Han pasado ya treinta años desde aquellas elecciones de 1982 en las que el PSOE consiguió una aplastante mayoría absoluta y un hombre en los cuarenta, Felipe González, se dispuso a dirigir (por primera vez en tiempos de paz) un gobierno monocolor y socialista. Muchos eran los retos que tenía ante sí, muchos los logros conseguidos entre los que destaca convertir a España en un país avanzado social, cultural y económicamente y no pocos los errores como la corrupción, el ordenamiento autonómico y las luchas intestinas del partido que quizá aún hoy se siguen pagando.

Joaquín Leguina, con la distancia de los treinta años sucedidos, lleva a cabo en estas páginas un análisis subjetivo como protagonista que fue, reflexivo y crítico de aquellos años. Haciendo especial hincapié en las cosas que a su juicio salieron mal pero sin obviar los aciertos.

«Intentaré en las páginas que siguen dar al lector mi versión impresionista de aquellas gentes que llegaron al poder en 1982 y de aquellos avatares. Por lo tanto, este no es un libro de historia y tampoco se trata de unas memorias. Procuraré tomar la distancia que el tiempo transcurrido me permite para no caer en ajustes de cuentas, pues no tengo cuenta alguna que cobrar».

Joaquín Leguina

El camino de vuelta

Del triunfo de Felipe González a la crisis del PSOE

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Big Bang 22.03.15

Título original: El camino de vuelta

Joaquín Leguina, 2012

Editor digital: Big Bang

ePub base r1.2

—¿Cómo andas de recuerdos?

—Todo está en mi memoria menos…

—¿Qué?

—No me acuerdo del camino de vuelta…

—¿A dónde?

—Del camino que conduce a mi casa.

—¿A tu casa? ¿Los tipos como tú tienen casa?

Luis Alberto de Cuenca

¿A dónde habrán ido los que están de vuelta?

Juan de Mairena

Los hombres están, necesariamente, sometidos a los afectos.

Baruch de Spinoza

Prólogo

26 de octubre de 1982. Estoy sobre el entarimado que el PSOE ha montado en una explanada de la Ciudad Universitaria de Madrid para realizar allí el cierre de la campaña electoral. Es de noche y desde arriba, desde el estrado de oradores, no podemos ver ni un solo rostro, pero se siente la presencia de la multitud. Los allí congregados quieren escuchar a Felipe González, cuyo nombre de pila llevan coreando un buen rato, pero antes tendrán que oír a los «teloneros» (entre los que me encuentro). También hablarán en esta noche llena de promesas: Enrique Tierno (como alcalde de la Villa), Javier Solana y Francisco Fernández Ordóñez (recién desembarcado en el PSOE).

No puedo recordar lo que dije desde aquel atril y tampoco recuerdo el discurso de los demás, ni siquiera el de Felipe González, pero sí tengo grabada la inquietante sensación que produce dirigirse a una multitud en la más absoluta oscuridad y las explosiones de entusiasmo que allí, entre aquellas tinieblas, se manifestaban.

Sin embargo, de la noche electoral tengo un recuerdo bastante preciso y en él destaca una imagen, la de una mujer —una joven socialista— bañada en lágrimas dentro de la sede valle-cana del PSOE. La cámara la enfoca en primer plano y el espectador puede ver cada lágrima que brota de sus ojos. «Solicitamos a esta muchacha que llora de alegría un comentario sobre los resultados electorales», introduce el periodista, a quien vemos de espaldas, con el micrófono en la mano. Entonces ella se dirige a la cámara, mientras niega con la cabeza: «De alegría no, lloro de pena —se arranca—, pena por mi abuelo, que se pasó varios años en la cárcel después de la guerra y murió sin poder ver este día».

Han pasado ya treinta años desde entonces, desde aquel día en el cual el PSOE consiguió un apoyo parlamentario de 202 diputados sobre un total de 350 (26 diputados por encima de la mayoría absoluta) y un hombre en los cuarenta años de su edad se dispuso a dirigir (por primera vez en tiempos de paz) un gobierno monocolor y socialista que se enfrentaba a inaplazables retos: normalizar el Ejército, es decir, convertir un Ejército con una deplorable tradición intervencionista (la última el 23 de febrero de 1981) en otro sujeto a las normas de la democracia; atajar los problemas surgidos como consecuencia de la crisis económica iniciada en 1973 y que aún no se habían podido abordar, reconversión industrial incluida; dibujar un mapa coherente y completo del sistema territorial diseñado (confusamente) en el Título VIII del texto constitucional; y conseguir, al fin, la entrada de España en Europa. Amén de otros asuntos conflictivos como una posible ley despenalizadora del aborto, la reestructuración del sistema educativo y el ajuste económico ante una muy mala coyuntura: déficit exterior y público, desempleo y casi nulo crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB).

Quizá eran demasiadas cuerdas para un solo violín, pero también es cierto que el electorado español otorgó al PSOE y a su líder un amplio margen de tiempo (1982-1996) para realizar estas y otras reformas.

A la distancia que el tiempo transcurrido otorga, quizá se vean las cosas con más objetividad que en caliente, por eso puedo afirmar hoy que de aquellas reformas unas salieron bien y otras no, pero en conjunto —pocos lo niegan— la España de 1996 había crecido —y mucho— social, cultural y económicamente respecto a la de 1982.

De un tiempo a esta parte, me pregunto a menudo qué ha pasado con la llamada «generación española del 68»; para entendernos, la de Felipe González. Qué ha sido de ellos dentro del PSOE.

Con escasas aunque notables excepciones, hemos desaparecido de la política española como por arte de magia, como si hubiéramos sido en ella tan solo extras con frase, de esos que hacen mutis después de haber soltado un corto parlamento, tal que: «Señorito, el chocolate está servido».

Sin embargo, a poco que uno se esfuerce en describir lo ocurrido llega a la conclusión de que se trata de una prejubilación masiva, sobrevenida por causa de una decisión muy meditada en el seno de la dirección socialista que, tras ganar un congreso en el año 2000 por tan solo nueve votos de diferencia sobre su inmediato competidor, se dispuso a emprender una renovación generacional, que fue muy aplaudida por los líderes mediáticos (que aplauden siempre que el rejuvenecimiento no les afecte a ellos), y nadie abrió la boca para pedir explicaciones acerca de por qué un partido escaso de efectivos, como todos los españoles, desechaba a un notable grupo de afiliados con experiencia política sobrada.

Tengo para mí que la explicación que voy a dar, aunque no sea científica, sí es certera: al eliminar la cúspide de la pirámide de edades dentro del PSOE (una estructura bastante envejecida, por cierto) se conjuraba la posibilidad del retorno, se eliminaba la alternancia, se despejaba el camino futuro acabando con buena parte de la competencia interna. Al fin y al cabo, a los nuevos, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente, se les podrán achacar muchos defectos, pero en cuanto a batallas internas, eliminación de contrincantes y otras mañas orgánicas nadie podrá negar que son unos maestros, pues les salieron los dientes ejercitándose en esos menesteres y llegaron a la cumbre con los armarios repletos de cadáveres de sus derrotados conmilitones. Por lo tanto, nadie pudo sorprenderse de esta decisión jubilatoria. Lo que sí resultó chocante fue ver cómo los destinados a tomar el «caldito del asilo» se encaminaron al matadero político como corderinos, cantando además la palinodia y exaltando los méritos y los talentos de quienes les daban el finiquito… con algunas excepciones, entre las que quiero contarme, que todo hay que decirlo.

En sustitución de los prejubilados y como muestra de apertura de miras, fueron apareciendo en cargos muy significativos del PSOE personas que se habían dedicado a poner, como suele decirse, «de ropa de pascua» a los «viejos» socialistas que habían gobernado en la nación, en comunidades autónomas o en ayuntamientos. Personas que estuvieron atacando con saña al PSOE hasta el mismo momento en que pasaron a vivir de él… y, lo que es más sorprendente, pasaron a representarlo en las más altas instancias institucionales.

No sé yo si Zapatero y sus amigos han sido aficionados al Nuevo Testamento. Desconozco si leen y comentan en privado los Evangelios. Tampoco sé si procuran seguir las normas de conducta que en esas sacras escrituras se recomienda a los humanos. Pero tengo la sensación de que lo único que han practicado —en lo tocante a la caridad cristiana— es la parábola del hijo pródigo… la cual, por cierto, siempre me ha parecido injusta y falta de equidad, porque en ella no se premian el trabajo y la lealtad, sino precisamente todo lo contrario.

Intentaré en las páginas que siguen dar al lector mi versión impresionista (es decir, en buena parte subjetiva) de aquellas gentes que llegaron al poder en 1982 y de aquellos avatares. Por lo tanto, este no es un libro de historia y tampoco se trata de unas memorias. Procuraré tomar la distancia que el tiempo transcurrido me permite para no caer en ajustes de cuentas, pues no tengo cuenta alguna que cobrar a un tiempo, a un país y a unas personas que forman parte —definitivamente ya— de un largo y relevante segmento de mi vida adulta.

En varias partes del libro, las más controvertidas, he querido recurrir a los escritos y declaraciones de los protagonistas, no porque crea que esas fuentes sean las más fiables sino para darles la ocasión de hablar y defenderse. Lo anterior no significa que me abstenga, como autor, de dar mi opinión sobre los hechos y las actitudes de los protagonistas. La doy, y espero que fundadamente.

Deseo que este libro se lea como una buena novela, sin pausas y sin atascos. En él he querido hablar de hechos reales y sus consecuencias generales y también personales. Desde luego, pretendo narrar desde mi particular punto de vista, el de hoy, cuando lo estoy escribiendo, y no desde mi subjetividad de entonces. En otras palabras: el autor no se coloca au dessus de la mêlée, pero sí alejado ya de la batalla. Dicho de otra forma: espero y deseo que el tiempo haya ejercido sobre el relato el papel de «gran escultor», tal como lo anunciaba el título que dio Marguerite Yourcenar a uno de sus ensayos.

En cualquier caso, el lector sabe que recordar no es volver a vivir. Los recuerdos son recortes, trozos de nuestro pasado y a menudo brotan sin que uno sea consciente del porqué. A veces como luces brillantes, otras como agujeros negros. Es frecuente que un recuerdo vaya ligado a otro, como las cuentas de un collar, y ocurre con ellos como cuando se quiere extraer una cereza de una cesta llena de ellas. Recordar es como viajar en la cola de un cometa, una amalgama de hielo, piedras y llamaradas. Es todavía un misterio cómo la mente almacena recuerdos en la memoria. ¿Por qué recordamos unas cosas y olvidamos otras? ¿Cómo recordamos? ¿Cuál es el mecanismo de selección?

«Con la memoria del pasado —ha escrito el bilbaíno Pedro Ugarte— suele pasar lo mismo que con algunos libros: guardamos de ellos un recuerdo fascinado, pero al releerlos después de mucho tiempo somos incapaces de rescatar ninguna emoción e incluso nos preguntamos, perplejos, qué fue lo que nos cautivó de aquellas páginas cuando las recorrimos por vez primera».

Del mismo modo, cada vida es como un libro cuyo argumento tejen las circunstancias, el transcurso del tiempo, los caprichos del azar y, en parte, la voluntad de su íntimo habitante. Y ya que estamos en ello, haré una confesión personal que muchos compartirán: a partir de los cincuenta años aparece en nosotros la sensación de que la vida se va adelgazando y que lo seguirá haciendo hasta disolverse en la nada… ¡todo ha sido tan rápido! Pero más tarde vuelve la vida a tomar grosor gracias a una presencia insospechada, inesperada y creciente: nuestro propio pasado. Al fin y al cabo, quizá tenga razón Martin Amis cuando afirma que «la vida no tiene tiempo para los artefactos de ornamentación o para las intensas estilizaciones del realismo, porque la vida no es un zapato de salón, con su tacón estrechándose hacia abajo. La vida es, al cabo, la pezuña anodina que tienes al final de la pierna. La vida, en fin, se va haciendo a medida que transcurre. Nunca puede reescribirse. Nunca puede corregirse».

«La vida, en efecto —nos recuerda el ya citado Ugarte—, no solo cambia por el transcurso del tiempo: también cambia el modo de recordarla, de calificar lo que ha ocurrido y de calificar nuestra conducta. Y en esa evolución luchamos con nosotros mismos, contra nosotros mismos, juzgando lo que fuimos o lo que hicimos o el modo en que lo hicimos, según criterios cambiantes, siempre presuntamente honestos pero a menudo radicalmente encontrados. Se trata de un tenaz diálogo interior; un diálogo que tiene lugar en el fondo de la conciencia y del que nada saben los de fuera; un diálogo lleno de réplicas y contrarréplicas, de enunciados firmes o imprecisos, honestos o cínicos, piadosos o crueles, de exaltaciones, de argumentaciones y de excusas».

Conviene tener todo esto en cuenta al leer las páginas que siguen.

PRIMERA PARTE

RENOVARSE O MORIR

Primera memoria

Recuerdo —aunque algo difuminado— el primer encuentro con Felipe González en el verano de 1963 (o quizá fuera el de 1964), durante la mili que ambos cumplíamos en Montelarreina (Toro, Zamora) como «alumnos» de la IPS (Institución Premilitar Superior), un servicio militar pensado para universitarios y consistente en pasar dos veranos (junio, julio y agosto) en un campamento para concluir el servicio, una vez acabada la carrera, con cuatro meses más de prácticas en un cuartel.

Tengo ante mí unas cuantas fotografías de Montelarreina, junto al Duero. Un privilegiado campo ribereño del que los allí residentes obteníamos escaso provecho lúdico, pues estaba prohibido bañarse en el río. Siempre tuve la sensación —como casi todos los allí congregados— de estar perdiendo el tiempo, pero, eso sí, perdiéndolo reglamentariamente.

Los días comenzaban con la dudosa luz del alba y concluían al anochecer con una cena que recibía ese nombre más por la hora en la que se servía que por el contenido de aquellos manjares que se nos daban (también en el desayuno y en el almuerzo) bajo pomposos nombres y con escasa enjundia nutritiva. Por ejemplo, los «filetes imperiales» (se trataba de algo parecido a los filetes rusos, pero un soldado español no podía engullir algo con el nefando apellido de «ruso»). Serían «imperiales», pero estaban requemados como suelas de zapato, tanto que ni el Charlot de La quimera del oro se hubiera atrevido a hincarles el diente. O la «ensaladilla nacional» (que no «rusa»): unas patatas mal cocidas y peor aliñadas, donde la mayonesa había huido a mejores tierras… En fin, tampoco era fácil cocinar para seis mil muchachos hambrientos en unas cocinas casi improvisadas. Por eso las familias enviaban paquetes con latas de conservas, chorizos y otras delicatessen que los convivientes bajo la misma lona compartíamos precisamente antes de la cena.

Entre esas fotografías militares hay una, tomada por alguno de nosotros, en la que aparecemos, a esa hora de la merienda, de pie y en traje de faena. La foto es en blanco y negro, pero las manchas de grasa y otras suciedades aparecen con suficiente nitidez sobre camisas y pantalones, lo cual, junto a nuestro aspecto escasamente marcial, nos asemeja a una cuadrilla de facinerosos o, en el mejor de los casos, a un grupo irregular de militares que acaban de ser hechos prisioneros. En otra de esas fotos se me ve besando la bandera el día de la jura, acontecimiento que nos daba derecho a una semana de permiso. Me veo flaco, con gafas de concha y el pelo corto, mientras acerco los labios a la enseña, sujetando el mosquetón (un máuser de la Guerra Civil) con la mano derecha mientras que en la izquierda —las dos enguantadas de blanco— sostengo la gorra (o «prenda de cabeza», como le gustaba decir al coronel que nos mandaba, evitando así el sonido de la erre, con el que tenía algunos problemas de pronunciación). Aquel año, a los de Artillería, arma a la que fui adscrito, nos suministraron unos machetes de una largura descomunal y así aparecen en la foto, calados a la bayoneta durante el desfile, mientras la vaina colgaba en el lado izquierdo del cinturón.

No creo que la mili constituya un acontecimiento memorable; pese a eso, la mayor parte de los varones de mi generación sigue contando anécdotas diversas: novatadas y otros valerosos hechos, reales o imaginados. Nunca entendí la querencia a contar esos chascarrillos y cuando alguien la practica delante de mí, no sé por qué, me siento incómodo, y aunque no quiero caer aquí en el mismo defecto que critico, reseñaré a continuación un recuerdo de entonces que tiene relación con González.

La militancia vespertina consistía en ciertas reuniones organizadas por algunos activistas de la Universidad de Madrid (Nacho Quintana, Carlos Romero…) quienes convocaban a un grupo de amigos de la misma cuerda antifranquista durante la hora previa a la cena para merendar juntos unos bocadillos —regados con el áspero vino de Toro, que salía de una bota— y para intercambiar opiniones (básicamente bulos políticos). Seguramente fue en una de esas sentadas donde estaba un estudiante de Derecho que procedía de Sevilla. Era un tipo alto, con notable acento andaluz, quien, desmintiendo el tópico, era corto en palabras… pero en hechos largo, como demostraría algunos años después. Se llamaba, y se llama, Felipe González Márquez.

El escritor leonés Juan Pedro Aparicio, que compartió en Montelarreina tienda de campaña con Felipe González, cuenta que este, cuando sus compañeros se quejaban del aburrimiento que sufrían encerrados en aquel campamento, solía decir: «A mí, lo que de verdad me agrada es eso que vosotros llamáis aburrirse». Quizá González había leído ya a Cioran («El tedio es un estado superior y relacionarlo con la idea de trabajo es rebajarlo»). En cualquier caso, no parece que González se haya aburrido mucho en la vida y los bonsáis o las piedras que ahora labra con buen tino dan cuenta de ello. Aparte, claro está, de que desde hace por lo menos treinta años es improbable que González haya tenido tiempo para aburrirse.

Felipe González Helguera, padre del futuro presidente, nació en Rasines (Santander). Los jóvenes de aquel pueblo crecían pensando en emigrar a La Habana, a Buenos Aires, a Barcelona o a Madrid. González Helguera lo hizo en primer lugar a la costa, para trabajar en Astilleros de Santander, luego se fue a Bilbao para ingresar en Altos Hornos. Sus dos hermanos mayores, Manuel y Pedro, se fueron a Cuba, aunque no tardaron mucho en volver. En una nueva salida hacia Cuba por Cádiz, Manuel recaló en Sevilla, donde trabajó en torno a la Exposición de 1929. Allí se casó y desde allí «llamó» a su hermano Felipe, a quien la llegada de la República había sorprendido sirviendo en el cuartel de Loyola, en San Sebastián, donde se licenció el 26 de octubre de 1931.

«Mira, Manuel, para que yo vaya a Sevilla me tienes que arrendar una finquita que tenga, al menos, doce hectáreas… Para ganar un jornal me vuelvo a Bilbao a trabajar en Altos Hornos[1]». Y el hermano lo hizo. Alquiló una finca en Puebla del Río y a ella llegó Felipe González Helguera el 20 de septiembre de 1932 para crear una vaquería. Allí le cogió la guerra y, dada su pasada militancia en Izquierda Republicana, el partido de Azaña, hubo de poner tierra de por medio y se fue a trabajar a la finca de doña Araceli Benjumea, viuda del torero El Algabeño, que era amigo de Queipo de Llano.

«Allí me pasó lo mejor que podía pasarme en un tiempo en el que no pasaba nada bueno. Encontré a Juana, empezamos a hablar y supe que me casaría con ella». Cuatro meses después de terminar la guerra, Juana Márquez Domínguez y Felipe González Helguera se casaron en la iglesia de Las Palmeras y se instalaron en el barrio de Heliópolis, en un bloque de viviendas municipales.

Era una urbanización agradable, aunque los pisos fueran muy modestos. Los patios tenían una verja que los cerraba, pero los muchachos salían e iban a jugar enfrente; casi al lado estaba el campo del Betis. Allí tuvieron sus cuatro hijos.

La primera que nació fue Maruja, el 13 de septiembre del cuarenta; después llegó Felipe el 5 de marzo del cuarenta y dos y fue niño tal como lo esperábamos, porque mi señora tenía ese presentimiento desde que se quedó embarazada; más tarde vino Lola el 18 de octubre del cuarenta y cinco; y el último, Juan María, llegó el 18 de diciembre del cincuenta[2].

Felipe conservó siempre los recuerdos visuales de su niñez en Heliópolis. Vivían en el primer piso y enfrente tenían la tapia del cuartel de automovilismo; después se cambiaron a un piso interior que daba a una piscina que nunca se utilizó.

El futuro presidente del Gobierno entró pronto, a impulsos de su madre, en el colegio Claret. Al inscribirlo, su padre declaró ante el claretiano que lo recibía que él no iba a misa, pero quería que su hijo tuviera educación religiosa:

Lo voy a educar en la religión, está bautizado, yo estoy casado por la Iglesia, no vengo a misa porque no creo en esas cosas, se lo digo a usted tranquilamente, pero también le digo que quiero que ustedes le den una buena educación. Yo también me he criado en la religión y el cura me tomó el catecismo hasta los trece años. Mi hija Maruja, la mayor, también va a un colegio religioso, al que está ahí enfrente, el de la Doctrina Cristiana[3].

En 1948 González Helguera encontró en Bellavista la casa que estaba buscando, pero tenía dificultades económicas para arreglarla:

Yo no podía vender las vacas, porque si vendes el collar no puedes amarrar al perro. Yo no podía vender vacas para arreglar la casa de Bellavista, y para trasladarnos a vivir allí necesitaba arreglarla en condiciones[4].

En efecto, tardaron cuatro años en irse a vivir allí. Al fin, cuando en 1952 se trasladaron, todo estaba a punto para una vida confortable. La vivienda tenía un cuarto de baño con agua caliente, habitaciones bien amuebladas, una cocina limpia y funcional y, lo más importante, un pozo de agua abundante con un potente motor para subirla hasta la casa y llevarla a la vaquería. La casa estaba en el número 15 de la calle Rosas, esquina con la calle Ávila 41, que era donde la familia tenía una cochera de treinta metros cuadrados. El conjunto estaba rodeado por una tapia muy alta. Las calles y caminos eran de tierra, sin urbanizar, no había alcantarillado y unos postes desvencijados llevaban la corriente eléctrica a algunas casas, no a todas. Las casas habían crecido en desorden total, como hongos después de la lluvia.

En la primavera de 1955 Felipe González Márquez tuvo su primer ataque de asma y el debut de esa alergia, que le duraría hasta el «último estirón», coincidió, quizá por casualidad, con el inicio de una devoción de esas que duran toda la vida: la afición a la lectura, que compartió con su amigo Germán Díaz Fandos, el hijo del médico del barrio, que disponía en su casa de muchas estanterías llenas de libros: Maxence van der Meersch y su Cuerpos y almas; Diario de un cura rural, de Bernanos, La montaña mágica, Los apreses creen en Dios… Más tarde se produjeron las visitas a «la rebotica» de la librería de Aguilar, donde se vendían bajo cuerda libros non sanctos. Así descubrió al Camus de El extranjero y La peste:

Escuchando los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux recordó que esa alegría estaba siempre amenazada. Porque sabía lo que esta multitud ignoraba, y que puede leerse en los libros: que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer decenas de años dormido en los muebles y en la ropa, que espera pacientemente en las habitaciones, en los sótanos, en los baúles, en los pañuelos y en los papeles, y quizá llegaría un día en que, para desgracia y enseñanza de los hombres, la peste despertaría a sus ratas y las enviaría a morir en una ciudad dichosa.

En 1955 González Márquez viajó por primera vez a Rasines para conocer a su abuela Florentina, a su tía y al tío Pedro.

En el instituto San Isidro y sin dejar de colaborar en la vaquería, Felipe González realizó el Curso Preuniversitario de Ciencias, pero aquel curso no le fue bien. Entre sus tempranos amoríos, la mala elección de la rama científica y el asma, que no lo dejó en paz durante toda la primavera, en junio cosechó su primer suspenso y en septiembre volvió a suspender. Entonces decidió cambiarse a Letras. Por entonces comenzaron sus encuentros con los movimientos cristianos, con la JOC (Juventud Obrera Católica), la rama juvenil de la HOAC, hermandad obrera que representaba el sector más progresista de la Iglesia en la vertiente social.

A pesar de sus dificultades con el Griego, en junio del siguiente curso Felipe González aprobó el Preuniversitario de Letras y obtuvo así el paso franco para su entrada en la universidad. Quiso ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras con intención de licenciarse en Filosofía pura, pero cuando se lo dijo a sus padres, a Juana no le gustó nada y a su padre tampoco:

Me parecía que iba a estudiar para algo así como capador de moscas, una cosa que no servía para nada. A mí no me importaba que estudiara o lo dejara, pero si se decidía estudiar, al menos que estudiara algo de provecho[5].

Por fin, y ante la ofensiva paterna, se matriculó en Derecho. El padre había comprado una furgoneta DKW y en cuanto se sacó el carnet de conducir González Márquez se convirtió en su conductor habitual, para traer forraje o llevar terneros al matadero. Alfonso Guerra lo ha descrito así:

Yo creo que él era tan vaquero o más vaquero que el padre. Al padre le gustan mucho las vacas y los pájaros, pero yo creo que las vacas le gustaban más a Felipe. Él era un estudiante de Derecho muy peculiar, que se llevaba por la tarde a los compañeros con él a marcar reses, a marcar becerros. ¡Una aventura, vamos! Iba a la universidad con una pelliza, que también llevó después, como abogado laboralista (…). Llegaba con una peste a establo espantosa. Obsequiaba a todos con un olor terrible, un olor de establo[6].

Hay tres detalles de ese primer tramo de la vida de Felipe González que coinciden con la mía. Uno es el olor a vacas, las vacas de mi abuelo paterno. Sí, el olor a boñiga y a hierba. Un olor seguramente poco refinado, pero que me sigue resultando grato. Un olor que, naturalmente, impregnaba los objetos de la casa y, especialmente, los tejidos. Algunas mujeres cántabras guardaban entonces su ropa de vestir en complicados cofres herméticos y perfumados, pero si uno agarraba por el talle a una muchacha para bailar un pasodoble o un bolero en una romería —sin que ambos cuerpos llegaran a tocarse—, lo normal era percibir aquel aroma de cuadra por encima de cualquier perfume que pretendiera imponerse a él. Ellas, supongo, tendrían la misma sensación con nosotros, porque al olor de cada cual se añadía el de su cuadra y no hay dos cuadras que expandan el mismo perfume.

También comparto con él ese horror infantil del ahogo que el asma provoca y que solo me aliviaba la inyección intramuscular que me ponía mi padre. El asma la agarré tirándome a un embalse en el invierno de mis cinco años. Por último, comparto el paso de Ciencias a Letras en el Preuniversitario (que rectifiqué para acabar de demógrafo y estadístico).

Mi vida coincide con la suya (y con la de tantos de nuestra generación) en la inmediata salida al extranjero para ampliar estudios: yo a París, él a Lovaina:

Mira, yo pago por mi habitación 1500 francos belgas. Mi beca es de 5000 francos, o sea 6000 pesetas al cambio actual. Me cuesta 8 francos el desayuno, 26 el almuerzo y 20 la cena. Sábados y domingos 10 francos más.

He visto dos buenas películas: La balade du soldat y Pierrot le fou de Godard. También he visto Jules et Jim de Truffaut. Excelente.

Anoche estuve en la conferencia más interesante del año. La daba un francés y habló del Tercer Mundo y la pretendida ayuda occidental a su desarrollo. Muy buena. También hay un buen programa de cine: Morir en Madrid, Tempestad sobre México, etc.

El mundo da razones para adoptar la postura que se quiera. Desde el optimismo más ciego hasta la desesperación más feroz y la más grande desconfianza. Mi postura no es ninguna de estas. No espero movimientos puros en la gente. Solo espero movimientos hacia donde sea. En este marasmo espero tener un pequeño papel y buscar mi verdad y, en la medida de lo posible, hacérsela ver a los demás[7].

Son muestras de las cartas enviadas desde Lovaina por Felipe González a Concha, su novia de entonces, y a mi juicio retratan el ambiente y la vida de un becario español que pisa por primera vez suelo extranjero y que, también por primera vez, respira el aire de la libertad.

Desde la mili no volví a hablar con Felipe González y cuando lo hice él era ya secretario general del PSOE y yo estaba a punto de ingresar en el partido.

Se acababa de formar —a impulsos del PSOE— la Plataforma Democrática, con la intención de frenar a la Junta Democrática controlada por el PCE. Jorge Martínez Reverte y yo habíamos pedido una entrevista con Felipe González para Zona Abierta (una revista teórica) y nos la concedió.

Nos dio la impresión de que aquel abogado laboralista tenía las ideas claras, los apoyos europeos dispuestos y prisa por clarificar el espacio político que —con buenas razones— él creía representar. González —muy al contrario que los jóvenes comunistas de entonces— sí creía en la existencia de «espacios políticos»… y los obreros de la Standard y los de Barreiros también lo iban a entender muy pronto, para desgracia del PCE que, como es lógico, aspiraba a obtener el voto de «la clase obrera».

«El espacio socialista se ha llenado de siglas y estamos dispuestos a clarificarlo antes de las elecciones con toda la generosidad que sea necesaria», nos dijo. Y no mentía.

El congreso (1976) que el PSOE celebró en el hotel Meliá de la calle Capitán Haya, cerca de mi trabajo en el INE, convocó a todos los socialistas del mundo, desde Pietro Nenni hasta Olof Palme, pasando por Willy Brandt o Carlos Altamirano, y convenció a casi todos los socialistas españoles dispersos de que era mejor aprovechar aquel impulso e ingresar en el PSOE y no andar «matizando» —que si socialismo revolucionario, que si socialdemocracia, que si modelo yugoslavo, que si modelo sueco—. Así que la multiplicación de las siglas socialistas que preocupaba a González desapareció prácticamente antes de las elecciones. Con una excepción: Tierno Galván y su PSP (Partido Socialista Popular).

Más tarde, ya dentro del PSOE, traté a González más de cerca, con motivo de los Pactos de La Moncloa y lo hice, paradójicamente, como «asesor económico». Pero este asunto tiene un prólogo:

Miguel Boyer siempre gozó de la confianza de Felipe González en los asuntos económicos. Físico y economista, Boyer nació en Francia durante el exilio de su familia republicana. Persona culta e inteligente, había ingresado en el PSOE durante el franquismo pero lo había abandonado —tras dimitir de la Comisión Ejecutiva— durante la Transición, quizá atraído por los aires más templados que entonces se respiraban en torno a Francisco Fernández Ordóñez y a su Partido Socialdemócrata (que acabó integrado en la UCD de Adolfo Suárez). Aires —los del exfalangismo del propio Suárez, de Martín Villa, de Rosón o de Sancho Rof— que no debieron de agradar al delicado olfato republicano de Boyer, quien acabó por saltar a tierra desde aquel barco en el que apenas había pernoctado… y poco después volvió a la «casa paterna». Antes de volver al PSOE había sido candidato a senador por Logroño (lugar de origen de su familia materna, los Salvador, entre quienes había destacado Amos Salvador, ministro que fue durante la Segunda República) en una candidatura llamada Agrupación Rioja Independiente. Tras su vuelta al PSOE fue diputado por Jaén. Pero la oposición parlamentaria y las visitas de fin de semana a los olivares jienenses no eran labores que agradaran demasiado a Boyer, quien acabó por abandonar el Palacio del Congreso en la Carrera de San Jerónimo.

Si Boyer hubiera estado en el PSOE al final de los años setenta, sin duda habría sido él el asesor de Felipe González en asuntos económicos, pero en su ausencia fue un equipo el que ocupó ese papel: el Grupo de Economistas, que nunca estuvo bien visto dentro del aparato federal, que era quien mandaba en la sede central, ubicada entonces en la calle García Morato (hoy Santa Engracia) de Madrid. Boyer no nos veía así y más tarde nos despachó escribiendo que éramos un apéndice del «aparato».

Después de legalizar el Partido Comunista durante la Semana Santa de 1977, Adolfo Suárez convocó las elecciones para el 15 de junio… y entré en la lista socialista por Madrid. Lo hice en un puesto irrelevante, pero aquella larga campaña electoral que viví «en primera línea de playa» fue lo más novedoso, aleccionador y placentero que me haya ocurrido en mí ya larga vida política.

Un par de días antes de las primeras elecciones, Miguel Muñiz, que entonces trabajaba en Telefónica, me llamó para que cenáramos los dos con Enrique Fuentes Quintana, Luis Ángel Rojo y José Luis Leal en el restaurante que entonces había en el edificio Torres Blancas, la construcción que Sáenz de Oiza había levantado en la Avenida de América. Fuentes, Rojo y Leal querían enviar a través de nosotros un mensaje a González.

A José Luis Leal lo conocí en París y aprovecharé su presencia en este relato para introducir un inserto «francés» que fue relevante en mi vida. José Luis había llegado a París procedente de Suiza, a donde había tenido que huir de una redada policial contra el FLP (Frente de Liberación Popular) en el que militaba, y se sumó al grupo de becados españoles por el gobierno francés a través de un alto funcionario de Hacienda, el señor Simonet. Joseph Simonet se había sumado a la Resistencia y, perseguido por la Gestapo, había cruzado la frontera y encontrado refugio en España, no sin antes pasar por los calabozos de la Puerta del Sol. Simonet decidió entonces que, si le era posible, en el futuro devolvería a los españoles los favores recibidos. Fue así como, al inicio de los años sesenta, consiguió gestionar un buen número de becas destinadas a extranjeros para ampliar estudios en París, y por esa vía llegamos a las orillas del Sena un nutrido grupo de licenciados españoles que habíamos puesto algunos puñados de arena en los cojinetes del franquismo mientras estábamos en la universidad. Miguel Muñiz, Blas Calzada y Crisanto Plaza fueron la avanzadilla de aquella nueva y pacífica División Leclerc dispuesta a tomar París. José Luis Leal era uno de los más connotados. Carlos Romero, Nacho Quintana, Pasqual Maragall, Ana Cabré, Juan Tomás de Salas, Carlos Lerena, Ángel Cardín, Carmen Viñuales, José Ramón Rapado, Fernando Merino, Vicente Verdú, Antonio Bort, Loli Álvarez… formaron parte de aquella animosa tropa.

José Luis Leal, que ha presidido la Asociación Española de Banca (AEB), es hijo de un almirante y, quizá por eso, fue elegido, junto a otros muchachos, como compañero de estudios de don Juan Carlos, el futuro rey. José Luis siempre mantuvo viva esa amistad, incluso durante sus años de exilio. Cuando volvió a España, curado de sus fiebres izquierdistas, consideró que sería más útil echando una mano al proyecto de Suárez que en cualquier otro sitio. Y así lo hizo, sin afiliarse a la UCD y siempre trabajando en el área económica del gobierno del que, más tarde, fue nombrado ministro de Economía.

A Enrique Fuentes lo conocía desde mis tiempos de delegado estudiantil y sabía de su voz poderosa y de sus análisis contundentes e inapelables. A Rojo —que era entonces el jefe del Servicio de Estudios del Banco de España— lo admiraba yo por sus libros.

Muñiz y yo escuchamos los argumentos, que intentaban llamar nuestra atención acerca de la necesidad de un acuerdo nacional «ganara quien ganara las elecciones». Seguramente sobrevaloraban la influencia que pudiéramos tener nosotros cerca de González, a quien ellos se referían con frecuencia, pero el déficit público, la necesidad de una reforma tributaria, el peligro de una desbocada inflación y la inaplazable moderación salarial nos sonaron a música conocida y asumible.

En cualquier caso, como miembros de un equipo informal de asesores (el ya citado Grupo de Economistas) informamos a nuestro jefe del mensaje recibido con puntualidad. «Supongo que es eso lo que quiere hacer Suárez si gana las elecciones», nos comentó González.

El discurso económico que nos habían colocado Fuentes, Rojo y Leal durante la cena en Torres Blancas se concretó pronto. Tras ganar las elecciones (el 15 de junio de 1977), Suárez nombró al primero de ellos ministro de Economía. A su impulso se debió la carta que el presidente del Gobierno envió a los distintos líderes políticos que habían obtenido alguna representación parlamentaria. En ella los invitaba a una reunión en la sede de la Presidencia para abordar juntos los problemas económicos del país. González se dirigió al Grupo de Economistas para pedirles que le indicaran quién debía acompañarlo a la reunión. Ellos (Muñiz, Joaquín Almunia, Julián Campo, Baltasar Aymerich, Luis Carlos Croissier, Julio Rodríguez) fueron quienes le dieron mi nombre.

Felipe González no estaba convencido de que aquella oferta de consenso en torno a unas medidas económicas y sociales —que luego recibió el nombre de Pactos de La Moncloa— pudiera beneficiar las aspiraciones electorales del PSOE. Temía que entre Carrillo y Suárez hubiera algo más que una buena amistad, que se tratara de una «pinza» en la cual al PSOE le tocaba el papel del jamón dentro del bocadillo. Pero «vamos a ir a la reunión con voluntad de acuerdo», nos dijo.

Quedé citado con González en la sede de Santa Engracia, para ir con él en el coche hasta el mal llamado Palacio de La Moncloa. Aquel edificio había sido el cuartel del general Kléber, de las Brigadas Internacionales (Kléber era el nombre de un revolucionario francés adoptado por el ruso Manfred Stern durante la batalla de Madrid, en noviembre de 1936) y había sido destruido. El edificio fue reconstruido en la posguerra, pero entonces los materiales eran malos, incluso para los «palacios». Es un edificio poco funcional y, aunque se han hecho reformas para adecuarlo a las necesidades administrativas, sigue siendo incómodo, sobre todo para la «familia presidencial» que se ve obligada a vivir allí temporalmente.

Acudí a la cita vestido de una guisa que, cuando veo ahora por televisión en algún documental de la época, me produce sonrojo: un jersey verde ciruela y pantalones de campana que, en verdad, resultan estéticamente detestables.

El anfitrión, Adolfo Suárez, nos recibió como si nos conociera de toda la vida. La reunión tuvo lugar en torno a una larga mesa que habían colocado en un salón con vistas al jardín y a la cercana Casa de Campo. Una vez sentados en derredor, Suárez nos dio la bienvenida y señaló los objetivos generales que se proponía alcanzar. Luego tomó la palabra Fuentes Quintana y desgranó el discurso económico apabullante que yo ya conocía desde la cena en Torres Blancas. Fuentes habló entonces, pero el resto de las sesiones, que, pienso, le aburrían soberanamente, permaneció prácticamente en silencio, dejándose relevar por Fernando Abril Martorell, quien llevó desde el gobierno el mayor peso de aquella reunión y de las que siguieron.

Yo estaba sentado al lado de Felipe González y bien sabía que este no me necesitaba para nada, aunque, cuando llegó el momento de tratar los asuntos estrictamente económicos, me cedió el turno con una frase muy suya: «Anda, diles algo». Tenía frente a mí a Santiago Carrillo y a Ramón Tamames, que lo acompañaba. Solo conocía a Carrillo a través de la televisión y pasé buena parte del tiempo observándolo. Carrillo habla con ritmo lento, pero lo más llamativo, en vivo y en directo, es su profundísima voz, que parece emitir, no desde su garganta, sino directamente desde las gónadas. Carrillo se mostró desde el primer momento muy partidario del acuerdo. Era obvio que Suárez y él habían tratado el asunto previamente; además, el apoyo de Carrillo significaba entonces el acuerdo de Comisiones Obreras. Quizá por eso, aquella misma mañana, UGT, sin conocer aún el texto, mostró públicamente su discrepancia frontal con los pactos, lo cual colocaba al PSOE en una situación incómoda. En cualquier caso, González hizo lo que creyó que debía hacer, es decir, firmar los acuerdos, pero no sin deslizar sotto voce alguna maldad contra los compañeros de UGT que pretendían madrugado.

A media mañana, Suárez interrumpió la reunión para anunciar el asesinato a manos de ETA del presidente de la Diputación de Guipúzcoa. Es fácil imaginar cómo cayó la noticia entre los allí reunidos. Manuel Fraga, amigo del asesinado, perdió los nervios, soltando una soflama que Suárez, hábilmente, se encargó de atemperar. También Juan Ajuriaguerra, el veterano líder del PNV, se mostró muy afectado y salió de la sala durante un buen rato, supongo que para hablar con sus compañeros del País Vasco.

Antes de suspender la sesión para comer, Suárez anunció que durante la tarde nos abandonaría un rato, pues tenía que recibir al almirante Massera, miembro de la Junta Militar argentina que por entonces martirizaba aquel país. Pocos días antes, yo había recibido la noticia de que Emilio de Ipola, un filósofo argentino que yo había conocido en París en 1965 y reencontrado en Chile en 1973, había sido detenido por los militares en Buenos Aires y, tal y como estaban allí las cosas, era fácil predecir lo que le esperaba.

Mientras comíamos sobre el terreno (un bufé, y con los platos sobre las mesillas del salón o sobre las rodillas) le pedí a Felipe González que hablara con Suárez sobre la detención de mi amigo. «Mejor hablas tú con él», me dijo. «Suárez es buena gente y te hará caso, ya lo verás», añadió.

Me acerqué a Suárez y le conté la historia. Me pidió que le diera un papel con el nombre y prometió ocuparse de ello.

Pocos días después los militares argentinos soltaron a Emilio de Ipola.

Emilio y su mujer, Susana Torrado, siendo muy jóvenes, habían pertenecido al minúsculo Partido Comunista Argentino, cuando aún lo dirigía Codovila, pero jamás habían sido peronistas ni trotskistas, grupos de los que surgieron, respectivamente, los Montoneros y el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), aprendices de brujo dedicados al terrorismo urbano (ellos decían «guerrilla», claro), que representaron algo más que un pretexto para que los gorilas, tras desalojar a la viuda de Perón, se hicieran con el poder y perpetraran una auténtica matanza contra sus compatriotas.

Recuerdo aquellas reuniones del Grupo de Economistas, durante las cuales González, cuando asistía, no dirigía la reunión y, a menudo, permanecía callado, sentado en una esquina de la mesa tomando alguna nota. Junto a ideas sensatas, se desgranaban allí muchas ocurrencias y más de un brindis al sol en torno a «medidas» que entonces parecían factibles, como la nacionalización de la «gran banca» (no conviene olvidar que Mitterrand la nacionalizó tras ganar las elecciones de 1982). Como correspondía a los «caminos que se bifurcan», que diría Borges, aquellas reuniones tendían a convertirse en una tormenta de ideas. Pues bien, aquel silencioso secretario general solía cerrar la reunión haciendo un resumen —interesado, sí, pero también interesante— mostrando con ello una gran capacidad para la síntesis y para la pedagogía. Buenos resúmenes y explicación política adornaban a quien era ya un buen comunicador pero que seguía siendo poco hablador, o así me lo parecía entonces.

No sé si con los años y su paso por el poder a González le cambió el carácter, pero sus actitudes respecto a sus interlocutores sí cambiaron. Cada vez más seguro de sí, la relación entre el tiempo que dedicaba a escuchar y el que ocupaba en hablar se invirtió; en otras palabras: el tiempo de escuchar a los demás se redujo drásticamente. Convencido de la verdad de sus argumentos, el González de los años de presidente se fue tornando más hablador. Nunca fue un dogmático en el sentido de dogma ideológico, pero siempre fue un convencido convincente. Parecía estar seguro no solo de la verdad de sus tesis, también de la inexorabilidad de las mismas. Quizá sea ese el resultado que el ejercicio del poder produce en cualquier persona que lo ostente. Fuera como fuera, ese cambio entre el hablar y el escuchar se produjo.

A propósito de ese cambio entre el escuchar y el hablar, me viene a la memoria una escena. Creo que fue en octubre, quizá en noviembre, de 1984, el año en el cual la Comunidad de Madrid celebró su primer Festival de Otoño.

Para dirigir la Orquesta Filarmónica de Viena en el Teatro Real había venido desde Nueva York Leonard Bernstein y el presidente del Gobierno quiso invitarlo a comer en La Moncloa. El músico aceptó encantado y allí fuimos.

Éramos cinco personas sentadas a la mesa (González, Carmen Romero, Bernstein, el consejero de Cultura y yo). Felipe, transformado en gran experto y defensor del flamenco, apenas nos dejó a los demás meter «una de canto» durante la conversación.

Tras los saludos y prolegómenos al uso, González se encaminó con rapidez al asunto:

—¿Conoce usted el cante jondo, el flamenco? —le preguntó a Bernstein.

—Algo sí —contestó, lacónico, el autor de West side story, dando así pie a la tormenta flamenquista con la que González tuvo a bien apabullarnos.

En resumen: hizo ante nosotros un repaso a una muy ilustrada y larga historia de palos, guitarristas y cantaores, para concluir con una invitación:

—Si quiere usted conocer de verdad lo que es el flamenco, véngase conmigo a Sevilla. Se lo digo en serio, le invito a que venga y yo lo acompañaré a sitios en los que se toca y canta auténtico flamenco.

—Me encantará acompañarle —aceptó el músico.

Ya en el coche que nos devolvía al centro de Madrid, Bernstein, impresionado y sonriente, dijo:

—Este hombre es un vendaval. Tienen ustedes presidente para años… ¡Qué vitalidad! Es un tipo muy simpático, ¿verdad? —concluyó.

Probablemente a causa de su salud, Bernstein nunca realizó aquel viaje a las fuentes prístinas y sevillanas del flamenco más puro, pero años después, con Bernstein ya fallecido, el escritor y crítico Marcos Ordóñez publicó un libro sobre los «años locos» de Ava Gardner en Madrid, rememorando una época colocada en el tiempo unos veinte años antes de nuestra comida en La Moncloa. En aquel libro me encontré con un eco sorprendente de aquella comida «flamenca» de 1984.

Ordóñez describía una noche de juerga —una más— en casa de la bella, en la que estaba Leonard Bernstein discretamente sentado en una esquina del salón y contemplando una acalorada discusión entre gitanos acerca del flamenco. Gentes (toreros, flamencos, noctámbulos y vividores) que, abundantes, revoloteaban en torno a la hermosa anfitriona durante aquellas juergas nocturnas. A la discusión puso término quien parecía ser el más entendido del grupo enunciando un axioma que yo también he oído alguna vez:

—Para hacer auténtico flamenco hay que ser gitano y andaluz —afirmó el tipo con contundencia.

Ava Gardner se dirigió entonces a Bernstein y le dijo:

—Leonard, ponte al piano y demuéstrale que no tiene razón.

Ordóñez dice que el neoyorquino, ante el sepulcral silencio de la concurrencia, se sentó al piano y desgranó dos o tres piezas flamencas. Luego se levantó entre aplausos, mientras quien había negado la maestría flamenca de cualquier persona ajena a la condición calé y andaluza preguntaba a los allí reunidos:

—¿Cómo es posible que este enano yanqui lo haga tan bien? ¿Dónde cono lo ha aprendido?

Yo no sé dónde ni cuándo aprendió flamenco el señor Bernstein, pero sí sé que no fue Felipe González quien le instruyó en ese arte. A La Moncloa ya llegó enseñado… y yo sigo haciéndome una pregunta que no podrá tener respuesta: ¿en qué pensaba Leonard Bernstein mientras González le ilustraba?

Las semillas

Se ha dicho y repetido que el arranque político de Felipe González y de sus conmilitones en la dirección del PSOE, fueran o no sevillanos, tiene su «mármol y su día» en el otoño de 1974 y en una localidad de la banlieue parisina llamada Suresnes, lo cual puede servir como explicación rápida, pero resulta sumamente simplificadora porque el arranque de esa «renovación» del PSOE es más complejo y merece la pena observarlo con algún detenimiento[8]. Al fin y al cabo encontramos en esa renovación la aleatoriedad y los impulsos que suelen resumirse con una palabra: destino.

Esa renovación no fue ni solo ni principalmente generacional, sino algo más… y ese arranque del cambio —imprescindible en el PSOE si este partido quería volver a ser una fuerza política decisiva en España— realizó su primer paso significativo el sábado 15 de agosto de 1970. Fue allí, en el XI Congreso del PSOE, a las diez menos cuarto de la noche, cuando Felipe González subió a la tribuna de oradores para defender la propuesta sobre «organización y estatutos» que habían presentado de consuno ocho delegaciones llegadas de España: «Nosotros —dijo— no hemos levantado los Pirineos. Nosotros no quitamos la libertad a nadie para hacer política al otro lado de la frontera, pero es en España donde ahora hay que ejercerla».

González, como es obvio, aludía a la cerrazón con la que Rodolfo Llopis y sus amigos venían ejerciendo el control absoluto sobre la actividad de los socialistas «del interior». Dogmatismo y cerrazón burocráticos con los cuales había chocado años atrás uno de los luchadores antifranquistas más tenaces: Antonio Amat, a quien traté durante mis «prácticas» militares en el cuartel de Vitoria. Su voz y su sentido del humor me llegan mientras estoy ahora escribiendo.

Tras la cuidada intervención de González muchos de los allí presentes entendieron que a Rodolfo Llopis y a sus métodos les había llegado la hora del relevo. Al final se votó la propuesta «del interior» y el resultado dejó perpleja a la vieja Comisión Ejecutiva: cuarenta y cuatro delegaciones votaron a favor de la ponencia y, por lo tanto, en contra de la Ejecutiva, y veintitrés en contra, es decir, a favor de la Ejecutiva.

Llopis no recibió el varapalo con serenidad, según Enrique Múgica: «Con gesto enfadado, agarró su cartera —grande y usada— de profesor y la arrojó con estrépito al suelo».

La derrota había sido contundente, pues conviene saber que las delegaciones llegadas «del interior» no tenían derecho de voto. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones de clandestinidad, no había forma de comprobar la existencia real de los militantes que aportaba cada delegación y el valor del voto (ponderado) de cada delegación en los congresos era igual al número de afiliados que pertenecían a esa delegación. Era, sin duda, una razón de peso, pero fue, a la postre, la manera en que se eternizaron en los cargos directivos los viejos militantes salidos al exilio tras la derrota de 1939. Primero Indalecio Prieto y más tarde Rodolfo Llopis (durante treinta años) habían ejercido de sátrapas, manteniendo, no sin esfuerzo, la llama del PSOE sobre el pebetero, pero había llegado la hora de poner aquella luz en el sitio donde más se pudiera ver, es decir, dentro de España.

El resultado de aquella votación puso también de relieve otro hecho, a menudo olvidado: muchos de los socialistas del exilio (algunos de ellos hijos de la guerra) propiciaron aquella renovación y ya en aquel congreso de 1970 presentaron una Comisión Ejecutiva alternativa. La encabezó el veterano Arsenio Jimeno y los también veteranos Juan Iglesias y Antonio García Duarte y en ella estaban los jóvenes Manuel Simón y Carmen García Bloise… todos ellos vivían fuera de España.

A Llopis ya solo le quedaban dos salidas: dirigir el partido hacia una renovación en el congreso a celebrar en 1972, dando así un paso atrás, o arrastrar los pies en maniobras dilatorias que solo le traerían desgracias personales y políticas… Y el veterano socialista alicantino escogió la segunda opción. ¿Por qué hizo eso? Quizá porque —en palabras de Valente— «uno cree tener razón por haberla tenido», o simplemente por despecho. Al fin y al cabo, todo ser humano siempre se cree maltratado, preterido e infravalorado.

El congreso de la UGT, entonces hermana siamesa del PSOE, tuvo lugar en Toulouse en agosto de 1971 y representó la puntilla para Rodolfo Llopis y sus amigos. Para hacer boca («para contarse», dijo entonces el veterano sindicalista José Barreiro), los renovadores presentaron como presidente del congreso a Paulino Barrabás, que había dimitido poco antes como miembro de la Ejecutiva… y salió elegido. Como consecuencia, los renovadores presentaron como cuestión previa el derecho a votar de las delegaciones llegadas del interior: «No he oído nombrar en el dictamen de la comisión de credenciales a ninguna de las secciones sindicales del interior que veo aquí presentes», interpeló Manuel Garnacho… y ese relevante debate se zanjó con la victoria de los renovadores. También fue rechazada la gestión de la Ejecutiva saliente.

Las dos Ejecutivas (del exterior y del interior) que fueron elegidas al final del congreso tenían un aplastante componente renovador. La vieja guardia de la UGT había sido literalmente borrada del mapa.

«A nosotros (en el PSOE) no nos pasará esto», le oyeron decir a Rodolfo Llopis quienes se sentaban a su lado en la tribuna de invitados.

Las maniobras de Llopis para retrasar sine díe el congreso del partido que, según los estatutos, tendría que celebrarse en 1972, solo mostraron la decadencia de un proyecto acabado, y no solo ni principalmente a causa del proceso demográfico. Los argumentos políticos («nada con los comunistas») o la defensa de las esencias («desbaratadas por una gavilla de jóvenes aventureros ambiciosos o de viejos despechados, cuando no de comunistas») se explican sin muchos comentarios.

Una de las excusas que encontró Llopis para crear más confusión de la que había fue un artículo aparecido en El Socialista, publicado ya en el interior, edición que había recaído en la organización de Sevilla y de la cual se ocupaba Alfonso Guerra.

El artículo de marras (mayo de 1972) se titulaba «Los enfoques de la praxis» y era un texto breve cuyo contenido no deja de ser significativo. El autor, como es fácil de imaginar, era Alfonso Guerra y comenzaba con una reflexión dizque «teórica» y de apariencia marxista:

Esta grave polémica (¿qué es primero, la praxis o la teoría?), es superada por la postura dialéctica de la simultaneidad de ambas tareas:

La formación teórica es necesaria para la ejecución consciente de la acción.

La acción en sí misma es fuente de enseñanzas teóricas.

De esta forma, teoría y práctica, opuestos-simultáneos impulsan el proceso revolucionario que colocará en el centro del poder a la clase ascendente: la clase obrera.

Pero la parte «teórica» del escrito daba, de pronto, un giro de 180 grados y pasaba a tocar pelo (¡y de qué manera!):

En nuestra propia organización se discute, se polemiza, se hacen asuntos graves de lo que solo es una cortina de humo (un ejemplo, las relaciones con otras fuerzas) que oculta el verdadero fondo de las diferencias, mientras otros militantes exponen su vida y su libertad en la acción diaria.

Los socialistas tienen pues una doble tarea que desarrollar: la lucha contra el sistema capitalista que los oprime, y la lucha contra ciertas estructuras de su propia organización que amenazan con la esterilización de sus acciones.

El artículo merece un breve comentario porque, a mi juicio, descubre una característica muy propia del autor, a quien el arquitecto y dibujante José María Pérez (Peridis) representó durante muchos años bajo el cuerpo de una avispa volando suavemente en derredor del objetivo elegido para, de golpe, lanzarse sobre él aguijón en ristre y darle un doloroso picotazo.

La reacción de la Ejecutiva del exterior al «picotazo» de Alfonso Guerra no se hizo esperar. El 30 de mayo de 1972, Rodolfo Llopis firmó una carta dirigida a los del Interior en la que, entre otras cosas, se lee lo siguiente:

Compañeros:

Hemos recibido El Socialista del mes de mayo de 1972 que vosotros confeccionáis y editáis, en cuya primera plana, seguramente a guisa de editorial, se inserta un escrito que lleva por título «Los enfoques de la praxis», escrito que nos ha producido profunda indignación.

Las afirmaciones que se hacen nos han producido estupor, ya que se tiene la osadía de querer establecer en el partido dos categorías de afiliados.

Dice el escrito de El Socialista que los militantes han de luchar contra ciertas estructuras de su propia organización que amenazan con la esterilización de sus acciones. Nosotros también creemos que hay que modificar las estructuras del partido. Nosotros estimamos indispensable, en estas horas de confusión más que nunca, el no conceder el alta en el partido a nadie sin tener garantías suficientes de su solvencia moral. Y que no se puedan ocupar puestos de dirección en el partido sino después de varios años de afiliados, a fin de evitar la existencia de dirigentes improvisados.

Hora es ya de llegar a las conclusiones que son las siguientes, después de haberse reunido la parte de la Comisión Ejecutiva residente en el exterior, convocada para examinar esa cuestión. Por unanimidad de los presentes en ella se decidió:

1.º Exigiros una rectificación pública de cuanto en dicho artículo se dice, puesto que pública ha sido la injuria.

2.º Exigiros, igualmente, la imposición de una sanción seria al autor del mismo.

3.º Como la rectificación es urgente, tratando de evitar así en lo posible que la injuria produzca los estragos perniciosos que todos debemos cortar, tanto en nuestras filas como fuera de ellas, hemos acordado también que esa rectificación debe llegarnos rápidamente, antes del día 13 de junio próximo sin dilaciones moratorias.

Los del interior se tomaron las amenazas «a beneficio de inventario». He aquí parte de la carta —redactada por Múgica— que da respuesta al requerimiento:

Comprenderéis que el peligro que se ceba sobre nuestras filas y nuestros exiguos recursos económicos no permiten convocar una reunión con el exclusivo fin de contestar a vuestro escrito.

Llopis recibiría poco después una carta de tres folios firmada por Juan (Nicolás Redondo), quien durante una reunión celebrada en su casa de Portugalete había sometido el texto a la opinión de Felipe González, Pablo Castellano, Múgica y Ramón Rubial.

