Éste es un alegato contra el sectarismo de quienes, sin haber soportado en su mayoría los rigores del franquismo, levantan ahora su bandera en favor de sus víctimas y contra la impunidad de los crímenes cometidos por aquél. Para ellos, durante la Guerra Civil, los buenos no pudieron controlar cabalmente la situación y evitar los desmanes en su territorio, mientras que los malosfueron responsables de un genocidio cuidadosamente planificado. De esta forma, los antifranquistas sobrevenidos, desde un adanismo sospechoso, cometen la misma falta que denuncian: se olvidan de una parte de las víctimas que produjo la vesania desatada por la guerra.

Joaquín Leguina, en un ejercicio que él entiende como una obligación cívica, reflexiona en estas páginas acerca del dolor y la intolerancia; de la batalla —muy alejada del espíritu de la Transición— entre la parte más sectaria de la izquierda que convierte a las víctimas en arietes y una derecha incapaz de asumir de una vez la trágica realidad de las fosas. De la prolongación de todo ello, tanto en la judicatura como en la prensa. También del provecho político que se quiere obtener.

Un brillante escrito sobre el duelo y la revancha que suscita la tan traída y llevada «memoria histórica».

Joaquín Leguina

El duelo y la revancha

Los itinerarios del antifranquismo sobrevenido

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Titivillus 19.09.15

Título original: El duelo y la revancha

Joaquín Leguina, 2010

Editor digital: Titivillus

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Cuando se muere un dictador, los valientes hacen cola para derrocarlo.

JULIO MARÍA SANGUINETTI

Yo pensaba que los intelectuales amaban, sobre todo, la verdad, pero he comprobado que muchos de ellos prefieren la popularidad.

BERTRAND RUSSELL

INTRODUCCIÓN

POCO a poco, los españoles nos hemos ido acostumbrando al sectarismo político, cuyo feroz impulso sólo puede deberse a la demagogia que se ampara en los más bajos instintos. Un sectarismo que no sólo ha invadido la política, también se ha instalado en ámbitos que debieran estar reservados a la reflexión y la objetividad, tales como la judicatura o la prensa, convertidas hoy en campo de batalla. En tales condiciones ambientales, a mi juicio, la recusación del sectarismo se ha convertido en una obligación cívica.

La reacción contundente que se produjo entre las filas autodenominadas «progresistas» ante el procesamiento de Garzón por el Tribunal Supremo, reacción a la que se sumaron sorpresivamente —al menos para mí— los dirigentes de los dos grandes sindicatos españoles, evidenció la existencia de un movimiento revisionista respecto a la Transición democrática realizada en España inmediatamente después de la muerte del general Franco. En contra de la ejemplaridad de la Transición, tan predicada durante largos años, los contestatarios —en parte, hijos de la generación que había protagonizado esa Transición— ponían en solfa las bondades de ésta, llegando a denunciar como cobarde una de las piezas que fueron claves en aquella aventura democrática: la Ley de Amnistía de 1977 que, según estos críticos, no sólo había sido aprobada bajo la amenaza y el ruido de los sables, también dotó de impunidad a los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, además de haber servido para imponer una supuesta amnesia colectiva sobre la Guerra Civil y sus funestas consecuencias.

Que hubieran sido dos organizaciones de extrema derecha las denunciantes del juez Garzón y que el Tribunal Supremo hubiera admitido las denuncias en contra del criterio de la Fiscalía hacían inatacables los argumentos según los cuales estábamos (y estamos) asistiendo a una caza del hombre por parte de la derecha en la persona del juez Garzón, y esa inicua persecución del juez, que tenía por objeto su destrucción profesional, tomaba como pretexto —en el colmo del desparpajo derechista— precisamente los crímenes cometidos por el franquismo. Crímenes que se ponían en evidencia cada vez que se abría una fosa de las muchas que habían sembrado por toda España aquellos criminales a quienes una democracia pacata y cobarde había otorgado la impunidad.

El discurso «políticamente correcto», es decir, indiscutible e incuestionable, estaba servido y se imponía la unanimidad en el conjunto de la izquierda frente a una derecha heredera del franquismo, incapaz de asumir la trágica realidad de las fosas.

Pero, a mi juicio, la mayor parte de este discurso, como casi todos los «políticamente correctos», es maniquea y censora. Por otro lado, tengo la convicción de que casi todas las unanimidades son sospechosas… y no siendo yo muy partidario de quienes se alzan con el santo y la limosna y ejecutan el papel de «preclaros ejemplos para la juventud» (tal parece ser el papel que se ha asignado a sí mismo este juez-estrella llamado Baltasar Garzón Real), he escrito las páginas que siguen, para intentar convencer a mis posibles lectores de que no es oro todo lo que reluce ni verdad todo lo que se predica.

Empero, soy consciente de que en España los debates tienden a emponzoñarse, sobre todo si alguien pone en duda las «verdades reveladas», y no soy el único en asegurarlo. Veamos, por ejemplo, lo que a este respecto ha escrito recientemente el profesor Álvarez Junco en El País:

«Debates aparentemente teóricos entrañan con frecuencia riesgos muy reales. Esto lo han sabido de sobra, por ejemplo, en la España de los últimos treinta años, quienes intentaban plantear en términos racionales el tema del nacionalismo ante ambientes nacionalistas; sus palabras podían terminar en amenazas físicas, rupturas de viejas amistades u ostracismo. La tensión, últimamente, se concentra alrededor de la llamada “memoria histórica”. Escribir sobre la República, la Guerra Civil, el franquismo o la Transición es algo que uno no debe hacer sin palparse antes la ropa. Porque puede muy bien ocurrir que termine siendo declarado traidor a alguna causa sagrada».

Pero la cosa no es nueva sino que responde a una arraigada tradición española, la de la intolerancia —tan ligada a las religiones monoteístas—, que anidó entre nosotros hace ya muchos años y que, como el río Guadiana, salta sobre la tierra tras breves tramos oculto bajo ella. Refiriéndose a esa intolerancia, Jon Juaristi (Letras Libres, X-2010) nos ha recordado hace pocas fechas que «el marbete de pastelero se endosó prácticamente a todos los gobernantes moderados de la España liberal, en el siglo que va desde la regencia de María Cristina (1833-1840) a la II República (1931-1939). Pasteleros fueron, según dicho criterio, Martínez de la Rosa (el primero de todos), Cánovas, Sagasta, Silvela, Maura o Lerroux. Según una imagen muy gráfica, el liberalismo razonable sobrevivió a duras penas en un país cuya mitad septentrional se dedicaba a preparar guerras civiles y la meridional a desatar revoluciones… La persistencia de la retórica apocalíptica (y milenarista) puede comprobarse en poetas de ambos bandos durante la última Guerra Civil (los de Pemán y Alberti son, quizá, los casos más evidentes) pero también en la desenfrenada oratoria de políticos, sindicalistas, militares y obispos. Acaso lo más preocupante sea su irrupción en el lenguaje mediático de esta primera década del siglo XXI, caracterizada en España por un creciente descrédito de la tolerancia política». Esa intolerancia sectaria trae aparejado un evidente deterioro en el debate público español. Manuel Arias Maldonado lo ha visto así en su artículo «Las aguas tóxicas» (Letras Libres, X-2010):

«Desde luego, sería extraordinario que nuestra conversación pública no reflejase la realidad de un país donde la imposibilidad de debatir razonablemente sobre los asuntos públicos compromete seriamente la capacidad de una sociedad democrática para funcionar correctamente y requiere, por ello, de una especial atención. No parece necesario presentar muchas pruebas de semejante degradación ambiental. Basta pensar en el tenor de las tertulias políticas, en el lamentable periodismo de declaraciones, en nuestra agenda política de vodevil. Pero también en los debates privados sobre asuntos públicos, donde con tanta facilidad se recurre a la identificación partidista y al atajo ideológico. Todo ello, además, en un ambiente bronco. Porque el español se manifiesta, grita, se disfraza, pero no delibera. En fin, si Diógenes de Sínope buscaba un hombre bueno armado con un farol, bien podríamos buscar nosotros en España una conversación política donde se persiguiese la verdad —o algo parecido a la verdad—, en lugar de la mera adhesión a la trinchera propia. Y aquí, precisamente, reside el problema… En consecuencia, podemos interpretar la imposibilidad del debate razonado sobre asuntos públicos en nuestra sociedad como una mera manifestación particular de su más general incapacidad para optimizar su funcionamiento. O sea, para transmitir la información correcta, poner en circulación buenas ideas y tomar las mejores decisiones en las distintas esferas vitales. Desgraciadamente, el subdesarrollo educativo de la sociedad española es el mayor obstáculo para el reconocimiento —y corrección— de ese mismo subdesarrollo educativo: una tautología sólo aparente. Porque una sociedad así difícilmente puede cambiar. Y no digamos refinarse».

Tras palparme la ropa —como aconseja José Álvarez Junco—, no quiero caer en la simplificación que critico, pues soy consciente de que la realidad, también la preñada de sufrimiento y de rencor, es compleja y sé que el análisis consiste, precisamente, en separar cuanto se pueda las partes para mejor comprender el todo. Y, en este sentido, no conviene meter en el mismo saco el dolor de las víctimas —asesinadas a manos de gente vil y miserable— y la manipulación política que pretende convertir a esas víctimas —merecedoras de la piedad y el descanso— en arietes utilizables hoy en perjuicio o en beneficio de unos y de otros.

LA TRANSICIÓN EN LA PICOTA

CUANDO Franco murió (el 20 de noviembre de 1975), expertos de variada extracción pensaron y dijeron que entre nosotros prevalecería lo que Miguel Ángel Aguilar ha llamado «nuestra exasperación unamuniana» y que acabaríamos volviendo —como la burra al trigo— a los enfrentamientos cainitas, «pero los líderes españoles de aquel momento optaron —dice Aguilar— por lo contrario: el método fue la concordia y el resultado una Constitución social y políticamente avanzada y, además, consensuada por todas las fuerzas políticas relevantes».

El Partido Comunista de España (PCE), dirigido desde larga data por Santiago Carrillo, hacía ya casi veinte años que venía predicando —y no en el desierto— la reconciliación nacional. La reunión de Múnich (1962) y tantos otros acontecimientos en esa misma dirección crearon un ambiente de entendimiento entre las fuerzas democráticas de diversos orígenes e ideologías. Por su parte, el bando franquista estaba ya escindido, y esa ruptura se agudizó a partir de la Revolución portuguesa de los Claveles, durante la cual muchos de los más recalcitrantes debieron sentir un fuerte aliento en el cogote. Un aliento militar, para más inri.

No resultó, por tanto, tan sorprendente que los unos y los otros estuvieran dispuestos a ponerse en el lugar de quienes, hasta el día anterior, habían sido sus «enemigos irreconciliables».

Por su parte, la Iglesia católica, con el cardenal Vicente Enrique Tarancón al frente, puso también su voluntad en aquella reconciliación. Fue en este ambiente de concordia (o de deseo de concordia), con todos los partidos y sindicatos ya legalizados, en el que se celebraron en España las primeras elecciones libres desde febrero de 1936 (el 15 de junio de 1977).

De aquellas elecciones salieron las Cámaras (Congreso y Senado) que en octubre de 1977 aprobaron la amnistía de «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976» (artículo 1). Una amnistía que extendía y completaba las medidas anteriores que, en esa misma dirección, tomaron dos decretos-leyes (39 de julio de 1976 y de 14 de marzo de 1977).

Ésa fue la amnistía que ahora se pretende invalidar como si hubiera sido consecuencia de las imposiciones de unos sobre otros.

A este propósito, el mismo Miguel Ángel Aguilar ha contado (El País, 27-IV-2010) una sabrosa anécdota:

«Recuerdo una ocasión del pretérito imperfecto, cuando en 1968 el entonces secretario general de los sindicatos verticales, Rodolfo Martín Villa, presentó en Mayte Commodore la nueva ley sindical. Los periodistas echaban a faltar una amnistía rehabilitadora de todos los enlaces sindicales electos que habían sido desposeídos de sus cargos por aplicación de un decreto despótico de 1942. Martín Villa reiteraba al responderles su preferencia por mantenerse abierto en la ley y conservador en las personas. Un buen amigo, al que le correspondió intervenir casi al final, quiso tranquilizar a todos y anticipó que “la primera medida del posfranquismo sería una generosa, completa y total amnistía para todos los franquistas”. Entonces, algunos fornidos “procuradores sindicales” se levantaron dispuestos a la agresión. Recuperada la calma, Martín Villa sentenció: “Es muy duro que os invitemos a cenar para que nos perdonéis la vida”. Ese mismo amigo considera que sus procesamientos ante el Tribunal de Orden Público en 1967 y ante los Tribunales Militares confirma que estuvo donde debía en defensa de las libertades. Para nada quiere su anulación».

Ese «buen amigo» era el propio Miguel Ángel Aguilar, pero veamos todo el proceso con algún detenimiento.

En fecha tan temprana para el asunto que nos ocupa como enero de 2003, el historiador Santos Juliá escribió en Claves de la Razón Práctica un artículo, a mi juicio clarificador, que tituló: «Echar al olvido: memoria y amnistía en la Transición a la democracia», donde criticaba —y con buenas razones— que «durante los últimos años ha proliferado la denuncia genérica de la Transición por haberse montado artificialmente sobre una amnesia colectiva… La amnistía, punto de arranque del proceso constituyente, se presenta como un pacto de silencio que nos habría llevado a una transición amnésica y a borrar de la historia a los que protagonizaron los hechos históricos».

«Tan atrapados estaríamos por el olvido y el silencio —añadía Santos Juliá— que se ha titulado El despertar de la amnesia un reportaje sobre novedades editoriales dedicadas a la represión durante el primer franquismo…», y como una de las frases desafortunadas —que cita Juliá en ese artículo— era mía («Se está imponiendo un silencio consentido»), a la par de entonar —si fuera necesario— el mea culpa, quiero dejar clara mi posición acerca de la Transición para negar, en primer lugar, aquella supuesta amnesia y reivindicar no el olvido, sino «echar al olvido», como se diría en el viejo castellano, tal y como lo ha señalado Santos Juliá.

La primera conclusión a la que se llega tras analizar el proceso que desembocó en la Ley de Amnistía es que tras la muerte de Franco los españoles, en general, y los políticos, en particular, no dejaron de hablar ni de escribir acerca de la Guerra Civil y de la dictadura; las hemerotecas y la bibliografía de la época dan cuenta sobrada de ello. Por lo tanto, la palabra amnesia no es la adecuada. Pero ya antes de la muerte del dictador, los contactos, encuentros y acuerdos entre aquellos que habiendo sido franquistas habían renegado del régimen y los viejos y nuevos partidos de la oposición habían considerado unánimemente —como ya se ha indicado— la necesidad de una amnistía como paso previo a la apertura de un proceso que condujera a una Constitución democrática. Lo cual equivalía a entender la amnistía como un cierre.

El mismo día en que se abrieron las nuevas Cortes (1977), Santiago Carrillo, como secretario general del PCE, opinó que aquellas Cortes recién elegidas tenían como primer objetivo «culminar el proceso de reconciliación de los españoles con una amnistía para todos los delitos de intencionalidad política».

Lo ha explicado con claridad José Álvarez Junco en un artículo del 16 de septiembre de 2010: «Pactos, hubo muchos, pero no de silencio»; el mismo tópico que también Santos Juliá rebate: «Hubo amnistía, pero precisamente porque se recordaba demasiado bien aquel pasado sucio y se decidió echarlo al olvido, no utilizarlo políticamente, aceptando la responsabilidad de todos. Sobre Guerra Civil y franquismo hubo, a lo largo de aquellos años, libros académicos y de divulgación, memorias, artículos, coloquios, películas, novelas, exposiciones; hubo exhumaciones de fosas, difundidas en revistas de gran tirada. Y ahora, sin embargo, hay autores que proclaman ser los primeros en hablar de estos temas, que eran desconocidos para los españoles porque estaba prohibido investigar o publicar sobre ellos. Al revés. Todos los recordaban, se referían a ellos sin parar. Pero como modelo negativo».

No era (ni es) necesario explicar el porqué de la amnistía para quienes se habían dedicado a la limpieza en ambas retaguardias durante la guerra, pero ¿por qué se amnistió también a los que fueron responsables de muertes, torturas y cárceles desde el 1 de abril de 1939 hasta el último aliento del dictador? En concreto, los que están descritos en el artículo 2 de la ley: «Los delitos y faltas que hubieran podido cometer las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley (todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado (artículo 1), así como los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas».

Para explicar esta «generosidad» que ahora tanto se critica es preciso mostrar que esa «generosidad» fue mutua. ¿Por qué?

Porque era imposible amnistiar en 1977, lógica y políticamente, a los miembros de ETA y a otros condenados por los tribunales franquistas pertenecientes a organizaciones violentas sin aplicar un borrón y cuenta nueva sobre jueces, policías y otros sostenedores directos del aparato represivo del régimen.

¿Que eran posibles otros procedimientos jurídicos para sacar a la calle, por ejemplo, a los autores del atentado contra Carrero Blanco sin amnistiar a Roberto Conesa y a Saturnino Yagüe? Quizá sí era posible, pero hubiera sido un disparate.

Sólo los militares demócratas de la UMD siguieron con la pena accesoria (pérdida de empleo), aunque se les amnistiara la pena principal. Ellos fueron —es la pura verdad— los únicos maltratados por aquella Ley de Amnistía.

El, tantas veces citado aquí, profesor Santos Juliá, que no es, precisamente, sospechoso de connivencia con el franquismo, lo ha visto así en un libro de reciente aparición (Hoy no es ayer):

«Los que presentaron y aprobaron esta ley ¿se habían olvidado del franquismo, de su naturaleza represiva, de las torturas y las violaciones de derechos fundamentales? Sería absurdo suponerlo; pero es que, además, lo trajeron a la memoria sólo para afirmar su voluntad de echarlo al olvido. Los apartados e) y f) del artículo segundo —citados más arriba—, los que se referían a los funcionarios de la dictadura, no se colaron de rondón en el proyecto de ley, sino que se incorporaron a su texto con la plena conciencia de que ésa era la contrapartida exigida por la amnistía para todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, como establecía el artículo primero».

Marcelino Camacho, portavoz del Grupo Comunista en el debate, habló de la amnistía como pieza capital de la política de reconciliación: «Los comunistas —dijo—, que tantas heridas tenemos, que tanto hemos sufrido, hoy estamos resueltos a marchar hacia delante por la vía de la libertad, de la paz y del progreso. Hoy no querernos recordar ese pasado, porque hemos enterrado a nuestros muertos y nuestros rencores».

Vista así la cosa, cabe preguntarse: ¿de dónde ha salido ese espíritu crítico y revisionista de la Transición? ¿Con qué pruebas se afirma que aquello fue una gran chapuza? ¿Por qué, además de equivocados, se califica de desagradecidos, cobardes y hasta de traidores a quienes —desde la izquierda— apostaron entonces por la reconciliación y el olvido? ¿De dónde sale la idea de que la Ley de Amnistía, a la que califican de amnésica, fue hecha en beneficio de los torturadores y asesinos que habían campado por sus respetos durante la larga noche dictatorial? ¿Por qué se reivindica con gran énfasis la «merecida exaltación pública» de los «héroes republicanos» que perdieron sus vidas y haciendas en defensa de los ideales democráticos? ¿De dónde nace ese renovado interés por la Guerra Civil? ¿Acaso se pretende no sólo reescribir la historia sino también ganar ahora, más de setenta años después, la guerra que se perdió entonces?

Seguramente las respuestas a esos interrogantes son múltiples y encontrarlas es labor más propia de psicólogos y sociólogos. A través, por ejemplo, de un trabajo de los llamados cualitativos. Más útiles, creo yo, que las reflexiones que me propongo escribir a continuación y que espero sirvan, al menos, para acercar la mano a esa herida. Porque detrás de todo esto —no creo descubrir nada si lo digo— hay también una manipulación política.

En mi opinión, los antifranquistas sobrevenidos cometen, en primer lugar, la misma falta que denuncian, es decir, se olvidan o desprecian una parte notable de lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, las múltiples rehabilitaciones que los gobiernos de Suárez y de González acordaron en beneficio de los combatientes republicanos, los apoyos otorgados para la búsqueda de desaparecidos o los dineros aportados para sufragar muy justas reparaciones. Amén de las múltiples declaraciones parlamentarias condenando el franquismo y sus métodos. Pero el adanismo en el que con harta frecuencia caen algunos jóvenes quizá esté detrás —al menos en parte— de este impulso. Un adanismo que ha propiciado y practicado, con gran intensidad y pro domo sua, el «nuevo socialismo» de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. A ese mismo se une aquí, al parecer, aquella pulsión que Freud bautizó como «matar al padre», y que, en este caso, no está exenta de razones. Un arreglo de cuentas que podría enunciar así:

«¿Qué se habrán creído que son estos señores (nuestros padres), que nos vienen predicando por tierra, mar y aire desde hace años la perfección ejemplar de su obra política, es decir, las delicias de la Transición? Se niegan a reconocer los defectos que ella tiene, pues la Constitución de 1978, como el infierno, está empedrada de buenas intenciones, pero no ha dejado de crear problemas, por ejemplo, imponiendo una ley electoral, a todas luces, injusta».

Reconozcamos que este razonamiento contra los «orgullosos padres» no carece de argumentos. Entonemos pues, nosotros, los protagonistas de entonces, nuestro mea culpa.

Me atreveré a desgranar algunas de esas «culpas». Por ejemplo, las que están dentro de la Constitución. Ésta —por ejemplo—, al querer reponer el sistema de partidos, se pasó en la dosis, favoreciendo una auténtica jaula de hierro en forma de oligopolio burocrático que ha resultado invasivo, ocupando espacios en el área social, es decir, en organizaciones cívicas del más variado pelaje y también en parcelas del Estado, como la judicatura, cuya politización partidaria ha resultado nefasta para el correcto funcionamiento de la democracia. Unos partidos que se han pasado y se pasan por el arco de triunfo las pocas obligaciones que la Constitución les impone: «Deberán ser democráticos en su estructura y funcionamiento…», y, desde luego, no lo son.

Por otra parte, el título VIII de la Constitución, creador del sistema autonómico hoy vigente, es un auténtico camello (¿qué es un camello? Un caballo hecho por una comisión) que no ha traído sino problemas, y no sólo a través de las sempiternas reivindicaciones nacionalistas, también al crear unas nuevas burocracias hipertrofiadas a las que —desde el Estado— nadie se ha atrevido a poner coto.

En fin, que —como ya sabemos— la obra no es perfecta. Al contrario, tiene muchos defectos… Y si no se subsanan, no es porque no sea posible hacerlo, sino porque los grandes partidos no quieren abordarlo. Y lo mismo pasa con los reglamentos de las Cámaras, que han dejado sin buena parte de sus derechos civiles a los diputados y senadores, entre otros el derecho a la libre expresión de las ideas, lo cual, al tratarse de un Parlamento, se convierte en un insoportable sarcasmo.

Pero en lo tocante a las libertades y derechos civiles, es difícil —por no decir imposible— encontrarle a la Constitución una tacha, aunque me temo que no son esas críticas las más relevantes para los antifranquistas sobrevenidos.

Otra causa —y desde luego, no la menor de ellas— que explica el nacimiento de este movimiento —me refiero, claro está, al antifranquismo sobrevenido— está en el fracaso del proyecto eurocomunista que lideró Carrillo y que tenía como referente y objetivo el modelo italiano de entonces. Es decir, un Partido Comunista fuerte, social e intelectualmente bien enraizado y un Partido Socialista capitidisminuido. Al fracasar dicho proyecto, se frustraron muchas esperanzas, naufragaron muchos proyectos políticos y personales. Frustraciones que emergen aquí y acullá con efectos no siempre sanos.

En efecto, los comunistas españoles de entonces, cuyos sacrificios y presencia en la lucha antifranquista fueron evidentes, creían tener derecho, una vez llegada la democracia, a representar a la parte electoralmente más relevante de la izquierda, constituyendo una especie de socialdemocracia de nuevo cuño: masiva, respetable y pactista… Pero todo comenzó a venirse abajo el día 15 de junio de 1977, cuando se conocieron los resultados de aquellas elecciones y se vio que era el PSOE y no el PC quien se había quedado con el santo y la limosna.

Tengo un vivo recuerdo de aquella noche del 15 de junio y es el siguiente:

Al cerrarse las urnas me acerqué a un colegio electoral en el distrito de Chamberí, el Rufino Blanco, para seguir el escrutinio. No era, ni es, un barrio propicio a la izquierda y allí estaba, como apoderado del PC, un compañero de la facultad donde ambos ejercíamos de profesores. Estábamos charlando los dos cuando se presentó un grupo de jóvenes comunistas, que, según dijeron, venían de Vallecas. Debieron de pensar que yo era de la cuerda, así que comenzaron a desgranar quejas a causa de los resultados que el PC estaba obteniendo en aquel barrio del sur. Estaban tristes, y una de las chicas lloraba. «¿Pero qué ha pasado?», preguntó el profesor. «Pues que los nuestros —contestó la joven entre hipidos— se han puesto a votar, como locos, a los socialistas».

Y a partir de ahí, de aquella gran frustración personal y política, los comunistas españoles hicieron buena la vieja sentencia campesina según la cual «cuando no hay harina, todo es mohína…», y las sucesivas oleadas de emigrantes tomaron, como Saulo, el camino de Damasco, es decir, la senda cuya stazione termini era el PSOE, aunque buena parte de ellos —para decirlo todo pero sin generalizar— no llegaron a «la casa común» (término edulcorado inventado por Txiqui Benegas) con la fe y el impulso vital de San Pablo sino más bien con el ánimo de Sancho Panza, dispuestos a sobrevivir en la política sin cuestionar ni intervenir en los sucesivos bandazos que el PSOE ha protagonizado, sobre todo desde la salida de Felipe González de la Secretaría General. Hay relevantes excepciones, pero la mayor parte de ellos han sustituido su vieja actividad militante por la adaptación burocrática a unos puestos que, a falta de grandes y prometedores objetivos, sirven, mal que bien, para la supervivencia personal y política. Como confesó con humor uno de ellos: «Queríamos comernos el mundo, pero nos hemos acabado aficionando a los percebes», que tampoco están mal, añado yo. En otras palabras: «Pues si no podemos cambiar el mundo, cambiemos de conversación». Vamos a ello.

El naufragio comunista que adquirió caracteres universales tras la caída del muro berlinés y el consiguiente hundimiento del sistema soviético, dejó ruinas aquí y acullá y ese rescoldo recibe hoy en España el nombre de Izquierda Unida (IU). Sus miembros han tenido —frente a los «emigrantes» hacia las cálidas tierras socialistas— la virtud del empecinamiento, aunque hayan abandonado ya las añosas referencias a la clase obrera como motor de la historia. Lo cual, durante la dictadura, hacía pensar a cualquier interlocutor que bajo las axilas de cada militante comunista se ocultaba un heroico proletario. En efecto, ya no abundan entre los actuales componentes de IU esas referencias y se han acogido a un nombre prometedor, el de «la izquierda alternativa». Y uno se pregunta: ¿alternativa a qué o a quién? Y la respuesta resulta obvia: alternativa al sistema.

¡Qué palabra tan útil esta de «sistema»!

Ya lo dijo un polaco exiliado llamado Leszek Kolakowski en su ya vieja polémica con el comunista británico Edward P. Thompson: «Pensar en términos de sistema no sólo da excelentes resultados, da resultados milagrosos. Simplemente resuelve los problemas de un plumazo».

En efecto, como iluminaba un viejo chiste ruso: «El comunismo está en el horizonte. Esto es, en una línea imaginaria que se aleja de nosotros mientras caminamos hacia ella». La caída del muro no sólo representó el derrumbe de unos regímenes —los comunistas— liberticidas e ineficaces, también supuso la caída del marxismo como ideología.

Los revolucionarios han pensado siempre que la emancipación se halla vinculada a la dureza de la vida, una liberación que será total o no será. Porque los revolucionarios hablan en nombre de la razón, de la utopía o de la historia. No nos hablan de lo que sucederá, sino de lo que tiene que suceder. Ya Robespierre añadió un eslabón definitivo a esa cadena cuando propuso tratar al pueblo con la razón y a los enemigos del pueblo con el terror, porque, después de todo, «la verdad es el azote de los déspotas». El propio Lukács, en uno de sus párrafos lúcidos, escribió, también él, que «el bolchevismo se basa en la hipótesis metafísica según la cual el bien puede surgir del mal y se puede llegar a la verdad mintiendo». Lo diré sinceramente: en el fondo, no creo que las críticas genéricas o precisas que desde IU se hacen al capitalismo estén desencaminadas, incluso es comprensible que IU intente incluir el ecologismo radical en sus planteamientos (¿qué dirán de estos nuevos discursos verdes los viejos camaradas, mineros del carbón o los obreros industriales, industrias ellas harto contaminantes?), pero lo que intelectualmente no soporto son los clichés, gastados por el uso, que se repiten una y otra vez desde aquellas filas, así como la defensa insostenible que desde allí se hace en favor de algunos regímenes políticos, cuya única defensa se reduce a mostrar que son antiimperialistas, es decir, antiyanquis.

Oyendo sus «argumentos», se diría que todos los males que sufren, por ejemplo, los cubanos en aquella isla son culpa de la incomprensión norteamericana y del «bloqueo» (inexistente, pues se trata de un embargo comercial, que es cosa muy distinta) decretado por el «imperialismo yanqui». Que allí no existe una dictadura (¡qué va!) y que los presos políticos están metidos en aquellas mazmorras porque son delincuentes comunes (Willy Toledo dixit). Y a parecidas decepciones intelectuales se llegaría de seguir semejantes visiones respecto a la situación en la que se encuentra hoy África, presa de sátrapas locales sin cuento y también, es cierto, de sus amigos, los expoliadores profesionales de tez blanca.

De hacer caso a tantas «verdades adquiridas» se llegaría a la conclusión de que los hombres nacidos en cualquier latitud no son cultos, benéficos, felices… ni vuelan como las águilas, porque se lo impide el hombre blanco.

Este rechazo de lo complejo en beneficio de las simplezas y los consignazos convierte a menudo a esta sedicente izquierda en una amalgama de «progres», siempre dispuestos a subirse a cualquier carro que pase por delante de sus puertas si lleva con él algún aroma justiciero, se llame Baltasar Garzón o Hugo Chávez… Y eso, claro está, poco tiene que ver con la izquierda, tal y como yo la entiendo y creo no exagerar si digo que es así —como yo la entiendo— como la entiende cualquier persona normal y corriente.

Pero he de confesar que a mí lo que me resulta más incomprensible en esta parte de la izquierda española, es decir, lo que menos me gusta del discurso y de la acción de ellos es su desprecio por el Estado y su consentimiento para con los discursos y la acción de los nacionalismos periféricos españoles, cuyo objetivo estratégico no es otro —según estos nacionalistas confiesan— que destruir el Estado. Contemplar, por ejemplo, a un tal Madrazo, dirigente durante muchos años de IU en Euskadi (que en buena ley debiera ser el heredero de Ormazábal, Agustín Ibarrola, Pericás, Vidal de Nicolás… y otros ilustres comunistas vascos, con largos años de cárcel) haciendo de mamporrero al servicio del PNV y de Ibarretxe, simplemente, da pena. Para no hablar de los restos del PSUC catalán (Iniciativa por Cataluña-Verdes se denominan ahora), viéndose reducidos a un solo representante en el Congreso de los Diputados y convertidos en socios de un tripartito que ha gobernado en Cataluña durante dos legislaturas y cuyo mayor mérito ha consistido en defender un nuevo Estatuto catalán —digámoslo suavemente— poco respetuoso con la Constitución… y todo ello a la mayor gloria del pujolismo, cuyo inventor, como el Cid, sigue ganando batallas después de su retirada. Una izquierda catalana que es a la vez minoritaria y seguidista, lo cual resulta, en verdad, tan original como suicida.

También el caso de IU en Asturias resulta patético. En su afán de «abrirse hacia nuevos horizontes», y pese a formar parte —cuando esto escribo— del Gobierno asturiano junto al PSOE, IU se ha buscado una nueva reivindicación, pero no en torno a la situación de la minería o de la industria, sectores que siguen estando allí en permanente crisis… No, para la IU asturiana lo importante es la defensa y fomento del bable, que ellos quieren convertir en la «lengua propia» de Asturias. Ni reforma ni revolución… lo importante es el objetivo identitario: ¡¡el bable como lengua vehicular en la escuela!! Estos juegos florales llevados a la política asturiana provocarían bromas y risas si no produjeran la tristeza de ver adónde fueron a parar los viejos ideales.

Sea sotto voce o sea en voz alta, muchos de quienes se han puesto a empujar y liderar este antifranquismo sobrevenido, aquellos que con tanto arrojo y denuedo se dedican a alancear moros muertos, están en las filas de IU o revolotean en su entorno. Y cuesta aceptar que hayan sido ellos quienes han movido el ataque principal de la batalla revisionista contra la Transición. Con esto último me refiero, claro está, a la descalificación de la Ley de Amnistía de 14 de octubre de 1977.

¿Cómo es posible que sean los herederos del PCE, los herederos de quienes fueron los primeros en proponer la «reconciliación» nacional, los hijos de quienes con más énfasis defendían la consigna de «libertad y amnistía» quienes renieguen de esa labor construida con tanto esfuerzo?

Más arriba ya hice referencia al contexto exterior y más adelante volveré a insistir en ese mismo asunto, pero ahora sólo haré un leve repaso del «efecto imitación» que, a mi juicio, también está detrás de este impulso justiciero. Estoy pensando en la caída de los fascismos europeos y en las depuestas dictaduras del Cono Sur latinoamericano.

Respecto a los totalitarismos europeos de carácter fascista y de los arreglos de cuentas y tribunales especiales (por ejemplo, los juicios de Núremberg) que siguieron a sus derrotas, conviene recordar —antes de seguir adelante— que Mussolini acabó sus días ante un pelotón de ejecución (todavía se discute si éste estaba compuesto por resistentes del Partido Comunista o por agentes secretos británicos); en cualquier caso, en la retina de los europeos ha quedado fijada para siempre la imagen del cadáver del Duce, el de su amante, Claretta Petaci, y los de sus compañeros del fascio colgados por los pies en lo alto de una gasolinera milanesa.

