Un libro polémico sobre el presidente del Gobierno.

Joaquín Leguina aborda en este ensayo la compleja personalidad, las ambiciones personales y los errores cometidos por el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Si Historia de un despropósito fue un ácido y polémico recorrido por los últimos años del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, este libro pondrá al descubierto las debilidades de Sánchez y su equipo de Gobierno, y se adentrará en la figura de un hombre desconfiado y enigmático.

Joaquín Leguina

Pedro Sánchez, historia de una ambición

ePub r1.0

Titivillus 16-07-2021

Título original: Pedro Sánchez, historia de una ambición

Joaquín Leguina, 2021

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Dedico este libro a Angelines de Apraiz Leguina,

mi prima y mi hermana,

que siempre estará entre nosotros

Agradecimientos

A Clara Isabel Francia por sus atinadas recomendaciones.

Y a Lucinda Álvarez por su paciencia y su acierto con el manuscrito del autor.

NOTA DEL AUTOR

Para escribir este libro he consultado textos de numerosos autores, de los que soy deudor. En algunos casos aparecen entre comillas citas textuales de sus obras, en otros me he tomado la libertad de interpretar sus textos. Y en algún caso he hecho una mezcla de las dos modalidades. Los autores se relacionan a continuación por orden alfabético.

Gabriel Albiac, José Álvarez Junco, Andrés Amorós, Pilar Aparicio, Hannah Arendt, Helena Béjar, Ferrán Bel, Francisco Bello, Juan Benet, Miquel Berga, Miguel Blasco, Ignacio Bosque, Silvia Bruno, Abel Cádiz, Juan José R. Calaza, Ignacio Camacho, Antonio Caño, Antonio Casado, Manuel Castells, Juan Cofiño González, Josep Colomer, José Luis Corcuera, Álvaro Delgado-Gal, Susana Díaz, Rosa Díez, Arcadi Espada, Ramón de España, Joaquín Estefanía, José P. Ferrándiz, Harry G. Frankfurt, Ángel de la Fuente, Luis Garicano, Martu Garrote, Daniel Gascón, José Antonio Gómez Yáñez, Ainara Guezuraga, Óscar Guinea, Eduardo Guzmán, Pablo Hernández de Cos, Cristina Herrero, Anne Hidalgo, Antonio Jiménez-Blanco, Javier G. Jorrín, Jon Juaristi, Emilio Lamo de Espinosa, José Luis Ledesma, Ursula von der Leyen, Gilles Lipovetsky, María Llapart, Josep Lobera, María López Santana, Eduardo Madina, Maquiavelo, Javier Marías, José Antonio Marina, Juan Martínez, Rafael Matesanz, Timoteo Mayoral, Francisco Mercado, Amando de Miguel, Cristina Monge, José Enrique Monrosi, Federico de Montalvo, Javier Moreno Luzón, José Miguel Mulet, Santiago Muñoz Machado, Elisa de la Nuez, Clara Eugenia Núñez, Rafael Núñez Florencio, Ana Nuño, David Ortega, George Orwell, Félix Ovejero, Graciano Palomo, Isabel Pérez del Puerto, Arturo Pérez Reverte, Alfredo Pérez Rubalcaba, Susan Pinker, Fernando del Pino, Pablo Pombo, Cristina Quintas-Soriano, Iván Redondo, Nicolás Redondo Terreros, Miguel Ángel Revilla, Jaume Rexach, Maite Rico, Antonio Robles, Alessandro Rosina, José María Ruiz Soroa, Ana Samboal, Manuel Sanchís, Segundo Sanz, Jordi Sevilla, Francisco Sosa Wagner, Juan Soto Ivars, Jonathan Swift, Jaime Terceiro, Miriam Tey, Tony Thorne, Tzvetan Todorov, José Juan Toharia, Carmen Torres, Gabriel Tortella, Santiago Trancón, Fernando Vallespín, José Alejandro Vara, Ignacio Varela, José Antonio Zarzalejos.

Nuestro ecosistema innovador tendrá

experiencia en la definición de objetivos

de mejora en la colaboración de grandes

proyectos multidisciplinares orientados.

Declaración (ininteligible) de PEDRO SÁNCHEZ

La sátira está considerada como la más fácil muestra de

ingenio, pero en los tiempos verdaderamente malos no lo es

en absoluto, ya que es tan difícil satirizar bien a un hombre

de vicios distinguidos como loar a un hombre de

virtudes distinguidas.

JONATHAN SWIFT[1]

PREÁMBULO

A menudo, la ambición lleva a los hombres a hacer la

cosas más mezquinas, y es que trepamos en la misma actitud

en que nos arrastramos por el suelo.

J. S.

Durante una entrevista para promocionar su última novela sobre la batalla del Ebro, el gran escritor Arturo Pérez Reverte aseguró que Pedro Sánchez le fascinaba. No entiendo hasta qué punto el actual líder del PSOE puede resultar fascinante, pero lo que está fuera de toda duda son su ambición y su tenacidad, junto a una gran maña para moverse en las inestables aguas de la política. Pero, como ha recordado a este propósito el veterano político Abel Cádiz[2], también Robespierre alcanzó el dominio absoluto sobre Francia en la Revolución de 1788 con el solo apoyo del club jacobino, que nunca pasó de tener novecientos miembros inscritos. Más cerca de nosotros, Mao Tse Tung obtuvo financiación de la URSS al lograr poco más de cuarenta afiliados y así cumplir la condición que le había impuesto el Komintern para proporcionarle la primera ayuda económica que le permitió en dos décadas hacerse el dueño de China. Todavía hay en la historia un caso más sorprendente: Mahoma, que escapó por los pelos de quienes querían asesinarlo huyendo desde la Meca hacia Medina con solo ochenta y tres seguidores, según sus biógrafos, fundó en la ciudad que le acogió «La Sagrada Hermandad del Islam», que en apenas veinticinco años dio lugar a más conquistas que las que hizo el Imperio romano en seis siglos.

Hace ya quinientos años Maquiavelo escribió en El príncipe que hay tres clases de personas: unas pocas que piensan por sí mismas, otras que comprenden a los que piensan y la gran mayoría que no discierne por sí ni por la demostración de otros. Y no creo que en nuestros días haya cambiado mucho esta radiografía política; no hace falta mucho ingenio para darse cuenta de que es en esa hipótesis sobre la que hoy se basan las técnicas de comunicación política, y la usan a fondo. En pocas palabras: los del marketing político creen que somos imbéciles (o quizá solo distraídos) y probablemente tengan razón.

El florentino Maquiavelo dejó escrito que el príncipe «no tiene por qué respetar su propio juramento cuando va contra sus intereses, ya que los hombres son tan simples que siempre están dispuestos a dejarse engañar». Para subrayarlo, puso como ejemplo al papa Alejandro VI (el valenciano Borgia), del cual dijo: «no hubo otro que prometiese con más desparpajo ni que hiciera tantos juramentos sin cumplir ninguno».

Volviendo a la entrevista de Pérez Reverte, este la cerró calificando a Sánchez con el término inglés killer: «Es un killer, los ha matado a todos: en su partido, a Felipe González y a Alfonso Guerra. En la oposición, a Rajoy»… Y en mi opinión el escritor se quedó corto.

Por su parte, Abel Cádiz concluía así su comentario:

Aceptémoslo, su caso [el de Sánchez] es simplemente fascinante si se circunscribe a la lucha por el poder político. Si desborda ese límite y pretende eliminar cualquier forma de contrapoder institucional, entonces estará dando pasos para que la víctima sea la democracia.

Estamos, pues, ante un ambicioso, pero sin ambición no es posible el triunfo, por tanto, no seré yo quien critique esa pulsión. Pulsión que hoy en día y en cualquier liderazgo va unida a otra faceta llamada seducción. Y según el pensador francés Gilles Lipovetsky[3], vivimos en una sociedad de seducción:

La novedad en sí misma es seductora, es algo clásico, como Don Juan que quería constantemente una nueva mujer. […] la política es una seducción triste […]. Las opiniones públicas en Europa están cada vez más desencantadas, son escépticas y rechazan a los políticos. Atravesamos una grave crisis de las democracias, ya no tenemos confianza en los dirigentes y no creemos en la política. La gente se compromete menos con los partidos. Y eso conlleva la amenaza del populismo.

En efecto, el populismo ya está entre nosotros y de la mano de Pedro Sánchez forma hoy parte del Gobierno nacional.

Y yo me pregunto: ¿qué mecanismos tiene la Democracia para parar ese tren? La respuesta es clara: ninguno. ¿Cómo sacar adelante una ley de partidos que desarrolle los principios constitucionales que exigen «estructuras y procedimientos democráticos»? Ninguno de los partidos hoy reinantes en el Parlamento español tiene ganas de esa ley cada vez más necesaria. ¿Cómo revertir la calidad profesional de los actuales representantes? ¿Cómo acabar con las malditas (y falsas) primarias, que han traído el caudillismo a los partidos españoles?

Las deficiencias que taran a la sociedad española no vienen de ayer y sobre ellas hay un apreciable consenso, consenso que ha relatado Núñez Florencio[4]:

[…] la cuestión, nunca bien resuelta, de la enseñanza; el déficit de la investigación; la inexistencia de una filosofía hispana comparable a nuestros vecinos europeos; los eternos lastres para el despegue de las disciplinas científicas; la escasa inversión en tecnología y desarrollo; la ausencia de una élite política eficiente; la falta de un tejido industrial que vertebre el conjunto del territorio; el estrecho horizonte —con las excepciones que se quieran— de nuestra clase empresarial; la tendencia a convertir la protesta en revuelta y dirimir los conflictos no mediante acuerdos sino con la derrota del adversario; la intolerancia como norma permanente de conducta individual y colectiva; la débil formación de una identidad nacional y el problemático reconocimiento en unos símbolos comunes… Una lista incompleta, casi a vuela pluma, que cualquiera podría completar y/o matizar sin dificultad.

Estoy seguro de que a lo largo de esta aproximación a la figura de Pedro Sánchez voy a tener la oportunidad de abordar estos y otros problemas.

PRIMEROS PASOS

Conocí y traté al padre de Pedro Sánchez siendo él director general del Instituto Nacional de Artes Escénicas en el Gobierno de Felipe González. Yo era diputado en el Congreso y también portavoz del PSOE en la Comisión de Cultura. Pedro era un hombre que había hecho su carrera profesional en la SGAE y a pesar de que era dirigente de las artes escénicas, paradójicamente, no le gustaba nada exhibirse. Tranquilo y eficiente, dirigió aquellas políticas con buena mano y buen trato hacia un colectivo (teatro, danza…) no siempre tranquilo. Moderado en las formas y en el fondo, se ganó el respeto de todos sin levantar la voz ni pretender protagonismo alguno.

Cuando, tras perder las elecciones de 1996, el PSOE pasó a la oposición, Joaquín Almunia fue elegido secretario general y me cooptó para su Comisión Ejecutiva. Desde allí dirigí la política cultural del partido. Fue entonces cuando más contacto tuve con Pedro Sánchez padre, pues montamos, con la impagable ayuda de Enrique Baquedano, una red cultural —que incluía al sector de la ciencia— en la cual colaboraron socialistas y no socialistas de toda España, y formando parte de la cúpula de aquella organización estaba Pedro Sánchez. Nuestras reuniones, tanto en Madrid como en otras provincias, fueron frecuentes y fructíferas. De hecho, contamos con la colaboración de numerosos autores, tanto de cine como de teatro y danza, e investigadores.

Aquella red duró hasta que ganó el congreso José Luis Rodríguez Zapatero y puso al frente del área cultural a Carmen Chacón, quien, sin dudarlo un momento, eliminó la red, pues traía en la cabeza «otras formas de hacer política». Pero volvamos a los orígenes de nuestro protagonista.

Pedro Sánchez, mi compañero, estaba casado con Magdalena Pérez-Castejón y tenían dos hijos. El mayor, Pedro, nació el 29 de febrero de 1972 en Madrid, en el distrito de Tetuán —concretamente en la parte elegante del distrito de Tetuán—, al norte de la villa: vivían en la calle Comandante Zorita, que hoy —no sé por qué, ya me lo contará Manuela Carmena— ha cambiado de nombre y se llama Aviador Zorita. Como contaba con gracia un madrileño, «los vecinos, por las dudas, han optado por denominarlo Señor Zorita».

Magdalena era hija del dueño de una herrería de Lorca, Mateo Pérez-Castejón, quien contrajo matrimonio con Inés Barrios Jiménez, una joven madrileña criada en Puente de Vallecas, donde también creció Magdalena. Ella y el padre de Sánchez se casaron el 14 de agosto de 1971 y un año más tarde llegaba al mundo el hoy presidente del Gobierno. Después de una larga trayectoria como funcionaria de la Seguridad Social y ya con cuarenta años, Magdalena decidió sacarse la licenciatura de Derecho y colegiarse como abogada. Se da la circunstancia de que coincidió algunos años con su hijo mayor en la universidad.

Tres años después del nacimiento de Pedro, la pareja tuvo a su segundo hijo, David. David terminó el bachillerato en el prestigioso colegio jesuita de Cheverus, en Portland, Estados Unidos. Después concluyó una licenciatura en la Universidad de Comillas. Y más tarde dio un volantazo a su vida para dedicarse a su vocación musical. Estudiante excelente, sacó matrícula de honor en la Cátedra de Composición Musical y Dirección Operística en el Conservatorio Estatal de San Petersburgo. Y a caballo entre San Petersburgo y Madrid ha vivido los últimos años. En 2011 el hermano de Pedro Sánchez dirigió el Fidelio de Beethoven en el Teatro Real de Madrid. Ejerce al frente de la Orquesta y Ballet del Teatro Mariinsky y la de la academia de jóvenes cantantes del mismo teatro de San Petersburgo. Extremadamente discreto, como su padre, su nombre artístico es David Azagra.

Junto a sus padres, Pedro y David pasaban los veranos de su infancia en Can Picafort, en Mallorca. Pedro estudió los primeros años en el colegio Santa Cristina de Chamartín, un centro privado y religioso, que siempre ha mantenido oculto en su curriculum, y más tarde ingresó, como es bien sabido, en el Instituto Ramiro de Maeztu, en la calle Serrano. Los padres de Pedro y David siempre quisieron dejar a sus hijos el legado de una buena educación.

En el «Ramiro», Pedro, con su metro noventa de estatura, destacó en baloncesto y llegó a jugar en la cantera del Estudiantes, equipo ligado a dicho instituto. De hecho, el baloncesto le proporcionó amistades tan profundas y duraderas como la de Pepu Hernández y la de Ignacio Carnicero.

La carrera de Económicas y Empresariales la cursó en el Real Centro Universitario María Cristina, una institución privada adscrita a la Universidad Complutense, que ocupa una parte de la impresionante arquitectura del Monasterio de El Escorial y que está regido por la orden de San Agustín. Allí se licenció Pedro en 1995, a los veintitrés años, y después se trasladó a Nueva York para trabajar en Wall Street, aunque no hay constancia del cargo o de la empresa. Lo que sí está contrastado es que estableció una excelente relación con el entonces Embajador en Naciones Unidas, Carlos Westendorp, cuya mujer, Amaya de Miguel, había trabajado con el padre de Pedro Sánchez en el INAEM, que pertenecía al Ministerio de Cultura. El matrimonio se ocupó afectuosamente de aquel muchacho que velaba sus primeras armas.

Posteriormente se trasladó a Bruselas, apoyado por Enrique Barón, que había trabajado con su padre en la Fundación Autor de la SGAE, para realizar un máster en la Universidad Libre de Bruselas. Después trabajó en el Parlamento Europeo, a las órdenes de la diputada Bárbara Dührkop, viuda del socialista guipuzcoano Enrique Casas, asesinado por etarras. La señora Dührkop recuerda bien al joven Pedro Sánchez. Y tras esos dos años en Bruselas, de nuevo, las viejas y entrañables amistades de su padre vendrán a apoyarle en el deseo de cimentar su carrera política.

Acabada aquella etapa, cuando volvía a España en su coche, Sánchez recibió la llamada de Carlos Westendorp, que había sido designado alto comisionado de la ONU en Bosnia, y quería que su joven amigo se incorporara al equipo que iba a acompañarle en aquella misión delicada, en un país que salía de la guerra de los Balcanes, sin estructuras y con muchas heridas que restañar. Envidiable oportunidad. El experimentado diplomático fue sin duda un gran maestro durante las arduas negociaciones con musulmanes, católicos y ortodoxos. «Pedro Sánchez demostró capacidad de trabajo, resistencia y lealtad. En aquella coyuntura de Bosnia no necesitaba que fuese conmigo un intelectual, sino un hombre de acción que preparase entrevistas, hablase con unos y con otros en varios idiomas, y se llevase bien con la gente», rememoraba Westendorp en una reciente entrevista. Cuando sus destinos se separaron, en 1999, tras la guerra de Kosovo, mantuvo la amistad con aquel chico reflexivo y «tan interesado por la política» hasta el punto de que aceptó firmarle una carta de presentación que avaló la entrada de Sánchez en la Universidad Camilo José Cela como profesor.

Pedro Sánchez y Óscar López se habían tratado en Bruselas, trabajando y viajando por Europa. Tenían un objetivo común: abrirse camino dentro del PSOE para hacer carrera política en España. Juntos crearon un foro de debate que denominaron Espacio Europa 21, y en él organizaron conferencias en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, lo que les permitió traer a Madrid a diferentes eurodiputados y potenciar su presencia pública.

Pepe Blanco se rodeó de muchachos a cual más gallardo. El primero era Óscar López, una mano derecha que ha fracasado en todo lo que ha emprendido: desde ser el secretario de Organización menos brillante del partido, hasta ser jefe de campaña de un derrotado Gabilondo o presidente de Paradores Nacionales, donde no se le conoce mérito alguno.

El segundo, Antonio Hernando, otra persona de Balbás que introdujo al autor del tamayazo en Ferraz. Y así varios, hasta llegar a Pedro Sánchez. Y fue José Luis Balbás quien lo recomendó a Pepe Blanco.

Como José Luis Ábalos en Valencia o Eduardo Tamayo en Madrid, Pedro Sánchez era el hombre de José Luis Balbás en el distrito de Tetuán. Pedro Sánchez militaba en las Juventudes Socialistas desde hacía pocos meses. Enseguida se observó su decidida ambición. Y enseguida formó parte del grupo «Renovadores por la Base», comandados por José Luis Balbás, nido en el que se fraguó años más tarde el tamayazo.

La gran aspiración de Pedro Sánchez era llegar a diputado en el Congreso en las elecciones de 2004, pero no lo consiguió, al contrario que sus dos amigos, que sí se metieron en las listas.

Blanco tenía otros planes para él. En 2003 lo incluyó en la lista al Ayuntamiento de Madrid, una decisión que generó varias peleas dentro de la Federación Socialista Madrileña, que solo accedió a su presencia en el puesto 23. Sánchez se quedó a las puertas del consistorio, pero no por mucho tiempo. Poco después, en abril de 2004, Antonio Hernando consiguió que el flamante Gobierno de Zapatero nombrara como directora general de Inmigración a una concejala socialista, Marta Tarduchy, y la edil Elena Arnedo hubo de renunciar a su cargo por motivos de salud. Pedro conseguía así su hueco en el Ayuntamiento de la capital.

Allí se convirtió en una de las personas de confianza de Trinidad Jiménez, muy próxima a José Luis Rodríguez Zapatero.

Trinidad Jiménez, que ya trabajaba en Ferraz con Almunia en temas internacionales, fue quien, antes del congreso que Zapatero le ganó a Bono, organizó en su casa el famoso desayuno con cruasanes del cual salió la candidatura en contra de Bono, cuando todo el mundo creía que el manchego contaba con votos suficientes para ganar por goleada a sus dos adversarias, Matilde Fernández (que presentaron los guerristas) y Rosa Díez (que iba por libre). Trini Jiménez tenía la baza de su cercanía a Felipe González (y nunca se sabrá hacia dónde se decantaban las preferencias de Felipe, aunque yo me malicio que Bono no le gustaba mucho). En cualquier caso, Zapatero no hubiera ganado si en el último momento los guerristas no le hubieran pasado un chorro de votos, dejando colgada a su valiosa candidata, la citada Matilde Fernández, exministra y exsindicalista, a la que ellos habían convencido para que se presentara.

Pero vamos a hacer un alto para volver al ámbito privado porque, entre tanto, Pedro Sánchez había conocido a Begoña, su mujer, en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Él tenía treinta y un años. Ella era una mujer alta y rubia. Y la relación que surgió allí fue fulminante y duradera. Desde entonces nunca se han separado. Evidentemente Begoña Gómez no es solo hermosa. Nacida en Bilbao y criada en la localidad de Valderas, en León, tiene un título de Marketing en ESIC y un máster en Administración de Empresas. Es experta en captación de fondos para ONG y ha trabajado para multinacionales como ONO y Deutsche Bank. Desde el verano de 2018 Begoña es directora del Africa Center del Instituto de Empresa. Y desde noviembre de 2020 dirige en la Universidad Complutense, pública, una cátedra extraordinaria de «Transformación social competitiva» orientada a formar expertos en mercado laboral, dentro del sector privado, que incluye becas de investigación. Estos nombramientos han sorprendido en el ámbito universitario y han puesto el foco inevitablemente sobre su titulación y experiencia, que nunca han podido ser confirmadas. En cualquier caso nadie podrá discutir que Begoña se ha mostrado siempre, abiertamente, como el mejor apoyo de su marido. Me atrevería a decir que ha sido, junto con Ana Botella, la esposa presidencial más explícita.

En 2005 nació Ainhoa, la primera hija de Pedro y Begoña, y en 2006 se casaron en el Ayuntamiento de Madrid. Fue Trinidad Jiménez quien ofició la boda civil de Sánchez con Begoña Gómez. La ceremonia fue muy sencilla y más tarde los amigos y familiares se trasladaron al Hipódromo de La Zarzuela, donde se desarrolló la celebración.

Sánchez revalidó su acta de concejal en las elecciones municipales de 2007, con Miguel Sebastián de candidato.

Pedro, Óscar y Antonio se criaron, pues, políticamente en el entorno de Rodríguez Zapatero y allí radica el origen de lo que, a mi juicio, ha sido un desvío político difícil de revertir, empezando por la invasión del socialismo por parte del nacionalismo y de otros movimientos identitarios y supremacistas.

Cegado quizá por su creencia en la propia buena suerte; convencido, tal vez, de que sus predecesores en el cargo no habían entendido bien los problemas que los nacionalismos periféricos planteaban al Estado, Zapatero se lanzó a resolver los contenciosos catalán y vasco (que en lo que se refiere a este último pasaba por alcanzar «la paz» con ETA).

Sigo sin creer que a la hora de abordar los problemas territoriales Zapatero se parara a pensar ni un minuto con quiénes se iba a jugar los cuartos y a qué principios respondía la ideología de aquellos junto a quienes quería construir la «España plural».

Sus objetivos territoriales y el pésimo diagnóstico de la crisis económica marcaron definitivamente su paso por el Gobierno. Si a ello se suman sus irresponsables apuestas a través de la insolvencia de sus nombramientos, podremos entender mejor su descrédito y el desastre electoral que llegó el 20 de noviembre de 2011.

Y ello llevó a que buena parte de la izquierda quedara presa de una inercia absurda que, como dice la profesora Béjar[5], «le impide abrazar la bandera española como propia, mientras se muestra tolerante con la continua y ubicua exhibición de la bandera catalana y vasca, encarnación de un patriotismo, ese sí, respetable».

Estamos, pues, ante una sarta de mitos y mentiras, ante toneladas de irracionalismo interesado. Y para pelear contra esa ideología excluyente y contra esas políticas, cuyo objetivo estratégico no es otro que la secesión, es necesario desmontar y atacar las descalificaciones de las cuales se sirven los nacionalistas para defender su ciudadela y que van desde la más suave, «españolistas», a las más duras, como «anticatalán» y hasta «franquista» o «facha», aunque, a mi juicio, el peor virus en forma de prejuicio que los nacionalistas han conseguido colocar es el que equipara a los «separatistas» con los «separadores».

Sabemos quiénes son «separatistas», es decir, aquellos que persiguen como objetivo estratégico la escisión de Cataluña (también del País Vasco o de Galicia). ¿Quiénes son los «separadores»? Pues, según el pensamiento cándido de algunos, somos «separadores» quienes osamos criticar las bases ideológicas y las políticas nacionalistas. De lo cual se deduce que es una actividad que está «muy mal vista», pues si te atreves a pronunciar tales blasfemias eres un «separador» y como tal alimentas la escisión. A ese tipo de razonamiento lo llamaban los clásicos «petición de principio», pero existen formas más científicas y modernas para calificar tal argumento: «basura ideológica».

No conviene olvidar el papel del PSC, que apoyó a Zapatero en su llegada a la Secretaría General y luego se cobró muy caro ese apoyo.

El PSC es un partido que recogió en su día a toda una pléyade de hijos de la pequeña burguesía catalana y catalanista, la de toda la vida: los Raventós, Serra, Maragall, Obiols… que luego se vieron desplazados por una amalgama compuesta por hijos de inmigrantes (Montilla, Manuela de Madre, Bartomeu Muñoz, Zaragoza, Carmen Chacón…) y gente proveniente de las Juventudes Socialistas, como Iceta, que jamás ha cotizado a la Seguridad Social fuera del partido.

Un PSC que, tras abrazar, de la mano de Maragall, una deriva nacionalista, ha acabado por no ser capaz, como antes lo era, de fidelizar el voto inmigrante, pues ya sirve de poco adular al personal mediante el verbo demagógico del que hicieron gala personajes como Manuela de Madre, que fue alcaldesa de Santa Coloma hasta que cedió los trastos a Bartomeu Muñoz. En efecto, amarrados al aval del PSOE y a su progresismo de origen, estos «inmigrantes» que pasaron a prestar sus servicios al catalanismo se mostraron hábiles a la hora de encubrir, con sus llamadas al voto «de clase» durante las campañas electorales, su negación, en la práctica, de cualquier símbolo o actitud que suene a español, rechazando, incluso, hablar en público la lengua que han mamado. Todo ello a cambio de un lugar bajo el sol en esa «Cataluña eterna», la de Pujol y Cía. Pero ya se sabe: no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Para mostrar hasta qué punto Maragall, quien fuera magnífico alcalde de Barcelona, defraudó a sus votantes al llegar a la Presidencia de la Generalidad me serviré de un texto escrito por Ramón de España[6]:

Cuando en 2003 Pasqual Maragall llegó a la presidencia, pensé: se acabó la tabarra nacionalista, vamos a reconstruir lazos con el resto de España, vamos a preocuparnos de verdad por la cultura […] vamos a dejar de practicar el victimismo y la queja constante, vamos a ordenar el bilingüismo para que ninguno de nuestros dos idiomas se imponga al otro, vamos a… Ya ven lo ingenuo que puede llegar a ser uno. En cuanto Maragall ocupó el despacho presidencial, se sacó de la manga un nuevo estatuto de autonomía que nadie le había pedido y lo convirtió en el meollo de su legislatura […]. Yo voto a alguien para una cosa y me sale con otra. […] Lo único que sé es que, de repente, el hombre que se suponía que era la némesis de Jordi Pujol y que representaba todo lo opuesto a él, se convertía en su sucesor, recogiendo la antorcha nacionalista y avivando su llama con un soplete.

Conviene recordar aquí, por ser absolutamente clarificador, el descenso electoral del PSC en las elecciones a partir de que Maragall entró en la liza autonómica:

— Año 1999, Maragall: 1.183.000 votos y 53 diputados (de un total de 135).

— Año 2003, Maragall: 1.026.000 votos y 42 diputados.

— Año 2006, Montilla: 790.000 votos y 37 diputados.

— Año 2010, Montilla: 575.000 votos y 28 diputados.

— Año 2012, Pere Navarro: 524.000 votos y 20 diputados.

En pocas palabras: desde que empezó este baile, el PSC perdió 33 diputados, el 62 % de los que tuvo en 1999, y 659.000 votos, el 55,7 %, de los que obtuvo antes de que empezara la yenka estatutaria. En resumen, al PSC, que siempre nutrió una gran parte de sus urnas con votos de gente de origen inmigrante, le resultó letal subirse al carro identitario. Una actitud, la del PSC, que no se entiende en el resto de España pero que tampoco se entiende en Cataluña. Las encuestas de opinión —y las urnas— lo dejaron siempre meridianamente claro: cuanto más nacionalista se hacía el PSC, menos votos sacaba. Y es que la gente suele preferir el original a la copia.

Pero es evidente que fue en esa época zapateril cuando las invasiones indentitarias no se limitaron al nacionalismo: también entraron a saco en el PSOE el feminismo y el ecologismo. Para ilustrar semejante invasión recordaré algunas promesas electorales de 2008, con la crisis ya encima. En el prólogo del programa electoral podía leerse lo siguiente:

Para los próximos cuatro años, los socialistas nos proponemos: alcanzar el pleno empleo, y desarrollar y consolidar la política social propia del Estado de Bienestar más avanzado; acometer la modernización de la España del siglo XXI, afrontando los nuevos retos que se les plantean a todos los países desarrollados; y garantizar y reforzar la convivencia y la cohesión, mediante un ejercicio del poder político respetuoso y dialogante.

Para hacer boca, y poco antes de la convocatoria electoral, Zapatero regaló 400 euros a cada contribuyente del IRPF. Una insólita y demagógica medida.

El 26 de enero, «El PSOE promete acceso libre y gratuito a la píldora postcoital».

Martes 29 de enero: «El PSOE extenderá la reducción de 400 euros en el IRPF a toda la legislatura».

El 26 de febrero de 2008, con la crisis ya encima, el PSOE anunció que el superávit no financiero previsto para la legislatura ascendería a 10.000 millones anuales.

Pero Zapatero, tras negar la existencia de la crisis, no tardaría en bajarse del burro, forzado por las políticas restrictivas que entonces impuso la UE, y el 12 de mayo de 2010 soltó la bomba en el Congreso de los Diputados:

— Bajada media del 5 % en las retribuciones del personal del sector público.

— Rebaja del salario de los miembros del Gobierno en un 15 %.

— Suspensión a partir de 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas.

— Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial.

— Reducción en 6.045 millones de euros en la inversión pública estatal.

— Recorte de 600 millones en ayuda al desarrollo.

— Reducción del gasto farmacéutico.

— Recorte de 1.200 millones de euros en los gastos de las autonomías.

— Eliminación del cheque bebé y de otras gabelas de parecido tenor.

Desde aquel mayo de 2010, la llamada deuda soberana de España empezó a sufrir —día sí, día también— ataques especulativos cuyas motivaciones reales eran tan metafísicas como lo son muchas decisiones de los mercados. ¿Tan arriesgado iba a resultar el cobro de los intereses y las amortizaciones de esa deuda?

En mayo de 2010 España inauguró, en palabras de Joaquín Estefanía, «una etapa de austeridad que ha cambiado la manera de vivir y de pensar de la mayoría de los ciudadanos: de la economía del miedo (a la incertidumbre, a la inseguridad económica, a quedarse atrás en una distribución de la renta cada vez más regresiva, a quedarse inactivo…) han pasado a la economía del sufrimiento (el paro, el empobrecimiento, la reducción de su protección social, la mortandad de empresas)…».

Muchas de las ideas o prejuicios que Zapatero expresó, una vez que estuvo en el Gobierno, pertenecen a lo que se conoce como «corrección política». Es esta una corriente de pensamiento de origen norteamericano que había alcanzado «su mármol y su día» bastantes años atrás en los Estados Unidos. Una «corrección política» que apostó desde su inicio a favor de las «discriminaciones positivas» a través de las cuotas y otros mecanismos.

Ese pensamiento ha ido mutando, manifestándose aquí y allá en cuestiones como género, cultura, discapacidad, medio ambiente, derechos de los animales, etc.

Como rasgos fundamentales y constantes del fenómeno cabe enumerar, en una lista no exhaustiva, el establecimiento de códigos de expresión lingüística, la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres a través de la discriminación positiva, el multiculturalismo, y el proyecto de repensar las formas en las que se hacen y se enseñan la historia y las ciencias sociales.

Refiriéndose a la reescritura de la Historia, Tony Thorne[7] escribió:

Esta reescritura «históricamente correcta», que nada tiene que ver con la continua revisión de los resultados propia de la ciencia histórica (en verdad, de toda ciencia), es pseudociencia histórica: inventa mitos, no produce conocimiento.

También le dio por intentar resolver los problemas internacionales y se sacó de la manga la Alianza de Civilizaciones, a la cual, que yo recuerde, solo se adhirió la Turquía de Erdogan.

Me atreveré a señalar —y digo «atreveré» por ser un asunto de esos que están en el meollo del nuevo feminismo, es decir, de lo elevado por el lobby feminista a la categoría de lo indiscutible— tres leyes impulsadas por el Gobierno de ZP: la Ley Integral contra la Violencia de Género (que fue la primera ley orgánica que se aprobó en la primera legislatura), la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres y la Ley del Aborto (Ley 2/2010).

La Ley contra la Violencia de Género introdujo, en primer lugar, una «discriminación positiva» según la cual el mismo delito cometido por un varón es penalmente más castigado que si es cometido por una mujer. Es decir, que la ley se cargaba de un plumazo el principio constitucional de igualdad ante la ley. Pero, además, esa ley abrió la vía a las denuncias. La mayor parte de ellas nunca acaban en sentencias condenatorias, pero las denuncias falsas en este y otros asuntos no son casi nunca perseguidas por los jueces. Los fiscales y jueces españoles tienen alergia a perseguir las denuncias falsas en este y en cualquier otro campo.

La Ley de Igualdad Efectiva, que hoy está en vigor, contiene normas de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas y también muchas recomendaciones, algunos incentivos y hasta premios dirigidos a la esfera privada (empresas y familias). La ley también creó un permiso de paternidad (exclusivo para el padre) y amplió el permiso de maternidad en dos semanas, que puede ser utilizado por el padre o la madre. Pero lo que, a mi juicio, más interesaba al lobby de mujeres era imponer la paridad en las listas electorales, cosa que afecta poco y muy de lejos a las mujeres en general, pero que importa, y mucho, a quienes forman o aspiran a formar parte del lobby.

En otras palabras, al lobby le interesaba incluir en la ley básicamente dos cosas: 1) la paridad, que en la ley recibe el casto nombre de «presencia o composición equilibrada» y que, en lo que se refiere a las listas electorales, consiste en que «las personas de un mismo sexo no superen el 60 %», y 2) la proscripción del lenguaje sexista.

Otra de las líneas «teóricas» que marcaron el rumbo (más bien de boquilla) del zapaterismo gobernante fue el ecologismo, pero no el científico, sino el ideológico. La llegada al Gobierno y la inmediata conversión a ese ecologismo de la mano de Cristina Narbona (hoy presidenta del PSOE de Sánchez) marcó un discurso —a menudo radical— en temas como el agua (el Gobierno derogó el trasvase del Ebro en junio de 2004), las fuentes energéticas y otras «defensas» de la Naturaleza. Fue, sobre todo, una postura para el escaparate, pero marcó a fuego, poniéndolos fuera de circulación, asuntos tan graves como la posibilidad de tener en España un Plan Hidrológico Nacional (PHN). Aparte de estos y otros triunfos, la única y definitiva verdad es que cuando Zapatero se fue del Gobierno lo hizo sin haber hecho cumplir —ni de lejos— el compromiso respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. En otras palabras, las emisiones de CO₂ o de azufre eran mayores cuando Zapatero se fue que cuando entró. Una vez más, quedó muy claro que una cosa es predicar (y se predicó —se legisló— mucho y con gran entusiasmo) y otra muy diferente dar trigo.

El caso más sangrante del nuevo ecologismo socialista se produjo a propósito del agua. Denostado y hundido el Plan Hidrológico Nacional de Borrell y también el que quiso montar el PP en tiempos de Aznar, desatado y triunfante el desmadre territorial, no sé de dónde salió esa solución mágica de las desaladoras. Una huida hacia adelante que contradice las más elementales reglas de la lógica y de la termodinámica, porque desalar el agua y elevarla por encima del nivel del mar nos lo hace gratis el sol, pero la «voluntad política» —ya se ve— se cree capaz de competir con el astro en torno al cual giramos. ¿Cabe mayor pretenciosidad?

Se programaron 51 plantas de desalación, de las cuales, a finales de 2012, estaban operativas 27, que durante 2012 produjeron 120 hm³ de agua desalada, aproximadamente un 20 % de la capacidad que se había propuesto al inicio de la operación de las desaladoras.

Otra de las banderas verdes que enarboló el Gobierno de Zapatero fueron «las renovables» (menos la energía proveniente de los embalses, desechada, claro está, pues, como acabamos de ver, las presas son antiecológicas e incluso son franquistas). Soy de los que creen que las fuentes de energías renovables representan el futuro, pero, hoy por hoy, tienen un «pequeño» problema: el kilovatio que producen es, en general, bastante más caro que el que se produce utilizando petróleo. Pues bien, se apostó por las renovables y esta vez no solo de boquilla, ya que se puso en marcha un sistema de subvenciones (se llegaron a detectar instalaciones fotovoltaicas que producían energía de noche) que influyó en la estrategia de las empresas productoras de energía. Lo malo vino cuando la crisis se llevó por delante las subvenciones.

El 20 de noviembre de 2011 se celebraron elecciones generales y el PSOE bajó del 43,9 % de votos al 28,7 %, perdiendo 4,4 millones de electores y 59 diputados. La lista la encabezó Alfredo Pérez Rubalcaba, pero Zapatero siguió como secretario general.

La Comisión Ejecutiva despachó aquellas pérdidas millonarias de electores con «explicaciones» tan apresuradas como ramplonas: «No hemos sabido explicar bien las medidas que el Gobierno se ha visto obligado a tomar a partir de mayo de 2010» o «El PP apenas ha recogido votos que fueron socialistas en 2008».

Todas esas disculpas se repitieron en el Comité Federal que se reunió días después y ante el cual —si hubiera asumido sus graves responsabilidades en la debacle— Rodríguez Zapatero tendría que haber dimitido, abriendo paso a una transición no tutelada por él ni por quienes lo acompañaron en la dirección desde el año 2000.

Estudios rigurosos, publicados una semana después de aquellas elecciones, demostraron que las «explicaciones» de la derrota desgranadas por la Ejecutiva ante el Comité Federal eran, simplemente, falsas. En efecto, los análisis que el domingo 27 de noviembre publicó El País (José Juan Toharia, José P. Ferrándiz y Josep Lobera), basados en las numerosas encuestas realizadas por Metroscopia antes y después de las elecciones, mostraban la evidencia de que aquellas disculpas de Zapatero y su gente eran solo leyendas. Veámoslo con algún detenimiento:

¿Adónde fueron a parar los 4.350.000 electores que votaron al PSOE en 2008 y que no lo votaron en 2011? Según estos análisis, la mayor parte (1.200.000 votantes) eligieron al PP y 700.000, a IU.

Estos últimos datos echaban por tierra la fábula de que «los votos del PSOE se dispersan entre la abstención y otras opciones de izquierda, pero nunca van a la derecha».

A esos destrozos electorales siguió un congreso montado a toda prisa que no se caracterizó precisamente por la reflexión y el debate, sino por el nominalismo y la bandería. Se convocó en Sevilla, para que el «éxito» del congreso le sirviera a José Antonio Griñán para ganar las elecciones andaluzas, que él había convocado —por primera vez— separadas de las generales.

Concluiré con unas palabras de una observadora imparcial, María López Santana, que, a mi juicio, resumen lo que había pasado en el PSOE:

La gestión de la crisis de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un lastre a nivel electoral. Sin embargo, la dirección y gestión del propio Partido Socialista ha generado un problema de fondo. Imponer una renovación absoluta fue un error que todavía el PSOE está pagando. Se sustituyeron liderazgos fuertes, personas que ayudaron a construir y a desarrollar nuestra democracia, con solvencia intelectual y un elevado sentido de la responsabilidad, por personas de pensamiento leve, con escaso conocimiento de la complejidad que supone gestionar un partido de esta dimensión y de garantizar la cohesión interna siempre necesaria en un espacio con tantas diferencias territoriales. Esto dio lugar a que emergieran (o fueran designados) dirigentes de una nueva generación, pero que tenían escasa experiencia en política y en la gestión de lo público.

Aquel congreso se celebró en febrero de 2012 en Sevilla, en la Isla de la Cartuja, y se presentaron a la Secretaría General Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón. Salió elegido el primero.

Pedro Sánchez y los otros dos «altos» (Óscar López y Antonio Hernando) comenzaron allí su mayoría de edad política.

EL INICIO DEL VIAJE

En su libro, Carmen Torres[8] ha descrito aquel viaje sevillano de Pedro Sánchez así:

Domingo 5 de febrero de 2012, 10.00 horas. Un hombre alto arrastra apesadumbrado su maleta por la estación de Santa Justa de Sevilla. Bajo las alargadas bóvedas grises se apresura para coger el AVE en dirección a Madrid y huir del 38 congreso federal del PSOE que se celebra no lejos de allí, en el Hotel Príncipe de Asturias de la Isla de la Cartuja.

Las emisoras de radio ya recitan los nombres de la nueva Ejecutiva Federal en la que no aparece Pedro Sánchez. Sí lo hacen sus amigos Óscar López y Antonio Hernando, que se han encargado de perfilar la lista de los nuevos dirigentes del PSOE después de que Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Valenciano negociaran hasta las cuatro de la mañana los principales puestos. Sorprendentemente, el tercero del trío de «los altos» se ha quedado fuera. Sus amigos lo dejaron caer.

Quien sí apoyó a Carmen Chacón en aquel congreso fue Susana Díaz. La noche antes de las votaciones, Susana se reunió con Carmen Chacón, junto a sus próximos, y prepararon la votación del día siguiente. Pasaron lista a los números y Díaz, muy solemne ella, dijo: «Esto está ganado, compañeros». De inmediato se pusieron a celebrar su victoria, entre besos, abrazos y brindis antes de irse a dormir.

Al día siguiente perdieron frente a Rubalcaba por 22 votos, arañados uno a uno durante las últimas horas del congreso. Las expectativas de Susana Díaz de convertirse en la número dos de Carmen Chacón en Ferraz se derrumbaron.

Rafael Velasco fue secretario general de las Juventudes Socialistas andaluzas y diputado nacional. Así fue como nos conocimos, nos hicimos amigos y él me llevó varias veces al sur para dar algún mitin e incluso para asistir a algunos eventos culturales en su pueblo, el mismo en que nació El Cordobés, Palma del Río.

En una de esas ocasiones, tras un mitin en Fuengirola fuimos a tomar un refrigerio cerca de la playa. Allí estábamos sentados cuando apareció una muchacha que, con aires autoritarios, se dirigió a Rafael para instarle a cumplir no sé qué obligaciones. Una vez dada la orden, ella no se quiso sentar con nosotros y se fue por donde había venido. «¿Quién es ella?», pregunté. «Mi secretaria de organización», contestó Rafael. «Pues parecía tu jefa, a juzgar por el estilo de sargento con el que te ha hablado», concluí.

Años más tarde, siendo Susana ya diputada en Madrid, se dirigió a Carmeli Hermosín, que era una de las fundadoras del nuevo socialismo andaluz, con idéntico tono autoritario. Yo estaba sentado en la segunda fila del hemiciclo, precisamente al lado de Carmeli. «¿Cómo la aguantas?», le pregunté. «Déjalo, ella es así de borde», me contestó.

Después de aquel congreso, tanto Elena Valenciano como Alfredo Pérez Rubalcaba dijeron a Sánchez que ellos no tuvieron nada que ver con su marginación y lo llamaron para trabajar en Ferraz, en la sede de la Ejecutiva. Poco después (finales de 2012) propusieron a Cristina Narbona que dejara el Congreso para ir al Consejo de Seguridad Nacional y su hueco en el Congreso lo cubrió el siguiente en la lista, que era Pedro Sánchez.

Íbamos hacia Huesca, conducía mi mujer y yo cogí el teléfono. Tenía que responder en un día. Esa noche lo pensamos. Y le dije a Begoña: «Si entro, que sea para montarla. Si vuelvo, que sea para hacer algo grande». Ese mismo día decidí prepararme para competir en las primarias —aseguró Sánchez poco después en una entrevista con El Mundo—.

El 13 de enero de 2013, Pedro Sánchez recibió el encargo en Ferraz para ser el relator económico de la Conferencia Política del PSOE que se celebraría en noviembre. Con él se quería ofrecer una imagen de renovación del partido y Sánchez puso voz y cara al documento que había realizado el exministro y gran especialista Valeriano Gómez. Con ese encargo, Sánchez comenzó a recorrer España bajo las órdenes de Rubalcaba para, teóricamente, dar a conocer ese trabajo en todas las federaciones.

Poco tiempo después, el sanchismo comenzó a florecer. Como antecedente de ese nacimiento y previo a una reunión del Comité Federal, hubo un almuerzo entre la diputada ibicenca Sofía Hernanz, el diputado y secretario general de Segovia Juan Luis Gordo, el granadino Javier Aragón, el sevillano Gómez de Celis, el histórico dirigente gaditano Rafael Román, el concejal canario Javier Abreu, el secretario general de Don Benito José Luis Quintana, la castellana Mariluz Martínez Seijo, y dos cargos de la Federación Española de Municipios y Provincias, Isaura Leal y Juan Manuel Serrano.

Todos acordaron que los nombres que entonces se barajaban para suceder a Rubalcaba no suponían una auténtica renovación. A su juicio, ni Eduardo Madina ni Carmen Chacón ni Patxi López podrían desarrollar un proyecto acorde con el nuevo contexto político. Así se empezó a gestar la candidatura de Pedro Sánchez para las primarias internas de cara a las elecciones generales de 2015.

Una persona que jugó un papel decisivo en el futuro inmediato de Sánchez fue Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas. Y otro apoyo andaluz decisivo fue Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que también era un miembro más de la tropa creada por Pepiño Blanco. Todos esos anclajes andaluces contribuyeron a que Susana Díaz se decantara a favor de Sánchez frente a Eduardo Madina.

La dimisión de Rubalcaba se produjo el 26 de mayo de 2014, tras los pésimos resultados del PSOE en las elecciones europeas, lo cual obligaba a elegir un nuevo secretario general.

El panorama político ya había cambiado con la nueva presencia institucional de Podemos y de Ciudadanos, pero aún no había datos suficientes para detectar la profundidad de aquel cambio, pues las europeas no suelen ser demasiado representativas (en ellas salió elegido, por ejemplo, Ruiz Mateos).

Fue entonces cuando Eduardo Madina se postuló como secretario general y echó un órdago: solo sería candidato si la elección se realizaba a través del voto directo de la militancia y no del voto de delegados en el congreso. «Un militante, un voto», así retó a la presidenta andaluza. El diputado vasco consiguió forzar la celebración de unas primarias que rompieron la estrategia de Díaz y Zapatero para que la elección del secretario general se produjera por aclamación.

Madina no podía imaginar, cuando propuso aquellas primeras y nefastas primarias, el daño que tal ocurrencia traería al PSOE y a toda la política española. Más adelante insistiré en este disparate.

Tras la presentación pública de la candidatura de Madina, Sánchez, Susana Díaz y otros líderes territoriales se reunieron el 19 de junio en un hotel para impulsar la candidatura de Pedro Sánchez. Y fue después de esa reunión con el PSOE andaluz cuando Pedro optó por presentarse a las primarias y recogió 14.389 avales en Andalucía, más de un tercio de los 41.338 que logró en toda España. Así que, con el apoyo de la mayoría de los aparatos regionales, ganó las primarias frente a Madina. En julio de 2014 el diputado madrileño se convirtió en el primer secretario general del PSOE elegido en primarias, pero seguía siendo un líder tutelado por Susana Díaz, quien había presidido el congreso que lo proclamó ganador. Luego lo acompañó en su llegada a Ferraz e hizo patente ante las cámaras su autoridad sobre él. Quedó claro que si Pedro Sánchez había ganado las primarias había sido gracias a Susana Díaz. El cargo era de él, la autoridad, de ella.

Merece la pena que haga aquí la reflexión ya anunciada a propósito de ese desastre político que para la política española han representado esas llamadas primarias, en las cuales, de facto, solo votan los afiliados o militantes, cuyo pensamiento y aspiraciones se parecen a los de los votantes de los distintos partidos como un huevo se parece a una castaña.

El desprestigio de los líderes ha vuelto a poner en la plaza pública la flojera curricular de la clase política actual. En otras palabras: la mayor parte de los diputados y senadores no han trabajado nunca fuera de la política. Es decir, no son ni social ni laboralmente representativos de la sociedad española. Pero hay algo que se ha mostrado «invisible», y es la conversión de los liderazgos partidarios en auténticas satrapías. Un cesarismo arrasador que ha hecho desaparecer el debate y la discrepancia dentro de las organizaciones políticas hoy representadas en las Cortes Españolas. Los «elegidos» en primarias —a la vista está— se han convertido en propietarios, auténticos caciques que disponen de vidas y haciendas. Las últimas primarias, que «volvieron» a Sánchez a Ferraz, han conseguido crear un mandarinato, donde el ganador ha obtenido «legitimidad» para hacer lo que le da la gana… y lo primero que hizo fue marginar a quienes no le habían votado, es decir, a la mitad del partido, despilfarrando así material humano «sin medida ni clemencia».

En suma, no merece la pena realizar las primarias, pues no traen sino divisiones internas, «limpiezas étnicas» e hiperliderazgo. Unas primarias en las cuales, en la práctica, solo votan los afiliados, y esos colectivos no representan ni de lejos a los respectivos votantes en las elecciones para cubrir cargos institucionales.

Estamos, pues, ante la muerte de la democracia interna que les exige la Constitución en su artículo 6: Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular […]. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Pero a los partidos nunca les ha interesado aplicar ese artículo. Ni siquiera han cambiado los reglamentos de las dos Cámaras que componen las Cortes. Reglamentos que niegan la personalidad individual de diputados y senadores. Tampoco les está permitido hablar como individuos, solo pueden hacerlo en representación de un grupo parlamentario; incluso sus sueldos no los perciben de «la empresa» para la cual trabajan (Congreso o Senado), sino que cobran de su grupo político correspondiente, tras las «rebajas» que este les puede hacer.

LA CRUCIFIXIÓN DE TOMÁS GÓMEZ

De todas las cacicadas que ha practicado Pedro Sánchez —y han sido muchas— la más sangrante en mi opinión fue la defenestración del que había sido el alcalde más votado de España, Tomás Gómez, en Parla, que luego fue elegido secretario general de la FSM (llamada, desde el liderazgo de Rafael Simancas, PSM, Partido Socialista de Madrid).

En una convención celebrada los días 7 y 8 de febrero de 2015, fueron elegidos candidatos a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital Tomás Gómez y Antonio Miguel Carmona, respectivamente. Ellos fueron los protagonistas de lo que se podía considerar el pistoletazo de salida para la precampaña electoral.

Poco después, César Luena (secretario de organización de Pedro Sánchez) dio una rueda de prensa delirante en la cual, al estilo de Gila («alguien ha matado a alguien»), aseguró que estaban pasando cosas gravísimas en Madrid y pasarían cosas aún más graves, y él lo sabía de buena tinta. Todo lo cual obligaba a declarar a Gómez como «no idóneo» para representar al PSOE en la Comunidad de Madrid. En la misma línea, informó de que Ferraz había decidido poner una gestora al frente del Partido Socialista de Madrid, cesando a su Ejecutiva, y por último habían decidido disolver el Comité Regional donde estaban los 600 militantes elegidos en voto directo en las agrupaciones, y que era, además, el órgano de control de la Ejecutiva o de la gestora.

A César Luena le gustaba venirse arriba en las ruedas de prensa y, por ello, terminaba por rematar con estupideces como, por ejemplo, que Obama estaba profundamente emocionado de que nuestro líder (Sánchez) visitase los Estados Unidos. Y quizá por eso, en ese fragor de venirse arriba, tuvo la torpeza de afirmar que la defenestración de Tomás Gómez se debía a los escándalos sobre el tranvía de Parla, la operación Púnica y los líos orgánicos del PSM. Todo ello era falso, pero Luena, sin ninguna razón, puso en duda la honradez de Gómez y echó sobre él una sombra de sospecha, en verdad, miserable.

Más tarde amenazó con expedientes disciplinarios a todos quienes fueron a Ferraz a defender el honor de Tomás, haciendo gala de una fama de justiciero que le acompañaba desde La Rioja.

Sánchez y Luena enviaron cerrajeros a la Plaza del Callao para cambiar las cerraduras (¿por si alguien decidía acampar en la sede?). Así se impidió el acceso al lugar tanto a Tomás como a los trabajadores, de forma que no pudieron recoger sus efectos personales, en un gesto difícilmente explicable, solo superado por el hecho de comunicar mediante burofax el despido a 11 trabajadores del PSM. Nunca se había visto algo parecido.

Al día siguiente El País sacó a la luz una encuesta exprés más falsa que un duro de madera. Según esa encuesta, el hecho de intervenir la Federación, echar a su líder y montar una gestora (integrada por todos aquellos que llevaron a la oposición a los socialistas de Madrid en 2003, aquellos que metieron en las listas a dos traidores, Tamayo y Sáez), hizo que —en la encuesta— el PSOE pasara de una derrota sin precedentes a ser la primera fuerza política en Madrid. En fin, el periódico de Prisa tomó a sus lectores por imbéciles.

El nombre del salvador era Ángel Gabilondo, el exministro de Educación de Zapatero. Ángel Gabilondo, de sesenta y siete años, que ni siquiera era afiliado al PSOE, puso como condición no tener que someterse a primarias. Claro que Ángel Gabilondo formaba parte de la dirección de El País.

Con este golpe de mano de Pedro Sánchez y César Luena, consentido por los barones territoriales, se enterró la democracia interna en el Partido Socialista de Madrid; Pedro Sánchez, el mismo que hoy va por el mundo reivindicando su autoridad porque le eligieron los militantes, se pasó por el arco del triunfo la opinión mayoritaria de la militancia de Madrid expresada en los avales, justo el doble para Tomás Gómez de los que recogió más tarde el propio Sánchez en Madrid.

Por si no fuera suficiente su muerte política de un modo tan traumático, lo que persiguieron desde Ferraz fue algo mucho más sucio y cruel, su muerte civil. Alguien que es expulsado de la política por sus propios compañeros, y bajo la acusación de haber cometido algún tipo de ilegalidad, tiene muy difícil su incorporación a la vida social y al mercado laboral. Aunque muchos meses después Gómez continuara sin ser imputado por delito alguno y su nombre hubiera desaparecido de los periódicos, y años después, de los monográficos que El País le dedicaba al tranvía de Parla, lo cierto es que él tuvo problemas incluso para leer su tesis doctoral, bajo el estigma de una sospecha infundada.

De todas las barbaridades cometidas aquellos días, la mayor fue la ya citada rueda de prensa de César Luena. Una infame sucesión de acusaciones infundadas sobre corrupción, mala imagen, inestabilidad del Partido en Madrid y cuantas mentiras quiso contar. Al vincular la defenestración de Tomás con su honorabilidad le obligaban a defenderse con todo lo que pudo.

Ligar la expulsión de Gómez a sus supuestos problemas con la Justicia cuando nunca ha estado imputado era harto débil como excusa para cargarse una Federación de más de 15.000 afiliados. Usaron las encuestas inventadas, las que nadie conocía pero que sirvieron tanto para atacar a Gómez como para cantar las alabanzas del PSOE de Pedro Sánchez. Ahora, tantos años después, se esfuerzan por dejar claro que nadie dudó de la honorabilidad de Tomás Gómez, pero las malditas hemerotecas tienen grabada la infame rueda de prensa de Luena, que pasará a la historia como una de las más repugnantes que un socialista haya dado jamás.

Martu Garrote ha glosado estos hechos y otros muchos en su libro autobiográfico[9]. Allí se lee, por ejemplo,

Si echas a Tomás Gómez, que no está imputado por delito alguno, por unas informaciones aparecidas en prensa, cargadas de inexactitudes y muchas mentiras o porque no da buena imagen de la organización, ¿qué haces cinco días después cuando imputan a cinco aforados andaluces, entre ellos dos expresidentes de la Junta de Andalucía? El ridículo. Esa es una medicina que ya ha probado Podemos en sus carnes, si elevas el listón demasiado alto, al final, ni tú mismo eres capaz de saltarlo.

Pero es que si echas a Tomás Gómez porque los resultados en las encuestas para Madrid son malos tienes que cargarte a medio partido, porque quitando Andalucía y Extremadura, aquí nadie pasa de un mísero 25 %, empezando por ti mismo, y eso, amigo Pedro, es una mierda mora para un partido que aspira a ser Gobierno lo mires desde el despacho de Ferraz como lo mires.

Pero ¿qué había pasado? Algo muy claro, aunque se hiciera entre bambalinas: un acuerdo entre los dirigentes de El País y Pedro Sánchez. ¿Para qué? Para hacer dos cosas: 1) apoyar desde el periódico a Pedro, y 2) construir una candidatura doble, la de Manuela Carmena para el Ayuntamiento y la de Ángel Gabilondo (que era miembro del comité de redacción del periódico) para la Comunidad.