Reproduciré a continuación unos párrafos de esa carta (que no pasará a la historia de la diplomacia, pero sí de la claridad). Párrafos que, a mi juicio, muestran hasta qué punto habían llegado las diferencias entre la Ejecutiva del interior y la de Toulouse:

No voy a entrar en discusión sobre el artículo (el de Guerra) pero sí rechazar el que pretendáis darle un contenido vejatorio hacia compañeros veteranos, residan estos aquí o en el extranjero, ya que ello está lejos de la realidad siendo solo imputable a criterios personales muy condicionados que ven un proceso de intenciones al margen de lo allí expuesto. Tampoco veo en dicho artículo la intencionalidad de dividir a los afiliados al partido en dos categorías, los que luchan y van a la cárcel, y los que se comen la breva capitalizando la acción de los primeros.

Conozco compañeros veteranos, aquí y allí, admirables, otros que no lo son tanto, y otros, en fin, que no valen sino para crear problemas al partido. Conozco jóvenes con gran espíritu de sacrificio, otros con menos, y otros que no sirven absolutamente para nada.

Sin la presencia del secretario general saliente (Rodolfo Llopis), el XII Congreso se celebró en Toulouse en la fecha prevista (agosto de 1972). La legitimidad de ese congreso estuvo desde el principio avalada por la presencia en él del militante que gozaba de más prestigio dentro de la organización: Pablo (Ramón Rubial).

Las resoluciones que tomó el congreso procedían de ponencias de varias provincias españolas y contenían una carga ideológica mucho más fuerte que aquella que podía derivarse del viejo obrerismo de Pablo Iglesias. Las resoluciones también subrayaban la inspiración marxista del PSOE y, naturalmente, la vigencia de la lucha de clases como motor ineluctable de la historia.

Pero una cosa eran las declaraciones teóricas y otra muy distinta lo que la nueva dirección pensaba hacer. Oigamos a este propósito lo que dijo Felipe González en su última intervención en aquel Congreso de 1972:

La Comisión Ejecutiva cree que habrán de revisarse posiciones y caminar de acuerdo con la realidad que se nos presente y no mantener posiciones ideológicas que no estén acordes con nuestra realidad social.

Una intervención premonitoria de lo que había de hacer crisis siete años después (1979) en el congreso durante el cual González se plantó y le cortó las barbas a Karl Marx con una sola pasada de navaja barbera.

La Comisión Ejecutiva que salió elegida en 1972 trabajaría colegiadamente y tendría su sede en París. Del exterior: Arsenio Jimeno, Francisco López Real, Juan Iglesias, Carmen García Bloise y Fernando Gutiérrez. Del interior estaban los vascos Nicolás Redondo, Múgica y López Albizu, los andaluces González, Guerra y Guillermo Galeote y los madrileños Pablo Castellano y Luis Alonso Novo.

Durante el mandato de aquella Ejecutiva dimitieron como miembros de la misma —nunca se ha sabido muy bien por qué— Felipe González y Alfonso Guerra, que, sin embargo, siguieron asistiendo a todas las reuniones informales, como a la decisiva que tuvo lugar en septiembre de 1973 en el Jaizkibel, un monte próximo a San Sebastián, a la que asistieron también Pablo Castellano, Guillermo Galeote, Enrique Múgica y Nicolás Redondo; en ella se preparó la ponencia política que serviría de base en el congreso de Suresnes.

Tras el congreso de 1972, a Rodolfo Llopis y los suyos no les quedó otra que preparar una escisión e intentar quedarse con las siglas, para lo cual necesitaban el aval de la Internacional Socialista (IS). Con tal fin no dudaron en aproximarse al otrora odiado Viejo Profesor.

Llopis convocó su congreso en diciembre de 1972 y en Toulouse. Con poca asistencia y la moral por los suelos, la única figura animosa en aquella sala fue la de su invitado, Enrique Tierno:

Los compañeros de Madrid, con la anuencia de mi amigo y compañero Rodolfo Llopis, me invitaron a venir a este congreso, que, de verdad, es el único auténtico congreso del PSOE y por tal lo reconozco.

Como comentario a las palabras pronunciadas por Tierno en Toulouse pueden valer las de don Quijote: «Cosas veredes, amigo Sancho», o, mejor, la cita británica tan repetida: «La política hace extraños compañeros de cama».

Quedaba por determinar la posición de la IS. Esta, en un primer momento, quiso evitarse complicaciones y envió un observador (el socialista francés B. Montanier) tanto al congreso renovador de agosto como al de Llopis (diciembre). Para acabar de complicar las cosas, Enrique Tierno había solicitado en junio de 1972 el estatuto de observador para su partido en la IS, aunque tal solicitud me rechazada dada la unanimidad de históricos y renovadores contra el Viejo Profesor.

La Comisión especial de la IS creada ad hoc para dirimir el contencioso entre «históricos» y «renovadores» recibió a una amplia delegación de los renovadores (Castellano, Múgica, López Real y Arsenio Jimeno) que propuso una solución: que la Internacional Socialista enviara una representación a España para que viera in situ lo que pasaba. Como consecuencia, viajaron a España los franceses Pierre Guidoni —que más tarde fue el primer embajador en Madrid del gobierno de Mitterrand— y Antoine Blanca, los laboristas británicos Bob Edwards Jenny Little y Michael Foot y Bruno Friedrich, del SPD alemán… Tardaron nada menos que nueve meses (durante los cuales Pablo Castellano y Curro López Real no pararon de hacer gestiones) en llegar a un acuerdo. Tras «una discusión exhaustiva», los observadores llegaron por unanimidad a la siguiente conclusión:

El decimosegundo Congreso celebrado en agosto de 1972 fue un congreso adecuado, legítimo y legal, y la Comisión Ejecutiva elegida por aquel congreso es, por consiguiente, el representante legítimo del Partido Socialista Obrero Español, miembro de la Internacional Socialista.

Tras la sentencia de la IS, todo quedó dispuesto para el gran salto hacia delante: Suresnes.

Suresnes, una ciudad de la banlieue parisina, reunía condiciones muy favorables para la celebración de un congreso que iba a ser, eso se pretendía, la consagración del nuevo socialismo español: estaba cerca de París y eso facilitaba, entre otras cosas, el transporte de los asistentes. Además, tenía un alcalde socialista, Robert Pontillon, que era miembro de la dirección del PSF. Pontillon puso a disposición del congreso el teatro Jean Vilar, edificio que reunía óptimas condiciones, incluida una amplia y hermosa sala central con un magnífico patio de butacas, amén de otras salas idóneas para los debates en comisión.

Votada la composición de la mesa, esta quedó presidida por José Martínez Cobo y vicepresidida por Andrés (Alfonso Guerra), quien, según algunos asistentes, no estuvo un momento quieto, yendo de acá para allá y ejerciendo un control que resultó decisivo.

El saludo que dirigió Francois Mitterrand a los asistentes resultaría premonitorio:

A nosotros nos parece que sois un partido con buena salud, lleno de ardor y sabiendo prepararse para responsabilidades que todo demuestra están próximas. Y cuando decimos próximas no hablamos de un mes o semanas, sino de pocos años, tal vez dos, tres o cuatro. Lo importante es saber que esta generación no pasará sin alcanzar las responsabilidades del poder.

La resolución política apostaba por «la ruptura democrática» y, por lo tanto, proponía un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas opuestas al régimen, pero lo hacía con cautela:

En todo acuerdo se paga siempre un precio que consiste en el desdibujamiento parcial de la imagen política del que pacta. Por esto el PSOE, que está haciendo un esfuerzo de clarificación dentro del confuso clima político del país, medirá con sumo cuidado las consecuencias de cada pacto.

Pero no todo fueron allí acuerdos «razonables». Por ejemplo, a la hora de abordar los aspectos territoriales del futuro Estado democrático se desbarraba sin medida: se apostaba por «una república federal» y se hablaba de algo mucho más radical: «Del derecho a la autodeterminación para que cada nacionalidad decida el tipo de relaciones que quiere mantener con el resto de los pueblos que integran el Estado español» (sicy resic)…

Eso sí, todos aquellos disparates se harían salvaguardando la unidad de la clase trabajadora. Vamos, que se quería una clase trabajadora única dentro de un Estado destruido. Claro que unos meses después y haciendo especial mención a la elección entre monarquía o república, la Comisión Ejecutiva «aclaraba»:

Aunque el congreso se ha pronunciado en la resolución sobre nacionalidades ibéricas por la forma del Estado que debe de adoptarse, la República Federal, el PSOE considera que esta es una opción, pero será el pueblo —el principal protagonista en el derrocamiento de la dictadura— quien escoja el sistema de gobierno.

En resumidas cuentas: con más realismo, todo se dejaba en manos de la futura Constitución.

Como nos recuerdan los hermanos Martínez Cobo en el libro ya citado, entre el congreso de agosto de 1972 y el de Suresnes «empezó a florecer en labios y escritos de militantes un nuevo vocabulario» —muy propio de aquellos días, añado yo— donde comenzaron a plantearse diferencias y matices nuevos. Por ejemplo, entre «socialismo revolucionario» y «socialdemocracia», entre «reformismo» y «dictadura del proletariado»… Definiciones que sirvieron para calificar también a los miembros de la Ejecutiva elegidos en agosto del 72. Así, Múgica y Pablo Castellano fueron motejados de social-demócratas y los vascos Redondo y Rubial, el asturiano Agustín González o los exiliados José Barreiro y Arsenio Jimeno como «pablistas». González y Guerra tuvieron que soportar ser colocados (¡gran visión!), en el ala izquierda del partido.

En el séptimo y último punto de la resolución política aprobada en Suresnes se abogaba por «el carácter marxista y revolucionario» del partido, al mismo tiempo que se recordaba el objetivo esencial de dicha concepción, es decir, «la toma del poder político y económico por la clase trabajadora».

Ante los argumentos de «contraproducente» y «restrictivo», los proponentes retiraron el punto, pero «el debate» se volvería a plantear —y con éxito para los radicales— en el siguiente congreso, que se celebraría en Madrid tras la muerte de Franco.

Preguntado al respecto, Felipe González aseguró entonces que «a nadie se puede ni debe pedir profesión de fe para incorporarse al partido… la dogmatización marxista es la antítesis y la destrucción de cualquier planteamiento socialista concreto». Pero, como ya se ha recordado aquí, no acabaría en 1974 el rompedero de cabeza en el que acabó por convertirse el debate sobre marxismo, sí, marxismo, no.

Con Franco metido ya prácticamente en la UVI, había llegado la hora de que la dirección del PSOE radicara de nuevo en España y así se acordó. Arrastrando el sistema de dirección colegiada estipulado en el congreso del 72, pareció conveniente no crear una secretaría general y denominar al líder, simplemente, primer secretario. ¿Quién iba a ser? Muchos pensaron que el elegido sería Nicolás Redondo. Así lo describió Luis Yáñez algún tiempo después:

Nicolás Redondo reunía todas las condiciones teóricas: llevaba veinte años en el partido, metalúrgico, un hombre con personalidad, recio, hijo de militantes socialistas —lo que contaba mucho en aquella época—, con mucha entrega y mucho prestigio en el partido.

Pero Redondo se negó.

A mí me llaman y me dicen: «Te vamos a nombrar secretario general». Y yo digo que no. Cada uno se conoce y sabe lo que puede dar de sí. A Felipe le digo: «Te voy a proponer…». Él no quería serlo, por delicadeza o por lo que fuera.

Según los testigos presenciales, el diálogo que se produjo entre Redondo y González no fue muy largo:

—Yo me ocuparé de la UGT y tú del partido —sentenció Nicolás dirigiéndose a Felipe.

—Vamos, no jodas —respondió el sevillano.

En Las mil y una noches se lee que todo hombre lleva su destino escrito en la frente y que su carácter y su naturaleza no son sino la expresión de ese destino, pero la corta conversación entre González y Redondo conduce a una conclusión muy distinta: la casualidad —una oportunidad inesperada o, como en este caso, una renuncia— puede orientar el destino humano mucho más que aquello que los dioses hayan podido grabar en nuestras frentes. Fue así como Felipe González fue elegido secretario general del PSOE. Tenía treinta y dos años.

Las diferencias entre Pablo Castellano y los sevillanos ya se habían manifestado antes de Suresnes y cuando González fue propuesto como secretario general, el madrileño no dejó de mostrar sus reticencias, y no fue el único: Francisco Bustelo y el veterano Juan Iglesias lo hicieron también, aunque todos ellos, a instancias de Nicolás Redondo, acabaron por aceptar un puesto en la nueva Comisión Ejecutiva. Para Pablo Castellano, la Ejecutiva fue el resultado de un pacto entre vascos y andaluces que él mismo motejó —y con éxito— como «pacto del Betis».

Redondo lo desmentiría con estas palabras: «Lo del pacto del Betis fue algo que se inventó Pablo Castellano. Son cosas que ocurren en la vida; te inventas una historia y terminas creyéndotela».

Castellano ocupó en aquella Ejecutiva la Secretaría Internacional y Francisco Bustelo la de Formación. Pocos meses después, en marzo de 1975, ambos dimitieron de sus cargos alegando «las ansias de hegemonismo de una parte de la Ejecutiva». Fueron reemplazados, respectivamente, por Luis Yáñez y Luis Gómez Llórente.

Pablo Castellano, abogado de gran prestigio en el foro madrileño, buen orador, hábil y con gracia, era versátil e inteligente y había representado en Madrid durante años la voz y el alma del PSOE. Acabó liderando poco después a «los críticos» y luego fundó la tendencia «Izquierda Socialista». Su historia dentro del PSOE fue, seguramente, la historia de una frustración política, no personal.

Nuestros penosos antecedentes penales

En la treintena de su edad, Felipe González, Alfonso Guerra y los hoy setentones recordarán —recordaremos— aquellos años finales de la década de los sesenta e inicio de los setenta como sucede siempre con los recuerdos que se refieren a los treinta años de la vida, ya se hubieran vivido en 1968 o en 1868: como un denso tapiz de ritmos vitales, de peleas ideológicas o de amores locos. Un tapiz que —lo ha escrito la novelista A. S. Byatt— resultó ser como «una red de pesca con los hilos flojos, que solo había retenido en su malla brillantes y estrafalarios objetos de plástico, mientras que todo lo demás se había escurrido y vuelto a las indiferenciadas aguas del océano».

Mas, fuera como fuera, los acontecimientos decisivos para la vida personal de sus protagonistas y para el partido que iban a dirigir es preciso colocarlos en su contexto y este no se puede entender sin la explosión del 68, incluida en ella la invasión de Checoslovaquia por parte de la URSS, la guerra de Vietnam y la ilusión y el posterior desastre de Allende y de la Unidad Popular en Chile. Sin olvidar la geográficamente más cercana y significativa «Revolución de los claveles» portuguesa (1974), que en el momento del Congreso de Suresnes estaba en plena ebullición, debatiéndose entre las posiciones neorevolucionarias lideradas por algunos militares (Otelo Saraiva de Carvalho, Antonio Rosa Coutinho…), el viejo estalinismo del PC portugués, dirigido aún por Álvaro Cunhal, las más templadas prooccidentales y socialdemócratas de Mario Soares y una derecha democrática que pugnaba por nacer entre tanto ruido izquierdista. Una revolución que había acabado con el colonialismo portugués, había nacionalizado la banca y estaba pariendo una constitución democrática, sí, pero —como se decía entonces— difícilmente homologable con las vigentes en Europa.

Será obvio, pero es necesario recordar que cada ser humano tiene su personal, única e intransferible experiencia y que sería abusivo meter a todos los protagonistas de aquel nuevo PSOE en el mismo saco, por eso conviene traer aquí alguna muestra de la educación política e ideológica que sirva, al menos, para dar una idea de la magnitud que representó aquel salto desde la utopía revolucionaria (y dogmática) al pragmatismo que exige cualquier sistema político democrático. Lógicamente, la muestra que tengo más a mano es mi propia experiencia… y, aunque me repugna hablar de generaciones, algo sí había de generacional en nuestro aprendizaje y también en nuestras virtudes cívicas, que alguna debíamos de tener.

Y ahora, al rememorar aquellos días y aquellos impulsos políticos me siento especialmente concernido por mi juventud «francesa». «Francesa» en el sentido cultural e ideológico. En mí influyó más que cualquier otro pensamiento el de la intelectualidad francesa de izquierdas. Además, viví en París como estudiante desde 1965 hasta agosto de 1967, es decir, hasta la víspera de «los acontecimientos de mayo». También dediqué muchas, muchas horas (¿o he de decir que las perdí?), a empaparme de los clásicos y no tan clásicos marxistas, aunque, para decirlo todo, también aprendí a apreciar y practicar el rigor que entonces se vivía en las universidades francesas.

Durante mis años de juventud y aprendizaje, primero en Bilbao y luego en París y en Madrid, tuve una convencida devoción por el marxismo y no solo como militante, también como activista político contra una dictadura que —para quienes la soportábamos— amenazaba con ser inmortal, pues aquel general de voz aflautada (que estaba convencido de poder pasar a la historia por todas las virtudes de las que carecía) no daba señales de querer morirse.

Muchos llegamos a creer (o casi) que el marxismo, es decir, «el materialismo histórico», era una ciencia al estilo de la física. Una ciencia que había tenido en Karl Marx a su Copérnico y también a su Newton. Tratábamos de hacer con esa poderosa arma, «científicamente», la revolución que nos traería, a impulsos del proletariado, un mundo libre al fin, es decir, sin clases. Sin explotación del hombre por el hombre.

El marxismo había movido en el pasado muchas conciencias, incluso había sido capaz —revolución mediante— de crear unas sociedades sin capitalistas, por ejemplo, en Rusia y en China. Claro que mirábamos a esos países con no pocas reticencias, pues sabíamos que allí no había, ni por asomo, libertades civiles… aunque tampoco existían banqueros. «Vaya lo uno por lo otro» era, quizá, nuestra justificación de lo injustificable.

Al evocar ahora a «nuestros maestros» de entonces no soy capaz de desprenderme de una imagen inmediatamente posterior a aquel mayo de 1968. Es la de Jean Paul Sartre, ya muy mayor, con una chaqueta de las llamadas de sport gris y pasada de moda, rodeado de jóvenes y vendiendo en una calle de París un libelo maoísta titulado La causa del pueblo (¡nada menos!).

Mientras el populacho, apoyado por las más altas magistraturas del Estado chino, con Mao a la cabeza, se dedicaba a maltratar de las más viles formas a los profesores e intelectuales de su país, incluyendo a simples oficinistas, una parte de la inteligentzia francesa se hacía lenguas a favor de la proletarización impuesta por una sedicente «revolución cultural», cuyos objetivos verdaderos no eran otros que la toma del poder por una pandilla de forajidos políticos, la «Banda de los cuatro».

Pero más allá de los dazi-baos chinos, en París los había imaginativos y también decididamente idiotas. Unas muestras:

«Sé intolerante con la intolerancia represiva».

«Los planes de estudio son represión. Escapa del monstruo».

«Los estudiantes son el nuevo proletariado».

«No te sometas a la educación. No dejes que te lleven del ronzal».

«Si, como dice Freud, la cultura es represión, entonces abajo la cultura».

«Toma píldoras. Acaba con las enfermedades».

«Lo único que necesitas es tu ombligo».

«Intenta no pensar».

«El arte es un orgasmo».

«Nunca confíes en alguien mayor de veinticinco años».

«Lo personal es político».

«Cuando pienso en la Revolución me entran ganas de hacer el amor».

«Lo queremos todo y ahora».

El historiador británico de origen centroeuropeo y judío Tony Judt[9] lo ha descrito sin ira y sin nostalgia:

Para una revolución de verdad, por supuesto, había que ir a París. Todo era tal como debía ser: auténticos adoquines (o suficientemente auténticos para los participantes), violencia auténtica y, de vez en cuando, víctimas auténticas. Pero, por otra parte, nada parecía ser suficientemente serio: incluso entonces me resultaba difícil creer que debajo de los adoquines estuviera la playa (sous les pavés, laplage), y aún más que una comunidad de estudiantes descaradamente obsesionados con sus planes de viaje para el verano pudiera hacer una revolución.

Sea como fuere, al final no ocurrió nada y todos nos volvimos a casa. En Alemania, «revolución» significaba algo muy diferente. Nadie se divertía. A los ojos de un inglés, todos se mostraban indeciblemente serios, y alarmantemente preocupados por el sexo. Esto era algo nuevo: los estudiantes ingleses pensaban mucho en el sexo, pero lo practicaban poco; los estudiantes franceses eran mucho más activos sexualmente (o así me lo había parecido) pero mantenían la política bastante separada del sexo. Excepto para la ocasional exhortación de «haz el amor y no la guerra» su actividad política era intensamente —incluso absurdamente— teórica y seca. La participación de las mujeres, en caso de haberla, consistía en hacer café y compartir la cama.

Más allá de este folclore propicio a la caricatura y al sarcasmo, la verdad es (y resulta triste recordarlo) que aquellos «queridos maestros» acabaron como el rosario de la aurora.

Louis Althusser era un profesor de la Ecole Normal que vivía en una residencia universitaria de la Rué D’Ulm y por aquellos días era el gurú del «marxismo estructuralista», un pensamiento con gran prestigio entre la progresía universitaria, dentro de la cual brillaban con luz propia muchos de los alumnos normaliens de Althusser que se habían pasado al maoísmo. En el otoño de 1966, siendo yo estudiante en la Sorbona, lo visité —con ocasión de un acto que estábamos montando en solidaridad con los demócratas españoles— en su residencia de la Rué D’Ulm para pedirle su apoyo.

El filósofo, de mirada perdida, camisa gris mal planchada y pantalón del mismo color, me recibió en pantuflas en lo que parecía una celda conventual. En efecto, todo en aquel recinto tenía aires monásticos. Una cama grande, un armario, dos sillas, una biblioteca a rebosar y una puerta que, seguramente, daba al baño. Al fondo de la habitación, otra puerta corredera desembocaba en un despacho con su silla y mesa de trabajo orientadas a un jardín otoñal. Dos sillones de orejas y una mesa baja poblada de libros completaban la estancia. El filósofo me hizo sentar en uno de los sillones, se mantuvo de pie, leyó el manifiesto, lo firmó y me despidió. Eso fue todo.

Saqué la impresión de que sobre aquel hombre pesaba algún dolor, quizá a causa de una enfermedad física o, más probablemente, mental. Tampoco envidié su vida de intelectual abandonado en aquel reducto deprimente.

Althusser publicó en 1965 su libro canónico: Pour Marx; y en 1966, su vulgata: Para leer El capital, libros que la editorial Siglo XXI se encargó de traducir al castellano. Aquellas obras, junto a los tratados económicos de Bettelheim, fueron el alimento de un marxismo juvenil y dogmático al que se había adscrito con mayor o menor entusiasmo una buena parte de la juventud española de izquierdas de la época.

Algo más tarde, una alumna de Althusser llamada Marta Harnecker —una chilena a quien por entonces yo solía ver predicando la buena nueva a sus fieles latinoamericanos en el restaurante universitario de Mabillon— escribió un par de catecismos althusserianos que se vendieron como churros entre los aprendices castellanoparlantes de marxismo a un lado y otro del Atlántico.

Pero ¿quién era Althusser?

Su mentalidad torturada y tortuosa, de la que habría de dar cumplidas muestras, le había llevado desde Acción Católica —en la que militó antes de la Segunda Guerra Mundial— al Partido Comunista Francés, el más estalinista de Occidente. De ahí —y de la mano de algunos de sus alumnos— pasó al maoísmo, para retornar definitivamente al catolicismo en los últimos días de su vida. No por casualidad en aquella biblioteca de la Rué D’Ulm estaban los libros de Santa Teresa de Ávila acompañados por las Obras escogidas de Lenin.

En lo que se refiere al marxismo althusseriano, este logró envolver con los ropajes del estructuralismo a pensamientos tan envejecidos como Sobre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, cuyo autor era Josep Stalin. Eso sí, con un toque psicoanalítico vía Lacan, de quien Althusser había sacado el concepto de sobredeterminación.

Althusser y los suyos hablaban de «inversión», de «puesta sobre sus pies», de la dialéctica idealista y hegeliana en materialista y marxista. Incluso fueron más allá y sostuvieron, siguiendo a Bachelard, que hacia 1845 se había producido un corte epistemológico entre el joven Marx —que según ellos no era todavía marxista— y el Marx de la madurez. De esta guisa, los althusserianos descubrieron en El capital conceptos y verdades que su autor ignoraba.

Las contradicciones sociales tenían, según Althusser y sus seguidores, su origen y fundamento en las leyes de la materia. Para ellos, la conciencia no era sino un mero reflejo de la acción humana, un producto fatal. El marxismo, en sus manos, abandonaba al fin la filosofía para convertirse en una ciencia con fundamentos parejos a los de las ciencias de la naturaleza.

Tras asesinar a su mujer, estrangulándola con un pañuelo de seda, Louis Althusser fue recluido en un convento, donde murió en el seno de la Iglesia Católica. Pero antes habría de escribir sobre sí mismo unas confesiones que destruyeron definitivamente el crédito que le podía quedar. «Soy un ser —escribió— lleno de artificios e imposturas… y nada más. Un filósofo que no conocía casi nada de historia de la filosofía y casi nada de Marx… Raymond Aron no estaba equivocado al hablar de Sartre y de mí como “marxistas imaginarios”».

Un final de traca para una gran impostura que colonizó —¡y de qué manera!— a una parte de la izquierda y no solo en Francia, pues por nuestros pagos abundaron también los traductores-introductores.

El final trágico de Althusser no fue una excepción en aquella generación de maestros, fue una epidemia. También ocurrió con su contradictor más relevante dentro del PCF, Roger Garaudy, con quien Althusser sostuvo en La Nouvelle Critique, la revista teórica del PCF, una larga controversia que había comenzado en 1955 y que concluyó en 1966.

Garaudy, promotor del diálogo cristiano-marxista, no acabó como Althusser en las filas de la Iglesia Católica, con cuyos miembros tanto había bregado Garaudy, sino que, después de abandonar el PCF, abrazó la fe… pero la del islam.

A finales de 1979, Nikos Poulantzas, el más político de todos los «jóvenes estructuralistas», agarró sus obras y, con ellas en los brazos, salió al balcón y se arrojó a la calle desde el décimo piso de la torre de Montparnasse. El año siguiente, 1980, resultó aún peor para aquella influyente tropa. En enero, Lacan disolvió la Escuela Freudiana; Althusser murió en diciembre y a Roland Barthes lo atropello un camión y lo mató. En 1981, Lacan moría afásico y en 1984 Foucault se extinguió, víctima del sida. Gilíes Deleuze se suicidó en 1995…

La fiesta postestructuralista había durado poco más de una década. Solo Lévi-Strauss, el padre fundador —negado por sus seguidores marxistas a quienes él, por cierto, despreciaba— los sobrevivió a todos en una tranquila y prolongada vejez.

Tampoco el «fin de fiesta» de Marta Harnecker fue como para tirar cohetes. Tras su periplo francés regresó a Chile y allí dirigió, después del triunfo de Allende, el influyente semanario Chile hoy. Su atractiva figura de entonces (era una chica, en verdad, muy «neumática») la podemos ver, mientras «mitinea», en el famoso documental de Patricio Guzmán La batalla de Chile. Después de sufrir —como todos— el golpe militar del 11 de septiembre (1973), la Harnecker se exilió en Cuba y en aquella isla se casó con Piñeiro, el jefe de la Policía Política de Castro. Y allí sigue, ya viuda, pues Piñeiro murió hace ya algunos años, en un accidente de tráfico que, según los cubanos del exilio, no fue tal, sino un atentado preparado por el régimen contra un hombre que, obviamente, «sabía demasiado».

Aunque los protagonistas del 68 parisino (y mexicano, británico, italiano…) no lo supieran, aquello no era el inicio de una revolución, ni siquiera el amago de un sueño. Era precisamente lo contrario y representaba la última vuelta del camino de otro sueño, el sueño comunista, cuyos hacedores máximos habían sido dos individuos (Stalin y Mao-Tse-Tung) que despreciaban la vida de los demás y consideraban que su sueño y la consecución de ese sueño era lo único para lo que a los demás les merecía la pena vivir (naturalmente, bajo su dictadura personal).

Hay una escena recogida (o imaginada) por Leonardo Padura[10] en la cual un bregado estalinista de los que llegaron a España con la Guerra Civil le explica a Ramón Mercader (más tarde asesino de Trotsky) —cuando este le requiere su verdadero nombre— lo que significa ese sueño:

Soy el mismo y soy diferente en cada momento. Soy todos y soy ninguno, porque soy uno más, pequeñísimo, en lucha en pos de un sueño. Una persona y un nombre no son nada… Mira, hay algo importante que me enseñaron nada más entrar en la checa: el hombre es relegable, sustituible. El individuo no es una unidad irrepetible, sino un concepto que se suma y forma la masa; esta sí es real. Pero el hombre en cuanto individuo es prescindible. Por eso hemos arremetido contras todas las religiones, especialmente el cristianismo, que dice esa tontería de que el hombre está hecho a semejanza de Dios. Esa negación nos permite ser impíos, deshacernos de la compasión: Ramón, el pecado no existe.

Más que un sueño, aquello fue una pesadilla llena de «ruido y furia», plagada de muerte e injusticias. Pero en 1968 el durmiente ya comenzaba a despertar y, aunque tardaría aún veinte años en ponerse de pie, la conciencia de la realidad poco a poco penetraba en los cerebros.

El hecho es que, durante aquellos años, nuestro sueño era la revolución y esta tenía que llegar y, por consiguiente, llegaría. Había que echar abajo el viejo orden y, en consecuencia, se echaría abajo. Pero ya no era la misma profecía propagada a finales del siglo XIX o la ya cumplida en Rusia. El marxismo se había convertido en una retórica con la que se envolvía otra sustancia: la del rechazo juvenil hacia el poder constituido, hacia el «sistema» (palabra mágica y omnipresente metáfora del todo y de la nada). Al fin y al cabo, también Sócrates y Jesucristo habían sido activistas que en su momento habían enseñado a los jóvenes cómo rebelarse y por eso habían sido asesinados por el «sistema».

En realidad, la verdadera revolución se estaba produciendo en otra parte. El ya citado Tony Judt[11] lo ha descrito con rigor:

Fue en Praga y en Varsovia, en aquellos meses del verano de 1968, donde el marxismo terminó consigo mismo. Fueron los estudiantes rebeldes de Europa Central quienes acabaron por minar, desacreditar y derrocar no solo un par de deteriorados regímenes comunistas, sino también la idea misma del comunismo. Si nos hubiéramos preocupado un poco más por el destino de las ideas que manipulábamos con tanta palabrería, quizá habríamos prestado más atención a las acciones y a las opiniones de quienes se habían criado bajo su sombra.

Muchos de nosotros acabamos trabajando en la educación o en el servicio público. Dedicamos nuestras energías a hablar de lo que no funcionaba en el mundo y cómo cambiarlo. Protestamos contra las cosas que no nos gustaban, y estuvo bien que lo hiciéramos. Al menos desde nuestro punto de vista fuimos una generación revolucionaria. La lástima es que nos perdimos la revolución.

¿Y ahora qué? Pues visto a la distancia que el tiempo nos entrega, resulta incomprensible que nos dejáramos pastorear intelectualmente por una ensoñación de la cual solo la realidad —que se abrió paso en España tras la muerte del dictador— fue capaz de sacarnos.

En aquellas fechas que aquí rememoro se movía por París un grupo de jóvenes que, entre bromas y veras, decía haber fundado la Internacional Situacionista y ninguno de nosotros, «los marxistas», se había tomado aquello en serio. Quizá nos sonaba el nombre de uno de sus líderes, Guy Debord, que había publicado un opúsculo titulado La sociedad del espectáculo, pero tampoco se nos ocurrió leer aquel librito tan alejado de cualquier ortodoxia. Al fin y al cabo, de ser algo, para nosotros la sociedad era el lugar donde se producía la lucha de clases, motor de la historia, cuyo protagonista, el proletariado, una vez tomada conciencia, solo esperaba la ocasión de poner en marcha aquel inexorable motor… Y así nos perdimos la ocasión de aprender algo verdaderamente original y lúcido, salido de una cabeza bien dotada que se movía por el mundo sin andaderas dogmáticas.

La derrota chilena, aquella tragedia física y moral en la que desembocó «el socialismo por la vía pacífica y democrática» de la Unidad Popular (UP), influyó en mí, y mucho. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque viví y sufrí el final trágico de aquella aventura que me hizo entender que para abordar cualquier cambio político en profundidad hay que contar con la mayoría de los electores y además mantener esos votos. Unos votos que, además, siempre son prestados. Aprendí, pues, el primer axioma de la democracia. El ciudadano —único propietario de su voto—, cuando llega la próxima elección siempre puede retirarnos la confianza… y muchos de quienes vivimos entonces la tragedia sobre el terreno (trabajé como funcionario de la CEPAL con destino en Santiago hasta casi un año después del golpe) llegamos a esas conclusiones. ¿Por qué? Porque muchos y altos dirigentes de la UP, comportándose como auténticos termocéfalos, creyeron poder tomar el atajo revolucionario en una suerte de ingeniería social que a la postre resultó ser nefasta.

Así fue, pero no conviene olvidar que la mayor responsabilidad en aquella tragedia, la responsabilidad histórica del desastre moral, político y humano que representó el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y la subsiguiente dictadura, cae del lado de quienes incitaron, propiciaron y facilitaron la asonada y, por supuesto, de aquellos que, saltándose la Constitución y las leyes, tomaron las armas y las volvieron contra el poder legítimo, contra la democracia y contra sus compatriotas. Es decir, cae sobre el Partido Nacional, buena parte de la Democracia Cristiana y los altos mandos militares que, con Pinochet al frente, se hicieron con el poder mediante la fuerza. También sobre el gobierno de los Estados Unidos, su presidente, Richard Nixon, y su secretario de Estado, Henry Kissinger, que, según quedó más tarde acreditado, alentaron sin recato todas las formas de la sedición, recibiendo con indisimulado contento el golpe militar.

No me extenderé más sobre el amargo recuerdo de Chile, pero debo dibujar la catadura moral del jefe de aquella sedición, Augusto Pinochet. Para ello basta con leer la carta que Pinochet le envió a su víctima, Carlos Prats[12], cuando este le dio paso para que ocupara la cúpula del Ejército.

La carta lleva fecha del 7 de septiembre de 1973, cuatro días antes del golpe, y en sus párrafos más significativos dice lo siguiente:

Es mi propósito manifestarle, junto a mi invariable afecto, mis sentimientos de sincera amistad, cimentada en las delicadas circunstancias que nos ha correspondido enfrentar… Tenga usted la seguridad de que, quien le ha sucedido en el mando del Ejército, queda incondicionalmente a sus gratas órdenes, tanto en lo profesional como en lo privado y personal.

Cualesquiera que hubieran sido nuestras influencias ideológicas y nuestras experiencias políticas, todos sentíamos la urgencia de quitarnos de encima la bota militar y la sotana sacerdotal («mitad monje mitad soldado» sería el mejor destino para los jóvenes de su generación, según José Antonio Primo de Rivera…) y ahora que el dictador estaba a punto de «entregar la cuchara» los pujos del parto anunciaban la llegada de la libertad, de los derechos civiles, que con tanto empeño se nos habían negado en nombre de una «legitimidad» sostenida sobre un solo pilar: la victoria en una cruenta guerra civil.

Pero a menudo confundimos entonces el antiautoritarismo con la negación de toda autoridad y, aunque aquella «enfermedad infantil» acabara por desaparecer, sobre todo cuando hubo que ejercer la autoridad desde la legitimidad de las instituciones democráticas, muchos de aquellos sentimientos libertarios siguieron operando en la privacidad, es decir, en las complejas relaciones que los humanos establecen con los más próximos: familia, amigos, amores…

Buena parte de nuestros padres eran políticamente neutros o partidarios de «los vencedores» y ejercían sobre nosotros, sus hijos, una autoridad tradicional: vuelta a casa antes de las 22 horas, novias que solo cuando la cosa estaba madura entraban en casa (pero jamás para quedarse a dormir). En fin, una sexualidad rigurosamente vigilada y constreñida, y para las mujeres una vida dirigida, en principio, a ser exclusivamente buenas esposas y mejores madres, aunque ya existiera un porcentaje creciente de «trabajadoras fuera del hogar» y de universitarias.

Además, una estricta vigilancia sobre las calificaciones académicas, poco dinero de bolsillo y mucho deporte al aire libre. A esto se solía añadir misa y rosario diarios y confesión y comunión semanales.

También en ese campo relevante que concierne a «la formación del carácter» y a «los valores familiares» las cosas iban a cambiar radicalmente. Claro que a estas alturas —cuando aquellos jóvenes ya nos hemos convertido en tiernos y amables abuelos— cabe preguntarse, sin ira pero sin complacencia, si el tan detestado «autoritarismo» de nuestros padres resultó, a la postre, mejor o peor que la libertaria educación que les hemos suministrado a nuestros hijos… Aunque no es bueno ni decente generalizar, permítaseme expresar aquí mis muy pensadas dudas. Cuando he escuchado —y lo he oído muchas veces— a un padre de aquella generación decir «yo soy el mejor amigo de mis hijos» he pensado: «Otro que no ha asumido la responsabilidad de ser padre». Los hijos necesitan amigos… pero de su edad, y también precisan un padre (y, por supuesto y seguramente más, una madre) y ese que dice ser tan amigo de sus hijos no quiere ejercer el papel que le asignó la biología.

Y al fin saltó el tapón que retenía aquella agua usada en la bañera nacional. Fue un largo otoño de hospitales, partes médicos y espera. Todos —incluso el moribundo— deseaban que el fin llegara ya. «Qué duro resulta morir», confesó el propio anciano.

El Réquiem de Mozart suena en la radio. Música de un masón en honor de quien tanto los había perseguido… y se oye la noticia que no podía demorarse eternamente.

La muerte oficial se había producido a las cinco y media de la mañana del 20 de noviembre de 1975. «Shock endotóxico provocado por una aguda peritonitis bacteriana, disfunción renal, bronconeumonía, úlcera de estómago, tromboflebitis, enfermedad de Parkinson… y paro cardíaco».

Nos dan tres días de vacaciones en el INE y me voy a Galicia. En un bar de La Coruña y tomando un aperitivo, todos los clientes miramos hacia el gran televisor. La cripta de Cuelgamuros está llena de uniformes y de sotanas. Vestidos con las mejores galas, sus fieles aguardan el ataúd del jefe. Al fin llega y, parsimoniosamente, con música de fondo, lo introducen en la enorme fosa. Después —no sin esfuerzo— la cubren con una gruesa losa de granito pulido que pesa dos toneladas. Cuando, al fin, los operarios consiguen encajarla en el hueco en cuyo fondo descansa el difunto, llega hasta nosotros un ruido sordo, el p/^/definitivo.

Carlos Arias, elevado por Franco a la categoría de presidente del Gobierno sustituyendo en el cargo a Carrero Blanco (a quien su sucesor debiera haber protegido de la dinamita de ETA, como ministro de Gobernación que era en aquel diciembre de 1973), fue destituido por el rey y Adolfo Suárez fue cooptado para el cargo. Suárez comenzó a moverse, ¡y a qué velocidad!

Las Cortes aprobaron una Ley de Reforma Política que significaba dar a los «procuradores» —y por su propia mano— la boleta y el finiquito. Suárez convocó un referéndum para aprobar aquella Reforma y, mientras la izquierda llamaba a la abstención, los españoles acudieron en masa a las urnas. «No veas qué colas se formaron ayer para votar», me dijo al día siguiente un amigo al que le había tocado presidir una mesa en un popular barrio de Madrid.

La Junta Democrática —que Santiago Carrillo se había apresurado a crear, intentando adelantarse a los acontecimientos— y la Plataforma propiciada por el PSOE, ante la movilidad y el empuje del exjefe nacional del Movimiento, no tuvieron más remedio que unirse entre sí y crear la «Platajunta», para olvidarse de si eran galgos (la ruptura) o podencos (la reforma) y aprestarse a enfrentar unas elecciones, que llegaron en cuanto Adolfo Suárez consiguió —no sin problemas— legalizar al PCE.

De la legalización a las urnas

Antes de que Suárez convocara las primeras elecciones, la Ejecutiva del PSOE, surgida en Suresnes, preparó el congreso del partido al que, para evitar una polémica numérica, denominó con un número romano: el XXVII. Era el primer congreso que el PSOE celebraba en España desde antes de la Guerra Civil y comenzó «sus trabajos» (así le gustaba hablar a Pablo Iglesias) en el hotel Meliá Castilla de Madrid entre el 5 y el 8 de diciembre de 1976.

El congreso fue una fiesta y también una operación propagandística. Por el estrado de oradores desfilaron los más notables líderes socialistas europeos (Olof Palme, Willy Brandt…) y también el chileno Carlos Altamirano, quien, por cierto, se libró en Madrid por los pelos de un atentado que le había preparado Augusto Pinochet.

Al término del congreso, pocos dudaron de que «el verdadero socialismo estaba allí» y muchos —en grupos, subgrupos o simplemente navegantes por libre— pidieron y obtuvieron el carnet. Entre la fila de recién llegados estábamos los pocos afiliados con los que contaba Convergencia Socialista de Madrid, entre los cuales destacaban Enrique Barón, Alfredo P. Rubalcaba, Agapito Ramos, Miguel A. Fernández Ordóñez, Miguel Satrústegui, Juan Barranco, José Barrionuevo, Jaime Lissavetzky… En la «negociación» (si así puede llamarse) la gente del PSOE fue muy generosa y nos ofrecieron «puestos» que no nos hubiéramos atrevido a pedir: dos diputados —Barón y Barranco— en las ya próximas elecciones y dos o tres miembros en la Ejecutiva de la FSM.

Pero durante aquel congreso no todo fueron alegrías para Felipe González. Para empezar, el día de la inauguración apareció en el pasillo central un joven alto, fuerte y guapo[13] agitando solemnemente una bandera republicana de tamaño descomunal. La fotografía —muy hermosa, por cierto— apareció en periódicos y revistas, y creo que también en la televisión, pero aquel paseíllo republicano ante lo más granado del socialismo internacional y los cerrados aplausos que recibieron el abanderado y la bandera tricolor no le debieron de hacer mucha gracia a Felipe González, quien, a aquellas alturas, ya sabía el final de la película: una democracia coronada… Aunque, para decirlo todo, el PSOE mantendría sus históricas posiciones republicanas incluso en la ponencia y en la comisión constitucional, aunque lo hiciera solo retóricamente.

Una anécdota puede servir para ilustrar las reticencias de González a la hora de exhibir su hipotético republicanismo. Un periodista, creo que extranjero, en una de las entrevistas que le hizo poco después de que Felipe abandonara el nombre de Isidoro, le preguntó:

—¿Qué opina usted del rey?

—Que es un hombre joven, alto, rubio y con los ojos azules —contestó González, eludiendo cualquier valoración política.

Poco tiempo después, en una reunión y ante testigos, el rey se dirigió a González para decirle:

—Oye, Felipe, acércate y mírame a los ojos.

Y cuando González lo hizo, añadió:

—Habrás comprobado que no tengo los ojos azules.

El 20 de mayo de 1977, Felipe González, acompañado por Javier Solana, acudió por primera vez al palacete de La Zarzuela para entrevistarse en privado con el rey. Durante la entrevista, don Juan Carlos le preguntó a González si ser socialista obligaba a ser republicano. En lugar de contestarle por derecho diciéndole simplemente que no, Felipe prefirió, como en las parábolas evangélicas, dar un rodeo y le contó al rey unos hechos que se remontaban a 1932 en la lejana Suecia.

Los socialdemócratas habían ganado allí las elecciones y su líder, P. A. Hansson, fue llamado a palacio por el rey Gustavo V, quien desde las primeras palabras le dijo que le iba a proponer como primer ministro, pese a que a ello se opusiera una parte de la opinión pública, porque los socialdemócratas eran republicanos. En cualquier caso, el rey Gustavo quería saber cuál era la opinión de Hansson sobre la monarquía. «Hagamos un esfuerzo por llevarnos bien y dentro de unos años me repite la pregunta, Majestad», fue la propuesta de Hansson. «Desde entonces, el socialismo sueco ha gobernado cuarenta y cuatro años en Suecia y jamás ha surgido el menor roce entre el gobierno sueco y la corona», concluyó González. La resolución política de aquel congreso tendría consecuencias, pues las posiciones más «radicales» —llamémoslas así— lograron ver aprobadas sus iniciativas consiguiendo que se consagrara formalmente el carácter marxista del partido. Una declaración que tuvo su estrambote, como algunos sonetos.

Durante la campaña de las elecciones de 1977 descubrí actitudes, comportamientos, opiniones y miradas de mis compatriotas que hasta entonces ignoraba. Me viene a la mente San Martín de Valdeiglesias, un pueblo de Madrid cercano a la raya con la provincia de Ávila, que puede ilustrar mis palabras.

Era domingo y el mitin estaba anunciado para las siete de la tarde. Carmen García Bloise, Rafael —su marido, que nos traía y llevaba en el coche familiar— y yo llegamos allí una hora antes del mitin y nos acercamos al lugar que la Junta Electoral nos había asignado para celebrar el mitin: el campo de fútbol, en las afueras del pueblo. Nadie nos vino a recibir ni a indicar qué hacer. Un equipo del PSOE había pasado por allí, supongo que esa misma mañana, para colocar un pequeño estaribel de madera junto a una de las porterías y a Carmen le habían colocado en su coche la megafonía, a través de la cual anunciamos por las calles del pueblo la próxima llegada de los oradores y repetimos hasta la náusea una docena de consignas.

La mirada de quienes tomaban la fresca en las plazas o estaban sentados a la puerta de sus casas era, en verdad, inescrutable. Pasadas ya las ocho, Carmen y yo volvimos al campo de fútbol, subimos a la plataforma… y ante la media docena de personas plantadas allí, de pie, a tres o cuatro metros de nosotros, comenzamos a hablar. Llevaba yo preparado un discursito económico que, como era evidente, allí sobraba, así que me abrí de capa por otros derroteros más cercanos y, apenas iniciado el parlamento, como en la película Despertares, se comenzó a congregar la gente hasta formar un grupo bastante nutrido. Cuando Carmen cerró el mitin sonaron incluso algunos aplausos.

La precariedad de los partidos, incluida su falta de medios materiales, era pareja a la timidez ciudadana que se observaba en las zonas rurales. ¿Por qué aquel comportamiento tan pacato, tan falto de entusiasmo? Tengo para mí que mucha de la gente que nos había visto pasar voceando desde el coche se había temido que, de un momento a otro, apareciera la Guardia Civil y nos metiera en el cuartelillo. Más tarde y a la vista de que eso no sucedía decidieron acercarse al campo de fútbol «a ver qué dicen los socialistas»… Y a lo que se ve, les debió de interesar y convencer, pues San Martín de Valdeiglesias ha tenido ininterrumpidamente alcalde socialista hasta hace muy poco tiempo.

El diseño de la campaña (supongo que a cargo de Alfonso Guerra) contenía, a mi juicio, dos mensajes: el del recuerdo, el de la vieja historia del socialismo, y el de lo nuevo, representado por un juvenil Felipe González con una camisa de cuadros. «Socialismo es libertad», rezaba el eslogan principal.

Un campo de fútbol es un espacio muy ingrato para dar un mitin. Es disperso, incómodo y, sin embargo, los mítines de apertura y cierre se dieron en sendos campos de fútbol en la capital. En el barrio de San Blas el de apertura; en Vallecas, en el campo del Rayo, el de cierre, el 13 de junio de 1977.

El primer gran mitin en el yo iba a participar con algún papel, aunque no fuera el de orador, fue en el campo de fútbol de San Blas, y aquello era un desastre: sin una brizna de hierba, plantado en medio de un páramo y sin tribuna de cemento para los espectadores del fútbol. Cuando, mucho antes del acto, me acerqué por allí, la gente de la organización estaba montando unas barracas como las de las ferias para vender o regalar chapas, mecheros, pegatinas, panfletos… Entre los organizadores estaba Jesús Prieto, que era entonces secretario general de la UGT madrileña. Jesús era periodista de profesión y en ese oficio lo había conocido yo, así que charlamos un buen rato, un tanto perplejos y llenos de dudas ante lo que se avecinaba, pero animosos y animados, como casi todo el mundo en aquellas fechas. Poco a poco fue llenándose el campo de personas dispuestas a escuchar a pie firme lo que allí se dijera. Muchos convencidos y otros sin estarlo, pero todos con curiosidad por ver y oír a aquel joven andaluz que tanto aparecía en la televisión.

Ya había anochecido cuando —con lleno total— comenzó el acto, con los candidatos arracimados encima de una improvisada tribuna de oradores. Aparte de González, no puedo recordar ni quiénes hablaron ni, por supuesto, tampoco lo que allí se dijo, pero sí recuerdo la presencia de Francois Mitterrand en aquel estrado. Iba vestido con una americana de sport y sin corbata, que había sustituido por un pañuelo oscuro de seda. Lo observé con atención durante un buen rato. Aquel hombre con fama de serio y adusto, incluso de altivo, que no entendía una palabra de las voces tan españolas que se oían en tropel a su alrededor, escuchaba a Felipe González hablar un francés con un fuerte acento hispano y lleno de morcillas, pero suelto e inteligible, y lo oía con una sonrisa franca. Luego, mientras él escuchaba —sin apenas entender, estoy seguro— a los oradores, yo no dejé de observarlo y vi que se sentía a gusto, que sonreía sin cesar mostrando sus poderosos incisivos. Se diría que estaba feliz contemplando aquella fiesta que, con razón, consideraba también suya.

El cierre de la campaña fue en el campo del Rayo Valle-cano y cuando nos hicieron subir a los candidatos desde los vestuarios a la tribuna que se había montado delante de la portería que está al este del campo, las localidades estaban ya abarrotadas y se oían voces detrás de los portones por los que se accede directamente al césped. Al parecer, la cesión de aquel espacio público se había hecho con la condición de no invadir el césped… pero cuando comenzó a hablar Felipe González, alguien —no sé si desde dentro o desde fuera— forzó las cerraduras y la gente entró en masa mientras González, haciendo de la necesidad virtud, anunciaba: «Se han abierto las puertas de la libertad». Lucía un sol madrileño de primavera.

Aquella noche, en una cena, conocí a Bettino Craxi, un tipo alto y algo pasado de peso, que tenía una charla agradable y culta y estaba entusiasmado con «el proceso democrático en España». Creí detectar allí que González mostraba hacia él gran proximidad y respeto intelectual.

Añadiré un par de apuntes personales referidos a la noche electoral. El primero resulta significativo respecto a una de las incógnitas que en aquella jornada quedaron despejadas: el mapa político de la izquierda.

Al cerrarse las urnas, me acerqué a un colegio en el Distrito de Chamberí, el Rufino Blanco, para seguir el escrutinio. No era, ni es, un barrio propicio a la izquierda y allí estaba, como apoderado del PC, un compañero de la facultad donde ambos ejercíamos de profesores. Estábamos charlando los dos cuando se presentó un grupo de jóvenes comunistas que, según dijeron, venían de los barrios del sur. Debían de pensar que yo era de la cuerda, así que comenzaron a desgranar quejas a causa de los resultados que el PC estaba obteniendo por allí. Estaban tristes, y una de las chicas lloraba. «¿Pero qué ha pasado?», preguntó el profesor. «Pues que los nuestros —contestó la joven entre hipidos— se han puesto a votar, como locos, a los socialistas».

En efecto, la dispersión de propuestas —la «sopa de letras», como se llamó entonces— se aclaró con las elecciones. El PC comprobó que se había equivocado al pensar que los votantes de izquierda eran suyos, pues el espacio político de la izquierda cayó muy mayoritariamente del lado socialista, mostrando un PSOE muy fuerte en el área mediterránea (Cataluña, País Valenciano y Andalucía) y también en las zonas industriales y en las grandes conurbaciones. Las esperanzas del PC se vinieron abajo y las de la derecha del «franquismo renovado» (Fraga y sus «magníficos») también. La apuesta del nuevo PSOE, en busca de un amplio espacio político que consideraba suyo, se acabó de saldar con éxito… aunque las elecciones las hubiera ganado la UCD de Adolfo Suárez.

Más tarde, cuando terminó el escrutinio en aquel colegio, me acerqué a la sede del PSOE en la calle que entonces se llamaba García Mor ato (hoy Santa Engracia). Subí a la sala en la cual, ante un televisor, los candidatos por Madrid, con Felipe González y parte de la Ejecutiva, seguían el escrutinio que, como era de esperar, estaba siendo lento. Allí aguardamos hasta el final, oyendo también las noticias que llegaban por teléfono de las demás provincias. Casi al final de la espera y en un aparte que tuve con González le pregunté qué le parecían los resultados obtenidos.

—Sinceramente —me contestó—, creí que, sin llegar a ganar, nos iba a ir mejor.

Y me mostró unos folios con los números obtenidos a través de una encuesta de cuya realización se había encargado Julio Feo. Les eché un vistazo. En efecto, las previsiones de aquella muestra eran mejores para el PSOE (aunque no mucho más) de los resultados que se obtuvieron al final del recuento (118 diputados) pero, a mi juicio, aquellos resultados no estaban nada mal.

Durante la campaña y sin demasiadas noticias fiables, llegué a pensar que la UCD, con Suárez a la cabeza, arrasaría en las urnas. Al fin y al cabo, era una opción segura y él era el máximo responsable de que se hubieran instalado las urnas en los colegios electorales de toda España.

Fuera como fuera, aquellos comicios dieron como resultado un espectro electoral plural, aunque no tanto como para que el Parlamento no pudiera sostener un gobierno sin tener que recurrir a la coalición.

Antes y durante la campaña electoral, la UCD se había cuidado de no anunciar si tras las elecciones impulsaría una nueva Constitución o se limitaría a proponer reformas a la legislación preexistente, lo cual me parecía —y habría sido— una barbaridad. A este propósito recuerdo haber tenido una charla con Miguel Satrústegui, muy ocupado entonces en organizar la actividad electoral de su padre (el liberal y monárquico Joaquín Satrústegui, que aspiraba a ser elegido senador por Madrid dentro de la coalición «Senadores por la Democracia», impulsada por el PSOE). Ante mis dudas, Miguel me dijo:

—Deja de preocuparte por eso. Un primer parlamento, como va a ser este, siempre es constituyente.

Y lo fue.

Ya hice más arriba mención a las consecuencias inmediatas de aquellas elecciones: los Pactos de La Moncloa. Acuerdos de contenido prioritariamente económico, pero de efectos políticos evidentes. En primer lugar, propiciaron una estabilidad creciente de los precios y atemperaron las demandas sociales. Además, colocaron a las fuerzas políticas en una situación propicia para el consenso. Un consenso que desembocaría en un pacto constitucional, que era, a no dudarlo, el objetivo más relevante y más urgente que tenía ante sí la democracia española.

El 22 de julio de 1977 el Congreso de los Diputados decidió crear la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas y el 25 de julio se eligieron sus miembros (diecisiete de UCD, trece del PSOE, dos del PCE, dos de AP y dos de las minorías vasca y catalana). El 2 de agosto la Comisión eligió en su seno una ponencia de siete diputados que se encargó de redactar un anteproyecto de Constitución. Tras medio año de trabajo realizado con criterios de confianza y confidencialidad, el 5 de enero de 1978 el Boletín de las Cortes publicó el anteproyecto de Constitución junto a los distintos votos particulares. Finalizado el plazo legal de enmiendas (se presentaron más de mil) la ponencia procedió a una reelaboración del anteproyecto, que volvió a publicarse el 17 de abril de 1978. Comenzó entonces el debate parlamentario propiamente dicho (comisión y pleno del Congreso durante junio y julio, comisión y pleno del Senado durante agosto y septiembre). El 5 de octubre el texto fue aprobado en el pleno del Senado. Tras la armonización del texto por una Comisión Mixta (Congreso-Senado), se produjo la votación final por separado el 31 de octubre de 1978. En el Congreso votaron a favor 325 (sobre 350) diputados, con solo 6 votos negativos (parte de Alianza Popular y el diputado de Euskadiko Eskerra) y 14 abstenciones (las más significativas, las del PNV). El 94 por ciento de los diputados y el 94 por ciento de los senadores votaron a favor. Con este resultado fue coherente el obtenido en el referéndum del 6 de diciembre de 1978: el sí del 88 por ciento de los votos válidos.

El rey sancionó la Constitución el 27 de diciembre y el 29 de aquel mes apareció en el BOE. Había transcurrido algo más de siglo y medio desde que se aprobó en la Isla de León (Cádiz) la primera Constitución española.

Entre una y otra fecha, España había vivido un periodo de sesenta y dos años de negación radical de derechos civiles y otro de sesenta y ocho de constitucionalismo oligárquico (liberal, pero no democrático). Solo tres décadas pueden inscribirse como democráticas: las marcadas por las Constituciones de 1812,1837,1868 y 1931.