Hitler, que conocía el final de su mentor y amigo, se ocupó de que, tras el suicidio, su cadáver y el de su mujer, Eva Braun, fueran rociados con gasolina y quemados en los jardines del búnker de la Cancillería en Berlín antes de que las tropas soviéticas tomaran la capital del Reich. Unos finales que ambos se habían ganado a pulso después de meter a Europa en mayor matanza y en el más espantoso de los genocidios.

No es que al lado de ellos su amigo, el general Franco, fuera una hermanita de la caridad, no. No lo era, pues él fue uno de los responsables de la Guerra Civil y de sus trágicas consecuencias. Fue él quien, tras el lentísimo pero definitivo éxito militar, impuso un régimen político hiperrepresivo que duró hasta su muerte en el hospital madrileño que él mismo había inaugurado con el sarcástico nombre de «La Paz». Como dice el personaje principal de una obra teatral —escrita por Fernando Fernán Gómez y titulada Las bicicletas son para el verano— al referirse al fin de la Guerra Civil y dirigiéndose a su hijo: «No te equivoques, hijo, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria».

La «victoria» fue el permanente alimento de aquella dictadura cuartelera dirigida por gentes que se declaraban «mitad monjes y mitad soldados», es decir, una síntesis de autoritarios y de meapilas. Mas sea como sea, Francisco Franco, a diferencia de sus pares europeos, ganó una guerra y murió en la cama de un hospital. Es más, el único daño físico que le fue infligido durante sus interminables años de gobierno no provino de sus enemigos políticos, sino de su entorno familiar y muy concretamente de su yerno, el doctor Martínez-Bordiú, quien, bajo tortura, lo mantuvo vivo más tiempo del que aquel cuerpo podía soportar. Nunca se supo con qué fines.

Y ahora, tantos años después de la muerte del dictador y a casi setenta y cinco años de iniciada la Guerra Civil y bajo la consigna «contra la impunidad del franquismo», lo que se intenta es reescribir la historia y hasta ganar ahora —en el campo de la propaganda— una guerra que se perdió hace ya demasiado tiempo.

EL EJEMPLO EXTERIOR

EL impulso revisionista aquí comentado, más que poner la vista en la II Guerra Mundial y en sus consecuencias, ha puesto su mirada en las dictaduras ya depuestas del Cono Sur, especialmente en Chile y en Argentina, intentando trasladar en el espacio y en el tiempo acciones y contextos para aplicarlos en España, como si la cosa fuera tan sencilla. Y es así como empieza a sonar el nombre del salvador, el adalid de la justicia universal, «el hombre que veía amanecer»: don Baltasar Garzón Real.

Pero las diferencias entre Argentina y Chile, por un lado, y España, por el otro, son tan evidentes que una reflexión mínimamente racional no puede obviarlas.

Para comenzar, es preciso recordar que en el Cono Sur no hubo ninguna guerra civil, aunque en Argentina, los Montoneros y el ERP, organizaciones autotituladas de izquierda, cometieron notables actos de terrorismo urbano, pero en Chile no pasó nada de eso. Ni guerrillas urbanas ni atentados. En Chile los militares arrasaron el 11 de septiembre de 1973 con la Constitución y con las leyes, se llevaron por delante al Gobierno legítimo y convirtieron el país en un campo de concentración, asesinando gente a mansalva en una razzia ideológica que los chilenos sólo habían imaginado a través de lejanas experiencias extranjeras… y lo hicieron porque sí, «para evitar males mayores». En efecto, había llegado «la hora de los hornos», pero no los que había propuesto Ernesto Guevara. Y todos aquellos atropellos, torturas y asesinatos se pretendieron justificar por motivos exclusivamente preventivos: «Porque querían convertir a Chile, mediante un golpe de mano de tipo leninista, en una nueva URSS, en una nueva Cuba». ¿Quién iba a dar ese golpe? ¿El Partido Comunista chileno, que era entonces, con el italiano, el más moderado de la tierra? ¿O el MIR, el pequeño partido castrista armado con unos fusiles que sólo existían en su imaginación y en sus candorosas consignas revolucionarias («Pueblo, conciencia, fusil. Mir, Mir, Mir»)? La verdad es que los militares entraron a sangre y fuego contra sus compatriotas no para restaurar ningún orden perdido, sino con la intención de erradicar definitivamente a la izquierda de aquel país andino del Pacífico sur.

Pero los militares chilenos no estuvieron solos en la perpetración del golpe. Empujándolos y apoyándolos estuvo una burguesía (y sus representantes políticos) atacada por el pánico que les daba la sola idea de perder definitivamente sus privilegios y su mundo.

En Chile no hubo guerra civil, ni siquiera enfrentamientos armados que pudieran ser calificados de graves. Hubo, claro está, errores gubernamentales y baladronadas absurdas salidas de los termocéfalos que, diciendo apoyar al Gobierno de Allende, sólo le pusieron palos en las ruedas.

Pese a todo, Pinochet, presionado desde fuera y desde dentro, creyendo perpetuar su régimen, convocó un referéndum que perdió, viéndose forzado a salir del Gobierno para dar paso a una lenta y difícil transición hacia la democracia, que hoy —tras cuatro presidentes de centro-izquierda— preside Sebastián Piñera, un hombre de centro-derecha que nada tuvo ni tiene que ver con el pinochetismo. Chile vive hoy en una democracia que puede considerarse asentada y bien asentada.

Con muchas dificultades y con la lentitud que era previsible en una justicia, la chilena, que mayoritariamente había apoyado en su día la asonada militar, las responsabilidades por tropelías, torturas y asesinatos cometidos se van sustanciando y en esa senda estuvieron y están algunos jueces chilenos dignos y profesionales, y tengo para mí que también influyó la decisión de Baltasar Garzón de solicitar la extradición a España de Augusto Pinochet cuando éste viajó a Londres. Un movimiento arriesgado, de esos que tanto le gustan al juez-estrella, pero que había sido concienzudamente preparado por juristas hispano-chilenos y que Garzón se limitó a utilizar.

Fue un procedimiento espectacular y sonado, pero habrá de reconocerse que, aunque todo acabara en agua de borrajas, con Pinochet levantándose de la silla de ruedas al aterrizar en Pudahuel, el aeropuerto de Santiago de Chile (fue su mal estado de salud lo que se argumentó para no conceder la extradición), aquella burla, la de levantarse como Lázaro, acabaría por hundir su crédito personal incluso entre los suyos, y más cuando después se descubrió la fortuna que había acumulado durante su gobierno, fruto de múltiples latrocinios perpetrados al amparo de la impunidad que las dictaduras siempre crean a favor de los «salvadores de la patria». Sólo la muerte libró a Pinochet de sentarse en el banquillo de los acusados y no en España, sino en Chile.

Como tanta gente —y más habiendo vivido en carne propia las terribles jornadas que se iniciaron en Chile el 11 de septiembre de 1973—, me alegré de que procesaran a aquel matarife, pero también entendí los argumentos jurídicos en contra del procedimiento que emitieron gentes de derechas y también de izquierdas.

El caso argentino, y sus muy discutibles leyes «de punto final», ha sido otro de los ejemplos en los que el movimiento «contra la impunidad del franquismo» ha pretendido apoyarse para reclamar en España justicia contra los asesinos.

El análisis del fenómeno político y militar argentino sería largo de explicar, dada su complejidad. Una complejidad que, desde luego, queda fuera de las intenciones de estas páginas, mas tengo para mí que la «originalidad» y la desgracia de Argentina nace de la existencia del movimiento peronista, que sigue —aún hoy— campando por sus respetos y gobernando en aquella nación. Un movimiento populista al que pertenecieron en los años sesenta y setenta desde Isabelita, la esposa de Juan Domingo Perón, quien a la muerte del general le sustituyó en la presidencia de la república, su valido, el «mago» Rega, animador y creador de la organización derechista y terrorista conocida como la Triple A, hasta los Montoneros, organización revolucionaria peronista cuyos miembros se decían adoradores de Eva, la primera esposa de Perón.

Los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de ideología trostkista, se lanzaron a implantar un nuevo mundo a través del terrorismo «revolucionario», sin preocuparles una higa que el Gobierno lo ocupara Dios Padre o, después, su esposa Estela, llamada Isabelita. Habrá de reconocerse que tirios y troyanos, de izquierdas o derechas, disputándose a tiros influencias sindicales y territorios políticos, estaban golpeando con sin par entusiasmo las aldabas clavadas en los portones de todos los cuarteles… Y, claro, consiguieron que un ejército, tan proclive allí a los «pronunciamientos», ocupara las calles… Pero esta vez no iba a ser un pronunciamiento más. Esta vez irían «primero contra los terroristas, luego contra sus cómplices, consentidores y amigos, para acabar, más tarde, con los tibios». Así lo anunciaron y así lo ejecutaron, convirtiendo al país, al que pretendían «salvar de la subversión», en un infierno. Una masacre que no iba a servir —como pensaban el «montonero» Firmenich y sus compañeros— para que «las masas» se sublevaran y alumbraran una nueva sociedad perfecta, feliz y sin clases. Ya se lo había dicho Allende a uno de los termocéfalos, que se había dirigido a él echándole en cara que no diera pasos decisivos hacia la revolución apoyándose en «las masas»: «¿Cuántas masas son necesarias para parar un tanque?», le preguntó Salvador Allende.

Mas, fuera como fuera, las «leyes de punto final» que se quisieron aplicar en estos dos países del Cono Sur latinoamericano no sólo fueron prematuras, sino también inoportunas e inviables. Las víctimas y sus deudos no podían soportar el trato de favor que se quiso imponer a los verdugos. Así no se podían cerrar heridas tan profundas como recientes. Resultaba imposible conseguir que en un plazo tan corto las víctimas pudieran convivir con quienes habían torturado o asesinado a su padre, a su madre, a su hermano o hermana, a sus amigos… sin que mediara un acto de elemental justicia. Tampoco la «obediencia debida», a la que pretendieron acogerse muchos de los militares que se habían convertido en desalmados verdugos, podía admitirse desde la mínima decencia democrática.

Pero querer equiparar esos apresurados y a menudo interesados «puntos finales» latinoamericanos con la Ley de Amnistía española de 1977 es un abuso por parte de la voluntad justiciera que aquí se está describiendo. En primer lugar, porque en España el tiempo transcurrido desde los hechos más sangrientos se cuenta no en meses ni en años sino en seis o siete décadas, lo cual no es baladí desde el punto de vista moral y penal. Moralmente porque entre los contemporáneos (esposos, hijos, amigos de las víctimas…) se había aceptado ya la necesidad de olvido, y penalmente porque la mayor parte de quienes ordenaron o ejecutaron aquellos desmanes están muertos y, por lo tanto, no son ya justiciables.

Aparte de la diferencia entre España y el Cono Sur en lo que se refiere al tiempo transcurrido, hay otra diferencia aún más significativa, como ya he dicho: en España hubo una Guerra Civil que duró casi tres años, concretamente dos años y ciento sesenta y ocho días, durante los cuales, tanto en el frente como, sobre todo, en las dos retaguardias, las matanzas no cesaron. Por eso, porque todos, colectivamente, tenían algo de lo que arrepentirse (unos más y otros menos, desde luego), se produjo en España el impulso moral y político que llevó a la reconciliación, una de cuyas piezas fundamentales fue, precisamente, la Ley de Amnistía.

Nos lo ha recordado recientemente el cineasta mallorquín Agustí VIllaronga, director de Pa negre: «La Guerra Civil es un gran cubo lleno de mierda y si metes ahí la mano ya sabes lo que te espera».

LA GRAN PERCHA: LAS FOSAS

TODO ser humano —héroe o villano, decente o criminal— tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo aman en vida. Y ese duelo —aunque a los verdugos se les suele olvidar— exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente los restos del difunto. No es sólo una costumbre respetada por todas las culturas; la del duelo es una necesidad antropológica imprescindible para que los deudos sobrevivientes puedan iniciar el proceso del olvido.

Y esa demanda, la del duelo, de alguna forma se transmite de padres a hijos. Así se constata en el caso de las fosas comunes dejadas en campos, cunetas o en rincones de los cementerios por la represión franquista. Han sido, en general, los nietos de los muertos quienes han reclamado —y reclaman— un entierro decente para sus abuelos. Éste era, a mi juicio, el principal impulso que llevaba dentro la Ley de Memoria Histórica. El Estado proclamaba y se hacía cargo en ella de ese derecho. Pero ¿qué ha hecho el Gobierno para cumplirla? Si hemos de atender a lo que dicen los parientes de los muertos, el Gobierno ha hecho muy poco, aunque ésa es una percepción de parte, porque el Gobierno lo negó en una intervención ante el Congreso de los Diputados, donde el ministro de Justicia aportó datos sobre los dineros otorgados para esos fines que no concordaban con esas críticas.

Sin embargo, sea como sea, debemos reiterar, una vez más, el derecho a exhumar los restos que las familias tienen; mas ¿qué ocurre si una familia no quiere que se muevan de donde están los huesos de sus parientes asesinados? La respuesta parece elemental: debe hacerse caso a la familia.

Pues no siempre es así, al menos en España. Lo ilustra lo ocurrido en el triste caso de los restos de Federico García Lorca, asesinado por los rebeldes en «su Granada» durante el mes de agosto de aquel maldito año de 1936.

En el caso de García Lorca se ha unido el espíritu justiciero al empecinamiento de algún personaje con vocación de protagonista: el historiador Ian Gibson. En efecto, se hizo caso omiso de los deseos de la familia, se involucró a los poderes públicos (siempre hay algún político dispuesto a colgarse una medalla) y se buscó la fosa donde «se sabe a ciencia cierta que lo enterraron los fascistas».

Ya Azaña había denunciado la tan arraigada afición española por los «cadáveres ambulantes», pero, en el caso de García Lorca, esa afición (que debe ser de origen católico y quizá por eso representada por un irlandés de nacimiento, aunque nacionalizado español) ha llegado al paroxismo. Es un caso que, de no ser trágico, movería al sarcasmo. La familia de García Lorca hizo público, desde hace ya muchos años, su deseo de que los restos de Federico permanecieran allí donde estuvieran, un lugar que, según las «investigaciones» de Ian Gibson, no era otro que el barranco de Víznar. Allí, años atrás, se levantó un sencillo y hermoso monumento en honor del poeta y de quienes lo acompañaron en aquel horrible trance.

De nada sirvieron las protestas de los sobrinos de Lorca (que habían perdido también a su padre, el entonces alcalde de Granada, Fernández Montesinos, asesinado por los rebeldes en los primeros días de la guerra). Se buscó y se obtuvo el apoyo de las familias de quienes fueron inmolados junto a Federico, se removió Roma con Santiago, se tuvo el correspondiente apoyo mediático (¿qué periódico está dispuesto a perderse una foto de la calavera de Lorca?), se pidió y obtuvo dinero de la Junta de Andalucía para los trabajos de excavación, exhumación e identificación… Pero estas dos últimas jamás se pudieron realizar porque allí no había ningún resto humano. Las fuentes «seguras» del historiador fallaron de plano y, claro, el fiasco fue mayúsculo.

Ian Gibson intentó explicar su empecinamiento «lorquiano» con estas palabras: «La familia debería entender que quienes amamos la obra de Lorca y admiramos al hombre tenemos la necesidad de saber si está ahí».

¿Y eso por qué? ¿En qué varía la percepción de Lorca, qué tiene que ver con si sabemos o no dónde cayó, dónde fue fusilado aquel agosto?, se preguntaba en un artículo clarificador el joven escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre (Diario de Sevilla, 19-X-2009), y añadía: «Nunca he necesitado saber dónde están enterrados mis escritores favoritos para poder disfrutar de su lectura, ni creo que la dignidad de Lorca dependa de saber dónde se encuentran sus restos astillados. Gibson, que investigó la muerte de Lorca (después de Agustín Pellón, al que nadie recuerda), ha tirado por el amarillismo gay, por esa explotación ya no de la memoria, sino de la gallina que le hace seguir poniendo huevos dorados, y con tanto hablar de Lorca se ha olvidado de él: porque Lorca, el poeta, su dignidad y su lustre, su brillo y su memoria, no está donde sus huesos, sino en todos sus libros, en su palabra viva».

Como en los versos de Cervantes, cada uno de los responsables de aquel ridículo «caló el chapeo, / requirió la espada, / miró al soslayo, / fuese y no hubo nada». Y eso es lo malo: que entre nosotros se empieza a dar por buena la irresponsabilidad. Una irresponsabilidad de la que son abanderados muchos políticos, pero que se ha extendido —ya se ve— como una plaga por todo el cuerpo social.

En el caso de García Lorca, para más inri, la irresponsabilidad de los «investigadores» no sólo no ha tenido la respuesta social que merecía, sino que se ha vuelto como un boomerang contra la propia familia del asesinado, sobre la cual, tras el fracaso, se han arrojado toda clase de sospechas. «No querían que se buscaran los restos de Federico porque ellos sabían que no estaban allí. A través de amigos falangistas habían conseguido exhumarlos y están enterrados donde sólo ellos saben». Eso se ha llegado a decir sin rebozo y sin prueba alguna. y cabe preguntarse, ¿para qué se dicen tales cosas?, ¿para salvar la credibilidad de las «fuentes seguras» del historiador? Si la patraña del «enterramiento en familia» fuera cierta, ¿dónde están los huesos del pobre maestro y de los dos banderilleros que, según esas mismas fuentes, fueron enterrados junto a él?

Pero volvamos a las demandas de los parientes y amigos de quienes fueron asesinados por los franquistas y enterrados en cunetas, descampados y fosas comunes. Muchos de ellos lo fueron en los primeros meses de la guerra y, por tanto, no pudieron ser objeto de ninguna venganza o arreglo de cuentas, porque nada habían hecho. Se los mató por odio con un desbocado impulso de limpieza ideológica, trufada en muchos casos de aquel desvarío que provocan las vendettas rurales: viejas rencillas que acaban levantando montañas de resentimiento a causa de una linde… Y todo ello se hizo con una crueldad vesánica. Incluso, como es sabido, a menudo los asesinos se quedaban con los bienes de los muertos. Pero hay cosas peores: Ángel Hidalgo cuenta en su Historia de Alcuéscar que la Junta Local del Movimiento pagaba veinticinco pesetas por la muerte de un rojo. No era extraño —añade— que pistoleros falangistas entraran en los calabozos y sacaran a punta de pistola a los detenidos para ejecutarlos en el Cerro Pelado, en la carretera de Montánchez. En Castuera, en La Serena, vive todavía el recuerdo de aquel gigantesco campo de concentración. Dicen que había 6.000 o 7.000 prisioneros que morían de hambre y enfermedad. Muchos cuerpos yacen olvidados en algún lugar cercano.

La existencia de esas fosas era conocida y reconocida en muchos lugares de España y algunas de ellas ya se habían levantado en el pasado reciente, pero el problema saltó a los medios y se incrementó a partir del año 2000; quizá la causa principal de ello —eso piensa Santos Juliá (Hoy no es ayer)— fuera que el PP había llegado al poder y «quienes habían administrado el gobierno del Estado durante cerca de catorce años cayeron en la cuenta de que el pasado no desaparece tan rápido y de que allí había rebrotado lo de siempre, una herencia del franquismo. La llegada del PP al Gobierno marcó el fin de la vigencia de la regla no escrita de no utilizar el pasado en las luchas políticas del presente, y no porque el PP hubiera reclamado una herencia franquista: de Franco no quiere venir nadie. La política de la historia fomentada por el Partido Popular, o por algunos publicistas cercanos, ha consistido más bien en saltar por encima de las dos dictaduras del siglo XX y reclamar como propia una tradición liberal conservadora de la que la derecha actual sería heredera, lo que acabaría por diluir en un borroso horizonte su ascendencia franquista, y en dar como no quebrada la línea de continuidad de una ilusoria tradición que habría desembocado en esta derecha sedicentemente liberal de ahora en un proceso normal, del que la guerra y la dictadura fueron como accidentes de los que todo el mundo se lava las manos. Esta representación de su propia historia ha suscitado diferentes protestas, entre las que ha ocupado un lugar preponderante la denuncia de una transición que habría extendido, por mor del olvido, una visión del pasado en la que al fin y al cabo todos los gatos eran pardos».

Pero esta hipótesis de Santos Juliá no invalida los terribles hechos ni la vesania de los asesinos que la presencia de aquellos huesos amontonados unos encima de otros denunciaban. En efecto, el 27 de octubre de 2000 comenzaron a exhumarse los restos de Emilio Silva Faba, el abuelo de Emilio Silva, quien hoy preside la asociación más activa en la recuperación de esos restos.

A propósito de este asunto, el periodista Rodolfo Serrano realizó para El País varios reportajes llenos de emoción. Recuperaré de su mano dos casos, el del ya citado Emilio Silva Faba y el de Vicente Moreira Picorel.

A Emilio Silva Faba lo sacaron de la cárcel los falangistas junto a otros 12 hombres y se los llevaron a Priaranza, cerca de Ponferrada. Allí, en la carretera, los asesinaron y los dejaron tirados. Tardaron en enterrarlos, pero acabaron por hacerlo en una fosa común. Cuenta Rodolfo Serrano (El País, 27-XI-2000):

«Junto a la nueva carretera de Cubillos a Ponferrada hay un cartel que dice: coto de caza. Durante años, los vecinos han estado acudiendo allí. Buscaban entre los matojos unas piedrecitas alineadas, una pizarra marcada con el filo de una piedra: “Aquí, ¿sabe usted? —me dice un paisano—, hay varios cuerpos. Un maestro, el abuelo del actual presidente de la pedanía de Fresneda, que era el alcalde socialista en el 36… gente que estaba con la República. Nunca dejamos de venir”.

Nunca dejaron de ir, a escondidas, para rezar a sus muertos. Nunca dejaron de depositar ramilletes de flores. Eran sitios que los cazadores respetaban… evitaban hollarlos con sus botas… los marcaron para que los animales no pastaran sobre ellos. Se hablaba de aquellos muertos en las noches más frías, al calor de la lumbre. Esperando. Siempre esperando a que las cosas cambiaran».

Estamos en agosto de 1936 y el niño Vicente Moreira Picarel está junto a su madre, Isabel, en un monte de Langre, también en El Bierzo. Vicente le contó a Rodolfo Serrano que el recuerdo de aquella noche le ha perseguido siempre y lo busca y lo ha venido buscando desde 1956, cuando volvió a España desde Rusia, donde se hizo escritor, porque Vicente es un «niño de la guerra».

Es el lugar que durante muchos años los vecinos han venido señalando como el de la fosa en la que su madre, Isabel Picorel (42 años), Cipriano Alonso (44 años), Sergio Rodríguez (27 años) y Bernardino Carro (21 años) fueron enterrados. Serrano añade:

«Ahora, el ayuntamiento de Cubillos ha puesto en manos de una asociación todos sus no muy numerosos medios para facilitar los trabajos. Tal vez porque en la zona es raro que exista algún vecino en cuya casa no se haya hablado en voz baja, durante años, de los “pobres muertos”. Ocho fosas se llevan contabilizadas en este término municipal. “Por aquí —dicen en algunos pueblos— hay más muertos fuera que dentro del cementerio”. Son fosas marcadas durante décadas con piedras, visitadas siempre clandestinamente, señaladas para no olvidar».

Vicente cuenta que a su madre la detuvieron los falangistas junto al mayor de sus hijos, Valentín, de 14 años. Los llevaron al ayuntamiento de Toreno del Sil. Y allí el niño oía desde una habitación los gritos de su madre. Luego Valentín escapó con sus dos hermanos —Ramón, de 13 años, y Vicente, de 11— hacia Asturias. Alguien, en su huida, les dijo que habían matado a su madre a tiros. En Asturias encontraron a su padre y Vicente fue embarcado hacia la URSS.

Una mañana del año 2006, en la panadería que hay frente a mi casa en Madrid me abordó un hombre algo mayor que yo, es decir, que al final de la guerra era todavía un niño, y me dijo: «He visto en los periódicos que están levantando fosas… y quisiera que me ayudara usted. A mi madre la mataron en Madrid inmediatamente después de la guerra y nunca he sabido de ella, ni siquiera dónde está enterrada». Y me dio un papel con su teléfono y el nombre y los apellidos de su madre. Tuve suerte, pues en uno de los trabajos que ha dedicado la profesora Núñez Díaz-Balart a la represión franquista estaban los datos completos de la madre de mi vecino, datos que yo le pasé, así como las referencias para encontrar a la profesora, quien, con toda seguridad, le aportó más precisiones.

Datos globales y fehacientes acerca de la represión en ambas retaguardias durante la Guerra Civil están por construirse y probablemente no se puedan completar nunca. Entre otras razones, porque las autoridades a un lado y a otro del frente de batalla no tuvieron ningún interés en llevar esa contabilidad funeral. Ni los datos de Salas Larrazábal de 1977, según los cuales, los «nacionales» en su retaguardia acabaron con la vida de 57.808 españoles y los «rojos» en la suya con la de 72.337 pueden darse por buenos. Con toda seguridad, los «nacionales» mataron más personas que los «rojos», entre otras razones, porque las tropas franquistas se pasaron la guerra avanzando sobre territorios que hasta su toma («liberación», decían ellos) habían estado bajo las autoridades republicanas y una vez «recuperados para la causa» llegaba la hora de arreglar cuentas. Pero ¿cuántas más? No lo sabremos nunca, porque tampoco son fiables los datos aportados por Francisco Espinosa (Violencia roja y azul), según los cuales 49.272 españoles fueron víctimas mortales de la represión en la retaguardia republicana frente a 130.199 que lo fueron en la zona franquista. La inconsistencia de los datos de la represión la explica con claridad José María García Márquez en el mismo libro que se acaba de citar:

«Hasta la fecha ignoramos qué ha sido de nuestros archivos del terror. Lo que sabemos lo hemos conocido a través de fuentes laterales y complementarias, tales como registros civiles, expedientes de responsabilidades políticas, libros de prisiones, fondos sobre quintas, censos y padrones municipales. Todas ellas nos informan de la desaparición de personas, pero no nos dicen ni cómo se produjo ni, por supuesto, quiénes fueron sus responsables. De aquí que, en muchas ocasiones, hayan tenido que ser los testimonios orales, pese a las limitaciones y problemas que plantean, el único recurso para intentar saber qué ocurrió…

Conocemos bien el enorme interés de los sublevados en ocultar concienzudamente el rastro documental de las matanzas llevadas a cabo en el territorio que controlaban mediante la aplicación de los llamados “bandos de guerra”. Puesto que no se podía tener acceso a los archivos policiales, de la Guardia Civil y de los gobiernos militares, si exceptuamos los testimonios orales, sólo el Registro Civil y los libros de enterramientos de los cementerios podían, aunque no de manera completa, dejar constancia de lo que había pasado».

Sea como sea, para señalar la magnitud de la matanza basta —pienso yo— con una «muestra» significativa: la de un informe enviado a Londres en 1944 por el cónsul británico en Málaga según el cual «mientras los rojos controlaron Málaga (entre el 18 de julio de 1936 y el 17 de febrero de 1937), asesinaron a 1.005 personas, pero durante la primera semana tras la liberación (desde el 8 al 14 de febrero de 1937) los nacionales ejecutaron a 3.500 personas… y desde el 15 de febrero de 1937 hasta el 25 de agosto de 1944 a 16.952 personas más».

Puede afirmarse, sin riesgo de error, que la vesania enloquecida fue de un tamaño y de una hondura como para maldecir eternamente a quienes la pusieron en marcha, sacando de las entrañas de muchos españoles lo peor de la condición humana… y, a veces, también lo mejor, pues la heroicidad, la compasión y la solidaridad no estuvieron ausentes en aquella descomunal tragedia.

Sin ánimo alguno de equidistancia pero sí por el respeto que reclama la verdad, no puedo pasar por alto la represión desencadenada en la retaguardia republicana y para ello sólo me ocuparé de hechos que pueden resumirse con el nombre que designa a un pueblo cercano a la capital: Paracuellos del Jarama.

¿Por qué? Porque la propaganda franquista lo convirtió tras su victoria en paradigma de la vesania «roja», por un lado, y en altar del martirologio, por el otro, y por ello, muchos españoles «del otro lado» creyeron —o quisieron creer— que aquello era sólo un invento de la propaganda franquista. Pues no, desgraciadamente, aquello no fue una patraña.

Noviembre de 1936.

Según casi todos los corresponsales extranjeros que desde la capital dan cuenta al mundo de lo que está pasando en España, «Madrid está a punto de caer en manos de los sublevados». El Gobierno republicano ha salido hacia Valencia, dejando a Madrid en manos de una improvisada Junta de Defensa que preside el general Miaja.

El día 7 de noviembre, el cónsul noruego, Félix Schlayer, se acerca hasta la cárcel Modelo y se la encuentra «cercada con barricadas y milicianos haciendo guardia, además de un nutrido parque de autobuses». Le dijeron que la operación tenía por objeto evacuar a 120 oficiales que allí estaban presos. También le dijeron que para ello tenían órdenes firmadas por el director general de Seguridad… Pero no fueron 120 los «evacuados», fueron muchos más. En torno a 900 personas subieron a los autobuses «para salir hacia Valencia», pero no llegaron tan lejos. Cerca de Paracuellos fueron apeados de los vehículos y asesinados. Otro convoy había salido más temprano de la cárcel de San Antón y dos más a media tarde desde las cárceles de Ventas y de Porlier. En total, en torno a 1.500 presos fueron «sacados» y asesinados ese día.

Los días sucesivos, 8 y 9 de noviembre, hubo más sacas en Porlier y en la Modelo, y según José Luis Ledesma (Violencia roja y azul), entre 2.200 y 2.500 personas fueron asesinadas en Paracuellos y Torrejón de Ardoz. Este autor añade: «Una masacre como aquélla enloda la memoria de esa guerra de modo similar como lo hace lo ocurrido unos meses antes en Badajoz a manos de los sublevados. Tiene, además, el agravante de que no fue fruto del ardor de un solo día, sino cosecha madura que se extendió durante varias jornadas de cinco semanas distintas».

En cuanto a la proliferación de lugares «privados» de detención y de tortura en la retaguardia republicana, las llamadas checas, refiriéndose a Madrid, el mismo autor relata lo siguiente:

«Fueran checas o no lo fueran, existieron sólo en Madrid más de dos centenares de esos lugares y los hubo ciertamente célebres… nadie podía argumentar ignorancia de lo que estaba sucediendo. Los hubo, numerosos y activos, conectados a la CNT, caso de las checas instaladas en los ateneos libertarios de Retiro, Vallehermoso, Ventas, La Elipa o Barrios Bajos. Entre las de filiación anarquista, no obstante, las más famosas fueron quizá otras tres: la instalada en la estación de Atocha, dependiente de las Milicias Ferroviarias de la CNT; la conocida como “checa Campo Libre”, en la calle Fuencarral, conectada con el Comité de Defensa de la CNT, dirigido por Eduardo Val; y la checa del cine Europa, en Bravo Murillo, donde actuó a su libre albedrío un profesional de la pistola y las cárceles como Felipe Sandoval. Los hubo también ligados a partidos, como el PCE, caso de las checas instaladas en las calles San Bernardo, Lista y O’Donnell o algunas de las más pequeñas ubicadas en el área de la Casa de Campo, aunque tampoco faltaron las vinculadas al PSOE o incluso a Izquierda Republicana. Los había asimismo que emanaban de los restos de las instituciones de orden público, como la la Compañía de Enlace del Ministerio de Gobernación, instalada en Marqués de Riscal, o la comisión depuradora que funcionó en la comandancia de la Guardia Nacional Republicana en el cuartel Espartaco, de donde fueron «sacados» medio centenar de guardias civiles en noviembre de 1936. Y sobresale por encima de todas la conocida como “checa de Fomento”. Otra checa [dirigida por Agapito García Atadell, sobre quien volveremos más adelante] estaba instalada en el palacio de los condes del Rincón, en el número 1 de la calle Martínez de la Rosa».

Recuerdo con horror lo que nos contaba un buen amigo y compañero del PSOE, Timoteo Mayoral, que era un niño en 1936. Según narraba Timoteo, los niños de su barrio madrileño, liberados de escuelas y colegios, se dirigían por la mañana temprano a los altos de la Guindalera o a la Dehesa de la Villa «a ver besugos» (la causa de tal nombre no era otra que el aspecto velado de los ojos de los cadáveres, tan parecidos a los de los pescados colocados fuera del agua), es decir, a los muertos abandonados en los descampados. «Allí intentábamos adivinar por su aspecto —decía Timoteo— el origen social de aquellos muertos. Los más fáciles de identificar —añadía— eran los curas y las monjas». Y al preguntarle por qué, Timoteo precisaba: «Por el pelo. Ellos, los curas, llevaban la tonsura en la coronilla y ellas, las monjas, iban rapadas».

Hechos tan «molestos» como los que se acaban de narrar se lo ponen difícil a quienes han hecho de la Guerra Civil un relato romántico donde los buenos son todos heroicos y angelicales y los malos una gavilla de asesinos. ¿Y cómo se enfrentan a estos desagradables hechos? Pues como lo hacen todos los sectarios: negándolos y, en el mejor de los casos, edulcorándolos, es decir, echando la culpa al empedrado; en este caso, a unos «incontrolados» sin nombres ni apellidos que en nada comprometían a las autoridades republicanas. Para los antifranquistas sobrevenidos, unos, los buenos, no pudieron —dadas las circunstancias creadas por el golpe militar— controlar cabalmente la situación y evitar los desmanes, mientras que en el otro lado, lo que los franquistas ejecutaron fue un genocidio, un «crimen contra la humanidad» cuidadosamente planificado.

El escritor británico George Orwell (Homenaje a Cataluña), que participó como soldado voluntario y republicano en la guerra de España, lo dejó escrito: «No deja de sorprenderme el hecho de que los españoles se crean todas las atrocidades que, según les cuentan, cometen los del bando contrario y no den ningún crédito a los evidentes atropellos que se cometen en su barrio y cuyos autores son los de su propio bando».

¿Incontrolados? Afirmar que los asesinatos en la zona republicana los realizaban gentes sin ningún control por parte de las autoridades republicanas es, simplemente, falso. ¿No eran autoridades republicanas los líderes de los partidos del Frente Popular? ¿No era autoridad (mal que le pesara) Federica Montseny, ministra que fue del Gobierno republicano? ¿Y la Pasionaria? ¿Y Luis Araquistain? Pues veamos lo que decían y escribían:

DOLORES IBÁRRURI: «y si en algún momento pudiéramos sentir alguna debilidad, que el recuerdo de nuestros compañeros quemados vivos, de los niños asesinados, de los hombres mutilados sea el acicate que nos fortalezca en la dura pero necesaria labor de liquidación de los enemigos de la democracia de la República. ¡En la guerra como en la guerra!, ¡vida por vida! […] ¡Ni tregua, ni piedad, ni compasión!».