Juan Luis Cebrián, que siempre se creyó que lo que él apoyaba era imbatible, pensó que sacaría adelante ambas candidaturas y derrotaría al PP con apoyo, claro está, de «esos chicos de Podemos». No estoy seguro, pero me temo que algún viejo socialista estuvo también detrás de la operación. Operación no solo mentirosa sino también calumniadora, pues el periódico estuvo años denunciando a Tomás Gómez por una supuesta corrupción en torno al tranvía de Parla que quedó judicialmente demostrado que era falsa.

¿Y qué ocurrió al final? Que el invencible Gabilondo se quedó en la oposición, porque Cristina Cifuentes, con el apoyo de Ciudadanos, se hizo con la Presidencia y Manuela Carmena, que no ganó las elecciones (las ganó Esperanza Aguirre), sí contó con el apoyo de Pedro Sánchez, que obligó al grupo socialista, con Antonio Miguel Carmona a la cabeza, a votar a Carmena, pero ¡ojo!, sin entrar en el Gobierno. Porque un adversario de Sánchez como era —y es— Carmona no debe tocar pelota.

Y es que a Carmona también le hicieron la vida imposible. Lo narraré tal como él me lo contó aquellos días.

En la reunión que tuvieron Pedro Sánchez y Antonio Miguel Carmona valoraron quiénes iban a ir en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid en aquellas elecciones de 2015. Carmona llevaba una lista completa, pero Pedro Sánchez tenía otra y no se parecían en nada. Sánchez tachó de la lista de Carmona el nombre del diputado Eustaquio Jiménez, el del exconcejal Manuel García-Hierro y el de la estudiante de Ciencias Políticas Mar Espinar. Y, ni corto, ni perezoso, le dijo a Carmona:

—¿Qué te parece si ponemos de número dos a Beatriz Corredor?

Carmona se temió lo peor. Cuando te ponen un número dos muy afín a la estructura orgánica en la candidatura es que prevén tu derrota y después te piensan sustituir.

Carmona llamó a Zapatero. Tras varios intentos, Zapatero y Carmona lograron convencer a Gabriela Bravo (fiscal y miembro del Consejo General del Poder Judicial) para que fuera de número dos al Ayuntamiento más importante de España. Carmona llamó a Sánchez y se lo propuso. «No lo veo», respondió el secretario general.

Enterado de todo esto, un sorprendido José Bono le dijo a Carmona: «Yo le convenzo». Bono llevó de la mano a la fiscal al despacho de Pedro, y Sánchez le espetó a Gabriela que no veía su presencia en la lista. Bono, visiblemente irritado, llamó a Carmona desde la mismísima puerta de Ferraz y le comentó que Pedro había vetado a Gabriela Bravo.

En la lista de Carmona iba Purificación Causapié, una mujer que había pedido trabajo a Carmona meses antes y que conocía muy bien a todos y cada uno de los activistas del movimiento LGTBI. Su presencia en la lista entristeció a Pedro Zerolo, quien intentó convencer a Carmona de que no contara con Puri dada su escasa valía.

«Tengo una idea —dijo Carmona—. Colocamos a Puri Causapié de número dos y jamás se atreverán a que sea mi sustituta una persona tan limitada». La jugada en apariencia parecía correcta. La dirección federal nunca se atrevería a sustituir a Carmona por Puri Causapié, pero Carmona se equivocaba.

¡Vaya si se atrevieron! Fueron capaces de sustituir a Carmona por Puri Causapié en la portavocía del Grupo Municipal Socialista tras cesar a aquel al cabo de unas semanas de tomar posesión. El resto de la historia la conocen todos los madrileños. Causapié fue el hazmerreír de periodistas y fotógrafos. Una mujer con escaso don de palabra y que tuvo a todos los concejales enfrentados contra ella. Así, el PSOE desaparecería de la vida política municipal. A Pedro le dio igual.

Aquello no fue solo una desgracia para el PSOE, también lo fue para la Villa de Madrid, pues Carmena vino acompañada de una tropa políticamente detestable e incapaz de gestionar nada. Lo cual trajo consigo, entre otras cosas, «muchos ahorros al erario municipal». Con estas palabras justificó la alcaldesa su incapacidad para gastar lo presupuestado.

Pero los dislates no acababan. Desde un concejal de Hacienda (de IU) que lo único que buscaba era el enfrentamiento con el ministro Montoro (tal para cual), a los dirigentes culturales que, nombrados a dedo y sin ninguna experiencia, se dedicaron a destruir lo que había funcionado relativamente bien. Por ejemplo, nada más llegar al antiguo Matadero, que Alicia Moreno había convertido en un lugar cultural relevante y donde funcionaban, entre otras cosas, dos magníficas salas de teatro con los nombres de Max Aub y Fernando Arrabal, nada más llegar, digo, estos inútiles les quitaron los nombres de los dos escritores.

Tengo mis dudas de que semejantes ignorantes supieran quiénes eran los dos autores. Quizá pensaron que al haber sido puestas las placas por el Gobierno de Ruiz Gallardón, tanto Aub como Arrabal tenían que ser necesariamente franquistas.

Tras las protestas que muchos montamos por semejante agravio, los nombres de los literatos (dos connotados antifranquistas) volvieron a su sitio. Eso sí, con desgana.

En el cuartel del Conde Duque, cedido al Ayuntamiento en tiempos del alcalde Tierno Galván y que hoy forma parte de la oferta cultural municipal, Carmena puso al frente a un matrimonio de incompetentes que, además de incapaces, se dedicaron a maltratar a los trabajadores, de suerte que muchos de ellos tuvieron que tomar la baja médica tras pasar por el psiquiatra.

Carmena, en efecto, trajo «gente nueva» que no tenía idea de lo que era un Ayuntamiento. Bastaría, querido lector, con mirar los curricula que figuran en el registro municipal para comprobar que la mayor parte de ellos no habían trabajado jamás y como oficio declararon ser «activistas», es decir, aprovechateguis.

La verdad es que quienes tuvimos ocasión de trabajar en el Ayuntamiento (fui concejal de Hacienda entre 1979 y 1983 a las órdenes de Tierno Galván) dimos un respingo de alivio cuando Carmena salió de la Alcaldía.

«NO ES NO»

El 20 de diciembre de 2015 se celebraron las elecciones generales en las cuales el PP de Rajoy pagó muy caras las medidas que, para salir de la crisis, inició el 20 de diciembre de 2011, cuando ganó las elecciones con 186 diputados (el PSOE de Rubalcaba obtuvo entonces 110 diputados, con el 28,7 % de los votos).

En esa fecha de 2015, el PP, con Rajoy a la cabeza, obtuvo 123 escaños, 63 menos que en las anteriores elecciones. Al PSOE, con Pedro Sánchez al frente, no le fue mejor y cayó a 90 escaños, 20 menos que en 2011. Era el peor resultado del PSOE en su andadura en la nueva democracia española que comenzó electoralmente en 1977.

Podemos obtuvo 42 escaños y el 12,7 % de los votos, sin contar a sus aliados de mareas y otras marcas, y Ciudadanos obtuvo 40 diputados. Empezaba así el «nuevo proyecto» que pretendía acabar con el «corrupto» bipartidismo y darle un aire nuevo a la política española. En realidad, lo que había llegado era la inestabilidad y también la irresponsabilidad.

Rajoy se negó a presentarse a la investidura, pese a ser el PP el partido más votado. Pedro Sánchez y Albert Rivera llegaron a un acuerdo programático y Sánchez presentó su candidatura —que hubiera resuelto muchos de los problemas que aparecieron después—, pero el sectarismo de Pablo Iglesias lo impidió (PSOE más Podemos y sus marcas más Ciudadanos hubieran obtenido más de los 175 escaños que dan la mayoría absoluta).

Antes de retirar su candidatura, Rajoy defendió el único Gobierno que consideraba «sensato» para España: uno formado por su partido, el PSOE y Ciudadanos. Para concitar los apoyos necesarios intentó volver a hablar con Sánchez, después de quejarse de la poca receptividad que encontró en su primer y único encuentro. «No ha querido hablar conmigo, simplemente se ha negado, incluso cuando hubo un acuerdo en la Mesa lo negó. Tengo la sensación de que le gusta hablar con todos menos con el principal partido de España. Yo voy a seguir intentando hablar con él y con los otros, pero es evidente que ahora está en la opción de Podemos».

Ante las acusaciones de inmovilismo y de falta de ofertas concretas para atraer a Sánchez y a Rivera, Rajoy confesó: «Mis propuestas están claras, lo que me resulta sorprendente es que todavía no me lo digan».

Entonces empezó el baile de Iglesias, que ya entonces soñaba con estar como vicepresidente en un Ejecutivo presidido por Sánchez y en el que los ministerios se repartieran de modo proporcional, pero sin Ciudadanos, lo cual impedía, de hecho, la formación de Gobierno.

Todo aquel postureo de Iglesias sonó más a estrategia partidista y a ataque al Partido Socialista que a una convicción real, y eso que Iglesias llegó a concretar que su partido debería ocupar cuatro ministerios e incluso explicitó que una de las carteras debería ser para su número dos, Íñigo Errejón, y otra para su rama catalana, En Comú Podem.

Fuera como fuera, lo cierto es que Iglesias lanzó el órdago en la televisión mientras Pedro Sánchez estaba a esas horas reunido con el Rey. La beligerancia con la que el líder de Podemos trataba de poner contra las cuerdas al socialista enervó a destacados dirigentes del PSOE, impactados ante un Pablo Iglesias que no solo se arrogó el espíritu del «cambio», sino que se saltó los tiempos y no dudó en plantear su propuesta al Rey, sin haberla consultado antes con la persona de la que pretendía ser vicepresidente. También olvidó que el partido más votado entre la izquierda era el socialista. Más que una oferta de pacto, lo de Iglesias parecía un chantaje en toda regla. De sus palabras se desprendían muchas más imposiciones que cesiones para encontrar cualquier acuerdo.

Así, mientras el líder socialista departía con el Monarca y le presentaba su propuesta —consistente en dejar paso a Rajoy para intentarlo, en caso de fracaso en su investidura—, la jugada de Iglesias produjo una auténtica conmoción entre los barones y dirigentes socialistas, una jugada que, según algunos veteranos, buscaba quitar a Sánchez la iniciativa del Gobierno de izquierdas y además ponía un precio imposible.

Así lo describió ABC:

Si la jornada política finalizó ayer en estado de máxima ebullición, el comienzo del día no estuvo exento de tensiones, todas ellas en el marco de los encuentros con los líderes del PSOE y de Podemos, a quien don Felipe recibió por la mañana. Las dos personas que aspiran a liderar la izquierda española estaban ayer citadas con el Rey con tan solo dos horas de diferencia. Iglesias (Podemos, 65 escaños), a las 10:00; Sánchez (PSOE, 90 escaños), a las 12:00. Ciento veinte minutos de adelanto que el líder populista trató de poner a su favor al tomar la iniciativa en la propuesta de formación de un Gobierno «del cambio».

Finalizado su encuentro con el Rey, Pedro Sánchez compareció ante la prensa y buscó la cuadratura del círculo. Hasta recurrió al humor para no tener que pronunciarse sobre el órdago de Iglesias. «Entré en Zarzuela sin un Gobierno y parece ser que tengo todos los ministros y ministras nombrados», bromeó.

En su comparecencia, Sánchez intentó navegar entre dos aguas, pero desveló sus intenciones con dos de sus declaraciones. La primera, en clave de pactos, al afirmar que «los votantes de Podemos y los del PSOE no comprenderían que Pablo y yo no nos entendiéramos». La segunda, en materia de plazos, tan importantes en política: «es el tiempo de Mariano Rajoy», dijo.

Tanta insistencia sobre que «corresponde» al presidente del PP la responsabilidad de formar Gobierno da alguna pista sobre el temor de Sánchez a que Rajoy se quitara momentáneamente de en medio, como así sucedió al final del día.

El exdiputado socialista Eduardo Madina escribió en Twitter sobre la oferta de Iglesias: «Se parece mucho más a un intento de humillación al Partido Socialista que a una voluntad real de negociar nada. El PSOE merece respeto».

Por su parte, el ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, mostró su estupor al asegurar que es «la primera vez en mi vida que oigo ofrecer un acuerdo de gobierno insultando gravemente al partido con el que quieres acordar».

LA DERIVA DE SÁNCHEZ HACIA SU DEFENESTRACIÓN

Tras el fracaso descrito se convocaron nuevas elecciones, que tuvieron lugar el 26 de junio de 2016. El PP obtuvo 137 escaños, con el 33 % de los votos (subió 14 escaños con respecto a los comicios de 2015). El PSOE de Sánchez perdió 5 escaños, quedándose en 85. El batiburrillo izquierdista de Podemos y su tropa (IU, Equo, En Comú Podem-Guanyem el Canvi, Compromís-Podemos-EUPV y En Marea) consiguió 71 diputados (muy por debajo del tan ansiado sorpasso contra el PSOE).

Ciudadanos obtuvo 32 diputados, con el 13,1 % de los votos, perdiendo 8. Esquerra Republicana de Cataluña obtuvo 9 diputados y Convergencia Democrática de Cataluña, 8. El PNV, 5; Bildu, 2 y Coalición Canaria, 1.

La dispersión había llegado a su cénit y con ella la inestabilidad y la confusión.

Lo más lógico era requerir de los partidos un mínimo de generosidad y de visión de Estado, en aras de la necesaria estabilidad institucional, lo cual exigía que el PSOE se abstuviera en la investidura de Mariano Rajoy, pero Pedro Sánchez se negó a ello: «¿Qué parte del no no ha entendido usted?», dijo dirigiéndose a Rajoy.

Tras los peores resultados de su reciente historia, se produce un movimiento dentro del PSOE en pos de la sensatez. Leamos lo que dijo aquellos días Susana Díaz:

No hemos entrado a valorar los escenarios postelectorales, pero parece evidente que, si con 90 escaños no fuimos capaces de formar Gobierno, pues con 84 nos han mandado a la oposición. Tenemos que ser coherentes y ver por qué, después de hacer tanto daño con sus políticas y de generar tanto sufrimiento, los ciudadanos le han dado más votos al PP.

[…] La izquierda solo ha conseguido ganar en tres provincias, y las tres son andaluzas: Sevilla, Jaén y Huelva. Por tercera vez hemos frenado al populismo desde Andalucía.

Pero aquellos resultados también fueron malos en Andalucía y debieron frenar las aspiraciones de la secretaria general del PSOE andaluz a suceder a Pedro Sánchez, aunque no fue así. El día 27 por la mañana, tras la noche electoral, ante las preguntas de los periodistas se sacudió cualquier responsabilidad en el fracaso electoral.

Por otra parte, varios líderes de la vieja guardia empezaron a allanar el camino hacia la abstención por medio de artículos de opinión y declaraciones en los medios de comunicación, donde la defendían como el mal menor frente al hartazgo ciudadano y el descrédito internacional que supondrían unas terceras elecciones.

«No se puede virar un transatlántico como el PSOE de la noche a la mañana tras haber machacado el mensaje de “no a Rajoy” durante dos campañas electorales», declaró uno de los veteranos. Había que ir generando un nuevo clima de opinión favorable, «preparando el terreno a la abstención», explicaron.

Esas defensas públicas de la abstención se presentaron como meras recomendaciones a favor de Pedro Sánchez.

Pero el «No es no», al parecer, se reflejó favorablemente en las encuestas. En palabras de un connotado sanchista, «nos sentíamos acosados y hostigados por los barones desde hacía dos años y, encima, ese verano comprobamos que el “no es no” funcionaba y que cuanto más lo decía, más subía Pedro en las encuestas. Por eso decidimos ir a terceras elecciones… La verdad es que fuimos unos irresponsables».

En cualquier caso, Pedro Sánchez le encargó a Jordi Sevilla que redactara las condiciones que había que ponerle a Rajoy para que el PSOE se abstuviera. El documento constaba de cinco apartados y señalaré algunos para que el lector pueda comparar esas demandas con la actitud actual del Gobierno de coalición PSOE-Podemos:

— Paralización del calendario de aplicación de la Ley de Educación.

— Inicio de las negociaciones en torno a un nuevo modelo de financiación suficiente y estable de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia).

— Inicio de las negociaciones en torno a un nuevo modelo de financiación autonómica que establezca la garantía de una financiación suficiente y estable de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia).

— Elaboración de un plan integral de lucha contra la economía sumergida y la explotación laboral.

— Ley de Racionalización y Modernización de la Administración Local: recuperación de los servicios sociales; financiación local.

— Aprobación de un nuevo sistema de nombramiento en órganos constitucionales y organismos reguladores conforme a criterios que garanticen la no intervención de los partidos y la objetividad de evaluación de los méritos de los candidatos.

— Garantía de independencia efectiva de RTVE.

— Subcomisión para la reforma constitucional.

— Grupo de estudio sobre Cataluña.

— Grupo para un pacto por la educación que, en el plazo de tres meses, proponga una ley de consenso.

Esas condiciones servirían para facilitar una abstención socialista de unos cinco diputados, si Rajoy conseguía, en segunda vuelta, el apoyo de 170 escaños entre Ciudadanos, PNV y Nueva Canarias.

Pero, en vez de optar por esa opción, su empeño en ser presidente se apoderó de nuevo de Pedro Sánchez durante el verano y, metido en su sueño de llegar a La Moncloa, el secretario general anunció que volvería a intentar una investidura y el 5 de septiembre lo expuso claramente en rueda de prensa en Ferraz, tras reunirse con la Permanente de su Ejecutiva.

En privado, Pedro Sánchez desmentía las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña y la antigua CiU, aunque reconocía algunas llamadas telefónicas y algún «café» por parte de miembros de su equipo. Por eso el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, le preguntó en su despacho durante una reunión previa al Comité Federal del 9 de julio: «Pedro, ¿me puedes asegurar que no quieres formar un Gobierno con los independentistas?». «Confía en mí», fue la respuesta.

Tras aquel verano, el dirigente socialista apostó por tres escenarios en este orden de prioridad: ser él el presidente del Gobierno, que hubiera terceras elecciones o que Rajoy lograra la investidura sin el concurso del PSOE, llegando a acuerdos con otros grupos parlamentarios.

El equipo de Sánchez intentó convencer a los barones de que el futuro del PSOE corría peligro con la abstención. Facilitar un nuevo Gobierno del PP sería como activar la autodestrucción del proyecto socialista como alternativa a la derecha. Si los socialistas permitían la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno, la ciudadanía percibiría al PSOE y al PP como socios, no como una alternativa frente al otro. Con ese acuerdo, el PSOE se colocaría en una posición «subalterna» que le restaría credibilidad como opción real de Gobierno frente al PP. Eso dijeron y eso pensaban. Puro sectarismo.

El 23 de septiembre de 2016, en vísperas de las elecciones autonómicas vascas y gallegas, cuatro de los cinco barones críticos con Pedro Sánchez: Susana Díaz (Andalucía), Javier Fernández (Asturias), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura) se reunieron en la provincia de Zamora, cerca de Benavente. Ximo Puig (Valencia) no pudo o no quiso asistir, pero Díaz le mantenía informado de todo. Fue la primera y única reunión entre ellos para hacer frente al secretario general del PSOE y para constituir lo que la presidenta andaluza denominará como su «estado mayor».

Tras las elecciones gallegas y vascas, Pedro Sánchez lanzó su propuesta: primarias el 23 de octubre para resolver de una vez por todas el problema de su liderazgo y conseguir que el PSOE tuviera «una única voz». Y así lo anunció en rueda de prensa el lunes 26 de septiembre de 2016.

Conocedor de las maniobras de los barones para descabalgarle, se trataba de retar a Susana Díaz cara a cara y que fueran los militantes del partido quienes decidieran. La propuesta de celebrar primarias exprés y un nuevo congreso federal debería votarse en un Comité Federal del PSOE convocado para el 1 de octubre de 2016.

Al proponer unas nuevas primarias Sánchez pensó que Susana Díaz se echaría atrás, como hizo en 2014. Por otra parte, confiaba en que ningún otro candidato se presentara y así se proclamaría secretario general de nuevo el 12 de octubre. De paso, contaría con dos semanas de plazo para intentar ser investido presidente del Gobierno.

Pero la gente más sensata del PSOE consideraba que el partido no se podía dedicar a solucionar sus problemas internos cuando estaba en riesgo la gobernabilidad del país. Es la tesis de «España primero, el PSOE después» que defendió Susana Díaz, convencida de que los ciudadanos no perdonarían semejante irresponsabilidad institucional.

Los barones querían impedir que Pedro Sánchez llevara al país a unas terceras elecciones que prolongarían el Gobierno en funciones del PP otro año más, lo cual obstaculizaría la gestión de sus propios Gobiernos regionales al carecer de Presupuestos Generales del Estado.

Según nos hemos enterado a través del libro de Antonio Caño[10], Sánchez nunca se entendió bien con Rubalcaba. Todos los viejos luthiers le recomendaron la abstención, y entre ellos Rubalcaba, a quien, según Elena Valenciano, Sánchez le dijo textualmente: «Voy a resistirme un poco, pero al final me abstendré».

A la vez —ya se ha dicho aquí—, encargó a Jordi Sevilla un documento con la intención de abrir el camino hacia una abstención condicionada. A finales de julio, Jordi Sevilla terminó un trabajo (Una propuesta socialista para la salida del bloqueo), que, analizado hoy, hubiera podido servir de base a una etapa de estabilidad política. Y que, sobre todo, reflejaba el consenso que existía en el Partido de que la abstención era la mejor salida.

Una mayoría de dirigentes y exdirigentes compartía esta opinión. Para el propio Rubalcaba, la eventual repetición de elecciones era algo insólito, en España y en el resto de Europa, y podía afectar a nuestro prestigio internacional. Pero el «no es no y qué parte del no no entiende» había llegado para quedarse.

Recuerda también Caño en su libro no lo que Rubalcaba opinaba sobre Sánchez, sino la decepción, nunca explicitada, que le causaron ciertos gestos de su sustituto, como que eliminara de las listas electorales a algunos amigos personales y colaboradores de gran valía. O que no hubiera contado con él para el debate nacional sobre una nueva Ley de Educación. Alfredo, además de la experiencia docente, había encarado la modernización del sistema educativo en España en su etapa en el Ministerio de Educación y era, sin duda, la máxima autoridad en esa materia dentro del partido.

Sánchez ofreció la última de las justificaciones en una entrevista en la Cadena Ser el 28 de septiembre. Preguntado por si era conveniente mezclar la vida interna del PSOE con la gobernabilidad de España en el tiempo de descuento antes de la celebración de terceras elecciones, el líder socialista aseguró con todo su gran desparpajo que no le habían dejado otra opción:

Ambas cosas van unidas. Si yo quiero intentar formar un Gobierno alternativo, fíjese lo que me dice Rivera: ponga usted primero de acuerdo a sus barones. Fíjese en lo que dice Iglesias: hay una división interna en el PSOE. Difícilmente yo puedo con credibilidad ir a hablar con interlocutores cuando hay un debate interno en el seno del Partido Socialista. Difícilmente el PP va a moverse si ven que dentro de la organización hay un debate sobre si el PSOE se tiene que abstener o no en su investidura. Y yo lo que digo es que tengo una hoja de ruta: no a Rajoy, no a terceras elecciones y sí a un Gobierno alternativo, pero para eso necesito tener a todo el partido detrás.

Esa semana de septiembre comenzó con la amenaza un lunes de una convocatoria de primarias exprés, continuó el martes con su anuncio de que no dimitiría si resultaba desautorizado por el Comité Federal y llegó a su punto álgido el miércoles, cuando por la mañana la Ser entrevistó a Felipe González (la entrevista fue grabada de madrugada en Santiago de Chile): «Mi opinión es que un Gobierno Frankenstein, que diría Ruba, no es bueno ni es posible», aseguró el expresidente.

González también se pronunció sobre las responsabilidades que debe asumir un líder socialista:

—¿Debería dimitir Pedro Sánchez? —le preguntó la periodista.

—Hay una gama de posibilidades, desde luego la de dimitir, que no es un verbo que se conjugue mucho en nuestra lengua, la de dimitir es una —respondió González.

El 31 de mayo de 2017 el Gobierno había logrado aprobar los Presupuestos Generales del Estado con el voto de siete partidos en el Congreso: PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias y los aliados electorales de UPN y Foro Asturias. Entre todos alcanzaron la mayoría absoluta de la Cámara con 176 escaños.

Días antes, el 18 de mayo, el voto de PP, Ciudadanos y PNV, junto a la abstención de los ocho diputados del PDeCAT, permitió la aprobación del decreto que regulaba la actividad de los estibadores.

En efecto —y en eso tenía razón Pedro Sánchez— la abstención del PSOE no era la única opción para evitar las terceras elecciones, pero era la más cómoda para el PP y para la estabilidad política. Pero volvamos atrás, a 2016.

El enfrentamiento público entre González y Sánchez fue el pistoletazo de salida para la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal. La dimisión de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva implicaba automáticamente la caída del secretario general. Así constaba en los estatutos del PSOE desde tiempo inmemorial.

Lo cual implicaba la constitución de una gestora para dirigir el partido, aunque este órgano no aparecía en los estatutos. Por ese motivo, el número dos del PSOE, César Luena, se pertrechó en Ferraz e hizo otra interpretación de las normas internas.

Las dimisiones asestaron un duro golpe al líder socialista, que vio cómo una de sus más firmes aliadas, Micaela Navarro, a la que nombró presidenta del PSOE y que le había garantizado su lealtad, se unió a las dimisiones. La diputada jiennense siguió a sus compañeros andaluces, que dimitieron en bloque.

Los dimisionarios fueron: Antonio Pradas (Andalucía), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Luz Rodríguez (Castilla-La Mancha), Juan Pablo Durán (Andalucía), Carmen Chacón (Cataluña), Eva Matarín (Madrid), Tomás Gómez (Madrid), Estefanía Martín Palop (Andalucía), Noemí Cruz (Andalucía), José Miguel Pérez (Canarias), Carlos Pérez (Aragón), María Ascensión Murillo (Extremadura), Francisco Pizarro (Andalucía), Manuela Galiano (Castilla-La Mancha) y María José Sánchez Rubio (Andalucía).

A las 21.30 horas del sábado 1 de octubre de 2016 Pedro Sánchez abandonó la sede del PSOE de Ferraz en coche desde el garaje, tras haber dimitido como secretario general y después de que el Comité Federal tumbara su propuesta de convocar primarias exprés para revalidarse en el cargo. Tras once horas de enfrentamiento agónico, el dirigente socialista se marchó en estado de shock, ya que en ningún momento había contemplado seriamente que se podía producir este desenlace.

En un ambiente de enorme preocupación por el espectáculo retransmitido a toda España por televisiones y redes sociales durante casi doce horas, el presidente de Asturias, Javier Fernández, asumió la presidencia de la gestora y uno de los lugartenientes de Susana Díaz, Mario Jiménez, ocupó las áreas de Organización y Comunicación. Pero veámoslo con detalle.

Como ya se ha escrito más arriba, siempre había estado claro que si la mitad más uno de los miembros de una Ejecutiva dimitía, el secretario general dejaba de serlo; sin embargo, esta vez Sánchez argumentó que él había sido elegido por todos los militantes, mientras que los miembros de la Ejecutiva lo habían sido en un congreso. En otras palabras: que él tenía más legitimidad y por eso no pensaba dimitir.

La mayor parte de los dimisionarios se reunieron en una cafetería, siguiendo minuto a minuto lo que ocurría en el Comité Federal. Sus compañeros que estaban dentro les iban contando cada novedad. La reunión también se la estaban emitiendo a través de los móviles a los ex secretarios generales del PSOE, Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Los que no quieren a Sánchez tampoco quieren votar, porque pretenden dejar en evidencia que el líder se ha quedado solo.

El presidente de Aragón, Lambán, pierde la paciencia y le dice a Sánchez:

—Tú ya no eres el secretario general del PSOE.

Pero volvamos al principio de aquel largo día, siguiendo la descripción de Ainara Guezuraga[11].

El Comité Federal lo componían casi trescientos socialistas de toda España. Entre los primeros que llegaron a la sede de Ferraz estaba el diputado vasco Eduardo Madina y también el expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y fueron recibidos con gritos de:

—¡Fascistas! ¡Iros a Génova! ¡Golpistas!

Son los mismos insultos que escucharon todos los que no comulgaban con Pedro Sánchez. ¿Eran del PSOE los gritones o serían de Podemos? Probablemente más de los segundos que de los primeros.

Mientras unos aguantaban los improperios, otros llegaron entre aplausos, como el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta.

—Votaré sí a lo que proponga la Ejecutiva —declaró Iceta.

Los manifestantes estaban bien organizados; unos en concreto, que hicieron de «guías», señalando al resto quiénes son o quiénes no son pedristas.

Sobre las nueve de la mañana llegó Pedro Sánchez. No era fácil verlo tras el cristal, pero los periodistas que estaban en primera fila dijeron que tenía el gesto compungido.

Cuando faltaban pocos minutos para las diez, la hora prevista de inicio del Comité Federal en la sala Ramón Rubial, el lugar estaba a rebosar, pero pasaba el tiempo y el Comité Federal no comenzaba. A mediodía, oficialmente no había empezado. Parecía que dentro no se ponían de acuerdo en nada. Sánchez exigía una votación secreta en la que se decidiera o no hacer primarias.

En la terraza, Eduardo Madina conversaba con Josep Borrell. El político catalán hace años que no acude a una reunión de este tipo y ese día fue solo para dar su apoyo a Pedro Sánchez, mientras, en otro rincón, charlaba buena parte de la delegación vasca y en otro estaba el presidente de la Comunidad Valenciana con algunos dirigentes de su Federación.

La reunión del Comité Federal pronto se convirtió en un guirigay que Verónica Pérez, presidenta de la mesa, era incapaz de controlar, hasta que Rodolfo Ares se hizo con el micrófono y montó el pollo organizando una mesa de votación al fondo de la sala.

Estallaron entonces los abucheos.

—El que quiera votar, ahí detrás tiene las urnas [las que ha colocado Ares] —anuncia Pedro Sánchez, desafiante, levantándose y dirigiéndose a votar.

Nadie controlaba las urnas, no estaban verificadas, y tampoco lo estaba el censo. Los críticos denunciaron un pucherazo y algunos perdieron los nervios, entre ellos Susana Díaz, que empezó a llorar.

—¡Que vamos a romper el partido! —gritó Susana.

El manchego Barreda tenía a su lado a Borrell, que observaba la situación con la misma perplejidad que la mayoría:

—Pepe, ¿tú esto lo apruebas?

Y Borrell dijo en voz alta:

—Vamos a ver, compañeros, que se vote, pero no así, que se haga con las urnas a la vista y que haya interventores controlándolo.

Uno de los asistentes escuchó cómo, a continuación, Borrell se acercó a Sánchez:

—¡Así no, Pedro!, ¡así no!

—Pedro, esto no es el PSOE, detén esto ya —fue el comentario de otra de las asistentes afín al líder.

La presidenta de Baleares, a punto de llorar:

—¿Esto qué es? —comenta en alto.

Pero Pedro ni se inmutó y los suyos interpretaron que era porque ahí, en la fila, contra la pared, se estaba dando cuenta de la «barbaridad» que había hecho: solo había veinte personas con él y ni sus partidarios le estaban respaldando.

José Antonio Pérez Tapias, de la corriente Izquierda Socialista, que apoyaba a Sánchez, abandonó el Comité Federal, y en la calle atendió a la prensa:

—Se empezó una votación secreta de una manera un tanto anómala, no se había acordado un procedimiento claro y ahora mismo también se está hablando de una moción de censura por parte del otro sector. El partido está roto en este momento.

—Señor Tapias, ¿sigue siendo Pedro Sánchez secretario general?

—Ni él mismo lo sabe.

Antonio Hernando le comentó a Susana Díaz y a los que estaban a su alrededor:

—Dadme diez minutos, que voy a ver si ahora le convenzo.

Se formó un corrillo con Pedro y sus más firmes colaboradores —Óscar López, Patxi López, César Luena— y de esa reunión informal salió la propuesta de lo que sería el primer acuerdo del día, a las siete y media de la tarde: votar congreso sí o no y a mano alzada. El pacto incluía que Pedro Sánchez, si perdía, dimitiría.

A las ocho de la tarde comenzó la votación. Habían pasado diez horas desde el inicio del Comité Federal. La presidenta les fue llamando uno a uno por su nombre y apellido. Tardaron ocho minutos en completar el abecedario:

—Compañeros, el resultado es 132 votos en contra, 107 a favor.

Sánchez abandonó la sala por el pasillo central. Solo algunos le aplaudieron. Cruzó su mirada con Antonio Hernando, que estaba sentado justo detrás de Susana Díaz. Unos giraban la cabeza a su paso para verle salir, otros la bajaron, y la mayoría miraba al frente.

A las nueve y cuarto de la noche Pedro Sánchez salió en coche del garaje. Finalizó así el mandato del quinto secretario general del PSOE desde la Transición. Dejaba atrás un PSOE desgastado, en caída libre y, lo que es aún peor, cargado de odios internos.

Pasada la medianoche, quedó pactada la gestora. Se dejó fuera a varias federaciones importantes, a la mayoría de las que gobernaban con el apoyo de Podemos.

Sánchez aún tuvo ganas de hablar por teléfono con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien estaba invitado en el programa La Sexta Noche. Cuando no han pasado ni tres horas desde la dimisión, a las once y media de la noche, Revilla suelta «la primicia»:

—Pedro Sánchez me ha dicho esta noche que se va a presentar a unas primarias.

El 2 de octubre se reunió por primera vez la gestora. La prestancia y seriedad del presidente asturiano Javier Fernández daba una imagen de limpieza a un órgano que nació tocado.

La hoja de ruta estaba clara: la gestora dirigiría el partido unos seis meses, hasta la primavera, un tiempo necesario para que Pedro Sánchez cayera en el olvido y la militancia superara el malestar generado por la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

En este periodo también se haría un control del censo de militantes con sus consiguientes aumentos y depuraciones, unos pasos fundamentales a la hora de ganar un congreso. Especial atención se prestaría a la relación con el PSC, claramente situado junto a Sánchez. En mayo se celebraría el congreso federal, en el que la presidencia sería elegida por aclamación, sin competir en primarias. Hasta ahí, la teoría. Pero la práctica fue muy diferente.

Lo único positivo que se sacó de aquel desastre interno fue la abstención ante la investidura de Rajoy. El Comité Federal la aprobó por 139 votos a favor y 96 en contra. Por fin España iba a tener un Gobierno.

A los veteranos del PSOE ya sin mando en plaza toda aquella operación nos pareció un auténtico dislate, no se respetaron las formas ni se procedió con la mesura que se debe exigir, cuando lo que se pretende es deponer a alguien, aunque ese alguien fuera un empecinado dispuesto a poner sus intereses personales por encima de cualquier otro objetivo, que en aquel caso era la gobernabilidad del país.

Una vez creada la gestora, esta podía haber seguido hasta las próximas elecciones, pero al final hubo unas nuevas primarias para elegir entre Pedro y Susana. Y Susana no se había dado cuenta de que al defenestrarlo de tan mala manera había hecho de él un mártir y fue ese martirio lo que le dio la victoria.

LA RESURRECCIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ

El poder despótico es la tentación natural para el príncipe,

del mismo modo que el vino y las mujeres lo son para el jovenzuelo,

el soborno para el juez, la avaricia para el anciano

o la vanidad para una mujer.

J. S.

El 30 de octubre de 2016, la noche siguiente a su dimisión como diputado, Pedro Sánchez dio una entrevista al periodista Évole en el programa Salvados de La Sexta que dejó a todo el mundo atónito. Muchos de sus leales creyeron que Pedro había cavado su tumba política al dejarse arrastrar por el dolor del momento y ajustar cuentas con dirigentes del partido, empresarios y hasta medios de comunicación sin ningún tipo de pudor ante las cámaras de televisión.

Ante Évole, Sánchez reconoció «conversaciones» con los partidos independentistas catalanes, aunque no «negociaciones». Relató que en la primera legislatura se mostraron más duros en sus posiciones y tras las segundas elecciones buscaban vías mucho más «posibilistas» para facilitar un Gobierno alternativo al del PP. «Hablar hay que hablar con todos, la cuestión es de qué se habla; yo desde luego no hablé con ellos nunca de celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña», aseguró.

El ex secretario general y exdiputado acusó a varios «poderes fácticos», al «sector financiero» y a los medios de comunicación de intentar boicotear la formación de un Gobierno alternativo de PSOE y Podemos para evitar «que la izquierda se entendiera».

Citó en concreto al expresidente de Telefónica, César Alierta, y al diario El País como principales impulsores de la estrategia anti-Podemos que se saldó con su derribo como secretario general.

Pocos días después, el 3 de noviembre, Pedro Sánchez celebró una reunión con sus fieles en el Hotel Weare de Madrid para organizar la reconquista de Ferraz en las próximas primarias. La indignación común por la abstención y el enfado con los barones fueron la gasolina para mantenerse en pie.

A esa reunión acudieron Francina Armengol, presidenta de Baleares; Luis Tudanca, secretario general de los socialistas de Castilla y León; Óscar López, exportavoz del Senado, y el diputado José Luis Ábalos. En representación de la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, asistió su secretario de Organización, Miguel Morales, y su homólogo de Navarra, Santos Cerdán. Andalucía estuvo representada por Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Esos nombres, que eran entonces casi desconocidos, ahora los conoce todo el mundo, pues conquistaron el mando de la mano de Sánchez. Inmediatamente se unieron Adriana Lastra, enfrentada a Javier Fernández en Asturias; Susana Sumelzo, frente a Javier Lambán en Aragón. Y se sumaron alcaldes como Óscar Puente (Valladolid) y diputados como Odón Elorza, Margarita Robles, Zaida Cantera, María Luz Martínez Seijo y Sofía Hernanz.

El 28 de noviembre de 2016, Pedro Sánchez reaparece en un mitin en Xirivella (Valencia), al que asistieron unas 1.500 personas. Entre besos y abrazos, al líder caído le costó abrirse paso en una multitud que vivía una especie de catarsis, una unificación socialista contra la gestora.

El horror (y el error) de las primarias había sido aceptado como si semejante cosa fuera la esencia misma de la democracia, cuando solo era un mecanismo plebiscitario tan querido por el populismo que ya se había colado en la política española, para desgracia del país.

Dos días después de la presentación de los avales para las primarias, Susana Díaz viajó a Barcelona. Por cada aval que consiguió la presidenta andaluza en Cataluña, los socialistas catalanes otorgaron seis a Pedro Sánchez.

El mazazo de los avales se sumó a los pinchazos de público que sufrió Susana Díaz en sus actos por toda España. Acostumbrada a miles de personas, aclamada y adorada por los socialistas andaluces, en Valencia solo congregó a 400 asistentes a su mitin en un polideportivo de Elche con capacidad para mil personas, por lo que los organizadores tuvieron que retirar sillas, momento que se convirtió en viral en las redes sociales.

A su acto en el Palacio de Festivales de Santander apenas acudieron doscientas personas, una cifra similar a la alcanzada por la opción minoritaria, la candidatura de Patxi López, en Torrelavega, días antes. En cambio, en el Paraninfo de la Universidad de la capital cántabra, Pedro Sánchez había reunido dos semanas antes a mil personas.

Nunca se pudo saber qué pintaba Patxi López como tercero en la discordia, aunque la verdad se hizo patente tras la votación: se presentó para quitarle los votos que pudiera a Susana Díaz. Patxi López se había metido por medio y recogía los avales para ser también candidato.

Susana Díaz no daba crédito a lo que estaba pasando. A cada mitin de Pedro Sánchez acudían más militantes, lo cual hacía aflorar las inseguridades de la presidenta de Andalucía. Para más inri, Sánchez consiguió reunir el 28 de enero a dos mil personas en Dos Hermanas, cerca de Sevilla.

El 26 de marzo de 2017, bien escondido en las últimas filas, asistí al mitin de Susana en IFEMA, la feria de muestras de Madrid. Había menos gente de la esperada y todos llegados en autobuses fletados en los lugares más lejanos. En primera fila, Felipe y Alfonso. Por allí andaba también Zapatero y una larga lista de viejos socialistas como Alfredo Pérez Rubalcaba, José Bono, Elena Valenciano, Ramón Jáuregui, José Blanco, Celestino Corbacho, Trinidad Jiménez, Ximo Puig, Guillermo Fernández Vara, Javier Lambán, Emiliano García-Page, Carmen Chacón y Micaela Navarro.

El 15 de mayo se produjo un debate televisivo con los tres candidatos. Díaz apareció arrolladora, vestida de rojo y sin dar un segundo de descanso a sus contrincantes. Sánchez parecía inseguro, con voz casi susurrante. Quería mostrar humildad y mantener el relato del victimismo frente a una Díaz crecida y soberbia, apoyada por Patxi López. La estrategia de Sánchez funcionó y acabó produciéndose el deseado «dos contra uno», que es lo que quería Sánchez.

Susana se mostró como la solución y responsabilizó a su oponente de las derrotas electorales, además de culparle de la ruptura interna del partido. «La abstención fue una decisión dolorosa —dijo—, pero la raíz del problema son los 84 escaños que sacamos…». «Tenemos un partido que está malito, que lo ha pasado mal y hay que levantarlo. Espero que me ayudéis los dos a hacer más grande el PSOE», concluyó en su intervención final.

«No digo que seas voluble, sino que vas cambiando de opinión en función de lo que te viene bien. No eres pro Ciudadanos o pro Podemos, sino pro Pedro Sánchez, defiendes lo que te viene bien en cada momento», le acusó.

Desde luego, en eso no le faltaba razón.

La fortaleza de Sánchez cambió el ritmo de la campaña y su equipo ofreció un pacto a Patxi López para que se integrara en su candidatura. En un acto en Alcalá de los Gazules (Cádiz), Sánchez lanzó la propuesta para desequilibrar a su favor el posible empate técnico con Díaz. La oferta-trampa sirvió también para poner en un brete al exlehendakari, que en caso de rechazar el órdago tendría serias dificultades para justificar un acuerdo posterior con la presidenta andaluza. Sánchez se tomó así su particular venganza contra López.

El último acto (19 de mayo) se celebró en el muelle de Sevilla, llamado de la Sal, bajo el puente de Triana. A Pedro Sánchez le acompañó por vídeo Anne Hidalgo, la alcaldesa de París:

Quiero decirte, Pedro, que desde aquí, desde París, la mujer de izquierda que soy, la socialdemócrata, la alcaldesa de París, te sigo y te apoyo. Te sigo y te apoyo porque creo que la socialdemocracia europea necesita a líderes como tú.

Susana perdió las primarias por goleada: obtuvo el 39,9 % de los votos frente al 50,26 % de Sánchez (Patxi López, el 9,84 %). Naturalmente, quedó muy afectada por su derrota y necesitó tiempo para asimilarla. Desde el primer momento, como en ella era y es habitual, no aceptó ninguna responsabilidad, pues en Andalucía, su territorio, había ganado. Los que fallaron fueron otros, los que prometieron resultados similares en sus comunidades y luego no cumplieron. «Se han escondido bajo mi falda», les reprochó a los barones.

En el club Billion de Madrid, la candidatura de Pedro Sánchez celebró su victoria en las primarias socialistas. Eran las dos de la mañana del lunes 22 de mayo de 2017. Los voluntarios de la candidatura de Pedro Sánchez, los jóvenes que mantuvieron la sede abierta casi veinticuatro horas al día, fueron el alma de la fiesta. Tomaban copas, reían, bailaban haciendo la conga… Con la música jaleando la victoria, cantaban «Susanita tiene un ratón» o «Sevilla tiene un color especial».

Susana Díaz le hizo ganar las primarias de 2014, que lo situaron como secretario general del PSOE por primera vez, pero de forma tutelada. La lideresa andaluza también ganó las autonómicas de 2015 y, cuando Sánchez intentó actuar de forma autónoma tomando sus propias decisiones, lo derrocó en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016. Esa victoria de Díaz se convertiría en la semilla de sus más duras derrotas.

Por el contrario, el fracaso de Sánchez en esa batalla interna del PSOE le invistió de una épica que sirvió para auparle de nuevo a la Secretaría General del partido, esta vez sin ninguna tutela, gracias al voto masivo de los militantes que optaron por restituir al líder mártir y castigar la soberbia de los barones. Susana Díaz perdió en esas primarias su gran poder dentro del PSOE, el que había heredado de «sus mayores». Aquella fue la derrota más demoledora y dolorosa: la de treinta y seis años de poder socialista en la Junta de Andalucía.

LA LLEGADA DEL CAUDILLISMO

Se acepta que el origen de la mayoría de las acciones, buenas o malas,

se puede explicar por el amor a nosotros mismos, pero el narcisismo

de algunos hombres les inclina a complacer a otros, y el narcisismo

de otros se emplea exclusivamente en autosatisfacerse.

Esto marca la gran diferencia entre la virtud y el vicio.

J. S.

Poco después del éxito en las primarias, Sánchez convocó el 39.º congreso (junio de 2017), que trajo consigo la destrucción del sistema interno, no tanto por el texto aprobado en aquel congreso, sino, sobre todo, a través del Reglamento federal aprobado en Comité Federal del 17 de febrero de 2018.

Con abundante literatura de evasión, lo que allí se decidió fue que en el nuevo PSOE solo existirían como elementos decisivos: el líder elegido en primarias, es decir, el sistema plebiscitario que ya se ha explicado en páginas anteriores, y las bases, a las que creo conocer bastante bien: sectarios y chupópteros a partes iguales.

Las consultas a la militancia, una de las grandes apuestas de Pedro Sánchez en su campaña de primarias, pasaron a ser «obligatorias y vinculantes», según contempla el texto, en dos supuestos y en todos los niveles territoriales: para aprobar los acuerdos de gobierno en los que participe el partido y para determinar el voto del partido en una sesión de investidura que suponga otorgar el Gobierno a otro partido.

El reglamento incorporó un punto que puso de manifiesto el poder de Ferraz sobre las federaciones. La norma habilitaba a la dirección federal para organizar directamente las votaciones en aquellos supuestos en los que la dirección territorial competente (municipal o autonómica) no quisiera convocar un referéndum.

Aquella normativa interna que, a lo largo de 558 artículos y 184 páginas, describía hasta el mínimo detalle el nuevo modelo de partido que había soñado Pedro Sánchez, fue ratificada por unanimidad por el Comité Federal del PSOE, con sus miembros en pie y entre aplausos. Las nuevas reglas del juego otorgaban más poder al secretario general y a las bases, mientras los órganos de dirección intermedios, los barones y el mismísimo Comité Federal prácticamente desaparecían como órganos de debate y de control. Para más inri, aquellas decisiones plebiscitarias (es decir, antidemocráticas) le permitieron al líder presumir de que «el PSOE será el partido más democrático, participativo y paritario del país». Se convertirá en «el PSOE de la militancia», un PSOE «cercano a sus militantes es un PSOE cercano a sus votantes», se jactó ante el máximo órgano del partido.

Pero no todos estaban de acuerdo. En la reunión de aquel sábado se ausentaron varios presidentes autonómicos —Susana Díaz (Andalucía), Ximo Puig (Valencia) y Javier Fernández (Asturias)— y solo aguantó hasta la votación, al filo de las tres de la tarde, el extremeño Guillermo Fernández Vara, porque el aragonés Javier Lambán y el manchego Emiliano García-Page ya se habían marchado, igual que dos referentes del PSOE andaluz, Juan Cornejo y Mario Jiménez.

¿Qué regulaba el texto? El Reglamento federal de desarrollo de los estatutos federales se encargó de determinar las normas de toda la vida orgánica del PSOE, desde el funcionamiento de las asambleas de base hasta el congreso y el Comité Federal, la organización de las primarias, la elección de los líderes y la confección de las listas, los cauces de participación democrática de la militancia, la transparencia económica, los mecanismos de control interno, la limitación de mandatos o las incompatibilidades.

¿Cómo se elige al secretario general? Antes (desde 2014 hasta 2017), el líder se elegía por voto individual y secreto y ganaba el más votado, tuviera el porcentaje que tuviera. Ahora, todos los procesos de primarias han de hacerse a doble vuelta y gana quien en la primera ronda obtenga más del 50 % de los votos o bien el que se imponga en la segunda ronda, a la que pasan los dos candidatos más votados en la primera fase.

¿Cómo se depone al líder? En el PSOE había dos procedimientos. Uno, si dimitía la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva (eso ocurrió el 28 de septiembre de 2016, aunque Sánchez resistió). Dos, si el comité correspondiente aprobaba una moción de censura (lo que los barones intentaron en la tortuosa jornada del 1 de octubre de ese año). Con el nuevo reglamento, el comité solo puede iniciar el proceso de destitución, pero será la militancia la que, en una consulta preceptiva y en el plazo de un mes, ha de convalidar o rechazar la revocación del mandato del secretario general. La filosofía es la que defendió Sánchez en su momento: un líder elegido por las bases solo puede ser quitado por las bases.

La excepción se da en los secretarios de agrupación local, pues ahí no hay primarias (se elige dentro de una lista cerrada y bloqueada), por lo que sí se sigue admitiendo que la dimisión de más del 50 % de los miembros de la cúpula arrastra al líder (artículo 344).

¿Las gestoras se pueden alargar indefinidamente? No. Ahora, las cúpulas interinas, las que toman el mando cuando cae el jefe, durarán noventa días máximo (aunque Ferraz puede admitir excepciones) y no podrán modificar el censo electoral.

¿Cuántos avales serán necesarios? La situación anterior era la siguiente: había un mínimo de firmas requerido para formalizar una candidatura (5 % a nivel federal, 10 % a nivel autonómico y 20 % a nivel local y provincial), no había tope por arriba y se permitían avales tanto colectivos como individuales. A partir de ahora, se impone un mínimo de rúbricas (1 % en el escalón federal, 2 % en el autonómico, 3 % en el provincial, 4 % en el comarcal y 5 % en el local) y también un máximo, que será el doble de los avales exigidos, y no se permitirá la lista colectiva de apoyos.

¿Cómo se elige a los delegados al congreso federal? Anteriormente, se hacía de forma indirecta: se designaba a los representantes en los «congresillos» provinciales o regionales, en los que las direcciones podían meter mano. Ese escalón se suprime. Los delegados al cónclave federal se elegirán por voto secreto y directo de la militancia.

¿Y cómo se compone el Comité Federal y el resto de comités (regionales, provinciales, locales)? Hasta ahora, una parte del Comité Federal se elegía por el voto de los delegados en el congreso, y la otra parte salía de los cónclaves autonómicos. Eso cambia: un tercio saldrá del congreso, otro de los cónclaves autonómicos y otro, de la militancia.

¿Cuándo hay primarias abiertas a la ciudadanía para elegir candidato? Son obligatorias cuando se designa al aspirante a La Moncloa. También podrán celebrarse para elegir a los candidatos a las presidencias autonómicas o los consells, los cabildos insulares y las alcaldías de los municipios de más de 50.000 habitantes, pero solo si lo pide la Ejecutiva Regional correspondiente o lo cree oportuno Ferraz. Hasta ahora, solo había primarias abiertas en las comunidades autónomas si lo demandaba la cúpula regional y en los municipios siempre había primarias cerradas (entre militantes). En cualquier caso, las primarias abiertas son un cuento pues el número de ciudadanos «externos» que se apuntan es ridículo.

¿Hay primarias donde el PSOE gobierna? Puede haberlas, pero para forzarlas los requisitos son mayores que en aquellas zonas donde el partido está en la oposición. Solo habrá primarias si lo acuerda el comité respectivo por mayoría o lo reclama un porcentaje determinado de las bases: el 30 % del censo a nivel federal, el 40 % a nivel autonómico y el 50 % a nivel municipal.

¿Pueden concurrir independientes como cabezas de lista a primarias? Antes, no. Ahora, sí, siempre que acrediten su compromiso con los valores socialistas.

¿Cómo se confeccionan las listas? Con el nuevo reglamento, los afiliados podrán poner nombres sobre la mesa y se votarán en listas abiertas; el filtro final lo tiene la comisión federal de listas y el Comité Federal, pero es la Ejecutiva quien da la bendición final.

¿Qué tipo de consultas a las bases hay? Esta es una de las grandes novedades del texto, pues antes directamente no estaba regulado. Las consultas serán obligatorias cuando se trencen pactos de gobierno o se tenga que decidir el voto del PSOE en sesiones de investidura que supongan facilitar el Gobierno a otro partido. Y también, claro, para confirmar o rechazar la revocación de un líder. También se podrán celebrar referendos sobre cuestiones de trascendencia, tantas como se quieran (art. 479). ¡Las bases al poder!

¿Quién convoca la consulta? Las ejecutivas correspondientes, no los comités regionales. Si una dirección se niega a celebrar un referéndum de carácter preceptivo, podrá forzarlo la Ejecutiva Federal. La cúpula federal también podrá imponer a un barón una consulta sobre una cuestión que entienda trascendente aunque este se oponga. A Ferraz se comunicarán los plebiscitos sobre cualquier ámbito, y tendrá la potestad de vetarlos o de cambiar la pregunta.

¿Se pueden acumular varios cargos? No. Una misma persona no puede disfrutar de dos cargos institucionales, ni tampoco podrá ejercer dos cargos orgánicos ejecutivos, ni sentarse en dos comités.

¿Los candidatos serán suspendidos de sus cargos? Sí. Todos aquellos militantes que concurran a los procesos de elección de secretario general (art. 188) o de primarias para ocupar un puesto institucional ejecutivo (art. 240) serán suspendidos de sus cargos temporalmente.

¿Hay limitación de mandatos? Sí. Ningún cargo orgánico podrá permanecer en su puesto más de tres mandatos consecutivos. En el caso de cargos institucionales, podrán optar a un cuarto mandato si se es presidente autonómico o alcalde o si lo autoriza la Ejecutiva Federal.

El texto final del reglamento es prácticamente el mismo que presentó como borrador la Ejecutiva Federal y el documento se queda con sus 558 artículos iniciales. Sí gana en páginas, unas treinta, ya que se incluye un índice articulado, de forma que se llega a las 184.

El texto fue coordinado desde la Secretaría de Organización federal, que encabeza José Luis Ábalos.

En efecto, las nuevas normas del PSOE elaboradas por el equipo de Pedro Sánchez vaciaron de poder al Comité Federal. Entregan las decisiones sobre los pactos postelectorales a los militantes, impiden que el máximo órgano del partido entre congresos pueda expulsar al secretario general mediante una moción de censura y otorgan el gran poder de convocar y celebrar consultas al líder y a su dirección más reducida: la Ejecutiva.

Al mismo tiempo, el partido dará «más voz y más poder que nunca a los militantes», en palabras del secretario de Organización, José Luis Ábalos. Los afiliados elegirán directamente a sus secretarios generales en todos los niveles, a los miembros de las distintas direcciones, todas las listas electorales y tendrán que ser consultados ante situaciones de máxima importancia.

Las nuevas reglas establecen como «obligatorias y vinculantes» las consultas a la militancia antes de cerrar acuerdos de gobierno o antes de votaciones de investidura cuando el PSOE pueda dar el poder a otro partido (como ocurrió con la investidura de Rajoy). En estos casos, el órgano correspondiente tendrá que tomar su decisión tras preguntar a los militantes. Si no hace la consulta, la convocará Ferraz directamente.

La Ejecutiva, además, se reserva el derecho a hacer todas las consultas que considere convenientes sobre asuntos que entienda de especial importancia. Y podrá decidir incluso la pregunta, aunque sea de ámbito regional o local.

El secretario general del PSOE solo podrá ser tumbado por los militantes —el Comité Federal pierde la capacidad de expulsarle directamente mediante una moción de censura—. Las gestoras no podrán volver a eternizarse, ya que se establece una duración máxima de las mismas de noventa días.

Declararé en público mi particular opinión acerca de esos cambios en el funcionamiento interno del partido, que para mí son pura demagogia. El parecido de las ideas de la militancia con las que tienen los votantes del PSOE es, simplemente, pura coincidencia. Sánchez se convirtió así no en el líder del PSOE, sino en su dueño y señor. Prácticamente todo se reduce a una relación entre él y una militancia fácilmente manipulable. Se acabaron las discusiones y los debates internos. A partir de ese momento los representantes socialistas en el Congreso y en el Senado serían —como ahora lo son— meros servidores de su señor, por no decir una palabra más fuerte, más obscena pero también más descriptiva.

EL DESMADRE CATALÁN

Durante aquella legislatura con Rajoy como presidente lo más tremendo vino, ¡cómo no!, de Cataluña. Un auténtico golpe de Estado que luego el Tribunal Supremo rebajó a sedición. Creo que merece la pena contar aquellos acontecimientos, y lo haré de la mano de José Antonio Zarzalejos[12]. Pero empezaré con una «autocrítica», que diría un comunista.