Tomaré prestadas las palabras que ha escrito a este propósito el profesor Roberto L. Blanco Valdés[14]:

El 4 de abril de 1932 Manuel Azaña pronunció un discurso en Valencia en el que dijo: «La república no hace felices a los hombres, lo que les hace es, simplemente, hombres». ¿Quién se atrevería a tachar de ditirambo sus palabras? ¿Quién, a la vista de la historia transcurrida cuando Azaña alza la voz para defender a la República, no podría comprender esa identificación entre condición humana y régimen político? La Guerra Civil, que puso fin a la República, y la dictadura militar, con la que finalizó aquella guerra estremecedora entre españoles, se encargaron de confirmarlo de una forma tan dramática como incontestable. Y así, después del más largo periodo autoritario de toda nuestra historia, volvíamos los españoles a estar en el punto de partida: con la mayor parte de los problemas en la puerta. Solo a la luz de esta constatación puede entenderse que, tras la caída del franquismo, se produjera un gran acuerdo nacional para hacer las cosas de otro modo: la Constitución de 1978 es, sobre todo, fruto de ese afán.

Hacia el gobierno

La posición definitiva e inequívocamente democrática del PSOE, la superación de sus tics y querencias leninistas, que se habían exacerbado durante la República y la Guerra Civil, se originan, sin duda, en muchos impulsos y entre ellos la bien asentada posición de la socialdemocracia europea, la decisiva apuesta política de la nueva dirección del partido y la muy apreciable contribución de una serie de intelectuales, profesores universitarios muchos de ellos: Elías Díaz, Virgilio Zapatero, Francisco Laporta, José María Espinar, Gregorio Peces-Barba, Tomás de la Cuadra y otros (académicos o no), quienes se acogieron no solo a los pensadores clásicos, desde Max Weber a Kelsen, también a la tradición socialdemócrata española que representaron políticos socialistas como Fernando de los Ríos.

Aquel nutrido plantel de juristas consiguió crear, con el decidido apoyo de la dirección partidaria, un corpus de doctrina socialdemócrata que dotó al PSOE de una sólida base y de una estabilidad ideológica de las que, a mi juicio, nunca había gozado tras la muerte de Pablo Iglesias.

Pero aquellas posiciones ideológicas, cuya expresión política quedó meridianamente clara durante el debate constitucional, no casaban con las resoluciones congresuales que habían encorsetado al PSOE bajo la denominación de marxista y revolucionario, aunque este último adjetivo quedara envuelto en la niebla de la indefinición. Este problema solo pudo resolverlo el PSOE mediante una grave crisis.

Una vez aprobada la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978, Suárez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales para el 1 de marzo y municipales para el 3 de abril de 1979.

Respecto a las elecciones del 1 de marzo, solo haré mención de dos detalles que creo fueron significativos: la última intervención de Adolfo Suárez en televisión y la noche electoral.

Dado que solo existía una empresa televisiva (la estatal, con dos cadenas), las intervenciones en la televisión (en solitario frente a las cámaras y sin debate) eran mucho más relevantes y decisivas de lo que lo son ahora los espacios gratuitos de propaganda electoral. Pues bien, aquella noche, antevíspera del día electoral, comparecieron en la pantalla los dos líderes más significativos: Suárez y González.

En la sede que tenía la FSM (Federación Socialista Madrileña) en la calle de Tomás Bretón, una veintena de personas estábamos ante el televisor y en un silencio de iglesia vimos a un González distendido y convincente. Al final aplaudimos —no sé por qué, pues todos éramos de la cuerda— y entonces, cerrando el programa apareció en la pantalla el presidente del Gobierno hablando en nombre de su partido, la UCD. Me pareció que Suárez hablaba más deprisa de lo habitual en él y comenzó de inmediato a desgranar —solemne, decidido y un punto severo— críticas dirigidas a su principal adversario, el PSOE. Criticó la radicalidad de sus ideas, el desprecio que según él tenía el socialismo español por valores como la familia y, claro, también salió a relucir el marxismo. Aquel no era el Suárez que estábamos acostumbrados a ver, el encajador de críticas (a menudo completamente injustas), el hombre joven y sonriente del «puedo prometer y prometo»… En fin, se había transformado en un padre exigente reconviniendo al hijo díscolo y un poco tarambana. «Estos necesitan más de un hervor antes de hacerse cargo del Estado. Aún no están preparados para ello», parecía decir.

Los allí presentes nos quedamos sorprendidos.

—Suárez se ha equivocado con ese discurso tan agresivo. La gente lo está viendo sentada en la butaca del salón con la familia, y no le gusta que le amarguen la cena con unas palabras tan broncas como esas —aseguró un veterano militante.

La discusión que siguió giró precisamente en torno a si Suárez había errado el tiro o había acertado. Creo recordar que intervine en aquella conversación para decir lo que pensaba —y sigo pensando—: que Suárez acababa allí de ganar las elecciones. Al fin y a la postre, la amenaza de «que viene el lobo» siempre es un arma en manos de cualquier gobernante.

Felipe González y sus más próximos habían puesto muchas esperanzas en aquellas elecciones, quizá animados por las encuestas —que por entonces comenzaban a hacer furor, acertaran o no en sus pronósticos— que aseguraban que el PSOE las ganaría.

La noche electoral, y acabado el recuento en el colegio donde me habían enviado como apoderado, me acerqué a la sede federal y me encontré con unas caras largas que, la verdad, no me esperaba. Los resultados, a mi juicio, no eran tan malos y menos si se ponían en relación con las ya muy próximas elecciones municipales. Además, con la entrada en el PSOE de Tierno y de sus huestes del PSP se había conseguido la unidad de los dispersos socialismos hispanos.

Pero el cabreo del «mando» («el pueblo se ha equivocado», llegó a decir Alfonso Guerra) hizo que el PSOE tardara en digerir la derrota, culpando de ella exclusivamente a Suárez y muy concretamente a su discurso de fin de campaña, que se acaba de comentar aquí.

Desde el otro lado, el de UCD, Rafael Arias-Salgado lo ha visto así:

El PSOE decidió iniciar una estrategia de acoso contra el liderazgo de Adolfo Suárez, al que no perdonó el discurso de cierre de la campaña electoral en Televisión Española. Hasta después del 23-F no hubo manera de recuperar consensos. Como ejemplo más significativo: los estatutos vasco y catalán los tuvo que pactar inicialmente en solitario UCD con los nacionalistas. El PSOE se incorporó a él a posteriori, durante la tramitación parlamentaria.

Creo que el PSOE llevó esta estrategia demasiado lejos y provocó un proceso de desestabilización que puso en riesgo el proceso democrático. Hay que tener en cuenta las circunstancias del momento: duro plan de ajuste permanente desde los Pactos de La Moncloa, fuerte incremento del paro, segundo brutal shock petrolífero en mayo de 1979, grave crisis industrial, terrorismo creciente e inicio de un proceso estatutario que daba gran visibilidad a los nacionalismos y que para una parte importante de la sociedad española equivalía a favorecer el separatismo. En esas circunstancias, la estrategia sin cuartel contra Suárez contribuyó, a mi juicio, a fragilizar la estabilidad institucional.

Fueran cuales fueran las impresiones (o depresiones) de los líderes, era tal la velocidad de los acontecimientos políticos que nadie podía dormirse ni en los laureles ni en las derrotas. Las elecciones municipales estaban a la vuelta de la esquina (3 de abril de 1979) y el congreso del partido se celebraría casi inmediatamente después (en mayo).

En las elecciones municipales el PSOE obtuvo unos resultados no muy diferentes de los contabilizados en las inmediatamente anteriores generales, y lo mismo puede decirse de UCD. Pero cuando se constituyeron los ayuntamientos, gracias al pacto municipal entre el PSOE y el PC quedó instalada una impresión general muy distinta: en las grandes ciudades, comenzando por Madrid y Barcelona, fueron elegidos alcaldes socialistas, mientras que UCD se tuvo que conformar, entre las capitales de provincia, solo con Santander y el PC con Córdoba (Julio Anguita). En efecto, el PSOE «tocaba poder»… y aquello debió de atemperar muchas urgencias.

Personalmente, mi llegada al Ayuntamiento de Madrid —del que ignoraba casi todo menos su ubicación— en calidad de concejal representó mi bautismo de fuego con la política real, la de las decisiones que influían en el bienestar (o malestar) de los vecinos. Se habían acabado los juegos florales y comenzaba la partida en serio. Creo haber aprendido allí, en el Ayuntamiento, bastantes cosas acerca de mis conciudadanos y de la administración municipal… y también acerca de mí mismo. Aparte, claro está, de comprobar en mi propia carne que la acción política crea una muy especial relación entre las personas. Discusión de ideas, sí, pero también —y a menudo sobre todo— lucha de ambiciones, de odios y de amores. Y que es ahí, en ese juego peligroso, donde es preciso tener buen pulso, mano izquierda y capacidad para dirigir o imponer acciones con riesgo, pero también con discreción y templanza… Discreción y templanza que a veces (solo a veces) exigen firmeza y levantar la voz. Al fin y al cabo, la política requiere del manejo de voluntades en torno a una materia explosiva de difícil y compleja definición: el poder. Estas virtudes las tenía —y creo yo que en mayor grado que sus conmilitones— Felipe González.

Una de las nuevas experiencias que me deparó el Ayuntamiento fue conocer a don Enrique Tierno Galván y trabajar con él.

Cuando se convocaron las elecciones municipales me sorprendió una declaración de Tierno: «Yo pretendo ser un director de orquesta». En efecto, Tierno nunca quiso ser un alcalde al uso. Ocuparse de «minucias municipales y espesas» no era lo suyo, pero siempre tuvo claro que dejaría su impronta en aquel cargo. Trabajar a sus órdenes resultaba cómodo, pues raramente ponía pegas a los proyectos que se le presentaban.

Tierno, nacido en 1918, acababa de ingresar en la sesentena cuando fue elegido alcalde. Era un hombre maduro, pero, desde luego, no era viejo. Sin embargo, desde que consiguió su cátedra en Murcia, con treinta años, se le conocía como «el viejo profesor», apelativo que le agradaba. El envejecimiento como coquetería. El permanente terno gris de chaqueta cruzada con camisa blanca formaba parte de ese juego. El color del traje era el mismo, pero tenía en el armario una docena de ellos, todos aparentemente iguales, aunque los tejidos eran distintos: de verano, de entretiempo, de invierno. Tuve ocasión de verlos: Encarnita, su esposa, me los mostró no sé a cuento de qué un día que lo fui a visitar a su casa de la calle de Ferraz.

Tierno buscó, y consiguió, transformar el hecho de haber sido elegido alcalde de Madrid en una forma de expresión. La alcaldía fue durante su mandato una relación simbólica entre los ciudadanos y el alcalde. La relación descrita tenía, tras los bastidores, una explicación real. Allí Tierno conocía, con suficiente precisión, lo que pasaba en la administración municipal. En el tiempo en que fui concejal no hubo ninguna decisión de importancia en la que el alcalde no interviniera. Sin embargo, Tierno siempre buscó y encontró una expresión para cada proyecto. Además, esa expresión fue, en la inmensa mayoría de los casos, beneficiosa para «el personaje» y también para la corporación municipal.

Cuando se inició el nuevo Plan General de Urbanismo se hizo un estudio cualitativo con la participación de varios grupos testigo. De él pudo deducirse la visión que de su alcalde tenían los madrileños. En breve: Tierno era percibido como un «abuelo» indulgente y comprensivo frente al político corriente, que se suele ver como un «padre represor». Esa percepción fue ahondada y matizada con mensajes múltiples, con su presencia masiva entre la población y con la ingente cantidad de personas que Tierno recibía día tras día en su despacho. No se desentendió de nadie y ese fue su valor.

De los bandos, bien conocidos, que Tierno se gozó en redactar, no me resisto a reproducir —a guisa de recordatorio— un párrafo en el cual, con ocasión de los Mundiales de 1982, definió el balompié, y que, si la FIFA tuviera sentido del humor, ya habría introducido en sus reglamentos:

Football, expresión anglicana, que en nuestro común castellano equivale a que once diestros y aventajados atletas compitan en el esfuerzo de impulsar con los pies y la cabeza una bola elástica, con el afán, a veces desmesurado, de introducirla en el lugar solícitamente guardado por otra cuadrilla de once atletas, y viceversa.

Que algo se preparaba en torno al XXVIII Congreso del PSOE anunciado para mayo de 1979 lo empecé a maliciar el día que se eligieron los delegados de mi agrupación, la del barrio de Tetuán, en Madrid. Siendo concejal de Hacienda, miembro de la Ejecutiva de la FSM y con numerosos amigos en el barrio, nunca antes había tenido problemas para ser elegido. Hasta entonces, el sistema electoral abierto venía funcionando con candidatos individuales que se presentaban por propio deseo o empujados por otros compañeros. Pero esta vez se vio circular una lista con tantos nombres como puestos a cubrir y, aunque no pude ver esos nombres —que se repartían en mano escritos sobre medias cuartillas—, yo no estaba en aquella lista y, a pesar de recibir bastantes votos, quedé fuera de la delegación. Alguien, supongo que Alonso Puerta, entonces secretario general de la FSM, y los «críticos» que luego adoptarían el nombre de Izquierda Socialista, estaban dispuestos a copar el mayor número de puestos en las delegaciones, con la clara intención de ponerle las cosas difíciles al mando. El hecho de que Puerta y «los críticos» dejaran fuera de la delegación del barrio también a D. José Prats —veterano socialista (había sido subsecretario de Hacienda con Negrín), muy querido y respetado, y, además presidente de la FSM— olía, simplemente, a chamusquina.

En el XXVIII Congreso los delegados se eligieron aún por el método tradicional, es decir, que eran votados directamente en las agrupaciones, y su número era proporcional al de militantes de cada agrupación respecto al total de España. Si, por ejemplo, la agrupación de Tetuán representaba el 2 por ciento de la militancia total del PSOE y el congreso lo componían mil delegados, a la agrupación de Tetuán le corresponderían veinte delegados. El sistema —que sería corregido poco después— arrojaba una representación congresual tan numerosa como dispersa y, por lo tanto, difícil de manejar. Un terreno propicio para los francotiradores pero que dificultaba la formación de mayorías firmes y operativas.

La emboscada consistió en calzarle a González la bota malaya en la parte más ideológica de la ponencia política: vino nuevo, sí, pero en odres viejos, para repetir los términos que usó Paco Bustelo en su intervención ante el congreso que sirvió para ganarles por la mano a los «felipistas» en el plenario. Frente a los argumentos de «los críticos», los más moderados de Joaquín Almunia —fue él quien intervino en contra de «los odres viejos», que no eran otros que los términos «marxista y revolucionario»— y, naturalmente, los felipistas, motejados de «socialdemócratas», perdieron la votación.

No creo que Pablo Iglesias o los más jóvenes que él (Besteiro, Prieto o Largo Caballero) hubieran dedicado mucho tiempo ni a la dialéctica hegeliana ni a El capital… quizá sí al francés Guesde, que, según parece, tuvo cierta influencia sobre el fundador del PSOE y de la UGT. Mas, fuera como fuera, es un hecho que el marxismo como definición política había sido un término ajeno a las resoluciones del Partido Socialista antes de la guerra, y más a partir del nacimiento de los partidos comunistas, que elevaron al pensador de Tréveris y a su amigo y mecenas Engels a los altares.

Recuerdo a este propósito que, a poco de entrar yo en el PSOE, alguien me mostró una habitación donde yacían apilados cientos o miles de ejemplares (en una edición pirata) del manual catecismo de la chilena Marta Harnecker, y no dejó de sorprenderme que la Secretaría de Formación de un partido socialdemócrata europeo tuviera tanto amor por aquel dogmatismo.

Después de ser votadas las ponencias y con el «marxismo revolucionario» triunfante llegó la hora de componer una nueva Comisión Ejecutiva. Nadie tuvo dudas de quién estaba destinado a encabezarla; mas, para sorpresa de tirios y troyanos, Felipe González se plantó o, por mejor decir, echó el órdago. «Yo con esa resolución política no voy a ser el próximo secretario general», dijo. Y los dejó a todos con un palmo de narices.

En efecto, los primeros sorprendidos fueron «los críticos», que se mostraron incapaces de construir una Comisión Ejecutiva alternativa y viable, es decir, con un apoyo significativo dentro del congreso. Fue así como se llegó a una solución de compromiso: nombrar una comisión gestora presidida por José Federico de Carvajal y convocar un congreso extraordinario para después del verano.

A pesar de que «los críticos» habían ganado la ponencia política, el «aparato», bien dirigido por Alfonso Guerra, había conseguido cambiar el sistema de elección de los delegados congresuales, de suerte que en el futuro ya no los elegirían directamente las agrupaciones sino que serían elegidos en asamblea en cada federación regional. Una elección de segundo grado y por el sistema mayoritario (no proporcional), que traería serias consecuencias, pues permitía dejar fuera a las minorías. Los delegados regionales estarían, además, representados en el congreso del partido por una sola voz: la del «cabeza de la delegación».

Aquel de 1979 fue un verano de activismo interno, es decir, de viajes y reuniones sin cuento. La FSM estaba dividida en tres grupos (tendencias, fracciones, tribus…) y ninguno de los tres contaba, a priori, con la mayoría. Probablemente, al inicio del verano la minoría mayor la pastoreaba el secretario general de la FSM, Alonso Puerta, que, si conseguía sumar sus fuerzas a las de «los críticos», repetiría la jugada de mayo y dejaría a «los felipistas» en minoría dentro de la delegación que acudiría en representación de Madrid al congreso extraordinario. Incluso podrían, si quisieran, dejarlos fuera, pues el sistema de elección —como ya he dicho— era el mayoritario.

No sé si fue él mismo o si fue algún estratega local quien se lo pidió, el hecho es que Felipe González se pasó todo el verano trabajando en Madrid a favor de sus planteamientos, pensando, quizá, que con su presencia conseguiría dar la vuelta a una situación que, de entrada, estaba perdida.

Una vez reunidos los compromisarios en la sede de la calle Tomás Bretón, se procedió a elegir la mesa de la asamblea y se comprobó que Puerta, junto a «los críticos» —con Luis Gómez Llórente a la cabeza—, seguía teniendo la mayoría.

Le pedimos a Puerta una reunión informal para hablar francamente de la salida que habría de darse a la situación y él no tuvo inconveniente. Así que una decena de personas nos sentamos alrededor de una mesa en su despacho de la primera planta. Estuve allí y recuerdo bien lo ocurrido: ante los razonamientos de Felipe González, en los que este puso toda su capacidad para convencer, Puerta, con muy buenas palabras, eso sí, simplemente se negó y prefirió ir a la votación con dos listas. «Que elijan democráticamente los compromisarios», concluyó, no sin poner en su habla el toque cínico de quien se sabe ganador.

No creo equivocarme si digo que durante aquella reunión en el despacho de Puerta González se sintió despreciado, incluso humillado. Él sabía cómo iban constituyéndose las delegaciones congresuales en el resto de España, de donde se deducía que el congreso extraordinario iba a ser para él y para los suyos un paseo militar, y consideraría, supongo, que el secretario general, aunque lo fuera in pectore, merecía un mejor trato por parte del secretario de Madrid, que era, además, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de la capital.

Así que fuimos a la votación a cara de perro. Los felipistas madrileños, incluido Javier Solana, nos vimos antes del recuento fuera del congreso, dejando a Felipe González en la tribuna de invitados y sin poder intervenir en la discusión de la ponencia política. Pero Alonso Puerta nos tenía preparada una última vuelta de tuerca.

Para ello había pergeñado la siguiente estratagema: la inmensa mayoría de los suyos y de «los críticos» votaría íntegra la lista que ellos habían presentado, pero una minoría —los más afines, supongo— sustituiría a tres de su lista por tres de la otra lista, que fueron Felipe González, Javier Solana y Joaquín Leguina. Mas, para rizar un poco más el rizo, no repartió por igual los votos «regalados». A González y a Solana los colocó a la cola de la delegación y a mí me dieron más votos que a Puerta. Es decir que, paradójicamente, fui el más votado de los delegados. En cualquier caso, Puerta no quiso ser tan beligerante como para dejar fuera de la delegación al próximo secretario general del PSOE. Mostró su fuerza… y también su habilidad. Todo muy típico del Puerta de entonces, que era un maestro en el regate corto.

González se tomó la jugada aparentemente con humor. «Estos cabronazos te han querido hacer reina por un día», me dijo. Y añadió: «Ya veremos lo que pasa aquí, en Madrid, después del congreso extraordinario».

El congreso extraordinario celebrado en septiembre de 1979 fue, como se esperaba, un lecho de rosas para las huestes de Felipe González y Alfonso Guerra. La contundencia del nuevo sistema de votación quedó patente en la que sirvió para elegir la mesa del congreso. Allí se vio que los «críticos» solo contaban con la delegación de Madrid, que representaba, aproximadamente, el 10 por ciento del congreso. Al votar solo el cabeza de la delegación y ser este representante único de cada federación, cada vez que, por ejemplo, Alfonso Guerra —cabeza de la delegación de Andalucía— levantaba la tarjeta de votación, con ese solo gesto votaba la cuarta parte del congreso, pues el 25 por ciento de los afiliados del PSOE vivía en Andalucía.

Intervine en los debates de la ponencia política, que tomó como base muchos pasajes de la que habían aportado los socialistas catalanes, en la cual era fácil detectar la pluma de Raimon Obiols, que fue —creo recordar— el cabeza de aquella delegación… Y, naturalmente, el viejo Marx salió de allí haciendo un silencioso mutis por el foro.

El nuevo sistema electoral interno descrito más arriba dotó al PSOE de una estabilidad interna de hierro (una «jaula de hierro», cabría decir con más precisión) que, junto a los éxitos electorales posteriores, condujo a un sistema de poder interno casi inexpugnable; mas, como todo en la vida y en la política, aquella muralla, propia de una ciudadela inatacable, impedía también que se produjera la necesaria movilidad y renovación de las élites, amén de silenciar y esterilizar a cualquier minoría que surgiera en el seno de un partido que pronto se acostumbró a celebrar sus congresos «a la búlgara». Así se impuso la cooptación, y ahí sigue. Una cooptación bajo leves pero constantes presiones territoriales para colar en los órganos directivos a algún «representante» de tal o cual federación, que luego solía actuar dentro de las ejecutivas más como «observador» que como participante activo. Un sistema de representación que favorecía el hiperliderazgo, con sus ventajas e inconvenientes.

La Ejecutiva que salió elegida en aquel congreso estaba compuesta en sus piezas principales por Ramón Rubial (presidente), Felipe González (secretario general), Alfonso Guerra (vicesecretario) y Carmen García Bloise (organización).

Con un notable poder local en sus manos y una estabilidad interna bien asentada, el PSOE quedó listo para llamar a las puertas del gobierno, y lo quiso escenificar donde más se podía ver, en el Congreso de los Diputados. El 21 de mayo de 1980 el PSOE sorprendió a casi todo el mundo presentando una moción de censura contra el gobierno de Suárez.

En su exposición de motivos se describía una situación catastrófica y un gobierno a la deriva al cual, entre otras lindezas, se le acusaba de «desprecio a las reglas del juego propias de la democracia», de que «la inseguridad ciudadana va en aumento», de que «la libertad de expresión se conculca», de «falta de voluntad para enfrentarse a una situación de corrupción y de desorganización administrativa», «del asombroso incremento del número de parados», de «el deterioro progresivo de los servicios (como el de educación)», de «carencia de un proyecto autonómico» y, en fin, se denunciaba «la suficientemente probada incapacidad del presidente Suárez y su gobierno para dirigir los destinos de la nación española». Menos de la peste bubónica y de la muerte de Manolete, se culpaba al gobierno de todos los males de la humanidad, lo cual era, obviamente, una desmesura.

¿Por qué, entonces, se presentaba esta moción de censura «constructiva», cuyas probabilidades de prosperar eran prácticamente nulas? Se me ocurren dos razones: Primera, denunciar el impasse en el que se encontraba el gobierno ante la crisis institucional (el desarrollo del sistema autonómico había embarrancado) y también ante la situación económica. En segundo lugar, hacer visible a Felipe González (ya desmarxsistizado) como un líder creíble («capaz de dirigir los destinos de la nación española») y al PSOE como una alternativa de gobierno moderada y eficaz.

Y si esos eran los objetivos reales de la moción, el PSOE los consiguió.

El 28 de mayo de 1980, a las cinco menos veinte de la tarde, Landelino Lavilla, presidente del Congreso, abrió la sesión dándole la palabra a Alfonso Guerra para que defendiera la moción presentada.

Guerra hizo entonces (jugó, dicen los franceses) su papel, el de la avispa de Peridis, reclamando en primer lugar una lectura correcta de la moción y del resultado de la votación final, que —señaló— no valía lo mismo contando el número de diputados que contando los votos populares que había detrás. «Sus señorías saben que hay una cierta disfunción entre los votos en la Cámara y los votos populares, por una ley injusta y discriminatoria» (la misma que hoy —treinta y dos años después— sigue vigente, sin que el PSOE haya intentado cambiarla… y no la ha cambiado por buenas razones, creo yo). Informó después de los contactos habidos entre los socialistas y otras fuerzas, pero «sin intervenir cerca de los diputados de UCD. Si UCD ha de romperse, no será a causa nuestra. Si lo hace, tal vez lo sea gracias al esfuerzo de don Adolfo Suárez… La mitad de los diputados de UCD —siguió Guerra— se entusiasman cuando oyen en esta tribuna al señor Fraga y la otra mitad cuando quien habla es Felipe González». El añadido del acta que dice rumores no deja de ser significativo.

Luego desgranó las desmesuras de la moción, salpimentándolas con su conocido estilo al que en justicia habría que añadir el adjetivo de brillante, aunque no el de veraz… y entre aquellas críticas se llevó la palma RTVE, personificada en Fernando Arias-Salgado, diplomático de carrera y hermano del entonces ministro de la Presidencia, el también diplomático e impulsor de Cuadernos para el diálogo, la revista de Ruiz-Jiménez, Rafael Arias-Salgado, quien fue el encargado de replicar a Guerra en el primer asalto del debate.

«Todo ello justifica que los socialistas hayamos presentado una querella criminal contra altos dirigentes de Televisión Española por apropiación indebida y malversación de fondos por varios millones de pesetas», recordó Alfonso Guerra. (Volveré un poco más adelante sobre este asunto).

Como era de esperar, la réplica de Rafael Arias-Salgado no fue precisamente blanda: «El señor Guerra no ha expuesto un solo argumento serio», comenzó.

En su parlamento, Arias-Salgado exhibió una circular de la Ejecutiva valenciana del PSOE dirigida a sus alcaldes recordándoles que «las corporaciones están facultadas para contratar utilizando el método de contratación directa… (lo cual) podría suponer una fuente extra de financiación… si se establece en esta federación una metodología que nos permita estar enterados, antes de su resolución y con tiempo suficiente, de todas esas contrataciones».

Aquello parecía un manual para uso de golfos, al describir uno de los más sencillos e indecentes métodos de sacar dinero que consiste en: «Me entero antes que nadie de a quién le van a dar el contrato y le vendo el favor al agraciado sin haber movido un dedo». El huevo de Colón, el tocomocho de la política.

En la contrarréplica, Alfonso Guerra no entró —por supuesto— en la circular valenciana, pero buscó el cuerpo a cuerpo con Arias y lo hizo de esta guisa:

Mayoría contra natura fue la que se hizo en junio de 1977 formando UCD y usted lo sabe bien, Sr. Arias, porque usted pertenecía entonces a la oposición democrática al franquismo, y no solo se ha pasado al gobierno actual sino que ha hecho la operación contraria de las realizadas por miembros del franquismo bien representados en ese gobierno. Franquistas que, de una forma u otra, han ofrecido su paso a la democracia mientras usted se pasó de la democracia al franquismo, y lo está demostrando cada día con una política dictatorial.

Leídas hoy, estas palabras exageradas esconden dos cosas: a) una mentira y b) una costumbre de la que cierta izquierda (por suerte ya terminal) usa y abusa: la de calificar de franquista a todo aquel que se le oponga. La contestación de Arias estuvo, la verdad, muy puesta en razón:

Yo, señor Guerra, efectivamente, he pertenecido a la oposición democrática y formo parte de un gobierno democrático y constitucional, refrendado por las urnas. En este país, señor Guerra, el franquismo ya no existe.

Antes de pasar a glosar el contenido del discurso de González, me detendré aquí un momento porque deseo llamar la atención del lector en torno al tipo de oposición que se hace en España y cuyo «modelo» sigue siendo el practicado en las primeras legislaturas por el PSOE. Desmesuras, descalificaciones y brocha gorda que no por ello dejan de tener gracia («tahúr del Mississippi», dirigida a Suárez), otras crueles («Mariquita Pérez disfrazada de Carlos II» a Soledad Becerril) y muchas veces pesadas y reiterativas («váyase, Sr. González», la cantinela que inventó Aznar).

En cualquier caso, ese tremendismo resulta ser, generalmente, huero, pero deja un poso de amargura en el ofendido y el ofensor se desprestigia ante el público que lo escucha. Si estas «formas» se han convertido en tradición, ya es hora de sacarlas del foro político y dejarlas para uso del público que va al boxeo, al fútbol o a las peleas de gallos.

El ejemplo que aquí se acaba de relatar a propósito de la gestión de RTVE desembocó, efectivamente, en los tribunales en forma de querella criminal contra los directivos del Ente Público. La querella fue sobreseída «por carecer de fundamento».

Pues bien, uno de los querellados se llamaba Juan Aracil, que era interventor general del Ente Público RTVE en el momento de «los hechos» denunciados. Cuando en la primavera de 1983 fui votado como presidente de la Comunidad de Madrid, quise nombrar —para tranquilidad mía y la de todos— un interventor general «duro y solvente» y algunos amigos del Ministerio de Hacienda me recomendaron a Juan Aracil. Tuve una entrevista con él y mostró su interés en el cargo, pero me previno:

—Yo estoy incurso en un procedimiento penal a causa de una querella puesta contra mí por el PSOE. Conviene que te informes bien antes de tomar cualquier decisión.

Y así lo hice. Le pregunté a Guerra si había algún inconveniente en que yo nombrara a Juan Aracil, habida cuenta de la existencia de la famosa querella.

—Nómbralo sin ningún problema. Es un muy buen funcionario —me dijo.

Así lo hice.

Concluido el primer round, subió a la tribuna Felipe González y usando un tono muy distinto al de Alfonso Guerra (aquel reparto de papeles, aquella escenificación, ha sido muy imitada después y, la verdad, como teatro tiene un pasar, pero como actitud política siempre me ha resultado molesta), comenzó así:

Hoy más que nunca, los ciudadanos necesitan conocer cuáles son las razones de su esperanza… Solo así se nos puede integrar con ilusión en el proyecto de la España nueva que queremos todos.

Enumeró después los que a su juicio eran los grandes problemas del país:

La construcción del Estado de las Autonomías en el mantenimiento estricto de la unidad de España (generalización del mapa sin discriminaciones ni imposiciones). El paro y la desigualdad social. El impulso y desarrollo de la libertad con el mantenimiento de las máximas cotas de seguridad. El papel que España ha de jugar en el concierto internacional en un momento de crisis mundial.

Luego desgranó los demás ítems, mas no con igual intensidad. Durante aquel discurso puso el énfasis en dos problemas ligados: la reforma de la función pública y el dibujo de un mapa autonómico (que se había estancado gracias a todo tipo de localismos ancestrales). En el dibujo del mapa se mojó describiendo (incluido el contencioso andaluz) lo que, a su juicio, debía ser la estructura final, incluido un calendario electoral. Todo ello se realizó con él ya en La Moncloa. La exhaustividad con la cual abordó este apartado en su discurso no fue baladí, pues tengo para mí que dibujó un horizonte factible que la UCD de entonces, dividida ya, no parecía capaz de llevar a cabo.

No glosaré aquí los otros puntos (económicos, sociales, defensa, política internacional…) porque en buena medida se solapan con su discurso de investidura de dos años y medio más tarde, pero recogeré algunos detalles significativos. Por ejemplo, hablando de política económica dijo: «Quiero dejar claro desde este momento que la clave de esta estrategia está en la productividad. (Rumores)».

¿Por qué tantos rumores ante una reflexión sobre lo evidente?, (que, por cierto, sigue siendo pertinente treinta y dos años después). Porque seguramente era la primera vez que un líder socialista hablaba de productividad en aquel hemiciclo.

En torno a la política fiscal argumentó así:

El sostenimiento de las cargas públicas tiene que ser —no solo debe ser— realizado con justicia. No vamos a proponer una reforma fiscal, solo nos proponemos cumplir y hacer cumplir las leyes fiscales. Hacer las leyes es más fácil que hacerlas cumplir… y a veces se hacen las leyes sabiendo de antemano que no se van a cumplir. Cuando esto sucede se está apostando por la desintegración social.

También habló de las cajas de ahorro:

En relación con las cajas de ahorro, promoveremos su democratización y su inserción en la estructura autonómica del Estado.

Y a fe que lo hizo, aunque para ello tuviera que esperar a ser presidente de Gobierno. Lo hizo, sí… para desgracia del país, pues la politización y desprofesionalización de las cúpulas dirigentes de las cajas han sido, en buena parte, responsables del desastre que padecemos cuando esto escribo.

La sesión concluyó a las veintiuna horas y quince minutos y se reanudó a las tres de la tarde del día siguiente. Durante esta segunda sesión el reglamento obliga al candidato a defenderse no solo de las intervenciones de los grupos de la Cámara, también del fuego graneado de los miembros del gobierno, que pueden intervenir cuantas veces quieran. El gobierno, aparte de las intervenciones parciales y especializadas de los ministros —que González despejó fuera de banda, elevando el tiro y no cayendo en trampas ni en minucias— encargó las intervenciones de más peso al vicepresidente, Fernando Abril Martorell, dejando a Suárez en un discreto segundo plano, lo cual no le benefició a este en nada. En primer lugar, porque Abril, un hombre competente y valioso, no estaba muy dotado para la esgrima parlamentaria y también porque quedó en el aire la impresión de que Suárez no se atrevía con su rival directo, de que prefería escudarse en su segundo. Mas, fuera como fuera, el resultado final de aquel maratón parlamentario le sirvió a González y al PSOE para dar al país (el debate se emitió completo por TVE) una sensación de solvencia.

Pero antes de que el PSOE llegara al gobierno quedaban algunos tirones que soportar. Los glosaré brevemente.

En primer lugar, uno que aún está por resolver: el terrorismo. Después, la descomposición de UCD y la intentona de golpe protagonizada por el teniente coronel Tejero (y no solo por él).

Entre el 5 de enero y el 6 de diciembre de 1980, ETA asesinó a 119 personas. Fue una cosecha sangrienta que, además, rae creciendo desde la aprobación de la Constitución (17 muertos en 1976, 10 en 1977 y 66 en 1978: 93 víctimas en los tres años anteriores a la Constitución y ¡¡190!!, en los tres años posteriores). Más de un asesinato cada semana.

La organización terrorista se aprovechaba de algunas inercias y de no pocas inhibiciones y hasta de alguna complacencia. Eran días en los que el gobierno francés (presidido por Giscard d’Estaing) hacía gala de ser «tierra de acogida para los perseguidos por causa de la libertad»… y entre ellos, «los patriotas vascos». Pero los terroristas no solo se aprovechaban de aquel «santuario», también de la falta de respuesta ciudadana (eran los años del «algo habrá hecho» como comentario a los tiros en la nuca), de la blandura del PNV («¡pero si son nuestros hijos!»), e incluso del aprovechamiento táctico de aquellas muertes («ellos mueven el nogal y nosotros recogeremos las nueces», sentencia cínica que se le atribuye a Xavier Arzallus). Pero, ante y sobre todo, reinaba la confusión mental en muchas cabezas, entre las que no faltaban las de los dirigentes de diversos partidos que creyeron que aquello era un sarampión de cura rápida y se dedicaron a templar gaitas. Amén de unas fuerzas de seguridad en plena transición, que tardarían años en adquirir las habilidades necesarias para enfrentarse con éxito a la plaga.

Se ha escrito mucho en España acerca del terrorismo, quizá demasiado, pero hasta que los constitucionalistas vascos —con más fuerza a partir del horrible asesinato de Miguel Ángel Blanco— no comenzaron a poner los puntos sobre las íes en plaza pública, no se dijeron algunas verdades del barquero. Durante años, dio la sensación de que se estaba esperando que el abertzalismo, aunque fuera por cansancio, acabara por entrar en razón. Ilusión que, a la postre, ha resultado durante demasiados años una «ilusión perdida», pero no para algunos tácticos (vascos o no) que han esperado que cayera del cielo la disolución propiciando, por ejemplo, el retorno de los proetarras a las instituciones públicas, con los efectos que eran fáciles de prever.

Pero ni zigzagueos preñados de entreguismo ni «el cese definitivo de la violencia» podrán hacer olvidar ni las víctimas ni el pudrimiento moral y político que la conjunción entre el independentismo y el terrorismo ha impuesto por muchos años a la sociedad vasca. ¿Cómo llamar, si no, a la indiferencia y al desprecio por la vida y el sufrimiento ajenos que padeció durante décadas —y que padece aún— una parte, quizá pequeña pero significativa, de los vascos? ¿Cómo dar por válidas sin más tantas elecciones celebradas en Euskadi bajo el terror de las pistolas y los insultos y amenazas de los corifeos del matonismo etarra?

Como suele ocurrir, lo primero que el abertzalismo pervirtió fue el lenguaje, y con él impuso la mentira y desterró la verdad. Así, los asesinatos no eran sino la consecuencia lógica del «conflicto» (un «conflicto» que debe estar allí desde Indíbil y Mandonio, por lo menos) y las disparatadas reivindicaciones territoriales no representan sino la «liberación» de Euskal Herría, ese «país de nunca jamás», invariable y eterno, como lo son el dogmatismo militarista y la ignorancia que, como se sabe, es muy atrevida.

Ha costado muchas muertes, mucho trabajo y muchos años conseguir la práctica unanimidad de la sociedad española contra el terrorismo y en ese indudable avance los demócratas también se han dejado algunos pelos en la gatera. Glosaré aquí uno de ellos. Se trata de un «argumento» según el cual «dentro de la democracia cabe defender y practicar cualquier posición siempre que no se recurra a la violencia». Pues no. El límite democrático, la frontera, es más exigente y no está en la violencia sino antes, en la Constitución y en las leyes.

Si se quiere que la democracia sea viable, debe darse una clara lealtad constitucional por parte de las fuerzas políticas más representativas y es esa lealtad la que, a menudo, se ha echado de menos entre los nacionalistas catalanes y vascos, a quienes se suele motejar de «moderados» sin ninguna razón. Como ha escrito a este propósito Félix Ovejero, «que unos cuantos coman carne cruda no hace vegetarianos a quienes la comen cocida».

Y es así como nos topamos con «el cuento de nunca acabar», con el nacionalismo periférico. Mas, para mostrar hasta qué punto es «el cuento de nunca acabar», no me resisto a mostrar aquí un conocido discurso del liberal Eugenio Montero Ríos del 28 de enero de 1909 en el Senado:

Se me requiere para que exprese el juicio que merece eso que se llama el nacionalismo que ha venido a proclamarse esta tarde ante el Senado español y tengo que decir que el nacionalismo es contrario a la Constitución del Estado que no admite más que una nación, cuyos representantes según la Constitución misma, no son representantes de Cataluña, de Asturias ni de Galicia, no son representantes de esta o de aquella otra región, son representantes únicamente de la nación española. No hay otra nacionalidad, no puede haberla, porque ello sería incompatible con la España moderna.

Ortega aseguró en las Cortes republicanas que el problema de los nacionalismos periféricos españoles no tiene solución y que por tanto solo podemos aspirar a conllevarlo. Con esas palabras no hizo, a mi juicio, sino expresar sus buenas intenciones, de las cuales, según se dice, está empedrado el camino hacia el infierno.

El segundo asunto que es preciso glosar aquí, pues explica al menos una parte del triunfo socialista de 1982, es la crisis y desaparición de UCD. Preguntado muchos años después Rodolfo Martín Villa acerca de ese hundimiento, afirmó lo siguiente: «UCD, más que un partido, supuso una empresa para la Transición. Las empresas se disuelven, entre otras causas, por cumplimiento de su objetivo social… y en 1982 habíamos cumplido».

Pero esta explicación contiene el fuerte aroma de la racionalización a posteriori. Un partido no programa su disolución por objetivos, sino que procura adaptarse al terreno y marcarse nuevos objetivos. A mi juicio, fueron las disensiones internas y los cantos de sirena externos lo que acabó con el liderazgo de Adolfo Suárez, quien —conviene recordarlo— había ganado dos elecciones generales y había dirigido una empresa, la de la Transición, globalmente exitosa. Su dimisión en febrero de 1981, aunque nunca suficientemente explicada, es probable que se hiciera con la intención de dar un paso atrás para tomar impulso y reaparecer, pero cuando lo hizo no tuvo el éxito que él esperaba. La presencia del CDS liderado por él en las municipales y autonómicas de 1987 solo fue un espejismo.

Fueron las ambiciones y las deslealtades de sus miembros y no tanto el desgaste político lo que acabó con UCD. Mas, fuera como fuera, esa implosión quedó constatada en las primeras elecciones andaluzas (mayo de 1981), donde apareció un PSOE triunfador y una Alianza Popular acrecida. El voto de centro derecha había abandonado en Andalucía a la UCD y ya apostaba firmemente por el partido de Fraga Iribarne.

El tercer tirón, quizá el más fuerte, se produjo tras la dimisión de Suárez y la inmediata investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, que fueron entendidas por los militares y civiles golpistas como ocasión propicia para dar por la fuerza un «giro de timón».

Se ha escrito demasiado acerca de las intenciones que albergaba cada personaje de aquella trama, incluyendo en esas especulaciones la actitud del rey durante el periodo previo al golpe, mas, fueran cuales fueran aquellas idas y venidas, la única y definitiva verdad comprobada es que, bien entrada la noche del 23 al 24 de febrero de 1981, el rey apareció en la pantalla de Televisión Española vestido con el uniforme de capitán general para aclarar la situación, dando una inyección de calma y optimismo a la inmensa mayoría de los españoles, que no estaban por soportar otra aventura militar en un país que caminaba a grandes trancos hacia una Europa desarrollada y democrática.

La manifestación celebrada en Madrid para repudiar el golpe fue de un tamaño que jamás se había visto en España. Quedó claro el apoyo popular con el que contaban el proceso democrático y los principios constitucionales, refrendados en 1978 por el 88 por ciento de los españoles, que habían acudido a votar a favor de la Constitución dos años y tres meses antes de aquella asonada. Aquel tropiezo del 23 de febrero de 1981, en contra de las intenciones de sus instigadores, no significó, a la postre, un retroceso, sino un avance en la consolidación del sistema democrático.

La presidencia de Calvo Sotelo fue corta, pero mucho más productiva de lo que se suele pensar. Aquel gobierno quiso dejar —y dejó— algunos cabos bien atados. En primer lugar, logró que un tribunal militar juzgara y condenara a los dirigentes de la intentona, que no eran cualquier cosa dentro de las Fuerzas Armadas (FFAA). Milans del Bosch, de larga tradición familiar al servicio del Ejército, disfrutaba de gran prestigio entre sus compañeros de armas y también entre sus subordinados, y algo parecido puede decirse de Alfonso Armada. En ese mismo campo, Calvo Sotelo y su ministro de Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, ante la urgencia con la que se precisaba abordar la normalización en el seno de las FFAA para ponerlas en consonancia con lo que necesitaba una España moderna y democrática, decidieron iniciar sin demora las negociaciones para entrar en la OTAN.

Debieron de pensar que un Ejército perteneciente a una organización político-militar occidental, es decir, democrática, tenderían a civilizarse… y sus mandos se verían obligados a aprender, entre otras cosas, el idioma inglés, que buena falta les hacía, pues ya era hora de olvidarse de las cabilas del Rif y de la batalla del Ebro. Y si eso fue lo que pensaron, era una buena idea. Pero Felipe González no tenía esa opinión y, ya fuera por distanciarse de un gobierno, el de UCD, políticamente agotado, ya fuera porque pensaba que lo de la entrada en la OTAN era una buena baza negociadora, un toma y daca para entrar a la vez en la Unión Europea, el caso fue que se opuso a la negociación y lo hizo con fuerza, metiéndonos en un jardín del que costó salir. Primero fue la consigna «OTAN, de entrada no», que contenía una cierta ambigüedad («de entrada no, pero luego ya veremos») y, más tarde, una muy precisa promesa electoral: la de realizar un referéndum acerca de la permanencia o no en la OTAN. Promesa que todo el mundo interpretó como que el PSOE, si ganaba las elecciones, «nos sacaría de entre las garras yanquis para llevarnos al paraíso de la neutralidad». Un paraíso —de eso estoy seguro— en el que González nunca creyó. Más cercano a Willy Brandt que a Olof Palme, Felipe González había dejado ya muy claro de qué lado estaba: «Prefiero correr el riesgo de morir de un navajazo en el metro de Nueva York que vivir sin libertad alguna en Moscú», había dicho.

Y como todo santo tiene su octava, aquel error (así lo ha reconocido él mismo) trajo cola cuando en 1986 convocó el referéndum prometido, pero lo convocó para votar sí a. la permanencia… Claro que llamó a las urnas dos meses después de que España se incorporara a la Comunidad Europea.

Durante la campaña de aquel referéndum y para acabar de amolarla, la AP de Fraga, confundiendo la estrategia con la táctica, predicó la abstención. De esta guisa, durante la campaña electoral las encuestas no dejaron de predecir la victoria del no y tengo para mí que si los votos favorables al sí (52 por ciento) fueron más que los partidarios del no (39 por ciento) fue a causa del miedo al vacío que él no traía consigo.

En una entrevista publicada en 2006, González lo vio retrospectivamente así:

Sin duda, me dejé parte de mi crédito por haber hecho el referéndum. Solo quiero ponerle delante de un espejo que es revelador. ¿Recuerda cuándo fue el referéndum? En marzo de 1986, y ya estábamos dentro de la Unión Europea desde el 1 de enero. En aquel momento la pertenencia a la OTAN ya era coherente con nuestra integración en Europa y no antes. Cuando lo planteó tanta gente como una condición para ser aceptados por los europeos, ya dije que para mí no lo era. Por eso decidí no convocar el referéndum hasta que estuviéramos dentro de Europa. Dejé dos decisiones para después de entrar en la Comunidad Europea. No establecimos relaciones con Israel hasta unas semanas después. El ingreso, además, situó a España en el espacio que le corresponde y acabó con el aislamiento histórico.

Presiones para que no hiciera el referéndum tuve todas las del mundo. Eso era lo que me pedían, fuera y dentro. También Fraga me lo pedía. Tenían razón ellos y yo no. Pero yo tenía un compromiso y lo cumplí incluso cambiando mi posición.

También fue Calvo Sotelo quien quiso reordenar el proceso autonómico mediante una ley orgánica en la que UCD y PSOE venían trabajando desde tiempo atrás. La LOAPA salió adelante en las Cortes con los votos favorables de los dos grandes partidos y la oposición de los nacionalistas. Más tarde, el Tribunal Constitucional (TC) dejaría aquella ley hecha serrín. No quiero entrar aquí en si aquella sentencia del TC fue o no ajustada a derecho, pero creo que la LOAPA, de haber permanecido, nos hubiera evitado más de un dolor de cabeza.

En cualquier caso, el 31 de julio de 1981 el gobierno de Calvo Sotelo y el PSOE firmaron unos acuerdos autonómicos que estaban presididos por las ideas de generalización y homogeneidad autonómica («la generalización del proceso para lograr en un plazo razonable una distribución homogénea del poder», se lee en el preámbulo) y aquella generalización no significaba otra cosa que, de facto, todas las comunidades autónomas se atendrían en el futuro al esquema institucional descrito en el artículo 152 de la Constitución. En otras palabras: aquellos acuerdos, al dotar a todas las comunidades de las mismas instituciones propias, rellenadas todas ellas por el cuerpo electoral regional, conducían, más pronto que tarde, a un modelo que en la práctica poco o nada se podría distinguir de un Estado federal[15]. De un Estado federal clásico y no de un «Estado federal asimétrico», ocurrencia que algún imaginativo socialista catalán comenzaría a promocionar mucho más tarde para desgracia de todos.

De aquellos días (desde que Calvo Sotelo disolvió las Cortes hasta el 28 de octubre, día de las elecciones) tengo recuerdos imprecisos, acompañados de la sensación de un proceso tranquilo, durante el cual todo parecía estar bajo control, el control de la Ejecutiva Federal, y muy especialmente de Alfonso Guerra, vicesecretario y responsable electoral. Él fue quien presidió la «comisión de listas», cuya misión era estudiar y rectificar o ratificar las propuestas de las federaciones.

Formé parte de aquella comisión de listas, frente a la cual desfilaron los secretarios generales de todas las federaciones para defender sus propuestas. Las listas no sufrieron grandes cambios, pero muchas no salieron como habían entrado. A Guerra le encantaba «tocar» las listas y, de paso, «tocar» las partes blandas de quienes más tarde serían motejados de «barones». Durante aquellas reuniones recopilatorias, Guerra nos contaba a los miembros de la comisión mil y una anécdotas, y, la verdad, lo hacía con talento y con gracia. Fue entonces cuando Guerra me pidió que hiciera una gestión por cuenta de la Ejecutiva. Se trataba de convencer a Luis Gómez Llórente —que en aquella legislatura era miembro de la mesa del Congreso— para que se presentara de nuevo en la lista de Asturias, pues la Ejecutiva pensaba que, en caso de triunfo, sería un buen presidente del Congreso (y de las Cortes).

—Ya se lo hemos ofrecido y lo ha rechazado, pero a lo mejor a ti te hace más caso —añadió.

Me cité con Luis en su despacho de las Cortes y le expuse lo mejor que supe las buenas razones para que un militante tan veterano, brillante y connotado como él, participara en el triunfo y en el cambio que el partido ofrecía impulsar.

—¿Quién te ha enviado con el recado? —preguntó Luis.

—La Ejecutiva —contesté.

—¿Todos los miembros de la Ejecutiva reunidos en cónclave? Anda, concreta un poco más —insistió.

—Alfonso Guerra —precisé.

—Pues bien, un par de cosas. Primero, le das las gracias a Guerra por su ofrecimiento y te las doy a ti por tus buenos oficios. No es un agradecimiento retórico o de buena educación, es sincero y sentido. En segundo lugar, no voy a aceptar, y eso no responde a ningún cabreo ni a una animadversión personal, sino a una convicción: no creo que este proyecto —que, estoy seguro, va a triunfar en las urnas— sea a la postre bueno para el socialismo… Por eso no voy a participar en él.

No voy a discutir aquí si Gómez Llórente llevaba o no razón en sus previsiones. He traído a colación esta anécdota porque la creo significativa respecto a dos cuestiones. Una, la coherencia entre convicción y práctica de Gómez Llórente, que resulta hoy casi imposible de encontrar. Y dos: el trato que «el mando» daba entonces a «los disidentes», bien distinto del que se impondría más tarde, cuando el sectarismo lo invadió todo.

González conseguía conectar con el auditorio de una forma especial y muy efectiva. Ya fuera en un mitin, en una charla o en una entrevista en la radio o en la televisión, su verbo y su gesto eran convincentes. Siempre había sido así, pero ahora su figura personal se presentaba con aires de madurez y así lo quería resaltar la propaganda electoral: en los carteles aparecía un González con terno azul, camisa a juego y corbata canónica mirando al horizonte bajo un cielo primaveral, de un azul casi pastel nimbado de blanco.

Cuando Pepe Oneto le preguntó en televisión: «Sr. González, ¿qué es el cambio?», contestó: «Que España funcione». No sé si aquella frase era el resultado de muchos trabajos y ensayos de los asesores de imagen; yo tiendo a pensar que fue cosecha propia. Mas, fuera como fuera, la consigna sonó espontánea y, sobre todo, exacta, precisa y directa como un tiro. También sincera. «Por las cosas bien hechas» fue otra de sus frases, redundante con la anterior pero tan efectiva como aquella.

El PSOE había alquilado una planta en un edificio de la calle Bravo Murillo que se dedicó exclusivamente a la elaboración del programa. Esa labor la dirigía Joaquín Almunia, ayudado por un grupo variado de militantes y de no militantes y entre los más activos estaba —lo recuerdo bien— Carlos Romero. Por allí desfilaron todo tipo de gentes. Llamados o espontáneos, todos tenían algo que aportar a la empresa común, y las dos o tres veces que me acerqué por allí tuve la impresión de que se trabajaba con buen método y buen sentido.

Con ser relevantes las dificultades políticas con las que habría de enfrentarse el nuevo gobierno, las encuestas demoscópicas indicaban que los ciudadanos estaban más preocupados por los problemas económicos que por los políticos y había poderosas razones para ello. En efecto, el PIB estaba casi estancado (en 1981 había caído y en 1982 estaba creciendo apenas al 1 por ciento anual), con una inflación del 14,5 por ciento y el paro en el 17 por ciento de la población activa.

El gasto público aumentó entre 1978 y 1982 en 8,4 puntos del PIB mientras que la recaudación fiscal creció tan solo 3,5 puntos. Como consecuencia, el déficit público se colocó en el 5,6 por ciento, con un déficit exterior del 2,5 por ciento, ambos sobre el PIB. Las empresas daban, en conjunto, pérdidas y las reservas habían caído entre diciembre del 1981 y septiembre de 1982 en 2625 millones de dólares.

En estas condiciones, el programa económico tomaba una especial relevancia, pero se llenó de un optimismo muy influido por el que habían llevado los socialistas franceses en el suyo… que ya a finales de 1982 se habían visto obligados a abandonar.

El del PSOE era un programa basado en un keynesianismo expansivo y mucha fe en la capacidad del Estado para empujar el crecimiento. Miguel Boyer ha escrito sobre él:

Los trabajos preparatorios del programa electoral que había realizado un equipo de economistas del PSOE pecaban de un optimismo inmoderado. Como el papel lo aguanta todo, bastaba introducir altas tasas voluntaristas de crecimiento del PIB en los cuadros macroeconómicos para imaginar que la recuperación sería rapidísima y que podrían crearse 800 000 puestos de trabajo en cuatro años.

Es cierto que la orientación económica del programa era la de hacer una política expansionista, utilizando la inversión pública como motor y las empresas públicas como elemento de la creación de empleo. Era lo que habían venido proclamando los portavoces del partido en los dos años anteriores, pero lo primero que hizo el nuevo gobierno fue tirar a la papelera la parte económica del programa, quizá porque González creía que este formaba parte de «la acumulación ideológica de la clandestinidad» contra la cual tanto había peleado antes de llegar al gobierno. En efecto, González apostó desde su llegada al gobierno por la ortodoxia, con un lenguaje que se acercaba mucho más a las recetas del FMI o de la OCDE que al contenido del programa que él había llevado a las urnas.

¿Acertó González en ese cambio de rumbo? Creo que sí, pero esa es otra historia, sobre la que escribiré de inmediato.

SEGUNDA PARTE

EN EL GOBIERNO

Primeros pasos

En la mañana del 30 de noviembre de 1982, tras ser designado por el rey, Felipe González leyó en el Congreso de los Diputados su discurso de investidura. Diputados y senadores atestaban los escaños, y embajadores, alcaldes, notables del empresariado y de los sindicatos, rectores universitarios y otras nobles gentes representantes de la vida social llenaban las tribunas de invitados cuando González comenzó su parlamento. Tras la entradilla de rigor, dijo:

Nuestro pueblo ha querido otras cámaras, otras leyes, otros modos, otros contenidos… ¿Y para qué? Naturalmente, para gobernar. Esto es obvio, pero importa afirmarlo sin acritud; con la conciencia clara de que en el pasado muchos ciudadanos han tenido con frecuencia la sensación de no estar gobernados. Porque gobernar no significa solamente estar atento a las curvas del camino; gobernar es guiarse al mismo tiempo por el perfil del horizonte. Tener bien claro un rumbo a largo plazo, una perspectiva que otorgue pleno sentido a los afanes cotidianos.

Nos proponemos gobernar sobre la base de tres principios, que debo proclamar categóricamente:

La paz social, es decir, la seguridad ciudadana como garantía de desarrollo de las libertades.

La unidad nacional, que se fortalece con la diversidad de nuestros pueblos.

El progreso como instrumento al servicio de la justicia, que incluye el incremento de la riqueza nacional, pero que atiende a las necesidades vitales de los seres humanos, a su profundo afán de comprensión, de dignidad, de igualdad.

Nos importa afianzar una sociedad de ciudadanos libres, mejorando su bienestar y haciendo posible una generación de españoles regidos por la ética y por la solidaridad.

