es un accidente.» Ferruccio de Bortoli es el director de Il Sole 24 Ore, el periódico italiano de más tirada, un hombre que ha seguido de cerca a Berlusconi, martirizándolo durante toda su carrera. Bortoli señala el acercamiento ambivalente de los italianos a la democracia. «Berlusconi es el modelo italiano del éxito social. Personifica lo que todos querrían ser. Les encantaría hacer todo ese dinero sin que los pillaran, como él.» Con más de cinco millones de pequeñas empresas que emplean a menos de diez trabajadores, el pequeño empresario goza de una posición ventajosa en la sociedad italiana. Berlusconi es la expresión de la burguesía. Piensa como ellos. Actúa como ellos. Hace, casi por instinto, lo que ellos. Comparte los mismos gustos, el mismo sentido del humor. Y los que le respetan desde las altas esferas —empresarios y otros que han hecho dinero— tienden a considerar el equilibrio de poderes como algo desfavorable a la creación de riqueza. «La empresa y la clase dirigente piensan que la democracia es un coste, no una ventaja», me dice Bortoli. «Muchos empresarios y directores se quejan de que tienen que medir sus palabras con los periodistas, exponerse al escrutinio. A mí y a mis periodistas nos dicen cosas como “¿Por qué no haces algo por tu país?” o “¿Por qué quieres arruinar mi relación con el mercado?”.» Estos individuos quieren que el estado los proteja, pero también que los deje tranquilos con sus negocios, y —con una evasión de impuestos cinco veces mayor que la media europea, según dicen— hacer dinero y conservarlo. Eso es lo que hizo la Democracia Cristiana, para satisfacción general. Ahora depositan su fe en Berlusconi, razón por la cual el presidente hace tan poco por reducir el papeleo y poner freno a las prácticas restrictivas o la corrupción. «Vivimos en un país con miles de conflictos de intereses, pero hay uno que siempre prevalece», dice Bortoli. Sabe de lo que habla.

En mayo de 2003 despidieron a Bortoli como director del Corriere della Sera. Su delito fue cabrear a Berlusconi cuando publicó una serie de historietas y comentarios despectivos. El Corriere, fundado en 1876, es el gigante de los periódicos italianos, con una tirada de más de 700.000 ejemplares diarios; un diario liberal y un tanto trasnochado para intelectuales, con algunos de los criterios informativos más sólidos del país. Periódico de la burguesía de Turín y Milán, siempre ha desempeñado una función destacada en la vida nacional. Bortoli aseguró que el periódico conservaría su independencia; se opuso a la participación de Italia en la guerra de Irak y ha tratado sistemáticamente de destapar la corrupción política. Su dibujante de primera plana, Giannelli, ha plasmado más de una vez a Berlusconi como un enano burlón con un bombín reluciente y zapatos con alzas. Para el gobierno la gota que colmó el vaso fue una columna en la que arremetió contra un discurso de Berlusconi en el que decía: «No se permitirá el ascenso al poder a nadie que haya sido comunista». Uno de los redactores del periódico apuntó: «Mussolini solía repetir las mismas palabras. [Berlusconi] no tiene nada que temer. Pero yo sí». Después de todo, Fini, su socio en la coalición, describió una vez a Mussolini como «el mayor jefe de estado del siglo».

Hijo de un empleado de banca milanés, Berlusconi creó su pequeña empresa constructora cuando tenía alrededor de veinticinco años. A partir de ahí su ascenso hasta convertirse en el hombre más rico de Italia, con una fortuna que se estima en 10.000 millones de dólares, es una historia de habilidad comercial, negocios arriesgados y no poco secreto. Quién o qué le financió en determinados momentos de su carrera sigue siendo un misterio. Berlusconi cobró importancia nacional en los años setenta cuando levantó, en teoría de la nada, su imperio inmobiliario en Milán y después en los medios de comunicación, con su empresa Mediaset y su grupo Fininvest, para acabar controlando tres de las cadenas privadas de televisión más importantes de Italia —Canale 5, Retequattro e Italia 1— y afianzando así su monopolio del sector televisivo no estatal. Estas cadenas tuvieron gran éxito, gracias a su oferta de concursos de escasa calidad, telenovelas y programas de destape. Tanto en su empeño político como comercial recibió el asesoramiento de Bettino Craxi, antiguo dirigente del Partido Socialista. En Italia las filiaciones personales cuentan mucho más que las políticas, y cada cual contribuyó al éxito del otro. Los canales de televisión de Berlusconi fueron financiados por bancos que controlaban los socialistas. Tras fundar su imperio mediático, Berlusconi usó sus cadenas televisivas para financiar la máquina política de Craxi y promocionar la imagen de su líder en los noticiarios. Craxi, a cambio, creó una ley de medios audiovisuales a la medida de las necesidades de Berlusconi. Fue el padrino de la hija de Berlusconi en un bautizo secreto (la niña había nacido fuera del matrimonio); después fue el padrino en la segunda boda de Berlusconi.

Desde finales de la segunda guerra mundial hasta poco después del desmoronamiento de la Unión Soviética, gobernaron Italia coaliciones dominadas por los democristianos de centro derecha, cuya principal tarea consistió en mantener a raya a los comunistas. Los gobiernos se hundían casi con la misma celeridad con que se habían formado, pero el poder real seguía en las mismas manos. Se estableció un sistema de robo estatal. El fracaso de la Guerra Fría acabó con esa sensación de invulnerabilidad e impunidad. Junto con Giulio Andreotti, el jefe de los democristianos, Craxi fue una de las figuras principales que simbolizaban Tangentopoli, la red de sobornos y corrupción que caracterizó la política italiana de posguerra. Craxi logró evadir la justicia italiana huyendo a Túnez, donde murió en el exilio. Andreotti, conocido también como el Príncipe de las Tinieblas o Belcebú, es un personaje más turbio si cabe. Lo llevaron a juicio acusado de ordenar el asesinato en 1970 de Mino Pecorelli, un periodista que había vinculado a Andreotti con la mafia y el secuestro del entonces primer ministro Aldo Moro. Un tribunal absolvió a Andreotti en 1999, pero en noviembre de 2002 fue declarado culpable después que apelaran la sentencia y condenado a veinticuatro años de cárcel. Lo soltaron enseguida porque tenía ochenta y tres años de edad, y al año siguiente lo volvieron a absolver.

Craxi y Andreotti personificaron la Primera República; Berlusconi, la Segunda. El aparato constitucional que rodeaba a ambas no podía ser más diferente; pero el resultado fue el mismo, una política desprovista de respeto y credibilidad, y podrida de corrupción hasta la médula.

Entre 1992 y 1994 Italia pareció renacer. Durante un instante fugaz los votantes se preguntaron y todo si sus instituciones eran dignas de respeto. Los tribunales por fin empezaron a combatir una red de corrupción tan arraigada que todos los partidos y los altos cargos políticos en general estaban implicados. Detuvieron y encarcelaron a docenas de funcionarios y empresarios durante la investigación Mani Pulite (Manos Limpias). Algunos se suicidaron. El paisaje político se transformó con la extinción de los viejos partidos, la creación de otros, el establecimiento de una Constitución diseñada para aportar estabilidad —dos bloques con una clara división de izquierda y derecha— y el fin de decenios de negocios sórdidos. En este vacío, Berlusconi pasó a la acción. Fundó un partido político muy diferente de cualquiera que hubiese existido antes. Forza Italia funcionaba como una corporación, la dirigían sus amigos y contactos y la financiaba en gran parte Fininvest. En 1994, sólo tres meses después de su fundación, Forza Italia ganó sus primeras elecciones. Berlusconi formó coalición con el partido de extrema derecha de Gianfranco Fini, que hasta ese momento era marginado como un paria. Después hizo un pacto con la Liga Norte de Umberto Bossi. Por ironías de la vida, Mani Pulite había encumbrado a la cúspide del estado italiano a un hombre cuyo ascenso —como ningún otro— era resultado del viejo sistema corrupto. Los negocios del gobierno italiano eran sus negocios. Esta victoria podía interpretarse como algo excepcional y, de hecho, su primer gobierno no duró mucho. En los estados democráticos los votantes han elegido alguna vez a un inconformista, pero al cabo han lamentado su decisión y la han enmendado a la primera oportunidad. Pero Berlusconi era diferente. No pasó mucho tiempo hasta que los votantes volvieron a por más.

Berlusconi dio el gran salto en 2001. El gobierno de centro izquierda «El Olivo» había empleado sus energías en adaptar la economía italiana a los imperativos de la Unión Monetaria Europea. Berlusconi se lo puso fácil al electorado tentándolo con reducciones de impuestos. En realidad no obtuvo buena nota en su segunda legislatura, pues dedicó todos sus esfuerzos a impedir que le procesaran por los casos de corrupción presentados contra él en los tribunales. El Parlamento aprobó deprisa y corriendo tres leyes sucesivas: bloquear las pruebas de transacciones ilegales en el extranjero, despenalizar la falsificación de cuentas y permitir que los acusados en un juicio cambiasen de jueces al transferir el caso a otra jurisdicción. Cuando los tribunales dictaminaron que la primera y la tercera ley eran anticonstitucionales, Berlusconi contraatacó con una ley más drástica todavía. Se trataba de concederse a sí mismo la inmunidad legal. Le dio a esta medida una impronta constitucional, estipulando que debía aplicarse a las personas que ostentasen los cinco cargos más importantes del país: el presidente, el primer ministro, los portavoces de las dos cámaras del Parlamento y el jefe del Tribunal Constitucional. Luego procedió a proteger su imperio mediático. Se aprobaron a toda prisa leyes que permitían a Mediaset quedarse con sus cadenas, pero además le concedían un sustancioso subsidio para continuar con sus ambiciones digitales.

El dominio de la política coincidía con el dominio de los medios de comunicación para Berlusconi. Combinó la propiedad de los canales privados más importantes con el creciente control de la televisión estatal. Se deshizo de gerentes y directores recalcitrantes, a menudo con una palabra susurrada al oído de los miembros directivos. Se aseguró de que dejasen de emitirse programas que no le gustaban. El ejemplo más famoso sucedió en noviembre de 2003, cuando obligaron a Rai Tre, la tercera cadena, a dejar de emitir el programa de sátira política de medianoche Raiot por parodiar al primer ministro. La directora y escritora Sabina Guzzanti, que también salía en el programa, fue demandada por Mediaset por «mentiras e insinuaciones». Guzzanti llevó esta historia a la gran pantalla con Viva Zapatero!, que fue considerada una película de cine de autor en Europa.

A Berlusconi no le preocupaba tanto la prensa escrita, pero hizo todo lo posible por reprimir las críticas contra él. La historia de La Repubblica es más breve y menos ilustrativa que la del Corriere. Sin embargo, su director Ezio Mauro también se ha aplicado en denunciar los ataques de Berlusconi contra lo que queda de democracia en el país. Sus oficinas, como las de otros periódicos de este tipo, están muy vigiladas. Las medidas de seguridad fuera de la sede de La Repubblica en Roma son concienzudas: guardias armados, permisos y controles individuales con detector de metales.

Conocí a Mauro cuando éramos corresponsales en Moscú a principios de los años noventa. Le encanta discutir el equilibrio entre la libertad, la seguridad y la prosperidad, y el destacado lugar que ocupa Berlusconi en todo ello. Le pregunto sobre el papel de la libertad de expresión. A fin de cuentas, Italia tiene una floreciente intelectualidad pública. A pesar de las presiones y los contratiempos, muchos periódicos publican con éxito investigaciones y comentarios mordaces. Hablamos de internet y Mauro me ofrece un interesante análisis que no sólo es aplicable a Italia, como me esclarece. La revolución cibernética, lejos de estimular la participación, en realidad la retrasa. «Con internet no tenemos muros ni límites. Todo está ahí. No nos ata la historia, pero nos desvinculamos del debate público», me dice Mauro. «Llámalo democracia si quieres, pero yo prefiero llamarlo soledad democrática. El ciudadano se siente solo, siente que está desconectado de la información y que puede ir por libre. Antaño existía la posibilidad de interpretar los sentimientos y los valores personales dentro de un marco general de interés común. Ahora el ciudadano ya no cree en la eficacia de la acción pública organizada. Se convierte en espectador. La política no es más que un gran acontecimiento. Las estructuras de poder le dicen: “Te sientes solo, te preocupas por tu vida; delegas en mí lo demás. Los asuntos públicos son cosa mía”.»

Es la corroboración más aproximada al pacto de Singapur que he escuchado hasta la fecha en mis viajes. Sin embargo, aunque el equilibrio sea parecido, Berlusconi es un personaje mucho menos imponente que el veterano líder de Singapur, Lee Kuan Yew. Sean cuales sean las reservas de cada cual sobre el estado de la libertad de expresión y la democracia en Singapur —y yo tengo muchas, como he mencionado—, su fundador tenía una filosofía coherente y una serie de principios por los que juzgarle. Sin embargo, uno entra en la categoría de los autoritarios; el otro pertenece a la familia de las democracias. Estamos ante otro ejemplo de líneas divisorias borrosas, de etiquetas que enmascaran la realidad. Para Berlusconi, lo mismo que para Putin, el poder político y el poder económico constituyen el mismo nexo.

Otra alma gemela espiritual de Berlusconi es Thaksin Shinawatra de Tailandia. Multimillonario populista, demagogo y primer ministro, Thaksin era la niña de los ojos de las clases medias, convencidas de que sin un estado fuerte y un dirigente fuerte no habrían hecho tanto dinero. Después de cinco años y pico en el poder fue derrocado en el golpe militar de septiembre de 2006, acusado de corrupción y de abuso de poder.

En todos estos casos, los gobernantes han utilizado las elecciones y el barniz de la constitucionalidad para consolidar un gobierno a caballo entre la democracia y el autoritarismo. Mauro sugiere que la historia sirve de guía reveladora. Me relata la historia del confidente Italo Balbo, heredero forzoso de Benito Mussolini y uno de los líderes más despiadados de los camisas negras. Balbo también fue un aviador pionero que logró cruzar dos veces el Atlántico. Cuando su flota de veinticuatro aviones llegó a Estados Unidos, fue recibido por multitudes que lo adoraban y con desfiles triunfales e incluso almorzó con el presidente Franklin Roosevelt. Para muchas personas Balbo encarnaba la nobleza y la gallardía, lo que era más importante que su política. Italia se enfrenta a un problema parecido en la actualidad, me insinúa Mauro. Aunque descarta las comparaciones más directas y simplistas entre Berlusconi y Mussolini. El fenómeno actual es más sutil, reconoce. «La gente ve a Berlusconi como un “italiano a la antigua”, extravagante, gracioso. Pero en realidad es muy moderno y muy europeo. En Europa no se entiende bien esta nueva clase de autoridad.»

Mauro también cita al filófoso Norberto Bobbio. Abogado convencido del estado de derecho, la separación de poderes y la limitación de poderes, Bobbio fue un socialista progresista que se oponía a los principios autoritarios del marxismo. El peligro más grave, según Bobbio, es que «los políticos siempre buscan el modo fácil de eludir los follones. El populismo les ofrece una solución a corto plazo, porque da la impresión de que corta de cuajo los problemas difíciles», dice Mauro. Él lo llama «populismo moderno» o «democracia demagógica». No lo representan, afirma, «Le Pen, Haider ni otros extremos. Veo ciertos elementos en Sarkozy y, antes de él, en Blair. La merma de la calidad democrática está encarnada en una política que no pide la movilización o la participación ciudadana. Sólo necesita una buena vibración. El envilecimiento de la democracia se ha desatado de forma imperceptible por toda Europa, no sólo en Italia. Estamos en un punto de inflexión».

La advertencia de Mauro es importante. Resulta fácil identificar los peligros que suponen las personas como Berlusconi. No ocultan sus ambiciones ni su desdén hacia las instituciones que intentan ponerles coto. Francia no tiene un capítulo propio en este libro, aunque comparte ciertos aspectos del enfoque italiano y del británico, pero Nicolas Sarkozy ha adoptado mucho de la grandilocuencia personal y el uso quijotesco del poder en Italia, junto con un avance más metódico hacia el estado de vigilancia propio de Gran Bretaña.

A Sarkozy se le acusa de aprovechar la atmósfera de inseguridad para introducir una serie de medidas que abarcan desde la vigilancia hasta la detención preventiva de individuos que el estado considera peligrosos. En noviembre de 2008 la policía antiterrorista detuvo a veinte personas en el pueblecito de Tarnac, en el centro de Francia. Apenas se presentaron pruebas contra ellos, pero para la acusación fue decisiva su supuesta autoría del libro The Coming Insurrection [La insurrección que se avecina], y su asociación con lo que el gobierno tildó de «extrema izquierda». Los socialistas de la oposición, que habían protestado poco antes, sacaron a la luz un «libro negro» de «atentados contra la libertad pública» desde que Sarkozy fuera elegido presidente en 2007.

Una de las medidas más controvertidas es la base de datos Edvige. Creada en junio de 2008, podrá sonar a nombre de chica, pero corresponde a un acrónimo más siniestro: Explotación Documental y Valorización de la Información General. Su objetivo es archivar datos sobre grupos, organizaciones e individuos que, por su actividad individual o colectiva, se consideran un peligro para el orden público, y remitir la información a la policía y a los servicios de inteligencia. Se incluirá a cualquiera, no sólo sospechoso de haber cometido un crimen, sino también asociado vagamente con elementos antisociales. Entre los datos registrados se incluirán la ocupación, el estado civil y la historia familiar, direcciones antiguas y presentes, números de teléfono y correos electrónicos, características físicas, fotografías y conductas, carnets de identidad, matrículas de vehículos e información tributaria y legal. Varias organizaciones de la comunidad homosexual han protestado tras enterarse de que también se guardarán datos relativos a la orientación sexual y la salud, en particular información relativa al VIH. La unión de magistrados de Francia la ha denunciado por antidemocrática y alegan que «informará al gobierno sobre las personas activas en política». El periódico Le Monde, por lo general moderado, criticó el concepto de una base de datos preventiva. «En un estado de derecho el gobierno no puede aceptar la penalización de supuestas intenciones», declaró.

Según el gobierno, la prioridad será el crimen organizado en los suburbios de las principales ciudades de Francia. En un intento por justificar la recopilación de datos sobre niños de trece años de edad, la ministra del Interior, Michèle Alliot-Marie, ha dicho: «Hemos observado un aumento de la delincuencia infantil». Alliot-Marie tiene la dudosa distinción de haber ganado el décimo premio anual Gran Hermano. Los jurados citaron su contribución general a las violaciones de la privacidad, su «inclinación desmesurada por introducir a ciudadanos franceses en los archivos» y su afición a la videovigilancia. Otro instrumento del gobierno con un acrónimo engañoso es ELSA, Engins légers de surveillance aérienne [Vehículos ligeros para la vigilancia aérea]. Se han hecho pruebas con aviones teledirigidos que, gracias a su visión diurna y nocturna, serán capaces de rastrear a los criminales y las conductas antisociales desde los cielos. Muchos agentes locales han afirmado que un enfoque más sencillo, eficaz y menos indiscreto sería aumentar el número de agentes de policía en cada barrio.

Si, en su programa de seguridad, el enfoque de Sarkozy se acerca más al de Tony Balir y Gordon Brown, en su actitud hacia la independencia informativa se parece más a Berlusconi. Antes de que Sarkozy fuera presidente, cuando era ministro del Interior, ya capitularon o fueron despedidos varios directores problemáticos. La cadena privada TF1 echó a Patrick Poivre d’Arvor, la cara más conocida del país en las noticias de máxima audiencia, por describir a Sarko en una cumbre del G-8 «como un niño pequeño en el club de los chicos grandes». El propietario de TF1 es amigo íntimo del presidente francés. Otra carrera que se fue al traste fue la de Alain Genestar, jefe de redacción de Paris Match. En 2005 la revista rosa publicó fotografías de Cécilia Sarkozy en Nueva York con el hombre que sería su siguiente marido. Sarkozy llamó a Genestar para amonestarle y después fanfarroneó ante la prensa, diciendo que le habían entregado la cabeza del director. Dos años después Le Journal du Dimanche retiró un artículo en el último momento sobre Cécilia y su negativa a votar durante las elecciones presidenciales. Cuando Sarkozy supo de ese artículo aseguró que el asunto estaba «finiquitado» y el director amonestado. Después de lo sucedido, la cobertura informativa fue mucho más dócil, con fotografías del presidente y su nueva esposa, Carla Bruni, bajo el titular «La pareja estrella». Dos tercios de los periódicos y las revistas de Francia son propiedad de Dassault y Lagardère, los mayores fabricantes de armas del país, estrechamente vinculados con el Palacio del Elíseo.

Como en el caso de Berlusconi, Sarkozy ha reconocido la importancia de la televisión y ha sido responsable de fusionar la política con los intereses comerciales, la cobertura mediática y el culto a la celebridad. En enero de 2009 el Parlamento aprobó la legislación que reforzaba el control gubernamental sobre los canales públicos. En virtud de la ley, la publicidad comercial se retiraría paulatinamente y el estado cubriría el déficit, lo que sometería a las cadenas a la buena voluntad del presidente. Para consolidar esta postura, la autoridad reguladora del programa ya no sería la encargada de designar al director de France Télévisions; a partir de ese momento sería el presidente, con capacidad para rescindir el contrato en cualquier momento. Sarkozy se ganó el apodo de Télépresident por orquestar la política como si fuera un reality show. «Francia ha producido un nuevo modelo de control mediático, a caballo entre Berlusconi y Putin», comentó Le Monde, periódico que escapa al control del presidente. «Sarkozy no necesita emular a Berlusconi y ser el propietario real de las publicaciones: sus amigos lo hacen por él.»

El estudio de Paolo Flores d’Arcais está abarrotado de acuarelas y óleos. Pintor, filósofo, periodista y hombre de letras, D’Arcais también es uno de los críticos más conocidos del régimen de Berlusconi. En 2002 fue uno de los fundadores de los girotondi, una serie de corros con iniciativas de movilización social, que se inspira en el nombre italiano de los corros infantiles. Tiene aspecto un poco cansado cuando me recibe en su elegante piso en Roma. Enseguida me hace una seña para que me acerque a la ventana y me muestra el bullicioso mercado al aire libre en la calle, con gran variedad de carnes, pescado, frutas y verduras. Me parece una de esas escenas por antonomasia de la satisfacción burguesa italiana. Mi anfitrión me explica qué está pasando verdaderamente. Todos los días de mercado el mismo policía de tráfico pasa temprano con una furgoneta, saluda a los comerciantes en sus puestos, mira detenidamente sus productos y les dice que está comprobando las normas de higiene. En cuestión de minutos la parte trasera de su furgoneta se ha llenado por arte de magia de obsequios; luego se va. Todo el mundo está contento con el resultado. Lo que hace falta, dice D’Arcais, es tolerancia cero con cualquier forma de criminalidad, desde la más baja hasta la más alta. Pero ¿por dónde empieza uno, sobre todo cuando los que se benefician del statu quo son tantos?

La tarde previa a nuestra cita D’Arcais habló ante unas 50.000 personas en la Piazza Navona. Las cifras han caído vertiginosamente desde las protestas del año anterior, cuando alcanzaron el millón en un mitin. Esa mañana la cobertura de la prensa fue muy despectiva; destacó que la mayoría de los oradores se habían dedicado casi exclusivamente a atacarse unos a otros. A D’Arcais le descorazona el estado de la oposición. Dice que la izquierda en Italia no ha tenido ningún objetivo o ideología importante, sólo un interés pasajero en la democracia. «¿Acaso ha habido alguna vez en Italia un gobierno de centro izquierda ético y valiente?» Ríe y se contesta a sí mismo con desdén. Craxi no fue una anomalía. Los socialistas fueron cómplices del ataque de Berlusconi a los medios de comunicación. «Esa generación de izquierdas creció en un entorno estalinista. Para ellos, los poderes liberales, la libertad de prensa y la independencia de los fiscales no forma parte de su antropología. Es natural que ayudasen a Berlusconi.» D’Arcais señala las reformas constitucionales que el gobierno socialista introdujo a finales de los años noventa a fin de producir un gobierno más fuerte y estable. «En aquel momento Berlusconi estaba contra las cuerdas en el aspecto político, económico y judicial. Estas reformas lo sacaron del apuro. Los políticos estaban todos conchabados.»

Una vez que hubo consolidado su monopolio mediático, Berlusconi se concentró en la judicatura, o al menos en la parte que seguía oponiendo cierta resistencia. Se propuso limitar los poderes de los jueces, quitárselos de encima. D’Arcais da una estadística sorprendente: Berlusconi ha eludido la cárcel en doce ocasiones importantes; nunca ha sido condenado. Lo han enjuiciado en seis ocasiones acusado de desfalco, fraude fiscal y fraude contable, y por intentar sobornar a un juez. En algunos casos fue absuelto. En otros fue condenado, pero apeló y se anuló el veredicto. Y en otros, la prescripción —que limita el periodo de tiempo que un individuo puede estar bajo sospecha— se produjo antes de que se dictase la sentencia.

Sin embargo, los que deberían preocuparse de todo esto, como los miembros de la oposición política, parecen muy relajados. D’Arcais recuerda una cena en 1996 con Massimo d’Alema, una destacada figura de la izquierda. Se reunieron cuando el primer mandato de Berlusconi tocaba a su fin. D’Alema había proyectado la imagen pública de un hombre dispuesto a romper con el pasado, a ayudar a limpiar la vida pública italiana, pero D’Arcais dice que entonces se dio cuenta de que le dominaban los mismos instintos. «Estaba furioso con los jueces. A mí me pareció comprensible tratándose de la izquierda; la independencia del poder judicial era algo que tampoco ellos podían aceptar.» Dos años más tarde, en 1998, D’Alema fue elegido primer ministro. La nueva Constitución de la Segunda República había beneficiado un nuevo tipo de rotación política, pero prevalecían los viejos instintos de la clase política en la defensa de sus privilegios, sin distinción de la tendencia ideológica.

El estado de resignación o desesperación es palpable entre los pocos miembros del poder judicial que deseaban un cambio. Como fiscal jefe de Milán, Gherardo Colombo fue uno de los hombres fundamentales de Mani Pulite y procesó a varios funcionarios por corrupción. Se jubiló en 2007. Ahora dedica su tiempo a viajar por el país dando conferencias sobre el estado de derecho para centros de enseñanza, de universidades a escuelas primarias. «En cada tribunal italiano hay una placa que dice que todos somos iguales ante la ley», me comenta. «Ahora intentan afirmar el principio de que Berlusconi es ungido e intocable.» Dice que ya no es posible una reforma radical del poder judicial, pero añade que el problema es más profundo, llega al núcleo de las prioridades públicas: «Tenemos un problema genuino con la justicia. Al pueblo le parece ineficaz». Se remonta a los años setenta, cuando cientos de personas murieron en la época del terrorismo de las Brigadas Rojas. Muchos casos se quedaron sin resolver por culpa del miedo, el soborno y la incompetencia pura. «Muchos italianos perdieron la confianza en la justicia entonces.»

Berlusconi ha disfrazado su ataque contra la judicatura como parte de una serie necesaria de «reformas» de un sistema moribundo. En este aspecto no está equivocado, aunque su trayectoria sugiere un motivo mucho más intolerante. Un proceso judicial puede durar hasta una media de doce años. Un caso de bancarrota de una pequeña firma del sur se inició en 1962 y duró cuarenta y seis años. Cuanto más se alarga un proceso, más fácil es para la defensa alegar que el paso del tiempo ha debilitado los cargos. La prescripción ha provocado el cierre prematuro de la quinta parte de los casos, siendo las clases políticas y empresariales las más beneficiadas. Como en la India y otros países en teoría democráticos, el sistema legal beneficia a las personas ricas e influyentes. La inmensa mayoría de los acusados por delitos de guante blanco son absueltos. Los que sí reciben castigo rara vez pisan la cárcel más allá de un periodo simbólico de días o semanas. Por el contrario, los albaneses o africanos pobres que cometen hurtos o roban carteras suelen cargar con todo el peso de la ley.

En abril de 2006 obligaron a Berlusconi a dejar el cargo tras un mandato quinquenal de estabilidad constitucional sin precedentes. En este periodo logró pocas reformas económicas y sociales. Durante más de una década el estado de las finanzas no había sido bueno, situando a Italia a la cola de la Unión Europea según todos los indicadores económicos. Los productos más rentables de países en vías de desarrollo, como China en particular, desbancaron poco a poco el sistema de producción italiano: la elaboración de máquinas herramientas, calzado, bolsos, azulejos, mobiliario barato y ropa de confección industrial. Se tomaron pocas medidas serias para combatir esta tendencia. Entre 2001 y 2006, bajo el liderazgo de Berlusconi, Italia pasó del puesto 14 al 53 en el índice de competitividad mundial. El presupuesto destinado a la educación siguió disminuyendo, como había hecho durante los últimos veinte años, por debajo del 5% del PIB. Sólo la mitad de la población ha proseguido sus estudios después de la escolarización obligatoria, uno de los niveles más bajos de Europa; eso representa la quinta parte de la juventud, y la mayoría abandona antes de graduarse. La disponibilidad de la sanidad pública y la calidad de la misma son bajas.

Berlusconi atribuyó el resultado a las acusaciones de corrupción que, según él, habían sacado a relucir para debilitarle. Pero teniendo en cuenta su pobre actuación, su derrota en las elecciones por un escaso margen de 25.000 votos se vivió como una consolidación de su victoria, y garantizó que su veterano rival, Romano Prodi, tuviera que luchar por sobrevivir. En los dos años siguientes Prodi acató varias restricciones de ortodoxia fiscal fijadas por el Banco Central Europeo y otras instituciones económicas. Redujo la enorme deuda nacional de Italia, eliminó una serie de restricciones burocráticas y adoptó medidas decisivas para combatir la evasión de impuestos. Se ganó el aplauso del FMI y la Unión Europea, pero dejó consternados a los contribuyentes, que apechugaron con las consecuencias. Dadas las prioridades del grueso de los votantes en Italia, esto era más una carrera suicida que un intento de perpetuarse en la política.

Sin embargo, el gobierno de Prodi conservó la tradición del apoyo mutuo político. Con el pretexto de limpiar las cárceles abarrotadas, declaró una amplia amnistía, que también benefició a los acusados de corrupción. Las figuras principales de la izquierda —Prodi, D’Alema y Walter Veltroni, el alcalde de Roma— presidieron otro periodo marcado por el estancamiento y la desilusión general por la calidad de la política italiana. El símbolo más vivo del deterioro del estado fue la crisis de los residuos en Nápoles, donde, por culpa de una huelga de basureros controlados por la mafia, se acumularon en una amplia zona montones de residuos putrefactos.