En la Constitución de 1978 no se precisó lo que eran (o iban a ser) las comunidades autónomas y tampoco se aclararon las diferencias entre estas y las Nacionalidades, de tal manera que esa ambigüedad voluntaria dejó libres las manos y la imaginación de los Parlamentos autonómicos. Y cuando llegó la tramitación de los estatutos, nadie en el Congreso ni en el Senado intentó corregirlos.

Lo ha escrito el ya citado Santiago Muñoz Machado[13], hoy director de la Real Academia Española de la Lengua:

No hay en la norma fundamental ninguna explicación de por qué La Rioja, que era una provincia con menos población de conjunto que algunas de las principales capitales españolas, se ha convertido en una comunidad autónoma con un parlamento que produce leyes frecuentemente, y un Gobierno que decide políticas públicas y dirige la administración. Por qué la inmensa Andalucía, con ocho provincias muy desiguales integradas en su enorme aparato institucional, tiene una estructura política y administrativa parangonable a la de Murcia, una mediana provincia vecina. Por qué Santander dejó de ser provincia castellana y se convirtió en la singular comunidad autónoma de Cantabria. O Asturias, la cuna de la España nacional, se autogobierna sola. O Madrid no se ha configurado como una gran área metropolitana en la que ocuparía posiciones jurídicas y políticas especiales el municipio capitalino. En la Constitución no hay ninguna mención a las diecisiete comunidades autónomas establecidas en el Estado. ¿Cómo se ha decidido su existencia y han delimitado territorialmente?

Todo ello está tensando la integración del Estado y cuestionando la naturaleza de la nación española. Lo que está ocurriendo es más grave y peor que el reiterado café para todos. Se trata de un proceso de fragmentación territorial, emocional, política y económica del país.

Por su parte, el historiador José Álvarez Junco ha escrito que la nación es «un dios útil», según el cual estas entidades imaginadas «son construcciones históricas, de naturaleza contingente; y sistemas de creencias y de adhesión emocional que surten efectos políticos de los que se benefician ciertas élites locales».

Es el caso de la Cataluña del procés, pero lo sería de España si practicásemos una abstracción crítica del problema y observásemos cuáles y cuántos han sido los errores que, por acción u omisión, son ajenos al independentismo.

¿Qué es lo que debería haberse hecho? Jon Juaristi responde así: «Desacralizar la nación obligándola a descender del cielo de los mitos y sumergiéndola en la temporalidad».

La manipulación descarada de la Historia es otra característica de cualquier nacionalismo que ha llegado a componer un auténtico género literario: el procesista. Se cuentan ya por decenas las publicaciones de naturaleza histórica, ensayística, periodística, política, e incluso las dirigidas al público infantil y juvenil, que glosan la Cataluña de ayer, la de hoy y la que podría llegar a ser mañana. Son libros de corta tirada y escasa difusión que, no obstante, actúan como combustible en un debate en las élites políticas, intelectuales y mediáticas que ya, nueve años después del comienzo de la iniciativa separatista en 2012, es redundante porque las ideas se repiten con distintas palabras.

Ese catalanismo soberanista ha ido nutriendo su procés con materiales del pasado formateados para que encajasen en sus pretensiones, hasta el punto de celebrar el minuto (17) y los segundos (14) de la ecuación 17.14 (coincidente con el año de la entrada de Felipe V en Barcelona). Y organizar simposios de historiadores como el que, bajo el epígrafe España contra Catalunya, se celebró en 2013-2014, a cuyos participantes pareció no importarles la ausencia de rigor del lema de convocatoria ni buena parte de las tesis sectarias que allí se expusieron. La llamada zona cero del independentismo es el Born Centro de Cultura y Memoria que alberga las ruinas de Barcelona datadas en las fechas en las que fue ocupada por las tropas borbónicas en 1714. Hasta 2015 ese espacio lo dirigió Joaquim Torra, el vicario de Puigdemont. En la actualidad funciona en Cataluña el lnstitut Nova Història, subvencionado por varias entidades, entre ellas TV3, que reúne a un grupo de historiadores que mantienen que Colón, Cervantes, Santa Teresa de Jesús, Cortés, Leonardo o Shakespeare eran catalanes cuyo origen habría sido manipulado por la historiografía española. Este instituto ha recibido la adhesión de personalidades de la política y la cultura catalanas hasta el punto de ser distinguido con premios y galardones.

El sentido instrumental que la historia, la sociología, la cultura, el idioma, la economía y las instituciones estatales han tenido para el separatismo catalán ha sido extraordinario.

Por lo que a los separatistas catalanes se refiere, han exhibido un ardor guerrero infatigable que terminó por despeñarles en la irracionalidad de lo que Daniel Gascón calificó de «golpe posmoderno», que sería «de diseño» en un contexto revolucionario en el que se evitó la palabra revolución.

La declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017, previa aprobación de la Ley de Referéndum y de la de Transitoriedad Jurídica de la república en las ciegas y mentirosas sesiones del parlamento autonómico de 6 y 7 de septiembre anterior, que se denominaron «normas de desconexión», habría sido también una mera desobediencia. Como aquella rebelión de 1934. Concuerda ese discurso, que banalizaba la rebelión de ese año como un simple ejercicio de derechos civiles, con el prontuario argumental de los dirigentes del proceso soberanista catalán condenados por sedición, tras una prolija instrucción y una larga vista oral, que comenzó con una querella del ministerio fiscal interpuesta el 31 de octubre de 2017 por presuntos delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia contra los principales líderes de la asonada, y concluyó con la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2019. Una sentencia que decidió aplicar un tipo penal antañón e inadecuado en un Código Penal del que se suprimió el delito de convocatoria ilegal de referéndum, por decisión del Gobierno socialista de 2005 y a instancias de los nacionalistas.

En octubre de 2017, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huyó a Bélgica instalándose con algunos de sus colaboradores en Waterloo mientras que el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, compareció ante el magistrado instructor de la causa y fue preventivamente encarcelado el 2 de noviembre de ese año. Permaneció privado de libertad sin solución de continuidad hasta la sentencia firme de la Sala Segunda del Supremo que el 14 de octubre de 2019 le condenó a trece años de prisión por un delito de sedición, unido al de malversación de caudales públicos. Fuga —exilio para sus partidarios— de Carles Puigdemont y cárcel para su vicepresidente, que optó por comparecer ante el juez.

Ante el posible recurso de los sediciosos ante la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, la sentencia del 14 de octubre de 2019 del Tribunal Supremo español se encargó de justificar su propia competencia y dedicó casi 200 de sus 493 páginas a argumentar el respeto a los derechos de defensa y a las garantías procesales de los encausados.

Nuestra Monarquía parlamentaria se ha convertido en una fijación nacionalista desde que el 3 de octubre de 2017 el jefe del Estado pronunció una concisa, contundente y definitiva intervención televisiva advirtiendo que, tras el referéndum ilegal celebrado dos días antes, actuarían los poderes del Estado para restablecer el orden constitucional.

A ese discurso se atribuye en algunos y no pequeños sectores de Cataluña el cambio de sede de miles de empresas que, ante el cariz de los acontecimientos y la desconfianza creada, se trasladaron a Madrid, Valencia o Mallorca.

En una comparecencia en el Parlamento catalán en el mes de febrero de 2020, los máximos responsables del Banco Sabadell, de CaixaBank, de Critera y de la Fundación Bancaria La Caixa, José Oliu, Jordi Gual e Isidro Fainé, respectivamente, justificaron el nuevo domicilio social de sus empresas —y de la mayor fundación de España— en razones técnicas y profesionales, de las que no era la menor razón la fuga de depósitos de esas entidades financieras que superó los 10.000 millones de euros. Una eventual independencia de Cataluña —que quedaría al margen de la Unión Europea— exigió a los gestores empresariales tomar una decisión que desarraigó de Cataluña a empresas que formaban parte del paisaje socioeconómico de la comunidad.

Ante la situación creada, el Gobierno de Rajoy nunca creyó que los separatistas llegaran hasta el final, negando, por ejemplo, que tuvieran urnas para realizar el simulacro de referéndum. ¡Y las tenían, provenientes de China!

Los errores del Gobierno español aquellos días fueron de traca. ¿Por qué no se tomaron los colegios la noche anterior o los días anteriores? ¿Por qué se fiaron de los jefes de los Mossos? ¿Por qué no ocuparon Barcelona, con el Ejército si era necesario? El hecho fue que la intervención de la fuerza pública española fue traicionada por la policía autonómica, al frente de la cual estaba un mentiroso llamado Trapero, que luego fue exonerado incomprensiblemente de responsabilidades penales.

La intervención —tarde y a destiempo— de las fuerzas del orden españolas solo dio munición a los separatistas para «vender fuera» la «brutalidad franquista» del Gobierno español.

Frente a aquella situación insostenible, Mariano Rajoy se decidió, al fin, a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que dice así:

Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas.

Y aun teniendo la mayoría suficiente en el Senado, Rajoy prefirió pactar la aplicación de dicho artículo con el PSOE y con Ciudadanos. Y tanto Sánchez como Rivera lo apoyaron, pero rebajaron sustancialmente el ámbito de aplicación, de modo que se evitó por ejemplo la intervención de TV3 y Cataluña Radio, que no cesaron en sus soflamas sobre «presos políticos» y «represión franquista» (y en ello siguen). Se anunció además la convocatoria de unas próximas elecciones.

Fue otro gran error. Debió haberse aplicado el 155 sine die y dejar a los sediciosos sin lo que más les gusta: sin dinero. Tengo para mí que los humos hubieran bajado con cierta rapidez propiciando la aparición de un partido o partidos nacionalistas con ganas de pactar una salida razonable.

A finales de noviembre de 2020 y tras la defenestración de Torra, el nuevo presidente en funciones anunció nuevas elecciones al Parlamento catalán para el 14 de febrero de 2021. A propósito de este anuncio de elecciones, Nicolás Redondo Terreros escribió lo siguiente[14]:

Se acercan las elecciones catalanas y el marco en el que se iniciará la repetida acción preelectoral no es el mismo que enmarcó las anteriores. Hoy los independentistas cuentan con una gran derrota ante el Estado de Derecho y a consecuencia de esa realidad, que niegan obstinadamente, plantean a los catalanes y a los que les observamos con atención un panorama embarrado, circense, que haría sonrojar a cualquier persona con sentido común o con una mínima decencia. No creo que ni ellos mismos sean capaces de explicar la fragmentación política, la proliferación de liderazgos menguantes; el panorama se asemeja a la repugnante contemplación de unas aves rapaces picoteando sus respectivas testas con furia carroñera para lograr una pequeña porción de su estrepitosa derrota para sobrevivir. De todos esos impúdicos comportamientos parece que saldrá beneficiada ERC, que ha optado por la estrategia del desconcierto: mantienen sus posiciones maximalistas y a la vez no solo negocian los Presupuestos del Estado con la cobertura rupturista que les presta Podemos, más interesados en debilitar el sistema que en su suerte electoral, sino que, siguiendo ese espíritu disruptivo, abanderan la penalización fiscal de otros territorios de España, pasando del famoso «que me quede yo tuerto con tal de que mi enemigo termine ciego» a «no me importa quedarme ciego con tal de que el otro se quede tuerto», exponente máximo de esa mezcla entre venganza y estupidez que solemos ver en las expresiones más abyectas del ser humano.

Mientras tanto, Sánchez sigue hoy manteniendo con los nacionalistas una posición lastimera, implorando perdón por nuestras culpas: «Todos somos responsables de lo ocurrido en Cataluña» fueron palabras de Pedro Sánchez en su aparición de fin de año (29-XII-2020). Culpas que solo se pueden imputar a los independentistas. Seguimos creyendo y aceptando el discurso de los predicadores de odios y penitencias ajenas: exclusivamente en nosotros recae la tarea de buscar solución al caos que los independentistas han provocado. Para esa genuflexión poco importa que los independentistas agredieran todo nuestro sistema legal, desde la Constitución a las resoluciones de los más altos tribunales de nuestro país. ¿Seguimos siendo nosotros los responsables? Pues no. Ellos son los culpables y ellos han de ser los únicos que deben rectificar y asumir sus propios errores.

Lo correcto sería poner pie en pared y utilizar todos los medios legales, no solo para parar la marejada, también para derrotar al separatismo.

LA MOCIÓN DE CENSURA

Tras el éxito en las primarias contra Susana Díaz, Iván Redondo había escrito en su blog lo siguiente (22-5-2017):

Si enfocamos bien el ajedrez político que se avecina, deben saber que hay altas probabilidades de que Sánchez pueda ser presidente. Bien a través de una moción de censura, si se suceden más escándalos en el seno del PP, o tras el resultado de unas elecciones anticipadas.

Después de aprobar los Presupuestos Generales con el apoyo del PNV, Rajoy sabía que la sentencia del caso Gürtel no iba a tardar en llegar y preveía que no sería buena. Paralelamente, la Mesa del Congreso había cerrado el calendario presupuestario —cuya tramitación tiene los tiempos tasados— con la aprobación del dictamen el viernes 18 de mayo de 2017 y la votación en Pleno el día 23. Había que llamar a la suerte para que las cuentas salieran del Congreso antes que la sentencia de la Audiencia Nacional.

Con aquella imagen de Rajoy posando ante los fotógrafos tras la votación definitiva junto a la dirección del PNV, todos los votantes a favor parecían satisfechos con el resultado y la honradez con la que —estaban seguros— todas las partes habían actuado, pero la decepción no iba a tardar en llegar.

Aquella noche todos los partidos durmieron en la ignorancia. Ninguno se preparó para la tormenta que se avecinaba.

Sánchez acababa de salir de la Ser cuando recibió la noticia: ha salido la sentencia y es negativa para el Partido Popular.

En ese instante, le pasó por la cabeza la idea de una moción de censura, pero tenía muchas dudas. No quería cometer más errores. Llevaba ya un año tratando de hacer las cosas con discreción. El primer paso fue llamar a su portavoz en el Congreso, la magistrada Margarita Robles, para pedirle que fuera inmediatamente a Ferraz, donde debía explicarles a él y a su núcleo duro los pormenores de la sentencia. Después llamó a Iván Redondo.

Es probable que Margarita Robles conociera muy bien la morcilla política que había metido su compadre Prada, morcilla que será más adelante el «argumento definitivo» para echar a Rajoy, aunque más tarde esa parte de la sentencia fuera desautorizada por el Tribunal Supremo, que entendió que daba por acreditada la existencia de una caja B en el PP, asunto que no era objeto de enjuiciamiento en aquel procedimiento.

Conviene aclarar aquí esta cuestión, y los antecedentes de José Ricardo de Prada, de la mano de Graciano Palomo[15]:

El juez José Ricardo de Prada volvió a indignar a una buena parte de la opinión pública el jueves 26 de diciembre de 2019. Como integrante de la Sala Segunda de la Audiencia Nacional decidió poner en libertad a un integrante de los CDR —Comités de la Defensa de la República (catalana)—, Alexis Codina, acusado por agentes de la Guardia Civil de formar parte de un comando radical proindependentista.

Después de pronunciarse la sentencia, los abogados del PP solicitaron a la Audiencia Nacional la recusación de José Ricardo de Prada para juzgar los casos en los que esta formación estuviera implicada: afinidad ideológica de Prada con el PSOE, que le había propuesto, después de firmar la condena, para ser miembro del Consejo General del Poder Judicial. Pedido y concedido: la sala de lo penal concluyó que con esa sentencia había quedado comprometida su imparcialidad, por lo que no podrá formar parte del tribunal que enjuiciará los Papeles de Bárcenas.

Pero volvamos a la aludida reunión en Ferraz. La intención que Sánchez está rumiando solo la conocen «los mismos cuatro gatos» que han apoyado a Pedro Sánchez en sus decisiones más controvertidas, como recuerda uno de los que forman parte de ese restringido círculo: además de ellos dos, la vice secretaria general, Adriana Lastra; el secretario de Organización, José Luis Ábalos; su jefe de gabinete, Juanma Serrano, y su responsable de prensa, Maritcha Ruiz Mateos.

La reunión comenzó pasadas las once de la mañana. Margarita Robles da la clave (el añadido de Prada) que, a su juicio, no puede ser rebatida por el PP. Esta vez, en su opinión, el equipo de Mariano Rajoy tampoco va a poder desviar el tiro hacia la trama de empresarios aprovechados.

La mujer que lo dejó todo por acompañar a Pedro Sánchez en su objetivo —en principio imposible— de llegar a La Moncloa le entrega el motivo perfecto para declarar la guerra al Gobierno.

Los medios siguen desentrañando los 1.687 folios de la sentencia y en apenas una hora se percatan de que lo relevante no está en el fallo, sino en los hechos probados que, según la sentencia, ponen en duda la credibilidad de Rajoy cuando negó la existencia de una contabilidad paralela.

Más tarde —como se ha escrito más arriba— el Tribunal Supremo demostraría que aquellas palabras escritas por el magistrado Prada eran, simplemente, irregulares.

Tras la sentencia, en la sede de Ferraz, Pedro Sánchez agotó la batería de su móvil en conversaciones con casi todos los barones territoriales y miembros de su Ejecutiva. Todos entendieron que la situación del PP era grave, pero fueron muy pocos los que animaron a Sánchez a lanzarse a una moción de censura.

Ese mismo día, a las seis de la tarde, Ábalos, Iván Redondo, Adriana Lastra y el propio Pedro Sánchez recibieron el texto de la moción de censura redactado por Robles y no tardaron en darle el visto bueno. Un poco después, el secretario general del Partido Socialista salió del despacho en dirección a su casa, donde dormiría esa noche sabiendo que al día siguiente su iniciativa condicionaría las deliberaciones del Consejo de Ministros.

El viernes 25 de mayo de 2018 Margarita Robles espera en su despacho de portavoz en el Congreso de los Diputados la llamada de Pedro Sánchez. La dirección del PSOE cree haber conseguido que su moción de censura se mantenga en secreto hasta ese momento y así lo fue para los medios de comunicación, que no consiguieron confirmar la moción más allá del rumor.

El teléfono suena por fin y Robles recibe la orden: «Regístrala ahora».

La suerte estaba echada y Mariano Rajoy ya no podía convocar elecciones generales. Debería someterse a la moción de censura que se acababa de presentar en el registro del Congreso de los Diputados.

El que prometía ser uno de los Consejos de Ministros más tranquilos, por ser el primero tras la aprobación de los Presupuestos que, teóricamente, garantizaban que se podía llegar al final de la legislatura, será el último.

La mayoría de los asistentes a este cónclave estaba convencida de que la moción de censura no tenía posibilidades de salir: «¿Cómo va a salir?», se preguntaban. Algunos expresaron que no concebían «una traición así» del PNV solo unos días después de haberles apoyado con los Presupuestos, a cambio, como siempre, de ventajas económicas a través del cupo (el «cuponazo», lo llamó Albert Rivera). A esta tesis se agarró la mayoría del Grupo Popular, con la convicción de que era «un contrasentido, una incoherencia impropia de un partido serio», así lo expresó uno de los ministros (uno de los muchos políticos que no conocen al PNV, que no es otra cosa que una gavilla de aprovechateguis). Sin embargo, una ministra advirtió, desde su fundada aversión al nacionalismo vasco, que el PNV «ha traicionado siempre a España».

El PSOE también habló de la moción de censura con Ciudadanos, que, por boca de Villegas, había tomado postura diciendo que solo la apoyarían si estaba destinada a ir a las urnas para que los españoles decidieran, introduciendo el concepto de «moción instrumental».

Tras una rueda de prensa sin complicaciones, Villegas llama a Martínez-Maíllo, su interlocutor habitual en el Partido Popular:

—Si anunciáis ahora que vais a convocar elecciones y anunciáis la fecha, deslegitimáis la moción de cara a la ciudadanía.

Pero esto lo dijo antes de que Margarita Robles presentara la moción. Una vez presentada, Rajoy ya no podía convocar elecciones.

Por la puerta lateral de la sala de prensa del Congreso entra Sánchez, el secretario general del PSOE, seguido por las dos personas de mayor rango en el organigrama socialista, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, visiblemente más animados que el líder. Pedro Sánchez sube a la tarima y se sitúa delante del atril ataviado desde hace dos meses con el eslogan: Hagamos un país mejor.

—Es una moción de censura para recuperar la dignidad de nuestra democracia —dice.

El tono es bajo, pero el mensaje es claro: la inacción del presidente Rajoy tras una sentencia «devastadora» no les ha dejado otra opción que forzar una reacción de los responsables políticos. El resto de grupos tendrá que elegir entre hacer la vista gorda o participar en la limpieza de este «lodazal de corrupción».

En cualquier caso, aunque sea por mera cortesía, Sánchez habla después con varios líderes políticos con distinta suerte. Pablo Iglesias se muestra de acuerdo y le dice a Sánchez que hará todo lo que pueda para empujar al «SÍ». Y lo hace. El dirigente de Podemos resultará determinante entre los separatistas vascos y catalanes.

Sánchez escribe después a Albert Rivera. Es el único representante de un partido al que no llama por teléfono, y recibe de él una escueta respuesta, también por escrito:

—Que hable Ábalos con Villegas, y ya veremos si nos apuntamos.

Al presidente del PNV Sánchez no le resulta convincente. Es más, Ortúzar llegó a pensar que el socialista no quería ganar. «Lo noté políticamente obligado a presentar la moción, pero convencido al cien por cien no estaba», explicaría más tarde. El candidato cree que el partido vasco siempre se ha abstenido en este tipo de situaciones porque consideran que esa posición neutral les beneficia.

Villegas y Ábalos se vuelven a reunir. Un cara a cara que empieza de manera simplemente correcta, entre un Ábalos distante y un José Manuel Villegas para el que las relaciones personales no cuentan en política. Para él, solo hay una manera de arreglar esto: investir a un candidato acordado que convoque elecciones. Ambos interlocutores tienen una cosa en común: a ninguno le gusta perder el tiempo ni dar rodeos. Así que van al grano. Tras comprobar Ábalos que el dirigente del partido naranja dice lo mismo en público y en privado, responde:

—Si hay elecciones, la cosa se dilucida entre vosotros y nosotros. Dime qué prioridad tenéis: elecciones inmediatas o que Pedro no sea presidente.

—Elecciones —dijo Villegas.

Mucho más tarde y ya ganada la moción de censura, y, por lo tanto, con Sánchez al frente del Gobierno, convocó elecciones tras retrasarlo todo lo que pudo. Rivera salió al público con un documento contra Sánchez donde le criticaba que se hubiera apoyado en el «separatismo racista» para llegar al poder. Rivera no lee nada de lo que tiene escrito, y termina apelando a los españoles:

—Un día llegará en que las urnas impedirán que personas como el señor Sánchez lleguen al Gobierno a cualquier precio.

La relación personal entre ambos líderes, Rivera y Sánchez, es pésima, y el socialista no hace ningún esfuerzo por disimularlo. Además de sus gestos de menosprecio mutuo durante el debate electoral, lo evidencia verbalmente:

—Usted no tiene palabra, es desleal y mentiroso —le dijo a Rivera.

Este debate dejó claro que existía entre ellos una distancia sideral, insalvable. En solo dos años, desde que ambos firmaran el «Pacto del Abrazo» —un acuerdo de Gobierno para investir presidente a Sánchez, que no logró el apoyo suficiente de la Cámara a causa de Iglesias: «Con Rivera no», habían gritado los podemitas y sus amigos socialistas ante la sede del PSOE—, han pasado de estar prometidos a no querer ni saludarse.

Rajoy les dice a sus próximos lo siguiente:

—No asistiré… Conozco el resultado que se producirá mañana. No estoy dispuesto a escuchar insultos, descalificaciones e injusticias. Ya he tenido que soportar unas cuantas. Tengo el cupo repleto de tanta tontería. Ahora lo que tengo que pensar es qué hago y, desde luego, me iré a Santa Pola, donde tengo el registro.

EL NUEVO GOBIERNO

El arte de gobernar no requiere en realidad otra cosa

que diligencia, honestidad y un modesto porcentaje

de simple sentido común.

J. S.

La moción de censura se votó el 1 de junio de 2018 y obtuvo 180 votos a favor y 169 en contra. Pedro Sánchez resultó elegido presidente del Gobierno, de un Gobierno que duró desde el 7 de junio de 2018 hasta el 13 de enero de 2020.

Mariano Rajoy dimitió de todos sus cargos al frente del PP y este partido se dispuso a celebrar unas primarias a las cuales concurrieron tres candidatos: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, secularmente enfrentadas según las crónicas, y Pablo Casado. Este último ganó las primarias en la segunda vuelta y constituyó una nueva Ejecutiva a su medida.

Entretanto, Pedro Sánchez incumplió la promesa expresada durante la moción de censura de convocar inmediatamente elecciones, pero, al no conseguir sacar adelante los Presupuestos, acabó por convocarlas para el 28 de abril de 2019.

En aquellas elecciones el vencedor fue el Partido Socialista, que obtuvo 123 escaños (28,69 %), 38 más que en las anteriores.

Cualquiera que sepa sumar calculará que 123 (PSOE) más 57(Ciudadanos) arrojan un total de 180 diputados. Una cómoda mayoría absoluta. Nadie en su sano juicio pudo ni podrá entender por qué no se pusieron de acuerdo, cometiendo ambos un dislate desestabilizador, al negarse a formar un Gobierno de centro izquierda que, además, ya tenía un acuerdo firmado (el que dio pie a la investidura fallida de Pedro Sánchez, que contó entonces con el apoyo de Ciudadanos). No se pudo saber entonces —ni probablemente se sepa nunca— si fue Pedro o fue Albert, o los dos, quienes cometieron tal disparate contra el sentido común y contra España.

Entretanto, Pablo Iglesias y sus acólitos no dejaron de enredar en pos de un Gobierno de coalición que en aquel momento a Pedro Sánchez no le gustaba nada.

Habían pasado ya dos meses desde la cita electoral cuando en septiembre se produjo la reunión PSOE-Podemos. Allí estaban, según han contado María Llapart y José Enrique Monrosi[16], Carmen Calvo, Adriana Lastra y María Jesús Montero, en representación del PSOE. Echenique y Belarra por parte de Podemos, acompañados esta vez por los representantes de las confluencias Yolanda Díaz, Jaume Asens y Enrique Santiago. Los dos equipos se encerraron durante cinco horas en una sala. El problema era que no tenían mucho que decirse.

«¿Qué hacemos aquí?».

El mensaje lo envió Yolanda Díaz durante aquella reunión al diputado de IU Enrique Santiago. La dilatada trayectoria de Santiago como abogado del Partido Comunista lo había llevado a participar en las negociaciones de las FARC con el Gobierno de Colombia. Santiago lo ha visto casi todo en política, y aun así aquel conclave le impactó.

«No he visto un esperpento igual en mi vida», es la respuesta al mensaje de Yolanda.

Nadie sabe para qué, pero ahí continúan. Tres representantes del PSOE, cinco de Unidas Podemos.

—Es que sois un partido muy joven como para entrar en el Gobierno —argumenta Carmen Calvo.

—Vicepresidenta, con todo el respeto: que soy el secretario general del Partido Comunista y tenemos casi un siglo de historia —protesta Santiago.

—Ya, hombre. Me refiero a Podemos.

Todos los cálculos demoscópicos que incitaban a Sánchez para que convocara elecciones se removieron cuando saltó la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.

El 14 de octubre se dio a conocer la sentencia del juicio que iba a tener más peso político en España desde el proceso a los golpistas del 23 de febrero de 1981. Los doce líderes independentistas juzgados por los actos que llevaron a la declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 fueron condenados a casi cien años de cárcel.

El paisaje en La Moncloa ya no tenía mucho que ver con lo que se vislumbraba en julio… y empezaron las manifestaciones violentas promovidas por los independentistas.

En verdad, las imágenes de las calles de Barcelona, con los adoquines arrancados y los contenedores calcinados, se convirtieron en gasolina electoral para una derecha más radical, a la que ni siquiera le viene mal la exhumación de Franco. El cadáver del dictador sale del Valle de los Caídos cuando todo está envuelto en el humo de Cataluña. Hasta las salas de máquinas de Presidencia llega el eco de las proféticas palabras de Rufián en julio: «Se arrepentirán. Una investidura en otoño complica la vida a todos».

De suerte que el propio Pedro Sánchez dice ante un grupo de su confianza lo siguiente:

—Rivera está kaput —dice— y Vox pasará de los 50 escaños.

La segunda afirmación, la del ascenso de Vox, causa mayor sorpresa que la primera entre los presentes, pero Sánchez se muestra frío, como si solo pensara en la manera de resolver el problema al que los sondeos optimistas han arrastrado al PSOE.

Al final no tuvo más remedio que convocar las elecciones y el partido más votado fue el Partido Socialista, que obtuvo 120 escaños (28,00 % de votos), 3 escaños menos que en las anteriores elecciones. El Partido Popular: 89 diputados (20,82 %), 23 más que en abril. Vox: 52 diputados (15,09 %), 28 más. Unidas Podemos: 26 diputados (9,80 %), 7 menos. Esquerra Republicana de Catalunya: 13 diputados (3,71 %), 2 menos. Ciudadanos: 10 diputados (6,79 %), 47 menos que las anteriores. Junts per Catalunya (JxCat): 8 diputados (2,19 %), 1 más que las anteriores. En Comú Podem: 7 diputados (2,27 %), permaneciendo con los mismos diputados. Partido Nacionalista Vasco: 6 diputados (1,62 %), permaneciendo igual. Bildu: 5 diputados (1,15 %), ganando 1 diputado. Más País (Errejón) obtuvo 3 diputados (2,51 %). Candidatura d’Unitat Popular, 2 diputados (1,01 %). En Común: 2 diputados (0,77 %). Coalición Canaria-Nueva Canaria: 2 diputados (0,51 %). Navarra Suma: 2 diputados (0,41 %). Bloque Nacionalista Galego: 1 diputado (0,50 %). Partido Regionalista de Cantabria: 1 diputado (0,28 %). Teruel Existe, 1 diputado (0,08 %).

Según los autores citados (Llapart y Monrosi), Pedro Sánchez, solo en su despacho, había tomado una decisión. El escrutinio de los resultados electorales no ha terminado, pero le da igual. Son las diez de la noche y su equipo ya le ha pasado las proyecciones, con una probabilidad de acierto del 90 %.

Acabará la noche con un diputado menos. La izquierda se debilitará con la pérdida de 7 escaños de Podemos y, por el contrario, Vox ascenderá a tercera fuerza con 52 escaños. Tiene claro lo que va a hacer y está a punto de comunicárselo a los suyos. Lleva días rumiando lo que verbalizará en unos instantes.

Sánchez levanta el teléfono:

—Jose [Ábalos], vente al despacho y avisa a los demás.

Los demás son Carmen Calvo, Adriana Lastra y Santos Cerdán. Esta vez Sánchez no quiere consultar nada con nadie más. Así de sencillo, sin discusión ni consulta alguna, llegó el abrazo entre Pedro y Pablo en el Congreso de los Diputados.

Esos encuentros en «la casa de todos» suelen ser invisibles para la opinión pública. Pero hoy, el antecomedor albergará el anuncio de un pacto para que «las izquierdas» gobiernen juntas en España por primera vez desde la Segunda República. Decenas de cámaras, fotógrafos y redactores llenan el salón.

La suerte está echada, aunque ese futuro Gobierno solo será viable con el apoyo de los diputados separatistas. ¿Y qué más da, si Podemos quiere una Constitución «plurinacional», sacar a los sediciosos de la cárcel y «reconstruir las relaciones con Cataluña»?

Sánchez sacará adelante su investidura con el apoyo de todos los enemigos de la Constitución, con el apoyo de todos aquellos que desean acabar con el espíritu de la Transición, es decir, con quienes quieren destruir la reconciliación nacional. Un negocio que, a mi juicio, resultará ruinoso para España.

El Gobierno de coalición prometió sus cargos ante el rey Felipe VI el día 13 de enero de 2020. En ese acto los ministros de Podemos prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Promesa que no pensaban cumplir en ningún momento.

DEBATES CONTRA LA CONSTITUCIÓN

El gobierno que se ejerce sin el consentimiento de los

gobernados es la más exacta definición de la esclavitud.

J. S.

Poco después de que Sánchez formara el Gobierno Frankenstein, y aprovechando las noticias nunca confirmadas de las supuestas meteduras de pata y de manos del Rey emérito, los de Podemos, con el apoyo de los separatistas catalanes, iniciaron un ataque contra la Monarquía española y contra Felipe VI que nada tenía que ver con aquellos supuestos hechos.

En lo que sigue me atendré a lo que ha expresado —y con cuánta razón— Antonio Jiménez-Blanco[17], que aseguraba que dicho debate es exclusivamente ideológico y que ya lo había recogido Emilio Lamo de Espinosa el 17 de agosto en El País. Tres días después, en «Una monarquía que no debilite la democracia», Cristina Monge, que de entrada se mostraba menos entusiasta con la realeza, comenzaba exponiendo más o menos lo mismo:

No hay duda de que existen monarquías más democráticas que algunas repúblicas, y repúblicas que carecen de la mínima legitimidad democrática. No es, por tanto, la Jefatura del Estado la que define la calidad de la democracia.

No puede pasar inadvertida la circunstancia de que ambos artículos de El País, lejos de haberse limitado a hablar de democracia en abstracto, se tomaron la molestia de introducir la referencia a su calidad. Y es que democracias hay muchas y todo el mundo se la aplica a sí mismo (incluso Franco decía presidir una «democracia orgánica»).

¿Qué entendemos en ese contexto —volvamos a Lamo de Espinosa y a Monge— por «calidad democrática»? ¿Que lo sea de manera directa, es decir, no representativa? ¿Que, aun con representación, sea sometido a votaciones absolutamente todo?

Una vez más, matizar resulta obligado, porque la demagogia no encarna la única degeneración de la democracia. También existe otra, que puede ser aún más lesiva, la partitocracia, de la que forma parte la implacable ley de hierro de la oligarquía que explicó hace ya muchos años Robert Michels.

Si de lo que se trata es de seleccionar a los gobernantes (o en general a los que se ocupen de manera habitual de las cosas del común), nadie podrá discutir que al mérito y la capacidad —la aristocracia en el sentido original— hay que dejarles también su espacio. La Constitución española lo proclama en el artículo 103, que vale (casi) tanto como el artículo 23, que declara el derecho (fundamental) de los ciudadanos, sin discriminaciones, a acceder a las tareas públicas.

La Corona, como bien dice la Constitución en el artículo 57.1, es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Y es que, como bien recordó en otro artículo en El País («La Corona y los ciudadanos») Javier Moreno Luzón, que las monarquías hayan sobrevivido al advenimiento de la democracia y la igualdad civil se debe a «su capacidad para personificar la comunidad política». Y es que «allí donde los ciudadanos son incapaces de imaginar su propio país sin la presencia de una testa coronada, de Suecia a los Países Bajos, los tronos no peligran, porque gritar viva el rey equivale a homenajear a la patria». Y el autor concluía así: «Lo cual supone saltar de los tecnicismos constitucionales al campo de las emociones y las identidades, mucho más resbaladizo y vinculado a símbolos».

No solo es que en una democracia tan perfectible (como todas) resulta injusto poner a la Corona como chivo expiatorio (es la tesis de Josep Colomer, también en El País: «La Monarquía, cabeza de turco»), sino que el debate desatado en España en agosto de 2020 entre monarquía y república tiene mucho de los Macguffin de Hitchcock, un artificio para huir de explicar los desastres de la pandemia.

En España, lo que se está haciendo es tirar por elevación. La alternativa real que ofrece Frankenstein a nuestra imperfecta Monarquía española no es una república, sino un conjunto de ellas: las repúblicas, en plural. Y esa hipótesis, simplemente, estremece a cualquier persona sensata.

Y LLEGÓ EL BICHO

Un primer ministro o presidente del Gobierno es una criatura completamente exenta de pesar, amor y piedad; o que utiliza las palabras para todo, excepto para revelar su pensamiento; que jamás dice una verdad, excepto con la intención de que se tome como una mentira, ni tampoco dice una mentira si no es con el propósito de que sea tomada por una verdad.

J. S.

Comenzaremos por dar un repaso previo.

La pandemia ha sido una gran detectora de fallos. Ha puesto en evidencia los agujeros que tenía nuestra sanidad, ocultos parcialmente por una esperanza de vida de las dos más altas del mundo. Pero como ha dicho el gran especialista Rafael Matesanz, el virus «nos ha abierto los ojos sobre temas que ya se venían apuntando desde hace tiempo. España presumía de tener la mejor sanidad del mundo. Pero somos el país 25.º del mundo en presupuesto per cápita y el 27.º en gastos en sanidad con relación al PIB, y con esas cifras es imposible que nuestra sanidad sea la mejor del mundo. Era una ensoñación».

Y es que en 2018 España destinó a sanidad el 15 % menos que la media de la UE. Hemos asistido a episodios vergonzosos, como los miles de personas mayores muertas en residencias sin asistencia médica o la lucha de los profesionales sanitarios contra la epidemia protegidos apenas con bolsas de basura.

Y no es que falten médicos (3,9 por mil habitantes, cuando la media en la OCDE son 3,4), que están, además, muy bien formados. Para ocupar un puesto en un hospital español son precisos como mínimo ocho años de estudios y exámenes. Pero están mal pagados y precariamente contratados, hasta tal punto que en el sistema público de salud el 55 % de los profesionales están en temporalidad más de seis años, y entre ellos el 30 % firma contratos de menos de tres meses.

Además, las ratios en otros estamentos sanitarios son aún peores. Por ejemplo, en enfermería, hay 5,7 enfermeros por cada mil habitantes, lo que sitúa a España en el puesto 28.º de los 36 países analizados por la OCDE.

Es imprescindible mejorar la atención primaria y con ella las condiciones laborales de los sanitarios. No podemos tener una sanidad a la altura de la UE pagando sueldos del tercer mundo. Nuestra sanidad ha ido perdiendo efectivos y, por otro lado, las comunidades autónomas prestan asistencia, pero necesitan que alguien lidere el sistema, marque las pautas y tenga la autoridad política para hacerlo. Es notoria la falta de entendimiento entre ellas y el Gobierno central, y las diferencias de trato que da este según el signo político, lo cual impide trabajar conjuntamente en algo que requiere una acción coordinada, garantía de la igualdad entre todos los ciudadanos.

Todos los expertos están pidiendo la creación de una comisión independiente que evalúe lo ocurrido en España durante la pandemia, pero apostaría todo mi patrimonio a que esa comisión nunca se creará y nos tendremos que conformar con lo que diga la nueva ministra de Sanidad o, aún peor, lo que manipulen Iván Redondo y su pandilla.

Ya en enero de 2020 la UE advirtió a los países de los peligros que se avecinaban. En China, antes del año nuevo lunar, que es allí la fiesta más grande del año, se inició la batalla contra el virus. Los casos identificados de pacientes con Covid-19 se aislaron inmediatamente en los hospitales existentes, y se construyeron dos nuevos centros para aislar y atender el creciente número de casos en Wuhan y Hubei. Se pidió a las personas que habían estado en contacto con casos de Covid-19 que se pusieran en cuarentena en sus hogares o se trasladaran a instalaciones donde se podría monitorizar la aparición de síntomas.

Se cancelaron numerosas grandes reuniones, incluidas todas las celebraciones. Prácticamente todo el transporte de alcance nacional se restringió. Estas medidas fueron instituidas para lograr el distanciamiento social. Entre cuarenta y sesenta millones de residentes de Wuhan y otras quince ciudades vecinas dentro de la provincia de Hubei fueron objeto de medidas de contención comunitaria.

En lo que sigue sacaré los datos acumulados por Francisco Mercado en su magnífico libro[18].

Cinco meses después de la llegada del virus a España, la vicepresidenta Carmen Calvo, en un imaginativo esfuerzo por explicar los contagios masivos, declaró la siguiente estupidez: «Nueva York, Madrid y Pekín están en línea recta, tres de las grandes ciudades donde se ha dado un problemón del demonio». La ministra Teresa Ribera también culpó al mapa: «Portugal paró antes, venía del este y ellos están un poco más al oeste y entonces pudieron parar un poco antes. Eso explica que, respecto a la tasa de infectados, Portugal tenga la mitad que España». Una sandez muy propia de esta señora.

La UE no se estuvo quieta y advirtió que estaba llegando una gigantesca ola. Para hacerle frente detalló una batería de medidas, pero Illa creyó que la ola no llegaría a España. Creyó que el muro sanitario resistiría.

Estas fueron las recomendaciones de la UE:

— Activación inmediata de los mecanismos nacionales de respuesta a emergencias y planes de preparación para pandemias a fin de garantizar la contención y mitigación de la Covid-19.

— Asegurar que el público en general sea consciente de la seriedad de la Covid-19. Un alto grado de comprensión, participación comunitaria y aceptación de las medidas (incluyendo un estricto distanciamiento social) son imprescindibles para evitar una mayor propagación.

— Implementación de protocolos para pruebas de laboratorio Covid-19, diagnóstico, vigilancia y tratamiento.

— Implementación del distanciamiento social (suspensión de reuniones a gran escala y cierre de escuelas y lugares de trabajo).

— Comunicación de riesgos y provisión de equipos de protección individual (EPI) adecuados para la atención médica, Policía y cuidadores de ancianos.

— Provisión de capacidad sanitaria adecuada para aislar, apoyar y tratar activamente a los pacientes.

Era una buena batería de medidas, pero fue desatendida por el Gobierno de Sánchez, que no evitó actos masivos, ni protegió a los sanitarios ni persiguió los contactos.

España fue creando en junio equipos para el rastreo de contactos, lo que le exigía la UE desde el 2 de marzo.

En esas fechas del inicio de marzo, España no tiene apenas pruebas que realizar y por eso apenas detectó casos. Solo 119.

La UE pidió el 2 de marzo que España «active su plan de preparación para una pandemia si aún no está activado».

«Serán burros estos de la UE… —debió de pensar el Gobierno español—. Activar un plan para una pandemia sin pandemia».

España ni siquiera hizo lo que era gratis: asustar, alarmar, concienciar. «Si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación le diré que haga lo que quiera», palabras de Simón, ¡director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias! sobre la manifestación feminista del 8 de marzo. Barra libre para el coronavirus.

La UE añadió: «Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte son personas mayores de sesenta años de edad y aquellos con afecciones subyacentes». E insistió en que se avecinaba un colapso sanitario. Un aumento significativo en los casos de Covid-19 en las próximas semanas tendría un alto impacto en la salud pública y en los sistemas de salud. Esta situación se agravaría aún más si un número considerable de trabajadores de la salud se infectara. «Las medidas de contención destinadas a frenar la propagación del virus en la población son extremadamente importantes», remarcó. Y aquí, ni caso.

El fútbol también jugó un papel nefasto. Mercado lo describe así:

Imaginemos que veinte infectados recorren Madrid o Barcelona el 8M o acuden a un partido. Qué festín para el virus. De cada acto puede salir tal ciclo: 20 infectados igual a 30.000 contagiados. Dos actos y dos partidos en dichas capitales ya arrojan 120.000 infectados. Sopesemos que entre los más de 20.000 pasajeros que llegan cada día de Italia a España hay 20 infectados que producirán 30.000 más por día de invasión aérea. Multipliquemos por dieciocho días, los que se tardó en suspender los vuelos italianos tras desatarse la epidemia en el país vecino. Fueron contagiados más de 120.000 en los cuatro actos masivos que se celebraron en España, lo cual daba un total de 660.000 infectados.

Pero el Gobierno siguió sin cancelar los vuelos con Italia y sin controlar sanitariamente a sus miles de pasajeros. La recomendación sobre las competiciones deportivas afectó a cuatro partidos: Valencia Basket-Olimpia de Milán, previsto para el 5 de marzo; Valencia C. F.-Atalanta del 10 de marzo; Getafe-Inter de Milán del 19 de marzo y Girona-Venezia también del 19 de marzo. El 28 de marzo, diez futbolistas del Valencia y otros quince trabajadores que cumplían distintas labores en su entorno dieron positivo.

Pero no todos estaban ciegos. A seis días del 8 de marzo, el 2 de marzo, se produjo una reunión del consejero de Sanidad de Madrid con directivos de hospitales. La cita pasó desapercibida, pero el contenido fue explosivo. Asistentes a la reunión han contado que el consejero, Enrique Ruiz Escudero, trazó una panorámica sombría en diez puntos para la historia:

En las últimas décadas no nos hemos enfrentado a nada igual. Nunca hemos tenido una crisis de salud pública de este nivel. Con esto quiero concienciaros de lo que tenemos. Ahora es más fácil mirar hacia otro lado o no hacer caso a lo que está pasando, pero esto es algo muy serio, muy grave.

Uno de los bloques de casos con coronavirus en la Comunidad de Madrid son las neumonías no filiadas, a las que hemos ido a buscar y tengo que decir que debemos de ser la única comunidad autónoma que lo ha hecho, y se amplió a las neumonías que no se sabía de dónde procedían.

El factor pánico parece que se corrige con el teléfono de información que hemos puesto en marcha, pero es la calma que precede a la tempestad.

Hay que actuar a nivel de la población, insistiendo con el mensaje del lavado de manos; hay que actuar para proteger a los profesionales sanitarios. Hay que pensar lo que vamos a hacer en materia de transportes y residencias… Es decir, vamos a tener que tomar decisiones graves.

El ministerio no planteó cambiar de nivel, estamos en el 1, que es el de contagios individuales y filiados de casos importados. Nosotros particularmente pensamos que estamos en el nivel de contagio comunitario, por cosas que vamos viendo.

Ya vamos a plantear que hay que pasar a un escenario 2. Implica medidas sobre transporte y grandes concentraciones. Actuar en dos niveles: movilidad y concentración de gente.

Hay que fiarse de lo que hacen en Francia y en Alemania. Están tomando ya decisiones en cuanto a grandes concentraciones.

Cuando se vaya propagando el virus, habrá muchos más ingresos en los hospitales. Ojalá me equivoque y no sea así. Estamos en veintiocho casos, pero en menos de una semana tendremos cien o doscientos.

Hay que seguir insistiendo a la población y tener preparada la parte asistencial.

No hay que mirar para otro lado. Madrid va tomando la delantera en todo esto. Hemos sido muy proactivos con asistencia primaria, hospitales y las neumonías sin filiar. Eso significa que el virus lleva tiempo circulando, no es de hace cuatro días.

El 3 de marzo de 2020 España registró 150 casos. Se evidencia el coladero fronterizo, pues el 51 % de los casos son importados. Pero ese día los informes delatan la suicida política gubernamental: «La curva epidémica según fecha de inicio de síntomas de los casos con información indica dos agrupaciones de casos, una del 14 al 18 de febrero y otra mayor del 21 al 29 de febrero que coincide con la identificación de casos en Italia».

Italia estaba contagiando a España. España importaba coronavirus, pero no material sanitario para combatirlo. La OMS proclamó que «la escasez de equipos de protección personal (EPI) pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo». Exhorta a «la industria y a los Gobiernos a que aumenten la producción para satisfacer la creciente demanda mundial».

Las mascarillas, que cuando esto escribo son obligatorias, en mayo de 2020 aún eran inexistentes. Hubo que devolver miles por inservibles a proveedores chinos. Los fabricantes españoles solo han existido sobre el papel. Se ignoraron propuestas de empresas tecnológicas con capacidad de incorporarse a los objetivos sanitarios. No hubo apenas compras a empresas españolas que no fueran meras intermediarias con China. Mascarillas chinas, pocas y malas.

Los casos el 3 de marzo ya sumaban 150 en toda España, 49 en Madrid. En veinticuatro horas, Madrid cosechó 20 nuevos casos. La UE elevó el riesgo de coronavirus de moderado a elevado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pinta negros presagios: «Aunque no debemos caer en el pánico, la situación probablemente empeorará». La directora de Salud Pública española, Pilar Aparicio, que una semana antes hizo un llamamiento a las productoras de mascarillas, no cuenta el resultado, pero se verá pronto. No hay mascarillas ni para los sanitarios ni para la población.

Para el Ejecutivo de Sánchez, el coronavirus no se encuentra entre los cinco mayores peligros que amenazan España y ya estábamos en plena emergencia sanitaria internacional, con zonas de Italia confinadas.

Al inicio de marzo había 95.324 casos confirmados en todo el mundo y 85 países afectados. Lo cual es calificado por la OMS como un riesgo global muy alto.

En esas mismas fechas Madrid suma 70 casos, 20 más que el día anterior.

Pilar Aparicio emitió una nota el 6 de marzo de 2020:

Los eventos multitudinarios de cualquier tipo con alta presencia de personas de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-CoV-2 se consideran eventos de riesgo para la transmisión de este patógeno. Se recomienda el aplazamiento de estos eventos (o en su caso la suspensión) hasta que se haya verificado por la autoridad sanitaria el control de la transmisión de la enfermedad y el riesgo asociado.

Pero el 8 de marzo las feministas, con el consentimiento y el apoyo del Gobierno, se aprestan a manifestarse por toda España en el inicio de una epidemia que amenaza ya a la nación. No saben que el coronavirus matará a 8.920 mujeres cuando se cumplan apenas tres meses (cifras de Sanidad del 29 de mayo). En el MOMO (Instituto Carlos III), que calcula los fallecimientos diarios, la cifra es mayor: 20.589 muertas. Y en julio rebasan las 22.000. Es el número de mujeres que han muerto de más durante la pandemia respecto del mismo periodo de 2019, pero las cifras de muertes de mujeres a manos de hombres machistas desde 2003 superan el millar, según el Gobierno.

Miles de mujeres pueden acudir contagiadas sin síntomas o con una leve tos que confunden con gripe. España apenas realiza test. ¿Cuántas infectadas pudieron acudir a la manifa? El Gobierno días después teme que un 70 % de la población se contagie. Y un periodista científico, Javier Sampedro, calcula que como mínimo ronda el 1 % de la población. Interpreta que la alta letalidad española, que cuadruplica a la estándar, se debe a que hay una alta capa de población infectada oculta.

He aquí el argumento «completo» e intragable de las feministas desatadas:

Más de 1.560 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en los últimos catorce años […]. No nos sentimos seguras en el espacio público, en los espacios de ocio ni en la noche. Vivimos experiencias de hostigamiento, acoso y agresiones sexuales por parte de hombres que creen que esos espacios son suyos. Queremos conquistar el espacio público, el ocio y la noche sin temor a ser acosadas, como espacios de disfrute, encuentro y diversión.

Pero ese día el espacio público tiene un enemigo peor para la mujer que el hombre más violento. Mata más, no amenaza, ni es denunciable. Y puede emboscarse en el rostro de una mujer.

Y todavía llega otro mensaje más impresentable, el de Pedro Sánchez el 8M en Twitter:

Solo seremos una democracia plena cuando alcancemos la igualdad real entre mujeres y hombres. Somos un #GobiernoFeminista para una España feminista, por una España de mujeres #LIBRES e iguales. Adelante, porque vuestra lucha es imparable. #DíaInternacionalDeLaMujer #8M.

Asisten 120.000 personas a la manifestación del 8M en Madrid. Y 50.000 en Barcelona. En Bilbao, desfilan 52.000. El número de manifestantes por metro cuadrado en Madrid da cifras explosivas. Hubo zonas en las que llegó a haber 3,5 manifestantes por metro cuadrado. Más de 50.000 vivieron tal experiencia. 18.000 se hacinaron a razón de un metro cuadrado por tres personas. Las fotos delatan tal cierre de filas. Las ministras desfilan codo con codo. Menos de un metro. Y Sanidad escribe en febrero, y lo recuerda el 6 de marzo, que el virus se propaga hasta los dos metros.

Pero La Moncloa deslizó algo aún más chocante el día en que permitió cientos de actos masivos: «La evolución del número de casos es similar al de días anteriores, se registra diariamente un incremento de casos del 20 %, cifras dentro de lo esperado». Una mentira como una casa.

España sigue sin suspender los vuelos con Italia y sin hacer controles sanitarios a los pasajeros. No confina poco ni mucho a su población. El informe más esclarecedor sobre el error del 8M lo hace el Gobierno. Leyéndolo se tarda en reparar en su valor y la conclusión explosiva que arroja: el nivel de contagios estaba bajando hasta que el Gobierno propició el 8M. «Nos va la vida en ello», respondió la vicepresidenta Carmen Calvo a una pregunta sobre la pertinencia de acudir a la manifestación.

Algunos periodistas ya habían denunciado que el número de afectados pasó de unos 600 el 8M a casi 8.000 una semana después. El tiempo medio de incubación es de seis a siete días hasta que afloran los síntomas… Los casos existentes el 8M no se contagiaron ese día, sino una semana antes. Pero los casos registrados una semana después del 8M, o sea, el 15 de marzo, ya son patrimonio del día de los actos masivos. Un país sin distanciamiento genera tres infectados por contaminado, y cuando hay restricciones baja a uno o menos, eso dicen los expertos.

El 8M —ha escrito Mercado— no solo se inicia el ascenso sin pausa a un Everest de contagios y muertes cuya cima solo se pisa a fines de mayo. Lo definitivo fue que el nivel de reproducción de contagios estaba cayendo espectacularmente en España desde fines de febrero hasta que el Gobierno reavivó el virus con los actos masivos del 8M. La V de la gráfica es terrible. Imposible de malinterpretar. Baja la tasa de contagios… hasta el 8M y luego, yuuup…, sube como un cohete.

Los casos habrían seguido creciendo sin 8M, pero nunca a tal nivel de propagación. El virus estaba languideciendo, bajando su curva de contagios… cuando las masivas reuniones le ayudaron a recuperarse.

¿Por qué no se evitaron las manifestaciones del 8 de marzo de 2020, especialmente la manifestación feminista? Hubo recomendaciones de todo tipo para que se suspendiera esa manifestación. Por ejemplo, el 24 de febrero una nota de la Sanidad española decía lo siguiente:

La infección es transmisible de persona a persona y su contagiosidad depende de la cantidad del virus en las vías respiratorias. Para que se produzca la infección se necesitaría un contacto directo de las secreciones respiratorias de una persona infectada con las mucosas de otra persona (nariz, boca, ojos). Parece poco probable la transmisión por el aire a distancias mayores de uno o dos metros.

Pues ni caso. Pero es que ya el 30 de enero la OMS recomendó evitar eventos que «amplifiquen la transmisión». España incumplió todas las recomendaciones hasta pasado el 8 de marzo. Con tanta recomendación científica de la OMS copiada y refrendada por Sanidad, ¿cómo se toleró el 8M? Simplemente porque no se atrevieron a perjudicar al feminismo radical que desde hace tiempo ha invadido la política de los dos partidos miembros de la coalición del Gobierno.

Después de miles de muertos tras el 8 de marzo, Fernando Simón seguía con la conciencia tranquila:

En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos mil veces porque de hecho en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había tenido algún efecto o no, y claramente el 8M, si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia ha sido muy marginal, con lo cual no creo que tengamos que insistir mucho en este tema y menos cuando los días alrededor del 8M y las semanas previas hubo muchísimos otros eventos que pudieron significar lo mismo.

Simón es, simplemente, un mentiroso al servicio de los intereses espurios del Gobierno.

El caso de Illa es paradigmático de ese comportamiento irresponsable, pues ya el 30 de enero se produjo una reunión en Sanidad entre Illa, Simón y una veintena de expertos sobre el coronavirus. Uno de ellos, Juan Martínez, de la Organización Médica Colegial, advirtió «una sensación subjetiva de cierta relajación y exceso de seguridad sobre la evolución de la epidemia», mientras que la directora de la Guardia Civil ya daba recomendaciones internas para prevenir el coronavirus.

Un médico forense apuntó que el 13 de febrero ya se produjo el primer caso de contagio local: «Que sea un caso local epidemiológicamente es un hito importante porque significa que la epidemia va alcanzando cotas de transmisión más alarmantes».

Se incumplieron los consejos emitidos por expertos de la UE para prevenir enfermedades y también los de la Universidad de Oxford y de Lancet. Y lo que es más grave, los que dictó la UE. El forense Rego compara la respuesta del Gobierno de Sánchez con la de otros países:

En España no se adoptaron esas normas como marcó el organismo europeo en lo referente a las medidas de distanciamiento social. Otros países sí debieron hacerlo y quizá por eso ostentamos el récord de ser el país con más víctimas (fallecidos y enfermos habitante).

La OMS lo dejó claro:

Encuentren, aíslen, sometan a pruebas y pongan en tratamiento todos los casos, y rastreen todos sus contactos. Preparen sus hospitales. Protejan y formen a sus trabajadores sanitarios. Y cuidemos unos de los otros, porque nos necesitamos.

Se presentaron no pocas denuncias, pero todos los procesos judiciales abiertos quedarán abortados por decisión de la Fiscalía.

El número de muertes durante el inicio de la pandemia y el mes de abril ha sido también objeto de incredulidad, aunque tanto el MOMO del Instituto de Salud Carlos III como el propio INE dejaron enseguida las cosas claras. Era fácil desmontar las cifras que suministraba Sanidad: bastaba con comparar el número de muertes en las condiciones de los dos años anteriores (2018 y 2019) con los fallecidos que suministran los registros civiles. Las diferencias eran notables.

