Más pobres, más desiguales, más precarios, menos protegidos, más desconfiados, menos demócratas. Éste es el devastador balance que ha dejado la crisis económica en amplias zonas del mundo, en especial en el sur de Europa, convertido en el laboratorio mayor de los experimentos de la denominada «austeridad expansiva». Una combinación tan desmesurada y tan desfavorable de elementos no se ha dado en la historia contemporánea más que en cuatro ocasiones: las dos guerras mundiales, la Gran Depresión y la Gran Recesión que empezó en el verano del año 2007. La austeridad se extendió durante los años setenta del siglo pasado para combatir el consumismo desaforado, el despilfarro de los recursos naturales y un cambio climático del que entonces no se hablaba con la urgencia y preocupación de ahora. ¿En qué momento perdimos la batalla de esa austeridad generosa y progresista, y nos la cambiaron —como en un juego de manos de trileros— por la que se ha aplicado en los últimos años, que ha causado tantos sufrimientos y tanta desigualdad? La transferencia de poder y de riqueza de abajo arriba ha sido tan grande que ha vuelto a poner en cuestión la estabilidad del binomio entre democracia y capitalismo. Mientras la primera pierde calidad, el segundo es cada vez más fuerte y más opresor. El ciudadano piensa que la razón económica prevalece sobre la razón política. Esto no es lo que decía el contrato social que todos hemos asumido como ciudadanos.

Joaquín Estefanía

Estos años bárbaros

ePub r1.0

Titivillus 05.07.2019

Título original: Estos años bárbaros

Joaquín Estefanía, 2015

Editor digital: Titivillus

ePub base r2.1

Esto crece. A mis cuatro mujeres

(Ana, Vera, Carlota y Alba)

y a mi hijo Javier.

Nunca había oído una risa tan alegre

¿dónde la oíste?

En algún momento del futuro

¿Era muy lejano ese futuro?

Qué va, era natural. Sonaba

Así como la nuestra, americana, dulce y espontánea.

La gente conversaba. Sentada en el suelo. Era verano.

Y los ancianos relataban historias de lucha.

Los jóvenes escuchaban. Oí contar

Nuestra propia historia, de nuevo narrada.

Observaban las estrellas

Mientras escuchaban las graves palabras. Alguien cantaba.

Nos amaban a nosotros, que habíamos dejado de existir.

Habían olvidado todos nuestros errores.

Nuestros nombres estaban mezclados. El relato era largo.

Genevieve Taggard, Long View, 1939

Prólogo. Informe contra mí mismo

Prólogo

INFORME CONTRA MÍ MISMO

¿Cuáles son las raíces que prenden, qué ramas

crecen en esos pétreos escombros?

T. S. Eliot, La tierra baldía

Un balance devastador

Un balance devastador

Más pobres, más desiguales, más precarios, menos protegidos, más desconfiados, menos demócratas. Éste es el devastador balance que queda después de años de Gran Recesión en buena parte del mundo, especialmente en el sur de Europa, el laboratorio favorito de los experimentos ensayados con sus ciudadanos. Cobayas de los doctores Mengele de la «austeridad expansiva». En estas circunstancias tan desfavorables, algunos de esos países han tenido que hacer frente a una de las mutaciones más importantes de las últimas décadas: el desplazamiento de centenares de miles de personas que huyen de la muerte y las hambrunas, desde la orilla sur del Mediterráneo.

Una combinación tan alarmante de elementos descendentes en el bienestar no ha coincidido en la historia contemporánea más que en cuatro ocasiones: las dos guerras mundiales, la Gran Depresión de los años treinta, y la crisis económica que dio comienzo en 2007. En España hay, además, otra coyuntura en la que se da ese acoplamiento de circunstancias tan negativas: al final de la guerra civil, en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado.

—Más pobres: se ha reducido la renta de la inmensa mayoría. O porque algunos de los miembros de la familia se quedan en paro, o porque se devalúan los salarios en aras de una teórica mayor competitividad de las economías nacionales (los inversores extranjeros llegan al país si los costes laborales son bajos, o los empresarios exportan si sus productos son más baratos), o porque los nuevos empleos se remuneran con salarios más escasos o sólo son dignos de «trabajadores pobres», una nueva figura en la estratificación social: aquellos que no llegan a fin de mes y que están peor pagados que sus homólogos con más antigüedad en la misma empresa.

—Más desiguales: la distancia social entre los más ricos y los más pobres ha crecido exponencialmente en el seno de las naciones desarrolladas durante los últimos cuarenta años, pero mucho más en los siete u ocho años más cercanos. En todas ellas hay un Tercer Mundo dentro del Primer Mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la organización multilateral que agrupa a una treintena de los países mejor situados, hizo público un informe en mayo de 2015 titulado «Por qué menos desigualdad beneficia a todos» en el que se demuestra que las desigualdades entre ricos y pobres se han situado en su máximo nivel al menos desde que inició su medición hace treinta años. Entre 2007 y 2011 (último año analizado) los ingresos en los hogares descendieron prácticamente en todos los países de la organización, pero en mucha menos medida en las capas más privilegiadas.

En los lugares en los que la crisis ha sido menos dura (la mayoría de los países emergentes, en especial América Latina) la desigualdad creció sobre todo porque los ricos se hicieron más ricos, no porque los pobres sean más pobres. En los que la crisis se ha cebado, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y la distancia económica se ha traducido en distancia social y distancia política. En España el 10 % de los hogares más desfavorecidos perdió como media más de un 13 % de sus ingresos en el periodo contemplado, mientras el 10 % de los que más tenían sólo vieron mermar sus ganancias un 1,5 % anual. Este aumento de la desigualdad en el seno de algunos países del norte es compatible con que la brecha se haya reducido entre el norte y el sur geopolíticos. ¿Por qué? Porque la Gran Recesión, al revés que la mayor parte de las crisis en la historia, ha afectado mucho más al centro que a la periferia del planeta. Ésta es otra de sus características.

Oxfam Intermón aporta algunos datos a nivel agregado muy ilustrativos: casi la mitad de la riqueza mundial está en manos del 1 % de la población; siete de cada diez personas viven en países en los que la desigualdad económica ha crecido en las últimas tres décadas.

—Más precarios: uno de los argumentos centrales de las reformas estructurales que se han demandado de forma sistemática desde los organismos multilaterales (OCDE, Fondo Monetario Internacional [FMI]…), centros de poder regionales (Comisión Europea [CE], Banco Central Europeo [BCE]…) y diversos think tanks públicos y privados (otros bancos centrales, servicios de estudios de patronales, bancos y empresas privadas…) ha sido la flexibilización del mercado de trabajo. Esa flexibilización ha dado como resultado una menor diferenciación entre los trabajadores fijos y temporales en sentido inverso al progreso: los fijos han perdido derechos y seguridades, y se han acercado a las condiciones precarias de los temporales en una especie de carrera hacia el «¡todos precarios!». Se han multiplicado los trabajos a tiempo parcial y otras modalidades de fragilidad laboral (abaratamiento del despido, reducción del seguro de desempleo…) que se han convertido en estructurales. Como resultado, el conjunto del mercado laboral ha devenido más precario.

—Menos protegidos: se han debilitado las prestaciones y los derechos adquiridos del Estado de Bienestar, al que se puede caracterizar como la mejor utopía factible de la humanidad: el sueño de William Beveridge, estar protegido, por el mero hecho de ser ciudadano, desde la cuna hasta la tumba. En el mejor de los casos, los welfare nacionales no estaban preparados para crisis económicas tan largas y profundas. En el peor, las políticas económicas aplicadas se han aprovechado para debilitarlos, al considerarlos demasiado generosos (desestimulaban a una parte de la población, que prefería estar protegida a ser activa) o un producto de la Guerra Fría (los países occidentales cedieron en el modelo social para que los asalariados no pusiesen sus ojos en el socialismo real; cuando éste desaparece, el modelo social —que algunos consideraban un freno al dinamismo capitalista— ya no es necesario). La sanidad universal y pública, la educación, las pensiones, el seguro de desempleo, la atención a los dependientes, la socialización de la negociación colectiva, el derecho del trabajo… han sido demediados o simplemente privatizados. Se pretende sustituir la universalidad por el «conservadurismo compasivo», consistente en cuidar sólo a los más pobres pero sin atender a criterios redistributivos. El gran historiador Tony Judt, prematuramente desaparecido, lo explicó de este modo: «La elección a la que nos enfrentamos en la siguiente generación no es entre el capitalismo y el comunismo, o el final de la historia o el retorno de la historia, sino entre la política de cohesión social basada en unos propósitos colectivos y la erosión de la sociedad mediante la política del miedo».

—Más desconfiados: la distancia entre la práctica teórica (los discursos) y la práctica política (los actos) se ha hecho tan grande que la desafección ciudadana pasa por una fase aguda, muy difícil de paliar. Ni la devaluación salarial, ni las reformas laborales, ni las privatizaciones de los servicios sociales aparecen en los programas electorales con los que las fuerzas políticas se presentan a las elecciones. Son aplicados a traición. Muchos ciudadanos han llegado a la conclusión de que se vive en la mentira política permanente y, como corolario, ellos reaccionan instalándose en la sospecha y el cinismo, o confiando en representantes vírgenes, aunque les proporcionen respuestas simples para problemas muy complejos (el populismo). Para esos ciudadanos descreídos se hace cierta la irónica sentencia de Isaac D’Israeli que encabeza el libro La mentira os hará libres, del politólogo Fernando Vallespín: la política ha devenido en «el arte de gobernar a la humanidad mediante el engaño». Vallespín ha llegado a la conclusión de que los políticos de hoy apenas necesitan recurrir a la mentira: ¿para qué hacerlo si es posible engañar por otros medios? Entre ellos, el más eficaz es la construcción de la realidad a la medida de sus intereses (pronto veremos algún ejemplo de ello). Han adquirido auténtica maestría en el arte del enmascaramiento detrás de marcos, narrativas u otros instrumentos dirigidos a manipular la percepción del mundo. Se pierden todas las certezas salvo la seguridad de que siempre hay alguien que, a nuestras espaldas, nos está engañando. Ello contamina aún más las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Como consecuencia de esta desconfianza se extiende el descontento con el funcionamiento de la democracia. En el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que se incluyeron preguntas específicas sobre este asunto (año 2012), siete de cada diez españoles estaban poco o nada satisfechos con ese funcionamiento. Según el «Informe sobre la Democracia en España 2013», de la Fundación Alternativas, que mide datos de un año antes, el porcentaje de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia situaba a España 17 puntos porcentuales por encima de la media europea; si la comparación se hacía con otros continentes, en una muestra de 21 países, España era el que tenía un porcentaje menor de ciudadanos satisfechos con el rumbo emprendido por su país, únicamente superado por Grecia. La desconfianza en el Gobierno y en el Parlamento nacional era la segunda y tercera más alta de la Unión Europea (UE). Igualmente, la desconfianza en la UE se situaba en segunda posición. Las bases de apoyo a nuestro sistema político y económico se habían roto: la consideración de la democracia como mejor forma de gobierno ya no era unánime, y el respaldo a la economía de mercado había dejado de ser mayoritario; las críticas a los partidos políticos se habían agudizado tanto que la mayoría dudaba de su necesidad; el europeísmo había descendido.

Estas intensas oleadas de pesimismo atraviesan de forma transversal los países más dañados por rémoras económicas, y los diversos segmentos de los electorados, hasta tal punto que el politólogo francés Pierre Rosanvallon ha publicado un libro cuyo título lo dice todo: La contrademocracia: la política en la era de la desconfianza. En él se analiza el recelo y «la organización de la desconfianza», la transformación de lo que primero fue un simple estado de ánimo o una actitud individual, aunque compartida, en un factor de afiliación política a nuevos partidos, algunos de ellos calificados de «populismos rencorosos» y, en general, a movimientos que cotizan en la bolsa de la antipolítica tradicional. El historiador y sociólogo italiano Marco Revelli se ceba con ironía en quienes no se han privado de caer en comportamientos populistas dentro de la política tradicional, a base de buenas dosis de discursos demagógicos y prácticas indefendibles desde la racionalidad, y ahora acusan tan a la ligera a otros de lo que ellos mismos han practicado.

—Menos demócratas: la relación entre democracia y capitalismo siempre fue inestable. Después de las dos conflagraciones mundiales y durante más de medio siglo ambos términos consiguieron un cierto equilibrio hasta el punto de que se consideró que la una no podía vivir sin el otro, y viceversa. Las contradicciones a esa regla eran consideradas anomalías históricas (Franco, por ejemplo). Durante los años de la Gran Recesión, el binomio democracia-capitalismo se ha torcido a favor del segundo. La percepción ciudadana sobre ello es nítida: los poderes económicos (no representativos) se han impuesto a los poderes políticos (representativos) y los han derrotado una y otra vez.

Wolfgang Streeck, director del Instituto Max-Planck de Colonia, ha analizado cómo los antiguos adversarios (democracia y capitalismo) lograron su reconciliación a través del contrato social de la posguerra, y cómo los abusos del segundo han resucitado la vieja cuestión sobre su compatibilidad. Según Streeck, hasta bien entrado el siglo XX los capitalistas temieron que las mayorías democráticas abolieran la propiedad privada (el comunismo), mientras que los trabajadores y sus organizaciones se inquietaban porque aquéllos financiaran la vuelta a un régimen autoritario que defendiera sus privilegios (los fascismos). Paradójicamente, sólo durante la Guerra Fría parecieron alinearse juntos capitalismo y democracia, cuando el progreso económico hizo posible que la mayoría de los trabajadores aceptase un régimen de libre mercado y propiedad privada, «resaltando a su vez que la libertad democrática era inseparable, y de hecho dependiente, de la libertad de los mercados y la búsqueda de beneficios».

Han regresado con fuerza las dudas sobre la compatibilidad de un sistema de gobierno democrático con una economía capitalista financiarizada. Muchos ciudadanos sufren la sensación cotidiana de que la política es impotente para resolver sus problemas colectivos, para cambiar sus vidas a mejor. El resultado es una mayor volatilidad del voto, cuyo balance es la fragmentación electoral y el final del bipartidismo imperfecto acuñado tras la Segunda Guerra Mundial debido a la inestabilidad de los gobiernos y a la aparición de nuevas formaciones políticas y movimientos.

Redistribución a la inversa

Redistribución a la inversa

La legitimidad de la democracia de posguerra se basaba en la premisa de que los estados tenían capacidad para intervenir en los mercados y corregir sus defectos, en beneficio de la mayoría. Décadas de ineficacia y de desigualdad crecientes han sembrado dudas sobre esa capacidad: «Como respuesta a su creciente irrelevancia en una economía de mercado global, los gobiernos y los partidos políticos en las democracias de los países de la OCDE se dedicaron a observar con mayor o menor complacencia cómo “la lucha de clases democrática” se convertía en entretenimiento político posdemocrático».

Mientras tanto, la transformación del keynesianismo de posguerra en una especie de hayekianismo progresaba con rapidez: de una fórmula política para el crecimiento económico por medio de la redistribución de arriba hacia abajo, a otra por medio de una redistribución inversa, de abajo hacia arriba. Así, la democracia que tiende hacia una cierta igualdad deviene en una carga para la eficacia según ese hayekianismo.

Estas secuelas estructurales de la Gran Recesión —pobreza, desigualdad, desprotección, precarización, desconfianza, desaceleración democrática— van en contra del progreso. Y, por tanto, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, cuando dice que «las Naciones Unidas han reafirmado en su Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltas a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad». Las Naciones Unidas han sido uno de los actores orillados en esta Gran Recesión. Ni se las menciona.

También lo ha sido el concepto de ciudadanía, en la interpretación no superada hasta ahora que le dio el sociólogo Thomas H. Marshall, profesor de la London School of Economics, a mediados del siglo anterior. Una persona es ciudadano si es a la vez triplemente ciudadano: ciudadano civil, ciudadano político y ciudadano social o económico. No valen dos de tres. El elemento civil se compone de los derechos para la libertad personal: libertad de expresión, de pensamiento y de religión, de reunión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos, y derecho a la justicia. El elemento político es el derecho a elegir y ser elegido en el proceso democrático; a participar en el ejercicio del poder como miembro de un cuerpo investido de autoridad política o como elector de sus miembros. El elemento social o económico abarca desde el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico, al de compartir plenamente la herencia social y vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares predominantes en cada sociedad.

Los tres elementos se han de dar por el hecho de ser ciudadanos, no para ser ciudadanos. Esta integridad del concepto de ciudadanía ha saltado hecho trizas con la explosión del desarraigo y la extensión de las categorías de excluidos del bienestar. Hay que reivindicar a la Hannah Arendt del «derecho del ciudadano a tener derechos». Durante los últimos años, el factor de la ciudadanía ha sido muchas veces olvidado y sustituido por lo que otro sociólogo, Robert Merton, definió como efecto Mateo, en recuerdo del evangelista del mismo nombre: «Al que más tiene más se le dará y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene».

De tal manera se ha roto el pacto social implícito que ha estado vigente desde la mitad de los años cuarenta del siglo pasado: quien cumple las reglas del juego consigue la estabilidad y la tranquilidad, progresa. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y la suerte aseguraban el bienestar. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta pero a cambio, los otros, la mayoría, obtendría trabajo e iría hacia arriba poco a poco en la escala social. Incluso algunos de estos últimos traspasarían la frontera imaginaria y llegarían a formar parte de los de arriba. Ya no es así.

La hipótesis de este libro es la siguiente: incluso si a partir de ahora se diese por clausurada la crisis denominada Gran Recesión y las zonas más afectadas por la misma volviesen a una cierta «normalidad» (crecimiento económico, generación de empleo, equilibrios macroeconómicos…), las características negativas citadas no desaparecerán porque se han hecho estructurales. Porque no se deben tanto a la crisis como a su gestión: las políticas económicas de «austeridad expansiva» aplicadas durante casi una década mutaron el ADN de muchas sociedades y han dado lugar a un nuevo modelo de las mismas, muy distinto del anterior, y que va a quedarse entre nosotros durante largo tiempo.

La cuestión es si la democracia, tal y como la hemos conocido, no va a quedar también devastada, como el modelo social. El deterioro ha recorrido tres grandes etapas. La primera fue la revolución conservadora, a principios de los años ochenta, la transformación del keynesianismo de posguerra en lo que vino a denominarse neoliberalismo, que progresó con rapidez de la mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Aprovechando las debilidades del keynesianismo, que no había sabido superar la estanflación (estancamiento con inflación), los conservadores lo dejaron herido de muerte y lo sustituyeron con una mezcla de liberalismo clásico y capitalismo de Estado. La segunda etapa fue la caída del Muro de Berlín: en este caso, la víctima fue el comunismo como sistema alternativo, con todo lo que podía tener de emulación para los trabajadores del mundo entero. Por último, la Gran Recesión: si en los años ochenta del siglo pasado se fragilizó a la socialdemocracia keynesiana, si en los noventa se acabó con el socialismo real, a partir del año 2007 se señala a la democracia como un sistema político capaz de frenar el ímpetu de los mercados. La razón económica se hace prevalente respecto a la razón política, y así lo percibe la mayoría ciudadana.

Como las otras crisis mayores del capitalismo (las dos guerras mundiales y la Gran Depresión), hace mucho que la Gran Recesión dejó de ser una mera crisis económica y abarcó muchos otros terrenos, el político, el social, el filosófico, las formas de pensar y de vivir cotidianas de los ciudadanos afectados. Pero su epicentro fue económico y el principal debate ideológico ha tenido lugar en el campo de la economía, La parte fundamental de cualquier proyecto político es hoy su programa económico. Sólo desde la pereza intelectual se puede calificar de liberales a las políticas que se están aplicando para combatir la situación. El neoliberalismo dominante (a pesar de que a muchos liberales no les gusta el prefijo «neo» aplicado al calificativo liberal, fue utilizado por primera vez en las reuniones de la sociedad Mont Pelerin, creada por Friedrich von Hayek, y considerada la Internacional de los economistas liberales; luego corrigieron y no lo volvieron a usar) se compone al mismo tiempo de las tradicionales teorías liberales del laissez faire y de una práctica intervencionista, de capitalismo de Estado, que es la que ha salvado de la quiebra al sistema financiero internacional, invirtiendo en los bancos (y en algunas industrias, como las aseguradoras o las empresas automovilísticas) paladas de dinero público. Como escribió Mark Twain, un banquero es un señor que nos presta un paraguas cuando hace sol y nos lo exige cuando empieza a llover.

Así pues, el neoliberalismo conservó en parte el concepto de liberalismo pero tiene esencias muy significativas del capitalismo de Estado. En ocasiones, prima el liberalismo (generalmente cuando las cosas van bien para los que mandan); en otras, la componente de capitalismo de Estado es la dominante (en operaciones de salvamento). Ahora el sistema capitalista ha superado el colapso con la mayor intervención pública de la historia, mientras la retórica apelaba a la sustancia de la economía de mercado. Se utilizó el Estado para intereses particulares. La intervención pública constante impidió que se hundiera el capitalismo liberal, pero cuando se consiguió ese objetivo, el establishment financiero y sus intelectuales orgánicos, incrustados en el mundo de la política, evitaron cualquier tipo de debate sobre sus incoherencias; prefieren que se polemice sobre el mercado del trabajo, vivir por encima de las posibilidades, los gastos del Estado o sobre la insuficiencia de las pensiones públicas, que sobre la situación de solvencia de los bancos, los avales, garantías y liquidez que reciben, y en qué condiciones, y sus prácticas de riesgo con los ahorradores más humildes (por ejemplo, las participaciones preferentes). Ese establishment también ha tratado, con bastante éxito, de rehabilitar el viejo orden. Así, la crisis (y los fallos) del mercado se convirtieron, por arte de birlibirloque, en la crisis (y los fallos) del Estado.

En la religión católica, uno puede cambiarse el nombre con el que fue bautizado mediante el sacramento de la confirmación. Esto es lo que ha pasado con la crisis financiera que, según el economista norteamericano Mark Blyth, ha dado carta de naturaleza «a la mayor operación de engaño con señuelo de la historia moderna». Así, unos problemas que se debían, sobre todo, al endeudamiento del sector privado bancario fueron endosados al sector público bajo el título de deuda generada por un gasto público fuera de control; por el célebre «vivir por encima de nuestras posibilidades». Las fragilidades de los bancos y otras empresas acabaron generando un agujero en el sector público (en forma de déficit y deuda pública) que los ciudadanos se vieron obligados a enjugar en forma de sacrificios salariales y disminuciones de la protección social, soportando unos programas de austeridad que —ahora lo sabemos— no han servido para mejorar la situación sino para hacerla más calamitosa. La crisis fiscal ha sido la consecuencia de la crisis financiera, no su causa. Allí donde había irregularidades hipotecarias, responsabilidad de los bancos por su opacidad, abusos y comercialización de productos complejos a todo tipo de inversores, concesión de créditos dentro del «capitalismo de amiguetes»… ahora hay deuda pública y recortes del Estado de Bienestar. En un asombroso juego de manos a lo Houdini, se ha convencido a una parte de la opinión pública de que la verdadera crisis no son los estragos que la quiebra de las leyes de la ortodoxia financiera y del riesgo moral (que cada palo aguante su vela) han causado en el empleo, la protección, la muerte de centenares de miles de pequeñas y medianas empresas por falta de capital circulante y de crédito, y en el nivel de vida, sino el incremento de la deuda pública en que han caído los gobiernos para pagar aquella quiebra.

Es el extraño triunfo de las ideas equivocadas. La victoria de los trileros. La aplicación de las teorías de los «silencios sociales» que se explican en muchas escuelas de negocios, según las cuales hay aspectos de la realidad que es mejor omitir o ignorar para no complicar aún más la situación, y tratar a esa misma realidad como compartimentos estancos de modo que nadie, o casi nadie, pueda conocer el conjunto. Los «silencios sociales» y tomar las partes por el todo, ya lo dijo Jean Baudrillard, ayudan a reproducir el sistema y las estructuras de poder a lo largo del tiempo.

La teoría de la «austeridad expansiva»

La teoría de la «austeridad expansiva»

El extraño triunfo de las ideas equivocadas se puede aplicar, con todo derecho, al siniestro concepto de «austeridad expansiva», que es como se teorizó el austericidio aplicado a países como Grecia, España o Portugal. El economista australiano John Quiggin tuvo la feliz ocurrencia (de la que luego se apropió Paul Krugman, que la extendió mediáticamente) de dar el nombre de «zombis económicos» a aquellas ideas económicas que no acaban de desaparecer, ni siquiera teniendo en contra un conjunto de incongruencias lógicas y un buen número de fallos empíricos monumentales. Teorizada por dos economistas italianos que trabajan en la Universidad de Harvard, Alberto Alesina y Silvia Ardagna, la «austeridad expansiva» decía que, independientemente del nivel inicial que pueda tener la deuda, todo gran ajuste fiscal que base sus objetivos en recortar el gasto y vaya acompañado de moderación salarial tendrá carácter expansivo. No sólo es que no lo haya tenido, sino que ha hecho a la mayoría de esos países más pobres, más desiguales, más precarios, menos protegidos, más desconfiados y menos demócratas. Buena cosecha. ¿Quién asume las responsabilidades?

Ni se ha crecido más (el planeta sufre un «estancamiento secular», según el poco sospechoso Larry Summers), ni han disminuido los niveles de deuda, sino que han aumentado. En el mundo imaginario de los austericidas, la «austeridad expansiva» siempre afecta a otros. La mayor tragedia no es que haya dañado a la macroeconomía (crecimiento y deuda), sino el enorme sufrimiento humano que ha causado, algo de lo que deben hablar los economistas y los políticos que son deudores intelectuales de los mismos, no sólo los teólogos o los moralistas. Al aplicar este tipo de terapia, los que en economía tanto recurren a las metáforas médicas para describir el estado de las cosas han olvidado la ancestral ley suprema de la profesión médica, «Ante todo, no hacer daño», y han utilizado la política económica de la austeridad como un agente patógeno que es «la causa de la causa» de la enfermedad social. Como consecuencia de ello, tanto tiempo después del inicio de las dificultades económicas prosigue el declive profundo y prolongado de los sectores más vulnerables. Mala receta y peor práctica médica.

Por último, pero no menos importante, la «austeridad expansiva» ha aniquilado al concepto primigenio de austeridad, que era progresista y que puso en circulación durante los años setenta uno de los personajes más lúcidos de la izquierda europea, el italiano Enrico Berlinguer. Éste, secretario general del gran Partido Comunista Italiano (el de Gramsci), reivindicó la austeridad dentro de la teoría de los límites del crecimiento que había estudiado el Club de Roma con motivo de las crisis del petróleo como una de las herramientas centrales para impugnar de raíz un modelo de crecimiento basado en el despilfarro de los recursos naturales, en el consumismo desaforado y para combatir un cambio climático del que entonces no se hablaba con la urgencia y la preocupación de ahora.

La Gran Recesión ha hecho más explícitas las tres fracturas que desestructuran ahora las sociedades y que activan, sin embargo, el germen de la política, y hasta de la hiperpolitización: a la tradicional distinción ideológica entre la derecha y la izquierda, nacida de la Revolución francesa, se ha unido el cleavage entre los de arriba y abajo y, más que nunca, la separación entre el mundo del trabajo y el del capital. Es paradójico que en una coyuntura en la que han aumentado tan excepcionalmente las desigualdades que han polarizado a la ciudadanía (económicas, políticas, de oportunidades y de resultados) las diferencias entre la izquierda y la derecha establecidas se hayan hecho menores. Ello no ha sido por la convergencia hacia el centro de ambas posiciones ideológicas, ya que la derecha ha permanecido en su lugar o se ha desplazado aún más hacia su extremo; se ha debido sobre todo al giro hacia el centro, o hacia posiciones social-liberales de la socialdemocracia tradicional, con el abandono de algunos de sus postulados identitarios en materia de fiscalidad, gasto público, inversión pública, empresas públicas, etcétera, y una convivencia más cercana con los sectores empresariales que con los sindicales. Ha habido analistas que han comparado el papel de los conservadores y los socialdemócratas con los gemelos de la Alicia de Lewis Carroll, iguales en apariencia aunque algo diferentes en su comportamiento. Este estrechamiento ideológico es el que ha dado alas a los que defienden que en esta coyuntura histórica la contradicción principal no se da entre derecha e izquierda sino entre los de abajo y los de arriba, entre el pueblo y el establishment, entre l’uomo qualunque y «la casta», facilitando la reformulación de la política y con la remisión del bipartidismo imperfecto, en funcionamiento desde la segunda parte de los años cuarenta.

El indicador por antonomasia del buen gobierno, de la buena política, es la mejora del bienestar de la gente: atender a los intereses de los ciudadanos y protegerlos en tiempos difíciles. Los resultados de la crisis no permiten poner una nota alta a este indicador. En muchos momentos, la evolución de los mercados ha determinado el funcionamiento de la historia. Cuando relatemos la Gran Recesión a nuestros hijos o nietos, no nos juzgarán en función del crecimiento económico o de la reducción del déficit sino de cómo cuidamos de las personas que iban quedándose por el camino, quizá nosotros mismos, y cómo solucionamos las necesidades más fundamentales de nuestras sociedades: el bienestar, la salud, la educación, el desempleo, etcétera. Tendrán que pasar décadas hasta que el gran jurado de la historia haga un balance equilibrado de lo ocurrido no sólo desde el año 2007, sino en el tiempo anterior, cuando se incubaron los desequilibrios que luego estallarían. En el público, muchos esperan que el veredicto de ese gran jurado sobre la gestión de la crisis sea unánime y de «culpable en primer grado». Un economista como el heterodoxo Steve Keen entiende que la distancia histórica concederá un grado de mayor dureza a la Gran Recesión actual que a la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Primero, porque a pesar de haber sido mucho menos profunda será más larga y compleja; segundo, porque de ella no se sale con un aparato teórico que aplicar en tiempos de crisis, como fue el keynesianismo tras el crash de 1929 y años siguientes. Según este economista, a la Gran Recesión se le acabará denominando la Segunda Gran Depresión.

El mundo que emerge será muy diferente del que hemos conocido. Sabemos que la línea roja de lo que nuestros conciudadanos exigen, porque lo manifiestan todas las encuestas, es que no se quede nadie atrás, que el coche escoba los recoja, y que las normas de funcionamiento del sistema garanticen la igualdad de oportunidades que han roto las élites. La fotografía fija no proporciona unas imágenes muy estéticas: una socialización de pérdidas que ha supuesto trasvasar una parte muy significativa de la deuda privada a la deuda pública mediante el rescate a la banca; una devaluación general de las condiciones de vida en salarios, requisitos del trabajo, pensiones, protección social, con el objetivo de que el capital recupere la tasa de beneficios; y una masiva evasión de impuestos con distintas modalidades y su sustitución por deuda (los impuestos se pagan en relación a la renta y la riqueza, y no se devuelven; la deuda la pagan todos los ciudadanos por igual y se devuelve con intereses a quien presta el dinero: los bancos). Lo que queda después de estos años es un poder financiero incontrolado, un modelo social herido de muerte, y estados sin nervio político, o porque se ha trasladado parte de su poder a instancias regionales con menos legitimidad democrática, o porque han perdido parte de su poder tributario.

Con este panorama general, la cartografía social ha cambiado. Las sociedades poseen, en general, tres grandes clases sociales: unas élites, escasas en número, que se escinden del resto y viven en su mundo (urbanizaciones propias, con servicios sociales propios, educación privada de alta gama) y que se resisten a pagar los impuestos que le corresponderían, precisamente por ello: porque han renunciado a los servicios universales del Estado de Bienestar y tienen un microcosmos sin fronteras, en el que viven. Estas élites son los «nuevos invisibles» de la crisis; procuran no hacer ostentación de su distancia social porque saben que son el objeto de la indignación del resto de la sociedad, que critica su egoísmo y el hecho de que, en el peor de los casos, hayan salido indemnes de las dificultades económicas y, en el mejor, que se hayan aprovechado de ellas para alejarse aún más en la escala social.

El declive de las clases medias no es un relámpago que haya llegado sin previo aviso. Emparedadas entre los de arriba y el precariado, han sido subsumidas entre los perdedores de la crisis. Es lo que refleja la pancarta del Zuccotti Park de Nueva York, donde se dio cita el movimiento más representativo de los indignados de todo el mundo, Occupy Wall Street: «We are the ninety-nine percent» («Somos el 99 %»). La «ilusión monetaria» de las clases medias se quebró con la Gran Recesión. Hasta inmediatamente antes de la misma, una parte muy amplia de la población, acostumbrada a vivir en un ciclo de crecimiento muy largo (casi tres lustros seguidos), se sentía ascendente, con un incremento permanente del consumo gracias a un aumento de los ingresos o de un endeudamiento muy fácil de obtener. La crisis les cayó encima. Mucho más cuando comenzaron a aparecer —con rapidez— focos de pobreza imprevistos entre sus integrantes, con pérdidas de renta y, sobre todo, de seguridad económica. Se da entonces una antinomia muy potente: clases medias en cuanto a formación, mentalidad y atributos, con condiciones vitales propias de las antiguas clases bajas.

Una nueva clase social emerge de la crisis con una potencia inusitada: el precariado, un neologismo que combina el calificativo de «precario» con el sustantivo de «proletario». Este precariado, que cada vez unifica a más categorías de los estratos maltratados, es muy heterogéneo: parados de larga duración, trabajadores temporales, trabajadores a tiempo parcial, «trabajadores pobres» que no llegan a final de mes, antiguas clases medias y profesionales liberales, falsos autónomos que trabajan en el seno de las empresas pero tienen que financiarse su seguridad social, becarios que permanecen en esa situación mucho más tiempo del que se considera objetivo para esa figura, etcétera. En sus condiciones de vida no flota la sensación de futuro, y es improbable que puedan acceder a algunas prestaciones anteriormente consideradas universales del Estado de Bienestar (pensiones o seguro de desempleo) porque sus periodos de cotización suelen ser más cortos de lo necesario.

El precariado es la consecuencia directa de las «reformas laborales» que se han aplicado para flexibilizar los mercados de trabajo, unas reformas que han suspendido, sin reconocerlo, el contrato social de los antiguos trabajadores estables a los que las empresas ofrecían seguridad y formación en el puesto de trabajo a cambio de fidelidad y subordinación. En algunos países, el precariado está llegando a ser la cuarta parte de la población activa, y creciendo. Generan amplia preocupación en el conjunto de la ciudadanía porque ésta se siente retratada en ellos: la realidad indica que muchos de nosotros, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, podemos caer en ese pozo de inseguridad con mucha más rapidez que antes, y con la facilidad que da el que la legislación lo favorezca.

España ha sido uno de los laboratorios preferidos de la crisis. Superada la fase de recesión de la misma, instalada en una nueva fase de crecimiento, el país presenta un perfil muy significativo de sociedad dual, en el que el 70 % de la población, con más o menos devaluaciones de su nivel de vida, ha seguido adelante, mientras que el 30 % restante (unos catorce millones de personas) está condenado a vivir en la pobreza relativa (en relación con los estándares de la sociedad), absoluta (vivir con dos euros o menos diarios), o en una vulnerabilidad permanente. Este 30 % en declive está sometido a un elevado deterioro de sus condiciones de vida y sin esperanzas de recuperación sustancial durante, al menos, una década.

Transformar esta realidad será imposible simplemente a través del crecimiento, punto a punto, del Producto Interior Bruto (PIB), como si lo ocurrido fuese una crisis cíclica más. La Gran Recesión ha sido demasiado devastadora para ello. Se precisará algún tipo de disrupción exógena (en otros momentos fueron los precios del petróleo, la caída de los tipos de interés, la entrada en Europa, la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación) o endógena, que es difícil de pronosticar. Como después de las dos guerras mundiales, los ciudadanos, cansados, exhaustos, desean volver a una «normalidad» que es una ensoñación, porque nunca existió: al mundo anterior a la crisis. En la confrontación entre la realidad y el deseo se ha extendido una sensación de fin de siècle, de un fin de época que ha supuesto el paso de la estabilidad a la incertidumbre. Es difícil responder a la cuestión de qué pueden esperar para sus proyectos vitales los desempleados mayores de cuarenta y cinco años, de larga duración, o los jóvenes que no consiguen una inserción laboral en su país con perspectivas de largo plazo y de salir de un precariado de alcance. Cuando a alguien le prende este pesimismo puede recordar la melancolía de Yanis Varoufakis, el que fuera polémico ministro de Finanzas griego, cuando escribía su libro El Minotauro global y reflexionaba sobre las aporías. Una aporía es un razonamiento del que surgen contradicciones o paradojas irresolubles. Dice Varoufakis que nada nos humaniza más que la aporía, ese estado de intensa perplejidad en el que nos encontramos cuando nuestras certezas se hacen añicos; cuando de repente nos encontramos en un punto muerto sin poder explicar lo que ven nuestros ojos, que a veces son verdades insoportables.

Se ha generalizado esta triple decepción que hace más de un lustro describió Joseph Stiglitz, y que tanto se ha repetido: primero, los mercados no funcionan porque son ineficaces y opacos; el ejemplo mayor de ello es el mercado de trabajo. Segundo, el sistema político no corrige los fallos de esos mercados, que es su principal función, aquello por lo que está justificado. Y tercero, y como efecto de lo anterior, tanto el sistema económico (la economía de mercado) como el sistema político (la democracia) sufren de una desafección creciente. Son víctimas y verdugos, a la vez, de la Gran Recesión.

El bienestar de las jirafas

El bienestar de las jirafas

Marco Revelli se ha acordado de la «parábola zoológica» de John Maynard Keynes, que figura en uno de sus Ensayos de persuasión. El maestro de Cambridge analizaba en ese ensayo las inconsecuencias del dogma del liberalismo económico, la irrealidad de sus presupuestos teóricos, lo destructivo de las consecuencias «de un método de encumbrar a los buscadores de beneficios que tienen más éxito mediante una despiadada lucha por la supervivencia», un método que selecciona «al más eficiente por medio de la quiebra del menos eficiente» y que considera el resultado así alcanzado «un bien permanente para todo el mundo».

«Cuando el objetivo de la vida», escribe Keynes, «es alimentarse de las hojas de las ramas hasta la máxima altura posible, la forma más verosímil de lograrlo es permitir que las jirafas que tengan el cuello más largo dejen de morir de hambre a las que tienen el cuello más corto». El neoliberalismo pretendió dulcificar la dura moraleja de la parábola de Keynes superponiendo una especie de ensoñación con final feliz con la teoría del «goteo hacia abajo»: los beneficios de una política económica favorable a los más ricos acabarán descendiendo, tarde o temprano, hasta los más pobres y beneficiando a todo el mundo.

Así nació la «curva de Kuznets», que toma el nombre del economista Simon Kuznets, que fue galardonado en 1971 con el Premio Nobel de Economía. La «curva de Kuznets» tiene forma de campana (una «U» invertida). En el eje horizontal se mide el desarrollo económico, sintetizado por el PIB per cápita, y en el eje vertical la tasa de desigualdad, medida por el índice de Gini. La curva dice que un desarrollo acelerado produce, en una primera fase, desigualdades crecientes hasta un punto de inflexión más allá del cual la desigualdad empieza a descender. A partir de la década de los ochenta del siglo pasado se empezó a hacer un uso ideológico del modelo, con el fin de neutralizar las críticas contra los efectos desigualitarios del modelo de desarrollo vigente. «En pocas palabras», escribe Revelli, «con el fin de sostener ante los gobiernos de todo el mundo el cínico lema gross now, worry about poor later (crece ahora, y después preocúpate de los pobres). Se generaría así un mecanismo virtuoso que, espontáneamente, crea riqueza añadida y, en parte, la redistribuye en virtud de una especie de “fuerza de gravedad” natural, sin que la intervención del Estado llegue a obstaculizar o a atacar el mecanismo».

La Gran Recesión no se ha parecido en nada a ello. Si nos preocupa «el bienestar de las jirafas», sigue siendo válida la exhortación de Keynes a no soslayar «el sufrimiento de las que tienen el cuello más corto y que acaban muriendo de hambre, ni las tiernas hojas que caen al suelo y que son pisoteadas en la lucha, ni la sobrealimentación de las jirafas con el cuello más largo, ni la perversa mirada de ansiedad o de beligerante codicia que ensombrece los apacibles rostros de la manada».

La «curva de Kuznets» tampoco ha servido en estos años bárbaros.

Me he dado cuenta de que la mayor parte de los libros que he escrito en los últimos años —incluido éste—, de los artículos que he publicado en la prensa, de las conferencias y de las clases que he impartido volvían obsesivamente al mismo asunto: el futuro de la democracia, la calidad de la democracia. La economía era una especie de justificado trampantojo, aunque también sea mi especialidad, y su importancia es tanta que, en última instancia (sólo en última instancia), los comportamientos económicos determinan los demás. Esta obsesión por el sistema democrático y sus aplicaciones tiene su justificación en el hecho de haber vivido el primer cuarto de siglo de mi existencia (el mejor, la juventud) bajo una cruel y larga dictadura. Probablemente sólo quien conozca las consecuencias de una dictadura pude saborear lo mejor de la democracia, con todos sus defectos. La historia del siglo XX en España no fue precisamente la historia de una normalidad estable: 25 años de monarquía constitucional no democrática, siete de monarquía con dictadura, ocho de república, de los cuales tres se desarrollaron en una espantosa guerra civil, 36 de dictadura franquista, y sólo el resto de democracia. ¡Bendita democracia, con más o menos calidad!, en la que uno puede rectificar sin que ocurra nada. Tantas veces hay que rectificar… Por ello he titulado este prólogo Informe contra mí mismo, siguiendo la estela de aquel libro mayor del inolvidable cubano Eliseo Alberto.

El título del libro fue inspirado, sin él saberlo, por el director de cine Fernando Colomo.

Parte I. España: La bella y la bestia

PARTE I

España: La bella y la bestia

1. Hiperpolitización y desigualdad

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HIPERPOLITIZACIÓN Y DESIGUALDAD

Contra el regeneracionismo

Contra el regeneracionismo

La zona de Europa del Sur ha sido una de las cobayas de las políticas de austeridad a ultranza durante esta crisis. Dentro de ella, en el territorio español se instaló uno de los laboratorios más avanzados donde experimentar. La vanguardia fue Grecia. España ha sido uno de los países más profundamente conmovidos por las dificultades económicas. En poco menos de una década está cambiando de modo acelerado la forma de vivir (por la crisis económica) y el modo de pensar (por esa misma crisis, por su reparto, por las transformaciones políticas, sociales y tecnológicas que se han dado a su alrededor) de los ciudadanos.

No ha sido muy distinto lo sucedido en España a lo ocurrido en otros países de su entorno. Sí su graduación, su intensidad. No se puede estar de acuerdo con esas peligrosas corrientes regeneracionistas tan familiares en el pasado («España como problema», «España sin problema», «Nos duele España») cuyas jeremiadas acaban casi siempre con la demanda de «cirujanos de hierro», y que conceden a nuestro país una idiosincrasia diferente de la de nuestro alrededor. Si se establece una perspectiva comparada de los problemas españoles con los de nuestro entorno geopolítico sólo hay dos elementos verdaderamente diferenciales: el porcentaje de población activa que está en paro (que llegó a rondar el 27 % del total en el momento más álgido de los problemas) y la percepción mucho más acentuada de que las instituciones de la joven democracia se han deteriorado bastante y con un derrotero muy abrupto, durante el tiempo de la Gran Recesión. Volveremos a ello.

En el contexto de la crisis más larga y honda que ha visto la inmensa mayoría de los ciudadanos, por muy ancianos que sean, se han multiplicado en España al menos tres fenómenos muy significativos. En primer lugar, un aumento bastante espectacular del interés por la política, que no se manifiesta tanto en un incremento significativo de la participación electoral (como si éste fuese un método demodé de acercamiento al fenómeno político) sino en las opiniones de los sondeos, seguimiento de debates y polémicas, lectura de libros sobre la materia… Tras años de aburrimiento, de desencanto, de bostezo por la normalidad democrática se ha generado una especie de hiperpolitización, de la que todavía no sabemos si va a ser permanente o es coyuntural. En segundo lugar, la multiplicación de la participación ciudadana en la calle: el número de manifestaciones, concentraciones y otras modalidades de protesta ha crecido sustantivamente. Con una peculiaridad: son exhibiciones especializadas y selectivas (las mareas a favor de la sanidad pública, de la educación pública, contra los desahucios, contra las privatizaciones del agua, en defensa de los funcionarios…), aunque no se hayan logrado convocar, durante la crisis, manifestaciones masivas y universales como las del principio de siglo con el «¡no a la guerra!» de Irak. Esas mareas, en ocasiones, se han hecho transversales pero no figura ninguna de ellas en el récord de participación generalizada.

La tercera característica es la aparición compulsiva, casi de la nada, de partidos y formaciones emergentes (Podemos, Ciudadanos, Ahora Madrid, Barcelona en Comú…) que parecen haber roto, al menos de momento, con el bipartidismo imperfecto que caracterizó a la mayoría de los países occidentales tras la Segunda Guerra Mundial. Observemos lo sucedido durante el año 2014. Como todos los meses, el mes de abril de ese año, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el organismo demoscópico oficial, publicó su barómetro con la pregunta de qué sucedería si en ese momento se celebrasen elecciones legislativas en el país. El resultado fue el siguiente: Partido Popular (PP), 31,9 % de los votos; Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 26,2 %; Izquierda Unida (IU), 10,9 %, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), 8,9 %. Ni rastro de Podemos, Ciudadanos u otras coaliciones. Esta estabilidad contrastaba con lo que, en esa coyuntura, acontecía en otros países europeos, países que se hallaban afectados por problemas análogos (dureza de la crisis económica y aplicación de políticas económicas impopulares), en los que emergían formaciones políticas de raíz populista, en unos casos de extrema derecha y en otros de izquierda radical.

Un mes después, en mayo de ese año, las cosas empiezan a cambiar con enorme rapidez sin que lo hubiese detectado ninguno de los estudios demoscópicos previos. Se produce un punto de inflexión. Podemos, una formación sin arraigo alguno fuera del ámbito universitario en el que nació, lograba 1,25 millones de votos y cinco eurodiputados. Su discurso se basaba en una crítica frontal al sistema político, a los partidos tradicionales, a las medidas de austeridad que llegaban de Europa, a la falta de democracia del proyecto europeo y a la convivencia estructural de las élites políticas y las económicas («la casta») en contra de los intereses del resto de los ciudadanos. Un atenuante: las elecciones europeas, las menos dolorosas de perder, ofrecían la oportunidad perfecta para que los descontentos probasen fortuna y castigasen a los establecidos, fuesen del Gobierno o de la oposición. El crecimiento de Podemos —y en menor medida, de Ciudadanos (un pequeño partido casi circunscrito a Cataluña hasta ese momento)— podía haber sido flor de un día. Sin embargo, a partir de finales del verano de 2014, los mismos sondeos que habían sido incapaces de percibir la existencia emergente de Podemos y Ciudadanos comienzan a engordar la influencia electoral de los nuevos partidos hasta el punto de que, en más de una encuesta, les dan niveles de apoyo superiores a los de la derecha tradicional y de los socialistas, sobre todo en el caso del primero. En las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo de 2015 (justo un año después de su «inexistencia demoscópica») coparon el tercer y cuarto puesto en las preferencias ciudadanas, reemplazaron a las formaciones de alguna manera equivalentes, IU, y UPyD, e influyeron decisivamente en la conformación de los gobiernos municipales y autonómicos y en los programas poselectorales de las administraciones.

Aprender de los soixante-huitard

Aprender de los soixante-huitard

De estos dos nuevos partidos, Podemos es el que tiene características más novedosas pues ha combinado su presencia en las calles y en las instituciones. Heredero de los movimientos de los indignados de unos años antes (que también irrumpieron sin anuncios previos), parece haber asumido en la práctica, sin mucha teorización, las lecciones de los soixante-huitard (probablemente, muchos de sus abuelos y algunos de sus padres) que perdieron su fortaleza cuando se cansaron de movilizarse y abandonaron las calles. Entonces fueron barridos y muchas de las reformas concretas que exigían fueron enterradas, aunque permanecieran las ideas-fuerza que los hicieron salir a las plazas (el feminismo, el ecologismo, los contrapoderes…). Cuando los indignados y el movimiento espontáneo del 15-M atronaron las calles y plazas españolas con el grito «¡No nos representan!» dirigido a los partidos tradicionales, éstos los desafiaron: presentaros vosotros. Y así lo hicieron. Asumieron el reto.

En uno de los mejores libros escritos sobre Podemos, el periodista Jacobo Rivero reproduce las palabras de un activista de la Puerta del Sol (otra vez, después de la Segunda República, símbolo del cambio), que dice: «El 15-M es un movimiento que se define mucho más por sus formas de actuar que por su contenido. Surge del hartazgo de que los políticos no nos hagan caso. Todo está en permanente definición, que todo el mundo pueda participar, un espacio poco definido y muy dinámico. Está vivo y continuamente definiendo qué somos». Y el propio autor del texto asevera que Podemos ha roto el techo de cristal que separaba a los movimiento sociales de «asaltar las instituciones». Un golpe en la mesa que se ha dado a través de un discurso ambiguo que genera dudas entre unos; entre otros, ilusión. La identidad difusa de Podemos no es casual sino buscada, tiene que ver con reflexiones que realizaron varios profesores universitarios —la mayoría de Ciencias Políticas, pero no sólo— alrededor de conceptos como populismo, gobernanza, significantes vacíos, proceso constituyente, régimen, cultura de la transición o casta. Según Rivero, las «trayectorias militantes» de los principales dirigentes de Podemos están apegadas, por un lado, a movimientos de izquierda extraparlamentaria; por el otro, a una suerte de colaboraciones, académicas, profesionales y afectivas en América Latina, principalmente con Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y también a influencias teóricas y programáticas dispares que van desde Antonio Gramsci, Slavoj Zizek o Ernesto Laclau hasta el zapatismo, el movimiento antiglobalización y la socialdemocracia del norte de Europa. «Una combinación que desde la izquierda española parecía impensable no hace tanto […] Hay que mirar la fotografía completa para hacerse una composición equilibrada». Una combinación que desde otros ámbitos de la izquierda se califica de «empanada mental» por su heterogeneidad e incompatibilidades ideológicas y filosóficas.

Una enorme transferencia del poder y la riqueza

Una enorme transferencia

del poder y la riqueza

Estas tres características del momento que estamos viviendo forman parte de la rebelión contra las élites en España. También aquí ha sido una reacción de última hora provocada por lo sucedido en los últimos años, que se ha definido como la rebelión de las élites. Un clásico movimiento social de acción-reacción. Esta última se ha basado en una enorme transferencia de poder y de riqueza regresiva a favor de esas élites. No se trata de un fenómeno de incremento de la desigualdad, o no sólo de incremento de la desigualdad económica (renta y riqueza) sino que también se ha desequilibrado la igualdad política (se gobierna y se legisla a favor de los intereses de los poderosos) y, lo que es más grave, la igualdad de oportunidades. Si no hay igualdad de oportunidades, mucho menos puede haberla de resultados (si se busca ésta, al menos en una cierta proporción).

La desigualdad, en términos generales, no sólo es susceptible de dañar el crecimiento económico (según todos los últimos estudios, incluyendo los de las poco sospechosas agencias multilaterales Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] y Fondo Monetario Internacional (FMI)), creando ineficiencias en la distribución de los factores y en la productividad. En sus estudios más recientes (junio de 2015), el FMI calculaba que, por término medio, si el 20 % de la población más favorecida aumentase un punto porcentual la cuota de ingresos que acumula, el aumento del PIB de un país es un 0,08 % más bajo en los cinco años siguientes; en cambio, cuando el 20 % más bajo de un país gana un punto en los ingresos, el crecimiento es un 0,38 % mayor. Cuanto más concentrada está la riqueza en pocas manos, menor es el crecimiento de un país. Poco antes, la OCDE había marcado la misma tendencia; según sus cálculos, el incremento del índice de Gini, el más común para medir la desigualdad, fue entre 1985 y 2005 de dos puntos en 19 países de la organización con sede en París, y ello supuso un lastre de 4,7 puntos porcentuales en el crecimiento acumulado entre 1990 y 2010.

Los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestran que los niveles de todo tipo de desigualdad exagerada se vuelven intolerables para los ciudadanos, especialmente cuando los estándares de vida medios para el conjunto de la población se deterioran a marchas forzadas, como ha sucedido durante la crisis. No se trata sólo de una cuestión de justicia social, de conseguir una distribución más o menos equitativa de los recursos y las leyes de un país entre sus ciudadanos. Lo que a los ciudadanos les preocupa sobremanera es el mantenimiento de la igualdad de oportunidades; esto es, de las reglas del contrato social. Preguntados por el CIS cuáles serían las acciones que deberían centrar la práctica política del Gobierno, los entrevistados se decantan a favor de «garantizar un nivel de vida mínimo para todas las personas» y «tratar de asegurarse que haya igualdad de oportunidades para salir todas las personas adelante», como opciones claramente mayoritarias alejadas del crecimiento económico, o de reducir las diferencias de ingresos entre las personas ricas y pobres. Según el «Informe sobre la Democracia en España» (IDE-2015), de la Fundación Alternativas, lo que los ciudadanos reclaman, ante todo, es que no se quede nadie atrás, y que las reglas del juego democrático sigan funcionando para garantizar las mismas oportunidades para todos. Pero estas aspiraciones son precisamente las que se ven amenazadas por el crecimiento de todo tipo de desigualdad y «su efecto deletéreo sobre la cohesión social y la legitimidad del sistema democrático». El reto de las sociedades contemporáneas no pasa ya sólo por avanzar en un modelo de crecimiento que no deje atrás a nadie, de acuerdo con el ideal meritocrático socialdemócrata, sino por crear un modelo de crecimiento real de las economías con proyección de futuro y riqueza para todos. No sirve aquella reflexión del economista republicano americano Martin Feldstein, de que si un pájaro mágico entregase a cada persona mil dólares, ello no reduciría ninguna desigualdad pero no dejaría de ser una mejora para todos que no recae a expensas de nadie; es más, esos mil dólares significan más para el pobre que para el rico, con lo que su situación avanzaría más en términos relativos. Otro profesor de la Universidad de Harvard como Feldstein, Michael J. Sandel, advierte por el contrario que hay que centrarse no sólo en reducir la pobreza sino también la desigualdad porque «si la brecha entre ricos y pobres se vuelve muy grande aunque nadie pase hambre, las personas empiezan a vivir cada vez más separadas, en distintos barrios, distintos medios de transportes, distintos médicos, dejan de convivir en los espacios públicos… No es bueno para la democracia. La democracia no requiere igualdad perfecta, pero si la gente vive en esferas cada vez más separadas el sentido de ciudadanía y de bien común es más difícil de sostener» (El País, 16 de junio de 2015).

2. Los impuestos como civilización

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LOS IMPUESTOS COMO CIVILIZACIÓN

En este tiempo de desigualdad hay al menos tres cleavages (fracturas) relacionadas por la transferencia de poder y riqueza: de los de abajo hacia los de arriba, desde la izquierda hacia la derecha ideológica (hay muchos más gobiernos de derechas que de izquierdas) y desde el mundo del trabajo hacia el del capital.

En algún lugar hay que situar, y éste es uno apropiado, la importancia central que en todo ello tienen los sistemas impositivos; cómo las ideas centrales en esta época de esos sistemas han influido tanto en estas tres fracturas. Para ello vamos a seguir las reflexiones del economista español José Víctor Sevilla, un gran experto en sistemas fiscales comparados. Los impuestos son un buen indicador del estado de la democracia; si se acepta que la calidad de la misma aumenta en la medida en que los ciudadanos son más iguales, la presencia de un sistema tributario progresivo que limita las desigualdades de renta y de riqueza (cuando siendo iguales las demás circunstancias, las personas con rentas más elevadas contribuyen en mayor proporción que las personas con menores rentas) puede verse como un instrumento adecuado, que contribuye a mejorar la calidad democrática, y también como un reflejo de la misma.

Hacia finales de los años setenta del siglo pasado se inició un proceso de clara y generalizada falta de progresividad en los sistemas tributarios de la mayor parte de los países, que supuso una ruptura con lo que había sucedido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los principales elementos de progresividad de los tributos se encuentran en la imposición directa y, en concreto, en la imposición personal sobre la renta y en los impuestos patrimoniales; en cambio, los impuestos indirectos suelen recaer sobre el consumo y, por ello, tienden a resultar regresivos. Si se repasa lo sucedido en los principales países europeos se observa que los ingresos que incorporan los elementos regresivos (impuestos indirectos y cotizaciones sociales) superan en todos los casos (excepto Dinamarca) a los ingresos que incorporan los elementos progresivos (impuestos directos). En algunos casos, como Francia y Alemania, los impuestos directos no alcanzan siquiera la tercera parte de los ingresos coactivos totales. En España, las tres categorías de ingresos nutren aproximadamente por terceras partes la recaudación total, con lo que dos tercios de los ingresos proceden de instrumentos regresivos y sólo un tercio de instrumentos potencialmente progresivos. Esta triste imagen de la progresividad que proporcionan los sistemas tributarios actuales se agudiza aún más cuando se analiza la composición de los impuestos directos (la cual incluye también el impuesto de sociedades a las empresas con beneficios), con efectos redistributivos dudosos: el impuesto personal de la renta que, en el mejor de los casos, proporciona cierta progresividad sobre las rentas del trabajo, aunque ésta se va desvaneciendo para los niveles altos y muy altos de renta, y la imposición patrimonial, que hoy tiene una presencia mínima en los sistemas fiscales.

Desde la segunda mitad de los años cuarenta del siglo pasado, en los países desarrollados se registró un continuo descenso de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza para estabilizarse en niveles relativamente bajos que se mantendrían hasta finales de los años setenta. Este descenso de la desigualdad durante «la edad de oro del capitalismo» (hasta la mitad de los años setenta del siglo XX) se explica, en buena medida, por el conjunto de prácticas genéricamente socialdemócratas aplicadas durante estas tres décadas que fueron, además, las de mayor crecimiento y estabilidad registrados por el sistema en toda su historia. Son los años de consolidación del welfare (ingresos y gastos), con sus sistemas fiscales dotados de potentes impuestos sintéticos (impuestos generales que recaen sobre un valor determinado o una situación estimada de forma global) sobre la renta, con elevados tipos marginales, y con impuestos que gravaban las herencias y las donaciones de los más ricos con el objeto de financiar las políticas de igualdad de oportunidades. En un buen número de países, además, con impuestos sobre el patrimonio neto que imponían un gravamen adicional sobre las rentas del capital. Pese a todo ello, eran sistemas que proporcionaban, en conjunto, patrones distributivos proporcionales o, cuanto más, suavemente progresivos.

Las cosas empezaron a cambiar, en la teoría y en la práctica, con la irrupción hegemónica de los conservadores en la década de los ochenta. A partir de ese momento los niveles de desigualdad volvieron a crecer no sólo porque aumentaron las diferencias de las rentas de mercado sino también porque los nuevos gobiernos decidieron limitar la capacidad redistributiva del Estado, mediante el paso gradual hacia sistemas tributarios más regresivos. Ello conllevó el intento generalizado de conversión del Estado socialdemócrata en Estado liberal, con bastante éxito: aunque esa transformación radical no pudo consumarse del todo por las resistencias ciudadanas (en las que el papel de los sindicatos fue determinante), el paulatino aumento de la regresividad del sistema fiscal evitó que la redistribución progresista afectase a los niveles altos y muy altos de la renta. El conjunto de reformas fiscales activadas sin consenso en los últimos cuarenta años, sobre todo en lo referente a la imposición directa, vació a los sistemas tributarios de sus componentes progresivos. Por ejemplo, la primera reforma impositiva de Ronald Reagan, aprobada en 1981, abriría el camino hacia una masiva y generalizada reducción de los impuestos federales, que básicamente son impuestos sobre la renta.

Una segunda fase en este proceso contra la progresividad de los impuestos se pone en marcha en la década de los noventa de la anterior centuria con un desplazamiento de la carga tributaria desde las rentas del capital hacia las del trabajo. El avance en la apertura de los mercados de capitales (el big bang iniciado en la City de Londres por Margaret Thatcher) y su movilidad sin límites ponen en jaque la idea central del tradicional impuesto sobre la renta que consistía en gravar en igual medida todas las rentas que afluyen a una persona con independencia de cuál sea su origen. Dado que el capital financiero es el factor de la producción que presenta mayor movilidad (ante condiciones fiscales poco favorables es el factor que con más facilidad puede desplazarse a otro país), sus rentas consiguieron un trato especial, lo que supuso, de hecho, un desplazamiento de la carga tributaria sobre las rentas del trabajo y sobre la propiedad inmueble. Lo que no pagan unos lo han de pagar los otros. Así se consolidaron las reformas fiscales que reducían la tributación sobre los rendimientos del capital extranjero, los tratamientos más livianos para las rentas del capital y, finalmente, los llamados sistemas de imposición dual que abiertamente gravan con tipos menores a las rentas del capital que a las que provienen del trabajo. Ello se presentó por los ideólogos orgánicos del capitalismo financiero como algo irremediable. Es paradójico, opina José Víctor Sevilla, que por este camino se haya regresado a la antigua lógica de diferenciar la tributación según el tipo de renta (inmuebles, negocios, trabajo, capital), si bien contrariamente a lo que se hizo antes con los impuestos cedulares (aquellos que gravan los ingresos por algunas circunstancias como, por ejemplo, las actividades profesionales y empresariales o la venta de bienes inmuebles), que gravaban con tipos más altos a las rentas del capital por entender que ofrecían mayor capacidad de pago. Ahora resulta que son las rentas del trabajo con menor capacidad de elusión las que gravan con tipos más elevados que las rentas del capital.

Una tercera línea de reformas que se ensaya más o menos al tiempo que la anterior pretende convertir el impuesto sobre la renta en un impuesto sobre el consumo, regresivo por definición y mucho más si se trata de un impuesto proporcional. Como se sabe, la renta se compone de consumo y ahorro; en la medida en que el impuesto sobre la renta permita bonificar o exonerar el ahorro, lo que estará gravando, en realidad, es el consumo, con el resultado de que un gravamen formalmente progresivo puede perder de hecho esta característica. Así, se llegaron a formular proyectos que fueron objeto de consideración en países como Estados Unidos, que proponían abiertamente sustituir el impuesto sobre la renta por un impuesto sobre el consumo.