Más adelante remachó:

La paz, la unidad y el progreso. Esas palabras tienen carne y hueso, ropas y gestos. Confiemos en su esperanzada y libre participación, indispensable para el éxito, y tengámoslo presente durante nuestros debates, como yo pensaré a diario, mientras, fiel al horizonte y atento al camino, presido mi gobierno, si merezco el honor de que ahora se me otorgue la responsabilidad de la investidura.

Luego desgranó una serie de reformas necesarias, por ejemplo, estas tres:

Dentro de la educación es imperativo sacar a la universidad de la crisis y postración actuales, rehabilitándola ante sí misma y ante la sociedad, porque de ella emanan el vigor y la autenticidad educativa hacia los escalones precedentes de la enseñanza.

La austeridad y el rigor en el empleo de los caudales públicos será así un criterio tajantemente exigido. Al mismo tiempo se configurará adecuadamente el delito económico y se ejercerá una constante lucha contra el fraude fiscal.

También mi profunda convicción de la necesaria articulación de todas las instituciones del Estado, que nos permita desarrollarnos hacia el futuro como una nación cada vez más libre e independiente.

Tres reformas cuya necesidad, desgraciadamente, está hoy tan vigente como entonces, después de treinta años, ocho procesos electorales generales y dos alternancias entre los dos grandes partidos. La universidad española, por ejemplo, sigue arrastrando los pies con sus seculares defectos a cuestas; eso sí, muy orgullosa y cuidadosa de la autonomía que le otorgó la LAU (Ley de Autonomía Universitaria), una de las primeras leyes del gobierno que entonces daba sus primeros pasos. Y qué decir de la reclamada austeridad o de la promesa de lucha contra el fraude: ahí siguen como permanente e inmortal objetivo político, y otro tanto puede decirse de la necesaria articulación de todas las instituciones del Estado. Por ejemplo, la coordinación autonómica. Pues bien, a este respecto, lo único que ha funcionado, aunque no siempre en la línea correcta, ha sido el reparto de dineros (Consejo de Política Fiscal y Financiera), pero, en todo lo demás, especialmente en los grandes servicios, todas las comunidades autónomas han querido crear su «servicio nacional-regional de salud» y sus muy particulares «modelos educativos». Una desastrosa dispersión a la cual los sucesivos gobiernos de España no han querido (o no se han atrevido a) meter mano.

González incluyó en su discurso, entre otras, dos declaraciones de principios que pretendían acabar con cualquier ambigüedad histórica acerca de «su lugar en el mundo»… y en España:

España se encuentra inserta en el conjunto del mundo occidental, cuyos valores fundamentales compartimos y defendemos.

Públicamente proclamo nuestra confianza y solidaridad con las Fuerzas Armadas, cuya honrosa misión no ha sido empañada por actuaciones minoritarias.

El corolario de su moderado discurso lo recogía él mismo:

Mientras preparaba mis palabras de hoy he creído a veces percibir, como quizá también mis oyentes ahora, que algunos de los objetivos e incluso de los instrumentos propuestos podrían haber sido igualmente emitidos desde otras posiciones políticas. Este hecho nos colocaría en coincidencia en torno a objetivos como la mejora del bienestar y la eficacia de la Administración.

En otras palabras: Felipe González se reclamaba del consenso que había iluminado el proceso de la Transición con la intención de seguir avanzando junto a la derecha democrática y los nacionalistas «moderados».

La visión política del entonces candidato, su decidida aversión a las simplificaciones clasistas quedó, a mi juicio, recogida en sus palabras finales:

Esos hombres, mujeres y jóvenes que son nuestro apoyo… A ellos quiero dedicar mis palabras finales, imaginando que ahí, en el centro del hemiciclo, unos cuantos ciudadanos han penetrado hoy desde la calle, me esfuerzo por verlos, mirándonos y escuchándonos: ¿quiénes son? Un ama de casa camino del mercado, un empleado de banca, un botones de hotel. Les veo y me pregunto: ¿qué piensan de nosotros? ¿Siguen nuestros debates? ¿Les ilusionamos o les desencantamos? ¿Hacemos lo mejor para su futuro, que es el de nuestros hijos?

En la parte económica del discurso pronunciado por González se encontraba ya el germen de ese «pragmatismo» que tanto se le criticó entre quienes creían en radicalismos milagrosos. Comenzaba repasando los graves estrangulamientos que entonces atravesaba la economía española: un paro «que alcanza a dos millones de personas (¡quién lo pillara treinta años después!), y al 16 por ciento de la población activa. Siete puntos por encima de la media de la OCDE». La inflación: «Con un suelo del 14 por ciento-15 por ciento que no se ha conseguido rebajar en los últimos tres años». El déficit exterior y de las administraciones públicas: «Equivalente a un 5 por ciento del PIB y que viene presentando hasta ahora un rápido ritmo de crecimiento que amenaza con ponerlo fuera de control».

Por eso anunciaba «reformas que emprenderemos desde ahora, pero cuyos frutos solo se recogerán a más largo plazo».

Los objetivos, como es lógico, no fueron muy precisos y los que explicitó, fueron viables: «Reducir en un año en tres puntos la tasa de inflación» o un «crecimiento del PIB del orden del 2,5 por ciento para 1983».

No era necesario pero creyó conveniente dejar las cosas claras (o tranquilizar a quienes seguían viendo en él al «coco» que expropiaría las vacas a los ganaderos) diciendo:

Todo lo anterior no contradice el que en un sistema económico como el español sea el sector privado el que en medida decisiva determina el volumen de los bienes y servicios producidos, la inversión y el empleo. Por eso nuestra política económica estimulará tanto como pueda todas las iniciativas creadoras.

También anunció lo que había de convertirse en el primer —y difícil— obstáculo a saltar: «La profunda reconversión industrial (…), preparando a nuestras industrias para competir con potentes empresas de los países de nuestro entorno» y, en la parte más grata de su discurso, prometió «dotar al país de una infraestructura suficiente en obras públicas, transportes y comunicaciones».

Esa promesa que fue más que cumplida gracias en buena parte a las inversiones estructurales provenientes de Europa, aunque al ingreso en la UE (entonces CEE) no dedicó González una sola línea de su discurso de investidura. Curiosa elipsis (¿freudiana?), pues ese ingreso resultó ser a la postre uno de sus grandes éxitos. No solo por el ingreso en sí, sino por los beneficios económicos y políticos que trajo consigo: poner a España otra vez en el mapa y a su presidente del Gobierno junto a líderes como Mitterrand, Kohl, Thatcher, Reagan o Clinton.

Si en aquellos días, con el referéndum sobre la OTAN aún sin celebrar, alguien le hubiera dicho a González que su brillante y fiel escudero (Javier Solana) iba a ser pocos años más tarde el secretario general de la Alianza Atlántica, él mismo le hubiera tomado por loco.

González concluyó diciendo: «No hay caminos fáciles hacia la solución de nuestros problemas. No hay sino el esfuerzo, el trabajo, las actitudes responsables y la tenacidad».

No eran «la sangre, el sudor y las lágrimas» de Churchill al inicio de la guerra, pero la arenga no iba mal encaminada. En el fondo, era una llamada al patriotismo de los españoles. Al patriotismo definido en el sentido más recto y más decente, como aquel que reclamó a los suyos otro británico, el almirante Nelson, cuando se dirigió a sus marineros antes de entrar en combate frente al cabo de Trafalgar: «Inglaterra solo espera que cada uno cumpla con su deber», les dijo. Tengo para mí que aquellas palabras de Nelson representan el paradigma del mejor patriotismo. El patriotismo de quien cumple con su deber para con los demás.

Asistí a la sesión de investidura (era diputado por Madrid) y, como aún no teníamos escaño fijo, me senté en las filas de arriba del hemiciclo, pero a la derecha del presidente (Peces-Barba), es decir, detrás de los escaños que ocupaban los diputados de AP… y estuve fijándome en la actitud de mis vecinos mientras González desgranaba su discurso. Creí notar en ellos gran contento, teñido con unas gotas de desprecio hacia el orador (o quizá aquello era solo la expresión del convencimiento de su propia superioridad política, social e intelectual).

Desde luego, tenían razones para estar contentos, pues algunos —como los democristianos— habían hecho todo lo posible (y no fueron los únicos) para dinamitar desde dentro la UCD y otros (los seguidores de Fraga) veían, al fin, recompensados sus desvelos y su nada grata travesía del desierto. En cuanto a aquel aroma (o complejo) de superioridad, lo iba a expresar mejor que nadie Manuel Fraga cuando le tocó subir a la tribuna, donde, tras exponer sus críticas al análisis y propuestas de González, cerró su discurso con una frase tan castiza como acerada: «Dentro de dos o tres meses volveré a esta tribuna para preguntarle a usted, señor González, cuánto cuesta el kilo de garbanzos».

¿Tan seguros estaban del fracaso económico que el gobierno socialista traería consigo? Pues si eso era lo que esperaban, tendrían que hacerlo sentados. Los precios al consumo crecieron el 14,4 por ciento en 1982. El año en que González salió del gobierno tan solo aumentaron el 3,6 por ciento.

A punto de finalizar el debate, Fraga solicitó a González la lista de su gobierno y este la leyó[16]. Se trataba de personas jóvenes, pero bregadas, con acreditados currículos profesionales y, en general, con una historia personal de oposición al franquismo tardío.

En aquel gobierno estaban viejos conmilitones míos: José María Maravall, Carlos Romero, Narcís Serra y Julián Campo habían pertenecido, como yo, al Frente de Liberación Popular (FLP), organización que fundaron Julio Cerón e Ignacio Fernández de Castro al final de los años cincuenta y que era conocida como el Felipe. Unas gotas de cristianismo revolucionario, un chorro de revolución castro-argelina y un aroma de autogestión yugoslava componían aquel cóctel ideológico que se llevó por delante la resaca de 1968. Un grupúsculo de jóvenes trotskistas que pretendían refundar la IV Internacional se había apoderado del FLP… y ya se sabe aquel axioma político-matemático que dice: «Todo grupo trotskista es divisible por dos… por lo menos».

Por otra parte, Enrique Barón y José Barrionuevo provenían de Convergencia Socialista y el segundo seguía siendo concejal en el Ayuntamiento de Madrid cuando lo llamó González para que se ocupara de Interior. Una tarea ingrata y dura donde, creo yo, cumplió siempre con su deber y recibió por ello muy mal pago. Sobre esto último volveré más adelante.

Las mieles de la victoria y la satisfacción personal que, sin duda, sintieron todos los ministros al ser llamados al cargo por González pronto dieron paso a las responsabilidades y a sus normales consecuencias: las amarguras. Así lo expresa la vieja y pesimista sentencia castellana: «La alegría dura poco en la casa del pobre». Pondré algunos ejemplos para ilustrar aquel baño de realidad que suele llegar de la mano de las desgracias, de los errores o, simplemente, de las incomprensiones.

A Enrique Barón le encargó González el Ministerio de Transportes. Un año después de su nombramiento, el 27 de noviembre de 1983 y pasados los diez minutos de la medianoche, un Jumbo de la compañía colombiana Avianca estaba a punto de aterrizar en Barajas cuando el piloto debió de confundir las luces de la pista de Barajas con otras próximas y se fue contra una loma de Mejorada del Campo. En el accidente murieron 181 personas de las 192 que viajaban en el avión.

Diez días después, el 7 de diciembre, a las ocho y media de la mañana, bajo una densa niebla (¿a quién se le ocurriría poner el aeropuerto de Madrid al lado del río Jarama?), chocaron en tierra dos aviones españoles: un Jumbo de Iberia que salía hacia Roma y un DC-9 de Aviaco con destino Santander. El piloto de Aviaco no advirtió la señal de No Entry y se metió en medio de la pista en plena carrera para el despegue del Jumbo. El ala izquierda de este segó como una cuchilla al otro aparato a la altura de los asientos. Inmediatamente el DC-9 se incendió y los treinta y siete pasajeros y los cinco tripulantes murieron. El Jumbo siguió rodando, pero también acabó en llamas. En él murieron cincuenta y una personas. Ocho de sus nueve tripulantes y treinta y cuatro pasajeros consiguieron salvarse.

Recuerdo aquella fría mañana con horror. Estaba en mi despacho en la calle Miguel Ángel cuando llegó la noticia —aún confusa— del accidente. Me llevaron casi en volandas hacia un coche con luminoso azul destellante y un conductor que estaba deseando salir arreando con la sirena a todo volumen. Saltándose los semáforos, adelantando y colándose entre los remisos automóviles nos metió en Barajas y, sin dar muchas explicaciones a los cordones policiales, se coló en la pista de aterrizaje. Al bajar del coche pudimos ver entre la niebla los restos dispersos del DC-9 y de sus pasajeros, la mayor parte de los cuerpos chamuscados… No podré olvidar el cadáver de un hombre con el traje y el rostro parcialmente destrozados por el fuego y ennegrecidos por el humo, que mantenía asida firmemente su Samsonite.

Tengo en mi memoria la impresión de ver a los bomberos y al personal de ambulancias que trabajaban en silencio en aquel enorme desbarajuste. Me parecía estar contemplando unas imágenes sin sonido. Allí nada podía hacer sino estorbar y me dirigí a las oficinas de Aena, donde me encontré con Enrique Barón y su equipo ministerial. Nadie podía explicarse cómo había ocurrido tamaña tragedia en tierra, a causa, simplemente, de un fallo en el tráfico rodado. Se recababan datos para dar cuanto antes una rueda de prensa. Urgía explicar lo ocurrido y suministrar alguna información veraz a las familias de los viajeros, que estarían en ascuas.

«En el DC-9 que iba a Santander han muerto todos», oí que informaba uno de los responsables del aeropuerto. Quien requería la información era Pedro Sabando, subsecretario del Ministerio de Sanidad. Me extrañó verlo por allí, pero pronto me aclaró, desolado, que en el avión hacia Santander viajaba su amigo, el también médico César Llamazares, que Sabando había nombrado gerente del Hospital de Valdecilla. Llamazares era un joven y brillante nefrólogo leonés que había sido compañero de estudios de Sabando y la víspera había viajado a Madrid para trabajar junto al ministro Lluch en la preparación de la reforma de hospitales… y a Pedro —estoy seguro— al dolor por la muerte de un amigo se le acumulaba un muy humano sentimiento de culpa: «Si no le hubiera hecho venir de Santander, seguiría vivo».

Al contrario que el doctor Llamazares, dos conocidos cántabros —que aparecieron en un primer momento como fallecidos en el accidente del DC-9— salvaron la vida gracias a la diosa fortuna… y a su condición de personajes públicos. Se trataba de Severiano Ballesteros y Miguel Ángel Revilla. Este último lo ha relatado así[17]:

A las dos y media, José Luis Álvarez, Oscar Alzaga y yo empezamos la comida. Recuerdo que a las cuatro y media Álvarez recibió una llamada urgente y nos comunicó que tenía que ausentarse. Entonces le dije a Oscar que iba a intentar coger en Barajas el avión de las seis de la tarde, cambiando el billete, para así no hacer noche en Madrid. Llegué a las cinco y media a las taquillas de Barajas.

El vuelo a Santander estaba cerrado y completo, me dijeron. En ese momento vi llegar con la bolsa de los palos de golf a Severiano Ballesteros, que venía de ganar en Sudáfrica el campeonato oficioso del mundo Match-Play. Venía con la misma intención que yo, adelantar el vuelo que tenía al día siguiente a las ocho de la mañana.

Rápidamente le reconocieron y le dijeron que iban a intentar acomodarle. Severiano les dijo que si no había hueco para mí, que estaba antes, él tampoco se subía al avión.

Estuvimos como quince minutos esperando y al final apareció una azafata de Aviaco, que nos indicó que la acompañáramos. A Seve le colocaron en la cabina y a mí en la cola, en un asiento supletorio.

A la mañana siguiente, a las ocho y media y ya en mi puesto de trabajo en el banco, entró al despacho mi secretaria, Belén, que me dijo: «Qué cosa más rara, ya me han llamado tres personas preguntándome si estás en el despacho. Les digo que sí y me insisten en que si te he visto».

Unos minutos después se aclaró el porqué de las llamadas preguntando por mí. Radio Nacional había anunciado una gran catástrofe en Barajas y entre los viajeros que se anunciaban como muertos, Severiano Ballesteros y Miguel Ángel Revilla. Aquella casualidad nos unió muchísimo.

Pero el año 83 no había terminado aún.

En la noche del viernes 16 al sábado 17 de diciembre, la discoteca Alcalá 20, conocida como «la discoteca de la movida» y situada en los bajos de ese céntrico número de la calle Alcalá, estaba llena hasta la bandera. Unas trescientas personas se dejaban llevar allí dentro por la música y la bebida cuando —nunca se supo bien cómo— las cortinas del escenario comenzaron a arder. El pánico y la estampida subsiguientes no pudieron aliviarse por estar cerradas las puertas de evacuación. Los bomberos llegaron en menos de cinco minutos pero el amontonamiento ante la única salida viable y el humo habían producido ya el desastre: ochenta y dos muertos (la mayor parte asfixiados o pisoteados) y veintinueve heridos.

Yo estaba en casa, de sobremesa con unos amigos, entre ellos Juan Barranco, que fue el primero en recibir el aviso (la policía municipal, ante hechos como este, avisaba antes que a nadie al alcalde, para que pudiera llegar el primero al lugar, y dejaba transcurrir unos minutos antes de avisar a los demás, en este caso, a Juan Barranco, que era entonces el primer teniente de alcalde). Fuimos los dos hacia la discoteca y al llegar solo pudimos contemplar un panorama desolador y oír las amargas quejas de los bomberos, que habían tenido que abrir con enormes dificultades un hueco en la acera por donde evacuar a algunas personas. Insistieron en que habían tenido que tumbar por las bravas las puertas de evacuación, que estaban cerradas a cal y canto.

El sábado por la mañana hice mi primer vía crucis por los hospitales a los que habían trasladado a los heridos y también a los muertos. Familias anonadadas y confusas, deudos llorando… y para mayor espanto, en un hospital (la Concepción o el Clínico, no recuerdo cuál de ellos) el médico encargado de recibir a «las autoridades» me condujo directamente al depósito de cadáveres, que estaba en el sótano… Aquella fue una visión ingrata de esas que uno lleva consigo para siempre.

La tragedia acabó en los tribunales en busca de responsables y, como suele ocurrir en casos semejantes, los abogados de los damnificados buscaron en las responsabilidades pecuniarias un mínimo resarcimiento. Pero esas compensaciones en dinero suelen ser fallidas en el ámbito privado, pues los responsables, a menudo, han quebrado (legal o ilegalmente) y son, por tanto, insolventes. No pasa lo mismo con la Administración como responsable subsidiaria de las indemnizaciones a las que son condenados sus funcionarios. En otras palabras: el camino más seguro para cobrar es el «empapelamiento» de algún servidor público, ya sea un político, ya sea un simple funcionario. De esta guisa se vio involucrado en el proceso Emilio García Horcajo, concejal responsable de Seguridad en aquel momento. El empapelamiento duró cuatro largos años que Emilio se pasó con la espada de Damocles (de la ruina personal, incluso de la cárcel) sobre su cabeza. Cuatro años amargos a los cuales puso fin una sentencia absolutoria. Los dueños de la discoteca sufrieron, ellos sí, condenas de prisión.

Barrionuevo sabía que el ministerio del que se había hecho cargo no iba a ser un lecho de rosas, pero estar preparado para lo peor no alivia del dolor cuando este se presenta… y no tardó en hacerlo.

En la noche del domingo 12 de diciembre de 1982, dos guardias civiles de paisano fueron ametrallados cerca de Tolosa mientras viajaban en un coche. Uno de ellos murió y el otro quedó malherido. El ministro lo escribió en su diario:

No duermo en lo que queda de noche, preocupado y atormentándome con esta pregunta: ¿Qué podemos hacer? La gripe incipiente avanza. Me levantaré en la mañana del lunes bastante mal. A nueve días de la toma de posesión tenemos que afrontar el primer atentado mortal.

Lunes, 13 de diciembre. Primer funeral en el Gobierno Civil de San Sebastián. Consuelo como puedo a las familias de los guardias civiles. El muerto se llama Juan Ramón Joya y el herido, muy grave, Francisco Vázquez. La mujer del guardia muerto, María del Carmen Reyero, es una joven de Tolosa, de dieciocho años. Tenían un hijo pequeño. Siento una enorme pena. Habían estado celebrando en la casa cuartel la despedida de su capitán, que iba destinado a Almería. Se quedaron sin tabaco y uno de los guardias, el que resultó asesinado, que llevaba seis años en Tolosa, se ofreció a ir a buscarlo con otro compañero, paisano suyo. Fueron a un bar, con su coche matrícula de Melilla; allí, alguien dio el aviso al comando asesino. Al volver les esperaban en un stop y los ametrallaron. Abrieron las puertas y dispararon sobre ellos, ya heridos, para rematarlos, pues había casquillos de bala en el interior del coche. Eran las diez y cuarto de la noche.

Tras el funeral nos trasladamos al centro del pueblo, al lugar en el que se había producido el atentado. Yo había ordenado que se colocaran flores en el lugar del crimen. También me prometí que los funerales se celebrarían siempre con la mayor solemnidad posible, no a escondidas o a toda prisa, como a veces se había hecho.

Pero el año no parecía tener fin. El miércoles 29 de diciembre por la mañana fueron asesinados en la estación de Irún dos guardias civiles del Servicio de Aduanas: Juan García Mencía, de cuarenta años, y Manuel López Fernández, de veintiuno. Durante los funerales que se celebraron en el Gobierno Civil de San Sebastián, el ministro recibió, al fin, una buena noticia: el empresario Saturnino Orbegozo, que llevaba secuestrado largo tiempo, fue liberado por la Guardia Civil y sus captores fueron detenidos.

José María Maravall, hijo de José Antonio Maravall, un admirado profesor, sabía muy bien lo que deseaba hacer en su Ministerio. Catedrático de la Complutense, como su padre, había comenzado muy joven su andadura profesoral. Brillante en su especialidad de Ciencia Política y Sociología, José María Maravall había hecho estudios de postgrado en la London School of Economics y ganado después una cátedra, en la que seguía trabajando cuando ya era miembro de la Ejecutiva del PSOE. Con tales antecedentes, nadie pudo extrañarse de que tuviera muy claros los pasos que quería dar en su ministerio.

Durante los gobiernos de UCD se había introducido en España lo que casi acabó por ser una tradición según la cual los ministros de Educación eran confesos católicos, apostólicos y romanos. González podía haber puesto algún socialista católico, que abundaban y abundan, pero prefirió a un laico, José María Maravall. Maravall sabía, desde luego, que tendría que lidiar con la Iglesia, pero es que, sin comerlo ni beberlo, se vio involucrado en la polémica que trajo consigo la ley que despenalizaba el aborto.

La primera sorpresa se la llevó Maravall cuando recibió en el ministerio a monseñor Yanes, arzobispo de Zaragoza y encargado de los asuntos educativos dentro de la Conferencia Episcopal.

Yanes me dijo que, puesto que estaba demostrando buena disposición para el diálogo, podíamos continuar con el procedimiento seguido hasta entonces. Y, en ese momento, sacó de la cartera unos borradores de decretos y de órdenes ministeriales, hechos en papel cebolla, un papel muy especial, donde se leía: «Real Decreto n° (en blanco)»; más abajo, seguía el encabezamiento del BOE, un texto y, abajo, la firma: «El ministro de Educación».

Es decir, ¡ellos escribían sus deseos directamente en forma de decreto! Y lo único que se esperaba era que el ministro estampara la firma[18].

Las cosas con la Iglesia se pusieron peor cuando Maravall sacó adelante la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educación) según la cual tanto los colegios públicos como los privados concertados responderían a un modelo único. La respuesta de la Iglesia en nombre de la «libertad de enseñanza» fue exagerada, pero la ley no solo tenía el apoyo del Parlamento, también el de la ciudadanía: más del 75 por ciento de los encuestados apoyaban el espíritu de aquella ley. Tres días antes de aprobarse la ley en el Congreso tuvo lugar en Madrid una gran manifestación que los convocantes cifraron en un millón de personas. Aunque fueran «menos lobos», la manifestación fue grande.

La ley se aprobó por 198 votos a favor y 112 en contra, pero su aplicación se retrasó mediante el procedimiento —del cual abusaba AP entonces— llamado «recurso previo de inconstitucionalidad». No les sirvió de mucho, pues la ley, al fin, entró en vigor el 4 de julio de 1985.

La mala querencia de la Iglesia institucional hacia Maravall se acrecentó a causa de la ley del aborto, ley que tuvo un precedente no exento de fina ironía eclesiástica. Monseñor Gabino Díaz Merchán, arzobispo de Oviedo y presidente de la Conferencia Episcopal, pidió una entrevista con Felipe González, quien lo recibió de inmediato en La Moncloa.

Merchán era un cura bondadoso y comprensivo y González ha contado que abordaron el tema durante un buen rato y sin tiranteces. Al final, González le pidió que se pusiera en su lugar:

—Mire usted —le dijo— mi problema no es discutir si el aborto es o no es pecado. Mi problema es si tengo que enviar a la cárcel a una mujer que haya abortado.

La respuesta fue de antología:

—Ah, yo le comprendo muy bien, querido presidente, pero no me puede pedir que me ponga en su lugar, pues la Iglesia está para perdonar, no para condenar.

Perdonara o no la Iglesia, el asunto se siguió agriando (y ahí sigue) y derivó hacia la escuela. En efecto, la Conferencia Episcopal decidió imprimir unos catecismos destinados a los alumnos de quinto y sexto de EGB, en los cuales, aparte de ilustraciones truculentas, se comparaba el aborto con los atentados terroristas y el genocidio nazi. La normativa vigente exigía la autorización del Ministerio de Educación para que aquellos catecismos pudieran ser utilizados como textos escolares y Maravall se negó a firmar la autorización, pero les ofreció dos alternativas: derogar la norma que obligaba a la autorización o que los distribuyeran como textos propios. No aceptaron ninguna de las dos. ¿Por qué no querían que se derogara la obligatoriedad de la autorización? Porque temían que otros grupos católicos o de otras obediencias religiosas sacaran los suyos, y tampoco les interesaba publicar los catecismos por su cuenta. La escandalera subió de tono hasta que Maravall amenazó con denunciar el Concordato (melón que el gobierno no quería abrir). Al fin, se concertó una negociación entre una comisión del gobierno y otra de los obispos. La del gobierno la presidió Alfonso Guerra, de quien monseñor Delicado Baeza, en unas declaraciones, alabó su «pulcritud».

En una de las manifestaciones estudiantiles (1987) contra la política universitaria del gobierno que tuvieron lugar en varias ciudades españolas y con particular virulencia en Madrid, apareció en el tumulto un tipo con ropa punk que caminaba solitario por la calle de Alcalá y lo hacía a gran velocidad, sobre todo si se tiene en cuenta que andaba sobre una sola pierna, ayudándose de dos muletas. Las cámaras de la Agencia Efe lo captaron mientras destrozaba —una tras otra— las farolas de la acera del Banco de España, llevándose por delante también la cristalera del metro; además quiso poner en hora a muletazos un gran reloj que era también termómetro y estaba sujeto a la fachada del Banco. Era el 23 de enero de 1987 y aquel marginal se llamaba Jon Manteca.

Pocos años antes, en 1983, cuando solo tenía dieciséis años, se había subido a una torre de alta tensión y una descarga lo lanzó al suelo. Como secuela de aquel «accidente» había perdido una pierna y aquel 2 3 de enero acababa de llegar a Madrid con la intención de mendigar en la capital.

Sociólogos, periodistas y otros finos «analistas» se apresuraron a tomarlo como símbolo de aquellas juveniles manifestaciones, incluso de toda la juventud española: violencia, desencanto, nueva estética… Las portadas de los periódicos y los arranques de los telediarios se llenaron del Cojo Manteca, quien, naturalmente, fue entrevistado por varios medios de comunicación y muy especialmente por Jesús Quintero («El loco de la colina»), que actuaba entonces en la Cadena Ser.

Como suele ocurrir, Manteca cayó pronto en el olvido, hasta que el 25 de mayo de 1996 murió en el hospital Vega Baja de Orihuela a causa del sida. Tenía veintinueve años.

¿Alguien se acuerda de los motivos que produjeron aquellas manifestaciones? ¿Cuáles eran las reivindicaciones de los estudiantes? Confieso que yo no me acuerdo y seguramente tampoco lo recuerden quienes participaron en ellas. Es más, no creo que supieran entonces por qué se manifestaban. José María Maravall, que era el ministro contra el que gritaban, lo ha contado así[19]:

Recuerdo que mi hijo mayor me dijo: «Oye, ¿no se te habrá ocurrido la loca idea de quitar los exámenes de septiembre? Porque está corriendo ese rumor por todas partes y, desde luego, si se te ocurre esa idea, la mitad de mis amigos tienen que repetir curso». Yo pensé: «¿A quién se le habrá ocurrido tan estrambótica idea?». Cada vez que alguien del ministerio lo negaba, lo único que hacía era avivar el incendio: «Si lo están negando, es que algo habrá». «Si el río suena, agua lleva».

En fin, me dijeron que se había convocado una manifestación en contra de la supresión de los exámenes de septiembre. ¡Qué cosa más extraña! Aunque nadie se lo crea, lo único real eran unos documentos, una reflexión sobre papel, completamente arbitrista, que había firmado la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza de UGT, los pedagogos del sindicato, quienes decían que la segunda vuelta en septiembre no era pedagógicamente idónea.

La protesta procedía, sobre todo, de la educación secundaria. Eran chicos de quince, dieciséis o diecisiete años. Hubo una primera manifestación, no muy grande, pero con mucho eco. Aún estaban calientes los rescoldos de la OTAN y era la primera manifestación estudiantil después de varios años. ¿Por qué se produce la protesta en ese momento? Yo tengo la sensación de que, probablemente, el tema de la OTAN había dejado a muchos sectores dolidos y la idea de que «el gobierno es responsable de muchos errores y es hora de exigir y de exigir mucho más» se transmitió también a los estudiantes. No es que la protesta surgiera en su seno, sino que fue también incentivada… Y prendió como una llama.

Y, en medio de la polvareda de los botes de humo, emergió la figura completamente emblemática del marginado: Jon Manteca rompiendo farolas enfrente del Banco de España. Una chica resultó herida en aquellos disturbios y yo no estaba dispuesto, desde luego, a que mi continuidad en el Ministerio de Educación y Ciencia fuera a pasar por ningún tipo de tragedia.

Entonces, por mi cuenta, fui a ver a la estudiante herida. Estaba en el Hospital Clínico. La chavalita, al verme dijo: «¡Maravall! ¡Dios mío, por lo que hay que pasar para conseguir verte!». Y le dije: «A ver, cuéntame: ¿qué era lo que tenías tú entre las manos?». Y me contestó: «Un pedrusco así de grande». «Pero ¿cómo podéis ser así de locos? ¿Cómo podéis ser así de insensatos?», le pregunté. Ella sonrió.

Durante un tramo de nuestras vidas universitarias, Carlos Romero (Madrid), Narcís Serra (Barcelona) y yo (Bilbao) fuimos simultáneamente delegados de las tres únicas facultades de Económicas que había entonces en España… y como fueron años de acrecido activismo nos veíamos con harta frecuencia, casi siempre en Madrid. Más tarde, ya licenciados y estudiando fuera del país, los tres pertenecimos —ya lo he escrito más arriba— a la misma organización antifranquista, el FLP, el Felipe. No tardaríamos mucho tiempo en reencontrarnos en torno a otro Felipe (González).

Serra encabezó la primera candidatura municipal socialista por Barcelona que salió triunfadora y le llevó a la alcaldía (1979). Él fue quien impulsó la asamblea de capitales de provincia a través de la cual los grandes municipios negociaron con el gobierno de UCD mejoras económicas muy relevantes. Durante aquellas reuniones volví a tratar a Serra con asiduidad. Narcís es de paso lento pero seguro, por eso algunos le apodaban «el elefante». En cualquier caso, es persona discreta y eficiente, por eso, pienso yo, González lo nombró ministro de Defensa. Serra tenía entonces treinta y nueve años y afrontaba una labor nada fácil que precisaría de buen tino y no menos firmeza, pues aquellas Fuerzas Armadas no solo venían de dónde venían, tampoco estaban habituadas a «los usos y costumbres» de sus congéneres en los países democráticos. Por eso —como ya he escrito— la decisión de meter a España en la OTAN no fue para nada oportunista, sino una decisión estratégica… Pero es que González había prometido un referéndum «para sacarnos de la OTAN»… o eso pensaba todo el mundo. Lo cual complicó a Narcís su aterrizaje en Defensa. Para más inri, el ministro de Exteriores, Fernando Moran, era un veterano diplomático contrario a las prácticas norteamericanas y firme opositor a la permanencia de España en la OTAN. Por lo tanto, había que tocar bien las teclas de aquel piano, cosa que Serra sabía hacer.

El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, se celebraba, como todos los años, el día de la patrona de Infantería en la División Acorazada Brúñete, y «la Brúñete» era entonces la más poderosa unidad militar de España. Ni Suárez ni Calvo Sotelo habían acudido a la fiesta durante sus mandatos, pero Serra convenció a Felipe González para que fuera. Colocaron dos sillones con reclinatorio, de los cuales uno quedó vacío (estaba destinado a Carmen Romero, a quien nadie avisó de que tenía que acudir allí). Vi aquel acto religioso-militar por televisión y allí se percibió a un González serio y hasta solemne, impecablemente trajeado y con abrigo, muy en su papel de presidente. Un hombre que, a todas luces, había olvidado ya los movimientos y genuflexiones que marca la liturgia. Habían pasado demasiados años desde las largas misas en los claretianos.

El impacto mediático y simbólico de aquel acto solemne fue mucho mayor de lo que se podía imaginar a priori. Representó el comienzo de la normalización, de la integración de las FFAA en el espíritu de la Constitución, pero solo era eso, el principio.

Pocos días después de aquel acto, Serra llamó a González con un «recado» difícil: el Consejo Supremo de Justicia Militar que se reuniría al día siguiente tenía en el orden del día una medida de gracia que, en la práctica, ponía en la calle a los golpistas del 23-F. Fueron momentos «decisivos», es decir, momentos en los cuales no se pueden dar largas, se ha de tomar de inmediato alguna decisión… que en este caso fue la de llamar al presidente del Consejo Supremo y decirle sin contemplaciones: «O retira ese punto del orden del día o el gobierno disuelve el Consejo». No bastaba con que la propuesta no prosperara, era preciso que ni se discutiera.

—Pero, ministro —adujo desde su teléfono el teniente general que presidía el Consejo—, están interpretando el asunto de manera equivocada. Se trata tan solo de un gesto de camaradería para con esos caballeros. No hubo muertes y es Navidad.

Serra recibió al teniente general a las ocho de la mañana del día siguiente. No fue una entrevista agradable, pero el militar retiró aquel punto del orden del día.

Algún tiempo después, el capitán general de Valladolid, Fernando Soteras, «volvía al trigo» en la revista Interviú, disculpando a los del 23-F y pidiendo el indulto para ellos. Al día siguiente fue destituido.

Aquel primer año no fue fácil para Serra pero en enero de 1984 consiguió que se aprobara la Ley Orgánica de la Defensa. El mando sobre las FFAA quedaba en manos del presidente del Gobierno, que lo ejercía a través del ministro de Defensa. La Junta de Estado Mayor pasaba a ser un órgano asesor. Aquella normalización democrática habría sido imposible sin la colaboración leal de multitud de militares compenetrados con las exigencias de su oficio.

Las relaciones entre los militares y los políticos se comenzaron a normalizar entonces y no hicieron sino mejorar una vez que —no sin dejarse pelos en la gatera— la incógnita de la OTAN quedó despejada.

Mucho después, el gobierno de Aznar profesionalizó de arriba abajo el Ejército, eliminando la mili. Esa profesionalización quizá fue buena para la operatividad de los ejércitos, pero he de confesar —y no es muy popular lo que voy a decir— que tengo serias dudas de que lo haya sido para el país. Dudas que también González ha mantenido hasta hoy:

Que sean profesionales los soldados es algo disolvente para España, cuyas consecuencias no podemos prever. La primera, insisto, es que en aquellas zonas de España donde no existan militares oriundos, ni oficiales de carrera, ni tropas, el Ejército se percibirá como una fuerza extraña. Ha empezado a suceder en el País Vasco, y ese proceso puede llegar a ser grave. Me parece una irresponsabilidad histórica lo que está ocurriendo y lo único que deseo es no tener razón.

A pesar de haber sido muy conocido y apreciado en los ambientes universitarios y en la oposición política durante los años sesenta, el nombramiento de Carlos Romero como ministro de Agricultura sorprendió a muchos, pero no a quienes sabíamos de sus querencias profesionales y ancestrales hacia el sector.

Carlos siempre ha tenido —y tiene— dos cualidades aparentemente contradictorias: a) una discreción que a veces roza el exceso («lo sabe todo, pero no cuenta nada», aseguraba un compañero suyo en tiempos universitarios); y b) una tenacidad rayana con la tozudez («es tozudo como un campesino castellano», decía de él Pepe Martínez, el fundador de Ruedo Ibérico).

Conocer el sector agropecuario, ser discreto y tenaz hacían de él una persona muy adecuada para la dura negociación agrícola que hubo de establecerse con los países europeos, y muy especialmente con Francia (más precisamente: con los agricultores franceses). Que el ministro francés de Agricultura fuera entonces Michel Rocard —a quien los «felipes» habíamos tratado en París cuando Rocard dirigía un pequeño partido socialista, el PSU— ayudó a que aquello saliera mejor de lo esperado. Porque la entrada de España en la Comunidad Europea no fue un camino de rosas, como ahora, tantos años después, se piensa.

En efecto, cuando los socialistas llegaron al poder las negociaciones para la entrada en Europa estaban prácticamente paradas. Para los franceses era préalable que España cumpliera una serie de condiciones, sobre todo en asuntos agrícolas e industriales. Hasta tal punto había llegado la dificultad de la negociación que el presidente francés, Giscard D’Estaing, había llegado a decir en 1980: «España no puede entrar en la Comunidad Europea porque es un competidor agrícola que nos creará serias dificultades. Habrá que encontrarle un estatus distinto».

Con la intención de romper aquel nudo del préalabk, el 20 de noviembre de 1983 Felipe González se entrevistó con Mitterrand, quien, poco después de haber sido elegido presidente de Francia, había opinado que «si España entrara ahora en la Comunidad Europea sería un desastre». La conversación fue larga y según González fue sobre todo sincera. Al final obtuvo lo que había ido a buscar: «Me comprometo a eliminar las condiciones previas y a retomar la negociación», prometió Mitterrand, pero le pidió discreción: «Ahora esta negociación no se puede anunciar, ni tampoco los acuerdos contra ETA que acabamos de tomar». En otras palabras: la política antiespañola de Giscard quedaba hecha trizas, pero no convenía alardear de ello.

«Empero cambios respecto al terrorismo y cambios de actitud respecto a nuestro ingreso en la Comunidad Europea… pero ya veremos», declaró no sin ambigüedad González tras la reunión. A quienes sí informó fueron al rey y al canciller Helmut Kohl, que era su gran valedor en Europa.

David Üwen ha escrito no hace mucho que Francois Mitterrand ha sido uno de los más grandes europeístas… y en lo que respecta a España, la afirmación no puede ser más cierta.

Cuando el gobierno estaba metido de lleno en aquellas negociaciones, en una de mis visitas a La Moncloa, llegado el momento de la despedida, Felipe me soltó un «a propósito»:

—Tú que eres amigo de Carlos Romero, ¿crees que Carlos quiere que España entre en Europa?

Me quedé de piedra y le contesté: —Si no quisiera ya se habría ido del ministerio. Sonrió y dijo:

—Pues me quitas un peso de encima. Cuando se lo comenté a Carlos, se lo tomó con buen humor: —Ese cree que negociar es ponerse de acuerdo entre los de arriba, pero en esto de Europa cualquier jefe de sección te roba la cartera en cuanto te descuidas. ¿Tú has visto algún ganadero que muestre especial interés por la vaca que quiere comprar? Pues en esto de Europa nosotros somos quienes queremos comprar la vaca.

La economía manda[20]

Dos meses antes de las elecciones de 1982, González empezó a preparar su gobierno e inmediatamente después del 28 de octubre comunicó a Calvo Sotelo los titulares de los principales ministerios.

A este propósito, Miguel Boyer escribió años después lo siguiente: «Con el fin de que se nos mantuviera informados del curso de los acontecimientos y se nos consultaran las decisiones de importancia. Desde este punto de vista, la transición entre las elecciones del 28 de octubre y la toma de posesión del nuevo gobierno el 3 de diciembre fue un modelo de juego democrático».

Ante la fuga de capitales, que se aceleró conforme se aproximaba la victoria socialista, Boyer pidió y obtuvo «que se me informara diariamente por el Banco de España de la evolución de las reservas de divisas y ello —aparte de mantenerme en vilo— me convenció de la necesidad de tomar medidas inmediatamente después de la formación del nuevo gobierno, tanto de devaluación de la peseta como de rigor monetario».

Poco antes del debate de investidura de 1982, Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda in péctore, convocó en su casa al gobernador del Banco de España, José Ramón Álvarez Rendueles, y a su director de Estudios, Luis Ángel Rojo. También a quien iba a ser secretario de Estado de Economía, Miguel Ángel Fernández Ordóñez y a Carlos Solchaga, el próximo ministro de Industria. En aquella reunión se decidieron las primeras medidas económicas que el gobierno debería tomar. En primer lugar, devaluar la peseta y producir un plan de ajuste monetario y, a la vez, ajustar al alza el precio de los combustibles y los de la energía eléctrica.

La primera medida parecía obligada dado que el crecimiento de los precios había acabado con la ventaja conseguida a través de las devaluaciones de 1976 (10 por ciento respecto al dólar) y de 1977 (un 20 por ciento adicional), pero el gobierno tuvo miedo de que la devaluación fuera mal interpretada por los inversores y por ello solo devaluó el 8 por ciento respecto al dólar, pero gracias a la política ultra-restrictiva puesta en marcha entonces por la Reserva Federal norteamericana (que puso por las nubes al dólar), se amplió y alargó la ganancia de competitividad de la devaluación y gracias a ello la balanza de pagos mejoró rápidamente, cambiando la tendencia de déficit a superávit.

El ajuste resultó positivo y aunque el PIB solo creció el 2,2 por ciento durante 1983, en el conjunto de los años 1983-1985 el PIB creció un 6,4 por ciento frente al 2,7 por ciento de los años 1980-1982; la inflación cayó del 14,4 por ciento en 1982 al 12,2 por ciento en 1983, al 11,3 por ciento en 1984 y al 8,8 por ciento en 1985. En 1988 el IPC en media anual creció un 4,8 por ciento. En los dos años siguientes lo hizo un 6,8 y 6,7 por ciento respectivamente, mientras que tanto en 1991 como en 1992 la tasa de crecimiento de los precios fue del 5,9 por ciento, aunque en este último año probablemente cerca de un punto de ese crecimiento se debiera a la armonización del Impuesto sobre el Valor Añadido que entonces entró en vigor. De esta manera el proceso continuo de lenta caída en la inflación se interrumpió durante dos años (1989 y 1990), reanudándose a partir de 1993 (4,6 por ciento).

El hecho de que hoy, como entonces al menos por mi parte y por la de muchos más, juzguemos estas tasas de inflación como exageradamente altas, sobre todo en la perspectiva de los requerimientos en Maastricht, no debería hacernos olvidar algunas cosas.

Primera, que por comparación a las estadísticas de inflación de los últimos veinticinco años (desde 1970 hasta ahora) los crecimientos del IPC entre 1989 y 1992 fueron relativamente moderados. Segunda, que aunque suponían un repunte inflacionario indeseable, se mantuvieron dentro de límites que alejaban en todo momento la impresión de que la inflación estaba sin control. No superar dos puntos la tasa de inflación más baja de los dos últimos decenios —el 4,8 por ciento registrado en 1988— es un indicador de lo que acabo de decir. Tercero, que esto se produjo a pesar de un fuerte aumento en los salarios reales. Entre 1986 y 1992 la ganancia media por trabajador al mes creció en un 50,6 por ciento, en tanto que el IPC lo hizo en un 41,0 por ciento. Los resultados son semejantes si se efectúa la comparación con la remuneración salarial por hora trabajada.

Si a pesar de este significativo avance en los salarios reales la tasa de inflación no llegó a dispararse se debió sobre todo a que la política macroeconómica, fundamentalmente la monetaria y cambiaria, marcaron un tono restrictivo que permitió mantener el repunte inflacionista dentro de ciertos límites a pesar de la subida de los costes laborales. Sin embargo, ello no impidió que la pérdida de competitividad acumulada hiciera que el deterioro de la balanza de pagos por cuenta corriente (que se había generado fundamentalmente por un exceso de demanda a partir de 1986-1987) continuara cuando esta ya se había reducido considerablemente al final de la década. Solo las devaluaciones de 1992-1993 permitieron restaurar el equilibrio, una vez recuperada la competitividad[21].

Mediante un fuerte recorte de los sueldos de los directivos del sector público, el gobierno esperaba un efecto ejemplarizante que indujese a la moderación de los sindicatos respecto a la negociación colectiva, pero eso no ocurrió y los salarios crecieron en 1983 por encima de la inflación, pero en 1984 la falta de un acuerdo entre patronal y sindicatos produjo una reducción de dos puntos en los salarios reales.

Por su parte, la destrucción de empleo y el crecimiento del paro continuaron inexorablemente durante 1983 y 1984, aunque se desaceleraron respecto al periodo anterior. En 1985 el empleo comenzó a crecer gracias a que los beneficios de las empresas se recuperaron con rapidez, con el consiguiente crecimiento de la inversión. La renta real per cápita mantuvo un crecimiento moderado durante los años 1983, 1984 y 1985 (1,2 por ciento, 1,7 por ciento y 1,8 por ciento respectivamente) pero en 1986 creció el 4,7 por ciento y en los siguientes lo hizo por encima del 5 por ciento.

En España las importaciones de petróleo, que representaban en 1972 un coste de 54 800 millones de pesetas —1,6 por ciento del PIB—, se elevaron en 1975 a 211 500 millones de pesetas y en 1982 a 1 312 400 millones de pesetas o su equivalente del 3,5 y 6,6 por ciento del PIB en cada uno de esos años. Aun cuando tanto en 1976 como en 1977 se produjeron sendas devaluaciones de la peseta, la balanza de pagos por cuenta corriente —con la excepción de los años 1978 y 1979— se mantuvo en déficit en proporciones muy elevadas (hasta el 4,0 por ciento del PIB en el año 1976)… Por lo demás, solo en 1980 y con notables deficiencias fue aprobado un auténtico Plan Energético Nacional pasando por encima de las presiones absurdas de la industria eléctrica.

La economía se hallaba ya recalentada por el fuerte crecimiento de la demanda entre los años 1970 y 1973 y la explosión salarial que entonces tuvo también lugar. Más tarde se añadió la extensión prácticamente universal de las revisiones salariales en función del IPC experimentado en el año anterior, lo que garantizó un mecanismo de inflación de costes que solo pudo empezar a quebrar como consecuencia de los Pactos de La Moncloa, aunque con resultados modestos sobre los precios.

Creo que la combinación de estos factores es lo que explica la mayor incidencia de la crisis internacional en términos de crecimiento económico y desempleo en España que en otros países industrializados de Europa[22].

Nada fue sencillo, y como prueba está la reconversión industrial. En efecto, la debilidad de la industria en España había quedado en evidencia tras las dos crisis del petróleo. Una industria muy vulnerable que se había desarrollado bajo el manto del proteccionismo, con unos niveles tecnológicos y organizativos pobres y cuya capacidad para competir se basaba en bajos salarios y en la energía barata.

En 1983 se hizo público el libro blanco sobre reindustrialización que había elaborado el Ministerio de Industria. En él se señalaba un marco para el tratamiento de los sectores industriales en crisis que permitiera: a) reducir su endeudamiento, b) reducir la mano de obra excedentaria y c) abordar las nuevas inversiones. En el periodo 1984-1989 el Estado gastó en la reconversión industrial un billón de pesetas (6000 millones de euros). Este gasto fue muy criticado por la derecha: «Hubiera sido mucho mejor dedicar ese dinero a incentivar sectores de futuro», dijeron.

El conflicto mayor vino del lado de los sindicatos y se acabó por enconar en torno a un punto: los sindicatos se negaban a que se extinguiera el vínculo laboral con las empresas en reconversión. Boyer y Solchaga consideraban que esa pretensión rozaba el absurdo, pues suprimía todo incentivo para que los trabajadores excedentarios buscasen un nuevo empleo. Los altos dirigentes de UGT (Redondo y Saracíbar), miembros del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, anunciaron que ellos no votarían a favor de estas medidas. Por eso la cuestión fue relegada —con dudosa legalidad— a un reglamento posterior que no precisó la aprobación de las Cortes. Comenzaba así el conflicto entre los líderes de la UGT, con Nicolás Redondo a la cabeza, y el tándem Boyer-Solchaga.

Los enfrentamientos callejeros más graves a propósito de la reconversión se dieron en la siderurgia (la demanda de acero había caído desde los 11,8 millones de toneladas en 1974 a los 6,9 millones en 1985) y en la construcción naval. Por citar un solo ejemplo: los trabajadores se negaron a apagar los Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto y sus manifestaciones callejeras en Valencia y Madrid fueron duras y multitudinarias.

«Como ministro de Industria —ha contado tiempo después Solchaga— me propuse desde el primer momento evitar la socialización de pérdidas asociada a la nacionalización de las empresas en crisis que habían venido llevando a cabo los gobiernos anteriores. Por fortuna, el gobierno compartía esa propuesta y no fue difícil evitar toda tentación nacionalizadora (excluida la de la Red de Alta Tensión)».

Esa política según la cual el Estado debe sacar sus manos fuera del juego empresarial pronto se ampliaría (con las recomendaciones de Europa) a todas las empresas públicas.

Bastantes años después de aquellos avatares iniciales, Solchaga —que siempre ha tenido la mente clara— defendía su gestión durante la reconversión, pero también expresaba su «filosofía» respecto a las «empresas públicas». Leámosle[23]:

¿Por qué había de saber el Estado mejor que la iniciativa privada cuáles eran los sectores de futuro? ¿Quién garantizaba que se estaban eligiendo las actividades «vencedoras» con mejor criterio que los inversores privados? ¿Era siquiera posible, sin introducir una mayor flexibilidad en el ajuste industrial de los sectores en crisis y una reducción general del proteccionismo, escoger con fundamento cuáles eran las actividades de futuro sin cometer graves errores en la asignación de recursos? La verdad es que cuando he hecho estas preguntas a mis interlocutores casi nunca he encontrado una respuesta satisfactoria.

Estos fueron los puntos de vista que defendí en aquella polémica sobre política industrial que se llevó a cabo en relación con la reconversión. No puedo decir que en su defensa me sintiera muy acompañado. Una parte de la profesión de economistas desconfiaba de las políticas industriales activas, pero constituía una minoría. Los sindicatos se opusieron cuanto pudieron a la reconversión industrial, que deseaban que fuera mucho menos traumática, lo cual era perfectamente previsible, y tanto el real decreto-ley que las inició como la propia Ley de Reconversión Industrial no hallaron más amparo en el Parlamento que el voto disciplinado más que convencido de los socialistas. Hoy sigo creyendo en esta materia lo mismo que entonces defendí.

Estas palabras de Solchaga merecen un breve comentario «generacional», llamémoslo así:

Quienes desembarcamos en el PSOE inmediatamente antes o poco después de la muerte de Franco no queríamos abandonar una dictadura para caer en otra y por eso no consideramos nunca la posibilidad de entrar a formar parte del comunismo en cualquiera de sus variedades… Por ese camino nos topamos —y no era difícil predecirlo— con la socialdemocracia, que no predicaba un paraíso en la Tierra, pero sí exhibía algunos ejemplos a seguir, como eran los países nórdicos, y, aunque el modelo nórdico careciera de heroísmo y estuviera expuesto a los vaivenes que las urnas procuran, lo mirábamos con creciente simpatía.

Allí había un Estado que aseguraba la igualdad de oportunidades a través de servicios básicos como la educación y la sanidad. Un Estado que conseguía dotar a todos los ciudadanos de una vivienda digna y disponía de abundante suelo público. Un Estado que dictaba normas en defensa de los consumidores y garantizaba un sistema de pensiones para que los ingresos antes y después de la jubilación no difirieran en exceso. También para que el cónyuge y los hijos pequeños sobrevivientes no quedaran a la intemperie tras la muerte del sostenedor económico de la familia. En fin, un Estado financieramente poderoso que se nutría mediante impuestos elevados y progresivos. También pensábamos que el Estado debía tener en sus manos una buena cantidad de industrias estratégicas (energía, comunicaciones, etc.) en defensa de la independencia nacional. Todo ello inscrito, naturalmente, en un objetivo: la igualdad… Suecia era un país muy pequeño, sobre todo en comparación con las estepas rusas o las llanuras y murallas chinas, pero servía de espejo en el cual mirarse.

«Los socialdemócratas no quieren acabar con el capitalismo, solo aspiran a administrarlo», decían los comunistas… y cuánta razón tenían.

En esas estábamos cuando se murió Franco y antes de que pasaran siete años nos tocó gobernar en España. Primero en muchos ayuntamientos y, luego, en el Estado… y empezamos a vislumbrar que no todo lo público estaba destinado a funcionar bien; que, por ejemplo, los gestores de las empresas públicas, al no jugarse su dinero ni depender su vida profesional de la cuenta de resultados, propendían a hacer concesiones a sus empleados que, de ser aquellas empresas de capital privado, quizá no habrían hecho… En efecto, sus cuentas de resultados siempre eran susceptibles de ser cubiertas por impuestos y su profesionalidad ocultada tras el grueso dedo que los nombraba. Por otro lado, la inexorable burocratización del aparato público carecía de los reflejos e incentivos que son imprescindibles para un funcionamiento empresarial ágil y eficiente. Por eso, cuando más tarde llegó de Europa el mensaje —o la orden— de que si queríamos un mercado único, abierto a la competencia y transparente era preciso privatizar las empresas públicas, nos lo tomamos con calma y no provocó entre nosotros rechazos notables.

Es preciso inscribir la expropiación de Rumasa (febrero de 1983[24]) en el proceso de «reconversión financiera» (1978-1984), que afectó desde la Banca Catalana, tan ligada a Jordi Pujol, al Banco Urquijo, muy golpeado por la crisis industrial (Explosivos Río Tinto): pero merece la pena detenerse en este asunto porque trajo mucha cola y, a mi juicio, ilumina las dificultades que la política debe vencer a menudo.

La polémica sobre qué hacer con aquellos bancos salvados con dinero público fue anterior a la reconversión financiera y ese debate estaba en la médula del programa electoral del PSOE, donde se anunciaba que los bancos saneados con dinero público serían nacionalizados. «Mi argumentación —recordaría Boyer años después— en los casos de los bancos mencionados y en los veinte de Rumasa fue la siguiente: cuando el sector privado hiciera, junto con el Estado, un esfuerzo sustancial para sanear un banco, no era necesario ni justo nacionalizarlo». Y concluía: «Mi opinión prevaleció». Como ocurría casi siempre, añado yo.

Rumasa estaba compuesta formalmente por 770 empresas españolas y unas 80 extranjeras. Era un grupo formado a partir de 1961 con un capital inicial de 300 000 pesetas (unos 1800 euros). A partir de 1964 y al rebufo del fuerte crecimiento económico, Ruiz-Mateos comenzó a comprar sociedades en dificultades y, a base de ayudas oficiales y financiación de las propias empresas adquiridas, fue construyendo un «imperio» en el que se incluían —a partir de la crisis del petróleo— varios bancos en dificultades. Pese a los problemas que se derivaron de aquella crisis energética, Rumasa siguió adquiriendo empresas en pérdidas, como Galerías Preciados, o sanas, como el Banco Atlántico. De esta espiral da cuenta un dato: el grupo llegó a tener una plantilla en torno a 46 000 empleados.

Como más tarde declaró Fernando Abril Martorell ante la comisión de investigación que se creó en el Congreso tras la expropiación: «Rumasa era un caballo desbocado que había que frenar».

Ya en la primavera de 1982, el gobierno de Calvo-Sotelo le exigió a Ruiz-Mateos que efectuase una auditoría y este le dio largas; en otras palabras: se negó. Al inicio de 1983, con los socialistas ya en el gobierno, el Banco de España presentó un informe, redactado por su inspección, en el cual se afirmaba que Rumasa tenía un agujero patrimonial de «decenas de miles de millones».

Tras la expropiación, cuando los inspectores, al fin, pudieron ver los datos reales, se supo que la diferencia entre las pérdidas acumuladas por Rumasa, 364 000 millones de pesetas (en torno a los 2000 millones de euros), y sus fondos propios arrojaban un agujero de 259 000 millones de pesetas (más de 1500 millones de euros). En otras palabras: Rumasa estaba en quiebra.

