A Sol Gallego, Xavier Vidal-Folch

y Andreu Missé.

Y a Guilu, como siempre.

Prólogo

1. A mediados de la década de los ochenta, Francia exportó el concepto de pensamiento único. Se trataba de una teorización, desde la resistencia, a un modelo de política, la política de talla única, o la única política posible. Su centro de atención era la economía, pero a partir de la misma se desparramaba al conjunto de las actividades sociales. Cuando se escribió este libro (primera edición en 1997) ya existía suficiente contexto para analizar las consecuencias del pensamiento único. Hoy, traspasada la barrera del año 2000, ese contexto se ha ampliado y se observan, de modo más generoso, los intentos de salir de ese pensamiento único y de iniciar con soltura lo que Touraine ha denominado transición posliberal.

Desde la caída del muro de Berlín, en 1989, el mundo ha experimentado una serie de cambios gigantescos, a la par que enormemente acelerados. Es lo que se puede denominar segunda revolución del capitalismo. Esta posee una serie de características comunes, entre las cuales se pueden citar las siguientes:

—Transformaciones culturales: una americanización de la cultura y de las costumbres, visible en las agrupaciones urbanas de todo el planeta. La globalización es, en primer lugar, una globalización cultural y sociológica. El capitalismo americano ha vencido, en este terreno, a los otros tipos de capitalismo con los que coexistía. Hasta hace poco hablábamos fundamentalmente de dos tipos de capitalismo: el renano —que agrupaba al sistema de los países europeos y, por extensión, al japonés— y el capitalismo anglosajón. El último ha devenido en capitalismo americano y se ha tragado al primero, que culturalmente ha dejado de existir o se ha convertido en subsidiario, pese a los esfuerzos mantenidos sobre la excepción cultural europea y otros mecanismos de resistencia, que no han impedido el triunfo arrollador de lo americano. Afortunadamente, todavía no ha sucedido lo mismo con el modelo de crecimiento económico, aunque la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, celebrada en marzo de 2000 en Lisboa, parecía indicar que también ese modelo europeo podía comenzar a ceder.

—Concentración del poder económico hasta grados no solamente desconocidos, sino imprevisibles hace apenas unos años. Habiendo tenido que criticar muy duramente las doctrinas del viejo Marx por inexactas, reconozcámosle ahora su lúcida interpretación de la sociedad capitalista en lo referente a la concentración del poder económico, tanto en el Manifiesto Comunista como en El Capital. La década de los noventa es la década de las fusiones, hasta el punto de que la irónica descripción de la artista argentina Nacha Guevara ya no hay revoluciones sino fusiones es un lugar común. Fusiones amistosas, fusiones hostiles, fusiones entre sociedades del mismo sector, fusiones entre empresas que fabrican productos o sirven productos que no tienen nada que ver entre sí… fusiones, fusiones, fusiones. Las páginas económicas de los medios de comunicación están recorridas todos los días por fenómenos de esta naturaleza.

En los albores del nuevo milenio, los mercados corrigen la labor de los políticos y sitúan las cosas en grados de monopolización u oligarquización que hasta hace poco hubieran resultado insoportables. Ejemplos, las leyes antitrust norteamericanas de principios de siglo obligaron a Rockefeller a dividir su empresa, la Standard Oil, en las siete hermanas para evitar que una sola empresa tuviese el monopolio de hecho del mercado del petróleo. Apenas hace unos meses, algunas de esas siete hermanas han vuelto a unirse entre sí, bajo la argumentación de que o se hacen más grandes o no serán competitivas y tendrán que desaparecer. Lo mismo ocurrió con la ATT y las compañías de telecomunicaciones, divididas para asegurar el mercado y la competencia, y sometidas ahora a un proceso de uniones.

—Explosión de un nuevo concepto denominado nueva economía, que se caracteriza por un crecimiento sin inflación, basado en aumentos constantes de la productividad y sostenido por una revolución tecnológica que se representa en Internet y todo lo que hay en sus alrededores. En esta nueva economía tienen presencia singular las Bolsas de valores, a las que acuden los inversores ya no en busca de recortar el dividendo, como en el pasado, sino de las expectativas de creación de valor de las empresas, ya que en la compraventa de acciones ganan muchísimo más dinero: más que el valor de los beneficios se tiene en cuenta el valor de las expectativas. Empresas tecnológicas en pérdidas valen muchísimo más que empresas industriales con beneficios. La nueva economía, que es un sinónimo adormecedor del nuevo capitalismo, no es otra cosa que el rápido desarrollo y aplicación de las nuevas tecnologías de la información, que está permitiendo el paso de una economía basada en la producción industrial de bienes a otra soportada por la provisión de servicios en el conocimiento, las ideas y en la información.

—Extraordinario crecimiento de las desigualdades en las últimas dos décadas. Primero, entre el Primer y el Tercer Mundo, pero no sólo. El historiador David Landes, profesor emérito de la Universidad de Harvard, ha dedicado su monumental obra La riqueza y la pobreza de las naciones a estudiar la distancia que media entre ricos y pobres, y si aumenta o disminuye; según Landes, la relación entre la renta per cápita de la nación industrializada más rica, digamos Suiza, y la del país no industrializado más pobre, Mozambique, es de 400 a uno; hace 250 años, esta relación entre la nación más rica y la más pobre era quizá de cinco a uno, y la diferencia entre Europa y, por ejemplo, el este o el sur de Asia (China o India) giraba en torno al 1,5 o dos a uno.

Pero estas diferencias no se dan sólo entre distintas áreas geográficas, sino en el interior de cada sociedad. Pongamos por ejemplo el fenómeno de las stock options (derecho a comprar acciones de la propia empresa en el futuro, a un precio de mercado actual), que ha llegado muy recientemente a España, cargado de polémica. No me interesa ahora esa polémica, sino las diferencias salariales que, en el extremo, comportan. En Estados Unidos, país en el que las opciones sobre acciones están muy extendidas, la distancia en las remuneraciones entre el primer ejecutivo de una gran sociedad que cobra stock options y el último de sus empleados llega a 420 a uno. Esto significa que, si se hiciese la traslación a España, para un sueldo del más humilde empleado de, por ejemplo, 100.000 pesetas (que no es infrecuente en nuestro país), ese primer ejecutivo cobraría 42 millones de pesetas. Una diferencia salarial tal, independientemente de las consideraciones morales que dé lugar en cada uno, no es precisamente cohesionadora de la sociedad.

El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, pronunciaba en octubre de 1998 una conferencia, titulada La otra crisis, en la que decía: “Mientras hablamos de crisis financiera, en todo el mundo 1.300 millones de personas subsisten con menos de un dólar al día; 3.000 millones viven con menos de dos dólares al día; 1.300 millones no tienen agua potable; 3.000 millones carecen de servicios de saneamiento y 2.000 millones no tienen electricidad… Hagamos algo para acabar con este sufrimiento. No nos detengamos en el análisis financiero. No nos detengamos en la arquitectura financiera. No nos detengamos en las reformas del sistema financiero. Ahora tenemos la oportunidad de entablar un debate global sobre todo ello, es cierto, pero también sobre los fundamentos del desarrollo.”

Esta descripción nos hace matizar bastante lo afirmado al principio sobre la segunda revolución del capitalismo. La nueva economía se desarrolla en los países más avanzados, mientras que hay ciudadanos de las naciones más pobres que todavía han de entrar en la revolución industrial.

Otro ejemplo: véase lo que pasa con Internet. Pese a la compulsión que en los últimos tiempos se experimenta en España con este fenómeno, como si estuviese generalizado su uso, la realidad es que de los 6.000 millones de habitantes del planeta, apenas 250 millones, poco más del 4%, utiliza este sistema de información y comunicación. Evidentemente, los miles de millones de personas que no conocen el uso del teléfono o de la electricidad no pueden usarlo. Así se ha instalado otra división social entre nosotros: no sólo hay pobres y ricos, sino enchufados y desenchufados a la red.

Resaltemos, sin ser exhaustivos, otras situaciones dignas de conocer: las desigualdades mundiales han estado aumentando constantemente durante casi dos siglos; un análisis de las tendencias de largo plazo de la distribución del ingreso mundial (entre países) indica que la distancia entre el país más rico y el más pobre era de alrededor de tres a uno en el año 1820, 11 a uno en 1913, 35 a uno en 1950, 44 a uno en 1973 y 72 a uno en 1992. Las 200 personas más ricas del mundo se están haciendo más ricas rápidamente: el activo de las tres personas más ricas es superior al PIB combinado de los países menos adelantados; el activo de las 200 personas más ricas es superior al ingreso combinado del 41% de la población mundial. Una contribución anual del 1% de la riqueza de las 200 personas más ricas del mundo podría dar acceso universal a la educación primaria para todos.

Todo ello nos lleva a una primera conclusión: seguramente, el modelo de capitalismo vigente, el capitalismo global, es el que más favorece el crecimiento y la productividad, pero es también el tipo de capitalismo que de forma más nítida genera inestabilidad en el sistema, socava la cohesión social y multiplica la desigualdad.

2. Iniciemos una segunda reflexión. Los que provenimos del marxismo, debemos hacernos una autocrítica. Mil veces se ha pronosticado el fin del capitalismo a través de una crisis sistémica. No ha sido así. No sólo no ha sido así, sino que el capitalismo está cambiando de cara y de espíritu para hacerse más poderoso. En esta última década se ha iniciado una transición inédita del socialismo al capitalismo, y no al revés, en todo el antiguo bloque soviético, incluida la URSS, y también se puede decir, con otras peculiaridades, en la gigantesca China. Ello ha reajustado el tradicional poder económico mundial, con la aparición de nuevas oligarquías que no tuvieron que hacer la acumulación originaria de capital porque ésta les fue regalada en buena parte. Además, ha aparecido una nueva categoría de países, que ha conseguido diferenciarse de las antiguas naciones pobres o en vías de desarrollo: son los países emergentes, considerados como beneficiarios directos del fenómeno de la globalización al ser capaces de disputar, al menos, las enormes migajas del capital internacional. Como dice Galbraith, si uno alimenta al caballo con avena de sobra, algo acabará cayendo en el camino para los gorriones.

No es el capitalismo el que está en crisis, sino la crítica al capitalismo que muchas veces se sigue haciendo sobre bases ideológicas falsas, o sobre criterios antiguos. Mientras no se reconozca esto, que no se puede estar contra el capitalismo en bloque porque es el único sistema vigente, sino enfrente de las consecuencias más desgraciadas del mismo, será muy difícil avanzar y los esfuerzos sólo conducirán a la melancolía o a convertirnos en rebeldes sin causa.

Un capitalismo que ha perdido todo sentido del miedo, porque no tiene enemigo, no tiene contendiente desde la caída del muro de Berlín y la autodestrucción del socialismo real. En la posguerra mundial, los países occidentales crearon el Estado de Bienestar como una especie de revolución pasiva. El Estado del Bienestar, esto es la universalidad de la sanidad pública, educación pública, pensiones públicas, un seguro para todo aquel que no encontraba empleo, negociación colectiva, etcétera, se puso en marcha para evitar que los trabajadores occidentales tuviesen la tentación de mirar hacia las conquistas aparentes o reales del comunismo, y las prefiriesen. Así se lograron unos derechos adquiridos. Desaparecido el socialismo real se ha iniciado una especie de contrarrevolución que consiste en limitar o anular algunos de esos derechos adquiridos. Se apoya para ello en una dificultad real: la crisis fiscal del Estado, la falta de recursos públicos suficientes para mantener esos derechos en una coyuntura demográfica adversa (mayor esperanza de vida de los ciudadanos). Pero la consecuencia inmediata es que se pone en duda la universalidad de esos derechos; así, las pensiones deberían ser públicas sólo para los indigentes y los demás tienen que ahorrar en sistemas privados para su jubilación. Lo mismo ocurre con la sanidad o la educación. Pero éste es un problema en primer lugar político y sólo en segundo lugar económico, de recursos públicos escasos. Frente a los que consideran que las pensiones, la educación o la sanidad son bienes, hay que reivindicar su carácter de derechos y tratarlos en el terreno de la política, no de la economía.

También se está dando un intenso desplazamiento del poder político hacia el poder económico. Si esta tendencia se consolida definitivamente, si las grandes compañías, los grandes fondos de inversión o de pensiones internacionales tienen más poder que los Gobiernos o que los Parlamentos nacionales, en el extremo se puede hacer una pregunta: ¿Para qué votar? ¿Qué queda de la soberanía del Estado-nación? Al mismo tiempo que la democracia se va extendiendo por el planeta (en 1950 sólo el 15% de los países vivía en democracia; hoy, más del 60% de los países son democráticos), ésta va perdiendo calidad y profundidad. No basta con que haya elecciones y que existan partidos de oposición o Parlamento. Si el poder ejecutivo es sumiso a los grandes grupos económicos, o si los dueños de los medios de comunicación tienen demasiados incentivos financieros para autocensurarse, la democracia no funciona. Además, el poder económico es más difuso que el poder político, más impersonal, más difícil de detectar y de combatir. Por eso la globalización actúa como una especie de narcótico de las sociedades y se dice que no hay nada que hacer para cambiar las cosas.

Al lado de todo esto, hay una división cada vez más explícita entre la economía real y la economía virtual o nueva economía, que también va siendo cada vez más real. A veces funcionan como unas tijeras abiertas cuyas puntas nunca se encuentran. ¿Cómo interpretar paradojas tales como el hecho de que cuando sube el paro en Estados Unidos, —es decir una desgracia para la gente— también suba la Bolsa, y viceversa? Cuando una multinacional anuncia despidos masivos de sus plantillas su valor en Bolsa se revaloriza espectacularmente. Incluso dentro de las Bolsas de valores hubo una diferenciación cada vez más nítida: los valores tradicionales (constructoras, automóviles, química, etcétera), cuya evolución fue durante un tiempo muy discreta, y los valores tecnológicos, que subieron como la espuma. Los primeros están representados en el índice Dow Jones; los segundos, en el mercado Nasdaq. Se está pasando rápidamente de la generación Dow Jones a la generación Nasdaq, que se ha olvidado de la historia y cree que las bolsas sólo pueden subir, nunca bajar. No recuerdan que los meses anteriores al crash de 1929 se daban en la economía americana unas características de euforia y de explosión tecnológica muy parecidas a las actuales. Tampoco se acuerdan de lo sucedido en 1987. La generación Nasdaq ha cambiado de iconos; ya no figura entre sus favoritos el Che Guevara, por supuesto, pero tampoco Rockefeller o los grandes industriales de principios de siglo; sus preferidos ahora son los Bill Gates, Steve Case o George Soros. También se han olvidado del sabio consejo de Oscar Wilde: “No hay nada tan peligroso como ser excesivamente moderno. De pronto, uno puede estar pasado de moda.”

3. La globalización no está saliendo bien. La globalización es un proceso histórico mediante el cual las políticas nacionales van perdiendo importancia, en beneficio de las políticas internacionales. Esto se aplica fundamentalmente a la economía. Según definición del Fondo Monetario Internacional (FMI), la globalización es “la interdependencia económica creciente del conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que la difusión acelerada y garantizada de la tecnología”. Estar contra la globalización es como estar contra la existencia de catedrales o contra el descubrimiento de América. No tiene, en mi opinión, mucho sentido. Sin embargo, se puede estar frente a esta forma de entender la globalización, que tiene muchos aspectos positivos, pero también los nocivos que estoy desarrollando.

En el último siglo y medio ha habido dos oleadas de globalización. La primera, entre los años 1870 y 1914; la segunda comenzó entre los años sesenta y todavía continúa. Lo que diferencia este momento de los anteriores es la libertad absoluta de los movimientos de capitales y su amplitud. El sociólogo español Manuel Castells, en su monumental obra La era de la información: economía, sociedad y cultura afirma que “una economía global es una realidad nueva para la historia, distinta de una economía mundial. Una economía mundial, es decir, una economía en la que la acumulación de capital ocurre en todo el mundo, ha existido en Occidente al menos desde el siglo XVI, como nos enseñaron Ferdinand Braudel o Inmanuel Wallerstein. Una economía global es algo diferente. Es una economía con la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real a escala planetaria. Aunque el modo capitalista de producción se caracteriza por su expansión incesante, tratando siempre de superar los límites del tiempo y espacio, sólo a finales del siglo XX la economía mundial fue capaz de hacerse verdaderamente global en virtud de la nueva infraestructura proporcionada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta globalidad incumbe a todos los procesos y elementos del sistema económico.”

La globalización está multiplicando el bienestar en los países ricos (sin entrar en los aspectos de distribución de ese bienestar) y sus migajas han creado una nueva categoría de países, los países emergentes, que se han despegado de los países pobres y tienden a comportarse como países desarrollados. Pero si es capaz de engendrar lo mejor, también lo es de generar lo peor. Lo mejor, si hubiera permitido a países o zonas hasta entonces víctimas o excluidas del desarrollo, asociarse a éste. Advirtamos, de momento, que ese no es el camino que ha tomado la globalización. Hay países pobres de solemnidad que no tienen ninguna perspectiva de desarrollo; ni siquiera se ha llegado a un consenso para condonarles la deuda externa que les impide crecer y acceder a unas mínimas cotas de bienestar. Ya hemos descrito las gigantescas desigualdades. Y hay, además, otra característica muy preocupante: con la globalización, cada vez son más frecuentes y tienen mayor capacidad de contagio las crisis financieras. Recordemos las más importantes, desde 1989: la crisis del Sistema Monetario Europeo en 1992; México en diciembre de 1994 y 1995; Asia en 1997; Rusia en 1998; Brasil y América Latina en 1998 y 1999. De cada una de estas crisis, los países implicados han salido con unos enormes costes sociales en términos de desempleo y pobreza. Una crisis cada dos años permite pensar que quizá éstas no sean la excepción, sino la regla.

4. ¿Cómo mejorar la calidad de este capitalismo de crisis recurrentes y tendencias tan descohesionadoras? Gobernándolo. La cuestión es la gobernabilidad de la globalización. Del mismo modo que hay una economía global, y un discurso global y único, también debería haber un gobierno de la economía. Tiene que haber unas reglas del juego que convivan con los mercados. Una economía sin controles sociales es un absurdo. Los defectos de este sistema disipan una ilusión: la autonomía de la economía liberada de la política. No existe economía sana sin un Estado sólido, sin una norma de derecho aplicable a todos los ciudadanos, sin cohesión y sin protección social. El mercado tiene necesidad de unas reglas que no pueden ser despreciadas sin graves riesgos. La acción progresista consiste en rechazar la extensión de los principios de la economía de mercado a toda la sociedad: impedir que el espíritu propio de la esfera mercantil se extienda a sectores no mercantiles como la educación, la sanidad, la cultura, la justicia, el arte, la información, etcétera.

Por ello hay que levantar la bandera de un nuevo eslogan: sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado. La reconciliación de los controles con el mercado es una necesidad; la resistencia a la extensión a toda la sociedad de la excepción económica es prioritaria. Un mundo sin controles económicos es un mundo con más inseguridad. El problema hoy no es la asfixia de los controles económicos, como decía Hayek, sino su ausencia. Como nos ha enseñado Alain Touraine, “a finales del siglo XIX y principios del XX, las naciones que perdían el control de sus economías se lanzaban de cabeza hacia el nacionalismo, ya fuera éste de cariz reaccionario o revolucionario. Si hoy nos sometemos a los intereses de un capitalismo financiero estaremos preparando un siglo XXI todavía más violento y militarista de lo que haya podido ser el siglo XX.”

Entre las propuestas para crear una especie de Gobierno económico mundial, la que más se ha concretado ha sido la del francés Jacques Delors, antiguo presidente de la Comisión Europea, sobre la creación de una especie de Consejo de Seguridad Económica, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objeto sería tan ambicioso (¿o tan utópico?) como asegurar la paz y la estabilidad de la economía del planeta. Una vez aceptada la irreversibilidad de la globalización se trataría de globalizar el progreso sabiendo que si no se consigue el futuro puede ser un siglo de barbarie. Este Consejo de Seguridad Económica debería tener funciones similares a las del actual Consejo de Seguridad de la ONU (que interviene para intentar solucionar los conflictos bélicos), con el objeto de democratizar el funcionamiento de la economía mundial. Según Delors, en él estarían representados no sólo los países del G-7 (los siete países más ricos del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), sino organismos regionales tales como el Mercosur, en América Latina, o la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). No podría ser una especie de G-7 ampliado, porque no lo toleraría el resto de los países del mundo; se da la contradicción de que entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Japón poseen alrededor del 75% del PIB mundial, pero representan menos del 20% de la población.

5. Resumamos las principales ideas expuestas:

a) Al tiempo que crea riqueza, el capitalismo global la concentra en exceso. Hay muchos excluidos del bienestar.

b) Los libres movimientos de capitales ofrecen muchas ventajas al Primer Mundo y a los países emergentes, pero hay límites y riesgos en la liberalización incontrolada, sin regular, de los mismos. El sistema será más eficaz y más equitativo cuando se regulen los flujos de capital a corto plazo, haya una mayor transparencia en la regulación y se refuercen las competencias de las organizaciones multilaterales.

c) Al pretender menos Estado se ha dejado crecer la ley de la jungla (véase lo ocurrido en Rusia, donde el problema ya no es, como en el sistema soviético, un Estado asfixiante y policial, sino la falta de Estado: que nadie paga impuestos, que no hay jueces para aplicar las leyes ni policías para impedir que se incumplan). Al pretender más libertad económica sin reguladores independientes, se ha instalado la ley del más fuerte. No puede haber mercado sin la existencia de un Estado eficaz con sus mecanismos reguladores.

d) La economía de papel prevalece sobre la economía real, de modo que las expectativas, los temores y los cambios de humor pueden ponerse en marcha sin que se produzca ningún cambio importante en los fundamentos. Todavía no sabemos cuánto dará de sí la nueva economía.com.

e) Debe tenderse a una globalización paralela de las políticas. No se puede pensar en una economía mundial sin una regulación mundial.

Todos estos análisis deben hacerse con dudas e incertidumbres, sin las arrogancias y seguridades que han afamado a los defensores del pensamiento único hasta la ridiculez. Y acudiendo a la historia; es extravagante la idea de que las lecciones de la historia ya no cuentan, ya no sirven, que cada sociedad no es más que la arcilla modelada por las leyes de la economía; que la revolución tecnológica y los mercados van a disolver (o están disolviendo) las diferencias entre naciones y personas. Los fundamentalistas neoliberales son los únicos que no dudan hoy. Esos fundamentalistas han olvidado el concepto de empatía, entendida ésta como la capacidad para entrar en las creencias, emociones y actitudes ajenas, y en ocasiones fuertemente antitéticas con las de uno mismo; la capacidad de ser abiertos, receptivos, no temerosos, ante las opiniones, los temperamentos y las pasiones ajenas. Que también están presentes en la economía.

El escritor liberal más representativo de nuestro tiempo, Mario Vargas Llosa, que defiende con rotundidad sus ideas sin ese espíritu fundamentalista de algunos de sus correligionarios, ha escrito en alguno de sus artículos sobre el capitalismo global. “Este sistema”, dice Vargas Llosa, “está basado en la libre empresa y el libre mercado, es decir, en la competencia, un rivalizar constante de los individuos y las empresas entre sí para conquistar mercados y relegar o desaparecer a los competidores. Éste es un sistema frío, amoral, que premia la eficacia y castiga la ineficacia sin contemplaciones. No es una ideología, no es una religión, no engaña a nadie prometiendo la felicidad o el paraíso en éste ni en el otro mundo. Es una práctica, una manera de organizar la sociedad para crear riqueza. Por sí solo deshumanizaría a la sociedad y la convertiría en una jungla despiadadamente darwiniana, donde sólo sobrevivirían los más fuertes. Se humaniza gracias a la democracia, con un Estado de Derecho, donde haya jueces independientes ante los que pueden acudir los ciudadanos cuando son atropellados, leyes que garanticen el respeto de los contratos, la igualdad de oportunidades para todos e impidan los monopolios y los privilegios, y unos gobiernos representativos a los que fiscalice la soberanía a través de los partidos de oposición y una prensa libre.”

A problema global, respuestas globales. Ésta es la utopía del siglo XXI para limitar las crisis imprevisibles del futuro, el pensamiento único y las desigualdades más flagrantes del presente.

Prefacio

La ideología dominante que se presenta como natural y racional es más fácil de atacar hoy mediante artículos de periodistas que mediante tratados de economistas o sociólogos, dada la dificultad de combatir de manera sistemática el pensamiento liberal, con frecuencia denominado pensamiento único, sin caer en otras ortodoxias, quizá más peligrosas y seguro que privadas de eficacia económica. Esto es lo que da toda su fuerza a la recopilación de artículos de Joaquín Estefanía publicados en El País, periódico del que es uno de sus principales responsables, pues día a día pone en duda todo lo que parece evidente.

La importancia del debate y del combate proviene de que el neoliberalismo parte de una observación justa y la transforma en una afirmación falsa. Lo justo es observar la descomposición de todos los sistemas sociopolíticos de control, de orientación y de utilización de la economía. No sólo se ha hundido el sistema comunista, sino que las socialdemocracias europeas, así como los regímenes nacional-populares de América Latina y los nacionalistas de los países descolonizados, están en crisis o se han hundido. Es inútil volver la vista atrás; ya no existe prácticamente ningún país en el mundo que haya conservado un modo nacional de desarrollo vuelto “hacia adentro”, como dicen los economistas latinoamericanos de la CEPAL. Por todas partes se ha aceptado la competencia internacional. Reconozcamos sin reserva este análisis “negativo”. Los modelos sociopolíticos de desarrollo nacional han dado paso a cierto número de fenómenos que se pueden denominar globales para indicar que se ejercen en todas partes del mundo. De ahí a hablar del advenimiento de una sociedad liberal, es decir, dominada por los mercados autorregulados, hay una inmensa distancia que, en mi opinión, no debe recorrerse.

Concretamente, hay que plantearse tres cuestiones:

—¿Cuál es la naturaleza de esta tendencia a la destrucción de los controles sociales de la economía?

—¿Se da una unidad entre todas las tendencias hoy visibles, y, por tanto, se puede hablar de un nuevo tipo de sociedad?

—Por último, y de modo más valorativo, ¿llevan los mercados no controlados a la mejor asignación posible de los recursos; aumentan la producción y el bienestar?

¿Liberalismo o capitalismo?

No es aceptable identificar el ocaso de los voluntarismos políticos y sociales con un nuevo tipo de sociedad, la sociedad liberal mundial. En efecto, hoy vivimos lo que ya hemos vivido en el pasado, pero a una escala geográfica que era entonces más limitada: la ruptura de los controles sociales de la economía y, por tanto, la formación de mercados autorregulados. Me parece que estas palabras definen el capitalismo, y a este respecto me siento cercano al pensamiento de Fernand Braudel o de Immanuel Wallerstein. Cuando la economía de mercado rompe las amarras es cuando aparece el capitalismo, que siempre tiende a desbordar las fronteras y a rechazar toda regulación. Durante mucho tiempo se ha asociado el capitalismo con un esfuerzo por reducir los salarios a un nivel de subsistencia; ha dejado de ser cierto y Ford ha sido uno de los primeros en teorizar sobre la sociedad de producción y de consumo de masas. La lógica interna del capitalismo le lleva hoy más hacia la creación de paro que hacia los bajos salarios, más hacia la exclusión que hacia la explotación; pero en ambas situaciones sigue en vigor el mismo principio: la gestión capitalista de la economía está guiada por la búsqueda del beneficio que se puede denominar la racionalidad económica, que no tiene efectos sociales negativos, pero tampoco ninguna finalidad ajena a su propio interés. El desarrollo capitalista va, pues, asociado a una lucha, unas veces defensiva y otras ofensiva, contra todas las fuerzas políticas, económicas o religiosas que pretenden controlarle. Se puede incluso sostener, como Karl Polanyi, que la modernización económica sólo se ha dado a través de dichas rupturas, de las que la Gran Bretaña de principios del siglo XIX dio el más violento y eficaz ejemplo. A finales del siglo XIX asistimos a un segundo empuje capitalista que tenía ya muchas de las características de la situación presente porque en 1910 Hilferding, en un libro que tuvo mucho influjo sobre Lenin y los socialdemócratas occidentales, anunciaba —y denunciaba— el triunfo del capitalismo financiero internacional sobre los capitalismos industriales nacionales. No es posible condenar el capitalismo; ningún país ha demostrado que pudiera modernizarse sin liberar la economía de los controles no económicos que se ejercían sobre ella y es difícil rechazar la brutal expresión de Schumpeter de destrucción creadora. Pero el mismo Schumpeter pensaba que el capitalismo no podía sobrevivir si no encontraba apoyos sociales y políticos. Una cosa es decir que debemos entrar en una transición capitalista y otra, pretender que entramos en una sociedad capitalista liberal. Es cierto que hay que destruir los controles sociales de la economía cuando llegan a ser asfixiantes, pero es indispensable reconstruir otros.

Considero que los defensores del pensamiento único van por detrás y no por delante de la situación actual. Porque lo que se puede observar, especialmente en Europa occidental, es un esfuerzo de la mayoría de los países por salir de esa transición liberal y por reconstruir las sociedades sacudidas por el terremoto de los últimos veinte años. ¿Hay algún país en Europa occidental gobernado por las ideas liberales? No lo creo. No sólo Holanda, Suecia, Italia, Portugal, Gran Bretaña y Francia quieren combinar la apertura de su economía con la consolidación de su sociedad, sino que la Alemania del canciller Kohl ha estado dominada desde hace cerca de una década por el objetivo y las consecuencias de la reunificación y de la paridad de los dos marcos, que fue una decisión económicamente irracional pero políticamente valiente e inteligente. El lector español me permitirá añadir que el fortalecimiento de la autonomía de Cataluña, principio central para Jordi Pujol, es el principio que manda en la política española puesto que ha sostenido a Felipe González en el poder, hasta que lo sustituyó por el primer ministro Aznar. Echemos un vistazo fuera de Europa. Muchos nuevos países industriales, sobre todo en Asia, pero también en Túnez o en Marruecos, combinan liberalismo económico, nacionalismo cultural y política autoritaria. Y si es cierto que la América ibérica vive todavía un periodo de destrucción de las viejas políticas proteccionistas, es falso no reconocer que Brasil, Bolivia, Uruguay entre otros, tienen unas políticas dominadas por la búsqueda de la integración social tanto como por la apertura de la economía y la destrucción del Estado corporativista.

¿Existe la globalización?

El segundo tema exige una respuesta más brutal. No creo que el conjunto de las grandes transformaciones en curso formen un conjunto coherente que se pueda llamar globalización. Esta palabra está lo suficientemente alejada de las realidades observables como para poder definirla como una ideología. Observamos, en efecto, al menos cinco tendencias, todas de la mayor importancia, pero débilmente unidas entre sí. Estas tendencias son: la rápida formación de una sociedad de la información; el aumento y la mundialización de los intercambios económicos; el crecimiento de las redes financieras internacionales; la aparición de un considerable número de nuevos países industriales; la hegemonía tanto cultural como militar de Estados Unidos.

1. Las industrias de la información se desarrollan tan deprisa que es posible hablar de una tercera revolución industrial si se las define como mutaciones técnicas. Tras la máquina de vapor y la electricidad, las industrias electrónicas e informáticas, con sus aplicaciones en la sanidad, en la investigación, en las comunicaciones de masas, transforman la base técnica y cultural de nuestra vida social e incluso la de la vida política. Pero este prodigioso desarrollo tecnológico no se confunde con la apertura de mercados. En su célebre libro The Work of Nations, Robert Reich ha definido la empresa como un grupo restringido de financieros y de “manipuladores de símbolos” encargados de relacionar una oferta tecnológica, que se renueva rápidamente, con unas demandas cada vez más personalizadas. Fuerte análisis que muestra que el mercado no lo es todo. Lo que evidencia el éxito de Estados Unidos, que descansa en gran parte en la extraordinaria capacidad de innovación tecnológica de este país desde hace treinta años. Internet, por ejemplo, fue una invención universitaria, que recogieron los militares, antes de entrar en el mercado. Historia bastante conocida que nos hace oportunamente recordar que la innovación tecnológica no es únicamente respuesta a una demanda del mercado.

2. Es cierto que el comercio mundial se ha desarrollado incluso más rápidamente que la producción mundial. Pero los hechos contradicen la idea de que las economías nacionales hayan dejado de existir, que los mercados se hayan mundializado y que todos los países estén dominados por empresas globales. La economía de los tres grandes polos económicos: USA y NAFTA, Unión Europea y Japón, permanece masivamente dominada por sus mercados interiores, siendo el caso más extremo el de Estados Unidos y la zona de libre cambio norteamericana. Las decisiones de la Reserva Federal o del Bundesbank atraen continuamente la atención. ¿Pasaría lo mismo si fueran los mercados impersonales los que regularan de manera invisible la economía mundial? Es cierto que el espíritu mismo del capitalismo empuja a la formación de empresas internacionales. Los holandeses y los británicos lo han demostrado desde el siglo XVII, pero ¿quién duda que Sony y Toyota son firmas japonesas, como Ford o Coca-Cola son americanas? Es en países pequeños como Holanda o Suiza donde se forman empresas cuya práctica totalidad se desarrolla fuera de su país de origen. ¿Hay que recordar, por último, que el número de las grandes empresas globales, es decir, presentes en los tres polos de la economía mundial, prácticamente no ha aumentado en el curso de los veinte últimos años? Los mercados interiores y las políticas nacionales o regionales siguen desempeñando un papel decisivo, como muestra la acción de la Unión Europea.

3. No se puede confundir el crecimiento de los intercambios económicos internacionales con el de las redes financieras mundiales, porque esos intercambios sólo corresponden a un porcentaje muy pequeño —2% ó 3%— de los movimientos internacionales de capitales. El capital financiero domina sobre el capital industrial y comercial. George Soros se ha convertido en el símbolo de este aumento de una “especulación” que no se contenta con tener en cuenta las fuerzas y las debilidades de las economías nacionales. Las crisis financieras de Japón, de México y, ahora, de Tailandia e Indonesia, han mostrado la potencia, la autonomía y los desastrosos efectos de un capitalismo financiero subdesarrollado.

4. La aparición de nuevos países industriales —dragones, tigres u otros— no es consecuencia de las industrias de la información ni de la expansión del capitalismo financiero, y Japón y Corea han fortalecido su mercado interior antes de pasar a la exportación. En el caso de América Latina hay que recordar que el crecimiento actual retoma una larga tradición económica que durante más de medio siglo proporcionó al continente un índice de crecimiento superior al de Estados Unidos y al de Europa occidental. Sólo la década perdida de los años ochenta interrumpió este crecimiento.

5. Finalmente, la idea de globalización nos la sugiere con frecuencia la hegemonía cultural de Estados Unidos. Los filmes y telefilmes de Hollywood no sólo conforman el imaginario del mundo entero sino que además asfixian las producciones nacionales, especialmente en varios grandes países europeos. Por último, el fin de la guerra fría ha hecho de Estados Unidos la única superpotencia militar. Es fácil comprender que al día siguiente de la caída del muro de Berlín haya podido nacer la ilusión de la difusión en el mundo entero del mismo modelo social: economía de mercado, democracia parlamentaria y tolerancia cultural. Sin embargo, en el mismo momento, Samuel Huntington podía dar la imagen inversa de un mundo fragmentado, dominado por las luchas culturales, nacionales, históricas y, sobre todo, religiosas.

Estas cinco grandes tendencias sólo aparecen como aspectos particulares de una mutación más general que lleva a las sociedades nacionales a un mercado mundial debido a una decisión ideológica y arbitraria. Sería más exacto decir que, a falta de un plan político regulador, no hay nada que unifique las evoluciones visibles en el mundo contemporáneo. No se crea una sociedad liberal porque se asista fundamentalmente a la descomposición de las sociedades nacionales o regionales y, en particular, al debilitamiento de las mediaciones institucionales entre una economía abierta al mundo y unas demandas sociales cada vez más volcadas a la afirmación y la defensa de una identidad cultural, ya sea nacional, étnica, sexual o religiosa.

Hacia la reconstrucción de las sociedades

Muchos países responden a la tercera cuestión planteada mediante la necesidad de hacer “limpieza general”, eliminar los controles burocráticos, corporativistas o clientelistas de la economía. Esto es cierto en muchos países europeos, así como en India o Brasil. Pero para las opiniones públicas el problema principal es cada vez menos ¿cómo entrar en la sociedad liberal? y más ¿cómo salir de la transición liberal? Pues se dan cuenta de que la economía que se denomina libre es, en realidad, salvaje, que la exclusión y las desigualdades aumentan, que se multiplican los desórdenes financieros y monetarios.

En Europa continental, especialmente, el paro se ha convertido en una obsesión; en Gran Bretaña y en Estados Unidos lo que más preocupa es el aumento de la precariedad y el debilitamiento de las infraestructuras sociales. Lo que explica la derrota en muchos países de la derecha liberal frente a un nuevo centro-izquierda. En América Latina también la conflictiva pareja formada por un liberalismo extremo y una izquierda “rupturista” ha sido sustituida poco a poco por el fortalecimiento de un centro-derecha empujado hacia la izquierda por las reivindicaciones sociales.

La superación de la transición neoliberal todavía no ha arrastrado a grandes fuerzas políticas o sindicales ni ha sido iluminada por debates intelectuales tan fuertes como los que marcaron en el siglo pasado la superación del capitalismo liberal. De ahí la importancia de los artículos de Joaquín Estefanía, de su bombardeo metódico a las posiciones de su adversario. La importancia de sus artículos proviene también de que no pretende revivir los ideales o los mitos del pasado, peligro en el que caen tantos comentaristas que dan la impresión de antiguos combatientes de guerras ya terminadas.

La honestidad intelectual de Joaquín Estefanía da una gran fuerza a sus argumentos. Él, y a través de él, El País, cumplen la tarea que se han asignado: dar a la democracia las bases sociales y culturales que permitan a partidos de izquierda ser representativos, es decir, aportar respuestas políticas realistas a unas demandas sociales y culturales que, en general, los políticos no saben todavía interpretar bien.

El libro de Joaquín Estefanía es una guerrilla de la inteligencia y la democracia contra la ideología neoliberal y su pretensión de expresar necesidades naturales en un momento en que nuestra organización económica y social descansa en unas opciones ideológicas que pueden despojar de todo contenido social a la idea democrática.

ALAIN TOURAINE

Introducción

Una sociedad justa debe distribuir los bienes básicos desigualmente: favoreciendo a los que se encuentran en situaciones más desfavorecidas.

JOHN RAWLS

En enero de 1997 hubo una polémica escrita sobre qué era, aquí y ahora, lo políticamente correcto. En mi intervención defendí entonces, y lo ratifico hoy, que lo políticamente correcto en la Europa de fin de milenio es el pensamiento único. No es cuestión de reproducir en sus términos el debate (que se publicó en las páginas de Opinión del diario El País), ya que si así fuese habría de dar el mismo tratamiento a la otra parte y, además, se podría utilizar con ventaja el esprit de l’escalier, aportando la observación que uno podría haber hecho —y no hizo— durante la controversia, mientras baja la escalera después de abandonar la discusión. El objeto de este libro no es aquella polémica (ni mucho menos sus autores), sino la exposición de una de las posiciones que se hicieron presentes. Sin embargo, me valdré de algunas observaciones de la misma para marcar el contexto.

La discusión me estimuló para profundizar en el fenómeno del pensamiento único, que ha avanzado espectacularmente en Europa durante los dos últimos decenios al menos, y que quizá (aún es pronto para pronosticarlo) ha detenido su hegemonía en los grados en que la había conseguido, tras las elecciones generales británicas y, sobre todo, después de las francesas. Un viento de cambio y de resistencia ante el pensamiento único y la epidemia liberal parece haberse instalado en nuestro continente, víctima de su dogmatismo.

El movimiento de lo políticamente correcto se teorizó antes en Estados Unidos como “la perversa culminación del proceso de discriminación positiva comenzado en los años sesenta y cuyo objetivo no era otro sino el de facilitar el acceso a un puesto laboral o a una plaza académica a las minorías raciales norteamericanas, preferentemente los negros... Hoy, la nueva guerra cultural en Estados Unidos se centra en los postulados de la corrección política: una nueva forma de limitar la libertad de expresión por mor de una drástica corrección lingüística... ya ha sonado la hora del crepúsculo respecto a la discriminación positiva, pues los años de aplicación han demostrado que la contratación obligatoria de individuos de inferior preparación, mediante un obtuso sistema de cuotas sólo por el hecho de pertenecer a una minoría, ha resultado un fiasco igualitario y un elemento perturbador que pone en grave riesgo la convivencia interracial”[1].

Los mismos autores escriben que “el núcleo ideológico de la corrección política sería, según nuestra opinión, el siguiente: cualquier defensa (no inmediatamente matizada) de la sociedad de libre mercado, la competencia, la excelencia y el orden de valores no es correcta políticamente. Para la corrección política toda superioridad es social y, por ello, injusta, fruto del privilegio, no del mérito. Toda superioridad o excelencia es explotación o robo y lo robado y explotado tiene que ser restaurado y recuperado por las víctimas; que ahora ya no es el redentorista proletariado, sino las minorías abstractas y múltiples”[2]. El escritor liberal Mario Vargas Llosa, que tradicionalmente milita en esas posiciones, a la pregunta que le hacen de si entiende que haya quien tuerza el gesto al oír su nombre, contesta ufano: “Eso es porque soy políticamente incorrecto. Lo que tiene glamour es que un escritor defienda la revolución, pero resulta inaceptable que defienda el capitalismo”[3].

Tras su descripción, los analistas en cuestión hacen una pirueta ideológica (a la que le falta señalar en el papel algunos pasos) para llegar a la conclusión de que la corrección política se sitúa en el ala izquierda del mapa político e ideológico, y lo acentúan nítidamente con sus frases: “La corrección política constituye la culminación estratégica de un proceso: el asalto a la razón y a los valores ilustrados”; “cementerio de ideas en el que la izquierda radical ha convertido las aulas”; “los llamamientos a la censura también provienen de la izquierda”; “en realidad se trataría de algo muy semejante a un pulcro lavado de cerebro correcto impuesto desde las escuelas públicas”; “este nuevo maccartismo de izquierdas”; “los retoños del añejo progresismo de los años sesenta se dan la mano con los padres fundadores del pensamiento reaccionario”; “el marxismo ha renacido de sus cenizas bajo la forma de multiculturalismo”; “el radicalismo político izquierdista y el politicismo, la tendencia a que la política lo invada todo y especialmente el ámbito de la cultura, se alienta bajo la corrección política”; etcétera. No queda lugar para los matices: la batalla ha comenzado.

Estas tesis son calcadas de las que sustentan los filósofos y economistas del liberalismo económico. No por casualidad fueron publicadas en el seno de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), principal laboratorio de ideas del Partido Popular español, adscrito teóricamente a esa corriente ideológica. Según el presidente del Gobierno, José María Aznar, que fue presidente de la FAES mientras estuvo en la oposición, “aunque el trabajo de la fundación no es directamente político, sino de reflexión, de estudio, de documentación y de análisis de las alternativas en el plano teórico, no cabe duda de que, a través de sus sesiones de estudio y discusión, se han puesto a punto muchas de las informaciones y doctrinas necesarias con las que el Partido Popular ganó las elecciones”.

El pensamiento único

La tesis que se identifica en la mayor parte de los artículos que componen este libro es otra. En España, lo políticamente correcto es el pensamiento único, no la discriminación positiva o el multiculturalismo, muy minoritarios y a veces inexistentes. Lo políticamente correcto son los valores del liberalismo económico, que se manifiestan en lo cotidiano, abrumadoramente, como pensamiento único y dominante en gobiernos, servicios de estudios financieros, universidades, organizaciones internacionales financiadas con dinero público, laboratorios de ideas, editoriales y medios de comunicación. A menudo se limita el pensamiento único al pensamiento económico, lo que es una reducción. El fenómeno es más radical: el pensamiento dominante aspira a ser único presentándose como indiscutible y como entorno en el que no pueden participar más que los especialistas, a pesar de que los expertos, en muchas ocasiones, sólo han servido para predecir el pasado con dificultades. El pensamiento único trata de construir una ideología cerrada; no remite exclusivamente a la economía sino a la representación global de una realidad que afirma, en sustancia, que el mercado es el que gobierna y el Gobierno quien administra lo que dicta el mercado. En su esencia, el pensamiento único es la traslación a la Europa de fin de siglo, a la Unión Europea salida de Maastricht, de la weltanschauunq de la revolución conservadora de los años ochenta.

Pero llega disfrazada. El pensamiento único, del que tan difícil resulta salirse hoy día, es una amalgama heterogénea de conservadurismo y del liberalismo realmente existente, que se sostiene en asertos tales como los siguientes:

— Achicar el Estado es agrandar la civilización.

— Se acabó la historia; la sociedad será siempre capitalista y liberal.

— El liberalismo económico lleva, inexcusablemente, a la democracia.

— Hay que adoptar el modelo neoliberal, que es el que se impone en todo el mundo. La economía social de mercado forma parte ya del pasado y sus defensores son dinosaurios ideológicos.

— Pragmatismo: ya pasó la época de las ideologías.

— El mercado lo resuelve todo del mejor modo posible.

— No se pretende atacar a los débiles, sino las pretensiones más débilmente justificadas.

— Siempre hubo y habrá corrupción, pero en el liberalismo es marginal y en el estatismo, estructural.

— Siempre habrá desigualdades porque están en la naturaleza humana.

— Primero hay que agrandar la tarta y sólo luego repartirla.

— Globalización. El nacionalismo económico es una expresión retrógrada que debe desaparecer.

— La soberanía nacional es un arcaísmo del pasado, está superada y en disolución.

— Las privatizaciones son la panacea.

— El capital extranjero es la solución; por tanto, hay que desregular sin limitaciones al sistema financiero y no poner puertas al campo.

— La experiencia económica chilena es el paradigma del modelo neoliberal y debe ser imitada.

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, ha convertido esta publicación mensual en un lugar de atención y análisis del pensamiento único, para intentar desvelar sus últimas consecuencias, resaltar sus contradicciones, en el entendido de que en nuestras sociedades mediáticas la repetición reiterada de algunos eslóganes (aunque sean falsos o incomprobables) equivale, muchas veces, a su demostración empírica. Escribe Ramonet: “El primer principio del pensamiento único es tan sólido que un marxista distraído no lo cuestionaría: lo económico predomina sobre lo político. En nombre del realismo y del pragmatismo... se sitúa a la economía en el puesto de mando. Una economía desembarazada del obstáculo social, especie de resabio patético, cuyo peso sería causa de regresión y de crisis. Los demás conceptos clave del pensamiento único son conocidos: el mercado, cuya “mano invisible corrige las asperezas y las disfunciones del capitalismo”, y especialmente los mercados financieros, cuyas “señales orientan y determinan el movimiento general de la economía”; la concurrencia y la competitividad que “estimulan y dinamizan a las empresas y las conducen a una permanente y benéfica modernización”; el librecambio sin límites, “factor de desarrollo ininterrumpido del comercio y de las sociedades”; la mundialización, tanto de la producción manufacturera como de los flujos financieros; la división internacional del trabajo, que “modera las reivindicaciones sindicales y rebaja los costes salariales”; la moneda fuerte, “factor de estabilización”; la desreglamentación; la privatización; la liberalización; etcétera. Siempre menos Estado, un arbitraje constante en favor de las rentas del capital en detrimento de las del trabajo. Y la indiferencia respecto al coste ecológico”[4].

Bajo esta religión sin antinomias es muy difícil observar los escenarios bajo el prisma del interés general. Si el sistema relega conceptos como los de solidaridad, cohesión social, comunidad, etcétera, en favor del individualismo más acentuado, los ciudadanos aplicarán en primera instancia el principio de supervivencia. Los fundamentos puros de la macroeconomía, sin el lastre de la ciudadanía social, tienden a constituirse en la referencia obligatoria de nuestro tiempo; la medida de lo bueno, lo necesario y lo único la da el mercado y deja de tener sentido la frase de Paul Samuelson: “El mercado es eficaz, pero no tiene cerebro ni corazón”.

Por ello, el mercado se constituye en el diktat del pensamiento único. Añadir calificativos al mercado es políticamente incorrecto. La economía o es pura —sin la ganga de otras ciencias sociales— o no es. En este momento teológico de la historia, la política (económica) ha dejado de tener como meta al ciudadano y su éxito o fracaso se determina sobre todo por los instrumentos que aplica. La economía política ha dejado, sencillamente, de existir y su crítica, como intentó Marx, es una extravagancia.

La persona, recurso humano

¿Será preciso tener que insistir de nuevo en la necesidad de humanizar el sentido de la vida, sin retroceder muchos lustros en una corriente filosófica que creíamos superada para siempre? Pasamos de una cultura relativamente enfocada en la persona a otra que se cosifica de modo acelerado. Hay un debilitamiento de los valores que se consensuaron tras la II Guerra Mundial —los de la ciudadanía social— en beneficio de otros como la eficacia, la competencia, la eficiencia, que precisan de apostillamientos netos. Del hombre como ciudadano se ha devenido en la persona como recurso humano; es decir, como un coste más.

Ello se ha logrado en un ambiente de embriaguez ideológica, que rompe con lo anterior y que se extiende sin frenos al próximo milenio, que ya es definido como “el siglo del gran mercado globalizado” en el que todo, los bienes, los capitales, los recursos humanos, será traducido a términos mercantiles. ¿Qué es lo que ha sucedido para llegar a esta mutación en la que la economía de mercado —un pleonasmo—, sin el calificativo de social (es de mal gusto), se hace omnipresente en todos los órdenes y genera una lógica única a la cual no se puede enfrentar otra, so pena de error o anatema? La falta de tonos en el pensamiento único hace que, interesadamente, se nos pretenda convencer de que el estado actual de las cosas es el natural. Se ha llegado al punto más avanzado de la Historia; ello impone una dominación frente a la que el ensayo de experiencias alternativas produce malestar y, en el hipotético caso de que a pesar de ello se pusiesen en práctica y fracasasen, la reiteración del statu quo. ¿Veis como no hay nada que hacer?

“¿Cómo semejante sistema puede imponerse como dogma”, se pregunta la escritora francesa Viviane Forrester, “sin provocar reacciones y suscitando apenas algunos comentarios escasos y tardíos? Sin embargo, ha invadido tanto el espacio físico como el virtual, instaurando la preeminencia absoluta de los mercados y sus oscilaciones, ha sabido confiscar y ocultar las riquezas como nunca antes, colocarlas fuera del alcance e incluso invalidarlas bajo la forma de símbolos que a su vez son nódulos de tráficos abstractos, sujetos a ninguna transacción que no sea virtual”[5].

El liberalismo (económico) se ha impuesto por la puerta de atrás durante las últimas generaciones, pese a que no ha despertado precisamente las simpatías de los ciudadanos, que le atribuyen —según cualquier sondeo de opinión— dificultades añadidas en sus vidas como el incremento del paro, la reducción de los niveles de seguridad social conseguidos, la desindustrialización, la ruina de los equipamientos colectivos, la degradación de los servicios públicos; y, sobre todo, el crecimiento espectacular de las desigualdades en los sitios en que ese liberalismo ha administrado —y ha hecho retroceder— la cosa pública (el paradigma es la Gran Bretaña de la señora Thatcher). La praxis de este liberalismo económico se puede resumir en un pequeño decálogo:

— Disminuir los gastos del Estado: todo déficit presupuestario, independientemente de su composición interna, es condenable. Hay que ir a un ideal de equilibrio en las cuentas del Estado, sea cual sea la coyuntura.

— Yugular la inflación.

— Bajar los impuestos. La máxima de Thatcher es universal: demasiados impuestos matan los impuestos.

— Desarrollar todo cuanto sea posible los instrumentos de seguridad privada, el mutualismo, la ayuda familiar. Gastos sociales mínimos salvo para los muy pobres y los muy ancianos.

— Abolir el salario mínimo. Su existencia per se es un obstáculo para la creación de empleo.

— Privatizar el mayor número de empresas.

— Multiplicar la flexibilidad en las relaciones industriales. Es necesario, para una mayor eficacia, abolir todas las obligaciones que pesen sobre el mercado de trabajo: hacerlo más dinámico.

— Restringir las indemnizaciones del desempleo, ya que éstas incitan a la cultura de la pobreza, a no buscar trabajo; prolongan los periodos de búsqueda; ejercen una presión de los salarios al alza; reducen el temor al despido entre aquellos que tienen empleo; etcétera.

— Apertura de los mercados: libre circulación de capitales, servicios y mercancías (no de personas ni de trabajadores).

— Supresión de los monopolios públicos. La desreglamentación es siempre buena para la economía; la concurrencia genera una competencia bondadosa sobre los precios y mejora la calidad de los servicios.

Algunos de estos puntos —que para el ultraliberalismo son de aplicación universal, sean cuales fueren las condiciones que se den, tanto en Bolivia como en Rusia, en Polonia o en Tailandia— no son en sí mismos buenos ni malos: son herramientas. Dependen de la graduación de su aplicación y de las garantías que se asignen a los más débiles, ya que una aplicación rígida del conjunto aumenta las desigualdades. Cuando el trabajo no es protegido, la libertad del capital es cada vez mayor y desequilibra las normas; las regulaciones, las mediaciones del Estado, las leyes sociales no se crearon para bloquear la iniciativa privada, sino para impedir sus excesos. La pregunta de las últimas décadas es si hay que tener miedo al liberalismo, y la respuesta positiva ha sido casi siempre más masiva que la contraria. La intervención del Estado se multiplicó en la posguerra para asegurar la solidaridad en la inactividad, las enfermedades, la ancianidad. Sin ella no habría habido desarrollo de las clases medias. No se habría producido la expansión económica ni la estabilidad social que han definido a este periodo como la edad dorada del capitalismo, y han proporcionado a las democracias europeas el prestigio y la fuerza que tienen. Las intermediaciones soportaron el concepto de cohesión social que distingue a la Unión Europea, y por la que tantos ciudadanos extracomunitarios pretenden serlo (así ocurrió con los españoles). El Estado, la protección social, la legislación del trabajo son susceptibles de reformas, no de invalidación, como intentaron los revolucionarios conservadores que se vistieron de liberales y les arrebataron su doctrina y su apellido. Del mismo modo que hay estatistas de izquierdas y de derechas, hay liberales de ambos signos; cuando la intervención asfixiante del Estado no permite el desarrollo —caso de los países de la Europa oriental— hay que sustituir el sistema pero del mismo modo, cuando el capitalismo no facilita la equidad, el Estado debe interferir con legitimidad. Esta es la lección de la mejor Historia: las reformas agravan las desigualdades o nutren las políticas de redistribución. Cuando el ultraliberalismo ha actuado sin freno y en grandes dosis es cuando ha resucitado la onomatopeya de aquel gran opúsculo del escritor irlandés Jonathan Swift, titulado Modesta proposición para evitar que los hijos de los pobres constituyan una carga para sus padres y para la nación, en el que recomendaba a los pobres cebar bien a sus hijos... antes de comérselos.

En el momento en que se han suprimido las dosis homeopáticas del liberalismo económico ha emergido con rotundidad el concepto de horror económico[6], por el que se intenta definir lo peor de esta era de la globalización asfixiada por el pensamiento único. Con el horror económico se definen los padecimientos de esa parte de la población mundial que está en condiciones de marginalidad. Según la inventora del concepto, hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre: la falta de explotación; que el conjunto de seres humanos sea considerado superfluo (por falta de trabajo). Se extiende así el temor de cada uno de ser considerado sobrante en el aparato de producción: pasar de la explotación a la exclusión. De forma paralela a esta exclusión, se acusa a los parados de aquello de lo que son víctimas: de llevar una vida subsidiada (en el mejor de los casos) y se considera privilegiados a los que aún tienen trabajo, aunque sea mal pagado. Hay gente que se indigna, sin profundizar en las causas, ante el egoísmo de quienes tienen trabajo y se resisten a compartirlo con los que no lo tienen, pero que no extienden esa exigencia de solidaridad a los que poseen las grandes fortunas y multiplican las ganancias, ya que forman parte de una situación natural.

¿Qué ha pasado para que reinen hoy semejante impotencia por un lado y tal dominación por el otro?, se pregunta Forrester. La pérdida de soberanía de los países por la globalización hace que los responsables estén más ocultos a la mirada pública y que la falta de explicaciones cercanas den al pensamiento único un falso aire de cientificidad, que casi siempre teorizan quienes son funcionarios (empleo fijo, remuneraciones aseguradas) y están a salvo de las oscilaciones mercantiles. Los Estados funcionan como meros municipios y las verdaderas potencias económicas (los mercados) pueden lanzarse a la acción sin preocuparse demasiado por los poderes estatales, permanentemente más pobres que ellas, a veces en quiebra técnica, empantanados, puestos en tela de juicio, acusados, más libres los mercados, más motivados, más ágiles, infinitamente más influyentes que los Estados, sin preocupaciones electorales, responsabilidades políticas, controles, sin la menor solidaridad con aquellos a los que aplastan; se colocan por encima de todas las instancias políticas sin necesidad de tener en cuenta ninguna ética asfixiante, ningún sentimiento. Los únicos obstáculos son aquellos que les oponen ferozmente sus pares. Forrester concluye: “Fuera del club liberal no hay salvación. Los gobiernos son conscientes de que se someten a lo que representa sin duda una ideología, ¡pero lo niegan tanto más por cuanto es propio de ella recusar, reprobar el principio mismo de la ideología!”[7].

Desinventar el Estado

Según esta hipótesis, el liberalismo ha sabido imponer su filosofía sin formularla, sin siquiera elaborarla como doctrina. Sin precisar de actualizaciones: su dominio impone un sistema imperativo, pero incluido en la democracia y, por tanto, atemperado, acallado, disimulado, sin ostentaciones ni proclamas. Ello es discutible, pero lo que no lo parece es que para llegar a este estado de cosas ha tenido que calar, previamente, la idea denigratoria del Estado. En muchos aspectos se ha pasado de la crítica al Estado burocrático, al ogro filantrópico —en definición de Octavio Paz— al reproche al Estado en sí mismo. De los abusos, a la esencia de este invento nacido de las revoluciones liberales inglesa, americana y francesa de los siglos XVII y XVIII. En el año 1995, la revista The Economist, paladín del liberalismo económico, editorializaba sobre la desinvención del Estado. La concreción de todos los excesos se ha dirigido hacia una de sus variantes más europeas: el Estado de bienestar. Hundido el comunismo, la principal utopía factible del mundo era esa mezcla de Estado liberal democrático y Estado de bienestar que cohabitaba, en mayor o menor grado, en la cultura de Europa. Esta era la “mejor buena sociedad del planeta”, como la ha definido alguien; un sistema que, basado en las libertades democráticas, reposaba también en la justicia social, en el que nadie debía temer la bancarrota o el hundimiento individual en caso de enfermedad o desempleo. Proteger a los ciudadanos, habiten donde habiten, desde la cuna hasta la tumba; en eso consistió la utopía factible que se intenta borrar del horizonte en favor de una mano invisible, a la que le ocurre como al traje nuevo del emperador: es invisible porque no existe.

Los tres grandes objetivos del Estado de bienestar eran la reducción de la pobreza y de la marginación social; la mitigación de la desprotección individual frente a las incertidumbres económico-sociales; y la garantía de derechos básicos como ciudadanos. Ese Estado de bienestar que se quiere sustituir por la salvación privada tiene unos ejes que, medio siglo después de haberlos ensayado, pertenecen a la conciencia colectiva de los ciudadanos europeos, que esperaban exportar su revolución pasiva a otros lugares del planeta:

— El derecho al trabajo: objetivo de pleno empleo.

— Un salario decente para todos los trabajadores.

— Protección social para cualquiera contra los riesgos de la vida, sin discriminaciones, interrupciones ni exclusiones.

— Derecho a unos ingresos mínimos de subsistencia. Una renta universal por el hecho de ser personas: nadie tiene el derecho a la miseria.

— Igualdad de oportunidad de acceso a la educación, la salud y la información (derecho, este último, muy moderno).

— El pacto social como método de arbitrar los conflictos y las contradicciones sociales.

— Redistribución de la riqueza en beneficio del interés general, gracias, entre otras cosas, a una fiscalidad progresiva.

— Un sistema público de producción y suministro generalizado de bienes y servicios básicos, como parte de la riqueza común.

— Un sistema democrático representativo, no la dictadura de los mercados.

— La promoción y el desarrollo de una cultura cívica, centrada en el bien común.

El Estado, en general, tenía unas funciones socioeconómicas básicas: la provisión de bienes y servicios públicos; la estabilización de la actividad económica, especialmente en épocas de crisis; la redistribución de la renta, complementando al mercado. ¿Por qué ya no está en la agenda del día hablar de estos conceptos positivos, comunitarios, a veces prepolíticos, que han sido sustituidos por una monserga, como escribe Juan Cueto con lenguaje cinematográfico, “que nos está amargando el fin de siglo: la vanguardia ha muerto, las teorías del cambio o recambio son imposibles si exceptuamos la que sostiene el fin de las teorías del cambio o recambio, la utopía carece de sentido histórico, la experimentación crítica sólo es nostalgia sesental (del 68) y la suprema instancia es el box office, con sus ciegas estadísticas globalizantes, sus curvas de rentabilidad, sus caníbales decimales, el primado de los grandes estudios y sus lobbys feroces, la sagrada estabilidad del hollydólar y la tiranía del megahit. Una exacta traducción a 24 imágenes por segundo de lo que sucede a mil por hora en esa llamada realidad macroeconómica que desde hace una temporada dicta los criterios del nuevo realismo socialpolítico”[8]. ¿Cuándo cambió el discurso del 68 —en lugar de dinero, libertad; en lugar de poder, revolución de las costumbres; en vez de ganancia y ambición, la liberación; detener la guerra y las conquistas violentas, distribuir la riqueza, predicar la liberación de las pasiones y del deseo, experimentar sensaciones fuertes e inexploradas: su impacto se infiltró en los confines más intangibles del poder y la sociedad; su huella se imprimió profundamente en el terreno cultural más que en el político— la incidencia de unos contenidos por otros?: cuando cayó el muro de Berlín en noviembre de 1989. Al autodestruirse definitivamente el sistema alternativo al mercado y poderse contener el miedo al comunismo, el Estado de bienestar ya no fue necesario y la revolución que lo hizo posible se mandó al cuarto trastero. Ya no es precisa la sociedad razonable, que debe ser sustituida cuanto antes por la que resulte de la aplicación pura y dura de los criterios del mercado.