EL ÓRGANO DEL QUINTO REGIMIENTO: «La lucha entablada entre nosotros y el fascismo es una lucha a muerte. ¿Piedad? ¿Misericordia? No; mil veces no. Sabemos que muchas batallas se perdieron por demasiada humanidad. Traidores a la patria, asesinos del pueblo, bandidos de fama, militares canallas… para esa gente no puede haber piedad».

FEDERICA MONTSENY: «Si se ha matado, ha sido por la convicción de que era preciso y con pleno conocimiento de causa. La ejecución de los fascistas es la revolución».

EL DIARIO CNT: «Ante una judicatura y una magistratura que huelen a rancio y con un espíritu y una ley puramente burguesas, el pueblo ha de tomarse la justicia por sí y ante sí… No hay más ley ni más autoridad que la del pueblo. La justicia es ésta: hacer lo que él quiera… Nuestra propia justicia, la echadora de cuentas, la de las venganzas y la revolución justiciera».

Claridad, el periódico de LUIS ARAQUISTAIN: «Los que se han levantado en armas contra la República para instaurar una feroz dictadura oligárquica, para barrer a los republicanos y asesinar ahora obreros y esclavizarlos después, no son hermanos ni compatriotas nuestros».

Aquellas palabras no iban dirigidas precisamente a evitar el asesinato, sino a promoverlo.

Lo diré más claro: si todos aquellos «incontrolados» hubieran usado sus armas en el frente —las que con tanto donaire y valentía exhibían por calles y plazas de la retaguardia—, probablemente tampoco así la República hubiera ganado la guerra, pero se hubiera evitado el oprobio que aquellos siniestros personajes echaron sobre ella.

¿También eran «incontrolados» los que torturaron y mataron a Andrés Nin? Por hablar de tan notable «luchador antifascista» asesinado por sus, en teoría, conmilitones. Es verdad que el hecho de que nunca apareciera su cuerpo ha envuelto la muerte de Nin en confusas y profusas especulaciones, que parten de un documento elaborado por Grigulévich —destacado espía soviético en España— que incriminaba a Nin en una increíble conspiración trotskista-fascista contra el bando republicano.

Y yo me pregunto: ¿los antifranquistas sobrevenidos se creen las patrañas de Grigulévich o saben que él y otros notables «consejeros soviéticos» fueron los asesinos de Nin por cuenta del «padrecito Stalin»? Y ya de paso, ¿nos pueden informar de quién asesinó en la retaguardia valenciana a Robles, el amigo de John Dos Passos?

He aquí una muestra cabal de lo que pocos años antes había definido Bertrand Russell como «la brutalidad de un evangelio: el de la venganza proletaria».

Naturalmente, también hubo entre las autoridades republicanas gentes que, algunos arriesgando su vida, salvaron las de muchos compatriotas. Por ejemplo, el libertario Melchor Rodríguez desde su puesto en la Dirección General de Seguridad. También los Socialistas Julián Zugazagoitia e Indalecio Prieto. Este último, tras el asalto a la cárcel Modelo en agosto del 36 (como represalia a causa de las noticias que llegaron a la capital de la matanza perpetrada en Badajoz por los rebeldes), dio por la radio un discurso del que forman parte estas palabras:

«Yo os lo ruego, yo os lo suplico. Ante la crueldad ajena, la piedad nuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante todos los excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa».

En fin, después de tantos años, cuando el dictador lleva más de treinta y cinco bajo una losa de granito que pesa dos toneladas, me parece que ya es hora de abandonar todo maniqueísmo sectario.

Reproduciré a continuación un ejemplo que ilustra bien ese maniqueísmo. Se trata de un artículo firmado por Almudena Grandes (El País, 24-XI-2008) escrito a propósito de un hecho acaecido en la zona republicana, la violación de una monja, la madre Maravillas, beatificada por la Iglesia católica en 2008. En verdad, el texto brilla con luz propia. Helo aquí:

«Un tribunal ha constatado la muerte de Franco. Qué risa, dicen algunos. Yo prefiero reírme de otras cosas. “Déjate mandar. Déjate sujetar y despreciar. Y serás perfecta”. Parece un contrato sadomasoquista, pero es un consejo de la madre Maravillas. ¿Imaginan el goce que sentiría al caer en manos de una patrulla de milicianos jóvenes, armados y —¡mmm!― sudorosos? En 1974, al morir en su cama, recordaría con placer inefable aquel intenso desprecio, fuente de la suprema perfección. Que la desbeatifiquen, por favor. A cambio, pueden beatificar a Bono, porque la pequeña vanidad de su implante capilar es pecado venial frente a tamaña perversión.

Ríanse. Es lo mejor, porque, más allá de la risa, se extienden el llanto y la úlcera de estómago. Quizás, también, el exilio de este país humillado, que debería ser el nuestro, pero no nos pertenece. Sus eternos propietarios, entre ellos quienes hacían el saludo fascista para celebrar el ingreso bajo palio de un asesino en sus templos, siguen disfrutándolo. A los demás nos queda madrugar, y que los capataces, con toga o sin ella, de los señoritos obispos, nos señalen con el dedo para decirnos si hoy trabajamos o no. Últimamente, es que no.

A mí, Franco no me da risa ni muerto. Y si la legalidad es que la amnistía del 77 sirva para exculpar, entre otros culpables, a quienes mataban a manifestantes proamnistía, esa legalidad me parece una tragedia. Pero que nadie se equivoque. No es cuestión de jurisprudencia, sino de política. El Parlamento hace las leyes, y si hace falta, las deshace, y los jueces se limitan a aplicarlas. Por eso, cada vez es más difícil vivir en una democracia que desprecia su propio honor, para reverenciar sumisamente el de sus verdugos. Habrá quien, como Maravillas, le vea la gracia a esta humillación. Yo no, así que, por si toca exiliarse, me voy pidiendo México».

Pero esta vez la escritora de tal disparate encontró la respuesta adecuada en Antonio Muñoz Molina, que publicó al día siguiente (El País, 25-XI-2008) una nota tan crítica como clarificadora:

«Almudena Grandes hace lo que tal vez intente ser una broma acerca de una monja en el Madrid del comienzo de la Guerra Civil: “¿Imaginan el goce que sentiría al caer en manos de una pandilla de milicianos jóvenes, armados y —¡mmm!— sudorosos?”. ¿Estamos ante la repetición del viejo y querido chiste español sobre el disfrute de las monjas violadas? No hace falta imaginar lo que sintieron, en los meses atroces del principio de la guerra, millares de personas al caer en manos de pandillas de milicianos, armados y casi siempre jóvenes, aunque tal vez no siempre sudorosos.

Basta consultar a historiadores fuera de toda sospecha o —ya que nos preocupa tanto la recuperación de la memoria— recuperar el testimonio de republicanos y socialistas sin tacha que vieron con horror los crímenes que se estaban cometiendo en Madrid al amparo del colapso de la legalidad provocado por el levantamiento militar.

Ni a Manuel Azaña, ni a Indalecio Prieto, ni a Arturo Barea, ni a Julián Zugazagoitia les costó nada imaginar la tragedia de tantas personas asesinadas por esas pandillas, no siempre incontroladas, que preferían mostrar su coraje sembrando el terror en Madrid en vez de combatiendo al enemigo en la sierra. Casi todos ellos hicieron lo poco que podían por salvar a inocentes: A Juan Negrín no le fue nada fácil evitar que asesinaran a su propio hermano fraile. Y todos ellos sabían el daño que esos crímenes estaban haciendo internacionalmente a la justa causa de un régimen legítimo asaltado por una sublevación sanguinaria e inicua.

Almudena Grandes habla de exiliarse a México: cuando leemos artículos como el suyo y como tantos otros que por un lado o por otro parecen empeñados en revivir las peores intransigencias de otros tiempos, algunas personas nos sentimos cada vez más extrañas en nuestro propio país».

El 26 de noviembre de 2008 se publicó la contestación de la señora Grandes, una mujer que demostraba así su contrastada incapacidad para rectificar. Hela aquí:

«En su furioso ataque a mi columna del lunes pasado, publicado ayer en esta sección, Antonio Muñoz Molina omitió el consejo de la madre Maravillas a sus hijas espirituales —“Déjate mandar. Déjate sujetar y despreciar. Y serás perfecta”— con el que, en mi opinión, era ella la que se ponía a la altura de los viejos chistes sobre la condición femenina en general y sobre las monjas, en particular.

Si no supe expresarlo con la suficiente claridad, lo siento. Si, como sospecho, Antonio Muñoz Molina ha aprovechado la ocasión para construir un discurso demagógico sobre la violencia y la memoria histórica, todavía lo siento mucho más».

La coda final de Muñoz Molina —que no tiene desperdicio— dejó, creo yo, las cosas en su sitio:

«Un lector me hace llegar amablemente una información que yo desconocía, y que me parece adecuado compartir con Almudena Grandes: la frase “Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta” no es de la madre Maravillas ni se dirige a sus monjas. Es uno de los Avisos Espirituales de San Juan de la Cruz, y su destinatario, en femenino, es el alma».

Gregorio Marañón pondría la guinda al artículo de la señora Grandes a propósito de la madre Maravillas en una carta al director:

«Ser capaz de rectificar es una cualidad de la que carecen los sectarios. Almudena Grandes debería haber asumido que Muñoz Molina tenía razón en su crítica: es éticamente intolerable que se ridiculice a una mujer —también a una santa católica— escribiendo que hubiese disfrutado siendo violada. Los lectores de la escritora —yo lo soy— y, en general, los del periódico, habríamos agradecido que, en vez de volver a citar, fuera de contexto, una frase para justificar su desafortunada afirmación, hubiera reconocido que sus palabras pertenecen al género del más deleznable machismo y hubiera rectificado, en consecuencia».

En fin, dejemos tan desagradable asunto y volvamos a los efectos políticos que han traído consigo las demandas de los familiares cuyos deudos fueron enterrados como perros en cunetas y en descampados. Como era inevitable, el descubrimiento e identificación de los restos trajo a las páginas de los periódicos y a las pantallas de las televisiones imágenes horribles que ponían ante los espantados ojos de los españoles y con mucha mayor fuerza e impacto que cualquier narración o reflexión histórica el grado de crueldad al que los asesinos —de cualquier bando, añado yo— habían llegado en España.

Era una buena oportunidad para decir «BASTA YA», pero también a algunos les pareció ocasión propicia para pedir venganza, y no conozco a nadie que deseando una revancha no la reclame como justicia.

De esa demanda se pasó, como es lógico, a reclamar al Gobiemo, primero de Aznar y luego al del PSOE (al fin y al cabo, quien lo presidía también era nieto de un asesinado, el capitán Lozano), medidas adecuadas a favor de las víctimas de los crímenes franquistas. Por ejemplo, a través de una Ley de Memoria Histórica. Y, al fin, el Gobierno del nuevo socialismo acogió la iniciativa con «cariño e interés». Intentaré a continuación describir en qué quedó esa ley y qué problemas ha traído consigo.

LA MEMORIA HISTÓRICA

COMO en muchas otras ocasiones, esta idea de la «memoría histórica» fue rápidamente importada desde Francia a España por los intelectuales «de solapa de libro», que son legión en nuestros lares, y el concepto fue aprovechado para reparar las injusticias que las fosas habían puesto de manifiesto, pero la memoria histórica no es una idea fácil de articular, y provoca, además, una muy difícil digestión social. Ya se vio en Francia cuando la grandeur revisitada por el presidente Sarkozy quiso honrar «los lugares de la memoria»… y no hubo forma de ponerse de acuerdo a la hora de señalar sobre el mapa de Francia tan relevantes «lugares».

En España, como era de esperar, la recuperación de la «memoria histórica» cayó en manos de los antifranquistas sobrevenidos y se centró —básicamente— en dos ítems:

1°. Las fosas donde se había enterrado clandestinamente a una parte de los asesinados por los franquistas. Buena cantidad de ellos fueron enterrados en los descampados y ni siquiera pasaron por la pantomima de los tribunales que, sin garantía procesal alguna, llevaron ante el paredón a otra mucha gente.

2°. La eliminación de los símbolos públicos de la dictadura franquista.

Como es costumbre inveterada entre nosotros, con el fin de alcanzar estos objetivos, se produjo una ley (en España hay mucha gente, sobre todo entre los políticos, que tienen la fe de carbonero en que todo problema se soluciona, milagrosamente, mediante una ley, y que luego ésta se cumpla o se olvide poco importa). Además, yo me temo que en España hay mucho de lo que Piaget llamó «memoria inventiva». Y es, en parte, esa «memoria inventiva» la que se pretende imponer entre nosotros al hilo de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica (el mío, aunque lo emitiera sin entusiasmo, fue uno de los ciento noventa y cuatro votos que la avalaron en el Congreso de los Diputados).

Por muy ambiguo que resulte el concepto de «memoria histórica», quien esto escribe no es tan empecinado como para negar su existencia, aunque no sé si tanto como para escribir que «la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos» (K. Marx). Valga como definición de «memoria histórica» la del historiador Santos Juliá (Hoy no es ayer), que me parece clara y precisa: «Memoria externa, social, histórica, es el relato de acontecimientos históricos que ciertos miembros del grupo elaboran o producen en el presente sobre una selección de materiales del pasado».

A lo que es preciso añadir lo que ha escrito el mismo Juliá: «Las huellas del pasado, por muy traumáticas que sean, permanecen en el presente sometidas a las reinterpretaciones que impone el paso del tiempo, la acumulación de nuevos conocimientos y vivencias y la aparición en el debate público de nuevas generaciones a las que les han sido ahorrados los sufrimientos de sus antepasados».

En cualquier caso, ninguna memoria colectiva se pasa de padres a hijos sin cambios en los contenidos. Ya lo expresó radicalmente Francisco Ayala: «No hay, en verdad, ningún hombre que posea memoria histórica… Nadie recuerda ni puede recordar lo sucedido fuera del ámbito de la propia existencia». Lo cual conduce a una situación conflictiva: la que existe entre la memoria personal y también la colectiva o histórica, por un lado, y la historia como disciplina científica, por el otro. Y no trato aquí de colocar en un pedestal a la historia como si esta disciplina hubiera sido inmutable desde Jenofonte hasta hoy. No, no es preciso irse muy atrás para comprobar que ha sufrido cambios notables en su concepción y en sus métodos. En otras palabras (prestadas), «la memoria pertenece al registro de lo sagrado, de la fe, mientras que la historia es crítica y es laica».

En los años noventa, es decir hace poco más de diez años —también nos lo ha recordado Santos Juliá—, Charles Maier (¿es casualidad que sea francés?) escribía que había llegado la hora de preguntarse si la adición a la memoria no podría convenirse en neurótica y discapacitadora. «Hemos pasado —añadía Maier— de lo recordado al que recuerda».

Otro francés, Henry Rousso, a propósito del Gobierno colaboracionista de Vichy (Vichy, l’évenément, la mémoire, l’histoire), denunciaba en 1992 la obsesión por sustituir, como línea divisoria, el antagonismo político por una frontera moral: los justos y los perversos. «Se ha entrado —señalaba Rousso- en algo inédito en la historia: la judicialización del pasado», que no es cosa distinta de lo que se quiere realizar aquí, en España. Como se ve, no hay nada nuevo bajo el sol en el corral hispano… Casi todo nos viene de fuera.

Pero volvamos a la ya citada ley, que insiste en querer buscar la verdad de lo ocurrido durante la Guerra Civil y la dictadura que se impuso durante casi cuarenta años tras la «victoria», aunque ésa no era la intención de muchos de sus promotores, que la concebían como una norma que habilitaría para instruir una causa general contra la dictadura franquista. Este proyecto revanchista, el de la «causa general», chocaba de frente con el espíritu de la Transición y con la Ley de Amnistía y no se impuso en la ley que se estaba proyectando, pero dejó su impronta en ella a través de silencios y de ambigüedades que se perciben claramente.

La Ley 52/2007 declara como un objetivo fundamental tratar de reparar moralmente y recuperar la memoria de cualquiera que hubiese sufrido violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas durante la Guerra Civil (párrafo quinto de la Exposición de Motivos y artículo 2). Por otra parte, los autores del proyecto insistieron durante su tramitación parlamentaria en que ni los gobiernos ni los parlamentos están para sustituir a los historiadores, es a ellos a quienes corresponde escribir la historia; tampoco le corresponde al legislador construir o reconstruir, determinar o implantar una supuesta «memoria colectiva» (Diario de sesiones del Congreso de los Diputados correspondiente a la sesión plenaria n.º 206 del día 14 de diciembre de 2006), subrayando, además, que el proyecto trataba de recuperar la memoria personal, «porque la memoria tiene que ver con la relación que las personas establecen con su pasado y, por tanto, exige una reelaboración necesariamente personal».

Sin embargo, de esos dos impulsos originarios y contradictorios —1) buscar la verdad y reparar a las víctimas y 2) propiciar una causa general contra el franquismo— se derivan, a mi juicio, los ya citados «olvidos» y ambigüedades presentes en este texto legal. Por ejemplo, en él no se alude en ningún momento a los asesinatos y tropelías cometidos en los territorios controlados por los republicanos, aunque la ley —al menos en teoría— también ampara a esas víctimas. Ese hiato se ha pretendido justificar porque todas las víctimas en el territorio republicano «ya recibieron reconocimiento y reparación por el Estado durante la dictadura de Franco». Lo cual no es toda la verdad, pues aún hoy existen desaparecidos que fueron asesinados en la zona republicana cuyos restos reposan en lugares cuyos deudos desconocen. Además, el argumento no justifica que el Estado democrático se olvide de esas víctimas.

Como resultado de esta «desmemoria» y en contra de lo que se afirma en el penúltimo párrafo de su Exposición de Motivos, la ley coopera objetivamente en la implantación de una memoria sesgada que pretende olvidar hechos acreditados por la historia, negando la memoria a quienes sufrieron violencia venida de «la otra parte» y, desde luego, así no se favorece el espíritu de concordia entre los españoles.

Por otro lado, la Ley 52/2007 declara injustas todas las condenas y sanciones por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura, lo cual ya era evidente antes de la promulgación de esta ley, aunque quizá lo que se pretende con ello es apoyar la idea según la cual, declarando la ilegitimidad de aquellos tribunales, se convierte ipso facto en personas decentes, incluso en «héroes de la democracia», a todos los que fueron condenados por aquellos tribunales. Pero sabemos que eso no sería justo, pues hubo condenados por aquellos tribunales que sí habían cometido crímenes y tropelías, y afirmar lo contrario atenta contra la memoria de las víctimas.

Como ha escrito el magistrado Jesús Ernesto Peces Morate («Cuando la memoria tergiversa la historia», Revista Española de Derecho Militar, n° 93, enero-junio 2009), cuyo caso familiar expondré más adelante, «ser víctima de una condena injusta no convierte en honorable su conducta ni justos su actos. Lo que, en definitiva, preserva la justicia y la equidad es una memoria acorde con la historia (…). De aquí la objetividad y el rigor que habrán de observar el recién creado Centro Documental de la Memoria Histórica y el Archivo General de la Guerra Civil, regulados en el artículo 20 de la Ley 52/2007, para discernir entre la investigación y la invención».

La ley es, a mi juicio y ante todo, una ley innecesaria. En primer lugar, porque ya existían mecanismos legales para permitir las exhumaciones y enterrar decentemente a los muertos, posibilitando así el duelo y también el necesario olvido que todos los deudos necesitan asumir tras la muerte de un ser querido. Tampoco se hace ningún bien al país removiendo y trayendo al presente un pasado trágico que está ya en la historia… por no decir en la borgiana «historia de la infamia». Lo diré más claro: todo aquello que propicie el revanchismo y niegue la reconciliación entre los españoles —un reencuentro conseguido tras no pocos esfuerzos durante y después de la Transición— merece ser recusado sin miedo a los sectarios ni a sus insultos y descalificaciones.

Ilustraré con un ejemplo —que en cierta forma me concierne personalmente— la tergiversación que de la historia puede hacer la memoria personal o familiar. El caso es el siguiente: en el año 2006, esta editorial, La Esfera de los Libros, publicó la obra Maestros de la República. Los otros santos, los otros mártires, de la que es autora la periodista María Antonia Iglesias.

María Antonia Iglesias me había pedido un prólogo para su libro y lo escribí gustoso, convencido como estaba —y lo sigo estando— de que aquellos maestros republicanos, tan duramente reprimidos por el franquismo, habían jugado un papel muy relevante y positivo en la política educativa que puso en marcha la República. Una política inspirada en las ideas que sirvieron de base, entre otros, al proyecto de la Institución Libre de Enseñanza.

Entre los casos de maestros fusilados por el franquismo, la autora incluía el de Móstoles, don Gerardo Muñoz Muñoz. Para la narración de los hechos que llevaron a Gerardo Muñoz frente a un pelotón de fusilamiento, María Antonia Iglesias se había inspirado en «la memoria» de la hija del maestro, Celia Muñoz de Unzué, y en la de la nieta, Graciela Ugarte Muñoz. Probablemente también en el libro de Koldo Palacín titulado Móstoles: memoria de un pueblo, editado en 1991 por la Peña Barbacana de Móstoles… Pero lo que nunca consultó la autora fue el libro de José Francisco Guijarro titulado Persecución religiosa y Guerra Civil, publicado —también por La Esfera de los Libros— en 2006.

La narración de los hechos por parte de María Antonia Iglesias es, en resumen, la siguiente:

«Me dijeron [habla la hija del maestro] que el hermano del cura, que se llamaba Ernesto Peces, fue al campo de concentración de Albatera a buscarlo y, según me han contado, lo trajeron metido en un ataúd hasta Móstoles y ahí le dieron un trato repugnante.

Lo que más me dolió fue imaginar el calvario que sufrió mi padre sin ninguna culpa, porque era un hombre honrado y decente hasta más no poder. Y que personas a las que él había estado dando clases, que habían sido sus alumnos, le hubieran abofeteado y le hubieran colgado en un balcón de la plaza del ayuntamiento.

Pero sospecho que tuvo algo que ver el cura, que tenía un hermano que era maestro, y todo su afán era que el maestro de Móstoles fuera su hermano, en vez de mi padre. Ese cura se llamaba Ernesto Peces, y el hermano es quien fue a buscar a mi padre al campo de concentración de Albatera para llevarlo a Móstoles».

Habla Graciela Ugarte, la nieta:

«Por lo que me han contado, creo que participaron el alcalde franquista, el cura y todos los oponentes políticos suyos [los de su abuelo], porque él se había señalado mucho políticamente. Eso también fue un problema: no solamente expresaba sus ideas a la gente con la que estaba relacionado a nivel de enseñanza, sino que él pertenecía a la FETE (Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT).

Creo que el elemento de venganza estuvo muy presente desde el principio, además, porque a ellos les rebotaba muchísimo que mi abuelo tratara igual a todos los niños, fueran quienes fueran y procedieran de quien procedieran, e incluso que organizara unas clases nocturnas para que la gente aprendiera a leer y a escribir. De hecho, cuando fue el juicio, el 24 de mayo de 1939, le dijeron que reconocían que no tenía ningún delito de sangre, porque él se defendía a sí mismo en el juicio, pero que era una persona muy peligrosa para el régimen porque podía abrir los ojos a los demás.

Lo que más me llama la atención son las declaraciones de sus convecinos de Móstoles, entre los que figura el médico, padrino de mi tía, la hija menor de mi abuelo, y amigo de él. El médico dice en el informe: “Estallado el Movimiento, (mi abuelo) fue la inteligencia al servicio del Frente Popular. Frío, vengativo, intervino dentro del comité en la formación de las listas negras. Para él todo estaba bien con tal de triunfar”.

El alcalde de Móstoles (franquista) remitió (al tribunal) el siguiente escrito: «el 18 de julio, reunido con los más extremistas del pueblo, constituyeron el Comité Rojo, del que (mi abuelo) formó parte hasta la liberación del pueblo por parte de los nacionales. El referido comité tomó el acuerdo por unanimidad de asesinar a 33 personas de derechas…».

Esta narración familiar hace llegar a María Antonia Iglesias a la siguiente conclusión: «Aparece en la escena del crimen un sacerdote, es el hermano de aquel maestro que odiaba tanto a Gerardo Muñoz como para ir a buscarlo y detenerlo en el campo de concentración de Albatera. Es el párroco de Móstoles quien informa, personalmente, a la Comisión Depuradora del Magisterio de Madrid de que “el maestro ha sido fusilado por la justicia del Caudillo”».

La escritora también se lamenta de que sea «siempre un sacerdote el que va a repetir la misma mascarada, la misma ceremonia de la confusión, aunque en este caso la coartada de la defensa de la civilización cristiana se desmorona ante la obscena evidencia de que las motivaciones son más pequeñas y miserables, pues aquel sacerdote había intentado obtener para su hermano, sin conseguirlo, la plaza de maestro que ocupaba Gerardo Muñoz» (pág. 275 de Maestros de la República).

El párrafo que se acaba de reproducir no puede quedarse sin una coda que he tomado prestada a Anthony Beevor (La Guerra Civil española). Es la siguiente:

«Hoy sabemos con certeza que, al terminar la contienda, de una comunidad (el clero católico) de 115.000 personas habían muerto asesinados 13 obispos, 4.184 sacerdotes diocesanos, 2.365 religiosos y 283 monjas… A mediados de agosto de 1936 podía leerse en Solidaridad Obrera: “Las órdenes religiosas han de ser disueltas, los obispos y cardenales han de ser fusilados. Y los bienes eclesiásticos han de ser expropiados”».

Retengamos la conclusión de María Antonia Iglesias. En su narración y en la memoria personal de la hija y de la nieta del maestro fusilado aparece el párroco sanguinario Ernesto Peces Roldán al final de la Guerra Civil persiguiendo al maestro Gerardo Muñoz, a quien consigue llevar ante el pelotón de fusilamiento… Pues bien, a las tres se les había escapado de la «memoria» un «pequeño detalle»: el cura había muerto mucho antes, y no precisamente de pulmonía.

Oigamos la otra «memoria familiar», precisamente la del cura, a través del magistrado ya citado aquí y cuyo nombre y apellido es Jesús Ernesto Peces, filiación que anuncia el parentesco directo con el sacerdote, de quien era —y es— sobrino carnal. Escribe Jesús Ernesto Peces:

«En la mañana del día 23 de julio de 1936, es decir, a los cinco días del pronunciamiento del general Franco, tres o cuatro jóvenes armados se presentaron en la casa parroquial de Móstoles y detuvieron al cura párroco Ernesto Peces Roldán para, según ellos manifestaron, conducirlo hasta la Dirección General de Seguridad en Madrid.

Durante todo ese día y esa noche los parientes del cura detenido no tuvieron noticia de su paradero, por lo que, a la mañana siguiente, un hermano suyo se desplazó hasta Dirección General de Seguridad, donde no había constancia alguna de la detención. El día siguiente corrió por Móstoles la noticia de que una mendiga, que conocía al cura, había visto su cadáver junto a un camino en un lugar conocido como Retamares, a la altura del kilómetro 11 de la carretera de Extremadura».

Al terminar la guerra, una comisión de falangistas de Consuegra (Toledo) —donde Godofredo Peces Roldán, hermano del cura asesinado, era chófer del ayuntamiento— se trasladó hacia Levante con la intención de encontrar «responsables rojos» de Consuegra en los campos de concentración que allí se habían montado, el más notable de estos campos estaba en Albatera… y Peces Roldán fue designado conductor de aquel vehículo. El sobrino del cura continúa narrando:

«La mencionada comisión se desplazó a las provincias de Valencia y de Alicante, donde se identificaron a personas que consideraban autoras de los asesinatos cometidos en Consuegra. Fue entonces cuando Godofredo Peces Roldán reconoció al alcalde de Móstoles, Modesto Montero Arribas, con quien se encontraba el maestro, Gerardo Muñoz Muñoz, a los que en Móstoles (ocupado por el ejército del general Franco, a finales de octubre de 1936) atribuían el asesinato de diferentes personas, entre ellas el párroco, Ernesto Peces Roldán… y Godofredo se lo dijo a los componentes de la mencionada comisión, que se llevaron a los dos, alcalde y maestro, hasta los calabozos de Consuegra, donde Modesto Montero Arribas y Gerardo Muñoz Muñoz estuvieron detenidos hasta que desde Móstoles acudieron para recogerlos y conducirlos a esta última localidad».

De allí pasaron a una cárcel madrileña y se enfrentaron a un consejo de guerra. Ambos fueron condenados a la pena capital. La sentencia fue dictada por el consejo de guerra permanente número 8, con sede en Madrid, el 24 de mayo de 1939, y el fusilamiento tuvo lugar un mes después, el 24 de junio. El cadáver de Gerardo Muñoz fue inhumado en el cementerio de la Almudena en la sepultura número 5, manzana 1, número 93 de la meseta primera, y su defunción quedó inscrita en el libro 215, folio 218, número 1521 del Registro Civil del distrito de Buenavista.

La conclusión de las dos narraciones es obvia: de las memorias personales, tan proclives a ser «memorias-inventivas», difícilmente puede obtenerse la verdad histórica. En cualquier caso, de lo aquí expuesto y de los archivos disponibles, incluidos los sumarios y sentencias que llevaron a Gerardo Muñoz ante el pelotón de ejecución se llega, al menos, a un par de conclusiones: 1) en los primeros días de la guerra gente armada sacó de sus casas en Móstoles a una treintena larga de personas bajo el pretexto de llevarlas a la Dirección General de Seguridad en la capital, pero nunca llegaron a ese destino; fueron asesinadas y sus cuerpos abandonados en páramos y en cunetas. Entre los asesinados estaba el cura párroco, que al final de la guerra no pudo denunciar a nadie porque ya estaba muerto; 2) Gerardo Muñoz formaba parte del Comité Revolucionario, pero que dicho comité ordenara los asesinatos no está acreditado, aunque de algún sitio hubo de salir la lista que sirvió para sacar de sus domicilios a los que fueron asesinados más tarde. En otras palabras, la inocencia de Gerardo Muñoz no puede aceptarse sin más trámites.

El magnífico historiador Tony Judt, recientemente fallecido, sostenía que «se puede recordar olvidando» y también, que, a menudo, se tergiversa la historia en función de intereses particulares o en beneficio de estrategias políticas y siempre en perjuicio del único fin al que ha de servir la historia: el valor que tiene, per se, el conocimiento del pasado. «Lo peor —añadía Judt (Algo va mal)— es animar a los ciudadanos a que vean el pasado y sus lecciones sólo a través del sufrimiento de sus propios ancestros. De esta forma, el pasado se queda sin su propia narrativa y sólo cobra significado en referencia a nuestras actuales —y con frecuencia conflictivas— inquietudes»

Parecería que Tony Judt, al escribir lo aquí reproducido, estaba pensando en el desgraciado debate abierto entre nosotros a propósito de la «memoria histórica». También el novelista y cineasta chileno Luis Sepúlveda ha dejado escritas (La sombra de lo que fuimos) palabras llenas de razón y de sentido: «Nunca confíes en la memoria, pues siempre está de parte nuestra; adorna lo atroz, dulcifica lo amargo, pone luz donde sólo hubo sombras. La memoria siempre tiende a la ficción».

Esta falsa memoria de héroes y de villanos conduce, además, a otro error según el cual en España todos tomaron partido (y si por ellos fuera, así seguiría hasta el fin de los siglos). Sí, España se partió en dos porque la Guerra Civil, cualquier guerra civil, no da otra oportunidad, pero ello no quiere decir que todos los españoles se hubieran vuelto de repente extremistas. Existía otra España, la «tercera España», que se vio primero aplastada entre dos fanatismos y luego preterida y olvidada. Haré a continuación mención a ella.

LA TERCERA ESPAÑA

PARA comenzar, debo confesar que el concepto de «tercera España» no brilla por su rigor; es más, me parece impreciso. En efecto, se ha usado para designar al menos dos versiones del concepto: el conjunto de personas relevantes en la vida social republicana que, iniciada la guerra y ante la deriva que tomaban las cosas, guardaron silencio o se marcharon fuera; pero también se ha utilizado para calificar a aquella parte de la población española que no tomó partido y si lo tomó lo hizo contra su voluntad. Un ejemplo de esto último lo fueron todos aquellos que se vieron obligados a tomar las armas e ir al frente sin compartir los objetivos del ejército dentro del cual combatían. Por otra parte, en ambos ejércitos abundaron los soldados —y algunos incluso se vieron promocionados— cuyas simpatías estaban con el otro lado.

Conviene, en cualquier caso, recordar que en aquellos momentos se estaba produciendo en casi toda Europa una tremenda radicalización y en ella brillaban con luz propia dos totalitarismos emergentes: el fascismo y el comunismo, y, naturalmente, España no fue ajena a aquellos movimientos telúricos. Si en esas condiciones y en ese ambiente europeo estalla una guerra civil, producto de un golpe de Estado fallido, la barbarie queda servida y en ese caldo de cultivo no suelen florecer ni la templanza ni los argumentos racionales. Lo que prospera es el odio, la muerte, la crueldad y la rapiña. ¿Que los asesinos eran una minoría? Con toda seguridad, pero los extremismos arrastraron al país al desastre y esa tercera España —quizá paralizada por el horror— no supo ni pudo contener aquellas pasiones desatadas. Pero nadie debe confundirse; la mayor responsabilidad del desastre (aunque no fuera la única) la tuvieron quienes rompiendo su juramento levantaron las armas contra un Gobierno legítimo y quienes les alentaron y apoyaron. Fueron ellos quienes fracasaron a la hora de dar un golpe militar, los incompetentes de la asonada, los del frustrado cuartelazo, quienes metieron a España en un infierno. En cualquier caso, creo que es útil recordar esa tercera España en sus dos versiones. Para la primera versión utilizaré un ejemplo familiar; para la segunda, los resultados de una encuesta reciente.

