El escritor y político Joaquín Leguina, una de las voces más críticas de este país, explica de una forma ácida y sin tapujos las consecuencias políticas que han traído consigo las «ideas» y las «ocurrencias» aportadas por una generación de socialistas que tomó como líder a José Luis Rodríguez Zapatero, una etapa durante la cual se forjó un «nuevo» socialismo que llevó al PSOE a la ruina política e ideológica y a los españoles a un callejón sin salida en el que aún seguimos.

Joaquín Leguina

Historia de un despropósito

Zapatero, el gran organizador de derrotas

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Titivillus 12.06.2020

Joaquín Leguina, 2014

Editor digital: Titivillus

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«Años atrás, cuando la riqueza brillaba con sus burbujas vanas, se regalaba dinero etéreo y los medios de comunicación proclamaban que España era la octava economía del mundo, las calles y las piscinas de Madrid se vaciaban en agosto… Pero todo ese mundo reluciente y caduco es ahora solo un sueño del pasado […] el fin de un mundo vinculado al dinero y a los negocios fáciles».

JESÚS FERRERO

La noche se llama Olalla

Prólogo

Este es un libro crítico que trata de explicar, en primer lugar, las consecuencias políticas que han traído consigo las «ideas» y las «ocurrencias» aportadas por una generación de socialistas que tomó como líder a José Luis Rodríguez Zapatero. Viví aquella etapa (2000-2011) en segunda línea, como atento y crítico observador, viendo cómo se forjaba un «nuevo» socialismo que, a la postre, llevó al PSOE —tras dos victorias electorales— a la ruina política y a la trivialidad ideológica. Queriendo innovar, destruyeron. Pretendiendo mejorar la condición económica, cultural y social de los españoles, nos llevaron al callejón sin salida en el que ahora estamos. Aplicando el «diferencialismo» y la descalificación de la derecha, metieron al país en una peligrosa dinámica destructora que puso al Estado democrático en trance de sucumbir a manos de los separatismos. Predicaron mucho, pero no sembraron ni recogieron demasiado trigo y no hicieron prácticamente nada por mejorar la igualdad de oportunidades ni de rentas entre sus compatriotas. Durante los «gloriosos» cuatro primeros años de Gobierno (2004-2008), la distribución de renta no mejoró un ápice. Se fiaron más de las ideologías que de las realidades. Quizá por eso se subieron alegres al viejo carro del anticlericalismo y del antifranquismo y se desentendieron de la fiscalidad mientras ante sus propias narices crecían las enormes gabelas para los directivos empresariales, la burbuja inmobiliaria y las escandalosas evasiones fiscales practicadas por aquellos que no están sujetos a una nómina salarial.

Los partidos —y el PSOE con particular empeño— sostienen que hablar del pasado solo conduce a la melancolía. Puesto que el pasado no tiene arreglo, discutir de él es una pérdida de tiempo. Pero yo me pregunto: si nos está vedado reflexionar críticamente sobre el pasado, ¿cómo podemos enderezar nuestro futuro?

El PSOE se ve envuelto en la hora actual en dos crisis: la interna y la que sufre la sociedad española. Esta última es la que ha puesto sobre el tapete la desafección hacia unas prácticas partidarias que es preciso cambiar con urgencia. Unas formas de selección de personal y una invasión partitocrática de la sociedad que ésta no está dispuesta a seguir tolerando. Ante tan compleja situación o el PSOE se autorreforma o peligra su supervivencia.

Para el futuro del socialismo resulta imprescindible analizar los componentes ideológicos con los cuales se descompensó el proyecto socialdemócrata, como, por ejemplo, «lo políticamente correcto», muy del gusto de los lobbys interesados. Por no hablar de la vuelta a un izquierdismo decimonónico superficial y «comecuras», confundiendo a menudo el fenecido franquismo con la actual derecha española, la cual responde ya a otros intereses y a otras prácticas (poco santas, por cierto).

El autor está convencido de que el mayor peligro que acecha hoy al Estado democrático en España reside en las ideas y actitudes de un nacionalismo periférico que al calor de la crisis se ha lanzado a una desbocada ofensiva separatista… Ofensiva a la que hay que oponer —de una vez— una crítica ideológica firme y serena, que ha faltado hasta ahora, amén de unas políticas racionales en el campo territorial. A juicio del autor, es llegada la hora de abandonar esa dejadez tolerante que ha permitido crecer a los nacionalistas. Es preciso plantar cara a un proceso disgregador que, de prosperar, sería mortal para las partes y para el todo.

Pero este libro no es solo un repaso crítico del zapaterismo; también se adentra en otras redes de intereses y en otras incompetencias. Por eso aborda las actitudes ideológicas del PP y sus políticas desde que volvió al poder en noviembre de 2011. Años duros que se cierran —cuando escribo este prólogo— con un escándalo de corrupción (caso Bárcenas) muy difícil de taponar.

También en la derecha la crisis ha introducido ideologías y ocurrencias que, queriendo hacer de la necesidad virtud, no han conseguido otra cosa que destruir derechos y alargar la salida del hoyo en el que estamos.

Mas, por encima y por debajo de la crítica política, el libro quiere señalar los remedios democráticos que el sistema de partidos, metido hoy en un proceso de desafección creciente, está pidiendo a gritos.

Es posible que todo lo que está aquí escrito sea visto (sin leerlo, claro está) como una prédica más a la que nadie hará el menor caso, pero el autor está seguro de que si alguien —de cualquier credo político o religioso— se adentra en estas páginas, hallará en ellas la reflexión, dolida unas veces, sarcástica otras, pero siempre sincera y decente. Sin trampas.

El autor es un viejo socialdemócrata —eso sí, nada ortodoxo— que milita desde hace años en el antisectarismo, y —quizá para su desgracia— no ha perdido del todo el olfato que le permite acertar con los diagnósticos políticos. También es consciente de los riesgos que esto encierra.

Ya lo decía la sentencia castellana: «Acertar antes de tiempo es otra forma de equivocarse». Aunque el autor de este libro ha visto a menudo confirmadas sus premoniciones, jamás ha pronunciado una frase que detesta: «Ya lo había dicho yo».

PRIMERA PARTE

1

DE LA CRISIS DEL «FELIPISMO» AL ÉXITO DE ZP

El PSOE se presentó a las elecciones de 1996 en malas condiciones anímicas y políticas. A la división interna entre «renovadores» y «guerristas» —un contencioso nunca resuelto— se unía el paso a través de un auténtico viacrucis mediático-judicial, el cual ocupó la última legislatura de Felipe González (1993-1996). En esa legislatura, se mezclaron los más variados escándalos, desde los GAL hasta la huida, caza y captura de Luis Roldán —el director de la Guardia Civil, que había acumulado un notable patrimonio personal a base de trapacerías— pasando por Filesa y todo un rosario de financiaciones ilegales del partido. Todo esto fue utilizado como munición por el PP en aquella larga «carga de la brigada ligera» cuyo eslogan pretendía resumir en tres palabras la acción de Gobierno de los socialistas: «Paro, despilfarro y corrupción».

En cualquier caso, habrá de reconocerse que para quienes dirigieron el ataque fue un triunfo, aunque fuera una victoria pírrica (en las elecciones de 1996 solo 300 000 votos separaron al PP del PSOE). Contra lo que se esperaba, el PSOE obtuvo casi nueve millones y medio de votos (9 425 678), un cuarto de millón más que los que había obtenido en 1993, lo que se tradujo en 141 diputados.

De «derrota dulce» la calificó Alfonso Guerra, pero se equivocaba. Aquella derrota representó el final político de una generación a la que por edad, por ideas y por experiencias vitales pertenezco. Pero no fui capaz entonces de percibir que aquello era el final… Por eso erré el camino. Fui de los que pensaron que bastaría con un descanso para tomar impulso, dejar arreglados los contenciosos internos y volver a la brecha con nuevos bríos y posibilidades de victoria.

Por aquellas fechas andaba yo en la mitad de mi cincuentena y, nada más abandonar la Presidencia de la Comunidad de Madrid (1995), volví a mi oficio de estadístico en el Instituto Nacional de Estadística (INE), donde la gente de mi promoción o aledañas se ocupaba ya de dirigir aquella fábrica, y no tuve sino ayudas para reintegrarme en mi trabajo —después de estar dieciséis años fuera de allí— y lo hice con gusto. Naturalmente, muchas cosas habían cambiado en el INE, y la mayoría de ellas para bien; en tales condiciones, desde mi puesto de asesor del presidente, pude colaborar con algunos trabajos analíticos en torno a fenómenos sociodemográficos que eran los de mi especialidad.

En esas andaba cuando se convocaron las elecciones generales (1996). Caí en la tentación y acepté la oferta de volver a ser diputado nacional. Ahora puedo decir que fue un error político y personal.

En el XXXII Congreso del PSOE, celebrado inmediatamente después de la derrota de 1996, González anunció su renuncia a continuar como secretario general y lo sustituyó Joaquín Almunia. Fue Almunia quien me cooptó para que me ocupara de la política cultural en la nueva ejecutiva. Aquella era una ejecutiva «renovadora», con Cipriano Císcar como secretario de Organización, pero pronto se convirtió en un espejismo. No consiguió ninguna renovación ni pacificó el partido, pero sí cometió un cúmulo de errores que desembocaron en una nueva derrota electoral (año 2000), y esta vez con una fuerte caída en votos (7 920 000 votos, un millón y medio menos que en 1996) y 125 diputados (dieciséis menos que en 1996).

Fue aquella del año 2000 una derrota «hábilmente» trabajada, entre otros, por quien dirigía el partido. Por ejemplo, una buena mañana, Almunia reunió a la ejecutiva y nos comunicó que había decidido innovar: el candidato del partido a la Presidencia del Gobierno sería elegido mediante una votación interna en la cual participarían en pie de igualdad todos los afiliados. Era un procedimiento que no estaba en los estatutos y por lo tanto no era legal. Un sistema que exageradamente se denominó elecciones primarias.

En contra de lo que Almunia pretendía —algo así como una «relegitimación» más allá del dedo de Felipe González, que, según vox pópuli, lo había designado para la Secretaría General—, todas las frustraciones acumuladas se transformaron en una «gran ilusión» regeneradora que Josep Borrell supo aglutinar en torno a su persona… y, claro, Borrell ganó la elección «contra el aparato», como él lo motejó durante toda la campaña interna. Un «aparato» que nunca existió, pues Almunia se trajo gente de fuera de la ejecutiva y puso su candidatura en esas manos, bastante incompetentes, por cierto, y así le lució el pelo. Si hubiera existido un «aparato» de verdad, Borrell no hubiera ganado las primarias, pues en aquellas circunstancias nadie en su sano juicio hubiera celebrado unas elecciones internas con tanto riesgo para el mando.

La noche de la derrota, mientras nos lamíamos las heridas en la sede de la calle Ferraz, Juan Manuel Eguiagaray pronunció una sentencia que creí fruto del pesimismo: «Este es el final político de nuestra generación», dijo. Y, en efecto, así fue… pero, desgraciadamente, fue una muerte lenta. Almunia quiso dimitir aquella misma noche, pero Borrell le pidió que se quedara al frente de la Secretaría General. Joaquín aceptó y aquello fue un error y también un horror.

Así comenzó lo que acabó llamándose bicefalia, con Almunia de secretario general y Borrell de candidato. Pronto se pudo comprobar que aquel vehículo solo funcionaba marcha atrás.

Fueron meses de confusión… hasta que llegó lo peor: se descubrió que dos funcionarios de Hacienda que habían sido colaboradores directos de Borrell cuando este era secretario de Estado de aquel ministerio se habían llevado a un paraíso fiscal bolsas llenas de billetes, dinero procedente de varias coimas obtenidas en sus nuevos destinos en Barcelona.

Acosado por ello, Pepe Borrell —que nada tenía que ver con aquel turbio asunto— decidió dimitir… y quienes lo habían acompañado formando parte de su gabinete como candidato no tardaron en lanzar la especie de que aquel embrollo de las bolsas llenas de dinero había salido a la luz pública a impulsos del «aparato», lo cual, hasta donde yo sé, es falso.

Tras la dimisión de Borrell, Almunia volvió a tomar las riendas y aún tuvo tiempo para un error final: intentar, ya con las elecciones convocadas, un pacto electoral con IU para las candidaturas al Senado, que resultó fallido. Aznar no debió de dar crédito al regalo que se le estaba haciendo, y Rajoy, que dirigía la campaña del PP, desenterró el anticomunismo como quien saca un conejo de la chistera. El PP obtuvo la mayoría absoluta. El PSOE, como ya he dicho, simplemente se hundió, y, antes de que concluyera el recuento electoral, Almunia dimitió de todos sus cargos.

A través de la televisión por satélite que había en las habitaciones del Hotel Carrera de Santiago de Chile, donde yo me alojaba el día de las elecciones españolas, conocí aquella noche antes de acostarme los resultados electorales y pude ver la alegría de los partidarios del PP. Inmediatamente después, las cámaras mostraron la desolada sede socialista de la calle Ferraz y en el atril a Joaquín Almunia anunciando —antes de que se concluyera el recuento— que dimitía de su cargo de secretario general.

Yo estaba en Chile porque el día en el cual se celebraron las elecciones en España tomaba posesión como presidente de la República Ricardo Lagos. Veintisiete años después del golpe de Estado de Pinochet, un socialista, que además había trabajado con Salvador Allende, alcanzaba en las urnas la más alta magistratura del Estado… y yo estaba invitado a la ceremonia que tuvo lugar en Valparaíso, la ciudad portuaria donde Pinochet había mandado construir una nueva sede para el Parlamento y que luego —no era cosa de desairar a la ciudad de los cerros— nadie se atrevió a ordenar que volviera a Santiago. También Pepe Borrell estaba aquel día en Santiago y me lo encontré en el patio de La Moneda, donde nos saludó el nuevo presidente. A este propósito y antes de continuar, se me permitirán unas rápidas pinceladas en torno a aquel viaje.

Después de asistir a la fiesta popular que tuvo lugar por la tarde en el parque Forestal, frente a la que había sido mi casa durante mi estancia en el Chile de la Unidad Popular y del golpe de Estado (1973-1974), fui a cenar al barrio de Bellavista, al pie del cerro San Cristóbal. Nos sentamos a la mesa: Emma Landaeta, que cuando esto escribo sigue destinada en la Embajada chilena en Madrid; Erich Schnake, que había sido mi jefe de Gabinete en la comunidad durante su exilio en España; su hija Loreto; un notable escultor chileno, Sergio Castillo, y su esposa, Silvia Westermann. Estos últimos también habían vivido exiliados, en San Lorenzo de El Escorial.

Durante la cena se respiraba optimismo, aunque Erich, que había sido un joven y brillante senador en la época de la Unidad Popular, no había tenido ninguna suerte en la vida política chilena desde su vuelta del exilio.

Me es imposible reproducir aquí las conversaciones que tuvimos durante la cena, pero recuerdo con nitidez un diálogo —más bien un monólogo— muy elocuente. No sé a cuento de qué salió a relucir la vida en Europa y la impresión que de ella tenían los latinoamericanos.

—Vamos a ver, Erich —se arrancó Sergio Castillo—, supongo que te acordarás de la primera vez (debíamos tener veinte años) que viajamos juntos a Europa, concretamente a la República Federal de Alemania, que estaba en plena reconstrucción, y luego pasamos por Francia y estuvimos en Italia… y cuando volvimos a Chile, ¿de qué veníamos hablando? ¿Qué fue lo que más nos impresionó de Europa?

—La verdad, no lo recuerdo —confesó Schnake.

—De mujeres, hombre de Dios, de las chicas que habíamos conocido. Y luego, cuando ya éramos cuarentones y viajábamos a Europa, ¿de qué veníamos hablando?

—Sigo sin recordarlo —admitió Schnake.

—Pues de museos. De los excelentes museos que hay allí. Y ahora, cuando volvemos de Europa, ¿de qué hablamos?

Esta vez Erich no abrió la boca y Castillo se respondió a sí mismo con brevedad:

—De hospitales, Erich, solo hablamos ya de hospitales.

Pues en eso estamos ya los viejos felipistas: visitando hospitales o hablando de enfermedades, de médicos y de productos farmacéuticos.

Triunfo y depuración

Mis responsabilidades en la dirección federal del partido acabaron aquel domingo del año 2000 y se me presentaba otra magnífica ocasión para coger los instrumentos e irme con la música a otra parte, pero tampoco esta vez lo hice, aunque sí di un paso atrás cuando se formó la comisión gestora que, presidida por Manuel Chaves, conduciría al PSOE hacia un inmediato congreso. Abandoné la sede de Ferraz, me instalé en el despachito del Congreso y acabé la novela que tenía empezada. Recuerdo que cuando hicimos la presentación de aquel libro (El corazón del viento, Alfaguara, Madrid, 2000) en la Casa de América, la campaña electoral interna de cara al congreso estaba concluyendo y el único candidato a la Secretaría General que asistió al evento fue José Luis Rodríguez Zapatero, y no creo que lo hiciera por los intereses literarios, que nunca ha tenido, sino porque allí había mucha gente del PSOE.

Pero yo no apoyé a Zapatero, sino a José Bono, quien durante todo el proceso congresual se mantuvo como favorito en las quinielas y, aunque su campaña interna no se la hubieran preparado peor ni sus más encarnizados enemigos, al abrirse el congreso en el edificio municipal que Ricardo Bofill había levantado en el Campo de las Naciones de Madrid, seguía siendo él, Bono, quien contaba con mayores apoyos.

Bono, Zapatero, Rosa Díez y Matilde Fernández defendieron sus candidaturas con unos breves discursos ante un plenario del congreso que estaba abierto al público y a la prensa. Cuando Matilde —la candidata de los guerristas— subió al estrado para desgranar sus argumentos, noté algo extraño en su semblante y en su tono de voz. Una preocupación o, quizá, un desengaño. Pronto supimos la causa: ella sabía ya la jugada de la cual estaba siendo objeto. Algunos connotados guerristas —aquellos que más habían empujado para romper la resistencia que Matilde Fernández oponía a su propia candidatura— habían pactado sotto voce con el muñidor de Zapatero, José Blanco, para transferirle a Zapatero los votos necesarios que le permitieran desplazar a Bono, a quien los guerristas consideraban un traidor o poco menos.

Escuché los discursos de los candidatos desde la última fila del patio de butacas, y delante de mí se sentaba una granada y veterana representación del periodismo de opinión, adscritos, muchos de ellos, al grupo Prisa. Cuando Zapatero concluyó su discurso de vino y rosas, aquellos veteranos plumillas se levantaron de las butacas y se pusieron a aplaudir al joven «salvador» como si acabaran de asistir a la Inmaculada Concepción. Tiempo tendrían de arrepentirse.

Cuando al fin se hizo el recuento de los votos, se comprobó que el pacto había dado sus frutos y Zapatero superó a Bono por nueve votos. Yo estaba en el despacho de Bono cuando le dieron por teléfono la noticia de su derrota, y algo se maliciaba, pues encajó el golpe sin mover un músculo de la cara… e inmediatamente cometió otro error: desistir de cualquier pacto con Zapatero (por ejemplo, para conformar la nueva comisión ejecutiva), dejándole las manos libres para que el ganador hiciera lo que deseara… y, naturalmente, lo hizo.

Allí, en el sanedrín del ganador, estaban —en primera fila delante de las cámaras— José Luis Balbás y sus amigos, exultantes tras la victoria. Tres años más tarde, dos de ellos, metidos en las listas electorales para la asamblea de Madrid a impulsos de José Blanco, darían la espantada, birlándole la Presidencia de la Comunidad al PSOE y a Rafael Simancas. Los métodos de Balbás y los suyos seguían siendo los de siempre; solo habían cambiado sus víctimas. Volveré sobre este asunto algo más adelante.

Rodríguez Zapatero —quien formaba parte de la ejecutiva de Almunia— había llegado al Congreso de los Diputados recién licenciado en Derecho, pero seguía siendo desconocido para el gran público. Discreto, cauto y poco hablador, parecía responder a la definición que Tirso de Molina hizo del hierro vizcaíno: «Corto en palabras, pero en obras largo». Aunque esas «obras» consistieran en la limpieza étnica que había impuesto en su feudo de León, donde —purga tras purga— había liquidado a la vieja guardia, es decir, a quienes habían reconstruido el PSOE por aquellas tierras tras la muerte de Franco, de los cuales no había dejado políticamente vivo a ninguno. Que aquellas batallas internas tuvieran como resultado una evidente decadencia electoral en la provincia de León poco importaba, y menos ahora que la joven promesa estaba ya en lo más alto del podio. Hasta ese momento había ejercido de Dr. Jekyll en Madrid y de Mr. Hyde en León. Quedaba por saber cuál de las dos personalidades perduraría tras su triunfo.

Durante los casi cuatro años que Rodríguez Zapatero fue secretario general y líder de la oposición fui miembro del Comité Federal del PSOE, puesto que abandoné en 2008, después de treinta años en él. Durante ese tiempo también ocupé un escaño en el Congreso de los Diputados representando a los madrileños. Por lo tanto, aunque solo fuera como espectador, disfruté de un observatorio privilegiado desde el cual vi llegar y actuar al nuevo socialismo de una forma que, la verdad, no me esperaba.

La fe de los nuevos en eso que llaman imagen y en los asesores que dicen manejarla se mostró mayor que aquella que los católicos atribuyen a los carboneros y, en consecuencia, su preocupación por los medios de comunicación fue desde el inicio obsesiva.

Colocados —al fin— en la primera línea, su primer objetivo fue asegurarse la continuidad y, a la vez, alcanzar la meta, tan freudiana, de matar al padre… Pero no solo al padre; también estaban en la lista de la guillotina los tíos, los primos y otros parientes.

De repente, con lo «nuevo» y lo «joven» se construyó un becerro de oro y todo lo que sonara a veteranía era tan delenda como lo había sido Cartago para los militares romanos… Y a ello se pusieron con dedicación y empeño, mientras recibían los aplausos de muchos talludos periodistas, encantados, como Dorian Gray, de que sus arrugas se traspasaran no a un retrato al óleo, sino a los viejos socialistas, para quienes predicaban la jubilación y el retiro. «La nueva generación avanza imparable dentro del PSOE», escribían con delectación. Así fue, y en el PSOE se instauró «lo nuevo» como una religión: las ideas, los mensajes, hasta los peinados y los trajes se renovaron, y, encantados de haberse conocido, los nuevos dirigentes se dispusieron a consolidar sus recién ganadas posiciones.

Para un demógrafo como yo, que conocía cómo estaba de envejecida la pirámide de edades que componían entonces los afiliados del PSOE, el truco era más simple que un cubo: descabezar aquella pirámide invertida, pongamos que a partir de los cincuenta años, significaba eliminar cualquier posibilidad de relevo.

Pero ¿quiénes eran aquellas gentes tan sumisas antaño y tan agresivas hogaño? Eran nuestros alevines, muchos de ellos formados (o quizá debiera decirse deformados) en las filas de las Juventudes Socialistas, que no se habían preocupado de iniciar carrera profesional alguna y que, la mayoría, solo había cotizado a la Seguridad Social a través del partido, ocupados como habían estado —casi desde la Primera Comunión— en cargos políticos o burocráticos.

Gramsci había escrito que una crisis no es sino la expresión de un difícil parto «cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir». Pues bien, aquí no había crisis, ya que los nuevos estaban dispuestos a eliminar a los viejos de un solo y certero tajo de tizona, dejando, claro está, a algunos veteranos vivos, porque —como se sabe— un par de golondrinas nunca hace primavera.

Ante la velocidad de la maniobra, salté de la sorpresa a la indignación por el despilfarro del que éramos objeto los del «antiguo testamento»… y para mayor decepción personal, vi cómo la mayoría de los veteranos tomaba el camino del Aventino, desapareciendo sin hacer ruido, y otros se pusieron a dorarle la píldora al nuevo mando.

En sustitución de los prejubilados, y como muestra de apertura de miras de ZP y sus amigos, fueron apareciendo en cargos muy significativos personas que se habían dedicado a poner, como suele decirse, de ropa de pascua a los socialistas cuando estos eran gobernantes. Personas —provenientes de IU o más a la izquierda— que, en general, estuvieron poniendo a parir al PSOE hasta el mismo momento en que pasaron a vivir de él… y, lo que es más sorprendente, siguen hoy representándolo en las más altas instancias institucionales.

Me temo que estas «recuperaciones» de personas que nunca fueron «de los nuestros» tienen mucho que ver con el adanismo que Zapatero y su gente predicaron desde el momento en que se hicieron con el poder interno. Si se les escuchaba inmediatamente después de su triunfo, parecía que antes de su llegada a la dirección del partido, este no había existido. Y de haber existido, ellos no asumían ninguna obligación o responsabilidad acerca de lo hecho ni en el pasado remoto ni en el inmediato.

Puede pensarse que estos asuntos tienen una relevancia menor, pues, al fin y al cabo, se trata de cuestiones internas de un partido político, y esas cosas —se decía y se sigue diciendo— no interesan al público. Pero podemos convenir en que una de las señales que distinguen al buen político del malo es la de utilizar correctamente los recursos puestos a su disposición, y nadie negará que la decisión de eliminar a un buen número de afiliados con sobrada experiencia era un acto de despilfarro. A no ser, claro está, que se piense que todo el mundo vale para todo, o dicho de otra forma: que cualquiera vale para cualquier cargo.

La herencia recibida… y aumentada

Debe aclararse que la etapa inaugurada por Rodríguez Zapatero en el año 2000 arrastraba inercias perversas que, en lugar de atemperarse con su llegada, se exacerbaron, comenzando con lo que podríamos denominar la metapolítica, es decir, aquellas ideas y prácticas que se refieren al funcionamiento de la actividad política y no a los contenidos de las políticas. Por lo tanto, estaríamos hablando de cosas tales como el funcionamiento interno de un partido o la obsesión de los líderes por «la imagen».

Una parte relevante de lo que bien podría denominarse penosos antecedentes del zapaterismo está constituida por los dos ítems ya citados: a) la democracia interna y b) la obsesión por la imagen. Asuntos que operaron —a mi juicio negativamente— desde el principio de aquella andadura. Vayamos a ello.

Según señaló en su día el profesor García Pelayo —un intelectual exiliado que luego fue el primer presidente del Tribunal Constitucional en la democracia española—, las democracias europeas son «democracias de partidos». Pues bien, en esa línea europea, la Constitución española de 1978 otorgó a los partidos un papel central en el sistema político. Concretamente, en su artículo 6, la Constitución dice lo siguiente: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley».

A cambio de tan amplias competencias en la esfera pública, la Constitución española impone a los partidos solo una condición (artículo 6): «Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos».

Ante una declaración genérica, como esta del artículo 6, era de esperar que una ley concretara esas obligaciones democráticas, pero la ley de partidos, varias veces modificada, sigue sin decir nada acerca de la estructura y el funcionamiento de estos. En la práctica, los partidos políticos españoles se han convertido en estructuras burocráticas cuyo funcionamiento contradice la democracia, cualquiera que sea la interpretación que se le quiera dar a esta palabra. Veámoslo.

Las palabras democracia y democrático pueden entenderse de muy diversas maneras, mas cuando esas palabras se refieren al funcionamiento de una institución, cualquier persona entiende que dentro de ese funcionamiento, si ha de ser democrático, deberán darse, al menos, dos actividades: 1) un debate libre de ideas y propuestas y 2) elecciones.

En otras palabras, la democracia exige competición (de propuestas y de personas) ante un cuerpo electoral, que es quien decide y elige. Lo demás puede ser motejado de tranquilo o, con más propiedad, de sumiso, pero no es democrático. Y desde luego, la cooptación, ya sea de tipo papal respecto al colegio cardenalicio, ya sea corporativa, como es práctica en las reales academias, no es una elección. Dado que, precisamente, la cooptación es la norma general en los grandes partidos españoles, se puede concluir que estos no cumplen con la primera condición, pues detestan las elecciones.

¿Cumplen la condición del debate? Evidentemente, no. Lo explicaré con un ejemplo.

En el Comité Federal del PSOE, durante la etapa de Zapatero, no existió debate alguno, entendido este como confrontación de ideas y propuestas. El debate fue sustituido por el comentario. En efecto, allí solo se comentaba —generalmente de forma elogiosa— lo que había hecho o dicho previamente el mando, y, por supuesto, jamás se votó otra propuesta que no fuera la presentada por la ejecutiva.

He pertenecido al Comité Federal del PSOE —ya lo he escrito— durante casi treinta años ininterrumpidamente (1979-2008) y he vivido los cambios que se han ido produciendo en su funcionamiento. Los trataré sucintamente.

En su inicio, y en lo tocante al apoyo o censura de la gestión de la comisión ejecutiva, el comité federal es una especie de parlamento interno que controla a la comisión ejecutiva, y tradicionalmente en él solo se podía hablar en contra de la gestión de la ejecutiva, pues se suponía que la ejecutiva se bastaba sola para defenderse. Pero un sistema tan rígido podía dar la impresión de que la ejecutiva estaba aislada, por eso los estatutos autorizaron después que se pudiera elogiar la labor de la ejecutiva. Mientras Felipe González y Alfonso Guerra fueron los mandamases, los elogios y los pelotilleos fueron moderados y las más de las veces se disfrazaban con ironía y otras artes retóricas. Pero cuando llegó Zapatero, los elogios se dispararon hasta el sonrojo. Se instaló, además, la (mala) costumbre del aplauso dirigido al mando o a quien glosaba sus méritos, y cuando alguien salía a criticar, aunque lo hiciera moderadamente, el silencio se cortaba y los presentes creaban un frío ambiente para que el crítico —que jamás recibía un aplauso— sintiera el vacío que merecen los herejes.

Siempre que salí a la palestra en el comité federal durante la etapa de Zapatero —y salí muchas veces y siempre para reconvenir al mando—, sentí esa presión ambiental, aunque, la verdad, tales actitudes me trajeron al fresco. Las críticas obtenían del auditorio dos respuestas: la indiferencia franciscana o la descalificación. En mi caso, de las primeras hubo muchas, y de las segundas, unas cuantas. Relataré dos.

No recuerdo de qué iba la cosa, pero critiqué alguna decisión del Gobierno y ZP tuvo la deferencia de tomar mi intervención en cuenta y me contestó con una pata de banco como la siguiente: «Leguina escribe muy buenas novelas… pero, la verdad, últimamente en cuestiones políticas no atina demasiado».

En otra ocasión le reproché que en los nombramientos no tuviera en cuenta «el mérito y la capacidad» de los promocionados. La respuesta —muy significativa— vino a ser la siguiente: «Cualquier militante puede aspirar a cualquier cargo interno y, por supuesto, mientras yo sea presidente del Gobierno, cualquier socialista podrá ser promocionado a cargos gubernamentales de alta responsabilidad».

Lo dicho: que todo quisque vale para cualquier cosa.

La prueba de que la burocratización viene de lejos la tenemos en los reglamentos de las cámaras (Congreso y Senado) pergeñados por los aparatos partidarios y aprobados durante la etapa constituyente. Estos reglamentos niegan la existencia del parlamentario como individuo, pues absolutamente todo —hablar, preguntar, escribir…— se ha de hacer con el visto bueno de la jefatura del grupo y nada le está permitido al diputado a título individual en tanto que persona elegida por sus conciudadanos. Este ninguneo llega hasta el paroxismo (dudosamente legal) cuando, a la hora de cobrar el sueldo, el parlamentario español no lo recibe de la institución a la que sirve (Congreso o Senado), sino que a él le paga su partido (previos descuentos para financiar la organización partidaria, multas y demás cargas).

Estas prácticas denunciaban ya la existencia de un sistema de «selección de personal» en el cual «mérito y capacidad» (artículo 103 de la Constitución) se acabaron convirtiendo en palabras malditas dentro de los partidos, siendo sustituidas por un mecanismo de vieja raigambre romana: el nepotismo. Un sistema endogámico de promoción cuyos efectos perversos saltan a la vista. Muñoz Molina lo ha visto así:

En ningún otro campo profesional se puede llegar más lejos careciendo de cualquier cualificación, conocimiento o habilidad verificable. Se puede dirigir un hospital y hasta ser ministro de sanidad sin tener la menor noción de medicina, y ocupar un puesto de alto rango en la política internacional sin hablar ningún idioma extranjero. He visto a un administrativo entrar de concejal en 1979 y sin haber adquirido ninguna cualificación aparte de la maniobra política llegar diez o doce años después a presidente de una de esas cajas de ahorros que nos han llevado a la quiebra[1].

No descubro el Mediterráneo si digo que en la confección de las listas reside uno de los más evidentes talones de Aquiles que tiene el sistema político en España, y sé que Zapatero no inventó el sistema, ni fue el primero que lo pervirtió. Pero con él la omnipotencia del aparato llegó al paroxismo. Y si había que eliminar a algún molesto o simplemente tibio, se hacía y punto.

Pero no son los partidos los únicos responsables de estos desmanes. La prensa les ha ayudado mucho en esta tarea depredadora. En efecto, durante años se ha ido construyendo una imagen mediática «positiva» en torno a la bondad del liderazgo fuerte y otra negativa que confunde, interesadamente, la confrontación de ideas con la división interna. Por tanto, los medios han jugado en esta construcción «imaginaria» un papel tan decisivo como perjudicial.

En estas condiciones «medioambientales» cabe preguntarse, entre otras cosas, qué papel se les reserva a los afiliados. La respuesta es sencilla y cinematográfica (a lo Cecil B. DeMille). En efecto, toda gran representación teatral precisa de un buen número de figurantes. Los afiliados, antes militantes, se han convertido en eso, en el atrezo de una representación… aunque últimamente también el atrezo es mercenario.

La obsesión por la imagen

Los políticos siempre estuvieron preocupados por su propia imagen, pero dentro del PSOE llegó a ser una obsesión entre los líderes del «nuevo» socialismo.

Es verdad que el político representa, en la doble acepción que puede darse a esta palabra: como actor (teatral o cinematográfico) y como quien actúa en nombre o por cuenta de otros. Las dos «representaciones» son necesarias en la política. Primero, porque alguien tiene que «encarnar» las ideas que se pretenden comunicar y, segundo, porque la democracia es representativa, es decir, que la mayor parte de las decisiones políticas se toman por delegación. Sin delegación no es posible la responsabilidad, que es uno de los conceptos que separan a la democracia de la tiranía.

La representación es necesaria, insisto, pero no puede, en su acepción teatral, eliminar el texto. Y es precisamente la supresión del texto lo que algunos quieren obtener. Los asesores de imagen y, en general, los publicitarios políticos no buscan otra cosa.

Hace ya algún tiempo que se instalaron en el primer plano de la política nacional conceptos tales como protagonismo, marketing o imagen. No es de extrañar, por tanto, que se haya escrito (David Reyes) lo siguiente: «El vedetismo político actual es hijo del star-system y se ha extendido a los espacios sociales de producción, reproducción y representación de lo público. Un sistema que fabrica divinidades terrestres con duración mediática de un cuarto de hora».

La publicidad —una disciplina que le debe mucho a Freud y muy poco a Marx— nos dice cosas como la siguiente (sacada del diseño de una campaña electoral del PSOE): nos encontramos en una sociedad para la que vale más un gramo de imagen que un kilo de acciones. Concepción que muestra, en mi modesta opinión, un camino hacia ninguna parte.

Por otro lado, la sumisión de los políticos al reino de la trivialidad y del escaparate implica la negación de las ideas complejas, sin las cuales la política pierde su alimento principal. Ese escaparate niega —cual Belarmino frente a Galileo— todo discurso complejo, lo cual impide que se eleve el vuelo político por encima del último titular de prensa o la penúltima encuesta de opinión.

Se afirma con gran desparpajo que «una imagen vale más que mil palabras», introduciendo así, de rondón, el mensaje de que las palabras sirven para poco, pues no pueden contener imágenes, pero ¿hay o no hay imágenes en las palabras? Sí, las hay, pero es preciso imaginarlas. Un esfuerzo que no parecen estar dispuestos a permitirnos los forofos de la imagen, para quienes, probablemente, Las Meninas, el cuadro de Velázquez, sea solo una «foto de familia» hecha en el Alcázar de Madrid mientras un tipo estaba allí pintando.

Propendo a pensar, sin embargo, que las complejidades que encierran, por un lado, la condición humana y, por otro, la realidad, no se dejan reducir tan fácilmente. La prueba está en que la mayoría del público ve y denuncia las costuras del traje mediático cuya característica más común es la falta de sustancia. En cualquier caso, no es aventurado prever que el marketing político no podrá sustituir a la política tal como esta se ha entendido desde Pericles. Cuando, en 1940, un hombre rechoncho y maduro, con cara de bulldog, que fumaba en público gruesos habanos, prometió a los ciudadanos británicos «sangre, sudor y lágrimas», este no estaba haciendo publicidad ni construyendo una imagen amable de sí mismo. Hacía política. Política que sirvió para que la democracia sobreviviera en Europa.

2

LUCES Y SOMBRAS EN LA OPOSICIÓN

Comenzaré por comentar tres decisiones significativas tomadas en la oposición y que más tarde, cuando Zapatero llegó al Gobierno, tendrían consecuencias «estratégicas» en el campo territorial y también en el de la política antiterrorista. Denominaré a esas decisiones por el nombre del lugar en el que se materializaron: Cataluña, Euskadi y Madrid.

Cataluña

En marzo de 2003, ocho meses antes de las elecciones catalanas, Pascual Maragall presentó un documento titulado Bases para la elaboración del Estatuto de Cataluña, haciendo del nuevo Estatuto (que, por cierto, nadie reclamaba salvo él) el centro de su oferta programática, lo cual planteó la necesidad de encajar aquel discurso catalanista en el del PSOE. A tal fin se reunieron en Madrid José Bono, Manuel Chaves, Pascual Maragall, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Luis Rodríguez Zapatero. Durante aquella cena, la conversación giró en torno a cómo era posible avanzar en la descentralización del Estado de las Autonomías, es decir, hasta dónde podían ser admitidas por el PSOE las aspiraciones de Maragall sin sobrepasar el marco constitucional. Zapatero estuvo muy interesado en alcanzar un acuerdo, y el debate, según se supo, se planteó entre las posiciones de Maragall, de una parte, y las de Bono y Rodríguez Ibarra, de la otra. Finalmente se alcanzó un compromiso que suponía acotar el proceso de la reforma estatutaria catalana dentro de unas líneas rojas constitucionales que no deberían ser sobrepasadas. Ese fue el núcleo del acuerdo que luego se formalizaría en Santillana del Mar.

En el documento aprobado en Santillana se hablaba de «oposición frontal a todo segregacionismo o pseudosoberanismo»; de «impecable adecuación a la Constitución, a sus valores, y a la integridad política y territorial de España»; de «un amplio consenso social y político para fundar la iniciativa de reforma estatutaria», evitando «una oleada global o indiscriminada de reformas estatutarias»; se justificaba el incremento del autogobierno por la cercanía de las instituciones y por el resultado de su gestión en servicios sociales, rechazando la motivación identitaria de las reformas estatutarias. En pocas palabras: el PSOE aprobó en Santillana todo lo contrario de lo que haría más tarde, empezando por el Estatuto catalán que el PSC propició y que se aprobó en el Parlamento de Cataluña.

Ya dentro de la campaña de las elecciones autonómicas catalanas de 2003, Rodríguez Zapatero prometió que si él conseguía gobernar en España, apoyaría el texto estatutario que saliera del Parlamento catalán.

Armado con la propuesta de la futura reforma estatutaria, Pascual Maragall, cuyos éxitos municipales no le habían servido para derrotar a Pujol en las anteriores elecciones autonómicas (las de 1999, en las cuales el PSC sacó 1 183 000 votos y 52 diputados de un total de 135), creyó que su propuesta de nuevo Estatuto y su «España plural» (en realidad, plurinacional) servirían para derrotar a CiU, pero volvió a perder ante CiU, que esta vez encabezaba Artur Mas.

En 2003 el PSC obtuvo 1 026 000 votos, 157 000 menos que en 1999, y 42 diputados, 10 menos que en 1999. Consiguió, sin embargo, montar una alternativa juntando en un «gobierno tripartito» a ERC, ICV y PSC. Un gobierno cuyo único cemento de unión era su rechazo al PP, al que demonizaron en un texto escasamente democrático donde se daba cuenta de aquel pacto tripartito, el Pacto del Tinell.

Un gobierno que nunca existió, pues el «tripartito» no se dedicó a gobernar, sino a otras cosas, empezando por impulsar aquel nuevo Estatuto de Cataluña que se mostró como un arma de destrucción masiva, pues dejó tras de sí solo ruinas personales y políticas, problemas sin resolver y frustraciones de todo tipo.

Aquella apuesta fallida tuvo su continuación, una vez eliminado Maragall y con Montilla de presidente, tras encabezar en 2006 la lista del PSC por Barcelona. Montilla había pactado en secreto y sin consultar con Zapatero continuar con el tripartito si sacaban entre los tres grupos un diputado más que CiU. El PSC perdió en aquellas elecciones 236 000 votos y cinco diputados respecto a 2003, pero pudo formar otro gobierno tripartito. Un dislate de cuyas consecuencias me ocuparé más adelante.

Euskadi

Nicolás Redondo Terreros, que era el secretario general del PSE cuando ZP fue elegido secretario general del PSOE en 2000, entró a formar parte de la ejecutiva federal de ZP como secretario de Política Institucional.

El 13 de mayo de 2001 se celebraron elecciones autonómicas en el País Vasco; la campaña electoral estuvo marcada por el asesinato a manos de ETA del líder socialista Fernando Buesa y de uno de sus escoltas. Por primera vez, PP y PSOE se presentaban ante el electorado vasco como defensores de la Constitución, por delante de cualquier otra consideración política. Aparecían como un bloque constitucionalista contra el terrorismo, contra el separatismo y en defensa del espíritu y la letra de la Constitución. Con un discurso tan claro como ese, los resultados electorales no fueron nada malos, pues el «bloque constitucional» obtuvo el 41,1 % de los votos, frente al 42,7 % del PNV. El PNV sacó solo un diputado más que el bloque constitucionalista.

Sin embargo, vistos desde la calle Ferraz en Madrid, los resultados no gustaron, porque el PP, liderado allí por Jaime Mayor Oreja, había adelantado al PSOE en 74 000 votos y seis escaños. Desde aquel momento decidieron relevar a Redondo de la dirección vasca y este se avino a ser sustituido. La desconfianza de ZP hacia Redondo no era nueva, ya la había mostrado desde el inicio de su mandato, por ejemplo, yendo a visitar al lendakari Ibarretxe sin comunicárselo a Nicolás. Incluso después de que Redondo dimitiera como secretario general de los socialistas vascos, y dado que muchos militantes le pedían en público que no se fuera, «la mano que aprieta», es decir, José Blanco, había puesto en marcha la máquina de picar carne amagando con sacar a relucir cuestiones personales o filtrando maldades a la prensa. Así se hizo pública una reunión que los Redondo (padre e hijo), junto con Enrique Múgica, habían tenido con Aznar en La Moncloa. Un juego miserable que tan «agradable» hace la convivencia dentro de los partidos. A todo ello se unía la idea que siempre tuvo ZP de no querer saber nada con el PP, prefiriendo siempre otros compañeros de baile, aunque fueran enemigos del Estado, como lo son los nacionalistas.

Fuera como fuera, Redondo dimitió en diciembre de 2001 de todos sus cargos políticos y regresó a la vida civil, y en ella sigue, aportando de vez en cuando sus reflexiones a través de los medios de comunicación en los que colabora.

Madrid

El 25 de mayo de 2003 se celebraron en toda España elecciones municipales, y en Madrid, también autonómicas. El secretario general de Madrid era entonces Rafael Simancas, que le había ganado el último congreso al candidato propuesto por José Blanco. Con reticencia, sí, pero el mando de la calle Ferraz le dejó encabezar la lista de la comunidad. Sin embargo, la ejecutiva federal impuso a Trinidad Jiménez, paradigma de los nuevos valores y gran esperanza blanca del renovado socialismo, como cabeza de lista a la alcaldía de la capital.

Antes de que Jiménez encabezara la lista de la villa de Madrid, Rafael Simancas había encargado una encuesta para testar varios nombres como posibles aspirantes a la alcaldía de Madrid, entre ellos el de Javier Solana, además de Trinidad Jiménez y dos más. Los resultados, a los que tuve acceso, mostraban sin lugar a dudas que Javier Solana estaba en las mejores condiciones para acceder a la alcaldía y lo podía conseguir con relativa facilidad. Rafael Simancas se trasladó a Bruselas para ver a Solana y le ofreció la candidatura. Solana estuvo dispuesto a aceptarla, pero siempre que tuviera la bendición de Zapatero, para lo cual llamó a este. ZP le dijo que ya tenía él una candidata «imbatible».

¿Por qué no quiso Zapatero que Solana encabezara la lista municipal? Las hipótesis son dos, y ambas bastantes miserables: porque Solana era —en términos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra— del «antiguo testamento», o por temor a que el futuro alcalde pudiera hacerle sombra.

Por su parte, José Blanco se ocupó de meter a gente de su confianza en las listas y, por supuesto, en la de la Asamblea de Madrid. Simancas se tragó esa píldora que a la postre resultaría venenosa.

Los amigos madrileños de José Blanco eran un grupo autodenominado Renovadores por la Base (ya escribí antes sobre ellos), que operaba en Madrid desde hacía tiempo chalaneando con sus votos sindicados, apoyando ora a uno, ora a otro, pero siempre al mejor postor, introduciendo así un virus fenicio que no había existido antes en la Federación Socialista Madrileña. Virus que pronto infectaría a todo el partido en Madrid.

El «empuje» de la señora Jiménez como representante del nuevo socialismo en la lista municipal y, sobre todo, el lío en el que Aznar se había metido a propósito de aquel disparate que fue la segunda guerra de Irak (guerra que para aquellas fechas primaverales de 2003 ya tenía reflejo en las encuestas de opinión) propiciaron que el PP hiciera desde la calle Génova un gambito de dama… y de caballero.

Ya se sabía quiénes encabezarían las dos listas del PSOE en Madrid cuando una mañana transitaba yo por los andenes del metro en la estación de Sevilla y una moza se dirigió a mí pidiéndome diez minutos para hacerme unas preguntas, con la intención de rellenar un cuestionario que resultó ser preelectoral.

A poco que se supiera de estas cosas, de las preguntas formuladas se deducía que la encuesta estaba encargada por el PP y que con ella se quería testar la idoneidad de dos personas: Alberto Ruiz-Gallardón, entonces presidente de la comunidad, para la alcaldía, y Esperanza Aguirre, que era en aquel momento presidenta del Senado, para la comunidad.

Hablé con Simancas y se lo comuniqué. También le pregunté a Gallardón si estaba enterado de aquella «movida» y me dijo que no. Días después, él mismo me llamó para confirmarme la «oferta» que le había hecho Aznar, una «oferta que no pudo rechazar». En efecto, ambos, Aguirre y Gallardón, aceptaron encabezar las dos principales listas del PP en Madrid.

A Esperanza Aguirre me la encontré en un sarao institucional días antes de que comenzara la campaña electoral, y al preguntarle yo sobre ese cambio desde la Presidencia del Senado, que entonces ocupaba, a la candidatura madrileña, me dijo con humor, pero indudablemente dolida:

—Ya sabes, cosas de Aznar… y es que no creas que en «las alturas» me quieren mucho.

—Por lo que yo sé a través de las encuestas, no lo tienes fácil —le comenté.

—Lo sé, lo sé —me aseguró.

Gallardón, aunque preocupado por la deriva que tomaba la aventura de Irak, iba a buen paso hacia la mayoría absoluta. Lo cual se hizo patente tras el naufragio estrepitoso de Jiménez en los debates, donde llegó a proponer la «plantación» de semáforos en la vía de circunvalación que se llama M-30.

Aguirre, sin embargo, se enfrentaba a más dificultades en la comunidad, y las encuestas que se manejaban en el entorno de Simancas así lo reflejaban, pues según estas el triunfo de la izquierda (PSOE más IU) estaba al alcance de la mano.

Dos o tres días antes de la cita electoral, en una reunión informal con gente de la cultura a la que asistía Alicia Moreno, que luego se encargaría de «las artes» en el ayuntamiento de la capital, se hizo una porra acerca de cuántos concejales sacaría el PP en el Ayuntamiento de Madrid. La casualidad y cierto olfato me hicieron acertar con la cifra exacta, 30 concejales (y así me llevé los más de 150 euros del premio); además quedé ante los allí reunidos como un sabio en «prospectiva electoral», algo que nunca he sido.

El 25 de mayo de 2003 los resultados electorales en el ayuntamiento fueron malos para el PSOE (20 concejales), y el triunfo por mayoría absoluta del PP evitó que se pusieran semáforos en la M-30… y los madrileños pueden disfrutar hoy de un nuevo y hermoso parque («Madrid-Río»), construido en el terreno que antes ocupaba la M-30 y que va desde el antiguo matadero hasta el Puente de los Franceses. Así que «algo es algo».

La señora Jiménez aguantó poco tiempo en el ayuntamiento, pero suficiente para realizar la correspondiente escabechina entre «los antiguos», tanto en la lista de concejales como entre las personas adscritas como técnicos al grupo municipal.

A partir de su «éxito» municipal, Jiménez pasó —tras la victoria de ZP en 2004— a ser secretaria de Estado en el Ministerio de Exteriores, luego ministra de Sanidad y finalmente ministra de Exteriores. Como se ve, una versatilidad envidiable, aunque poner al frente de la carrière a una mujer que había opositado varias veces al cuerpo diplomático sin éxito no puede decirse que fuera una decisión muy prudente.

Los resultados electorales del 25 de mayo arrojaron la siguiente composición de la asamblea madrileña: 55 diputados del PP, 47 del PSOE y 9 de IU. Por lo tanto, la izquierda superaba en un diputado al PP, pero el triunfo electoral de la izquierda en la Comunidad de Madrid pronto se convirtió en un desastre.

El día de la constitución de la asamblea, dos diputados del grupo socialista (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, ambos «renovadores por la base») se ausentaron del pleno, dejando destrozado el pacto de izquierdas. Aquel día, la mesa, cuya presidencia y composición también estaban pactadas entre PSOE e IU, quedó en manos del PP, que con la ausencia de aquellos dos diputados socialistas recuperaba la mayoría absoluta que había perdido en las urnas.

El resto fue un calvario, especialmente para Rafael Simancas, y como ni Simancas pudo ni Aguirre quiso sacar adelante la investidura, se fue a nuevas elecciones, que fueron convocadas para el 26 de octubre de 2003. En las urnas pasó lo que era lógico: el PSOE fue castigado y bajó de 47 a 45 diputados (esos dos diputados fueron a parar al PP). La izquierda se quedó en minoría ante un PP que recuperó así la mayoría absoluta (57 diputados).

A partir del fiasco provocado por la pareja de «renovadores por la base», el PSOE ejerció el derecho al pataleo, pero ni el fiscal general —que era entonces el obsecuente Cardenal, puesto en el cargo por el PP— ni más tarde, cuando ya gobernaba Zapatero, la policía hicieron nada, que se sepa, para investigar si los «huidos» habían recibido dinero u otros bienes a cambio de «los servicios prestados»… y la cosa, como tantas veces, se quedó en agua de borrajas.

Naturalmente, nadie en la calle Ferraz se responsabilizó del desaguisado que habían provocado sus «amigos». Eso sí, expulsaron del PSOE a los más notables cabecillas de aquella facción, entre ellos al jefe de la «partida», un personaje que encajaría muy bien en cualquier película norteamericana sobre el Chicago de la ley seca y cuyo nombre, lo repito, es José Luis Balbás.

La ley de partidos

El PSOE impulsó estando en la oposición —durante los cuatro «años triunfales de José María Aznar» (2000-2004)— una iniciativa que resultó ser muy positiva y a la vez muy contradictoria con las políticas «de paz» que ZP puso en marcha cuando llegó al Gobierno.

La propuesta se llamó ley de partidos, era sencilla como un cubo. Varios gobiernos —entre ellos alguno de Felipe González— habían pensado en ella, pero nadie se había atrevido a llevarla a las Cortes temiendo la reacción de los nacionalistas «moderados» o que el Tribunal Constitucional, bajo la presión de una parte —la progre— de la Judicatura, la echara abajo, pues en España abundan los juristas que en los asuntos de terrorismo han ido agotando las reservas del «papel de fumar» con el cual preservaban sus dedos inmaculados de cualquier contacto con lo impuro.

En términos coloquiales, la ley bien podría haberse denominado ley de sopa o teta. En resumen: o los partidos condenaban de palabra y de hecho el terrorismo o salían del juego político. En concreto, Batasuna tenía que escoger: o condenaba los atentados o se olvidaba de concurrir a las elecciones y hacer de portavoz etarra en las instituciones democráticas.

En contra de las opiniones y advertencias de los medrosos, la ley fue aprobada sin que el norte se llenara de barricadas y ¡oh milagro! sin que el Tribunal Constitucional (TC) la echara abajo ni el Tribunal Europeo le encontrara mácula alguna.

Creo sinceramente que aquella ley fue el principio del fin de la matanza. De la noche a la mañana, los Otegui y compañía se vieron en la calle, donde hacía mucho frío. Unos y otros, asesinos y cómplices, se encontraban ante la obligación de pagar, aunque fuera una parte pequeña, lo que ellos habían calificado como «socialización del sufrimiento». Una frase cínica que define, mejor que cualquier otra, la mala fe que siempre han exhibido y siguen exhibiendo todos los «palmeros de ETA».

«Socialización del sufrimiento»: es decir, tú pones los muertos y nuestros «héroes», si los pillan, se tiran en la cárcel unos cuantos años, hasta que «la presión popular» o la negociación los saque «triunfalmente» de allí… ¿Qué parte de ese sufrimiento se reservaban para sí los palmeros? Desde luego, ninguna. Y así, dando ellos la matraca y los asesinos el plomo, llevaban muchos años «socializando el sufrimiento».

Dolores González Kataraín, Yoyes, había renunciado a la violencia y se había acogido a la amnistía decretada en 1977. Había regresado a su tierra desde América Latina en 1985. En su diario escribió ácidos comentarios sobre el fascismo de ETA y de HB. También sobre la incapacidad de este submundo etarra para reconocer la preeminencia de la libertad humana sobre la nación. Vivía rodeada de pintadas amenazantes, viendo cómo se le negaba el saludo y recibiendo amenazas por parte de las personas que se la encontraban en la calle. El 10 de septiembre de 1986, José Antonio López Ruiz le disparó tres veces en la cabeza mientras paseaba con su hijo por Ordizia, su pueblo natal. Cayó frente a una pintada que la acusaba de traidora. Uno de sus hermanos, concejal de HB en ese pueblo, fue incapaz de condenar públicamente su asesinato.

Mario Onaindía escribiría a este propósito lo siguiente:

La crisis personal de Yoyes fue la misma que la de todos los que vivimos la decepción por el hundimiento del mito revolucionario: el descubrimiento de la vida cotidiana, la importancia de la individualidad. Yoyes tuvo que hacer un esfuerzo titánico, al final saldado con un tiro en la nuca, para alcanzar la suficiente libertad para tener sus propios criterios ante la vida, pero en Euskadi la autonomía personal, quien la alcanza, solo lo hace con crueles rasgaduras y traumas familiares[2].

Conviene recordarlo ahora: la de partidos fue una ley necesaria y fue impulsada por Zapatero. Es bueno recordarlo porque más tarde, cuando creyó que él era el destinado a traer «la paz», las prisas le llevaron a repudiar una de las mejores cosas que había hecho, y la había hecho desde la oposición.

La ceguera de Aznar

Un conocido diputado del PP que, para más inri, ejercía entonces de «látigo» en el Congreso, me agarró por el hombro un día de 2005 en un pasillo del Congreso y me dijo: «El nuestro [Aznar] se volvió loco durante la segunda legislatura, pero el vuestro [Zapatero] estaba ya loco cuando lo elegisteis». Del segundo y de sus posibles desvaríos me ocuparé más adelante, pero la verdad es que Aznar, cabalgando sobre una cómoda mayoría absoluta y cegado por el éxito electoral del año 2000 y la obsecuencia de sus fieles, comenzó a disparatar, sobre todo en lo tocante a la política exterior. Dispuesto a «sacar a España del rincón de la historia» —donde, según él, había estado hasta su llegada al Gobierno—, el presidente se embarcó en una renacida carabela colombina y abandonando Europa puso rumbo a los Estados Unidos. Una vez allí, cambió el catalán, que dijo hablar en privado durante su primera etapa, por el acento tejano.

La verdad es que Aznar tuvo muy mala suerte con sus nuevas y peligrosas amistades allende el Atlántico, pues, si bien se mira, de los presidentes habidos en los Estados Unidos desde George Washington le vino a caer en suerte el más necio, mendaz y trapacero de todos ellos… que acabó por meter a nuestro compatriota en un buen lío, arrastrándolo a la guerra de Irak. «¿Qué se nos ha perdido allí?», dicen que preguntó Rodrigo Rato en un Consejo de Ministros, pero tan elemental pregunta no obtuvo respuesta.

Miles de ciudadanos se habían lanzado a las calles en muchas ciudades del mundo para intentar evitar que los Estados Unidos atacarán Irak y en España aquellas manifestaciones fueron multitudinarias. El Gobierno de George W. Bush afirmaba entonces que Irak poseía armas de destrucción masiva y que tenía lazos firmes con Al Qaeda. El 5 de febrero de 2003 el secretario de Estado, Colin Powell, presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU las «pruebas», y todas ellas eran falsas.