La demolición del muro fue el disparo de salida para acabar con otras cosas, pero las críticas al Estado de bienestar habían comenzado mucho antes, en los años setenta, cuando se multiplicaron los síntomas de la crisis fiscal del Estado, y tuvo su fuego graneado sobre el cuartel general del Estado en la década de los ochenta, en el momento en que Margaret Thatcher primero, y luego Ronald Reagan hicieron de la revolución conservadora y de la economía de oferta el nuevo paradigma universal a aplicar. Durante esa década se puso en cuestión la universalidad de la protección, la ciudadanía social como aspecto esencial de la democracia, la irreversibilidad y la incondicionalidad de los derechos sociales, que no debían tener la misma categoría —ni aspirar a ella— de los derechos directamente políticos. Y el aislamiento intelectual de las otras políticas, como contaminantes de la auténtica verdad.

El profesor Ricardo Petrella (mencionado en algunos de los artículos de este libro) ha clasificado las críticas conservadoras al Estado de bienestar (ha habido otras, a la izquierda, que definen al welfare como la pieza básica del apuntalamiento del capitalismo) en dos niveles: las ideológicas y los juicios sobre su eficacia[9]. Las primeras son las más significativas:

— El Estado de bienestar da prioridad a los derechos de los ciudadanos y no insiste con la misma intensidad en los deberes. Los conservadores no admiten que exista un derecho (previo) al trabajo, sanidad, ingresos de subsistencia mínima, educación, aplicables a los ciudadanos por el mero hecho de serlo. Los derechos citados son reversibles; sólo el derecho de propiedad es intocable.

— La sociedad se fundamenta en la responsabilidad individual. Reconocer ciertos derechos sociales significa irresponsabilizar a sus beneficiarios (desmotivarlos, por ejemplo, de la búsqueda de empleo).

— No hay ningún derecho social garantizado a priori.

— Carácter antinatural de las garantías de los derechos sociales, que retuercen la lógica del mercado.

— El papel otorgado al Estado como actor predominante de la seguridad social es puesto en cuestión porque el Estado —no la sociedad civil, que es perfecta— se presta a la burocracia, la corrupción y la prevaricación de los grupos de interés. Hay que dejar la seguridad a la privacidad de la sociedad civil: autoprotección y mutualismo.

— El Estado no puede ser ya el regulador por excelencia: del Estado mínimo a la hegemonía de las fuerzas económicas privadas y del funcionamiento eficaz del mercado.

— La revolución de las tecnologías (que permiten producir, transmitir, difundir y utilizar la información de modo instantáneo, a gran velocidad y a escala planetaria) impide la función general del Estado: gestionar a largo plazo. Como consecuencia, esta instancia de mediación está sobrepasada, obsoleta como las máquinas industriales.

— Fracaso del Estado de bienestar en su lucha contra la pobreza. Según los conservadores, rizando el rizo del absurdo, el aumento de la pobreza en el mundo se debe... ¡a la existencia misma del Estado de bienestar! Éste actualiza la trampa de la pobreza: las ayudas estatales mantienen a los desafortunados como asistidos permanentes, dependientes del welfare, incapaces de volver a confiar en sí mismos y de reintegrarse, con todos los honores, a la sociedad.

— La crisis financiera del Estado, incapaz de asegurar los gastos del bienestar: crecimientos continuos del déficit y de los endeudamientos públicos, sin contemplar la posibilidad de una reorganización de los gastos públicos.

— Las disfunciones internas propias de la interferencia del Estado en los sistemas de producción y distribución de bienes y mercancías.

Como estas críticas se ejercieron, en primer lugar, en el nivel de la ideología, ha sido bastante difícil separar el grano de la paja de la realidad y hacer un análisis, punto por punto, de las partes en las que podían ser consistentes, pues cualquier concesión a la otra parte se transmitía como una derrota en el campo de las ideas, y ya se sabe que en el combate político, no militar, la primera batalla a ganar es la de las ideas. El discurso de la solidaridad ha sido sustituido de forma global por el del pensamiento único, y los aspectos políticos o culturales de este cambio han sido subsumidos íntegramente por el lenguaje macroeconómico de la eficiencia. Lo que tanto habían deseado las fuerzas conservadoras en el pasado —devolver la total libertad de acción a las fuerzas del mercado sin la ganga de lo social— se ha conseguido al final del milenio de las revoluciones. Escribe Petrella: “Las tesis neoconservadoras (¿por que neo?) se fueron desplazando desde Estados Unidos hacia Europa occidental y penetraron progresivamente en la mayor parte de los circuitos científicos y políticos europeos, de acuerdo con ese mar de fondo que hace que desde la II Guerra Mundial todo lo que llega de Estados Unidos (especialmente de las universidades y empresas americanas) es aceptado y asimilado sin reservas por la mayoría de las élites europeas a pesar de cierta resistencia previa”[10].

Criticar desde las entrañas

El pensamiento único ha ido tan lejos en su dogmatismo que dentro de las filas conservadoras han surgido voces que llaman la atención sobre los extremos a que puede llegar una aplicación sin concesiones de sus planteamientos. La más publicitada ha sido la de George Soros, un financiero que ha hecho su inmensa fortuna poniendo la economía en el puesto de mando de su vida. Soros, al que se denomina el rey de las bolsas, fue el especulador que logró sacar a la libra esterlina del Sistema Monetario Europeo en un solo día, sin que el Gobierno británico pudiera impedirlo; su fortuna personal es estimada en alrededor de 280.000 millones de pesetas, una cantidad que equivale, por ejemplo, a todos los bienes y servicios producidos en un año por países como Albania o Haití, países en los que opera Soros. A pesar de personalizar mejor que nadie la naturaleza genéticamente asocial de los mercados financieros, Soros no admite contradicción entre actividad profesional y pensamiento: “No hay tal contradicción; como especulador respeto las reglas del juego y procuro sacar el máximo partido a mis inversiones, mientras que como ciudadano considero que el sistema capitalista es imperfecto y lucho por mejorarlo”[11]; y defiende la urgencia de buscar, en el seno del sistema, soluciones a los sectores menos favorecidos. Soros, a diferencia de los liberales fundamentalistas, plantea dificultades y dudas, y entiende que la desaparición del Estado potencia la ley de la selva, el capitalismo despiadado, y en sociedades con democracias jóvenes (en transición) observa inquieto el riesgo constante de retroceder a regímenes totalitarios, basados en el nacionalismo más conspicuo: “Creo que el capitalismo puede estar amenazado por un poder excesivo y centralizado del Estado, pero también por una total desaparición del mismo”. El financiero admite que la sociedad abierta en la que profesa no existe en la actualidad: “Lo que hay ahora es una economía mundial abierta, pero no una sociedad mundial abierta”. George Soros se ha alejado de aquellos que entienden que el liberalismo económico es una utopía global sustitutiva de todas las que han existido antes; en uno de sus textos más conocidos, Soros por Soros —citado en la entrevista en cuestión— resume gráficamente su posición (que le ha llevado a que le calificasen de socialista reconvertido): “En la teoría económica, la doctrina del laissez faire sostiene que la libertad de los participantes en el mercado al buscar su propio interés conduce a la asignación más eficiente de los recursos; por otra parte, en la lucha darwiniana por la supervivencia prevalecerá la economía más eficiente. Creo que estas doctrinas son inadecuadas y engañosas. Destacan la importancia de competir dentro del sistema, pero no prestan atención a preservar el sistema mismo. Dan por sentada la existencia de una sociedad abierta, en la cual la gente está en libertad de acción para competir... no se puede dar por descontada una sociedad abierta: el colapso de una sociedad cerrada no conduce de forma automática a crear una sociedad abierta”.

A veces, no hay peor cuña que la de la misma madera. Soros proviene de las entrañas del pensamiento único, pero ha sustituido la rigidez de Hayek por la complejidad de Popper, su maestro. En sus intervenciones, el financiero de origen húngaro insiste obsesivamente en los problemas de los países en transición. En efecto, la sensibilidad política y social de los Estados no es idéntica; mientras los europeos más avanzados o Estados Unidos después de las reformas a su peculiar welfare, dirigidas políticamente por un presidente demócrata, Bill Clinton, han caminado en la dirección de restringir los gastos sociales, desde las altas cotas que conquistaron (de más a menos), los países en transición de un sistema a otro ansían instalarse en las incógnitas y contratiempos de gestión que sufren los Estados de bienestar conocidos porque, pese a ellos, están bastantes peldaños por encima en la calidad de vida de sus ciudadanos (de menos a más).

En el último cuarto de siglo hay tres grandes oleadas de transiciones de dictaduras a democracias, de economías planificadas a economías de mercado o, para resumir, de sociedades cerradas que aspiran a ser sociedades abiertas: en los años setenta, los países del sur de Europa, entre ellos España; en los ochenta, la mayor parte de América Latina; y en la década de los noventa, la antigua Unión Soviética y los países de Europa del Este. En numerosos casos, las transiciones políticas coincidieron con formidables recesiones económicas que pusieron en peligro a las primeras, a veces de carácter exógeno (las crisis del petróleo) y otras —las más— causadas por el agotamiento de las estrategias estatistas practicadas anteriormente. Tanto en las naciones provenientes del socialismo real o de regímenes autoritarios que un día imitaron al fascismo mussoliniano, el Estado creció demasiado, reguló en exceso y protegió más allá de lo razonable; es decir, se practicó el populismo y el caudillismo, mezclado con proteccionismos autárquicos y con estrategias desarrollistas del tipo de la sustitución de importaciones, lo que provocó, en el límite, la quiebra del Estado a través de una indisciplina fiscal continuada.

Estos países, al sacudirse del yugo estatalista, corrieron el peligro de derivar hacia el otro extremo: el del ultraliberalismo. Cambiar la utopía Moscú (o la utopía peronista) por la utopía Chicago, con el riesgo cierto —como señala una y otra vez Soros— de que al salir mal el experimento se añore inmediatamente un pasado compuesto de anomia, inmovilidad y nula eficacia, en el que a pesar de la combinación de una economía ineficiente y la ausencia de libertades los ciudadanos no padeciesen del miedo al futuro. La experiencia indica que, poco a poco, los Estados en transición han ido escogiendo estrategias templadas, del tipo utopía Europa.

Para afianzar el éxito de estas transiciones han sido precisos dos tipos de condiciones. Las políticas: consolidar las instituciones políticas nacientes; y las económicas: pasar de las imprescindibles normas de estabilización macroeconómica a un segundo estadio de medidas de crecimiento[12]. Las primeras consisten, esencialmente, en canalizar los conflictos distributivos a través de las instituciones democráticas, con independencia de lo urgente que pueda ser su resolución; las instituciones democráticas (en lugar preferente, los parlamentos) sólo pueden asentarse si brindan a los grupos políticamente significativos los incentivos para tramitar las demandas en su seno.

Pasar de la estabilización al crecimiento es otra condición. Cuando las transiciones han permanecido instaladas en la primera fase, con políticas de choque que nunca son neutrales en términos de distribución, las urnas han reflejado elementos de nostalgia y de sensibilidad de los ciudadanos hacia lo anterior. Los planes de ajuste son negativos para los sectores más débiles en el corto plazo aunque tengan eficacia macroeconómica, y quedan atrapados entre la fe de los que prevén sus últimos efectos optimistas y el escepticismo de quienes sólo experimentan sus consecuencias inmediatas. La estabilización es condición necesaria (para frenar la inflación; para mejorar la posición financiera del Estado), pero no suficiente ni permanente; se requieren reformas estructurales que conlleven la vía del crecimiento. Si el objeto de las reformas del mercado es aumentar el bienestar material, deben evaluarse en términos de desarrollo, no de continuo ajuste, porque derivan en una especie de rigor mortis social. A no ser que el Gobierno del país en transición haga pedagogía política en términos de crecimiento, y no sólo de estabilización y liberalización de la economía, se arriesga pasar por un largo periodo de tensiones (difíciles de canalizar por las instituciones representativas) y privaciones para descubrir, al final, que la estrategia que las causó era errónea, con lo que supone de desgaste de la democracia, desencanto y pasividad.

Las reformas tradicionales deben ir acompañadas, pues, de una coordinación activa del proceso de asignación de recursos por parte del Estado, que ha tenido un importante papel en todos los casos de desarrollo (incluidos los de los tigres asiáticos, que a veces son un ejemplo expuesto de modo parcial por los ultraliberales, casi de forma mística), movilizando el ahorro, aportando infraestructuras, configurando prioridades sectoriales y formación continua y, en muchas ocasiones, empujando a los agentes privados a emprender actividades de mercado, mediante la política fiscal o de exportaciones selectivas. Además, como estos programas sólo tienen reflejo en el largo plazo, las condiciones políticas se erosionan sin una política social que proteja a aquellos cuya subsistencia se vea amenazada por las reformas (la universalidad de la protección en sociedades en transición suele ser una quimera hasta su normalización).

Las sociedades abiertas

Así pues, no hay fórmulas mágicas para la conquista de las sociedades abiertas, pero las posibilidades de éxito aumentan si van acompañadas de reformas orientadas hacia el desarrollo, de la protección del bienestar material contra los costes transitorios de las mismas, y por la utilización plena de las instituciones democráticas en el diseño y aplicación de las políticas. ¿Por qué en el discurso del pensamiento único se orillan estas dificultades objetivas y se redunda, casi exclusivamente, en asuntos como las privatizaciones, la desreglamentación, las apelaciones al rigor y otras disposiciones sólo instrumentales?

Esta transformación del lenguaje conduce a la incertidumbre. Nuestras sociedades ya no ven con claridad su futuro y se extiende la idea de que nuestros hijos no podrán vivir mejor que nosotros; las generaciones que se incorporan al mercado de trabajo están atormentadas por el paro, intimidadas por las nuevas tecnologías, perturbadas por una globalización cuyos efectos y responsables no acaban de ser explicitados, preocupadas por la degradación del medio ambiente y desmoralizadas por los fenómenos de corrupción galopantes que se perciben. No ven lo que de positivo hay en esta nueva economía, ni los aumentos de riqueza que se han producido. Y a cambio se les fabrica un nuevo dogma infalible: el del mercado. Se instituye un mercado, no una ciudadanía; el símbolo es el capitalismo, no la democracia.

¡Líbranos, Señor, de todo fundamentalismo! La globalización es el nuevo medio ambiente en que nos movemos, pero la lógica redistributiva frente a las desigualdades y las exclusiones no se globaliza, sino que se desarrolla en el marco del Estado-nación y, cada vez más, en el seno de lo civil. La mercadolatría no admite que se hable de las debilidades del mercado con la misma insistencia que hasta ahora se ha utilizado para señalar las limitaciones del Estado. Es imprescindible volver a leer a Pigou, el abuelo de la teoría de los fallos del mercado; en los años treinta, el economista británico Arthur Pigou, discípulo del ortodoxo Alfred Marshall y mentor de la teoría del bienestar, destacó que el mercado no genera resultados perfectamente ajustados a su patrón teórico de funcionamiento y sus fallos han de ser corregidos mediante intervenciones estatales de tipo fiscal. Menciono a Pigou porque Keynes, otro economista conservador que sembró la irritación de los liberales, ha sido incorporado por los mismos al campo del intervencionismo sospechoso: se admite su inteligencia pero no su autoridad intelectual. Las teorías de Pigou fueron reelaboradas por Samuelson y ampliamente divulgadas por Galbraith, pero todos ellos son hoy apóstoles de lo anatematizado, de lo no se menciona por buena educación y, por consiguiente, de lo que no existe para el pensamiento único, partidario de marginar lo que no le gusta.

El pensamiento único impone una economía del apartheid y las desigualdades crecen hasta el punto de que son una de las características centrales de la misma. La política liberal produce desigualdades materiales mientras proclama la igualdad como derecho imprescindible del hombre. Hay que desvelar esta contradicción, no camuflarla en el seno de otros fenómenos de diferente calidad en el análisis. Petrella escribe: “El número de categorías de excluidos de la sociedad aumenta sin cesar en todos los países. Expulsiones forzadas de los sans papier en Francia; prohibición de acceso a los espacios públicos a los sin domicilio fijo en Europa, Estados Unidos y Japón; cierre del acceso al mercado laboral a los sin cualificación; marginación económica y cultural de los sin ordenador; amenazas de eutanasia económica que pesan sobre las personas de la tercera edad sin recursos financieros adecuados (ya no se les podrá cuidar a causa del coste) y enfermos del sida acusados de vivir sin moral, son síntomas típicos de formas antiguas y nuevas de rechazo del otro y de decadencia del vínculo social”[13]. La cuestión es qué va a pasar con los campesinos mexicanos que se sublevaron en Chiapas o con el movimiento de los sin tierra en Brasil; con las decenas de miles de malalimentados africanos o con los emigrantes ilegales de los banlieu franceses; con los millones de pobres estadounidenses que no participan de la cultura de la satisfacción, o con los cada vez más numerosos jóvenes europeos que se incorporan al mercado laboral en condiciones de subproletariado, renunciando a convenios e incluso a salarios. ¿Se les va a dar una salida dentro del pensamiento único, o más bien van a ser como virus a los que aislar? Hay que deshacer algunos nudos que tratan de cambiar los focos de atención de estas realidades: “El primer nudo es el de la retórica. Hoy en día la auténtica batalla es ideológica. Se centra en las ideas, las palabras, los símbolos, bases sobre las que se construyen nuestras visiones del mundo, nuestros sistemas de valores y sobre las que se afirman y mueren nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestras esperanzas y nuestras ambiciones. Lo primero que hay que hacer es deslegitimar la retórica dominante, sus palabras clave, sus símbolos... El segundo nudo que hay que deshacer es el orden del día. ¿Quién fija actualmente el orden del día de los problemas para resolver, los retos por superar, las prioridades que deben llevarse a la práctica y los medios que deben utilizarse? En todo caso no son los poderes públicos nacionales e internacionales. Y menos aún los sindicatos. El verdadero artífice del orden del día es el poder económico y financiero privado”[14].

Otro lenguaje, otra agenda

Un político español ha explicitado recientemente una tanda de otros valores, diferentes en su entonación y en su contenido a los del pensamiento único, pero de total actualidad. Al reflexionar sobre la causa común de la izquierda describe otro campo de debate en el terreno de las ideas y plantea un ejemplo de otro lenguaje y otra agenda factibles:

— La causa común es la de los ciudadanos que sienten que la igualdad entre los seres humanos, no sólo ante la ley sino también y sobre todo ante la vida, es un imperativo moral que debe ser el primer objetivo de la organización social.

— Es la causa de los que entienden la libertad como el conjunto de condiciones que permiten a todos concebir su propio proyecto vital e intentar llevarlo a la práctica asumiendo la responsabilidad de sus propias decisiones.

— Es la causa de los que creen que la democracia representativa y la economía de mercado son imprescindibles para hacer realidad los ideales de libertad e igualdad; pero no son suficientes y muchas veces la libertad económica abandonada a sí misma va en contra de la realización de estos principios.

— Se basa en la creencia de que, además de compartir el mercado, los ciudadanos deben cooperar, y que sólo una acción colectiva políticamente organizada puede corregir las desigualdades que el mercado crea, y que no se justifican socialmente por las diferencias innatas entre los seres humanos.

— Esta causa común debe definirse por sus objetivos y por las políticas que permiten alcanzarlos de forma efectiva y en plazos razonables.

— Saber si se está a favor del principio de universalidad o del criterio de necesidades para aplicar los sistemas de protección social.

— Si se defiende un sistema público de pensiones porque representa un contrato que vincula entre sí a las generaciones o se confía en el ahorro individual con grandes beneficios fiscales.

— Si se cree que la ciudad es un espacio políticamente organizado que exige limitar los derechos de los propietarios del suelo o es el resultado de un mercado libre donde todo el suelo es organizable.

— Si el salario perjudica al equilibrio de los mercados o si es el precio mínimo que una sociedad está dispuesta a pagar para que todos tengan el sentimiento de pertenecer a ella.

— Si hay que desregular y liberalizar todos los servicios de transporte de energía o cumunicaciones, dejando que la competencia atienda sólo a las partes rentables y abandone a las que no lo son, o hay que mantener servicios públicos financiados por el conjunto de los usuarios para que todos tengan acceso a ellos en todas partes.

— Si los impuestos deben ser proporcionales o progresivos.

— Si el sistema de protección social debe financiarse con cotizaciones basadas en los salarios que encarecen el factor trabajo y dificultan el empleo o deben gravar el conjunto de la riqueza producida cualquiera que sea su origen.

— Si los incrementos de productividad deben orientarse a aumentar la producción de cosas cada vez menos útiles o usarse para reducir el tiempo de trabajo y organizar a la sociedad con una mayor igualdad entre los sexos en la vida cotidiana[15].

Urge trabajar con nuevas formas de pensamiento; liberar a éste de los corsés ideológicos del pasado —útiles para otras circunstancias— y de las fidelidades impuestas por las doctrinas. Escoger lo óptimo de cada una de ellas, en una especie de mestizaje ideológico. Lo peor para enfrentarse al pensamiento único es otro pensamiento cerrado. El mundo no se reduce a una serie de mercados por conquistar, por lo que hay que cuestionar las concepciones políticas que han basado su hegemonía en este factor durante el último cuarto de siglo, y han obviado, incluso en la teoría, la hipótesis del interés general. Para que las democracias funcionen y no se extienda el alejamiento entre gobernantes y gobernados, la política debe tener cohesión social y sentido de comunidad, no sólo credibilidad monetaria o macroeconómica. Por ello, éste es un debate político y no meramente económico en el que han de participar los ciudadanos y no sólo los técnicos, que ejercen una suerte de despotismo ilustrado del siglo XX. Y dentro de ellos, los intelectuales que en buena parte han claudicado ante el dominio de esos técnicos, que se han amparado en el supuesto cientificismo de la eficacia y de la competitividad. El descrédito de los intelectuales tiene que ver con la complejidad de los problemas que no han sabido resolver, pero también con los errores del pasado o con las causas indefendibles a las que muchos de ellos sirvieron como cómplices, sin haberse hecho posteriormente la autocrítica por ello.

No vaya a ser que, sustituido el paradigma estatalista por el fundamentalismo ultraliberal, persista el dogmatismo. Las pasiones ideológicas han jugado un papel muy importante en el siglo XX; entre las que han suscitado interés, la última ha sido la del pensamiento único, por muy burdas que nos parezcan sus ideas o toscos sus razonamientos. La crítica a la democracia en nombre de la democracia forma parte del acervo intelectual de este siglo pródigo en ideas perversas que han merecido condena. Respetar el contrato mínimo de los ciudadanos por el hecho de serlo es un buen punto de arranque de la discusión. El recientemente desaparecido historiador François Furet afirmaba que se había acabado el tiempo en el que los intelectuales intentaron unir en su mensaje la herencia del sabio griego, del profeta judío y del legislador romano. Tanta perfección ya no es posible, pero deben elegir entre la alternativa clásica de imitar a Narciso, enamorado de sí mismo, o a Prometeo, que intervino en favor del género humano.

Con toda humildad. Con dudas. Sin caer en otros fundamentalismos. Los tiempos de las utopías globalizadoras han pasado: incluida la del pensamiento único.

Contra el pensamiento único

Todos los artículos que componen este libro van encabezados por una pequeña introducción, en la que se pretenden explicar las circunstancias por las que se escribieron, los errores de apreciación o de contenido que se cometieron en el momento de su publicación y hacia dónde han evolucionado las cosas. En ellos se han suprimido las alusiones más coyunturales o localistas. Algunos de los textos van titulados con interrogantes, lo que demuestra las dudas con que fueron concebidos o la falta de respuestas del autor.

De su lectura se desprenden algunas de las obsesiones de quien los escribió: la pérdida de sueños y de proyectos tras el desconcierto que produjo la caída del muro de Berlín y del socialismo real; la preocupación reiterada por asuntos como el racismo, la xenofobia, el paro, las desigualdades o la deslegitimación a que dan lugar las políticas de ajuste permanente; el estudio de los elementos (positivos y negativos) que conforman la globalización, como una nueva etapa de la economía mundial; la crisis y la reforma del Estado de bienestar; la urgencia de potenciar la educación y la formación continua como fórmulas de redistribución; los ensayos habidos o por haber para generar puestos de empleo, entre ellos los relacionados con el reparto del tiempo de trabajo; o la inquietud de que estas u otras dificultades permanezcan, en muchas ocasiones, en los laboratorios de ideas o en las torres de marfil de los técnicos y de los intelectuales, generando una especie de despotismo ilustrado y de falta de participación de los ciudadanos.

Y una sincera autocrítica: la desolación del autor al observar que en sus reflexiones de estos años no han tenido el lugar que requieren las relacionadas con el medio ambiente o la ecología, lo que intentará corregir en el futuro.

El nuevo fascismo

(12 de agosto de 1990)

Se trata de dos artículos en uno, unidos por la preocupación ante la emergencia de un fascismo de nuevo tipo, con una cara diferente en su intensidad al que nació en la primera parte del siglo XX, y que se puede trasladar al siglo XXI. El primer artículo, nacido del impacto de la guerra del Golfo, es unilateral: enfatiza el tono de maldad de Sadam Husein y la importancia de su formidable ejército, pero no menciona las contradicciones que meses después serían explícitas. La guerra del Golfo marca un antes y un después en la historia del periodismo; es la antiguerra de Vietnam, que perdió Estados Unidos por la presión de la opinión pública. En el Golfo vimos lo que nos dejaron ver: nos manipularon. Siete años después, Sadam Husein continúa mandando ante la desatención de todos. Todavía no nos hemos hecho la autocrítica.

El segundo artículo es obsesivo: el fascismo moderno tiene uno de sus disfraces en el racismo, en el odio al otro. El infierno son los demás, dijo Sartre. El escenario de la Europa del Este (luego vendría la guerra de la antigua Yugoslavia) ha sido uno de los escaparates de la limpieza étnica y de lo peor del ser humano.

En ambos casos, el fascismo moderno se consolida como un fenómeno de masas, no de élites, que se confronta con el verdadero liberalismo y que tiene, casi siempre, un trasfondo antijudío que no se limitó a la II Guerra Mundial.

Un fantasma recorre el mundo. Con sus mil rostros, adaptándose y readaptándose a los nuevos tiempos: xenofobia, racismo, antisemitismo, expansionismo, nacionalismo, etcétera, son distintas caras del mismo fascismo. ¿No ha comparado el presidente norteamericano, George Bush, en su intervención, a Sadam Husein con el propio Hitler? La historia deshace su camino en muchas ocasiones. ¿Hay una segunda oportunidad para el fascismo en nuestros días? Bastantes síntomas indican que así es. ¿No cabe analizar la reciente invasión de Kuwait, por un régimen que contiene en su interior muchos de los gérmenes del totalitarismo, bajo esta perspectiva?

El fascismo es la única gran ideología que nació en el siglo XX. Sin caer en definiciones muy cerradas —como la que lo calificó de “estado de excepción del capitalismo”—, hay una concepción genérica del fascismo como sistema totalitario, síntesis del nacionalismo orgánico y del socialismo antimarxista. El fascismo es el rechazo del liberalismo, la democracia y el marxismo; el repudio de la cultura política heredada del siglo XVIII de la Revolución Francesa; el apoyo al darwinismo social; la conquista de una nueva civilización cuyo marco natural es la nación.

El presidente iraquí podría dar apoyo teórico a sus acciones con aquellas palabras de Maquiavelo en El Príncipe: “Cuando se trata de la patria, no debe existir consideración alguna ni de lo justo ni de lo injusto, ni de lo loable ni de lo ignominioso”. Sadam Husein, un líder sanguinario e imperialista, ha conseguido estos días resucitar su autoleyenda de gran héroe de la nación árabe. Anexionando Kuwait, ha convertido a Irak en la primera superpotencia del petróleo, capaz de determinar en solitario el suministro y los precios para casi todo el planeta: el nuevo Irak controla el 20% de la oferta mundial de petróleo. Su actividad expansionista intenta dar salida a las dificultades; la economía iraquí está en bancarrota: con una gigantesca deuda externa de 70.000 millones de dólares —una de las más grandes del mundo—, fruto, en buena parte, de la reciente guerra con Irán, la forma más rápida de sacar al país de la miseria era la de exportar masivamente su principal materia prima al mejor precio posible.

Al borrar del mapamundi al pequeño emirato vecino a sus tierras, Husein resolvía de un golpe sus incógnitas: aumentaba el precio a consecuencia de las tensiones del conflicto mismo; incrementaba la cantidad y las reservas del crudo, ya que Kuwait es otro gran productor de la zona y el segundo país del planeta en reservas; disminuía su deuda externa en 10.000 millones de dólares, los que los kuwaitíes le habían prestado solidariamente para resistir a Jomeini; ganaba una salida al mar, importantísima para un país que perdió toda posibilidad de transporte marítimo tras el encenagamiento de Chat el Arab durante la guerra contra Irán, y desfogaba las energías de su desproporcionado ejército de un millón de hombres, inactivos desde hace un año, cuando terminó la guerra con los integristas iraníes.

Paralelamente, Sadam Husein daba rienda suelta al panarabismo de sus seguidores más fanáticos, dejando en lugar subalterno al resto de los líderes árabes (Gaddafi, Mubarak, Hafez el Asad), que también pretenden la hegemonía sobre la zona. Ya lo advirtió antes de la última cumbre de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP): “Es preferible cortar cabezas que dejar seguir cayendo los precios”. Irak se ha convertido en la mayor potencia militar de la región (excepción hecha de Israel), lo que es especialmente peligroso por el carácter agresivo y totalitario de su régimen, capaz de utilizar sin escrúpulos las armas químicas contra la población civil.

Sólo así se explica la rápida reacción del mundo entero. Husein ha conseguido lo que hasta ahora era una utopía: la unidad en la condena y colaboración unánime entre la OTAN y el Pacto de Varsovia —las fuerzas del mal—, que han hecho un análisis conjunto de que la guerra entre Irak y Kuwait no es exclusivamente un conflicto regional, y han aplicado la experiencia del pasado: que los Estados fascistas prefieren satisfacer sus ambiciones por medio de la intimidación y de agresiones rápidas y limitadas, contra una oposición de poca monta. El fracaso de las democracias, que no contuvieron estas agresiones desde un principio con medios limitados, y su desgana en emplear la fuerza con fines limitados, aseguró el cumplimiento de las profecías en la II Guerra Mundial. La locura de Sadam Husein es de la misma familia que la de Hitler.

Pero la última guerra del Golfo no es sino el ejemplo más reciente de un nacionalismo agresivo que forma parte de lo cotidiano. El islam no tiene la exclusiva de un modo nocivo de entender el derecho a la diferencia. En el momento de la caída de los sistemas del este europeo, por ejemplo, están apareciendo fenómenos que se daban por superados. No se trata tan sólo del resurgimiento de partidos de extrema derecha con pujanza electoral, ni de los brotes de antisemitismo que han tenido recientemente en Francia su expresión más bárbara. Hay también elementos secesionistas que, de configurarse, darán como resultado una Europa parecida a la de antes de la I Guerra Mundial. La xenofobia acompaña, en muchos casos, a los nacionalismos de las repúblicas bálticas y del Cáucaso que amenazan con acabar —tanto como la catástrofe económica— con la perestroika de Gorbachov. Conflictos entre serbios y croatas en Yugoslavia, albaneses en Kosovo, búlgaros y turcos en Bulgaria, reclamaciones albanesas sobre Kosovo, minorías húngaras en Rumania, etcétera. Y casi todos ellos adobados por un sentimiento antijudío que parece salido directamente de las cenizas del Reichstag hitleriano.

Existe un nuevo racismo general que deja en segundo término al antisemitismo particularista; es el que deviene en Europa contra los ciudadanos del Tercer Mundo que empujan para instalarse en el teórico reino de la abundancia. El gran problema del futuro de Europa será el enfrentamiento entre europeos y emigrados extraeuropeos. En unas declaraciones a El País, el antiguo dirigente argelino Ben Bella decía: “¡Qué absurda sería una España que acogiera con los brazos abiertos a los polacos y rechazara a los marroquíes y argelinos, una España que intentara controlar la inmigración desplegando el Ejército en sus fronteras, como hace Italia! No hay policía o ejército que pueda resolver este problema. Aunque Europa se diga: ‘vamos a vivir bien dentro de nuestro muro y a ignorar el resto del mundo’, el resto del mundo no ignorará a Europa. El Sur es un gran arrabal de chabolas que tiene delante un resplandeciente terreno de golf. ¿Qué puede ocurrir? Una invasión del terreno. Para impedirlo sólo hay una fórmula: que ese arrabal viva mejor. Europa debe ayudar a los países del Sur a desarrollarse, siguiendo sus propios caminos”.

En Europa hay 13 millones de emigrados oficiales de países no comunitarios, más que la población belga en su integridad. Ello sin contar los espaldas mojadas clandestinos. ¿Serán todos ellos furtivos a partir de 1992, cuando entre en vigor el Acta única con todas sus consecuencias y Europa sea un compacto interior? La Europa del futuro, la del presente, es la Europa del mestizaje, en la que hay ciudadanos de primera y de segunda categoría. Quienes suscitan la curiosidad y la represión de la policía son casi siempre los mismos: norteafricanos, negros o mestizos; preferentemente jóvenes.

El racismo es la hostilidad instintiva hacia el otro; el antirracismo no es un mecanismo natural, hay que inculcarlo y ejercerlo. Y todas las políticas que se están aplicando son restrictivas para esta realidad. No hay una reflexión conjunta sobre el problema; la clase política no ha abordado sus consecuencias, se deja llevar por las mismas. ¿No fue esta misma clase política europea la que apoyó a Jomeini al comienzo de la revolución iraní, la que decidió que Husein era el bueno de la guerra Irak-Irán?

En España se da la gran antinomia de una ley de extranjería que se practica para acotar la presencia, entre otros, de ciudadanos latinoamericanos, mientras al mismo tiempo se celebra estrepitosamente el quinto centenario del descubrimiento de América. Y no es ésta una manifestación atribuible exclusivamente a las capas dirigentes: Le Pen ha extendido su voto en muchas barriadas obreras francesas. El fascismo es fenómeno de masas, no de élites. Un sociólogo español presente en Berlín cuando el derrumbamiento del muro contaba la cara de satisfacción de los turcos instalados en la República Federal al ver aparecer a unos polacos más pobres que ellos. Porque el racismo no es sólo un problema cultural; también es económico. ¿Cómo va a ayudar Europa al Tercer Mundo si concentra todos sus créditos en los países del este europeo? Recordaba recientemente Mario Benedetti que la ayuda europea de los últimos meses a Hungría y Polonia era superior a la concedida a América Latina en los últimos cinco años.

Es absurdo creer que España está ausente de estos problemas; país receptor, por su proximidad geográfica, de los emigrantes africanos, es un laboratorio racista que todavía ha dado pocas pruebas de su intensidad. Un informe de la Comisión Europea reprochaba recientemente a España su trato discriminatorio a los inmigrados: más de la mitad de los 778.334 inmigrantes de otros países que viven en nuestro país están discriminados económicamente y sometidos a artículos restrictivos de la ley de extranjería; un 38% son ilegales, sin papeles; las estadísticas oficiales maquillan estos datos para ocultar las deportaciones, así como “el peligro del llamado ejército de reserva de la delincuencia y una fuente de xenofobia creciente”.

Ralf Dahrendorf afirma que el mundo de los noventa va a tener que abordar tres cuestiones globales para las que no se dan respuestas: la ecológica; los conflictos regionales, y cómo hacer frente a la división ricos-pobres, que llega ya al umbral de nuestra vida diaria. De la última afirma: “Soy pesimista acerca de la capacidad de Europa de aceptar un cambio de su propia naturaleza a causa de la emigración. El proceso de integración actual está construido sobre una base proteccionista para los que ya somos europeos, en lugar de aspirar a crear un nuevo tejido social dinámico”. ¿No es precisamente ésta la etiología del nuevo fascismo?

La transición al capitalismo

(26 de octubre de 1990)

La caída del muro de Berlín y la autodestrucción del socialismo realmente existente confirmó la muerte de las utopías que lo abarcaban todo, que llegaron a instalar verdaderos infiernos en la tierra, como escribió Darhendorf. Cuando Gorbachov visita Madrid está en marcha una transición que no estaba prevista: la del comunismo hacia el capitalismo, la de la economía planificada hacia la economía de mercado. Lo que siempre, equivocadamente, se creyó un paso atrás: el triunfo de la contrarrevolución. El tiempo ha mostrado que lo sucedido en la década de los noventa no era ni lo que teorizó Habermas, una revolución recuperante, una especie de NEP que recuperaría las libertades para el socialismo; ni lo que intentó conducir Gorbachov, una reforma que conduciría al principio del experimento, una vuelta a la II Internacional. El socialismo soviético no ha superado al siglo XX. Ni Gorbachov ha sobrevivido políticamente, ni hay radiante porvenir.

Mil novecientos ochenta y nueve y 1990 han sido aquellos años en los que la realidad ha destrozado casi todas las ideologías globalizantes. Probablemente la única cosa igual de absurda, a efectos prácticos, que la biblioteca de un liberal manchesteriano sea la de un marxista ortodoxo; cuánto papel y cuántos estudios sirvieron para sustentar una concepción del mundo que se ha hecho trizas. Durante muchos años fue casi un dogma de fe la marcha de la historia como sucesión de modos de producción sin posible vuelta atrás: las etapas de la historia estaban definidas por un modo de producción dominante; la revolución era la sustitución de un modo de producción por otro superior por métodos violentos.

La sustentación teórica de ello estaba en el propio Marx: “En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales”. La mecánica era la siguiente: cuando las fuerzas de producción superaban a las relaciones de producción, la revolución no sólo era posible, sino inevitable.

De modo paralelo se analizaban las fases de transición: del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo.

El concepto marxista de revolución socialista suponía que debe existir un periodo de transición del capitalismo al socialismo; en contraposición de la revolución burguesa, la toma del poder político por parte de la burguesía no era sino el primer episodio de la transformación revolucionaria del capitalismo en socialismo. El estadio más alto de la historia sería el comunismo, la sociedad sin clases.

La gran paradoja se ha producido cuando la Unión Soviética, patria del proletariado, sede de la primera gran revolución socialista, ha iniciado el gran salto atrás y la transición del socialismo al capitalismo. Éste es el mensaje que ha traído Gorbachov a España: “Estamos en una época de transición. Esto afecta a la economía, a la política, a los procesos de democratización y transparencia informativa. Pero al haber comenzado el paso de un estado a otro debemos desprendernos de las viejas formas, o por lo menos de la mayoría de ellas. Por eso da la impresión de que un estado de cosas ha desaparecido y el nuevo aún no se ha formado, de que uno pierde pie... La idea socialista no excluye ni la economía de mercado, ni la democracia parlamentaria, ni los derechos del hombre”. ¿Qué permanece de aquella filosofía de Lenin cuando defendía que quien asume la lucha de clases pero no la dictadura del proletariado se encuentra todavía dentro del pensamiento burgués? El último muerto de esta nueva situación del comunismo soviético ha sido precisamente Louis Althusser.

La obsesión del premio Nobel de la Paz es la de modernizar la URSS. Gorbachov se encontró con una situación en la que se mezclaban el desabastecimiento y la penuria económica con la inflación y las tendencias centrífugas de las distintas repúblicas que conforman la URSS. Cinco años después la coyuntura se ha agravado hasta extremos límites y ha decidido cambiar la respuesta a la tradicional alternativa con que se encontraron los bolcheviques hace 73 años, cuando el crucero Aurora disparó por primera vez: Gorbachov no tiene más remedio que preferir la mantequilla a los cañones.

Este hombre, discutido en su país por la lentitud de los resultados y saludado en Occidente como una mezcla de Lenin y Lincoln, ha iniciado la travesía al capitalismo; de la planificación central a la conformación más o menos libre de los precios, es decir, a una economía de mercado, con sus imperfecciones. Para ello está teniendo que debatir incluso con quienes pretenden ir más rápido que él y establecer las bases de un nuevo manual: cómo pasar del socialismo realmente existente al capitalismo en 500 días.

Nadie sabe en profundidad cuál es la concepción finalista de Gorbachov; es decir, si ha llegado al entendimiento, con todas sus consecuencias, de que el mercado es una categoría de vida indiscutible, no ideológica, como que hay paisaje o existen catedrales en el mundo; o, por el contrario, si su perestroika es un concepto táctico —por muy de largo plazo que sea precisa su aplicación: él habla de 10 generaciones— como lo fue la Nueva Política Económica (NEP) de Lenin en los años veinte. En sus declaraciones afirma: “El proceso que estamos viviendo puede ser comparado con la transición a la NEP”, pero también advierte que no es un movimiento táctico. Jürgen Habermas defiende la tesis de las revoluciones recuperantes, según la cual lo que está sucediendo en la URSS y en su entorno es una especie de NEP, totalmente leninista, desde la cual el socialismo estaría dispuesto a empezar otra vez con renovada juventud, recuperando aquello que dejó olvidado a partir de 1917: las libertades individuales, los derechos civiles, el mercado como regulador de los mercados de valores, la propiedad privada como fruto del trabajo y quizá hasta el lucro como incentivo.

De alguna manera, la praxis de Gorbachov recuerda algunas de las ideas propugnadas en la segunda parte de su vida por aquel bolchevique que, pese a ser fusilado por Stalin en 1938, fue definido por Lenin como “el hijo más querido del partido”. No por casualidad ha sido Gorbachov quien ha rehabilitado a Bujarin.

Repasando la formidable biografía de Stephen F. Cohen Bujarin y la revolución bolchevique y las recientes memorias de la mujer del moscovita, Anna Lanina Bujarina, se encuentran sorprendentes analogías entre Bujarin y Gorbachov. Bujarin calificó el paso del comunismo de guerra a la NEP como el “naufragio de nuestras ilusiones”, y su grito: “¡Enriqueceos!” (“A todos los campesinos globalmente, a todas las capas de campesinos, debemos decirles: enriqueceos, acumulad, desarrollad vuestras haciendas”), semeja a la acumulación originaria de capital que pretende implantar Gorbachov en la URSS.

Para conseguir esta acumulación y la estabilidad de la economía soviética, prioridad absoluta de la perestroika, uno de los elementos centrales es la ayuda occidental que Gorbachov demanda. La deuda externa de la URSS es equivalente a la de Polonia o Argentina y, por tanto, manejable y susceptible de ampliación para un país de una importancia política, magnitud geográfica y potencial financiero muy superior a los dos citados. Independientemente del pequeño monto económico de la Declaración de Madrid —entre 1.000 y 1.500 millones de dólares—, resulta muy significativa la entrevista que el líder soviético mantendrá con Felipe González unas horas antes de que se reúna en Roma la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea (CE), en la que uno de los puntos esenciales del orden del día es la ayuda de Europa al Este, y de modo específico a la URSS. González llevará, pues, a Roma las últimas novedades de la coyuntura soviética en boca de su máximo responsable. Y lo hará con la satisfacción de quien ha oído decir a Gorbachov, en respuesta a la pregunta de si sigue siendo comunista, las siguientes palabras: “Ser comunista significa fidelidad a la idea socialista, al socialismo democrático como ideal”.

El fin de una era

(15 de diciembre de 1991)

Este artículo completa el anterior. Entre ambos ha ocurrido algo: ha habido un golpe de Estado en la Unión Soviética, que ha acabado con las esperanzas reformistas de Gorbachov. Todos hemos visto por televisión cómo lo han humillado en un Parlamento vociferante; por ello sospecharemos siempre de Yeltsin. La bandera de la hoz y el martillo está a punto de ser arriada definitivamente. El líder soviético pasará a la sombra dejando más vigente que nunca la esperanza socialdemócrata: “Fue nuestro género de socialismo lo que demostró ser un fracaso y no la idea socialista en sí”. La lección más descarnada nos la da la frase de Yves Montand —el inolvidable actor francés que reposa en Père Lachaise—: “Nos pasamos toda nuestra juventud combatiendo la democracia; vamos a pasar nuestra vejez defendiéndola”. Que así sea.

Los últimos 1.000 días marcan el fin de una época: la del comunismo como experimento social y político. La que fue considerada doctrina alternativa al modo de producción capitalista ha muerto gangrenada por la realidad, aunque persistan algunos regímenes que aún se reclaman de ella —China, Cuba, etcétera— y muchas de las causas que justificaron su emergencia y su desarrollo.

Sabíamos del inicio de esta era. La revolución de los países del Este en 1989 dio la campanada. No es casual adjetivar lo sucedido como revolución: los cambios fueron extremadamente rápidos y muy radicales, condujeron a establecer la ilegitimidad de una clase gobernante, a reemplazar a la mayor parte de sus miembros clave y, en definitiva, a producir una transformación constitucional de vasto alcance. Características todas ellas de los procesos revolucionarios.

Lo que no imaginábamos era que el vértigo histórico se iba a acelerar y en un plazo menor a los tres años desde entonces íbamos a ser testigos de la descomposición total de la Unión Soviética, pese a las profecías de Solzhenitsin y de los estudios científicos de Hélène Carrere d’Encause. Creíamos que la URSS era un Estado y sólo era un imperio que, como todos, llevaba en su interior el germen de su declive y su destrucción. Pero ¡tan rápido!, ¡tan lleno de vacíos! ¿Será posible que el socialismo real, aquel que levantó las esperanzas de los parias de la Tierra, signifique sólo un asterisco en los libros de historia, al menos por su escasa duración como sistema social (1917-1991), menos de dos tercios de siglo?

Del mismo modo que se identifica a Lenin con la Revolución de Octubre, el nombre de Gorbachov va irremediablemente unido al concepto de la perestroika; Gorbachov no conoció personalmente la revolución bolchevique, pero ha muerto políticamente porque la uniformidad de ideas que se estableció a partir de 1917 no pudo con la heterogeneidad de nacionalidades que conformaron el antiguo imperio soviético. La perestroika tenía tres objetivos y dos limitaciones esenciales; los primeros eran la libertad política, la libertad económica y la libertad intelectual. Los últimos eran la catástrofe de la economía y la explosión nacionalista. Seis años después de que el mundo conociese el desarrollo de la perestroika, sus hipotecas han vencido a los fundamentos y el experimento ha saltado por los aires, iniciándose una nueva cosa, de la que todavía no se conocen sus estructuras filosóficas, hacia dónde va, quiénes serán sus protagonistas principales y cuál su configuración definitiva.

Mijaíl Gorbachov sufre la tragedia de ser un personaje de transición. Pilar Bonet, posiblemente la persona que mejor conoce la Unión Soviética de los últimos años, le ha comparado con Simón Bolívar y ha establecido una analogía entre el proceso soviético y la desintegración del imperio español en América. Las actuaciones de Gorbachov tienen un antes y un después del golpe de Estado del pasado 19 de agosto; los hechos del verano son vistos por los ciudadanos soviéticos como un corte radical entre el pasado y el futuro, pero, según pasaban los días, sin cambios profundos en la vida cotidiana, volvía lo viejo con otros nombres y cundía la desmoralización. Gorbachov es el espejo de esa perversión; a partir de entonces pierde el poder real y deviene en un extremado patetismo. No entiende la realidad que le rodea o no quiere entenderla; sigue viviendo o mandando en un mundo que no existe ya. Son patéticas hasta las fotografías con el rostro deformado que de él nos llegan en las últimas horas. Patético: “Dícese de lo que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiendo afectos vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o melancolía”. Definición exacta del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia.

Ese patetismo se refleja extraordinariamente en su último libro —El golpe—, recién publicado, en el que relata su experiencia a partir de la estancia en la dacha de cabo Foros, en Crimea. Este texto es una revisión gigantesca del pensamiento político de Gorbachov a la luz del golpe de Estado; se trata de una actualización de su proyecto político, rehecha tan sólo hace cuatro meses y sobrepasada por los acontecimientos de los últimos días, hasta romperla en añicos. Éstos son los principales puntos de su reflexión:

— Antes del golpe de Estado creía poder reformar el PCUS y convertirle en un partido moderno y democrático. Hoy, el partido está ilegalizado, derrotado, inexistente entre las fuerzas que hegemonizan los cambios; forma parte de la reacción y sus componentes consideran a Gorbachov el causante de su desgracia, el Kerenski de la contrarrevolución.

— El líder soviético no quiso nunca una reforma radical que hiciera explotar las contradicciones, sino movimientos tácticos que estabilizasen los avances. Ganar tiempo, una política de compromisos, ésa fue su estrategia para que nada se rompiera.

— El principal objetivo de todos los esfuerzos de Gorbachov es la firma del tratado de la Unión, con un centro —él— que mantuviese unas fuerzas armadas comunes, el potencial nuclear, la política de defensa y un mercado económico común. “No imagino la secesión de Ucrania... Cuando nosotros creemos un área de economía de mercado que cubra el país entero y se implique crecientemente en el mercado mundial; cuando el mecanismo de coordinación entre las repúblicas soberanas comience a operar; cuando empecemos a salir juntos de la crisis y el pueblo comience a disfrutar de los primeros frutos materiales de la perestroika, cultivados gracias a su unidad y a su acuerdo interétnico, entonces todas aquellas personas honestas (y la mayoría de ellas son realmente honestas) que fueron arrastradas a las tendencias nacionalistas y no abrieron los ojos a tiempo y no frenaron a sus líderes, cuyo lema es que ‘cuanto peor es para la Unión, mejor es para mi nación’; aquellas personas no sólo se avergonzarán de sí mismas; verán qué tremendo error cometieron no sumándose a un gran proceso de integración que afecta a la sexta parte de la superficie del planeta”. Si fracasa el Tratado de la Unión que propone, “todas nuestras conversaciones y todos nuestros planes para el futuro se los habría llevado el viento, habrían sido una cháchara”. Estamos condenados, dice el autor del libro; “si destruimos la unión, será un desastre”.

— La obsesión de Gorbachov es mejorar las condiciones de vida del pueblo. Según él, se dan ya las condiciones para que llegue la ayuda exterior, indispensable para la acumulación originaria de capital que derive en la economía de mercado. “Lo más importante ahora [una vez firmado el Tratado de la Unión] es cómo sobrevivir hasta la primavera, cómo atravesar el invierno”. Patética, de nuevo, la situación de la que hasta hace muy poco era denominada segunda superpotencia mundial. En lo que se refiere a combustible y energía, “nos las arreglaremos solos” [el pasado jueves, la mitad de los aeropuertos había tenido que cancelar la mayor parte de sus vuelos por falta de combustible]; por lo que respecta al suministro de alimentos, “necesitamos ayuda, pero pagaremos cuanto se nos proporcione”.

Es posible que buena parte del programa posgolpe de Gorbachov se consiga sin él, con otras formulaciones, y que la Unión de Estados Soberanos se transmute en esa Commonwealth eslava y musulmana que se está constituyendo a tirones. Formará parte de su herencia, un patrimonio estampillado por el abandono de Borís Yeltsin, con el que selló un pacto de sangre (uno sustituiría al otro) después del 19 de agosto, que el ruso ha roto en cuanto ha podido, con alevosía y premeditación. Una postura que ha estigmatizado a Gorbachov para siempre: “El peligro del putsch residía en el hecho de que sus organizadores estaban en el mismo centro del mando, próximos al presidente. El aspecto más duro para mí en el ámbito personal fue la traición. Esto me obsesionará hasta el final de mi vida”.

Todavía no se puede pronosticar el futuro de Gorbachov, pero lo cierto es que su esquema federal de transición de una sociedad cerrada a una economía de mercado no se ha hecho realidad. Y ello es un fracaso. En la parte positiva de su balance figurará siempre haber enseñado a los ciudadanos soviéticos el valor de la libertad, acabado con la guerra fría, reducido el arsenal nuclear y mostrado el secreto de los países del Este europeo, que no eran lo que decían. También la coherencia de oponerse con valor a la histeria anticomunista y a las persecuciones indiscriminadas, y sobre todo, no haber renunciado nunca a una idea de socialismo: “Soy partidario confirmado de la idea del socialismo”, dice después del golpe; “yo me considero un demócrata y me baso en que la idea socialista sin democracia y sin una solución directa y fiable de los problemas sociales no es posible. Fue nuestro género del socialismo lo que demostró ser un fracaso, y no la idea socialista en sí”.

¿Cómo no va a influir este cataclismo en nuestras vidas, en nuestras formas de pensar y actuar, en la cumbre de Maastricht o en el debate de la izquierda occidental? He recordado a Gorbachov recientemente, leyendo la biografía de Yves Montand, cuando éste le dice de modo cómplice a Jorge Semprún: “Nos pasamos toda nuestra juventud combatiendo la democracia; vamos a pasar nuestra vejez defendiéndola”.

El tiempo del menosprecio

(19 de abril de 1992)

Cuando la izquierda está en el poder y lo pierde, la sustituye la derecha democrática pero con fuertes subidas de la extrema derecha. Hace un lustro este fenómeno estaba más generalizado; hoy es más puntual pero más peligroso. Por ejemplo, Francia. La mayor parte de los analistas interpretaron que si Jospin fracasaba —hipótesis alejada de la realidad meses después— el riesgo estaba en un orgulloso Le Pen, cuyo Frente Nacional ya ha entrado en el Parlamento. Estas fuerzas antisistema, cuyo programa tiene como prioridad la confrontación con los emigrantes, parte de ideas muy primarias frente a la complejidad de las dificultades: el odio al diferente, el nacionalismo étnico y la simpleza de soluciones (“esto lo arreglo yo”). Como Hitler tras la República de Weimar, escalan al poder acompañados de los votos de una parte de la población que padece de miedo al futuro. Entonces llega el malrauxiano tiempo del menosprecio.

El hundimiento de los países del Este está acompañado, cada vez más frecuentemente, de un retroceso de las reglas del juego tradicionales en las sociedades occidentales. Quienes apreciaron en la caída del muro de Berlín y en la descomposición de la Unión Soviética una victoria sin concesiones de “la otra parte”, o la llegada —de un modo lineal— al más alto estadio posible de la evolución sociopolítica de la humanidad, se equivocaron.

Los síntomas se reproducen de forma acelerada en los últimos meses: la presencia de fuerzas antisistema, con porcentajes desconocidos desde la II Guerra Mundial, en las naciones más avanzadas. Ha sucedido en Austria (el Partido de la Libertad pasó de un 5% a un 17%), Francia (Le Pen, con un 14%), Alemania (6% y 13% de los republicanos y otras extremas derechas en distintos länder), Italia (las ligas, con un 10% a nivel nacional, y la lombarda, con un 28% en Milán), etcétera.

Aunque el fenómeno es tan incipiente como para no poder generalizar todavía el discurso de las diferentes ultraderechas, en todas ellas se multiplica una serie de características comunes a tener en cuenta.

En primer lugar, el fortalecimiento de la alteridad, el odio al otro, representado en la edad contemporánea por las fortísimas corrientes migratorias; el antisemitismo es ahora sólo una de las corrientes racistas que agitan las extremas derechas; más importante es la resistencia activa a compartir las bondades del Estado de bienestar europeo con los ciudadanos provenientes de los países del otro lado del antiguo telón de acero o del Sur geopolítico.

En segundo lugar, la exaltación de las tendencias centrífugas y nacionalistas que rompen la marcha hacia la unidad europea; un nacionalismo que, en la mayor parte de las ocasiones, tiene poco que ver con la nación-Estado y mucho con la homogeneidad étnica y el resentimiento contra los que son diferentes. Las extremas derechas están contando, en este punto, con la pasividad de los racistas democráticos, aquellos ciudadanos que reconocen las normas de las democracias para ellos mismos y excluyen a los demás, con buena conciencia. Y también con una especie de ley del silencio que afecta a un sector de la antigua intelligentsia de izquierdas, que impide profundizar en los problemas de las emigraciones, de los asentamientos masivos de comunidades que no aceptan las leyes establecidas, y que consideran de mala educación salirse de la regla de aceptar todo, con un falso liberalismo, ya que los conceptos de “integración” o “asimilación” connotan algo parecido al denominado imperialismo cultural.

Por último, las fuerzas antisistema están aprovechando y denunciando las debilidades de las democracias para dar solución a los nuevos problemas del mundo occidental en la última parte del siglo, y a la exacerbación de muchos de los antiguos: otra vuelta de tuerca en la crisis fiscal del Estado, malversación del concepto de lo público, falta de universalización y de calidad de los servicios, aumento de los impuestos, etcétera. Estas denuncias y las debilidades de la “sociedad abierta” no van acompañadas de alternativas, sino que, utilizando los resquicios del sistema, plantean directamente la autodestrucción de la democracia.

La emergencia de las fuerzas antisistema está siendo facilitada por la multiplicación descarnada, sin intermediaciones, de la desigualdad en el conjunto del planeta y en el interior de cada una de las sociedades. Las inmigraciones de Sur a Norte y de Este a Oeste son masivas; los ciudadanos huyen del hambre y buscan la emulación de la economía de mercado, que ha penetrado en sus vidas a través del intercambio y por la vía de la televisión. No son, como en otros momentos de la historia, traslados selectivos de personas que se alejan del régimen político que les humilla, sino verdaderas invasiones que no buscan solamente la libertad, sino la sociedad de consumo. La Liga Lombarda no ha conseguido sus votos en la defensa de los ciudadanos italianos frente al desembarco albanés, problema aún lejano, sino contra los italianos del Sur que huyen del subdesarrollo provocado por la Mafia, la corrupción y la ineficiencia extrema de los políticos.

La respuesta se tiñe de corporativismo, de la defensa incontaminada del territorio (las imágenes de los alemanes de la antigua República Democrática vagando por las ciudades más representativas de la República Federal son el mejor paradigma) y de una ola protestataria de profesiones y oficios a las que importa poco la sociedad dual, y sí los llamados “derechos adquiridos”, que muchas veces han devenido en privilegios. Resurge así la aristocracia obrera, amparada a veces en los antiguos sindicatos de clase, que responden exclusivamente a los intereses de sus afiliados y de su gente afrentando al conjunto de los ciudadanos.

Es sintomático que las fuerzas antisistema (no sólo las de extrema derecha, en este caso también los ecologistas) sean las únicas capaces en la actualidad de hacer lo que se llamaba “política de calle”. Disminuidos o extinguidos los comunistas, aburguesados los socialistas, sectorializados los radicales, es la ultraderecha la que en muchos países protagoniza los mítines masivos, la pegada de carteles o su presencia en asociaciones intermedias, robando los instrumentos de trabajo a la izquierda clásica. En cada país de los citados hay variaciones sobre esta realidad y las dificultades internas hegemonizan las batallas políticas y electorales; la construcción europea —la célebre convergencia, tan importante— corre el riesgo de convertirse sólo en una superestructura, como si sus consecuencias no afectasen a todo lo que está sucediendo y a la vida cotidiana.

Por todo esto era tan significativo el sondeo publicado en El País hace dos domingos, en el que se describía el tono vital de la sociedad española justamente ahora, en el inicio de este año-símbolo que es 1992. Hay una cierta analogía entre la “sinistrosis” francesa que ha conducido a Le Pen a una posición que no tuvo nunca el fascismo desde hace casi medio siglo y el pesimismo que denotan los españoles en esa encuesta: insatisfacción e irritación desconocida desde hace una década, en plena transición; cristalización de una atmósfera política general nueva, a partir de la acumulación de frustraciones sectoriales con el funcionamiento de los servicios públicos, el coste de la vida, la presión fiscal y los escándalos financieros; extensión de estos fenómenos en proporción mayoritaria en las grandes ciudades; deterioro en la imagen ciudadana de la gestión de los recursos públicos; incremento de la proporción de quienes piensan que se despilfarra o se “tira por la ventana” una gran parte del dinero público, y de quienes consideran que la que reciben del Estado en servicios es menos de lo que pagan en impuestos; creencia de una buena parte de los encuestados de que hoy existe más corrupción que en la España de Franco; etcétera.

Siempre existe el peligro de que lo urgente desplace a lo importante y la tentación de devaluar a nivel de anécdota los barómetros sociales como el citado, cuando la tendencia del voto permanece a corto plazo. No dar respuesta a estos problemas propios de la era de la complejidad implica empecinamiento, prepotencia, miopía. Y en definitiva, una especie de suicidio político que comparten los Gobiernos y las oposiciones; cuando las crisis avanzan, lo estamos viendo, las preferencias se desplazan desde la izquierda hacia la extrema derecha, no hacia la derecha democrática. Y cuando la extrema derecha crece, es que la sociedad está enferma. El fascismo no tiene hoy la faz de las camisas pardas, sino de la apatía, el desinterés, la distancia entre los intereses de los ciudadanos y de los políticos, el ensimismamiento que conduce al despotismo ilustrado, la oposición a todo sin alternativas viables. Y del travestismo y la demagogia: “Cómo no admirarse”, ha escrito Rubert de Ventós, “de que la derecha y la izquierda parezcan buscar cada una el sitio del cual partía la otra: que el socialismo esté descubriendo a Stuart Mill mientras el liberalismo se está haciendo doctrinario, que la derecha se vuelva internacionalista cuando la izquierda se convierte a la defensa de los intereses regionales, de los puestos del trabajo nacionales del capital local”.

Urge regenerar el sistema y sus protagonistas. Las fuerzas democráticas necesitan, tras los cambios que ha habido en el planeta, volver a tener —cada una de ellas— su particular Bad Godesberg para que de nuevo haya referencias ideológicas claras y alternativas que nos alejen del totalitarismo. Si las tendencias crecientes en Europa se consolidan volveremos a vivir el tiempo del menosprecio, como denominó Malraux al que propició el fascismo.

¿Un 68 de derechas?

(27 de septiembre de 1992)

Mil novecientos noventa y dos fue un año paradigmático en nuestro país por lo que simbolizaba (500 aniversario del descubrimiento de América). En Europa se vivían tiempos de reactivación y de una cierta euforia unionista. Pocos meses después se disiparía este ambiente y se entraría de una etapa de recesión de la que apenas hemos salido. Como consecuencia de los malos tiempos, muchas medidas de sacrificio se tomaron sin participación ciudadana. El único déficit que gustaba a nuestros gobernantes era el déficit democrático, y la fórmula para construir Europa la de un despotismo benigno. Paralelamente a ello, se iniciaba un cambio de valores antisesentayochista: en lugar de libertad, dinero; en vez de internacionalismo, localismos excluyentes; frente a la liberación de las costumbres, las ganancias y la ambición; ante el Che, Mario Conde y los lamidos yuppies, etcétera. La defensa del statu quo y la reiteración de la defensa del mejor de los mundos posibles.