La desaparición gradual de la izquierda durante la Segunda República dejó un vacío que llenó la Liga Norte. La Liga se vendió como el candidato independiente y se aprovechó tanto de los rencores de los votantes de la clase obrera como de los pequeños tenderos y comerciantes que determinan la política electoral de Italia. Sus dos mayores intereses eran las importantes transferencias fiscales del norte rico al sur más pobre y la inmigración, inevitablemente. La victoria de Berlusconi en abril del 2008 fue aplastante. Su coalición obtuvo casi el 47% de los votos, la mayor participación desde hacía años, con la Liga Norte como su socio más importante. Triunfó en todo el país, a excepción del centro, el último reducto de la izquierda. Berlusconi, repuesto en el cargo de primer ministro, marcó la pauta de su nuevo gobierno al elegir a una antigua modelo que posaba en topless, Mara Carfagna, como ministra de Igualdad de Oportunidades. Sugirió que los demás países debían aprender de Italia e incluir a las mujeres en la vida pública. Pero reprendió al presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber elegido un gabinete con mayoría de mujeres por primera vez en Europa. El gobierno español era «demasiado rosa», declaró Berlusconi, antes de añadir: «Él se lo ha buscado. Tendrá problemas para dirigirlas». Estos comentarios seguramente le funcionaron bien con sus votantes potenciales. Seguramente le funcionaron bien con amigos como Vladímir Putin. Parecían acordes con el clima dominante.

Una de las facetas más alarmantes del tercer mandato de Berlusconi fue la creciente hostilidad contra los inmigrantes y otros que amenazasen «el estilo de vida italiano». Los votantes expresaron un temor considerable ante la llegada de solicitantes de asilo africanos a través de la isla de Lampedusa y los gitanos que aprovecharon el ingreso de Rumanía en la Unión Europea en 2007 para usar Italia como entrada a Occidente. Berlusconi aprovechó estos temores y describió a los distintos inmigrantes como «un ejército del demonio». Aprobaron varias leyes a toda prisa en un paquete de medidas contra el crimen. Esto aceleró la repatriación de inmigrantes ilegales, recrudeció las condenas y permitió más controles sobre los extranjeros, incluidos los ciudadanos de la Unión Europea, como el requisito de tener empleo y unas condiciones de vida adecuadas. Se crearon por todo el país patrullas de ciudadanos; se permitió que grupos locales patrullaran sus barrios. La democracia italiana estaba reforzando un tipo muy singular de justicia vigilante. En una ciudad sureña, Foggia, se creó un servicio especial de autobús sólo para inmigrantes, a fin de mantenerlos alejados de los barrios de clase obrera, lo que suscitó inevitables comparaciones con la segregación norteamericana de los años cincuenta y el apartheid de Sudáfrica. Entonces, en febrero de 2009, el Parlamento aprobó un proyecto de ley que obligaba al personal médico a informar a la policía de cualquier paciente sospechoso de no estar en posesión de un visado válido o un permiso de trabajo. No se criticaron sólo las repercusiones éticas —médicos convirtiéndose en delatores como en tiempos de Mussolini—, sino también el miedo a que los solicitantes de asilo rehuyeran la ayuda médica aunque padeciesen enfermedades contagiosas. Estas quejas no valieron de nada. Berlusconi estaba tocando la fibra del pueblo, haciendo su pacto personal con la población, para mantenerla a salvo de los «extranjeros».

El mayor quebradero de cabeza de Berlusconi seguía siendo su propio destino. Con una amplia mayoría en las dos cámaras del Parlamento, se apresuró a garantizar que la judicatura no volviese a acosarlo nunca. A las pocas semanas de recuperar el cargo dejó las cosas claras: dedicó la mayor parte de un discurso pronunciado ante la Asociación de Comerciantes —unos electores muy preciados para él— a una diatriba contra los jueces, a quienes tildó de «tumor canceroso» en la vida de Italia. Hablando de sí mismo en tercera persona afirmó que de 1994 a 2006 «789 fiscales y magistrados se interesaron en el Berlusconi político con el objetivo de subvertir el voto del pueblo italiano». No tardó en introducir una serie de reformas legales. La primera pretendía restringir las interceptaciones telefónicas en las investigaciones penales, curiosamente al contrario que otros países europeos, que intentaban ampliarlas. Como siempre, en el caso de Berlusconi el motivo era protegerse de los fiscales que, desde hacía tiempo, se basaban más en escuchas telefónicas que en otras pruebas convencionales, sobre todo para las acusaciones de fraude. Luego vino la propuesta de volver a introducir su proyecto de 2003 para la amnistía de personas importantes que el Tribunal Constitucional había desestimado. Esta vez confiaba con creces en tener éxito.

No contento con esto, anunció una medida espectacular: la paralización de 100.000 juicios penales durante doce meses. La ley se aplicaría a todos los casos que hubiesen empezado antes de junio de 2002 y cuya condena implicase una sentencia de cárcel de menos de diez años. Las penas abarcaban desde el homicidio involuntario hasta el robo, el secuestro, las lesiones graves, la extorsión, el fraude y la corrupción. El gobierno dijo que la ley ayudaría a los jueces a centrarse en «delitos más serios» y que una suspensión de los «juicios menores» ayudaría a poner el trabajo al día. Uno de los casos paralizados fue el juicio a los agentes de policía que habían hecho una redada en plena noche en una escuela que manifestantes, médicos y periodistas usaron para pernoctar durante la cumbre del G-8 de 2001 en Génova. En aquella ocasión más de sesenta personas resultaron heridas. Otro caso fue el de tres personas que supuestamente habían pagado sobornos en Irak a cambio de más de un millón de barriles de petróleo. En uno de los juicios más escandalosos estaba implicado un abogado británico, David Mills, el ex marido de Tessa Jowell, ministra del gobierno. Mills fue condenado a cuatro años de cárcel en febrero de 2009 por aceptar un soborno de 500.000 libras a cambio de proporcionar a Berlusconi pruebas falsas en dos casos legales contra él a finales de los años noventa. Huelga decir que las ruedas de la justicia sí que giraron en esta ocasión, pero Mills confiaba plenamente en que no cumpliría su condena. Para cuando hubiese agotado todas las apelaciones, la prescripción habría entrado en vigor.

La Italia progresista, ese pequeño foco que seguía asistiendo a las manifestaciones de los girotondi, protestaba airadamente contra las últimas prestidigitaciones legales de Berlusconi. La amnistía de doce meses se llamó el «Salva-premier», una interpretación que Berlusconi no se molestó en desmentir. «Mis abogados me han informado de que esta ley se aplicará en uno de los muchos juicios descabellados con que los jueces de extrema izquierda me atacan con fines políticos», declaró. Su ministro de Justicia, Angelino Alfano, fue todavía más cándido en su defensa del proyecto de ley. «Tras ganar brillantemente las elecciones, Silvio Berlusconi merece dirigir con calma este gobierno. Y este país necesita que lo gobiernen», declaró. La mayor parte del país lo acató con resignación o calma, o creyó que era su justa recompensa. El pacto iba viento en popa.

Cuesta negar la popularidad de Berlusconi. Dos días después de que el senado, la cámara alta, hubiese aprobado la ley de amnistía, paseaba yo por la Piazza Venezia con Sergio Rizzo, uno de los escritores más célebres de Italia. Rizzo me hizo una seña en dirección a un grupito congregado en la entrada de un edificio grande. Lo componían sobre todo mujeres y viejos, pero parecía una muestra representativa del electorado. Eran votantes de a pie deseosos de poder vislumbrar a su héroe Berlusconi cuando saliera de su residencia de trabajo oficial. «Tienes que comprender lo que motiva a esta gente si quieres comprender el pacto en Italia», me dijo Rizzo.

Rizzo es autor de un libro que cautivó a Italia en 2007. La casta. Così i politici italiani sono diventati intoccabili [La casta. Así es como los políticos italianos se han vuelto intocables] se reimprimió veintitrés veces en apenas medio año, un logro considerable para un libro de análisis político. Hasta la fecha se han vendido más de un millón de ejemplares en un país donde el libro que logra vender 20.000 se considera un superventas. Rizzo y su coautor, Gian Antonio Stella, ya son nombres nacionales. El libro describe cómo «una clase política rapaz que se autovenera se convirtió en una casta e invadió la sociedad italiana». Esta clase «se está volviendo cada vez más indiferente hacia el bien común y la noción de gobierno competente para sacar su propia tajada». Los detalles son reveladores; en todos los niveles de la sociedad cualquiera puede dedicarse a crear normas, moldearlas a su antojo o desecharlas para concederse privilegios y dinero. El libro muestra cómo ciudades y pueblos amañan las cuentas para maximizar los subsidios y minimizar el impuesto que deben devolver al centro. Enumera las organizaciones estatales con las que deben lidiar las compañías start-up, unas setenta. Lo que implica sobornar a setenta grupos de personas.

«Berlusconi representa el estómago de los italianos. Todos quieren ganar la lotería», dice Rizzo. «Se asegura de conseguir lo que quiere cuidando a sus allegados.» El presidente de la República —figura decorativa en Italia pero en teoría a cargo de todo— tiene a su disposición una plantilla de novecientas personas. El libro enumera los privilegios del casi millar de miembros de las dos cámaras del Parlamento, de los cuales unos setecientos tienen escolta y protección armada. Explica que los pequeños partidos marginales se niegan a unirse a otros más grandes porque todos los grupos del Parlamento reciben financiaciones sustanciosas. Los diputados italianos han sextuplicado como mínimo sus salarios desde 1948 y ganan el doble que sus homólogos británicos, franceses y alemanes. Una clase gobernante de 180.000 representantes electos en todo el país tiene a su disposición 574.215 coches oficiales, auto blu. Berlusconi cuenta en su haber con trece coches y ochenta y un agentes de seguridad, sólo el segundo en la jerarquía mundial después del presidente de Estados Unidos.

Sería comprensible que los italianos repudiaran su sistema político, que se refugiaran en su mundo particular, como sucede con los indios más ricos enfrentados a la corrupción institucional a una escala tan inconmensurable como ésta. Rizzo señala, sin embargo, que en Italia acuden a las urnas el 80% de los votantes, bastante más que la media europea. Los italianos sucumben tanto al teatro de las campañas electorales como otros países, incluso si —como en el caso de la India— los votantes concluyen que, una vez elegidos, los gobiernos sufren poca presión para cumplir lo prometido. Entonces, si esto no es antipolítica, ¿qué es exactamente? Muchas personas con las que he hablado observan una tendencia a más largo plazo: el anhelo de un líder fuerte o, como en el caso de Berlusconi, al menos la percepción de uno. «El autoritarismo está arrasando poco a poco en varios países, incluso de la Unión Europea; el poder se está cediendo de forma voluntaria», dice Rizzo. «En Italia simplemente adopta una forma más obvia.» Ninguna institución italiana parece capaz de encarar el peligro, o dispuesta a hacerlo.

Una de estas instituciones es el Vaticano. En torno a un tercio de los votantes declaran ser católicos practicantes y según las encuestas una abrumadora mayoría hace alianza con Berlusconi o sus socios de coalición derechistas. El pacto de Berlusconi con la Santa Sede está claramente definido, aunque no le faltan fisuras, sobre todo en cuestiones de moralidad personal. Pese a las súplicas de Berlusconi, no le permitieron recibir la eucaristía tras divorciarse de su primera mujer en 1985 para estar con una antigua corista. Sus continuos romances con un sinfín de jóvenes atractivas provocaron las quejas de una de las revistas católicas más vendidas de Italia, Famiglia Cristiana, por su «moralidad cambiante». Hasta su segunda mujer, Veronica Lario, reconoció finalmente en mayo de 2009 que estaba harta de un hombre que «trata con menores» y quería pedir el divorcio.

En las más altas instancias del Vaticano acordaron que Berlusconi plasmaría en la legislación los mensajes doctrinales. A cambio, el Vaticano no se quejaría de sus ataques a la Constitución o la democracia —lo que no habían hecho con Mussolini ni después del conflicto de la Tangentopoli—. Este acuerdo, que un antiguo parlamentario tildó de «dictadura clerical», entró en vigor a raíz de lo sucedido a Eluana Englaro. La chica vivía en un estado vegetativo permanente desde un accidente de coche en 1992, y su historia se tornó un campo de batalla sobre la eutanasia. Al final su padre logró el apoyo del Tribunal Supremo para que dejasen de alimentarla y muriese, como era el deseo de la familia. Berlusconi, presionado por el Vaticano, aprobó un decreto de urgencia según el cual se prohibía a los médicos que negasen la alimentación a los pacientes. En un acto de rebeldía nada habitual, el presidente, Giorgio Napolitano, se negó a firmarlo por considerarlo inconstitucional. Berlusconi amenazó con pedir al Parlamento que forzase la renuncia del presidente. Englaro murió tres años más tarde, pero los parlamentarios aseguraron que no se repetiría un caso así. La ola de protestas confirmó a Berlusconi que sólo había una solución. Sencillamente, debía convertirse en el propio presidente.

Berlusconi no sólo gozó de una amplia mayoría; la oposición, además, estaba desorganizada. El Partido Democrático de Veltroni, de reciente creación, estaba paralizado por la timidez. El «partido de la buena gente», como lo llamaban, parecía reticente a criticar a la coalición gobernante. La situación condujo a la fundación de un nuevo partido, Italia de los Valores, con un antiguo magistrado de Mani Pulite a la cabeza, Antonio di Pietro. En enero del 2009 Di Pietro presentó en el Tribunal Supremo de Italia una petición con un millón de firmas en protesta contra la ley de inmunidad para los altos funcionarios del estado. Era el doble de firmas necesarias por ley para convocar un referéndum. Con todo, varios políticos de la oposición se vieron implicados en varios escándalos de sus gobiernos locales, y Di Pietro perdió credibilidad cuando su hijo se vio implicado en una turbia investigación en Nápoles. Tras años de ser acusado de corrupción, Berlusconi apenas podía ocultar su júbilo. Incluso se aficionó a hablar de la «cuestión de la moralidad» en la política. Señaló que una de sus tareas principales era acelerar sus «reformas» en la judicatura.

Cuanto más avanzaba la crisis económica mundial, más relajado se mostraba él. Quizá se debía a que la economía italiana, cuyo desarrollo había sido más lento que en otros países europeos, tenía menos que perder. Quizá fuese que estaba aprovechando la crisis para proyectarse como el hombre fuerte necesario en situaciones así. Después de una reunión con dirigentes europeos para discutir sobre las finanzas mundiales, bailó hasta el amanecer en una discoteca. «Si duermo tres horas, todavía me queda bastante energía para hacer el amor otras tres», dijo a un grupo de jóvenes, como recogió La Repubblica. «Espero que cuando lleguéis a los setenta estéis en tan buena forma como yo». Insistía en que sólo se podía confiar en el estado para ayudar al país a salir de su aprieto. En marzo de 2009 consolidó su poder al incorporar la Alianza Nacional de Fini a su partido. Berlusconi llamó a esta formación política Pueblo de la Libertad. Fue la estrella del espectáculo en la convención de su fundación. Cuando entró en la sala, los seiscientos delegados se levantaron de un salto para ovacionarlo al tiempo que los altavoces atronaban la Oda a la Alegría de Beethoven, seguida de la canción de su campaña «Gracias a Dios por Silvio». Declaró al alborozado público: «Somos el partido del pueblo italiano. Somos el partido de los italianos que aman la libertad y quieren seguir siendo libres». Y en muchos aspectos tenía razón. Depende de la definición de libertad que haga cada cual. En el caso de Berlusconi era la libertad de los individuos para ganarse la vida por cualquier medio y lejos de la mirada curiosa del estado. Para variar, la oposición no estuvo a la altura. El líder del Partido Democrático, entonces la única fuerza política rival, dijo que la fundación del nuevo partido era «positiva para la democracia».

Al absorber a sus aliados, Berlusconi dejó claro que no quería que el Parlamento frustrase sus ambiciones. Con la judicatura y los medios de comunicación ya sumisos, movía de verdad todos los hilos del poder. Su próxima operación: crear una presidencia ejecutiva hecha a medida de sus necesidades, siguiendo los pasos de su buen amigo Vladímir Putin.

Es demasiado fácil culpar de la recesión democrática de Italia a un solo hombre. Si la democracia se define exclusivamente como la voluntad de la mayoría, expresada en elecciones libres y justas, entonces no sería disparatado que los italianos se preguntaran cuál es el problema. Si se supone que la democracia es algo más, como la participación pública, el análisis político y la responsabilidad, entonces Italia no diferirá mucho de los denominados estados autoritarios que he visitado. Las instituciones que debían haber vigilado a los políticos son igual de culpables. «Olvídate de la televisión: eso se perdió hace mucho tiempo. Hasta los periódicos italianos son muy cercanos al poder. No pueden funcionar como organismos de control. Criticamos a nuestros políticos, pero queremos los mismos privilegios», me dice Rizzo. «La corrupción sistemática es tan profunda que ya no importa si un político se lleva dinero bajo mano, aunque casi todos lo hacen.» La época de Mani Pulite de principios de los años noventa brindó una oportunidad para romper con el pasado. «Hace quince años tuvimos la oportunidad de revitalizar nuestra política. No la aprovechamos.»

7

Inglaterra: El estado vigilante

Inglaterra solía exportar textiles, hierro, acero y música pop; ahora exporta métodos orwellianos de control de masas.

BRENDAN O’NEILL

«El compromiso del pueblo británico con los derechos humanos nace de una conciencia de nuestra historia, de derechos forjados en luchas compartidas, y de la creencia de que las sociedades libres ofrecen las mejores perspectivas para una estabilidad y un crecimiento a largo plazo.» Era marzo de 2009. Estaba sentado en la segunda fila de una sala recargada de adornos en Lancaster House, lugar de tantos momentos triunfales y no tan triunfales de la diplomacia en el pasado. Estaba escuchando a David Miliband, el secretario de Exteriores, que exponía el informe anual de su departamento sobre derechos humanos. Reprimí una exclamación de incredulidad cuando explicó que el Reino Unido era un ejemplo a seguir. Conozco a Miliband desde hace años y he visto cómo, lo mismo que otros colegas suyos, ha hecho examen de conciencia por varias actuaciones de su gobierno. Apenas una hora después de la intervención de Miliband, la fiscal general del estado anunció que había ordenado una investigación policial por la implicación de agentes del MI5 en torturas estadounidenses a presos de la bahía de Guantánamo. El abogado de Binyam Mohamed, el antiguo preso que había presentado la acusación inicial, dijo que las pistas podrían llevar hasta el departamento de Miliband.

Esta situación distaba enormemente de la de doce años atrás. El país se preparaba para la llegada de Tony Blair y el Camelot del Nuevo Laborismo con casi infantil entusiasmo. Yo había acudido a la más británica de las instituciones, el «lobby», el sanctasanctórum de los periodistas políticos de Westminster, con la esperanza de contagiarme de ese entusiasmo por los procesos democráticos que transcurrían ante mí. Antes de las elecciones de 1997 vi lo suficiente del entorno de Blair y de los periodistas que en teoría exigirían responsabilidades al gobierno como para sentirme escéptico ante la idea de un nuevo mundo perfecto y más libre.

La trayectoria de los conservadores había sido atroz. Desde internamientos, intentos absurdos de silenciar a los líderes del Sinn Fein en la televisión y a los policías que disparaban a matar en Irlanda del Norte, hasta la politización de la policía para que reventase huelgas y el uso de la Ley de Secretos de Estado y otras medidas para intimidar a los periodistas y frenar las investigaciones, los gobiernos de Margaret Thatcher y John Major habían aplicado la clásica política prepotente contra quienes, según ellos, socavaban el «estilo de vida británico».

El laborismo se proclamaba diferente. Llegó al poder con la promesa de restaurar la fe pública en la democracia. Lo haría reedificando la «confianza» e introduciendo cambios constitucionales radicales que modernizarían Westminster y Whitehall, dotándolos de más transparencia y responsabilidad. Se transfirieron poderes a Escocia, Gales y Londres. Se aprobó una Ley de Libertad de Información, aunque con una demora considerable y muy descafeinada con relación al proyecto original. Pero lo más importante de todo fue que el Convenio Europeo de Derechos Humanos se incorporó al derecho británico, y los derechos básicos en Gran Bretaña fueron consagrados por la ley consuetudinaria. Entonces, ¿cómo es posible que los gobiernos de Blair y Gordon Brown acabasen siendo los más intolerantes de la historia moderna de Gran Bretaña?

No hay una única respuesta, sino sí muchas claves. Algunas son exclusivamente políticas. Blair había heredado el paquete de reformas de su predecesor, pero no creía del todo en ellas. ¿Por qué dispersar el poder cuando se ha adquirido tanto de golpe? Las amplias mayorías parlamentarias obtenidas entre los años 1997 y 2001 engendraron en el primer ministro y sus allegados una soberbia que sería su perdición —que se manifestó mejor que nunca en la guerra de Irak, pero también en preocupaciones internas—. La soberbia se combinó con una baja confianza menos perceptible pero igual de dañina. Blair creyó en esencia que Gran Bretaña era un país conservador y de conservadores, y que conseguiría poco si no se plegaba a los gustos de la mayoría, como aconsejaban los encuestadores y los directores y magnates de periódicos selectos. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 le llevaron a sentir cierta empatía con ellos, aunque su inclinación a una mentalidad autoritaria ya venía de antes. Si añadimos a esto los avances tecnológicos, como la recopilación de datos biométricos, la mezcla final es potente.

Cuando Blair dejó el cargo en 2007 había legado a su sucesor un estado de vigilancia sin parangón en el mundo democrático. El Parlamento había aprobado cuarenta y cinco leyes de justicia penal —más que en todo el siglo anterior— y creado más de tres mil nuevos delitos penales. Eso corresponde a dos delitos nuevos por cada día que el Parlamento se reunió durante el mandato de Blair. Las medidas fueron de envergadura: dotaron de más competencias a la policía y las fuerzas de seguridad para detener y arrestar; todas las instituciones del estado obtuvieron más derechos para fisgonear; se exigió a los ciudadanos que rellenasen formularios de datos sin precedentes. En política exterior el gobierno británico colaboró con el estadounidense en el transporte de sospechosos de terrorismo a cárceles secretas de todo el mundo y dio permiso para que los denominados «vuelos de la CIA» aterrizasen en aeropuertos británicos. A escala nacional se crearon nuevos delitos, como la apología del terrorismo o la incitación al odio religioso. El gobierno impuso «órdenes de control» a quienes consideraba una amenaza pública pero no podía procesar porque los tribunales no admitían las pruebas obtenidas con procedimientos como el de pinchar teléfonos. Las Órdenes de Conducta Antisocial (ASBO, por sus siglas en inglés) se aplicaron por actos que no eran ilegales en sí mismos (como visitar una zona prohibida de la ciudad o hablar con ciertas personas consideradas peligrosas), para los que la carga de la prueba era considerablemente inferior. En 2005 el doble enjuiciamiento (non bis in idem) dejó de ser un delito grave, lo que significaba que un individuo podía ser juzgado por segunda vez, incluso después de haber sido absuelto. El gobierno también trató de reducir la posibilidad de celebrar juicios con jurado, insinuando que algunos casos como el fraude grave eran demasiado complejos para el ciudadano de a pie.

Cuanto más se entrometía el estado en la vida de las personas, más costaba convencerlas de que sus vidas eran más seguras. Cada vez que las estadísticas registraban un aumento de los delitos, sobre todo los violentos, los periódicos se lanzaban a un exceso de pánico moral. Cada vez que las estadísticas sugerían que el índice de delitos había disminuido, los periódicos insinuaban que los ministros habían manipulado los datos. Pero aunque el ciudadano dudara de la eficacia de muchas de estas leyes, según las encuestas la mayoría respaldaba o aceptaba sin más que fuesen severas; sobre todo cuando nadie explicaba en qué consistían las medidas específicas. Los grupos defensores de los derechos civiles lograron poner freno al celo ministerial en una o dos ocasiones, pero eran conscientes de que luchaban contra una marea popular.

Nunca he negado la importancia del estado, en el ámbito nacional y local, a la hora de contribuir a unos logros sociales equitativos o garantizar unas calles más seguras. Mis largas estancias en la Europa continental han hecho que aprecie el espíritu comunitario de otros países. La responsabilidad social de la Alemania de los años ochenta era mejor que el ambiente miserable en la Inglaterra del mismo periodo, donde Margaret Thatcher había dicho que allí «no existía tal cosa, la sociedad». A mediados de los años noventa, cuando el Partido Laborista se preparaba para tomar posesión del cargo, yo, como muchos otros, celebré el nuevo reajuste exento de individualismos egoístas. Entonces no me pareció un problema que los ciudadanos facilitasen más información personal al estado. Yo tenía un documento de identidad⁶ en Alemania y España, y nunca se me ocurrió cuestionarlo, ni a mis amigos tampoco. Pero unos años de vida con Blair y una sucesión de Secretarías de Estado de Asuntos Internos con sed de autoritarismo me hicieron cambiar de opinión.

Varios incidentes simbolizaron el afán de control y el uso arbitrario de poder. Uno de los ejemplos más elocuentes fue la detención de unos manifestantes pacíficos por leer en el Cenotafio de Whitehall los nombres de los soldados muertos en Irak. El acto violaba una zona prohibida a las manifestaciones, los alrededores de las Cámaras del Parlamento. Luego detuvieron a un chico de quince años por haber empleado la palabra «culto» para describir a la Iglesia de la Cienciología durante una manifestación fuera de la sede londinense de la iglesia. Posteriormente la policía hizo público el aviso de que «insultar» a la cienciología no se trataría como un delito. El ejemplo más espantoso —que recuerdo haber contemplado boquiabierto— fue durante la conferencia de 2005 del Partido Laborista: un anciano de ochenta y dos años, Walter Wolfgang, fue maltratado y sacado a empujones de la sala por haber gritado «¡Tonterías!» durante un discurso del entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Jack Straw. La policía justificó sus actos acogiéndose a una famosa cláusula de la Ley contra el terrorismo que le da facultades para buscar a cualquier individuo en zonas supuestamente vulnerables a los atentados terroristas. Wolfgang, miembro de la Stop the War Coalition [Coalición No a la Guerra], había huido de la Alemania nazi en 1937.

Pero hubo un episodio que me alarmó más todavía de la escala de cambios que se estaban produciendo en la sociedad británica. Como director de la revista New Statesman mi trabajo consiste en hacer todo lo posible para exigir responsabilidades al poder, «sacarle de quicio», como lo he definido en alguna ocasión. He querido centrarme en el periodismo de investigación, un arte moribundo en el periodismo británico en general. En septiembre de 2006 le pedí a un periodista, Brendan O’Neill, que informara sobre el uso de las cámaras de videovigilancia en el Reino Unido e intentase entrar en uno de los centros de vigilancia. Se especulaba mucho sobre el tema, pero yo no había leído ningún estudio serio sobre su funcionamiento ni el alcance real de la práctica. Lo que descubrió O’Neill me alarmó.

Publiqué sus descubrimientos en un artículo de portada de la revista, con el titular «Watching You, Watching Me» [Observándote a ti, observándome a mí]. En el artículo O’Neill explica que el centro de control de cámaras de videovigilancia de Westminster le recibe sin problemas. Un escolta oficial sale a su encuentro, luego entran en un «oscuro y húmedo almacén» y en un ascensor que les lleva dos plantas por debajo del nivel del suelo. «Allí andamos por pasillos subterráneos de hormigón, pasamos por contenedores de basura de tamaño industrial que desprenden hedores de comida putrefacta, hasta llegar a una puerta de madera impoluta que desentona con este conjunto similar a una cloaca. Mi escolta teclea un código y pasamos. Hay otra puerta. Esperamos a que se cierre la primera a nuestras espaldas y luego cruzamos la segunda. Casi no doy crédito a lo que veo a continuación. Estoy dentro de lo que sólo puede describirse como un búnker de espías. En las profundidades de Trocadero —donde los confiados turistas estudian absortos los planos de la ciudad mientras saborean un café en Starbucks y los aburridos adolescentes juegan a videojuegos bélicos— hay una instalación de cámaras de videovigilancia último modelo, donde hombres y mujeres vestidos con trajes observan en directo las calles de Londres en enormes pantallas.»

Este canal de vigilancia en particular controla 160 cámaras las veinticuatro horas del día durante los 365 días del año. «Desde que comenzó a funcionar en 2002, la sala de control ha grabado 24.000 “incidentes”, desde delitos menores como pintar grafitis, verter basura y orinar en la calle hasta delitos mayores como robo, tráfico de drogas y prostitución. También ha recibido a 5.000 visitantes de más de 30 países cuyos gobiernos o fuerzas policiales están considerando adoptar sistemas similares», escribe O’Neill. «Inglaterra solía exportar textiles, hierro, acero y música pop; ahora exporta métodos orwellianos de control de masas.» Con una serie de instrucciones, explican al periodista cómo observar a la gente. Aprieta un botón en el que pone Leicester Square. «De pronto tengo una visión perfecta, a vista de pájaro, de la plaza, las parejas que pasean enamoradas y los apresurados peatones.» La cámara enfoca de cerca. «Obtengo un primer plano en alta resolución de una mujer y un hombre jóvenes conversando íntimamente; serán estudiantes, o turistas franceses quizá; ella lleva una chaqueta roja a la moda y él una camisa blanca. Hay algo indecente en el hecho de estar observándolos desde este búnker subterráneo sólo unas calles más allá.»

El artículo concluye con la siguiente estadística: se calcula que hay cinco millones de cámaras de videovigilancia en el Reino Unido; una por cada doce ciudadanos, o el 20% del total en todo el planeta, lo cual es todo un logro teniendo en cuenta que Gran Bretaña ocupa un insignificante 0,2% de la masa terrestre habitable del planeta. Al londinense medio que va de camino a su trabajo pueden estar vigilándolo trescientas cámaras al día. En otros centros urbanos importantes, como Manchester y Edimburgo, a los residentes pueden grabarlos entre cincuenta y cien cámaras al día más o menos. Y la tecnología y sus posibilidades han avanzando desde que O’Neill escribió su artículo.

Cuando lo leo varios años después, me sorprende lo anticuado que suena. A lo mejor yo era un poco ingenuo entonces, pero ahora no. En el tiempo transcurrido desde entonces los británicos se han reconciliado del todo con las cámaras, incluso se sienten dependientes de ellas. Los defensores de la vigilancia se escudan en varios argumentos. Uno dice: los pobres son los que más se exponen a la violencia callejera, de modo que si crees en la justicia social, no deberías objetar nada. Otro es más general y dice sin rodeos: «Quieres que tus hijas regresen sanas y salvas del colegio, ¿no?». Vale, sí, pero ¿significa eso que hay que llegar a estos extremos? Aparentemente sí. Los ministros laboristas no se cansaban de citar encuestas de opinión y estudios privados que demostraban no sólo el apoyo ciudadano, sino su ímpetu a favor de una vigilancia mayor.

Dos series de imágenes cambiaron la relación entre libertad, vigilancia y seguridad en Inglaterra. Una fotografía granulada, captada por una cámara de vigilancia a las 15.39 horas del 12 de febrero de 1993 y más tarde retransmitida para toda la nación, mostraba a un niño pequeño confiado agarrado de la mano de un extraño y saliendo de un centro comercial de Liverpool. Días después hallaron a James Bulger, de dos años de edad, asesinado a golpes en una vía férrea. El 7 de julio de 2005, a las 07.21 horas, la cámara número 14 de la estación de ferrocarril de Luton captó a cuatro jóvenes terroristas que, con total frialdad y serenidad, preparaban la misión de hacerse saltar por los aires arrastrando consigo a cincuenta londinenses.