Algún tiempo después, refiriéndose a la última reunión con Ruiz-Mateos en la sede del Ministerio de Hacienda, Miguel Boyer escribió lo siguiente:

Le expuse a Ruiz-Mateos que, según los informes de la inspección del Banco de España, Rumasa tenía problemas muy graves. Que creía necesario afrontarlos, en vez de continuar la huida hacia adelante, y que el gobierno estaba dispuesto a ayudar, pero que para ello era imprescindible conocer en profundidad la situación del grupo. Le pedí que se comprometiese formalmente mediante una carta —cuyo borrador habíamos preparado en el ministerio— a facilitar que la auditoría que estaba realizando Arthur Andersen acabase pronto y que, mientras tanto, Arthur Andersen pudiera comunicar al Banco de España los resultados parciales de sus trabajos. Si ese compromiso era aceptado, le propuse dar a la prensa una nota conjunta del Ministerio de Economía y de Rumasa, informando de nuestro acuerdo y de la disposición del gobierno a colaborar.

Ruiz-Mateos se limitó a negar con vehemencia que Rumasa tuviera ningún problema. Me mantuve firme en la exigencia de que firmase la carta, y él en su negativa.

Como la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se reunía en el mismo edificio a las siete de la tarde, aproveché para informar allí de la entrevista y, a continuación, me trasladé a La Moncloa para hacer lo mismo con el presidente Felipe González. Le dije que aún esperaba que Ruiz-Mateos recapacitara y aceptara la solución propuesta. La respuesta de Ruiz-Mateos vino al día siguiente, en una conferencia ante la prensa y las televisiones, desafiante y absolutamente inflexible. Rumasa —según él— no tenía problemas y «había sufrido la mayor agresión que un gobierno hubiera efectuado contra una empresa».

En tales condiciones, al gobierno le quedaban pocas opciones: 1) no hacer nada, lo que llevaría a un rápido pudrimiento de la situación; 2) expulsar a los bancos de Rumasa del Fondo de Garantía de Depósitos, lo cual provocaría una estampida de los depósitos de esos bancos; 3) intervenir esos bancos y las otras empresas del grupo, lo que era muy difícil de manejar dada la enorme tarea de unos gestores públicos enfrentados con los consejos de administración subsistentes; 4) expropiar.

La decisión que al final tomó el Consejo de Ministros, que fue la de expropiar, tenía muchos inconvenientes pero era la única que evitaba la quiebra del grupo. Boyer lo ha descrito así:

La expropiación del grupo era la medida más drástica y a la que más nos resistíamos, por principio, la mayoría o la totalidad de los miembros del gobierno. Por una parte, podría hacer creer que deseábamos nacionalizar empresas, lo cual, además de contrario a la orientación moderada de la política económica, corría el riesgo de tener efectos negativos entre los empresarios e inversores españoles y extranjeros. Por otra parte, era evidente que la tarea de gestionar empresas en crisis, sanearlas financieramente, reprivatizarlas y hacer frente a la multitud de procesos y de reclamaciones de Ruiz-Mateos y de los otros accionistas iba a ser un esfuerzo muy gravoso, que consumiría una energía que se necesitaba para afrontar los agobiantes problemas del momento.

¿Por qué, pues, decidió expropiar el gobierno? Porque era la opción menos mala. Pero las explicaciones sencillas no suelen satisfacer a los muchos que tienen una concepción conspiratoria de la política y se hicieron sobre el asunto todo tipo de hipótesis, desde la delirante de una conspiración entre el Opus Dei, la banca y el gobierno hasta otra más sutil según la cual el gobierno quería hacer una demostración de fuerza.

La expropiación se realizó mediante el procedimiento del decreto-ley, que luego se tramitó como ley. Yo era entonces el portavoz de Economía en el grupo parlamentario del PSOE, pero el debate que se esperaba lo iba a ser más en el campo jurídico que en el económico, y así fue. Renuncié a pelear en ese jardín y fue Pedro de Silva quien llevó el peso de aquellos debates cuando le tocó hablar al Grupo Socialista.

El asunto jurídico de la expropiación era enredado, pues un decreto-ley (que fue inmediatamente recurrido por Alianza Popular ante el Tribunal Constitucional —TC—) «tocaba» un derecho de los amparados por el Título I de la Constitución, concretamente el derecho de propiedad. No porque no se pudiera expropiar sino porque la Constitución exigía —y exige— que se haga mediante indemnización.

El TC estaba —y está— formado por doce magistrados («los doce hombres sin piedad» en el decir de los nacionalistas vascos) que entonces sí eran personas «de reconocido prestigio[25]».

El 2 de diciembre de 1983 el Constitucional emitió sentencia desestimando el recurso de AP contra el decreto-ley. Pero el decreto-ley de 23 de febrero de 1983 había sido ya derogado —tras la correspondiente tramitación parlamentaria— por la Ley 7/1983, ley que no fue recurrida por AP. El por qué el partido de Fraga no recurrió la Ley 7/1983 es un enigma que nadie ha desvelado aún, pero ese hecho añadió alguna dificultad más al TC pues, en puridad, el decreto-ley ya no existía cuando el Tribunal emitió su sentencia. Por esa razón y por otras no todo el mundo estuvo de acuerdo con la sentencia y en primer lugar los seis magistrados (Francisco Rubio Lloren-te, Gloria Begué, Rafael Gómez Ferrer, Ángel Escudero del Corral, Antonio Truyol y Francisco Pera Verdaguer) que firmaron un voto particular poniendo reparos jurídicos muy serios a algunos pasajes de la sentencia.

Después de leer el texto del voto particular, se llega a la conclusión de que las discrepancias —desde luego, fundadas— son jurídicas, pero no son políticas.

En cualquier caso, esa fue la primera estación del viacrucis judicial y recurrente de Ruiz-Mateos, que acabó perdiendo todos sus pleitos, también en Europa. Las tres sentencias y el autodictados sobre la constitucionalidad de la expropiación de Rumasa fueron contrarias a los intereses de Ruiz-Mateos y lo mismo ocurrió con la legalidad de la reprivatización. Existen, al menos, ocho sentencias del Tribunal Supremo en su contra y hay otras 190 sentencias del Supremo que deniegan el derecho a la reversión de los antiguos accionistas de las empresas. Tres sentencias en el extranjero (una de la Alta Corte británica en 1986, otra del Tribunal Federal de Primera Instancia de Estados Unidos en 1991 y una tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 1993), desestimaron sus peticiones. Finalmente, respecto a la reclamación de cantidades, el Supremo confirmó en más de doscientas sentencias las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, todas ellas desfavorables a los intereses de Ruiz-Mateos.

A pesar de todo, Ruiz-Mateos, a base de sus mentiras, de sus baladronadas y de sus agresiones verbales y hasta físicas, consiguió convencer a mucha gente de que se había cometido un atropello contra él. Un apoyo —también mediático— que supo convertir en votos en las elecciones de 1989, consiguiendo 2 escaños en el Parlamento Europeo.

Una continua astracanada que —pese a haber sido procesado[26] por varios delitos— ha durado demasiados años. Concretamente hasta que otra quiebra, la de la Nueva Rumasa, le ha llevado de nuevo ante los tribunales. Ruiz-Mateos es, en efecto, un vocacional. Un vocacional de la trapisonda y de la estafa.

Tras la expropiación vino otro proceso no menos arriesgado: la reprivatización, que le costó al Estado esfuerzos y dinero, además de soportar las maledicencias. Por ejemplo, en torno a la reprivatización de Galerías Preciados, que acabó en manos del venezolano Grupo Cisneros[27], a quien se le suponía amigo de Felipe González. Como ha escrito Javier del Moral, que entonces era director general de Patrimonio, «ni en el Ministerio de Economía había ningún amigo de este o de otro grupo, ni los conocíamos antes de que presentasen sus ofertas, ni recibimos jamás la menor indicación de la presidencia del Gobierno, como maliciosamente se ha sugerido. Al final, la recomendación de la dirección del Patrimonio del Estado al gobierno fue a favor de la oferta del Grupo Cisneros, porque ningún otro grupo pudo presentar un aval bancario total sobre el valor de la compra y porque la solvencia y mayor dimensión económica del Grupo Cisneros hacían más probable que pudieran obtener los medios necesarios para la viabilidad de la empresa en venta».

En julio de 1985, Felipe González decidió hacer una crisis de gobierno, quizá con la intención de dar más oxígeno a los ministerios a cuyo frente estaban ministros que él consideraba chamuscados (en vísperas de un referéndum para «quedarse» en la OTAN era obvio que Fernando Moran estaba de más en el gabinete) y quizá también para darle más poder a Miguel Boyer sacando del gobierno a quienes «se las tenían tiesas» (Campo, Barón) con el superministro en el seno del gabinete.

González había declarado en una ocasión que Olof Palme le había recomendado lo siguiente: «Un jefe de Gobierno debe entregar al ministro de Hacienda el 99 por ciento de su confianza, pero ni un gramo más». Y así lo hizo González con Boyer, pero, provocada la crisis gubernamental, hubo de utilizar ese 1 por ciento restante. Boyer, muy lacónicamente, lo ha contado así[28]:

Las reglas del juego que teníamos eran que los ministros hacían sus peticiones al titular de Economía y si no había un acuerdo, entonces el presidente actuaba como árbitro. Ello significaba la continua intervención del presidente por los temas más insignificantes. Entonces planteé la conveniencia de que el ministro de Economía fuese vicepresidente y pudiera decidir sin más apelaciones. El partido se opuso y dimití.

No sé qué significa para Boyer «el partido», pero quien sí se opuso a su nombramiento como Vicepresidente fue Alfonso Guerra, y no solo por celos personales —que seguramente existían—, también porque a esas alturas la vicepresidencia de Boyer ponía en solfa cualquier discurso que contuviera la mínima veleidad izquierdista… y Guerra creía que esa parte de la finca también había que cultivarla.

La dimisión de Boyer dejó la crisis suspendida en el aire y pendiente de un hilo. González se quedó desconcertado ante la posición de Boyer, de suerte que la cena que tenía preparada en La Moncloa para comunicar allí —en amor y compañía— los nombres de los cesantes transcurrió sin que el presidente abriera el pico. Tan es así que, a los postres, Ernest Lluch le pidió con humor que soltara prenda, sin conseguirlo y, como en el poema de Cervantes, cada uno de los ministros… «caló el chambergo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese y no hubo nada».

Aquella noche, tras la cena parcialmente fallida, se reunieron informalmente varios ministros (Solana, Almunia, Barrio-nuevo…) en una terraza del Paseo de Rosales, reunión que concluyó encargando a Javier Solana que transmitiera a González un mensaje instándole a que rematara la crisis y pusiera a Solchaga como ministro de Economía y Hacienda, que fue lo que el presidente acabó haciendo.

Una versión más completa es la que le ha dado Carlos Solchaga al autor de este libro:

En una comida que se celebró entre Felipe González y Miguel Boyer antes del comienzo de lo que iba a ser la última sesión del primer gobierno de González (a la que creo que asistió también Benegas) el presidente no consiguió convencer a Boyer de que continuara como ministro de Economía y Hacienda invocando los cambios que, a su solicitud, había hecho con la salida de Fernando Morán, Enrique Barón, Tomás de la Quadra y Julián Campo (aunque no estoy seguro de que Miguel Boyer hubiera puesto mucho énfasis en el caso de Tomás de la Quadra que quizá fue sacrificado en beneficio de la combinación final). Sin vicepresidencia Miguel Boyer no estaba dispuesto a aceptar.

En un aparte antes de empezar el Consejo, Boyer me dijo que se iba. Hablé con el presidente proponiéndole mi mediación para convencer al ministro. Felipe González me dijo que hiciera lo que quisiera pero que en lo que a él afectaba la cuestión la daba por zanjada.

Cuando nos separamos todos tras la cena que tuvo lugar después del Consejo en «La Bodeguilla» yo acompañé a Miguel Boyer al Ministerio de Hacienda, en cuyo «pabellón» se había instalado —provisionalmente— después de su separación de Elena Arnedo. Allí vino también desolado Mariano Rubio. Tras una larga conversación que se prolongó hasta las cinco de la mañana no conseguimos convencer a Miguel.

A la mañana siguiente en una reunión informal de una serie de ministros con el presidente este explicó la solución de la crisis proponiendo mi nombre como ministro de Economía y Hacienda y pidiéndome una propuesta —allí mismo— para sustituirme en Industria y Energía (propuse a Joan Majó).

Mi impresión es que Felipe González envió a Solana a la reunión de la noche anterior en Rosales para que sondeara mi nombre como sucesor en la cartera de Hacienda. Algunos de los asistentes me han sugerido en alguna ocasión que no se opusieron o que incluso apoyaron mi nombre. Yo no asistí a esa reunión en la terraza del Paseo de Rosales de varios miembros del gabinete, pero González me había dicho que si Miguel Boyer «tiraba la toalla», esta es la expresión que usó, yo tendría seguramente que hacerme cargo de Economía y Hacienda.

La operación no fue una frivolidad sino la consecuencia de un doble órdago a que estaba sometido Felipe González por parte de Miguel Boyer, por un lado y por Alfonso Guerra, por otro.

Además de Boyer, cesaron Julián Campo, Enrique Barón, Fernando Morán y Tomás de la Quadra. Solana agregó a su calidad de ministro de Cultura la de portavoz del Gobierno, que hasta ese momento había ocupado Eduardo Sotillos.

En el gabinete entraron Francisco Fernández Ordóñez (Exteriores), Javier Sáenz de Coscuñuela (Obras Públicas), Abel Caballero (Transporte, Turismo y Comunicaciones) y Félix Pons (Administración Territorial).

La sustitución de Miguel Boyer por Carlos Solchaga apenas trajo consigo cambios en las líneas básicas de política económica marcadas desde el inicio, pero, aunque los personajes fueran amigos personales y comulgaran en las mismas iglesias, Solchaga y Boyer se parecen tanto como un huevo a una castaña.

Distante y con un toque de superioridad que le hace parecer lindante con la soberbia, Boyer quizá oculta así su timidez. Aunque posee un fino sentido del humor, nunca he podido imaginar a Miguel Boyer alegre, dicharachero o con dos whiskies de más. Parecía frío como un témpano y era muy difícil aventurar que aquella esfinge pudiera conmoverse a causa de cualquier pasión humana. Quedó claro que esa impresión era completamente falsa cuando, rompiendo su matrimonio con Elena Arnedo —doctora en Medicina e hija de la apreciable escritora Elena Soriano y de un padre rico y socialista— se embarcó en una aventura amorosa con una bella mujer muy halagada y fotografiada en los círculos del papel cuché. En contra de su carácter reservado y de su fama de persona convencional en el campo de las relaciones familiares, Boyer, sorprendiendo a propios y extraños, se lanzó sin paracaídas y sin otro apoyo que el de un diosecillo ciego, demostrando con ello que «el amor es fou o es ni fu ni fa»… Y a partir de ahí reinició su vida. Preguntado en una ocasión acerca de esa nueva singladura personal, se limitó a decir: «Isabel (Preysler) genera felicidad»… Y veintisiete años después parece seguir sintiendo lo mismo.

Durante los seis meses que ejercí como portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso no despaché con el ministro ni una sola vez. Fijada por el presidente de la Comisión la fecha de la misma, yo llamaba a la jefa de Gabinete del ministro, Petra Mateos, para que le transmitiera a Boyer mi disponibilidad para recibir instrucciones, pero jamás me las dio. Ni a través de Petra ni me llamó a su despacho para dármelas él. O pasaba de mí o era tal su confianza en mi oficio parlamentario que no creía necesario darme indicación alguna. Tiendo a pensar que era lo primero y no lo segundo, aunque no puedo considerar que tal actitud respondiera al desprecio hacia mi persona, porque me invitó varias veces a cenar en el apartamento del Ministerio al que se había trasladado a vivir tras separarse de Elena. Incluso estuve en alguna que otra ocasión en la casa de Isabel Preysler cuando el romance ya era público. A estas cenas y reuniones sociales asistían sus «nuevas amistades», entre ellas el editor de la revista ¡Hola! No me resisto a contar una anécdota a este propósito.

Eduardo Sánchez Junco, el editor de ¡Hola!, nos había regalado a cada comensal —éramos una media docena, creo recordar— un ejemplar de la revista recién salido de la imprenta. En él había un amplio reportaje fotográfico de un evento —no recuerdo cuál— celebrado en San Lorenzo de El Escorial. Yo había asistido a él vestido de frac, como era preceptivo, y había ocupado un lugar preferente durante aquella ceremonia religiosa. El reportaje era tan exhaustivo que me extrañó no aparecer en ninguna de las fotografías e, ignorante de mí, le señalé la anomalía al editor.

—En ¡Hola!, solo publicamos fotos de quienes están en nuestro «censo». Creí que lo sabías —me dijo sonriendo—. Ahora bien —continuó— si tú lo deseas, estaremos encantados de meterte en la lista.

—No, por favor. Está bien como está —me disculpé, algo corrido.

Además de los bandazos políticos ya descritos, el duro divorcio de Boyer y González dejó huellas perdurables en ambos y el entendimiento y la cordialidad dieron paso a la distancia y al desprecio. No sé si fueron esos sentimientos (o resentimientos) los que lo acercaron a José María Aznar, pero Boyer apareció un buen día en una reunión de FAES, la fábrica ideológica de Aznar. Después, como el Guadiana, volvió a ocultarse para reaparecer asesorando a Zapatero en la etapa termina de este. En marzo de 2012, Miguel Boyer sufrió un derrame cerebral del cual —mientras escribo— se está recuperando.

Solchaga es un hombre cercano, animoso, directo y con un sentido del humor de amplio espectro, desde el chiste al sarcasmo. Gran dominador de la esgrima parlamentaria y con magníficas dotes pedagógicas, este navarro de la Ribera siempre ha sabido soportar las bromas hirientes, como fue la de oír a Chiqui Benegas llamarle desde la Cadena Ser «el enano de Tafalla». En efecto, Solchaga no es alto, pero eso no le hace «menor». Siempre le he imaginado (como a Fraga, Tamames y algunos más) entrando en clase el primer día de Universidad, mirar alrededor, detectar la presencia de una muchacha que destacaba sobre las demás por su belleza… y decir para sí o dirigiéndose a los amigos: «Con esa me voy a casar yo». Y cumplirlo. Gloria Barba, su esposa, compañera suya en la facultad, era (y lo sigue siendo) una mujer muy hermosa.

A Carlos Solchaga le vienen al pelo los versos de Zorrilla «Yo a las cabañas bajé y a los palacios subí», porque no se le cae ningún anillo tratando a cualquier tipo de gente y también porque no deja indiferente a nadie. Pero su sofisticada tozudez, su convicción de que en política no hay que ceder un milímetro y que al adversario no hay que darle ni agua han provocado más de un conflicto innecesario, al menos eso pienso. Más adelante lo ilustraré con hechos.

Por otro lado, en la colla que Boyer y él montaron junto a Mariano Rubio, Manuel de la Concha y otros pocos amigos —a quienes sus adversarios dentro y fuera del PSOE pronto motejaron de beautiful people— los límites nunca quedaron claros. Solchaga sostiene que, aparte de Boyer, su única amistad firme fue la que tenía con Mariano Rubio, con quien había trabajado muchos años en el Banco de España.

En cuanto a sus usos sociales, haré a los lectores una advertencia: nunca beban ustedes con él, pues, a poco que se descuiden, él seguirá como una rosa en primavera mientras ustedes acabarán por el suelo.

Las políticas sociales

El 22 de junio de 1986 se celebraron elecciones generales y el PSOE volvió a ganar, obteniendo 8 900 000 votos, el 44 por ciento del total y 184 escaños en el Congreso de los Diputados, nueve por encima de la mayoría absoluta.

El PSOE había perdido 1 240 000 votos respecto a 1982, pero la Coalición Popular (AP más los liberales y los democristianos) también perdió 322.000. La mayor beneficiaría fue la abstención, que se incrementó en más de tres millones. También el CDS de Adolfo Suárez, que creció en 1 260 000 electores. Muchos de los que habían votado a UCD en 1982 (1 425 000 votos), debieron de recalar allí. El PSOE perdió apoyos en las capas medias urbanas, pero mantuvo el voto tradicional de izquierdas y encontró nuevos caladeros en la España «profunda», por ejemplo, entre las personas de avanzada edad. También equilibró el voto de los hombres con el de las mujeres.

Muchos achacaron estas pérdidas al efecto que sobre el electorado había tenido el malparido referéndum de la OTAN, pero posteriores análisis detallados permiten concluir que el efecto del referéndum sobre las pérdidas electorales de junio de 1986 fue irrelevante.

El gobierno que formó González a continuación no difería mucho del salido de la crisis del año anterior. Manuel Chaves sustituyó a Joaquín Almunia al frente de Trabajo y este pasó a ocuparse de Administraciones Públicas, cuyo titular, Félix Pons, había sido elegido presidente del Congreso y de las Cortes. Julián García Vargas entró en el gabinete sustituyendo a Ernest Lluch en Sanidad. Luis Carlos Croissier, que había sido subsecretario con Carlos Solchaga en Industria, sustituyó al frente de ese Ministerio al «breve» Joan Majó, y se creó un nuevo ministerio: Relaciones con las Cortes, del que se ocupó Virgilio Zapatero.

Tras esas elecciones se produjo la integración de España en la Comunidad Económica Europea y seis años después, en 1993, comenzó a funcionar el mercado único en toda la Europa comunitaria, lo cual aceleró la apertura de la economía española. En el momento de la adhesión, el índice de apertura[29] estaba en el 36 por ciento pero a partir de la instauración del mercado único comenzó a crecer hasta colocarse por encima del 60 por ciento a finales del siglo. Por otro lado, la proporción del comercio exterior con los países comunitarios, que antes de 1986 se situaba en torno al 50 por ciento, pasó a representar el 70 por ciento. A la vez, se produjeron muy relevantes entradas de capitales, llegando a representar el 4 por ciento del PIB e iniciándose también el despegue de las inversiones españolas en el extranjero, primero hacia Europa y desde mediados de los noventa hacia Latinoamérica.

Al inicio de los años ochenta, el Estado de bienestar en España se hallaba retrasado respecto al que imperaba en los países europeos. En 1980 los gastos sociales representaban el 15,5 por ciento del PIB, frente a más del 20 por ciento de media de la Europa a la que España iba a acceder.

Pese al discurso neoconservador entonces imperante en Europa y en Estados Unidos, durante «los años socialistas» en España se asentó y amplió el Estado de bienestar, desde la sanidad a la educación pasando por las prestaciones por desempleo y la universalización de las pensiones (se crearon las pensiones no contributivas). En efecto, el gasto social creció a mayor ritmo que en los países del entorno y el mayor crecimiento lo fue en servicios públicos universales (sanidad y educación). En los presupuestos de 1989 el Estado asumió los gastos sanitarios y las pensiones no contributivas, aliviando así los gastos de la Seguridad Social. Las pensiones y el subsidio de desempleo ya habían crecido fuertemente entre 1975 y 1981; luego se estabilizaron respecto al PIB para volver a crecer al inicio de los noventa. También fue en esa época cuando aparecieron los primeros elementos regresivos en el sistema fiscal.

Eran los tiempos de la «revolución conservadora» de Reagan y de Thatcher. Las reformas más radicales fueron las planteadas por los conservadores en el Reino Unido. Se trataba de recortar gastos para equilibrar el presupuesto y acabar con las tensiones inflacionistas, pero también implicaban una visión más amplia de las políticas sociales. Una concepción del sistema como un conjunto de prestaciones mínimas, lo justo para evitar situaciones de miseria, desplazando las coberturas por encima de ese límite hacia las decisiones individuales. Por ejemplo, la señora Thatcher cambió el sistema de actualización de las pensiones indiciándolo exclusivamente a través de los precios, lo que en la práctica equivale a la congelación de las pensiones en términos reales. A la vez, introdujo recortes en las prestaciones por desempleo y le dio un tajo al servicio nacional de salud. Me detendré un momento en ello para mostrar cómo —en lo referente a las discusiones actuales en España— no hay nada nuevo bajo el sol.

Para reducir el gasto sanitario, el gobierno conservador británico recurrió a una doble vía: 1) utilizó los seguros privados de carácter obligatorio incentivándolos fiscalmente; 2) provocó un bien planificado deterioro de los servicios con la intención de que las personas con mayores niveles de renta abandonaran la sanidad pública y se fueran a la privada. Pero estos intentos fracasaron. ¿Por qué?

En primer lugar, porque la privatización provocó un notable aumento de los costes, forzando el incremento de las primas en los seguros, con la consiguiente huida de los asegurados. En segundo lugar, porque el servicio nacional de salud (creado en 1948, aunque propuesto por Beveridge en plena guerra mundial) gozaba en el Reino Unido de gran prestigio y, por lo tanto, las reformas a la baja acabaron por costarles muy caras —en términos electorales— a los conservadores británicos. Los tan publicitados recortes thatcherianos consiguieron hacer bajar los gastos sociales del 25,2 por ciento sobre el PIB en 1980 al 22,2 por ciento en 1988… para iniciar después un nuevo crecimiento con el cambio de década.

A pesar de los muy predicados y reiterados recortes, el Estado de bienestar resistió durante aquellos años el ataque en casi todos los países de la OCDE, y no tanto por la capacidad de resistencia de los sindicatos, cuyo poder se estaba debilitando a ojos vista, como por la resistencia a los recortes que procedía de los colectivos que se servían de ellos, y, también, muy significativamente, de quienes los servían, desde los médicos a los maestros, pasando por otros muchos profesionales dedicados a labores asistenciales.

Sin ánimo de exhaustividad pero con intención de ilustrar la relevancia de los cambios impulsados entonces, me detendré un momento en el Sistema Nacional de Salud. La aprobación de la Constitución en 1978 ya marcó una inflexión respecto al derecho a la salud y la asistencia sanitaria que ya existían en España desde la aprobación de la Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1942.

En efecto, la Constitución reconoció en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud, encomendando a los poderes públicos el fomento de la educación sanitaria así como la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, remitiéndose a una ley que establecería los derechos y deberes de todos al respecto.

La Seguridad Social venía prestando directamente la atención sanitaria a través de una vasta y compleja organización que se financiaba a partir de las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Los servicios sanitarios estaban dirigidos a la población trabajadora, afiliada al sistema, y a sus familiares, quedando fuera de la protección las personas no integradas en el trabajo normalizado y los excluidos sociales, que eran atendidos a través del sistema de Beneficencia, una red local que contaba con escasos recursos. El sistema se fue ampliando, de manera que a la altura de 1978 la cobertura sanitaria se acercaba al 82 por ciento de la población.

La aprobación en 1986 de la Ley General de Sanidad, en desarrollo del mandato constitucional, fue el resultado de un relevante consenso social. La ley abrió las puertas a la reforma sanitaria, partiendo de una concepción integral de la atención a la salud y acompañándose durante los siguientes años de fuertes inversiones para la transformación de los antiguos ambulatorios o consultorios en modernos centros de salud. La reforma se asentaba sobre los principios de universalidad en el acceso, descentralización en la gestión, equidad en los servicios y prestaciones, financiación pública y participación social.

El principio de universalidad dio cobertura pública a las personas sin recursos y esa cobertura se elevó así al 93,4 por ciento de la población.

Un paso más en esta dirección vino dado por la Ley 4/2000, con gobierno del PP, que extendía la cobertura de la sanidad pública a todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa, siempre que estuvieran empadronados. En estos momentos (2012) y antes de los «recortes» que se anuncian, el porcentaje de cobertura pública supera el 99,8 por ciento, quedando fuera únicamente las personas con recursos suficientes que no están afiliadas a la Seguridad Social.

Tras los primeros años de impulso y expansión del sistema, se pusieron de manifiesto importantes problemas de funcionamiento, entre ellos la saturación de las urgencias y las listas de espera quirúrgica.

A principios de los años noventa y ante el constante aumento del gasto sanitario, debido en primer lugar al envejecimiento de la población y al coste de los avances técnico-científicos, se creó en el Congreso una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, cuyo informe, que vio la luz en julio de 1991, creó una gran polémica en torno a algunas de sus sesenta y cuatro recomendaciones. Pese a la escasa receptividad que el informe tuvo en aquel momento, la influencia de sus orientaciones ha sido muy notable y lo han aplicado gobiernos de distinto signo político.

La reconversión industrial y el aumento de los regímenes especiales que se integraron en el Régimen General de la Seguridad Social explican las medidas que en 1985 llevaron un recorte del gasto y a la actualización de las pensiones con arreglo a los precios. También se aumentó el número de años cotizados (de ocho a quince) para acceder a la pensión mínima y de dos años antes de la jubilación a ocho para calcular la cuantía de la pensión, reforzando además la vinculación entre contribuciones y prestaciones y provocando —como ya se ha reseñado— una primera huelga general contra el gobierno de González.

Fue a partir de esa reforma cuando aparecieron en el horizonte, con gran aparato publicitario, las pensiones complementarias de carácter privado, lo cual implicaba un cambio en el modelo, introduciendo en él la «idea» de que las pensiones públicas servían para cubrir mínimos vitales y quien quisiera más debería suscribir fondos de pensiones privados, eso sí, convenientemente incentivados a través de rebajas en el IRPF.

Una «solución» que la crisis —la que atravesamos cuando esto escribo— ha dejado en evidencia, a causa de los desastres financieros que están en el origen de las desgracias que hoy padecemos. En efecto, pocos de los fondos de pensiones suscritos antes de que Lehman Brothers se viniera abajo han podido mantener los valores esperados, con los consiguientes destrozos sobre las rentas de los futuros jubilados.

Para caracterizar lo que significaron para la sociedad española los más de trece años de gobierno socialista, la derecha española, durante la última legislatura (1993-1996) de González, lo resumió en tres palabras: paro, despilfarro y corrupción.

De los tres hubo, pero no tanto como para ocultar la realidad de unos años que no fueron —ni de lejos— años perdidos ni para España ni para su futuro. Nadie podrá negar, por ejemplo, que los gobiernos de González aprovecharon bien la entrada en la Comunidad Europea (firmada el 12 de junio de 1985 con efecto de 1 enero de 1986). Esa apuesta, hasta la crisis actual, no ha traído sino bienes al país. En efecto, en el retorno a su «hogar natural», los españoles encontraron un nuevo proyecto colectivo, un espaldarazo a la estabilidad de su democracia, el detonante de una aceleración económica y un trampolín para la apertura de las mentalidades.

Una amplia lista de indicadores certifica ese despegue. Las infraestructuras se modernizaron: los preexistentes 773 kilómetros de autovías gratuitas se multiplicaron casi por diez. El peso de los servicios aumentó en detrimento de la agricultura e industria. La eliminación de barreras multiplicó el grado de apertura económica al mundo: el comercio exterior pasó de representar solo un tercio del PIB a dos tercios. Las empresas locales crecieron en tamaño, eficiencia e internacionalización. España se colocó, junto a Estados Unidos, a la vanguardia de los primeros inversores en América Latina. Al cabo, de foco de emigrantes, el país comenzó a ser imán para la inmigración y la economía redujo la diferencia que la separaba de la europea a un ritmo aproximado de un punto porcentual anual.

Para muchos, la política económica en España en la etapa de Felipe González (1982-1996) reflejó una concepción socialdemócrata de signo liberal. La economía atravesó cuatro nítidas fases: ajuste (1982-1985), expansión (1985-1992), crisis (1992-1993) y paulatina recuperación (1993-1996).

En 1992 se acogieron simultáneamente unos Juegos Olímpicos y una Exposición Universal, un exceso que, según se ha recordado, ya Indalecio Prieto había reprochado a José Calvo Sotelo tras los fastos de 1929.

La ortodoxia económica, además de proseguir otras reformas (recordemos, por ejemplo, la del mercado de valores o la de los fondos de pensiones), se refugió en la política monetaria y el tipo de cambio. La sobrevaluación de la peseta, visible desde la entrada en el Sistema Monetario Europeo (SME) en junio de 1989, se agravó en años posteriores. El fin de la expansión, primero en Estados Unidos y luego en Europa —tras la reunificación de Alemania y la subida de tipos de interés con que el Bundesbank combatió sus efectos inflacionistas—, desembocó en la grave crisis cambiaría que la peseta y el SME vivieron desde septiembre de 1992 hasta agosto de 1993.

Durante aquel largo periodo, el PIB siempre creció, excepto en el año 1993. Por su parte, la tasa de paro, siempre elevada, alcanzó dos máximos: 21,45 por ciento (1985) y 24,12 por ciento (1994). Para dar una visión sintética del periodo se ha elaborado el siguiente cuadro, en el que se recogen los principales indicadores económicos y demográficos que dan cuenta cabal de la evolución sufrida por el país durante aquel periodo.

CUADRO-RESUMEN1982-1996
año | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9)
1982 | 37.844.910 | 1,94 | 72,68 | 78,92 | 13.643,2 | 15,85 | 38,41 | 1,6 | 14,4
1983 | 38.040.699 | 1,80 | 72,77 | 79,17 | 13.816,1 | 17,33 | 41,73 | 2,2 | 12,2
1984 | 38.204.159 | 1,73 | 72,86 | 79,36 | 13.912,3 | 20,08 | 46,17 | 1,5 | 11,3
1985 | 38.352.991 | 1,64 | 72,95 | 79,55 | 14.009,1 | 21,45 | 47,79 | 2,6 | 8,8
1986 | 38.484.642 | 1,56 | 73,04 | 79,74 | 14.183,9 | 20,98 | 46,20 | 3,2 | 8,8
1987 | 38.586.591 | 1,49 | 73,13 | 79,93 | 14.725,8 | 20,22 | 43,21 | 5,6 | 5,2
1988 | 38.675.049 | 1,45 | 73,22 | 80,12 | 15.110,1 | 19,24 | 40,06 | 5,2 | 4,8
1989 | 38.756.648 | 1,40 | 73,31 | 80,30 | 15.270,7 | 17,24 | 34,57 | 4,7 | 6,8
1990 | 38.826.297 | 1,36 | 73,40 | 80,50 | 15.465,4 | 16,24 | 32,36 | 3,7 | 6,7
1901 | 38.874.573 | 1,33 | 73,50 | 80,67 | 15.602,3 | 16,31 | 31,07 | 2,3 | 5,9
1992 | 39.003.524 | 1,32 | 73,90 | 81,16 | 15.705,7 | 18,35 | 34,36 | 0,7 | 5,9
1993 | 39.131.966 | 1,27 | 74,09 | 81,22 | 15.892,6 | 22,64 | 43,10 | -1,2 | 4,6
1994 | 39.246.833 | 1,20 | 74,45 | 81,58 | 16.087,7 | 24,12 | 45,09 | 2,3 | 4,7
1995 | 39.343.100 | 1,17 | 74,51 | 81,70 | 16.227,6 | 22,90 | 42,60 | 2,7 | 4,7
1996 | 39.430.933 | 1,16 | 74,62 | 81,84 | 16.517,8 | 22,08 | 41,94 | 2,4 | 3,6

(1) Población total a 1 de enero.

(2) Número de hijos por mujer (suma de las tasas de fecundidad por edad).

(3) Esperanza de vida al nacimiento hombres.

(4) Esperanza de vida al nacimiento mujeres.

(5) Población activa en miles (media anual de los cuatro trimestres de la EPA).

(6) Tasa de paro: parados/activos. Por 100.

(7) Tasa de paro menores de 25 años.

(8) Crecimiento del PIB. Por 100.

(9) Crecimiento del índice de Precios al Consumo. Por 100. Media anual. Fuente: INE.

Se quiebra la fratría UGT-PSOE

En julio de 1988 González hizo otra «crisis de verano». Luis Carlos Croissier salió del gabinete y fue sustituido en Industria por Claudio Aranzadi; Maravall abandonó Educación para dar entrada a Javier Solana, cuyo puesto como ministro de Cultura fue ocupado por Jorge Semprún. Enrique Múgica sustituyó a Fernando Ledesma en Justicia y se creó un nuevo ministerio: el de portavoz del Gobierno, que ocupó Rosa Conde. Pero lo más relevante, al menos desde el punto de vista de las relaciones del gobierno con la UGT, fue la entrada en el gabinete de dos pesos pesados del sindicalismo ugetista: Matilde Fernández, que se hizo cargo de un nuevo ministerio, el de Bienestar Social, y José Luis Corcuera, que entró a dirigir el de Interior, del que salió José Barrionuevo para ocuparse del de Transportes, Turismo y Comunicaciones.

La entrada de José Luis Corcuera y de Matilde Fernández en el gobierno fue tomada en la cúpula de la UGT —así me consta— como una declaración de hostilidades, pues Matilde había sido la secretaria general de la Federación de Industrias Químicas y José Luis (secretario del Metal primero y luego mano derecha de Redondo en la Ejecutiva Confederal) había sido, probablemente, el más activo negociador de la UGT, a la vez que el más apreciado por sus interlocutores de la patronal y del gobierno. Su carácter franco y directo —a veces demasiado franco y demasiado directo— explicaba ese prestigio.

Ambos, José Luis y Matilde, se opusieron siempre (y desde luego no fueron los únicos sindicalistas en mantener esa posición) a lo que para ellos era una deriva sindical claramente antigubernamental. Consideraban que Redondo se equivocaba en su enfrentamiento con el gobierno y creían que estaba confundiendo y mezclando los intereses del sindicato con las querellas personales entre él y González.

La dirección de la UGT, que ya había comenzado a «depurar» a los dirigentes territoriales o de las federaciones no adictos a la política de Redondo, desató una auténtica limpieza étnica que expulsó de los cargos directivos del sindicato a todo quisque que no se plegara a las «tesis» del mando. Pisoteando cualquier práctica democrática, la dirección de la UGT eliminó sin piedad a cualquier sospechoso de «quintacolumnismo» antes de lanzarse a la «batalla decisiva».

Volando desde Lisboa hacia Madrid, la azafata me entregó un diario en el que se destacaba la convocatoria de una huelga general para una fecha próxima a las navidades, el 14 de diciembre. La convocaban CCOO y UGT alegando, en un principio, su desacuerdo con el Plan de Empleo Juvenil que había anunciado el gobierno. En días posteriores irían concretando una plataforma reivindicativa mucho más compleja y mejor articulada.

El calentamiento de motores sindicales para llegar en plena forma al 14 de diciembre comenzó con gran antelación y mientras la logística y la propaganda del gobierno fallaron estrepitosamente, la de los sindicatos funcionó como un reloj suizo, al menos aparentemente. En el área gubernamental mucha gente debió de pensar que tras la fallida experiencia de huelga en 1985 a causa de la reforma de las pensiones, los sindicatos eran incapaces de movilizar a grandes masas, y menos contra un gobierno socialista.

No se puede negar que en la convocatoria de la huelga del 14 de diciembre de 1988 y en los desencuentros previos del gobierno con UGT jugaron un papel relevante los caracteres y las actitudes personales, pero, para quien esto escribe, detrás de la convocatoria y de las reivindicaciones latían datos objetivos que tenían mucho que ver con la favorable coyuntura económica que entonces se vivía en España, y, desde luego, no soy el único en pensar así. Por ejemplo, el más claro destinatario de la huelga, es decir, Felipe González[30], lo vio de igual manera, y así lo explicó desde el mismo día de la huelga:

Recuperado el ritmo de crecimiento de la economía, los sindicatos creían que tenían que participar más intensamente en el reparto; es decir, habiendo participado en los sacrificios, querían mayor participación en el reparto. Por lo tanto, querían que hubiera una política salarial distinta: más redistribución del ingreso directo; y apreciaban menos la redistribución que suponía garantizar un buen sistema de pensiones y de pensiones no contributivas, un buen sistema educativo o un buen sistema sanitario. Todo esto también puedo llegar a comprenderlo. No tengo ningún problema de comprensión respecto del fenómeno.

Con excepciones, como fue la de El Corte Inglés, que se mantuvo abierto contra viento y marea el 14 de diciembre, la patronal solo se opuso de boquilla a la huelga. En el fondo, veía con buenos ojos que alguien le diera al gobierno una buena patada en el trasero. González lo ha contado así[31]:

A la patronal, que estaba pasando por uno de los momentos más felices de su existencia —porque ni en el franquismo ni en el «aznarismo» han tenido más libertad para moverse como agentes económicos y para competir que en aquella época— le agobiaba, por un lado, la razón ideológica de un gobierno socialista; por otro, el incremento de la presión fiscal. Todo ello, a pesar de que los negocios les iban bien, incluso se hablaba de la «cultura del pelotazo»… Por tanto, toda esa confluencia de factores llevó a una huelga que, sin duda, fue un golpe duro para el gobierno, pero no nos impidió volver a ganar las elecciones.

A las cero horas del miércoles 14 de diciembre, la televisión (la única que existía entonces) dejó todas las pantallas en negro y echó hacia sus alcobas a cuantos la estaban mirando. El efecto fue impresionante. Muchos millones de españoles se metieron aquella noche en la cama con la clara conciencia de que «algo gordo» iba a pasar… Es de suponer que muchos de ellos —pensaran o no hacer la huelga— decidieron tomarse libre el día siguiente «para no meterse en líos».

El 14 de diciembre y por decirlo en palabras sencillas, paró hasta el gato. Calles desiertas y autobuses vacíos hacían inútil la labor de los piquetes sindicales, que aquel día apenas tuvieron ocasión de «informar» a nadie «de lo justo de sus reivindicaciones». Rosa Conde[32] ha contado cómo fueron las primeras horas de la huelga:

Recuerdo que a las cinco de la mañana —yo ya estaba de vuelta en el ministerio— tenía la radio puesta y oigo decir a Miguel Gil, que era subsecretario del Ministerio, que el consumo eléctrico, que es un indicador de actividad, apenas había variado respecto de los días normales, y que era un consumo casi normal. Le llamé y le dije: «Miguel, ¿cómo haces estas declaraciones?». Y me dijo: «Es el análisis que se está haciendo en este momento en el Gabinete de Crisis de La Moncloa». Yo le contesté: «Mira, yo vivo en el centro de Madrid, he venido hasta el ministerio y no hay absolutamente nadie, ni un coche en la carretera de La Coruña, ni personas por la calle…».

A partir de ese momento, se dejaron de hacer declaraciones de ese tipo.

La genial idea según la cual podían enmascarar el impacto de la huelga a pesar de que los sindicatos habían conseguido cerrar casi todas las empresas solo es concebible en unos dirigentes que estaban dispuestos a negar la evidencia. Por suerte para el crédito del gobierno, Felipe González admitió enseguida el éxito del paro. Rosa Conde[33] ha contado cómo fueron las primeras horas de la huelga:

El único que lo vio todo claro fue Felipe. Ese día habló poco, muy poco. Felipe, cuando los problemas son grandes, tiene un gesto duro y habla poco, pero está analizando la situación. Siempre recordaré que al día siguiente Felipe me llamó y me dijo: «Vente para acá». Cuando llegué a su despacho, a La Moncloa, me entregó un folio, escrito a mano, que decía: «Ayer hubo una huelga general que fue un duro golpe para el gobierno».

En la primera reunión del gobierno tras la huelga general, Carlos Solchaga planteó la conveniencia de disolver el Parlamento e ir a unas elecciones generales[34]:

Si los ciudadanos creen, de verdad, que los sindicatos tienen razón, elegirán otro gobierno; pero si nos eligen a nosotros, sabremos qué es lo que ha pasado aquí.

Yo entiendo que, en gran medida, este tipo de propuestas, presentadas en esas circunstancias, tienen una cierta intención plebiscitaria… Sentí que mi posición era minoritaria. Pero entendí también cuál era el criterio de González: «No tienes razón. Tenemos un desafío más importante: tenemos, por primera vez, la presidencia de la Comunidad Europea y nos tiene que salir bien».

Aquella huelga me pareció entonces un despropósito y creí que podía echar una mano para evitar que se consumara. Me reuní en un sinfín de ocasiones con Antón Saracíbar (secretario de Organización confederal y hombre de confianza de Redondo), con José Luis Daza (secretario general de la UGT de Madrid) y con otros muchos sindicalistas, incluido Nicolás Redondo. También con algunos miembros no encastillados del gobierno… Lo único que saqué fue la cabeza caliente y los pies fríos. En efecto, «una vez que la flecha está en el arco, tiene que partir».

La noche del 13 de diciembre me fui a dormir a la pequeña habitación que, con su minibiblioteca, estaba a mi disposición en la Casa de Correos de la Puerta del Sol. Allí me sorprendió el «cierre en negro» de Televisión Española y la tensa calma que se vivió en Madrid aquella noche y durante la jornada laboral. Por la mañana, las calles estaban vacías y casi vacíos circulaban los autobuses y el metro. Los servicios mínimos en el transporte público pactados entre los sindicatos, el Ministerio de Transportes y el Consorcio Madrileño (es decir, entre las dos centrales sindicales, Barrionuevo y yo mismo) y que habían sido duramente criticados —sotto voce, eso sí— por los estrategas del partido, resultaron ser excesivos para la magra parroquia que en aquella jornada decidió tomar el autobús o el metro.

Como todos los madrileños saben, El Corte Inglés tiene una tienda en la calle Preciados, a tiro de piedra de la Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y allí, a las puertas de El Corte Inglés, se estuvieron produciendo toda la mañana algunos leves altercados entre la policía y los sindicalistas. En efecto, ese fue uno de los pocos lugares en los que hubo problemas en Madrid… y tuve miedo de que las cosas pasaran a mayores. Por eso llamé a José Luis Corcuera instándole a que retirara de allí a la policía y pidiéndole que recomendara a la dirección de El Corte Inglés que cerrara sus puertas. «Al fin y al cabo —le dije— hoy no van a vender ni un mísero calzoncillo». Me contestó que no estaba dispuesto a ceder. Que el derecho a trabajar era tan «sagrado» como el derecho a la huelga. Y si no me mandó a hacer gárgaras (por decirlo suavemente), no fue por falta de ganas.

He de reconocer que en aquella época, sin llegar a tener con Corcuera encontronazo alguno, estábamos, en cuestiones internas, distanciados, pero cuando las cosas se pusieron duras y se le atacó, muy injustamente, como ministro del Interior, me sentí muy próximo a él.

A este propósito y en su defensa hice unas declaraciones a los medios, no recuerdo concretamente sobre qué cuestión. Al día siguiente, por la mañana, mi secretaria me pasó una llamada suya y Corcuera me anunció que quería verme.

—Enseguida voy a tu despacho —le dije.

—No, espérame, que en cinco minutos estoy ahí —ordenó.

Pensé que algo grave había pasado. En aquellos tiempos, cuando el ministro del Interior te llamaba solía ser para anunciarte alguna desgracia.

Corcuera entró en el despacho y rechazó el café que le ofrecieron.

—Solo estaré un minuto —precisó.

Nos sentamos, uno frente al otro, y esperé la andanada.

—He venido, exclusivamente, para decirte una cosa y no espero respuesta —comenzó—. Yo he estado equivocado contigo y ahora me doy cuenta de que eres un tío cojonudo.

Y salió del despacho, dejándome con la palabra en la boca.

Como era de esperar, los piquetes acabaron por acercarse a la Casa de Correos, tan atrayente a la hora de gritar consignas o reclamaciones. Y en efecto, hacia ella se dirigieron los piquetes con algunos líderes sindicales al frente, personas —muchas de ellas— a las que yo conocía desde tiempo atrás… y me vieron asomado a la ventana. Como es lógico, arreciaron los gritos y el coro comenzó a vocear una consigna improvisada y burlona: «Leguina, baja a saludar», gritaba uno. Y el coro le seguía: «No tiene, no tiene c… para bajar».

Agapito Ramos, consejero de Presidencia, que había sido abogado de la UGT, me propuso: «Bajamos y nos los quitamos de encima». Y así lo hicimos. Saludamos a los sindicalistas, que nos recibieron con ánimo festivo, y volvimos a subir, sin otra novedad que las chaquetas llenas de pegatinas de UGT y de CCOO. Pero allí había un par de fotógrafos y, aunque poco publicitadas, las fotografías sirvieron —junto a los tan criticados servicios mínimos de transporte— para hacer de Barrionuevo y de mí, entre las filas de los más papistas que el papa, poco menos que los culpables del éxito de la huelga, inmediatamente detrás de la gran responsable del desastre: Pilar Miró, directora de Televisión, que no impidió el cierre de la emisión. En fin, todo vale para el sectario; todo menos asumir sus propias responsabilidades.

Carlos Solchaga sostuvo firmemente durante la temporada previa a la huelga que no había dinero para atender las reivindicaciones sindicales… que tras la huelga fueron atendidas en buena medida. ¿Qué había pasado? Rosa Conde nos da la respuesta[35]:

Inmediatamente después de la huelga, su posición (la de Solchaga) cambió. Si no me flaquea la memoria, cuando Carlos Solchaga dice —por primera vez— que sí había dinero para satisfacer las demandas de los sindicatos, lo dijo en mi despacho.

Tras la primera sesión de las negociaciones con los sindicatos, a las doce de la noche subieron a mi despacho Felipe González y Carlos Solchaga, que venían de la reunión, y Alfonso Guerra, que vivía entonces en La Moncloa. Empezamos a analizar aquella reunión y Carlos Solchaga, de repente, puso el dinero sobre la mesa. Me llevé una gran sorpresa y creo que también se sorprendieron el presidente y el vicepresidente del Gobierno.

El relato que de ese día hace Alfonso Guerra en sus memorias (Dejando atrás los vientos) coincide con el que se acaba de reproducir de Rosa Conde.

Pero no fue la de Solchaga la única posición cargada de subjetivismo durante aquel conflicto porque, en el fondo, «el factor humano» ha sido, es y será relevante en la política, que, al fin y al cabo, forma parte de la vida… aunque eso no lleve a creer que la nariz de Cleopatra cambió el destino del mundo.

Tengo para mí que el distanciamiento entre González y Redondo había comenzado mucho antes de que se celebraran las elecciones de 1982, pero las diferencias se agudizaron inmediatamente después —ya en 1985, Nicolás Redondo, entonces diputado por Vizcaya, había votado en el Congreso en contra de la Ley de Pensiones—, llegándose, finalmente, a la ruptura total entre las «organizaciones hermanas». Esa ruptura produjo graves traumas políticos y personales, sobre todo entre quienes habían «mamado» la idea de que el proyecto socialista se sostenía sobre dos columnas: el partido y el sindicato. Idea que jamás hice mía.

Esos desgarros se percibieron claramente durante las reuniones del Comité Federal que tuvieron lugar entre el anuncio de la huelga y su consumación, en las cuales abundaron más los sentimientos que los razonamientos. Aquello se parecía demasiado a los conflictos internos y personales de los hijos pequeños ante el divorcio de sus padres, cuando deben elegir «entre papá y mamá». Sin embargo, tengo para mí que muchos miembros del gobierno y no pocos líderes territoriales socialistas, aun lamentando el enfrentamiento, creían que como resultado de este se quitarían de encima la pesada carga sindical que a la hora de tomar de decisiones representaba la «organización hermana» con sus pegas y con sus peticiones.

También dentro del sindicato había posturas favorables a la ruptura con el partido. Sin ir más lejos, José María Zufiaur —fundador de la USO— siempre había defendido la independencia sindical respecto de cualquier organización política como primera condición para el buen funcionamiento del sindicato. Y, aunque más por necesidad que por virtud, esta fue la posición que acabó por tomar Nicolás Redondo. Veamos cómo lo cuenta José Luis Corcuera[36]:

Yo dejé el sindicato, entre otras cosas, porque no estaba de acuerdo con una organización que hacía cosas que a mí me parecían incorrectas. Que Nicolás Redondo le diga a José Luis Corcuera que la UGT tenía que ser como la CFDT en Francia, es decir, absolutamente independiente del partido… Que Nicolás Redondo me diga eso a mí… ¡Él, que había defendido toda su vida lo contrario!

En cualquier caso —ya lo he escrito— el desapego, primero, y la animadversión, después, entre Redondo y González eran un secreto a voces. Como son dos caracteres bien distintos, González nunca se mostró en público desconsiderado con su conmilitón, pero Redondo sí: «El presidente del Gobierno tiene menos sensibilidad social que una almeja», dijo en una ocasión, y me consta que esta descalificación le sentó muy mal al sevillano.

Nicolás Redondo ejercía una autoridad muy grande en la UGT y en todo el movimiento sindical español y, en alguna medida, debía de considerar como unos parvenus o unos chisgarabís a algunos dirigentes del PSOE y a muchos altos cargos del gobierno. La siguiente anécdota —bien contrastada— ilustra lo que acabo de decir.

En los inicios del gobierno socialista, concretamente en 1983, hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo a la que asistieron, además del titular, Joaquín Almunia, otros cuatro ministros y dos secretarios de Estado, y por parte de UGT Redondo, Saracíbar, Zufiaur y Corcuera. Este último ha contado cómo fue aquella reunión[37].

Nicolás dijo allí las cosas más inconsecuentes, más bordes y más maleducadas… Expulsó a dos personas de la reunión, a los dos secretarios de Estado… y para justificarlo dijo que él había ido a reunirse con ministros, y «salvo que no haya visto el último BOE, aquí veo gente que no son ministros». Y se tuvieron que ir: dos secretarios de Estado. Uno era Pepe Borrell y otro era el secretario de Estado de Administraciones Públicas, creo.

Si yo entonces hubiera sido ministro y le hubiera oído decir a Nicolás Redondo lo que dijo en aquella reunión, lo echo a patadas del ministerio.

La versión que de aquella reunión tuve entonces por boca de Borrell apenas difiere de la de Corcuera, pero Borrell le quitaba hierro: «El viejo llegó muy enfadado». No sé por qué ni contra quién, pues, al menos yo, nunca había tenido el menor roce con él. La prueba de ello es que poco después nos encontramos en otro sitio y me dijo: «Lo del otro día no iba contigo».

Con más distancia, pero con parecidas simpatías, Carlos Solchaga interpreta el enfrentamiento personal entre Redondo y González en unas claves políticas sin duda relevantes[38]. Lo citaré in extenso:

Para comprender cabalmente este asunto es preciso referirse a las características personales del presidente del Gobierno y del secretario general de la UGT (los dos principales líderes de la «familia socialista») y a sus correspondientes visiones del papel del Partido Socialista en el poder y del sindicato del mismo signo en dicha coyuntura.

Felipe González es, además de un gran comunicador y un político con una capacidad de liderazgo poco común, un hombre muy cauto. Su lectura de la historia de España en este siglo le llevó a pensar que las escasas oportunidades que tuvo la izquierda en nuestro país no solo de ostentar el poder, sino de aprovechar sus periodos de gobierno para imponer en el país una cultura de solidaridad y tolerancia democrática (aunque la intransigencia de la lucha de clases forma también parte innegable de la tradición de la izquierda española y europea, en general), se echaron a perder por su infravaloración de las exigencias de una gestión económica sana y su incapacidad para hacer frente a la responsabilidad del orden público. Felipe González siempre pensó que era una desgracia que el purismo izquierdista llevara al socialismo a imaginar y planificar el gobierno del futuro dejando en manos de la derecha el gobierno del presente.

Por estas mismas razones consideró que el periodo de gobernación socialista que se iniciaba en 1982 como una etapa especial en la historia de España tendría que demostrar, sobre todo, que una izquierda desprovista de atavismos utópicos podía ayudar a consolidar la democracia mediante el ejercicio de la alternancia del poder, sin que nadie se sintiera particularmente amenazado o excluido de la vida política y social. Esa debería ser la primera contribución de los socialistas en el poder a la convivencia democrática en nuestro país.

La disposición y actitud de Nicolás Redondo ante estas cuestiones eran prácticamente las opuestas. Donde, en el caso de González, destacaba la seguridad y confianza en sí mismo, en el caso de Redondo brillaban su inseguridad personal y su desconfianza hacia todo el mundo. Si González, quizá por eso mismo, no hacía alarde de autoritarismo, Redondo no podía concebir el ejercicio del liderazgo sin el uso de su autoridad. Si González era capaz de superar (en el caso de que los tuviera) sus rencores personales en los debates internos, eran proverbiales los odios africanos de Redondo (particularmente el que fue incubando contra el propio Felipe González).

Lo que estaba en juego era una visión del papel de la izquierda anclada en la tradición y en la historia frente a una visión mucho más moderna. Nicolás Redondo en el sindicato y Alfonso Guerra (con mayores matices) en el partido eran los representantes de aquella tradición.

Como resultado de la huelga, llegaron los acuerdos que antes de la misma habían sido «imposibles por falta de presupuesto». Este clima de consenso social me afectó favorablemente como presidente de la Comunidad de Madrid, pues me permitió llegar a un pacto muy amplio con los sindicatos y con la patronal. Por ejemplo, de él salió el «salario de inserción» para personas sin trabajo y sin recursos. Iniciativa legislativa que también me trajo problemas con la Ejecutiva del PSOE con sede en Ferraz, quizá porque la idea no se les había ocurrido antes a ellos.