El alemán Walter Uhrlao ha lanzado un debate sugestivo a la opinión pública que inmediatamente ha sido recogido en algunos países europeos como Italia y Francia. Las tendencias profundas de lo que está sucediendo en el mundo en los últimos meses ¿suponen una contrarrevolución? ¿Es el reverso de aquellos cambios en las maneras de pensar, de participar en la vida pública, que consiguieron las revueltas de Mayo del 68 y que explotaron, en buena parte, en los ochenta? ¿Se pueden contraponer, aquí y ahora, conceptos como imaginación, política, internacionalismo, tercermundismo, complejidad, utopía, sociedad abierta, espontaneidad, etcétera, a consenso, economicismo, reacción, nacionalismo agresivo, eurocentrismo, pensamiento débil, pragmatismo, sistema...?

Este año se cumplen los 25 de la muerte del Che Guevara, aquel revolucionario adorado por una generación que lanzó al viento la consigna de “crear dos, tres, muchos Vietnam”. Quedan pocas de sus ideas en vigor, incluso en el país donde más oportunidades tuvieron de ser aplicadas, Cuba, pero el grito de muchos jóvenes europeos es hoy xenófobo y particularista: “Francia para los franceses”, “Alemania para los alemanes”. De lo que se trata es de analizar si hay un retroceso en el sentido progresista de la historia. En su último libro, El renacimiento democrático, Jean-François Revel canta victoria y afirma que “queda fuera de duda que la democracia ganó terreno durante la década de 1980-1990, a la vez en el pensamiento, como idea, y en la realidad, como forma de régimen político”, e intuye que la década de 1990-2000 será la década de la democracia mundial.

Pero los fenómenos más recientes, y su sustrato ideológico, limitan profundamente esta teoría. Lo que está aconteciendo avala la existencia de perniciosas corrientes en el devenir histórico. Tras el referéndum francés y las turbulencias económicas que han llevado al Reino Unido y a Italia, dos de los siete países más ricos del mundo, a romper con el sistema (monetario europeo) y aislar la libra y la lira tras sus fronteras nacionales, se han alzado voces que piden una revisión del Tratado de Maastricht, instrumento autoadquirido para avanzar en esa utopía que sigue siendo la unidad europea.

Los partidarios de esta revisión se mueven en dos terrenos antagónicos, aunque hay quienes intentan diluir las ansias de transformaciones en una única dirección y así encontrar una coartada para legitimarse. Francia y Dinamarca, que ya han votado, pero también el resto de las opiniones públicas comunitarias, indican que hay una profunda división en los europeos en cuanto al procedimiento llevado hasta ahora en el camino de la unidad. Porcentajes de riesgo muy altos en cuanto al consenso implícito que se necesita para las grandes transformaciones políticas; lo que Berlinguer denominó compromiso histórico. Es muy difícil, casi imposible, llevar adelante la unidad europea con una parte significativa (aunque sea minoritaria) de los ciudadanos en contra, demandando mayor información sobre la unidad en relación a sus intereses grupales o nacionales; más participación en las decisiones y sobre todo, el control parlamentario de las mismas; en resumen, pidiendo una corrección del déficit democrático de la Comunidad Europea. No les basta a estos ciudadanos la buena voluntad de los funcionarios de Bruselas, ni siquiera admiten la utilización de ese despotismo benigno del que ha hablado Delors y que tan caro es a la historia española de la Ilustración. Es decir, solicitan una corrección al alza del Tratado de Maastricht.

Pero la racionalidad política diverge en ocasiones de la racionalidad económica, que se convierte en hegemónica y, a veces, en exclusiva. Y esto es lo que ocurre ahora; disfrazados con el ropaje del déficit democrático, recorren los despachos de algunos Gobiernos los intereses económicos de los países más poderosos, que abogan por una revisión a la baja de Maastricht para poner en circulación oficial los eufemismos de la “Europa de geometría variable” o de la “Europa de las dos velocidades”, que son los sinónimos, una vez más, del Norte y el Sur geopolíticos, de los desequilibrios territoriales y sociales; en definitiva, los intereses de los egoísmos nacionales, de los que desde el principio no quisieron saber nada de una cohesión igualadora en las cuotas del bienestar. Es verdaderamente curioso que los adalides del neoliberalismo sean quienes más frecuentemente recurren en momentos de crisis al proteccionismo interior y a las medidas de excepción.

Esta discusión eurocéntrica sobre el futuro de la Comunidad Europea ha tenido como virtud poner en primer plano otras contradicciones. Por ejemplo, la de los países del Este; caído el muro de Berlín, un nuevo dique se ha levantado en los últimos meses: el del silencio. Apenas nadie sabe qué está pasando en el antiguo telón de acero, cómo evolucionan en lo cotidiano las transiciones del socialismo al capitalismo, las dificultades para avanzar hacia democracias homologables en medio de la quiebra técnica de esos países. Excepto en Yugoslavia, donde conocemos perfectamente que se está desarrollando una guerra de exterminio étnico, la aparición de campos de concentración neonazis, la existencia de brigadas internacionales fascistas. Ya no se trata como antes de otras culturas u otras civilizaciones, sino de la nuestra. Pero es más prioritario corregir los tipos de interés alemanes o la caída del franco que el martirio de Sarajevo, como demuestra la retirada de las tropas occidentales que, aunque mínimamente, habían comprometido su presencia en Bosnia-Herzegovina. Es el triunfo de la racionalidad económica frente a la política.

Sólo preocupa el Este cuando penetra en Occidente en forma de inmigraciones masivas, como ha pasado recientemente en Alemania, y brota de modo explícito la xenofobia: “Alemania para los alemanes”, se gritaba en Rostock, e inmediatamente los estados mayores de los partidos políticos, acobardados, se dispusieron a estudiar una reforma restrictiva de la ley que regula el generoso derecho de asilo. Objetivo: reducir las solicitudes de entrada. Antes fue Italia la que rechazó a miles de albaneses hacinados en barcos, alborozados de llegar al “paraíso capitalista”. Sin olvidar, por lo que nos toca como españoles, las pateras repletas de magrebíes que pretenden olvidar el hambre y la represión a través del estrecho de Gibraltar y se encuentran con la muerte y la devolución. En los Balcanes vuelven a circular los trenes de ganado cargados de familias desposeídas de sus bienes, con sus casas incendiadas, según crónica publicada en este periódico, y —¡otra vez!— hay cadáveres de gitanos en las fosas comunes. En la Francia de Le Pen han sido asaltados algunos cementerios y profanadas la tumbas de los judíos que protagonizaron el holocausto.

El rostro del racismo tiene que ver hoy con las inmigraciones, no con las razas superiores. Es la tensión entre los trabajadores del Primer Mundo, que ven peligrar su trabajo y su Estado de bienestar, contra los pobres del Tercer Mundo o del Este europeo, que quieren participar de la relativa abundancia. Mientras haya intercambio desigual, eso no ha cambiado, no habrá forma de poner puertas al campo. Son esos mismos trabajadores los que han votado no en el referéndum francés, incómodos por tener que compartir las subvenciones con el extranjero de al lado, que podrá votar y ser votado si se ratifica el Tratado de Maastricht; es decir, tener incidencia política. Se da así una especie de racismo democrático en el que, excepto en los casos más extremos, como el de Rostock, autóctonos y forasteros conviven en permanente tensión, mientras se amplía una sociedad dual desestabilizadora: el otro es un probable enemigo que en cualquier momento puede manifestar su hostilidad.

Estos fenómenos conducen al autoritarismo y a la sociedad cerrada. Reaparecen los camisas pardas y las esvásticas, aunque los violentos vayan ahora de cabezas rapadas y con chándal y botas deportivas a arrojar los cócteles mólotov contra los yugoslavos exiliados, verdaderos boat people de nuestro tiempo. Ante esta incertidumbre, los demagogos ganan terreno, halagando engañosamente a los ciudadanos, simulando participar de sus problemas o defender sus intereses, cuando en realidad pretenden hacer hegemónicos los de ellos exclusivamente.

Este contexto de particularismos se basa en las teorías más reaccionarias sobre el devenir histórico, caracterizadas por su simplicidad, que han calado hasta en los Gobiernos socialdemócratas, verdadera extrema izquierda del sistema después de que el consenso ideológico en Occidente y el descubrimiento del gulag en la Unión Soviética arrojasen a la marginalidad a los antiguos grupos revolucionarios. Estas teorías son las que el sociólogo norteamericano Albert Hirschman ha denominado como las retóricas de la intransigencia.

Las teorías más reaccionarias se pueden resumir en tres tesis: la de la perversidad afirma que toda acción deliberada para mejorar algún aspecto del orden político, social o económico únicamente sirve para agudizar la situación que desea remediar; así, las tentativas de profundizar en la libertad harán que la sociedad se hunda en la esclavitud, la búsqueda de la democracia producirá tiranía, y los programas de seguridad social crearán más y no menos pobreza. La tesis de la futilidad defiende que toda tentativa de cambio es abortiva; todo pretendido cambio es superficial, cosmético, ilusorio; las estructuras profundas de la sociedad permanecen intactas; es decir, en vez de existir una ley del movimiento social, lo que hay es la inmovilidad lampedusiana. La tercera tesis, la del riesgo, dice que cualquier cambio que se propone, deseable en sí mismo, implica costes o consecuencias inaceptables y pone en peligro logros precedentes.

En el marco de estas tres tesis tan en boga subsiste una simple ideología: la de que estamos en el mejor de los mundos posibles y lo adecuado es la defensa del statu quo. La extensión de esta retórica en forma de extrema derecha, los pasos atrás en Europa en la búsqueda de una soberanía compartida y participativa que limite la prepotencia y el liderazgo de los países más ricos y la xenofobia renacida con tanta virulencia (“todos somos judíos respecto a alguien”, decía Sartre) son aspectos que hacen temer que también nos equivocábamos cuando creíamos que inmediatamente debajo de los adoquines estaba la playa. Hay que sacar mucha más tierra del hoyo para que, como en el 68, la libertad del futuro sea la libertad de la diferencia, no una democracia impulsada en la obsesión de las identidades, ya sean éstas de partido, de etnia, nacionales, de raza o simplemente una identidad marginadora del resto. Éste es el debate.

La democracia de la diferencia

(22 de noviembre de 1992)

“Todos somos judíos respecto a alguien”, dijo Sartre. Importante invocación de egoísmo, que significa que cada uno de nosotros podemos ser objeto del desprecio y del ninguneo por parte de quien es más poderoso. El racismo, mil veces fotografiado, emerge al final del milenio como retrato de los que se mudan de país por motivos políticos, pero más frecuentemente por causas económicas.

Las emigraciones no se detendrán mientras persistan las formidables desigualdades regionales. El esquema, entonces, se hará más complejo pues no habrá tan sólo dialéctica Norte-Sur, sino Sur dentro del Norte y Norte dentro del Sur. La sociedad dual será permanente, estructural y sólo se podrán resistir sus contradicciones más flagrantes mediante un mestizaje libremente admitido. España, que fue país de emigrantes, tiene la obligación de liderar, en el contexto europeo, la opción más generosa para ellos, sabiendo que ninguno de los dos extremos (el país frontera y la entrada indiscriminada y masiva) funcionará.

Los seres humanos somos racistas, en el sentido más amplio del término. La misantropía, la misoginia, son ejemplos cotidianos de ello. Para evitar la naturalidad del racismo, los ciudadanos debemos poner en ejercicio toda nuestra racionalidad. “Todos somos judíos respecto a alguien”, decía Sartre. En general, se utilizan indiscriminadamente los conceptos de racismo, xenofobia e incluso ultranacionalismo, aunque no supongan exactamente lo mismo, pero todos sabemos a lo que nos referimos cuando apelamos a ellos. El racismo ha adquirido a lo largo de la historia las más diversas caras; hoy tiene la faz de la inmigración. Hubo un tiempo (desgraciadamente, todavía no olvidado) en que el racismo fue sinónimo de antisemitismo.

Desde el affaire Dreyfus, a finales del siglo pasado, el antisemitismo tuvo diversas representaciones justificadoras.

a) Los judíos son condenables porque asesinaron a Jesucristo (posición cristiana).

b) Los judíos son condenables porque inventaron a Jesucristo (posición racionalista).

c) Los judíos son condenables porque son una raza impura que impide la regeneración de Europa (los nazis).

d) Los judíos son condenables porque son banqueros (los Rothschild, los Schoroeder...) y ricos, y explotan a los pobres (posición de los antisemitas de izquierdas, los estalinianos). Este pretexto tiene una versión más moderna, que es la de que los judíos martirizan a los palestinos. Es decir, el antisemitismo jamás contó con una fórmula constante, sino que —como el resto de los racismos— ha cambiado a medida que lo hicieron los sistemas de legitimación y la opinión pública que lo sustentaba.

Hoy el racismo se instrumenta a través de los fenómenos inmigratorios. El marco español se remite casi exactamente al europeo, y contempla tres tipos de problemas: la quiebra de los países del Este, que sufren una latinoamericanización creciente; la desarticulación de la antigua Unión Soviética, con el cuestionamiento correspondiente del modelo de Estado y los estallidos que produce una transición inédita del socialismo real al capitalismo; por último, la realidad de ser frontera física o cultural del sur geopolítico, lo que da lugar a la llegada de pateras africanas o de ciudadanos provenientes de América Latina. La consecuencia es que Europa se ha convertido en territorio receptor de inmigraciones masivas del Este hacia el Oeste y del Sur hacia el Norte, cada una de ellas con sus características diversas. Por ejemplo, los ciudadanos provenientes del Este están, en general, más formados que los que llegan del norte de África, lo que da lugar a una mejor integración, aunque también a una mayor descapitalización de sus países de origen. El demógrafo Massimo Livi-Bacci ha escrito que “la presencia de ciudadanos del Este en la Europa comunitaria no creará tensiones en el empleo si no es masiva. Los parados autóctonos no concurren en el mismo mercado de trabajo; aunque hubiera paro, seguiría habiendo necesidad de emigración, con lo que aparecería una clase social subalterna de trabajadores europeos”.

Ello indica que mientras existan diferentes sistemas políticos (sociedades cerradas y sociedades abiertas) y un desarrollo económico desigual, las emigraciones no se detendrán, por más encastillamiento del que se provean los territorios favorecidos. Es especialmente relevante el dato de que de los 25.000 habitantes del pueblo de origen de Lucrecia Pérez, la asistenta dominicana asesinada hace unos días, alrededor de 5.000 estén viviendo en Madrid. Tampoco conviene olvidar, para no dar una visión maniquea del asunto, que muchos de los problemas que se generan con los emigrantes no son estrictamente enfrentamientos entre clases sociales; también existe una oposición de los pobres de los países ricos hacia los pobres que emigran, ya que los primeros entienden que se pueden quedar sin trabajo y sin el Estado de bienestar del que disfrutan, al tener que repartirlo en un momento de enorme crisis fiscal del Estado. De ahí el silencio sindical que muchas veces se produce en Europa ante este tipo de dificultades nuevas. La imagen de miles de albaneses intentando desembarcar en Italia para unirse al paraíso capitalista, y devueltos a su nación entre gestos de desesperación, es paradigmática.

Es cierto que Europa tiene que dar una respuesta a estas cuestiones y que no se puede promover la entrada masiva de habitantes de otras zonas del planeta sin, paralelamente, solucionar las condiciones de vida con las que se van a encontrar. La sociedad dual es uno de los referentes básicos de la inestabilidad política y de los fascismos. Pero ahora que se construye la unidad europea es el momento más oportuno para homogeneizar las condiciones de entrada, aplicando la legislación de los países más generosos, los que han estado orgullosos de convertirse en tierra de asilo, y no igualar a través de quienes siempre han sido los más autárquicos y los más renuentes a la libre circulación de personas a la vez que paladines de la libre circulación de capitales. En esto tiene España una especial responsabilidad por su propia historia reciente: nosotros fuimos hasta hace poco como ellos.

Pero tan importante como asegurar unas condiciones de vida mínimas a los emigrantes es establecer unas normas de convivencia que aseguren la ausencia de estallidos sociales. Agnes Heller, estudiosa del asunto, ha establecido algunas en las que profundizar. Los inmigrantes deben respetar las leyes de los Estados que les acogen, incluso si son diferentes de las suyas; no es preciso que las amen, pero no deben infringirlas. Los inmigrantes deben respetar las leyes no escritas de quien las recibe: la higiene, la urbanidad, etcétera. Los inmigrantes tienen que contribuir al bienestar de la sociedad en la que habitan, no minarlo o boicotearlo. Los inmigrantes tiene que asumir, en resumen, la civilización de los anfitriones, pero no su cultura: costumbres religiosas o étnicas, música, etcétera. Es decir, los anfitriones tienen que respetar el derecho a la diferencia de los inmigrantes.

El racismo es una amenaza cada vez mayor en las sociedades occidentales. Los prejuicios racistas se expresan abiertamente, y en ocasiones con total impunidad. El teléfono 903 que responde con una proclama xenófoba o las pintadas con la leyenda de “Lucrecia, jódete” no son ni mucho menos anécdotas ni están amparados en una presunta libertad de expresión, concepto que es homónimo, pero no sinónimo, dependiendo de quien lo pronuncie y de las intenciones de quien lo arguye. Los Estados se muestran crecientemente impotentes para mantener los antiguos modelos de integración; de modo progresivo se refuerzan las identidades comunitarias que se definen en términos religiosos, étnicos, regionales, culturales, históricos y nacionales. La democracia sólo puede ser impulsada, en los albores de un nuevo milenio, como una cultura incompatible con la obsesión de las identidades. La democracia sólo puede ser la democracia de la diferencia, la comunidad de los sin comunidad.

¿Necrológica del liberalismo real?

(28 de diciembre de 1992)

Bill Clinton gana las elecciones en el país más poderoso de la tierra y los coyunturalistas se apresuran a enterrar los restos de la revolución conservadora que pusieron en práctica Reagan y Thatcher, y continuaron George Bush y John Major: se escribe la necrológica del liberalismo (económico) realmente existente.

Cuando se matan los paradigmas en el corto plazo, se olvida la Historia. Nos equivocamos enyesando el nicho de la socialdemocracia y nos equivocaremos mandando al cementerio al neoliberalismo. Porque ambas doctrinas están en los intersticios de la sociedad; en las universidades, las instituciones, los laboratorios de ideas, la sociedad. Ya no hay paradigmas puros, sino mestizaje ideológico: se escogen partes de cada uno y se gobierna. La resultante será el paradigma dominante. Veremos cómo el neoliberalismo rebrota como pensamiento único. (Por cierto: ¿habremos errado también al descontar el comunismo?; un pensador declara: “Yo no lo veré, pero el comunismo tiene futuro”).

En los últimos años desde hace un lustro, a la hora de establecer el balance del ejercicio, apresuradamente se acude a la metáfora de la muerte de un paradigma; así sucedió con la socialdemocracia, con el socialismo real y hasta con la historia misma. En 1992 le toca al liberalismo realmente existente, de forma que parece que ya no quedan doctrinas en el mundo. Es probable, sin embargo, que sea más correcto hablar de ciclos que de defunciones sin resurrección. En realidad, cada ideología actual se ha ido mezclando tanto con las demás que su hegemonía se mide por la graduación de los valores con los que es aplicada. La perspectiva de la revolución y, por tanto, de sistemas alternativos, ha desaparecido de nuestros horizontes y ahora se trata casi exclusivamente de distintos criterios de transformación de la realidad y de la gestión de la misma.

Así, por ejemplo, la política aplicada por Ronald Reagan, que fue considerada como parte fundamental de la revolución neoconservadora de los años ochenta, tenía mucho de keynesiana; Reagan endeudó a Estados Unidos y financió una recuperación dirigida por el gobierno con un método sospechosamente parecido al estímulo de la demanda, sobre todo en los gastos referidos al Departamento de Defensa.

Es significativo que cuando uno de estos sistemas sucumbe o es superado por otros, sus defensores acudan siempre al mismo tipo de argumentación: en realidad, ha fracasado porque nunca fue puesto en práctica con todas sus consecuencias. Ahora, los monetaristas, los partidarios de la economía de oferta, los defensores de la public choice, achacan la crisis del liberalismo real no a sus ideas, sino a no haberlas aplicado en su más profunda dimensión.

El liberalismo real es otra forma de denominar la revolución neoconservadora que puso en marcha Margaret Thatcher en 1979 en el Reino Unido, y que tuvo su más aventajado discípulo en Reagan. Margaret Thatcher propuso una cruzada con un corpus teórico muy definido: guerra al intervencionismo del Estado, política monetaria a ultranza, absoluta prioridad antiinflacionista, sustitución de la política por el mercado, autogenesia social, etcétera. Se trataba, en definitiva, de romper con el compromiso histórico logrado en la posguerra entre conservadores y socialdemócratas, que habría llevado a una crisis fiscal del Estado, amenazante de quiebra. En este sentido, no se trataba sólo de una ruptura con sus antagonistas políticos, los laboristas, sino también con las bases tradicionales de los conservadores, que habían avalado la política de consenso social.

Estas tesis de Estado mínimo en lo económico han ido acompañadas de líderes fuertes en todos los casos, de una intervención creciente —aunque regresiva— en lo moral y de un mayoritario apoyo electoral. No es correcto olvidar que el neoconservadurismo generó entusiasmo popular y que logró durante unos años la hegemonía ideológica en Occidente; se puso de moda pensar que todas las ideas nuevas e interesantes las producía la derecha y eran fruto de una cierta radicalidad. Pero el neoconservadurismo no logró su objetivo principal: quebrar las bases del Estado de bienestar —entendido como una segunda oportunidad, no como modus vivendi—, que se ha mostrado tercamente resistente al thatcherismo y al reaganismo.

Ahora las cosas han cambiado. La palabra no es desregulación, sino crecimiento, y los mismos que enterraron a Keynes se ven obligados a desamortajarlo como instrumento útil para conseguir la recuperación económica. Los centros de pensamiento neoconservadores se baten en retirada, y se abre una prometedora polémica acerca del alcance de una nueva intervención estatal como locomotora del desarrollo. La Comisión Europea promueve la planificación de infraestructuras para salir de la crisis. El Partido Liberal japonés aprueba un plan de reactivación de 87.000 millones de dólares (más de ocho billones de pesetas) para intentar estimular la economía del país con obras públicas, incentivos fiscales a la inversión y facilidades para la recuperación del sistema crediticio. En el Reino Unido, John Major hace lo mismo, ante la desesperación de Margaret Thatcher. Los británicos son el paradigma de la depresión, para luchar contra la cual el primer ministro anuncia el final de la dictadura antiinflacionista y la utilización de la inversión pública como estímulo de la actividad económica.

Pero es en Estados Unidos donde el cambio se hace más evidente. El demócrata Bill Clinton ha derrotado al republicano George Bush, epígono favorito de Reagan, con un programa de expansión selectiva de la demanda. En su primera conferencia de prensa como presidente, Clinton anunció tres prioridades: creación de puestos de trabajo y fortalecimiento de la economía; ley de incentivos fiscales a los empresarios que reinviertan sus beneficios; proyectos para acelerar la inversión pública en infraestructuras, educación y sanidad. Así pues, las clintonomics se fundamentan en el crecimiento del gasto público, la política de dinero barato, el incremento de los impuestos con fines redistributivos, etcétera. Es decir, un nuevo contrato frente a las prioridades clásicas de control de la inflación y reducción del déficit. Primero la recuperación, luego atenderemos al déficit, ha dicho Clinton, acusado inmediatamente de herejía por The Wall Street Journal y apoyado, sin embargo, por The Washington Post. El intervencionismo recupera galones.

Ante las dificultades de la vieja Europa —parálisis de la unidad europea; descomposición de la antigua URSS, del Este y de Yugoslavia—, las miradas se dirigen otra vez hacia Estados Unidos. ¿Ha acabado la era del liberalismo real? No vayamos a cometer las mismas imprudencias que cuando dijimos lo mismo de otras corrientes del pensamiento.

La izquierda después del socialismo

(4 de abril de 1993)

La batalla de las ideas es la prioritaria. Los publicistas de la derecha dicen que ya no hay ideologías y que, por tanto, ya no hay derechas e izquierdas. Vaya si las hay: consúltese a los ciudadanos. La derecha mantiene sus puntos de vista; la izquierda ha tenido que someterlos a un baño de realidad tras la caída del muro de Berlín. Ilustración, universalismo, welfare, un nuevo pacto entre el Estado y el mercado; resistencia ante la sociedad dual; defensa de los derechos de la naturaleza; profundización de la democracia; control de los capitales financieros, etcétera, han sustituido al viejo esquema de nacionalizaciones, más pacto social, más keynesianismo. La derecha (excepto la antisistema) se presenta unida a las elecciones; la izquierda permanece dividida entre los esquemas periclitados de la II y III Internacional. Para superarlos nace la estrategia de la casa común y, más adelante, de la causa común: también quedará fuera la izquierda antisistema.

Primero fueron los alemanes en Bad Godesberg. En 1978, Felipe González descubrió a sus correligionarios españoles que el socialismo era antes que el marxismo; 15 años después, y ante una derrota electoral sin precedentes, Michel Rocard ha advertido que la izquierda es anterior al socialismo y debe sobrevivirle. El líder francés, maltratado por los ciudadanos en los recientes comicios, intenta la refundación de la izquierda europea para ponerla en línea con los nuevos tiempos y para que rompa con la parálisis estrepitosa que aqueja a sus ideólogos desde hace cuatro años ante la caída del muro de Berlín.

Hay quienes dicen que, desde entonces, toda la izquierda europea —y no sólo la identificada con el socialismo realmente existente— ha entrado en una especie de larguísimo año sabático, permitiendo que sus antagonistas encabecen la hegemonía cultural y de las ideas. Sólo así puede explicarse que, ante el fracaso previo y evidente del neoconservadurismo en sus dos principales patrias —el Reino Unido y Estados Unidos—, la izquierda, en su sentido más amplio, no haya sido capaz de recuperar el terreno perdido, sino más bien lo contrario: retroceder en sus cuotas de poder y en su influencia.

Conforme va pasando el tiempo, y aunque todavía no haya elementos suficientes para hacer un análisis definitivo de esta época, existen indicios históricos como para entender que el socialismo ha sido una de las fuerzas centrales en la etapa industrial de las naciones europeas. Lo que conlleva inmediatamente varios interrogantes: ¿Lo seguirá siendo en un marco diferente, en el que la industria es declinante y priman las sociedades de servicios y perfectamente interdependientes? Estando las economías occidentales internacionalizadas de forma progresiva, ¿se puede aplicar con coherencia una política socialista nacional?

El socialismo occidental —la socialdemocracia— tenía tres características fundamentales que pertenecen ya, en la mayor parte de las situaciones, al campo de los recuerdos, cuando no de la ensoñación: las nacionalizaciones (más cercanas al laborismo británico o al socialismo mediterráneo que a la socialdemocracia nórdica); el pacto social, que implicaba unas inmejorables relaciones entre partido y sindicato hermano (la llamada familia socialista), y una política económica de expansión de la demanda, denominada keynesianismo nacional. Ninguna está vigente hoy día (con excepciones como, por ejemplo, el pacto de solidaridad alemán) y mucho menos el conjunto de las tres; es en este sentido, y no en otro, en el que se puede hablar de la muerte de la socialdemocracia clásica.

Por ello es por lo que algunos analistas defienden que ya no existen bases reales de diferenciación ideológica global entre derecha e izquierda política, y que el juego conceptual entre progresistas y conservadores es equívoco y contradictorio (pues los progresistas deben conservar lo mejor de lo conseguido: entre ello, por ejemplo, los derechos adquiridos por los más débiles y también la conciencia del equilibrio ecológico).

Pero éste no es aún el pensamiento dominante entre la mayor parte de los ciudadanos. Preguntado recientemente el filósofo alemán Habermas sobre qué significa ser de izquierdas hoy respondió con cierta irritación: “Si quisiera participar en el juego de qué es la izquierda estaría aún más confundido de lo que estoy. Todo el mundo sabe lo que es la izquierda. Ahora díganme ustedes por qué ya no lo saben”.

¿Cuáles son los nuevos ejes de la pertenencia a la izquierda política? Sin duda, más genéricos que los anteriores, más interclasistas, pero con un corpus ideológico poco equívoco: los valores de la Ilustración, del racionalismo deductivo; una concepción universalista del mundo, distinta de la de los nacionalismos y sobre todo contraria a la de los violentos y excluyentes (que conducen al fundamentalismo, al racismo y la xenofobia); la necesidad de corregir la acción del mercado mediante una intervención estatal que no se limita a las labores de la seguridad, sino a la del Estado social y del Estado de las infraestructuras; la sensibilización ante la cuestión social para evitar la sociedad dual y la marginalización de un tercio de la población, que tiende a ampliarse por los movimientos migratorios del fin de milenio (Estado de bienestar sin exclusiones, pese a la crisis fiscal)...

Y otros, tan importantes como los anteriores: el reparto del trabajo para reducir el paro y para convertir el tiempo en un derecho a la libertad mediante el ocio; los derechos humanos frente al pragmatismo de Estado; la emancipación de la mujer y la defensa de las minorías; la participación política frente a la anestesia de los sistemas y la democratización económica, entendida ésta como la lucha por la mejora del nivel de vida; el reforzamiento de las ideas democráticas y una mayor equidad en la distribución; un sentido schumpeteriano de la innovación y el riesgo empresarial (muy importante en el aggiornamento de la izquierda, una vez que está comúnmente aceptado que la estrategia de ataque frontal contra el capitalismo está definitivamente muerta); la defensa de los derechos de la naturaleza (subsidiarios de los derechos humanos), bajo la premisa de que los recursos son finitos; el europeísmo y la reivindicación de una cultura europea, etcétera.

De este conjunto programático hay un asunto que ha protagonizado lo más interesante de la confrontación ideológica en las elecciones francesas y que, traspasando las fronteras, se va erigiendo en uno de los debates fundamentales para la última década del siglo: el reparto del trabajo existente ante la explosión del paro en Europa. Ya no se trata de las propuestas teóricas de André Gorz, sino de las posturas de bastantes agentes sociales transmitidas con urgencia a través de lo mediático: necesidad de reducciones de la jornada laboral y, por tanto, de los salarios; movilidad geográfica y funcional como único método conocido de hacer sitio en el proceso productivo, con normalidad (es decir, permanentemente, no de modo excepcional), a los jóvenes en edad de trabajar. Pero también para que los ciudadanos de más de 45 años que se quedan en paro por el cierre de sus empresas puedan reincorporarse a ese mismo proceso más o menos inmediatamente, sin la desesperación que significa sentirse miembro de ese ejército de reserva invisible que busca trabajo durante meses o años sin posibilidades reales de conseguirlo, en plena madurez física e intelectual. Y ello hay que conseguirlo sin afectar a la competitividad exterior de las empresas, para que puedan sobrevivir y no ser víctimas del dumping social que ejercen otros países.

¿Por qué el paro ha devenido en el primer problema europeo sólo muy recientemente, cuando sus principales tendencias estaban grabadas en hierro desde hace tiempo? Porque ya no afecta sólo a los inmigrantes, sectores industriales de chimenea o en desguace, trabajadores no cualificados, jornaleros, etcétera. Mientras fue así, la sociedad y sus élites dirigentes miraron para otro lado. La alarma ha sonado cuando los sujetos del desempleo se multiplican en el ámbito de la Universidad, los ejecutivos cualificados, la aristocracia obrera del sector servicios, las clases medias; en definitiva, el centro mismo del sistema.

Para sumar fuerzas ante este proyecto de nueva izquierda, Rocard ha llamado a una movilización muy amplia. La realidad ha acabado con los agregados sólidos (las clases sociales) y parece más oportuno hablar más bien de actitudes y corrientes. El antiguo secretario de organización del SPD, el alemán Peter Glotz, autor del Manifiesto para una nueva izquierda europea, es probablemente quien de modo más concreto ha descrito a ese conglomerado de fuerzas políticas y de personalidades susceptibles de incorporarse al big bang rocardiano: “El punto de partida son los partidos socialdemócratas y verdes, corrientes liberales de izquierda de la inteligencia técnica, de los empleados directivos y del grupo no tan grande de empresarios innovadores, tradiciones católicas de izquierda y socialcristianas, toda la izquierda no comunista (a la izquierda de la socialdemocracia) que hoy se compromete en luchas sociales variadas, así como todas aquellas fuerzas poscomunistas que se han separado del marxismo-leninismo de una manera fidedigna y definitiva”.

De hecho, en el campo de la derecha ya se ha dado la suma de vectores heterogéneos de distinto origen ideológico; en Francia han ido juntas a los comicios la derecha orleanista y la bonapartista, habiendo quedado fuera tan sólo la extrema derecha, y en el resto de los países se difuminan las matrices conservadora, ultraliberal o democristiana de los actores que aspiran al poder.

Para mantener el equilibrio en el terreno de las ideas, a la izquierda europea le urge, pues, convocar esos estados generales que revisen su arsenal ideológico y no lo entierren, pues muchas de las enfermedades que ha pretendido curar siguen vigentes, aunque con etiología distinta. Y ello, desde luego, al margen de urgencias electorales y de países concretos. No pretendo hacer lecturas indirectas ni subliminales de ninguna coyuntura; de lo que se trata es de definir en qué consiste el socialismo después del socialismo, como dijo Dahrendorf, o más exactamente, la izquierda después del socialismo. El hecho de que esta inquietud haya surgido en Francia en el 25º aniversario del Mayo del 68 no deja de ser la última venganza de la historia sobre el conservadurismo ideológico de una buena parte del gauchismo.

El gran fracaso de Europa

(18 de julio de 1993)

La aprobación del Tratado de la Unión (Maastricht) se hizo en una coyuntura de crecimiento, que pronto cambió. A partir de entonces, la Unión Europea se desarrolló desequilibrada: contaba la macroeconomía, se marginaron los problemas reales. Esta es una de las causas del desentendimiento ciudadano y de la creciente distancia entre gobernantes y gobernados. Al mismo tiempo que se aplicaba la desregulación, se multiplicó el desempleo, que alcanzó a 18 millones de ciudadanos europeos. Las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, o de ministros de Economía, mencionaban siempre el problema del paro, pero no hacían nada por resolverlo. Era tan sólo un detalle retórico. Cuando Jacques Delors propuso soluciones en su Libro blanco, los técnicos le respondieron que no había financiación. Se confundieron los medios y los fines de la economía. Así fue como emergió la comparación entre distintos modelos de capitalismo: el norteamericano, sin paro y sin protección social; y el europeo, con welfare y con cifras de paro de dos dígitos. El paro es el gran fracaso de Europa, pero ahora, cuando los laboristas británicos y los socialistas franceses han llegado al poder, parecen haber variado los énfasis. Afortunadamente.

En la reciente cumbre comunitaria de Copenhague y en la reunión de los siete países más ricos del mundo celebrada en Tokio, el problema del desempleo ha comenzado a ser la prioridad entre los problemas abordados. Parece como si, definitivamente, se hubiese despejado la vieja polémica entre fines e instrumentos que tan difuminada ha estado en la década de los ochenta. Los mensajes finalistas de muchos políticos sobre el déficit o la inflación no lograban calar en unos ciudadanos ansiosos de que se les resolviesen sus dificultades cotidianas y de que les dejaran de insistir en los deshumanizados desequilibrios macroeconómicos. Ésta ha sido una de las causas del distanciamiento entre los gobernantes y los gobernados.

La alarma por el crecimiento exponencial del paro en casi todo el mundo desarrollado no debe ocultar, sin embargo, algunas graduaciones diferenciadoras; primero, existe un paro estructural que impide que pueda volverse a hablar de pleno empleo al menos durante varias generaciones, si no es en el terreno meramente desiderativo; segundo, que mientras en Estados Unidos hay bastante movilidad (los desempleados no son siempre las mismas personas), en Europa aumentan de modo inquietante los parados de larga duración; tercero, que siguiendo la secuencia histórica se demuestra que mientras en los últimos 20 años Europa creaba sólo entre 8 millones y 10 millones de puestos de trabajo, Estados Unidos generaba 30 millones y Japón, con una población mucho más pequeña, 10 millones también; por fin, que en los últimos tiempos está creciendo de modo sustancial en Europa el número de despidos colectivos, lo que indica una profundidad autónoma de la recesión difícilmente compatible con la teoría de los ciclos cortos de la economía.

Hay una primera conclusión en estos datos: mientras duraron los efectos benéficos del boom económico se enmascaró la realidad pura y dura: está disminuyendo el empleo en el Primer Mundo. Hasta hace poco, el orgullo de cualquier empresario era crear puestos de trabajo; hoy, ser competitivo es sinónimo de sociedades intensivas en capital y no en mano de obra. Pero hay otra lectura más desagregada que ha comenzado a extenderse: Europa camina hacia los 20 millones de parados y disminuye de forma acelerada su población activa; mientras que en Estados Unidos trabaja el 70% de quien está en edad de hacerlo, en el Viejo Continente esa cifra disminuye 10 puntos. El resultado es que un porcentaje cada vez menor de la población activa tiene que financiar las prestaciones de un número progresivamente mayor de jubilados y parados, lo que pronostica un fin de siglo explosivo. Hay Gobiernos europeos que han comenzado a estudiar medidas como el aumento de la edad de jubilación y el recorte de las pensiones y de los gastos sanitarios (Francia y Alemania, recientemente).

No es de extrañar, pues, que se haya abierto un debate central en el seno de la CE: el Estado de bienestar, que forma el núcleo de la cultura europea desde hace medio siglo y que ha caracterizado un modelo de crecimiento a largo plazo, ¿ha devenido en una rémora para el futuro?; o dicho de otro modo, ¿cabe la posibilidad de que las redes económicas de seguridad europeas para aliviar la miseria, diseñadas fundamentalmente entre socialdemócratas y democristianos, estén agravando de hecho el problema principal y provocando aumentos del desempleo a través de unos salarios elevados, pactados en negociaciones colectivas, unos incentivos subsidiadores que no invitan a trabajar y unas normas laborales que inhiben la contratación? Lo que ha sido hasta ahora elemento de diferenciación positiva frente a otros capitalismos más deshumanizados ¿se convierte en freno al desarrollo y a la creación de empleo? Michel Rocard ha invitado a profundizar en este debate, pero evitando la mercancía de contrabando, porque “la derecha propone una Europa económicamente poderosa, basada en nuestra tecnología, la protección social del sureste asiático y los salarios de América Latina”. Otro ex dirigente socialista, antiguo sindicalista, como es Giorgio Benvenuto, ha llamado la atención sobre la descomposición social que supone que muchos jóvenes piensen que nunca podrán ser normales y tener un lugar consolidado en el aparato productivo y que, al mismo tiempo, cualquier ciudadano con una edad superior a los 45 años esté aterrado ante la hipótesis de que una crisis cierre su empresa, ya que entonces jamás volverá al circuito del empleo.

El Estado de bienestar vertebró la Europa arruinada por la II Guerra Mundial en un consenso sin precedentes e implantó una convivencia difícil de conseguir mediante políticas de confrontación. Convirtió al Estado en una especie de árbitro de las distintas clases (quebrando la tesis marxista del Estado como instrumento de las capas dominantes) y a cambio despolitizó, desideologizó y desarticuló las posibilidades de revueltas sociales en aquellos lugares donde las desigualdades eran más explosivas. Gramsci lo hubiera denominado revolución pasiva. En esencia, el Estado de bienestar ha consistido en la institucionalización de los derechos sociales de los ciudadanos: el Estado provee a éstos de unas determinadas prestaciones monetarias en términos de subsidios, ayudas o pensiones en circunstancias concretas, y de un conjunto de servicios sociales universalizados, en materia, básicamente, de sanidad y educación. Cuando las generaciones de españoles europeístas aspiraban a la total integración en la CE no estaban reclamando únicamente su régimen de libertades públicas, sino también sus niveles de bienestar. Ésta es la grandeza de Europa.

Lo que está en juego hoy es si ante la magnitud y profundidad de la recesión —hay expertos que indican que es la más grave desde los años cuarenta, y otros, menos solemnes, desde la primera crisis del petróleo, en los años setenta—, y ante la quiebra fiscal del Estado (mayor necesidad de prestaciones y menor número de cotizantes), se pueden mantener las cotas de providencia alcanzadas y a la vez generar empleo. Una respuesta coherente y articulada es precisamente lo que los jefes de Estado y de Gobierno de la CE han demandado a Jacques Delors cuando le han encargado un Libro Blanco sobre el futuro de Europa en el siglo XXI. Pero la discusión no pertenece tan sólo al medio plazo, sino a las cuentas inmediatas, y no puede plantearse únicamente en el contexto europeo, sino en la realidad de coyunturas distintas en los Estados nacionales.

Hace unos días, antes de irse a Brasil a la cumbre iberoamericana, el presidente de Gobierno, Felipe González, tomaba postura y aclaraba que las restricciones del gasto público y las medidas de austeridad precisas para la recuperación de la economía iban a afectar al gasto corriente, pero de ningún modo a las prestaciones sociales; pero el viernes, el secretario de Estado de Hacienda explicaba que los presupuestos de 1994 incluirían decisiones muy drásticas para reducir el déficit público, que afectarán a todas las partidas del gasto, incluyendo a las sociales. Es decir, el doble lenguaje, lo contrario de lo que, con toda vehemencia, se comprometió en la campaña electoral y lo que, con seguridad, implicará reticencias en el engranaje de ese pacto social para el empleo que constituye el eje de la política económica del nuevo Gobierno.

La pertenencia o no al Sistema Monetario europeo, la desinflación competitiva, la bajada de los tipos de interés, las propuestas neokeynesianas defendidas por Franco Modigliani y los economistas del MIT, la reforma del mercado de trabajo y hasta el método del pacto social son sólo las herramientas para responder a lo más esencial del debate: ¿se puede generar empleo en España y respetar a la vez los niveles de bienestar adquiridos? ¿Qué sacrificio demanda esta política? ¿Qué compromisos incorporará el acuerdo entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos? Las privatizaciones de empresas públicas ¿tienen como objetivo financiar este gasto? Y, sobre todo, ¿se puede recuperar ese círculo virtuoso que afirmaba que el crecimiento económico era sinónimo de empleo y los puestos de trabajo equivalentes a una expansión de las bases sociales del progreso, o es una dialéctica del pasado?

Recientemente, un semanario norteamericano describía la revolución en el mercado de trabajo: el porcentaje de gente que se gana la vida haciendo cosas ha caído; la mayoría de los que trabajan se encuentran en el sector de servicios; hay más mujeres que nunca; hay más personas empleadas a tiempo parcial; jamás ha habido más empleados por cuenta propia que ahora; las ideas tradicionales sobre empleos y carreras, los conocimientos necesarios para triunfar e incluso las relaciones entre los trabajadores y empresarios también están cuestionadas... ¿Qué ocurriría si el paro crónico de los últimos 20 años presagiara un largo periodo en el que fuese más barato para los países desarrollados mantener sin empleo a la mitad de los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba?

Si no se responde a esta realidad distinta y nueva, se establecerá una segregación fáctica entre ciudadanos de primera y segunda velocidad y habremos instalado, en el seno de la vieja Europa, el apartheid económico.

¿Debe ser conservadora la izquierda?

(10 de octubre de 1993)

El debate en el seno de la izquierda, ¿se reduce a cómo puede gestionar el capitalismo mejor que la derecha, o hay posibilidades de un salto cualitativo, de una transformación? Esa es la cuestión de hoy. El principal instrumento de la acción de la izquierda es el Estado de bienestar, una revolución pasiva que nació en el seno del sistema para contener las conquistas del socialismo real y el acercamiento al mismo de los asalariados occidentales. Cincuenta años después es necesario redefinir los límites del Estado de bienestar (entre otros aspectos, porque ya ha desaparecido el espejo comunista). Ante ello, hay tres posturas diferenciadas: la de los thatcheristas, que pretenden abolirlo; la de los conservadores de izquierda, que quieren blindarlo sin cambio alguno (lo que le llevará a la asfixia financiera, motivada —entre otros asuntos— por la revolución demográfica); y la de los reformadores, que hacen del mantenimiento del welfare State el centro de su actividad política, lo que conlleva adaptarlo a las nuevas condiciones de vida de la población.

Con este título se publicaba recientemente un artículo en el Reino Unido, que recogía un debate celebrado en Sussex entre políticos, académicos y periodistas americanos y europeos. Bajo el marco teórico de la necesidad de reinventar la izquierda a la luz de los acontecimientos sobrevenidos en el último lustro, la ponencia que atrajo la mayor atención se llamaba, nada más y nada menos, Cómo la izquierda puede gestionar el capitalismo mejor que la derecha. Esa definición supone, en sí misma, toda una argumentación de por dónde van las cosas para muchos analistas de ese bloque social, y hubiera significado —dentro de la polémica que en estos días se está abriendo en el socialismo español— una toma de posición previa no aceptada como tal por una parte importante de los participantes en esta controversia.

Una de las conclusiones más valiosas del coloquio de Sussex fue que la izquierda también está siendo retada lingüísticamente, ya que se hace una creciente analogía entre izquierda y conservadurismo en relación a quienes defienden que hay que sostener los niveles clásicos del Estado de bienestar, independientemente de los nuevos fenómenos que caracterizan a Europa occidental. Un segmento de esas acusaciones proviene del campo de los conservadores, que ven la ocasión de sacudirse de un latiguillo que no les favorece electoralmente. Pero también hay quienes, desde algunas familias de la izquierda, empiezan a considerar retórico mantener un esquema que es imposible de financiar en escenarios muy diferentes a aquellos en los que nació y se desarrolló.

En realidad, al margen de las deprimidas realidades nacionales y de las señas de identidad de los Gobiernos que las administran, en toda Europa se discute lo mismo: si el Estado de bienestar, que ha formado parte central de la cultura política del continente en el último medio siglo, corre riesgo de desaparecer ante la presencia de nuevos problemas (fundamentalmente los nacidos de la caída del muro de Berlín y los fuertes movimientos migratorios) y, por tanto, si es preciso reformar las medidas protectoras de ese bienestar o hay que encastillarse en las mismas, promoviendo otra redistribución sustancialmente diferente de la renta y la riqueza.

No otra cosa que este debate es lo que se refleja en los escarceos de los principales Ejecutivos europeos, sea cual sea el signo ideológico que los marca: el Reino Unido hace muchos años que está en una desmantelación permanente de su sistema de welfare; en Francia se combina la reducción de los gastos sociales con una disminución de los impuestos directos y un fuerte aumento de los indirectos, para bajar el déficit presupuestario; Alemania plantea incrementar el horario laboral, el retraso de la jubilación, la anticipación de la edad para incorporarse al mercado de trabajo, el recorte de las subvenciones a las empresas estatales, la creación de nuevos gravámenes, etcétera, y Kohl duda públicamente sobre la viabilidad de la histórica red de protección social, en especial sobre las pensiones y la sanidad, “para poder atender al ejército de ancianos que nos espera”; Italia combina el recorte presupuestario con un grandioso programa de obras públicas y la movilidad funcionarial; etcétera.

La principal diferencia entre todos esos planes está (además de la graduación de las medidas) en los instrumentos con los que ponerlos en práctica: en algunos países ha sido la acción directa de sus Gobiernos; en otros se ha tratado de consensuarlos mediante un reparto de los sacrificios a través de un pacto social. El presidente del Consejo Económico Social lo describía en estas mismas páginas: “La política de concertación social es la única alternativa factible para la gestión de la crisis a una política autoritaria que busca, en última instancia, desmantelar una parte de los mecanismos de solidaridad...”.

El Estado de bienestar adquirió sus perfiles actuales a partir del crash de 1929 y de la II Guerra Mundial: todo ciudadano, por el hecho de serlo, tenía derecho a unas prestaciones como la educación, sanidad, salario mínimo, pensiones, cobertura de desempleo o erradicación de la pobreza. Funcionó mientras la prosperidad posibilitaba un aumento de la presión fiscal que compensase las desigualdades más extremas, mediante un aumento de los servicios sociales; la eliminación de la sociedad dual facilitó el consenso europeo desde la posguerra. Los problemas surgieron hace dos décadas, cuando emergió la enorme crisis fiscal del Estado.

Pero el estrangulamiento del Estado de bienestar clásico es de hace un lustro. La caída del muro de Berlín no sólo terminó con el futuro del socialismo real, sino que tuvo efectos inducidos para la socialdemocracia, ya que liquidó la dialéctica de que el crecimiento económico era sinónimo de creación de empleo. Además, al iniciar los países que componían el antiguo bloque soviético una acelerada transición al capitalismo, millones de ciudadanos que aspiran por lo menos a los mismos niveles de bienestar que los occidentales se han puesto a competir para conseguirlos.

Así, a los límites tradicionales del Estado de bienestar hay que añadir otros que han surgido en los últimos tiempos; en primer lugar, la competencia de los países del este europeo, del sureste asiático y de algunas naciones suramericanas o del norte de África. Con costes salariales mucho menores que los europeos, escasas normas medioambientales, nulos sistemas de protección y un mercado laboral que en ocasiones recuerda la esclavitud, ejercen un dumping social que atrae capitales e industrias por su mano de obra barata.

En segundo lugar, la ampliación de las corrientes migratorias. A los tradicionales movimientos Norte-Sur se ha añadido la circulación Este-Oeste. Miles de ciudadanos intentan penetrar en la fortaleza Europa y participar de sus márgenes de providencia; los fenómenos de racismo y xenofobia tienen más que ver con esto que con otras explicaciones políticas relacionadas con la extrema derecha. Muchos trabajadores que sufren de un desempleo prolongado y restricciones a su sistema de seguridad social no quieren compartirlo, pues saben que su ampliación generará nuevos recortes. La izquierda debe decidir el punto de equilibrio entre la entrada de emigrantes y los extremos del Estado de bienestar, pues es demagogia defender el principio de instalación sin restricciones de personas de otras zonas del planeta y, a la vez, el aseguramiento de los estándares de protección para todos.

Por último, la generalización del fraude. El Estado de bienestar ha producido algunas situaciones en las que su aplicación automática puede suponer un desestímulo al trabajo. Cuando el fraude se generaliza (evasión fiscal, en el desempleo, en la incapacidad laboral transitoria o definitiva, en la utilización de medicamentos subvencionados, etcétera) afecta a la moral pública de un país con la misma intensidad que la corrupción política. La sobreprotección surge de las propias tendencias del Estado de bienestar, que no pueden financiarse porque no se previeron. El FMI acaba de advertir que antes de veinte años habrá muchos países industrializados en los que los pensionistas superarán el 50% de la población en edad de trabajar y no quedará ningún sistema público que pueda pagarlos sin entrar en bancarrota. El canciller Kohl aportó hace unos días otro retrato paradigmático: muchos alemanes estudian hasta los treinta años, se jubilan a los 58 y viven hasta los 80; el tiempo productivo de vida es menor que el subvencionado.

Frente a esta realidad, se están confrontando tres posturas ideológicas en Europa: la de los ultraliberales que siguen las tesis de la señora Thatcher y que opinan que el Estado de bienestar genera más ineficiencias que beneficios y que, por tanto, hay que desmantelarlo y dejar a las fuerzas del mercado su propia estabilización. Otra parte de la derecha, en la que se engloban, entre otros, los democristianos que participaron en el consenso de la posguerra, no está en contra del Estado de bienestar, sino de hacerlo viable mediante profundos recortes quirúrgicos. La derecha española debe decidir de una vez a cuál de estas escuelas pertenece, pues su modelo económico permaneció inédito en la campaña electoral y a esta hora no ha conseguido o no ha querido despejar la incógnita.

Por último, está la izquierda socialdemócrata, cuya postura dominante es la de blindar el Estado de bienestar, ya que éste ocupa un papel central en la concepción socialista de la igualdad. Sin embargo, blindarlo sin tener en cuenta las nuevas limitaciones es caer en la ideología como representación falsa de la realidad. Éste es el debate al que tienen que dar respuesta los socialistas europeos. La historia está llena de ejemplos de que cuando la política prima sus principios sobre lo que acontece fracasa estrepitosamente.

El Estado de bienestar necesita de una urgente actualización para aplicar los derechos adquiridos a quienes verdaderamente los necesitan; lo cual significa una revisión de los niveles de providencia —en unos casos al alza, en otros a la baja— y de sus beneficiarios, eliminando los corporativismos. Oponerse a ella para conservar exclusivamente lo que ya existe, negar el agotamiento de algunas de sus aplicaciones clásicas, lleva a los ciudadanos a la anomia política y a la aparición de fuerzas antisistema, como ya ha ocurrido en Italia, Francia o Alemania.

Lo que ha dado a Europa su identidad política y su superioridad sobre otros sistemas ha sido una combinación de derechos humanos, democracia pluralista y protección social. Para mantener esta última hay que reconocer sus nuevos topes y lograr su financiación. Ser conservador conduce al fracaso.

Un monopolio democrático

(6 de enero de 1994)

En la última parte del siglo XX el número de democracias en el mundo es muy superior al de su inicio. La tendencia a las sociedades abiertas se hizo imparable tras la caída del telón de acero. El foco de atención se ha desplazado a la calidad de esas democracias: aumenta su cantidad pero se debilita su fortaleza. La polémica sobre la gobernabilidad de las democracias, que tuvo su cenit con el informe del sociólogo Michel Crozier a la Comisión Trilateral, ha bajado su tono ante el hecho de que disminuye el número de ciudadanos que participan en el juego de las mismas. Galbraith describe perfectamente a la sociedad de la satisfacción, en el que un escaso porcentaje de ciudadanos votan y se sienten incluidos en la misma. La globalización de la economía está terminando con el concepto de la soberanía nacional, y nuevos poderes (los mercados) sustituyen a los libremente elegidos. ¿Cómo potenciar los sistemas de participación conciudadana? Las ONG emergen como fórmula alternativa a los partidos políticos, pero ¿no suponen una privatización de la acción política en el sentido más honesto del término política?

Hacia finales de los años setenta, coincidiendo con la presidencia de Jimmy Carter en EE UU, la Comisión Trilateral, que vivía los momentos de máximo fulgor, publicó un informe titulado La gobernabilidad de las democracias. En él se sugería la posibilidad de limitar la participación de los ciudadanos en la acción política para evitar los excesos que hiciesen peligrar la extensión de las propias democracias al resto del mundo, dominado por regímenes autoritarios de distinto signo. Más de tres lustros después, el Club de Roma está inmerso en un intenso debate sobre el mismo asunto, pero la solución ahora es distinta: debe estimularse la participación si no se quiere un planeta anémico el próximo milenio.

En la década de los setenta, las zonas del mundo ocultas a la democracia (a la democracia sin apellidos, pues existían democracias orgánicas como la del general Franco, o democracias populares como las del socialismo real) eran más extensas que las de las sociedades de las libertades; por ello entraba dentro de una lógica defender la prioridad de extender la zona de influencia sin entrar en la calidad de la democracia.

La tesis de la Trilateral se impuso, pero en su éxito llevaba su fracaso: atonía, abstención, escepticismo, aburrimiento, indiferencia hacia la cosa pública, creciente distanciamiento entre los administrados y sus representantes..., elementos de un sistema que, día a día, deviene en más extraño a las preocupaciones cotidianas de los ciudadanos, que tienden a vivir como Robinsón en su isla (sólo que encastillados, con puertas blindadas que combaten la inseguridad urbana y los efectos de la marginalidad y de la sociedad dual).

Bajo este esquema, los ciudadanos pierden la confianza en sus élites —aquellas que, a su través, les hacen participar—: los políticos, pero también los intelectuales que se recluyen en sus torres de marfil y ponen en desuso la vieja teoría del compromiso; y, cómo no, los medios de comunicación que aspiran a convertirse en los nuevos intelectuales orgánicos de la situación, pero que derrochan la credibilidad a fuerza de internalizar el sentido del espectáculo que asumen. Así se llega al pesimismo popperiano que admite que a lo máximo a que puede aspirar un ciudadano es a cambiar de Gobierno cada cuatro años, desapareciendo en el interregno cotidiano.

Los satisfechos

El economista norteamericano de origen canadiense John Kenneth Galbraith se pregunta en uno de sus últimos trabajos (La cultura de la satisfacción) si sigue existiendo la sociedad de las clases sociales. Para Galbraith, la principal contradicción en el seno del sistema se da entre ciudadanos que participan y ciudadanos que no lo hacen. La nueva línea de demarcación separa a los afortunados, satisfechos de su situación en la sociedad y que acuden a votar, y los ocupados de sobrevivir, que no participan en ninguna decisión pública. Los afortunados rellenan las fichas de la “cultura de la satisfacción”, en una demostración más de que el poder de la satisfacción sobre las creencias y las ideologías es universal. “Lo que es nuevo en los llamados países capitalistas”, dice Galbraith, “es que la satisfacción imperante y la creencia resultantes son ahora cuestión de muchos, no sólo de unos pocos. Operan bajo la convincente cobertura de la democracia, aunque de una democracia no de todos los ciudadanos, sino de aquellos que, en defensa de sus privilegios sociales y económicos, acuden a las urnas. El resultado es un Gobierno que se ajusta no a la realidad o a la necesidad común, sino a las creencias de los satisfechos, que constituyen hoy la mayoría de los que votan. Sigue prevaleciendo un consenso tan antiguo como el propio Gobierno democrático”.

En buena parte, esta situación de debilidad es consecuencia del monopolio democrático de los grandes partidos políticos. Como cualquier monopolio, éste propicia toda clase de excesos: confiscación de la acción política por unos pocos individuos, irregularidades en los métodos de trabajo, fenómenos de corrupción —sea partidista, sea individual—, excesiva intervención pública hasta llegar a penetrar en la vida privada del ciudadano particular, abusos de poder, etcétera. En este ambiente se generaliza una especie de guymolletismo, que se traduce en un desfase entre el discurso electoral (de máximos) y la acción cotidiana (de mínimos); un discurso de fachada que no hace más que acrecentar la distancia entre la clase política y la sociedad civil. Este “discurso de perspectivas” está orientado a mundos ideales, no reales, y es muy propio de buena parte de la clase política europea; pero exaspera a los ciudadanos, que actúan crecientemente en las urnas contra esa especie de autohipnosis retórica.

Esos mismos ciudadanos se abstienen al llegar al aburrimiento y no diferenciar unas opciones de otras, o no toleran a quienes fracasan precisamente en aquello en donde esperaban las diferencias: no perdonan a la izquierda que no gane en el combate contra el desempleo o en el de moralizar la vida pública, como castigan a la derecha si no acaba con la burocratización de las instituciones o con la inseguridad urbana.

Dos fenómenos nuevos

En los últimos años, dos fenómenos nuevos han multiplicado estas señas de identidad de las democracias débiles: en primer lugar, la creciente presencia de partidos políticos no centrales en el sistema, como los ecologistas o una extrema derecha que se presenta con uniforme nuevo pero con las mismas reivindicaciones: homogeneidad, pureza racial, depuración étnica, xenofobia, etcétera. Y también la extensión de organizaciones no gubernamentales (ONG), formadas por gente interesada en la vida pública, que ya no aspira a militar en las juventudes de las formaciones más tradicionales, sean de derechas o de izquierdas. Las ONG han devenido en verdaderos espacios de participación alternativa.

El segundo fenómeno es esa inédita transición del socialismo a la economía de mercado en la que están inmersos los antiguos países del este europeo y las repúblicas de la ex URSS. Cuatro años después de la caída del muro de Berlín, y pasados los efectos euforizantes de la disolución del comunismo, emergen los problemas reales. Y entre ellos, uno de los fundamentales es la ausencia de implicación ciudadana y de cultura participativa. La herencia del socialismo real ha hecho desaparecer todas las estructuras intermedias entre el poder y la sociedad; el enemigo mortal que afecta a la democracia es la indiferencia, la pasividad de los ciudadanos, la impotencia de los individuos frente al universo kafkiano. Y eso es lo que están viviendo ahora los miembros de esta zona del planeta. Dahrendorf ha escrito: “Mi análisis es que, una vez que se han derrumbado los regímenes comunistas con sus pretensiones absolutas sobre la población, y se han introducido las instituciones democráticas y la economía de mercado, la gente descubre que tales instituciones no satisfacen algunas de las necesidades emotivas. Y, en efecto, no generan un sentimiento de identidad. Son mecanismos que permiten el cambio, no lugares donde puedan hallar refugio los sentimientos de la gente”.

De la ampliación del espacio democrático a la profundización de la democracia (concepto que está ausente en buena parte del discurso dominante en Europa) ha pasado un largo ciclo político. No deja de generar optimismo que Bill Clinton ganase las elecciones norteamericanas bajo conceptos que se pueden incluir en el propio discurso del impulso democrático: respeto a la pluralidad, participación ciudadana y desprofesionalización de la política.

Teoría de los imaginarios extremos

(28 de enero de 1994)

Una huelga general de un día de duración es un acto excepcional. En las democracias consolidadas pretenden un cambio de rumbo del hecho por el que se convoca; en países con democracias jóvenes y tanta historia reciente, como la española, la huelga general tiene un soniquete que trasciende el pretexto de su convocatoria. En el extremo puede estar la ensoñación de que su éxito sustituya el veredicto de las urnas (y haga caer al Gobierno contra quien se hace) o la de que fracase y acabe, por mucho tiempo, con el poder de quien protesta. En ambos casos, el papel de los medios de comuni-cación (a veces apocalíptico) es tan definitivo como el grado de participación en la huelga. En la sociedad mediática importa menos el análisis que el espectáculo. Los acontecimientos no se estudian; se miran.

Noam Chomsky fue al dentista. El doctor, al examinar al intelectual norteamericano, observó que le rechinaban los dientes. Consultada mistress Chomsky, reveló que el rechinar de los dientes no tenía lugar en las horas de sueño. ¿Cuándo, entonces? Tras una exhaustiva investigación, se demostró que a Chomsky le castañeteaban los dientes por las mañanas, cuando leía la prensa. Preguntado el lingüista cómo era posible tal acto reflejo, Chomsky suspiró, como si viera por adelantado todas las estúpidas perversiones de la verdad que estaba condicionado a seguir leyendo durante el resto de su vida, sacudido cada mañana por furiosos accesos de reprobación.