Quienes asistimos a la gran manifestación contra la presencia de España en Irak que se celebró en Madrid al inicio de 2003 no precisamos de grandes conocimientos sociológicos para comprobar que allí había muchos votantes del PP. Aznar iba camino de conseguir la unanimidad… pero en su contra, y aun así decidió «sostenella y no enmendalla».

El 16 de marzo de 2003, el presidente de los Estados Unidos se reunió en las Azores con el de España, José María Aznar, y con los primeros ministros del Reino Unido, Tony Blair, y de Portugal, José Manuel Durão Barroso. Estos mandatarios decidieron allí lanzar un ultimátum a Sadam, mientras otros países como Francia, Alemania o Rusia pedían prudencia. Aquella foto que se hicieron en las Azores perseguirá a Tony Blair y a José María Aznar hasta el fin de sus días.

Los tanques norteamericanos llegaron a Bagdad en abril de 2003 y los soldados estadounidenses derribaron la descomunal estatua de doce metros que se alzaba en honor de Sadam en la plaza del Paraíso. Un mes después, Bush declaró la victoria y los soldados españoles llegaron a Irak el 30 de julio. Allí sufrirían once bajas.

El 13 de diciembre de 2003 los Estados Unidos anunciaron la captura de Sadam Husein. Estaba en un zulo al sur de Tikrit, su ciudad natal. En diciembre de 2006 Sadam fue juzgado por un tribunal iraquí, condenado a la horca y ejecutado por crímenes contra la humanidad.

Bush y su cuadrilla se habían metido en un avispero que la dictadura de Sadam Husein tapaba: clérigos trabucaires de las más diversas obediencias islámicas hicieron su aparición arrasadora junto a la gente armada que suele campar por sus respetos ante cualquier crisis en aquella zona. Para más inri, acólitos de Bush, sin moverse de Washington y en contra de la opinión del Pentágono, poco después de la entrada en Bagdad del ejército americano, decretaron la disolución del Ejército iraquí, dejando en la calle a unos cuantos miles de profesionales de la milicia, sin sueldo y armados hasta los dientes… Encadenando incompetencias y mentiras, los invasores hundieron aquel país en un infierno. Infierno que allí sigue.

Después de la «victoria» norteamericana, y antes de que concluyera 2003 comenzaron las luchas entre milicias rivales. El conflicto se agudizó con los enfrentamientos entre suníes y chiíes. Ante el fortalecimiento de la resistencia, los Estados Unidos tuvieron que enviar nuevas tropas a comienzos de 2007.

La guerra de Irak —pese a que la presencia militar española allí distaba mucho de ser decisiva— le trajo al PP muchos disgustos y le produjo un desgaste electoral evidente, aunque no tanto como para que las encuestas preelectorales anunciaran, ni de lejos, una derrota en marzo de 2004.

Otro de los grandes errores del PP en vísperas electorales tuvo como causa la mala suerte, aliada, eso sí, con la incompetencia. El 13 de noviembre de 2002, mientras transitaba frente a la Costa de la Muerte cargado con 77 000 toneladas de fuelóleo y tras varios días de maniobra, uno de los tanques del Prestige —un barco con bandera de Bahamas, propiedad de la sociedad Mare Internacional, con sede en Liberia, y utilizada por armadores griegos y de otros países europeos— explotó durante una tormenta y se derramaron 63 000 toneladas de fuelóleo. El barco acabó partiéndose en dos y se hundió mar adentro, a 250 kilómetros de la costa y a una profundidad de 3850 metros. La marea negra provocada por aquel vertido causó una de las catástrofes medioambientales más grandes de la historia de la navegación, tanto por la cantidad de contaminantes liberados como por la extensión del área afectada, una zona que iba desde el norte de Portugal hasta las Landas en Francia.

Mientras ocurría el naufragio, las autoridades (Fraga, presidente de la Xunta; Álvarez-Cascos, ministro de Fomento…) estaban cazando y dieron órdenes y contraórdenes, lo cual, según es bien sabido, solo produce desórdenes. La pésima gestión del accidente le hizo otro roto al PP.

La campaña electoral

Aznar disolvió las Cortes el 19 de enero de 2004 y convocó las elecciones generales para el 14 de marzo. A finales de febrero comenzó la campaña electoral. Pese a los excesos y a los errores cometidos por el Gobierno y pese al «cambio de caballo» que había convertido a Mariano Rajoy en candidato a presidente del Gobierno gracias al «dedazo» de Aznar, las encuestas seguían dando —ya lo he escrito— como ganador de los comicios al PP. Quizá por eso y debido a esa actitud tan prepotente que suelen tomar los favoritos, Rajoy, aconsejado por sus asesores (personajes que están siempre dispuestos a dañar los más elementales usos democráticos si ello da ventaja a sus clientes), tomó la decisión de no debatir con Rodríguez Zapatero ante las cámaras de televisión.

El tono general de la campaña fue «alegre y confiado», y las ofertas, tan generosas como irrealizables. El ejemplo más evidente de la intención de engañar lo dio el PP, que incluyó en su programa 250 propuestas que ellos mismos habían rechazado en las Cortes. Pero quizá tiene más interés fijar la atención en las promesas del PSOE, que, al fin y al cabo, acabó siendo el ganador, y eso permitirá comparar —para usar términos cernudianos— la realidad con el deseo. No quiero martirizar al lector con una reata de promesas cumplidas e incumplidas, solo recogeré las promesas de 2004 en el campo de la regeneración democrática:

Reforma de la ley electoral con la intención de desbloquear las listas electorales, fomentar los debates en televisión, elección directa de alcaldes y paridad en la composición de las listas electorales.

Potenciar un nuevo modelo de financiación de los partidos políticos.

Reforma constitucional del Senado para que se convierta en una cámara de representación territorial.

Regular las bodas entre personas del mismo sexo.

Profesionalización y despolitización de RTVE.

Aunque estas promesas no implicaban ningún aumento apreciable del gasto público, solo se llevaron a cabo las dos últimas, la de las bodas gays (junio de 2005) y la profesionalización de RTVE (junio de 2006), dos asuntos sin duda relevantes, pero todas las demás propuestas, centradas en el problema de la representación política, se olvidaron en la primera y también en la segunda legislatura.

El programa fiscal suscitó no poca polémica (incluso interna, pues aún no se había impuesto del todo la ley del silencio): «Cuando gane el PSOE —declaró entonces Magdalena Álvarez, exconsejera de Hacienda de Andalucía—, cuantificaremos estas medidas, porque una reforma es muy compleja, es como un puzle, hay que ir encajando las piezas».

Al parecer, las piezas no encajaron cuando, poco después, Pedro Solbes se volvió a hacer cargo del Ministerio de Hacienda. El hecho fue que en el terreno fiscal apenas varió nada y el IRPF lo siguieron pagando muy mayoritariamente los asalariados. La dolorosa verdad es que cuando Zapatero abandonó la Moncloa la fiscalidad era más regresiva y la distribución personal de la renta más desigual que cuando él llegó a la Presidencia. La única reforma fiscal fue la aprobada en marzo de 2006 y que entró en vigor en 2007, con un IRPF algo más bajo y menos progresivo y la primera rebaja al impuesto de sociedades desde que se aprobó la Constitución.

En el sector económico que traería a España sus mayores problemas, el de la construcción y financiación de viviendas, se prometió y luego se hizo una ley del suelo que ponía fin al disparate ultraliberal de la ley anterior, aprobada en la época de Álvarez-Cascos. A pesar de la nueva ley y de las buenas intenciones de las sucesivas ministras de Vivienda, nadie se puso en serio a parar la bola especulativa, que siguió creciendo hasta que la burbuja estalló llevándose por delante buena parte de lo que tanto había costado construir. Citaré a este propósito a un escritor y periodista veterano, Juan Pedro Quiñonero:

Con el beneplácito satisfecho del Estado, hombres, mujeres, familias, municipios, comunidades autónomas, cajas de ahorros y bancos se precipitaron en el río de aguas revueltas de la especulación inmobiliaria, como las ratas en el río del cuento del flautista de Hamelín. […] Alcaldes y concejales se asociaron con «empresarios» llegados a esa condición de nuevo cuño en los arrabales donde el dinero fácil permitía comprar a bajo precio conciencias[3].

Visto desde la distancia que da el tiempo, lo más llamativo de todo el programa fue la ausencia en él de algunas graves decisiones que luego se tomaron, y por encima de todas ellas el proyecto de «la España plural», es decir, la reforma masiva de los estatutos de autonomía. ¿Por qué no se habló de eso ni en el programa ni tampoco, claro está, en los debates electorales? Seguramente porque se hubiera abierto un melón imposible de manejar con éxito en una campaña; por eso se prefirió recurrir más adelante a los hechos consumados. Habré de volver sobre ello.

Respecto al talante y al ánimo que acompañaban a Zapatero en aquellos días previos a su triunfo, baste con leer la crónica «personal» que publicó El País en vísperas de las elecciones. Entre otras cosas decía lo siguiente:

Angélica Rubio [asesora de Rodríguez Zapatero] jura que su jefe tiene baraka. «Tiene tanta suerte que le lían hasta para jugar a las quinielas», dice, y Zapatero asiente complacido. Pero lo que más llama la atención es su convicción sin fisuras en el triunfo.

Hace poco Botín visitó a Zapatero en su despacho en la sede de la calle Ferraz y le comentó: «No entiendo de esto, pero alguno de mis hijos me dice que usted va a ganar y yo siempre hago mucho caso de mis hijos». El candidato socialista lo expresa de otra manera: «Voy a ser presidente del Gobierno, eso es seguro, y la gente sabe que lo mejor es que gane ahora, en lugar de perder por poco y tener que serlo dentro de dos años, tras la debacle del PP».

El texto es de una transparencia y claridad que no precisa comentarios.

Las bombas

Lo que sigue son las notas que tomé los días 11, 12, 13 y 14 de marzo de 2004, con un final escrito poco después, el día en que la policía rodeó en Leganés el edificio donde se habían escondido algunos de los autores del atentado. Las dudas sobre la autoría de la matanza, tal como las viví entonces, y las reflexiones en torno a la tragedia componen este «diario» escrito al compás de lo que estaba ocurriendo aquellos días en Madrid.

11 de marzo. Nos despertamos con la tragedia que no se despegará de nosotros en mucho tiempo. El conteo de muertos y heridos no dejará de aumentar a lo largo del día. Es un mazazo que marcará las vidas de las familias y amigos de los asesinados, de los heridos y, en general, de todos los españoles, especialmente de los madrileños. Pocos dudan de que haya sido ETA y más cuando, bien entrada la mañana, el ministro del Interior, Ángel Acebes, lo afirma tajante. Sin embargo, Otegi (líder de la ilegalizada HB) adelanta, desde la primera hora, sus sospechas respecto al fundamentalismo islámico, que él moteja de «resistencia árabe». Ya por la tarde, el ministro del Interior informa de que se ha encontrado en Alcalá una furgoneta con unos detonadores en su interior… y una cinta en árabe con versículos del Corán. (Verde y con asas).

El portero de la casa de Alcalá de Henares, junto a la cual los terroristas abandonaron la furgoneta, dice haber visto salir de ella a tres jóvenes que le resultaron sospechosos por llevar la cara semioculta; por eso informó a un vecino del inmueble y este avisó a la policía.

Pepe Barrionuevo, exministro del Interior, me llama por teléfono a mediodía del 11 de marzo y asegura que los autores son islamistas. Lo argumenta así: 1) las pautas de ETA (avisos previos, etc.) chocan con lo ocurrido, 2) Otegi ha anunciado su asistencia a la manifestación que habrá en Bilbao contra los atentados, y 3) oficiales de la Guardia Civil piensan lo mismo que él.

En los cuatro trenes explosionaron doce bombas y se encontraron otras tres mochilas con explosivos. Al día siguiente (viernes 12), se nos informa de que una de las mochilas que no llegó a explosionar, y tampoco fue detonada por la policía, contenía explosivos de fabricación española y detonadores de cobre también fabricados en España (al parecer, los detonadores que usa ETA son de aluminio).

La confusión acerca de la autoría del crimen ensombrece aún más la tragedia y, aunque todos juegan a ser unánimes en sus condenas, comienza a reptar el gusano de la duda y con él nacen las diferencias.

Los partidos callan, pero resulta evidente que el PSOE se inclina a favor de la autoría musulmana y el PP por la de ETA. Detrás, no tan subliminalmente, se percibe la carga de las responsabilidades. Si fueran los islamistas, «la culpa» la tendría el PP, «que nos ha metido en una guerra injusta». Si fuera ETA, «la culpa» la tendría Carod-Rovira[4] y por extensión el PSOE: «Gente que pacta con los asesinos» y a pesar de ello son mantenidos en el Gobierno de Cataluña por Maragall y por Zapatero.

Sea como fuere, la autoría de la matanza no resulta cosa baladí y tampoco lo es desde el punto de vista psicológico. Saber quiénes han sido los asesinos forma parte del duelo al que tienen derecho las víctimas. Por otro lado, la invisibilidad de los autores introduce un elemento nuevo que se añade a la inseguridad. ¿De dónde nos viene el ataque? Esa es la cuestión.

La manifestación por la tarde en Madrid, bajo un aguacero que no cesa, es un éxito. A ella han (hemos) acudido todos, sin distinción de sexo, edad o condición social.

«Queremos la verdad, antes del domingo» ha sido una de las consignas de la manifestación de hoy (viernes 12) en Madrid. Tengo la desagradable sensación de que se está extendiendo una niebla de duda no solo sobre la autoría, sino también sobre la información que suministra el Gobierno. El hecho de que la ministra de Exteriores haya ordenado a nuestros embajadores que defiendan la autoría de ETA no hace sino echar leña al fuego de esa duda.

Los argumentos según los cuales la autoría de ETA perjudicaría al PSOE son tan miserables que no merece la pena comentarlos, pero el argumentario que sostiene la responsabilidad de Aznar y de su Gobierno, en caso de ser los autores de procedencia islamista, tampoco deja de emboscarse en una idea innoble. Me explico: la entrada de España en la guerra de Irak es criticada en tanto que esa guerra fue, a todas luces, ilegal y estuvo apoyada, además, en una sarta de mentiras. Por eso y solo por eso nos opusimos tantos españoles a la guerra. Un argumento que incluya la amenaza terrorista como razón para oponerse a dicha guerra (o a cualquier acción política o militar) contiene en su seno una cobardía moral, simplemente, detestable. Si la amenaza terrorista se convierte en un elemento central a la hora de tomar decisiones políticas, estaremos perdidos, y de la forma más cobarde: la rendición sin lucha.

Tarde del sábado 13. El ministro del Interior anuncia la detención de cinco individuos (tres marroquíes y dos hindúes). La pista seguida es el teléfono móvil integrado en el sistema de detonación que se encontró en la mochila-bomba que no llegó a explosionar. La nacionalidad de los detenidos (probablemente los vendedores del móvil y su tarjeta), el origen de los explosivos, que no son los que usa ETA, los versículos coránicos en la furgoneta… Todo apunta, definitivamente, al fundamentalismo islámico. (Blanco y en botella).

Veo a Alfredo [Pérez Rubalcaba] en la televisión y dice algo que puede tener consecuencias electorales y también a largo plazo: «Los españoles no se merecen un Gobierno que les mienta». Es un estilete dirigido contra el Gobierno que no quedará en agua de borrajas.

14 de marzo. La política, como el fútbol, muchas veces interesa más por lo incierto del resultado que por la calidad del juego. En ambos se dan marcadores imprevistos o sorprendentes. Así ha ocurrido hoy.

Me he pasado el día como apoderado del PSOE en el instituto San Isidro del distrito centro. A mediodía, había votado un porcentaje de electores sensiblemente superior al observado a esas horas en las elecciones anteriores, las del año 2000. Ese dato me ha llevado a sostener durante la comida con varios compañeros en La Vaquita Argentina de la calle Bailén que el PSOE ganará las elecciones. Las caras de incredulidad se han tornado menos escépticas cuando he explicado los datos de participación en los que baso mi apuesta, pero, la verdad, nadie se lo acababa de creer. Tampoco aceptan mi envite para una porra. «No vamos a apostar a favor del PP», me dicen.

Por la tarde, un joven de algo más de treinta años, barba y tenue informal, a quien le debe de «sonar» mi cara, y en cualquier caso me identifica con el PSOE, se me acerca:

—Usted es de «esto», ¿verdad? —me pregunta—. Es que yo no he votado nunca —aclara—. ¿Podría indicarme cómo se hace?

Me da su dirección postal y busco la mesa en la que tiene que votar. Luego le indico cómo ha de meter la papeleta blanca (Congreso) en el sobre blanco. Que ha de poner tres cruces en la papeleta color salmón (Senado) e introducirla en el sobre del mismo color. El hombre lo hace con soltura, aunque tiene alguna dificultad con la enorme sábana del Senado. Luego se pone a la cola para votar y cuando sale hacia la calle me da, una vez más, las gracias. ¿Qué le ha llevado a votar esta vez? La hipótesis más probable es fácil de imaginar.

He asistido al recuento de las mesas y en una de ellas el joven socialista que allí ejerce de interventor recordaba que en los anteriores comicios, los de octubre pasado (repetición de las elecciones autonómicas en Madrid), los socialistas habían ganado al PP por una diferencia de quince votos. Ahora el PSOE ha adelantado al PP en setenta y cinco votos, lo cual confirma mis augurios.

Vuelvo a casa (21.00 horas) y comienzan a llegar los amigos que se han autoinvitado. Las encuestas a pie de urna —que aquí, no se sabe por qué, llaman israelitas— suministran, como casi siempre, datos que luego se demostrará que son erróneos. Ninguna estimación es buena, pero alguna de ellas da ganador al PSOE. Espero en mi cocina oyendo la radio, mientras preparo una gran caldereta de rape. A partir del 70 % del recuento, las cosas parecen estabilizarse y, en efecto, así quedan hasta el final. Los socialistas han (hemos) ganado. Más tarde salen a la palestra los del PP y Rajoy reconoce la victoria socialista, rodeado a derecha e izquierda por Aznar y Rato. Este último muestra una cara que es todo un poema. Pero Aznar, que es el gran responsable y el gran derrotado, mantiene su «rostro impenetrable».

Durante la resaca del día siguiente (15 de marzo), los buenos modos mostrados por el PP en la noche electoral se diluyen y aparecen, aquí y acullá, los gestos del mal perdedor. «No sé si ha ganado Zapatero o ha ganado Bin Laden». «Si no hubieran ido a votar los que no suelen hacerlo, hubiéramos ganado». «Quien haya cambiado el sentido de su voto tras los atentados le ha hecho un favor a los terroristas»… han sido declaraciones que hemos podido oír. En mi opinión, la alta participación explica el triunfo del PSOE, es cierto, pero también ha sido un triunfo en forma de respuesta cívica. Si Aznar hubiera dicho la verdad sobre los atentados, seguramente el PP hubiera ganado.

Siete musulmanes implicados en los atentados del 11 de marzo, rodeados por la policía en su piso de Zarzaquemada (Leganés), deciden suicidarse con los explosivos que allí almacenaban, eso sí, cantando salmos y gritando «Alá es grande». La explosión destrozó el edificio con los fanáticos dentro, pero también mató a un policía y dejó a varios más heridos.

Me espanta que estos asesinos enloquecidos tengan tanta fe en un más allá de mieles y de huríes. Tanta fe como para llegar a hacerse volar por los aires antes de rendirse y sobrevivir. La fe, desde luego, mueve montañas… aunque en este caso sea a base de dinamita.

La terminología religiosa que usan estos tarados no puede obviarse sin más trámite alegando que «el islam es otra cosa». Como en cualquiera de las religiones monoteístas, el problema nunca está en «el libro», sino en sus administradores, y estos, en el caso del islam, son demasiados y entre ellos abundan los parásitos que aspiran al poder político. Cuando se admitió e incluso se aplaudió que Irán se convirtiera en una «república islámica» se dio un paso de difícil reversión. El islamismo político tiene detrás una misión: la salvación de la sociedad, una salvación impuesta desde las mezquitas. Es ahí donde reside el cáncer que puede llevarnos a la ruina. Un cáncer que, cualesquiera que sean sus expresiones concretas, desde Al Qaeda hasta los ayatolás, contiene un componente básico: su odio a la democracia.

Cuando las religiones superan los límites de la privacidad para convertirse en movimientos políticos, siempre encierran un grave riesgo para la convivencia. La Falange sostenía, muy en serio, «Por el imperio hacia Dios». Los islamistas no piensan otra cosa.

Los «progres», siempre biempensantes, cuando aplauden la multiculturalidad, en verdad, no saben lo que dicen, porque la «multiculturalidad» es lo contrario del mestizaje y de la integración.

SEGUNDA PARTE

3

PRIMEROS PASOS EN EL GOBIERNO

Compartí la alegría del triunfo en 2004 y pensé que para los zapateristas la entrada en el Gobierno significaría un baño de responsabilidad, cordura, prudencia y realismo, pero no acerté, aunque en el nuevo Gobierno sí había gente que, a priori, podía poner la moderación, siempre necesaria, en las decisiones gubernamentales.

El 17 de abril de 2004 Zapatero dio a conocer los nombres de su primer Gobierno, en el cual se percibían los equilibrios internos de tipo territorial, la presencia de los zapateristas de primera hora y también la de algunos veteranos que prometían moderación. También había allí personas de procedencia detectable, sí, pero también incomprensible.

Como producto de los equilibrios territoriales entraron en el Gobierno Magdalena Álvarez (Fomento) y Carmen Calvo (Cultura), propuestas por Manuel Chaves, que, al parecer, se había cansado de sus peleas en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y se deshacía de ellas por el viejo procedimiento de la patada p’arriba.

Fruto también de esos equilibrios, entró en el Gobierno José Montilla (Industria), que en 2006 fue sustituido por otro exalcalde catalán, Joan Clos. Por impulso extremeño, entró María Antonia Trujillo (Vivienda); por el lado gallego, y de la mano de José Blanco, se hizo cargo de Agricultura y Pesca la discreta Elena Espinosa. En tanto que zapateristas puros, entraron José Antonio Alonso (Interior), un juez de León, amigo personal de Zapatero, que en su acción política dejaría un recuerdo de buen hacer y discreción, y Jesús Caldera (Trabajo), que impulsaría el «gran proyecto», la ley de dependencia, y que durante un tiempo quiso ser —y no pudo— el contrapeso «social» a los «liberales» que, según él, se ocupaban en el Gobierno de la economía. También en esa categoría de zapaterista entró en el Gobierno Jordi Sevilla (Administraciones Públicas), que había prometido enseñarle economía a Zapatero «en dos tardes» (un micrófono abierto había mostrado tal pretensión, a todas luces incumplida). Sevilla, economista del Estado, quizá pensara estar al frente de Economía y Hacienda, y lo de Administraciones Públicas le debió de saber a poco, y a menos cuando se vio ninguneado por su jefe, especialmente a partir del momento en que ZP inició el camino hacia ninguna parte que representó el nuevo Estatuto catalán. No es de extrañar, pues, que Sevilla, harto, se fuera del Gobierno en julio de 2007. Fue sustituido en Administraciones Públicas por la polifacética Elena Salgado.

Otro de los sansepolcristas[5] del zapaterismo, Juan Fernando López Aguilar, se hizo cargo de Justicia, y lo único que se me ocurre decir de la gestión de este brillante profesor canario de verbo fácil es que el sistema judicial no mejoró con él.

Aparte de zapateristas y territoriales, también entraron en el Gobierno algunos veteranos. En primer lugar, José Bono, quien dejó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (que llevaba presidiendo desde 1983, es decir, más de veinte años) y se hizo cargo de Defensa, y después, la sorpresa: María Teresa Fernández de la Vega, que fue nombrada vicepresidenta primera. Esta mujer, muy trabajadora, proveniente de la judicatura y del entorno de Juan Alberto Belloch, fue aupada a la segunda plaza del Gobierno para sorpresa del respetable. Pronto se hizo evidente que si bien la coordinación —que era su encargo principal— no funcionaba bien, sí que se hizo representante del nuevo feminismo en el Gobierno y en la sociedad.

Supongo que Cristina Narbona (Medio Ambiente) entró en el Gobierno a través de José Borrell (su «compañero sentimental», como a ella le gustaba decir). Pronto fue abducida por la «marea verde» y se convirtió a esa religión con más entusiasmo que coherencia.

Un diplomático muy conocido por sus puestos en organismos internacionales, Miguel Ángel Moratinos, se hizo cargo de Exteriores y tuvo que lidiar con la enemiga de Bush, que nunca le perdonó a Zapatero ni su desplante ante la bandera norteamericana en un desfile por la Castellana ni la retirada de las tropas españolas de Irak. En cuanto a su empeño por sacar adelante la ocurrencia zapateril de la «Alianza de Civilizaciones», mejor lo olvidamos.

Alguien le dio a Zapatero el nombre de María Jesús San Segundo (Educación y Ciencia) y yo me malicio que fue Gregorio Peces-Barba, siempre atento a la hora de promocionar a los suyos (San Segundo, ya fallecida, era profesora de la Universidad Carlos III, donde Peces-Barba era rector). San Segundo —sustituida en abril de 2006 por la historiadora Mercedes Cabrera— pasó por aquel ministerio como un rayo de sol a través del cristal, es decir, sin romperlo ni mancharlo.

De Sanidad, y supongo que a impulso de Alfredo P. Rubalcaba, se hizo cargo Elena Salgado, una ingeniera industrial (dedicada durante su estancia en Sanidad a combatir «los males que produce el tabaco»). Después descubriría su versatilidad y polivalencia de la mano mágica de Zapatero, que la haría ministra de Administraciones Públicas y más tarde de Economía y Hacienda. No fue ministra de Defensa porque en su momento apareció una mujer embarazada. Más adelante contaré esta sabrosa anécdota.

Varios veteranos, temerosos de la soltura de cuerpo de la que Zapatero ya había dado muchas muestras, le pusieron en guardia respecto al cuidado que debía poner al nombrar ministro de Economía y Hacienda. Por eso se decidió por un valor seguro: el siempre moderado y prudente Pedro Solbes, que volvía así al edificio que como Aduana había mandado construir Carlos III al inicio de la calle de Alcalá. Lo que no sabía Solbes era que Zapatero iba a colocar al frente de su gabinete económico en la Moncloa a un «joven valor académico» llamado Miguel Sebastián, que resultó ser tan ocurrente como aventurero. Alguien que pronto descubrió las delicias del mangoneo y que no le hizo la vida fácil a Solbes, quien hubo de soportarle, y no sin disgusto.

Solbes estuvo en su cargo hasta abril de 2009, cuando la crisis era ya una realidad galopante. Crisis que ni Solbes ni su mano derecha, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (primero como secretario de Estado y luego como gobernador del Banco de España), fueron capaces de prever y embridar antes de que se desbocara.

La comisión ejecutiva se mostró generosa con los de la «vieja guardia» que habíamos sobrevivido y aún ocupábamos escaño en las Cortes. Fuimos promocionados a la presidencia de algunas relevantes comisiones. Por ejemplo, Alfonso Guerra presidió la Comisión Constitucional, que pronto se ocuparía de reformar varios estatutos de autonomía; Carmeli Hermosín presidió la Comisión de Interior; Cipriano Císcar se ocupó de presidir la de Discapacidad, y yo me hice cargo de la Comisión de Defensa. Era un puesto cómodo. Entre otras cosas, porque en el terreno de la defensa nacional abunda el consenso, lo cual facilita la labor moderadora que le corresponde al presidente de una comisión parlamentaria. Dicha labor fue también favorecida por otro hecho: el nombramiento como ministro de Defensa de José Bono, con quien siempre me unió una buena amistad. Y era también un puesto de relumbrón, de esos que aparentan tener gran trascendencia pero que en la práctica son casi irrelevantes. En este caso, la «trascendencia» de la Presidencia de la Comisión de Defensa era consecuencia de una confusión, pues mucha gente, sobre todo foránea, piensa que es en esa comisión donde se decide qué material (aviones, barcos, carros de combate y armas de todo tipo) se compra o se vende. Así es en los Estados Unidos, pero en España esa competencia la tiene el Gobierno. Por eso durante los cuatro años que presidí la comisión recibí en mi despacho a empresarios nacionales (quienes sí sabían el alcance de mi cargo, pero lo hacían llevados por la amabilidad o «por si acaso») y extranjeros que, ellos sí, creían estar ante quien mandaba, aunque siempre me ocupé de desengañarles.

Fuera como fuera, durante aquellos cuatro años nunca me sentí maltratado por «el mando», pero cuando mis expresiones internas y públicas se mostraron críticas —sobre todo durante y después de la tramitación del nuevo Estatuto catalán—, el ninguneo y también la maledicencia oficial (llegaron a decir que yo era víctima del alzhéimer) cayeron sobre mí. Escuché —y no era la primera vez— esas maldades como quien oye llover y no se moja.

Pronto, el Gobierno fue construyendo una estrategia con la cual se pretendía hacer de la necesidad virtud. La necesidad nacía de los diputados que era necesario sumar a los 164 propios para llegar a los 176 que permitían alcanzar la mayoría absoluta, que en el Congreso es a menudo necesaria; pero lo más arriesgado y desgraciado fue la «virtud» con la que se pretendió adornar aquellos acuerdos.

El «virtuoso» objetivo estratégico —con el cual nunca pude comulgar— consistía en aislar y echar a las tinieblas exteriores al PP, partido en torno al cual se pretendió construir un «cinturón sanitario» mediante una imagen virtual según la cual sus miembros no representaban a ninguna derecha democrática, sino que eran los restos del franquismo; por eso era necesario oponer al PP un «bloque de progreso», en el que se incluyó, aparte de a IU, a todos los nacionalismos que se prestaron a ello, desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Esta fue, a mi juicio, una decisión con grandes efectos perversos, pues no hay que ser un lince para comprobar que los posibles socios nacionalistas estaban —y están— lejos de cualesquiera proyectos de Estado. Ni el tripartito catalán ni el bipartito gallego fueron nunca verdaderos gobiernos, pues carecían de cemento interno. El único y obsesivo objetivo de esos socios es muy distinto y se llama secesión… Con tales mimbres solo se podía hacer un recipiente lleno de agujeros, y por esos agujeros se fue buena parte del crédito político del PSOE.

4

IDEOLOGÍA Y LEYES

Este libro no quiere construir un relato cronológico siguiendo el calendario de los acontecimientos y las decisiones que fue tomando el Gobierno de Zapatero y el partido que él lideraba. Lo que sí pretende es trasladar al lector una visión crítica de esas decisiones y de sus consecuencias, y esas decisiones, por muy arbitrarias que a menudo parecieran, y lo fueron, respondían casi siempre a una concepción de la política y del mundo; en suma, a una ideología, a un conjunto de convicciones y de prejuicios, de influencias intelectuales —o coyunturales— que marcaron (¡y de qué forma!) el rumbo que fue tomando, ya en el Gobierno, el nuevo socialismo.

Muchas de las ideas o prejuicios que Zapatero expresó, una vez que estuvo en el Gobierno, pertenecen a lo que se conoce como corrección política. Es esta una corriente de pensamiento de origen norteamericano que había alcanzado «su mármol y su día» bastantes años atrás en los Estados Unidos. Una «corrección política» que apostó desde su inicio a favor de las «discriminaciones positivas» a través de las cuotas y otros mecanismos.

La discriminación positiva iba dirigida en los Estados Unidos a favor de «las minorías injustamente marginadas», y muy particularmente a favor de los afroamericanos. Pronto se comprobó que las discriminaciones positivas aplicadas a favor de los afroamericanos, por ejemplo, en la selección de alumnos a la hora de su admisión en las universidades, no provocaban graves daños a los alumnos blancos, pero sí a los alumnos de origen asiático, que solían —y suelen— tener las mejores notas en aquel país. Como ha escrito Tony Thorne, lo políticamente correcto «combinaba feminismo y doctrinas antirracistas y liberacionistas pretendiendo crear una nueva ortodoxia izquierdista». Ese pensamiento ha ido mutando manifestándose aquí y allá en cuestiones como raza, género, cultura, discapacidad, medio ambiente, derechos de los animales, etcétera. Como rasgos fundamentales y constantes del fenómeno cabe enumerar, en una lista no exhaustiva, el establecimiento de códigos de expresión lingüística, la promoción de la igualdad racial y sexual a través de la discriminación positiva, el multiculturalismo, y el proyecto de repensar las formas en que se hacen y se enseñan la historia y las ciencias sociales.

Refiriéndose a la reescritura de la historia, el citado autor escribe:

Esta reescritura «históricamente correcta», que nada tiene que ver con la continua revisión de los resultados propia de la ciencia histórica (en verdad, de toda ciencia), es pseudociencia histórica: inventa mitos, no produce conocimiento. Divide en dos clases los relatos sobre el pasado adscribibles a la corrección política. El primer tipo agrupa los relatos compensatorios; el segundo corresponde a los relatos denigratorios del pasado de Occidente y a los relatos «antieurocéntricos»[6].

El feminismo y sus dos caras

Zapatero, muy influido por los intereses y reivindicaciones de algunas minorías, como la de los homosexuales, se propuso abordar en el plano legal —ya lo introdujo en el programa— parte de sus reivindicaciones, entre las que había algunas muy justificadas. Estoy pensando, por ejemplo, en el matrimonio entre personas del mismo sexo (ley aprobada en junio de 2005). Nada tuve que oponer y voté a favor de aquella iniciativa legislativa con total convencimiento. Sin embargo, aquí y acullá, en este o en aquel detalle, quedó impreso ese toque «políticamente correcto» que, bajo la apariencia de radicalismo, pone el sello corporativo de algún lobby, aunque sea un lobby «benefactor».

En efecto, el nuevo feminismo que creció y se expresó bajo el manto protector del zapaterismo tenía, como Jano, dos caras: la del radicalismo y la del «lobby de mujeres»; esta segunda faz, más práctica y utilitaria, había nacido en Europa a impulsos de mujeres dedicadas a la política en los países de la Unión Europea. Ambas caras, radicalismo y «lobbysmo», convivieron dentro del zapaterismo con éxito notable.

Me atreveré a abordar —y digo «atreveré» por ser un asunto de esos que están en el meollo de lo «políticamente correcto», es decir, de lo elevado por el lobby feminista a la categoría de lo indiscutible— tres leyes impulsadas por el Gobierno de ZP: la ley integral contra la violencia de género (que fue la primera ley orgánica que se aprobó en la primera legislatura), la ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y la ley del aborto (ley 2/2010). Voté las dos primeras leyes (la última es posterior a mi salida del Congreso) sin reservas mentales. Sin embargo, aunque fueran en general justas y necesarias, contenían «mensajes» y «detalles» puestos allí por la ideología del feminismo radical y por la del feminismo «lobbysta», y de ambas ideologías difiero notablemente.

Antes de seguir adelante con este asunto, conviene subrayar un par de hechos significativos: a) las mujeres, tanto en la enseñanza secundaria como en la superior, obtienen, de media, mejores calificaciones que los varones; b) en las oposiciones para el ingreso en la función pública, las mujeres aventajan hoy de manera notable a los varones. Lo cual, a mi juicio, significa que cuando el sistema de evaluación de méritos y capacidades es objetivo (exámenes académicos u oposiciones), con todos los defectos que se les quieran poner a esas pruebas, las mujeres aventajan a los varones. Queda claro que la promoción profesional de las mujeres es más factible cuanto más «objetivo» sea el sistema de selección y promoción… y no a base de «cuotas».

Pero vayamos a esas leyes, en primer lugar la ley integral contra la violencia de género (ley orgánica 1/2004). No voy a entrar en el objetivo de la ley, que era tan elogiable como necesario, aunque erróneamente se pretendiera vender como el bálsamo de Fierabrás que iba a curar este mal social de las agresiones contra las mujeres. Porque debe saberse que ni los legisladores ni los inspiradores de la ley pretendían que la norma sirviera para acabar con una lacra que no disminuye con el desarrollo económico y social de los países, sino que suele aumentar con ellos. La ley pretendía, eso sí, crear un colchón social, público, al que pudieran acogerse las mujeres maltratadas para ponerse fuera del alcance de sus maltratadores, aparte de castigar con dureza esas prácticas y conseguir su condena social. Y si a la ley se la hubiera dotado de suficiente financiación, las cosas en este campo irían hoy mejor.

La ley contra la violencia de género hubo de endurecer las penas en el Código Penal (lo que era una falta pasó a ser delito), pero se excedió, y desde entonces el artículo 153.1 del Código Penal prescribe penas distintas según que el delito lo cometa un hombre o lo cometa una mujer. Y aun cuando esa diferencia sea cuantitativamente casi irrelevante (prisión de seis meses a un año si el agresor es un varón y de tres meses a un año si la agresora es mujer), sí resulta trascendente en el campo de los principios jurídicos.

Cuando esa «discriminación» se planteó en las Cortes, pregunté a muchos diputados (entre ellos al ministro ponente, que fue el de Trabajo) de dónde había salido tal idea, con la cual casi nadie estaba de acuerdo. Me quedó entonces claro que la fuente de donde manaba esa agua cristalina la constituía un pequeño y aguerrido grupo de feministas radicales que habían encandilado con sus ideas al presidente del Gobierno. Mujeres cuya ideología en poco coincidía con la que habían expresado tradicionalmente las feministas del PSOE… mas ya se sabe cómo funciona la ley de bronce: la moneda mala expulsa a la buena.

Esta innovación del Código Penal fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por una jueza de Murcia (Juzgado de lo Penal número 4) y el TC hizo pública una sentencia (14 de mayo de 2008) de la que fue ponente Pascual Sala. Dicha sentencia desestimó el recurso porque el «autor (del delito) inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa». En otras palabras: la sentencia da por hecho que existe «una pauta cultural» que afecta —lo quieran ellos o no— a todos los varones. Vamos, que los varones, por serlo, pertenecen a un grupo opresor, que es lo que las feministas radicales querían demostrar. Frente a tal pensamiento de nada valieron ni el recurso de la jueza de Murcia ni los votos particulares, contrarios a la sentencia, de los magistrados Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata, aunque los argumentos de estos magistrados y de la jueza murciana estén mucho más fundados y, sobre todo, estén más claros que la farragosa y confusa sentencia dictada —lo diré de una vez— en defensa de la cacicada perpetrada por el presidente del Gobierno, único avalista político de esta ocurrente novedad penal.

El segundo ejemplo se refiere a una ley que ataca directamente el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Con la intención de corregir las desigualdades y discriminaciones contra las mujeres, el Gobierno presentó en las Cortes y estas aprobaron una ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres que tiene por objeto aplicar «el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres […] en cualquiera de los ámbitos de la vida». La ley está plagada de buenas intenciones y entre ellas ese pensamiento algo ingenuo según el cual cada problema se soluciona mediante una ley (que se cumpla esta o no se cumpla ya es harina de otro costal[7]).

La ley, hoy en vigor, contiene normas de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas y también muchas recomendaciones, algunos incentivos y hasta premios dirigidos a la esfera privada (empresas y familias). La ley también creó un permiso de paternidad (exclusivo para el padre) y amplió el permiso de maternidad en dos semanas, que puede ser utilizado por el padre o la madre. Pero lo que, a mi juicio, más interesaba al lobby europeo de mujeres era imponer la paridad en las listas electorales, cosa que afecta poco y muy de lejos a las mujeres en general, pero que importa, y mucho, a quienes forman o aspiran a formar parte del lobby.

En otras palabras, al lobby le interesaba incluir en la ley básicamente dos cosas: 1) paridad, que en la ley recibe el casto nombre de presencia o composición equilibrada y que, en lo que se refiere a las listas electorales, consiste en que «las personas de un mismo sexo no superen el 60 %» y 2) la proscripción del lenguaje sexista.

En cuanto a la paridad dentro de las listas electorales —norma que aparece, por cierto, en una disposición adicional de la ley y no en el texto propiamente dicho—, conviene poner por delante algunos datos que los partidarios de este sistema escamotean sistemáticamente[8]. Me refiero a un doble hecho: a) las listas electorales que presentan los partidos a cualesquiera comicios no se nutren de la población en general, sino que lo hacen, en el 99 %, de un conjunto mucho más restringido, el de sus afiliados, y b) el conjunto de afiliados tiene una distribución entre hombres y mujeres muy distinta a la proporción de hombres y mujeres en la población total. De hecho, y por lo que se puede saber (la distribución de los afiliados por sexo, edad, nivel de estudios, profesión, etc., es un secreto que las burocracias de los partidos guardan celosamente, y yo sé muy bien por qué), el número de hombres afiliados a los partidos dobla y hasta multiplica por cuatro al de mujeres. Por lo tanto, al aplicar la paridad, se reduce drásticamente la igualdad de oportunidades. Y esto, en toda tierra de garbanzos, recibe el nombre de discriminación, lo que trae aparejado el despilfarro de recursos humanos. Imagínese que se exigiera la paridad a la hora de acceder a la Judicatura (cuerpo donde hoy entran por méritos y capacidad, es decir, por oposición, muchas más mujeres que hombres).

Por lo que se refiere a la proscripción del «uso sexista del lenguaje» (artículo 33), la ley no explica en qué consiste ese uso sexista del lenguaje, pero de eso se encargaron después múltiples guías publicadas por doquier. Me detendré en ello porque es el típico debate ideológico de los que ponen en evidencia el desbarre que suelen traer consigo ciertas cargas ideológicas, sobre todo cuando en el campo opuesto nadie se atreve a criticarlo ni a ponerle coto.

La proscripción del lenguaje no sexista produjo, como era de esperar, encontronazos con la Real Academia, que ya había protestado por la sustitución de sexo por género (una mala traducción del inglés), y el último —por ahora— de esos choques frontales lo protagonizó el catedrático y académico Ignacio Bosque, ponente de la nueva Gramática, cuando publicó Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer, un trabajo en el cual se critican las recomendaciones de las «guías de lenguaje no sexista».

Antes de seguir, mostraré un fragmento de un texto que se atiene a las normas no sexistas, la Constitución Bolivariana de Venezuela:

Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de la República, Fiscal General de la República…

Como se ve, un galimatías reiterativo e insufrible.

«Un buen paso hacia la solución del problema de la visibilidad —señala Ignacio Bosque— sería reconocer, simple y llanamente, que, si se aplicaran las directrices propuestas en estas guías en sus términos más estrictos, no se podría hablar». Y añade: «Precisamente ahora que se trabaja para que el lenguaje de los textos jurídicos se acerque en alguna medida al español común, las propuestas para visibilizar a la mujer en el idioma parecen encaminarse en el sentido opuesto».

Tras analizar nueve de esas guías, el profesor Bosque llega a una primera conclusión, en verdad, llamativa: en la mayor parte de esas guías no ha participado ningún lingüista. «Aunque se analizan en ellas —escribe Bosque— no pocos aspectos del léxico, la morfología o la sintaxis, sus autores parecen entender que las decisiones sobre todas estas cuestiones deben tomarse sin la intervención de los profesionales del lenguaje».

¿Pero es sexista el lenguaje? Tres ejemplos servirán para demostrar que, en efecto, el lenguaje puede ser sexista:

«Los directivos acudirán a la cena con sus esposas».

«En el automóvil accidentado viajaban dos noruegos con sus mujeres».

«Los británicos prefieren el té al café y las mujeres rubias a las morenas».

Con un mínimo de sensibilidad y de sentido común, el sexismo puede evitarse sin tener que recurrir a los corsés que pretenden imponer las famosas guías.

La última ley «feminista» que comentaré aquí es la del aborto. La primera ley del aborto en democracia la sacó adelante el PSOE, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma. Aunque fue inicialmente aprobada en 1983, tuvo que ser corregida en parte tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de 1985 (el PP la había recurrido) y entró en vigor ese año. Establecía que el aborto era delito salvo en tres supuestos: violación (alegable en las primeras doce semanas); malformación del feto (hasta la semana 22.ª) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). Los dos últimos supuestos requerían un informe médico.

El sistema de «supuestos» de 1985, que el PP no tocó durante sus ocho primeros años de Gobierno (1996-2004), fue sustituido por uno de plazos mediante una ley de 2010, siendo ministra de Igualdad Bibiana Aído. La ley, hoy vigente, que está pendiente de una sentencia del TC, establece que el aborto es libre en las primeras catorce semanas (en ese plazo no se tiene que alegar ningún motivo); después permite abortar, hasta la semana 22.ª y previo informe médico, por «grave riesgo para la vida o la salud de la madre o del feto»; a partir de las veintidós semanas, solo si el feto sufre «enfermedad extremadamente grave o incurable» o anomalías «incompatibles con la vida».

Poniendo en manos de la ministra de Igualdad (y no en el de Justicia, como era lógico y normal) la tramitación de aquella ley, se aseguraba la gresca ideológica. Una de esas batallas con derivas anticlericales que tanto le gustaban a ZP.

El lío se centró en los dos asuntos más polémicos. Por un lado, las radicales pretendieron derivar de la libertad para abortar durante las catorce primeras semanas de embarazo un supuesto «derecho al aborto», cosa que ningún jurista en su sano juicio avalaría. ¿Por qué? Porque hacer un mal puede no estar penado (por ejemplo, cuando una persona mata a otra en defensa propia), pero nunca podrá definirse como un derecho.

El segundo tema del «debate» fue la libertad para abortar de las menores sin el permiso de sus padres.

Tanto respecto al primer asunto, más teórico, como respecto al segundo, muchos socialistas —creyentes o no— estuvieron muy en desacuerdo con la propuesta gubernamental. Propuesta jamás discutida en un debate interno abierto y sincero. Fue una iniciativa legislativa cocida entre las feministas del PSOE, cuyas conclusiones fueron impuestas al resto del partido. Naturalmente, los obispos pusieron —como siempre que se trata de legislar sobre pecados— el grito en el cielo.

El aborto es un asunto delicado donde los haya y parece que los políticos españoles están dispuestos a pasearlo por el foro público en cada cambio de Gobierno. En efecto, cuando esto escribo, el ministro de Justicia (Alberto Ruiz-Gallardón), sin esperar a la sentencia del TC, quiere reformar la ley de plazos de 2010 y volver a la de supuestos de 1985. «Los supuestos no deben ser pretextos», ha dicho el ministro. Y ha añadido: «No entiendo que se desproteja al nasciturus por el hecho de que tenga alguna anomalía o malformación». El lío ideológico vuelve a estar servido.

Cuando Zapatero quiso poner en práctica sus «buenas intenciones» en pro de la igualdad entre varones y mujeres, no hizo lo que suele ser habitual: crear una comisión. Quiso ir más allá y creó (en abril de 2008) un ministerio al cual apodó de igualdad, al frente del cual puso a una joven gaditana, la ya citada Bibiana Aído, que en la Junta de Andalucía se había ocupado del flamenco, arte que el nuevo Estatuto de Andalucía declaraba competencia exclusiva (¿?) de la Junta.

A partir de su pomposo nombre, el ministerio resultó tan polémico como inoperante, y los dirigentes del PSOE comenzaron a hablar de igualdad refiriéndose exclusivamente a la de las mujeres respecto a los varones. Una metonimia.

Con este abuso lingüístico quizá se pretendía ocultar —eso pienso— que las desigualdades no se nutren ni solo ni principalmente de esa fuente. En efecto, si comparamos el nivel de vida de las mujeres europeas con el que soportan los hombres africanos, veríamos hasta qué punto existen otras fuentes de desigualdad. Aun sin salir de casa, si nos entretuviéramos en medir los resultados escolares, las profesiones alcanzadas o las rentas percibidas por los hijos e hijas de padres con rentas bajas respecto a sus contemporáneos provenientes de familias pudientes, llegaríamos a la misma conclusión: las desigualdades en oportunidades, en rentas, en acceso a la cultura… no nacen solo ni principalmente del sexo. (Perdón, del género).

Verde que te quiero verde

Los ecologistas, como ideólogos, tienen una visión muy estrecha de la ecología. La política ecologista no ha producido nada bueno.

BRUNO LATOUR, director científico del Instituto de Estudios Políticos de París

Otra de las líneas «teóricas» que marcaron el rumbo (más bien de boquilla) del zapaterismo gobernante fue el ecologismo, pero no el teórico y científico, sino el ideológico. La llegada al Gobierno y la inmediata conversión a ese ecologismo de Cristina Narbona marcó un discurso —a menudo radical— en temas como el agua (el Gobierno derogó el trasvase del Ebro en junio de 2004), las fuentes energéticas y otras «defensas» de la naturaleza. Fue, sobre todo, una postura para el escaparate, pero marcó a fuego, poniéndolos fuera de circulación, asuntos tan graves como las posibilidades de tener en España un plan hidrológico nacional (PHN). Aparte de estos y otros «triunfos», la única y definitiva verdad es que cuando Zapatero se fue del Gobierno lo hizo sin haber hecho cumplir —ni de lejos— el compromiso respecto a la emisión de gases de efecto invernadero. En otras palabras, las emisiones de CO² o de azufre eran mayores cuando Zapatero se fue que cuando entró. Una vez más, quedó muy claro que una cosa es predicar (y se predicó mucho y con gran entusiasmo) y otra muy diferente dar trigo.

Lo peor que trajo consigo esta ideología fue atender a las banderías (Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía…) que siempre están dispuestas a montar una guerra, en este caso del agua, a cambio de un puñado de votos. Así, se pasó de predicar «el agua es de todos» a una consigna que además pretendía venderse como adelantada y progresista: «el agua es mía y me la quedo yo». Un viaje disparatado e insolidario hacia la rebatiña interterritorial.

Levantadas las banderas, los demagogos (disfrazados de mezzogobiernos autonómicos con sus coros de agraviados) echaron a la razón del baile… y no pararon ahí: intentaron hacernos comulgar con ruedas de molino, aseverando, por ejemplo, que cualquier trasvase, aparte de una antigualla, constituía un delito de «lesa naturaleza». Solo les faltó reproducir el pensamiento de aquellos curas que, siendo miembros del Consejo de Castilla, cuando Carlos III les solicitó un informe acerca de cómo hacer navegable el Manzanares desde Madrid hasta su desembocadura en el Jarama, respondieron de esta guisa: «Si Dios hubiera querido que el Manzanares fuera navegable, lo hubiera hecho más caudaloso». De igual forma, los políticos aragoneses —o los castellano-manchegos— adujeron (y fueron escuchados): «Si Dios hubiera querido que el Ebro o el Tajo llegaran a Valencia, los hubiera hecho discurrir hacia allá»… y, así, las desaladoras se convirtieron en lo más moderno, limpio y beneficioso, y poco les importó a los apocalípticos que las desaladoras emitan a la atmósfera gran cantidad de CO2 o salinicen el Mediterráneo. «¡Son buenas porque lo decimos nosotros!», ordenaron los amigos de la naturaleza… y de Cristina Narbona.

Se echaban así por tierra conceptos y políticas vigentes desde larga data que eran producto de las mejores cabezas españolas del pasado. En efecto, los conceptos de cuenca hidrográfica y de trasvase, como instrumentos para la buena gestión del agua, representaron en su día un avance que tuvo su origen precisamente en España.

Tras la Constitución de 1978 y con los diecisiete Estatutos aprobados, se mantuvo esa concepción según la cual la gestión del agua correspondía en exclusiva al Estado a través de las cuencas, trasvases y otros mecanismos. De hecho, hubo dos planes hidrográficos nacionales (uno a impulsos del PSOE, siendo ministro José Borrell, y otro bajo gobierno del PP: ley 10/2001 de 5 de julio), hasta que llegó Rodríguez Zapatero y, sin más trámite, se decretó que los trasvases eran reaccionarios (y lo que es más disparatado: las desaladoras progresistas), que las cuencas podían transferirse (el nuevo Estatuto de Andalucía expropió al resto de los españoles la del Guadalquivir, abriendo así la puerta para que Castilla y León expropiara el Duero), el Ebro se lo quedó, de facto, Aragón y también Castilla-La Mancha (a través de su Estatuto non nato) pretendió decretar motu proprio el final del trasvase Tajo-Segura.

El PHN de José Borrell preveía la interconexión de cuencas y un elevado número de transferencias, hasta alcanzar la cifra de 3353 hm³, desde la España húmeda a la España seca. Los mayores envíos provendrían de la desembocadura del Ebro, hasta 1642 hm³, y la cuenca del Segura obtendría 835 hm³ adicionales. Y de modo parecido le ocurriría al Júcar (630) o al Sur (155).

Denostado y hundido el PHN de Borrell y también el que quiso montar el PP en tiempos de Aznar, desatado y triunfante el desmadre territorial, no sé de dónde salió esa solución mágica de las desaladoras. Una huida hacia adelante que contradice las más elementales reglas de la lógica y de la termodinámica, porque desalar el agua y elevarla por encima del nivel del mar lo hace gratis el sol, pero la «voluntad política» —ya se ve— se cree capaz de competir con el astro en torno al cual giramos. ¿Cabe mayor pretenciosidad?

Detrás de estas banderas de «el Ebro es nuestro», «el Tajo es nuestro» o «el Guadalquivir es andaluz», se maneja siempre un concepto que en manos de los «líderes regionales» es elástico y se estira y se encoge a voluntad. Me refiero, claro está, al «agua excedentaria». Según ellos, en Aragón, por ejemplo, antes de medir cuánta agua excedentaria (susceptible por tanto de ser trasvasada) hay en la cuenca del Ebro es preciso cubrir «las necesidades hídricas de Aragón», aunque estas consistan en poner una ciudad a imitación de Las Vegas en medio de Los Monegros… o en Castilla-La Mancha, donde se han pasado años dedicados a contabilizar entre sus necesidades hídricas el regadío de pedregosos secarrales. Unas políticas de campanario con las que —al parecer— no hay forma de acabar.

Pero la cosa no se quedó ahí. Al socaire de la reivindicación aragonesa que resumió bien aquel eslogan, «El Ebro es nuestro» (consigna elevada a la categoría de ley orgánica a través del nuevo Estatuto de Aragón), se derogó el plan hidrológico nacional… y se renunció a cualquier plan hidrológico futuro. De paso, el PSOE arruinó gran parte de sus posibilidades electorales en Valencia y en Murcia. El nuevo socialismo, como aquel estúpido topo del cuento, cambió así los ojos por un hermoso rabo.

Se programaron 51 plantas de desalación, de las cuales a finales de 2012 estaban operativas 27, que durante 2012 produjeron 120 hm³ de agua desalada, aproximadamente un 20 % de la capacidad que se había propuesto al inicio de la operación de las desaladoras.

Esta política tan «verde» no tuvo en cuenta —ya lo escribí antes— qué hacer con la salmuera que sobraba, un producto que es contaminante. España, eso sí, es hoy el cuarto país del mundo en producción de agua desalada. A cambio no se ha hecho un solo trasvase más del que ya había entre el Tajo y el Segura, algo que tiene —consideraciones ecológicas aparte— una sola explicación: la política obstruccionista de algunas comunidades autónomas, que es la que está detrás de esa estupidez llamada guerra del agua.

Otra de las banderas verdes que enarboló el Gobierno de Zapatero fueron «las renovables» (menos la energía proveniente de los embalses, desechada, claro está, pues, como acabamos de ver, las presas son antiecológicas, e incluso son franquistas). Soy de los que creen que las fuentes de energías renovables representan el futuro, pero, hoy por hoy, tienen un «pequeño» problema: el kilovatio que producen es, en general, bastante más caro que el que se produce utilizando petróleo. Pues bien, se apostó por las renovables y esta vez no solo de boquilla, ya que se puso en marcha un sistema de subvenciones (se llegaron a detectar instalaciones fotovoltaicas que producían energía de noche) que influyó en la estrategia de las empresas productoras de energía. Lo malo vino cuando la crisis se llevó por delante las subvenciones. Y en esas estamos, aunque esa sea otra historia.

El duelo y la revancha. La ley de la memoria histórica

El impulso que abrió la puerta a esta ley se debió a las familias de los represaliados por el franquismo durante y después de la guerra civil. No se necesitaba ninguna ley para dar cuenta justa y cabal de aquellas más que justificadas demandas, pero la ley 52/2007, que no acabó con los problemas reales, sí sirvió para remover de forma inconveniente el rescoldo de la tragedia (1936-1939). También se aprovechó esa ley para poner en solfa la Transición y a sus protagonistas, que, según los antifranquistas sobrevenidos, no habían sido capaces de pasarle la cuenta a la dictadura por sus fechorías (la carga principal se llevó a cabo contra la ley de amnistía del 17 de octubre de 1977).

Dos objetivos que Zapatero vio con buenos ojos y que provocaron un agrio debate del cual el presidente del Gobierno pensó que podía sacar provecho. Al fin y al cabo, era buena ocasión para «marcar la diferencia» con el PP (¿no eran «los herederos del franquismo»?) y también con quienes protagonizaron la Transición (unos blandos a quienes había que desmitificar).

Todo ser humano —héroe o villano, decente o criminal— tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo —aunque a los verdugos se les suele olvidar— exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto. No es solo una costumbre respetada por todas las culturas; la del duelo es una necesidad antropológica imprescindible para que los deudos sobrevivientes puedan iniciar el proceso del olvido.