Pero no todos los fallecidos de más lo fueron por la infección de la Covid-19. Si pensamos que las urgencias descendieron de forma llamativa —las urgencias no Covid—, podemos deducir que los enfermos, digamos, convencionales optaron por quedarse en casa, aun con síntomas alarmantes, por miedo a un eventual contagio en el hospital. Los informativos de la televisión nos mostraban la acumulación de pacientes en los pasillos, tumbados en el suelo, desplomados en sillas durante horas. En el 75 % de descenso de las urgencias influyó, sin duda, el difícil acceso a la asistencia primaria, que estaba desbordada. Hubo enfermos de leucemia, infartos e ictus sin la atención de un facultativo. Las urgencias pediátricas no fueron ajenas al pánico: cayeron un 80 %. El miedo al contagio convirtió en fatales episodios como una cetoacidosis diabética o una apendicitis.

Pero lo más estremecedor, como explican geriatras y psiquiatras, es una afección que se ha llevado, sin diagnóstico médico, a muchas personas mayores: es el síndrome conocido como «deslizamiento», en francés glissement o abandon. Y doy el nombre francés porque es la escuela francesa de geriatría la que ha destacado la rápida y fatal evolución de la enfermedad o, mejor dicho, de ese conjunto de síntomas psíquicos que hace que una persona de edad, pero activa y autónoma, se deje llevar, se deslice rápidamente, primero hacia una situación de dependencia y después simplemente a dejarse morir, a causa del sentimiento de abandono y de soledad. La interrupción de sus rutinas y actividades, el aislamiento de familiares y amigos desencadena un desenlace fatal y fatalmente rápido, sobre todo en ancianos que viven solos o que están institucionalizados. Muchas personas mayores que han fallecido y que fueron contabilizados como víctimas del SARS-CoV-2, que aunque estuvieran contagiados no precisaron una UCI, ni tuvieron una «tormenta de citoquinas», ni una neumonía bilateral, no hubieran muerto: simplemente se dejaron morir, repito, porque no tuvieron fuerza para enfrentarse a una situación tan traumática. A veces atados, para que no pudieran escapar al confinamiento en su habitación.

Cuando llegó el mes de abril y los «expertos» discutían las condiciones de la desescalada, las dudas manifestadas sobre la conveniencia o no de dejar salir a la calle a las personas vulnerables fueron demoledoras. No podía ser de otro modo. El largo confinamiento, el miedo, la soledad, mataron a muchas personas mayores por el simple mecanismo de ese deslizamiento. ¿Lo conocían Illa y Simón?

Si la separación social es una necesidad para combatir la Covid-19, una mayor densidad poblacional no hace otra cosa que facilitar los contagios. Así, y para mencionar solo a los países de nuestro entorno, Alemania, con 83.082.000 habitantes tiene una densidad de población de 224 habitantes por kilómetro cuadrado; Gran Bretaña, con 66.563.000 habitantes, tiene 262; Francia, con 65.236.000, tiene 114; Italia, con 60.466.000, 197, y España, con 46.791.000 habitantes, solo 93. Polonia, el último gran país en extensión, tiene una densidad de 123 habitantes por kilómetro cuadrado con una población de 38.447.000 habitantes.

Pero los principales países, tanto en superficie como en población, como Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Portugal o Polonia, agrupan a sus habitantes en una franja comprendida entre el 45 y el 60 % de la superficie. Solo algunos países se salen de esos límites: son los del Benelux, que han urbanizado hasta el 80 % de su territorio, pero sobre todo España, que tiene a sus habitantes hacinados en el 12,5 % del país.

Quizá por eso el bicho se ha reproducido aquí con mayor facilidad, pues España tiene una gran extensión despoblada, pero la densidad de su población urbana alcanza los 737 habitantes por kilómetro cuadrado, el doble que Alemania (376) o que Gran Bretaña (380), más de una vez y media que Italia (453) o que Bélgica (434), el triple que Portugal y casi cuatro veces más que Francia o Polonia (195).

Hace un par de años, Alasdair Rae, de la Universidad de Sheffield, utilizó datos de Eurostat para hacer un descubrimiento demoledor. Cuando se disminuyó el área analizada utilizando una cuadrícula de un kilómetro cuadrado, se topó con el dato de una densidad de 53.119 habitantes en el kilómetro más poblado de Europa, que resulta estar en Hospitalet de Llobregat. El siguiente punto más habitado se encuentra en París, en sus barrios más populares, donde se agrupan 52.218 personas.

Siguiendo con los datos de Eurostat, vemos que el 65 % de los españoles vive en pisos, mientras que solo es el caso de poco más del 50 % de los italianos, del 30 % de los franceses o el 14,4 % de los ingleses. Los españoles vivimos apilados y así no es de extrañar que encabecemos también la estadística mundial de ascensores por habitante.

Todo ello no es sino el resultado de un desarrollo urbano insensato durante el desarrollismo de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, cuya única ley fue la de una brutal especulación inmobiliaria.

A finales de noviembre de 2020, los fallecidos a causa directa o indirecta de la Covid-19 rondaban los 75.000. La prueba más evidente de la mala gestión inicial son los 41.000 casos de infección viral entre los sanitarios (el 76,5 % mujeres). El año 2020 terminó con más de 80.000 muertos a causa (directa o indirecta) de la Covid-19 (que sí salió de China).

El 24 de marzo el presidente de la Organización Colegial de Enfermería de España, Florentino Pérez Raya, mostró su «consternación e indignación. España es el país del mundo con la mayor cifra de profesionales sanitarios infectados», aseguró.

Pero lo peor iba a ocurrir fuera de los hospitales. En efecto, el colapso sanitario por el coronavirus tiene un terrible efecto colateral: una eutanasia masiva de los mayores de setenta años. Fallecen por falta de cuidados en residencias, por ser postergados en hospitales y, sobre todo, en sus UCI. Y por ser los más vulnerables al sufrir esas patologías previas que tanto gustó publicitar el Gobierno al inicio de la crisis con cada fallecido. A primeros de junio ya suman 35.000 los mayores de setenta y cuatro años muertos por exceso. Y si se añaden los mayores de sesenta y cinco años, superan los 40.000 los mayores muertos extra durante el año del coronavirus.

Otro de los desastres fue la escasez de material preventivo, ya lo hemos mencionado. El 22 de marzo los presidentes autonómicos se quejaron ante el Gobierno de la falta de una política de compras, pues en una equivocación monstruosa y dañina, el 10 de marzo el Gobierno aprobó un decreto para centralizar la compra de bienes sanitarios. Lo que parecía una decisión lógica (unificar los encargos para acceder a grandes cantidades más rápido y a mejor precio) fue en la práctica un desastre. Comunidades autónomas, hospitales y empresas privadas, que ya se habían movilizado buscando material, principalmente en el mercado chino, hubieron de frenar en seco sus pedidos.

El 24 de marzo, varios diarios publicaron que Sanidad había dejado escapar una semana antes, por inacción, una gran compra de material sanitario de China ofrecida por un empresario español. El pedido, compuesto por millones de mascarillas, centenares de miles de guantes de nitrilo, test de diagnóstico y equipos de protección individual (EPI), estuvo en la mesa del ministerio desde el 11 de marzo y el empresario, tras más de una semana de espera y múltiples gestiones que en su mayoría no recibieron respuesta, lo acabó colocando en otros mercados.

El Gobierno, el 30 de abril, cuatro meses después de saltar la epidemia, admitió que no había mascarillas ni guantes para las residencias, donde se confinan los pacientes más vulnerables.

¿Qué recomienda Illa cuando un anciano, la persona más vulnerable, ha estado en contacto con un caso de coronavirus? ¿Hospitalizarlo? No. ¿Testar si es positivo? No. ¿Obligar a los trabajadores a protegerse de él? No. ¿Identificar a sus contactos? No. Illa solo cree que un anciano potencialmente contagiado debe quedarse aislado en su habitación catorce días. Y que esté bien ventilada. ¿Quién vigilará su evolución si no está en un hospital?

En esta búsqueda de culpables quiero destacar el silencio ominoso de entidades vinculadas con las residencias. Unas alardean de que tienen e-mails y audios de llamadas de socorro a hospitales que deniegan el ingreso de ancianos. Otras, que poseen correos a ministros pidiendo ayuda y delatando el holocausto de la tercera edad y protocolos excluyentes de todas las autonomías. Unas y otras deciden no publicar tal material. No sé si los mueve el temor a perder subvenciones o prudencias de no sé qué índole.

Está claro que hubo que elegir los ingresos en los hospitales y se eligió a los más jóvenes. Entre el 14,6 % (Canarias) y el 90,7 % (Aragón) de los fallecidos de sesenta y cinco años y más murieron en las residencias y no en los hospitales. Lo dramático es que nadie se siente culpable. Ni Gobierno central, ni autonómicos, ni médicos. Solo se sienten concernidos, y no sé hasta qué punto, los hijos de los fallecidos.

Como ha titulado Francisco Mercado uno de los capítulos de su libro, «el virus mata la verdad».

El 22 de abril se publicó que más de cinco semanas después de proclamar el estado de alarma y de anunciar cinco millones de test rápidos, el Gobierno solo había detectado, a 21 de abril, 9.636 casos de coronavirus por esta vía. Amagó con un masivo análisis y confinamiento de los asintomáticos mediante test rápidos: solo había fichado 1.424 asintomáticos en toda España. Demuestra el fracaso o la mentira de esta vía de diagnóstico del Gobierno para focalizar la expansión del virus, sea por la insuficiente calidad de los test o por su minúscula aplicación.

Simón dejó entonces una de sus perlas para la posteridad. Los datos sobre la mortalidad del virus en España son «bastante aproximados a la realidad», aunque reconoce que «obviamente puede haber alguno que se escape». En julio eran más de 44.000 los muertos que se le habían escapado.

El 27 de diciembre comenzaron en España las vacunaciones. «Es el principio del fin», predijo Illa, pero muy poco después quedó claro que nadie se había preocupado de la logística imprescindible y el ritmo de vacunación. Cuando esto escribo, es más lento que el caminar de las tortugas.

LOS DESASTRES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA COVID-19

Vamos a retrotraernos a mediados de marzo de este odioso año bisiesto. Los españoles recibíamos intranquilos los mensajes, a veces ambiguos, otras contradictorios, de Fernando Simón. Sabíamos del confinamiento total de la provincia de Wuhan y, sobre todo, de la grave situación de Lombardía y el Véneto, ahí al lado. La OMS había decidido, y ya era hora, declarar el «brote de SARS-CoV-2» como toda una pandemia. En esas condiciones, con más de 5.000 contagios y 132 fallecidos, el Gobierno de España decretó el estado de alarma, que es el menos restrictivo de los estados de excepción, pero que le faculta para tomar todas las medidas necesarias en orden a garantizar la salud y los suministros básicos, y a limitar la movilidad de personas y vehículos. Incluso a intervenir materiales y lugares, y limitar o recortar el uso de productos de primera necesidad.

Así pues, la alarma recluyó a la población española, con todo lo que ello implicaba: cierre de todos los centros educativos y severas medidas de confinamiento, que afectaron a los centros de trabajos no esenciales durante varios meses. De ahí que las dificultades afectaran a la vida cotidiana, pero también dramáticamente a las actividades económicas. Aunque la famosa curva de contagios se fue aplanando a lo largo del verano, la situación distaba mucho de estar controlada, como se vio en la segunda oleada… y no lo estará definitivamente hasta que la generalización de las vacunaciones nos garantice la inmunidad del grueso de la población.

Ángel de la Fuente, experto y director ejecutivo de FEDEA, ha escrito un artículo[19] cuyas líneas maestras voy a seguir a continuación.

La crisis sanitaria de la pandemia se ha convertido en una crisis económica. Muchos países, no solo España, se han visto en la peor recesión en muchas décadas, con caídas inéditas de la producción y el empleo, equiparables tan solo a las registradas en tiempos de guerra. Ello se refleja, lógicamente, en el deterioro de las cuentas públicas: en el momento en que se necesita más dinero para afrontar la lucha contra la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, la caída de la actividad hunde los ingresos tributarios. El déficit público consiguiente va a ser de muy difícil financiación.

El distanciamiento social, bajada de aforos, acondicionamientos, mamparas y desinfecciones gravaban las cuentas de resultados, mientras las duras medidas de confinamiento determinaron el cierre durante meses. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social supusieron el cierre temporal de muchas actividades económicas, mientras los centros de trabajo se adaptaban a las nuevas condiciones sanitarias. El sector de la hostelería quedó estrangulado. El Gobierno prometió soluciones, pero les negó las ayudas directas. Y no solo están sufriendo la hostelería y todas las actividades vinculadas al turismo y a la movilidad y los viajes, sino también aquellas consideradas «no esenciales», que generan aglomeraciones o precisan de contacto directo entre personas: espectáculos, servicios personales. Durante el tiempo de cierre, no generaron ingresos, pero tenían que seguir pagando nóminas, alquileres e impuestos.

Los trabajadores, en paralelo, vieron reducidos sus ingresos después de perder el puesto de trabajo o de entrar en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que se ha cobrado tarde y con muchas dificultades.

Seguramente el colapso del trabajo de la función pública motivó en parte el retraso en las percepciones del ingreso mínimo vital (IMV) que se puso en marcha a toda prisa en el mes de junio, después de considerables enfrentamientos entre el ministro Escrivá, de Inclusión y Seguridad Social, y el vicepresidente Iglesias, empeñado en una campaña propagandística para poner en marcha la discutida renta básica universal, que se está ensayando en algunos países y que no parecía realista promover en una situación económica como esta. El ingreso mínimo vital del ministro Escrivá es una última red de protección social, para atender a personas que queden en desamparo, sea cual sea la causa, como prestación de la Seguridad Social. Su cuantía dependerá del número de miembros de la unidad familiar y de las percepciones que reciban. Se calcula en algo más de 300€ euros por hogar. El número de expedientes recibidos supera los 900.000 y ha sido el trabajo de cruce de datos y la exigencia de garantías mínimas lo que ha ralentizado el proceso, aunque el ministro se mostró muy satisfecho, mientras un ostensiblemente enfadado Pablo Iglesias, que aún no se peinaba con moño, recordaba que él había propuesto que el IMV se concediera simplemente con una declaración jurada del solicitante.

Inevitablemente, a los sectores afectados por las restricciones se unen sus clientes y proveedores: al cierre del comercio le sigue una caída en la demanda de bienes de consumo, mientras que las dificultades sufridas por los fabricantes de componentes, por ejemplo, han determinado impactos desastrosos en las cadenas de suministros, y por tanto en la producción automovilística.

Pero las restricciones sanitarias no han terminado, al contrario: los nuevos brotes, la segunda ola (en noviembre casi se igualó el número de fallecidos en abril), la eventual tercera ola, desbaratará las esperanzas de muchas empresas que confiaban en salir de la precariedad.

El último estado de alarma de Pedro Sánchez ha traído novedades, pero no creo que se reflejen en la reactivación de la economía. Básicamente se trata de que en lugar de prorrogarse cada quince días, con la autorización del Congreso, se decretó hasta el 9 de mayo. Las competencias de la gestión de la pandemia se transfirieron a los Gobiernos autonómicos, y fueron ellos quienes tuvieron que imponer las restricciones y los confinamientos perimetrales; pero la importación y la asignación de los lotes de vacunas, el destello de esperanza, se las reserva el Gobierno central. Pedro Sánchez debió de entender que las comparecencias intensivas en televisión, para dar cuenta de la evolución de la Covid y de las medidas miríficas adoptadas en los «viernes sociales» por el Consejo de Ministros, vía decreto ley, no eran tan positivas como esperaba para su imagen. La gente se refería a ellas como «el Aló, Presidente» de Pedro Sánchez. Los periodistas se quejaron de las restricciones impuestas a sus entrevistas televisadas, y el balance final resultó poco rentable. Así que en la segunda oportunidad se ha diluido su presencia y se han alargado los plazos. El presidente dará explicaciones cada dos meses. Una forma como otra cualquiera de quitarse de en medio y así eludir responsabilidades.

El panorama en España tiene sus propias peculiaridades. Ya hemos visto que ese tópico de que el turismo es nuestra primera industria está muy bien cimentado. Y también que todas las actividades del ámbito del turismo son las más castigadas por este virus. Y, por tanto, también nuestra economía está muy penalizada.

La ligera recuperación que siguió a la primera alarma (era la nueva normalidad, ¿recuerdan?) se fue ralentizando a partir de julio y se desplomó al acercarse el invierno, a partir de la segunda oleada de la pandemia, y con un impacto desigual por territorios y por sectores.

El experto de FEDEA lo pormenoriza perfectamente:

El empleo efectivo, definido como el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social que están realmente trabajando (y no en casa, afectados por un ERTE o un cese de actividad), llegó a caer casi treinta puntos porcentuales en términos agregados en los peores momentos de la crisis, dejándonos con una tasa de paro del 36 % en abril y mayo.

Esta cifra es un promedio que esconde situaciones muy diferentes, incluyendo caídas del empleo efectivo de más del 80 % en los sectores más afectados (servicios de alojamiento y comidas, por ejemplo).

Para el conjunto de España, la economía pareció haber tocado fondo en mayo, con una caída de 25 puntos con respecto al mismo mes del año 2019. Para el conjunto del ejercicio, hay cálculos que apuntan a una caída del PIB de entre el 10,5 y el 12 por ciento.

Justamente por el elevado peso que tiene en ellas el sector turístico, el impacto económico de la crisis está golpeando con más fuerza en las comunidades insulares y sobre todo en Baleares, que llegó a perder casi 50 puntos, pero que reaccionará muy bien en cuanto mejoren las condiciones sanitarias. En el extremo opuesto, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha (menor dependencia del turismo con un mayor peso del sector agrario), cuyas pérdidas en el PIB de septiembre se situaban por debajo de los 5 puntos.

Para España hay también dos aspectos negativos: nuestra escasa holgura presupuestaria (y de ahí la perentoria necesidad de ayuda europea) y que esta nueva crisis nos pilló sin haber logrado la consolidación fiscal necesaria después de la crisis de 2008. El año 2019 se cerró con una deuda del 95 % del PIB y un déficit total del 2,8 %. Las previsiones apuntan a unas necesidades de financiación muy abultadas.

La actualización del Programa de Estabilidad 2020 del Gobierno español preveía un aumento del gasto de casi 55.000 millones de euros, frente a una caída de los ingresos de más de 25.000 millones, lo que implicaría cerrar 2020 con un déficit del 10 % y una deuda pública disparada (por encima del 115 % del PIB). Desde abril, el Gobierno ha modificado estas previsiones al alza, hasta el 13,3 % y el 118 %, respectivamente. Los cálculos de FEDEA casi duplican la caída de ingresos y elevan la previsión de déficit hasta el 12 % del PIB. Con este escenario, y si tenemos en cuenta los vencimientos de deuda en este año, nuestra necesidad de captación de recursos llegaría a los 300.000 millones de euros, un 27 % del PIB. Algo imposible de alcanzar sin la ayuda de las masivas compras de deuda del Banco Central Europeo.

En esta coyuntura, lo urgente parecería, por este orden, proteger a hogares y empresas, manteniendo la protección social adecuada y el tejido productivo. Reactivar la actividad productiva y facilitar recursos a los sectores con mejores perspectivas, y sentar las bases de un crecimiento sostenido. No valen pequeños retoques en las políticas de siempre: la magnitud de la crisis exige una estrategia que movilice todas las herramientas.

Los tantas veces glosados ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, han sido la medida más destacada, porque han servido para aliviar el impacto de la crisis sobre los trabajadores, que pueden permanecer vinculados a sus empresas temporalmente cerradas por causas sanitarias. Otra medida de calado ha sido la concesión de garantías públicas con el fin de facilitar que las entidades financieras proporcionen a empresas y autónomos la liquidez que les permita afrontar sus compromisos pese a su repentina pérdida de ingresos. Se han establecido también mecanismos de aplazamiento para ciertos impuestos y cotizaciones sociales. Por último, se ha legislado para proteger a autónomos y otros colectivos no cubiertos por los ERTE. Destaca en este sentido el ya apuntado programa de ingreso mínimo vital, cuya implementación supuso uno de tantos desentendimientos en el seno del Gobierno, entre el sector del PSOE y sus socios de coalición.

Una tarea primordial debe ocupar ahora mismo al equipo de Pedro Sánchez, además de controlar la pandemia y sus eventuales olas, y es evitar a toda costa el cierre de empresas viables, extremar las medidas de protección a empresas, trabajadores y hogares, para lograr la reactivación de la actividad económica. El gran desafío es saber adaptar esas medidas generales, como los ERTE o los préstamos con garantías públicas, a las necesidades de los distintos sectores, y acertar con los apoyos a sectores de gran peso y valor estratégico en nuestra economía, como el turismo y la automoción.

Para reducir la incertidumbre de los mercados y de los agentes económicos es necesario un plan de consolidación fiscal, que debería contener actuaciones de racionalización y contención del gasto y medidas tributarias que nos devuelvan a los ingresos tributarios imprescindibles para financiar las elevadas necesidades de gasto que ha provocado la pandemia y para ofrecer unos mejores servicios públicos sin elevar la presión fiscal. Volveré a ello al glosar la Ley de Presupuestos.

A largo plazo, nuestra política económica ha de dar prioridad a todas aquellas actuaciones y reformas que contribuyan al crecimiento potencial de la economía española y a reducir su tasa de paro estructural, porque esto supondría mayor nivel de vida y menos desigualdad para los ciudadanos, a la par que un incremento de los ingresos tributarios para financiar los gastos ligados a la pandemia y unos mejores servicios públicos sin tener que aumentar la presión fiscal.

La estrategia económica del país debería contar con el respaldo de un acuerdo político y social lo más amplio posible, que incluyera un pacto presupuestario para varios ejercicios, en el que se reflejaran las prioridades de gasto y el reparto de los costes de la crisis. Acuerdo que en las condiciones políticas actuales parece imposible de alcanzar, con un Gobierno y sus apoyos parlamentarios llenos de sectarismo.

Las proyecciones económicas como las que se acaban de comentar suelen fallar tanto como las escopetas de feria, pero en este caso para España sería bueno que fallaran, porque son de las más pesimistas para cualquier país avanzado. Y es que España es un país «de servicios», en el que turismo y restauración contribuyen de forma muy importante a la actividad económica. Además, aquí se impuso a la población un confinamiento restrictivo y prolongado como pocos. El estado de alarma se declaró el 14 de marzo, poco antes del final del primer trimestre, y podría creerse que el impacto económico fuera relativamente menor en ese periodo, y abrumador en el segundo trimestre del año, pero los datos para el primer trimestre dieron unas cifras muy negativas para España y para Francia, semejantes a las de Italia, país que comenzó su confinamiento semanas antes. Mientras que Alemania y otros países (los «frugales») tuvieron unos datos mejores de lo esperado. Los datos del segundo semestre siguieron el mismo patrón.

Al ser una crisis producto de otra (sanitaria en este caso), la crisis económica debería ser más temporal y con una recuperación más rápida. Sin embargo, todos los analistas, la Comisión Europea y el Fondo Monetario, además de agentes privados, muestran su pesimismo con respecto a España. Por un lado, los datos que vamos teniendo sugieren que el impacto económico está siendo muy duro porque, al efecto de un confinamiento largo y estricto, se ha unido el colapso del turismo, lo que, inevitablemente, conllevó el cierre de muchas empresas y el menor músculo financiero de aquellas que sobrevivían. Se trata, además, de sectores a los que el distanciamiento social afecta de modo muy especial, como los negocios asociados al turismo, la restauración o el ocio nocturno.

Por lo tanto, según afirma el analista Francisco Bello[20],

Cicatrizar todas estas heridas llevará más tiempo en España que en otros países, como Alemania y Holanda, países que, además, han demostrado tener un sistema político e institucional más robusto, lo que se ha manifestado, entre otras cosas, en una posición fiscal mucho más sólida. Hay una creciente desconfianza respecto a la capacidad del sistema político español de tomar las medidas duras que serán necesarias. Y el problema aquí es doble: por un lado, el sistema político está en la actualidad profundamente fragmentado, haciendo muy difícil consolidar mayorías estables en el Parlamento, sobre todo en torno a medidas impopulares. Por otro, está el hecho de que el actual Gobierno, particularmente sus socios de Podemos, no parecen estar dispuestos a tomar esas medidas, mientras que el PSOE no está dispuesto a formar una «gran coalición» a la alemana con el PP. Por tanto, la inestabilidad política no se va a disipar en los próximos, y muy difíciles, meses. A esto hay que añadir la inestabilidad institucional, no ya por las ambiciones, digamos, «constituyentes» del actual vice presidente segundo del Gobierno, sino por la distribución del poder territorial en comunidades autónomas, una estructura política y administrativa que en momentos de crisis evidencia serias disfuncionalidades. Por ejemplo, ¿alguien cuestiona que contar con 17 sistemas sanitarios ha hecho más complicada la lucha contra la pandemia? Afortunadamente, España no está sola para enfrentar estos retos. La pertenencia a la zona euro y a la Unión Europea no solo van a proporcionar valiosos recursos con los que enfrentar la crisis, sino que son factores fundamentales de estabilidad. Sin embargo, las instituciones europeas no podrán hacer frente, por sí solas, a las carencias de nuestro sistema político, ni ser una panacea para todos nuestros, cada vez más graves, problemas sociales y económicos.

Naturalmente, se echa de menos una unión fiscal europea, pues existe una fuerte tensión entre aquellos que quieren una mayor integración fiscal y política, y aquellos que quieren una mayor integración económica e, incluso, política, pero no fiscal. Tensión que se prolonga en el tiempo y que quedó reflejada en la arquitectura institucional de la zona euro.

Países como Italia y España, con menor disciplina fiscal, reciben credibilidad de los países más disciplinados, como Alemania, y pueden endeudarse en condiciones más beneficiosas que cuando tenían su propia moneda, susceptible de devaluaciones. Y con unos tipos de interés bajos y sin riesgos, se relajan y perciben menos riesgos propios, con lo que pierden el incentivo más poderoso para mantener cierta disciplina en los momentos de bonanza: la presión de los mercados.

En la construcción del euro, ¿por qué se diseñó una moneda con una falla estructural tan importante de manera que, cada vez que haya una crisis sustancial, nos va a llevar a momentos de inestabilidad hasta que se corrija? Quizá la respuesta es que el euro es irreversible, dado el enorme coste que supondría a cualquier país, y a la Unión Europea, abandonarlo.

Francisco Bello opina:

Mucho se habla de que Europa necesita su «momento Hamilton». En efecto, en Estados Unidos, en 1790, el Gobierno federal asumió toda la deuda que los estados habían acumulado durante la guerra de independencia y estableció un nuevo impuesto a las importaciones, creando un Gobierno federal con una importante capacidad fiscal (cada vez mayor a medida que han pasado los años). Nótese que, para llegar a ese momento, los estados de Estados Unidos habían luchado por su independencia, habían fracasado en un primer proyecto de unión política y habían aprobado una nueva constitución que establecía una unión política muy estrecha. Es decir, a la unión fiscal precedió una unión política fraguada a partir de la guerra y de un experimento fallido. En Europa se pretende llegar a la unión fiscal evitando la unión política. Las dificultades que esto plantea quedaron plasmadas en una de las primeras reuniones del Eurogrupo que atendía el entonces ministro de finanzas griego, Varoufakis. En ella argumentó a favor de transferencias a Grecia para evitar recortes en las pensiones. Algunos ministros, principalmente de países del este que habían pertenecido a la Unión Soviética, indicaron la dificultad de justificar ante sus ciudadanos, más pobres en promedio que los griegos y con pensiones mucho menos generosas, que parte de sus impuestos debían dedicarse a subsidiar a los pensionistas griegos. Preguntas similares se plantearán siempre que se presente un proyecto de transferencias que favorezcan a unos países frente a otros.

Las perspectivas para 2021 no son ya tan optimistas a causa de la lentitud de la vacunación. Concretamente, la OCDE estimó en diciembre de 2020 que en España el PIB caerá un 11,6 % frente a la caída del 7,5 % en la zona euro (un 4,2 % en el conjunto mundial). De todos los países analizados solo Argentina presenta una caída mayor, el 12,9 %.

«La asunción de que se lograrán contener nuevos brotes del virus y la perspectiva de una vacuna ampliamente accesible para finales de 2021 apuntala la confianza de que en los próximos dos años debería lograrse una recuperación gradual, pero desigual», señala la OCDE. «La vacuna ha disipado algo la niebla de la incertidumbre, aunque aún no estamos fuera de peligro», declaró el secretario general del organismo, Ángel Gurría.

La eurozona decrecerá en el año 2020 un 7,5 %, un dato que mejora la previsión de junio, de hasta un 11,5 %. En 2021, el conjunto de los países del euro crecerá un 3,6 %, cifra que pasará a estar en el entorno del 3,3 % en 2022.

De cualquier modo, «es crucial no retirar demasiado pronto los instrumentos de ayuda, como se hizo tras la crisis financiera global» de 2008. Y a la par, los Gobiernos deben velar para que las enormes deudas contraídas no deriven en políticas nefastas.

La frase «El mundo debe evitar que la crisis sanitaria y económica se convierta también en una crisis financiera», de la economista jefa de la OCDE, Laurence Boone, debería ser la divisa que presidiera todas las acciones de Gobierno, y debería articularse en tres prioridades en el gasto público: educación, salud e infraestructuras físicas y digitales. Por último, hay que evitar que se prolonguen en el tiempo las tasas de pobreza y desigualdad y promover la cooperación internacional. «El proteccionismo y el cierre de fronteras no son la respuesta a la primera crisis global completa desde la Segunda Guerra Mundial», subraya la economista.

LEYES PARA EL ENFRENTAMIENTO: LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Las mejores leyes se fundamentan en el sentido común,

y lo mismo sucede con las mejores maneras.

J. S.

Mientras la pandemia seguía matando gente, el Gobierno no paró de elaborar leyes y otras normas que a todas luces tenían la sola intención de dividir a los españoles, para que su dogma de las «dos Españas» se confirmara. Aparte de la Ley de Presupuestos Generales —que se abordará más adelante— puso en marcha un manojo de medidas legales cuya vocación de consenso era simplemente nula.

Empezaré por la más estúpida y mentirosa de todas, la Ley de Memoria Democrática. Ya en 1971 —y refiriéndose a la guerra de Vietnam— la famosa analista Hannah Arendt dejó escrito:

La falsedad deliberada y la pura mentira como medios legítimos para la obtención de fines políticos nos ha acompañado desde el inicio de la historia.

Arendt también decía que los totalitarismos conseguían reescribir la historia una y otra vez para adaptar el pasado a la «línea política» del presente o para eliminar datos que no encajaban con su ideología.

En verdad, una vez decidido que la causa propia es la buena, el político puede contar con el apoyo de sus fieles, pues dice lo que los suyos quieren oír y sabe que sus engaños son tranquilizadores para su incondicional audiencia.

Antes que Arendt, ya Orwell, en su novela 1984, había escrito sobre la persistencia de la mentira en el mundo totalitario:

Si todos los archivos contaban la misma mentira, la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. «Quien controla el pasado», según la consigna del Partido, «controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado». […] Lo llamaban el «control de la realidad». […] Saber y no saber, tener plena conciencia de algo que sabes que es verdad y al mismo tiempo contar mentiras negando esa verdad, utilizar la lógica en contra de la lógica. […] Decir mentiras descaradas creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo y negar la existencia de la realidad objetiva…

Como ha escrito Miquel Berga[21], «la novela de Orwell describe los mecanismos gracias a los cuales puede ejercerse el poder absoluto, pero, en esencia, aquellos mecanismos nos remiten fácilmente a los de los lenguajes populistas que hoy vemos que se manifiestan con fuerza en el corazón de las sociedades de matriz democrática (Orwell no escribió la novela para predecir el futuro, sino para alertar de las perversiones que anidaban en la sociedad de su tiempo)».

Esa relación del escritor británico con la perversión mentirosa empezó, precisamente, en Cataluña, de donde tuvo que escapar perseguido por los comunistas, tras vivir aquel mayo de 1937 de enfrentamientos y asesinatos dentro de las fuerzas revolucionarias que decían defender la República.

[…] en España, por primera vez, vi reportajes periodísticos que no guardaban la menor relación con los hechos […]. Vi, de hecho, cómo se escribía la historia no según lo ocurrido en realidad, sino según lo que debería haber ocurrido de acuerdo con las «directrices del partido».

Mucho antes, ya Pascal advirtió sobre las trampas de la memoria (nos lo ha recordado Albiac en ABC). De cada una de nuestras memorias, donde lo bueno y lo malo, el acierto y el disparate, se amalgaman. En efecto, en nuestros recuerdos quedan las evocaciones y no porque haya en ellas verdad o mentira. Permanecen porque son las que tejieron nuestras fantasías. Shakespeare lo escribió con gran belleza: «Estamos hechos de la materia de los sueños, y nuestra vida entera se resume en un letargo».

Por eso, unir «memoria» a «democracia» como pretende la nueva ley llamada de «Memoria Democrática» es, simplemente, una idiotez. Un sinsentido que no significa nada.

En verdad, estamos ante otra manipulación política que también pretende desorientar al público para que dirija sus miradas hacia el Valle de los Caídos y no a los terribles problemas entre los cuales navega nuestro país a causa de la pandemia.

La ley no pretende recuperar memoria alguna. Lo que sí pretende es el olvido de los muchos miles de asesinatos cometidos en la retaguardia republicana. Aunque yo creo que el objetivo último de esta barbaridad es tener abierto el enfrentamiento entre españoles y, de paso, acabar con la Transición, que representó —antes que cualquier otra cosa— la reconciliación nacional que tanto el PCE de Carrillo como el PSOE de Indalecio Prieto venían reclamando desde los años cincuenta. Carrillo y Prieto, dos dirigentes que fueron responsables de muchos disparates antes y durante la guerra.

Cuando llegó la victoria de Franco la matanza siguió, previo paso por juicios sumarísimos o directamente con tiros en la nuca y enterramientos en las cunetas. Pero no todos los condenados en aquellos juicios eran inocentes, pues también se condenó a muchos asesinos. Pondré un solo ejemplo de esto último, el juicio contra la llamada checa de Bellas Artes.

Uno de los condenados, Benigno Mancebo, justificando los asesinatos cometidos en la retaguardia madrileña por él y otros como él, le había dicho al escritor libertario Eduardo de Guzmán en el muelle de Alicante (donde esperaron inútilmente la llegada de algún barco para ir al exilio) las siguientes y terribles palabras:

La revolución no se hace con agua de rosas… Para defenderla de sus enemigos es preciso mancharse las manos. En nuestro caso, he tenido que manchármelas yo. Mi papel era menos heroico que el que peleaba en las trincheras y menos brillante que el que hablaba en las tribunas; pero tan necesario como el primero y más eficaz que el segundo.

Para quienes sí estuvimos en contra de Franco cuando este vivía exponiéndonos a persecuciones y a cárcel, que estos antifranquistas sobrevenidos saquen ahora pecho y pretendan penalizar a quien se atreva, por ejemplo, a elogiar los embalses que se hicieron en aquellos años, resulta ridículo y también insultante.

Para colmo, la nueva ley pretende no solo imponer la censura y atacar la libertad de opinión, sino también recrear para los jóvenes una vieja asignatura franquista titulada Formación del Espíritu Nacional.

Pero el asunto de la «memoria histórica» comenzó en tiempos de Zapatero y la idea provenía de Francia. Haré a continuación un pequeño repaso.

Datos globales y fehacientes acerca de la represión en ambas retaguardias durante la Guerra Civil están por construirse y probablemente no se puedan completar nunca. Entre otras razones porque las autoridades a un lado y a otro del frente de batalla no tuvieron ningún interés en llevar esa contabilidad funeral. Ni los datos de Salas Larrazábal de 1977, según los cuales los «nacionales» en su retaguardia acabaron con la vida de 57.808 españoles y los «rojos» en la suya con la de 72.337, pueden darse por buenos. Con toda seguridad, los «nacionales» mataron más personas que los «rojos», entre otras razones porque las tropas franquistas se pasaron la guerra avanzando sobre territorios que hasta su toma («liberación» decían ellos) habían estado bajo las autoridades republicanas y una vez «recuperados para la causa» llegaba la hora de arreglar cuentas. Pero ¿cuántas más? No lo sabremos nunca, porque tampoco son fiables los datos aportados por Francisco Espinosa (Violencia roja y azul, Crítica, Barcelona, 2010), según los cuales 49.272 españoles fueron víctimas mortales de la represión en la retaguardia republicana frente a 130.199 que lo fueron en la zona franquista.

Sea como sea, para señalar la magnitud de la matanza basta —pienso yo— con una «muestra» significativa: la de un informe enviado a Londres en 1944 por el cónsul británico en Málaga según el cual «mientras los rojos controlaron Málaga (entre el 18 de julio de 1936 y el 7 de febrero de 1937) asesinaron a 1.005 personas, pero durante la primera semana tras la liberación (desde el 8 al 14 de febrero de 1937) los nacionales ejecutaron a 3.500 personas… y desde el 15 de febrero de 1937 hasta el 25 de agosto de 1944 a 16.952 personas más».

Puede afirmarse sin riesgo de error que la vesania enloquecida fue de un tamaño y de una hondura como para maldecir eternamente a quienes la pusieron en marcha, sacando de las entrañas de muchos españoles lo peor de la condición humana… y, a veces, también lo mejor, pues la heroicidad, la compasión y la solidaridad no estuvieron ausentes en aquella descomunal tragedia.

Para centrarnos en la retaguardia madrileña reproduciré a continuación lo escrito por José Luis Ledesma[22]:

Existieron solo en Madrid más de dos centenares de checas y las hubo ciertamente célebres… nadie podía argumentar ignorancia de lo que estaba sucediendo. Los hubo, numerosos y activos, conectados a la CNT, caso de las checas instaladas en los ateneos libertarios de Retiro, Vallehermoso, Ventas, La Elipa o Barrios Bajos. Entre las de filiación anarquista, no obstante, las más famosas fueron quizá otras tres: la instalada en la estación de Atocha, dependiente de las Milicias Ferroviarias de la CNT; la conocida como «Checa Campo Libre», en la calle Fuencarral, conectada con el Comité de Defensa de la CNT dirigido por Eduardo Val; y la checa del Cine Europa, en Bravo Murillo, donde actuó a su libre albedrío un profesional de la pistola y las cárceles como Felipe Sandoval. Los hubo también ligados a partidos, como el PCE, caso de las checas instaladas en las calles San Bernardo, Lista y O’Donnell o algunas de las más pequeñas ubicadas en el área de la Casa de Campo, aunque tampoco faltaron las vinculadas al PSOE o incluso a Izquierda Republicana. Los había asimismo que emanaban de los restos de las instituciones de orden público, como la 1.ª Compañía de Enlace del Ministerio de Gobernación, instalada en Marqués de Riscal, o la comisión depuradora que funcionó en la comandancia de la Guardia Nacional Republicana en el cuartel Espartaco, de donde fueron sacados medio centenar de guardias civiles en noviembre de 1936. Y sobresale por encima de todas la conocida como «Checa de Fomento». Otra checa —dirigida por Agapito García Atadell— estaba instalada en el Palacio de los Condes del Rincón, en el número 1 de la calle Martínez de la Rosa.

Recuerdo con horror lo que nos contaba un buen amigo y compañero del PSOE, Timoteo Mayoral, que era un niño en 1936. Según narraba Timoteo, los niños de su barrio madrileño, liberados de escuelas y colegios, se dirigían por la mañana temprano a los altos de la Guindalera o a la Dehesa de la Villa «a ver besugos» (la causa de tal nombre no era otra que el aspecto velado de los ojos de los cadáveres, tan parecidos a los de los pescados colocados fuera del agua), es decir, a los muertos abandonados en los descampados. «Allí intentábamos adivinar por su aspecto —decía Timoteo— el origen social de aquellos muertos. Los más fáciles de identificar —añadía— eran los curas y las monjas». Y al preguntarle por qué, Timoteo precisaba: «Por el pelo. Ellos, los curas, llevaban la tonsura en la coronilla y ellas, las monjas, iban rapadas».

Hechos tan «molestos» como los que se acaban de narrar se lo ponen difícil a quienes han hecho de la Guerra Civil un relato romántico donde los buenos son todos heroicos y angelicales y los malos una gavilla de asesinos.

LA LEY DE EUTANASIA[23]

La querencia anticlerical del Gobierno, que debe de pensar que la Iglesia no se ha movido de donde estaba en los años treinta del siglo pasado, se puso de manifiesto cuando anunció una ley orgánica de regulación de la eutanasia, es decir, no de morir dignamente, sino de suicidarse, y con más verdad de que la parentela pueda deshacerse de las personas (generalmente viejos y con problemas graves como el alzheimer) que salen muy caras y cuyas vidas «no merecen ser vividas». Estamos ante un problema físico y moral de difícil solución.

Hay pocos países en Europa que hayan aprobado leyes de eutanasia, y no solo ni principalmente por cuestiones religiosas. Los casos más conocidos de aprobación han sido Países Bajos y Bélgica, y los dos han dado resultados muy criticables.

En el caso de España, un proyecto de ley de ese tipo ha de pasar antes de llegar al Congreso por el Comité de Bioética, tal como señala una norma aprobada hace tiempo. Ese Comité lo forman doce personas de variada procedencia ideológica y profesional y en este momento lo preside Federico de Montalvo. Naturalmente, el informe defiende que

el reconocimiento constitucional del derecho a la vida en el artículo 15 CE constituye la proclamación de que la vida misma es precisamente el presupuesto elemental e indispensable de todo derecho. Así, desde un punto de vista axiológico, la vida no constituye en nuestro ordenamiento constitucional un mero derecho, sino un valor o principio. Es un valor que precede a la propia Constitución, cuyo reconocimiento no depende de la Constitución, y que, en consecuencia, la sujeta al valor vida. La vida constituye no solo un derecho, sino un presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y, por ello, aparece en primer lugar en el catálogo de los derechos y libertades que se consagran en la Constitución. Tal posición preferente del derecho a la vida se recoge igualmente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual, tras proclamar en el artículo 1 que la dignidad humana es inviolable, recoge, a continuación, en el artículo 2, que toda persona tiene derecho a la vida.

Y añade: «El derecho a la vida es irrenunciable en la medida que no se puede exigir el derecho a morir. […] La persona no puede exigir del Estado o de un tercero una acción positiva que ponga fin a su vida».

Pero también define con precisión la «dignidad»:

Las personas partidarias de elegir la propia muerte se refieren a un concepto subjetivo o personal de dignidad: en este caso, la dignidad se considera la forma en que los individuos se ven a sí mismos en relación con los valores que aprecian, sus aspiraciones, su vínculo con sus seres queridos, todo lo cual, por tanto, puede diferir considerablemente de una persona a otra y puede cambiar cuando la vejez o la falta de salud nos afectan más. En este caso, la dignidad corresponde a una dimensión normativa (a una forma de existir, a una autoimagen satisfactoria que se le presenta a uno mismo o al mundo exterior). En esta acepción del término, el derecho a morir dignamente significa el derecho que toda persona debe tener de decidir sobre los límites aceptables de deterioro de su autonomía y calidad de vida.

Para añadir:

Si el fundamento de la despenalización de la eutanasia y/o auxilio al suicidio es la dignidad humana, entendida esta como autodeterminación en la configuración del propio proyecto de vida, tal reconocimiento no cabe restringirlo a determinados casos o contextos, como serían los de terminalidad o cronicidad. Hacerlo supone una contradicción en sus propios términos, un verdadero oxímoron. Si la dignidad es un valor predicable de todos los seres humanos, ¿cuál sería el argumento ético y legal para restringir el reconocimiento del derecho a morir solo a algunos contextos? Todas las personas por el mero hecho de serlo tendríamos reconocido tal derecho. Cualquier miembro de la comunidad que expusiera su pretensión de morir tendría el derecho a ver satisfecha su demanda al vérsele legalmente reconocida tal facultad.

¿Cuál sería el argumento ético y legal para salvar la vida de aquel que quiere lanzarse desde lo alto de un edificio? ¿Por qué presumir la irracionalidad en el que se asoma al precipicio con deseos suicidas y no del que, en ejercicio de su dignidad, pretende que se acabe con su vida sin esgrimir razones para ello y al margen de un contexto de enfermedad? ¿Por qué limitar el derecho a solicitar la ayuda a morir a aquellos que padecen una enfermedad crónica o terminal y no a cualquiera con independencia de que se encuentre inmerso en un contexto de enfermedad o no?

Y para no citar más,

El deseo de morir emerge, en muchas ocasiones, de unas condiciones sociales. No nace de una conciencia íntima, cerrada y aislada de las circunstancias. No se quiere morir, sino vivir de otra manera. El deseo se construye, en parte, socialmente. Y el verdadero reto es cambiar dichas circunstancias. Y, por ello, triste es que la sociedad permita morir sin abordar estas reformas sociales que llevan a muchos a querer morir.

Y este error en el que habitualmente se incurre por parte de los defensores de la proclamación de un presunto derecho a morir tiene especial relevancia desde la perspectiva del principio de necesidad, ya que la principal cuestión que habría que resolver antes de proclamar dicho derecho a no sufrir es si no caben otras alternativas a ocasionar la muerte a la persona y si dichas alternativas están plenamente desarrolladas en nuestro sistema socio-sanitario. Porque si lo que se pretende es proclamar un derecho a no sufrir basado en una única medida para evitarlo, véase, acabar con la vida de la persona, el principio de necesidad no se cumpliría.

Para más inri, Esquerra Republicana de Cataluña presentó dos enmiendas a la Ley de Eutanasia en las que propuso que los menores de dieciséis a dieciocho años puedan recibir la eutanasia y los de doce a dieciséis puedan acceder a ella con consentimiento paterno. Una de las enmiendas pedía la modificación del artículo 5.1 de la ley para eliminar el requisito de ser mayor de edad para ser eutanasiado. El texto que planteaban quedaría redactado así: «Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los siguientes requisitos: tener condición de titular del derecho a la protección a la salud y a la atención sanitaria, en los términos previstos en la legislación vigente, tener al menos dieciséis años y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud o, en su defecto, disponer de documento de instrucciones previas».

En concreto, Esquerra Republicana proponía que, en el caso de menores de edad no emancipados que tuvieran al menos dieciséis años, «las personas titulares de la potestad parental deberán ser escuchadas». Para menores de doce a dieciséis años, planteaba que se otorgara «el consentimiento por representación mediante el consentimiento informado» del niño. Mientras, en el caso de menores de edad no emancipados que tuvieran entre doce y dieciséis años, ERC proponía que se otorgara «el consentimiento por representación en concurrencia con el consentimiento informado del menor».

Con estas enmiendas, el grupo parlamentario pretendió «garantizar el derecho a la prestación sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud», así como «el derecho a la prestación a los menores, en los términos establecidos en la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica».

Por suerte, estas enmiendas no salieron adelante.

El informe del Comité de Bioética[24] merece ser leído. Allí se defienden los cuidados paliativos que quien esto escribe empezó a construir en la Comunidad de Madrid y que habría que crear en toda España antes de intentar introducir una Ley de Eutanasia, siempre peligrosa y más en una sociedad como la española (y la europea) que crece a gran velocidad hacia una sociedad envejecida.

El Gobierno se ha saltado este informe a la torera mediante una trampa consistente en no hacer un proyecto de ley (del Gobierno), sino una proposición de ley de los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE en el Congreso. Una chapuza más.

El envejecimiento de la población española es un problema que, a juzgar por lo poco que de él habla el Gobierno, parece no preocuparle demasiado. Y, sin embargo, a juicio de los demógrafos españoles es, en un futuro cercano, de lo más preocupante.

Conviene distinguir aquí entre envejecimiento (proporción de personas mayores respecto a la población total; se suele tomar como indicador la proporción de personas de 65 años y más respecto al total de la población) y longevidad, que es el número total de viejos. Son dos indicadores de muy distinto origen, porque el envejecimiento apenas depende de la mortalidad y casi exclusivamente depende de la fecundidad, mientras que la longevidad depende de la esperanza de vida, es decir, de la mortalidad.

Respecto al envejecimiento, el problema no es solo español, sino también europeo. Así, Eurostat estima que la proporción entre el número de personas de sesenta y cinco años y más y la población potencialmente activa (contando con la futura inmigración) pasaría del 30 % actual al 50 % en 2050, pero hoy por hoy no existe en la UE ningún «pacto de estabilidad» que obligue a los Estados miembros, como se obliga con los déficits públicos, a contener por todos los medios ese «déficit demográfico» que, de mantenerse, puede ser socialmente letal. España se encuentra hoy en los peores lugares de la UE.

Como ha escrito el profesor milanés Alessandro Rosina en el diario italiano La Repubblica: «De no mediar intervención alguna para corregir esta situación, será cada vez más difícil equilibrar las propias cuentas públicas». Y no solo las cuentas públicas. En una sociedad humana, si cada vez hay en ella menos humanos y los que van quedando son cada vez más añosos, las perspectivas de futuro difícilmente pueden ser buenas.

Pero la fecundidad española es la más baja de toda la UE (1,26 hijos por mujer en 2018, frente a 1,55 en la UE de veintisiete países). En general, en otros países europeos se dan ayudas más elevadas que en España a las familias/madres/padres, en forma económica y de permisos parentales. Pero no en todos ellos los resultados aparentes son los mismos. En algunos parecen ser apreciables y en otros no.

La precariedad laboral es mucho mayor en España que la media europea, pero ni los españoles teníamos más hijos que ahora en los tiempos felices de la burbuja inmobiliaria, ni se tienen más hijos de media en las quince ciudades españolas con menos desempleo (que coinciden en gran medida con las de mayor renta per cápita, con Pozuelo de Alarcón a la cabeza) que en las quince que sufren más el azote del paro. También hay una diferencia de fecundidad muy baja entre España y el riquísimo Luxemburgo —el país de mayor renta per cápita del mundo, salvo algún petroestado del Golfo Pérsico—, que es prácticamente nula en el caso de las mujeres autóctonas. Otro tanto cabe decir de la diferencia de fecundidad de las suizas y las españolas nativas: es mínima.

En 2018 nacieron menos de 300.000 bebés de madres nacidas en España y residentes aquí, 274.529 en concreto, un 60 % menos que en 1976 (sumando los hijos de inmigrantes, hubo 370.827 nacimientos en total de mujeres residentes en España en 2018). No habían nacido tan pocos hijos de españolas probablemente desde el siglo XVII, cuando España tenía de 7 a 8 millones de habitantes. Lamentablemente, en 2019, por los datos conocidos (del primer semestre de 2019, publicados por el INE, y de procesos de maternidad cubiertos por la Seguridad Social para todo 2019), cabe esperar una nueva caída en los nacimientos.

El INE publicó en diciembre de 2018 los resultados de la Encuesta de Fecundidad, la primera que hacía desde 1999. El número de hijos que declararon tener las encuestadas era, de media, 1,1 (las españolas de origen, 1,07, y las nacidas en el extranjero, 1,3), aunque las de cincuenta años o más habían tenido 1,55 hijos (también por debajo de la tasa de reposición). Sin embargo, el número de hijos «deseados» era mucho mayor. Así, el 48 % de las mujeres de veinticinco años a treinta y cuatro años deseaba tener dos o más hijos y solo el 13 % no deseaba tener ninguno.

LA LEY CELAÁ

El orgullo, el mal carácter y el querer tener siempre razón

son las tres grandes fuentes de la mala educación.

J. S.

Una vez más, el Gobierno (esta vez el «Frankenstein», pero ha habido intentos anteriores del PP y del PSOE) ha pretendido y conseguido presentar una ley y hacerla aprobar en las Cortes sin buscar ningún consenso. A la Ley de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez le cabe el dudoso honor de ser la norma educativa con menos diálogo de la democracia. Y sabemos que eso lleva inexorablemente a la división social y al enfrentamiento en un punto vital para el futuro de cualquier país. El enfrentamiento con la Iglesia católica se ha buscado a través de machacar a los centros concertados y a sacar de las aulas la asignatura de Religión. Una persona tan reconocida en el campo educativo como José Antonio Marina se mostró «cabreado» —esa fue la palabra empleada por él— con la Ley Celaá y diagnosticó «un síndrome de inmunodeficiencia social[25]».

Ahora hemos vuelto otra vez a pensar —subraya Marina— que todo Gobierno tiene que hacer su Ley de Educación, y a la vista está que nunca ha servido para nada. Todos los Gobiernos han caído en la ingenuidad de pensar que, si se cambiaba una ley, se cambiaba la educación, pero la educación se cambia cuando cambia lo que sucede dentro de las aulas. Para ello hay que formar a los docentes, a los equipos directivos, estar en contacto con los padres y formar un ambiente de apoyo a la escuela, cosas que no se hacen por ley.

José Antonio Marina, filósofo, docente, pedagogo, lleva media vida luchando por una «movilización educativa». Desde sus ensayos, primero, y después con la creación de una Universidad de Padres orientada a facilitar recursos educativos a estos. Este especialista habló con sobrada legitimidad, en la entrevista señalada, de la nueva Ley de Educación, del futuro de la enseñanza, de los efectos negativos de la Covid-19 en el aprendizaje y del efecto de la pandemia en el desarrollo social de los más pequeños. Considera que saldremos de esta «igual que hemos entrado, las sociedades cambian con mucha lentitud. […] Siempre he sido muy escéptico sobre la idea de que la pandemia nos iba a hacer mejores personas y valorar más las cosas que antes no nos parecían importantes».

Los países del norte de Europa tienen incorporada una moral cívica y una formación ciudadana mucho más estable que la nuestra. Por estas latitudes, la moral era religiosa, o no había moral. Y cuando la religión ha perdido vigencia, nos hemos quedado en el limbo permanente: sin normas. Es necesario fomentar los hábitos ciudadanos. El intento de implantar una asignatura de Educación para la Ciudadanía no pasó de una patética tentativa, sectaria y desorientada.

Al margen de que la ministra no se haya molestado en dialogar y acordar durante los trabajos de la ley anti-Ley Lomce, la Ley Wert, ninguna de las críticas que se le están haciendo da en la diana de esta cuestión fundamental que apunta Marina: la consecución de un pacto educativo. Con él se podrían conseguir objetivos como la mejora de la formación y la consideración económica y social de los profesores, y la implicación de los directivos y las familias, porque la mejora de la educación es cosa de todos. El peso de la escuela en el éxito escolar no llega al 40 % y la variable más determinante es el nivel socio-económico de los padres. En ese sentido es fundamental ayudar a las familias, porque las escuelas no lo pueden hacer todo. Las otras cuestiones —concertada frente a pública, sí o no a la religión en las aulas, currículo uniforme en toda la nación— son las que siempre han dificultado el logro de ese necesario pacto educativo y las que nos mantienen en el secular enfrentamiento ideológico.

Lo peor de esta ley que estamos tratando, dice Marina con toda razón, es que ha vuelto a hacerse sin acuerdo. Y así no podrá afianzarse. En cuanto cambie el Gobierno, cambiará la ley.

Durante mucho tiempo he trabajado por un pacto educativo, pero ahora no es el momento […]. Ahora tenemos que ir mucho más allá, tenemos que hacer un pacto por una sociedad del aprendizaje en la que todos los agentes sociales se den cuenta que, o todos nos ponemos a aprender y no solo en la escuela, o toda España se va a quedar muy atrasada.

En efecto, todos estamos sometidos a la ley universal del aprendizaje, que dice que toda persona, institución o empresa, para sobrevivir, necesita aprender, al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno; y si quiere progresar debe ir a más velocidad.

En el terreno escolar necesitamos organizar los currículos de otra manera, introducir las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje, saber cómo se puede organizar lo que el alumno tiene que aprender y lo que puede encontrar en un ordenador.

En vez de enzarzarnos en discusiones superficiales de si pública o privada, hay que estudiar lo que está bien en otros países. Aprender lo que es una buena política educativa. Porque lo evidente es que la nuestra es mala, lo cual se demuestra con nuestro insoportable fracaso escolar.

Sin duda es aplicable a la Ley Celaá la misma cuestión que nos plateábamos con la Ley de Eutanasia sobre su oportunidad: ¿Es este el momento? Con unos contagios cada vez más altos, sin agilidad para soluciones creativas, sin costumbre de trabajar en casa, con la dificultad de grandes sectores del alumnado para acceder a internet… Sin un trabajo por parte de la administración y de los colegios para preparar una buena enseñanza telemática. La aprobación de una Ley que no resuelve nada de esto es una forma de salirse por la tangente.

Tendrían que estar observando cómo se está desenvolviendo el día a día en las aulas, brindando apoyo y refuerzos… «y se van a lo fácil, que es “Vamos a hacer una Ley de Educación”».

La LOMLOE no gusta a nadie, ni a quienes han votado en contra (PP, VOX, Ciudadanos, UPN, CC, PRC y Foro), ni a los que se abstuvieron. El PSOE y Unidas Podemos la han salvado gracias a ERC, el PNV, Más País, Compromís y Nueva Canarias. Ha tenido la rara virtud de unificar a la derecha y fraccionar a la izquierda. Ni siquiera las leyes Pertierra y Wert concitaron tanta oposición de la comunidad educativa. Los sindicatos docentes también han mostrado su desacuerdo frontal: la LOMLOE no resuelve los problemas estructurales. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) opina que es una oportunidad perdida de mejorar el modelo de país y de resolver la falta de recursos que se arrastra desde hace décadas. Y otra acusación es que genera incertidumbre en el profesorado.