La anécdota de Chomsky tiene su analogía aquí y ahora, en España y con motivo de la huelga general, pudiendo engrandecerse el asunto de la prensa a algunas tertulias. A la luz de ciertos artículos publicados y de las proclamas y los discursos de determinados comunicadores, a uno le tintinean los dientes, no sé si de miedo o de la preocupación de tener tanta insensibilidad, al no darse cuenta de que estábamos en una situación prerrevolucionaria. Leyendo o escuchando tales libelos, es sencillo recordar a Georges Sorel, para el que una huelga general debe dinamitar la democracia formal. Pero Sorel era un revolucionario, mientras que los publicistas de hoy son pequeñoburgueses.

La huelga general ha pasado y ha llegado el tiempo de que se concreten los imaginarios que cada cual se hizo sobre sus consecuencias. El éxito o el fracaso del paro del 27-E se juega a partir de hoy, no en el hecho de dejar de trabajar 24 horas. El resultado del mítico 14-D tardó más de un año en conocerse, y el pago de la deuda social fue a plazos. Es muy difícil que, a la vista de lo sucedido, el Gobierno retire la reforma laboral, presente otra negociada con el movimiento social y convenza al 90% del poder legislativo de que apoye un texto alternativo.

Alrededor del 27-E se han instalado dos imaginarios opuestos: el de quienes intentaron que la huelga general fuese la segunda vuelta de las elecciones generales del 6 de junio, y que en ella los socialistas mordiesen el polvo; y el de los que han trabajado con la hipótesis de que los sindicatos se diesen un batacazo y en su desprestigio desapareciesen para siempre. En ambos extremos el vencedor siempre es el mismo: la derecha sociológica, dispuesta a desalojar a los socialistas y a los sindicatos del mismo bofetón.

Veinticuatro horas después, tales imaginarios siguen sin ser tangibles, salvo en la mente de quienes han tratado de distorsionar desde hace semanas la realidad con la imágenes previas del triunfo o frustración del contrario. Lo que sigue sin resolverse es la dificultad de generar empleo, de facilitar la entrada al mercado de trabajo de los jóvenes y de ampliar la base de la población activa para semejarse a los países de nuestro entorno. En el batiburrillo de la huelga general ha pasado desapercibido un dato escalofriante: según el último informe del instituto L. R. Klein, de la Universidad Autónoma de Madrid, el producto interior bruto (PIB) español necesitaría crecer a un ritmo del 7,7% durante los próximos 10 años ¡sólo para igualar la tasa de paro de algunos de los países europeos! Esta utopía ha estado ausente de la huelga general.

Nosotros, los nietos de Keynes

(3 de febrero de 1994)

La economía es una ciencia de medios, no de fines. Tal fue una de las lecciones que nos dejó Keynes, el economista más influyente de la historia. La economía de la oferta y la revolución conservadora liquidaron aparentemente su influencia (aunque practicaron un keynesianismo de derechas en la industria militar, sin reconocerlo). El pretexto de la presencia en España del mejor biógrafo del economista británico sirve para recordar su obra, frente a los que tiran a la basura todo lo que no representan ellos. Una corriente de aire fresco para escaparse de la ortodoxia del pensamiento único.

En 1930, John Maynard Keynes, el mayor economista de todos los tiempos, llegaba a España acompañado de su mujer, la bailarina rusa Lydia Lopokova, que había pertenecido al ballet de Diaghilev. Keynes venía a dar una conferencia en la Residencia de Estudiantes, que tituló “Posible situación económica de nuestros nietos”. Esa conferencia, convenientemente editada, fue publicada en su libro Ensayos persuasivos.

Bien. Nosotros somos los nietos de Keynes, el futuro del que él hablaba. El verdadero motivo de los esfuerzos teóricos de Keynes fue el miedo al futuro. Y en ese futuro que es ya presente, todo lo económico se ha oscurecido.

En aquel tiempo, caracterizado por la Gran Depresión, se preguntaba Keynes cómo sustituir el capitalismo del laissez-faire, laissez-passer, y de la supervivencia de los más fuertes, por un sistema económico más humano y más equilibrado; recuérdese que para este intelectual británico, componente del grupo de Bloombury, la economía era una ciencia de medios, no de fines, lo que también es oportuno mencionar ahora. Para Keynes, el capitalismo liberal estaba en la raíz del caos económico y proponía para arreglarlo una doble solución: el Estado debía adoptar una actitud más activa en la dirección y programación de la economía, y las relaciones económicas con el resto del mundo deberían ser controladas políticamente incluso reducidas en dimensión y significado. Para el economista, “el capitalismo internacional e individualista de los años treinta no constituía ningún éxito. No era inteligente, ni virtuoso, ni justo, ni capaz de proporcionar los bienes y servicios que necesitamos. Pero cuando nos preguntamos cómo reemplazarlo nos domina la perplejidad”.

Pero su tiempo no es el nuestro, ni sus teorías se pueden aplicar con todo rigor en otro entorno. No es mera casualidad que Marx muriese el año en que nació Keynes (1883), ni que una contrarrevolución neoclásica arrumbase por bastantes lustros las doctrinas de este último. Sin embargo, desde hace poco vuelve a hablarse de Marx y de Keynes con cierta insistencia; la presencia de Clinton en la Casa Blanca parece marcada por un keynesianismo moderno, ya que no en vano los años de Kennedy (paradigma del actual presidente norteamericano) marcaron el punto más alto de los éxitos del keynesianismo.

Ahora llega a Madrid el mejor biógrafo del economista inglés, Robert Skidelsky. Viene a hablar de la “Actualidad del pensamiento de Keynes”. Skidelsky comparte con el biografiado la pertenencia a la Cámara de los Lores británica y su afición por el periodismo económico. Compilador de la obra El fin de la era keynesiana, autor de John Maynard Keynes. Esperanzas frustradas 1883-1920 y de la segunda parte de la biografía (todavía no publicada en castellano), de El economista como salvador y Thatcherismo (tampoco editadas en nuestro país), Skidelsky opina que “la mayoría de la gente tiene una vocación única y vive en un entorno limitado. Keynes, sin embargo, habitó muchos mundos diferentes; su curiosidad, sus simpatías y sus ambiciones se extendieron a gran parte del pensamiento, de la literatura, de las artes y de los problemas prácticos de su época”. Y naturalmente de la economía.

La obra de Keynes fue una batalla para escapar de los modos habituales de pensamiento y expresión y, en ese sentido, fue una batalla contra la ortodoxia. Será sumamente interesante conocer qué queda de ella y la influencia de su entorno; es decir, la relación entre la circunstancia personal del economista y sus teorías, según quien ha escrito una biografía imprescindible.

La generación perdida

(13 de febrero de 1994)

Otra vez el paro en el centro del debate. Una generación de jóvenes no podrá pertenecer a la parte central del sistema productivo. Mientras los políticos afirman desear la creación de puestos de trabajo, los empresarios —en la práctica— hacen todo lo posible por disminuir el número de empleos en sus sociedades. Ha pasado el tiempo en el que los emprendedores estaban orgullosos de ser, a la vez, empleadores. La ética protestante y el espíritu del capitalismo ha pasado de moda; Weber no se reconocería en este modelo. España, que tiene el doble de paro que la media europea, posee una dificultad adicional que no remite con los años.

La marcha del empleo en Europa no deja de causar pánico. La cifra de cuatro millones de parados en Alemania es espectacular, pero no lo será menos la Encuesta de Población Activa (EPA) española, que se conocerá pronto. En una parte del mundo desarrollado se asiste a una etapa de bajo crecimiento, alto desempleo, inflación moderada y bajos tipos de interés. Es decir, a un mapa económico distinto del tradicional, que necesita de otras respuestas.

El empleo estable y bien pagado está comenzando a ser un arcano de la historia; aumenta el número de parados de larga duración y, sobre todo, se disipan las esperanzas de que nuestros hijos, para los que quisiéramos una vida mejor que la de ahora, tengan trabajos como los que han existido, incluso si no hubiera recesión económica: crecen la inestabilidad, la temporalidad y los contratos parciales, y el trabajo pierde la centralidad que tuvo. La hipótesis de una generación perdida para el empleo se convierte tal vez en una certeza.

Los políticos se alarman —¡por fin!— ante esta bomba atómica que pronostican los técnicos. Así se debe interpretar que el presidente Clinton convoque por primera vez una cumbre del empleo de los siete países más ricos del mundo, bajo la filosofía de que “si concertamos las políticas que cada uno aplicamos en casa para luchar contra este problema, no solamente facilitaremos el crecimiento, sino que conseguiremos que la expansión económica se traduzca en la creación de más empleo en Estados Unidos y en el resto del mundo”.

También en la última reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la CE se constató que la principal preocupación de los ciudadanos —pase lo que pase en Bosnia— es el desempleo. Pero después de la cumbre de Bruselas, el plan Delors (una mezcla de ortodoxia liberalizadora del mercado de trabajo y de keynesianismo continental inversor) olvidó la utopía de crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo hasta el año 2000 y llegó a la conclusión de que su objetivo era, apenas, mantener los niveles de empleo donde están (el paro en la CE asciende a 17 millones de personas). El problema es que en Europa tanto los buenos como los malos tiempos conviven con una tasa de paro muy alta, lo que debe interpretarse como que, por diversos motivos, mientras los políticos quieren ganar puestos de trabajo, los empresarios desean perderlos.

La situación es otra en Estados Unidos, donde se está saliendo de la recesión creando empleo (6,4% de tasa de paro), a costa de disminuciones de los salarios reales o de una flexibilidad laboral casi total. Muchos de los puestos de trabajo creados en Estados Unidos en 1993 (2,5 millones) serían rechazados en Europa (excepto por los emigrantes) por su falta de garantías.

¿Significa ello que el capitalismo anglosajón está ganando la batalla al capitalismo renano, considerado hasta ahora superior? ¿Es irremediable (por favor, aparquemos por un momento las ideologías) que para que aumente el trabajo —arrinconado el pleno empleo— haya que renunciar a derechos adquiridos?

Y mientras tanto, ¿qué ocurre en España?: que tendrían que crearse cuatro millones de puestos de trabajo (además de los 12 millones que hay) para tener un nivel de empleo tan crítico como el que existe en Europa; que actualmente trabaja el mismo número de personas que hace 25 años, cuando el país contaba con cinco millones menos de ciudadanos; que de cada 100 personas en edad laboral, sólo trabajan 45, mientras que en la CE lo hacen 61, en Estados Unidos 70 y en Japón 75. ¿Cómo no entender que nuestras dificultades son aún mayores y que no se puede ser conservador para salir de ellas?

La sociedad perfecta

(21 de febrero de 1994)

Uno de los axiomas centrales del pensamiento único consiste en potenciar las bondades de la sociedad civil, frente a la maldad intrínseca del Estado como Leviatán. El Estado como problema frente al mercado como solución. Este discurso ha llegado a ser tan agobiante que, en determinados momentos, constituye un síntoma de valentía defender que el Estado tiene funciones añadidas a la de conservar, meramente, el orden público; todo lo que proviene del Estado es sospechoso, frente a la alegre muchachada que constituye la sociedad civil, que es pura y florece todas las primaveras.

Una de las peculiaridades del momento presente en España es la mitificación de la sociedad civil frente al Estado. Los vectores dominantes entre los analistas políticos y los sociólogos insisten una y otra vez en las vibraciones de lo privado frente a la anomia de lo público, de modo que es difícil encontrar un equilibrio entre ambas esferas fuera de lo ideológico.

Frente a esta tesis, que proviene del liberalismo, se ha alzado Joaquín Leguina en su reciente ensayo Los ríos desbordados. Uno de los desarrollos más sugerentes de este texto es el de la sociedad perfecta. Al estudiar las relaciones entre la sociedad española y el Estado, sugiere el dirigente socialista que si alguien quisiera conocer la visión que la sociedad tiene de sí misma y recurriese para ello a la lectura de las noticias que sobre los conflictos sociales aparecen en los medios de comunicación llegaría rápidamente a una conclusión: la sociedad española es perfecta.

Los axiomas de esta ideología son tres:

1. No existen contradicciones dignas de mención en el seno de la sociedad española, ni entre individuos ni entre grupos. Sólo hay una contradicción esencial: la existente entre la sociedad civil y el Estado.

2. El Estado no se compone de un conjunto de instituciones complejas e individuos variados, sino que lo forman, apenas, el Gobierno, los inspectores de Hacienda y la policía. Los ingenieros de Obras Públicas, los abogados del Estado, los interventores, los médicos del Insalud, los enseñantes, los ordenanzas, los carteros y los jueces están, naturalmente, muy a gusto al lado bueno, es decir, forman parte de la sociedad civil y nada tienen que ver con el Estado.

3. Mientras el Estado está plagado de individuos ineficaces, perversos y, por supuesto, sospechosos, la sociedad florece no sólo en primavera, sino todo el año. Los individuos y grupos que la componen son benéficos e ilustrados.

La ideología de la sociedad perfecta es estimulada por una parte de los líderes de opinión, que se colocan a favor de la corriente, erigiéndose en voceros de la perfección. La representación de la sociedad civil se convierte para ellos en una profesión doblemente lucrativa. Lucrativa para su imagen, pues quien representa a la sociedad civil se coloca por encima de toda sospecha, queda libre de cualquier crítica social y sale en la prensa, pero siempre dando el perfil bueno.

Pero lucrativa también para su bolsillo. El sueldo de ministro, alcalde o presidente del Gobierno aparece en las páginas de los periódicos, pero el de los ejemplares líderes de opinión, jamás. “Quienes amenizan las tertulias radiadas matutinas o las ruedas vespertinas de las televisiones”, escribe Leguina, “¿pagan para dar la lata con sus naderías o más bien cobran por asistir a esas reuniones? Bueno, pues cobran, y mucho dinero. Una persona corriente, no una estrella que tenga la suerte de ser cooptada para un par de esas tertulias, puede ingresar un mes con otro 1,5 millones de pesetas. Sí, un millón y medio de pesetas, trescientos mil duros, un kilo y medio al mes. Una barbaridad. Que nadie se engañe, ese dinero lo pagamos entre todos, de una u otra manera”.

Pero ¿qué es el socialismo?

(6 de marzo de 1994)

A finales del milenio urge reflexionar otra vez sobre qué y quién representa al socialismo democrático. Tras la caída del muro de Berlín, los responsables de la Internacional Socialista creyeron que los restos del naufragio comunista, habiendo aprendido la lección, se pasarían a las filas de la socialdemocracia en una especie de casa común. No sólo no fue así sino que, en un primer momento, la sospecha sobre las raíces totalitarias del socialismo real se trasladaron, para muchos ciudadanos del Este europeo, a la socialdemocracia. Conforme pasan los años, las cosas han vuelto a su sitio... excepto en España. La tesis de las dos orillas ha sido defendida por los comunistas españoles: en una de ellas, la derecha, incluidos los socialistas que gobernaron 14 años con una práctica de derechas (según los comunistas); en la orilla izquierda, ellos solos. Ello lleva a una sectarización y grupusculización de la izquierda española que sólo beneficia a sus oponentes políticos. Los socialistas han actualizado su estrategia y ya no pretenden la casa común, sino la causa común de la izquierda. Una letra —la u— resume la modernización del mensaje.

Dentro de dos semanas se celebrará el 33º Congreso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En él, como antes en los Estados Generales del Partido Socialista Francés (PSF) o, en noviembre, en el del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), se discuten en esencia dos cosas: quién es el socialismo (es decir, quién encarna mejor en estos momentos el alma del socialismo: debate de personas) y qué es el socialismo (debate de ideas). La primera cuestión pertenece más bien al interior de las formaciones políticas; la segunda, al conjunto de la sociedad.

Actualizar el contenido del socialismo democrático es urgente; tras la caída del muro de Berlín y las revoluciones de 1989 en el este de Europa la izquierda occidental inició un larguísimo lustro sabático de vacaciones ideológicas. Muchos creyeron que el final del socialismo real atraería miméticamente sus restos al seno de la izquierda democrática, y lo que ocurrió, paradójicamente, fue que el concepto mismo de socialismo adquirió un sospechoso tinte contaminado de autoritarismo que alejó de sus filas a los ciudadanos del antiguo telón de acero. Esta izquierda muda no supo reaccionar en lo inmediato a la destrucción de los cuatro rasgos fundamentales del socialismo real que, en distinta graduación, en algún momento también fueron suyos: la estatalización de los medios de producción, el partido único, el ateísmo y la lucha de clases como único motor de la historia.

En España, a este silencio forzado por la estupefacción se le ha unido la tradicional pobreza teórica del socialismo. Creo que fue el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa quien dijo una vez que en el PSOE había intelectuales, pero no teóricos. Con algunas excepciones, habría que añadir. Pero es cierto que el socialismo español no pasará a la historia por sus aportaciones conceptuales —sino por su práctica política contemporánea—, que han sido, en general, anodinas. Ha pasado más de un siglo desde que el Partido Socialista de Pablo Iglesias estableció en su primer programa la apropiación del poder político por parte de la clase obrera; la transformación de la propiedad individual o cooperativa de los medios de producción en propiedad comunal de toda la sociedad; y la organización de la sociedad sobre la base de un federalismo económico que garantizase a todos los miembros de los colectivos obreros el producto total de su trabajo.

Del maximalismo de esas medidas se ha pasado a la definición primaria que contempla la ponencia marco del 33º Congreso: “El socialismo es una apuesta por la autonomía y la libertad personales, y en este sentido somos herederos de los principios y valores del liberalismo político. Pero nos separa radicalmente del liberalismo económico la convicción de que las oportunidades individuales de autonomía y libertad dependen de la forma en que la sociedad se ordena: para que todas las personas tengan igual posibilidad de ser libres y autónomas se requiere un orden basado en la solidaridad y, por tanto, un sentimiento compartido de responsabilidad. El socialismo es, a la vez, impulso ético y acción racionalizadora. La ética es fundamento básico de nuestra existencia y práctica política. Estamos en la lucha política porque creemos en los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad”.

También ahora en el interior del socialismo conviven distintas sensibilidades, extremadas ante su interés de recuperar para el movimiento lo que queda del naufragio de la izquierda exterior. Se necesita delimitar las fronteras, las orillas del socialismo por su derecha y por su izquierda. Un buen representante de la margen derecha podría ser el alemán Peter Glotz, antiguo secretario de organización del SPD, que ha teorizado en numerosas ocasiones sus posiciones ideológicas. Para Glotz, casi basta con preservar el legado de la Ilustración y sustraerse al nacionalismo, al fundamentalismo y a la ficción de las guerras justas; la izquierda debe transformarse otra vez en su historia para desarrollar un individualismo de izquierdas, vencer el miedo ante lo empresarial, hacer frente a la sociedad de los dos tercios y apostar por la Europa factible.

Tan abiertos conceptos se concretan en elementos de un estilo de pensar común que representan los grandes bandos históricos; si la izquierda parte de un modo de analizar racionalista, deductivo, la derecha se remite a la vida; si la izquierda habla de derechos humanos y desarrolla sobre esta base un orden político estatal justo, la derecha evoca instituciones que son necesarias para dar apoyo al hombre; cuando la izquierda pone sus esperanzas en normas universalistas y confía en instituciones, la derecha habla de espacio y de territorio, desarrolla la idea de nación; cuando la izquierda sueña con la cosmópolis, la derecha confía en la polis.

Para Glotz, el socialismo democrático se caracteriza por la limitación de la lógica del mercado, la sensibilidad para la cuestión social, la conversión del tiempo en nuevo derecho de libertad, la emancipación efectiva de las mujeres, la protección de la naturaleza y de la vida y la lucha contra el nacionalismo. ¿Qué fuerzas pueden ser agregadas para este proyecto?: los partidos socialdemócratas y verdes, corrientes liberales de izquierda de la intelligentsia técnica, de los empleados directivos y del grupo —no tan grande— de empresarios innovadores, tradiciones católicas de izquierda y cristianosociales, toda la izquierda no comunista (a la izquierda de la socialdemocracia) que se compromete en luchas sociales variadas; por último, aquellas fuerzas poscomunistas que se han separado del marxismo-leninismo de una manera fidedigna y definitiva.

En el otro extremo están las tesis de, por ejemplo, Antonio García Santesmases, que en un reciente libro (Repensar la izquierda. Evolución ideológica del socialismo en la España actual) ha conseguido generar una teoría de la izquierda socialista que hasta ahora aparecía muy segmentada en cada uno de sus artículos periodísticos. Santesmases explica esa evolución: cuando antes hablábamos de socialismo anticapitalista, hoy se defiende la socialdemocracia liberal, y para mañana, algunos (se supone que socialistas) proponen la americanización del sistema político; critica el ataque despiadado al marxismo que se hace desde el socialismo, la reivindicación del socialismo democrático entendiendo como tal una forma de socialdemocracia liberal, el alborozo superficial ante la debacle comunista, la mirada conmiserativa o paternalista a los nuevos movimientos sociales, la valoración crítica a la obstinación sindical por aferrarse a la vieja cultura socialista, el apoyo inquebrantable a la Administración norteamericana, el elogio a la capacidad de actualización y desideologización de los dirigentes, etcétera.

Santesmases lamenta que las burguesías sólo acepten al socialismo siempre y cuando los socialistas no lo apliquen, y percibe amargamente que el precio por consolidar la democracia representativa en España era desnaturalizar hasta el final el proyecto socialista. Su gran pregunta es la siguiente: ¿es el socialismo un proyecto de lucha contra la propiedad privada, la explotación económica, la desigualdad social y la dominación política, o es únicamente un instrumento de redistribuir más equitativamente la riqueza, de aumentar el consumo de masas, de disminuir las diferencias sociales y de volver al pleno empleo? Es decir, si se pretende un modelo de sociedad distinto o se trata de aceptar el existente, con reformas y cambios que no afecten a sus rasgos esenciales. “La pregunta es si estamos hablando del futuro del socialismo o del futuro del Estado del bienestar”.

El gran debate del socialismo se va a establecer, según la metodología de Santesmases, entre los que reducen el socialismo a la consolidación del Estado de bienestar y los que apuestan por una superación democrática del capitalismo. Unos y otros estarían unidos en la defensa del Estado social frente al neoliberalismo económico, pero van a discrepar en temas como la extensión de la democracia al ámbito económico, el reforzamiento sindical y la construcción de un nuevo internacionalismo.

Para muchos socialistas el socialismo liberal no va más allá del liberalismo social, mientras que para otros socialismo sigue siendo, como para Kautsky (¡el renegado Kautsky!), no sólo organización social, sino también organización democrática de la sociedad.

Me temo que el dirigente de Izquierda Socialista haya elevado el tiro y la polémica ideológica del 33º Congreso se centre mucho más en la graduación del Estado de bienestar que en el modelo de sociedad.

En cualquier caso, esta reunión será una ocasión muy oportuna para evitar esa maldición de la que hablaba Bobbio: “¿Cuántos son los proyectos elaborados por la izquierda histórica, socialistas y comunistas, que se han quedado en letra muerta después de haber sido objeto de tratamiento intelectual en congresos, seminarios o mesas redondas, debatidos en revistas y en diarios y en otros ámbitos parecidos...? El intelectual propone y el político dispone; y dispone no porque desdeña el trabajo del intelectual, sino muy a menudo porque no sabe qué hacer con él, consciente como es de que su acción es principalmente tapar las grietas, pilotar la nave que él dirige en una sociedad democrática, con todas las servidumbres que las reglas democráticas le imponen”.

El “irremediable” final del siglo del bienestar

(17 de marzo de 1994)

El Estado de bienestar no fue obra de los socialistas, sino fruto de un consenso de las principales fuerzas representantivas europeas de la posguerra. El concepto estuvo asociado en un primer momento, incluso, al canciller Bismarck. Por coherencia en su defensa, poco a poco devino en una señal de identidad central del socialismo democrático. El welfare fue fruto de un pacto táctico, como el que se da a veces en la historia, entre dos sistemas encontrados: el capitalismo y el socialismo. Por lo que ha supuesto un conjunto de renuncias (la de transformar la economía de mercado) y de conquistas (los derechos sociales de los ciudadanos desde la cuna hasta la tumba). Cuando desaparece el comunismo, las fuerzas más conservadoras entienden que la función del Estado de bienestar ha desaparecido y se disponen a derruirlo. Para ello, primero necesitan desacreditarlo entre sus beneficiarios, y luego declararlo científicamente ineficaz. Durante la década de los ochenta y parte de los noventa consiguen que su discurso político se imponga. Sólo en los últimos tiempos la revolución conservadora da síntomas de una cierta retirada ideológica.

Dahrendorf ha pronosticado el final de la edad de oro de la socialdemocracia; según el sociólogo angloalemán, las metas y los instrumentos de esta concepción de la vida ya no se ajustan a los tiempos actuales, por lo que el siglo socialdemócrata pertenece al pasado. Liberales como Dahrendorf se unen así a los economistas de la oferta, neoconservadores, monetaristas, hacendistas ultraliberales o a los fundadores de la public choice para determinar la extinción de un experimento y la reivindicación del Estado mínimo, sobre todo en materia económica. Sus críticas al elemento determinante de la socialdemocracia, es decir, al Estado de bienestar, se producen no sólo por motivos económicos (ineficacia, despilfarro, burocracia, corrupción...), sino también por elementos ideológicos (estatismo, distorsión del sistema de precios y del mercado...).

El Estado de bienestar nació a raíz del crash de 1929 y de la II Guerra Mundial: todo ciudadano, por el hecho de serlo, tenía derecho a unas prestaciones como la educación, sanidad, pensiones, cobertura de desempleo, salario mínimo, etcétera. Funcionó mientras la prosperidad posibilitó un aumento de la presión fiscal que compensase las desigualdades más extremas, mediante un aumento de los servicios sociales; la eliminación de la sociedad dual facilitó el consenso europeo desde la posguerra. Los problemas surgieron en los años setenta, cuando emergió la crisis fiscal del Estado, y se han multiplicado de tal modo que el Estado de bienestar, que en muchos momentos se significó como un acuerdo de paz socialdemócrata para la eliminación de la tensión entre democracia y capitalismo, parecía predestinado a convertirse en una rémora.

Así, también han proliferado los posicionamientos sobre el welfare State desde las filas de la socialdemocracia. Recordemos algunas de las más recientes manifestaciones sobre el asunto en España; mientras Alfonso Guerra afirma que no hay crisis del Estado de bienestar sino del capitalismo, Joaquín Leguina indica que no se puede hacer una defensa inmovilista y numantina del welfare State y que hay que replantearse los gastos que lo sostienen; y si Felipe González destaca que hay que limitar cualquier tipo de abuso para que sobreviva, Carlos Solchaga, en unas declaraciones anteriores, se muestra partidario de que el Estado de bienestar quede circunscrito a las pensiones, sanidad y educación.

El Estado de bienestar se compone, fundamentalmente, de cuatro capítulos: los subsidios a los necesitados; derechos pasivos derivados de cotizaciones (pensiones, seguro de enfermedad, seguro de paro); servicios generales subvencionados o gratuitos (educación obligatoria, transporte colectivo, vivienda, etcétera) y una legislación laboral basada en la seguridad. Este modelo nació y creció sobre la base de algunas estabilidades que hoy no se sostienen: un equilibrio intergeneracional (ahora hay una natalidad decreciente y un aumento de la esperanza de vida que generan un gran impacto sobre las pensiones y sobre los gastos sanitarios, por lo que se deriva una carga suplementaria sobre la población ocupada); matrimonios y unidades estables (se han incrementado los divorcios y las parejas informales); estabilidad en la división del trabajo fuera de casa (los varones) y dentro de casa (las mujeres) que tampoco es ya real, de modo que los derechos derivados se convierten en derechos individuales; y empleos fijos y tasas de paro moderadas (ahora se amplían los empleos irregulares, flexibles, a tiempo parcial, y hay un altísimo desempleo).

Pero es que, además, hace un lustro aproximadamente se ha extendido el número de beneficiarios; la caída del muro de Berlín y las revoluciones de 1989 no solamente liquidaron el futuro del socialismo real sino que, al iniciar los países que componían el antiguo bloque soviético una acelerada transición al capitalismo, millones de ciudadanos que aspiran por lo menos a los mismos estándares de bienestar que los occidentales se han puesto a competir para conseguirlos. A ello hay que añadir la ampliación de las corrientes migratorias; a los tradicionales movimientos Sur-Norte se ha sumado la circulación Este-Oeste, que ha multiplicado las manifestaciones de racismo y xenofobia, motivadas en lo más primario por un desconsuelo económico: muchos trabajadores occidentales, que sufren de un desempleo prolongado y restricciones crecientes a su sistema de seguridad social no quieren compartirlo, pues saben que su ampliación generará nuevos recortes al Estado de bienestar.

Cuatro causas de la crisis

De modo que la crisis del modelo, que se inició en los años finales de la década de los setenta, se ha agudizado en los últimos tiempos, lo que significa que la antigua y eficaz interrelación entre Estado de bienestar y socialdemocracia se ha invertido. Así, existe la amenaza de que las debilidades del keynesianismo arrastren consigo a la socialdemocracia del futuro.

El alemán Wolfgang Merkel, editor del libro Entre la modernidad y el postmaterialismo. La socialdemocracia europea a finales del siglo XX, ha estudiado cuatro líneas de desarrollo de la crisis de la socialdemocracia:

a) El bloqueo de la coordinación keynesiana: la vertiginosa internacionalización de la economía, la expansión del mercado del dólar, la política monetaria restrictiva, el crecimiento del déficit presupuestario de Estados Unidos y la pérdida de la soberanía económica de las potencias medias ha supuesto el fin del keynesianismo en un solo país. Con este bloqueo parece escaparse el instrumental ideal para la política económica que permitió a los socialistas, durante los primeros decenios de la posguerra, armonizar “un programa de cambio social y una praxis estabilizadora”.

b) Cambios en la estructura social: el avance tecnológico hizo disminuir el número de obreros industriales (clientela tradicional de los partidos socialdemócratas) y crecer el de obreros de los servicios; aumenta la división de los trabajadores de cuello azul, entre los trabajadores ocupados y parados, entre los empleados a tiempo parcial, a tiempo completo, de plantilla central o marginales, del sector privado o público, etcétera. Es decir, hay una creciente diferenciación de los intereses de los trabajadores y un proceso de segmentación que dificulta a los distintos grupos de asalariados considerarse como una misma clase social y, por tanto, ganarlos como votantes para el mismo partido político. La consecución de mayorías socialdemócratas ha sido más difícil a partir de los años ochenta.

c) Cambio de valores y nuevos problemas de las alianzas políticas y sociales: la demanda creciente de bienes posmateriales, la exigencia de autonomía social, la igualdad de sexos y la defensa del medio ambiente suponen un desafío del modelo unidimensional de crecimiento más distribución. Las exigencias del tipo posmaterial de la nueva izquierda, junto al retroceso de los valores igualitarios en amplios sectores de la clases medias y la extensión del materialismo de la cultura yuppie ha provocado un triple problema estratégico para los socialdemócratas en sus alianzas: ganar a la vez a sus viejos clientes (los obreros), a las clases medias posmaterialistas de la nueva izquierda (los verdes) y a los grupos de la intelligentsia técnica y de la empresa moderna, ligados tradicionalmente a los partidos liberales. Así, los partidos socialdemócratas se encuentran frente a una derecha neoliberal que rechaza la intervención estatal y el Estado de bienestar, y frente a una izquierda ecologista que critica el crecimiento económico, la centralización y la burocracia distributiva estatal.

d) La pérdida de la ofensiva del discurso político: en la ciencia económica, el keynesianismo avanzado (keynesianismo bastardo, según denominación de Joan Robinson) ha dejado su lugar como ortodoxia dominante a los monetaristas; hay una pérdida del encanto keynesiano cuando se abandonan las exigencias del pleno empleo para hacer prioritaria la estabilidad de precios y la flexibilidad laboral.

Como consecuencia de estos factores, sus oponentes políticos han hablado del final del siglo socialdemócrata y de sus concreciones sobre el Estado de bienestar. Al concepto socialdemócrata de sociedad (crecimiento, igualdad, trabajo, razón, Estado e internacionalismo) le faltarían, a finales del siglo XX, las bases materiales e ideológicas. Responder a estas hipótesis de trabajo y dar nuevas prioridades al Estado de bienestar también corresponde a reuniones como el Congreso del PSOE, máxime cuando los socialistas españoles llevan gobernando más de una docena de años.

El fascismo dulce

(3 de abril de 1994)

Las formas más crudas de fascismo —los camisas pardas— han desaparecido, aunque su práctica política surja de vez en cuando, por ejemplo los fines de semana en Euskadi, atemorizante, amenazadora, bajo la excusa del nacionalsocialismo. Otro fascismo prepolítico, cotidiano, se ha instalado entre nosotros, mezcla de desclasamiento, marginalidad, lumpen o racismo. Está aquí, a nuestro lado, aunque nos cueste digerirlo como tal. En ocasiones agrede o mata por motivos nimios, inentendibles: “Estaba aburrido”, “Lo hice sin pensar”, “Los extranjeros no me caen bien”. La dificultad para identificarlo nos hace ser tolerantes con los intolerantes. No saben nada de Hitler, Mussolini o Franco, aunque les fascina su estética cuadrada llena de cruces gamadas. Lo más desesperante de la historia es que la experiencia de una generación no se transmite con la misma intensidad a las demás.

La lista de Schindler ha generado la misma polémica —esta vez ampliada por su éxito comercial— que cualquier otra película que enseñe el holocausto judío y la depravación nazi. Las críticas lanzadas por Claude Lazzmann en Le Monde, o por otros analistas cinematográficos, en el sentido de que Spielberg plantea el genocidio con un final feliz o muestra a un nazi bueno en los campos de concentración, no empecen que el filme sea, ante todo, un alegato a la causa del antinazismo y del antifascismo. Creo que, pese a esas críticas, con La lista de Schindler no se corre el peligro de hacer pasar la excepción por la regla.

El periodista francés Jacques Julliard, que acaba de publicar un excelente libro sobre el fascismo actual (Ce fascisme qui vient), escribía recientemente que Spielberg vuelve a situar una polémica que se ha repetido en el último medio siglo: si después de Auschwitz el mundo lanzó el grito de “nunca más”, ¿por qué la humanidad ha consentido el genocidio de Pol Pot, de los militares argentinos o chilenos, los campos de concentración de Croacia, la limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina o las matanzas de palestinos? Julliard responde que la más desesperante de las lecciones de la historia es que la experiencia de una generación no es transmisible a la siguiente.

Al menos eso sucedía antes, cuando los medios audiovisuales no eran tan masivos. En un opúsculo de excepcional interés, titulado Perspectivas de guerra civil, el intelectual alemán Hans Magnus Enzensberger afirma que “no cabe duda de que nos hemos convertido en meros espectadores. Esto es lo que nos diferencia de las generaciones anteriores que, cuando no eran personalmente víctimas, autores o testigos oculares, sólo se enteraban de las tropelías a través de rumores, leyendas blancas o negras. Lo que ocurría en otra parte sólo se conocía de oídas. Todavía hacia mediados de nuestro siglo la opinión pública sabía poco o nada de los mayores crímenes de la época. Hitler y Stalin hicieron todo lo posible para mantenerlos en secreto. El genocidio era alto secreto de Estado. Y es que en los campos de exterminio no había cámaras de televisión. Hoy, por el contrario, los asesinos se muestran dispuestos a ser entrevistados y los medios de comunicación se sienten satisfechos de poder asistir a una matanza. Los combatientes muestran sus crímenes ante las cámaras”.

El alemán expone que, en nuestros días, superada la guerra fría y el equilibrio atómico del terror, se extiende un fascismo cotidiano, poco solemne, por nuestras calles, en nuestros semáforos, en las ciudades que habitamos, no a cientos o miles de kilómetros ni en el Tercer Mundo. Es el fascismo dulce, aunque Enzensberger no lo denomine así; él habla de guerras civiles moleculares. La primera vez que vi escrito el concepto de fascismo dulce fue en la revista Triunfo y el autor del artículo era Eduardo Haro Tecglen; Haro también se refería al fascismo consuetudinario, de todos los días, aunque en aquellos momentos (años setenta) tenía otra representación escénica distinta de la actual.

Para Enzensberger, no se pueden explicar los conflictos actuales con los argumentos tradicionales de luchas de clases, revueltas juveniles, movimientos de liberación nacional, etcétera. Desaparecidas las convicciones, las ideologías han quedado reducidas, para mucha gente, a disfraces intercambiables. En el fascismo dulce no queda ni rastro de envoltorio ideológico, ni aureola romántica de guerrilleros, partisanos y rebeldes; ha desaparecido todo vestigio de legitimación, la violencia se ha desligado de justificaciones ideológicas; ahora ya no hay octavillas, panfletos que intenten explicar nada. Los ultraderechistas o neonazis no son tales; la ideología es una mascarada. El homicida —por lo general muy joven— no sabe de nada (“estaba aburrido”, “lo hice sin pensar”, “los extranjeros no me caen bien”), no sabe nada, por supuesto, de nacionalsocialismo. La historia no le interesa, la cruz gamada no es más que un requisito arbitrario, pero, además de turcos, dominicanos o magrebíes, el fascista dulce también puede apalear inválidos, indigentes, débiles mentales, ancianos o niños. No tiene necesidad de rituales, uniformes, programas, promesas, concentraciones ni juramentos de fidelidad; por no necesitar, no necesita ni caudillo. No concede el menor valor a la vida propia ni a la del prójimo.

Pese a quedar fuera de él cualquier pensamiento político (aborrece la política y a los políticos), excepto el de no tenerlo, el fascista dulce puede convertir un vagón de metro, el autobús, la plaza pública, en nuestra Bosnia en miniatura: cualquier diferencia se convierte en riesgo mortal. “La guerra civil molecular se inicia de forma imperceptible, sin que medie una movilización general. Poco a poco, en la calle se van acumulando las basuras, en el parque aumenta el número de jeringuillas y de botellas de cerveza destrozadas. Los colegios aparecen con el mobiliario destrozado, los patios apestan a mierda y orina. Pronto, la nostalgia del gueto se desahoga por medio de señales más claras. Neumáticos pinchados, teléfonos públicos inutilizados, coches incendiados. Estos actos espontáneos exteriorizan la rabia por todo cuanto todavía está entero, el odio contra todo aquello que aún funciona; un odio que forma una amalgama indisoluble con el odio hacia uno mismo”.

Los sociólogos explican que esta forma de violencia está protagonizada por ciudadanos cada vez más jóvenes, que se sienten perdedores ante su situación económica sin futuro; un lumpemproletariado casi adolescente, desesperado, que no aplica la dialéctica marxista clásica de llegar a una confrontación global. Los perdedores, lejos de unirse bajo una misma bandera, van acelerando su destrucción.

Pero su respuesta tampoco es unidireccional; por su edad y su posición, el fascista dulce forma parte de la llamada generación X, descrita en la novela del mismo título del escritor norteamericano Douglas Coupland, considerada “el libro insignia de los años noventa”. En su prólogo, el escritor Vicente Verdú disecciona a esta generación que en ningún caso supera los treinta años. X es el símbolo de la indefinición por excelencia, de la vaciedad. Los de la generación X tienen que arreglarse con menos. Menos esperanzas, exiguos ingresos, ocupaciones temporales (macjobs: trabajo mal pagado, sin prestigio, sin dignidad, sin futuro, en el sector servicios. Considerado frecuentemente como una elección profesional satisfactoria por personas que nunca han tenido ningún trabajo), poco futuro. Pero, insólitamente, no se revelan enfurecidos como los agitadores juveniles de otros tiempos. Sus espíritus han girado hacia la acomodación y sus deseos se funden en otras órbitas. No protestan, no explotan. El fin de las oportunidades laborales, el declive de las opciones consumistas se ha recibido como una fatalidad natural. “No produce estallido, sino una implosión al modo desconcertante que ilustró hace años la mayoría silenciosa. De manera acorde, al compás de la recesión, sin sublevaciones, esta juventud ha dejado de pugnar por el éxito, la fama y el dinero... No son culpables, pero tampoco son jodidas víctimas”. Los X carecen de furor reivindicativo. No se han gestado como rebeldes, sino como residuos. No se sienten solidarios, sino individuos... No constituyen un movimiento, se encuentran, en su mayoría, parados.

No toda la generación X, ni mucho menos, forma parte del fascismo dulce. Pero en su desesperación extrema está su germen, como en el del fascismo clásico estaba el desclasamiento, la violencia, el odio al liberalismo, el menosprecio al otro y el racismo.

La caída del Imperio romano

(11 de abril de 1994)

Un poco de corrupción engrasa al sistema. Tal máxima parece haber sido asumida por las principales sociedades en el fin de siglo. No son tan sólo las repúblicas bananeras, sino los países más avanzados —Estados Unidos, Japón, Europa— los que padecen una enfermedad política que corroe los cimientos de la democracia. Si las clases dirigentes anteponen sus intereses privados a los intereses generales, la legitimidad del sistema está en cuestión. Se trata de un delito de lesa democracia. La divergencia entre gobernantes y gobernados se extiende.

Dos fantasmas recorren hoy Europa: de un lado, la crisis política, que es de legitimidad; de otro, la económica, que pone en peligro el Estado de bienestar. La primera crisis, que tiene que ver con la corrupción, ha generado el desprestigio en torno al concepto de “lo político”, y hay que combatirla con máxima urgencia porque afecta a la raíz de la democracia. En un reciente ensayo, Joaquín Leguina califica a la corrupción como “un delito de lesa democracia, porque combate de modo central el modelo político de las libertades”. Y ello debido a tres factores:

— Porque aquellos que tienen la obligación y el derecho de hacer las leyes (los partidos políticos y sus entornos) tienen el deber de cumplirlas y hacerlas cumplir. Si las transgreden atacan la legitimidad de aquéllas y el crédito del sistema.

— Porque quien obtiene financiación ilegal arremete tramposamente contra el principio de igualdad de oportunidades, utilizando además dinero público.

— Porque la financiación ilegal, al no figurar en la contabilidad oficial del partido, no puede estar sujeta al control social ni al control interno del propio partido, que supuestamente se beneficia de tan atípicos ingresos.

La corrupción se basa en la débil condición humana, pero tiene genes ideológicos. En la izquierda, la idea de que los nobles objetivos e intereses históricos de la clase obrera están por encima de las leyes; es decir, se pueden saltar las leyes si con ello se ataja el camino hacia la liberación universal (robar para el partido no es pecado). En la derecha, la creencia de que la política en España está mal pagada y alguna compensación extra es necesaria para sus protagonistas.

Estos problemas no son nuevos. El historiador Josep Fontana, en su libro Europa al espejo, hace una oportunísima analogía entre la caída del Imperio romano y nuestros días, a la que no hay que poner ni una coma: “La imagen tradicional de una Roma que vino a hundirse por el fracaso de sus clases dirigentes, incapaces de resistir el empuje de los bárbaros, ha cumplido, y sigue cumpliendo hoy, una función moralizadora de la mayor utilidad. Para muchos intelectuales y políticos contemporáneos, nuestra sociedad se enfrenta al peligro de otros bárbaros, que son las masas, a las que es necesario mantener a raya para evitar que destruyan nuestra civilización. Rehuyendo tomar en cuenta los problemas de nuestro propio mundo, les resulta más cómodo sacar del cajón el viejo espantajo de la decadencia de Roma que examinar los factores internos de división, como pueden ser el aumento en la desigualdad de las fortunas o las limitaciones de la libertad”.

Cuando algunos historiadores de hoy nos dicen que lo que realmente se corrompió en el Imperio tardío fue la práctica política, al anteponer los intereses privados a los colectivos, no es extraño que sus planteamientos susciten reservas, ya que pueden incitarnos a hacer comparaciones incómodas con otras situaciones del presente. Una interpretación que pusiera el acento en los problemas internos de la sociedad romana no tendría necesidad de recurrir a los bárbaros para explicar la crisis del Imperio, y los sustentadores de la visión tradicional quedarían entonces en una situación que les haría aplicable los versos que en un poema de Kavafis pronuncian el emperador y los senadores, que han estado esperando en vano la llegada de los bárbaros y se retiran angustiados al saber que ya no se les ve por ninguna parte:

¿Qué será de nosotros ahora, sin los bárbaros? Porque hay que reconocer que estos hombres resolvían un problema.

Políticos o augures de lo imposible

(26 de junio de 1994)

La razón económica avasalla al resto de las razones. Se ha hecho hegemónica e imbatible, y determina —no en última instancia, como predijo Marx, sino en su primera derivada— todo lo demás. La herramienta ha devenido en un fin en sí mismo. La razón económica se desprende de la ganga de lo social, y así dobla el brazo de los representantes de los ciudadanos libremente elegidos. En Europa se reúnen habitualmente los jefes de Estado y de Gobierno que hacen declaraciones bienintencionadas; luego llega el Ecofin (cónclave de ministros de Economía y de Finanzas) y dictan: no hay dinero. Son como el policía bueno y el policía malo. El resultado es que esas declaraciones se convierten en papel mojado. Esto es lo que ha ocurrido con el Libro blanco de Delors, una referencia teórica continuamente mencionada, pero nunca financiada.

En el Consejo Europeo de Corfú se han enfrentado, con más claridad que en otras ocasiones, dos lógicas que, en sus extremos, son contrapuestas: la verdad económica y la razón política. El presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors —institución y persona que tienen la obligación de hacer la síntesis— optó por hacer política cuando el pasado martes advirtió de las debilidades liberales puras y duras de algunos ministros de Economía de los Doce: escuchándolos, “no sabía si estábamos en el campo de la economía o de la ideología”. A su vez, los técnicos de la finanzas calificaban a Delors simplemente de “voluntarista”.

El campo de batalla de esta divergencia ha sido el plan de infraestructuras del Libro Blanco; mientras que los representantes del Ecofin que lo aprobaron entienden que hay que financiarlo con los recursos ordinarios que proporciona el mercado, Delors y los comisarios opinan que hay que buscar financiación complementaria mediante una emisión de bonos, que supondría un mayor endeudamiento de las naciones.

Los ecofines son los más genuinos representantes de la ortodoxia. Usuarios de la misma jerga tecnocrática, alguien los ha definido como especialistas en el caracoleo verbal, para evitar los mensajes negativos que asustan a los ciudadanos, las bolsas de valores, los mercados, las monedas y a las finanzas. Metereólogos que anuncian con frialdad las depresiones y las borrascas, los ecofines auguran como grandes recetas el pragmatismo, la paciencia y el sacrificio. Su enemigo natural es la política, representada por la Comisión Europea.

Pero Delors les ha contestado con otra dialéctica irrebatible: la economía europea se halla ante la excepcionalidad de elegir entre su supervivencia y la decadencia. “Temo que los Gobiernos se queden satisfechos con la recuperación económica ahora en curso y manden el Libro Blanco al armario. Incluso con una tasa de crecimiento vistosa no habrá suficiente para hacer bajar de forma clara el desempleo”. El presidente francés no es —como algunos doctrinarios quieren hacer parecer— un visionario alejado de la realidad (“Estoy contra los que quieren cambiarlo todo y contra los que no quieren cambiar nada”) y propone sacrificios a cambio de puestos de trabajo: si durante cinco años los ciudadanos auropeos aceptan el mantenimiento del nivel de vida real y dedican los avances de la productividad a la formación y a la reinversión, el paro se reducirá a la mitad hacia principios de siglo.

Esta suerte de pacto social, que debería ir acompañado de un plan de infraestructuras ambicioso y posible, forma parte de la cultura neokeynesiana que representa Jacques Delors y sobre la que no se sabe qué papel jugará su sucesor, sea el que sea. Delors, que probablemente competirá liderando las fuerzas socialistas a la presidencia francesa cuando deje la Comisión, retoma, con su defensa de las muletas presupuestarias para la creación de empleo, la esencia de la socialdemocracia; una esencia que critica el seguimiento de la racionalidad económica a machamartillo, pase lo que pase y tenga los costes que tenga. Hay una escuela de pensamiento económico que opina que el objetivo económico de la maximización de la producción no puede subordinarse a ningún objetivo social, cultural o profesional no económico: tiene que ser perseguible sin piedad.

Delors y sus comisarios entienden, frente a la tesis de los ecofines más puros, que hay que hacer una política activa que marque los límites a esa racionalidad económica y la ponga al servicio de la sociedad, no al revés. De la postura que tomen los jefes de Estado y de Gobierno, inclinando la balanza hacia la Comisión Europea o hacia sus ministros de Economía, dependerá el futuro de Europa.

Piero Sraffa, el eslabón perdido

(4 de julio de 1994)

Uno se pregunta por qué determinados personajes, de importancia central, no cuajan en la opinión pública. Uno de ellos es el economista italiano Piero Sraffa, que conectó dos mundos completamente diferentes: el de la Italia mussoliniana con el Círculo de Cambridge. Sraffa, un intelectual semiágrafo —sólo tiene una obra conocida— ejerció una influencia notable en un conservador (era conservador aunque la historia le haya convertido en progresista) como lord Keynes, y en un revolucionario del interés de Antonio Gramsci, a los que unió. Sraffa fue un economista complejo y ejemplar, que logró hacer de la economía moderna su compromiso político, en contradicción con otros colegas que, permaneciendo en la torre de marfil, han obtenido los más importantes galardones profesionales. Sraffa fue amigo de Joan Robinson, otra economista de la Escuela de Cambridge que hubiera merecido, mucho más que otros, el Premio Nobel de Economía. Pero éste parece concederse sólo a quien pasa por Chicago, no por Cambridge...

¿Existe alguna conexión entre los universos y la trascendencia de dos de las personalidades de más dimensión del siglo XX, como fueron el británico John Maynard Keynes y el italiano Antonio Gramsci? Existe. Se trata de alguien que participó de ambos mundos y cuya obra ha imbricado algo tan radicalmente diferente como fue el círculo libre de Cambridge y la Italia rabiosamente mussoliniana de la primera parte de este siglo. La economía moderna y el compromiso político. Piero Sraffa es el eslabón perdido de esas dos versiones de la realidad, el intelectual que logra que el aristocrático y conservador lord Keynes (1883-1946) se interese por la tragedia de un debilitado Gramsci (1891-1937) —condenado por los fascistas a más de 20 años de prisión— y que el secretario general del Partido Comunista Italiano reclame, febril, los trabajos del autor de las Consecuencias económicas de la paz y, sobre todo, de la Teoría general del empleo, el interés y el dinero. Siempre me he preguntado por qué la figura de Piero Sraffa es semidesconocida fuera de los ámbitos más estrictamente universitarios de la economía, ya que su compromiso con la libertad y la cultura desborda ampliamente el círculo de lo académico; las huellas de su actuación cívica rebasan las fronteras italianas e incluyen al mundo anglosajón; y su obra escrita ha influido a los economistas contemporáneos de todo el mundo. Esta incógnita ha resucitado tras la lectura de la primera biografía de Sraffa publicada en castellano, que acaba de aparecer (Piero Sraffa. Edicions Alfons el Magànim), escrita por el profesor francés Jean-Pierre Potier.

Sraffa vio crecer el monstruo fascista en Italia mientras iniciaba su vida profesional. A los 28 años era catedrático de Economía Política, y en esta etapa, y mucho antes, ya había manifestado su ideología izquierdista. En Turín conoció a un tal Antonio Gramsci, que, junto con Palmiro Togliatti y otros, pertenecía todavía a la extrema izquierda del socialismo, y que fundarían un semanario denominado L’Ordine Nuovo, que se convirtió pronto en el portavoz del movimiento de los consejos obreros. Sraffa forma parte del equipo de redacción de la revista. Desde el año 1918, en el que se encuentra por primera vez con Gramsci, mantendría su amistad y su apoyo al revolucionario italiano hasta el final de su vida, pese a que sus ideologías caminarán, en el acontecer de los hechos, por caminos diferentes. Gramsci, en un texto muy polémico de 1924, definirá a Sraffa como un intelectual de formación demócrataliberal, es decir, “normativa y kantiana, no marxista y no dialéctica”.

Cuando Gramsci es detenido por Mussolini, en 1926, Sraffa no solamente proporcionará consuelo personal y ayuda económica a su amigo, sino que arriesgará su suerte haciendo de vínculo entre el partido clandestino y su dirigente. Nunca será militante del PCI, frente al que reivindicará independencia de pensamiento y de acción, pero sí compañero de viaje de los comunistas italianos, a través de su relación intelectual y personal con el más fecundo y antidogmático de todos ellos. El encarcelamiento, junto a Gramsci, de muchos profesores universitarios, en un intento de domeñar a las fuerzas democráticas de la cultura, y el hecho de haber escrito artículos sobre la crisis económica italiana en publicaciones británicas que llenaron de ira al Duce en persona (en 1922 Mussolini dirigió un telegrama al padre de Sraffa, rector de universidad, considerando esos artículos como “un acto de derrotismo bancario puro y simple, y un acto de sabotaje real de las finanzas italianas”) inducen a Sraffa a pensar, con lógica, que su libertad está en precario y decide irse a vivir a Gran Bretaña. Poco antes, el régimen fascista ha dictado las “leyes fascistísimas”: anulación de todos los pasaportes y severa represión de las salidas clandestinas del país; supresión de todos los partidos y de todas las publicaciones antifascistas; creación de confinamiento, residencia vigilada para los adversarios del régimen.

Escapa Sraffa a Cambridge, invitado precisamente por John Maynard Keynes, a quien había conocido haciendo su doctorado y que manifiesta su satisfacción por la lucidez y rigor científico del economista italiano. Antes de instalarse, primero como profesor y luego como bibliotecario, recuerda a sus amigos italianos e inicia una intensa campaña en la prensa internacional pidiendo la liberación de Gramsci; nunca abandonará la esperanza de ver a su amigo en la calle, pero no conseguirá doblegar la voluntad totalitaria de Mussolini. Durante 11 años, hasta la muerte de Gramsci, le proporcionará (porque el líder italiano se interesa por ellos) todo tipo de materiales sobre el debate económico —específicamente sobre el que, con una espectacular riqueza, se está dando en Cambridge con una generación de economistas que, además de Keynes, cuenta con gente como Nicholas Kaldor, Maurice Dobb, Joan Robinson, Richard Kahn, etcétera—, además de mantener una cuenta bancaria abierta a su nombre para que se abastezca sin agobios de todo tipo de libros.

Son los de Cambridge años de preparación y estudio que convierten a Sraffa en el maestro de economistas que devino. Hombre de una extremada modestia y discreción, que se angustia cada vez que tiene que hablar en público, allí, en el Trinity College, rodeado de colegas y discípulos, polemizando con intelectuales como Keynes, Wittgenstein, Von Hayek o Josep Schumpeter, Piero Sraffa prepara la magistral edición de las Obras y Correspondencia de David Ricardo y la publicación de su pequeño texto Producción de mercancías por medio de mercancías. Preludio a una crítica de la teoría económica, que apareció en 1960. El biógrafo de Sraffa destaca que fueron necesarios 33 años de gestación para terminar un libro de ¡tan sólo 110 páginas!, tal era el horror a escribir que tenía; en su correspondencia con Gramsci, éste no se priva de reprocharle, inútilmente, que escriba tan poco y sus vacilaciones para desarrollar las ideas en artículos... La traducción al castellano de esta obra la hizo un profesor de Teoría Económica de la Universidad Complutense de Madrid, aún desconocido, llamado Luis Ángel Rojo. Con Producción de mercancías... se abre una corriente sraffiana de la economía incardinada en la revalorización de la economía política clásica de los años setenta y ochenta, y los fundamentos para una crítica radical de la teoría neoclásica dominante.

Además de hablar a Keynes de Gramsci y viceversa, de vincular sus obras y sus conocimientos, no olvidó jamás Sraffa su matriz antifascista y nunca renunció a su nacionalidad italiana. Fue un economista y mucho más que un economista. Murió hace 11 años, tan sólo un mes después que su vieja amiga —otra inolvidable economista de Cambridge— Joan Robinson. Sandro Pertini, presidente de Italia, le despidió con estas palabras: “Fue el heredero genial y el renovador de una gran tradición del pensamiento económico, un profesor ilustre para generaciones de estudiantes, un monumento a la cultura europea democrática y antifascista, un militante activo de la lucha por el desarrollo de la civilización democrática. Ha muerto un gran italiano, un italiano en el que se fundían en una sola pieza el genio científico y la más alta conciencia moral y política”. Ojalá que esta biografía, recién aparecida, devuelva la actualidad de su persona y su obra.

Los dilemas del compromiso político

(3 de octubre de 1994)

El binomio Sartre-Camus ha representado tradicionalmente las dos formas de entender el compromiso político del intelectual. Durante décadas, lo políticamente correcto entre los biempensantes fue defender a Sartre frente al segundo; ello duró mientras no fue debatible que el fin no justifica los medios. La ruptura de los dos amigos, a raíz de la denuncia del gulag soviético, fue dolorosa para el mundo intelectual de la izquierda parisina y, por extesión, para la intelligentsia occidental. El tiempo ha acabado dando la razón a Camus, a quien tanto queremos todavía. Mientras que la obra de Sartre se ha ido haciendo añeja, la de Camus permanece pujante, poderosa. La aparición de tres cartas inéditas entre Sartre y Merleau-Ponty, en 1994, resucitó la polémica y actualizó el papel que la revista Le Temps Modernes tuvo en proporcionar una ideología a la posguerra europea.

Tres cartas inéditas, que describen la ruptura entre Jean-Paul Sartre y Maurice Merleau-Ponty, publicadas en el último número de Revista de Occidente, resucitan el viejo debate sobre el compromiso del intelectual en la política. Subrayada frecuentemente la divergencia ideológica que dio al traste con la amistad entre Sartre y Camus, y que definió dos posturas sobre la teoría del compromiso, no es tan conocida la disputa entre dos viejos conocidos, camaradas y filósofos como Sartre y Merleau-Ponty, que abre otra vía de agua entre aquellos intelectuales franceses que, en la segunda posguerra mundial, combatieron la máxima de “el arte por el arte”.

Entre ambos se establecieron diferencias fundamentales sobre la reacción hacia el comunismo estalinista, sin que Merleau-Ponty se alinease nunca con Camus contra Sartre, sino más bien al revés. Y sin embargo, la desavenencia entre los dos fundadores de Les Temps Modernes también tuvo gran repercusión. Caminaron juntos un largo trecho de sus vidas: la Escuela Normal Superior, la Resistencia, el movimiento Socialismo y Libertad, el conocimiento exhaustivo de la filosofía de Husserl y Heidegger, y la creación de una revista destinada a proporcionar, según Simone de Beauvoir, “una ideología a la posguerra”.

A mediados de los años cuarenta, Gallimard accedió a financiar una revista para un grupo de amigos: “Teníamos proyectos precisos... Camus, Merleau-Ponty, Sartre, yo misma haríamos un manifiesto en equipo”, escribe en sus memorias el Castor. “Habíamos llegado al final de la noche, el alba despuntaba: codo con codo partíamos a un nuevo camino”. Así nació Les Temps Modernes; en el comité de redacción, Aron, Paulhan, Ollivier, Merleau-Ponty, Sartre y Beauvoir (no Camus, que estaba en Combat). Maqueta sobria, letras rojas y negras sobre fondo blanco, el título era un brindis al sol de las aficiones chaplinescas de Sartre. Y dos directores: el titular, que firmaba en la primera página, Sartre, y el director político y redactor jefe, Merleau-Ponty. Muchos editoriales escritos por este último le serían atribuidos con frecuencia a Sartre. En su primer número, Les Temps Modernes contaba con una presentación escrita por Sartre, que sentaría la filosofía de la revista a favor del compromiso político del intelectual: “Puesto que el escritor no tiene medio alguno de evadirse, queremos que abrace estrechamente su época; es la única oportunidad; está hecha para él y él está hecho para ella... No queremos escapar de nada de nuestro tiempo; quizá los haya más bellos, pero éste es el nuestro; no tenemos más que esta vida para vivir, en medio de esta guerra, quizá de esta revolución. Nuestra intención es contribuir a la producción de ciertos cambios en la sociedad que nos rodea”.

La mayor parte de las fuerzas vitales francesas apoyó el nacimiento de Les Temps. Ya hemos hablado de la excepción de Camus. Pero no fue la única. El escritor André Gide, desengañado de la Unión Soviética, reaccionó muy críticamente: “El manifiesto de Les Temps Modernes es inquietante. Espero que después de la literatura lo veremos comprometer a la pintura y a la música”. Este grupo de intelectuales y la revista intentaron responder a una de las grandes cuestiones del momento: ¿podían los intelectuales independientes trabajar en armonía con el Partido Comunista sin subordinarse a él?

Durante casi un lustro no hubo problemas. Pero en enero de 1950 Merleu-Ponty publica un editorial en el que denuncia los campos de concentración soviéticos, estimando que se hallaban prisioneros en ellos 15 millones de personas; no podía haber socialismo “cuando de cada 20 ciudadanos, uno (estaba) en los campos”; esos campos de concentración eran “más criminales que los otros, puesto que traicionan a la revolución”. Pese a ello, el editorial establecía que había diferencias fundamentales entre el comunismo y el nazismo.

A partir de ese momento, las relaciones entre los dos directores comienzan a tener problemas: mientras Sartre se acerca al comunismo como compañero de viaje, Merleu va adoptando posiciones más apolíticas hasta aceptar una cátedra de filosofía y dejar la revista.

En medio se produce la gran ruptura que reflejan las tres cartas inéditas citadas. En 1952, Sartre escribe Los comunistas y la paz, en donde mantiene que hay que defender al Partido Comunista siempre que sea atacado. La redacción se divide, Sartre asume de hecho la dirección de la revista y prohíbe a Merleau-Ponty publicar un artículo de réplica en el que pretende explicar su posición política. Como consecuencia de esta censura, Merleau rompe con Sartre y nunca más volverá a escribir en la revista que él inventó.

En la primera carta, Sartre critica que Merleu quiera alejarse de la política y quedarse en la filosofía: “Te reprocho que hayas renunciado en el momento en que es necesario decidir como hombre, como francés, como ciudadano y como intelectual, y ello utilizando la filosofía como coartada... Si tratas de criticar a cualquier otro en nombre de esta actitud, estás haciéndole el juego a los reaccionarios y al anticomunismo”. Y acusa a su compañero: “No nos has acompañado en ninguno de nuestros esfuerzos (Rosenberg, Henry Martin, Indochina, libertades...), luego tampoco veo en nombre de qué tendrían que criticarme desde dentro de nuestro equipo”.