La última fase de reformas, que coincidió con el cambio de siglo, buscaba reducir o incluso eliminar la imposición patrimonial, último reducto de progresividad en el sistema tributario. Su importancia recaudatoria es pequeña porque se trata de un impuesto de control interno que proporciona información para reforzar el funcionamiento de la imposición sobre la renta (ganancias de capital). A continuación, los ataques se dirigieron al impuesto de sucesiones, un gravamen que, bien configurado para instrumentar una política de igualdad de oportunidades, es fundamental en cualquier democracia.

Todas estas transformaciones han tenido un resultado neto: reducir la capacidad distributiva del Estado y, por tanto, aumentar las desigualdades. La práctica eliminación de la progresividad para las rentas altas y muy altas ha permitido que se produjera una fuerte acumulación de ingresos y de poder en una élite económica. Según el IDE-2015, al mismo tiempo «las políticas de gasto redistributivas han ido alterando su naturaleza, deslizándose gradualmente hacia políticas dirigidas exclusivamente a paliar la pobreza y la exclusión, esto es, hacia políticas que no pretenden tanto reducir las desigualdades en beneficio de la democracia como en atender situaciones de emergencia, sustituyendo así a un Estado que protege los derechos sociales marshallianos [un mínimo de seguridad económica, de acuerdo con los estándares de la época, por el mero hecho de ser ciudadano, no para serlo] por un Estado benefactor, una especie de “conservadurismo compasivo” al que aspiraba el segundo Bush».

3. Capitalismo y democracia

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CAPITALISMO Y DEMOCRACIA

De la revolución conservadora a la Gran Recesión

De la revolución conservadora

a la Gran Recesión

Si esto es lo que ocurrió en el territorio específico de los impuestos, la marcha atrás hacia una transferencia del poder y de la riqueza, desde los segmentos más desfavorecidos hacia las élites, tiene tres etapas bastante bien definibles. Todas ellas van salpicando de modo transversal las páginas de este libro, pero conviene subrayarlas en este punto de la argumentación:

—La primera llega con la revolución conservadora que hacen hegemónica en el mundo dos personajes centrales para la historia regresiva del siglo XX, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Tiene lugar a finales de los años setenta y en la década de los ochenta. La revolución conservadora logra debilitar el paradigma dominante hasta entonces, el keynesianismo, la socialdemocracia. Es un giro a la derecha.

—La segunda etapa coincide con la caída del Muro de Berlín; en esta ocasión quien queda tocado es el comunismo, el socialismo real o como pretenda denominarse al otro bloque. Si hasta ese momento había habido avances constantes hacia el Estado de Bienestar (pensiones, educación y sanidad pública y gratuita, derecho laboral con negociación colectiva y socialización de salarios en el seno de las empresas), éstos se detienen por dos circunstancias: el citado debilitamiento del sistema tributario, lo que conduce a las primeras crisis fiscales de los estados; y el hecho de que ya no se precisa convencer a los trabajadores occidentales de que la economía social de mercado (destacando el calificativo de «social») es una buena alternativa al socialismo real porque proporciona protección social en un régimen de libertades, ya que aquél ha dejado de existir.

—La tercera etapa es la Gran Recesión, a partir del año 2007, con sus factores de empobrecimiento de la población, crecimiento exponencial de las desigualdades, reducción de los niveles de protección social, incremento del paro hasta tasas insoportables y dignas de una Gran Depresión, precarización de buena parte de quienes conservan su puesto de trabajo, y significación de la categoría de «trabajadores pobres» (aquellos que tienen un puesto de trabajo pero cuya remuneración no les permite llegar a fin de mes), etcétera. Si con la revolución conservadora el keynesianismo pasó de moda, y con la caída del Muro de Berlín se remató al socialismo real, con la Gran Recesión se puso en cuestión el equilibrio entre democracia y capitalismo que se había logrado con tanta sangre tras dos guerras mundiales.

Después de las dos conflagraciones se había establecido un contrato social implícito en el que una de las partes de la sociedad (minoritaria, la más favorecida) se llevaba la parte más sustantiva de los beneficios a cambio de proporcionar trabajo, bienestar y protección a la mayoría de la población. La mejora de los de abajo soportaba la distancia de los de arriba. Ello se ha roto con la Gran Recesión y se ha sustituido el triple concepto de ciudadanía de Thomas H. Marshall (política, civil y económica) por el efecto Mateo (llamado así por el evangelista del mismo nombre): «Al que más tiene más se le dará y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene»: el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre.

En países como España se le une, además, la sensación creciente de que los poderes económicos tienen más influencia que los políticos, a pesar de que éstos sean los auténticamente representativos en una democracia. Ello lleva a una creciente desafección con el sistema. ¿Por qué la desafección ante la democracia es muy superior en España que en el resto de países europeos? (No existen datos fidedignos sobre Grecia). Cuando los historiadores hagan el balance de la Gran Recesión en nuestro país encontrarán los dos elementos citados que los distinguen de su entorno geográfico, y que muy probablemente estén concatenados: el gigantesco volumen de desempleo y una percepción ciudadana muy mayoritaria de que la joven democracia, que nació a finales de los años setenta, no funciona bien y que ese deterioro se expande con gran rapidez. En el último barómetro del CIS, en el que se incluyeron preguntas específicas sobre este último asunto, en el año 2012 (no deja de ser sorprendente que luego no se haya seguido incorporando esta cuestión) siete de cada diez ciudadanos estaban poco o nada satisfechos con el funcionamiento de la democracia en España: el 48 % de los encuestados se sentía poco satisfecho, y un 20 % adicional nada satisfecho. Antes de la crisis económica ocurría al revés: el porcentaje de personas satisfechas era tradicionalmente muy superior al de insatisfechas. Esto cambia a partir de 2008, por lo que no es difícil relacionar esta evolución con la crisis económica y su gestión.

Desafección en la democracia

Desafección en la democracia

La valoración de esta tendencia debe hacerse comparando la evolución de España con la de otros países de nuestro entorno. Los datos se hacen más concluyentes teniendo en cuenta los que proporciona la Encuesta Social Europea (una iniciativa del Comité Permanente de Ciencias Sociales de la European Science Foundation) del año 2013:

1) España era el país con menor nivel de insatisfacción con el funcionamiento de la democracia tras los escandinavos, los más avanzados.

2) Desde el inicio de la Gran Recesión nuestro país se encuentra alineado en el nivel de insatisfacción con los países de Europa del Este, en general los más retrasados, y más de 20 puntos por encima de la media europea.

3) Ningún país de la encuesta (no hay datos sobre Grecia) ha registrado un incremento tan abrupto del descontento con el funcionamiento de la democracia. El nivel de insatisfacción medio en el conjunto de Europa occidental permanece estable.

Esa decepción con la democracia suele variar de modo notable tanto a lo largo del tiempo como entre países. No todos han reaccionado igual frente a la crisis económica. En algunas zonas la insatisfacción es claramente minoritaria y no presenta cambios apreciables a lo largo del tiempo (países escandinavos o Suiza); en sentido contrario, los países de Europa del Este o Portugal muestran porcentajes de insatisfacción altos en todos los momentos. España, como hemos dicho, pasa de un extremo al otro y muy rápidamente. Los datos comparados apuntan a que la existencia de una crisis económica no es una condición suficiente para un incremento tan sostenido de la insatisfacción (por ejemplo, no acontece así ni en Portugal ni en Irlanda). No es suficiente, pero es muy importante; según el Eurobarómetro esa satisfacción se redujo entre 2007 y 2011 en especial entre los países formalmente bajo condicionalidad del FMI —Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Portugal y Rumanía—, los países que más han sufrido la presión de los mercados internacionales en el momento de financiar sus deudas —Grecia, Portugal, Irlanda, Chipre e Italia— y los países más afectados por los efectos más negativos de la crisis —Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España.

Efectivamente, en este descontento no sólo ha influido decisivamente una situación económica que ha deteriorado la vida cotidiana de los ciudadanos hasta extremos desconocidos en más de una generación sino también la intervención de instituciones internacionales y mercados, con escasa legitimación democrática, en los procesos nacionales. El manejo político de la crisis ha exacerbado los efectos de la coyuntura y acentúa la escasa valoración de la democracia. Estudios previos habían constatado que aspectos como la existencia de instituciones que garantizan el imperio de la ley y favorecen la distribución de recursos, la ausencia de corrupción y de escándalos, y la calidad de la gobernanza democrática favorecen la satisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento de la democracia.

La relación entre democracia y capitalismo ha atravesado por coyunturas muy diferentes. Desde que en el siglo XIX Karl Marx y Mijáil Bakunin se pusieron de acuerdo en considerarlos incompatibles —había que superar el capitalismo para alcanzar la democracia—, hasta hoy, en que la corriente mayoritaria los ha caracterizado como consustanciales, pasando por opiniones como las del liberal John Stuart Mill que pensaba que el capitalismo era el sistema más racional de producción y la democracia el único orden político congruente con ciudadanos libres, aunque lamentablemente resultarían desacordes.

Como efecto de la crisis económica, y de los desmanes cometidos en su interior, hemos regresado como en un bucle, un siglo después, a esa dialéctica tan peligrosa entre democracia y capitalismo. Sabíamos, por propia experiencia (la España de los años sesenta y setenta del siglo pasado, bajo la dictadura franquista; el Chile de Augusto Pinochet, o la China posMao de «comunismo de mercado») que puede haber capitalismo sin democracia, aunque no al revés. Se da por descontado que allí donde se ha suprimido la propiedad privada de los medios de producción, la libertad y la democracia tardan poco en sucumbir. El profesor Ignacio Sotelo ha estudiado la historia de esta liaison para concluir que el capitalismo terminó por legitimarse gracias a haber aceptado el sufragio universal. Así, la democracia no sólo no sería incongruente con el capitalismo sino que lo legitima: el mejor sistema de producción, el capitalismo, estaría ligado casi naturalmente al mejor tipo de gobierno, la democracia.

La convivencia se nubla con la crisis económica y con el cambio de naturaleza del capitalismo, que ha dejado de ser comercial o industrial para devenir en capitalismo financiero, una especie de casino en el que las grandes corporaciones financieras constituyen el nuevo grupo dominante. Como consecuencia de ambas circunstancias hay una descompensación notable: la democracia avanza a sorbos pero pierde en calidad, mientras que el capitalismo financiero es el único sistema socioeconómico realmente existente, y va acompañado de ausencia de frenos y de regulaciones, y de abusos, escándalos y complicidades con el poder político (por ejemplo, las célebres puertas giratorias). Así, vivimos en un planeta deforme y globalizado, cuyo cuerpo tiene un brazo derecho, el económico, mucho más vigoroso que el izquierdo, el político.

La impotencia de la política

La impotencia de la política

Fruto de esta descompensación ha surgido una corriente ideológica que vuelve a los orígenes de la dialéctica y entiende que la esfera del mercado, en el primer cuarto del siglo XXI, conlleva una limitación de la democracia. Esa corriente avanza con fuerza, cuanto más se conocen los efectos de la Gran Recesión en las sociedades. Se ha quebrado el equilibrio mediante el cual la democracia, al impedir la exclusión de los ciudadanos por parte del mercado, aumentaba la legitimidad del sistema económico, mientras que el mercado, al paliar la influencia de lo político sobre la vida cotidiana de la gente, permitía una mayor adhesión a la democracia. Cada uno de los principios que regían la esfera política y económica encontraba su limitación natural en el otro, sabiendo que la jerarquía de valores exigía que, en última instancia, el principio económico estuviera subordinado a la democracia.

Cualquier ciudadano convendrá que, en ocasiones, ya no son la política y el derecho quienes gobiernan la sociedad, sino los mercados. La gente expresa mayoritariamente ese sentimiento en las encuestas de opinión. Las sensaciones de incertidumbre y de inseguridad prevalecen; la autonomía de la economía y de las coerciones que la misma impone a las decisiones políticas reduce el campo de la seguridad colectiva que representa la democracia. Se habla de la «impotencia de la política», ya que los cambios en el Estado de Bienestar, en los sistemas de protección, en las políticas sociales (hubo un tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado, en que no eran un simple apéndice de la política económica sino centrales en la democracia social de mercado en que se convivía) no proceden de las decisiones tomadas por los representantes del pueblo (en cuyo caso corresponderían a los deseos de la ciudadanía) sino de la coerción exógena que se impone a la democracia. La legitimidad de esa coerción se justificaría en la eficacia de las políticas tomadas, pero ello conduce a invertir esa jerarquía normal de los valores: ahora lo primero es la eficiencia, y después, sólo a título testimonial, la democracia.

Atendiendo a los resultados es difícil convenir, además, que las políticas económicas hegemónicas en los últimos treinta años hayan sido lo suficientemente eficientes en relación con los fines que pretendían. Entre los ciudadanos subsiste, en el mejor de los casos, un estado de ánimo de inequidad; a mi país quizá no le ha ido mal, pero a mí sí o, en todo caso, no tan bien como hubiera querido o merecido.

Hay que abordar una cuestión básica para el futuro: si los aumentos incuestionables y transversales de la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia pueden tener consecuencias políticas más allá de una actitud de irritación. Tradicionalmente, la ciencia política ha considerado que los retrocesos en el apoyo específico (insatisfacción con el funcionamiento del sistema) no siempre, ni siquiera a menudo, erosionan el apoyo difuso (cuestionamiento de las instituciones y de la democracia como forma de gobierno) dando origen a cambios políticos básicos. Los niveles bajos de satisfacción con el funcionamiento de la democracia son compatibles con niveles altos de apoyo difuso (la consideración de la democracia como mejor forma de gobierno, la identidad y el apoyo a la comunidad política, y la confianza en las instituciones). Ahora bien, si el descontento con el rendimiento del sistema continúa durante un tiempo prolongado, entonces sí podría rebajar los vínculos más profundos de los ciudadanos con los principios y las instituciones del sistema. Según se muestra en el IDE-2015, el apoyo difuso es más estable y resulta más difícil de romper porque, hasta cierto punto, es independiente de los resultados del sistema. Sin embargo, por esa misma regla de tres, es también más difícil de reforzar cuando se debilita. Se pasaría entonces del malestar en la democracia al malestar con la democracia.

4. La sociedad del 70 %-30 %

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LA SOCIEDAD DEL 70 %-30 %

La mutación estructural de la sociedad española como consecuencia de la aplicación de políticas de austeridad durante casi una década es una de las herencias más nocivas de la Gran Recesión. La España que sale de este periodo negro será muy distinta, desde todos los puntos de vista, a aquella en la que hemos vivido hasta ahora. En algunas cuestiones se ha desandado parte del recorrido hecho durante la transición de un régimen cerrado a una sociedad abierta. En el laboratorio español, los últimos han sido unos verdaderos años bárbaros. Los análisis sustancian con todo lujo de detalles esta idea-fuerza tan negativa.

Ésta es la tesis principal, por ejemplo, de un trabajo titulado «Informe sobre el estado social de la nación» (IESN), correspondiente al año 2015 y elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que sirve de gran ayuda porque, más allá de los datos que aporta —cuya acumulación da un perfil devastador de lo sucedido— incorpora una cartografía muy significativa de sociedad dual: después de los avatares de la crisis económica se ha asentado en España una nueva estructura social en la que el 70 % de la población, con más o menos dificultades, ha seguido adelante, mientras el 30 % restante (más de catorce millones de personas) está condenado a vivir en la pobreza relativa o absoluta, o en una vulnerabilidad permanente. Este 30 % estará sometido a un elevado deterioro y sin esperanza de recuperación sustancial durante, al menos, una década.

Se trata de un modelo de sociedad que no es sólo consecuencia directa e inevitable del devenir de la economía sino que tiene sus raíces principales en decisiones políticas que conforman un escenario de precariedad, desigualdad extrema, ausencia de movilidad social y un sistema productivo y de relaciones laborales que apuesta por la inseguridad, los salarios bajos, una fiscalidad débil y represiva y el desmontaje de las políticas sociales conseguidas después de años de luchas sindicales y ciudadanas. La crisis empobrece y genera paro, pero estas circunstancias y otras que se instalan en la sociedad (por ejemplo, el debilitamiento de la seguridad social) se multiplican como efecto de las políticas económicas adoptadas para combatirla. Una mala terapia agrava la enfermedad.

El modelo de sociedad que surge de tantos años de dificultades posee, entre otras, las siguientes características (con cifras del primer semestre de 2015, según diversas fuentes oficiales y privadas):

1) Un importante sector de la sociedad está instalado en la pobreza:

—En uno de cada diez hogares todos sus miembros activos se encuentran en paro: 1 766 300 hogares, el 9,6 % del total.

—Cuatro de cada cien hogares no tienen ningún ingreso: 731 000 hogares, el 3,9 % del total.

—La mala alimentación por motivos económicos afecta al menos a dos millones de personas.

—Más de tres millones de personas pasan frío o excesivo calor en sus casas por no poder mantenerlas a una temperatura adecuada.

—En 2013 había más de catorce millones de personas relativamente pobres, considerando la renta anclada en valores de 2008 (menos del 60 % de la mediana de los ingresos). De ellos, seis millones estarían en situación de pobreza severa (menos del 40 % de la mediana de ingresos, equivalente a menos de 5051,20 euros por año en un hogar con un adulto).

—En 2014 se produjeron 68 091 desahucios, de los cuales 40 000 pudieron afectar a la vivienda familiar.

2) Los imponderables riesgos del paso de la pobreza a la exclusión social.

Ésta es una de las principales amenazas que se ciernen sobre la sociedad española. Resulta difícil pronosticar sus consecuencias, ya que interaccionarán con otros muchos factores, en un entorno de complejidad. Pueden ir desde la desafección pasiva a la conflictividad activa, o al aumento de la inseguridad ciudadana. Pero sus consecuencias alcanzarán al conjunto de la sociedad y serán difíciles de erradicar. La inestabilidad en el empleo y los bajos salarios harán que casi la mitad de la población viva en situación precaria, en riesgo permanente de caer en la pobreza.

—Los ingresos medios de los hogares se han reducido un 10 %: de los 30 045 euros en 2009 a 26 775 euros en 2013.

—Más de un tercio (36,7 %) de los hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes.

—La mitad de los trabajadores (ocho millones) cobra menos de mil euros al mes.

3) Las desigualdades, el ADN del nuevo modelo de sociedad.

Las extremas desigualdades que se han alcanzado en España no sólo se van a mantener sino que aumentarán. Además, los mecanismos de movilidad social van a ser cada vez más intransitables para la mayoría de la población: subir en la escala social va a ser cada vez menos frecuente.

—El 56 % de la riqueza es del 10 % de la población; el 9,7 % de la riqueza es del 50 % de la población.

—Según el índice de Gini, España es uno de los países con mayores desigualdades, y donde más ha crecido la desigualdad en los últimos años.

4) Desregulación del mercado laboral.

España apostó a salir de la crisis compitiendo con el exterior no mediante inversión en I+D+i o en calidad productiva sino deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores, sin estabilidad en el empleo, con jornadas por encima de las condiciones pactadas y con salarios de miseria y devaluados. Ello es posible por un entorno laboral cada vez más desregulado, más des-socializado, en el que la negociación colectiva tiene menos relevancia, con elevados niveles de paro, empleos temporales y parciales de poca calidad y disminución del porcentaje de parados que tienen acceso al seguro de desempleo.

—Hay alrededor de 5,5 millones de parados, lo que afecta a casi una de cada cuatro personas en edad de trabajar.

—Más de uno de cada dos jóvenes que buscan trabajo está en paro.

—2,5 millones de personas llevan más de dos años sin trabajo, lo que supone casi la mitad de las personas en paro, con lo que ello significa de inempleabilidad y obsolescencia laboral.

—Cerca de tres millones de desempleados no perciben ninguna prestación ni subsidio.

—Casi uno de cada cuatro empleos es de carácter temporal. Chile y Polonia son los únicos países de la OCDE que superan a España en temporalidad en el empleo.

—Uno de cada tres trabajadores cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional (648,40 euros/mes).

5) Fiscalidad débil y regresiva.

Los ingresos fiscales en España han sido siempre inferiores a los de los países de nuestro entorno. Incluso en los momentos de mayor crecimiento (1998 a 2007) las rebajas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y otros impuestos que gravan a las rentas más altas como Patrimonio, Sucesiones o Sociedades hicieron que la recaudación creciera a menor ritmo que el PIB. Los problemas que hay no son por exceso de gasto sino por unos ingresos fiscales muy reducidos.

Pero sobre todo existe otro argumento: el gran problema de la fiscalidad en España son las facilidades que tienen las grandes empresas, las multinacionales y las grandes fortunas para pagar menos de lo que tienen nominalmente establecido, gracias a un entramado de desgravaciones, exenciones y exacciones. La carga fiscal recae sobre las clases medias y bajas a través del IRPF y de los impuestos al consumo. Además, la escasez de recursos para luchar contra el fraude fiscal (menores que en los países de nuestro entorno) hace que éste sea tan elevado en España y que los defraudadores lo hayan tenido más fácil.

—Los ingresos fiscales son siete puntos inferiores en España que la media europea en porcentaje de PIB.

—La media de lo que deberían pagar las personas físicas (en tasa nominal) es un 21 % de IVA y un 25 % de IRPF; las empresas y las multinacionales, un 30 % en el impuesto de sociedades; las grandes fortunas, un 52 %. Según datos de Oxfam Intermón, basados en las memorias de la Agencia Tributaria, lo que realmente pagan después de exenciones y desgravaciones (tasa efectiva) es el 22 % (las personas físicas), el 17 % (las empresas), el 3,5 % (las multinacionales) y el 1 % (las grandes fortunas).

6) Desmontaje de la protección social.

España dedica menos recursos a la protección social que la media de los países de la Unión Europea (UE). En estos últimos años los recortes han supuesto el debilitamiento de los sistemas públicos en sanidad, educación, pensiones, garantía de ingresos, seguro de desempleo… Los derechos de ciudadanía se sustituyen por prácticas compasivas y asistenciales que consagran modelos de convivencia trasnochados.

Los servicios sociales se encuentran en un proceso de deterioro en cantidad y calidad, cuando serían más necesarios que nunca ante la situación en que viven millones de personas y familias empobrecidas, por los riesgos de que se produzca el demoledor paso de la pobreza a la exclusión social.

—Los servicios sociales atienden a 8,5 millones de personas, 1, 2 millones de las cuales se encuentran en situación de dependencia.

—La inversión en servicios sociales de las Administraciones Públicas ha pasado de 18 053 millones de euros en 2010 a 15 243 millones de euros en 2013 (−15,8 %). Esta reducción se debe a una menor capacidad, o interés, de las Administraciones para recaudar y distribuir la riqueza a través de políticas sociales dirigidas a las personas y familias más necesitadas. Así lo pone de manifiesto el hecho de que el porcentaje del PIB que se dedica a servicios sociales se haya reducido entre 2010 y 2013.

—Retroceso en la oferta de servicios y prestaciones. Los servicios que han empeorado más son la ayuda a domicilio y los servicios sociales básicos de las entidades locales. La atención a la dependencia sufrió en los últimos años una extraordinaria merma tanto en beneficiarios como en servicios y prestaciones. Durante el año 2014, por ejemplo, el Sistema de Atención a la Dependencia perdió 8122 beneficiarios y tenía 50 623 personas menos con derecho reconocido.

—Ello supone, de modo paralelo, oportunidades perdidas para el empleo. El IESN afirma que si España tuviera el volumen de trabajo en servicios sociales de un país como Suecia casi no habría paro en nuestro país.

7) Inconsistencia de las rentas mínimas de inserción.

Las Rentas Mínimas de Inserción están diseñadas para quienes han sido excluidos del mercado laboral y han agotado las prestaciones por desempleo. Sus cuantías, siempre por debajo de los salarios para no desincentivar la búsqueda de empleo, son claramente insuficientes para cubrir las necesidades familiares más básicas. Además, existe una gran diversidad entre las comunidades autónomas en cuanto a su cobertura y cuantía, y una exasperante burocratización para su obtención, amparada en un supuesto «control» que es tremendamente ineficaz. 258 408 personas recibían las Rentas Mínimas de Inserción en el año 2013. La cuantía media de las mismas era de 330 euros al mes.

Estos datos y otros muchos más que se podrían aportar son los que perfilan esa nueva estructura dual mencionada (70 %-30 %) y el estado de devastación de una buena parte de la población tras tantos años de dificultades, más allá de las cifras macroeconómicas de cada coyuntura. Apareció publicada una carta al director en El País que refleja el salto psicológico que supone pasar de la ley de los grandes números al estado cotidiano de los perdedores. Firmada por Elisa Mollá Saval, desde Valencia, en febrero de 2014, se dirige en general a los gobernantes, y decía lo siguiente:

Les escribo, queridos señores, para matar el hambre de madrugada. Sí. Tengo 41 años. Estoy en esa franja de edad invisible para ustedes. Por alguna oscura razón, a pesar de sus leyes y constituciones, sobrevivo gracias al arroz blanco, al amor materno y a la amistad. También por pequeños trabajos en eso que ustedes llaman economía sumergida. A mí difícilmente me verán llorando por televisión porque no tengo hijos ni suficiente valentía para hacerlo. Pero sí tengo a veces hambre, insomnio y horror de pedir lo que, para mí, constituye un derecho sagrado en toda democracia que se precie: comida. Son ustedes poco dignos, caballeros. Cuando regresen a Europa para hablar de macroeconomía piensen dos veces antes de decir que España ha hecho los deberes. Esta carta se escribe para engañar al estómago, recuérdenlo. Esta carta es el saldo pendiente de una ciudadana a la que se le está agotando el arroz y la paciencia. No sonrían tanto, queridos dignatarios, porque son los abuelos los que apuntalan el país con sus pensiones y ayudan a que no se desplome; no son ustedes. Son indignos de una España llena de gente fuerte y agradecida a pesar del abandono y la corrupción. Con el hambre ya cargamos unos pocos. Tengan ustedes la decencia, al menos, de cargar con la vergüenza para hacernos el paso algo más llevadero.

Nótese, por el tono y la escritura de la misiva, que se trata de una ciudadana con formación intelectual.

El IESN resume ese ánimo y tantos otros con el siguiente interrogante: qué pueden esperar para sus proyectos vitales las personas de más de cuarenta y cinco años que se encuentren en paro, o los jóvenes que no consiguen una inserción laboral con perspectivas de largo plazo y que, en el mejor de los casos, deambulan de contrato en contrato precario y mal pagado. Ni unos ni otros pueden esperar, de manera colectiva, que en los próximos años su situación vaya a cambiar cualitativamente. Ni a unos ni a otros se les puede decir que esperen unas décadas para que esos proyectos tengan oportunidad.

Los autores del IESN dividen a los ciudadanos españoles de hoy en cuatro estratos:

—Una fina capa de población activa muy enriquecida, que incluso ha mejorado su posición en los años de la Gran Recesión. Según el informe tradicional sobre la riqueza en el mundo de Capgemini y Royal Bank of Canada Wealth Management correspondiente a 2015, desde 2008 el número de grandes patrimonios ha experimentado en nuestro país un crecimiento del 40 %.

—Una adelgazada capa de familias con personas activas, supervivientes que conservaron los bienes y trabajo suficiente como para mantener una vida digna.

—Una capa de población no activa (esencialmente mayores de edad) cuyas pensiones se han mantenido en unos valores que han creado el espejismo de mejorar su posición relativa en cuanto a la mediana de renta del país.

—Una ingente cantidad de ciudadanos activos (buena parte de ellos jóvenes y excelentemente preparados, y personas de entre cuarenta y sesenta y cinco años con escasa formación) expulsados de la vida laboral y de la vida financiera, cuyos proyectos vitales se han truncado. No se aprecia ningún ascensor social inmediato para los ciudadanos en esta situación.

Éste es «el futuro que ya está aquí». El presente histórico. Una estructura que no sólo tiene que ver con la situación adversa de los últimos años, sino también con los excesos de lo anterior, que no se superará únicamente con la tan escorada recuperación dual, peldaño a peldaño, con cada punto de crecimiento del PIB, sino con algún tipo de disrupción externa (en otros momentos fueron los precios del petróleo, la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación, Internet) o endógena, que resulta difícil pronosticar.

El camino de la pobreza a la exclusión

El camino de la pobreza a la exclusión

Es factible que los incrementos del crecimiento (en caso de que se mantengan) reduzcan con lentitud los actuales niveles de empobrecimiento, pero cientos de miles de personas y decenas de miles de familias seguirán instaladas a largo plazo en el paro, la precariedad y la pobreza según los estándares de esta sociedad, con grandes dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Son situaciones estructurales. En este modelo exprimido hasta la médula es inevitable la existencia de un importante segmento de población que se ha quedado por el camino y que, por lo tanto, no va a continuar la senda del progreso. Resolver esta marginación de una parte significativa de la población supone alterar el modelo. Estamos hablando de política.

La persistencia de este importante núcleo de empobrecimiento incrementa, ya lo hemos dicho, los riesgos de la exclusión social. El paso de la pobreza a la exclusión es una de las principales amenazas que se ciernen sobre un segmento de la sociedad española. Conviene insistir en ello, Las farolas públicas de las principales calles han devenido gigantescos tableros de anuncios. Son un exponente muy representativo de la economía sumergida y, en muchos casos, ejemplos explícitos de exclusión. Los mensajes que se pegan en esas farolas se superponen unos a otros sin límite, y los más nuevos ocultan a los más antiguos. De vez en cuando, los servicios de los ayuntamientos (ahora casi siempre privatizados) limpian las farolas, pero apenas permanecen así 24 horas: al día siguiente ya están llenas de affiches particulares otra vez. Las cosas que se intercambian, las prestaciones que se ofrecen, se han sofisticado mucho. Ya no son sólo cerrajeros, pintores, empleadas de limpieza, clases particulares o reformas y portes; se han incorporado los trabajos de informática (muy abundantes), las subastas de coches, el empeño de los automóviles con la ventaja de seguir circulando, la compraventa de todo tipo de objetos, las parrilladas de mariscos o los teléfonos de gente que se ofrece a cuidar enfermos y dependientes. También los anuncios que ofrecen créditos inmediatos para el consumo, a tipos de interés estratosféricos.

Uno de los penúltimos anuncios que se ha incorporado de forma masiva es el de dentistas, odontólogos, endodoncias y otras variantes del cuidado de la boca, a precios muy por debajo de los de mercado. Quizá la publicidad que ha aparecido en distintos medios de comunicación del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid pretenda combatir ese intrusismo, muy posiblemente nacido de la necesidad: «No abras la boca a cualquier precio. No te fíes de los dentistas de anuncio. Luchar contra determinadas prácticas de publicidad engañosa que pueden suponer un perjuicio para los pacientes e incluso un riesgo para la salud», reza el mensaje.

Pero el más impactante de los anuncios de las farolas es el siguiente, en dos modalidades: «Trabajador en paro se ofrece por pequeña remuneración. Vehículo propio. No importa actividad». Y la segunda versión: «Trabajador en paro. Se ofrece para cualquier actividad. No importa remuneración. Seriedad». En la España moderna del siglo XXI, perteneciente a todos los clubes de países más ricos del mundo, ¿se puede encontrar algo más cercano a un régimen de esclavitud?

El empleo precario y los bajos salarios harán que una parte muy importante de la sociedad viva en ese ambiente de incertidumbre e inseguridad precaria que se ha instalado entre los ciudadanos del sur de Europa con riesgos de caer en la sima social, bien por la pérdida de un empleo estable de la propia persona o de otros miembros del entorno familiar, o por cualquier otra coyuntura adversa e imprevista, a la cual no podrán hacer frente (pasar de un trabajo fijo a uno temporal, de corta duración; cambiar, obligados, de un contrato a tiempo completo a otro a tiempo parcial, como mal menor; cobrar un salario tan escaso que la persona en cuestión se incluye en el colectivo de «trabajador pobre»). Así es como emergen las «sociedades del miedo» y las «economías del miedo». Además, las desigualdades no sólo se van a mantener sino que se incrementarán si no hay una corrección política copernicana, que no se adivina por ninguna parte, que corrija la tendencia. Se agrandará la brecha entre la minoría privilegiada y el resto de la sociedad.

Éste es el panorama estructural en que España y otros países de la zona se ha instalado. Cambiar esta cartografía social exige no sólo superar una coyuntura adversa o encontrar tasas de crecimiento sostenible, sino transformar las estructuras políticas y el modelo de crecimiento. Ha habido tres políticas centrales, por encima de las demás, que han contribuido a esa mutación regresiva:

—Las reformas laborales. Un entorno laboral desregularizado y precario, con elevados niveles de paro, empleos de poca calidad, falta de estabilidad en los pocos puestos de trabajo que se crean, escasa protección al desempleo y bajos salarios. La falta de capacidad negociadora de los sindicatos, por sus propias limitaciones y por su orillamiento a través de las normas, añade una dificultad para mejorar la calidad del empleo. Según la Fundación Primero de Mayo ha habido en España más de cincuenta reformas laborales desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980, con distintas graduaciones pero siempre en la misma dirección.

—Las reformas fiscales. Una fiscalidad débil y regresiva, como se ha expuesto anteriormente, con trato privilegiado a las grandes fortunas mediante desgravaciones e incentivos, que seguirá haciendo posible que paguen impuestos muy por debajo de lo que nominalmente tienen establecido, y que en consecuencia, hará recaer la carga fiscal sobre las clases medias y bajas. A la vista de los niveles de gasto que hay que financiar (y que se multiplican exponencialmente durante las crisis), elegir recaudar menos entre las rentas más altas, mediante una decisión política, exige recaudar más entre aquéllos con rentas más bajas. No hay neutralidad impositiva. Las soluciones se complican si se contempla el contexto internacional de dumping fiscal, con brutal competencia entre los Estados para atraer al capital con escandalosas ofertas de mejor trato a las grandes fortunas y a las multinacionales, y evitar la deslocalización de servicios e industrias. A esto se suma la existencia de unos paraísos fiscales que, denostados por los políticos en sus declaraciones verbales, no son atajados en la práctica por ninguno o por todos en común. No hay atisbo de rectificación ni siquiera en el marco de una UE que busca avanzar en la unificación fiscal, motivando en parte esa caída en el europeísmo que manifiestan todas las encuestas.

—Las reformas de los Estados de Bienestar. La limitación, y a veces hasta el desmontaje, de las políticas sociales, supone el abandono del modelo social europeo, verdadera seña de identidad (junto a las libertades) de la Europa unida creada a final de los años cincuenta del siglo pasado; la tendencia es alejarse de la universalidad de los servicios hacia una protección más selectiva de los más pobres (el modelo americano del pasado, del que Barack Obama ha querido huir con su reforma sanitaria, denominada el obamacare: que todo el mundo tenga un seguro médico). Este debilitamiento del Welfare State consiste en el abandono de las políticas redistributivas y de igualdad, mediante la demolición y privatización de los sistemas públicos de protección social, tendiendo hacia las sociedades de beneficencia y al citado «conservadurismo compasivo», consistente en atender sólo a los más pobres, pero sin contemplar los factores distributivos. Por tanto, no se produce ni redistribución a través de los ingresos (reformas fiscales) ni a través del gasto (reformas del welfare). Sólo el statu quo del mercado: el neoliberalismo.

5. El largo y tortuoso camino

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EL LARGO Y TORTUOSO CAMINO

Intervenir sin intervenir

Intervenir sin intervenir

Si antes de la Gran Recesión el 58 % de los ciudadanos españoles confiaba en la UE, al principio de 2015 lo hacía sólo el 30 %: una caída de 28 puntos, muy superior al descenso medio de los países de la UE (11 puntos). Del mismo modo, el crédito en las distintas instituciones europeas se ha desplomado en estos años: en el BCE ha caído 22 puntos; en la Comisión Europea, 17 puntos; y en el Europarlamento, 34 puntos. La imagen positiva de la UE se derrumbaba mucho más en España que en ninguna otra parte, aunque también lo hacía en el resto de los países deudores.

Los acontecimientos históricos y aquellos que señalan tendencias de largo plazo no lo son hasta que transcurre el tiempo y hay distancia para analizarlos y confirmarlos. Ésta es la labor de los historiadores. Pongamos como ejemplo la Gran Recesión. Cuando empezó, nadie pensó que iba a durar tanto, ser tan dañina en términos políticos, económicos y sociales, y generar mutaciones tan destructivas. Otro ejemplo más antiguo es la Primera Guerra Mundial. Su centenario, en 2014, permitió recordar que el ambiente dominante era entonces el de una conflagración rápida, y pocos entendían que iba a incumbir a tantos territorios y a tantos millones de contendientes. Y no se supo que era la Primera Guerra Mundial hasta que estalló la Segunda: fue en ese momento cuando se conoció que en el transcurso del siglo XX iba a haber más de una disputa bélica mundial.

La noche del 9 de mayo de 2010 —reunión de los ministros de Economía de los países de la eurozona en Bruselas— comenzó como cualquier otra cumbre de los responsables económicos de la moneda única, pero acabó marcando el devenir de los ciudadanos españoles para todavía no se sabe cuántas décadas. Aquella noche, aquel cónclave, tuvo consecuencias de largo alcance. Las hubo económicas: cambio telúrico de la política económica de un país, sin que lo quisiera su Gobierno, de la noche a la mañana. También sociales: incremento del paro, empobrecimiento de la población, desaparición de miles de empresas, disminución de la protección social…, sin preparación previa para ese giro. Y políticas: sustitución de una mayoría relativa socialdemócrata por una mayoría absoluta conservadora. Nunca en las casi cuatro décadas de democracia contemporánea, ninguna formación, ni de derechas ni de izquierdas, había poseído tanto poder territorial (Gobierno central, gobiernos autonómicos y municipales) ni institucional (justicia, medios de comunicación, organismos reguladores) como el Partido Popular (PP). Sus únicas limitaciones a la hora de gobernar fueron las impuestas desde el exterior. El economista Jordi Sevilla lo ha descrito así: «José Luis Rodríguez Zapatero había conseguido traspasar la presidencia del Gobierno sin que la economía española fuera formalmente intervenida por la troika; a pesar de los temores reflejados por una prima de riesgo de 240, a pesar del giro espectacular de política económica que se vio obligado a hacer en mayo de 2010 y de una reforma exprés de la Constitución que rompía la columna medular del pensamiento socialista tradicional sobre el papel del Estado en la economía y el valor instrumental del déficit público. Dijo que para evitar la intervención de la economía española estaba dispuesto a hacer todo lo necesario “me cueste lo que me cueste” y cumplió. Le costó las elecciones generales, el peor resultado de su partido en las urnas y el desprestigio como gobernante, ya que los suyos no le apoyaron y sus adversarios no tuvieron la generosidad de reconocer su aproximación a sus tesis y sus méritos. Ha habido quien ha señalado que, confrontado con un dilema, el presidente Zapatero prefirió perder las elecciones y evitar un rescate que su sucesor no supo evitar».

La historia económica contemporánea de España viene marcada por una serie de estabilizaciones, que corrigen la desequilibrada situación anterior y la impulsan en una dirección distinta, con resultados dispares. Son vectores que tiran en direcciones opuestas. Lo ocurrido el 9 de mayo de 2010 —y las medidas de política económica aplicadas como continuación de la misma— es un jalón más en esa secuencia de más de medio siglo en la que juega el papel de idea-fuerza la larga marcha hacia Europa, primero, y después la pertenencia de nuestro país al club europeo en igualdad de condiciones con los de nuestro entorno: la denominada convergencia real. Se pueden considerar cinco grandes etapas en esa secuencia:

1) El desarrollismo, desde el Plan de Estabilización de 1959 hasta que muere Francisco Franco en 1975. El Plan de Estabilización es el primer gran documento de política económica en la España de la modernidad, de cuya filosofía se contagiarán los demás, y que inició la transformación desde una economía introspectiva hacia la apertura y hacia una economía de mercado. De la autarquía a la globalización.

2) La transición política (1976 a 1985) es aquella etapa en la que se forja la entrada de España en la Comunidad Europea y tiene dos hitos: los Pactos de la Moncloa, con medidas de estabilización y reforma que tratan de corregir los desequilibrios de inflación y déficit exterior, y el Programa a Medio Plazo de la Economía Española, que aplicaron los socialistas de Felipe González al llegar por primera vez al poder, a finales de 1982, y que es muy continuista de los acuerdos de la Moncloa.

3) La tercera etapa dura poco más de un lustro: desde 1985 a 1992; son los años del euro-optimismo, en los que los españoles, que han ingresado más tarde que los demás en la Comunidad Europea, lo han hecho de modo más vehemente. Cualquier sondeo indica que los españoles están encantados de pertenecer por fin a Europa, son los ciudadanos comunitarios más optimistas y más compulsivamente europeos, piensan que han hecho el mismo recorrido que los franceses, los alemanes y los italianos, pero en menos tiempo. Más adelante se verá que tomar atajos se paga.

4) La penúltima etapa arranca del año 1992 y dura hasta 2007. Es la etapa de la normalidad democrática y coincide, poco después de empezar y tras un periodo de estancamiento, con un ciclo largo de catorce años y medio de crecimiento por encima de la media europea. Se suceden los gobiernos de distinto signo ideológico (socialdemócratas y conservadores), sin rupturas dramáticas. España ya no puede considerarse un país en transición, sino una democracia asentada y abierta al mundo.

5) A partir de la segunda parte del año 2007, el planeta, a distintas velocidades, entra en la Gran Recesión. España empieza a notar las dificultades unos meses más tarde. Sus primeras medidas de política económica, coincidentes con las recomendaciones de las reuniones iniciales del G-20 (a las que nuestro país asiste como invitado) son, más bien, de expansión de la demanda. A ellas pertenece el tan bienintencionado como ineficaz «Plan E» de Rodríguez Zapatero Tres años después llega el citado giro copernicano, impuesto por Europa, en el que todavía estamos instalados.

¿Qué es lo que sucedió aquella noche de mayo de 2010 en Bruselas y en Madrid? Casi de improviso, la UE toma algunas de las decisiones más significativas en mucho tiempo. De madrugada, en el último momento, como tradicionalmente Europa suele adoptar los acuerdos más trascendentales, la UE aprueba, en términos genéricos, nuevos mecanismos de gobierno y esboza el paso de una Unión Monetaria a una Unión Económica, que un lustro después todavía no se ha completado pese a la urgencia de aquel momento. Arrancada de caballo, parada de burro. La cumbre se cierra, como una sinfonía, con cinco grandes movimientos:

—Se aprueba un fondo de rescate (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) para evitar un segundo o tercer caso como el de Grecia. El país heleno había tenido que ser intervenido por primera vez unos meses antes para evitar su suspensión de pagos, mediante ayudas de la UE y del FMI no sustentadas en ningún convenio comunitario previo.

—Los países más acosados por la especulación de los mercados, básicamente los periféricos del sur de Europa —a los que parte de la prensa anglosajona denomina despectivamente países PIGS (acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España), además de Irlanda (PIIG)— son obligados a hacer una contorsión espectacular en su política económica, a favor de planes de ajuste muy pronunciados y de naturaleza inmediata, y drásticos recortes sociales con el objeto de limitar, con un calendario preciso, sus niveles de déficit público.

—El Banco Central Europeo (BCE), cuya misión principal está delimitada en sus estatutos (cuidar de la inflación) adquiere una función excepcional y casi sacrílega para sus representantes más duros (fundamentalmente Alemania y su glacis geopolítico): comprará deuda soberana a los países europeos, en determinadas condiciones y en el mercado secundario, para limitar los ataques especulativos que se abaten sobre ellos, con la finalidad de salvaguardar el euro.

—Se anuncia una estrategia para potenciar la coordinación económica de la UE, más allá de la política monetaria: un pacto de competitividad que complementa el Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobado en el Tratado de Maastricht, desde el inicio del euro como moneda única (aunque violentado varias veces en relación con sus exclusivos intereses nacionales por los países más relevantes de la eurozona, Alemania y Francia, en lo que se refiere al déficit público, y por otros países más —sobre todo Italia— en lo que concierne a la deuda pública).

– Hay una intervención directa del presidente americano, Barack Obama (y de los dirigentes chinos), esa noche, al ponerse en contacto con los líderes de los principales países, incluido España (a quien se considera too big to fail —demasiado grande para quebrar—, aunque no demasiado grande para contagiar: la economía española tiene un tamaño de cuatro veces la griega, cinco veces la irlandesa o seis veces la portuguesa). Presionando, Obama intenta evitar la contaminación de la deuda europea sobre la deuda americana. Ésta es una de las grandes paradojas de la Gran Recesión: en el origen, las turbulencias generadas por los abusos e irregularidades de la aristocracia del sistema financiero americano desencadenaron las hostilidades en Europa, sin que se pusieran diques de contención. Cuando, un poco más adelante, puede haber un efecto feedback es cuando aparece Obama entre las bambalinas del escenario.

Estos cinco puntos genéricos, a falta de su letra pequeña, son calificados de imprescindibles si se quiere evitar un desastre en la eurozona. Los ministros de Economía, en permanente contacto con sus jefes de Gobierno, entienden que lo que está en juego no es tanto Grecia o Irlanda, ni siquiera la extensión del virus de la volatilidad a Portugal, España o Italia, sino la idea misma del euro.

El presidente del Gobierno español en mayo de 2010, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, no tuvo más remedio que ceder y variar el sentido de su política económica, aplicando casi sin tiempo de reflexión la cirugía agresiva que le ordenaban en Bruselas a cambio de auxilio, en caso de que le fuese necesario a España. Lo de Grecia recordará luego este episodio. Un Zapatero que apenas unos días antes de la reunión de la capital belga había recibido en el Palacio de la Moncloa al entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, y le había comentado que practicaría una reducción del déficit público «pero a cámara lenta», no tuvo más remedio que envainársela y dar un acelerón sin explicaciones públicas.

En un dramático pleno en el Congreso de los Diputados, Zapatero anunció una reducción muy fuerte del déficit público por valor de 15 000 millones de euros (alrededor del 1,5 % del PIB): congelación de la mayor parte de las pensiones para lo que restaba de año, reducción del salario de los funcionarios en una cuantía del 5 %, eliminación del llamado cheque-bebé (medida estrella aplicada poco antes para activar la política de natalidad), recorte de 6000 millones en inversión pública, una disminución de 600 millones en la ayuda al desarrollo, eliminación de la retroactividad en los pagos a la dependencia… Son las primeras medidas de choque que llegarán a partir de entonces sin solución de continuidad a la economía española, que asombrarán a los ciudadanos sobre todo por no estar preparados para ellas, y entre el aturdimiento general.

Rodríguez Zapatero ha publicado unas memorias tituladas expresivamente El dilema. 600 días de vértigo, muy oportunas para conocer su opinión de lo ocurrido. En relación al pleno citado del Parlamento, dice el expresidente:

Fueron dos minutos y medio. Doscientas setenta palabras interminables que leí con toda la convicción de que fui capaz. Mientras desgranaba los recortes en el Presupuesto, miraba una y otra vez a los diputados de mi partido, seguramente para encontrar un refugio en sus gestos, para adivinar en ellos una actitud de comprensión. Las caras de los compañeros eran serias, graves y con algún rictus de amargura. Pero no advertí rechazo, más bien resignación […] Pensando en mi país, siempre temí que la caída en un rescate nos devolviera a un estado de ánimo colectivo parecido al sentimiento del noventa y ocho. Otra vez en nuestra historia un «no podemos». Otra vez los demonios de nuestro atormentado pasado… después de más de tres décadas demostrando al mundo, y a nosotros mismos, que éramos capaces de convivir en libertad y progresar como pocos países en la tierra […] ¡Qué paradoja, qué contradicción tan difícil de digerir, de racionalizar, de asumir! Quien había vivido como presidente la tasa de paro más baja de la historia veía cómo se destruía empleo como nunca en nuestro país. Quien había tenido tres años de superávit veía cómo llegábamos al mayor déficit público de la democracia. Y quien había gobernado con el proceso de inmigración más grande jamás conocido en España presentía un nuevo ciclo de emigración española. Todo esto en un periodo de apenas un año.

Párrafo tremendo. Énfasis de solemnidad. Son muy significativas estas reflexiones de Zapatero como documento exculpatorio y como elemento de análisis de aquellos años, que nos remiten a la actualidad. En ellas está la justificación de su tardanza en el reconocimiento de la crisis, que da alas a quienes entienden que la dilación en la toma de decisiones en aquellos momentos justifica en parte el retraso de nuestro país en salir de la recesión y en una recuperación endeble. Dice el expresidente:

Hasta julio de 2008 no hablé de crisis al referirme a la situación económica española […] Debo reconocer que ya en aquellos momentos algunos de mis colaboradores eran partidarios de usar la palabra crisis, tal y como hice a partir del 8 de julio en una entrevista a la cadena de televisión Antena 3. Sí, fue un error no hacerlo antes, porque en la calle y en los medios ya había empezado a calar un cierto clima de crisis, sensación que se iba a ver, por supuesto, confirmada después, con el crash financiero que se produjo a partir del otoño, a pesar de que éste no fuera en absoluto previsible en la primavera de 2008. Fue un error dar la impresión de que se combatía una determinada percepción en la sociedad por parte de alguien al que se atribuía una predisposición optimista ante la realidad, pero fue un error que —pienso sinceramente— no afectó a nuestra reacción, a que ésta se produjera, frente a los síntomas de deterioro inicial que se detectaban en aquellos meses.

La carta de los cónsules

La carta de los cónsules

En sus dos legislaturas al frente del país, a Zapatero le tocó defender con la misma intensidad tanto unas medidas (por ejemplo, planes keynesianos de estímulo para cortar la sangría del desempleo, como el Plan E, que suponían incrementos de la inversión y el gasto público, y que generaban déficit y deuda pública) como las contrarias (estabilización fiscal, eliminación de partidas de ayuda a las familias, congelación de las pensiones, reducción del sueldo de los funcionarios, o la reforma ultrarrápida de la Constitución para introducir en ella la prohibición del déficit estructural) en la fase de la crisis en la que el principal problema era el de los ataques especulativos contra la deuda soberana, que hubieran podido acabar (se pensaba entonces) con el euro como moneda única europea.

Las reformas puestas en marcha por los socialistas a partir de 2010 —y que fueron continuadas con una graduación casi siempre más agresiva por el Gobierno del PP— representaron un viraje muy fuerte en la gestión de la crisis económica: el PSOE comenzó la legislatura minimizando las dificultades y prometiendo gasto público como principal medida para reactivar la coyuntura, pero acabó su segundo mandato —consciente de la imposibilidad de volver a ganar las elecciones por su descrédito— con un discurso de «sangre, sudor y lágrimas» y unas reformas estructurales cuyo principal objetivo era siempre la reducción del déficit público. Zapatero justificó el cambio de rumbo del Gobierno no en la injerencia exterior sino en el «sentido de la responsabilidad», diciendo que su compromiso con las reformas estaba por encima de los intereses electorales de su partido. A medida que se deterioraba más y más la situación económica, el Gobierno tuvo que hacer continuas actualizaciones de un discurso que por su sesgo permanentemente optimista («optimista antropológico») siempre iban detrás de los acontecimientos. Los análisis sociológicos demostrarían luego que el Gobierno socialista fue más penalizado por la gestión de la crisis que por la situación económica ciudadana. Cuando Rajoy llegó a La Moncloa a finales de 2011 tiró a la basura un programa electoral plagado de generalidades y de lenguaje de madera, que no contenía mayores sacrificios para los ciudadanos, con la excusa de que la realidad era mucho peor que lo supuesto: desde entonces, la política de rigor se extremó hasta situaciones económicas de rigor mortis muy frecuentes: permanentes subidas de impuestos, abaratamiento de los despidos, privatización (o intentos de privatización) de servicios sociales básicos, reducción de las prestaciones o copago de las mismas, etcétera.

A pesar de las reformas citadas, que se iniciaron a partir de mayo de 2010 (a las que hay que añadir una reforma financiera para combatir el deterioro del sistema bancario), no remitió la presión de los mercados sobre la deuda española. El Gobierno de Zapatero, que había hecho el giro a la vista de todos y sin explicaciones suficientes, no inspiraba confianza. Esa presión se hizo insoportable y en el verano de 2011 el BCE se vio obligado a compras masivas de deuda italiana y española, so pena de un colapso que hubiera resultado sistémico para el conjunto de la zona euro. España e Italia eran dos países tan grandes que no se les podía aplicar la solución intervencionista de Grecia, Irlanda y Portugal y, de modo paralelo, eran demasiado grandes para quebrar. En ese momento, el BCE envió dos cartas a los primeros ministros de Italia y España. La carta dirigida a Italia fue publicada inmediatamente en las páginas de la prensa del país. En un país en que el secreto del sumario judicial no resiste el paso de las horas en casi ningún caso, la carta enviada a España fue guardada bajo siete llaves y permaneció inédita hasta que a finales de 2013 Zapatero la publicó íntegramente en sus memorias, como si fuera un documento privado. El autor de este libro demandó previamente, en varias ocasiones, a algunos de los responsables económicos del país una fotocopia de dicha carta, con el objeto de publicarla como documento imprescindible para la historia económica de España, sin éxito alguno. Antes se la habían negado incluso al Parlamento.

La misiva es muy representativa del poder —y de la ideología— del BCE en la resolución de la crisis económica. Firmada por el gobernador de la entidad financiera central europea, Jean-Claude Trichet, y por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, dirigida al presidente del Gobierno y con copia a la ministra de Economía, Elena Salgado, la carta es un documento excepcional por su forma y fondo, en el que se demandaban medidas adicionales en el funcionamiento del mercado de trabajo, la descentralización de la negociación colectiva, la desindiciación de la economía y la moderación salarial. Además de la obsesión patológica por el mercado de trabajo (que no es parte del objeto social del banco), el BCE pedía que el Gobierno manifestara su «compromiso incondicional con el cumplimiento de los objetivos de política fiscal [déficit público], independientemente de la situación económica». Es excepcional no sólo por lo que pedía sino por lo que silenciaba (no se decía una palabra sobre la situación del sistema financiero español, que en esas fechas ya estaba enchufado a la manga riega del BCE: recibir préstamos al 1 % para comprar deuda pública, por ejemplo, al 4 %, 5 %, 6 %…). Y es también excepcional por el tono imperial con el que había sido escrita, en el que el emperador exigía al súbdito que se suicidara «sean cuales sean las circunstancias» y con la mayor rapidez posible.

No es extraño, a la luz de la carta del BCE y de otras declaraciones de sus principales responsables, la percepción creciente que los ciudadanos tienen de la UE y sus instituciones. La mayor parte de las medidas económicas que se aplican y que son inspiradas por Bruselas o Fráncfort (siempre en la misma dirección de la austeridad) no se discuten en los parlamentos nacionales, como correspondería, sino que son analizadas y aprobadas en lugares opacos de los que no se conocen a tiempo las actas del debate, si lo hubo, o la unanimidad.

Uno de los últimos ejemplos de ello (antes de la crisis griega) se manifestó en marzo de 2013, cuando un pequeño país de la zona euro, Chipre (tan sólo el 0,2 % de la economía de la eurozona) fue intervenido mediante un procedimiento hasta ese momento peculiar, como fue hacer responsable de un sector financiero engordado y débil a los depositantes de los bancos: en el primer momento se pretendió que entre estos responsables figurasen los pequeños depositantes, que tenían asegurados sus ahorros de hasta 100 000 euros a través del fondo de garantía correspondiente. Cuando Chipre fue intervenido, apenas habían pasado unas semanas de unas elecciones generales en el país —con cambio de partido gobernante— y ninguna de las formaciones en liza llevaba en sus programas nada que pudiera recordar el corralito que se instaló en la parte grecochipriota de la isla. Y sin embargo, en el Eurogrupo hubo unanimidad en tomar esas decisiones (eliminar la garantía de los pequeños depósitos a través de un impuesto a los mismos, y la suspensión de la movilidad de capitales, principio básico de la Unión Económica y Monetaria), inmediatamente corregidas a raíz del monumental escándalo montado sobre la quita a los depositantes y su posible efecto de contagio al resto de los países del euro, con un aumento de la incertidumbre y de la alarma social ciudadanas.

La intervención preventiva en España («intervenir sin intervenir», se dijo en algún medio de comunicación) tuvo consecuencias políticas directas. A partir de mayo de 2010 se aceleró la decadencia del proyecto socialista en España. La gestión de la crisis monopolizó la agenda política. Ello complicó la maniobrabilidad del PSOE, por efecto de una cierta esquizofrenia, ya que su Gobierno tenía que responder al tiempo a las urgencias de los mercados que exigían otra política económica y unas reformas estructurales pendientes (que multiplicaban las presiones sobre las mismas encareciendo la prima de riesgo de la deuda, con lo cual costaba más financiarse para pagar lo que ya se debía o para conseguir dinero fresco con el que sufragar los compromisos adquiridos con los ciudadanos en materia de Estado de Bienestar, gastos corrientes, etcétera) y a la necesaria negociación con el resto de los agentes políticos, económicos y sociales, dado que el partido gobernante no disponía de la mayoría absoluta, y que les demandaban a veces soluciones antagónicas a las de los mercados.

La opinión pública acusó inmediatamente esas dificultades y contradicciones de los gobernantes, lo que se trasladó a los sondeos en forma de una doble tendencia: pérdida de confianza en la capacidad de gestión del Gobierno (y en especial de su presidente), y notable descenso en la intención de voto del PSOE, especialmente entre la izquierda.

Todavía le quedaba al Gobierno socialista un golpe de efecto para tratar de tranquilizar a los mercados y reducir la prima de riesgo: en medio de la canícula veraniega de 2011 anunció, en plena agostidad y con total sorpresa, una reforma urgente de la Constitución para prohibir el déficit estructural y hacer prevalecer el pago de la deuda sobre cualquier otra obligación o promesa. El nuevo artículo 135 de la Constitución dice, en esencia, lo siguiente:

Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembro […] Los límites del déficit estructural y de volumen de la deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciados por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados […] Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta […].

El PP apoyó, entusiasta, la modificación constitucional clandestina.

Más allá del procedimiento utilizado para esta reforma constitucional (sin debate alguno, en medio del desmovilizador verano) resulta peculiar que sea un gobierno socialdemócrata el que haya renunciado a una herramienta tradicional de la política económica como es la utilización del déficit público con criterios contracíclicos, utensilio tan habitual a esa familia ideológica, imposibilitando constitucionalmente la aplicación de planes de estímulo, imprescindibles para superar la parte baja del ciclo, como demuestra por doquier la historia económica. Además, en un contexto europeo en el que la política monetaria está cedida al BCE, la decisión de Zapatero dejaba al Ejecutivo sin apenas armas para el autogobierno económico en coyunturas difíciles.

Tal concesión tampoco tranquilizó a los mercados: la prima de riesgo siguió disparada hasta que un año después, el 26 de julio de 2012, el nuevo gobernador del BCE, Mario Draghi, pronunció las famosas catorce palabras: «El BCE hará lo suficiente para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente». La reforma constitucional tampoco gustó a los ciudadanos. El 20 de noviembre de 2011, el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta, inaugurando un nuevo ciclo político en el que la derecha ha sido hegemónica.

Tomar el poder, subir los impuestos y bajar el gasto en protección social fue todo uno en la derecha, obsesionada por una prioridad única: cumplir sus obligaciones europeas de disminuir el déficit público, «independientemente de la situación económica», como decía la carta del BCE dirigida a Zapatero y rápidamente endosada por el PP. Como apenas hubo consenso con los demás agentes políticos y sociales en las principales medidas de ajuste que se tomaron, Mariano Rajoy gobernó al inicio de su mandato sobre todo a través del procedimiento del decreto ley, reservado para casos de extrema urgencia y necesidad. Parece irreal, pero es cierto: por el método del decreto ley se legislaron, por ejemplo, asuntos tan centrales como el saneamiento financiero, la reforma laboral o los ajustes en materia sanitaria. El ejemplo más paradójico fue el primero: mientras que otros parlamentos nacionales de la UE discutían acaloradamente el rescate que se iba a conceder a las entidades financieras españolas para que sobreviviesen a la crisis (una línea de crédito de hasta 100 000 millones de euros, de la que se utilizó alrededor de la mitad), en el Congreso español no había debate alguno, pese a las enormes cantidades de dinero público que se movilizaron. La crisis bancaria no ha sido objeto de ninguna investigación parlamentaria seria, y subcomisiones de nombre tan rimbombante como Reestructuración Bancaria y Saneamiento Financiero, y de Transparencia de Productos Financieros e Hipotecarios (ambas dependientes de la Comisión de Economía y Competitividad) no han dado origen a ningún documento político que haya podido ser discutido públicamente en estos años.

La reforma financiera ha sido un elemento central de la política económica de estos años. El diagnóstico de la crisis financiera en general, y de sus efectos sobre el sistema bancario español, fue erróneo desde su inicio, desde la segunda mitad del año 2007. El mensaje dominante fue que las entidades de crédito españolas estaban poco afectadas por la crisis y que su solvencia era satisfactoria, tanto por la supervisión del Banco de España como por la existencia de cuantiosas provisiones para hacer frente a hipotéticos problemas. Incluso se llegó a afirmar que el sistema financiero español era el más sólido del mundo. Entre los años 2008 y 2011, por ejemplo, el Reino Unido ya había utilizado dinero público para sanear su banca por valor de un 7,3 % de su PIB, Alemania por el 4,5 % y Holanda por un 4 %, pero España no había comenzado su saneamiento.

La otra reforma estrella del PP fue la laboral, unos cambios profundamente ideológicos cuyo contenido no figuraba en el programa electoral de la derecha. Se argumentó con la búsqueda de condiciones para generar empleo con tasas más bajas de crecimiento de las tradicionales de la economía español, y con la necesidad de paliar la dualidad del mercado laboral español (trabajadores fijos-trabajadores precarios), una de las más altas de Europa. Poco de ello se ha conseguido. En cambio, la reforma laboral se ha utilizado para facilitar la devaluación salarial, apoyada en la ruptura del equilibrio del poder en el seno de la empresa, a favor de los empresarios y en detrimento de los sindicatos, que es sin duda el verdadero objetivo de la misma. El presidente del Gobierno y numerosos dirigentes del PP declararon durante la campaña electoral de 2011 que no contemplaban abaratar el despido, como se ha hecho. ¿Tenía razón el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando cuchicheaba al oído del entonces comisario de Economía de la UE, el halcón Olli Rhen —en un lenguaje del cuerpo claramente de inferior a superior, si se veían las imágenes de televisión— que la reforma laboral iba a ser «extremadamente, extremadamente agresiva»? Sí, la tenía.