En el primer caso la cámara no impidió el crimen, pero sus imágenes imperfectas sí que ayudaron a la policía a dar con el paradero de los chicos de once años que fueron acusados después de su muerte (y que, cuando salieron más tarde en libertad, tuvieron que cambiar de identidad por miedo a las represalias sociales). En el segundo caso las imágenes no influyeron para nada en el crimen cometido. Pero para el gobierno fue muy importante que se divulgasen después por todo el país, pues eso ayudó a difundir el mensaje de que su lucha contra el terrorismo no se detendría ante nada. «Que nadie tenga la menor duda, las reglas del juego están cambiando», proclamó Tony Blair.

Inglaterra se ha convertido, como observó el Washington Post, en «la sociedad vigilante más importante del mundo». El sistema de videovigilancia se usó primero en las tiendas del Reino Unido, pero en los años setenta invadió poco a poco el espacio público, sobre todo el metro de Londres, los trenes y los autobuses. Las cámaras, fijas y móviles, se llevan usando desde hace tiempo para vigilar protestas y lugares conflictivos como los estadios de fútbol. La tecnología es cada vez más inteligente. Casi todas las cámaras vienen ahora con reconocimiento automático de matrículas, reconocimiento facial e incluso reconocimiento de conducta sospechosa. En 2003 se creó un software llamado Vigilancia Inteligente de Peatones, que analiza grupos y movimientos de píxeles en secuencias de cámaras de videovigilancia en busca de actividad inusual. Los científicos británicos, con respaldo del Ministerio de Defensa y una subvención oficial de 500.000 libras, han estado desarrollando cámaras con «reconocimiento del modo de andar». El objetivo es reconocer si los peatones caminan de forma sospechosa o extraña y alertar a un operador humano.

En septiembre de 2006 Middlesbrough fue la primera ciudad que utilizó cámaras de videovigilancia «parlantes». Les pusieron altavoces y unos funcionarios del ayuntamiento las vigilaban veinticuatro horas al día desde unas salas de control. Las cámaras gritan órdenes si captan a alguien tirando basura al suelo o comportándose de forma antisocial. Si obedecen, el operador debe decir «gracias». Si no, puede avisar a la policía y la prueba se puede usar contra el acusado en un juicio. El gobierno se sentía tan satisfecho con su proyecto piloto, como parte de su programa «Respeto», que al año siguiente lo aplicó en veinte ciudades más. Para no ser menos, en mayo de 2007 la policía de Merseyside presentó su última herramienta para combatir las conductas antisociales, el Microdrone, un pequeño helicóptero controlado por radio y que funciona con pilas, con cámara y altavoz incorporados. Es tan silencioso que puede funcionar a cien metros de altura sin que nadie repare en él. Según los fabricantes es sólido y puede regresar a la base aunque pierda dos de sus hélices. Tiene un elemento poco común: un altavoz que permite a la policía dar instrucciones a los que están en tierra. En 1984 de George Orwell lo que tanto atormentaba a Winston Smith de la pantalla omnipresente era que, además de observar, podía hablar.

Otra medida importante adoptada pronto por el gobierno fue la Ley de Regulación de las Facultades de Investigación de 2000. Este derecho a fisgonear, como muchos otros ataques del gobierno contra la libertad, fue anterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre. La ley, diseñada para equipar a la policía y a los servicios de seguridad en su lucha contra el crimen y el terrorismo, se redactó con tanta amplitud que el gobierno atribuyó competencias a cientos de organismos públicos y les animó a que las aprovechasen. En el año 2008 se realizaron más de mil operaciones diarias de intercepción, y más de seiscientos organismos públicos —cuyas tres cuartas partes son consejos locales— obtuvieron permiso para controlar los datos de las comunicaciones interceptadas.

El informe anual del comisionado para la Intercepción de Comunicaciones de 2006 fue de un realismo escalofriante. Lo cito con detalle en un artículo que escribí para el New Statesman. El informe señalaba que en sólo nueve meses se habían creado más de 250.000 aplicaciones para interceptar comunicaciones privadas, y se aprobaron casi todas. No sólo se beneficiaron del derecho a fisgonear los departamentos oficiales —como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Defensa y el gobierno de Escocia—, sino también organismos como HM Revenue & Customs, las agencias de inteligencia, las cincuenta y dos fuerzas policiales y hasta el cuerpo de bomberos. El comisionado, el señor Paul Kennedy, asumió una actitud muy comprensiva con las necesidades fisgonas del estado. Alabó la «calidad, dedicación y entusiasmo» del ejército de personas que escuchaban llamadas telefónicas y tecleaban en ordenadores, aunque reconocía que ese año habían fracasado más de mil operaciones de escuchas. Kennedy lo achacó sobre todo a errores administrativos. ¿Se imaginan la clase de conversaciones fascinantes que descubrirían los investigadores de los concejos? Kennedy facilitó una clave y dijo que entre los sospechosos delincuentes que estaban rastreando había «comerciantes deshonestos, vertedores de basura ilegales y estafadores». El comisionado fue categórico cuando afirmó que estas nuevas facultades también eran un éxito en la prevención de homicidios y la captura de bandas de narcotraficantes, la lucha contra el tráfico de personas, los graves delitos violentos y las «organizaciones terroristas y extremistas». A lo que hay que añadir la siguiente cifra: durante este periodo más de 10.000 inspectores estatales recibieron luz verde para entrar en los hogares británicos. Según un informe oficial existían 1.043 facultades estatales para poder entrar, incluido el derecho a comprobar que no se estuviese practicando hipnotismo ilegal y las cercas de los jardines no fueran demasiado altas.

Llegado este punto, incluso los profesionales del sistema de seguridad comenzaron a expresar sus reservas. El comisionado para la Información elegido por el gobierno, Richard Thomas, advirtió de que la profusión de datos en manos del estado corría el riesgo de convertirse en una responsabilidad «tóxica». En su informe del año 2008, Thomas dijo: «Al igual que el terrorismo y otras amenazas contra nuestra seguridad nacional nos recuerdan que la privacidad y la protección de datos no pueden ser derechos absolutos, la lucha contra estos males no debe pisotear nuestras libertades. A veces los planes bienintencionados acarrean amenazas insidiosas y no permiten apreciar cabalmente las libertades hasta que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás». Thomas rechazó que se crease una base de datos oficial con información sobre llamadas telefónicas y correos electrónicos a escala nacional mediante escuchas en directo. «¿Deseamos realmente que la policía, los servicios de seguridad y demás órganos del estado tengan cada vez mayor acceso a nuestras vidas privadas? Para imponer un plan de esa envergadura sería necesario un debate público íntegro que estableciese, con independencia de los beneficios, si semejante estado de vigilancia no sería ir demasiado lejos en detrimento de la forma de vida británica.» Los cerebros del proyecto fueron el MI6, el servicio de inteligencia británico, y el GCHQ, la sede de comunicaciones del gobierno en Cheltenham. El proyecto se llamó Interception Modernisation Programme [Programa para modernizar la intercepción de datos]. El presupuesto fijado y la escala del proyecto eran asombrosos. Sólo en 2007 se habían enviado cincuenta y siete mil millones de mensajes de texto en el Reino Unido (mil por ciudadano), mil millones más que en 1999. El número de conexiones de banda ancha a internet ascendió de 330.000 en 2001 a 18 millones. Cada día se envían unos tres mil millones de correos electrónicos, 35.000 por segundo.

Thomas dijo que no conocía ninguna base de datos de estas características en ningún otro país. Hasta el momento la policía y las agencias de inteligencia podían solicitar información sobre llamadas telefónicas realizadas, mensajes de texto enviados y páginas web visitadas a los proveedores de telecomunicaciones. El proveedor valoraba la petición y, llegado el caso, la mandaba a un comisionado para la intercepción de datos y a otro organismo de control. Pero con las nuevas propuestas se suprimía este derecho. «Debemos plantarnos y decir: éstos son nuestros derechos individuales y nuestras libertades fundamentales y es necesario trazar algún tipo de fronteras. Y tendría que haber un debate democrático pleno para decidir dónde trazar exactamente las fronteras.» Después de seis años y pico luchando contracorriente, Thomas se jubiló.

A la chita callando, el Reino Unido recopiló la base de datos de ADN nacional más grande del mundo valiéndose de la tecnología más moderna. A principios de 2009 se decía que contenía los datos de más de cinco de sus sesenta millones de ciudadanos, incluido un tercio de la población negra del país. En la actualidad se guardan los datos de todo el que es detenido, lo que significa que muchas personas registradas en el sistema nunca han sido acusadas de delito alguno. Cada 45 segundos se añade un nuevo perfil; es decir, 2.000 al día o 700.000 al año. Los ministros, instigados por la policía, insinuaron que el proyecto debía ser universal y registrar los datos de todo el mundo. Insatisfechos por el índice de aumento, propusieron facultar a la policía para que tomase el ADN de cualquier persona a la que parasen, incluidos los motoristas que sobrepasan la velocidad permitida, los que tiran basura en espacios públicos y los que no se ponen el cinturón. En diciembre de 2008 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno británico había violado el derecho a la privacidad al almacenar los datos genéticos de personas que no eran criminales convictos. Los ministros respondieron diciendo que borrarían estos perfiles de la base de datos, pero que conservarían las muestras de ADN. El inventor de la toma de huellas dactilares dijo que la actitud del gobierno le había dejado «casi sin habla». «Me preocupa bastante el tema», dijo el señor Alec Jeffreys. «Mi genoma es propiedad mía; no del estado. Permitiré que el estado acceda a mi genoma en circunstancias muy estrictas. Es un asunto de mi privacidad genética personal.»

Otra base de datos, la Contact Point, se creó para almacenar los datos de todos los niños de Inglaterra y Gales, sus resultados en los exámenes y sus problemas dentro y fuera de la familia; todo lo que fuera importante en sus vidas. Cuando estos niños lleguen a la edad adulta, las bases de datos del estado se habrán fusionado para facilitar un acceso completo a su información personal. La idea era que todos los profesionales que trabajasen con menores de dieciocho años pudiesen averiguar quién había estado en contacto con ellos. Los archivos —accesibles a 330.000 usuarios previamente investigados, policía y médicos incluidos— incluirían el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección postal, el colegio y el médico de cada niño y, en algunos casos, los datos de los trabajadores sociales y de los agentes de libertad condicional que los hubiesen cuidado, así como los nombres y las direcciones de sus padres. Como era habitual, estos cambios se debían a preocupaciones genuinas. La ciudadanía se había sentido horrorizada ante varios casos graves de tutores que habían abusado de niños, en especial ante la muerte de Victoria Climbié, una niña llegada al Reino Unido procedente de Costa de Marfil.

Para el gobierno el problema era que la ciudadanía había emitido señales confusas. Para la ciudadanía el problema era que los medios de comunicación habían emitido señales confusas. Por un lado, los periódicos se habían cebado con el miedo, insinuando que los británicos jamás se habían sentido tan inseguros; por otro, habían alertado contra un estado policial que acabaría ordenando al ciudadano cuál era su deber y lo castigaría si desobedecía. Para los ministros el problema no era la confusión, sino el dogma. Redujeron el debate sobre la relación entre el estado y el individuo a una simple matriz, un juego de todo o nada en el que podías ser un libertario ingenuo sólo preocupado por los derechos individuales o un ciudadano responsable, siempre alerta ante las amenazas. Desde el punto de vista histórico nunca se había tratado de un asunto de la izquierda o de la derecha, pero, tras una década de gobierno Blair-Brown, el Partido Laborista abandonó para siempre un programa de derechos humanos creíble. Para mí, y para otros como yo, éste fue uno de los aspectos más disparatados de aquella época.

A pocas semanas de los atentados terroristas del 11 de septiembre, David Blunkett, entonces ministro del Interior, propuso el proyecto del documento nacional de identidad. En realidad los laboristas habían acariciado la idea desde su llegada al poder en 1997 y habían esperado simplemente a que llegase el momento oportuno. Blunkett, quizá el más intolerante de una serie de ministros intolerantes, anunció que se llamarían «documentos de acreditación» y que los individuos tendrían que pagar por el privilegio de llevar uno. Lo dijo sin ironía. La idea tardó un tiempo en materializarse, pero en 2003 el gobierno anunció a bombo y platillo sus planes de introducir un documento de identidad seguramente más sofisticado que el de cualquier otro país. El chip interno de las tarjetas incluiría hasta cincuenta categorías de información personal sobre cada ciudadano. La legislación facultó al ministro del Interior para que ampliase esa cantidad sin pedir el voto del Parlamento. En los primeros años el respaldo ciudadano a los documentos de identidad fue contundente, pero las encuestas señalaban que disminuía a medida que aumentaba la preocupación por las pérdidas de los datos y el aumento estimado de los costes: de 6.000 a 20.000 millones de libras. Los ministros defendían sus argumentos como mejor les convenía cada vez. En primer lugar usarían los datos para tratar de resolver el cobro fraudulento de prestaciones sociales, luego la inmigración ilegal (cuando era alta) y, por último, el terrorismo. Charles Clarke, el sucesor de Blunkett, describió el proyecto de ley como una «medida civil profundamente libertaria, puesto que promueve la libertad civil más fundamental de nuestra sociedad, que es el derecho a vivir libres de la delincuencia y el miedo». Pese a la enérgica oposición en la Cámara de los Lores, finalmente la ley se aprobó en marzo de 2006 y su completa aplicación se previó para 2010. Los conservadores prometieron que si conseguían el poder frenarían los planes, aunque muchos dudaron de su buena fe.

El debate sobre el documento de identidad fue la manifestación de un problema más amplio. A mí no dejaba de sorprenderme la sima entre la preocupación de los políticos por las credenciales democráticas de Gran Bretaña y la realidad. Los miembros del Parlamento hablaban del Reino Unido como de la madre de los parlamentos. Eran escasos los debates en los que no se citaran la Carta Magna, la Revolución Gloriosa y otros grandes momentos de su historia. Los euroescépticos se maravillaban ante el valiente individualismo de Gran Bretaña, en comparación con los instintos gregarios de los europeos. No obstante, cuesta encontrar una nación dentro del autoproclamado mundo democrático donde el poder se concentre tanto en manos de unos individuos con una autoridad tan débil. Power Inquiry, una comisión independiente, fue la encargada de fijar la profundidad de la desconexión entre la política y la realidad. En el año 2004 un grupo de destacadas personalidades públicas fundó dicha comisión para aconsejar sobre los modos de aumentar la participación pública en la política y mejorar la calidad de la democracia. Cuando publicó sus descubrimientos dos años después, el análisis era descarnado: el sistema de votación y el número de votantes, entre muchas otras cosas, estaba socavando la legitimidad del gobierno.

Las elecciones generales de 2005 plasmaron la profundidad del descontento. Una vez más, uno de los partidos principales había conseguido un poder ilimitado, pero con el refrendo de sólo el 22% de los electores. Sólo la mitad de los votantes totales se había molestado en ir a votar. En las elecciones locales la estadística fue peor. La investigación sugería que las descripciones del sistema británico como «democracia ejecutiva» eran imprecisas. Habría sido mejor llamarla «dictadura electiva». La abogada encargada del informe, la baronesa Helena Kennedy, dijo que la piscina de la que se sacaban los políticos británicos se había reducido a un charco. Los representantes electos en Gran Bretaña habían dejado de ser representantes. «La política y el gobierno están cada vez más en manos de las élites privilegiadas, como si la democracia hubiera perdido ímpetu», declaró. «Con demasiada frecuencia se margina a los ciudadanos de la toma de decisiones, raras veces se les pide que se involucren y raras veces se los escucha.» Como consecuencia, los ciudadanos cambian las urnas y la política formal por las campañas centradas en un solo asunto y la acción directa. El informe final de la comisión, cuyo fin era «salvar la democracia británica del cataclismo», hacía treinta recomendaciones fundamentales. Tuvo una buena acogida por parte del gobierno y estimuló un debate considerable aunque breve. Lo enterraron discretamente.

La baja participación electoral y los mandatos limitados se deben a una falta de equilibrio de poderes. El Parlamento casi nunca es capaz de realizar algo más que una supervisión somera. Alguna vez, se derroca a un gobierno en una votación importante; los ciudadanos y la prensa suelen hacer caso omiso de los debates; y los comités seleccionados —tan poderosos en Estados Unidos— son, en el plano institucional e intelectual, un engorro más en el Reino Unido. La jurisdicción del Parlamento sobre otros órganos del estado, en particular los servicios de seguridad, es lamentablemente floja. Por ironías de la vida, durante las últimas décadas las dos instituciones menos democráticas de Gran Bretaña han sido las garantes más notables de los derechos individuales: la judicatura y la impasible Cámara de los Lores.

En verdad nunca ha existido una «edad de oro» de la libertad en el Reino Unido. Los gobiernos, con independencia de su ideología, han hollado caminos similares, pues sus primeros ministros se sienten intimidados por las instrucciones sobre seguridad que reciben a diario. Blair y sus ministros siguieron los pasos de los conservadores cuando adoptaron por defecto una actitud de desdén hacia la cuadrilla de liberales obsesionados con los derechos humanos. Sus encuestadores les dijeron que los británicos aceptarían cualquier medida, desde cámaras y documentos de identidad hasta detenciones preventivas y registros, con tal de sentirse seguros. Se acogieron a que «sólo los que tienen algo que ocultar tienen algo que temer». Si te mantenías apartado de los líos, no te metías en líos. ¿Dónde había escuchado yo eso antes? El modelo de Singapur se había exportado por doquier.

Todos los países tienen un pacto de libertad, seguridad y prosperidad. Blair lo expresó con la idea sumamente razonable de «una sociedad con normas pero sin prejuicios». Si le piden a alguien que eche la vista atrás y diga dónde marcó Blair la mayor diferencia, seguramente se decantará por la esfera social. Gran Bretaña se tornó más tolerante, al menos en el papel. Se aprobaron leyes que reconocían a las parejas de hecho homosexuales y aumentaron las multas por discriminación basada en la raza, la religión, el género, la sexualidad y la edad. Blair marcaba la diferencia entre las libertades públicas, que eran negociables, y las libertades privadas, que eran sacrosantas. En la esfera privada los británicos nunca fueron tan libres para elegir de qué manera querían vivir sus vidas. En la esfera pública los británicos tenían cada vez menos margen de maniobra: desde su comportamiento en los parques hasta sus declaraciones en los medios de comunicación y las manifestaciones. Extralimítate, y el estado se proveerá de poderes desenfrenados para darte caza. Blair lo resumió así: «Creo en el vive y deja vivir, salvo cuando tu comportamiento perjudica las libertades ajenas». Pero ¿quién y qué determina el perjuicio? Por desgracia, se trataba de un Parlamento despojado de poder, un gobierno con escasa autoridad popular y unos servicios de seguridad que no rendían cuentas prácticamente a nadie.

La idea de la «elección» se interpretó más allá de las meras convenciones sociales. Como otras personas cuyos años de formación habían transcurrido en tiempos de Margaret Thatcher, Blair consideraba un derecho fundamental la posibilidad de que las personas eligiesen sus servicios públicos. Un estado que no permitía que los individuos eligiesen sus colegios y hospitales se embarcaba —pensaba él— en otra forma de coacción. El estado debía intervenir lo menos posible en este campo. Pensaba que si la población se sentía «libre» para tomar decisiones cotidianas como éstas, estaría más dispuesta a ceder más competencias sobre sus vidas a las autoridades, como la seguridad. Blair hizo algunos progresos en este frente mientras fue primer ministro, pero su sucesor no veía la «elección» como la panacea y se decantó por una postura más centroizquierdista a la manera tradicional sobre la función positiva del estado en la prestación de servicios públicos.

Mientras aguardaba la oportunidad de desbancar a Blair, Gordon Brown insinuó que adoptaría un enfoque menos displicente de las reglas constitucionales y los derechos civiles de Gran Bretaña. Prometió acabar con el gobierno «desde el sofá» de su predecesor, una camarilla de funcionarios que tomaban decisiones sin dejarse ver en el Parlamento y el gabinete. A pequeña escala sí que cambió los procedimientos. Pero en la relación fundamental entre el estado y el individuo continuó con lo que Blair no había terminado. Es posible que Brown pareciese menos entusiasta que su predecesor. De hecho, marcó la diferencia en sus primeras cuarenta y ocho horas en el cargo, cuando encaró con moderada serenidad una serie de intentos de atentados terroristas en Londres y Glasgow. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, cada vez que se enfrentaba al dilema de frenar los excesos del estado o demostrar su mano dura contra el crimen, optó por lo segundo. Blair le había legado un aparato estatal de seguridad que sabía cómo manejar a los ministros. El problema empeoró con la división de las atribuciones sobre justicia penal y terrorismo entre el Ministerio del Interior de la vieja guardia y el nuevo Ministerio de Justicia. Los más sensatos se pasaron al segundo, dejando a la ambiciosa pero inexperta nueva ministra del Interior, Jacqui Smith, en manos de los partidarios de la línea dura, muchos de los cuales fueron trasladados directamente de los servicios de seguridad a su departamento de forma temporal. El Ministerio del Interior, rara vez bastión del liberalismo, comenzó a parecerse a un ministerio para la seguridad pública. Smith sabía que no beneficiaba en nada a sus intereses políticos contradecir a estos veteranos expertos. Le gustaba admitirlo, y decía que en su trabajo «se ven algunos documentos que dan miedo». Habló de la posibilidad de que grupos de terroristas accediesen a materiales químicos, biológicos o nucleares, las famosas «bombas sucias». Según declaró, la primera libertad era «la libertad que viene de la seguridad». El resto de las libertades estaban, por definición, supeditadas a ésta.

En octubre de 2007, cuatro meses después de asumir sus funciones, Brown expuso su enfoque de los derechos humanos en un discurso sobre la «libertad». Dio la vuelta a las críticas sobre el autoritarismo de los laboristas y dijo que los nuevos poderes del estado eran garantes de la libertad, no una amenaza para ella. Presentó la cuestión de la libertad con una «interpretación claramente británica» que «haga valer la importancia de la libertad sin menoscabo, el derecho a la privacidad y los límites al poder estatal arbitrario, pero que también rechace el egoísmo de la doctrina libertaria extrema y exija que la libertad individual no sea sólo para unos pocos, sino para todos». Y añadió: «En mi opinión, la clave para lograr que estas duras elecciones sean compatibles con nuestras tradiciones en este aspecto es que superen con éxito la prueba de la libertad en todo momento, es decir, que respeten los derechos y las libertades fundamentales, y que, cuando sea necesaria la actuación del gobierno, ésta no exponga nunca al ciudadano a un trato arbitrario, sea transparente y proporcionada en sus medidas y se someta siempre a un examen adecuado y a la responsabilidad del Parlamento y del pueblo». Era la clásica pista falsa. Este equilibrio de poderes, este examen, sería aplicable si el Parlamento se hubiera erigido en garante de las libertades. El problema era que algunos de los cambios importantes se habían producido por orden ministerial, sorteando a los miembros del Parlamento; en otras ocasiones, se había ordenado a los diputados laboristas que votasen de acuerdo con las líneas del partido, más que por los méritos del caso.

La única vez que los laboristas mostraron su temple fue en noviembre de 2005, cuando provocaron la primera derrota parlamentaria de Blair al rechazar los planes para aprobar un aumento de la prisión preventiva a tres meses. El gobierno había modificado por etapas la antigua ley del hábeas corpus de veinticuatro horas a catorce días, pero insistía en alargarla tras aducir que el peligro era mayor tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 7 de julio de 2005 y que los terroristas podían acceder con más facilidad a las nuevas tecnologías.

Al principio Brown no parecía interesado en seguir batallando. Pero, al igual que Blair, le guiaron dos imperativos: la advertencia perpetua de los jefes de seguridad de que la situación «ahí fuera» era «más peligrosa» y el consejo perpetuo de los encuestadores de que se expresase con dureza. Le aconsejaron que buscase un aumento de la prisión preventiva, pero disfrazándolo de acuerdo mutuo. De este modo, en lugar de los noventa días deseados y los veintiocho vigentes, sus colegas del gobierno le aconsejaron el número aleatorio de cuarenta y dos días. En lugar de presionar para introducir este cambio, los jefes de policía fueron incapaces de señalar un solo caso para el que hubieran necesitado el tiempo extra. Pero ésa no era la cuestión. Basaban su justificación en el principio preventivo, sobre la base de que un día pudieran necesitarlo, reinterpretando así la ley de justicia penal a partir de una posible amenaza futura e indefinida. Se trataba de una variante de la estrategia del «si supieras lo que yo sé» adoptada por Blair con referencia a las armas de destrucción masiva en Irak; y, como trasluciría después, usó este déficit de información para engañar al Parlamento y a la ciudadanía.

El gobierno reinterpretó su tarea, no para minimizar los riesgos, calibrando necesidades de seguridad frente a libertades, sino para erigirse como el guardián de todos los riesgos. Las estadísticas mostraban que el número de víctimas de terrorismo entre la población británica era más bajo que nunca. En la década de gobierno laborista los terroristas habían asesinado en torno a 150 personas en el Reino Unido (87 en Irlanda del Norte y casi todas las demás el 7 de julio de 2005), lo que indicaba una disminución del 88% en los años ochenta. Rápidamente, los expertos en seguridad y los ministros replicaron que no se habían tenido en cuenta el número de ataques que podrían haber sucedido y que las fuerzas de seguridad habían frustrado. Algunos de los casos salieron a la luz, como el desmantelamiento de células terroristas y el encarcelamiento de sospechosos. Pero en muchos otros casos la información se guardó celosamente por temor a poner en peligro futuras operaciones de los servicios de inteligencia. Al final este debate acabó reduciéndose a pedir a la ciudadanía que confiara en los políticos y los servicios de seguridad cuando les advertían de los peligros y les pedían medidas extraordinarias para combatirlos. Pero después de la guerra de Irak este producto básico escaseaba peligrosamente.

Un elenco de lo más granado en justicia penal, como la antigua jefa del MI5 Eliza Manningham-Buller y el director de la Fiscalía Pública (de Inglaterra y Gales), el señor Ken Macdonald, hicieron frente común contra el proyecto de los cuarenta y dos días y la ideología subyacente. La suya fue una campaña obstinada y tal vez marcó el primer signo claro de que algo estaba cambiando en la sociedad. Al final, en octubre de 2008, los ministros renunciaron de mala gana al proyecto. Que esta ley se fuera al traste con tanto éxito fue un indicativo fuerte de que no era posible legislar sobre la base de unos miedos no revelados sobre un futuro incierto. Se habían puesto los puntos sobre las íes.

El gobierno puede ser displicente con la privacidad ajena, pero protege la suya con celo. En los últimos meses como director del New Statesman me enfrenté a un incidente de esta índole. La Ley de Secretos de Estado es la más draconiana de las distintas leyes que limitan la investigación legítima. El problema no es la existencia de una ley así —pocos negarán que es necesario proteger los intereses de seguridad nacional vitales—, sino el modo en que se ha formulado, usado y abusado de ella durante décadas. La ley se creó hace un siglo, pero en 1989 se recrudeció con Thatcher, haciendo que sea más difícil citar una defensa alegando interés público. Se trata de una ley que todos los gobiernos sin excepción han explotado tanto para salir de apuros políticos como para preservar la seguridad.

A principios de 2006, Derek Pasquill, funcionario del Ministerio de Exteriores, proporcionó información acerca del enfoque oficial sobre el islam militante en una serie de filtraciones al New Statesman. Yo no comulgaba necesariamente con los intereses de Pasquill, pero estaba convencido de que el debate que estaba poniendo sobre la mesa era de interés público. No dudé en publicarlo. Pasquill fue acusado en virtud de la Ley de Secretos de Estado y sufrió acoso e interrogatorios durante un año. Rechacé una carta educada, pero amenazadora, del Ministerio de Exteriores en la que me pedía los documentos. Contesté que los ministros ya habían modificado su política para resolver las cuestiones suscitadas por Pasquill. De modo que la acusación no tenía fundamento y el juicio se había interpuesto para salvar el pellejo de mandarines y ministros, en particular de Jack Straw, que había sido secretario de Asuntos Exteriores y después ministro de Justicia. Decidimos respaldar incondicionalmente a Pasquill. Durante el caso tuve la impresión de que el gobierno se había vuelto tan arrogante y vengativo contra todo aquel que tratase de averiguar la verdad, que los ministros invocarían todas las armas de la ley para obrar a su antojo. Enfrentados al acoso, intentamos poner en práctica un plan propio. Me reuní cara a cara con mi viejo amigo Miliband. Sentados solos en su lujosa oficina (estancia que yo conocía bien por mis relaciones con Robin Cook una década antes), sugerí a Miliband que prestase atención al problema. Le advertí de que cuando empezase el juicio aportaríamos pruebas comprometedoras para personas importantes y del entorno del gobierno, sobre todo Straw. No era un farol. Teníamos esa información. El primer día de juicio, en enero de 2008 y en los tribunales de Old Bailey, se abandonó el caso. «Ésta es una victoria espectacular y sorprendente de la libertad de prensa en el Reino Unido», dije entonces. «Éste era un proceso poco feliz y malintencionado, sobre todo porque desde el principio varios ministros del gobierno reconocieron en privado que la información que Derek Pasquill nos había proporcionado era de interés general y en gran parte responsable del cambio a mejor de la política oficial con respecto a las entregas extrajudiciales y la forma de enfrentarse al islam radical.» Los expertos jurídicos dijeron que el resultado dificultaría que se celebrasen juicios de este tipo en el futuro. Ya veremos.

En 2008 asumí la dirección de Index on Censorship, una de las organizaciones punteras en pro de la libertad de expresión. Éste era otro terreno en el que los logros del Partido Laborista habían dejado mucho que desear. Tres leyes —la ley contra el terrorismo de 2000, la ley contra el terrorismo de 2006 y la ley contra el odio racial y religioso de 2006— tuvieron consecuencias importantes. Estas leyes endurecieron el concepto de «expresión delictiva» y crearon el de «pensamiento delictivo». También convirtieron en delito, en virtud de la jurisdicción británica, defender cualquier forma de actividad violenta, incluso en otro país, incluido el intento de cambiar un régimen ilegal o antidemocrático. Mientras que las dos primeras se idearon para combatir el extremismo islámico, la última tenía como objetivo suavizar la crispación de nervios de la comunidad musulmana al proveer al islam (y al cristianismo) de la misma protección ante la ley que otros grupos étnicos como los judíos y los sij. El gobierno se metía en un campo minado, pues se presentaba a sí mismo, a la policía y los tribunales como los árbitros del buen gusto y lo que pudiera ser ofensivo, desde las viñetas de los periódicos hasta las representaciones teatrales, pasando por las comparecencias parlamentarias. En febrero de 2009 se negó el acceso al Reino Unido a un miembro del Parlamento holandés, Geert Wilders. Wilders había pretendido proyectar su película antislámica, Fitna, a instancias de un miembro de la Cámara de los Lores. Lo declararon una «amenaza para las políticas públicas, la seguridad pública y la salud pública». La decisión del gobierno fue objeto de burlas por procurarle a este ultraderechista del pequeño Partido por la Libertad más publicidad de la que jamás habría soñado. Curiosamente, una visita suya a Londres tan sólo unas semanas antes había pasado desapercibida. Poco después el ministerio publicó una lista de dieciséis «indeseables» a los cuales negarían el acceso al país.