Y esa demanda, la del duelo, de alguna forma se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas comunes dejadas en campos, cunetas o en rincones de los cementerios por la represión franquista. En general, fueron los nietos de los muertos quienes reclamaron —y reclaman— un entierro decente para sus abuelos. Este era —o debiera haber sido— el único objetivo, y para conseguirlo no se necesitaba ninguna ley, pero en España hay muchos —sobre todo entre los políticos— que tienen la fe del carbonero en que todo problema se soluciona, milagrosamente, mediante una ley… y que luego esta se cumpla o se olvide importa menos.

Como en muchas otras ocasiones, esta idea de la «memoria histórica» también fue importada de Francia por los intelectuales «de solapa de libro», que son legión en nuestros lares. Pero la memoria histórica no es una idea fácil de articular, y provoca, además, una muy difícil digestión social. Ya se vio en Francia cuando la grandeur revisitada por Sarkozy quiso honrar «los lugares de la memoria»… y no hubo forma de ponerse de acuerdo a la hora de señalar sobre el mapa de Francia tan relevantes «lugares».

Por muy ambiguo que resulte el concepto de «memoria histórica», quien esto escribe no es tan empecinado como para negar su existencia, aunque no sé si tanto como para escribir que «la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos» (Karl Marx). Valga como definición de «memoria histórica» la del historiador Santos Juliá, que me parece clara y precisa: «Memoria externa, social, histórica, es el relato de acontecimientos históricos que ciertos miembros del grupo elaboran o producen en el presente sobre una selección de materiales del pasado».

En cualquier caso, ninguna memoria colectiva se pasa de padres a hijos sin cambios en los contenidos. Ya lo expresó radicalmente Francisco Ayala: «No hay, en verdad, ningún hombre que posea memoria histórica… nadie recuerda ni puede recordar lo sucedido fuera del ámbito de la propia existencia».

Lo cual conduce a una situación paradójica, por no decir contradictoria, entre la memoria personal y la historia como disciplina científica.

En España, como era de esperar, la recuperación de la «memoria histórica» cayó en manos de los alanceadores de moros muertos, los antifranquistas sobrevenidos (personas que no vivían entonces o no habían hecho nada contra aquel general, pero que ahora no se cansan de denunciar sus tropelías), y el texto de la ley se centró —básicamente— en dos elementos:

Las fosas donde se había enterrado clandestinamente a una parte de los asesinados bajo el franquismo.

La eliminación de los símbolos públicos de la dictadura.

La ley (52/2007) declaraba como objetivo fundamental tratar de reparar moralmente y recuperar la memoria de cualquiera que hubiese sufrido violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas durante la Guerra Civil (párrafo quinto de la Exposición de Motivos y artículo 2). Por otra parte, el proyecto, a instancias de alguna persona sensata que participó en su redacción, declaraba lo siguiente: «Ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores, es a ellos a quienes corresponde escribir la historia; tampoco le corresponde al legislador construir o reconstruir, determinar o implantar una supuesta memoria colectiva».

Se subrayaba, además, que el proyecto trataba de recuperar la memoria personal «porque la memoria tiene que ver con la relación que las personas establecen con su pasado y, por tanto, exige una reelaboración necesariamente personal».

La ley también insistía en querer buscar la verdad de lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura que se impuso tras la «victoria», pero no era esa la intención de muchos de sus promotores, que la concebían como una norma que les habilitaría para instruir una causa general contra la dictadura franquista. Posición que llegó al paroxismo cuando el juez Garzón se hizo con los mandos y pretendió montar esa «causa general», comenzando por solicitar la partida de defunción del general Franco.

De los dos impulsos originarios y contradictorios —a) buscar la verdad y reparar a las víctimas y b) propiciar una causa general contra el franquismo— se derivaron «olvidos» y ambigüedades presentes en el texto de la ley. Por ejemplo, en él no se alude en ningún momento a los asesinatos y tropelías cometidos en los territorios controlados por los republicanos durante la guerra, aunque la ley —al menos en teoría— también amparaba a esas víctimas. Ese «olvido» se pretendió justificar porque las víctimas asesinadas en el territorio republicano «ya recibieron reconocimiento y reparación por el Estado durante la dictadura de Franco». Lo cual es solo parte de la verdad, pues aún hoy existen muchos desaparecidos que fueron asesinados en la zona republicana cuyos restos reposan en lugares que sus deudos desconocen. El argumento, desde luego, no se justifica en un Estado democrático como el español, que se había construido sobre el concepto de «reconciliación nacional».

Esa negación de la reconciliación llevó a los antifranquistas sobrevenidos a cargar la mano, como ya dije, contra la ley de amnistía aprobada el 14 de octubre de 1977. Para ser tan partidarios de la «memoria histórica» se olvidaron de muchas cosas, entre ellas de las palabras que había dicho Marcelino Camacho en la tribuna de las Cortes aquel día de octubre de 1977, cuando habló en nombre del PCE. Helas aquí: «Los comunistas, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hoy estamos resueltos a marchar hacia delante por la vía de la libertad, de la paz y del progreso. Hoy no queremos recordar ese pasado, porque hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores».

Aquel impulso legislativo sirvió —ya lo he dicho— para reabrir heridas y para mirar hacia el pasado, un deporte nacional que alimenta el sectarismo y el odio. El escritor Antonio Muñoz Molina lo ha visto así:

En un país casi siempre amnésico los fragmentos del ayer lejano regresaban como armas arrojadizas. El asesinato de García Lorca o el de Pedro Muñoz Seca, la matanza de Paracuellos o la de Guernica, la sublevación derechista de 1936 o la izquierdista de 1934. Agrias disputas políticas se organizaban en torno a la corrección legal de hechos irreversibles sucedidos en el pasado lejano. […] En nombre de la República, más soñada que recordada, se menospreciaba la democracia que en 2006 llevaba durando casi treinta años. En un país desarrollado y en paz del primer mundo políticos y literatos alimentaban la nostalgia de la España pobre y convulsa que se desangró y se destruyó a sí misma durante tres años de guerra civil. La guerra no despertaba la pesadumbre del luto sino la euforia de la épica[9].

Leyes benéficas

La norma social más anunciada y pregonada por parte del PSOE antes y después de las elecciones de 2004 se convirtió en la ley 39/2006 el 14 de diciembre. El título completo fue el siguiente: Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

La ley de dependencia prometía un traje a medida para todo aquel ciudadano que por razón de enfermedad o edad necesitase apoyo y dicho apoyo, fue constituido en derecho (aunque solo en teoría) a partir de dicha ley.

Como ya era habitual, la ley no contó con un estudio económico previo y riguroso que la dotase de viabilidad financiera. Es más, se prescindió de recursos ya existentes, como si previamente no hubieran existido servicios sociales, pero ya antes de la promulgación de la ley eran consideradas y valoradas como dependientes personas que tenían una incapacidad laboral permanente en grado de gran invalidez y ciudadanos que alcanzaban un grado de discapacidad igual o superior al 75 %. Estas calificaciones eran otorgadas por equipos profesionales multidisciplinares, equipos técnicamente bien formados y con gran experiencia en valoración. Sin embargo, tras la ley de dependencia se instó a las comunidades autónomas a crear nuevos equipos para valorar el grado y nivel de dependencia, con lo cual se produjo una notable confusión. Por ejemplo, resulta técnicamente imposible establecer los seis grados de dependencia que indicaba la ley, pues no hay baremo que aguante tanta matización. De hecho, y en vista de la imposibilidad de aplicarlo, los primitivos seis grados se acabaron convirtiendo en tres.

La aplicación de la ley ha dado lugar a paradojas como que personas que fueron valoradas tras la ley como dependientes en grado 1, nivel 1, no alcanzaban siquiera el 33 % de discapacidad, por lo cual eran dependientes pero no discapacitados.

Por otro lado, al dejar en manos de las comunidades autónomas la cualificación y composición de los equipos de valoración, y dado que la contratación de sanitarios era cara, la mayoría de los valoradores, es decir, quienes han de establecer cómo una enfermedad limita a una persona y en qué grado y nivel la limita, no son médicos, son trabajadores sociales.

La teleasistencia, de la que ya disfrutaban muchos mayores, al verla incluida en la ley de dependencia, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pensaron que debía ser financiada por el Estado y la sacaron de sus presupuestos.

La nueva y pesada maquinaria ha provocado muchos casos en los cuales, después de tanto trámite, la prestación llega cuando la persona dependiente ya ha fallecido. También ocurre a menudo que, habiéndose optado por un recurso residencial, este no existe en la zona o tiene listas de espera interminables.

Como la ley no establece diferencia de edad para ser incluido en el sistema de «la dependencia», ¿qué niño de cero a tres años no lo es? Hubo que inventarse un baremo ad hoc para medir el grado y nivel de «dependencia» de niños de cero a tres años. También hubo de redactarse otro para los enfermos mentales, porque las asociaciones de familiares observaron que el existente no establecía los niveles de necesidad de estos pacientes, quienes, por cierto, requieren de centros asistenciales específicos que desde la reforma psiquiátrica no existen. Centros que la ley de dependencia no ha creado.

En resumen, y sin negar la buena intención de la ley, esta fue hecha con improvisación y con las prisas propias de la «venta rápida». Sin un estudio riguroso sobre su viabilidad y, sobre todo, sin haber utilizado los recursos técnicos que ya existían en los servicios sociales y sanitarios, por eso gran parte de su coste se ha ido a una nueva maquinaria burocrática. Finalmente, las medidas contenidas en la ley se han visto afectadas, como casi todas, por los «recortes» sobrevenidos a partir de la primavera de 2010. Una vez más, el ruido superó a las nueces.

Otra norma benéfica vino de la mano de una urgencia que, según se dijo entonces, le surgió a Zapatero en vísperas de un mitin durante el cual quería anunciar un nuevo «regalo». Alguien, al parecer Miguel Sebastián, le sugirió que una buena medida pronatalista sería darle a cada mujer una cantidad cada vez que trajera al mundo un niño. Así nació el cheque bebé (2500 euros por cada nacimiento).

Cuando oí a Zapatero anunciar aquel regalo «demográfico», le pregunté —una vez más— al ministro de Trabajo (que se sentaba delante de mí en el hemiciclo) de dónde había salido la propuesta. Él negó que fuera suya y, cuando le dije que cualquier demógrafo desaconsejaría una cosa así para incentivar la natalidad, Jesús Caldera sonrió y se encogió de hombros.

El cheque bebé, cuyo coste anual no diferiría mucho de los 700 millones de euros, desapareció de los presupuestos cuando en mayo de 2010 Zapatero se dio al fin cuenta de que el déficit público no era ninguna broma.

Talante y estilo

Zapatero llegó al Gobierno dispuesto a mostrar un talante propicio al diálogo, a la sonrisa y a la mano tendida y, en verdad, tras los últimos cuatro años de un José María Aznar huraño y siempre dispuesto a mostrarse como un padre gruñón hacia sus hijos, el cambio de formas y de rostro era de agradecer.

No sé en quién estaba pensando Buffon cuando escribió que «el estilo es el hombre», pero a eso, al «estilo», debió de referirse Zapatero cuando reclamó para sí un cambio de talante, es decir, un cambio de actitud y de formas a la hora de hacer política. Pero el cambio de estilo, de ser cierto, no podía quedarse tan solo en pasar de la acidez y el desplante a la sonrisa, sino en algo más profundo. Por ejemplo, se hubiera agradecido que Zapatero hubiera hecho un esfuerzo para acabar con el mangoneo político, pero hizo precisamente lo contrario.

El nuevo presidente de Gobierno quiso mantener la actitud dialogante y el «to er mundo e güeno» con una excepción notable: en sus tratos con el PP, pues siempre pensó que «al enemigo, ni agua». Pero en otras relaciones —incluidas las internacionales— siempre quiso aplicar el buenismo. De esa actitud nació la «Alianza de Civilizaciones», brindis al sol con el que quiso imprimir «un nuevo espíritu» a las relaciones exteriores, obteniendo en ese intento un éxito perfectamente descriptible.

También las misiones militares en el exterior se convirtieron en el imaginario zapateril —y más cuando Carmen Chacón se hizo cargo del Ministerio de Defensa— en acciones que, según los discursos gubernamentales, eran propias de cualquier ONG para el desarrollo. Recuerdo con horror cuando la ministra Chacón aseguró que ella era pacifista «y el Ejército español también lo es». Una majadería destinada a dorar la píldora, pero ¿a quién?

En cualquier caso, el estilo de gobernar de Zapatero cambió con el tiempo, pero cambió a peor. Su voluntad se hizo ley, y sus caprichos, órdenes. Cualquiera que viviera de cerca la evolución del PSOE durante aquellos años avalaría este aserto. También cualquier observador atento lo hubiera detectado. Lo ha escrito no hace mucho el periodista Carlos Carnicero:

Para José Luis Rodríguez Zapatero el partido era un instrumento de uso a su dictado personal. La Comisión ejecutiva, una formalidad para sus discursos y sus decisiones sin contestación posible, por el poco peso y poca personalidad de muchos de sus miembros. La mayoría tenía una existencia vicaria en función de la elección directa con que Zapatero designaba a sus miembros.

Pero la política de Zapatero no radicaba en la comisión ejecutiva. Ni siquiera en el consejo de ministros. Él era teléfonoadicto. Despachaba individualmente con sus ministros, que eran cuasisecretarios, y, sobre todo, con su entorno más personal, que no era de dirigentes socialistas, ni siquiera de ministros del Gobierno. La auténtica mesa del Consejo de Ministros estaba en la cancha de básquet que se hizo construir en el complejo de La Moncloa, donde jugaba con los íntimos: Javier de Paz, Barroso, Sebastián…

Miguel Barroso se merece un capítulo aparte. Él modificó la ley de las televisiones para adaptarla a los proyectos personales del presidente. Y luego, como si la cosa no fuera con él, después de cambiar las reglas de juego de las concesiones de televisión, se refugió en la Casa de América.

Zapatero nunca tuvo empacho en sostener que lo que debían hacer los ministros era obedecer sus órdenes, aparte de facilitarle la vida al presidente, quien, al fin y al cabo, era el único responsable político del Gobierno. De esa premisa se derivaron consecuencias muy negativas, pues la calidad profesional y humana de los elegidos para muy altos cargos cayó en picado… Hubo, en verdad, nombramientos «sorprendentes» que transcurrido un tiempo se revelaron chuscos. De los criterios para nombrar ministros y otros cargos da cuenta una anécdota muy significativa que me contó una persona muy próxima a uno de los protagonistas y que tuvo lugar en abril de 2008, en vísperas de un cambio de Gobierno.

Reunidos en torno a una mesa estaban Miguel Barroso, José Blanco y Javier de Paz cuando sonó el teléfono móvil de Blanco. Era el presidente del Gobierno. Después de hablar con él, Blanco volvió a la mesa e informó de que Zapatero estaba pergeñando un cambio de Gobierno, del que saldría el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, y el presidente estaba pensando en poner al frente de aquel ministerio a una mujer. «ZP opina que al ser la primera mujer ministra de Defensa será un pelotazo mediático, y está pensando en Elena Salgado», informó Blanco. «Si lo que quiere es dar un gran pelotazo mediático, lo que tiene que hacer es nombrar a mi mujer [Carmen Chacón]. También es mujer, pero además es catalana y está embarazada. Eso sí que será un pelotazo», argumentó Barroso. Entonces Blanco, encantado con la idea, volvió a comunicarse con Zapatero… y de aquel profundo debate se derivó una muy conocida escena: la de una mujer joven con un «bombo» de ocho meses dando una orden militar: «Capitán, mande firmes».

Mangoneo[10]

Rodríguez Zapatero no inventó el mangoneo político, pero se subió al carro con entusiasmo, de la mano, eso sí, de sus asesores más directos, que dieron siempre la impresión de esconderse tras la figura del presidente del Gobierno para emprender, generalmente en beneficio propio, peligrosas aventuras, ya fuera con la concesión de alguna cadena de televisión, ya fuera en otras operaciones, que, vistas en conjunto, constituyeron un cúmulo de despropósitos.

Llamo política de mangoneo a toda intervención opaca desde el poder para forzar a que se tomen decisiones en el ámbito de la vida social (judicatura, empresariado…) sin que el Gobierno tenga competencias legalmente regladas para ello. El rey del mangoneo fue en España José María Aznar, que sustituyó el preexistente sector público empresarial por un sector privado progubernamental. Vamos, que puso al frente de las empresas públicas (Telefónica, Altadis, Repsol, Argentaria, Endesa…) a sus amigos, luego las privatizó y esos amigos siguieron al frente de esas empresas tan ricamente (nunca mejor dicho).

Uno de esos amigos de Aznar era y es Miguel Blesa. Nada más llegar al Gobierno (1996), Aznar se empecinó en poner a Blesa al frente de Caja Madrid, aunque para ello hubo de saltarse elementales normas jurídicas. Para perpetrar ese atropello, Blesa no solo contó con su amigo el presidente del Gobierno; también le sirvió durante años de peón de brega un individuo impagable, dirigente de IU en Madrid: José Antonio Moral Santín, aparte del apoyo que siempre estuvieron dispuestos a darle los representantes de CC. OO.

Una gracia —la que le hizo Aznar— muy bien pagada (Blesa se hizo multimillonario) a cambio de la ruina de la Caja, convertida, para mayor desgracia, en Bankia. Aquello fue un escándalo, el paroxismo del mangoneo. Volveré sobre ello.

Pero eso de mandar sin dar la cara, eso de manejar vidas y haciendas desde el poder no solo le gustaba a Aznar; también le tienta a mucha gente.

Ya en los primeros meses del Gobierno de Rodríguez Zapatero, sus próximos mostraron las ganas que tenían de seguir con ese juego e intentaron una opa sobre el BBVA desde una constructora (Sacyr-Vallehermoso). Fue un intento de vendetta por parte de Miguel Sebastián, entonces jefe del Gabinete Económico de la Presidencia, que tiempo atrás había sido apartado del Gabinete de Estudios del BBV. Echar a Francisco González de la presidencia del banco parecía ser la única finalidad «estratégica» de la operación. La cosa quedó en nada desde el punto de vista del banco, pero algunos se debieron de embolsar en plusvalías un chorro de millones. Por eso un prestigioso analista —me refiero a Joaquín Estefanía— pudo escribir poco después: «Es difícil que los socialistas puedan escandalizarse de nada cuando algunos de ellos tanto han intervenido en la operación de Gas Natural sobre Endesa y antes lo hicieron para cambiar la propiedad y la presidencia del BBVA y la de Repsol».

Tengo para mí que detrás de la sonada opa sobre Endesa —que fue señalada por el Gobierno como una operación estratégica— había otra intención: desalojar a Manuel Pizarro de la presidencia de esa empresa. Así debió de sentirlo el interesado cuando otra empresa energética, Gas Natural, en una operación liderada financieramente por La Caixa, presentó una opa para quedarse con Endesa. La cosa tenía su gracia, al menos por dos razones: 1.ª) Endesa era mucho mayor que Gas Natural, con lo cual el pez chico quería comerse al grande y 2.ª) el socio financiero de la operación, La Caixa, pretendía controlar la mayor empresa energética del país sin arriesgar un solo euro. Una ingeniería financiera sin duda imaginativa, pero poco realista, al menos para los opados, es decir, para los accionistas de Endesa, a quienes se les ofrecían 21 euros por acción, pero no en dinero, sino en su mayor parte (el 65 %) en acciones de Gas Natural.

En estas condiciones, y pese al apoyo del Gobierno, la opa hostil estaba destinada a encallar… y encalló. E .ON, una empresa alemana del sector, se lo pensó, y contando, probablemente, con el consentimiento de los directivos de Endesa, presentó una segunda opa, que, desde la óptica de los accionistas de Endesa (que eran quienes tenían que vender la propiedad) estaba más puesta en razón. En efecto, E. ON ofreció en un primer momento 28 euros por acción… y en metálico.

A los opados se sumaron así los sincopados, es decir, aquellos que se quedaron sin voz, balbuceando y quizá bajo ese síndrome cordial llamado síncope, a saber: Gas Natural, La Caixa y el Gobierno. Este último —que hubiera hecho bien en hacérselo mirar y luego abandonar la presa— tomó rápidamente «medidas urgentes» forzando a instituciones técnicamente independientes, arropando todo aquel mangoneo con un discurso de corte nacionalista, simplemente, infumable. ¿Cómo conjugar la descalificación de E. ON «por ser una empresa extranjera» con el europeísmo? ¿Los alemanes, que pueden votar en España y decidir sobre quién va a ser el alcalde en cualquier pueblo español, no pueden comprar acciones de una empresa española? Sea como sea, en un primer momento el Gobierno produjo un discurso que olía al nacionalismo más rancio.

Carlos Solchaga lo recordó en un artículo (Cinco días, 23-02-06) en el cual abordaba este embrollo:

Alemania es parte sustancial de la Unión Europea, nuestro amigo y aliado digno de nuestra total confianza. Con él fabricamos y hemos fabricado en España automóviles y aviones, barcos de guerra, productos químicos, maquinaria y un sinnúmero de otros bienes y servicios, unos de carácter más estratégico que otros, pero todos importantes para nuestro bienestar. [Y sin embargo] aparecen de nuevo consideraciones estratégicas teñidas de responsabilidad patriótica, muchas de ellas inaplicables por impertinentes y otras poco dignas de confianza.

El final de aquella aventura es de sobra conocido: tras el fracaso de la opa de Gas Natural, el Gobierno no se dio por vencido y buscó un nuevo «opante» y, abandonando sus veleidades nacionalistas de ayer, encontró un socio extranjero en Enel, que, para más inri, era una empresa participada por el Estado italiano. Pero ni con los italianos ni con los Entrecanales (Acciona) se pudo desalojar a E. ON, quien mantuvo el tipo forzando un acuerdo de resultas del cual Endesa, la vieja empresa nacional de la energía, quedaba definitivamente troceada, que era, según el Gobierno, el daño que se quería evitar.

La presencia de Miguel Sebastián en la aventura del zapaterismo merecería un estudio —no sé si político, económico o psiquiátrico—, pero no llegaré tan lejos. Me limitaré a señalar la conversión de un profesor sin ninguna experiencia política en una bomba andante de la mano de su valedor. Ebrio del poder delegado que Zapatero le otorgó, este hombre pasó por la política como un crío que, pretendiendo conocer los mecanismos del juguete que le acaban de traer los reyes, lo desarma y lo deja inservible. Según se cuenta, él fue, teléfono móvil en mano, quien guio a Zapatero en la mayor parte de las aventuras en las que se metió. Y no se quedó ahí sino que —como «mi divisa no conoce el miedo» y soy «valiente y leal legionario de bravura sin igual»— urdió aventuras incomprensibles, como la de su propia candidatura a la alcaldía de Madrid, de la que salió —tras una derrota espectacular— con el rabo entre las piernas, para ser «ascendido» de inmediato a ministro de Industria.

Mauricio Lucena, que fue un alto cargo en la época de Zapatero dentro de los ministerios de Industria y de Ciencia e Innovación (dirigió el CDTI), denuncia sin rodeos en un libro aparecido en 2013[11] la «deslealtad y desvergüenza» del que fuera candidato a la alcaldía de Madrid. Para poner estas denuncias en su contexto se debe aclarar previamente que Sebastián boicoteó la elección de Lucena como presidente de la Agencia Espacial Europea, que acabó en manos del británico David Williams.

En cualquier caso, el apartado del libro dedicado a criticar la conducta del antiguo zar económico de la Moncloa no tiene desperdicio y allí se ve a un Sebastián sentado en el trono del Ministerio de Industria y dedicado a colocar palos en la rueda del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, que Zapatero había puesto en manos de Cristina Garmendia. A este propósito, el libro señala que Sebastián había sido el encargado de diseñar en 2008 el esquema del flamante Ministerio de Ciencia e Innovación con el que el PSOE pretendió impulsar un nuevo modelo de crecimiento. Lucena denuncia en el libro el afán de su antiguo jefe por «enmendarse a sí mismo». El que fuera responsable del CDTI puntualiza los detalles del boicot: «No nos dio ni agua, negándose a transferir, además de presupuesto y personal, los programas Avanza I+D, la gestión de la contribución española a la Agencia Espacial Europea (ESA), las ayudas públicas a la I+D del sector aeronáutico y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa)».

Lucena describe también algunos rasgos de la personalidad de Sebastián cuando señala:

Nuestra antigua amistad terminó en el mismo momento en que él, en uno de sus célebres ataques de ira, cruzó la raya verbal que no se debe cruzar jamás. Por decirlo tal como lo siento: cuesta comprender cómo alguien que desempeña una alta responsabilidad pública como ministro de España pueda ser capaz de anteponer su sed de venganza personal a los intereses generales de su país.

Por otro lado, Mariano Guindal ha contado a propósito de Sebastián una cosa en verdad increíble:

En 2004, poco antes de la victoria electoral del PSOE, Miguel Sebastián se sinceró con unos periodistas: «Menos mal que no vamos a ganar porque la que viene sobre España es gorda. [Estamos] peor que mal. Tenemos una burbuja inmobiliaria y es inevitable que estalle, y cuando esto ocurra se lo va a llevar todo por delante incluyendo los bancos […] estoy totalmente convencido. El Gobierno del PP ha sido un irresponsable. En lugar de frenar la concesión de créditos hipotecarios a través del Banco de España, ha echado más gasolina al fuego con las desgravaciones fiscales. Este ha sido el mayor error de su mandato: no eliminar la desgravación de la vivienda pasándola a los alquileres». Los periodistas, atónitos, le preguntaron entonces por qué no lo abordaban en el programa electoral. La respuesta fue muy precisa: «No es un programa electoral para gobernar sino para que José Luis [Rodríguez Zapatero] obtenga un resultado decente para ser reelegido como secretario general del PSOE en el próximo congreso. Después ya haremos un programa económico en serio para gobernar». Perplejos, los periodistas le formularon una pregunta lógica: «¿Y si ganáis?». «¡Qué horror! —respondió Sebastián—. Eso sería muy malo para mí porque [José Luis] trataría de implicarme y no me podría negar… y mucho peor para él. No estamos preparados (ninguno de los dos) para gobernar este país»[12].

Una de las promesas electorales del PSOE en 2004 fue la de dejar RTVE en manos de los profesionales y que el partido gobernante sacara, al fin, las manos de los medios de comunicación públicos… y Zapatero lo cumplió. Fue el primer presidente que lo hizo, pues otros antes que él lo habían prometido y ninguno fue capaz de cumplir con aquel compromiso electoral. La ley se aprobó con los votos favorables de todos, incluidos los del PP.

Los efectos beneficiosos no se hicieron esperar y los informativos de TVE ganaron —y mucho— en prestigio y en audiencia. Aquella decisión política fue muy aplaudida… hasta que en 2011 volvió al Gobierno el PP y una de las primeras decisiones que tomó fue echar abajo la ley que ellos mismos habían apoyado, volviendo así a las andadas con el efecto fácil de imaginar: pérdida de crédito informativo y caída de la audiencia. Fue esta del PP una decisión tan zafia como detestable, uno de esos asuntos que, por sectarios y ventajistas, tanto desprestigio aportan a los políticos.

Zapatero acompañó aquella «de cal» de RTVE con dos «de arena». Primero sacó la publicidad de RTVE, cediendo a los intereses de las televisiones privadas, que siempre han visto la publicidad en las cadenas públicas como un agravio comercial. Esta decisión benefició a los espectadores de RTVE y también empujó hacia arriba sus índices de audiencia, pero dejó colgada del presupuesto general del Estado la supervivencia y la calidad de la cadena pública.

La segunda de arena fue repetir la jugada —que ya había intentado José María Aznar— de crear un grupo mediático al servicio del presidente del Gobierno. Aznar utilizó para su provecho mediático a la compañía Telefónica, a cuyo frente —en un acto de mangoneo espectacular— había colocado a un compañero de pupitre del colegio de El Pilar, Juan Villalonga, quien despilfarró muchos millones de la compañía en darle gusto al presidente mediante la creación de una televisión de pago que acabó, comercialmente hablando, como el rosario de la aurora. Pues bien, con el impagable apoyo de Jaime Roures y teniendo como muñidor presidencial a Miguel Barroso, Zapatero pretendió hacer lo mismo con La Sexta, a la cual Roures añadió un diario en papel, Público.

Como compensación o como premio de consolación, Zapatero otorgó una concesión en abierto a favor de Prisa, grupo de referencia tradicional del PSOE, que lo venía reclamando desde hacía tiempo. Esta nueva cadena de Prisa recibió el nombre de Cuatro.

Antes de que Zapatero hiciera mutis por el foro en noviembre de 2011, su operación mediática ya había sufrido el más estrepitoso fracaso y La Sexta había acabado en manos del Grupo Planeta, propietario de Antena 3, La Razón y Onda Cero. Claro que también Cuatro fue vendida por Prisa a Mediaset, el grupo de Berlusconi que opera en España como Tele 5.

En este asunto, Zapatero consiguió enfadar a todos. Lo describiré con palabras prestadas, las que ha escrito no hace mucho el ya citado Carlos Carnicero en una carta abierta dirigida a Alfredo Pérez Rubalcaba:

Creo que una de las equivocaciones básicas de Zapatero fue abjurar de la herencia socialista para librarse de las consecuencias, sobre todo mediáticas, de los casos de corrupción y del GAL. Pretendió que todo aquello no tenía nada que ver con él.

Zapatero se quiso hacer perdonar los errores cometidos por los gobiernos de Felipe González —él ya era diputado en el Congreso, sin que haya constancia de un minuto de distanciamiento crítico con las posiciones entonces mayoritarias en el PSOE— y su primera opción mediática fue echarse en los brazos de Pedrojota Ramírez para tratar de neutralizar la animadversión constante del director de El Mundo hacia el PSOE y, sobre todo, hacia su persona.

Se blindó de las críticas de El Mundo y se distanció de PRISA, al sentirse menospreciado por Juan Luis Cebrián. Luego se lanzó a la aventura mediática de Público y La Sexta, cuyo nefasto protagonismo correspondió a los miembros del club de básquet de La Moncloa. Barroso, De Paz, Contreras y compañía. Todos ellos bien colocados hoy y con buenas fortunas personales.

Durante gran parte del «reinado» de Zapatero, Cebrián se aguantó las ganas de meterle algún rejón. Pero en cuanto ZP entró en barrena, sacó la faca, y el lunes 18 de julio de 2011 El País lanzó una andanada (dos cañonazos) desde el editorial, con arranque en primera, y desde «La cuarta página» en un artículo firmado por el consejero delegado, es decir, por Juan Luis Cebrián. Las dos descargas debieron dejar patidifusos a los habitantes (y habitantas) del palacete de la Moncloa, al comprobar que la última puñalada siempre proviene de la daga de Marco Bruto.

El editorial («Final de ciclo») y el artículo («Esta insoportable levedad») no tenían desperdicio. Leamos algunas perlas.

Del editorial:

Más allá de la impotencia de Europa para solventar sus problemas, la pérdida de confianza en la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero parece irreversible y el creciente escepticismo sobre la gobernabilidad española en las circunstancias actuales amenaza con acrecentar nuestros males. La crisis no es solo económica sino también, y acaso sobre todo, política.

Hace ya mucho que las respuestas del presidente del Gobierno a los desafíos a los que se enfrenta España apenas merecen crédito alguno por parte de los ciudadanos.

Aún peor: su incapacidad en la gestión, los magros resultados de las reformas apenas incoadas, más el lastre y la impotencia de una legislatura agónica, auguran un deterioro imparable al que resulta imprescindible poner fin cuanto antes.

Del artículo firmado por Cebrián («Esa insoportable levedad»):

La pérdida de confianza en la gestión del actual presidente del Gobierno es clamorosa dentro y fuera de España. Es imposible suponer que de una legislatura como la que hemos padecido se derive ya ninguna de las soluciones que los ciudadanos reclaman. El deterioro preocupante del partido en el poder amenaza con desequilibrar el futuro inmediato de nuestras instituciones políticas.

Cuando aquel 18 de julio leí el artículo de Cebrián, me vinieron a la memoria los aplausos de los periodistas de Prisa en el congreso socialista del año 2000, a los cuales me he referido antes.

5

LOS GRANDES OBJETIVOS HISTÓRICOS

Cegado quizá por su creencia, tantas veces declarada, en la propia buena suerte; convencido, tal vez, de que sus predecesores en el cargo no habían entendido bien los problemas que los nacionalismos periféricos le planteaban al Estado, Rodríguez Zapatero se lanzó a resolver los contenciosos catalán y vasco (que en lo que se refiere a este último pasaba por alcanzar «la paz»).

La verdad es que no creí ni creo que Zapatero, a la hora de abordar los problemas territoriales, se parara a pensar ni un minuto con quiénes se iba a jugar los cuartos y a qué principios respondía la ideología de aquellos junto a quienes quería construir la «España plural».

Sus objetivos territoriales y el pésimo diagnóstico de la crisis económica marcaron definitivamente su paso por el Gobierno. Si a ello se suma el cesarismo interno y sus irresponsables apuestas a través de la insolvencia de sus nombramientos, podremos entender mejor su descrédito y el desastre electoral que llegó el 20 de noviembre de 2011.

Pero vayamos a sus queridos compañeros de viaje, los nacionalismos, y empecemos por el principio, es decir, por su ideología.

La ideología nacionalista

La Academia de España en Roma se aloja en lo que, en tiempos lejanos, fue un convento aledaño a la iglesia de San Pietro in Montorio. Templo edificado, a su vez, en el lugar sobre el cual, según la tradición, fue crucificado san Pedro, una colina en cuya falda, cerca del río, se halla el populoso barrio del Trastevere. En la colina y al lado de la iglesia, dentro del patio del edificio en el cual está hoy la Academia de España, Fernando el Católico encargó al arquitecto Bramante el diseño y la edificación de un tempietto. La fama que hoy tiene ese pequeño edificio le viene dada, sobre todo, porque en él ensayó Bramante la cúpula que más tarde se colocaría en la basílica de San Pedro en el Vaticano.

Bramante se llamaba en realidad Donato d’Agnolo y había nacido cerca de Urbino en 1444. Luego trabajó como pintor y como arquitecto en Milán antes de trasladarse a Roma en 1499, precisamente a instancias del rey español. En Roma moriría —en 1514— dejando hechos los planos de la basílica de San Pedro, que él no vería terminada. Aunque la obra pasó a buenas manos, las de Miguel Ángel Buonarroti.

En fin, invitado por la Academia Española en Roma, estaba yo una tarde de Semana Santa oyendo las explicaciones acerca del tempietto que nos daba a cuatro o cinco amigos el secretario de la citada Academia. Glosaba en aquel momento una inscripción que hay en el altar subterráneo del tempietto. En esta inscripción se lee:

SACELLVM APOSTOLOR. PRINCI. / MARTIRIO / SACRVM / FERDINAND. HISPAN. REX / ET HELISABE. REGINA CA / THOLICI. POST.ERECTAM. / AB EIS. / AEDEM. POSS. / AN. SAL. M.D.II.

El secretario de la Academia, que es historiador de profesión, llamaba nuestra atención acerca de cómo Fernando de Aragón había querido que se inscribiera sobre la piedra su condición de rey de España. Mientras nuestro amigo hablaba, alrededor de nosotros pululaba una docena de turistas, desentendidos de las explicaciones que estábamos recibiendo… cuando, de pronto, una mujer, que ya no cumpliría los cincuenta, se encaró a nuestro improvisado guía y con airados modos y en un castellano con perceptible acento catalán le espetó:

—Eso de que Fernando de Aragón era rey de España se lo acaba de inventar usted.

—Señora, lea usted la inscripción —replicó, tan sorprendido como herido, el hombre.

La discusión continuó unos largos minutos y se la ahorraré a los lectores, pero yo saqué en limpio de aquella pelea dialéctica que la mujer no podía aceptar el hecho de que España haya existido jamás como entidad jurídica, política, cultural, social… Para ella, España era una creación de Francisco Franco, una entelequia que habían «inventado los fachas» en el segundo tercio del siglo XX.

¿Era aquella solo una salida de tono o respondía a una ideología (y mitología) mucho más amplia? Veámoslo con algún detenimiento.

El proceso autonómico que nació con la Constitución de 1978 pretendía resolver —conviene recordarlo— un contencioso que hundía sus raíces en el siglo XIX. Contencioso que tenía como protagonistas principales, precisamente, a los nacionalismos. Pero ¿qué significa la palabra nacionalismo?

El arranque de todo nacionalismo y su posterior emergencia parten de una concepción ideológica esencial: la de sentirse distinto. El nacionalismo, es decir, el posicionamiento político basado en la afirmación de pertenencia a una nación, no es cuestión que exprese un ser, sino un querer pertenecer.

La fuerza, la inatacable ciudadela del nacionalismo, no la construye una historia común, sino un sentimiento individual: el que reclama la persona de pertenecer a una colectividad que le permita tener su identificación colectiva. El ser humano precisa de ciertas identidades colectivas, de coordenadas grupales para definirse a sí mismo, para existir como individuo. La patria es, sin duda, una de ellas. Un sentimiento potente. El conjunto de procedimientos para la manipulación política de ese sentimiento, para predicarlo y para dirigirlo contra «el enemigo exterior», real o imaginado, es lo que se conoce como nacionalismo.

Al ser el resultado de un «sentir», la discusión acerca de la pertinencia o no de tal declaración de principios es una pérdida de tiempo. Quien enfatiza la esencia («somos únicos y distintos») pretende creer y hacer creer en una perfecta homogeneidad interna: «Entre nosotros no hay fisuras», pero la homogeneidad de cualquier grupo humano, al ser inalcanzable, se convierte en el más débil eslabón de todo proyecto nacionalista. Por eso, si se quiere combatir esa ideología «redentora», nunca hay que aceptar que existe esa homogeneidad. Es una idea que debe combatirse con el mismo empeño con el que ellos quieren imponerla.

Un trabajo analítico de la profesora Helena Béjar[13], publicado por las fechas en que visité el tempietto de Roma, da cuenta de cómo estaba el patio en Cataluña en lo tocante a la penetración social de la ideología nacionalista. Veamos de forma resumida las características del discurso nacionalista detectadas por el estudio de Helena Béjar:

Esencialismo. «Cataluña es una identidad con raíces y lengua. Ello justifica la conciencia de pueblo». La lengua hace a quienes la usan miembros de una nación, no es un vehículo para la comunicación, es la expresión de la conciencia nacional. Aceptar el bilingüismo en Cataluña sería aceptar la existencia de identidades complejas, y el nacionalismo no está dispuesto a ello; por eso detesta el bilingüismo.

Organicismo. La nación (Cataluña) es un organismo vivo, personal, con un espíritu y un sentimiento propios e identificables.

Historicismo. La nación es el producto de una historia antigua cuya «cultura» maltratada se ha bruñido en largas guerras. «Los vascos somos el pueblo más antiguo de Europa», «El pueblo vasco tiene siete mil años de historia», repetía Ibarretxe sin que le temblara la garganta al emitir semejante rebuzno.

Autenticidad. La versión moderna de este valor romántico es el diferencialismo. La diferencia respecto a los otros pueblos de España, como valor supremo frente a lo común.

Victimismo. Existe una injusticia histórica que ningún acto de expiación por parte de España podrá borrar. Por lo tanto, las demandas de los nacionalistas están condenadas a transformarse, pero nunca a saciarse. La necesidad de un enemigo, España, es la mayor constante en el ideario nacionalista.

El no-reconocimiento de España es la consecuencia de todo lo anterior. «España no existe», «España no tiene nombre»; por eso se la moteja como Estado español, cuando no se la reduce a Madrid, el polo del poder transformado en enemigo, quienquiera que sea el que gobierne en ese lugar remoto y ajeno.

Una variante de esa falta de reconocimiento —muy significativa a propósito de lo que aquí estoy planteando— es la siguiente: la visión que los nacionalistas periféricos tienen acerca del nacionalismo español al que ven, a la vez, como doliente (siempre quejándose de la pérdida de su antigua grandeza) y autoritario (franquista). De esta guisa, los nacionalismos periféricos consiguen colocar al resto de los españoles entre la espada del franquismo y la pared del silencio o de la negación de su patria. En otras palabras: los nacionalistas periféricos plantean la paradoja de una nación, España, que si no se autoafirma demuestra su inexistencia y, si se exhibe, muestra su carácter autoritario (franquista). Esta es, precisamente, la trampa en la que se halla presa una buena parte de la izquierda española. Una jaula cuyos barrotes es preciso romper, porque —como escribe Helena Béjar— «la izquierda identifica descentralización con progresismo, mientras los nacionalismos periféricos convierten a España en una noción retórica».

Veámoslo con más detalle en un texto de Jon Juaristi:

Las identidades etno-nacionalistas no se basan en la posesión de unos rasgos objetivos, sino en el rechazo de la identidad política promovida por la nación-Estado. […] Una comunidad nacionalista no es una comunidad tradicional, sino un sector de la población movilizado contra el Estado. Su identidad se extrae de la movilización misma, y no de realidad alguna preexistente de carácter etnocultural, lingüístico o religioso. Hace medio siglo, los fundadores de ETA denostaban al Partido Nacionalista Vasco, que impulsaba grupos de danzas tradicionales y romerías campestres, estigmatizando como aldeanismo o folklorismo absurdo estas y otras actividades similares. […] Los nuevos nacionalismos fabrican un espejismo de identidad mediante una retórica circular. Reclaman poder en nombre de un sujeto colectivo —la comunidad nacionalista— cuya identidad, en teoría, es negada por el Estado nacional. Pero, puestos a definir tal identidad, incurren inevitablemente en la tautología: el nuevo nacionalismo no reconoce otra identidad legítima que la identidad nacionalista, cuyo único rasgo verdaderamente definitorio consiste en su oposición a la identidad política promovida por el Estado[14].

Tras el traspaso a las comunidades autónomas de las competencias educativas, cada vez está quedando más en evidencia que a menudo la escuela, en lugar de ser fuente de verdad y de razón, está al servicio de las patrañas nacionalistas. Lo ilustraré con un ejemplo. Se trata de la respuesta que da el escritor Arturo Pérez Reverte a una carta que le envió un joven guipuzcoano a propósito de una novela suya, la última entrega de la serie «Alatriste»:

CORTOS DE RAZONES, LARGOS CON LA ESPADA

Eres joven y guipuzcoano, según deduzco por tu carta y el remite. Escribes como lector reciente de la última aventura de nuestro amigo Alatriste. Te ha gustado mucho, dices, excepto el hecho «poco riguroso» y «poco creíble» de que una galera española estuviera tripulada por soldados vizcaínos que combatían al grito de «Cierra España» […] «Metido con calzador —son tus palabras— para demostrar que los vascos (y no los vascongados, don Arturo) estábamos perfectamente integrados en las fuerzas armadas españolas, lo que no era cierto».

Te gusta la novela, pero lamentas que el autor haga trampas con la Historia real; la auténtica Historia que te enseñaron en el colegio.

Te contestaré y extiendo mi respuesta a la cuadrilla de embusteros y sinvergüenzas de los sucesivos ministerios de Educación, de la consejería autonómica correspondiente, de los colegios o de donde sea, que son los verdaderos culpables de que a los diecisiete años, honrado lector, tengas —si me permites una expresión clásica— «la picha histórica hecha un lío».

Machín de Gorostiola es un personaje ficticio, como su compañía de infantería vizcaína. En efecto. Pero uno y otros deben mucho al capitán Machín de Munguía y a los soldados de su compañía, «la mayor parte vascongados», que, según una relación del siglo XVI conservada en el Museo Naval de Madrid, pelearon como fieras durante todo un día contra tres galeras turcas.

En cuanto a lo de «Cierra España», ni es consigna franquista ni del Capitán Trueno. Quien conoce los textos de la época sabe que, durante siglos, ese fue usual grito de ataque de la infantería española —en su tiempo la más fiel, sufrida y temible de Europa—, que en gran número, además de soldados castellanos y de otras regiones, estaba formada por vizcaínos; pues así, vizcaínos, solía llamarse entonces a los vascos en general, «a veces cortos de razones pero siempre largos de bolsa y espada». Y guste o no a quien manipuló tus libros escolares, amigo mío, con sus nombres están hechas las viejas relaciones militares, de Flandes a Berbería, de las Indias a la costa turca.

Los oprimidos vascos fuisteis —extraño síndrome de Estocolmo el vuestro— protagonistas de todas las empresas españolas por tierra y mar desde el siglo XV en adelante. Ese fue, entre otros muchos, el caso de los capitanes de galeras Íñigo de Urquiza, Juan Lezcano y Felipe Martínez de Echevarría, del almirante Antonio de Oquendo, su padre y su hijo Miguel, o de tantos otros embarcados en las galeras del Mediterráneo o en la empresa de Inglaterra. Las relaciones de Ibarra, Bentivoglio, Benavides, Villalobos o Coloma sobre las guerras del Palatinado y Flandes, los asedios, los asaltos con el agua por la cintura, las matanzas y las hazañas, las victorias y las derrotas, hasta Rocroi y más allá incluso, están salpicadas de tales apellidos, sin olvidar las guerras de Italia: en Pavía, por ejemplo, un rey francés fue capturado por un humilde soldado de Hernani, en el curso de una acción sostenida por tenaces arcabuceros vascos. Y te doy mi palabra de honor de que aquel día todos gritaron, hasta enronquecer, «Cierra España»: voz que, en realidad, no tenía significado ideológico alguno. Sólo era un modo de animarse unos a otros, porque eran tiempos duros.

Así que ya ves, amigo mío. No inventé nada. El único invento es el negocio perverso de quienes te niegan y escamotean la verdadera Historia: la de tu patria vasca —«La gente más antigua, noble y limpia de toda España», escribió en 1606 el malagueño Bernardo de Alderete— y la de la otra, la grande y vieja. La común. La tuya y la mía, sí: ¡España!

Una izquierda abducida y zombi

Buena parte de la izquierda sigue presa de una inercia absurda que, como dice la profesora Béjar, «le impide abrazar la bandera española como propia, mientras se muestra tolerante con la continua y ubicua exhibición de la bandera catalana y vasca, encarnación de un patriotismo, ese sí, respetable».

Estamos, pues, ante una sarta de mitos y mentiras, ante toneladas de irracionalismo interesado contra el cual es preciso pelear. Y para pelear contra esa ideología excluyente y contra esas políticas, cuyo objetivo estratégico no es otro que la secesión, es necesario despreciar y atacar las descalificaciones de las cuales se sirven los nacionalistas para defender su ciudadela y que van desde la más suave, españolistas, a las más duras, como anticatalán y hasta franquista o facha, aunque, a mi juicio, el peor virus en forma de prejuicio que los nacionalistas han conseguido colocar es el que equipara a los «separatistas» con los «separadores».

Sabemos quiénes son «separatistas», es decir, aquellos que persiguen como objetivo estratégico la escisión de Cataluña (también del País Vasco o de Galicia). ¿Quiénes son los «separadores»? Pues, según el pensamiento cándido de algunos, somos «separadores» quienes osamos criticar las bases ideológicas y las políticas nacionalistas. De lo cual se deduce que criticar a los nacionalistas está muy mal visto, pues si te atreves a pronunciar tales blasfemias eres un «separador» y como tal alimentas la escisión. A ese tipo de razonamiento lo llamaban los clásicos petición de principio, pero existen formas más científicas y modernas para calificar tal argumento: basura ideológica.

La cosa no es de ahora, sino que viene de lejos. A modo de recordatorio citaré el número de julio y agosto de 1977 —inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional— de la revista Taula de Canvi, catalanista de izquierdas. Dicha revista planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas…).

El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era esta: «¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?» (las cursivas son mías).

Antes de considerar las respuestas, ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían —y pertenecen— los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Jaime Gil de Biedma, Juan Marsé, Eduardo Mendoza y un largo etcétera de notables creadores que escriben en castellano y se consideraban amigos y compadres de quienes respondían así:

Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí».

Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».

Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo [¿al amanecer?] a medida que Cataluña recupere su autonomía».

Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderán a desaparecer». (¿Por fusilamiento?)

Entre tanto ardor guerrero y exterminador destaca, por extraña, una propuesta razonable, la de Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».

Tan tempranas y tan amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes políticos: 1) a los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes en Cataluña, y 2) a los partidos de ámbito nacional. Pero la mayor parte de ellos prefirieron, ya entonces, mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando.

Mas, fuera como fuera, de hecho nadie —excepto algunas voces aisladas u otras pertenecientes al declinante franquismo— quiso señalar unos límites, al menos intelectuales, a semejante desbarre. Luego vino un largo periodo de ambigüedad manejado magistralmente por un político todoterreno como Jordi Pujol. Político de habilidades indudables y de apariencia moderada, pero, como ahora se ha demostrado, defensor a ultranza de la identidad catalana y un intolerante en lo que se refiere a la lengua como principio y fin de la identidad nacional. Lo glosaré con palabras prestadas por Gregorio Morán:

La lengua, cualquiera que sea, y más si es nueva o renovada, da de comer a más devotos de la fe que cualquier seminario, menor o mayor. La lengua, si no es estofada, que lleva su tiempo y requiere cierta mano del cocinero, es un negocio garantizado y con poderes para convertirse en monopolio, eliminando a la competencia […]. La «inmersión lingüística» tiene algo del catolicismo tridentino. O eso o nada, porque de otra manera peligraría la religión verdadera. Cuando dicen que el modelo de inmersión lingüística al catalán es un éxito […] me acuerdo de la Iglesia española durante el franquismo: ¿para qué dar libertad de cultos si apenas hay una docena de protestantes[15]?

Por su parte, el sociólogo francés Pierre Bourdieu escribió que la lengua es un instrumento privilegiado para la consagración y exaltación del nacionalismo, por lo que en los países con bilingüismo, para que se imponga como legítima una de ellas, es necesario que se unifique el mercado lingüístico. Y, de ese modo, señala que «en el proceso que conduce a la elaboración, la legitimación y la imposición de una lengua oficial, el sistema escolar cumple una función determinante», porque es ahí «donde se fabrican las similitudes de las que resulta la comunidad de conciencia que es el cimiento de la nación». Los maestros, por tanto, «actúan así cotidianamente, a través de su cometido, sobre la facultad de expresión de toda idea y de toda emoción que representa el lenguaje, y al enseñar a todos los niños la misma lengua, única, clara y fija, les inclina naturalmente a ver y a sentir las cosas de la misma manera, trabajando en la construcción de la conciencia común de la nación…»[16].

El mismo Bourdieu señala que una vez creado el mercado lingüístico unificado, y reconocido jurídicamente el estatus de nación, existen ya las condiciones para la construcción del Estado. Así lo reconoció Pierre Vilar cuando escribió: «Porque aspira al Estado, la burguesía catalana es la que inspira a la región el sueño de convertirse en nación».

Durante su segunda legislatura y cuando ya disponía de mayoría absoluta en las Cortes, Aznar comenzó a colocar banderas españolas de enorme tamaño por todos lados y, según fotografió la prensa, también puso una en su casa de veraneo en Marbella. A este propósito, Albert Boadella escribió lo siguiente:

Dolors [Dolors Caminal, esposa de Boadella] me informa sobre la bandera que Aznar ha colocado en su chalé de Marbella. Me pongo a comprobar las proporciones a través de una foto y deduzco que, sin llegar al mazacote de la plaza Colón de Madrid, son considerables. Poner banderas es muy sencillo, se hace por millares en todas las fiestas de pueblo.

Lo realmente importante fue su actuación como presidente, y esta vino a demostrar que la cohesión territorial le importaba tanto como el problema del tráfico en Bombay. […] Desde su responsabilidad pudo atajar el desmadre general, pero no solo no hizo nada, sino que actuó favoreciendo el nacionalismo en aspectos fundamentales.

La ley [lingüística de Pujol, no recurrida por Aznar] es la misma que hoy permite una serie de aberraciones, las cuales vulneran derechos esenciales de todo ciudadano. Sin embargo, ahora ya nada se puede hacer […]. La ley de marras es la misma que permite negar legalmente cualquier subvención y apoyo a una compañía catalana que monte una obra en español. Caso de Joglars[17].

La permisividad con todas y cada una de las muchas ilegalidades cometidas por los sucesivos gobiernos de la Generalitat, sus desprecios continuos hacia las sentencias del Supremo o del Constitucional, ese mirar para otro lado de los sucesivos gobiernos centrales, tanta blandura, no solo se han basado en una voluntad de «dos no riñen si uno no quiere», también se ha debido al desgraciado hecho de una ley electoral que coloca en una situación privilegiada a los nacionalistas periféricos, únicos grupos que son capaces en las Cortes de aportar votos para sostener gobiernos (del PP o del PSOE) cuando estos partidos no cuentan con mayorías absolutas.

Cualquiera que viva en Cataluña o la visite percibe inmediatamente que en la calle, en la sociedad catalana, conviven el castellano y el catalán sin ningún problema digno de reseñar y, si eso es así, ¿por qué las lenguas se han convertido en un problema político? Pues porque los nacionalistas consideran que su lengua es un elemento determinante de la identidad colectiva. Por eso tratan al castellano como si fuera una lengua impuesta por la fuerza, pese a que más de la mitad de los catalanes tengan hoy como lengua materna precisamente el castellano. No estamos ante una guerra entre lenguas, estamos ante una manipulación identitaria que conduce a una discriminación contra las personas a causa de su lengua materna. Eso es lo que viene pasando.

A esta ideología nacionalista, mentirosa, sí, pero firme y potente, se juntó a partir de 2004 la posición de un presidente de Gobierno, Zapatero, que había dejado escritas en mármol unas palabras que le brindó a su hagiógrafo, el gallego Suso de Toro (Madera de Zapatero), cuando dijo que la idea de nación era «discutida y discutible», para añadir después otra perla: «España no está cuajada».

España no estaba «cuajada» y él se dispuso a «cuajarla» (aunque esta no sea la palabra apropiada; la palabra que mejor define lo que hizo ZP en este campo tiene en común con cuajarla una jota inicial, además de la ele, la erre y la a).

La butifarra

Antes de seguir con «el embrollo estatutario», me detendré en una de las peores consecuencias que como resultado político y social ha traído para Cataluña esa ideología identitaria, ese pensamiento único con el cual se han tapado muchas vergüenzas. Lo contaré con un toque de humor de color «rojo», el color de los «chorizos». «Chorizos» que han arramblado con enormes cantidades de dinero mientras gritaban «España nos roba».

El primer y más destacado lugar de la crónica «roja» lo ocupa la familia Pujol. Para ilustrar este aserto reproduciré un texto de Xavier Horcajo:

La impunidad explica que los hijos de Jordi Pujol estén criados en el «Usted no sabe con quién está hablando». Los «pollitos» de Jordi Pujol son hoy multimillonarios […]. A la sombra del apellido y aprovechando las condiciones climáticas de impunidad y el clientelismo que ofrecía el Oasis catalán, los hijos de Pujol se enriquecieron […]. La mayoría de los hijos de Jordi Pujol viven —entre lujos— lejos de lo que para ellos fuera «su finca». Esto es, lejos de Cataluña[18].

Para aligerar el discurso y sin pretender trivializar el asunto, haré mención del caso más gracioso de todos, del que fue (y es) protagonista «el ciudadano que nos honra». Me refiero a la más auténtica de las «butifarras»: la de don Félix Millet, un desmadre al que siguieron de inmediato «los pretorianos» de Jordi Pujol: Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, quienes hicieron colla con Bartomeu Muñoz y otros «socialistas» para llevarse un chorro de millones ordeñando al municipio de Santa Coloma de Gramenet (117 000 habitantes), en donde Muñoz había heredado ab intestato la alcaldía de las manos de Manuela de Madre.

Félix Millet, el «ciudadano que nos honra», recibió en 2008 ese título en presencia de las autoridades catalanas y del ministro de Cultura; también se le había otorgado la Creu de Sant Jordi (Pujol) y la llave de Barcelona (Maragall). Apenas un año después, se vio ante la Justicia por haber «levantado» del Palau de la Música entre veinte y treinta millones de euros. Mientras esto escribo, la Audiencia Nacional ha ordenado bloquear tres cuentas bancarias en Suiza que pueden ser de Millet y de su ayudante Jordi Montull.

A este propósito, Gregorio Morán ha escrito lo siguiente:

Dudo mucho que haya país alguno en el que sea posible que alguien sin necesidad de tocar un instrumento ni tener zorra idea de música alcance tal nivel de sofisticación armónica como para forrarse él y los suyos. ¡Millet, el primer estafador mundial de la música! […] El más vulgar de los ladrones de pisos, el tironero más desalmado, no alcanza el grado de desfachatez de un tipo capaz de estafar a su consuegro y hacer pagar a la sociedad que le apacienta hasta sus condones. Como dicen los posmodernos, lo de Millet es el top de una sociedad corrupta y narcisista[19].

Aparte de sueldos y dietas millonarias, de bodorrios de hijas y de servicios sexuales (incluyendo los preservativos) a cargo del Palau, el señor Millet se lo llevaba crudo y aún le sobraba para financiar con especial dedicación a Convergencia.

Pero este «ciudadano» era también —y con gran solvencia— el representante de toda esa legión de las familias catalanas (miembros de las «cuatrocientas familias» que, según el propio Millet, son las que mandan en Cataluña: las del Liceo, de la Caixa, del Barça, del Círculo Ecuestre, del Club de Polo…) que fueron franquistas prácticos y pasaron sin cambiarse de ropa a servir al nacionalismo.