La camisa de fuerza dorada

La camisa de fuerza dorada

Más allá de éstos y otros cambios legislativos hay un aspecto, menos coyuntural, que hay que subrayar: el papel de Europa en sus relaciones con los dos últimos gobiernos, uno socialista y otro conservador. Hay analistas (por ejemplo, el sociólogo Ignacio Sánchez-Cuenca) que establecen analogías entre lo sucedido a Zapatero en mayo de 2010 (advirtiéndole que o rectificaba su política económica o el país sería intervenido de uno u otro modo) y lo que casi treinta años antes (1981) le ocurrió al presidente francés François Mitterrand, cuando la presión de los mercados le obligó a abandonar la política de izquierdas con que había comenzado su mandato (incremento del salario mínimo, expansión de la demanda con inversión pública, reducción de la jornada laboral, nacionalización de 36 grupos bancarios, incremento del déficit público). Zapatero ha subrayado en sus memorias y en diferentes declaraciones públicas que uno de los activos de la última etapa de su legislatura fue, precisamente, evitar la intervención de la troika en la economía española. Mariano Rajoy ha presumido de lo mismo, aunque nada más llegar a la Moncloa perdió la autonomía que hubiera pretendido para conducir la salida a la crisis económica. Aunque no se produjo una intervención del país, del tipo de la griega, portuguesa o irlandesa, sí la hubo sobre el sistema financiero, con la mencionada póliza de crédito de 100 000 millones de euros, acompañada de dos condiciones: los bancos serían supervisados por los hombres de negro de la troika, y la negativa de Alemania a permitir la recapitalización directa de los bancos españoles con ayudas europeas, significó que el Gobierno tendría que contabilizar los préstamos como deuda pública y, si eran fallidos —como ya ha ocurrido en una gran parte— como déficit público. Así lo reconoció Mariano Rajoy, el 11 de julio de 2012, en un pleno del Congreso de los Diputados: «Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo».

Son ya, hasta ahora, dos los gobernantes españoles, de distinto signo ideológico, los que, al intentar aplicar sus propias recetas para superar las dificultades económicas, se han visto obligados a rectificar: gobiernos que no pueden gobernar con los programas con los que fueron elegidos. El estrechamiento del rango de las medidas que se pueden adoptar en el marco nacional es tan notable que, para frustración ciudadana, los cambios de gobierno no desembocan en cambios de políticas.

Éste es el momento en el que estamos. La limitación exterior, para bien o para mal, será central en el devenir de este país, de la eurozona o de cualquier otra parte del planeta en el marco de referencia de la globalización. ¿Cómo se gestiona la tensión entre una democracia nacional y la pertenencia a un club supranacional como, por ejemplo, la eurozona? Ésta es la cuestión que, en última instancia, ha estado presente en los conflictos habidos en la región europea (sobre todo, con Grecia): si la razón política (la democracia) prevalece sobre la razón económica (las reglas de los mercados) en caso de contradicción entre ambas. En su acrítica oda a la globalización, publicada a principios de siglo, el analista estadounidense Thomas Friedman afirmaba que aquélla obliga a todos los países a ponerse una «camisa de fuerza dorada». Esta prenda definitoria de la globalización está confeccionada con las reglas fijas a las que deben «someterse» todos los países: libre comercio, mercados de capital libres, libre empresa y sector público pequeño. «Si a tu país no le han tomado las medidas para hacerle una, lo harán pronto», escribió. Cuando te la pones, suceden dos cosas: «tu economía mejora y la política se encoge». Puesto que la globalización (que para Friedman significa integración profunda) no permite que los países se desvíen de estas reglas, la política nacional se reduce a elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola.

El problema surge cuando la política se encoge y la economía empeora. La mayoría de la población, que había mirado hacia otro lado mientras las cosas iban bien, se pregunta aspectos tales como si el euro es la camisa de fuerza dorada europea o si es compatible con el modelo social europeo. Este asunto ha sido planteado abiertamente, con motivo de las tensiones entre el Gobierno griego y las instituciones europeas y el FMI: el nacimiento de la moneda única, el proyecto más importante de la UE porque implicaba la mayor cesión de soberanía hecha hasta entonces por los estados nacionales, estaba basado en la idea del euro como instrumento «capaz de ofrecer más prosperidad y trabajo». Pues bien, trece años después de la aparición del euro, el 1 de enero de 2002, no se puede decir que el argumento haya triunfado y que los ciudadanos perciban una UE más homogénea, capaz de ofrecer más prosperidad y trabajo. Más bien, esa idea está quedando hecha trizas en una parte importante de la Unión, o porque el proceso del euro ha estado mal diseñado y es incompleto, o porque se cede soberanía a personas o a entes que tienen menor legitimidad democrática que los nacionales.

Entonces se reabren las cuestiones de fondo. Éste es un grave problema, quizá el principal problema al que se enfrenta la idea de Europa, el proyecto de unidad europea, desde su fundación. La idea de que la creación del euro se hizo desde el primer momento de una manera defectuosa, porque se puso en pie una moneda nada flexible que sólo podría sobrevivir con una extraordinaria flexibilidad del mercado laboral europeo, un movimiento que se tendría que implantar muy rápidamente y pasando casi por encima de los parlamentos nacionales. La moneda única, se podría pensar, no sólo suponía ceder la soberanía monetaria de los países miembros en un órgano común, el BCE, sino que limitaba la capacidad democrática de esas sociedades en muchos y fundamentales aspectos de su vida política.

En 1999, el que sería primer economista jefe del BCE, el halcón alemán Otmar Issing (miembro del consejo de dirección del Bundesbank, el banco central alemán), pronunció una conferencia en Fráncfort, en la que se preguntaba si era posible una unión monetaria sin una unión política. «Los peligros son fáciles de identificar. El más evidente, la actual falta de flexibilidad del mercado de trabajo», respondía. Esa rigidez laboral, unida a los incentivos «mal orientados» que proporciona la seguridad social y el Estado de Bienestar, sería incompatible con la moneda única. La política monetaria de la UE no podrá luchar contra el paro. Por eso, escribió negro sobre blanco Issing, «los llamamientos a una Europa social van en una mala dirección». La Europa social sólo podría poner en peligro la moneda única.

Otro economista, estadounidense, Dani Rodrik, puso en circulación hace un lustro su famoso trilema: un país no puede tener al mismo tiempo democracia, globalización y soberanía nacional. De las tres opciones hay que escoger dos. Catedrático de la Universidad de Harvard, Rodrik dice: podemos limitar la democracia con el propósito de minimizar los costes de transacción internacionales, sin tener en cuenta los trastornos económicos y sociales que la economía global produce en ocasiones; podemos limitar la globalización, con la esperanza de reforzar la legitimidad democrática en el país; o podemos globalizar la democracia a costa de la soberanía nacional. El resumen es:

No podemos tener hiperglobalización, democracia y autodeterminación nacional todo a la vez. Podemos tener, como mucho, dos de las tres. Si queremos hiperglobalización y democracia, tenemos que renunciar al Estado-nación. Si hemos de mantener el Estado-nación y también queremos hipergolobalización, tendremos que olvidarnos de democracia. Y si queremos combinar democracia con Estado-nación, adiós a una globalización profunda.

Rodrik finaliza su reflexión considerando que todavía no nos hemos enfrentado directamente a las duras opciones que identifica el trilema. En particular, aún no habríamos aceptado de modo abierto que se necesita rebajar las ambiciones en cuanto a la globalización económica si se quiere que el Estado-nación siga siendo el principal escenario de una política democrática. No nos quedaría más remedio que conformarnos con una versión «diluida» de la globalización: reinventar el compromiso de Bretton Woods para una época diferente. En este sentido, el economista americano coincide con quienes, críticos de la globalización realmente existente, han entendido desde hace tiempo (desde antes de la crisis económica) que su agenda, con el objetivo de minimizar los costes de transacción de la economía internacional, choca con la democracia por la sencilla razón de que lo que busca no es mejorar el funcionamiento de ésta sino ponérselo fácil a los intereses comerciales y financieros que buscan acceder a los mercados a bajo coste. «Esto requiere que apoyemos una narrativa que da primacía a las necesidades de las empresas multinacionales, los grandes bancos y los grandes inversores sobre otros objetivos sociales y económicos».

Parte II. Secesión de las élites, rebelión contra las élites

PARTE II

Secesión de las élites,

rebelión contra las élites

Durante la década de los años treinta, cuando los rostros de muchos hombres se tornaron duros y fríos, como si miraran hacia un abismo, nuestro hombre advirtió los signos de la desesperanza generalizada que conocía desde niño. Vio hombres buenos destruidos al ver roto su concepto de una vida decente, les veía caminar desanimados por las calles y los parques, con la mirada vacía como añicos de cristal roto; les veía entrar por las puertas de atrás, con el amargo orgullo de los hombres que avanzan hacia su propia ejecución, a mendigar el pan que les permitiera volver a mendigar, y también vio personas que una vez caminaron erguidas mirarle con envidia y odio por la débil seguridad que él disfrutaba.

John Williams, Stoner

6. La guerra de clases

6

LA GUERRA DE CLASES

La edad chapada en oro

La edad chapada en oro

En muchos lugares del mundo desarrollado no se han visto niveles tales de desigualdad como los de las últimas cuatro décadas desde el periodo previo a la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Ello se ha incrementado y se ha hecho más visible desde que comenzó la Gran Recesión. En este aspecto, una parte muy significativa del planeta parece haber hecho un lamentable viaje de ida y vuelta, en un bucle histórico, como si no hubiera comprendido del todo —o hubiera olvidado— los males a que dan lugar las sociedades demasiado divididas, demasiado polarizadas, de las que tantos ejemplos se pueden poner.

Hay historiadores que han recordado que algunas de las características de la Gran Recesión se asemejan al ambiente que se creó en el periodo de entreguerras entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque también sean conscientes de la enorme distancia entre una y otra coyuntura. En 1939, el historiador E. H. Carr publicó La crisis de los veinte años, un provocador ensayo que trataba precisamente del periodo de inestabilidad política y económica que se inicia en el año 1919, final de la Gran Guerra, y acaba en 1939, principio de la segunda conflagración generalizada. El libro se escribió antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que convirtió los años de la crisis en un simple entreacto, «los años de entreguerras», entre dos periodos de convulsión violenta.

Otro británico, Richard J. Overy, ha descrito con maestría el ambiente de crisis que se extendió en aquellos años. «Crisis» es un término manido que se emplea para describirlo todo, desde un breve contratiempo personal hasta una situación al borde de la guerra nuclear, lo que a veces dificulta a los historiadores distinguir específicamente un periodo que cabría definir como ciertamente de crisis, con los altibajos habituales del proceso histórico. Dos aspectos nos permitirían considerar los años comprendidos entre las dos guerras mundiales como una crisis trascendente: el primero es la amplia variedad y escala de las revueltas y conflictos que definen el periodo; el segundo es la aguda sensación que abrigaban los contemporáneos de estar viviendo en una época de transición caótica y peligrosa, en la que lo antiguo no acababa de morir y lo nuevo no terminaba de llegar. No en vano Winston Churchill bautizó su estudio sobre la época de la Gran Guerra, publicado en la década de los veinte, como La crisis mundial.

Las numerosas crisis que se superponen (política, económica, del orden social, del sistema internacional…) provocaron entonces una verdadera crisis moral. «En la década de los treinta», escribe Overy, «las esperanzas optimistas de los años de posguerra acerca de la restauración de la paz social y la justicia internacional ya habían cedido paso a un sentimiento generalizado de malestar profundo, un reconocimiento angustiado de que el mundo se hallaba en una coyuntura crucial». En esa década había aparecido abundante literatura del pesimismo, desde El malestar en la cultura de Sigmund Freud, hasta Subir a los aires, de George Orwell. Pretendían transmitir la sensación de callejón sin salida moral, de sociedades modernas abrumadas por la posibilidad de otra guerra. «Millones de otros como yo», declaraba el narrador de Orwell, «tienen la sensación de que el mundo va mal. Pueden sentir que las cosas se derrumban y crujen bajo sus pies». En ese periodo también se publica otra obra de referencia, La decadencia de Occidente, del alemán Oswald Spengler, en la que sostenía que todas las civilizaciones tienen un ciclo de vida natural consistente en crecimiento, florecimiento y decadencia, y que la cultura europea (territorio en el que se iba a sufrir, de manera determinante, el drama de los conflictos), absorta en un materialismo estrecho y en el caos, estaba a punto de entrar en su invierno.

Tras la Gran Guerra, que tanto sufrimiento trajo consigo, los ciudadanos manifestaban un deseo generalizado de regresar a lo que se consideraba «normalidad», el mundo anterior al conflicto, el mundo de la Belle Époque, pero la realidad contradecía a esos deseos: descontento social, estancamiento económico, conflictos políticos internacionales. En la confrontación entre realidad y deseo se extendió un sentimiento de fin de siècle, de fin de una era, parecido al que se da ahora en una Europa en decadencia que ve cómo nuevas zonas del mundo amenazan su economía y su papel de principal aliado estratégico de Estados Unidos. La Gran Recesión está sirviendo para incrementar ese sentimiento de que se está pasando de una época de certezas a otra de inestabilidad.

Desde principios de los años ochenta del siglo pasado, con la hegemonía conservadora, el mundo ha vivido una distribución al revés: los ricos han ido haciéndose riquísimos, mientras que muchos desafortunados sobrevivían en condiciones más o menos tristes. Ello no era justicia divina ni orden natural, sino consecuencia de una política económica cuyo objetivo básico consistía en recuperar la tasa de ganancia empresarial a los niveles de antes de la revolución keynesiana y de la existencia del Estado de Bienestar. Para ello había que limitar la una y el otro. Al llegar la Gran Recesión, a partir del año 2007, esas tendencias que se habían aplicado con más o menos intensidad en las últimas décadas no sólo no se corrigieron sino que se exacerbaron como en una especie de periodo de excepción: los extremos continuaron igual (la polarización social), pero se multiplicó un fenómeno del que ya había, anteriormente, algunos indicios claros: las clases medias, concebidas en el sentido más amplio, se debilitaron; y con mucha rapidez una fracción de las mismas (mayor o menor según la intensidad de las dificultades) entró a formar parte del ejército de reserva de los desocupados, de los empleados parciales, y de los grupos que se depauperaron. De ahí el eslogan sugerido por el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz: «El 1 % de la población tiene lo que el 99 % necesita».

Desigualdad y movilidad social son dos conceptos que aparecen vinculados pero que no significan exactamente lo mismo. La desigualdad económica y la desigualdad social no son equivalentes. La desigualdad económica tiene en cuenta la variación de ingresos y riquezas. El profesor de la Universidad de Sevilla, Ildefonso Marqués Perales, que ha escrito un agudo ensayo sobre la movilidad social en España durante la democracia, retoma la metáfora del hotel que hizo famosa Joseph Alois Schumpeter: la desigualdad económica sirve para establecer las categorías del mobiliario de cada una de las habitaciones del mismo. Imaginemos que éstas pueden ser suites, junior suites, habitaciones dobles y habitaciones sencillas. Las primeras gozan de un variado mobiliario de anticuario, camas anchas, ventanas luminosas y amplios servicios; y las segundas tienen muebles básicos, escasa claridad, camas sencillas y servicios muy reducidos. La movilidad social hace referencia a cómo los distintos individuos (o familias) se mueven por ese hotel, cómo cambian de unas habitaciones a otras, si suben a una suite o, por el contrario, bajan a una habitación individual.

En la desigualdad social el capital económico es sólo una dimensión más dentro de un conjunto de recursos como la educación o los contactos. Un tendero con suerte podrá ganar la misma cantidad que un médico que no la tiene, pero las probabilidades medias de colocación si los dos van al paro no serán las mismas. Tampoco serán idénticas las probabilidades de ascenso, ni por supuesto las oportunidades que brindarán a sus hijos. La movilidad social da cuenta de los desplazamientos que realizan los ciudadanos en el hotel social (contando otras propiedades, más allá del sueldo); es decir, examina los desplazamientos a través de las clases que tienen los individuos. Esta movilidad es la que se ha detenido o ha limitado su velocidad durante la Gran Recesión.

Multitud de datos y situaciones corroboran esa realidad. Decía Mark Twain: «Los ricos son diferentes de ti y de mí». A los que están arriba de la escala social les resulta difícil imaginar cómo es la vida de los de abajo y, cada vez más, de los del medio. Y viceversa. Por cierto que fue el maravilloso escritor del Misisipi el que habló de la Gilded Age (edad chapada en oro) para referirse a las décadas que van desde 1870 a 1890, las del final de la guerra de Secesión americana, cuando el país conoció una expansión económica muy fuerte acompañada de un gran conflicto social por las enormes desigualdades económicas y sociales. Algunos analistas han copiado a Twain, y también hablan de lo sucedido en el mundo en los años precedentes a la crisis como una nueva edad dorada con semejantes limitaciones a la de entonces. Más bien de una edad «chapada» en oro.

Los de arriba de la escala social no valoran del todo —porque no piensan habitualmente en ella— la distancia social que se ha ampliado tanto (aunque con sus hábitos económicos y sociales «compran» esa distancia social y presumen de la misma), mientras que el resto subraya con tinta indeleble la llamada «renta relativa» y la «privación relativa»: lo que cuenta para la sensación de bienestar de un individuo no es sólo su renta en términos absolutos sino su renta en relación con los demás, la preocupación por su consumo comparado con el de su vecino, no ser menos que este último trabajando igual. En definitiva, no quedarse atrás en una distribución cada vez más regresiva de la renta, la riqueza (la desigualdad de patrimonios es aún superior a la desigualdad de rentas en estos momentos, y tiende a agrandarse por la tendencia a suprimir los impuestos de patrimonio y de sucesiones) y las oportunidades.

Las situaciones sorprenden por las vivencias distintas que desarrollan quienes pertenecen a distintos estratos sociales. Quienes ostentan el poder (y la riqueza) lo utilizan para reforzar sus posiciones económicas y políticas, pero de paso intentan condicionar la forma de pensar, de hacer aceptables las diferencias de ingresos que de otro modo resultarían odiosas. En ello juegan un papel central, en muchas ocasiones, los medios de comunicación, cuando no ejercen el «poder compensatorio» del que hablaba John Kenneth Galbraith. Como empresas (ideológicas) que son, los medios de comunicación han tenido que resistir los avatares de la crisis y las características del nuevo capitalismo financiero que es dominante. El resultado de estas dos circunstancias ha sido, en general, medios de comunicación concentrados en el seno de grandes conglomerados societarios, cuyos intereses particulares son más amplios que los de la información, y medios de comunicación que han perdido su condición de empresas familiares y han sido adquiridos por sus principales acreedores, generalmente entidades financieras, que han capitalizado sus deudas. El resultado de estos dos vectores, que en la mayoría de los casos han tirado en la misma dirección, son medios de comunicación menos independientes, con menor autonomía para ejercer su función de servicio público, más comprometidos con los intereses de sus propietarios y de su tecnoestructura, y con mayores dificultades para ejercer el citado «poder compensatorio». Ello tiene gran relevancia en términos de calidad de la democracia, y de aceptación de la realidad existente. Su ideología tiende a ser directamente la ideología de sus dueños.

Las percepciones condicionan la realidad. Comprender la forma en que evolucionan las convicciones ha sido siempre un asunto de interés central en la historia intelectual. Las creencias sociales como la economía se diferencian de las ciencias exactas en que las primeras condicionan a la realidad de modo inmediato. El multimillonario Warren Buffett lo dijo claro en una de esas sentencias por las que pasará a la historia, además de por su fecunda actividad empresarial: «Durante los últimos veinte años ha habido una guerra de clases y mi clase ha vencido».

El choque de ideas

El choque de ideas

El elemento determinante de la Gran Crisis (como Martin Wolf, uno de los más influyentes comentaristas del Financial Times, denomina en su último libro a lo que ha ocurrido en el mundo en la última década) ha sido el económico. No se trata de una crisis estrictamente económica ya que ha promovido un gran cambio social, político y en las formas cotidianas de vivir y de pensar de la gente, pero su epicentro fue económico. Por ello, el principal choque de ideas en nuestro tiempo se produce hoy en ese terreno. ¿Cómo combatir la pobreza, la desigualdad, el paro? ¿Cómo promover un crecimiento equilibrado y sostenible? ¿Con austeridad a ultranza, gasto público, regulación, privatizaciones? ¿Con inversión pública para limitar el estancamiento secular o rigor a ultranza? ¿La política monetaria debe ser restrictiva o laxa? ¿Qué es mejor regulación o autorregulación? ¿Reforma laboral o reforma empresarial? ¿Qué tipo de reforma laboral? ¿Debe haber más Estado o más mercado? ¿Privatizaciones o servicios públicos?

El eje central de todo proyecto político es, cada vez más, su programa económico. Se han escuchado muchas veces las brillantes palabras de Keynes acerca de la influencia del economista en el político, que aparecen en su Teoría general:

Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto si tienen razón como si están equivocados, son más poderosas de lo que se suele creer. De hecho, lo que mueve al mundo no es más que eso. Los hombres prácticos que creen estar a salvo de toda influencia intelectual, suelen ser esclavos de algún economista del pasado. Algunos locos que ejercen el poder, y que creen oír voces dentro de su cabeza, deben sus locuras a algún escritor de hace unos cuantos años.

Pero han tenido mucho menos eco las de su gran competidor ideológico, Friedrich von Hayek, que coincidía con el maestro de Cambridge en este tema. En Los intelectuales y el socialismo, escribía Hayek: «Los puntos de vista de los intelectuales determinan las políticas del mañana […] Lo que a un observador de nuestros días le parece una disputa surgida de un conflicto de intereses, en realidad se ha decidido mucho antes en una confrontación de ideas que ha tenido lugar en círculos más restringidos».

El historiador de las ideas económicas Lawrence H. White, catedrático de la Universidad George Mason, describe cómo otros muchos economistas han discrepado de las hipótesis de Keynes y Hayek en este terreno. Cita, por ejemplo, al gran economista italiano Vilfredo Pareto, de tanta influencia. En su libro Forma y equilibrio sociales, Pareto cree que son los grupos políticos dominantes en una sociedad los que, preocupándose por maximizar sus intereses, determinan qué políticas económicas van a prevalecer entre los académicos. Por ejemplo, cuando la opinión de las élites, «un estado mental que en gran medida es fruto de intereses económicos, políticos y sociales individuales y de las circunstancias en que uno vive», se inclina hacia el proteccionismo, la política económica de un país acabará girando hacia el proteccionismo. El Chicago Boy George Stigler también era escéptico. En su conocido artículo «El economista como predicador» animaba a sus colegas de profesión a abandonar la esperanza de que al sermonear a los políticos acerca de las bondades de la eficiencia económica los pudieran convencer para que abandonaran sus decisiones ineficientes. Discusiones de economistas. En fin…

White explica la actual estructura de la producción intelectual:

Los bosques aserrados comercialmente producen árboles destinados a los aserraderos. Allí son convertidos en madera que, a su vez, las empresas transforman en muebles para el consumidor final. Las observaciones de Hayek y Keynes nos proponen una estructura similar para la producción intelectual. Los investigadores económicos de alto nivel producen teorías abstractas que los especialistas en economía aplicada transforman en propuestas políticas menos abstractas que, a su vez, los periodistas y los intelectuales reúnen en libros de consumo masivo [menos masivo, lamentablemente], artículos de opinión y comentarios en la radio y en la televisión destinados a los políticos y al público en general. James M. Buchanan y Richard E. Wagner han descrito la expansión del pensamiento keynesiano precisamente así: «La aceptación de las teorías de Keynes en Estados Unidos se produjo paso a paso, de los economistas de Harvard a los economistas en general, de ahí a los periodistas y, por último, a los políticos en el poder».

Warren Buffett puede decir cosas como las que hemos reproducido antes con total libertad: en los últimos años ha habido una gran barrida de las posiciones redistributivas progresistas y un retroceso en los términos igualitarios en el seno de las sociedades. Ha sido enorme la extensión de la diferencia, el apoderamiento de las rentas de la mayoría, la desnudez cínica de los argumentos utilizados… Hace pocos años, con motivo del 160 aniversario de su fundación, el semanario The Economist, nada sospechoso de veleidades izquierdistas, publicó una serie de artículos con un mensaje común: el mayor enemigo del capitalismo es el capitalista, por sus abusos e irregularidades, y no sus adversarios ideológicos. Su entonces director, Bill Emmott, escribía:

Es una de las reflexiones más melancólicas del día actual, que mientras que la riqueza y el capital han aumentado rápidamente, mientras que la ciencia y el arte han efectuado los milagros más sorprendentes para ayudar a la familia, y mientras que la moral, la inteligencia y la civilización se han extendido rápidamente a todas las manos, los grandes intereses materiales de las clases superiores y medias y las condiciones de las clases trabajadoras e industriales están cada vez más marcadas, en esta época, por la incertidumbre y la inseguridad.

Ahora, en el primer cuarto del siglo XXI, muchos ciudadanos de todas partes coinciden en ese otro trilema indignado de Joseph Stiglitz: los mercados no funcionan porque no son eficaces ni transparentes (el ejemplo máximo de falta de eficacia es el mercado de trabajo); el sistema político no corrige, como es su misión, los fallos del mercado; ergo, el sistema económico (el capitalismo) y político (la democracia) no sirven, son injustos y merecen nuestra desafección.

Ha sido, entre bastantes otros, un economista puro como Stiglitz —no un filósofo moral como Adam Smith— quien ha actualizado las relaciones entre desigualdad y justicia, y desigualdad y eficacia, lo cual, afortunadamente, eleva en este caso un escalón la fiabilidad de la profesión del economista, tan mermada en esta crisis (no acertó a pronosticar su llegada, su extensión ni su profundidad o por incapacidad científica o por haber ocultado los datos más relevantes del problema en beneficio de quienes le pagaban). Stiglitz hace un pronóstico inquietante en sus textos: durante años existió un acuerdo implícito entre la parte alta de la sociedad y el resto: nosotros os proporcionamos empleo y prosperidad y vosotros permitís que nos llevemos nuestras bonificaciones; todos vosotros os lleváis una buena tajada, aunque nosotros nos llevamos la más grande. Ese acuerdo, que siempre había sido frágil e inestable, se ha desmoronado, y los ricos se llevan la parte más significativa de la renta y la riqueza pero no proporcionan a los demás más que angustia e inseguridad.

La experiencia política de Stiglitz es amplia. Catedrático de la Universidad de Columbia (y antes de las universidades de Yale, Oxford y Stanford) fue asesor económico de Bill Clinton, y economista jefe y vicepresidente del Banco Mundial. Una parte de su obra teórica de la segunda etapa ha estado centrada obsesivamente en demostrar que la existencia de la desigualdad es importante para la eficacia y supervivencia del sistema, no sólo la pobreza como defienden los economistas de la compasión (generalmente en la derecha). Su tesis es que las sociedades sumamente desiguales no funcionan de forma eficiente y sus economías no son ni estables ni sostenibles a largo plazo. Derrochan recursos naturales y humanos. Cuando un grupo de interés tiene demasiado poder, logra imponer las políticas que le benefician en vez de las que beneficiarían a la sociedad en su conjunto. Cuando los más ricos utilizan su poder político para beneficiar en exceso a las grandes empresas que ellos mismos controlan, se desvían unos ingresos muy necesarios hacia unos pocos en vez de dedicarse a la sociedad en general.

Nadie triunfa por sí solo

Nadie triunfa por sí solo

Pero los ricos no existen en el vacío. Necesitan a su alrededor una sociedad que funcione de una determinada manera para que mantenga su posición y para que produzca beneficios a partir de sus activos. Los ricos son reacios a los impuestos, pero los impuestos permiten que la sociedad realice inversiones que sostienen el crecimiento del país. Cuando se invierte poco dinero en educación, por falta de ingresos, los colegios no producen los brillantes licenciados que precisan las empresas para ser prósperas. Llevada al extremo, esa tendencia egoísta distorsiona un país y su economía tanto como los ingresos rápidos y fáciles de las industrias extractivas distorsionan a los países ricos en materias primas. El economista recuerda otras manifestaciones de extrema desigualdad en países como los latinoamericanos (América Latina sigue siendo hoy la zona con más desigualdad del mundo, según la OCDE, aunque unos cuantos países en transición desde el socialismo real a la economía de mercado, así como algunos países ricos en recursos, están dando grandes pasos para desalojarla de tan desafortunada posición). Muchos países de la zona padecen altos índices de criminalidad, inseguridad ciudadana e inestabilidad social. La cohesión social sencillamente no existe.

Aparte de los costes de estos fenómenos agresivos, hay razones adicionales por las cuales una alta desigualdad fomenta una economía menos eficiente y menos productiva. Según el informe «Por qué menos desigualdad beneficia a todos», de la OCDE, la dispersión de riqueza acaba por lastrar a la economía. El incremento del índice de Gini entre 1989 y 2005, de dos puntos en 19 países de la OCDE, erosionó en 4,7 puntos porcentuales el crecimiento acumulado entre 1990 y 2010. El motivo aducido por la Organización es que una mayor desigualdad se traslada rápidamente a una peor formación para los más pobres, lo que supone un gran desperdicio de potencial, y reduce la movilidad social. Por contra, el trabajo de la OCDE apunta a que, por cada punto del coeficiente de Gini en que se reduce la desigualdad, la economía se acelera en 0,8 puntos porcentuales en los cinco años siguientes.

En El precio de la desigualdad y en La gran brecha, Stiglitz concluye que la cuestión más esencial es la consciencia de que nadie triunfa por sí solo. Los lobos solitarios son excepcionales. Hay multitud de personas inteligentes, trabajadoras y dinámicas en muchos países que permanecen en la pobreza no porque carezcan de capacidades ni porque no se esfuercen lo suficiente sino porque trabajan, o lo intentan, en unas economías que no funcionan bien. Se paga un alto precio por una desigualdad que deja una herida cada vez más profunda en las sociedades contemporáneas —menor productividad, menor eficiencia, menor crecimiento, más inestabilidad— y los beneficios de reducir esa desigualdad compensarían cualesquiera costes que pudieran derivarse. Stiglitz añade: «De entre todos los costes que el 1 % más alto impone a nuestra sociedad, tal vez el mayor sea el siguiente: la erosión de nuestro sentido de la identidad, donde son tan importantes el juego limpio, la igualdad de oportunidades y la sensación de comunidad».

Todo ello lleva, una vez más, a la cuestión de la democracia. La desigualdad no emerge espontáneamente a partir de unas abstractas fuerzas del mercado, sino que es determinada y reforzada por la política que se aplica. La política sería así el campo de batalla para las disputas sobre cómo se reparte la tarta económica del país. Es la batalla en la que Warren Buffett dice, con razón, que han vencido los suyos. Se supone que en una democracia las cosas no han de funcionar así. La teoría política dice que los resultados de los procesos electorales reflejarían los puntos de vista de la mayoría, no los de las élites.

En estas circunstancias el sistema político falla tanto como el económico. Por eso las secuelas de la Gran Recesión son tan relevantes. La gente confiaba en la democracia, tenía fe en que el sistema político iba a funcionar, creía que iba a exigir responsabilidades a quienes habían provocado la crisis para, a continuación, beneficiarse de ella, y a reparar rápidamente las averías de la economía. Bastantes años después del inicio de la Gran Recesión queda claro que el sistema político ha fracasado en buena medida a la hora de evitar las dificultades más lacerantes, en actuar como el coche escoba de las carreras ciclistas que va recogiendo a los que se quedan por el camino, de evitar el incremento de las desigualdades políticas, sociales y económicas (no sólo estas últimas). Ello ha multiplicado la polarización y el desengaño. Los científicos sociales muestran que si las familias pobres que lo están pasando mal aglutinan la simpatía de la mayoría, los de arriba suscitan una indignación creciente. La antigua admiración por la inteligencia de las élites comprometidas deviene en enfado por su insensibilidad egotista.

Pese a la brillantez de sus argumentos y a su autoridad académica y pública, no ha sido Stiglitz el economista que más ha recogido la idea de introducir la desigualdad en el frontispicio de la política económica del siglo XXI, tras largas décadas de ser orillada por la economía neoclásica, que la consideró una característica natural del capitalismo. Hasta hace muy poco, el concepto de equidad no solía figurar en los análisis centrales de la teoría económica, que lo había arrinconado. Basta ver los libros de texto de bachillerato y de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales. Aunque todos ellos mencionan la igualdad y su contrario, muchos la relegan al final de algún capítulo e incluso del libro. La igualdad acostumbraba a citarse en aquellas partes que los estudiantes saben que se pueden saltar cuando les toca estudiar la disciplina para un examen final. Hablar de igualdad con algunos economistas ortodoxos equivalía a eructar en una cena de gala. Sencillamente, no debe hacerse.

El economista francés Thomas Piketty consiguió con su monumental obra El capital en el siglo XXI lo que ninguno de sus colegas había logrado antes: que la desigualdad pasase de ser un asunto de discusión entre expertos a interesar a todo el mundo. A partir del momento en que las tesis de Piketty fueron desmenuzadas y discutidas ad nauseam, resulta más difícil elaborar proyectos cuyas memorias económicas no tengan en cuenta si las medidas que se proponen en ellas benefician o perjudican a la distribución de la renta y la riqueza, además de su impacto ambiental. Hasta que se publicó el libro de Piketty, los textos de Stiglitz no habían sido ni mucho menos los únicos que abordaron la desigualdad como una característica fundamental de nuestro tiempo y del capitalismo dominante. Incluso el propio Piketty, en colaboración con otro joven economista francés residente en Estados Unidos, Emmanuel Sáez, Anthony Atkinson (Universidad de Oxford) o Gabriel Zucman, de la London School of Economics, eran ejemplos notables de ello. También las organizaciones multilaterales como la OCDE, el FMI o el Banco Mundial habían abordado el tema. Por hache o por be, sus textos no habían roto el corsé más o menos amplio de la comunidad académica y los divulgadores, ni habían alcanzado la difusión y la influencia de El capital en el siglo XXI, en el que su autor sostiene enfáticamente que los investigadores en ciencias sociales de todas las disciplinas, los periodistas y los comentaristas de cualquier medio, los militantes sindicales y políticos de todas las tendencias, pero principalmente todos los ciudadanos, deberían interesarse seriamente por el dinero, su comportamiento, los hechos y las evoluciones que lo rodean. «Quienes tienen mucho», escribe Piketty, «nunca se olvidan de defender sus intereses. Negarse a usar cifras rara vez favorece a los más pobres». Posteriormente al libro de Piketty, Stiglitz y Atkinson han vuelto a insistir en la desigualdad con dos textos muy relevantes (La gran brecha e Inequality).

Los think tanks conservadores se alarmaron de que se hubiese desvelado ante el gran público (por la polémica generada, no por el libro de Piketty en sí, que es denso y hay que leerlo con esfuerzo, subrayándolo) esta tendencia tan turbadora de la desigualdad, consecuencia de las políticas económicas aplicadas en los últimos treinta y cinco años y, sobre todo, de las soluciones que proponía el economista galo para combatirla. En un texto del año 2014 lo explicaba sin disimulos James Pethokoukis, del American Enterprise Institute: el trabajo de Piketty debía ser rebatido con urgencia porque de lo contrario «se propagará entre los intelectuales y remodelará el paisaje político-económico en el que se librarán las futuras batallas de las ideas políticas».

En esencia, ¿qué ha sostenido Piketty? Que mientras los rendimientos del capital aumenten más que el crecimiento económico de un país, se incrementará la desigualdad en el mismo. Que ésta es una tendencia de largo plazo y se constituye en la contradicción principal del capitalismo: la principal fuerza desestabilizadora se vincula con el hecho de que la tasa de rendimiento privado del capital («r») puede ser significativa y duraderamente más alta que la tasa de crecimiento del ingreso y la producción («g»): «r>g». Que en el siglo XIX, parte del XX y lo que llevamos del XXI ello ha sido así, y que la única interrupción a esta tendencia se produjo durante los años de la revolución keynesiana, de las políticas del New Deal contra la Gran Depresión, y del nacimiento del Estado de Bienestar. También afirma que la desigualdad tiende a convertirse en estructural y es tan disparatada que para combatirla habrá que establecer impuestos confiscatorios a los más ricos, además de practicar políticas públicas a través del gasto. Para llegar a estas conclusiones se basa en un aparato matemático sencillo y en un trabajo empírico (series históricas de doscientos años) arrollador.

Esta desigualdad entre los rendimientos del capital y los del resto de la economía implica que la recapitalización de los patrimonios procedentes del pasado será más rápida que el ritmo de crecimiento de la producción y los salarios. Y expresa una contradicción lógica fundamental: el empresario tiende inevitablemente a transformarse en rentista y a dominar cada vez más a quienes únicamente tienen su trabajo. Una vez constituido, el capital se reproduce solo, más rápidamente de lo que crece la producción. El pasado devora al porvenir.

Una buena parte de los que saludaron de modo muy positivo las tesis pikettianas en su denuncia no compartió del mismo modo la última parte de su obra, las soluciones impositivas, que le pareció la zona más endeble de su estudio del capitalismo actual. El economista de la École d’Économie de París opina que la solución correcta para corregir niveles tan altos de desigualdad es un impuesto progresivo anual sobre el capital, que exige un grado muy alto de cooperación internacional y de integración política regional, ya que no está al alcance de los Estados-nación en que se construyeron los compromisos sociales precedentes. Manifiesta su inquietud porque, de seguirse este camino, lo único que se conseguiría en la Unión Europea sería debilitar los logros existentes (empezando por el Estado social pacientemente construido en los países europeos después de las dos guerras mundiales), sin poder construir más que un gran mercado caracterizado por una competencia cada vez más dura y más imperfecta que no cambiará los límites de la desigualdad.

Piketty entiende que para retomar el control del capitalismo no hay más opción que apostar por la democracia hasta sus últimas consecuencias, sobre todo a escala europea. El repliegue nacional no puede llevar sino a frustraciones y decepciones mayores. El Estado-nación sigue siendo el escalón pertinente para modernizar profundamente muchas políticas sociales y fiscales y, hasta cierto punto, para desarrollar nuevas formas de gobernanza y propiedad compartida a medio camino entre la propiedad pública y la privada. Sin embargo, sólo la integración política regional permite considerar una reglamentación eficaz del capitalismo patrimonial globalizado del siglo XXI.

En general, las críticas que recogió fueron de cuatro clases diferentes. Las primeras, las más directamente ideológicas, provienen de los sectores más derechistas y neoliberales (en sentido europeo) de la academia, los mercados y la política: no se hable más, Piketty es un marxista (incluso un estalinista, llegaron a decir) y ello lo explica todo. Pero además de que eso no explica nada, salvo los prejuicios de quienes acusan, el economista lo desmintió con sencillez: a lo más que ha llegado es a asesorar al Partido Socialista francés; no ha leído El capital de Marx ni tiene pasado juvenil revolucionario (son sus padres los soixante-huitards). Su inspiración y su ideología provienen del artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que dice: «Lo hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común». La segunda tanda de críticas llegó de los que opinaban que Piketty no es un buen economista y que el aparato estadístico que insertaba en su libro (un detallado análisis de la distribución del ingreso y la riqueza desde el siglo XVIII hasta nuestros días) era deficiente. Son las que denunció el Financial Times, entre otros. Nuestro economista fue humilde: estaba seguro de que sus bases de datos históricos contenían errores y habrán de ser depuradas y mejoradas, pero ello no cambiará lo sustancial de la tendencia del sistema a largo plazo hacia una desigualdad creciente. El tercer segmento de los críticos es, probablemente, el más interesante: la desigualdad actual no sólo proviene de la riqueza acumulada y de la riqueza heredada por unos pocos (el célebre 1 % de la cúspide) sino de los disparatados salarios que se están pagando a algunos ejecutivos en el sector financiero y en otros. Según uno de los últimos informes salariales elaborados por los sindicatos de Estados Unidos, la paga de un consejero delegado (CEO) es hoy 331 veces más alta que la de la media de sus empleados y 774 veces mayor que la de quienes menos cobran. Y se pone un ejemplo ilustrador: los trabajadores más humildes de la cadena de supermercados Wal-Mart debían trabajar durante ocho meses y medio, en jornadas de 40 horas semanales, para embolsarse lo mismo que el CEO del grupo en una hora. Para estos críticos, la inequidad salarial es el principal factor explicativo de la desigualdad. Ha sido tan fuerte la crítica a los salarios de los trabajadores de Wal-Mart que su dirección anunció en el mes de junio de 2015 que elevaría los emolumentos de más de 100 000 trabajadores en Estados Unidos; la mayor cadena minorista del mundo subiría los sueldos de los encargados de los departamentos de secciones como electrónica y automóvil entre 13 y 24,70 dólares a la hora, frente a los 10,30 y 20,09 dólares actuales. La mejora también afectaría a otras secciones como ropa, donde los encargados recibirán entre 10,90 y 20,71 dólares a la hora, frente a los 9,90 y 19,31 dólares que cobraban en ese momento. La compañía, que tiene 4540 sucursales de Wal-Mart y unas 650 tiendas Sam’s Club en Estados Unidos cuenta con un total de 1,3 millones de trabajadores. En el mes de febrero anterior ya había anunciado que gastaría alrededor de mil millones de dólares para aumentar la paga de más de medio millón de trabajadores.

El último grupo de críticas se fundamenta en el carácter distorsionador de los impuestos más confiscatorios. En ocasiones, la incautación de las rentas de los más ricos (aunque éstas sean desaforadas e irreales en relación al valor añadido que su trabajo posee) genera tal desestímulo en la producción económica que el resultado es una reducción real del producto social a repartir. Por ejercer una acción contra la desigualdad (que en términos morales puede estar más que justificada) se empeora la situación de la mayoría, en términos meramente económicos. En El capital en el siglo XXI se menciona la posibilidad de una lista de tasas impositivas para el capital: del 0,1 % al 0,5 % anual sobre patrimonios de menos de un millón de euros; del 1 % para fortunas entre uno y cinco millones de euros; del 2 % a 5 % para aquéllas entre cinco y diez millones de euros; o del 10 % anual para las fortunas de varios cientos o miles de millones de euros:

Esto permitiría contener el crecimiento sin límites de las desigualdades patrimoniales mundiales que hoy en día crecen a un ritmo insostenible a largo plazo, algo que debería preocupar incluso a los fervientes defensores del mercado autorregulado. La experiencia histórica indica, además, que fortunas tan desmesuradamente desiguales tienen poco que ver con el espíritu empresarial y carecen de utilidad para el crecimiento. Retomando la bella expresión del artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 […] no son de utilidad común.

El argumento final de Piketty, que no es moral ni económico sino político, se asemeja mucho a los de Stiglitz: concentraciones extremas de la riqueza como las que caracterizan a nuestras sociedades amenazan los valores de la meritocracia (de la economía de mercado) y de la justicia y la cohesión social sobre los que se asientan las democracias. Lo que está en peligro es la democracia. Uno debe olvidar exageraciones como la de que la obra de Piketty (para quien Larry Summers, exsecretario del Tesoro estadounidense con Bill Clinton ha pedido el próximo Premio Nobel) es superior a la de Adam Smith, Keynes o Marx. Lo que sí es cierto es que las tesis de un científico social francés no habían influido tanto en el mundo anglosajón desde Alexis de Tocqueville con La democracia en América.

En mayo de 2015, Piketty publicó en la American Economic Review un pequeño artículo de ocho folios para matizar algunas de las aseveraciones que decían que había escrito y no estaban en su libro. En definitiva, su principal matización consistía en que no veía a «r>g» como la única, ni incluso como la principal herramienta para analizar los cambios en el ingreso y la riqueza en el siglo XX, o para pronosticar el camino que seguirán el ingreso y la desigualdad de riqueza en el siglo actual. Los cambios institucionales y los shocks políticos —los cuales pueden verse en gran parte como endógenos a la desigualdad y al proceso de desarrollo mismo— jugaron un papel principal en el pasado y posiblemente ocurrirá lo mismo en el futuro.

En el año 1989 el capitalismo derrotó al comunismo. El símbolo de esta batalla fue la destrucción del Muro de Berlín y su venta a trozos en las tiendas occidentales, como souvenir para turistas o nostálgicos. Menos de veinte años después, en el año 2007, el capitalismo aceleró su acometida contra la democracia. Intentó vencerla. En este caso, no en un solo acto sino poco a poco, retroceso a retroceso, destruyendo ese equilibrio entre economía de mercado y libertades políticas, civiles y sociales que tanto había costado instalar tras las dos guerras mundiales. En 2007 el icono no ha sido un monumento sino un concepto más intangible y espeso en la teoría, pero muy concreto en la realidad: el crecimiento exponencial de la desigualdad en medio de dificultades muy importantes para casi todos.

Expongamos los datos generales de ese aumento de la desigualdad en tiempos de estancamiento económico (Oxfam Intermón, 2014):

—Casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de sólo el 1 % de la población.

—La riqueza del 1 % de la población más rica del mundo asciende a 110 billones de dólares, una cifra 65 veces mayor que el total de la riqueza que posee la mitad más pobre de la población mundial.

—La mitad más pobre de la población mundial posee la misma riqueza que las 85 personas más ricas del mundo.

—Siete de cada 10 personas viven en países en los que la desigualdad económica ha aumentado en los últimos treinta años.

—El 1 % más rico de la población ha visto cómo se incrementaba su participación en la renta entre los años 1980 y 2012, en 24 de los 26 países de los que Oxfam Intermón dispone datos.

—En Estados Unidos, el 1 % más rico ha acumulado el 95 % del crecimiento total posterior a la crisis desde 2009, mientras que el 90 % de la población se ha empobrecido aún más.

En este libro no abusaré de los números pues, en determinados casos, la abrumadora abundancia de ellos anestesia el grueso de la reflexión. Los datos anteriores, como otros muchos que podrían proporcionarse, son suficientemente explícitos como tendencia y suponen una amenaza para los sistemas políticos y económicos inclusivos.

Hay autores que van más lejos, y sostienen que la amenaza más seria para la democracia no procede tanto de la mala distribución de la renta y la riqueza como de la decadencia y el abandono de las instituciones públicas en las que los ciudadanos deberían encontrarse como iguales. Es el caso, por ejemplo, del ya desaparecido profesor de Historia de la Universidad de Rochester, Christopher Lasch, a quien debemos uno de los estudios más lúcidos sobre la rebelión de las élites y la traición a la democracia, que citaré con frecuencia. Según Lasch, la igualdad de ingresos y patrimonio es menos importante que el más factible objetivo de la igualdad social o cívica. Desde este punto de vista, el problema más acuciante de nuestra sociedad no es que los ricos tengan demasiado dinero sino que éste los aísla de la vida corriente mucho más que en otros momentos de la historia, y dimiten de la mayoría de sus obligaciones cívicas.

Lo que el sociólogo Robert Merton denominó por primera vez el efecto Mateo está muy presente. Éste es la denominación técnica del fenómeno de acumulación de bienes, riqueza o fama, simplificado por la frase «el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre». En realidad, lo que dice el evangelista San Mateo en su parábola de los talentos es que «al que más tiene más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene». Las posiciones que inciden prioritariamente en la desigualdad política insisten en que las políticas públicas deberían sobre todo restringir los ámbitos de la vida en los que importa el dinero, e incidir menos en deshacer los efectos del mercado (que inevitablemente producen desigualdad de ingresos, a no ser que éstos fueran escandalosos). La meta del «liberalismo cívico» —totalmente diferente del «liberalismo monetario»— consiste en crear ámbitos en los que el dinero carezca de valor, para evitar que los que lo tienen se crean superiores. El filósofo americano Michael Walter, editor de la revista de política y cultura Dissent (en la que escribía Lasch), sostiene desde una posición de izquierdas que no se apoya más eficazmente el principio de igualdad garantizando una distribución igualitaria de los ingresos sino poniendo límites severos al «imperialismo del mercado» que transforma todos los bienes sociales en mercancías. Lo que se cuestiona es la hegemonía del dinero fuera de su esfera. En la teoría neoliberal, neoclásica, ninguna zona queda fuera del mercado. La vida social sólo tiene un compartimento: el definido por la acción guiada por el interés propio.

La curva del Gran Gatsby o el liberalismo cívico

La curva del Gran Gatsby

o el liberalismo cívico

Aunque no menciona como tal este «liberalismo cívico», esto es lo que defendía la ONG Oxfam Intermón cuando en enero de 2014 realizó un estudio que envió a los reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos de ese año (en general, las élites del mundo y sus intelectuales orgánicos) titulado «Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica». El estudio parte de una tesis muy concreta: la mayoría de las poblaciones ha llegado a creer que las leyes y las normativas están concebidas para beneficiar «a otros» (los ricos). Se sustenta en una encuesta realizada en seis países muy distintos (España, Brasil, India, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos) que corrobora esa tesis muy mayoritariamente. En España, ocho de cada diez personas sondeadas estaban de acuerdo con la afirmación. Mal augurio para la democracia. Otra reciente encuesta de Oxfam entre trabajadores con bajos salarios en Estados Unidos revelaba que el 65 % de los mismos consideraba que el Congreso (Cámara de Representantes y Senado) aprobaba leyes que beneficiaban principalmente a los sujetos del lobbismo: los ricos.

Aportemos como flashes, sin comentario alguno, algunas de las ideas más sobresalientes del estudio citado. Cada una de ellas suscita una reflexión:

—La riqueza mundial está dividida en dos: casi la mitad está en manos del 1 % más rico de la población y la otra mitad se reparte entre el 99 % restante.

—La desigualdad económica extrema y el secuestro de los procedimientos democráticos por parte de las élites a menudo son demasiado interdependientes.

—La falta de control en las instituciones políticas produce su debilitamiento. Los gobiernos sirven abrumadoramente a las élites económicas en detrimento de la ciudadanía de a pie.

—En muchos países la desigualdad económica extrema resulta preocupante no sólo en sí misma sino debido a los efectos perniciosos que la concentración de riqueza puede acarrear para la equidad de la representación política. Cuando la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas gubernamentales secuestrándolas, las leyes tienden favorecer a los ricos incluso a costa de todos los demás. El resultado es la erosión de la gobernanza democrática, la destrucción de la cohesión social y la desaparición de la igualdad de oportunidades.

—«Podemos tener democracia o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas» (famosa frase de Louis Brandeis, que fue magistrado del Tribunal Supremo de Estados Unidos).

—Si la desigualdad extrema no se controla, los ricos tendrán un «monopolio de oportunidades» y sus hijos reclamarán tipos impositivos más bajos, la mejor educación y la mejor atención sanitaria (ambas privadas). El resultado será la creación de una dinámica y un círculo vicioso de privilegios que pasará de generación en generación.

En Gobernar para las élites se activa la percepción de que la apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites tiene efectos sobresalientes hoy día tanto en los países ricos como en los pobres, y ofrece ejemplos relacionados con la desregulación financiera, la inequidad de los sistemas fiscales, las leyes que facilitan la evasión y la elusión de impuestos, las políticas económicas de austeridad o la apropiación de ingresos derivados de las materias primas como el petróleo o la minería. Cada uno de estos pequeños capítulos demuestra cómo este denominado «secuestro democrático» genera una riqueza ilícita que perpetua la desigualdad económica, porque los mercados no son entes autónomos y espontáneos que funcionan según sus propias leyes naturales, sino construcciones sociales con leyes establecidas por instituciones y reguladas por gobiernos que deberían rendir cuentas ante los participantes en los mercados y los ciudadanos en general.

Oxfam Intermón —que es una confederación de 17 organizaciones no gubernamentales que trabajan en 90 países (su lema es «trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento»)— dice haber presenciado in situ cómo las personas y colectivos ricos se apropian de las instituciones políticas para su propio engrandecimiento, en detrimento del resto de la sociedad y violando los preceptos que caracterizan una democracia: «Vivimos un nivel de desigualdad sin precedentes que pone de manifiesto que, si no se establecen controles sobre las instituciones representativas, éstas se deterioran aún más y las diferencias de poder entre ricos y pobres podrían perpetuarse hasta hacerse irreversibles».

Así, cita un reciente informe que demuestra que las preferencias políticas de los norteamericanos acaudalados están mayoritariamente representadas en el Gobierno de ese país (con presidentes republicanos o demócratas), en comparación con las de las clases medias. Por el contrario, las preferencias de los ciudadanos más pobres no muestran impacto estadístico alguno sobre la distribución del voto de los representantes electos. Si estas tendencias se mantuviesen en el largo plazo es casi seguro que las políticas públicas reproducirán las condiciones que empeoran la desigualdad económica y multiplican la exclusión política.

La cuestión central es la siguiente: en estos contextos descritos, ¿de qué modo se subordinan las leyes que regulan la economía a los intereses de las élites? Se trata de un problema inherente a la política, a la democracia. No es un asunto económico, técnico. La influencia de los grupos acaudalados da lugar a esos desequilibrios en los derechos y la representación política que se mencionaban previamente. El resultado es que estos grupos poderosos secuestran las decisiones de las funciones legislativas y regulatorias (la célebre y frecuente captura del regulador) y presionan a la democracia en beneficio de determinados intereses económicos. La captura del regulador describe la influencia de las empresas dominantes de un sector sobre las agencias gubernamentales a cuyo control regulatorio y legal están sometidas; su extensión puede variar desde el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada hasta la prevaricación a favor de los intereses del actor dominante. El Premio Nobel George Stigler ha señalado cómo en ocasiones la industria regulada se convierte en consumidora de ventajas políticas que mejoran su nivel mediante las regulaciones espurias, y escribe: «Un regulador puede ser capturado por el simple hecho de convivir cotidianamente con la empresa a la que regula; por simples lazos de amistad o bien porque, al finalizar o abandonar su trabajo como servidor público, su próximo empleo puede ser en la empresa o industria a la que regulaba» (una muestra de las puertas giratorias).

Desde finales de los años setenta, cuando se produce la escalada de la hegemonía de las ideas conservadoras (seguidas en muchos lugares por los partidos socialdemócratas en una especie de versión de «conservadurismo de rostro humano», cuyo ejemplo más representativo fue el de Tony Blair y la denominada «tercera vía»), la escasa regulación del papel de las finanzas en la esfera política ha permitido que los ciudadanos acaudalados y las grandes empresas ejerzan una influencia superior a la que les correspondería en la elaboración de las políticas públicas. El resultado ha sido la confluencia de una manipulación de estas últimas a favor de los intereses directos o indirectos de las élites, coincidente —no por casualidad— con la mayor concentración de riqueza en manos del 1 % más rico de la población desde los inicios de la Gran Recesión.

Ello proporciona la principal conclusión de Oxfam Intermón: «La concentración de la riqueza en manos de la élite da lugar a una influencia política indebida que, en último término, arrebata a los ciudadanos los ingresos procedentes de los recursos naturales, genera políticas fiscales injustas, fomenta las prácticas corruptas y desafía el poder normativo de los gobiernos. El conjunto de estas consecuencias empeora la rendición de cuentas y la inclusión social».

Dinero llama a dinero. Otra vez el efecto Mateo. Los grupos de interés dominantes utilizan su poder sobre el legislador (y sobre la opinión pública, a través de la propiedad y el control de los medios de comunicación) para aspectos tales como mantener baja la presión fiscal sobre las plusvalías o los tipos impositivos marginales que gravan las rentas más altas, así como para crear lagunas fiscales a favor de las grandes empresas nacionales o multinacionales. No sólo es que el dinero público haya acudido masivamente al rescate del sistema financiero, sino que éste —rescatado o no— ha inyectado paladas de dólares o euros destinadas a deshacer las normativas puestas en marcha tras el crash de 1929 y la Gran Depresión, y a aguar las leyes regulatorias que pretendían impedir que lo sucedido a partir de la quiebra de Lehman Brothers no se volviera a repetir.

Un caso es el de la ley Dodd-Frank, en Estados Unidos, aprobada con el objeto de proteger a los consumidores después de los terribles abusos conocidos con el estallido de las hipotecas de alto riesgo y la bancarrota de Lehman Brothers. Cuenta Stiglitz las resistencias del sector bancario a la sugerencia de que se ampliara la normativa de protección a pesar del historial de créditos malos y de prácticas prestamistas deficientes antes de la crisis. Se planteó la creación de algún organismo que lo hiciese ad hoc. Cuando se incluyó una disposición sobre ello en la ley Dodd-Frank, las instituciones financieras lanzaron una campaña de lobby para asegurarse de que Elizabeth Warren, profesora de Derecho de la Universidad de Harvard, con todas las credenciales necesarias para dirigir aquel organismo, no fuera nombrada para dirigirlo. Los bancos ganaron, «y lo que es aún peor, Warren prestó servicio como presidenta del Comité de Supervisión del Congreso, y supervisó el programa de rescates del Gobierno. El comité reveló que la Administración estaba dando a los bancos grandes cantidades de dinero y que recibía de éstos unas acciones preferentes que valían aproximadamente la mitad de lo que les estaba dando el Gobierno».

La ley Dodd-Frank era un comienzo, pero poner coto a un sector financiero con un poder extraordinario hubiera precisado otras reformas como las siguientes:

—Controlar la excesiva asunción de riesgos y a las instituciones financieras demasiado grandes y demasiado interconectadas para quebrar. Son una combinación letal que ha generado los reiterados rescates. Las restricciones sobre el endeudamiento y la liquidez son cruciales ya que los bancos creen que pueden crear recursos de la nada gracias a la magia del endeudamiento. Lo único que crean es riesgo y volatilidad.

—Obligar a los bancos a que sean más transparentes, sobre todo en su trato de los derivados financieros, que deberían estar más restringidos y no ser emitidos por instituciones financieras avaladas por los gobiernos. Los contribuyentes no han de verse involucrados a la hora de respaldar esos productos de alto riesgo, independientemente de si se consideran instrumentos de seguros, apuestas o, en palabras de Warren Buffett, «armas de destrucción masiva».

—Hacer que haya competencia real entre los bancos y las compañías de tarjetas de crédito, y lograr que las comisiones no sean abusivas.

—Dificultar que los bancos ejerzan la usura (tipos de interés y comisiones demasiado altas).

—Poner coto a los sueldos y bonus excepcionalmente altos de los ejecutivos de las grandes empresas y bancos, imposibles de justificar desde la racionalidad, que fomentan una excesiva asunción de riesgos y las conductas de corto plazo.

—Clausurar los centros bancarios en paraísos fiscales (y sus correspondientes centros asociados en territorio nacional), que han conseguido burlar con tanto éxito las normativas y han promovido el fraude y la evasión fiscal. No tiene sentido que haya tanta actividad en las islas Caimán: ni el país ni su clima tienen nada que favorezca la actividad bancaria. Tan sólo existe por una razón: burlar la normativa.

La igualdad de oportunidades ha sido considerada un principio fundamental de las sociedades democráticas e inclusivas. Significa que los logros y resultados de un ciudadano no dependen de su raza, familia, género o cualquier otra característica inmutable. Y, por el contrario, no tiene nada que ver con el igualitarismo extremo que impide que una persona o grupo pueda destacar económicamente (ganar más, poseer más) si ello es debido a una mayor iniciativa, esfuerzo o méritos. Datos recientes ponen de manifiesto que existe una estrecha correlación entre la extrema desigualdad de ingresos y la desigualdad de oportunidades: las oportunidades que los descendientes tendrán en la vida dependerán en gran medida de la situación socioeconómica de sus antecesores. Una vez que el sistema político e institucional está diseñado para favorecer a la élite, la consolidación de sus privilegios se transmite a través de diversos mecanismos (por ejemplo, la educación). La «transmisión de privilegios» afecta a elementos que, de otro modo, deberían generar igualdad de oportunidades y protección a todos los miembros de una sociedad. Así, lo que en cierta manera parece y suena a meritocracia es, en realidad, producto de una ingeniería social diseñada a favor de las élites. La educación de calidad y otros servicios de protección (sanidad, dependencia…) benefician sobre todo a una minoría, que cuenta así con mayores oportunidades para mejorar y ascender en la escala social.

Emerge así lo que se ha denominado «la curva del Gran Gatsby», que adquirió popularidad cuando Alan B. Krueger, presidente del Consejo de Asesores Económicos de Obama, la expuso en una intervención en el Center for American Progress, en 2012. Trataba de explicar cómo el futuro económico de los hijos estaba muy condicionado por la riqueza de sus padres. En una sociedad igualitaria existiría un elevado grado de movilidad social, algo que no ocurre cuando el nivel de desigualdad económica es elevado. El profesor universitario Miles Corak, que da clases en Canadá, ha relacionado el coeficiente de Gini (medición de la desigualdad) y el grado de dependencia entre los ingresos de una persona y la de sus padres. Por ejemplo, en Dinamarca, uno de los países con un coeficiente de Gini más bajo, sólo el 15 % de los ingresos actuales de un adulto joven depende de los ingresos de sus progenitores. Por el contrario, en Perú, país con uno de los coeficientes de Gini más elevados del mundo, dos terceras partes de lo que gana actualmente una persona se relaciona con lo que sus padres atesoraron en el pasado. Esta relación es «la curva del Gran Gatsby», porque «los ricos no son como tú y yo». Y, por lo que se ve, tampoco lo serán sus hijos.

Resumiendo: la enorme y creciente concentración de renta y patrimonio que se da en una buena parte del planeta supone una amenaza para la democracia, además de debilitar la cohesión interna de las sociedades. La razón es la siguiente: una distribución desequilibrada de la riqueza desvirtúa las instituciones y debilita el contrato social entre los ciudadanos, las instituciones y el Estado. Los controles y contrapesos (check and balance) de las democracias, establecidos para garantizar que se escucha la voz de la mayoría de la población, se están debilitando con rapidez. La concentración de ingresos y riqueza obstaculiza la materialización efectiva de la igualdad de derechos y oportunidades, porque entre otras limitaciones dificulta la representación política de los colectivos desfavorecidos a costa de sobrerrepresentar a los más ricos en riqueza y poder. Por todos estos motivos, la desigualdad importa cada vez más a los ciudadanos, en contra de lo que hace unos años declaraba la subdirectora gerente del FMI Anne Osborn Krueger: «Las personas pobres están desesperadas por mejorar sus condiciones materiales en términos absolutos, en lugar de avanzar en el ámbito de la distribución de los ingresos. Por lo tanto, parece mucho mejor centrarse en el empobrecimiento que en la desigualdad».