El asturiano Alicio Garcitoral, miembro del Ateneo, había participado en el levantamiento republicano que fracasó en diciembre de 1930 y era ya un joven y brillante abogado, también un escritor de éxito, cuando, al fin, llegó la República. Había ingresado en el Partido Radical-Socialista, una pequeña formación política republicana liderada por Marcelino Domingo, a cuya dirección perteneció. La ideología de aquel partido podría definirse en términos actuales como socialdemócrata, lejos, por tanto, de la izquierda revolucionaria. Fue un partido minoritario, pero gozó de una notable influencia durante la II República.

Entre otros cargos, Garcitoral había ocupado el de gobernador civil de la provincia de Cuenca. Allí escribió una de sus novelas, El crimen de Cuenca, cuyo argumento y peripecias nada tienen que ver con la tragedia rural que Pilar Miró se encargaría de llevar al cine en la segunda mitad de los años setenta.

En julio de 1936, Alicio Garcitoral disfrutaba de unas cortas vacaciones en su villa natal, Gijón, y en cuanto percibió la deriva que tomaban los acontecimientos tras la asonada militar, no esperó mucho para poner tierra de por medio. Metió dentro de un maletín (que no maleta) unas mudas, las zapatillas, un par de zapatos y tres camisas, se vistió con el mejor de sus ternos y se despidió de la familia diciéndoles: «Me marcho hacia Francia, no quiero ser testigo de la matanza que se está preparando aquí».

Más tarde —y ya en Francia—, Alicio Garcitoral embarcó hacia Argentina y luego se instaló en Nueva York, donde ejerció de escritor y de jurista casi hasta su muerte, ocurrida a los ciento dos años en Estados Unidos, concretamente en Quincy. Nunca regresó a España y entre sus compatriotas cayó en el más absoluto de los olvidos, de donde ninguna «memoria histórica» ha venido a sacarlo.

Conozco esta historia por habérsela oído narrar más de una vez a una hermana de Alicio, Olimpia, quien se casó con mi padre algunos años después de la temprana muerte de mi madre… y Olimpia —de hondas convicciones republicanas y católica a machamartillo— no estaba de acuerdo con la apresurada «huida» (así la denominaba) de su hermano y, sin embargo, sí lo estaba con otro exilio familiar: el de su hermana pequeña, Amalita, y de su novio, José, que era comunista, quienes salieron de Gijón en un barco que los llevó hasta las costas francesas pocos días antes de la caída de Asturias en manos de los «nacionales».

Amalita y Pepe se casaron en Francia y, ya como matrimonio, embarcaron en Le Havre hacia Cuba antes de que los alemanes arrasaran al Ejército francés en la primavera de 1940. Vivieron en La Habana algún tiempo y acabaron por instalarse en Tampa (Florida). Roto el matrimonio, Amalita se volvió a casar, esta vez con un norteamericano, con quien tuvo una hija. No hace muchos años, Amalita viajó a España para que sus dos nietas «conocieran Asturias». Eran dos mozas rubias, ojos claros… y no hablaban una palabra de español. El desarraigo se había consumado.

«Se fueron después de haber resistido hasta el final», argumentaba Olimpia en favor del exilio de su hermana y el de su novio y en reproche del otro exilio, el de su hermano. Sin embargo, a mí no me es fácil emitir un juicio moral acerca de la actitud de quienes, ante el panorama creado por las matanzas que se estaban perpetrando en el frente de batalla y también en las retaguardias, decidieron marcharse, yéndose al exilio y constituyendo esa «Tercera España», quizá como reserva de futuro. Así lo pensaron e hicieron muchos de ellos: José Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, Gregorio Marañón, Francisco Ayala, Manuel Chaves Nogales… y tantos otros que habían sido padres del proyecto republicano y salieron de España en los primeros meses de la guerra.

Si, como se dice, quisieron constituirse en reserva moral democrática para un futuro menos sangriento, fracasaron, como fracasó toda España. Una España que, tras la victoria de las armas rebeldes (con la decisiva ayuda de los nazis y de los fascistas y ante la indiferencia de las democracias europeas, conviene recordarlo), fue convertida en un páramo cuartelario que duraría —aunque cada vez más atemperado— lo que duró la vida del dictador.

Sometida al fuego cruzado de «revolucionarios» y «fascistas», esa «tercera España» desapareció como el humo dispersado por el viento. Unos regresaron al acabar la guerra para vivir aquí bajo el silencio impuesto, otros, privados de su lengua, rehicieron sus vidas truncadas como supieron y pudieron en un interminable exilio que para muchos fue definitivo. Así lo vio Luis Cernuda:

Ellos, los vencedores,

Caínes sempiternos,

De todo me arrancaron,

Me dejan el destierro.

A estas alturas -cuando pronto habrán transcurrido setenta y cinco años de la asonada militar que se transformó de inmediato en Guerra Civil-, quien mire con un mínimo de objetividad aquella tragedia llegara a la conclusión de que sobre los españoles cayeron entonces dos fanatismos excluyentes, los mismos que ya reinaban en buena parte de Europa. En efecto, «era la hora de los hornos y sólo se veía su luz».

Andrés Trapiello (Las armas y las letras) se ha esforzado —y, a mi juicio, con éxito— en mostrar los efectos de aquel desgarro sobre la intelectualidad española de la época, rescatando del olvido a muchos de los intelectuales de esa «tercera España» —motejados de «rojos» por unos y de «tibios» por otros—, que fueron enterrados en el más tenaz de los olvidos por parte de tirios y troyanos, por aquellos que nunca quisieron reconocer su existencia civil.

El libro de Andrés Trapiello es, sin duda, de lectura obligada. El trabajo y el rigor con los que está escrito lo merecen, pero también contiene una profunda y pormenorizada descripción moral de las actitudes de la élite intelectual española cuando se vio golpeada por la guerra y por la dicotomización que el sectarismo les impuso, por el «conmigo o contra mí»… Y, en verdad, el panorama resulta deprimente al contemplar a aquellos hombres y mujeres que aspiraban a ser «la luz que ilumina el futuro de la patria» y que tan a menudo acabaron convertidos en tristes peleles en manos de unas ideologías arrasadoras.

Y ahora, cuando todos ellos están muertos, ¿qué queda de esa «tercera España»?

El sociólogo José Juan Toharia, director académico de la Fundación Ortega-Marañón, ha diseñado una encuesta realizada por Metroscopia, la empresa demoscópica que él mismo preside. Los resultados son harto significativos, como puede observarse en el cuadro siguiente:

Sólo el 45 por ciento de los encuestados asegura que su familia simpatizaba con uno de los dos bandos (el 17 por ciento con los «nacionales» y el 26 por ciento con los republicanos), pero lo más notable es que no existen diferencias significativas entre unas edades y otras, entre jóvenes, maduros y viejos, o, dicho en otras palabras, la cercanía temporal al conflicto no hace variar el grado de decantación por uno u otro bando. Un recuerdo que, por otro lado, ni se cambia ni se atempera con el paso de los años.

Según la encuesta, el 57 por ciento de los españoles actuales procede de familias no implicadas como tales en uno de los bandos y un 17 por ciento declaró que su familia estuvo dividida entre «nacionales» y republicanos. Todo lo cual indica una muy baja identificación ideológica con cualquiera de las «dos Españas» y, seguramente, también late detrás de este resultado la voluntad de sus mayores de no transmitir demasiadas noticias a sus descendientes acerca de aquella tragedia.

El 35 por ciento de los actuales votantes del PSOE dice provenir de familias identificadas con el bando republicano, frente al 7 por ciento de votantes del PP, que declaran tener misma procedencia, pero esos datos no avalan la conclusión, siempre interesada, según la cual el PSOE y, en general, la izquierda, son los únicos herederos de los republicanos, así como el PP lo es del franquismo. Lo que la encuesta muestra —desde mi punto de vista con suma claridad— es que entre los votantes de uno y otro partido lo que más abunda es, precisamente, «la tercera España»: el 52 por ciento entre los votantes socialistas y 62 por ciento entre los votantes del PP. Tampoco la variable «creencia religiosa» discrimina demasiado respecto a las procedencias ideológicas familiares de unos y de otros.

GARZÓN AL RESCATE

NO era preciso ser un adivino para intuir que el terrible y triste asunto de las fosas clandestinas tomaría cuerpo político para reclamar justicia contra los crímenes del franquismo y que en algún momento aparecería en el horizonte el juez Garzón. Al adalid de la justicia universal no se le podía escapar una pieza tan llena de posibilidades mediáticas. Además, Garzón tenía clavada una espina y se le presentaba la ocasión de sacársela. ¿Y cuál era esa espina?

Durante el proceso abierto en su Juzgado contra Augusto Pinochet y contra algunos militares argentinos de menor relieve, Garzón había recibido desde el otro lado del Atlántico lo que se resume en éstas o parecidas palabras: «¿Cómo se atreve este juez español a procesar a militares del Cono Sur sin haber movido un dedo contra los que por más de casi cuarenta años sometieron a sus conciudadanos en España a todo tipo de sevicias, torturas y asesinatos? ¡Que limpie primero su casa y luego se ocupe de las ajenas!».

Y claro, al impecable defensor de la justicia no le servía alegar en su defensa que en España había una ley que se lo impedía. Ahora sí había llegado el momento de devolver a sus críticos foráneos la pelota. Para ello sólo necesitaba un requisito fácil de conseguir: que alguien presentara una denuncia ante su juzgado (en la Audiencia Nacional el reparto aleatorio entre los distintos juzgados de los delitos a investigar dejó de existir hace ya mucho tiempo y este juez-estrella siempre se las ha arreglado para quedarse con las causas que más le han interesado)… Y, naturalmente, la denuncia «por desapariciones forzadas bajo el franquismo» se produjo, y el juez, a finales de 2006, abrió la causa y la cerró el 18 de noviembre de 2008, pero este procedimiento le iba a traer algunos problemas. El Tribunal Supremo acabaría procesándolo por ello, acusado de prevaricación, sumando un tercer proceso contra él, que se añadía a dos previos: uno por ordenar escuchas a los abogados defensores en el caso Gürtel y otro por haber recibido una buena cantidad de dinero de un banco y otras empresas españolas destinada a financiar unas muy bien pagadas conferencias que el propio juez dictó en una universidad norteamericana.

Como se acaba de señalar, Garzón abrió esa causa a finales de 2006 y la cerró el 18 de noviembre de 2008. ¿Qué hizo durante esos dos años? No hizo nada durante el primer año y medio y durante el otro medio año solicitó información (providencias del 28 de agosto y del 25 de septiembre de 2008) sobre desapariciones y enterramientos clandestinos en toda España. Asuntos ambos que —precisamente, según la Ley de Memoria Histórica (la tan citada Ley 52/2007)— no son competencia de la Audiencia Nacional, cuyo juzgado número 5 ocupaba Garzón.

Pese a esa evidente falta de competencia, el 16 de octubre de 2008, Garzón dictó un auto declarándose competente, y para declararse competente introdujo en el procedimiento un nuevo delito: un delito contra altos organismos de la nación (delito para el cual sí es competente la Audiencia Nacional), en el cual estaría incurso el «alzamiento». En dicho auto suministraba treinta y cinco nombres y apellidos de responsables del «alzamiento nacional», afirmando allí, por dos veces, que todos los implicados estaban ya muertos, lo cual, por otro lado, era público y notorio.

Pese a que la notoriedad de los fallecimientos exime de probar la muerte de los implicados, Garzón requirió los correspondientes certificados de defunción. ¿Y para qué pidió esos certificados? Con el fin —lo dijo él mismo— de declarar extinguidas esas responsabilidades, lo cual suponía (implícita pero indudablemente) la existencia de responsabilidades. Una declaración de responsabilidad, obtenida «de rebote», que, por cierto, es ajena a la capacidad de cualquier juez instructor. Unas «responsabilidades» que él pensaba le permitirían abrir una causa general contra el franquismo, saltándose la Ley de Amnistía de 1977.

Cuando le llegaron los certificados de defunción, Garzón, mediante otro auto, hizo lo que ya había anunciado: declaró extinguidas las responsabilidades y el proceso volvió a su ser inicial: las desapariciones forzadas, para cuya investigación el juez Garzón carecía de competencia alguna. En resumen, Garzón se declaró incompetente apenas un mes después de haberse declarado competente.

¿Y qué investigación ha realizado Garzón respecto a las desapariciones denunciadas? Ninguna. ¿Qué investigación ha ordenado respecto al «alzamiento nacional»? Ninguna. Que todo aquello era un dislate procesal quedó muy claro en el recurso del fiscal Zaragoza y en la cuestión de incompetencia resuelta por la Sala de lo Penal. En Madrid, durante aquellos días, era vox populi que el fiscal Zaragoza, antes de redactar el citado auto, se dirigió al juez Garzón para decirle que él (Garzón) no estaba habilitado para iniciar un procedimiento como el que aquí se narra. Al parecer, la respuesta que el fiscal recibió fue muy clara: «Eso que me dices puede valer para cualquier otro juez, pero no para mí. Ya lo verás». Y esta hipotética respuesta retrata a Garzón mejor que cualquier biografía.

Pero ¿infringió Garzón en este procedimiento alguna norma jurídica? Según algunos prestigiosos procesalistas, durante este viaje a ninguna parte el juez se saltó: a) la prohibición de incoar un proceso de inquisición general, b) la norma que señala las competencias de la Audiencia Nacional, c) el artículo 25 de la Constitución, d) más de una decena de preceptos del Código Penal, e) otros tantos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal… Actuaciones antijurídicas que el Juez Campeador ha emprendido a sabiendas de que lo eran o por ignorancia culpable. En cualquiera de los dos casos, sería prevaricando.

¿Con qué objeto judicial se metió Garzón en este jardín?

Responder de forma fehaciente a esta cuestión no es fácil, pero no parece arriesgado suponer —como ya se ha indicado más arriba— que pretendía abrir una causa general contra el franquismo (réplica de aquella que Franco abrió contra la II República al final de la Guerra Civil)… Y todo al amparo de la última moda ideológica, según la cual —como ya se ha dicho aquí—, la Transición fue producto de la cobardía y, claro, dentro de esta gran cobardía destaca la Ley de Amnistía de 1977. Una ley que, según la moda revisionista aquí expuesta, no se aprobó en aras de una supuesta reconciliación nacional, sino para dotar de impunidad a los franquistas.

Por ello —y con el fin de derogar de facto la Ley de Amnistía—, los antifranquistas sobrevenidos (es decir, quienes poco o nada hicieron o pudieron hacer para que Franco se fuera del poder cuando éste estaba vivo y ahora levantan armas contra él) sostienen que los «crímenes contra la humanidad —como los de Franco— no prescriben», pero nunca suministran la fecha de la norma que declara imprescriptibles esos «crímenes contra la humanidad». ¿Por qué? Porque esa fecha es posterior a los asesinatos y tropelías franquistas… y las leyes penales no tienen carácter retroactivo.

Una Ley de Amnistía (14 de octubre de 1977) que, por cierto, el juez Garzón consideró aplicable cuando alguien quiso abrir un proceso penal contra los responsables de los asesinatos cometidos en la zona republicana, concretamente en Paracuellos del Jarama y otros pueblos aledaños en los últimos meses de 1936.

Mas, sea como sea, queda claro que, según los antifranquistas sobrevenidos, ha llegado, al fin, la hora de hacer justicia y éste era el testigo que pretendía tomar y dirigir el juez estrella. Al fin y al cabo, ¿quién está mejor dotado para hacer «justicia universal» que el juez de marras?

Pero volvamos a la prevaricación que denunciaron en su día dos organizaciones de extrema derecha (Falange Española y el sedicente sindicato Manos Limpias, que, por cierto, también llevó a los tribunales en su día a quien esto escribe). Desde luego, no puede obviarse de dónde proviene el ataque ni tampoco el contenido del proceso abortado: los crímenes de la dictadura. Dos componentes que convierten a Garzón en chivo expiatorio de una supuesta conspiración derechista contra su persona. Pero las apariencias, al menos esta vez, engañan.

Por su parte y como era de esperar, Luciano Varela Castro, el juez instructor de esta causa contra Garzón en el Supremo, al cometer el pecado de no archivarla poniéndose así en contra del criterio de la Fiscalía, se convirtió ipso facto en «un facha», y de nada le sirvió haber sido fundador de la asociación Justicia Democrática, ella sí antifranquista.

La plataforma mediática montada en defensa de Garzón la encabezó el Grupo Prisa, ejerciendo ese liderazgo con una fidelidad insólita. ¿Por qué? No se trataba ni sólo ni principalmente de una cuestión ideológica, sino de algo más elemental, algo que define una sentencia popular, aquella que afirma que «de bien nacidos es ser agradecidos». En efecto, en un procedimiento iniciado durante el primer periodo del aznarato y que pretendía meter en la cárcel a la cúpula de Prisa con Jesús de Polanco al frente, Baltasar Garzón —esta vez como testigo— echó por tierra la operación contra la editora y, de paso, puso fuera de la carrera judicial a Gómez de Liaño, otro aspirante al estrellato judicial.

Con este lío de Garzón, el Grupo Prisa, antaño más ponderado, ha sacado a relucir todos los demonios que guardaba en el armario, lanzándose al ruedo con los trastos de matar desplegados. Vamos, que en defensa de su protegido se han pasado varios pueblos… Y no hay que rebuscar mucho en las hemerotecas para encontrarlo, basta con echar mano de un periódico cualquiera de aquellos días para leer, por ejemplo, al veterano periodista José María Izquierdo (El País, 16-IV-2010) arremetiendo contra los jueces del Tribunal Supremo de esta guisa: «¡Son tantos los jueces que hacen y dicen cosas incompatibles con la razón! ¡Tantas sentencias aberrantes, los razonamientos arbitrarios, los atropellos a la justicia vestidos, o mejor ocultados, como si de trajes de camuflaje se tratara, con pomposo lenguaje repleto de tecnicismos y latinajos!… Cómo togados de tal rango utilizan artimañas de leguleyos como los timadores los décimos falsos de lotería».

La no menos veterana Maruja Torres en su columna semanal, y bajo el título «Sois ridículos» (El País, 15-IV-2010), entra al volapié contra el mismo maniqueo (los jueces del Supremo) y lo hace sin morderse la lengua:

«Me pregunto si estos tiesos y secos franquistas se han reblandecido con los años… Chicos, chicos, recordad el regio ejemplo que antaño os dio vuestro defendido, Francisco Franco. Somos el asombro de Europa.

Necesitáis, además de hundir a Garzón, al Estado de derecho y a esta ciudadanía, además de dar la espalda de nuevo a las víctimas del franquismo y echar una manita a los gürteles, necesitáis, decía, de un poquitín de cariño por parte del extranjero».

Como se ve, hay barra libre y en nombre de la libertad de expresión se puede insultar a quien se le ponga en las partes pudendas al periodista de turno, pero esa práctica suele traer malas consecuencias, nos lo dijo Tucídides hace ya algún tiempo: «Cuando las palabras pierden su significado habitual, cuando se distorsionan para obligarlas a decir lo que interesa a cada contendiente, desaparece el fundamento que sustenta la convivencia».

Pero los manifestantes que se reunieron en la Puerta del Sol de Madrid el sábado 24 de abril de 2010 no parece que estuvieran muy de acuerdo con el historiador griego… ni con ningún otro historiador. Esta nueva izquierda adanista y, a la vez, añorante está dispuesta a reescribir la historia, dando —eso sí— lanzadas a un moro muerto… y enterrado bajo una losa que pesa dos toneladas.

Pero el mejor apoyo a Garzón en este y otros asuntos se lo ha otorgado la Fiscalía, es decir, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido y, por ende, el Gobierno. Lo cual merece un comentario o, si se quiere, un dolido recordatorio.

Conde-Pumpido fue uno de los magistrados de la Sala del Tribunal Supremo que votó a favor de la condena de José Barrionuevo, de Rafael Vera y de otros en el proceso instruido por Garzón acerca del secuestro de Segundo Marey. Aquélla fue una instrucción típicamente garzoniana, es decir, plagada de irregularidades y trapacerías (así lo ha puesto de manifiesto el Tribunal Europeo).

A mi juicio (y a juicio de tantos), aquello de Marey fue un atropello que metió en el mismo saco a culpables e inocentes y que tenía por objeto una venganza: la que pretendía perpetrar Garzón contra Felipe González y contra su Gobierno. Quizá por eso, para dejar claro que él no tenía nada que ver con el pasado ni lo obligaba ningún deber de solidaridad con sus compañeros de partido, Rodríguez Zapatero nombró fiscal general, precisamente, a Cándido Conde-Pumpido, al mismo tiempo que se fotografiaba junto a Garzón en buen amor y compañía.

En cualquier caso, lo que no se entiende es que viejos militantes —tanto del PSOE como de la UGT— se subieran a esta ola garzoniana, inscribiéndose en la nómina de los defensores extra-judiciales de tan famoso juez. Una de dos: o son gente que carece de memoria o son unos oportunistas de muchos quilates.

Entre los disparates predicados a tutta orchestra en defensa de Garzón destacó con luz propia el exhibido por José Saramago: «El destino de Garzón está en manos del pueblo español, no en las de los malos jueces», eso dijo.

Quizá el escritor comunista portugués consideró que «buenos jueces» habían sido aquellos, tan eficientes, de los procesos de Moscú. En cualquier caso, debe quedar claro que «el pueblo español» —así, en crudo y sin mediación alguna— nada tuvo ni nada tiene que decir a este propósito. Al contrario, sobraron y sobran las aclamaciones y las exclamaciones cuando lo que se trataba y se trata de ver es si la igualdad ante la ley es una realidad o no lo es. Y el resto, como en el Hamlet, debiera ser sólo silencio.

Y ya que estamos en el apartado de los disparates, no fue menor el lanzado por el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien propuso a los militantes pro-Garzón que se dirigieran por carta a la asociación Jueces para la Democracia exigiendo que ésta expulsara de su seno al juez Luciano Varela…, dislate que se contempla en toda su desmesura si se piensa en la generalización de lo que pidió Jiménez Villarejo: si a una asociación judicial no le gusta cómo actúa en su propio juzgado uno de sus miembros, se le expulsa y en paz. Lo cual no sólo es un dislate, es una llamada a favor de los comportamientos mafiosos.

Mas, sea como sea, entre los defensores del Juez Campeador nadie quiso formular en este asunto una pregunta pertinente: ¿prevaricó o no prevaricó Garzón? Y antes de contestar a esta pregunta conviene saber que quien actúa, representando a cualquier poder del Estado, creyendo que el fin justifica los medios es, simple y llanamente, un prevaricador en potencia. Y este juez ha ido muchas veces a la fuente de la justicia llevando al hombro precisamente ese cántaro según el cual un fin justo se ha de alcanzar a toda costa y poco importa usar cualquier método para conseguirlo.

Pero por muchas cortinas de humo que se hayan querido echar exonerando «por sus buenas intenciones» las presuntas irregularidades procesales que pueblan la biografía de este juez, en el caso que nos ocupa han quedado retratadas negro sobre blanco en el auto del juez Varela de 7 de abril de 2010. Leámoslo en su parte más sustantiva:

«Tras recibir, inicialmente, siete denuncias, el querellado decide incoar, en diciembre de 2006, un procedimiento criminal, sin determinar su concreto objeto y congelando de facto su efectiva tramitación, pese a la pronta ratificación de algunas de aquellas denuncias.

Una vez aprobada la Ley 52/2007 (Ley de Memoria Histórica), de 26 de diciembre, y pese al informe contrario del Ministerio Fiscal (febrero de 2008), decide, en junio de 2008, superar la limitación que dicha ley imponía a la colaboración de los poderes públicos en la localización e identificación de las víctimas de la Guerra Civil española y dictadura que le siguió, intentando asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar llevada a cabo por el franquismo. Todo ello dentro de un proceso penal cuya artificiosa incoación suponía desconocer principios esenciales del Estado de derecho, como los de legalidad penal e irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de Amnistía 46/1977.

La demora en la expresa formalización de la asunción de competencia dio lugar a una apariencia de inocuidad de las providencias que precedieron a aquélla, disuadió de la interposición de recursos obstaculizadores y, así, permitió recabar de multitud de instituciones y organismos un volumen de información de gran magnitud, que era presupuesto necesario para desplegar la actividad de exhumación que pretendía controlar el querellado.

Con el resultado así obtenido, formalizó su competencia —en octubre de 2008— y a continuación asumió el control de las exhumaciones que le habían sido solicitadas en la medida y conforme a los criterios que estimó oportunos.

Consciente de su falta de competencia y de que los hechos denunciados ya carecían de relevancia penal al tiempo de iniciar el procedimiento, construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal que incoó y que fue rechazada por la Audiencia Nacional, tan pronto el Ministerio Fiscal lo interesó, pese a los obstáculos que, para retrasar tal decisión, intentó el querellado, llevando a cabo una transformación del procedimiento abreviado en ordinario, sin que, al tiempo de tal transformación, ocurrieran hechos nuevos que lo justificaran, y que implicaba un régimen de recursos contra decisiones interlocutorias más premioso.

Privado, por previa decisión expresa de la Audiencia Nacional, de toda posibilidad de control de las exhumaciones, el querellado puso fin a la tramitación del sumario, lo que pretendió justificar por la acreditación del fallecimiento de los que él mismo había identificado como eventuales responsables criminalmente de los hechos denunciados y ello pese a que tampoco tenía competencia para declarar tal extinción de responsabilidad en el marco del sumario que no concluyó».

Son estos «presuntos delitos» a los que habrá de hacer frente Garzón, y no a otros, porque a Garzón no se le juzga «por haber investigado los crímenes del franquismo» (cosa que no hizo), sino por las chapuzas procesales recogidas en este auto del juez Varela Castro, que desde luego no es ningún «facha».

Es posible que no sea casualidad (aunque la casualidad también existe) el hecho de que se hayan acumulado tres procesos contra Garzón en el Tribunal Supremo. Incluso es muy probable que en la carrera judicial se haya impuesto el hartazgo hacia un juez, perejil de todas las salsas, cuya fama profesional como instructor es pésima. Un juez en cuyo juzgado el secreto sumarial ha sido siempre un «secreto a voces», sin que nadie haya investigado y perseguido las continuas «filtraciones» que allí se producían, y de las que era responsable —sin duda razonable alguna— como titular de aquel juzgado. Porque Garzón —nadie lo podrá negar— ha jugado con fuego… hasta que se ha quemado. Procedimientos contra traficantes de armas, contra narcos o contra políticos que estaban llenos de disparates procesales de los que sus compañeros, los jueces de cualquier ideología, hacían mangas y capirotes, sin que nadie se atreviera a decir alto y claro que «el rey de la justicia» estaba desnudo profesionalmente y era, además, sospechoso de utilizar ilegalmente su juzgado para hacer lo que le daba la real gana.

El «caso Garzón», al convertirse en banderín de enganche y, a la vez, en un discurso políticamente correcto, permite construir un argumento intachable, imposible de rebatir por parte de nadie que quiera salir vivo de la controversia. Es sabido que los discursos políticamente correctos no admiten discusiones de ninguna clase y si alguien se atreve a contradecir sus verdades reveladas es puesto en la picota con argumentos contundentes que suelen reducirse a los siguientes términos: «reaccionario», «facha», «machista», «comprado», «traidor», «miserable»… Pero la posesión de la verdad absoluta suele llevar a sus propietarios a gran velocidad hacia el disparate. Un disparate que, aunque vaya «cuesta abajo en la rodada», tampoco admite argumentos que lo contradigan. Y lo más curioso del caso es que los potenciales contradictores suelen callar y, a mi juicio, ese silencio acaba siendo cómplice.

Pero en este caso garzoniano, el de «la impunidad de los crímenes del franquismo», los predicadores, quizá porque sus desmedidas voces llegaron demasiado lejos, acabaron por encontrarse con una criada respondona. Y me alegro de haber jugado yo el papel de detonante. Al fin hubo un debate en plaza pública que, en mi opinión, perdieron. Júzguelo el lector leyendo lo que sigue.

AL FIN UN DEBATE

EL 24 de abril de 2010 y ante la deriva ideológica y política que tomaban los defensores del juez Garzón —en la cual se incluía una nueva y negativa interpretación de la Transición y dentro de ella la repulsa moral y jurídica de la Ley de Amnistía aprobada el 14 de octubre de 1977—, publiqué en el diario El País un artículo titulado «Enterrar a los muertos» en el cual, aparte de recordar el derecho a enterrar a los muertos, afirmaba que «este barullo judicial ha servido para colar unos mensajes de muy dudosa calidad»:

Mensaje n.° 1: la Ley de Amnistía —como toda la Transición— fue hecha bajo presión, debido al miedo que producía el ruido de sables. Más que amnistía fue amnesia lo que se impuso.

Esto es falso y además encierra una calumnia contra quienes se pusieron de acuerdo en traer la democracia a España y para ello prepararon una Constitución consensuada. No fueron cobardes, sino generosos.

El proceso necesitaba de la previa reconciliación, por eso —y sólo por eso— se votó la Ley de Amnistía, cuya vigencia se pretende ahora negar echando mano de las normas de derecho penal internacional que declaran imprescriptibles los crímenes contra la humanidad. Normas estas que, según los especialistas consultados, no invalidan en nada la Ley de Amnistía de 1977.

En efecto, el único texto vinculante en materia de crímenes contra la humanidad está en el convenio que se elaboró y aprobó en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 2391 -XXIII- de 26 de noviembre de 1968), que no contiene codificación alguna de normas de derecho internacional. Es un tratado-ley que sólo obliga a los estados ratificantes, que han sido apenas una cincuentena, entre los que no está España, ni Estados Unidos ni países importantes de la Unión Europea. Por lo tanto, la Ley española de Amnistía no se opuso a ninguna otra norma de origen internacional que la contradijese.

Por otro lado, el tratado por el que se instituyó el Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 11 que esa corte sólo tendrá competencia respecto de crímenes cometidos después de su entrada en vigor, lo cual deja fuera los crímenes del franquismo y también, por cierto, aquellos que pudieran haber cometido —o permitido— las autoridades republicanas. En cualquier caso, ha quedado bien claro que en los dos bandos se practicó una enfurecida «limpieza étnica».

Y aquí llega el segundo mensaje perverso:

Mensaje n° 2: los asesinados en la retaguardia republicana ya fueron «honrados» y sus victimarios perseguidos por el franquismo. Los únicos que ahora deben ser «honrados» —y sus asesinos juzgados— son los represaliados por el franquismo.

Lo que se consigue con un mensaje tan sectario es perpetuar la división. Precisamente todo lo contrario de lo que una persona bien nacida debiera desear. En efecto, lo que se debiera hacer es precisamente lo contrario, es decir, ampliar el mutuo perdón y hacer que todos los muertos —todos— sean también de todos. Que quienes cayeron bajo la represión en la retaguardia republicana no por cometer algún delito sino por «ser» (ser cura, ser militar, ser noble, ser rico, ser de derechas…) sean reivindicados por las gentes de la izquierda, y los asesinados por los franquistas sin haber cometido delito alguno, simplemente, ellos también, por «ser» (ser sindicalista, ser republicano, ser socialista, ser comunista…) deben ser reivindicados por las gentes de la derecha. ¿Con qué fin? Simplemente, para poder decir todos juntos: «¡¡Nunca más!!».

Mensaje n° 3: todos los represaliados por el franquismo son héroes de la democracia y de la libertad.

Los ganadores de la Guerra Civil sostuvieron durante los años de la dictadura que «sus» muertos (1936-1939), en el frente o bajo la represión en los territorios bajo el Gobierno republicano, eran «mártires de la cruzada», afirmación que está tan lejos de la verdad como cerca de la propaganda. Ahora, con parecido entusiasmo, se pretende que todos los enemigos del franquismo que fueron represaliados durante aquella interminable dictadura fueron «héroes de la democracia». Ésta es, también, una afirmación sectaria y por eso debe ser negada. Lo haré a continuación, a sabiendas del riesgo que corro con ello.

Vivir durante la guerra en la retaguardia republicana —nadie que se haya ocupado de ese asunto lo negará— representó para mucha gente un auténtico infierno de persecución y de muerte. Bastaría la lectura de la gran novela de Juan Iturralde, Días de llamas, para ilustrarlo. Y esa novela me lleva a un personaje —ligado a la UGT y al PSOE—, que resultó ser un individuo siniestro: Agapito García Atadell, quien se hizo famoso en Madrid al inicio de la Guerra Civil como jefe de una de las «Brigadas del Amanecer», que operaban en la capital (también los de la FAI fueron maestros en «represión revolucionaria» y montaron, por ejemplo, una checa en el cine Europa de la calle Bravo Murillo, desde donde salían a dar «paseos nocturnos» y a llenar de cadáveres la Dehesa de la Villa). Estas pandillas —muy contentas de exhibirse armadas en la retaguardia y de no pisar el frente— aparecían de madrugada en los domicilios de la gente «de derechas» para dar «el paseo» a sus moradores y, de paso, «requisar» en su propio beneficio los bienes que encontraban en los registros de aquellas casas.

Según se cuenta, Indalecio Prieto —que era ministro de la Guerra— dio la orden de detener al «compañero» García Atadell y a su cuadrilla, pero, quizá alertado, Atadell arrambló con todo lo que pudo y se fue a Marsella, desde donde tomó un barco con destino a Buenos Aires. Pero el buque hizo escala en las Canarias, y los franquistas (quizá avisados desde la zona republicana) lo sacaron del navío y lo tomaron preso.

Sabemos a través de Koestler (autor de El cero y el infinito), entonces encarcelado por los franquistas en Sevilla, que García Atadell estuvo en aquella cárcel y allí le dieron garrote. Probablemente, sus restos reposen en alguna fosa común de algún cementerio sevillano… y ahora podrían ser exhumados… ¿con honores?

¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez? La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva «revolucionaria». En cualquier caso, una guerra civil no es el mejor momento para la defensa de los derechos civiles ni para la discusión civilizada… «Es la hora de los hornos y no se ha de ver sino su luz», ¿recuerdan? En fin, que entre tanto ruido se ha impuesto, al fin, una consigna según la cual «el PP se niega a reconocer la sangrante realidad de las fosas» (sic). Se llega así al último mensaje. Éste ya en clave electoral.

Mensaje no 4: la derecha española es heredera y añorante del franquismo.

¿O sea, que casi la mitad de los votantes españoles prefieren el franquismo? No sé si los ideólogos que sostienen tal mensaje y tal barbaridad son conscientes del disparate que perpetran con este tipo de propaganda sectaria.

Mas, debo decir, para concluir, que somos muchos los que —hartos de simplificaciones— nos negamos a que la izquierda se reduzca a ser la mera expresión de una aversión, la aversión a una derecha a la que visten de maniqueo sin ningún rigor intelectual.