La respuesta de Merleau fija limpiamente otros criterios sobre el compromiso: “El compromiso a partir de cada acontecimiento tomado por separado se convierte, en épocas de tensión, en un sistema de mala fe. Hay acontecimientos que permiten, o mejor exigen, que los juzguemos inmediatamente y en sí mismos: la condena y ejecución de los Rosenberg, por ejemplo; pero la mayoría de las veces, el acontecimiento no puede ser entendido sino en el conjunto de una política que modifica su sentido, y sería artificioso e interesado provocar el juicio sobre cada punto de una política, en vez de considerarla en su continuidad y en relación con la política del adversario; aquello permitiría hacer tragar poco a poco lo que no sería aceptado en bloque o, por el contrario, convertir en odioso, a fuerza de pequeños sucesos verdaderos, lo que, visto en conjunto, pertenece a la lógica del combate. Tú y yo hemos admitido que ésta era la artimaña inadmisible del anticomunismo, y también la artimaña de la política comunista”.

La tercera carta de Sartre a Merleau-Ponty es definitiva: “Yo me he lanzado a una empresa; con razón o sin ella me gustaría, en la medida de mis posibilidades, incitar a los intelectuales a formar una izquierda aliada al comunismo. Explotada por la derecha, tu actitud influye necesariamente sobre esos intelectuales que te ven como un freno”.

Sartre se mantuvo en sus trece y llegó a decir: “Hasta nueva orden, el partido representa a mis ojos el proletariado..., es imposible adoptar una posición anticomunista sin ponerse en contra del proletariado”. Irritado por el antiestalinismo reciente de Merleau-Ponty, no volvió a acordarse de él hasta la muerte de este último en 1961. Entonces escribió (Merleau-Ponty vivant): “¡Cuántos amigos he perdido que siguen viviendo! No por culpa de nadie; eran ellos, era yo; los acontecimientos nos hicieron y nos acercaron. Y Merleau-Ponty, lo sé, no decía otra cosa cuando pensaba en las personas que aparecieron y desaparecieron en su vida. Sin embargo, a mí nunca me perdió; tuvo que morir para que yo le perdiera. Éramos iguales, amigos, no semejantes: lo comprendimos enseguida y nuestros desacuerdos nos divirtieron al principio; y luego, hacia 1950, el barómetro bajó; brisa favorable sobre Europa y sobre el mundo; a nosotros el oleaje nos golpeaba cráneo con cráneo, y un instante después nos proyectaba a las antípodas del otro”.

El FMI en el nuevo desorden internacional

(16 de octubre de 1994)

Las instituciones económicas multilaterales creadas en Bretton Woods tuvieron un papel importante después de la II Guerra Mundial. Conforme la economía se ha globalizado, algunas de ellas se han quedado averiadas; y su objeto social, impreciso. Y sin embargo, discutir sus argumentarios, polemizar acerca de sus puntos de vista, interrogarse acerca de sus datos o sus acciones arroja a quien lo hace fuera de la academia. Sus críticos, tengan o no razón, son considerados dinosaurios ideológicos. Las propuestas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, han sido muchas veces devastadoras para algunas economías nacionales, al no tener en cuenta la idiosincrasia de las mismas. Las recetas del FMI han sido las mismas para Bolivia que para Rusia, para Nicaragua que para Polonia, lo que ha generado tensiones políticas que la ortodoxia económica ha despreciado con un paternalismo miope. Su actual director, el francés Michel Camdessus, ha iniciado un leve giro hacia la reforma del FMI, con el objeto de que recupere efectividad.

Una vez terminada la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) se han multiplicado las opiniones avergonzadas por el tratamiento que ha tenido. Ideas tercermundistas (las de los medios de comunicación), espectáculo bochornoso (el de Greenpeace, el Foro Alternativo y los acampados del 0,7%), reacción analfabeta (la del Gobierno ante la interferencia sobre las pensiones), izquierda montaraz y nostálgica (los críticos sindicales o partidarios), son varios de los calificativos utilizados por los defensores del FMI. Algunos de ellos, sinceros conocedores de lo que hablan y, por tanto, con su razón dialéctica por delante, pero otros —los más— situados en una estratosfera ideológica mucho más merecedora, a su vez, de los epítetos citados al principio.

El hecho es que cuando las asambleas del FMI se celebran fuera de EE UU (uno de cada tres años, por lo que forman parte del paisaje norteamericano y no despiertan mayor atención), siempre generan reacciones críticas aunque minoritarias, agresivamente politizadas, a veces no pacíficas, ya que los sacrificios que pide el Fondo no suelen ser agradables. Por el contrario, los acampados del 0,7% o el Foro Alternativo han discutido sin exasperación sus propuestas y su actitud ha interesado a muchos ciudadanos, lo que habla de su dignidad.

Otra imagen que de estos colectivos se ha pretendido dar es que son tan sólo jóvenes idealistas con muy buena intención —¿en el fondo manipulados?— pero que no conocen cuáles son las auténticas causas científicas de la pobreza y de las relaciones Norte-Sur. Olvidan los paternalistas que así se expresan que la proposición de dedicar un 0,7% del PIB a la ayuda al desarrollo no forma parte de ninguna utopía inalcanzable (hay países que ya la aplican), que surgió de un organismo tan poco idealista como la ONU, y que los comanches se han limitado a reivindicar lo aprobado y a recordar las promesas incumplidas.

Ese “idealismo” no implica olvidar algo tan obvio como que la ayuda al desarrollo debe ser fiscalizada para que las élites corruptas de los países subdesarrollados no la sustraigan; que para que esa ayuda sea tal debe llegar a quien realmente la necesita y no convertirse en una transferencia de riqueza de las clases medias del Norte a las clases ricas de los países del Sur.

Que el papel del FMI no debe ser dado por bueno sin discusión lo demuestra lo que está pasando en Rusia. A partir de 1992, 15 nuevos países del territorio de la extinta URSS ingresaron en el FMI. Su disciplina les exigía a la vez reformas estructurales (privatizar empresas, reestructurar los impuestos, el comercio exterior, los precios, el sistema cambiario) y coyunturales (reducir el déficit fiscal, combatir la inflación, controlar el crecimiento del dinero y del crédito...).

Se les pedía que funcionase el mercado en una situación en la que apenas se estaba iniciando la transición a ese mercado. En una coyuntura históricamente nueva, el FMI recetaba las mismas medicinas que siempre. La consecuencia es la desvertebración social, la desestabilización del rublo, el incremento de los precios y el diktat de las mafias. Un comité de expertos (en el que, por cierto, estaba el hoy ya presidente brasileño, Fernando Enrique Cardoso) advirtió hace tiempo de las consecuencias potencialmente desastrosas de una reforma económica legitimada por el FMI, que desmantelara el sistema de protección social, sin instrumentos políticos para gestionar las tensiones resultantes. Pero el FMI, que es la voz de la ortodoxia económica, ha demostrado más de una vez que es analfabeto político.

El triunfo de las sociedades grises

(30 de octubre de 1994)

La complejidad de las sociedades contemporáneas es tal que en su seno brotan fenómenos difíciles de describir o de controlar. Se aprovechan los intersticios legales para fecundar realidades ajenas a las reglas del juego, que simplemente no sirven. Cuando los poderes públicos legislan, las zonas grises ya están buscando instrumentos para escaparse de las nuevas normas. Tal es el caso de la economía sumergida, que en muchos países supone alrededor de una cuarta parte de su producto nacional; o de las mafias económicas, siempre en el límite de lo alegal. Las formas tradicionales de control no valen para aflorar esta realidad, que fomenta la corrupción —fuera del sistema— pero también la especulación, que es parte del mismo. Cuando en una sociedad surge un fenómeno especulativo potente hay una especie de amnesia colectiva que olvida los precedentes y las formulaciones para combatirlos.

¿Supondrá la cultura del pelotazo para el capitalismo lo que el estalinismo encarnó para la ideología socialista? Es decir, ¿su límite infranqueable, a partir del cual el sistema entra en quiebra y en fase de ilegitimación? Esta eterna pregunta —si la especulación forma parte del capitalismo o es una excrecencia del mismo— vuelve a tomar actualidad en España con los acontecimientos de los últimos meses, en los que los dos personajes más característicos de esa especulación, Mario Conde y Javier de la Rosa, y sus respectivos negocios, han entrado en dificultades, arrastrando tras ellos a mucha gente.

La aparatosidad de la caída de Conde y De la Rosa ha hecho que se confunda la parte con el todo y que se considere la especulación como sinónimo de delito o de irregularidad, cuando no siempre es así. Ambos ciudadanos encarnan el paradigma del pelotazo, pero también otros muchos como ellos, de los que no se habla o no han tenido problemas con la justicia o con la autoridad monetaria. La cultura del pelotazo ha existido desde que nació el capitalismo, allá por el siglo XVII, y desde entonces los episodios especulativos se repiten permanentemente. Hasta el punto de que la especulación se debe considerar connatural a la economía de mercado.

Muchos economistas lo han demostrado. El norteamericano John Kenneth Galbraith (sin duda el mejor publicista contemporáneo de la economía, lo que no significa el más científico) ha dedicado buena parte de su obra a hacer astillas la tesis de que los escándalos y las crisis financieras son anormalidades del capitalismo; para Galbraith, la especulación, la cultura del pelotazo, son parte del corazón mismo del sistema; son una heterodoxia permitida e incluso estimulada en determinados periodos de la historia. George Soros no es una excepción. Por ello, la economía de mercado lleva en su seno la semilla de su deterioro recurrente. No enfrentarse a este fenómeno significa errar en el análisis. “En esto consiste la fe clásica”, escribe Galbraith en su Breve historia de la euforia financiera, “existe la necesidad de encontrar alguna causa del hundimiento, pero alejada o externa al mercado en sí”.

Primer ejemplo que pone: la Bolsa moderna nació en Amsterdam a principios del siglo XVII y allí se dio la primera explosión especuladora conocida: “No la desataron las ofertas bursátiles ni los bienes inmuebles, ni, como cabría esperar, las soberbias pinturas holandesas: el objeto de la especulación fueron los bulbos de tulipanes, y en los últimos 350 años el fenómeno se ha conocido por su propio nombre: la tulipomanía”. Por aquel entonces, la atención se concentró en la propiedad de esas flores, lo que multiplicó su precio, que subía y subía ilimitadamente, hasta la extravagancia; en el año 1636, un bulbo de tulipán podía cambiarse “por un carruaje nuevo, dos caballos tordos y un arnés completo”. Nadie sabe por qué, meses después, los más inquietos de los coleccionistas empezaron a abandonar la moda de los tulipanes; cada vez con más velocidad la carrera para vender se transformó en pánico y los precios cayeron hasta llegar casi a cero. Los menos espabilados se arruinaron.

Desde entonces, los episodios especulativos se han sucedido en ciclos de distinta intensidad y frecuencia. En todos ellos se da una increíble amnesia respecto a sus precedentes: la aparición de instrumentos de innovación financiera, con aire de novedosos, pero siempre basados en el fenómeno del apalancamiento (los bienes que respaldan al dinero son minúsculos y evanescentes); y la segura atribución de la catástrofe, tras la euforia, a elementos externos al propio mercado.

A partir de los años ochenta asistimos a un nuevo ciclo especulativo casi constante en el mundo. ¿Cuáles son las razones? Hay una que destaca por encima de las demás: la hegemonía de los mercados financieros. Menos del 5% de los intercambios monetarios corresponden a la cobertura del comercio de mercancías o servicios; determinados por el juego de su propia lógica, los mercados financieros tienen un único y exclusivo fin: el beneficio. Lo que sería normal en una economía de mercado si no se tratase de un beneficio especial: aquel que no tiene contrapartida real alguna, y que nace, crece o se diluye por la simple conjunción, acertada o negativa, entre la opinión de cada intermediario y la opinión del mercado que fabrican entre todos ellos juntos.

El sociólogo francés Alain Minc (La nueva Edad Media) ha estudiado las causas contemporáneas de la multiplicación de la cultura del pelotazo:

— La liberalización de los mercados y la explosión de las finanzas, que han llevado al dinero a impregnar, mucho más que antes, al conjunto de las actividades económicas.

— El individualismo, que ha empujado a las personas a hacer prevalecer sus intereses por encima de todo.

— El hundimiento de las grandes instituciones (el Estado, las iglesias, los partidos, los sindicatos...), que destilaban una moral tradicional según la cual el dinero era un mal menor o un pecado.

— La influencia del modelo cultural americano, del que hemos copiado la adoración del dinero, dejando de lado los contrapesos morales y religiosos propios del protestantismo anglosajón.

— La desaparición de la lucha de clases y de los conflictos sociales, que han cedido su lugar al mimetismo entre categorías profesionales, al deseo de imitación y, por tanto, a las cada vez más acuciantes necesidades financieras para satisfacerlo.

— La aparición de personajes emblemáticos, deshonestos y tramposos.

— El paso casi natural del culto a la empresa al gusto por los beneficios, y de este último al enriquecimiento personal.

— El sentimiento de impunidad por el clima social.

Ha llegado la hora de distinguir los fenómenos de especulación clásicos, todo lo irregulares que se quiera desde el punto de vista de lo moral o de la denominada economía productiva, pero lícitos desde la coherencia del sistema, de aquellos otros que protagonizan las modernas mafias de cuello blanco que se están extendiendo por todo el mundo. Estas mafias no son un arcaísmo en vías de extinción, sino una forma social en plena expansión (que no predijo Marx), que actúa aprovechando las innumerables zonas grises del planeta. Escribe Minc: “El gris avanza por todas partes, en los territorios, en las sociedades y en las realidades virtuales, por ejemplo, el mundo financiero, estableciendo unas distinciones cada vez más tenues entre lo permitido y lo prohibido, entre lo moral y lo inmoral, entre la autoridad legítima y los poderes ilegales, entre lo oficial y lo oficioso... Las instituciones permanecen ajenas a esta conmoción. No se dan cuenta de que, a escala mundial, son ya minoritarias y que, incluso en Occidente, se les escapa y no controlan una parte cada vez mayor de la sociedad. Por mucho que el Estado quiera mostrarse puntilloso y omnipresente, la verdad es que está en retroceso. Pierde terreno en todas sus funciones sociales y represivas, incapaz de enmarcar una realidad que vuelve las reglas de funcionamiento más primarias y elementales. Las normas jurídicas parecen en pleno crecimiento, pero en realidad sólo sostienen el funcionamiento de la sociedad oficial. Los procedimientos sociales parecen cada vez más completos, pero cada día se les escapan nuevas capas sociales. La represión pretende hacer frente a las normas de delincuencia más sofisticadas, pero tienen que cohabitar con una ilegalidad en franca expansión”.

En España, en los casos de Conde y De la Rosa hay cultura del pelotazo, pero se mezclan algunos elementos peculiares de otra cultura: la de la mafia económica. La obsesión por utilizar los instrumentos de seguridad más sofisticados para el chantaje; las escuchas telefónicas; los dossiers; el seguimiento de personas; el uso de los medios de comunicación y de los periodistas para la filtración interesada de rumores o medias verdades, incluyendo para ello la compra de medios o mediadores; la invasión de los ámbitos de la intimidad de las personas; la información privilegiada; la connivencia con sectores del poder político; la anulación de la competencia, etcétera. Es decir, si se demostrase, el delito.

Si el Estado contemporáneo no da respuesta a estos problemas, si ejerce tan sólo su autoridad en la detención de delincuentes comunes, pero no en el esclarecimiento global de escándalos como Banesto, KIO y otros muchos, la legitimidad de la economía de mercado se cercenará y seguirán extendiéndose, al margen, las zonas grises. Todo el mundo aspirará a instalarse en una zona gris, en la que puedan camuflarse los intereses, los impuestos, la contabilidad, las comisiones, los testaferros, los accionistas, los abogados y hasta la razón social de las empresas. Una sociedad dual por arriba, en la que las normas son tan difusas como para poder obviarlas.

En el prólogo de la edición española del libro citado, correspondiente al año 1991, Galbraith advierte de forma específica a los ciudadanos españoles “contra la posibilidad de convertirse en víctimas de la más ineludiblemente cierta de las aberraciones del capitalismo: la emoción generada por los, en apariencia, nuevos instrumentos financieros y por el presunto genio de sus artífices. Unos y otros desencadenan la seductora dinámica de la especulación, dinámica que, hasta el día del inevitable desencanto, parece venir justificada por la perspectiva del enriquecimiento personal”.

Lo que estamos viviendo ¿se trata de un momento de ofuscación del sistema o de una orientación irreversible del mismo? Si a la especulación se le suman los procedimientos de las zonas grises que se expanden y la corrupción que une a una parte del poder político con elementos del poder económico, el sistema capitalista habrá entrado en su ilegitimación permanente, y su sujeto histórico será la mafia.

Los coreanos se trasladan al Reino Unido

(9 de noviembre de 1994)

El capitalismo está lleno de paradojas. Una de ellas tiene que ver con la deslocalización, ese fenómeno moderno por el cual determinadas empresas que operan en los países ricos se trasladan a zonas más deprimidas en busca de salarios bajos, niveles de protección social débiles, menores cargas financieras o un sistema fiscal poco maduro. La paradoja se da cuando empresas de estos úl-timos países vienen a los primeros en busca de un coste de oportunidad que no se da en los países emergentes. Es decir, cuando son los coreanos los que se desplazan a Gran Bretaña buscando la excelencia de su aparato productivo. Lo cual demuestra una cosa: en este final de siglo, todos somos susceptibles de ser deslocalizados.

El traslado, hace más de un año, de la empresa fabricante de aspiradoras Hoover desde el sur de Francia a Escocia, para aprovechar los menores salarios, un mayor horario laboral y el compromiso de paz social con los sindicatos, levantó ampollas en Europa. Francia esgrimió la excepcionalidad del Reino Unido en materia social para protestar por el dumping social de sus socios. Aquello planteó abiertamente el fenómeno de la deslocalización (instalación de industrias o servicios en lugares distintos de su sede social para conseguir condiciones más ventajosas: menos impuestos, mano de obra más barata y exenta de protección, cargas financieras disminuidas, etcétera) como uno de los ejes de la política industrial moderna.

El caso Hoover llamó la atención por tratarse del traslado de una fábrica de un país desarrollado a otro. Pero la deslocalización desde el mundo industrializado hacia el Tercer Mundo o los países del Este es una norma, no una excepción, incluso dentro de los sectores públicos, que, por su propia naturaleza, deberían ser más patriotas.

Ahora se anuncia un nuevo ejemplo: el del grupo siderúrgico vasco Marcial Ucín (presidido por Jesús Guibert, un antiguo secuestrado de ETA), que construirá una acería en Bayona (Francia) para aprovechar la cesión gratuita del terreno en el que se instalará y un precio de la electricidad y de la materia prima más baratos en Francia que en España. Lo significativo del asunto es la deslocalización desde un país menos desarrollado a otro más desarrollado, lo que indica un problema de costes muy serio para nuestro país.

Pero tampoco este ejemplo es nuevo. Hace varias jornadas, el diario económico Cinco Días reproducía un artículo de The Wall Street Journal Europe verdaderamente llamativo, titulado “Los tigres asiáticos merodean en Europa”. En él se decía lo siguiente: una multinacional del sector manufacturero de un país industrial, harta de los altos costes salariales y la fuerza sindical, decide desplazarse a un país lejano donde hay mano de obra barata y sindicatos débiles.

Hasta aquí, todo normal. Pero es que, en este caso, el país de altos salarios es Corea del Sur, y la empresa manufacturera en busca de costes baratos, una sociedad coreana; el país lejano es el Reino Unido, donde los costes laborales han caído y los sindicatos han perdido su pujanza tradicional.

Según el diario citado, Samsung, grupo coreano, manifestó su intención, a mediados de octubre pasado, de invertir 70 millones de libras (casi 15.000 millones de pesetas) en una nueva planta situada en el Reino Unido. Samsung ha descubierto que los costes laborales en el Reino Unido y en Corea del Sur son más o menos iguales. “Dentro de dos o tres años, Corea será más cara”, señala un directivo de la empresa. En ese país y en Taiwan hay una creciente insuficiencia de mano de obra, lo que ha provocado un fuerte aumento de los salarios reales.

Por ello, la deslocalización aún no ha mostrado todos sus perfiles, y dará sorpresas como estas de las que estamos siendo testigos. ¿No es otro ejemplo de deslocalización fallida, instrumentada esta vez a través de subvenciones, la política industrial aplicada por el gobierno conservador de Castilla y León?

Cuando los gigantes bufan

(15 de febrero de 1995)

Hay países que sin pertenecer al G-7 (grupo de los siete países más ricos del mundo) son capaces de producir tensiones en el mundo, si padecen algún tipo de crisis. Alguien dijo, refiriéndose a otra etapa industrial, que cuando General Motors tosía, Estados Unidos se constipaba; la analogía puede valer hoy para países como México, Brasil, China o India. La demostración empírica se tuvo en diciembre de 1994, cuando México entró en dificultades económicas y el efecto tequila (el contagio de las mismas) se trasladó, primero al resto de la América Latina y luego a otras zonas del mundo muy distanciadas geográfica o económicamente. Hasta el punto de que Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional, definió el fin del milagro mexicano como “la primera crisis de un mundo globalizado”. Desde entonces, cuando las tensiones económicas afectan a una zona, el mundo entero permanece atento. En el verano de 1997, los denominados tigres asiáticos, sin motivo aparente, empiezan a sufrir depreciaciones de sus monedas locales y bajadas espectaculares de sus bolsas de valores; los analistas rezan para que las fichas de dominó no se caigan.

De vez en cuando, los movimientos de países periféricos en el concierto mundial pero grandes en su importancia política, económica o cultural hacen temblar los cimientos del orden establecido. Sus reequilibrios, o simplemente sus debilidades, son síntomas de alarma o de atención respecto a lo que a continuación va a suceder en la región en la que están instalados y, en última instancia, en el resto del planeta.

A principios de este año hubo cambios políticos en los dos gigantes latinoamericanos, Brasil y México, y aunque su evolución ha sido distinta, ambos casos requieren una reflexión no exclusivamente regional. Se han globalizado tanto los problemas que cuando el peso mexicano tose, los pulmones de alguien reverberan, por ejemplo, en Estocolmo; éste es el efecto tequila del que llevamos oyendo hablar varias semanas.

¿Cuál era la situación de América Latina a finales del año pasado? En el terreno económico, y con la excepción de Venezuela, casi todo iba a mejor: muchas posibilidades de un crecimiento real sostenido; inflación controlada y a la baja; entrada de divisas y de inversión extranjera (y no sólo financiera y especulativa); aceleración de la apertura económica y de la regionalización, con la puesta en marcha del Mercosur y del Tratado del Libre Comercio; deuda externa, aunque creciente, domeñada; etcétera.

Tan significativo como el económico era el clima político. Hartos de populismos de uno y otro signo, los latinoamericanos se han ido dotando de un consenso sobre qué hacer y cómo gobernar. Consenso entre la derecha, la izquierda y el centro sobre la necesidad de ampliar la apertura exterior y el flujo de inversiones, pero también de atacar con reformas estructurales las manifestaciones más nítidas de extrema riqueza y extrema pobreza y de financiar programas sociales. El problema surge cuando el péndulo se inclina sólo sobre la primera parte del consenso.

Alguien ha dicho que tan valiosa como la victoria de Fernando Cardoso en Brasil era la identidad en el diagnóstico de la situación entre el nuevo presidente y el izquierdista Lula, aspirante alternativo a la presidencia. En el análisis que cada ejercicio hace The Economist sobre América Latina, este año se destacaba el apoyo unánime de los gobernantes a la política económica vigente, lo que implica una gran certidumbre para las inversiones a largo plazo. Nadie se atreverá a desafiar este apoyo, aunque los dirigentes de cualquier país (en los próximos meses se celebrarán elecciones en Argentina y Perú) variasen de ideología política.

La excepción la representaba la sublevación indigenista de Chiapas (México), que supuso la inesperada reaparición del fantasma guerrillero de los años sesenta y setenta. Chiapas rompió ese consenso continental (del que Cuba está marginada) e hizo temblar los cimientos del sistema político mexicano. Sus demandas nacionalizadoras y antisistema, contra el hambre en primera instancia pero también contra la corrupción política del PRI, fueron legitimadas por la decisión de los dos últimos presidentes de negociarlas. En el horizonte de finales de 1994 no se contemplaba una guerra de fronteras entre Ecuador y Perú.

Con el inicio del nuevo sexenio mexicano y la sustitución de Salinas de Gortari por Ernesto Zedillo, el milagro económico se vino abajo; en tan sólo una semana el peso se devaluó un 60% y arrastró, con sus sospechas de fragilidad, al resto de las economías emergentes de la zona. En México, las devaluaciones llevan siempre consigo una carga psicológica de desastre que se detecta en la calle; el mismo país que tan sólo tres meses antes era el buque insignia de la modernización en América Latina está hoy dominado por la incertidumbre y la falta de liderazgo; y los tecnócratas educados en Estados Unidos, que implantaron el sueño mexicano, ocupan hoy la primera fila de las manifestaciones populares, retratados como forajidos bajo la leyenda de “se busca”.

En menos de un mes se ha producido la flotación del peso, su devaluación, el hundimiento de la Bolsa, el desplome de las acciones mexicanas de Nueva York, la cólera de los empresarios endeudados en dólares, las alzas continuas de precios, el desbaratamiento de las previsiones económicas, las durísimas críticas de los inversores internacionales sobre el manejo que el equipo económico de Zedillo hizo de la crisis y, por último, el ataque a las posiciones de los zapatistas, que puede suponer el inicio de una soterrada guerra de guerrillas. Todo ha cambiado de sitio y los aplausos han venido en crispación.

Un país tan nacionalista como México ha asistido resignado a la constatación pública de su dependencia directa de Estados Unidos (¡Viva Clinton!, titulaba a toda página uno de los periódicos más populares cuando se conoció el rescate financiero de EE UU). El escritor Héctor Aguilar Camín resumía del siguiente modo el fracaso de las expectativas: “Se han disparado todas las demandas sociales a la vez, aunque sean contradictorias: orden y democracia; control político y libertades irrestrictas; soberanía y salvamento económico de Estados Unidos; baja inflación y buenos salarios; subsidios y austeridad fiscal; legalidad electoral y arreglos poselectorales; autoridad y tolerancia; paz y guerra. En suma, una mezcla de presidencialismo autoritario de ayer y presidencialismo democrático de mañana, por cuyas rendijas asoma sólo el vacío presidencial de hoy”.

El vector contrario a la desesperanza mexicana se ha puesto en marcha en Brasil. La presencia de Fernando Cardoso, del Partido Socialdemócrata Brasileño, en la presidencia brasileña ha despertado ilusiones semejantes a las que representó Felipe González en 1982. El sociólogo que hace décadas levantó las banderas de la izquierda más tradicional, aquel con el que llegan al poder muchos de los perseguidos y exiliados por la cruel dictadura militar que gobernó en Brasil durante más de dos décadas, declaró nada más tomar posesión que hay que “librarse de los viejos dilemas ideológicos”, ante los cambios que se han producido en el mundo.

Cardoso fue uno de los principales defensores de la teoría de la dependencia, por la que se explicaba que la manera en que un país está integrado en el sistema capitalista mundial era la causa fundamental de sus dificultades a la hora de alcanzar el desarrollo sostenido y el bienestar de los ciudadanos. Con estos mimbres y sus libros, Cardoso alentó en todo el continente el nacionalismo económico y el crecimiento, casi sin límites, del Estado. El resultado es conocido: América Latina perdió muchas posiciones en el proceso de desarrollo.

Ahora, el presidente brasileño ha ejercido la autocrítica, y considera, por el contrario, que la integración y la participación de un país en el sistema internacional son parte de la solución de sus problemas. “Hoy creemos que el escenario internacional ofrece ventajas para todo el mundo. El juego de suma cero, en el que la ganancia de una parte implica necesariamente una pérdida en la otra, ya está periclitado”.

Tanto en México como en Brasil, a pesar de estar en coyunturas diferentes; tanto en la pasada autarquía basada en la sustitución de importaciones como en la actual apertura centrada en los intercambios de personas, mercancías y finanzas, hay problemas que no se han arreglado. El principal es el de la extrema pobreza, el de la falsa modernización de escaparate, el de la marginación de amplias capas de la sociedad. Las últimas décadas, pese a los avances obtenidos, han sido testigo de mayores desigualdades; incluso en los países desarrollados. El teórico acuerdo obtenido sobre la base de que el crecimiento sostenido a largo plazo no es compatible con grados insuperables de injusticia social aplaza siempre su aplicación a mejor momento.

El cambio social no será fácil ni en México ni en Brasil, porque para atender a la parte de la población que vive en condiciones miserables habrá que afectar a los intereses de los más poderosos. De vez en cuando los gigantes bufan; sólo entonces se recuerda que las dos partes del consenso son igualmente necesarias. Chiapas es el último ejemplo.

La naturaleza y la sociedad “madrastras”

(23 de febrero de 1995)

La vida del filósofo italiano Norberto Bobbio coincide casi exactamente con el transcurso del siglo XX. Una de sus últimas reflexiones —antes de que profundizase, quizá testamentariamente, en la senectud y la vejez— ha sido la de preguntarse si en los albores de un nuevo milenio tiene sentido seguir reclamándose de la izquierda o de la derecha políticas, como distintos modos de interpretar el mundo. Su respuesta, desde la izquierda (Bobbio siempre ha dado a la izquierda una connotación positiva), ha sido que sí, que permanece el sentido de esa división, alrededor del concepto de la igualdad: la izquierda es más igualitaria que la derecha. Ello refuerza la tesis de quienes defienden que los que ya no hacen distingos entre izquierda y derecha provienen del campo de la última. El filófoso italiano introduce otra díada en la interpretación de la existencia: la que diferencia a los conservadores de los radicales, alrededor del concepto de la libertad. De la conjunción de la igualdad y la libertad surge un mapa ideológico complejo.

A punto de entrar en un nuevo siglo, ¿tiene sentido seguir utilizando los conceptos ideológicos, ya clásicos, de derecha e izquierda para identificar distintas formas de interpretar el mundo? Existen los que afirman que derecha e izquierda son ya nombres sin sujeto, y que no vale la pena mantenerlos con vida si no es para hacer arqueología política; y están los que consideran que la díada derecha-izquierda sigue siendo perfectamente válida y ensayan permanentemente criterios para definirla y adaptarla a los tiempos que corren, sobre todo tras la caída del muro de Berlín.

Entre los últimos se encuentra Norberto Bobbio, uno de los pensadores políticos más importantes de este siglo. Senador vitalicio nombrado por el presidente italiano Sandro Pertini, Bobbio escribió el pasado año el libro Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política para dar a conocer sus puntos de vista sobre el asunto.

Conviene desarrollar, en primer lugar, la personalidad de Bobbio y el modo en que se aproxima a la realidad. “El transcurso de mi vida (tiene 85 años) coincide en gran parte con el periodo histórico que ha sido denominado, con razón o sin ella, de la guerra civil europea. Es el periodo que comienza con la profecía del ocaso de Occidente y termina con la victoria triunfal de la mayor potencia occidental y con la declaración, precipitada, del fin de la historia”, escribe en su Autobiografía intelectual. Testigo, pues, del siglo XX, ejemplo de una cultura militante desde el antifascismo activo, acérrimo defensor del socialismo liberal y democrático, Bobbio siembra en toda su obra teórico-política (hay otro Bobbio aún más singular, el de la Filosofía del Derecho) su desconfianza hacia una política demasiado ideologizada, de la que este texto que ahora aparece —considerado por Vázquez Montalbán como “obra casi testamentaria”. ¡Ojalá no!— es un ejemplo bien representativo.

No hay dudas sobre la posición del italiano: “Siempre he dado al término izquierda una connotación positiva, incluso ahora que está siendo cada vez más atacada, y al término derecha una connotación negativa, a pesar de estar hoy ampliamente revalorizada”. A su juicio, permanece la díada, nacida al menos hace dos siglos y que designa el contraste de las ideologías y de los movimientos en que está dividido el universo; pese a una especie de sociedad ambidextra que algunos quieren designar, hay relaciones de antagonismo entre partes contrapuestas (partidos, grupos de intereses, facciones, pueblos, relaciones internacionales, naciones, ciudadanos...) que representan a ambos términos ideológicos.

El centro de su pensamiento en este punto, el concepto central de la díada, es el de la igualdad: aquellos que se declaran de izquierdas dan mayor importancia en su conducta moral y en su iniciativa política (al menos teóricamente) a lo que convierte a los hombres en iguales, o a las formas de atenuar los factores de desigualdad; los que se reivindican de la derecha están convencidos de que las desigualdades son un dato objetivo de la realidad, por lo que es inútil desear su eliminación. El igualitario, escribe Bobbio, parte de la convicción de que la mayor parte de las desigualdades que lo indignan y querría hacer desaparecer son sociales, y, como tales, eliminables; los no igualitarios, en cambio, se basan en lo opuesto, en que las desigualdades son naturales, y, como tales, ineliminables. “Al lado de la naturaleza madrastra está también la sociedad madrastra”.

Esta igualdad se asume no como la utopía de una sociedad donde todos los individuos sean iguales en todo, sino como la tendencia a convertir en más iguales a los desiguales. El intelectual destaca, y no es precisamente un asunto menor, cómo en el discurso hegemónico ya no se contempla lo que se consideró el mayor obstáculo a la igualdad: la propiedad individual, el “terrible derecho”, que ha pasado a mejor vida con el socialismo realmente existente.

Norberto Bobbio también introduce otra díada, que ya no está referida al término igualdad, sino al de libertad: la de moderación versus extremismo. Él es un moderado para el que el ideal de libertad no sirve para distinguir a la izquierda de la derecha, pues existen doctrinas y grupos libertarios y autoritarios de uno y otro signo.

De la conjunción de la igualdad y la libertad nace un mapa ideológico con cuatro categorías: la extrema izquierda —el jacobinismo— compuesta por movimientos y doctrinas a la vez igualitarios y autoritarios; el centro-izquierda —el socialismo liberal y la socialdemocracia—, de movimientos e ideologías liberales y a la vez igualitarias; el centro-derecha —partidos conservadores que son fieles al método democrático, pero que se detienen en la igualdad ante la ley, que implica únicamente el deber por parte del juez de aplicar las leyes de una manera imparcial—, de movimientos e ideas liberales y a la vez desigualitarias; y, por último, la extrema derecha —fascismo, nazismo—, de movimientos y doctrinas antiliberales y antiigualitarias.

Estas conceptualizaciones y la división ideológica propuesta han dado lugar en Italia a una soberbia polémica que convendría trasladar a nuestro país. Este es el valor principal de Derecha e izquierda... En palabras de Bobbio: “Nunca como en este periodo de transición la cultura de derechas suscita curiosidad e interés también por parte de quien no es de derechas. Todos aquellos que han participado en este debate, y son muchos, parecen no tener dudas sobre el hecho de que derecha e izquierda no son ‘cajas vacías’. ¿Y entonces? ¿Son todos discursos insensatos? Desde luego, no es insensato el discurso, con el cual me gusta cerrar esta renovada invitación a la discusión, de quien encuentra en el iluminismo pesimista aquella actitud que, aunque capaz de recoger las voces de la literatura pesimista, no se deja aturdir”.

El capitalismo sin reglas

(11 de abril de 1995)

Las reglas del juego conocidas dentro de la economía de mercado están desapareciendo y son sustituidas, cada vez más... por nada. Emerge la mercadolatría, una especie de metafísica económica que absolutiza el mercado como panacea de todos los problemas. La economía virtual (la financiera) sustituye a la economía real. Los mercados de capitales, definidos como los más eficientes en la asignación de recursos, son capaces, en 24 horas, de abandonar un país dejándolo en la ruina (México, primer trimestre de 1995) o de inundar otro, modificando los fundamentos de su economía. Los Gobiernos se sienten incapaces de controlar la volatilidad de los mercados, lo que pone en cuestión, en primer lugar, el concepto de soberanía, y en último término, el de democracia. ¿Para qué votar si la política económica de un Gobierno es menos determinante para el bienestar que la acción de un grupo de operadores inidentificados, que actúan como epicentro del terremoto a miles de kilómetros de donde su decisión va a tener efecto? Controlar esos movimientos de capitales parece ser una de las prioridades políticas de los representantes de los ciudadanos.

Las ciencias sociales habían recorrido un largo camino —sobre todo a partir de 1989— hasta asimilar, de modo casi universal, que democracia y mercado eran conceptos no sólo compatibles, sino que uno no se podía explicar sin el otro. Así, la libertad de mercado había devenido en una libertad más sin matices. Lo ocurrido en la economía mundial desde el pasado 20 de diciembre, cuando México devalúa su moneda, pone en cuarentena la pureza de esa reflexión; a partir de esa fecha se desata una formidable especulación monetaria en todo el mundo que desequilibra muchas economías nacionales. Y no sólo en los países vecinos o en otras naciones emergentes, como el sentido común podría indicar, sino en lugares muy alejados de la problemática mexicana.

Cuando inidentificados agentes especulativos hacen temblar las economías nacionales —las más débiles, primero, pero también otras solventes, cuyos fundamentos no justificarían los terremotos financieros que estamos viviendo— ¿hasta dónde tiene sentido la acción de los Gobiernos o las intenciones de los parlamentos? En su reciente Diccionario político, Eduardo Haro Tecglen escribe: “La democracia supone una continua lucha por ampliar el número de participantes en el Gobierno de todos y por fijar las reglas de participación en el Gobierno”. ¿Qué tienen que ver los movimientos espasmódicos de las divisas con esto? O de modo más cercano: ¿Qué sentido tiene discutir, por ejemplo, el programa económico del Partido Popular si al final va a significar menos que lo que George Soros decida sobre el destino de la peseta?

A mediados de los años setenta y principios de los ochenta, las dificultades de muchos países provocaron un nuevo paradigma económico en el que se manifestó el agotamiento de las políticas populistas y proteccionistas que habían conducido a crecimientos espectaculares de los Estados, a enormes déficit públicos y, como consecuencia añadida de la indisciplina en el gasto, a crisis fiscales próximas a la quiebra. Este paradigma condujo al impulso de los mercados como los instrumentos más eficientes de la asignación de recursos y a una serie de reformas: disciplina fiscal y generalización de los impuestos; liberalización del comercio y reorientación de las fuerzas productivas hacia la exportación; tasas de interés positivas y tipos de cambio fijados por el mercado; desregulación de muchas actividades y privatización de empresas públicas; cambio en las prioridades del gasto público, etcétera.

En los casos más extremos, ello generó una suerte de mercadolatría, una especie de metafísica económica que absolutizaba al mercado como panacea de todos los problemas. Y además, como deriva de estas reformas necesarias, durísimos planes de estabilización que en un primer momento aumentaron el desempleo, disminuyeron el consumo y la demanda, cerraron empresas ineficientes y redujeron los salarios reales. Sacrificios imprescindibles para volver luego al equilibrio y competir y, en una segunda fase, aprovechar la bonanza de la recuperación en las economías nacionales.

Éstas eran las reglas de juego. Pero ahora observamos que tampoco sirven. Que no se aplican. Un país puede tener sus fundamentos dentro de una cierta ortodoxia (no hay nadie absolutamente ortodoxo en este campo) y observar, por ejemplo, cómo un par de brokers, unidos por computadora desde remotos lugares, mueven tan inmensas cantidades de dinero en cuestión de segundos que transforman la tendencia creciente de su economía, trabajosamente lograda, en una pendiente descendente.

La economía financiera ha sustituido a la economía real. Los movimientos financieros, además de realizarse en el cortísimo plazo a través de programas informáticos (ya no se precisan los gigantescos patios de operaciones de los bancos tradicionales), tienen como protagonistas a anónimos fondos de inversión o de pensiones que no poseen alma ni cara y que se rigen por su propia coherencia; cantidades enormes de capitales persiguen los tipos a corto plazo por todo el mundo a través de la navegación por las autopistas de la información, en busca de beneficios por transacciones de divisas: menos del 5% de los intercambios monetarios corresponde al comercio de bienes o mercancías. Los mercados financieros tienen un único y exclusivo fin, el beneficio, pero un beneficio atípico: aquel que no lleva contrapartida real alguna. Este sistema es intrínsecamente inestable.

Todo esto no supone que la liberalización de capitales no tenga efectos positivos. Ha sido esa liberalización la que ha hecho posible el flujo de capitales hacia algunos países emergentes —y hacia España—que permite financiar su deuda ante la endeblez del ahorro interno y, en definitiva, el crecimiento de su aparato productivo. Ha sido esa liberalización la que ha permitido la diversificación de las carteras de los inversores hacia circuitos alejados de los centros más poderosos (España, por ejemplo, no suele tener más de un 1% o un 2% de las grandes carteras internacionales). La globalización del capital ha favorecido, en definitiva, a los países en desarrollo. El aumento de flujos financieros hacia los países en desarrollo pasó de 47.000 millones de dólares en 1990 a 173.000 millones en 1994. Y ello motivado por la diversificación de las carteras de inversión y también por la baja de los tipos de interés en Japón, Estados Unidos y Europa, que permitía a los agentes pedir prestado a bajo precio en sus países de origen para invertir en un mercado emergente con la más alta rentabilidad. México ha frenado este sueño.

Al mismo tiempo, la volatilidad de estas inversiones es enorme. Cualquier percepción de incertidumbre cambia la coyuntura; un atisbo de confusión política o social —no necesariamente económica— puede afectar a la valoración que de un país hacen los especuladores internacionales. Un acontecimiento inesperado puede modificar el sentido de los flujos de capital. Cuanto más marginal es una economía en el concierto mundial y, por consiguiente, más dependiente de la inversión exterior, más volátil tiende a ser esta última.

Hay, además, una lección añadida: el primer ciclo de desarrollo en muchos países emergentes se está agotando. Caracterizado por economías que podían despegar sin necesidad de profundas transformaciones en sus instituciones, las desigualdades sociales extremas, el retraso en la apertura política y la debilidad financiera se harán más evidentes, provocando crisis e inestabilidad.

¿Existe algún modo de corregir los efectos más perversos de este capitalismo de casino, sin reglas del juego? Estableciendo algunas sin volver a la autarquía. No parece tener sentido la libertad total de capitales con un sistema de cambios fijo, ya que son los mercados los que dictan, al final, las normas, y no los Gobiernos, a los que no queda más remedio que obedecer resignados. Entre todos los bienes que se comercializan, el dinero no parece ser el más adecuado para intercambiarse en mercados absolutamente libres. Con la especulación financiera generalizada ha perdido fuerza de atracción la idea de gobierno y está muriendo la concepción de la libertad como derecho a hacerse cargo de su destino a una colectividad humana, de dotarse de un gobierno que exprese la voluntad colectiva. Los mercados financieros se han convertido en el principal lobby contemporáneo.

Más de un billón de dólares son cambiados cada día en los mercados de divisas mundiales. Mientras tanto, las reservas de los diez países más solventes del mundo no alcanzan los 500.000 millones de dólares, por lo que la intervención de los bancos centrales tiende a ser inoperante. Los acuerdos políticos del G-7, como los del hotel Plaza de Nueva York en 1985 o el Louvre en 1987, son cosa del pasado. La única propuesta bienintencionada que surge en los foros de discusión es la revitalización de las organizaciones supranacionales, tipo FMI, Banco Internacional de Pagos o Instituto Monetario Europeo para que ejerzan de árbitros y para que eviten que la dictadura de los mercados provoque la inestabilidad descontrolada de las economías nacionales.

En un reciente artículo publicado en El País, Mario Vargas Llosa escribía, para rebatirlo, sobre el embeleso de los análisis sobre este asunto de Hans Magnus Enzensberger. Y reproducía un texto del libro Perspectivas de guerra civil del intelectual alemán: “Es incontestable que el mercado mundial, desde que dejó de ser una visión lejana y se convirtió en realidad global, fabrica cada año menos ganadores y más perdedores, y eso no en el Tercer Mundo o el segundo, sino también en los altos centros del capitalismo. Allá, son países o continentes enteros los que se ven abandonados y excluidos de los intercambios; aquí, son sectores cada vez más grandes de la población los que, en la competencia cada día más grande por las calificaciones, no pueden seguir y caen”.

Vargas Llosa concluía: si la ley desaparece, “es probable que la pesadilla de Enzensberger, aunque por otros caminos, se hiciera realidad”. La ley, las reglas del juego, están desapareciendo a marchas forzadas del capitalismo.

Metamorfosis del trabajo

(7 de mayo de 1995)

André Gorz es el seudónimo que utiliza públicamente un sociólogo francés que durante las últimas décadas, en publicaciones como Le Nouvel Observateur o Les Temps Modernes y en multitud de libros, ha reivindicado el reparto del tiempo de trabajo como fórmula para disminuir el desempleo en Europa. A principio de la década de los noventa, Gorz publicó Metamorfosis del trabajo, texto en el que demostraba la extensión de la sociedad dual, compuesta por ciudadanos que trabajan (cada vez más horas) y ciudadanos que no trabajan o que lo hacen en condiciones anormales. La campaña electoral francesa de 1995 reabrió el debate y, desde entonces, ha formado parte de la discusión pública. Tan sólo los conservadores del statu quo impiden que la posibilidad de repartir el trabajo se haga sitio entre los grandes debates de nuestro tiempo.

La campaña francesa ha tenido la virtud de explicitar algunas de las polémicas que, de forma soterrada, están teniendo lugar en otros países europeos. Por ejemplo, el grado de autonomía de los bancos centrales para instrumentar políticas económicas de rigor y de contención de los precios, incluso en contra de los deseos del Ejecutivo; la noción de “servicio público” para calificar las privatizaciones de las empresas públicas; y, lo que es más significativo, el reparto del “trabajo realmente existente” y la disminución de la jornada laboral.

Imagino al viejo Gorz, el amigo de Sartre, repantingado delante de la televisión, entre sonriente y soñoliento, observando el debate entre Jospin y Chirac sobre los efectos en el empleo de una jornada semanal de 37 horas, consideración mantenida por él hace tanto tiempo. André Gorz, significativo sociólogo francés, colaborador habitual de Le Temps Modernes y Le Nouvel Observateur, acaba de publicar en España su libro Metamorfosis del trabajo (Editorial Sistema), que analiza y describe los cambios que se están dando, a finales del milenio, en los conceptos mismos de trabajo, empleo, paro y, al final, de calidad de la vida cotidiana.

No es la primera vez que Gorz interpreta este papel; más bien toda su trayectoria intelectual tiene que ver con esta metamorfosis. Sus textos Adiós al proletariado, Los caminos del paraíso e incluso Ecología y libertad mantienen la tesis de que la razón económica no debe superar nunca unos límites existenciales, culturales, ontológicos, etcétera, sin caer en su opuesto e impregnar de un sinsentido perverso el contexto en el que operamos los ciudadanos.

Metamorfosis del trabajo fue publicado originariamente en 1991 y, por consiguiente, algunas de las tendencias que anuncia se han agigantado, y otras, las menos, han perdido fuelle. Entre las primeras está el desarrollo de una sociedad que se escinde entre aquellos —cada vez más numerosos— que van siendo expulsados del mercado normal de las actividades económicas o son mantenidos en sus periferias, y los ciudadanos que trabajarán tanto o más que ahora y que, en razón de sus resultados o sus aptitudes, dispondrán de ingresos y poderes económicos cada vez más altos.

Renuente a desprenderse de una parte de su trabajo (es decir, al reparto del que existe) y de las prerrogativas que genera el empleo consolidado, esta élite —se la puede considerar así— sólo puede aumentar su ocio encargando a terceros que le procuren tiempo disponible. Así se multiplican las modalidades de servicio doméstico, los jóvenes repartiendo pizzas, periódicos o cruasanes a domicilio, etcétera. Estas actividades son ocupaciones que Gorz denomina “de servidor”, independientemente del status y el modo de remuneración de quienes las realicen.

Es decir, la élite económica de los asalariados —y, por supuesto, los empresarios— compra tiempo libre para su beneficio privado haciendo trabajar en su lugar a terceros, a bajo precio. Con lo que el ocio de las élites procura empleo, pero con mucha frecuencia precario y a la baja, a una parte de los expulsados de la esfera de la economía tradicional. Por ello, dice el sociólogo, los Gobiernos, y “hasta algunos sindicatos, legitiman y favorecen esta formidable regresión social” con el pretexto de que permite crear trabajo.

Cuando se manifiesta la recuperación económica y aumentan el consumo, la inversión y el bienestar es cuando la dualidad produce más exasperación, emergen los nuevos pobres y se crea el riesgo de la fractura social y de los extremismos, que han verbalizado con tanta preocupación tanto Lionel Jospin como Jacques Chirac. La respuesta a ello, a partir de hoy, cuando se sepa quién es el nuevo presidente francés.

El desplazamiento del poder

(14 de mayo de 1995)

El desplazamiento del verdadero poder desde los Gobiernos hacia los mercados ha sido denunciado por políticos y economistas de la oposición, luego sospechosos. La denuncia redobla su eco cuando se pronuncia desde el corazón del establishment: el gobernador del Banco de España confirma la tendencia, pero no tiene soluciones para evitar que los mercados condicionen y modifiquen las políticas económicas, impongan ajustes cambiarios, zarandeen las economías y acentúen los desequilibrios que pueden acabar en una recesión. Es el discurso de la impotencia nacional.

Inhabilitado para dar clases por una norma de incompatibilidades que ha impedido estar en la universidad a muchos de sus maestros, Luis Ángel Rojo volvió a la misma esta semana para recibir el doctorado honoris causa por Alcalá de Henares. Y lo hizo leyendo una lección magistral de inmensa actualidad: Los mercados financieros internacionales en el mundo actual.

A la significación de que un catedrático de la categoría de Rojo analice uno de los asuntos que más obsesionan a políticos y economistas se le añade el interés de que lo aborde quien lleva la manija de la política monetaria y quien ha liderado, desde el Banco de España, la reacción a la crisis del SME de 1992 y 1993, el comportamiento del mercado de bonos en 1993 y 1994 y las convulsiones heredadas de México a partir de diciembre pasado.

La parte más sustantiva de las reflexiones de Rojo se refiere a los riesgos y abusos que unos mercados financieros crecientemente globalizados infieren a las economías nacionales. Estos mercados tienen capacidad “para condicionar y modificar las políticas económicas nacionales, imponer ajustes cambiarios e incluso hacer saltar sistemas de cambios fijos, acentuar la volatilidad de los precios de los activos financieros, zarandear las economías generando o acentuando desequilibrios que pueden acabar conduciendo a inflaciones o recesiones y difundir las tensiones de unos mercados a otros aumentando la probabilidad de que se generen riesgos sistemáticos para los que el mundo no está bien preparado. Ha habido un desplazamiento de poder desde los Gobiernos a los mercados, cuya consecuencia es una pérdida de autonomía de las autoridades nacionales en la elaboración de la política económica”.

Los mercados, el único sujeto de soberanía que queda, aciertan a veces; entonces, las restricciones que imponen a las autoridades elegidas por los ciudadanos constituyen una disciplina beneficiosa. Pero ¿y cuando se equivocan en sus previsiones, incurren en excesos y generan perturbaciones? Rojo arguye que el mantenimiento de políticas macroeconómicas ortodoxas que contribuyan a la estabilidad de los mercados financieros puede resultar difícil, y que existe el peligro de que si las autoridades se pliegan con excesiva facilidad a los mercados, sus políticas pierdan el carácter estabilizador pretendido. “En todo caso, la experiencia ha enseñado a las autoridades que el mantenimiento de políticas que juzguen correctas es condición necesaria, pero no suficiente, para mantenerse al abrigo de las perturbaciones”.

El gobernador no es partidario, pese a estos pesados condicionamientos, de echar arena en los engranajes de las finanzas internacionales, porque la incapacidad para aplicarlos de manera universal podría tener efectos aún más contraproducentes. Como el resto de los estudiosos del proceso de globalización financiera, Rojo no tiene soluciones para los excesos del mismo; en este sentido, su lección se caracteriza por el tono defensivo: es preciso que los Estados nacionales —los responsables de sus políticas económicas, pero también sus ciudadanos— reconozcan los límites que el actual sistema impone a su autonomía, que no se encierren en voluntarismos nacionalistas y que busquen la consecución de sus objetivos por caminos que no susciten las reticencias, el desvío o el castigo de los mercados, aun a sabiendas de que ello no garantizará la ausencia de perturbaciones.

Es decir, que no respiremos muy fuerte.

Vivir sin inflación

(24 de septiembre de 1995)

Durante varias generaciones, los ciudadanos europeos hemos vivido obsesionados por la inflación. Esa obsesión devenía en paranoia en algunos lugares, como Alemania, por el recuerdo de la hiperinflación que destruyó la República de Weimar. Sin embargo, a punto de llegar a los años 2000, la inflación se ve domeñada y surge otro tipo de cultura económica que se manifiesta, por ejemplo, en los convenios colectivos, en los que las subidas salariales dejan de tener una importancia central en beneficio de asuntos más cualitativos como la jornada laboral o la seguridad e higiene del trabajo. Aparece una nueva polémica: hay economistas que creen que un poco de inflación engrasa el crecimiento económico.

La inflación está siendo domeñada en muchas partes del mundo. El índice de precios de las tres economías más grandes del planeta —Estados Unidos, Japón y Alemania—, a las que corresponde más de la mitad del actual crecimiento mundial, se sitúa por debajo del 2%; la tasa media de inflación en las siete principales economías industriales ha caído al 2,3%, la más baja de los últimos 30 años. Hasta América Latina ha dejado de responder al concepto de hiperinflación (la que se sitúa por encima de los tres dígitos), que la caracterizó durante muchísimo tiempo. En España los precios están creciendo actualmente por debajo del 4%. Hay que empezar a analizar detalladamente los cambios sociológicos que lleva consigo vivir sin inflación, algo que no concebimos más de una generación de ciudadanos.

Ante esta sorprendente realidad, una corriente de los economistas que los ortodoxos denominan de centro-izquierda se hace la siguiente pregunta: si el mercado libre es tan bueno, ¿por qué hay cada vez menos puestos de trabajo? Su respuesta es atípica: no se debe a la existencia de mercados liberalizados ni a una economía globalizada; por tanto, la receta para corregir la escasez de empleos en Europa o la creciente desigualdad entre empleos bien y mal pagados en Estados Unidos no es el tradicional proteccionismo.

Los enemigos del empleo, sostienen estos economistas, no son los países tercermundistas que, mediante la deslocalización, se están quedando con el existente, o la automatización intensiva en capital. No; los enemigos del empleo son los Gobiernos occidentales, obsesionados por practicar una política antiinflacionista cuando los precios ya no son el enemigo principal. Es decir, están aplicando una terapia equivocada para una enfermedad que ya se ha vencido: la era inflacionista pertenece al pasado.

Durante las últimas dos décadas, las políticas antiinflacionistas, con sus planes de ajuste que recaían sobre la mayoría de los ciudadanos, han sido hegemónicas. De acuerdo con la opinión de los economistas citados, que han encontrado su medio de expresión en los informes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (como en los años sesenta encontraron su refugio en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, también perteneciente a la ONU), ha llegado el momento de abandonar estas políticas para atender prioritariamente otros desequilibrios estructurales.

Frente a tales hipótesis de trabajo se han alzado las voces de los técnicos más vinculados a los Gobiernos, así como los que escriben en las principales publicaciones de Europa y Estados Unidos, quienes opinan que, aunque la inflación parece sometida, no hay que darle ni una sola ocasión para que rebrote, como demuestra la historia.

Recientemente, la revista The Economist publicaba una portada bajo el título ¿Quién teme a la inflación?, en la que se afirmaba: “Un análisis más detallado demuestra que la idea de que la inflación ha muerto, de que asoma la recuperación y de que los tipos de interés deberían, por tanto, bajar para poner fin a la recesión, está muy lejos de ser convincente. (...) Es la estabilidad de los precios lo que ofrece el mejor entorno para la inversión y el crecimiento (...) La inflación alimenta la incertidumbre”.

En España, esta discusión todavía no es tan explícita como en los países de nuestro entorno porque, a pesar de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) está en cotas históricamente muy bajas, la tasa de inflación aún dobla la de nuestros socios. Pero las presiones para que el Banco de España baje los tipos de interés tienen que ver con ello. Aquí todavía no ha llegado el momento de preguntarse qué pasó con la inflación.

El pasado de una ilusión

(1 de octubre de 1995)

El proceso de construcción europeo está hecho de pequeños pasos hacia adelante y hacia atrás. Este artículo muestra algunos de ellos: un momento cualquiera en las dificultades. Además, ha jugado un papel muy significativo la personalidad de los líderes de cada generación, fundamentalmente los franceses y los alemanes. La lectura de lo que ocurre se ha sustituido, en ocasiones, por su visión idealizada y mítica; por una ilusión que luego retorna a la realidad y es más dura, más costosa.

Muchos funcionarios de la UE opinan que cuando Theo Waigel, el ministro de Hacienda alemán, reconvino a Italia y anunció que no llegaría a tiempo a la moneda única, en realidad estaba hablando de Francia; Italia era sólo una estación intermedia en la misma dirección. El problema de la unificación monetaria es ya complicado sin Italia —¿puede avanzar Europa en el proceso de integración sin que participen en él los Estados fundadores?—, pero es radicalmente imposible sin Francia. El hecho es que en estos momentos Francia no cumple los criterios de convergencia y, lo que es peor, está poniendo abundantes chinitas para estar en perfecto orden de revista el 1 de enero de 1999.

Los economistas europeos más liberales manifestaron hace semanas su preocupación por la dimisión del ministro francés de Economía, Madelin, y la reconversión del dúo Chirac-Juppé hacia lo que algunos denominan gaullismo social, que se concreta en los presupuestos de 1996, merecedores de la crítica de la OCDE.

En los últimos tiempos se han multiplicado los síntomas de que Europa no avanza con holgura hacia su unificación: los suecos celebran elecciones y las ganan los adversarios de la UE; el ministro de Economía alemán, con sus declaraciones sobre Italia, da el pistoletazo para que se abra la polémica sobre las condiciones de convergencia (para endurecerlas, cuando sólo las cumplen Alemania y Luxemburgo) y sobre la ampliación de los plazos; y Francia, además de aprobar un presupuesto que trata de combatir el déficit aumentando los impuestos en vez de reducir los gastos (contradictorio, por tanto, con la tendencia que se da en los otros 14 socios), decide suspender la vigencia de los acuerdos de Schengen.

La alianza franco-alemana, impulsora de la unidad europea, se ha deteriorado. No funciona la química que existió entre Kohl y Mitterrand, que fueron quienes, con su peso político, echaron adelante la unión económica y monetaria. Cuando Waigel afirma que Italia se quedará fuera y Dini responde que los criterios de convergencia son más importantes que los requisitos para formar parte de la primera división (¿por qué no retrasarlos un año?), el comisario de Asuntos Monetarios declara: “Si se realizan cambios en los criterios de convergencia y en la fecha de entrada en vigor de la moneda única, será la caja de Pandora: inmediatamente otros pedirán modificaciones en sentido opuesto”.

Además, Kohl tiene sus propios problemas; un sondeo publicado esta semana demuestra que los ciudadanos alemanes votarían en un referéndum contra la introducción de una moneda única, y The Economist escribe: “Kohl puede venderles (a los alemanes) lo que sea, salvo, al parecer, la unión económica y monetaria”. Mientras tanto, John Major, el tercer gran socio, observa satisfecho estas disputas que retrasan un proceso de unificación económica en el que el Gobierno conservador británico no cree y que no quiere. Y en España nadie habla de esto.

En su gran libro, El pasado de una ilusión, el historiador francés François Furet advierte del gran contraste que existe a veces —él lo aplica a la experiencia comunista en el siglo XX— entre la historia objetiva de los procesos sociales (lo que de verdad acontece) y su visión idealizada y mítica; y la manera en que esta última se ha superpuesto a aquélla y la ha sustituido para todos los efectos intelectuales y prácticos. Esta suplantación, esta ilusión, se está dando ahora en Europa con mucha fuerza, lo que impide reconocer la gravedad del momento. Las declaraciones contradicen las intenciones, y éstas, muchas veces, la realidad.

El pensamiento único

(15 de octubre de 1995)

Esta era la primera vez que surgía, dentro de los artículos seleccionados, el concepto de pensamiento único, directamente importado de Francia. Sus dos grandes principios son los siguientes: lo económico prima siempre sobre lo político y, como corolario, el mercado corrige las asperezas y definiciones del capitalismo, como la mano invisible de Adam Smith. El pensamiento único se apodera del axioma que dice que de todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que no existe más que una realidad.

Es cada vez más frecuente el distanciamiento entre lo que predican las autoridades económicas, lo que sucede y la percepción que los ciudadanos tienen de la realidad. En los últimos días hay varios detalles de ello; por ejemplo, mientras en la asamblea del FMI y del Banco Mundial se apuntaban dosis de optimismo sobre la recuperación y la estabilidad de los mercados, éstos entraban en turbulencia por la debilidad del franco francés y por la incertidumbre de la coyuntura mexicana.

Lo que ocurre es que los Gobiernos y los organismos internacionales han dejado de ser los que dictan la marcha de la economía; los verdaderos amos de la misma son los mercados financieros. El poder ha desertado de la esfera de lo político y se ha refugiado en otros ámbitos, entre ellos el económico.

Cuando los medios de comunicación hacen las listas de las personas más influyentes escasamente están representadas en ellas los políticos. Una concreción de este hecho: el mayor esfuerzo económico y financiero realizado sobre un país ha sido en México; se consiguió reunir alrededor de 50.000 millones de dólares con la intervención de EE UU, la banca privada, el FMI, Banco Mundial, etcétera. Pues bien, sólo tres grandes fondos de pensiones norteamericanos controlan más de 500.000 millones de dólares; sus gestores son más importantes que el director gerente del FMI o que cualquier ministro de Economía.

Mientras estas disonancias se multiplican, el mensaje repetido por los ejecutivos de cualquier signo y por los organismos de Bretton Woods es prácticamente similar: reducir el gasto público, aumentar las tasas de ahorro, acabar con el déficit público y con la inflación, etcétera. Es lo que Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, denomina el pensamiento único, que pretende tener siempre razón —sean cuales sean las circunstancias y los ámbitos geográficos— y ante el que cualquier argumento tiene que inclinarse.