En el análisis contemporáneo sobre la desigualdad se pueden distinguir tres etapas, cuyos efectos se acumulan. En la primera se la vinculaba con la ética y lo social (una sociedad no puede ser justa y cohesionada con tales grados de desigualdad); en la segunda, con la economía (una política económica no puede ser eficaz con una alta desigualdad; mucha desigualdad desestimula el crecimiento). En la última se la relaciona con la política: el hecho de que la riqueza mundial se divida en dos porciones, la mitad de ella en manos del 1 % más rico de la población y la otra mitad entre el 99 % restante, conlleva democracias de muy baja calidad, muy probablemente no sostenibles, y que los ciudadanos dispongan cada vez de menor poder sobre sus vidas y no ejerzan efectivamente sus derechos teóricos. Por lo tanto, una alta desigualdad comporta ciudadanos y sociedades vulnerables. Lo recordaba en una frase memorable el presidente americano del New Deal, Franklin Delano Roosevelt: «El Gobierno más libre del mundo, si existiese, dejaría de ser aceptable si sus leyes tendiesen a generar una rápida acumulación de la propiedad en pocas manos, haciendo que la inmensa mayoría de la población fuese dependiente y sin recursos».

7. Indignados, rebeldes y organizados

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INDIGNADOS, REBELDES

Y ORGANIZADOS

Partidos insurgentes

Partidos insurgentes

En muchos lugares del mundo se reproduce una nueva contradicción pública, tan importante o más que la que se desplegó desde la Revolución francesa entre la izquierda y la derecha ideológica. Es la que separa a las élites del pueblo o, en términos muy de moda, a «la casta» del resto de los ciudadanos. Esta fractura es fruto de una secuencia de acción-reacción. Los abusos de la revolución conservadora, y la dejación o el gregarismo que ante ella tuvieron bastantes formaciones socialdemócratas que ignoraron las desigualdades que se iban inflando, dieron lugar a estos lodos. Primero, la indignación, y luego, la indignación organizada.

Este principio de acción-reacción tiene un calendario muy preciso: a finales de los años setenta y principios de los ochenta del siglo pasado ganaron las elecciones Margaret Thatcher (Reino Unido) y Ronald Reagan (Estados Unidos) e iniciaron la revolución conservadora. En 1989, cayó el Muro de Berlín y los vencedores de la tensión entre capitalismo real y socialismo real dieron un paso al frente. En 2001, la crisis de Enron y del capitalismo corporativo (muy importante en términos de reputación para las grandes empresas) significaron un toque de atención ante los abusos que se estaban generando en el sistema. En 2007 se inició la Gran Recesión, en cuyas secuelas aún estamos inmersos, y que se está caracterizando por una enorme transferencia del poder y la riqueza desde el mundo del trabajo hacia el del capital. Cuando arranca la segunda década del actual siglo se visibilizan los primeros síntomas de reacción al saqueo, en forma de movimientos de protesta (los indignados, Occupy Wall Street…), de aparición de nuevas formaciones políticas en los extremos, y de presencia de muchas de esas fuerzas en los sistemas parlamentarios nacionales y regionales y en las instituciones de la democracia.

El 7 de mayo de 2015 tuvieron lugar elecciones generales en el Reino Unido. Poco importa para nuestro análisis que las ganase por mayoría absoluta, contra todos los pronósticos, el Partido Conservador. Unas semanas antes, un enviado especial del diario El País desvelaba la siguiente contradicción: Gran Bretaña era el país europeo que en ese momento crecía con más rapidez, soportaba una tasa de paro del 5,7 %, muy cerca de lo que los economistas consideran pleno empleo, y los sueldos subían. Pues bien, en ese contexto, John Carlin subrayaba el aumento de la percepción ciudadana «de que los dirigentes de los partidos tradicionales representan más a las élites que al grueso de la población». Esto provocaba la proliferación, tanto en Reino Unido como en el resto de los países europeos, de «partidos nuevos rebeldes» (o como los llama el Times de Londres, «partidos insurgentes»). Esos partidos emergentes se llaman Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) en Gran Bretaña, Frente Nacional en Francia, Partido por la Libertad en Holanda, Verdaderos Finlandeses, Demócratas Suecos, Alternativa para Alemania, Podemos o Ciudadanos, en España, Syriza en Grecia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia… El hecho de que estas formaciones hayan prendido en lugares tan distintos entre sí, con realidades económicas a veces opuestas, con ideologías disímiles, le sugiere al periodista «que el análisis convencionalmente aceptado de que el malestar europeo es explicable en función de la desigualdad, la austeridad y la distancia entre las élites y el pueblo no es suficiente: que hay incluso más problemas de fondo».

¿Cómo se explica —escribía Carlin— que los británicos estén igual de deprimidos, o más, que los españoles (empobrecidos, con una tasa de paro cercana a la cuarta parte de la población activa)? Tan deprimidos que los medios se inventaron una palabra para definir el estado de ánimo británico reinante: miserabilism. Abundando en el tema, un comentarista del Financial Times decía: «El cinismo, rozando el nihilismo, es lo más cercano que tiene la Gran Bretaña moderna a una ideología nacional». Otro personaje, el exdiputado laborista Derek Wyatt, declaraba: «Todos los partidos andan perdidos, sin ideas para contrarrestar el sentimiento de impotencia general». Y remacha su análisis el autor del artículo citado: «Especialmente desesperante para Wyatt, un viejo socialista, es que su antiguo distrito electoral está en peligro de caer en manos del UKIP, cuyo líder, Nigel Farage, es una especie de Torrente inglés que se hace fotos no en su cocina sino, siempre que puede, en un pub con una pinta de cerveza en la mano».

La cuestión es cómo explicar tanta incertidumbre cuando las cifras macroeconómicas recientes de Gran Bretaña eran tan alentadoras, cuando cualquier visión histórica de la vida muestra que los británicos, como la gran mayoría de los europeos, a pesar de todos los pesares, viven más años, en más paz, gozando de mayor libertad individual que nunca. Sin embargo, como demuestran las sucesivas encuestas globales, los africanos, los latinoamericanos y los asiáticos ven el futuro con apreciablemente más optimismo que los europeos. Las últimas palabras de Carlin iluminan la cuestión:

El dato es revelador. Indica que el pesimismo europeo proviene, en el fondo, de una sensación de expectativas fallidas. En Gabón o Camboya las perspectivas son tan bajas que mientras hay vida hay esperanza. La ideología en Europa será hoy el cinismo, pero las ideas dominantes desde al menos la mitad del siglo pasado han sido las del progreso permanente. La percepción hoy, acentuada por la crisis, de que nuestras condiciones de vida no siempre irán a mejor, de que las generaciones futuras lo pasarán peor que las anteriores, han causado un desconcierto similar a la que habrán sentido los creyentes comunistas con la caída del Muro de Berlín.

Otra vez la analogía con el Muro. Los hijos se sienten frustrados, los padres se sientes culpables, el futuro es incierto y, como decía George Orwell, en tiempos de incertidumbre la gente está dispuesta a volver la cabeza hacia cualquier cosa. Como se desprende de este razonamiento, la ideología capitalista falla, la comunista falló, la noción de progreso permanente se ha esfumado, y hasta el día que alguien dé con una idea realmente transformadora, lo que les queda a los afortunados de la Tierra que nacieron en Europa occidental es más cinismo y más frustración. Ante el vacío, ¿hemos vuelto a la náusea de Sartre?

Coincidiendo con la Gran Depresión de los años treinta, el filósofo español José Ortega y Gasset comenzó a escribir, en forma de artículos para el periódico El Sol, lo que sería una de sus obras cumbre: La rebelión de las masas. Son los años del auge de movimientos políticos y sociales masivos como el comunismo y los fascismos. En su texto, Ortega analizaba la llegada de las masas a su pleno poderío social, pero también desarrollaba otro concepto que le fue muy querido, el de «minoría selecta», aquélla formada por los que se exigen más que los demás. Había terminado la Primera Guerra Mundial y se vivía en el interregno de la Segunda, todavía más cruel (las muertes causadas por este conflicto multiplicaron por entre tres y cinco las cifras de la Primera. Ascendieron, por ejemplo, a entre el 10 % y el 20 % de la población total de la Unión Soviética, Polonia y Yugoslavia, y entre el 4 % y el 6 % de las poblaciones de Alemania, Austria, Hungría, Japón y China). Ambas conflagraciones tuvieron su terreno de juego, sobre todo, en las tierras de la vieja Europa.

Medio siglo después de aquellas reflexiones orteguianas, dos políticos singulares como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, aprovechando el agotamiento de las propuestas keynesianas que se habían desarrollado en medio de las hostilidades bélicas, y que sirvieron para dar protección a los más débiles y empleo a la mayoría de la población pero no fueron capaces de luchar eficazmente contra la inflación, hicieron dominante la revolución conservadora que ha durado, con distintas variantes, hasta nuestros días.

Detengámonos un poco en lo que supuso esta revolución conservadora, dada la significación que ha tenido en el pensamiento y en la práctica política en las últimas décadas. En esencia, su imaginería religiosa trataba de sustituir a Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y al papa Juan XXIII como iconos del siglo XX por Thatcher, Reagan y Juan Pablo II. Roosevelt era el vencedor de la Gran Depresión con una política de regulación de la economía, de inversión pública y de protección social a los que se quedaban por el camino, y tanto el conservador Churchill como él representaban los valores de los aliados, triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Juan XXIII había iniciado el aggiornamento de la Iglesia católica y puesto en funcionamiento ese oxímoron denominado «cristianismo de rostro humano», que tan cercano parece al papa Francisco.

La revolución conservadora que lideraron Thatcher y Reagan tenía dos fases ideológicas: primero, acabar con el Estado de Bienestar nacido del miedo al poder de atracción del comunismo (una especie de revolución pasiva dentro del sistema); segundo, liquidar los contenidos educativos y culturales permisivos que el Mayo del 68 había logrado instalar como naturales en la sociedad. Era, pues, una acción doble, compuesta por intereses económicos liberales y valores políticos conservadores, que dos décadas después retomaron y actualizaron, en una segunda fase ofensiva, los neocons de todo el mundo y que tuvo su cenit en los Estados Unidos de George W. Bush, con los Donald Rumsfeld, Dick Cheney, Robert Kagan, Irving Kristol, etcétera. Y prendió por necesidad: el fracaso del anterior paradigma dominante, el keynesianismo, para hacer frente a un fenómeno nuevo, la estanflación, mezcla de crecimiento alto de los precios (inflación) y economía paralizada, consecuencia en buena parte de las dos crisis del petróleo de los años setenta. El keynesianismo había domeñado el desempleo pero no la inflación. A este reto se enfrentan los conservadores, con los objetivos finales citados antes.

Contra el ogro filantrópico

Contra el ogro filantrópico

Durante más de un cuarto de siglo la revolución conservadora fue hegemónica en el terreno del pensamiento político y de las prácticas económicas. Los atentados terroristas de principios de siglo en Nueva York y Washington acentuaron sus rasgos más duros, pero entonces ya se vio, en dosis homeopáticas para lo que sucedió a partir de 2007, que la fórmula mágica para salir de la recesión consistía en introducir la manga riega del dinero público en el sistema. El Estado utilizado para intereses particulares de clase. Una distorsión del liberalismo y de la económica clásica, que devienen en neoliberalismo y economía neoclásica. La Gran Recesión pone en cuestión algunos de los postulados iniciales de la revolución conservadora, mucho más teorizados por Thatcher y sus think tanks británicos que por Reagan y sus muchachos, que se convirtieron en los mejores representantes de un keynesianismo de derechas —«keynesianismo bastardo», lo denominó Joan Robinson— al dejar a sus herederos un gigantesco déficit público motivado por la inversión pública en la Guerra de las Galaxias y en el aparato militar, con el objeto de acabar con un comunismo exhausto, y por la aplicación rampante de la muy rampante curva de Laffer.

La curva de Laffer se remonta al año 1974, en la época en que el presidente estadounidense Gerald Ford se aprestó a subir el impuesto de la renta para hacer frente a la crisis fiscal del Estado con una explosión del déficit público. Hay una versión que dice que Arthur Laffer (un catedrático casi desconocido de una business school de segunda fila) se entrevistó con los dos principales miembros del gabinete de la Presidencia de Estados Unidos, Donald Rumsfeld y Dick Cheney (ya estaban ahí; luego se reinventarían con George Bush hijo) y el editorialista de The Wall Street Journal, Jude Wanniski. Lo cuenta el sociólogo italiano Marco Revelli y lo pone en boca del propio Laffer: «Mientras comentábamos la propuesta de aumento de impuestos del presidente Ford, conocida con el nombre de WIN (Whip Inflation Now [derrotemos a la inflación, cuyo acrónimo significa “ganar”]), supuestamente yo agarré mi servilleta y un bolígrafo y tracé sobre ella una curva para ilustrar la relación inversa entre los tipos impositivos y los ingresos fiscales. Wanniski la bautizó como la curva de Laffer».

La curva de Laffer es una curva en forma de campana inclinada lateralmente, en la que se relaciona la dinámica de los tipos del impuesto sobre la renta (en el eje vertical) con la cuota de los ingresos fiscales (en el eje horizontal) conforme a una secuencia que refleja un aumento de los ingresos proporcionalmente al aumento de tipos hasta un tope donde se maximiza la recaudación, y más allá del cual los ingresos empiezan a decrecer hasta llegar a cero, en correspondencia con una carga fiscal del 100 %. El presidente Reagan, convencido gracias a aquella «teoría garabateada en un papel» (Stiglitz) de que Estados Unidos se encontraba holgadamente en el cuadrante situado a la derecha del «punto de equilibrio» al principio de su mandato en 1980, recortó de una forma drástica los impuestos de los sectores más ricos, rebajando el tipo máximo del impuesto de la renta desde el 70 % (para rentas superiores a los 108 000 dólares) hasta el 28 % para todo aquel que tuviera unos ingresos de 18 000 dólares o más, mientras que en el caso del impuesto de sociedades el recorte fue del 48 % al 34 %. Una política contrarrevolucionaria tan intensa que se extenderá en el largo plazo hasta convertirse en estructural, basada en una teoría muy banal.

Entre los postulados de la revolución conservadora destacan los siguientes:

—El Estado es el problema, el mercado la solución. Pero hoy sabemos que las principales dificultades derivadas de un sector financiero con pies de barro y de economías reales con paro y empobrecimiento de las clases medias y bajas son propias de estados débiles, demediados (a veces, de estados fallidos), no del Ogro Filantrópico de Octavio Paz ni de leviatanes. Para solucionar esos fallos de mercados que no funcionan y tienden al oligopolio se precisa de estados y supervisores fuertes. La recuperación del sistema financiero ha sido posible por su continua intervención del sector público, hasta el punto de que la política económica ha vuelto a conjugar el verbo nacionalizar, tan olvidado. El único momento en que la revolución conservadora, orgullosa, se activa y deja quebrar Lehman Brothers bajo el principio del riesgo moral y de que cada palo aguante su vela, es cuando todo el tinglado está a punto de desmoronarse. Y sus representantes deciden no repetir el experimento. Los planes de estabilización son procedimientos administrativos, y por tanto al margen del mercado, que buscan reequilibrar las posiciones de poder en el seno de la economía. Así como la socialización de pérdidas.

—La desregulación como meta. En 1986, Margaret Thatcher lidera el big bang en la Bolsa de Londres. La City deviene en el paraíso de la desregulación y la innovación financiera, hasta cotas verdaderamente difíciles de entender incluso para los expertos. Desde entonces se ha hecho mucho más dinero que antes en esos mercados, pero la titulización de hipotecas y otros créditos, los sofisticadísimos productos derivados, los descontrolados fondos de alto riesgo o los instrumentos opacos que han estado en el origen de la Gran Recesión que arranca de Wall Street, tienen en buena parte a la City como su inspiradora y su patria de origen.

—El capitalismo popular. La adquisición de acciones en empresas de las que no se conocía siquiera su objeto social ni su plan de negocio, por el mero hecho emulador y gregario de que el vecino está ganando mucho más dinero que tú, formó parte de la nueva economía, ese paradigma efímero, con fuerte presencia mediática, que decía que se habían acabado los ciclos económicos por la aplicación conjunta de las entonces nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Internet y su mundo), y la flexibilidad empresarial. La nueva economía desapareció del mapa mediático con los primeros casos de impagos de las hipotecas subprime (una forma de titulización de créditos). Ya sabemos lo que ocurrió: la sociedad de propietarios, que pretendía hacer de cada individuo un poseedor de vivienda propia, generó la burbuja inmobiliaria que ha estado en el origen de nuestros problemas actuales. Los desahucios se explican en buena parte por lo anterior.

Entre las ideas puras, las ideas cocinadas, las ideologías (representaciones de la realidad) y los intereses suele haber una interacción compleja. Los protagonistas de los mercados financieros estaban interesados en defender la desregulación: la ideología de Thatcher y Reagan les hizo un gran servicio. Pero si la economía es una ciencia social sus postulados deben ser probados. El gran matemático W. E. Deming decía: «confiemos en Dios, pero todos los demás tienen que aportar pruebas». La Gran Recesión ha cuestionado los supuestos de la revolución conservadora. Ésta, que es poliédrica en sus efectos, generó mucha riqueza pero la repartió muy regresivamente; hasta hoy, Reino Unido y Estados Unidos han estado entre las sociedades más desiguales y más descohesionadas del mundo desarrollado. Conviene no olvidar a sus perdedores.

Hay un aspecto poco recordado, pero muy siniestro, en la biografía liberal de Thatcher, del cual se olvidan siempre sus hagiógrafos, que prefieren subrayar su victoria frente a los sindicatos y el relegamiento de las políticas keynesianas: la protección y el cariño dados al general Pinochet cuando éste tuvo que aguardar en Londres a la petición de extradición, por delitos contra la humanidad, hecha por el juez español Baltasar Garzón. Thatcher, que multiplicó los tactos de codos públicos y las tazas de té con el dictador chileno, declaró en el congreso del Partido Conservador, en octubre de 1989, que la persecución a Pinochet se debía a «una venganza de la izquierda internacional por la derrota del comunismo, por el hecho de que Pinochet salvara a Chile y salvara a Latinoamérica». Luego habrá quien niegue que la señora tenía un par de… Thatcher y Pinochet no sólo estaban unidos por sus intereses (el apoyo de Chile a Reino Unido en la guerra de las Malvinas) sino por sus simpatías por un sistema económico, el neoliberalismo, que ha tenido hasta ahora sus momentos más puros bajo la dictadura militar chilena, con la hegemonía de los Chicago Boys y de su apóstol, Milton Friedman, en la misma. Neoliberalismo y Operación Cóndor estuvieron muy unidos de la mano en la América del Sur de los militares.

La hemeroteca del periódico chileno El Mercurio, principal colaborador mediático de la dictadura militar, contiene la fantástica historia con la que Pinochet cuenta su caída del caballo y su conversión a la religión liberal… en la economía. «Éste es un viaje sin retorno del modelo económico […] Agradezco al destino la oportunidad que me dio de entender con mayor claridad la economía libre o liberal». En el Chile de Pinochet la fórmula fue una férrea dictadura política acompañada de una privatización casi absoluta de la economía y la desaparición de los instrumentos clásicos de la protección social (los sindicatos primero fueron exterminados y luego prohibidos). Lo que los economistas de la Escuela de Chicago soñaron, pero no pudieron experimentar ni siquiera en el Reino Unido de Thatcher o en los Estados Unidos de Reagan (por las resistencias que los ciudadanos imponían a las consecuencias socialmente más dolorosas de sus políticas), lo hicieron en el Chile o en la Argentina militares, sin sindicatos libres ni sociedad civil organizada. Sobre todo ello no existe ni una palabra de condena de Thatcher. Ni rastro en sus declaraciones o en sus dos tomos de memorias, tan benévolas para ella misma, ni en la película sobre su vida (La dama de hierro).

Tras la revolución conservadora, el cambio en la correlación de fuerzas fue espectacular: si en los tiempos de Ortega los movimientos políticos y sociales de masas —partidos y sindicatos— fueron hegemónicos, a partir de la década de los ochenta las élites van ganando tanto poder en la sociedad que las principales amenazas a la democracia ya no residen principalmente en la acción revolucionaria de aquéllos sino, sobre todo, en las deficiencias detectadas en los valores de las élites de nuestro tiempo y sus modos de ejercer la práctica pública. Los analistas sustituyen poco a poco el concepto de «rebelión de las masas» por el de «rebelión de las élites». Unas élites que tienen dificultades para aceptar límites a su práctica pública.

Uno de los intelectuales más sagaces en el análisis de estos cambios es el citado Christopher Lasch, que en su libro La rebelión de las élites y la traición de la democracia, publicado un año antes de su muerte, en la mitad de la década de los noventa, aborda con profundidad esta transformación: hubo una época, la de la primera parte del siglo XX, en la que se sostuvo que la rebelión de las masas amenazaba el orden social (el capitalismo) y las tradiciones civilizatorias (la democracia) de la cultura occidental, pero en nuestra época (se está refiriendo al último cuarto del siglo XX pero su aserto se puede extender hasta la actualidad), la principal amenaza no procede de esas masas movilizadas sino de los abusos de los que se encuentran en la cúspide de la jerarquía social. Cuando escribió su libro, era imposible que Ortega previera una época en la que sería más adecuado incidir en la acción de las élites que en la de las masas. Reflexionando bajo los efectos de la revolución bolchevique en la Unión Soviética (que entonces preveía su expansión al resto de los territorios europeos y no quedarse en una «revolución en un solo país») y el ascenso del fascismo y del nacionalsocialismo, y un poco después bajo el shock de una guerra cataclísmica (que hoy definiríamos como «sistémica»), el filósofo español no tenía más remedio que atribuir el conjunto de crisis al dominio político de unas masas enfebrecidas.

8. Wall Street y Main Street

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WALL STREET Y MAIN STREET

La escisión de los selectos

La escisión de los selectos

Hoy, sin embargo, son las élites las que parecen haber perdido la fe en los valores tradicionales —o lo que queda de ellos— de la cultura occidental. Unas élites que gobiernan por sí mismas o a través de sus testaferros políticos controlan el flujo internacional del dinero y de la información, presiden fundaciones aparentemente filantrópicas e instituciones de enseñanza superior (universidades privadas), manejan los instrumentos de la producción cultural y los medios de comunicación y establecen, de ese modo, los términos del debate público. Ello no tiene nada que ver con la «minoría selecta» orteguiana (que muchos compartían en su época, aunque sin su brillantez teórica) cuyo valor estribaba en su voluntad de responsabilizarse de las estrictas normas sin las que la civilización es imposible. Una minoría que vivía al servicio de ideales existentes, que practicaba un consenso implícito sobre que los individuos no podían atribuirse el derecho de poseer riquezas exorbitantes que excedieran con mucho sus necesidades.

Nótese que las reflexiones de Lasch se publicaron a mitad de los años noventa. Desde entonces también han cambiado algunos aspectos sustantivos, entre ellos la reacción de las masas a algunos de los abusos y extralimitaciones, y la secesión definitiva de parte de esas élites del interés común general. Al no haber roto aguas del todo ese equilibrio entre secesión de las élites y rebelión contra las élites, es oportuno describir someramente cómo observaba ese crítico vigoroso de la sociedad contemporánea su evolución previsible. En aquella coyuntura en la que la revolución conservadora era irresistible, parecía haberse esfumado la sensación de que las masas, organizadas o no, fuesen a dirigir de nuevo la marcha de la historia; los movimientos radicales que habían perturbado la paz social del siglo XX habían fracasado uno tras otro (tras el intento de Mayo del 68) y en el horizonte no habían aparecido sucesores (ni rastro entonces de los indignados y sus consecuencias). La clase obrera industrial, en otro tiempo sostén principal del movimiento socialista, había comenzado un declive imparable. La esperanza de que los «nuevos movimientos sociales» ocuparan su puesto en la lucha contra el capitalismo, que sostuvo brevemente parte de la izquierda a finales de los años sesenta, década de los setenta y principios de los ochenta, se habían quedado en muy poco. No era sólo que aquellos «nuevos movimientos sociales» (estudiantes, feminismo, ecologismo, derechos de los homosexuales, agitación contra la discriminación racial, ciudadanía económica…) no hubieran logrado converger entre sí ni devenir en el nuevo sujeto revolucionario que sustituyese al obrero, sino que, además, su única exigencia coherente aspiraba a la inclusión en las estructuras dominantes más que a una transformación revolucionaria de las relaciones sociales. «Las masas», sentenciaba Lasch, «no sólo han perdido todo interés en la revolución; se puede demostrar que sus instintos políticos son más conservadores que los de sus autonombrados portavoces y supuestos liberadores».

Las élites hegemónicas tienen unas características comunes que las conceptualizan. La primera de ellas es que son entes móviles, con una visión cada vez más global de su acción y que, por tanto, se niegan a aceptar límites o lazos comunitarios tanto nacionales como locales. Antes eran los obreros los que no tenían patria; ahora son las élites. Al aislarse en sus redes y enclaves abandonan al resto de sus conciudadanos (las clases medias y bajas) y traicionan la idea de una democracia concebida por todos. Muchos de los males que padece la humanidad proceden de la irracional e ilimitada fe de esas élites, que han perdido el contacto con el pueblo, en los poderes de la economía global; el carácter muchas veces irreal, artificial, superestructural, de la política refleja el aislamiento de la vida corriente y cotidiana de la mayoría, que se aleja de ella. Siempre ha habido una clase privilegiada pero probablemente nunca ha estado tan peligrosamente aislada de su entorno.

En otras coyunturas históricas su insistencia en lo irrenunciable de la propiedad privada quedaba limitada por el principio de que los derechos de propiedad no eran absolutos ni incondicionales: la riqueza conllevaba obligaciones cívicas con los vecinos y conciudadanos, los implicaba con estos últimos y con las generaciones futuras. Decía Lasch que la tentación de recluirse en un mundo propio, exclusivo, quedaba contrarrestada por una persistente conciencia de que «todos han recibido beneficios de sus antepasados» (Horace Mann, en 1846) y, por tanto, «todos están obligados, como por un juramento, a transmitir esos beneficios, incrementados incluso, a la posteridad»; sólo «un ser aislado, solitario […] sin relaciones con la continuidad que le rodea» podría suscribir la «arrogante doctrina de la propiedad absoluta».

Las nuevas élites sólo se sienten en su hogar cuando transitan entre dos situaciones o dos husos horarios. Su visión del mundo es casi la de un turista accidental y así se libran de la suerte de las mayorías. Ésta no les afecta. Cuando la gente no tiene lazos cercanos —ojos que no ven, corazón que no siente— se siente poco inclinada a realizar sacrificios o a aceptar la responsabilidad de sus acciones. La experiencia indica que aprendemos a sentirnos responsables respecto «al otro» porque compartimos con él una historia común, una cultura común, un destino común, un hogar común. En vez de ayudar a mantener los servicios públicos comunes, las élites dedican cada vez más una parte de sus fortunas a mejorar sus enclaves cerrados: pagan con holgura sus escuelas privadas, su policía privada, su sanidad privada, su servicio de recogida de basuras propios, sus puertas de entrada y de salida exclusivas, palcos propios. Huis clos.… Se escinden del resto. En esto consiste la secesión de las élites. Robert Reich, que fue secretario de Trabajo con Bill Clinton, ha escrito que la desnacionalización de las élites, su marginación voluntaria, tiende a producir una clase de cosmopolitas que se consideran «ciudadanos del mundo» pero sin aceptar ninguna de las obligaciones que la ciudadanía de un Estado implica normalmente. Por ejemplo, un griego normal y corriente (o un español, un portugués o un mexicano) apenas puede criticar, o acosar o denunciar, a un componente de estas élites ultrarricas por la simple razón de que no tiene idea de cómo viven, ni dónde encontrarlos. Para un ciudadano de estos países u otros, que pertenezca al 99 % de la población, un compatriota que sea del 1 % restante es invisible en la práctica: probablemente no paga impuestos o paga muchos menos de los que le corresponderían, no vive en ningún lugar concreto y no tiene relaciones fluidas con la mayoría. Aquella frase del Obama inicial —«No hay una línea divisoria entre Wall Street y Main Street. Nos levantaremos o caeremos juntos como una sola nación»— era mera retórica.

En los últimos años, al concepto de élites se le añadió el calificativo de «extractivas». Dos economistas, Daron Acemoglu y James A. Robinson, proporcionaron un análisis novedoso acerca de las circunstancias que explican que los países sufran distintas suertes económicas, más allá de los tradicionales factores de producción y la geografía de los mismos. En su libro Por qué fracasan los países, en el que analizan los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Acemoglu y Robinson instalaron en la opinión pública el concepto de «élites extractivas», aquellas que se apartan de la obtención del bien común y dedican sus esfuerzos a su propio bienestar y al del grupo al que pertenecen. Estas élites elaboran un sistema de «captura de rentas» que les permite, sin crearla, detraer riqueza de la mayor parte de la ciudadanía en beneficio propio, y se encuentran en el mundo de las finanzas, la economía, los medios de comunicación, la inteligencia o en las burocracias públicas. Dani Rodrik dice que el libro de sus colegas demuestra cómo las élites poderosas manipulan las reglas para beneficiarse en detrimento de la mayoría.

Otro economista, Simon Johnson, que fue economista jefe en el FMI en los años de arranque de la Gran Recesión (2007 y 2008) y que se hizo famoso al incorporar al acerbo técnico el concepto de «golpe de Estado silencioso» para explicar lo sucedido durante esta crisis, opina que los países mejoran cuando ponen en marcha instituciones políticas adecuadas que favorecen el crecimiento, pero que fracasan —a menudo estrepitosamente— cuando dichas instituciones se anquilosan o no logran adaptarse a tiempos cambiantes: «En todo momento y lugar, las personas poderosas siempre procuran hacerse con el control total del Gobierno, menoscabando el progreso global a favor de su propia codicia. Ejerza un férreo control sobre estas personas mediante una democracia efectiva o vea cómo fracasa su país».

Sigamos con las tesis de Acemoglu y Robinson por las cuales las instituciones políticas extractivas (y quienes las dirigen, las élites extractivas) no proporcionan control contra los abusos de poder. Cada sociedad funciona con un conjunto de reglas políticas, económicas y sociales creadas e impuestas por el Estado y los ciudadanos, de modo colectivo. Las instituciones económicas dan forma a los incentivos, los precisos, por ejemplo, para recibir educación, ahorrar e invertir, innovar o adoptar nuevas tecnologías. Pero es el proceso político el que determina bajo qué instituciones económicas se vivirá, y son las instituciones políticas las que determinan, en última instancia, la capacidad de los ciudadanos de controlar a sus representantes públicos e influir en su comportamiento. Esto, a su vez, influye decisivamente en si los políticos (aunque sean imperfectos) son agentes de los ciudadanos o si son capaces de abusar del poder que se les confía, o que han usurpado, para amasar sus propias fortunas y seguir sus objetivos personales en detrimento de sus representados: la corrupción política. La conclusión es que, aunque las instituciones económicas y los agentes económicos sean críticos para establecer si un país es pobre o próspero, son los políticos y las instituciones políticas las que determinan la calidad de las instituciones económicas que tiene un país.

Las instituciones extractivas, sean políticas o económicas, son muy habituales en la historia porque tienen una lógica aplastante: pueden generar cierta prosperidad limitada y, al mismo tiempo, repartirla entre una pequeña élite. Estas instituciones extractivas, cuando facilitan un poder ilimitado y una enorme desigualdad de rentas, aumentan la apuesta potencial del juego político: quien controla el Estado se convierte en beneficiario de este poder excesivo y de la riqueza que genera. Por tanto, las instituciones extractivas crean incentivos para las luchas internas por el control del poder y sus beneficios.

La arrogancia del poder

La arrogancia del poder

¿Cómo se produce el salto de élite a élite extractiva? El factor inicial es la «arrogancia del poder», como lo definió el senador americano William Fulbright (el creador de las becas de su mismo nombre). Las élites extractivas suelen despreciar al resto de sus conciudadanos, y muchas veces los acusan en sus conversaciones privadas (hipócritas, no suelen atreverse a hacerlo en público, sino que los alaban en busca, al menos, de su neutralidad) de ser tecnológicamente atrasados, políticamente reaccionarios (en general, reaccionarios de izquierdas), represivos en su moralidad sexual, de gustos semiplebeyos, torpes y vulgares. Se atribuyen una aristocracia de la inteligencia que en muchas ocasiones está basada en la nada. Ello conlleva, evidentemente, un deterioro constante del debate público entre esas élites y el resto de la ciudadanía, que las primeras consideran superfluo, lo que debilita una democracia que exige, para fortalecerse, un permanente intercambio de ideas y opiniones entre los individuos, los partidos y las diferentes capas sociales. Las ideas, como la propiedad, deben estar distribuidas de la forma más amplia que sea posible. Christopher Lasch afirma que muchas de las élites —la autodenominada «mejor gente»— siempre han sido escépticas acerca de la capacidad de los ciudadanos corrientes de entender puntos de vista complejos y emitir juicios críticos. Desde su punto de vista, el debate democrático degenera con bastante facilidad en un combate de gritos en el que la voz de la razón, que ellos dicen simbolizar, se deja oír con escasa frecuencia. El resultado es que los grupos dominantes, instalados en las instituciones extractivas, imponen sus ideas, sus criterios, la lectura interesada de la historia a los demás: su poder de suprimir los puntos de vista diferentes los capacita supuestamente para atribuir a su propia ideología particularista el estatus de verdad universal, axiológica. Y deja de ser necesario para ellos discutir intelectualmente con los adversarios, o abrirse a otros puntos de vista, con lo que hay un empobrecimiento general.

¿Cabe mayor desigualdad que ésta?

El escritor y periodista económico estadounidense, Michael Lewis, autor de algunos de los best-sellers más exitosos sobre los engaños de la crisis y sus consecuencias, escribe en el libro colectivo Occupy Wall Street que el 1 % más beneficiado por la situación sabe que habrá un día que el 99 % se vuelva contra los primeros «y no podrán aplacarlos». Las élites tendrán que reactivar su rebelión, ser capaces de abandonar por completo a la sociedad y decirle al resto para que sea consciente de sus actos: durante demasiado tiempo simplemente hemos aceptado la idea de que nosotros y vosotros «estamos juntos de algún modo, sujetos a las mismas leyes y rituales, que participamos de las mismas inquietudes y preocupaciones. Este estado de las relaciones sociales entre ricos y pobres no es sólo antinatural e insostenible sino que también es, a su modo, bochornoso».

El elemento más directamente económico de separación entre la inmensa minoría y la mayoría es el contenido de la propiedad, la renta y la riqueza. Durante mucho tiempo, sobre todo después de la experiencia de las dos guerras mundiales, una buena parte de los que reflexionaban sobre estas cuestiones tan espinosas daban por supuesto que la democracia debe basarse en una amplia distribución de la propiedad, a través de políticas públicas de ingresos (impuestos) y gasto (protección): la extrema riqueza y la extrema pobreza siempre han sido peligrosas para la experiencia democrática. Sin embargo, como hemos visto reiteradamente, en las últimas décadas, y muy especialmente desde el inicio de la Gran Recesión, el curso global de la historia ya no parece dirigirse hacia la nivelación de las distancias sociales, sino hacia su polarización. Hacia una sociedad básica de dos grandes clases con matices, en la que unos pocos favorecidos monopolizan el dinero, la educación y el poder. Sería absurdo hacer una comparación absoluta entre estos tiempos y los anteriores a la revolución industrial; las ventajas de la vida moderna han democratizado el bienestar, lo que Ortega denominó «el ascenso del nivel histórico». Muchos historiadores demuestran, sin embargo, que la democratización de la abundancia, concretada en la esperanza de que cada generación viva mejor que la de sus predecesores, se ha quebrado en muchos lugares, dando paso a una fase distinta en la que desigualdades ancestrales están volviendo a establecerse, a distinto ritmo.

El análisis de la proletarización de parte de las clases medias como consecuencia de la polarización social se hará en otra parte de este libro. Para ser más exactos y conocer en profundidad lo que nos aguarda, habría que separar a una parte minoritaria de estas clases medias, la que es capaz de desgajarse hacia arriba y ascender, como corazón de las nuevas élites profesionales y extractivas, que se definen no sólo por el rápido incremento de su riqueza, y por tanto de su posición social (marca distancias sobre el resto), sino también por un modo de vida que las distingue inequívocamente del resto de la población. El economista y escritor venezolano, Moisés Naím, matiza esta situación: no en todos los lugares del mundo ocurre lo mismo. En muchas ocasiones nuestra capacidad de análisis es muy eurocéntrica. En «sociedades en rápida transformación» (Samuel P. Huntington) una causa importante de la inestabilidad social y política es que las expectativas de la población crecen a más velocidad que la capacidad de cualquier gobierno para satisfacerlas. En ellas hay una clase media vasta y en rápido crecimiento, cuyos miembros son muy conscientes de que otros disfrutan de mucha más prosperidad, libertad o satisfacción personal que ellos. Esa información nutre su esperanza de que no es imposible alcanzarles algún día. Esta «revolución de las expectativas crecientes» y la inestabilidad política que genera la brecha entre lo que la gente espera y lo que el Gobierno puede darles en términos de más oportunidades o mejores servicios se han vuelto globales. La diferencia está en que mientras en los países emergentes la clase media está creciendo, en los países maduros se contrae explosivamente. Tanto la expansión como la contracción de las clases medias generan agitación política. Las clases medias acosadas salen a la calle y luchan para proteger su nivel de vida; las clases medias en expansión protestan para obtener más y mejores bienes y servicios. En ambos casos coincide el hecho de tener más acceso a los recursos y a la capacidad de moverse, aprender, conectarse y comunicarse en un ámbito mayor y de forma más barata que nunca.

Una parte escasa de la antigua clase media deviene en élite, con las características citadas; otra, también minoritaria, permanece donde estaba porque el ascensor social está estancado; y la tercera porción, la mayoritaria en algunos países, como los de Europa del Sur, ha iniciado una carrera cuesta abajo que es clara en casi todos los ámbitos: relaciones laborales, regulación financiera, procedimientos contables, política fiscal, legislación medioambiental, participación efectiva e influencia en la vida pública, responsabilidades corporativas, afiliación sindical, etcétera.

La redistribución entre nosotros

La redistribución entre nosotros

Concentremos la atención siquiera un momento en la afiliación sindical, pues no es un asunto menor aunque esté fuera del foco de la moda. Los sindicatos han ayudado históricamente a la construcción de las clases medias. Su debilitamiento es el canto del cisne de las últimas. Uno podría preguntarse, a la luz del deterioro de los últimos tiempos y de su papel de dinosaurios del pasado, por qué los ciudadanos, sobre todo aquellos que nunca han estado afiliados a ningún sindicato, deben preocuparse de que esa afiliación se sitúe en niveles cada vez más bajos y probablemente no haya tocado fondo todavía. La respuesta está implícita en el planteamiento: si a uno le preocupa la clase media, si a uno le preocupa constituirse en parte de la clase media ascendente, necesita preocuparse por los sindicatos. Y la clase media está padeciendo dificultades en muchos lugares. En el volumen Occupy Wall Street, los analistas David Madland, Karla Walter y Nick Bunker estudian la vinculación de las clases medias y el movimiento sindical en el caso de Estados Unidos. La clase media norteamericana recibe la proporción más pequeña de los ingresos de la nación desde que la oficina del censo de ese país comenzó a recopilar los datos en 1967. En 2010, la clase media —que representaba en sentido amplio el 60 % de la población— recibía tan sólo el 46 % de los ingresos de la nación, lejos del máximo del 53 % que recibía en 1968. A causa de ello, esa clase media se ha debilitado a lo largo de los últimos decenios porque los ricos se aseguraron la mayor parte de los beneficios de la economía. El incremento de ingresos antes de impuestos obtenido por el 1 % más rico de los ciudadanos se multiplicó por más de dos entre 1974 y 2007, y pasó del 9 % al 23,5 %, según datos obtenidos de Piketty y Emmanuel Sáez; en cambio, los ingresos de la mayoría de los americanos se mantuvieron estables (como mucho) a lo largo del mismo periodo, y la renta media, después de contabilizar la inflación, se redujo en las familias con personas en edad de trabajar entre 2001 y 2007, un periodo que por lo general se considera próspero. El balance es que la parte de ingresos que iba a la clase media ha disminuido.

Es casi automático: a medida que el porcentaje de trabajadores sindicados disminuye también empeora la suerte de la clase media. Los sindicatos protegen a la clase media al garantizar que los trabajadores tengan una voz que les represente, tanto en el mercado como en nuestra democracia. Cuando los sindicatos son fuertes pueden garantizar que a los trabajadores se les paguen salarios justos, que reciban la formación que necesitan para ascender a las clases medias y para que se les tenga en cuenta en los procesos de decisión de las empresas. Los sindicatos también fomentan la participación política entre todos los ciudadanos y ayudan a los asalariados a conseguir políticas públicas que apoyen a las clases medias como, por ejemplo, la existencia y subida del salario mínimo interprofesional.

Las clases medias demediadas, en comparación con las élites que practican la secesión del resto de la ciudadanía, son el sujeto especial de la redistribución de la renta y la riqueza, progresista o regresiva. Ésta es otra de las trampas del sistema. Sigamos la secuencia lógica. Como consecuencia de las características de la Gran Recesión ha aparecido entre nosotros un mundo del «no trabajo». Pertenecen a él los exempleados que perdieron su empleo, los jóvenes que lo buscan por primera vez y no lo encuentran, las mujeres que, aun no siendo tan jóvenes, lo intentan por dificultades familiares… Son personas, en muchos casos desesperadas, que no saben dónde acudir, y por ello, en cada vez más ocasiones, no se encuentran ya entre los parados registrados sino en el colectivo de «desanimados». También forman parte de ese mundo del «no trabajo» muchos «casi ocupados», estadísticamente con empleo pero excluidos psicológicamente por las condiciones mínimas de ese «casi puesto de trabajo», y los «trabajadores móviles», que viven en el purgatorio entre un puesto de trabajo perdido y otro que no encontrarán fácilmente, mucho menos si pretenden unas condiciones salariales y contractuales más o menos similares a las que tenían.

En este contexto de precarización permanente y escala social descendente, las centrales sindicales y los trabajadores permanentes que quedan se convierten, a los ojos de los anteriores, en defensores de los derechos adquiridos. De privilegios. En cabezas de turco. ¿Cuántas veces se ha escuchado, en este entorno de miserabilización, que los jóvenes no pueden encontrar trabajo por culpa de los privilegios de los trabajadores fijos o de los sindicatos que sólo se preocupan de los intereses de éstos? Para evitarlo, se demanda el recorte de los derechos de los instalados en una cierta normalidad con el objeto de conseguir unos cuantos puestos de trabajo más.

Ello llega a convertirse en una consecuencia «lógica y natural». El establishment ha forjado en letras de molde su propia filosofía política de la redistribución: la globalización y las políticas (económicas) en vigor dejan poco espacio para reformas económicas que busquen reducir la desigualdad. La redistribución ha de hacerse en el seno de cada clase social, de cada estamento, no entre unas clases sociales y otras. La redistribución es ontológicamente imposible desde el capital hacia el trabajo, o desde los ricos a los pobres: sólo puede ser interna en el mundo del trabajo y de las clases medias. Hasta tal punto ha llegado el cinismo y la podredumbre en estos años bárbaros.

Así, las reformas laborales que se aprueban bajo el pretexto de reducir las rigideces del mercado de trabajo (mientras el resto de los mercados de bienes y servicios permanecen igual, fragilizados por la información asimétrica, los privilegios y la falta de competencia) tratan de eliminar derechos de los trabajadores establecidos prometiendo empleo a quien no lo tiene. Se elimina lo que es seguro, mientras que lo que se promete no lo es.

En el periódico italiano Il Manifesto, el periodista Aldo Carra abundaba en esta manera de pensar a cuenta de las reformas estructurales que anunciaba el primer ministro Matteo Renzi («Renzi: una guerra en la clase media»). Se dice: estamos pagando los abusos del pasado (ese vivir por encima de las posibilidades); por lo tanto, los privilegiados tienen que pagar. Pero ¿quiénes son los privilegiados? En una sociedad en crisis, individualizada y fragmentada, terriblemente empobrecida, son aquellos que están más cerca de nosotros: quien tiene trabajo es un privilegiado para el que está en paro; el que tiene un trabajo indefinido para el que tiene uno temporal; el que trabaja a tiempo completo para el que sólo trabaja a tiempo parcial; el que gana 2000 euros para el que gana 1000, etcétera.

¿Y los demás? ¿Y los privilegiados de verdad? ¿Y los ricos de verdad? ¿Y las élites extractivas que se han amparado en las instituciones políticas y económicas extractivas para subir la cucaña social? Ésas están muy lejos y no se las ve. En la cola social que no avanza se mira al vecino que está por delante con envidia. Y si ya no se le ve porque ha avanzado mucho, se mira con antipatía a los que nos rodean y compiten por lo poco, por lo escaso. Y así, la lucha de clases se convierte en la envidia dentro de la clase.

La debilidad de los movimientos sociales, la mayor parte de ellos nacidos al albur de Mayo del 68 pero que maduraron sus expectativas décadas después; la fragilidad y el desconcierto de la socialdemocracia a la hora de presentar una alternativa cualitativamente diferente a la revolución conservadora más allá de un capitalismo de rostro humano, olvidándose de cualquier confrontación contra la desigualdad creciente, todo ello retrasó durante varias décadas cualquier reacción exitosa frente a la hegemonía creciente de las élites extractivas. El cambio de centuria no significó nada cualitativamente distinto en este orden de cosas, aunque sí en lo referente al binomio seguridad-libertad después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

La gran propulsora del cambio social ha sido la crisis económica, la Gran Recesión que comenzó en el verano de 2007 y cuyas consecuencias aún no han terminado, por lo que se la puede considerar la más larga desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado. Los historiadores distinguen entre crisis mayores y menores. A las primeras (la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Gran Recesión) se las menciona con mayúsculas para diferenciarlas de las que sólo tienen que ver con el ciclo económico. Las crisis mayores pronto superan el territorio de la economía y trascienden hacia la política, las ideas y los cambios de cada día. Uno de esos historiadores, Carlos Marichal, ha utilizado la analogía de los terremotos, que requieren su propia escala de Richter para medirse. Las crisis mayores se colocan en el nivel más alto de peligrosidad y tienen un enorme potencial destructivo. Su desenlace suele depender de la capacidad para responder a sus efectos de una manera eficaz y equilibrada, así como de la confianza que los ciudadanos depositen en tales respuestas.

Ya tenemos distancia suficiente para concluir que la Gran Recesión y sus secuelas están siendo el acontecimiento central de nuestra época. Sus secuelas devastadoras serán tan significativas como las transformaciones que supuso la revolución conservadora en el último cuarto del siglo XX, la caída del Muro de Berlín, o como las de los atentados terroristas en las Torres Gemelas y el Pentágono, en Londres o en Madrid. Todos estos acontecimientos han cambiado el mundo y lo han convertido en otro muy distinto. Lo declaró el gran John Le Carré cuando la crisis económica no había hecho más que empezar, pero ya se adivinaba su intensidad: «[La Gran Recesión] es tan drástica e irreversible como el Muro de Berlín […] en estos momentos estamos divididos entre los que están afectados por la recesión y aquellos que simplemente la observan [era el verano de 2007]. Pero el acto final de todo esto será más igualitario […] Ahora nos dicen que tengamos miedo».

¿Qué es lo que varió con esta crisis, activadora del cambio social? Una politización creciente que se ha manifestado en un sentido distinto al de otras coyunturas históricas: la gente no vota más, pero participa más en la calle y en otras instituciones emergentes; muchos ciudadanos han dejado de considerar a las formaciones clásicas una solución a sus problemas colectivos y han trasvasado sus preferencias a otro tipo de partidos; aunque hay solidaridades universales, lo más frecuente es que el que protesta lo haga por los problemas que tiene más cerca de sí.

Ello pinta un mapa coloreado de manera diferente a aquel al que estamos acostumbrados, que parece contener una reacción doble: contra el poder de las élites, que hasta hace poco se había soportado con impotencia, como si fuese natural, y contra las características centrales de la crisis, definidas como un empobrecimiento generalizado de los segmentos mayoritarios de la población, como una limitación del welfare del que nos habíamos dotado para protegernos de la debilidad, y, sobre todo, como la activación, tremendamente fácil e inmediata, de una movilidad social descendente: se pasa a una clase social inferior de modo casi automático (el 54 % de los ciudadanos españoles considera que ha descendido de clase social durante la crisis).

A pesar de que el pensamiento dominante de los científicos sociales aseguraba que habíamos aprendido las lecciones del pasado y que se podría evitar la misma tipología de errores de otras etapas descendentes, los miembros de las clases medias han descubierto en su propia carne que se pueden sumir en la pobreza a velocidad de vértigo, que está activada una repentina movilidad social a la baja, y que el Estado de Bienestar ni es irreversible ni protege de la profundidad y la duración de problemas como los que ha sacado a la luz la Gran Recesión.

También cambió el papel de la desigualdad, a fuerza de crecer entre nosotros. España es el país en el que la desigualdad ha aumentado más, aunque no sea el país más desigual de la OCDE. Sólo una comparación indicativa: el 20 % más rico gana más de siete veces lo que el 20 % más pobre, una de las diferencias más acusadas de Europa.

El cambio climático, un fallo de mercado

El cambio climático, un fallo de mercado

Otra característica de esta crisis que no se puede soslayar es el retraso de la lucha mundial contra el cambio climático, considerado por los científicos el problema más importante de la humanidad, y sacrificado en las prioridades y en las inversiones por problemas y dificultades en apariencia más urgentes de resolver. Últimamente parece haber un afortunado giro en la apreciación política del asunto, motivado por la visibilidad de los efectos relacionados con ese cambio del clima, para los que no existen fronteras. Existe unanimidad en los recientes informes sobre el tema que han publicado organismos multilaterales tales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y la UE. Ya en el lejano año de 1994 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un espacio permanente para discutir los asuntos relacionados con el clima, con una aceptación casi universal, ya que incorpora 192 países. Incluso en las últimas cumbres del G-7 (Grupo de los siete), los países más ricos del mundo se han comprometido a trabajar para que el calentamiento global no sobrepase los dos grados centígrados con respecto a los valores preindustriales, el nivel indicado por los científicos como el tope asumible sin graves consecuencias. El G-7 apoya la meta fijada por la ONU de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 40 % y un 70 % para 2050 (aunque no ha especificado los objetivos concretos a nivel nacional, que es donde está el principal problema político).

El economista Jaime Terceiro Lomba entró en el núcleo político del asunto cuando criticó la ceguera de quienes pretenden resolver problemas aparentemente más urgentes, olvidándose de los importantes. La naturaleza del cambio climático a medio y largo plazo tiende a encauzar el gasto hacia necesidades más inmediatas relacionadas con situaciones llamativas de pobreza y con el tratamiento de enfermedades. Un ejercicio así es el que se abordó en la Conferencia de Copenhague de 2004, en la que participaron economistas muy relevantes, entre ellos varios premios Nobel. El ejercicio consistió en maximizar el beneficio que podía obtenerse al invertir 50 000 millones de dólares a lo largo de cinco años en diez de los problemas básicos a los que en ese momento se enfrentaba la humanidad. La lista era la siguiente: enfermedades infecciosas, especialmente el sida; proliferación de armamento y conflictos militares; inestabilidad financiera; educación; sanidad; gobierno y corrupción; crecimiento demográfico; barreras comerciales y subsidios; hambre y malnutrición; y finalmente, cambio climático. Resumiendo mucho el resultado alcanzado, cabe decir que el total de la inversión se distribuyó entre cuatro proyectos, que fueron los siguientes en orden de importancia: el sida, el hambre y la malnutrición, la supresión de barreras comerciales y, finalmente, la malaria. Estas conclusiones fueron avaladas por los correspondientes análisis de coste-beneficio, y una de las conclusiones fue «que los costes de hacer algo para combatir el cambio climático exceden los beneficios que se obtienen».

Éste es el típico caso de un problema que no sólo se trata subjetivamente, sino que también se planea de modo erróneo: los recursos que se asignaron y los problemas que se abordaron coincidían con los programas que los países desarrollados financian en los países en vías de desarrollo. En este sentido, el proceso de selección de personas estuvo sesgado, ya que una gran mayoría de ellas se dedicaba profesionalmente a estudiar los problemas del desarrollo económico en países pobres; además, no parece razonable que se haya planteado el falso dilema que contrapone la ayuda al desarrollo a la lucha contra el cambio climático, puesto que ninguna política pública de los países desarrollados está planteada en estos términos. Jaime Terceiro concluye que:

A estas alturas parece obvio que el problema del cambio climático no debe tratarse simplemente como una posibilidad de elección entre varias alternativas, sino que debe de tratarse como un fallo de mercado. Teniendo en cuenta las características básicas de las externalidades negativas que se generan: globalidad, largo plazo, incertidumbre e irreversibilidad de sus efectos. Si así se hiciera, difícilmente se podría comparar con los dramáticos problemas que surgen con carácter local, a corto plazo y ausentes de incertidumbre. Por otra parte, su carácter irreversible hace que la estabilidad del clima deba plantearse como prerrequisito de cualquier política de desarrollo económico, de manera análoga a como, por ejemplo, la paz y la estabilidad se consideran condiciones necesarias, aunque no suficientes, para el progreso humano.

Este punto de partida sobre el cambio climático es muy nítido para el debate: aquellos que promueven la no intervención (los negacionistas, cada vez más escasos), es decir, la ausencia de políticas sobre el calentamiento de la Tierra, lo hacen bajo el supuesto de que los mercados son fuente de prosperidad pero olvidan que no lo son todo en una economía de mercado ya que, para que los recursos se asignen de forma eficiente han de cumplirse ciertas condiciones. Cuando alguna de ellas no se cumple, se habla de un fallo de mercado. La corrección de tales fallos es una responsabilidad pública que siempre debe hacerse después de valorar la pérdida de eficiencia a la que dichos fallos dan lugar, y seleccionando después la intervención que se considere más adecuada entre las alternativas disponibles.

9. El Capitán América y el Capitán Haddock

9

EL CAPITÁN AMÉRICA

Y EL CAPITÁN HADDOCK

Disidentes de sí mismos

Disidentes de sí mismos

La política no ha estado a la altura de las circunstancias durante los primeros años de la crisis. Los abusos, y su visibilidad, la han hecho reaccionar. Una cosa es la crisis y otra su gestión. A veces, ambas entraban en resonancia y sus efectos se multiplicaban; otras, se contradecían y el futuro era más sinuoso (para lo malo pero también para lo bueno). En el balance de la gestión de la Gran Recesión está la rapidez y rotundidad con la que, sin ningún recoveco ni reserva mental, se rescató a la banca mediante cantidades ingentes de dinero público, al tiempo que la población se hundía en el pozo negro del empobrecimiento, estancamiento social y paro. Esta desproporcionalidad, imposible de obviar, ha sido letal para la confianza en el sistema y tanto más sangrante por cuanto ha estado a la vista de todos. Esta vez no han necesitado trampantojos: ha sido retransmitida en directo por televisión, en los medios de comunicación y en el uso constante y multitudinario de las redes sociales. Las medidas de política económica hacia el l’uomo qualunque, cuando han existido, han sido tardías, morosas, discriminatorias e indecorosas en relación al monto de las muletas que se han puesto al sistema financiero privado, y cuando fracasaron los primeros estímulos programados en el G-20 no se les dio una segunda oportunidad, no se analizó su insuficiencia ni se estableció un giro radical con otras políticas más efectivas y rápidas.

Es muy sintomática la progresiva inutilidad del autoescogido foro permanente de discusión de la situación económica mundial, el G-20, que ha sustituido no sólo a otras formaciones G (G-5, G-7, G-8, G-14) —en la terminología del economista del FMI, Jacques Polak— sino también al Consejo Económico y Social de la ONU, compuesto de 54 miembros, y acusado de extrema burocratización y ausencia de gobernanza. En el dilema entre legitimidad (la ONU) y presunta eficacia (el G-20) se escogió la segunda.

El G-20 se formó en 1999, cuando los países desarrollados se dieron cuenta de que debían dar la palabra también a los países emergentes, en aras a la gobernanza mundial. Está formado por 19 países más la UE como tal (Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Italia, Reino Unido, Canadá, Rusia, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, India, Indonesia, México, Turquía y Sudáfrica). Una década después fue definido oficialmente por sus miembros como «foro principal de cooperación económica internacional». El bombero de guardia. Sus poderes se extienden sobre más de dos terceras partes de la población mundial, el 90 % del PIB mundial y casi el 80 % del comercio global. Desde su fundación ha ido ampliando el número de asistentes a sus reuniones (por ejemplo, España), con el objeto de hacerse más representativo.

Sin embargo, es difícil calificar con rigor al G-20 de institución eficiente a la vista de su funcionamiento. Desde su primera cumbre, en noviembre de 2008 en Washington, bajo el trauma de la bancarrota de uno de los bancos de inversión más grande del mundo, Lehman Brothers, y el pánico bancario, hasta ahora se ha reunido una decena de veces. Excepto las dos primeras reuniones, en Washington y Londres (abril de 2009), en plena Gran Recesión, todas las demás se pueden calificar de «arrancada de caballo, parada de burro». Asustados los mandatarios por la magnitud de la catástrofe financiera, las cumbres de Washington y Londres fueron las únicas convocatorias con cierta voluntad reformista. Eran los tiempos de la «refundación del capitalismo», la «regulación del capitalismo», la «reforma del capitalismo» o de «embridar al capitalismo», que luego quedaron en mera retórica, para seguir haciendo las cosas como que se hacían. En la primera de ellas, que pretendía emular implícitamente la que se había celebrado más de seis décadas atrás en el balneario de Bretton Woods donde se habían establecido las bases del orden económico mundial tras la segunda gran conflagración, se elaboró un comunicado final que arrancaba con el ampuloso encabezamiento de «Nosotros, los líderes». En él aprobaban los estímulos públicos masivos como principal herramienta para sacar a la economía global del marasmo, así como la reforma del sistema financiero internacional atrapado por problemas de liquidez y solvencia relacionados con los productos derivados, la mejora de la representatividad y el funcionamiento del FMI y del Banco Mundial (colonizados por los europeos y los americanos, y sin dar presencia en los órganos de dirección multilaterales a los países emergentes o a los pobres), o el final de la etapa del secreto bancario con la elaboración de una lista negra de los paraísos fiscales. Según una reciente investigación de Gabriel Zucman, los paraísos fiscales nunca han gozado de tan buena salud como ahora: «Siempre presentes en los discursos políticos, las victorias no aparecen por ningún lado en las cifras». Zucman sostiene que la impunidad de los defraudadores es prácticamente total, que los compromisos adquiridos son demasiado imprecisos y las herramientas de control demasiado débiles, y estima que el equivalente al 8 % del patrimonio financiero de las familias está guardado en paraísos fiscales.

La voluntad reformista fue más teórica que real. Aquella declaración de «aumentar nuestra colaboración y trabajar juntos para reestablecer el crecimiento global y alcanzar las reformas necesarias en los sistemas financieros mundiales» no fue más que afectación. Un año después, en 2010, se había roto ya la unidad de acción. Desde entonces, los dirigentes mundiales han acudido a las sucesivas cumbres del G-20 con visiones diferentes, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, acerca de las prioridades de la política económica y con distintos ritmos en las reformas financieras de ambas partes del océano. Mientras la UE se ha centrado en una fase de ajuste duro de sus cuentas públicas, volteadas sobre todo por el esfuerzo hecho para salvar a sus bancos, Estados Unidos retrasó los sacrificios y siguió estimulando la inversión. En una carta dirigida al G-20, el presidente Obama —que heredó la crisis de su antecesor, George W. Bush— decía exactamente eso: evitemos los errores del pasado, «nuestra mayor prioridad […] tiene que ser la de salvaguardar y fortalecer la recuperación […] Trabajamos muy duramente para restaurar el crecimiento; no podemos perder vitalidad ahora».

Obama pretendía obviar otra recesión dentro de la Gran Recesión, que fue lo que le sucedió a Europa a partir de 2009. Quizá recordaba lo que le había sucedido al presidente Roosevelt durante la Gran Depresión. Entre los años 1933 y 1935 puso en marcha lo que se ha denominado primer New Deal. Cuando las medidas de estímulo fiscal comenzaban a ofrecer sus primeros resultados las retiró, y volvió coyunturalmente a la ortodoxia del equilibrio presupuestario y a las subidas del precio del dinero. El balance fue que la economía americana, frágil aún, colapsó de nuevo, y a partir del mes de agosto de 1937 sufrió otra fortísima recesión, con lo que el presidente demócrata tuvo que aplicar un segundo New Deal, que sólo acabó con el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. En el año 2010, el economista Paul Krugman reiteraba un mensaje que aparecía una y otra vez en sus artículos: criticaba el «masoquismo» europeo, la «manía» de Europa de aprobar planes de austeridad conjuntos, cada cual más fuerte que el anterior, cuando la zona todavía estaba en situación de estancamiento. El economista británico William Keegan, en la misma línea, ha dicho que en el futuro, cuando se analicen las políticas de austeridad europeas de estos años, se llegará a la conclusión de que «fuimos presa de un ataque de locura masoquista». Josep Ramoneda, al comentar esas palabras, concluye: «Quizá sería más exacto decir sadomasoquista. Porque los que más han sufrido los latigazos de la austeridad ni escogieron el castigo ni son los responsables de lo que pasó».