Los niños que están en las escuelas van a tener la experiencia de un cambio realmente brutal en ciertas cosas, sobre todo, por el desembarco de un sistema potentísimo de inteligencia artificial que nos va a obligar a cambiar una parte importante del desarrollo de la inteligencia de nuestros alumnos. Van a estar trabajando con una tecnología muy sofisticada.

En este momento la investigación más puntera sobre educación no la hacen las universidades, ni los sistemas educativos, la están haciendo las grandes tecnológicas. Están investigando muchísimo porque quieren ser los grandes educadores del futuro, lo cual es un gran negocio.

Y, por ejemplo, mientras Microsoft está trabajando en los asistentes personalizados automáticos, aquí nadie parece haber prestado atención a ese pequeño detalle.

A propósito del uso (y el abuso) de las redes sociales por parte de nuestros escolares, Marina opina que estamos creando una especie de servidumbre de la red que limita muchísimo la capacidad de toma de decisiones y también la libertad de nuestros chicos. Los mensajes cortos simplifican la comunicación, ya que no admiten argumentos, y la perspectiva de una pantalla, que puedes apagar sin más requisitos, hace de las relaciones algo brusco y sin cortesía.

¿Cómo no estar de acuerdo?

Para concluir, resumiré los objetivos de la ley, y el primero no es otro que derogar la LOMCE del ministro Wert. Por otra parte, sus principales claves son las siguientes:

La defensa de la educación pública: la educación pública constituye el eje vertebrador del sistema educativo. (En su etapa de consejera de Educación en el Gobierno del País Vasco, Isabel Celaá se empleó a fondo en abrir una amplia red de colegios concertados. De hecho, sus hijas estudiaron en un colegio religioso concertado [el suyo fue privado, también religioso, uno de los más exclusivos de Bilbao]. Cambiar de opinión es de sabios. Y arrepentirse de pasados errores es tocar con la punta de los dedos la virtud).

Y con el entusiasmo de los conversos, Isabel Celaá ha afrontado:

a. Enseñanza concertada, eliminando la «demanda social» para abrir nuevos centros o aumentar plazas (como todo el mundo sabe, el mejor modo de acabar con la demanda social es cargársela de un plumazo). Los centros concertados no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

b. Castellano: deja de figurar como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado.

c. Lenguas propias: la asignatura de Lengua Cooficial y Literatura pasa a llamarse Lengua Propia y Literatura.

d. Currículo: los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el ministerio no supondrán más del 50 % de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 % para el resto.

e. Religión: elimina la obligación de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.

f. Los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no separarán al alumnado por su género.

g. Repetición de curso: los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria. Detrás de esta ocurrencia están los pedagogos, una plaga que lleva años incrustada en el PSOE. (Este punto ha tenido gran éxito en las redes sociales, que se han llenado de chistes y «memes»).

h. Historia de la democracia: los alumnos deberán adquirir un conocimiento profundo de la historia de la democracia en España. Deberá plantearse (¡cómo no!) desde una perspectiva de género. Tendrán así la oportunidad de enterarse de que, en el breve espacio de tiempo de nuestra democracia, se han promulgado ocho leyes educativas: LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE, LOE, LOMCE y LOMLOE.

i. Educación afectivo-sexual: fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria.

j. Igualdad de género: impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y promover la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres. (Todas ingenieras por decreto, o todos educadores porque sí, a pesar de que se sabe que las chicas muestran menor interés por los estudios STEM en los países donde se ha alcanzado mayor igualdad, mientras que los eligen en países como Argelia o Turquía).

La defensa del planeta: fortalecer las capacidades afectivas del alumno en sus relaciones con el planeta.

En resumen: un compendio de buenas intenciones. Eso sí, «políticamente correctas».

La nueva norma fue aprobada en la última sesión del Senado del año 2020 el día 23 de diciembre, con 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. No se aceptó ninguna de las 646 enmiendas presentadas. Y la ministra abandonó su habitual hieratismo para mostrar una emoción visible, confesada, y un poco sonrojante. No llegó a emitir gemidos, como hizo la ministra de Igualdad, pero estuvo a punto. Debió de ser De Gaulle quien dijo que los gobernantes no tienen estado de ánimos. Pero está visto que las ministras de este Gobierno feminista son emocionalmente débiles.

A la marginación del español como lengua vehicular en la Ley Celaá siguió de inmediato (3 de diciembre) una reunión en la cual los socios de Sánchez ultimaban una unidad de acción contra el español y contra lo que a propósito de la lengua dice la Constitución, estampando sus firmas de forma apresurada sobre un poyete de piedra en lo que definieron como una iniciativa sobre la realidad plurilingüe e igualdad lingüística impulsada por distintas plataformas culturales del Estado. En concreto, la iniciativa pide al Gobierno que ponga «fin a la imposición legal del castellano en la normativa estatal». Asimismo, exigen equiparar las lenguas cooficiales al castellano, para que «gocen de los mismos derechos y deberes», así como que el Gobierno garantice «el deber de conocimiento por parte del funcionario que preste servicios en territorios con lengua propia».

Por su parte, Antonio Miguel Carmona y otros socialistas redactaron un documento en defensa del español que recibió en muy pocos días el apoyo de más de doscientas mil firmas.

Andrés Amorós (ensayista y crítico literario) explicaba con pena que utilizar el instrumento de comunicación que es la lengua como vehículo de odio, para romper los puentes con el resto de España, es una locura:

El ataque a la lengua española no es más que una parte del triste pago a los independentistas catalanes. El PSOE ha consumado la entrega de nuestra lengua común a cambio de unos votos para aprobar los Presupuestos.

La PNL (Proposición No de Ley) la firman Unidas Podemos, PNV, Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, CUP y BNG. Es una iniciativa que insta al Gobierno a hacer algo.

Los nacionalistas catalanes y vascos, con el respaldo de Unidas Podemos, esos que tenían propiedades «antihipnóticas», han convertido el castellano en un instrumento de presión, para conseguir dar preeminencia a las lenguas cooficiales como el euskera o el catalán.

Al día siguiente, el 4 de diciembre, Miriam Tey coordinaba un artículo en El Mundo en el cual participaban Félix Ovejero, Antonio Robles, Pedro Gómez Carrizo, Pau Guix y Santiago Trancón. Creo que merece la pena que lo resuma aquí. Lo que pretenden con la Ley Celaá y con esta nueva PNL —decían los firmantes— es derribar los pilares que todavía sostienen el Estado democrático que nos protege y la Constitución que lo fundamenta. Ahora toca destruir el español como lengua común. Esta PNL impone como lenguas oficiales el vasco, el gallego, el catalán, el aranés, el valenciano, el balear, el bable, el castúo, la fabla aragonesa y el resto de neo lenguas.

Pero es que esta oficialidad trasciende los territorios. Todos los organismos públicos de toda España, vaciada o no, deben estar preparados para atender en su lengua propia a cualquier eventual visitante, ya lo han oído, que se exprese en la fabla aragonesa, en gallego, en aranés, en castúo, o bien en catalán, bable, vasco… De lo contrario puede sentirse discriminado, puede pensar que se desprecian sus derechos lingüísticos y presentar una denuncia. Todos los padres que durante años han visto cómo se ignoraban las sentencias que reconocían el derecho de sus hijos a recibir enseñanza en español, deben de leer esto con incredulidad. Un niño no puede estudiar en su lengua materna en Cataluña, pero un pequeño municipio de Extremadura, o de Zamora, va a tener que agotar su escaso presupuesto en contrataciones extraordinarias de intérpretes, para evitar eventuales multas si un turista español oriundo de una zona con lengua propia se ha sentido despreciado en sus derechos lingüísticos cuando no le ha dado la gana de expresarse en español, en la propia España.

En dicho artículo se recordaba qué son y qué no son las lenguas:

— Las lenguas no tienen derechos, los tienen sus hablantes.

— La política no ha de ocuparse de las lenguas, sino de los hablantes.

— Lingüistas y filólogos se interesan por el estado de las lenguas; los políticos por el bienestar de los ciudadanos.

— Las lenguas no nacen de las peñas, no brotan de la tierra, no crecen con los efluvios telúricos. Ningún territorio tiene lengua propia.

— Las lenguas no surgen tampoco de ninguna identidad humana previa, ni crean identidades ni las mantienen.

— Las lenguas son medios de comunicación, no esencias metafísicas surgidas de la nada o de la biología (la raza), ni están destinadas a ser eternas.

— Las lenguas nacen, crecen y viven cuando un grupo humano las necesita para sus relaciones e intercambios. Y mueren cuando no cumplen esa función.

— Los nacionalistas —y sus admiradores y seguidores— hablan de su lengua como si fuera una entidad que tiene vida propia y que otorga una identidad única y excepcional a sus hablantes. De ahí que se preocupen por su supervivencia como si se tratara de una especie en peligro de extinción.

La lengua se convierte así en una entidad abstracta, sagrada e intocable, con la que se identifican místicamente sus hablantes: un instrumento político fundamental en manos de quienes no tienen escrúpulos en usarlo para sus fines particulares. La segunda lengua del mundo por número de hablantes, noqueada en el texto de la LOMLOE por lenguas de ámbito regional. Mario Vargas Llosa reaccionó de inmediato: «Idiotez sin límites». Pero el director del Instituto Cervantes, nombrado por el Gobierno, no tiene nada que objetar y la RAE se reviste de prudencia y confía en «que el legislador no se desviará de la protección que la Constitución dispensa al español». Como dice A. Amorós, «que siga confiando; otra cosa podría poner en riesgo la subvención oficial».

El español deja de ser lengua vehicular desde la educación infantil hasta la universidad. Se legaliza la inmersión obligatoria en catalán, vasco y gallego y el resto de lenguas, y se proscribe el bilingüismo.

El español pierde el carácter de lengua oficial de toda España que le otorga la Constitución, y el deber de conocerla y el derecho a usarla se convierte en un precepto constitucional meramente retórico.

El artículo, con el cual estoy completamente de acuerdo, concluía así: «El español no está en peligro. España y los españoles sí».

La Ley Celaá o LOMLOE comienza afirmando que las sociedades actuales conceden gran importancia a la educación que reciben sus jóvenes, en la convicción de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo.

Para inmediatamente después mostrar que, en efecto, el infierno está empedrado de buenas intenciones. La nueva ley —en palabras de Gabriel Tortella y Clara Eugenia Núñez[26]— «dentro de un confuso fárrago de medidas absurdas y de recomendaciones ociosas e inoperantes, tiene como objetivo básico satisfacer los intereses discordantes de los partidos cómplices del Gobierno, en especial de los separatistas. De ahí que permita el abandono del castellano como lengua de enseñanza en las autonomías bilingües, en clara violación del artículo 3 de la Constitución, que, dicho sea de paso, se viola en Cataluña diariamente desde hace muchos años sin que el Ministerio de Educación intervenga, pese a las repetidas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que el ministerio y los Gobiernos separatistas ignoran al alimón».

Por otro lado, hay párrafos en el texto de la ley que son pura farfolla. Por ejemplo: con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o tutores legales en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con ellos. ¿Es que se le ha pasado a alguien por la cabeza que no cooperen?

Parece evidente que el sistema de selección del profesorado en España deja mucho que desear y es el responsable de buena parte de los malos resultados (abandonos y mediocres calificaciones en el análisis de PISA). Pues bien, la Ley Celaá ni lo nombra.

Otro elemento clave, el seguimiento eficaz de resultados —que debe hacerse por agentes externos al propio sistema—, brilla por su ausencia en la nueva ley (y prácticamente en todas las leyes educativas de nuestra democracia).

Los pedagogos que pululan detrás de las leyes educativas del PSOE parecen creer que las familias, hoy, y los estudiantes, mañana, les agradecerán con su voto las facilidades que las leyes de socialistas y coaligados les dan para obtener títulos con el mínimo esfuerzo.

EL ASALTO A LA DIVISIÓN DE PODERES

Como cualquier Constitución democrática, la española también consagra la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), aunque no lo proclame explícitamente. Está recogido en los Títulos III (De las Cortes Generales), IV (Del Gobierno y de la Administración) y VI (Del Poder Judicial) y en el artículo 152. Pero ya en 1985, con el PSOE en el poder y ante la composición de la Judicatura de entonces, se aprobó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que dejaba en manos de los grupos parlamentarios la selección de buena parte del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces. Eso sí, para votar a los miembros de esa institución se exigía una mayoría muy reforzada, para lo cual se necesitaba el acuerdo, al menos, entre los dos grandes partidos. Y es esa mayoría reforzada la que ahora quieren cargarse Sánchez e Iglesias, lo cual ha puesto en guardia a la UE, pues el grupo Frankenstein (PSOE+Podemos+separatistas) se cargaría así la división de poderes, pilar fundamental en cualquier democracia.

También ha causado —lo ha escrito Elisa de la Nuez[27]— mucha preocupación entre los ciudadanos en general y los juristas y jueces, en particular, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que plantea elegir a los 12 vocales judiciales (que tienen que ser jueces y magistrados) por el Parlamento no ya por 3/5 partes, como hasta ahora, sino por mayoría absoluta en segunda vuelta si en la primera no se alcanzara dicho quorum.

Esto permitiría que el órgano de gobierno de los jueces pudiera ser elegido, en la práctica, por el Gobierno actual y sus socios de investidura. Algo parecido, por cierto, a lo que preveía la Ley de Transitoriedad catalana de tan triste recuerdo.

O sea, que estamos en un ataque en toda regla a nuestro Estado de Derecho porque se amenaza la separación de poderes, sin la que no hay democracia posible.

Detrás de aquel cambio de sistema de 1985 podríamos intuir la tentación del Gobierno, del PSOE de entonces, de dificultar que en la elección de los vocales judiciales prevaleciesen las asociaciones de tendencias más conservadores, como la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial y muy próxima al PP, frente a la de Jueces y Juezas para la democracia.

De estas dos asociaciones procede la mayoría de los vocales judiciales que llegan al Consejo General del Poder Judicial y que pueden ser «promocionados» a ministros o consejeros de Justicia de sus partidos respectivos. Por ejemplo, en el Gobierno actual hay tres ministros que son jueces y los tres han sido consejeros del CGPJ.

Eso sí, el partido que está en la oposición (da igual el PSOE que el PP o incluso Podemos) siempre clama por la despolitización del órgano de gobierno de los jueces e incluso lo suele llevar en su programa electoral. Sin embargo, cuando llegan al Gobierno, los partidos se olvidan de esas promesas y hacen justo lo contrario. Como ocurrió en 2013, cuando el PP, con mayoría absoluta, manifestó su intención, luego desmentida, de retomar la situación anterior a la mencionada Ley Orgánica 6/1985. La reforma que se aprobó no respondía en nada a lo anunciado. ¿Por qué? Es posible que los casos de corrupción que estaban arrinconando contra las cuerdas al PP le hicieran modificar sus criterios. Y también en aquella ocasión se justificó la reforma en la urgencia de acabar con los bloqueos.

El último informe (2019) del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), del Consejo Europeo, lamentaba que los políticos españoles continuaran sin aplicar sus advertencias sobre la «supuesta politización de la justicia». Seis años antes, el GRECO recomendó a España cambiar la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para evitar la percepción que tiene aún una parte de los ciudadanos españoles de que la justicia está politizada y que el CGPJ no es independiente. Estas sospechas son particularmente espinosas cuando se investigan casos de corrupción de los partidos políticos.

En junio de 2019 GRECO reconocía esfuerzos para reforzar la democracia interna y la transparencia, pero volvía sobre la necesidad de modificar el modo de elección, porque «cuando las estructuras del gobierno del poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, hay un impacto inmediato y negativo en la prevención de la corrupción».

Resulta curioso recordar aquí que también prevenía sobre «hacer frente a los riesgos de puertas giratorias cuando los funcionarios del Gobierno dejan sus funciones para trabajar en el sector privado».

Pero ni en eso ni en la cuestión fundamental (las repetidas llamadas a que las autoridades políticas españolas no participen, en ningún momento, en el proceso de selección del poder judicial) se les ha hecho caso. Y parece que así se va a continuar. A pesar de que en los tribunales españoles menudean casos muy sonados de corrupción en partidos políticos. En el Gobierno y en la oposición.

Las resoluciones del Consejo de Europa (nacido en 1949) son vulneradas en España sin ningún rubor. Daré algunos ejemplos que ha puesto en evidencia el catedrático de Derecho Constitucional David Ortega[28]:

— Recomendación CM/Rec (2010) 12 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades de 17 de noviembre de 2010, apartado 27.

— Los Informes desde el año 2014 del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.

— La Carta Magna de los jueces europeos de 2010, apartado 13.

— Guía de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, apartado tercero, de la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECJ).

— Informe sobre la independencia del sistema judicial de la Comisión de Venecia (nació en 1990 y jugó un papel en la elaboración de las constituciones de las democracias nacientes del Centro y el Este de Europa), especialmente su Parte I: la independencia de los jueces, punto 32.

LA LEY DE PRESUPUESTOS

El 3 de diciembre de 2020 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, con un arrollador número de votos a favor (188 votos de once formaciones políticas). Claro que esos votos provenían en una proporción elevadísima de partidos enemigos de la Constitución y de la unidad de España que ella define.

El presidente Sánchez manifestó su satisfacción en su cuenta de Twitter: «España tiene por fin los Presupuestos que necesita: las cuentas más sociales de la historia para superar la peor crisis en un siglo. […] Seguimos con decisión hacia un futuro de progreso que la ciudadanía demanda y merece».

Pero empecemos por el contenido económico de esa ley. Según el diputado europeo por Ciudadanos y especialista en la materia Luis Garicano[29], el Gobierno ha optado por «el populismo político, cuyas líneas rojas se han sobrepasado con creces, pero también el populismo económico, que marca unas prioridades que no son las que necesitan España y sus ciudadanos. La segunda ola de la Covid-19 está machacando nuestro tejido empresarial. Un 10 % de los autónomos prevé que tendrán que cerrar su actividad, y uno de cada tres se plantea reducir su plantilla. El 5 % de las pequeñas y medianas empresas ya han echado el candado. Las empresas más afectadas han aumentado el número de sus trabajadores en ERTE. Y a eso se añade la falta de liquidez, la morosidad y el aumento de endeudamiento».

Las líneas maestras de las cuentas, que se basan en un alza desmesurada del gasto público, responden al diseño original, aunque, como destacaba Garicano, el deterioro de la economía las deja sin ninguna credibilidad. Es difícil aceptar que se hayan mantenido, en estas condiciones, los pronósticos de recaudación fiscal y de crecimiento. Y eso sin considerar el retraso de la llegada del dinero de Europa y la incidencia de las eventuales oleadas del virus… En una coyuntura como esta es evidente que la política económica debe atender prioritariamente al sostenimiento de la inversión y a las rentas de los más perjudicados. Pero el Gobierno y todos sus socios de investidura han preferido ignorar que el dinero europeo debería dedicarse a reformas estructurales, en vez de al gasto corriente, y a apuntalar las rentas de quienes se han visto más golpeados por la crisis. En vez de esto, se protege a los más protegidos.

Veámoslo más de cerca. El gasto corriente se dispara en ministerios como el de Igualdad, ¡un 129 %!, o el de Exteriores, que no están relacionados con la pandemia. El gasto corriente del Estado crece un 30 %. Suben las pensiones y el sueldo de los funcionarios por encima del coste de la vida y esta subida supondrá 6.000 millones más de gasto anual. Y este aumento, durante los años que estaremos recibiendo las transferencias europeas, va a suponer más de la mitad de esas transferencias. Mientras Europa nos da dinero para reactivar la economía y frenar la ruina de millones de proyectos, en un país que sufre un 40 % de paro juvenil, Pedro Sánchez decide gastar la mitad de ese dinero en aumentar el poder adquisitivo de sus nichos de votantes.

Sin embargo, la inversión permanece estancada, contra toda lógica, en los mismos 27.000 millones de euros del año anterior. El Gobernador del Banco de España ha venido advirtiendo de la urgencia de retomar una política presupuestaria anti cíclica o de estabilidad.

Puesto que nuestra economía va a resentirse gravemente a causa de la deuda y la transición demográfica, el esfuerzo debería encaminarse hacia las reformas necesarias para encauzarla y potenciarla. Ese es el sentido de los fondos europeos. Lamentablemente, el Gobierno habla de reorientar el modelo productivo, pero sus cuentas solo muestran más gasto corriente y ninguna reforma.

Por otra parte, los Presupuestos deberían tener como objetivo primordial defender el tejido productivo, a los trabajadores y a los pequeños empresarios y autónomos. Eso es lo que se han propuesto los Gobiernos francés y alemán: evitar que sus ciudadanos más vulnerables se arruinen, apoyar a las empresas afectadas. Alemania va a cubrir hasta el 75 % de la facturación equivalente al mismo mes del año anterior, además de implementar un programa de ayudas directas.

Garicano concluía así:

Moncloa podría aprovechar los fondos para invertir en futuro, en reformas y en protección del tejido productivo. Pero ha preferido ayudar a los que menos lo necesitan y regar con dinero los ministerios para elevar sus gastos corrientes. Los Presupuestos gastan mucho, pero lo gastan mal. Dejarán tiradas a miles de familias —a las que, además, se les suben los impuestos—.

El bloque de apoyo ha traído consigo la sospecha de que estamos no ante un bloque estabilizador, sino ante un auténtico frente anticonstitucional que apoya unos Presupuestos no para 2021, sino para toda la legislatura. Para muchos analistas, lo que nació como una suma coyuntural de fuerzas dispares para echar a Rajoy ha pasado a ser una coalición de PSOE y Unidas Podemos con la sopa de letras del nacionalismo de cualquier jaez, con el objetivo de mantener controlado al presidente.

Porque este resultado, este éxito, tiene un precio que Pedro Sánchez tendrá que pagar durante los tres años que tienen previsto que dure la legislatura. Los nuevos socios del Ejecutivo se lo recordaron antes de la votación. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, celebró que el Gobierno tuviera que pactar obligadamente con el independentismo vasco y catalán. Y remató con una alusión a la libertad de los presos por el intento de secesión del 1-O. «Tenemos que hacer lo posible y lo imposible», eso dijo.

El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel, subrayó lo determinante que había sido el hecho de que el 75 % de los diputados catalanes hubiera respaldado las cuentas. «No habrá excusas, esto es un ejercicio de confianza». Y anunció que iban a ser «exigentes» con el Gobierno, para resolver el «problema» catalán. Arnaldo Otegui, que no intervino, había comentado: «… los PGE son más que unos PGE, no solo por la pandemia […] sino porque todo el mundo es consciente de que se está jugando la orientación política del Estado para los próximos años».

Ignacio Varela ha escrito a este propósito lo siguiente[30]:

Sánchez ha aprobado el examen con buena nota: en estos meses marcados por la tragedia del virus, ha demostrado, a plena satisfacción de sus socios, que su apego al poder es mucho más fuerte que su fidelidad a los fundamentos del Estado constitucional; que en la tesitura de sacrificar una de las dos cosas, la decisión está tomada y que en esta ocasión se ha asegurado previamente de que su partido no será un obstáculo, ni para eso ni para nada. Es todo lo que los mutualistas de la investidura necesitaban constatar para pasar del apoyo táctico al compromiso estratégico a largo plazo.

Según Varela, y también en opinión de muy variada gente, al aprobar los Presupuestos hubo dos nacimientos: el de un presupuesto para tres años y el de un bloque político de poder dispuesto a perdurar durante muchos más. Lo que Pablo Iglesias, autor intelectual de la criatura y comadrona del parto, llama «la nueva dirección del Estado».

Con lo cual, si el análisis de Varela resulta acertado, estamos ante una situación endiablada: lo que garantiza la estabilidad del Gobierno —el apoyo de las fuerzas que trabajan contra la unidad constitucional— desestabiliza al Estado. Lo que beneficia al Ejecutivo es letal para el resto de las instituciones. Un Gobierno así no es, no puede ser, el pilar del Estado, y lo previsible es que el Estado no salga indemne.

El protagonismo que ha ejercido Pablo Iglesias durante todo este proceso hasta conseguir aprobar unos Presupuestos (de difícil acogida en la UE) ha sido de tal naturaleza que sin duda ha resultado un éxito. Así lo ha descrito Varela:

El gran hallazgo estratégico de Pablo Iglesias tras pasar el sarampión revolucionario fue descubrir que el mejor instrumento para desarticular un Estado constitucional está en su interior: se llama ministerios, BOE y, por supuesto, Presupuestos. Es una vía más lenta y trabajosa que intentar hacerlo desde la calle o desde la oposición, pero infinitamente más segura. Su segundo descubrimiento fue que en España se daban todas las condiciones favorables para ello: un partido histórico de la izquierda en manos de un aventurero dispuesto a todo por afianzarse en la cumbre del poder. Una miríada de partidos nacionalistas con vocación disgregadora y un centro derecha constitucionalista pero fragmentado.

Pero, como ya se ha expresado aquí, no se puede negar la evidencia de que los Presupuestos no se ajustan al escenario económico, que pecan de un optimismo desaforado en sus previsiones, y que tienen como objetivo arropar una narrativa autocomplaciente, en vez de afrontar una crisis colosal.

En cualquier caso, el ataque de Iglesias y sus mariachis a la Constitución ha sido durante estos últimos tiempos tan evidente que nos ha hecho pensar a muchos que Iglesias señaló el objetivo final y Sánchez lo ha rubricado: inyectar a esta fórmula tal fuerza para que, si se cumple el plan entero, lleguemos al final de la década hablando no del Gobierno, sino del régimen.

Puede que para entonces la Constitución permanezca formalmente en vigor, pero sea poco más que un traje para vestir con decoro en Europa, en un escenario real de discrecionalidad. Puede que a Felipe VI se le permita seguir figurando como rey, pero que lo hayan convertido en un exiliado dentro de su propio Estado. Puede que Cataluña y Euskadi sigan nominalmente dentro de España, pero resulte imposible hallar cualquier resto de España en sus territorios. Lo último que se ha sabido es que aquellos Gobiernos no quieren ver por allí a nuestros militares ni para poner vacunas.

Si la aprobación de los Presupuestos fue el acto fundacional de un régimen lo sabremos en unos pocos años. En cuanto a Sánchez, si permanece todo ese tiempo en La Moncloa, su respuesta más sincera será la de Clark Gable en Lo que el viento se llevó: «Francamente, querida, me importa un bledo».

La emisión optimista gubernamental tras la aprobación de los Presupuestos Generales para 2021 la resumía Pablo Iglesias con las siguientes palabras:

Bueno, parece que vamos a salir de este debate con los Presupuestos aprobados y con la mayoría parlamentaria que hizo posible este Gobierno consolidada y además reforzada con grupos que han pasado de la abstención al sí. Siento decirles, señorías de la derecha, que van a tener Gobierno social comunista para rato.

Por su parte, la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, lo remachó así: «Abandonen toda esperanza, porque hay Gobierno para muchos años».

En realidad, los protagonistas de estos Presupuestos creen que estos pueden servir no para uno, como señala la Constitución, sino para tres años. Pero el primero que puso los puntos sobre las íes fue el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su comparecencia ante el Senado, donde señaló que estos Presupuestos, «al no ir arropados por un plan de ajuste a medio plazo, solo pueden servir para el combate final contra la pandemia de 2021, pero no para la necesaria corrección de gasto e ingresos que será precisa en años posteriores».

Al crecimiento del gasto ocasionado por la pandemia debería continuarle un ajuste equivalente. Todas las medidas implementadas suponen un coste presupuestario muy elevado que va a traducirse en un endeudamiento público muy considerable. Una vez superada la crisis, cuando se afronte ese endeudamiento, será el momento de sanear las cuentas públicas para reducir el déficit y la deuda.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para junio de 2021 —ya con 22 millones de españoles vacunados, según prevé el Gobierno— hay que presentar un techo de gasto para 2022. En septiembre del próximo año, Hacienda deberá presentar un proyecto de presupuestos para 2022, pero en un escenario en el que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea reactivarán las reglas del euro y la presión para que el déficit estructural de España frene su ritmo actual, que duplica el de la Eurozona y que compromete la salud de la moneda única. Los mercados van a ofrecer su cara más agresiva… y para Pedro Sánchez no va a ser fácil seguir con la alegría del gasto, o la alternativa de una subida de impuestos que frenaría la recuperación económica y del empleo.

En definitiva, los Presupuestos Generales del Estado de 2021 no se pueden estirar hasta 2023 sin modificaciones. Y si se hiciera, nos daríamos de bruces con la realidad. Si España quiere sostener el futuro del Estado de Bienestar debe luchar contra el déficit. Así de claro lo ha dicho el gobernador del Banco de España, quien, junto a Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, son las voces del rigor en el equipo económico.

La «gran coalición» que hizo posible la aprobación de los Presupuestos para 2021 ha levantado ronchas a uno y otro lado del espectro ideológico. Como muestra, citaré a dos autores, Fernando del Pino Calvo-Sotelo y José Luis Corcuera.

El primero escribió lo siguiente bajo el título «¿Qué tramáis, morenos?»[31]:

«¿Hasta cuándo los incautos amaréis vuestra ingenuidad?», escribió el rey Sabio hace 3.000 años. Porque la evidencia apunta a que Sánchez, que nunca ha corregido o matizado los subversivos ataques institucionales de su socio, es un «radical de izquierdas» (Rubalcaba dixit) que comparte una agenda de cambio de régimen con sus socios naturales: leninistas, separatistas y filoterroristas. Esta melé tiene casi 60 escaños, que sumados a los 120 del radical Sánchez alcanzan la mayoría absoluta. Por lo tanto, no estamos solo ante una «asociación de individuos de diferentes especies en la que sacan provecho de la vida en común», sino ante una duradera alianza tejida por el fuerte hilo de la ideología, del rencor y del enemigo común. La situación es muy delicada, pues el bestial engaño de Sánchez a sus votantes ha hecho posible algo que no contemplaba nuestra zaherida Constitución, esto es, que el Congreso cayera en manos de partidos subversivos y el Gobierno en manos de quienes exhiben comportamientos psicopáticos.

Añadía que la «vieja guardia socialista» se equivoca al clamar por la recuperación del antiguo PSOE, que ya no es, cuando lo que debe hacer es volcarse en la creación de un partido socialdemócrata de nueva planta, capaz de despertar la confianza de los votantes decepcionados y, sobre todo, de conseguir la identificación de los que aún no se han dado cuenta de que están votando una falsificación.

Por su parte, José Luis Corcuera cargó contra las alianzas de Sánchez con Podemos y los partidos separatistas. Y no va a dejar de hacerlo, ni él ni la vieja guardia, a pesar de que Sánchez califique estos comentarios de «desleales» y otros dirigentes del actual PSOE hablen de un «tiempo nuevo». Corcuera aseguró que trabajará sin descanso para que la sociedad civil, «ahora silente por el impacto de la pandemia», se movilice pacíficamente contra este Ejecutivo. «Trataré de que antiguos compañeros míos y esa sociedad civil que está callada porque estamos en mitad de una pandemia alce en algún momento la voz».

El exministro aseguró que el pacto con Bildu y ERC no es una «imposición de Iglesias», como se dice, sino una decisión del propio Sánchez. Y asegura que Alfredo Pérez Rubalcaba se quedó corto en la definición de Gobierno Frankenstein. «Esto es un engendro». Corcuera recordaba una frase de Mahatma Gandhi que, en su opinión, resume lo que representa su batalla contra esta coalición y lo que representa Sánchez: «Más vale ser vencido diciendo la verdad, que triunfar por la mentira».

Luego enseñó su vieja pata sindicalista:

La política actual está basada en eslóganes, en marketing político, en frases hechas: «Saldremos más fuertes». «Hemos vencido al virus». «Escudo social». Pero el 80 % de los que tienen derecho a la renta mínima vital no la cobran. Hay gente que lleva meses sin cobrar los ERTE, pero el marketing político de La Moncloa dice que hay un escudo social. El Banco de Alimentos dice que hay un 50 % más de compatriotas que necesitan recurrir a ellos para comer, o ir a Cáritas para poder subsistir. Pero nos sale este revolucionario de pacotilla que es Pablo Iglesias a decir que ahí están ellos para garantizar que las cosas que están ocurriendo no ocurran. Oiga, pero están ocurriendo y gobiernan ustedes. ¿O es que tienen la culpa otros?

Al ser preguntado si el Gobierno de Sánchez es progresista, contestó lo que sigue:

Creo que ha sido Felipe González quien ha dicho que esta coalición de Gobierno con todos los extremistas habidos y por haber es imposible que haga una política progresista. Estoy totalmente de acuerdo. En España sobran los populismos. En el tema de la inmigración que hemos visto estos días en Canarias, por ejemplo, hay algunos que dicen ser progresistas y dan a entender que todo el que quiera llegar a España pues que venga. Aunque luego se muera de hambre, aunque luego no tenga casa donde vivir, aunque su futuro laboral no exista, aunque al final le podamos ver en una alfombra en la Gran Vía revendiendo artículos para poder subsistir. El progresista es el que se preocupa de que los que vengan, que deben ser los que quepan, seamos capaces de atenderlos debidamente. ¿Es que ser progresista es que estas personas que llegan tengan que estar en las colas del hambre para subsistir? ¿Esto es ser progresista? Esto es ser un reaccionario de primera división.

El profesor Manuel Sanchís considera[32] que los Presupuestos para 2021 son doctrinarios, aunque algunos ministros, ciscándose en la norma constitucional que exige que sean anuales, creen que van a servir hasta el final de la legislatura.

Para Sanchís, en primer lugar, violan la regla de oro que prohíbe financiar con deuda pública el gasto corriente y las pensiones. En efecto, la fuente principal de financiación de nuestro sistema público de pensiones son las cotizaciones de empresarios y trabajadores de los distintos regímenes. Sin embargo, una vez agotada la hucha de las pensiones, dicha financiación se ha completado con créditos.

La crítica de Sanchís se refiere también al aumento de la presión fiscal, que considera «un delirio extravagante», pues consiste en asfixiar la economía cuando lo que más se necesita es oxígeno para crecer. En el ámbito presupuestario lo adecuado sería no tocar los impuestos, o mejor aún, rebajarlos o aprobar una moratoria fiscal, tanto de impuestos como de contribuciones sociales.

En cuanto a los ingresos, este profesor valenciano los considera fruto de la fantasía:

[…] la pandemia invalida algunos de los supuestos sobre los que descansan. Por el lado del gasto, sería bueno tomar muy en serio las recomendaciones de AIReF sobre los excesos en AVE y otras ayudas inútiles a la industria. Son acciones heterodoxas que perpetúan la ambición asistencialista del Gobierno y su indisimulada querencia por proporcionar la sopa boba a empresas sin futuro. Mejor sería invertir los fondos europeos prometidos en un proyecto de España transformador y bien ensamblado que apueste por sectores de alta productividad y que mejore nuestra competitividad.

EL ATAQUE A LA CONSTITUCIÓN

Las cortes son peores que las escuelas

para enseñar buenas maneras.

J. S.

El 6 de diciembre de 1978 se sometió a referéndum en España una sencilla pregunta: «¿Aprueba el proyecto de Constitución?». La respuesta fue inequívoca: el 91,8 % de los votantes dijo «SÍ». Quienes entonces se opusieron fueron los separatistas de ERC, Herri Batasuna (hoy EH Bildu) y el galleguista BNG. El PNV llamó a la abstención.

Los negacionistas de hoy provienen sobre todo de Podemos y sus mariachis, lo que no deja de ser llamativo, puesto que acogen en su seno a herederos del PCE, un partido que pidió con entusiasmo el voto a favor de la Constitución, además de haber contribuido de manera decisiva a la Transición política.

Pero, además, Podemos forma parte en este momento de un Gobierno mayoritariamente socialista, por lo tanto, se supone que pro constitucional. Pero ese pequeño detalle no le impide utilizar su presencia en el Consejo de Ministros para atacar aspectos clave de nuestra convivencia y de nuestra Ley de Leyes. Esta estrategia conlleva enfrentamientos internos en el Ejecutivo y bronca permanente con los partidos de la oposición, mientras intenta aislar al sector socialdemócrata con la incorporación de nuevos socios nacionalistas, antisistema, que pretenden acabar con la Constitución y romper el Estado.

Pasemos revista a los ataques anticonstitucionales de Iglesias y sus allegados, comenzando por el artículo 1.3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Este artículo 1, junto con el 2, del Título Preliminar de nuestra Constitución es la base de la democracia, que nació con ella en 1978. Su enunciado es muy breve y no deja lugar a interpretaciones. Pero es uno de los artículos que Podemos tiene en el punto de mira. Para atacarlo, cualquier pretexto es válido. Fundamentalmente, los indicios de corrupción en las actividades económicas de carácter privado del rey Juan Carlos. El partido liderado por el vicepresidente segundo del Gobierno se emplea a fondo para proyectar su republicanismo. Sigamos.

Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Junto al artículo 1.1, en él queda establecido que el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo español, integrante de una nación «indivisible». Pero Podemos les opone el concepto de plurinacionalidad junto con el derecho de autodeterminación. Naciones Unidas solo reconoce el principio de autodeterminación para los territorios sujetos a colonización y ninguno de los países europeos lo contemplan en sus constituciones. Tan solo lo propugnan los partidos secesionistas, aliados del Gobierno de Pedro Sánchez, por intercesión de Pablo Iglesias, quien se jacta de haberlos instalado en la «dirección del Estado». Una afirmación perturbadora, si pensamos que su objetivo es acabar con la unidad del Estado.

Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Todos los proyectos de inmersión en las lenguas cooficiales en contra de la enseñanza y del uso del español han sido aceptados sin mayor resistencia —claro está— por Podemos, y por el PSOE de Pedro Sánchez, como parte de las cesiones para lograr el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, y recogidos en la ley educativa de Celaá. Malos tiempos, pues, para el artículo 3.1. de la Constitución.

Artículo 56.1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.

Para la formación morada, la Monarquía es una institución reaccionaria y anacrónica y solo acepta la legitimidad de un jefe del Estado que salga de las urnas. Como si no se hubieran enterado de que el Rey no ejerce ningún tipo de poder, ni legislativo, ni ejecutivo, ni judicial. Esto quiere decir que una hipotética elección del jefe del Estado por la ciudadanía no incrementaría el nivel de democracia de nuestro modelo. Un verdadero contrasentido en boca de miembros del Gobierno. Pero ninguna voz autorizada del PSOE se ha opuesto a ese discurso. No hay ninguna objeción democrática seria a la Monarquía parlamentaria. Tan solo argumentos endebles, de brocha gorda, de esos que caben en 140 o 280 caracteres.

Ellos no aceptan que el Rey sea «Símbolo de la unidad y permanencia del Estado», sobre todo después del discurso de defensa de nuestras instituciones que Felipe VI pronunció tras la intentona secesionista del 1 de octubre de 2017 (de nuevo la connivencia con los independentistas). La ministra de Igualdad, y pareja de su jefe de filas, Pablo Iglesias, tuvo que borrar a toda prisa mensajes en los que había amenazado al Rey con la guillotina y los tiburones.

Artículo 56.3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

Los comentarios y los indicios de supuestas irregularidades que acosaban a Juan Carlos I aceleraron su abdicación y reactivaron el debate sobre este precepto constitucional. Hay juristas, quizá mayoría, que apuestan por limitar la inviolabilidad a la etapa en la que se ejerce la Jefatura del Estado, pero no extenderla más allá. En Podemos pretenden que afecte únicamente a los actos del rey sometidos a refrendo, algo totalmente superfluo por ser actos sometidos al refrendo del presidente del Gobierno. Lo dice el texto constitucional: «De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden». Con ocasión del aniversario de la Constitución, Pedro Sánchez comentó que «sin duda alguna» la inviolabilidad del Rey «se ha quedado vieja». Pero la posición oficial tuvo que marcarla a las pocas horas el secretario de Organización del PSOE. «No hay propuesta alguna de revisión».

Artículo 65.1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.

Todavía resuenan las afirmaciones de Podemos, sus círculos y confluencias, junto con los socios secesionistas, de que no debía dedicarse ni un solo euro al mantenimiento de una monarquía «corrupta», «secuestrada por la extrema derecha». Se debatían los Presupuestos Generales del Estado, pero nadie llevó esas propuestas más allá del ruido. Eran meramente testimoniales.

Artículo 122.3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Y es esa mayoría reforzada la que, como ya hemos apuntado, estorba a los designios de Sánchez e Iglesias. El poder judicial es, para la formación morada, abertzales, independentistas, etc., reaccionario. Por eso arremeten frecuentemente contra él y contra sus fallos. Por eso, con un oportunismo que le está proporcionando réditos políticos, aprovecha la situación de bloqueo en la renovación de la cúpula judicial que mantiene el PP para reafirmar a Sánchez en su propósito quirúrgico de cambiar las reglas de elección, rebajando las mayorías exigidas en Congreso y Senado. El proyecto ha despertado todo tipo de cautelas en la Unión Europea.

Artículo 135.1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. ¡Otro punto inaceptable para la izquierda radical! Todo lo que no sean políticas expansivas de gasto es «austericidio», «recortes». No aceptan como antónimos los términos equilibrio o superávit. Tampoco la sostenibilidad financiera.

Los aliados independentistas, que nunca han reconocido las sentencias por sedición para los implicados en el 1-O, reclaman ahora al Gobierno que «meta en vereda» al Tribunal Supremo, mientras Podemos se emplea a fondo para conseguir de inmediato unos indultos que, curiosamente, los implicados no han pedido.

Con motivo del 42.º aniversario de la Constitución, el catedrático Francisco Sosa Wagner publicó un artículo[33] en el que sostenía que una comunidad regida por una Constitución es necesariamente una comunidad «integrada».

Sin ella, lo sabemos desde Rudolf Smend, no hay Estado, siendo precisamente la Constitución el resultado de esa comunidad vertebrada. Pues tal Estado existe cuando hay un grupo que se siente como tal, que recrea y actualiza los elementos de que se nutre y que es capaz de participar lealmente en la vida y en las decisiones de la colectividad. La aquiescencia democrática es así el fundamento de ese artilugio que llamamos Estado, la sustancia que lo anima y que determina su existencia.

La legitimidad de una Constitución reside en la confianza social y en los proyectos que se comparten, en esa materia que nos permite constituirnos en Estado.

Pero a la Constitución española nacida en 1978 le ha fallado hace algún tiempo esa argamasa que es la lealtad, y esto se hace evidente hoy, cuando nos estamos viendo afectados, indefensos, ante la mayoría que nos gobierna encadenando decisiones que son, en realidad, amenazas a la democracia: una organización política territorial a la carta, atajos para soslayar las condenas judiciales por delitos de sedición, o el cuestionamiento permanente de la figura del Rey.

Maniobras, todas ellas, que buscan socavar esa vertebración que nos ha proporcionado la Constitución. Ese es el objetivo declarado de los socios del Gobierno. Lamentablemente, el PSOE de Sánchez, un partido histórico, implantado en la sociedad española, secunda ahora —parece mentira— ese objetivo. En definitiva, el PSOE ha mutado. Alguien nos está dando el cambiazo.

Sosa Wagner concluye así:

Pedro Sánchez ha transformado (mutado) ese PSOE en algo distinto, apoyado, ya sin máscaras ni mascarillas, en los tradicionales enemigos del socialismo democrático. Sin que —salvo excepciones— se aprecie reacción a este perverso y burdo truco de magia. La tesis que sostengo es que a la mutación del PSOE, clave en la vertebración de España, seguirá la mutación (¡ojo, no la reforma ni la derogación!) de la Constitución, de suerte que en poco tiempo no quedará de este texto ninguno de sus elementos apreciables. Para el éxito de esta operación es preciso contar con la cobardía de muchos. No faltará.

Las opiniones que se acaban de recoger y comentar parten de una hipótesis razonable, pero no infalible. La hipótesis de que Sánchez, una vez conseguidos esos apoyos, va a estar atado de pies y manos a la hora de girar hacia el espacio constitucionalista y, por lo tanto, no tendrá otro remedio que seguir pagando el peaje a podemitas y separatistas. Sin embargo, en el lado del Gobierno, parece anunciarse —aunque de momento sin claridad— que una vez aprobados los Presupuestos Sánchez girará hacia Europa y hacia las posiciones constitucionalistas.

En una persona cuyos giros políticos han sido continuos, cabe que ese giro «positivo» ocurra.

El paso dado al pactar con un conjunto aguerrido de enemigos de la Constitución y de España lo pagará a medio plazo —eso espero y deseo— el actual dueño del PSOE.

En cualquier caso, ese pacto con Podemos (en el Gobierno) y luego con separatistas y proetarras (en los Presupuestos) no dejó de tener efectos críticos en el ámbito interno del PSOE, y no solo entre la «vieja guardia». Críticas que no preocuparon en el entorno del actual dueño del partido, que se dispuso de inmediato a defender de boquilla la Constitución y a confundir al personal intentando transformar esas diferencias ideológicas y políticas en un asunto generacional («los viejos contra los jóvenes»). Uno de esos «jóvenes», de la cuadra de Adriana Lastra, escribió lo siguiente en El País[34]:

Los últimos acontecimientos en torno al apoyo presupuestario de Bildu y ERC han vuelto a desatar los viejos demonios que han inflamado la organización en los últimos tiempos, abanderando el propio Felipe González y la llamada «vieja guardia» una actitud negativista en torno a cualquier acuerdo con los partidos presuntamente más a la izquierda del PSOE, incluidos los nacionalistas; postura aquejada de una interpretación de la Constitución raquítica (por excluyente), pretendiendo desconocer lo enmarañado del tiempo que vivimos.

Para añadir a continuación la siguiente estupidez:

Viene aquí al caso un texto que le tomo prestado a Thomas Paine, del que participo, y que me parece especialmente feliz: «Cada edad, cada generación es y debe ser tan libre de actuar por sí misma en todos los casos como las edades y las generaciones que las preceden».

Desde luego, no estamos ante un asunto generacional, sino ante un peligro muy serio de destrucción de un acuerdo constitucional (el del 78) que consiguió un muy amplio consenso para la convivencia que ninguna de las constituciones anteriores había conseguido. De ahí los miedos y las críticas dentro y fuera de los socialistas, por ejemplo, el comentario de Álvaro Delgado-Gal[35]:

Tras la constitución de la mayoría parlamentaria que ha permitido la aprobación de los PGE, muchos observadores inteligentes pronostican que Sánchez tiene asegurados tres años de legislatura. A lo largo de este periodo, añaden, asistiremos a la construcción de un régimen de nueva planta. ¿Qué ha de entenderse aquí por «régimen»? Una ocupación del poder más integral de la que corresponde a un Gobierno en una democracia normal. Sánchez e Iglesias, con el apoyo de Bildu y Esquerra, se harían con la justicia y los medios de comunicación, e irían dando forma a la república confederal (o confederación de repúblicas) que Iglesias tenía prevista desde el principio. Después, Dios dirá.

Por su parte, el conocido socialista vasco Nicolás Redondo Terreros no se ha mostrado más optimista:

Nunca desde la guerra civil los españoles habíamos tenido tantas razones para tener miedo o sentir cómo el futuro se desmorona ante nuestros propios ojos. Ningún mensaje optimista, ninguna retórica confianzuda, ningún programa utópico; tampoco el acopio de medios de comunicación y de propaganda pueden por sí mismos prestarnos la tranquilidad que nos daban, tan solo hace unos pocos años, el normal desenvolvimiento de la economía, de la política, de la justicia o de la solidaridad pública, por muy deficientes que nos parecieran entonces.

Desgraciadamente, cuando el esfuerzo común del conjunto de los españoles se muestra más necesario que nunca, la suma de los independentistas, los corifeos de las acciones terroristas de ETA y, por supuesto, Podemos, en este caso desde las más altas instancias del Gobierno, se han concertado para iniciar una estrategia de acoso y derribo, no solo en contra del jefe del Estado, Felipe VI, sino también contra las bases más esenciales de la Constitución del 78. El debilitamiento del Estado es la estrategia política que les une hoy, aunque sus objetivos partidarios son muy diferentes. Unos pretenden el debilitamiento del Estado para hacer más fácil la independencia de sus territorios, otros desean llevar a cabo en España los experimentos ideológicos que sus apoyos políticos y financieros llevaron a cabo en Sudamérica, con los resultados desastrosos que conocemos tan bien. Con claridad meridiana vemos que la acción política que impugna la Transición, la Constitución del 78 y la Jefatura del Estado, convoca en un espacio político compartido y de conveniencia a independentistas vascos y catalanes con los neocomunistas de Podemos.

EL DESPRECIO POR LOS CONTROLES

Según contaba el periodista Miguel Blasco[36], Sánchez ha plantado varias veces al Senado, se ha olvidado de que existe el Consejo de Estado, no hace caso alguno al Consejo General del Poder Judicial y se inventa un grupo de expertos nombrados por él para que juzguen las acciones del Ejecutivo. De esta forma, y de una tacada, Sánchez habrá sorteado el control democrático de la prensa independiente.

Ha aprovechado la pandemia para convertir la coalición en el más opaco de los Gobiernos de la democracia. Como ya se ha expresado aquí, el Ejecutivo de coalición ha dado la espalda a la Cámara Alta. Las dos principales y más recientes leyes que allí se han votado han sufrido el rodillo más absoluto de la llamada mayoría Frankenstein.

Los PGE fueron aprobados sin incluir ni una sola de las más de 3.500 enmiendas planteadas en el Senado por la oposición, con denuncias de «mordaza» de PP, Vox y Ciudadanos. La Ley de Educación, la Ley Celaá, lo mismo. Sánchez no atendió ni una sola de las 646 enmiendas de los grupos que no se integran en la alianza gubernamental.

No ha tenido suerte el Senado. Pero tampoco el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial han tenido mejor fortuna. Moncloa ha dado la espalda a sus informes preceptivos a dos iniciativas legislativas de Sánchez de enorme trascendencia y que alteran seriamente el corpus jurídico de España: la Ley de Eutanasia y la reforma del poder judicial para limitar sus atribuciones mientras permanece en funciones. En este último caso, con una argucia parlamentaria muy criticada por los juristas: convertir una reforma integral del órgano de los jueces en una proposición de ley y no, como obliga la enjundia del objetivo, en un proyecto de ley. Una práctica a la que hay que sumar los decretazos.

Otro de los órganos fiscalizadores que se une a la prensa, al Senado y a los consejos constitucionales en el trato de La Moncloa ha sido el Consejo de Transparencia. Con un mes de retraso, el Ministerio de Sanidad obedeció su orden para entregar la lista de los expertos que asesoraron al ministro contra la pandemia. Pero a Transparencia llegó la relación de los supuestos asesores sin nombres ni apellidos.

Segundo Sanz[37] ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abusado también del decreto ley en sus dos primeros años en La Moncloa. De hecho, ha aprobado entre junio de 2018 y junio de 2020 un total de 62 decretos leyes, una cifra superior a los 54 que suman en el mismo periodo de tiempo los expresidentes socialistas Felipe González (23) y José Luis Rodríguez Zapatero (31).

El actual inquilino de La Moncloa supera también al resto de los presidentes: Adolfo Suárez aprobó 41 de estas normas entre 1979-1981, Leopoldo Calvo-Sotelo firmó 37 entre 1981 y 1982, y José María Aznar, 44 entre 1996 y 1998.

Si se mantiene esta tendencia en el tiempo, todo apunta a que Pedro Sánchez batirá dentro de poco el récord del expresidente Felipe González Márquez, que dictó 129 decretos leyes en sus cerca de catorce años de mandato.

Al tener que convalidar cada decreto ley en el Congreso durante los treinta días siguientes a su publicación, se obliga al Congreso a reordenar sus trabajos, reduciendo los tiempos con los que cuentan los grupos parlamentarios para estudiar su contenido; así como la generación de dudas y desconfianza sobre la calidad democrática de nuestro Estado de Derecho al recurrir de forma ordinaria a un mecanismo extraordinario.

Y es que esa tormenta de decretos leyes es de muy dudosa constitucionalidad, pues la legitimidad democrática de la ley se basa no solo en la mayoría que la aprueba, sino también en el procedimiento parlamentario para su elaboración, mediante el debate público y plural.

A finales de diciembre de 2020 el Consejo de Ministros aprobó tres reales decretos leyes, aunque solo envió al BOE dos. Se publicó el tercer decreto para evitar los desahucios pactado a regañadientes entre PSOE y Podemos, así como el de las medidas de apoyo a la hostelería y al turismo. En este último saltó la sorpresa, ya que el Gobierno omitió que las casas de apuestas (declarado enemigo público por el Ejecutivo de coalición) estaban exoneradas del pago de la Seguridad Social por ERTE de fuerza mayor.

EL MENTIROSO

Había entre nosotros un grupo de personas entrenadas desde

su juventud en el arte de demostrar mediante un aluvión

de palabras que lo blanco es negro y lo negro blanco,

y se les pagaba por ello.

J. S.

Yo creo que Sánchez miente, pero sobre todo incumple promesas; en cualquier caso, antes de describir esos incumplimientos o mentiras, quizá convenga escribir algo sobre «la verdad», y lo haré a continuación siguiendo a Harry G. Frankfurt:

Pienso que, en muchas ocasiones, la verdad posee una gran utilidad práctica. En mi opinión, cualquier sociedad que procure gozar de un grado mínimo de funcionalidad debe tener una idea clara de la infinitamente proteica utilidad de la verdad. Al fin y al cabo, ¿cómo una sociedad que no se preocupase por la verdad podría emitir juicios y tomar decisiones bien informadas sobre la manera más adecuada de gestionar sus asuntos públicos?

Sin embargo, tiendo a pensar que vivimos en un tiempo en el que la verdad no goza de excesiva consideración. Por otro lado, es sabido que hay sectores profesionales que mantienen una relación ambivalente, cuando no despectiva, con la verdad: muchos políticos y publicistas que andan a caballo entre la propaganda y la verborrea.

El pensamiento llamado posmoderno discute con gran convicción que la verdad se corresponda con una realidad objetiva. Por tanto, no le conceden especial respeto.

Es cierto que en muchas materias la subjetividad es inevitable. Pero es imprescindible acotarla, limitarla, extremar la crítica y el rigor, sobre todo en el caso de quienes tienen responsabilidades sociales, de modo que la interpretación de los hechos no difiera, por ejemplo, del margen de variación que los historiadores o los periodistas pueden permitirse.

El autor que acabo de citar asegura —y con razón— que «no podemos vivir sin verdad. La necesitarnos no solo para comprender cómo vivir bien, sino para saber cómo sobrevivir. Por si fuera poco, es algo de lo que difícilmente podemos no darnos cuenta. Estamos obligados a reconocer, al menos de manera implícita, que la verdad es importante para nosotros; y, en consecuencia, también estamos obligados a comprender (de nuevo, al menos implícitamente) que la verdad no es una característica o una creencia ante la cual podemos permitirnos ser indiferentes».

En fin, echaré mano finalmente de un gran filósofo. Según Spinoza, la persona que desprecia la verdad o es indiferente a ella debe ser una persona que desprecia o es indiferente a su propia vida.

Y ahora pasaré a repasar algunas mentiras o promesas incumplidas, si prefieren, de Sánchez.

— «Yo no pactaré con el populismo»: «Ni antes ni después el PSOE va a pactar con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad». El 10 de septiembre de 2014, Pedro Sánchez decía esto en una entrevista en Antena 3. Pero el 1 de junio de 2018 lo había olvidado y llegó a presidente gracias a la moción de censura apoyada por Podemos. Pablo Iglesias es ahora vicepresidente de su Gobierno.

— Transparencia para la lista de los amnistiados fiscales. Sánchez lo había llamado «el listado de la vergüenza de Rajoy». En plena campaña de las autonómicas y municipales, el líder del PSOE anunciaba que publicaría la lista de cuantos se acogieron a esta medida de gracia. Podemos, por su parte, la criticó con vehemencia y llevaba en su programa esta medida. Pero llegaron a La Moncloa y acordaron que era mejor olvidarse de los 30.000 amnistiados.

— «Un socialista no puede tener una offshore. Lo expulsaría». En 2016, acababa de estallar el escándalo de los papeles de Panamá que afectaba a José Manuel Soria y Pedro Sánchez no desaprovechó la oportunidad de exigir que dimitiera del cargo de ministro de Industria y que Rajoy asumiera responsabilidades. Ya en 2015 había anunciado enfáticamente que en su Ejecutiva no admitiría a nadie que tuviera sociedades opacas. Así que en 2018 no le quedó otra que prescindir de su ministro de Cultura, Màxim Huerta. Pero cuando los problemas empiezan a multiplicarse y ya no es solo un ministro, sino dos, tres, cuatro… y la teniente de alcalde de Vigo y exministra de Zapatero Elena Espinosa, y la presidenta de Radiotelevisión… el rigor se relaja. Los socialistas tienen cuentas opacas, no para lucrarse, sino para gestionar mejor sus finanzas.