Ramonet ha escrito un texto (incluido en el libro titulado expresivamente Cómo nos venden la moto) en el que describe el decálogo comprendido en ese pensamiento único, en el que lo económico prima siempre sobre lo político: 1) el mercado, cuya mano invisible corrige las asperezas y definiciones del capitalismo; 2) los mercados financieros, cuyos signos orientan y determinan el movimiento general de la economía; 3) el libre intercambio sin límites, factor de desarrollo ininterrumpido del comercio; 4) la mundialización tanto de la producción manufacturera como de los flujos financieros; 5) la división internacional del trabajo, que modera las reivindicaciones sindicales; 6) la moneda fuerte, factor de estabilización; 7) la desreglamentación o desregulación de la economía; 8) las privatizaciones; 9) la liberalización económica, en general; y 10) indiferencia con respecto al coste ecológico.

No es Ignacio Ramonet el único que está reflexionando sobre estos asuntos. El profesor de la Universidad Católica de Lovaina Ricardo Petrella acaba de escribir otro artículo titulado “Las nuevas tablas de la ley”, cuyas tesis coinciden casi exactamente con las de Ramonet. Y ambos parten del axioma de Paul Watzlawick: “De todas las ilusiones, la más peligrosa consiste en pensar que no existe sino una realidad”.

La segunda vuelta del thatcherismo

(22 de octubre de 1995)

El thatcherismo es una de las concreciones de la revolución conservadora que se extendió, con gran rapidez, en Europa y Estados Unidos desde principios de los años ochenta. Su influencia sigue vigente en las universidades, organismos internacionales y laboratorios de ideas, aunque electoralmente fuese derrotado. Cuando en el año 1997, el laborista Tony Blair destrozó a los conservadores británicos en las urnas, lo hizo con un programa que no daba marcha atrás en algunos de los presupuestos thatcheristas centrales (por ejemplo, las privatizaciones como instrumento del capitalismo popular). A partir de 1979, cuando la señora Thatcher llegó al poder, el thatcherismo se constituyó en una vía ideológica para la derecha, aunque no todas las derechas europeas la hicieron suya. Margaret Thatcher será una de las personas de más ascendiente del siglo.

En una reciente entrevista con motivo de la presentación de su libro, El pasado de una ilusión, François Furet establecía las principales diferencias entre la Revolución francesa y la soviética. La Revolución francesa, decía el historiador francés, fue derrotada pero sus ideas subsisten todavía con plena vigencia; la Revolución bolchevique nunca fue derrotada, pero queda muy poco de su ideología.

El thatcherismo, aquella doctrina a la que dio nombre Margaret Thatcher a partir de 1979, se asemeja en ese aspecto a la Revolución francesa: fue derrotada —por sus propios compañeros de viaje, los tories británicos, que la traicionaron— pero muchas de sus ideas emergen de vez en cuando con mucha fuerza. No en vano la señora Thatcher pretendió crear un nuevo conservadurismo que generase entusiasmo popular, es decir, que tuviese a la clase media detrás. Síntoma de esta segunda vuelta del thatcherismo es la apropiación que del mismo están haciendo el ala más radical de los republicanos norteamericanos o algunos de los conservadores británicos como Michael Portillo, ministro de John Major, en el último congreso del Partido Conservador. El thatcherismo es el fundamentalismo del pensamiento único. La liberalización del mercado produce, paradójicamente, una intensificación de la acción del Estado porque el mercado libre no surge espontáneamente en un marco de armonía, con cada agente económico dotado de los dones del individualismo, sino que ha de ser impuesto como sistema de actividad económica.

Portillo, además de ser hijo de republicano exilado, es un viejo conocido de la gente del Partido Popular; es uno de los favoritos de José María Aznar. Al menos en dos ocasiones ha estado recientemente en Madrid pronunciando conferencias. La última de ellas la dictó en el seno de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Esta fundación es el tanque de pensamiento por excelencia de los conservadores españoles. La fundación edita una serie de libros y papeles, entre los cuales se encuentran cuatro textos de Aznar: Razón y libertad, Política y valores, Un compromiso con el teatro y Mercado y medio ambiente (el presidente del PP está a punto de ver publicados sus discursos políticos).

En esta colección también ha sido editado el texto de la conferencia de Portillo —Estado, Libertad y Responsabilidad—, que responde a su pensamiento político: “(...) el crecimiento del Estado en los países europeos no sólo obstaculiza el crecimiento económico sino que también cambia la naturaleza de nuestras sociedades. Cuando el Estado se hace responsable de demasiadas cosas, cambia lo que la gente piensa de sus propias responsabilidades. Paradójicamente, en nuestro afán por eliminar la pobreza y la desigualdad, tal vez estemos creando sociedades menos compasivas al igual que menos competitivas (...) La tarea esencial del Estado ha de ser la protección de la libertad de las personas. Sus funciones básicas son mantener el orden público y proporcionar una defensa fuerte”.

Thatcher fracasó en el intento de desmantelamiento del Estado de bienestar británico. Portillo quiere, probablemente, repetir la experiencia, como lo pretenden hacer Gingrich, Dole y los republicanos americanos; Chirac y Juppé, en Francia, han adoptado otro camino, siguiendo, por el momento, las directrices de Philippe Seguin, ideólogo del gaullismo social. Kohl tampoco practica el neoliberalismo. La cuestión es conocer el camino que seguirá la derecha española, a un cuarto de hora de gobernar.

Las reformas del Estado de bienestar

(3 de diciembre de 1995)

Desde la primera crisis del petróleo, allá por la primera mitad de los años setenta, el Estado de bienestar empezó a dar síntomas de agotamiento. Se necesitaba reformarlo, para adecuarlo a unos nuevos tiempos en los que la presión demográfica (mayor número de pensionistas, mayor esperanza de vida) era sustancialmente distinta que la de la posguerra. La crisis fiscal del Estado de bienestar fue aprovechada por los apóstoles de la revolución conversadora para acabar con él; no lo consiguieron porque el welfare forma parte de la conciencia ciudadana europea. Las reformas tienen distinto sentido en los países más desarrollados de Europa, que habían avanzado mucho en la política del gasto público, que en España, donde la formación del Estado de bienestar es muy reciente y no ha alcanzado los niveles de sus homólogos europeos.

El mayor éxito del comunismo se produjo, paradójicamente, en donde no mandó. Para evitar el contagio de lo acontecido en la Unión Soviética y su bloque, Europa se dotó de una serie de mejoras sociales, consensuadas entre socialdemócratas y democristianos, que recibieron el nombre de Estado de bienestar y que conforman, desde la posguerra, una parte central del alma europea. Una especie de revolución pasiva.

Cuando el socialismo real se autodestruye por falta de libertad y de eficacia, hace seis años, el Estado de bienestar también se tambalea. Desaparecido el enemigo político, no es necesario el contrapeso. Se diluyen las señas de identidad de la socialdemocracia, fuerza que se ha apropiado de la bandera del welfare (bienestar); no solamente no se queda con los restos del naufragio comunista (la llamada casa común de la izquierda), sino que disminuyó su influencia en beneficio de otras ideologías más liberales o conservadoras.

Económicamente hablando, el Estado de bienestar ya había dado señales de la necesidad de su reforma al menos una década antes con la aparición de los déficit públicos. Desde los años ochenta, la participación del sector público se había detenido, o incluso había bajado levemente.

En España, esta dinámica es distinta, ya que entra en Europa con mucho retraso; cuando los españoles aspiran a ser de la CE no solamente quieren su régimen de libertades, sino sus niveles de protección social; la presión fiscal y el gasto público crecen mucho en muy poco tiempo, pero aún está varios puntos porcentuales por debajo de la media europea.

El mayor ataque al Estado de bienestar se da a partir de 1979, cuando Margaret Thatcher gana las elecciones en el Reino Unido bajo el mando de la revolución conservadora. Ello supuso la ruptura del compromiso histórico de la posguerra. Pese a su fortaleza ideológica y a su poder político, la Thatcher no logró bajar sustancialmente el peso del Estado de bienestar británico, aunque sí empeorarlo. Ello es la demostración de su inelasticidad: resulta muy difícil hacer retroceder los niveles de protección europeos sin la complicidad de la opinión pública. Cualquier encuesta demuestra el aprecio de los ciudadanos a un sistema público y universal de pensiones y sanidad, a la educación pública y gratuita y al seguro de desempleo. Éste es su Estado mínimo.

Ello explica en parte las huelgas de estos días en Francia. A lo que hay que unir el monumental enfado de los ciudadanos con el tándem Jacques Chirac-Alain Juppé, que ganó las elecciones en nombre de una política económica diferente (de la de Édouard Balladour, de derechas, como ellos), que proponía a la vez bajar los impuestos, reducir el déficit y reforzar la solidaridad.

Hoy, los impuestos han subido, se pretende reducir el gasto social para cumplir los criterios de convergencia y ha desaparecido en el discurso oficial cualquier referencia a la fractura social y a la marginación de los arrabales. El Gobierno francés se ha enredado tanto en su propia demagogia que ha despertado todas las pasiones a un tiempo, y parece incapaz de sacar adelante unas reformas imprescindibles para que el Estado de bienestar no entre en bancarrota.

La pasada semana, un centenar de intelectuales, economistas y sociólogos de la izquierda hicieron público un manifiesto apoyando estas reformas: sanear las finanzas del sistema de protección es el seguro de su supervivencia. Éste es el razonamiento.

Miedo al futuro

(11 de diciembre de 1995)

Protección social y pleno empleo. Las dos caras de la cohesión social con la que se construyó Europa. Para reformar los niveles de protección social se necesita el consenso de los ciudadanos, que luchan por sus derechos mínimos adquiridos. Por no hacerlo así, por pretender aplicar a este campo la democracia naval (donde hay patrón no manda marinero), Francia se llenó de manifestantes con sentido defensivo. En cuanto a la extensión del paro, replantea el miedo al futuro de toda una generación castigada con no ser normal. Una escuela de economistas, los liberales, hace una lectura lineal de los dos fenómenos y los vincula directamente: hay mucho paro porque existe demasiada protección social, que desestimula a las empresas a contratar y a los parados a encontrar puestos de trabajo.

La imagen de televisión es demoledora: Alain Juppé, en la Asamblea Nacional, grita a la oposición: ¿cuál es la alternativa?; y ante el silencio de sus oponentes dirige la mano hacia la oreja, haciendo la caracola para multiplicar la capacidad del oído, y repite: ¿cuál es la alternativa?

Ésta es la cuestión; la necesidad de reformas del Estado de bienestar en Europa, para hacerlo sobrevivir, es irremediable. A quien corresponde dirigirlas es a la izquierda, pues la derecha liberal quiere que se reduzca a la mínima expresión. En la protesta francesa hay mucho de hipocresía en las fuerzas políticas, que están aprovechándose del gran error de Juppé: utilizar la democracia naval (donde hay patrón no manda marinero), no consensuar los cambios y acentuar el despotismo ilustrado de una élite a la que el único déficit que le gusta es el democrático. Pero hay que insistir de nuevo para calibrar lo que de verdad se juega: las medidas de reforma de la Seguridad Social que pretende el Gobierno francés son menores que las del Pacto de Toledo, acordado por todo el espectro político español.

Otra cosa es que la opinión pública, cansada de políticas abstractas y de ajustes macroeconómicos, haya sublimado los intereses particulares de los ferroviarios y de los funcionarios y los haya convertido en intereses generales: de lo que les suceda a ellos depende lo que nos esperará a nosotros. Cuando se llega a esta sensibilidad, la batalla es directamente política.

Mientras las huelgas atascaban París, en Bruselas se reunían los ministros de Trabajo y Economía para finalizar el documento sobre el empleo que se debatirá en la cumbre de Madrid del próximo fin de semana; y en Madrid los presidentes de 25 patronales europeas estudiaban la profundidad del paro juvenil. El texto oficial se caracteriza por la mediocridad de sus contenidos; los ministros no han contemplado ni una sola de las propuestas que, con mayor o menor acierto, están emergiendo en el mundo real. Sólo habrá empleo si hay crecimiento.

Los dirigentes empresariales al menos se descararon: después de asumir que en Europa uno de cada cinco jóvenes está en paro (en España la proporción es mucho mayor), rechazaron rotundamente el reparto de empleo y la ampliación de la protección social. A los Gobiernos les pidieron mayor flexibilidad e incentivos fiscales; pero la flexibilidad ha progresado mucho en los últimos tiempos sin que los puestos de trabajo hayan aparecido en la misma proporción. En cuanto a los incentivos fiscales, causa perplejidad observar que quienes más atacan la maldad intrínseca del déficit fiscal del Estado son los mismos que demandan de modo más permanente la reducción de sus impuestos.

La mejor aportación al debate sobre el empleo ha estado, hace unos días, en una carta al director publicada en El País y titulada “Estoy asustada”: “Soy mujer, soy española, tengo veintisiete años, soy licenciada en Derecho, tengo un master de muchas horas y otros muchos cursos que me han ido formando y cualificando cada vez para más cosas; tengo un buen nivel de inglés y una demostrable experiencia cuasi profesional, ya que nunca me han hecho un contrato, sino que siempre he trabajado a través de convenios de colaboración para realizar prácticas, incluso sin remunerar. Ahora no tengo empleo, ni prácticas, ni nada; sólo tengo ese perfil profesional que acabo de exponer y que seguramente corresponderá más o menos con el de muchos de los españoles-as de mi edad que, al igual que yo, están en paro; que, al igual que yo, están buscando trabajo; que, al igual que yo, no lo encuentran y que, al igual que yo, están asustados”.

¿Americanizar Europa?

(14 de diciembre de 1995)

Desde principios de la década de los noventa, Europa es una de las zonas del mundo donde la economía crece menos. Hay una especie de malheur que sacude transversalmente a los países continentales. Las condiciones para la convergencia europea, que se tomaron en un momento de alegría del ciclo, se aplican en la recesión y la ahondan. Algunas élites dirigentes miran hacia Estados Unidos y proponen exportar su modelo social de menor protección social y mayor flexibilidad, pero de alto nivel de empleo. Los ciudadanos europeos, en cualquier sondeo que se haga, se oponen a él, pero también cunde el euroescepticismo. El proceso de integración se hace a través de las cúpulas y en él no participan los ciudadanos. El único déficit que gusta en Europa es el democrático.

La economía francesa se detiene, la alemana cojea y la española habrá de revisar a la baja sus previsiones para 1996. Francia atraviesa una oleada de movilizaciones y huelgas que conforman la crisis más profunda para la construcción europea.

El estallido de la conflictividad en Francia ha permitido hacer explícitos algunos de los interrogantes sobre los costes que puede suponer la Unión Económica y Monetaria (UEM). El primero y más importante de todos: ¿es compatible el Tratado de Maastricht con el mantenimiento del Estado de bienestar europeo? Y luego: el Pacto de Estabilidad logrado por los ministros de Economía y Finanzas para después de Maastricht (un compromiso vinculante para mantener el déficit público, incluso en periodos económicos desfavorables, por debajo del 3%) ¿no supone un ajuste continuado, permanente?; ¿se han acabado para siempre los buenos tiempos para Europa? La independencia del futuro Banco Central de la UE, dominado por Alemania, ¿significa la desaparición de cualquier soberanía nacional en cuanto a la política monetaria?, etcétera. Preguntas resueltas por los técnicos, pero que no habían emergido, en primera instancia, entre las preocupaciones de los ciudadanos. Esto es lo que de profundo tiene el conflicto francés: lo urgente de la construcción europea ¿estaba tapando lo importante?

En nombre de la unidad europea y de la moneda única se imponen, sin discusión, penalidades y divisiones de una amplitud que pocos habían anticipado. Se da una quiebra incipiente entre el inmenso poder de los mercados financieros y los países con un Estado de bienestar más avanzado, que son las víctimas propicias de los ataques especulativos de los primeros; y se amplía la brecha entre las élites, que pretenden aplicar unas políticas abstractas, y los gobernados que dicen, como la primera página de aquel periódico, “No queremos realidades. Queremos promesas”. ¿Se está a tiempo de cambiar el sentido de este despotismo?

Con este clima deteriorado se aborda la cumbre de la moneda única, con la que termina el semestre en el que España ha presidido (con muy notable éxito, pese a los agoreros interiores) la UE. En ella se decidirá el paso a la etapa final de la UEM el 1 de enero de 1999. A saber: fecha en la que, sobre datos macroeconómicos reales, serán escogidos los países de la primera división; relación entre los tipos de cambio de los países participantes y los aspirantes; nombre de la moneda europea; y Pacto de Estabilidad post-Maastricht.

Un dato notable de la realidad es la lucha persistente contra el déficit público tanto en EE UU como en Europa; en los primeros, republicanos y demócratas pelean sobre las partidas y el ritmo de la disminución del gasto público, tras haber llegado al acuerdo para un presupuesto equilibrado dentro de siete años; en Europa, los alemanes, verdaderos líderes, pretenden un déficit máximo del 1% del PIB a principios del siglo XXI, so pena de sanción a los países en precario. Algunos sociólogos han dicho ya que el proceso de Maastricht es una forma de americanizar Europa.

Los gobernantes deberán utilizar su pedagogía política para evitar que de la mano de los enemigos de la UEM se cuelen, como también ha pasado en Francia, las fuerzas del populismo y la demagogia. Han de evitar que se haga realidad la acusación de que se aplica el dicho de “la ortodoxia financiera, pese a quien pese”. Han de subrayar cuáles son los pasos mediante los cuales se llegará a la recuperación económica: 1) reducción del déficit público; 2) bajada de los tipos de interés; 3) crecimiento económico a través de la inversión; 4) disminución del paro; 5) incremento de la recaudación de impuestos (no de la presión fiscal individual); y 6) presupuestos equilibrados.

La marcha hacia la unión europea no está siendo una línea recta; tras los referendos ganados por la mínima sobre el Tratado de Maastricht, en el último año los avisos sobre las dificultades se han multiplicado: elecciones en Suecia, ganadas por los adversarios de la UE. Jacques Chirac, en una de sus primeras decisiones políticas, aplaza sine die la aplicación en Francia de los acuerdos de Schengen. El ministro de Finanzas alemán, Theo Waigel, hace unas declaraciones en las que afirma que Italia, uno de los países firmantes del Tratado de Roma, no estará entre los escogidos; muchos entienden que los labios de Waigel hablan de Italia, pero que su mente está en Francia. El primer ministro francés, Alain Juppé, presenta un presupuesto que es criticado por la propia OCDE y que provoca la dimisión de su ministro de Economía. El canciller Kohl se encuentra con problemas para que sus ciudadanos asuman la sustitución del marco por la moneda europea; The Economist escribe: “Kohl puede vender a los alemanes lo que sea, salvo, al parecer, la unión económica y monetaria”. Y por último, el conflicto francés sobre la reforma de la Seguridad Social y, en general, sobre los límites de su sector público.

La cumbre de la moneda única avanzará en los escenarios de la transición. Pero o abre un debate de convencimiento y explicación de los nuevos fenómenos económicos o se multiplicarán las trabas. Cuando los franceses —¡siempre Francia!— acusaron la victoria pírrica en el referéndum sobre Maastricht, los gobernantes europeos hicieron una crítica formal sobre el déficit democrático en el que sustentaba la unidad europea. Ese déficit ha crecido desde entonces y es sobre el único desequilibrio sobre el que nuestros políticos no ponen el grito en el cielo.

Lo que ha cambiado también para España

(2 de enero de 1996)

Las manifestaciones que paralizaron Francia en el invierno de 1995 fueron premonitorias de lo que iba a suceder año y medio después: contra todo pronóstico, y en unas elecciones adelantadas, la izquierda volvió al poder no por sus méritos, sino por los abusos de sus contrincantes. Lo que empezó con una protesta puntual contra la reforma de la Seguridad Social devino en una movilización general contra el despotismo ilustrado del dúo Chirac-Juppé. Las lecciones son claras: no se pueden cambiar las reglas del juego sociales por decreto; la pedagogía política forma parte del consenso; hay que mantener los pactos implícitos entre una sociedad y su Gobierno, o negociarlos. Del mismo modo que, en 1981, los errores del primer Gobierno Mitterrand sirvieron para que los socialistas españoles no los repitiesen, los de Alain Juppé condicionarán la acción política del primer Gobierno de la derecha española, que ganará las elecciones generales apenas tres meses después de la sacudida francesa. En uno y otro caso, los ciudadanos no buscaban la utopía de una sociedad ideal, sino tan sólo una sociedad razonable.

Ya se han explicado hasta la exhaustividad las diferencias entre el Mayo del 68 y las huelgas de diciembre pasado en Francia; no sólo no han tenido mucho que ver, sino que, en muchos aspectos, han expresado ideologías contrapuestas (el primero, un impulso hacia adelante; las segundas, criterios defensivos). Pero sí cabe una analogía entre ambas situaciones históricas: nada volverá a ser como antes.

Ahora mismo memorizo vagamente las causas del 68, pero sus consecuencias fueron profundas: inauguró una cultura de la tolerancia en las costumbres que se extendió con rapidez; la protección de la naturaleza, la igualdad entre el hombre y la mujer, el sujeto como protagonista del cambio y tantos otros de esos movimientos transversales que penetraron en la sociedad (y con los que hoy quieren acabar los ultraconservadores norteamericanos) fueron a partir de entonces parte de la civilización occidental. Dentro de escaso tiempo pocos recordarán con nitidez que las multitudinarias protestas de este último año tuvieron su origen en la reforma de la Seguridad Social francesa, pero la pedagogía, la negociación, el consenso, el convencimiento de los ciudadanos, la no imposición manu militari de los esfuerzos económicos —ni otras decisiones—, el no rotundo al despotismo ilustrado, devendrán características fundamentales de nuestras democracias.

Ésta es la lección más poderosa de lo acontecido: habrá un antes y un después de diciembre de 1995 en la política europea. No se debe dar por supuesto nunca más que los ciudadanos no saben lo que quieren y es preciso actuar por ellos. No se atropellan gratuitamente los pactos implícitos o explícitos, esa inmensa red de solidaridades y complicidades sobre la que actúa una sociedad. Al menosprecio de algunos tecnócratas le ha contestado la desconfianza letal de la calle. No existe, en suma, una elasticidad infinita entre gobernantes y gobernados, entre el príncipe y el pueblo, sin riesgo de que se fracture la esencia del sistema. Es urgente compatibilizar las exigencias impuestas por la internacionalización de la economía con la difusión de los intereses sociales. Martine Aubry, dirigente socialista gala, ha resumido la advertencia: “La moneda única es buena, pero sólo como instrumento para hacer una Europa más fuerte. Es un instrumento que no merece que el país se rompa para adquirirlo”.

De esta lectura positiva de las movilizaciones se desprende una nota optimista respecto a la coyuntura española. Al contrario que otros, pienso que la campaña electoral no se va a centrar en el poco glorioso pasado. En los programas de los partidos, en los debates entre los líderes y en los mítines de los dirigentes locales van a estar irremediablemente presentes los problemas del país y sus soluciones alternativas, y no sólo las alusiones rencorosas al ayer; so pena de que sus protagonistas aspiren a que los ciudadanos los ignoren o les respondan con la ironía y la abstención.

El Partido Popular tendrá que presentar de una vez, con pelos y señales, su programa de gobierno; explicar en qué momento y por qué decidió asumir como suyas las prioridades de Maastricht tras haber navegado por otros mares, y concretar —concretar, no enunciar— cómo es posible reducir el déficit público al 3% del PIB bajando los impuestos y con reformas meramente cosméticas. El PSOE, por su parte, habrá de decidir si su discurso es el del europeísmo radical —sí a los plazos y sí a los criterios de convergencia— del que ha hecho gala Felipe González (presidente entonces de la Unión Europea) en la Conferencia de Madrid, o el de Alfonso Guerra (al fin y al cabo, vicesecretario general del partido), lleno de matices y sospechas al proceso de unificación europea, explicitado también durante los mismos días en una reunión sobre el futuro del socialismo. ¿Se aproximan los socialistas españoles a las tesis del canciller alemán, democristiano, Helmut Kolh, o a las más renuentes de su correligionario de la Internacional Socialista Oskar Lafontaine? Quizá a los dirigentes europeos de la primera línea, como González, les corresponda hacer una lectura dura y sin fisuras de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria —para no dar argumentos a los especuladores de los mercados financieros—, pero a los políticos nacionales, también como González, les toca evaluar ante los ciudadanos, sin fundamentalismos (tampoco el europeísta), las opciones a un escenario sembrado cada día de mayores incertidumbres. A ambas formaciones, socialistas y conservadores, les une la urgencia de convencernos de que moneda única y Estado de bienestar no son incompatibles y de que la austeridad es imprescindible para el buen funcionamiento de las economías desarrolladas de fin de siglo, con o sin Maastricht.

Los intelectuales también tienen que recuperar su puesto en el debate y acabar con el silencio de los últimos años. Es preciso volver al discurso de la complejidad, y denunciar el populismo que lo ha invadido todo, la demagogia y la simplicidad que excitan las bajas pasiones. Y encontrar explicaciones al hecho de que, también en la rica Europa, nuestros hijos, previsiblemente, van a vivir peor que nosotros; es decir, que el progreso histórico no es lineal, como durante tanto tiempo nos engañamos en creer. Ha sido digna de atención la polémica ideológica en Francia: intelectuales frente a intelectuales, izquierda reformista frente a izquierda conservadora, gaullistas frente a liberales, europeístas frente a euroescépticos en lo que trata de la soberanía, la unidad del continente, el Estado de bienestar, la globalización económica o el proteccionismo. Aunque sólo sea coyuntural, en esta ocasión no se ha repetido la traición de los clérigos. Un europeísta tan sólido como Dahrendorf —y tan poco sospechoso de izquierdismo— ha escrito lo evidente: “De pronto, la seguridad vuelve a adquirir enorme importancia. La gente está harta de las reformas inciertas que han dominado los últimos años... Mientras los reformistas siguen insistiendo en la necesidad de flexibilidad, los ciudadanos buscan clavos ardiendo a los que agarrarse en el turbulento mar del cambio. Los esperan sobre todo de la política social, ya sea la vieja garantía de subsistencia del comunismo o las comodidades de un Estado de bienestar que se desvanece”.

No puede darse una abdicación de la responsabilidad ni una claudicación intelectual ante el miedo al futuro si se pretende que de esta crisis surja el reforzamiento de una Europa unida y solidaria de los ciudadanos. A finales del siglo XX nos estamos planteando otra vez la sociedad en la que queremos vivir. Una sociedad en la que se limite la fractura social y en la que no haya imposiciones por la fuerza y a traición.

Las utopías se han desvanecido: todos nos mostramos partidarios de una sociedad razonable y no de la sociedad ideal; es cierto que las quimeras globales nos han llevado en la mayor parte de las ocasiones al infierno en la tierra, pero necesitamos una nueva utopía social porque la política no se reduce a la gestión. No valen, ya se ha demostrado, ni “el economicismo de laboratorio que no atiende a las exigencias políticas o a los costes sociales” (Herrero de Miñón), ni “el pensamiento único que pone a la economía en el puesto de mando” (Ignacio Ramonet), ni “la tendencia de la economía a colonizar la política” (Albert Hirschman). La política es legitimidad, y esta legitimidad, que renace, es lo que esperamos de las elecciones españolas.

La sociedad existe

(7 de enero de 1996)

Si algún defecto tuvo la transición española desde la dictadura franquista a la democracia fue su carácter de cúpula. Las decisiones políticas se mascaban en las primeras filas de los partidos políticos y tan sólo luego se trasladaban a los ciudadanos. Quizá no hubo otro modo de hacer las cosas. Pero en el terreno social, la experiencia es la contraria; conscientes de que la aparición de una lucha de clases en la calle generaría tensiones insoportables, la concertación social ha sido una práctica generalizada en los más de veinte años de joven democracia. Sindicatos y patronales han jugado un papel decisivo, quizá todavía no reconocido, que desmiente la famosa doctrina liberal de que la sociedad no existe, sino tan sólo el individuo y el Estado.

En los años ochenta, la señora Thatcher pronunció la célebre frase: la sociedad no existe. Según la ideóloga de la revolución conservadora, tan sólo había Estado (al que combatir hasta dejarle en su mínima expresión) o individuo, sujeto protagonista de todos los eventos. El preacuerdo entre patronal y sindicatos para la resolución extrajudicial de los conflictos laborales, al que se ha llegado la pasada semana en España, indica lo contrario: que hay una sociedad civil que, en ocasiones, sale de su modorra y evita la acción pública, muchas veces de difícil cumplimiento.

El establecimiento de una mediación obligatoria en las huelgas (movilidad, modificaciones de las condiciones de trabajo, despidos colectivos), si se extendiese a los ámbitos a los que todavía no ha llegado (fundamentalmente a aquellos en que el Estado, en cualquiera de sus formas, es el patrón), llegará a ser una de las piezas fundamentales de la concertación social en España. “La concertación social es una práctica política impregnada de pragmatismo para introducir una mayor dosis de consenso y de legitimidad en la elaboración y aplicación de ciertas medidas de política social y económica... En términos generales, el fenómeno de la concertación social ha sido una respuesta política de los sistemas de democracia pluralista en los países industrializados a la rigidez de los mecanismos constitucionales de expresión del poder, para asegurar la gobernabilidad y canalizar la compleja y conflictiva realidad de estas sociedades, buscando para ello la cooperación de los agentes sociales”. Así se explica en el libro Concertación social y otras formas de neocorporativismo en España y en la Comunidad Europea, de Miguel Ángel Solans, de reciente publicación.

Con muy distintas fórmulas, en el periodo de la transición se firmaron algunos grandes pactos sociales: los Acuerdos de la Moncloa (1977), el Acuerdo Básico Interconfederal (1979), el Acuerdo Marco Interconfederal (1980), el Acuerdo Nacional de Empleo (1981), el Acuerdo sobre el Patrimonio Sindical Acumulado (1981), el Acuerdo Interconfederal (1983), el Acuerdo Económico y Social (1984) y los planes de reconversión industrial.

En el año 1978, en vigor ya los Pactos de la Moncloa, visitó Madrid el ex primer ministro británico, el laborista Harold Wilson. Pese a su larga experiencia concertadora, Wilson declaró: “En cierto sentido, España va más adelante que nosotros. El Gobierno (de UCD) ha alcanzado un pacto político y económico que puede ayudar a su desarrollo. En el pacto han intervenido los partidos políticos. En el contrato social que nosotros mantenemos con los sindicatos no ha sido posible incorporar a los partidos políticos, porque en este plano los conservadores proponían que toda normativa de control salarial, por ejemplo, se dispusiera por ley, algo en lo que nosotros no podíamos estar de acuerdo”.

Si las cúpulas dan su conformidad, la resolución negociada de los conflictos habrá abierto nuevos caminos de diálogo social, distintos del meramente salarial; habrá una mayor implantación de patronal y sindicatos en la gestión y resolución de las relaciones laborales; y se habrá logrado, de paso, una mayor autonomía de las partes. Y trabajadores y empresarios habrán cumplido el objetivo con que se presentaron hace un año: ser un factor de distensión de la vida pública española, sin renunciar a ninguno de sus derechos. Sólo así se entienden el malhumor y la furibunda oposición al preacuerdo de los partidarios del “cuanto peor, mejor”, que ven cómo se les escapa de las manos otro instrumento de deterioro con el que contaban.

El cansancio fiscal

(14 de enero de 1996)

La pedagogía política forma parte de las características centrales de las sociedades avanzadas y abiertas. Consiste en explicar al ciudadano el coste de todas y cada una de las medidas que un Gobierno dispone. Por ejemplo, que el Estado de bienestar se financia a través de los impuestos, y que quien defrauda a Hacienda aumenta la carga fiscal del resto de los que pagan. En España, la presión fiscal es aún menor que la media europea, pero es el país en el que ha crecido más rápidamente, con el objeto de acercarnos a sus estándares. Estas son las dos piezas de un mismo silogismo. Cuando los impuestos forman parte de la batalla electoral —como ocurrió en 1996— es que la sociedad española ha adquirido un grado de madurez similar.

“La presión fiscal en España es inferior a la de la mayoría de los países de la Unión Europea. Según las últimas estadísticas comunitarias, España se sitúa en el penúltimo lugar de los quince, detrás de Gran Bretaña, y entre 10 y 15 puntos por debajo de países más avanzados como Dinamarca, Suecia y Holanda. Nuestra presión fiscal, sin embargo, ha crecido rápidamente a lo largo de estos años, hasta el punto de que se aprecia entre los contribuyentes un cierto “cansancio fiscal’”. Con estas palabras empieza uno de los capítulos del programa económico electoral del PSOE.

El reconocimiento del “cansancio fiscal” es una novedad entre los socialistas, que, en este aspecto, se unen con retraso a la oferta del PP. Los que pagan impuestos en España, especialmente los derivados de las rentas del trabajo dependiente, pagan muchos impuestos; lo que sucede es que, al mismo tiempo, hay grandes bolsas de fraude fiscal.

Hay gran distancia en la sensibilidad sociológica de los ciudadanos de las clases medias respecto a los gravámenes, pero los Gobiernos europeos deben tener siempre presente la revuelta de las clases medias contra los impuestos en Estados Unidos desde finales de los años setenta. A partir de 1978, y partiendo de California, se inició una revuelta fiscal, liderada por un tal Howard Jarvis, un ciudadano que manifestó en todas sus declaraciones un odio visceral al Estado (y, por tanto, al de bienestar), a los políticos, a los intelectuales, a los medios de comunicación y a los enseñantes. Este Jarvis —¡qué pájaro!— logró que se rectificase por referéndum, con el aval de dos tercios de los ciudadanos, la llamada Proposición 13, por la que se limitaba sustancialmente el impuesto sobre la propiedad. La Proposición 13 fue inscrita en la Constitución de Estados Unidos.

Finalmente, en España, en un rasgo de modernidad, los impuestos empiezan a contar como objeto electoral de primera para las clases medias. Lo entendieron antes los conservadores, que están trabajando desde hace tiempo, aun con contradicciones, la sensibilidad de los contribuyentes. Por el contrario, los socialistas no han sabido nunca vender el coste del Estado de bienestar y, cuando sale el asunto de los impuestos, desean que desaparezca cuanto antes de la escena. A pesar de los apologetas del aznarismo —que ya los hay— existe una rectificación en las palabras del líder del PP cuando habla de congelar en vez de rebajar los impuestos, en plena precampaña electoral; el énfasis no es neutral y sí muy evidente. Pero es mejor una rectificación ahora que una contorsión en el Gobierno como les ha sucedido dramáticamente a unos devaluados Chirac y Juppé.

Más significativo aún es el vaivén del trapecista en el programa del PSOE: reforma fiscal para una sociedad “que ya soporta un elevado nivel de presión tributaria”; Carta de Derechos Tributarios de los ciudadanos (otros lo han llamado Estatuto del Contribuyente), que mejore “los derechos y garantías de los mismos en la línea de las recomendaciones de la UE”; reordenación de la tarifa y de los tipos en el IRPF; disminución del tipo marginal al 50%; aumento del ahorro a través de cambios fiscales en los fondos de inversión y en los planes de pensiones, etcétera. Y todo ello, con una gran “solemnización de lo obvio”, como decía Fernández Ordóñez: el ritmo de aplicación de estas medidas “deberá acompasarse en todo caso al objetivo de reducir el déficit público por debajo del 3% a partir de 1997”.

No hay necesidad de más comentarios.

El virtuoso

(28 de enero de 1996)

El paro ha alcanzado, dentro de la OCDE, a más de 33 millones de personas (seis millones más que en 1992); en la Unión Europea lo sufren 18 millones (cinco millones más que en 1992), de los que más de tres millones (casi el 21% de la población activa) están en España. Esa es la magnitud del problema. Ninguna de las ideologías en liza le ha dado solución; el crecimiento económico, que antes era suficiente para corregir el desempleo, se muestra incapaz de domeñarlo. Ante esta coyuntura no se puede ser conservador; se ha demostrado que con medidas que afecten sólo al mercado de trabajo no se cambia sustancialmente la tendencia. Instrumentos como la reforma laboral, el reparto del tiempo de trabajo, los nuevos yacimientos de empleo, etcétera, deben ser ensayados, aunque no sea seguro su resultado. El inmovilismo es la peor situación.

Hay muchas maneras de medir la magnitud del paro. La más directa, dar las cifras de desempleo actuales; otra, hacer una comparación histórica. Entre 1970 y 1992, la economía norteamericana creció alrededor de un 76%, y la de la UE, un 73%. Sin embargo, el empleo en EE UU creció un 45% en el mismo periodo, mientras que en Europa subió tan sólo un 7%. ¿Y España?: creció un 93% (es decir, casi dobló su tamaño), pero en 1992 había un 2% menos de empleo que en 1970. Para que nuestro país tuviera un problema tan crítico como el europeo tendrían que crearse cuatro millones de puestos de trabajo (además de los 12 millones que existen). Hoy trabaja el mismo número de personas que hace 25 años, cuando el país contaba con cinco millones menos de ciudadanos; de cada 100 personas en edad laboral, en España sólo trabajan 45, mientras que en la UE lo hacen 61, en EE UU 70 y en Japón 75.

Que para generar empleo es necesario invertir (crear las condiciones necesarias para que haya riesgo) debe ser el frontispicio de todas las reflexiones. Ello no significa que se deban descalificar a priori las iniciativas que se abordan, por difíciles que parezcan. El debate es imprescindible ante la impotencia de la economía clásica para arreglar el paro.

Por ejemplo, sobre el reparto del empleo, que ya es algo que se ha probado de modo sectorial, fundamentalmente entre las mujeres. Suponiendo que bastante gente ya empleada estuviera dispuesta a aceptar las consecuencias de más tiempo libre y menos sueldo (pautas similares a las adoptadas por muchas mujeres en Europa occidental) habría parados que podrían volver a trabajar. Una parte sustancial de la fuerza de trabajo mantendría un empleo convencional, a tiempo completo, pero los ensayos más positivos habidos entre la población femenina podrían extenderse a los varones y así reducir el paro. Keynes consideró ya esta tesis en su Teoría general, arguyendo que “llega un punto en que cada individuo sopesa las ventajas de aumentar el tiempo libre frente a aumentar los ingresos. Pero en la actualidad (1936) hay pruebas, creo que patentes, de que la gran mayoría de los individuos preferiría aumentar su salario a aumentar su tiempo libre”. Evidentemente, hay gente que cree que, a mitad de los años noventa, con niveles de ingresos reales muy superiores, puede haber llegado el turno a un cierto reparto del trabajo.

Por ejemplo, los intercambios entre trabajo fijo y salarios en algunas empresas catalanas. El País publicaba hace poco que en Robert Bosch, empresa de accesorios del automóvil, sindicatos y empresarios habían acordado unos topes máximos de empleo temporal y la transformación de contratos precarios en fijos a cambio de unos salarios más bajos. La información afirmaba que también estaban dispuestos a negociar aspectos como la antigüedad, la movilidad funcional o la distribución dela jornada, con la contrapartida de la contratación fija. Por ejemplo, el pacto social al que se ha llegado en Alemania.

Nadie sabe lo que estas experiencias darán de sí, pero hay que evitar el inmovilismo. El profesor británico Paul Ormerod, en su libro Por una nueva economía (Editorial Anagrama), compara a los economistas de piñón fijo con el personaje de una comedia al que denomina el virtuoso: “El virtuoso era un eminente teórico acerca de cualquier cosa que se moviera; por ejemplo, era el mejor nadador teórico del mundo. Pero en realidad no sabía nadar en el agua. Simplemente se tendía sobre una mesa e imitaba a la perfección todos los movimientos de una rana que colgaba de un cordel frente a él. Aunque, por lo menos, el virtuoso, al observar la rana, tenía el mérito de permitir que la realidad empírica influyera en él hasta cierto punto”.

La prospectiva como razón

(4 de febrero de 1996)

La prospectiva como ciencia social tiene poca credibilidad. Nadie supo pronosticar la caída del muro de Berlín o la autodestrucción del socialismo real. Sin embargo, entre los que hacen prognosis sociales los hay que aplican con rigor los datos a las tendencias (aunque yerren) y los charlatanes. En los últimos tiempos han aparecido dos nuevos paradigmas que necesitarán del tiempo para su demostración empírica: el fin de la historia, de Fukuyama, y el conflicto de civilizaciones, de Huntington.

La prospectiva es una materia que ha dado abundantes charlatanes y bastante gente interesante. Entre los primeros ninguno fue capaz, por ejemplo, de incorporar la caída del muro de Berlín y la autodestrucción del socialismo real a sus verdades reveladas del fin de siglo. Tal es la aleatoriedad de sus presupuestos y métodos de trabajo, escasamente científicos.

Los grandes economistas de la historia también hicieron sus pinitos prospectivos. Adam Smith previó la Sociedad de la Libertad Perfecta, cuya característica era un aumento general del bienestar para todos a través de la mano invisible. Marx profetizó, sin muchos detalles, la sociedad sin clases; la clase trabajadora, “estupidizada e ignorante”, devenía primero en un proletariado difuso y luego ejercía su dictadura para acabar en una mera administración de las cosas. Ya en el siglo XX, Keynes creyó en las posibilidades políticas del capitalismo del futuro, pero también en que el mercado conduciría a una sociedad de desempleo permanente; su pesimismo tiene hoy raíces empíricas. Por último, Schumpeter se pregunta en su obra monumental Capitalismo, socialismo y democracia, “¿Puede sobrevivir al capitalismo?”, y se contesta: “No creo que pueda”; el austriaco entiende que no hay razones puramente económicas en la muerte del capitalismo, sino que “el capitalismo da origen a un marco racional de pensamiento que, tras haber destruido la moral de tantas otras instituciones, se volverá contra la suya”.

Recientemente han aparecido dos libros que contemplan con seriedad la prospectiva como método —El futuro de España (Editorial Taurus), de Diego Hidalgo, y El capitalismo del siglo XXI (Editorial Península), de Robert Heilbroner—. El de Hidalgo es el primero que incorpora en el análisis a nuestro país en las nuevas condiciones de fin de siglo: sin un sistema político alternativo; vinculado al proceso de globalización surgido tras el final de la guerra fría; inmerso en la actual revolución de la tecnología, la información y las comunicaciones; con creciente preocupación por el medio ambiente; con un nivel preocupante de desempleo, etcétera. Y lo hace sin caer en ese economicismo rampante de muchos de los trabajos que hoy se publican.

Hidalgo lo ha querido editar en la precampaña electoral, con el afán legítimo de influir en las ideas de los partidos políticos, sobre todo en cuatro cuestiones: desempleo, pensiones, educación y reforma de la administración. Vano intento, pues sus posiciones liberales están desapareciendo artificialmente de la escena pública: los dos grandes partidos (PSOE y PP) han iniciado una rara carrera para ver quién defiende, con más ortodoxia, las posiciones alcanzadas en el Estado de bienestar español. Este corrimiento gauchista tendría su interés si fuese auténtico, pero es una impostura que no corresponde a la política que han practicado unos, o que desean ejercer los otros, cuando lleguen al Gobierno de la nación. Es oportunismo.

La batalla por el voto se está librando en el espacio sociológico del centro-izquierda, y resulta prodigioso observar a quienes hace poco eran un partido de derecha, luego de centro-derecha y hace dos fines de semana de centro, pelear con las armas que en Europa tienen la socialdemocracia o el laborismo, y no Kohl, Major o Juppé. ¿Dónde están los liberales del PP?

Un pacto de austeridad

(18 de febrero de 1996)

Poco antes de las elecciones generales de 1996 se demandó un pacto de austeridad entre las grandes fuerzas políticas (conservadores y socialistas) para encauzar definitivamente a España en el proceso de convergencia europeo. Los criterios de Maastricht —inflación, déficit público, tipos de interés y de cambio y deuda pública— lo hacían imprescindible. La austeridad, en contra de lo que la izquierda más rabiosa opina, no es un concepto de derechas. Enrico Berlinguer, el fundador del eurocomunismo, teorizó su necesidad en determinadas condiciones. Sólo los pobres y los parados quedarían excluidos de ese pacto, mediante una política de redistribución de la riqueza.

El nuevo Gobierno y el principal partido de la oposición a partir del 3 de marzo deberán suscribir, al menos, un pacto antiterrorista, para acabar con la barbarie nazi, y un pacto de austeridad, para colocar a España en el pelotón de cabeza de la Unión Económica y Monetaria.

El pacto de austeridad será central para cumplir los criterios de convergencia fijados en Maastricht, sobre todo en lo que se refiere al déficit y a la deuda pública. Converger con países como Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, etcétera —es decir, paliar los desequilibrios básicos de nuestra economía—, es urgente para competir en un mercado global, independientemente del momento en que se fije la moneda única: la austeridad se precisará al margen del debate sobre el euro, existente en ésta y en las otras naciones de nuestro entorno. Entrar en el pelotón de cabeza europeo y adoptar la moneda única forma parte de los programas de los socialistas y conservadores españoles.

El desarrollo de la campaña electoral y el cumplimiento de las reiteradas promesas hace cada día más difícil cualquier retoque del pequeño Estado de bienestar español, aunque fuese con voluntad de consolidarlo. La competencia entre el PSOE y el PP para ver quién es aparentemente más socialdemócrata induce a sospechar de cualquier interferencia, después de marzo, en asuntos como las pensiones, educación, sanidad o desempleo. Por tanto, las medidas de austeridad sólo podrán llegar del lado de los ingresos (subir los impuestos), lo que tampoco es posible, o limitando los gastos corrientes y las inversiones públicas. Sobre estos asuntos es sobre los que habrá que conseguir el acuerdo de los grandes partidos, evitando las demagogias y reduciendo las soflamas.

Austeridad no tiene por qué equivaler, de modo automático, a política de derechas (ya nadie es de derechas en nuestro país). Depende de cómo se reparta. En el año 1977, el entonces secretario general del Partido Comunista Italiano, el irrepetible Enrico Berlinguer, comenzó a defender la austeridad como política económica correcta para transformar la economía de dicho país; en su opúsculo Austeridad, Berlinguer escribió: “Hay que darle un sentido y una finalidad a la política de austeridad que es una opción obligada y duradera y, al mismo tiempo, una condición de salvación para los pueblos de Occidente... Austeridad significa rigor, eficiencia y también justicia, es decir, lo contrario de todo lo que hemos conocido y pagado hasta ahora (la democracia cristiana) y que nos ha conducido a la gravísima crisis cuyos daños hace años que se acumulan”.

Para que se legitimen los sacrificios de esta austeridad habrán de tenerse en cuenta dos datos fundamentales: la crisis del consumo (en 1995, los hogares españoles han gastado menos que el ejercicio anterior, por tercer año consecutivo) en aquellas familias donde tampoco ha crecido el ahorro; y el paro, que sigue creciendo, como muestran los datos del mes de enero, y que continúa en tasas muy superiores a las del resto de los países europeos. Los ciudadanos pertenecientes a estos dos estratos sociales, pobres y parados, deberán quedar excluidos de mayores medidas de austeridad, como las que se necesitan para el conjunto del país.

El FMI hace campaña electoral

(25 de febrero de 1996)

Falta de hacer un balance sobre las consecuencias positivas y negativas que ha tenido la acción preventiva del Fondo Monetario Internacional en los procesos de ajuste económico habidos desde su fundación. Una de las críticas más frecuentes —que los directivos de la organización niegan— es el criterio político de sus intervenciones, apoyando a unos candidatos en detrimento de otros. Rusia fue un ejemplo muy representativo: Yeltsin fue su líder en las elecciones presidenciales de 1996.

El director del FMI, Michel Camdessus, ha anunciado la concesión inmediata de un gigantesco crédito a Rusia por valor de más de 10.000 millones de dólares. Se trata del primer gran préstamo que protagoniza el organismo nacido en Bretton Woods, tras el paquete de rescate financiero a México hace más de un año. Aunque tarde, el FMI ha rectificado sus tormentosas relaciones de los últimos tiempos con Rusia. El crédito cumple la ortodoxia del FMI: dólares a cambio de un ajuste económico en profundidad (fundamentalmente, reducción de la inflación y del déficit público dentro de los parámetros —por hacer una comparación— de la convergencia fijada en Maastricht para los países de la UE).

Sin embargo, como casi siempre, la actuación del FMI se halla trufada de densidad política: se concede el dinero sólo cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, en un intento casi desesperado de apoyar a Yeltsin frente a la ofensiva de los comunistas encabezados por Ziugánov. Las intervenciones del FMI se han caracterizado por la política económica que imponen, pero también por su influencia política decisiva en el Tercer Mundo y, más genéricamente, en la estabilidad geopolítica internacional, como sucede ahora con Rusia.

Los sondeos pronostican, en este momento, una victoria de Ziugánov por 10 puntos, y esto es lo que pretende evitar el Fondo Monetario Internacional, pese a las declaraciones formales de neutralidad de Camdessus: “Nosotros apoyamos a países y a programas concretos. Rusia es una democracia y en democracia las elecciones son indispensables. Creemos que este programa de tres años es lo que necesita Rusia. Pero si llega un nuevo Gobierno que cree que es malo para el país, entonces será su opción la que nosotros respetemos. Claro que si no cumple con las condiciones del crédito, simplemente interrumpiremos el programa”. Más claro, agua.

Esta generosidad del FMI respecto a Rusia se plasma sólo desde que los grupos antirreformas (los ultranacionalistas de Zhirinovski o los comunistas de Ziugánov) son mayoritarios en la Duma. Hasta ahora las cosas no habían sido así; en la primavera de 1992 los reformistas contaban con el apoyo de Yeltsin, el Parlamento no podía oponerse y los ciudadanos aún daban un margen de confianza al Gobierno; en ese momento, el FMI despreció el plan de ayuda de Occidente solicitado por el Gobierno ruso (para mantener el empleo público, subsidiar a los sectores más afectados por la transición hacia una economía de mercado y crear un fondo de estabilización del rublo), pese a que las privatizaciones avanzaban y la inflación se reducía.

Un testigo excepcional de aquellos momentos, el español Manuel Castells (que coordinaba un comité de expertos sobre los problemas sociales de las reformas económicas, en el que participaban Alain Touraine, Fernando Cardoso —el actual presidente de Brasil—, Stephen Cohen y Martín Carnoy), describía la actuación del Fondo: “La incapacidad política de entender la situación rusa [o del mundo] en términos distintos de parámetros macroeconómicos cortó la ayuda occidental en un momento decisivo, suscitando un proceso que destruyó la credibilidad de las reformas, envalentonó al viejo aparato soviético y sembró en las mentes la tentación del salvador autoritario haciendo posible el fenómeno Zhirinovski. El analfabetismo político del FMI habrá conseguido exactamente lo contrario de lo que pretendía en la economía mundial y, en el camino, habrá destrozado un país tan importante como Rusia y hecho retroceder las perspectivas de concordia internacional”.

Es mejor tarde que nunca y que el FMI rectifique su ceguera anterior; pero es legítimo sospechar de sus criterios. El FMI ha devenido en un agente que articula la estabilización política de los países hasta un límite incierto y a veces arbitrario.

Alicia a través del espejo

(3 de marzo de 1996)

El 3 de marzo de 1996 es una fecha importante para España: la derecha volvió al poder legitimada por las urnas, aunque su victoria se produjo por escaso número de votos. Para obtener este triunfo tuvo que olvidarse de anteriores señas de identidad y presentar un programa en el que lo prometía todo: la regeneración democrática, un Estado de bienestar fuerte, menos impuestos y soluciones al paro. El Partido Popular llegó envuelto en una bandera con muchas reminiscencias socialdemócratas. Luego haría lo que hizo, pero aprendió una lección: no podía gobernar en nuestro país predicando el liberalismo puro y duro.

Los ciudadanos españoles tenemos motivos para estar satisfechos: vivimos en el mejor de los mundos posibles. A partir de mañana mejoraremos, casi inmediatamente, la calidad de nuestra vida: ¡Nos lo han prometido todo! No importan los instrumentos, que nos han sido hábilmente ocultados y no son —como creíamos— incompatibles entre sí, ni los matices, que no existen. Todo es posible: un Estado de bienestar creciente con puestos de trabajo en abundancia; gastos sociales para más gente con impuestos menores; la satisfacción de los mercados financieros y una moneda fuerte, y además en la primera división de la Europa unida. Qué más queremos, doctor Pangloss.

Uno de los mayores méritos de los socialistas ha sido reconvertir al Partido Popular a la socialdemocracia. Los representantes conservadores se han desgañitado en los mítines o ante los medios de comunicación intentando convencernos de que las pensiones, el desempleo, la educación o la sanidad seguirán siendo públicas, universales y más eficaces; incluso ha habido un dirigente andaluz que, olvidándose del voto cautivo, ha ofrecido más ayudas a los jornaleros en paro. No se cerrará Hunosa, habrá más viviendas y algunas alcaldesas han acompañado a los trabajadores en las manifestaciones contra la reconversión de los astilleros. ¿Qué ha sido de los liberales o los euroescépticos en el seno del PP?

También ha sido notable la sensibilidad sobrevenida de los socialistas respecto a los impuestos. Aquí la lección se ha dado en sentido contrario: de derecha a izquierda. La oferta del Partido Popular de bajar el impuesto sobre la renta —el mensaje más nítido de su campaña— llevó a que los socialistas reconociesen en su programa electoral que los contribuyentes padecen un cierto “cansancio fiscal”, y en su programa ofrecen una reforma fiscal para una sociedad “que ya soporta un elevado nivel de presión tributaria”, una reordenación de la tarifa y de los tipos en el IRPF o la disminución del tipo marginal al 50%. Bien es cierto que en las comparecencias han olvidado lo escrito e insistido en que no se pueden bajar los impuestos y el déficit a la vez.

Quizá los más inquietos deban ser los parados, pues pese a que todos los partidos han vendido la prioridad absoluta en la resolución del problema, no han iluminado fórmulas nuevas para corregirlo exceptuando la del reparto del trabajo, que podría ser efectiva aunque minoritaria. Al fin y al cabo, casi todos los economistas están confundidos sobre las causas profundas del paro, excepto los más seguros. Para estos últimos, el desempleo no proviene de la falta de trabajo, sino del comportamiento de los asalariados; los parados, por percibir una ayuda tan elevada que desincentiva la búsqueda activa del empleo; los ocupados, por tener salarios excesivos y disfrutar de unas condiciones de trabajo fuera de tiempo y lugar.

El problema de una campaña electoral como ésta en la que se han cerrado muchos de los caminos para reformar el Estado de bienestar —en el sentido de cambiarlo para hacerlo sobrevivir y reforzarlo—, en la que se asegura una reducción de los gravámenes o en la que se multiplican las esperanzas para limitar asuntos tan centrales en la vida cotidiana de las familias como el paro, es que crecen las posibilidades de defraudar luego a los ciudadanos que creyeron ingenuamente en las promesas. Ello supone la deslegitimación del sistema y conmociones sociales como las experimentadas por Francia a finales del pasado año. Tendría nuevamente razón la Alicia de Lewis Carroll, cuando afirma que lo importante no son las palabras, sino quien las utiliza: el retrato más concreto del poder.

Socialdemocracia para las “vacas locas”

(31 de marzo de 1996)

John Major continuó la labor de la señora Thatcher, aunque atemperando las aristas más extremas de su liberalismo. Pero cuando Gran Bretaña padeció la crisis de las “vacas locas” se olvidó de los mecanismos de mercado y pidió ayudas a Bruselas (a la burocracia europea) para superarla. En aquel momento, la Comisión Europea vivía uno de esos raros momentos en los que pretendía pasar de la teoría a los números y financiar algunas inversiones públicas (las redes de comunicación transeuropeas) para generar empleo. Todo ello sin aumentar los déficit públicos. El debate, otra vez, era la asignación de recursos: o keynesianismo o “vacas locas”.

La egoísta Gran Bretaña ha demandado ayuda a sus socios comunitarios para arreglar financieramente la crisis de las “vacas locas”. Curioso cambio de actitud; en 1985, la señora Thatcher arrancaba a la CE el llamado “cheque británico” (de 2.000 millones de ecus: alrededor de 310.000 millones de pesetas de hoy) porque la política agrícola común no beneficiaba al Reino Unido. La Thatcher abanderó (y su sucesor John Major continuó, aunque con matices) la libertad de mercado sin interferencias; ahora, la necesidad aprieta y ha solicitado la intervención de la UE.

El problema filosófico de este curioso tipo de liberalismo de una sola dirección se agrava cuando se conoce que, de producirse el apoyo pedido, se haría con parte del dinero que Jacques Santer quería dedicar a la lucha contra el paro. El presidente de la Comisión había calculado un ahorro de unos 4.000 millones de ecus (más de 600.000 millones de pesetas) en el presupuesto agrícola de la UE entre 1997 y 1999, con el cambio del apoyo de precios al pago de ingresos directos a los agricultores.

Santer estaba peleando para que una parte de esta cantidad en vez de reembolsarse en los presupuestos nacionales para combatir el déficit de cada país (como ansían muchos ministros de Economía), sirviese para financiar las redes de comunicación transeuropeas que proyectó su antecesor, Jacques Delors, y que llevan paralizadas más de dos años por falta de dinero. Delors y Santer (antiguo ministro de Economía) pretendían combatir el desempleo de 20 millones de personas que hay en el interior de la UE a través —en parte— de un keynesianismo continental inversor.

La paradoja es que quien se puede cargar ahora este proyecto del Libro Blanco de Delors no es la ortodoxia de los ecofines, sino esta coyuntural socialdemocracia británica de las “vacas locas”. Ya sé que el desastre del ganado británico también produce paro, pero la alternativa merece debatirse.

La Conferencia Intergubernamental (CIG) inaugurada este fin de semana tiene un gran reto: imponer el mensaje político de que se discute de asuntos que afectan directamente al ciudadano; por ejemplo, el déficit democrático y el desempleo. Sólo mediante este convencimiento se logrará que el europeo apoye también los sacrificios necesarios para llegar a la moneda única.

Ya no vale para ello una mera dinámica de declaraciones hueras acerca de que la prioridad es la creación de empleo, sino que se llegue a acuerdos vinculantes. Es imprescindible convertir al empleo en criterio determinante de las iniciativas, las intervenciones y de los gastos para que Europa pueda reivindicar su modelo social. Como dice uno de los documentos presentados en Turín, “el sistema de protección social está profundamente arraigado en la identidad y la cultura de los pueblos europeos. No debe ser visto como un problema, sino como un activo y como una de las grandes aportaciones de Europa a la mundialización”.

Mitterrand repetía que frente a la globalización que crea exclusión, Europa puede ser la mejor de las protecciones si desarrolla su modelo social original. Si la CIG lo convalidase con las reformas precisas, Mitterrand, como el Cid, habría vencido después de muerto.

Apocalípticos e integrados

(7 de abril de 1996)

Dependiendo del momento en que cada desequilibrio era el más profundo, la lucha contra la inflación y contra el déficit público se ha tornado en la prioridad de las políticas económicas europeas, en el enemigo a batir. Pero, conscientes de la impopularidad de sus ofertas, pocos políticos se atrevían a avanzar en el mensaje. Disminuir el déficit, conseguir el equilibrio presupuestario. Pero ¿cómo?: ¿aumentando los impuestos?; ¿reduciendo las pensiones o la inversión pública?; ¿congelando el sueldo a los funcionarios?; ¿privatizando la sanidad o la educación? La respuesta a estas cuestiones determina la naturaleza de las distintas opciones políticas. Mientras tanto, el paro continuaba en el campo de la retórica.

La protagonista, de nombre Patria, descubre al cabo del tiempo que su amante, por el que se ha sacrificado hasta el límite con el objeto de que acabe su novela maestra, tiene escritas al fin 300 páginas, pero con una sola frase: “Todos me persiguen, no puedo escribir porque todos me persiguen”. Ocurre en La nada cotidiana, de la escritora cubana Zoe Valdés.

En economía sucede lo mismo. Se reúne todo tipo de organismos internacionales para dictaminar, una y otra vez, que el único camino es reducir el déficit público. De acuerdo. No habrá pensamiento único (o, si existe, es sólo el eslogan descalificatorio más socorrido de políticos y comunicadores, como decía el pasado viernes en este periódico José Vidal-Beneyto) ni única política económica posible, pero la lucha contra el déficit público se ha convertido en el mínimo común denominador de todos los expertos, una vez decretado el fin de la inflación.

Ni siquiera se discute, como antaño, la composición de ese déficit: en qué se gasta, cómo se ingresa y para qué; en qué condiciones y hasta dónde hay que endeudarse. El déficit en sí mismo es maligno, al margen de recesiones o recuperaciones. No hay ciclos. Francia, por ejemplo, sufre una peligrosa caída y Juppé no ha tomado las medidas tradicionales de alegrar la inversión y el consumo, sino que ha aumentado los impuestos para mejorar los ingresos fiscales y cumplir Maastricht.

Ahora se atornilla el discurso un poco más; no basta con aminorar el déficit, sino que hay que hacerlo de modo rápido y no gradual. El martes coincidían en el mensaje el Instituto Monetario Europeo y el Banco de España (Luis Ángel Rojo, gobernador de este último, es vicepresidente del primero). El IME insistía en la reducción urgente, y no paso a paso, de los déficit de los quince, y señalaba con el dedo dónde sajar: es insostenible el porcentaje de gasto público con respecto al PIB, de lo que “ya son conscientes no sólo ministros y expertos, sino también la opinión y los agentes sociales”; los grandes problemas están “en los gastos sanitarios y de pensiones”.

El Banco de España, habitualmente más prudente, no indicaba en su informe dónde disminuir el gasto (ello corresponde a los políticos, no a los técnicos: aquí es donde hay diferencias e ideologías), pero conducía al PP a un ajuste fiscal duro y rápido, sin esperar al presupuesto de 1997. Para el banco emisor, “el esfuerzo de consolidación fiscal realizado en 1995 fue modesto, dada la dimensión del equilibrio existente, y se centró... en medidas de eficacia transitoria”, y “las medidas adoptadas en 1996... no incorporan elementos de reforma que faciliten la necesaria reducción del déficit público”.