Lobbies y puertas giratorias

Lobbies y puertas giratorias

Con un poco de perspectiva es evidente que la vía hacia la recuperación macroeconómica del Capitán América (Estados Unidos) se impuso a la del Capitán Haddock (Unión Europea). En cuanto a los rescates financieros, ambas zonas del mundo las utilizaron. Volviendo a la intensidad de la influencia de las élites económicas extractivas sobre los legisladores y los reguladores, pensemos en el comportamiento de muchas de las entidades financieras que fueron rescatadas de sus apuros a costa de los contribuyentes, al menos en dos aspectos. El primero, el de su muy activa labor de lobby para conseguir que las regulaciones puestas en marcha por los gobiernos fueran lo más laxas posibles. Según diversos analistas de Wall Street (y en este caso Wall Street, más que una calle al sur de Manhattan, pretende abarcar un estado de ánimo que comprende los Hamptons, Davos, la City londinense, etcétera), los gastos que el sector financiero destinó a las actividades de los grupos de presión se utilizaron en buena parte para suavizar la ley Dodd-Frank, la legislación que se ha propuesto aumentar la capacidad de control de los reguladores sobre las entidades financieras. La relevancia del lobby ha cobrado mucha actualidad dado que, en los últimos años, los líderes de todo el mundo han tomado decisiones económicas difíciles que han tenido consecuencias importantes y generalmente desagradables para los ciudadanos. Éstos necesitan saber con la mayor certeza posible que los responsables de tales decisiones actuaron en aras del interés público, y no sospechar que fue para favorecer los intereses de unos pocos actores predilectos. Al estudiar los métodos con los que las empresas transnacionales mandan (a veces sobre los propios intereses políticos), la activista norteamericana Susan George, famosa por su best-seller El Informe Lugano (un análisis ficticio de los peligros que acechan a la economía de mercado globalizada encargado, para que ésta siga teniendo futuro, por los personajes más importantes a una serie de pensadores), define a los lobbistas como parte de los usurpadores que se introducen en los negocios y se infiltran en las instituciones a golpe de dinero y de puertas giratorias. Coincide George, en buena parte, con un informe elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, en la primera parte del año 2015, sobre la práctica del lobby en Europa. Su contenido es demoledor: de 19 países europeos evaluados, apenas siete tienen algún tipo de ley o regulación específica sobre el lobby, con lo que se genera una influencia prácticamente sin restricciones de los intereses comerciales en la vida cotidiana de los ciudadanos de la zona.

A pesar de que el lobby tiene cabida en toda democracia, los múltiples escándalos que se han producido muestran que, sin normas y regulaciones claras y exigibles, puede suceder que un grupo reducido de actores con mayores recursos económicos y contactos dominen las relaciones políticas, generalmente para beneficio propio o de quienes los contratan. Italia, Portugal y España, tres de los principales actores que han sufrido la Gran Recesión (el estudio no incluye a Grecia), son aquellos que presentan el peor desempeño y donde las prácticas de lobby y los vínculos estrechos entre el sector público y el financiero aumentan los riesgos. ¿Casualidad o concomitancia? El informe evidencia que las iniciativas de reforma del sistema financiero implantadas tras la crisis a nivel nacional y en el ámbito de la UE (como en Estados Unidos con la ley Dodd-Frank) se han visto frustradas y debilitadas, en gran parte debido al intenso lobby impulsado por el sector financiero.

Ninguno de los países europeos (todos los grandes) e instituciones de la UE evaluadas (Comisión, Parlamento, Consejo) controlan adecuadamente el fenómeno de las revolving doors (las pasarelas entre los sectores público y privado, en las dos direcciones). Los legisladores están, en general, exentos de restricciones pre y pos empleo público y «periodos de cuarentena», a pesar de ser un blanco clave de las actividades de lobby o influencia. Según Transparencia Internacional, en Portugal el 54 % de todos los cargos ministeriales han sido ocupados por profesionales del sector bancario desde que se instauró la democracia en el país, en 1974. Existe un alto riesgo de que los conflictos de intereses puedan sesgar los procesos de toma de decisiones. En Francia se permite a los parlamentarios dedicarse a realizar lobby y consultoría mientras desempeñan una función pública, y en Portugal y España se observa una actuación similar (aunque aquí hay un periodo de incompatibilidad de dos años para altos cargos).

La directora para Europa y Asia Central de Transparencia Internacional, Anne Koch, afirma que «el lobby sin ningún tipo de control ha tenido profundas consecuencias para la economía, el medio ambiente, los derechos humanos y la seguridad pública». Y la vicepresidenta de esta organización, Elena Panfilova subraya: «Las prácticas de lobby desleales y poco transparentes son uno de los riesgos de corrupción fundamentales a los que se enfrenta actualmente Europa. Los países europeos y las instituciones de la UE deben adoptar una normativa sólida en materia de lobby, aplicable al amplio espectro de lobbistas que inciden, de manera directa o indirecta, en las decisiones políticas, las leyes o las políticas públicas. De lo contrario, la falta de control sobre el lobby podría socavar las democracias en la región». El estudio alerta sobre las prácticas de lobby problemáticas en una variedad de industrias y sectores, tales como el alcohol, el trabajo, los automóviles, la energía, las finanzas o la industria farmacéutica.

El trabajo de Transparencia Internacional concluye con varias recomendaciones para asegurar que esta actividad no propicie la corrupción. Entre ellas, adoptar una regulación que sea de alcance amplio y exhaustivo, abarcando tanto a los que lleven a cabo estas actividades como a los que son destinatarios de las mismas; crear registros obligatorios de lobbistas, donde se consigne información detallada sobre las organizaciones o los clientes a quienes representan, los responsables públicos a quienes pretenden influenciar y las decisiones en las cuales pretenden influir, así como los recursos que destinan para ello; crear una «huella legislativa» que permita identificar el camino recorrido por la propuesta legislativa hasta su aprobación, y dar a conocer los aportes externos que incidieron en su desarrollo, así como los contactos mantenidos entre lobbistas y servidores públicos; establecer «periodos de cuarentena» mínimos que deben transcurrir antes de que los funcionarios públicos y los cargos electos puedan desempeñar papeles de lobbista que potencialmente generen conflictos de intereses o produzan tal impresión. Asimismo, todas las personas, organizaciones y empresas que pretendan influir en las políticas públicas han de publicar la información sobre sus actividades de incidencia y lobby, y los gastos correspondientes, incluida la documentación enviada a los responsables públicos, así como sus contribuciones y vinculación política.

Bruselas, la capital de la UE, encierra un botín de oro para quienes tratan de influir en política. Con tres instituciones (Comisión Europea, Parlamento Europeo y Consejo Europeo) que elaboran normas para toda Europa, y una nutrida representación de los 28 estados miembros, la capital belga alberga a miles de lobbistas. El registro de transparencia de la Comisión y el Parlamento europeos recogía a mitad de 2015 la existencia de 7567 lobbistas, aunque la inscripción es voluntaria y los expertos subrayan que los grupos de presión están infraestimados. Microsoft figura a la cabeza de las empresas que más dinero se gastan en esta actividad en Bruselas (entre 4,5 y 4,9 millones de euros), seguida por las petroleras ExxonMobil y Shell. Le sigue de cerca Google. Olivier Hoedeman, representante de la coalición Alter-EU, que trata de alertar sobre la influencia de los lobbies en Europa, opina que «el registro oficial no es riguroso. Las compañías pueden elegir básicamente qué cantidad declaran sin que la Comisión pueda hacer mucho para cambiarla» (El País, 24 de mayo de 2015).

Consciente de esa creciente aproximación de los lobbies a los núcleos de poder, el Ejecutivo comunitario ha prometido convertir en obligatorio el registro, aunque se ha dado de plazo hasta el año 2017. La actividad lobbista tiene un largo recorrido en Bruselas. Los interesados en influir en la política comunitaria —muchas veces camuflados en despachos de abogados, lo que les permite pasar sin dejar huella— acuden primero a la Comisión Europea, la impulsora de las iniciativas; a continuación recorren el Parlamento y el Consejo europeos, que tienen que llegar a acuerdos sobre las propuestas de la Comisión. El responsable de Alter-EU concluye: «El lobby es cada vez más sofisticado. Ya no se trata sólo de reuniones bilaterales, sino del denominado poder blando: eventos destinados a mejorar la imagen de la compañía y cuyos gastos no figuran como actividad lobbista».

Aunque el informe de Transparencia Internacional está centrado en Europa, Estados Unidos es el país donde las actividades de lobby son más agresivas. Un caso de los más recientes es el de las empresas tecnológicas. El corresponsal de El País en Nueva York, Sandro Pozzi, contaba, por ejemplo, el caso de Google. A finales del año 2013, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, anunciaba la compra de The Washington Post por 250 millones de dólares. Se interpretó como una apuesta de Bezos por la prensa tradicional. Pero el creador del portal de comercio electrónico se hacía además con una de las armas más poderosas en la capital política de Estados Unidos. Era una muestra de la creciente labor de lobby que hacen las sociedades tecnológicas, hasta el punto de que Google se ha convertido ya en la corporación que más dinero mueve en Washington. Facebook, Amazon y Apple también elevaban el gasto para defender sus intereses en el Capitolio.

La historia es la siguiente: si un político aspira a tener un asiento en el Capitolio necesita mucho dinero. Un congresista debe recaudar como mínimo un par de millones de dólares para conseguirlo. La cifra se multiplica por cinco en el caso de los senadores. La mayor fuente de estas contribuciones a las campañas tiene su origen en grupos de interés que quieren algo a cambio. Una vez en el puesto, el legislador devuelve el favor haciendo de facilitador, mientras los lobbies tratan en paralelo de mover los votos por los despachos. Las tecnológicas habían sido hasta hace poco tiempo —al fin y al cabo es uno de los sectores más jóvenes— las grandes ausentes de este juego de intereses y de poder asumido en la política estadounidense. Por ejemplo, en 2014, Google ha destinado 16,8 millones de dólares a sus esfuerzos por tratar de influir a los reguladores federales y a los legisladores estadounidenses. Una cifra récord que se estima superará cómodamente durante 2015 si se tiene en cuenta que durante el primer trimestre gastó ya más de cinco millones con ese propósito. Es la cantidad más alta pagada por una empresa, según los datos de Clerk of the House, el órgano del poder legislativo que registra el curso del dinero. Las empresas están obligadas a registrar el dinero que destinan a defender sus intereses ante el Congreso y las agencias federales.

Para entender el poder creciente que tienen las tecnológicas en Washington hay que fijarse en los detalles. Google gastó en lobby casi tanto como Wal-Mart, el mayor empleador privado de Estados Unidos. La diseñadora del sistema operativo Android gastó más que General Electric, Boeing, Lockheed Martin o la petrolera ExxonMobil.

El conjunto, el Center for Responsive Politics elevó el gasto total del lobbismo en Washington a 3240 millones de dólares. De esa cantidad, 553 millones corresponden al sector financiero, mientras que el de la salud movilizó 380 millones. Estas cifras no incluyen lo que las empresas cotizadas se gastan en lobby en los estados. La legislación les obliga también a comunicar a las autoridades el dinero que mueven, pero no hay una organización que aglutine esta información.

La V Internacional

La V Internacional

El segundo aspecto subrayable de los rescates bancarios es el de las remuneraciones de sus más altos ejecutivos que, en muchos casos, ya han superado las existentes antes de la crisis. ¿Cómo contestar a la pancarta instalada en el campamento neoyorquino de Occupy Wall Street, en el Zuccotti Park de Lower Manhattan [estaba dirigida a los ejecutivos bancarios de allí mismo], que rezaba: «¿Me va a decir que su trabajo es más valioso para la sociedad que el de un bombero?, ¿que el de un maestro de escuela primaria?, ¿que el de un soldado de infantería en Afganistán?». Para comprender los precios de mercado de cada sector no vamos a tener más remedio que regresar, sin añoranza, a los conceptos marxistas del valor de uso y del valor de cambio. La percepción generalizada es que los gobiernos acudieron de inmediato a la ayuda de Wall Street sin pedir a cambio ningún sacrificio significativo, ni nacionalizar (sin el objetivo de volver a privatizar en cuanto fuese posible) un sector arruinado.

Las protestas ante todo ello no se han debido tanto a la dureza absoluta de los sacrificios que han debido hacer tantos ciudadanos y empresas para sobrevivir (los que no se han quedado por el camino) —que también— sino a la forma desigual en que se vieron afectados los diversos segmentos de la sociedad ante la crisis y, sobre todo, ante la gestión de la crisis. Del mismo modo que las élites extractivas de todas partes se reconocen entre sí, lo están haciendo también los ciudadanos que de una plaza a otra del mundo surgen concentrándose y protestando. A pesar de que cada una de estas manifestaciones tiene sus características locales específicas, hay asuntos transversales que saltan de una a otra: además de la desigualdad, la relación entre la democracia realmente existente y el capitalismo que se practica, la connivencia entre el mundo económico y político, que genera constantes pasarelas, facilitando la corrupción y la complicidad entre corruptores y corrompidos.

El escritor británico Timothy Garton Ash ha denominado a esta comunidad de ciudadanos que protestan «la V Internacional», y está constituida sobre todo (aunque no sólo) por hombres y mujeres jóvenes que residen en ciudades, más preparados que la media, y que se reconocen y se extienden por todas partes; como los soixante-huitards de París, Roma o Berkeley, tienen, sin saberlo, cosas en común, pero esta vez se extienden por todo el planeta.

Si se analiza el común denominador de las protestas que han tenido lugar en medio mundo, tan heterogéneas, en todas ellas se enumera, como hemos dicho, la creciente desigualdad (económica, educativa, sanitaria, política, institucional, de oportunidades, de resultados…), pero también una movilidad social al alza cada vez menor y una movilidad a la baja muy extendida, el debilitamiento de la red de protección social y de la calidad de los servicios públicos y la creciente influencia de los ricos, del sector financiero y de las grandes empresas, en la política de los intereses generales. Si bien las protestas en la calle o en las urnas no han aunado un mismo eslogan, todas ellas se han expresado, de diferente modo, en la misma dirección: la inquietud de las mayorías por su futuro económico, por las dificultades de acceder a las oportunidades en igualdad con las élites, y por la concentración de poder en manos de una minoría económica, financiera y política. Esto es, preocupación por la calidad de la democracia, e incluso por la propia democracia. En el extremo, la ira y la indignación de la V Internacional es monocausal: una forma de progreso económico que, orientada a la creación de riqueza privada, es indiferente a la idea de bienestar colectivo, justicia social y protección ambiental.

Es la frustración de una población muy bien informada a través de las redes sociales sin fronteras, que ofrece resistencia a la estafa organizada. Fue muy significativo el relato de Occupy Wall Street, presente ya en libros y manifiestos. Se recordó Mayo del 68 para lo positivo y lo negativo: los sesentayochistas consiguieron al principio poner a la defensiva a los políticos establecidos, haciéndolos a la fuerza más receptivos a las reivindicaciones de cambio educativo y transformación social. Los estudiantes franceses, por ejemplo, no plantearon propuestas concretas acerca de cómo se podría cambiar el modelo educativo. Esto es, fueron efectivos en la calle, pero una vez que el proceso legislativo se volvió a poner en marcha quedaron atrapados por los intereses contrapuestos de los diversos grupos y de los partidos políticos tradicionales. Al decrecer su influencia en la calle consiguieron sólo una reforma mutilada. Los indignados del siglo XXI no han mencionado apenas la revolución bolchevique sino «retomar el hilo roto de 1789», la Revolución francesa, lo que significaría para ellos una «verdadera democracia» librada de la influencia directa del dinero, un poder derivado directamente de la ciudadanía, fuerte y estable; la disposición equitativa de la riqueza común; una vida digna para trabajadores libres, el hecho de compartir la responsabilidad económica entre todos, y no sólo una parte. No han reivindicado al viejo Jean-Paul Sartre sino al rejuvenecido Albert Camus en su lema de Combat, el periódico que éste dirigió contra los nazis: «De la resistencia a la revolución».

Otro gran dilema es el de cómo los mercados financieros ganan numerosas partidas al poder político. El mundo de la economía pasa por encima de la política. El profesor de la Universidad de Valencia, Manuel Sanchís, observa esta tensión permanente en el seno de la UE. En uno de sus libros dedicado al fracaso de las élites, teoriza la construcción de una Europa a dos velocidades, con avances limitados en los ámbitos político e institucional, y al tiempo con barra libre para la circulación de capitales y la unificación monetaria. Este diseño institucional nació dañado desde el inicio, y del mismo se ha derivado un empobrecimiento severo de muchos ciudadanos, así como una fuerte degradación de la calidad democrática de esas instituciones. Este desequilibrante sesgo a favor de lo monetario-financiero explica el desencanto que siente mucha gente (antes, eufóricamente europeísta) ante una construcción europea que, en palabras del presidente socialista francés François Hollande (sin duda, del Hollande de la primera época) «ha sido diseñada más bien como un gran mercado que como un gran proyecto [y que] ha acabado representando el liberalismo para los ciudadanos». Dice Sanchís que «la mirada torva» del europeo hacia sus instituciones se ha convertido en un airado rechazo hacia ese nuevo «despotismo ilustrado».

Con motivo del trigésimo aniversario de la entrada de España en las Comunidades Europeas, la empresa Metroscopia hizo público un sondeo muy revelador: no existía arrepentimiento de la sociedad por aquella decisión, pero se constataba un claro declive en el fervor europeísta que durante muchos años habían mostrado los españoles. Este declive se vinculaba, sobre todo, a las respuestas que Europa había dado a la crisis económica: un 70 % de los encuestados manifestaba que la integración había sido beneficiosa para España, diez puntos menos que en mayo del año 2009. Europa, como espacio de seguridad, de defensa de los derechos humanos y con el deseo de una mayor integración de sus miembros, despertaba entre los españoles un grado de adhesión muy notable, mientras que las dudas y el pesimismo se vinculaban directamente a las dificultades económicas: un 37 % consideraba que formar parte de la UE había resultado perjudicial para la economía española, frente a un 57 %, que lo veía beneficioso.

10. Wanted: El ranking de los culpables

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WANTED: EL RANKING

DE LOS CULPABLES

Desviar el foco de las finanzas a la política

Desviar el foco de las finanzas a la política

La decadencia del viejo capitalismo familiar y de su ética de la responsabilidad cívica, y su sustitución por el capitalismo multinacional y financiero, ha provocado que las lealtades más próximas (locales, regionales y nacionales) se estén amortiguando, y que la movilidad del capital y la emergencia de un mercado global contribuyan a producir ese mismo efecto. Siempre ha habido una clase privilegiada, pero pocas veces ha estado tan peligrosamente aislada de su entorno. Se podrían poner muchos ejemplos de ello, algunos inconcebibles para el común de los mortales que los puede considerar sencillamente increíbles. Por ejemplo, en 2008, al iniciarse la Gran Recesión, un periodista de la revista Portfolio echó la vista atrás, asombrado:

Las habitaciones de hotel de 34 000 dólares por noche. La hamburguesera cubierta de polvo de oro que ofrecía Richard Nouveau en el Wall Street Burger Shoppe por 175 dólares, el martini de 10 000 dólares del hotel Algonquin, que se servía con un diamante en la copa… El término «ostentación» apenas alcanza para definir ese estilo de vida, aquel «no te lo vas a creer» que rodeaba la vida y el trabajo de los hipercapitalistas que se iban diseminando por el mundo.

Otro ejemplo, más conocido, es el de Jack Welch, expresidente de General Electric, elegido «Ejecutivo del siglo XX»: poco después de aniquilar miles de empleos en esa empresa se retiró. En ese momento (estamos en 2001) ganaba 2,1 millones de dólares al mes y, además, la empresa le pagaba el avión privado, más un piso en Manhattan de 80 000 dólares de alquiler, más el personal de seguridad que vigilaba sus diversas residencias. O también los de los máximos ejecutivos de Lehman Brothers, el banco de inversión que originó la crisis financiera mundial en el otoño del año 2008. Joseph Gregory, el presidente, iba a trabajar cada mañana en helicóptero, desde una de sus inmensas residencias de Long Island; Richard S. Fuld, el primer ejecutivo, tenía cinco casas. The New York Times publicó sobre ello:

Existía una desconexión con el mundo exterior, y un riesgo sustancial. «El entorno se ha vuelto como una isla», decía un exejecutivo. Fuld daba el visto bueno a las decisiones, pero Gregory le contaba las cosas de forma que no había nada que decidir. Y el comité ejecutivo no servía de contrapeso […] En realidad, aquel optimismo irredento, tanto fuera como dentro de la empresa, probablemente estaba siendo más dañino que beneficioso.

El problema de todo esto, escribía el consultor Eric Dezenhall (coautor de un libro titulado Control de daños. Por qué todo lo que sabes acerca del manejo de las crisis es incorrecto), es que un individuo que sale de su avión privado para meterse en una limusina, de allí va a un almuerzo que le sirven en un salón de la empresa, y luego a un hotel de cinco estrellas, está viviendo en una burbuja que se refuerza a sí misma de forma constante y acrítica; se convierte en un semidiós que se alimenta de frases de aliento, sin la fricción de la vida diaria.

Y sin embargo, este tipo de élites exageradas, en la cúspide, han logrado en buena parte pasar inadvertidas en el fragor de la crisis y echar sobre los demás (y sobre las demás élites, sobre todo las políticas) las responsabilidad de sus desastres. A menudo se hace una equivalencia mecánica entre esas responsabilidades entre las élites financieras y empresariales en la cúspide (más selectivas aún que el célebre 1 % de la escala social alta) y las que, de modo común e indiscriminado, han contraído la abusivamente denominada «clase política». Cómo han conseguido aquéllas pasar a segundo plano en una crisis cuyo origen ha sido financiero y trasladar el sentimiento de culpabilidad al indiferenciado mundo de los políticos es algo que tendrán que descubrir con precisión los científicos sociales, preguntando, entre otros, a la agencias de comunicación. El caso es que en los debates públicos, en los medios de comunicación, en las redes sociales, los intelectuales orgánicos de la cúspide piramidal del poder que practican ese uso ambiguo entre unas élites y otras, sin distinción, han logrado trasladar la polémica a otro lugar (el de la naturaleza del sistema político), a otro centro de atención (los parlamentos, los gobiernos y las oposiciones), palideciendo una responsabilidad y multiplicando otras. La culpa está en el Parlamento de la ateniense plaza Sintagma no en los evasores de capitales. Se desvía el foco de un papel social (la práctica de unas finanzas y una actividad económica profundamente desregulada y sin límites en las reglas del juego y en los emolumentos que se autoconceden por autorregularlas) hacia otro: el de los que tenían que haber regulado y supervisado y no lo hicieron, o por falta de medios o porque no figuraba en la cultura de la época: estaba mal visto hacerlo.

Por ello, no es baladí, sino todo lo contrario, establecer una secuencia de responsabilidades. Elaborar una lista de prioridades en las irregularidades y en los abusos. El ranking de estafadores. Corregir ese debate artificialmente desviado para volver a preguntarse sobre lo sucedido y su orden de prelación: ¿fueron las ideas equivocadas, favorables a la continua desregulación, después de tres décadas largas de hegemonía absoluta de la revolución conservadora, las principales responsables de ese saqueo, que hemos presentado como transferencia ilimitada del poder y de la riqueza? ¿O los causantes prioritarios del mismo y sus secuelas, el empobrecimiento, la precarización, el desempleo y la desprotección, fueron los que abusaron de las reglas existentes, pocas o muchas, los que cometieron acciones irregulares, los que robaron, los que comercializaron productos opacos vendiéndolos como productos sin riesgo, en resumen, los golfos apandadores? ¿O más bien los culpables iniciales fueron los políticos, los reguladores y supervisores nombrados por éstos, que no cumplieron bien su función, que se olvidaron de la misma, que miraron para otro lado, por complicidad o por inanidad? En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Las instituciones políticas y económicas inclusivas no surgen por sí solas sino que, a menudo, son resultado de un conflicto importante entre las élites que se resisten al cambio y defienden su propio statu quo, y los que desean limitar el poder económico y político del establishment existente.

Los silencios sociales

Los silencios sociales

El concepto de clase aparece, en definición del historiador británico E. P. Thompson, cuando algunas personas, como consecuencia de experiencias comunes (heredadas o compartidas), perciben y articulan la identidad de sus intereses entre sí y contra otras personas, cuyos intereses son diferentes de los de los primeros (y normalmente opuestos). Los ensayistas Barbara y John Ehrenreich, de los que luego hablaremos más en extenso, analizan la formación de ese grupo del 99 % de la población en Estados Unidos y el derrumbe de la clase media en la superpotencia. El 1 % más rico está formado por los banqueros, los gestores de los fondos de alto riesgo, los presidentes y los consejeros delegados de las grandes compañías… De un modo u otro, siempre han estado ahí, pero sólo comenzaron a destacar como un grupo diferenciado en la cúspide, al que se denomina informalmente «los superricos», con la Gran Recesión. Sus extravagantes niveles de consumo, en comparación con la austeridad impuesta al resto, ayudaron a que se les prestase atención: aviones privados, múltiples mansiones, atribución de la mayor parte de sus gastos particulares y cotidianos a la cuenta de sus empresas (dicen que lo importante no es lo que gana un superrico sino lo que le cuesta a su empresa), salarios inconmensurables en sí mismos y en relación a los demás… Cuando se dieron cuenta de la indignación que suscitaban, se sumergieron como submarinos. Mientras la clase media aún podía conseguir un crédito para pagar la matrícula de la universidad de sus hijos, hacer de vez en cuando algunas reformas en la casa, o viajar una vez al año, no ocurría nada. Les miraban envidiosamente con el rabillo del ojo mientras continuaban viviendo. Las protestas llegaron con las dificultades económicas de la mayoría y se debieron tanto a la dureza absoluta de las circunstancias de la época como a la forma desigual en que se han visto afectados los distintos segmentos de la sociedad. Sobrevino la crisis financiera seguida de la Gran Recesión, y el 1 % al que la gente corriente había confiado sus ahorros, sus pensiones, su economía —y en parte, su sistema político— se reveló, en el mejor de los casos como una banda de incompetentes, y en el peor, como un grupo de codiciosos sin límites, hasta la patología. Lo describen con singular gracia los politólogos Linda McQuaig (canadiense) y Neil Brooks (estadounidense): entre 1980 y 2008 los ingresos del 90 % de los norteamericanos crecieron un mísero 1 % mientras que los de los grandes multimillonarios (el 0,01 % de la población) se incrementaban un 403 %. Una sociedad descompensada en la parte superior de la pirámide puede parecer el paraíso de la movilidad ascendente, pero en realidad se parece más a un cementerio de sueños rotos para todos excepto para unos pocos dichosos. Las grandes fortunas de la filantropía (Bill Gates, los hermanos Koch, dueños de Wal-Mart, Warren Buffett, o el barón de la equidad privada Stephen A. Schwarzman) son presentadas como pruebas de la meritocracia, pero más bien parecen el resultado de un sistema legal y económico diseñado para ello. Los analistas citados desafían la idea de que la desigualdad de ingresos de hoy sea resultado del mérito, revelan cómo los multimillonarios han «secuestrado» el sistema económico global con consecuencias desastrosas para el resto de la sociedad, y exponen un rechazo a la mezcla de elusiones y roturas fiscales para el rico, y austeridad para el resto de la sociedad.

Hasta que los problemas económicos se agudizaron en todo el planeta, el 99 % restante era un grupo prácticamente incapaz de articular «la identidad de sus intereses». Era demasiado heterogéneo. Lo formaban la mayoría de los ricos normales, los profesionales de la clase media, los obreros industriales, los empleados del sector servicios, los parados, los trabajadores pobres o los pensionistas. Según los Ehrenreich, el movimiento Occupy Wall Street, más allá de sus pequeñas movilizaciones puntuales, sirvió para que ese porcentaje de población tan abrumador descubriese los intereses comunes o, como mínimo, para que pudiesen dejar de lado algunas de las más evidentes diferencias existentes. Durante décadas, la división fomentada de forma más estridente en el seno del 99 % fue la división entre la élite liberal (académicos, periodistas, opinion makers…) y todos los demás; o entre los que tienen trabajo y los parados. Ya hemos visto las trampas de la redistribución en el seno de las clases sociales. Se trataba de romper, dividir. El eslogan «Somos el 99 %» contribuyó a cambiar las percepciones, aunque no la realidad. Coinciden con otros colegas que opinan que la mayor parte del 99 % no se ha encontrado nunca con un miembro de la verdadera élite, el 1 %, que vive aislada en su propia burbuja amurallada.

Por su propia dedicación profesional (ella escritora y él profesor universitario), los Ehrenreich hablan de la decadencia de la élite liberal durante estos años de crisis. Los recortes presupuestarios en el sector público han ido diezmando, por ejemplo, las filas de los académicos con un sueldo decente, que han sido sustituidos por profesores asociados que trabajan sin una red de seguridad laboral y con emolumentos de miseria; los medios de comunicación han reducido sus redacciones y las han lumpenproletarizado, con lo que es muy difícil exigir independencia y profesionalidad a sus nuevos componentes; los despachos de abogados subcontratan las tareas más rutinarias; los hospitales trasladan sus rayos X a radiólogos extranjeros baratos; se ha agotado la financiación para las iniciativas sin ánimo de lucro en las artes y las letras…

Estas tendencias ya estaban entre nosotros, existían antes de que se desatara la crisis financiera, pero fue necesaria la Gran Recesión y su gestión para desvelarlas y suscitar en la mayoría de la gente una amplia conciencia de peligro compartido. De miedo a la inseguridad económica, a quedarse en paro, a las retribuciones por debajo del nivel de subsistencia familiar, a que los hijos no encuentren trabajo por mucho que estudien, a caminar hacia otra tienda cerrada, a no cobrar la pensión en el momento de la jubilación. Tony Judt recuerda el temor que se extendió por Europa tras la experiencia de las dos guerras mundiales; el miedo no era libre, como dice el tópico, y las crisis (políticas, militares, económicas, sociales) lo multiplican por mil. El miedo pasa a ser un ingrediente activo de la vida pública de las democracias, el miedo a la incontrolable velocidad de los cambios (no siempre hacia adelante), a perder el empleo, a quedar atrás en una distribución cada vez más regresiva de la renta y la riqueza. El temor a perder el control de las circunstancias y rutinas de la vida cotidiana, por mediocre que ésta sea. Y quizá, y sobre todo, el miedo no sólo a que ya no podamos definir nuestras vidas, sino también a que aquellos a los que hemos concedido la autoridad para que nos gobiernen hayan perdido el control a favor de fuerzas que están más allá de su alcance. La mayoría ha descubierto con temor creciente la repentina movilidad social descendente, la posibilidad más que cierta de que si cambias de clase social ello suponga bajar uno o varios tramos en la escala del bienestar. De que uno puede sumirse en la pobreza a velocidad de vértigo, y que el welfare, donde exista, se debilite y no proteja suficientemente para la profundidad y duración de la Gran Recesión.

La periodista Gillian Tett, del Financial Times, experta en el análisis de los complejísimos instrumentos financieros que llevaron a la crisis financiera, habla de los «silencios sociales» respecto a estos problemas sociales que estamos describiendo, y utiliza la metáfora de la trampa del silo para advertir de la existencia permanente de compartimentos estancos en los mismos, que impiden sacar consecuencias del conjunto de la realidad. Se hace cada vez más difícil que se conecten los puntos que definen el perímetro del anagrama, y por ello numerosas cuestiones pasan inadvertidas. En los bancos y en las agencias reguladoras hay expertos que comprenden cómo funcionan pequeñas parcelas de las finanzas; fuera de este territorio, hay periodistas especializados o economistas que perciben, vagamente, cómo se mueven los patrones generales. Pero intentar obtener una visión clara de cómo han evolucionado las finanzas como un conjunto es tarea hercúlea. Una sensación de túnel oscuro está presente en todo el sistema y en todas las etapas de la crisis. Existe la idea cada vez más compartida de que los grandes bancos, las grandes empresas, aquellas que son demasiado grandes para quebrar (y probablemente demasiado grandes para ser gestionadas de modo privado), funcionan con un sentido públicamente aceptado de discurso (o doxa) que ha sido conformado por las élites y que les permite mantener el poder. Lo que importa con respecto a este discurso no es lo que le define como una forma de diálogo culturalmente aceptable sino, sobre todo, aquello de lo que no se habla dentro de él. Ésos son «los silencios sociales», o los aspectos de la vida cotidiana que habitualmente se omiten o se ignoran, tan importantes o incluso más que las cuestiones que suelen ser objeto de debate, ya que son estos silencios los que ayudan a reproducir un sistema y las estructuras de poder a lo largo del tiempo. Un patrón de silencio o desinterés, explica Gillian Tett, suele desempeñar una función útil en el mantenimiento de estructuras sociales, aunque no se haya planeado conscientemente. O como explica Pierre Bourdieu, «los efectos ideológicos más seguros son aquellos que para ejercerse no precisan de palabras o no piden más que un silencio cómplice». El novelista Upton Sinclair expresó en términos generales la misma idea hace más de un siglo cuando comentó: «¡Es difícil hacer que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda!».

Gillian Tett es un baluarte del Financial Times en Estados Unidos y, como tal, testigo del desarrollo de esa sociedad. No es precisamente una marxista.

Parte III. El Muro de Berlín cayó hacia los dos lados

PARTE III

El Muro de Berlín

cayó hacia los dos lados

Con usura ningún hombre puede tener una casa con buenos cimientos […] Con usura se peca contra la naturaleza […] Con usura la propiedad nos divide […] Con usura la lana no llega al mercado, las ovejas no dan ganancia con usura. Usura es peste, la usura.

Ezra Pound, Canto XLV.

11. Mandan los conservadores

11

MANDAN LOS CONSERVADORES

Un macguffin ideológico

Un macguffin ideológico

En febrero de 2015, en una de las raras intervenciones directamente ideológicas, el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy —que había presumido siempre de su pragmatismo y de representar el sentido común del hombre de la calle— defendió su política con la siguiente frase: «No podemos volver a las ideas que fueron liquidadas cuando cayó el Muro de Berlín». Rajoy no era original. Decía lo que había oído en casa (a José María Aznar o a Esperanza Aguirre). No era la primera vez que alguien vinculaba la gestión de la gran crisis económica que asoló al mundo desde la mitad del año 2007 con el fin del socialismo real y la caída del Muro de Berlín, achacando la existencia y extensión de la Gran Recesión a las políticas supuestamente de izquierdas en las que se alojaban los defensores de su icono más representativo.

Es, sin duda, una interpretación abusiva, una representación falsa de la realidad con la intención de desviar la atención, un macguffin, un falso culpable hitchcockiano, pero mucho más si se recuerda que quien gobernaba el mundo, quien mandaba entonces, en ese malhadado año de 2007 y en los siguientes, y quienes han gestionado de manera mayoritaria la crisis económica tienen poco que ver con políticas de izquierda, socialdemócratas, sino con las opuestas, las neoliberales y las neoconservadoras. No se pueden vender duros a cuatro pesetas.

Cuando estalló el escándalo de las hipotecas de alto riesgo en la segunda mitad de 2007, cuando quebró Lehman Brothers un año después y el capitalismo asumió, por única vez, su principio moral de que cada palo aguante su vela y no acudió al rescate de ese banco de inversión, prácticamente todos los que mandaban en el mundo eran los correligionarios ideológicos del señor Rajoy. El presidente de Estados Unidos era George W. Bush, un epígono menor de Ronald Reagan y figura representativa de los neocons de la Casa Blanca, a los que dejó hacer con pocos límites; en Alemania, la canciller era Angela Merkel, el estandarte de la austeridad a ultranza como vacuna para curar los excesos de los países que habían vivido «por encima de sus posibilidades». Tenía su principal aliado en Nicolas Sarkozy, presidente de Francia, conservador como ella misma; y su principal empleado en la Comisión Europea —como presidente de la misma— era el portugués José Manuel Durão Barroso, el anfitrión en las Azores de aquel trío siniestro (George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar) que declaró unilateralmente la guerra a Irak, en contra de la muy mayoritaria opinión de los ciudadanos. En Reino Unido gobernaban Tony Blair (1997-2007) y Gordon Brown (2007-2010), que sólo con grandes tragaderas podían ser considerados laboristas clásicos, y cuya tercera vía era calificada por sus críticos más vitriólicos de «thatcherismo de rostro humano». Estaba a punto de llegar al Palacio Chigi de Roma, sede del jefe del Gobierno italiano, el inefable Silvio Berlusconi, máximo representante de la desvergüenza política y conservador, como todos los demás. La excepción que confirmaba la regla era el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero que, tres años después, hubo de cambiar dramáticamente su práctica política ante la insoportable presión que le llegó de Bruselas, Washington, Berlín y Fráncfort. En 2011 perdió estrepitosamente las elecciones.

Hay quien ha señalado que, confrontado con un dilema, Zapatero prefirió perder las elecciones y evitar un rescate a la economía española que Rajoy, su sucesor, no supo evitar aunque referido sólo al sector financiero. Seis meses después de la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), el nuevo presidente del Gobierno se enfrentó al peor momento de la economía española, la prima de riesgo más elevada y la imposición por parte de Europa del rescate acotado al sector financiero: un cuantioso préstamo que evidenciaba la incapacidad de España de hacer frente al problema por sí misma, acompañado de un conjunto de fuertes imposiciones recogidas en un memorando de intenciones, como se había hecho con Grecia y Portugal, que incluía medidas que el Gobierno del PP venía negándose a implementar hasta ese momento, como la creación de un banco malo que ayudara a dar salida al empacho de ladrillo que bloqueaba las cuentas de los bancos hasta situar a varios de ellos cerca de la quiebra.

En los sondeos que se publicaban entonces (esto no ha cambiado) los encuestados concedían una importancia capital para su futuro cotidiano a las decisiones que tomaban los bancos centrales, pues la política monetaria ha devenido en la brigada de intervención inmediata de la política económica. Pues bien, al frente de la Reserva Federal (Fed) estaba el republicano Ben Bernanke, y el gobernador del Banco Central Europeo (BCE) era el enarca (antiguo alumno de L’École Nationale d’Administration, ENA) Jean-Claude Trichet, un funcionario muy conservador en cuyo currículo figuran multitud de colaboraciones profesionales con la derecha francesa. Nada que pudiese oler ni siquiera de modo remoto a izquierda ideológica.

¿Ideas provenientes de lo que representaba el Muro de Berlín? Todo lo contrario. Los que ejecutaban el poder eran los representantes máximos del establishment del neoliberalismo real.

12. Good bye, Lenin!

12

GOOD BYE, LENIN!

Una película dentro de la película

Una película dentro de la película

En las imágenes finales de la película Good bye, Lenin! (2003) vemos cómo muere la protagonista, feliz, sin haberse enterado de que la República Democrática de Alemania (RDA, la Alemania socialista), en la que vivió toda su vida, había desaparecido al caer el Muro de Berlín. Sus hijos, compasivos, le habían evitado ese tremendo impacto, semejante al que experimentamos cuando nos enteramos de que los reyes magos son los padres, o al que sufren los curas que acaban de comprender que Dios no existe.

La ensoñación es la siguiente. Se está rodando el film. De repente se amplía el foco. Se ve al director Wolfgang Becker y al equipo técnico, entre las bambalinas, dando instrucciones a los actores. Pero detrás de ellos hay otro director, otra maquinaria y otros técnicos, que verbalizan sus directrices al primer equipo, que en realidad son actores dirigiendo a otros actores. Se trata de una película dentro de otra película, en una especie de juego de muñecas rusas. Si uno mira con un cierto detenimiento, todavía hay más gente en el gigantesco estudio: en el extremo del mismo, en una especie de altillo, hay unos tipos bien vestidos, orondos, que comentan satisfechos las escenas, junto a otro pequeño grupo de jóvenes elegantes en su estilo casual, con camisas desabotonadas de dos colores y tirantes, que son los que transmiten las órdenes de los primeros: aquellos que financian la película, que deciden sus contenidos y su mensaje, y los brókers que los transmiten a velocidad de vértigo.

La ensoñación es un trasunto de la vida real. Una metáfora de lo sucedido en el planeta desde noviembre de 1989, cuando la caída del Muro de Berlín transformó la política y los modos de pensar, y se inició una nueva fase —más extensiva que nunca— de globalización. La destrucción del Muro es la iconografía más exacta del socialismo real en descomposición y la restauración del capitalismo como único sistema sociopolítico en el planeta. Son los tiempos radiantes del fin de la historia de Fukuyama y de la victoria completa del capitalismo realmente existente sobre el igualmente existente socialismo real, que se ha desmoronado por sus propias contradicciones, sin necesidad de empujones externos ni de la extraordinaria dureza que hasta poco antes parecía ser imprescindible (quizá otra guerra mundial tras la Guerra Fría). Ha comenzado otra etapa decisiva de la globalización del planeta con un solo sistema (con unas pocas excepciones), de la «tierra plana», del «aplanamiento del mundo», según la versión del periodista Thomas L. Friedman, que aseguraba el poder de los individuos para colaborar y competir a escala global, siendo posible que todos pudieran acceder a los mismos centros de conocimiento y crear así una única red universal que daría lugar a una asombrosa era de prosperidad e innovación. Otra ensoñación equidistante. Algunos lo denominaron más piadosamente «nueva economía», en la que ya no se darían los ciclos económicos de expansión y depresión.

Menos de dos décadas después de aquella quimera ideológica, en 2007, el terremoto político que fue la caída del Muro de Berlín tuvo su primera réplica con la Gran Recesión, que ha sido demoledora por los estragos causados en todas partes, pero sobre todo en el sur de la vieja Europa, en la parte más cercana a otro mundo aún más pobre, con la frontera del Mediterráneo. Los principios, los valores y los intereses que se asentaron en la última década del siglo XX como una suerte de monopolio ideológico, de una especie de sentido común de una época, que ya eran hegemónicos desde los años ochenta, también entraron en cuestión. No eran tan definitivos y naturales como se hizo creer entonces. Así, de repente, se entró en otra época de incertidumbre, en un nuevo momento histórico del silogismo gramsciano: lo antiguo no acaba de morir, lo nuevo no termina de nacer.

Como en esa película dentro de la película, los que trazan su contenido y su mensaje, y los intermediarios que los transmiten, se han puesto en movimiento para volver a un punto anterior. Aquel en el que parecía que la guerra había terminado con un claro vencedor y un notable derrotado. Esta historia es la que se cuenta aquí. Lo expresaba acertadamente Oscar Wilde al describir cómo una cosa se convierte en otra con una rapidez apabullante: los que ayer amaban tanto, hoy odian con la misma intensidad.

Volvamos a Good bye, Lenin! para que podamos captar bien la analogía del engaño. Por razones que no vienen al caso y que serían muy largas de explicar, la protagonista se ha convertido en una hooligan honesta y militante del socialismo que impera en Berlín Este: es incapaz de ver sus defectos, sólo encuentra virtudes. Se reproduce en ella la «teoría de la disonancia», desarrollada por el psicólogo social León Fustiger: supongamos que una persona cree algo de todo corazón y que en un momento dado se le ofrecen pruebas rotundas e innegables de que esa convicción es errónea, ¿qué ocurrirá? Con frecuencia, esa persona no sólo permanecerá impertérrita sino aún más convencida que antes de la veracidad de sus ideas. Puede incluso mostrar un nuevo fervor en el sentido de tratar de convencer y convertir a otras personas.

Es una mujer orgullosa de sus ideas socialistas. El 7 de octubre de 1989 camina por las calles de la ciudad y, por casualidad, se encuentra con una manifestación que pide la apertura de la frontera entre el este y el oeste de Alemania, en la que participa su hijo. Era una manifestación impensable apenas unas semanas antes. El ciclo histórico ya se ha acelerado en ese momento. Los vopos (miembros de la Policía Popular, Volkspolizei) intervienen con brutalidad, lo golpean y se lo llevan detenido. Ello sucede mientras se celebra el cuadragésimo aniversario de la RDA. La protagonista se desmaya por la tensión de lo que ve y cae al suelo: le ha dado un infarto y entra en coma.

Despierta en junio de 1990. Ocho meses después en los que la historia ha cambiado vertiginosamente. Aunque ella no lo sabe, el Muro ha desaparecido, sus trozos se coleccionan como recuerdos turísticos, y Berlín se ha occidentalizado por la instauración acelerada del capitalismo en toda Alemania Oriental: los anuncios de Coca-Cola entorpecen la vista del cielo berlinés. Su hijo trabaja como instalador de antenas parabólicas de televisión, que en ese momento tienen una demanda casi infinita: la Alemania unificada está jugando el Mundial de Fútbol (que es lo que más cohesiona a los ciudadanos de una y otra parte del antiguo muro) y lo va a ganar venciendo a Argentina mediante un penalty discutible que tira Andreas Brehme. Entrena al conjunto germano un mito del fútbol, Franz Beckenbauer, que ya había ganado otro mundial como jugador. El país está entusiasmado. En estado de éxtasis futbolístico, no político. Ése es el ambiente en que la protagonista abre los ojos de nuevo.

Después del tiempo en coma (parecen décadas, no meses, dado el nivel de transformación que aparentemente se observa), a la protagonista, cuya salud es muy delicada, hay que protegerla de cualquier sobresalto. Los hijos montan un sistema de vida para que no se entere de las transformaciones y convierten su casa en una isla anclada en el pasado, una especie de museo kitsch del socialismo donde su madre pueda seguir creyendo que nada importante ha variado. Como no pueden evitar los interrogantes de la enferma ante las pequeñas metamorfosis de la vida cotidiana (por ejemplo, las marcas de las latas de conserva), se inventan una tesis disparatada: el Muro ha caído, es cierto, pero son los alemanes occidentales los que llegan en oleadas al Este buscando la seguridad socialista. Los hijos le dicen: has tenido gran suerte, recuperas el sentido en medio de una gran campaña socialista, titulada «Solidaridad con Occidente». Aun así, le cuesta entender la dolorosa falta de sensibilidad que observa a través de la ventana de su habitación cuando pasa un helicóptero desplazando con una soga, colgada del cuello, una gigantesca estatua de Lenin (de ahí el título de la película). Finalmente, la protagonista sufre otro infarto y muere. Nunca supo la verdad. Murió en su normalidad socialista.

Todo sucedió en 1989

Todo sucedió en 1989

El año 1989 ha sido considerado la frontera entre dos épocas. ¡Ocurrieron tantos acontecimientos en él! Finalizó con ese cambio telúrico que fueron los cascotes del Muro de Berlín, mientras se filmaba en directo, para que lo viera todo el mundo, el derrumbamiento, país a país, pieza a pieza (como el propio muro) del comunismo real y el monopolio del capitalismo como único sistema superviviente. Pero antes había acabado la aventura militar de la Unión Soviética en Afganistán (su propio Vietnam), había tenido lugar la revuelta de los estudiantes en China, con aquella fotografía que competiría en espectacularidad con las de Berlín, de un estudiante en la plaza de Tiananmen deteniendo una columna de tanques con su cuerpo; Estados Unidos había invadido Panamá y había depuesto y apresado al general Manuel Antonio Noriega, antiguo aliado suyo; el líder serbio Slobodan Milosevic había empezado a encender las mechas de la espantosa guerra de Yugoslavia; se produjo el fin de la más cruel dictadura pinochetista y el democristiano Patricio Aylwin entró por fin en el Palacio de la Moneda cerrando el paréntesis del fascismo militar. Se vislumbraba el principio del fin del apartheid en Sudáfrica cuando el afrikáner Frederick W. de Klerk ganó las elecciones en Sudáfrica y abrió las puertas para la llegada de Nelson Mandela, quizá el hombre más importante del siglo XX…

Así pues, en ese año mágico se produjo una aceleración insospechada de la historia que terminó el 9 de noviembre con un big bang: la caída del Muro, 155 kilómetros de hormigón y alambradas, el símbolo por excelencia de la Guerra Fría y del Telón de Acero. Cincuenta y un años después de la noche de los cristales rotos, el pogromo de los nazis contra los judíos, dos siglos exactos después de la toma de la Bastilla con la que se inició la Revolución francesa, caía esta frontera que separaba a los alemanes y símbolo de las diferencias entre el Primer y el Segundo Mundo. Un Muro peculiar. El entonces corresponsal del diario El País en Alemania, José María Martí Font, escribe en su libro Después del muro. Alemania y Europa 25 años más tarde:

Hay muchos otros muros en el mundo, pero sólo uno en la historia fue construido por un gobierno contra su propio pueblo. Todos los demás han sido construidos contra los que llegan de fuera, desde los romanos en Gran Bretaña cuando hicieron el muro de Adriano hasta los norteamericanos para impedir la llegada de inmigrantes. Ésta es la gran diferencia entre el Muro de Berlín y los demás: éste era para mantener dentro a los que querían salir.

En este mismo libro, su prologuista, Josep Ramoneda, sentencia: «La gran paradoja del Muro de Berlín es que termina como empezó. Se construyó porque la gente quería irse y se destruyó porque la gente seguía queriendo irse. No ha servido nada más que para la crueldad y para la infamia».

El desmoronamiento de los bloques del Muro, y todo lo que vino después, era una suerte de fábula para los propagandistas del otro sistema, desde el punto de vista político (la democracia) y económico (el capitalismo). Muchos analistas han subrayado el hecho de que, en lo que se refiere a la autoestima occidental y capitalista, 1989 fue el año perfecto: parecía triunfar de modo definitivo la libertad individual de mercado, y el rival ideológico era derrotado sin apenas esfuerzos ni sangre; se retransmitía esta derrota minuto a minuto por todas las televisiones poniendo el objetivo de las cámaras en el icono por excelencia (el Muro) del odiado enemigo en el corazón de Europa. Y todo ello, dentro de un frenesí poco previsto.

Hasta ese momento, las bibliotecas estaban llenas de tesis y sesudos ensayos que evaluaban las oportunidades y los riesgos de la transición desde el capitalismo al socialismo (y del socialismo al comunismo), en una aparente escala de progreso, pero no había casi ninguno del recorrido contrario: desde el socialismo al capitalismo. No se contemplaba lo que se consideraba una marcha atrás. Ahora sabemos, décadas después, que en muchos aspectos ese camino no fue de retroceso, que son factibles los cambios de dirección por inverosímiles que teóricamente resulten, y también que suele resultar más difícil la senda desde una dictadura de izquierdas hasta la economía de mercado que desde una dictadura de derechas a la democracia.

A las seis de la tarde del 9 de noviembre de 1989, el portavoz de Egon Krenz, presidente de la República Democrática de Alemania y secretario general del Partido Socialista Unificado de Alemania (en ambos puestos había sucedido al histórico dirigente comunista alemán Erich Honecker), Günter Schabowski, compareció ante centenares de periodistas de todo el mundo para dar una conferencia de prensa. Desde hacía semanas miles de ciudadanos de Alemania del Este se manifestaban a favor de la libertad de movimientos. Un oscuro Schabowski, que ha pasado a la historia por sus balbuceantes palabras en esa comparecencia, dijo: «Se permitirá que todos los ciudadanos de Alemania Oriental salgan del país por los pasos fronterizos». Uno de los periodistas presentes le preguntó: «¿Cuándo entra en vigor la nueva ley?». El portavoz, aturdido, contestó: «Por lo que yo sé, ahora mismo, inmediatamente». El Muro comenzaba a derrumbarse y muchos de los que lo atravesaban desde el este hacia el oeste, y muchísimos de los que lo veían en directo por televisión, emocionados, pensaron inmediatamente que ello significaba pasar sin solución de continuidad del infierno al cielo. Las dificultades serían inferiores a las alegrías. Wessies (occidentales) y ossies (orientales) se unían, como tanto habían añorado durante más de un cuarto de siglo.

Pero las cosas no fueron ni mucho menos fáciles. Primero, porque pasar del orden de la Guerra Fría, en el que no había apenas espacio para los imprevistos, a la incertidumbre del capitalismo contemporáneo generó muchas inquietudes y dudas en los ciudadanos. También porque, en vez de aplicar algún tipo de transición suave, quizá una suerte de socialismo en libertad en la Europa del Este, o un capitalismo de rostro humano en el resto del mundo, los triunfadores —ya sin el contrapeso que había supuesto la existencia de una alternativa— se tomaron la justicia por su mano y activaron el intento de derribo del Estado de Bienestar en los lugares donde se había conquistado (sólo alrededor de una sexta parte de los habitantes del planeta lo disfruta, en uno u otro grado), y en todas partes propusieron una terapia de choque del libre mercado, lo que provocó, además de crecimiento económico, un incremento exponencial de la desigualdad y enormes bolsas de pobreza y desempleo masivo. Los viejos regímenes herederos del estalinismo cayeron como fichas de dominó, pero los efectos de esas caídas fueron en muchos casos contradictorios. Bastantes de los burócratas comunistas se reciclaron en políticos parlamentarios, el capitalismo de Estado devino en una suerte de capitalismo neoliberal y emergió un espécimen difícil de entender: los oligarcas, antes aposentados en los servicios de seguridad y en la nomenklatura de los estados, aprovecharon unas privatizaciones sin reglas de los gigantescos sectores públicos para hacerse inmensamente ricos en connivencia con el poder político. Son el ejemplo más completo del capitalismo de amiguetes, tan frecuente también (aunque mucho más imperfecto) en nuestras coordenadas geopolíticas. Los historiadores han explicado que el legado soviético dejó indefensas a las sociedades de los países del antiguo Telón de Acero y a sus economías, ante la incierta aventura capitalista que iniciaban. Por ejemplo, el historiador Jan Patula analiza cómo, sin burguesía nacional ni vías de acumulación de capital, esos países entraron en la era poscomunista en condiciones muy desfavorables; el resultado inmediato de este fenómeno fue el capitalismo salvaje, el neoliberalismo económico, la fractura social, el paro desorbitado, economías desastrosas, la hiperinflación, las mafias, la corrupción, el nacionalismo, el racismo, los conflictos étnicos… Todavía no se ha teorizado suficientemente cómo lograron sobrevivir y, en algunos casos, recuperarse y parecerse un poco más adelante a sus vecinos occidentales.

No es baladí recuperar estas reflexiones un cuarto siglo después. El tiempo transcurrido ha servido, sobre todo, para dejar reposar aquella melancolía de libertad, para poner en primer plano algunas de las cuestiones que permanecían ocultas o en segundo término (los «silencios sociales») y olvidar otras, que a finales de los años ochenta parecían determinantes y resultaron anecdóticas. La tesis es la siguiente: apenas dos décadas después de aquel big bang, de aquel terremoto debido a la acción del hombre, tuvo lugar una réplica —tampoco natural, sino humana— en forma de una crisis económica mayor del sistema que se denominó Gran Recesión y que manifiesta continuidad lógica con los rescoldos del Muro y del socialismo real. Aún hoy se siguen discutiendo las causas de aquel desmoronamiento tan insólito del Imperio soviético, que dejó a la humanidad sin sistema alternativo al capitalismo: desde la versión más ingenua que proporciona a la minoritaria oposición democrática de aquellos países el principal protagonismo del cambio (ayudada por la influencia de la Iglesia católica), pasando por factores como la Guerra de las Galaxias (la multimillonaria inversión en tecnologías relacionadas con el espacio y con el ejército realizada por Estados Unidos bajo la presidencia de Reagan fue imposible de seguir por una Unión Soviética cuya economía mostraba síntomas de colapso y nunca consiguió impregnar el bienestar de sus ciudadanos a niveles occidentales), la citada derrota militar en Afganistán, la propia figura de Mijaíl Gorbachov, el reformista que no pudo o no supo evitar el terremoto. Ni siquiera la suma de todas estas circunstancias da una respuesta convincente a la implosión rápida de la Unión Soviética y sus satélites.

Un filósofo y escritor húngaro, hispanista y afincado en Barcelona, Mihály Dés, escribió un luminoso artículo («El largo viaje hacia Europa») diez años después de la caída del Muro, semienterrado en una reflexión colectiva que se tituló Paisajes después del Muro. Aunque sea un poco extenso, merece la pena detenerse en ese análisis. Según Dés, se pueden constatar sobre todo dos aspectos en relación con el asunto: que, en realidad, el Imperio soviético se autoliquidó, y que los países beneficiados por ese acontecimiento no estaban preparados para el cambio. En cuanto al primero, «la historia conoce el suicidio de imperios como fue el caso del Tercer Reich o, en cierto sentido, el Imperio napoleónico. Son ejemplos de ambiciones desmesuradas que, de alguna forma, tal como señaló Borges refiriéndose a Hitler, invocan su propia derrota». Lo que no se conocía es la autodisolución: los imperios son derogados desde dentro, como el zarista; disueltos por otros imperios como es el caso insólito de los Habsburgo; invadidos y vencidos como casi todos, desde Asiria o Babilonia hasta el Imperio jázaro o Bizancio; desmembrados por los problemas internos y el azote de invasiones externas, como el romano; o bien se destruyen a causa de las guerras de sucesión como ocurrió con los impresionantes legados imperiales de Atila y Genghis Khan. Siendo un modelo oriental inspirado en ideas occidentales, el fin del Imperio soviético tal vez se asemeje al caso de los hunos y los mongoles. Hoy en día está un poco olvidado, pero el mismo Gorbachov, recuerda Dés, llegó al poder no por méritos propios sino como producto de un consenso, una tregua, entre dos grupos enfrentados por la sucesión de Yuri Andrópov. Asimismo, su fin estuvo envuelto en una turbulenta lucha de sucesión: el fracaso del golpe de Estado comunista y el ascenso de Borís Yeltsin, el héroe del contragolpe. Ni en el momento de su elección como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) fue el candidato verdadero, ni representaba a ninguna de las líneas dominantes, ni al ser derrotado el golpe contra él pensaba nadie reestablecerle en su cargo.

Aquel año de 1989 tuvo su símbolo en Jano, el dios romano con dos caras mirando hacia ambos lados de su perfil, lo que enfatiza una naturaleza dual. Por una parte, inaugura una etapa caracterizada por el final de la Guerra Fría, aquel enfrentamiento político, económico, social, cultural, deportivo, etcétera, nada soterrado, iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo que a priori poseía un efecto positivo, de enterramiento de rivalidades; pero por otra, provocó el debilitamiento del Estado de Bienestar y de aquella especie de revolución pasiva dentro del capitalismo que significó añadir el apellido «social» a la economía de mercado. De «economía de mercado» a «economía de mercado», pasando por «economía social de mercado». Al desaparecer el oponente ideológico, el socialismo real, y no disponer los asalariados occidentales, mayoritarios en el conjunto de los ciudadanos, de un modelo alternativo de desarrollo, el establishment perdió el temor a que, mediante elecciones sucesivas (la revolución nunca estuvo en el orden del día en Occidente), esos asalariados se acercasen mayoritariamente a la izquierda, y comenzó a desmantelar poco a poco algunas de las conquistas sociales que desde el final de las contiendas mundiales habían florecido en forma de protección social universal. Para ello se ampararon en un argumento real: la crisis fiscal del Estado, motivada por el envejecimiento de la población, y las resistencias de algunas capas sociales a ampliar su esfuerzo solidario interclasista e intergeneracional, en forma de pago de impuestos. Así, el año 1989 abrió la puerta a un nueva versión de capitalismo, mucho más agresiva, que ha tenido su apogeo en la primera década del siglo XXI, que ha causado verdaderos estragos en ese Estado de Bienestar que tuvo en la Europa de la posguerra su máxima expresión pero que se hizo global y se extendió al conjunto del planeta, y que se desacreditó a partir del año 2007, cuando dio paso a una de las crisis mayores del sistema en toda su historia. La crisis que se inaugura en la primera década del siglo XXI ha sido tan larga, profunda y compleja de entender que sacudió los cimientos del orden económico internacional y, sobre todo, puso patas arriba las certezas del establishment citado, que habían sido hegemónicas en forma de revolución conservadora durante las últimas décadas.

El efecto más inmediato de la caída del Muro y de la unificación de Alemania, apenas un año después, fue devolver a este país a su lugar en el mapa, después de su lamentable papel protagonista en las dos guerras mundiales. Si la República Federal de Alemania, tan tutelada como estaba por los aliados, ya era una potencia democrática y económica, la Alemania unificada devendrá en una potencia política y asumirá, queriéndolo o sin querer, su papel de líder de la Unión Europea. Según cálculos de la Universidad Libre de Berlín, que cita en su libro Martí Font, la reunificación costó alrededor de dos billones de euros a los alemanes y al resto de los europeos. Esa cifra incluye todas las transferencias financieras destinadas a los antiguos territorios de Alemania del Este en forma de programas de incentivos económicos, traspasos para equilibrar el nivel de vida, fondos de cohesión y subvenciones europeas, y el llamado «impuesto de solidaridad», implantado en 1990, que suponía el 5,5 % del impuesto sobre la renta que han pagado los contribuyentes alemanes. Más del 60 % de los dos billones se destinaron a prestaciones sociales, en especial a pensiones. Las transferencias financieras directas recibidas por los cinco nuevos estados federados (Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia) y Berlín sumaron 560 000 millones de euros desde 1991. Entre 1991 y 2013 habían recibido anualmente entre 8000 y 14 500 millones de euros destinados exclusivamente a medidas para impulsar el crecimiento económico. A pesar de ello, el este sigue estando en la actualidad detrás del oeste y no es previsible que la brecha se cierre a corto plazo. La tasa de paro superaba el 10 % mientras que en el oeste estaba por debajo del 6 %. Ha habido coincidencia en que la reunificación ha sido un éxito en términos políticos, económicos y sociales. Un diplomático anónimo comenta: «La jefatura del Gobierno y la del Estado están en manos de dos personas del este. Si nos hubieran dicho hace veinticinco años que Alemania tendría estos dos cargos ocupados por ossies, ¿se lo hubiera creído alguien? Imposible».

De ser el enfermo de Europa en 1999, Alemania se ha convertido en el país más poderoso del continente. Su brecha con Francia, el otro gran soporte europeo, es más grande que nunca. Sus políticas, internas y europeas, han influido de modo determinante en el desarrollo de la gestión de la Gran Recesión. Es responsable de una quinta parte de la producción de la Unión Europea (UE) y de una cuarta parte de sus exportaciones. Las grandes multinacionales alemanas son líderes mundiales. El desempleo está muy por debajo de la media europea y el desempleo juvenil está bajo mínimos (en gran parte debido a los minijobs). El presupuesto está equilibrado, la deuda pública se reduce y la prima de riesgo no sólo es la más baja de Europa sino que los inversores pagan (en vez de cobrar intereses) por invertir en los bonos alemanes. Martí Font concluye:

Algunas cosas no han cambiado. Manda en lo económico y en lo financiero, pero el diktat alemán no alcanza ni al diseño de la política exterior de la UE [algo de esto empezó a cambiar con el papel de Angela Merkel en las tensiones con la Rusia de Putin] ni —especialmente— en lo que respecta a los temas de Defensa, en los que París y Londres tienen un papel preponderante, mientras Berlín sigue agazapado, como en los tiempos de la Guerra Fría. En Alemania, las sombras del pasado pesan todavía más y de manera más compleja que en cualquier otro gran país. A lo largo de su historia, Alemania no ha conseguido articular un liderazgo internacional con éxito […] Hay un hecho incontrovertible que repiten historiadores y analistas: Alemania es demasiado grande para Europa pero demasiado pequeña para el mundo.