También se animó a la población a que se quejara cuando se sintiera ofendida. En febrero de 2009 detuvieron a un alto funcionario del Ministerio del Interior, Rowan Laxton, por gritar improperios contra Israel mientras veía el telediario desde una cinta de correr en el gimnasio de la London Business School. Otros socios del gimnasio le pidieron que parase y, como no lo hizo, llamaron a la policía, que lo acusó de incitar al odio religioso.

La merma de los derechos civiles no puede atribuirse exclusivamente al gobierno o a la actuación del estado. Yo he ido cobrando conciencia de lo mucho que se censuran las organizaciones públicas, no sólo en los medios de comunicación, sino también en la vida cultural en general. Los organismos públicos de todo el país han ido alejándose de puntillas de los temas controvertidos. Una vez que presidí una mesa redonda organizada por el Arts Council, me sobresalté al escuchar a varios directores de teatro y galerías de arte que reconocían evitar asuntos de raza o religión. Algunos citaron las advertencias de la policía sobre el posible malestar que se podía producir; otros citaron la preocupación que habían demostrado las entidades de financiamiento o las autoridades locales. Otros adoptaron una posición más básica, reconociendo el derecho de las comunidades a protegerse de las ofensas. Por lo visto, para ciertas personalidades de la cultura este derecho prevalece sobre el derecho a la libertad de expresión. «La realidad es que jefes de redacción, miembros nerviosos del departamento informático de la universidad, locutores de radio, productores, etcétera, piensan que hay una ley que me impide hacer “esto”, pero no tienen claro qué es ese “esto” que se niegan a hacer y les produce ansiedad», escribió el especialista en derechos humanos Conor Gearty. Estas constataciones enlazan con el estado de la cuestión en Singapur, donde se ha trazado una línea deliberadamente vaga que deja a periodistas y otros profesionales en el limbo, confiando en el impulso humano natural para salir de aprietos.

En el Reino Unido la mayor amenaza a largo plazo contra la libertad de expresión proviene de las leyes contra la difamación, que se cuentan entre las más restrictivas del mundo. La difamación inglesa se funda en una premisa arcaica: el supuesto de la buena reputación de un caballero. Esta carga de la prueba (lo contrario de la presunción de inocencia), junto con los altísimos costes de los procedimientos judiciales por injurias han hecho que las leyes contra la difamación tengan un atractivo singular para los demandantes y sean especialmente perniciosas para periodistas y escritores. Los ricos y poderosos buscan cualquier mención que se haga de ellos en las publicaciones del Reino Unido, bien en internet bien en papel. Luego interponen una demanda por difamación en los tribunales británicos, pues saben que tienen todas las de ganar por defecto. El coste del litigio es tan elevado que pocos son capaces de defenderse. Los demandantes alargan el juicio el máximo posible de meses para conseguir que los demandados se queden sin dinero e intenten llegar a un acuerdo sin recurrir a los tribunales, incluso si saben que sus pruebas son irrefutables. El Reino Unido se ha convertido en el centro mundial de lo que se viene llamando «turismo de difamación». El antiguo director de un periódico nacional dijo que su junta directiva le había aconsejado que no disgustase a los oligarcas rusos ni a nadie con suficiente poder para perjudicar sus finanzas.

El uso cada vez más común de la difamación tuvo un impacto escalofriante en la libertad de expresión y el periodismo de investigación; también entorpeció el trabajo de las ONG que habían confiado largo tiempo en las informaciones de los confidentes sobre regímenes tiránicos del mundo entero. En adelante destinaron gran parte de sus presupuestos a tratar de protegerse contra los litigios. Las leyes británicas contra la difamación salieron muy mal paradas en un informe de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que señaló que servían para disuadir la investigación crítica sobre asuntos de innegable interés público y afectaban negativamente a la capacidad de intelectuales y periodistas de publicar su trabajo. A raíz de un procedimiento judicial por injurias del empresario saudí Jalid Bin Mahfuz contra la escritora estadounidense Rachel Ehrenfeld por acusaciones contra él en el libro Funding Evil, en Estados Unidos empezaron a ver el asunto como una amenaza a la primera enmienda de su Constitución, que garantiza la libertad de expresión. El estado de Nueva York aprobó la Libel Terrorism Protection Act (conocida como la «Ley de Rachel») para defender a sus ciudadanos de futuros pleitos en el Reino Unido. Illinois hizo lo mismo y otros estados estudiaron aplicar una legislación similar. En Washington un grupo de congresistas presentaron una ley, la Free Speech Protection Act [Ley para la protección de la libertad de expresión], a fin de brindar este tipo de protección en los tribunales federales. La historia mancilló la reputación del sistema legal británico entre jueces y políticos de Estados Unidos.

A finales de 2008 surgieron los primeros indicios de un esfuerzo concertado para resolver el problema. Tres diputados, de los tres partidos principales, se unieron a un grupo de renombrados abogados para reñir la batalla contra el turismo de difamación. En un debate en el Parlamento, Denis MacShane, un diputado laborista, tildó las leyes británicas contra la difamación de «escándalo internacional» y de «grave ataque contra la libertad informativa». Dijo que abogados y tribunales «conspiraban para apagar la cruda luz del pensamiento independiente y la denuncia escrita de lo que son capaces algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo». Citó, entre otros ejemplos que se habían comentado en Londres, el de un tunecino que había demandado a una cadena de televisión con base en Dubai y el de un banco islandés que había demandado a un periódico danés. Pero, en conjunto, el gobierno y los parlamentarios británicos no simpatizan con la causa. Al contrario, están mucho más preocupados por los habituales incidentes de intrusión periodística en la vida privada de las personas, confundiendo, de forma deliberada o no, el papel crucial del reportaje de investigación con el periodismo rosa, salaz y pobre.

Con un examen parlamentario tan flojo, casi todo el peso de pedir cuentas al gobierno ha recaído en los medios de comunicación. Los resultados se han mezclado. Me alarmó la mentalidad borrega de los periodistas parlamentarios que se imitaban unos a otros y pensaban sólo en el titular del día siguiente. Los reporteros ridiculizaban tanto como los políticos asuntos tales como el estado de la democracia.

A finales del milenio tuve una charla con un colega que acababa de despedirse de un periódico para convertirse en agente de información del gobierno. Era uno de esos periodos en que Fleet Street arremetía contra Blair, y le pregunté a mi amigo —el caco convertido en poli— cómo se sentía al formar parte de un gobierno asediado. Se rió: le había sorprendido descubrir que los pequeños reporteros —por no hablar del público— sabían lo que estaba pasando en Whitehall. «Calculo que tendréis suerte si un día os enteráis del uno por ciento.»

En uno de sus últimos discursos como primer ministro, Blair describió a ciertos medios de comunicación como «bestias feroces». Para Blair y sus consejeros el problema era un exceso de crítica y una falta de precisión y responsabilidad. Tenía un argumento sólido para los dos últimos puntos, pero iba descaminado en el primero. El periodismo británico era adepto a berrear y patalear, pero cuando lo ponían a prueba, como en el periodo previo a la guerra de Irak, la prensa escrita y la radiotelevisión se alineaban casi siempre con el gobierno. La cultura del spin —el lavado de imagen y la manipulación— que produjeron los cabecillas del Nuevo Laborismo, Alastair Campbell y Peter Mandelson, era fruto del miedo y la aversión a los medios. Triunfó a corto plazo, pues produjo una cobertura informativa más maleable, pero a largo plazo causó un daño infinito a la libertad de expresión en el Reino Unido. No obstante, siempre he sentido mayor simpatía hacia los funcionarios del gobierno que hacia los periodistas que se quejan de que los acosan y los engañan. Los asesores políticos sólo podían manipular con éxito la información si les permitían marcharse con ella. El problema era que los directores de prensa y sus subordinados tenían acceso a los miembros más destacados del gobierno sólo cuando les venía bien a ellos. Se trataba de otra manifestación del pacto indecoroso en la vida pública británica.

La cruzada salvaje de Campbell contra la BBC sobre el tema de Irak no sólo provocó la dimisión del director general y presidente de la corporación; también produjo una nueva atmósfera de timidez en su periodismo. En 2005 escribí un artículo de portada en el New Statesman sobre cómo se había echado atrás la BBC y empezado a doblegarse ante la autoridad. Jugué con el acrónimo de la cadena de televisión y titulé el artículo «Broken, Beaten, Cowed».⁷ El director general de la BBC se enfureció tanto que envió un correo electrónico a los miles de empleados en plantilla denunciando el artículo. Pero por lo visto aquello no produjo grandes resultados, pues recibí docenas de mensajes de apoyo del personal. En los años siguientes, este doblegamiento ante la autoridad se intensificó. Me sentí más triste que reafirmado en mi sospecha, pues la BBC había sido uno de los grandes símbolos de una vida pública saludable.

La crisis de los medios de comunicación británicos es más aguda en la actualidad. Internet proporciona un nuevo espacio para opinar al instante y también para publicar al instante si es preciso. Ha democratizado la distribución de la información, sin mejorar necesariamente su calidad. La comunicación en tiempo real las veinticuatro horas del día exige que políticos y demás actores de la vida pública respondan al instante a las noticias de último minuto, y que esas respuestas sean concisas; pero de pronto cambia el programa y la capacidad de concentración de los inquisidores vacila. El periodismo de investigación lleva su tiempo y su dinero, y a raíz de la crisis económica y las prioridades cambiantes de los medios de comunicación ha sufrido como el que más. Se pueden contar con los dedos de las dos manos los profesionales serios, y muchos de ellos dependen de los chivatazos.

Es tal la exigencia del secretismo de la administración británica que los que se atreven a romper filas, como descubrió Derek Pasquill en sus relaciones conmigo, se enfrentan siempre al peso de la ley. En noviembre de 2008 sucedió algo todavía más alarmante. Un equipo de la «dirección de operaciones especiales» de la policía metropolitana irrumpió en la oficina y el hogar de un alto político del Partido Conservador, Damian Green, portavoz del partido sobre inmigración. Se lo llevaron y confiscaron de paso los ordenadores y los archivos de su oficina. Green fue detenido en virtud de una misteriosa ley del siglo XVIII ideada para prohibir la «falta de ética en el ejercicio de un cargo público». Después se supo que los agentes le avisaron de que podrían enviarlo a la cárcel de por vida. Su delito era haber obtenido información desde dentro del gobierno y haberla hecho pública. La policía dijo que la orden les había llegado de un alto funcionario del Ministerio del Interior desesperado por frenar una serie de filtraciones vergonzantes para la política. Las cuestiones de seguridad nacional no tenían nada que ver. Como el primer ministro defendió estas actuaciones, se agravó lo paradójico de su postura; Brown había llegado a donde estaba a principios de los años noventa por hacer públicas filtraciones similares en perjuicio de los tories en el poder.

Cinco meses después de la detención de Green la acusación seguía sin admitir que la actuación policial se había llevado a cabo para salvar el pellejo de los ministros. El director de la Fiscalía Pública, Keir Starmer, dijo que no se presentarían cargos contra Green. Sus razones fueron mordaces: «He llegado a la conclusión de que la información filtrada no era información secreta o información que pusiese en peligro la seguridad nacional», dijo. «En muchos aspectos tampoco era altamente confidencial. Es más, algunas de las informaciones filtradas afectaban sin duda a asuntos de legítimo interés público que la prensa ha publicado.» El gobierno laborista había perdido esta batalla de forma humillante. Pero los ministros concluyeron en privado que, pese al revés sufrido, la actuación había merecido la pena a largo plazo. Al chivato en cuestión lo despidieron de su trabajo en el Ministerio del Interior, aunque no se presentaron cargos contra él. Desde entonces los funcionarios temerían más que nunca hacer públicos ciertos delitos.

Es posible que el miedo a una investigación seria sea ahora mayor que nunca en nuestro sistema. Los periódicos dan rienda suelta a su ira, pero revelan poco de lo que ocurre realmente. En general, el periodismo británico ha languidecido, intimidado por los órganos estatales y las leyes como la de difamación. Por primera vez los reporteros se quejan de que directores y propietarios rehúyen las noticias peliagudas por miedo a «meterse en problemas»; con esta actitud, la prensa británica antaño temible no hace sino seguir la tendencia mundial.

El 28 de febrero de 2009 más de mil personas asistieron a una reunión extraordinaria de libertarios civiles. Los delegados de la Convención sobre los Derechos Civiles Modernos no sólo destacaron las erosiones que ya habían ocurrido, sino también la legislación que el Parlamento estaba a punto de aprobar. La última táctica del gobierno fue el Coroners and Justice Bill [Proyecto de ley sobre justicia y jueces de instrucción], que permitiría a los ministros usar órdenes de intercambio de datos para anular normas estrictas según las cuales sólo se podía usar información para la finalidad para la que se había recabado. La nueva ley no limitaría la información que pudieran compartir varios organismos públicos y permitiría el uso compartido de infinidad de datos personales entre funcionarios de los departamentos de Whitehall y otros organismos públicos. Lo realmente potente y peligroso era la agrupación de datos.

Cuando estos intereses salieron a la luz, los ministros encararon las críticas alegando que la población ya había demostrado con sus actuaciones que no le molestaban. A fin de cuentas, los individuos facilitaban de buen grado todo tipo de información a supermercados, proveedores de servicios de internet, redes sociales en el ciberespacio, aerolíneas y demás. Parecían bastante preparados para que sus calles apareciesen en los mapas y planos de Google. Se estaban rediseñando los límites entre lo público y lo privado, con gobiernos y ciudadanos como meros espectadores. Sin embargo, rara vez el gobierno consideró que su función fuese ayudar a la sociedad a manejarse con prudencia por los complejos asuntos de la privacidad y la confidencialidad. En su lugar, usó el sector privado como una pantalla de humo para encauzar el debate hacia su conclusión lógica.

Un funcionario del estado, crucial en este proceso, brindó una de las explicaciones más reveladoras. El señor David Omand, coordinador del servicio de seguridad e inteligencia de Whitehall, escribió un informe para el gabinete estratégico sobre la creciente necesidad de que las autoridades realizaran una «extracción de datos». Esto significa fisgonear en los datos privados y personales de cualquier persona en el país: sus llamadas telefónicas, correos electrónicos, transacciones comerciales y movimientos personales grabados en cámaras de reconocimiento de matrículas de vehículos y cámaras de vigilancia en general. Luego se introducen en bancos informáticos gigantes para detectar posibles actividades «sospechosas». Omand dijo: «Aplicar la extracción de datos modernos y las técnicas de procesamiento sí que implica examinar tanto a inocentes como a sospechosos para identificar patrones de interés en beneficio de una investigación más profunda. Descubrir los secretos de otras personas supondrá romper las normas éticas cotidianas». Su franqueza era encomiable. Por primera vez alguien serio y con autoridad señalaba que, a fin de suministrar el tipo de seguridad «preventiva» necesaria para minimizar los riesgos del terrorismo, entre otras amenazas, la población tendría que comprender y aceptar que, como advirtió Blair a principios de 2005, las reglas del juego habían cambiado. Cualquier movimiento, cualquier conversación, prácticamente cualquier modelo de pensamiento (facilitados por las búsquedas en internet y otras claves) eran una fuente legítima de investigación para las autoridades.

Las cuestiones éticas que suscitaban estas nuevas megabases de datos sólo eran parte del problema. ¿Qué había de la profesionalidad de quienes las controlaran? Se destapó un sinfín de casos vergonzosos de organismos y departamentos oficiales que habían perdido información confidencial. Estaba el ejemplo de Revenue & Customs, que se las había arreglado para perder lápices USB con información confidencial de veinticinco millones de destinatarios de una ayuda familiar, y del Ministerio de Defensa, que se apropió indebidamente de 600.000 expedientes de servicio. Según un estudio de una respetable ONG, la Joseph Rowntree Reform Trust, de las cincuenta bases de datos principales del gobierno, menos de diez eran «eficaces, proporcionales o necesarias», mientras que otras diez incumplían claramente la ley de privacidad.

Al final el gobierno transigió con sus planes sobre el intercambio de datos tras una campaña continua que había reunido a agrupaciones tan diversas como la Licensed Taxi Drivers’ Association, el Royal College of Psychiatrists y la British Medical Association. Los grupos de derechos civiles celebraron el hecho de que, como había ocurrido con el plan de detención de cuarenta y dos días, pudieran frenarse las tendencias autoritarias del gobierno de vez en cuando. Pero los éxitos individuales eran menores comparados con la tendencia general.

Desde los documentos de identidad hasta las cámaras de videovigilancia, los largos periodos de detención sin cargos, las restricciones de las protestas y las publicaciones, el gobierno ha reescrito la relación entre estado e individuo. Para ello, ha recurrido a los avances técnicos. Apenas ha acusado la oposición popular. El asunto siempre ha dividido a la izquierda y a la derecha en el Reino Unido, pero lo notorio de la Convención sobre los Derechos Civiles Modernos fue que la presencia de los afiliados al Partido Laborista era escasa. Esto tipificó la crisis del liberalismo en la izquierda británica. En 1997 el gobierno entrante contó con destacadas personalidades entre sus filas, como los ministros Robin Cook y Mo Mowlam, a quienes les concernían estos asuntos. Pero rápidamente marginaron sus opiniones y los sustituyeron por políticos del aparato estatal para quienes la «entrega» de resultados era el indicador más importante del éxito. Los derechos civiles quedaron relegados a un grupo de presión, en lugar de a una parte central del proyecto político.

Los ministros laboristas sólo veían beneficios en el papel del estado intervencionista por modificar la conducta en aras del bien común. Las bases filosóficas para aumentar el poder del estado estriban en las ideas del reformista social Jeremy Bentham. Su concepto utilitario de la mayor felicidad para el mayor número de personas fue reestructurado por el gobierno británico como la mayor seguridad para el mayor número de personas —la línea de pensamiento «haz lo que sea necesario»—. La derecha se apropió del argumento y lo reformuló con tintes patrióticos y libertarios, reivindicando a John Stuart Mill como uno de los suyos, el cual había escrito: «El único fin por el que el poder puede ejercerse por legítimo derecho sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada en contra de su voluntad es evitar el daño ajeno. Su propio bien, físico o moral, no es justificación suficiente».

La decana del análisis político, Polly Toynbee del Guardian, lo explica así: «Hay cierta ceguera moral en demostrar tanta indignación justificada por posibles infracciones menores contra la libertad al tiempo que se ignoran las desigualdades flagrantes en general. Es una obsesión de la clase media, de las personas con menos posibilidades de ser vigiladas. La libertad está aventajando a la igualdad porque puede despertar la angustia de la clase media. Existen amenazas reales para ciertos derechos civiles —el encarcelamiento sin juicio, la aceptación de la tortura—, pero las cámaras de videovigilancia y los documentos de identidad no están entre ellas». Conor Gearty denunció la convención como una reunión de diletantes de derechas. Las cámaras de videovigilancia, el ADN y la intercepción de comunicaciones eran métodos justificables en la prevención y detección del crimen, argumentó. La clave era la responsabilidad firme de quienes desempeñaran estas funciones. «La idea de que el estado arremete sin justificación contra la libertad individual no es progresista. Este tipo de libertarismo funciona para defender los privilegios, encubriendo las ventajas de los ricos bajo la guisa de la autonomía personal, la libertad individual y el “derecho del ser humano” a la privacidad», escribió Gearty. «No es de extrañar que la Convención sobre los Derechos Civiles Modernos se esté ganando el apoyo de los políticos de la derecha; políticos que anhelan una edad de oro de derechos para los ricos y responsabilidades para los demás. Pero la izquierda, o al menos la parte de ella que cree en el poder progresista del estado, ha de tener cuidado a la hora de defender exactamente cuál es su posición cuando se une a este coro de disconformidad.»

Disentí apasionadamente del análisis de Gearty sobre la naturaleza benigna de las prácticas de control del gobierno laborista. También sentí un gran malestar al ver que estos argumentos se cedían a los ultraliberales, la clase de personas que en los buenos tiempos de Margaret Thatcher eran partidarias de «quitarse de encima» al estado. La idea era bajar los impuestos y reducir la «intromisión» del estado en la vida de la gente. Se palió el hecho de que estos gobiernos tory acabaron siendo como mínimo tan autoritarios como cualquier otro en temas de seguridad nacional. Los conservadores presentaban los derechos como los derechos de los ingleses nacidos libres. ¿Y qué había de los inmigrantes y los solicitantes de asilo? Seguramente la libertad para superar la necesidad de Franklin Roosevelt es como mínimo tan importante como la libertad de intromisión. En cualquier caso, no es un juego de todo o nada. El gobierno laborista pudo haber sido más valiente no sólo con los derechos civiles, sino también con la justicia social y la redistribución fiscal. Estos conceptos no están reñidos entre sí de ningún modo.

Este asunto no sólo atañe a los partidos políticos y a un país. Atañe al meollo del pacto. Durante diez años muchos británicos —al menos los votantes indecisos necesarios para la victoria electoral— gozaron de una creciente prosperidad, entregados a su pasatiempo preferido de pedir prestado dinero y gastarlo. A los que importaban realmente, al uno por ciento superior, los mimaron como nunca. Blair y Brown contuvieron todo intento de cobrarles impuestos o regularlos. Se borró cualquier crítica sobre la eficacia, por no hablar de la moralidad, de este enfoque. El derecho a la libertad de intromisión de la oficina de impuestos se sacralizó. Entretanto, los ministros juraron que no se detendrían ante nada —literalmente— para mantenerlos a salvo. Este acuerdo contentaba a todas las partes, como mostraban las encuestas. Mi comentario sobre Singapur de que el estado «brindaba un mínimo de buena vida, y una vida tranquila, el anestésico supremo para el cerebro» podía haberse aplicado, aunque en un contexto algo diferente, a esta década en el Reino Unido.

La crisis de 2008-2009 era tanto una crítica política como económica, sobre todo del modelo anglosajón del laissez-faire. Jacques Monin, periodista francés afincado en Inglaterra, vincula el consumismo y la nula implicación política con el estado de libertad. La ausencia de pasión o de una ideología fuerte, escribe en su libro Le naufrage britannique, ha anestesiado (esta palabra otra vez) la política. «Los británicos no votan mucho. No se quejan mucho. No sueñan mucho. El ser humano ha sido sustituido por el consumidor y el humanismo por el pragmatismo. El pragmatismo lo es todo en la Inglaterra actual. Aquí animan a uno a denunciar a su vecino si no paga el impuesto de circulación, saca la basura temprano o cobra una prestación de manera deshonesta. Es el reino de la videovigilancia. Hay municipios que espían a sus contribuyentes como si fueran delincuentes comunes; otros que someten a los solicitantes de prestaciones a un detector de mentiras. Y mientras es capaz de perder los datos personales de millones de sus electores, el Ministerio del Interior propone crear una base de datos con información sobre todas las llamadas realizadas, todos los correos electrónicos enviados y todas las páginas web visitadas por cada ciudadano británico. Nada de esto sería posible en Francia; habría revueltas callejeras.»

Sólo de uvas a peras los británicos parecen lo suficientemente enfadados como para movilizarse. En este periodo la policía se ha vuelto poco a poco más severa cuando intenta prohibir manifestaciones, sobornar a activistas a cambio de información o usar cámaras para vigilar a la gente. Sin embargo, el uso de esta tecnología se volvió en su contra durante las protestas de abril de 2009 con motivo de la cumbre del G-20 en Londres sobre la crisis económica. Cuando un hombre murió a manos de los agentes, la primera reacción de la policía fue distorsionar la historia para lavarse las manos. Pero una versión diferente salió a la luz cuando se colgaron en internet las grabaciones con teléfono móvil de los transeúntes, de las que se hizo eco a continuación la prensa convencional. Las secuencias mostraban ejemplos concretos de brutalidad policial. Pero lo más importante fue que, gracias a esto, los ciudadanos comenzaron a ser conscientes de que la tecnología podía usarse contra el estado tanto como el estado la había usado contra ellos.

La tragedia de Inglaterra es que en la última década ha tenido una oportunidad extraordinaria de impulsar la justicia social y los derechos civiles a un tiempo. Porque el hombre encargado de procesar a criminales y terroristas en nombre del estado, Ken Macdonald, el antiguo fiscal jefe, está más capacitado que la mayoría de sus colegas para realizar juicios. Macdonald comparó la actitud del estado hacia los banqueros que habían llevado las finanzas globales al borde del desastre con su actitud hacia el resto de la población. «Si atracas a alguien en la calle y te pillan, corres el riesgo de ir a la cárcel. En los últimos años, si le birlabas a alguien los ahorros o la pensión, seguramente te ganabas un yate», escribió en un artículo vilipendioso para The Times. Gran Bretaña, dijo, tenía un reglamento comercial que no contemplaba la malversación y un sistema de justicia penal que era una subasta de falsa dureza. «¿Conque a nadie le gustan los terroristas? Pues hagamos montones de leyes contra el terrorismo, cuanto más duras mejor. Encerremos a los malos más y más tiempo antes de imputarles delito alguno. Hagamos como que prohibir lo desagradable hace el mundo menos desagradable. Esto suele ser provechoso para hacer buenos titulares. Pero no ha convertido a nuestro país, ni a ningún otro, en un lugar mejor o más seguro para vivir. No ha respetado nuestra forma de vida. Nos ha traído la guerra contra el terrorismo y no nos ha facilitado nada para progresar hacia el futuro con comodidad y seguridad.»

Al final del periodo del Nuevo Laborismo no sólo estaban en peligro los derechos civiles, sino que la democracia pocas veces había gozado de tan mala reputación. La ciudadanía quedó consternada y escandalizada cuando supo hasta qué extremo los miembros del Parlamento habían amañado sus gastos durante años. Algunas de las reclamaciones al erario público, por asuntos como créditos hipotecarios ficticios, eran puramente penales; otras, como suponer que el contribuyente debía costear las fosas y las islas artificiales para patos de honorables diputados, eran tan curiosas como arrogantes. El escándalo obligó a varios parlamentarios a devolver el dinero mal habido. Algunos se vieron obligados a anunciar que no se presentarían a las elecciones generales. Otros lo hicieron motu proprio. En medio de las lamentaciones Brown declaró que el Parlamento cambiaría sus métodos y que, además, estaría en la vanguardia de un nuevo «renacer democrático». En vista de sus logros y su baja popularidad en las encuestas, su nueva pasión reformista inspiraba una mezcla de incredulidad y desdén en la mayoría. El gobierno laborista, que había rechazado una y otra vez la reforma electoral, la veía ahora como un medio de reforzar su voto. En las elecciones europeas de junio de 2009 los laboristas lograron el apoyo activo de poco más del 5% de la población.

La hoja de resultados generales fue funesta. Pero gran parte de la rabia era artificial. Durante todo este periodo Inglaterra había firmado un pacto. Cuesta creer que la gente viviera engañada. Blair, Brown y sus ministros habían sido bastante francos sobre sus prioridades. La democracia y los derechos civiles eran bienes flexibles. La función del estado era crear el entorno adecuado para la creación de riqueza y parar en seco a quienes amenazasen este bien.

8

Estados Unidos: El sueño corrompido

Hay dos tipos de libertades perdidas: aquellas a las que se ha renunciado conscientemente y aquellas a las que se ha renunciado sin saberlo.

MICHAEL KAZIN

Es fácil, sobre todo para los de fuera, satirizar los ocho años de mandato de George W. Bush. Es fácil condenar su gobierno por el atropello a las libertades civiles dentro y fuera de su país. Sin embargo, es más importante entender por qué tantos estadounidenses, y no sólo los defensores acérrimos del Partido Republicano, consintieron ese atropello.

En los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 reside gran parte de la respuesta, aunque no toda, a por qué se produjo aquel cambio tan rápido que tanto se alejaba de los derechos individuales. El equilibrio que alcanzaron los gobernantes y los ciudadanos de Estados Unidos después de los ataques terroristas fue uno de los más puros. Seguramente se logró en un momento en el que el país se recuperaba del golpe, pero se alcanzó de forma voluntaria. Bush tenía un mensaje sencillo: para poder proteger el modo de vida imperante en la «tierra de la libertad» era necesario recortar los derechos individuales. Me recordó a la frase empleada por Chua Beng Huat, de la Universidad Nacional de Singapur: «Comprender los límites de la libertad es lo que posibilita la libertad». Las líneas divisorias entre los países considerados autoritarios y los países considerados democráticos no están tan claras como los occidentales creen.

Muchos políticos, periodistas y ciudadanos estadounidenses insisten ahora en que fueron engañados por Bush. Sostienen que desconocían el alcance de las mentiras en el camino hacia la guerra de Irak y la mala administración que la siguió. Sólo se dieron cuenta de que se estaban saltando las normas, en nombre de la democratización, cuando vieron las imágenes de los iraquíes encadenados como animales en la cárcel de Abu Ghraib. Hasta última hora, y con la excepción de ciertas personas y organizaciones obstinadas que, por lo general, permanecen al margen de la política, fueron pocos los que, desde la política convencional, quisieron cuestionar las decisiones que se estaban tomando en su nombre.

Al achacar toda la culpa a Bush y a su círculo de neoconservadores, como Donald Rumsfeld y Dick Cheney, la clase política general de Estados Unidos trató de eludir sus responsabilidades. Las tres instituciones que deberían haber obligado al ejecutivo a rendir cuentas (el Congreso, el poder judicial y los medios de comunicación) fracasaron en su tarea, sobre todo durante el primer mandato de Bush en la Casa Blanca. La separación de poderes y los derechos de los individuos, consagrados con tanta distinción y claridad por los padres fundadores de Estados Unidos, se dejaron de lado sin que apenas nadie rechistara. ¿Cómo fue posible?

La década de los noventa fue testigo de un nuevo tipo de acuerdo que no implicaba ninguna solución de compromiso. Ofrecía a los ciudadanos una situación en la que todos salían ganando, pero sólo dentro de las fronteras del país. Los estadounidenses, o al menos aquellos cuyos votos contaban, disfrutaron de años de comodidad material y seguridad. La caída del comunismo había reforzado el vínculo entre la rectitud de la democracia liberal occidental y los mercados libres occidentales, regímenes estos que encontraron su apogeo en Estados Unidos. El crecimiento firme de los años de Clinton no proporcionó tanto un anestésico (no había dolor que aliviar) como una dosis diaria de bienestar, un estado de despreocupada indiferencia anterior a la expulsión de Adán y Eva del paraíso. La cultura de la satisfacción que señaló J. K. Galbraith se había instalado al principio de aquella década.