Mi artículo, como ya se ha indicado, se publicó el mismo día (24 de abril de 2010) en el que, por la tarde, se celebró una concentración en la Puerta del Sol de Madrid «contra la impunidad de los crímenes del franquismo». Yo había enviado al periódico el escrito reproducido aquí parcialmente algunos días antes de la fecha en que salió a la luz. La fecha de publicación, como es habitual, la decidieron los responsables de diario y ellos sabrán si fue su intención hacer coincidir el día con el de la concentración o no.

Aquel 24 de abril de 2010 y desde un estrado colocado delante del portón de la Casa de Correos en la madrileña Puerta del Sol, varias figuras públicas, entre las que estaba Almudena Grandes, leyeron un manifiesto que, a mi juicio, ponía en evidencia lo pertinente de las críticas que yo había expresado aquella misma mañana a través del diario. El documento, que según los mentideros madrileños había salido en gran parte de la pluma del poeta Luis García Montero, esposo de la señora Grandes, decía lo siguiente:

«Justicia no es sólo una palabra hermosa. La justicia es una condición imprescindible de la dignidad humana. La justicia es también calor, fraternidad, solidaridad con quienes han sufrido la implacable injusticia del terror.

La sociedad civil ha salido esta tarde a la calle, en toda España, para asumir la causa de las víctimas del terror franquista, y para reivindicar la dignidad de los centenares de miles de hombres y mujeres que dieron su vida por la libertad y por la democracia de nuestro país. Hoy, tantos años después, somos conscientes del precio que ellos pagaron para que podamos reunirnos libre y pacíficamente en esta plaza, en su nombre y en el de la libertad, la justicia y la democracia.

Por encima de los tecnicismos, de las argucias legales y los laberintos jurídicos, queremos afirmar que hoy, una vez más, es la dignidad de las víctimas del franquismo lo que está en juego. Las consecuencias de un proceso que, en democracia, ensucia su memoria, desprecia el dolor de sus hijos, de sus nietos, y condena las aspiraciones de justicia de cientos de miles de familias españolas, van mucho más allá del propio proceso.

Esta causa podría interpretarse, y así lo ha hecho la prensa extranjera, como una lamentable prueba de la minoría de edad de la democracia española, un Estado que, treinta y cinco años después de la desaparición del dictador, sigue acusando los efectos del terror indiscriminado al que Francisco Franco recurrió para tiranizar a los españoles durante cuatro interminables décadas.

Que diversas iniciativas judiciales de organizaciones de extrema derecha hayan logrado paralizar la investigación de los crímenes del franquismo representa un escándalo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, que repugna a la naturaleza esencial de los principios democráticos y nos devuelve a la noche oscura de los asesinos.

Nadie puede ignorar que los 113.000 cadáveres que, todavía hoy, siguen enterrados en cunetas y descampados son la prueba de un proceso de exterminio sistemático de una parte de la población, que sólo puede entenderse como un crimen contra la humanidad.

Nadie puede admitir que el deseo de los hijos y los nietos, de las viudas que quieren recuperar los restos de sus seres queridos, para devolverles la dignidad que les arrebató una muerte injusta y reivindicar la memoria de su lucha por la libertad y por la democracia, pueda ser objeto de delito.

Nadie puede siquiera comprender que un Estado democrático impute un delito de prevaricación a un juez que ha asumido los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas, por aplicar en España la doctrina del derecho penal internacional que, hace unos años, le permitió actuar contra crímenes semejantes cometidos en países como Argentina o Chile. Los crímenes contra la humanidad no pueden ser amnistiados y no prescriben jamás.

Hoy, en esta tarde de abril, la sociedad civil está en la calle para reivindicar la madurez de nuestra democracia y para hacer suya la causa de las víctimas del franquismo. El impulso democrático que desembocó en la aprobación parlamentaria de la Ley de Memoria Histórica debe continuar y profundizarse, para impedir que en el futuro se reproduzcan hechos tan vergonzosos como el auto del juez Varela.

En solidaridad con las víctimas, por la justicia universal y la dignidad democrática de España:

¡No a la impunidad! ¡Investigar los crímenes del franquismo no es delito!».

Como se ve, el manifiesto es una buena síntesis de todos los tópicos sostenidos por el antifranquismo sobrevenido. En este sentido, el manifiesto resulta insuperable si de lo que se trata es de «vestir al maniqueo», pero no se sostiene como pieza político-jurídica. ¿Quitarle el juguete judicial a Garzón es privar a los muertos de su dignidad? ¿Quién ha demostrado que la Ley de Amnistía está derogada legal o moralmente?

Nadie impide la investigación de los crímenes franquistas; lo que sí se impide en cualquier Código Penal es procesar a los muertos, sean asesinos o ladrones de gallinas. Sin «los tecnicismos y los laberintos jurídicos» que el manifiesto repudia, sencillamente, no existiría la justicia. Esa justicia que el manifiesto exige que caiga sobre los cadáveres de sus enemigos. En fin, no voy a repetirme acerca de las perversiones legales y políticas que este movimiento justiciero ha traído consigo.

Una breve selección de «ideas» sacadas del manifiesto leído aquel sábado 24 en la Puerta del Sol bastará para oler la exageración de la propuesta que allí se defendía: «Una vez más, es la dignidad de las víctimas del franquismo lo que está en juego», eso decían.

¿Pero es que hay alguien que esté en contra de la dignidad de esas víctimas? ¿El juez Varela? ¿Quizás el PP?

«Un Estado que, treinta y cinco años después de la desaparición del dictador, sigue acusando los efectos del terror indiscriminado al que Francisco Franco recurrió para tiranizar a los españoles», aseguraban. ¿Dónde han visto los redactores del manifiesto que exista «hoy» ese terror? ¿En qué país viven estas gentes? ¿Dónde estaban cuando mandaba el dictador? Porque ésa es otra, muchos de ellos o no habían nacido o se pasaron aquellos años abrigaditos y en sus casas y se han hecho antifranquistas tras la muerte del general…, y así cualquiera es resistente. Me lo decía un amigo alemán: «Es curioso, pero en Alemania, cuantos más años nos separan del nazismo, más antinazis hay».

«La Ley de Amnistía de 1977, preconstitucional —precisaba el manifiesto—, no puede prevalecer sobre la propia Constitución, ni sobre los tratados y acuerdos internacionales suscritos por nuestro país en materia de derechos humanos». Y uno se pregunta: ¿dónde habrán estudiado derecho estos juristas? Ahora va a resultar que la reconciliación —defendida por la izquierda en vida de Franco y puesta en práctica por todos en el periodo constituyente— sólo era una impresentable cobardía.

En todo caso, es preciso reconocerle a Baltasar Garzón el éxito de haber aparecido, una vez más, en el New York Times y en otros notables medios internacionales, pero el mensaje que el juez y sus hooligans han conseguido colar allí es tan negativo respecto a los españoles que resulta siniestro. En efecto, este desgraciado asunto ha sembrado la idea de que en treinta años de democracia los españoles hemos sido incapaces de lidiar con el pasado, que la Transición fue una bajada de pantalones, que la Guerra Civil es un tema tabú y que buena parte de la derecha sigue siendo franquista.

Las víctimas del franquismo tienen derecho a una tumba digna y quienes la reivindican debieran contar con el apoyo del Estado para conseguirlo, pero no tienen derecho a ningún ajuste de cuentas, porque hace ya más de treinta años nuestros legítimos representantes decidieron de consuno que ya era llegada la hora de decir «NUNCA MÁS» y de mirar hacia delante.

Pero, claro, hay gente que, como la burra, siempre vuelve al trigo de la revancha. Ya lo escribió Claude Lanzmann: «Frente a las escasas expectativas que ofrece el futuro, cambiemos el pasado». Y en eso están, pero no debemos dejarnos llevar del ronzal hacia semejante disparate.

Pero volvamos al debate público suscitado por mi artículo, que a nadie pretendía ofender.

A la señora Grandes le debió de sentar mal mi artículo y, cual «Mimí metalúrgico herido en su honor», se dispuso a ponerme «las peras a cuarto» o, más castizamente, «de ropa de pascua» o «a caer de un burro». ¿Por qué? Por haber cometido yo lo que ella —nada entrenada en el deporte de aguantar críticas— consideraba una miserable traición… Y lo hizo en el suplemento dominical del mismo diario el 9 de mayo de 2010 con un artículo furibundo («La condición miserable»), que reproduzco a continuación:

«En algún momento de la década de 1960, Luis Cernuda acudió a una universidad norteamericana para ofrecer una lectura de poemas. Al terminar, un hombre de su edad se acercó a él y le contó que era un antiguo soldado de la Brigada Lincoln, que había luchado por la República en la Guerra Civil. El encuentro perturbó de tal manera a Cernuda, que esa misma noche, en su cuarto del hotel, escribió un poema memorable que se titula 1936, aunque la mayoría de sus lectores lo identifican por su primer verso, que se ha hecho célebre: “Recuérdalo tú, y recuérdalo a otros”. Igual de imborrable es su última estrofa: “Gracias, compañero, gracias, / por el ejemplo. Gracias porque me dices / que el hombre es noble / Nada importa que tan pocos lo sean; / uno, uno tan sólo basta / como testigo irrefutable / de toda la nobleza humana”.

Un solo hombre basta como testigo de toda la nobleza humana, y para todo lo contrario.

En 1992, cuando su porvenir político en el Partido Socialista Obrero Español estaba intacto, Joaquín Leguina escribió una novela sobre la Guerra Civil, titulada Tu nombre envenena mis sueños. Aquel libro arrancaba de la actuación de la quinta columna, los fascistas emboscados que se dedicaban a sabotear la retaguardia republicana en la capital, y en concreto, de los llamados «coches fantasma», que circulaban por la noche con las luces apagadas, recorriendo las calles hasta encontrar un objetivo apetecible, una terraza llena de soldados del Ejército Popular, por ejemplo, a lo que ametrallaban mientras estaban tomando tranquilamente el fresco, antes de darse a la fuga.

En aquella novela, como en la inmensa mayoría de las obras de ficción escritas a favor de la causa de la legitimidad republicana, desde Max Aub en adelante —incluidos el propio Leguina de 1992 y la autora de este artículo—, se recogían también los crímenes propios. Ningún autor republicano español ha dejado de acusar la vergüenza de las checas, las patrullas de limpieza que —siempre por su cuenta y nunca jamás, es importante recordarlo, bajo mandato gubernamental— desataron el terror, aprovechando el caos que supuso un golpe de Estado que diezmó casi por completo las escalas de mando de las fuerzas de orden público de la República. La mayoría de los oficiales del Ejército, la Policía y la Guardia Civil apoyaron ese golpe, y pasaron unos cuantos meses antes de que el Gobierno pudiese reestructurar dichos cuerpos. Cuando lo consiguió, las checas se cerraron y las patrullas pasaron a ser, al menos oficialmente, perseguidas por la ley. Esto es tan bien conocido, está tan exhaustivamente documentado y explicado, tantos autores lo han dado ya por tema concluido, que no debería ser necesario mencionarlo una vez más.

Sin embargo, Joaquín Leguina escogió el 24 de abril de 2010, fecha en la que se habían convocado las primeras manifestaciones en democracia contra la impunidad del franquismo, para publicar una tribuna en la edición diaria de este mismo periódico, trayendo de nuevo a primer término el tema de la represión republicana. Centró su discurso en un criminal —Agapito García Atadell—, a quien el Gobierno de la República consideró como un simple delincuente común al ponerlo en busca y captura, y en una novela de 1977 titulada Días de llamas, cuya lectura produjo una inconmensurable inquietud en la autora de estas líneas. Tan inconmensurable, que desde hace ocho años, por lo menos, ha buscado en todos los libros que están a su alcance un solo ejemplo real en el que pueda basarse la experiencia del protagonista de esta novela, un juez republicano de simpatías socialistas, con un cuñado oficial del Ejército Popular, un maestro tras el que se puede vislumbrar la figura de Julián Besteiro, y una amante comunista —o sea, el Frente Popular al completo—, detenido ilegalmente en una checa de Madrid en una época que parece posterior a enero de 1937, y al que nadie, ni su partido, ni su cuñado, ni su maestro, ni su amante, consigue sacar de allí. Hasta la fecha, ella no ha encontrado a nadie que, en una situación parecida, sufriera una experiencia semejante. Si Joaquín Leguina puede aportar una identidad concreta, con nombre y apellidos, que avale el argumento de esa obra de ficción, esta autora le estará eternamente agradecida.

Dejando a un lado esta cuestión personal, hay que celebrar que Luis Cernuda no haya vivido para leer la tribuna que firmó Joaquín Leguina. Él, que escribió en aquel poema memorable que un solo hombre basta como testigo irrefutable de toda la nobleza humana, se habría estremecido al comprobar que un solo hombre basta también para expresar todo lo contrario. Entre 1992 y 2010 caben dieciocho años, sucesivas derrotas políticas y la gratitud a una presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, que le ha arreglado un puestecito. Cabe, también, la traición a un poeta, a su causa y a su espíritu.

Porque Tu nombre envenena mis sueños, antes de ser el título de una novela de Joaquín Leguina, fue un verso. ¿Y saben de quién? De Luis Cernuda».

Habrá de reconocerse que la forma de argumentar y de discutir de la que hace gala la señora Grandes en el artículo que se acaba de reproducir es, simple y llanamente, «ejemplar». A los valerosos antifranquistas sobrevenidos no hay quien les tosa. Bien se ve que son inatacables…, porque si alguien se atreve a discrepar de sus posiciones lo fulminan y en paz. Además, son envidiables, pues quién no envidiaría a unas personas que gozan del inigualable privilegio de poseer en toda su amplitud «la verdad revelada». Pues bien, con el fin de defenderme de las injurias que la señora Grandes tuvo a bien endosarme, escribí una carta al director, que es la siguiente:

«Entiendo que mi artículo no gustara a los organizadores de la manifestación “contra la impunidad de los crímenes del franquismo” (es decir, a favor de Garzón) que tuvo lugar aquella tarde del 24 de abril… pero —si he de ser sincero— no me esperaba una respuesta tan ofensiva y tan falta de sustancia como la que he recibido de Almudena Grandes en el suplemento dominical que usted dirige.

Bajo el título “La condición miserable”, la autora —sin contradecir ni uno solo de los argumentos expuestos por mí en el precitado artículo— arremete contra mi persona, desde el título (“miserable”) hasta la coda final, echando encima de mis espaldas a un muy querido poeta, Luis Cernuda, muerto en el exilio hace más de cincuenta años, es decir, a alguien que no puede protestar. Estoy convencido de que Cernuda —que nunca fue un sectario— no estaría de acuerdo con un exabrupto descalificador como el usado en mi contra por la señora Grandes, propietaria de un discurso sectario de la cruz a la firma. Un alegato maniqueo de buenos y de malos. Una reescritura de la historia con la mala fe como bandera. Veamos una muestra: según Grandes, las checas y todas las tropelías cometidas durante la guerra en la zona republicana nunca fueron ni permitidas ni ordenadas por las autoridades republicanas. ¿Tampoco las “sacas” efectuadas en las cárceles madrileñas, que llenaron con miles de cadáveres los campos de conocidos pueblos de la periferia?

En fin, después de asegurar que “un solo hombre (yo) basta también para expresar todo lo contrario a la nobleza humana”, añade esta señora la última mentira, mediante la cual pretende explicar un supuesto cambio en mi actitud política (por otro lado inexistente): “La gratitud a una presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, que le ha arreglado un puestecito”. Lo cual es algo más que una injuria y me obliga a decir lo siguiente: Esperanza Aguirre jamás me “ha arreglado un puestecito”, pues el cargo que ahora ocupo, como ex presidente de la Comunidad de Madrid, existe en cumplimiento de una ley. Ley que creó en Madrid —al igual que en las otras autonomías— el Consejo Consultivo. Por cierto, una ley que fue aprobada por consenso.

Para quienes estuvimos activamente contra el franquismo —y no éramos tantos— resulta amargo vernos alcanzados por las picas de las “lanzadas a moro muerto” que tanto les gusta propinar a estos antifranquistas sobrevenidos».

¿Y quiénes estuvimos activamente —añado ahora— contra el franquismo? Sumados todos los opositores verdaderamente activos contra el régimen, desde los monárquicos hasta los maoístas, pasando por los liberales, los democristianos, los socialistas y los comunistas, representábamos en vida de Franco una exigua minoría. El franquismo no levantaba ningún entusiasmo entre los obreros o los campesinos, tampoco en la universidad o en el ambiente familiar de quienes habían sido republicanos en los años treinta, pero entre todos ellos la precaución y el silencio eran la norma. El trauma horrible de la Guerra Civil había dejado a una buena parte de la sociedad española sumida en el temor, y, en verdad, entre quienes no se recataban en vociferar su obsceno apoyo al régimen y quienes aplaudían en silencio sus «veinticinco años de paz» sumaban con toda seguridad una sobrada mayoría. Por eso, quienes se arriesgaron a levantar su voz entre la muchedumbre miedosa u obsecuente, corriendo, además, con el pago de la cuenta en forma de persecuciones, cárceles y otras consecuencias desagradables, merecen hoy, al menos, un respeto moral.

El pasado no tiene arreglo, resulta irremediable. A lo cual un pesimista añadiría que también el futuro se muestra esquivo a cualquier remedio. Sea como sea, nuestro pasado personal es lo único que nos pertenece, aunque en puridad no nos quede ni siquiera el recurso de afirmar que fue nuestro.

Pero con el artículo de la señora Grandes insultándome no se había acabado la defensa del antifranquismo sobrevenido. Reaparecería en otra colaboración de Javier Cercas para El País que reproduzco a continuación. Su título: «La puñetera verdad» (6-VI-2010):

«Es una pena que la discrepancia entre Almudena Grandes y Joaquín Leguina a propósito de un artículo de este último (“Enterrar a los muertos”) no haya provocado un debate articulado sino sólo un agrio intercambio de acusaciones; también es una pena que la discrepancia radique en un punto sobre el que no hay discrepancia posible, porque hace tiempo que fue zanjado por los historiadores: es imposible equiparar el terror del bando franquista con el terror del bando republicano durante la Guerra Civil, al modo en que lo hace Leguina, porque el segundo duró el tiempo que el Gobierno legítimo tardó en tomar el control de su zona y se practicó sin su aprobación (o al menos sin su aprobación explícita), mientras que el primero duró toda la guerra y fue organizado por las autoridades como parte de una guerra de exterminio; dicho de otro modo: equiparar la España leal con la España rebelde porque en ambas se cometieron crímenes es una aberración similar a equiparar el Estado democrático con ETA porque el Estado democrático creó los GAL. No obstante, hay en el texto de Leguina una analogía aún más inquietante. “¿Por qué no aceptamos la verdad de una puñetera vez?”, escribe Leguina, sin duda interpelando a quienes postulan que la nuestra fue una guerra de buenos contra malos. “La inmensa mayoría de la derecha española renegó de la democracia durante la República y, desde luego, durante la guerra… Pero es que la izquierda, en gran parte, hizo lo mismo, tomando la deriva revolucionaria”. La afirmación no es inquietante por lo que dice, sino por lo que presupone: no sólo que en los dos bandos se cometieron atrocidades (cosa obviamente cierta), ni que una parte de los republicanos no creía en la democracia (cosa asimismo cierta), sino que los dos bandos contribuyeron por igual a la destrucción de la democracia y que, por tanto, comparten por igual la responsabilidad política de la guerra. Si ésa es la puñetera verdad que Leguina nos pide aceptemos, yo puedo decirle por qué no la aceptamos: porque es una puñetera mentira. Y además una mentira peligrosa, dado que atañe a un problema esencial de nuestra relación con el pasado reciente y, en esa medida, también al presente…

Es falso que los dos bandos contribuyeran por igual a la destrucción de la democracia y que compartan por igual la responsabilidad política de la guerra: los responsables políticos de la guerra fueron quienes dieron un golpe de Estado contra la legalidad republicana, no los que la defendieron. Es verdad que muchos de los que defendieron la República no creían en la democracia, como dice Leguina; pero el hecho es que defendieron un régimen democrático. Todo lo cual significa que desde el punto de vista político la Guerra Civil sí fue, contra lo que predica un cliché tramposamente ecuánime, una guerra de buenos contra malos: como en casi todas las guerras, en la nuestra no hubo un bando moralmente del todo bueno y un bando moralmente del todo malo, pero sí hubo, como en tantas otras guerras, un bando políticamente bueno y un bando políticamente malo, un bando que defendió la legalidad democrática y un bando que la destruyó; salvando las distancias, es algo semejante a lo que ocurre ahora mismo en el País Vasco: si juzgamos allí una aberración la equidistancia política entre los terroristas y los que no lo son y no tenemos ninguna duda de que hay buenos y malos y de que políticamente los buenos son quienes defienden el sistema democrático —aunque crearan los GAL— y los malos son quienes lo atacan —aunque alguno sea idealista—, ¿por qué en cambio tantos defienden la equidistancia y afirman que no hay buenos y malos cuando se trata de la II República, que es el único precedente posible de la democracia actual?

Porque eso es lo puñetero y lo peligroso de este asunto: que no estamos hablando del pasado, sino de la relación del presente con el pasado; es decir, del fundamento histórico de nuestro sistema democrático. Por supuesto, sólo quien no sabe lo que fue el franquismo puede decir que la actual derecha española es franquista; pero esa derecha comete un serio error al no cortar del todo el cordón umbilical que todavía la une al franquismo y no buscar sus raíces y las raíces de la democracia en la democracia que destruyó el franquismo.

No hay democracia sólida que no esté basada en un acuerdo mínimo acerca de su origen histórico; la nuestra no lo está, sobre todo porque gran parte de la derecha —y al parecer ahora también una parte de la izquierda— no acaba de asumir que sus orígenes no pueden hallarse en ninguna mistificación justificatoria de una dictadura. Me pregunto si no lo asume porque está atrapada en un malentendido: porque cree que lo que se le exige es que renuncie moral y políticamente a los suyos, es decir, porque cree que, además de reconocer que los suyos estaban políticamente equivocados, debe reconocer que todos eran moralmente abyectos. No es así: lo único que se le debe exigir a la derecha es que en este caso distinga entre moral y política, y que, sin quitarles necesariamente la razón moral a sus antepasados, les quite la razón política».

Naturalmente, me vi obligado, de nuevo, a contestar con otra carta al director, que es la siguiente:

«Debo aclarar, en primer lugar, que entre la señora Grandes y yo no ha habido, como asegura Cercas, ningún «intercambio de acusaciones». Lo que ha ocurrido es otra cosa muy distinta. Ella me ha insultado e injuriado sin aportar ni un solo argumento.

Sin ánimo de polémica, afirmo que Cercas malinterpreta (o tergiversa) mis palabras al atribuirme, respecto a la Guerra Civil, un pensamiento según el cual “los dos bandos contribuyeron por igual a la destrucción de la democracia y comparten por igual la responsabilidad política de la guerra”. No pienso eso y jamás he dicho o escrito tal cosa. Por el contrario, opino que la mayor culpa y la responsabilidad más alta de aquella tragedia la tuvieron quienes, renegando de su juramento, levantaron las armas contra el legítimo Gobierno republicano y también quienes les apoyaron sosteniendo y propiciando la asonada, pero ello no exonera de responsabilidad por sus errores a los partidos republicanos y menos aún a los termocéfalos y antidemócratas que, disfrazados de revolucionarios, primero maltrataron a la República y luego, durante la guerra, cometieron enormes tropelías. Ítem más: la represión en la retaguardia franquista fue mayor que en la republicana. Y lo que fue más grave: no terminó con la guerra sino que duró hasta la muerte del dictador, pero los desatinos, en forma de detenciones ilegales, de “paseos” y, en general, los asesinatos cometidos en las dos retaguardias son, a mi juicio, todos y cada uno de ellos igualmente repudiables.

Por desgracia, tampoco es verdad que los atropellos contra vidas y haciendas duraran en la retaguardia republicana “el tiempo que el Gobierno legítimo tardó en tomar el control de la zona y, en todo caso, se practicaron sin su aprobación”, como afirma Cercas, pues ha quedado más que demostrado lo contrario. Por ejemplo, que las sacas de las cárceles madrileñas y los subsiguientes asesinatos fueron programados y ejecutados por quienes en aquellos azarosos días de noviembre formaban parte de la autoridad republicana (por una vez juntos, libertarios y comunistas se pusieron con gran entusiasmo a «matar enemigos de clase») y, aunque la matanza se atemperó a partir de 1937, desgraciadamente no se detuvo hasta el final de la guerra.

Y ya en terrenos más recientes, tampoco es cierto que la derecha española “comete un serio error al no cortar del todo el cordón umbilical que todavía la une al franquismo”, tal como afirma Javier Cercas. En efecto, si abandonamos el maniqueísmo y nos acercamos a los datos podemos encontrar, por ejemplo, que la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados en su sesión del 20 de noviembre de 2002 (y la fecha no es casual) aprobó, con los votos favorables del PP, que entonces estaba en el Gobierno, una proposición en la cual, entre otras cosas, puede leerse lo siguiente: “Nadie está legitimado para utilizar la violencia para imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios… El Congreso de los Diputados reitera su voluntad de mantener el espíritu de concordia que presidió la elaboración de la Constitución de 1978… y reafirma el reconocimiento moral de todos quienes fueron víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”. Me pregunto: ¿dónde está ese "cordón umbilical” del que habla Cercas?

Creo que ya es hora sobrada de eliminar de nuestra vida pública cualquier maniqueísmo sectario que propicie, aunque sólo sea intelectualmente, no se sabe qué revancha. Es preciso volver a la sensatez constitucional para poder mirar al futuro y enterrar a los muertos y con ellos un pasado de sangre y de venganza del cual ninguna persona decente puede estar orgullosa».

Pocos días después, acudieron en mi ayuda Jorge Martínez Reverte y Gregorio Marañón con sendos artículos. El que sigue es el de Martínez Reverte («Los muertos de todos»):

«Los muertos de la Guerra Civil española deberían ser de todos. Y todos esos muertos deberían recibir el homenaje de la sociedad entera, porque en su mayoría lo fueron injustamente. En ambos bandos. Yo creo que eso es lo que quería decir Joaquín Leguina en el artículo que ha sido tan mal celebrado en las últimas semanas.

Veamos por orden algunas cosas. La primera, que no hay que discutir mucho para concluir que la República era el régimen legal y legítimo, y que los rebeldes comenzaron una inmensa matanza con propósitos exterminadores desde que se inició el golpe de Estado del 18 de julio. A esa sangre le siguió más sangre, vertida desde muchos lados.

Los defensores de la causa de la República (entre los cuales me cuento) actuaron, en muchas ocasiones, con la misma crueldad y frialdad que los golpistas. Y no siempre desde el descontrol que la inexistencia del Estado facilitaba. Valgan cuatro ejemplos:

El de Paracuellos del Jarama, donde milicias organizadas que dependían del PCE y de la CNT acabaron con la vida de más de dos mil sospechosos de connivencia con los insurgentes. No eran la República, pero formaban parte de su entramado. Lo demuestran las actas de la CNT halladas por Diana Plaza, que trabajaba para mí como documentalista para el libro La batalla de Madrid.

El de los asesinatos de Barcelona. Varios miles de personas de la pequeña burguesía, o simplemente católicos, fueron asesinados de forma planificada por la FAI, según la documentación aportada por Miquel Mir en su libro Diario de un pistolero de la FAI.

El libro de Fernando del Rey, Paisanos, describe con una documentación abrumadora cómo, desde antes del comienzo de la sublevación, en un pueblo manchego llamado La Solana todo el mundo sabía a quién tenía que matar en cuanto comenzara el enfrentamiento que ya se olía.

En Cataluña, al finalizar la guerra, se produjeron matanzas de prisioneros realizadas por milicias que dependían del Gobierno y controlaban las cárceles. Javier Cercas, que ha participado en esta polémica, ha novelado los sobrados datos que existen al respecto.

Estos cuatro ejemplos bastan, a mi juicio, para afirmar que se dieron casos abundantes de planificación en el bando de la República, que afectan a fuerzas fundamentales de las que la defendían.

Eso no impide seguir sosteniendo que, de forma general, se pueda decir que la República era un régimen legítimo que estaba defendido por personas honradas, pero también por asesinos, mientras que los alzados formaron un conglomerado criminal que también fue defendido por personas decentes.

Pero si pasamos a las víctimas y nos alejamos de la política, podemos analizar con un poco de cordura lo que de ahí nos debe quedar. Aquí me voy a contentar con exponer un solo ejemplo, que es el más espinoso: Paracuellos.

Y es que poca gente comenta que de los más de dos mil asesinados a las afueras de Madrid en noviembre y diciembre de 1936 no existe identificación individual. Se sabe de muchos, se sabe que están ahí, pero no se conoce ni el número exacto ni la identidad de cada uno de los cadáveres que reposan en las zanjas. ¿Merecían la muerte? ¿Hay que sacarles el ADN a todos? Pienso que no, que nos basta con reconocer que fueron asesinados de forma injusta y que algo les debe recordar. Los franquistas les han recordado siempre. ¿Y los demás?

Como a los demás. Lo que está todavía pendiente es la recuperación de la dignidad de muchos que fueron asesinados por los franquistas. Devolverles la dignidad y dar a sus familias la posibilidad de completar el duelo que Franco les negó. Hay que ser malnacido para seguir negándolo. Y han sido, por su parte, muy poco hábiles y diligentes los gobiernos de la democracia que no han completado esa tarea.

Creo que llegar a un acuerdo sobre estas bases es bastante sencillo.

No existe ninguna diferencia de grado entre las víctimas de Paracuellos y las de Badajoz. Ha existido una diferencia de trato durante cuarenta años. Pero todos fueron asesinados a sangre fría, de forma indiscriminada, sin juicio y sin causa. Les podemos hacer iguales ahora. Pero la base para conseguirlo es reconocer que ninguno fue asesinado justamente, por mucho que de los asesinos, que no lo fueron todos los combatientes, unos fueran golpistas odiosos y otros fueran odiosos defensores (aunque nos pese a algunos) de una causa justa.

Detesto el franquismo, todo lo que supuso y toda la herencia que dejó. Pero no me cuesta nada, sino todo lo contrario, proclamar que todos esos muertos son míos. Los que están en unas fosas y los que están en otras.

Y que no considero míos a ninguno de los que los asesinaron. Ni son míos los milicianos que fueron a Paracuellos, ni los falangistas que limpiaban cada pueblo de forma ordenada. En casi todos los casos se trataba, además, de gente que estaba en la retaguardia, que no combatía, que sólo mataba a seres indefensos.

Franco mató el doble que los republicanos. ¿Eso qué tiene que ver con cada víctima?».

Y el de Gregorio Marañón y Bertrán de Lis («La insobornable verdad») decía lo siguiente:

«La verdad resulta, a veces, puñetera, pero es siempre insobornable, y reaparece, una y otra vez, entre el oleaje levantado por los mitos, las leyendas y las fábulas. Con esta convicción me animo a terciar en la polémica que ha suscitado el lúcido artículo de Joaquín Leguina, y al que, entre otros, ha respondido ese excelente escritor que es Javier Cercas, reiterando una tesis que defiende desde hace tiempo. No voy a referirme al indiscutible derecho que tenemos todos a enterrar a nuestros muertos, ni al deber, que ha de terminar de cumplirse íntegramente, de honrar y reparar jurídicamente a los perseguidos injustamente por la dictadura, ni a la mal llamada Ley de Memoria Histórica, que tantos atacan y defienden sin haber leído.

La razón por la que el debate abierto sobre nuestro reciente pasado suscita tanta pasión radica en lo que el propio Cercas define como “lo peligroso de este asunto”. Con sus palabras, “no estamos hablando del pasado sino de la relación del presente con el pasado, es decir, del fundamento histórico de nuestro sistema democrático”.

Partiendo de una idealización romántica de lo que fue la II República, se pretende deslegitimar la Transición y articular un relato para enlazar el fundamento de nuestro actual sistema político con la República asaltada por la sublevación militar de 1936. La conclusión del argumento se apunta indisimuladamente: se le debe exigir a la derecha (y también parece ahora que a una parte de la izquierda) que lo acepte, y si, como resulta probable, no lo hace, que quede confinada, identificada con el franquismo, “en el ominoso rincón que le corresponde” (Cercas). No es difícil imaginar las consecuencias que tendría este arrinconamiento para nuestra convivencia política.

Sorprende ver quiénes son los que preconizan este planteamiento. No son los últimos supervivientes de la generación que padeció la tragedia de 1936, porque, como escribió Javier Pradera, fue “la generación más comprometida con la política de reconciliación nacional impulsora de la Transición a la democracia”. Tampoco la generación de los hijos de quienes participaron en la guerra, a la que pertenecemos quienes desde nuestra comprometida oposición a la dictadura logramos en la Transición que por fin venciera la democracia, ciertamente con el concurso indispensable de otros que tenían un origen político distinto. Los que pretenden asentar el fundamento de nuestro sistema democrático en 1936 pertenecen, en general, a la generación de nuestros hijos, que significativamente prefieren identificarse como “nietos de la guerra” que como “hijos de la Transición". No se pudieron oponer a la dictadura por razones de edad, y en algún caso parece como si quisieran ahora lancear al régimen muerto para adquirir unos méritos que nadie puede pedirles. Quienes crean en una historia generacional, podrían sostener que este impulso de búsqueda de la legitimidad de 1936 terminará con la siguiente generación, y que serán, por tanto, los “nietos de la Transición” quienes reivindiquen la plena legitimidad histórica de 1978; mientras, sólo cabría esperar que los “hijos de la Transición” no acaben freudianamente con la obra de sus padres para lograr su propia justificación generacional. Aunque pueda haber algo de cierto en esto, es evidente que la realidad no puede interpretarse en una clave tan simple. De ahí que convenga defender no sólo lo que se hizo en 1978, sino, sobre todo, lo que tenemos, porque sabemos lo que ha costado, cuál es la realidad histórica que subyace en ese idílico pasado republicano y, lo que es más trascendente, lo que nos esperaría de prosperar la tesis deslegitimadora de la Transición.