Un resumen de esta visión germana es el discurso que dio el viejo canciller Helmut Schmidt, una de las mentes más lúcidas de la izquierda europea, ante sus correligionarios del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), en el año 2011, en plena Gran Recesión. En ese momento, la moneda del viejo continente, el euro, las pasaba moradas contagiada por los embates que le llegaban de Estados Unidos, epicentro de la crisis. Preocupado Schmidt por el malestar y la antipatía que inspiraba Alemania a sus socios europeos —«todos nuestros superávit son déficit de otros, nuestras exigencias a los demás son sus deudas»—, dirigió un doble mensaje que, casi un lustro después, tiene enorme actualidad.

A sus conciudadanos les dijo que la reconstrucción que los alemanes habían llevado a cabo en las últimas seis décadas había ido acompañada por el esfuerzo del resto de los europeos, por lo que «tenemos razones para estar agradecidos. Al mismo tiempo tenemos precisamente la obligación de honrar la solidaridad recibida ejerciendo la solidaridad con nuestros vecinos». Y dirigió estas palabras a sus compañeros de partido: «No hace falta predicar la solidaridad a los socialdemócratas, los socialdemócratas alemanes son internacionalistas desde hace siglo y medio, y lo han sido en mayor medida que generaciones de liberales, conservadores y nacionalistas alemanes».

¿Qué tiene esto que ver con la política de su sucesora Angela Merkel?

13. ¡Que coman crédito!

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¡QUE COMAN CRÉDITO!

La venganza de la historia

La venganza de la historia

La Gran Recesión cuestionó muchas certidumbres en vigor hasta entonces. Una buena parte de la ciudadanía creía, porque las élites políticas y económicas, y sus intelectuales orgánicos así se lo habían hecho creer, que el mundo tenía en sus manos las herramientas necesarias y el conocimiento técnico suficiente para conjurar cualquier crisis sistémica. Varias generaciones crecieron al amparo de certezas que se han derrumbado una tras otra. Incluso hubo un momento, en la fase anterior de la crisis caracterizada por un ciclo largo de crecimiento, que se puso de moda el concepto de nueva economía (una mezcla de neoliberalismo y aplicación de lo que entonces eran nuevas tecnologías de la información y la comunicación), según el cual ya no habría ni ciclos económicos. Todo sería crecimiento, marchas adelante. Un analista norteamericano, Robert Samuelson, hizo una estupenda interpretación psicológica de esta nueva economía, de la que luego no han quedado ni las cenizas: «Parece ser principalmente un estado mental, una convicción de que a través de las maravillas de la tecnología, la economía ha entrado en un permanente éxtasis. Todo es una promesa y no hay peligros».

Hoy podemos preguntarnos —con la distancia que da la asunción de los errores asumidos y la voluntad de tratar de no repetirlos— sobre las causas profundas de esa percepción continua de éxito económico, que no fue alterada por los niveles estratosféricos de deuda, pública y sobre todo privada, en que se basaba. Lo que alguien ha denominado «la cultura de la deuda», consumida por todas las capas sociales, que amortiguó sin duda las protestas o reivindicaciones contra el constante incremento de la desigualdad de ingresos y de riqueza: el «opio de las clases medias».

Uno de quienes mejor lo han explicado ha sido Raghuram Rajan, que hoy es el gobernador del Banco Central de India, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la etapa inmediatamente anterior a la Gran Recesión (años 2003 a 2006) y autor del libro de referencia Grietas del sistema. Rajan publicó un polémico artículo («Has Financial Development Made the World Riskier?»), que algunos valoran como el primero que profetizó la crisis que se inició en el verano de 2007. Rajan ha desarrollado lo que denomina «trampa del acceso al crédito». Aunque el universo al que se refiere es el estadounidense, el caso es extensivo a muchas otras partes del planeta. En el fondo, a las familias lo que más les preocupa es su consumo con el paso del tiempo (por ello, son tan sensibles a la evolución de sus pensiones, públicas y privadas): los ingresos sólo son un medio para obtener ese flujo de consumo imprescindible. Un político avispado o cínico podría entender que, si se mantiene de algún modo el consumo de las familias de clase media, «si pueden permitirse un coche nuevo cada pocos años y de vez en cuando unas vacaciones en un sitio exótico», quizá presten menos atención al estancamiento o a la merma de sus ingresos mensuales. La forma de ampliar el consumo, incluso mientras los ingresos bajan o se estancan, es la expansión del crédito.

Son pocos los que suelen estar en contra de una ampliación del crédito a la clase media y a la clase media baja: ni los políticos, que quieren más crecimiento y que sus votantes estén contentos y no psicológicamente deprimidos, ni los banqueros, que se benefician de la extensión de los préstamos que hacen más dependientes a sus clientes, ni los ciudadanos que toman dinero prestado y pueden comprar la casa o el coche con el que siempre soñaron. Por tanto, remata Rajan, «no sorprende que una de las respuestas políticas al aumento de la desigualdad en Estados Unidos en la década de los noventa y 2000 —tanto si ésta fue cuidadosamente planificada como si se escogió porque parecía ser el camino más fácil— consistiera en estimular la concesión de préstamos a las familias, sobre todo, pero no exclusivamente, a las familias con ingresos bajos». Las facilidades que proporcionaron los gobiernos para que se concediesen hipotecas es sólo uno de los ejemplos. El beneficio (un mayor consumo) es inmediato, al tiempo que el pago de la inevitable factura se puede aplazar a medio y largo plazo. De hecho, y esto es muy significativo, antes de la Gran Recesión la desigualdad en el consumo no aumentó tanto como lo hizo la desigualdad de ingresos y patrimonios. La deuda era lo que reducía la distancia social:

Por cínico que pueda parecer, el crédito fácil ha sido utilizado como un paliativo por las sucesivas administraciones, que han sido incapaces de abordar de forma directa las inquietudes y preocupaciones más profundas de la clase media y baja. Como sostengo en mi libro Grietas del sistema, el mantra que la clase política repetía insistentemente durante los años de la especulación previos a la crisis podría resumirse con estas palabras: «¡Que coman crédito!».

Ha habido quienes argumentan que ese largo y virtuoso ciclo de crecimiento (pocos desequilibrios macroeconómicos, excepto el endeudamiento público y privado) se debió, sobre todo, a factores externos geopolíticos como el hundimiento de la Unión Soviética y su glacis, y su incorporación al sistema de economía de mercado; la gigantesca apertura de China e India, procesos que tuvieron como efecto inmediato la incorporación de centenares de millones de consumidores, trabajadores y ciudadanos, muchos de ellos cualificados y al mismo tiempo mal remunerados, al sistema global (trabajadores que, como señaló el antepenúltimo presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan —en cuyo mandato germinaron los problemas que estallaron luego— permitieron «contener el aumento de los costes por unidad de trabajo en buena parte del mundo»); el debilitamiento generalizado del sindicalismo; la expansión irresistible y desregulada de la innovación financiera; un aluvión de importaciones baratas en el resto del mundo, etcétera. Uno de esos analistas que participan de esa conjunción de astros, el británico Seumas Milne, concluye que mediante la misma «puede entenderse el resultado: una época de bonanza para las burbujas empresariales y para la acumulación de poder y riqueza, que han definido el espíritu económico y político de nuestro tiempo».

Muchos de estos aspectos, que se dieron por consustanciales en la sociedad de la primera parte del siglo XXI y que parecían no tener marcha atrás, quedaron cuestionados con la Gran Recesión. Fue en la primera fase temporal —años 2007 a 2009—, en el momento en que los problemas estaban centrados, sobre todo, en el sector financiero mundial, cuando el historiador británico Eric Hobsbawm hizo la primera analogía, poco antes de morir: el colapso de 2008 es «una suerte de equivalente de derechas de la caída del Muro de Berlín», cuyas consecuencias han llevado al mundo a «volver a descubrir que el capitalismo no es la solución sino el problema». La historia se repetía: ¡otra vez el capitalismo como problema! ¿Por qué era así? Porque el capitalismo desarrollado en el mundo desde la década de los ochenta del siglo pasado, en la última fase conocida de globalización, es en muchos aspectos el mismo capitalismo de siempre, pero, a su vez, difiere bastante del sistema analizado por Karl Marx a mediados del siglo XIX. La búsqueda del máximo beneficio sigue siendo la primera de sus prioridades, a pesar de sus continuos tropezones continúa siendo el sistema económico más dinámico de la historia y, sin duda, ha desarrollado las fuerzas productivas de la economía global hasta un nivel inimaginable en el pasado, pero en su codicia permanente transforma su naturaleza desde un capitalismo productivo hacia un capitalismo financiero que, cada vez con más frecuencia (y la Gran Recesión ha sido el paroxismo de este fenómeno), no se somete al control democrático de los representantes libremente elegidos ni a la planificación racional de la economía.

En otra parte del libro ahondamos en los desequilibrios crecientes entre democracia y capitalismo a favor de este último y en la extraordinaria tensión actual entre ambos términos, hasta el punto de que se puede cuestionar, sin ser calificado de subversivo, si en la primera parte del siglo XXI, y habiéndose multiplicado los extraordinarios abusos que se han dado durante la Gran Recesión, ambos son conceptos compatibles en esas circunstancias, como así lo fueron durante muchos años después de las dos guerras mundiales. La Gran Recesión ha producido en sus resultados una gigantesca transferencia de riqueza y de poder desde el mundo del trabajo hacia el del capital, algo que ya estaba teniendo lugar durante los treinta años anteriores pero que se ha acentuado en esta última década. El hecho es que, con sus características actuales, el sistema capitalista es profundamente patológico, y ha llevado al planeta a una crisis mayor, de parecida significación que las de la Gran Depresión y las dos conflagraciones mundiales. Lo que está en juego en el interior de esta crisis es quién va a pagar sus costes, y hasta el momento, cuando todavía es difícil poner la palabra «fin» a la fase actual de la misma (recuperación sin empleo y sin correcciones de la desigualdad), la respuesta es lamentablemente inequívoca: no quienes desencadenaron el colapso sino la mayoría de la ciudadanía, con el falaz argumento de que la gente ha vivido «por encima de sus posibilidades».

La tesis de Seumas Milne en su libro sobre la venganza de la historia es muy ajustada a realidad: los responsables del colapso han logrado alterar la agenda política. Allí donde había irregularidades hipotecarias y responsabilidades de los bancos por sus abusos y su opacidad en la venta de productos financieros imposibles de entender por la mayor parte de los inversores —que fueron engañados— ahora hay deuda pública y recortes del Estado de Bienestar. En lugar de discutir medidas para superar la depresión, desencadenada en parte por la quiebra de las entidades que hubieron de ser rescatadas con cantidades desorbitantes de dinero público, los gobiernos (de uno u otro signo) han competido en el recorte de gastos y de servicios públicos, y en la devaluación de los salarios. Se baja en la escalera del desarrollo. En un asombroso juego de manos, han convencido a una parte de la opinión pública de que la verdadera crisis no son los estragos que las quiebras de las leyes del libre mercado y del riesgo moral han causado en el empleo y en los niveles de vida, sino en el incremento de la deuda pública en que han incurrido los gobiernos para pagar dichas quiebras. Es el extraño triunfo de las ideas equivocadas. En uno de sus libros, el catedrático de la Universidad de Texas, Yanis Varoufakis, distingue entre los economistas que quieren ejercer como astrónomos (científicos) de los que quieren ser astrólogos (adivinos). Resalta la capacidad de algunos de ellos de construir invenciones ideológicas de apariencia tan científica que logran ocultar eficazmente la verdad sobre el funcionamiento y los secretos de las sociedades.

Distintas modalidades de saqueo

Distintas modalidades de saqueo

Después de este arte de birlibirloque social apenas se discutió ya de esos asuntos y de los fracasos del mercado sino del fracaso del Estado, no se hablaba de los sofisticados, incomprensibles y temerarios productos financieros que engañaron a tanta gente y que estaban exentos de regulación real sino de la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones o de la privatización del sector público empresarial restante. No se activaron planes de choque para sacar de la exclusión a los que se iban quedando atrás, medidas de expansión de la demanda que activasen las economías, sino contra el déficit público. La brusca y exponencial subida de la deuda pública se atribuye a una generosidad imposible de sostener del gasto social, a que las instituciones están infiltradas por socialdemócratas y keynesianos (como decía Hayek) y no a los millones de millones de euros o de dólares con los que se rescató a los bancos en peligro y a algunas industrias como la de los seguros o los automóviles en diversos lugares del mundo.

Adelantemos ya algunas de las peculiaridades de estos rescates, que los hacen distintos de los que se dieron en otros momentos de la historia y en crisis anteriores: las ayudas a las entidades financieras en peligro de quiebra, en forma de capital, garantías, avales, compras de activos, toneladas de liquidez sin condicionalidad, etcétera, hubieran implicado en muchos casos la nacionalización temporal de las mismas. Y hubiera supuesto una nueva herramienta de política económica para los gobiernos, sobre todo en coyunturas en las que había desaparecido, o disminuido mucho, el crédito y el circulante a las empresas y a las familias, con lo que se multiplicaban las dificultades y los sufrimientos de éstas. La banca pública ha dejado de estar de moda, sin debate alguno.

Prácticamente en ningún caso se utilizó este instrumento: se nacionalizaban bancos con dinero público, pero no se tomaba el control efectivo de ellos; los gobiernos se hacían con las acciones, pero no ejercían el derecho al voto que les correspondía ni la capacidad de decisión en la gestión de las entidades. Cuando éstas volvían a ser rentables se las privatizaba, a veces con los mismos gestores que habían causado la catástrofe. Se salvaba a bancos y a banqueros. La mayoría de quienes opinaban que los bancos debían ser rescatados para evitar el «efecto contagio» de todo el sector (por consiguiente, debían aceptar su nacionalización temporal) asumían de forma natural que debían volver al sector privado en cuanto estuviesen sanos, sin detenerse ni un momento a explicar a la ciudadanía los porqués de esa especie de orden natural consistente en socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Una minoría de economistas ha cuestionado la lógica de dejar el sistema financiero en manos de compañías y agentes privados consagrados a maximizar sus beneficios si las entidades bancarias tienen una importancia tan vital para una economía moderna que no se les puede permitir que quiebren, y si los peligros de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios son, como estamos observando, tan enormemente grandes.

Esta práctica, utilizada de manera tan agresiva y tan simplista (sin sofisticaciones teóricas o ideológicas que la justificase, más allá de su carácter utilitario) para salvar a la industria financiera de sus propios abusos con dinero de todos, ¿forma parte del saqueo general? ¿Se incorpora como corriente principal a las transferencias que caracterizan a la Gran Recesión, de modo que se podría gritar, emulando el eslogan ideado por James Carville, asesor de la exitosa campaña electoral de Bill Clinton frente a George Bush padre en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1992, «¡Es el capitalismo, estúpido!»?

La respuesta es sí.

El catedrático español de Derecho Constitucional Diego López Garrido ha utilizado la metáfora de una «edad de hielo» para definir la Gran Recesión: será una etapa fría y dura que no constituirá un mero paréntesis entre dos eras de normalidad. Durante la primitiva Edad de Hielo extensas zonas de la Tierra estuvieron cubiertas por el hielo, el clima se enfrió en todo el planeta y disminuyó el volumen de los mares y los ríos, ya que la mayor parte se congeló. En la actual Edad de Hielo se congeló ante todo el dinero, el alimento de la economía de nuestra era: heló las arterias del sistema, los bancos, y sobre todo congeló el corazón de la economía, su latido productivo y laboral, y la sumió en un periodo de letargo invernal, frenando en seco el crecimiento y el empleo. Se produjo el largo invierno del descontento.

López Garrido identifica tres pillajes permanentes y complementarios: la socialización de pérdidas que ha supuesto pasar de la deuda privada a la deuda pública mediante el gigantesco rescate de la banca; la reducción de salarios, pensiones, rentas disponibles o protección social con el fin de que el capital recuperase la tasa de beneficios; y la masiva evasión de impuestos en sus diferentes modalidades. Esta rapiña, esta distribución regresiva de la renta, la riqueza y el poder que ha caracterizado a la gran crisis económica y que ha transmutado su naturaleza en crisis política y social, deja un legado estremecedor en algunas partes del mundo (sobre todo en la Europa del Sur): un poder financiero incontrolado; un modelo social herido de gravedad; y un Estado sin poder tributario, que es el nervio del poder político.

El primero de los tres salteos subraya una gran paradoja: a pesar de que la Gran Recesión se inició en el corazón financiero del mundo, Wall Street, y de que éste contagió de inmediato al resto del sistema sus abusos, irregularidades y robos, ha sido quien primero ha salido a flote, con mayor poder que nunca, manteniendo sus formas de hacer habituales y mostrando la arrogancia de clase de quien se cree superior. Y lo ha hecho con idénticos o parecidos gestores, después de haber utilizado para su normalización el dinero de los contribuyentes. La infraestructura del sistema financiero internacional no ha sufrido alteraciones sustanciales desde su estado anterior a la crisis, más allá de la introducción de algunas regulaciones nacionales (no ha sido posible una regulación financiera a nivel mundial por la enorme influencia de los lobbies sobre los poderes legislativos y judiciales). Años después de que los bancos pusieran a la economía global contra las cuerdas, poco ha cambiado en lo fundamental. No han pagado apenas su parte de responsabilidad en la crisis.

El modelo social no es idéntico en todo el mundo. En la mayor parte del planeta, lo que denominamos Estado de Bienestar no existe o no se conoce en toda su extensión. Ni siquiera en los diferentes países de la vieja Europa, que es donde más se desarrolló, tiene los mismos contenidos. Pero hay un denominador común: un creciente nivel de protección social, ayudas especiales a los sectores más vulnerables de la sociedad, una posición beligerante de los poderes públicos en el empleo, una presencia determinante de estos poderes en la definición de una auténtica política social que no se dejaba al arbitrio del mercado, y un papel crucial de los interlocutores sociales (sindicatos de trabajadores y de empresarios) en los contenidos del welfare. En los últimos años todo ello se ha bombardeado a sabiendas: primero, intentando deslegitimarlo (niveles altos de protección restan potencial al crecimiento y generan privilegios), y a continuación segando las vías de su financiación, haciéndolo más frágil. ¿Cómo? Mediante la corrosión de un sistema fiscal progresivo a través de la reducción de impuestos, la evasión fiscal, la elusión fiscal legal, la multiplicación de paraísos fiscales, la aceptación de una mínima imposición a muchas multinacionales en una suerte de sistemático dumping fiscal, etcétera. Además, se han ido sustituyendo impuestos (que se pagan según la capacidad adquisitiva y la riqueza del contribuyente, y que no se devuelven más que en forma de contraprestaciones de bienes y servicios públicos) por deuda pública (que afecta a todos los ciudadanos por igual y que hay que devolver a quien presta el dinero: los bancos).

14. Neoliberalismo= liberalismo+capitalismo de estado

14

NEOLIBERALISMO=

LIBERALISMO+CAPITALISMO DE ESTADO

Los historiadores económicos han descrito en multitud de ocasiones las distintas fases del capitalismo. Abordemos una de las últimas visiones de esa evolución, la que corresponde al investigador de la Universidad de Bristol, Neil Faulkner, que ha escrito una historia del mundo y que distingue cinco fases distintas del desarrollo capitalista. Faulkner advierte que, en cada caso, la transición de una fase a la siguiente se ha visto acompañada por agudas crisis económicas, sociales y políticas, y el nuevo modo de funcionamiento del sistema se ha ensayado primero en un ámbito restringido de la economía global para extenderse luego al resto mediante la presión de la competencia. Cada transición ha preservado, además, de forma reconfigurada, las principales características de la fase anterior. Así, las cinco fases del capitalismo serían las siguientes:

1. Capitalismo mercantil (años 1450 a 1800): la mayor parte de la riqueza seguía siendo producida por clases precapitalistas, pero los mercaderes capitalistas acumulaban riqueza actuando como intermediarios. Las grandes revoluciones burguesas (la inglesa, la americana, la francesa) fueron impulsadas durante este periodo por las nuevas fuerzas sociales.

2. Capitalismo industrial (desde 1800 hasta 1875): los capitalistas industriales crearon fábricas para la producción en masa aprovechando la máquina de vapor y otras para el ahorro de trabajo, lo que permitió la creación de muchas empresas pequeñas y medianas. La revolución industrial tuvo lugar primero en Gran Bretaña, entre enormes resistencias sociales.

3. Capitalismo imperial (años 1875 a 1935): aparición de enormes monopolios, cárteles, financiados por los bancos, que se expandían mediante los contratos con los estados, las ventas internacionales y la exportación de capital a las colonias. Las tensiones imperialistas estallaron en la Primera Guerra Mundial. En este periodo se desarrollaron los nuevos movimientos obreros (partidos y sindicatos) que tuvieron mucho protagonismo.

4. Capitalismo gestionado por el Estado (de 1935 a 1975): en muchas partes (empezando por la propia Unión Soviética), el Estado actúa como una empresa capitalista gigante. El capitalismo gestionado por el Estado fue la base del gran boom económico entre finales de la década de 1940 y 1973. Según Faulkner, hubo tres factores decisivos: los imperativos de la permanente carrera armamentista durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la presión de una clase obrera radicalizada y combativa por el pleno empleo y las reformas del bienestar, y el deseo de un rápido desarrollo económico en los países independizados del Tercer Mundo durante las décadas de 1950 y 1960.

5. Capitalismo neoliberal (desde 1975 hasta hoy): a partir de la década de 1970 y, sobre todo, durante toda la de 1980, el capitalismo apoyado en el Estado entró en crisis y fue sustituido por la revolución conservadora. Los cascotes del Muro de Berlín propiciaron su extensión incluso a lo que en algún momento se denominó «Segundo Mundo»: lo que había tras el churchilliano Telón de Acero. Las características de ese capitalismo neoliberal, que en algunas partes del mundo (sobre todo en América Latina) se denominó Consenso de Washington, son, entre otras: la reducción del papel del Estado, una desregulación creciente, privatizaciones del sector público empresarial, y el debilitamiento de la negociación colectiva entre patronales y sindicatos (a los que se fragilizó intencionadamente). Es esta modalidad de capitalismo la que entra en cuestión con la Gran Recesión de 2007 y 2008.

Faulkner entiende que su objetivo esencial consistía «en lograr una redistribución de la riqueza desde los salarios hacia el beneficio, desde el trabajo hacia el capital, de los trabajadores a los ricos», después de un tiempo de penumbra y de dificultades para todos (aunque distribuidas de modo desigual). Ello se logró por diversas vías: la internacionalización de la economía hasta tal punto que la forma hegemónica de empresa ha desbordado los límites nacionales y funciona como corporación multinacional en un mercado mundial; la privatización, mediante la cual el papel económico directo del Estado se reduce y se vende al sector privado mucho de lo que hasta ese momento era público, tanto en el sector empresarial como en el de los servicios sociales; la financiarización, por la que el capital financiero (o bancario, que no es exactamente lo mismo) se ha ido desvinculando cada vez más del capital industrial y opera como un mecanismo cada vez más importante para la acumulación independiente de excedentes; la precariedad, como una de las piezas centrales de la actual cartografía social pero que supone el desmantelamiento sistemático de las antiguas redes de seguridad y de bienestar conquistadas, y que lleva, en el peor de los casos, al enfrentamiento de unos grupos de trabajadores con otros en busca de una redistribución en el seno de las clases menos favorecidas.

Aplicando las herramientas de este consenso parecería asegurado que los ciclos económicos se mitigarían y la humanidad entraría en una larga etapa de crecimiento sostenido, sin sobresaltos mayores (la llamada nueva economía). La mundialización del discurso derivaba de la mundialización de los mercados; cada país, o cada zona, al afrontar genéricamente realidades semejantes quedaba sometido a las mismas coacciones y a idénticas exigencias: la de adaptarse a los mercados mundiales o ser permanentemente periféricos. La crisis asiática de 1997, el agosto ruso de 1998, el contagio a América Latina, la crisis bursátil de la nueva economía en 2000 y su extensión general en 2001, la burbuja de las puntocom, la Gran Recesión a partir de 2007, manifiestan con nitidez la debilidad de las estructuras económicas globales y de los consensos doctrinales. Si la economía y el discurso se han globalizado, sus modos de regulación y supervisión no lo han hecho. No hay una verdadera coordinación de las economías. Funciona un capitalismo global, un discurso económico más o menos global pero no un gobierno global de la economía.

Lo que transmitió John Williamson del Consenso de Washington no fue la sofisticación que pretendía (esa exquisita distancia de la derecha y de la izquierda), ni el conjunto de su decálogo. Más bien se le ha identificado como el catecismo de los neoliberales, con la estabilidad macroeconómica como bandera (ad limitem, lo que suponía el dogma del déficit cero en cada ejercicio, ni siquiera a lo largo del ciclo), el Estado mínimo, las privatizaciones ideológicas, la desregulación a ultranza, el mantra sistemático de que para distribuir primero hay que crecer, y poco más.

Bajo este paraguas conceptual es muy difícil concluir que la política económica seguida de modo dominante durante la Gran Recesión se corresponda de modo preciso con lo que se ha llamado aquí capitalismo neoliberal. Más bien parece un retroceso hacia la fase anterior del capitalismo de Estado, dada la inmensidad de ayudas públicas concedidas al sector financiero y a algunas industrias para sobrevivir. Una mezcla de neoliberalismo con capitalismo de Estado que mantiene el nombre del primero pero que contiene esencias de los dos. El sistema económico, que ya era global desde la caída del Muro, se salvó del colapso a partir de 2007 con la mayor intervención pública de la historia, en la práctica, y con la apelación a las reglas de juego de la economía de mercado, en la teoría. El único caso en que fue coherente, cuando dejó caer al gigantesco banco de inversión Lehman Brothers, tras varios intentos de que fuese adquirido por otros bancos, apadrinados por el Tesoro y la Reserva Federal, generó el pánico. No deja de ser irónica esta reacción sistémica: en el momento en que se aplica la una y mil veces publicitada teoría del riesgo moral (para que no se generen precedentes insanos, un banco muere por sus abusos e irregularidades sin que haya operación de salvamento por parte del Estado) es cuando el capitalismo se estremece y todo parece que puede ocurrir. El liberalismo es una teoría, no una política económica.

No merece la pena especular con ucronías (qué habría sucedido si las autoridades americanas hubieran acudido en auxilio de Lehman Brothers y por qué el tratamiento a esa entidad fue diferente al del resto de los bancos con problemas —que fueron casi todas las grandes entidades norteamericanas—, coyunturalmente nacionalizadas para sanearlas y devolverlas después al sector privado, en operaciones muy jugosas). El hecho es que la intervención masiva es una demostración muy explícita de que, en el extremo, lo que se ha denominado libre mercado no existe. Que tanto la escala de las ayudas públicas como la velocidad de las intervenciones selectivas han sido lecciones prácticas del manual del poder que conservan los gobiernos para modelar las reglas del juego en beneficio de unos intereses que ellos representan. Esas reglas se cambian cuando el poder lo precisa, aun cuando en la teoría y en la academia se defienda la doctrina contraria.

En resumen: desde el inicio de la Gran Recesión, el capitalismo global cambió de naturaleza. En una especie de cinismo en bucle, la teoría sigue reivindicando la ortodoxia del libre mercado que ha caracterizado la política económica de la revolución conservadora desde principios de la década de 1980, mientras en la práctica rehabilita el crudo y directo intervencionismo estatal (rescate a los bancos y a algunas industrias, nacionalizaciones temporales, socialización de pérdidas, estímulos selectivos a la demanda en una primera fase, planes administrativos de estabilización…). La intervención pública constante impidió que se hundiera el capitalismo liberal pero cuando este objetivo estuvo conseguido, el establishment evitó cualquier tipo de polémica sobre sus incoherencias y ha tratado de rehabilitar el viejo orden: la crisis del mercado (y los fallos del mercado) devino en crisis del Estado (y en fallos del Estado). Burla burlando, la crisis financiera devino en la crisis de la deuda soberana. En su estudio sobre los capitalismos, Neil Faulkner lo recuerda: el final del capitalismo gestionado por el Estado no significa el final del Estado; su papel en la gestión económica, la inversión industrial y las dotaciones del bienestar se ha reducido, pero ha aumentado en otros aspectos. El Estado ha sido siempre un gran mercado para el capital, pero las oportunidades de negocio crecen de modo enorme cuando se liquidan los servicios públicos. El Gobierno del conservador David Cameron está privatizando a trozos el que un día fue modélico Servicio Nacional de Salud británico; un puñado de empresas acabarán pronto de dominar la atención sanitaria en ese país. El Estado sigue desempeñando un papel central en la gestión de la crisis económica.

El «bastardeo» a Keynes

El «bastardeo» a Keynes

Esta contorsión neoliberal forma parte de su naturaleza. Sin la más leve autocrítica hacia sus afamadas teorías, provenientes la mayor parte de ellas de la Escuela de Chicago, ha sido subrayada con mucha agudeza por sus oponentes, que no quieren que pase desapercibida la contradicción flagrante. Krugman firmaba un artículo en The New York Times, que titulaba «La pandilla del MIT» [Instituto Tecnológico de Massachussetts], con la tesis de que la Escuela de Chicago estaba en decadencia y había sido sustituida por «la pandilla del MIT», a la que pertenecen, entre otros, Ben Bernanke (expresidente de la Fed), Mario Draghi (presidente del BCE), Olivier Blanchard (execonomista jefe del FMI), Maurice Obstfeld (sustituto del anterior) o el propio Krugman. Decía que «los economistas» formados en el MIT, especialmente los que se doctoraron durante la década de los setenta, tienen un peso desproporcionado en las instituciones y debates políticos de todo el mundo occidental […] ¿Se ha traducido el éxito intelectual de la economía del MIT en un éxito político comparable? Por desgracia, la respuesta es no. A pesar de las evidencias de que recortar drásticamente el gasto cuando la economía está deprimida es un tremendo error y de que los intentos de reducir una deuda elevada mediante la austeridad son contraproducentes, los políticos europeos han recortado drásticamente el gasto y exigido una austeridad devastadora a los deudores de todo el continente, y los republicanos estadounidenses han respondido al estrepitoso fracaso de la ortodoxia del libre mercado y al notable éxito de sus «odiadísimos keynesianos» (Krugman dixit) plantándose en sus trece todavía más, decididos a no aprender nada de la experiencia.

Quizá el más corrosivo de los críticos de los Chicago Boys sea Steve Keen, un economista australiano no muy conocido hasta ahora en estos lares, poskeynesiano, que ha introducido ácido sulfúrico en el mainstream de la ortodoxia económica, con un libro importante: La economía al desnudo. En el año 2010 sus colegas concedieron a Keen el Premio Revere de Teoría Económica a los economistas que mejor previeron la Gran Recesión. Entre los seleccionados, además del australiano, estaban otros tan significativos como Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Nouriel Roubini, Michael Hudson, etcétera.

Keen publicó su texto a principios de siglo, pero luego lo ha ido corrigiendo y aumentando a medida que avanzaba la Gran Recesión. Es una obra dinámica. No es el primero que critica a la economía neoclásica en sus fundamentos, sus fallos, su falta de visión a la hora de detectar la crisis o por haber profundizado en la misma a través de sus medidas, pero sí es original porque propone alternativas (demuele el eslogan «No hay alternativas», de una de las activistas políticas de esa escuela económica, Margaret Thatcher). Durante tres lustros, Keen ha considerado que una de sus obligaciones como economista era participar en el debate público sobre las ideas, sin complejo intelectual alguno, como lo demuestra, por ejemplo, la cantidad de referencias que hay en la red a su temible polémica con Paul Krugman (mal enemigo dialéctico) a quien, saliéndose de las opiniones mediáticas habituales, califica como parte de la síntesis keynesiano-neoclásica que «bastardeó» (en palabras de Joan Robinson) al keynesianismo que salió como doctrina hegemónica de la Gran Depresión y que, en poco tiempo, fue dulcificado hasta el punto de quedar, en algún caso, irreconocible.

Steve Keen entiende que la economía neoclásica es responsable no sólo por no haber anticipado la Gran Recesión (que los historiadores denominarán, con más propiedad Segunda Gran Depresión, pues si no es comparable con la primera en profundidad, la supera en duración y en complejidad) sino por ser intrínsecamente errónea y haber contribuido a multiplicar la calamidad que intentaba solucionar. Si su único fallo hubiera sido no anunciar con tiempo la crisis financiera para que los ciudadanos pudieran guarecerse de ella, los economistas neoclásicos no se diferenciarían de los meteorólogos que no ven llegar una tormenta destructiva. Serían culpables de no haber dado la alerta, pero no se les podría pedir responsabilidad por la tormenta. La economía neoclásica, en cambio, tiene una responsabilidad directa en la tormenta económica: convirtió lo que podría haber sido una crisis financiera y una recesión «del montón» en una crisis mayor del capitalismo. Las creencias y las acciones de los neoclásicos hicieron que esa crisis económica fuese mucho peor de lo que hubiera sido sin su intervención. Keen sostiene que la economía no precisa de una teoría económica exacta en el mismo sentido en que se necesita una teoría exacta de la propulsión para construir un cohete espacial. Pero, al menos, que sea inofensiva.

La falsa confianza que engendró sobre la estabilidad estructural de la economía de mercado (los ciudadanos estaban seguros de que no se podría repetir el efecto Gran Depresión) animó a muchos responsables políticos a desmantelar o demediar bastantes de las instituciones que se habían desarrollado a partir de la década de los años treinta del siglo pasado (por ejemplo, los organismos reguladores) para tratar de contener y limitar el grado de las turbulencias. Así, las «reformas económicas» introducidas paso a paso, en la creencia de que harían funcionar más eficazmente a la sociedad, sólo han hecho del capitalismo moderno un sistema social más pobre, más desigual, más frágil, más inestable.

¿Cuándo logra la hegemonía intelectual la economía neoclásica? Aparte de las dos guerras mundiales, que fueron fenómenos directamente políticos con extraordinarias consecuencias económicas, hubo durante el siglo XX dos disrupciones de naturaleza prioritariamente económica que cambiaron la dirección de la historia. La primera fue la Gran Depresión; de ella se salió a través de una conflagración bélica pero con un aparato de teorización muy potente, que fue el keynesianismo. Durante varias décadas, el keynesianismo dio jaque a los postulados de la economía clásica. Jaque, pero no jaque mate. Poco a poco, a través de la síntesis keynesiano-neoclásica, aquél fue desnaturalizado de sus raíces, aunque los medios de comunicación y los aparatos ideológicos del Estado continuaron sopesando la política económica que se aplicó hasta mediados de la década de los setenta del siglo pasado como si fuera keynesianismo más o menos puro.

Con motivo de las dos crisis del petróleo, en la década de 1970, tuvo lugar la segunda disrupción económica de la centuria: lo que se denominó estanflación, una mezcla de paro, falta de crecimiento y alta inflación. Se acusó al keynesianismo declinante de no saber cómo hacer frente a esta mezcla de males, y fue sustituido por una ortodoxia económica aún más enérgica que aquella contra la que había protestado en la década de 1930.

La mayor fortaleza de la recién instalada economía neoclásica fue llegar acompañada políticamente por los guardias de la porra de la revolución conservadora, con la que era perfectamente coherente. Neoclasicismo económico y neoliberalismo político, el ungüento de la serpiente, la fórmula imbatible desde los años ochenta del siglo pasado. Esta combinación (revolución conservadora-economía neoclásica) arrasó con los restos del naufragio keynesiano. Su máxima: no dejar heridos en el campo de batalla. Quizá la parte más asombrosa de La economía al desnudo de Keen sea aquella en la que su autor describe la penetración de la ortodoxia neoclásica en la docencia (libros de texto, profesorado, cátedras…), servicios de estudio, programas de investigación, organismos multilaterales, etcétera. En algunos de esos lugares resistieron pequeños reductos poskeynesianos, como la aldea gala de Astérix, a los que no pudieron expulsar del todo, pero la purga en el resto fue generalizada: manuales de enseñanza, selección de las materias principales que se estudian en las facultades de Ciencias Económicas (macroeconomía, microeconomía, finanzas; subsidiarización de la historia económica, la sociología…), cooptación de los díscolos para atraerlos al seno del pensamiento único; en el ámbito de la investigación, en las principales revistas de la profesión, de las que durante décadas desaparecieron nombres centrales de la economía como los de Hyman Minsky y otros representantes de escuelas alternativas a la neoclásica (institucionalistas, poskeynesianos, marxianos…). Esta posición de dominio quedaba avalada por los nombramientos en las jefaturas de estudio de la OCDE, FMI, Banco Mundial, entre los gobernadores de los principales bancos centrales o entre los ministros de Economía y Finanzas de los principales países del mundo. Y en los premios Nobel de Economía, con alguna excepción.

El ejemplo máximo de esta tendencia fue la llegada a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) de Ben Bernanke, considerado el mayor experto neoclásico en el estudio de la Gran Depresión y sus causas, y una de las bestias negras de Steve Keen. ¿Por qué esa animadversión ideológica? No por su defensa a ultranza de la economía neoclásica, faltaría más, sino por su tono de rígida militancia cuando la economía empezó a ir mal o muy mal, y su displicencia a la autocrítica. En 2004, cuando sólo una minoría de iluminados (entre ellos Keen) se habían convertido en Casandras que anticipaban el estallido de las burbujas que estaban en el corazón de un modelo de crecimiento, Bernanke defendía que la teoría neoclásica había remodelado tanto la teoría como la política económica, dando lugar a dos décadas de crecimiento (lo que era cierto):

No son sólo logros significativos en cuanto al crecimiento económico y la productividad sino también una marcada reducción de la volatilidad económica tanto en Estados Unidos como en el exterior, un fenómeno que ha recibido el apelativo de «Gran Moderación». Las recesiones se han hecho menos frecuentes y más suaves, y la volatilidad trimestral en rendimiento y empleo también han descendido significativamente [lo que acabó no siendo cierto]. Las razones de la Gran Moderación, sin embargo, siguen siendo objeto de controversias pero […] hay pruebas para sostener que la mejora del control de la inflación ha contribuido de forma importante a este cambio bienvenido de la economía [las cursivas son de Keen].

Cuando estalla con toda su virulencia la Gran Recesión apenas un lustro después, cuando «la Gran Moderación» llegó a su abrupto final, cuando todo aquello que la economía neoclásica —y Bernanke— decía que no podía suceder ocurrió a la vez, cuando se confrontaron a una desconexión total entre lo que creían y lo que estaba aconteciendo, una buena parte de los economistas neoclásicos reaccionó de una manera muy humana: entraron en pánico.

Entonces, como en un juego de prestidigitación, se deshicieron de sus directrices neoclásicas y empezaron a comportarse como economistas keynesianos con esteroides. Después de haber rechazado durante décadas toda intervención pública, los déficits presupuestarios y las inyecciones de liquidez, de pronto ordenaron al Estado que se pusiera a intervenir por doquier. Los déficits públicos alcanzaron niveles que hacían pequeños los de cualquier presupuesto que los viejos keynesianos hubieran podido llevar en las décadas de 1950 y 1960, y el dinero de los contribuyentes fluyó como las cataratas del Niágara. «En sólo cinco meses», escribe Keen, «Ben Bernanke, en tanto que presidente de la Fed, literalmente dobló la cantidad de dinero público en la economía estadounidense (la última vez había tardado trece años en doblarse). El largo descenso de la ratio de dinero público en relación al nivel de actividad económica desde el 15 % del PIB en 1945 hasta llegar a un exiguo 5 % en 1980 y al 6 % al inicio de la crisis fue revertido en menos de un año, cuando la expansión cuantitativa I (quantitative easing I) de Bernanke elevó esa ratio de nuevo al 15 % hacia el año 2010». Luego hubo una segunda quantitative easing.

¿Reconocieron el fracaso? ¿Han reflexionado sobre el caracoleo practicado en la política económica con el objeto de salvarse? Nada de nada. Ni siquiera lo creyeron oportuno. Bernanke argumentó que no había necesidad alguna de revisar la teoría económica como resultado de la crisis y la gestión de la crisis, y distinguió entre «ciencia económica», «ingeniería económica» y «gestión económica» para permanecer donde estaba. Escribió lo siguiente:

La reciente crisis financiera ha tenido más que ver con un fallo en la ingeniería económica y en la gestión económica que en lo que yo he llamado ciencia económica […] las deficiencias en materia de […] ciencia económica […] fueron en su mayor parte menos relevantes de cara a la crisis; es más, aunque la gran mayoría de los economistas no previeron el casi colapso del sistema financiero, el análisis económico ha demostrado ser —y lo seguirá demostrando— de una importancia crítica a la hora de entender la crisis, desarrollar políticas para contenerla y diseñar soluciones de más largo plazo para prevenir su recurrencia.

Ante este inmovilismo intelectual del anterior presidente de la Fed (hoy trabaja en el sector financiero privado, en otro ejemplo más de revolving doors), el economista australiano recuerda la diferente manera de proceder que tuvo en su día Hyman Minsky (un precursor de sus tesis).

Minsky fue el discípulo por excelencia de Keynes en Estados Unidos. Alumno de Schumpeter y de Wassily Leontief, fue reivindicado por la Gran Recesión que lo sacó del ostracismo y lo instaló en el centro del debate. Minsky argumenta que, en la medida en que las crisis han sido recurrentes desde la Gran Depresión, un test esencial de validez para cualquier teoría económica debería ser su capacidad para incluir y analizar las recesiones y las depresiones como posibles estados de la economía. ¿Puede una Gran Depresión ocurrir de nuevo?, se preguntó Minsky, poniendo de cabeza los postulados de la estabilidad natural de los neoclásicos. Descubrió que en tiempos de prosperidad se desarrolla una euforia especulativa mientras aumenta el volumen de crédito hasta que los beneficios producidos no pueden pagarlo, momento en el que los impagos generan la crisis. El resultado es una contracción de los préstamos, incluso a aquellas empresas que sí pueden hacer frente a ellos. Ello es premonitorio de lo sucedido en la Gran Recesión. Minsky hace suya la teoría de la inestabilidad inherente: una característica fundamental de nuestra economía es que el sistema financiero oscila entre la fortaleza y la fragilidad, y esa oscilación es parte integrante del proceso que genera los ciclos económicos. Tales fluctuaciones, así como las fases expansivas y de contracción que pueden acompañarlas, son inevitables en el libre mercado, salvo que los gobiernos intervengan para su control a través de la regulación, la acción de los bancos centrales y otras herramientas que se crearon para responder al crash de 1929 y a la Gran Depresión posterior. Minsky se opuso con mucha vehemencia a las desregulaciones que caracterizaron las décadas de 1980 y 1990.

En su prefacio a la Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero Keynes comentaba que su escritura había necesitado de un largo proceso de distanciamiento de «los modos habituales de pensamiento y expresión». Decía: «La dificultad no radica en las nuevas ideas sino en escapar de las viejas que, para quienes hemos recibido la formación más convencional, se ramifican hasta alcanzar cada esquina de nuestras mentes». La economía al desnudo de Keen es un esfuerzo permanente de poner en cuestión las viejas ideas, en una persona que fue educada en la síntesis keynesiano-neoclásica de hace cuarenta años. Es un intento de superar el adoctrinamiento económico y sustituirlo por formación económica. Keen se pregunta por qué, a pesar de haber tantos bienintencionados economistas neoclásicos, casi todas sus recomendaciones favorecen a los ricos antes que a los pobres, a los capitalistas antes que a los trabajadores, a los privilegiados antes que a los desposeídos. Su respuesta es neta:

Llegué a la conclusión de que la razón por la que manifestaban esas conductas tan poco intelectuales, tan ideológica y en apariencia tan destructivas desde el punto de vista social, no tenía que ver con patologías personales superficiales, sino que era de naturaleza más profunda. Lo que ocurría es que el modo en que habían sido formados les había inculcado las pautas de comportamiento de los fanáticos, más que de intelectuales desapasionados.

Yanis Varoufakis, que antes de hacerse famoso como ministro de Finanzas del primer Gobierno griego de Alexis Tsipras, en enero de 2015, y de conducir las negociaciones de su país con la Comisión Europea, el BCE y el FMI, era un economista que dejaba huellas de su quehacer profesional como científico social (nadie podía decir que no se conocía cómo pensaba), escribió en 2011 el libro por el que hasta ahora ha sido más reconocido: El Minotauro global. Como se sabe, el minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro que fue encerrado en un laberinto hecho expresamente para retenerlo en la isla de Creta. Hombres y mujeres eran llevados al laberinto para ser el alimento de la bestia como sacrificio. La metáfora de Varoufakis es la siguiente: igual que los atenienses mantenían un flujo constante de tributos a la bestia, así el resto del mundo envió cantidades increíbles de capital a Estados Unidos. Este motor, que impulsó a la economía global durante casi tres décadas, es el que se gripó a partir de 2007.

Lo que nos interesa aquí es la vinculación que hace el economista griego entre la Gran Recesión y la aporía. Una aporía es un razonamiento del que surgen contradicciones o paradojas irresolubles: dificultades lógicas casi siempre de índole especulativa. Muchas de esas especulaciones, que un día fueron consideradas aporías, luego han sido resueltas merced a los avances cognitivos o los cambios de paradigmas. Indica Varoufakis que nada nos humaniza tanto como la aporía, ese estado de intensa perplejidad en el que nos encontramos cuando nuestras certezas se hacen añicos; cuando, de repente, nos encontramos en un punto muerto sin poder explicar lo que ven nuestros ojos, lo que tocan nuestros dedos, lo que oyen nuestros oídos:

En esos raros momentos, mientras nuestra razón se esfuerza con valentía para comprender lo que registran nuestros sentidos, nuestra aporía nos humilla y prepara a la mente bien dispuesta para verdades antes insoportables. Y cuando la aporía despliega su red para prender a toda la humanidad sabemos que estamos en un momento muy especial de la historia. Septiembre de 2008 [quiebra de Lehman Brothers] es uno de esos momentos.

¿Julio de 2015 (Grecia sometida la fortaleza de la troika) es otro de ellos?

El mundo se quedó sorprendido, de un modo que no había conocido desde 1929. Las certezas que se tenían desde al menos hacía tres décadas desparecieron todas de golpe. La aporía colectiva se vio intensificada por la acción de los gobiernos que hasta aquel instante creían en el conservadurismo fiscal (equilibrio presupuestario o escaso déficit público, fuesen cuales fuesen las necesidades de sus sociedades), quizá como la última ideología superviviente del siglo XX. Empezaron a enchufar la manga riega del dinero público en el sistema financiero (convirtiendo un problema privado en un problema público) que hasta pocos meses antes vivía una edad de oro, acumulando beneficios gigantescos y pagando sueldos y bonus inimaginables para la razón a sus más altos directivos. «Cuando esta respuesta resultó demasiado floja», los dirigentes más neoliberales «se embarcaron en una juerga de nacionalizaciones de bancos, compañías de seguros y fabricantes de automóviles que haría palidecer hasta las hazañas del Lenin posterior a 1917», escribe Varoufakis.

A diferencia de las crisis previas, ésta no estaba limitada a una geografía específica, una determinada clase social o a sectores particulares sino que tuvo efectos devastadores a nivel global y en el corazón del neoliberalismo. La estupefacción, el desconcierto, no residía sólo en el ciudadano de a pie, al que habían convencido de que estaba seguro de que no volverían a repetirse los males del pasado, sino también en los economistas y en los representantes públicos de aquél. En octubre de 2008, Alan Greenspan, expresidente de la Fed, confesó en el Congreso norteamericano haber descubierto «un defecto en el modelo que yo consideraba la estructura funcional crítica que define el funcionamiento del mundo». Dos meses después, Larry Summers, exrector de la Universidad de Harvard, secretario del Tesoro de Bill Clinton y en aquel momento director del Consejo Económico Nacional del presidente electo, Barack Obama, dijo que «en esta crisis, hacer demasiado poco supone una mayor amenaza que hacer demasiado». Cuando Greenspan, apodado el Gran Mago, confiesa haber basado toda su magia en un modo defectuoso de cómo funciona el mundo, y el decano de los asesores económicos presidenciales propone abandonar toda precaución, el público «lo pilla»: nuestro barco está surcando aguas traicioneras e inexploradas, su tripulación no tiene ni idea, su patrón está aterrado.

Ocho años después de que el sistema bancario mundial pusiera a las economías reales contra las cuerdas y hubiera de ser rescatado, poco ha cambiado en su funcionamiento cotidiano, y reaparecen los productos imposibles de controlar que causaron las dificultades extremas y que fueron avalados por los think tanks y las universidades financiadas por los bancos que los hicieron suyos. Se reproduce esa explosiva opinión citada por Philip Mirowski:

Sin duda la Segunda Guerra Mundial habría tenido lugar sin Martin Heiddeger, Carl Schmitt u otros intelectuales nazis, pero no está tan claro que la crisis hubiera ocurrido sin la Escuela neoclásica de Chicago. Chicago ha sido el principal vivero inicial de la teoría financiera moderna, que ha proporcionado inspiración intelectual directa y justificación para la mayor parte de la innovación de los derivados financieros y la negociación de valores automatizados de los últimos treinta años. Chicago fue el padrino intelectual de la moderna titulización y la regulación privatizada, entre otras actividades.

15. La calamidad de la austeridad expansiva

15

LA CALAMIDAD DE LA AUSTERIDAD

EXPANSIVA

Acabar con el paraíso del acreedor

Acabar con el paraíso del acreedor

Mark Blyth es un profesor de Economía Política Internacional de la Universidad de Brown (Estados Unidos). En 2014 publicó un libro muy interesante titulado Austeridad. Historia de una idea peligrosa, por el que se ha hecho famoso. Es otro de los economistas (Piketty, Varoufakis…) que sustituyen en la opinión pública a las estrellas del rock. A finales de ese año, Blyth recibió un correo electrónico en el que se le decía que la Fundación Friedrich Ebert, muy cercana al Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), le había concedido el Premio Hans Matthöfer a la mejor publicación económica del año en lengua alemana. En las deliberaciones del jurado, el libro del profesor americano había superado, entre otros, a El capital en el siglo XXI de Thomas Piketty, y a los artículos de referencia de uno de los columnistas estrella del Financial Times, Wolfgang Münchau.

Blyth fue a Berlín a recoger el premio. Primero contó en un artículo lo que había pensado al enterarse de que se lo habían concedido: que a pesar de la impresión que se tenía en Estados Unidos y en otras partes, en Berlín «había un movimiento que rehuía el planteamiento de que la austeridad es la única manera de resolver la crisis de la eurozona, al menos entre los socialdemócratas», y que lo más trágico de esta crisis era que «el centro-izquierda de toda Europa no sólo ha aceptado, sino que en muchos casos ha apoyado activamente, unas políticas que no han hecho más que perjudicar a su supuesto núcleo de votantes». A continuación publicó el discurso que había dado ante un público mayoritariamente socialista, que tituló «Alegato contra la austeridad. Acabar con el paraíso del acreedor». No tiene desperdicio, y comienza resaltando la ironía que supone ser distinguido con un galardón «en un país que parece, al menos en el nivel de las élites, totalmente insensible al mensaje del libro que se premia hoy».

En lo que atañe al argumento que aquí desarrollamos —que el tipo de capitalismo vigente es en teoría un capitalismo neoliberal y en la práctica una extraña mixtura entre capitalismo neoliberal y capitalismo de Estado— Blyth recordó que en los años setenta, «un periodo que ahora parece bastante benigno», los beneficios empresariales eran bastante bajos, la participación del trabajo en la renta nacional era muy elevada y la inflación estaba aumentando. Entonces se dijo que esa situación era insostenible, se activaron políticas y se crearon instituciones para garantizar que esa tendencia variase de sentido. Se tuvo éxito: en la actualidad, los beneficios empresariales son muy altos (casi tanto ya como antes de la crisis), la participación de los salarios en la renta nacional está en mínimos históricos y la inflación se ha situado, en muchos casos, cerca de la deflación.

¿Estamos contentos con este cambio? Según Blyth:

Lo que hemos hecho en los últimos treinta años es construir un paraíso para el acreedor, con tipos de interés reales positivos, baja inflación, mercados abiertos, sindicatos débiles y un Estado en retirada. Y todo ello controlado por las autoridades económicas no electas de los bancos centrales y de otras instituciones, que tenían un único objetivo: que ese paraíso para el acreedor continuara funcionando.

Y terminó su disertación como había empezado, con un recado a los socialdemócratas:

Es genial que mi libro haya ayudado a recordarles la pobreza de esas ideas, pero lo importante es que recuperen su voz, no sólo su memoria histórica. Su porcentaje de votos no cae porque hagan lo que está haciendo el CDU [Partido Democristiano alemán]. Cae porque si todo lo que hacen es eso, ¿por qué debería votarles alguien? Espero que la lectura de mi libro le recuerde al SPD una cosa: que la razón de su existencia es hacer algo más que simplemente permitir un paraíso para el acreedor en Europa.

Recuperemos al historiador Eric Hobsbawm, aquel que había descrito el siglo XX como «un siglo corto», que había comenzado en 1914 con la Gran Guerra, y había terminado en 1989 con la caída del Muro de Berlín, bloque a bloque, y la destrucción del socialismo real. La brutalidad y la extensión de la Gran Recesión de 2007, con los efectos devastadores que ha dejado en muchas de las sociedades que la sufrieron, sugiere que quizá la tesis de Hobsbawm era prematura. Su muerte no le dio ocasión de rectificar y completar su diagnóstico, calificando al XX como un siglo largo que en la segunda década de la siguiente centuria todavía no ha terminado, y en cuyo interior se contienen las cuatro crisis mayores de la historia del capitalismo: las dos guerras mundiales, la Gran Depresión y la Gran Recesión.

Es lo que sugiere, por ejemplo, el economista y sociólogo italiano Giovanni Arrighi, que a finales del siglo pasado (cuando todavía no había síntoma explícito alguno de la crisis económica, sino que, por el contrario, el paradigma de la nueva economía, con la ensoñación del final de los ciclos, era dominante) publicó El largo siglo XX, en el que pronosticaba:

Algo fundamental parece haber cambiado en el funcionamiento del capitalismo durante el último cuarto de siglo. En la década de 1970 se habló mucho de crisis. En la de los ochenta se habló básicamente de reestructuración y reorganización. En la de 1990 ya no estábamos seguros de que la crisis de la década de los setenta se hubiera realmente resuelto y ha comenzado a extenderse la opinión de que la historia del capitalismo pudiera encontrarse en un punto de inflexión decisivo.

Tweedledum y Tweedledee

Tweedledum y Tweedledee

Esta opinión se multiplica entre los analistas del largo plazo a partir de 2008.

Según estas tesis, apoyadas en cierta perspectiva histórica, la caída física del Muro en 1989 y su réplica económica a partir de 2007 no sólo han supuesto la crisis terminal del comunismo realmente existente (en la Unión Soviética no sobrevive y China se transforma en ese oxímoron denominado «comunismo de mercado») sino una avería considerable en la credibilidad y en la efectividad para arreglar los problemas de los ciudadanos de la otra familia ideológica de la izquierda, la socialdemocracia, de la que todavía no se ha repuesto. La tercera vía de Bill Clinton, Tony Blair y su séquito de adeptos supuso para sus muchos críticos esa suerte de «thatcherismo de rostro humano» que hemos citado, y sólo una superficial pátina progresista en el orden mundial. Su abandono de las políticas socialdemócratas relacionadas con la fiscalidad, el gasto público y el papel de la inversión pública en caso de necesidad de expandir la demanda, su apoyo casi indiscriminado y acrítico a las privatizaciones de los servicios públicos y al capital privado, sus coqueteos con el poder empresarial en detrimento de los sindicatos (calificados como dinosaurios propios de la edad industrial y no de la sociedad de servicios), su negativa a actuar con radicalidad contra la desigualdad exponencial en el seno de los países, y su complicidad con los conservadores en el momento de desequilibrar el binomio libertad-seguridad a favor de esta última, deterioraron a la tercera vía como alternativa y probablemente estén en el origen de la crisis de representación política que se padece hoy en tantas sociedades. Alguien ha dicho que en la etapa posmuro los conservadores y los socialdemócratas se han parecido a Tweedledum y Tweedledee, los gemelos de Lewis Carroll en Alicia a través del espejo, que eran iguales en su apariencia externa aunque no tanto en su comportamiento. Si las recetas son similares o se distancian sólo un centímetro ideológico, la mayoría prefiere el original a la copia. Así nace el tópico de que la derecha gestiona mejor que la izquierda.

Casi dos décadas después de la caída del Muro y después de tres lustros de un ciclo largo de crecimiento económico, a mediados de la primera década del siglo se inició sin preavisos la Gran Recesión, que sacudió de nuevo los cimientos del orden internacional y puso patas arribas las certezas que las élites planetarias habían hecho suyas con la revolución conservadora. Recordemos que la Gran Recesión comenzó como un problema inmobiliario en Estados Unidos, trascendió como una crisis del sistema financiero cuyo epicentro fue Wall Street desde donde se contagió a buena parte del mundo, se trató de arreglar transformando la gigantesca deuda privada en deuda pública mediante una sensacional socialización de pérdidas, y se hizo visible para el ciudadano común mediante la reducción de la renta disponible familiar media (empobrecimiento), la transferencia de riqueza y de poder desde el trabajo al capital (desigualdad) y las políticas de austeridad que pretendían ahorrar en servicios públicos lo que se había gastado en rescate a la banca privada con el pretexto de que ésta conformaba las arterias del riego sanguíneo del sistema y con el argumento de que sin crédito no hay economía. Todas estas características ya estaban presentes antes en parte en la vida cotidiana de los ciudadanos, pero se exacerbaron con la extensión de la crisis económica.

¿En qué momento perdieron los progresistas la batalla de la austeridad y ésta se convirtió, con sus principales características regresivas, en la característica esencial de las políticas económicas aplicadas durante la Gran Recesión en nuestro mundo? Hasta ese momento, la austeridad había sido uno de los medios centrales para impugnar desde la raíz un modelo de crecimiento basado en el derroche y en el desaprovechamiento de los recursos naturales, que pretendía sentar la bases para sustituir el consumismo más exacerbado y para luchar contra el cambio climático, considerado el problema más grave de la humanidad. Desde la primera crisis del petróleo, durante la década de 1970, se fueron acumulando evidencias de ese derroche que se multiplicó por mil en los años de la burbuja, del que se podrían poner numerosos ejemplos en cualquier lugar.

Dos italianos: de Berlinguer a Alesina

Dos italianos: de Berlinguer a Alesina

Unos meses antes del estallido de aquella crisis, el Club de Roma (una organización no gubernamental fundada en 1968) encargó al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) un informe que tituló Los límites del crecimiento. En él se afirmaba que si el incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantenían sin variación, la Tierra alcanzaría los límites absolutos de crecimiento en cien años. Se argumentaba que «en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles», por lo que los científicos y los políticos del Club de Roma exigían políticas de austeridad. Veinte años después, en 1992, se hizo una actualización de aquel informe, bajo el título de Más allá de los límites del crecimiento. En ese momento ya se entendía que la humanidad había superado la capacidad de carga del planeta para sostener su población. En 2004 se publicó una versión actualizada e integral de los dos informes anteriores, con el título de Los límites del crecimiento: 30 años después. De nuevo se abordaba la discusión sobre el imparable crecimiento de la población mundial, el aumento de la producción industrial, el agotamiento de los recursos, la contaminación y la tecnología, para reiterar que «no puede haber un crecimiento poblacional, económico e industrial ilimitado en un planeta de recursos limitados».

Así, la austeridad que nace de las reflexiones sobre los límites del crecimiento significaba rigor, eficiencia, seriedad y también justicia, y es muy diferente de la aplicada en los últimos años, que ha multiplicado la gravísima crisis en la que estamos sumidos. La austeridad fue concebida como arma moderna y actualizada tanto contra los defensores del statu quo como contra los que la consideraban la única situación posible de una sociedad destinada orgánicamente a permanecer cada vez más desequilibrada, más cargada de injusticia, de contradicciones, de desigualdades. Era una herramienta, además, que tenía en cuenta, en primer lugar, los límites del crecimiento, y luego, el cambio climático.

Poco a poco, al concepto le fue arrebatada su significación inicial para devenir en una especie de sinónimo de las reformas estructurales equivalentes a recortes, de las devaluaciones que conllevaban una disminución asimétrica de la renta familiar disponible, de la limitación de los Estados de Bienestar… El grado superlativo de esta nueva visión de la austeridad (el llamado «austericidio») ha tenido su máxima expresión en un pequeño país como Grecia, convertido en su cobaya favorita. Su puesta en práctica significó que los ciudadanos helenos perdieran en un lustro un 25 % de su riqueza, lo que hasta entonces era imposible de prever si no era entrando en un conflicto bélico.

La teoría de una política de austeridad transformadora y progresivamente redistributiva fue desarrollada por el partido intelectualmente más imaginativo que existió en el pasado inmediato: el Partido Comunista Italiano (PCI). Antes de que en Grecia Syriza rompiese casi por primera vez desde la posguerra el bipartidismo tradicional de los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, el que estuvo a punto de conseguirlo fue el PCI de Enrico Berlinguer. Conviene recordar la personalidad de este personaje político antes de que las brumas de la instantaneidad lo coloquen en el olvido de las nuevas generaciones. Berlinguer llevó al PCI a ser la pieza mejor engrasada (intelectualmente, por número de militantes y de votantes, por resultados electorales, por influencia en el resto de las fuerzas progresistas) de la izquierda occidental en la década de 1970. Perteneciente a una familia de la alta burguesía sarda, Berlinguer fue patrocinado a las más altas esferas del comunismo por el mítico Palmiro Togliatti y sustituyó a un no menos icónico Luigi Longo como secretario general del PCI, puesto que ocupó desde 1972 hasta su prematura muerte en 1984. Si hubiera que resaltar los rasgos más influyentes del pensamiento berlingueriano, éstos serían los siguientes: primero, el concepto de eurocomunismo como una especie de socialismo en libertad, exento de ataduras respecto a la Unión Soviética (junto a sus colegas, los secretarios generales del Partido Comunista francés y español, George Marchais y Santiago Carrillo, respectivamente). Segundo, el compromiso histórico, una propuesta de coalición entre el PCI y los democristianos que diera a Italia un periodo largo de estabilidad en un contexto de grave crisis económica y en el cual tanto elementos reaccionarios del aparato del Estado como grupos neofascistas planeaban un golpe de Estado, protegidos y armados por los servicios secretos estadounidenses, utilizando el terrorismo como método. Y tercero, el desarrollo de una austeridad progresista: en determinadas condiciones, la austeridad puede ser la medida política más correcta y la respuesta más acertada.