Los diversos conflictos que tenían lugar por todo el mundo no afectaban directamente a la vida de los estadounidenses ni a los valores que la apuntalaban. El gobierno demócrata se vio sometido a poca presión interna para actuar en los Balcanes y se mantuvo al margen durante el genocidio de Ruanda, hasta que fue imposible hacer caso omiso de los verdaderos horrores que se estaban produciendo. De estos acontecimientos surgió una nueva prioridad por promover los derechos humanos como herramienta de política exterior. Unía a fuerzas de la derecha estadounidense, los neoconservadores, con elementos de centroizquierda de otras partes del mundo. La teoría era loable: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos era universal e inmutable y tenía precedencia sobre la soberanía de los estados. Los gobiernos quedaban obligados, en el ámbito internacional, a someter sus actuaciones (con respecto a la libertad de prensa, la independencia del sistema judicial, la democracia pluripartidista, las libertades civiles individuales y el trato de las minorías) al escrutinio exterior. Se ejercería presión sobre los infractores y se usarían medidas militares in extremis para aplicar estas normas; todo ello, bajo el estandarte de la intervención humanitaria o la responsabilidad de proteger.

Cuando Bush asumió el poder en enero de 2001, lo que preocupaba a los ministerios de asuntos exteriores no era un exceso de celo, sino la vuelta al aislamiento que, por lo visto, el presidente había prometido en su campaña electoral. Durante los primeros meses anunció que Estados Unidos no tenía ningún interés en intervenir en el resto del mundo a menos que viera amenazada su primacía. Bush eliminó de raíz varias de las obligaciones del tratado, como las relativas a la reducción de armamento, las convenciones sobre armas químicas y biológicas e incluso los esfuerzos por reducir el número de armas ligeras. El país boicoteó algunas de las iniciativas más importantes encaminadas a mejorar la gobernanza mundial, desde el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático hasta una reforma de las Naciones Unidas. Aparte de Somalia, Estados Unidos fue la única nación que no ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Bush dejó claro que su país no tenía ningún interés en someter sus acciones al escrutinio exterior. A este respecto, sólo estaba siguiendo la estela dejada por Clinton, quien uno de sus últimos días en el cargo había firmado una orden conforme a la cual reconocía el Tribunal Penal Internacional de La Haya, pero con una recomendación al Congreso para que no la ratificara. Bush estaba aplicando un doble rasero: el derecho de Estados Unidos a juzgar las credenciales de libertad de los demás, pero la negativa a ser juzgado por ellos.

A diferencia de otros pueblos, los estadounidenses no habían sufrido ningún atentado terrorista en las calles de sus principales ciudades. La osadía de los ataques aéreos sobre Nueva York y el Pentágono y la magnitud de la destrucción se vieron exacerbadas por el horrible descubrimiento de que aquello mismo podía haber ocurrido en cualquier momento en el suelo patrio. Resulta fácil olvidar cuánto duró ese sentimiento de vulnerabilidad y miedo. Una semana después del 11 de septiembre se enviaron varias cartas con ántrax al Congreso de Estados Unidos y a diversos medios, a resultas de lo cual murieron cinco personas. Se tardaría algún tiempo en identificar al culpable y el motivo. Ese sentimiento de que «podría pasar cualquier cosa» se acrecentó en noviembre, cuando un avión de American Airlines se estrelló sobre el barrio Jamaica Bay de Queens, en Nueva York. Murieron los 260 pasajeros y la tripulación, además de cinco personas que había en tierra. Aunque las declaraciones de las autoridades dejaban claro que no habían encontrado pruebas de que se tratara de una acción terrorista, el accidente acrecentó un sentimiento de pánico ya bastante elevado.

En las primeras semanas de desesperación que siguieron al 11 de septiembre, los líderes mundiales hicieron cola para ofrecer ayuda a Bush, con Vladímir Putin a la cabeza. El discurso de Bush sobre que Estados Unidos estaba en guerra y su promesa de que adoptaría cualquier medida necesaria resonaron por la nación y por todo el mundo. Tiende a olvidarse que, teniendo en cuenta todos los recursos que había a su disposición, los servicios de seguridad de la única superpotencia del mundo resultaron ser bastante incompetentes. Una célula audaz de islamistas había sembrado el pánico y el desorden en una nación. Estados Unidos, su presidente y sus instituciones habían demostrado ser débiles; de la debilidad surgió la humillación y de la humillación, la actitud desafiante. Bush cambió las reglas del compromiso. Redefinió el escenario de la guerra al declarar que ésta se estaba produciendo en el seno de la nación, no sólo en suelo extranjero. Ello obligaba a una movilización total de los recursos de un país y a contar con el apoyo activo de sus ciudadanos. Limitar la libertad podía justificarse como un acto legítimo de defensa nacional. Algunas de estas restricciones fueron muy visibles, como el aumento de la seguridad en los aeropuertos y edificios públicos; otras fueron más insidiosas e iban dirigidas al corazón de la economía política de la nación y a sus estructuras sociales. Lo que se enseñaba en colegios y universidades, la persona a quien se votaba, lo que se escribía podía verse a través del prisma del patriotismo y el peligro. Hollywood recibió fuertes presiones de la Casa Blanca para que empezase a rodar películas patrióticas.

El 26 de octubre de 2001 las dos cámaras del Congreso aprobaron un instrumento legislativo que modificó drásticamente el equilibrio entre libertad y seguridad en Estados Unidos. La llamada Patriot Act [Ley Patriota] se aprobó sin que mediara un debate serio. La mayoría de los legisladores se quejarían después de que no habían tenido tiempo de leer las 342 páginas del documento, pero casi con seguridad no habrían cambiado de opinión aunque las hubieran leído. Era tal el clamor por ofrecer una imagen de fortaleza, que la gran mayoría respaldó el documento sin rechistar. Esta ley confirió a las autoridades el derecho a realizar detenciones administrativas, unilaterales e indefinidas de individuos que no fueran ciudadanos del país. Redefinió el concepto de disensión, al sugerir que los oponentes de la «guerra contra el terrorismo» no sólo estaban ayudando a los terroristas, sino que podían incluso ser terroristas. Se difuminaron conscientemente las líneas entre recopilación de información, vigilancia política y aplicación de la ley.

Bush aprovechó el momento (como habrían hecho la mayoría de los políticos en su lugar) para imponer su programa político. Su orden de someter a vigilancia encubierta a los ciudadanos estadounidenses fue tan secreta, que muchos en la CIA y el FBI la desconocían. Las disposiciones permitían a todos los organismos de seguridad pedir historiales personales de clientes a los proveedores de servicios de internet y a las instituciones financieras sin necesitar justificación o autorización de los tribunales antes o después del control judicial. Un mandato de silencio impidió que nadie revelara que tales instrucciones se habían dictado siquiera. El New York Times tardó tres años en recabar toda la información, pero tenía tanto miedo de ser acusado de antipatriota, que no la reveló hasta un año más tarde.

La aplicación de medidas de seguridad en todos los ámbitos de la sociedad hizo más que coartar los derechos civiles: también otorgó poderes a las fuerzas de represión política. La oposición, en cualquiera de sus formas, se veía como un elemento que socavaba los «esfuerzos por la guerra»; los disidentes fueron tildados de subversivos o traidores. Al frente de todo estaba el fiscal general John Ashcroft, quien declaró ante el Congreso que los derechos constitucionales podían utilizarse como «armas con las que matar estadounidenses». Los terroristas «aprovechan nuestra transparencia», dijo. «Estamos en guerra con un enemigo que abusa de los derechos individuales del mismo modo en que lo hace con los aviones comerciales: los utiliza como armas con las que matar estadounidenses. Hemos respondido redefiniendo la misión del Departamento de Justicia. Defender a nuestra nación y a sus ciudadanos frente a los atentados terroristas es ahora nuestra prioridad fundamental.» Surgieron todo tipo de grupos nebulosos, como Americans for Victory over Terrorism [Estadounidenses por la Victoria sobre el Terrorismo], que utilizaron un anuncio a toda página en el New York Times para advertir de las amenazas externas e internas. Lynne Cheney, la esposa del vicepresidente, acusó a los intelectuales liberales y de izquierdas de ser el «eslabón débil» en la guerra contra el terrorismo.

Sólo aquellos a quienes no afectaba la opinión pública o cuya situación profesional estaba a buen recaudo se sintieron facultados para criticar el statu quo. En el ámbito internacional se suele citar a Noam Chomsky como ejemplo de la amplitud del debate público en Estados Unidos. Pero él y otros como él encarnan la debilidad de dicho debate: un núcleo reducido al que una audiencia minoritaria escucha con pasión, pero cuyas opiniones apenas tienen eco en los medios convencionales. Cuando Susan Sontag declaró en el New Yorker, menos de dos semanas después de los atentados, que éstos habían sido «una consecuencia de determinadas alianzas y actuaciones de Estados Unidos», recibió muy diversas acusaciones: que «odiaba a Estados Unidos», que era una «idiota moral» y una «traidora» que merecía ser abandonada en la jungla para no tener que oírla más. El ex alcalde de Nueva York, Ed Koch, dijo que Sontag debería «ocupar el noveno círculo del infierno por sus atroces arremetidas contra Israel». Estos ataques forman parte de lo que, en jerga militar, se conoce como «efecto de demostración». Al cortar una cabeza, se está marcando la pauta. El miedo a causar problemas llega a ser omnipresente.

La respuesta al 11 de septiembre no sólo repercutió en el debate sobre la seguridad, definió todo el discurso político. En los años anteriores, uno de los asuntos principales que impulsaron la actividad política en Estados Unidos había sido la globalización y el papel de las instituciones internacionales para imponer políticas ultraneoliberales a otras naciones (el llamado Consenso de Washington). Las violentas protestas desatadas en Seattle en 1999 y en Génova en 2001 fueron la manifestación más visible de un amplio debate sobre la desigualdad y los modelos económicos. Los foros sociales internacionales ofrecieron el primer atisbo de instituciones alternativas. Inmediatamente después de los atentados terroristas este tipo de disidencia empezó a considerarse subversiva. La revista New Republic señaló esta tendencia, al declarar que cualquiera que participase en las protestas contra el FMI y el Banco Mundial (que se habían previsto desde hacía tiempo para ese mismo mes de septiembre) se había «unido a los terroristas en un frente conjunto». Varias ONG destacadas se retiraron de la manifestación. En Estados Unidos, por lo menos, estos movimientos se vieron obligados a asumir un papel más discreto.

La legislación fue el instrumento más importante para alterar el equilibrio entre seguridad y libertad, pero su éxito había dependido necesariamente del respaldo de la opinión pública. Periodistas, legisladores y jueces se implicaron tanto en aquel momento como nadie. Interrumpieron su capacidad crítica como impelidos por un deber patriótico. A sabiendas o no, muchos liberales suscribieron las restricciones sobre lo que la prensa debía contar. Sólo un mes después de las declaraciones de Ashcroft, Michael Kinsley escribió un artículo fundamental acerca de la presión sobre la autocensura después del 11 de septiembre. «Casi nadie se opone. Es difícil oponerse a la propuesta básica de que los culpables de un crimen tan monstruoso como el del 11 de septiembre merecen ser objetivo de la fuerza militar y diplomática de Estados Unidos», escribió. Pero el periodismo, en masa, había sido sustituido por una «avalancha sin precedentes de zalamerías patrióticas». Y continuaba: «John Ashcroft puede estar tranquilo, porque la gente ha estado escuchando a su Ashcroft interior. Lo sé con certeza, porque yo también lo he hecho. Como escritor y director de una revista, me he censurado bastante a mí mismo y a los demás desde el 11 de septiembre. Por “censura” entiendo decidir no escribir o publicar cosas por razones que no tienen que ver con mi valoración personal sobre sus méritos. ¿Cuáles son esas razones? A veces ha sido un sentimiento sincero de que una observación que en condiciones normales sería apropiada no lo es en este momento extraordinario. A veces es un respeto auténtico por los lectores, que podrían sentirse así aunque yo no lo haga. Pero a veces se trata de simple cobardía». Kinsley recordaba a los lectores una advertencia hecha por el secretario de prensa de Bush, Ari Fleischer. En esta situación de «guerra», decía Fleischer, los estadounidenses debían «tener cuidado con lo que dicen». Kinsley concluía: «Abrir la boca no es una ciencia exacta y es más difícil hacerlo si al mismo tiempo tienes que guardarte las espaldas».

Sus observaciones me recordaron de nuevo a Singapur. A los periodistas estadounidenses que causaban problemas no se les arrojaba por el hueco de la escalera, como en Rusia, ni se les encarcelaba, como en China, ni se les imponían sentencias por difamación a golpe de pluma, como en Singapur. Pero el dilema era parecido: ¿por qué causar problemas si, de todas formas, sientes que vas en contra de la corriente popular, o si podrías exponerte a acusaciones de estar ayudando a los terroristas?

Uno de los cambios más importantes en la relación entre estado e individuo apenas tuvo eco. Es más, al principio fue difícil obtener información sobre el alcance de la aplicación de la ley para detener a sospechosos de terrorismo. En los meses inmediatamente posteriores al 11 de septiembre se detuvo a unas 80.000 personas en operaciones policiales por todo el país. La mayoría procedía de Oriente Próximo, muchos eran «ilegales» que trabajaban en gasolineras, empresas de transporte o tiendas de barrio. Se dijo a la población local que informara de toda actividad sospechosa y así lo hizo; se dieron casi 100.000 chivatazos por teléfono o a través de distintas páginas web. Los conceptos de culpabilidad e inocencia se dejaron a un lado. La máxima prioridad era impedir a toda costa que el sospechoso escapara. Y si, como consecuencia de ello, se encerraba a la persona equivocada, pues que así fuera. Se había creado el concepto de justicia preventiva sin someterlo antes a comprobación ni valoración democrática o política alguna. Las operaciones policiales no redundaron ni en una sola condena por terrorismo.

Una avezada productora de radio me contó su experiencia. Había hecho un documental para una emisora importante sobre las dificultades a las que se enfrentaban árabes y palestinos en las grandes ciudades de Estados Unidos a finales de 2001. Reveló que había varias personas detenidas por las autoridades sin ningún cargo y que no se había informado a las familias de su paradero. Cuando llevó el programa a sus directores, éstos se mostraron muy escépticos. Estas cosas no están pasando, le dijeron. Cuando ella les enseñó pruebas, le pidieron que moderase el tono. El programa vio la luz en una emisión local y no nacional, por temor a ofender a alguien.

El deseo de reporteros y directores de no meterse en líos alcanzó su culmen en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre, la «liberación» de Afganistán y los preparativos de la guerra de Irak. No fue un fenómeno exclusivo de Estados Unidos, pero el periodismo de ese país fue puntero en divulgar la desinformación oficial y no exigir responsabilidades políticas a las autoridades. Hubo muchas excepciones honrosas por doquier. El New Yorker demostró cómo hacer un periodismo incisivo, valiente y bien documentado. También el Nation, el New York Review of Books, los reporteros de muchas páginas web y, a veces, los principales periódicos. En cuanto al New York Times, la información sobre las armas de destrucción masiva proporcionada por Judith Miller ha sido objeto de intenso análisis. Durante el invierno de 2001 y a lo largo de 2002, la ganadora del Pulitzer escribió una serie de historias llamativas sobre las ambiciones militares de Saddam. Resultó que todo ello se basaba en gran medida en informaciones dudosas facilitadas por Ahmed Chalabi, una figura preeminente en el Congreso Nacional Iraquí en el exilio, que mantenía estrechos vínculos políticos y empresariales con los neoconservadores. Los artículos de Miller ayudaron a marcar la pauta de gran parte de la desinformación sobre los preliminares de la guerra. El periódico trató de redimirse después con una gran dosis de contrición y de desconstrucción de lo que había pasado, pero en aquel momento Miller sólo hacía lo que los demás: seguir a su gobierno para reducir la carga de la prueba y así justificar las actuaciones de su país.

Los periodistas y el espectro político en general incurrieron en la manipulación y el fundamento general. Cuando el documento de 2002 del gobierno de Bush titulado National Security Strategy [Estrategia de seguridad nacional] anunció aquello de que ya había «un solo modelo sostenible para lograr el éxito nacional: libertad, democracia y empresa libre», su tendenciosa conclusión apenas fue cuestionada. Con una mano libre, Bush utilizó su discurso del Estado de la Unión de ese mismo año para identificar al «eje del mal» (Irán, Irak y Corea del Norte) y declarar que, igual que el gobierno había hecho «todo lo necesario» para reafirmar la «libertad» en suelo estadounidense, haría «todo lo necesario» para promover la «democracia» en otros lugares. Esta promoción, por supuesto, se limitó a países en donde los intereses de Estados Unidos no corrían peligro. La violación de los derechos humanos en Arabia Saudí, por ejemplo, apenas se mencionó, como tampoco el hecho de que, tras la planificación de los atentados del 11 de septiembre, había más ciudadanos saudíes que de otros países. La realpolitik estaba viva y bien activa, pero no se le permitió irrumpir en el discurso público. De acuerdo con el mantra de Bush, una vez «liberados», por la fuerza si era preciso, los pueblos de esos países abrazarían la democracia y darían las gracias a sus libertadores. Cuando les presentasen, como era debido, las alternativas en la urna electoral, los votantes de todo el mundo optarían sin excepción por la del «iluminado» pro occidental. Los neoconservadores asumieron la hegemonía de Estados Unidos como su punto de partida. El desmoronamiento del imperio soviético en 1989 se consideraba la última vindicación del universalismo de derechas, que sostenía que, en efecto, todo el mundo deseaba sistemas democráticos de libre mercado. La política de ofrecer apoyo moral a los disidentes antisoviéticos de Europa en los años ochenta se había transformado como por encanto en una política de exportar la democracia a Oriente Próximo por las armas. Los ideólogos que asesoraron a Bush no podían ser criticados por una falta de claridad (o simplicidad). Se había secuestrado el muy noble concepto de intervención humanitaria, de nuevo sin que apenas nadie rechistara.

Durante la invasión de Iraq me topé de primera mano con este fenómeno de credulidad voluntaria. En marzo del 2003 pasé algún tiempo en el Comando Central de Estados Unidos, informando sobre el tratamiento que las fuerzas armadas habían dado a las noticias sobre la guerra para un documental de televisión de la BBC titulado War Spin [La manipulación de la guerra]. En este ambiente herméticamente cerrado, se acomodó a cientos de periodistas y sus responsables de prensa en el insólito escenario de una carpa de alta tecnología en un desierto a las afueras de Doha, la capital de Qatar. La estrategia estadounidense consistía en concentrarse en los aspectos visuales y después dar un sesgo positivo al mensaje a través de Doha y del Pentágono. La clave era asegurarse buenas secuencias filmadas para la televisión, junto con informes de los corresponsales que acompañaban a las fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido en Irak. Con independencia de su profesionalidad, estos corresponsales, como es natural, se guardaron mucho de contrariar a los soldados que tenían literalmente su vida en sus manos. En su estrategia global, el Pentágono acusaba la influencia de productores de películas de acción de Hollywood, en particular de Jerry Bruckheimer, responsable de la película Black Hawk derribado. Bruckheimer explicó el razonamiento en una entrevista sobre la película: «Debéis tener un enlace allí dentro. Sólo entonces os dejarán entrar. Lo que estos muchachos, estos hombres y mujeres están haciendo ahí fuera es sencillamente extraordinario. Si apoyáis con entusiasmo nuestra causa (que nos merecemos la paz y que trabajamos por la dignidad del ser humano), estos muchachos no dudarán en arriesgar sus vidas».

Descubrimos que esta telerrealidad se estaba representando en el verdadero escenario de la guerra. Revelamos que una de las grandes historias de «interés humano» de la campaña iraquí, la liberación de la joven soldado Jessica Lynch de las garras de los malvados iraquíes, había sido un montaje. La historia de la captura de Jessica, la típica heroína estadounidense, por los iraquíes y su rescate por las fuerzas especiales de su país se convirtió en uno de los grandes momentos patrióticos del conflicto. «No podría haber ocurrido en mejor momento, cuando se hablaba de que las fuerzas aliadas estaban empantanadas, de que la victoria tardaba demasiado en llegar. Su rescate pasará a la historia como uno de los ejemplos más contundentes jamás concebidos del tratamiento de la información. Ofrece una visión sorprendente de la verdadera influencia de los productores de Hollywood sobre los responsables de prensa del Pentágono y ha permitido crear un ejemplo desde el que Estados Unidos espera presentar sus guerras futuras», escribí.

En mitad de la noche despertaron a los reporteros para contarles una historia que pasaría de inmediato a formar parte del folclore estadounidense. La soldado Lynch, una empleada de suministros de diecinueve años de edad procedente de Palestine, en Virginia Occidental, y miembro de la 507.ª Compañía de Mantenimiento del ejército de Estados Unidos, se equivocó en un desvío cerca de Nassiriya y cayó en una emboscada. Murieron nueve de sus compañeros. Los soldados iraquíes llevaron a Lynch al hospital local, abarrotado de milicias fedayines, donde la retuvieron durante ocho días. Esa parte era indiscutible. El Pentágono afirmó que Lynch tenía heridas de arma blanca y de fuego y que la habían golpeado en la cama del hospital para interrogarla. En realidad había estado al cuidado de los médicos, que la atendieron hasta mucho después de que las milicias se hubieran marchado. Dos días antes de que las fuerzas especiales de Estados Unidos (cámara al hombro) irrumpieran en el hospital para «libertar» a Lynch, los médicos habían dispuesto su traslado en ambulancia a un punto de control, pero los estadounidenses abrieron fuego. Pudieron huir, justo a tiempo, y volver al hospital; los estadounidenses no mataron a su objetivo por los pelos. No se mencionó nada de esto y, cuando le planteé la cuestión cara a cara a Bryan Whitman, portavoz del Pentágono en Washington, se negó a hacer público el vídeo completo del rescate.

Mi vídeo y otros artículos colgados en la página web de la BBC y publicados en el Guardian captaron sobremanera la atención internacional. Me intrigó, aunque no me sorprendió del todo, el tono algunos estadounidenses que informaban sobre la controversia. En varias entrevistas para la CNN y otras redes, mis acusaciones suscitaron incredulidad. Esto es Estados Unidos, me dijeron. Aquí no manipulamos las noticias. Poco después de aquello, la propia Lynch confirmó que el Pentágono había fabricado la historia de su «fuga». Se trataba del mismo Estados Unidos que lanzaba vítores pocas semanas después, cuando un Bush triunfante anunció «misión cumplida».

En Estados Unidos algunos expresaron una consternación similar cuando revelé más tarde, en mi libro Blair’s Wars [Las guerras de Blair], que, entre otras cosas, Tony Blair se había comprometido en abril de 2002, casi un año antes, a acompañar a Estados Unidos en la batalla, pasara lo que pasara. Otros periodistas de Estados Unidos y el Reino Unido se esforzaron por publicar artículos sobre lo que había sucedido realmente antes, durante y después de la guerra, mucho antes de que la clase política dominante acabara reconociendo el alcance del engaño que había sufrido.

Sin embargo, lejos de enmendar su comportamiento, el ejército estadounidense no cejó en su afán de manipular el mensaje, incluso mucho después del claro fracaso de la ocupación militar de Irak. En Estados Unidos, la prensa y la televisión sólo se hicieron eco de una pequeña fracción de los más de 4.000 militares estadounidenses muertos en Irak y los 600 en Afganistán. Los datos numéricos sin procesar se publicaron en la página web del Departamento de Defensa y de otros organismos oficiales, pero las imágenes de los ataúdes cubiertos con banderas o las bolsas con cadáveres se consideraron demasiado fuertes y no se mostraron. El gobierno y el Pentágono habían impuesto un estricto bloqueo sobre la cobertura mediática de esas imágenes. Scott McClellan, portavoz de la Casa Blanca, dijo que había sido así para «mostrar respeto por quienes han hecho un sacrificio máximo». Es lo que se llamó «prueba de Dover» —en honor a la base aérea de Dover, a donde llegaron la mayoría de las víctimas— y se aplicó en Estados Unidos y en el contexto militar. Casi todos los medios obedecieron con diligencia, y algunos directores y gerentes lo justificaron alegando cuestiones de gusto. Ninguna imagen sangrienta irrumpió en la vida cotidiana de los espectadores y lectores, ni siquiera cuando los muertos y mutilados procedían de su mismo pueblo. Casi nadie admitiría que se había dejado influir por consideraciones de tipo empresarial: las imágenes gráficas de estadounidenses muertos podrían molestar a los lectores y asustar a los anunciantes. Las razones más convincente eran lisa y llanamente la política y el miedo. Cuando el programa Nightline, de la cadena ABC News, difundió los nombres y las fotografías de todos los soldados estadounidenses que habían muerto en Irak, los grupos conservadores montaron en cólera y acusaron a la cadena de noticias de intentar hundir la moral.

Sería demasiado fácil, y erróneo, deducir que hubo algo específicamente estadounidense en la autocensura y la obediencia sumisa durante los años de Bush. El menoscabo de la libertad posterior a 2001 se podría haber producido, en circunstancias similares, en cualquier otro lugar. Puede que fuera más pronunciado en Estados Unidos, pero también se dio en muchos otros países. ¿Hasta qué punto, pues, constituyó un intercambio deliberado de libertad por seguridad entre la población? ¿Hasta qué punto la gente no era consciente de lo que se hacía en su nombre? «La ciudadanía se ha tragado el argumento de que la guerra contra el terrorismo podría durar décadas. Ha aceptado que se controlen sus movimientos desde el 11 de septiembre con una facilidad sorprendente», afirma Michael Kazin, experto en movimientos sociales de la Universidad Georgetown de Washington. «La mayoría de la gente desconoce las disposiciones de la Ley Patriota, como la que obliga a las bibliotecas a divulgar sus registros. Hay dos tipos de libertades perdidas: aquellas a las que se ha renunciado conscientemente y aquellas a las que se ha renunciado sin saberlo.»

Eric Foner ha escrito mucho sobre la cuestión de la libertad en la historia de Estados Unidos. Arguye que su alcance se ha ido limitando de forma regular. Los derechos individuales no se aplican con tanta facilidad a quienes no son ciudadanos ni tampoco a quienes abandonan deliberadamente la línea dominante de la acción y la discusión política. La historia estadounidense es, según señala, rica en incidentes de «personas subversivas» que se convierten en objetivos, como la detención de japoneses durante la segunda guerra mundial. Cuando se toman estas medidas drásticas, los gobiernos reciben el apoyo popular. A modo de anécdota, Foner me habla de una visita reciente al museo internacional del espionaje en Washington. El museo sometía a los visitantes a una encuesta interactiva a través de ordenadores repartidos por el edificio. La pregunta era la siguiente: ¿el gobierno tiene derecho a retener de forma indefinida a personas que demuestren hostilidad hacia Estados Unidos? De los 30.000 visitantes que habían votado hasta ese momento, cerca del 60% estaba a favor. «En este país hay un intenso debate sobre la libertad, pero los límites de ese debate están estrictamente marcados», afirma Foner. «La historia de Estados Unidos después del 11 de septiembre nos enseña que nuestra devoción por la libertad no es tan poderosa como nos gusta pensar.» Y concluye: «De las muchas lecciones de la historia estadounidense, ésta es sin lugar a dudas la más básica: nuestros derechos y libertades civiles (libertad de expresión, derecho a criticar al gobierno, igualdad ante la ley, restricciones en el ejercicio de los poderes policiales) no son regalos del estado que éste pueda anular a su antojo».

Y, sin embargo, estos derechos individuales se anulan una y otra vez, sin grandes protestas de los ciudadanos en general. El equilibrio entre libertad y seguridad no fue, en realidad, un equilibrio en sentido estricto. Se trocó la libertad de los menos (casi siempre, extranjeros) por el bien de los más. Los valores pueden ser universales en teoría, pero también pueden ser selectivos en su aplicación. La mayoría de los votantes estadounidenses estuvieron conformes con esa aparente contradicción, convencidos de que ni ellos ni nadie que ellos conocieran (el pueblo bueno, temeroso de Dios y respetuoso de la ley) se verían afectados por esas medidas. Los que sí las sufrieron probablemente se lo merecían, y los que no se lo merecían, deberían perdonar los excesos cometidos en estos tiempos de guerra.

La guerra contra el terrorismo se consideró oficialmente una guerra. Era una guerra sin fin, un conflicto indefinido en el que podía retenerse al enemigo de forma indefinida. El gobierno de Bush dio con la figura, poco convencional y sin precedentes, de «combatiente enemigo», no reconocida por el derecho humanitario. Los «combatientes enemigos» eran detenidos en cualquier lugar y llevados a lugares secretos en los llamados «vuelos de la CIA», donde se les podía extraer información por cualquier medio. Guantánamo se convirtió en el lugar más visible, con los internos vestidos con monos naranja y retenidos en jaulas a la intemperie. Todas las formas de tortura y coacción, desde el llamado «submarino» hasta técnicas más convencionales, eran admisibles para los comandantes que actuaban según las instrucciones enviadas desde el cuartel general en Washington.

Estas violaciones de los derechos humanos se llevaron a cabo de manera deliberada, con confianza en su impunidad y con el fervor ideológico de profesionales que creían que lo que hacían estaba bien y que las «malas personas» debían sufrir para poder mantener Estados Unidos a salvo. Bajo el estandarte de la democracia, la violencia se repartió por todo el mundo: desde las técnicas de guerra convencionales en Irak y Afganistán hasta la ilegalidad de las técnicas de la CIA con sospechosos de terrorismo y los campamentos secretos de detención en donde la tortura se consideraba un arma legítima. En 2004 la publicación de diversas fotografías de prisioneros iraquíes encapuchados, desnudos, obligados a adoptar posturas sexualmente humillantes y acosados por perros se convirtieron en emblemas de la «guerra contra el terrorismo». Estos malos tratos se consideraron incidentes desafortunados y aislados. «Algunas personas hacen cosas malas», declaró Douglas Feith, subsecretario de Estado de Defensa y uno de los más leales ideólogos neoconservadores del gobierno. Mucha gente se sorprendió. Las encuestas de opinión empezaron a mostrar un cambio frente a la guerra de Irak, pero pocos se vieron impelidos a actuar. ¿Dónde estaban las manifestaciones que rivalizarían con las de Vietnam?

Corey Robin, catedrático de ciencia política del Brooklyn College de Nueva York, ha escrito el relato definitivo sobre la función del miedo en la política. Robin traza un mapa de las distintas leyes y medidas utilizadas en Estados Unidos —y no sólo en el ámbito federal— para sembrar nuevos miedos o reafirmar los existentes, desde las Alien and Sedition Acts [Leyes sobre Extranjería y Sedición] de 1798 hasta la Anarchist Act [Ley sobre Anarquismo] de 1918 y la Guerra Fría. Durante más de medio siglo la policía de grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles desplegaron unidades de inteligencia especiales contra comunistas, anarquistas, defensores de los derechos civiles, defensores de los derechos de la mujer, sindicalistas y otras «personas subversivas». Estos «escuadrones rojos» utilizaban la violencia, la intimidación y el soborno a testigos para recabar información sobre cientos de miles de personas. No se disolvieron hasta llegado 1978.