Esta «luna de miel» con los dos grandes sindicatos —en la que algún papel debió de jugar mi amistad con los dos líderes madrileños, José Luis Daza y Rodolfo Benito, así como la que tenía y conservo con el entonces presidente de la CEIM, Fernando Fernández Tapias— nos permitió mantener un discurso y una coherencia política imprescindibles para un gobierno regional en minoría parlamentaria, que estaba, además, sometido a las tensiones internas que ya comenzaban a salir al exterior desde el partido[39].

Desgraciadamente, esa estabilidad no evitó el tantarantán que se nos vino encima a impulsos del CDS de Adolfo Suárez. En efecto, Adolfo Suárez decidió arremeter contra el PSOE allí donde pudo, al sentirse «tocado» en el Ayuntamiento de Madrid, donde varios de sus concejales, hartos de Rodríguez Sahagún y sus caprichos, se lanzaron, por su cuenta y riesgo, a desestabilizar la institución municipal y amenazaron con pasarse al grupo mixto para, desde allí, apoyar al socialista Juan Barranco, que era entonces el alcalde de la capital. Suárez montó en cólera y también montó un número que, primero, llevó a su amigo Rodríguez Sahagún a la Alcaldía de Madrid y, luego, destrozó a su partido como opción electoral. En efecto, al CDS la operación desestabilizadora le salió carísima, hasta tal punto que en las siguientes elecciones, las del día 29 de octubre de 1989, prácticamente desapareció. La moda de votar al CDS había durado el tiempo de una legislatura.

Pero la moción de censura no salió adelante en la Comunidad. Un diputado elegido en las listas del PP que había abandonado ese partido tiempo atrás y se había pasado al Grupo Mixto, se negó a votar la censura. Se abstuvo y esa abstención impidió que la moción prosperara[40].

Soporté con desagrado y también con no pocas tensiones las sospechas, las denuncias y los silencios acusadores según los cuales yo le había dado una bolsa de monedas a un Judas llamado Nicolás Piñeiro (ese era el nombre del diputado)… y si no había sido yo, habría sido el PSOE… Pero fueron otros quienes sí ofrecieron comprar la voluntad de un diputado de Izquierda Unida, Miguel Ángel Olmo… y los pillamos con las manos en la masa. El intermediario, un sedicente broker apellidado Duran, fue juzgado y condenado por ello, pero nunca se supo de quién era la mano que «mecía la cuna» ni de dónde venía el dinero.

Alberto Ruiz-Gallardón y yo hemos conversado desde entonces muchas veces y de muy variados asuntos, pero nunca hemos hablado de aquellos acontecimientos. Probablemente a él tampoco le agrada recordar aquellas jornadas, pero un par de años atrás y estando sentados juntos en un homenaje aniversario institucional, un metepatas (hay tantos), queriendo echar una paletada sectaria contra los socialistas, coló en su discurso una referencia a aquel episodio, que calificó de «transfuguismo». Nos miramos, y Alberto me dijo al oído: «Para mí habría sido un pésimo negocio haber ganado la moción de censura». Le pregunté por qué pensaba eso. «Habría sido presidente un par de años y en 1991 habríais vuelto a ganar. Entonces me habría convertido en un presidente derrotado… Muchas veces es mejor esperar», añadió.

Mas, fuera como fuera, sería estúpido pensar que la lluvia de sospechas no llegó a mojarme. ¿Le dieron o no le dieron dinero a Nicolás Piñeiro para que se abstuviera en la censura? Tengo para mí que no, pero es imposible aportar pruebas de algo que no ocurrió. Por otro lado, estoy convencido de que nadie le pidió permiso a Gallardón, mi oponente de entonces, para usar en su favor la millonada con la que pretendieron comprar la voluntad del diputado Olmo.

La huelga general, la moción de censura, los nuevos inquilinos en el Ayuntamiento de Madrid, a cuya Alcaldía llegó —como ya he dicho— Agustín Rodríguez Sahagún (el «eficiente» ministro de Defensa en el momento del golpe de Tejero)… llenaron la vida política madrileña de incomodidades.

Los líderes de la UGT siempre miraron con cierta envidia hacia los sindicatos alemanes y suecos, sobre todo en aquellos aspectos empresariales que los calificaban de sindicatos de servicios a través de impulsos cooperativos de vivienda, de seguros, etc. Por otro lado, las políticas de vivienda y suelo municipales y autonómicas habían creado un nicho de negocio interesante para los movimientos cooperativos: viviendas en suelo público y/o a precio tasado cuya construcción y gestión interesaba menos a las corporaciones privadas, que orientaban su negocio hacia el mercado libre de viviendas y hacia la obra pública.

La situación era propicia para que los responsables autonómicos y municipales animaran a las cooperativas a cubrir una parte de la promoción en suelo público o barato sin tener que recurrir a la promoción pública directa, que requeriría un fuerte aparato burocrático y no solo durante la construcción, también después, en una complicada gestión de las viviendas.

Tanto CCOO como UGT se animaron en Madrid a crear cooperativas, lo cual no tenía por qué ser un gran negocio, pero sí era un negocio seguro y también una forma cofinanciada de ofrecer un servicio y atraer a muchos jóvenes hacia los sindicatos. Pero la UGT se metió en una dinámica demasiado ambiciosa. Quiso construir desde la nada una gran empresa multisectorial: viviendas, seguros, viajes… y no respetó las más elementales reglas que deben regir en el quehacer de cualquier empresa: la sensatez y la mesura de «un buen padre de familia», como decía el viejo Código de Comercio.

Deslumbrados quizá por la acrecida demanda de «viviendas baratas» con la que se encontraron, los directivos de PSV (así se bautizó aquel entramado empresarial) creyeron haber descubierto la piedra filosofal y acabaron por montar una bola de nieve semejante al sistema usado por las «pirámides» financieras. Con una diferencia sustancial: el suelo para las futuras viviendas existía.

Las normas que regían —y rigen— en el funcionamiento de las cooperativas de viviendas exigían —y exigen— que en cada operación se delimiten con claridad el suelo, el nombre de cada cooperativista y la aportación que ha hecho cada uno de ellos… y lo que hizo PSV fue todo lo contrario: en lugar de independizar cada operación, las juntó todas y, naturalmente, cada entrada de un nuevo cooperativista significaba la entrada de más dinero en la caja común, con el que se ampliaba el negocio (básicamente adquiriendo más suelo y ampliando el aparato burocrático de PSV). Pero el siguiente paso que era necesario dar consistía en conseguir un crédito hipotecario individualizado y contra ese escollo chocó el proyecto. ¿Porque los bancos le negaron los créditos? No, ese no fue el problema. Lo explicaré al hilo de lo que viví.

Preocupado porque no veía que aquello arrancara de verdad y harto de pedirles a los de PSV que aflojaran ya la publicidad de sus «productos» y se dedicaran a poner ladrillos, cité en mi despacho a los gerentes de PSV y al presidente de Caja Madrid, Jaime Terceiro. Me acompañó en aquella reunión Eduardo Mangada, que conocía muy bien todas las operaciones del suelo en las que se había embarcado PSV.

Nada más iniciarse la reunión, Jaime Terceiro aseguró que la Caja podía financiar todas las operaciones que PSV tenía programadas en Madrid siempre que se le presentaran cada una de las cooperativas por separado —tal como exigía la ley—, con los nombres y las acreditaciones de cada uno de los cooperativistas. Los de PSV contestaron que en una semana pondrían a disposición de la Caja toda la documentación que se les requería.

No fue, pues, una reunión ni complicada ni larga y cuando los demás se fueron Mangada y yo comentamos muy relajados que aquello parecía ir por buen camino. Nada más lejos de la realidad. Los de PSV no presentaron los papeles a la Caja ni en una semana ni en un mes ni nunca. No fueron capaces de desenredar la madeja en que se habían metido y el pánico no tardó en aparecer en las filas de los miles de cooperativistas que habían entregado el adelanto a cuenta de las casas que iban a adquirir. Incapaz de devolver aquel dinero o de comenzar a construir las casas, PSV debió ser intervenida de inmediato. Eso le pedí al gobierno que hiciera, en una reunión con Felipe González, a la que también asistió Narcís Serra.

—Que me lo pida UGT —reclamó González.

—Nicolás Redondo no te lo va a pedir —contesté.

—Pues si no lo piden y lo hacemos nos dirán que esa intervención es una vendetta del gobierno contra UGT —concluyó.

Supongo que González tenía razón, pero entre la soberbia de Redondo y las heridas que se lamía González a causa de la huelga general, la imprescindible intervención se demoró en exceso. En el ínterin, los cooperativistas, que veían en el aire no solo sus casas, también sus ahorros, comenzaron a actuar a la desesperada, cargando contra quienes nada teníamos que ver con aquella gestión «soberana» del sindicato. Al fin, a impulsos del ministro de Trabajo, José Antonio Griñán, el gobierno intervino PSV y puso al frente de aquella operación de salvamento a Valeriano Gómez, quien, a pesar de su juventud, fue capaz —poco a poco y con la ayuda de todos (también la de Alberto Ruiz-Gallardón, cuando fue presidente de la Comunidad de Madrid)— de sacar adelante las cooperativas. Al final todos tuvieron sus casas, algo más caras de lo previsto, es cierto, pero muy por debajo del precio de mercado por el que muchos de ellos acabaron vendiéndolas.

La TJGT salió de aquella operación prácticamente arruinada y los gestores de PSV pasaron por la cárcel y por un calvario judicial en el cual algunos fueron condenados, aunque, para decirlo todo, no creo que se lucraran personalmente de aquel desmadrado proyecto.

La santísima dualidad se divorcia

El 29 de octubre de 1989 se celebraron elecciones generales en España y el PSOE las volvió a ganar por tercera vez consecutiva, aunque perdió 786 000 votos respecto a junio de 1986. Quedó, con 175 diputados, a un escaño de la mayoría absoluta y González mantuvo el gobierno que había formado en julio del año anterior.

En noviembre de 1990 se celebró en Madrid el XXXII Congreso y no hay sino que leer la composición de la Comisión Ejecutiva que allí se eligió para concluir que aquel congreso fue un paseo militar para los guerristas. Pero merece la pena hacer un pequeño repaso de lo sucedido en los congresos del PSOE, antes de llegar a este de 1990.

El sistema utilizado para formar las comisiones ejecutivas a partir del congreso extraordinario de 1979 puede definirse como «cooptación bajo presión territorial». Vale decir que los dos jefes (Felipe y Alfonso) ponían allí a quien les parecía y luego dejaban meter alguna baza menor a los «barones» regionales, pero ya en el congreso de 1984 Guerra quiso dejar claro que, en lo tocante al partido, era él quien cortaba el bacalao. Contaré lo que me sucedió para ilustrarlo.

Serían las dos de la madrugada del 16 de diciembre de 1984 cuando los «barones» sentados en torno a González «cerramos» con él la Ejecutiva que se iba a votar unas horas después. Yo había conseguido meter como vocal a José Acosta, que era entonces mi más firme apoyo en la FSM y tenía suficientes méritos para estar en la dirección del PSOE. Nos levantamos de la mesa, nos despedimos y me fui a casa a descansar un rato. Cuando volví, sobre las nueve de la mañana, alguien me dijo que Guerra se había hecho con los mandos y había cambiado parte de la Ejecutiva. Fui a la sala donde estaba Guerra con un grupo de notables y él mismo me confirmó que había sacado de la lista a José Acosta para meter no recuerdo bien si a Salvador Fernández Moreda o a Francisco Fernández Marugán. Le pedí explicaciones y me soltó una fresca. Le repliqué no precisamente en voz baja y me largué de allí dando un portazo. Alfonso había desautorizado a Felipe y quiso que eso quedara bien claro.

Lo que no estaba claro, sino todo lo contrario, era el juego, el reparto de papeles que ambos personajes se habían asignado. ¿Yo (Felipe) me encargo del gobierno y tú (Alfonso) del partido? O bien ¿tú (Alfonso) haz lo que quieras en el partido pero déjame manos libres con el gobierno? No creo que existiera un acuerdo tan explícito, pero aquel congreso de 1984 fue decisivo para el futuro ensamblaje entre partido y gobierno porque fue el congreso de las incompatibilidades. José María Maravall[41] lo ha explicado muy bien:

En el congreso de 1984 se planteó el tema de las incompatibilidades entre miembros de la Ejecutiva y miembros del gobierno. Y quienes estábamos en ambos órganos éramos Almunia, Solana y yo. A Joaquín (Almunia) no le preocupaba el asunto, pero a Javier le ponía enfermo la actitud de Alfonso. Yo le advertí a Felipe: «Esto no viene de las federaciones, viene de este mismo edificio». Felipe nos pidió a Joaquín, a Javier y a mí que no hiciéramos nada, lo cual fue un error tremendo.

La intención de Alfonso era sacar al gobierno del partido y que quien decidiese la sucesión de Felipe fuese el partido. Es decir, que el partido acabase decidiendo quién y de qué forma se debía gobernar.

Aquel congreso fue muy importante para explicar lo que pasó después. Porque las incompatibilidades afectaron a todas las ejecutivas, no solo a la federal. ¿Qué consecuencias tuvo? Que los únicos que eran compatibles eran el presidente y el vicepresidente del Gobierno, de cualquier gobierno, también de los regionales, de tal forma que el Partido Socialista pasó de ser un partido con una Ejecutiva muy fuerte a ser un partido con una estructura de «barones».

Alfonso no se dio cuenta de que con su estrategia hizo emerger el poder de los «barones», quienes, andando el tiempo, le quitarían a él de en medio… Acabó siendo víctima de su propio invento.

A esas alturas, a González le resultaban mortalmente aburridos los tirones, miserias y ambiciones que se producen inevitablemente dentro de cualquier partido… Y es que templar gaitas es un oficio cansado e improductivo. Recuerdo una anécdota que ilustra con precisión lo que acabo de escribir.

No sé la fecha, pero aún no se habían celebrado las elecciones de 1982, por lo tanto sería 1980 o 1981, pues yo era ya secretario general de la FSM. El caso es que a petición mía, González me había citado en la sede federal, que entonces estaba en la calle Santa Engracia, y allí llegué puntualmente. Su secretaria (más bien su jefa de despacho) era Miriam Soleiman, quien, nada más verme, me dijo:

—Lleva ahí con los asturianos más de dos horas. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a pasar dentro y te vas a sentar en un rincón, a ver si así consigo que esos pesados se levanten.

Entré quedamente en la pequeña sala, donde estaban, entre otros, Jesús Sanjurjo, que era entonces secretario general de la federación asturiana, y José Ángel Villa, el líder minero del SOMA, que siempre mandó mucho en el Partido Socialista asturiano. No puedo recordar de qué discutían, pero sí recuerdo que durante la media hora que permanecí allí fui incapaz de entender cuál era el contencioso que González tenía que dirimir. Por fin se levantó la sesión y González me hizo pasar a su despacho.

—No sé si quiero vivir en una sociedad sin clases —me dijo—, pero sí que me gustaría vivir en una sociedad sin reuniones políticas… Sobre todo si en ellas solo se discuten minucias y pijoterías —concluyó, y yo estuve entonces muy de acuerdo con él.

No sé de cuántas reuniones se había librado González a finales de 1990 gracias a los «buenos oficios» de Guerra y de los suyos, pero sí sé hasta qué punto estaban estos dispuestos a mangonear en el partido haciendo y deshaciendo listas electorales promocionando o relegando gente.

Bajo el lema «ganar el futuro» se celebró en Madrid, del 22 al 24 de enero de 1988, el XXXI Congreso del PSOE. En la Ejecutiva que salió elegida —un plantel muy completo de guerristas— entró, al fin, José Acosta como vocal, cargo que compatibilizó con el de presidente de la FSM.

El congreso que se celebró en noviembre de 1990 tuvo como lema «en una nueva sociedad» y Felipe González apenas hizo acto de presencia, ni siquiera se reunió con los «cabezas de delegación» (yo lo fui de Madrid). La «enorme autoestima» del vicesecretario general le impidió —también a él— reunirse con quienes no le caíamos bien, así que nos envió a unos propios, en mi caso a Teófilo Serrano y a Ignacio Várela, miembros entonces de su guardia pretoriana. A mí no se me caía ningún anillo por hablar con dos personas que no eran —ni son— más bajos, más feos ni menos inteligentes que yo, pero aquel era un gesto despectivo… y me lo tomé con calma. Llegué allí con un solo objetivo: colocar en la Ejecutiva a un alcalde del área metropolitana y, tras consultarlo, todos estuvieron de acuerdo en que propusiera a José Caballero, alcalde de Alcobendas y socialista desde su muy trabajada juventud en Francia. Me entrevisté con los dos guerristas ya citados y me rechazaron la propuesta. «Propón a otro», dijeron sin aceptar ninguna discusión. Entonces propuse al alcalde de Alcalá, Florencio Campos, y aceptaron.

Algún tiempo después, cuando Teófilo Serrano y Nacho Várela ya se habían pasado con armas y bagajes a las filas de la «renovación», les pregunté por qué habían rechazado a Pepe Caballero.

—Porque es demasiado listo —esa fue la respuesta.

El primero de los «barones» en ser descabalgado por Guerra fue Rodríguez de la Borbolla, que había sustituido al «muy incómodo» Rafael Escuredo al frente de la Junta de Andalucía.

Ya fuera porque no era de su cuerda, ya fuera que era preciso dejar claro quién mandaba en Andalucía, el caso es que Alfonso Guerra y sus huestes decidieron que Pepote (ese era el nombre familiar de Rodríguez de la Borbolla) ya no les servía y empezaron por meterle un rejón a José Caballos, la mano derecha de Borbolla en la organización andaluza, y acabaron por poner al frente de la candidatura a Manuel Chaves, aun a costa de hacerlo salir del Ministerio de Trabajo (abril de 1990), donde fue sustituido por Luis Martínez Noval.

Hay una conseja castellana muy conocida que reza así: «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar». Pero yo no estaba dispuesto a ser afeitado por aquellos barberos y en cuanto les vi venir me dispuse a la defensa.

Al estar mi persona en el origen de aquel contencioso nunca definitivamente resuelto entre «guerristas» y «renovadores», prefiero que sea otro quien narre aquellos avatares. El ya citado Teófilo Serrano lo ha hecho en un texto nunca publicado. Espero que la narración de alguien que estaba al otro lado de la trinchera ayude al lector a la hora de juzgar por sí mismo:

Fue durante unas jornadas celebradas en la sede de Telefónica en Buitrago cuando se lanzó la idea. El entonces joven profesor Manuel Castells, recién llegado de la Universidad de Berkeley, había establecido contacto con Alfonso Guerra, a quien había explicado las grandes posibilidades futuras que se vislumbraban como consecuencia del desarrollo de las nuevas tecnologías, sobre todo de la microelectrónica. Guerra se mostró muy interesado y encargó a Castells la formación de un grupo de expertos para que elaborase un informe sobre el estado en que se encontraban las investigaciones, la utilización de las nuevas tecnologías en España y las posibles vías para propiciar avances significativos en ese campo. Además, encargó a Roberto Dorado la difusión de estas ideas entre los altos cargos de la Administración Pública.

Algunos altos cargos, conscientes de la relevancia que el vicepresidente había dado a la materia, se declaraban, en artículos y entrevistas, fervientes convencidos de que las nuevas tecnologías provocarían grandes mutaciones y que, entre otras cosas, se llegaría a la supresión de las antiguas ideologías y a la superación de las desventajas del capitalismo.

Dejando a un lado lo que de aprovechable pudiera haber en aquella catarata de letra impresa, sus apreciaciones resultaban desmesuradas. Así lo entendió Joaquín Leguina, quien, irónico y siempre dispuesto a zaherir a Guerra, escribió un artículo resaltando las exageraciones que se estaban vertiendo y señalando que parecía que algunos habían descubierto a estas alturas el zarzuelero aforismo de que «hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad». Esta excursión de Leguina por La verbena de la Paloma no contribuyó precisamente a aumentar su popularidad en el entorno del vicepresidente del Gobierno. El gusto de Leguina por las frases punzantes era y es proverbial y, al menos en aquellos días, irritaba particularmente a Alfonso Guerra. En otra ocasión y habiéndose enterado de que un partidario de Guerra, de baja estatura, que ya ocupaba dos cargos iba a ser nombrado para un tercero, Leguina comentó: «No caben más nombramientos en un metro cincuenta».

Las tradicionales discrepancias con el presidente de la de la Comunidad de Madrid se habían agudizado como consecuencia de la actitud de este ante la huelga general del 14 de diciembre de 1988. En efecto, Leguina mostró comprensión hacia los motivos de los sindicatos convocantes y criticó veladamente la política económica del gobierno. De modo que su posición no era muy apreciada por Benegas, entonces secretario de Organización, quien sugirió la conveniencia de ir pensando en el relevo de Leguina en la secretaría general del PSOE madrileño y su sustitución por una persona más en línea con la política del partido.

Se nos transmitía por entonces la impresión de que Felipe González estaba de acuerdo con esta forma de ver las cosas y que apoyaba los propósitos del vicesecretario general, Alfonso Guerra. Se nos argumentaba también que la posición de Felipe González debía situarse siempre por encima de los conflictos internos y por eso Felipe no manifestaba claramente su opinión. Más tarde comprenderíamos que las cosas no eran así, pero en aquellos momentos nos pareció que las operaciones para descabalgar a Leguina en Madrid y también a Borbolla en Andalucía contaban con la conformidad de González.

A todo esto, Leguina no se quedó quieto y montó un contraataque, dispuesto a luchar por su supervivencia. Comenzó por movilizar a sus partidarios, que iniciaron un trabajo interno eficaz en las diferentes agrupaciones madrileñas. Además, realizó dos actuaciones puntuales que tuvieron un gran efecto. En primer lugar, envió una carta a todos los militantes en la que les exponía su convicción de ser objeto de una operación de acoso y derribo. Dejaba, además, entrever que la jugada era dirigida por Alfonso Guerra y afirmó que no había una alternativa creíble para sustituirlo como presidente de la Comunidad de Madrid.

En segundo lugar, convocó la llamada «reunión de Chamartín». La cita, celebrada en Madrid y en un hotel cercano a la estación de ferrocarril del mismo nombre, hizo correr ríos de tinta impresa y oleadas de palabras en las tertulias radiofónicas. Fue considerada como el primer paso para la renovación en el seno del PSOE. La realidad es que fue convocada por Leguina en un intento de evitar su defenestración. Si trascendió a su propósito inicial, fue sin duda por la calidad de las personas que asistieron. Lo hicieron tres ministros en ejercicio: Barrionuevo, Solana y Almunia, y varios secretarios de Estado, entre ellos José Borrell, que entonces lo era de Hacienda. Enviaron también su adhesión los ministros Serra y Romero. Era la primera vez que miembros del gobierno tomaban posición en una contienda interna del partido. Además, lo hacían respaldando el campo opuesto al de Alfonso Guerra, que era en ese momento, no se olvide, el vicepresidente del Gobierno. Así pues la reunión tuvo toda la repercusión que merecía y originó agrios reproches en el seno de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en la que los amigos de Leguina eran minoritarios.

Los que conocíamos bien el funcionamiento interno del PSOE tratamos de valorar adecuadamente la significación de los hechos. Dejamos a un lado a Barrionuevo, cuya identificación política con Leguina era conocida. Pepe Barrionuevo era lo que los británicos llaman un loóse cannon. Sin embargo, no cabía pensar que Solana o Almunia hubiesen asistido a la reunión del hotel Chamarán en contra de la voluntad de Felipe González. Por lo tanto, podía dudarse de la identificación de González con Guerra, quien en este caso parecía actuar por su cuenta. Por nuestra parte llegamos a la conclusión de que González no deseaba que Leguina quedara marginado.

Tampoco seré yo quien subraye la relevancia de aquellos hechos —entre los que destaca la ya mencionada reunión en el hotel Chamartín— de los que —en contra de mi voluntad— fui protagonista. Le daré la palabra a José María Maravall[42]:

Yo ya había anunciado —desde junio del año anterior—, y así se lo dije a Felipe, que con el «asunto Leguina» se iba a armar la marimorena. En aquel momento se tenían pocas claves y la intriga contra Leguina se vivió como una bronca interna. Al cabo de un tiempo, se empezaron a hilar las claves y a demostrar que aquello no era exactamente una bronca entre unos y otros, sino que estaba en juego algo más: La defenestración de Pepote Rodríguez de la Borbolla en Andalucía había sido un escándalo y, con el caso de Leguina, llovía sobre mojado. Era totalmente inaceptable.

Al principio, los compañeros catalanes del PSC no se lo acababan de creer. Obiols y Maragall estaban espeluznados porque —pensaban— armar aquel lío interno en medio del «caso Juan Guerra» solamente se podía entender en clave de una batalla a muerte. Pero aquella batalla se había desencadenado por parte de los que más tenían que callar. El clima de tensión se hizo irrespirable.

La presencia en él [acto de Chamartín] de algunas personas produjo una conmoción en la Ejecutiva Federal… Fue todo tremendo, violentísimo. Hubo patadas contra las paredes, deambular en torno a la mesa…

Yo creo que aquella reunión fue tan crispada porque Guerra y los suyos creían que se estaba desencadenando lo que ellos entendían que había sido un cuestionamiento de un poder —el «guerrista»—, que entonces estaba funcionando de una manera oculta, pero que tenía la pretensión de ser omnipotente. Detrás de ello, la intención, a mi juicio, era que había empezado la estrategia del King maker (quién nombra al rey), quién decide la sucesión.

De las consecuencias que trajo la «reunión de Chamartín» también ha hablado Alfonso Guerra. Conviene oírle[43]:

La amistad política entre Felipe y yo sufre una deriva importante después del acto de Chamartín. Aquel fue un momento relevante. En aquel acto intervinieron ministros del gobierno con la clara intencionalidad de atacar al vicepresidente del Gobierno. Y el presidente del Gobierno lo sabía. No sé si Felipe lo avalaba o no, pero no lo combatió. Esta actitud era contraria a la recomendación que yo, una y otra vez, le repetía: «No vayas por una acera ni por la otra, ve por en medio… Si te colocas en una acera, estás perdido».

Fue en 1990 cuando saltó el escándalo de Juan Guerra, un asunto que traería graves consecuencias políticas y abriría una brecha insalvable entre «renovadores» y «guerristas».

Uno de los hermanos de Alfonso, Juan Guerra, disponía de un despacho en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con sede en Sevilla, sin tener habilitación legal alguna para ello. Allí recibía «a los ciudadanos que lo solicitaban» para escuchar sus quejas y demandas y lo que comenzó por ser un discreto confesionario acabó por convertirse en una multitudinaria procesión con una cola que, según se dijo entonces, continuaba en la acera, ya fuera del edificio. Aquellas prácticas no eran acordes con una Administración que pretendía ser moderna, y lo que al principio podía considerarse —con muchas toneladas de buena voluntad y otras tantas de ingenuidad— como una «aproximación a los problemas de los ciudadanos» terminó por oler a tráfico de influencias en el más puro estilo caciquil de la Restauración. Un caciquismo que, dicho sea de paso, debe tener fuertes raíces pues sigue dando frutos y no solo en Andalucía o en Galicia.

Ante el «no sabe/no contesta» del vicepresidente del Gobierno, el perro se fue hinchando hasta límites insoportables, tanto en el ámbito mediático como en el judicial. A Juan Guerra se le abrieron dieciséis procesos penales… y la cosa llegó al Parlamento, donde se dedicó una sesión monográfica al caso. Fue allí, en sede parlamentaria, cuando González, que defendió con vigor a su vicepresidente, dijo: «Pueden conseguir ustedes dos por el precio de uno», dejando claro que en el paquete de las posibles dimisiones también iba él, Felipe González.

Vi aquel debate a través de la televisión y me pareció que Felipe se mostró generoso con Alfonso (creo que era su obligación), pero Alfonso, a mi juicio, equivocó el discurso porque, en vez de contestar a las críticas con una razonable mesura (que también lo sabe hacer y muy bien), desenterró el hacha y, convirtiéndola en tizona, se defendió al más puro «estilo Guerra»: una esgrima verbal que le había hecho temible pero que en aquella ocasión se volvió contra él. Leámosle[44]:

Durante el mes anterior a mi comparecencia en el Congreso yo ya le había dicho a Felipe que estaba viendo venir la cacería que se estaba organizando. «Es el momento de dejarlo», le dije. Me contestó: «¡Ni hablar, ni hablar! No debes dimitir».

Cuando Felipe comprometió su futuro con el mío con aquella frase, «dos por el precio de uno», yo le reconocí una actitud personal y política muy decente. Cuando le vi, inmediatamente después, le dije: «Felipe, muchas gracias por lo que has dicho, pero te has equivocado». Porque, políticamente el presidente del Gobierno es el primer responsable, y todos los demás estamos nombrados por el presidente.

Se nos convocó a los secretarios generales en la sede de la calle Ferraz y allí se pidió nuestra opinión acerca del asunto Juan Guerra. Aunque no puedo recordar lo que allí dijimos cada uno de nosotros, sí recuerdo la rueda de prensa que improvisadamente y en el vestíbulo de la planta baja dio José Bono, que no se mordió la lengua a la hora de los reproches a Juan Guerra, a quien puso de «ropa de pascua».

Sé que Alfonso, al comentar las palabras de su hasta entonces protegido, dijo: «Antes de decir lo que ha dicho, podía haber hablado con mi hermano». En cualquier caso y como ha comentado Maravall, a la lapidación de Alfonso Guerra ayudó un monstruo que, de algún modo, él mismo había contribuido a crear: las «baronías territoriales».

Naturalmente, el bombardeo mediático-judicial continuó sin tregua hasta que en enero de 1991 Guerra se fue del gobierno, para refugiarse en la ciudadela del partido. El divorcio se había consumado. Pero antes de proseguir, el lector debe conocer de primera mano cómo vio su propia dimisión Alfonso Guerra[45]:

Mi dimisión no fue una dimisión improvisada. Yo ya se lo había planteado a Felipe anteriormente en dos ocasiones. En la tercera, él me dijo: «No sé si llevas razón, aunque, si tú quieres seguir, no hay ningún problema, en absoluto… Pero si tú lo planteas…».

Tuvimos una conversación larga, muy larga —el 8 de enero de 1991— en la que mantuve mi voluntad de dimisión de manera irrebatible. Después, alguno de los «renovadores» ha llegado a escribir, en libros, que fue un cese. ¡Tiene tela! Yo conservo muchas cartas de Felipe, y en ninguna carta dice que me cesa. Tengo muchas cartas, las conservo. Conservo todas las cartas, también las de Pepe Bono: Tengo unas cartas muy sustanciosas de aquella época.

Lo que sí creo es que Felipe, al margen de su gratitud política y del valor que siempre ha otorgado a mi lealtad —esto me consta—, llegó un momento en que, sin ninguna duda, se sentía más cómodo sin mí. Porque yo era la piedrecita en el zapato. Había mucha gente que lo halagaba y lo halagaba, y todo era magnífico. Mientras que yo le decía: «¡Esto no lo veo, esto no lo veo!». Llega un momento en que hay tanto halago que te conviertes, sin quererlo, en el Pepito Grillo, en la conciencia, y eso no le gusta a nadie. Tener alguien así al lado es incomodísimo. Decir que él se sentía «incómodo conmigo» quizás sea muy fuerte, pero que se sentía «más cómodo sin mí» yo creo que sí puede decirse.

Veámoslo ahora desde el otro lado, es decir, desde el relato de Felipe González[46]:

En la relación entre Alfonso y yo hubo un antes y un después del «caso Juan Guerra». Lo hubo, sí. Pero tengo que decir que en el tema del hermano de Alfonso se produjo una situación tremendamente abusiva, porque no era causa suficiente para provocar lo que provocó.

Es verdad que yo hice una apuesta de lealtad máxima por Alfonso con aquello de «dos por el precio de uno». Luego, el proceso siguió y aunque no hubo una decepción, sí tuvo un componente de decepción.

Mi decepción o decepciones se dieron porque yo creía firmemente que cuando Alfonso decía que estaba obligado a estar donde estaba, que no encontraba gusto en hacer lo que hacía, que no le apetecía estar en el equipo del gobierno, decía la verdad. Lo dijo desde el principio del mandato, y pensaba que lo estaba diciendo de verdad, sintiéndolo y asumiéndolo. Pero en el momento en que se planteó la posibilidad de que saliera del gobierno… me dio la impresión de que no era así. Vi que lo que quería era quedarse.

Pero es una percepción que puede estar equivocada, porque estoy seguro de que Alfonso sigue creyendo que él no tenía interés en estar en el gobierno… Sé que él siempre ha creído que los «renovadores» pudieron hacer mella en mí, que me llevaron al convencimiento de que él era el responsable de que no hubiera respuesta a Filesa y ese tipo de cosas. Pero no. Simplemente, yo creí que, en un momento determinado, Alfonso debería ser sustituido en el gobierno. Eso es lo que creí. Pensé que Alfonso era más parte del problema que ele la solución a la hora de intentar que el gobierno recuperara oxígeno…

La multitud de procesos y el consiguiente calvario mediático-judicial típico de cualquier escándalo concluyeron como el parto de los montes: tras años de escandalera, Juan Guerra fue juzgado multitud de veces sin que sobre él cayera ninguna condena por tráfico de influencias o por cualquier otro delito de los que acompañan a la corrupción política. Solo fue condenado por un delito fiscal de tipo menor.

La dimisión de Guerra provocó una crisis de gobierno (marzo de 1991) que trajo como consecuencia cambios significativos. En primer lugar, el nombramiento como vicepresidente de Narcís Serra, que fue sustituido en Defensa por el hasta entonces ministro de Sanidad, Julián García Vargas. Jordi Solé Tura sustituyó a Semprún en Cultura y Enrique Múgica fue reemplazado en Justicia por Tomás de la Quadra, que reingresó así en el gabinete. Borrell sustituyó a Barrionuevo en Transportes y Carlos Romero abandonó Agricultura para dar entrada a Pedro Solbes.

En junio de 1992, Francisco Fernández-Ordóñez —ya muy enfermo— fue sustituido en Exteriores por Javier Solana, quien dejó Educación en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Con ese gobierno se presentó Felipe González a las elecciones generales que se celebraron el 6 de junio de 1993.

Fueron años de frecuentes desencuentros entre el gobierno y el partido, o mejor dicho, entre el gobierno y la Comisión Ejecutiva dirigida por un Alfonso Guerra que había retornado a la calle Ferraz con la intención de encastillarse allí.

Y llegó la campaña electoral, cuya dirección reclamó para sí el vicesecretario general, aunque a última hora González echó mano de José María Maravall. El exministro de Educación vivió todo aquel proceso —que se debatió entre la ruptura explícita gobierno-Ejecutiva y los paños calientes— con una tensión que él mismo ha reproducido[47]:

A comienzos de abril, Felipe nos convoca a una reunión en La Moncloa a Serra, Almunia, Solana y a mí. Aquel encuentro fue, realmente, el que dio lugar a la convocatoria de elecciones anticipadas de 1993. Felipe dijo en esa reunión que no se podía seguir así. Pocos días después, yo estaba fuera de Madrid y recibí una llamada suya, en la que me convocaba a una reunión de la Ejecutiva. Yo le dije que esperaba que en esa reunión se produjeran ceses. Me contestó que él no podía incurrir en nada que significara una quiebra del partido. Me adelantó que lo que él pensaba llevar a la reunión era la propuesta de creación de su Comité de Estrategia, que la Ejecutiva estaba rota y que quería utilizar ese comité para abordar la campaña electoral.

En fin, Felipe presentó, en medio de un silencio gélido, la creación de aquel Comité de Estrategia, pero presentar el Comité de Estrategia a la propia Comisión Ejecutiva con un Comité Electoral ya existente no fue precisamente fácil.

De aquel Comité de Estrategia formaron parte, además de Maravall, que lo dirigió, Raimon Obiols y Ramón Jáuregui. González exigió que Maravall viviera durante la campaña pegado a él como una lapa. José María ha contado que aquello fue una tortura para él, pues el «aparato», es decir, Guerra y los suyos, no hicieron otra cosa que torpedearlo. ¿Para qué?:[48]

Todas las tropelías que cometieron durante la campaña las perpetraron en pos de un modelo final de mesa camilla; un modelo de partido que toma decisiones sobre la formación del gobierno en cada momento. Ahora este, seis meses después, este otro. Ese era el escenario que deseaban algunos de los dirigentes de nuestro partido.

Dentro de la rebatiña entre renovadores y guerristas se inscribe un caso especialmente triste y duro para ella y para quienes queríamos a Pilar Miró.

El nombramiento de Pilar Miró como directora del Ente Público RTVE tras las elecciones de 1986 se hizo bajo el impulso de Felipe González y contra la opinión de Alfonso Guerra y de los suyos, quienes desde tiempo atrás manejaban según su criterio los asuntos relacionados con la radio y la televisión públicas. De hecho, tanto el director, José María Calviño, como la mayoría de los miembros de la cuota socialista en el Consejo de Administración pertenecían a la cuerda política del vicesecretario general. Pero Guerra ha negado que él se opusiera al nombramiento de Pilar[49]:

Cuando en 1986 es nombrada directora general de Televisión, no opuse ningún reparo a su persona; sí argumenté que atravesábamos un momento de tranquilidad en televisión, que los informativos habían encontrado un cierto grado de aceptación general después de una etapa tormentosa, y que, por lo tanto, no parecía el momento oportuno para hacer cambios, por mucho que lo exigían algunos ministros, muy insistentemente, como Carlos Solchaga. Hablé con el presidente para hacerle ver que al menos el área de informativos no debería sufrir grandes convulsiones. Felipe me aseguró que Pilar había garantizado mantener el equipo de informativos. Bien pronto los sustituiría a todos.

Pilar sustituyó al muy quemado José María Calviño, que llevaba más de cuatro años en el cargo. Calviño era —y es— un tipo inteligente y con gracia, que no cayó nunca en el pecado de la neutralidad. Era un sectario y no pretendía disimularlo. Por otro lado, aguantaba con estoicismo no exento de humor lírico («soy como el sándalo, que perfuma el hacha que lo tala») los ataques de la oposición. No voy a entrar aquí a valorar su gestión al frente de la radio y la televisión públicas, pero Calviño ya había tenido al principio de su mandato algunos problemas graves con dos de los miembros (elegidos a impulso del PSOE) del Consejo de Administración, Elena Vázquez, exdiputada, y Luis Sánchez Enciso, realizador de televisión. Tras las disensiones y el apoyo del mando a Calviño, los dos dimitieron y abandonaron el Consejo.

Los muchos observadores que entonces seguían la producción y los manejos de TVE, entre los cuales había toda suerte de ideas y posicionamientos políticos, pensaron —casi por unanimidad— que la llegada de Miró a la televisión pública significaría, al menos, tres cosas: a) un menor dogal político en los informativos (Julio de Benito fue el periodista que eligió Miró para dirigirlos); b) un incremento de la calidad media de la producción, tanto de la propia como de la encargada fuera del Ente. En este campo, lo primero que hizo Pilar Miró fue eliminar los cortes publicitarios de las películas emitidas.

Y c) una adecuada preparación para una futura e inmediata competencia de las televisiones privadas, concesiones que más pronto que tarde el Estado tendría que otorgar… y que tantos «bienes» nos ha traído a los españoles —añado yo— en forma de una pésima calidad cultural y una nada diversificada oferta. En efecto, cuando esto escribo y mientras se consuma la enésima «fusión» de esas concesiones televisivas, el espectador puede elegir entre el noble y educado debate de Sálvame y Gran Hermano, ejercicio intelectual que el antiguo monopolio impedía realizar. Maldito monopolio estatal que no permitía que los españoles nos ilustráramos con los hermosos realitys que tan generosamente nos ofrecen hoy los concesionarios de las grandes cadenas. Por no hablar de las magníficas echadoras de cartas que nos ha traído la TDT.

Pero a lo que íbamos. Tras el nombramiento de Pilar Miró, la sorpresa fue morrocotuda cuando se eligió el nuevo Consejo de Administración y el PSOE propuso un plantel exclusivamente guerrista. Entonces quedaron claras dos cosas: a) que González había pegado la «espanta» dejando con lo puesto a su amiga; y b) que la Miró, poco dada a usar la mano izquierda en sus relaciones sociales y profesionales, las iba a pasar canutas en cada reunión del Consejo, al no contar' con un solo apoyo personal en él. Guerra lo ha visto así[50]:

Pronto se enfrentaría [Pilar Miró] con los miembros del Consejo de Administración de Televisión, incluidos algunos propuestos por el grupo socialista. Yo gestioné todo lo que pude para que los socialistas no actuaran contra la directora general, pues las instituciones para mí están por encima de los que ostentan los puestos de responsabilidad. A pesar de todo, la prensa repitió lo contrario, acusándome de un acoso a la directora general que solo estaba en sus febriles mentes. Pilar en un principio dejó correr la especie, enfrió sus relaciones personales conmigo y terminó haciendo declaraciones injustas y ofensivas contra mí.

Respecto al carácter ácido de Pilar se ha escrito mucho y se le criticó en vida más. Yo no lo voy a negar, y para describirlo contaré la siguiente anécdota: Pilar estaba rodando Tu nombre envenena mis sueños, su última película, basada en mi novela del mismo título, y fui testigo de una conversación entre ella y una joven actriz. Estaban charlando acerca de una secuencia «de cama» que la actriz tenía que rodar. Pilar le daba instrucciones, y añadió:

—Por cierto, chica, con esas tetas que tienes tan flácidas me resulta difícil hacer una toma erótica decente. Te tienes que hacer unos implantes.

El rostro de la actriz (muy hermoso, por cierto) enrojeció y se alejó sin decir nada. Entonces le dije a Pilar:

—¡Cómo te atreves a decirle eso! Además tú, que en ese campo no eres, precisamente, Sofía Loren.

—Si no se les dicen las cosas así de claras —generalizó refiriéndose a los actores— no se enteran. Además, a ver si te enteras tú también: mis tetas no salen en la película pero las suyas sí.

Tengo para mí que ella y el equipo que nombró (Jesús Martín al frente de TVE y Eduardo Sotillos como director de Radio Nacional) hicieron mejorar la oferta pública de radio y televisión en España, pero las resistencias internas y las correspondientes críticas externas continuaron siendo el pan de cada día… Y de pronto, saltó a la palestra el asunto de los trajes.

La Miró había ordenado comprar unos vestidos que sirvieron, en primer lugar, para llevarlos puestos ella en «los grandes eventos públicos». Esos trajes siempre pertenecieron al vestuario de RTVE. «Nunca los puse en el armario de mi casa porque yo nunca hubiera comprado esos trajes para mí. Eran trajes de representación, como los de una actriz que representa un papel. El papel de directora de RTVE». Pero esas razonables sutilezas de poco le sirvieron. El diputado popular Luis Ramallo presentó en el juzgado una denuncia por el delito de malversación de fondos público. El político popular, que diez años después se vio implicado en el escándalo Gescartera, aseguró entonces que cumplía con una «obligación» que le imponía «su dignidad como español y como político».

La Intervención General del Estado forzó a la directora a devolver el dinero, y la dimisión como directora del Ente se produjo en 1989 tras meses de tensiones. La Audiencia Provincial de Madrid procesó a Pilar por gastarse unos 23 500 euros en trajes.

El fiscal solicitó el archivo del caso, pero la Audiencia de Madrid siguió adelante con el procesamiento contra Miró y la sentó en el banquillo de los acusados. La Unión de Técnicos y Cuadros de RTVE se personó en la causa como acusación particular y pidió catorce años de prisión. El presidente de la Mutualidad de Trabajadores de RTVE también.

La Audiencia absolvió en 1993 a la exdirectora general de RTVE, al no encontrar probado que hiciera las compras para su uso personal. El tribunal incidió en que Miró adquirió la ropa por necesidades de «representación» en virtud de su cargo y que los vestidos se encontraban en un armario que mandó construir en su despacho.

El escándalo consiguió que cayera sobre Pilar todo el odio que le produce la frustración al populacho. Un oprobio que no se merecía y un calvario que duró cinco años, hasta que el tribunal la declaró inocente.

Según ha contado después de la muerte de Pilar Miró el citado Luis Ramallo, el diputado del PP que ejerció contra ella el papel de «jabalí» en las Cortes, él recibió un paquete de documentos bien ordenados y subrayados que «me facilitaron enormemente la labor de oposición» (noble y leal oposición, habría que añadir). ¿De dónde salieron esos papeles? «Era evidente —concluía Luis Ramallo— que los documentos procedían de RTVE y, dadas las peleas que entonces existían dentro del PSOE, no cuesta imaginar que fueron los guerristas quienes me enviaron aquel paquete de documentos».

Yo no tengo prueba alguna que me permita afirmar que los guerristas estuvieran detrás de las denuncias, pero sí puedo decir, porque fue público y notorio, que Pilar Miró sí estaba convencida de que fueron ellos quienes encendieron la hoguera del escándalo. De ser eso cierto, lo sucedido corroboraría la sentencia que se le atribuye a Churchill según la cual «existen enemigos, enemigos a muerte y compañeros de partido».

Tras la sentencia, Pilar volvió a la vida civil. Abandonó el PSOE y se dispuso a retomar su oficio.

—¿Qué piensas hacer? —le pregunté durante una comida en un restaurante de Pozuelo, no lejos de su casa, donde celebrábamos su «liberación».

—Pues lo único que, al parecer, sé hacer: quiero volver al cine —contestó.

—¿Y qué tipo de película te gustaría hacer? —insistí.

—Una historia en la cual una mujer perpetra una venganza —fue la respuesta.

—Yo tengo para ti esa historia —le dije.

Y le envié dedicada la novela que acababa de publicar en Plaza & Janes, Tu nombre envenena mis sueños. Basándose en ella realizó su última película para el cine.

«El 17 de marzo de 1993 —ha contado Carlos Solchaga— vino a visitarme a mi despacho el ministro del Interior, José Luis Corcuera. Su objetivo: comprobar si la situación económica estaba tan mal como yo le había contado al presidente del Gobierno urgiéndole a adelantar las elecciones. Convencí a Corcuera de que la desviación en el Presupuesto del Estado y en el de la Seguridad Social iban a producir saldos deficitarios mucho mayores de los previstos y de que la situación económica no podía sino seguir empeorando hasta finales de año (1993). Corcuera le señaló esto a González y allí se tomó la decisión de convocar las elecciones».

El 12 de abril de 1993, Felipe González, presidente del Gobierno, disolvía anticipadamente las Cortes y convocaba elecciones generales para el 6 de junio del mismo año[51]. El presidente del Gobierno argumentaba que el adelanto electoral se debía a la crispación de la política española, que impedía afrontar la crisis económica. ABC señalaba que los motivos reales eran la financiación ilegal del PSOE —el caso Filesa—, el conflicto con los guerristas en el seno del partido y el avance del PP en las encuestas. El País recordaba la mala situación económica de España, con tres millones de desempleados y el PIB ralentizado.

En el primer debate electoral que tuvo lugar en Antena 3, Aznar consiguió conducir el debate a sus posiciones y colocó a González —que apenas lo había preparado confiando en la improvisación— a la defensiva. Aznar repitió hasta seis veces el eslogan «paro, despilfarro y corrupción», presentándose como un candidato moderado y cercano, que conocía los datos, y del que los parados y jubilados no tenían nada que temer. También recordó las palabras de Nicolás Redondo de que González tenía «menos sensibilidad social que una almeja». Aquel primer debate fue seguido por 9,6 millones de espectadores, el 62 por ciento de la audiencia. José María Maravall ha escrito que el error de González fue pensar que el debate iba a ser parecido a un debate parlamentario o a una entrevista periodística, perdiendo muchos minutos en «cuestiones previas». En aquel primer asalto el 50 por ciento de los ciudadanos consideró que el ganador había sido Aznar, frente al 21 por ciento que estimaba lo contrario.

Durante el segundo debate (en Tele 5), González mostró mayor preparación y también mayor convicción: recurrió más a cifras y documentos y exhibió un teletipo con una declaración de Aznar acusando a González de «pedigüeño» en la cumbre de Edimburgo de 1992 sobre los fondos estructurales europeos. González llevó la iniciativa incluso en temas tan polémicos como la corrupción. Aznar había preparado el primer debate para atacar al gobierno socialista y el segundo para presentar las propuestas del PP. En consecuencia, Aznar acudió a Tele 5 con un estilo menos agresivo y González lo cogió a contrapié. González mostró, por ejemplo, que la propuesta del PP de reducir los impuestos y gastar más era contradictoria. Además, le acusó de no hablar de la cobertura de desempleo. «La reforma fiscal del PP significaría 8000 pesetas menos para cada pensionista», añadió. Este segundo debate fue de nuevo un éxito de audiencia: 10,5 millones de espectadores, el 75,3 por ciento de la cuota de pantalla. El 48 por ciento de los ciudadanos dio la victoria a González, el 18 por ciento a Aznar.

El 6 de junio se celebraron las elecciones generales y el PSOE obtuvo 9 150 083 votos (1 034 515 más que en 1989) y 159 diputados, 17 escaños por debajo de la mayoría absoluta.

En julio de 1993 González formó un nuevo gobierno y en él los guerristas brillaban por su ausencia. Pedro Solbes sustituyó a Solchaga al frente de Hacienda y el puesto de Solbes fue ocupado en Agricultura por Vicente Albero. En Justicia entró Juan Alberto Belloch y Griñán pasó a Trabajo, siendo sustituido en Sanidad por Ángeles Amador. Juan Manuel Eguiagaray dejó Administraciones Públicas, donde fue sustituido por Jerónimo Saavedra, y pasó a ocuparse de Industria. De Industria se disgregaron Comercio y Turismo en un nuevo ministerio del que se ocupó Javier Gómez Navarro. Alfredo Pérez Rubalcaba salió de Educación (donde fue sustituido por Suárez Pertierra) hacia Presidencia, ejerciendo también de portavoz del Gobierno. Carmen Alborch sustituyó a Solé Tura en Cultura y Cristina Alberdi a Matilde Fernández en Asuntos Sociales.

La salida de Solchaga del gabinete la realizó González porque el ministro le había solicitado varias veces ser relevado. Solchaga quería ser portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y González le contestó: «Haré lo que pueda».

González nos comunicó a los secretarios regionales su intención de que Carlos fuera el Portavoz en La Moncloa, a donde acudí junto a Jaime Blanco (de Cantabria). Mientras González nos lo contaba, a Jaime le cambió la color. Cuando me tocó dar mi opinión, dije: «Desde luego, Solchaga tiene cualidades para el puesto, pero —y casi no pude contener la risa— no sé si a estos (Jaime era un guerrista convencido) les va a hacer mucha gracia».

Desde luego, no les hizo ninguna.

González sabía que la propuesta de portavoz del Grupo era competencia de la Comisión Ejecutiva, en la que Guerra tenía la mayoría. Aquello era el órdago final. En efecto, lo planteó en la Ejecutiva a cara de perro y en una primera toma de posiciones quedó claro que perdía (hasta Ramón Rubial estuvo en contra), pero no cedió sino que siguió peleando y, tras varias horas encastillados, González provocó la votación definitiva.

Ganó por un voto, el de Ludolfo Paramio, que dejó a los guerristas con un palmo de narices, pues creían que les sería fiel.

Cuando se levantó la reunión y «los ejecutivos» bajaron al Comité Federal, que llevaba varias horas esperando, una cierta relajación llegó con ellos y con la noticia del resultado de la votación. Visto a la distancia, quizá habría sido mejor que González hubiera perdido la votación. ¿Por qué? Porque habría dimitido como secretario general y habríamos ido a un nuevo congreso. Mas, fuera como fuera, nadie sabía entonces que lo peor estaba por llegar.

A las intentonas que sufrí por parte de los guerristas (que otros ya han descrito más arriba), podría añadir algunas trapacerías más, pero ya anuncié que no era mi intención realizar aquí ningún ajuste de cuentas, aunque sí creo conveniente hacer una reflexión sobre el estilo. El estilo guerrista cuando tenían —tal y como se entiende en el baloncesto— «la posición», es decir, el mando. Su «posición» respecto al PSOE era entonces la del patriotismo excluyente, ese que caracteriza a todos los nacionalismos. Me explico: todo patriota excluyente intenta arrimar el ascua de todos a la sardina propia, a sus propios intereses e ideas. Por ejemplo: los nacionalistas vascos o catalanes siempre confunden —sirviendo a su victimismo patológico— opiniones e intereses propios con los de Euskadi o Cataluña y las críticas dirigidas a sus actos e ideas son automáticamente convertidas en agresiones a Euskadi o Cataluña. De parecido modo, cualquier crítica o censura contra los actos de los más notables guerristas se convertían en «ataques al partido». Ya lo había escrito Samuel Johnson: «El patriotismo es el último refugio de los granujas».

Ese patriotismo cayó ipso facto en el olvido cuando perdieron posiciones en el mando y pasaron a ocuparse con tenacidad de practicar la oposición interna… y la verdad es que lo hicieron con gran constancia y voluntad, llevando esta estrategia de supervivencia hasta las últimas consecuencias en el congreso del año 2000, cuando presentaron como candidata a la secretaría general a Matilde Fernández para dejarla, a la hora de introducir la papeleta de voto en la urna, «compuesta y sin novio». Traspasaron a José Luis Rodríguez Zapatero los votos suficientes para que este derrotara por nueve de diferencia a José Bono, «el traidor» que les había abandonado pasándose a las filas de la renovación. «La renovación de la nada», en las sabias palabras de Chiqui Benegas.

Aquella pirueta a favor de Zapatero les hace responsables de una elección que llevó a la dirección del partido y posteriormente al frente del gobierno a una persona a quien, como jefe de Gobierno, la historia —de eso estoy seguro— no tratará bien. Alguien que, además, ha dejado el PSOE hecho unos zorros, para decirlo bien claro.

Aquel movimiento guerrista de indudable trascendencia lo contó entonces con bastante gracia Francisco Fernández Marugán: «Nosotros llegábamos al congreso como los inmigrantes, en una patera, y veíamos en la costa a muchos guardias civiles que nos estaban esperando con intenciones fáciles de prever, pero, cuando desembarcamos, un grupo de ellos, en lugar de ponernos las esposas, nos dio un caldito caliente». Caldito que hemos pagado los socialistas a precio de oro, añado yo.

Respecto a mis relaciones políticas y personales con el guerrismo, habré de distinguir entre, por un lado, los guerristas madrileños, a quienes motejábamos de «fontaneros», y, por otro, el «alto mando» colocado en la burocracia de Ferraz y que siempre actuó como una facción dispuesta a moverle la tierra bajo los pies a quien ellos ponían como diana, apoyados en criterios exclusivamente sectarios («quien no está conmigo está contra mí», «el que se mueve no sale en la foto»…).

Los primeros, es decir, Alejandro Cercas, Nacho Várela y Teófilo Serrano montaron en Madrid un grupo que con el pretexto de «guardar las esencias» y compensar las supuestas heterodoxias mías, me tocaron las partes blandas con insistencia, pero nunca pretendieron eliminarme de la política. Los del «alto mando» sí y les importaba muy poco la falta de ética y de estética que suelen acompañar el uso de la guillotina. Para ellos las purgas eran, al parecer, un ejercicio muy democrático; al fin y al cabo, «el partido lo era todo y las personas nada», «los electores votan las siglas y no a unos individuos». Este criterio mostrenco sigue siendo, tristemente, el dominante en los grandes partidos españoles… Y así les luce el pelo.

Un sombrero de paja de Italia: la corrupción

Las luchas internas en el PSOE no era lo más relevante que pasaba en España ni en el mundo, otros acontecimientos de mucho más calado estaban ocurriendo. Citaré en primer lugar la caída del imperio soviético, que marcó —ella sí— el futuro (que no el fin) de la historia. Fueron, en verdad, días que, parafraseando a John Reed, conmovieron al mundo.

Las reformas proyectadas por Gorbachov habían desatado amarras y acabaron por romper las cadenas cuando la noche del jueves 9 de noviembre de 1989, veintiocho años después de su construcción, cayó el muro de Berlín.

El muro estaba formado por 42 kilómetros de muro propiamente dicho, con una altura de 3,60 metros, 59 kilómetros de muro prefabricado con una altura de 3,40 metros y 68 kilómetros de alambre de espino con una altura de 2,90 metros. Lo completaban 114 kilómetros de vallas, 186 torres de vigilancia y 31 puestos de control.

La apertura del muro, conocida en Alemania con el nombre de Die Wende (El cambio), fue consecuencia inmediata de las exigencias de libertad de circulación en la ex RDA y de las evasiones constantes desde allí hacia los países del Pacto de Varsovia. Por ejemplo, en septiembre de 1989, más de 13 000 alemanes orientales emigraron hacia Hungría.

Pero la caída del muro había comenzado mucho antes. El 16 de octubre de 1978, Karol Wojtyla, cardenal de Cracovia, fue elegido papa con el nombre de Juan Pablo II. Carismático y enérgico, era más pastor que burócrata y los dirigentes comunistas polacos comprendieron que aquella elección del nuevo papa podría tener (y lo tuvo) un efecto desestabilizador sobre el monopolio político del Partido Comunista. Stalin había dicho con desprecio: «El papa no tiene divisiones armadas», pero —como quedaría pronto demostrado— Dios no siempre apoya a quienes manejan los carros de combate. Desde 1978, Polonia ya estaba al borde del levantamiento social; faltaba el impulso que lo hiciera saltar… y llegó de la mano de Wojtyla y del sindicato Solidaridad.