En un opúsculo titulado precisamente Austeridad, Berlinguer contestaba a las preguntas que hacía su prologuista en la edición castellana, un jovencísimo catedrático de Política Económica que se reclamaba del marxismo llamado Julio Segura: ¿por qué antes de la crisis del petróleo la izquierda no hablaba de la austeridad como posible estrategia superadora del capitalismo?, y ¿por qué la izquierda defendía ahora la austeridad cuando antes combatía la política de estabilidad y de rentas tradicionalmente utilizadas para salir de la crisis? Segura adelantaba la respuesta de Berlinguer: la política de austeridad transformadora es algo radicalmente distinto de una política de rentas y de una política de estabilización económica, pese a que ambas presenten algunas apariencias comunes.

No deja de ser sintomático que Berlinguer desarrollara sus ideas sobre la austeridad en dos asambleas muy distintas: ante una convención de intelectuales y ante un grupo de obreros comunistas. Intelectuales y obreros eran las dos piezas básicas del proyecto del PCI. Esos discursos, editados, son los que conforman el opúsculo Austeridad. De un modo premonitorio que tanto nos acerca a nuestros días, el secretario general de los comunistas italianos explicaba que la austeridad, según sus contenidos y las fuerzas que la encaucen, puede utilizarse como instrumento de depresión económica, de represión política y de perpetuación y agrandamiento de las injusticias sociales, o como ocasión para la implantación de un modelo de crecimiento económico y social nuevo, para un riguroso sometimiento del Estado, para una profunda transformación social, para la defensa y expansión de la democracia. Así, una política de austeridad transformadora no sería una política de nivelación tendencial hacia la pobreza o la indigencia, ni ha de proponerse como objetivos la mera supervivencia de un sistema que ha entrado en crisis. Por el contrario, ha de tener como finalidad el instaurar la justicia, la eficacia, el orden y una moralidad nueva. Ésta es la interpretación de la austeridad arrebatada. Concebida así, aunque una política de austeridad implique (necesariamente, por su propia naturaleza) determinadas renuncias y sacrificios concretos, adquiere al propio tiempo un significado renovador y se convierte en un acto de libertad para los sometidos a viejas subordinaciones y a intolerables marginaciones, crea nuevas solidaridades y, «al ir acaparando un consenso creciente, se convierte en un amplio movimiento democrático al servicio de una tarea de transformación social».

Berlinguer planteaba ya entonces (año 1977) un dilema muy actual: o nos abandonamos al curso actual de los acontecimientos dejándonos caer peldaño a peldaño por la escalera de la decadencia, de la barbarización de la vida y, por consiguiente, más pronto o más tarde, de una involución política reaccionaria, o por el contrario se afronta la versión redistributiva de la austeridad. Ello implica por definición, restricciones de ciertos bienes a los que nos hemos acostumbrado, renunciar a ciertas ventajas adquiridas, pero nunca en el terreno de la protección social. «Estamos convencidos de que no es en absoluto cierto que la sustitución de determinadas costumbres actuales por otras más austeras y no derrochadoras, vayan a conducir a un empeoramiento de la calidad y de la humanidad de la vida. Una sociedad más austera puede ser una sociedad más justa, menos desigual, realmente libre, más democrática, más humana». Lo contrario de lo que se ha hecho en nuestros días.

El eurocomunista italiano nos provoca una sonrisa cuando, haciéndose el ingenuo (alguien que no lo era en absoluto), comentó a los comunistas sardos:

Al oírnos hablar tanto de austeridad algunos han creído que podían hacer ironía fácil: ¿acaso —han preguntado— os estáis convirtiendo los comunistas en ascetas, en moralistas? Responderé con las palabras que pronunció, mientras arreciaba todavía la guerra de Vietnam, el primer ministro de aquel país, el camarada Pham Van Dong: «El socialismo no significa ascetismo. Afirmar algo semejante sería ridículo, reaccionario. El hombre ha nacido para ser feliz: lo que ocurre es que para ser feliz no es necesario tener un automóvil. Más allá de cierto límite material, las cosas materiales no importan demasiado, y entonces la vida se concreta en sus aspectos culturales y morales. Nosotros deseamos que nuestra vida sea una vida completa, multilateral, rica y plena, una vida en la que el hombre exprese todos sus valores reales. Esto es lo que da sentido a la vida y valor a un pueblo».

En definitiva, Berlinguer se adelantaba a nuestros tiempos con una versión de la austeridad muy distinta de la que se ha impuesto autoritariamente a los ciudadanos, una austeridad que se dirija justo contra las políticas restauradoras del orden anterior, tanto contra la demencia consumista como contra el intento de cargar los costes de la crisis sobre las espaldas de la clase media (que entonces se denominaba, oportunamente, «clase obrera y de los trabajadores»). «Éste es el terreno», finalizaba su alocución, «donde se produce hoy el enfrentamiento de clases pero también, añadiría, el de dos concepciones de la civilización».

La mejor definición técnica de austeridad la da Blyth en su libro: la austeridad es una forma de deflación voluntaria por la cual la economía entra en un proceso de ajuste basado en la reducción de los salarios, el descenso de los precios y un menor gasto público —todo enfocado a una meta: la de lograr la recuperación de los índices de competitividad, algo cuya mejor y más pronta consecución exige (supuestamente) el recorte de los presupuestos del Estado y la disminución de la deuda y el déficit—. Según creen quienes abogan por esta terapia, adoptar este paquete de medidas generará una «mayor confianza empresarial», dado que el Gobierno habrá dejado tanto de copar el mercado inversor, al absorber todo el capital disponible mediante la emisión de deuda, como de incrementar la deuda nacional, ya excesivamente grande de por sí.

Con el estallido de la Gran Recesión, en el mundo académico se ha desarrollado una tesis a la que se acogen los partidarios de la austeridad, fundamentalmente en la Unión Europea. Se trata de un trabajo de los profesores italianos de la Universidad de Harvard Alberto Alesina y Silvia Ardagna («Tales of Fiscal Adjustment» [Relatos de ajuste fiscal]) publicado en 1998, que dice lo siguiente: independientemente del nivel inicial que pudiera tener la deuda, todo ajuste fiscal que base sus objetivos en recortar el gasto y vaya acompañado de una moderación salarial y de un proceso de devaluación tendrá carácter expansivo. Ese texto fue actualizado en el año 2009, en el peor momento de la crisis económica mundial («Large Changes in Fiscal Policy»). Los autores toman nueve ejemplos de otras tantas contracciones expansivas, para llegar a la conclusión de que los ajustes fiscales de éxito se fundan por entero en la introducción de un conjunto de recortes en el gasto, acompañados de una moderada reducción tributaria. Ambos artículos forman el corpus teórico inicial de la «austeridad expansiva» y fueron objeto de disecciones, añadidos, comprobaciones y refutaciones en el mundo académico y de los organismos multilaterales, como el FMI. Varios estudios académicos posteriores y la propia realidad han desacreditado y debilitado las tesis de Alesina y Ardagna, cooptadas sin embargo por Alemania y sus aliados, el BCE y la Comisión Europea. Si se analizan las porciones de austeridad que se han administrado en Europa (sobre todo en los países PIIGS), no precisamente en dosis homeopáticas, se concluirá que ni ha habido más crecimiento, ni se ha reducido la deuda, ni se han protegido a las poblaciones en tiempos difíciles. Se ha manifestado un profundo y prolongado declive, que todavía continuará mucho tiempo, en los sectores más vulnerables de las sociedades. Un informe publicado en octubre del año 2012 por los analistas de perspectivas de la economía mundial del FMI llegaba a la conclusión de que se habían subestimado de modo generalizado los multiplicadores fiscales negativos de la eurozona, de modo que los efectos de la austeridad (los recortes, las devaluaciones…) se ampliaron en todos los sectores de la economía, llegando en algunos casos a quedar sobreelevados en un 150 % de lo previsto. Esto podría explicar en cierta medida por qué las consolidaciones expansivas de los países de la Europa meridional no han sido expansivas sino calamitosas. El momento de gloria de Alesina y Ardagna llegó a su fin en el punto mismo en el que el nada sospechoso FMI recordó que si se aplica a las economías reales y a la vida de las personas de carne y hueso, la austeridad sigue siendo, como escribió Blyth, una idea muy peligrosa. El profesor de Brown, como antes Keen y otros, se duele de la ausencia de autocrítica y de la falta de responsabilidades ante errores tan graves como el de los multiplicadores fiscales sobrevalorados, que tantos sufrimientos reales han multiplicado:

No obstante, y a pesar de que el FMI haya perdido la fe en la austeridad, esto no significa que sus defensores no estén tratando de encontrar nuevos ejemplos de su (presunto) funcionamiento positivo. Hay demasiadas reputaciones en juego, y demasiado es también el capital político invertido, como para permitir que unos simples e inoportunos hechos vengan a interponerse en el camino de esta ideología.

16. House of cards a la europea

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HOUSE OF CARDS A LA EUROPEA

Veamos ahora una versión muy clara: la crisis explicada por un bilbaíno:

1. Maritxu es propietaria de un bar de Bilbao, que ha comprado con un préstamo bancario. Como es natural quiere aumentar las ventas y decide permitir que sus clientes, muchos de los cuales son txikiteros en paro, beban hoy y paguen otro día. Va anotando en un cuaderno todo lo que consume cada uno de sus clientes. Ésta es una manera como otra de concederles préstamos.

(En realidad no le entra en caja dinero físico alguno).

2. Muy pronto, gracias al boca a boca, el bar se empieza a llenar de más clientes. Como éstos no tienen que pagar en el momento en que consumen, Marixtu decide aumentar los beneficios subiendo el precio de la cerveza y del vino, que son las bebidas que sus clientes consumen en mayor cantidad. El margen de beneficios aumenta vertiginosamente.

(De hecho, es un margen de beneficios virtual, ficticio: la caja sigue estando vacía de ingresos).

3. Un empleado del banco más cercano, muy emprendedor, y que trabaja de director en la sección de servicio al cliente, se da cuenta de que las deudas de los clientes del bar son activos de alto valor, y decide aumentar la cantidad del préstamo a Maritxu. El empleado del banco no ve razón alguna para preocuparse, ya que el préstamo bancario tiene como base para su devolución las deudas de los clientes del bar.

(Va aumentando la dimensión del castillo de naipes).

4. En las oficinas del banco los directivos convierten estos activos en «bebida-bonos», «alcohol-bonos», etcétera. Estos bonos especiales pasan a comercializarse y a cambiar de manos en el mercado financiero, primero nacional y luego internacional. Nadie comprende qué significan esos nombres tan raros de los bonos, tampoco conocen qué garantía tienen, ni siquiera si tienen garantía o no, pero como los comercializa ese banco tan conocido… Al seguir subiendo los precios de modo constante, el valor de los bonos se incrementa también constantemente.

(El castillo de naipes crece y crece y no para de crecer, pero todo es un camelo: no hay detrás solidez monetaria que lo sustente. Todo son papelitos que «representan» tener valor siempre y cuando el castillo de naipes se sostenga).

5. Aunque los precios siguen subiendo, un día un asesor de riesgos financieros que trabaja en el mismo banco (asesor al que, por cierto, despiden pronto debido a su pesimismo) decide que ha llegado el momento de reclamar a Maritxu el pago de su préstamo bancario. Maritxu, apurada, exige a su vez a sus clientes el pago de las deudas contraídas con el bar. Los clientes, claro está, no pueden pagar las deudas. Maritxu no puede devolver el préstamo y entra en bancarrota.

(Maritxu pierde su bar, y el banco se queda con él).

6. Las compañías que proveyeron el bar de Maritxu, que le concedieron plazos largos para pagar y que también adquirieron bonos cuando su precio empezó a subir, se encuentran en una situación inédita. El proveedor de vino entra en bancarrota y el proveedor de cerveza tiene que vender su negocio a otra compañía de la competencia.

(Esto se debe a que los proveedores de vino y cerveza también fiaban a Maritxu creyendo que cobrarían con seguridad al cabo del tiempo. Como no han podido cobrar dado que el dinero no existe, la deuda de Maritxu se los ha comido a ellos).

7. El Gobierno interviene para salvar al banco, tras conversaciones entre el presidente del Ejecutivo y los representantes de los otros partidos políticos. Para poder financiar el rescate del banco, el Gobierno introduce un nuevo impuesto que pagarán tanto los bebedores como los abstemios.

(Esto es lo que ha pasado. Con los impuestos de todos los contribuyentes, incluso de los que no conocían de nada el bar de Maritxu, los gobiernos han tapado el agujero financiero creado por la estupidez del banco en cuestión y de los otros que hicieron lo mismo).

¡Por fin, una explicación que se entiende!

El papel de la deuda en la Gran Recesión es central. Cuando se habla de deuda hay que distinguir entre la deuda soberana (la de los estados) y la deuda privada (la de los bancos, empresas y familias). Muchas veces se solapan una a la otra y se genera confusión. En el caso de España, por ejemplo, la deuda pública asciende casi al 100 % de su PIB mientras que la privada supera el 200 %. En ocasiones se ha presentado la noción de austeridad como una reacción a algo denominado «crisis de la deuda soberana», causada por el comportamiento de unos estados que, supuestamente, se habrían dedicado a gastar en exceso. Ello constituye una representación fundamentalmente falsa de los hechos. Más bien estos problemas se iniciaron en los bancos y posiblemente terminarán en los bancos. La crisis no se debió, en primera instancia, a una crisis de la deuda soberana provocada porque se hubiera incurrido en gastos excesivos (salvo en el caso de Grecia, que sí lo hizo); en casi todos los demás países el problema fue de los bancos, cuya responsabilidad fue asumida por los gobiernos, especialmente en la eurozona. Mark Blyth explica que «el solo hecho de que se haya dado en llamar una “crisis de la deuda soberana” sugiere ya que se ha venido a poner en marcha un interesantísimo caso de “tácticas engañosas”». El coste derivado del rescate bancario, la recapitalización y el empleo de otros medios para salvar al sector bancario de su hundimiento, se situaba en 2012 entre los tres y los trece billones de dólares (en función del modo en que se echen las cuentas). En su mayor parte, el peso de esta cifra ha venido a descargarse en los balances contables de los diferentes países, que tienen que enjugar mediante una mezcla de aumento de impuestos y reducción de gastos de toda la población, los costes del fiasco bancario. Ésta es la razón por la cual el concepto de «crisis de la deuda soberana» no es correcto, ya que se trata de la metamorfosis de una crisis bancaria camuflada en el artificio de «vivir por encima de las posibilidades».

Los orígenes de la crisis son diferentes en los distintos países. En unos fue determinante el estallido de la burbuja inmobiliaria, en otros el masivo endeudamiento público o privado, en los de más allá la explosión irracional de las bolsas de valores, y en casi todos ellos la debilidad estructural de los bancos. En el conjunto están presentes unas desigualdades que ya eran exponenciales antes de la Gran Recesión. El economista Nouriel Roubini, otro economista Casandra, apodado «doctor catástrofe» por haber pronosticado la que se venía encima antes de que fuese de dominio general, establece una secuencia de ocho puntos para explicar la relación inequívoca entre la desigualdad y la deuda que conlleva la crisis a partir de 2007:

1) Los salarios de la mayor parte de la población crecían muy poco, lo que generó una brecha entre los ingresos y las expectativas de gastar (no ser menos que el vecino). La respuesta fue el endeudamiento. La gente obtenía créditos que los bancos concedían con mucha facilidad para compensar la diferencia entre los gastos y los ingresos. Así surge el «¡que coman crédito!».

2) Ello sirve también para el sector público. Los gobiernos multiplican los servicios sociales y los gastos corrientes que no son financiados totalmente con los impuestos (la presión fiscal baja, sobre todo a los más ricos y las rentas de capital) sino con deuda pública.

3) En ambos casos, la deuda privada y la pública se hicieron insostenibles y desembocaron en la crisis financiera. Los bancos tenían problemas y éstos se arreglaron ayudándolos con dinero público: más deuda.

4) Las empresas redujeron los puestos de trabajo amparadas en la incertidumbre y el exceso de capacidad productiva: se fabricaba mucho más de lo que se consumía.

5) El paro reduce la renta disponible de las familias, aumenta las desigualdades y disminuye de nuevo la demanda final. He aquí el círculo vicioso: los mercados no crean suficiente demanda ya que las empresas han reducido el empleo debido a la insuficiencia de la demanda, y esto disminuye aún más la renta de los ciudadanos y la demanda final.

6) Por tanto, el deterioro en la distribución de la renta (desde la mano de obra hacia el capital, desde los salarios hacia los beneficios, desde los pobres hacia los ricos, desde las familias hacia las empresas, desde las empresas hacia los bancos) reduce la demanda porque la propensión marginal a gastar de los hogares, los trabajadores y los pobres es mayor que la de las empresas, los propietarios de capital y los ricos.

7) Marx tenía razón al mantener que la mundialización, el capitalismo financiero sin restricciones y la redistribución de la renta y la riqueza desde el trabajo hacia el capital podrían abocar al capitalismo a la autodestrucción. Según Marx, el capitalismo desregulado puede conducir a un exceso periódico de capacidad y de producción, al subconsumo y a las reiteradas crisis financieras destructivas, alimentadas por el alza y la caída de los precios de los activos financieros y las burbujas de crédito.

8) Todo modelo económico que no aborde adecuadamente la desigualdad a través de la provisión de bienes públicos y la igualdad de oportunidades acabará enfrentándose a una crisis de legitimidad.

Parte IV. La clase media ya no es la burguesía

PARTE IV

La clase media ya no es la burguesía

17. Identidades asesinas

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IDENTIDADES ASESINAS

Clases low cost

Clases low cost

Ridiculizada por poetas y libertinos; idolatrada por moralistas; destinataria de los discursos de políticos, papas, popes y cuantos se suben alguna vez a un púlpito en busca de votantes o de adeptos; adulada por anunciantes; recelosa de heterodoxias y huidiza de revoluciones; pilar de familias y comunidades; principal sustento de las haciendas públicas y garante del Estado de Bienestar. La clase media es el verdadero rostro de la sociedad occidental. En un mundo globalizado, en el que hasta en el más mísero país siempre se puede encontrar a alguien con suficientes medios para darse un paseo espacial, sólo la preeminencia de la clase media distingue los estados llamados desarrollados del resto. Los países dejan de ser pobres no por el puesto que ocupan sus millonarios en el ranking de los más ricos —de ser así, México o India estarían a la cabeza del mundo dada la fortuna de sus potentados— sino por la extensión de su clase media.

Ésta es la brillante y discutible descripción que hacía el periodista Ramón Muñoz en el diario El País en el año 2009 (en plena primera recesión dentro de la Gran Recesión) de las características de las clases medias, en un artículo titulado «Adiós, clase media, adiós», que emulaba al que doce años antes —es decir, mucho antes de las dificultades económicas que asolan al planeta— había escrito el economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Rudi Dornbusch, titulado Bye, bye, middle class. El economista alemán, ya desaparecido, pronosticaba la inminente desaparición del big government, caracterizado por la tendencia de muchos gobiernos a incluir en la esfera pública la mayoría de los servicios proporcionados a los ciudadanos y también una porción considerable de las actividades productivas del Estado de Bienestar y de las clases medias. Como ocurre con otros procesos sociales, el declive de las clases medias no son relámpagos que llegan sin aviso.

Uno de los efectos centrales de la Gran Recesión ha sido debilitar a las clases medias allí donde habían logrado constituirse en eje central de la sociedad, a través del progreso. Comenta Joseph Stiglitz en La gran brecha que la Gran Recesión es la anatomía de un asesinato, el del capitalismo de las clases medias, o más exactamente de las propias clases medias a las que alguien les ha parado, desde fuera, el ascensor en el que subían. La crisis en sí misma, los recortes sociales, la creciente desigualdad, son factores que están conduciendo a una reducción de los sectores de rentas medias en las sociedades desarrolladas. En un contexto de empobrecimiento de las rentas disponibles y de retroceso de la calidad y de la universalidad del Estado de Bienestar existente, disminuye el número de ciudadanos que antes se consideraba de clase media instalada, lo que da lugar, generalmente, a sociedades crecientemente polarizadas.

Las clases medias son entidades sociales relativamente modernas en la historia de la humanidad. Su articulación no ha existido siempre. El historiador John Lukacs considera que la Ilustración y sus consecuencias fueron abrazadas y apoyadas ante todo por las crecientes clases medias y por sus estratos superiores (la llamada «burguesía» de la Revolución francesa). A partir de 1920 y hasta hace poco tiempo, las clases medias, y en especial sus estratos burgueses, adquirieron un sentido peyorativo no sólo entre la izquierda sino entre los intelectuales que preferían el sentido aparentemente revolucionario del proletariado al freno burgués a los cambios acelerados o violentos.

Todavía en la primera parte del siglo XXI las clases medias no son universales: no han llegado al conjunto del planeta. Mientras se debilitan en unas partes del mundo (Europa del Sur, Estados Unidos…) por las causas citadas, se desarrollan en otras (por ejemplo, en América Latina durante la última década) y son prácticamente inexistentes en otras zonas (países de África y de Asia). Tienen recorridos geográficamente diferentes.

La noción de clase media es equívoca, ambigua, ya que no equivale a lo mismo en todos los lugares. En ella tiene prevalencia la subjetividad: la mayor parte de la gente se siente de clase media porque sabe que hay personas por encima de ellos en la escala social y económica, y no se quieren reconocer entre los de más abajo. Es humano. Los profesores David Stucker y Sanjay Basu, que han estudiado los efectos nocivos de las políticas de austeridad en la salud de las personas, utilizan el concepto de «cuerpo social» para analizar a las clases móviles. Un «cuerpo social» sería un grupo de personas organizadas bajo un conjunto de políticas económicas comunes, un pueblo cuyas vidas se ven colectivamente afectadas por esas políticas. Lo hacen en contraposición con el «cuerpo político», un grupo de personas organizadas bajo una sola autoridad gubernamental; un pueblo considerado como unidad colectiva.

Quizá el uso del concepto «cuerpo social» para referirse a las modernas clases sociales sea reduccionista. En muchas ocasiones, el concepto se utiliza como cajón de sastre porque más o menos se sabe a lo que se refiere (los que no están ni muy arriba ni muy abajo en la escala social). Atiende sobre todo a los niveles de renta y riqueza, pero no sólo. Por eso aumenta su centralidad en periodos de crecimiento económico, como el que se dio en buena parte del mundo hasta el año 2007; una parte amplia de la población se sentía ascendente, acercándose a la riqueza, formando parte de la clase media, con un incremento del consumo gracias al aumento de los ingresos familiares o personales y, también, gracias al fácil endeudamiento que ya hemos explicado, propiciado además por unos tipos de interés históricamente bajos. La «ilusión monetaria» se quebró con la crisis; entonces fue cuando nació la cruel consigna de «haber vivido por encima de las posibilidades». Esta situación maquilló la propia realidad subyacente: la existencia de unas clases sociales con posibilidades muy distintas. La socióloga Marina Subirats entiende que, entre los años 1980 y 2007, se redujeron muy notablemente en España las distancias entre clases sociales debido a una mejora en la redistribución del crecimiento, así como a los beneficios del naciente Estado de Bienestar. Sin embargo, habría que distinguir entre clase trabajadora (formada aproximadamente por el 60 % de la población) y las clases medias y altas (alrededor de un 40 %). Durante los tiempos de bonanza económica los dos grupos parecían confundirse, pero la crisis económica ha vuelto a explicitar muy claramente la diferencia de clases. Así, el concepto de clase media sirvió en este caso para maquillar una realidad incómoda: la de unas clases con posibilidades muy distintas en la sociedad española.

En una versión tan abierta, tan flexible, de clase media tiene escasa cabida el concepto de «conciencia de clase» que puso en circulación Karl Marx, y que define la capacidad de los individuos que conforman una clase social de ser conscientes de las relaciones sociales antagónicas. Las clases medias, en la primera mitad del siglo XXI, están más cerca de la tipología de «clase en sí» (la existencia de una clase como tal) que de «clase para sí» (individuos conscientes del grupo al que pertenecen, de su posición en relación con los demás y de su situación histórica: el llamado obrero consciente de hace un siglo).

Dos analistas italianos, Massimo Gaggi y Edoardo Narduzzi, el uno periodista y el otro empresario, estudiaron antes de que comenzase la Gran Recesión lo que ellos denominan, como tantos otros, el fin de la clase media y sus consecuencias en el nacimiento de las sociedades low cost (de bajo coste). Sus teorías y sus conclusiones se acentuarían con bastante probabilidad a raíz de lo acontecido en el mundo en la última década. Hay al menos tres razones históricas que han favorecido la gradual aparición de la clase media en los últimos doscientos años, hasta su consagración como clase dominante a partir de la segunda mitad del siglo XX. Primero, la razón económica: la formación de una clase acomodada y numerosa (comerciantes, profesionales, banqueros…) cuyos destinos económicos, a diferencia de lo que le sucedía a la aristocracia y a la masa de ciudadanos, no estaban estrechamente ligados a la tierra. En Francia, esta clase fue denominada «burguesía». Con la revolución industrial, en la que coincide el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales desde muchísimo tiempo antes, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se forma una clase intermedia compuesta por empleados, profesores, profesionales liberales, artesanos, altos funcionarios, etcétera, que persiguen objetivos sociales comunes y aspiran a crecer en valores parecidos.

En segundo lugar, las razones políticas: si el proletariado se consideró en sus primeras fases una realidad revolucionaria con tendencia a poner en entredicho el orden constituido, la clase media se encontró a gusto en la interpretación de un papel contrarrevolucionario. Constituyó, así, un grupo social homogéneamente alineado en defensa de un cambio progresivo, sin estridencias, sin alterar los equilibrios ya existentes en la sociedad. Poco a poco, esa clase media se transformó en la clase numéricamente más importante en el cuerpo electoral, en el principal objeto de deseo de los partidos políticos y de sus programas electorales. Pasó de tener el papel de freno social ante el empuje revolucionario a ser una fuerza capaz de determinar la agenda política, el verdadero motor de las reformas empezando por la más importante de todas ellas, la creación del Estado de Bienestar en la primera parte del siglo XX, un sistema amplio y articulado de prestaciones sociales, integrado por servicios que ofrece el Estado y financiado mediante la presión fiscal que, en buena parte, sale de esas clases medias.

Por último, las denominadas razones institucionales o sociales: las clases medias eran capaces de ofrecer los mecanismos de institucionalización de los factores políticos de enfrentamiento competitivo, en el seno de unas reglas compartidas. Se trata del contrato social que establecen las constituciones: la sociedad necesita de un grupo social al que confiar la definición de los nuevos valores basados en la convivencia. Ese contrato social —que es el que ahora se ha roto— garantizó una continuidad entre las libertades políticas y económicas.

Superadas las razones económicas, políticas e institucionales que los habían hecho emerger y convertirse en clase hegemónica, los estratos medios se han debilitado. Cuando varía el entorno social y económico, y las clases medias se debilitan o tienden a desaparecer, se precisa un nuevo pacto social para la gobernanza del mundo y de la globalización, que es el marco de referencia de nuestra época. Un nuevo desafío para la democracia.

El periodista Esteban Hernández, que ha escrito otro ensayo muy pertinente y más concreto sobre El fin de la clase media, defiende que la marcha atrás de las clases medias supone la ruptura de aquel pacto social, que básicamente consistía en lo siguiente: quien cumplía las reglas del juego de una sociedad conseguía la estabilidad y la tranquilidad de conciencia. Si uno era bueno, progresaba. Eso se acabó. Casi todos los europeos se sentían de clase media, casi fuese cual fuese su nivel económico. La principal característica de pertenencia era la mentalidad citada: cumpliendo las normas, además de sentirse uno mejor, se llegaba muy lejos en la vida. Había que confiar en la eficacia de las instituciones sociales y en la capacidad de autocorrección del sistema: el mundo era relativamente sencillo y su idea dominante era precisamente que, si uno trabajaba duro y cumplía su parte, la vida le iba a ir bien. La clase media creía que una buena formación intelectual, la mejor educación universitaria, abría puertas, y la honradez y el trabajo abundante y bien hecho eran las mejores cartas de presentación. Con el esfuerzo personal calvinista y el progreso económico general se conseguiría que el nivel de vida mejorase con el paso de los años, que los hijos vivieran mejor que los padres, y que la realidad se aproximase progresivamente al ideal de vida escogido.

Ya sabemos que no ha sido así. Las clases medias se caracterizan hoy por su enorme desilusión sobre el futuro inmediato. Primero, han aparecido focos de pobreza imprevistos entre muchos de los que formaban parte de las clases medias, que pierden al tiempo renta y seguridad. Es el fin de las expectativas crecientes (que consisten en que los sucesores vivirán con seguridad mejor que los predecesores) y el fin de las seguridades ocupacionales (no existen los trabajos para toda la vida). Es lo que Simon Head, director de la Century Foundation, ha denominado en un libro the new ruthless economy (la nueva economía despiadada). El libro de Hernández es un compendio de casos de desmoralización ante la evolución de las cosas. Quienes creían en la versión de una mejora progresiva, que era la mayoría, explican que cada vez les va peor, que tienen menos recursos y menos oportunidades. Sus esperanzas de mejorar sustantivamente son tan escasas como su confianza en el sistema; tienen la sensación de que su trayectoria profesional, que tanto incide en su trayectoria vital, depende de factores que no controlan. Los que trabajan, cada vez lo hacen más horas, con menos calidad y ganando menos dinero. Pertenecer a las clases medias no sólo suponía un cierto nivel material y una posición simbólica satisfactoria sino también la creencia en una serie de ideas acerca del mundo en el que se vivía. Se confiaba en la eficacia de las normas y en la capacidad de autocorrección del sistema. «Si había errores o abusos de poder», escribe Hernández, «podían ser denunciados y siempre habría un sistema que reaccionaría». En definitiva, se creía que la democracia, siendo falible, era el mejor de los sistemas; que la vida —en última instancia— era justa, y que si alguien tenía talento y se esforzaba lo suficiente acabaría consiguiendo sus metas.

La inutilidad de estos valores en los que crecieron esas clases medias, la sensación de aislamiento ante estos cambios telúricos, la intuición de que para la gente como ellos no hay salida es lo que provoca la sensación de nihilismo que se desprende. Según Hernández, fenómenos políticos atípicos hasta ahora, como el Frente Nacional en Francia, el Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), Syriza en Grecia, Podemos en España o el Movimiento 5 Estrellas en Italia no pueden explicarse sin estas transformaciones que están construyendo «una clase que es media en cuanto a formación, mentalidad y atributos, pero que cuenta con condiciones vitales propias de los estratos sociales más bajos».

El catedrático de Economía de la Universidad George Mason, Tyler Cowen entiende que la clase media se licúa. No existe una vida estable y segura a medio camino en la escala social. Por tanto, hay que reformular el contrato social clásico ya que el mundo pasará de una sociedad basada en la ficción de que casi todos gozan de un nivel de vida aceptable a otra nueva en la que se cuenta con que las personas se valgan por sí mismas mucho más que en la actualidad; un mundo en el que entre el 10 % y el 15 % de los ciudadanos serán ricos y gozarán de un nivel de vida muy cómodo y una existencia estimulante, equivalente a la de los millonarios actuales, y gran parte del resto de la ciudadanía tendrá unos salarios estancados o incluso descendentes en términos monetarios. Algunas de esas personas, a pesar de lo anterior, vivirán con cierta tranquilidad, mientras otros permanecerán en una inseguridad crónica o se quedarán por el camino.

Entre ellos, muchos jóvenes que ya, en estos momentos, soportan una realidad muy tozuda: los salarios de aquellos pocos de entre ellos que tienen la fortuna (ya no se habla de derecho) de obtener trabajo se han reducido por debajo del mileurismo. Cowen cuenta un chiste extremo, el de una fábrica textil moderna que, al contrario que en el pasado, cuando eran intensivas en mano de obra, sólo emplea a un hombre y a un perro: al hombre para que dé de comer al perro, y al perro para que mantenga al hombre fuera de la maquinaria. En esas fábricas textiles, como en el resto de las industrias y de los servicios, se ha ido aplicando una reestructuración permanente que ha consistido en reducir el factor trabajo y aumentar el capital tecnológico para estimular la productividad de las empresas. Los despidos colectivos e individuales se han acentuado por la crisis económica pero ya estaban presentes en la vida económica bastante antes. En muchos casos, los trabajadores despedidos o no han vuelto a encontrar empleo jamás (paro estructural), o han sido reabsorbidos en puestos peor pagados y a un ritmo mucho menor del que había después de las recesiones: no se recuperan los antiguos puestos de trabajo pese a que lo peor de la crisis (la recesión) pase y los beneficios empresariales vuelvan a multiplicarse.

Populistas de todos los partidos

Populistas de todos los partidos

Las clases medias han tenido diferentes comportamientos políticos a lo largo de la historia, y no siempre a favor de la moderación y de la estabilidad democrática. Mucho menos cuando sufren procesos de pauperización, como sucedió en la República de Weimar en Alemania, cuyo final dio lugar al ascenso de Hitler, o con la Gran Depresión de la década de los treinta del siglo pasado, años en los que los comunismos y los fascismos aspiraban a disputar la hegemonía a la democracia y a no ser un mero asterisco en la historia de la humanidad. Fenómenos populistas como los que ya se han citado (de derechas o de izquierdas) no pueden entenderse sin el cambio de papel de los estratos medios en las sociedades en las que nacen y se desarrollan. En el año 1944, el economista ultraliberal Friedrich von Hayek dedicó su libro de referencia Camino de servidumbre «a los socialistas de todos los partidos». A finales del siglo XX y principios del XXI, cuando la hegemonía de la tercera vía dentro de la socialdemocracia era evidente, los defensores de los principios socialistas arrinconados hicieron circular, por mímesis, lo de «los liberales de todos los partidos». En los últimos tiempos, para subrayar la transversalidad del concepto de moda, quizá podría hablarse de «los populistas de todos los partidos».

El populismo, en su ambigüedad, empapa a casi todas las formaciones políticas y las emborracha en momentos de incertidumbre como los actuales. Unas, porque son populistas por su naturaleza; otras, porque, sin serlo, se contagian del populismo. Éste podría considerarse una de las «identidades asesinas» de nuestro tiempo, en el sentido amplio que le da el escritor líbano-francés Amin Maalouf en el excepcional libro del mismo título. No es difícil leer o escuchar proposiciones muy dificultosas que en el discurso populista se pretenden muy fáciles de arreglar o se presentan llenas de netas ventajas para todos cuando ya hace mucho que se sabe que los cambios sociales, las reformas, nunca son paretianas (aquellas que benefician a todo el mundo), sino que en todas ellas hay vencedores y perdedores porque conllevan redistribuciones de la renta y la riqueza, si son económicas, o del poder, si tienen naturaleza política.

Dar respuestas primitivas a dificultades enmarañadas es un síntoma más de nuestros días, acrecentado por el hecho de que esas aseveraciones («muy sencillo», «muy fácil»…) no se escuchan sólo en los cafés sino sobre todo en medios de comunicación de masas como la televisión o las redes sociales, donde no hay lugar habitualmente para las oraciones subordinadas y donde se arrojan unos a otros, sin matices, la etiqueta populista a la cabeza. El debilitamiento de las clases medias, ante la falta de eficacia política de los partidos tradicionales en el momento de paliar sus dificultades, facilita la fascinación que producen las propuestas populistas que proporcionan respuestas lineales a interrogantes multifacéticos tales como, por ejemplo, las perspectivas de crecimiento económico, su reparto, el consumo, el bienestar, o la calidad y la duración de la vida en un contexto de desplazamiento del poder hacia capas más minoritarias y privilegiadas.

Existe el peligro de que, a falta de respuestas políticas coherentes y complejas, cansados de su ineficacia, de discursos viejos y prácticas salpicadas por la corrupción, un porcentaje relevante de los cuerpos electorales acabe por escuchar las sirenas de los políticos populistas, aunque sean increíbles, y les den una oportunidad. Esos políticos se encuentran alojados en el interior de la mayor parte de los partidos. Los vemos en todas partes. En algunos sondeos empieza a aparecer la posibilidad creciente de que haya ciudadanos que prefieran renunciar parcialmente a algunos derechos democráticos, soportando regímenes autoritarios o semiautoritarios gobernados por tecnócratas eficientes en vez de por políticos electos, a cambio de mayor bienestar económico y capacidad de gasto. Esto, que en el pasado fue propio de sociedades como algunas latinoamericanas (lo manifestaban los Latinobarómetros), se acerca peligrosamente a algunos países europeos en mala situación (en Italia ha gobernado Mario Monti, y en Grecia, Lucas Papademos, ambos provenientes del sector bancario, sin que nadie los votase directa o indirectamente). De momento parece que, mayoritariamente, las clases medias demediadas, aquellos sectores de población que teniendo buenas cualificaciones no encuentran trabajos acordes con sus expectativas, forman parte de las manifestaciones progresistas que se multiplican en las calles y de los movimientos cívicos de nuevo cuño junto a los jóvenes excluidos, al sentirse víctimas directas de los recortes de los servicios sociales, el aumento del paro, la precarización laboral, etcétera. El descenso del nivel de vida de las clases medias amplifica las protestas. Los politólogos han de analizar con profundidad el hecho de que, del mismo modo que en el pasado las crisis económicas provocaron el estallido de las clases trabajadores y del proletariado, hoy parecen ser las clases medias (en el sentido amplio y subjetivo que las estamos dando) las que protagonizan buena parte de la conflictividad ciudadana. ¿Hay una sustitución de la movilización obrera tradicional por la de jóvenes estudiantes con estudios medios o superiores y profesionales urbanos que se hallan desempleados, precarizados o subempleados y que no tienen visos de futuro? ¿Se repite la sustitución del sujeto revolucionario en la historia, tal y como fue estudiado hace medio siglo por Herbert Marcuse, coincidiendo con Mayo del 68?

Hace más de un siglo (año 1899) un economista y sociólogo estadounidense, Thorstein Veblen, fundador de la escuela institucionalista americana, ponía en circulación el concepto de clase ociosa, que es una clase adinerada que no produce dividendos porque no contribuye al bien común. Otro norteamericano, Richard Florida, estudió las llamadas clases creativas, claves para estimular el desarrollo económico, formadas por los profesionales de la ciencia y la tecnología, la ingeniería, la cultura o la economía que están creciendo porcentualmente en relación a las demás clases sociales (en países avanzados como Estados Unidos podrían llegar a ser el 30 % del total) y que se caracterizan por tener alto nivel adquisitivo y riqueza. La Gran Recesión hace retroceder aquella diversificación de la escala social para incidir en el estudio de las clases medias y su creciente proletarización, en la parte baja del ciclo económico.

Gaggi y Narduzzi, que, como ya he señalado, hicieron su investigación en el largo periodo de crecimiento económico de antes de la crisis, entienden que en etapas de opulencia generalizada coexisten cuatro segmentos sociales muy diferenciados:

1) Una aristocracia muy patrimonializada (riqueza) y acaudalada (renta), capaz de asegurar consumos significativos de bienes; era el sector vencedor en la sociedad.

2) Una élite bastante numerosa de tecnócratas del conocimiento, con rentas medio-altas y notable capacidad de consumir; sus componentes alternan los consumos personalizados por el valor añadido con adquisiciones decididas según el precio. Raramente ascienden al Olimpo de los millonarios, mientras que, con mayor facilidad, pueden encontrarse en el transcurso de sus vidas «degradándose» en la masa.

3) Una sociedad masificada de renta media-baja, a la que la industria de bajo coste garantiza el acceso a bienes y servicios en otro tiempo reservados a las clases más acomodadas. Son la denominada ryanair society, o sociedad de bajo coste: elementos de decoración diseñados por Philippe Starck pero a precio de Ikea, o cruceros en naves nodrizas que parecen rascacielos flotantes.

4) Una clase proletarizada y con escaso poder adquisitivo (desde obreros manuales a pensionistas sin rentas complementarias). Consumen bienes de primera necesidad, sustituyen el coche particular por el transporte público, y viven de servicios sociales esenciales cada vez más próximos a modelos sociales del Tercer Mundo. En su texto, subtitulado «El nacimiento de la sociedad de bajo coste», Gaggi y Narduzzi subrayan una y otra vez cómo la economía de mercado va perfilando sus nuevos consumidores, ya que muchos productos ya no van dirigidos a aquella clase media orgullosa, influyente y con buen poder adquisitivo, sino que son fabricados por empresas low cost. Las clases medias se van diluyendo en una clase de masa, sin conciencia social alguna, que pierde progresivamente sus señas de identidad de clase ya que representa a la mayor parte del cuerpo social, del que estarían excluidos por abajo los trabajadores no especializados (los «nuevos pobres» que se encuentran compitiendo con la mano de obra de los países en vías de desarrollo), y por arriba con unas clases reducidas que se benefician de la riqueza generada por el patrimonio heredado o por el conocimiento. Esta clase de masa se caracteriza por el consumo de bajo coste: Ikea, Ryanair, Wal-Mart, Virgin, Zara, H&M… un universo de marcas y empresas planetarias low cost en expansión.

Podemos sofisticar adrede un poco más el esquema. El sociólogo Erik Olin Wright, cuyas mayores contribuciones teóricas están relacionadas con su revisión de la teoría marxista de las clases sociales, relata un acalorado debate en un programa de radio de la BBC, después de que se introdujera un nuevo esquema de clases con siete categorías en el censo británico del año 2001. Un inspector de policía decía haber sido clasificado en la clase I, junto a abogados, médicos, e incluso ejecutivos de empresas privadas. «¿Esto significa que ahora, cuando salga a trabajar, tendré que llevar ropa de tenis?», preguntó el policía. El profesor David Rose, de la Universidad de Essex, uno de los creadores de estas nuevas categorías, fue interpelado por algunas personas del público: «¿Cómo se puede tener conciencia y sentido de la solidaridad cuando eres categoría V o VII?», «¿Puede usted imaginarse el Manifiesto comunista escrito por la Universidad de Essex?». Estas dudas estaban asociadas no sólo a la ambigüedad del esquema (frente a la sencillez de la división entre clase baja, media y alta, de antaño) sino a que muchos ciudadanos asocian el concepto de clase con dimensiones que van más allá de su poder adquisitivo y lo vinculan, como ya hemos dicho, a categorías más intangibles como la identidad, el estatus, los patrones de consumo e incluso a las creencias políticas o ideológicas.

Ese estudio de la BBC, realizado en colaboración con la London School of Economics y basado en una gigantesca muestra de 160 000 personas, postulaba la existencia en Gran Bretaña (con lo que de ello pueda generalizarse) de siete clases sociales, en relación a tres criterios utilizados por sus responsables: el capital económico (la riqueza), el capital social (las relaciones sociales) y el capital cultural (incluida la educación). Las siete clases sociales son las siguientes:

1) La élite. Goza del más alto nivel en los tres tipos de capital.

2) La clase media establecida. Aunque sus componentes tienen un alto nivel en los tres tipos de capital, no son ellos los que toman las grandes decisiones económicas y políticas, sino que son definidos como «gregarios», aunque comienzan a adoptar las costumbres de ocio de las élites.

3) Clase media técnica. Son los «nuevos ricos», ya que su principal cualidad es disponer de un alto capital económico pero no social ni cultural. Es una clase en desarrollo que, en el mejor de los casos, podría pasar a formar parte de las clases medias establecidas.

4) Nuevos trabajadores prósperos. Disponen de un capital económico no especialmente alto, pero pueden presumir de niveles medios de capital social y cultural. Son jóvenes y activos. Se trata de un grupo cercano tanto a la clase media como a la trabajadora, pero no se identifica con las cualidades que habían definido a éstas en el pasado.

5) Clase trabajadora tradicional. Este grupo ha disminuido sensiblemente de tamaño durante las últimas décadas. Sería el equivalente de la clase media establecida, por la parte inferior de la tabla ya que, si bien el capital que poseen en los tres ámbitos es bajo, no pueden considerarse pobres.

6) Trabajadores emergentes del sector servicios. Es una de las clases más nuevas. Lleva al extremo las características de los nuevos trabajadores prósperos; su capital económico es bajo, pero el social y cultural son mucho más altos.

7) El precariado. Es la derivación extrema de la clase trabajadora, que en algunos casos raya con la exclusión social. Está compuesto de personas que carecen de cualquier cantidad significativa de capital, sea económico, social o cultural.

18. Adiós al proletariado: el precariado

18

ADIÓS AL PROLETARIADO:

EL PRECARIADO

La «no» clase de los «no» trabajadores

La «no» clase de los «no» trabajadores

Una vez analizado el papel de las élites y el ocaso de las clases medias, debemos centrar la atención en el extremo inferior de la escala social porque su protagonismo está directamente vinculado a las secuelas de la Gran Recesión y a la política económica que se ha aplicado para salir de ella: el precariado.

Éste es un concepto puesto en circulación por el profesor de la Universidad de Londres, Guy Standing. Se trata de un neologismo que combina el calificativo «precario» y el sustantivo «proletario», que se ha venido configurando desde hace casi cuatro décadas pero que adquiere toda su intensidad a partir de los años 2007-2008. El precariado es un resultado directo de la Gran Recesión, es una consecuencia central de las medidas de austeridad tomadas para, aparentemente, paliar las peores consecuencias de aquélla.

Un antecesor de los estudios actuales de estratificación social fue el filósofo y periodista André Gorz, seudónimo del vienés Gerhart Hirsch, muy vinculado a la cultura francesa desde posiciones primero existencialistas, y luego marxistas y ecologistas. Gorz fue uno de los pioneros, a principios de la década de 1980, de la teoría del final de la clase obrera, cuando publicó su libro Adiós al proletariado. Premonitoriamente, Gorz escribía sobre una «no clase de no trabajadores», conformada (recuérdese que estamos a principios de la década de la destrucción del socialismo real) por «individuos que se ven expulsados de la producción por el proceso de abolición del trabajo o subempleados en sus capacidades por la industrialización (la automatización y la informatización) del trabajo intelectual. Engloba al conjunto de esos supernumerarios de la producción social que son los parados actuales y virtuales, permanentes o estacionales, totales y parciales».

Según los diversos trabajos de Standing, el precariado es un nuevo grupo social que todavía se está formando. Siguiendo la metodología marxista sería una «clase en sí», es decir una clase que aún no tiene conciencia de tal, un conjunto de miembros de la sociedad que están en una situación económica y política parecida, pero de la que todavía no son conscientes. Cuando adquieran esa conciencia de clase, esa capacidad de los individuos que conforman una clase social de ser conscientes de que existen relaciones sociales antagónicas, devendrán en una «clase para sí». Sin embargo, el precariado, a pesar de su espectacular crecimiento cuantitativo en casi todas las partes del mundo, todavía no es consciente de su fuerza, de su capacidad para ejercer influencia y de poseer la fortaleza capaz de forjar una nueva «política de asalto a los cielos». La única conciencia de un grupo formado por al menos cientos de millones de personas en todo el planeta es la de su inseguridad económica, un grupo que aún no ha despertado como tal y en el que se detecta mucha cólera y bastante ansiedad. De las mismas no ha brotado por ahora ninguna «revolución», como ocurrió con otras «clases para sí» en el pasado. No hay todavía una «indignación eficaz» y sus componentes son susceptibles de dar pábulo a voces extremistas y virar en poco tiempo de la derecha a la izquierda, y viceversa, pudiendo respaldar a las demagogias que se nutren de ansiedades y fobias. En este sentido, dice Standing, el precariado es todavía «una clase peligrosa» que está creciendo. Son, quizá, las personas que involuntariamente pertenecen a esa «clase peligrosa» las que más se cuestionan las diferencias entre la izquierda y la derecha, aunque quien quiere acabar con la parte de arriba (el establishment) y la parte de abajo (el precariado, la subalternidad, la exclusión) se suele situar en la izquierda del espectro político a pesar de que no lo teorice así. Hay que subrayar la paradoja de que lo más sorprendente en esta coyuntura sea que las distancias políticas entre la izquierda y la derecha se vayan reduciendo en el imaginario colectivo, hasta casi perder su sentido, en el preciso momento en que las distancias sociales entre los primeros y los últimos van aumentando o, en cualquier caso, demostrando tener unas dimensiones juzgadas intolerables hasta hace bien poco. «Que esta difuminación se manifieste justo cuando a escala mundial el escándalo de la desigualdad estalla en toda su dimensión, es significativo del funesto mal que hoy en día parece minar en profundidad la racionalidad política y, en general, la esfera misma de lo político, tal y como nuestra modernidad la ha concebido», escribe Marco Revelli.

Entre las características del precariado figura que está formado por personas cuyas relaciones de confianza con la empresa o el Estado son mínimas (lo que las diferencia de los empleados más o menos estables a sueldo), y que sus miembros carecen de las relaciones del contrato social implícito del proletariado, al que se ofrecía seguridad en el puesto de trabajo a cambio de subordinación y lealtad. Por sus propias características es improbable que puedan acceder a algunas prestaciones del Estado de Bienestar como, por ejemplo, las pensiones públicas; sus periodos de cotización suelen ser más cortos de los necesarios para acceder a las mismas. Los integrantes del precariado carecen de una «identidad» basada en el trabajo: cuando tienen empleo, éste no es del tipo que permite una carrera profesional, de forma que no disponen de memoria social y de sensación de pertenencia a una comunidad ocupacional basada en prácticas estables, códigos éticos y normas de comportamiento de reciprocidad e incluso de fraternidad. «Los precarios no se sienten parte de una comunidad laboral solidaria. Esto intensifica una sensación de alienación e instrumentación en todo lo que tienen que hacer», dice Standing. Sobre sus acciones no flota «la sombra de futuro», que da la sensación de que lo que dicen, hacen o sienten hoy tendrá un efecto vinculante sobre sus relaciones a largo plazo.

Su situación conduce a la trampa de la competencia entre sí. Una parte del precariado acusa a otra de su vulnerabilidad e indignidad. Un trabajador temporal con un salario muy bajo puede pensar que «los parásitos del bienestar» (por ejemplo, quien cobra el seguro de desempleo) reciben más que él injustamente; quien vive en una zona urbana asolada por el paro y, en general, con bajos ingresos puede inclinarse a pensar que los inmigrantes ocupan mejores puestos de trabajo, o agotan las posibilidades del Estado de Bienestar (en sanidad o educación). Las tensiones en el seno del precariado enfrentan a veces a unos con otros, impidiendo que reconozcan que es la estructura socioeconómica la que produce sus calamidades comunes. Muchos se verán atraídos por políticas radicales de uno u otro signo, algo que ya se constata, por ejemplo, en la Europa de hoy.

El precariado no sólo lo es respecto a su trabajo, sino muchas veces también respecto a su residencia y a la protección social. Cuando oye hablar de flexibilidad, se echa a temblar, incluso más que el resto de los asalariados. Para sus componentes, la flexibilidad salarial significa ajustar lo que gana, siempre a la baja; la flexibilidad del empleo es aumentar la capacidad, fácilmente y con pocos costes, para el empresario de despedir, de cambiar su nivel profesional a los trabajadores, lo que significa una reducción de la seguridad y de la protección al empleo; la flexibilidad de tareas y puestos de trabajo equivale a la capacidad para desplazar a los empleados a distintos lugares de la empresa. Se han retraído las seguridades construidas desde la Segunda Guerra Mundial. Standing se une a otros científicos sociales heterodoxos en denunciar a aquellos desenvueltos economistas neoclásicos para los cuales la flexibilidad significa aumentar de modo sistemático la inseguridad de los empleados como precio a pagar, supuestamente necesario, para mantener la inversión y el empleo. Cada retroceso económico se atribuye en parte a la falta de flexibilidad y a la tardanza en emprender una nueva «reforma estructural del mercado de trabajo». A medida que avanzaba la globalización y la Gran Recesión, y muchos gobiernos, y a través de ellos las empresas, se apresuraban a flexibilizar las relaciones laborales, se multiplicaba la cantidad de gente en puestos de trabajo inseguros. Al extenderse el empleo flexible aumentan las desigualdades y la estructura de clase sobre la que se basaba la sociedad industrial dio paso a esta nueva cartografía en la que el precariado se conforma de modo creciente porque millones de personas, tanto de las naciones ricas como de las emergentes, se incorporan a él. Su número crece y crece, aunque las estadísticas laborales todavía no se presentan de forma que permitan estimar la cantidad total de personas precarizadas (y, menos aún, cada una de las variedades que constituyen este grupo social). Según los estudios de Standing, actualmente en muchos países más de una cuarta parte de la población adulta forma parte del precariado. No es sólo una cuestión de empleo inseguro, de duración limitada y con una protección social insuficiente, aunque todo ello se ha generalizado; es quedar anclado en un estatus que no ofrece la posibilidad de una carrera profesional, ningún sentido de identidad ocupacional segura y pocos derechos, si es que hay alguno, a las prestaciones sociales que varias generaciones de quienes se veían a sí mismos como pertenecientes al proletariado industrial, de servicios o a la administración del Estado en sus distintos niveles habían llegado a considerar como un derecho adquirido y con imposibilidad de marcha atrás.

En el precariado hay, efectivamente, una gran heterogeneidad. Según Standing:

El adolescente que revolotea de un lado para otro por los cibercafés para sobrevivir con empleos ocasionales no tiene mucho que ver con el inmigrante que azuza su ingenio para sobrevivir, conectándose fácilmente a la red mientras intenta evitar que lo pille la policía, ni tampoco la madre soltera que se pregunta desazonada de dónde sacar el dinero para la comida de la próxima semana, ni con el sesentón que busca empleos ocasionales para pagar sus facturas médicas; pero todos ellos comparten la sensación de que su labor es instrumental, necesaria para sobrevivir.

¿Se siente usted, querido lector, reconocido en alguna de esas categorías? ¿Por qué deberían estar preocupados, más allá del altruismo, los que en estos momentos no forman parte del precariado de su crecimiento poderoso? Porque la realidad nos ha convencido de que muchos de nosotros, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestros vecinos y personas cercanas podemos caer en ese pozo de inseguridad con mucha más facilidad y rapidez que antes.

El precariado no es un acontecimiento sino un proceso que se define por el cortoplacismo. A él pertenecen diversas categorías de trabajadores: en primer lugar, la mayoría de los empleados con contratos temporales, que suelen cobrar mucho menos salario que otros que realizan tareas similares y que tienen escasas oportunidades de mejora profesional. Aceptar un contrato temporal tras un periodo largo o corto de paro suele dar lugar a menores ingresos a largo plazo. Una vez que un asalariado desciende un peldaño en la escalera social, la posibilidad de ascenderlo de nuevo o de ganar un salario «decente» se reduce. Tomar un empleo temporal es imprescindible para mucha gente, pero es cada vez menos probable que genere un salto hacia arriba.

En segundo lugar están los trabajadores a tiempo parcial que desearían estar a tiempo completo; en muchos casos se ven obligados a trabajar más horas de las acordadas y por menos dinero del que esperaban. En tercer lugar están los que firman un contrato por obra, por servicio, que dura lo que esa obra o ese servicio; luego están los falsos autónomos (que se tienen que pagar su propia Seguridad Social a pesar de trabajar en el seno de una empresa) y los becarios, licenciados recientes que se eternizan en este papel y que trabajan, por poca o ninguna paga, realizando trabajos secundarios, a la búsqueda de una experiencia que añadir a su currículo, etcétera.

Dice Standing que muchos universitarios compran un billete de lotería para seguir una carrera profesional, aunque la mayoría de ellos no obtienen el premio que desean. Se podría añadir que los desempleados, sobre todo los de larga duración, compiten igualmente por un premio de la lotería para encontrar un miniempleo de corta duración. Gente con un nivel de educación formal relativamente alto que, en su desesperación, acepta empleos con un estatus bajo y con ingresos menores de lo que considerarían acorde a su cualificación, y que se sentirán frustrados casi con toda seguridad. Este sentimiento prevalece entre una gran parte del joven precariado. Hay sociólogos que se preguntan si, con ese grado de vulnerabilidad, de inseguridad y frustración, la gente desesperada puede dejar de encontrar razones morales para respetar las leyes y puede interiorizar como una catástrofe natural los riesgos a los que se ve expuesta, entendiendo la trasgresión de esas leyes como la única forma de sobrevivir. Entonces experimenta cuatro «aes»:

—Aversión: brota de la frustración generada por el bloqueo manifiesto de las posibilidades para llevar una vida fecunda y de la sensación de privación, al menos relativa. El precariado carece de una escasa perspectiva de movilidad ascendente.

—Anomia: una pasividad nacida de la desesperanza, que se ve sin duda intensificada por la perspectiva de ocupar empleos inanes y estancados. Es una apatía derivada de derrotas repetidas.

—Ansiedad: una inseguridad crónica asociada no sólo a sentirse al borde del abismo, sabiendo que un error o un poco de mala suerte pueden inclinar la balanza desde la dignidad modesta a quedar a la intemperie, sino también con el temor a perder lo poco que se posee. El precario se siente inseguro y tenso, subempleado y superexplotado.

—Alienación: procede de la conciencia de que lo que uno hace no lo ha decidido él mismo ni favorece lo que uno respeta o aprecia; se hace obligatoriamente por mandato y en beneficio de otros.

El pensamiento positivo huyendo hacia adelante

El pensamiento positivo huyendo

hacia adelante

En el contexto de este crecimiento de la inseguridad, vulnerabilidad y falta de identidad del precariado, la utilización del llamado pensamiento positivo no deja de ser, al menos, inconveniente. Este pensamiento invade los discursos públicos y privados, los seminarios, las aulas universitarias y las conferencias. Hay dos acepciones del pensamiento positivo: la primera, que las cosas van ahora bastante bien —al menos si uno está dispuesto a ver siempre la botella medio llena— y van a ir todavía mejor en el futuro. La segunda acepción se refiere a la disciplina de pensar positivamente: no sólo nos hará sentirnos optimistas, sino que favorecerá que, de hecho, las cosas salgan bien. Si uno espera que el futuro le sonría, el futuro le sonreirá.

Estas explicaciones son de Barbara Ehrenreich, esa estupenda ensayista estadounidense ya citada, que en 2009 —cuando la gente estaba sufriendo los peores embates de la crisis— escribió el agudísimo libro Sonríe o muere. La trampa del pensamiento positivo. En él se desarrolla la idea de que el pensamiento positivo no es sólo una especie de difuso consenso cultural que se disemina por contagio: tiene sus ideólogos, sus portavoces, sus predicadores y sus comerciales, que son los autores de los libros de autoayuda, los oradores motivacionales y los coach o entrenadores. Según nuestra autora, que difunde sus investigaciones en diarios tan prestigiosos como The New York Times o The Guardian, «los pensadores positivos han llegado a concebir un universo maravilloso, una aurora boreal inmensa y brillante en la que los deseos se dan la mano con su encarnación. Allí todo es perfecto o es tan perfecto como uno quiera. Los sueños salen y se cumplen por sí solos, los deseos sólo esperan ser articulados».

El parado o el precario escucha a esos pensadores: «¿Ha perdido su trabajo? ¡Qué gran oportunidad de cambiar su trayectoria!», «¿tiene una grave enfermedad? Quizá a partir de hoy disfrute de su vida como nunca», «¿no le gusta su casa? Recorte una mansión de una revista y se verá viviendo allí» o «pida un crédito y cómprese todo lo que desee». «Y sobre todo, no deje de sonreír, dar las gracias y sentirse lleno de optimismo». Ehrenreich asiste a seminarios y sesiones de motivación que se brindan a los desempleados y se encuentra con el consejo unánime de que hay que huir de la ira y de la «negatividad», optando por un enfoque animoso y hasta agradecido hacia la crisis. Había gente a la que habían echado del trabajo, quizá por un expediente de regulación de empleo amparado en una reforma laboral de efectos devastadores para los más débiles, y que se dirigía cuesta abajo y sin frenos hacia la pobreza y la exclusión social, a la que se decía que debía ver su situación como una «oportunidad» digna de ser bienvenida, «del mismo modo que tantas veces se nos hace ver el cáncer de mama como un “don”». También en este caso el resultado que se prometía en esos seminarios era una especie de cura (aunque no se encontrase el puesto de trabajo que se buscaba): el desempleado que pensase en positivo no sólo se sentiría mejor mientras buscaba trabajo, sino que ese trámite acabaría antes y más felizmente. La ensayista recuerda que hay patronales que organizan conferencias de motivación o distribuyen entre el personal de las empresas que representan libros de autoayuda como el megasuperventas ¿Quién se ha llevado mi queso?, aparecido en el año 2000, que aconseja enfrentarse al despido sin quejas.

Véase la estupenda película The Company Men, una de las que mejor definen uno de los efectos más lacerantes del paro y sus consecuencias psicológicas, y su relación estúpida con el pensamiento positivo. Relata un expediente de regulación de empleo en un grupo empresarial norteamericano en el que una de las unidades de negocio comienza a perder dinero mientras las otras siguen siendo rentables. Con los despidos (reducción de costes), los ejecutivos de GTX pretenden que suba el valor de sus acciones en los mercados de valores. Con lo cual ellos se enriquecen directamente (poseen muchas de esas acciones), e indirectamente, encarecer el valor de la empresa ante una hipotética venta, que siempre está presente en su horizonte. Uno de los cuadros intermedios despedidos aporta dos datos relevantes: los emolumentos del primer ejecutivo de GTX equivalen a 700 veces el salario de un trabajador medio («¿trabaja 700 veces más?», se pregunta); el año de los despidos masivos (se anuncia otra tanda de 5000 más), ese primer ejecutivo ha aparecido en la lista del Wall Street Journal como uno de los mejor pagados (22 millones de dólares). Pero la película no es la vida de los vencedores sino de los perdedores de la crisis de la empresa, la mayor parte de ellos miembros de la clase media —«alimentaban a sus familias, compraron casas, mandaban a sus hijos a la universidad… era gente que sabía su valor»— que van entrando en una espiral de miedo, ansiedad y angustia cuando ven que son sustituidos, en el mejor de los casos, por otros como ellos pero sin hijos, sin hipotecas, con sueldos mucho menores y condiciones de trabajo más leoninas. Es entre ellos, en los servicios de empleo y sociales, donde se desarrolla un asqueroso pensamiento positivo. Uno de los que finalmente se queda en la empresa, con el síndrome de culpa del superviviente del desastre a cuestas, comenta al primer ejecutivo de la compañía: «Construimos algo aquí, juntos, juntos. No fuimos ni tú ni yo, sino muchos muchos […] Era buena gente». Y éste le contesta: «No violamos ninguna ley. Ahora trabajamos para el accionista».