La otra «butifarra», la de Muñoz, Alavedra, Prenafeta y el Luigi, también es significativa, porque estos cuatro representaban, por un lado, la Cataluña inventada y construida por el pujolismo y, por otro, al PSC de los charnegos. La conjunción entre el viejo pujolismo y ese nuevo PSC muestra mejor que cualquier tesis doctoral hasta dónde está dispuesta a llegar la clase política catalana. Una «élite» que hasta ahora ha conseguido imponer en Cataluña la ley del silencio sobre sus tropelías.

Lo novedoso en el caso catalán no es que todos los partidos estén pringados, lo verdaderamente original es que están pringados juntos, que compartan los mismos lodazales. Y eso solo pasa en Cataluña y pasa, a mi juicio, porque los partidos nacionalistas y catalanistas viven en una burbuja. Y son esos políticos coligados los que están empeñados en construir una sociedad cerrada. A eso lo llamaba Pujol fer país. Lo cual va unido a una democracia de baja calidad en donde nadie osa levantar la voz por no arriesgarse a ser tachado de anticatalán. Gregorio Morán lo ha descrito así:

Tenemos en la cárcel a nuestro empresario modélico Javier de la Rosa; también al formador de generaciones de abogados catalanes, reconocido prohombre del derecho, Piqué Vidal. También a Pascual Estevill, nuestro juez más profesional —yo me aterrorizo cuando oigo que se dice de alguien que es «muy profesional», expresión muy utilizada para los sicarios.

No es por ponerme dramático, pero tras lo de Millet «deberíamos hacérnoslo mirar», que dicen por aquí[20].

¿Tengo que añadir que los catalanes no se merecen servir de parapeto tras el cual esconder las muchas miserias de la clase política catalana envuelta en una ideología excluyente? Pues lo añado.

El embrollo estatutario

Zapatero y Maragall, queriendo arreglar el «contencioso catalán», abrieron de nuevo el melón estatutario, que desde la aprobación de la Constitución de 1978 había experimentado los siguientes pasos: primero, los pactos autonómicos de 1981, que concluyeron con la aprobación del último estatuto de autonomía en 1983 («café para todos»). Asentado el modelo autonómico, se abrió un segundo periodo con los pactos de 1992, que se caracterizó por la profundización del ámbito competencial de muchas comunidades autónomas y por la aprobación de múltiples reformas de estatutos de autonomía, proceso que duró hasta 1999 («igual cantidad de café para todos»). Zapatero abrió, pues, un tercer periodo de reformas estatutarias que bien pudiera denominarse «se servirá todo el café que quiera tomar cada uno».

En cualquier caso, resulta difícil de entender que Rodríguez Zapatero impulsara una aventura tan azarosa como la de los nuevos estatutos. El precedente de Aznar, que comenzó, de repente, a hablar el catalán en la intimidad, no llegó ni de lejos a tanto, aunque también fue su gobierno el que, a petición de los nacionalistas, eliminó el concepto (por cierto, liberal) de gobernador civil para pasar a denominar a ese cargo con el humillante nombre de subdelegado… y no se quedó ahí sino que también renunció —ya se ha comentado antes— a recurrir la última ley pujoliana a favor del catalán, que era, a todas luces, inconstitucional.

Aznar llegó al colmo cuando le entregó a Pujol en bandeja de plata la cabeza de Vidal-Quadras, el líder catalán del PP que había sido capaz de plantar cara a los nacionalistas y además había obtenido unos resultados electorales más que dignos (contemplar a Vidal-Quadras en el Parlamento catalán reprochándoles a los nacionalistas lo mal que hablaban el idioma catalán era un placer impagable). ¿Qué derecho le asistía a Pujol para pedirle al presidente del Gobierno de España que le quitara de en medio a un competidor electoral? ¿Qué amenazas le anunció para exigir tal cosa? ¿Por qué un líder como Aznar dejó caer tan baja su propia dignidad personal y política?

En fin, un mal precedente el aznariano, pero ¿por qué Rodríguez Zapatero se implicó tan a fondo en aquella aventura, metiéndose a regar un jardín plagado de espinas?

Tengo para mí que Maragall le vendió a Zapatero —y este se lo compró— que la operación no solo resolvería definitivamente «el problema catalán»; también serviría para que el PSC se hiciera con el liderazgo político y social en Cataluña, conjurando así, definitivamente, los peligros del separatismo. Además, se ligarían las cesiones autonómicas con una estrategia que tenía como objetivo aislar al PP (los «herederos del franquismo», ¿recuerdan?) y para ello se buscarían alianzas a largo plazo con los nacionalistas. Aquella desgraciada aventura ha sido, a mi juicio, la mayor locura política acometida por el PSOE, al menos, desde 1934.

Sea como sea, por más vueltas que le he dado, he acabado por renunciar a explicarme racionalmente lo ocurrido durante el accidentado camino estatutario catalán.

Una vez formado el primer tripartito (año 2003), se inició el proceso estatutario a impulso de ese Gobierno tripartito. En el Parlamento de Cataluña, la puja en la subasta subía de tal modo que a cada propuesta de aumento competencial la seguía siempre, como un Groucho, otra propuesta, ora de CiU ora de ERC, que pedía «además, dos huevos duros»… hasta que aquel texto resultó inviable. En tales condiciones, el Estatuto hubiera encallado en el Parlamento catalán, pero Rodríguez Zapatero llamó a Mas a la Moncloa y consiguió desatascar el asunto. Más tarde volvería a requerir al líder de CiU, cuando el texto volvió a quedar varado en el Congreso de los Diputados. Y nadie —incluidos, creo yo, los autores del desaguisado— supo jamás para qué tanta diligencia y esmero por parte de ZP en pro de aquel estatuto salvífico.

A modo de recordatorio, conviene repasar la deriva «autonomista» catalana comenzando por la Mancomunidad de 1914, que presidió Prat de la Riba. Aquella era exclusivamente la unión administrativa de las Diputaciones de las cuatro provincias catalanas. En el Estatuto del 15 de septiembre de 1932, en su artículo 1 se lee: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado Español, con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto». El Estatuto de 1979 (ley orgánica 4/1979, de 18 de diciembre), afirmaba en su artículo 1.1 que «Cataluña, como nacionalidad y para acceder a su autonomía, se constituye en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto». En el texto del nuevo Estatuto aprobado por el Parlamento catalán se establecía que «Cataluña es una nación» (art. 1.1), y en el preámbulo se afirmaba que «La Generalitat restablecida en 1931 nunca ha dejado de existir», «Cataluña considera que España es un Estado plurinacional», «Cataluña convive fraternalmente con los pueblos de España» y «los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña» (art. 2.4)… y un sinfín de brindis al sol que las Cortes reducirían, pero no tanto como para poder encajar en la Constitución española. La lectura de aquel preámbulo y del título preliminar del Estatuto que salió del Parlamento catalán lo pone de manifiesto. Allí estaba la afirmación de Cataluña como «nación», de «la realidad nacional catalana» y del «derecho inalienable de Cataluña a su autogobierno», «que se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana». Esta autorreferencialidad se concretaba en el artículo 2.4, que establecía que «Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña». Una expresión típica de una constitución que proclama la soberanía nacional o popular.

Lo dijo claramente Maragall por entonces: «El objetivo del Estatuto es la desaparición del Estado central en Cataluña».

Aquel Estatuto, que renegaba y reniega del Estado federal, ni siquiera respondía a una concepción confederal del Estado. La concepción del Estado subyacente en aquel texto del Estatuto que llegó a las Cortes era, constitucionalmente, un disparate. El disparate de la bilateralidad, que responde a la más rancia tradición nacionalista y se puede resumir en una frase tan castiza como certera: «Lo mío, mío, y lo tuyo, a pachas». Y no es solo ni principalmente una cuestión de dinero, de competencias o de financiación; es mucho más. Es la desconfianza respecto al Estado democrático y el desprecio hacia España como concepto y como sociedad.

El Estatuto catalán, además de un tremendo embrollo político, trajo consigo un gran malentendido, una grave confusión, que afectó y sigue afectando sobre todo a los socialistas.

En el Congreso de los Diputados el principal muñidor durante aquel trámite parlamentario por parte del PSOE fue Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces portavoz del grupo socialista. Desde el Gobierno, el encargado de dorar la píldora para hacer parecer constitucional algo que no lo era fue Francisco Caamaño, que estaba entonces en la Moncloa como asesor jurídico y que después sería ascendido a ministro de Justicia. Caamaño usó toda la capacidad interpretativa de los leguleyos, esos abogados que hacen decir al texto de las leyes lo que las leyes nunca quisieron decir. En otras palabras, Caamaño usó el texto de la Constitución como si fuera de goma, pensando, quizá, que si aquel texto llegaba al Tribunal Constitucional, el Gobierno tendría allí la suficiente mano como para, como Cristo, convertir el agua en vino.

Por mucho que se hubiera «peinado» el texto (¡que tenía 227 artículos cuando llegó a las Cortes!) para hacerlo encajar en la Constitución, aquel trabajo resultó una misión imposible, pues pretendía que la Generalitat decidiera sobre asuntos que no le correspondían. No era constitucional porque hacía mangas y capirotes de la multilateralidad, concepto intrínseco a cualquier Estado compuesto (federal o de otro tipo). No lo era porque su sistema de financiación, caso de generalizarse, simplemente, haría desaparecer el Estado. No lo era porque pretendía crear legalmente catalanes de primera (los que hablan la lengua «propia») y catalanes de segunda (los castellanohablantes). No lo era porque —como me dijo en privado un veterano líder de Izquierda Unida— «no estamos ante un proyecto de ley, sino ante un acta de rendición».

El 18 de junio de 2006, con una participación ridícula (solo acudió a las urnas el 48,9 % del censo electoral), se celebró el referendo estatutario y el 73,2 % votó a favor, lo cual significa que solo el 36 % de los catalanes con derecho a voto avaló el nuevo Estatuto. Un porcentaje cómico. (Lo mismo ocurrió con el nuevo Estatuto de Andalucía, a pesar de estar consensuado con el PP).

Cualquier ley seria que regulara los referendos en España hubiera considerado nulas aquellas votaciones, pero aquí, al parecer, nadie se había ocupado de evitar, ley mediante, estas incoherencias. E incoherencia fue también que un texto fuera sometido a referéndum antes de pasar por el filtro del Tribunal Constitucional. Otro gravísimo error que hubiera sido muy fácil de evitar, simplemente resucitando el viejo «recurso previo de inconstitucionalidad».

Mientras el desastre del Estatuto se estaba consumando, Rodríguez Zapatero decía:

He explicado en muchas ocasiones que el autogobierno ha representado el progreso para nuestro país, y también que el autogobierno de las comunidades autónomas es perfectamente compatible con la fortaleza de la idea general de España… Solamente cuando se tiene en la mente una visión estrecha, estática, anquilosada, de cómo evoluciona la sociedad, se puede caer en la tentación de no ver su alcance […]. Hubo un proceso de deliberación, de discusión democrática y un resultado final, que coincide con el objetivo básico. El resultado final es el que cuenta, más allá de un debate en el que algunos han puesto demasiada pasión.

(El País, 2 de septiembre de 2007)

El doctor Pangloss y su «todo va bien en el mejor de los mundos posibles» no hubiera contestado mejor: se equipara el autogobierno al progreso y se tira millas… Quedaba claro, eso sí, que quienes se opusieran —sin ir más lejos, quien esto escribe— a estas vagas ideas y a la política territorial tan brillantemente emprendida por él, tenían «en la mente una visión estrecha, estática y anquilosada».

Pues bien, de tanto «cuajar la cuajada» y de tanto zigzag como después dio ZP, el resultado fue, primero, la confusión y, en resumidas cuentas, el crecimiento electoral y la omnipresencia de los discursos independentistas.

El historiador José Varela ha visto así aquel desgraciado proceso:

Es indudable que la maniobra políticamente más relevante hay que buscarla en la redacción y apoyo a un nuevo Estatuto de Cataluña como estatuto de partido; es decir con exclusión del PP. Ni siquiera se planteó la reforma del anterior Estatuto, lo cual resulta revelador. […] «La insensata voluntad de expulsar al adversario de la comunidad democrática», como la califica Muñoz Molina, rompió el compromiso contraído en la Transición de consensuar la organización territorial del Estado con el principal partido de la oposición —tal y como hizo UCD en 1979 con el PSOE, entonces en la oposición—. Es difícil restar importancia a un paso de tanta trascendencia —clave en la estrategia del socialismo, versión Zapatero, en estos años pasados— en la medida en que supone romper con la sociedad constituyente de 1978 y sustituir, como socio constituyente, al partido alternante —en este caso, al PP— por pequeños partidos nacionalistas. […] De modo tal que la deriva secesionista de los partidos nacionalistas se ha acelerado y, sobre todo, el Partido Socialista de Cataluña, y, en parte, también el Partido Socialista de Euskadi (PSE), han sido «abducidos» por los nacionalistas[21].

Pero ¿qué ha pasado aquí? Si hubo un acuerdo en 1932 mediante el cual Cataluña se constituía en región autónoma dentro de la República, y en 1978 se decidió, tras largas discusiones, que Cataluña era una nacionalidad, ¿por qué andamos ahora discutiendo si Cataluña es o no es una nación y si «el pueblo» catalán tiene derecho a la autodeterminación? Han pasado más de ochenta años desde aquel lejano 1932 y, de ellos, treinta y seis bajo una dictadura. Años en los cuales la sociedad catalana se ha transformado, entre otras cosas, bajo el impulso de una enorme inmigración procedente del resto de España. ¿Son estos catalanes castellanohablantes y sus hijos los que reclaman como reivindicación inaplazable que Cataluña sea considerada una nación o un estado independiente? ¿Son ellos los que apoyan la inmersión lingüística y el monolingüismo? ¿Son ellos los encargados de prohibir que en la escuela, en la televisión… en el foro público se pueda hablar en castellano? No lo creo. Es mucho más razonable pensar que son ellos, los que antes votaban masivamente al PSC, quienes se han quedado sin representación política. Son ellos los traicionados en su pensamiento y en sus intereses. ¿No es más razonable pensar que lo que abunda es la permanente deslealtad de los nacionalismos respecto a lo pactado ayer mismo?

Dado que los padres del engendro no quisieron saber nada de consensos con el PP en una estrategia que para el PSOE resultó suicida, los diputados «populares» recurrieron buena parte del articulado ante el Tribunal Constitucional y entonces comenzó otra guerra en la que nos tocó ver y oír de todo. Desde las soflamas del ínclito Montilla travestido en nacionalista hasta la señora Chacón, entonces ministra de Defensa, clamando contra un Tribunal Constitucional que «no tenía derecho a tocar una sola coma del texto aprobado en el referéndum». Un aquelarre demencial que tuvo su clímax cuando la inmensa mayoría de los periódicos catalanes (todos ellos subvencionados por la Generalitat, eso sí) con La Vanguardia (en manos del conde de Godó, Grande de España) a la cabeza publicaron un editorial el mismo día y con el mismo texto amenazando con los males del infierno al TC si este se atrevía a mancillar «la dignidad de Cataluña». Un despropósito en forma de jeremiada nacionalista que pretendía convertir un simple y mal pergeñado texto legal en las tablas de la ley del pueblo catalán.

¿Y qué opinaban de este disparate las gentes normales y corrientes del PSOE? Puedo contar lo que opinaban en privado, aunque algunos hubo —pocos— que sí opinamos en público oponiéndonos. Pero ninguno, absolutamente ninguno, pudo opinar sobre el texto de aquel proyecto de ley en los órganos internos del partido porque «el mando» no dio ocasión. Ni el comité federal ni el grupo parlamentario debatieron el asunto. Probablemente tampoco la comisión ejecutiva. Era un proyecto «estratégico» del líder y eso era razón más que suficiente para avalarlo… en contra de la Constitución y, sobre todo, en contra del sentido común.

Era obvio que aquel texto —el que entró en las Cortes y también el que salió— contradecía en el espíritu y en la letra el acuerdo interno tomado en Santillana, pero qué importaban esas minucias si el «impulso soberano» de Zapatero iba a poner fin al contencioso catalán. No se recuerda en los anales una profecía más fallida. Se forzaron leyes y conciencias para sacar adelante un texto-Saturno que acabó devorando a todos sus hijos, comenzando por Maragall y Carod-Rovira, desaparecidos del mapa político antes de que el TC dijera la última palabra.

En aquellos «trances», el mando del PSOE forzó también la conciencia de muchos diputados que sabíamos el desaguisado que estábamos cometiendo. De aquel error de votar disciplinadamente me he arrepentido y me arrepiento. Antes de la votación de aquel engendro en el Pleno del Congreso había llegado ya el momento de marcharme, de abandonar, de volver a mi trabajo en el INE y, si tenía ganas, tiempo y capacidad, intentar juntar fuerzas para volver a la política cuando aquella locura concluyese. Pero no lo hice y, una vez más, erré el tiro.

Aunque, como siempre, se demoró más de la cuenta, al fin llegó la sentencia del TC y con ella reaparecieron, si cabe con más intensidad, los llantos y el crujir de dientes con los que se expresa la frustración genética de cualquier nacionalismo. Ya lo había dicho el famoso editorial conjunto: «La dignidad de Cataluña había sido mancillada». Definitivamente, «no nos comprenden», añadieron.

Sea como sea, conviene contemplar, aunque sea brevemente, aquella sentencia.

La sentencia

Los diputados del PP recurrieron 128 artículos de los 227 que contenía el nuevo Estatuto catalán (ley orgánica 6/2006 de 19 de junio); el anterior, de 1979, tenía 57 artículos. La sentencia del TC (STC 31/2010 de 28 de junio) provocada por ese recurso fue dictada por los magistrados María Emilia Casas Baamonde, ponente y presidenta del Tribunal, y los magistrados Guillermo Jiménez Sánchez, Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay Montalvo, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala Sánchez y Manuel Aragón Reyes. La sentencia tuvo cinco votos particulares firmados por los magistrados Vicente Conde Martín de Hijas, Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez Zapata y Ramón Rodríguez Arribas. El voto particular de Eugeni Gay Montalvo manifestó exclusivamente su disconformidad con el apartado primero del fallo de la sentencia. En cualquier caso, se puede afirmar con total seguridad que las discrepancias de los votos particulares fueron más de carácter formal que material. También se puede afirmar que el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña no difiere tras la sentencia, en lo esencial, del aprobado en 1979 por la ley orgánica 4/1979.

Como ya se ha relatado, eran seis los pilares básicos en los que estaba asentado el Estatuto: la nación, la lengua, el Poder Judicial en Cataluña, las competencias, la bilateralidad y la financiación. El Tribunal Constitucional desmontó tales pretensiones del legislador autonómico y orgánico en estas seis materias esenciales del Estatuto.

Veámoslo más de cerca: sobre la nación, el Tribunal taxativamente declara que «la Constitución no conoce otra Nación que la española… y con la que se cualifica expresamente la soberanía… ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido», estando el origen de la potestad estatutaria en la Constitución, no en los derechos históricos como proclamaba el artículo 5 del nuevo Estatuto. Con estas declaraciones, el Tribunal dejó meridianamente claro que la soberanía radica en el pueblo español, como constituyente único.

En lo concerniente a la lengua, el Tribunal declaró inconstitucional y nulo el carácter preferente del catalán, reafirmando al castellano como lengua cooficial en Cataluña, que no puede ser excluida como lengua vehicular en la enseñanza.

En lo relativo al Poder Judicial en Cataluña, el Tribunal declaró que el Poder Judicial es un poder del Estado, aunque admitía que pueda haber fórmulas de desconcentración en la ley orgánica del Poder Judicial. Pero que al igual que hay una sola nación y una única soberanía, no puede haber más que una jurisdicción en todo el territorio nacional, que es el Tribunal Supremo.

Sobre las competencias, el Tribunal declaró que el ejercicio de las competencias asumidas por el Estatuto no impide el ejercicio de las competencias exclusivas del Estado. Según la sentencia, hay casos en los que el Estado, además de fijar las bases, puede decidir sobre cuestiones incluso de carácter no normativo, por lo que en las competencias exclusivas no siempre la Generalitat podrá ser la única que legisle y ejecute sobre determinada materia.

Sobre la bilateralidad entre el Estado y la Generalitat, el TC declaró que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado no tiene otra función que la cooperación voluntaria en el ámbito de la competencia de ambos gobiernos, pero no impide al Estado el pleno ejercicio de sus propias competencias, sin que esta comisión sea, en ningún caso, la reunión del Estado español y la Generalitat de Cataluña.

Por último, sobre la financiación, el Tribunal proclama que al Estado le corresponde regular el ejercicio de las competencias financieras de las comunidades autónomas, y sobre la inversión en Cataluña durante un periodo de siete años, el Tribunal declaró que no podía admitirse que ello vinculara a las Cortes Generales a la hora de aprobar los presupuestos generales del Estado.

Cuando el 28 de junio de 2010 el TC hizo públicos los dos folios del fallo (la sentencia se publicaría más tarde y tiene 147 fundamentos jurídicos), las reacciones no esperaron a conocer la sentencia. Por un lado, en el PSOE (María Teresa Fernández de la Vega, Francisco Caamaño y otros) miraron para otro lado y, como si nada hubiera pasado, minimizaron la relevancia de la sentencia. «El TC ha declarado constitucional el Estatuto y el intento del PP por liquidarlo ha fracasado», declaró la ministra Leire Pajín… y se quedó tan ancha.

Por el contrario, Montilla, presidente aún de la Generalitat, dijo que «el TC está desacreditado moralmente y deslegitimado». Para Jordi Pujol era «una humillación para Cataluña» y para Joan Herrera la sentencia era «una provocación a Cataluña». Por su parte, Artur Mas utilizó el tono funeral: «El Estatuto está muerto», dijo.

Al final, ¿qué habían conseguido Maragall y Zapatero con tan brillante iniciativa? Exacerbar la frustración, ese sentimiento tan nacionalista, además de provocar múltiples descalificaciones mutuas. Un éxito que pasará a la nutrida historia de la necedad política.

Una coda sobre el PSC

El PSC es un partido que recogió en su día a toda una pléyade de hijos de la pequeña burguesía catalana y catalanista, la de toda la vida: los Raventós, Serra, Maragall, Obiols… que luego se vieron desplazados por una amalgama compuesta por hijos de inmigrantes (Montilla, Manuela de Madre, Bartomeu Muñoz, Zaragoza, Carme Chacón…) y gente proveniente de las Juventudes Socialistas, como Iceta, que jamás han cotizado a la Seguridad Social fuera del partido.

Un PSC que tras abrazar, de la mano de Maragall, una deriva nacionalista, acabó por no ser capaz, como antes lo era, de fidelizar el voto inmigrante, pues ya sirve de poco adular al personal mediante el verbo demagógico del que hicieron gala personajes como Manuela de Madre, que fue alcaldesa de Santa Coloma hasta que cedió los trastos a Bartomeu Muñoz. En efecto, amarrados al aval del PSOE y a su progresismo de origen, estos «inmigrantes» que pasaron a prestar sus servicios al catalanismo se mostraron hábiles a la hora de cohonestar sus llamadas al voto «de clase» durante las campañas electorales con su negación, en la práctica, de cualquier símbolo o actitud que suene a español, negándose, incluso, a hablar en público la lengua que han mamado. Todo ello a cambio de un lugar bajo el sol en esa «Cataluña eterna», la de Pujol y Cía., pero ya se sabe: no se puede engañar a todos todo el tiempo.

Para mostrar hasta qué punto Maragall defraudó a sus votantes me serviré de un texto escrito por Ramón de España:

Cuando en 2003 Pasqual Maragall llegó a la presidencia, pensé: se acabó la tabarra nacionalista, vamos a reconstruir lazos con el resto de España, vamos a preocuparnos de verdad por la cultura […] vamos a dejar de practicar el victimismo y la queja constante, vamos a ordenar el bilingüismo para que ninguno de nuestros dos idiomas se imponga al otro, vamos a… Ya ven lo ingenuo que puede llegar a ser uno. En cuanto Maragall ocupó el despacho presidencial, se sacó de la manga un nuevo estatuto de autonomía que nadie le había pedido y lo convirtió en el meollo de su legislatura […]. Yo voto a alguien para una cosa y me sale con otra. […] Lo único que sé es que, de repente, el hombre que se suponía que era la némesis de Jordi Pujol y que representaba todo lo opuesto a él, se convertía en su sucesor, recogiendo la antorcha nacionalista y avivando su llama con un soplete[22].

Conviene recordar aquí, por ser absolutamente clarificadora, la marcha electoral del PSC en las elecciones autonómicas a partir de que Maragall entró en la liza autonómica:

Año 1999, Maragall: 1 183 000 votos y 53 diputados (de un total de 135).

Año 2003, Maragall: 1 026 000 votos y 42 diputados.

Año 2006, Montilla: 790 000 votos y 37 diputados.

Año 2010, Montilla: 575 000 votos y 28 diputados.

En 2012, Pere Navarro: 524 000 votos y 20 diputados.

En pocas palabras: desde que empezó este baile, el PSC ha perdido 33 diputados, el 62 % de los que tuvo en 1999, y 669 000 votos, el 56,5 % de los que obtuvo antes de que empezara la yenka estatutaria. En resumen, al PSC, que siempre nutrió una gran parte de sus urnas con votos de gente de origen inmigrante, le ha resultado letal subirse al carro identitario. Una actitud, la del PSC, que no se entiende en el resto de España, pero que tampoco se entiende en Cataluña. Las encuestas de opinión —y las urnas— lo dejaron siempre meridianamente claro: cuanto más nacionalista se hacía el PSC, menos votos sacaba. Y es que la gente suele preferir el original a la copia.

Concluiré este apartado con una cita de Javier Nart, a mi juicio clarificadora:

Históricamente la civitas política en Cataluña tenía dos pilares: el Partido Socialista y Convergencia y Unión… más la anecdótica periclitante del independentismo romántico (Esquerra Republicana) y el comunismo agónico, reconvertido en ecologismo (Iniciativa por Cataluña, ex PSUC). También se asumía el esquizofrénico comportamiento del Partido Socialista que tras ganar en Cataluña todas las elecciones españolas… perdía todas las autonómicas. En realidad, el PSC era un mixto incongruente de dirigencia nacionalista y electorado… del PSOE.

Y en estas llegó la derrotada victoria socialista que colocó a Pascual Maragall al frente de la Generalitat en un disparatado tripartito. Disparate acrecentado por el adanismo maragalliano y su Estatuto que, sin interesar a nadie, se convirtió en el principal problema para Cataluña y para España. Los socialistas no se enteraron de que al querer ser la vanguardia nacionalista empujaban a los convergentes y a Esquerra al independentismo furibundo. Y en esas estamos.

El síndrome de la emulación

Por muy antinacionalistas que se declaren la mayoría de los líderes territoriales, incluidos en primera línea los del PP y los del PSOE, no se resisten nunca a la emulación, a consignas como la que expresó el consejero de Presidencia andaluz cuando se inició el baile estatutario en Cataluña: «Andalucía no va a ser menos que Cataluña». Ni Andalucía, ni Aragón, ni Valencia… Esta última puso en el borrador de su nuevo Estatuto una norma (fórmula Camps, se la llamó) que decía: «La Comunidad Valenciana adquirirá, ipso facto, todas aquellas competencias que le fueran otorgadas en el futuro a Cataluña».

Durante la etapa de Zapatero, llegaron a aprobarse los siguientes nuevos Estatutos: Comunidad Valenciana mediante ley orgánica 1/2006 del 10 de abril, Cataluña por la ley orgánica 6/2006 del 19 de junio, Illes Balears por la ley orgánica 1/2007 del 28 de febrero, Andalucía mediante la ley orgánica 2/2007 del 19 de marzo, Aragón mediante la ley orgánica 5/2007 del 20 de abril y Castilla y León por ley orgánica 14/2007 del 30 de noviembre.

Y como nadie quería ser menos que otros, también el baile histórico-identitario se disparó. Nos lo ha recordado amargamente Antonio Muñoz Molina en su libro ya citado aquí. Pues bien, leamos algunas perlas que figuran en los preámbulos de los nuevos Estatutos de Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León, y al leerlas no es necesario contener la risa:

Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. […] La interculturalidad de prácticas, hábitos y modos de vida se ha expresado a lo largo del tiempo sobre una unidad de fondo que acrisola una pluralidad histórica, y se manifiesta en un patrimonio cultural tangible e intangible, dinámico y cambiante, popular y culto, único entre las culturas del mundo.

[Extremadura] En los dos grandes valles del Tajo y el Guadiana, desde las cuevas prehistóricas a los centros tecnológicos, se ha ido escribiendo silenciosamente la crónica de una voluntad de sentir, pensar, ser y estar en el mundo. Una tarea de los pueblos que han ido forjando Extremadura…

El Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión de la Corona de Aragón. Seña de identidad de su historia es el Derecho Foral, que se fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad.

[Castilla y León] Hace mil cien años se constituyó el Reino de León. […] Ya entonces, leoneses y castellanos ofrecieron al mundo ejemplos de respeto y convivencia entre las culturas diversas que poblaban estas tierras, ejemplos afianzados a menudo en los Fueros leoneses y en las costumbres y fazañas castellanas.

Ya lo escribí: de risa.

Al paso alegre de la paz

La primera víctima mortal de ETA (un guardia civil apellidado Pardines) lo fue a manos de un joven economista bilbaíno, Javier Echevarrieta. Este muchacho, a quien frecuenté durante nuestros comunes estudios en Bilbao, tenía un hermano nacionalista que ya había pasado por la cárcel, y ambos eran hijos de una mujer que se había quedado viuda. En nuestras largas charlas nocturnas, paseando a la luz de las farolas por las Siete Calles (Javier no era amigo de bares ni de tabernas), las discusiones más enconadas no fueron en torno a Sabino Arana o al papel jugado por los gudaris en la guerra civil, sino a propósito de Ortega, sí, a causa del pensamiento de don José Ortega y Gasset y muy especialmente en lo que se refería a dos obras del escritor madrileño: La rebelión de las masas y La España invertebrada. Él defendía el pensamiento orteguiano y yo —bastante radical entonces— lo denigraba. Jamás hablábamos entre nosotros de nacionalismo ni de nacionalistas si no era para criticar la represión que Franco ejercía contra ellos (y contra nosotros). Echevarrieta era (o así me parecía) un liberal cuya lejanía de las armas y de la violencia era tanta como pudiera imaginarse en una persona de la pequeña burguesía, influida por Ortega (y no por su paisano Unamuno) y con un físico alejado de cualquier aspecto deportista o simplemente fortachón… y sin embargo, no mucho después, fue capaz de matar y de morir pistola en mano. ¿De dónde salió aquel veneno, dónde le fue inoculado?

La respuesta es obvia: no se le inyectó desde las posiciones revolucionarias (Castro, Mao, Ho-Chi-Minh…), sino desde el nacionalismo identitario en su versión más juvenil y más antidemocrática.

¿Cómo veíamos los antifranquistas, especialmente los de izquierdas, aquella nueva y sedicente «lucha armada»? A la vez, creo yo, con horror (por las muertes y también por sus consecuencias represivas), pero también con una cobarde complacencia interior («se lo tenía merecido»), por ejemplo en el caso de Melitón Manzanas (un policía torturador que operaba en Guipúzcoa) o el del almirante Carrero Blanco, ambos asesinados por ETA.

Tras la muerte de Franco (noviembre de 1975), todos los demócratas pensaron (pensamos) que el final de ETA era cuestión de tiempo, de muy poco tiempo. Sin embargo, los etarras no opinaban lo mismo y aprovecharon todas las coyunturas para seguir matando: alcaldes, presidentes de Diputación y otros cargos franquistas junto a una larga lista de policías, guardias civiles, militares… (las fuerzas represivas, ¿recuerdan?). Nosotros seguíamos estando en contra, pero también llenos de confusión moral.

En este caldo de cultivo —moral y políticamente deplorable—, las víctimas fueron durante mucho tiempo invisibles, inexistentes como ciudadanos, y sus funerales y duelos fueron, prácticamente, clandestinos. Y ETA —dale que dale, haciendo caso omiso de las condenas más o menos sinceras, más o menos contundentes— siguió matando y consolidando su aparato civil, es decir, Herri Batasuna, sin que nadie, una vez aprobada la Constitución, fuera capaz de plantearles un dilema, tan elemental como infantil: «o sopa o teta». Es decir, matas o aplaudes la matanza, y en tal caso has renunciado a la palabra, vale decir, al Parlamento y a los ayuntamientos, o estás en las instituciones representativas y entonces no participas en la matanza ni avalas los asesinatos. Esa debió ser la primera ley que se aprobara en el Parlamento Español tras la Constitución (1978), pero no se aprobó ni se planteó, quizá pensando que ETA tendría los días contados cuando la Constitución y el Estatuto Vasco comenzaran a navegar. ¡Qué error! De ese error participó el PNV, pero también UCD y el PSOE (por hablar solo de los grandes).

Semejante «permisividad» suicida se juntó a otra deriva imparable: una vez aprobado el Estatuto Vasco (con un sistema financiero como «el concierto», muy del gusto fuerista del PNV), no se les exigió a los nacionalistas que pararan el carro reivindicativo, o, al menos, se avinieran a dar estabilidad al sistema político recién aprobado. Nada de esto se hizo y el Estatuto Vasco (y también el catalán, digámoslo claramente) fue inmediatamente interpretado como una puerta abierta que conducía a otro sitio; para empezar, a una espiral interminable de más autogobierno, y para Arzallus, como para otros muchos nacionalistas, a la autodeterminación y a la independencia.

Este ambiente de «rebajas de enero permanentes» por parte del Estado, en buena lógica, no hizo sino animar a los terroristas a seguir en lo suyo y empezaron a matar a quien se les cruzara en el camino, sin pretender justificar ya ninguno de sus asesinatos.

Ingenuamente, algunos creyeron que la llegada del PSOE al Gobierno (1982) iba a representar el final del terrorismo etarra porque la «izquierda abertzale» no podía tratar al PSOE como a la UCD. Pronto se vio que tal hipótesis era una necedad, otra más.

En fin, el PSOE intentó, en aquella su primera etapa, alguna aproximación verbal a ETA, pero también se alcanzó un acuerdo unitario contra el terrorismo: el Pacto de Ajuria-Enea. Todo ello no consiguió que los etarras depusieran las armas. También fracasaron en ese empeño los intentos posteriores de Aznar (conversaciones con ETA) o del PNV (Pacto de Estella).

Pero al final —como ya se ha escrito antes—, se produjo un acuerdo significativo: la llamada ley de partidos, es decir, la ley de «sopa o teta», cuya eficacia pronto empezó a ser evidente. «Estos vienen en serio», debieron de pensar los etarras y los batasunos. El cartel del infierno dantesco («Quien entre aquí pierda toda esperanza») se había colgado al fin en las puertas de las herriko-tabernas.

No sin dudas, ZP y Blanco decidieron apostar por Patxi López (pensaron primero en Javier Rojo) para sustituir a Redondo en el año 2001, y López fue elegido secretario general de los socialistas vascos. Él fue quien encabezó el cartel electoral en la autonómicas de 2005, donde logró el 22,7 % de los votos y 18 diputados que, sumados a los 15 que obtuvo el PP, superaban al PNV (29 diputados), pero no fueron suficientes para formar Gobierno, y el ínclito Ibarretxe, apoyado por los batasunos —disfrazados esta vez como Partido Comunista de las Tierras Vascas— seguiría siendo lendakari y dando la matraca con «el derecho a decidir». Un plan que se desvanecería como un azucarillo en el café cuando llegó al Congreso de los Diputados y fue vapuleado con argumentos y con votos.

López tuvo que esperar a las elecciones del 1 de marzo de 2009 para llegar a la Presidencia. En aquellas elecciones, el PSE obtuvo el 30,7 % de los votos y 25 diputados, frente al 38,6 % del PNV (30 escaños). Sumados los 25 escaños socialistas y los 13 del PP pudo López formar un Gobierno monocolor, apoyado por el PP en el Parlamento vasco, cuyo buen hacer nadie ha puesto en duda, aunque la riada se lo llevara por delante el 21 de octubre de 2012. El PSE bajó entonces al 19,1 % de los votos (16 diputados), el PNV sacó el 34,6 % (27 escaños)… y apareció —radiante cual la Venus de Botticelli saliendo de las aguas— la renacida Batasuna (Bildu) con el 25 % de los votos y 21 diputados, pero esa es otra historia.

En el verano de 2004, poco después de llegar a la Presidencia del Gobierno, Zapatero recibió una carta de ETA. El socialista guipuzcoano Jesús Eguiguren, que luego se convertiría en el «muñidor de la paz» por cuenta de ZP, lo ha contado así:

Estando de vacaciones en Badajoz, me avisaron de que el cartero «llamaba». Hice en coche los ochocientos kilómetros que me separaban de Euskal Herria, recogí la carta y se la entregué a Alfredo Pérez Rubalcaba, en Santander, para que a su vez la entregara en la Moncloa. […] En aquella carta, de tres líneas de texto y con la serpiente y el hacha de su anagrama como sello, ETA se dirigía al Gobierno de España manifestando su disposición a comenzar un diálogo conducente a resolver el conflicto. […] Al final del verano se le transmitió a ETA la respuesta del Gobierno[23].

Hubo una segunda carta de ETA dirigida a Zapatero (febrero de 2005) en la cual se leía:

ETA mantiene su disposición para encauzar una vía de comunicación directa, estable y a resguardo de situaciones coyunturales que permita solventar democráticamente, por medio de una negociación política, el conflicto entre Euskal Herria y España. […] [ETA] desea saber su disposición para que representantes del Gobierno que usted preside puedan mantener en fechas próximas un encuentro con representantes de nuestra Organización.

Dos meses después, Zapatero dio el níhil óbstat y ETA le envió una tercera carta en la cual señalaba la organización que acogería las reuniones (Centro por el Diálogo Humanitario Henri Dunant, con sede en Ginebra) y precisaba la fecha y el lugar de la cita. Jesús Eguiguren ha contado aquel contacto:

Los del Centro (Diálogo Humanitario de Henri Dunant) me dijeron: este es George. Este es Miguel, dijeron de mí. Los dos sabíamos cómo nos llamábamos. Nos conocíamos —de su etapa como diputado en el Parlamento vasco— y nos dimos la mano con toda naturalidad. A George le acompañaba otra persona que se hacía llamar Robert. No desvelo ningún misterio: George era Josu Ternera. Más tarde se supo que Robert era Jon Yurrebaso, veterano militante de ETA, detenido posteriormente, en marzo de 2007, en un control de la policía francesa.

Urrutikoetxea (Josu Ternera) estaba desaparecido desde 2002, cuando la Audiencia Nacional le abrió un sumario como instigador del atentado al cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en diciembre de 1987, que supuso el asesinato de once personas, entre ellas cinco niños.

Durante aquellos contactos en Ginebra, todos se mostraron optimistas hasta que el 25 de junio de 2005 ETA puso una bomba junto al estadio olímpico de Madrid, conocido como La Peineta, once días antes de que el Comité Olímpico Internacional eligiera la ciudad donde se celebrarían los Juegos de 2012, siendo Madrid candidata en ese momento.

El Gobierno ordenó a Eguiguren que regresara a España, pero Ternera le prometió que ETA no volvería a atentar, cosa que no fue cierta, pues poco después los terroristas pusieron cuatro bombas en otros tantos juzgados del País Vasco y de Navarra. Pese a todo, las conversaciones siguieron. Según Jesús Eguiguren, el método acordado fue el siguiente:

Establecimos un camino u hoja de ruta provisional: 1) Diálogo en Ginebra para acordar la hoja de ruta. 2) Ratificación en Oslo, después del verano, de la hoja de ruta. 3) Tregua de ETA y declaración del Gobierno, que sería el punto cero a partir del cual arrancar el proceso. 4) Reuniones de la mesa técnica Gobierno-ETA. 5) Mesa de partidos. 6) Aprobación de los acuerdos políticos en la mesa de partidos. 7) Implantación de los acuerdos.

El 12 de julio de 2005 ETA colocó cuatro bombas de baja potencia en una central eléctrica de Amorebieta. Ante las protestas de Eguiguren, los etarras le aseguraron que no ocurriría «nada importante». El 14 de julio se celebró en Ginebra la última reunión y se firmó un acuerdo que en su parte principal decía lo siguiente:

El Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos. Dichas decisiones deberán ser adoptadas en ausencia de cualquier tipo de violencia o coacción, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos y los derechos y libertades de los ciudadanos.

El Gobierno español entiende, además, que los acuerdos adoptados por los representantes de la ciudadanía vasca, lo serán con el máximo consenso posible, teniendo en cuenta la pluralidad política existente y en plena igualdad de condiciones para todas las opciones políticas.

Finalmente, el Gobierno abrirá un proceso de diálogo con ETA respetando en todo momento el principio democrático e irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular.

Un breve preámbulo acompañaba al texto: «Aun con diferentes consideraciones ideológicas y aunque no compartamos el modelo estratégico y de construcción política, estamos de acuerdo con que existe una realidad con vínculos sociopolíticos, culturales, lingüísticos e históricos llamada Euskal Herria».

El Gobierno esperaba que ETA declarara una tregua de inmediato, pero la tregua se retrasó, y el 29 de julio, al inicio de las vacaciones estivales, ETA hizo estallar dos artefactos más en las autovías de Madrid hacia Andalucía y de Madrid hacia Extremadura, pero no hubo víctimas. Después de las vacaciones, el 24 de septiembre, ETA hizo estallar un coche cargado de explosivos cerca de la Academia Nacional de Policía de Ávila, también sin víctimas.

El mismo día (2 de noviembre de 2005) en el cual se reanudaron en Oslo las conversaciones entre ETA y el Gobierno, entraba en el Congreso el proyecto de Estatuto catalán, que iba a tener «entretenido» al personal durante meses. Las conversaciones de Oslo se centraron en tratar de pactar el texto con el cual ETA declararía una tregua «permanente», que, efectivamente, declaró el 22 de marzo de 2006.

Tras la declaración de la tregua, Rajoy dijo: «He ofrecido al presidente mi apoyo, sin apellidos ideológicos». Pero a las ocho y media de la mañana del 30 de diciembre de 2006 estalló una potente bomba en el aparcamiento de la T4 del aeropuerto de Barajas que destrozó el recinto y mató a dos muchachos ecuatorianos, Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Zapatero había dicho el día anterior que en lo referente al terrorismo «hoy estamos mejor que el año pasado y dentro de un año estaremos mejor que hoy».

Después de colocar el coche bomba, los autores del atentado se fueron tranquilamente a pasar la Nochebuena con sus familias en el País Vasco, y el día de Navidad participaron en una carrera popular.

El «proceso de paz» saltó por los aires y la bomba en la T4 traería consecuencias en el seno de ETA y también entre sus lacayos de la «izquierda abertzale». En efecto, el atentado de Barajas representó el comienzo de las discusiones en el mundo del abertzalismo. En este sentido, resultaron significativas unas declaraciones de Pérez Rubalcaba al New York Times, donde dijo, a propósito de las bombas de la T4, que ETA no solo había engañado al Gobierno, sino también a Batasuna.

Los batasunos habían aceptado siempre el tutelaje de ETA sobre ellos, y el Estado, como acabamos de ver, había aceptado que cuestiones políticas se discutieran en foros extraparlamentarios con una banda terrorista. De esta forma, el Pacto Antiterrorista había quedado reducido a cenizas y la banda había podido reorganizarse operativamente. Además, el sector de la sociedad vasca que consideraba que lo que subyace en el terrorismo es un conflicto de carácter político y que ETA y el Estado tenían el mismo nivel de responsabilidad había visto legitimadas sus tesis. Pero a partir del atentado de la T4 las cosas cambiaron.

Ángeles Escrivá lo ha narrado así:

Los días posteriores a los dos asesinatos de la T-4 fueron de una enorme intensidad para la izquierda abertzale. ETA había ninguneado a Batasuna y no había avisado a los miembros de la Mesa Nacional de que iba a perpetrar un atentado, a pesar de que horas antes de que estallara el coche bomba de Barajas, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, había tenido un encuentro con varios miembros de la dirección de la banda en Francia[24].

Desde el 14 hasta el 21 de mayo de 2007, se reunieron por última vez Eguiguren y Ares por el PSE, los batasunos Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberria, el Gobierno representado por Eguiguren —el único que estaba en las dos mesas— y por José Manuel Gómez Benítez, y ETA, con López Peña Thierry e Igor Suberbiola, el más joven e intransigente de todos. Los puntos que Gómez Benítez puso sobre la mesa fueron los siguientes:

En estos momentos el proceso sigue roto por el atentado de Barajas y las detenciones son consecuencia de ello. Habrá que ver cómo se aborda el asunto de la ilegalización de Batasuna. Al Gobierno tampoco le gusta la Ley de Partidos (sic) pero, para información de los mediadores internacionales, ha de quedar claro que esa ley responde a los asesinatos cometidos por ETA contra cargos políticos.

El bloqueo del proceso se ha producido porque ETA ha querido atar al Gobierno hacia un final político del proceso. Eso no es posible. Eso debe dirimirse en las urnas de forma democrática con todas las opciones y en igualdad de condiciones.

La vía política avanzará paralelamente a la técnica. La violencia hará que ambas retrocedan.

El Estado de derecho sigue funcionando en un proceso de paz. No es posible parar a los tribunales ante las actuaciones de violencia. No hay proceso de paz en el que eso pueda pretenderse.

La situación política no permite un pacto de Estado con la oposición para poder encarar el proceso de paz. Que el Gobierno salga reforzado en las elecciones generales (de 2008) es imprescindible para implementar el proceso.

El objetivo final del proceso no es la rendición de ETA. Tampoco es la independencia de Euskal Herria, ni el Estatuto Único. El objetivo final del proceso es que la izquierda abertzale y ETA puedan defender su proyecto político en igualdad de condiciones y que ETA desaparezca porque existen esas vías políticas. Finalmente desaparecerán los presos y los exiliados porque ya no habrá motivos para que los haya.

El planteamiento seguía introduciendo grandes cesiones del Gobierno, pero, al menos, era claro y se le decía tajantemente a la banda que del pacto de Estado, nada.

Thierry tomó la palabra para repetir que habría alto el fuego, permanente, si había acuerdo político. Entonces Eguiguren le preguntó si iba primero el acuerdo político o el militar; el otro respondió que primero el acuerdo político, que era necesario un acuerdo sobre Navarra. Y por vez primera introdujo la condición de que Batasuna se presentara a las elecciones[25].

Thierry pidió comer a solas con Eguiguren y este aceptó. Eguiguren ha contado ese diálogo haciendo un acabado retrato del etarra:

No tengo apuntado lo de esa comida. Era deshacer un año de trabajo y era enfrentarse a un tipo malsano. En Madrid pensaban que los etarras se estaban haciendo los duros para acojonarnos, pero se demostró que no. Thierry era un vasco ciclotímico, de los de txikitos, que lo resolvía todo pegando tiros. Cuando le subía la euforia te decía, al borde del llanto, «a ver si acabamos con esto y dejamos de matarnos los hermanos», y cuando se le pasaba el calentón me decía que fuera comprando corbatas negras porque iba a empezar a matar a gente conocida. Tenía la lista de a cuántos compañeros míos habían asesinado. Y después te decía que no habían querido matar a militantes de base sino a dirigentes del partido. Era un tratante de animales. Borracho, llegaba a ofrecerse para apartar a alguien si es que yo creía que ese alguien estaba dificultando la negociación. Estaba loco.

El 5 de junio de 2007, ETA anunció que daba por terminado el alto el fuego. A esas alturas, unos 34 ayuntamientos estaban ya en poder de ANV (la marca blanca que Batasuna utilizó en las municipales de ese año) —unos resultados de los que se ufanó ETA en ese mismo comunicado— y el etarra De Juana Chaos había salido de prisión diecisiete meses antes de lo dictaminado por los tribunales y por una decisión del Ejecutivo que resultó ofensiva para las muchas víctimas de este matarife.

Thierry fue detenido por la policía francesa en su casa de Burdeos un año después, el 21 de mayo de 2008. También fueron detenidos en Francia el exparlamentario de Batasuna, Jon Salaberria, Igor Suberbiola y Ainhoa Ozaeta, la mujer que había leído el anuncio de la tregua el 22 de marzo de 2006.

La forma en que fueron detenidos los etarras la ha contado Ángeles Escrivá y tiene interés:

El modo como se había llegado hasta él [Thierry] y hasta Igor Suberbiola, Jon Salaberria y Ainhoa Ozaeta tenía su moraleja terrible. La Guardia Civil llevaba siguiendo desde hacía meses a José Antonio Barandiarán, el que fuera alcalde de Andoain cuando fueron asesinados en este pueblo José Luis López de Lacalle y Joseba Pagazaurtundua. Los agentes pensaban que hacía mucho que Barandiarán había cruzado la línea política para convertirse en un delator a favor de los etarras. Le siguieron hasta que el 18 de mayo se desplazó a un bar de la localidad francesa de Arcachon para reunirse con una vieja amiga suya, Ainhoa Ozaeta, que había trabajado con él en el ayuntamiento, y con alguien a quien no les costó nada identificar: se trataba de Javier López Peña (Thierry[26]).

La división dentro de ETA se había hecho visible desde finales de 2007. Escrivá lo ha contado así:

Thierry y Txeroki se enfrentaron abiertamente a finales de 2007 y principios de 2008. Thierry, que controlaba los zulos y el dinero, le cerró la espita al aparato militar. Txeroki reaccionó expulsando de ETA a López Peña y a Ainhoa Ozaeta, a quienes tachó de incompetentes y estos, a su vez, echaron de la organización al aparato político. Durante meses, unos y otros se movieron buscando apoyos dentro de la organización y así cavaron su tumba[27].

Escrivá también ha contado la detención de Txeroki en Suiza:

Txeroki había sido arrestado en Cauterets, una estación de esquí en una zona paradisiaca, poco después de que él y su compañera Leyre López comprasen vino y foie franceses de la mejor calidad en un supermercado. Allí Leyre coincidió con otra española con la cual entabló conversación. Hablaron del País Vasco y de otras cosas como dos turistas, sin que la etarra se percatase de que su interlocutora era una guardia civil, compañera de los dos agentes asesinados en Capbreton.

Entre el material incautado en Burdeos había un documento atribuido a Thierry, que era entonces el jefe político de la banda. En aquel documento se ofrecía la versión de ETA sobre lo que había sucedido durante la tregua y se confirmaba lo que ya se suponía: ETA estuvo dividida durante las conversaciones. Thierry incluía en aquel documento una dura crítica a quienes desde Batasuna (Arnaldo Otegi) y desde ETA (Josu Ternera) gestionaron los contactos con el Gobierno.

En cualquier caso, tras la ruptura de la tregua, ETA quedó aún más aislada a nivel internacional. El fantasma del final dialogado de la violencia que persiguieron todos los gobiernos españoles lo enterró ETA, y desde aquel momento no se volvió a escuchar a ningún gobierno europeo indicarle a España que debía terminar con el problema de ETA por la vía del diálogo.

Tras la constitución del nuevo Gobierno vasco (marzo de 2009), presidido por López (los nacionalistas no fueron a la jura de Patxi López en Guernica, e Iñaki Anasagasti, entonces senador del PNV, aseguró que sentía «asco» de la democracia española por haber dejado fuera de las elecciones a la izquierda abertzale), el 19 de junio de 2009 ETA asesinó cerca de Bilbao al inspector de policía Eduardo Puelles. Era el séptimo asesinato tras el final de la tregua. Con anterioridad, y como ya he señalado, ETA había matado a los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno (en Capbreton); al exconcejal socialista de Mondragón, Isaías Carrasco; al guardia civil Juan Manuel Piñuel (en Legutiano, Álava); al brigada del Ejército Ángel de la Cruz (en Santoña, Cantabria), y al empresario de Azcoitia Ignacio Uría. El último asesinato de la banda se cometió en Palma de Mallorca el 30 de julio de 2009, donde asesinaron a dos guardias civiles, Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá; el día anterior, ETA había dinamitado un cuartel de la Guardia Civil en Burgos.

Tras las elecciones generales de 2008 el «paso alegre hacia la paz» cambió de escenario y de protagonistas. Retomaré este relato más adelante.

TERCERA PARTE

6

EL CAMINO HACIA DAMASCO

En cuanto Zapatero convocó las elecciones generales para el 9 de marzo de 2008, cogí mis arreos personales, salí de la Carrera de San Jerónimo y me instalé en un despacho de la novena planta de un edificio, de reciente remodelación, levantado en el número 183 del paseo de la Castellana. Allí está la sede central del INE desde finales de los años sesenta.

Antes de abandonar el Congreso, ya había visitado a la entonces presidenta del INE, Carmen Alcaide, para que con tiempo fuera pensando qué despacho y qué trabajo iba a ocupar el «hijo pródigo», que esta vez volvía —«al puesto que tengo allí»— para quedarse en él hasta la jubilación.

Hacía más de un año que había anunciado que no repetiría como diputado y regresé al INE con ganas de olvidarme de los berrinches que me había cogido a causa del Estatuto de Cataluña y de otras ocurrencias. Mi aterrizaje fue sencillo y agradable. Ocupé un puesto de asesor de la presidencia y Carmen Alcaide me encargó dirigir una monografía en la cual se explotaran los datos de una macroencuesta (25 000 entrevistas) que el INE había hecho, a impulsos del Ministerio de Trabajo y de la Universidad Complutense de Madrid, con el fin de saber la situación y los comportamientos de los residentes en España y nacidos en el extranjero, es decir, de los inmigrantes, que eran ya más de cinco millones de personas. La encuesta tenía un cuestionario complejo y difícil, y el INE tuvo que contratar encuestadores de distintas lenguas maternas (chinos, árabes…).

Fechada el 1 de enero de 2007, la encuesta estaba ya terminada, depurados los errores y en condiciones de obtener tablas estadísticas tan complejas como se quisiera. Pusieron a mis órdenes a dos jóvenes estadísticos que me miraron al principio como si yo fuera un marciano (un político, tan raro, que pretendía volver a su oficio y además escribir una monografía), pero pronto nos pusimos a ello y lo pasamos bien encontrando a lo largo del trabajo explicaciones y no pocas sorpresas en torno a la inmigración. Una de las sorpresas fue que el 57,5 % de los inmigrantes habitaba en viviendas de su propiedad, la inmensa mayoría de ellas adquiridas mediante hipotecas. La dimensión media de las viviendas de los inmigrantes era de 75,3 m² (22,2 m² por persona), lo cual mostraba un confort que, desde luego, nos resultó chocante. Hasta tal punto que pensé que había errores, teniendo en cuenta que se trataba de una población en la cual el 41,2 % llevaba menos de cinco años en España. Bajé a la sala de ordenadores y le di el tostón al compañero de mi promoción que dirigía allí la informática. En lugar de mandarme a paseo, ordenó rehacer el camino seguido en la explotación de la encuesta para acabar concluyendo que los datos de vivienda de los inmigrantes no contenían errores.

El error era de otro tipo: haber metido en el baile de la propiedad a más de dos millones y medio de personas recién llegadas al país, con empleos en buena parte precarios y no muy bien remunerados.

Pero no era este de la encuesta el único dato relevante que existía sobre la construcción. Por ejemplo, durante el año 2007, se había consumido en España más cemento que en Francia y Alemania juntas. En tan anómalas circunstancias, quien no viera el riesgo de estallido de la burbuja inmobiliaria es que no quería saber nada con la realidad del país.

Durante aquel largo periodo de «vino y rosas», casi todas las autoridades (con muy pocas excepciones) habían negado la burbuja, y el presidente del Gobierno —que se negaría a pronunciar la palabra crisis incluso después de la quiebra de Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008)— estaba sosteniendo que la banca española era la más solvente del mundo. Antes ya había dicho: «La economía española pronto superará el PIB per cápita de Italia y de Francia».

Pese a tanto optimismo, existían señales de alarma y analistas alarmados que habían clamado contra una apuesta tan arriesgada como depredadora. Lo demostraré con un ejemplo personal que recuerdo bien porque eran tiempos, durante los gobiernos de Aznar, en los cuales aún subía yo a la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados. Tuve un debate con Álvarez-Cascos, ministro entonces de Fomento, a propósito de la locura que trajo consigo la ley «liberalizadora» del suelo que aprobó el PP. Lo que allí dije estará, supongo, en el Diario de Sesiones y, en resumen, fue lo siguiente:

Pese al bajo nivel de los tipos de interés hipotecarios, estudios recientes sobre la demanda potencial de vivienda en Madrid muestran que, a los precios actuales, los madrileños con ingresos familiares de hasta seis veces el salario mínimo interprofesional (SMI) difícilmente pueden acceder a la compra de una vivienda, lo cual excluye a más del 85 % de la demanda potencial.

En ese precio final de la vivienda influye cada vez más el coste del suelo, de suerte que en Madrid, por ejemplo, supera ya ampliamente el 50 % del precio al que se vende la vivienda. Ello quiere decir que los precios del suelo han aumentado mucho más que los soportados por los demás componentes de la construcción (materiales, mano de obra…).

«Recalifíquese gran cantidad de suelo y hágase urbanizable, de suerte que una acrecida oferta hará bajar los precios». Este ha sido y sigue siendo el eslogan de ustedes.

Una viejísima ideología antiplaneamiento es la que está detrás de la vigente ley del suelo (ley 6/98) del 23 de abril de 1998. La exposición de motivos de esta ley es transparente en cuanto a sus intenciones: «La presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo posible que todo suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado». Pero lo más significativo, desde el punto de vista ideológico, es su definición de la vivienda como «producto final» del suelo. Una revolución del pensamiento, pues considera a esa epidermis del planeta que es el suelo únicamente como soporte del negocio inmobiliario; los demás usos son irrelevantes, desde la agricultura al paisaje.