— Líneas rojas para Arnaldo Otegui. Y para demostrarlo, tiramos de hemeroteca. En abril de 2016, Sánchez explica: «Nosotros, compañeros y compañeras, el Partido Socialista Obrero Español, es el partido de la libertad […]. Aquellos que hoy ensalzan a Otegui y le llaman hombre de paz, convendría que recordaran las palabras y la memoria de Ernest Lluch». Pero el apoyo de EH Bildu a sus Presupuestos le ha hecho olvidar esas palabras. Este año, en el tuit conmemorativo, no era ETA, sino «el terrorismo», quien mató a su compañero de filas. Y no ha tenido ninguna reserva con que los socialistas navarros, y él mismo, negocien con Bildu.

— «A Iglesias, ni la caseta del perro», siguiendo la frase del líder de Podemos que, en plena campaña, aseguró: «Hemos pedido el cuarto de invitados y nos han dado la caseta del perro». Junio de 2016. Sánchez zurra a Iglesias, que acaba de frustrar un Gobierno «de progreso», mientras asegura sentirse aliviado por no tener a Iglesias controlando el CNI o RTVE. Cuatro años después, lo tiene sentado en el Consejo de Ministros. Y en el CNI.

— No al chantaje de Pablo Iglesias. Seguimos en la campaña del 26-J de 2016 y Sánchez enfatiza que él no va a vender su alma a Podemos con tal de ser presidente del Gobierno, que el precio que hay que pagar es muy alto. Dicho de otro modo, con igual énfasis: «Señor Iglesias, si me obliga a elegir entre una Presidencia de España que no sirva a España o mis convicciones, elijo mis convicciones».

— El día 1 de octubre de 2017, Sánchez tuvo claro que se había consumado una rebelión en Cataluña. No se cansaba de pedir la extradición de los líderes fugados por ese delito. Apoyó la aplicación del 155. Pero en cuanto llegó al Gobierno cambió de criterio.

— La motivación de la censura a Rajoy. De este episodio solo hay un responsable, según Sánchez: Mariano Rajoy. Ya hemos comentado aquí la sentencia de la Gürtel, con la aportación del juez Prada, que se convirtió en su «argumento definitivo» para desalojar a Rajoy. El presidente explicó que el fallo produjo una «lógica indignación social», y que «afecta a la reputación de España». «Se abre un necesario debate sobre la calidad de nuestra democracia y sobre dónde ponemos el listón para la ejemplaridad de nuestros representantes». Cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rechaza que se pueda condenar al PP como conocedor de la existencia de una caja B, que el fallo se pronuncia sobre algo que no era objeto de enjuiciamiento, ese «argumento definitivo» para la moción de censura queda bastante deslucido. Y la imparcialidad de José Ricardo de Prada bastante cuestionada.

— Moción de censura y convocatoria urgente de elecciones. El PNV había traicionado a Rajoy después de dar su apoyo a los Presupuestos, y Pedro Sánchez sigue haciendo cuentas: sus 85 votos más los 71 de Unidas Podemos no suman. ERC es proclive a apoyar la moción. ¿Pero si PNV y PDeCAT se abstienen? La única manera de convencer a Ciudadanos es hacer hincapié en que si logra la investidura, va a convocar elecciones inmediatas. Que él no es un político que quiera aferrarse al poder, ¡por favor!… Una promesa electoral más, de esas que no implican cumplimiento. La ratificó durante la moción de censura. Pero en cuanto llegó a La Moncloa, entendió que el peso de la púrpura era muy llevadero y comenzó a dar largas a las exigencias de la oposición. Ocho meses de «echar balones fuera», hasta que tuvo que convocar las elecciones.

— La decencia y la dignidad como leit motiv del discurso. Ensalza la dimisión de los ministros alemanes (el de Defensa, muy valorado, o la de Educación, amiga personal de Merkel, que habían plagiado en sus respectivas tesis), y la opone a la «indignidad» que supone para España la permanencia de Rajoy en La Moncloa. Cuando ABC destapó el asunto de la tesis plagiada de Sánchez, el presidente no dudó en amenazar con demandas a los medios que se hicieran eco de esa noticia.

— «Con Iglesias no podría conciliar el sueño». Esta frase, en mármol, pesará siempre sobre Pedro Sánchez. Era el 26 de septiembre de 2019, con las elecciones del 10-N recién convocadas, cuando el presidente en funciones reconoció a Antonio García Ferreras que se acababa de quitar un peso enorme de encima, ya que tener a ministros de Podemos en el Gobierno iba a quitarle el sueño, a él y al 95 % de los españoles. Las fotos del abrazo con Pablo Iglesias son del día 12 de noviembre, ¡dos días después de las elecciones!

— Días antes de las elecciones, Sánchez se vino arriba en Radio Nacional y anunció que él iba a traer de vuelta a España al prófugo Puigdemont, el expresidente catalán. Obviamente la pandemia ha dificultado los desplazamientos.

El líder de la oposición, Pablo Casado, hizo un repaso de las incongruencias de Sánchez que reproduzco a continuación:

«No podemos permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas».

«No es no, nunca es nunca, falso es falso» [en referencia al pacto del PSOE con los independentistas].

«El orden de los factores claro que altera el producto: primero ley y luego diálogo, no puede haber diálogo sin respeto a la ley».

«No hay mucha diferencia entre lo que dice la ultraderecha en España y los independentistas en Cataluña».

«No tenemos nada que ver con el Le Pen español» [esto no se lo dijo a Abascal, sino a Torra].

«Ni antes, ni después, ni durante va a pactar el PSOE con el populismo».

«Con Iglesias a ningún lado».

«Sería incapaz de pactar con el populismo que nos lleva a la Venezuela de cartilla de racionamiento».

«Le exijo a Pablo Iglesias que explique su pacto con Bildu en Navarra».

«No llame presos políticos a los asesinos de Isaías Carrasco» [le dijo Sánchez a su futuro vicepresidente, Pablo Iglesias].

El único colofón que se me ocurre para esta sucesión de afirmaciones «creativas» es este:

«Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta». [Lo dijo Rubalcaba en 2004].

En cuanto a los ejemplos de falta total de transparencia del Gobierno, mejor no los enumero, para no abrumar al lector.

Sánchez, experto en comunicación, se ha dado cuenta de que transparencia es una palabra cargada de prestigio. Pero aunque su Gobierno sea el menos transparente según el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), él no está dispuesto a renunciar a la bonita etiqueta y lo que está haciendo es erosionar la independencia del CTBG. También habla de «rendición de cuentas», pues ha pensado que la frase está de moda. Pero cuando presenta como tal «rendición de cuentas» un documento llamado Cumpliendo (que ha encargado a personas designadas por él mismo) lo reduce todo a una cuestión de marketing.

Y es que reducir la política al spot publicitario se ha convertido en el rasgo más característico de este Gobierno.

De cualquier modo, según Ignacio Camacho[38], la carga de responsabilidad de sus mentiras recae de modo exclusivo sobre quienes se las crean, sobre esos ciudadanos de mentalidad añeja aferrados a la idea de que el liderazgo requiere credibilidad, confianza, certezas. Gente que no se da cuenta de que el presidente ha introducido una innovación capital en la política posmoderna: la de abolir cualquier vínculo entre la realidad y el lenguaje, y entre la práctica y la ética, por el sencillo procedimiento de despojar a los significantes de toda trascendencia. Privado de valor semántico y de correspondencia con percepciones concretas, el discurso se vuelve mera verborrea, pasatiempo, logomaquia hueca. Y así el gobernante que falsifica un doctorado, contradice sus promesas, enchufa a sus amigos, pacta con los herederos de ETA u oculta a la nación las víctimas de una pandemia, puede permitirse, por ejemplo, anunciar con gran prosopopeya una ley para que la Corona se someta a estrictas reglas de… ejemplaridad y transparencia. O declarar sin problema de conciencia su lealtad a la Constitución que está alterando por la puerta trasera.

Camacho concluye así:

Hay sin embargo una parte de la sociedad, apegada a conceptos antiguos, que todavía no ha comprendido la nueva pauta de estilo que rige bajo la égida del populismo. Y o bien se escandaliza de la incongruencia del sanchismo o le concede a la prédica presidencial la trasnochada entidad de un compromiso, quizá por la necesidad humana de atenerse a algún tipo de mecanismo mental objetivo. Ninguna de las actitudes es ya válida, ni cualquier otra que prime la esencia sobre la circunstancia. Para captar la realidad actual de España no basta siquiera la técnica valleinclaniana de la deformación sistemática. Simplemente, hay que entender que la verdad como categoría intelectual ha quedado derogada y en su lugar se ha implantado el estado de propaganda.

LA CRISIS MIGRATORIA CON MARRUECOS

A finales de noviembre de 2020 se produjo una auténtica invasión de Canarias por barcazas procedentes en su mayoría de Marruecos. Un número tan crecido de migrantes provocó en las islas un auténtico trauma. Las autoridades canarias denunciaron la gravedad de la situación. No querían que la playa de Arguineguín se convirtiera en Lampedusa, o Lesbos. El Gobierno, durante semanas, disculpó su inacción en la legislación europea: que la UE impedía el traslado de los inmigrantes de las islas a la Península. Hasta que Bruselas aclaró que era un pretexto falso. En paralelo, todos tuvimos acceso a un vídeo revelador: un vuelo cargado de inmigrantes llegaba a Granada, prueba palpable de que, si esa ley comunitaria existía, el Ejecutivo la estaba violando. Esos inmigrantes trasladados a la Península, eran abandonados a sus medios, en plena pandemia, mientras todos los sectores de la Administración implicados se desentendían olímpicamente.

El vuelo (de Vueling) provenía de Tenerife e iba repleto de inmigrantes. Aterrizó en Granada, sin que el alcalde de la ciudad ni el Gobierno de la Junta de Andalucía hubieran sido advertidos. Para pasmo de la opinión pública, los inmigrantes se dispersaron por la ciudad, como si fueran turistas. Las autoridades desconocían si iban a quedarse en la ciudad y, de hacerlo, en qué condiciones. Si su proyecto era continuar viaje hacia destinos dentro de España o pensaban ir hacia Europa.

El Ministerio del Interior, que había optado por la opacidad, la extremó en esta crisis hasta el punto de poner dificultades a periodistas y fotógrafos. Consecuentemente negó su intervención en los traslados: ellos solo movían hacia la Península a personas vulnerables, o con estatuto de refugiado (solo un 10 % de los 17.000 llegados) y a los menores no acompañados, a quienes se debía alojar adecuadamente. Ninguno de los que llegaron a Granada cumplía esos requisitos. Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con su titular a la cabeza, también se quitó de en medio.

Y la verdad es que resulta muy difícil de entender que unos inmigrantes que habían llegado a Gran Canaria en patera, inmigrantes vulnerables, o menores, o con estatuto de refugiados, pudieran comprar su billete de avión hasta Granada, cerrada como el resto de Andalucía, a causa de las medidas sanitarias. La Secretaría de Estado de Migraciones tampoco intentó aportar luz: ellos no ofrecen nunca datos sobre los registros de ningún caso de entradas o salidas de inmigrantes… «para velar por la intimidad de esas personas».

Según las explicaciones de la subdelegación del Gobierno en Granada, los inmigrantes habían viajado por su cuenta. «Tienen libertad para circular», se dijo. El Gobierno volvía a mentir, pues para poder volar a la Península necesitaban un documento expedido por la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional en Canarias. Pero ese pequeño detalle no desanimó a la subdelegada del Gobierno en Granada, que trató de convencer al alcalde de «la libertad para circular de los migrantes pese al cierre perimetral de Granada y al toque de queda». También le garantizó que todos portaban su test PCR negativo. El escandalizado alcalde aún pudo argumentar: «Si la llegada de inmigrantes se ha hecho con dinero de ellos mismos, sería un viaje con irregularidades —no se puede entrar ni salir de Granada—, y, si se trata de refugiados, el Gobierno debe ofrecerles empleo y un lugar donde dormir».

Mencionaba antes que el Gobierno ya mintió cuando esgrimía las leyes europeas para mantener a miles de inmigrantes hacinados en Canarias. Optaron después por trasladarlos a los lujosos hoteles turísticos de las islas. Bruselas —que ya se había visto obligada a precisar que no había líneas rojas para la bajada del IVA de las mascarillas— tuvo que recordar al ministro Grande-Marlaska algo que él debía conocer bien: «no hay ninguna legislación específica de la UE que regule las transferencias de solicitantes de asilo u otros migrantes dentro de un Estado miembro». Fue justo entonces cuando comenzaron los vuelos entre Canarias y la Península, esos vuelos que el Gobierno nunca pudo explicar.

El asunto no se paró en Granada, sino que se repitió la jugada en otras ciudades mediterráneas (Málaga, Valencia y otras). El asunto migratorio sigue en el centro de los problemas que la Unión Europea se muestra incapaz de abordar y menos de resolver, cargando esas llegadas sobre los países del sur (Grecia, Italia y España). A eso se une un «buenismo» (el de aquellos que predican y ayudan a que entren cuantos quieran hacerlo) que lo único que consigue es agravar el problema, porque no se trata de apoyar o impedir la inmigración, sino plantearse la integración social de los inmigrantes. Y este sí que es un problema difícil de resolver, lo cual lleva a que los inmigrantes «ilegales» (casi todos) se conviertan en auténticos parias cercanos a la esclavitud. Como los desdichados que murieron o se quedaron sin su «refugio», una nave industrial ocupada por ellos en el centro de Badalona, que ardió completamente por aquellos días de la crisis de Arguineguín.

Tarde, mal y nunca, el Gobierno quiso buscar, como otras veces, un acuerdo con el Gobierno marroquí, a fin de que pusiera coto a las salidas desde su territorio, pero la cumbre entre los dos Ejecutivos se retrasó sine die, coincidiendo, además, con el apoyo de Trump (en sus últimos días de presidente de USA) a la soberanía de Marruecos sobre el Sahara, que contradecía todas las resoluciones de la ONU sobre el Sahara español.

La prestigiosa periodista Maite Rico escribió en aquellos días lo siguiente[39]:

Vista la gestión de la crisis migratoria de Canarias y las tensiones con Marruecos, estamos en condiciones de afirmar que la imprevisión, la falta de reflejos, la descoordinación, las mentiras y el tomarnos por idiotas es el modus operandi de La Moncloa.

Y empieza el mambo ministerial: Migraciones (Escrivá), Interior (Marlaska), Exteriores (González Laya) y Defensa (Robles). El vicepresidente Pablo Iglesias no, lo suyo es expandir toxinas. Prefiere irritar a Marruecos pidiendo un referéndum de autodeterminación en el Sahara justo cuando Marlaska viaja a Rabat a ver si controlan más las salidas.

Entonces, Bruselas asoma la nariz. Marlaska: «No vamos a trasladar a inmigrantes a la Península porque eso crea vías ilegales de entrada a la UE». ¿Y ese vídeo de animosos magrebíes aterrizando en Granada desde Gran Canaria? Marlaska: «Yo no he sido». Escrivá: «Yo tampoco». Portavoz Montero: «No nos consta».

EL ELECTORADO

No es la conciencia del hombre lo que determina su sino,

por el contrario, es el ser social quien determina su conciencia.

KARL MARX, Prólogo a La contribución a la crítica
de la economía política (1859).

A propósito del comportamiento electoral de la ciudadanía escribió Félix Ovejero[40] un párrafo demoledor:

El cuento es muy bonito. Los ciudadanos configuran sus demandas políticas a partir de convicciones firmes y meditadas. Los partidos intentan responder con sus propuestas y, si no las atienden, los ciudadanos cambian su voto y los penalizan. Desgraciadamente, el cuento es enteramente falso. A los votantes les trae sin cuidado la verdad, sostienen opiniones inconsistentes y mudadizas y, sobre todo, no votan según sus opiniones, sino que forman sus opiniones según votan.

Aunque parezca mentira, es lo mismo que piensan todos los directores de marketing que vienen rodeando a los líderes políticos desde hace ya tiempo. Para decirlo en pocas palabras, estas gentes tan influyentes creen que los ciudadanos somos idiotas. Y la pregunta que debemos hacernos es bien simple: ¿Tienen razón o no la tienen?

El escritor Javier Marías lo ha descrito así[41]:

El repudio, el escándalo, de repente «hizo gracia» y fue aplaudido. Se premió no la astucia, que siempre ha sido necesaria en política, sino el atropello, la tergiversación, la perversión de la ley, el abuso, la manipulación, las pésimas prácticas. […] En este siglo se ha comprobado que el juego sucio destapado reportaba réditos y beneficios; que con él se conseguía mucho, el poder principalmente. Las izquierdas antaño democráticas han aprendido la lección, y ahora el mundo, a mi parecer, no se divide entre políticos de uno y otro signo, sino entre los que conservan escrúpulos y los que carecen de ellos.

Mi opinión es más pragmática y pienso que la credibilidad de los políticos anda por los suelos (las encuestas de opinión lo muestran claramente) y ello lleva a pensar que «todos los políticos son igual de malos y mentirosos», lo cual es una generalización inadmisible. Una generalización que, a mi juicio, tiene mucho que ver con la selección de las élites partidistas, que hace ya tiempo han abandonado cualquier criterio de «mérito y capacidad» (por utilizar palabras que aparecen en nuestra Constitución) para dar paso al mero clientelismo (el líder elige a los de su cuadra sin tener para nada en cuenta sus capacidades y valías). Más adelante volveré sobre este gravísimo problema.

LAS INVASIONES BÁRBARAS

Los países pobres están hambrientos y los ricos, orgullosos;

y el orgullo y el hambre siempre discreparán.

J. S.

Parece evidente que la izquierda española en general (y muy en particular el PSOE de Zapatero y de Pedro Sánchez) se ha visto invadida por movimientos particularistas, identitarios y supremacistas. Así, cuando esa nueva izquierda habla de inclusión, lo que está demandando es la exclusión del otro; o cuando se reclama el pluralismo, lo que busca es eliminar lo que es común a los españoles. Cuando dice, por ejemplo, a propósito de otorgar indultos a los separatistas catalanes, que hay que «aliviar tensiones» miente, pues las leyes empujadas desde el Gobierno (la de educación o la de eutanasia) no buscaban otra cosa que el enfrentamiento.

Paradójicamente, la fragmentación de esa mayoría que apoya al Gobierno de coalición está facilitando soluciones autoritarias. A propósito de esto, Daniel Gascón ha escrito lo siguiente[42]:

Había un discurso regeneracionista, pero continúa la colonización sectaria de las instituciones: ahora con más partidos. La fragmentación y fragilidad de las mayorías justifica soluciones autoritarias. Se hablaba de transparencia: la gestión de la pandemia ha mostrado que solo era palabrería de marketing. […] Conjura un país o lo que surja, heterogéneo y compuesto por regiones homogéneas según el criterio que establezcan oligarquías nacionalistas. El partido que dice defender esencias españolas se alimenta de clichés recalentados de la ultraderecha estadounidense y la izquierda posmoderna reivindica a caudillos medievales. Progresismo es subir el sueldo a quienes están más resguardados de la crisis. […] Administradora provisional única de RTVE significa administradora permanente. Muchos de los que defienden el federalismo son en realidad confederalistas. Decimos que se reabre el debate entre política y tecnocracia, pero tecnocracia solo es una palabra para cubrir decisiones electoralistas. Se atribuyen a la «ciencia» medidas motivadas por el beneficio político y la apelación a la responsabilidad individual es una manera que tienen las autoridades para no asumir los costes de tomar decisiones impopulares.

Estas invasiones no solo han ocultado a la opinión pública los más graves problemas que soporta la sociedad española (antes y durante la pandemia), como son la mala distribución de la renta, el paro insoportable o los pésimos niveles que registran los índices educativos internacionales. O cosas tan elementales como que mientras que el peso de los salarios en el PIB no alcanza el 45 %, a la hora de pagar el IRPF son las rentas salariales las que aportan el 90 % de la recaudación.

Un concepto como el «heteropatriarcado» ocupa en los discursos del Gobierno mucho más espacio mediático que el mal reparto de la riqueza y de las rentas, cuando en realidad ese invento del «heteropatriarcado» (usado sin medida ni clemencia por el feminismo moderno), con el cual se pretende explicar la compleja relación entre hombres y mujeres, no explica nada.

Que el uso de los automóviles eléctricos sea casi obligatorio (son hoy muy caros y con una cobertura en kilómetros ridícula) «para no contaminar» olvida que funcionan mediante baterías que una vez agotadas habrá que tirar en algún sitio (¿y eso no contamina?).

En fin, la invasión del nacionalismo que odia a España y a los españoles ha entrado no solo en la izquierda, sino que amenaza con acabar con el Estado y con la democracia en España. Quizá por esto que acabo de señalar, el profesor Sosa Wagner escribió[43] algo que creo pertinente reproducir aquí:

Me dirijo al Partido Socialista Obrero Español. Y lo hago porque quienes figuran como sus actuales socios de Gobierno, el podemita zarandeado por las urnas (recuérdese: Galicia y País Vasco), el separatista catalán condenado por el Tribunal Supremo y los amigos de los terroristas vascos, no serían más que una nota a pie de página en la historia contemporánea de España si el PSOE no los hubiera metido en el texto principal del relato. Y con letras mayúsculas y aun capitulares.

Porque se convendrá conmigo que ver al PSOE, de historia antigua, controvertida pero siempre vigorosa, gobernar al dictado de un partido cuyos dirigentes están en la cárcel por haber perpetrado un golpe de Estado o de unos sujetos que son descendientes directos de quienes han sembrado el terror en el País Vasco y en el resto de España durante décadas, decidiendo quién debía continuar viviendo en libertad o merecía ser introducido en un zulo o quién debía seguir simplemente viviendo, es algo que debería estremecer a cualquiera que sienta respeto por las siglas socialistas, no digamos a quienes les dispensan su adhesión o incluso su cariño.

LA INVASIÓN DEL POPULISMO

A mi juicio, el populismo tiene un discurso político según el cual los problemas sociales —siempre complejos— se resuelven de un plumazo. Con todo, los populismos pueden ser de izquierdas o de derechas y, a mi entender, se parecen mucho. Para mostrarlo tomaré un ejemplo que cita Félix Ovejero[44] como parte del programa de un partido político:

Luchamos por la independencia nacional, la soberanía del pueblo y la limpieza política. Para castigar a todos aquellos que invierten en el hundimiento de nuestra Patria y se benefician de ello. Para mandar a los políticos y funcionarios ladrones a la cárcel y, al mismo tiempo, para confiscar las propiedades de todos los que abusaron de los fondos públicos.

El pueblo debe decidir sobre los asuntos nacionales y sociales más importantes.

Catarsis política: abolición de la inmunidad parlamentaria. La vida política pública será limpiada de corruptos. Los sospechosos serán juzgados en un tribunal especial; los culpables serán encarcelados y sus propiedades, confiscadas.

Soberanía del pueblo: se llevarán a cabo referendos para cada tema nacional importante […]. El pueblo nunca ha tenido voz ni voto en las decisiones políticas importantes, pues el Régimen tiene pavor a los referendos.

Esto podría firmarlo Podemos, pero es el programa de Amanecer Dorado, la extrema derecha de Grecia, e invita a dudar de la existencia de una contraposición esencial entre el populismo de izquierda y el de derecha. Algo que no debe sorprender a nadie, pues se ha repetido hasta la saciedad que el populismo no es un programa, sino un formato, una estrategia, un estilo, un marketing. El hipermoralismo que rezuma el pasaje antes citado, y que nada dice sobre las ideas contenidas en el proyecto, es una muestra de ello. Y no es la única.

Ahí tenemos la apelación a las emociones; la exclusión del rival político de la condición de ciudadano; el voluntarismo (según ellos, si las cosas no se cambian es porque no se quiere); la apelación al pueblo como una unidad compacta, sin fisuras; la identificación de un enemigo genérico o de perfiles imprecisos (la casta, la élite); la conexión directa, sin mediación institucional, entre el sentir del pueblo y el líder, quien patrimonializa la interpretación de la voluntad popular. De ahí su pertinaz demanda de plebiscitos.

Viendo las prioridades políticas (Ley de Eutanasia, Ley de Educación, ataque al poder judicial…) del Gobierno de Sánchez-Iglesias se diría que el proyecto de la sociedad del bienestar está en crisis, y no se entiende el auge del populismo sin esa crisis, que responde a la incapacidad de actuar de la izquierda para responder a los retos colectivos más importantes. Ese modelo y, en general, nuestros sistemas democráticos estaban pensados para funcionar con un tipo de ciudadanos sensatos, pero en determinadas circunstancias críticas esa sensatez desaparece y se convierten en el mejor apoyo para el populismo.

Según Ovejero,

El camino al infierno está empedrado con buenos sentimientos, mientras que el aceite del odio contribuye a engrasar muchas instituciones: la desconfianza, bien encauzada, puede asegurar, por ejemplo, la limpieza institucional. En realidad, una serie de circunstancias coinciden para hacer que podamos esperar lo peor, para que las patologías de la ignorancia se multipliquen. Cuatro de dichas circunstancias merecen ser destacadas de forma independiente, aunque operen entreveradas.

Esas cuatro circunstancias las cita Ovejero, y son: 1) La globalización. 2) Las nuevas tecnologías de la información. 3) Decisiones complejas y conocimiento competente. 4) El Estado-nación.

Incido aquí sobre la número 3) Decisiones complejas y conocimiento competente: En ocasiones, la secuencia causal no es inmediata ni transparente; mi acto de fumar hoy se relaciona de forma imprecisa con la enfermedad de mañana; el crédito que ahora solicito lo tendré que pagar en unas circunstancias inciertas que se parecen muy poco a las actuales y que no puedo anticipar; si soy joven no puedo concebir el escenario de mi jubilación.

Y sobre la 4) El Estado-nación: Una frontera es un límite de la democracia y de la justicia. En este sentido, nuestras instituciones, por muy perfectas que sean, no tienen información sobre las necesidades o los deseos de los extranjeros.

A esta «crisis de extranjería» habría que añadir en España la «extranjería interior» que pretende imponer el nacionalismo periférico, en especial el reñidero catalán, al cual se ha hecho ya referencia, pero quizá convenga expresar cómo y cuándo comenzó el actual desmadre.

Las dificultades económicas de todo tipo con las que se encontró Artur Mas tras sustituir en 2010 al tripartito en el Gobierno de la Generalitat le debieron de llevar (de la mano de la familia Pujol) a pensar en mover pieza estratégica mediante tres pasos: 1) Demostración de fuerza en la cual «el pueblo catalán» se expresaría a favor de la independencia. 2) Contando con ese apoyo, el president se presentaría en «Madrit» para plantearle a Rajoy las «justas reivindicaciones del pueblo catalán», consistentes en un «pacto fiscal» que otorgase a la Generalitat un modelo como el concierto vasco, y en caso de no conseguirlo, 3) Disolución del Parlamento para ir a elecciones bajo la matraca del «derecho a decidir», es decir, montar todas las piezas para conseguir un objetivo: el referéndum de autodeterminación. Y así el nacionalismo catalán entró en el más puro populismo y también entró en barrena.

El punto 1 se concretó en una gran manifestación con ocasión del 11 de septiembre de 2012. CiU y ERC pusieron toda la carne (y el dinero público) en el asador para que aquello fuera masivo y lo consiguieron. El eslogan de la manifestación era claramente separatista: «Catalunya, nou estat d’Europa». La jugada se repetiría en forma de cadena humana el 11 de septiembre de 2013.

Recuperaré a este propósito un panfleto que los nacionalistas catalanes metieron en vísperas de aquel 11 de septiembre de 2013 en las redes sociales, en el cual se decía que «por muy españolista que se sea, nadie negará el expolio a que está sometida Cataluña». Estaba escrito, claro está, en castellano y contenía un rosario de perlas que demostraban sin lugar a dudas que «España nos roba». He aquí una muestra:

— ¿Quién puede defender el expolio que padecen todos los catalanes, independientemente de si se sienten españoles o catalanes?

— ¿Quién puede defender que los estudiantes catalanes reciban solo el 5 % de todas las becas del Estado y los estudiantes de Madrid reciban el 58 %?

— ¿Quién no querría ver aumentada la renta per cápita anual de los catalanes en unos 2.400 euros al año si tuviésemos seguridad social propia?

— ¿Quién quiere, pese a ser catalán y sentirse español, que cada año nos roben 20.000 millones de euros?

— Como residente en Catalunya, ¿quién puede tolerar que por cada 12,7 millones de euros que se invierten en medioambiente en el aeropuerto de El Prat, se inviertan 300 millones en el de Barajas?

— España es un mal negocio, sobre todo, a nivel económico, y lo es porque trata a Catalunya como una colonia.

Se puede comprobar fácilmente que todos y cada uno de los datos contenidos en este panfleto son absolutamente falsos, pero poco importaba. El mensaje goebbelsiano estaba claro. Se trataba solo de repetirlo muchas veces. Y repetirlo sin que en «Madrit» los dos grandes partidos dijeran una sola palabra.

Dejemos esta basura y elevemos el vuelo para movernos en las alturas donde vuelan las águilas de la intelectualidad catalana que antes era izquierdista y ahora se ha pasado al separatismo. A guisa de muestra citaré aquí un artículo, publicado en La Vanguardia (15/9/2012) y titulado «Catalunya, ¿revolución tranquila?», que comienza nimbado por un lirismo ingenuo y algo trasnochado. El artículo glosaba así la Diada:

La fiesta multicolor y familiar, con tres generaciones de una familia abrazándose y riendo, las jovencitas pintadas de independencia, los cánticos, los acentos y fanfarrias de pueblos y comarcas, los castellers infantiles, los jocosos gracejos, el mar de estelades ondeando al viento, y esa firmeza alegre en que la rauxa dejaba paso a la calma que da el saber que ya se había llegado. De que Catalunya sería independiente… «La independencia es la solución», proclamaban sus pancartas al ardiente cielo de verano.

Y tras este desahogo lírico que Pemán hubiera alabado, el autor entraba en materia y se postraba ante el buen hacer del líder carismático:

Artur Mas, que está ejerciendo de líder tranquilo y firme de la transición nacional, convocará elecciones que consagrarán la desaparición de un PSC que ya no tiene C y dejará al PP atrincherado en un reducto españolista con horizonte de extinción generacional. Un Parlament mayoritariamente soberanista convocará un referéndum con garantías, aun al margen de la ley española.

Pues bien, el firmante del artículo era Manuel Castells[45] (nacido en Albacete), un prestigioso sociólogo, perteneciente a una sedicente izquierda, algo zombi, eso sí, que hoy ilustra todos los defectos que el francés Julien Benda describió en La traición de los clérigos.

Artur Mas, tras la Diada de 2012, se trasladó a Madrid (paso 2) para reivindicar ante el presidente del Gobierno el pacto fiscal y Rajoy le debió de informar de que no estaban «las magdalenas para tafetanes» o, dicho en román paladino, que ni había dinero para florituras ni estaba dispuesto a abrir el melón de una fórmula de financiación catalana (el concierto y el cupo) idéntica a la vasca e imposible de generalizar, argumentando, además, que esa fórmula se les había ofrecido a los nacionalistas catalanes al inicio de los debates constitucionales y aquellos no la habían querido porque, según ellos pensaban entonces, «una Generalitat que comience su andadura cobrando impuestos a los ciudadanos corre el riesgo de no consolidarse».

Mas volvió aquel mismo día a Barcelona «profundamente frustrado» y fue recibido en la plaza de San Jaime por un grupo «improvisado» de notables entre los que estaban unos cuantos personajes que habían sido de izquierdas (y ocupado sustanciosos cargos cuando en «Madrit» gobernaba González) y que tras el tripartito habían descubierto que el futuro (y el dinero) estaba en manos de los separatistas. Artur Mas recibió in situ las adhesiones y poco después (paso 3) disolvió el Parlamento catalán y convocó elecciones para el 25 de noviembre de 2012.

El resultado de las elecciones fue sorprendente: CiU perdió 12 diputados respecto a las elecciones de 2010 y obtuvo 50; ERC subió hasta 21 diputados, ganando 11; el PP, con 19 diputados, quedó casi igual (18 en 2010); Ciudadanos pegó un notable salto hasta obtener 9 diputados (3 en 2010); los excomunistas de Iniciativa obtuvieron 13 diputados (10 en 2010), y apareció una nueva formación de extrema izquierda y separatista, CUP, que consiguió 3 diputados. Por su parte, el PSC siguió en su deriva suicida: pasó de 28 diputados en 2010 a 20 en noviembre de 2012. En resumen: que Artur Mas se había columpiado de forma escandalosa.

«Imposible la hais dejado / para vos y para mí». Esta vez no es Don Luis Mejía quien le reprocha a Don Juan Tenorio el que este se haya «beneficiado» a Doña Ana; son palabras que bien hubiera podido dirigir cualquier militante de CiU a Artur Mas, su líder carismático.

Mas había convocado las elecciones calculando que si gestionaba bien el clamor soberanista de la Diada se le abriría el camino hacia la mayoría absoluta. Pero todo lo que le podía salir mal le salió mal. Lo mismo que le había ocurrido al «difunto» Ibarretxe.

En páginas anteriores se ha contado lo que trajo consigo el procés, pero lo que se ha ocultado en Cataluña y apenas se ha conocido en el resto de España es lo ocurrido el 26 de noviembre de 2020. Ese día, el Parlamento europeo votó una enmienda presentada por la diputada Diana Riba (ERC), esposa de Raúl Romeva, en la cual proponía el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las entidades sub-estatales que reivindiquen su identidad nacional diferenciada, como puede ser el caso de Cataluña, pero también de Flandes, el País Vasco o el Tirol.

La enmienda de Diana Riba fue rechazada por 487 votos en contra, 170 a favor y 37 abstenciones. Los representantes democráticamente elegidos de los casi 450 millones de habitantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) decidieron libremente, por una aplastante mayoría, que el derecho de autodeterminación —y, por tanto, la independencia— es improcedente dentro del ámbito comunitario.

Su consecuencia es obvia: la independencia de Cataluña no es compatible con la pertenencia a la UE. Desde este 26-N, los secesionistas catalanes se han quedado sin argumentos, salvo que defiendan claramente su salida del espacio europeo. Por lo tanto, ser independentista hoy significa que se quiere abogar por la exclusión de Cataluña de la UE.

Carles Puigdemont, ha afirmado después de la votación del Parlamento europeo: «No negociaremos con la UE la independencia de Cataluña, porque la UE es un sindicato de Estados y, allá, quien determina es el Estado español». Y ha añadido: «Es verdad que hay vida más allá de la UE».

A propósito de esto, el analista Jaume Rexach[46] llegaba a la siguiente conclusión:

Más temprano que tarde, el conflicto iniciado en 2012 por la imputación judicial por corrupción de Oriol Pujol, el heredero de la dinastía, se tiene que acabar. La resolución del Parlamento europeo ofrece una pista de aterrizaje. Solo hace falta que los dirigentes del 1-O defiendan que Cataluña tiene que seguir formando parte de la UE y que, por el bien de todos, renuncian a la independencia unilateral. Sus familias se lo agradecerán, puesto que podrán volver a casa. El resto de catalanes, que hemos sufrido ocho años muy desgraciados, también.

Es posible e incluso probable que ese sea el final de la matraca, pero la demagogia como mejor se cura es con una derrota contundente que deje sin resuello a estos incompetentes y descerebrados que hoy dirigen el separatismo catalán.

LA INVASIÓN PODEMITA

La decisión de pactar un Gobierno de coalición con Podemos implicaba meterse en la cama con el populismo y, desde luego, fue una decisión no solo arriesgada, sino también peligrosa para España y para el PSOE. Pura demagogia, como ha escrito Tzvetan Todorov[47]:

La demagogia, como su propio nombre sugiere, es tan antigua como la democracia, pero en la época moderna ha recibido un formidable impulso gracias a las comunicaciones de masas, en concreto a la televisión. También los periódicos impresos se dirigen a todo el mundo, pero al menos podemos detenernos, releer un artículo y reflexionar. Los telediarios son muy rápidos y favorecen las frases cortas y claras, las imágenes impactantes y fáciles de retener. Al parecer, a nuestros contemporáneos les cuesta concentrarse durante más de un minuto. En este aspecto la contaminación es general. Sea cual sea el mensaje político que se quiera transmitir, de izquierdas, de derechas o de centro, solo hay posibilidades de que se capte si se reduce a un eslogan fácil de recordar. La forma de la comunicación decide sobre su contenido, de modo que la televisión es en sí misma populista, y las personas a las que vemos hablando en ella suelen acabar siéndolo.

Y luego, añado yo, llegaron las redes sociales, donde caben todas las mentiras y todos los demagogos.

El populismo se niega a alejarse tanto del aquí y del ahora como de los individuos concretos, y huye de las abstracciones, las distancias y el tiempo en favor de lo concreto, lo próximo. Mientras que el demócrata ideal intenta inspirarse en lo que Rousseau llamaba la voluntad general —una construcción hipotética de lo que en cada momento convendría más a todo el pueblo—, el populista se dirige a la multitud con la que está en contacto: un mitin en la plaza pública, los espectadores de un programa de televisión o los oyentes de uno de radio.

El populista recurre sistemáticamente al miedo. Recluta a la mayoría de sus admiradores entre las personas relativamente menos formadas, que, al no conocer bien otros países, están en contra de «Europa» y de la «globalización». Su público habitual forma parte no de la clase más pobre, sino de la que teme acercarse a ella y unirse al grupo de los rechazados, los excluidos y los vencidos.

En su versión más nociva, las ideologías populistas responden a estas dos preguntas: ¿qué y quién hace que yo esté mal, y qué y quién me ofrece un futuro más atractivo? Pero las ideologías agregan ideas dispares e incluso contradictorias, que solo cuando se unen bajo las siglas de un partido o el rostro de un líder parecen tener una coherencia interna.

En nuestro país, el Gobierno de coalición tiene como vicepresidente a un señor que está contra la Constitución, contra la Transición, contra la UE, contra la Monarquía constitucional y a favor del «derecho a decidir», es decir, a favor de los referendos de independencia que predican los separatistas catalanes, vascos y gallegos. En verdad, un Gobierno Frankenstein, por usar las atinadas palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba.

Como introducción al repaso a Pablo Iglesias, conviene recordar con Ignacio Varela[48] que la transición que desembocó en la Constitución de 1978 fue el primer intento exitoso de superar aquella doble brecha que enfrentó fatalmente a los españoles entre sí y divorció a España de la contemporaneidad.

El primer gran fruto de la Transición, tras la conquista de la libertad, fue la entrada en las comunidades europeas. A partir de ahí se inició una progresión vertiginosa en busca del tiempo perdido. El país se transformó por completo, se conectó con el mundo circundante y se comenzó a pensar y hablar de los mismos problemas que al otro lado de los Pirineos. Objetivamente, hay muchas más diferencias entre la España de hoy y la de 1975 que entre esta y la de 1808.

Varela dice haber repasado los últimos 50 tuits del vicepresidente del Gobierno, tuitero compulsivo. He aquí los asuntos más tratados.

En primer lugar, con gran diferencia, todo lo que tiene que ver con la revisión sectaria de la historia, algo que parece obsesionarle. La Guerra Civil, la represión franquista, el PCE, todos los espectros de la vieja izquierda se dan cita una y otra vez en sus mensajes. Se diría que Iglesias —nacido precisamente en el año 1978— trata desesperadamente de ganar la guerra en la que no combatió, derrotar a la dictadura que no padeció y protagonizar el pasado que no vivió. Lo que este comportamiento tenga de patológico se lo dejaré a los psiquiatras, pero también es una muy perniciosa patología política que reintroduce en el peor lugar y momento posibles: la España de la pandemia, la depresión económica y social.

El segundo tema más frecuente de la antología tuitera de Iglesias es, claro, la impugnación de una imaginaria monarquía absolutista, con Felipe VI trasmutado en Fernando VII, y el «horizonte republicano» como la nueva tierra prometida para el pueblo oprimido… por la oposición (a la cual no deja de llamar franquista).

El tercero es el ataque a esa derecha «proveniente del franquismo» que, según él, patrocina una «operación judicial, militar y mediática» para derrocar al glorioso Gobierno Progresista sin pasar por las urnas (no dice nada del triunfal asalto monclovita a la cúpula del principal grupo mediático).

El cuarto, la exaltación de los nacionalismos disgregadores y la subida a los altares de todas las esquerras y bildus que pueblan la coalición que apoyó los Presupuestos.

Y el quinto, la peregrina idea según la cual nada hay tan productivo como una batalla campal permanente en el interior del Gobierno. La exaltación del conflicto como fuente necesaria de las soluciones, una idea de fondo que Iglesias comparte con teóricos de muy diversos pelajes totalitarios. Sus declaraciones en los medios amigos (los otros no los frecuenta) y sus abundantes textos confirman el perfil.

En esos 50 mensajes de Iglesias solo hay una mención lateral a la pandemia. No aparece la palabra Europa. No existen propuestas sociales del supuesto vicepresidente social, salvo la prohibición de los desahucios. Nada sobre el cambio climático, el suicidio demográfico, la digitalización, la innovación científica y tecnológica o las nuevas amenazas a la seguridad mundial (temas raros de los que se empeñan en hablar políticos caducados como Felipe González). Para el eximio líder de la nueva política y de la izquierda verdadera, el pasado es un refugio, el presente una bicoca y el futuro un arcano.

Pero lo peor es que este náufrago ha arrastrado los debates políticos a su terreno y hoy es difícil encontrar a un dirigente que no se exprese en términos más próximos a la España de nuestros abuelos que a la de nuestros hijos. Sospecho, por ejemplo, que a estos se la sopla lo de poner en cuestión la Monarquía y preferirían que alguien les ofreciera un horizonte con empleo. De hecho, según las encuestas del CIS, el número de españoles a quienes preocupa el debate monarquía-república es, simplemente, ridículo.

Pasemos ahora someramente a las iniciativas del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero (pareja de Iglesias), rodeada de lo más granado del feminismo radical, del cual nos ocuparemos más adelante.

Voy a tomar unas palabras de Juan Soto Ivars[49] para meterme en harina:

He pasado una mañana buenísima leyendo el informe de 200 páginas, lleno de referencias académicas de primera división, en el que luego de muchas explicaciones retorcidas sobre lo que todo el mundo sabe (muchos juguetes están sesgados de manera evidente por sexos), las autoras analizan un montón de anuncios para detallar minuciosamente cada postura, cada ángulo de cámara y cada eslogan de la publicidad infantil y sus productos.

¿A qué me refiero con «minuciosamente»? Os presento este delicioso ejemplo, de la página 175, a la que llegué minutos antes de sufrir una apoplejía con perspectiva de género: «En lo que respecta a los anuncios de posturas y gestos de niños y niñas, destacar que aparecen las mismas poses que en los catálogos, especialmente la de apoyar la punta del pie en el suelo, doblando la pierna, en el caso de las niñas». Sic.

El informe es largo, porque pone en práctica todos los trucos de la retórica típica de una tesis doctoral, y crea problemas de la nada para tener algo sobre lo que disertar. Por ejemplo, dan por hecho el dogma más que discutible de que la gramática española es sexista y de que todo masculino genérico ha de ser señalado como problema, con lo que se cubren las espaldas para obtener muchos ejemplos de opresión simbólica y rellenar muchas páginas.

Efectivamente, el informe puede parecer una novela de aventuras porque surgen contratiempos que se resuelven gracias a la pericia de las investigadoras. Por ejemplo, resulta que ahora muchos de los juegos de competición están anunciados con niños y niñas, de modo que han tenido que esforzarse para llegar a la conclusión deseada y se han puesto a medir a los personajes, a ver si los niños ocupan más espacio en la pantalla. Si la realidad no cuadra con las conclusiones, mandamos cuadrarse a la realidad, y punto, que para eso están cobrando estas sectarias.

Luego entran a analizar el sexismo de los juguetes. Donde el común mortal ve niñas sonriendo y haciendo el tonto, lo típico de los anuncios de juguetes, el informe encuentra un problema oscuro e irresuelto.

Soto Ivars concluye así:

Tranquiliza saber que la dotación del Ministerio de Igualdad es la segunda que más crece en los Presupuestos Generales. No sé cuántos de los 400 millones de euros que le tocan al corral de la Montero llegarán a las víctimas del maltrato después de pagar los sueldos de las asesoras y las tartas y todo eso, pero espero que el Instituto de la Mujer reciba lo suyo y que siga entregándonos informes como este. Sus páginas nos deleitarán a la espera de cobrar los ERTE.

Mención aparte merecen las iniciativas legislativas de ese ministerio. Haré un corto repaso.

Irene Montero ha ido anunciando unos cuantos cambios legislativos, todos ellos conflictivos.

La primera ley prometida fue una integral contra la trata de personas para «acabar con la prostitución», lo que se conoce como abolicionismo.

Soy abolicionista y sé que hay compañeras feministas que no lo son, pero con las que comparto camino, lucha y objetivos. Quiero recordar aquí que toda la acción política de este ministerio irá orientada por esa necesidad, a la que hacía referencia antes, de una poderosa e inquebrantable alianza feminista.

Pero la ley fue retirada el 14 de agosto de 2020, lo que provocó que Pablo Iglesias llamara «machista frustrado» al ministro de Justicia por haberse opuesto a aquel engendro.

Otra de las iniciativas legislativas de Irene Montero, esta sí aprobada por el Gobierno, es una ley orgánica de garantía integral de libertad sexual, aunque la propuesta inicial fue podada y pulida por el departamento de Justicia, iniciando así un largo camino, pues es posible que pase más de un año hasta su aprobación. Esta ley sitúa el consentimiento sexual como eje para juzgar las agresiones sexuales e introduce delitos nuevos como el del «acoso ocasional», el conocido como acoso callejero. La redacción de esta ley, que busca adaptarse al Convenio de Estambul, ha sacado a la superficie batallas dentro del Gobierno.

Montero anunció el 8 de octubre de 2020 un cambio en la Ley del Aborto, para que las jóvenes de dieciséis y diecisiete años puedan abortar sin el permiso de sus padres.

El 7 de noviembre de 2020, anunció que se podría cambiar de sexo sin informe. Textualmente, «permitir la rectificación registral del sexo sin necesidad de tratamientos quirúrgicos de cirugías genitales».

El asunto levantó ampollas en el viejo feminismo, porque eso equivaldría a «borrar a las mujeres» y dejar sin garantía los derechos de las personas transexuales.

Otro contenido «urgente y decisivo» es tomar «las medidas necesarias para que los espacios identificados en función del sexo en centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a la discapacidad, residencias de la tercera edad puedan utilizarse por las personas transexuales, transgénero e intersexuales en atención al género sentido». Es decir, poder entrar a fisgar en los baños de las señoras siendo un caballero que se ha «sentido» mujer.

Sin embargo, las feministas clásicas denuncian que con esta medida «los espacios segregados por sexo que, hasta ahora, eran espacios seguros para las mujeres, como los vestuarios, baños escolares, refugios para mujeres, módulos de prisiones… dejarían de serlo». Además, insisten en que, cualquier hombre inscrito en el Registro Civil como mujer podría acceder a ellos sin problemas solo con su «declaración de voluntad».

Creo que estos ejemplos son suficientes para llegar a una conclusión: Irene Montero, al igual que Pablo Iglesias, ha llegado al Gobierno con un único fin: meter ruido y crear líos.

LA INVASIÓN DEL FEMINISMO RADICAL

Los caprichos de las mujeres no pueden ser restringidos

por ningún clima ni país.

J. S.

Es evidente que la desigualdad entre hombres y mujeres existe y es transversal, por lo tanto, todo lo que se haga para eliminarla bienvenido sea, pero es absolutamente falso que en ella resida la matriz de todas las demás desigualdades, ni siquiera que ella sea la más relevante, y no es necesario echar mano de ningún análisis de la varianza para demostrarlo. Los efectos prácticos de esta perversión ideológica sobre el discurso político son evidentes: se obvian las otras desigualdades, especialmente aquellas que hunden sus raíces en las clases sociales.

A menudo se enfatiza un problema para ocultar otros. Pondré un ejemplo para ilustrar lo dicho. Rodríguez Zapatero creó un nuevo Ministerio de Igualdad. Pues bien, dicho ministerio no pretende ocuparse de otras desigualdades que no sean las que se derivan del «género». ¿Es que la condición de asalariado ha dejado de ser relevante para el socialismo? Pues parece que sí. Repetiré algunas cifras elocuentes para ilustrar lo anterior: mientras que la renta de los asalariados respecto al PIB ha ido decreciendo, a la hora de pagar el impuesto sobre la renta (IRPF), los asalariados, ellos solitos, pagan el 90 % de todo lo que pagan a Hacienda los españoles por ese concepto.

¿Alguien ha oído hablar de este alarmante asunto a algún miembro del Gobierno actual? ¿En qué parte del programa electoral de Sánchez se hace referencia a este «pequeño» problema?

En la agenda oficial del actual Gobierno ha tiempo que no están las «viejas» desigualdades, solo las «nuevas». Y estas están, pero —también ellas— en el limbo de la retórica, algo parecido a lo que ocurre con las emisiones españolas de CO₂ hacia la atmósfera: crecen más cuanto más hablan los ministros de la urgencia y dedicación con las que ellos luchan contra el cambio climático.

En el invierno de 1990 y tras una amena comida, el escritor Juan Benet, mirando de soslayo a quienes lo acompañábamos, sentenció con gran solemnidad: «Ahora que ha desaparecido el comunismo solo quedan ante nosotros dos enemigos de la Humanidad: el feminismo y el ecologismo».

Quienes allí estábamos escuchando a aquel ingeniero amante de los trasvases pensamos que era una más de las boutades políticamente incorrectas en las que tanto le gustaba incurrir… Pero han pasado casi treinta años y uno empieza a pensar que quizá Benet tenía algo de razón.

El feminismo tradicional denunció la subordinación y el sometimiento de las mujeres por parte de sus pares masculinos a lo largo de los siglos. Denuncias más que justas en pos de una convivencia entre varones y mujeres igualitaria y por ello más razonable. Pero el feminismo de hace un siglo (ni el de hace veinticinco años) es el de ahora. ¿Qué ha cambiado? Que antes denunciaban y exponían razones y ahora mandan y ordenan. ¿Qué quiere decir esto? Pues que —al menos aparentemente— el feminismo radical de hoy ha tomado el poder. ¿Para qué? Pues para lo que muchas veces se quiere el poder: para imponer una ideología… y de paso ganar un dinero.

Las ideas del feminismo radical hoy imperante son a menudo incompatibles con las bases en que se asientan la democracia y la Constitución, pues suelen estar muy lejos de la igualdad. De la igualdad ante la ley y de la igualdad de oportunidades.

El artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 decía: «La ley debe ser igual para todos, tanto cuando proteja como cuando castigue», principio que está recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución.

Pues bien, dos siglos largos después de la Revolución Francesa, el artículo 153.1 del Código Penal de una democracia que dice ser avanzada —la española— prescribe penas distintas según que el delito (malos tratos) lo cometa un hombre o lo cometa una mujer.

Cuando se planteó en las Cortes la Ley Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004), pregunté al ministro ponente, el de Trabajo, que se sentaba delante de mí, de dónde había salido tamaña desmesura, con la que nadie en su sano juicio estaba de acuerdo y de cuya redacción no se tenía ningún antecedente foráneo. Me quedó claro que la fuente de donde manaba agua tan cristalina la constituía un pequeño y aguerrido grupo de feministas radicales que habían encandilado con sus ideas a Rodríguez Zapatero.

Pues bien, de aquella lluvia han salido más lodos. Todos ellos consistentes en, primero, ganar la opinión pública (por incomparecencia del adversario, que ya no se atreve a opinar, pues sabe que será denigrado) para, luego, transformar en leyes mecanismos ventajistas de todo tipo, de suerte que por esta vía no reprimimos, sino que incrementamos, una de las mayores taras que soporta la sociedad española: el enchufismo, aunque ahora se lo denomine discriminación positiva.

Así, por ejemplo, en estos días aparecen en el horizonte dos discriminaciones: a) la escasa representación femenina en los consejos de administración, y b) la baja presencia de las mujeres en la ciencia y en las ingenierías.

En cuanto a los consejos de administración solo diré que no son las únicas ni las más importantes discriminaciones practicadas contra las mujeres, pues esas direcciones empresariales son lugares donde el amiguismo brilla con luz propia, pero en cuanto a la presencia femenina en la investigación y las ingenierías convendría, antes de tomar (como me temo) decisiones legales de discriminación positiva, leer a algunos científicos. Por ejemplo, a Susan Pinker y su libro La paradoja sexual, en el que se aborda, entre otras, la siguiente cuestión: por qué las mujeres no son iguales que los hombres en sus carreras profesionales, a pesar de estar igual o mejor formadas que ellos.

Para responder, la autora pone en claro las diferencias biológicas entre los cerebros masculino y femenino, las diferencias en cuanto al aprendizaje y el desarrollo y en cuanto a las posibles profesiones. En efecto, las mujeres no tienen por qué desear las mismas ocupaciones que los hombres. De hecho, a las mujeres les importan menos que a los hombres los factores externos (dinero y reconocimiento), a la hora de valorar los trabajos. Por otro lado, las mujeres no suelen buscar los mismos objetivos ni profesionales ni vitales que los hombres.

Para la autora, esperar que las mujeres actúen como los hombres o busquen los mismos objetivos es un pensamiento grupal (identitario) y antidemocrático. Y dirigiéndose a la facción más radical del feminismo afirma:

Negarse a reconocer los datos científicos sobre las diferencias sexuales es como negarse a admitir el cambio climático. Que tú no quieras ver un resultado o que no te guste por motivos ideológicos no quiere decir que no existe[50].

En definitiva, las pruebas muestran que cuantas más oportunidades tienen las mujeres —cuanto más rica y democrática es una sociedad y cuantas más posibilidades de elección tienen— más probabilidades hay de que escojan un trabajo a tiempo parcial, lo que incrementa la brecha salarial (Holanda es un buen ejemplo). Brecha salarial que si se quiere ser riguroso no puede calcularse mediante una media aritmética (salario medio de los varones en comparación con el salario medio de las mujeres, diferencia que, en verdad, no explica nada), sino comparando los salarios ceteris paribus, es decir, a igualdad de horario y de cualificación.

En este sentido, podemos concluir que cuando la gente de una sociedad libre puede actuar siguiendo sus ambiciones y deseos personales es que estamos progresando.

La «discriminación positiva» también ha invadido —ya se escribió más arriba— el Código Penal, concretamente en el citado artículo 153.1.

A este propósito, y como observador de primera fila en el proceso parlamentario que condujo a ese cambio penal, me atreveré a abordarlo. Y digo «atreveré» porque uno se expone a todo tipo de insultos por parte del feminismo en sus dos versiones, la radical y la del lobby, que han elevado sus tesis a la categoría de lo indiscutible.

Hubo dos leyes impulsadas por el Gobierno de ZP en torno a estos temas: la ya citada Ley Integral contra la Violencia de Género (que fue la primera ley orgánica que se aprobó en la primera legislatura) y la Ley para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres. Voté entonces a favor de esas leyes sin demasiadas reservas mentales. Sin embargo, contenían «mensajes» y «detalles» puestos allí por la ideología radical del feminismo que conviene analizar.

La Ley contra la Violencia de Género endureció las penas en el Código Penal (lo que era una falta pasó a ser delito), pero se excedió y, desde entonces, el artículo 153.1 del Código Penal prescribe penas distintas según si el mismo delito lo comete un hombre o lo comete una mujer (lo cual conculca el principio de igualdad ante la ley). Y aun cuando esa diferencia sea cuantitativamente pequeña (prisión de seis meses a un año, si el agresor es varón, y de tres meses a un año, si la agresora es mujer), sí resulta trascendente en el campo de los principios jurídicos.

Esta innovación en el Código Penal fue recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) por una jueza de Murcia (Juzgado de lo Penal número 4) y el TC hizo pública una sentencia (14 de mayo de 2008) de la que fue ponente Pascual Sala. Dicha sentencia desestimó el recurso porque el «autor (del delito) inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa». En otras palabras: la sentencia del TC da por hecho que existe «una pauta cultural» que infecta —lo quieran ellos o no— a todos los varones. Vamos, que los varones, por serlo, pertenecen a un grupo opresor, que es lo que las feministas radicales querían demostrar. Práctica seguidista que caracterizó siempre al muy politizado Pascual Sala.

Frente a tan sectario argumento de nada valieron ni el recurso de la jueza de Murcia ni los votos particulares de los magistrados del Constitucional Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata, aunque los razonamientos de estos magistrados y de la jueza murciana estén mucho más fundados y, sobre todo, estén más claros que la farragosa y confusa sentencia dictada —lo diré de una vez— en defensa de una cacicada del presidente del Gobierno, único avalista de esta ocurrente novedad penal que proviene del feminismo radical.

El segundo ejemplo es la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que tiene por objeto aplicar «el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres […] en cualquiera de los ámbitos de la vida». La ley está plagada de buenas intenciones y entre ellas ese estúpido pensamiento según el cual cada problema se soluciona mediante una ley (y que se cumpla esta o no se cumpla poco importa).