Una función inducida del pensamiento positivo es la desmovilización y la defensa de los aspectos más crueles de la economía de mercado: dado que, según esta «filosofía de vida», el optimismo es la clave para el éxito material y dado que se puede alcanzar ese enfoque vital optimista si uno practica el pensamiento positivo, no hay excusa para el fracaso. Así se genera la machacona insistencia en la responsabilidad individual: si tu empresa quiebra, si tú te quedas sin empleo es porque no te esforzaste lo suficiente, porque no creías con la suficiente fuerza en que tu propio éxito era inevitable. Por supuesto, el lado oscuro de tanta positividad es la gente negativa, los cenizos, a los que se ataca por su actitud. ¿Quién va a querer salir con una persona «negativa» o darle trabajo? En La economía del miedo reproducimos el eslogan que escribió Jeffrey Gitomer, orador motivacional y asesor de empresas: «DESHAZTE DE LAS PERSONAS NEGATIVAS DE TU VIDA» (en mayúscula). Otro de esos predicadores, J. P. Maroney, que se autopublicitaba como «el pitbull de los negocios», pone negro sobre blanco su profunda opinión:

La gente negativa ME LA CHUPA. La frase suena mal, pero me refiero a que las personas negativas son chupópteros. Chupan la energía de las personas positivas como tú y como yo. Chupan la energía y la vida de las buenas empresas y los buenos equipos, las buenas relaciones […] Evítales cueste lo que cueste. Si tienes que romper con alguien con quien tienes una relación de muchos años, porque la verdad es que te deja hecho polvo, qué se le va a hacer. Créeme, te va a ir mejor sin esa persona.

Barbara Ehrenreich vincula el pensamiento positivo no sólo con el mundo laboral sino con otros muchos territorios de la vida cotidiana de los ciudadanos (el de la enfermedad, la religión, los negocios familiares…). En el aspecto de su obra en el que ha puesto más ácido sulfúrico es en de la liaison directa entre pensamiento positivo y Gran Recesión. Un espécimen ejemplar de la irracionalidad devenida en pensamiento positivo de moda fue Joe Gregory, expresidente de Lehman Brothers (el que iba a trabajar todos los días a la sede del banco en su helicóptero). Según un artículo publicado en la revista Time en 2008 (el año de la quiebra de la entidad), Gregory tenía fama de «ser todo amor», buen compañero de golf y, en sus propias palabras, «un hombre de Sentimientos», (con S mayúscula). El tedio de los análisis de riesgo bien detallados no iba con él. «Él era don Instinto», contaba otro ejecutivo de Lehman. «Confiar en tus corazonadas, en tu juicio, creer en ti mismo (…) y tomar decisiones respaldadas por esa confianza es algo de una potencia asombrosa», dijo Gregory en un discurso público, incluso cuando ese instinto se opusiera al examen racional. Otro analista decía que a veces las corazonadas de Gregory llevaban a Lehman «a decidir que teníamos que hacer lo contrario de lo que recomendaba un informe».

Otro caso que tiene su interés es el de la sociedad hipotecaria Countrywide Mortgage, que tuvo que ser comprada en 2008 por el Bank of America para sobrevivir. Countrywide era una empresa que concedía créditos tan fácilmente que está en el origen del estallido de la burbuja de las hipotecas de alto riesgo (subprime) que fue el primer eslabón de la crisis financiera global. Su presidente, Angelo Mozilo («un hombre de perpetua sonrisa sobre un rostro casi naranja de tan bronceado», según nuestra ensayista) recibió en 2004 el Premio Horatio Alger en calidad de «persona que a partir de unos orígenes humildes ha demostrado que el trabajo, la fuerza de voluntad y el pensamiento positivo son la clave del éxito del sueño americano». Mientras la empresa caía a plomo, a principios de 2008, la prensa seguía encontrando a Mozilo «animado» y «lleno de energía». Bruce C. N. Greenwald, profesor de la Escuela de Negocios de Columbia, dijo de él: «Quienes se meten en líos ellos solos suelen tener buena habilidad para la autohipnosis. Por eso sólo los buenos vendedores se convencen a sí mismos de la historia que están contando […] Y [Mozilo] había vivido durante tanto tiempo en un mundo sin default que no creía que existieran».

Barbara Ehrenreich define al capitalismo fundamentalista como el pensamiento positivo huyendo hacia adelante. Un pensamiento positivo que tanto durante la era Bush como durante la era Clinton sustentaba, bobalicón, que no había necesidad de supervisar a las instituciones financieras ni de preocuparse de ellas porque «el mercado» ya se ocupaba de todo. Que la mejor regulación es la autorregulación, que, como ha demostrado la experiencia, es ficticia. Cuando a partir del verano de 2007 las perspectivas de enriquecimiento instantáneo empezaron progresivamente a disminuir, «los apóstoles del pensamiento positivo no salieron huyendo en plena noche, como los hipotecados a quienes les embargaban la casa. Ni mucho menos. De hecho, parecieron redoblar sus esfuerzos. El pensamiento positivo siempre ha prosperado frente a la adversidad: la Gran Depresión, por ejemplo, fue el momento de Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, un clásico del autoengaño». A partir del otoño de 2008, cuando se hablaba de refundar el capitalismo, cuando había analistas especializados en afirmar que podía ocurrir cualquier cosa dada la pasmosa fragilidad del sistema financiero que amenazaba contagiar a la economía real y producir una metástasis, en Estados Unidos, la patria de ese capitalismo y de donde habían partido todos los males, se multiplicaba la asistencia a las iglesias que predicaban el credo de la prosperidad y del pensamiento positivo. Los consejeros espirituales de esta filosofía y sus ideólogos se multiplicaban en los medios de comunicación tradicionales con sus mensajes de fe en un futuro sin cambios. En el famoso programa televisivo de Larry King dijeron que su consejo para los que estaban perdiendo sus casas, sus empleos y sus seguros médicos vinculados a las empresas en las que trabajaban, era que no se vieran a sí mismos como víctimas: «Tienes que ser consciente de que Dios sigue teniendo un plan, aunque te hayas quedado en el paro; cuando Dios cierra una puerta puede abrir otra».

El «mileurismo» como utopía

El «mileurismo» como utopía

Dejemos esta excursión sobre las ensoñaciones del pensamiento positivo que han intentado contribuir a la anomia de la gente maltratada, y volvamos a la estratificación social. En el intersticio entre los trabajadores con empleo más o menos estable —en regresión—, y el precariado —creciendo en progresión geométrica— han tenido su lugar al sol por un tiempo los llamados mileuristas: los que ganaban mil euros al mes. Este término fue acuñado en España por primera vez por la estudiante Carolina Aguacil, que escribió una carta al director del diario El País en agosto de 2005 (en plena fase alta del largo ciclo de crecimiento económico y sin rastro alguno de dificultades en el horizonte) para quejarse de su situación laboral. En ella se hacía una definición certera del concepto: «Es aquel joven licenciado, con idiomas, posgrados, másteres y cursillos […] que no gana más de mil euros. Gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta la ciudad. No ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día… A veces es divertido, pero ya cansa».

Casi una década después de que se iniciara la Gran Recesión, el mileurista considera una utopía ganar mil euros al mes, su grupo ha dejado de ser un territorio exclusivo de jóvenes universitarios recién licenciados que tienen que aceptar salarios bajos para hacerse con un currículum laboral, y al mismo se han incorporado profesionales anteriormente asentados, obreros cualificados, parados de larga duración, inmigrantes, asalariados varios, cuarentones y cincuentones expulsados una vez del mercado laboral y que vuelven al mismo en peores condiciones que las que tuvieron, y hasta prejubilados. Tienen web propia y hasta algunas películas tratan de ellos. Por ejemplo, la producción italiana Generazione 1000, que cuenta la historia de un joven licenciado en matemáticas que malvive en una empresa de mercadotecnia y se enamora de otra mileurista. Basa su argumento en el libro con el mismo título que triunfó gracias a las descargas gratuitas de Internet (la gratuidad de la red es una de las pocas válvulas de escape de los mileuristas).

En un libro posterior al ya citado (Pleno desempleo), de nuevo los italianos Gaggi y Narduzzi dibujan un marco sociolaboral sin beneficios contractuales, compuesto sobre todo por personas que en la actualidad tienen entre cuarenta y sesenta años, que se resisten a jubilarse (porque no han cotizado los años suficientes para tener derecho a una pensión pública), con permanentes contratos temporales de servicios y autónomos sin Seguridad Social. Y por ende, estructurados como una masa amorfa y resignada. Escriben:

La masa del siglo XXI es una forma social figurada, no material, en el sentido de que no es fácil ver las manifestaciones políticas o sociales concretas en la calle, mientras que es normal identificar conductas o comportamientos masificados como la utilización de Google o la pasión por el iPhone. Eso significa que cuatro millones de desempleados son hoy menos peligrosos de lo que lo eran en 1929, porque no hay una ideología política que contextualice, cohesione y aglutine el malestar y la disensión. Y también los sindicatos se han debilitado. La crisis actual rechaza amablemente lo que decíamos en nuestro anterior ensayo: el mercado de trabajo se desestructura y se flexibiliza hasta el punto de que aparecen como desocupados de hecho la mayoría de los trabajadores. Es el triunfo del factor de la producción capital, que aparentemente está en crisis, pero que en realidad se aprovecha de ella para dar el empujón final a las últimas, y pocas, certezas de los trabajadores.

El reportaje «Adiós, clase media, adiós» (El País, 31 de mayo de 2009) termina diciendo, como en un bucle: si hubiera que reescribir ahora esa definición [de la estudiante Cristina Aguacil], habría que añadir: «El mileurista ha dejado de tener edad. Gana mil euros, no ahorra, vive al día de trabajos esporádicos o de subsidios y, pese a todo, no se rebela».

Ello conlleva un doble salto: la extensión de la anomia y la desmoralización de la mayor parte de los mileuristas, que parecen resignados a su situación; y que los antiguos mileuristas han pasado a formar parte del precariado. ¿Por qué?

19. Las tormentas de mierda

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LAS TORMENTAS DE MIERDA

Hablar mucho, hacer poco

Hablar mucho, hacer poco

Las razones por las que un grupo social, o la sociedad entera, pueden permanecer en la desmovilización a pesar de una mala situación social, económica o política, son multicausales. Algunas ya han sido citadas a lo largo del libro, de modo transversal. Hay otras que son novedosas y tienen que ver con el desarrollo de la sociedad de la información, tal y como ésta se va ordenando. Hay un discurso dominante que afirma que Internet, la sociedad digital y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) —que son tres formas prácticamente idénticas de decir lo mismo— contribuyen a mejorar la calidad de la democracia y tienen efectos movilizadores per se: Internet como ortopedia social. La experiencia indica que no tiene por qué ser así.

El primer territorio de esta democratización sería el de la información. Pero los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en España explican que alrededor de un 60 % de los ciudadanos se sigue informando primordialmente a través de la televisión, el segundo medio es la radio (un 13,7 %), seguida de los periódicos digitales (11,9 %) y de los periódicos en papel (9 %). Es decir, que ese aire de superioridad digital que se ha instalado en el ambiente a favor de los blogs, foros y redes sociales hay que mitigarlo un poco en lo que se refiere a la información, al menos por el momento. El profesor de Sociología de la Universidad Complutense, César Rendueles, autor de uno de los textos de referencia sobre estos temas (Sociofobia), ha escrito que los partidarios de unos medios de comunicación digitales casi únicos, convencidos de que cabalgan a lomos del caballo ganador, son en realidad «ponis de feria desde los que miran por encima del hombro a las televisiones y a las radios, como si fueran dinosaurios a punto de desaparecer en un proceso de darwinismo tecnológico».

En un artículo que complementa su libro, Rendueles cita al polémico anarquista Hakim Bey, que dice algo muy interesante en estos tiempos de descripción democratizadora de Internet:

El vago sentimiento de que uno está haciendo algo radical al sumergirse en una nueva tecnología no puede ser dignificado con el título de acción radical. La verdad es que, para mí, en la Red se está hablando más y se está haciendo menos. Es por eso que empecé a sospechar que las aplicaciones «revolucionarias» de la Red no llegarían nunca. Habría sentimientos, presupuesto, y se invertirían grandes recursos emocionales en la noción de comunidad virtual. Pero en el mundo real, el de la producción, el del poder y la corporeidad, nada especial cambiaría. En este punto empezó a parecerme que la Red es un espejo perfecto del Capital Global. Hay un mercado libre de información —pero no necesariamente hay libertad para ninguna otra cosa que no sea la información— igual que hay un mercado libre para el dinero, pero no hay ninguna libertad para cualquier otra cosa que no sea dinero.

Hablar más y hacer menos. Éste es un diagnóstico que se amolda a la experiencia: hay mucho radical que no sale de casa, con su ordenador en ristre, en vez de estar en la calle; que polemiza (muchas veces de modo anónimo o con un heterónimo) a través de las redes sociales, a ver quién mea más largo, quién es más revolucionario o más revoltoso, generando lo que se ha denominado shitstorms, tormentas de mierda. Byung-Chul Han, un filósofo alemán de origen coreano muy de moda, defiende que la comunicación anónima, que es fomentada por el medio digital, destruye masivamente el respeto. Una sociedad sin respeto conduce de modo irremediable a la sociedad del escándalo. O al fascismo. Las shitstorms no son capaces de cuestionar las relaciones dominantes del poder sino que suelen precipitarse sólo sobre personas particulares, a las que comprometen o a las que convierten en motivo de escándalo. Escribe Rendueles que mucha gente ha malinterpretado la relación de los indignados españoles del 15-M con la Red, al entender que la tecnología de la comunicación fue un factor condicionante de ese proceso político. Sucedió exactamente al revés: el 15-M fue un proceso tortuoso porque tuvo que superar «el brutal bloqueo que genera el ciberfetichismo consumista». Así, Internet se habría convertido en un arma formidable no para sacar a la gente a la calle sino cuando la gente ya ha salido a la calle. Y ello también es discutible: hay ciudadanos que salen a la calle la primera vez, se enardecen observan… y vuelven a su soledad cibernética. «Hay que dejar de pensar que intervenir en un espacio público es escribir mensajes revolucionarios en las redes sociales», afirma Rendueles. La indignación digital es un estado afectivo que no desarrolla, por sí mismo, ninguna fuerza poderosa de acción. Byung-Chul Han ha puesto en circulación el concepto de «enjambre digital». Entiende que las olas de indignación —de las que tanto participa el precariado y, a veces, el lumpen que todavía está más abajo en la escala social, aunque ni mucho menos sólo estos dos grupos— son muy eficientes para movilizar y aglutinar la atención, pero en virtud de su carácter fluido y de su volatilidad no son apropiadas para configurar un discurso público, el espacio público. Por eso son incontrolables, incalculables, inestables, efímeras y amorfas: crecen súbitamente y se dispersan con la misma rapidez. Les falta la estabilidad, la constancia y la continuidad para el discurso público.

¿Por ello han aparecido algunos partidos cuya raíz se encuentra en aquellos movimientos heterogéneos de indignados, en aquella V Internacional que teorizaba Timothy Garton Ash? Las olas de indignación muestran una excesiva identificación con la comunidad, no constituyen ningún «nosotros» estable, se dispersan con rapidez. La actitud «multitud indignada» es muy fugaz y dispersa; le falta la «masa», la gravitación que es necesaria para la acción continuada. Según Byung-Chul Han, el enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ningún «alma», a ningún «espíritu». El alma es congregadora y unificante. El enjambre digital consta de individuos aislados. Los individuos que se unen en un enjambre digital no desarrollan ningún «nosotros». No se manifiestan en una voz. Por eso es percibido como ruido. Al mundo cerrado del homo digitalis le suelen ser extraños los espacios abiertos donde se congrega mucha gente (manifestaciones, conciertos de música, anfiteatros, estadios de fútbol…), lugares en los que se junta mucha gente; los habitantes de la Red no se congregan sino que constituyen «una concentración sin congregación», una multitud sin interioridad, son hikikomoris, personas que viven al margen de la sociedad, que se pueden pasar el día entero apenas sin salir de casa, aislados, singularizados, solitarios ante su ordenador. El enjambre digital, al fin, se distingue de las masas clásicas en que éstas no son volátiles sino voluntarias: no constituyen formaciones fugaces sino firmes, con un alma unida por una ideología, un equipo de fútbol, una banda musical. La masa marcha en una dirección; el enjambre no marcha, se disuelve tan deprisa como ha surgido. Son como los rebaños de ovejas.

En el extremo, con esta filosofía de vida, ¿para qué les sirven a los componentes del enjambre digital los partidos políticos, los sindicatos, las asambleas de ciudadanos o las asociaciones de vecinos? Éste es uno de los interrogantes que no se despeja cuando se observa la anomia de las masas en estos tiempos digitales: el «socio» deja el espacio al «solo». Lo que caracteriza a muchos de estos seres, aunque pertenezcan al precariado o a las capas sociales más victimizadas por la crisis, más estafadas por sus beneficiarios, no es que la unión haga la fuerza («El pueblo unido jamás será vencido») sino la soledad (el narcisismo) o la unión especializada entre iguales (las mareas). La privatización llega hasta el alma de estas personas. En lugar de respirar con los demás y de sentir la solidaridad, se esconden en una madriguera digital. Ello les genera cierta confortabilidad, ya que no tienen que enfrentarse a una realidad muy fea y desmoralizante. Como dice Rendueles, es peculiar que, a pesar de todas estas características onanistas de quienes forman parte de un enjambre digital, las tecnologías de la información y de la comunicación e Internet sean saludadas siempre como un avance hacia la democracia, que generen una falsa, pero abrumadora, sensación de consenso.

Además, podrían facilitar la llegada de ese nuevo modelo productivo que se está exigiendo en muchos países de raíz agrícola o industrial, hacia una sociedad de servicios tecnológicamente avanzada. Se trata de aquello de «más ordenadores, menos ladrillo». Una de las mayores fuentes de unanimidad entre un espectro de fuerzas políticas cada vez más amplio es la convicción de que estas tecnologías son cruciales para solucionar una buena parte de los problemas sociales, económicos, ecológicos y hasta personales. La moraleja es inmediata: las TIC e Internet nos librarán de ese patrón de crecimiento que ha entrado en ruinas desde el año 2007, que ha generado tanto paro y tanto sufrimiento, que fue acordado por los partidos del centro del sistema (el bipartidismo imperfecto), sin necesidad de afrontar transformaciones políticas radicales ni de exigir responsabilidades por lo ocurrido. Por tanto, las TIC y lo digital proporcionarían, en palabras de Rendueles, «un simulacro de igualitarismo. La sensación de conectividad generalizada es fácil de confundir con una especie de igualdad de oportunidades. El medio digital hace que esa situación resulte menos evidente y dolorosa».

20. Los vulnerables, nueva clase social

20

LOS VULNERABLES,

NUEVA CLASE SOCIAL

América Latina, el decoupling

América Latina, el decoupling

Cualquier libro que, en los últimos años, hubiera tenido que tratar de América Latina debería haber asumido un tono pesimista. Durante el tiempo de la Gran Recesión no ha sido así. No se debe confundir la parte con el todo. A veces nuestro discurso es demasiado eurocéntrico, obsesionados sólo por lo que sucede a nuestro alrededor más inmediato. Así se procede a una errónea descripción en la que se destaca sobre todo la idea de que en el mundo no ha habido, desde el proceloso año 2007, más movilidad social que hacia el descenso. No es así. No hay en el planeta un solo ascensor para el cadalso, sino distintos ascensores que suben y bajan en distinto sentido.

Ha habido zonas del planeta no tan afectadas por la crisis económica en la última década, y que aprovecharon los factores comparativos para sacar la cabeza e ir a mejor. Una de ellas es América Latina. Independientemente de lo que ocurra en el futuro, del momento del ciclo económico en que se encuentre la región, son muy útiles las lecciones que se pueden extraer del modo en que algunos países han surfeado los peores momentos de la Gran Recesión. Son muy útiles, especialmente para la parte del planeta más castigada por aquélla, la que en esta ocasión ha hecho de cobaya para las políticas de «austeridad expansiva» aplicadas: Europa del Sur.

En el primer decenio del siglo XXI, marcado en América Latina por un crecimiento económico sostenido (a pesar de un cierto contagio de los problemas financieros de Estados Unidos y Europa durante los peores años de la recesión, 2008 y 2009) y por una cierta disminución de la desigualdad en numerosos países de la zona (otro fenómeno inédito y a contracorriente), el resultado en términos de estratificación ha sido el siguiente: en primer lugar, la pobreza moderada disminuyó (de más del 40 % del total de la población en 2000 a menos del 30 % en 2010); ello significa que unos cincuenta millones de habitantes de América Latina salieron de la pobreza a lo largo de ese decenio.

Los interrogantes son inmediatos: ¿qué ocurrió con los que dejaron atrás la pobreza? ¿Se integraron en la creciente clase media de la región? ¿Qué implicaciones tiene el fenómeno para las políticas públicas? El Banco Mundial publicó en 2013 un informe que contiene las respuestas oportunas a estas cuestiones: la mayoría de los pobres que ascendieron no se integraron directamente en la clase media, sino que pasaron a formar parte de un grupo situado entre los pobres y la clase media que la organización multilateral denomina la clase de los vulnerables, y que en la actualidad constituye el grupo social más numeroso de la región.

Como hemos visto a lo largo de estas páginas, el Primer Mundo lleva más de tres décadas bajo la hegemonía ideológica de la revolución conservadora. Muchos de sus intelectuales dominantes han cultivado el paternalismo y el prestigio intelectual del pesimismo respecto a América Latina: la zona no había logrado incorporarse a los países en cabeza del desarrollo mundial (y tan sólo Brasil ha sido capaz de unirse al club de los principales países emergentes, los BRICS —Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica—) por la inferioridad de sus ideas (trasnochadas) y de su praxis (ineficaz y en muchas ocasiones corrupta). La confrontación se establecía, sobre todo, por el distinto resultado que dieron durante ese periodo las políticas de integración (el aparente éxito sin marcha atrás de la Unión Europea y la lentitud de la multitud de iniciativas latinoamericanas: Mercosur, Unasur, Pacto Andino…) y por el diferente grado de aumento de la capacidad de bienestar de los ciudadanos de uno y otro lugar. Pero lo acontecido en los años de la Gran Recesión (con las gigantescas dificultades europeas) y los resultados que se han visto a uno y otro lado de los océanos Atlántico y Pacífico han variado bastante los términos del debate intelectual. Incluso se teorizó acerca del decoupling: el desacoplamiento entre los principales motores de la economía mundial: mientras Estados Unidos y Europa sufrían, América Latina iba hacia arriba.

Hubo, además, dos hechos que contribuyeron a subrayar ese cambio: el primero, muy tangible, consistente en que muchas multinacionales de matriz europea salvaron durante esos años sus cuentas agregadas por los resultados obtenidos en los países latinoamericanos y por una nueva realidad: bastantes empresas de aquella zona —las denominadas multilatinas— están llegando al viejo continente y adquiriendo, con diversas modalidades, empresas europeas existentes desde hace varias generaciones. El segundo hecho, más deletéreo, consiste en que debido a sus profundos problemas económicos, a la polémica respuesta dada a ellos y a su asimétrico saldo (con, al menos, dos velocidades en cuanto a la recuperación), Europa se ensimismó y miró hacia adentro con más intensidad que en ningún otro momento después de las guerras mundiales.

Después de un primer momento a raíz del inicio de la crisis económica (con el estallido de las hipotecas subprime en los bancos norteamericanos) y de las primeras reuniones del G-20 en Washington y Londres, en el que el mundo buscó una especie de sentido común económico de la época (medidas de apoyo al sector financiero, planes de estímulo a las desfallecientes economías nacionales o regionales con un mayor equilibrio entre el Estado y el mercado, etcétera), cada zona geopolítica del planeta practicó un desempeño diferente de su política económica bajo el paraguas de un debate que se podría interpretar genéricamente del siguiente modo: ajustar para crecer o crecer para ajustar. En este contexto se extendieron algunas diferencias en la forma de entender las salidas a las dificultades económicas entre Europa y América Latina, que vamos a comentar a continuación:

1) Consenso de Washington. Más de dos décadas después, Europa ha aplicado, o sigue aplicando, con extremada ortodoxia los principios fundamentales del Consenso de Washington. El principal de ellos es la obtención de la estabilidad presupuestaria, con la lucha prioritaria y tajante contra el déficit público a costa de lo que sea, incluso del crecimiento económico. Por ello la zona ha ido rezagada en el proceso de recuperación respecto a otras partes del mundo, incluida América Latina (al menos hasta que durante 2014 volvió el fantasma de una crisis de las materias primas, de las que la región ha hecho su principal fuente de riqueza a través de las exportaciones). Mientras esa ortodoxia se practicaba en Europa, hace tiempo que los países latinoamericanos destilaron lo que de bueno había en tal Consenso, arrojaron el fundamentalismo a la basura y extendieron su política económica hacia algunas de las reformas de segunda generación (institucionales y políticas) y hacia aspectos tales como el crecimiento, la equidad, las necesidades regulatorias, evitar que la competitividad se nivele en el listón más bajo en temas como la degradación del medio ambiente, el dumping social o los flujos migratorios. Bastantes de los países de la región practicaron políticas heterodoxas y semiestatalistas, con aumentos de la liquidez, de los gastos en infraestructuras, reducción del superávit primario, políticas sociales, etcétera. Los heterodoxos han devenido en ortodoxos, y viceversa.

2) Sistemas financieros. Europa se ha hallado inmersa en una fuerte crisis de endeudamiento: deuda soberana, deuda privada, deuda exterior y deuda interna. Y en parte como consecuencia de ello, ha sufrido dificultades muy importantes en su sistema financiero, con una buena porción del mismo —como se ha visto exhaustivamente en estas páginas— nacionalizada de forma coyuntural, y otra parte —la más sana— asistida con la manga riega de la liquidez proporcionada por el Banco Central Europeo (tomar dinero a bajo coste y prestarlo a tipos de interés más elevados, con escaso riesgo). América Latina, a diferencia de en otras crisis recurrentes anteriores, ha conservado un sistema financiero básicamente sano: ejerció lo que se denomina «la banca aburrida». Durante la Gran Recesión ningún banco de la región necesitó de ayudas administrativas.

Los países europeos que precisaron de uno u otro modo las ayudas de los planes de rescate (Grecia, Irlanda, Portugal, España, Chipre) se asemejaron a los países latinoamericanos aquejados de la crisis de la deuda externa en la década de 1980. Las discusiones sobre las reestructuraciones de la deuda o las posibilidades de una quita de la misma (exacerbadas en el caso griego) recuerdan a aquel Plan Baker del año 1985 que promovió, sin éxito, el logro de una recuperación de las economías deudoras que les permitiera reestablecer su capacidad de pago, que favorecía el escalonamiento de la deuda y que concedía roles a todos los actores implicados bajo la mirada atenta del FMI; o al Plan Brady, de 1989, en el que se abandonó el reescalonamiento de la deuda y se sustituyó por una reducción de la misma mediante mecanismos concertados en los mercados de capitales con reducción de tipos y la adquisición por parte de los países de bonos del Tesoro de Estados Unidos, que servirían de garantía para los bancos acreedores.

3) Paro y empleo. El verdadero factor diferencial europeo en la Gran Recesión ha sido la gigantesca destrucción de empleo y la falta de oportunidades para los jóvenes de muchos de los países que conforman la Unión Europea, mucho mayor que en ninguna otra zona del mundo. Los pronósticos indican que la débil recuperación, siempre por debajo del potencial de la eurozona (Larry Summers lo define como «estancamiento secular» y el FMI ha hablado de una «nueva mediocridad»), no está repercutiendo con la misma fuerza en los puestos de trabajo. Por primera vez en varias décadas, el aumento de la desigualdad de la renta y la riqueza no sucede ante todo porque los ricos sean mucho más ricos sino porque los pobres (los parados y los trabajadores pobres) están viendo cómo se reduce su bienestar.

Como consecuencia de políticas macroeconómicas más sólidas que en el pasado y de programas sociales y transferencias de mayor magnitud y calidad, el efecto negativo de la crisis en América Latina ha sido mucho menor de lo que cabría haber esperado a partir de la experiencia reciente. No hubo aumento del desempleo, en contraposición con Europa.

4) La economía política de la crisis destaca que tanto Europa como América Latina fueron receptoras de una crisis que les llegó de fuera y que tuvo su epicentro en el sistema financiero de Estados Unidos. La respuesta política a las dificultades económicas fue muy diferente en uno y otro lugar. Si se pregunta a los ciudadanos del Viejo Continente quién manda más, los gobiernos o los mercados, contestan mayoritariamente (y en porcentajes crecientes) que estos últimos (poniendo implícitamente en duda la democracia), pero a continuación castigan generalmente a los primeros, sean del signo ideológico que sean, atribuyéndoles una mala gestión de la crisis (las excepciones más notables han sido Angela Merkel en Alemania, y David Cameron en Reino Unido). En los últimos años, los sondeos de opinión europeos muestran un cambio espectacular: la emergencia de este nuevo poder fáctico, los mercados, por encima de los tradicionales (la Iglesia o los militares), a quienes se considera responsables últimos de las políticas de ajuste, los recortes en la protección social y la distribución regresiva de los costes de la crisis, para realizar una enorme transferencia de poder y de riqueza a su favor. Los ciudadanos manifiestan su temor a que sus representantes políticos, aquellos que eligen para que arreglen sus problemas públicos, no puedan hacerlo porque las decisiones más importantes se toman en sitios cada vez más alejados de los lugares en los que se vota (las sedes centrales de los grandes bancos y de las multinacionales, de los organismos multilaterales o de los bancos centrales). El resultado de este cambio de sensibilidad ciudadana es, como hemos visto, la emergencia de nuevas fuerzas políticas que se presentan como abanderadas de la resistencia a ese poder fáctico financiero y megaempresarial. Como consecuencia de ello, el tradicional consenso europeo entre socialdemócratas y conservadores (centroizquierda y centroderecha) está haciendo agua cada vez con más fuerza.

Década perdida, década ganada

Década perdida, década ganada

En América Latina, por el contrario, la crisis económica no ha lesionado hasta ahora el apoyo popular a la democracia, sea el que sea, ni ha promovido la emergencia de regímenes políticos autoritarios o directamente dictatoriales, como sucedió antaño, ni nuevos partidos políticos con ánimo de quedarse. En algunos de esos países (Brasil, Chile y México) también han estallado movimientos que reivindican soluciones a problemas que ya son más propios de las clases medias (calidad en la educación, sanidad y transportes) que de sociedades de clases bajas (que demandan la simple existencia de esos servicios). El economista argentino José Luis Machinea sostiene que la mayoría de los países de la región convergió en ofrecer menús de respuesta a la crisis compuestos por políticas económicas de «semiheterodoxas a semiestatistas, y políticas sociales entre tecnocráticas y semidistributivas. La satisfacción de los ciudadanos con el régimen democrático creció en la mayoría de los países que implementaron estos menús de respuesta a la crisis, aunque no en todos […]».

Según Machinea, que fue secretario general de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), cuando se combina la variable de «menú de respuestas a la crisis» con la variable «realización de elecciones» se explica más del 50 % de las variaciones positivas en el apoyo a la democracia y el 100 % de las variaciones negativas.

Durante la Gran Recesión, la sensibilidad europea y la latinoamericana han sido diferentes en la gestión de las dificultades, y los resultados también han sido distintos a favor de la segunda, aunque los puntos de partida eran muy diferentes. Quizá la mejor forma de reflejar estas diferencias sea revisar el tono vital que desprenden, de modo ya casi estructural, el Eurobarómetro y el Latinobarómetro, los sondeos más representativos de ambas zonas. Mientras que en la Unión Europea los ciudadanos contestan de modo reiterado y de forma mayoritaria que sus hijos vivirán peor que ellos, en América Latina se contempla la tendencia contraria: es mayoritaria la esperanza de que los sucesores tendrán una vida mejor que la de sus progenitores. Por ello, el concepto de década perdida ha emigrado de región: la hemos utilizado masivamente los europeos durante esta crisis mientras que en América Latina se ha hablado de década ganada. Siguiendo la estela de los excelentes estudios sobre la calidad de la democracia en América Latina, que comenzaron hace una década, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó durante el año 2014 uno de ellos sobre ciudadanía política, cuyas conclusiones son muy llamativas. La principal de ellas es que América Latina y cada uno de sus países muestran un importante progreso en materia de ciudadanía social durante la primera década del siglo XXI, en contraposición a los años perdidos durante los años ochenta del siglo pasado. La ciudadanía social se mide por el ejercicio efectivo de los derechos económicos y sociales: derecho a ganarse la vida, a la protección, al más alto nivel posible de salud física y mental, y a un medioambiente sano, a la educación y a gozar de los beneficios del progreso científico.

Este progreso en la ciudadanía social (que no significa ningún óptimo sino —hay que insistir en ello— la manifestación de una tendencia) es particularmente destacable en el contexto del escenario mundial. América Latina mejoró sus niveles de gasto social y de equidad distributiva en un momento en que la mayoría de los países del mundo experimenta el fenómeno contrario: incremento espectacular de sus niveles de desigualdad y caídas del gasto social per cápita. Disminuyó la brecha que ha separado a la región de las naciones más desarrolladas, aunque no se hayan superado las distancias ni, desde luego, producido un sorpasso (adelantamiento de un país respecto de otro en términos de PIB). Estas mejoras se identifican con el crecimiento del ingreso per cápita pero sobre todo con el importante ascenso del gasto social. En promedio, éste aumentó a un ritmo dos veces superior al del PIB, y lo hizo compatibilizándolo con los equilibrios macroeconómicos. Ésta ha sido la gran lección de Latinoamérica para los tiempos que corren. Sin embargo, todavía no se puede afirmar que ello sea un acontecimiento irreversible porque la composición de los ingresos públicos que han permitido el alza del gasto social no está consolidada: el muy alto crecimiento de la presión fiscal está directamente relacionado con las subidas de los precios de los recursos naturales que la región exporta, que parecen haberse detenido. Se calcula que aproximadamente la mitad del aumento de los niveles de recaudación está vinculada a esos precios y no a los impuestos que pagan personas y empresas, por lo que la situación puede revertirse como ya ocurrió varias veces en la historia reciente de la zona. Por ello, el PNUD coincide con la práctica totalidad de los expertos: la importancia de reformas fiscales que den capacidad recaudatoria a los estados y potencien los cambios y esas tendencias que han significado una quiebra en la historia actual de la inequidad mundial.

Tras décadas de estancamiento, la población latinoamericana de clase media aumentó en un 50 % (de 103 millones de personas en 2003 a 152 millones en 2009, un 30 % de la población total). Durante este periodo, a medida que los ingresos de los hogares crecían y la desigualdad tendía a disminuir en la mayoría de los países, el porcentaje de la población pobre disminuyó notablemente, del 44 % al 30 %. En consecuencia, los porcentajes de la población de clase media y de pobres en América Latina están igualados, contrastando esta situación con la que prevaleció durante un largo periodo (hasta hace casi diez años), cuando el porcentaje de pobres equivalía aproximadamente a 2,5 veces el de la clase media. Un número considerable de personas que eran pobres a finales de los años noventa han dejado de serlo. Otros, que todavía no eran clase media, ahora se han unido a sus filas. Esta clase media en auge podría llegar a transformar el contrato social en la región, sino hay marcha atrás.

Una región de ingresos medios podría estar en vías de convertirse en una región de clase media, siempre con la caución de que no haya retrocesos. Que haya que introducir esta coda de modo permanente indica la fragilidad institucional de los avances. El informe del Banco Mundial sobre movilidad define a la clase media en relación a sus ingresos, pero también la ancla en el concepto fundamental de «seguridad económica», esto es, la baja probabilidad de volver a caer en la pobreza. Los autores del mismo consideran básico el concepto de «seguridad económica», dado que uno de los rasgos que conforman el estatus de clase media es un cierto grado de estabilidad económica y la capacidad de superar las perturbaciones imprevistas.

Así, bajo esa metodología y definiendo un umbral estándar de pobreza moderada, en América Latina habría en la actualidad cuatro grandes clases sociales. Entre los pobres y la clase media existe un número considerable de personas que parecen llegar a fin de mes con suficiente holgura como para que no se les incluya entre los pobres, pero que tampoco gozan de la seguridad económica que se requeriría para pertenecer a la clase media. A este grupo se le podría denominar de diversas maneras, como «casi pobres» o «clase media-baja». El Banco Mundial entiende que se trata de hogares con una probabilidad relativamente alta de vivir episodios de pobreza en el futuro y los califica, como hemos dicho, de «vulnerables». La clase vulnerable sería la clase social más extendida en la región, pues representa alrededor del 38 % de la población: mientras la pobreza disminuía y la clase media aumentaba durante la última década (llegando cada una, como hemos visto, hasta cerca del 30 % de la población) la gran mayoría de las familias latinoamericanas pertenecen a la clase de los vulnerables, en una región en la que la clase alta sólo sumaría un 2 % del total. Un continente donde los vulnerables constituyen el segmento más amplio de la población es mucho menos atractivo que un continente de clase media, pero es claramente mejor que un continente predominantemente pobre. Ha habido movilidad social ascendente, no un ascensor para el cadalso.

Epílogo. Grecia: La Segunda Gran Depresión

EPÍLOGO

Grecia: La Segunda Gran Depresión

¿Qué esperamos congregados en el foro?

Es a los bárbaros que hoy llegan.

¿Por qué esta inacción en el Senado?

¿Por qué están ahí sin legislar los senadores?

Porque hoy llegarán los bárbaros.

¿Qué leyes van a hacer los senadores?

Ya legislarán, cuando lleguen los bárbaros.

[…]

¿Por qué no acuden, como siempre, los ilustres oradores

a echar sus discursos y decir sus cosas?

Porque hoy llegarán los bárbaros y

les fastidiarán la elocuencia y los discursos.

¿Por qué empieza de pronto este desconcierto

y confusión? (¡Qué graves se han vuelto los rostros!).

¿Por qué calles y plazas se vacían

y todos vuelven a casa compungidos?

Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron.

Algunos han venido de las fronteras

y contado que los bárbaros no existen.

¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros?

Esa gente, al fin y al cabo, era una solución.

Constantino Cavafis, Esperando a los bárbaros.

La cobaya mayor del laboratorio

La cobaya mayor del laboratorio

Si América Latina ha sido, sorpresivamente, el factor positivo de la Gran Recesión, con todos los interrogantes que se le quieran poner hacia el futuro inmediato, la concentración de todos los males se sitúa en un pequeño país del sur de Europa, con 11 millones de habitantes. Grecia ha sido la cobaya más importante del laboratorio de los experimentos económicos que han tenido lugar en Europa, liderados por Alemania, en el último lustro. Ningún país del mundo ha sufrido tanto en estos años como el de los helenos.

Después de tres rescates por un valor total de más de 300 000 millones de euros, y quizá otros por llegar, y cinco años después de que, a cambio de ese dinero, se aplicasen durísimos planes de austeridad y algunas reformas en su Estado semifallido, la situación del país, a mediados del año 2015, era la siguiente: una caída del PIB del 25 %; reducción del déficit estructural (de carácter permanente, independiente de la influencia del ciclo económico en los ingresos y en los gastos) de un 20 %, lo que le convierte en el país que más ha disminuido ese desequilibrio en menos tiempo; los salarios han bajado como media un 37 %; el paro creció hasta el 27 % y el de los jóvenes está cerca del 60 % del total; las pensiones han disminuido hasta un 48 %; el empleo del sector público (funcionarios y asimilados) cayó un 30 %; el gasto de las familias se redujo en un 33 %; la economía sumergida ha aumentado hasta un 34 % del total; la morosidad bancaria ha llegado al 40 %; y la deuda pública se ha multiplicado exponencialmente hasta alcanzar el 180 % del PIB.

El conjunto que describen estos datos es el de un país que parece haber experimentado un conflicto bélico de gran envergadura, lo que no es el caso, o que ha sufrido los efectos de la bomba atómica de una Segunda Gran Depresión, en términos parecidos a los de la primera, la que se inició en Estados Unidos durante los años treinta del siglo pasado. Compárense los datos macroeconómicos de las dos situaciones y se comprobará que no distan mucho entre sí. En el momento en que Grecia se conformó como observatorio del mundo entero —cambio de gobierno con sustitución de la derecha tradicional por la izquierda radical (eso significa etimológicamente Syriza); negociación de un tercer paquete de rescate; posibilidad de que fuera expulsada, o se fuese voluntariamente, de la zona euro (Grexit); referéndum a sus ciudadanos para que avalasen o no a su Ejecutivo en las medidas de austeridad; corralito de varias semanas a sus bancos; control de capitales, etcétera— la situación de supervivencia de muchos de sus habitantes era dramática. Se unía una crisis humana de proporciones insólitas en un país europeo, con gran parte de la población en riesgo de pobreza y de exclusión (superior al 30 % del total); los efectos de cinco años de brutal austeridad, con empobrecimiento, paro (el porcentaje más alto de la OCDE, compitiendo con España), eliminación de la seguridad social a una parte de los ciudadanos y empeoramiento de los estándares de la misma para el resto; y una coyuntura espantosa de su sistema bancario, vaciadas las entidades de depósitos por los evasores de capitales, y a punto de la quiebra.

En este contexto, durante el verano y el otoño de 2015, Grecia y sus islas se convertían en lugar de paso de centenares de miles de refugiados de la orilla sur del Mediterráneo, que huían de la muerte, la tortura o el hambre. Ciudadanos griegos empobrecidos recibían a ciudadanos desarraigados en busca de protección. Lo significativo es lo que de excepcional tiene el país heleno, en qué se diferencia de los de su entorno, qué es lo que ha provocado que aún sea más frágil que los demás, cómo ha caído en un pozo aún más profundo. Ello es importante para países como España y Portugal, por ejemplo, con los que estos años se han hecho multitud de analogías con Grecia, en el sentido de que lo que sucedía en Atenas podría ocurrir un tiempo después en la península ibérica. Grecia como avanzadilla de la Europa del Sur.

A diferencia de otras crisis nacionales, los problemas griegos son de deuda en primera instancia, no de burbujas inmobiliarias o de otro tipo de activos reventados. Distintos historiadores responsabilizan del origen de los mismos a los gobiernos expansivos de las décadas de los años ochenta y noventa de Andreas Papandreu, el carismático líder socialista que marcó una época y con el que Grecia entró en la Unión Europea. Esas políticas habrían sido el envés de ese ingreso en el club europeo: en resumen, mejoraron el consumo de los ciudadanos y modernizaron el país a través de infraestructuras y otras inversiones, pero generaron cantidades ingentes de deuda y de déficit públicos; al pertenecer más tarde a la zona euro, Grecia, como otros países de la periferia, se benefició de tener la misma calificación crediticia que Alemania, al entenderse que el BCE, en caso de dificultad, habría de respaldar cualquier deuda que alcanzaran a emitir los Estados miembro, puesto que todos manejaban una misma moneda. Eran los buenos tiempos, cuando la ensoñación de que no iban a aparecer las dificultades propias de un diseño incompleto y mal concebido se habían adueñado de las mentes de muchos dirigentes de la región. En 2009, otro Papandreu (Yorgos, hijo de Andreas, lo que muestra la estructura de grandes familias griegas al frente del Estado; la otra dinastía es la de los Karamanlis, en la derecha) denunció que las cifras de déficit público que se habían entregado a Bruselas estaban manipuladas (la manipulación la había hecho el Gobierno de Nueva Democracia —la derecha— con la ayuda del banco de inversiones Goldman Sachs, en el que trabajaba, entre otros, un tal Mario Draghi), y que el déficit en vez de ser del 6,5 % del PIB, superaba el 13 % del PIB.

El castillo de naipes se derrumbó. La prima de riesgo (lo que le cuesta financiarse a un país, en relación con Alemania) se multiplicó exponencialmente y llegó el crash. En mayo de 2010 Grecia fue el primer país de la Unión Europea en pedir auxilio, cuando todavía no se había previsto en Bruselas ningún tipo de mecanismo institucional para solucionar ese tipo de emergencias. Luego llegarían Portugal e Irlanda, y con otras modalidades, España (rescate exclusivamente bancario, aunque con condiciones macroeconómicas) y Chipre. Cinco años después, los griegos han experimentado en su vida cotidiana el fracaso de los rescates al no haber mejorado su bienestar (sino todo lo contrario) y haber continuado aumentando su deuda pública. La otra parte en cuestión (la célebre troika, los hombres de negro: la Comisión Europa, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) ha acusado al país de ser un «Estado semifallido», por lo que o se practican «reformas estructurales» de más calado o los rescates serán pozos sin fondo. Durante todo este tiempo, nunca hubo negociación de igual a igual; una parte, Grecia, intervenía con respiración asistida, y la otra, Europa y el FMI, amenazándola con retirarle el tubo. Cuando en la primera parte del año 2015 llega Syriza al Gobierno, no hubo ni cien ni un solo día de tregua, sino que las negociaciones se activaron desde el primer momento.

Entre las características de ese «Estado semifallido», se citan las siguientes: el clientelismo de la Administración Pública, copada por correligionarios de los grandes partidos en capas superpuestas (dependiendo de si gobernaban unos u otros) e hinchada en relación a otras de países de similar tamaño; la corrupción rampante con pasarelas sistemáticas entre el sector privado y el sector público; la sobrerregulación en el funcionamiento de ambos sectores (leyes, reglamentos, ordenanzas), que en muchas ocasiones conduce a la parálisis y a la desesperación de los agentes implicados, tan maravillosamente descrita por el novelista Petros Markaris en sus novelas del comisario Jaritos; la endeble capacidad tributaria del Estado para recaudar impuestos y para evitar la evasión de capitales; los abusos en la jubilaciones anticipadas, etcétera.

Como consecuencia de todo ello, y sobre todo del problema principal, la deuda, sobre Grecia ha recaído todo tipo de metáforas. El politólogo Yannis Stavrakakis (autor de «La sociedad de la deuda. Grecia y el futuro de la posdemocracia», en el libro colectivo El síntoma griego) menciona tres de ellas. Primero, la metáfora médica: la crisis es una enfermedad seria, resultado de una patología social implícita. Se teme «su contagio», «la contaminación» de la enfermedad, y por ello es necesario prescribir una medicación; lo mismo que una quimioterapia severa, dicha medicación es imprescindible si se quieren recuperar las funciones vitales del paciente, aun cuando el tratamiento podría poner en riesgo su propia vida.

La segunda metáfora es la pedagógica, la más paternalista: las causas de la crisis son antropológicas, culturales; están presentes en cierto grado de inmadurez o de mal comportamiento. Hay que tratar a Grecia como a un alumno que hace pellas, que se merece el castigo no sólo para enderezar su comportamiento sino también a modo de ejemplo para los demás.

La tercera metáfora es la zoomórfica: los países del sur de Europa (Portugal, Italia, Grecia, España) e Irlanda reciben —ya lo hemos visto— de los anglosajones y alemanes el acrónimo de PIGS, y quedan desprovistos, como los cerdos, de humanidad, racionalidad y dignidad. Al fin y al cabo, la distancia entre las cobayas y los cerdos no es tan grande.

Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí

Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí

Atenas se endeuda de modo masivo. Deviene en digno representante de esa corriente mundial que utiliza los créditos para satisfacer las necesidades de financiación, sustituyendo a los más impopulares y más dolorosos gravámenes: los impuestos se pagan en relación a la capacidad de cada uno y no se devuelven; la deuda la pagan por igual todos los ciudadanos y hay que devolverla a quien nos la presta: las entidades financieras. La deuda como punto nodal de todas las prácticas de disciplina. ¿Cómo entender que los mismos que antes estimularon los créditos para mantener el consumo y la apariencia de una cierta igualdad en los signos externos de los ciudadanos sean ahora los que vomitan sus consecuencias nefastas? ¿Cómo experimentar vergüenza y culpa por estar endeudado cuando poco antes la acumulación de préstamos era una señal de estar bien situado en el sistema? El mencionado Stavrakakis escribe: «A causa de un cambio de ese entorno, y casi de la noche a la mañana, se decidió que la deuda y el déficit resultaban insostenibles, por lo cual se impuso una serie de brutales medidas de “devaluación interna” como única cura y solución».

El resultado: los datos de la situación de Grecia que se han expuesto. Maurizio Lazzarato dice que en economía se ha sustituido la figura del homo economicus (aquel que es racional en sus decisiones económicas) por la del «hombre endeudado»; además de ser en ocasiones una preocupación, la deuda anida en el corazón del sistema y el vínculo entre el acreedor y el deudor pasa a ser la relación social fundamental de nuestras sociedades. Cada vez somos más deudores de los bancos, de los seguros privados, de las empresas de servicios…

Para respetar nuestros compromisos se nos invita a ser «empresarios de nosotros mismos», de nuestra propia vida y de nuestro capital. ¿Cómo escapar a la condición de hombre endeudado? Jean Baudrillard, citado en el libro de Lazzarato, responde: si en un principio se utilizó la deuda (el crédito) para poner a salvo el acceso al consumo en una sociedad cada vez más desigual, si ambos funcionaron como medio para el mantenimiento de nuestras fantasías aristocráticas de «consumo ostensible», ahora se nos devuelve a una situación muy distinta, que es la característica del feudalismo, en la cual una parte del trabajo se debe por anticipado al señor, en cuanto servidumbre. La misma Grecia que entró en la Unión Europea, en el euro y acogió unos Juegos Olímpicos por los que se ganó el reconocimiento internacional, se convirtió de la noche a la mañana en el enfermo más grave de la moneda única, en una especie de bestia negra a la que había que atornillar con las clavijas más dolorosas y difíciles de desenroscar.

En los albores de la Gran Recesión hubo un incipiente debate sobre si el problema financiero que surgía era de liquidez o de solvencia de las entidades. Sus dificultades se resolvieron inyectando liquidez a mansalva y recapitalizando los bancos con dinero público. Con Grecia no se ha actuado del mismo modo: se ha insistido en la necesidad de dinero a corto plazo (los rescates) y se ha olvidado que el país no tendrá salida sin una reestructuración (quita, plazos, tipos de interés…) de su ingente deuda pública. Las negociaciones para el tercer rescate terminaron con la «ilusión monetaria» de que la deuda griega era pagable. A partir de ese momento se sustituyó implícitamente el esquema de «dinero a cambio de reformas» (recortes) por el de «dinero a cambio de reformas más reestructuración de la deuda», aunque de manera explícita se negase. Con la deuda griega vale repetir el cuento más corto del mundo, del guatemalteco Tito Monterroso: «Cuando despertó, el dinosaurio [la deuda] todavía estaba allí». Hasta el FMI lo ha reconocido paladinamente, al poner negro sobre blanco que la deuda pública griega es «cada vez más insostenible», que se situará cerca del 200 % del PIB en 2017, incluso con el rescate. El organismo ve necesario «un alivio de la deuda de una escala que tendría que ir mucho más allá de lo que se ha considerado», y propone ampliar los plazos de carencia y de devolución mucho más allá de los actuales, apuntando incluso a que serán precisas «profundas quitas» pese a las reticencias de sus socios.

Una extensa entrevista realizada al economista francés Thomas Piketty en el semanario alemán Die Zeit muestra las posiciones más críticas hacia la inflexible posición alemana en el asunto de la deuda griega. En el momento en que Piketty tenía más influencia en la opinión pública, la aprovecha para censurar la política económica del Gobierno germano en su propia prensa. Pocas semanas antes de la entrevista, Piketty y otros cuatro economistas muy renombrados (Dani Rodrik, Jeffrey Sachs, Heiner Flassbeck y Simon Wren-Lewis) habían dirigido una carta a Angela Merkel afirmando que las cosas no podían haber ido peor con la aplicación en Grecia de las políticas de austeridad lideradas por Alemania y avaladas por Bruselas. Los cinco economistas hacían la siguiente analogía: a Alexis Tsipras (el primer ministro griego) se le pide que se ponga una pistola en la cabeza y apriete el gatillo. Desgraciadamente, la bala no sólo acabará con el futuro de Grecia en Europa sino que tendrá un daño colateral: «acabar con la eurozona como paradigma de esperanza, democracia y prosperidad».

En la pedagógica entrevista, los mensajes de Piketty restallan como una enmienda a la totalidad de esa política con los países deudores de Europa del Sur. A saber:

1) Reino Unido, Alemania y Francia estuvieron alguna vez en la situación de la Grecia actual, y de hecho con una deuda mucho mayor. La primera lección que podemos aprender de la historia de la deuda gubernamental es que no nos estamos enfrentando a un problema nuevo. Han existido muchas maneras de pagar las deudas, y no sólo una, que es lo que Berlín y París quieren hacer creer a los griegos.

2) Alemania es el mejor ejemplo de país que, a través de su historia, nunca ha pagado su deuda externa. Ni después de la Primera Guerra Mundial ni después de la Segunda. No obstante, ha obligado reiteradamente a que otras naciones paguen, como después de la guerra franco-prusiana de 1870, cuando pidieron indemnizaciones gigantes a Francia y las obtuvieron. El Estado francés sufrió durante décadas bajo esta deuda. La historia de la deuda pública está llena de ironías. Alemania no tiene base para echar sermones a otras naciones.

3) La historia nos muestra dos formas en las que un Estado endeudado puede dejar esa condición. La primera fue representada por el Imperio británico en el siglo XIX, después de sus costosas guerras contra Napoleón. Éste es el método lento que se le está recomendando a Grecia hoy: el Imperio pagó sus deudas a través de una disciplina presupuestaria estricta. Esto funcionó pero duró mucho mucho tiempo. Durante cien años los británicos destinaron hasta el 2 % o el 3 % de su economía al pago de las deudas, que era más de lo que gastaban en escuelas o educación. El segundo método es mucho más rápido y Alemania lo demostró en el siglo XX. En esencia se compone de tres elementos: inflación, un impuesto especial sobre la riqueza privada y un aligeramiento de la deuda.

4) Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la deuda alemana equivalía a más del 200 % de su PIB. Diez años después, poco de eso quedaba: la deuda pública era menos del 20 % del PIB. Alrededor de la misma época, Francia consiguió resultados similares. Nunca se hubiera llegado a esa reducción increíblemente rápida de la deuda a través de la reducción fiscal que hoy se le recomienda a Grecia. Ambos países emplearon un método con los tres componentes mencionados, incluido la quita de parte de la deuda. En el Acuerdo de la Deuda de Londres de 1953, se canceló el 60 % de la deuda externa alemana y sus deudas internas fueron reestructuradas.

5) Esto no tuvo que ver con la claridad moral sino con una decisión económica y política racional. Se entendió que, después de las grandes crisis que generaron enormes cargas de deuda, en algún momento la gente debe mirar hacia el futuro. No se puede pedir a las nuevas generaciones que paguen los errores de sus padres durante décadas. Sin duda, los griegos han cometido grandes errores: hasta 2009, el Gobierno de Atenas falsificaba sus cuentas. Pero a pesar de esto la nueva generación de griegos no tiene mayor responsabilidad por los errores de los más viejos que la nueva generación alemana ante las decisiones que se tomaron en los años cincuenta y los sesenta. Europa se fundó sobre el perdón de las deudas y las inversiones en el futuro. No sobre la idea de la penitencia eterna.

6) Se precisa un congreso sobre toda la deuda europea, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. La reestructuración de toda la deuda, no sólo en Grecia sino en varios países europeos, es inevitable.

7) En Alemania influyó mucho la reunificación. Se temió que ésta llevaría a un estancamiento económico, pero la reunificación fue un éxito en gran parte gracias a la red de seguridad social y a un sector industrial intacto. Mientras tanto, Alemania se ha vuelto un país tan orgulloso que sermonea a todos los demás.

8) Aquellos que quieren echar hoy a Grecia de la eurozona terminarán en el basurero de la historia.

El papel de Alemania y de Europa en la crisis griega ha sido auscultado sin desmayo. ¿Por qué un país cuyo PIB tan sólo representa el 2 % o el 2,5 % del total de la Unión Europea ha acaparado tantos esfuerzos y tanta atención durante largo tiempo? No sólo por la supervivencia misma de Grecia en el seno de la eurozona, sino por el desgaste que la idea europea ha sufrido en esta crisis.

Alemania ha liderado todas las iniciativas. La «ideología alemana» ha sido la hegemónica en los intentos de resolución de las dificultades del euro y de los países deudores. Cuando tras el referéndum de julio de 2015 se hace hincar la cerviz a un gobierno legítimamente constituido (lo que está en juego en este asunto es, en última instancia, cómo se gestiona la tensión entre una democracia nacional y la pertenencia a un club supranacional como es la eurozona), Jürgen Habermas, el gran filósofo germano, declara a The Guardian: «El Gobierno alemán, incluida el ala socialdemócrata, ha dilapidado en una noche todo el capital político que una mejor Alemania había acumulado en medio siglo».

La organización no gubernamental Economistas Frente a la Crisis hace un comunicado, en medio de las negociaciones de la troika con Grecia, en el que manifiesta ese deterioro del ideal europeísta y el avance del euroescepticismo:

La arquitectura institucional europea y la respuesta económica ante la crisis han sido tan dañinas para el conjunto de los ciudadanos que hoy el euroescepticismo es una corriente en alza. De esta tendencia son en parte responsables los gobernantes y los líderes comunitarios que, tras haber alejado a Europa de su propio proyecto, alertan ahora paradójicamente contra la vuelta a soluciones nacionales, insolidarias. La UE, frente a la crisis, ha fallado a los ciudadanos. Ha fallado en el objetivo de crear prosperidad, empleo, igualdad, solidaridad. Ha fallado porque no ha defendido su razón de ser, la propuesta de Europa a los europeos y al mundo: el Estado de Bienestar.

Grecia ha hecho más explícita que nunca una nueva fractura que diferencia a unos países de otros —el norte del sur, el centro de la periferia, los acreedores de los deudores—, ya que pertenece al sur geográfico, a la periferia política y a los deudores económicos. Así, además de la fragmentación política que se produjo entre los países de fuera y de dentro del euro, se ha añadido una fragmentación social (países con mucho y con poco paro) y la fragmentación estructural del espacio económico (acreedores y deudores). Hasta la Gran Recesión se creyó que el proyecto europeo era un juego de suma positiva en el que todos los participantes ganaban. Sin embargo, desde que la crisis introdujo problemas redistributivos y generó sensaciones de suma cero (lo que unos ganan es a costa de otros) las fricciones se han generalizado. Además, cada vez que las instituciones europeas han intentado arreglar un problema serio (Grecia, Chechenia, Oriente Próximo, inmigración en el Mediterráneo) muestran una ineficacia pavorosa. A partir del caso griego, sobre todo, los dirigentes comunitarios tendrán que esmerarse en hacer superar a los ciudadanos la tremenda sospecha, instalada en una parte muy significativa de la opinión pública, de que lo ocurrido (la extrema rigidez de las posiciones de la troika) buscaba desplazar al Gobierno griego de Syriza y sustituirlo (otra vez, ya lo hicieron con Papademos) por una administración tecnócrata; que, a través de Grecia, los halcones pretendían encontrar un precedente para otros países con problemas; y que no les gusta nada que, ante decisiones clave, los ciudadanos puedan tomar directamente la palabra. Para los tecnócratas la democracia es un inconveniente, un estorbo que debe ser pasado por alto para lograr la eficacia.

Uno de los analistas más críticos con las políticas de austeridad de la Unión Europea y del eurogrupo ha sido el influyente columnista Wolfgang Münchau, que escribe en el Financial Times de Alemania. Sus posiciones resumen bien las de muchos de aquellos ciudadanos que un día fueron europeístas graníticos y hoy se encuentran decepcionados. Münchau escribió un vitriólico artículo cuyo título resume su contenido: «Los brutales acreedores de Grecia han demolido el proyecto de la eurozona». Se ha sustituido la idea de una unión monetaria como paso hacia una unión política democrática, y han vuelto a producirse en Europa las luchas de poder nacionalistas de los siglos XIX y principios del XX. Se ha degradado a la zona euro a una especie de sistema de tipo de cambio fijo tóxico con una moneda compartida, en interés de Alemania, que se mantiene unido «por la amenaza de miseria absoluta para aquellos que desafíen el orden imperante». Una vez que se extirpa de la eurozona cualquier ambición de unión política, se transforma en un proyecto utilitarista y sin alma en el que los estados miembro sopesarán fríamente los beneficios y los costes (al igual que Gran Bretaña está evaluando las ventajas y desventajas de la adhesión a la Unión Europea). En un sistema así, alguien, en algún lugar, querrá abandonarla en algún momento.

La pregunta de Münchau remite de nuevo más al terreno de la democracia que al de la economía: ¿qué deben hacer ahora los griegos? Olvídense por un momento de la polémica sobre temas tales como el impacto de la austeridad y de las reformas sobre el crecimiento, y háganse la siguiente pregunta: ¿de verdad creen que un programa de reformas económicas para el que un gobierno no tiene mandato público (ganó las elecciones con otra alternativa), que ha sido rechazado explícitamente en un referéndum (con el 61 % de los votos), que ha sido forzado a través de un chantaje político puro (con cierre de los bancos) puede funcionar?

El analista coincide con tantos otros que piensan que el hecho de que Grecia continúe en este momento dentro de la zona euro no es definitivo. Su salida estará de nuevo en la mesa de Bruselas tan pronto como ocurra el más mínimo fallo en los programas de rescate. Yanis Varoufakis declaró que «la eurozona es un lugar incómodo para personas decentes» y que «Grecia debe dejar de fingir que ha resuelto el problema».

El Premio Nobel Joseph Stiglitz se dirigió a sus colegas griegos en la isla de Corfú, donde había llegado para una reunión de economistas, y les dijo: «Hoy el campo de batalla entre las ideas económicas y el poder económico se encuentra aquí, en Grecia. Lo que ocurra aquí es un presagio de lo que puede suceder en otros lugares».

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