Azaña, que tiene una indiscutible autoridad para juzgar la España de 1936, escribió: “¡Cómo se odiaban antes de la guerra los dos bandos españoles, cómo estarán los ánimos después de los horrores padecidos! Mientras vivan las actuales generaciones no podrán restaurarse las condiciones mínimas de convivencia social pacífica. El odio ha engendrado la venganza, que ha suscitado nuevos odios, y así hasta el exterminio. Todo el pueblo español está enfermo, y sus curadores actuales no saben otra receta que fusilarlo”. Nuestra generación sintió desde su nacimiento, como tan certeramente apuntó Machado, que aquellas dos Españas helaban nuestros corazones, y se propuso lograr una España distinta en la que todos pudiéramos convivir en paz y libertad. De ahí la Transición, que no es, como se pretende, un pacto del olvido, sino un pacto hecho desde el recuerdo de aquella realidad. El 14 de abril, que nació tan esperanzadoramente, no precisó otra fecha del pasado para asentar su legitimidad. Tampoco lo precisa la democracia surgida de las Cortes Constituyentes de 1977, en un acto de pleno ejercicio de la soberanía popular.

Muñoz Molina hizo una reflexión complementaria de lo anterior: “Ni una sola de las libertades que afirmaba la Constitución de 1931 está ausente de la de 1978, del mismo modo que las valerosas iniciativas de justicia social, educación e igualdad de aquel régimen, por la enorme diferencia de los tiempos históricos, no pueden compararse con los progresos del Estado de bienestar que disfrutamos ahora”, y añadía: “Defender la instrucción pública y no la ignorancia, el respeto a la ley…, el acuerdo cívico y el pluralismo democrático por encima de los lazos de la sangre o la tribu…, éstos son mis ideales republicanos: espero que se me permita no incluir entre ellos la insensata voluntad de expulsar al adversario de la comunidad democrática. Ni el viejo y renovado hábito de repetir consignas en vez de manejar razones. La lealtad sentimental no debería cegarnos, precisamente porque entre los valores republicanos más altos está la primacía de la racionalidad sobre el delirio romántico”.

Cuando Javier Cercas se refiere al asalto que en 1936 sufrió la legalidad republicana, no cita que también en 1934 la legalidad republicana fue quebrantada, aunque ciertamente las consecuencias fueran incomparables. Como fue quebrantada la convivencia republicana cuando algunos policías descontrolados asesinaron al líder de la oposición monárquica (José Calvo Sotelo) sin que el Gobierno lo condenara, y cuando ese mismo Gobierno renunció al monopolio de la violencia legítima, que corresponde al Estado de derecho, al distribuir las armas con las que se asesinaron a decenas de miles de ciudadanos. Al recordar estos hechos, que no se nos argumente con los horrores del franquismo a quienes siempre lo hemos condenado y combatido, pues la cuestión es otra: no se trata de de dilucidar si unos fueron peores que otros, que lo fueron, sino si las raíces de nuestro sistema democrático se encuentran en la España de 1936, en la que el odio conducía al exterminio, o en la España de la Transición, que lleva más de 30 años conviviendo en paz y libertad. Y esta insobornable verdad, que bien percibe la inmensa mayoría de los españoles, debería llevarnos a responder, definitivamente, con firmeza, que la legitimidad de nuestra democracia se arraiga y se fundamenta históricamente en las Cortes Constituyentes que aprobaron la Constitución de 1978.

Cabe preguntarse, además, ante un presente tan adverso y encrespado, tan necesitado de nuevos consensos para afrontar la magnitud de algunos de los problemas que tenemos planteados en España, qué sentido tiene este viaje político a un pasado que aún divide emocionalmente a los españoles. Hace falta más sabiduría y coraje políticos para negociar y pactar que para intentar aniquilar, aunque sólo sea políticamente, al adversario. Ésa fue la clave de la grandeza, tan excepcional en nuestra historia contemporánea, de la Transición, de aquel momento fundacional de nuestro actual sistema democrático. Entonces, desde la superioridad moral de la libertad, se cumplió por fin el testamento de Azaña, pues se hizo la paz, hubo piedad y se perdonó».

Finalmente, el historiador Santos Juliá dejó, a mi juicio, las cosas en su sitio con un artículo que tituló «Duelo por la República española»:

«En la noche del 22 al 23 de agosto de 1936, Manuel Azaña y su amigo y abogado Ángel Ossorio mantuvieron una larga y dramática conversación en el Palacio Nacional. Habían llegado a palacio las noticias de las atrocidades cometidas por milicianos en el asalto a la cárcel Modelo de Madrid, donde fueron abatidos o fusilados varias decenas de presos, entre otros Melquíades Álvarez, antiguo jefe político de Azaña en el Partido Reformista. Azaña no puede soportar el duelo inmenso por la República, la insondable tristeza que le produce la matanza y siente veleidades de dimisión. Ossorio, que ha sido llamado por Cipriano de Rivas, cuñado del presidente, intenta tranquilizarlo recurriendo a un argumento que irrita a su amigo, pero que acaba por calmar su ansiedad: las muertes de aquellas personas, muchas de ellas encarceladas con el único propósito de garantizar su seguridad, entraban en la «lógica de la historia».

Esa conversación, que Azaña reproducirá en su diario y en La velada en Benicarló, condensa como ninguna otra el drama político y de conciencia vivido por un puñado de republicanos —y por algunos socialistas— ante la enormidad de los crímenes cometidos en los territorios que habían quedado bajo autoridad nominal del Gobierno legítimo. Lo vivían, ese drama, quienes, sabiendo de los crímenes y sintiendo repugnancia por tanta sangre derramada, decidieron mantenerse leales a la República. No se lo plantearon los que mataban, que consideraban la muerte de los representantes del viejo orden social como una exigencia de la revolución; tampoco quienes, sin matar, los justificaban por alguna necesidad histórica o porque antes de la revolución fue la rebelión, como el católico y jurista Ossorio; ni, en fin, quienes apoyándose en su comisión se apresuraron a poner tierra por medio para refugiarse en una tercera España que se pretendía neutral y se constituía, en París, como reserva de futuro.

De modo que el debate sobre la naturaleza y alcance de los crímenes cometidos en territorio de la República como consecuencia inmediata de la rebelión militar es tan viejo como aquellas semanas de julio y ha suscitado no sólo apasionados enfrentamientos, sino grandes obras literarias, como el paseo por Madrid del profesor particular de filosofía Hamlet García, un álter ego de Paulino Masip o la atormentada angustia de un joven juez durante los Días de llamas, de Juan Iturralde; o los cortos, magistrales, relatos de Manuel Chaves Nogales. Tal vez si nos situáramos en esa larga y honda corriente y abandonáramos la vana pretensión de decir algo grande y definitivo —esa “puñetera verdad” a la que se refiere Javier Cercas— que no se haya dicho ya mil veces sobre nuestro horrible pasado, evocaríamos los crímenes entonces cometidos en zona republicana como una tragedia por la que todos tendríamos que hacer duelo. Porque el duelo del que hablaba Azaña obedecía a la evidencia —insoportable para quienes esperaron algún día que la República significara el amanecer de un nuevo tiempo— de que esas matanzas nada tenían que ver con su defensa ni con los valores por ella representados, sino con el comienzo de una revolución social que, entre otras catástrofes como acelerar la derrota, significaría, de triunfar, el fin de la misma República. Cuando se comparan los crímenes de los rebeldes con los de los leales, al modo en que Ossorio se lo decía a Azaña: ellos comenzaron; o se insiste en que fueron menos: ellos matan más; o se reducen a desmanes de incontrolados: ellos planifican; lo que se olvida es que esos crímenes obedecieron a una lógica propia, reiteradamente publicitada desde discursos de líderes anarquistas, comunistas y socialistas, repetidos cada vez que se cometía un crimen masivo: que era preciso destruir desde la raíz el viejo mundo, prender fuego a sus símbolos y proceder a la limpieza de sus representantes.

De esta suerte, muchos miles de asesinados en las semanas de revolución no lo fueron por franquistas ni por apoyar a los rebeldes: de lo primero no tuvieron tiempo, ni de lo segundo, ocasión. Murieron porque quienes los mataron creían que una verdadera revolución —que es una conquista violenta de poder político y social— sólo puede avanzar amontonando cadáveres y cenizas en su camino. Fue en ese marco y movidos por estas ideologías y estrategias por lo que se cometieron en territorio de la República, durante los primeros meses de la guerra, crímenes en cantidades no muy diferentes y con idéntico propósito que en el territorio controlado por los rebeldes: la conquista, por medio del exterminio del enemigo, de todo el poder en el campo, en el pueblo, en la ciudad. Luego, desde los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la guerra continuó, la República consiguió rehacer un ejército y un mínimo aparato de Estado y, aunque no se puso fin a las ejecuciones sumarias, al menos se controlaron las matanzas

Sólo ahí comienza la verdadera diferencia en la que tanto insisten quienes califican de desmanes los crímenes de unos y de genocidio o crimen contra la humanidad los de otros. La diferencia consiste en que, a pesar de su rearme, la República no logró conquistar nuevos territorios, y dentro del suyo la limpieza ya había cumplido la tarea que se le había asignado sin que la revolución social hubiera culminado como revolución política: en un territorio progresivamente reducido era inútil —y ya no había a quién— seguir matando a mansalva, como en las primeras semanas de la revolución. Los rebeldes, sin embargo, cada vez que ocupaban un pueblo, una ciudad, proseguían la implacable y metódica política de limpieza valiéndose de la maquinaria burocrático-militar de los consejos de guerra. Eso fue lo que cavó un abismo entre la rebelión triunfante y la República derrotada, un abismo en el que sucumbieron otros 50.000 españoles fusilados tras inicuos consejos de guerra una vez la guerra terminó.

Uno de los vencedores, Dionisio Ridruejo, definió hace ya varias décadas la política de limpieza realizada por su propio bando como una operación perfecta de extirpación de las fuerzas políticas que habían patrocinado y sostenido la República y representaban corrientes sociales avanzadas o movimientos de opinión democrática y liberal. Una represión, escribía Ridruejo, dirigida a establecer por tiempo indefinido la discriminación entre vencedores y vencidos. ¿Cómo se podía derribar esa barrera divisoria, cómo se podía iniciar un proceso que clausurara esa discriminación? La historia se ha contado ya mil veces: no existía posibilidad de reconstruir la mínima comunidad moral en que consiste cualquier Estado democrático si gentes procedentes de los dos lados de la barrera no establecían una corriente en ambas direcciones para sentarse en torno a una misma mesa, hablar, negociar y llegar a algún acuerdo sobre el futuro. Y eso empezó a ocurrir, en España y en el exilio, desde los contactos de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas y del PSOE con la Confederación Monárquica al final de la II Guerra Mundial, y siguió con los encuentros de hijos de vencedores y vencidos en las universidades desde mediados de los años cincuenta, con la política de reconciliación aprobada por el Partido Comunista en junio de 1956, con el coloquio de Múnich de 1962, con las reuniones de las comisiones obreras —entonces todavía con artículo y minúsculas— y de movimientos ciudadanos en locales facilitados por parroquias y conventos, con las iniciativas de diálogo y colaboración entre comunistas y católicos en los años sesenta y las Juntas Democráticas de los setenta. En todos estos encuentros se trataba de mirar al futuro sin dejarse atrapar por la sangre derramada en el pasado, de hablar por eso un lenguaje de democracia que daba por clausurada la Guerra Civil o, para decirlo como entonces se decía, que consideraba la Guerra Civil como pasado, como historia, no como algo presente que pudiera determinar el futuro. Esta visión, y las consecuencias políticas de ella resultantes, es lo que está a punto de ser arrojado al basurero de la historia con la creciente argentinización de nuestra mirada al pasado y la demanda de justicia transicional treinta y cinco años después de la muerte de Franco. Denostada hoy como mito y mentira, la Transición fue el resultado de una larga historia española iniciada por un sector de quienes fueron jóvenes en la guerra y continuada por un puñado de quienes fueron niños en la posguerra. No es una historia de miedo ni de aversión al riesgo; consistió más bien en mirar adelante, recusando la herencia recibida, y no a los lados, desde donde no se esperaba ningún impulso democratizador. Esas gentes construyeron una democracia —imperfecta, deficitaria, como todas— sobre una experiencia política de diálogo y reconciliación en la que nadie pretendió defender las razones que pudieran haber asistido a sus padres cuando empuñaron las arnas. Si cada cual, a la muerte de Franco, hubiera puesto encima de la mesa su puñetera verdad, es posible que todos nos hubiéramos ido a hacer puñetas dejando como única herencia el lamento por otra gran ocasión perdida».

UN OBJETIVO POLÍTICO: MARCAR LA DIFERENCIA

TENGO para mí que los actuales dirigentes del PSOE —desde el partido y desde el Gobierno-, sin implicarse a fondo en el movimiento «contra la impunidad de los crímenes del franquismo», lo han mirado no sólo con simpatía por su carácter reivindicativo y adanista, riéndole las gracias e incluso asistiendo —eso sí, «a título personal»— a concentraciones y mítines a favor del juez incorruptible…, pero también lo han utilizado como pieza (una más) para marcar la diferencia.

No sé cuántas Comisiones para la Recuperación de la Memoria Histórica existen en las autonomías regidas por los socialistas, pero, desde luego, hay una en Andalucía que será, pienso yo, la que ha promocionado la ayuda de 1.800 euros para cada mujer que sufrió «la represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen» entre 1936 y 1950 como «reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática».

Conste aquí toda mi solidaridad personal para con ellas, para con las mujeres que fueron violadas, encarceladas o, simplemente, rapadas y obligadas a tomar aceite de ricino por el mero hecho de ser o de ser tachadas de «rojas», pero a estas alturas, la «reparación» de los 1.800 euros suena fatal. ¿Por qué? En primer lugar, porque estas mujeres tendrán, de media, más de noventa años y podrán decir con mucha razón «a buenas horas, mangas verdes», pero también porque la medida huele a demagogia electoralista… y además, y volviendo al desequilibrio de siempre, a la historia de buenos y de malos, yo me pregunto: ¿qué va a hacer la Junta de Andalucía cuando una mujer se presente con una declaración jurada (sólo se exige eso para cobrar los 1.800 euros) asegurando que fue vejada por una cuadrilla de la FAI? ¿Negárselos, porque aquella vejación en nada propició «la construcción de la actual sociedad democrática»?

Me malicio que los «nuevos socialistas» han apoyado el movimiento revanchista sobre todo porque han pensado que les era útil para su línea estratégica de aislar al PP, de llevar al adversario al rincón de la historia que le corresponde, el de los «herederos del franquismo», y así poder seguir motejando a la derecha española de «no homologable» con la derecha europea.

Esa estrategia, la de demonizar y aislar al adversario —más allá de los réditos electorales que de ello pudieran derivarse—, siempre resulta peligrosa, pues existen problemas (aquí y ahora muy numerosos) que no se pueden abordar y menos resolver sin el acuerdo entre el PP y el PSOE, lo cual entra, obviamente, en contradicción con el hecho de motejar a los miembros del PP como franquistas o herederos del franquismo. No se trata de levantar un monumento al «consenso», ni de pensar que éste es el bálsamo de Fierabrás, que todo lo cura; se trata de dejar abierta esa posibilidad por si fuera necesario acudir a ella, pues hay asuntos de Estado que jamás podrán plantearse con el solo apoyo de los partidos nacionalistas, más interesados en destruir el Estado (lo dicen ellos, no yo) que en sostenerlo… y éste ha sido el gran fallo que ha traído la estrategia de aislamiento del PP a costa de unos socios junto a los cuales el nuevo socialismo ha metido al país en problemas que no se merecía. Pensemos, por ejemplo, en desgraciada aventura del «nuevo impulso autonómico», tan bien recibido por los nacionalismos periféricos y que ha acabado —gracias al nuevo Estatuto de Cataluña— como el rosario de la aurora. Veamos esa aventura brevemente.

Una apuesta peligrosa: la «España plural»

La llegada al Gobierno de Rodríguez Zapatero (marzo de 2004) representó un giro copernicano en la política territorial que había mantenido hasta entonces el PSOE. Se abandonó el consenso en las Cortes y se abrió de nuevo el proceso autonómico, a menudo con los solos apoyos de los nacionalismos periféricos. Un proceso que ha estado marcado por el nuevo Estatuto catalán y por sus consecuencias.

Luis Fajardo lo ha descrito con precisión en ¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el Estado Autonómico. Para Rodríguez Zapatero no parecían existir problemas en cohonestar los «hechos diferenciales» con la igualación de competencias. Así —como señala Fajardo—, la cuadratura del círculo fue posible —habla Fajardo de un documento impulsado y suscrito al inicio de esta aventura por la nueva ejecutiva socialista—, porque «lo común y lo singular, lo general y los hechos diferenciales, no tienen por qué ser contradictorios ni mutuamente excluyentes». Este equilibrio y complementariedad se alcanza porque a las competencias comunes a todas las comunidades autónomas se les garantiza la cooperación federal multilateral, mientras «los hechos diferenciales darán lugar a una relación bilateral entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas concernidas. Pero esto no quiere decir que tenga que funcionar totalmente aparte de la cooperación federal (multilateral)». Aunque tras la lectura de esta propuesta bien se podría exclamar: ¡la gallina!, parece que allí se ofrecía la relación federal para unos (para todos), y una relación de naturaleza más bien confederal para otros (para algunos).

En marzo de 2003, Pascual Maragall —auténtico motor de la «España plural»— presentó solemnemente en el Parlamento de Cataluña un documento titulado «Bases para la elaboración del Estatuto de Cataluña», haciendo del nuevo Estatuto el centro de su oferta programática, lo cual planteó la necesidad de encajar aquel discurso catalanista en un PSOE todavía en la oposición. Con este fin se reunieron en Madrid, en una cena, José Bono, Manuel Chaves, Pascual Maragall, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y José Luis Rodríguez Zapatero. La conversación giró en torno a cómo avanzar en la descentralización del Estado de las Autonomías; es decir, en acordar hasta dónde podían ser admitidas por el PSOE las aspiraciones de Maragall sin sobrepasar el marco constitucional y sin atentar contra la solidaridad interterritorial. Al parecer, se alcanzó un compromiso que suponía acotar el proceso de la reforma catalana dentro de unas líneas rojas que no deberían ser sobrepasadas.

Ese acuerdo se completaría y formalizaría en Santillana del Mar. Allí, en Santillana, se marcaron, es cierto, algunas líneas rojas. En efecto, el documento dice, entre otras cosas: «Oposición frontal a todo segregacionismo o pseudo soberanismo», «impecable adecuación a la Constitución, a sus valores, y a la integridad política y territorial de España»; «un amplio consenso social y político para fundar la iniciativa de reforma estatutaria», evitando además «una oleada global o indiscriminada de reformas estatutarias» y, en congruencia con el proyecto político socialista, se justificaba el incremento del autogobierno por la cercanía de las instituciones y por el resultado de su gestión en servicios sociales de calidad, pero se rechazaba la motivación identitaria de las reformas estatutarias. En pocas palabras: allí se acordó todo lo contrario de lo que más tarde se hizo.

Más tarde llegaron las palabras de Rodríguez Zapatero —ya dentro de la campaña de las elecciones autonómicas catalanas— prometiendo irresponsablemente que, si él llegaba a gobernar en España, apoyaría el texto estatutario que saliera del Parlamento catalán… y el texto aprobado por el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre de 2005, con el apoyo —no lo olvidemos— del 90 por ciento de los diputados catalanes —que por su redacción y articulado pretendía ser una auténtica Constitución—, era un dechado de grandilocuencia nacionalista. Una retórica mítica impregnaba todo el proyecto. Asimismo, el texto estatutario del 30 de septiembre no se presentaba redactado por un Parlamento, sino por la mismísima Cataluña. Una Cataluña que, según el texto, «ha definido una lengua y una cultura». Una Cataluña que «ha modelado un paisaje». Una Cataluña idéntica a sí misma, ahistórica, esencial, siempre agraviada, en nombre de la cual se justificaba la preeminencia de la lengua catalana, la bilateralidad respecto al Estado o la eliminación de cualquier presencia de éste en aquel territorio.

Es evidente que el texto salido de las Cortes españolas y sometido a referéndum en Cataluña el 18 de junio de 2006 (con una decepcionante participación popular) no es el mismo que fue aprobado en el Parlamento de Cataluña (los cambios afectaron a casi centenar y medio de artículos), habiéndose enmendado a la baja núcleos sustanciales del proyecto. Pero la distancia entre el proyecto de Estatuto y la Constitución era tan grande que «aquella distancia iba a dejar muy escorado hacia el confederalismo y el debilitamiento de la cohesión territorial el punto posible del consenso…, lo que ha convertido, objetivamente, la gresca estatutaria en una costosísima guerra de desgaste del sistema» (Roberto L. Blanco Valdés, Claves de la Razón Práctica, mayo de 2006).

Si alguien desea comprobar hasta qué punto las reivindicaciones nacionalistas no han hecho sino dispararse hasta cotas que antaño eran inimaginables, le bastaría con leerse el Estatuto de Cataluña de 1932 y compararlo con el aprobado setenta y cuatro años más tarde: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español», decía el artículo I de aquel Estatuto.

En efecto, con el nuevo Estatuto catalán se abrió una vía que será difícil cerrar. Un proceso iniciado por el PSOE, como partido en el Gobierno, y seguido por algunos poderes regionales (nacionalistas o no), porque en España es preciso hablar de un nuevo actor: las burocracias nacidas al socaire de la descentralización política. En otras palabras: en el seno de los partidos de ámbito nacional han surgido relevantes y actuantes poderes regionales y locales decididos a defender sus intereses presentes y futuros por encima de todo. Poderes que están dispuestos a emular en el plano autonómico cualquier reivindicación competencial o presupuestaria, ilustrando con gran precisión la ley de oro de toda burocracia: «Reclamar las mayores competencias para ejercerlas con las mínimas exigencias de responsabilidad».

En cualquier caso, el proceso de la «España plural» no ha tenido muchas justificaciones teóricas ni ha disfrutado apenas de avales académicos o intelectuales. Más bien todo lo contrario: han abundado las críticas hasta niveles muy significativos, pero lo curioso es que, por primera vez en nuestra democracia, los promotores del proceso y sus avalistas no se han dignado ni a contradecir ni a aceptar las críticas, simplemente las han ignorado. El ninguneo ha sido la norma, lo cual demuestra, a mi juicio, dos cosas: 1) lo ayunos de argumentos que estaban los impulsores políticos del proceso, y 2) el desprecio que sienten hacia quienes no comulgan con sus recetas.

Luis Fajardo señala a este respecto que «el Estatuto catalán adolece de la gran diversidad de influencias de los agentes políticos que participaron en su elaboración, y en su cuerpo normativo podemos encontrar los vestigios de todas aquellas vicisitudes del proceso de su elaboración. Pero, al tiempo, debe consignarse el hecho de que con ella, con esta reforma estatutaria, un nuevo modelo de Estado apunta. Los socialistas, todos los socialistas españoles, pero también los catalanes, entraron en este proceso de reformas de la mano de Maragall; estoy seguro —concluye Fajardo- de que sin percatarse entonces del alcance de las mismas».

La cosa no sería tan grave si la reversibilidad del proceso fuera fácilmente accesible, como se está planteando actualmente en Alemania, pero no es el caso. Entre Estados Unidos y Alemania, por un lado, y España, por el otro, existe una diferencia sustancial que es la siguiente: nadie en los Estados Unidos pretende la independencia de Carolina del Norte, de California o de Florida, y lo mismo ocurre con Renania o con Baviera dentro de Alemania. Pero aquí, en España, el nacionalismo vasco, el catalán, el gallego… quieren separarse de España, niegan su existencia como nación (ellos nunca pronuncian la palabra España sino que hablan del «Estado español».) y no pierden ocasión para afirmar no la diferencia, sino su escaso aprecio por el conjunto y por su expresión jurídico-política, es decir, por la Constitución.

El hambre (o la voracidad) de autogobierno que sienten los nacionalistas —y no sólo los manifiestamente radicales, también los «moderados»— no parece que vaya a saciarse con nuevos Estatutos. Digámoslo claramente: ni con ningún Estatuto.

El resultado, tras la ronda estatutaria, a la vista está. En la reciente historia de España no se había producido antes un guirigay soberanista de envergadura igual al que se ha visto durante este periodo. La música nacionalista nos era conocida, y también nos era familiar la letra, pero la orquesta y los tambores nunca habían sonado con tanto estruendo.

Algo ha pasado en este ruedo ibérico, conocido antaño como «reñidero español», pues ahora, al parecer —al menos en este peliagudo asunto—, sólo quiere reñir una de las partes, precisamente la creadora del litigio.

Para los tácticos —tan abundantes en las direcciones de partidos—, este contencioso y el correspondiente ruido independentista es cosa que se explica por la necesidad que los nacionalistas tienen —como la tienen los pavos reales— de mostrar sus más llamativos plumajes ante un electorado en disputa: en Cataluña entre ERC y CIU y en el País Vasco entre PNV y «otros», a quienes es preciso arrebatar su actual electorado «batasuno». Un electorado que estará destinado, según ellos, a la orfandad cuando ETA desaparezca.

Se trata, pues —según estos tácticos, tan optimistas—, de una lucha interna nacionalista por los votos en un campo cerrado; lucha adobada en Cataluña con la disputa presupuestaria en pos de la loncha más gorda del jamón: el jamón de las inversiones públicas. Por eso —siempre según los tácticos—, no merece la pena entrar al trapo, porque, además, estos muchachos son gritones, pero, en el fondo, son buenos chicos y siempre estarán dispuestos a echarnos una mano en nuestra misión de formar «gobiernos de progreso».

Pero hay una pregunta elemental a la que nunca responderán «los tácticos» y es ésta: ¿para qué ha servido reabrir el proceso estatutario? Porque habrá de reconocerse que si con ello, con la apertura de ese melón, se pretendía atemperar los ardores guerreros dentro de las filas nacionalistas, el resultado ha sido desastroso. Claro que también puede argüirse que la operación territorial, la de los nuevos Estatutos, se ha hecho con la sola intención de hacer funcionar mejor el Estado, pero este último argumento tan repetido —todos lo sabemos y quienes lo mantienen, también— es falso.

En fin, vayamos más allá y escuchemos las razones de quienes, con más solvencia intelectual que la exhibida por los mentados tácticos, argumentan en favor de no meterse en discusiones con los nacionalistas. Lo que dicen es que las aspiraciones, demandas y reivindicaciones nacionalistas «no están en la agenda política», que a esas aspiraciones ya dio respuesta la Constitución de 1978, por ejemplo, en sus artículos 1 y 2 («La soberanía nacional reside en el pueblo español» o «La Constitución se funda en la indisoluble unidad de la nación española») y también en otras muchas leyes vigentes. Esa Constitución —añaden— fue el producto de una voluntad común de convivencia y de un pacto político en el que todos renunciaron a sus aspiraciones máximas…, y ellos, los nacionalistas —aunque no lo quieran reconocer—, también. Y, por lo tanto, salir ahora con esas demandas de pata de banco no viene a cuento…

Aun estando de acuerdo —y yo lo estoy— con la base central y constitucionalista de esta última argumentación, no conviene cerrar los ojos, al menos, a dos cosas:

1) Si por «agenda» se entiende el conjunto de cuestiones políticas que —por decirlo así— están en el candelero político, entonces habrá de reconocerse que quien maneja con más habilidad y éxito la agenda política en España son los nacionalistas y, lo que es más grave, son su argumentario y sus reivindicaciones los que se escuchan… y se escuchan sin que obtengan una respuesta contundente.

2)Ellos, los nacionalistas periféricos, parecen tener una idea acerca de lo que son sus sedicentes «naciones», mientras —como ya se ha visto— el resto de los españoles, que sí tienen una idea de España, no acaban de encontrar una expresión política clara.

Hablemos claro: Prat de la Riba y otros «regionalistas» (así se hacían llamar los fundadores del catalanismo) no proponían la independencia de Cataluña, y no la proponían no porque no la desearan, sino porque sabían que eso era imposible. Percibían con claridad que frente a esa aspiración existía una apabullante mayoría. Y hoy sigue existiendo esa mayoría contraria, pero sus teóricos representantes políticos parecen estar —como los antiguos reyes— en Babia o muestran una adaptación a las aspiraciones nacionalistas, en verdad, preocupante… Aunque todo ello se deba al sistema electoral vigente, que —cuando no hay mayorías absolutas— deja en manos de los nacionalistas la estabilidad gubernamental.

Pese a todo, no hay razón para sentir pesimismo, porque la realidad es mucho más positiva de lo que pretenden hacer creer los nacionalistas. Para mostrarlo, basta con leer los resultados de las encuestas sobre identidad o pertenencia que se hacen periódicamente en el País Vasco o en Cataluña. Al preguntar a cada entrevistado cómo se siente: 1) únicamente vasco (o catalán); 2) vasco (o catalán) y, además, español; 3) únicamente español; sistemáticamente, los que se adscriben al primer grupo son una minoría, no sólo frente a la suma de las otras dos opciones, también frente a la opción 2, la mixta, que es la más numerosa. Además, en Cataluña —y con más contundencia cuantitativa en el País Vasco— más de la mitad de los ciudadanos tienen como lengua materna el español.

El lector me permitirá que emita, a propósito de esa nueva política territorial del PSOE, una noticia personal. Durante los movimientos previos, así como durante el debate parlamentario del nuevo Estatuto de Cataluña, quien firma este libro era miembro del Comité Federal del PSOE y diputado por Madrid de ese partido en el Congreso; pues bien, por primera vez —en la ya larga andadura que he vivido dentro del PSOE—, se abordó este proceso conflictivo y lleno de vaivenes sin que dentro de los órganos del partido se tuviera una discusión o debates que pudieran llamarse tales. Y, naturalmente, me vi forzado (como tantos otros y por mor de la disciplina parlamentaria que siempre he defendido) a votar una ley (la del Estatuto catalán) con la cual yo estaba en profundo desacuerdo. Y no sólo estaba en desacuerdo, es que no había entendido —y sigo sin entender— la lógica del proceso. Y de entre todos los vaivenes que trajo aquella subasta al alza mediante los cuales se gestó el proyecto del nuevo Estatuto, hay uno, un vaivén, que —por incomprensible— no me resisto a reseñar aquí. Me refiero a las dos intervenciones personales de Rodríguez Zapatero cerca de Artur Mas, que sirvieron para desatascar por dos veces la elaboración del mentado Estatuto. Primero, cuando la subasta en el Parlamento de Cataluña llevó a quienes más pujaban al alza (CIU y ERC) a meterse en una espiral sin fin de posiciones no ya inasumibles, sino ridículas. En aquellos días, el Estatuto parecía haber embarrancado definitivamente en su propia salsa soberanista… hasta que apareció el presidente del Gobierno, habló con Artur Mas y consiguió que un texto consensuado saliera del Parlamento de Cataluña rumbo a las Cortes españolas. Un texto, como ya se ha dicho aquí, plagado de retórica nacionalista con un articulado imposible de encajar en la Constitución.

Nadie en el PSOE entendió qué ganaban el Gobierno y el partido con aquellos empujones que sacaron del atolladero al Estatuto. La inmensa mayoría de los socialistas que conozco hubieran preferido que los catalanistas de diferentes obediencias, enredados en sus propios asuntos, hubieran acabado tirándose los trastos a la cabeza. Pero la solución Zapatero-Mas traería tras de sí —después de la segunda reunión desatascadora— la aprobación del proyecto en las Cortes. Aquello destrozó el tripartito que gobernaba en Cataluña, pues los de ERC no toleraron que los socialistas les «traicionaran» pactando con los de CIU, sus odiados «hermanos de sangre». En resumen, los de ERC se opusieron a la aprobación del nuevo Estatuto en las Cortes y, luego, votaron no en el referéndum. Como consecuencia, el tan amado tripartito desapareció (para renacer después de la mano de José Montilla, que todo hay que decirlo), y con el tripartito el Estatuto también se llevó por delante a quien había ejercido de aprendiz de brujo en esta triste historia: Pascual Maragall.

Cualquiera que viva en Cataluña o la visite percibe inmediatamente que en la calle, en la sociedad catalana, conviven el castellano y el catalán sin ningún problema digno de reseñar y, si eso es así, ¿por qué las lenguas se han convertido en un problema político? Simplemente, porque los nacionalistas de cualquier obediencia consideran su lengua como un elemento determinante de su identidad y, por otra parte, entienden y tratan al castellano como si fuera una lengua extraña e impuesta, y poco les importa que más de la mitad de los catalanes, es decir, de la ciudadanía, que viven y trabajan en Cataluña, tengan hoy como lengua materna precisamente el castellano.

No estamos ante una guerra entre lenguas, estamos ante un problema identitario que conduce a una discriminación contra las personas a causa de su lengua materna. Y eso es lo que se viene incrementando, a veces por la vía de iure y otras, simplemente de facto.

En efecto, el Estatuto, aprobado el 18 de junio de 2006, echaba un par de paletadas más sobre el asunto: 1) «Todas las personas en Cataluña tienen el derecho de utilizar y el deber de conocer las dos lenguas oficiales». Se establecía así la obligación del catalán para todas las personas que viven en Cataluña, y 2) «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña y es también la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

Una discriminación contra los castellanohablantes que fue atemperada por el Tribunal Constitucional en su discutida sentencia. Pero no debemos engañarnos. Estamos ante una política que va a continuar y que pretende tratar a los castellanohablantes —y los trata— como extranjeros en su propio país.

Esta batalla encuentra su expresión más desagradable en la enseñanza. En efecto, las normas internacionales, por ejemplo, las de la UNESCO, recomiendan una obviedad: los niños deben ser escolarizados siempre que se pueda en su lengua materna. Es tan paradigmático como penoso anotar cómo notables pedagogos catalanes han sacrificado estas elementales normas en el altar de su catalanismo. Pero no han sido sólo los pedagogos quienes han teorizado, practicado y ejecutado este ombliguismo. Muy representativos escritores también se han pronunciado en la misma dirección en lo tocante a la creación literaria. Hace bien poco tiempo, la Feria de Frankfurt tuvo como invitada a la literatura catalana y el Gobierno que ya presidía Montilla decidió que no eran escritores catalanes ni Juan Marsé ni Eduardo Mendoza… ni cualquier otro catalán que escribiera en castellano.