Al mismo tiempo, se reunían en Francia los ministros de Trabajo del G-7 para analizar el paro en el mundo. Es la segunda reunión de los siete países más ricos sobre este asunto (la primera fue en Detroit, presidida por Clinton, en 1994). Aquí no hubo más acuerdo que el de adherirse a las directrices manidas: recomendaciones de oficio sobre la necesidad de sanear las finanzas públicas, flexibilizar el mercado laboral y eliminar trabas al comercio mundial. Lo que se está haciendo desde hace muchos ejercicios sin que ceda el paro, la precariedad o la redistribución negativa de la riqueza. Ni siquiera condenaron descarríos como el trabajo infantil, relativamente frecuente en Asia, porque “cosas que aparentemente son aberrantes en Occidente forman parte de la cultura tradicional asiática” (según el representante japonés). Llevado al extremo este argumento, tampoco deberíamos inmiscuirnos en la ablación del clítoris que se practica en algunas zonas. En el mundo hay derechos humanos que no son universales, y hay apocalípticos e integrados.

Medio siglo sin Keynes

(20 de abril de 1996)

La economía como ciencia de medios, no de fines. Quizá sea ésta la enseñanza más profunda que nos dejó Keynes, del que en 1996 tomamos nota de su ausencia por medio siglo. John Maynard Keynes, el economista más influyente de la historia, un lord conservador repudiado por los conservadores y reivindicado por los progresistas, como gran paradoja de su existencia. La revolución keynesiana marcó la hegemonía económica hasta la década de los ochenta, en la que fue sustituida por una oleada de conservadurismo que acabó con las bondades de la intervención estatal selectiva, junto con la adopción de la política fiscal como herramienta económica principal. El monetarismo arrumbó a la fiscalidad, y el énfasis —que había estado en los fa-llos del mercado—se puso en los abusos del Estado. Dos décadas después del inicio de la revolución conservadora, un economista francés ha escrito un libro cuyo título es todo un homenaje a uno de los animadores del Grupo de Bloomsbury: Keynes, reviens. Ils sont devenus fous.

El 21 de abril de 1946 moría John Maynard Keynes de un ataque al corazón en su casa de Tilton (Gran Bretaña). Desaparecía así el economista más importante, el más influyente y seguramente el más leído del siglo XX. Medio siglo más tarde resulta conveniente interrogarse acerca de lo que queda de su pensamiento y si, en una economía tan mundializada como la que vivimos, aquella revolución keynesiana que lideró tiene espacio en el que moverse y espejo en el que mirarse.

Keynes nació (como Schumpeter, otro gran economista de nuestro tiempo), por una casualidad del destino, el mismo año en que murió Karl Marx, el apóstol del otro gran sistema económico que ha dominado el planeta en los años centrales de nuestro siglo. Durante muchos años, marxismo y keynesianismo hubieron de medirse no solamente en el terreno de la teoría, sino en el de la práctica.

El papel de motor de la historia que para Marx y sus seguidores tenían los intereses sociales fue para Keynes las ideas económicas. En su obra magna, Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, escribe el economista inglés: “Las ideas justas o falsas de los filósofos de la economía y de la política tienen más importancia de lo que en general se piensa. A decir verdad, ellas dirigen casi exclusivamente el mundo. Los hombres de acción que se creen plenamente eximidos de las influencias doctrinales son normalmente esclavos de algún economista del pasado. Los visionarios influyentes, que oyen voces celestiales, defienden utopías nacidas algunos años en el cerebro de algún escribidor de facultad. Estamos convencidos de que se exagera enormemente la fuerza de los intereses creados en relación a la influencia que progresivamente van adquiriendo las ideas. En realidad, éstas no actúan de una forma inmediata, sólo lo hacen después de un lapso de tiempo... Pero son las ideas y no los intereses creados los que, antes o después, son peligrosos para bien o para mal”.

El keynesianismo nació para corregir los excesos de la acción del mercado, la mercadolatría. Fue una especie de revolución pasiva del capitalismo, pues su objetivo consistió en mitigar las crueldades y los abusos más evidentes del mismo, para darle eficacia. Y también limitar los efectos de las recesiones, de modo que durante éstas, todos los ciudadanos tuviesen unos mínimos ingresos con los que sobrevivir y consumir y, por tanto, hacer más segura su existencia; el keynesianismo limitaba la indignación y la capacidad de rebeldía de los ciudadanos, de modo que evitasen las tentaciones de mirar más allá, hacia los sistemas socialistas, en los que lord Keynes, por supuesto, no creía. Él era un conservador que pretendía, mediante la acción de la política económica, ayudar a sobrevivir al capitalismo; es decir, lo contrario que Marx.

Fue una especie de concesión. Hay quien afirma que el principal éxito del socialismo real fue dotar a los países occidentales de unos sistemas de protección —en cuyo origen está Keynes— que hicieron al capitalismo más humano e, insisto, más eficaz. Cuando desaparece el peligro del comunismo, el keynesianismo, que ya pasaba por momentos muy difíciles, se bate en retirada y hay muchos intereses e ideologías dispuestos a hacerle fenecer de una vez para siempre: ya no es necesario como última trinchera.

La revolución keynesiana hace hincapié en la intervención estatal selectiva, junto con la adopción de una actividad fiscal como política económica principal. Para su inspirador, el paro es el resultado de una caída de la demanda efectiva y, por tanto, para recuperar el pleno empleo es imprescindible reactivar el sistema económico con intervención pública. En la Teoría general... el autor explica que la economía puede encontrar un punto de equilibrio con desempleo y con una infrautilización de la capacidad de producción de las empresas; es decir, que la depresión no es, por naturaleza, un asunto temporal que se corrige automáticamente cuando cambia el ciclo; para romper con este nuevo equilibrio más bajo de la economía debe suplementarse la demanda existente con la ayuda pública, con el objeto de aumentar la demanda global y, de paso, elevar el empleo. Keynes mantiene también que hay una parte del flujo de ingresos, que proviene de intereses, sueldos, rentas y beneficios, que puede ser no gastada ni invertida, sino ahorrada, guardada como colchón de seguridad para los malos tiempos; el Gobierno debe tomar el equivalente a estos fondos no gastados e invertirlos para estimular la demanda.

Pero Keynes no fue sólo un economista. Como los grandes profesionales de este oficio, sus intereses y sus aficiones eran mucho más amplios. Fue uno de los animadores del Grupo de Bloomsbury (se le ve un momento en la reciente película Carrington) junto a artistas e intelectuales como Virginia Woolf, Lytton Strachey, los hermanos Bell, Forster, Brenan, Duncan Grant, etcétera. Esa ética y esa estética que practica en Cambridge, en Bloomsbury —junto a su mujer, la bailarina del ballet ruso de Diaghilev Lidia Lopokova— la refleja en alguno de sus escritos que reproduce uno de sus principales biógrafos, Robert Skidelski (Esperanzas frustradas): “Éramos profundamente inmorales; repudiábamos cualquier obligación que nos forzase a obedecer a reglas generales, cualquier aceptación de la moral establecida, las costumbres, convenciones y la sabiduría tradicional. Raclamábamos el derecho a juzgar cada caso por sus propios méritos y reclamábamos también la sabiduría, la experiencia y el autocontrol necesarios para hacerlo correctamente. Queríamos ser jueces de nuestros propios medios”.

Keynes pensó mucho más en los fallos del mercado que en los del Estado. La crisis fiscal del Estado abortó las esperanzas de que la revolución keynesiana fuese una pócima universal para cualquier tiempo y país. La elasticidad de que hizo gala en los malos tiempos cambió de signo en los buenos; si para la recesión había remedio, cuando llegara la recuperación se debía aplicar lo opuesto: la reducción del déficit deliberado. Los intereses de los grandes grupos organizados han generado en muchas ocasiones enormes resistencias, a veces imposibles de superar, y la política keynesiana se reveló como una calle de dirección única.

La economía de final de siglo posee unas características muy diferentes a las de la primera parte del siglo: globalizada, sin responder a estímulos nacionales; con una conjunción de paro estructural y empleo cada vez menos estable e indefinido; de dualización social con un aumento de los excluidos, pero al mismo tiempo también de recuperación de los excedentes empresariales; de desmantelamiento del Estado de bienestar, casi siempre escaso, pero al que aspiran todos los que no están integrados en él; de movimientos rápidos, universales y masivos de capitales y de información, pero no de personas, etcétera.

Para estos problemas no sirve una buena parte de la filosofía keynesiana. El Estado-nación tiene, progresivamente, más zonas grises sobre las que se ve incapaz de actuar; los procedimientos sociales son más y más complejos y se les escapan nuevos estratos sociales. Dice Alain Minc: “La victoria del mercado va acompañada de la ascensión de zonas grises”; lo gris avanza por todas partes, en los territorios, en las sociedades y en las realidades virtuales; por ejemplo, el mundo financiero, estableciendo unas distinciones cada vez más tenues entre lo permitido y lo prohibido, entre lo moral y lo inmoral, entre la autoridad legítima y los poderes ilegales, entre lo oficial y lo oficioso.

La gran lección de Keynes fue considerar a la economía como una ciencia de medios, de instrumentos, nunca de fines. Los profesionales de la economía deben aplicar el método de la prueba y el error para adecuarse a los tiempos y las circunstancias. Hay que separar el grano de la paja y actualizar lo que de permanente tiene el keynesianismo. En París acaba de ser editado un libro de un colaborador del liberal Balladur, que gráficamente se titula: Keynes, reviens. Ils sont devenus fous.

El nuevo laborismo

(12 de mayo de 1996)

Tony Blair y Lionel Jospin, por distintos motivos, representan la faz del socialismo moderno europeo. Jospin ya fue ministro con Mitterrand, pero Blair permanecía inédito como político en el poder hasta que ganó arrolladoramente las elecciones en el Reino Unido, en 1997. Su acción política se integra perfectamente, por el momento, con sus criterios ideológicos: los de un centrista radical, que ha conservado lo mejor de la anterior etapa —lo que le ha valido de sus críticos el apelativo de Tory Blair— y ha planteado los postulados de un laborismo reformado (existencia de un salario mínimo, integración de Gran Bretaña en la Carta Social Europea, autonomía económica del Banco de Inglaterra, autonomía a Escocia y Gales, distancia crítica con los sindicatos, etcétera). Le falta por despejar la gran incógnita británica: el grado de participación en la Unión Europea y en el euro.

Conviene ser cautos después de las recientes experiencias electorales, sobre todo a la luz de los errores de los sondeos de opinión. Pero no parece muy arriesgado entender que los laboristas británicos van a ganar en los próximos comicios; en estos momentos las encuestas señalan una distancia de 30 puntos entre ellos y los conservadores, y en los comicios parciales los primeros han superado con creces a las huestes de John Major.

Es urgente actualizar nuestras ideas sobre el Partido Laborista y sobre la figura de su joven líder, Tony Blair. ¿Cuáles son los valores que defienden los nuevos laboristas? ¿Quién es Tony Blair? La obsesión de Blair y su gabinete en la sombra ha sido, durante los últimos tiempos, sacar al viejo partido socialista de su anclaje en el pasado adecuándolo a la Europa del siglo XXI, y un largo viaje hacia el centro político, arrebatándoselo a los tories. Se han dado cuenta, con bastante retraso, de que la larga era conservadora que inició la señora Thatcher a finales de los setenta se ha sustentado en las clases medias. En su reciente visita a Estados Unidos, Blair se presentó como el jefe del “centro radical” en el Reino Unido y declaró intencionadamente que “el laborismo es ahora la casa natural de los tories del ala izquierda. En mi opinión se sentirían en casa en el actual Partido Laborista”.

La batalla por esa clase media se va a dar, sobre todo, en el terreno de los impuestos; la revuelta de esa parte central de la sociedad se está concretando, en una buena parte del mundo más desarrollado, en el hartazgo de una presión fiscal que califican de muy elevada. No en vano ironizaba Blair recientemente sobre aquellas personas de la izquierda más tradicional “que casi han considerado los altos impuestos como un símbolo de virilidad”.

¿Y la vieja solidaridad? ¿Y la redistribución a través de los gravámenes, seña de identidad de los socialistas frente a los conservadores?: “Algunas de las viejas distinciones entre la izquierda y la derecha se han vuelto claramente sin sentido”, dice el laborista, que prefiere separarse de sus oponentes por la introducción de un salario mínimo, por la aceptación —sin copiar el sistema de Seguridad Social del capitalismo renano— del capítulo social fijado en el Tratado de Maastricht, por jugar un papel más activo en las cuestiones comunitarias, etcétera.

La convergencia hacia el centro y las diferencias con el Partido Conservador se dan también en el ámbito social y siempre en el entorno de los matices. Los nuevos laboristas buscan el espacio intermedio entre el Estado y el mercado, insisten en que la globalización de la economía tiene muchas potencialidades, pero también peligros de incrementar la dualidad en las sociedades del Primer Mundo y de ampliar las desigualdades entre éstas y aquellas otras del tercer y cuarto mundo, marginadas de esa mundialización seleccionada exclusivamente por los mercados financieros. Los laboristas defienden una reforma profunda del Estado de bienestar que inventó Beveridge y apoyan la dureza contra la delincuencia.

Algunos analistas europeos han destacado las coincidencias entre el aggiornamento actual de Blair y el que inició Felipe González en 1982; pero la analogía más repetida ahora es entre el Bill Clinton de 1992 y el Tony Blair de 1996: ambos han pretendido modernizar dos partidos, el demócrata norteamericano y el laborista británico, esclavos de su tradición.

El adelgazamiento

(2 de junio de 1996)

La revolución científico-técnica ha conseguido que los cambios en el sistema productivo sean tan acelerados, que cada poco surgen —y se desvanecen con la misma rapidez— conceptos nuevos para explicar lo que ocurre. Uno de ellos es el de downsizing (adelgazamiento) que describe los despidos masivos en las empresas más importantes, que se miden —en Estados Unidos, patria del concepto— en unidades de 10.000 trabajadores. Pero lo que un día es bueno para la ortodoxia, al otro deja de serlo. Stephen Roach, reconocido teórico del downsizing como método empresarial para mejorar los resultados sin ampliar la cuota de mercado de una sociedad, se ha pasado al capitalismo renano, que premia (bajo el concepto remunerativo de antigüedad) la fidelidad del trabajador a la empresa. Roach afirma que los asalariados temporales en permanente rotación no tienen ningún cariño por lo que hacen y vacían “de sangre a la empresa”.

Mientras Europa inicia curas de adelgazamiento del sector público para recuperar la competitividad perdida (según el World Economic Forum), Estados Unidos revisa algunas de las fórmulas utilizadas para triunfar en ese ranking. Así es como se ha multiplicado el uso del concepto de downsizing que es el eufemismo políticamente correcto para referirse a los masivos despidos de las superempresas.

La economía norteamericana creó más de un millón de empleos en lo que va de año, pero las grandes compañías anuncian regularmente despidos de decenas de miles de trabajadores; los beneficios y la productividad aumentan, pero la capacidad adquisitiva de buena parte de los asalariados (excepto la de los grandes ejecutivos) se estanca; la recuperación económica es un hecho, pero sus efectos se dejan sentir de forma muy diferente en la sociedad.

Con este panorama, un técnico muy influyente, el jefe de economistas de la Morgan Stanley, Stepehn S. Roach, ha encendido la señal de alarma y su voz ha llegado inmediatamente a Europa: “Si se compite construyendo, se tiene futuro; si se compite recortando, no. Me he equivocado”. La opinión de Roach tiene mucho valor porque durante muchos años ha sido uno de los principales gurús norteamericanos de la teoría de la reducción, el culto al recorte de los gastos empresariales, que está destruyendo miles de empleos en todo el mundo en nombre de la eficacia. Antiguo economista de la Reserva Federal, en 1991 escribió un artículo en la Harvard Business Review —inmediatamente traducido en muchas escuelas de negocios— en el que teorizó como “imperativa” la reestructuración de la empresas de servicios norteamericanas, como única posibilidad de sobrevivir en primera línea, por la hipercompetitividad derivada de un mercado mundializado.

En sus manifestaciones Roach dice: la teoría de la reducción fue dominante en los ochenta y proporcionó a las empresas la justificación intelectual para un recorte implacable de gastos, que hizo que millones de personas perdieran su empleo y otros tantos millones se vieran impelidas a doblar su productividad y fuesen desbordadas por su trabajo; los despidos permitieron a las empresas mejorar sus resultados sin aumentar su cuota de mercado. La reestructuración de tala y quema “no es la solución permanente. Las tácticas de reducción sin límite en el tiempo y de disminución de los salarios reales acaban siendo recetas para la extinción industrial. Si lo único que se hace es recortar, al final se quedará uno sin nada, sin cuota de mercado”.

Al despedir a los trabajadores fijos y rotar permanentemente a los temporales, éstos dejan de sentir el menor cariño por lo que hacen y “se vacía de sangre la empresa”. La solución es, según Roach, “poner el acento en la mejora de la calidad de la mano de obra y admitir la necesidad de reconstruir y contratar”. Como no hay peor cuña que la de la misma madera, y al no ser Stephen Roach un peligroso liberal tipo Galbraith, los ataques contra él de los económicamente correctos se han multiplicado y le han acusado de populismo. Pero el discurso de Roach ha sido avalado recientemente por el presidente Clinton, al menos en dos ocasiones, delante de decenas de empresarios norteamericanos: “Seamos claros”, declaró Clinton, “la responsabilidad fundamental de cualquier empresa es conseguir beneficios y crear empleos compitiendo y creciendo”.

El problema siempre es de graduación. Europa y Estados Unidos están en sintonías distintas.

La obscenidad del poder

(9 de junio de 1996)

Poco duró la tregua que tiene un partido cuando gana unas elecciones. Al mes de estar en el poder, José María Aznar hacía su primer balance y rompía los tradicionales cien días de paz. Desde el primer momento apareció la característica principal que la derecha española ejercita: su patrimonialización del poder. Sustituyó a todos los presidentes de empresas públicas de la etapa socialista, fuese cual fuese su valía profesional, y los cambió con gente de acreditada confianza política. El riesgo del amiguismo, tan peligroso en una España muy cercana al nepotismo franquista, se multiplicaba con el Partido Popular. La regeneración de la vida política era tan sólo una mentira electoral.

Al comparecer voluntariamente ante las cámaras de Televisión Española para hacer un balance de su primer mes como presidente, José María Aznar ha roto con valentía las normas implícitas de 100 días de paz y ha legitimado las críticas a la acción de gobierno sin esperar al periodo de gracia.

Por ejemplo, las que se derivan de la obscenidad del poder. Durante una década la caverna escribió —y los populares lo aplaudieron, estimularon y proporcionaron información— sobre los sobresueldos de los altos cargos (de secretario de Estado hacia abajo) a través de la participación en los consejos de administración de las empresas públicas. Pues bien, lo primero que han hecho los conservadores ha sido desalojar a los antiguos consejeros socialistas y colocarse ellos: Telefónica, Repsol, Hipotecario, Tabacalera, Argentaria, Endesa, Instituto de Crédito Oficial (pero también las empresas públicas medianas o pequeñas, que empiezan a recibir las recomendaciones para introducir a determinadas personas en sus órganos) han cambiado, o están a punto de hacerlo, sus consejos. Así, por ejemplo, una persona tan conocedora del mundo de la energía como el secretario de Estado de Comunicación es ya consejero de Repsol.

Los altos funcionarios, para ser eficaces y honrados, deben estar bien pagados. Y si no es posible lograrlo incrementando sus salarios directos debido a la austeridad presupuestaria, un camino —quizá no el más adecuado para profesionalizar los consejos— es el escogido. Pero antes, los militantes del PP que se han acogido a esta vía de reinserción salarial deben arrodillarse —como ha aconsejado a otros Pedro Schwartz— y pedir perdón público por su demagogia pasada.

Lo preocupante es que esta obscenidad deje de ser anecdótica y tienda a convertirse en categoría. Los intentos de desalojar a Jaime Terceiro de la presidencia de Cajamadrid, por motivos distintos a los estrictamente económicos, y sustituirlo por un buen técnico pero cuya mayor referencia pública es ser amigo de Aznar, han causado inseguridad jurídica en los ambientes especializados. La Comunidad de Madrid (y la Caja como su principal instrumento financiero) aún no está suficientemente vertebrada, por lo que la analogía que hace uno de los principales banqueros de este país es válida: ¿puede imaginarse el escándalo que se montaría si Pujol pretendiese desmontar a Vilarasau de La Caixa y cambiarlo por un amigo suyo inspector de Hacienda en excedencia?

La leyenda dice que en la carta por la que se forzó el cese de Francisco Luzón como presidente de Argentaria, y que ha sido incorporada al acta del Consejo de Administración de la entidad financiera, se admite que su alejamiento no se ha debido a la mala gestión, sino al deseo de cambiar las cabezas de todas las empresas públicas. Idéntica carta, firmada por el subsecretario de Economía, ha recibido el hasta ahora presidente de Telefónica. Es decir, se sustituye gestión por confianza en los criterios de elección de los gestores públicos. ¿Qué van a opinar de estos cambios, o del de Óscar Fanjul en Repsol, los celebérrimos mercados que abominan de las motivaciones políticas? La publicidad de estas misivas en el momento de la privatización futura de estas empresas puede convertirlas en cartas bomba para los inversores internacionales.

Liberales frente a conservadores

(9 de junio de 1996)

La lucha ideológica central a finales del siglo XX ya no es entre el comunismo y el capitalismo, como en su inicio, sino entre liberales y socialdemócratas en el seno del mismo sistema (la economía de mercado). El liberalismo económico ha llegado a España tarde (con algunas excepciones notables, enclaustradas en la Universidad) y con escaso bagaje teórico: repite lo ya conocido. La derecha española en el poder se reclama de ese liberalismo, lo amamanta en sus fundaciones y sus think-tanks, pero practica un arbitrismo desaforado, con el objetivo descarnado de permanecer en el poder. ¿Por qué la mayor parte de los neoliberales españoles son funcionarios y están, por consiguiente, al margen de los avatares del azar en sus empleos y sus salarios? ¿Por qué los neoliberales españoles han fracasado una y otra vez cuando se han presentado como tales en el mercado electoral?

La gran lucha ideológica del siglo XX es entre el colectivismo y el liberalismo: esta frase figura en el frontispicio de cualquier liberal de nuestros días. A principios de los años ochenta, un antiguo trostkista norteamericano, Irving Kristol —que se convertiría pronto en uno de los referentes intelectuales del reaganismo— publicaba sus Reflexiones de un neoconservador, en las que señalaba que a fines de los sesenta y durante los setenta emergió en EE UU el neoconservadurismo como una tendencia intelectual diferenciada. Lo neo de este conservadurismo era su liberación de la nostalgia del pasado y la audacia y capacidad de innovación intelectual, cualidades que hasta entonces se consideraban propiedad legítima y exclusiva de la izquierda.

Más de dos décadas después, y casi coincidiendo con el cambio de Gobierno, esta tendencia llega a España con cierta pujanza, aunque durante estos 20 años haya habido algunos predecesores que intentaron disputar, con escaso éxito, la hegemonía de ideas a la izquierda socialdemócrata. Y aterriza en nuestro país tras el concepto, tan poco romántico, del “mercado”, la lucha contra el Estado como principal prioridad y el regreso a la sociedad civil. El principal problema es el mismo que hubo en Estados Unidos o en el Reino Unido, cunas de la revolución conservadora moderna: la falta de distinción, en muchos casos, entre conservadores y liberales, que suelen presentarse —pese a los esfuerzos de los últimos— apiñados en el mismo pelotón. Liberales y conservadores apoyan el sistema de mercado competitivo, pero mientras los primeros generalmente desean extenderlo en atención a la propia libertad individual, los conservadores desean limitarlo para preservar la tradición.

En esta mezcla, el universo liberal y el nuevo conservadurismo defienden parecidos lugares comunes: achicar el Estado es agrandar la civilización. Se acabó la historia: la sociedad será siempre capitalista y liberal. El liberalismo lleva, inexcusablemente, a la democracia. Hay que adoptar el modelo neoliberal, que es el que se impone en todo el mundo. Pragmatismo, ya pasó la época de las ideologías. El mercado lo resuelve todo del mejor modo posible. La política económica neoliberal es la única posible. Siempre hubo y habrá corrupción, pero en el liberalismo es marginal y en el estatismo es estructural. Siempre habrá desigualdades porque están en la naturaleza humana. Primero hay que agrandar la tarta y sólo luego repartirla. Globalización: el nacionalismo es una expresión retrógrada que debe desaparecer. La soberanía nacional es una supervivencia del pasado, está superada y en disolución. Las privatizaciones son la solución. El capital extranjero es óptimo; por tanto, hay que desregular el sistema financiero. La experiencia económica chilena es el paradigma del modelo neoliberal y debe ser imitada...

Hay precedentes teóricos de esta revolución conservadora en la moda francesa de la nueva derecha o de los nuevos economistas, pero donde se instaló en el centro de la sociedad fue en el Reino Unido de la señora Thatcher o en los Estados Unidos de Ronald Reagan. Nombres como los de Hayek, Von Mises, Buchanan, Burke, Milton Friedman, Gilder, Laffer, Seldon, Nozick, Popper, Berlin, Revel, Lepage, Vargas Llosa, Stockman, etcétera, son sus profetas, y la sociedad Mont Pelerin, creada en 1947 por Hayek, ha sido su principal tanque de pensamiento en Europa.

En España, las aportaciones teóricas de los nuevos conservadores no han sido dominantes hasta ahora. El Instituto de Economía de Mercado, Unión Editorial, algunos departamentos universitarios, profesores, banqueros, etcétera, han reproducido las ideas de la revolución conservadora durante muchos años, aunque su voz —como la de los profetas— haya clamado en el desierto. Ha sido en la década de los noventa, con la explosión electoral del Partido Popular, en la que las iniciativas se han multiplicado. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) —cuyo presidente es José María Aznar— ha devenido en el centro intelectual conservador. Revistas o editoriales como Nueva Revista, Veintiuno..., muy minoritarias, mantienen esa llama intelectual. Ahora que muchos de sus responsables han pasado a ejercer directamente la acción de gobierno, tienen ante sí el reto de dar el salto adelante y competir por las ideas de la mayoría. Ya ha habido puristas que han criticado que, llegada al poder, la derecha se ha autolimitado intelectualmente al aceptar el consenso socialdemócrata y abandonar su liberalismo teórico.

Álvaro Delgado-Gal, un intelectual liberal independiente, resumía recientemente este desafío: “El liberalismo, si quiere ser popular y por tanto políticamente influyente, habrá de afanarse en mostrar que la defensa de la libertad económica se incardina en un concepto total del ser humano que comprende también muchas de las cosas que propugnan los socialistas: la igualdad..., la justicia y la potenciación y autonomía del individuo... En el trance se habrá ganado una gran batalla moral a los socialistas, hijos pródigos del liberalismo”.

Las debilidades de Europa

(23 de junio de 1996)

Por enésima vez se reunía una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y por enésima vez se afirmaba, en los ambientes previos, que las medidas contra el paro ocuparían las principales preocupaciones de los mandatarios. Florencia se cerró con otra decepción, en ese sentido: lo urgente desplazó a lo importante. Así, poco a poco, el desempleo se va convirtiendo en una característica central del modelo social europeo: la convergencia real es subsidiaria de la convergencia nominal. El paro se mantiene bajo la disciplina de las políticas nacionales, mientras que la macroeconomía se globaliza.

“La cumbre de Florencia debe ser al empleo lo que el Consejo Europeo de Madrid fue a la moneda única”. Estas voluntaristas palabras previas del presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, no se cumplieron en Florencia y sí los pronósticos más pesimistas en cuanto a que los líderes de la UE serían incapaces de encabezar una auténtica ofensiva contra el paro.

Lo urgente —la política— desplazó una vez más a lo importante —el empleo— del desarrollo de la cumbre italiana. Subrayar de nuevo que las soluciones a la falta de trabajo forman parte de las políticas nacionales en un ambiente globalizado universalmente para los capitales no deja de ser un síntoma de insensibilidad. Una vez que los Gobiernos pierdan los instrumentos para remediar los sufrimientos económicos (en la última fase de la UEM), los ciudadanos se agitarán cuando se percaten de que tampoco la oposición tiene alternativas para arreglar las cosas y empezarán a preguntarse qué sentido tiene votar. La democracia será entonces más vulnerable.

Había además una cierta ingenuidad en esperar que los quince pudieran aprobar la financiación de una especie de keynesianismo continental (grandes redes del transporte, cuya construcción crearía empleo), en momentos de un ajuste generalizado de las economías europeas, cuando la mayor parte de los responsables de las finanzas públicas aplican en sus países unas políticas liberalizadoras y privatizadoras de signo opuesto al que propone Santer e inspiró Jacques Delors.

Con todas estas dudas y atrasos, el paro deviene un rasgo estructural más (negativo) del capitalismo europeo. Al sistema de libertades o al Estado de bienestar habrá que añadirle el desempleo, con lo que el modelo europeo dejará de ser considerado superior por muchas personas. Los estudiosos califican la actual crisis del desempleo en Europa como la más importante desde los años treinta y opinan que deja de funcionar la cohesión social y la integración a través del trabajo. La principal diferencia es que esta crisis ha aparecido en un contexto de prosperidad que no se corresponde con el de los treinta y, además, los sistemas de protección han hecho del paro un acontecimiento menos doloroso que hace 60 años.

Sin embargo, el profesor francés Jean-François Fitoussi (El debate prohibido, Moneda, Europa, pobreza) opina que la pandemia de paro en Europa tiene mayores rasgos de profundidad que la de los años treinta:

— Porque dura ya 15 años y no cuatro o cinco como entonces.

— Por el fatalismo actual de que no existe solución. En los treinta había ideas y políticas alternativas (el keynesianismo).

— Porque el poco trabajo que se genera es cada vez más precario. Todo asalariado es potencialmente un excluido.

— Porque los sistemas de protección, que no existían en entreguerras, hacen aguas por todas partes (incluso intelectualmente) y su financiación es más y más costosa.

¿Qué debemos pensar de unos métodos —se pregunta en su libro Fitoussi— que de forma sistemática no alcanzan nunca sus objetivos, a pesar de que los principales dirigentes del continente reiteran que no hay otra política económica posible? Tony Blair, reunido con un grupo de empresarios alemanes, ha llamado también la atención sobre las dificultades de Maastricht si no se aborda prioritariamente la crisis del paro. Si las economías vinculadas por una moneda única, dijo el laborista británico, “no son genuina y sustancialmente convergentes” habrá riesgo para las economías más débiles y sobre todo para el empleo. “El resultado puede ser una reacción entre los pueblos, nacionalista en el tono y peligrosa”.

Márgenes y límites del Estado de bienestar

(7 de julio de 1996)

¿Es compatible la Unión Económica y Monetaria con el Estado de bienestar? Tal pregunta se multiplica en todos los foros, sobre todo después de que los quince aprobasen la existencia de un pacto de estabilidad, una vez que funcione el euro, que limita la extensión de las políticas anticíclicas. Este asunto es aún más importante para España que, cuando entre en la UEM, aún no habrá llegado a los porcentajes de gastos sociales medios —ni de presión fiscal— de los países de la Unión Europea.

Los principales países de la UE gastan en protección social más que España, aunque nuestro país dedica cada vez más recursos a esta partida. Los gastos en pensiones, enfermedad y paro representan en España 1.708 ecus (273.280 pesetas) por habitante y año; en Francia, 4.248 ecus; en Holanda, 4.337; en Alemania, 4.616; en Dinamarca, 5.144, y en el Reino Unido, 3.224, según un estudio de la Generalitat de Cataluña.

España destina en porcentaje menos fondos a la protección social (alrededor de un 22,5% del PIB) que Holanda (33%), Francia (29,25%), Reino Unido (27,2%) o Alemania (25,21%). La diferencia es que aquí se partía de un gasto social muy inferior, que ha ido creciendo desde 1982, año en el que los socialistas llegaron al Gobierno. La tendencia indica que mientras algunos de estos países pretenden disminuir estos porcentajes, España está en el camino de ida al haber comenzado más tarde.

Pero la senda de vuelta no es fácil. Los gastos sociales y, en general, los capítulos del Estado de bienestar son muy poco elásticos a las modas políticas. En un país como el Reino Unido, cuna de la revolución conservadora y paradigma de la lucha contra el welfare, la señora Thatcher fracasó estrepitosamente: el gasto social pasó del 21% del PIB, recién llegada, a casi un 28% en 1993 (en este mismo periodo, España pasó del 18% a casi un 28%).

Éstos son los datos generales del problema, en los que hay que enmarcar las sucesivas declaraciones de quienes han compartido mesa en un curso sobre El Estado de bienestar, celebrado esta semana pasada. A destacar las palabras del gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, que planteó la necesidad de reformar el Estado de bienestar para conservarlo, separándose de las posiciones más ultraliberales que confesa, o implícitamente, pretenden aniquilarlo y que tanto han abundado en las últimas semanas; fueron muy interesantes las palabras iniciales de Rojo cuando dijo que su trabajo de gobernador lleva muchas veces a la falsa impresión de que no le interesa este debate y recordó “la complementariedad que existe entre los objetivos convencionales de estabilidad macroeconómica y el sostenimiento futuro del Estado de bienestar”.

Otro político significativo, Felipe González, también se refiere a este asunto en unas largas declaraciones (las primeras desde que perdiera las elecciones), que ha publicado la revista Leviatán, editada por la Fundación Pablo Iglesias. Los márgenes y límites del Estado se van a convertir en el centro de gravedad de la oposición socialista. Dice González: “Hay que profundizar la defensa de los principios de solidaridad que hemos venido en llamar Estado de bienestar, modernizándolo y fortaleciéndolo, porque está profundamente en crisis, ya que han ganado las tendencias neoliberales y las tendencias conservadoras... Hay que estimular la responsabilidad, que entre otras cosas consiste en no ofrecer cosas que no se pueden dar. Esto me parece fundamental: reconocer los límites del Estado, hasta dónde llega la capacidad de acción del propio Estado”.

En medio de esta polémica, el PP ha aprobado una serie de medidas contra el fraude al Estado que, de ser prácticas, afectarán a los ingresos públicos aumentándolos, sin tocar la presión fiscal individual de los que declaran en la legalidad. La lucha contra las corrupciones del Estado de bienestar es una manera positiva de protegerlo contra los excesos de su ampliación: si no hubiera un fraude fiscal tampoco habría déficit público. El presidente de la patronal ha pedido prudencia y rigor en la aplicación de este paquete de medidas represivas; el tacto de Cuevas, su sensibilidad en esta ocasión, no se compadece con la dureza de sus declaraciones otras veces.

Debate político y monólogo

(14 de julio de 1996)

Los partidarios de lo políticamente correcto son tan arrogantes que no sólo pretenden dar la única respuesta posible a los problemas políticos, económicos, culturales y sociales que surgen, sino que quieren también fijar la agenda del día; decir cuáles son los problemas que interesan y los que no. Aquellos que se resisten a esas reglas del juego son arrojados al exterior de su comunidad científica o profesional. Eficacia, flexibilidad, rigor, ajuste, competitividad, beneficios... son los conceptos que se conjugan, mientras que los de solidaridad, paro, Estado de bienestar, reparto del trabajo, reasignación de recursos, etcétera, son orillados. ¿Alguien recuerda alguna reunión del G-7, el FMI o el Consejo Europeo con estos últimos temas sobre la mesa?

Para que haya un debate público fructífero sobre las cosas que acontecen han de existir unas mínimas reglas del juego: por ejemplo, el respeto de las partes que se confrontan dialécticamente. Hay gentes que demandan un debate con el objeto teórico de clarificar lo que se polemiza y de inmediato condicionan el escenario o el lenguaje de ese debate, de modo que del mismo no solamente salgan unos vencedores claros y sin riesgo intelectual —ellos— sino que, además, al contrario no le queden ganas de repetir la experiencia.

Hay quienes cuando estos días abordan las privatizaciones parten de la consideración, intrínsecamente indiscutible para ellos, de que los sindicatos son un problema político ya que, enquistados en las empresas públicas como última trinchera previa a su desaparición, tan sólo luchan por las cuotas de poder y los privilegios. Buen tema para un debate sin aprioris. Por el contrario, el cambio de propiedad de las empresas, de lo público a lo privado, respondería a una purísima operación que pretende “aumentar la eficiencia del sistema”; quien alegue que la experiencia europea plantea dudas sobre lo obtenido en cada caso y casi siempre ha devenido en un vasto proceso de concentración de capital, y no en el abandono concepto del capitalismo popular (los pequeños ahorradores venden en cuanto ven la oportunidad de realizar una plusvalía), está haciendo un malévolo juicio de intenciones y quizá pretende volver al preferido esquema de derechas e izquierdas.

Esta forma de vestir al maniqueo y luego atizarlo hasta sacarle del ring ha formado parte hasta hace muy poco de la argumentación de la izquierda más sectaria, pero el método es utilizado hoy por protagonistas de otras aventuras ideológicas. Para quienes marcan las cartas del debate público de esta forma sólo se puede discutir dentro de lo políticamente correcto, de ese corpus que se denomina pensamiento único, en el que la economía está en el puesto de mando y prima sobre lo político, aunque responda a la voluntad de los electores; en el que un mayor grado de liberalismo económico conduce inexcusablemente a una profundización de la democracia; y en el que los ejecutivos arbitran constantemente en beneficio de las rentas del capital porque para este factor de la producción no existen fronteras. Es de mala educación discutir acerca de todo ello, aunque la evidencia empírica demuestre tantas veces su inexactitud.

Para la dignidad del debate público conviene conocer quién es el que entra en liza. Además de los sinceros defensores de las privatizaciones —que los hay y no sólo en el bando de los conservadores— y de quienes opinan que unas sí y otras no, o depende del momento y del precio, también los hay que hoy las predican con gran pasión y antes, como servidores de otras Administraciones, agrandaron con el mismo ardor el sector público socializando las pérdidas del privado; hay quienes hasta hace poco, como presidentes de empresas o de holdings públicos, demandaron multimillonarias subvenciones para las mismas con el objeto de vestir las cuentas de resultados (y realzar su personal gestión) y hoy reclaman su rápida enajenación; quien recuerda que entre los nacionalizadores estuvieron Mussolini o Franco, pero no dice que uno de los más grandes liberalizadores contemporáneos se llama Pinochet. Del mismo modo que hay quienes reclaman intelectualmente la libertad de despido o el abaratamiento del mismo desde sus cómodas cátedras vitalicias o desde sus cargos de altos ejecutivos con contratos blindados. Es legítimo, pero también lo es el conocimiento previo de estas circunstancias para la gente que observa el debate, que es la que vota.

De la cuna a la tumba

(7 de agosto de 1996)

Las utopías totalizadoras han creado, en la mayor parte de las ocasiones, verdaderos infiernos en la tierra. Han sido sustituidas por las utopías factibles, razonables. La mejor de todas ellas fue la de conseguir la protección social al ser humano, por el hecho de serlo, desde la cuna hasta la tumba: durante su vida. Los conservadores también intentaron dificultarla bajo el pretexto de su ineficacia económica y del desestímulo que supondría para mucha gente, que preferiría vivir dentro de la cultura de la pobreza que trabajar. Pero los factores negativos de la globalización —las desigualdades— han hecho que la seguridad vuelva a adquirir mucha importancia para el ciudadano. Cuando los perdedores de la globalización buscan la protección de los Estados, éstos se baten en retirada y no existen otros instrumentos públicos de cobijo. Urge redefinir un nuevo contrato social y un nuevo equilibrio entre el Estado y el mercado; si no se consigue, emergerán nuevos paradigmas antisistema.

Conseguir la protección social del ser humano, habite en el lugar que habite desde que nace hasta que muere, ha sido hasta ahora la más hermosa de las utopías del progreso. En eso consistió, en esencia, el socialismo factible, aquel que empezó a construirse en Europa en el consenso posterior a la II Guerra Mundial. Educación, sanidad, el sustento para sobrevivir en el caso de que no encontrase un trabajo —es decir, que fallase coyuntural o cíclicamente el pleno empleo— y el dinero necesario para continuar, al llegar el ciudadano a la tercera edad y jubilarse, esto ha sido el welfare, la providencia, cuyo destino era extenderse a todas las zonas del planeta. Ser protegido de las inclemencias de la mano invisible del mercado desde la cuna hasta la tumba.

El funcionamiento equilibrado del Estado de bienestar ha sido (sobre todo desde que se descubrió lo que de verdad había en el interior del socialismo real) el cenit del desarrollo de la sociedad, y así fue hasta la década de los ochenta, en la que la revolución conservadora y la crisis fiscal del Estado —una por razones ideológicas y la otra por motivos instrumentales— lo ponen en cuestión. El Estado de bienestar tenía como objeto proteger a los perdedores (o a los menos ganadores) de la evolución económica; los trabajadores sabían que, cuando venían mal dadas, el Estado, ese invento europeo, los protegía hasta que recuperaban la normalidad. Y ello llegó a formar parte de la cultura general —de los derechos adquiridos— de todos nosotros, al menos de los europeos: para esto también queríamos los españoles entrar en la Comunidad Económica Europea, para disfrutar de su ejemplar Estado de bienestar.

Pero desde hace algún tiempo, las cosas no son así. La globalización económica ha creado otras reglas del juego y asistimos, un día sí y otro también, a intentos de desmantelar ese welfare, con el pretexto de su imposible financiación. Esta globalización está aumentando, de forma acelerada, el número de descontentos. En todas las encuestas observamos cómo la seguridad vuelve a adquirir enorme importancia para los ciudadanos, que se muestran cansados de las reformas inciertas que han dominado los últimos años y de los permanentes ajustes macroeconómicos; mientras los mensajes oficiales insisten en la necesidad de más flexibilidad, los ciudadanos buscan clavos ardiendo a los que agarrarse. Como consecuencia de ello aumenta la distancia entre lo que dicen las élites y lo que piensa la gente de la calle, que va desconectando de la esfera pública a su vida privada; la desconexión entre la política y la vida cotidiana es un fenómeno generalizable.

Entre estas élites están, desde luego, los economistas y los políticos, con quienes hay un problema: ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo que la globalización, la mundialización de los intercambios de bienes y servicios, era buena para la humanidad, ya que ampliaba la llegada de los flujos de riqueza a lugares donde jamás hubieran arribado con barreras arancelarias y fronteras. Lo cual es cierto, pero siempre en el bienentendido de que la excepción, quienes se quedasen al margen de la globalización, serían, como siempre, protegidos por sus beneficiarios: éste era el pacto implícito. Y no es así: cuando los perdedores de la globalización del mercado apelan a la protección de los Estados, éstos están en retirada y no existen otros instrumentos alternativos de cobijo.

El último ejemplo de desmantelamiento del welfare lo contemplamos este mes de agosto en Estados Unidos, como una maniobra preelectoral. Uno de los sucesores de Franklin Delano Roosevelt —el padre del new deal—, el presidente demócrata Bill Clinton, ha recogido la esencia del programa republicano y ha cumplido lo que prometió en su último discurso de la Unión: la era del Estado protector ha terminado; en el futuro, el Estado no podrá ser la respuesta para los problemas de los ciudadanos. Entonces, ¿quién protege a esa considerable legión de desheredados —en Estados Unidos hay 40 millones de pobres— a los que ha marginado el fuerte crecimiento económico de las últimas dos décadas? La razón de esta reforma es el intento de evitar la bancarrota del sistema de asistencia pública norteamericano y evitar que se instale, de modo definitivo, una forma de vida de los que parasitan al welfare de modo permanente.

Patrick Moyniham, uno de los senadores que votaron en contra de la ley de Clinton (y uno de los intelectuales liberales, en el sentido norteamericano del término, más prestigiosos), ha dicho que “esto no es la reforma del welfare, sino el final del mismo. Es el primer paso para desmantelar un contrato social en vigor desde los años treinta. No tengo ninguna duda de que el próximo paso será el de acabar con la seguridad social, con la asistencia sanitaria y con las pensiones”. Al fin y al cabo, es lo que está sucediendo en otras partes.

Corre prisa cortar con estos recelos que genera la globalización económica, si no se quiere volver a tiempos pretéritos en los que pesquen los que defienden otros experimentos que ya han demostrado su nocividad: el proteccionismo, la xenofobia hacia los competidores de otros lugares, la demagogia de las soluciones fáciles, etcétera. Hace unos días, en este mismo periódico, el profesor de la Universidad de Georgetown Norman Birnbaum reflexionaba que los norteamericanos (y se puede extender esta reflexión al resto de los ciudadanos) influyen muy poco frente al poder del mercado. Educados para creer que son individuos que gozan de libertad, no pueden articular el hecho de que sus derechos como ciudadanos, sus deberes como personas, no cuentan ante la brutal arbitrariedad de la economía. Les han dejado sin voz. No pueden describir ni comprender los determinantes de su situación económica, y están obligados a renunciar a sus derechos como ciudadanos cuando cruzan el umbral de su lugar de trabajo.

Alguien tan poco sospechoso de políticamente incorrecto (o de económicamente incorrecto) como Ethan B. Kapstein, director de Estudios del Consejo de Relaciones Exteriores, ha escrito (véase la revista Política Exterior, número 52) que “ésta es una época de inseguridad económica, creada por profundos cambios en el comercio, las finanzas y la tecnología. Para que la globalización siga adelante, las autoridades de cada país deben desmentir a quienes afirman que es una maldición para los intereses de los trabajadores. La mejor forma de demostrarlo es restaurar el crecimiento y las oportunidades. Las prácticas económicas restrictivas puede que fueran necesarias cuando se idearon en los años ochenta para estabilizar los mercados financieros, pero han perjudicado a demasiadas personas durante demasiado tiempo”. El profesor afirma que muchos de los actuales dirigentes políticos, “como la élite alemana de Weimar”, desdeñan la creciente insatisfacción de los ciudadanos, los movimientos políticos extremistas o el infortunio de los parados de larga duración y de los trabajadores pobres, frente a la ortodoxia presupuestaria y el rigor económico.

Si esto no se matiza, si se da pábulo a los que quieren desmantelar la protección social sustituyéndola por nada, o si se engaña a los ciudadanos con medidas contradictorias hasta lograr que pierdan la confianza, todos podemos tener problemas que se sustancien no en los lógicos cambios de Administración, sino en un futuro tenebroso de regresión.

La contrarreforma

(8 de septiembre de 1996)

Cuando el pequeño Estado de bienestar español aborda su segunda década de existencia, hay muchas voces que piden su reforma. Algunos de los reformistas, bienintencionados, buscan su eficacia ante la crisis de financiación; otros la aprovechan para lograr una redistribución de la renta y la riqueza de sentido negativo, y volver a sistemas de beneficencia privados. Pero los españoles se hicieron europeístas en busca de dos cosas que no teníamos: las libertades políticas y el modelo europeo de protección social. Por ello, los límites de la reforma del welfare español son más estrechos que los de países como Suecia, Alemania o Francia.

Al margen de sus problemas jurídico-políticos andan algunos socialistas henchidos como pavos, viendo cómo el sistema de protección social que ellos instalaron durante sus 13 años en el poder se ha convertido en la bandera de casi todos. Ese pequeño Estado de bienestar ha devenido en patrimonio común aceptado por los ciudadanos como natural; los sindicatos y la mayoría de los partidos se han puesto a la cabeza de la manifestación y han enarbolado la bandera del “¡No pasarán!” ante las reformas que ellos consideran impracticables.

Conviene recordar una vez más que la protección social en España es muy limitada aún, comparada con la de los países con los que aspiramos a converger. A pesar de los avances obtenidos en los últimos años, la presión fiscal y los gastos de protección social están todavía varios puntos por debajo de la Unión Europea. A ello habría que añadir que el Estado de bienestar de estos países tiene varias décadas de existencia, con la acumulación de capital y servicios públicos correspondiente, mientras que en España apenas tiene diez años de vida.

Ello significa que hay márgenes para la reforma, pero que los límites a la misma son superiores en nuestro país que en la mayor parte de la Unión Europea. Si Francia, Alemania o Suecia pretenden reducir el tamaño de su providencia, España no puede hacerlo al mismo ritmo, sopena de aumentar la divergencia real. Por ello, objetivamente, la posición del Partido Popular frente a los Presupuestos de 1997 es más difícil. Esos presupuestos significarán el verdadero examen de la política económica de los conservadores ante los mercados, pero se puede producir una contradicción muy difícil de resolver entre el ajuste que exigen esos mercados y los límites a las reformas que quieren tolerar los ciudadanos.

A ello hay que unir la ducha escocesa que muchos de los responsables políticos del PP están aplicando a la opinión pública en forma de globos sonda que un día aparecen y al siguiente son desautorizados, en forma de tasas, tickets, impuestos, cánones, privatizaciones, etcétera. Con ellos no solamente desmoralizan a los ciudadanos, sino que rompen las expectativas que los sectores productivos implicados hacen para programar su futuro. José María Aznar pedía razonablemente que la oposición no hiciese demagogia con el gasto sanitario. De acuerdo, pero ¿no nos merecemos que, al mismo tiempo y en un rasgo de humildad, nos diga “nos equivocamos cuando nosotros hicimos esa misma demagogia con el medicamentazo durante la larguísima campaña preelectoral”?

Asistimos a multitud de contradicciones y de promesas electorales incumplidas. Al apagón político de los últimos días (proyectos de ley de secretos oficiales, ley del menor, intentos de agigantamiento de una televisión pública hasta ayer en fase de privatización, amiguismo en la ocupación del poder...) se le une una contrarreforma económica que nadie aclara. Las dificultades tradicionales del PP para pasar de las grandes declaraciones de principios obvios a una práctica política coherente se agigantan conforme pasan los días.

Horror: la reforma de la sanidad

(22 de septiembre de 1996)

George Bush pudo mandar ochocientos mil hombres a la guerra del Golfo pero su sucesor, Bill Clinton, no tuvo la fortaleza política para hacer la reforma sanitaria universalizada que pretendía. Ése es el escenario. Cuando un político se encuentra con la necesidad de cambiar la sanidad pública suele enfrentarse a un problema de extrema sensibilidad. Ha de evitar la demagogia en asuntos en los que los ciudadanos no quieren pasos atrás, como son los relacionados con la salud, las pensiones o la seguridad social. La política de globos sonda y de medias verdades en este campo se castiga muy duramente en los procesos electorales subsiguientes.

Para conservar el Estado de bienestar hay que reformarlo. Ésta es una opinión unánimemente aceptada en Europa, y buena parte de los movimientos presupuestarios en curso (otros no; otros quieren sencillamente liquidarlo) tienen que ver con ello. Una porción principal de esta reforma la protagoniza la sanidad, elemento central del welfare.

Los datos son avasalladores: el gasto en sanidad se ha duplicado como porcentaje del PIB en los últimos treinta años en los países industrializados de la OCDE; España dedicaba en 1982 a gasto sanitario menos del 5% del PIB (la media de la Comunidad Europea superaba entonces el 6%), mientras que 10 años después nuestro país había subido más de un punto porcentual y estaba cerca de la media europea (6,70% en la UE, en 1993). En los últimos años, el gasto sanitario en España se incrementa a ritmos cercanos al 10%. Además, la tendencia durante los últimos tres lustros ha sido la de universalizar todo tipo de tratamientos para todo el mundo. Por razones demográficas y financieras, esta exigencia genérica de las opiniones públicas no la puede soportar ningún país de la Tierra.

Cuando los políticos tienen la mala suerte de enfrentarse a la necesidad de una reforma de la sanidad se llenan de pánico, pues saben que es, junto a la de las pensiones, el mayor foco de conflicto que pueda darse. No en vano los ciudadanos buscamos la mayor protección para los momentos de debilidad: desempleo, enfermedad y vejez. Fue la reforma de la sanidad la que atrajo las mayores preocupaciones de Clinton en la primera parte de su mandato y la que lleva con la lengua fuera a algunos Gobiernos que se han sumergido en su superación (Holanda o Nueva Zelanda). Tras la concienciación de su urgencia en España, el Partido Popular se ha topado con la perentoriedad de limitar los gastos de la sanidad si quiere cumplir las obligaciones europeas, y racionalizar su futuro si aspira a mantener un sistema público de sanidad, como ha prometido solemnemente.

Después de haber hecho toda la demagogia posible con el asunto en los tiempos de la oposición (cada día que pasa resulta más enternecedor contrastar los discursos de algunos candidatos con los que ahora ejercen desde el poder), el PP demanda ahora al resto de los grupos parlamentarios un gran consenso (una especie de “Pactos de Toledo de la sanidad”, en expresión de Aznar) para la reforma de la misma; ello conllevaría una mayor legitimidad de los sacrificios que tendremos que hacer los ciudadanos.

La idea es buena, pero tiene dos grandes limitaciones: en primer lugar, saber qué tipo de reforma se quiere hacer, aspecto inédito, ya que las declaraciones han sido contradictorias y conducido al desconcierto, y sólo abordan el adelgazamiento de lo que existe, sin modelo alternativo. La segunda restricción es metodológica: no se puede pasar de gobernar por decreto ley en lo agradecido (por ejemplo, rebajar los impuestos a las rentas de capital) a intentar pactarlo todo en los sacrificios; acordar las estrategias a largo plazo no exime de tener que afrontar las consecuencias impopulares de administrar en el corto. El Ejecutivo debe elegir con premura las prioridades entre el medicamentazo, el recetazo, la limitación del negocio de las industrias farmacéuticas o de las farmacias (precios o cantidades), o lo que sea, si pretende que el recorte de los gastos estructurales del sector no se quede en un mero maquillaje de las cuentas para el examen de entrada de Maastricht.

¿Liberales o conservadores?

(6 de octubre de 1996)

Otra vez los conservadores disfrazados de liberales. La publicación de un opúsculo titulado Manual del perfecto idiota latinoamericano... y español dio la ocasión de analizar, sin intermediaciones, la pobreza doctrinal de una nueva generación de neoliberales, que ha ocupado el lugar de los Hayek, Misses o Popper. Su maniqueísmo es análogo al de algunos manuales del marxismo ortodoxo del pasado, con la diferencia de que éstos han pasado al baúl de los recuerdos, y la escolástica liberal sigue presentándose sin complejos. No hay nada de extraño en el hecho de que cuando un político acude a las elecciones con estos catecismos, los ciudadanos le marginen de sus preferencias.

Desde hace días circula por las librerías un libro —panfleto lo llama su protagonista, Mario Vargas Llosa— cuyo contenido es, en definitiva, la crítica a un cierto pensamiento “progresista” (entre comillas) desde posiciones autocalificadas de liberales. El Manual del perfecto idiota latinoamericano... y español, que de él se trata (ya está hecha la publicidad), coincide en España con la salida de las catacumbas de un tipo de liberalismo contemporáneo español, hasta ahora casi siempre vergonzante, agigantado con la llegada al poder del Partido Popular. No sé exactamente por qué, ya que la práctica política de ese partido, como se va viendo fecha a fecha, tiene más que ver con otras familias de la derecha tradicional que con el liberalismo económico.

En un capítulo final de Manual, sus autores dan una lista de los libros “que resumen la sustancia de los demás” y que provocan la idiotez de tanta gente. Entre ellos figura, con mucha razón, Los conceptos elementales del materialismo histórico, de Marta Harnecker, la quintaesencia de la vulgata marxista más empobrecedora; recuerdo cómo, en los años setenta, a falta de otros, los libros de Harnecker eran regalos muy apreciados en España.

Sucede que, terminado de leer el Manual, me ha parecido lo más semejante, en el lado opuesto, al texto de la autora chilena. Y habrá quien habiendo regalado muchos Harnecker, reparta hoy también esta escolástica liberal, cuya tosquedad sólo queda salvada por la literatura de quien la legitima: Vargas Llosa.

Aparte de las anécdotas y los ejemplos (lo que más entusiasma a los Mendoza, Montaner y Vargas Llosa junior), interesa la savia del texto comentado: su profundo conservadurismo. Son conservadores disfrazados de liberales.

Contra esta figura ideológica —tan presente en la España de hoy— escribió el viejo Albert Hirschman hace ya un lustro sus Retóricas de la intransigencia, aplicadas en buena parte a los que pretenden acabar con el Estado de bienestar. Las tesis reaccionarias que describe Hirschman son tres:

— La tesis de la perversidad: toda acción deliberada para mejorar algún aspecto del orden económico únicamente sirve para agudizar la situación que se desea mejorar; toda política pública que apunte a cambiar los resultados del mercado que se autorregula se convierte automáticamente en una nociva interferencia en los benéficos procesos equilibradores. El nuestro es el mejor de los mundos posibles: no tocar.

— La tesis de la futilidad: todo pretendido cambio es, o será, de superficie y, por tanto, ilusorio. Las políticas que pretenden dar poder a los desprovistos del mismo o mejorar la suerte de los más desfavorecidos no logran nada de eso, sino que mantienen y consolidan las distribuciones de poder y de riqueza existente. Es inútil hacer nada.

— La tesis del riesgo: el coste de las reformas es siempre considerablemente alto y pone en peligro los logros precedentes. Con las reformas perdemos más que ganamos; un paso adelante, dos atrás. El precio que pagamos por la democracia es la restricción de la acción del Estado; es preferible la mano invisible a la protección social.

Pacto de Toledo: Primer acto

(13 de octubre de 1996)

Uno de los grandes debates sociopolíticos que recorre el mundo es el del futuro de las pensiones. ¿Por qué se plantea? Porque la evolución demográfica ha cambiado el panorama: el umbral de vida de los ancianos ha crecido espectacularmente, aumentando su número y la cantidad de años que hay que pagarlos. Al mismo tiempo, el número de activos que, según el pacto inter generacional, cotiza para asegurar las pensiones ha disminuido porque hay menos nacimientos y más desempleo. Ello ha llevado a una polémica sobre el mantenimiento del sistema público de reparto de las pensiones o un sistema privado de capitalización.

El Pacto de Toledo tiene como objetivo “garantizar en el futuro un sistema público de pensiones justo, equilibrado y solidario, de acuerdo con los principios contenidos en el artículo 41 de la Constitución española”. El programa electoral del PP decía: “Las pensiones representan el principal y casi único medio de renta de la gran mayoría de las personas mayores. Sin recursos económicos suficientes, difícilmente pueden los mayores ejercer la autonomía y decidir plenamente sobre su modo de vida. Muchos de nuestros mayores son todavía víctimas de una carencia de recursos básicos”. Como consecuencia, los populares estimaban que “el mejor modo de garantizar un adecuado nivel de prestaciones sociales a los mayores estriba en abordar las reformas enunciadas en el Pacto de Toledo”.

Esta semana el Gobierno y los sindicatos han iniciado estas reformas por consenso. Ésta es la primera vez que el Ejecutivo, desde que lo es, ha cumplido nítidamente lo que prometió. La fotografía de la firma tiene, al menos, tres lecturas:

— La directa y más importante para los ciudadanos: durante cinco años al menos se calman las incertidumbres de nuestros mayores, a los que se asegura el cobro de lo que la sociedad les debe, con una revalorización automática según la inflación.

— La política: Los populares tranquilizan a una masa de potenciales votantes, de casi siete millones de personas, que se han inclinado en más cantidad por los socialistas que por los conservadores. Es la primera victoria poselectoral.

— La social: La presencia de los sindicatos en el primer plano de la sociedad civil, tras 12 años de sequía (que coinciden paradójicamente con la presencia de Gobiernos socialdemócratas, los más partidarios en teoría de las políticas de concertación), apuntala su influencia y su interlocución en momentos en que padecen una grave crisis de personalidad y, como consecuencia, de afiliación.

En el debe de la operación hay que apuntar, además de lo evidente —la ausencia de la cúpula patronal en el pacto—, la incógnita de lo que ocurrirá con los futuros pensionistas a partir del año 2001. Este interrogante se deriva de los problemas financieros que pueden surgir en la Seguridad Social, si las reformas asumidas fuesen demasiado cosméticas, al haber apartado de las mismas aspectos tales como la vinculación de las pensiones de invalidez a los años de cotización y los incentivos para retardar la edad de jubilación.

Seguramente estos asuntos no importan en primera instancia a los firmantes del acuerdo, muy sobrepasados por la coyuntura, pero son problemas muy significativos para el resto de la población, sobre todo si lo positivo de hoy agrava las dificultades de los pensionistas de mañana. Sobre los mismos deberían pronunciarse en profundidad también el resto de las formaciones políticas, empezando por los socialistas, ya que el aplauso público a lo rubricado la semana pasada en La Moncloa se mezcla con las críticas sotto voce al aparcamiento de las reformas estructurales del Pacto de Toledo. Éste es un consenso sobre el sistema público de reparto, pero también un compromiso para que el incremento del gasto en pensiones se armonice con el crecimiento a largo plazo de la economía nacional.

La reforma del sistema de pensiones comenzó en 1985 con una huelga general que hoy se puede adjetivar de políticamente desafortunada. Pero no termina once años después; el Pacto de Toledo —y también el programa electoral del PP— contiene otras reformas que se han dejado para el principio del siglo XXI y que no conviene olvidar en un segundo plano.

Sangre, sudor y lágrimas

(20 de octubre de 1996)

¿Es el ajuste macroeconómico una realidad permanente, una especie de única cultura económica para una generación? Cuando los socialistas llegaron al poder —en 1982— afirmaron que habría ajuste hasta final de siglo; ahora, cuando se inicia otro milenio (y otra etapa), la Unión Europea aprueba un pacto de estabilidad que significa la continuación de las políticas de ajuste. Pero los ajustes económicos, las políticas de rigor, los planes de estabilización no son, al final, sino eufemismos que conllevan un mecanismo administrativo —situado, por tanto, al margen del mercado— para recomponer las tasas del beneficio empresarial. Ello puede ser oportuno en un momento determinado, pero ¿permanentemente?

A principios de los años ochenta, nada más llegado el PSOE al poder, el entonces todopoderoso ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, anunció a los ciudadanos que habría necesidad de un ajuste económico durante toda la década; ello truncaba las tesis de los expansionistas que, en aquel momento, entendían que tras una primera legislatura socialista de estabilización habría otras más nítidamente redistributivas y no sólo de modernización del aparato productivo.

Más de diez años después, y en pleno proceso de austeridad dentro de la carrera por llegar a tiempo a la cita de la convergencia, el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, ha declarado que los sacrificios continuarán después: “El presupuesto de 1997”, dijo en el Congreso de los Diputados, “es una pieza de una sucesión de piezas presupuestarias que tienen que implicar más eficacia en la gestión pública y una serie de reformas”, en el contexto de la necesidad de perseverar en el ajuste, más allá de la entrada en la UEM.