Robin distingue entre las «grandes actuaciones» de los estados autoritarios (el golpe de madrugada en la puerta del disidente) y lo que llama «pequeña coerción y tiranía menor», que es lo que se practica de forma intermitente en las democracias conceptuales. Habla de un «efecto escalofriante», un miedo que «reprime las opciones políticas». Describe de manera fascinante la función de la sociedad civil, que ha gestado y reafirmado ese miedo en lugar de actuar como parachoques frente a él. Cuanto menor es la comunidad, más difícil resulta ir a contracorriente. El conformismo es un arma útil: el médico condenado al ostracismo por sus tendencias ateas, el director del periódico local obligado a dimitir por su falta de patriotismo. «Uno de los errores de la comunidad de derechos civiles estriba en centrarse siempre en el estado», me dice Robin. «Considerar inocente a la sociedad y tiránico al estado es un malentendido.» Estados Unidos, señala, tiene una historia rica en intervenciones estatales en nombre de los derechos civiles, que se remonta a la abolición de la esclavitud. El New Deal de Franklin Roosevelt pretendía recuperar el control sobre los derechos de los trabajadores, hasta entonces en manos de los dueños de fábricas que explotaban a sus empleados. «En general, el autoritarismo de Estados Unidos se encuentra en el ámbito privado. Estados Unidos, por lo tanto, refuta nuestros conceptos tradicionales», afirma Robin. A menudo, sobre todo en estos tiempos, «los esfuerzos del gobierno por generar miedo se externalizan al sector privado».

Esa externalización se ha explotado con mayor entusiasmo en el lugar de trabajo. Muchas de las grandes garantías constitucionales tienen que ver con el ámbito del estado, no con el civil. La Primera Enmienda, que consagra la libertad de expresión, puede tener peso cuando un gobierno intenta censurar a un periódico, pero apenas cuenta cuando es un propietario o director el que presiona a un reportero, o un jefe a un trabajador. Incluso en el clímax de la Guerra Fría y los interrogatorios del Congreso de la época de McCarthy, el número de personas encarceladas por sus creencias políticas era inferior a doscientos. Sin embargo, su influencia tuvo mayor alcance en oficinas y fábricas de todo Estados Unidos. Dos de cada cinco trabajadores sufrieron vigilancia, degradación de su puesto laboral o incendios. El apoyo a los sindicatos se veía a menudo como una manifestación de disconformidad y un peligro para el estado.

En plena «guerra contra el terrorismo» se adoptó una línea de ataque similar. Los defensores del orden social afirmaban que todo trastorno (por huelguistas, por ejemplo) era tanto una amenaza para el esfuerzo de la guerra como una oposición a la guerra en sí. Los escuadrones rojos habían vuelto, aunque sin el nombre. En enero de 2003, la oficina de Tom DeLay, a la sazón líder del grupo mayoritario en la Cámara de Representantes, envió una carta para recaudar fondos entre quienes apoyaban a la National Right to Work Foundation [Fundación Nacional por el Derecho al Trabajo], un grupo empresarial que pretendía librar a Estados Unidos de los sindicatos. En la carta se afirmaba que el movimiento obrero «representa un peligro claro y actual para la seguridad nacional de Estados Unidos y la seguridad de nuestras fuerzas armadas en el extranjero», y se denunciaba a «grandes jefes obreros» que estaban «dispuestos a perjudicar a los obreros que aman la libertad, los esfuerzos de la guerra y la economía para obtener más poder». En ese contexto, ¿qué motivo iba a tener cualquier empresa para ir contracorriente?

Las instituciones académicas se enfrentaron a una cuestión similar, sobre todo cuando dependían de donaciones de grandes organizaciones privadas y, especialmente, de la cuestión más peliaguda de todas: Israel. Desde hace mucho tiempo es obvio que criticar a Israel, algo que podría considerarse razonable en el resto del mundo, se denuncia como una actitud antisemita en Estados Unidos. De hecho, algunos periódicos convencionales israelíes son más críticos con su gobierno que la prensa estadounidense. En Estados Unidos muchos periodistas aceptan a priori el punto de vista oficial israelí o tienen miedo de las consecuencias profesionales que puedan sufrir si dan un paso en falso. La mayoría de los aspirantes a enseñar la historia de Oriente Próximo en universidades prefieren mantenerse al margen; cuando no lo hacen, suelen ver cómo se atasca su carrera profesional. Una de estas personas es Juan Cole, de la Universidad de Michigan, experto en Oriente Próximo y autor de un blog sobre el tema. Cole siempre había defendido la libre determinación de los palestinos. Estaba en la lista de candidatos para un puesto en Yale, pero la oferta desapareció sin explicación alguna tras una campaña mediática conjunta que lo «presentó» como antisemita.

Dos profesores, John Mearsheimer y Stephen Walt, de las universidades de Chicago y Harvard, trataron de romper el tabú. Primero, la revista Atlantic les encargó en 2002 un extenso artículo especializado sobre el lobby israelí. Trazaron un mapa detallado de la función del «lobby israelí», sobre todo del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés), y señalaron hasta qué punto las prioridades de Estados Unidos e Israel habían llegado a ser casi indistinguibles con los años, proceso que se había acelerado con Bush. Los directores de la revista ocultaron el manuscrito durante meses antes de decidir no publicarlo. El artículo terminó en la London Review of Books en marzo de 2006 y después los autores escribieron una versión más extensa, que se publicó en la página web de la Kennedy School of Government de Harvard. Recibió una avalancha de críticas. Para sorpresa general, una de las principales editoriales de Estados Unidos se atrevió a pagar a los autores un adelanto de 750.000 dólares para que ampliasen los temas en un libro titulado The Israel Lobby and US Foreign Policy [El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos]. Eliot Cohen, que llegaría a ocupar un cargo importante en el Departamento de Estado de Condoleezza Rice, dispuso de un espacio destacado en el Washington Post para acusar a los autores de tener «creencias hostiles, obsesivas e irracionales, sobre los judíos». El libro abrió, por primera vez en muchos años, un debate razonablemente sincero sobre los temas que trataba. Pero la precaución siguió siendo la consigna. Larry Wilkerson, anterior jefe de gabinete de Colin Powell, reveló que había incluido el libro en el plan de estudios de sus alumnos de la Universidad George Washington porque contenía «flashes cegadores de aquello tan obvio que la gente susurra por los rincones en lugar de decirlo en voz alta en reuniones sociales, donde alguien podría oírlo».

En la American Civil Liberties Union [Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses], Jameel Jaffer, director de su programa de seguridad nacional, me enseña la lista de los profesores extranjeros a quienes se ha negado la entrada a Estados Unidos por razones ideológicas; sobre todo, procedentes de Oriente Próximo. «Las razones para no admitir a alguien son numerosas. Es posible excluir a cualquiera por cualquier motivo. Si eres extranjero y estás fuera del país, no gozas de derechos constitucionales», dice. Uno de los casos más célebres de «exclusión ideológica» fue el de Tariq Ramadan. Este filósofo nacido en Suiza es desde hace mucho tiempo una voz influyente en Europa en lo referente al islam. Esa situación había mejorado después del 11 de septiembre. En 2003 mantuvo un debate en televisión cara a cara con Nicolas Sarkozy. Poco después de que Londres sufriera sus propios ataques con bomba, el 7 de julio de 2005, Blair incluyó a Ramadan en una comisión gubernamental del Reino Unido sobre el terrorismo.

En febrero de 2004 Ramadan obtuvo una plaza fija como profesor de religión en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Había alquilado una vivienda, enviado allí sus muebles y matriculado a sus hijos en colegios de la zona cuando, cinco meses después, el Departamento de Estado, tras investigar cierta información secreta del Departamento de Seguridad Nacional, revocó el visado que le había concedido. Ramadan tardó dos años de reiteradas solicitudes e indagaciones, además de un pleito iniciado por organizaciones académicas y de derechos civiles estadounidenses, en recibir una explicación oficial. En un principio, se les había dicho que Ramadan había infringido la sección 411 de la Ley Patriota, que excluye a los extranjeros que «apoyen o propugnen actividades terroristas». Finalmente, las autoridades facilitaron los detalles. Al parecer, entre 1998 y 2002, Ramadan había donado 800 dólares a una organización benéfica francesa pro palestina que era sospechosa de desviar dinero a Hamas y que no apareció en la lista negra del Departamento de Estado hasta 2003.

Las autoridades han interpretado el lenguaje de la Ley Patriota con tanta laxitud que, según documentos oficiales publicados en virtud de la Freedom of Information Act [Ley sobre Libertad de Información], a cualquiera que sea responsable de «emitir opiniones irresponsables» puede negársele la entrada a Estados Unidos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó la prohibición, poniendo en duda su constitucionalidad. También se encargó del caso de Adam Habib, a quien se revocó el visado de repente en 2006, a pesar de que ya había pasado un tiempo considerable en el país. Habib, vicerrector de la Universidad de Johannesburgo, había criticado duramente la guerra en Irak y otras decisiones de la política exterior de Estados Unidos. En un informe del Christian Science Monitor de 2006 se confeccionó una lista con los intelectuales y personajes públicos a los que se había negado o revocado el visado, o retrasado hasta que fue demasiado tarde. La lista incluía un grupo de setenta y cuatro granjeros y sindicalistas surcoreanos que se oponían a un acuerdo de libre comercio; a Yannis Milios, intelectual griego marxista; a M.I.A., cantante de hip-hop de Sri Lanka, cuyas letras se consideraron cercanas a los Tigres Tamiles y a la Organización por la Liberación de Palestina; a Waskar Ari, profesor universitario boliviano de historia latinoamericana y especialista en la cultura aimara, a quien se le había ofrecido un puesto en la Universidad de Nebraska; al historiador vasco Iñaki Egaña y a Dora María Téllez, ex ministra de Sanidad del gobierno sandinista. Estas exclusiones no hacen sino sumarse a episodios de la historia estadounidense en los que el país estaba amenazado o así se percibía. Otros que también han tenido que vérselas con las autoridades a lo largo de los años abarcan desde Graham Greene hasta Doris Lessing y Gabriel García Márquez. Incluso se llegó a prohibir la entrada a Pierre Trudeau, antes de que fuera primer ministro de Canadá.

En cuanto a los abogados que trabajan en nombre de los detenidos en Guantánamo, el gobierno de Estados Unidos también considera que se encuentran en el lado equivocado de la división «con nosotros o contra nosotros». Una figura destacada de los derechos humanos me dijo que se les convocó, a él y a los representantes de otras cinco organizaciones, a una extraña reunión en enero de 2007 con John Bellinger, el asesor jurídico del secretario de Estado, para hablar sobre la ley. Bellinger les dijo que esos grupos tenían un «megáfono en la mano» que se oiría en Europa y más allá y que, por lo tanto, tenían que ser «cuidadosos» con lo que dijeran. Estas amenazas no se hicieron a la ligera.

Por lo tanto, la red antipatriota y potencialmente subversiva no incluía sólo ONG, sino también abogados, periodistas, sindicalistas e intelectuales. Ni siquiera los votantes eran inmunes a la presión. Dick Cheney respondió a la victoria de un candidato contrario a la guerra en las primarias de un estado, Connecticut, declarando que el resultado sólo envalentonaría a «los tipos de Al Qaeda», que «confiaban en la propuesta de que acabarían quebrando la voluntad del pueblo estadounidense».

«La política de Estados Unidos es buscar y apoyar el desarrollo de movimientos e instituciones democráticos en toda nación y cultura, con el fin último de acabar con la tiranía en nuestro mundo.» Bush comenzó su segundo mandato como presidente en enero de 2005 con un discurso inaugural que abordaba de frente la cuestión de la libertad y la seguridad en el mundo. Esta vez había ganado con todas las de la ley, cierto que por un pequeño margen, si bien suficiente en el contexto del sistema electoral estadounidense. Una mayoría de conciudadanos había demostrado, por medios totalmente justos, que aprobaban sus métodos. Sin ninguna ironía, el presidente Bush declaró su convencimiento de que «a la larga, no hay justicia sin libertad y no puede haber derechos humanos sin libertad humana».

Sin ningún escrúpulo aparente, había aquí un líder que proclamaba las virtudes de la libertad, al tiempo que fomentaba una legislación y autorizaba acciones ejecutivas (tortura, envío secreto de sospechosos, escuchas ilegales) que privaban por completo a la gente de esa libertad. Hasta el mismo final de su mandato, Bush se mantuvo fiel a su convencimiento sincero de que había sido un servidor de la libertad. Lo mismo pasó con Blair. Y lo mismo pasó con otros líderes mundiales. Los que amenazaban o incluso desafiaban una interpretación concreta de la libertad se merecían que se les quitara o coartara la suya propia.

Sin embargo, en los meses siguientes a su victoria electoral en 2004 el gobierno de Bush ya había caído en picado. Los términos del acuerdo no habían cambiado. ¿Qué había pasado entonces? ¿A quién recurrir mejor que a Francis Fukuyama, el hombre que, a principios de los noventa, decretó el «fin de la historia»? Llevaba largo tiempo queriendo hablar con él acerca de sus afirmaciones sobre el triunfo inevitable de la democracia, su apoyo inicial a la guerra de Irak y su posterior rechazo, cargado de furia, del régimen de Bush. Fukuyama ha recibido críticas en los círculos liberales por su «viraje» político, pero no puedo evitar, sentados en un restaurante familiar en una de esas cómodas ciudades dormitorio de Virginia, sentir respeto por un hombre que en raras ocasiones ha optado por las suposiciones fáciles.

Hablamos de Rusia y China, estados que, sostiene Fukuyama, están en medio de la «modernización autoritaria», y de su idea de que existe una correlación estadística entre estados de desarrollo y democracia. Hablamos de las «revoluciones de colores» de Ucrania, Georgia y otros lugares que tanto han alabado los defensores de la democratización. Fukuyama me habla de cómo ha llegado a enseñar el caso de Ucrania como ejemplo de desarrollo político: pero no el de Irak ni de otras partes del mundo, en las que el experimento estadounidense ha fracasado tan estrepitosamente. Hablamos del papel de la democracia. ¿Es un resultado en sí misma (elecciones libres) o se trata de un vehículo para difundir los valores liberales? ¿Qué importa más, el proceso o el resultado? Sobre todo, quiero hablar con él sobre el estado de la libertad en Estados Unidos. «Todo el proceso democrático se ha visto corrompido por el uso instrumental de la democracia, sobre todo en Irak», me dice. «Levantarse contra los gobiernos autoritarios ha minado la autoridad moral de Estados Unidos. La paradoja es que un estado que se vende a sí mismo como bastión de la libertad se muestre dispuesto a aceptar la tortura y la erosión de los derechos individuales de los ciudadanos.»

Hubo muchos cómplices, mucho más allá del círculo interno de los neoconservadores. Incluso cuando tuvieron el poder de bloquear los excesos del régimen de Bush, muchos de los denominados políticos liberales se inhibieron. Cuando se trató de desempeñar su obligación básica de oponer un contrapeso al poder ejecutivo, el Congreso demostró, durante todo este periodo, que no estaba capacitado para hacerlo. Durante los seis primeros años de la presidencia de Bush, los demócratas se quejaban de que tenían las manos atadas por la mayoría republicana. Esperemos, decían, a tener el control, cosa que lograron a finales de 2006. En octubre de ese año, en un acto desafiante, el Congreso saliente aprobó la Military Commissions Act [Ley de Comisiones Militares], que rebajaba el rigor de las pruebas para acusar a alguien de «combatiente enemigo». La minoría demócrata, como siempre, opuso escasa resistencia. En los dos años siguientes, con ambas cámaras bajo control demócrata, se produjeron algunos de los ataques más graves a las libertades civiles de la época de Bush. Una y otra vez, al presentárseles una ley, las dos cámaras acababan sometiéndose, dando su aquiescencia a las acciones encubiertas del gobierno o a su ampliación.

La decisión más asombrosa fue la de dar legitimidad política y judicial a las escuchas secretas que el New York Times había revelado, tardíamente, en 2004. La FISA Amendments Act [Ley de Enmiendas a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera] de 2008 se aprobó con un apoyo sustancial de los demócratas, incluida la plana mayor de la dirigencia demócrata de la Cámara de Representantes. Con el nombramiento presidencial demócrata en su haber, Barack Obama dio marcha atrás a la promesa que había hecho durante las primarias y apoyó una versión aumentada del proyecto de ley. La nueva medida legalizaba amplísimas categorías nuevas de escuchas ilegales y supuso la mayor reforma de la Ley de Vigilancia Federal en treinta años. Desde luego, la presión sobre los demócratas había sido intensa. El lenguaje patriótico de los medios estaba aún a la orden del día. Christopher «Kit» Bond, un importante senador republicano de Missouri, se burló de sus colegas diciéndoles que no tenían nada que temer del proyecto de ley, «a menos que tengáis a Al Qaeda en la lista de números de marcación rápida». Incluso él se sorprendió de lo fácil que les resultó salirse con la suya. «Creo que la Casa Blanca ha logrado un acuerdo mejor que el que jamás hubieran esperado tener», admitió.

La noche de la victoria electoral de Obama, en noviembre de 2008, escribí lo siguiente en el Guardian: «Es inevitable preguntarse en qué estado de salud se encontrará Occidente una vez que pase el arrebol de estas memorables elecciones en Estados Unidos, como de seguro ocurrirá. Desde el momento en que robó las elecciones del año 2000, Bush estuvo socavando la fe en todo, desde el proceso electoral hasta el apoyo a las libertades civiles y la observancia del derecho internacional. La alternativa, el capitalismo autoritario, ha prosperado durante los últimos ocho años mientras mucha gente en todo el mundo consideraba que la retórica occidental, en lo esencial, estaba en desacuerdo con la práctica. Ahora, sobre todo ahora, Obama debe eliminar esa diferencia. Como si esta tarea no fuera ya lo suficientemente difícil, el presidente desempeñará un papel crucial en la determinación del destino de la democracia occidental».

Como líder autoproclamada del mundo libre, la política estadounidense tanto interior como exterior ha estado siempre sujeta a un escrutinio especial. La filosofía de prevención y primacía propia del gobierno de Bush había vuelto del revés las relaciones mundiales de Estados Unidos. El fomento de la democracia se había elevado a la categoría de objetivo principal en cuanto a política exterior sin prestar atención a las sensibilidades de las democracias liberales del resto del mundo.

El Pew Research Center lleva años siguiendo las actitudes internacionales hacia Estados Unidos a través de su proyecto de encuestas Global Attitudes. Sus resultados demuestran que el resentimiento y la rabia hacia ese país han ido creciendo año tras año desde la escalada bélica de Irak. En 43 de los 47 países en los que se han realizado encuestas, la mayor parte de los encuestados (incluido el 63% en el propio Estados Unidos) opinan que Estados Unidos fomentó la democracia si eso servía a sus intereses, en lugar de hacerlo como principio. «El mundo y los propios estadounidenses consideran que la democracia de ese país está en peligro desde el interior. El presidente y el vicepresidente se comportan y actúan como si estuvieran por encima de la ley. El Congreso ha fracasado en su labor de control», decía el informe. «Los tribunales han pasado mucho tiempo en silencio mientras se violaban las libertades civiles básicas. El gobierno de Estados Unidos ha recopilado los registros telefónicos de millones de sus ciudadanos en secreto y sin orden judicial. Las encuestas demuestran que sólo un tercio de los estadounidenses cree ahora que “la mayoría de los cargos elegidos se preocupan por lo que piensa la gente como yo”.»

El informe reveló también que enormes mayorías en los cuarenta y siete países pensaban que las políticas de Estados Unidos habían ampliado la brecha existente entre ricos y pobres en todo el mundo. Las actitudes hacia las «formas estadounidenses de hacer negocios» eran abrumadoramente negativas. Tal como señalaba el Pew Research Center, el 10% por ciento de los hogares más ricos de Estados Unidos recibían casi la mitad de los ingresos totales de la nación. El 1% más rico poseía la mitad del dinero de ese 10% más rico, mientras que el 0,1% más rico recibía casi la mitad de la parte correspondiente a ese 1% más rico.

No fue sólo la incapacidad de ponerse como ejemplo con su comportamiento en el mundo lo que había debilitado el concepto estadounidense de fomento de la democracia. Se intentó ocultar que el Consenso de Washington, aquel enfoque válido para todo que conectaba los mercados libres y las elecciones multipartidistas, había sido, de forma invariable, despótico y, con frecuencia, contraproducente. En World On Fire: How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability [Arde el mundo: De cómo la exportación de la democracia del libre mercado genera odio étnico e inestabilidad global], su autora, Amy Chua, sostiene que Estados Unidos no pudo entender las conexiones básicas entre los conceptos de libertad y propiedad de la riqueza, ni tampoco ver cómo los recursos naturales habían supuesto una maldición para muchos países en vías de desarrollo. Chua escribe en un contundente resumen: «En los numerosos países de todo el mundo donde hay una pobreza omnipresente y una minoría que domina el mercado, la democracia y los mercados (al menos, en la forma en la que se están fomentando en la actualidad) sólo pueden avanzar en un estado de máxima tensión entre sí. En estas condiciones, la lucha combinada por alcanzar mercados libres y democratización ha sido repetidas veces el catalizador de unos conflictos étnicos muy predecibles. Ésta ha sido la lección que nos ha dado la globalización en los últimos veinte años». O, como preguntaba Amartya Sen con una claridad pasmosa: «¿Los pobres pueden ser libres?».

Obama no tardó en dar señales de que había entendido esta idea. En una reveladora entrevista con el Washington Post en enero de 2009, insinuó que ya estaba trabajando en los fallos e hipocresías subyacentes al fomento de la democracia de los neoconservadores. «Tiene que ser una parte central de nuestra política exterior. Se trata de quiénes somos. Es una de nuestras mejores exportaciones, siempre que no se exporte simplemente en el cañón de un arma», dijo. Habló de la necesidad de crear instituciones democráticas a través de la sociedad civil, y de hacerlo con el ejemplo. Uno de los errores de los años de Bush fue haber establecido una «equivalencia entre democracia y elecciones. Las elecciones no son democracia, tal y como la entendemos. Son un aspecto de un orden liberal, tal y como lo entendemos. Así, en muchos países, la primera pregunta, si volvemos a las cuatro libertades de Roosevelt, es la de libertad del hambre y libertad del miedo. Si la gente no está segura, si pasa hambre, las elecciones pueden hacer frente, o no, a esos problemas, pero no son un barniz perfecto».

Gracias a Bush, los años que siguieron a la fallida guerra de Irak fueron una época floreciente para los autócratas. Un país debilitado por el fracaso de su diplomacia y sus esfuerzos militares, además de por una economía que se tambaleaba, no estaba en posición de dirigir a otros en la búsqueda de una mayor justicia social o de mayores derechos humanos en el mundo. Estaba atado de pies y manos en sus relaciones con Irak. Confiaba en China para que apoyara sus movimientos contra Corea del Norte. No hizo nada para aliviar el sufrimiento del pueblo de Zimbabwe. Y, lo que es más importante, Estados Unidos había perdido facultades para ganarse o coaccionar a los gobernantes autoritarios populistas de Rusia, China y otros países, que fueron capaces de rechazar las quejas de la Casa Blanca con suma facilidad.

Así pues, ¿se redujo todo a los excesos de Guantánamo y Abu Ghraib o al hecho de que jamás se encontraron armas de destrucción masiva en Irak? Sin lugar a dudas, estos excesos alentaron las críticas hacia Bush y dieron alas a los grupos defensores de los derechos humanos, entre otros. Estos errores desempeñaron un papel vital a la hora de socavar la confianza en Estados Unidos en todo el mundo. Planteémonos, sin embargo, otra pregunta: ¿qué habría pasado si la invasión de Iraq hubiera resultado un éxito en términos militares? Al fin y al cabo, las fuerzas armadas de Estados Unidos habían tomado Bagdad y depuesto a Saddam con facilidad. Las meteduras de pata empezaron cuando las fuerzas estadounidenses ocuparon Irak. Planteo la reflexión sobre estos puntos no tanto para revisar cuestiones de la guerra como para sugerir que la caída de la valoración personal de Bush entre la ciudadanía de su país no fue una consecuencia inevitable de los métodos pugilísticos de su gobierno dentro y fuera de sus fronteras.

En última instancia, lo que importaba a los votantes estadounidenses no era el hecho de que el gobierno fuera poco ético o hipócrita, sino que fuera incompetente, y así era como se le veía. Aunque no pudieran ver las imágenes de las bolsas de cadáveres, empezaron a leer los comentarios sobre el creciente número de muertos entre los soldados. ¿Y qué se había logrado con todos estos sacrificios?, comenzaron a preguntarse. Estas operaciones en Irak y Afganistán no les habían hecho sentirse ni un ápice más seguros. Habían visto a Bush regalar trabajos, favores y recortes de impuestos a sus amigos. Ese capitalismo de compinches (desde Halliburton hasta otros beneficiarios de las aventuras militares) quedó expuesto como corrupto e ineficaz. Poco después, la gente contempló con rabia y vergüenza cómo el estado más poderoso del mundo no era capaz de prestar auxilio ni siquiera durante desastres naturales como el huracán Katrina, en Nueva Orleans.

Cuando las circunstancias cambiaron, cuando disminuyó la capacidad de intimidación del gobierno de Bush, muchos personajes influyentes de la política y los medios de Estados Unidos sustituyeron su quiescencia de los años del 11 de septiembre y la guerra de Irak por una vehemencia nueva y moderna. Una cosa era protestar contra el uso de la tortura y la avaricia de los bancos en 2008 y otra muy distinta asomar la cabeza y haberlo hecho en 2001. Compárese la reacción muda del gobierno ante el escándalo de Kenneth Lay y demás ejecutivos de Enron, al principio de la época de Bush, con la furia dirigida contra Bernard Madoff por sus retorcidas pirámides financieras.

Durante los años de Bush, gran parte de la élite política de Estados Unidos (demócratas y republicanos por igual) se había negado a enfrentarse a los motivos del rechazo generalizado que provocaba su país en todo el mundo. O, si se preocupó de estas cuestiones, sólo pudo ver antiamericanismo en ese descontento. No fue capaz de apreciar el grado en que los errores dentro de su propio sistema (desde el número de votantes hasta la participación política, la corrupción, el aumento de la uniformidad en la comunicación global y, por último y de forma más significativa, la recesión impulsada por Estados Unidos) habían acelerado el atractivo de las alternativas que se ofrecían en el resto del mundo.

Las mismas preguntas sobre gobernanza económica e instituciones internacionales, sobre codicia y globalización (tachadas de antipatrióticas y peligrosas en la época del 11 de septiembre), se consideraron de pronto, una vez arraigó la recesión, no sólo aceptables, sino también cruciales. La aprobación general que había facilitado una conexión entre los mercados libres neoliberales y la democracia liberal occidental (una conexión que los diseñadores de políticas de Estados Unidos habían creado y extendido de forma sistemática) se estaba desvaneciendo dentro y fuera de las fronteras. Incluso el sumo sacerdote de la desregularización, Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal, llegó a admitirlo ante el Congreso. «Para existir hace falta una ideología. La pregunta es si ésta es acertada o no. Y lo que les digo es que sí, que he encontrado un error. No sé lo importante o permanente que es, pero me he sentido muy angustiado por este tema.»

Y, sin embargo, pese a toda la furia desencadenada después, ¿acaso el régimen de Bush no había reflejado sencillamente las prioridades del momento (la supremacía de la creación de riqueza sobre cualquier otra cosa)? El pacto de Estados Unidos después del 11 de septiembre se había contraído de manera voluntaria, y, al menos durante varios años, contó con un apoyo asombroso.

En vísperas de la investidura de Obama, Freedom House, una ONG que supervisa la situación de la democracia en el mundo, elaboró un informe sobre el estado de la libertad en Estados Unidos. En este informe se expresaba una «honda preocupación por los intentos de extender la autoridad ejecutiva sin la revisión habitual del Congreso y el poder judicial, por las entregas extrajudiciales, por los malos tratos a los detenidos por Estados Unidos y por las escuchas telefónicas ilegales en contra de lo dispuesto por la legislación estadounidense». Dicho esto, el enfoque de Estados Unidos con respecto a los derechos civiles debía valorarse, al menos en parte, en el contexto de su historia en otros periodos de guerra. Los excesos anteriores siempre se habían afrontado y resuelto con los «métodos normales del sistema estadounidense», aunque, a menudo, con cierto retraso. «Una prensa libre y un sistema judicial independiente siguen siendo los ejes del sistema estadounidense y son esenciales para preservar la libertad en nuestra sociedad.» Había dado comienzo un proceso de replanteamiento y ajuste. «Ésta es la realidad, más grande e importante, que permite a Freedom House confiar en el futuro democrático de Estados Unidos. La democracia de este país responde a las transgresiones y se revitaliza constantemente.»

Esta conclusión optimista estaba justificada hasta cierto punto. La Constitución de Estados Unidos había sobrevivido, casi intacta, a continuos ataques. La campaña electoral de 2008 volvió a generar cierta confianza en las credenciales democráticas del país, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Obama había combinado la recaudación de fondos de grandes empresas (la forma habitual de financiación, con devolución de favores) con una notable campaña entre las bases. La concesión del derecho a voto a millones de afroamericanos y otros grupos que habían estado marginados del sistema fue una de las características de la campaña. Hubo millones de votos más, de gente a quien no le había interesado votar antes, tan grande había sido su apatía o antipatía.

En lo que respecta a las libertades civiles, muchos liberales han dado por supuesto que con Obama se revocará gran parte de la legislación introducida durante los años de Bush. En sus primeros pasos, el nuevo presidente no decepcionó. Empezó por dictar una serie de mandatos ejecutivos —entre ellos el cierre de la prisión de Guantánamo—, interrumpir juicios militares y obligar a los interrogadores a limitarse a las técnicas de los manuales de campo del ejército. Fue, de hecho, una prohibición de la tortura, algo que el Congreso no había promulgado a principios de 2008, cuando estaba estudiando la Defense Authorization Act [Ley de Autorización de la Defensa]. Estas medidas tuvieron un fuerte valor simbólico. Al mismo tiempo, Obama envió otras señales menos prometedoras. Miembros destacados de su gobierno aprobaron la continuación del programa de la CIA para trasladar prisioneros a otros países sin derechos jurídicos y para detener de forma indefinida y sin juicio a sospechosos de terrorismo, aunque se les hubiera arrestado fuera de una zona de guerra. Algunos podrían preguntarse cuál era la superioridad moral concreta de la base aérea de Bagram en comparación con Guantánamo. Y, para mayor preocupación, el gobierno también había dejado la puerta abierta a la reanudación de los juicios militares en determinadas situaciones extremas. «Estamos trazando un nuevo camino hacia delante, teniendo en cuenta tanto la seguridad del pueblo estadounidense como la necesidad de obedecer los principios del derecho», dijo Gregory Craig, asesor de la Casa Blanca. «Ése es el mensaje que transmitimos a los defensores de las libertades civiles y a los defensores de Bush.» Igual de flojo fue el mensaje que se envió a aquellos que esperaban un cambio en cuestiones tales como la vigilancia y las escuchas telefónicas. Obama necesitaba un electorado lo más amplio posible para su tarea principal de resolver la crisis económica. Tenía mucho que perder y poco que ganar, por lo tanto, si proporcionaba argumentos superfluos a sus críticos republicanos en relación con lo que consideraba cuestiones de segundo orden.