También en la URSS la llegada de Gorbachov y su Perestroika traerían cambios más allá de lo previsto. En efecto, la lógica de los objetivos reformistas y la decisión de apelar a la nación para vencer las resistencias internas dentro del aparato del PCUS trabajaban a favor de cambios más profundos. En octubre de 1987 Gorbachov habló por primera vez públicamente de los crímenes estalinistas y dijo que si el PCUS no lideraba las reformas perdería su papel dirigente. En la conferencia del PCUS en junio de 1988 hizo un llamamiento para que se prepararan unas elecciones abiertas, es decir, con diferentes candidaturas. En octubre de ese año relegó a algunos de sus principales adversarios y se hizo elegir presidente del Soviet Supremo, es decir, jefe del Estado, desplazando al último de los dinosaurios, Andrei Gromiko.

Aquella agitada trayectoria vivida dentro de la URSS entre 1985 y 1989 se complementó con el giro dado en la política exterior de la mano de Eduard Shevardnadze, que desembocó en el pacto de 1990 con Estados Unidos, pacto que limitaba la presencia de fuerzas convencionales en el continente europeo. En efecto, como había dicho uno de sus asesores más próximos, Andrei Grachev, Gorbachov era «un error genético del sistema comunista». ¿El sistema soviético se tambaleaba y llegó el hombre providencial? Es posible, pero a estas alturas se puede asegurar sin temor a equivocarse que Gorbachov no podía prever las consecuencias que traería lo que estaba haciendo.

La desaparición de la URSS no fue producto de una guerra ni de una revolución sangrienta. Un enorme estado industrial —y una superpotencia militar— se derrumbó y sus instituciones se convirtieron en humo, aunque el proceso de desmembración a manos de los nacionalismos no estuvo exento de violencia. Violencia que en algunos lugares sigue hoy.

Entonces —se preguntaba no hace mucho el historiador Tony Judt[52]—, ¿por qué fue todo tan aparentemente indoloro? ¿Por qué, después de décadas de violencia interna y de agresiones exteriores, la primera sociedad socialista del mundo se hundió sin siquiera tratar de defenderse? Evidentemente, una de las razones es que, en realidad, nunca llegó a existir, es decir, que, en palabras del historiador Martin Malia, «el socialismo, como tal, no existe». Pero si esto explica la futilidad de la autoridad comunista en los estados satélites, amparada únicamente en la sombra del Ejército Rojo, en realidad no basta para explicar lo que le ocurrió a la propia patria imperial. Aunque la sociedad que el comunismo decía haber construido fuera esencialmente fraudulenta, el Estado leninista, después de todo, era indudablemente real. Y era un producto autóctono.

En parte, la respuesta radica en el éxito inesperado que tuvo Mijaíl Gorbachov al destripar el aparato administrativo y represivo del que dependía el Estado soviético. Una vez que el partido perdió el control, una vez que quedó claro que el ejército y el KGB no actuarían sin piedad para aplastar a los críticos del régimen y castigar la disidencia —y esto no fue evidente hasta 1991—, las naturales tendencias centrífugas de un enorme imperio territorial pasaron a un primer plano. Solo entonces saltó a la vista —a pesar de setenta años de vigorosas proclamas— que en realidad no había una auténtica sociedad comunista: solo un Estado marchito y sus inquietos ciudadanos.

Durante la crisis terminal del sistema soviético, Gorbachov gozaba de muy buena fama… fuera de la URSS, y España no era una excepción. En uno de sus viajes a Madrid me tocó acompañarlo a un concierto en el Auditorio, que está en la parte alta de la calle Príncipe de Vergara. Allí, en la entrada del edificio que diseñó el arquitecto García de Paredes, había un centenar de mirones que al ver a Gorbachov aplaudieron y él, sin dudarlo un instante, se fue hacia ellos para saludarlos uno a uno.

Mientras esperábamos a que se acabara tan inesperado besamanos, pensé que aquel hombre estaba muy ayuno de aplausos y de cariño en Moscú y los agradecía donde los recibía, fuera de su país. Creo firmemente que aquel sistema tenía que haber muerto mucho antes; quien lo enterró entonces fue un benefactor, pero tengo dudas de que Gorbachov acertara con el procedimiento. En muchos aspectos, operó como un aprendiz de brujo, poniendo en marcha mecanismos que ni él ni sus pares fueron capaces de controlar. Cabe preguntarse, aunque la cosa ya no tenga arreglo, por qué no avanzaron más a fondo en las reformas políticas hasta hacer de aquello una democracia, antes de lanzarse a las reformas económicas. Porque el capitalismo tampoco se improvisa.

Pero volvamos a Alemania del Este. El 1 de diciembre la Volkskammer (el Parlamento) votó por cuatrocientos veinte votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones la eliminación de la Constitución de la cláusula que declaraba que el Estado estaba «dirigido por la clase obrera y por su partido marxista leninista». Cuatro días después se eligió a un nuevo líder, Gregor Gysi. La vieja cúpula comunista (incluyendo a Honecker y a Krenze) fue expulsada del partido y se programaron elecciones libres. El proceso de reunificación alemana quedaba abierto.

Al principio, el canciller Helmut Kohl se mostró dubitativo, y prueba de ello fue que el 28 de noviembre de 1989 presentó ante el Bundestag un programa de cinco años de cauteloso acercamiento hacia la unidad. Pero después de escuchar a las multitudes de Alemania del Este (y de asegurarse el apoyo de Washington), Kohl llegó a la conclusión de que en ese momento una Alemania unificada no solo era posible, era urgente.

En muchas de las cancillerías europeas, sobre todo en Francia, se veía con gran reticencia la unificación, aparte de temerse la reacción negativa de la antigua URSS (cosa que no ocurrió). François Mitterrand había dicho a sus asesores el 28 de noviembre de 1989: «No tengo que hacer nada para impedirlo; los soviéticos lo harán por mí. Nunca permitirán la existencia de esta Alemania ampliada justo delante de ellos».

En España, el presidente del Gobierno apoyó con firmeza y hasta entusiasmo la reunificación, lo cual no solo reforzó la amistad personal de González y Kohl sino que, de algún modo, sirvió para mitigar la resistencia de otros países europeos.

Después de la decisiva victoria electoral de Kohl en Alemania Oriental, el presidente francés adoptó una posición diferente: los alemanes podían unificarse, pero pagando un precio. Kohl debía comprometerse personalmente a cimentar el proyecto europeo bajo el condominio francogermano y Alemania tenía que someterse a una unión «cada vez más estrecha», a una moneda única europea y a un nuevo tratado (que se negociaría al año siguiente en la ciudad holandesa de Maastricht).

La caída del imperio soviético traería consigo, desgraciadamente, el rebrote de la plaga —siempre presente en Europa— de los nacionalismos. En efecto, liberada del comunismo, Europa del Este experimentó una segunda transformación. Durante los años noventa, cuatro estados consolidados desaparecieron del mapa y nacieron —o resucitaron— otros catorce. Las seis repúblicas más occidentales de la Unión Soviética —Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia— se convirtieron en países independientes. Checoslovaquia se partió en dos y dio lugar a Eslovaquia y a la República Checa; Yugoslavia se rompió en pedazos: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro y Macedonia.

La magnitud de este proceso de fabricación y ruptura de naciones fue comparable al impacto de los Tratados de Versalles posteriores a la Primera Guerra Mundial, y, de algún modo, más dramático. La aparición de estados-nación en Versalles trae la culminación de un larguísimo proceso cuyas raíces se remontaban al siglo XIX o antes, pero la posibilidad de que pudiera ocurrir algo parecido a finales del siglo XX no la pronosticó prácticamente nadie.

La caída del muro significó la llegada de la libertad para muchos millones de personas, en manos hasta entonces de unas dictaduras que decían dedicarse —sin fundamento alguno— a terminar con la explotación de unos hombres por otros. La caída del imperio soviético también supuso un vuelco radical en las relaciones internacionales. Fue el fin del equilibrio entre los dos grandes bloques armados hasta los dientes.

En Europa Occidental, la desaparición del enemigo exterior permitió que las democracias europeas comenzaran a mirarse a sí mismas y, entre otras cosas, algunas de ellas se vieron corruptas. Una corrupción tolerada por unas sociedades —como la italiana y la española— que habían sufrido la experiencia del totalitarismo antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Pecados, los de la corrupción política, que las sociedades europeas habían disimulado en aras de no darle ventaja al enemigo exterior.

Cuando en 1989 cayó el muro de Berlín, cualquier político avisado debería haberse apercibido de que en Europa el sistema democrático se acababa de quedar sin enemigo y tendría que depurarse de grado o por la fuerza, pero los partidos no quisieron tomar la iniciativa y fueron otros —jueces y periodistas en primera línea— quienes se aprestaron a la operación de limpieza ante una sociedad que ya estaba madura para ello. El caso italiano fue el paradigma de este proceso. Enseguida volveré sobre ello.

El otro acontecimiento que marcaría el futuro de España fue el nuevo tratado de la Unión, el ya citado Tratado de Maastrich, que se firmó el 7 de febrero de 1992 en la localidad holandesa de ese nombre. El Tratado modificó los tratados fundacionales de las Comunidades Europeas (Tratado de París de 1951, el Tratado de Roma de 1957 y el Acta Única Europea de 1986) y constituyó un paso crucial en el proceso de integración. Con él se sobrepasaba por primera vez el objetivo económico inicial y se le daba vocación de carácter político. En aquel tratado se creó la Unión Europea. Además, se adoptaron dos sistemas de cooperación intergubernamental: el de Política Exterior y Seguridad Común (PESC) y el de Cooperación en Asuntos de Interior y de Justicia (CAJI). Fue también el tratado en el que se anunció la introducción del euro y la creación de un banco central europeo.

Las negociaciones en torno al tratado finalizaron en diciembre de 1991 y este entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Con él se consagró la Europa de los ciudadanos, dando carta de naturaleza a la libre circulación de personas y reconociendo el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a los residentes de la UE. Se creó un espacio sin fronteras interiores, fortaleciendo la cohesión económica y social y estableciendo la unión económica y monetaria. También se dotó de mayores poderes al Parlamento Europeo.

Las inversiones y subvenciones llegadas a España desde su incorporación a Europa tuvieron un efecto inmediato sobre las infraestructuras y sobre la renta disponible de sectores como el agrario, lo que produjo un auténtico cambio de piel.

En efecto, en los años ochenta, y muy ligada a la explosión de la llamada economía financiera, surgió en el mundo, y también en España, una nueva generación de empresarios nimbada por el aura mediática del éxito: la del aventurero económico. Aventurero no en el sentido de quien emprende una empresa arriesgada con el afán de descubrir algo nuevo o de vivir sensaciones de las llamadas fuertes, sino aquel cuya actividad busca el beneficio propio a costa del prójimo, rompiendo las reglas del juego, expresadas en leyes o en normas de convivencia no escritas. El aventurero, siendo un embaucador, siempre procura con gran afán obtener la fama del revolucionario que anuncia una nueva era. El dinero fácil le sirve, además, para comprar en la opinión pública reputación de superhombre, de un gigante alejado de la rapiña que está perpetrando.

Como pequeña muestra del buen engrase mediático del que disfrutaron en España estos tiburones valga esta perla: «¿Dónde aprendió Javier de la Rosa ese sexto sentido para los negocios, para las grandes operaciones financieras? Ha revolucionado el panorama empresarial de este país y en dos años ha hecho más cosas que toda la clase empresarial en los últimos cuarenta. En Wall Street tendría seguramente una estatua a su nombre». Este desbordante halago, firmado por Jesús Cacho, fue publicado bajo un título ridículo (La rosa de D. Javier florece en diciembre) el 29 de diciembre de 1989. Pero todos estos aventureros acabaron en el banquillo de los acusados, demostrando así que su valía para estafar y obtener dineros fáciles sirvió también para untar a algunos periodistas.

Aquellos años del dinero rápido, del pelotazo, fueron contemporáneos en Estados Unidos con las presidencias de Reagan y en España coincidieron con los gobiernos socialistas. Es muy dudoso que la ideología de la «revolución conservadora» de Thatcher y de Reagan pudiera tener algo que ver con estos manejos, pero tampoco la actitud de los gobiernos españoles de la época, y más específicamente la de los ministros de Economía y Hacienda, fue partidaria de las estrategias seguidas por los más notorios representantes del pelotazo. Los datos en este terreno (crisis de Rumasa, crisis del Central, de Banesto, etc.) son contundentes y demuestran que la cultura del pelotazo y los aventureros que la acompañaban jamás fueron apoyados por el gobierno de González.

El dinero exhibido en grandes cantidades tiende a producir asombro, pero en el presente caso, más que asombrar (hacer sombra, asustar, causar admiración), lo que hizo fue deslumbrar (ofuscar la vista con demasiada luz). Este hipnotismo cegador hizo perder el sentido de la realidad a más de cuatro recién llegados al poder político y a sus aledaños.

Por otro lado, la democracia española había importado usos y costumbres del entorno europeo, muy especialmente de Italia, sobre todo en lo que atañía a la financiación de los partidos políticos. Allí las malas prácticas eran de dominio público y afectaban a todos los partidos. Pero la depuración ya había comenzado y de forma contundente. En Italia, un grupo de jueces autoapodado «Manos limpias» se puso al frente de ella.

En ese ambiente y previendo lo que se nos podía venir encima, publiqué en el diario El País el 10 de septiembre de 1992 un artículo que titulé «Un sombrero de paja de Italia». Este artículo no me hizo popular entre las filas guerristas, como lo demuestra el texto de Teófilo Serrano que reproduje unas páginas atrás. Mi artículo, letra por letra, fue el siguiente:

Sergio Moroni tenía cuarenta y cinco años, una esposa y una hija de dieciséis. Era diputado y miembro de la dirección del Partido Socialista Italiano (PSI), había sido secretario general de ese partido en Lombardía. Se pegó un tiro con un fusil ante el temor de ser procesado por el escándalo de las comisiones ilegales en Milán. Antes se habían suicidado otros dos miembros del PSI y el empresario Mario Majocchi, todos relacionados con el mismo asunto. Bettino Craxi repitió, desde el día en que estalló el escándalo, que «no existe un problema de honestidad, sino un problema técnico de financiación de los partidos», pero eso es falso. La argumentación de Craxi solo puede entenderse como un burdo intento de autojustificación, una columna de humo.

Para empezar, nadie se suicida por causa de «un problema técnico». El suicidio se produce porque la persona ya no es capaz de soportarse, y en este caso, independientemente de los mecanismos psicológicos de cada uno de los suicidas, por vergüenza, por la imposibilidad de superar la visión que de ellos van a tener los demás. En contra de la opinión interesada de Craxi, se está precisamente ante un problema de honradez. Son suicidios donde han intervenido la dignidad y el honor de esas personas, su concepción del propio ser, de su valía social.

Este escándalo milanés estalló al descubrirse que, desde el antiguo partido comunista hasta la Democracia Cristiana, pasando por los demás partidos de arco parlamentario, todos los partidos estaban cobrando comisiones ilegales por las adjudicaciones de obras. Una palabra define estas prácticas: corrupción. Empero, lo que hace especialmente grave esta ilegalidad es el constituir un delito de lesa democracia, pues ataca la base misma del sistema. ¿Por qué?

Porque aquellos que tienen la obligación y el privilegio de hacer las leyes, los partidos políticos, tienen el deber de cumplirlas y de hacerlas cumplir. Cuando las transgreden atacan directamente la legitimidad de aquellas y el crédito de todo el sistema político.

Porque quien obtiene financiación ilegal arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades respecto al electorado, utilizando, además, dinero sucio.

Porque la financiación ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido, no puede estar sujeta al control social (tribunales de cuentas, Parlamentos, etcétera) ni al control democrático interno del propio partido que supuestamente se beneficia de tal financiamiento.

Al menos estos tres argumentos avalan el siguiente aserto: aun siendo reos de corrupción tanto los corruptos (miembros de los partidos) como los corruptores (las empresas), aquellos incurren en una responsabilidad cualitativamente distinta y mayor. Se está ante un delito contra la democracia que no puede dejar indiferentes a los ciudadanos. Aun confiando en la justicia, es asunto en el que la acción individual y colectiva de quienes creen en el sistema democrático han de estar implicadas. En primer lugar, es obligación política para los que honrosa y honradamente son miembros de cualquier partido.

La democracia de todos depende, no exclusivamente, pero también, de la democracia interna de las distintas formaciones políticas. Ha de entenderse, de una vez, que la democracia interna de un partido político, cualquiera que sea su posición ideológica, es cuestión que, por afectar al funcionamiento y al crédito de todo el sistema político, atañe al conjunto de la sociedad.

Un dinero ilegal, negro, que no ingresa en la caja pública y controlable del partido, ¿adónde va? Evidentemente, a ninguna actividad legal. No paga impuestos y ha de blanquearse. Por lo que se va sabiendo, con estas gabelas se constituyen dos montones: uno engorda el patrimonio de los mangantes que pululan en torno a este negocio: coches, caballos, chalets y fincas suelen ser los signos externos de este nuevo señoritismo cutre y descarado, aunque no deben descartarse otras formas más refinadas e igualmente mañosas de acumulación patrimonial. El segundo montón se dedica a nutrir la caja B del partido correspondiente. Un ingreso incontrolable desde el Tribunal de Cuentas y desde los órganos internos del partido.

Hasta aquí el artículo de septiembre de 1992. En aquellas fechas, un conocido político se atrevió a decir lo siguiente: «Hay en España tal número de elecciones que los partidos han de obtener dinero de algún sitio para afrontarlas». Era toda una argucia que pretendiendo justificar una ilegalidad (las comisiones) anunciaba, probablemente, otra. A falta de ideas que llevarse a la cabeza, parecía que la política había decidido lucir este «sombrero de paja de Italia», que tiene, sin embargo, una ventaja: puede prendérsele fuego, y cuando arde no vale recurrir, como pretendía Craxi, al honor del partido, porque este asunto está más cerca de El honor de los Prizzi.

En el siglo XVIII, Bernard Mandeville publicó un libro que tituló La fábula de las abejas, con un subtítulo equívoco: Los vicios privados hacen la prosperidad pública. Algunos políticos se acogen a este subtítulo para justificar sus trapacerías sin molestarse en leer a Mandeville. Si lo hubieran leído, sabrían que aborda una cuestión algo más compleja: ¿qué pasaría en una sociedad en la cual todos sus miembros fueran virtuosos?

Según el autor, virtuosa es aquella persona que «contrariando el impulso de la naturaleza procura el beneficio de los demás y el dominio de sus propias pasiones mediante la ambición de ser buena». Mandeville concluye que una sociedad compuesta exclusivamente por virtuosos sería un desastre.

Pero en política —pensara lo que pensara Mandeville— la virtud es cualidad exigible, pues, si no fuera así, la cosa pública no funcionaría y el Estado acabaría por convertirse en una cueva de ladrones… El dinero como expresión totalizadora de la vida, como único referente para entender la convivencia y entenderse a uno mismo. Un pudrimiento en el que nada bueno germina.

Es bien cierto que en un mundo, como el que habitamos, donde el dinero juega un papel básico en la vida de los hombres, es difícil sustraerse a la tentación. Se puede concluir regresando a los clásicos, por ejemplo, a Horacio y sus Sátiras, epístolas y arte poética para verificar que las pasiones humanas siguen siendo hoy las mismas que ayer. Y en esto de la corrupción basta con abrir las páginas de los periódicos en el año 2012 para comprobar que, a primera vista, nada ha cambiado desde aquellos noventa: empapelamientos y condenas de responsables políticos, dineros trasegados a cambio de favores concedidos, etc., etc. Se diría que los controles internos de las distintas administraciones no es que se hayan aflojado, es que han desaparecido, y me refiero en primer lugar a la Intervención, que es preceptiva en todos los niveles administrativos, a la que sirven (o deberían servir) funcionarios muy especializados. Cómo es posible entonces que se repartan millones (los ERE andaluces, las inversiones descontroladas de Baleares o Valencia) sin que en ningún lado aparezca la firma de un interventor. ¿En qué país vivimos, en el cual líderes políticos al frente de instituciones públicas se comportan como verdaderos caciques de pueblo, contabilizando, por ejemplo, como ingresos imaginarios dineros que nunca llegarán a ser reales? Mientras escribo estas páginas, en España se siguen descubriendo y también —es cierto— persiguiendo judicialmente tramas como la Gürtel, trapacerías como los ERE falsos, pequeños partidos convertidos en auténticas asociaciones de malhechores o líderes de partidos grandes transformados en verdaderos salteadores del erario público.

Y como la lacra ha seguido existiendo, conviene —creo yo— insistir en los argumentos condenatorios. En efecto, el asunto sigue vivo y no es «un problema técnico», ni es menor, ni es un chaparrón ante el que bastaría esperar la escampada. Se trata de un cáncer que es preciso primero aislar, luego extirpar y siempre condenar. Eso es lo que sigo pensando. Es más, creo que estos feos asuntos no se han querido erradicar o, mejor dicho, no se han querido sacar de la política y siguen apareciendo aquí y acullá sin que ningún partido pueda, como en el Evangelio, estar libre de pecado y tirar la primera piedra.

Una cosa es acabar con la corrupción, objetivo difícil de alcanzar, y otra muy distinta es sacar la corrupción de la política, esto es mucho más sencillo. Para conseguirla bastaría con que en el cúmulo de decisiones que toman las instituciones públicas se diferenciaran tres niveles: Primero el qué (qué se quiere conseguir), segundo el cómo (mediante un concurso, por adjudicación directa…) y tercero el quién (quién hace la obra, quién se queda con la concesión). El primero, el qué, quedaría en manos de los políticos y los otros dos los decidirían los funcionarios siguiendo reglas y preceptos claros y precisos (que, en general, ya existen). Los politólogos Fernando Jiménez y Vicente Carbona como fruto de un reciente estudio[53] llegan a las siguientes conclusiones:

En este imaginario de la corrupción, el cargo público es percibido como «la llave» para «trincar»; si no lo haces, «eres gilipollas», y otros lo harán; y «además, no te va a pasar nada».

Las tradicionales redes clientelares en España siguen patrones establecidos y perfeccionados y son difíciles de extirpar. No obstante, la corrupción en España no constituye un caso excepcional ni en su forma ni en su extensión.

Lo realmente lamentable es que la distancia que perciben los ciudadanos entre su ideal democrático y la realidad existente, ese cinismo hacia la política democrática en España, representa una peligrosa desconfianza generalizada en las instituciones y en la capacidad de los sistemas de administración para resolver el problema de la corrupción. Es un círculo vicioso de difícil arreglo.

Pero quizás lo más desalentador es lo que esto significa en términos de iniciativa individual, de la percepción del esfuerzo personal, y por tanto, de la posibilidad de cambiar «el sistema».

La lucha contra la corrupción en España requerirá cambios significativos en la cultura política y también en la cultura empresarial. Como evidencian las encuestas, los ciudadanos españoles no son especialmente propensos a la corrupción, no se trata de un problema de moral pública. Se trata de un sistema de control y responsabilidad defectuoso.

La Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, los fastos de 1992, pretendían hacer visible en el ámbito internacional una España moderna, alejada ya de «los demonios fratricidas» que la habían hecho famosa por la saña homicida de sus hijos en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cuyo resultado fue la victoria de los más viejos representantes de la reacción y la instauración de una larga dictadura, criticada por todos y de todos aislada… pero que nadie fuera de España y casi nadie dentro de ella había movido un dedo con intención de derrocarla.

Aquella España del 92 quería mostrarse moderna y ambiciosa, cuidada y cosmopolita. Europea, democrática y eficiente. Pero ¿era cabalmente todas esas cosas? No, no lo era, pero al menos lo quería ser. Como propuesta de futuro no estaba nada mal.

Pero la España de la chapuza, del amiguismo, la España de los «aprovechados» pronto iba a irrumpir con estrépito apabullando al personal. En junio de 1991 comenzaron a aparecer en la prensa las primeras noticias del «caso Filesa», que había de arrastrar al PSOE por el camino del Gólgota, pero no fue el único escándalo que los socialistas iban a protagonizar durante su última legislatura en el gobierno.

Inmediatamente después del triunfo obtenido por el PSOE —contra pronóstico— en las elecciones generales de 1993 —que el PP había descontado ya a su favor—, cayó sobre la política española una tormenta de escándalos que acabaron por afectar a todos los ámbitos de la vida pública… y desde luego influyeron en la intención de voto en todos los territorios. En Madrid, por ejemplo, los escándalos nos hicieron bajar en las encuestas como cae en los termómetros la columna de mercurio con la llegada del invierno.

Escándalos en los que se vieron envueltos algunos socialistas por cuya honradez yo hubiera puesto —como tan inquisitorialmente se dice— la mano en el fuego, y también hubo otros, cogidos con las manos en la masa, de cuya honorabilidad siempre tuve dudas. Respecto a los primeros, recuerdo un día de verano en el comedor de la casa de mi padre, en Santander. Mientras nos disponíamos a almorzar frente al televisor, apareció en la pantalla un amplio reportaje en el cual se daban detalles de una red cuyos mecanismos de succión alimentaban, entre otros, los bolsillos del presidente de Navarra, persona sobre cuya honradez jamás había tenido yo la más pequeña duda.

Ante esto y preocupado por la actitud de algunos connotados representantes del PSOE, aproveché una cita con González en La Moncloa para exponerle mis miedos. Felipe González creía que aquella era una cuestión personal y que si alguien estaba dispuesto a robar lo acabaría haciendo, por muchos controles que se le pusieran.

—Dime qué patrimonio tienes tú —me solicitó cuando le planteé directamente el problema de la corrupción política.

—No mucho —contesté.

—Sé más preciso, por favor: casas, acciones, coches… Concreta tu patrimonio.

Me extrañó su exigencia, pero se lo enumeré con el detalle que mi memoria me permitió. Entonces él comentó:

—En efecto, no es mucho. No parece que te hayas llevado a casa un solo duro que no proviniera de tu sueldo. Ahora escucha el mío.

Y me lo relató.

—No te has hecho rico —le dije, sonriendo, cuando concluyó.

—Pues eso.

Y tras una pausa continuó:

—De mí se dice que tengo fincas en varios países, casas y dinero sin cuento y es mentira. ¿Por qué voy a creerme las denuncias que en esa misma dirección se hacen contra otros compañeros?

Pronto comprobaríamos hasta qué punto aquellas precauciones eran insuficientes.

Pienso que uno de los grandes errores del PSOE en aquella etapa consistió en dar por supuesto lo que significaban «la honradez y la firmeza». Creyendo estar acompañado de los principios «paulistas» de los que siempre había hecho gala el fundador del PSOE (tan contrario a todo boato, tan estricto con el dinero, en suma, tan austero), se olvidó de que Pablo Iglesias había muerto en 1925 y que la sociedad española de los años ochenta se parecía poco a la de antes de la guerra, sobre todo en lo que se refiere a la relación con el dinero de unas ya muy amplias capas medias. Especialmente con el dinero aparentemente fácil que corrió abundante en todo el mundo en esos años ochenta entre las manos de la llamada economía financiera. No se previeron las tentaciones y no se pusieron los obstáculos internos para dificultar caer en ellas.

Tengo para mí que Felipe González dice la verdad cuando afirma, como suele hacer, que el dinero nunca ha formado parte de sus ambiciones personales. El dinero no le ha faltado ni le ha sobrado para llevar un tren de vida que desde su precoz entrada en la política ha estado en la media de su condición social y de su edad. En otras palabras: no creo que sus hijos hereden una fortuna cuando él muera. Sin embargo, ¿cómo es posible que quien no siente un especial aprecio por el dinero esté a menudo rodeado de multimillonarios?

No quisiera caer aquí —ni en ningún otro lugar— en un pretencioso análisis psicológico de este personaje público, pero habrá de admitirse que todo líder para serlo ha de tener —de uno u otro modo— un alto grado de ambición. Ahora bien, la ambición no siempre se lleva bien con la codicia y, a mi juicio, este es el caso.

¿De qué tipo de ambición hablamos? De la ambición de dirigir, de la ambición de poder. Del poder político, sí, pero del poder político democrático. Del poder empresarial, sí, pero solo de aquel que se deriva del riesgo y del talento. En otras palabras: yo creo que González propende a (o quizá sufre) una «atracción fatal» por los ricos, pero no porque sean ricos, sino porque son ambiciosos y triunfadores, se llamen Fernando Flores, Cisneros, Carlos Slim, Jesús Polanco o Luis García Cereceda. Gente muy diversa, de formaciones y culturas muy distintas, pero que tiene algo en común: la ambición de triunfar y el éxito en esa empresa.

El escándalo

El espanto que produjeron los casos de Roldan y Perote[54] se derivó no solo de los hechos gravísimos que cometieron, sino de la procedencia vital de estas personas. Socialista el primero, militar el segundo, la sociedad quedó especialmente dañada al contemplar la ruptura brutal con los códigos reforzados de las instituciones a las que el uno y el otro pertenecían. El énfasis que desde su fundación había puesto el PSOE en la honradez de sus miembros y el débito exigido por el Ejército en asuntos como el valor, el honor, la palabra dada y, en suma, la lealtad se veían pisoteados. No ha de extrañar, por tanto, que la corrupción, la deslealtad y la traición arrojaran a sus autores a lo más hondo del desprecio colectivo.

Una vez descubierto, el corrupto queda solo ante su propia conciencia. En esa situación, lo más frecuente es poner en marcha el ventilador («todos hacen lo mismo que yo») y la mentira.

Por eso, para poder mentir ante la judicatura y, de paso, para implicar en sus desmanes a quienes les interesó, estos dos personajes se autoinculparon en delitos menores o prescritos. Veamos cómo y por qué.

El testigo en un proceso viene obligado (por el artículo 43… 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a decir la verdad, lo cual tiene su correlato en el artículo 326 del Código Penal, que establece el delito de falso testimonio. El estatus de inculpado es bien distinto. El artículo 24 de la Constitución recoge el derecho del inculpado a no declarar contra sí mismo, a no declararse culpable y, naturalmente, a la presunción de inocencia. Esta no se pierde, incluso después de autoinculparse, hasta que se dicta sentencia.

De estas garantías pretendieron deducir los asesores de Roldan y Perote que estos, al declarar como inculpados, tenían derecho a mentir. En otras palabras: aunque se demostrara que habían injuriado, calumniado, realizado denuncias falsas o estafa procesal, no estarían sometidos a las penas previstas para tales delitos en el Código Penal. Las declaraciones de Roldan y Perote fueron usadas por los jueces-estrella contra miembros del gobierno. Más adelante volveré sobre los métodos judiciales que entonces se usaron para inculpar a altos cargos, sobre todo del Ministerio de Interior.

Cualesquiera que fueran los orígenes y los personajes implicados en los distintos casos que oscurecieron el panorama público durante la íntima legislatura de González, hay en ellos un denominador común: todos y cada uno se constituyeron en escándalo. ¿Pero qué es y cómo funciona un escándalo? Detengámonos en la respuesta.

Ya Voltaire había definido el escándalo como «una grave indecencia que se aplica, principalmente, a la gente de Iglesia», pero más cerca de nuestros días Luis Meana se ha encargado de recordarnos que la palabra escándalo es de origen sánscrito y significa la trampa para alimañas que se cierra al rozarla el animal. El escándalo es, por tanto, un cepo tenaz y cogidos en él deben sentirse quienes son el objeto de un escándalo.

Lo que se le exige a un suceso para convertirse en escándalo es su choque con las normas, la ruptura de las reglas del juego que tal acontecimiento representa. La simple evidencia de que un hombre público ha roto las normas no constituye un escándalo, sino tan solo —como ya señaló Kant— una depravación. Para que pueda hablarse de escándalo tiene que existir una opinión pública que condene esa depravación. Por lo tanto, el escándalo es posible solo si existe una opinión pública articulada, ya sea a través del ágora, de la literatura o de la moderna prensa. En una dictadura el único escándalo es la propia existencia del atropello dictatorial; los otros escándalos están prohibidos.

El escándalo, como la penitencia en el sacramento de la confesión, juega un papel depurador de la cosa pública, permitiendo la restauración del imperio de la ley. Como todo castigo (al que puede ir unida o no una sentencia judicial), pretende ser disuasorio respecto al abuso de poder. En palabras de Pierre Bourdieu: «La renuncia al abuso de poder y a los beneficios ilícitos asociados al poder es lo mínimo que los poderosos deben otorgar para hacerse perdonar el poder que detentan».

El escándalo constituye, por lo dicho, la condena pública de una infracción y su objetivo debiera ser la restauración del orden roto. Al mismo tiempo, el escándalo se apoya normalmente en un proceso judicial que conduce previsiblemente a una condena. Hay, por lo tanto, un paralelismo entre el escándalo y el proceso judicial. Pero ambos procedimientos no deben confundirse. Aunque, para decirlo todo, un buen escándalo exige la presencia de fiscales, jueces y abogados. Para expresarlo en términos tan vulgares como claros, hay básicamente dos tipos de escándalos con morbo y atractivo suficientes como para llevar hacia sí la atención del público: los de braga y/o bragueta (sin jueces) y los de cartera (con jueces). Los primeros, consumidos en abundancia con hipócrita fruición en las sociedades anglosajonas, suelen suscitar (al menos hasta ahora) la sonrisa cómplice en el área latina.

En España, los auténticos escándalos, aquellos que de verdad producen indignación, son los de «cartera», es decir, son escándalos que implican corrupción económica y que, por ello, son carne de juzgado. Por eso el juez Garzón (un especialista en las artes de la comunicación) que manejó el caso GAL —que implicó a servidores del Estado en una serie de muertes— quiso ligarlo a la malversación de caudales públicos (fondos reservados).

Pero el escándalo, como todo en esta vida, produce efectos perversos. A saber:

Comercio. Al convertirse en un producto de consumo, el escándalo es un negocio y frecuentemente un negocio turbio, pues la materia prima suele obtenerse a base de traiciones o de delitos con el riesgo de que traidores y delincuentes sean elevados al rango de salvadores de la patria, o poco menos.

Espectáculo. La tendencia está bien estudiada y la afirmación es ya un tópico: la televisión y, en general, los medios de comunicación modernos tienden a convertirlo todo en espectáculo, se trate de una guerra o de una operación a corazón abierto en vivo y en directo, y en esto el escándalo no es una excepción. Lo malo del espectáculo, y en esto se parece a cualquier droga, es que necesita realimentarse cada mañana y seguir la norma circense del «más difícil todavía». De no hacerlo, puede aburrir al público y, ya se sabe, el aburrimiento es el primer enemigo del circo. Por eso a menudo el escándalo deja de ser un proceso de defensa de la democracia para convertirse en puro voyerismo o, con palabras de Kant, en «una misantropía secreta, exactamente lo opuesto al amor al prójimo».

Hipocresía. El rasgamiento de vestiduras es una práctica siempre interesada y el escándalo lo produce desde el primer momento. Mas no se trata tan solo de dar trabajo a los sastres, la hipocresía latente alimenta la frustración (la culpa de mis males no es mía, sino de esos canallas del gobierno) y justifica nuestras propias maldades (¿cómo se me exige que pague los impuestos si luego ellos se lo llevan crudo?). En efecto, el escándalo puede convertirse en un bálsamo adormecedor de la conciencia moral y política de las gentes.

El escándalo es censura. Nadie puede oponerse a él. Los argumentos que se opongan a él serán desechados ad hominem: «¿Qué oscuros intereses tendrá este para defender lo indefendible?». Los teóricos de la comunicación han llamado a este fenómeno censor «espiral del silencio». De silencio impuesto. «El clima de opinión rodea totalmente al individuo desde el exterior. El individuo no puede escapar de él» (Noelle-Newmann).

El primer problema que plantea el escándalo pidiendo inmediatez a la Justicia es que esa rapidez, esa «justicia rápida» no se compadece con los procedimientos judiciales democráticos, que han de preocuparse de preservar el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Como es evidente, tales derechos no son compatibles con procedimiento justiciero alguno.

Existieron, a mi juicio, dos fechas clave en el lanzamiento de aquella ofensiva escandalosa. Una fue el 6 de junio de 1993, fecha en la cual, contra todo pronóstico, el PSOE volvió a ganar las elecciones generales. La otra, el 28 de diciembre de 1993, el día de los inocentes, cuando el Banco de España intervino el Banesto de Mario Conde.

Mario Conde y De la Rosa, con métodos distintos, disponían, al parecer, de una eficiente red de espionaje. Red preparada en un principio para la disuasión: Yo no tiro contra ti si tú no disparas contra mí. Cuando sus tinglados financieros se derrumbaron con estrépito y aquellos aventureros acabaron visitando, primero, el juzgado y, luego, la cárcel, esa arma fue usada en un contraataque a la desesperada. Visto todo ello con bastante optimismo, el que estos caballeros de fortuna sacaran el camión de la basura y la tiraran sin decoro alguno por las calles pudo servir a la postre para dejar limpia la ciudad.

Como toda religión, esta del periodismo había de tener sus héroes y su mito. El mito se llama Watergate y los héroes, como David frente Goliat, aparentaban ser poca cosa: dos jóvenes tan inexpertos como insobornables.

En efecto, el Watergate no solo llevó a la fama a los dos jóvenes (Woordward y Bernstein) que lo instruyeron y al Washington Post que lo lideró, sino que se convirtió en el paradigma de un nuevo periodismo, donde el milagro del éxito podía producirse sin esperar a que funcionara el escalafón. Napoleón decía que cada mochila de un soldado francés contiene el bastón de mariscal. Del mismo modo, un Watergate puede aparecer cualquier mañana sobre no importa qué mesa de redacción. Basta con ser osado y agresivo, es decir, un buen «profesional».

No soy quién para echar por tierra la calidad de los 227 artículos que escribió la famosa pareja desde el 17 de junio de 1972 hasta el 7 de agosto de 1974, día en que, por fin, el Post pudo titular en primera página «Nixon dimite», pero una ración de desmitificación nunca viene mal. Para empezar, los dos periodistas contaron con un informante de alto nivel, el famoso «Garganta Profunda», mote que ellos pusieron a su informador echando mano del título de una exitosa película porno protagonizada por la actriz Linda Lovelace, cuyas felaciones (de ahí el título) eran espectaculares.

Hoy se sabe que el tal «Garganta» era un alto funcionario del FBI. ¿Por qué se metió en esto? Mes y medio antes de estallar el escándalo murió Edgar Hoover, que había sido director del FBI durante cuarenta años. El aparato del FBI próximo a Hoover creyó que Nixon elegiría el sucesor entre ellos, pero se equivocaron. Nombró a Patrick Gray. Esa fue la cerilla que encendió la hoguera donde se había de abrasar Nixon, ayudado en su camino hacia la pira por sus incontables torpezas, marrullerías y mentiras.

Como bien se ve, el revés de la trama en muchos escándalos —y este del Watergate lo ilustra bien— está llena de venganzas, de traiciones y de graves delitos, aunque la espiral de silencio consiga ocultarlos y el tiempo acabe por hacerlos olvidar.

Después de la intervención se comprobó que el agujero de Banesto era de unos dos mil setecientos millones de pesetas. Mario Conde acabó condenado a seis años de cárcel en 1997 por apropiación indebida de seiscientos millones de pesetas en el caso Argentia Trust y a diez años más en marzo de 2001 por apropiación indebida (cuatro años y dos meses) y estafa (seis años) en el caso Banesto. Amén de a la devolución de siete mil doscientos millones de pesetas. En el año 2002 el Tribunal Supremo elevó la pena a veinte años de cárcel.

Otro tanto le ocurrió al inefable Javier de la Rosa, un estafador vocacional y genético (ya su padre había huido por una estafa en la Zona Franca de Barcelona).

En cuanto a Roldan, una vez destapada su milagrosa fortuna, se le destituyó en diciembre de 1993 y estando ya «empapelado» por la justicia se fugó de España en abril de 1994, lo que provocó la dimisión del entonces ministro del Interior, Antonio Asunción. Roldan fue capturado a finales de febrero de 1995 en el aeropuerto de Bangkok y tres años más tarde la Audiencia de Madrid lo condenó a veintiocho años de cárcel por malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. El tribunal consideró que se había llevado once millones de euros en comisiones ilegales y dos millones y medio más a cuenta de los llamados fondos reservados. Y hoy, cuando ya está en la calle, tenemos la desgracia de seguir preguntando: ¿dónde está aquel dinero?

Y aunque no me olvido de otros tinglados, como el de Filesa, dedicados a drenar ilegalmente dinero público hacia arcas privadas —incluidas, o no, las arcas del Partido Socialista—, tengo para mí que también pagaron justos por pecadores… y que, en cualquier caso, el «impulso soberano» comenzó a desatarse —ya lo he escrito— el día de los Inocentes de 1993, cuando Mario Conde (aquel «maestro de banqueros y guía de la juventud española») se vio despojado de Banesto al ser intervenido por el Banco de España, cuyo gobernador era Mariano Rubio.

A Mariano Rubio se le descubrió una cuenta opaca en un tinglado financiero llamado Ibercorp, que había montado su íntimo amigo Manuel de la Concha. El escándalo saltó a raíz de la publicación de las cintas que unos desconocidos habían robado de las oficinas de Ibercorp. En ellas aparecían los nombres y apellidos de los clientes, entre los que estaban Mariano Rubio y Vicente Albero, ministro de Agricultura, que dimitió de inmediato. Los habilísimos cacos no se llevaron ni un duro de aquellas oficinas, mas por la venta de los documentos debieron de obtener un buen puñado de millones. ¿Quién les hizo el encargo?

A estas alturas, no creo que exista la menor duda de que fue alguno de los aventureros financieros que habían sido «perjudicados» por Rubio en su calidad de gobernador del Banco de España. En cualquier caso, para quienes, de una forma u otra, pertenecíamos a la cúpula dirigente del PSOE aquello fue un sin vivir. Contemplar al director del Guardia Civil llevándose el dinero y al jefe del dinero entre dos guardias maldita la gracia que tenía. Me lo describió con sorna Martín Villa: «Cuando veas pasar un furgón policial, saluda. Un amigo tuyo puede ir dentro», eso dijo.

Las «bajas», en efecto, cubrían todo el espectro interno del partido. Desde Filesa, que por razones obvias afectó directamente al aparato guerrista, hasta Ibercorp (beautiful people) que se llevó por delante a Rubio y a Solchaga (a este último —portavoz entonces del Grupo Socialista en el Congreso— por el simple hecho de ser amigo de Rubio). Resulta esclarecedora la reflexión de Solchaga sobre el caso[55]. No era solo que Mariano Rubio pudiera tener algo que ver con un asunto de información privilegiada sino que, además, había acumulado unos cien millones de pesetas (algo más de 600 000 euros), producto de una operación que había ocultado al fisco. Yo no comprendo cómo un funcionario —ni de la escala alta ni de la baja—, además, un funcionario con una responsabilidad pública como gobernador del Banco de España, puede mantener una situación fiscal de ocultamiento de patrimonio. Mariano Rubio no había jugado limpio con nosotros. Una cosa es que yo, humanamente, lo pueda comprender, pero, política y moralmente me parece rotundamente condenable… Tuve con Mariano una de las entrevistas políticas y humanas más dolorosas que yo recuerdo… Me encontré con una persona que ya había pensado que iba a terminar en la cárcel de Carabanchel… Y la verdad es que aquello me dejó abrumado.

Entonces me hice algunas preguntas: ¿Debo o no debo dimitir como responsable del Grupo Parlamentario Socialista? ¿Y debo o no renunciar al escaño?

A mí me resultaba difícil decir: «Yo sigo aquí. Sigo de jefe del Grupo Parlamentario Socialista». Aunque todo esto sucedió sin que supiera nada de esas actividades de Mariano Rubio, yo lo tenía claro, así que dimití. Sin embargo, algunos sectores no interpretaron bien mi dimisión: «Algo habrá para que Carlos Solchaga dimita».

Recuerdo haber visto por televisión la comparecencia de Rubio en el Congreso de los Diputados con las implacables arremetidas contra él desde las filas del PP… y también desde las del PSOE. Lo recuerdo bien y lo recuerdo con horror.

En aquel periodo, uno se acostaba después del último telediario y lo hacía abrumado, de tal suerte que al levantarse pensaba durante algunos segundos que todo lo vivido el día anterior solo era un mal sueño. Pero no, era una muy triste realidad que en buena medida paralizó la acción del gobierno, con un partido fraccionado y con algunos nombramientos clave que fueron apresurados y erróneos. Como los realizados en las áreas más sensibles, la de Justicia e Interior, que fueron a caer en manos de Juan Alberto Belloch y sus colaboradores, entre quienes destacó Margarita Robles, alguien que nunca ha comulgado ni con las ideas ni con las personas el PSOE. Aquello fue, a la postre, algo parecido a meter una manada de zorros a cuidar el gallinero.

Daré a continuación mi particular opinión acerca de otro escándalo (el caso GAL) que no estuvo relacionado con la corrupción económica y que, sin embargo, levantó en su día auténticas mareas mediáticas, y por buenas razones, pues implicó a la cúpula del Ministerio del Interior. Y pondré la atención en él, sobre todo, porque me afectó personalmente a través de los principales encausados, sobre todo de José Barrionuevo.

Pero antes de entrar de lleno en el caso GAL, conviene hacer un pequeño introito acerca de la denominada «guerra sucia contra ETA» y las cambiantes opiniones mediáticas acerca de ella.

Los ataques ilegales en Francia contra miembros de la banda terrorista, aunque fueron pocos en tiempos de los gobiernos centristas, se reivindicaron a través de siglas como «Batallón Vasco-Español» o «ACE» (Antiterrorismo contra Eta)… y todo el mundo sospechaba que detrás de aquellos atentados estaba algún aparato armado del Estado. Todos aquellos actos «de venganza» suministraban a los etarras de su propia medicina y no era algo nuevo en Europa: la guerra de Argelia, en Francia, la lucha contra el IRA en el Reino Unido o contra la banda Baader-Meinhoff en Alemania eran antecedentes más que conocidos. Incluso poco antes de que estallara el caso GAL, un comando del IRA desembarcó en Gibraltar con intención de realizar allí un atentado. Los estaban esperando y los mataron como a conejos. El portavoz laborista interpeló de inmediato a la señora Thatcher en la Cámara de los Comunes y, entre otras cosas, la conminó a que dijera allí quién había disparado. «Yo, yo he disparado», contestó la primera ministra. El líder laborista se sentó, luego cogió el sombrero y el bastón y se marchó sin decir nada.

Tampoco en España los medios les habían hecho ascos a esas «respuestas rápidas». No citaré a los firmantes, pero léase una pequeña muestra de lo que se escribió sobre aquellas prácticas:

Vamos a empeñarnos en que todos esos que quieren obligar a los españoles, de paisano o de uniforme, a temer las pistolas gansteriles de ETA tengan que tragarse su propio desafío… con la medida que midáis seréis medidos, dice el Evangelio. Y si escogéis los 9 mm parabellum, esa será vuestra medida.

(…).

Así que no voy a reprocharle al compatriota Benegas sus errores de antaño. Sobre todo después de ver al apologeta Savater tratando de bobos o terroristas de Estado a Benegas, Damborenea y compañía, esos que cometen el error político de partirse la cara por defender la bandera española.

(…).

No se puede condenar a voz en grito, públicamente, la guerra sucia y requerirla y desearla en voz baja. Eso es sencillamente hipocresía.

(…).

La impresión que existe en amplios medios políticos del gobierno y de la oposición es que estas operaciones sucias, si es preciso realizarlas, hay que llevarlas a cabo sin una sola posibilidad de error.

Frente al siniestro engranaje montado en torno al santuario francés, el Estado español tiene legitimidad moral para recurrir a métodos irregulares.

Son opiniones significativas porque fueron líderes mediáticos quienes las expresaron, pero el ambiente social lo definió mejor que nadie un empresario vasco muy conocido y que no ocultaba su nombre: Olarra. Entrevistado por el diario ABC, dijo lo siguiente: «Lo del GAL es complejo. Sus atentados son una réplica, yo creo que todavía suave, al terrorismo».

Estando ya el PSOE en el gobierno se produjeron actos punitivos de este tipo, pero el más sonado de ellos, el que llevó al banquillo al ministro del Interior, fue el secuestro de Segundo Marey en el sur de Francia. Los secuestradores confundieron a Segundo Marey —una persona próxima a ETA— con un dirigente de la banda terrorista y lo trajeron a España; una vez aquí (creo que en Cantabria) se dieron cuenta de su error (los familiares del secuestrado habían llamado la atención sobre su desaparición). Entonces los responsables del disparate lo devolvieron a Francia.

Como consecuencia de aquello se abrió un procedimiento en el Juzgado n° 5 de la Audiencia Nacional, es decir, en el juzgado de Garzón, cuyas investigaciones tenían como principales sospechosos a dos policías destinados en Bilbao: José Amedo y Michel Domínguez.

El proceso por el secuestro de Marey estaba, como tantos otros, estancado en el juzgado de Garzón cuando a este se le ofreció ir en el número dos en la lista del PSOE por Madrid, inmediatamente detrás de González y por delante de quien tradicionalmente lo ocupaba, Javier Solana.

Como secretario general de la FSM acompañé a Baltasar Garzón en varios mítines previos a las elecciones generales de 1993 y, la verdad, no parecía tener grandes dotes oratorias, y menos con la voz aflautada con la que la naturaleza le ha dotado. Tampoco poseía, a mi juicio, un cabal pensamiento que se pudiera llamar político. Me pareció un progre lleno de buenas intenciones (y de malas prácticas) que veía la vida (y la política) a través de las anteojeras judiciales, propias de su oficio.

Mas, fuera como fuera, estaba claro para todo el mundo que si el PSOE ganaba, Garzón sería ministro. ¿De qué? De Justicia o, lo que a él más le gustaba, de Interior. Y el PSOE ganó… pero entre el triunfo y la configuración del nuevo gobierno, hubo un cortocircuito. ¿Cuál?

Según se pudo saber entonces, el cortocircuito se llamó y se llama Juan Alberto Belloch, otro juez pasado a la política que días antes de los nombramientos convenció a Felipe González —seguramente con sólidas razones— de que Garzón era un desastre y que haría el ridículo como ministro. Felipe le hizo caso y relegó a Garzón a un puesto de segunda: secretario de Estado contra la droga y sin mando en plaza, pues las competencias paliativas estaban transferidas y las represivas residían en las Fuerzas de Seguridad que, ¡oh, decepción!, no estaban a sus órdenes.

Y pasó lo que tenía que pasar: Garzón se sintió frustrado y engañado, y más si se tiene en cuenta el nombramiento como ministro de Justicia de su rival en el estrellato judicial, quien —tras la ya descrita huida de Roldan, que provocó la dimisión de Antonio Asunción— acumuló en mayo de 1994 las carteras de Justicia e Interior. Jugada esta última que también resultó particularmente «brillante». En efecto, como escribí más arriba, la idea de poner —en plenos escándalos— Justicia e Interior en manos de Belloch solo trajo problemas, y muy graves.

Ofendido y harto, Garzón acabó por dimitir de todos sus cargos y también de diputado y, como en el himno falangista, «me fui al puesto que tengo allí». Es decir, volvió al Juzgado n° 5 de la Audiencia Nacional y no tardó en resucitar el caso Marey… y volvieron los paseos de Garzón ante las cámaras y los «hermanos» Amedo y Domínguez visitándolo.

En los sótanos de la Audiencia Nacional hay instalado un amplio aparcamiento para que en él dejen sus automóviles quienes allí trabajan. Un ascensor permite acceder a las plantas del edificio sin necesidad de salir a la calle. Los magistrados tienen asegurada así la discreción para sus movimientos… pero el juez estrella casi nunca ha usado ese servicio. Le gustaba recorrer a pie el corto espacio que separa la calle de la entrada principal. Cámaras de televisión y fotógrafos luchaban allí a brazo partido para conseguir inmortalizar ese cotidiano paseo. ¿Quién no ha admirado sus cortos y decididos pasos, ora subiendo, ora bajando, los escalones del temible zaguán? ¿Quién no retiene las buenas hechuras de los tres cuartos de cuero vuelto que durante el invierno luce el magistrado? ¿Quién ignora el buen corte de sus ternos veraniegos? El rostro serio y la mirada displicente. Muda la voz. Al juez Garzón le agrada dejarse mirar.

Ya hice referencia, aunque de pasada, al uso que de la prisión preventiva pusieron entonces de moda algunos jueces estrella. Antes de seguir con la descripción del caso GAL, conviene, creo yo, precisar este extremo.

La Constitución española dice que nadie puede ser privado de libertad si no es en virtud de una sentencia firme. Como es lógico, el ordenamiento jurídico también prevé la figura de la prisión preventiva o provisional, pero esta no puede ser utilizada indiscriminadamente. El Tribunal Constitucional se ha encargado de dejarlo claro:

Lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o fines de impulso de la instrucción sumarial, propiciando la obtención de pruebas, declaraciones de imputados, etc. Ya que utilizar con tales fines la privación de libertad excede los límites constitucionales.

En otras palabras: si el juez instructor busca alcanzar mediante la prisión preventiva que el detenido «cante», está cometiendo un delito… y ese era, precisamente, el uso que de la prisión provisional hizo el juez Garzón en el procedimiento que instruyó en busca de lo que él llamó «Señor X». Lo describiré sumariamente:

Tras las declaraciones de los «hermanos Amedo», que dieron lugar a la reapertura del proceso, se produjo la automática petición por parte del juez Garzón de beneficios para ellos, que con tanta «buena voluntad» habían «colaborado con la Justicia». Beneficios desconocidos en la historia jurídica de este país, como son los de pasar del tercer grado penitenciario a permanecer en sus domicilios en libertad real sin necesidad de pernoctar en la cárcel.

A las declaraciones de los «hermanos Amedo» siguió el encarcelamiento de todos los aludidos por ellos, quienes automáticamente obtuvieron la libertad en el momento en que «colaboraron» con Garzón.

En la resolución que concedió el régimen de libertad a Julián Sancristóbal se recoge expresamente la frase del abogado de este: «Gratis aquí ya no se dice más», lo que lleva al juez a decir que se ha producido «la conversión de Sancristóbal» (sic y resic).

En el asunto del GAL, las denuncias hacia arriba de los encausados no solo tuvieron poderes taumatúrgicos en el ámbito judicial produciendo libertades a quienes las hacían, sino que también sus vidas y haciendas perdieron automáticamente todo interés periodístico. Vamos, que con sus declaraciones incrimina todas no solo conseguían su libertad, también se aflojaba el dogal mediático sobre sus más que sospechosas fortunas personales. En este sentido, el caso de Julián Sancristóbal resulta paradigmático.

Que Garzón hubiera ocupado un alto cargo en el Ministerio del Interior hasta la víspera de retomar el caso GAL y los procedimientos más que heterodoxos que utilizó para sentar en el banquillo a sus excompañeros de Interior no hicieron prosperar las reiteradas peticiones de recusación para apartarlo de un procedimiento en el cual estaba absolutamente contaminado. Y cuando la instrucción pasó al Supremo, allí se dio por bueno todo lo que había hecho Garzón para llevar al banquillo y condenar a la cúpula de Interior, con José Barrionuevo y Rafael Vera a la cabeza. Pensé entonces y hoy sigo pensando lo mismo: que se les condenó injustamente y sin pruebas. Basta con leer los votos particulares que suscribieron cuatro de los magistrados del tribunal que los juzgó para avalar lo que acabo de afirmar. No insistiré en ello.

Fue, en verdad, un proceso innovador pues por primera vez en Europa se juzgaba y condenaba a los responsables de la lucha antiterrorista, y eso se hacía sin que el juez instructor de la causa se atuviera a los más elementales derechos de la defensa… Luego llegó el caso de Intxaurrondo, que llevó a la cárcel al general Galindo, y el asunto de los fondos reservados. Todo ello permitió construir una imagen del Ministerio del Interior capaz de horrorizar y confundir al más pintado.

Fin de fiesta

No sé si el PSOE, con su líder a la cabeza, pudo hacer algo más de lo que hizo por evitar o detener aquella «carga de la brigada ligera» pero, en cualquier caso, habrá de reconocerse que para quienes dirigieron el ataque fue un triunfo, aunque fuera una victoria pírrica, pues en las elecciones de 1996 solo 300 000 votos separaron al PP del PSOE. Contra lo que se esperaba, el PSOE obtuvo casi nueve millones y medio de votos (9 425 678), un cuarto de millón más que los obtenidos en 1993, lo que se tradujo en 141 diputados.

De «derrota dulce» la calificó Alfonso Guerra, pero se equivocaba. Aquella derrota representó el final político de una generación a la que por edad, por ideas y por experiencias vitales pertenezco. Pero no fui capaz de percibir entonces que aquello era el final… y erré el camino. Fui de los que pensaron que bastaría con un corto descanso para tomar impulso, dejar arreglados los contenciosos internos y volver a la brecha con nuevos bríos y posibilidades de victoria.