Maragall y sus seguidores ya lo habían advertido en un manifiesto electoral: «España cuenta con cuatro lenguas y cuatro culturas básicas: castellana, catalana, gallega y vasca. España debe saber reconocerse en esta pluralidad y hacerla suya», y continúa: «Con la transición a la democracia, Catalunya fue generosa y cedió más que exigió, porque todos sabíamos que era prioritaria la consolidación de la democracia en España. El resultado fue la ambigüedad calculada de algún artículo de la Constitución de 1978, que no definió cuáles son las lenguas que se hablan en España y que el Estado tiene que asumir como propias…». Y además dos huevos duros, que diría Groucho Marx.

En las Cortes republicanas y en torno al primer Estatuto catalán, el pensador madrileño José Ortega y Gasset, que entonces era diputado, abordó el problema que planteaba el encaje, la integración de los nacionalistas periféricos en el Estado español. Ortega consideró en aquellas fechas que el asunto no tenía solución. No se trataba, pues, de resolverlo, sino, más limitadamente, de conllevarlo. Conllevar, ése fue el verbo usado por Ortega.

Pero conllevar (llevar con otros) implica una voluntad por parte de esos otros de participar en el conjunto y, al menos, facilitar la convivencia… y cuando alguien —como en este caso Rodríguez Zapatero— pretende resolver el problema, convencido acaso de que «España aún no está cuajada» (eso dijo Zapatero a su biógrafo Suso de Toro, afirmación que éste incluyó en su libro Madera de Zapatero), entonces las demandas de «más madera» se disparan en el ámbito del nacionalismo periférico hasta límites que no caben en la Constitución y ni siquiera son compatibles con la existencia misma del Estado.

En fin, el resto es bien conocido, incluida la sentencia del Tribunal Constitucional. Sentencia que para los catalanistas de toda condición ha sido una «humillación para Cataluña», y para muchos constitucionalistas ha resultado tímida y escasa. Recogeré, para concluir este apartado, lo escrito por uno de los constitucionalistas ya citado aquí, Roberto L. Blanco Valdés en su artículo «¿Quién teme al Tribunal Constitucional?»:

«El pleito catalán ha dejado tras de sí un auténtico reguero de destrozos, entre ellos un Tribunal Constitucional desprestigiado, un Partido Socialista abducido en Cataluña por el discurso (y las obsesiones) de los nacionalistas; y una práctica política de desafío, por parte de las instituciones de la Generalitat y, en algún momento incluso, por parte del propio Gobierno de España, a las reglas de juego democráticas, que ha causado un daño a la confianza popular en las instituciones que será difícil reparar. Pero, sobre todo, ha dejado tras de sí la convicción de que la Constitución es, de puro flexible, como un chicle jurídico que admite ser estirada en materia territorial ad infinitum. Sólo faltaba para completar este cuadro descorazonador la decisión del presidente del Gobierno de acudir al rescate del Estatuto por medio de la trampa e intentar colar por ley orgánica lo que no ha podido aprobarse por vía estatutaria (la descentralización del gobierno de la justicia) con la esperanza de que ahora nadie —ni siquiera un PP interesado en llegar a posibles acuerdos futuros con el nacionalismo catalán— lo recurra. Aunque el fraude de Constitución sería entonces (de llegar a darse el caso) realmente formidable, nada hace pensar que existan ya en España mecanismos efectivos para frenar la voluntad de un legislador dispuesto a superar los límites de la Constitución. Ésa es, a la postre, la gran y descorazonadora lección del pleito catalán».

En pocas palabras: el paisaje después de la batalla nos ofrece un panorama desolador.

Volviendo al asunto que nos ocupa, es decir, al diferencialismo, a la obsesión por «marcar la diferencia» y cualquiera que vaya a ser el recorrido político y social que tenga esta aventura del antifranquismo sobrevenido, la verdad es que ya ha servido para hinchar ese perro, el del diferencialismo, para «marcar la diferencia», esa plaga política que parece encantar a tirios y troyanos y que, desde mi punto de vista, merece muchas críticas.

Los métodos y mensajes políticos dedicados a exagerar o, simplemente, a inventar las diferencias que separan las posiciones propias de las de los adversarios constituyen lo que, con mucha razón, puede llamarse diferencialismo, tan abundante en nuestros lares, y es durante las campañas electorales cuando ese discurso mentiroso y falaz se lleva al paroxismo. Los mítines, dedicados básicamente a calentarle los cascos a la propia parroquia, constituyen la expresión más alta de esta dialéctica maniquea dedicada, sobre todo, a demonizar al adversario y cuyo resumen se puede enunciar —sin traicionar un ápice su mensaje— de la siguiente forma: «Si las próximas elecciones las ganan los contrarios, os sacarán los higadillos». Luego las ganan y los higadillos siguen en su sitio, pero eso no desanima a los sectarios, tan abundantes en todos los campos del espectro político español. Por otra parte, el diferencialismo forma parte ya del juego y todo quisque —incluidos los finos analistas que pueblan nuestro mundo mediático— transige con la comedia, sabiendo que —como ya cantó la Lupe en su famosos bolero— todo es «puro teatro». Al fin y al cabo, como las diferencias políticas, a la hora de la verdad se han ido achicando bajo la atenta mirada de la UE (construida a base de consenso), se trata de exagerar o de inventar las diferencias, pues si no hay diferencias, en puridad, tampoco hay elección.

Recuerdo, a propósito del diferencialismo, el último debate televisado inmediatamente antes de las elecciones de 1993. Elecciones que, según todas las encuestas, iba a ganar el PP. Cuando el debate estaba a punto de concluir, Felipe González, dirigiéndose a José María Aznar, le espetó algo parecido a lo siguiente: «Lo que aquí ha quedado claro es que si ustedes ganan las elecciones, bajarán las pensiones». Y Aznar, en lugar lugar de contestar de inmediato: «Eso es falso», dudó o se quedó callado, y en el ambiente —y eran muchos millones de españoles los que estaban viendo por televisión el debate— sobrevoló la convicción (O, al menos, la duda) de que el PP, si ganara, bajaría las pensiones.

Tres años después, Aznar consiguió, al fin, su primer —aunque exiguo— triunfo, y en los ocho años que estuvo en La Moncloa, que yo recuerde, no bajó las pensiones y siempre se atuvo al Pacto de Toledo, aprobado antes de su llegada a la presidencia. Empero, aquel triunfo del PP en 1996 también vino precedido no tanto de diferencialismo como de escándalos a tutta orchestra, insultos y descalificaciones sin cuento que se resumen en el eslogan que puso en circulación el PP, según el cual, el PSOE era la viva representación y la síntesis de tres grandes desgracias: «Paro, despilfarro y corrupción».

Si bien se mira, el diferencialismo no es otra cosa que la expresión de maniqueísmos pensados para consumo interno, es decir, para fidelizar el voto de los propios, para convencer a los ya convencidos, pero, en principio, no sirve para convencer a gente más templada, aquella que sí se atiene a razones, a los ciudadanos que escuchan a los demás sin apriorismos, a quienes les agradan argumentos que el sectarismo desconoce. Pero ¿abunda la gente templada en el electorado español? La respuesta es, desgraciadamente, negativa. En efecto, podría decirse que los españoles cambian con facilidad de coche, de domicilio y hasta de pareja, pero difícilmente cambian de equipo de fútbol y de partido político. En otras palabras, las alternancias políticas se producen en España más por desistimiento a través de la abstención que por trasvase de votos. Por ejemplo, desde el PSOE al PP o viceversa. Por lo tanto, si el maniqueísmo (disfrazado de «diferencias insalvables») sirve para movilizar a las propias huestes, no hay razón para abandonarlo en favor de un discurso más racional y convincente. Este hecho, que no parece ser coyuntural, se ha convertido en un axioma y con él trabajan los publicitarios que pululan alrededor de los líderes políticos viviendo de los asesoramientos que les prestan

La escritora madrileña Irene Lozano, en un artículo titulado: «Herejes, monoteístas e infieles», se ha mostrado a este propósito con la contundencia que, a mi juicio, merece:

«Como los partidos se manejan en el ámbito de la superstición y la creencia, no en el de la razón, apenas resulta sorprendente que las mayores semejanzas con las religiones monoteístas se encuentren en la forma en que se relacionan con sus adversarios. Las religiones consideran legítima la imposición de sus creencias, ¿cómo no hacerlo si se trata de la verdad? Por eso, históricamente han insistido en convertir a la gente incluso contra su voluntad, recurriendo a la amenaza o al asesinato de los obcecados infieles… Sin llegar al crimen, los partidos españoles se mueven en coordenadas similares. Convencer, ganar adeptos para su causa mediante la exposición de sus ideas y la discusión, les resulta un trabajo enojoso y no se sienten obligados a argumentar ni siquiera ante sus propios militantes Más bien tratan de galvanizarlos si ven su ánimo decaído o intentan predisponerlos contra el otro para asegurar una adhesión más ciega. Un cierto grado de bienestar —o la experiencia de que ni con una Guerra Civil es posible eliminar a todo aquel que no comparta nuestras ideas— ha contribuido a alejar la idea de la aniquilación del contrario, pero los alineamientos son incondicionales y la dinámica antirrazonante invade también los ánimos de las respectivas parroquias, que prefieren el yo, lo que digan los míos a formarse su propio juicio. La cuestión no es que haya dos Españas, también hay dos Francias y unas diez Gran Bretañas, pero no tratan de eliminarse unas a otras. El pluralismo no es un problema para una sociedad si sus miembros lo aceptan, y la experiencia demuestra que los países sólo se uniforman bajo la bota de un dictador. Lo problemático es la intolerancia, exactamente el punto débil de todo monoteísmo.

En las democracias, los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental: constituyen el lugar donde se produce el debate de ideas. De ahí que se les atribuya una función esencial para hacer llegar a los ciudadanos la información y los razonamientos que les permitan formarse un criterio sobre asuntos políticos. Ellos deberían cultivar los hábitos racionales y, sin embargo, prefieren contribuir a estimular el adoctrinamiento. Como si de las guerras de religión se tratara, los tertulianos del lado A no critican al líder político B: lo trituran. Y, por supuesto, no escuchan al discrepante, porque nada tiene que escuchar quien lee un solo libro que contiene toda la verdad.

A veces uno tiene la sensación de encontrarse en países diferentes según el periódico que lea. Hoy en día ya no sabemos si los medios están politizados o los partidos están mediatizados, y probablemente ambas afirmaciones son ciertas. El viejo adagio periodístico según el cual los hechos son sagrados y las opiniones libres no se cumple en España. Aquí la devoción al partido es sagrada y las opiniones incendiarias. Hace años ya que la partidización ha contaminado las páginas de información política».

Girando por un momento hacia otro asunto conexo, me permitirá el lector que dedique un momento a contemplar a estos gurús de la política nacional, autoproclamados «asesores de imagen», pues son ellos quienes manejan los pinceles con los cuales pintan las diferencias con el adversario. Merece la pena ponerles a caldo y para comenzar conviene preguntarse: ¿qué es «la imagen»?, pues la imagen se ha convertido en una obsesión entre los nuevos políticos. Lo acaba de anunciar Rodríguez Zapatero durante una reunión con el rey de Marruecos: «Lo único importante es la foto», dijo sin rubor… Ni Ceuta, ni Melilla, ni la tragedia saharaui. La foto es lo único relevante, eso cree el presidente del Gobierno.

El político representa, en la doble acepción que puede darse a esta palabra: como actor teatral o cinematográfico y como quien actúa en nombre o por cuenta de otros. Las dos «representaciones» son necesarias en la política. Primero, porque alguien ha de «encarnar» las ideas que se pretenden comunicar y, segundo, porque la democracia es representativa. Es decir, que gran parte de las decisiones políticas se toman por delegación, es decir, que las toman representantes. Sin delegación no es posible la responsabilidad, y la responsabilidad es uno de los conceptos que separan a la democracia de la tiranía.

Por lo tanto, la representación es necesaria, pero no puede, en su acepción teatral, eliminar el texto. Y precisamente es la supresión del texto lo que se pretende hacer hoy. Los asesores de imagen y, en general, los publicitarios políticos no buscan otra cosa, y la estrechez de los márgenes a los que se ven sometidas las propuestas políticas es su gran aliada. Y esa estrechez viene, en buena parte, de Europa. En efecto, el modelo político de la UE, tal como hoy lo conocemos, con un Parlamento cuyas responsabilidades siguen siendo limitadas, continúa basándose en el consenso entre los gobiernos de los estados miembros, aunque el impulso político, es decir, la dirección de la nave, no esté en manos de todos por igual. Mientras eso ocurre, la política participativa y la lucha electoral sigue residiendo dentro de los estados, de los estados-naciones, tal como se diseñó este concepto en el siglo XIX. Sin embargo, como ya se ha dicho más arriba, los márgenes de la lucha política «nacional» se ven constreñidos -¡y de qué modo!- por el consenso supranacional que la UE precisa para su supervivencia. Esta contradicción no es baladí, pues los actores políticos en el ámbito nacional se ven forzados a enfatizar unas diferencias que son, a menudo, irrelevantes.

No quiero decir con esto que las diferencias programáticas entre unos y otros partidos no existan, pero sí digo que están acotadas. Pensemos, por ejemplo, en las políticas económicas.

Estas condiciones supranacionales que constriñen el espacio de la discusión ideológica han favorecido la colocación en el primer plano de la política nacional de conceptos tales como protagonismo, marketing o imagen. Por otra parte, ya se ha escrito (David Reyes) que «el vedetismo político actual es hijo del star-system y se ha extendido a los espacios sociales de producción, reproducción y representación de lo público. Un sistema que fabrica divinidades terrestres con duración mediática de un cuarto de hora». La publicidad —una disciplina que debe mucho a Freud y muy poco a Marx— nos dice cosas como la siguiente (sacada del diseño de una campaña electoral del PSOE): «Nos encontramos en una sociedad para la que vale más un gramo de imagen que un kilo de acciones». Lo que representa, en mi modesta opinión, una afirmación arriesgada que señala un camino hacia ninguna parte.

La dependencia mediática de los nuevos políticos sometidos a dictados publicitarios, vale decir, sometidos al reino de la trivialidad y del escaparate, pone en evidencia una negación: la de las ideas complejas, sin las cuales la política pierde su alimento principal. Estamos ante un escaparate en el que se niega —cual Belarmino frente a Galileo— todo discurso complejo, lo cual impide que se eleve el vuelo político por encima del último titular de prensa o la penúltima encuesta de opinión. Una dependencia obsesiva que ha reducido drásticamente la autonomía política de los líderes y de sus partidos.

En la civilización del espectáculo y de las prisas, que es en la que hoy vivimos, la rapidez es compañera de la simplificación, pero la palabra simplificación —o la, a menudo, más adecuada, simpleza— choca desde su origen semántico con la complejidad (simple versus complejo) y en este asunto no conviene equivocarse: los publicitarios no pretenden que sus pupilos vayan «al grano» eliminando la paja, sino que se olviden de lo complejo y reduzcan su parlamento a un corto y simple discurso, renunciando al análisis, que consiste en separar y hacer visibles los elementos que se entrelazan componiendo una realidad, por supuesto, compleja.

La hipótesis subyacente en cualquier «titular» periodístico o televisivo, como en todo eslogan publicitario, es doble: 1) el lector (o el espectador) siempre tiene prisa, y 2) el lector (o el espectador) se comporta como un necio (un «simple»), pues tiene la cabeza en otras cosas «más importantes» para él y no le merece la pena dedicar su atención y su talento a enterarse de lo que pasa en el mundo. En otras palabras, el «titular» contradice la comunicación, entendida como transmisión de conocimientos acerca del mundo. Al no requerir una especial atención del lector, el «titular» se mueve en el magma pegajoso y expansivo de la trivialidad.

Y si el logos político ha decaído, ¿qué nos queda? La imagen. Estamos ante el dogma moderno de la publicidad: «Una imagen vale más que mil palabras». Cosa que se afirma con gran desparpajo introduciendo, de rondón, el mensaje de que las palabras sirven de poco, pues no pueden contener imágenes, pero ¿hay o no hay imágenes en las palabras? Sí, mas para verlas es preciso imaginarlas. Un esfuerzo que los publicitarios no están dispuestos a permitirnos hacer. Para los forofos de la imagen, probablemente Las Meninas de Velázquez es sólo una «foto de familia» hecha en el Alcázar de Madrid mientras un tipo estaba allí pintando.

Propendo a pensar, sin embargo, que la complejidad que encierra la condición humana no se deja reducir tan fácilmente. La prueba está en que la mayoría del público ve y denuncia las costuras del traje mediático, cuya característica más común es la falta de sustancia. Pondré unos ejemplos que me parecen ilustrativos a este respecto, característicos, en mi opinión, de quienes confunden obtener un titular con el éxito político y no usan para ello cuestiones menores. Así, por ejemplo, en tiempos de mayor bonanza se abordaron asuntos tales como la dependencia, la natalidad o la vivienda, que fueron objeto de esa manipulación mediática consistente en arrancar una ristra de titulares llamativos, tipo: «El Gobierno pone en pie el cuarto pilar del Estado de bienestar» (a propósito de la Ley de la Dependencia) o «Zapatero promete 2.500 euros por cada niño que nazca en España» o, finalmente, «Andalucía garantiza por ley un piso a quien gane menos de 3.000 euros mensuales».

Bastaría con saber el dinero que los presupuestos generales del Estado dedican (antes y después de la crisis) a financiar la Ley de la Dependencia para medir cuán corto va a ser este «cuarto pilar». En cuanto al sorpresivo anuncio de Zapatero y el premio universal de los 2.500 euros por bebé, mejor lo dejamos por obvio. Ningún demógrafo avalaría semejante ocurrencia (que hoy ha desaparecido a impulsos del «realismo europeo» que le han metido en la cabeza —casi a martillazos— al presidente del Gobierno). Y, en fin, lo de la Junta de Andalucía en lo tocante a la vivienda sirvió durante un rato para hacer demagogia en torno a un problema sangrante. Una demagogia que los medios acogen graciosamente sabiendo que lo es. Mas cuando todo se concreta y se comprueba que los milagros no se producen ni en la política ni en Lourdes, los responsables del engaño ya estarán vendiendo otras motos, tengan o no tengan motor.

En cualquier caso, no es aventurado prever que el marketing político no podrá sustituir a la política tal como ésta se ha entendido desde Pericles. Cuando, en 1940, un hombre rechoncho y maduro, con cara de bulldog, que fumaba en público gruesos habanos, prometió a los ciudadanos británicos «sangre, sudor y lágrimas» no estaba haciendo publicidad ni construyendo una imagen amable de sí mismo. Hacía política. Política que sirvió para que la democracia sobreviviera en Europa.

Por eso ahora, cuando pintan bastos, todo el mundo dice echar en falta a «los políticos de antes»… pero ya no están… y al menos en el PSOE han sido eliminados sin contemplaciones.

Pero sigamos con el diferencialismo y su retórica en torno a clichés o a símbolos. También en él, en el arte de marcar la diferencia, como en tantos otros aspectos de la vida política, Rodríguez Zapatero ha innovado. En este caso, echando mano de la más infalible de las diferencias: la República y la Guerra Civil, tiempo histórico durante el cual, como hemos visto, las diferencias entre izquierda y derecha no sólo fueron inmensas, sino que llegaron al paroxismo trágico del enfrentamiento armado y del asesinato en masa.

En este caso, el maniqueo era muy fácil de vestir: por un lado, «nosotros», luchadores sin tacha por la libertad, aunque derrotados por las armas en 1939 con la ayuda de las máquinas de guerra nazi y fascista, y enfrente, «ellos», la derecha franquista, responsable de una terrible dictadura… de la que son herederos los del PP. Y en esa dialéctica del «nosotros» contra «ellos», el movimiento que aquí he denominado «antifranquismo sobrevenido» ha venido, como diría un castizo, al pelo.

El discurso del «nuevo socialismo» no se hace en estos términos tan directos y burdos como los que acabo de caricaturizar, no, es un mensaje más subliminal que explícito, pero es meridianamente claro y tampoco está exento de inconvenientes. El primero de ellos —insisto— ha consistido en olvidar el proceso de reconciliación nacional, el mutuo perdón que permitió realizar una transición pacífica desde la dictadura a la democracia. Pacto que obligaba a las partes a sostener varios compromisos, entre ellos el de abandonar la dialéctica guerracivilista y —lo que no era menor— el de defender la Constitución. Estos inconvenientes no eran los únicos, también había que evitar otro riesgo: el riesgo del espiritista, que al llamar a los viejos fantasmas se encuentra, como el aprendiz de brujo, ante una inundación que él mismo ha provocado, pero que es incapaz de aliviar…

Otro maniqueo que se ha vestido con mimo ha sido el de «los curas trabucaires». Y no me refiero a la Guerra Civil, asunto (el de la persecución religiosa durante la Guerra Civil) que apenas se ha tratado en estas páginas. Me refiero al juego político que le ha dado a Rodríguez Zapatero la Iglesia en la España de hoy. Al fin y al cabo, el anticlericalismo en España siempre está a flor de piel, pues ya se sabe que un español es aquel individuo que siempre va detrás de un cura con un cirio en la mano o con una estaca. Claro que, para decirlo todo, los obispos españoles se lo han puesto fácil, pues han vuelto desde hace algún tiempo por donde solían, quizá sin darse cuenta de que sus rígidas posiciones morales le dan al personal bastante miedo, incluyendo en ese personal a no pocos católicos que no desean oír con tanta insistencia los males del infierno que les esperan si no obedecen sus mandatos, sobre todo en lo que se refiere a la actividad de esas partes del cuerpo colocadas entre la cintura y las rodillas.

De cualquier modo, nadie se extrañó de que —al inicio de la primera legislatura del nuevo socialismo (2004-2008)— el episcopado pusiera el grito en el cielo (nunca mejor dicho) a cuenta de la ley que hacía posible el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero aquellas repetidas manifestaciones en las calles, aquel énfasis excomulgatorio y tanta presencia mediática y callejera de curas, de obispos y de cardenales, asustó a mucha gente que no tardó en identificar a tan activos sacerdotes y fieles católicos con el PP. Entre otras cosas, porque el PP, en lugar de tomar distancia, estuvo bien representado en aquellas manifestaciones y en otras expresiones públicas de parecido contenido.

Resultado: según fuentes solventes, en torno a un millón de votantes fueron movilizados por los obispos para acudir a las urnas en 2008. Pero no se movilizaron para votar al PP, sino a Zapatero, o, mejor dicho, movilizaron el voto del miedo, pero contra los obispos. Vamos, que los prelados —consciente o inconscientemente— le hicieron una triste gracia a Rajoy.

Sabedores del éxito, Zapatero y sus mentores mediáticos han estado durante su segunda legislatura dispuestos a «repetir la jugada» y, aunque el Gobierno nunca ha querido pasar a mayores, es decir, a denunciar el Concordato —que, por cierto, es preconstitucional—, sí le ha encantado dar la batalla a los obispos. Quizá por eso, sin estar en el programa que el PSOE presentó en las elecciones de 2008, Zapatero se lanzó a presentar una nueva ley del aborto para reformar la anterior, la cual lo despenalizaba en tres supuestos. Es cierto que los tres supuestos han dado lugar a no pocas ambigüedades, interpretaciones y otros lances desagradables, y que una ley de plazos, que despenaliza el aborto hasta las catorce semanas de embarazo, es más clara y por ello está menos sujeta a interpretaciones. Pero, en manos de Zapatero y de sus amigas del feminismo radical, la cosa no podía quedarse en eso, había que dar un paso más. ¿Cuál? Pues transformar una ley despenalizadora en una ley que reconoce un derecho: el derecho de toda mujer a abortar. Y de poco valió que multitud de juristas -muchos de ellos nada sospechosos de derechistas— insistieran en que el «derecho a abortar» era un concepto jurídicamente inviable. El «derecho a abortar» se introdujo en la Exposición de Motivos de la ley.

Los curas protestaron aquí y acullá y volvieron a sacar a su gente a la plaza pública, pero esta vez el PP tomó algunas distancias, y si uno de los objetivos de «los legisladores» era provocar reacciones amenazadoras en la otra acera, la cosa no ha funcionado como antaño, pues ya se sabe que «nunca segundas partes fueron buenas».

Con menor trascendencia política que lo descrito más arriba a propósito del «lío estatutario», en su afán por «marcar la diferencia» el «nuevo socialismo» que lidera Rodríguez Zapatero se ha metido en otros jardines y ha alimentado movimientos sociales sobre cuyo alcance y control existen muchas dudas.

A impulsos, ya descritos, que van a afectar al Estado y sus anclajes, como la «nueva ola estatutaria», se han unido otros movimientos que traigo, aunque brevemente, a estas páginas no porque estén directamente unidos al fenómeno del antifranquismo sobrevenido, sino porque responden al mismo paquete genético, el del progresismo ilimitado del presidente Zapatero, cuyo objetivo es, sobre todo, marcar diferencias ideológicas con la derecha, ya que no lo puede hacer en el campo —que es el que más importa— de la política económica.

Pero esos movimientos y manos tendidas, aparentemente tácticos, implican alianzas y no sólo parlamentarias, también sociales. Y, claro, eso trae consecuencias sobre el conjunto del proyecto político en cualquier partido que lo intente. Por otro lado, los tácticos —tan optimistas ellos— piensan que sus golpes de timón son fácilmente reversibles y «donde dije digo, digo Diego». Pero no. Lo hemos visto a propósito del noviazgo del Gobierno con los sindicatos, que acabó en divorcio antes de celebrar la boda, y lo habremos de ver en otros muchos campos.

Una de esas manos tendidas por el «nuevo socialismo» fue hacia el feminismo y otra hacia el ecologismo. Esta última mano se soltó cuando en la segunda legislatura la nueva ministra del ramo empezó a «racionalizar» desmadres anteriores, como la pretensión antinuclear o el desastre hidráulico, que trajo consigo, por un lado, la voracidad hídrica de algunas comunidades autónomas, como Aragón, que parece creer que el Ebro es suyo, o Andalucía, que, a través de su nuevo Estatuto, se ha quedado con el Guadalquivir, y por otro, por esa apuesta absurda por las desaladoras frente a los trasvases.

A este propósito, no puedo quitarme de la cabeza la figura de José Blanco ejerciendo de ministro de Fomento y asegurando —con ese deje provinciano que acompaña a la mirada párvula cuando se dirige a los Estados Unidos— que el Gobierno de Obama estaba muy interesado en «la admirable experiencia española» en lo que se refiere a las explotaciones de «energías renovables»…, que están todas ellas subvencionadas.

Si en verdad alguna admiración hubo entre los yanquis, ésta debió salir de una sorpresa: la de encontrarse ante un país de nivel económico medio-bajo a cuyo Estado le sobraba el dinero para dedicarlo a subvenciones energéticas… Por no hablar del AVE (un ferrocarril carísimo), cuya extensión (según promesas hechas por el mismo ministro) alcanzará incluso a todos los antiguos apeaderos de la Renfe.

En general, las posiciones «políticamente correctas» han sido asumidas por el nuevo socialismo con un singular entusiasmo que no se compadece en nada con el poco aprecio que tales impulsos van teniendo en su tierra de origen, en su cuna, que no es otra que los Estados Unidos de América, donde el desprestigio en que han caído no ha sido por culpa de otra moda, sino causa directa de los innumerables efectos perversos que han traído consigo esas ideas cuando se han puesto en práctica.

Y ya que estoy pisando estos lares tan incorrectos políticamente, me atreveré con uno de los tabúes mejor encastillados: el nuevo feminismo. Asunto del que casi nadie se atreve a murmurar por miedo a las respuestas siempre airadas y siempre carentes de sustancia.

El feminismo en el Estado

Intentaré aclarar un concepto previo que creo servirá para entender mejor lo que sigue y que llamaré grupo administrador. Un grupo administrador es aquel conjunto de personas que se hacen cargo de una reivindicación representando (o suplantando) a quienes sufren realmente el problema que se pretende resolver. Por ejemplo, los partidarios de dotar con el 0,7 por ciento del PIB a las ayudas para el desarrollo, que tan populares fueron años atrás, no sufrían el hambre de África, pero se hicieron representantes de los africanos reclamando una solución: la dedicación del 0,7 por ciento del PIB de los países desarrollados a favor de políticas contra el hambre. De igual forma, una ONG «contra la violencia de género» no tiene por qué estar constituida por mujeres maltratadas y, sin embargo, esa ONG hablará siempre en nombre de ellas, de las maltratadas. Es el grupo administrador.

No voy a discutir aquí sobre las intenciones declaradas de los distintos grupos administradores, pues esas intenciones son todas ellas benéficas y elogiables, pero no conviene ser tan ingenuo como para pensar que los grupos administradores no tienen otros intereses diferentes a los declarados. Y esos intereses son, a menudo, menos santos. A este propósito conviene saber que el conjunto de ONG para el desarrollo en España sufraga el 80 por ciento de sus gastos con dinero público para pagar sueldos a los miembros que trabajan en la ONG y otros devengos administrativos.

Que un grupo de personas se constituya en administrador de la solución no lo convierte en intérprete exclusivo de quienes sufren el problema o se movilizan en pos de una reivindicación. Pero ni al grupo administrador ni, a menudo, a los políticos que les tienden la mano les interesa tener en cuenta estas obviedades.

Con frecuencia se establece un diálogo «exclusivo» entre el poder político y uno o varios de los grupos administradores, dejando fuera de juego a Parlamentos y a otros representantes, ellos sí, elegidos: diputados que se ven obligados a votar las propuestas gubernamentales tal y como salieron de ese acuerdo cerrado, donde las posiciones del grupo administrador suelen resultar, a la postre, decisivas. Pondré un par de ejemplos en relación con las mujeres o, mejor dicho, con decisiones políticas que tienen como elemento motor grupos administradores femeninos.

Partiré, claro está, de un hecho incontrovertible, penoso y que es preciso corregir: las mujeres siguen estando discriminadas por causa de su sexo. La no discriminación por razón del sexo que consagra el artículo 14 de nuestra Constitución, que tiene su continuación y aval en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979, ratificada por España en 1983 y que continúan y amplían varias Directivas Europeas, por ejemplo, la 2002/73/CE o la 2004/113/CE, no han conseguido que esa igualdad teórica sea una igualdad real, efectiva. Veamos:

Además de la violencia, incluidos los asesinatos, que sufren no pocas mujeres (violencia que apenas afecta, como víctimas, a los varones), asunto tan doloroso como discriminatorio que, él sí, puede incluirse entre los casos perseguibles penalmente, como delitos que son, aparte también del acoso sexual, dentro y fuera del trabajo, patología que mayoritariamente soportan las mujeres y no los hombres, aparecen otras discriminaciones y desigualdades, muchas de ellas concatenadas, que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. La primera de ellas —de la cual, a mi juicio, se derivan muchas otras— es el trabajo dentro del hogar, incluido el cuidado de los niños, que ya sea por tradición o por «aguante» es cosa que recae todavía, básicamente, sobre las espaldas femeninas. Las estadísticas disponibles muestran un significativo avance hacia un reparto más equitativo de ese trabajo, pero ese avance está muy lejos le haber conseguido un reparto razonable de la carga, y no se trata sólo de señalar la permanencia del viejo modelo de reparto, en el cual las mujeres se quedaban y trabajaban en casa y los hombres salían y trabajaban fuera. Esa vieja división del trabajo familiar sigue pesando en el conjunto de la población española, pero si contemplamos aquellas parejas en las cuales y en número creciente ambos trabajan fuera de casa, nos encontramos que —excepciones aparte— son las mujeres las que sufren una doble jornada: fuera y dentro de casa. Lo cual trae aparejadas otras discriminaciones, por ejemplo, una mayor proporción de mujeres que trabaja a tiempo parcial y mayores dificultades para promocionarse profesionalmente, lo cual conduce a salarios menores respecto a los varones (incluso en trabajos de igual duración y de igual calidad). En fin, un panorama femenino laboralmente preocupante: menores tasas de actividad, mayores tasas de paro, menores salarios, mayores dificultades de promoción laboral y personal… Una situación que es socialmente despilfarradora y que se contradice con el nivel educativo que han alcanzado las mujeres en España. Pero volvamos a las administradoras del feminismo.

Fue en el invierno de 1990 cuando, tras una amena comida, el escritor Juan Benet, mirando de soslayo a quienes lo acompañaban en torno a la mesa, sentenció con solemnidad: «Ahora que ha desaparecido el comunismo sólo sobreviven dos enemigos de la humanidad: el feminismo y el ecologismo».

Quienes allí escuchábamos al ingeniero, amante de los embalses y de los trasvases, pensamos que era una más de las boutades, políticamente incorrectas, en las que tanto le gustaba incurrir… y lo era, pero no han pasado ni siquiera veinte años y ha llegado el momento de analizar la deriva que ha tomado la política movida por esos impulsos en las manos acríticas de algunos políticos, como es el caso de Zapatero, que ha metido dentro del Estado la ideología feminista como una de las dominantes en el nuevo socialismo.

Se diría que, desaparecidas las utopías totalitarias y totalizadoras que emponzoñaron el siglo XX y como si de un big bang se tratara, hoy viajan por el espacio político y social restos aislados y autónomos de aquel naufragio, entre los cuales destacan, precisamente, el feminismo y el ecologismo.

Utopías parciales, sí, pero con voluntad de cofradía y cuyos perfumes (en el caso del feminismo, una mixtura de creencias políticas y de normas morales) son perceptibles incluso para los olfatos más romos. Los intentos normativos del nuevo feminismo en torno, por ejemplo, a la prostitución o a la pornografía son muestras de esa voluntad. Por eso, como suele ocurrir con muchas de las utopías, éstas se vuelven peligrosas cuando se incrustan en el Estado, porque al Estado —todo demócrata estará de acuerdo en ello— le están vedadas algunas cosas, por ejemplo, traspasar las puertas de la privacidad de los ciudadanos.

El ecologismo y el feminismo occidentales tienen unas raíces históricas muy claras. El primero señalando el riesgo —bien cierto— de acabar con el planeta a causa de un crecimiento económico tan apresurado como depredador. El segundo denunciando con rigor y razón la subordinación y el sometimiento de las mujeres por parte de sus pares masculinos a lo largo de los siglos. Muy justas denuncias en pos de un planeta sostenible y de una convivencia entre varones y mujeres más igualitaria, más justa y más razonable. Pero ni el feminismo de hace un siglo (ni el de hace veinticinco años) ni el ecologismo en fechas pasadas eran lo mismo que son ahora. ¿Qué ha cambiado? Que antes denunciaban y exponían razones, y ahora, incrustados en el Estado, ordenan y mandan, apoyándose muchas veces más en verdades reveladas que en argumentos.