Posteriormente, de forma cautelosa pero aun así notable, Obama se enfrentó al poder de los servicios de seguridad y a la furia de los muchos partidarios de Bush enquistados en los medios, primero publicando una serie de memorandos en los que se detallaban las técnicas de tortura aprobadas por la CIA y permitiendo la publicación de numerosas fotografías en las que se veían los abusos cometidos contra prisioneros detenidos por fuerzas estadounidenses en todo el mundo. Al hacerlo, estaba dejando claro que Abu Ghraib no había sido una aberración, sino que había formado parte de las acciones del anterior gobierno. Y, sin embargo, sólo unas cuantas semanas después, pareció doblegarse a la presión de las fuerzas militares y los servicios de seguridad, pues declaró que trataría de impedir la publicación de las imágenes que pudieran resultar ofensivas.

En noviembre de 2008, dos meses antes de que el nuevo presidente jurara su cargo, los jefes de la inteligencia de Estados Unidos definieron los retos a los que, según ellos, se iban a enfrentar el país y todo el mundo en las dos próximas décadas. El Consejo de Inteligencia Nacional (NIC, por sus siglas en inglés) dijo que el periodo venidero estaría lleno de riesgos, entre los que se citaban los siempre presentes peligros de la catástrofe medioambiental, la guerra nuclear y la competencia por los escasos recursos naturales. Es posible que Estados Unidos siguiera desempeñando un papel dominante, pero tendría que compartir su influencia con China y otras naciones emergentes. El orgullo exagerado por la guerra de Irak y el exceso de confianza de Estados Unidos en la fuerza bruta podrían acabar considerándose como los estertores finales de una potencia en declive. En el fondo el informe del NIC no decía nada nuevo.

Una de las diferencias más asombrosas entre el principio del gobierno de Obama y el de Bush es el énfasis en el pragmatismo, frente a la ideología fácil. Así, a la vez que tendía la mano a Irán, Obama evitó los roces con China, consciente de su creciente poder e influencia. En su primera visita a Beijing como secretaria de Estado, Hillary Clinton señaló que estaba restando prioridad a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Reconoció que los dos países eran socios en pie de igualdad y que no ganarían nada exacerbando los problemas entre ellos. Con esto, estaba reconociendo un cambio que llevaba mucho tiempo produciéndose, pero el gobierno de Bush había tratado de negar: Estados Unidos ya no estaba en posición de imponer la democracia en el cañón de un arma.

En ello radica la paradoja del momento Obama. Las esperanzas puestas en él son extraordinarias. Se le pide que proteja a los estadounidenses del terrorismo, que les devuelva sus puestos de trabajo y su prosperidad, que los salve del desastre medioambiental y que mejore la posición de Estados Unidos en el resto del mundo. Sin embargo, tiene que lograr todo esto justo en el momento en el que la democracia liberal y los mercados libres, los pilares gemelos sobre los que descansa el acuerdo posterior a 1945, se han torcido. Justo cuando recupera su apego a los valores liberales, Estados Unidos está perdiendo su capacidad para transmitir a otros esos valores.

Conclusión

Las prioridades de la gente

Éste fue el día en que el mundo se unió, declaró un Gordon Brown sonriente. Éste fue el principio de un «nuevo orden mundial». Esta afirmación grandilocuente la hizo Woodrow Wilson cuando se creó la Sociedad de Naciones a finales de la primera guerra mundial. Así lo anunció también el presidente George Bush padre en 1990, al final de la Guerra Fría. ¿Cerraba, pues, la cumbre del G-20 celebrada en Londres en abril de 2009 un capítulo histórico, la desaparición de un orden económico que no había sido cuestionado en dos décadas? ¿Y qué había del orden político que lo había respaldado?

En 1989, con el fracaso del comunismo y el final de la Guerra Fría, los regímenes de todo el mundo —de China y Rusia a Sudáfrica, la India y Brasil— concluyeron que no había una alternativa ideológica seria a las fuerzas del mercado como medio para organizar la actividad productiva. En 2009, con el colapso del orden financiero mundial, parecía que muchos habían llegado a la conclusión opuesta; que el desenfreno de los mercados libres había abocado al desastre incluso a las sociedades más ricas y sofisticadas. Muchos eran escépticos con esta atmósfera de contrición y presagiaban que cuando las fortunas crecieran otra vez, se reanudarían los viejos hábitos de la codicia. Pero aun cuando uno admitiese semejante teoría, ¿marcaría una transformación en la calidad de la democracia y en la difusión de las libertades básicas?

Estos veinte años de creación de riqueza globalizada han transformado el concepto de libertad en gobiernos e individuos. La libertad sublime es la económica: ganar dinero, conservarlo y consumir. El resto de las libertades se han sometido a este fin; tenemos hasta dirigentes políticos que incitan a ir de compras como deber patriótico. Esto, combinado con internet y otros avances tecnológicos, creó una homogeneidad cultural sin precedentes. Los súper ricos, los bastante ricos y los aspirantes a ricos, ya sea en San Petersburgo, Shangái, São Paulo o South Kensington, empezaron a habitar un mundo uniforme con los mismos diseñadores, las mismas marcas, las mismas redes sociales cibernéticas y las mismas herramientas de comunicación, los mismos coches deportivos y los mismos destinos vacacionales. Había nacido un conformismo cultural, una mentalidad gregaria que brindaba un entorno fácil para que los poderosos actuasen a sus anchas.

Para cuando estalló la gran burbuja, las desigualdades de la economía mundial eran más que evidentes. En Estados Unidos, en el año 2007 había mil multimillonarios, en comparación con trece en 1985, cuya fortuna ascendía a unos pasmosos 3.500 billones de dólares. Según la revista Forbes, desde hace años árbitro oficial de las fortunas de los súper ricos, el embriagador cóctel del crecimiento económico mundial y los precios en alza de los activos creó 178 nuevos multimillonarios en tan sólo doce meses. «Éste es el año más rico en la historia de la humanidad», declaró el fundador de la revista, Steve Forbes. «El mejor modo de crear riqueza es tener mercados libres y personas libres, y el mundo se está dando cada vez más cuenta de ello.» Con George W. Bush, el uno por ciento de la población más rica recibió el cincuenta y dos por ciento de los beneficios de las reducciones de impuestos. Por el contrario, los ingresos medios de los trabajadores estadounidenses disminuyeron en términos reales. El indicador más reconocido para medir las desigualdades, el coeficiente de Gini, había aumentado en casi todos los países, con China, la India y Estados Unidos a la cabeza. En Gran Bretaña el uno por ciento de la población más rica recibía los mayores ingresos de la nación que en cualquier periodo desde los años treinta. En 2006 la cantidad total desembolsada en bonos ascendía a 21.000 millones de libras, en torno a un tercio del presupuesto destinado a la educación del Reino Unido. Las rentas y los activos del 0,1% de la población más rica se tornaron inconmensurables. Intentar poner una cifra a la súper riqueza, como me dijo una vez el director del Instituto de Estudios Fiscales —y el asesor económico más respetado de Gran Bretaña—, era como «mirar entre la niebla espesa». Eran tales los flujos globales de dinero que las autoridades fiscales, desmoralizadas y escasas de personal, apenas daban abasto.

La democracia redistributiva se había colapsado bajo el peso de las transferencias monetarias globales sin restricciones. Los partidos políticos que expresaban su preocupación por estos asuntos, como el Nuevo Laborismo en el Reino Unido, se daban por vencidos en este ámbito, limitándose a una serie de mecanismos paliativos para los últimos de la cola. En todo el mundo los políticos se desentendieron de la elaboración de normas económicas. Era un terreno en el que no osaban entrar. Lo compensaron centrándose en lo «otro», las parcelas de la vida nacional sobre las que seguían teniendo competencias. La seguridad era el terreno en el que se podía apreciar si marcaban alguna diferencia.

Desde principios de los años ochenta, políticos y pensadores de Oriente y Occidente —los que podían identificarse abiertamente con el credo neoliberal de Thatcher-Reagan, aparte de muchos otros— pontificaron que la globalización y la creación de riqueza sólo podía tener un impacto positivo. Según ellos, a medida que las economías nacionales alcanzasen cierto nivel de ingresos per cápita, las pujantes clases medias se tornarían menos sumisas, menos intimidadas por las autoridades. Exigirían poder legal y político, que proporcionaría, a cambio, las bases de la democracia. No resultó ser así.

Por el contrario, con consumada facilidad, las élites se dejaron sobornar. Participaron en el pacto. Los últimos en hacerse ricos eran los más susceptibles a sus incentivos y a la compensación política que trajo consigo. Las fuerzas conservadoras más innatas eran aquellas cuyos padres o abuelos habían sido pobres, que sólo habían cambiado la moto por un coche familiar o permutado el piso por una casa, que temían ver desaparecer sus ingresos en el momento más inesperado. Lo único preocupante para los que tenían algo de dinero pero deseaban más, y los que tenían mucho pero nunca lo suficiente, eran sus libertades privadas. Les molestaba que el gobierno de Singapur les dijese con quién podían acostarse; les disgustaba el poder que las autoridades chinas seguían ejerciendo sobre los permisos para viajar al extranjero. Temían el uso arbitrario del poder por parte del Kremlin. Querían antes que nada un estado eficiente que cumpliese la ley. Necesitaban saber que sus contratos comerciales no quedarían en papel mojado si alguien cercano al poder no los aprobaba. Les molestaba la sensación de que su dinero no estuviese a salvo, de que pudieran perder sus casas por cualquier capricho. Querían infraestructuras modernas. Querían impuestos bajos y, donde fuera posible, ningún impuesto, todo por estimular la iniciativa empresarial. En algunos países esto supuso una evasión legal de impuestos, alentada por las muy comprensivas autoridades, como en el Reino Unido; en otros, las muy comprensivas autoridades hicieron caso omiso de la evasión casi ilegal de impuestos, como en Italia. En lo fundamental se trataba del mismo fenómeno.

Otras libertades se consideraron opcionales o innecesarias. En cada país los ciudadanos escogieron cuáles de esas libertades querían conservar y cuáles desechar. En cuanto a la seguridad nacional, las clases acomodadas eran categóricas con que el estado debía asumir tantos poderes como pudiese para frenar cualquier fuerza susceptible de poner sus vidas en peligro. Por lo tanto, cualquier supuesto extremista, extranjero o miembro de una minoría que no pareciese respetable debía cargar con todo el peso de la ley. Entonces no se cuestionaron si las reglas económicas que ellos habían establecido habían exacerbado en realidad las tensiones sociales.

Una de las consecuencias de la globalización —con su fusión de los gustos de los consumidores— fue un sentimiento creciente de chovinismo nacional y local. La falta de solidaridad social produjo una nueva forma de libertad individualizada. La inmensa mayoría de los ciudadanos se volvió individualista en sus costumbres, pensamientos y prácticas cotidianas. Les dejaban actuar libremente como agentes individuales, pero sin animarles a ir más allá, lo que dejó un vacío para que los líderes carismáticos, las políticas de identidad populista, trabajasen en armonía con una cultura de celebridades estúpidas. En este aspecto, Italia y la India tenían mucho en común, pues ambos intentaban desviar la atención de los votantes de las instituciones democráticas corroídas hacia el miedo a las minorías étnicas.

Finalmente, ¿cuál es la definición del autoritarismo moderno al que muchos se doblegaron en este periodo? Tal vez ésta: el control estatal que no deja de trabar tu libertad para crear riqueza. La definición de la democracia moderna sería la de un control estatal que no deja de trabar tu libertad para crear riqueza, más ciertas garantías de derechos civiles —para los que no se salen de las convenciones—. Por lo tanto, entre los países que, en líneas generales, incurren en el autoritarismo —los de la primera mitad de este libro— y aquellos que se vanaglorian de sus valores democráticos sólo habría un grado de diferencia. Mi intención no ha sido equipararlos, sino señalar sus características comunes. Incluso en el Reino Unido y Francia, donde la vigilancia va en aumento, la población en general sigue disfrutando de considerables libertades diarias. En Estados Unidos, pese a la autocensura de los primeros años del gobierno de Bush, pese a la estrechez de miras del debate político convencional, los medios de comunicación fundamentales no se enfrentan ni por asomo, como es evidente, a las sanciones de sus homólogos en Singapur, Rusia o China.

Durante las dos últimas décadas todos estos países han tenido mucho más en común de lo que les gustaría admitir. Lo que ha ocurrido es que se ha estrechado la sima entre las democracias y las autocracias. Ambas han comenzado a asumir manifestaciones de la otra, y cada una ha trazado a su conveniencia la línea que separa las libertades privadas de las públicas. En Occidente, con la libertad de expresión considerada cada vez más como un problema por resolver y no como un derecho fundamental, con un control policial de las manifestaciones populares cada vez más severo, con más y más gente a la que hay que vigilar según el estado, los castigos contra los que «causan problemas» ya no son algo que suene tan lejano.

Lo que compartían estos distintos sistemas era la complicidad de los sectores de la población que importaban. Como se explica en la introducción, el pacto no tiene vigencia en regímenes dictatoriales acérrimos. Por supuesto, en países como Zimbabwe y Birmania hay individuos y grupos en torno al líder que tienen la posibilidad de beneficiarse de la situación y, por lo tanto, cumplen las órdenes del estado. Uno de los logros de los últimos veinte años ha sido la reducción del número de estados que funcionan de este modo. Éste ha sido un logro admirable, que, como han mostrado Freedom House y otros grupos, alcanzó su punto culminante a finales del milenio.

Una cosa es librar a un país de la tiranía y otra muy distinta permitir que se desarrolle una democracia sólida y equitativa, sobre todo en condiciones de inestabilidad. De los muchos trabajos serios realizados en este campo, destaca el informe de 2006 de Princeton Project, un grupo sin filiación política que observa los retos a que se enfrenta Estados Unidos en el mundo poscomunista. El informe explica lo que denomina como «condiciones previas más profundas para una democracia liberal de éxito; condiciones que van más allá de la simple participación en las elecciones». Y añade: «Etiquetar a los países como democracias o no democracias, por no hablar del bien y el mal, también complica gratuitamente nuestras relaciones con muchas naciones y con frecuencia socava los auténticos objetivos que pretendemos conseguir». Este punto de vista, que reconoce un terreno medio incómodo y precario, se refiere naturalmente al concepto simplista de los neoconservadores y sus ideas de exportar la democracia a punta de pistola.

Sin embargo, estos análisis seguían contemplando la democracia ajena desde una posición de superioridad. Pese a expresar cierta sensibilidad, daban por hecho el éxito del modelo económico y político de Occidente. No reconocen hasta qué extremo la doble moral de la política exterior occidental y la corrosión de sus instituciones políticas han mermado la democracia en Occidente.

Chris Patten, apasionado defensor de la difusión de la democracia, se muestra desdeñoso con las vindicaciones de muchos antiguos países comunistas. Hace hincapié en términos como «democracia guiada» o «democracia soberana», tan queridos entre los rusos y los chinos, para apuntar: «Cuando la palabra democracia, como definición de una forma de gobierno, va acompañada de algún atributo que la describe, el atributo seguro que no es democrático. Es una regla que no falla». Probablemente tenga razón, pero ¿significa esto que en Occidente las sociedades han alcanzado el sueño de la democracia sin atributo? No lo creo. ¿Qué hay de la «democracia controlada»? Podría aplicarse a Inglaterra, Francia y muchos estados europeos. Con Estados Unidos pasa igual, podrían aplicarse muchos adjetivos poco halagüeños.

En todos estos estados, salvo en China, los votantes han aprobado mal que bien el pacto que les ofrecían. En Singapur y Rusia las decisiones se habrán manipulado, pero resulta innegable que los dirigentes han gozado de altos índices de popularidad. En la India, que se celebren las elecciones es toda una proeza de libertad y, sin embargo, el problema es lo que sucede en los cuatro años siguientes. En Estados Unidos el resultado de las elecciones de 2000 sería una farsa, pero incluso cuatro años después de considerables restricciones a la libertad, hubo un número suficiente de estadounidenses que aceptó el pacto y le concedió otro mandato a Bush en 2004. En el Reino Unido es tal el desdén hacia la política convencional, tan bajo el número de votantes, que muchos se preguntan a quién representan en verdad sus parlamentarios. En muchos de estos países las opciones que ofrecen las urnas son limitadas. Aun así, todos ellos han superado la prueba constitucional según las reglas.

¿Qué dice entonces todo esto de nosotros, de la gente? Uno de los argumentos es que las personas necesitan menos libertad de lo que quisieran creer. Mientras el estado las cuide, las mantenga a salvo y les permita vivir sus vidas privadas como quieran, a lo mejor hay un número suficiente de personas que está a gusto con el pacto. ¿Cuántas entran en la categoría de alborotadoras? ¿Qué porcentaje de la población representa a los políticos de la oposición, los activistas de organizaciones no gubernamentales, los abogados defensores de posibles subversivos, disidentes o periodistas de investigación? ¿Cuántas personas participan en manifestaciones, asisten a mítines o a cualesquiera foros sociales mundiales? La democracia participativa ha desaparecido para siempre. Y cuando se ha abierto paso de forma ocasional en la conciencia de las masas, como en la nutrida manifestación londinense contra la guerra de 2003, en vísperas del conflicto de Irak, no ha marcado ninguna diferencia. Fue un Parlamento abúlico el que decidió el resultado, reforzando una sensación de fatalismo en todos. El pacto político se ha redefinido en el sentido más estricto. Cumple con tu deber cada cuatro o cinco años y acepta la democracia representativa en las urnas. Luego deja el botín para los vencedores, el derecho a decidir por ti tu libertad y tu seguridad, y ni se te ocurra intervenir.

El crecimiento económico, más que ser una fuerza para la participación democrática, reforzó la confianza de las élites políticas y empresariales. Lograron prosperar, porque reinterpretaron los principios básicos de la democracia para cubrir sus necesidades. Estos abogados neoliberales acabaron consumidos por sus excesos y su soberbia intelectual cuando redefinieron la democracia y la libertad con conceptos como privatización, maximización del beneficio, desprecio hacia las necesidades de la sociedad civil y la justicia social, y hacia los peligros que amenazan el medio ambiente. Al actuar así en realidad facilitaron el surgimiento de nuevos políticos autoritarios.

La tragedia de los últimos veinte años es que el atractivo de la riqueza globalizada ha sido una droga para los súper ricos y los que no lo son, para Oriente y Occidente. Cuando usé la expresión «anestésico para el cerebro» en alusión a Singapur, podría haberla usado para referirme a cualquier país, con independencia de su sistema político.

Ahora que la recesión económica se ha unido a la recesión democrática, ¿cuál es el futuro de la libertad? Los peores excesos de la época globalizada parecen tocar a su fin. Los bancos estarán más regulados; los flujos de capital se vigilarán un poco; se animará a las instituciones internacionales a que presten un poco más de atención a las necesidades de la atenuación de la pobreza y el medioambiente, esos dos males que siempre van unidos. La cumbre del G-20 brindó el reconocimiento de facto de la nueva y destacada función de China en particular, pero también de la India y Brasil, entre otros, para determinar la arquitectura financiera futura. Como declaró Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño y de niño limpiabotas: «Ésta es una crisis causada y alentada por la conducta irracional de los blancos con ojos azules que antes de la crisis parecían saberlo todo pero ahora demuestran que no saben nada».

Pero ¿acaso una nueva generación de líderes mundiales será capaz de producir algo diferente y más inspirador, una variante de la libertad posterior a la crisis con verdadero afán de solucionar las múltiples iniquidades del mundo? Las prioridades de las personas reflejan las condiciones socioeconómicas de su tiempo. De modo que, aunque los banqueros y los fondos de alto riesgo fueran los causantes del enredo inmediato, los mayores culpables fuimos nosotros, el pueblo, sobre todo en Occidente, por permitir que la democracia mutara a algo que nunca debía haber sido, un vehículo para el suministro de consumo.

Éste fue el pacto, un pacto pernicioso, una época de riqueza globalizada que se alimentó de los avances tecnológicos y de ese ancestral defecto humano, la codicia. En el mundo entero, una masa crítica de personas confirió a sus dirigentes poderes casi ilimitados para que decidiesen sobre los asuntos relativos a las libertades. A cambio, los compraron con un manto de seguridad temporal y lo que ha resultado ser una prosperidad ilusoria.

Epílogo

La oportunidad perdida

Ha pasado un año desde que escribí la conclusión de este libro. Ha pasado más de un año desde que los gobiernos de todo el mundo echaran un cable a sus bancos. Gracias a eso han salvado a sus economías de caer en el abismo. Se ha evitado una nueva Gran Depresión. Y, sin embargo, resulta alarmante que se hayan aprendido tan pocas lecciones.

Mientras yo recorría el planeta, viajando de un país a otro para hablar sobre mi libro, la crisis financiera arrojaba su implacable luz. De Bruselas a Mumbai predominaba una pregunta: ¿cambiará algo? Como señaló un empresario de Singapur: «¿Estamos precipitándonos a uno de esos reveses cíclicos naturales o estamos ante algo mucho más importante, algo que hace época?». ¿Estábamos viviendo, quería saber, un momento tan significativo como la caída del Muro de Berlín? ¿Acaso la época de superabundancia que había empezado en 1989 tocaba a su fin?

Esta cuestión ha estado atormentándome durante las últimas semanas en que ultimaba la versión en tapa dura de Libertad en venta, en la primavera de 2009. Dudaba entre usar el tiempo verbal pasado o presente para describir el pacto, para mostrar con qué facilidad hemos terminado todos trocando nuestras libertades por las promesas de seguridad y prosperidad. ¿Y si el pacto había delimitado una época específica, que se había iniciado en 1989 con el fracaso de una ideología rival, el comunismo, y la extensión del capital globalizado y los flujos de información, y había finalizado con la quiebra de la compañía Lehman Brothers en 2008? ¿O seguía vigente?

En la conclusión de la última edición pregunté si una nueva generación de líderes mundiales sería capaz de producir algo más inspirador, una variante de la libertad posterior a la crisis cuyo afán fuese solucionar las múltiples iniquidades del mundo. Por desgracia, la respuesta es que no. Peor aún, se les ha presentado una oportunidad extraordinaria para cambiar las sociedades e inculcar la necesidad de cambio, y han hecho todo lo posible por evitarlo.

Es posible que el presidente Obama haya arrancado a los bancos una forma totalmente nueva de trabajar; es posible que haya empezado la tarea de reequilibrar a la sociedad. Para darse crédito ha empleado una retórica mordaz sobre la cultura de la codicia. Ha señalado su descontento con un sistema que ha recompensado la temeridad. Pero no ha actuado con decisión. Durante su difícil primer año, el presidente entrante seguía poniéndose al día. De entre todas las tareas urgentes que requerían su atención, decidió invertir sus energías en la reforma de la asistencia sanitaria. Era toda una hazaña; de hecho, ya supuso un reto para Bill Clinton a principios de los años noventa. Pero mientras Main Street seguía sufriendo la recesión y la negativa de los bancos a conceder créditos a su pequeña y mediana empresa, Wall Street —el capital financiero— prosperó de nuevo rápidamente. Las acciones recuperaron casi todo su valor; en realidad, 2009 fue uno de los mejores años para los valores mundiales. Los grandes bancos empezaron a pagar de nuevo enormes primas a sus mejores empleados, como si nada hubiera sucedido.

A principios de 2010, cuando cayó su índice de popularidad, Obama dio muestras de un cambio de actitud. Anunció planes para limitar el tamaño de los grandes bancos, impidiéndoles que se involucraran en la intermediación por cuenta propia o invirtiesen en fondos de alto riesgo y fondos de capital de inversión. Como era inevitable, sus propuestas provocaron la ira del sector de los servicios financieros. La preocupación a largo plazo, expuesta por personas como George Soros, el inversionista multimillonario y filántropo, era si las reformas se harían sentir. Soros insinuó que, aunque las medidas se aprobasen casi íntegramente en el Congreso, los bancos encontrarían el modo de sortearlas.

Parecía que sólo en la adversidad Obama hacía acopio del valor para pensar en una acción radical. La pérdida del estado de Massachusetts, que pasó a manos de los republicanos, seguida del fallecimiento del veterano senador liberal Edward Kennedy despojó a los demócratas de su «mayoría cualificada». Con una derecha estadounidense envalentonada y sin mostrar arrepentimiento por los años de Bush, Obama se enfrentaba a los clásicos dilemas de los dirigentes de centroizquierda. ¿Seguiría haciendo recortes en su búsqueda de consenso? ¿O utilizaría el tiempo que tuviera disponible para cambiar las prioridades socioeconómicas de la nación? ¿Era su objetivo encarar simplemente los efectos de la crisis financiera, disminuir el desempleo y recuperar unos niveles estables de crecimiento para Estados Unidos? ¿O iba a utilizar la crisis para reequilibrar la ecuación de libertad y prosperidad? Varias de sus promesas relativas a su determinación de combatir los abusos contra los derechos civiles de la época de Bush tuvieron que posponerse. La más notable fue la de cerrar la cárcel de la bahía de Guantánamo. Cuando un nigeriano entrenado en Yemen intentó estrellar un avión contra Detroit, se complicó más aún la tarea política del presidente, sobre todo tras saberse que dos de los conspiradores eran antiguos presos del establecimiento penitenciario.

En Gran Bretaña, un gobierno laborista en apuros ni siquiera se planteaba estas cuestiones. El cometido de Gordon Brown era sobrevivir, y para ello necesitaba el sector de los servicios financieros sobre el que había basado toda su estrategia económica. Aunque el estado había comprado una participación mayoritaria en varios bancos importantes para mantenerlos a flote, los ministros no consideraron que fuera competencia suya cambiar el comportamiento de las personas a cargo de estas instituciones.

En mayo de 2009 la Tesorería encargó un informe titulado «Los servicios financieros del Reino Unido: el futuro». El informe no era nada crítico, sólo buscaba el modo de mejorar la práctica de un sector que según sus autores, en su mayoría grandes nombres de la banca, describieron como «centro de excelencia que trabaja en asociación con el mundo».

Poco después de que se publicase el informe, escribí en el Guardian: «Es inaudito que sean las mismas personas que, mediante una actividad posiblemente delictiva, han llevado a este país, al mundo de hecho, al borde del desastre». Y añadí: «Lo más alarmante de todo es la negativa continua de los ministros a sacar las conclusiones realmente importantes, a comprender los patrones de conducta subyacentes en las actuaciones de los banqueros».

El caso del señor Fred Goodwin, antiguo director ejecutivo del Royal Bank of Scotland, fue el símbolo más potente del malestar. Cuando lord Myners, el ministro de gobierno responsable de las relaciones con la City, negoció el rescate del banco, por lo visto olvidó consultar las pensiones de Goodwin y otras figuras destacadas. «Fred the Shred» [Fred el Trizas] podrá ser un personaje nacional odiado, pero ¿cuáles han sido las consecuencias? Nos dijeron que ya podíamos dar las gracias porque había decidido renunciar voluntariamente a una porción del lucro. Otros casos menos publicitados de codicia y práctica empresarial deficiente fueron más insultantes si cabe.

«Gran Bretaña —la Gran Bretaña del Nuevo Laborismo— se ha convertido en el líder mundial a la hora de mimar a los súper ricos y a los muy ricos», escribí. «Olviden por un momento cuestiones de justicia natural y armonía social: ¿ha conseguido esta cultura de la codicia que las cosas funcionen mejor? El exceso de riqueza no ha producido ni un solo aliciente para mejorar la suerte de la nación.» El mantra moderno de Brown de las «economías de goteo» y los cuidados paliativos para los más desfavorecidos, inspirado por el antiguo director del Banco de la Reserva Federal, Alan Greenspan, no produjo el efecto deseado.

Hacia finales de 2009 la retórica de los ministros del gobierno empezó a cambiar. Brown vio más provechoso, desde el punto de vista político, volver a la postura hostil más tradicional del laborismo hacia los ricos. Pero el objeto de la ira del primer ministro no fueron los banqueros. Su ataque fue político en parte y dirigido contra el líder de los conservadores, David Cameron, y otros que, a sus ojos, habían llevado una vida privilegiada. Aunque hubiese querido arremeter contra la irresponsabilidad de los jóvenes tiburones financieros, sabía que no podía hacerlo. Fue coherente a la hora de defender su espíritu pirata. «Me gustaría rendir homenaje a la contribución que ustedes y sus empresas han hecho a la prosperidad de Gran Bretaña», declaró Brown cuando inauguraron la sede de Lehman en el Canary Wharf de Londres en el año 2004. «Durante sus ciento cincuenta años de historia Lehman Brothers ha sido siempre innovadora, financiando nuevas ideas antes de que muchos otros empezasen siquiera a calibrar su potencial.»

El renovado interés de Brown por la conducta de los banqueros bastó para provocar que algunos moderasen sus formas —por poco tiempo—. Varias primas que debían pagarse a finales de 2009 se retrasaron; los cien socios aproximados con base en el Reino Unido del lucrativo Goldman Sachs acordaron limitar sus primas al final de ese año a sólo un millón de libras cada uno. En otros bancos, los socios y los ejecutivos se aseguraron de convertir sus primas en valores de renta fija, como recomendaban los contables, para que las cifras globales no salieran a la luz —hasta que pasara la tormenta—. Para el gobierno británico el asunto pareció limitarse al engorro causado por estos pagos. Después de esto no quedaban muchas ganas para mayores reformas. El enfoque de Obama era demasiado radical para los ministros, que recurrieron a dos excusas probadas: no querían un Londres «poco competitivo» en el mercado mundial e insistieron en que sólo se podía garantizar una actuación efectiva mediante el consenso internacional.

A finales de enero de 2010 todas las miradas se posaron en la comparecencia de Tony Blair a raíz de las pesquisas que el señor John Chilcot había realizado sobre la guerra de Irak. Los meses de investigación diligente, pero también indecisa, del comité habían abierto otra vez las viejas heridas sobre el celo maniqueo de Blair y su acercamiento adulador al gobierno de Bush que había desembocado en su desventura iraquí. La comparecencia de Blair recordó a los votantes su retórica facilona, su razonamiento imperfecto y su capacidad para inventar verdades propias. La cobertura informativa de su breve retorno al candelero fue intensa. Sin embargo, estas vistas eclipsaron otras noticias de esa misma semana que reflejaban un defecto igual de poderoso. Un informe encargado por el gobierno produjo un resultado muy decepcionante sobre la única misión destacada de Tony Blair: su firme promesa de 1997 de paliar las dificultades económicas de los más pobres del país. «Gran Bretaña es un país con desigualdades, tantas como muchos otros países industrializados y tantas como hace una generación», declaró el National Equality Panel. El «crecimiento tan desigual de los años ochenta no se ha invertido», dijo, pese a los varios proyectos para paliar las dificultades económicas de los pobres, sobre todo de las familias con hijos pequeños. El estudio decía que los miembros del 10% de los hogares más ricos habrán acumulado una riqueza de 2,2 millones de libras cuando les llegue la hora de jubilarse; para el 10% más pobre la cifra no supera las 8.000 libras. Los ministros expresaron su arrepentimiento. Dijeron que el informe reafirmaba la necesidad de actuar. Sus respuestas indicaron que no habían aprendido ninguna lección; su instinto fue mirar los efectos de la desigualdad, de la codicia excesiva, no su causa.