¿Qué ha pasado en España? Pues lo que todos los urbanistas sabían que iba a pasar: dado que los especuladores trabajan en régimen oligopólico a la hora de fijar los precios y dada la renuncia de los poderes públicos a intervenir en el «proceso de fabricación», los operadores retienen el suelo (especulan) cuanto quieren y, lógicamente, los precios se disparan. A esta renuncia de los poderes públicos a intervenir en el proceso urbanizador (con el consiguiente embarrancamiento en las juntas de compensación) se han unido dos factores más: el vertical descenso de la producción de viviendas de protección oficial y la venta de suelo público a precio de mercado, es decir, especulativo.

Últimamente, la desregulación «liberalizadora» ha metido en el baile especulativo una demanda de suelo añadida, la de los bancos. Estos, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, han comprado durante los últimos años ¡350 millones de metros cuadrados! para urbanizar. Como no hay plazos para poner ese suelo en funcionamiento, lo harán cuando más les convenga. Estamos ante un oligopolio fomentado por una política que, como bien se ve, está resultando nefasta.

Para mayor escarnio, renunciando a intervenir para intentar bajar los precios de ese bien no-renovable que es el suelo, muchos ayuntamientos, acuciados por sus haciendas nada boyantes, sacan a subasta su propio suelo público edificable. Una perversión, dudosamente legal, que, como es obvio, repercute en el alza del coste de la construcción y, por lo tanto, de la vivienda.

A estas alturas conviene recordar, señor Cascos, el tenor literal del artículo 47 de la Constitución vigente. Dice así: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». Una cita algo larga pero, sin duda, pertinente, Sr. Ministro.

Queda claro, por tanto, que la burbuja estaba ya presente durante los gobiernos de Aznar, y desde luego no era quien suscribe el único que lo denunciaba. Entre los especialistas —con muchos más conocimientos que yo— era un auténtico clamor. Como ejemplo, reproduciré a continuación lo que escribió en 2004 uno de ellos, José Manuel Naredo: «Desde hace tiempo he venido reiterando la insostenibilidad y desmesura del boom inmobiliario. […] La exhausta capacidad de financiación de los hogares, unida al declive demográfico, planteará a ese boom inmobiliario un techo ineludible que hará declinar las espectaculares tasas de crecimiento, en precios y en cantidad».

Pero vayamos a las elecciones de 2008, a las cuales el PSOE acudió como favorito.

Antes de esas elecciones, el Gobierno puso en marcha el Plan E, con el cual quiso insuflar vigor a la demanda interna desde los presupuestos del Estado, pero aquello solo sirvió para incurrir en un peligroso déficit público.

El triunfo de 2008

Bajo el eslogan «Motivos para creer», el programa electoral del PSOE tenía una introducción escrita en primera persona por José Luis Rodríguez Zapatero que leída hoy delata hasta dónde puede llegar el autoengaño. He aquí unas cuantas perlas:

En estos últimos años, la economía española ha adquirido una fortaleza, una solidez tales, que nos permite afrontar sin problemas las consecuencias que pueda generar una situación de incertidumbre en el contexto internacional.

Para los próximos cuatro años, los socialistas nos proponemos: alcanzar el pleno empleo, y desarrollar y consolidar la política social propia del Estado del bienestar más avanzado; acometer la modernización de la España del siglo XXI, afrontando los nuevos retos que se les plantean a todos los países desarrollados; y garantizar y reforzar la convivencia y la cohesión, mediante un ejercicio del poder político respetuoso y dialogante.

En estas condiciones, el tono de la campaña electoral fue de auténtica fiesta, una verdadera subasta, «a ver quién da más».

Para hacer boca y poco antes de la convocatoria electoral, Zapatero regaló 400 euros a cada contribuyente del IRPF. Una insólita y demagógica medida.

Escogeré de la prensa diaria de aquellos días de campaña algunas notas significativas. Por ejemplo, el 26 de febrero de 2008, el PSOE anunciaba que el superávit no financiero previsto para la legislatura ascendería a 10 000 millones anuales. La memoria se basaba en un escenario macroeconómico del 3 % de crecimiento anual del PIB y un volumen medio de ingresos no financieros (es decir, impuestos, tasas, beneficios del Banco de España y transferencias de la UE) de 187 000 millones al año.

Pero el PP no le fue a la zaga:

La economía española crecerá un 3,3 % de media en la próxima legislatura, se crearán 2,2 millones de puestos de trabajo y el superávit de las cuentas del Estado dentro de cuatro años rondará los 38 830 millones de euros anuales.

Prometían también frenar «la actual tendencia de aumento de paro» y llevar el superávit desde el 2,2 % actual hasta el 2,7 % del PIB al acabar la legislatura, y con la reforma fiscal esperaban generar «un mayor dinamismo en la actividad económica».

Es cierto que tirar de hemeroteca es siempre un acto de crueldad, pero en este caso, y a la vista de lo que ocurrió después de las elecciones, es obligado hacerlo. Iré a ello, comenzando por los días de calentamiento en eso que tan abusivamente se llama precampaña:

Sábado 26 de enero. Un titular: «El PP propone dejar el IRPF en tres tramos y bajar el tipo máximo al 40 %».

Otro del mismo día: «El PSOE promete acceso libre y gratuito a la píldora postcoital».

Martes 29 de enero: «El PSOE extenderá la reducción de 400 euros en el IRPF a toda la legislatura».

Miércoles 30 de enero: «Zapatero asegura que la reducción del IRPF generará 100 000 empleos. El presidente va más lejos que Solbes al no descartar a los autónomos de la medida».

Domingo 10 de febrero. Bajo el titular «La carrera de las rebajas fiscales atrapa a los partidos», El País publicó el siguiente comentario: «Hay algo en lo que la tradicional división entre izquierda y derecha se difuminó hace tiempo: la política fiscal. PSOE y PP prometen a los ciudadanos prácticamente lo mismo: bajarles los impuestos».

Jueves 14 de febrero. «Zapatero promete a las mujeres 1,2 millones de empleos e igualdad salarial».

Viernes 15 de febrero. Bajo el titular «Las promesas electorales tocan techo», el mismo periódico comentaba: «Ya se sabe que el papel lo aguanta todo. Promesas, ideas, concreciones, vaguedades… Las propuestas, muchas veces de enunciados similares, como la rehabilitación del parque residencial o la liberación del suelo para levantar pisos protegidos».

Domingo 17 de febrero. Debajo de un titular algo irónico: «De la Vega se compromete a plantar 3000 árboles al día en la Comunidad Valenciana», leemos la siguiente subasta: «Mariano Rajoy anunció su intención de plantar 500 millones de árboles en toda España a lo largo de la próxima legislatura. A la Comunidad Valenciana le corresponderían 34 246 por día».

Martes 26 de febrero. Un titular «premonitorio»: «El PSOE eliminará el coste de alargar las hipotecas para las rentas bajas».

El viernes 7, último día de la campaña, leemos un titular que dice: «Solbes lanza un guiño a los empresarios», y en el texto: «El ministro de Economía aseguró, con su habitual parsimonia, que no está en contra de rebajar el Impuesto de Sociedades. “Si hay oportunidad se hará”, dijo». Y en la misma página: «Antes de viajar a Barcelona, Zapatero dejó un recado para los andaluces: “Mientras yo sea presidente, Andalucía será la primera”».

De aquella disparatada campaña recuerdo vívidamente el debate televisivo entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro. Frente a la alta inflación del 4,3 % que señalaba Pizarro: «Somos subcampeones en Europa, solo por debajo de Eslovenia», Solbes constataba que España había ahorrado 13 puntos sobre el PIB, «unos 130 000 millones, lo que nos da un gran margen». Frente al desequilibrio en la balanza por cuenta corriente de un 10 % que destacaba Pizarro, Solbes esgrimía que el paro había bajado en aquella legislatura del 11 % al 8,5 % y que la Comisión Europea pronosticaba un crecimiento económico del 2,7 %.

Fue un diálogo parecido al de aquel chiste de vascos en el que uno dice: «Muy buenos días», y el otro le contesta: «Manzanas traigo».

En aquel debate Solbes negó una y otra vez, mediante trucos de viejo zorro, cualquier riesgo de crisis: «España y su Gobierno disponen de recursos más que suficientes para afrontar la crisis si esta se presenta», eso dijo. Poco después, y una vez reelegido José Luis Rodríguez Zapatero, Solbes, al frente de Economía, quiso enderezar la situación y le entregó un documento a Zapatero en el que detallaba lo que se debía retocar. Por ejemplo, eliminar el cheque bebé y la reducción en el IRPF de 400 euros. Zapatero se pasó la propuesta por el arco de triunfo y Solbes se fue del Gobierno. Zapatero, como se contará a continuación, aprovechó para remodelar el Gobierno y nombró a Elena Salgado ministra de Economía.

El 9 de marzo de 2008 Zapatero volvió a ganar las elecciones. Obtuvo 11 289 335 votos y 169 diputados, a tan solo siete de la mayoría absoluta. El PSOE también obtuvo 106 senadores. En abril de 2008 remodeló el Gobierno, sacando a Carmen Chacón de Vivienda (donde entró Beatriz Corredor) para «ascenderla», por el método de selección descrito antes, a ministra de Defensa. Se crearon dos nuevos ministerios, el de Igualdad, que asumió Bibiana Aído, y el de Ciencia e Innovación, del que se ocupó la empresaria vasca Cristina Garmendia. De Industria, Turismo y Comercio se hizo cargo —¡al fin!— Miguel Sebastián.

Un año después (marzo de 2009), Zapatero volvió a cambiar el Gobierno y en él entró, como ya se ha dicho, Elena Salgado sustituyendo a Solbes. (Francisco Caamaño había entrado en febrero como ministro de Justicia). También ingresó en el Gabinete en marzo de 2009 José Blanco, que sustituyó a Magdalena Álvarez en Fomento. Mercedes Cabrera dio paso a Ángel Gabilondo en Educación; Ángeles González-Sinde sustituyó a César Antonio Molina en Cultura y Trinidad Jiménez al científico Bernat Soria en Sanidad.

Sueños y realidades

Los tres años largos que transcurrieron entre las elecciones de 2008 y las municipales de mayo de 2011 fueron muy malos para la lírica zapateril, aunque el presidente del Gobierno, en un alarde de fantasiosa ensoñación, se empeñara, por ejemplo, en negar la crisis (palabra que, a una orden suya, los socialistas sacaron del diccionario).

Los datos que le llegaban, sobre todo a través de los mandatarios europeos con los que ZP hablaba mañana, tarde y noche, eran abrumadores. Baste con pensar cómo los pasivos exigibles (deuda externa pública y privada) se habían duplicado durante los años dorados del zapaterismo (2004-2008), llegando en 2009 a la astronómica cifra de 1,8 billones de euros (casi el doble del PIB anual).

Durante aquellos años del milagro, como hubo superávit en las cuentas públicas, la deuda externa de las administraciones se había mantenido estable en torno a los 200 000 millones de euros, pero la deuda externa privada en la que estaban incurriendo las familias, las empresas y, sobre todo, los bancos y cajas españoles había subido en flecha: se duplicó en solo cuatro años. ¿Qué había pasado? Pues que el dinero era baratísimo y merecía la pena endeudarse. ¿Para financiar qué? Pues sobre todo el ladrillo (compra de suelo e hipotecas), para comprar solares, cuyo precio subía como la espuma, para comprar bienes de lujo o, simplemente, para especular en bolsa. Es sabido que cuando en cualquier sitio se dice que «el más tonto hace relojes», lo más probable es que esos relojes nunca den bien la hora.

¿Y nadie se dio cuenta del peligro que entrañaban tales apalancamientos[28]? Para empezar, el Banco Central Europeo (BCE) y, en general, quienes lideraban Europa (básicamente la canciller Merkel y el presidente Sarkozy) deberían haber mostrado entonces algunas gotas del rigor que repartieron a toneladas después, cuando ya la cosa no tenía fácil remedio; y qué decir del Gobierno español, dirigido por un «cándido» que, como el de Voltaire, seguía repitiendo como un mantra el «todo va bien en el mejor de los mundos posibles».

En su libro ya citado aquí, Muñoz Molina ha descrito los prolegómenos del desastre. Merece la pena leerlo:

El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento de la economía mundial para 2006 del 4,9 %. Almuñécar (Granada) prevé construir 34 933 viviendas y cuatro campos de golf, pasando de 26 000 a 90 000 vecinos. En el bautizado como «Manhattan de Cullera», en la desembocadura del Turia, se levantarán 35 rascacielos. En Las Navas del Marqués el ayuntamiento aprueba la tala de 3000 pinos protegidos para crear la «Ciudad del Golf», que contará con 1600 chalets, un hotel y cuatro campos de golf. Brea de Tajo, con 486 habitantes, quiere crecer según su alcalde hasta los 60 000, edificando 2731 viviendas sobre 2450 hectáreas. El municipio de La Vila Joiosa ha aprobado un plan para pasar de 25 000 a 137 000 habitantes, construyendo 34 633 viviendas y tres campos de golf. Serranillos del Valle, a 32 kilómetros de Madrid, aprueba construir 1430 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos sobre 2 294 568 metros cuadrados de suelo rústico. En Madrid se han construido o están en construcción 30 campos de golf, 42 en Cataluña, 89 en Andalucía. Caja Madrid obtiene 1052 millones de beneficios, gracias sobre todo a su sector inmobiliario. El beneficio de Caja Castilla-La Mancha sube un 39 %. El de Caja Astur un 31,9 %. Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Banco Popular, los cinco grandes de la banca española, elevan su beneficio un 31,5 %.

El grupo inmobiliario Marina d’Or ganó 117 millones de euros, frente a los 63 del año anterior. El grupo constructor ACS duplica sus ganancias sobre el año pasado. La inmobiliaria Urbis ganó 204 millones el último año, un 38 % más que el año anterior. Banca March aumenta su beneficio un 90 %. El beneficio del área inmobiliaria de Sacyr creció un 34 % en 2006. Ferrovial ganó un 243 % más que el año pasado. En enero de 2007 se alcanzó el récord absoluto de ventas de automóviles, con 116 503 unidades. En España hay 95,7 oficinas bancarias por cada 100 000 habitantes, la proporción más alta en el mundo. La Caja de Ahorros del Mediterráneo con una extensa campaña de anuncio lanza a página entera un texto de elevado tono poético: «10 años creciendo contigo, por ti, y para ti. Por ti seguimos…».

Un baile de disfraces. El caso Sortu-Bildu

Empeñado en «el proceso de paz», convencido, quizá, de que pasaría a la historia como «el pacificador de Euskadi», durante su última legislatura Zapatero escenificó un auténtico baile de disfraces, con la ayuda impagable del Tribunal Constitucional y de su presidente, Pascual Sala, quien acabó legalizando a los proetarras y asistiendo a su entrada triunfal, primero en los municipios vascos y más tarde en el Parlamento de Vitoria.

Ya lo relaté antes: Zapatero se arriesgó mucho en el diálogo con ETA antes de que los terroristas dinamitaran en diciembre de 2006 la T4 de Barajas. Fue a partir de aquella barbaridad cuando los batasunos organizaron una partida de ajedrez en dos tiempos (primero Sortu, luego Bildu), consiguiendo que los políticos españoles y los medios de comunicación no hablaran de otra cosa durante meses. Sin embargo, el Estado español vio legitimadas sus armas legales contra el terrorismo cuando el 30 de junio de 2009 una sentencia del Tribunal de Estrasburgo torpedeó la línea de flotación de los proetarras y también castigó a los del PNV, que habían recurrido a la justicia europea para que la ley de partidos quedase eliminada. Llevaban años reconociendo la autoridad de las instituciones europeas como la única aceptable y precisamente estas les dieron un varapalo demoledor. Por unanimidad, el Tribunal de Derechos Humanos declaró que la ilegalización de Batasuna, de HB y de Euskal Herritarrok era «una necesidad social imperiosa» que había sido aplicada de un «modo proporcionado al fin legítimo que perseguía» porque «su compromiso con el terror puede ser considerado objetivamente como una amenaza para la democracia».

El Tribunal Supremo —reforzado por esta sentencia y contando con pruebas contundentes suministradas, precisamente, por las fuerzas de seguridad— mantuvo la ilegalización de Bildu, pero el Constitucional acogió favorablemente el recurso de los batasunos y Bildu pudo presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2011.

Que el TC fallara (¡y qué fallo!) contradiciendo las pruebas en las que se basaba una sentencia del Tribunal Supremo (TS) no fue cosa baladí. La sentencia del TC eliminaba de facto la ley de partidos y contradecía una sentencia suya anterior en la cual le había dado la «bendición» a esa ley.

Por otro lado, el fallo del TC a favor de Bildu dejó al PSOE —y en vísperas electorales— rodeado de algo más que sospechas, según las cuales sus dirigentes y el Gobierno habían estado jugando esta partida, desde el inicio, con las cartas marcadas: por un lado, apoyando y usando los informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía argumentaran en contra de la legalización de los batasunos y, por otro, reservándose unos ases en la manga (los magistrados del TC que votaron en contra de la resolución del TS) para hacer entrar por esa vía del TC a los independentistas radicales en las instituciones.

El enredo en que metió el TC a los españoles con este fallo no se limitó a ese campo, al de la ley de partidos, sino que puso en danza (¡¡otra vez!!) su propia legitimidad y su decencia y, de paso, también la legitimidad y el prestigio de una justicia española politizada hasta las cachas.

¿En qué beneficiaba a los socialistas esa presencia electoral? La respuesta era obvia antes y después de las elecciones: no les benefició en nada. Quizá los dirigentes socialistas vascos pensaran que si no se dejaba entrar ahora en las instituciones a los batasunos, estos se volverían «al monte». En cualquier caso, ¿no hubiera sido mejor someterles a una «cuarentena»?

La operación política que encerraba la doblez de ZP era percibida como una forma de hacerles el caldo gordo a quienes hasta la víspera se habían hartado de pedir «ETA, mátalos» o de aplaudir las hazañas bélicas de aquellos héroes con txapela y nombres de ladrones de gallinas: Ternera, Dienteputo, Chelis, Chapote…

Así lo vieron también, ya en vísperas electorales, Jon Juaristi e Ignacio Camacho. Jon Juaristi escribía el domingo 8 de mayo de 2011 lo siguiente: «Todos, Urkullu, Urizar, Matute, Otegi, Troitiño, en fin, todos en paz, ilusionados y felices, sin violencia, sin culpa, sin memoria incómoda, y así hasta la próxima fase armada de la interminable guerra del pueblo vasco por su independencia».

Y ese mismo día Ignacio Camacho aseguraba: «La operación estaba diseñada en la confianza de que la disciplina de voto de los magistrados del TC garantizaba el veredicto favorable a los verdaderos intereses gubernamentales sin que el poder tuviese que asumir ni el coste ni la responsabilidad».

¿Y qué ventaja sacó el PSOE de semejante operación legalizadora, y más en vísperas electorales, sabiendo que más del 80 % de los españoles no deseaba ver a los independentistas radicales en las instituciones? La respuesta la recibió el PSOE en las urnas, primero en las elecciones municipales y luego en las generales. También más tarde, cuando el 12 de diciembre de 2012 se celebraron elecciones autonómicas en el País Vasco.

Conviene recordar que en las autonómicas vascas, celebradas el 12 de diciembre de 2012, el PSE (PSOE) obtuvo 213 000 votos, 105 000 menos que en las anteriores elecciones, celebradas en 2009, bajando del 30,7 % al 19,1 % de los votos emitidos y de 25 diputados pasó a tener 16. En Guipúzcoa, Bildu obtuvo el 31,7 % de los votos (una décima más que el PNV), casi trece puntos más que el PSE (19,0 %). Todo un éxito. En efecto, la hábil operación Bildu fue la guinda que acabó por adornar la tarta de la derrota de Patxi López y del PSE.

Aquel juego «por la paz» confirmó el permanente zigzagueo con el que abordaba Zapatero cualquier objetivo, siempre empeñado en demostrar que el camino más corto entre dos puntos nunca es la línea recta. Un doble juego convicto pero no confeso que uno nunca pudo entender.

Me quedaré, sin embargo, con una explicación sencilla, la que ya adelantó Hannah Arendt: «La maldad y la necedad son planas, las dos carecen de profundidad intelectual».

No fueron necesarios muchos días para que los hechos dieran la razón a quienes dijeron que Bildu seguía siendo Batasuna, y no parece que se necesitaran más pruebas para demostrarlo que leer las listas de asesores que fueron contratados por la Diputación de Guipúzcoa o por el Ayuntamiento de San Sebastián, donde figuraban todos los batasunos del mundo mundial.

Un jueves por la tarde (el 20 de octubre de 2011), a un mes de las elecciones generales, tres fantasmas —con los rostros ocultos tras unas bolsas blancas y tocados con las correspondientes boinas negras— dedicaron dos minutos y treinta y tres segundos a anunciar que ETA declaraba «el cese definitivo de la actividad armada».

¿Era eso lo pactado? Novecientos muertos, centenares de heridos y un sinfín de traumas y sufrimiento durante cincuenta años quedaban atrás.

La intervención griega

Que la crisis iba en serio y que en la Unión Europea (UE) pintaban bastos se supo cuando estalló la crisis griega y la UE, liderada por Alemania, impuso una serie de medidas drásticas a cambio del rescate.

El Gobierno griego se había endeudado fuertemente y el gasto público se había disparado, incluyendo en él lo gastado en la organización de los Juegos Olímpicos de 2004. Además, al haber allí casi un 40 % de economía sumergida, los ingresos fiscales eran muy reducidos. Durante los últimos años, el Gobierno maquilló sus deudas, presentando a la Unión Europea unos informes que no reflejaban la gravedad de la situación. La cruda realidad llegaría a finales de 2009, cuando, tras el cambio de Gobierno y la llegada al poder del socialista Yorgos Papandréu, este puso al descubierto la dramática realidad económica de su país con un déficit público del 13 % sobre el PIB. La dureza del «rescate» impuesto por Alemania algo tuvo que ver con un hecho significativo: la banca europea había financiado el 81 % de la deuda pública griega, en especial los bancos franceses y alemanes.

A principios de febrero de 2010, el presidente de la Comisión, Durão Barroso, describía el euro como «un escudo protector contra la crisis», y Grecia se veía desde Bruselas como una pequeña dificultad localizada. Su PIB suponía solo el 2 % de la economía de la eurozona. Lo único que se necesitaba era que Atenas implantara recortes rigurosos, redujera el déficit y arreglara sus cuentas.

El Gobierno griego anunció entonces una lista de nuevas medidas de austeridad, pero en febrero de 2010 los mercados financieros se mostraban cada vez más escépticos y los recortes en el gasto no les resultaban convincentes. A esas alturas, los mercados exigían respuestas a preguntas que siempre anunciaban nuevas y difíciles decisiones políticas. Querían saber qué sucedería si Grecia no podía financiar su deuda: ¿se abrirían líneas de crédito? ¿Se devolverían los préstamos actuales? ¿Vendría la UE al rescate? Si Grecia no podía financiarse, se declararía en suspensión de pagos o habría que rescatarla. Ambas operaciones conllevaban riesgos. Una suspensión de pagos causaría un daño permanente a la credibilidad del euro, y los bancos alemanes y franceses sufrirían grandes pérdidas, pero un rescate era igualmente delicado.

A finales de marzo de 2010, el presidente Sarkozy y la canciller Merkel acordaron el rescate de Grecia con préstamos de hasta 40 000 millones de euros. Dos tercios del dinero procederían de otros países de la eurozona; un tercio, del Fondo Monetario Internacional (FMI). Merkel había peleado por ello. Así reducía la carga de los bancos alemanes. ¿Serían 40 000 millones suficientes? ¿Cuáles eran las condiciones de los préstamos?

En abril de 2010, Grecia fue rescatada. Lo que hasta aquel momento era algo teórico y provisional se convirtió en una realidad, y las sumas eran mucho mayores de lo que se había acordado unas semanas antes. El país recibió un préstamo de 110 000 millones de euros: 80 000 millones de la eurozona y 30 000 del FMI. El FMI y la UE exigían nuevos recortes por valor de 30 000 millones de euros en el presupuesto de los tres años siguientes a cambio del rescate a Grecia. La previsión era que la economía se contrajese un 4 % en 2010. Tenían que seguir recortando gastos y subiendo impuestos, aunque los trabajadores del sector público habían sufrido ya un 20 % de recorte salarial. El primer ministro griego explicó en televisión que quería «decir a los griegos con total sinceridad que nos espera una enorme prueba».

Tras la concesión del rescate, en mayo de 2010 el primer ministro Yorgos Papandréu remodeló dos veces su Gobierno. Las draconianas medidas de ajuste causaron una grave crisis en el seno del Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), parte del cual se rebeló contra Papandréu.

El ambiente en el cual se vivió aquel rescate se puede contemplar volviendo por un momento a febrero de 2010, cuando el Parlamento griego hubo de aprobar un paquete de medidas restrictivas.

En la prensa del lunes 13 de febrero de 2010, se daba cuenta de que el debate en el Parlamento de Grecia había tenido lugar en Atenas, pero Merkel había adoptado desde Berlín el rol de «estricta gobernanta» respecto a la decisión política helena y había desplegado en el tablero comunicativo a sus ministros y a su partido con un solo objetivo: aumentar al máximo la presión sobre los diputados griegos. Así, el vicecanciller, Philipp Rösler, apareció en el telediario de la tarde advirtiendo de que «o los partidos griegos toman la decisión correcta en la sesión parlamentaria en curso o el Bundestag desconvocará el pleno del próximo 27 de febrero», en el cual se debatirá la entrega del siguiente tramo de ayudas a Grecia, sin cuyo trámite legal sería imposible aportar a tiempo los 130 000 millones del segundo rescate.

Horas antes de esta declaración, la señora Merkel había ordenado a su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, que dijera lo siguiente: «Grecia es un pozo sin fondo». Schäuble aseguró además que «la salvación de Grecia es un proceso más difícil que la reunificación alemana porque la idea de que algo tiene que cambiar no ha calado todavía en ese país».

Por su parte, el socio de la Merkel, el democristiano bávaro Horst Seehofer, metido en la carrera de «a ver quién la dice más gorda», pidió un referendo en Alemania donde se dirimiera el sí o el no al rescate griego. En este caldo de cultivo antigriego, las encuestas señalaban que el 53 % de los alemanes quería que Grecia abandonara el euro, frente a un 34 % que opinaba lo contrario.

El analista alemán Holger Steltzner dijo a este propósito que «Grecia solo volverá a ser competitiva si vuelve al dracma y lo devalúa un 80 %».

El ministro alemán de Exteriores, Guido Westerwelle, que se había mantenido al margen de la crisis de la deuda, también hizo su aportación a la movilización general poniendo el énfasis en que para convencer a Alemania de que merecía la pena seguir adelante con el rescate, Grecia tendría que poner pruebas sobre la mesa. «No es suficiente aprobar programas de reforma, sino que el Gobierno griego tendrá que empezar a realizarlos».

Una de las exigencias alemanas durante aquellos días fue que Grecia realizara un depósito en dinero para cumplir con los futuros pagos de intereses en una cuenta de confianza especial que garantizara que los acreedores recibirían su pago de manera consistente. ¿Y quiénes eran esos acreedores? En primer lugar, los bancos alemanes, claro está.

En cualquier caso, conviene recordar algunas cosas previas, y la primera es que fueron las autoridades alemanas quienes forzaron a los demás países de la UE a que hicieran la vista gorda sobre las falsas estadísticas y el deplorable aparato fiscal de Grecia (cuya situación no cabía ni a martillazos en las precondiciones de la Unión monetaria) y, en segundo lugar, que la unidad alemana contó con el apoyo de los demás países, empezando por Francia, a cambio de un europeísmo activo de las autoridades alemanas… y las patadas en las espinillas y los desprecios dirigidos a los griegos (que, además, se convirtieron en amenazas para los demás países «pecadores») de europeístas tenían más bien poco.

A partir de ahí, la crisis económica se llevó por delante no solo el Gobierno griego, sino también y sobre todo el sistema político preexistente. Y todo ello dentro de una contestación no exenta de violencia y de una desesperanza a cuya duración ni los más optimistas son hoy capaces de poner fecha.

Como botón de muestra del agradable ambiente creado entre Grecia y Alemania, he aquí dos cartas publicadas tras el rescate de Grecia en el semanario alemán Stern. La primera, de un tal Walter Wuellenweber:

Queridos griegos:

Desde 1981 pertenecemos a la misma familia. Nosotros, los alemanes, hemos aportado al Fondo común cerca de doscientos mil millones de euros, mientras que Grecia ha recibido cerca de cien mil millones […].

Nadie les obligó a evadir impuestos, oponerse a cualquier reducción del gasto público ni a elegir los gobernantes que han tenido y tienen.

La segunda, del griego Georgios Psomás:

Querido Walter:

Soy funcionario público y mi sueldo es de 1000 euros. Nosotros les hemos concedido a ustedes un montón de privilegios, como ser nuestros principales proveedores de tecnología, armas, infraestructura (autopistas y grandes aeropuertos), telecomunicaciones, productos de consumo… incluso nos han vendido barcos de guerra para el desguace y unos cuantos submarinos fuera de servicio. Al desastre de Grecia contribuyeron mucho algunas empresas alemanas que pagaron grandes comisiones a nuestros políticos para asegurarse los contratos o para vendernos de todo.

Pero Georgios no se quedó ahí. Sacó el retrovisor y escribió: «Las reparaciones que debe Alemania a Grecia por las confiscaciones, persecuciones, muertos (1 126 000 y de ellos 39 000 ejecutados), destrucciones de pueblos, rutas, puentes, líneas ferroviarias o puertos que produjo el III Reich ascienden a más de siete mil millones de dólares, de los cuales Grecia no ha visto ni un solo billete».

Ya metido en la deriva «histórica», Georgios acababa su carta reclamando «la vuelta a Grecia de las innumerables obras de nuestros antepasados que están en Alemania».

El triste semblante de un suicida

El barómetro del CIS del mes de abril de 2010 suscitó —como suele ocurrir en España— un «gran debate» sobre naderías. En efecto, el PP puso el grito en el cielo porque se le otorgaba una ventaja sobre el PSOE de tan solo 1,5 puntos, aunque —para decirlo todo— ese dato no aparecía por ningún lado en la encuesta, sino que era el resultado de un manejo posterior, al que los «expertos» en tales cuestiones llaman cocina. En cualquier caso, el meollo de la encuesta distaba mucho de ser optimista acerca de la situación política del país.

El 63,4 % de los encuestados consideraba que la situación política en España era mala o muy mala, y el 52,2 % calificaba de igual forma la gestión del Gobierno, frente a un bajísimo 9,2 % que calificaba a la situación de buena o muy buena.

Esa sensación de desamparo general se detectaba también a la hora de «poner nota» a los líderes: 3,7 para Zapatero y suspenso general para sus ministros. Claro que a los de la oposición no les iba mejor: 3,1 para Rajoy. Tampoco ninguno de los otros líderes sometidos «a examen» —desde Cayo Lara a Rosa Díez pasando por Urkullu o Durán y Lleida— llegaba, ni de lejos, al aprobado, ni siquiera al 4.

En cualquier caso, el PSOE (24,5 %) seguía superando al PP (22,8 %) en intención directa de voto, pero esa declaración «directa» suele valer bien poco.

Los encuestados fueron más sinceros cuando se les preguntó: «¿Quién cree que ganará las próximas elecciones?». El 49,3 % dijo que ganaría el PP, frente a un 23,7 % que daba como ganador al PSOE… y eso ya no era ruido, eran nueces.

La encuesta se olvidaría pronto, pues el miércoles siguiente (12 de mayo), tras un fin de semana de teléfonos rojos y amenazantes, Zapatero soltó la bomba en el Congreso de los Diputados anunciando:

Bajada media del 5 % en las retribuciones del personal del sector público.

Rebaja del salario de los miembros del Gobierno en un 15 %.

Suspensión a partir de 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las mínimas.

Eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial.

Reducción en 6045 millones de euros en la inversión pública estatal.

Recorte de 600 millones en ayuda al desarrollo.

Reducción del gasto farmacéutico.

Recorte de 1200 millones de euros en los gastos de las autonomías.

Eliminación del cheque bebé y de otras gabelas de parecido tenor.

El anuncio de Zapatero implicaba una rectificación en toda regla y, además, la ruptura de unos cuantos acuerdos previos y el ninguneo de pactos como el de Toledo. ¿Qué había pasado?

El miércoles 5 de mayo de 2010 Zapatero recibió a Rajoy en la Moncloa y después compareció ante los periodistas para decir: «Respecto al déficit, es Rajoy quien se equivoca. Reducir el gasto público drásticamente compromete la salida de la recesión».

El viernes 7, la ministra Salgado tuvo un contacto telefónico con sus pares del Eurogrupo, quienes se mostraron muy nerviosos y le dijeron que España estaba en el ojo del huracán. La bolsa cerró ese viernes con una caída semanal del 14 %. «Tuvimos la sensación de que los mercados se estaban secando rápidamente y que España no iba a poder financiarse», recordaría más tarde un ministro de ZP. Esa misma tarde Zapatero viajó a Bruselas para asistir a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, donde la señora Merkel y el señor Sarkozy no dejaron de atosigarle para que recortara el déficit, que ya había subido hasta el 11 % del PIB.

Al final de la reunión, se acordó convocar a los ministros de Economía (Ecofin) para el 9 de mayo. Tras esta reunión del 9, Salgado le dijo a su presidente que España no podía eludir presentar un paquete de recortes y el domingo se pusieron a la tarea.

Según ha relatado uno de los asistentes, «en realidad, se hicieron las cuentas a la inversa. Se estableció un recorte del 0,5 % del PIB en 2010 y otro del 1 % 2011. En total, 15 000 millones de euros. Pensábamos que ese recorte no afectaba seriamente al crecimiento. Además, era más o menos la mitad del recorte que querían Merkel o Trichet». El Eurogrupo, el Banco Central Europeo (BCE) y el FMI dieron el visto bueno.

Durante la madrugada del lunes, Zapatero recibió dos llamadas: la del presidente de los Estados Unidos y la del primer ministro chino. Tanto Obama como Wen Jiabao se mostraron muy preocupados y le instaron a que tomara medidas de choque. Ese lunes, los mercados reaccionaron positivamente y el IBEX subió un 14,4 % mientras la prima de riesgo bajaba hasta los 102 puntos básicos.

La mayoría de los ministros se enteró de lo que se avecinaba ese mismo lunes:

Los ministros tuvimos que resignarnos a lo que Zapatero presentó en el Congreso. Todo se hizo con mucho secretismo. Solo estuvieron en el ajo Salgado y Campa [secretario de Estado de Economía]. No sabíamos lo que iba a proponer el presidente pero, tras su intervención en el Congreso, tuvimos la sensación de que aquello era el principio del fin. El fin de la era Zapatero.

En 2008, como consecuencia de la crisis, la recaudación del Estado cayó en España un 5 % del PIB, y por la misma causa el gasto estatal creció un 2 % del PIB. En otras palabras: el agujero creado en las arcas públicas a causa de la crisis fue el 7 % del PIB, pero como se venía de un superávit de, aproximadamente, el 3 %, el déficit podía haberse colocado en torno al 4 %. Pero algún gurú del Gobierno debió decirle a Zapatero: «Esta crisis solo va a durar algunos meses», así que el presidente siguió con sus «regalos» y otras operaciones «keynesianas», como el Plan E, generando un gasto adicional del 3,2 % del PIB.

Como consecuencia de ese «optimismo», en poco más de un año se pasó del 3 % de superávit al 9 % de déficit… y en mayo de 2010 —como acabamos de ver— llegó Paco con la rebaja, Zapatero cayó del caballo y pegó un giro que dejó lo de san Pablo en el camino hacia Damasco en un juego de niños.

A partir de aquella epifanía primaveral comenzaron, en efecto, los recortes (perdón, las reformas). Habrá de reconocerse que, en tanto que mensajes tranquilizadores dirigidos a «los mercados», esas «reformas» no sirvieron para mucho respecto a lo que más importa: el crecimiento económico y el empleo. Lo ha ilustrado con gracia el analista Antón Costas: «Vaya usted a Fátima de rodillas y después pase por el banco a pedir un préstamo y verá lo poco que le impresiona su sacrificio al responsable de riesgos de ese banco».

En fin, según se dijo, todo se hacía para «calmar a los mercados» y también para poder «mantener el Estado de bienestar». Respecto a esto último, ya lo dibujó El Roto en una de sus viñetas de aquellos días, que conservo enmarcada: «Para garantizar el futuro de las pensiones, hay que hacerlas coincidir con la fecha del fallecimiento».

Desde aquel mayo de 2010, la llamada deuda soberana de España empezó a sufrir —día sí, día también— ataques especulativos cuyas motivaciones reales eran tan metafísicas como lo son muchas decisiones de los mercados. ¿Tan arriesgado va a resultar el cobro de los intereses y las amortizaciones de esa deuda?

Hagamos, por una vez, la cuenta de la vieja y supongamos que una familia tiene unos ingresos anuales de 100 000 euros y debe, entre hipotecas y otros créditos, 60 000 euros. Los intereses y la amortización de esos créditos estarán normalmente entre los 2500 y los 3000 euros anuales. ¿Tendrían los acreedores de esa familia miedo de no cobrar? Evidentemente, no. Entonces, ¿qué pasó con la deuda soberana española que, más o menos, era en 2010 proporcionalmente la misma que la de la familia del ejemplo?

«Íbamos a reformar los mercados y los mercados nos han reformado a nosotros», confesaría más tarde ZP.

Durante aquel fin de semana de mayo de 2010, España inauguró, en palabras de Joaquín Estefanía,

una etapa de austeridad que ha cambiado la manera de vivir y de pensar de la mayoría de los ciudadanos: de la economía del miedo (a la incertidumbre, a la inseguridad económica, a quedarse atrás en una distribución de la renta cada vez más regresiva, a quedarse inactivo…) han pasado a la economía del sufrimiento (el paro, el empobrecimiento, la reducción de su protección social, la mortandad de empresas…).

En el verano de 2011, España sufrió un ataque especulativo sin precedentes y los volátiles mercados castigaron sin piedad la deuda pública española. Poco después, el BCE mandó una carta a ZP en la que le «ordenaba» realizar una profunda reforma laboral, la eliminación de la vinculación de los salarios con la inflación, nuevos ajustes fiscales y la activación de las reformas de la energía, alquiler de viviendas, servicios profesionales… La peculiaridad de la misiva era que iba firmada en primer lugar por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España y miembro del equipo de gobierno del BCE, y también por Jean-Claude Trichet, gobernador de este. ZP recibió la carta, pero no la hizo pública entonces, sino que la guardó para sí. Dos años y medio después la incluyó en su libro autojustificativo (El Dilema. 600 días de vértigo) levantando cierto revuelo, pues se había apropiado de un documento público en beneficio propio. La carta contenía las líneas políticas básicas que seguirían después los gobiernos de Zapatero y de Rajoy. Hela aquí:

CARTA DEL PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL EUROPEO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL

Sr. José Luis Rodríguez Zapatero

Presidente del Gobierno de España

Complejo de la Moncloa

Avenida de Puerta de Hierro, s/n.

28071 Madrid

España

Fráncfort/Madrid, 5 de agosto de 2011

Querido presidente del Gobierno:

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo abordó el 4 de agosto de 2011 la situación en los mercados de deuda pública española. El Consejo de Gobierno considera esencial que las autoridades españolas adopten medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad de la firma soberana en los mercados de capitales.

Recordamos que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro celebrada el 21 de julio de 2011 concluyo que «todos los países de la zona del euro reafirman solemnemente su determinación absoluta de hacer plenamente honor a su propia firma soberana y a todos sus compromisos en materia de condiciones presupuestarias sostenibles y reformas estructurales». El Consejo de Gobierno considera que España debe apuntalar urgentemente la reputación de su firma soberana y su Compromiso con la sostenibilidad fiscal y las reformas estructurales, y hacerlo mediante pruebas creíbles.

En la coyuntura actual, consideramos esencial la adopción de las siguientes medidas:

Consideramos necesario adoptar medidas adicionales que mejoren el funcionamiento del mercado de trabajo con vistas a lograr claros avances en la reducción de la elevada tasa de paro.

El decreto-ley de reforma de negociación colectiva aprobado por el Gobierno español el 10 de junio debería reforzar de manera más efectiva el papel de los acuerdos en el ámbito empresarial con vistas a garantizar una descentralización real de las negociaciones salariales. En el transcurso del próximo trámite parlamentado deberían aprobarse enmiendas que lleven a reducir la posibilidad de que acuerdos en el sector industrial (en ámbitos nacional o regional) limiten la aplicabilidad de los acuerdos a nivel empresarial.

Además, nos preocupa enormemente que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para suprimir las cláusulas de indiciación de la inflación. Dichas cláusulas no constituyen un elemento adecuado en los mercados laborales de una unión monetaria, dado que suponen un obstáculo estructural para el ajuste de los costes laborales y, por ello, contribuyen a dificultar la competitividad y el crecimiento. Animamos al Gobierno a tomar medidas audaces y excepcionales para excluir el recurso a dichas cláusulas a la vista de la actual crisis.

El Gobierno también debería tomar medidas excepcionales para promover la moderación salarial del sector privado, en consonancia con las reducciones significativas de los salarios públicos acordadas el año anterior. Invitamos al Gobierno a explorar todas las vías posibles para la consecución de dicho fin.

Asimismo, sugerimos revisar en breve otras regulaciones del mercado laboral con vistas a acelerar la reintegración de los desempleados en el mercado de trabajo. Vemos importantes ventajas en la adopción de un nuevo contrato laboral excepcional en el que las indemnizaciones por despido sean muy bajas, y que se aplique durante un periodo limitado de tiempo. Además, sugerimos suprimir toda restricción a la prórroga de contratos temporales durante cierto periodo de tiempo.

A la vista de la gravedad de la situación de los mercados financieros, consideramos fundamental que las medidas, en los campos arriba expuestos, se tomen con la mayor brevedad posible, y a más tardar a finales de agosto.

El Gobierno también debe adoptar medidas audaces que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Gobierno debería demostrar de manera clara, con acciones, su compromiso incondicional con el cumplimiento de los objetivos de política fiscal, independientemente de la situación económica. Con este fin, instamos al Gobierno a anunciar, a lo largo del presente mes, medidas adicionales de consolidación fiscal estructural para lo que queda de 2011 superiores, como mínimo, al 0,5 por ciento del PIB, con vistas a convencer a los mercados de que el objetivo de déficit del 6 por ciento se alcanzará sean cuales sean las circunstancias. Simultáneamente, han de seguir aplicándose normas fiscales nacionales que aseguren el control de los presupuestos regionales y locales (incluyendo la autorización para la emisión de deuda por parte de los gobiernos regionales), y han de implementarse con celeridad, si es necesario, planes gubernamentales de consolidación de los gobiernos regionales y locales.

La reciente publicación de los datos trimestrales sobre la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales es un importante paso adelante en cuanto a transparencia, pero no va todo lo lejos que debiera. El Gobierno debería publicar a corto plazo las cuentas nacionales de todos los subsectores gubernamentales junto con las estadísticas trimestrales de las finanzas gubernamentales. Además, a medio plazo, el Gobierno debería promover la publicación mensual de los datos de las cuentas nacionales de otros subsectores gubernamentales, con el miso nivel de detalle y frecuencia que se aplica al Gobierno central.

Se acoge con agrado la introducción de una nueva regla de gasto (que limita los incrementos de gasto, en periodos normales; a la tasa del crecimiento tendencial del PIB, a menos que se financien mediante cambios en la legislación impositiva). Resulta básico que esa regla se aplique en el futuro a todos los subsectores gubernamentales.

Finalmente, animamos al Gobierno a adoptar más reformas del mercado de productos. En este ámbito deberían abordarse diversos aspectos:

Aumentar la competitividad en el sector energético para que los precios reflejen mejor el coste de la energía, así como adoptar medidas para reducir el alto nivel de dependencia energética de la economía española;

Promover el mercado de alquileres para la vivienda mejorando la regulación de los contratos; y

Aumentar la competitividad en el sector servicios abordando específicamente la regulación de los servicios profesionales.

En suma, confiamos en que el Gobierno español sea consciente de su altísima responsabilidad en el buen funcionamiento de la zona euro en la actual coyuntura, y en que de manera decidida adopte las medidas necesarias para recuperar nuevamente la confianza de los mercados en la sostenibilidad de sus políticas. Dichas medidas, sumadas a todas las que ya están en marcha para reestructurar y recapitalizar el sector bancario español, deberían dar como resultado grandes beneficios no solo en la economía española, sino a la zona euro en su conjunto.

Con mis mejores deseos,

JEAN-CLAUDE TRICHET

MIGUEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

Cc. a la ministra de Economía Elena Salgado

Aunque la petición no estaba en la carta, y solo con objeto de darle gusto a los mercados y a Merkel, Zapatero propuso poco después (y obtuvo el apoyo del PP) reformar el artículo 135 de la Constitución, introduciendo una regla fiscal para limitar el déficit estructural a su mínima expresión, un tope a la deuda pública y, sobre todo, priorizar el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública sobre cualquier otra obligación (sanidad, educación, desempleo, pensiones…). Una demanda histórica de la derecha europea —renunciar al arma de la política económica vía déficit— fue asumida sin debate alguno por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y por el PP.

Como ha señalado Ignacio Torreblanca, de estas imposiciones y de otras que vinieron después se ha derivado:

Una percepción dominante de que los márgenes de maniobra de los gobiernos nacionales se han reducido más allá de lo aceptable desde el punto de vista democrático; numerosos ciudadanos europeos sienten que las políticas y decisiones que afectan a sus vidas escapan a los controles democráticos. Ello conlleva un alto nivel de desafección ciudadana. Si al comienzo de la crisis, en 2007, un 65 % de los españoles decía confiar en la UE y solo un 23 % expresaba recelo, al cierre de 2012 los que manifestaban prejuicios hacia la UE habían crecido hasta un 72 %, y los que creían en ella tan solo eran un 20 %.[29]

Fuera como fuera, propios y extraños, tras oír a Zapatero pronunciar su harakiri político en el Congreso, quedamos con la boca abierta ante tan desmedido anuncio y, naturalmente, se oyeron de inmediato voces airadas reclamando lo que tanto había pregonado (de boquilla) José Blanco: «que paguen los ricos».

Recuerdo que al día siguiente de la «rendición» de Zapatero en el Congreso de los Diputados mi hijo menor me insistió en ello. «¿Por qué el Gobierno no sube los impuestos a los que más dinero tienen?», preguntó.

—El Gobierno no sube los impuestos a esas gentes, suponiendo que quiera hacerlo, porque no sabe quiénes son esos «ricos» —le dije—. Te recuerdo que ZP sostenía, no hace mucho, que «bajar los impuestos es de izquierdas». En cualquier caso, si un Gobierno se decide a subir la tarifa del IRPF a partir, por ejemplo, de unos ingresos de 70 000 euros anuales, pillará solo a los asalariados con buenos sueldos, pero ni a un solo «rico». Porque has de saber —insistí— que en torno al 80 % de lo recaudado por el IRPF proviene de los bolsillos de los asalariados, quienes, sin embargo, solo reciben el 45 % de la renta nacional. En fin, que nos tocará cargar con el mayor peso del recorte, y más si, como nos ocurre a tu madre y a mí —le recordé—, somos funcionarios. Los cuales, además, están mal vistos por los «opinadores nacionales», para quienes un funcionario es alguien que se sienta detrás de una ventanilla, con cara de pocos amigos y se dedica a decir «Vuelva usted mañana»… y esa mentira se ha convertido en verdad revelada, aunque las personas que trabajan en el sector público ya no lleven manguitos y sean, por ejemplo, médicos, enfermeros o celadores que nos atienden en los hospitales… y maestros o profesores. También jueces, policías, inspectores de Hacienda o de Trabajo… Gentes que con su quehacer mantienen en pie las instituciones del Estado.

Los sindicatos, por su parte, tras la primera reforma laboral (septiembre de 2010) que sirvió para abaratar el despido, convocaron una huelga general, la primera y la última que sufrió ZP.

Por su parte, un PP desatado y encaramado en la cresta de la ola se opuso entonces a casi todo; por ejemplo, a la rebaja de las pensiones. Una actitud puramente demagógica de la cual se olvidó cuando retornó al Gobierno.

Parafraseando el título del ensayo —ya citado aquí— de Muñoz Molina, todo lo que parecía sólido se vino abajo y el prestigio personal y político de Zapatero cayó hasta el suelo.

En un demoledor alegato publicado en el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung bajo el título «En la mesa con los caníbales», el escritor valenciano Rafael Chirbes sostenía que Zapatero había construido la ficción de su política progresista a base de recursos y tensiones culturales, con la intención de ocultar el hecho de una política de derechas. El hundimiento de esa ficción —decía Chirbes— deja ahora a Zapatero «con el triste semblante de un suicida»:

Conflictos, más o menos intrascendentes, que habían prescrito hacía tiempo, han servido, mediante una dramática puesta en escena, para mantener la ficción de una política progresista.

Elementos de ese juego de manos fueron la recreación de toda una serie de enfrentamientos entre católicos y laicos, antiabortistas y partidarios del aborto, nacionalistas y centralistas, partidarios de la negociación con ETA y partidarios de la mano dura, machos contra feministas y homosexuales y, sobre todo, herederos de las víctimas de la guerra civil contra herederos del régimen franquista. Estos fuegos de artificio sirvieron para ocultar su domesticación capitalista, por ejemplo el rescate millonario de los bancos. En ese contexto, los sindicatos españoles no movieron un dedo. Su única lucha visible en los últimos meses ha sido la defensa de un juez (Garzón) que ha estado metido durante veinticinco años en todo tipo de maquinaciones políticas.

No se había leído jamás un varapalo tan feroz contra la política de gestos de la que tanto había abusado Zapatero.

Una de las «medidas urgentes» que fue realizada con una sola caída de la cuchilla de la guillotina consistió en separar el cuerpo (las cajas) de la cabeza (las comunidades autónomas). Muchas cajas de ahorros habían entrado en bancarrota a causa de sus malas gestiones y de su ruinosa exposición a los créditos inmobiliarios, aunque, para decirlo todo, no eran las únicas culpables de la burbuja inmobiliaria ni de las hipotecas a gogó; también los grandes bancos habían incurrido en gravísimos pecados de imprevisión.

De la noche a la mañana, los líderes políticos regionales se quedaron sin juguete y también sin capacidad de respuesta. Habían hecho mangas y capirotes con las cajas, obligándolas a financiar proyectos de escaparate para lucimiento del cacique de turno. Los partidos —y con particular amplitud y empeño el PP— habían metido como presidentes y consejeros de las cajas a una gavilla de amiguetes políticos cuya experiencia financiera brillaba por su ausencia.

Copio de un diario de aquellos días:

Semana de infarto para las cajas de ahorros. El sector vivió ayer su segunda jornada de sobresaltos. La vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, anunció que las cajas, «al ser entidades no cotizadas, necesitarán un nivel de capital mínimo, core capital, de entre el 9 % y el 10 %» sobre sus activos.

Esta declaración llega después de que anteayer el Gobierno adelantara que todos los bancos y cajas tendrán que tener un 8 % de capital básico a partir del 30 de septiembre.

La mayor de estas cajas era Caja Madrid, que estuvo presidida desde 1996 por Miguel Blesa. De la mano de Aznar, Blesa —como ya se indicó— entró a presidir Caja Madrid el 11 de septiembre de 1996, sustituyendo a Jaime Terceiro, tras un ilegal pacto (por escrito) entre el PP y CC. OO. al que se sumó IU. Nada más llegar, Blesa multiplicó por 18 el sueldo de su predecesor y dio un giro a la política del grupo, inclinándose por las inversiones industriales, sin descuidar los «gastos suntuarios» (la Caja pagó más de 16 000 millones de pesetas por una de las torres Kio de la plaza de Castilla). También lanzó el «proyecto 2000», que pretendía duplicar el balance entre 1997 y 2002. En octubre de 1999, Blesa fue reelegido presidente, y en 2001 un Blesa tan crecido como enloquecido reclamó al Gobierno cambios legales: «La legislación debe darnos instrumentos que favorezcan la libertad de las cajas para tomar iniciativas». En 2006 Blesa amplió la participación de la Caja en Iberia y compró la Torre Repsol por 815 millones de euros. En 2008, a causa de la venta de sus participaciones en Endesa, la Caja arrojó beneficios: 2861 millones de euros.

En 2009, cuando la crisis y las normas internacionales de contabilidad apretaron y la Caja necesitaba recapitalizarse, Blesa recurrió a la masiva emisión de participaciones preferentes, hasta llegar a colocar —solo a través de las oficinas de la Caja— más de 3000 millones de euros. «Hemos ampliado la emisión porque nos las quitan de las manos», afirmó Blesa para justificar el aumento de 2000 a 3000 millones en preferentes. Y realizó esta operación pese a que Moody’s, en mayo de 2009, calificó la emisión como bono basura «ante la gran probabilidad de que la entidad no pueda pagar los intereses». Pese a este horror, Blesa dijo en el Congreso en noviembre de 2012, y lo dijo con una arrogancia suicida: «No admito haber causado daño alguno con las preferentes». Ahora tendrá que demostrarlo ante los tribunales.

Bajo la dirección de Blesa y con la anuencia de un consejo de Administración cuyos miembros, cualesquiera que fueran sus experiencias y valías personales, representaban allí el papel de paniaguados, se decidió, por ejemplo, comprar el City National Bank de Florida muy por encima de su valor; se dieron créditos sin cuento a los amiguetes (como Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE) y también a los más aventureros de entre los especuladores inmobiliarios. Todo lo cual llevó la Caja a la ruina.

La Caja ya estaba herida de muerte cuando Blesa, perdida la confianza de la presidenta Aguirre, fue sustituido por Rato (2009). Pero el desastre no acabó ahí. Rato, animado por el Banco de España, sacó a bolsa el nuevo banco que había engullido la Caja, bajo el nombre de Bankia. Fue Rato, a instancias del Banco de España, quien integró en Bankia a otras cajas en apuros, lo cual no benefició en nada la cuenta de resultados de Bankia. Y así estaba la cosa cuando cambió el Gobierno y llegó Luis de Guindos para «arreglarlo». De ese último desastre escribiré más adelante.

Se recordará que inmediatamente después de estallar la crisis y mientras el mundo descubría perplejo las trapacerías de los «hermanos Lehman» (banco de inversiones quebrado en septiembre de 2008), los grandes líderes mundiales, desde Obama a Sarkozy, anunciaban su intención de «refundar el capitalismo», a la vez que renegaban de algunas prácticas financieras («productos basura», «riesgos exagerados», «créditos incobrables», «hipotecas otorgadas a voleo», etc., etc.) y de la falta de controles por parte de la Reserva Federal («del gran Alan Greenspan») en los Estados Unidos y de los bancos centrales en Europa. En pocas palabras: se acusaba a una buena parte del sistema financiero de aventurerismo y de falta de profesionalidad. En los Estados Unidos el Congreso concretó en 576 páginas el dictamen emitido por la comisión ad hoc. En ese dictamen se afirmaba que la crisis pudo evitarse y que si no se evitó fue en gran medida culpa del anterior presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y, en menor medida, de su sucesor, Ben Bernanke. A los dos les acusó el Congreso de falta de previsión ante la burbuja financiera y de no haber hecho nada por evitarla. En el caso de Greenspan, el Congreso señaló que su «terca política de intereses bajos fue lo que llevó al exceso y al desastre». Pero tampoco se fueron de rositas los bancos, a los que se les reprochó su codicia. Al gobierno de George W. Bush, por dejar caer a Lehman Brothers. Al secretario del Tesoro de Bush, Henry Paulson, por creer que la crisis subprime se podía contener sin pasar a mayores. Al secretario del Tesoro de Barack Obama, Timothy Geithner, por estar en la luna cuando dirigía la Reserva Federal de Nueva York. Al gobierno de Bill Clinton, por no regular los derivados financieros. Y a la U. S. Securities and Exchange Comission (SEC[30]), por no ejercer una tutela elemental del mercado, etcétera, etcétera.

En cualquier caso, de aquellas «refundaciones» que era preciso realizar en 2008 nunca más se supo… y por estos lares españoles nadie se hizo responsable del desastre, ni los banqueros ni los políticos metidos a banqueros que destrozaron las cajas. Nadie. Quizá porque «refundar el capitalismo» significa volver al sistema productivo que se practicaba en Mánchester en las postrimerías del siglo XIX. Y esa es otra, pues en Europa la crisis está arrancando pelo a pelo la cabellera de aquel «Estado del bienestar» de la cuna a la tumba, que imaginó Beveridge y que se fue construyendo después de la II Guerra Mundial.

Ante un panorama tan negro y con la intención de recuperar el rumbo, en octubre de 2010 Zapatero llevó a cabo la mayor —y la última— remodelación de su gabinete. Se redujo el número de ministerios y seis de ellos cambiaron de manos. Así, Celestino Corbacho dejó de ser ministro de Trabajo y su cargo lo ocupó Valeriano Gómez. Rosa Aguilar sustituyó a Elena Espinosa al frente de Medio Ambiente, y Ramón Jáuregui se incorporó al Gobierno como ministro de la Presidencia.