Los movimientos feminista y ecologista ha tiempo que consiguieron impregnar con sus denuncias y propuestas a los grandes partidos en Europa, y eso fue un éxito y un avance, pero en el caso de España y durante los últimos años han parasitado a las organizaciones de izquierda (a IU hasta la extenuación), incluido el PSOE. El «nuevo socialismo», tan dado al adanismo, ha facilitado esa entrada y, como consecuencia, si preguntáramos a los ciudadanos españoles quién ostenta la más alta representación del feminismo en España, la mayoría señalaría con el dedo, por ejemplo, a María Teresa Fernández de la Vega o a cualquier otra ministra, y si hiciéramos lo mismo respecto a los ecologistas, la inmensa mayoría señalaría a Cristina Narbona, al menos durante la etapa en que fue ministra de Medio Ambiente.

¿Qué quiere decir esto? Pues que el ecologismo y el feminismo están en el poder y no sólo lo están para el imaginario colectivo. Lo están de verdad y, como es lógico, pretenden poner en práctica sus ideas.

Cabe preguntarse, sin embargo, si esas utopías parciales con fuerte perfume ideológico son compatibles con los principios en los que se ha sustentado la izquierda desde su nacimiento, y —lo que es más relevante— la puesta en práctica de alguna de esas ideas radicales, ¿es compatible con las bases en las que se asienta la democracia?

En el nuevo feminismo que se ha instalado en el PSOE se perciben dos componentes, no siempre incompatibles y, a menudo, complementarios: en primer lugar, el fundamentalista, cuyos principios ideológicos parten de un axioma según el cual los hombres constituyen un grupo opresor. Conviene recordar a propósito de esto que para Marx cualquier capitalista, fuera cual fuese la actitud personal que éste tuviera con los obreros de su fábrica, era un explotador. Pues bien, en una fácil traslación, el feminismo radical considera que todo hombre es per se un opresor, sea cual sea su actitud personal respecto a mujeres concretas.

El otro feminismo es de tipo lobby (nombre del que se ha dotado su más activa organización, el «Lobby Europeo de Mujeres»), como cualquier otro lobby, trabaja pro domo sua y, dado que sus componentes se dedican profesionalmente a la política, buscan —y encuentran— privilegios para sí mismas. De ahí, y sólo de ahí, ha salido la idea de la paridad, pero comencemos por el fundamentalismo.

En el Antiguo Régimen, los delitos cometidos por el pueblo llano se castigaban con más severidad de la que eran castigados esos mismos delitos cuando eran cometidos por un miembro de la nobleza. Ningún demócrata defendería hoy semejante discriminación y condenaría esa práctica que conculca el principio de igualdad ante la ley: artículo 1 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 agosto de 1789 («La ley debe ser igual para todos, tanto cuando proteja como cuando castigue»), principio este que está recogido en el artículo 14 de nuestra Constitución.

Pues bien, dos siglos largos después de la Revolución Francesa y a más de treinta años de aprobarse la Constitución Española, el artículo 153.1 del Código Penal de una democracia que dice ser avanzada —la española— prescribe penas distintas según el delito (malos tratos) lo cometa un hombre o lo cometa una mujer.

Este cambio en el Código Penal (que convierte lo que era una falta en delito) introduce una pena diferente para hombres y mujeres, y aun cuando esa diferencia es casi irrelevante cuantitativamente (prisión de seis meses a un año si el agresor es un varón y de tres meses a un año si la agresora es mujer), resulta trascendente en el campo de los principios jurídicos.

Cuando este cambio se planteó en las Cortes a propósito de la Ley Integral contra la Violencia de Género (Ley Orgánica 1/2004), pregunté a muchos diputados (entre ellos al ministro ponente, el de Trabajo) de dónde había salido tamaña desmesura con la que casi nadie estaba de acuerdo y de cuya redacción no se tenía ningún antecedente foráneo, tampoco la muy comentada ley sueca. Tras aquellas consultas, me quedó claro que la fuente de donde manaba esa agua cristalina la constituía un pequeño y aguerrido grupo de feministas radicales que habían encandilado con sus rompedoras ideas al presidente del Gobierno. La ausencia de debate interno respecto a las verdades reveladas hizo el resto, y la ley se aprobó, incluyendo esa enmienda al Código Penal.

¿Por qué hubo tanto empecinamiento en ello por parte de las feministas radicales? Ya lo he señalado: para ellas los varones (el conjunto de los varones) constituyen un grupo opresor y al conseguir «colar» esta discriminación en el Código Penal alcanzaban el objetivo de que tal pretensión ideológica quedara grabada en las leyes.

Esta innovación del Código Penal no fue votada por el PP, tampoco recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC). Sí la recurrió una jueza de Murcia (juzgado de lo penal número 4), Y el contencioso se sustanció mediante una sentencia que, a mi modo de ver, echa sobre el TC una paletada de desprestigio a causa de su politización.

En efecto, la sentencia del TC del 14-V-2008 —de la que fue ponente Pascual Sala— desestima el recurso de la jueza de Murcia, entre otras razones, porque el «autor (del delito) inserta su conducta en una pauta cultural generadora de gravísimos daños a sus víctimas y porque dota así a su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto objetivamente expresa».

La sentencia consagra, pues, la existencia de «una pauta cultural» que afecta —lo quieran ellos o no— a los varones y los supera como individuos. En otras palabras, los varones forman parte de un grupo opresor, que es lo que las fundamentalistas del nuevo feminismo querían demostrar.

Es ésta, además, una sentencia de las llamadas «interpretativas», y de poco ha valido —y valdrá— que tanto el recurso de la jueza de Murcia como los votos particulares contrarios a la sentencia, de los magistrados Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata, estén mucho más fundados y, sobre todo, estén más claros que la farragosa y confusa sentencia dictada —lo diré de una vez— en defensa del Gobierno, único avalista político de esta ocurrente novedad penal.

Una vez más, el TC quedó dividido en torno a esta sentencia entre «progresistas», que votaron a favor de ella, y conservadores, y entre éstos los firmantes de los votos particulares. Y según esta ley del embudo, quienes nos negamos a admitir que los varones seamos un grupo opresor nos tocará ser tachados de conservadores. Aparte, claro está, de ser motejados de machistas irredentos.

El otro grupo, el del lobby de mujeres, no se ha quedado atrás en la apuesta y coló de rondón dentro de la Ley de Igualdad (una norma plagada de buenas intenciones) una disposición adicional mediante la cual se implantó en España la paridad en las listas electorales, que también ha encontrado amparo en otra sentencia del TC, de parecido jaez a la comentada más arriba (esta vez echando por tierra los principios constitucionales de «mérito y capacidad»).

Según esa norma de la paridad, las listas electorales de cualquier partido han de contener en cada tramo ni menos del 40 por ciento ni más del 60 por ciento de miembros de cada sexo. Si uno de los dos sexos representara —dentro del colectivo total de donde se sacan los candidatos, es decir, entre los afiliados a un partido— un porcentaje significativamente menor de este tope mínimo del 40 por ciento, no es necesario hacer muchas fórmulas matemáticas para demostrar que a los componentes de ese sexo se les privilegia a la hora de confeccionar las listas electorales. Pues bien, eso es lo que ocurre en la mayoría de los lugares.

La lucha contra la igualdad de oportunidades es tan vieja como los privilegios, pero nunca había tomado un camino contradictorio ni había tenido protagonistas tan sorprendentes como ahora. Me explicaré: es bien sabido que las mujeres tienen mejores perspectivas de prosperar profesionalmente respecto a los varones cuando su promoción social se adscribe a pruebas objetivas, como es el caso de las oposiciones en España. No es de extrañar, por tanto, que muchas mujeres que pelean —y con éxito— por hacerse presentes y visibles dentro de la sociedad civil en la que viven critiquen estos métodos de la paridad y rechacen su mensaje perverso, que —eso sí— beneficia a las mujeres que se dedican profesionalmente a la política, pero sólo a ellas. Son éstas quienes, mediante la paridad, consiguen, aproximadamente, la mitad le los cargos políticos, pese a que el número de mujeres dentro de los partidos (fuente casi única de donde se nutren las listas y los cargos de designación) sea mucho más escaso que el de varones. Un privilegio, una discriminación positiva (la discriminación «positiva» siempre beneficia a unos y perjudica al resto de la humanidad) que encierra, como toda discriminación, un despilfarro de recursos humanos. Y de poco ha valido que veteranas y conocidas feministas, como la francesa Elisabeth Badinter, hayan exhibido contundentes argumentos contra la paridad, porque la cosa no va de argumentos, sino de ventajas.

«La ideología dominante es la ideología de la clase dominante», escribió Karl Marx hace ya mucho tiempo. Pues bien, las fundamentalistas del nuevo feminismo no se han roto la cabeza a la hora de traducir el axioma marxiano y, arrimando el ascua a su sardina, se han metido en el jardín del lenguaje, nada menos que reinventándose uno nuevo, no sexista, y cayendo, por ejemplo, en esa estupidez reiterativa («los vascos y las vascas» del ya «jubilado» Ibarreche) con la que se pretende impedir el uso de los plurales en género masculino.

Es obvio que esta imposición constituye un ataque contra el uso correcto de la lengua, atacando el principio de economía expresiva y añadiendo palabras al discurso sin aumentar un ápice su contenido conceptual. Pero hay más.

Los filólogos llaman género no marcado (en el caso del castellano, el masculino) al más abundante (entre otras cosas por ser el género en el que se hacen los plurales). Pero en la mayor parte de las lenguas indoeuropeas, desde el sánscrito al griego, ese género no marcado era el neutro, lo cual no quiere decir que los usuarios prefirieran el neutro (las cosas) a los géneros marcados: masculino (hombres) o femenino (mujeres).

Dentro de las —más bien escasas— lenguas que contraponen géneros («masculino»/«femenino») el que uno u otro sea el marcado no tiene relación alguna con los roles sociales de hombres y mujeres. Eso lo saben todos los especialistas en lingüística desde que Karl Brugmann publicó sus estudios en los años ochenta ¡del siglo XIX! Pero a las ideólogas del nuevo feminismo les importa un bledo la lingüística, lo que sí les importa es imponerse. Ya se lo dijo Humpty-Dumpty a Alicia: «Lo importante es quién tiene el poder. Eso es todo».

En la misma dirección y en el mismo sentido, el de asaltar el lenguaje, se halla la importación (una mala traducción del inglés) del término género en detrimento de la palabra sexo (¿por qué ese tabú hacia el sexo?, me pregunto), pero ya se pueden poner cabeza abajo los académicos de la lengua que lo de género irá a misa, de eso no me cabe la menor duda.

Según el nuevo feminismo que coloniza al PSOE, también el concepto de igualdad —que ha sido el basamento del pensamiento de izquierdas durante casi dos siglos— estaba preñado de machismo, por eso ahora, en el «nuevo socialismo», cuando se habla de igualdad, no se hace mención a la igualdad de oportunidades o a la igualdad entre rentas o entre clases sociales, no. El único objetivo es hoy la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque —siempre según estas «pensadoras»— la única desigualdad social relevante es aquella que tiene sus raíces en el sexo. Perdón, en el género.

Es evidente que la desigualdad entre hombres y mujeres existe y es transversal —lo he mostrado más arriba— y, por lo tanto, todo lo que se haga para eliminarla bienvenido sea, pero es absolutamente falso que en ella resida la matriz de todas las demás desigualdades, ni siquiera que esa desigualdad sea la más relevante socialmente, y no es necesario echar mano de ningún análisis de la varianza para demostrarlo.

Los efectos prácticos de esta perversión ideológica sobre el discurso político son evidentes: se obvian las otras desigualdades, especialmente aquellas que hunden sus raíces en las clases sociales.

Pondré un ejemplo que puede resultar ilustrativo. Rodríguez Zapatero creó un nuevo Ministerio para la Igualdad, ése es el nombre. Pues bien, dicho ministerio no pretende ocuparse de otras desigualdades que no sean las que se derivan del «género». ¿Y quién se acuerda —me pregunto— de las desigualdades que acosan a la mayor parte de los asalariados? ¿Es que esa condición, la de asalariado, ha dejado de ser relevante para el socialismo gobernante?

Desengañémonos, a menudo se habla de una cosa para impedir que se pueda hablar de otra. Es lo que llaman los politólogos «controlar la agenda». Y en la agenda oficial del Gobierno socialista ha tiempo que no están las «viejas» desigualdades, sólo están las «nuevas». Y éstas están, pero —también ellas— en el limbo de la retórica, algo parecido a lo que ocurre con las emisiones españolas de CO₂ hacia la atmósfera, que crecen al mismo ritmo con el que aumenta la prédica desde el Gobierno acerca de no se sabe qué lucha contra el cambio climático.

Muchas mujeres —ya lo he dicho— y también la mayor parte de los hombres no están en absoluto de acuerdo con estos manejos… Y si es así, ¿por qué casi nadie se atreve a decirlo? Porque se ha impuesto la ley del silencio que se deriva del miedo a ser tachado —no se sabe por qué— de machista. Un silencio producto de la censura que tanto les gusta ejercer a quienes administran los arcanos de lo «políticamente correcto».

Cuando a cualquier ideología —y el feminismo lo es— no se le opone barrera alguna, se dispara y acaba disparatando, y, al no tener barreras, pues se desbarra. Eso es lo que, a mi juicio, está ocurriendo y nos debiera preocupar a todos: a varones y a mujeres.

MIRANDO HACIA DELANTE SIN IRA

NO creo exagerar un ápice si digo que la inmensa mayoría de los españoles desea mirar hacia delante y que se abandone de una vez la actitud que definió muy bien el autor británico John Osborne en el título de una de sus obras, Mirando hacia atrás con ira. Parecería que muchos compatriotas se preguntan: ¿qué hemos hecho los españoles para merecer el castigo de seguir anclados en la Guerra Civil? Parodiando a Vargas Llosa en su novela limeña titulada Conversación en la catedral, seguir eternamente preguntándonos: ¿cuándo se jodió España, Zabalita?

Mas sean cuales sean las causas que provocan este complejo, que bien podría llamarse «de la mujer de Lot», repito: la inmensa mayoría de nuestros compatriotas está compuesta por personas que no están dispuestas a convertirse en estatuas de sal. Esto nos lleva a una primera y definitiva conclusión: sólo ganaremos el futuro si dejamos el pasado en paz, o para decirlo con más precisión: dejemos la historia —también la del pasado más doloroso y más reciente— en manos de los historiadores profesionales y rigurosos, entre los cuales no se cuentan ni César Vidal ni Pío Moa (por citar a los revisionistas de derechas), pero tampoco están en esa nómina de la ciencia y del rigor algunos sedicentes historiadores de izquierda —a quienes, según parece, les ha tocado la cátedra en alguna rifa—, que se han subido con gran prosapia y entusiasmo a este carro del antifranquismo sobrevenido.

La segunda, más que una conclusión, es una demanda a los poderes públicos. Lo que se les pide es que se dejen de normas legales y de retórica y se pongan, en serio y de una vez, a resolver el problema de las fosas para que las familias que lo deseen puedan enterrar a sus muertos en un lugar decente y así puedan tener en paz el duelo, condición previa sin la cual difícilmente puede llegar el —insisto: necesario— olvido. Porque el olvido, ciertamente, es necesario y también saludable. El olvido es un bálsamo que ayuda a sanar las heridas (me refiero, claro está, al olvido personal, pues mientras haya historiadores no habrá olvido colectivo). No se puede vivir sin olvidar, sin atemperar el sufrimiento que la muerte produce a nuestro alrededor, y más si esa muerte es prematura y violenta.

Lo ilustraré con una anécdota personal y reciente producida, precisamente, a propósito de este fenómeno de la «memoria histórica».

Durante una comida, un amigo, que era un niño cuando estalló la guerra, me preguntó con cierto sigilo qué pensaba yo a propósito de la «memoria histórica». Se lo dije y me contestó: «Me alegro de que pienses así… y me alegro, claro está, porque coincido contigo… —Se quedó en silencio unos momentos y continuó—: Te voy a contar una historia que nunca te he contado. A mi padre lo mataron los (póngase aquí la palabra “rojos” o la palabra “nacionales”, porque para el caso es lo mismo), y me consta que mi padre no había hecho nada para merecer ese final. Es más, no creo que le interesara la política. Su muerte dejó un hueco que hemos arrastrado toda la vida, y mi madre, que nunca se volvió a casar, consiguió sacarnos adelante, y éramos cuatro hermanos. Pues bien, un día, no mucho después de acabada la guerra, nuestra madre nos hizo sentarnos a su alrededor y nos dijo: “Hemos llorado mucho a vuestro padre, lo echamos y lo echaremos siempre de menos, pero a partir de hoy no se hablará más de su muerte en esta casa. Se acabaron las lágrimas”».

Pues bien, yo creo que aquella mujer, la madre de mi amigo, hizo lo que debía. Se había terminado el duelo y había llegado la hora del olvido.

Y para concluir estas reflexiones, creo que es pertinente darle al lector una noticia personal. A ello voy.

Estoy oyendo ya, cuando esto escribo, las palabras que me dedicará el sectarismo de corral y rebaño, que desgraciadamente abunda en todo el espectro político español, también en la parcela que yo considero la mía, la socialista. Habiendo leído este breve ensayo crítico o, con mayor probabilidad, sin haberlo leído, oigo ya, repito, las voces que me califican de «equivocado», de «resentido» (¿por qué?) o las más fuertes —ya escuchadas más arriba— de «miserable» y hasta de «vendido». Pues bien, no pretendo ponerme la venda antes del coscorrón, pero debo intentar dejar algunas cosas claras acerca de mi posición actual respecto a la política. Posición personal que, naturalmente, sí ha cambiado desde mi primera juventud (hasta las piedras cambian), pero que sigue siendo la misma que he sostenido en los últimos años durante los cuales tuve responsabilidades públicas, algunas de cierta relevancia. Sigo pensando lo mismo que pensaba en el año 2000 acerca de las actitudes y políticas (hacia el interior del partido y hacia la sociedad) de José Luis Rodríguez Zapatero. Le he votado en las elecciones generales por disciplina de partido, pero jamás le he apoyado en los órganos y elecciones internos. Es más, pensé y pienso que su elección como secretario general en el congreso celebrado por el PSOE en el año 2000 fue un error y lo acabarán viendo así quienes lo apoyaron entonces. Y eso a pesar de que Rodríguez Zapatero haya llevado al PSOE a la victoria en dos elecciones generales (2004 y 2008).

Mi único cambio, tras dejar atrás mis responsabilidades institucionales, ha consistido en hacerme la promesa de no soportar en silencio el sectarismo, venga de donde viniere. Pienso que, una vez abandonados los cargos internos e institucionales, tengo derecho a expresar libremente las críticas que se me ocurran, aunque sé que no pocos de los que están en nuestro bando piensan —erróneamente— que esas críticas mías «favorecen a la derecha».

Aunque no soporte, por mentirosa y por sectaria, toda demonización del adversario (y la derecha española también sabe hacerlo ¡y de qué modo!), juro que no tengo ningún interés en hacerle favores a esa derecha, pero no puedo admitir el argumento censor de «cállate, porque si hablas vas a favorecer a nuestros adversarios».

Ese argumento del silencio no existió hasta ahora en el Partido Socialista. Es más, los viejos estatutos prohibían hablar a favor de la dirección en los comités de control, como era y es el Comité Federal, lo cual, para decirlo todo, era una exageración. Pero puesto a elegir entre aquel sistema hipercrítico y las prácticas actuales, donde las intervenciones laudatorias con el mando no sólo son masivas, también producen, a menudo, vergüenza ajena, pues lo dicho: me quedo con lo de antes. En otras palabras: si toda crítica interna no es de recibo «porque favorece a la derecha», apaga y vámonos… vámonos a Compostela para agarrar allí el botafumeiro.

Y ya que estoy en ello, y bajo la amenaza de ser tachado de empecinado y también a sabiendas de que me estoy desviando del título que da entrada a estas páginas, el lector me perdonará una muy breve excursión hacia el territorio de la izquierda.

Pero antes de entrar en ese jardín, conviene reconocer que el «nuevo socialismo» con su líder a la cabeza ha creado una confusión sin precedentes acerca de esa palabra. Tras seis años de gobierno y sus múltiples bandazos, es difícil aclararse acerca de dónde está el norte dentro de una brújula tan errática como la que usa Rodríguez Zapatero. Veamos un ejemplo de ello, de lo mucho que hoy se practica el imposible fáctico consistente en llevar una mano por el cielo y otra por el suelo:

El 13 de septiembre de 2010, el Grupo Socialista presentó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley «sobre las expulsiones colectivas de minorías en Europa». En ella se leía lo siguiente: «Las expulsiones colectivas son contrarias al derecho comunitario y a los valores y principios europeos… y atentan directamente contra la Carta Europea de Derechos que las prohíbe expresamente». La proposición también promovía «la implementación efectiva de las medidas referidas a la inclusión socioeconómica de la población romaní». Por su parte, en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, diputado del PSOE, reclamó ese mismo día la toma de posición de dicho Parlamento «frente a la actitud del Gobierno francés».

Hasta aquí, nada impredecible, pero es que dos días más tarde, el presidente del Gobierno hizo —en el Consejo Europeo— una encendida defensa del presidente Sarkozy, de su política migratoria y de las «deportaciones incentivadas» que el Gobierno francés viene practicando contra gitanos rumanos y búlgaros.

Visto lo visto, no es de extrañar que los españoles tengan la creciente sensación de que en la «cúpula» del PSOE cada uno campa por sus respetos y tampoco que, preguntados los ciudadanos sobre si el presidente del Gobierno programa sus actuaciones o las improvisa, más del 70 por ciento opine que improvisa.

Pero todo esto, y con más precisión de la que yo puedo aportar, lo expresó en una carta al director de El País una lectora gallega (de Oleiros), doña Ángeles G. Panda. Decía así:

«Subir o bajar los impuestos directos no es de izquierdas ni de derechas, subir la factura de la luz a las familias y a las pymes no es de izquierdas ni de derechas, estar de acuerdo con expulsar a los gitanos no es de izquierdas ni de derechas, congelar, rebajar el salario a los funcionarios no es de izquierdas ni de derechas, congelar las pensiones a los que llevaron toda una vida trabajando no es de izquierdas ni de derechas, elevar la edad de la jubilación mientras hay prejubilaciones de lujo a cargo del erario público no es de izquierdas ni de derechas, someterse a la dictadura de los mercados no es de izquierdas ni de derechas, permitir los abusos de la banca no es de izquierdas ni de derechas. ¡Pero en qué demonios consiste ser de izquierdas!».

A mi juicio, lo que distingue a la izquierda de la derecha no es la retórica izquierdista ni las promesas bienintencionadas, ni ese buenismo, tan inoperante e insincero, con el que se adornan algunos dirigentes actuales; ni siquiera me sirven los programas electorales. La prueba del nueve para conocer si un Gobierno autoproclamado de izquierdas se ha comportado como tal son los resultados obtenidos. Y de entre todos esos resultados, el que resulta ser más relevante es aquel que responde a la siguiente pregunta: ¿el reparto de bienes y servicios (básicamente sueldos y servicios públicos) y la igualdad de oportunidades son más equitativos ahora que cuando usted llegó al Gobierno?

Si queremos contestar hoy (2010) a esa pregunta respecto a la situación en marzo de 2004, fecha en la que Rodríguez Zapatero accedió al Gobierno, la respuesta es negativa, pero ya era negativa a mediados de 2007, cuando no había llegado la crisis y «estábamos a punto de alcanzar —en renta por habitante— a Francia y al Reino Unido» (Zapatero dixit). En otras palabras: durante la fase alcista del ciclo (2004-2007) empeoró la distribución de la renta y en la fase depresiva (2008-2010) también.

Y no hace falta echar mano de complicados cálculos y de sofisticadas estadísticas para rebajar los humos de cuantos predican las bondades redistributivas de este Gobierno. Basta con echar un vistazo a nuestro sistema fiscal y, más concretamente, al impuesto más potente y universal de todos. Me refiero, claro está, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Baste con saber que en torno al 90 por ciento de la recaudación por este impuesto proviene de los asalariados.

¿Y cuánto representan los salarios dentro de la renta nacional? Pues en torno al 45 por ciento, lo cual quiere decir que si la tarifa del impuesto fuera uniforme, es decir, si la tarifa se limitara a un tipo impositivo único, los asalariados estarían cotizando el doble de lo que les correspondería aportar, pero es que la tarifa del IRPF no es uniforme sino progresiva y, dado que no es difícil colegir que los asalariados tienen —como media— rentas más bajas que los no asalariados, el esfuerzo fiscal a través del IRPF de quienes cobran por nómina resulta once veces mayor del que soportan los no asalariados.

Visto desde el otro lado, las conclusiones son aún más negativas: los no asalariados aportan el 10 por ciento de la recaudación cuando —si la ley se cumpliese a rajatabla— deberían aportar el 55 por ciento. Es decir, que «evaden» el 45 por ciento de lo que se recauda por el IRPF. Y pongo «evaden» entre comillas porque gran parte de ese dinero se lo ahorran los no asalariados de forma absolutamente legal. Por ejemplo, las famosas Sociedades de Inversión (SICAV) tienen un tipo simbólico del 1 por ciento en el impuesto de sociedades y tributan entre el 19 por ciento y el 21 por ciento cuando de ellas obtienen reembolsos, dividendos o ingresos por ventas de participaciones…, pero también han conseguido «inventar» un sistema (diferir los pagos) para retirar fondos de las SICAV sin apenas tributar. En algunos casos, las SICAV han llegado a realizar ampliaciones de capital con cargo a reservas (esto es, a los beneficios de años anteriores) y acto seguido reducían ese capital que acababan de ampliar para entregar así el dinero a los partícipes, libre —al menos temporalmente— de impuestos. Como es natural, en el Ministerio de Hacienda conocen esos trucos… y amenazan con taponarles la salida, a lo que las SICAV y sus asesores han respondido con reducciones de capital y con la fuga hacia mejores playas.

Pero ¿alguien ha oído discutir a nuestros políticos en las Cortes o en otros foros públicos acerca de este asunto? Yo, desde luego, no.

¿Y qué ha hecho el Gobierno que preside Rodríguez Zapatero para arreglar este entuerto fiscal?

Tras eliminar de un plumazo el Impuesto sobre el Patrimonio —al fin y al cabo era un impuesto cedido y algunas autonomías ya habían hecho la gracia de no cobrarlo (un acto demagógico ese de negarse a cobrar un impuesto cedido y a continuación ir a pedir más dinero al Gobierno central, que este último debió cortar de raíz)—, cuando llegó el momento de cumplir con la medida tantas veces anunciada de «subir los impuestos a los ricos», el Gobierno ha subido el IRPF, es decir, sube los impuestos a los «ricos con nómina», que son los que declaran. De los otros, de los de verdad, ni se habla.

¿A cuántos «ricos con nómina» afecta esa subida? Según Hacienda, a unos 100.000 contribuyentes, que pagarán a partir de la subida entre 1.700 y 2.000 euros más al año, con lo cual Hacienda ingresará entre 170 y 200 millones de euros… Y de esta guisa hemos pasado de «bajar los impuestos» (que era de izquierdas) a subirlos, que también es de izquierdas.

Pero no quiero caer en la demagogia de quien anuncia: «Eso se arregla de un plumazo», porque no es verdad. Cualquier reforma del sistema fiscal (y no estaría de más que la UE se ocupara de homogeneizar cuanto pudiera los distintos sistemas nacionales) es compleja y delicada, pero la complejidad de un problema no puede servir para negar su existencia. Porque en España hay un grave problema fiscal y los poderes públicos tienen la obligación de abordarlo. De momento —y hasta nueva orden—, la cuenta del festejo la están pagando las capas medias.

Pero a quien critica, como a mí en este caso, siempre se le podrá preguntar: y usted ¿qué propone? Pues bien, voy a ello, pero que nadie se asuste, no pretendo soltarle al lector una coda en forma de programa electoral ni cosa parecida, simplemente y para concluir escribiré reflexiones acerca de lo que hoy pienso de la política y no lo haré desde la actitud suficiente que suelen tomar quienes creen estar de vuelta («¿Adónde habrán ido los que están de vuelta?», se preguntaba Juan de Mairena) sino desde la humildad de quien ha sido baqueteado y en esos trances —aunque sólo sea porque «la letra con sangre entra»— algo ha aprendido. Por ejemplo, hoy ya sé que intentar cambiar la condición humana desde la acción política conduce inexorablemente a la negación de la libertad y de la democracia. Que cuando un líder, un partido, un movimiento popular… anuncian la creación del «hombre nuevo» hay que salir corriendo o, aún mejor, hay que intentar pararlos antes de que el salvador y sus esbirros comiencen a llenar los cementerios y las cárceles y planten las alambradas con las que construirán los campos de concentración para meter allí a los «hombres viejos» que no se quieren someter a sus benéficos designios.

Y bueno, ya que me he metido en este jardín, concluiré estas reflexiones con un decálogo personal por si al lector le pudiera ser de alguna utilidad.

Empezaré por un mandamiento escrito hace ya muchos años por Albert Camus: «Para ser hombre hay que negarse a ser Dios». Por eso pienso que los líderes políticos debieran llevar con ellos en el coche o tener en su despacho un pepito grillo que —como a los triunfantes mílites romanos— les recuerde que son mortales, señalándoles, además, con el dedo cuando se comporten como necios.

El segundo mandamiento viene de la mano de Adorno: «Piensa y actúa de tal modo que Auschwitz no se pueda repetir». Se trata, pues, de evitar a cualquier precio el mal mayor.

El tercero asegura que «la bondad no basta» y no basta porque no siempre el bien se deriva del bien. En otras palabras, la política exige, a menudo, pactos con gentes nada angelicales. Es más, con frecuencia se trata de elegir no lo mejor, sino lo menos malo.

Hay que tomar postura, incluso cuando no estemos totalmente seguros de nada, porque la duda es compatible con la acción, sabiendo que cada decisión nos enfrenta a una pérdida, porque cada decisión nos exige dejar de lado las alternativas no escogidas, incluso al decidir podemos herir algún valor querido, porque, a veces, habrá que apoyar —por ejemplo— alguna guerra para evitar males mayores.

Es preciso mancharse las manos, lo contrario es apostar por la inacción. No hay alternativas impecables, pero hay que saber marcar la raya roja que no debemos sobrepasar, y no se trata de escuchar a Dios, a la razón ilustrada, a la moral universal o al derecho natural. Se trata de un esfuerzo reflexivo y cívico en en el cual cada uno está solo y sin excusas.

No conviene luchar contra males abstractos, porque no existen esos males, existen daños concretos y para combatirlos es preciso tener la mirada puesta sobre los seres humanos, tan cercanos, tan reales y tan adoloridos. Estar con los de abajo es mi apuesta, pues aunque hayamos aprendido que ni los «condenados de la tierra» ni «la famélica legión» nos van a conducir a ningún paraíso, todos tenemos derecho a una vida decente. Al fin y al cabo, la finalidad de la buena política no ha de ser otra que la disminución —real y concreta— de la crueldad, de la injusticia y del dolor.

Ocuparse del mundo, saber que la política no puede hacerse desde un campanario, que existen «otras voces y otros ámbitos» y, aunque nadie lo haya comprobado, el movimiento de las alas de una mariposa en Australia puede provocar un huracán en Montevideo.

Huir, como de la peste, de las consignas y de las manipulaciones y aplacar cuanto se pueda el sectarismo en sus cada vez más numerosas y variadas expresiones.

Mirar y oír al adversario con la atención debida, porque nadie tiene en exclusiva ni la verdad ni el error… Además, negarse a escuchar equivale a perder una ocasión de aprender. Hay que tener muy presente que por necesarios que sean los cambios que nosotros proponemos, a la hora de la verdad éstos siempre producirán algún efecto perverso.

Luchar en defensa de las convicciones, incluso si hay que pagar por ello un alto precio. Conviene recordar que —hace ya muchos siglos— un hombre murió por sus ideas, aunque confesaba sin rubor: «Sólo sé que no sé nada». Desde entonces, otros muchos de igual estirpe y coraje han sufrido persecución por actuar en consonancia con sus credos.

No voy a decir, como Groucho Marx, aquello de «éstos son mis principios, pero si no le agradan tengo otros»; tampoco quiero ilustrar con mi conducta aquella sentencia de don Antonio Machado según la cual «uno piensa que no cambia y que cambian los demás». No —ya lo he dicho—, yo sí he cambiado, incluso acepto haber cambiado mucho, pero no hacia donde dicen algunos connotados representantes del «nuevo socialismo» y menos hacia donde señala con su dedo injuriante doña Almudena Grandes, preclara vocera del antifranquismo sobrevenido.

He abrazado la causa de la tolerancia y del antisectarismo, y no me preocupa que éstas sean tachadas de actitudes propias de ancianos, porque pronto lo seré. Pero no confundo la tolerancia con la flojera ni con la equidistancia ideológica, y no creo que esa especie de manifiesto en forma de decálogo que acabo de relatar sea una muestra de blandura.

En cuanto a mis tan criticadas críticas acerca del «nuevo socialismo» que nos trajo Rodríguez Zapatero, admitiré una. Es aquella según la cual «acertar antes de tiempo es también equivocarse»… Y espero que pronto escucharé a muchos de los que ahora me critican de buena fe venir a decirme: «Qué razón tenías».

Hace algunos años y a propósito de los tiempos en política, un amigo argentino me dijo lo siguiente: «Cuando en una gran manifestación de masas un tipo va al frente de ella con una bandera, si camina a un metro de la gente es el abanderado, pero si va solo y treinta metros por delante, es el boludo de la bandera». Pues eso, yo soy el boludo de la bandera.

JOAQUÍN LEGUINA. Nacido en Villaescusa (Cantabria), en 1941, fue durante doce años presidente de la Comunidad de Madrid, y durante once secretario general de la Federación Socialista Madrileña (PSOE). Doctor en Ciencias Económicas (Universidad Complutense de Madrid) y en Demografía (Sorbona de París), es estadístico superior del Estado desde 1969 y ha publicado varios libros de su especialidad.

Su obra literaria es ya apreciable y apreciada, y su última novela, La luz crepuscular, ha obtenido un notable éxito. Articulista en diversos medios, nunca ha hurtado el cuerpo a cuerpo con la polémica, a menudo desde posiciones que pertenecen a una izquierda tan democrática como «políticamente incorrecta». Este libro da fe de ello.