Por aquellas fechas andaba yo en la mitad de mi cincuentena y nada más abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid (1995) volví a mi oficio de estadístico en el INE, donde la gente de mi promoción o aledañas se ocupaba de dirigir aquella fábrica, y no tuve sino ayudas para reingresar en mi trabajo después de dieciséis años fuera, y lo hice con agrado. Naturalmente, muchas cosas habían cambiado allí, pero, desde un cómodo puesto de asesor del presidente, pude colaborar con algunos trabajos analíticos de los que siempre me han gustado, en torno a fenómenos sociodemográficos que eran (y creo que siguen siendo) los de mi especialidad. En esas andaba cuando se convocaron las elecciones generales (1996)… y caí en la tentación de aceptar la oferta de volver a ser diputado nacional. Fue un error político y personal.

En el XXXII Congreso del PSOE, celebrado inmediatamente después de la derrota, González anunció su renuncia a seguir como secretario general y lo sustituyó Joaquín Almunia. Fue Almunia quien me cooptó para que me ocupara de la política cultural en la nueva Ejecutiva. Aquella era una Ejecutiva «renovadora», con Cipriano Ciscar como secretario de Organización, pero pronto se convirtió en un espejismo. No consiguió ninguna renovación pacificadora, pero sí cometió un cúmulo de errores que desembocaron en una nueva derrota electoral, y esta vez con una fuerte caída en votos (7 920 000 votos, millón y medio menos que en 1996) y 125 diputados (dieciséis menos que en 1996). Fue una derrota «hábilmente» trabajada, entre otros, por quien dirigía el partido. Por ejemplo, una buena mañana, el secretario general reunió a la Ejecutiva y nos comunicó que había decidido innovar: el candidato del partido a la presidencia del Gobierno sería elegido mediante una votación interna en la cual participarían en pie de igualdad todos los afiliados. Un procedimiento que no estaba en los estatutos y que exageradamente se llamó «proceso de primarias».

En contra de lo que Almunia pretendía —algo así como una «relegitimación» más allá del dedo de Felipe González, que según vox populi lo había designado para el puesto— todas las frustraciones acumuladas se transformaron en una «gran ilusión» regeneradora que Josep Borrell supo aglutinar en torno a su persona… y, claro, Borrell ganó la elección «contra el aparato», como él lo motejó durante toda la campaña interna. Un «aparato» que nunca mereció tal nombre porque Almunia puso su candidatura para la elección interna en manos de unos aficionados bastante incompetentes, y así le lució el pelo. Si hubiera existido un «aparato» de verdad, Borrell no hubiera ganado, porque nunca se hubieran celebrado unas elecciones internas con tanto riesgo para el mando.

La noche de la derrota, mientras nos lamíamos las heridas en la sede de la calle Ferraz, Juan Manuel Eguiagaray pronunció una sentencia certera: «Este es el final político de nuestra generación». Y, en efecto, así fue… pero, desgraciadamente, fue una muerte lenta, y no precisamente la solicitada por Brassens («morir de amor, pero de muerte lenta»). Almunia quiso dimitir aquella misma noche, pero Borrell le pidió que se quedara. Joaquín aceptó y aquello fue un error y también un horror.

Así comenzó lo que vino a llamarse bicefalia, con Almunia de secretario general y Borrell de candidato. Y pronto se pudo comprobar que aquel vehículo solo funcionaba marcha atrás.

Fueron meses de confusión… hasta que llegó lo peor: se descubrió que dos funcionarios de Hacienda que habían sido colaboradores de Borrell cuando este era secretario de Estado de aquel ministerio se habían llevado a un paraíso fiscal unas abultadas bolsas de plástico llenas de billetes, dinero procedente de varias coimas obtenidas en sus nuevos destinos en Barcelona.

Acosado por ello, Pepe Borrell —que nada tenía que ver con el asunto— decidió dimitir… y quienes lo habían acompañado formando parte de su gabinete no tardaron en lanzar la especie de que aquel embrollo de las bolsas llenas de dinero había salido a la luz pública a impulsos del «aparato», lo cual, hasta donde yo sé, era mentira.

Tras la dimisión de Borrell, Almunia volvió a ser el candidato y aún tuvo tiempo para una ocurrencia final: intentar un pacto con IU, ya con las elecciones convocadas, que resultó fallido. Aznar no debió de dar crédito a lo que estaba viendo. Rajoy, que dirigía la campaña del PP, desenterró el anticomunismo como quien saca un conejo de la chistera y el PP obtuvo la mayoría absoluta. El PSOE, simplemente, se hundió.

Aquella noche electoral, antes de que concluyera el recuento Almunia dimitió de todos sus cargos.

Sin ninguna intención de justificación o ditirambo, creo que es preciso hacer aquí un balance —ya sé que subjetivo— de aquella aventura colectiva que el PSOE renovado de Felipe González lideró en España. Y me veo forzado a hacerlo en unos momentos (mediados el año 2012) en los que los españoles no sabemos dónde nos va a llevar la crisis, en cuya gestación la mayor parte de nosotros no hemos tenido ni arte ni parte. Tan angustiosa situación económica y social favorece —no he de ocultarlo— una muy conocida sensación —algo ingenua— según la cual todo tiempo pasado (y especialmente aquel) fue mejor. También soy consciente de que mirando hacia la propia juventud uno tiende a verla brillante y llena de luz. Además, nuestra llegada a la política institucional coincidió con nuestra entrada en la madurez personal. Esa edad —en palabras de Djuna Barnes— «tan poco amable, pero que trae luz sobre el oscuro esplendor del primer deseo».

Aunque, para decirlo todo, yo nunca estaría dispuesto a repetir aquel camino, al menos en el plano político. Tantas discusiones y retóricas vanas, tantos enfrentamientos personales disfrazados de disensiones estratégicas, cuántas ambiciones disimuladas en liderazgos corporativos o territoriales… En fin, tantas miserias y tanto sectarismo quizá tuvieron algún sentido una vez, pero no lo tendrían en forma de repetición, como no lo tienen ahora, cuando uno acaba de doblar el último recodo del camino y ya no le da el cuerpo para asumir las posiciones sectarias que parecían imprescindibles antaño y que se han tornado insoportables hogaño.

El sectarismo, presente ya entonces, que no ha hecho sino crecer en la política española, quizá porque su mejor definición tiene ecos eclesiásticos («fuera de la Iglesia no hay salvación») y también revolucionarios (en boca de un exalumno de los jesuitas llamado Fidel Castro: «Dentro de la Revolución todo, fuera de la Revolución nada»). Y yo me pregunto: ¿quién decide cuándo se está dentro y cuándo fuera? Y la respuesta viene obvia e inmediata a la mente: lo decide el mando, que, en el ejemplo traído a colación se llama Fidel Castro junto a sus palmeros y feladores, pero —repito— uno ya no está para estos ritos sacrificiales ante el altar de ningún liderazgo, sin los cuales —nadie se engañe— «nunca llegarás a nada».

El título de la obra de Juan Benet describe bien las consecuencias que dentro de cualquier partido suele traer la «funesta manía de pensar» y de hablar por uno mismo y no, como es usual, por boca de ganso. Y en esto del asentimiento y la obsecuencia dentro del PSOE —nadie podrá negarlo—, comparando los usos y costumbres de aquellos tiempos de González y Guerra con los que vinieron después de la mano de Zapatero, aquello de entonces era el reino de la tolerancia y dé la disidencia. Porque Zapatero y sus gentes acabaron imponiendo en el PSOE una ley del silencio mucho más estricta que la descrita en la película de Marión Brando que rodó Elia Kazan sobre las actividades sindicales en los muelles neoyorkinos. Silencio y obsecuencia que han sido corresponsables del desastre ideológico, político y electoral del zapaterismo. Un proyecto que comenzó a gestarse en el año 2000 y tuvo su particular apocalipsis en 2011.

Pero volvamos al asunto. ¿Mereció políticamente la pena aquella aventura del 82? Una respuesta nada retórica me lleva a contestar sí a esta cuestión. Sí porque durante aquel periodo los españoles mejoraron la calidad de sus vidas y el país en su conjunto volvió a ocupar un lugar en el mundo. Y esos dos logros —que el primer gobierno del PP (1996-2004) no cuestionó ni degradó— han sido generalmente admitidos aquí y acullá, como muestran los datos aportados y comentados en páginas precedentes. En otras palabras: aunque ya existieran un consenso y un inicio de Estado de bienestar, un impulso europeo y un desarrollo educativo, cultural, tecnológico… fue durante los años aquí comentados cuando todos esos proyectos se consolidaron y desarrollaron en España. Y solo ahora, en el momento en que esto escribo, las nubes de la duda han hecho su aparición sobre objetivos que se creían bien anclados, consensuados y consolidados. Por ejemplo, nuestro Estado de bienestar y nuestra pertenencia a la Unión Europea. Azotados por un paro y una crisis financiera inclementes, todos esos palos de nuestro pajar se han tornado frágiles y discutibles y, como consecuencia, comenzamos a mirar el ayer con añoranza y al futuro con inseguridad y con preocupación.

Mas olvidemos por un momento la crisis y sus graves secuelas y volvamos al periodo que aquí se comenta, metiéndonos en unas aguas que, a la postre, se han mostrado de difícil navegación. Me refiero a la política territorial o, en otras palabras, a la construcción de un Estado compuesto y estable.

Lo que se hizo entonces —y que fue rematado por el PP de Aznar— no pretendía otra cosa que interpretar el Título VIII de la Constitución en clave cuasi federal. Vale decir: un sistema básicamente homogéneo de comunidades autónomas, con competencias parejas y una financiación razonable para sostenerlas, pero el modelo en su actual realidad provoca serias inquietudes, sobre todo después de contemplar los resultados de la política disparatada de Rodríguez Zapatero, cuyo paradigma fue el desastroso Estatuto de Cataluña (un Saturno devorador de todos sus hijos). En efecto, la visión de la «España plural» es más que preocupante y cabe preguntarse con Vargas Llosa: «¿Cuándo se jodió el Perú, Zabalita?». ¿Fue a causa del mal diseño constitucional? ¿Fue producto de un desarrollo inadecuado? ¿O fue, como pensamos muchos, el resultado de la deslealtad nacionalista y de la emulación de unos líderes territoriales miopes y desnortados? Veámoslo con algún detenimiento.

Puesto en marcha el proceso de los estatutos y pese a las dudas y ambigüedades iniciales y pese a los «hechos diferenciales», ya en 1980 estaban planteados entre los dos grandes partidos (UCD y PSOE) unos «Acuerdos Autonómicos» con vocación armonizadora.

Fue en este ambiente de consenso en el que se aprobó, en la primavera de 1980, la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA). Como era de esperar, los nacionalistas catalanes pusieron el grito en el cielo (la LOFCA apenas afecta al sistema de financiación vasco ni al navarro, que tienen transferidos todos los impuestos y pagan un «cupo» al Estado por los servicios que este presta en aquellos territorios) pretendiendo que esta ley fuera supletoria respecto a los propios estatutos (el catalán ya estaba entonces aprobado).

Se debe aclarar, antes de seguir, que en la desigualdad existente en España entre las rentas de las familias españolas apenas influye el lugar donde se habita (un 7 por ciento), mientras que el 93 por ciento de esa desigualdad interfamiliar no tiene que ver con la comunidad autónoma en la que vive cada familia. Puestas así las cosas, puede enunciarse un principio: las políticas desde las cuales abordar la desigualdad interregional residen en las institucionales centrales (y en la UE) y no en las comunidades autónomas, por eso no es este —el de la desigualdad de rentas medias entre las comunidades autónomas— asunto que deba abordarse ni corregirse a través de la financiación autonómica. De este principio se derivan dos conclusiones generales: no es admisible que en este asunto se introduzca el concepto de «solidaridad interregional» siempre para reclamar más dinero, ya sea desde Andalucía o desde las «balanzas fiscales de Cataluña». Respecto a estas «balanzas», lo único que cabe decir es que son una falacia interesada porque ni Cataluña ni Andalucía cotizan al Estado, los que cotizan son los catalanes y los andaluces.

La firma de los «Acuerdos Autonómicos», realizada 31 de julio de 1981 por el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el secretario general del PSOE, Felipe González, supuso un intento de armonización del proceso, pero también buscaba el cierre del mapa autonómico, lo cual implicaba su generalización.

A fin de llegar a dichos «acuerdos», se solicitó a un grupo de expertos, liderado por el catedrático Eduardo García de Enterría, que emitiera un informe, del que nació, entre otras medidas, la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), cuya tramitación parlamentaria duró nada menos que diez meses. Lentitud derivada de las negociaciones de los dos grandes partidos (UCD y PSOE) con PNV y CiU. Las feroces críticas de los nacionalistas acabaron por sembrar dudas (entre las ya debilitadas fuerzas de UCD, pero también en el PSOE) y esas dudas llevaron a que se incluyera en la ley una disposición transitoria que retrasaba cinco meses la entrada en vigor de la ley una vez aprobada. Tal retraso tenía como objeto darle tiempo al Tribunal Constitucional (TC) para que emitiera sentencia… y este lo hizo. El TC consideró que el legislador de la LOAPA se había excedido en otorgar a la ley carácter orgánico y armonizador, al atribuirse un papel de intérprete de la Constitución que solo al TC corresponde. Acaso la descalificación más significativa para el futuro y, en mi opinión, la más discutible jurídicamente fue la de la restrictiva interpretación que el Tribunal realiza de las «leyes de armonización».

Aunque la LOAPA quedó frustrada, los Acuerdos Autonómicos que la sustentaban siguieron operando tras las elecciones de octubre de 1982, ya con el PSOE en el gobierno y los sucesivos gobiernos de Felipe González empujaron el proceso autonómico. En primer lugar, generalizándolo (antes de la primavera de 1983 estaban aprobados todos los estatutos de autonomía, resuelto el contencioso navarro, a la vez que los problemas de Canarias y de Valencia se habían abordado mediante sendas leyes orgánicas: LOTRACA y LOTRAVA). En otras palabras, en el momento de las primeras elecciones autonómicas, celebradas a la vez que las municipales en la primavera de 1983, el mapa autonómico estaba terminado (generalización), aunque con niveles competenciales diferentes.

Por distintos caminos, Cataluña, Euskadi, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias habían alcanzado un nivel competencial relativamente homogéneo y el resto (Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares y Extremadura), que habían llegado a la autonomía a través del artículo 143 de la Constitución (o vía lenta), tenían, entre sí, ellas también, un nivel competencial homologable.

En cuanto al sistema de financiación, convivían —y conviven— dos modelos: el del cupo (Euskadi y Navarra) y el régimen general aplicable al resto de las comunidades autónomas, lo cual no quiere decir que no existieran ni existan particularidades, pero de segundo nivel.

Paralelamente se puso en pie un sistema municipal sólido y trabado, tanto desde el punto de vista administrativo como competencial.

A aquellas alturas, todo el mundo —dentro y fuera del PSOE y lo llamaran como lo llamaran— sabía que el proceso acabaría por llegar a un modelo federal o federalizante. Vale decir, que todas las comunidades autónomas alcanzarían un nivel de competencias con un alto grado de homogeneidad. Por eso, en marzo de 1991, superados los cinco años que exige el artículo 148.2 de la Constitución, Felipe González planteó en el Congreso de los Diputados un nuevo pacto autonómico que ofreció a las demás fuerzas políticas para «homogeneizar y estabilizar el Estado de las Autonomías». El Partido Popular (febrero de 1992) suscribió el pacto.

Tras el acuerdo con el PP, las transferencias homogeneizadoras se hicieron a través del artículo 150.2 de la Constitución, mediante un listado único de competencias que más tarde se incorporarían a los respectivos estatutos. Proceso que continuaría —ya bajo el gobierno de José María Aznar— con reformas puntuales y complejos procesos de transferencias. A su conclusión bien podría decirse que en España se había llegado a un Estado autonómico que solo se diferenciaba en matices de lo que los teóricos llaman Estado federal.

Paralelamente al proceso de homogeneización competencial, que tuvo su expresión más clara y determinante en las transferencias completas a todas las comunidades autónomas de Sanidad y Educación, se produjeron —lenta pero claramente— cambios en el sistema de financiación, en el cual se fue abriendo paso el criterio poblacional junto a una cada vez mayor participación autonómica en los impuestos estatales, especialmente en aquel que grava las rentas de las personas físicas (IRPF).

Pero no todo fueron aciertos y así nos lo ha recordado Luis Fajardo[56] a propósito de la función pública:

La Ley de Medidas de Reforma de la Función Pública, minimalista y pacata, no alcanzó a dar solución suficiente a los problemas de la estructura burocrática de la Administración del Estado, ni tampoco ofreció las pautas básicas para el tratamiento por las comunidades autónomas de su nueva función pública. Se desaprovechó aquel momento, con la autoridad de un gobierno con el más amplio apoyo parlamentario, para la reforma en profundidad que hacía falta.

Como era de esperar, a los nacionalistas periféricos cualquier proceso de homogeneización que condujera a la estabilidad de un Estado federal no les sonaba bien. En efecto, como nos ha recordado Fajardo en el libro ya citado:

Las fuerzas nacionalistas, posiblemente alentadas por la emergencia de nuevos estados en la Europa central y oriental, después de la caída del muro berlinés, empezaron a vislumbrar la posibilidad de alcanzar metas mucho más ambiciosas. El marco del Estado de las Autonomías, y el de la Constitución de 1978, comenzó a resultarles estrecho. Así, varios de estos partidos nacionalistas firmaron en Barcelona el 16 de julio de 1998, y confirmaron en una segunda reunión en Vitoria el 15 de septiembre una declaración conjunta en que se manifiestan a favor del reconocimiento del carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español, y sobre los efectos políticos que se derivan de dicho reconocimiento en cuanto a la redistribución de soberanía y poder, postulando un acuerdo para la concepción de un marco estatal común basado en el reconocimiento de la plus nacionalidad; es decir, un modelo constitucional que no cabe dentro de la Constitución de 1978, y que podría fácilmente calificarse como confederal (única estructura estatal que agrupa entidades nacionales dotadas de soberanía, que unilateralmente definen el grado y modalidad de su encuadramiento en una estructura más amplia).

El proceso autonómico que nació —desde el punto de vista jurídico y político— con la Constitución de 1978 pretendía resolver —conviene recordarlo— un contencioso que hundía sus raíces en el siglo XIX. Contencioso que tenía como protagonistas principales precisamente a los nacionalismos periféricos. ¿Y cuál ha sido el resultado respecto a la integración de esas fuerzas en el proyecto común? Treinta y cuatro años después de aprobada la Constitución se puede decir, sin ningún dramatismo, que los partidos nacionalistas periféricos no han hecho otra cosa que desmadrarse. Se me permitirá que para describirlo comience por recordar una anécdota personal.

La Academia de España en Roma se aloja en lo que, en tiempos lejanos, fue un convento aledaño a la Iglesia de San Pietro in Montorio. Templo edificado, a su vez, en el lugar sobre el cual, según la tradición, fue crucificado San Pedro. Una colina en cuya falda, cerca del río, se halla el populoso y popular barrio del Trastevere. Allí, en la colina y al lado de la iglesia, dentro del patio del edificio en el que hoy está la Academia de España, Fernando el Católico encargó al arquitecto Bramante el diseño y la edificación de un tempietto. La fama que hoy tiene ese pequeño edificio le viene dada, sobre todo, porque en él ensayó Bramante la cúpula que más tarde Miguel Arigel colocaría en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Bramante se llamaba en realidad Donato d’Agnolo y había nacido cerca de Urbino en 1444. Luego trabajó como pintor y como arquitecto en Milán antes de trasladarse a Roma en 1499, precisamente a instancias del rey español. En Roma moriría —en 1514— dejando hechos los planos de la Basílica de San Pedro, que él no vería terminada. Aunque —como se acaba de decir— la obra pasó a buenas manos, las de Michelangelo Buonarroti.

En fin, invitado por la Academia Española en Roma, estaba yo una tarde durante una Semana Santa oyendo las explicaciones acerca del tempietto que nos daba a cuatro o cinco amigos el secretario de la citada Academia, quien glosaba en aquel momento una inscripción que hay en el altar subterráneo del tempietto. En esta inscripción, entre otras cosas, se lee:

FERDINAND HISPANIAE REX
ET HELISABE REGINA
1502

El secretario de la Academia, que es historiador de profesión, llamaba nuestra atención acerca de cómo Fernando de Aragón había querido que se inscribiera sobre la piedra su condición de rey de España. Mientras nuestro amigo el profesor hablaba, alrededor de nosotros pululaba una docena de turistas, desentendidos de las explicaciones que estábamos recibiendo… cuando, de pronto, una mujer, que ya no cumpliría los cuarenta, se encaró a nuestro improvisado guía y con airados modos y en un castellano con perceptible acento catalán le espetó:

—Eso de que Fernando de Aragón era rey de España se lo acaba de inventar usted.

—Señora, lea usted la inscripción —replicó, tan sorprendido como herido, el hombre.

La discusión continuó unos minutos y no la reproduciré, pero yo saqué en limpio de aquella pelea dialéctica que la mujer no podía aceptar el hecho de que España hubiera existido jamás como entidad jurídica, política, social… Para ella, España era una creación de Francisco Franco, una entelequia que habían «inventado los fachas» en el segundo tercio del siglo XX.

La Constitución Española de 1978, aparte de un texto jurídico-político, es también el resultado de un acuerdo entre derecha e izquierda, entre nacionalistas y no nacionalistas, entre laicistas y religiosos, etc., etc. Es pues, un pacto entre distintos y distantes en beneficio de la convivencia. También representa un conjunto de reglas del juego. El pacto constitucional creaba también nacionalidades y regiones con derecho a sus respectivas autonomías políticas. Pero como pacto entre partes diversas, el de la Constitución solo puede ser sustituido por otro pacto. En cualquier caso, todo cambio en las reglas del juego debe ir precedido de un acuerdo, lo cual suele implicar un toma y daca.

La Constitución representó, por lo tanto, muchas renuncias políticas. Por ejemplo, la izquierda (PC y PSOE) abandonó el maximalismo revolucionario a cambio de que la derecha desmantelara la dictadura. Pero no parece haber ocurrido lo mismo en el campo del nacionalismo, en el de sus aspiraciones de «autodeterminación» e «independencia». De hecho, han sido los nacionalistas los únicos que no han renunciado a sus pretensiones, a sus programas máximos, desde el inicio de la Transición hasta hoy. Y no solo eso, parece que han conseguido infiltrar sus ideas en otros, al menos en Cataluña, como demuestra el amplio apoyo (parlamentario pero no popular) conseguido por el proyecto de nuevo estatuto el 30 septiembre de 2005 en el Parlamento Catalán. Un texto, aquel, cuyos 227 artículos (223 en el texto definitivo) giraban en torno a tres ejes: a) reducir al mínimo la presencia del Estado en Cataluña; b) bilateralidad entre el Estado y la Generalidad; y c) preocupación por la presencia «nacional» de Cataluña en el Estado y en el ámbito internacional. Un Estatuto, el aprobado en el Parlamento Catalán el 30 de septiembre de 2005, desleal hasta las cachas con la Constitución vigente y que se puede resumir en una frase castiza: «Lo mío, mío y lo tuyo a pachas».

Todo este embrollo, esta sensación de engaño que tantos hemos sentido ha sido el resultado de un gran malentendido: aquel que nos hizo pensar que la izquierda catalana era una izquierda homologable con la del resto de España y que el nacionalismo nunca negaría la existencia del Estado… y estábamos equivocados o engañados o, con más precisión, autoengañados.

Cuando personas tan respetables como la pedagoga catalana y catalanista Marta Mata recomendaban la inmersión lingüística de los niños castellanoparlantes y lo hacía en contra de todas las recomendaciones de la UNESCO, algo debimos haber sospechado. Y lo mismo ocurría con otros muchos ejemplos en el campo de la cultura, de los cuales era fácil deducir que para una buena parte de la izquierda catalanista el castellano era una lengua impuesta en Cataluña… por Franco.

Que el sectarismo identitario era fácil de detectar lo muestran unas tempranas declaraciones: en el número de julio y agosto de 1977 —inmediatamente después de las primeras elecciones democráticas y en vísperas del debate constitucional— la revista Taula del Canvi, catalanista de izquierdas, planteaba una pregunta a una serie de intelectuales antifranquistas de indudable valía literaria (Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Joaquín Molas, Antoni Comas…).

El asunto se las traía desde la propia formulación de la pregunta, que era esta:

¿A los catalanes (de origen o radicación) que se expresen literariamente en lengua castellana hay que considerarlos como un fenómeno de conjunto que hay que liquidar a medida que Cataluña asuma sus propios órganos de gestión política y cultural?

Antes de considerar las respuestas ha de tenerse en cuenta que a ese «fenómeno de conjunto» pertenecían —y pertenecen— los hermanos Juan, José Agustín y Luis Goytisolo, Vázquez Montalbán, Carlos Barral, Juan Marsé, Eduardo Mendoza y un largo etcétera, amigos y compadres de quienes respondían así:

Salvador Espriu: «Espero y deseo que sí». Manuel de Pedrolo: «No hemos de discutir a nadie el derecho a escribir en la lengua que quiera, pero nadie tiene derecho a convertir una lengua forastera en un arma de destrucción de la identidad del pueblo al cual pertenece o en el cual se inserta».

Antoni Comas: «Como hecho colectivo, como fenómeno de conjunto, hay que liquidarlo a medida que Cataluña recupere su autonomía».

Joaquín Molas: «Si las soluciones son las que deberían ser, los que utilizan la lengua castellana tenderían a desaparecer».

Entre tanto ardor guerrero y exterminador destacaba, por extraña, una propuesta razonable:

Francesc Vallverdú: «La cultura catalana se puede manifestar y de hecho se manifiesta en diversas lenguas».

Tan tempranas y amenazadoras manifestaciones de catalanismo identitario y arrasador deberían haber puesto en guardia, al menos, a dos entes sociales y políticos: 1) a los inmigrantes llegados a Cataluña y, en general, a los castellanohablantes y a sus representantes políticos, y 2) a los partidos de ámbito nacional. Pero todos prefirieron mirar para otro lado, pensando, quizá, que la sangre no llegaría al río, que tales posiciones radicales, como otras muchas de entonces, se atemperarían en el marco constitucional que ya se estaba elaborando.

Si alguien desea comprobar hasta qué punto las reivindicaciones nacionalistas no han hecho sino dispararse hasta cotas que antaño eran inimaginables, le bastará con leerse el Estatuto de Cataluña de 1932 y compararlo con el aprobado setenta y cuatro años después: «Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español», decía el artículo 1 de aquel Estatuto.

Si, por otra parte, se repasan las competencias exclusivas de aquel Estatuto de 1932 y se comparan las aprobadas en referéndum el 18 de junio de 2006 (con una abstención muy superior al 50 por ciento de los censados) se llegará fácilmente a la conclusión de que el tiempo, en efecto, no ha pasado en balde. Y todo ello sin que la fortísima inmigración castellanoparlante que Cataluña tuvo durante por lo menos veinte años[57] haya atemperado políticamente esas demandas nacionalistas.

Pero no queda ahí la cosa. Estamos ante un proceso general, el de la creación de un Estado cuasi federal, iniciado y regido por los distintos partidos (nacionalistas o no) y las correspondientes burocracias entre las cuales es preciso señalar un nuevo actor: los liderazgos o, si se quiere, las burocracias intrapartidarias nacidas al socaire de la propia descentralización política. En otras palabras: en el seno de los partidos de ámbito nacional han surgido relevantes y actuantes «poderes» dispuestos a defender sus intereses presentes y futuros. Poderes que han estado dispuestos a emular en el plano autonómico cualquier reivindicación competencial o presupuestaria, ilustrando con gran precisión la ley de oro de toda burocracia: reclamar las mayores competencias para ejercerlas con las mínimas exigencias de responsabilidad.

Personas e intereses, «barones y baronías» que, a menudo, determinan con sus votos sindicados el destino de los líderes nacionales, cuya supervivencia política depende, a menudo, de ellos, de esas voluntades en los congresos nacionales de los partidos. Son ellos quienes dirigen y manejan el proceso de emulación, que se puede resumir en una frase que hizo fortuna: «Café para todos», o más modernamente: «Ave para todos».

En efecto, durante diciembre de 2010, ya en plena crisis, Jean Claude Juncker, primer ministro luxemburgués, y Giulio Tremonti, ministro italiano de Hacienda, propusieron a la UE que se emitieran euro-bonos, es decir, deuda pública europea para financiar con ese dinero la deuda de los países en apuros y sometidos a un auténtico acoso por parte de los mercados financieros (Grecia, Irlanda, Portugal, España…), acoso cuyas consecuencias inmediatas fueron los diferenciales en los tipos de interés (en el mercado secundario) de sus deudas soberanas respecto a los de la deuda alemana. Las autoridades alemanas se mostraron contrarias a la propuesta de Juncker y Tremonti porque —según dijeron— la UE «no puede convertirse en un club de transferencias».

Todo el mundo entendió que los alemanes estaban hartos de subvencionar lo que ellos consideran despilfarros e ineficiencias de otros países. Se preguntaban, por ejemplo: si la edad de jubilación legal en Alemania está establecida en los sesenta y siete años, ¿por qué España, con una esperanza de vida mayor que la alemana, la tiene en los sesenta y cinco años?

Pues bien, en ese mismo mes de diciembre las autoridades españolas inauguraron el Ave que une Madrid con la Comunidad Valenciana y sacaron pecho, presumiendo de que «España es el país europeo con más kilómetros de Ave»… mientras que en Alemania una ciudad del tamaño de Cuenca o de Albacete no puede ni soñar con tener acceso a la Alta Velocidad. Este disparate —que las autoridades alemanas conocían perfectamente— mostró el paradigma de la incongruencia española. En efecto, en el eslogan «Ave para todos» se han concentrado las cada vez más insoportables «reivindicaciones territoriales» y la irresponsabilidad de unos dirigentes políticos que parecen desconocer las dificultades y los riesgos en que incurre un Estado cuando sus dirigentes territoriales se dedican a desmontarlo (por ejemplo, la ronda de nuevos estatutos que puso en marcha Zapatero) o a hacer regalos millonarios a sus clientelas territoriales.

Unos dirigentes que pasaron los seis años anteriores a la crisis en una fiesta, sin pensar en que, al final, todos tendríamos que pagar las copas.

De esta guisa, al proceso de «afirmación nacionalista» se unió, en paralelo o inmediatamente después, otro no menos significativo: el de emulación, cuyo paradigma queda bien descrito con la «fórmula Camps» (propuesta por el entonces presidente de la Comunidad Valenciana para el nuevo Estatuto Valenciano) consistente en acogerse, ¡en un texto legal!, a todo lo que consiguiera en su Estatuto Cataluña. También el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía lo expresó en su día muy gráficamente cuando le tocó defender la nueva definición de Andalucía («realidad nacional»): «Andalucía no va a ser menos que nadie», eso dijo.

El «café para todos», también en el ámbito de las definiciones autonómicas (nación, nacionalidad, región, etc.) condujo al ridículo tras una carrera, en una emulación sin fin. Por ejemplo, en Asturias se ha hablado a este propósito de «nación originaria» (?).

Estamos, pues, ante un proceso iterativo cuyo impulso es la emulación y donde después de cada ronda de «café para todos» se ha abierto una nueva reivindicación por parte del hecho diferencial. Un hecho diferencial que nadie quiere definir, pero que para cualquier ciudadano normal está más claro que el agua y puede expresarse así: existe un hecho diferencial en aquellas partes de España donde suelen ganar las elecciones los nacionalistas… y punto.

Resulta obvio que «el hecho diferencial» es incompatible con el «café para todos». O dicho más finamente: si se atiende al «hecho diferencial» se ha de renunciar a cualquier tipo de Estado federal o federalizante, incluido el Estado Autonómico tal y como se ha ido construyendo en España a partir de 1978.

Prueba evidente del carácter inestable del proceso actual son las palabras pronunciadas nada más concluir la campaña del Estatuto de Cataluña (junio 2006) por el líder de CiU, Artur Mas: «Este (del Estatuto) es un paso más, pero queda mucho camino por recorrer en el proceso de autogobierno. Eso sí —añadió— a partir de ahora podremos hablar a España de tú a tú». Estas declaraciones podrán ser calificadas de muy diversas formas, pero no podrán ser tachadas de ambiguas u oscuras, pues son claras como el agua clara.

Hablemos claro también nosotros: estados federales existen, por ejemplo: los Estados Unidos de América o Alemania y, sin entrar en si allí, en los estados norteamericanos o en los lander alemanes, caben regiones del tamaño de La Rioja, podemos asegurar que entre los Estados Unidos y Alemania, por un lado, y España, por el otro, existe una diferencia sustancial, determinante, que es la siguiente: nadie en los Estados Unidos pretende la independencia de Carolina del Norte, de California o de Florida y lo mismo ocurre con Renania o con Baviera dentro de Alemania. Pero aquí, en España, el nacionalismo vasco, el catalán, el gallego… quieren separarse de España, niegan su existencia como nación (ellos nunca pronuncian la palabra España sino que hablan del «Estado español») y no pierden ocasión para afirmar, no la diferencia, sino su escaso aprecio por el conjunto y por su expresión jurídico-política, es decir, por la Constitución.

¿Cuáles son los prejuicios que están detrás de ese «rollo que no cesa» del nacionalismo periférico? Para contestar recurriré a un estudio (un análisis cualitativo) realizado por Helena Béjar[58], de la Universidad Complutense, que pone en evidencia el contenido mítico —cuando no directamente mentiroso— del discurso nacionalista. Veamos cuáles son los clavos de esa puerta:

a. Esencialismo. «Cataluña es una identidad con raíces y lengua. Ello justifica la conciencia de pueblo». La lengua hace a quienes la usan miembros de una nación, no es un vehículo para la comunicación, es la expresión de la conciencia nacional. Aceptar el bilingüismo (en Cataluña, País Vasco o Galicia) sería aceptar la existencia de identidades complejas y el nacionalismo requiere de una comunidad homogénea, por eso detesta el bilingüismo.

b. Organicismo. La nación (Cataluña, País Vasco, Galicia) es un organismo vivo, personal, con un espíritu y un sentimiento propios e identificables.

c. Historicismo. La nación es el producto de una historia antigua cuya «cultura maltratada» se ha bruñido en largas guerras. «Los vascos somos el pueblo más antiguo de Europa», «el pueblo vasco tiene siete mil años de historia», dijo no hace tanto Ibarreche.

d. Autenticidad. La versión moderna de este valor romántico es el diferencialismo. La diferencia respecto a los otros, como valor supremo frente a lo común.

e. Victimismo. Existe una injusticia histórica que ningún acto de expiación por parte de España podrá borrar. Por lo tanto, las demandas de los nacionalistas están condenadas a transformarse, pero no a saciarse. La necesidad de un enemigo, España, es la mayor constante en el ideario nacionalista.

f. El no reconocimiento de España es la consecuencia de todo lo anterior. «España no existe», «España no tiene nombre», por eso se la moteja como Estado español, cuando no se la reduce a «Madrid», el polo del poder transformado en enemigo, quienquiera que sea el que gobierne en ese lugar remoto y ajeno.

Una variante de esa falta de reconocimiento —muy significativa a propósito de lo que aquí estoy planteando— es lo siguiente: la visión que los nacionalistas periféricos tienen acerca del nacionalismo español al que ven, a la vez, como doliente (siempre quejándose de la pérdida de su antigua grandeza) y autoritario (franquista). De esta guisa, los periféricos consiguen colocar al resto de los españoles entre la espada del franquismo y la pared de la negación o del silencio. En otras palabras: los nacionalistas periféricos plantean la paradoja de una nación, España, que si no se autoafirma" demuestra su inexistencia y, si se exhibe, muestra su carácter autoritario (franquista). Esa es la jaula cuyos barrotes es preciso romper, porque —como escribe Helena Béjar a propósito de la izquierda española— esta «identifica descentralización con progresismo, mientras los nacionalismos periféricos convierten a España en una noción retórica».

En el libro ya citado, la investigadora no encuentra referencia al españolismo tradicional en ningún grupo de los formados para el estudio, ninguna nostalgia parece existir del franquismo ni de la España centralista entre los informantes, pero tampoco abundan (excepto entre aquellos con un discurso muy elaborado y próximos al PP) los proclives a la defensa de España como nación política y cultural, con una lengua, una historia y ascendencia comunes. Ahí, en este déficit, radica, a mi juicio, una gran debilidad: la que favorece la idea de unos nacionalismos, los de las naciones sin Estado, como «progresistas» para la izquierda bienpensante.

No seguiré aquí con los nacionalismos y otros desbordes que ni la Transición ni los gobiernos de González supieron o pudieron encauzar. Hechos ya comprobados que la crisis ha puesto dolorosamente en evidencia. Antes de terminar estas reflexiones y recuerdos, solo añadiré una conclusión: lo sucedido en el ámbito territorial es un fracaso político colectivo que habrá de ser rectificado a base de consensos y de sentido común, porque el Estado no va a poder sostenerse aguantando a la vez tanto tirón destructor.

Dicho esto, vayamos concluyendo.

Aquel día del año 2000 en el cual se celebraron las elecciones en España tomaba posesión en Chile, como presidente de la República, Ricardo Lagos. Veintisiete años después del golpe de Estado, un socialista, que además había trabajado con Salvador Allende, alcanzaba en las urnas la más alta magistratura del Estado… y yo estaba invitado a la ceremonia que tuvo lugar en Valparaíso, la ciudad portuaria donde Pinochet había mandado construir una nueva sede para el Parlamento y que luego —no era cosa de desairar a la ciudad de los cerros— nadie se atrevió a ordenar que volviera a Santiago. También Pepe Borrell estaba aquel día en Santiago y me lo encontré en el patio de La Moneda, donde nos saludó el nuevo presidente. Antes de continuar, se me permitirán unas rápidas pinceladas a propósito de aquel viaje.

Borrell y yo volvimos a España el martes inmediatamente posterior al domingo electoral en España, en el mismo avión y en asientos contiguos. Pepe se había comprado en el aeropuerto de Pudahuel un montón de periódicos y revistas, todos ellos «económicos». Los leyó, mientras yo hacía lo mismo con una novela, y antes de llegar a Buenos Aires me dijo:

—Ahora dormiré. Por favor, despiértame cuando falte una hora para llegar a Madrid. —Y mirándome con aire perplejo, comentó—: No sé qué placer encontráis en las novelas. A mí me aburren —añadió.

—¿Te puedes dormir cuando tú quieres? —pregunté, incrédulo.

—Sí, es la forma más cómoda de viajar —contestó.

—Pues yo soy incapaz, así que seguiré aburriéndome con esta novela —confesé.

Según lo dijo, lo hizo, y se quedó frito en un santiamén. En cambio, yo no pude pegar ojo ni siquiera tumbado sobre tres asientos en un avión que volaba medio vacío. Lo desperté a la hora convenida, se acicaló, y cuando llegamos a la terminal de Barajas estaba como una rosa y se dispuso a darles cancha a unos periodistas que a hora tan temprana se habían desplazado hasta allí a la caza de lo que ellos llaman, no sé por qué, «noticias».

Borrell atrae a sus parciales por su talento y por su brillantez, las mismas virtudes que exasperan a sus adversarios. Se entrega con pasión a la política porque es de los que creen que se pueden cambiar las cosas rápidamente; por eso, como muchos otros políticos que han sido y serán, tiene un toque (un gramo o un kilo) de arbitrista. Cuando ataca es dialécticamente temible, cosa que a través de la televisión le juega a veces malas pasadas, pues aparece ante el espectador pasivo y hogareño como el gigante que sacude a un enclenque.

Pero a lo que iba. Con emoción contenida y aunque «nosotros, los de entonces, ya no fuéramos los mismos», allí estaba yo asistiendo a la dulce venganza que el tiempo perpetraba contra la traición y la barbarie.

Tras la recepción para invitados extranjeros en el Palacio de la Moneda, almorcé con Isabel Allende y con su madre, doña Hortensia Bussi, la viuda del fallecido presidente, a quien todos llamaban doña Tencha. Sentado a su lado, oí de su boca los esfuerzos que hubo de hacer para no derramar una sola lágrima durante el entierro de su marido, inhumado clandestinamente y bajo vigilancia militar en el panteón que Eduardo Grove, su cuñado, tenía en Viña del Mar. «Yo apretaba los dientes y me decía a mí misma: que no te vean llorar estos malnacidos», confesó.

Después de asistir a la fiesta popular que tuvo lugar por la tarde en el Parque Forestal, frente a la que había sido mi casa durante mi estancia en Chile (1973-74), fui a cenar al barrio de Bellavista, al pie del cerro San Cristóbal. Nos sentamos a la mesa: Emma Landaeta, que sigue estando destinada en la embajada chilena en Madrid, Erich Schnake, que había sido mi jefe de Gabinete en la Comunidad durante su exilio en España, su hija Loreto, un notable escultor chileno, Sergio Castillo, y su esposa, Silvia Westermann. Estos últimos también habían vivido exiliados en San Lorenzo de El Escorial.

Durante la cena se respiraba optimismo, aunque Erich, que había sido un joven y brillante senador en la época de la Unidad Popular, desde su vuelta del exilio no había tenido ninguna suerte en la vida política.

Me es imposible reproducir aquí las conversaciones que tuvimos durante la cena, pero recuerdo con nitidez un diálogo —más bien un monólogo— muy elocuente.

No sé a cuento de qué salió a relucir la vida en Europa y la impresión que de ella tenían los latinoamericanos.

—Vamos a ver, Erich —se arrancó Sergio Castillo—, supongo que te acordarás de la primera vez (debíamos tener veinte años) que viajamos juntos a Europa, concretamente a la República Federal de Alemania, que estaba en plena reconstrucción, y luego pasamos por Francia y estuvimos en Italia… y cuando volvimos a Chile, ¿de qué veníamos hablando? ¿Qué fue lo que más nos impresionó de Europa?

—La verdad, no lo recuerdo —confesó Schnake.

—De mujeres, hombre de Dios. Veníamos muy gratamente impresionados por las chicas que habíamos conocido. Y luego, cuando ya éramos cuarentones y viajábamos a Europa, ¿de qué veníamos hablando?

—Sigo sin recordarlo —admitió Schnake.

—Pues de museos. De los excelentes museos que hay allí. Y ahora, cuando volvemos de Europa, ¿de qué hablamos?

Esta vez Erich no abrió la boca y Castillo se respondió a sí mismo con brevedad:

—De hospitales, Erich, solo hablamos ya de hospitales.

Pues en eso estamos los de mi generación: visitando hospitales o hablando de enfermedades, de médicos y de productos farmacéuticos. En fin, que sin darnos cuenta, el tiempo se nos ha echado encima. Un tiempo que se achica, y no solo se achica el tiempo que nos queda, también y paradójicamente se achica el tiempo pasado. En efecto y en palabras de Kierkegaard, «uno está condenado a vivir hacia delante y a mirar hacia atrás». Pues bien, es ahí, en el acto cotidiano de mirar hacia atrás cuando tenemos la impresión de que es el tiempo pasado el que se ha reducido, que en el transcurso de un suspiro se nos ha ido la vida sin que nos apercibiéramos. Que no pudimos retener las horas felices o brillantes, que todo fue tan rápido que no fuimos plenamente conscientes de lo que nos ocurría cuando fuimos protagonistas de aquellos hermosos encuentros… amorosos, artísticos o, simplemente, contemplativos.

Una vida, como la mía, que ha sido partícipe de la amistad, del amor, del humor, de la paternidad, del compañerismo, de la literatura, de la música… Con la oportunidad añadida de participar en luchas y en proyectos que, de una forma u otra, pretendían construir una sociedad mejor, no creo que pueda considerarse una vida carente de sentido. Al fin y al cabo —como escribió Christopher Hitchens—, «la clara conciencia de haber participado en una lucha perdida de antemano no conduce necesariamente a la desesperación».

«No me gusta la idea —dijo el mismo escritor anglo-americano— de que un día me tocarán el hombro y me informarán de que la fiesta ha terminado, aunque, sin duda, seguirá la fiesta, solo que en mi ausencia». ¿Y si —como en El ángel exterminador— nos dijeran que la fiesta continúa eternamente y está prohibido marcharse? Aunque fuera una fiesta celestial, en el instante en que supiéramos que es obligatoria y que no terminará jamás perdería todo interés, al menos para mí.

Como personaje público, uno puede tener la tentación de verse colocado en la historia. Pues bien, aunque uno se haya llamado Napoleón Bonaparte, esa tentación es tan insensata como intentar colocarse en la astronomía. Una de las cosas que me siguen sorprendiendo e inquietando de las religiones son sus permanentes insinuaciones según las cuales el universo se ha diseñado «pensando en ti». Y algo peor: que existe un plan divino en el que uno encaja, aunque uno no lo sepa. Cuando siendo aún muy joven leí a Marcel Proust en una versión en español de En busca del tiempo perdido que publicó Plaza & Janes, aparte de la dificultad que yo tenía para penetrar en aquel mundo finisecular, no podía entender lo que significaba eso de recuperar el tiempo ido, pero ahora, tantas décadas después, sí que le veo sentido a repasar «las crónicas de tiempos pasados». Al fin y al cabo, como escribió William Morris, «los hombres luchan por cosas y pierden la batalla para ganarla más tarde de un modo que no habían imaginado, para después verse obligados a defender las mismas ideas, pero con otro nombre». En fin, pensemos que Morris lleva razón y que todo lo nuestro ha servido para no perjudicar al prójimo. Al fin y al cabo, las flores que crecerán en nuestras tumbas, «algún aroma esparcirán».

El segundo acto de El tiempo y los Comvay, de J. B. Priestley[59] se cierra con un diálogo entre una de las hermanas, Kay, que acaba de cumplir los cuarenta, y Alan, el hermano mayor.

Es odioso e insoportable —habla Kay Conway—. Acuérdate de lo que alguna vez fuimos y de lo que creíamos que llegaríamos a ser. Y ahora esto… Es todo lo que tenemos, Alan. Somos nosotros. Cada paso que damos, cada tictac del reloj, nos lleva a algo peor. Si esto es la vida, ¿de qué nos sirve? Mejor morir, antes de que el tiempo empiece a maltratarnos. Lo he sentido otras veces, Alan, pero nunca como esta noche. Un gran diablo rige el universo, y lo llamamos tiempo.

Como réplica, recogiendo las ideas de John William Dunne[60], Priestley pone en boca de Alan Conway las siguientes palabras:

Lo que realmente somos es una sucesión de nosotros mismos a lo largo del tiempo, y cuando lleguemos al final de nuestra vida, todos esos estados sucesivos de nuestro ser a lo largo del tiempo serán nosotros, el verdadero tú, el verdadero yo.

Pero yo, que no creo en la inmortalidad ni en las teorías de Dunne, me conformaré —qué remedio— con que mis allegados puedan despedirme sin faltar a la verdad con unos versos que Jorge Manrique dedicó a su padre:

No dejó grandes tesoros,
ni alcanzó muchas riquezas
ni vajillas.
Y aunque la vida perdió,
dejónos harto consuelo
su memoria.

JOAQUÍN LEGUINA, nacido en Villaescusa (Cantabria) en 1941, fue durante doce años presidente de la Comunidad de Madrid y durante once secretario general de la Federación Socialista Madrileña (FSM). Doctor en ciencias Económicas (Universidad Complutense de Madrid) y en Demografía (Sorbona de París), es estadístico superior del Estado desde 1969 y ha publicado varios libros de su especialidad.

Es autor de numerosos artículos y desde 1985 ha mantenido una fructífera carrera literaria en la que ha combinado ensayo y narrativa. De su obra habría que destacar títulos como Malvadas y virtuosas (1997), Años de hierro y esperanza (2001), El duelo y la revancha (2010), El camino de vuelta (2012), Impostores y otros artistas (2013), Historia de un despropósito (2014) y las novelas La fiesta de los locos (1990), Tu nombre envenena mis sueños (1992), La tierra más hermosa (1996), El corazón del viento (2000), Por encima de toda sospecha (2003), Las pruebas de la infamia (2006) y La luz crepuscular (2010).

Notas

[1] Alfonso S. Palomares, Felipe González, el hombre y el político, Ediciones B, Barcelona, 2005. <<

[2] Ibíd. <<

[3] Ibíd. <<

[4] Ibíd. <<

[5] Ibíd. <<

[6] Alfonso Guerra, Felipe González: de Suresnes a La Moncloa, Novatex Ediciones, Madrid, 1984. <<

[7] Alfonso S. Palomares, ob. cit. <<

[8] Para una visión detallada de lo que se va a narrar a continuación, véase La segunda renovación: intrahistoria del PSOE, vol. IV, Plaza & Janes, Barcelona, 1991, del que son autores Carlos y José Martínez Cobo. <<

[9] Tony Judt, El refugio de la memoria, Taurus, Madrid, 2010 <<

[10] Leonardo Padura, El hombre que amaba los perros, Tusquets, Barcelona, 2010. <<

[11] Tony Judt, ob. cit. <<

[12] El general Carlos Prats y su esposa fueron asesinados en Buenos Aires el 6 de octubre de 1975. Los sicarios de Pinochet colocaron una bomba lapa en los bajos de su automóvil, igual que hicieron en 1976 en Washington con el coche de Orlando Letelier. <<

[13] Se llamaba y se llama Pedro Pablo Mansilla, médico de profesión, que más tarde fue jefe de Gabinete de Ernest Lluch en el Ministerio de Sanidad. <<

[14] Roberto L. Blanco Valdés, Introducción a la Constitución de 1978, Alianza Editorial, Madrid, 1998. <<

[15] Tras los acuerdos se adoptaron, en efecto, y en cuatro fases sucesivas las correspondientes leyes orgánicas de las Cortes Generales que aprobaban los estatutos de Galicia (1/1981, de 6 de abril, por la vía de la transitoria 2a de la Constitución); Andalucía (6/1981, de 30 de diciembre: arts. 151.1 y 144.C para el caso de Almería); Asturias (7/1981, de 30 de diciembre, y art. 143.2); Cantabria (8/1981, de 30 de diciembre, y art. 143.2); La Rioja (3/1982, de 9 de junio, y art. 143.2); Murcia (4/1982, de 9 de junio, y art. 143.2); Comunidad Valenciana (5/1982, de 1 de julio, y arts. 143.2 y 150.2); Aragón (8/1982, de 10 de agosto, art. 143.2); Castilla-La Mancha (9/1982, de 10 de agosto, y art. 143.2); Canarias (10/1982, de 10 de agosto, y arts. 143.2 y 150.2); Navarra (13/1982, de 10 de agosto, y disposición adicional 1.ª); Extremadura (1/1983, de 25 de febrero, y art. 143.2); Islas Baleares (2/1983, de 25 de febrero, y art. 143.2); Comunidad de Madrid (3/1983, de 25 de febrero, y arts. 143.2 y 144.a); y, por fin, Castilla y León (4/1983, de 25 de febrero: arts. 143.2, y 144.C para el caso de Segovia). <<

[16] Presidente del Gobierno: Felipe González.

Vicepresidente del Gobierno: Alfonso Guerra.

Mtro. de Asuntos Exteriores: Fernando Moran.

Mtro. de Justicia: Fernando Ledesma.

Mtro. de Defensa: Narcís Serra.

Mtro. de Economía y Hacienda: Miguel Boyer.

Mtro. de Interior: José Barrionuevo.

Mtro. de Obras Públicas y Urbanismo: Julián Campo Sainz de Rozas.

Mtro. de Educación y Ciencia: José María Maravall.

Mtro. de Trabajo y Seguridad Social: Joaquín Almunia.

Mtro. de Industria y Energía: Carlos Solchaga.

Mtro. de Agricultura, Pesca y Alimentación: Carlos Romero.

Mtro. de Presidencia: Javier Moscoso del Prado.

Mtro. de Tte., Turismo y Comunicaciones: Enrique Barón.

Mtro. de Cultura: Javier Solana.

Mtro. de Administración Territorial: Tomás de la Quadra Salcedo.

Mtro. de Sanidad y Consumo: Ernest Lluch. <<

[17] Miguel Ángel Revilla, Nadie es más que nadie, Espasa, Madrid, 2012. <<

[18] María Antonia Iglesias, La memoria recuperada, Aguilar, Madrid, 2003 <<

[19] Ibíd. <<

[20] 2Para una visión general de este periodo, vid. Joaquín Estefanía, La larga marcha, Ediciones Península, Barcelona, 2007 <<

[21] Carlos Solchaga, El final de la edad dorada, Taurus, Madrid, 1997 <<

[22] Ibíd. <<

[23] Joaquín Estefanía, ob. cit. <<

[24] Ibíd. <<

[25] Manuel García-Pelayo (presidente), Jerónimo Arozamena, Ángel Latorre, Manuel Diez de Velasco, Francisco Rubio Llórente, Gloria Begué, Luis Diez-Picazo, Francisco Tomás y Valiente, Rafael Gómez-Ferrer, Ángel Escudero del Corral, Antonio Truyol, Francisco Pera Verdaguer. <<

[26] La sentencia de la Audiencia Nacional consideró probado que en Rumasa había dos contabilidades, cuentas ficticias, facturas falsas, impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, revalorizaciones ficticias, etc. Pero, según el tribunal, no existió «lesión o daño efectivo», por lo que no se daba el requisito legal para considerar los hechos como delito. El Supremo (1999) confirmó la absolución del expresidente de Rumasa y de otros cuatro acusados. <<

[27] El gobierno quiso que El Corte Inglés presentara su propuesta, pero este se negó. Algunos años después, la empresa que dirige Isidoro Álvarez se hizo con Galerías, el grupo que con éxito había fundado en los años cincuenta Pepín Fernández. <<

[28] Joaquín Estefanía, ob. cit. <<

[29] Exportaciones más importaciones dividido por el PIB. <<

[30] María Antonia Iglesias, ob. cit. <<

[31] Ibíd. <<

[32] Ibíd. <<

[33] Ibíd. <<

[34] Ibíd. <<

[35] Ibíd. <<

[36] Ibíd. <<

[37] Ibíd. <<

[38] Carlos Solchaga, ob. cit. <<

[39] Tras las elecciones de 1987, la Asamblea de Madrid quedó constituida por 40 diputados del PSOE, 32 «populares», 17 del CDS y 7 de IU. Como se ve, una aritmética complicada en la que el centro derecha tenía un diputado más que la suma PSOE + IU. <<

[40] La moción de censura solo podía prosperar si la votaban a favor al menos 49 diputados y solo alcanzó 48 votos. <<

[41] María Antonia Iglesias, ob cit. <<

[42] Ibíd. <<

[43] Alfonso Guerra, Dejando atrás los vientos, Espasa, Madrid, 2006 <<

[44] María Antonia Iglesias, ob. cit. <<

[45] Alfonso Guerra, ob. cit. <<

[46] María Antonia Iglesias, ob. cit. <<

[47] Ibíd. <<

[48] Ibíd. <<

[49] Alfonso Guerra, ob. cit. <<

[50] Ibíd. <<

[51] Javier Bouzas, «El fin del predominio socialista. Las elecciones de 1993», Universidad Autónoma de Madrid, conferencia dictada en el V Congreso de la Asociación de Historiadores del Presente sobre la historia de la época socialista, http://congresohistoriasocialista.es/pdf/partidos/ Bouzas.pdf. <<

[52] Tony Judt, Posguerra, Círculo de Lectores, Madrid, 2005. <<

[53] Fernando Jiménez y Vicente Garbona, «Esto funciona así», Letras Libres, febrero de 2012. <<

[54] Luis Roldan fue director general de la Guardia Civil hasta que se descubrió que había acumulado un enorme patrimonio personal. Probablemente fue su despechada exmujer quien puso sobre la pista de un comportamiento corrupto difícilmente imaginable. El coronel Perote trabajó en el CESID (servicio secreto) hasta que un buen día decidió vender unas cintas comprometedoras que el servicio había grabado, incluso al rey. El escándalo les costó el cargo a Narcís Serra (vicepresidente del Gobierno) y a Julián García Vargas (ministro de Defensa). <<

[55] María Antonia Iglesias, ob. cit. <<

[56] Luis Fajardo Spínola, ¿Hacia otro modelo de Estado? Los socialistas y el Estado Autonómico, Ed. Civitas, Madrid, 2009. <<

[57] En el área metropolitana de Barcelona el 60 por ciento de sus habitantes es en la actualidad castellanoparlante. <<

[58] Helena Béjar, La dejación de España: nacionalismo, desencanto y pertenencia, Katz, Madrid, 2008. <<

[59] Cito sobre la versión que de esta obra han hecho Luis Alberto de Cuenca y Alicia Marino. Esta versión se estrenó en los Teatros del Canal de Madrid el 18 de enero de 2012. Existen otras versiones en español de la misma obra bajo el título La herida del tiempo. Es famosa la puesta en escena por Luis Escobar en los años cincuenta. <<

[60] John William Dunne, Un experimento con el tiempo, Editorial Hispamérica, 1986. <<