Quien hasta ese momento ejercía de secretaria de Organización de PSOE, Leire Pajín, fue nombrada ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, relevando a Trinidad Jiménez, a Bibiana Aído y a Beatriz Corredor, quienes pasaron a ser ministra de Exteriores la primera, y las otras dos a sendas secretarías de Estado.

Rubalcaba asumió la vicepresidencia del Gobierno sustituyendo a María Teresa Fernández de la Vega, y Miguel Ángel Moratinos dejó su cargo al frente de Exteriores en manos de Trinidad Jiménez.

Al final de la legislatura, habían pasado por el Gobierno 38 ministros y ZP había producido ocho remodelaciones ministeriales. Solo Elena Salgado permaneció como ministra desde el triunfo electoral de 2004 hasta el final.

El 20 de noviembre de 2010 se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña y el PSC siguió en caída libre (pasó de 37 diputados en las elecciones de 2006 a 28). También ERC cayó en picado (de 21 a 10 diputados). En conjunto, los componentes del difunto tripartito perdieron 18 diputados. CiU creció de 48 a 62 diputados, pero no alcanzó la mayoría absoluta.

El 2 de abril de 2011 Zapatero anunció su renuncia a presentarse a las elecciones generales, y el 9 de septiembre Alfredo Pérez Rubalcaba fue proclamado cabeza de cartel del PSOE para las generales, cuya fecha se fijó a finales de septiembre de 2011. No se sabe por qué Zapatero decidió que las elecciones se celebraran el 20 de noviembre, día y mes que coincidían con el aniversario de algunas muertes lejanas: la de Franco (1975) y las de José Antonio Primo de Rivera y Buenaventura Durruti (1936).

Una mirada hacia la Selva Negra

En la primavera de 2011 Merkel visitó España, cumpliendo así con la rutina de las reuniones bilaterales que se había establecido años atrás. Al despedirse, y a modo de elogio, sentenció: «España va por buen camino».

Pocos días antes de esa buena nueva, el INE había hecho públicos los resultados de la EPA del último trimestre de 2010. La encuesta contabilizó 4 696 600 parados, 121 900 más que en el trimestre anterior. La tasa de paro alcanzaba así el 20,3 % sobre la población activa (el 30,4 % entre los extranjeros). En cuanto a la ocupación, la encuesta recogía que durante ese cuarto trimestre se perdieron en España 1540 puestos de trabajo cada día, pero la realidad más amarga la describían los 1 328 000 hogares con todos sus activos en paro.

Si ese era el «buen camino» que elogiaba la señora Merkel, ¿cuál sería el malo?, se preguntaron muchos españoles. Pero la señora Merkel no se refería a la situación laboral en España, sino a las «reformas» emprendidas por el Gobierno durante los últimos meses.

En efecto, ante un déficit público disparado y con todos los cañones de los «mercados» apuntando sobre la deuda española, el Gobierno había iniciado lo que iba a ser la última curva del camino antes de su descarrilamiento electoral.

No solo los datos de la EPA contradijeron las amables palabras de Merkel. Una periodista alemana, Stefanie Claudia Müller, aprovechando la visita de la canciller, envió desde Madrid una crónica que se publicó en varios diarios germanos y también giró ampliamente por la red. En el segundo párrafo del artículo, la señora Müller —no se sabe si inspirada por un «indignado» o un ultraliberal— decía lo siguiente:

España no debería recibir más dinero sin que se cambie a fondo el sistema político y económico, hoy en manos de una oligarquía política aliada con la oligarquía económica y financiera, y sin que exista una participación ciudadana real en las decisiones políticas.

Luego se puso claramente «ultraliberal» y, subiéndose a la demagogia antiautonómica, arremetía contra la descentralización del Estado (¡¡y lo hacía una señora alemana!!):

Las regiones, ayuntamientos y diputaciones son los responsables de los dos tercios del gasto público y este gasto se realiza en condiciones de descontrol, despilfarro y corrupción totalmente inaceptables… y menos aún a 17 regiones funcionando como estados independientes, con todos los organismos multiplicados por 17. En conjunto, unos 120 000 millones, equivalentes al 11,4 % del PIB, se despilfarran anualmente en un sistema de nepotismo, corrupción y falta de transparencia.

¿Cómo obtuvo ese dato de los 120 000 millones despilfarrados esta buena señora? ¿Nadie le llamó la atención sobre la contradicción de sus argumentos? Si las autonomías eran tan culpables y despilfarradoras como ella aseguraba, ¿por qué la deuda de las autonomías representaba tan solo el 17 % del total de la deuda soberana española?

Más adelante el artículo continuaba con la misma matraca, a la vez «indignada» y «ultraliberal»:

La razón de la enfermedad de España es un modelo de Estado inviable, fuente de todo nepotismo y de toda corrupción, impuesto por una oligarquía de partidos en connivencia con las oligarquías financiera y económica, y con el poder judicial y los organismos de control a su servicio. En España no existe separación de poderes, ni independencia del poder judicial, ni los diputados representan a los ciudadanos.

La señora Müller, como cualquier demagogo, arremetía contra la democracia española y hacía como los teros, «que en un lao pegan los gritos y en otro ponen los huevos». ¿Qué huevos? Los intereses electorales de la señora Merkel y de los conservadores alemanes, quienes desde que estalló la crisis fueron construyendo un discurso demagógico y maniqueo contra los países del sur.

Utilizando un viejo método, la Merkel venía haciendo desde entonces de «poli bueno», mientras que el papel de «poli malo» se lo deja a su entorno más cercano (el ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble y el gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann), a quienes se sumaron gustosos la prensa populista alemana y los países «satélites» (Holanda y Finlandia, sobre todo). Todos ellos emitieron a coro un mensaje ofensivo, insolidario y antieuropeo.

La escritora Monika Zgustova lo ha descrito muy bien:

Los contribuyentes alemanes tienen la sensación de que ellos son quienes pagan por los pecados de los demás y las autoridades no paran de meter cizaña recordando a los alemanes que mientras que unos se divierten y holgazanean (el sur), los otros trabajan y pagan (el contribuyente alemán). Pero la realidad es muy distinta de lo que afirma el Gobierno alemán. Si Alemania aporta un 27 % al fondo de rescate común europeo, Francia proporciona un 20 % y España e Italia juntas un 30 %. Y si lo calculamos per cápita, la aportación alemana ocupa el sexto lugar entre 17 países[31].

La prueba más fehaciente de las malas intenciones de los conservadores alemanes la tenemos en un «estudio» hecho público en la primavera de 2013 por el Bundesbank (por lo tanto, bajo el impulso de Jens Weidmann), según el cual el patrimonio neto por hogar en la UE arrojaba resultados como los siguientes: 183 000 euros en España, 173 000 en Italia, 158 000 en Francia, 102 000 en Grecia, 75 000 en Portugal… y 51 000 en Alemania.

El objetivo de semejante «estadística» no era otro que mostrar a los alemanes que mientras ellos pagaban a los «vagos» del sur, estos eran mucho más ricos que los «pobres» alemanes.

Haciendo buena aquella sentencia según la cual «existen mentiras, mentiras podridas… y estadísticas», Jens Weidmann y sus palmeros se han dedicado sistemáticamente a hacer trampas pro domo sua, pasándose por el arco de triunfo a Eurostat. El posicionamiento ideológico (populista y nacionalista) habrá quedado satisfecho con tales patrañas, pero estos datos carecían de la menor solvencia y cualquier estudiante de Estadística detectaría el engaño. Veámoslo:

En primer lugar, se usaba la mediana y no la media (la diferencia entre la mediana y la media es mucho mayor en Alemania que en el sur); luego estaba el tamaño del hogar, mucho mayor en el sur que en Alemania. También el patrimonio inmobiliario introducía otra distorsión —valorado, además, a precios de 2008, antes de su caída en picado—, pues en Alemania solo el 44,2 % de los hogares son propietarios de su casa (26,2 % de ellos con hipoteca), mientras que en España el 82,7 % de los hogares son en propiedad (55,9 % con hipoteca). Por otro lado, el patrimonio financiero exterior de los hogares (que no se contabilizaba) es mucho mayor en Alemania que en España.

Estudios más serenos y objetivos muestran que si tomamos como 100 el stock neto de capital por habitante en España, en Alemania llega a 150 (un 50 % mayor que el español).

Las de Jens Weidmann, su Bundesbank y otros demagogos serán operaciones útiles para sacar ventajas electorales internas, pero también demuestran que el europeísmo de estos señores brilla por su ausencia. Weidmann, jefe del Bundesbank, cargo que compatibiliza con el ejercicio de perro de presa en el seno del Banco Central Europeo (BCE), merece un párrafo. Conviene por ello repasar brevemente su currículum, pues me temo que lo vamos a soportar durante algún tiempo como «dueño del calabozo». Weidmann nació el 20 de abril de 1968 en Solingen. En febrero de 2006 fue nombrado jefe de la División de Política Económica y Financiera de la Cancillería Federal, desde donde pasó a presidir el Bundesbank y es considerado «el niño de la Merkel», a quien acompañó como meritorio y como «sherpa» en varias cumbres.

Weidmann estudió en Francia (Marsella y París) y se doctoró en Bonn bajo la dirección de Manfred Neumann. Durante sus estudios, Weidmann estuvo de becario en el Banco de Francia y el Banco Nacional de Ruanda (!!!). Luego trabajó (1997-1999) en el FMI y hasta 2004 fue secretario del Consejo Alemán de Expertos Económicos.

Entre las frases que se le atribuyen hay una especialmente significativa referida a Mario Draghi (presidente del BCE): «Draghi sabe que no puede permitirse el lujo de repetir el error de su antecesor (Trichet), que fue despreciar las opiniones del Bundesbank».

Weidmann, uno de los gurús de la política alemana, es un hombre que no ha visto una fábrica (ni a un obrero) en su vida. Todas sus recomendaciones, absolutamente todas, han sido de carácter recesivo y lo único que han hecho es intensificar la caída del PIB en la UE y con ello la caída de las recaudaciones fiscales (con lo cual crece el miedo a no cobrar por parte de los tenedores de las deudas públicas). Y esa es otra. Sin salir de España hemos visto que los gobiernos españoles, uno tras otro, permitieron que el tipo efectivo de IRPF cayera hasta el 16 %, mientras que el marginal sobre los sueldos altos llegaba al 56 % (que solo pagan las personas sometidas a nóminas). Por su parte, el tipo efectivo del impuesto de sociedades cayó hasta el 18 %, mientras que en las empresas más productivas el tipo es del 30 %. En otras palabras: la progresividad —para los asalariados, que son quienes pagan— del IRPF dificulta la contratación de trabajadores altamente cualificados. Tampoco los defectos del impuesto de sociedades favorecen la inversión foránea. En resumen: un sistema de deducciones, exenciones y evasiones nefasto para la economía, amén de injusto.

Reformas fiscales inaplazables de las que —¡qué casualidad!— nadie ha hablado en Bruselas o en Berlín y de las cuales el Gobierno actual de Rajoy solo ha hecho promesas.

Esta política impuesta desde Berlín se parece mucho a la que puso en práctica el presidente Hoover durante la crisis del 29. El historiador Gabriel Tortella lo ha descrito muy bien:

La situación de la Europa de hoy tiene interesantes paralelos con la del mundo occidental de los años veinte. Hoy es Alemania el país hegemónico, cuando entonces era el país perdedor, deudor, y culpable de haber iniciado la I Guerra. Hoy los malos somos los países del sur de Europa por haber gastado lo que no teníamos y habernos endeudado con Alemania. Entonces el sistema monetario estaba sometido a las rígidas reglas del patrón oro: en la Europa de hoy estamos sujetos a las reglas aún más rígidas del euro. El único país que hubiera podido practicar una política expansiva entonces era Estados Unidos, pero su mezquindad se lo impidió. Además de mezquino, Estados Unidos pecó de arrogante, impartiendo lecciones de austeridad y moralidad a los desvalidos europeos.

Alemania tiene hoy una posición financiera saneada, y su crecimiento, en cambio, es raquítico. El país teutón está dando muestras de una miopía político-económica solo comparable con la de Estados Unidos hace 90 años. Su conducta ante la crisis griega, pensando más en los bancos alemanes que en los intereses de la eurozona; su reciente comportamiento ante la crisis chipriota… todos estos son ejemplos de estrechez y miopía que ponen en peligro el euro y también la unión fiscal y la unión bancaria europeas, dos medidas indispensables para la consolidación del euro, de las que se habla hace ya años, pero cuya puesta en práctica se eterniza.

La unión bancaria aglutinaría los sistemas bancarios de los miembros de la Unión en un sistema europeo, con una única supervisión, y con un único Fondo de Garantía. Esto parece indispensable existiendo una moneda única y un Banco Central Europeo. Pues bien, el proyecto está empantanado, especialmente por las dudas de los alemanes.

Algo parecido, aunque peor, ocurre con la unión fiscal, es decir, la creación de una especie de súper-Ministerio de Hacienda europeo que supervisara las políticas presupuestarias de los Estados miembros. Ambas uniones, la bancaria y la fiscal, reforzarían notablemente la economía de la Unión y fortalecerían el euro de tal modo que dejarían un gran espacio para políticas más expansivas que, entre otras cosas, permitieran combatir eficazmente la lacra del paro[32].

Contradiciendo estas evidencias, en España cualquier crítica a la señora Merkel recibe de inmediato la respuesta de algún «listo» (con preferencia un economista que no vio venir la crisis y ahora exige —siempre piden lo mismo— que para salir de ella se «adelgace» el sector público, es decir, que se eche más gente a la calle) señalando con el dedo, «tocando ya en la boca, ya en la frente», y diciendo: «La señora Merkel no es responsable de lo que nos pasa».

Y yo me pregunto: ¿no fue el Gobierno alemán quien propició y sostuvo la política de dinero barato? ¿No fueron los bancos alemanes los que nutrieron los apalancamientos financieros de las empresas y bancos griegos, italianos, portugueses y españoles? ¿No es cierto también que el Gobierno alemán, demostrando quién manda aquí, ha boicoteado una tras otra cualquier iniciativa que signifique «unión bancaria» o «inversiones», haciendo así caso omiso de las decisiones que ya están aprobadas y que, si no son de su agrado, se quedan en papel mojado?

En conclusión: con liderazgos como el de la señora Merkel es muy dudoso que la UE pueda sobrevivir.

De los resultados políticos de la crisis una de las cosas que más llama la atención es el estruendoso silencio que se instaló desde el principio en el único órgano de elección directa que existe en la UE, el Parlamento Europeo (PE).

Que se sepa, de allí no ha salido resolución alguna acerca, por ejemplo, del sistema de «rescates» que la UE impuso, primero en Grecia y luego en Irlanda y Portugal (por no hablar del vodevil de Chipre). Unas recetas que —más o menos edulcoradas— se siguieron aplicando en España y en Italia. Tampoco se ha sabido de la existencia de propuestas diferenciadas entre las promovidas por los diputados del centro-derecha y las de los representantes socialdemócratas en el PE. Y, desde luego, los discursos y las medidas de la Comisión y, sobre todo, el nuevo nacionalismo del Gobierno alemán merecen, vistos desde la izquierda, algo más que un tímido reproche.

Este silencio parlamentario resonó con más fuerza cuando se hizo público que el mentado Parlamento acababa de aprobar una normativa antitabaco —una más—, exigiendo, a imitación de Australia, que todas las cajetillas sean iguales y lleven esas fotos macabras sacadas de alguna película gore. Con ello quedó demostrada la validez de la vieja sentencia castellana según la cual «cuando el diablo no tiene trabajo, con el rabo espanta las moscas».

Si el único organismo europeo elegido en las urnas no puede ni siquiera debatir y recomendar —no ya decidir— acerca de cuestiones básicas respecto a la tragedia económica y social que vive buena parte de Europa… entonces apaga y vámonos.

Es sabido que la UE se ha ido construyendo pasito a pasito y es sabido también que el Tratado de Maastrich fue, entre otras cosas, un pacto entre «caballeros» (con Kohl y Mitterrand a la cabeza) mediante el cual Europa apostaría por la reunificación alemana mientras Alemania se comprometía a fondo con la UE.

En otro orden de cosas, los últimos tratados han intentado que el PE tomara cada vez más protagonismo, en pos de un objetivo: que el PE acabe operando como cualquier otro parlamento democrático… pero llegó la crisis y Alemania rompió de facto la promesa de Kohl para recuperar un muy peligroso nacionalismo de campanario… y, como todo nacionalismo, ha construido un enemigo (para los nacionalistas, «el infierno siempre son los demás»), que en este caso —como acabamos de ver— son los PIGS (cerdos) —Portugal, Irlanda, Grecia y Spain— más Italia, gentes que, según la prensa conservadora alemana, no trabajan y gastan con alegría «nuestro dinero». Un personal al que es preciso «meter en cintura».

Pero volvamos al PE. ¿Cómo es posible que esté «pasando» de cuestiones tan básicas como las que, a modo de ejemplo, se relatan a continuación?:

La desigualdad de rentas, que ya estaba creciendo antes de que estallara la crisis, se ha disparado con ella, sin que nadie en Bruselas lo mencione. Por otra parte, la UE no ha tomado ni una sola medida para intentar poner un poco de orden en los sistemas financieros de los países miembros. Orden en el sentido de un mayor control de los mercados y una persecución de las malas prácticas que en ellos se realizan y en las propias entidades financieras. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no se haya hecho absolutamente nada contra los especuladores bajistas dedicados a destrozar cualquier cotización? ¿Cómo se puede permitir que los bancos presten a esos bajistas bonos y otros valores que, muchas veces, no son suyos sino que están en sus manos en forma de depósitos, y lo hagan sin pedir permiso a sus legítimos propietarios? ¿Es que el PE no tiene nada que decir acerca de las recetas cortoplacistas y recesivas que la UE o la troika vienen aplicando aquí y acullá?

No hay que ser ningún izquierdista furibundo para darse cuenta de que cuando los popes de la UE hablan de fiscalidad solo parece preocuparles taponar a corto plazo el déficit público —y no seré yo quien niegue esa necesidad—, pero de sus cabezas de huevo no ha salido ni una sola propuesta a medio y largo plazo. Lo ilustraré con dos ejemplos:

Es sabido que en Grecia no existe un catastro que pueda llamarse tal. Pues bien, a «los hombres de negro» allí instalados no parece interesarles el asunto; pretenden que el déficit se arregle solo a base de tijera y les importa un rábano el que de alguna forma se pueda aprovechar la crisis para realizar una reforma fiscal que modernice aquel país.

¿Y qué decir del impuesto que representa en España el palo del pajar de nuestro sistema fiscal, el —ya muy repetido— IRPF, que está hecho unos zorros? Pues bien, nadie en la UE —que se sepa— ha recomendado a España que se ponga ya a la tarea de arreglar este entuerto.

Esta inoperancia del PE muestra, a mi juicio, no solo que la UE tiene un problema; también tiene bloqueado el motor a la hora de arrancar una solución y, desde luego, en España el problema económico y social no es hispano-español, como parecen creer muchos. No quiero decir con esto que los gobiernos españoles estén libres de culpa en lo que está pasando ni que la mayoría de los españoles carezca de motivos para protestar, sino que la protesta sería mucho más efectiva si las organizaciones sindicales y los partidos políticos de los países europeos más perjudicados por estas imposiciones cortoplacistas se movilizaran contra Bruselas.

Pero eso no va a ocurrir y a los políticos españoles (el 90 % de los cuales se alimentan del argumentario que les pasan sus jefes) les encantan los espacios cerrados y el vuelo gallináceo del «y tú más»… Y en esa desastrosa senda, la inmensa mayoría de los españoles que creyeron y apostaron por «la solución europea» y la normalización nacional ven caer cada día una pieza del edificio tan duramente construido. Un día se trata del sistema fiscal que se creía eficaz y solidario y se ha venido abajo. Otro se ve seriamente dañada la Seguridad Social. Al día siguiente se deterioran los mecanismos que sostenían la igualdad de oportunidades (educación, sanidad…). Finalmente aparece como panacea la vieja letanía según la cual todo lo que sea público es malo. Pero lo público es el único espacio donde pueden florecer la libertad y la igualdad.

En este caminar hacia atrás, en busca del siglo XIX, nos encontramos otra vez con el pensamiento político que parió el romanticismo alemán (¡de nuevo los alemanes!), representado aquí y ahora por los nacionalismos periféricos. Y así estamos otra vez metidos en el delirio nacionalista. Y ya se sabe que el delirio consiste en no saber distinguir entre lo posible y lo imposible.

7

LA CAMPAÑA

El viacrucis del PSOE hacia la derrota en las generales tuvo una estación intermedia: las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo de 2011, en las cuales la caída del PSOE fue general. Aquella deriva se llevó por delante a muchos alcaldes, concejales y presidentes autonómicos socialistas que ninguna responsabilidad tenían en el desastre zapateril.

El PSOE perdió en las municipales 1 485 000 votos respecto a las elecciones celebradas cuatro años antes. El PP ganó 558 000 votos.

El mejor retrato de lo que le ocurrió al PSOE en aquellas elecciones de mayo (2011) se dio en las ciudades de Andalucía, donde existen 29 ayuntamientos de más de 50 000 habitantes. De esas 29 ciudades, los socialistas solo ganaron en cuatro: Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Utrera y Sanlúcar de Barrameda.

Un socialista andaluz me explicó con cierta gracia amarga aquel desastre: «Los nuestros, como en su día Mao Tse-Tung, han emprendido la ruta de la ciudad al campo». En efecto, los seis millones de votos que los socialistas obtuvieron en toda España estuvieron reñidos con la ciudad. Pero es en la ciudad donde se plantean con mayor impacto y urgencia los grandes problemas de nuestro tiempo. Ante la ciudad y sus problemas —y no en la retórica— es donde es preciso demostrar el progresismo.

A este respecto resulta interesante comparar en Cataluña los resultados obtenidos por los candidatos socialistas de Badalona y Lérida. El primero perdió claramente las elecciones. El segundo las ganó con brillantez. Fueron resultados fáciles de relacionar con la inmigración. En efecto, el discurso socialista de Badalona fue, resumiendo, que «unos incendiarios a sueldo del PP son los únicos responsables de los problemas de convivencia entre los autóctonos y los inmigrantes». El resultado fue que el «incendiario» del PP ganó las elecciones.

Todos los leridanos conocían la firmeza con la que el alcalde socialista de Lérida actuó respecto del velo y otros abusos islámicos. Eso sí, apartándose del pensamiento relativista tan propio del buenismo zapateril… y de ahí el resultado electoral. Ganó con holgura.

De las 54 grandes ciudades (las capitales de provincia más Gijón, Hospitalet, Santiago y Vigo) el PP obtuvo 19 alcaldías y el PSOE solo 5 (más 3 del PSC).

El resultado autonómico (en 13 comunidades autónomas) fue parejo al municipal. En efecto, el PSOE perdió, de media, 8,3 puntos porcentuales respecto a las elecciones de 2008, viéndose superado por el PP en todas las comunidades excepto en Asturias, donde ganó el partido de Álvarez-Cascos. Los socialistas asturianos retrocedieron 12,3 puntos porcentuales, quedándose por debajo del 30 % de los votos emitidos. Solo en dos comunidades (Castilla-La Mancha y Extremadura) el PSOE superó la barrera del 40 %, pero perdió la presidencia de las dos. Tras las elecciones de mayo de 2011, el PSOE no consiguió ninguna presidencia de las trece comunidades en las cuales se votó aquel día.

El panorama, en verdad, se estaba poniendo muy negro con la vista puesta en las elecciones generales, pero eso no detuvo la productividad del DIG (Departamento de Ideas Geniales) zapateril. Quizá por eso el presidente de Gobierno (¿o fueron los «herederos» Rubalcaba y Blanco, con el fin de controlar la federación madrileña del PSOE?) decidió, una vez más, «salvar» al partido en Madrid. ¿Cómo? Pues colocando al frente de la candidatura de la Comunidad de Madrid a una persona imbatible. ¿Quién iba a hacer el milagro? ¡Trinidad Jiménez! Fue entonces cuando escribí lo siguiente:

La perplejidad que ha suscitado en las filas de los socialistas madrileños la candidatura de Trinidad Jiménez anunciada desde las alturas ha de recibir una luz que atempere el desasosiego de aquellos. Desasosiego que proviene en este caso de un error conceptual.

En efecto, pocos han entendido que este «nombramiento» no es la expresión de un señalamiento digital, sino de una revelación divina, la del misterio de la Trinidad, que sólo puede ser entendido por la Teología. Es verdad que algunos sostienen que la Teología es una disciplina inútil, pues se ocupa de algo inexistente, pero son incrédulos y, por lo tanto, no tendrán ningún futuro. Veamos:

Ya el concilio Vaticano I se ocupó de explicar el origen de este inextricable misterio: «Plugo a la bondad y sabiduría de Dios revelarse a sí mismo y los decretos eternos de su voluntad». Concluido hace ya muchos años el citado concilio, no prevalecerán contra él los argumentos que se puedan alegar pues en ellos late siempre un peligroso racionalismo. Lo aclaró hace tiempo un sabio teólogo, el jesuita Juan Arriola:

La razón y la revelación son dos escalas distintas, paralelas, sin que desde una de ellas se pueda acceder a la otra. En la escala de la razón el misterio no existe, no se sabe nada de él, pues el misterio solo existe en la escala de la revelación. La dificultad que, por su infinitud, rodeará siempre al misterio de la Trinidad queda, de sobra, compensada por la seguridad que nos da la palabra de Dios. De todos modos, Dios, al manifestársenos también se nos oculta y ese ocultamiento da mérito a nuestra fe. La actitud ante el misterio de la Trinidad, ante nuestro Dios que se nos revela y oculta, ha de ser la de una adoración agradecida y humilde, y no hay otra. Con cualquier otra actitud pondremos una pantalla ante la luz de Dios.

Los argumentos de Arriola nos aclaran definitivamente las ideas: nada de protestas ni de reclamaciones democráticas, sino «adoración agradecida y humilde».

En concreto, y refiriéndonos al misterio que nos ocupa, hay palabras de Arriola que parecen pensadas para eliminar de las mentes de los socialistas madrileños cualquier confusión. Veamos:

La Trinidad es un misterio imposible de comprender, aun después de la revelación, y presenta antinomias irresolubles a nuestra razón… hoy lo queremos ver todo con la claridad de la evidencia, pero el saber humano no lo logra, pues este, cuanto más avanza, más pronto tropieza con lo inexplicable.

Expulsada de nuestras mentes la pecaminosa razón, postrados ante el altísimo «que se nos revela y oculta», ya podemos visitar el Museo del Prado donde se conserva un lienzo de Tiziano, de contemplación obligada en este caso, y cuyo título es La Gloria.

En lo más alto de la tela, se ve a la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) contemplando serena a una multitud, hombres y mujeres semidesnudos, desequilibrados, flotando entre las nubes. Seres expectantes, doloridos, angustiados en su condición de habitantes del Purgatorio, como lo son nuestros socialistas madrileños. Pero en sus ojos, dirigidos al cielo, late la esperanza de alcanzar la gloria, donde reina en todo su esplendor la Trinidad salvadora.

Los defensores de la señora Jiménez no le vieron ninguna gracia a mi artículo.

El secretario general de Madrid, Tomás Gómez, no vio las ventajas del milagro y decidió resistir la embestida. Se fue a la elección directa («primarias») y Gómez ganó. La señora Jiménez plegó velas y siguió al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El programa que llevó el PSOE a las elecciones generales de noviembre de 2011 era un texto lleno de tópicos y de propuestas irrealizables. Todo era «sostenible» (la palabra se repetía cincuenta y seis veces) y «eficiente» (setenta y ocho veces). Más que un programa político, aquello parecía un catálogo de buenas intenciones. Todas ellas «políticamente correctas» y teñidas de verde como los campos en la primavera, pero las propuestas sobre impuestos eran magras, pese a que el sistema fiscal español estaba —y así sigue— hecho unos zorros, como ya se ha repetido aquí.

Aunque una de las peores políticas puestas en marcha por el Gobierno de Zapatero había sido la hidráulica, allí aparecía otra vez: «Convocaremos a todos los agentes económicos y políticos para alcanzar una política de agua compartida».

Quien había enterrado el Plan Hidrológico Nacional y había alanceado las cuencas hidrográficas en beneficio de no se sabe qué desaladoras, Cristina Narbona, fue la encargada de dirigir la redacción del programa. Ideas verdes que volvían —como la burra al trigo— a la hora de abordar el espinoso asunto energético: «nuestra apuesta decidida son las energías renovables» y «estableceremos un régimen estable de apoyo a las energías renovables» decía el programa. Pero nada se decía de dónde habría de salir el dinero para pagar ese apoyo.

Ecologistas, feministas y defensores de otras utopías parciales… todos tenían en aquel programa su acomodo. Por haber, había hasta un brindis al sol lingüístico. En efecto, mientras los nacionalistas hacían —y hacen— todo lo posible por erradicar el español de sus territorios, el programa nada decía de eso, pero se preocupaba de que todos (sí, todos) los adolescentes españoles «al término de la educación obligatoria conozcan perfectamente tanto la lengua castellana como el resto de las lenguas cooficiales».

Que el PSOE, al que las encuestas daban por seguro perdedor, escribiera un programa-carta a los Reyes Magos tenía una importancia relativa, pero el programa que presentó el PP —que estaba predestinado a gobernar— fue un auténtico disparate, pues no propuso ni una sola de las medidas «de ajuste fiscal» que luego «se vio obligado» a realizar.

El «programa contra la resignación» —así lo definía Rajoy en la primera página— ofrecía las recetas, a menudo evanescentes, para generar empleo o para «garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos, sin excepción».

El propio Rajoy fue el encargado de presentar el 31 de octubre de 2011 lo que los populares denominaban las 100 propuestas para el cambio.

Veamos algunas «perlas» contenidas allí:

«Simplificaremos la tipología de contratos laborales para reducir la temporalidad y dar expectativas de estabilidad, flexibilidad y seguridad a todos los trabajadores y empresas».

Impuesto de sociedades: «Generalizaremos la aplicación a las empresas de reducida dimensión el tipo impositivo del 20 % y extenderemos el ámbito de aplicación del 25 %».

«Fomentaremos fiscalmente el ahorro a largo plazo mediante la creación de una nueva deducción en el IRPF, que incluya la adquisición de la vivienda habitual».

«Flexibilizaremos el uso del tiempo del que disponen los trabajadores para hacer frente a asuntos propios, mediante una bolsa de horas que puedan distribuir libremente».

Hipotecas: «Aseguraremos que los clientes hipotecarios dispongan de toda la información necesaria para su toma de decisiones. Para evitar comportamientos abusivos […] introduciremos mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable».

El PP se compromete «con una sanidad pública de calidad, accesible en condiciones de igualdad a todos los españoles», además de «eficiente y sostenible»: «Haremos del paciente el eje del sistema».

«La escolarización de los menores extranjeros es una de las mejores fórmulas de integración».

Aquel fue un programa destinado a engañar, como lo fue también el discurso electoral según el cual la crisis se debía exclusivamente a la incompetencia del Gobierno de Zapatero y por lo tanto saldríamos de ella en cuanto el PP se hiciera con las riendas del Gobierno, recuperando con ese solo hecho la confianza perdida.

Engañaron, porque los dirigentes del PP sabían perfectamente lo que estaba pasando y las dificultades en las que estaba el país, empezando por el sistema financiero y siguiendo por el sistema fiscal, y durante la campaña ocultaron esa realidad. Se llegó a prometer (González Pons) la creación de tres millones de empleos. Un engaño que poco después el PP pagaría caro en términos de crédito social y también electoral.

8

LA NOCHE TRISTE

Como en ella era habitual, la noche del 20 de noviembre de 2011 la dirección del PSOE no asumió responsabilidad alguna (no hubo dimisiones) en el catastrófico resultado de las elecciones generales celebradas ese día. Se pasó del 43,9 % al 28,7 % de los votos emitidos y se perdieron, respecto a 2008, 4 350 000 electores y 59 diputados. La comisión ejecutiva despachó aquellas pérdidas millonarias de electores con «explicaciones» tan apresuradas como ramplonas: «No hemos sabido explicar bien las medidas que el Gobierno se ha visto obligado a tomar a partir de mayo de 2010» o «El PP apenas ha recogido votos que fueron socialistas en 2008».

Todas esas disculpas se repitieron en el comité federal que se reunió días después y ante el cual —si hubiera asumido sus graves responsabilidades en la debacle— Rodríguez Zapatero tendría que haber dimitido, abriendo el paso a una transición no tutelada por él ni por quienes lo acompañaron en la dirección desde el año 2000.

Estudios rigurosos, publicados una semana después de aquellas elecciones, demostraron que las «explicaciones» de la derrota desgranadas por la ejecutiva ante el comité federal eran, simplemente, falsas. En efecto, los análisis que el domingo 27 de noviembre publicó El País (José Juan Toharia, José P. Ferrándiz y Josep Lobera), basados en las numerosas encuestas realizadas por Metroscopia antes y después de las elecciones, mostraban la evidencia de que aquellas disculpas de Zapatero y su gente eran solo leyendas. Veámoslo con algún detenimiento:

El PSOE recibió en 2008 en números redondos 11 300 000 votos. De esos votantes, se estima que fallecieron entre las dos citas electorales 430 000; por lo tanto, el 20 de noviembre seguían vivos 10 870 000, de los cuales el 60 % decidió seguir votando al PSOE: 6 520 000. A esos votos hay que sumar los nuevos votantes (jóvenes que cumplieron los 18 años entre las dos citas electorales). De ellos, las encuestas estiman que eligieron la opción socialista en 2011 unos 240 000. A los que hay que sumar también los votos recibidos en 2011 que en 2008 votaron a otras opciones políticas. Los expertos citados estiman ese trasvase en 213 000 votos (60 000 provenientes del PP, 74 000 de IU, etc.).

Total: 6 973 000 votos, que fueron los obtenidos por el PSOE en las urnas el 20-N de 2011.

¿Adónde fueron a parar los 4 350 000 electores que votaron al PSOE en 2008 y que no lo votaron en 2011? Según estos análisis, la mayor parte (1 200 000 votantes) eligieron el PP, 700 000 a IU, 450 000 a UPyD. A la abstención, blancos, nulos y otras opciones menores se fueron 950 000 votos de 2008.

Estos últimos datos echaban por tierra la fábula de que «los votos del PSOE se dispersan entre la abstención y otras opciones de izquierda pero nunca van a la derecha».

Tampoco el argumento que pretendía echarle la culpa de la derrota en exclusiva a la crisis y a las medidas impopulares que tomó el Gobierno a partir de mayo de 2010 se tenía en pie. Según las estimaciones que aquí se están comentando, solo el 13 % de quienes fueron votantes socialistas en 2008 decidió no votarles tras aquellas decisiones, lo cual no llega a un tercio de las «deserciones» contabilizadas en las urnas.

Los defensores de la cómoda teoría según la cual ningún votante del PSOE se pasó al PP eran los mismos que venían sosteniendo que el PP era el franquismo… y no solo lo sostenían, sino que diseñaron toda una estrategia para «aislar a la derechona» (pacto del Tinell, gobiernos de progreso con independentistas, ley de la memoria histórica y un largo etcétera). Una estrategia sectaria que no ha traído sino desgracias al país y al PSOE.

Una parte notable de los electorados —tanto del PP como del PSOE— se autodefine hoy de centro (centro derecha o centro izquierda). «La línea divisoria —señalan los analistas ya citados— entre los electorados popular y socialista parece haberse ido haciendo más tenue y porosa, lo que invita a pensar que en adelante los trasvases de votantes de uno a otro lado serán más habituales». ¡Ojalá!, añado yo. ¿Por qué lo digo? Porque la rigidez y la fidelidad en el voto han hecho olvidar a los aparatos partidarios que los votos siempre son prestados, de suerte que, a menudo, ha bastado con demonizar al adversario asustando a los propios («¡Que vienen los fachas! ¡Que llegan los rojos!») para salir del paso y no tener que argumentar. Unas apoyaturas dialécticas tan burdas y demagógicas que no han servido para otra cosa que para degradar el discurso político.

Sin embargo, las encuestas mostraban ya con nitidez que el abandono del sectarismo —el sectarismo que siempre acompaña a los votos cautivos— se estaba produciendo ya. En efecto, «el 51 % de quienes en 2008 votaron por Zapatero indicaban días antes del 20-N de 2011 que la perspectiva de una victoria popular les producía una sensación de indiferencia, incluso de esperanza».

A esto se le llama desafección hacia el personaje y descrédito de sus políticas, pero también era la muestra de que ya no se estaba en la secta ni sometido a la consigna.

A esos destrozos electorales siguió un congreso montado a toda prisa que no se caracterizó precisamente por la reflexión y el debate, sino por el nominalismo y la bandería. Se convocó en Sevilla, para que el «éxito» del congreso le sirviera a José Antonio Griñán para ganar las elecciones andaluzas, que él había convocado —por primera vez— separadas de las generales.

Concluiré con unas palabras de una observadora imparcial, María López Santana, que, a mi juicio, resumen lo que había pasado en el PSOE:

La gestión de la crisis de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido un lastre a nivel electoral. Sin embargo, la dirección y gestión del propio partido socialista ha generado un problema de fondo. Imponer una renovación absoluta fue un error que todavía el PSOE está pagando. Se sustituyeron liderazgos fuertes, personas que ayudaron a construir y a desarrollar nuestra democracia, con solvencia intelectual y un elevado sentido de la responsabilidad, por personas de pensamiento leve, con escaso conocimiento de la complejidad que supone gestionar un partido de esta dimensión y de garantizar la cohesión interna siempre necesaria es un espacio con tantas diferencias territoriales. Esto dio lugar a que emergieran (o fueran designados) dirigentes de una nueva generación, pero que tenían escasa experiencia en política y en la gestión de lo público.

El PSOE en estos momentos tiene la dificultad de ser un partido clásico, que está quebrado y que da la imagen de estar trabajando simplemente para sobrevivir y no para reestructurarse y resurgir. Tiene que reencarnar la izquierda realista y posible. Una renovación tiene que venir de la mano de nuevas ideas, de nuevas caras y de nuevos procedimientos internos en el partido.

CUARTA PARTE

9

OPOSICIÓN Y GOBIERNO

En vísperas de las elecciones de noviembre (2011), un nutrido grupo de sevillanos (miembros de un club de debate) solicitó mi opinión acerca de la situación socioeconómica y política, rogándome que me olvidara de mi condición de socialista. Así lo hice, reforzando con aquel ejercicio la militancia en el antisectarismo que practico desde 2008.

Decidí preparar mi intervención en forma de carta. Una hipotética carta al futuro presidente del Gobierno, que pudiera servir tanto para Mariano Rajoy como para Alfredo Pérez Rubalcaba. He pensado que reproducirla aquí en sus pasajes más significativos puede ser útil a guisa de introducción para esta última parte del libro, por ser mi particular visión de la situación que atravesaba España a finales de 2011:

Estimado señor presidente:

En las últimas elecciones, su partido y usted mismo han resultado ganadores, reciba por ello mi más sincera enhorabuena y, aprovechando el viaje y abusando de su tiempo, permita que llame su atención acerca de los posibles abordajes de alguno de los graves problemas con los cuales tendrá que enfrentarse usted desde el primer día de su presidencia, pero antes quisiera comentarle algunos principios que usted ha reclamado para sí durante la campaña electoral, en primer lugar, la voluntad de gobernar para todos. Es decir, gobernar teniendo siempre in mente el interés general del país.

Pues bien, esa labor exige, como usted bien sabe, abandonar todo sectarismo, y no solo aquel en el que hayan podido caer en el pasado usted o los suyos, también el que seguramente sigue reinando en el seno de su partido, y esa tarea no le será fácil. En otras palabras, señor presidente, a usted le sostiene una mayoría en las Cortes, pero a la hora del buen gobierno es mejor utilizar las buenas razones y el liderazgo político que la contabilidad parlamentaria.

Durante mucho tiempo los españoles hemos visto con horror que el sectarismo y el nepotismo partidarios han reinado en la política española, unidos a una auténtica invasión que los partidos y sus «militantes» han realizado sobre espacios en los cuales el sentido democrático y —lo que es más grave— la Constitución y las leyes les vedan la entrada.

Quizá el ejemplo más sangrante de esa invasión sea la politización de la Judicatura. Tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial se han politizado hasta la náusea, poniendo así en riesgo la Justicia en España. A estas alturas, ha quedado meridianamente claro que el cuoteo entre partidos para repartirse los altos cargos judiciales no ha servido para otra cosa que para trasladar, torticera y peligrosamente, el debate político a instituciones como las dos citadas, pervirtiendo la esencia misma de cualquier administración judicial.

Como consecuencia de esta politización, el principio de «mérito y capacidad» a la hora de la promoción profesional de jueces y fiscales se ha visto seriamente dañado. A esta de los partidos se ha venido sumando la politización que han traído consigo las asociaciones de jueces y fiscales. A este propósito, señor presidente, convendría recordarles a esos jueces y a esos fiscales el artículo 127.1 de la Constitución, que prohíbe a los miembros de la Judicatura pertenecer a partidos o a sindicatos, y esta prohibición no puede interpretarse solo como un requisito meramente formal (tener o no tener carné de un partido o de un sindicato). Y es evidente que para distinguir las actuales asociaciones judiciales de los partidos o de los sindicatos se tendría que utilizar un microscopio electrónico.

Aunque esta invasión (la de la Judicatura) sea la más notoria y deplorable, no es la única. Los partidos han invadido sin rubor consejos de administración (de cajas, de empresas públicas y privadas), olvidando sistemáticamente que para ocupar esos cargos las leyes exigen tener un «reconocido prestigio en la materia».

Los partidos también se han quedado con buena parte de las ONG y, conviene recordarlo, con sus consiguientes subvenciones públicas, para no hablar de los medios de comunicación públicos… y también privados.

No es preciso ser un fino analista político para darse cuenta de que la calidad curricular del personal político que hoy nos representa en las instituciones es, como algunas fincas rústicas, «manifiestamente mejorable». En otras palabras, los partidos políticos se han llenado —desde arriba hasta abajo— de personas cuya vida profesional se reduce a su «trabajo» dentro de la organización partidaria. Si se contabilizara el número medio de años que buena parte de nuestros representantes ha cotizado a la Seguridad Social fuera de sus cargos en los partidos o en las instituciones, nos encontraríamos con cifras muy exiguas… y, naturalmente, estos datos denuncian, en primer lugar, un grave defecto: la endogamia que aqueja a los partidos y que además obtiene dos resultados deplorables: 1) la baja calidad profesional y humana de los políticos españoles y 2) el desafecto creciente hacia ellos por parte de la sociedad.

Somos muchos, señor presidente, quienes pensamos que este deterioro conduce a la catástrofe y que es preciso atajarlo cuanto antes. ¿Cómo?

Exigiendo —dentro de los partidos— a cuantos se presenten a las elecciones un mínimo de actividad laboral fuera de la burocracia partidaria.

Abriendo —mediante ley— el funcionamiento interno de los partidos a la sociedad, de suerte que estos respondan a las exigencias del artículo VI de nuestra Constitución, que dice de los partidos: «Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos».

Es preciso abrir, señor presidente, el censo electoral de cada partido a todos los españoles que deseen participar en los comicios internos de cada uno de ellos y esas elecciones primarias deberían ser obligatorias.

Y ya que he traído a este papel el principio constitucional de «mérito y capacidad» y dado, además, que una de las primeras decisiones que habrá usted de tomar es el nombramiento de ministros y la subsiguiente cascada de cargos para cubrir, permítame recordarle lo que usted ha prometido: «Formar un Gobierno de los mejores». Esa elogiable voluntad la habrá de conciliar usted con el principio de confianza y espero que este principio no acabe con el primero.

No voy a entrar, claro está, en señalarle con el dedo este o aquel personaje como posible ministrable; simplemente, me conformaría con que no repitiera usted las prácticas que acompañaron a su predecesor, para quien «cualquiera puede valer para cualquier cargo», pensamiento coherente con este otro que él recitó delante de un nutrido grupo de periodistas amigos: «La primera obligación de un ministro —dijo— es hacerle la vida fácil al presidente, que, al fin y al cabo, es el único que responde políticamente de la acción de Gobierno».

No voy a comentar estas ideas chuscas que acabo de reproducir acerca del papel de quienes —se lo crean ellos o no se lo crean— están obligados a dirigir la Administración del Estado. Le supongo a usted conocimientos y experiencia suficientes como para no caer en la tentación de elegir a sus colaboradores en función de, por ejemplo, la guapura mediática, la obsecuencia partidaria o el paisanaje regional. El Estado es demasiado relevante como para dejarlo en manos de paniaguados cuya mayor ambición es la de verse bien remunerados y bien fotografiados. Entre un ingeniero y un halagador iletrado, por muy gracioso que este último sea, yo, si estuviera en su lugar, me inclinaría siempre por el primero, porque no creo que exista una muralla china entre «lo técnico y lo político» a la hora de planificar y dirigir las vías públicas, los ferrocarriles, la política energética o la agraria.

Sé bien, señor presidente, que el más urgente y grave problema con el que se tendrá que enfrentar no es otro que la muy negra crisis actual, cuya expresión más dolorosa se cifra en esos millones de parados… Crisis que no se va a resolver ni expresando buenas voluntades ni condenando a los infiernos a los presuntos culpables.

En efecto, las expectativas de crecimiento y empleo en la Unión Europea se ven hoy acorraladas por noticias alarmantes: crisis de la deuda periférica, alto riesgo en los balances bancarios, «rescates» de los países más afectados… Todo ello ha puesto en evidencia, entre otras graves carencias, los errores de diseño del euro y la ausencia de un liderazgo político europeo, hoy imprescindible si se quiere reconducir la situación de forma duradera. Para cerrar el círculo vicioso, los dirigentes europeos se han sumergido en la tesis de los recortes radicales en los gastos públicos, algo que retrasará la recuperación económica y dañará la recaudación tributaria, socavando así las metas proclamadas de consolidación fiscal. Dicho en otras palabras: el recorte radical del gasto público puede producir un efecto parecido al de quitarle el oxígeno a un enfermo terminal.

En ese océano de incertidumbres ¿cómo se está comportando la economía española? Pues bastante mal. Lo sabe usted mejor que yo. Este año de 2011 el PIB decrecerá un 0,8 %, tasa que, según las estimaciones más sensatas, vendrá acompañada por la caída de la demanda industrial y del sector servicios (excepto el turismo, que crecerá gracias a los esperados 56 millones de visitantes), un descenso de la afiliación a la Seguridad Social y graves dificultades de refinanciación de la deuda externa de las Administraciones Públicas, bancos y empresas, siendo probablemente este último el peor de los problemas de nuestra economía, dada su capacidad de influir negativamente en todos los demás. Un panorama que, junto a la lista de reformas estructurales pendientes, hace difícil la inversión empresarial e imposible la creación neta de empleo, y para 2012 el escenario no es más optimista.

Comentaré una voluntad expresada por usted (y también por su principal competidor en las elecciones), que es la de mantener las bases del llamado Estado del bienestar. Pero ni usted ni su oponente han concretado mucho en torno a los ingresos del Estado que se necesitan para mantener ese modelo.

Por otro lado, el nuevo Gobierno no podrá eludir una profunda reforma fiscal, sobre todo si se tiene en cuenta que la recaudación actual vive de dos fuentes básicas: el IRPF y las cotizaciones sociales, que, por estar vinculadas al empleo, han visto caer en picado sus recaudaciones. No habrá, pues, otro remedio que enfrentarse a la actual fiscalidad para cambiarla, pues está deteriorada y es injusta. Veamos algunas muestras de esto último:

Más del 80 % de la recaudación del IRPF proviene de las rentas del trabajo. La presión fiscal sobre las rentas más altas —que se han beneficiado, por cierto, de las últimas reformas— ha caído 10 puntos desde 1995 y solo 6829 españoles declaran ingresos superiores a 600 000 euros. Los tipos marginales en el IRPF pueden hacer pensar en una fiscalidad progresiva, pero si —como ocurre en España— van acompañados de bases muy bajas, conducen a una escasa capacidad recaudatoria y convierten la citada progresividad en humo.

Aunque el tipo nominal se ha mantenido en el 30 %, el tipo efectivo del impuesto de sociedades fue el 18 % en 2010, frente al 25 % del año 2004. Estamos ante un impuesto «moribundo». Lo demuestran las recaudaciones: 44 832 millones de euros en 2007, 27 301 en 2008, 20 188 en 2009 y 16 198 en 2010. Por otra parte, las inversiones que en 2010 fueron a parar a las SICAV (que cotizan a un tipo impositivo casi nulo) ascendieron a 27 000 millones de euros.

¿Qué se puede hacer?

En general, es necesario acercar los tipos impositivos reales a los legales y permitir desgravar solo con carácter excepcional y a causa de muy pensadas razones de política económica.

En el IRPF, y puesto que los ricos de los países más desarrollados dicen estar deseando pagar más (y «seguro» que los nuestros también), se puede establecer un tipo del 50 % para los rendimientos que superen la cantidad de 300 000 euros anuales.

¿No se les puede fijar a los directivos una retribución máxima compatible con la decencia (500 000 euros anuales, que ya está bien) y lo que pase de ahí considerarlo una liberalidad del pagador, por lo que no deduciría como gasto en el impuesto de sociedades?

Por otro lado, las ganancias patrimoniales obtenidas en menos de un año deberían tributar en el IRPF con un tipo mínimo del 24 % y uno máximo del 50 %. Así mismo, en las sociedades y fondos que disfrutan de tipos impositivos inferiores al normal debiera aplicarse un 30 %.

En la imposición indirecta, fundamentalmente el IVA, hay claves para hacerla progresiva. Por ejemplo: ¿tiene sentido que una vivienda que vale dos millones de euros tribute al mismo tipo (el 4 %) que una que vale doscientos mil?

¿Por qué no establecer umbrales para el valor de los bienes de lujo (yates, coches…) y a partir de ahí tocar los bolsillos de sus poseedores? Y si aparecen como propietarias las empresas, pues que paguen ellas ese impuesto «de lujo». En países como Noruega y Dinamarca se grava la compra de ciertos coches con el 100 % y la venta de automóviles caros no se ha reducido. Por otro lado, no vendría mal establecer nuevas exacciones progresivas que graven, por ejemplo, la circulación de vehículos, como en Suiza, de manera que paguen más los turismos de mayor cilindrada.

¿Por qué no sustituir el impuesto de patrimonio (que no hay por dónde cogerlo) por uno sobre grandes fortunas?

Las bebidas alcohólicas consumidas fuera de casa soportan en España un impuesto especial, pero en el IVA solo lo hacen al 8 %. En Alemania el tipo para estas bebidas es el 19 % y en Francia al 19,5 %.

En otro orden de cosas, urge modificar el coste de la Seguridad Social para las pequeñas y medianas empresas, pues su importe es, como mínimo, del 30 % sobre el salario bruto, penalizando el empleo y reduciendo la competitividad de las empresas frente a países con porcentajes más bajos en la Seguridad Social pero con la fiscalidad más alta. Por eso sería bueno elevar la base máxima de cotización hasta 50 000 o 60 000 euros anuales por lo menos. ¿Sería injusto que la Seguridad Social aplicase un 10 % cuando la retribución por cualquier concepto (en metálico, en especie, en planes de pensiones e incluso a través de empresas interpuestas) supere el millón de euros anuales?

En el caso de la vivienda, en España se ha pasado de ayudas y desgravaciones para «hinchar al perro» y «expandir la burbuja» a la purga de Benito en contra de la construcción. El Estado podría avalar —por ejemplo a través del ICO— un porcentaje del valor de la vivienda para que los bancos concedieran hipotecas. Conviene recordar que si se avalara un 20 % (exigencia mínima de los bancos para conceder el crédito) y su importe total se elevara en un ejercicio a mil millones de euros, el Estado recuperaría vía impuestos cerca de trescientos millones.

Claro está que la situación actual exige reducción de gastos junto a un análisis y una depuración de la eficiencia administrativa de los servicios, de las duplicidades, etcétera, etcétera, pero también sería bueno poner a cero el marcador de las subvenciones. Un nuevo diseño —exigente y selectivo— de estas no solo ahorraría mucho dinero; también sanearía la acción política.

La mayoría de la gente piensa que tarde o temprano saldremos de la crisis. Que Dios les oiga, pero más allá de esta negra coyuntura que ahora atravesamos, el mayor problema —por estar enquistado— con el que se va a encontrar su Gobierno es el planteado por los nacionalismos periféricos. Problema que las ocurrencias de su predecesor en el cargo en torno a la política territorial —y muy especialmente a causa del nuevo Estatuto de Cataluña— no han hecho sino exacerbar.

Desgraciadamente, no estamos como hace veinte años. Mucha agua ha pasado bajo los puentes y hoy —aunque la trama social y demográfica sigue siendo casi la misma en Cataluña— el mensaje identitario se ha extendido, como lo prueba el que los socialistas catalanes lo hayan hecho suyo. En su discurso de investidura, el actual presidente de la Generalitat dijo: «La sentencia del Estatut confirma que el pacto constitucional entre España y Cataluña no da más de sí y hay que ir a un pacto fiscal, como primer paso hacia la aplicación del derecho a decidir».

No es necesario ser un lince para ver que la apuesta nacionalista cada vez sube más, aunque la retórica sigue siendo la misma y se enuncia así: puesto que no nos dan lo que pedimos, no nos queda más remedio que pedir mucho más.

Según esta versión del dilema nacionalista, la elección es entre el reconocimiento de sus pretendidos «derechos» o la crisis institucional. La idea de fondo es sencilla: el nacionalismo es la traducción política de una realidad social ignorada y reprimida que exige una respuesta política e institucional. La novedad radica ahora en que el dilema nacionalista ha ganado en claridad. Nos hemos olvidado del Estatut y el reconocimiento de la identidad y ahora uno de los cuernos del dilema toma la forma de cifras contables. En efecto, en su versión actual la alternativa se dibuja entre la independencia y el pacto fiscal.

Respecto al terrorismo y sus corifeos, creo, señor presidente, que lo mejor es no mover pieza y volver al espíritu de aquel Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que firmaron el PP y el PSOE el 8 de diciembre de 1998. Pacto que dio muy buenos resultados.

No hay ninguna razón para que los demócratas cambien de caballo; quienes se tienen que bajar del burro son ellos, los etarras y sus jaleadores.

En su artículo 1 aquel pacto de 1998 decía así: «Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que del mismo se derivan, el PP y el PSOE queremos hacer explícita, ante el pueblo español, nuestra firme resolución de derrotar la estrategia terrorista utilizando para ello todos los medios que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición».

Más claro que el agua cristalina. Y antes de hablar de cualquier otra cosa, es preciso que los etarras y sus cómplices políticos condenen los asesinatos y disuelvan la banda. No para la reconciliación —que piden tan neciamente algunas almas pías—, sino para que sea posible la convivencia.

Concluyo, pero antes quiero recordarle las sabias recomendaciones de don Quijote a Sancho cuando este iba a hacerse cargo de la isla Barataria. Me refiero al consejo según el cual es preciso hacer pocas normas, pero que se cumplan. Menos leyes y más exigencia a la hora de su cumplimiento. Sabio consejo que —dada la velocidad con que se producen y la abundancia de normas vigentes en España— hoy es de urgente atención, pues la inabarcable producción legislativa de 17 parlamentos regionales junto a la abundancia de normas estatales ha convertido al viejo Aranzadi en su edición de cada año en una nueva biblioteca de Alejandría, en un bosque intrincado y confuso dentro del cual —no solo «al más astuto nacen canas»— el ciudadano se ve enterrado en papel. El viejo empapelamiento es visto desde la selva actual como un agradable y ágil papeleo.

Por hoy no le molesto más, señor presidente. Reciba usted, con mi más alta consideración, mis respetos y mis mejores deseos.

El final del paganismo y el comienzo de lo mismo

Tras la derrota de noviembre (2011), la decencia política y un mínimo instinto colectivo de supervivencia hubieran aconsejado: 1) Que Zapatero dimitiera la noche de la derrota para dar paso a una gestora elegida por el comité federal. 2) Que esta gestora, primero, convocara sin prisas un congreso extraordinario con un solo punto en el orden del día: «Debate y aprobación de la ponencia política» y, más adelante, esa misma gestora convocara un congreso donde se elegiría la comisión ejecutiva y el secretario general.

Pero los zapateristas prefirieron poner el carro delante de los bueyes y así seguir con la buena costumbre de no aceptar debate alguno. Lo describió en un artículo notable Félix de Azúa:

[Durante la etapa de Zapatero] argumentar no estaba bien visto. En cuanto te apartabas un poco de la ortodoxia comenzabas a ser mirado de soslayo como un posible submarino del PP. Y si la diferencia era de gran tamaño, como era inevitable en Cataluña, no había conversación posible y uno era tachado de facha sin más transición[33].

Los partidarios de entender la derrota como «el final del paganismo y el comienzo de lo mismo» estaban convencidos de que saldríamos rápidamente del agujero a base de personalismos e imagen mediática. ¡Y qué personalismos! También a eso se refirió Félix de Azúa:

Un partido socialista capaz de considerar como valor indudable para la sucesión de Zapatero a una profesional del humo como Carme Chacón, de la que nadie conoce una sola idea, es un partido que da señales de parálisis.