Al lobby feminista le interesaba incluir en la ley básicamente dos cosas: 1) paridad en las listas electorales, que en la ley recibe el casto nombre de «presencia o composición equilibrada», y 2) la proscripción del lenguaje sexista.

En cuanto a la paridad dentro de las listas electorales —norma que aparece, por cierto, en una disposición adicional de la ley y no en el texto propiamente dicho—, conviene poner por delante algunos datos que los partidarios de este sistema «igualitario» escamotean sistemáticamente. Recogeré a este propósito el argumento expresado por la portavoz del PSOE ante el Pleno del Congreso el 15 de marzo de 2007: «El mérito y la capacidad no están reñidos con ser hombre o mujer. ¿Acaso un país donde más del 50 % de los universitarios son mujeres, con más de quince mil profesoras universitarias, con más de mil catedráticas, con un poder judicial que cuenta con un 42 % de mujeres, puede hablar de tener mujeres que no valen?».

La argumentación olvida dos cosas: a) las listas electorales que presentan los partidos a cualesquiera de los comicios no se nutren de la población en general, sino que lo hacen, en el 99 %, de un conjunto mucho más restringido, el de sus afiliados, y b) el conjunto de afiliados tiene una distribución entre hombres y mujeres muy distinta a la proporción de hombres y mujeres en la población total. En suma, que la «paridad» sí es un ataque, uno más, contra el principio constitucional de mérito y capacidad que debería regir en el acceso a cualquier función pública.

Por lo que se refiere a la proscripción del «uso sexista del lenguaje» (artículo 33), la ley no explica en qué consiste ese uso sexista del lenguaje, pero de eso se encargaron después múltiples guías feministas publicadas por doquier. Me detendré en ello porque es el típico debate de los que ponen en evidencia el desbarre que suelen traer consigo ciertas cargas ideológicas, sobre todo cuando en el campo opuesto nadie se atreve a criticarlo ni a ponerle coto.

La proscripción del lenguaje sexista produjo, como era de esperar, encontronazos con la Real Academia Española, que ya había protestado por la sustitución de «sexo» por «género» (una mala traducción del inglés), y el último de esos choques frontales lo protagonizó el catedrático y académico Ignacio Bosque, ponente de la nueva gramática, cuando publicó «Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer», un trabajo en el cual se critican las recomendaciones de las «guías de lenguaje no sexista».

«Un buen paso hacia la solución del problema de la visibilidad —señala Ignacio Bosque— sería reconocer, simple y llanamente, que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías no se podría hablar». Y añade: «Las propuestas para visibilizar a la mujer en el idioma parecen encaminarse en ese mismo sentido». Vamos, que, por ejemplo, la antiestética repetición «vascos y vascas» y «compañeros y compañeras» es, simplemente, infumable.

En la mayor parte de las guías feministas no había participado ningún lingüista, aunque en ellas se tocaban no pocos aspectos del léxico, la morfología o la sintaxis.

Con un mínimo de sensibilidad y de sentido común, el sexismo lingüístico puede evitarse sin tener que recurrir a los farragosos y antiestéticos corsés que pretenden imponer las feministas en un nuevo e ininteligible lenguaje.

Dentro de las —más bien escasas— lenguas que contraponen géneros (masculino/femenino), el que uno u otro sea el marcado no tiene relación alguna con los roles sociales de hombres y mujeres. Eso lo saben todos los especialistas en lingüística desde que Karl Brugmann publicó sus estudios en los años ochenta ¡del siglo XIX! Pero a las ideólogas del nuevo feminismo les importa un bledo la lingüística, lo que sí les importa es imponerse. Ya se lo dijo Humpty Dumpty a Alicia: «Lo importante es quién tiene el poder. Eso es todo».

Pondré otro ejemplo menor. Cuando Ángeles Carmona fue nombrada (marzo de 2014) presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género declaró la guerra contra el piropo «porque es una intromisión en la intimidad de las mujeres». Y uno se pregunta: ¿cómo se puede estar a favor de la libertad de expresión, aunque sea para insultar al Rey o al Papa, y estar en contra del piropo?

Así las cosas, no estaría de más recordar que el piropo tiene una larga tradición cultural. Aparece, y mucho, en nuestro teatro; por ejemplo, en una obra de Jardiel donde el autor se ríe —y nosotros con él— de los piropos castizos madrileños. También los hay en nuestra música (zarzuela, cuplés…) y en nuestra pintura. Zuloaga, aficionado a las escenas de costumbres, tiene un cuadro que se llama precisamente El piropo, y en él se ve a una joven en el momento de ser requebrada. En verdad, toda la poesía amorosa está repleta de piropos: los versos de Antonio Machado, de Juan Ramón o de Lope lo atestiguan.

Vistas así las cosas, lo más probable es que la corrección política haya confundido el piropo con la grosería.

Como nos ha recordado Sosa Wagner,

El piropo tiene algo de flecha, de saeta que se dispara con la punta reblandecida para no hacer daño sino cosquillas. Es también una flor, modesta flor de cantueso y por ello pueril, inocente, sin maldad, la flor que se pone a veces en el ojal […]. El piropo es, también, una recapitulación de nuestros espejismos, de nuestros anhelos que se acurrucan al concentrarlos y comprimirlos, son un poco la fórmula homeopática para la curación del mal de amores.

Y yo me pregunto: ¿por qué les ha dado ahora a las neo-feministas por meterse con la forma de hablar de la gente y, de paso, enmendarle la plana a la Real Academia?, ¿por qué no dedican sus esfuerzos hacia la igualdad real entre varones y mujeres?, ¿por qué no se preocupan de que las españolas pueden tener los hijos que ellas deseen?

Para acabarlo de arreglar llegaron de Estados Unidos las ideas del MeToo, consistentes, básicamente, en denunciar en público supuestos delitos ya prescritos y en negar sistemáticamente la presunción de inocencia. El caso de Juana Rivas o las secuestradoras de Infancia Libre ilustran entre nosotros esas prácticas.

Rivas contó con el apoyo masivo a sus denuncias del feminismo andaluz (incluida Susana Díaz, entonces presidenta). Una vez más la presunción de inocencia fue pisoteada aduciendo que el marido había aceptado una sentencia condenatoria anterior (según él, la había aceptado para retomar en paz la relación conyugal).

Pues bien, esta mujer se fugó con sus dos hijos para no entregárselos a su exmarido, como correspondía por el acuerdo de divorcio y así lo había ordenado un juez. Muchas feministas y «feministos» animaron a Juana a que desapareciera, con lo que ese delito significaba: la desobediencia a una orden judicial. Se hicieron declaraciones y se firmaron artículos de «autoinculpación» bajo el eslogan «Juana Rivas está en mi casa».

Una vez más, la «voz popular» a favor de Rivas pisoteó la presunción de inocencia del padre (Francesco Arcuri) y sus derechos respecto a sus hijos.

Juana Rivas, «bien» asesorada, inició una ofensiva judicial contra Arcuri que la Justicia italiana terminó por hundir estrepitosamente, archivando la querella y acusando a Juana de haberlo inventado todo: acusaciones «inverosímiles e inconsistentes»; de lo único que «hay pruebas» —señala la sentencia— es de cómo Juana Rivas ha intentado «manipular» a sus dos hijos contra el padre. En España también se archivó otra denuncia, esta vez por una supuesta falsificación de documentos que no existió, en la que una jueza solo ha encontrado el «interés en Juana Rivas de mantener algún procedimiento penal en trámite contra Francesco Arcuri», porque todo lo demás era una pura «sinrazón».

El caso de Infancia Libre es, si cabe, más siniestro. Esas mujeres denunciaron a sus maridos con falsos testimonios que tardaron años en aclararse. Hasta tal punto llegó esa desfachatez que Infancia Libre fue citada por Podemos ante el Congreso de los Diputados como excelsas representantes de las madres defensoras de sus hijos vilmente maltratados sexualmente por sus progenitores.

Infancia Libre, la asociación apadrinada por Podemos, contaba con un psiquiatra de cabecera, Antonio Escudero Nafs, nombrado por Zapatero en 2010 asesor del Observatorio contra la Violencia de Género. Este profesional vio a una menor el 17 de julio de 2017, realizó un informe en el que certificaba que había recibido abusos y, pese a la gravedad de esos hechos, no volvió a verla nunca más. «Sorprende que tras varias sesiones tratando a la menor, cuando ella cuenta el episodio supuestamente ocurrido con su padre se detenga el tratamiento», escribe literalmente la juez.

Pero no solo está implicado en este caso de falsedad el psiquiatra citado; también la pediatra granadina Narcisa Palomino fue señalada por la Policía judicial como parte del entramado de profesionales que dio cobertura a las madres de Infancia Libre en su decisión de huir con sus hijos, desescolarizarlos y negarse a cumplir las resoluciones judiciales.

El Centro Madrileño Contra el Abuso Infantil certificó que «los hechos denunciados no son compatibles con un abuso sexual infantil», y solo cuando el Juzgado de Familia obligó a que la niña fuera tratada por un psiquiatra del Hospital del Niño Jesús y no por Escudero Nafs se consiguió que la niña declarara ante el juez: «Papá nunca me hizo nada», dijo, dejando a la mentirosa que es su madre definitivamente en el sitio que merecía: el de una delincuente.

La introducción de ese novedoso feminismo en el canon actual zapaterosanchista es, entre todas sus nuevas ideas, una de las que más llama la atención, pues ha sabido cohonestar en su seno dos tipos contradictorios de feminismo, aunque en algo están de acuerdo: ambos contradicen el pensamiento que el feminismo clásico y la socialdemocracia han venido predicando desde muy larga data.

Se ve que el poder es una buena argamasa con la que amarrar dos componentes feministas de tan distinto origen: por un lado, el feminismo radical, para el cual los hombres, simplemente, constituyen un grupo opresor, y por otro, el feminismo del lobby (nombre del que se ha dotado su más activa organización, el «Lobby Europeo de Mujeres»), que, como cualquier lobby, trabaja pro domo sua.

Por cierto: aquello que más eficacia está mostrando contra la discriminación femenina es precisamente la aplicación del principio del mérito a la hora de la promoción social de las mujeres. Baste para avalar lo dicho comprobar los resultados de las oposiciones en el acceso a la Función Pública.

Reproduzco a este propósito dos comentarios femeninos:

No puedo entender cómo las mujeres están «encantadas» con lo de la discriminación positiva… Yo quiero que si tengo un puesto o una subvención lo sea por mis propios méritos y no por una concesión paternalista (hay que protegerlas, pobrecillas) y desde luego machista (es que en el fondo no son capaces). ¿Alguien puede creer que una sociedad se cambia por decreto y de un día para otro? (Mariam).

El feminismo clásico quería romper las identidades: no hay nada sustancial que defina a un hombre o una mujer. El (pseudo)feminismo actual pretende reforzar las identidades: «ser mujer» consiste en tal cosa y «ser hombre» consiste en tal otra. Por eso es, en el fondo, profundamente sexista, porque asume que los sexos (ellas dirían «los géneros») están vinculados a identidades. (M.)

Entre los comentarios en contra de mis escritos citaré el que me parece más significativo. Helo aquí:

Qué cansino[51] eres contra todo lo que huela a política de igualdad. De verdad… cansino y aburrido… A ver si te dedicas a otra cosa, que ya aburres.

Estoy acostumbrado a este tipo de comentarios con fuerte aroma totalitario: nunca exponen argumentos en contra, simplemente exigen el silencio del adversario, pues ya se sabe que la verdad revelada no admite discusión, pero, en este caso, hay algo más. La remitente fue Ángeles Álvarez, una connotada representante del feminismo radical, otrora dedicada a poner como ropa de Pascua al PSOE y a sus militantes y que luego —tras una carrera fulgurante una vez cooptada por el «nuevo socialismo»— formó parte de la Ejecutiva del PSM y fue concejala (en la oposición, claro está) del Ayuntamiento de Madrid. Luego fue diputada nacional y finalmente defenestrada por el implacable Pedro Sánchez, porque Álvarez apoyó a Susana Díaz en las primarias de la resurrección.

Para concluir este apartado, diré algo más general. Desaparecidas las utopías totalitarias y totalizadoras que emponzoñaron el siglo XX y como si de un big-bang se tratara, hoy viajan por el espacio político y social restos aislados y autónomos de aquel naufragio, entre los cuales destacan el feminismo y el ecologismo. Una mixtura de creencias políticas y de normas morales cuyo perfume autoritario es perceptible aun para los olfatos más obstruidos.

El feminismo o el ecologismo occidentales tienen unas raíces históricas claras. El segundo señalando el riesgo —bien cierto— de arrasar con el planeta mediante un crecimiento económico depredador y el primero, el feminismo, ha denunciado con rigor y razón la subordinación y el sometimiento de las mujeres por parte de sus pares masculinos a lo largo de los siglos. Muy justas denuncias en pos de un planeta sostenible y de una convivencia más justa entre varones y mujeres. Pero el feminismo no es lo que era. ¿Qué ha cambiado? Las pioneras del feminismo, que hace un siglo se manifestaban contra la discriminación, denunciaban y exponían sus razones. Hoy, incrustadas en el Estado, solo buscan acrecentar su poder.

Según el nuevo feminismo que coloniza al PSOE y a Podemos, también el concepto de igualdad —que ha sido la basamenta del pensamiento de izquierdas durante casi dos siglos— estaba preñado de machismo, por eso ahora en el PSOE de Sánchez cuando se habla de igualdad no se hace mención a la igualdad de oportunidades o a la igualdad entre rentas o entre clases sociales, no. El único objetivo se ha reducido a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque —siempre según estas «pensadoras»— la única desigualdad social relevante que existe es aquella que tiene sus raíces en el sexo. Perdón, en el género.

Si algo ha caracterizado al socialismo ha sido su vocación universalista, y esa perspectiva se pierde necesariamente cuando un partido como el PSOE se deja invadir por el nacionalismo y también cuando hace suya la «perspectiva de género» impuesta por el nuevo feminismo.

La «perspectiva de género» mantiene, entre otras falsedades, que la ciencia deber ser valorativa, comprometida. De ahí que las posiciones políticas desde la «perspectiva de género» nunca se argumenten, abandonando así cualquier debate que pueda llamarse tal, separando así la Democracia de la Razón. La matraca usada por estas mujeres cuando en una discusión salen con la lata del «Tú no lo puedes entender porque eres hombre» no hace sino mostrar la falta de argumentos.

Recomiendo a este propósito un libro del que es editora Miriam Tey, Hombres y sombras[52].

Desengañémonos, a menudo se habla de una cosa para impedir que se pueda hablar de otra. Es lo que los politólogos llaman «controlar la agenda».

Y eso es lo que hace el feminismo con la «violencia de género» o «violencia machista», que es, desde luego, execrable, y más cuando implica un asesinato. Los organismos públicos calificaban estos asesinatos como «ocurridos en el ámbito intrafamiliar», pero las presiones constantes del feminismo han logrado que en los medios de comunicación aparezcan como «asesinatos de género» o «asesinatos machistas».

El analista Arcadi Espada nos ha recordado al inicio de 2021[53] que el número de mujeres asesinadas, víctimas de crímenes de pareja, fue en 2020 el menor desde 2003, año en que comenzaron las estadísticas oficiales: 45 mujeres murieron en España durante el año de la pandemia. Algunos especialistas habían anunciado que a causa de la pandemia morirían más mujeres asesinadas. En 2016 murieron 49 y 51 en 2012. Se trata de una serie corta (dieciocho años) aunque probablemente indicativa de una tendencia, y hay que celebrar esa caída en el año 2020. El año anterior (2019), en el que murieron 55 mujeres, algún medio de comunicación tituló, con gran soltura de cuerpo y amparado en «especialistas» como Miguel Lorente —que fue Delegado contra la Violencia de Género con Zapatero—, que «la peor cifra en un lustro» se debía «al efecto del discurso negacionista de Vox». Si un año después murieron diez mujeres menos, ¿no deberían estar celebrando la derrota del discurso negacionista de Vox?

La serie estadística muestra que 2008 fue el año que murieron más mujeres: 76. Y ese mismo año enseña algo más: los asesinatos de mujeres españolas (39) y extranjeras (36) anduvieron casi a la par. En 2003, y según la misma fuente oficial, solo murió una mujer extranjera de las 71 víctimas. La inmensa mayoría de las mujeres extranjeras mueren a manos de extranjeros (en torno al 40 % de los asesinos de mujeres son extranjeros), que son también autores de un 20 % de los asesinatos de españolas. Los extranjeros matan tres veces más mujeres que los españoles (la proporción no es tan grande en otro tipo de asesinatos) y este es el dato más significativo que debería manejar una política de amparo y protección de las mujeres amenazadas.

Las características dominantes del asesino de pareja son ser hombre, joven y pobre. Y es en ese barro donde debe trabajar la política.

Siendo evidente que esta violencia con resultado de muerte es mayor cuando el agresor es un varón y la víctima es una mujer, no existe ninguna razón para que el 40 % de todas las víctimas (los varones muertos a manos de sus parejas) se le oculte a la opinión pública. Y cuando no se tapa es porque la muerte de un varón a manos de una mujer llama la atención por su especial crueldad, tal como sucedió en octubre de 2019 en Castro Urdiales, donde una mujer entregó a su vecina una caja para que se la guardara y la vecina descubrió que dentro de la caja estaba la cabeza del marido de quien se la había entregado.

Este asesinato en Castro Urdiales es un ejemplo, en verdad horrible y exagerado, pero señala un hecho: a la hora de matar a las parejas o exparejas los varones lo hacen «a lo bestia» (cuchillos, palos, pistolas…), mientras que las mujeres, al tener menor fuerza física, recurren a métodos más retorcidos y «sofisticados» (veneno, homicidios sobre durmientes, descuartizamientos…).

Según el pensamiento dominante, que ha logrado imponerse en todos los medios de comunicación españoles, las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas lo fueron por ser mujeres y no por otra causa. Según esta explicación reduccionista, esas muertes se deben exclusivamente a la ideología machista (el «heteropatriacado» que todo lo explica) de sus asesinos y en esos hechos nada ha influido la genética, es decir, la componente animal que diferencia —también entre los humanos— a machos y hembras, pero ya se sabe que para estos reduccionistas solo existen diferencias culturales y/o ideológicas, como si los seres humanos no tuviéramos componentes biológicos que afectan a nuestros cerebros y a nuestros actos.

Como toda ideología, esta del «género» niega la evidencia de las estadísticas y en este caso califica de machista cualquier pensamiento que la contradiga. ¿Cómo explican estas ideólogas, por ejemplo, que la violencia de género sea mayor en las «avanzadas» Suecia, Noruega o Dinamarca que en la «atrasada» España?

Otra cosa inexplicable es la censura que los medios ejercen sobre los suicidas, que en 2018 fueron 3.676. De ellos, el 75 % fueron hombres. Las muertes por accidente laboral fueron en ese mismo año 652, el 92 % de ellas de varones.

Muchas mujeres —ya lo he dicho— y también la mayor parte de los hombres no están en absoluto de acuerdo con estos manejos… Y si es así, ¿por qué casi nadie se atreve a decirlo? Porque se ha impuesto la ley del silencio que se deriva del miedo a ser tachado —no se sabe por qué— de machista. Un silencio producto de la censura que tanto les gusta ejercer a quienes administran los arcanos de lo «políticamente correcto».

Cuando a una ideología —y el feminismo lo es en grado sumo— no se le opone barrera alguna, se dispara y disparata, y, como no tiene barreras, pues desbarra. Eso es lo que está ocurriendo y nos debiera preocupar a todos: a varones y a mujeres.

LA INVASIÓN VERDE

El movimiento ecologista («los verdes») ha conseguido entrar en la política de una manera sin duda positiva, pues la contaminación de la atmósfera, de los mares y de la tierra firme es un hecho tan indubitado como peligroso; mas, tras esas verdades, en sus expresiones extremas han traído consigo la amenaza del Apocalipsis.

La atracción que ejerce el Apocalipsis sobre el corazón y la mente de los humanos es tan fatal como antigua, hasta tal punto que ha llegado a decirse, y con mucha razón, que lo apocalíptico está tan arraigado en el ser humano como lo erótico. Cada época ha tenido su particular visión del Final, de la traca postrera que nos destruirá como especie y, presuntuosos como somos, pensamos que también se llevará por delante el planeta en el que habitamos. No queremos imaginar que otros seres nos puedan sobrevivir sobre la Tierra, ni siquiera las hormigas, a pesar de que estas tienen acreditadas unas extraordinarias y resistentes cualidades para la supervivencia. Ya se sabe: somos únicos y nuestras almas son inmortales… Un Apocalipsis —y esta es la novedad respecto a la peste bubónica medieval— del que ahora somos responsables los humanos. Las cosas, en efecto, han cambiado: antaño la destrucción definitiva llegaba por nuestros pecados contra Dios, hogaño llegará a causa del maltrato que le damos a la madre Naturaleza.

Si la Comisión Internacional sobre el Cambio Climático de la ONU, el informe británico «Stern», la película de Al Gore y los libros de George Monbiot y quizá también James Lovelock… están en lo cierto, vivimos ya las vísperas de un Apocalipsis en todo su esplendor. Pero, si estos augures se equivocan, el asunto del calentamiento global solo habrá conseguido concitar —una vez más— todos los miedos, los miedos a la destrucción final, de igual modo que hasta ayer mismo, durante la guerra fría, los concitó la bomba. Pero ¿es verdad todo esto?

No se puede discutir que la emisión a la atmósfera de gases llamados de efecto invernadero (GEI) puede ser todo menos saludable. Del mismo modo, tampoco se puede negar que el crecimiento económico actual de países que hasta ayer tenían un nivel de consumo per cápita ínfimo va a incrementar esos desechos… Ya lo había anunciado Paul R. Ehrlich en un libro maltusiano titulado La explosión demográfica, que fue best seller en el ya lejano 1968. Lo que sí parece discutible es que sea la acción del hombre la única o la principal causante del cambio climático con el que se nos amedrenta.

La amenaza era durante los años sesenta y setenta la misma que ahora, pero, tan solo unas décadas después, se ha vuelto del revés. Me explico: entonces se creía —con los mismos o parecidos apoyos científicos que los de hoy— que se aproximaba una nueva glaciación, siendo los clorofluorocarburos (los aerosoles) los protagonistas, aunque ya se hablaba de los «cinco jinetes», los cinco gases de efecto invernadero (vapor de agua, ozono, metano, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno). Publicaciones tan prestigiosas como la norteamericana National Science Board o la revista Science sostenían entonces que las tendencias climatológicas señalaban una clara caída de las temperaturas medias. En 1975, la revista norteamericana Newsweek publicó un artículo de divulgación («The Cooling World») en el cual se hablaba de una próxima «pequeña glaciación» que vendría acompañada de sequía y hambrunas catastróficas.

Queda, pues, suficientemente claro que hace años se anunciaba ya un rápido cambio climático causado o agravado por la acción humana, aunque entonces se echara la culpa a otras emisiones y los efectos fueran, precisamente, los contrarios (entonces era el frío) de los que hoy se anuncian (calor).

Se ha dicho —con toda razón— que, en cuanto a conocimiento de las ciencias físicas, la mayoría de los humanos —incluidos los que disponen de una relativa ilustración— tienen los mismos o parecidos conocimientos que tenían nuestros ancestros del Neolítico. En cualquier caso, somos muchos quienes creemos que el progreso de la Humanidad ha sido posible gracias a dos motores, la ciencia y el derecho (la política). La primera porque nos ha permitido, nos permite y nos permitirá entender y domeñar a la Naturaleza. El segundo porque sirve parar reprimir a la otra naturaleza, la naturaleza humana. Pues bien, quienes le tenemos fe a la ciencia también somos contrarios a la fe del carbonero en el campo científico, por eso desconfiamos de la «milagrería científica» y de la manipulación de la que hacen gala algunos «científicos de escaparate» y no pocos divulgadores.

Hace unos cincuenta años que Martin Gardner escribió un libro titulado Modas y falacias en nombre de la Ciencia que nos curó de espanto respecto a las más variadas manipulaciones. Por lo tanto, ya no basta recurrir al santo nombre de la ciencia en vano cuando se afirma, por ejemplo, que estamos en vísperas del Apocalipsis. No nos basta con que se esgrima el nombre de la Ciencia, hay que demostrarlo.

Los humanos llevamos habitando este planeta, aproximadamente, media hora, si fueran veinticuatro horas las que han transcurrido desde que este planeta apareció dando vueltas alrededor del sol. Pues bien, antes de esta última media hora hubo un sinnúmero de cambios climáticos, como las glaciaciones, sin que en tales catástrofes tuvieran nada que ver las contaminaciones de origen humano.

Lo peor de este amenazador cambio climático, que con tanto ruido de tambores se nos anuncia, es el haberse convertido en bandera de los políticamente correctos y quien —como yo— pida más precisiones o ponga en duda tanta anunciada catástrofe milenarista pasa —ipso facto— a ser puesto en la lista negra que encabeza Trump, al lado de otros vendidos al oro, también negro, de las petroleras.

Se dice —con el afán, bien conocido, de echar la culpa sobre nuestras espaldas— que nuestro CO₂ es la gota que colma el vaso, que es precisamente esa gota la que destruye un supuesto equilibrio natural. Como si la Naturaleza se autorregulara siempre para preservar a sus criaturas… que se lo pregunten, si no, a los habitantes de Pompeya o a los muertos durante la pandemia de la Covid-19.

Lo chocante del asunto es que no llegue hasta nosotros, los simples mortales, una discusión sosegada —como corresponde a la ciencia— y sí se amplifiquen sin tino —a través de los medios, que todo hay que decirlo— las jeremiadas que nos amenazan, según suelen, con los males del infierno por haber pecado contra la sacrosanta madre Naturaleza que, por otro lado, es la más cruel de las madres posibles.

A mí los plásticos (otro derivado del petróleo) me preocupan especialmente. Por ejemplo, el «mar de plástico» instalado en el sudeste de España es la mayor concentración de invernaderos del mundo, con una producción anual de 525 kilos por hectárea. En el entorno almeriense existen unos ecosistemas con gran biodiversidad (Parque Natural de Cabo de Gata y Parque Nacional de Sierra Nevada) que, al tratarse de la zona más árida de la Europa continental, son muy vulnerables a los impactos del plástico.

Los plásticos de los invernaderos permiten extender la oferta de productos hortícolas a todos los meses del año; están en la presentación y transporte de forrajes, así como en su conservación; en protección contra aves y granizo; en el envase de productos líquidos y sólidos para el campo; en estructuras para riegos y drenajes; y en el envasado, embalaje y presentación de los productos. El consumo de plásticos de uso agrario en España representa más de 94 millones de toneladas que se destinan a la protección de unas ciento ochenta mil hectáreas de cultivo, tanto en la agricultura convencional como en la ecológica, que en este caso parece olvidar que los plásticos son productos químicos obtenidos a partir del petróleo.

En este momento, según un trabajo de Cristina Quintas-Soriano y otros, la defensa del ecosistema con el «mar de plástico» cuenta con los parabienes de los habitantes de la zona, pero estamos ante unos productos que no se degradan fácilmente. Así, por ejemplo, el polietileno tarda nada menos que cuarenta y ocho años en reducirse a la mitad y el desarrollo de la futura producción de plásticos biodegradables acaba de nacer y no se lo espera en quince o veinte años. Por otra parte, aún no existe una normativa europea sobre la reutilización y el reciclado de residuos plásticos.

Los plásticos van a los ríos y los ríos, al mar, donde forman extensos archipiélagos que flotan sin rumbo, interfiriendo con la vida marina y engañando a peces, tortugas y otros animales, que acaban ingiriéndolos con efectos horribles para su salud. Si se empujara todo el plástico marino hacia las costas, la famosa Gran Muralla china quedaría como un monumento minúsculo frente a la planetaria muralla costera de plástico que se formaría.

Pero volvamos al calentamiento. Los GEI condicionan la temperatura de la Tierra, que sin ellos sería, aproximadamente, 21 ºC menor, lo cual la haría inhabitable. En efecto, en ausencia de GEI, la temperatura media de la Tierra sería de -6 ºC, mientras que con los gases que hoy están presentes en la atmósfera es de 15 ºC. En todo caso, conviene saber que el principal GEI es el CO₂, que en los últimos tres siglos ha contribuido, aproximadamente, a un 80 % de dicho efecto.

Resulta obvio que este equilibrio térmico se ve seriamente afectado si, por cualquier causa, los GEI aumentan su concentración en la atmósfera y esto se está produciendo. La mayor absorción de las radiaciones reflejadas en la superficie terrestre y la reducción de la salida de calor al espacio producen un mayor calentamiento del planeta. Hay datos y observaciones científicas que permiten asegurar sin discusión posible que esto es lo que viene ocurriendo desde la revolución industrial.

Según el informe internacional «Estado del Clima 2017» los niveles de GEI son los más altos registrados en los últimos 800.000 años. Los registros corresponden a mediciones directas de los últimos cincuenta y nueve años, comparados con los valores obtenidos a partir de muestras en las burbujas de aire atrapadas desde la Prehistoria en distintas capas, a diversos niveles de profundidad.

Como resultado de los avances de las últimas décadas, la ciencia del cambio climático permite diferenciar qué parte del calentamiento global se debe a la actividad humana y qué parte se debe al proceso de evolución natural, ya que existen factores naturales que afectan a la evolución de la temperatura, tales como la posición relativa de la órbita terrestre en relación con el Sol, cambios en la actividad volcánica y también en la actividad solar. Pero lo cierto es que los resultados científicos nos dicen que en los últimos cincuenta años estos efectos naturales han contribuido de forma conjunta, aunque sea muy débilmente, al enfriamiento de la Tierra y no a su calentamiento.

A este respecto, el profesor Jaime Terceiro criticaba en un reciente trabajo («Transición energética y sistema financiero») que, en la producción de combustibles fósiles, que son los más contaminantes, es necesario tener en cuenta las externalidades que generan, especialmente las emisiones de GEI. Lo más grave es que esta energía está doblemente subvencionada. Por una parte, no reflejan en su producción y venta los costes medioambientales y, por otra, porque en el cercano 2017 los combustibles fósiles recibieron de forma directa más de 300.000 millones de dólares en subvenciones. De esta última cifra, el 30 % corresponde a los países del G-20, es decir, los países más desarrollados, que demográficamente están muy lejos de ser mayoritarios.

Las variaciones que se pueden observar en estas cifras de un año a otro están asociadas al descenso de los precios internacionales de la energía. Todo ello, pese a los reiterados llamamientos para «racionalizar y eliminar a medio plazo los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan un consumo desproporcionado».

Ya he dicho que una cosa es la existencia de un problema grave y otra muy distinta la exageración. Pues bien, en una cena en agosto de 2019 entre amigos y en Santander, un funcionario de la UE recién jubilado nos «ilustró» con sus conocimientos sobre los efectos destructivos del cambio climático. Al día siguiente, y a mi demanda, me envió un artículo en el cual se pueden leer, entre otras cosas, la siguiente:

Parece perfilarse un consenso sobre la relativa inminencia del fin de este mundo: el marco temporal del colapso de nuestra civilización va desde la década de los 2020 para los más agoreros hasta el fin de siglo para los más optimistas.

En realidad, el autor es miembro del movimiento Deep Adaptation y, según ellos, «el Colapso es ya inevitable y ocurrirá en el corto plazo y vendrá acompañado de una Catástrofe. También es posible que la especie humana se extinga como consecuencia de ello».

Algo asustado, remití el artículo a unos cuantos amigos, entre ellos al profesor Juan Calaza. He aquí parte de la respuesta de Calaza:

La «pequeña edad glacial» (LIA) terminó hacia 1850 y a partir de ahí la temperatura subió. Y si subió tuvo que aumentar la emisión de CO₂. En todos los registros glaciares, desde hace 400.000 años, el calentamiento del planeta precede a la concentración en CO₂, y ese aumento de CO₂ ha permitido, por fotosíntesis, extender la biomasa vegetal en los últimos treinta años hasta una superficie equivalente a 33 veces Francia. En ese tiempo, España vio crecer un 35 % la superficie arbolada.

Y añadía Calaza: «Los informes de Deep Adaptation valen lo que las previsiones de Al Gore: no valen nada».

Lo escrito muestra hasta qué punto existen ramas del ecologismo que atienden más a su ideología que a la verdad científica. Y lo peor es que un puñado de estos ideólogos se han colado en las estructuras de carácter internacional (ONU, OCDE, UE…) y no digamos en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por otro lado, no deja de ser curioso que se persiga con saña a los coches diésel y que nadie hable de la contaminación que producen los aviones. Tengo para mí que esta ocultación se debe a que los vuelos llamados de bajo coste son el pan de cada día de la juventud. Se vuela allí en unas condiciones próximas a la tortura (en los aeropuertos y también en esos habitáculos voladores verdaderamente impresentables…). Y todo ello sin que se haga nada por eliminar esos transportes aéreos.

En esta línea de «pensamiento rápido» se encuadran también las llamadas energías renovables, entre las cuales nunca se incluye la energía atómica. ¿Por qué, si esta no contamina la atmósfera? Las renovables parecen ser la gran apuesta para conseguir el objetivo de reducir radicalmente la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), pero las renovables tienen un problema: el almacenaje, lo que en opinión de Silvia Bruno, ejecutiva del Grupo Red Eléctrica, donde es responsable de Tecnología e Innovación, se debe a que carecen de la madurez tecnológica suficiente para satisfacer las enormes necesidades energéticas de las sociedades modernas. De momento no pueden competir en fiabilidad con otras energías como el gas natural, el petróleo y el carbón. Además, nadie está dispuesto a renunciar a la calefacción o a volar en avión.

Solo la tecnología futura podrá ser capaz de romper la relación entre progreso y contaminación, que han ido juntos desde la revolución industrial.

Una de las claves de la solución consistiría en resolver los problemas del almacenaje en la energía renovable y así reducir la dependencia de las energías contaminantes. Un ejemplo de esa solución está en las baterías. «Hay mucho que investigar con las baterías», dice Silvia Bruno, «y al mismo tiempo tenemos que ser imaginativos con tecnologías que ya estamos utilizando, como es el caso de los bombeos reversibles en centrales hidroeléctricas —que a través de dos presas son capaces de almacenar energía en las horas valle— y con equipos capaces de convertir la energía eléctrica en cinética, almacenarla y, posteriormente, cuando el sistema lo requiere, devolverla a la red de nuevo como energía eléctrica».

Otra gran tendencia positiva está en el autoconsumo eléctrico, sobre todo a través de placas solares. También es, en parte, una cuestión de baterías: si esa energía se pudiera almacenar tendría más usos y se podría compartir más fácilmente, creando redes de distribución mucho más complejas. En esas nuevas redes, la digitalización y la sensorización serán —según la Sra. Bruno— la médula espinal de un sistema más eficiente y con menos puntos de fuga, pues se calcula que alrededor del 10 % de la energía producida se pierde en el proceso de distribución.

Hablando del cambio climático, J. M. Mulet, profesor de Biotecnología en la Politécnica de Valencia, ha dicho en una entrevista[54] reciente que «el catastrofismo no sirve de nada, es como el cuento de Pedro y el lobo. Hace falta cabeza fría, decisiones sensatas y olvidarnos de pancartas».

Lo malo es que esos movimientos y sus pancartas acaban por influir en las decisiones personales y políticas. De cada una de ellas Mulet suministra dos ejemplos: 1) «No sirve de nada tener un coche híbrido y cambiarlo cada dos años, porque lo que más gasta energía es fabricarlo»; 2) «No soy entusiasta de la energía nuclear, si hay alternativas se deben valorar, pero es importante que sean eficientes y reales. Alemania, al cerrar las centrales nucleares, ha aumentado su dependencia del carbón, que contamina mucho más». También señala algo evidente: «Los ecologistas han dicho muchas cosas falsas sobre las nucleares y sobre los transgénicos».

UN AÑO TERRIBLE

El año 2020 pasará a la Historia Universal —y a la española— como el año de la peste. Solo la gripe de 1918 mató a más gente que este virus que vino de China y cuyas muertes superarán probablemente los dos millones de personas con casi 100 millones de contagiados. Por otra parte, el PIB mundial ha caído el 6 % respecto a 2019, y en España se ha desplomado casi el doble. El empleo mundial ha perdido más de 200 millones de puestos de trabajo y el 2 % de esos empleos eran españoles. En contra de lo que proclamó nuestro Gobierno —y otros Gobiernos—, ni hemos vencido al virus ni vamos a salir más fuertes cuando finalmente salgamos. Tampoco estamos más unidos, pues los mismos que reclaman solidaridad promueven la división. Como en las guerras, una de las primeras víctimas en las epidemias es la verdad.

Familias rotas, ancianos muertos en la más absoluta soledad y enterrados deprisa y corriendo, cientos de miles de empresas desaparecidas, colas para recibir alimentos, hospitales colapsados… Albert Camus describió en su novela La peste la invasión de la ciudad de Orán por millones de ratas y definió con rigor las consecuencias de la peste: el exilio interior de quienes la padecen, la soledad, la incomunicación y el miedo.

En España, los políticos llaman a la unidad mientras dan en el Parlamento el espectáculo de la más absoluta división y a la vez el Gobierno nos ha mentido como nunca y se ha quitado el problema de encima enviándolo a las comunidades autónomas.

Y quizá lo peor de todo es que han sido las personas con rentas bajas las más golpeadas económicamente. Según Eurostat, en España, la renta salarial de los tres primeros deciles de renta (el 30 % que menos gana) se ha hundido nada menos que un 10 %, dos puntos peor que el conjunto de la Unión Europea. Un duro golpe que explica el problema de las colas del hambre, que se han multiplicado por todo el país como consecuencia de la cantidad de familias que no tienen ingresos para sobrevivir. Es importante tener en cuenta que estos datos solo computan a personas que tenían un empleo antes de la crisis, de modo que una parte de las rentas bajas que estaban en el paro no entran en los cálculos.

Por el contrario, los tres deciles más altos han sufrido un descenso de las rentas salariales inferior al 2 %. Por su parte, las clases medias (deciles del 4 al 6) también han sufrido una contracción severa de sus rentas salariales, que se han hundido un 6 %. España es, junto a Portugal, el país con mayor diferencia en el comportamiento de los ingresos de las rentas altas y bajas.

La precariedad en el empleo español está detrás de todo este gravísimo problema. Y es que España fue el país europeo que destruyó más puestos de trabajo durante los meses del primer confinamiento como consecuencia de la precariedad del empleo. El porcentaje de temporalidad supera el 25 %, lo que provocó que muchas empresas simplemente dejaran extinguirse estos contratos para así aliviar sus cargas salariales. En apenas un mes y medio se destruyeron un millón de empleos, de los cuales, casi el 90 % eran temporales, esto es, de rentas bajas. Por el contrario, los contratos indefinidos de larga duración, que están blindados, apenas se destruyeron, protegiendo así a empleados de rentas altas y largas carreras de cotización. Esto explica que casi el 70 % de los empleos perdidos sean de ese 30 % con menores ingresos. Por el contrario, la pérdida de empleo en los tres últimos deciles es inferior al 5 % del total de empleos perdidos, uno de los datos más bajos de la UE.

En España, durante las peores semanas de la pandemia, los ERTE llegaron a proteger a más de 3,5 millones de trabajadores. El problema, insisto, es que una vez más los sectores y trabajadores más afectados fueron las rentas bajas. También es cierto —como recoge Javier G. Jorrín en un clarificador artículo[55]— que la protección pública ha tenido sus efectos positivos, y todo indica que las empresas no metieron en los ERTE a sus trabajadores más valiosos. Si así lo hubiesen hecho, la caída de rentas de este grupo social habría sido más acusada, ya que los ERTE ofrecen una renta limitada muy inferior a los salarios más altos.

En cualquier caso, según Eurostat, la protección pública en España redujo de forma significativa la caída de las rentas salariales de los hogares. En el caso de los tres primeros deciles, la caída de rentas se moderó en tres puntos gracias a la protección social, pasando así del -10 % al -7 %. La moderación también fue importante en el tramo de las rentas medias, que pasaron de sufrir una caída de los ingresos salariales de mercado del 6,5 % al 4,5 % gracias a las políticas de protección de rentas. En el tramo de mayores ingresos la moderación de la caída fue inferior a los 0,5 puntos precisamente porque los ERTE garantizan una parte mínima de los ingresos de este grupo social. En conjunto, gracias a la protección social, la caída de las rentas de los hogares en España pasó del 4 % al 2 %. Aunque estos esquemas no consiguieron evitar el aumento de la desigualdad, sí que aportaron un avance importante respecto a crisis anteriores.

Con todo, estamos muy lejos de los Países Bajos, donde la protección social ha cubierto todas las caídas de renta producidas por la pandemia.

La periodista Ana Samboal desgrana cada mañana en el programa de radio Herrera en Cope las noticias económicas y de esas intervenciones matutinas me serviré a continuación.

— 28-XII-2020: El 30 % de los comercios, más de 120.000 —calcula la patronal del sector— han echado ya el cierre… Más de la mitad han sufrido pérdidas de ventas. El largo confinamiento, las restricciones a la movilidad y el toque de queda no favorecen una recuperación a medio plazo. Más de 50.000 autónomos dedicados al comercio se han dado de baja en la Seguridad Social. Hay casi 65.000 personas en Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

— 23-XII-2020: El Instituto Nacional de Estadística publicó el 23-XII-2020 la Contabilidad Nacional del tercer trimestre. Sabemos por eso que la actividad económica repuntó con fuerza en verano. En el avance, se apuntó una subida del 16,7 %. Todavía hay en torno a 700.000 personas en Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Muchas estaban en la industria, pero, sobre todo, en hostelería y turismo.

— 22-XII-2020: Pedro Sánchez por fin tiene el presupuesto que le asegura la continuidad en La Moncloa. Las claves: un aumento del gasto público inédito, superior al 50 %, porque se han suspendido por dos años las reglas de control y una nueva subida de impuestos. Veremos si son suficientes para una legislatura o, una vez pase lo peor de la crisis de la Covid-19, Bruselas exige unas nuevas cuentas.

— 21-XII-2020: Vuelven a reunirse los sindicatos y empresarios con el Gobierno para negociar el salario mínimo. UGT y CCOO insisten en elevarlo un 5 %, hasta los 1.000 euros. Y están más cerca de la ministra de Trabajo que la CEOE, que quiere congelarlo. Las explotaciones agrarias y ganaderas han advertido que no se pueden permitir salarios más altos porque sus ingresos han caído. Si el trabajo es más caro, habrá menos empleo. Calculan que se han perdido 35.000 puestos por las últimas alzas del SMI.

— 18-XII-2020: 700.000 empleos en la actividad turística están en el aire solo en Madrid. El sector, que estos días analiza la coyuntura en Canarias, ha pedido un test rápido, uniforme en toda la Unión Europea, para tratar de reactivar el negocio. Algunos medios especializados apuntan a que Nadia Calviño ha acabado por ceder y aprobará en las próximas semanas un paquete de ayudas directas al turismo. También para la hostelería, otra de las grandes víctimas económicas de la Covid-19… Hoy, además, tendremos una nueva entrega de las cuentas medioambientales de la economía española. Las está desvelando, por etapas, el INE. Un dato: el gasto en protección del medioambiente apenas llega al 1,5 % del PIB y, en lo que va de año, ha caído un 0,7 %.

— 17-XII-2020: Hoy el Banco de España calculó el endeudamiento de las Administraciones públicas con arreglo al criterio de déficit excesivo. Ya sabemos que, en cualquier caso, sobrepasa todos los límites. La última referencia es una deuda que supera 1,3 billones de euros, el 114 % del PIB, y subiendo. Es la cota más elevada en más de un siglo. La Seguridad Social es una de las responsables de ese agujero que no hará más que crecer. Fedea advierte de que se han desbaratado los controles del gasto al decidir subir la pensión en línea con el IPC. En 2021, los pensionistas ganarán incluso poder adquisitivo. Un punto y medio, puesto que los precios caen y la pensión sube nueve décimas. Calcula Fedea que el único modo de sufragarlo será subir el impuesto de la renta al 50 % durante tres décadas.

Se comprueba, leyendo este diario de a bordo, el serio deterioro de la economía y de la situación social a finales del maldito año 2020. Y las dos únicas esperanzas son: a) en la economía, los «dinerales» que según dice el Gobierno vendrán de la UE; b) en la sanidad, las vacunas que se empezaron a inyectar el 27 de diciembre de 2020.

Todo este desastre no le impidió a Pedro Sánchez presentar a finales de 2020 un balance «positivo» diciendo que ya se había cumplido el 23 % del acuerdo de Gobierno firmado por él e Iglesias y avalado por una comisión de expertos (nombrada por él mismo): «La coalición sale más fuerte y unida. En ella conviven dos partidos y una sola palabra: la del BOE», afirmó.

Fue, en efecto, una invitación a alistarnos en la autocomplacencia por el trabajo bien hecho en su primer año de legislatura. El Gobierno no comete errores. O no es consciente de haberlos cometido, a juzgar por la total ausencia de autocrítica. Ni en la primera parte («Cumpliendo») ni en la segunda (respondiendo preguntas) de su comparecencia de hora y media en La Moncloa.

El periodista Antonio Casado ha escrito lo siguiente[56] a propósito de esa comparecencia de Sánchez:

En la primera parte, abarcó mucho y apretó poco. Tantos árboles hicieron el bosque más espeso y menos luminoso. La segunda fue evasiva y de respuestas prefabricadas. Los indultos a los sediciosos serán la generosa aportación del Gobierno al reencuentro del «conjunto de la sociedad catalana» con el «conjunto de la sociedad española», según el eufemismo usado para escapar de la relación lógica entre el todo y la parte. Y en cuanto al espinoso tema de la Corona, fue manifiesta la indolencia en defensa de la institución. Por cierto, que hasta en tres ocasiones le recordaron los periodistas que Zarzuela carece de iniciativa legislativa para elaborar una ley que regule el funcionamiento de la Corona.

Gracias a las preguntas de los colegas, no todo quedó iluminado por la propaganda. Fue lo más cerca que estuvimos de cruzar el autoindulgente balance de Sánchez con la cruda realidad, donde habitan el malestar socialista con los ministros de Iglesias, el difícil encaje de las pretensiones de Podemos en la horma de la UE, los climas guerracivilistas en la política de bloques, la desconfianza de los ciudadanos en su clase dirigente, la pérdida de peso de España en la comunidad internacional, etc.

Los datos del paro son más alarmantes que nunca, la debilidad de los negocios la palpamos en cuanto salimos de nuestro portal, la zozobra de las empresas la contemplamos en sus balances y terminamos creyendo que todo se diluirá por una combinación mágica entre el buenismo optimista de unos y las promesas vagas de los otros. El Gobierno concebido por Sánchez no sirve para enfrentar esta crisis, la mayoría de la investidura se agrieta y depende de los antojos arbitrarios de los separatistas, incapaces de racionalizar sus reivindicaciones cuando huelen la debilidad del Ejecutivo. Pero tampoco sirve una oposición pensada para realizar una gestión convencional de su papel. La oposición estaba preparada legítimamente para una acción que desgastara al Gobierno y la situara en la mejor posición de cara a las próximas elecciones, pero las circunstancias obligan a una oposición colaborativa.

Lo que está sucediendo pone a Sánchez y a Casado en una encrucijada. Si deciden seguir desempeñando sus respectivos papeles como si no sucediera nada extraordinario, la factura para España va a ser terrible y para ellos se saldaría con el desprestigio. El resto también lo tiene difícil, aunque sepamos con seguridad que algunos partidos —inscritos en la mayoría de la investidura o hasta en el propio Gobierno— no estarán a la altura, maniatados unos por su egoísmo nacionalista y otros por sus clichés populistas.

GAMBITO DE ICETA

Con el fin de año 2020 llegó la noticia: Iceta no sería el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalidad en las elecciones fijadas para el 14 de febrero de 2021 y sería sustituido por Salvador Illa, «el rey de la pandemia», que, como se ha escrito más arriba, se enfrentó a ella (a la pandemia) con buena voluntad, sin duda, pero con unos errores enormes y algunas meteduras de pata notables. Aparte, claro está, de ejercer de «catalino» maniático para quien todos los males se concentran en Madrid. Esa actitud explicaría los repetidos ataques contra la política sanitaria del Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso.

Conocido, en fin, lo es de sobra, y su aspecto y actitudes sí dan buena impresión: la de un hombre educado y dialogante.

La historia de esta decisión la han recogido con unanimidad los medios de comunicación y este es un resumen.

A finales de noviembre, Miquel Iceta hizo un viaje relámpago a Madrid. Se reunió con Pedro Sánchez en La Moncloa y le hizo llegar el mensaje de que había que poner toda la carne en el asador en Cataluña. «Te lo digo porque es una cosa que te afecta mucho. El candidato debe ser Salvador Illa. Pero eso te obliga a hacer una remodelación del Gobierno», dijo el catalán. «Estamos de acuerdo. Yo lo veo igual, pero no quiero que haya ninguna imposición», le contestó Sánchez.

De La Moncloa, Iceta se desplazó al Ministerio de Sanidad para reunirse con Salvador Illa, a quien le hizo la oferta en firme de que fuese el candidato. El ministro aceptó, pero puso condiciones. Una de ellas era que le dejasen iniciar el periodo de vacunación antes de hacer pública cualquier decisión. Y así se hizo.

«La operación fue de Iceta, pero la bendijo Pedro», explicó uno de los dirigentes socialistas que estuvieron en la «cocina» del proceso. «En aquellos momentos, había un punto débil: Illa era el ministro de Sanidad y no era conveniente sacarlo en medio de la pandemia. En las últimas semanas, con la llegada de las vacunas, ha habido un punto de inflexión. Estamos en el principio del fin de la crisis sanitaria y es el momento de dar el paso adelante», explican las fuentes.

Afirma este dirigente que no era un salto al vacío: «Es una apuesta muy fuerte y en el partido lo asumimos absolutamente al cien por cien. Tenemos una encuesta interna que nos dice que estamos próximos a ganar las elecciones y la candidatura de Illa puede ser el revulsivo que necesitamos. Es un candidato que rompe y lo apostamos todo con él».

En el aire, solo quedó la cuestión de qué papel desempeñaría en el futuro Miquel Iceta. «Hay dos cosas que hemos trabajado en la “cocina”. La primera es dar una salida institucional a la altura de la talla política de Miquel Iceta», señalaron las fuentes citadas. Eso se resolvería con el nombramiento de Iceta como ministro. Y, en efecto, así se hizo, nombrándolo ministro de Administraciones Territoriales. En realidad, Iceta ya había dicho tiempo atrás que le gustaría recalar en Madrid, aunque en 2019 ERC frustró su nombramiento como presidente del Senado, tras la victoria del PSOE en las primeras elecciones de ese año.

Pues bien, toda esta historia es mentira. La iniciativa no la tomó Iceta ni hubo en noviembre tal reunión en La Moncloa, fue una decisión soberana —como todas las suyas— de Pedro Sánchez, que quiere tener en Cataluña a un hombre de su plena confianza. Es decir, que esté a sus estrictas órdenes.

De Illa ha hecho una descripción notable Ignacio Camacho[57], cuya parte más sustancial es la siguiente:

Quienes lo conocen bien valoran su inteligencia política. En el Ejecutivo solo ha mostrado buena voluntad, una educación exquisita, una expresión facial muy apropiada para comunicar novedades sombrías y una elogiable disposición a tratar a los adversarios con respeto y cortesía. Cualidades todas ellas dignas de estima pero que, como solía decir de Zapatero el maestro Alcántara, le convertirían en un excelente recepcionista de hotel o en un eficaz maître de hostelería. Tanto para ser ministro como para gobernar una autonomía se necesita además un mínimo de competencia ejecutiva.

Hace unos meses Iceta aseguró rotundamente que tras las elecciones no pactaría con ningún partido independentista, e Illa, una vez nombrado candidato, lo volvió a repetir. Pero todos sabemos que mienten. Con ello pretenden hacer olvidar el pasado reciente y que no se descubran sus pretensiones más inmediatas. Se aprovechan de la credulidad infinita de un electorado que se mueve entre la fidelidad y la necesidad urgente de sosiego ante una incertidumbre que cubre su presente y amenaza su futuro.

Lo ha escrito Nicolás Redondo Terreros:

¡Qué le importan los cuarenta millones de españoles si logra engañar a unos cuantos en Cataluña! ¡Qué le importa la nación si les envuelve en papel de regalo a los independentistas una nueva concesión para saciar a los insaciables y tranquilizar su conciencia! Para ellos, la reciedumbre moral es un inconveniente, la coherencia una molestia y los principios un enojoso obstáculo.

Mas, sea como sea, la decisión de Sánchez resultó un éxito, pues las listas encabezadas por Illa consiguieron ganar (es decir, ser las más votadas el 14 de febrero) y recuperar en torno a 40.000 votos de los muchos perdidos en elecciones anteriores. Otra cosa es saber si podrá ocupar la Presidencia de la Generalidad.

Porque la cruda realidad es que unas elecciones en las cuales la abstención casi llega al 50 % (47,5 %) dan como resultado una representación de dudosa legitimidad. Es el caso de las elecciones celebradas en Cataluña el 14 de febrero. Sobre todo si se compara con el 80 % de participación en 2017, las elecciones en las cuales ganó Ciudadanos.

En otras palabras o, mejor dicho, en otras cifras: los votantes de ERC y JxCat, los dos grandes partidos independentistas, han sacado 1.172.000 votos, lo cual representa no más del 50 % —como ellos han proclamado—, si no tan solo el 21,9 % de los electores catalanes, es decir, que apenas supera a la quinta parte de los mayores de dieciocho años con derecho a voto. Lo diré de una vez: quien ha ganado las elecciones en Cataluña es la abstención y, por lo tanto, la legitimidad del separatismo no se puede ver reforzada con esos resultados, sino todo lo contrario.

Concretamente, ERC y Junts, que parecen pensar que los resultados legitiman subir su apuesta, perdieron respectivamente el 35,6 % y el 32,0 % de los votos de 2017. Perder un tercio de los votos, ¿no es para recapacitar? Pero no parece que estén por la labor y quieren añadir más inviabilidad política a esa parte de España incapaz de llevar su mano a la profunda herida social y económica que ha traído consigo este disparate del secesionismo, esa querencia supremacista y mentirosa capaz de creerse que Leonardo Da Vinci, Cristóbal Colón o Santa Teresa eran catalanes. Un separatismo golpista condenado por sedición, a cuyos dirigentes ha sacado de la cárcel un Gobierno catalán que se cree por encima de las leyes.

Como ha escrito Gómez Yáñez[58],

Pero hay una [variante] que seguramente es la dominante, aunque pasa inadvertida: la extenuación que la política catalana causa a sus ciudadanos. Naturalmente, se echará la culpa a la covid. Pero que entre 2017 y 2021 el número de votantes de los nueve partidos relevantes haya pasado de 4,31 a 2,77 millones, un 35,2 % menos, es demasiado grande para dejarlo pasar como si no tuviera importancia. La covid no puede haber producido tal retroceso en el número de votantes. Es un indicador del hartazgo que la política catalana inspira a buena parte de sus ciudadanos, de uno y otro lado de las trincheras que se han trazado en estos (lamentables) años.

En cuanto al centro derecha, el mismo autor da la clave:

La frustración del centro derecha se canaliza ahora hacia Vox. Sus votantes no son fascistas —antes votaron a Ciudadanos en su mayoría—, ni siquiera reaccionarios, solo son conservadores identificados con España, descontentos (¿asustados?) ante el rumbo que llevan las cosas, especialmente en Cataluña.

La conclusión lógica de estos decepcionantes resultados debería ser que ya va siendo hora de que los políticos catalanes se dediquen a intentar resolver los problemas reales: la epidemia, el decaimiento económico de Cataluña, cómo aprovechar las subvenciones de la UE para modernizar sus empresas y cualificar a sus trabajadores, para recuperar a Cataluña como potencia turística, para atenuar el destrozo de la hostelería y el ocio…

Un sistema electoral que premia a las zonas «carlistas» como son Gerona y Lérida, donde los dos partidos independentistas han sacado 21 escaños de un total de 32, ¡es una vergüenza! Vergüenza que habla por sí sola de un electorado abducido por una ideología de cuartel con barretina o con boina roja, que vienen a ser la misma cosa. «Un nacionalismo despótico», como ha escrito el catalán Arcadi Espada[59], que ha contado una anécdota que quiero reproducir aquí:

Tuve que aguardar media hora de cola para votar. Pasaba con mi colegio electoral lo mismo que con los aeropuertos: están todos vacíos y solo hay gente —siempre demasiada y demasiado cerca— en tu vuelo. Lloviznaba y hacía frío y a punto estuve de irme. Pero no soy de muchas abstenciones. O sea que aguanté y voté a Ciudadanos, como es natural, y salí del colegio. La cola había crecido y ya llegaba a la esquina. Justo al doblarla pasé por delante de una pareja. Al verme él le dijo a ella, deliberadamente en alto para mi disgusto:

—Mira, aquí va aquest capullo…

Arcadi no se calló, de modo que se paró y le llamó imbécil:

Aún le dije imbécil un par de veces más, porque estas palabras tienen inercia y, además, el tipo bajaba la cabeza mientras su mujer lo miraba, y la cola guardaba un silencio absoluto, circunstancias todas ellas que solemnizaban agradablemente mi furia.