Cualquier esperanza de que la crisis económica pudiera producir alguna idea más imaginativa sobre el estado de la sociedad no se ha materializado. La ventana a la oportunidad de crear una sociedad más inclusiva en el aspecto social, de ir más allá del bajo denominador común del consumismo, parece que se ha cerrado. Al menos ésta es la única conclusión que pudo extraerse del barómetro anual autorizado de las costumbres británicas. La última edición de la British Social Attitudes Survey [Encuesta sobre las actitudes sociales de los británicos], publicada en enero de 2010, apuntaba a que la ciudadanía se estaba cansando del asunto de la redistribución. En 1994 el 51% de los encuestados consideraban positiva la propuesta de que el gobierno usase el sistema fiscal para redistribuir riqueza de los ricos a los pobres. En 2010 esta cifra se había reducido al 38%. En general, este cambio podía atribuirse a las tendencias globales a largo plazo. Pero también había una explicación política. No se había tocado ni a los ricos ni a los muy ricos, y nunca les había ido tan bien. El gobierno laborista había redistribuido algo de riqueza, pero sólo de los trabajadores medios a los pobres. Incluso en este caso intentó ocultar su actuación. En realidad, se podría ir más lejos y decir que la aproximación furtiva de los laboristas a la redistribución limitada había entorpecido la causa por una sociedad más justa. Al vaciar en parte los bolsillos de las clases moderadamente pudientes para ayudar a los pobres mientras dejaba que los súper ricos viviesen como nunca, el gobierno alimentó el rencor. Los ministros no se atrevían a defender públicamente una igualdad más amplia, y cuando así fue —excluyendo a los que importaban (los muy ricos)—, hicieron que su concepto de la igualdad pareciese un esperpento.

Los gobiernos pueden hacer dos cosas: o dar un empujoncito a las sociedades para que cambien o seguir con atención a los grupos de discusión. Aparte de uno o dos aspectos del liberalismo social (como las uniones civiles entre homosexuales), el Nuevo Laborismo pensó que su tarea consistía más en reflejar que en orientar la opinión en todas las áreas políticas, sobre todo en su aproximación a la economía y los derechos civiles. Durante sus últimos meses en el gobierno, los laboristas dejaron traslucir alguna vez que comprendían que los ataques a los derechos civiles habían llegado demasiado lejos. Ordenaron a las autoridades locales que espiasen a los ciudadanos «antisociales» con menos frecuencia; la policía recibió instrucciones de moderarse en las manifestaciones políticas tras la violencia desatada en Londres durante las protestas del G-20, en marzo de 2009. Los ministros señalaron que estaban dispuestos a estudiar de nuevo la ley inglesa contra la difamación, luego de una campaña nacional orquestada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Pero en conjunto la ecuación continuó siendo la misma. Para el laborismo los derechos civiles eran un extra opcional o una inconveniencia, no el elemento central de un determinado sistema de valores de centroizquierda.

En un artículo para el Independent de septiembre de 2008 sugerí un vínculo entre el celo autoritario del partido y su timidez en asuntos económicos. «Un partido que debía intervenir en favor de la justicia social y una igualdad mayor ha permitido, por el contrario, que los mercados se desaten», escribí. «Tras agitar la bandera blanca de la rendición ante los banqueros, los ministros buscaron otro lugar donde ejercer su poder, esta vez entre la ciudadanía, e idearon otras formas de observarnos, escucharnos y decirnos cómo vivir nuestras vidas. No soy un psicoanalista freudiano, pero no puedo hallar un ejemplo mejor de la teoría del desplazamiento en la política moderna.»

La reacción de los votantes ante la crisis económica fue una mezcla de docilidad británica tradicional y furia renovada. Pero esta furia no se dirigió contra la fraternidad bancaria, sino de lleno contra los políticos. La población estaba consternada y escandalizada por las revelaciones de la prensa —empezando por las del Daily Telegraph en mayo del 2009— sobre la cantidad de años que los miembros del Parlamento llevaban amañando sus gastos. Algunas de las reclamaciones al erario público, por asuntos como créditos hipotecarios ficticios, eran puramente penales; otras, como suponer que el contribuyente debía costear las islas artificiales para patos de honorables diputados, eran tan curiosas como arrogantes. El escándalo obligó a varios parlamentarios a devolver el dinero mal habido. Algunos tuvieron que anunciar forzosamente que no se presentarían a las elecciones generales. Otros lo hicieron motu proprio. Por primera vez en mucho tiempo la población parecía furiosa de verdad con el comportamiento de los políticos. Pero ¿cómo se manifestaría esta ira? Desde luego no en las calles. Tal vez, escribí en agosto de 2009, «la débil reacción de los ministros y las autoridades reguladoras refleja una triste realidad que no parece preocupar a la mayoría de los británicos. La ira predicha hace seis meses no se ha materializado. Según el último parte, habían hecho añicos una de las ventanas de la residencia de Goodwin en Edimburgo, y durante las manifestaciones del G-20 hicieron añicos otra ventana de la sede londinense del Royal Bank of Scotland. Ésta ha sido la escala de “poder popular”. Los británicos han mostrado desde antaño una curiosa deferencia por las personas que cobran mucho más de lo que valen».

Sin embargo, este sentimiento de resignación, de serenidad incluso, no se limitaba a un país. A excepción de Grecia, donde la violencia se desató en diciembre de 2009, la prioridad general era encontrar el modo de salir de la recesión lo antes posible. Alemania y Francia fueron los primeros, acallando esas voces que al principio de la crisis hablaron de la necesidad de un cambio sistemático. Curiosamente, estudiantes, sindicalistas y otros manifestantes no tomaron las calles durante la crisis bancaria, como era su costumbre. En las elecciones europeas de 2009 los partidos de centroizquierda, bien en el gobierno bien en la oposición, salieron mal parados en todo el mundo. Entre los pocos votantes, los que se molestaron en votar se decantaron por la seguridad de los partidos de centroderecha y su mensaje de reducir la deuda y recortar el gasto público. Los partidos que podrían haberse beneficiado de la codicia excesiva y el comportamiento irresponsable de la industria de los servicios financieros adolecieron, en cambio, de una falta de análisis —o discusión sincera— sobre las raíces del malestar.

En Italia la pantomima política alcanzó su punto más grotesco en diciembre de 2009 con un extraño ataque violento contra Silvio Berlusconi. Al final de un mitin político el primer ministro recibió un golpe en la cara cuando un ingeniero electrónico con un historial de problemas psicológicos le lanzó una pesada miniatura de la catedral de Milán. Le rompió la nariz y dos dientes. Las imágenes televisivas de Berlusconi abriéndose paso para entrar en un coche y volviendo a salir cubierto de sangre propiciaron una ola de simpatía e introspección sobre el «clima de odio» que se había apoderado de los italianos. También provocó diversas teorías conspirativas y algunos blogueros se preguntaron si no se había exagerado la gravedad de ciertas heridas para las cámaras —algo bastante improbable, incluso tratándose de Berlusconi—. El ataque invirtió meses de impopularidad, según las encuestas, después de que el Tribunal Constitucional de Roma decidiera despojar al primer ministro de su inmunidad a las acciones judiciales. La decisión nunca pasaría de un triunfo pírrico de los detractores de Berlusconi. El primer ministro, después de tachar a los jueces de «izquierdistas», había dejado claro que lucharía por no comparecer jamás ante la justicia. En cualquier caso, la prescripción garantizaría el transcurso de tiempo necesario para dejar sin efecto los distintos casos.

Italia fue un ejemplo extremo de crisis de la calidad democrática en combinación con una desorientación económica. El colapso financiero de Dubai en noviembre de 2009 fue otro ejemplo de mala administración económica en combinación con la ausencia de democracia. Mostró con finos y a veces coloridos detalles la locura de unos gobiernos que se habían apalancado en exceso y fueron abandonados a su suerte cuando las cosas se pusieron duras.

Sin dejarse intimidar por la fuga de capitales y el desmoronamiento de los precios de la propiedad inmobiliaria, el emirato siguió poniendo al mal tiempo buena cara con la inauguración oficial del hotel Burj Dubai. El edificio más grande de la tierra se inauguró en enero de 2010 con la ya familiar exhibición de fuegos artificiales, celebridades de segunda fila y riqueza vulgar. Los jeques de Abu Dhabi, el emirato vecino, y más rico, que tuvo que prestar a Dubai la friolera de 10.000 millones de libras, expresaron discretamente su preocupación sobre la asignación de 1.000 millones de libras a un rascacielos que era pura vanidad e insinuaron que era una «planificación incoherente» de su crecimiento económico. Pero el destape del defectuoso modelo de Dubai se entendió como el rechazo de un modelo económico, más que político. Lo que se cuestionaba no era el equilibrio, el pacto en sí, sino el modo en que se había aplicado mediante préstamos y gastos excesivos.

Por doquier seguía incólume el mismo afán de riqueza instantánea en detrimento de las libertades públicas. En Rusia, el asesinato de más reporteros y activistas, según el informe de septiembre de 2009 del Comité para la Protección de los Periodistas, daba a entender que los negocios seguían en marcha como siempre. El asesinato de la figura más notable en la defensa de los derechos humanos en Chechenia, Natalia Estemirova, fue el más desgarrador de estas penosas víctimas. Hallaron su cuerpo acribillado a balazos en una cuneta de la región vecina de Ingushetia. El presidente Dmitri Medvédev respondió al coro internacional de indignación solicitando que se investigara el caso. Pero no salió nada en claro. Que la muerte fuese responsabilidad exclusiva de los caudillos locales o que las autoridades de Moscú fuesen cómplices de la misma parecía un mero detalle. Todos los que trabajasen en asuntos de derechos humanos o los investigaran se convertían automáticamente en objetivos. En su informe de finales de 2009, Human Rights Watch afirmó que el asesinato de Estemirova y el de otras personas «marcaba un serio deterioro en la situación de los derechos humanos» que «contrastaba tremendamente con la retórica más positiva de Medvédev, que reconocía la importancia de la sociedad civil».

Medvédev creó su propia comisión de derechos humanos; hablaba con frecuencia de la necesidad de restablecer el «estado de derecho» en Rusia. Pero las prácticas establecidas seguían sin cambiar, sobre todo en las regiones más remotas. Un caso que despertó el interés del público fue el de Alexei Dimovski, antiguo policía de la ciudad portuaria de Novorossisk, en el Mar Negro. Alexei se convirtió en un nombre muy conocido cuando envió una carta abierta grabada en vídeo al Kremlin en la que acusaba a sus jefes de corrupción y abuso del cargo. Se quejaba de las condiciones de trabajo inhumanas, la indiferencia hacia los derechos civiles, los chanchullos generalizados y el rutinario abuso de autoridad en el departamento de policía. El vídeo recibió muchísimas visitas en YouTube, hasta un millón, y animó a docenas de oficiales de policía rusos a denunciar prácticas similares. Luego Dimovski fue detenido y acusado de corrupción y abuso del poder.

Como antes, el nexo entre el Kremlin y los oligarcas seguía siendo la clave. Sin embargo, durante este periodo el equilibrio cambió. La dirección política se reforzó notablemente cuando varios de los banqueros e industriales más ricos del país se vieron en la necesidad de pedir ayuda económica con el sombrero en la mano. Concedieron la ayuda a cambio de más servilismo político. Como antes, era Vladímir Putin, el cual aguardaba a que llegase su momento como primer ministro, quien ostentaba el poder político y económico y controlaba casi todos los medios de comunicación. Su vuelta a la presidencia parecía obvia en cuanto se presentase la próxima oportunidad, las elecciones de 2012. En cualquier caso, la dinámica general de la sociedad no había cambiado. La mayoría de los rusos, en particular los que habían salido indemnes de un año o dos de apuros económicos, se encogieron de hombros ante lo que eran capaces de hacer los «alborotadores». Las predicciones de las fuerzas de la oposición, nacionales y extranjeras, de que la crisis económica conduciría a un descontento social generalizado resultaron ser infundadas. Continuaron las manifestaciones contra el gobierno, pero eran a pequeña escala y esporádicas. Se permitieron algunas, pero lo normal era que las reventaran. Los políticos europeos y estadounidenses se quejaban por pura fórmula, como cuando la policía detuvo a Liudmila Alexéyeva, la dirigente octogenaria del Grupo Helsinki de Moscú y una de las galardonadas en 2009 con el premio Sajárov que concede la Unión Europea por la defensa de los derechos humanos. Alexéyeva se había vestido de Snegurochka —doncella de las nieves— en un mitin.

Los sucesos más importantes de este periodo tuvieron lugar en China en lo relativo a las relaciones del país con el resto del mundo, en especial con Estados Unidos. Aunque China empezó el año 2009 con cierto peligro, preguntándose si alcanzaría sus objetivos vitales de crecimiento y preocupada por el malestar social que pudiera desencadenar el cierre de fábricas en el sur principalmente, terminó el año con bastante confianza. Sus dirigentes estaban más convencidos que nunca de que su modelo capitalista autoritario había resurgido de la crisis económica con una salud más robusta que la caduca alternativa democrática.

El Partido Comunista Chino se fijó un objetivo del 8% de crecimiento durante el peor año de la recesión. Lo logró sin problemas, sobre todo porque desvió una cantidad enorme del gasto público a proyectos de infraestructura interna para compensar el súbito y profundo parón en la demanda de exportaciones chinas por parte de los mercados globales. Los sólidos resultados no fueron casuales; fueron obra de la intervención masiva del estado en la economía (400 mil millones de libras en incentivos) y su «aliento» a las empresas y los consumidores para que siguieran invirtiendo y gastando. La economía china se disponía a arrebatarle a Japón el segundo puesto mundial. La trayectoria era clara. Aunque China aún distaba mucho de alcanzar a Estados Unidos, y pese a que ciertos expertos en economía (esos mismos expertos que habían anunciado la caída económica y social de China en el año 2009) insinuaron que su paquete de incentivos era insostenible, el país salió a flote de la crisis con mucha más fuerza que Estados Unidos.

Cuanto más se robustecía la economía china, más se robustecía la autoridad sobre su modelo de desarrollo. Los medios de comunicación oficiales sugerían que el milagro económico de 2009 había sido posible sólo gracias a la capacidad de los líderes chinos de tomar decisiones rápidas sin preocuparse de las trabas de responsabilidad democrática típicas de Occidente.

China fue más desafiante con las críticas occidentales sobre su forma de tratar a la disidencia. Las medidas enérgicas que precedieron los Juegos Olímpicos de 2008 no se habían relajado en modo alguno, sobre todo la censura en internet. Las cosas se pusieron al rojo vivo cuando Google tomó la decisión comercial extraordinariamente arriesgada de amenazar con retirarse de China tras descubrir, en palabras suyas, un «ataque dirigido y muy sofisticado contra nuestra infraestructura empresarial creada en China». La reacción del gobierno chino fue la típica combinación de perplejidad y expresiones de dolor y despecho. La acusación más perjudicial fue que piratas informáticos chinos, en teoría a sueldo del estado, se habían infiltrado en las cuentas de correo electrónico de Google de defensores de los derechos humanos. Cuando Hillary Clinton, la secretaria de Estado, pidió explicaciones tras apuntar que la «capacidad de actuar con confianza en el ciberespacio es fundamental en la economía y la sociedad modernas», le respondieron con cajas destempladas. La realidad, como había sido la norma en Rusia, China y otros estados autoritarios desde hacía mucho tiempo, era que, por cada país o empresa que se posicionase a favor de los derechos humanos, había muchos más entre bastidores esperando a hacerse con los contratos desechados.

La crisis económica consagró el cambio en el poder que se había presagiado tiempo atrás. Las dos cumbres del G-20 celebradas en Londres y Pittsburgh en 2009 fijaron este foro como el organismo coordinador fundamental de las mayores economías del planeta, y el destacado papel de China en él. Los políticos de Washington y las capitales asiáticas comenzaron a hablar más de un G-2, compuesto sólo por Estados Unidos y China. La actitud obstinada de los líderes chinos en la cumbre de Copenhague sobre el cambio climático mostró unas primeras pinceladas de la nueva realidad. Los negociadores chinos se aseguraron de no asumir compromisos sustanciales con respecto al medioambiente que pudiesen frenar la carrera hacia el crecimiento de su país y otras potencias en vías de desarrollo.

El gobierno de Obama basó su política exterior con China en una serie de arraigadas suposiciones, que habían influido por igual a Bill Clinton y George W. Bush. Ambos creían que los ilimitados flujos globales de capital, comercio e información obrarían un cambio irresistible en China. Durante una visita al país chino en 1998, Clinton proclamó: «En esta era de la información global, cuando el éxito económico se funda en las ideas, la libertad personal es básica para la grandeza de cualquier nación». Al año siguiente Bush declaró casi de forma idéntica: «La libertad económica crea hábitos de libertad. Y los hábitos de libertad crean esperanzas de democracia. Comercien libremente con los chinos y el tiempo nos dará la razón».

El éxito de China reforzó el argumento de que los mercados libres («administrados» por el estado o no) y las sociedades libres no tienen por qué ir de la mano. La creencia predominante desde finales de los años ochenta —que una clase media siempre en desarrollo creaba una marea imparable hacia la libertad política— había perdido toda credibilidad.

De Oslo a Singapur, vía Bristol y Jaipur, pasé el otoño de 2009 y el invierno de 2010 exponiendo mis argumentos sobre el equilibrio entre la libertad, por una parte, y la prosperidad y la seguridad por otra. El libro fue muy reseñado en los medios de comunicación y suscitó no poca controversia. Algunos detractores quisieron traducir mi mensaje e insinuaron que era un tratado «anticapitalista» o incluso que yo hacía apología de las dictaduras. Por fortuna, estas voces fueron contadas.

Mis lectores variaban considerablemente. En Bruselas me recordaron que creían profundamente en un modelo más colectivista que veía la relación entre estado e individuo con más benevolencia que sus equivalentes anglosajones. En los países nórdicos varios contestatarios sugirieron que mi análisis de Singapur podría aplicarse, aunque salvando las distancias, a lo que ellos consideraban una política del todo opresiva y dominada por el estado en sus países.

Algunos de los argumentos más feroces, en foros públicos y en las secciones de opinión de los periódicos nacionales, procedieron de la India. Varios interlocutores se quejaron, alegando que su sistema político sí que había superado con contundencia la prueba de la democracia, y citaban las elecciones de mayo de 2009 con el contundente regreso al poder del Partido del Congreso. Dijeron que este hecho había alejado las aspiraciones más autoritarias del Bharatiya Janata Party. Hacían bien en celebrar tanto el resultado como el modo en que se había gestado la campaña. Una vez más, la India había dado una imagen más que favorable durante las elecciones. Pero lo importante era lo que había ocurrido entretanto. Tarun Tejpal, cuya revista Tehelka sigue siendo puntera en el periodismo de investigación del país, recordó a los lectores que los crímenes extrajudiciales siguen siendo endémicos en la India y que muchos de los sucesos entre Delhi y Mumbai, sobre todo en las zonas rurales, rara vez llaman la atención de un prensa obsesionada con Bollywood y el críquet y de una élite empresarial y política preocupada sólo por su bienestar. Les recordó que la clase media india se había desentendido de su responsabilidad para con la sociedad en conjunto y buscaba su realización personal casi exclusivamente a través de la riqueza material individual.

Con independencia de sus especificidades culturales, los distintos lectores tenían ciertas características comunes. Eran propensos a compartir mi punto de vista sobre la diferencia esencial entre las libertades privadas y las públicas y cómo las primeras habían prevalecido sobre las segundas. Sentían deseos de profundizar en mi teoría de que las prioridades de los votantes en las democracias establecidas no son tan distintas de las de los ciudadanos de estados autoritarios.

El destino más delicado fue Singapur, el modelo del pacto. La ciudad-estado tiene un historial de «hacer frente» a las críticas. Dado que su gobierno me ha denunciado varias veces, me sorprendió e intrigó que la Universidad Nacional me invitase a dar un seminario sobre los temas tratados en el libro. La actividad fue gestionada de forma enérgica pero imparcial. Después se publicó un artículo de una página sobre el libro en el Straits Times controlado por el gobierno, que trató el tema con total corrección. Hasta informaba a los lectores de dónde se vendía el libro. Los blogueros locales ofrecieron distintos puntos de vista sobre esta aparente transparencia. Uno insinuaba que me había convertido adrede en el «perfecto hombre de paja» y señalaba que mi visita había coincidido con la expulsión del país de un periodista extranjero revoltoso. El bloguero decía que el gobierno de Singapur me usaría como ejemplo para defenderse de las acusaciones de autoritarismo. Quizá estuviera en lo cierto, pero muy pocos se preocupan de comprobar dónde yacen los «indicadores de fuera del terreno de juego», como los llaman los singapureños. Sólo de forma ocasional se colocan en la buena dirección, aunque sea brevemente.

Visité Singapur sólo unos días después de uno de los grandes acontecimientos planificados en noviembre de 2009, cuando todos los dirigentes, pasados y presentes, se reunieron en Berlín para conmemorar el vigésimo aniversario de la caída del Muro. Aunque las experiencias de los años intermedios variaban bastante, los pueblos de los países de la antigua Unión Soviética tenían muchas razones para celebrar la desaparición de las dictaduras que les habían privado de sus libertades básicas. Yo estaba afincado en Berlín cuando tuvieron lugar los movimientos prodemocráticos y la noche de la caída del Muro.

Se habían consagrado nuevos sistemas democráticos, pero en el transcurso de los años ¿qué había sido de la calidad de esas democracias? ¿Y cuáles habían sido las libertades más mimadas y disfrutadas? Sin duda, las libertades privadas de los individuos y el derecho a ganar y gastar dinero. Las libertades públicas por las que tanto se había luchado —el derecho de reunión, de libertad de prensa, de ser activo en la esfera pública— se daban por supuestas en un país tras otro. En algunos eran irrelevantes —o incluso perjudiciales— para el fuerte imán del consumo ostentoso. Los ciudadanos de las nuevas democracias emergentes tienen menos culpa de ello; al fin y al cabo, quienes están acostumbrados a que el estado decida todos y cada uno de los aspectos de sus vidas, cualquier libertad es mejor que ninguna. Los verdaderos culpables fuimos quienes, en países considerados de sobra como modelos democráticos de desarrollo, nos despojamos de las viejas libertades con una indiferencia tan despreocupada.

En cuanto se colapsaron los mercados, el mundo miró a su alrededor y se percató de lo poco que le había faltado para hundirse. Pero lo más descorazonador es que los sucesos de los años 2008 y 2009 podían haber servido de aldabonazo, de incentivo para reestructurar las sociedades y alejarlas del altar de la codicia consumista. De haber querido, las viejas democracias habrían propiciado un entusiasmo renovado por la esfera pública. Una vez más, prefirieron no hacerlo. Así, la iniciativa quedó en manos de países que encomiaban con bastante descaro las libertades privadas como el bien supremo. Las conclusiones a las que había llegado a principios de 2009, cuando la crisis económica seguía en su primera fase, se confirmaron con los acontecimientos que siguieron. En 1989 se perdieron buenas oportunidades no sólo de ampliar la democracia, sino también de mejorarla. Veinte años después las heridas de una crisis económica brindaron una nueva oportunidad a los pueblos y sus gobiernos para que volviesen a valorar sus prioridades, considerasen desde cero el equilibrio entre creación de riqueza, seguridad y libertad, reajustasen las nuevas libertades privadas recién adquiridas y las libertades públicas corroídas. Desgraciadamente esta oportunidad ha vuelto a desaprovecharse por doquier.

John Kampfner, junio de 2010

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Agradecimientos

En el curso de un año y pico viajando he contado con la colaboración impagable de un sinfín de personas que me han ayudado a organizar viajes y discutir los temas del libro, me han facilitado entrevistas y una comprensión cabal de los hechos, y han leído las versiones de mi manuscrito. Si he omitido a alguien sin darme cuenta, ruego que me disculpe de antemano.

En Singapur vaya mi agradecimiento a la Universidad Nacional, en particular a Kishore Mahbubani, Wang Gungwu y Chua Beng Huat. También a mis viejos amigos Geh Min, Patrick y Rosa Daniel, Chelvum Raja y Chin Seng Tan. Otros me han pedido permanecer en el anonimato.

En China vaya mi agradecimiento a Richard Spencer, Arthur Kroeber, Randy Peerenboom, Michael Pettis, Daniel Bell, Benjamin Lim, Louis Kuijs, Chenggen Hu, Kevin Ao, K. T. Mao, Jeanne-Marie Gescher y, en especial, a mi investigador en Beijing, Jing Wen. En Shenzhen tuve el placer de conocer a Lancel Cui, Wang He Ping y Edward Hoffman. A otros es preferible no identificarlos, pero les estoy muy agradecido. En Hong Kong, vaya mi agradecimiento a David Zweig, Joseph Cheng, Nicholas Bequelin, Geoffrey Crothall y Robin Munro; en Taipei, a Dennis Engbarth y Andrew Yang.

En Rusia me siento en deuda con amigos y conocidos de los últimos veinte años, demasiados para mencionarlos a todos en estos agradecimientos. Me gustaría mentar a Art Troitsky, Olga Timyanskaya, Pyotr Kochevrin y Sergei y Lena Zhgun. También me gustaría dar las gracias a Lilia Shevtsova, Andrei Soldatov y Elena Nemirovskaya por su perspicacia. Vaya mi agradecimiento a RIA-Novosti por invitarme a varios clubes de debate en Valdai.

En Dubai y Abu Dhabi vaya mi agradecimiento a Caroline Faraj, Nick Maclean, Mark Lunn, Nic Labuschagne, Ashraf Makkar, Martin Newland, Ayman Safadi, Hasan Al Nabudah, el doctor Eckart Woertz, Bob Cowan y Frank Kane.

En la India me inspiraron mis encuentros con Tarun Tejpal, Teesta Setalvad, Barkha Dutt, Swapan Dasgupta, Shobhaa De, Shekhat Kapur, Chiki Sarkar, Kalpana Sharma, Dina Vakil, M. J. Akbar, T. N. Ninan, William Dalrymple, Naresh Fernandes, Mala Singh, Meenakshy Ganguly, Meena Menon, Gautam Mody, Adolf D’Souza, Khozem Merchant, Rashmee Roshan Lall, Ram Reddy y Dilip Cherian. Agradezco a Gautham Subramanyam su ayuda logística.

En Italia me siento en deuda con Feruccio de Bortoli, Paolo Flores d’Arcais, Ezio Mauro, Sergio Rizzo, Gherardo Colombo y Michele Polo. Alessandro Speciale me ayudó mucho con la organización.

Muchos colegas y amigos afincados en Londres me proporcionaron una ayuda y unas opiniones valiosísimas: Vivienne Lo, Tari Hibbitt, Isabel Hilton, Conor Gearty, Paul Mason, Charles Grant, James Kynge, Ken Macdonald, Chris Patten, Misha Glenny, Christopher Granville, Roderic Lyne, Anthony Brenton, Basharat Peer, Salil Tripathi, Kamila Shamsie, Christopher Davidson, Alexandra Pringle, Julia Simpson, Rosie Goldsmith y Mukul Devichand. En Oxford vaya mi agradecimiento a Paul Chaisty, Alex Pravda, Andrew Hurrell, Laurence Whitehead, Rana Mitter y, en particular, a Graham Hutchings y sus colegas de Oxford Analytica. Agradezco a Ahmad Abdallah, Philip Bobbitt, Fareed Zakaria y Anders Aslund que me dedicaran su tiempo en el Reino Unido. En París vaya mi agradecimiento a Valerie Nataf, Frederic Niel, Yves Charpentier y Violaine de Villemeur, y en Fráncfort a Huw Pill.

Mis viajes a Estados Unidos no habrían sido posibles sin la ayuda de Eric Foner, Michael Kazin, Francis Fukuyama, Jameel Jaffer, Tom Carothers, Arch Puddington, Corey Robin, Stephen Holmes y Katrina van den Heuvel.

Fui extraordinariamente afortunado por tener a un grupo de amigos y expertos que, aparte de ayudarme con los viajes, leyeron con asiduidad fragmentos de los borradores del manuscrito o el manuscrito entero: Jonathan Steele, John Arlidge, Richard Spencer, Pankaj Mishra, Andrew Stephen, Bobo Lo, Jo Glanville, Jonathan Dimbleby, Naresh Fernandes, David Hoe, Marco d’Eramo, Maxwell Kampfner, Alan Philps, Art Troitsky, Mark Easton y Jonathan Fenby. Dos personas me guiaron durante todo el proceso, brindándome su apoyo e inspiración: mi hermana, Judith Kampfner, y mi esposa, Lucy Ash. Siempre estaré en deuda con ellas.

Le estoy muy agradecido a mi investigador, el doctor Milly Getachew, por brindarme una excelente tarea de fondo y organizar varios de mis viajes. Ha sido un placer colaborar por primera vez con agente en Estados Unidos, Emma Sweeney, y con Lara Heimert, mi editora de Basic Books en Nueva York. Ha sido un placer volver a colaborar con mi agente Bruce Hunter y con el excelente equipo de Simon & Schuster de Londres: Ian Chapman, Director Ejecutivo, Hannah Corbett, directora de publicidad, y mi editor y director editorial de no ficción, Mike Jones.

Notas

1. Es decir: fútbol, esquí y joyas de lujo. (N. de la T.)

2. Literalmente, «indicadores de fuera del terreno de juego». Expresión procedente del golf y utilizada en Singapur para determinar qué asuntos políticos pueden tratarse libremente y cuáles no. (N. de la T.)

3. En la jerga financiera, persona con un «alto patrimonio neto». (N. de la T.)

4. Literalmente «señores de la covacha»; propietarios de pisos en malas condiciones que invierten poco en su mantenimiento pero sacan el máximo beneficio alquilándolos a los pobres. (N. de la T.)

5. Cochecito de dos ruedas tirado por una persona. (N. de la T.)

6. En Inglaterra el documento nacional de identidad no es obligatorio como en otros países. (N. de la T.)

7. «Rota, mordida, acobardada». (N. de la T.)

Libertad en venta

John Kampfner

ISBN edición en papel: 978-84-344-6959-4

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal)

Título original: Freedom for Sale. How we made money and lost our liberty

Traducción: María Enguix Tercero

Prólogo: Lluís Bassets

© John Kampfner

© de la traducción, María Enguix Tercero

Derechos exclusivos de edición en español reservados para España y propiedad de la traducción:

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Primera edición en libro electrónico (epub): febrero de 2011

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Conversión a libro electrónico: Víctor Igual, S. L.

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