En lugar de pararse a pensar en cómo reparar las cuadernas, coser las velas y ponerse al pairo, el PSOE prefirió correr (como pollo sin cabeza) hacia un congreso («Hay que celebrarlo antes de las elecciones andaluzas», dijeron), no fuera a ser que a alguien le diera tiempo para presentar un proyecto y un liderazgo alternativos que hicieran olvidar el zapaterismo… y así se llegó al congreso, cuyo único debate relevante consistió en argumentar apasionadamente a favor o en contra de Rubalcaba o de Chacón, dos exministros de Zapatero.

Carmen Chacón ya había mostrado estar dispuesta a encabezar el cartel electoral en noviembre de 2011, así que cuando se abrió el periodo de candidaturas para la Secretaría General fue la primera en anunciar su intención de presentarse. También quien había encabezado el cartel electoral, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió competir por el liderazgo del partido.

Rubalcaba y José Blanco ya habían enseñado la patita de sus ambiciones «en vida» de Zapatero. Aquel tándem respondía al principio de la división del trabajo: «Tú a Boston (el aparato del partido) y yo a California» (el liderazgo político) mas, a la hora de la verdad, el personaje que iba hacia Boston entró —en mala hora— a repostar en una gasolinera… y allí siguió durante años, con el motor gripado.

El tropiezo judicial de José Blanco y su consiguiente «muerte» política dejó a Pérez Rubalcaba viajando hacia California, pero con el muñidor gallego no en Boston, sino en una gasolinera. El tándem se había quedado sin uno de los ciclistas y el otro tuvo que pedalear en solitario en un terreno que no era el más propicio para él (Pérez Rubalcaba nunca ha sido un hombre de aparato, de esos que se mueven como pez en el agua en el mundillo de aquellos a quienes los politólogos llaman cazacargos).

De esta guisa —contando, sin duda, con el apoyo bajo cuerda de ZP y utilizando el aparato mediático que manejaba su esposo, Miguel Barroso—, Carmen Chacón obtuvo apoyos inesperados, unos por oportunismo (Griñán), otros (Tomás Gómez) por el mal trato recibido por parte del Blanco y Rubalcaba y el resto convencidos de la bondad de la apuesta («una mujer joven, inteligente, catalana y con experiencia de Gobierno»).

Después de la deriva letal que había tomado el PSOE en manos de Zapatero, la verdad es que lo de Chacón era demasié. Lo verbalizó el veterano Juan Carlos Rodríguez Ibarra cuando dijo: «Carmen Chacón es igual que Zapatero, pero con faldas».

Hay preguntas que el PSOE se tenía y se tiene que plantear y responder y que la señora Chacón nunca podrá ni plantear ni responder. Por ejemplo: ¿cuál es su posición respecto al espíritu y la letra de la Constitución (que incluye, claro está, los artículos 2 y 3)? ¿Qué se piensa hacer respecto al PSC: integrarlo en un proyecto común o dejarlo que siga campando por sus respetos? ¿A qué ciudadanos quiere representar el PSOE? ¿A la sociedad subvencionada o a la currante?

Carmen Chacón merece por mi parte una pincelada personal.

Durante algunos años fui, desde la Comisión Ejecutiva Federal, el responsable de las políticas culturales del PSOE. Pues bien, en torno a aquella secretaría existían (desde los tiempos en que de ella se encargaba Salvador Clotas) unos nutridos grupos compuestos por militantes y simpatizantes: creadores (incluidos los científicos); estudiosos del arte (catedráticos, críticos…); artistas plásticos; músicos; productores y directores de teatro, danza y cine; actores y actrices, etcétera. Varios cientos de personas que se movían en grupos especializados ideando políticas, escribiendo ponencias y libros. Una actividad útil para ellos y para el PSOE.

Pues bien, en aquella secretaría me sustituyó Carmen Chacón y cuando algunos responsables de aquellos grupos se dirigieron a ella para solicitarle que los convocara, ella les dijo: «Esos grupos representan el pasado y ya no son necesarios». El zapaterismo había llegado.

Con Chacón como candidata a la secretaría general anunciaban su vuelta los claros clarines, los mismos que en el año 2000 auparon a ZP a la secretaría general y que seguían sonando así: ilusionante, optimista, joven, valiente, femenina, tiempos nuevos… las palabras mágicas con las que se quería repetir la jugada del año 2000, pero ya lo habían dicho los críticos de cine: nunca segundas partes fueron buenas.

Desgraciadamente, los males que hoy aquejan al PSOE no se curan con un par de fotos, tres eslóganes o seis paños calientes, sino que necesitarán de una larga y tenaz terapia, empezando con el «examen de conciencia» (análisis de lo ocurrido), siguiendo con el «dolor de corazón» (autocrítica) y, por fin, con el «propósito de la enmienda» (abandonar las ocurrencias y volver al redil de la seriedad y el rigor que le es exigible a un partido de Gobierno).

Cuando Chacón perdió —por la mínima— ante Rubalcaba, muchos pensamos que el mal menor podía resultar saludable, pero aquella victoria podía también convertirse en pírrica. Esa sospecha se acrecentó al contemplar el plantel de «segundos» que Rubalcaba cooptaba para su ejecutiva. Buena parte de ellos —aparte de las consabidas cuotas (femenina y regional) que tanto aportan al debate y a las propuestas políticas de carácter general— provenían de la «escuela de cuadros» que José Blanco había montado pro domo sua. Contando, además, con un grupo parlamentario de idénticas raíces y procedencias, pronto dio la sensación de que aquel congreso había significado «el final del Zapatero y la continuación del zapaterismo».

Que un secretario general —Zapatero— que había arruinado el partido y lo había llevado a la mayor de sus derrotas electorales viera aprobada su gestión al frente del partido con el voto favorable de más del 80 % de los delegados en el congreso de Sevilla da buena cuenta del estado político y mental en que había quedado el PSOE tras la aventura zapateril.

José Blanco había incluido en los estatutos un sistema perverso que consistía en elegir primero al secretario general para que luego se «discutieran» y aprobaran las ponencias políticas. El carro delante de los bueyes, como tanto le gustaba a ZP. Pues bien, fue en la discusión de los estatutos donde se introdujo la idea de que el próximo candidato para las elecciones generales fuera elegido mediante «primarias» (voto directo de los afiliados y de un puñado de «simpatizantes»). Esta percha serviría para abrir durante muchos meses «trascendentes debates» en torno a la fecha de las primarias.

Como era de temer, el congreso celebrado en Sevilla no tuvo ningún efecto salvador sobre el PSOE andaluz, que por primera vez perdió las elecciones autonómicas. El PP, cuyas expectativas eran mucho mejores, las ganó con el 40,7 % de los votos y 50 escaños. Los socialistas sacaron el 39,5 % de los sufragios y 47 escaños (perdieron nueve diputados respecto a 2008). Dado que IU obtuvo 12 escaños y el 11,3 % de los votos, José Antonio Griñán fue investido de nuevo presidente al frente de un Gobierno de coalición en el cual figuraba como vicepresidente Diego Valderas, el líder de IU en Andalucía.

A partir del congreso de Sevilla, el PSOE pretendió presentarse ante la ciudadanía como un partido sin memoria, como si no hubiera estado nunca en el Gobierno. Queriendo, además, hacer creer que todos los males de la patria (recortes y destrozos) eran responsabilidad exclusiva de la «malvada derecha».

Como era de esperar, con la crisis creciente llegaron las movilizaciones y también los discursos iconoclastas y antipolíticos, pero resultó sorprendente que el PSOE, ya en la oposición, preso de una amnesia fatal, apoyara todas las protestas con un oportunismo tan visible como suicida, pues una cosa era mostrar que hay otra forma distinta a la gubernamental de transitar la crisis y algo muy diferente era agarrarse a todas las pancartas reivindicativas que pasaban por delante de la puerta.

Es cierto que dentro del PSOE existe una querencia militante según la cual cuando se tienen malas cartas hay que girar hacia la izquierda. Esto puede ser muy estético o simplemente milagrero, pero siempre es un error, porque los votos (los perdidos o los que hay que ganar) no están ahí. Para recuperarlos o atraerlos es preciso ganarse primero la credibilidad del espectro más amplio posible del electorado, que para ocurrencias izquierdistas ya hay otros grupos.

Donde dije digo, digo Diego

Tras la victoria electoral y nada más tomar posesión, el Gobierno de Rajoy se olvidó de su programa. «Súmate al cambio» había sido su eslogan. Un programa que prometía: crecimiento económico y generación de empleo; la mejora de la educación, la garantía de la sociedad del bienestar y de la protección social; la reforma y la modernización del sector público, el fortalecimiento institucional y la regeneración política. También una mejor proyección exterior: volver a ser fiables y creíbles en el mundo.

Desde el 31 de diciembre de 2011, cuando Rajoy aprobó el mayor recorte de la historia y una gran subida de impuestos, todo ha ido —casi hasta ayer— en la misma dirección. Su objetivo durante año y medio ha consistido en evitar la intervención directa de la UE en la economía española. En concreto, el Gobierno, a partir de aquellos días iniciales, ha tomado —muy resumidamente— el siguiente itinerario:

30-12-2011. El Ejecutivo notificó un ajuste (recorte) de 8900 millones de euros y anunció que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había declarado un déficit público en 2011 inferior al real.

10-2-2012. Aprobación por decreto-ley de la reforma laboral.

29-3-2012. Primera huelga general de la legislatura contra la política de Mariano Rajoy.

9-3-2012. Nacionalización de Bankia (volveré sobre ello).

9-4-2012. El Gobierno comunicó que habría un recorte adicional de 10 000 millones en educación y sanidad.

10-6-2012. El Gobierno español pidió a Europa hasta 100 000 millones para rescatar a la banca.

11-7-2012. El Gobierno del PP acomete el mayor ajuste de la democracia, cifrado en 65 000 millones en dos años.

24-7-2012. La prima de riesgo alcanzó máximos históricos: 638 puntos básicos.

26-7-2012. El presidente del BCE, Mario Draghi, prometió que haría todo lo necesario para salvar el euro. La prima de riesgo española bajó 50 puntos en un solo día.

29-9-2012. El Consejo de Ministros adelantó el proyecto de presupuestos de 2013 con una ampliación de ajustes (recortes de gasto).

14-11-2012. Segunda huelga general contra las medidas del Gobierno.

30-11-2012. El Consejo de Ministros decide no pagar a los pensionistas por la desviación de la inflación en 2012.

25-4-2013. La encuesta de población activa del INE señala que el desempleo había alcanzado el 27,6 % sobre la población activa. Había 6,2 millones de personas sin trabajo en España y 1,9 millones de hogares sin un solo miembro ocupado. El 57,2 % de los parados eran menores de 25 años. El Gobierno anunció ese día que al final de la legislatura habría 1,3 millones de empleos menos que al comienzo y que la recuperación no llegaría hasta 2016.

A finales de mayo de 2013, el Gobierno comenzó ya a emitir el mensaje de que la recesión había concluido. También comenzó a exigir a los socios europeos que pusieran en marcha mecanismos de ayuda al crecimiento, algunos de ellos ya aprobados pero congelados.

Malos principios, malos estilos

Después de soportar durante tanto tiempo las ocurrencias y bandazos de ZP, uno esperaba que con la llegada al Gobierno de un hombre como Rajoy, que se autoproclamaba «previsible», se acabaran los sobresaltos. Muchos pensábamos también que la política española, acuciada por la crisis, levantaría algo el vuelo y la mirada, saliendo del círculo cerrado del cortoplacismo y del «tú más». Pero fue en vano: las cosas de la política, para desgracia de todos, siguieron tan llenas de ocurrencias y tan vacuas. Daba la sensación de que esa enfermedad, que creíamos reducida a la calle Ferraz, se había convertido en pandemia. Un ejemplo: la discusión en las Cortes de los primeros presupuestos generales presentados por el Gobierno de Rajoy.

Todo consistió allí en buscar al culpable del desaguisado y, naturalmente, el PP le echó el muerto a la «herencia recibida» y el PSOE echó mano de las intenciones perversas de «la derechona». Aparte, claro está, de otorgar el papel de villanos a los «sospechosos habituales», es decir, la señora Merkel y los siempre mudos mercados.

Todo menos admitir las propias responsabilidades: las del PSOE cebando la burbuja inmobiliaria, negando la crisis o inaugurando estaciones del AVE en todos los apeaderos de Renfe. Las del PP presentando un programa electoral mentiroso y pretendiendo después convertir la necesidad de recortes en virtud cívica.

En las Cortes nadie habló durante aquel significativo debate presupuestario de cómo desatascar el tapón financiero ni de la locura que llevó a los bancos y cajas españoles a suscribir créditos a favor de promotores inmobiliarios que, al estallar la crisis, rondaban los 400 000 millones de euros.

De la improvisación y la irresponsabilidad con las que comenzó su andadura el gobierno del PP —al menos en el área más delicada, que es la económica— dan sobradas cuentas las andanzas de Montoro y De Guindos durante la «semana negra» (14-20 de mayo de 2012). Veámoslo con brevedad.

La cosa empezó con un Consejo Fiscal y Financiero que reunía a las comunidades autónomas con el Gobierno y al cual Montoro y los suyos llegaron con la sana intención de suspender las cuentas de Andalucía y crear un nuevo cristo, sin que pareciera importarles nada los mercados internacionales y la prima de riesgo.

Luego, como todo nos iba tan bien en la prensa británica, le metimos el dedo en el ojo a la reina Isabel, indicando a la reina Sofía que no asistiera al jubileo del sexagésimo aniversario de aquella. Bastó con leer el Times del día siguiente para enterarse de lo que valen Gibraltar… y un peine.

Como no existían dudas acerca del sistema financiero español, se intervino de un plumazo una entidad (Bankia) que estaba entre las más grandes del país, sin saber qué se iba a hacer con ella… y así durante días y días. Y —ya de paso— se pidieron unas valoraciones externas de los bancos españoles, dejando al Banco de España, literalmente, con el culo al aire. Claro que eso le sirvió a De Guindos para echarle el muerto a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el anterior gobernador del Banco de España, colocado allí por el PSOE, porque no hay que perder una ocasión tan óptima para hacerle oposición a la oposición, aunque con ello desprestigiemos hasta la médula una de las instituciones básicas de cara a la credibilidad financiera.

De Guindos llegó al Ministerio de Economía dispuesto, al parecer, a innovar en el campo financiero, y para empezar se buscó un par de chivos expiatorios: uno, el ya citado gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pero también y sorprendentemente su antiguo jefe, Rodrigo Rato, quienes, de consuno, habían creado y sacado a Bolsa Bankia a partir de las ruinas de Caja Madrid. También habían integrado en el nuevo banco otras cajas en apuros, especialmente una valenciana que, desde luego, no mejoraba en nada la salud del nuevo banco. En estas condiciones llegó De Guindos como elefante en cacharrería y, sin pensarlo dos veces, anunció que Bankia estaba quebrada, haciendo un daño fácilmente imaginable.

Zapatero había dicho aquello de que el sistema financiero español era el más fuerte del mundo y, aparte de algunas sonrisas, aquel anuncio no hizo daño a nadie, pero la «sentencia» de De Guindos cayó en los siempre miedosos mercados como el hacha del verdugo sobre el cuello del reo.

De Guindos se reunió primero con los presidentes del BBVA y del Santander y recibió de ellos consejos acerca de la salida que había de darse a Bankia. Al día siguiente tomó la decisión (siguiendo los consejos de los presidentes de la competencia, que, como es obvio, no querían lo mejor para Bankia sino lo mejor para ellos) y llamó a su antiguo jefe (Rodrigo Rato), le mostró el veneno y la pistola y le conminó a que eligiera el instrumento con el cual suicidarse. Rato convocó a la prensa y anunció que se iba. Luego «caló el chambergo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada».

Más tarde, cuando De Guindos fue llamado a declarar ante el juez que instruye el caso Bankia, negó esa reunión con los banqueros y también que él hubiera despedido a Rato (Bankia aún no estaba nacionalizada cuando lo despidió, ejecutando así un mangoneo más). Resultado final: quienes compraron acciones de Bankia perdieron todo su dinero y quienes cayeron en la trampa que montó Blesa con las preferentes andan buscando amparo en los juzgados.

Ya metidos en harina, y como los partidos políticos en España gozan de la más alta estima entre la ciudadanía, en aquellas fechas iniciales los del PP se cargaron la independencia de RTVE y volvieron a la politización de antaño. Cosa que, por supuesto, tampoco estaba en el programa electoral de ese hombre que se autoproclamaba «previsible». ¡Anda que si no llega a declararse previsible!

Lo dicho: los cristianos de Constantinopla discutían del sexo de los ángeles mientras los turcos tomaban la ciudad, y las liebres de la fábula se enredaron en dilucidar si eran galgos o podencos… Minucias frente a Montoro y De Guindos que, mientras el país se hundía, se dedicaron durante meses a meter cada día a alguien el dedo en el ojo. Entretanto, una encuesta de Metroscopia señalaba por entonces (primeros meses de 2012) que el 61 % de los españoles se sentía angustiado ante la situación económica (el 40 % se sentía angustiado ante su situación económica familiar). En coherencia con estas sensaciones, casi el 90 % de los encuestados pensaba que el PP y el PSOE deberían dejar de lado por un tiempo sus diferencias y llegar a un acuerdo para sacar al país adelante. ¿Son tantas las diferencias ideológicas y tan distintas las visiones que sobre la crisis tienen ambos partidos? Desde luego que no son esas las razones para no llegar a un mínimo acuerdo.

La imposibilidad de unos acuerdos razonables entre los dos grandes partidos, los impulsos que los hacen «ir cada uno a su bola» aun por encima del sentido común y del sentido de Estado nacen de las perversiones políticas en las que están metidos. Y cuando digo políticas estoy pensando en discursos sectarios de consumo interno y en construcciones ideológicas que solo buscan desprestigiar al adversario realizando una caricatura de él, atribuyéndole intenciones diabólicas.

Se dice que una crisis puede servir para cambiar el rumbo de la nave, arreglar las cuadernas y remendar las velas, pero aquí, durante el primer año y medio del Gobierno de Rajoy, nadie pareció estar dispuesto a hacerse la pregunta elemental: ¿cómo se seleccionan en España las élites dirigentes, sean políticas o no lo sean?

Zapatero —como ya vimos— aseguró en su día que «para ser gobernante sirve cualquiera»… y lo demostró designando para muy altos cargos del Estado a auténticos iletrados, poniendo así en práctica su más íntimo pensamiento: «Llegas a secretario general del partido y luego haces lo que te da la gana». El resultado, por desgracia para él y para todos, quedó muy a la vista.

Pero no solo en la política; también las empresas privadas —ya lo he escrito— recurren masivamente a la cooptación. De hecho, para dirigir una gran corporación —y disfrutar allí de unos ingresos desmesurados— no es necesario poseer muchas acciones de esa empresa; es más rentable pertenecer a una élite preseleccionada, gente que, por ejemplo, lo mismo sirve para dirigir una empresa tabacalera que una de telefonía… y de poco valen las normas de «buena gobernanza» que se vienen importando (solo de boquilla).

Pero vayamos algo más al fondo político de la situación, citando en primer lugar a Joaquín Estefanía[34], que ha hecho a este propósito la siguiente reflexión:

Si cualquier Gobierno, del signo que sea, tiene que aplicar medidas aunque no las comparta, a los partidos políticos que los sustentan les sucederá como en el cuento de Alicia: los ciudadanos los apreciarán como Tweedledum y Tweedledee, los gemelos que luchaban fieramente el uno contra el otro por nimiedades sin sentido; o como la Pepsi y la Coca-Cola; o como los detectives Dupont y Dupond, de Tintín[35].

O en palabras de José María Maravall:

La democracia representativa requiere que los ciudadanos puedan elegir entre alternativas genuinamente diferentes y que compitan partidos ofreciendo propuestas distintas sobre temas sustanciales. Si las diferencias entre partidos hubiesen desaparecido, si prometiesen distintas cosas, pero solo pudieran aplicar las mismas recetas, los ciudadanos podrían votar, pero no elegir[36].

Tzvetan Todorov —que no es precisamente un «indignado»— ha señalado que las grandes amenazas con las que se enfrenta hoy el sistema democrático no proceden del totalitarismo, sino de ideologías que dicen defender la democracia.

En el mundo occidental actual una de las principales amenazas que pesan sobre la democracia no proceden de la expansión desmesurada de la colectividad, sino que tiene que ver con el fortalecimiento sin precedentes de determinados individuos [e instituciones] que de golpe ponen en peligro el bienestar de toda la sociedad.

La realidad española es, en verdad, muy elocuente: la renta per cápita se situaba en el verano de 2013 en niveles de 2002. Según Eurostat, España era en 2013 el país más desigual de la UE, junto a Portugal, Bulgaria y Letonia. La caída en los niveles de bienestar ha sido más intensa que en la mayoría de los países europeos, la pobreza se ha hecho simultáneamente más extensa (afecta a más gente) y más intensa (es más profunda). Las expectativas sociales de mucha gente se han derrumbado, afectadas por la escasa esperanza de los cambios a corto y medio plazo; el bienestar de los hogares se ha hundido, lo que repercute en el consumo; y la devaluación interna obtenida a base de bajar los salarios y la caída del empleo son difícilmente asumibles.

Joseph Stiglitz, el nobel de economía, lo ha descrito así:

La gente observa que los mercados no funcionan (y el que menos, el mercado de trabajo); ve que el sistema político del que se ha dotado para convivir (la democracia) no corrige los fallos del mercado; como consecuencia, aumentan la desafección sobre la democracia y sobre la economía de mercado al mismo tiempo, lo que desgraciadamente recuerda otros tiempos más ingratos.

Cerraré este apartado con una reflexión personal que escribí un día de la Semana Santa de 2012, pues creo que recoge «el aire» que se respiraba entonces en España, con el PP instalado ya en el Gobierno:

Suena el despertador y uno enciende la radio. Allí está el locutor de cada mañana comentándonos los «recortes» anunciados ayer por el ministro de turno y las desgracias que los especuladores (inversores, dice él) produjeron en la bolsa o las pésimas previsiones que para nuestra prima de riesgo preparan «los mercados» hoy.

Los negros heraldos que nos vienen golpeando el hígado desde hace más de tres años no nos dejan en paz ni durante las vacaciones de la Pascua florida. En efecto, el Jueves Santo hemos almorzado bajo las negras nubes traídas por la borrasca y las no menos negras noticias según las cuales «la prima de riesgo española se ha disparado por encima de los 400 puntos». ¿Y qué significa eso? Pues que —según el mercado secundario de deuda— España tendría que ofrecer la suya con un tipo de interés cuatro puntos por encima de la alemana… Luego España subasta su deuda y la coloca en condiciones mucho mejores, pero eso, al parecer, importa poco.

Por encima de ese número mágico (el de «los cuatrocientos golpes» de la prima), España se expone a ser intervenida. ¿Por qué? ¿Acaso la UE, es decir, Alemania, no nos tiene ya intervenidos? En fin, una ristra de preguntas salen de nuestras bocas como las cerezas del Jerte salen de una cesta: atadas unas a otras.

Ese mismo día, Luis de Guindos aparece en la pantalla del televisor desde Fuengirola, donde el hombre se está tomando un pequeño respiro. «No hay que ponerse nerviosos —nos dice, tranquilizador—, vamos por el buen camino y los mercados acabarán por otorgar su confianza a España».

¿Qué ha pasado?, me pregunto, y pronto obtengo la respuesta de los abundantes oráculos encargados de dar voz corporal a esos dioses airados en que se han convertido «los mercados». Según estos intérpretes de las deidades del parquet, lo que ha pasado es que las reformas (laborales, financieras…) y los recortes ya realizados, así como los anunciados en el proyecto de presupuestos que el Gobierno acaba de presentar al Parlamento, no acaban de convencer a los susodichos «mercados». Además —y esta es la más gorda—, la tasa de paro y la recesión prevista en el cuadro macroeconómico no auguran (siempre según estos oráculos) nada bueno. Vamos, que «te cases o te quedes soltero», para «los mercados» siempre cometerás un error.

Por lo oído a los citados oráculos, «los mercados» exigen ahora que se bajen rápida y drásticamente los gastos en sanidad y en educación. «Acabáramos —piensa uno—, estos pájaros lo quieren todo: forrarse y organizarnos la vida». Y uno se vuelve a preguntar: ¿quién les ha dado a estos vela en nuestro propio entierro?

Las Administraciones Públicas españolas están obligadas a reducir el déficit público, pero habrá de reconocerse que ese objetivo entraña un montón de dificultades y contradicciones. Entre las primeras está un hecho difícilmente contestable: cada punto de reducción del déficit público produce —ceteris paribus— una caída del PIB en 0,6 puntos. Es decir, que si se quiere reducir el déficit en 3,2 puntos para dejarlo en un 5,3 % sobre el PIB, tendremos como efecto indeseado una caída entre 2 y 2,5 puntos del PIB. Y yo me pregunto: ¿qué pensará de ese hundimiento de la demanda El Corte Inglés?

Por otra parte, otra gran contradicción salta a la vista: el problema de la economía española no está en el endeudamiento público (menor que el alemán), sino en el excesivo endeudamiento privado. Según Eurostat, a finales de 2010 la deuda de las familias y de las empresas era en España de casi el 230 % del PIB.

¿Qué hacer entonces? Pues, por ejemplo, no estaría nada mal devaluar.

Ya oigo cómo me gritan: «¡Dentro del euro no se puede devaluar!», y yo me sigo preguntando: ¿es que hemos vuelto al patrón oro? Y la respuesta es que sí.

En efecto, el mal diseño del euro y del Banco Central Europeo (BCE), que no previeron situaciones duras como la que transitamos, han llevado a Europa a repetir los errores que, bajo el patrón oro, cometieron las autoridades norteamericanas tras el crash de 1929 y, mientras, los líderes europeos, avalados por la ortodoxia económica, no dejan de cacarear, como entonces el presidente Hoover, que «la prosperidad está a la vuelta de la esquina». Pero lo único que estaba entonces y está ahora a la vuelta de la esquina son las colas de los parados para entrar en los comedores de beneficencia.

Durante el verano de 2012 los mercados estuvieron zarandeando a España. Sus costes de endeudamiento seguían subiendo inexorablemente. Los inversores no veían claro cómo el país iba a hacer frente a su crisis de deuda con la economía en plena recesión y los ingresos reducidos. La pregunta de qué sucedería si España necesitaba un plan de rescate general seguía sin respuesta. No estaba claro que los fondos de rescate de la eurozona pudieran salvar a España. El país podía necesitar 300 000 millones de euros o 700 000 millones o tal vez más. Un periódico alemán acusó a Draghi de entregar «un cheque en blanco» a los países deudores. Como de costumbre, el presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, salió a «echar una mano», considerando que lo de Draghi era consecuencia de «un debilitamiento de la voluntad».

Y entonces ocurrió algo inesperado, una frase enterrada en medio de un discurso. El 26 de julio de 2012 Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, estaba en Londres pronunciando una conferencia en Lancaster House sobre las inversiones, y hacia el final de su discurso dijo: «Hay otro mensaje que quiero lanzar. Durante nuestro mandato, el BCE estará dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro». En ese momento hizo una pausa para lograr un mayor efecto dramático y continuó: «Y créanme, será suficiente».

Casi de inmediato bajaron las primas de riesgo de España e Italia. Los mercados de valores se recuperaron y se detuvo la fuga de capitales.

La necesidad y la virtud

Entre los daños colaterales producidos por la crisis (el más directo y peligroso es la progresiva pauperización de las capas medias) pronto apareció esa querencia tan española consistente en «hacer de la necesidad virtud»… y la virtud —ya se sabe— consiste en destruir algo. Ya sean los partidos, «que están llenos de ladrones e incompetentes», o los servicios públicos, que, según algunos ideólogos de la derecha, son un despilfarro (quien quiera sanidad, educación o transporte colectivo que los pague). Y, cuesta abajo en esa rodada, también convendría suprimir las instituciones territoriales (¿para qué queremos 17 autonomías?), el Tribunal Constitucional (que está lleno de magistrados politizados), las cajas de ahorros (cueva de políticos y sindicalistas que las han arruinado)… y hasta la monarquía (¿para qué queremos un rey que tiene hijas y yernos si podemos tener un presidente de la república soltero y sin compromiso?).

El griterío que forma en España el insoportable coro de taberna —juntos allí y revueltos los indignados y los conservadores fundamentalistas— fue convirtiendo este «corral nublado» en un territorio inhabitable. Y no es porque no haya razones para el cabreo, que sobran, sino porque de la mezcla de la ideología conservadora (contraria a cualquier presencia del Estado en la economía), la indignación y la desesperanza no puede salir sino un pastiche.

Mas lo peor de todo es que la derecha gobernante, en lugar de poner un poco de moderación en el cotarro, a menudo se sube a ese caballo loco y —ella también— se lanza a hacer de la necesidad virtud. Pondré un ejemplo muy significativo: una mujer (no daré aquí su nombre) que era —y es— un alto cargo de Sanidad, dijo en 2012 lo siguiente: «La crisis obliga al Gobierno a tratar con quimioterapia el cuerpo enfermo de nuestra economía». El comentario de este diagnóstico se lo dejo a Manuel Vicent:

La quimioterapia es un tratamiento de choque, que destruye bacterias, virus, hongos y células cancerosas, con efectos secundarios muy dolorosos. La metáfora de esta señora es de una crueldad extrema, puesto que equipara a los individuos más débiles de la sociedad, parados y pensionistas, con células malignas que habría que eliminar para que vuelva el bienestar al país.

Respecto al debate en torno a la sanidad, que ha producido no pocas movilizaciones, lo primero que hay que preguntarse es lo siguiente: ¿es cierto que los gobernantes del PP desean dos sanidades, una para ricos (privada) y otra para pobres (pública)? Ellos siempre han negado esta acusación y han dicho que lo único que quieren conseguir al privatizar la gestión de algunos hospitales es rebajar costes, incentivando, además, la gestión pública a través de la competencia entre las dos gestiones. Según ellos, quienes les achacan otros fines lo único que hacen es un juicio de intenciones.

El argumento de quienes creen que la privatización abaratará los costes de gestión radica en que la diferencia entre lo que cuesta un enfermo atendido en un hospital con gestión privada (modelo capitativo, lo llaman) y otro con gestión pública o mixta es de tal tamaño que da para que: a) la empresa privada obtenga beneficios y b) el erario público ahorre dinero. ¿Pero es esto verdad?

Como dicen los economistas, no existe evidencia empírica de tal cosa.

Estaríamos, pues, ante una decisión cargada más de ideología que de argumentos contrastables. ¿Solo ideología? Muchos afirman que también hay negocios personales de por medio. Pero estos denunciantes tampoco aportan pruebas contundentes de lo que afirman, aunque indicios haylos. Veamos lo que escribió a este respecto Gabriela Cañas en El País (junio de 2013):

La Oficina Antifraude de Cataluña ha abierto una investigación sobre Josep Maria Padrosa, director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), que ha dado suculento negocio a sus empresas con el dinero público que maneja. Pocos días después un juzgado de Madrid ha decidido investigar las privatizaciones de hospitales. La investigación se centra en la opacidad en los contratos y funcionamiento de los hospitales ya privatizados y que, al igual que Padrosa, los responsables sanitarios públicos hayan terminado gestionando empresas privadas de salud que siguen trabajando para el sistema público.

Así las cosas, no queda más remedio que acudir a la literatura científica de otros países. Y es ahí donde hay ya estudios que indican más bien lo contrario de lo que se predica acerca de las bondades de la «gestión privada».

La revista Journal of Epidemiology and Community Health publicó en 2012 un estudio sobre Italia que concluía diciendo que cuanto más se financia la provisión pública de la sanidad, más se consigue reducir la mortalidad evitable, mientras que un mayor gasto en la provisión privada no lo consigue. ¿No será que la sanidad privada busca lo más barato y trivial a la hora de «elegir enfermos»?

En el montaje del sistema sanitario actual fue decisiva la voluntad colectiva de personas y partidos políticos con el fin de dotarnos de un sistema de salud de cobertura total y alcance universal. La ley general de sanidad (1986) no hizo sino oficializar ese sistema.

Hay un principio elemental que rige la prudencia política: «Si algo funciona bien, no lo manosees demasiado». No parece que el PP (o algunos del PP) estén por la labor de quedarse quietos y limitarse a ahorrar costes sin meter al sistema sanitario en un tsunami no solo conflictivo, sino también muy peligroso.

A los partidarios de hacer de la necesidad virtud pronto se sumaron algunos impagables economistas que nada habían dicho cuando la burbuja se hinchaba y, sin embargo, tras estallar la crisis se han puesto a recetar fórmulas milagrosas para salir de ella. Pondré como ejemplo el de un profesor de economía, Juan Ramón Rallo (Benicarló, 1984), quien se hizo en 2012 la siguiente pregunta: «¿Cuál es nuestro problema?» y se contestó: «El ahorro público de 135 000 millones de euros anuales». Y añadió: «Eso lo podemos resolver de forma relativamente fácil y así reducir el déficit, lo cual es vital para recuperar el deseado crecimiento».

Propuso, en primer lugar, despedir a 800 000 trabajadores de la función pública. Y poco le importó que con ellos nos pusiéramos en siete millones de desempleados y siguiéramos arruinando a la Seguridad Social por la vía de los subsidios de desempleo. Rallo continuaría —según dijo— con la eliminación de las dos pagas extra y, como consecuencia de estos ajustes, «rebajaríamos nuestra ratio funcionarios/habitantes hasta el nivel de nuestros vecinos europeos».

¿De dónde sacaba los datos este genio? Porque, según Eurostat, el número de trabajadores públicos por mil habitantes es mucho más bajo en España que en la media de la UE y está muy por debajo de la Alemania de Merkel.

Pero no paraba ahí la cosa. El joven profesor consideraba que los pensionistas habían aumentado sus rentas por encima de la inflación durante la última década y por lo tanto había que aplicar las tijeras: «Con una rebaja en las contributivas de un 20 % se pueden ahorrar 6000 millones, a lo que habría de añadirse una reducción de un 10 % en las asistenciales»… y, de paso, también «una reducción de 40 000 millones en trasferencias sociales». Con el recorte de subvenciones a los transportes públicos se ahorrarían 11 000 millones —afirmaba Rallo— y, por supuesto, debíamos olvidarnos de los precios políticos aplicados a los transportes. Amén de otros ajustes (suprimiendo, por ejemplo, actividades culturales, recreativas o de comunicación, e incluso eliminando eventos como la ópera) que ahorrarían unos 11 000 millones más.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y licenciado en Derecho y tiene publicados varios libros, como Un modelo realmente liberal y Una alternativa liberal para salir de la crisis. También ejerce de profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid… Y al leerlo uno se vuelve a preguntar qué pensarían de estos jovencitos «liberales» unos liberales de verdad como Agustín de Argüelles o, sin ir más lejos, Adam Smith. A estos partidarios del «adelgazamiento» rápido y de las dietas milagrosas habrá que recordarles que esos «milagros» no le sientan nada bien al cuerpo humano.

No hay que ser un rojo peligroso ni un keynesiano trasnochado, basta con leer a Paul Samuelson para saber que rebajar el gasto público durante una depresión no es bueno. En otras palabras: los estados deberían hacer políticas anticíclicas y no procíclicas. Ni antes se debió hinchar la burbuja inmobiliaria con dinero barato y desgravaciones fiscales ni ahora se debería debilitar la demanda efectiva.

Es cierto que la austeridad es una virtud privada y también pública, y bueno es que se aproveche la crisis para, como en los barcos, «limpiar fondos». Es decir, repensar y reducir subvenciones o eliminar despilfarros. Por ejemplo, no programar jamás aeropuertos sin aviones, estaciones ferroviarias sin viajeros o grandes «contenedores culturales» sin clientes. Apretarse el cinturón puede ser bueno, pero es incompatible con —a la vez— «bajarse los pantalones».

En cualquier caso, conviene recordar que existen «gastos» que amparan derechos (sanidad, educación…) y otros que son inversiones reales o animan a ellas. Decir o insinuar que el «gasto» público es siempre un despilfarro es una falsedad muy peligrosa.

En fin, los conservadores, aparte de estas y otras recetas parecidas, no abren la boca para tratar temas como la evasión fiscal y nunca se les ha ocurrido señalar la evidente anomalía de que la recaudación del IRPF en España —lo repito— provenga casi exclusivamente (más del 80 %) de los bolsillos de los asalariados. Si el resto de los perceptores de rentas pagaran el IRPF como lo hacen los asalariados, las cuentas públicas se cerrarían con un notable superávit.

El reñidero catalán

Las dificultades económicas de todo tipo con las que se encontró Artur Mas tras sustituir en 2010 al tripartito en el Gobierno de la Generalitat le debieron de llevar (de la mano de la familia Pujol) a pensar en mover pieza estratégica mediante tres pasos: 1) demostración de fuerza en la cual «el pueblo catalán» se expresaría a favor de la independencia; 2) contando con ese apoyo, el president se presentaría en «Madrit» para plantearle a Rajoy las «justas reivindicaciones del pueblo catalán», consistentes en un «pacto fiscal» que le otorgase a la Generalitat un modelo como el «concierto» vasco, y en caso de no conseguirlo, 3) disolución del Parlamento para ir a elecciones bajo la matraca del «derecho a decidir», es decir, montar todas las piezas para conseguir un objetivo: el referendo de autodeterminación.

El punto 1 se concretó en una gran manifestación con ocasión del 11 de septiembre de 2012. CiU y ERC pusieron toda la carne (y el dinero público) en el asador para que aquello fuera masivo y lo consiguieron. El eslogan de la manifestación era claramente separatista: «Catalunya, nou estat d’Europa». La jugada se repetiría en forma de cadena humana el 11 de septiembre de 2013.

Recuperaré a este propósito un panfleto que los nacionalistas catalanes metieron en vísperas de este último 11 de septiembre (2013) en las redes sociales, en el cual se decía que «por muy españolista que se sea, nadie negará el expolio a que está sometida Cataluña». Estaba escrito, claro está, en castellano, y contenía un rosario de perlas que demostraban sin lugar a dudas que «España nos roba». He aquí una muestra:

¿Quién puede defender el expolio que padecen todos los catalanes, independientemente de si se sienten españoles o catalanes?

¿Quién puede defender que los estudiantes catalanes reciban solo el 5 % de todas las becas del Estado y los estudiantes de Madrid reciban el 58 %?

¿Quién no querría ver aumentada la renta per cápita anual de los catalanes en unos 2400 euros al año si tuviésemos seguridad social propia?

¿Quién quiere, pese a ser catalán y sentirse español, que cada año nos roben 20 000 millones de euros?

Como residente en Catalunya, ¿quién puede tolerar que por cada 12,7 millones de euros que se invierten en medio ambiente en el aeropuerto de El Prat, se inviertan 300 millones en el de Barajas?

España es un mal negocio, sobre todo, a nivel económico, y lo es porque trata a Catalunya como una colonia.

Se puede comprobar fácilmente que todos y cada uno de los datos contenidos en este panfleto son absolutamente falsos, pero poco importaba. El mensaje goebbelsiano estaba claro. Se trataba solo de repetirlo muchas veces. Y repetirlo sin que en «Madrit» los dos grandes partidos digan una sola palabra, por ejemplo, sobre el déficit que la Seguridad Social española tiene en Cataluña vía pensiones.

Pero dejemos esta basura y elevemos el vuelo para movernos en las alturas donde planean las águilas de la intelectualidad catalana que antes era izquierdista y ahora se ha pasado al separatismo. A guisa de muestra citaré aquí un artículo, publicado en La Vanguardia (15 de septiembre de 2012) y titulado «Catalunya, ¿revolución tranquila?» que comienza nimbado por un lirismo ingenuo y algo trasnochado. El artículo glosaba así la Diada:

La fiesta multicolor y familiar, con tres generaciones de una familia abrazándose y riendo, las jovencitas pintadas de independencia, los cánticos, los acentos y fanfarrias de pueblos y comarcas, los castellers infantiles, los jocosos gracejos, el mar de estelades ondeando al viento, y esa firmeza alegre en que la rauxa dejaba paso a la calma que da el saber que ya se había llegado. De que Catalunya sería independiente… «La independencia es la solución», proclamaban sus pancartas al ardiente cielo de verano.

Y tras este desahogo lírico que Pemán hubiera alabado, el autor entraba en materia y se postraba ante el buen hacer del líder carismático:

Artur Mas, que está ejerciendo de líder tranquilo y firme de la transición nacional, convocará elecciones que consagrarán la desaparición de un PSC que ya no tiene C y dejará al PP atrincherado en un reducto españolista con horizonte de extinción generacional. Un Parlament mayoritariamente soberanista convocará un referéndum con garantías, aun al margen de la ley española.

Pues bien, el firmante del artículo era Manuel Castells (nacido en Albacete), un prestigioso sociólogo, perteneciente a una sedicente izquierda, algo zombi, eso sí, que hoy ilustra todos los defectos que el francés Julien Benda describió en La traición de los clérigos (una crítica amarga dirigida a los intelectuales entregados al nacionalismo).

Artur Mas, tras la Diada de 2012, se trasladó a Madrid (paso 2) para reivindicar ante el presidente del Gobierno el pacto fiscal, y Rajoy le debió de informar de que no estaban «las magdalenas para tafetanes» o, dicho en román paladino, que ni había dinero para florituras ni estaba dispuesto a abrir el melón de una fórmula de financiación catalana (el concierto y el cupo) idéntica a la vasca e imposible de generalizar, argumentando, además, que esa fórmula se les había ofrecido a los nacionalistas catalanes al inicio de los debates constitucionales y aquellos no la habían querido porque, según ellos pensaban entonces, «una Generalitat que comience su andadura cobrando impuestos a los ciudadanos corre el riesgo de no consolidarse».

Mas volvió aquel mismo día a Barcelona «profundamente frustrado» y fue recibido en la plaza de San Jaime por un grupo «improvisado» de notables donde estaban unos cuantos personajes que habían sido de izquierdas (y ocupado sustanciosos cargos cuando en «Madrit» gobernaba González) y que tras el tripartito habían descubierto que el futuro (y el dinero) estaba en manos de los separatistas. Artur Mas recibió in situ las adhesiones y poco después (paso 3) disolvió el Parlamento catalán y convocó elecciones para el 25 de noviembre de 2012.

El resultado de las elecciones fue sorprendente: CiU perdió 12 diputados respecto a las elecciones de 2010 y obtuvo 50; ERC subió hasta 21 diputados, ganando 11; el PP, con 19 diputados, quedó casi igual (18 en 2010); Ciudadanos pegó un notable salto hasta obtener 9 diputados (3 en 2010); los excomunistas de Iniciativa obtuvieron 13 diputados (10 en 2010), y apareció una nueva formación de extrema izquierda y separatista, CUP, que consiguió 3 diputados. Por su parte, el PSC siguió en su deriva suicida: pasó de 28 diputados en 2010 a 20 en noviembre de 2012. En resumen: que Artur Mas se había columpiado de forma escandalosa.

«Imposible la hais dejado / para vos y para mí». Esta vez no es don Luis Mejía quien le reprocha a don Juan Tenorio el que este se haya «beneficiado» a doña Ana; son palabras que bien hubiera podido dirigir cualquier militante de CiU a Artur Mas, su líder carismático.

Estamos en la sede de Convergencia en Barcelona en la noche electoral del 25 de noviembre de 2012. El mentón cuadrado y voluntarioso; el gesto severo y la sonrisa retraída, el señor Mas habla, como siempre, para Dios y para la historia, y su parlamento es firme y decidido. Comienza justificando todo lo que ha hecho: la convocatoria de elecciones con dos años de anticipación en busca de una «mayoría contundente» que serviría no para salir de la crisis, sino para sacar a Cataluña de España… y así llevarla al paraíso de la independencia. Resultado: su partido ha perdido 12 diputados y el separatismo, en su conjunto, ha obtenido menos apoyos parlamentarios de los que tenía en 2010.

Mas había convocado las elecciones calculando que si gestionaba bien el clamor soberanista de la Diada se le abriría el camino hacia la mayoría absoluta. Pero todo lo que le podía salir mal le salió mal. Lo mismo que le había ocurrido al «difunto» Ibarretxe.

Si Mas fuera inteligente (y ya está archidemostrado que no lo es), hubiera presentado aquel domingo de noviembre su dimisión, abriendo así en CiU un abanico de posibilidades. Pero esa dimisión hubiera arrastrado a los Pujol… y esa «familia» (en el sentido que le daba a esta palabra Alphonse Capone) no da señales de que quiera alejarse del poder.

Mas se agarró como a un clavo ardiendo a una necesidad que él pretendía transformar en virtud, por eso dijo en su discurso lo siguiente: «Tal y como han quedado los resultados, no hay Gobierno que no pase por CiU. Pero también es evidente —añadió— que no podemos liderarlo solos. En el Parlament o en el Gobierno debe haber apoyos explícitos y responsabilidades». Se dirigía, resultaba obvio, a las huestes de Esquerra Republicana. Pero metiéndose en la cama con ERC, tarde o temprano Mas saldrá del lecho como lo hacen quienes se acuestan con niños pequeños, porque estos «republicanos» hacen ingobernable cualquier institución. ¿Quién no ha oído la fábula del escorpión y la rana? Pues eso: que el aguijonazo que le dio el escorpión a la rana en medio del río se debió a que el bicho llevaba ese impulso en los genes.

Por otro lado, en aquel desastre hubo algo de justicia histórica. En efecto, de todos los genios que pergeñaron la monstruosidad jurídica y política que se llamó nuevo Estatuto de Cataluña (Maragall, Zapatero, Montilla…), Mas era el último que quedaba vivo. Aunque él no lo sepa aún, falleció de un empacho de separatismo el domingo 25 de noviembre de 2012.

Santiago González lo describió así: «La independencia tendrá que esperar. La mayoría soberanista ha perdido siete escaños respecto a 2010…».

Pero no fue Artur Mas el único que se la pegó en aquellas elecciones; como ya se ha señalado, también el PSC sufrió un duro castigo. Con una participación sensiblemente mayor que la observada en 2010, el PSC perdió 56 000 votos, pero más elocuente aún fue el hecho de que el PSC no obtuviera en ningún municipio catalán un porcentaje de votos ni igual ni superior al 30 %. En otras palabras: se confirmó su desaparición en el ámbito municipal. Mala cosa para un partido que durante muchos años fue el «alma municipal» de Cataluña.

Artur Mas formó después un gobierno minoritario contrayendo con ERC un compromiso de «estabilidad gubernamental», a sabiendas de que las palabras estabilidad, gobernabilidad y lealtad son genéticamente incompatibles con el ADN de ERC (y si no, que se lo pregunten a Maragall o a Montilla). Un Gobierno, el de Mas, que se sigue mostrando incapaz de afrontar los graves problemas económicos y sociales que tiene Cataluña y cuya única retórica no podía ser otra que seguir con la matraca del «España nos roba» y el «derecho a decidir». Una huida hacia adelante que solo puede conducir a algún despeñadero.

Y ya que he citado el «derecho a decidir» recogeré a continuación unas a mi juicio muy atinadas reflexiones que a este propósito ha escrito el profesor catalán Juan Antonio Cordero[37]:

Si hay algo que define a todo el proceso catalán en el que estamos inmersos es el constante uso de neologismos, normalmente eufemísticos, como «soberanía» o «estado propio», aunque, sin duda alguna, el concepto que ha hecho mayor fortuna en los últimos tiempos es el de «derecho a decidir». Las razones de su éxito son fáciles de deducir: a todo el mundo le encanta tener derechos —el tema de los deberes ya nos cuesta un poco más— y se trata de algo que parece incontestable porque la persona que ose cuestionarlo será acusada inmediatamente de poco demócrata. […] «Derecho a decidir» se empieza a utilizar en 2003 en el País Vasco, en el conocido popularmente como «Plan Ibarretxe». Ni Euskadi ni Cataluña son colonias, ni sufren una dictadura ni son pueblos oprimidos —aunque a uno podría creer lo contrario si lee los argumentarios de ciertos partidos políticos— así que no pueden acogerse al derecho de autodeterminación y de ahí que necesitaran de este invento de la neolengua nacionalista. […] «Decidir» es un verbo transitivo por lo que necesita obligatoriamente de un objeto directo para que su significado sea completo y, en este caso, no aparece por ninguna parte. La sintaxis es equivalente en todas las lenguas, es decir, que lo que es un sujeto en catalán lo es en lituano y lo que es un complemento indirecto o dativo en sánscrito también lo es en, por ejemplo, inglés o en sueco ya que, salvo en contadas ocasiones, la naturaleza de un verbo es idéntica en todas las lenguas.

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CORRUPCIÓN Y DESAFECCIÓN

A juzgar por lo que uno lee y oye cada día —y van ya unos cuantos años—, en España existe un abigarrado y extenso universo de pillos, fulleros, gariteros, rateros, hampones, tósigos y manoseadores de bolsillos ajenos. Nada nuevo, pero lo peor es que del baile forman parte notables representantes políticos, lo cual haría las delicias de don Francisco de Quevedo y le daría ocasión de escribir mil «buscones». En efecto, los medios de comunicación nos bombardean con la corrupción política mañana, tarde y noche sin que allí aparezca sino lateralmente la madre del cordero, es decir, quienes ponen «la pasta» para comprar voluntades, esos que cuando algún juez les pregunta dicen no saber nada de dineros entregados a cambio de favores. Tampoco la Agencia Tributaria parece ocuparse de investigar a fondo sus sospechosas contabilidades.

La corrupción y la crisis, con el consiguiente aplastamiento económico de las capas medias, tenían que producir, como así ha sido, una radicalización de posiciones políticas e ideológicas. Un desfogue en la calle y también la consiguiente descalificación de las élites, empezando por la élite política. Ese desprecio por las élites, como era lógico, pronto derivó hacia las instituciones, desde el Parlamento («No nos representan») hasta la Corona (con Urdangarin al frente), y con ese impulso aparecieron «las soluciones», de suerte que hoy en España cada ciudadano ha sacado del cajón de su mesilla de noche una reforma constitucional, su personal «enmienda a la totalidad» de la democracia existente. Parecería que cada vez hay menos «integrados» y más «apocalípticos», por usar los términos de Umberto Eco. De repente hay que reformarlo todo y tirar el agua sucia y poco importa que el bebé vaya dentro.

Tampoco el pasado ha quedado exento de la crítica. Me refiero a las abundantes diatribas contra quienes hicieron la Transición, «unos cobardes que no se atrevieron a poner en su sitio a los franquistas y que además construyeron un Estado inviable». A este propósito, el profesor catalán Manuel Cruz ha escrito lo siguiente:

La nueva generación —airada, y con sobrados motivos para ello— incurre en errores de perspectiva. El cáncer de la corrupción puede haber provocado notables distorsiones a la hora de valorar el pasado reciente (pocos tópicos resultan más tentadores que el de «todos los políticos son iguales»). Pero las cosas que hoy nos parecen más obvias y damos por descontadas como si siempre hubieran estado ahí fueron en su momento objeto de conquista, nada fácil por cierto. Argumentos parecidos podrían plantearse respecto a la ligereza con la que hoy tiende a valorarse la transición política.

Es cierto que la corrupción política se ha hecho insoportable, que buena parte de los políticos son hoy burócratas que nunca han dado un palo al agua fuera de sus partidos; que los bancos han abusado con sus hipotecas y sus preferentes; que nadie puso coto a la burbuja y que muchos millones de españoles vivieron muchos años en un mundo feliz. Es una verdad que ilustraré echando mano de dos escritores: el veterano periodista Juan Pedro Quiñonero y el novelista, ya citado aquí, Rafael Chirbes.

Juan Pedro Quiñonero:

Con el beneplácito satisfecho del Estado, hombres, mujeres, familias, municipios, comunidades autónomas, cajas de ahorros y bancos se precipitaron en el río de aguas revueltas de la especulación inmobiliaria, como las ratas en el río del cuento del flautista de Hamelín[38].

Y Rafael Chirbes:

La ciudad perdida, como en las películas esas de aventuras con las que disfrutábamos cuando éramos niños. Caminas durante días y días por la selva y, de repente, te das de bruces con una enorme ciudad cubierta de hojarasca y maleza, templos, estatuas, joyas enterradas. Fantasías de Julio Verne o de Salgari.

Concluye su turno mi amigo:

—No sé cómo quedará todo esto, si se saldrá o no de la crisis, pero a ti, Francisco, y a mí, qué más nos da. De nuestra crisis ya no se sale, y eso lo sabemos los dos. El tango: «Cuesta abajo en la rodada»[39].

Pero lo escrito atrás no legitima ninguna de las dos «salidas» que parecen anunciarse en el horizonte: el populismo a lo Beppe Grillo y la tecnocracia.

Otro profesor catalán, Félix Ovejero, lo ha descrito así:

La ignorancia de los ciudadanos está en el origen del populismo y la tecnocracia. Una se presenta como superlativamente democrática y la otra no, pero, en realidad, las dos atentan contra la mejor versión de la democracia: la propuesta populista se olvida de la deliberación; la propuesta tecnocrática, de la participación.

Por su parte, los conservadores no paran de quejarse de lo corto que se ha quedado el Gobierno en sus «reformas». Veámoslo en un artículo del joven economista, ya citado aquí, Juan Ramón Rallo:

La misión del Gobierno no era diseñar la economía española del futuro, sino únicamente bajar impuestos […]. Lejos de bajar impuestos los ha subido en más de 30 ocasiones; lejos de recortar el gasto con valentía, lo ha mantenido en cotas disparatadamente altas. […] Y para salir de la crisis lo que necesitamos es un sector privado mucho más vigoroso y libre y un sector público mucho más pequeño.

Y poco importa, añado yo a modo de coda, que el paro llegue a la estratosfera. En el fondo, el mal llamado pensamiento neoliberal se parece cada vez más a aquella prédica inquisitorial según la cual había que ordenar: «Matadlos a todos, que Dios escogerá a los buenos».

El aguante de los españoles ha sido siempre muy alabado. En efecto, ya Pompeyo sostenía que el hispano «tiene el cuerpo dispuesto para la abstinencia y el trabajo, para la dura y recia sobriedad en todo», y un viajero inglés escribió en 1830: «Sorprende ver cómo los españoles soportan el infortunio, las privaciones y aun el empobrecimiento; no se les oye una queja; hay una dignidad innata que les impide lamentarse ni aun en la intimidad».

Pero me temo que los tiempos han cambiado y la paciencia de los españoles está más que agotada. Leamos lo que ha escrito a este propósito el veterano periodista Fernando Ónega:

Ninguna nación civilizada soportaría vivir atrapada en medio de esta tormenta perfecta que se ha instalado en nuestro país: corrupción, crisis económica y ausencia real de liderazgo político. Y no solo ausencia de liderazgo por parte del presidente del Gobierno, sino del Parlamento, convertido —por razones de alquimia electoral— en un páramo de las ideas.

Sea como sea, la desafección política está ahí y de poco sirve mirar para otro lado. O los partidos «realmente existentes» toman el toro por las astas o el desprecio hacia los políticos y las instituciones provocará riesgos ciertos para la democracia.

¿Qué hacer? En primer lugar, los propios partidos tendrán que poner coto a sus invasiones de terrenos que les están vedados (función pública, Judicatura, medios de comunicación públicos y privados, ONG y otras entidades civiles, etc., etc.) y también deben asumir su obligación constitucional de ser democráticos «en su estructura y funcionamiento», para lo cual resulta imprescindible una auténtica ley de partidos que sustituya a la actual (ley 54/78). ¿Su contenido? Citaré a uno de los analistas que primero se han ocupado en España de este asunto, José Antonio Gómez Yáñez:

¿Qué hacer? No hay que esperar que el sistema actual se regenere de manera endógena. No lo hará. Y la solución no pasa por más fiscalía y más tribunales. Hay que regular a los partidos españoles desde fuera, como en Alemania. Hace falta una nueva ley de partidos políticos que imponga la democracia interna y la transparencia y esto es lo último que hará una élite extractiva porque vive de la opacidad y de la cooptación.

Por lo tanto, la reforma habrá que hacerla contra la resistencia de las élites partidarias, que antes prefieren pasar por el juzgado de vez en cuando que someterse a controles externos. Es necesario un amplio movimiento ciudadano para exigir una Ley de Partidos como la alemana, que imponga congresos periódicos, que obligue a que los delegados se elijan por sufragio secreto, que obligue a hacer primarias para elegir a todos los candidatos a cargos representativos, y que obligue a auditorías externas independientes. […] No hacen falta reformas grandilocuentes de la Constitución, sino desliar la maraña en que se ha convertido la política española.

Pero no solo son los partidos los que se ven urgidos por las reformas; también los sindicatos han sido puestos en la picota por buena parte de la opinión pública, que no ve en ellos otra cosa que una carcasa burocrática compuesta por líderes eternos y por «liberados», que reivindican pero que no trabajan como los demás precisamente por estar «liberados». Por otro lado, su participación en los consejos de administración de cajas de ahorros llevadas a la ruina con su anuencia, su silencio o el aparecer como beneficiarios de algunas operaciones torticeras, como los famosos ERE andaluces, no han hecho sino colocarlos ante la ciudadanía como unos burócratas y unos aprovechados. Sus formas organizativas y sus métodos de trabajo han quedado en entredicho, y sus dirigentes harían bien en comenzar a repensar otras formas de ser y de actuar.