Y es que hay que ser muy imbécil (alienado, dirían los clásicos) para votar a partidos que han dividido a la sociedad catalana, que son incapaces de gobernar y que solo respiran odio hacia el resto de los españoles que, según ellos, les maltratamos.

Espada resume estos resultados electorales de esta guisa: «Un nacionalismo despótico, un socialismo inane y una oposición residual han sido una norma en cuatro décadas de autogobierno».

LO QUE VA DE AYER A HOY

Tras las elecciones de 1986 se produjo la integración de España en la Comunidad Económica Europea y seis años después, en 1993, comenzó a funcionar el mercado único en toda la Europa comunitaria, lo cual aceleró la apertura de la economía española. En el momento de la adhesión, el índice de apertura estaba en el 36 % pero a partir de la instauración del mercado único comenzó a crecer hasta colocarse por encima del 60 % a finales del siglo. Por otro lado, la proporción del comercio exterior con los países comunitarios, que antes de 1986 se situaba en torno al 50 %, pasó a representar el 70 %. A la vez, se produjeron muy relevantes entradas de capitales, llegando a representar el 4 % del PIB, iniciándose también el despegue de las inversiones españolas en el extranjero, primero hacia Europa y desde mediados de los noventa hacia Latinoamérica.

Al inicio de los años ochenta, el Estado de Bienestar en España se hallaba retrasado respecto al que imperaba en los países europeos. En 1980, los gastos sociales representaban el 15,5 % del PIB, frente a más del 20 % de media de la Europa a la que España iba a acceder.

Pese al discurso neoconservador entonces imperante en Europa y en Estados Unidos, durante «los años socialistas» en España se asentó y amplió el Estado de Bienestar, desde la sanidad a la educación pasando por las prestaciones por desempleo y la universalización de las pensiones (se crearon las pensiones no contributivas). En efecto, el gasto social creció a mayor ritmo que en los países del entorno y el mayor crecimiento lo fue en servicios públicos universales (sanidad y educación). En los Presupuestos de 1989 el Estado asumió los gastos sanitarios y las pensiones no contributivas, aliviando así los gastos de la Seguridad Social. Las pensiones y el subsidio de desempleo ya habían crecido fuertemente entre 1975 y 1981; luego se estabilizaron respecto al PIB para volver a crecer al inicio de los noventa. También fue en esa época cuando aparecieron los primeros elementos regresivos en el sistema fiscal.

Sin ánimo de exhaustividad, pero con intención de ilustrar la relevancia de los cambios impulsados entonces, me detendré un momento en el Sistema Nacional de Salud. La aprobación de la Constitución en 1978 ya marcó una inflexión respecto al derecho a la salud y la asistencia sanitaria que ya existían en España desde la aprobación de la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942.

En efecto, la Constitución reconoció en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos el fomento de la educación sanitaria, así como la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, remitiéndose a una ley que establecería los derechos y deberes de todos al respecto.

La Seguridad Social venía prestando directamente la atención sanitaria mediante una vasta y compleja organización que se financiaba a partir de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Los servicios sanitarios estaban dirigidos a la población trabajadora, afiliada al sistema, y a sus familiares, quedando fuera de la protección las personas no integradas en el trabajo normalizado y los excluidos sociales, que eran atendidos por la Beneficencia, una red local que contaba con escasos recursos. El sistema se fue ampliando, de manera que a la altura de 1978 la cobertura sanitaria se acercaba al 82 % de la población.

La aprobación en 1986 de la Ley General de Sanidad, en desarrollo del mandato constitucional, fue el resultado de un relevante consenso social. La ley abrió las puertas a la reforma sanitaria, partiendo de una concepción integral de la atención a la salud y acompañándose durante los siguientes años de fuertes inversiones para la transformación de los antiguos ambulatorios o consultorios en modernos centros de salud. La reforma se asentaba sobre los principios de universalidad en el acceso, descentralización en la gestión, equidad en los servicios y prestaciones, financiación pública y participación social.

El principio de universalidad dio cobertura pública a las personas sin recursos y esa cobertura se elevó así al 93,4 % de la población.

Para caracterizar lo que significaron para la sociedad española los más de trece años de Gobierno socialista, la derecha española, durante la última legislatura (1993-1996) de González, lo resumió en tres palabras: paro, despilfarro y corrupción.

De los tres hubo, pero no tanto como para ocultar la realidad de unos años que no fueron —ni de lejos— años perdidos ni para España ni para su futuro. Nadie podrá negar, por ejemplo, que los Gobiernos de González aprovecharon bien la entrada en la Comunidad Europea (firmada el 12 de junio de 1985 con efecto de 1 enero de 1986). Esa apuesta, hasta la crisis actual, no ha traído sino bienes al país. En efecto, en el retorno a su «hogar natural», los españoles encontraron un nuevo proyecto colectivo, un espaldarazo a la estabilidad de su democracia, el detonante de una aceleración económica y un trampolín para la apertura de las mentalidades.

Una amplia lista de indicadores certifica ese despegue. Las infraestructuras se modernizaron: los preexistentes 773 kilómetros de autovías gratuitas se multiplicaron casi por diez. El peso de los servicios aumentó en detrimento de la agricultura e industria. La eliminación de barreras multiplicó el grado de apertura económica al mundo: el comercio exterior pasó de representar solo un tercio del PIB a dos tercios. Las empresas locales crecieron en tamaño, eficiencia e internacionalización. España se colocó, junto a Estados Unidos, a la vanguardia de los primeros inversores en América Latina. Al cabo, de foco de emigrantes, el país comenzó a ser imán para la inmigración y la economía redujo la diferencia que la separaba de la europea a un ritmo aproximado de un punto porcentual anual.

Para muchos, la política económica en España en la etapa de Felipe González (1982-1996) reflejó una concepción socialdemócrata de signo liberal. La economía atravesó cuatro nítidas fases: ajuste (1982-1985), expansión (1985-1992), crisis (1992-1993) y paulatina recuperación (1993-1996).

En 1992 se acogieron simultáneamente unos Juegos Olímpicos y una Exposición Universal.

El cuadro resumen adjunto muestra los principales indicadores económicos y demográficos que dan cuenta cabal de la evolución sufrida por el país durante aquel periodo.

Y, desde luego, las diferencias entre aquel PSOE y el de Sánchez no se explican por la edad. ¿De un lado los jubilatas y de otro las generaciones más jóvenes? Pues no, la diferencia está en que, a pesar de los errores cometidos, el PSOE de González tenía un proyecto, cuyas componentes se acaban de describir, y el de Sánchez solo tiene planes: el primero, como ha escrito Pablo Pombo[60], es el plan de Iglesias, que busca el desmontaje del régimen constitucional. Y el de Sánchez, más práctico, que consiste en dar por bueno cualquier plan que le permita seguir dentro del Palacio de La Moncloa. Los dos encajan tanto que cuesta distinguir quién está ejerciendo la función de instrumento del otro. Las palabras textuales de Pombo se reproducen parcialmente a continuación:

Utilizar a la sociedad como campo de experimentación y a los españoles como cobayas, ejecutar esa operación masiva de ingeniería social, solo habrá servido para que Iglesias pueda cantar victoria en primera persona del singular. Ese es el problema de todos los doctrinarios: no buscan mejorar las cosas sino poder decir que tenían razón, que lo suyo podía llevarse a cabo.

Pombo también critica la banalidad de Sánchez, cuyo plan empieza y termina en la conservación del poder, y el dogmatismo de Iglesias, cuya visión de futuro acaba con la instalación de una república a lo Maduro. Y eso es lo que hay. Después de una década perdida, con doble crisis y cero reformas, entramos en otra —que todavía es más exigente— sin tener abierto el camino del progreso.

Por otra parte, el PSOE de González nunca quiso embarcarse en la aventura de aliarse en un Gobierno de coalición con el PCE, aunque ello supusiera en algún caso permitir que gobernara el PP; por su parte, comunistas y nacionalistas radicales siempre tuvieron buenos motivos para recelar del PSOE como socio (tantos como tienen ahora para abrazarlo). Es pertinente, pues, preguntarse por qué el PSOE actual ha vencido sus escrúpulos históricos para caminar de la mano de la extrema izquierda y de los nacionalismos rupturistas; y qué han visto estos en Sánchez que les garantiza las franquicias políticas que jamás les ofrecieron las versiones anteriores del Partido Socialista.

En cuanto a una posible alternativa, las cifras son concluyentes. Para gobernar en España, el centro derecha haría muy bien en ir conjuntamente en la veintena de provincias en las cuales no funciona la proporcionalidad.

Quizá Pablo Casado confíe, según Ignacio Varela[61], en que el efecto combinado de la depresión económica y de las contradicciones en el bloque oficialista deteriore gravemente la base de apoyo social del Gobierno; es muy probable que así suceda. Pero le servirá de poco si el desgaste gubernamental no se traduce en un drenaje de votos del Partido Socialista hacia la alternativa de centro derecha, como ocurrió en 2011. Y eso no es sencillo ni se produce inercialmente.

Desde luego, ningún demócrata puede negar al actual Gobierno su legitimidad de origen y que ocupa el banco azul del Congreso con todas las de la ley. Aun así, no olvidemos que fue el resultado de una «moción de censura» contra el anterior Gobierno del PP, tras aunar el apoyo de una gavilla de heteróclitos partidos, todos republicanos. El que más escaños ocupaba era el PSOE, así que Sánchez quedó entronizado como presidente del Gobierno, sin que hubiera que convocar ninguna votación popular. A partir de esa legitimidad de origen, empezaba a contar la de ejercicio. No es suficiente establecerla con el número de diputados que sostienen al Gobierno, ni siquiera con el respaldo estadístico que le dan las encuestas. Por tales procedimientos, Sánchez sigue siendo legítimo.

El catedrático Amando de Miguel ha señalado algunos de los puntos que ponen en duda «la legitimidad de ejercicio», que son, según él:

El Gobierno no ha sabido llevar a cabo, con eficacia y soltura, la lucha contra la pandemia. Ni siquiera se puede confiar en las estadísticas del Ministerio de Sanidad, relativas al número de contagios y de fallecidos. El pingüe mercado de pruebas y mascarillas (que, encima, es de obligado consumo) no se corresponde con la idea de una sanidad pública, general y gratuita.

El Gobierno no tiene ni idea de cómo resolver el problema del pavoroso desempleo, que nos azota inmisericorde, y no solo para los trabajadores por cuenta ajena.

El Gobierno se ha enredado con el perenne conflicto frente a Marruecos, claudicando, servilmente, a las insaciables pretensiones del sultanato.

El Gobierno solo sabe desplegar la política económica, diseñada para los tiempos de guerra, de subir los impuestos y gravámenes de todo tipo. Se incluye el recorte real de las pensiones.

El Gobierno socialista se subordina a las iniciativas de sus compinches: los populistas o comunistas (de corte latinoamericano) y los secesionistas (vascos y catalanes). El conjunto es, básicamente, republicano.

El Gobierno maneja, con descaro, los instrumentos de propaganda propios de los regímenes autoritarios.

El Gobierno no ha sabido despejar las sospechas de que Sánchez no fue el autor de su tesis doctoral. La mejor prueba de tal duda es que Sánchez no ha aportado ningún trabajo posterior derivado de dicha tesis.

El Gobierno, en plena crisis económica, ha alimentado un elefantiásico plantel de «asesores» y similares. Es una forma de clientelismo.

El Gobierno ha representado un papel realmente ancilar en los organismos internacionales, a los que España pertenece y que tantos dineros nos cuesta.

El Gobierno se ha metido en un laberinto al no cortar con la «autodeterminación» de Euskadi y de Cataluña, entidades que nunca fueron colonias, ni siquiera reinos medievales.

EL NECESARIO CAMBIO DE RUMBO

Las leyes son como telarañas, que son capaces de

atrapar pequeñas moscas, pero dejan que las avispas

y avispones las atraviesen.

J. S.

Hemos acudido a las urnas cinco veces en muy poco tiempo y nuestros políticos no han sabido administrar los resultados con prudencia y altura de miras. La ambición, el atolondramiento, el sectarismo y el rencor han sido pasiones que les han impedido una administración razonable de nuestras decisiones.

Se conforman con gritar más, con dividirse, como si de amebas se tratara; con exagerar, con ofrecer un poco más que el contrario, sin tener en cuenta las capacidades de nuestra nación y evadiéndose de la responsabilidad que contraen cuando se ofrecen a representarnos.

La España deseable y posible solo la conseguiremos con políticos que ejerzan su responsabilidad, sabiendo que, si ellos no la enfrentan, otros vendrán que desarrollarán políticas más agresivas, populistas y nacionalistas de diversa naturaleza. El reformismo es un talante, una forma moderada y optimista de ver el espacio público. Supone valentía para negar improvisaciones y acometer las políticas que requiere una sociedad cambiante; supone responsabilidad para decir y hacer lo que tal vez no haría ni diría un ciudadano en su vida privada. Ser reformista supone relativizar los motivos que le diferencian de sus oponentes para buscar puntos de acuerdo, supone tener la inteligencia suficiente para saber que no tenemos que empezar de nuevo continuamente y que tampoco debemos dar por terminado lo conseguido. También supone defender la Constitución del 78, pero no convertirla en inmutable. Es sentir los símbolos de nuestra nación sin necesidad de esgrimirlos contra nadie. Es enfrentarnos a todos aquellos, a la derecha y a la izquierda, que en tantas ocasiones nos han hecho fracasar.

Ser reformista hoy en España es huir de los fantasmas del pasado, del ambicioso sectarismo, de los estereotipos ideológicos del siglo XX y es entender el futuro como la oportunidad de realizar una sosegada aventura política. El reformista tiende a valorar por él mismo las circunstancias que le rodean, tiene el arrojo de desprenderse de clichés ideológicos o religiosos y abomina de las políticas que se basan exclusivamente en la identidad de cualquier tipo porque resquebrajan el espacio público que forja los consensos ciudadanos fundamentales.

Viendo la España actual, el reformista ejercería su espíritu crítico al resaltar que cuarenta años de concesiones, de actuar como si debiéramos algo a los nacionalistas, de relacionarnos con ellos como si fuéramos culpables hasta de sus desdichas personales, solo han conseguido envalentonarlos y que se comporten fuera de toda responsabilidad ciudadana. Sabe que el golpismo independentista en Cataluña nada tiene que ver con el que conocimos y padecimos durante decenas de años protagonizado por ETA, sabe que ha creado un peligro gravísimo al amparo de las instituciones catalanas y adivina que esa irresponsabilidad institucional generará un estado de anomia que antes o después se expresará en un auténtico desastre político y social. Sabe el reformista que la seguridad legal y ciudadana son base y garantía de una sociedad libre y que su ausencia a quien más perjudica es a los más desfavorecidos.

El reformista ve en la Unión Europea una gran oportunidad de ser protagonistas de la historia como lo hemos sido en los últimos 2.000 años. Supone la Unión Europea una gran esperanza de concertación política, económica, cultural y social, realizada por vías pacíficas y libres, por actos de libérrima libertad de sus socios. La culminación de esta aventura política, desconocida en la historia, supondría el mejor ejemplo, la representación más excelsa de la civilización. Pero es que convertirnos en un sujeto más de la acción política internacional no es una opción, es una imperiosa necesidad si queremos seguir siendo un centro de progreso económico, cultural y ético.

La educación, la crisis demográfica, el cambio climático, el paro endémico que afecta a los más jóvenes, ¡son tantos los retos que se plantan ante los ojos de los reformistas! Todos difíciles, todos apasionantes; igualmente, todos con posibilidades de solución empleando la razón y un temple moderado que nos aleje de esos extremos que tantas desgracias causaron en el pasado.

Lo anterior, en cursiva, forma parte de un manifiesto que tuve el gusto de suscribir y que está escrito de la mano de Nicolás Redondo Terreros. Como el lector puede comprobar, se trata de una declaración de intenciones, pero también define una posición política que reclama el consenso entre los constitucionalistas. Es decir, todo lo contrario de lo que ha hecho Pedro Sánchez arrastrando a su partido (y el mío) a una coalición de Gobierno con una formación en la cual ejerce de propietario Pablo Iglesias Turrión, que se comporta como un caudillo tiranizando a sus dispersas huestes, herederas muchas de ellas de un comunismo que desde 1917 solo trajo desgracias allí donde se hizo con el poder.

El cambio de rumbo exigiría acuerdos profundos y estables entre el PSOE con lo que queda de Ciudadanos y con el PP. ¿Para qué? En primer lugar, para salir con bien y unidos de la crisis sanitaria, económica y social que nos ha traído la pandemia; en segundo lugar, para realizar una serie de reformas legales que me parecen imprescindibles para iniciar una Segunda Transición que dote de estabilidad y de fortaleza a la democracia española. Sé que lo que acabo de escribir es pedir peras al olmo, pero un mínimo de sentido patriótico en los partidos constitucionalistas debería llevar a esos acuerdos, formando «a la alemana» un Gobierno de concentración nacional. En fin, que algo en política parezca inviable no exonera a los ciudadanos de buena fe de exigírselo a sus representantes

Voy a describir brevemente esas reformas legales que propugno.

POR UNA LEY DE PARTIDOS

Ha pasado ya la época de la democracia de partidos.

A pesar de que los partidos subsistan como tales, se han desconectado

tanto de la sociedad más amplia y emprenden un tipo de competición

tan carente de sentido, que no parecen ser capaces ya de sostener

la democracia en su forma presente.

PETER MAIR

La Transición española (1975-1982) se ocupó de prohijar con mimo a los partidos políticos, hasta entonces prohibidos. El artículo 6 de la Constitución lo dice así: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política».

A cambio de estas prerrogativas, ese mismo artículo solo les exige una cosa: «Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Exigencia que todos ellos se han pasado, como se dice castizamente, por el arco del triunfo. Pero no se han quedado en eso. También han usado el poder que los ciudadanos delegamos en ellos a través de las urnas para perpetrar una auténtica invasión de la sociedad civil sin que nadie hasta ahora haya osado ponerle coto.

La Judicatura —ya se escribió más arriba— se ha politizado a través de los partidos, pero también tienen en sus manos una buena cantidad de ONG, las asociaciones de vecinos, las culturales, buena parte de las cámaras de comercio y un acrecido número de colegios profesionales. Politizados se hallan también los sindicatos y las patronales, así como numerosas fundaciones, por no hablar de los medios de comunicación.

Una politización ciega e incompetente que, por ejemplo, ha arruinado la mayor parte de las cajas de ahorros.

En tales condiciones, la situación de los partidos es difícilmente sostenible, pues las críticas que reciben, aunque no son nuevas ni exclusivas de nuestro país, ya no pueden quedar sin respuesta. Sabemos por las encuestas que hoy casi nadie se fía de los partidos. Son las instituciones que gozan de menor confianza en España. La conclusión es que aún no hemos dado con un modelo de partido que satisfaga adecuadamente las funciones que se supone que estas instituciones han de cumplir.

En otras palabras: el rasgo más característico del sistema de partidos diseñado durante nuestra Transición fue la implantación de un modelo más apoyado en la endogamia que dirigido a una apertura hacia la sociedad. Este modelo tan cerrado pronto comenzó a mostrar deficiencias evidentes difícilmente reconciliables con los ideales democráticos. Como ha escrito Fernando Vallespín, la democracia liberal ha entrado en una nueva fase, en la que sus principales agentes dan síntomas de agotamiento: «La dificultad comienza a la hora de buscar las causas de esta situación (galopante crisis de representación, creciente falta de conexión entre los partidos con su electorado tradicional). […] Y si hay o no equivalentes funcionales de estas organizaciones que eventualmente puedan suplir ese espacio vacante. Porque sin partidos que funcionen, no hay democracia».

La estabilidad y gobernabilidad se logró a costa de cartelizar a los partidos y restringir su democracia interna, amén de controlar casi todo el orden institucional, incluyendo a aquellos órganos independientes que debían quedar a salvo de intereses partidistas.

Por otro lado, durante las campañas electorales a los políticos se les llena la boca de promesas y afirmaciones que luego son ignoradas cuando llega la hora de adoptar decisiones. De ahí la perplejidad y frustración de los ciudadanos cuando tanta promesa se queda en nada. El caso de Pedro Sánchez es, sin duda, paradigmático.

Cuando alguien —incluido yo mismo— habla de una nueva auténtica Ley de Partidos, me viene a la memoria la fábula aquella en la cual un grupo de inteligentes ratones decidieron colocarle un cascabel al gato, a fin de que el sonido del cascabel les permitiera a ellos ponerse a buen recaudo. Pues bien, en este asunto de la Ley de Partidos, ¿quién le pone el cascabel al gato, teniendo en cuenta que a los gatos no les gusta llevar al cuello cascabel alguno?

García-Pelayo ya nos previno sobre la resistencia de las direcciones de los partidos a cualquier regulación porque limita su libertad de acción. Así es, en efecto, se suele argumentar en contra de cualquier regulación a la libertad de organización de los partidos, pero todas las asociaciones y empresas tienen restringida su libertad de organización por las leyes correspondientes. Leyes que dan garantías a los empleados y a los consumidores. Además, los partidos son asociaciones que tienen atribuido el monopolio de la representación política, cuando sus dirigentes ocupan cargos públicos quedan revestidos de autoridad, tienen acceso privilegiado a los medios de comunicación, etc., etc. En definitiva, los partidos tienen asignados una serie de «privilegios» imprescindibles para el ejercicio de sus funciones y parece lógico que su ejercicio se contrapese mediante normas que limiten el poder de sus cúpulas y garanticen que haya en su seno pesos y contrapesos que permitan controlar su actividad y exigirles responsabilidades. Controles que las mal llamadas primarias se han llevado por delante.

La idea es sencilla: la competencia entre políticos en el interior de los partidos es la única forma de pedir responsabilidades políticas y de que surjan líderes valiosos y políticas alternativas. Por eso es un bien jurídico y político que se debe proteger.

Pero, hasta ahora, a los partidos que han operado en las Cortes Generales no les ha interesado cambiar absolutamente nada, ni siquiera los reglamentos de las dos Cámaras que componen las Cortes. Reglamentos de una extrema rigidez, hasta el punto de negar la personalidad individual de diputados y senadores. Estos no existen, ni siquiera les está permitido hablar como tales y solo lo pueden hacer a través de cada grupo; incluso sus sueldos no los reciben de «la empresa» (Congreso o Senado) para la cual trabajan, sino que cobran de su grupo político correspondiente.

La situación actual tiene su origen en la Ley Orgánica de Partidos (LO 54/1978). Lo más llamativo de ella es que, a pesar de sus reformas, se limita a enumerar criterios generales que a nada comprometen. Un partido español tiene menos obligaciones de control y transparencia de sus cuentas y funcionamiento que una comunidad de vecinos y esa libertad organizativa ha sido decisiva en la deriva de los partidos españoles. De este modo, la regulación de la actividad interna de los partidos quedó al albur de sus estatutos, que con harta frecuencia se interpretan —incluso se saltan— a gusto del mando. El caso de los últimos estatutos dictados por el sanchismo vuelve a ser paradigmático.

Una de las cosas que había de contener esa hipotética Ley de Partidos sería la regulación (o mejor, la eliminación) de las llamadas elecciones primarias, de suerte que no se imponga a través de ellas un sistema endogámico, plebiscitario y, en suma, caudillista, tal como ha ocurrido en el PSOE, hoy en manos del sanchismo.

Y los nuevos partidos, que venían a «renovar y a adecentar» el sistema, no han hecho sino lo mismo que criticaban, y ahí está el «pucherazo» de Ciudadanos en Castilla y León y, aún peor, las primarias de Podemos. Si usted aspira a ser diputado de Podemos tiene que estar en la lista que encabezará el Gran Timonel. El resultado está cantado: Pablo Iglesias designará todos los candidatos de su lista, los ordenará a su conveniencia sin especificar siquiera por qué provincia irá cada uno de ellos y esa lista oficial será proclamada vencedora por incomparecencia de otras.

Acaba de conocerse una sentencia que pone en evidencia la chapuza sistemática que los jefes podemitas hacen a través de un sistema informático manipulado. En efecto, Francisco Javier Pérez Quevedo, coordinador informático de Podemos, aseguró ante el juez que «desde su ordenador portátil, él podía acceder en cualquier momento de las votaciones y conocer los votos emitidos y sus destinatarios». Y cambiar de sentido a estos últimos, añado yo.

También Leonardo Díez Dolinski, el técnico de Podemos encargado de controlar el secreto de las votaciones, le dijo al juez que «el partido político podía acceder a la votación y conocer quién había emitido el voto, y a favor de quién». Más claro, agua.

En el caso de que el sistema de primarias se quiera instaurar por ley, habrá de tenerse en cuenta que las únicas primarias que funcionan de verdad —y no del todo bien— son las norteamericanas y que instaurarlas significaría cambiar de arriba abajo el sistema de partidos.

Sea como sea, existe legislación comparada que ofrece algunos modelos que pretenden, precisamente, controlar la actividad de las direcciones de los partidos. En Alemania, la Ley de Partidos prevé la celebración de congresos al menos cada dos años (art. 9.1), limitando la presencia en ellos de delegados natos (art. 9.2) y previendo la elección en ellos de la dirección del partido (art. 9.4 y 11), la composición del congreso o de las asambleas de compromisarios en proporción al número de afiliados o ponderando por el número de votos (art. 13), la designación de los candidatos electorales mediante elección de los afiliados (art. 17) que se concreta en la ley electoral como primer paso del proceso de elección de los diputados y cargos públicos, previendo la celebración de asambleas de afiliados para elegir a los candidatos. Estos criterios organizativos no impidieron que Angela Merkel fuera reelegida con el 96,7 % de los votos en el XXVII Congreso de la CDU el 9 de diciembre de 2014 en Colonia. Con un porcentaje similar había sido reelegida en el congreso anterior (XXVI, 2012, Hannover).

En el Reino Unido, los grupos parlamentarios funcionan, en la práctica, como parlamentos internos que controlan al líder. En el Partido Laborista, por ejemplo, el 20 % de los diputados puede presentar una moción de censura contra su líder y proponer un candidato alternativo, dando lugar a la convocatoria inmediata de un congreso si gana la moción en el grupo. Además, en septiembre de todos los años se celebran las conferencias anuales en las que se renuevan las direcciones de los tres grandes partidos británicos.

En Israel, la ley electoral prevé elecciones primarias que cada partido puede regular. En el Laborista hay un sistema de cuotas que garantiza puestos a representantes sindicales, de minorías, asociaciones especiales, etc., con un sistema de voto limitado y ordenación en cada bloque por el número de votos obtenido.

Repito: la situación española está pidiendo a gritos una ley de partidos que garantice la realización de congresos al menos cada dos años; la eficacia de los comités federales, limitando su dimensión a no más de 150 miembros elegidos directamente por los afiliados, y garantizando sus reuniones al menos cada seis meses, votando en cada reunión la gestión de los órganos de dirección del partido, mediante voto secreto de sus miembros, y la elección de los miembros de los órganos ejecutivos en los congresos debería hacerse mediante listas abiertas.

Por su parte, la ley electoral debería regular la elección de candidatos dentro de los partidos y su ordenación en las listas electorales mediante votación secreta de los afiliados, obligando a que una parte notable de cada lista esté compuesta por personas que hayan cotizado a la Seguridad Social durante varios años por cuenta de terceros o por cuenta propia.

Solo con estos mecanismos democráticos será posible controlar a las direcciones de los partidos y, sobre todo, garantizar la supervivencia interna de dirigentes con discursos alternativos a la dirección que puedan, llegado el caso, formar nuevas mayorías.

Insisto, porque es fundamental: la competencia entre políticos en el interior de los partidos es la única medida preventiva contra la corrupción, la única forma de pedir responsabilidades políticas y de que surjan líderes valiosos y políticas alternativas. Todo lo cual constituye —repito— un bien jurídico y político a proteger.

UNA NUEVA LEY ELECTORAL

La ley electoral actual tiene su origen en el Real Decreto Ley 20/77 de 3 de marzo de 1977, previo a las primeras elecciones generales, que se celebraron en junio de 1977. Su opción básica son las listas cerradas y bloqueadas, de manera que la elección de los candidatos quedaba en manos de la regulación interna de cada partido.

El sistema español tiene uno de sus rasgos más específicos en la enorme cantidad de puestos políticos que salen a elección o, mejor, de designación, cada cuatro años: 350 diputados y 252 senadores, 1.184 diputados autonómicos, 1.040 diputados provinciales, seleccionados por los partidos entre los concejales; 8.116 alcaldes, 60.346 concejales, 157 miembros de cabildos insulares canarios, varios miles de miembros de vocales vecinales en las juntas de distrito en las grandes ciudades, etc., etc. En suma, un relevante rasgo estructural de la política española es la gran cantidad de personas (no es exagerado hablar de entre 80.000 y 100.000), cuyos puestos de trabajo dependen de ella. Es dudoso que en los partidos haya capital humano suficientemente preparado para abastecer estas decenas de miles de cargos públicos y administrativos.

Los partidos son organizaciones saturadas de cargos, en los que el control interno se evapora por los intereses compartidos y por depender todos, en última instancia, de la dirección del partido. De esta manera se ahogan las posibilidades de un debate interno que renueve políticas o las someta a análisis, y también se obturan los canales por los cuales surjan dirigentes alternativos con discursos propios y de renovación progresiva de los órganos de dirección (sin que los nuevos sean meras réplicas de los antiguos).

Como se ve, el sistema actual constriñe la propia autonomía de los militantes partidistas para perfilarse con independencia de los designios del aparato y coarta la posibilidad de que brote el pluralismo en el interior del partido y, sobre todo, impide ampliar la capacidad de decisión del votante, obligado a asumir una fidelidad sin matices. Lo que en su día fue la condición de posibilidad para asegurar la cohesión de los partidos se ha convertido en la causa fundamental de su impopularidad. No habrá salvación para ellos sin la asunción de nuevos riesgos, porque ser demócrata equivale a estar condenado a la reexperimentación continua y a desconfiar de quienes creen haber dado con la piedra filosofal de un supuesto orden institucional final.

Ese inmovilismo ha llenado las direcciones y las listas electorales de personas que provienen del «aparato» («funcionarios del partido», se autodenominan). Un sistema perverso de selección de las élites, que no elige a los mejores, sino todo lo contrario, lo cual se ha convertido en uno de los más graves problemas que afectan hoy a la política española y que se ha producido a causa del evidente deterioro profesional de los actuales representantes en las distintas instituciones, tanto del PSOE como del PP: Gobierno, alcaldías, diputados, concejales, etc. Baste comparar los curricula de los actuales ocupantes de esos puestos con los homónimos de hace treinta años para comprobar el deterioro. Un deterioro que también se detecta viendo, simplemente, que una buena parte de los actuales representantes políticos —ya se ha escrito aquí— no ha cotizado jamás (fuera de sus partidos) a la Seguridad Social por cuenta propia o ajena.

A pesar de los inconvenientes descritos, las listas cerradas y bloqueadas deberían, a mi juicio, seguir vigentes, pues en este momento el problema principal de la política española reside en la dispersión electoral, que ha traído consigo una indeseable inestabilidad. También es necesario acabar con las ventajas que en las elecciones generales se da a los partidos nacionalistas, que concentran sus votos en pocas provincias y de esa forma consiguen que esos votos estén sobrerrepresentados en el Congreso de los Diputados.

Este ventajismo es fácil de eliminar mediante un sistema electoral como el siguiente: 300 diputados se elegirían en listas nacionales, con un mínimo del 6 % de los votos emitidos para quedar elegido en esa lista, y 50 se elegirían mediante el sistema actual.

Los votos de diputados y senadores del PSOE y del PP sobrarían para sacar adelante una ley con el contenido aquí descrito, que evitaría muchísimos problemas, en primer lugar, la dependencia de los votos de los nacionalismos para aprobar muchas normas y otras decisiones.

Los nacionalistas no han hecho sino sacar ventajas de su sobrerrepresentación. Ventajas económicas, sobre todo los nacionalistas vascos, y ventajas políticas, los catalanes. A este propósito, ¿por qué Pujol se cargó —con el acuerdo de Aznar— a los gobernadores civiles, que hoy se llaman, humillantemente, subdelegados del Gobierno?

La invasión de los poderes públicos por gente que no ha trabajado jamás fuera de los aparatos partidarios hace recomendable poner coto a semejante abuso, y esa limitación debiera alcanzar también a las listas electorales. En otras palabras: no debería permitirse que alcaldes de grandes ciudades no hayan trabajado nunca, y lo mismo cabe decir de diputados y senadores.

LA REFORMA JUDICIAL

Desde el verano de 2020 no se habla de otra cosa que de la imperiosa necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Su mandato de cinco años, establecido en la Constitución, terminó hace dos años y sus miembros están prorrogados en el ejercicio de sus funciones (que no caducados, como suele decirse), por lo tanto pueden desempeñarlas con plenitud, no de forma limitada, como se les ha exigido desde el Gobierno, en una clara interferencia.

El asunto es noticia constante, pero no otros nombramientos también pendientes desde hace tiempo, como es el caso del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Este último quizá sea el de mayor interés político, si no fuera por la sospecha de que las presiones sobre la renovación del CGPJ tienen mucho que ver con la situación de los líderes catalanes presos, sus condiciones carcelarias y el posible indulto.

Si se quiere, de verdad, imponer de hecho y de derecho la división de poderes —y resucitar de una vez a Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu— nuestros representantes políticos deberán sacar sus manos de la Judicatura y un método podría ser el siguiente: el 70 % de los miembros del CGPJ serán elegidos por jueces y fiscales en un solo colegio electoral, es decir, se podrá votar en cada ciudad o provincia, pero todos los votos se contabilizarán juntos. Antes, será conveniente disolver las asociaciones de jueces y fiscales, que no han hecho otra cosa que politizar la Judicatura. El 30 % restante lo elegirán los usuarios. Todos los españoles somos usuarios, pero bien nos pueden representar los abogados, y estos, a su vez, a través de sus colegios.

En cuanto al Tribunal Constitucional, el sistema de elección podría quedar como está, pero los miembros lo serían con carácter vitalicio, como ocurre con el Tribunal Supremo norteamericano.

Por otro lado, un juez o fiscal puede pasar a ocupar un cargo político (en el Gobierno de Sánchez hay tres jueces y los tres han formado parte del CGPJ), pero se les prohibirá volver a la Judicatura. España no puede permitirse más «garzones».

LA REFORMA ADMINISTRATIVA

La práctica actual es que el Gobierno ofrezca puestos de responsabilidad pública a personas afines, en ocasiones, sin que tengan la preparación adecuada para ellos. Estos cambios periódicos suponen un freno para la actividad de muchas instituciones estatales y provocan falta de estrategias. Y en el caso de Sánchez e Iglesias el asunto del enchufismo no solo ha llegado a las empresas públicas, sino que los mandos se han rodeado de una auténtica invasión de asesores.

Los expertos Óscar Guinea e Isabel Pérez del Puerto atacaban estos problemas —eso sí, con palabras suaves— en un artículo[62] y voy a seguir a continuación las líneas de ese artículo para no subir el tono de mi escrito, aunque, como funcionario que soy, ese desprecio por la Función Pública me saca de quicio.

Una gestión basada en los miembros de los partidos condiciona las decisiones de la Administración pública, vacía de contenido los puestos de liderazgo —primando la lealtad a los conocimientos técnicos y a la experiencia— e incita a los funcionarios de carrera a tomar partido por quienes están en el poder. La falta de profesionales técnicos con capacidad de mando y decisión es grave en el Gobierno central, pero es aún más inadmisible en las autonomías, que acumulan muchas competencias pero no suelen contar con profesionales adecuados para ejercer esos cargos de alta responsabilidad.

Hasta ahora, la incertidumbre y los costes que genera la politización de la Administración pública se medían sobre todo en términos económicos, pero la llegada de la Covid-19 nos ha recordado que las consecuencias de esta práctica tienen un efecto más amplio, y en este caso han afectado a la salud, al bienestar o a la educación. Tradicionalmente, el debate sobre lo público ha estado condicionado por la cuestión del tamaño del Estado, que se entiende que la izquierda busca expandirlo mientras que la derecha busca limitarlo, pero es preciso trasladar el debate a la calidad técnica de quienes ocupan los distintos cargos.

Una de las lecciones que nos dejará la Covid-19 es el valor de los servicios públicos y la importancia de una gestión adecuada de ellos. Conseguir una Administración pública eficiente, experta y experimentada, formada por profesionales que entiendan las sensibilidades políticas, pero que deben ser neutrales para poder liderar organizaciones e introducir cambios profundos en sus estructuras y métodos de trabajo, debería ser un objetivo de interés general. Países con democracias estables, como Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda, han establecido administraciones neutrales de servicio al Gobierno. En España, una reforma de la Administración pública es necesaria. Con un funcionariado profesional y neutral todos ganaremos.

Con Gobiernos tanto del PSOE como del PP se aprobaron en su día leyes en la dirección que se acaba de apuntar, pero esas leyes han quedado reducidas a nada, pues, sin ser abolidas, se han incumplido sistemáticamente, lo cual exige una ley general sobre cargos públicos y que los partidos que la impulsen se comprometan, en verdad, a cumplirla.

Los puntos básicos de esa ley deberían ser, a mi juicio, los siguientes:

— Los puestos hasta el nivel de subsecretario (incluido este) serán cubiertos por funcionarios y el sistema de selección deberá hacerse mediante un tribunal o comisión de expertos que, a su vez, saldrían de un sorteo entre expertos (funcionarios o no) en las competencias del ministerio correspondiente.

— El número de asesores y otros cargos de libre designación se deberá reducir drásticamente y lo ideal sería limitarlos a la secretaría personal del ministro correspondiente. En el caso del presidente del Gobierno, su gabinete sería más amplio, pero el 80 % de sus miembros tendrían que ser funcionarios.

— Los concursos o subastas de obras o servicios nunca los resolverían los cargos políticos, sino comisiones formadas por funcionarios expertos en las obras o servicios a los que se concurse.

LA REFORMA DEL TÍTULO VIII

Este título es el que regula en nuestra Constitución el sistema autonómico, incluidos ayuntamientos y diputaciones, y su redacción es confusa. Pondré un ejemplo de lo que acabo de describir: el artículo 150.

Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal.

El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.

Por otra parte, hay normas en ese texto que los nacionalistas han ignorado o despreciado olímpicamente. Por ejemplo, en el artículo 149, que señala las competencias exclusivas del Estado, entre las que están (3.ª) las relaciones internacionales (¿qué pintan las embajadas catalanas?), o (6.ª) las competencias penitenciarias.

Este título, es, en fin, un texto confuso que no asegura la colaboración entre las distintas autonomías y menos aún el control sobre ellas por parte del Estado.

Un nuevo Título VIII serviría para obviar todos estos inconvenientes y debería poner fin a los disparates lingüísticos que se vienen cometiendo en el País Vasco y, sobre todo, en Cataluña, Valencia y Baleares.

LA REGULACIÓN DEL CÁLCULO
DEL CUPO VASCO

El abogado y analista José María Ruiz Soroa nos ha recordado no hace mucho[63] a José Ortega y Gasset, que escribió en 1921 lo siguiente: «Oír a vascos y catalanes sostener que son pueblos oprimidos cuando su situación era y es privilegiada parece grotesco».

Y Ortega añadió:

Pero a quien le interese no tanto juzgar a las gentes como entenderlas, le importa más notar que ese sentimiento es sincero, por muy injustificado que se repute.

Y Ruiz Soroa concluye:

Pues, por lo que a Vasconia se refiere, así seguimos un siglo después: los expertos hacendistas que echan cuentas dirán lo que quieran, pero la gente cree de verdad que paga demasiado por estar en España.

El sistema del cupo no es un invento de la Constitución de 1978 (Disposición adicional 2.ª), sino que viene de lejos, y consiste —permítaseme la síntesis— en que ellos cobran todos los impuestos y pagan al Estado lo que este gasta en el País Vasco mediante un cupo. Pero la trampa está en que el cupo no lo calcula una comisión de expertos hacendistas, sino que es el fruto de una negociación entre el Estado y la comunidad autónoma vasca, lo cual ha llevado a que, teniendo competencias más o menos homogéneas y con un esfuerzo fiscal semejante, el sistema foral le suministre a la Administración vasca una sobrefinanciación de los servicios públicos (esencialmente, sanidad, enseñanza, ayudas sociales e infraestructuras), que no cesa de crecer cada año y que está por encima del 200 % sobre la media per cápita de las otras comunidades autónomas

Todo ello lleva a que —tal como escribe Ruiz Soroa— la comunidad autónoma vasca no participa como contribuyente en el esfuerzo nacional de redistribución interterritorial, cosa que sí hacen otras comunidades de renta similar, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que aporta un porcentaje significativo de sus recursos fiscales a los fondos nacionales. De esta forma, el País Vasco se ahorra el equivalente al 5 % de su PIB. Ahorro que no ha dejado de crecer desde hace años.

¿Cómo es posible semejante abuso? Pues porque los sucesivos Gobiernos han considerado que era un asunto menor y que era bueno «pactar», «negociar». Y negociar significa que se tengan en cuenta toda clase de argumentos, y no solo ni principalmente los técnicos. Y en la relación Euskadi-Estado ha habido siempre muchísima política por medio: «Yo te doy un voto a ti y tú me das más dinero a mí». Y eso fue lo que le pasó a Rajoy, que les otorgó un cuponazo a cambio de su voto favorable a los Presupuestos, lo cual no le impidió al PNV votar en contra de Rajoy y a favor de Sánchez pocos meses después, cuando se presentó la moción de censura, en una muestra patente de la palabra dada de estos aprovechateguis.

Además, esa negociación del cupo ha sido y sigue siendo opaca y, una vez aprobado, ese cupo se prorroga indefinidamente si no hay un nuevo acuerdo para renovarlo. Para más inri, el cupo pasa a ser ley, pero en lectura única, lo cual elimina cualquier posibilidad de que los españoles sepamos qué hay detrás de este auténtico trágala.

Y uno se pregunta: ¿cómo es posible que una negociación entre dos poderes públicos sea secreta?

A propósito de la ley del cupo vasco se ha vuelto a plantear la evidente contradicción que existe entre la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española, que ampara «los derechos históricos» vascos, y el artículo 138.2 de esa Constitución, según el cual las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Y si este sistema del cupo no es un privilegio, ¿qué es entonces?

Sea como sea, casi todo el mundo critica hoy esta «asimetría» vasco-navarra, pero nadie o casi nadie ha recordado que a esta anomalía financiera se añade otra. ¿Cuál? Pues las pensiones, que son deficitarias en el conjunto de España y aún más en el Norte. Esos déficits se cubren con los impuestos que pagamos todos los españoles. ¿Todos? Pues no. Los que residen en territorios forales no pagan ni un solo euro para cubrir el déficit que las pensiones generan allí. El mantenimiento de la Caja Única de la Seguridad Social no debería suponer que los territorios forales no cubran sus propios déficits.

Con datos de 2019 (último año normal), habría que bajar las pensiones vascas más de un 30 % para que sus cotizaciones cubrieran el pago de las más de 350.000 pensiones de jubilación que allí se perciben. En otras palabras: cada pensión que se paga en el País Vasco genera casi 6.000 euros anuales de déficit a la Seguridad Social que apoquinamos, vía impuestos, todos los españoles… menos los vascos.

A esos déficits no aluden jamás los «finos» economistas que peroran al servicio del separatismo, cantando y contando las delicias de la independencia. Mentiras que en román paladino se traducen en ese mantra según el cual «España nos roba». Pues no.

Por todo lo antedicho, un Gobierno constitucionalista —como debería ser el español— tendría que presentar en las Cortes un proyecto de ley que regulara el cálculo del cupo vasco, de suerte que ese cálculo fuera realizado por técnicos especialistas en fiscalidad y economía, tres nombrados por el Gobierno nacional y dos por el Gobierno vasco. Dicha ley debería dejar claro que el déficit que pudieran generar las pensiones en el País Vasco se cubriría con los impuestos que allí se pagan.

Sé muy bien que este asunto es tabú y que ningún partido que presente listas en las elecciones vascas querrá saber nada de él (ahí está el ejemplo de Ciudadanos, que lo planteó en su día y se hundió electoralmente en el País Vasco). Mas, sea como sea, es un asunto tan escandaloso que un Gobierno decente —si eso fuera posible— no debería mantener jamás.

¿TIENE ARREGLO EL PSOE?

La política no reside solo en la negociación, como parece creer Pedro Sánchez. No se puede olvidar —nos lo ha recordado no hace mucho Nicolás Redondo Terreros— que una parte importante de la responsabilidad política reside en la negación. No se puede negociar con partidos que tienen a sus dirigentes en la cárcel y muestran su voluntad de volver a cometer los actos por los que están privados de libertad. No se puede aceptar una negociación con quienes quieren dinamitar la soberanía nacional, no se puede aceptar el chantaje, porque la aceptación de un solo chantaje supone la quiebra de la autoridad del Estado. La autoridad, la negación, el rechazo a sentarse según con quiénes y según qué contenido tenga el diálogo, también forma parte de la política; tal vez sean las aristas más ingratas para el político, pero son necesarias.

«Hay que eliminar tensiones y dialogar». «Todos somos responsables de lo ocurrido en Cataluña». Son frases que hemos oído repetir a nuestros gobernantes mientras anuncian un indulto para los golpistas catalanes y trasladan al norte a los presos de ETA, cargados como están de asesinatos.

Es, desde luego, irresponsable el discurso que tanto el presidente Sánchez como Salvador Illa vienen repitiendo, según el cual todos hemos cometido errores en Cataluña. Habría que precisar que unos han cometido más errores y más graves que otros. Para no faltar a la verdad y ser más precisos: mientras una parte ha podido cometer errores en la gestión de la crisis catalana, otros sencillamente han delinquido, como se han encargado de confirmar los más altos tribunales de justicia de nuestra democracia. Poner en igualdad los comportamientos es desconsiderar la realidad, menospreciar lo que ocurrió en Cataluña; es llamar a la reincidencia y deslegitimar a los tribunales. Pero, sobre todo, es poner en el mismo nivel a quienes cometieron un delito y a la mayoría que respeta las leyes y se coloca bajo su imperio. Es el discurso más lamentable desde el punto de vista ético y desde la perspectiva política.

Parece evidente que volver al PSOE al viejo camino de la socialdemocracia europea, es decir, alejado de todo extremismo y de cualquier separatismo, exigirá alejar a Sánchez de la dirección del partido. Y eso no será fácil a no ser que se produzca una derrota electoral que lo saque del Gobierno. Cuando esto escribo ya hay algunas encuestas que anuncian una fuerte caída de las dos formaciones hoy en el Gobierno de coalición. Respecto a esto, a finales del año 2020 José Alejandro Vara[64] publicó un artículo de título harto significativo: «Cómo acabar de una vez por todas con el sanchismo». Desde luego, Vara no se paró en barras:

España y el sanchismo son dos realidades incompatibles. La una o lo otro. Lo otro pretende acabar con la una. Al menos, con esa una tal y como la conocemos. Pretende sustituirla por un ente obtuso y pestilente, dirigidos por Lastras, Junqueras, Otegis y demás cochambre. De momento, va perdiendo la primera. El Parlamento, atenazado; la oposición, arrinconada; la opinión pública, sometida; la Justicia, perseguida; la Corona, hostigada. El sanchismo, deformación tóxica del socialismo, está a punto de derruir, en apenas un par de años, el colosal edificio de nuestra convivencia que costó más de cuatro décadas levantar.

Vara no se muestra optimista respecto a la capacidad política de los españoles:

Cuando se atisba algún viso de fractura en la pandilla gubernamental, el equipo de propaganda de La Moncloa agita, raudo, el fantasma de Vox, de Franco, del Valle, de las cunetas, de Lorca y del beato Azaña para que desaparezcan las disputas y la unidad retorne al bloque de las turbias bastardías. En este país de bobales adocenados y espíritus ovinos, se reacciona con más ahínco contra la supuesta llegada de la extrema derecha que contra la desastrosa gestión de la pandemia (más de 100.000 muertos) o la inepta respuesta ante la crisis económica (medio país en ruina y el otro medio, de camino).

Luego prevé lo que puede ocurrir con Iglesias:

El zapatazo en las nalgas moradas, que será aplaudido fervientemente desde Bruselas, debería compensarse con un volantazo hacia el centro, rumbo a Ciudadanos y también al PP, maniobra que algunos dentro del actual PSOE e incluso en Moncloa, piensan, como los viejos socialistas, tan razonable como inevitable.

También vio Vara como hipótesis probable un avance hasta el triunfo de Pablo Casado, aunque admite que para esa hipótesis se apoyaba en una encuesta que, por vez primera, avalaba la posibilidad de que las tres fuerzas del centro derecha, PP, Cs y Vox, sin necesidad de competir bajo un mismo cartel electoral, alcancen la mayoría suficiente para formar Gobierno.

Y concluía preguntándose: ¿Y si Sánchez, impelido por Bruselas y hastiado de la murga morada, cambia de rumbo? ¿Y si el voto centrista, tres millones, espantado del caudillo cesarista y sus compadres demoníacos, huye hacia la derecha y destartala a Frankenstein?

Un cambio de rumbo de verdad sería aquel que iniciara una Segunda Transición, cogidos de la mano PSOE y PP, con los fines que ya se han apuntado aquí, pero se me dirá que es imposible. Imposible no es, y ahí está el ejemplo de Alemania, pero aun admitiendo que la actitud de los partidos y en especial la de Sánchez lo hagan inviable, los ciudadanos sensatos tenemos el derecho y hasta la obligación de pedirlo, de exigirlo, por el bien de los españoles.

JOAQUÍN LEGUINA HERRÁN nació en Villanueva de Villaescusa, (Cantabria - España) el 5 de mayo de 1941. Es un político y escritor español. Pertenece al Partido Socialista Obrero Español y fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid (1983-1995).

Obtuvo la Licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Bilbao (futura Universidad del País Vasco) en 1965. Más tarde consiguió el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid (1972) y en Demografía por la Universidad de la Sorbona en París (1973).

Desde 1967 es funcionario del Estado, como Estadístico Facultativo del Instituto Nacional de Estadística. Entre 1968 y 1972 y, posteriormente, entre 1974 y 1979, fue profesor en la Universidad Complutense de Madrid. Representó a España, entre 1970 y 1973, en diversos foros internacionales en calidad de demógrafo (Naciones Unidas, OCDE, Consejo de Europa).

En 1973 fue contratado como Demógrafo Experto por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, siendo comisionado por dicha institución en Chile. Allí, fue testigo del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende.

Notas

[1] Todas las citas que encabezan algunos apartados de este libro y que van firmadas con las iniciales J. S. son del autor irlandés Jonathan Swift, de su libro Ideas para sobrevivir a la conjura de los necios, Península, Barcelona, 2013. <<

[2] https://www.fundacionemprendedores.com/observatorio_politico/opinion/sanchez-un-caso-fascinante <<

[3] El Mundo, 25-X-2020. <<

[4] https://www.revistadelibros.com/articulos/la-espana-que-no-pudo-ser?&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nl20201104 <<

[5] Helena Béjar, La dejación de España, Katz Editores, Madrid, 2008. <<

[6] Ramón de España, El manicomio catalán, La Esfera de los Libros, Madrid, 2013. <<

[7] Tony Thorne, «Corrección política y reescritura de la historia», Claves de Razón Práctica (marzo de 2103). <<

[8] Carmen Torres, Instinto de poder, La Esfera de los Libros, Madrid, 2019. <<

[9] M. Garrote, Memorias de una militante de base, base, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. <<

[10] Antonio Caño, Rubalcaba. Un político de verdad, Plaza y Janés, Barcelona, 2020. <<

[11] Ainara Guezuraga, El PSOE en el laberinto, Temas de Hoy, Barcelona, 2017. <<

[12] J. A. Zarzalejos, «El síndrome de Cartagena», Letras Libres (noviembre de 2020). <<

[13] S. Muñoz Machado, Informe sobre España, Crítica, Barcelona, 2012. <<

[14] «Entre chamanes y penitencias», El Mundo, 30-XI-2020. <<

[15] G. Palomo, La larga marcha. De Rajoy a Casado, La Esfera de los Libros, Madrid, 2020. <<

[16] María Llapart y José E. Monrosi, La coalición frente a la pandemia, Península, Barcelona, 2020. <<

[17] A. Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, «Democracia y monarquía», Claves de Razón Práctica (noviembre-diciembre de 2020). <<

[18] F. Mercado, Una pandemia de errores, Deusto, Barcelona, 2020. <<

[19] A. de la Fuente, «Los efectos económicos del Covid y algunas propuestas para hacer frente a la crisis», Revista de Libros (noviembre de 2020). <<

[20] https://www.revistadelibros.com/articulos/economia-y-pandemia-espana-en-europa <<

[21] M. Berga, Cuando la Historia te quema las manos, Tusquets, Barcelona, 2020. <<

[22] J. L. Ledesma, Violencia roja y azul, citado por Julius Ruiz en El terror rojo, Espasa, Madrid, 2012. <<

[23] Eutanasia, del latín euthanasia y a su vez del griego εὐθανασία (muerte dulce). 1. Intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectivas de cura. 2. Muerte sin sufrimiento físico (DLE). <<

[24] http://www.comitedebioetica.es/documentacion/index.php <<

[25] https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2020-11-16/entrevista-jose-antonio-marina_2833880/ <<

[26] «Educación para la mediocridad», El Mundo, 28-XII-2020. <<

[27] https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/deriva-iliberal-en-espana_396069_102.xhtml <<

[28] «CGPJ: entre todos lo mataron», El Mundo, 9-XII-2020. <<

[29] «Presupuestos: prioridades erróneas», El País, 30-XI-2020. <<

[30] https://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2020-12-04/presupuestos-nacimiento-regimen_2859808/ <<

[31] Expansión, 27-XI-2020. <<

[32] «La fiesta del Chivo», El País, 30-XII-2020. <<

[33] Expansión, 6-XII-2020. <<

[34] J. Cofiño González, «Socialismo, resiliencia y renovación generacional», El País, 11-XII-2020. <<

[35] ABC, 12-XII-2020. <<

[36] https://www.esdiario.com/711856463/Sanchez-da-la-espalda-a-todos-los-organos-de-control-en-un-2020-de-rodillo.xhtml <<

[37] ABC, 19-XII-2020. <<

[38] https://www.abc.es/opinion/abci-ignacio-camacho-verdad-derogada-202101022346_noticia.xhtml <<

[39] El Mundo, 13-XII-2020. <<

[40] El Mundo, 10-XII-2020. <<

[41] «No podemos ser como ellos», El País Semanal (noviembre de 2020). <<

[42] El País, 19-XII-2020. <<

[43] El Mundo, 28-XI-2020. <<

[44] F. Ovejero, Sobrevivir al naufragio, Página Indómita, Barcelona, 2020. <<

[45] Castells es, cuando esto escribo, ministro de Universidades. <<

[46] https://www.eltriangle.eu/es/2020/12/07/el-sueno-independentista-se-ha-acabado-el-26-n-del-2020-2/ <<

[47] T. Todorov, Los enemigos íntimos de la democracia, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2012. <<

[48] https://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2020-12-23/pablo-iglesias-izquierda-regresiva_2884083/ <<

[49] https://blogs.elconfidencial.com/sociedad/espana-is-not-spain/2020-10-29/ultimo-informe-instituto-mujer_2810527/ <<

[50] Susan Pinker, La paradoja sexual, Paidós, Barcelona, 2009. <<

[51] Según el diccionario de D. Julio Casares, «cansina» es aquella persona cansada a causa de sus esfuerzos. <<

[52] Hombres y sombras, Editorial Libros, Barcelona, 2020. <<

[53] «Verdad sobre las mujeres muertas», El Mundo, 6-I-2021. <<

[54] https://librotea.elpais.com/estanterias/12-libros-para-salvar-el-planeta-por-j-m-mulet/ <<

[55] https://www.elconfidencial.com/economia/2020-12-12/desigualdad-crisis-coronavirus-ingresos-salariales-rentas-bajas_2869331/ <<

[56] https://blogs.elconfidencial.com/espana/al-grano/2020-12-30/cifras-sin-alma-pedro-sanchez_2890203/ <<

[57] https://www.abc.es/opinion/abci-ignacio-camacho-recepcionista-202012312322_noticia.xhtml <<

[58] El País, 18-II-2021. <<

[59] El Mundo, 15-II-2021. <<

[60] https://blogs.elconfidencial.com/espana/cronicas-desde-el-frente-viral/2020-12-12/la-izquierda-espanola-ha-dejado-de-ser-progresista_2869411/ <<

[61] https://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2020-12-11/hay-alternativa-sanchismo_2867492/ <<

[62] «El tamaño no es lo que importa», El País, 3-I-2021. <<

[63] https://www.revistadelibros.com/blogs/blog-rdl/concierto-y-cupo <<

[64] https://www.vozpopuli.com/opinion/otegi-casado-moncloa-pandemia_0_1423357937.xhtml <<