Bárcenas

Tirando del hilo de un ovillo llamado caso Gürtel (una trama corrupta creada para succionar dinero de las instituciones públicas gobernadas por el PP), un juez de la Audiencia Nacional llamado Pablo Ruz «entre las angulitas pescó un pez gordo». Gracias —que todo hay que decirlo— a la colaboración de la banca suiza, donde el personaje había puesto a buen recaudo más de cincuenta millones de euros. Este señor, llamado Luis Bárcenas, era el eterno tesorero del PP y, al parecer, recibía grandes cantidades de dinero de empresas que, probablemente, pagaban así los «beneficios» obtenidos (o por obtener) como consecuencia de decisiones políticas institucionales del PP (concesiones, concursos, recalificaciones, etc.). Con esa masa de dinero negro se diría que el tesorero hacía dos montones: el primero servía para gastos vergonzosos o ilegales del partido, desde sobresueldos a gastos electorales no contabilizables por excesivos. Y el otro montoncito, haciendo bueno el refrán según el cual «quien parte y bien reparte se queda la mejor parte», se lo embolsaba él mismo, amasando así una fortuna. Corre otra hipótesis más fina: el dinero «exportado» no solo es de Bárcenas (una sisa tan grande es improbable), sino también de otra gente del PP, que juntos habrían montado una «sociedad» (de malhechores) dedicada al pelotazo urbanístico y a la coima.

Frente a esta historia gansteril, el PP, hasta ahora, solo ha sabido oponer la negación de la mayor: «Todo es mentira», han dicho. Como el cónyuge pillado in fraganti, el PP solo ha sabido decir: «Cariño, esto no es lo que parece». Pero, si no la certeza, la sombra de la sospecha —lanzada como tinta de calamar por el extesorero— seguirá, espesa, rodeando la sede que el PP tiene en la calle Génova de Madrid.

Ahora bien, la pregunta del millón —la que el PP no quiere plantear ni plantearse— es bastante sencilla: ¿de dónde ha sacado Bárcenas ese dinero? Esa es la cuestión principal, y lo demás es marear la perdiz y esperar a que la conocida velocidad de la Justicia española se encargue de pudrir la cuestión y que esta acabe saliendo de la agenda política por aburrimiento del personal.

A título de recordatorio, repasaré brevemente el itinerario «barciano»:

Febrero de 2009. Garzón implica a Bárcenas en el caso Gürtel tras escuchar unas grabaciones en las que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, detalla su relación.

Mayo de 2009. La investigación descubre que la contabilidad b de la Gürtel demuestra que Correa entregó a Bárcenas hasta 1,6 millones de euros.

Mayo de 2010. Bárcenas dimite de su puesto de tesorero del PP y se da de baja como militante en el partido.

Abril de 2011. El extesorero renuncia a su escaño de senador.

Marzo de 2012. Pablo Ruz asume la instrucción.

Enero de 2013. Ruz detecta una cuenta en Suiza en la que Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros, y un mes más tarde Bárcenas revela que llegó a amasar allí 38 millones. El juez le prohíbe salir del país.

Marzo de 2013. La fiscalía destapa nuevos ingresos sospechosos de la esposa de Bárcenas. El extesorero del PP justifica sus ingresos opacos diciendo que proceden de diversos negocios y de la compraventa de arte.

Abril de 2013. Ruz descubre que Bárcenas viajó 15 veces a Suiza para ingresar hasta 2,4 millones de euros.

Junio de 2013. Una pintora argentina revela el montaje para blanquear 500 000 euros que la esposa de Bárcenas ingresó en 2006 y que atribuyó a la venta de obras de arte.

27 de junio de 2013. El juez Ruz declara prisión incondicional contra Bárcenas por «los presuntos delitos contra la Administración pública, contra la Hacienda pública, de blanqueo de capitales, de estafa procesal en grado de tentativa y de falsedad en documento mercantil».

Francisco Mercado (El País, 28 de junio de 2013) escribió un «retrato» de Bárcenas muy ilustrativo:

Luis Bárcenas (nacido en Huelva en 1957) tiene una biografía tan inaccesible como su fortuna y su amado Everest. Porque su vida oficial es la de un hombre al que solo se le conocen dos empleos. El primero, en 1973, en una firma de gaseosas extremeña. Luego (en 1982) se incorporó al PP —entonces AP— como gerente. […] Este licenciado en Ciencias Empresariales fue desde 2004 senador del PP por Cantabria hasta su renuncia por el escándalo. […] Hay dos vidas paralelas que Bárcenas encierra. Una es la de sus propios negocios. Pero la otra es la de toda la financiación que ha recibido el PP. Y todos los pagos regulares o irregulares que ha ordenado, ejecutado o conocido. Ya empieza a saberse de su vida privada, su tesorería íntima, pero él apenas ha desvelado la otra, la biografía que supone ser hombre de confianza de la dirección del partido año tras año para manejar sus cuentas, las oficiales y las otras. Las comidas que ha celebrado con dirigentes del partido y constructores para recaudar donaciones que nunca se registraron en las arcas del partido. Los poderosos amigos en el partido y en el empresariado que lo fueron y dejaron de serlo al caer él en desgracia. El dinero del partido que se usó para pagos irregulares a dirigentes, asesores o contrarios políticos.

Bárcenas fue enviado por el juez a la cárcel sin fianza en los primeros días de julio de 2013. El domingo 7 de julio de 2013, la homilía semanal que el director del periódico imparte en El Mundo estuvo dedicada a «Cuatro horas con Bárcenas». Un relato impresionante, porque la descripción que el extesorero hacía del PP —a través de la pluma de Ramírez— no era la de un partido político, sino la de una asociación de malhechores.

La aparición de «Cuatro horas con Bárcenas» significó que los abogados de este (hasta entonces a sueldo del PP) se despidieran, con lo cual Luis Bárcenas cambió de letrados y contrató a Gómez de Liaño, colaborador de El Mundo y «enreda» acreditado.

El mismo día en que Ramírez nos contó sus cuatro horas con Bárcenas, el diario El País publicó los resultados de una encuesta en la cual se les hicieron a los encuestados algunas preguntas sobre el caso Bárcenas. Las preguntas y los resultados fueron, en resumen, los siguientes:

Usted diría que:

* El principal responsable es Luis Bárcenas, que se buscó la manera de enriquecerse engañando a su partido[40].

Sí 26 %

No 70 %

* El PP tiene alguna responsabilidad en el asunto por no haber vigilado adecuadamente a su tesorero.

Sí 92 %

No 4 %

* El PP tiene responsabilidad porque sabía lo que pasaba y lo toleró.

Sí 82 %

No 9 %

Los resultados ponen en evidencia dos cosas: que muy pocos se han creído la «inocencia» del PP en este escabroso asunto y que el relato del PP acerca de los hechos ha sido políticamente ineficaz, pues las respuestas negativas para el PP también son altamente significativas entre sus votantes. Cosa muy grave, sobre todo si se tiene en cuenta que por esas mismas fechas el barómetro del CIS volvía a colocar la corrupción política como la segunda preocupación de los españoles, inmediatamente detrás del paro.

El yerno

Todo comenzó con un correo electrónico enviado el 21 de marzo de 2006 (luego seguirían otros más comprometidos), en el cual se leía: «Como te ha comentado Iñaki, nos gustaría mantener una breve reunión para que conocieras un proyecto muy interesante que os presentará la empresa ACTIS, dirigida por José Luis Ferrando. Se trata de un evento deportivo llamado World Beach Games».

El correo iba dirigido a José Luis Ballester, director general de Deportes del Gobierno balear que presidía Jaume Matas, y apareció en el ordenador de Ballester cuando su despacho fue registrado por el caso Palma Arena. Lo había enviado un empleado del Instituto Nóos y el Iñaki que aparecía en el texto no era otro que Urdangarin, duque de Palma.

Según nos ha recordado Luis Gómez en El País (3 de abril de 2013), Nóos era un instituto sin ánimo de lucro creado en 1999 que empezó a tener actividad en 2003, cuando Urdangarin fue nombrado su presidente. A pesar de ser una entidad sin ánimo de lucro, Nóos logró contratos millonarios de los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del PP. Esos contratos fueron adjudicados a dedo y nadie controló si el dinero público destinado a realizar ciertos eventos deportivos se correspondía con lo realmente gastado en dichos acontecimientos. Gran parte de los casi seis millones de euros que Nóos consiguió de esas administraciones entre 2004 y 2006 acabó en la caja de empresas privadas que eran propiedad de Urdangarin y de su socio, Diego Torres.

En julio de 2010, el juez José Castro, que instruía el caso Palma Arena, abrió una nueva pieza separada, la número 25, dedicada a investigar las anomalías detectadas en dos contratos otorgados a favor de Nóos por el Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones de euros).

La investigación llegó a evaluar el beneficio que Urdangarin y su socio obtenían en el doble del coste de los congresos que organizaban para el Gobierno balear. De esa manera, habrían ganado 1,5 millones de euros en los años 2005 y 2006. Se descubrieron también salidas de más de medio millón de euros de la estructura societaria montada por Urdangarin y su socio Diego Torres hacia paraísos fiscales.

Diego Torres fue llamado a declarar en septiembre de 2010 como testigo. En aquella comparecencia, Torres aportó 384 documentos relacionados con los contratos que el Instituto Nóos había suscrito con el Gobierno balear y el juez Castro decidió imputar a Torres.

Algo más de un año después, en noviembre de 2011, se produjeron los registros de las sedes ligadas a Nóos en Barcelona y Valencia. Se denominó Operación Babel por la maraña de nombres: Aizóon, Virtual Strategies, Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y, sobre todo, Nóos, que daba «la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro» para «organizar un entramado societario utilizando un grupo de sociedades a través de las cuales desviaban fondos públicos y privados que recibía el Instituto Nóos». Un informe de Hacienda cifró en 16 millones los ingresos de Nóos.

Dos hechos marcaron la última y decisiva trayectoria del caso. El primero se produjo cuando Iñaki Urdangarin prestó declaración por primera vez (los días 25 y 26 de febrero de 2012). Declaró durante 21 horas y le echó todas las culpas a su exsocio Diego Torres. La respuesta de Torres no se hizo esperar e intentó demostrar, a través de los correos electrónicos recibidos por él, que Urdangarin era el alma de todo el entramado y que la infanta Cristina estaba al cabo de la calle de todas las gestiones. El 12 de abril de 2012, Diego Torres envió al juez una primera remesa de correos electrónicos, y el 27 de marzo de 2013, mandó la séptima y última entrega, hasta el momento.

En resumen: según un informe de la Fiscalía fechado el 2 de noviembre de 2012, el duque de Palma y su socio percibieron entre 2004 y 2007 del Instituto Nóos, «a través de compañías mercantiles de las que son propietarios y administradores», casi seis millones de euros. Esa cantidad es prácticamente idéntica a la que, en ese mismo periodo, Nóos recibió de organismos públicos, que la Fiscalía cifra en 5 804 533 euros, abonados por la Generalitat Valenciana y el Gobierno de las islas Baleares. De ellos, tres millones y medio fueron abonados por la Generalitat Valenciana (directamente o a través de la Fundación Turismo Valencia o la Ciudad de las Artes y de las Ciencias) y el resto por el Gobierno balear a través de la Fundación Illesport.

El fiscal Pedro Horrach señaló en su día que el duque de Palma y su socio «se subcontratan a sí mismos» para desarrollar una labor encomendada al Instituto Nóos, «aparentemente una asociación sin ánimo de lucro», aunque «lo que se deriva de esa subcontratación […] es precisamente la concurrencia de un ánimo desmedido de lucro».

El recorrido del dinero percibido por Nóos no acababa en las sociedades mercantiles propiedad del duque de Palma y de su socio, ya que según la investigación estos tejieron una «estructura societaria» en Belice y en el Reino Unido que usaron para desviar al menos 909 940 euros. La documentación intervenida en algunos de los registros practicados señala que se contrató a un abogado para crear y organizar esta estructura y también que «las personas a favor de las cuales se crea dicha estructura fiduciaria son Diego Torres e Iñaki Urdangarin».

Los efectos de estas trapacerías del yerno del rey sobre el buen nombre de la Corona han sido demoledores, agravados por el alargamiento de la instrucción y los famosos correos electrónicos «aportados» por Diego Torres.

Los ERE andaluces

El expediente de regulación de empleo (ERE) es un mecanismo existente desde larga data, mediante el cual se pretenden suavizar los procesos —siempre traumáticos— que conducen a despedir trabajadores por parte de la empresa, que es la que pone en marcha el ERE.

El caso de los ERE andaluces saltó a la luz a finales de 2010 en relación con otra investigación en torno a un ERE de Mercasevilla, al detectarse allí prejubilaciones falsas. Los dueños del grupo de restaurantes La Raza denunciaron que los directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, les habían pedido comisiones ilegales en nombre de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En las cintas grabadas se hablaba por primera vez del pago de una comisión a cambio de otorgar una subvención, en este caso para la creación de una escuela de hostelería. La investigación sacó a la luz la presencia de varios «intrusos» en la lista de trabajadores beneficiados con las jugosas prejubilaciones subvencionadas por la Junta, y fue a raíz de estos hechos cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, decidió investigar el ERE de Mercasevilla así como otros expedientes de regulación de empleo de otras empresas, financiados igualmente con fondos públicos concedidos por el Gobierno andaluz.

En 2001, la Dirección General de Trabajo había firmado un convenio con el entonces Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) —que después cambió el nombre para denominarse Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)—, que fue el organismo que desde aquel momento concedió las ayudas a cargo de un «fondo de reptiles» (partida 31L) dotado con 647 millones de euros destinados a la reestructuración de empresas en crisis.

Esa partida 31L estaba al margen de la fiscalización administrativa e incumplía la Ley General de Hacienda Pública. Fue durante el gobierno de Manuel Chaves cuando se decidió que esas subvenciones a empresas y trabajadores eludieran los protocolos legales ordinarios. Para ello, el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el también exconsejero Antonio Fernández, que entonces era presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego IDEA), firmaron un convenio para darle aspecto de normalidad jurídica a un procedimiento extraordinario que en la práctica suponía saltarse los controles formales. El convenio se firmó el 17 de julio de 2001.

Según la juez Alaya, este sistema tenía como objetivo «eludir ilícitamente los controles que podía ejercer la Intervención» y «favorecer a familiares, amigos y personas del entorno» de «altos cargos de la Junta o el PSOE».

A principios de junio de 2013, la juez levantó el secreto sobre los 51 tomos del sumario del caso de los ERE. Un sumario que contiene amplios informes policiales y muchas declaraciones de testigos e imputados. En concreto, un informe de la Guardia Civil que eleva a 7,6 millones de euros lo que los sindicatos, UGT y CC. OO., cobraron de las empresas mediadoras (Vitalia y Uniter), que se repartieron el negocio durante una década y se llevaron en sobrecomisiones 44 millones de euros.

El Gobierno de Griñán, que invalidó el convenio dos años después de que saltara el escándalo, mantuvo siempre que el procedimiento utilizado era legal. Sin embargo, el que fuera interventor de la Junta advirtió en varias ocasiones de las irregularidades que se amparaban en aquel convenio. Y lo hizo mediante varios informes remitidos entre otros al consejero de Economía y Hacienda, que por aquel entonces era, precisamente, José Antonio Griñán.

El procedimiento para acceder al dinero a través de los ERE era, en resumen, el siguiente:

Una empresa plantea un expediente de regulación de empleo (ERE).

La empresa y los sindicatos negocian, con la intervención de los intermediarios.

El acuerdo se entrega a una empresa consultora.

Inclusión de los intrusos con la connivencia de la Dirección General de Trabajo (DGT) y de la consultora.

La DGT aprueba el ERE y ordena el pago que la agencia IDEA (organismo autónomo de la Junta) realiza.

IDEA paga las ayudas a los trabajadores y a los intrusos a través de aseguradoras y consultoras.

A cambio de las gestiones, las consultoras transfieren fondos a los intermediarios, a los despachos de abogados y a los sindicatos CC. OO. y UGT.

Las cifras manejadas por el fondo de los ERE son llamativas. Hasta el momento, la Junta ha desembolsado 721 millones de euros, pero cuando acaben los compromisos adquiridos, habrá pagado 1217 millones. De un total de más de 6000 trabajadores que accedieron legalmente a la prejubilación, se han detectado 126 casos de «intrusos», personas que percibieron una prejubilación en una empresa en la cual nunca trabajaron. El fraude de los «intrusos» asciende hasta ahora a 12,3 millones de euros.

La Cámara de Cuentas de Andalucía cifró en 73 millones de euros el dinero que Empleo dio indebidamente a los empresarios beneficiados, entre ellos varios exconcejales del PSOE. La Guardia Civil ha estimado que el dinero desviado en forma de «sobrecomisiones» que se cobraron por tramitar los ERE asciende a 50 millones de euros, que han ido parar a consultoras, bufetes de abogados y sindicatos.

La instrucción de la juez Mercedes Alaya dio un giro el 2 de julio de 2013, cuando decidió imputar a Magdalena Álvarez, consejera de Hacienda desde 1994 a 2004, que luego fue nombrada ministra de Fomento por Rodríguez Zapatero. Además de la exconsejera de Hacienda, Alaya imputó ese mismo día a otros diecinueve altos cargos de la Junta.

«Ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción», escribió la juez en el auto, y también consideró que el sistema con el que la Consejería de Empleo dio las ayudas tuvo como consecuencia un «dispendio continuado de fondos públicos» y anunció que su objetivo a partir de ese auto era estrechar el cerco sobre los responsables políticos que permitieron «el uso indebido» de esos fondos.

La magistrada dio este paso tras estudiar los interrogatorios que realizó la Guardia Civil en 2012 a altos funcionarios de la Administración andaluza, que, como testigos, explicaron las razones por las que el procedimiento se mantuvo operativo casi una década sin que el Gobierno lo corrigiera, pese a las alertas que lanzó la Intervención. Los agentes de la Guardia Civil entendieron que los veinte nuevos imputados del 2 de julio de 2013 (había ya 73 imputados previamente) podían haber cometido los delitos de malversación, prevaricación y contra la Hacienda Pública.

En el caso de la exministra Álvarez, la juez señaló en el auto que era la responsable de «velar por la ejecución del Presupuesto y por los derechos económicos de la Hacienda» andaluza, cargo que debía ejercer con «respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia».

De hecho, el 2 de julio de 2013, la juez imputó a los máximos responsables de Empleo, Innovación y Hacienda, excepto a los que están aforados. Así, Magdalena Álvarez está imputada como consejera de Hacienda, pero no Griñán, su sucesor en el cargo. En otras palabras: parecería que la juez pretende atar bien «el fardo» antes de pasarlo a otras instancias judiciales para que se hagan cargo del «paquete» con los aforados dentro.

El 7 de julio de 2013 El País publicó una encuesta de Metroscopia en la cual se les preguntaba a los entrevistados por algunas cuestiones en torno a los ERE:

* ¿Le han parecido creíbles y convincentes las explicaciones que han dado los dirigentes del PSOE en relación con el caso de los ERE de Andalucía?

Sí 7 %

No 77 %

NS/NC 16 %

* En el caso de los ERE, ¿diría que los principales responsables son unas cuantas personas que se han beneficiado engañando a su partido?

Sí 55 %

No 34 %

NS/NC 11 %

* ¿Diría que el PSOE andaluz tiene alguna responsabilidad por no haber vigilado a esas personas?

Sí 87 %

No 4 %

NS/NC 9 %

* ¿Diría que el PSOE andaluz sabía lo que pasaba y lo toleró?

Sí 78 %

No 9 %

NS/NC 7 %

Los resultados de la encuesta no dejan lugar para muchas dudas respecto al destrozo que han producido los ERE en la credibilidad del socialismo andaluz, y más si se tiene en cuenta que los votantes del PSOE respondieron a la tercera pregunta aquí reseñada («¿Diría que el PSOE andaluz tiene alguna responsabilidad por no haber vigilado a esas personas?») con más contundencia que los votantes del PP: 92 % de los votantes del PSOE dijeron que sí, y los del PP tan solo el 90 %.

En los últimos días de junio de 2012, y sin que nadie conociera sus verdaderas intenciones, José Antonio Griñán anunció ante la comisión ejecutiva nacional que no repetiría como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, pero seguiría ocupando ese cargo hasta la celebración de unas próximas elecciones autonómicas y que, como secretario general, plantearía ante la ejecutiva andaluza la inmediata convocatoria de elecciones primarias para cubrir el puesto de candidato a la Presidencia de la Junta de cara a las siguientes elecciones.

Tras las confusas explicaciones de Griñán (una mezcla de asuntos familiares y políticos), ninguno de los asistentes entendió aquellas razones y casi todos quedaron convencidos de que no tardando mucho Griñán dejaría la Presidencia de la Junta. Y así ocurrió. Griñán se fue de la Junta y Susana Díaz, su mano derecha, lo sustituyó mediante unas primarias que nunca existieron. Luego, en noviembre de 2013, lo sustituyó al frente del PSOE andaluz en un congreso con resultados tan previsibles como apabullantes (más del 98 % de los votos a su favor).

Lo inesperado en el caso de Susana Díaz, una persona formada en las Juventudes Socialistas y sin currículum externo al propio partido, ha sido que desde que accedió a la presidencia ha mostrado un talante y un discurso mucho más frescos y positivos de lo que cabía esperar, distanciándose de las prácticas tipo ERE que llevaron al partido y a la UGT a un callejón de muy difícil tránsito.

¿Tiene arreglo la corrupción política?

La palabra decencia se usa en España mucho menos que antes. Parecería que ese término de tan arraigada nobleza se ha tornado obsoleto. Lo que sí se usa y en abundancia es su antónimo, indecencia, y muchas veces aplicada a los políticos. Sin embargo, la decencia es un término que debería casar bien con la actividad política y con el talante, las formas y el discurso de quienes se dedican al noble arte de llevar en sus manos «la cosa pública».

Pero entremos en el oscuro mundo de la indecencia que lleva el feo nombre de corrupción política. Algo que no es nuevo en España y tampoco exclusivo de nuestro país.

En efecto, no es nuevo, y a este propósito se me permitirá reproducir algunos párrafos de un artículo que publiqué en el diario El País el 10 de noviembre de 1992, y la fecha es harto significativa.

El artículo llevaba el mismo título que una vieja película de René Clair: «Un sombrero de paja de Italia».

Sergio Moroni tenía 45 años, una esposa y una hija de 16. Era diputado y miembro de la dirección del Partido Socialista Italiano (PSI), había sido secretario general de ese partido en Lombardía. Se pegó un tiro con un fusil ante el temor de ser procesado por el escándalo de las comisiones ilegales en Milán. Antes se habían suicidado dos miembros del PSI y el empresario Mario Majocchi, relacionados con el mismo asunto. Sin embargo, Bettino Craxi (líder del PSI) ha repetido, desde el día en que estalló el escándalo, que «no existe un problema de honestidad, sino un problema técnico de financiación de los partidos».

Nada más falso. La argumentación solo puede entenderse como un burdo intento de autojustificación, una columna de humo.

Este escándalo milanés estalló al descubrirse que todos los partidos, desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, pasando por los demás partidos del arco parlamentario, estaban cobrando comisiones ilegales por las adjudicaciones de obras.

Aun siendo reos de corrupción tanto los corruptos (los miembros de los partidos) como los corruptores (las empresas), aquellos, los políticos, incurren en una responsabilidad cualitativamente distinta y mayor. Se está ante un delito de lesa democracia que no puede dejar indiferentes a los ciudadanos y, en primer lugar, a quienes honrosa y honradamente son miembros de cualquier partido.

Un dinero ilegal, negro, que no ingresa en la caja A, pública y controlable del partido, ¿adónde va? Evidentemente, a ninguna actividad legal. No paga impuestos y ha de blanquearse. Por lo que se va sabiendo, con estas gabelas se constituyen casi siempre dos montones. Uno engorda el patrimonio de los mangantes que pululan en torno a este negocio y el segundo montón se dedica a nutrir la caja B del partido correspondiente. Un ingreso incontrolable incluso para los órganos internos del partido.

Una versión edulcorada sostiene que este último montoncito alivia los abultados gastos electorales. Es una argucia que pretendiendo justificar una ilegalidad (las comisiones) anuncia otra contra la ley electoral, que limita los gastos de las campañas.

Tampoco se debe desechar la sospecha de que estos gastos pueden ser destinados a cimentar apoyos internos.

A quienes no conmueva el mandato moral de la virtud civil, en cuyo código figura en primer lugar la obligación de cumplir las leyes, les tendría que hacer meditar el cúmulo de expresiones con que un nuevo populismo aparece por doquier.

Este asunto ni es «un problema técnico», ni es menor, ni es un chaparrón ante el que bastaría esperar la escampada. Se trata de un cáncer que es preciso primero aislar y luego extirpar.

Hasta aquí algunos párrafos de aquel artículo, que tras su publicación atrajo sobre mi persona toda la maledicencia de la cual suelen estar poblados los partidos políticos. Naturalmente, mi denuncia, en cabeza italiana, no sirvió para nada… y pocos meses después, tras las elecciones de 1993 —que el PSOE ganó contra todo pronóstico—, se desataron los escándalos, y después de la intervención de Banesto (28 de diciembre de 1993), se descubrieron mil y una trapacerías que habían perpetrado notorios afiliados al PSOE. Y ambos hechos (lo del Banesto de Mario Conde y el descubrimiento de las trapacerías de algunos socialistas) no eran independientes, sino que estaban correlacionados. Siempre se sospechó que la «investigación» contra Manuel de la Concha, Mariano Rubio y otros casos estuvo pagada por Mario Conde en beneficio «mediático» de El Mundo.

Está comprobado que los partidos políticos, que son quienes hacen las leyes, parecen estar dispuestos a saltárselas cuando estas les aprietan el zapato. ¿De qué zapato hablamos? De los gastos, en verdad exagerados, que los partidos y su inflada estructura burocrática generan. Recordemos que cada vez que un partido realiza un «baño de masas» en un estadio o en una plaza de toros, todo el atrezo —que es cada vez más grande y más caro— lo están pagando los contribuyentes… y es preciso rezar para que ese dinero llegue a los partidos vía impuestos, pues si llega «vía Bárcenas», es decir, a través de regalos de algún benefactor, entonces será peor.

Cuando están en el candelero —como ahora lo están— peligros tan graves, los líderes políticos suelen anunciar, como primera reacción, leyes nuevas. Pero el catedrático Santiago Muñoz Machado nos ha recordado que existen en nuestro Código Penal muchos tipos aplicables a la corrupción. La legislación con que contamos es más que suficiente. El problema es el insatisfactorio funcionamiento de la justicia penal. Los asuntos se bloquean en la fase de instrucción, mientras los medios de comunicación crean expectativas desorbitadas sobre condenas penales que nunca llegan a producirse.

La lentitud de la instrucción se debe —en opinión de Muñoz Machado— a varias causas: algunas veces caen en manos de jueces que ponen su vanidad por delante de las leyes y aprovechan la oportunidad que ofrecen los grandes casos para convertirse en el centro de las noticias. Una vez asumida la responsabilidad de la instrucción, no parecen querer soltarla, porque de tener el asunto entre las manos depende también la progresión social del juez. Otras veces, las más, los instructores mantienen abiertas las diligencias y los sumarios durante años porque nunca están satisfechos del todo con las pruebas que van acumulando, o porque se ven condicionados por los recursos que interponen los imputados y esta retención de las actuaciones produce una gran frustración social, porque los medios de comunicación van celebrando juicios de papel anticipados y reparten condenas que nunca llegan a producirse.

Es necesario que los instructores no retengan los sumarios una vez que cuenten con indicios suficientes como para que se abra el juicio oral, que es el único lugar donde, por cierto, la garantía de defensa es total y se pueden practicar cuantas pruebas consideren necesarias los acusadores y los procesados. Los jueces indolentes y los autocomplacientes deben ser sancionados. Pero todos los jueces, y especialmente cuando se enfrentan con grandes casos, deberían contar con los medios necesarios. No proporcionárselos forma parte de las prácticas corruptas.

Si de verdad se quiere acabar con la corrupción política, es preciso que los políticos no puedan tomar cierto tipo de decisiones. Lo explicaré brevemente.

Las decisiones políticas sobre contratación, obras y servicios públicos o concesiones administrativas pasan por tres momentos diferentes: primero se decide qué hacer, en segundo lugar se decide cómo hacerlo (proyecto) y en tercer lugar se decide quién lo va a hacer (mediante concursos, subastas, designación, etc.).

Pues bien, el qué hacer y el cómo hacerlo deben quedar en manos de los políticos, pero se trata de prohibir, clara y terminantemente, que ningún político pueda intervenir jamás ni directa ni indirectamente en la decisión de quién hace la obra, da el servicio o toma la concesión. El quién ha de quedar en manos de comisiones ad hoc compuestas por funcionarios de carrera. Y punto.

¿Evitará eso la corrupción? Quizá no del todo, porque siempre que existan seres humanos —y los funcionarios lo son— existirán tentaciones y algunos caerán en ellas, pero la corrupción se alejará de la política, porque ya se sabe que quien evita la tentación evita el pecado y, precisamente, por ahí hay que cortar este nudo gordiano.

11

EL GRANO DEL PSC

Ya se han analizado en páginas anteriores los desastres electorales cosechados por el PSC tras iniciar el baile de aquel nuevo Estatuto. Después de repetir hasta la saciedad que ellos son otro partido, con la llegada de Pérez Rubalcaba a la Secretaría General del PSOE, los dirigentes del PSC se mostraron dispuestos a subrayar esa «independencia» mañana, tarde y noche, lo cual provocó reacciones contrarias en gran cantidad de socialistas dentro y fuera de Cataluña. Sin embargo, a partir de la conferencia de noviembre, Pere Navarro, al parecer, se ha caído del guindo y ha declarado no estar dispuesto a seguir haciéndole el caldo gordo al separatismo, dejando en clara minoría dentro del PSC a los hipercatalanistas. No es en absoluto descartable que en un próximo futuro el acelerado proceso político catalán produzca una escisión en el PSC, la cual traería consigo una clarificación y un decantamiento que falta le están haciendo a ese partido.

En política, como en otras muchas actividades humanas, si alguien está en contra del fin que persigue un contrincante, es aconsejable estar también en contra de los medios de los cuales ese contrincante pretende servirse para alcanzar dicho fin.

¿Cuál es el objetivo que pretenden alcanzar los nacionalistas catalanes (CiU y ERC)? No parece haber dudas al respecto: el objetivo es la independencia, es decir, la escisión de España para crear un estado catalán independiente. Eso es lo que dicen ellos mañana, tarde y noche. Y si lo afirman, ¿quiénes somos los demás para pensar que van de broma, que es tan solo un amago?

El PSOE —y también el PSC— han expresado siempre su oposición a cualquier secesión territorial y, si esto es así, ¿a qué viene contemporizar con los medios (como el llamado derecho a decidir) que utilizan los partidarios de la secesión? Si estamos en contra de sus fines, habremos de oponernos a todos y cada uno de los medios que ellos pretendan utilizar.

Además, a estas alturas, ha quedado ya claro que las demandas de los nacionalistas pueden cambiar de contenido, pero nunca se saciarán. Estamos, pues, ante una ideología que debe combatirse en el campo del pensamiento, pero también en el campo político. En el caso del PSOE —y sobre todo en el del PSC—, subirse al carro del nacionalismo o simplemente contemporizar con los nacionalistas está resultando letal.

Que se sepa, ningún socialista vasco cayó en la trampa del «derecho a decidir» que puso en circulación Ibarretxe. ¿Por qué ha caído en ella ahora tanta gente? Pondré un ejemplo fuera de la política: Ariadna Gil, la actriz catalana afincada en Madrid, decía en una entrevista lo siguiente: «Estoy en contra de que Cataluña se separe de España, pero estoy a favor de que los catalanes se pronuncien sobre ello».

Y yo me pregunto cómo es posible que una persona inteligente, como lo es esta mujer, no se dé cuenta de la trampa en que la han metido. Pero la trampa tiene su lógica. Ya lo recogí antes en una cita de Juan Antonio Cordero y lo reitero aquí: si se hiciera una encuesta preguntando a los entrevistados si desean «decidir» sobre cualesquiera aspectos de la vida colectiva, el porcentaje de síes estaría muy cerca del 100 %. Nada más normal: la inmensa mayoría de los vascos, de los catalanes, de los ilicitanos o de los de Pucela, puestos en la tesitura de elegir entre querer o no querer «decidir», quieren «decidir». Pero ¿«decidir» sobre qué?

Por mucho que se empeñe uno, no puede decidir volar como los pájaros, porque existe la ley de la gravedad. Algo parecido les pasa a los nacionalistas vascos o catalanes, que no pueden «decidir» convertir en estados independientes a sus comunidades autónomas porque existe una ley llamada Constitución que los vascos y los catalanes (al igual que el resto de los españoles) decidieron aprobar, y lo decidieron masivamente.

Si alguien convocara un referendo proponiendo que se vayan de España los gitanos (o los moros, o los bajitos, o los calvos… o los catalanes), esa consulta no sería democrática. ¿Por qué? Porque la segregación racial o cultural está prohibida por las leyes y en primer lugar por la Constitución.

Preguntado Mauricio Lucena, que es ahora diputado del PSC y portavoz del grupo en el Parlamento de Cataluña, por qué estando contra la secesión de Cataluña estaba a favor del «derecho a decidir», contestó que él estaba a favor porque el 70 % de los catalanes lo estaba.

¿Dónde va Vicente? Donde va la gente.

Aun sin saberlo, con esta contestación de pata de banco, Lucena ha definido muy bien la deriva renqueante del PSC. Un partido que «se deja llevar», con unos dirigentes que entienden la política como el arte de agacharse ante los problemas. En efecto, el PSC se ha convertido en un partido que corre detrás del viento, pero un partido se crea y existe para convencer al público, no para dejarse llevar por la marea.

Tal y como se han puesto las cosas en Cataluña, la divisoria de aguas en la política catalana está hoy entre los partidarios de la secesión y los contrarios a ella. Allí han puesto los separatistas la valla y, una vez colocada allí, no caben medias tintas.

La hoja de ruta de los separatistas está bastante clara:

Derecho de autodeterminación.

Primer referendo, y si sale NO, repetirlo cuantas veces sea necesario hasta que salga SÍ.

Y si sale una vez SÍ, se acabaron los referendos, pero seguirán dando la matraca contra su único enemigo, España, reivindicando «los territorios irredentos»: islas Baleares, Valencia y un trocito de Aragón.

Ortega y Gasset, cuando fue diputado durante la II República, aseguró que el problema de los nacionalismos periféricos no tenía solución, que había que «conllevarlo». Esa fue la palabra empleada por Ortega.

Pues bien, habrá que «conllevarse» con los nacionalistas, pero eso no significa que tengamos que bajarnos los pantalones, ni debamos atender a todas sus demandas ni quedarnos mudos ante sus argucias y sus mentiras. Si ha llegado, como parece, la hora de la verdad, se acabaron los paños calientes y habrá que combatir esa estrategia en el terreno ideológico y en el político.

A mediados de 2012, un grupo de socialistas veteranos envió al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, una carta en la cual, a propósito del contencioso separatista, se leía lo siguiente:

El PSOE ha de estar dispuesto a promover y a apoyar el consenso para reformas que mejoren el funcionamiento y la austeridad institucional pero debe rechazar cualquier aventura destinada a debilitar y/o destruir las instituciones del Estado, comenzando por las apuestas secesionistas que irresponsablemente ha puesto en la agenda política el nacionalismo catalán. […] Una Constitución con el espíritu que informó a la española de 1978 no podía incluir en su seno (ninguna Constitución lo hace) el derecho de las partes a deshacer la unidad territorial del Estado conseguida hace ya muchos siglos.

En su intento por cerrar heridas y acortar el abismo abierto entre el PSC y el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba entendió —junto a Pere Navarro— que una propuesta federalista, aunque fuera difusa y vaga, podía conseguir un consenso entre los líderes socialistas de las distintas regiones, y el 6 de julio de 2013, en el consejo territorial (celebrado en Granada), consiguió dar un notable paso en esa dirección al aprobar —con el apoyo, claro está, de Pere Navarro— un documento que le permitió a Rubalcaba decir lo siguiente en la clausura de la reunión: «Lo que hoy compartimos con el PSC es un proyecto para Cataluña y para España. Un proyecto para seguir juntos, esto es lo que hemos sacado [de la reunión]. Un proyecto que sale al paso de la situación que hay en Cataluña», prefigurando así las conclusiones que luego se aprobaron en la conferencia de noviembre (2013).

Para dar cuenta del lío ideológico y de la confusión que ha traído el debate interno sobre «federalismo», glosaré una «aportación» para la ponencia, que se presentó en la conferencia de noviembre de 2013. En esa «aportación» (a todas luces catalana) se lee lo siguiente:

Reconfigurar el Estado exige abandonar periclitadas concepciones que confunden su unidad con la unicidad de una imaginaria nación indisoluble, así como relativizar una noción de soberanía que desde hace ya mucho tiempo ha perdido apoyo en la realidad. […] Dejando atrás atávicas concepciones en las que laten nociones mitificadas de la unidad de la nación y la exaltación ideológica de lo supuestamente único en cuanto al Estado, hay que ubicarse en la órbita del reconocimiento de la diferencia y de la aceptación de la pluralidad para conjugar la necesaria unidad.

Desde las primeras líneas salta a la vista que los redactores del documento, aparte del alambicado uso de la lengua castellana, pretenden introducir en el debate buenas dosis de confusión ideológica y, en el fondo, manipulación y tergiversación. El texto, aparentando mirar para otro lado, ataca a fondo la letra y el espíritu de la Constitución de 1978, en la cual el PSOE tuvo una notable participación de la que no debería renegar ahora.

Entre las «periclitadas concepciones», el texto incluye la «unidad» de España y la «nación indisoluble», palabras y conceptos que están, como es sabido, en el artículo 2 del título preliminar de la Constitución y para cuyo cambio —conviene recordarlo— hay que dar los siguientes pasos:

Aprobación de la reforma por dos tercios en el Congreso y en el Senado.

Disolución de las Cortes.

Elecciones.

Volver a aprobarlo por dos tercios en las nuevas Cortes.

Referendo.

Procedimientos —bien se ve— nada sencillos; los mismos que habrían de darse para «relativizar una noción de soberanía» o para dejar «atrás atávicas […] nociones mitificadoras de la unidad de la nación». Y cabe preguntarse: ¿quiénes son estos innovadores constitucionales? ¿Es posible que no se hayan leído el texto de la Constitución vigente? O quizá piensen, como Artur Mas, que sus ensoñaciones están por encima de las leyes.

Estos redactores han dejado lo mejor para el final al reclamar que «hay que ubicarse en la órbita del reconocimiento de la diferencia y de la aceptación de la pluralidad». Y uno se vuelve a preguntar: ¿no era ese uno de los objetivos alcanzados en 1978? Objetivo que fue recogido en el texto constitucional, apoyado masivamente en las Cortes y en las urnas. Pues sí, ese era, precisamente, uno de los objetivos del pacto constitucional.

En lugar de dejar clara la posición del PSOE ante las disparatadas demandas nacionalistas, la dirección del PSOE ha preferido acogerse a dos entelequias: el melifluo documento «federalista» aprobado en Granada y una confusa «reforma» constitucional que en palabras de Ramón Jáuregui pretende «dar carta de naturaleza constitucional a las singularidades o hechos diferenciales que explican la España plural», anunciando así un calvario parecido al que el tándem Zapatero-Maragall impuso a todos los españoles con el nuevo Estatuto catalán… Y todo eso, ¿solo para intentar «encajar» al PSC dentro del PSOE?

Juan Antonio Cordero nos ha recordado que en su discurso de clausura de la Conferencia Política del PSOE, celebrada en noviembre del 2013, Alfredo Pérez Rubalcaba dedicó un párrafo a esbozar qué entienden los socialistas por federal. Consciente quizá de que el abuso del término desde las filas socialistas ha acabado por oscurecer su significado para muchos ciudadanos, y tras etiquetar como federales algunas generalidades bienintencionadas, pero escasamente aclaratorias («Federal es respetar la diversidad de todos los pueblos de España; federal es que haya una claridad en el reparto de las competencias, que haya una justicia en la distribución de los impuestos; federal es que haya coordinación y cooperación y lealtad…»), el secretario general socialista intentó despejar dudas con tres ejemplos prácticos: «Federal es Alemania, es Austria y es la Europa que queremos construir los socialistas. Eso es lo que queremos».

Pero es dudoso que los tres casos mencionados —alemán, austriaco, europeo— ayuden, por sí mismos, al profano a entender de qué federalismo hablan los socialistas.

El federalismo puede ser un concepto impreciso, pero no sirve para cualquier roto o para cualquier descosido. No puede servir, por ejemplo, como comodín con el que salir del paso de la grave crisis política, social e institucional en la que nos ha metido a todos el nacionalismo catalán.

A propósito de esta apuesta federal del PSOE, el catedrático de Derecho Constitucional Javier García Fernández[41], un hombre próximo al socialismo, ha escrito lo siguiente:

La iniciativa socialista no está exenta de problemas. Por un lado, se ha dicho que nuestro Estado es cuasi-federal, por lo que proponer un modelo federal es una iniciativa más retórica que real dado que los cambios no serían muy significativos. […] La unidad de España no es solo territorial, también es social, a través de la cohesión de una sociedad que no tenga sobre su cabeza el riesgo de la pobreza.

García Fernández avanza a este propósito una hipótesis interesante:

Hay mucha gente que está convencida de que el independentismo catalán ha sido promovido por una élite nacionalista. Si ese discurso ha calado es por un motivo: porque las clases medias y las clases populares están sufriendo el desmantelamiento del Estado social y se les ha hecho creer que con la independencia recobrarían los beneficios sociales que se les han arrebatado.

Lo expuesto hasta aquí no debe servir para atribuir a quien esto escribe una postura inmovilista, porque la democracia española sí tiene problemas que deben abordarse desde la democracia misma. Profundizándola, haciéndola más participativa. Si existen oportunidades para que los ciudadanos participen en la toma de decisiones, lo más probable es que lo hagan. Pero esa participación real en los asuntos públicos, que tiene su expresión más cabal en unas elecciones generales, encuentra en el voto, así depositado, una insuficiente expresión. La democracia exige ya otras participaciones. Por otra parte, la democracia interna exigida por la Constitución a los partidos es una caricatura que es admitida y tolerada como algo inexorable, tanto como la nieve en el invierno o el calor durante el estío.

A modo de epílogo

LA CONFERENCIA DE NOVIEMBRE DE 2013 Y LOS PROBLEMAS PENDIENTES

La conferencia tan anunciada de noviembre de 2013, cuyos trabajos fueron coordinados por Ramón Jáuregui, dio como resultado unas resoluciones sobre cuatro aspectos de la realidad nacional: 1. Globalización y Unión Europea. 2. Economía y empleo. 3. Estado de Bienestar. 4. Modelo de partido. Y sin embargo, lo más llamativo de la conferencia fueron sus omisiones. Por ejemplo, la crisis provocada por la deriva separatista en Cataluña y la democracia interna del partido. Dos asuntos que no se abordaron. Quizá estuvo justificado no tratar en la conferencia un asunto interno como las —mal llamadas— primarias, pero sí era hora de abordar los gravísimos defectos que aquejan al funcionamiento de los partidos. Para justificar esta demanda citaré a Ramón Vargas-Machuca:

En su funcionamiento interno [los partidos] están sometidos a un «régimen de excepción» que restringe el ejercicio de algunas libertades, desactiva controles propios de una democracia constitucional y contradice pautas de la representación política. La excusa es hacer más funcional la competición política, aunque en realidad sirve para blindar la posición de los que mandan en los partidos. Y mandan quienes imponen un tipo de intercambio clientelar: la permuta de adhesión política por puestos o gratificaciones particulares. Las consecuencias son previsibles. Se alienta una selección negativa en la que cuenta como mérito la lealtad incondicional…

¡Recupérese el punto de vista genuino de la socialdemocracia! Y entonces no se darán bandazos, ni se rebuscará en el mercado de los principios a ver cuál agrada a la audiencia. Tampoco se caerá en el error de pretender ser más nacionalista, feminista o ecologista que cualquiera de los que han hecho de esas franquicias la divisa de su propia identidad. Eso, además de avalar aquello que se corteja, es un síntoma de que uno no tiene nada propio que ofrecer.

En cuanto a los textos aprobados, la impresión que uno saca tras su lectura —nada liviana por cierto— es que no han desaparecido los tics zapateristas: «Un PSOE más verde (ecologista) y más morado (feminista)», había anunciado la vicesecretaria general, Elena Valenciano. Por otro lado, las propuestas se han parecido demasiado a una carta a los Reyes Magos. Unas ofertas (o propuestas) difícilmente financiables. Pero no daré más opiniones personales, sino que recurriré a unas sabrosas citas, comenzando por una crítica surgida dentro de la dirección socialista. En efecto, Víctor Gómez Frías escribía el 15 de noviembre en El País lo siguiente:

[…] voté «no» en Economía y empleo y Estado de Bienestar porque los ingresos fiscales esperables (y relativamente cuantificados) por el primer bloque no permitirían financiar la mitad de los gastos apuntados (aunque apenas cuantificados) por el segundo […] la igualdad no basta con invocarla, y aunque se insistió en que la conferencia no fija el próximo programa electoral sino las metas para una década, eso no justifica proponer una envolvente de ingresos sensiblemente menor a la de gastos. […] El verdadero problema es que el conjunto no sería alcanzable, porque aunque cada medida tomada individualmente parte de una visión progresista que favorece a una parte de la ciudadanía, el coste global no es asumible con los ingresos apuntados.

Días antes, ya Víctor Lapuente había entrado a fondo contra las conclusiones de la conferencia en ese mismo periódico[42]:

El PSOE ha recogido los buenos deseos de miles de individuos y promete una lista de regalos para todos: a los sindicatos, vuelta a la negociación colectiva; a los desencantados con los banqueros, mayores controles e impuestos; a los más emprendedores interesados en recuperar competitividad […] En educación, «fortalecer la escuela pública» (imagino que pública-pública-pública: financiada públicamente, de titularidad pública y con profesores-funcionarios). […] se trata de un proceso «aditivo»: sumamos propuestas que, de forma independiente, pueden tener sentido y estar apoyadas por la evidencia empírica de otros países; pero que, juntas, pueden resultar irrealizables. […] Es ingenuo pensar que estas medidas puedan encajar en la estrategia de cualquier Gobierno. Son planes de vacas gordas para tiempos de vacas flacas.

Una filosofía más prometedora debería pasar por presentar de forma clara la posición del partido en algunos de los debates socialdemócratas fundamentales, no solo de hoy, sino de las últimas décadas.

A propósito de estas conclusiones de la conferencia, Nicolás Redondo escribió lo siguiente[43]:

Las resoluciones estrella tienen su origen en un diagnóstico erróneo y terminarán siendo capotazos al viento, pero nos han mostrado la profundidad de los problemas que se padecen.

Redondo recordaba en este texto que el diagnóstico de los dirigentes (y también de la conferencia) acerca de los males que aquejan al socialismo en la hora actual es el mismo que sostuvo la ejecutiva al día siguiente de las elecciones de noviembre de 2011. En resumen, que tales males se derivan exclusivamente del «obligado» giro dado por Zapatero en mayo de 2010, a lo cual Redondo añade que los socialistas:

Han mostrado un gran ímpetu en proteger un espacio menguante; han hablado antes de escuchar. Puro ilusionismo. Si se hubieran tomado tiempo para pensar, para escuchar a la sociedad, se habrían percatado de que el origen de sus problemas es anterior al cambio de rumbo de Zapatero y más complejo. Son dos las razones del fracaso socialista de los últimos años. El primero tiene que ver con la renuncia del presidente a construir un proyecto autónomo y mayoritario. Le bastó sumar aliados para ganar al PP. El segundo es la renuncia al pasado, con un afán «refundacionista». […] Las dos primeras renuncias demostraban dos convicciones inamovibles en Zapatero: la primera es que nunca creyó en la victoria del Partido Socialista, sino en la derrota del PP. La segunda es que nunca confió en el centro-izquierda sociológico, que a su vez le pagó hurtándole el apoyo cuando le era tan necesario, atemorizado por la retórica presidencial y la banalización de la política, convertida en un juego de imágenes chinescas.

Y como conclusión de lo anterior, Redondo decía:

La solución se encuentra en la vocación, abandonada en la Conferencia, de construir un proyecto autónomo y mayoritario, que no pasa por sumarse a ninguna marea.

Reproduciré también la crítica a esas conclusiones publicada por Jorge Galindo bajo el título El PSOE y la manzana envenenada:

Lo fundamental es que el PSOE acaba de cometer el error mayúsculo de escoger mal los temas que va a tratar y cómo va a hacerlo. Ha decidido que va a mantenerse con una perspectiva que cuadra con ese votante medio que hasta ahora le había dado unas cuantas alegrías y se ha negado así a aceptar dos cosas: que las circunstancias del mismo están cambiando, y que la nueva savia ciudadana bien puede tener otras necesidades […] En resumen: no es que el PSOE esté en peligro de perder el debate público, sino que parece que está perdiendo el hilo de la discusión. Mantienen lo que consideran su pilar central de votante con lo que ellos piensan que son los temas que le afectan y de la manera en que quiere enfrentarlos. Pero la realidad es que nuestro sistema de bienestar es cada vez más incapaz de proteger incluso a la clase media; que si no cambiamos el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo la falta de crecimiento estable va a afectar a todos y cada uno de nosotros; que una reforma impositiva como la que proponen no basta.

Concluiré con otra cita, esta vez foránea. Se trata del historiador británico Henry Kamen[44]:

En primer lugar, el PSOE necesita renovar sus ideas por completo, tanto en lo económico como en la política social […] en segundo lugar, el partido se está condenando a la extinción al negarse a renovar su liderazgo. Algunos miembros del partido creen que pueden escapar del régimen de los antiguos haciendo una búsqueda desesperada de mujeres jóvenes como candidatos. Eso es absurdo. Las mujeres cuyos nombres aparecen en la prensa no tienen ningún recurso fuera de sus bases en Andalucía y en Cataluña. ¿Está la vida pública en España tan carente de talento?

Por último, el partido tiene que decidir dónde se encuentra frente al nacionalismo […].

Nuestra conclusión no puede ser más que la de la respetada revista The Economist. «El partido», informó recientemente, «está cavando su propia tumba». El desempleo tiene la tasa más alta de cualquier país de Europa, la mitad de los jóvenes están desempleados y la corrupción es visible en todos los niveles de la política, pero el PSOE no ha podido ganar ningún apoyo popular y, de hecho, tiene menos hoy que cuando perdió las elecciones generales. Este fue una vez un buen partido, pero hoy es una sombra de sí mismo.

Uno no es tan agorero como Kamen, pero habrá de admitirse que aquellos que en el año 2000 se hicieron con los mandos del PSOE para «renovarlo» bajo la consigna de «juventud, primavera de la vida» nos han dejado en herencia un largo invierno del que tendremos que salir cambiando de caballo. De no hacerlo, seguiremos a la intemperie y tiritando.

Agradecimientos

A Jesús Galera, por sus atinadas indicaciones jurídicas.

A Natalia Marín, por sus habilidades archivísticas, y a Lucinda Álvarez, por su paciente eficiencia.

JOAQUÍN LEGUINA. Nacido en Villaescusa (Cantabria), en 1941, fue durante doce años presidente de la Comunidad de Madrid, y durante once secretario general de la Federación Socialista Madrileña (PSOE). Doctor en Ciencias Económicas (Universidad Complutense de Madrid) y en Demografía (Sorbona de París), es estadístico superior del Estado desde 1969 y ha publicado varios libros de su especialidad.

Su obra literaria es ya apreciable y apreciada, y su última novela, La luz crepuscular, ha obtenido un notable éxito. Articulista en diversos medios, nunca ha hurtado el cuerpo a cuerpo con la polémica, a menudo desde posiciones que pertenecen a una izquierda tan democrática como «políticamente incorrecta». Este libro da fe de ello.

Notas

[1] Antonio Muñoz Molina: Todo lo que era sólido, Seix Barral, Barcelona, 2013. <<

[2] Fernando Molina Aparicio: Mario Onaindía. Biografía patria, Biblioteca Nueva, Madrid, 2012. <<

[3] Juan Pedro Quiñonero: España, una temporada en el infierno, Confluencias, Almería, 2013. <<

[4] Carod-Rovira, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, el partido independentista que entró a formar parte del Gobierno de la Generalitat, se había entrevistado en Francia con representantes de ETA, lo cual, al saberse, provocó gran escándalo y la consiguiente dimisión de Carod como conseller en cap del Gobierno catalán. <<

[5] Se llamó sansepolcristas a los que fundaron el partido de Benito Mussolini, reunidos para ello en la sacristía de la iglesia del Santo Sepulcro. <<

[6] Tony Thorne: «Corrección política y reescritura de la historia». Claves, marzo de 2013. <<

[7] Durante los dos años completos y finales del Gobierno de Aznar (2002 y 2003) se aprobaron 163 leyes. Durante los dos primeros años completos del Gobierno de Rodríguez Zapatero (2005 y 2006), se aprobaron 109 leyes. Tantos y tan rápidos cambios en el panorama legal del país —a nadie se le escapa— no podían ser buenos. <<

[8] Como muestra de ello, recojo el argumento expresado por la diputada del PSOE ante el Pleno del Congreso en defensa de la paridad, el 15 de marzo de 2007: «El mérito y la capacidad no están reñidos con ser hombre o mujer. ¿Acaso un país donde más del 50 % de los universitarios son mujeres, con más de quince mil profesoras universitarias, con más de mil catedráticas, con un Poder Judicial que cuenta con un 42 % de mujeres, puede hablar de tener mujeres que no valen?». <<

[9] Antonio Muñoz Molina: Todo lo que era sólido, Seix Barral, Barcelona, 2013. <<

[10] Mangonear: entremeterse uno en cosas ajenas, pretendiendo mandar y disponer. <<

[11] Mauricio Lucena: En busca de la pócima mágica, Antoni Bosch, Barcelona, 2013. <<

[12] Mariano Guindal: El declive de los dioses, Planeta, Barcelona, 2011. <<

[13] Helena Béjar: La dejación de España, Katz Editores, Madrid, 2008. Para el estudio se trabajó con 17 grupos de discusión en Madrid, Toledo, Barcelona y el País Vasco. <<

[14] Jon Juaristi: Espaciosa y triste, Espasa, Madrid, 2013. <<

[15] Gregorio Morán: La decadencia de Cataluña, Debate, Madrid, 2013. <<

[16] Pierre Bourdieu: Langage et pouvoir symbolique, Seuil, Points, París, 2001. <<

[17] Albert Boadella: Diarios de un francotirador, Espasa, Madrid, 2012. <<

[18] Xavier Horcajo: La pasta nostra, Sekotia, Madrid, 2013. <<

[19] Gregorio Morán: La decadencia de Cataluña, Debate, Madrid, 2013. <<

[20] Gregorio Morán: La decadencia de Cataluña, Debate, Madrid, 2013. <<

[21] José Varela Ortega: Los señores del poder, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2013. <<

[22] Ramón de España: El manicomio catalán, La Esfera de los Libros, Madrid, 2013. <<

[23] Jesús Eguiguren y Luis Rodríguez Aizpeolea: ETA, las claves de la paz, Aguilar, Madrid, 2011. <<

[24] Ángeles Escrivá: Maldito el país que necesita héroes, Temas de Hoy, Madrid, 2012. <<

[25] Ángeles Escrivá: Maldito el país que necesita héroes, Temas de Hoy, Madrid, 2012. <<

[26] Ángeles Escrivá: Maldito el país que necesita héroes, Temas de Hoy, Madrid, 2012. <<

[27] Ibídem. <<

[28] Curioso término este, traducido y mal del inglés, que ahora se usa para designar el endeudamiento y que según el DRAE (el de 1947, que es el que tengo delante) significa «acción y efecto de apalancar», y apalancar significa «levantar, mover alguna cosa con una palanca». <<

[29] Ignacio Torreblanca: Informe sobre la democracia en España, Fundación Alternativas, Madrid, 2013. <<

[30] Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. <<

[31] El País, 17 de mayo de 2013. <<

[32] Gabriel Tortella: «La responsabilidad de los poderosos», El País, 8 de julio de 2013. <<

[33] Félix de Azúa: «Un descalabro», El País, 10 de diciembre de 2011. <<

[34] Joaquín Estefanía, El País, 5 de mayo de 2013. <<

[35] En la traducción española, Hernández y Fernández. <<

[36] José María Maravall: Las promesas políticas, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2012. <<

[37] http://www.puertadebrandemburgo.com. <<

[38] Juan Pedro Quiñonero: España, una temporada en el infierno, Confluencias, Madrid, 2013. <<

[39] Rafael Chirbes: En la otra orilla, Anagrama, Madrid, 2013. <<

[40] 100 menos la suma de síes y de noes es el porcentaje de quienes no saben o no contestan. <<

[41] Javier García Fernández: «Un pacto para la reforma constitucional», El País, 3-XII-2013. <<

[42] Víctor Lapuente: «La carga del hombre rojo», El País, 12-12-2013. <<

[43] Nicolás Redondo: «Alejarse de los ecos del pasado», El País, 4-12-2013. <<

[44] Henry Kamen: «El crepúsculo del socialismo español», El Mundo, 3-12-2013. <<