Es decir, que la política económica oficial de sangre, sudor y lágrimas habrá durado, más allá de otros intentos anteriores de la UCD, un cuarto de siglo. Tiempo más que suficiente para que el instrumento (el ajuste) devenga casi en un fin en sí mismo. Ello plantea un debate que comienza a abrirse con mucha timidez en la sociedad española; aparte del camino —el Tratado de Maastricht— para llegar a la UEM, ¿qué sociedad estamos construyendo para el siglo XXI? ¿Cómo será la Europa unida del futuro? ¿De qué flexibilidad se dispondrá para hacer progresar el bienestar de los ciudadanos? ¿Es compatible esa Europa unida y polivalente con los estadios obtenidos en el pasado de welfare y que constituyen una seña de identidad europea? Es decir, discutamos no sólo los medios, sino también el objetivo, y ahí incluyamos no sólo los aspectos económicos, sino también los políticos. Sólo facilitando una polémica así evitaremos que el oscurantismo sirva como método a las fuerzas antieuropeístas.

Es en este sentido en el que cobra toda su importancia la división que se ha producido estos días en el seno de la Unión Europea sobre el alcance y la elasticidad de un Pacto de Estabilidad que sirve de terreno de juego para los países que, de una vez o por goteo, se vayan adhiriendo a la UEM a partir del 1 de enero de 1999. Es lógico que si la tendencia de los últimos años ha sido la de converger no pueda producirse fácilmente un movimiento centrífugo de sentido contrario; también resulta razonable que quien más interesado esté en que las normas no cambien sea el más poderoso, en este caso Alemania, que renuncia en el proceso de unidad europeo a su principal activo: el marco, con los problemas derivados de esta cesión en su opinión pública.

El problema surge con los países más alejados de la convergencia real, como el nuestro, mayormente sensibles a los problemas de la coyuntura y necesitados de hacer un esfuerzo superior en materia de inversión pública. Es imprescindible permanecer en la UEM, pero también tener instrumentos para reaccionar (mayor déficit público o porcentaje de deuda) a las ondas bajas del ciclo. No puede ser lo mismo Alemania que España. No son equiparables idénticos niveles de desequilibrio en las cuentas públicas de países perfectamente desarrollados que en aquellos otros que necesitan endeudarse para conseguir parecidos niveles de infraestructuras que los primeros.

No parece oportuno recuperar el viejo concepto de colonialismo económico ni de soberanía, pero la opinión de los políticos libremente elegidos no debe ser suplantada por la dictadura del Bundesbank, siempre en términos de rigidez.

“Estoy asustada”

(27 de octubre de 1996)

Proliferan los textos de autores que abordan el fin del trabajo como característica central de este fin de siglo. Con mayor o menor fortuna, estos libros buscan soluciones a la escasez de empleos, dado que las sucesivas flexibilizaciones y reformas del mercado laboral no han proporcionado la respuesta suficiente al paro de larga duración o al desempleo juvenil. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de 800 millones de personas en el mundo están paradas contra su voluntad.

En muchas ocasiones, las mejores aportaciones de un periódico figuran en la sección de Cartas al Director. Mañana hará un año que El País publicaba una de esas cartas memorables, por la infinita tristeza que reflejaba; una lectora escribía de su problema de desempleo, y a través del mismo de las dificultades de una generación para incorporarse, en condiciones de normalidad, al mercado de trabajo.

La misiva decía: “Estoy asustada. Soy mujer, soy española, tengo veintisete años, soy licenciada en Derecho, tengo un master de muchas horas y otros muchos cursos que me han ido formando y cualificando cada vez para más cosas; tengo un buen nivel de inglés y una demostrable experiencia cuasi profesional, ya que nunca me han hecho un contrato, sino que siempre he trabajado a través de convenios de colaboración para realizar prácticas, incluso sin remunerar. Ahora no tengo empleo, ni prácticas, ni nada; sólo tengo ese perfil profesional que acabo de exponer y que seguramente corresponderá más o menos con el de muchos españoles/as de mi edad que, al igual que yo, están en paro; que, al igual que yo, están buscando un trabajo; que, al igual que yo, no lo encuentran y que, al igual que yo, están asustados... Estoy asustada porque ahora mismo ya no sé dónde acudir, estoy desorientada en un entorno que no me da una solución; estoy asustada porque si estuviera segura de que esta situación va a ser transitoria, pues tendría toda la paciencia en espera de ese momento; pero es que a veces me pregunto si esta situación tiene alguna salida; a veces me veo a mí misma con cerca de 40, cargada de cursos, cursillos y cursetes, con un currículo de no te menees, y buscando empleo todavía; ¡por favor!, necesito al menos tener esperanza e ilusión por mi futuro...”.

¿Qué habrá sido de esta lectora 365 días después? Su caso resulta representativo de una coyuntura que se distingue de otras similares de desempleo masivo y de larga duración porque esta vez parece haber una resignación generalizada sobre las soluciones al mismo. Los casi tres millones de parados en España son parte de una masa de 800 millones de ciudadanos de todo el mundo desempleados o subempleados, según datos de la Organización Internacional del Trabajo.

He recordado la carta de esta lectora —además de considerarla paradigmática— por la aparición en castellano de un libro que ha sido centro de polémica en Estados Unidos. Se trata de El fin del trabajo del economista Jeremy Rifkin, uno de los responsables de la configuración de la política pública de la América de Bill Clinton. Rifkin une su reflexión a otras que se están produciendo en Europa sobre el reparto del tiempo de trabajo, que lidera en Estrasburgo el ex primer ministro francés Michel Rocard. Según el autor del libro, estamos iniciando, casi sin darnos cuenta, una nueva fase de la historia humana, caracterizada por la decadencia del trabajo como lugar central en la vida. El mundo acabará polarizándose en dos tendencias potencialmente irreconciliables: una élite bien informada que controlará y gestionará la economía global; y un creciente número de trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y aún menos esperanzas de conseguir un trabajo aceptable.

Rifkin finaliza con una prognosis apocalíptica: “El camino hacia una economía prácticamente sin trabajo ya está a la vista”. Si esta tendencia fuese correcta, ¿cómo explicarse que la polémica sea casi clandestina —una especie de claudicación— y en ella no participen los centros intelectuales del planeta?

Nada es lo que parece

(3 de noviembre de 1996)

Uno de los elementos propios de la regeneración democrática es que los partidos políticos cumplan lo que dicen. Ello evitaría esa distancia creciente entre gobernantes y gobernados. El presidente Bush se presentó a unas elecciones diciendo “Leed mis labios”, para negar que subirían los impuestos, cuando le acusaban de lo contrario. Subieron y perdió los siguientes comicios. El disfraz electoral también es habitual: partidos que se titulan liberales son de extrema derecha; liberales que son keynesianos; republicanos racistas; laboristas que aplican el liberalismo, etcétera. La ceremonia del engaño ha sido tan grande que muchas veces es mejor tirar a la papelera los programas electorales que leerlos. Pero ello significa el descrédito de la democracia de partidos.

Pasado mañana se celebrarán unas elecciones presidenciales en Estados Unidos que, como todas, condicionarán lo que acontezca en el mundo los próximos años; por ejemplo, subordinará las decisiones de política económica. Es oportuno, pues, conocer la coyuntura en la que se encuentra EE UU y compararla con lo que se prometió en la campaña electoral del año 1992, tras cuatro años de clintonomics.

Es idóneo hacerlo porque en el mundo de la política nada es lo que parece; los ciudadanos estamos acostumbrados a que, una vez que ganan los comicios, los triunfadores tiren a la papelera aquello que hizo votarlos, o incluso que se presenten a los mismos con un disfraz que no les corresponde.

Entonces es cuando, equivocadamente, se habla de problemas de comunicación en vez de cambio de piel, por las dificultades objetivas que existen o porque no fueron sinceros en su diálogo con los votantes. Blair es un laborista liberal; Juppé es irreconocible en su práctica política; el Partido Liberal austriaco es nazi y el Liberal japonés aplica esquemas keynesianos de relanzamiento de la demanda para salir de la crisis; Aznar prometió bajar los impuestos y ha subido las tasas, y teorizó un nacionalismo españolista y ahora acusa a la oposición de jacobinismo. Y Clinton...

Cuando Clinton gana sus primeras elecciones cambia el concepto de desregulación por el de crecimiento, y sus teóricos hablan de expansión selectiva de la demanda, crecimiento del gasto público y aumento de los impuestos con fines distributivos (véanse las hemerotecas). En su primera conferencia de prensa establece tres objetivos: creación de puestos de trabajo y fortalecimiento de la economía; ley de incentivos fiscales a las empresas que reinviertan sus beneficios; y proyectos para acelerar la inversión pública en infraestructuras, educación y sanidad.

Es decir, estableció un nuevo contrato, frente a las prioridades clásicas de la inflación y reducción del déficit. “Primero la recuperación, luego el déficit”, dijo en noviembre de 1992. Los analistas entendieron que los días de la economía de la oferta habían terminado.

Hoy, en términos macroeconómicos, la situación es envidiable —y por ello previsiblemente Clinton volverá a ganar—: se han creado más de 10 millones de puestos de trabajo, el crecimiento es sostenido, el déficit público se ha reducido a menos del 2% del Producto Interior Bruto (PIB) y los beneficios de las empresas que cotizan en Wall Street se han duplicado respecto a los del ejercicio de 1992. En el debe del balance está el formidable crecimiento de la desigualdad y la inseguridad económica de las familias norteamericanas.

A mitad de su legislatura, Clinton hubo de soportar la victoria rotunda de los republicanos en las dos Cámaras. Un personaje tan detestable como Newt Gringrinch, hoy devaluado, presentó su Contrato con América que, entre otros aspectos, demandaba casi el desmantelamiento del Gobierno de Estados Unidos. La tentación de Clinton fue olvidarse de las tradiciones demócratas y firmó la Welfare Reform Act, que suponía la marcha atrás después de varias décadas de un sistema de protección social creado por Franklin Delano Roosevelt.

Clinton recogía la esencia del programa republicano: la era del Estado protector ha terminado; en el futuro, el Estado no podrá ser la respuesta para los problemas de los ciudadanos. ¿Quién protegerá a partir de ahora a esa considerable legión de desheredados a los que ha marginado el crecimiento económico de las dos últimas décadas?

La pregunta es: ¿cuál de los dos Clinton ganará las elecciones y qué programa aplicará?

Un Ecofin importante

(10 de noviembre de 1996)

¿Quién controla a los controladores? Tan clásica cuestión se replantea ahora con la gran autonomía —independencia— que se pretende dar al nuevo banco central europeo, cuando exista la moneda única. El banco central determinará la más importante política económica, la monetaria, en una coyuntura en la que la política fiscal (el control del déficit público) está limitada por el pacto de estabilidad aprobado. ¿Cuáles serán entonces las políticas anticíclicas para que pueda hacerse frente a una recesión?; ¿qué mecanismos le quedan a un país pobre, como España, para conseguir el mismo nivel de infraestructuras y de inversión pública que los países ricos? Ningún responsable del proceso de unificación europea contesta a estas incógnitas que se abren. Lograr las condiciones para obtener el euro es la única carrera que obsesiona.

Mañana se celebra un Ecofin muy importante en el que se abordará, de nuevo, el contenido del Pacto de Estabilidad que asumirán los países comunitarios que consigan entrar en la tercera fase de la UEM (países in). Este pacto significa ni más ni menos que las reglas del juego por las que se regirá la política económica europea del siglo XXI, los semáforos que interpretarán la capacidad de los países —aún soberanos políticamente— para aplicar medidas anticíclicas en momentos de recesión; y en definitiva, una parte muy significativa de la forma de ser de la sociedad europea de dentro de muy poco tiempo.

Esta reunión tiene lugar después de que los criterios propuestos por Alemania para el Pacto de Estabilidad fueran rechazados por la Comisión Europea, al considerar que su aplicación generaría un exceso de rigidez imposible de mantener. Theo Waigel, ministro alemán de Finanzas, obtuvo la primera victoria al convencer a sus homólogos de la necesidad del pacto, pero no consiguió persuadir a los mismos de su contenido.

Sabíamos que los criterios de Waigel eran contestados también dentro de Alemania por el Bundesbank, pero por los motivos opuestos: por excesivamente flexibles. Sin embargo, esta semana hemos conocido en toda su amplitud el contenido de esa confrontación en la interesantísima carta pública que el ex canciller socialdemócrata Helmut Schmidt ha dirigido al presidente del Buba, Hans Tietmeyer: “El ministro de Finanzas alemán, Waigel, quiere ir más allá del Tratado de Maastricht mediante un Pacto de Estabilidad y cuasi eternizar los criterios de convergencia, y ello bajo la amenaza de multas para los Estados que sobrepasen los criterios. ¡Fanfarronería alemana! Nuestros socios europeos ya están irritados por la presión de Waigel, pero usted da a entender públicamente que, en su opinión, Waigel no va ni por asomo lo bastante lejos”. Schmidt cree que, en su “monomaníaca ideología”, el Buba se ha convertido, en realidad, en el principal opositor a la Unión Monetaria, y “en un Estado dentro del Estado”, lo que limita, de modo cierto, cualquier capacidad de decisión democrática de los ciudadanos europeos.

El vicepresidente económico español, Rodrigo Rato, acudirá al Ecofin con una postura semejante a la de la Comisión Europea, que consiste en no cuantificar las circunstancias temporales y excepcionales que permitirán a los países in incrementar sus niveles de déficit público y endeudamiento para salir de la crisis. Ello es esencial en un país como España que no ha tenido nunca (durante la democracia) un déficit público inferior al 1% del PIB y que desde hace casi cuarenta años no ha sufrido cuatro trimestres seguidos de caída del 2% del PIB. Éstas son precisamente las únicas excepciones que admite Alemania para salirse de la ortodoxia del pacto. Pero además, España no necesita tan sólo de una mayor holgura en su política económica para salir de una recesión, sino también para conseguir la convergencia real. Su tasa de paro, doble que la media europea, genera más gasto público y, por consiguiente, más déficit; y sus niveles de infraestructura y de inversión pública son claramente inferiores a los de los países avanzados, incluida Alemania.

Un Pacto de Estabilidad rígido y cuantificado significaría el descenso de España a la segunda división, aunque en el momento de entrada en la UEM hubiera estado en la primera. Quizá por ello Rato debiera ir a Bruselas con una postura aún más radical que la de la Comisión Europea, de modo que la negociación tenga como resultado un contenido aprobado por unanimidad.

Los padres de Europa discuten

(24 de noviembre de 1996)

El déficit democrático ha sido tan profundo durante la última fase de la construcción europea, que urge la necesidad de que los ciudadanos recuperen la confianza en lo que sus representantes hacen. Europa no tendrá alma mientras todos los esfuerzos se concentren solo en el euro y no en los asuntos cotidianos de la gente. Responder al problema del paro o del Estado de bienestar; avanzar en las propuestas sobre el tipo de sociedad que saldrá de una Unión Económica y Monetaria que tiene nada de política, poco de económica y todo de monetaria; contestar con coherencia por qué es tan importante que el déficit público no supere el 3% y no importa ya que la deuda pública supere el 60% del PIB, como estaba previsto. En definitiva, dotar a Europa de un proyecto que no sea estrictamente técnico. Los padres de Europa que están vivos suelen asomarse a los medios de comunicación para intentar insuflar seguridad dónde sólo hay vértigo o desinterés. Pero los líderes españoles son ágrafos.

Las cosas se mueven en Europa. Conforme se acercan las fechas para la entrada a la tercera fase de la unión económica y monetaria (UEM) se multiplican las intervenciones y emerge un debate oculto: qué tipo de sociedad va a funcionar a partir del cumplimiento de los criterios de convergencia. El Pacto de Estabilidad es uno de esos aspectos pero no el único ni el fundamental.

Jacques Delors se ha unido a la polémica que hace unos días mantuvieron Helmut Schmidt y Hans Tietmeyer: los padres del proceso participan en la controversia. La posición de Delors coincide —lógicamente— más con la de Schmidt que con la del jefe del Buba; recuerda el socialista francés que a la luz de Maastricht se debe elaborar un Pacto de Estabilidad, pero también de crecimiento, “que restablezca la confianza entre los Estados miembros, que devuelva la credibilidad al proyecto europeo y permita realizar con éxito y provecho para nuestros ciudadanos una Unión Económica y Monetaria. Dispondremos así... de los instrumentos necesarios para realizar un desarrollo duradero y garante de la buena armonía entre lo económico y lo monetario, lo político y lo social”.

La necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos es la base para que el camino de la UEM no devenga en una especie de absolutismo ilustrado protagonizado sólo por los técnicos. El mismo día que Delors publicaba su artículo en El País, un miembro del consejo monetario del Banco de Francia demandaba en Le Monde la incorporación de un sexto criterio de convergencia —el del desempleo—al Tratado, con el mismo fin: que los pueblos crean en Europa y estén dispuestos a movilizarse por su porvenir.

En este contexto, el papel del futuro Banco Central Europeo y sus características de independencia frente al poder político está en el centro de la porfía. Éste no es un asunto estrictamente económico, sino que afecta a la esencia del sistema democrático: ¿Quién dispondrá en última instancia de la llave de la política monetaria, que durante los últimos tiempos ha sido la más importante política económica que se ha aplicado, los electos o los nombrados? Para valorar las respuestas a este interrogante disponemos ahora de una nueva herramienta: la publicación en España del libro Bancos Centrales (Biblioteca de Economía y Finanzas, de la Escuela de Finanzas Aplicadas), de Marjorie Deane (editorialista jefe de The Economist) y Robert Pringle (editor de Central Banking Publications). El prólogo de este libro lo escribe Paul Volcker, el antiguo responsable de la Reserva Federal norteamericana, a cuya acción muchos atribuyen la bonanza de la que hoy se beneficia la macroeconomía de este país.

Dice Volcker que su objetivo es moderar el sentimiento de entusiasmo, poner el énfasis en los límites naturales e inevitables que se imponen a unos bancos centrales que actúan para alcanzar el objetivo de la estabilidad; en definitiva, recordarles a los propios responsables de los bancos centrales aquello sobre lo que ellos acostumbran a prevenir a los demás: los excesos de celo y de confianza. “Entre otras cosas, me vi a mí mismo recordándoles a mis colegas que la historia proporcionaba escaso apoyo a la sencilla afirmación de que la creación de un banco central, por sí misma, aportase garantías contra la inflación... Es un hecho inquietante el que la preponderancia de los bancos centrales en este siglo haya coincidido con una tendencia general hacia una mayor inflación, y no lo contrario”. El libro en cuestión, que describe por qué los bancos centrales son objeto de culto, puede ampliar este debate.

¿Cuándo la intervención de los líderes españoles? ¿Son éstos ágrafos?

El capitalismo francés

(1 de diciembre de 1996)

Muchas veces se ha dicho que conforme Europa se modernizaba, Francia se hacía más arcaica. Es una opinión no neutral, que resume muchas cosas a la vez. En ese sentido, el caso francés se ha puesto en más de una ocasión como contraparadigma. Por ejemplo, cuando el primer Gobierno Mitterrand, en el inicio de los ochenta, inició una política de expansión de la demanda a contracorriente que llevó al país, en pocos meses, a la ruina. Por ejemplo, en la evolución de sus empresas, contaminadas muchas veces por lo público. Por ejemplo, en el despotismo ilustrado que marcó la política de la derecha en el centro de la década de los noventa. Sin embargo, Francia ha dado también muestras de estar en la vanguardia contra la capitulación intelectual frente al pensamiento único, o frente a una concepción meramente economicista de la Europa unida.

“Durante mucho tiempo Francia ha intentado tomar lo mejor del sistema liberal y del sistema administrativo, financiado y organizado por el Estado. Este colbertismo de alta tecnología ha permitido realizar grandes proyectos en el campo de la aeronáutica, la energía nuclear o las telecomunicaciones. Pero hoy unimos lo peor de los dos mundos en vez de tomar lo mejor: ¡acumulamos el prurito intervencionista con un liberalismo desenfrenado...! Han liberalizado a la inglesa y cartelizado a la alemana... El poder nombra a unos presidentes (de empresas) que tienen como baza principal ser amigos suyos; éstos a continuación eligen a los administradores y a los accionistas: es lo que llamo la pirámide invertida del capitalismo francés”. Las palabras de Elie Cohen, padre del concepto de colbertismo industrial, ilustran las dificultades del capitalismo francés.

Un año después de las grandes movilizaciones en contra de la reforma de la Seguridad Social, propuesta por el dúo Chirac-Juppé, la situación ha corrido el riesgo de reproducirse —por otros motivos— a través del conflicto de los camioneros. El alivio por el arreglo del asunto no debe distraer la atención de los problemas más profundos de Francia; a los desequilibrios coyunturales para entrar en la moneda única se añaden sus dificultades estructurales. Hay quien habla de una aversión de los grandes inversores contra Francia como empresa.

Que la política de Juppé no está consiguiendo reconducir la situación no lo dicen sólo las encuestas, sino el juicio severo de los analistas sobre las empresas. Según un trabajo publicado hace varias semanas por Le Nouvel Observateur, algunas de las características de esas sociedades son las siguientes:

— En los últimos cinco años los beneficios de las empresas francesas han descendido un 36% frente a un aumento del 52% de las británicas y un 75% de las norteamericanas. Ninguna figura entre las 100 primeras del mundo, por su valor bursátil, según la clasificación de Business Week, mientras se pueden encontrar empresas de Australia, Hong Kong o Singapur.

— La mezcla entre lo público y lo privado, el peso del Estado y el papel de los ex alumnos de la Escuela Nacional de Administración han demostrado ser eficaces durante mucho tiempo para construir grandes proyectos. Pero la excepción francesa se ha convertido en un lastre.

— No existe en Francia una sola empresa capaz de firmar un cheque multimillonario para adquirir un competidor o aprovechar una oportunidad. Éste es el germen de la toma de control por capitales extranjeros de sectores enteros de la economía. Las empresas francesas son más presas que cazadoras.

— En Francia nadie se extraña de que Jacques Friedmann, amigo de Jacques Chirac, haya sido nombrado presidente de UAP. En Alemania, en cambio, se montaría un escándalo si Kohl colocase a un amigo suyo en la presidencia de Allianz. El amiguismo que ha prevalecido en las privatizaciones es económicamente peligroso porque tiene como corolario la ausencia de sanciones si fracasan.

— La única solución para poner en cuestión a la casta oligárquica es la toma del control de varias de las principales sociedades francesas, industriales o financieras, por parte de extranjeros. Esperemos que sean europeos.

Estos asuntos estructurales son tanto o más importantes para la Unión Europea que los criterios de convergencia. De su desenlace dependería el modelo de sociedad europea. El modelo del capitalismo francés, como el alemán o el español, serán centrales para los ciudadanos.

La antipatía europea

(8 de diciembre de 1996)

Primero fueron las libertades políticas durante la transición; luego la formación de un pequeño Estado de bienestar universalista, análogo al de nuestro entorno; más adelante el cumplimiento de las condiciones para la convergencia europea. España ha ido homologándose a la Unión Europea aceleradamente, desde mediados de los años setenta. Sólo queda un factor diferencial: su tasa de paro duplica la media europea. Si después del euro la única variable para mejorar o empeorar la competitividad de un país es el mercado de trabajo, España pasará un auténtico calvario.

Los españoles siempre quisimos estar en la Comunidad Económica Europea y salir del aislamiento franquista, en busca de sus libertades democráticas y del Estado de bienestar construido en la posguerra a través del consenso entre los democristianos y los socialdemócratas. En eso, esencialmente, consistía el modelo europeo. Ahora, 10 minutos antes de entrar en otra Europa, la de la unión económica y de la moneda única, hay que renovar el compromiso y encontrar otro pacto político y social.

Para España, cuyo primer problema es el altísimo nivel de paro, cualquier estrategia debe pasar por su solución. Por ello es tan conveniente que la reforma del Tratado de la Unión —que se está elaborando para ser aprobada en Amsterdam en junio de 1977— atienda este asunto con prioridad sobre los otros.

La propuesta irlandesa (país que preside ahora la UE) para la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se reúne en Dublín, parece que incluirá el empleo como nuevo objetivo de la UE, así como un mecanismo para coordinar las 15 políticas contra el paro. En este documento figura el reconocimiento de derechos sociales como la equiparación salarial de hombres y mujeres y su igualdad de oportunidades en materia de empleo y ocupación, algo también especialmente oportuno en nuestro país, ya que las estadísticas acaban de revelar que las mujeres cobran hoy la mitad que los hombres en el mismo puesto de trabajo.

El texto irlandés habla de perseguir “un alto nivel de empleo” y de una “estrategia común” para hacerlo, lo que supone un prudente giro respecto a reuniones anteriores, tan asépticas cuando analizaban que la creación de puestos de trabajo pertenecía sólo al marco de las políticas internas de los países. No hay unanimidad sobre el problema, puesto que mientras Alemania ha puesto una reserva para no levantar “falsas expectativas”, Austria propone “la promoción de un equilibrado reparto del trabajo”, la avanzada Dinamarca exige la paridad de los ministros de Economía y los de Trabajo (¡anatema!) y el Reino Unido afirma, sencillamente, que no tiene sentido incorporar el empleo al nuevo Tratado de la Unión porque “el paro no se arregla por decreto”.

La agitación de la bandera del empleo es más significativa si se juzga que los técnicos empiezan a anunciar ya, explícitamente, que las posibilidades de reducir el paro serán mínimas en el sistema de tipos de cambio fijos y moneda única. La existencia de un Pacto de Estabilidad, más o menos laxo, como salvaguardia de la convergencia de las economías europeas, supone que las políticas expansivas no serán precisamente aplaudidas dentro de la Unión Europea.

Con este panorama no debe ser tabú, sino urgente, discutir la necesidad de una reforma laboral en nuestro país. La polémica no está en la reforma en sí misma, sino sobre sus contenidos: políticas de formación, subsidio de desempleo, costes del despido, naturaleza de los contratos. Si las políticas específicas internas —nuestro hecho diferencial más importante es el porcentaje de parados y el número de desempleados de larga duración— no se suman anticipadamente a las iniciativas comunes de la UE, el ajuste en Europa se hará por la vía del empleo y ello colocaría a España en una situación catastrófica. No sería de extrañar, en ese escenario hipotético, que el eurooptimismo de ayer devenga en una antipatía hacia lo europeo, aprovechada por los partidarios del aislamiento.

El sentido global de los mercados

(9 de diciembre de 1996)

La globalización económica es el marco de referencia de nuestra época: el capitalismo del siglo XXI. A partir de ahora, las políticas económicas nacionales dejan de tener la mayor significación, en beneficio de los movimientos de unos agentes inidentificados a quienes denominamos mercados. Pero la globalización ni es tan amplia (sus efectos más beneficiosos no llegan a grandes zonas del planeta, por ejemplo a África) ni tan profunda (las políticas de desempleo siguen nacionalizadas) y, además, plantea problemas nuevos: si los mercados votan cada día hacia dónde ir y a quién abandonar, ¿para qué sirve la soberanía nacional? ¿Para qué votar si las grandes decisiones sobre nuestro bienestar se van a tomar en lugares a los que el común de los ciudadanos no accede? ¿Qué concepto de la democracia tendrá la sociedad que surja de esta globalización continua y en tiempo real, con una legitimidad tan restringida?

“En su piso de Madrid un catedrático de Física navega por Internet buscando información acerca de dónde colocar unas acciones que posee del Manchester United, el club de fútbol más rentable del mundo, ya que necesita liquidez inmediata. A la misma hora, un joven matrimonio mexicano estudia con el ordenador las posibilidades de acceder a un crédito hipotecario en la banca japonesa —que tiene los tipos de interés más bajos— para financiar la educación de sus dos hijos en EE UU, ya que una buena formación es la mejor herencia que se les puede dejar. Más o menos al tiempo, un antiguo campesino chino, ex guardia rojo, explora en Macao con su PC la cotización de los grandes fondos de inversión para colocar en alguno de ellos buena parte de la fortuna conseguida con la formidable especulación inmobiliaria que ha tenido lugar en el Pekín pos-Mao”.

“Setecientos mil refugiados, la mayoría de la etnia hutu, se pierden entre las fronteras de Zaire y Ruanda. Durante algunas horas las fotografías no los encuentran en parte alguna. Huyen del terror y del hambre. Casi dos meses después del estallido del conflicto, la comunidad internacional no ha intervenido”.

“La ciudad de los mendigos no figura en sitio alguno y, sin embargo, tiene más habitantes que Ávila y algunos menos que Zamora. Más de 55.000 españoles no tienen absolutamente nada: ni dinero para sobrevivir ni nadie a quien contárselo”.

Cualquiera de estos ejemplos, tomados de los periódicos, representa la cara contradictoria del capitalismo de fin de siglo, caracterizado por la globalización de los sistemas económicos. Se trata de un proceso por el que las economías nacionales se integran en el marco mundial, de modo que su evolución dependerá cada vez más de los mercados internacionales y menos de la práctica política de los Gobiernos. Lo global es la referencia de nuestra época, el capitalismo del siglo XXI.

El debate está abierto. Cada vez con más frecuencia se multiplican las reflexiones sobre las secuelas que para el bienestar de los ciudadanos conlleva la globalización. Que la misma está teniendo efectos muy beneficiosos para amplias zonas del planeta en las que, de seguir aisladas, no hubiera fluido nunca la riqueza, lo muestra la realidad; sin esta tendencia a la mundialización de las finanzas y los intercambios no habrían circulado los capitales necesarios para el crecimiento, ya que la endeblez del ahorro interno lo hubiese imposibilitado. España es buen ejemplo de ello.

Hay tres amplísimas regiones —que suponen el 50% de la población mundial— que se han incorporado en los últimos años a esa economía global: la mayor parte de Asia —incluidos los mastodontes chino e indio—, un gran trozo de América Latina y bastantes de los países de Europa del Este. Miles de millones de dólares entran y salen de los nuevos mercados y millones de personas se aprovechan de este orden económico. (Para que se sepa de qué estamos hablando: las transacciones financieras diarias equivalen, por ejemplo, a la producción de bienes y servicios de Francia en un año). En algunos de estos países se gastará, en el futuro inmediato y pese a todos los ajustes, mucho dinero en infraestructuras: carreteras, alcantarillado, teléfonos, instalaciones sanitarias...; durante los tres últimos lustros, la proporción de hogares con agua potable en el mundo ha crecido un 50% y la producción de energía y el número de líneas telefónicas se ha duplicado.

No es extraño, pues, que un liberal como Mario Vargas Llosa haya escrito: “Estamos asistiendo a un fenómeno extraordinariamente positivo, quizá lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad en toda su historia, que es la internacionalización total del planeta, la disolución progresiva de fronteras en todos los campos, en lo cultural, en lo tecnológico”.

Pero del mismo modo que sería absurdo negar la existencia de lo obvio, es irracional ocultar las derivaciones negativas de la globalización o sus aspectos más inquietantes. Entre ellos las dudas sobre su compatibilidad con la profundización de la democracia, tal y como la conocemos: los Gobiernos libremente elegidos se muestran impotentes para reaccionar cuando una enorme masa de miles de millones de dólares se desplaza en su contra y afectan a la normalidad de una nación; no hay reserva de divisas que resista más de quince días seguidos el embite de los mercados. George Soros, el financiero que sacó en un día a la libra del Sistema Monetario Europeo, lo ha dicho con una extrema frialdad: “Los mercados votan cada día, obligan a los Gobiernos a adoptar medidas ciertamente impopulares, pero imprescindibles. Son los mercados que tienen sentido de Estado”.

Además, la mundialización no es tal, puesto que todavía existen amplias zonas marginadas de la misma. Testificamos el espantoso drama africano, un continente con mil etnias, habitado por más de 700 millones de personas repartidas por 53 Estados, muchos de los cuales no conocen esos formidables flujos financieros ni el impulso de la revolución tecnológica. La globalización mutilada aísla también a los marginados de nuestras sociedades desarrolladas, cuyo número hace crecer la sociedad dual y cuyas posibilidades de promoción son escasas. El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es demoledor para esa otra globalización: en la última década han crecido las diferencias entre los países más ricos y más pobres; unos 3.000 millones de personas viven ahora mejor que antes, pero otros 1.600 millones han sufrido la experiencia contraria y no pueden sostener que sus hijos vivirán mejor que ellos. El capitalismo del siglo XXI tiene una característica que le distingue de otras etapas: su legitimidad restringida; incluso quienes hacen su apología aceptan que seguirá habiendo capas de la población desprotegidas.

La resultante de la globalización es, como todos los procesos sociales, contradictoria. Hay una trampa dialéctica en valorar únicamente el riego de capitales y mercancías que comporta, o insistir tan sólo en las limitaciones a la democracia y a la cohesión social; ambas son visiones parciales. Tampoco es válida la ucronía del radiante porvenir que nos aguarda si aceptamos sin cambios la ortodoxia globalizadora, siguiendo el falso razonamiento que ya aplicó el socialismo real: los sacrificios de las generaciones presentes servirán para el progreso de las futuras. Ya sabemos su coste.

Para determinar la bondad de la globalización en los ciudadanos hay que combinar, a mi parecer, los tres vectores de una sociedad compensada: la competitividad de las empresas, el empleo de los asalariados y el Estado de bienestar de todos. Si cualquiera de ellos se desequilibra en detrimento de los otros dos, se rompe el modelo y aparece la crisis. La globalización crea unas élites que no sólo intercambian capitales o tecnologías, sino modos culturales universalizados; entre ellos, una idea común del progreso. Pero estas élites están claudicando ante sus consecuencias negativas (la desigualdad, el paro estructural, la pérdida de autonomía, la uniformalización...) al considerarlas inevitables, irreductibles. La resignación es la cuna de lo más funesto de nuestra época: el fatalismo. Hay que salirse de esta regla de juego para avanzar en la discusión.

El eclipse del trabajo

(22 de diciembre de 1996)

Entre los aspectos más admirables de la intelligentsia francesa (hay otras características menos positivas) está la viveza de algunos de los debates intelectuales que allí se producen. Uno de ellos ha sido el del reparto del tiempo de trabajo; las aportaciones más sobresalientes sobre este tema en el Parlamento Europeo han tenido como protagonista al ex primer ministro socialista Michel Rocard. Es también francés un libro, L’horreur economique, de la escritora Viviane Forrester, que ha permanecido más de un año en la lista de ensayos más vendidos, con un argumento estremecedor: hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre, que es la falta de explotación por ser superfluos; las personas están aterrorizadas ante la posibilidad de no ser explotables. Forrester es mucho más una publicista intuitiva que una economista técnicamente bien formada, pero su libro tiene el valor de un grito que está en la calle, no en las torres de marfil.

Los dos ensayos más vendidos en Francia durante la última semana son de naturaleza económica; se trata de L’horreur économique, de Viviane Forrester, y Le défi de l’argent, del inversor-especulador-filántropo George Soros. En el primero, verdadero best seller, su autora opina que analizamos permanentemente un mundo que ya no existe, en el que los conceptos tradicionales de trabajo y paro no tienen sustancia, y en el que, de modo progresivo, un número cada vez más pequeño de personas encontrará funciones productivas. La extinción del trabajo es, para esta ensayista, una tendencia definitiva, no un eclipse.

No son los únicos ensayos económicos de éxito en el país vecino. También figuran en las listas La fin du travail, de Jeremy Rifkin (de notable éxito en España), con prólogo entusiasta de Michel Rocard; y el libro de este último Los moyens d’en sortir, en el que señala la impotencia de las élites europeas para sortear el crecimiento del desempleo y propone la única solución factible para el ex primer ministro socialista francés: el reparto del tiempo de trabajo, por el que lleva peleando algún tiempo en el Parlamento Europeo.

Los libros citados, excepto el de Soros, tienen en común la atención prioritaria al desempleo desde posturas intelectuales diferentes al discurso dominante. En un momento en que este asunto es orillado en las cumbres políticas, como sucedió en Dublín hace una semana, o es tratado de modo claudicante por las organizaciones internacionales (la OCDE acaba de reconocer, sin complejos, que la UE avanza imparable hacia la corrección de los desequilibrios clásicos, y al tiempo fracasa en la solución del paro y de la protección social de los más pobres), la emergencia de este tipo de estudios, como lanzadera de un debate, adquiere carácter ejemplar.

Máxime cuando el mantenimiento de los porcentajes de desempleo, o su mínima reducción, coinciden con otros fenómenos de naturaleza aparentemente contradictoria, como pueden ser la fortísima euforia bursátil, el crecimiento de la economía en términos aún discretos, un ligero repunte del consumo y una preocupante reducción de la inversión. Síntomas todos ellos que se dan en España y que configuran una coyuntura rara.

En este contexto cobran enorme significación las palabras del gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados esta semana. Rojo, cuyo papel es el de un técnico (unánimemente reconocido) y que debe preocuparse menos que otros de las consecuencias políticas de sus discursos, advirtió de algunos elementos de interés central para el diseño del futuro económico de nuestro país. Corrigiendo el positivismo lineal que se nos vende, aprovechando el más farsario ambiente navideño, Rojo dijo que “estamos en una situación complicada y muy sensible”; que “la burbuja de optimismo que viven los mercados financieros puede pincharse”, y que es necesaria una reforma laboral “porque de ello depende el empleo de la juventud, a la que tanto maltratamos en este país”. Las cifras de la Encuesta de Población Activa nos dan idea de la extensión de este último problema: de cada 100 jóvenes menores de 25 años, más de 40 están en paro.

No se puede temer, más que desde el conservadurismo, a la idea de una reforma laboral que agilice el mercado laboral, que cree empleo y dé estabilidad a los precarios. La reforma es el eje de una ambiciosa concertación en la que participen los agentes sociales, so pena de que —hay que repetirlo una vez más— el ajuste para la entrada de España en el euro se haga vía empleo. Y ello sí que supondría el horror económico.

Reich, el liberal

(19 de enero de 1997)

En todo Consejo de ministros hay distintas sensibilidades, dentro de un común denominador. Robert Reich significaba para Bill Clinton la personalización de un ala liberal (en el sentido norteamericano del término). Del mismo modo que el secretario del Tesoro mira hacia Wall Street, el secretario de Trabajo debe tener su atención puesta en los desfavorecidos. Reich no sólo se preocupaba por las crecientes desigualdades sociales en Estados Unidos, sino que su prestigio intelectual en este tipo de asuntos era muy alto. Su influencia sobre Clinton se observó cuando el presidente insistió en la educación como la prioridad de su segundo mandato. Reich había propuesto, en un famoso libro, que los dividendos de la paz (los recursos que se destinaban a la guerra fría) se asignasen a la formación profesional y al sector educativo. Ahora ha abandonado la política y vuelto a la universidad.

En pocos años hemos pasado de estudiar los libros de Wilheilm Reich (Psicología de masas del fascismo) a los de Robert Reich (El trabajo de las naciones), el hasta ahora ministro de Trabajo de EE UU. Robert Reich representaba la sección más liberal de la Administración de Clinton (en el sentido norteamericano del término, es decir, más socialdemócrata) y la ha abandonado para volver a su papel de pensador, de profesor en Harvard y, quizá, de colaborador —como antaño— de The New York Times.

En su discurso de despedida —cuentan las crónicas—, Reich el liberal recuperó su discurso progresista de siempre: el “programa inacabado” de Clinton “es hacer frente a una desigualdad cada vez mayor... Algunos niegan que las desigualdades estén aumentando... Ven la creciente desigualdad como una secuela de los cambios estructurales en nuestra economía, sobre todo los avances tecnológicos y la integración en una economía globalizada, que tienden a favorecer a los que tienen una formación mejor y a penalizar a aquellos con los peores niveles de educación y aptitudes. Alegan que este mismo fenómeno tiene lugar en todo el mundo. No hay nada que hacer”.

Conviene escuchar estas palabras que denuncian la resignación ante el modelo económico norteamericano. El discurso de Reich es el correlato de ese excelente libro suyo, titulado El trabajo de las naciones (en una analogía evidente con el clásico de Adam Smith La riqueza de las naciones). En él se explica exhaustivamente que mientras el dinero, la tecnología y los productos se desplazan con facilidad a través de las fronteras, el empleo se crea allí donde se realiza con mayor eficacia; por tanto, los recursos fundamentales no descansan en la riqueza material o financiera de cada país, sino en la cualificación de los ciudadanos. Será necesario aumentar al máximo el valor potencial de lo que las personas pueden aportar a la economía, por lo que es imprescindible invertir cantidades crecientes de recursos en educación y formación de capital humano. Las desigualdades están estrechamante relacionadas con las diferencias salariales asociadas a los distintos niveles de formación. Hace cinco años, cuando fue editado el libro, Reich proponía, quizá ingenuamente, que se dedicasen los fondos de los famosos dividendos de la paz (recursos que se destinaban a gastos militares durante la guerra fría) a invertir en formación profesional y educación.

Las tesis del pensador norteamericano coinciden con las expuestas por otro prestigioso profesor de Economía, Lester Thurow, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien en su libro sobre El futuro del capitalismo escribe: “Ningún país, sin experimentar una revolución o una derrota militar con la subsiguiente ocupación, jamás ha tenido un incremento de la desigualdad tan rápida o tan extendida como ha ocurrido durante las dos últimas décadas en Estados Unidos”. A principios de los años noventa, la participación de la riqueza poseída por el 1% de la población (más del 40%) era básicamente el doble de la que había sido a mediados de la década de los setenta y había vuelto donde había estado en los últimos años de la década de los veinte, ¡antes de la implantación de la fiscalidad progresiva!; desde que se dispone de estadísticas, no ha habido otra época en la que el salario medio del varón norteamericano haya caído de una forma tan continuada durante un periodo de dos décadas.

La despedida de Reich —que deja sin zona izquierda a la Administración de Clinton— resalta la otra cara de una economía calificada, de modo habitual, como fundamentalmente sana.

Los que no dudan de nada

(26 de enero de 1997)

La perplejidad es una muestra de inteligencia en el final de siglo. La última década ha experimentado cambios tan inesperados, tan acelerados, y tan revolucionarios a veces, que la mayor parte de las recetas han quedado viejas. La duda permanente como método de análisis, la ausencia de universalidad de las respuestas, ésa es la solución de los científicos sociales más valiosos. Pero no de todos; los únicos que no creen en la paradoja son los sectarios, de derecha y de izquierda, que siguen teniendo ungüentos mágicos y simples para lo que es complejo. Son sectarios los ultraliberales que proclaman una competencia perfecta que sólo existe en sus mentes deformadas por una ideología rígida; son sectarios los que no han querido ver la caída del muro de Berlín y el desastre del comunismo realmente existente, y aplican un esquema global que ya no tiene seguidores. El contraparadigma estatalista pertenece al mismo núcleo duro que el pensamiento único liberal; es la antítesis de la dialéctica.

La globalización es la principal característica del capitalismo actual. Todo cambia vertiginosamente. Las grandes empresas y las economías occidentales se mundializan a velocidad acelerada; en 1995, 40.000 multinacionales que producían a través de sus filiales en el extranjero el 8% del producto bruto mundial han cambiado su lugar de producción; estas sociedades daban trabajo a más de 30 millones de asalariados fuera de sus naciones de origen y participaban con dos tercios del flujo del comercio internacional.

Según un informe titulado La inversión internacional en el 2001, publicado en Francia, América del Norte y Europa han sido los principales beneficiarios de esta internacionalización, controlando más del 78% de las inversiones, pero la tendencia está variando y los países del sureste asiático devienen en el destino privilegiado de los inversores. Nunca como ahora se han multiplicado las desigualdades.

Ante esta revolución, todo el mundo se interroga sobre el futuro del capitalismo y critica sus aspectos más lacerantes y la inutilidad de la ciencia económica clásica para resolverlos. ¿Todo el mundo? No. Los únicos que no están perplejos ante los cambios son los sectarios, de la derecha o la izquierda, que tienen siempre fórmulas que parecen recetarios aplicables a cualquier situación.

El economista ultraliberal, Pedro Schwartz, ha escrito de la “desesperación entre los críticos del capitalismo”, entre los que me incluía. En la última reunión en Davos (escenario de La montaña mágica, de Mann) del Foro Económico Mundial —una de las cumbres más significativas del capitalismo—, que todos los años se reúne en esta ciudad, hubo declaraciones muy significativas de gente poco sospechosa de desesperación:

— “La mundialización ha entrado en fase muy crítica. Se puede temer que tenga un impacto muy nefasto sobre la actividad económica y la estabilidad política de muchos países” (profesor Klaus Schwab, fundador del Foro).

— “Hay que crear confianza entre los asalariados y organizar la cooperación entre las empresas a fin de que las colectividades locales, las ciudades y las regiones se beneficien de la mundialización. Si no, asistiremos al resurgimiento de movimientos sociales como los que no hemos visto desde la II Guerra Mundial” (Rosabeth Moss Kanter, antigua directora de la Harvard Business Review).

— “Si las empresas no responden a los desafíos de la pobreza y del paro, las tensiones se acrecentarán entre los poseedores y los desposeídos y habrá un aumento considerable de la violencia” (Percy Bernevick, patrón de la Asea Brown Boveri).

Si el estrépito no hubiera triunfado estos días con la polémica de la falsa amnistía fiscal hubiésemos oído los ecos de la reunión de la Internacional Socialista, el otro lado ideológico del capitalismo, en Roma: la sacralización del mercado produce una inquietud, ya que lleva a preguntarse qué es lo que cedería —el mercado o la democracia— si alguna vez se produce una contradicción entre el poder del mercado, respaldado por el fundamentalismo liberal, y el modelo institucional democrático.

Hablando de esta organización, es oportuno recordar las tolerantes palabras de aquel gran hombre que fue su presidente, Willy Brandt: “Nuestra época contemporánea, como ninguna otra época anterior, entraña muchas posibilidades, tanto para bien como para mal. Nada se hace solo, y pocas cosas duran para siempre. Por eso, recordad vuestra fuerza y que cada época requiere su propia respuesta”.

¿De quién es Erhard?

(9 de febrero de 1997)

El mestizaje de las doctrinas es tan amplio que los mejores rasgos de cada una impregnan a las demás. Ludwig Erhard, el padre de la economía social de mercado, pertenece al campo de los liberales inteligentes. Cuando se cumplió el centenario de su nacimiento, Alemania entera le rindió homenaje y los que en su tiempo fueron sus oponentes políticos —los socialdemócratas— le reivindicaron como “uno de los nuestros”. Quizá porque el liberalismo de la posguerra se parece más a la social democracia de los 2000 que al neoliberalismo de fin de siglo. Erhard encabezó el milagro económico de un país destruido por la guerra. Nada más natural que rememorarlo cuando Alemania, de nuevo, supera una cifra de más de cuatro millones de parados, la misma que cuando Hitler ascendió al poder a través de las urnas.

Las cifras del paro en Alemania a finales de enero han destapado todas las señales de alarma: por su magnitud (4,6 millones de personas; el 12,2% de la población activa: la cifra más alta desde los primeros días de Adolf Hitler en 1933, recién llegados los nazis al poder) y por la intensidad de su crecimiento (más de 500.000 nuevos desempleados en un solo mes). No es extraño que un líder político declarase inmediatamente: “Cuando tantas personas están sin trabajo, esto es un peligro para la democracia”.

Coincide esta pésima coyuntura con la celebración del centenario de Ludwig Erhard, el padre del milagro alemán y del moderno concepto de economía social de mercado. Erhard, uno de los escasos técnicos no contaminados por el nazismo, elaboró un programa liberalizador de reconstrucción económica tras la II Guerra Mundial, que sacó a la RFA de la ruina y la convirtió en la segunda potencia industrial del planeta, con una presencia inapreciable del desempleo. Por ello, el canciller del laissez-faire, como se le denominó cuando murió, genera ahora tantos sentimientos de nostalgia.

Hace siete años, cuando el socialismo real se autodestruyó con la disolución de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, también hubo quien se acordó de Erhard, al hacer una analogía entre la situación en la que quedaban esos países y la Alemania de la posguerra. En aquellos años (1948), el economista decidió la supresión del racionamiento y del control de precios, y se produjo la reactivación inmediata de la economía alemana.

Lo sorprendente es que un liberal como Edhard sea reclamado hoy desde casi todas las posiciones políticas. El primer presidente de la Alemania federal, Theodor Hauss, le recomendó que trabajase con la democracia cristiana. El centenario de Erhard ha coincidido con el cincuentenario del primer programa de la CDU, el llamado Programa de Ahlen; una lectura de ese programa induciría a pensar hoy que el partido del canciller Kohl era, hace medio siglo, un coladero de peligrosos comunistas por el intervencionismo que predicaba. Pero también le reclaman los socialdemócratas; uno de sus líderes, Rudolf Scharping, acaba de declarar: “Erhard era uno de los nuestros”.

La ideología de Erhard es, sin embargo, muy nítida. En su libro La economía social de mercado afirma: “[La economía social de mercado] cuyo profundo sentido consiste en la asociación del principio de la libertad en el mercado con el equilibrio social y de la responsabilidad moral de cada individuo con relación al todo... Dad al Estado lo que es del Estado. La libertad que no está ajustada y, por tanto, delimitada dentro de un sistema orgánico más amplio, ya sea en el terreno social-económico o en el político o, por otra parte, la libertad que ignora todo freno moral, degenerará siempre en el caos, mientras que, al contrario, los hombres que saben del valor y sentido de la libertad se asuntan ante la responsabilidad que ello implica y por ello están también inmunizados ante la tentación del abuso... Nuestra crítica no se dirige de forma concreta contra la economía planificada, en sus diversas formas, sino de forma concreta contra la economía obligada y centralizada por el Estado. Este principio económico, llevado hasta su última consecuencia, conduce a la abolición del mercado y de la libre elección del consumo”.

Lo que sucede es que cuando Erhard fue canciller (1963-1966) no existía el pensamiento único y era capaz de calificar al Estado benefactor de “locura moderna”, y al capitalismo salvaje de “filibusterismo liberal”. Ese equilibrio es el que ahora añoran todos, menos los sectarios excéntricos.

Renault como oportunidad

(9 de marzo de 1997)

Los problemas del desempleo siguen nacionalizados: el mercado de trabajo es nacional o una entelequia. Los sindicatos, pese a algunos avances, también son nacionales, mucho más que las empresas. Cuando la dirección de Renault decidió cerrar su fábrica de Vilvoorde, en Bélgica, el caso se europeizó y devino en el test de una Europa social ajena a los contenidos de la Unión Económica y Monetaria. Los sindicatos de Renault convocaron una eurohuelga con escasos precedentes, contra el desprecio a la Carta Social Europea que obliga a los patronos a informar a los sindicatos en caso de despido colectivo. Los socialistas franceses, entonces en la oposición, levantaron la bandera de Vilvoorde entre sus reivindicaciones. Por escaso tiempo: poco después de llegar Jospin al palacio de Matignon, Renault (con un porcentaje de capital estatal francés muy significativo) cerró Vilvoorde.

Paradójicamente, el conflicto de Renault en Bélgica puede servir para multiplicar el debate sobre la Europa social, mucho más que las declaraciones evocadas hasta ahora. El asunto es el siguiente: la pasada semana, el presidente de la multinacional francesa, Louis Schweitzer, anunció sin previo aviso el cierre de la factoría de Renault en Vilvoorde (Bélgica), lo que significa la pérdida directa de más de 3.000 puestos de trabajo. Ello abrió una polémica subsidiaria sobre si parte de la producción belga iba a ser trasladada a la factoría de Renault en Valladolid, que había demandado ayudas oficiales para hacer una inversión mayor que la ampliase y modernizase; es decir, si se puede hacer una deslocalización, beneficiándose de subsidios gubernamentales.

Las reacciones a la decisión del patrón de Renault no se hicieron esperar: las políticas, del presidente de la Comisión Europea (“un duro golpe al espíritu de confianza europea”) a los ministros belgas (“un acto de terrorismo”), pasando por las de los propios Juppé y Chirac (la empresa sigue teniendo un 46% de su capital en manos del Estado francés), y las irritadas, del comisario europeo Van Miert (de nacionalidad belga), encargado de controlar las ayudas públicas. En segundo lugar, las reacciones de los consumidores belgas, que intentan un boicoteo a los productos de la empresa (automóviles y camiones pesados). Por último, la protesta de los sindicatos, que el pasado viernes organizaron una eurohuelga en todas las factorías de Renault y anuncian nuevas movilizaciones.

El brutal anuncio del cierre en Vilvoorde (al que se une el despido de más de 2.700 trabajadores de Renault en Francia) viola las directivas europeas (por ejemplo, una de septiembre de 1995 que recomienda a los grupos de más de 1.000 asalariados crear un comité de empresa a escala continental, que no tendrá poder de decisión, pero que debe ser informado regularmente de la estrategia del grupo por la dirección del mismo) y desprecia la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores —adoptada por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre de Estrasburgo en 1989)—, que indica que los trabajadores deben ser informados, consultados y participar “en los procedimientos de despido colectivo”.

Las razones aludidas por Schweitzer para echar la llave de la fábrica belga son de peso: pérdidas del grupo en 1996 de más de 100.000 millones de pesetas y que “el coste final de un vehículo en Vilvoorde es casi un 30% más elevado que el de los fabricados en Francia y aún más que en España”. Ello replantea la deslocalización en una economía global: lo que hoy ha pasado en Bélgica puede suceder mañana en España, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones laborales que ofrecen muchos de los PECO (países de Europa central y oriental). Hace cuatro años, la empresa Hoover dejó la zona industrial de Dijon (Francia) para instalarse en Escocia; en aquel momento no hubo conflictividad porque Hoover no disponía de organización sindical de tamaño europeo. Recientemente, Ford quiso cerrar su fábrica en Halwood (Inglaterra), pero los sindicatos han logrado evitarlo.

El cierre automovilístico en Bélgica y los despidos franceses han sensibilizado a una sociedad europea herida por el paro. La UE sólo será aceptada por los ciudadanos si es social y demócrata. El caso de Renault demuestra que, por el momento, de la Europa unida sólo funcionan las superestructuras (la convergencia nominal) y que existen pocos resortes institucionales (la convergencia real) para corregir los excesos. Europa no es sólo la moneda única, sino su modelo social, que contempla no solamente la competitividad, sino la protección social y el empleo. Si la primera desequilibra a los otros dos, el proyecto no funcionará.

En manos de la opinión pública

(29 de marzo de 1997)

La universalidad de los derechos sociales, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la seguridad social, las pensiones públicas... son parte de una Constitución no escrita que unifica a los ciudadanos de la Unión Europea. Acabar con ellos supone dar un golpe de Estado que las opiniones públicas no toleran. Una furibunda Margaret Thatcher pretendió sin éxito reducir el porcentaje de gastos sociales en Gran Bretaña. Los principales organismos internacionales han comenzado a reflexionar en su seno (no en público, faltaría más) sobre los riesgos de deslegitimación de la democracia que supone un mensaje permanente centrado en los sacrificios y en la austeridad. El rigor económico puede devenir en rigor mortis.

En cuanto se sale de los empobrecedores circuitos del pensamiento único aparece otro mundo intelectual que no lo maquilla todo en términos de eficiencia, y otra Europa que no asigna los recursos exclusivamente en euros. En muchos centros de pensamiento se multiplica la preocupación por el hecho de que un ajuste permanente de las economías deslegitime la misma democracia liberal. Las doctrinas clásicas del FMI y del Banco Mundial, que han dado buenos resultados macroeconómicos, pueden producir —en una aplicación mecánica e intensiva— efectos deslegitimadores.

Un ejemplo significativo de ello se ha dado en la reciente asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada en Barcelona. El balance macroeconómico de América Latina, durante 1996, no podía ser mejor: mayor crecimiento, incremento de la inversión, baja espectacular de la inflación y del déficit público (algunos países latinoamericanos cumplen, o están a punto de cumplir, los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht), multiplicación centenaria de las privatizaciones, etcétera.

Pero el cuadro de bonanza se rompe por el desempleo (“el paro no bajó y parece haber aumentado”) y por el aumento de la pobreza y la desigualdad; tras una década de liberalización y de reformas estructurales, la falta de equidad empeoró en el subcontinente. Un panorama parecido se puede comentar de muchos otros países de la OCDE y de la Unión Europea, lo que muestra la dificultad de pronósticos lineales.

En Europa las cosas tampoco son fáciles; la manifestación de los franceses en Estrasburgo en contra del Frente Nacional no lo ha sido sólo contra el racismo y la xenofobia, sino contra un modo tecnocrático de entender la Europa del futuro; los centenares de miles de italianos que se han lanzado a la calle contra el desempleo, o las movilizaciones de los metalúrgicos alemanes, indican un descontento que no puede reducirse sólo al corporativismo del Primer Mundo y al miedo a los riesgos de una unión monetaria, sino al hecho de que ésta no venga acompañada de medidas de cohesión social.

Las manifestaciones de Renault implican la necesidad urgente de articular medidas políticas contra la desagregación del marco europeo, que hasta ahora están ausentes de las cumbres de los jefes de Estado y de Gobierno. El presidente de la UE, Jacques Santer, en el 40º aniversario de la misma, autoestimaba la situación: “Los ciudadanos no cuestionan tanto la finalidad del proyecto comunitario como nuestra manera de actuar”.

La izquierda y la derecha se han dotado, en Europa, de un cuerpo doctrinal, que es tanto como su propia Constitución: universalismo de los derechos, igualdad de los ciudadanos, seguridad social para todos. Se pueden cambiar las técnicas de gestión, pero no la filosofía, sin demandar explícitamente una reforma asumida por todos. La democracia social también se encuentra en manos de la opinión pública. No se puede facilitar el despotismo de los mercados, por la puerta de atrás, cuando este despotismo es dictado, en expresión del ex canciller alemán Helmut Schmidt, por los idiotas especializados: “Si usted mira lo que denomina mercados, lo que ve es un grupo de jóvenes, de menos de cuarenta años y en mangas de camisa, siempre con los oídos prestos a escuchar la última historia sobre lo que ocurrirá mañana en Washington para comprar o vender dólares. Los mercados no gobiernan el mundo, pero distorsionan la capacidad de los Gobiernos para gobernar sus respectivos países. Distorsionan y reducen la capacidad de los parlamentos y de los Gobiernos”. Schmidt sabe que “si los Gobiernos no lo hacen (mantener el Estado de bienestar) serán barridos electoralmente”.

La paradoja insoportable

(31 de marzo de 1997)

La confrontación entre los modelos sociales norteamericano y europeo se ha hecho explícita, conforme el primero ha mostrado su superioridad en cuanto a la creación de puestos de trabajo. De una manera reduccionista se pesan empleo y precariedad en un plato de la balanza, y paro y protección social en el otro. Mientras los empresarios europeos (y el FMI, el Banco Mundial, la OCDE) piden a gritos una desregulación del mercado de trabajo como la de Estados Unidos, las opiniones públicas (y los políticos, detrás de éstas) no quieren saber nada de la americanización del sistema productivo europeo: anteponen su Estado de bienestar (aunque conviva con alto paro y dificultades para su financiación) a los niveles de exclusión americanos. En realidad, ambos modelos están confluyendo, por la puerta de atrás, desde hace tiempo. Pero para que los europeos admitan reformas en profundidad será necesario un nuevo contrato social y que sigan existiendo los cortafuegos de la protección.

Europa busca nuevas señas de identidad, en medio de una crisis de valores culturales muy significativa. Hay entre los ciudadanos la sensación de que el modelo anglosajón, que hoy es hegemónico, es incompatible con la noción de una Europa próspera y justa con la que soñaron los padres fundadores. Además, conforme avanza —dos pasos adelante, uno atrás— la unión económica y monetaria y se vislumbra un horizonte más cargado de sacrificios que el presente se diluye el modelo social característico del último medio siglo: el final de la edad dorada.

En este cuadro se intensifica la confrontación entre las opiniones públicas (y los políticos, que las deben tener más o menos en cuenta si no quieren ser tan sólo influyentes cadáveres) y los técnicos y los empresarios, que piensan de otro modo. Las primeras dicen con nitidez que los europeos no quieren vivir como los norteamericanos, y los últimos califican al capitalismo USA como modelo o, al menos, como fuente de inspiración. Europa es el escenario de una suma de vectores que tiran en distintas direcciones y de cuyo forcejeo tiene que salir la resultante. El propio modelo europeo de democracia está en juego.

La intensidad de las contradicciones presentes no puede sino aumentar. Así emerge la paradoja insoportable: el deslizamiento progresivo de Europa hacia una sociedad como la norteamericana, con unos costes colectivos dignos de la socialdemocracia; es decir, lo mejor de cada casa, lo que no parece posible. El capitalismo USA con tarifa americana, puede ser; la redistribución socialdemócrata europea, también. Pero un modelo USA con los costes suecos o alemanes está inédito.

El espejo norteamericano es, hoy por hoy, difícil de rebatir. Hace unos años se puso de moda hablar del declive económico de Estados Unidos; las empresas de EE UU, se decía, carecían de visión del largo plazo y perdían competitividad a raudales. Ahora está claro que aquello fue sólo una ensoñación de sus competidores; Estados Unidos lleva 71 meses de crecimiento ininterrumpido —rompiendo la teoría clásica de los ciclos económicos—, con aumentos permanentes de la productividad, creación masiva de puestos de trabajo (pleno empleo técnico), baja inflación y empresas cada vez más rentables. El economista-jefe de Clinton, el profesor Joseph Stiglitz, ha defendido esta coyuntura como “la situación ideal, la mejor que se ha conocido en los últimos treinta años”.

¿Por qué no quieren, pues, este modelo los europeos? Por sus desequilibrios sociales. En la cumbre de Davos, el pasado mes de febrero (y más recientemente Soros), personas nada sospechosas de veleidades distributivas se ocuparon de la inquietante profundidad de las desigualdades en América del Norte: dos de cada tres asalariados experimentan una creciente precariedad en sus empleos; los salarios reales de una amplia mayoría de la población están en niveles equivalentes a los de hace 20 años; la adaptación competitiva de la economía norteamericana se ha llevado a cabo mediante una flexibilización de su mercado de trabajo sin parangón en Europa. Veamos algunos de los ejemplos más nítidos expuestos en la ciudad de La montaña mágica: un niño que nace en Harlem tiene una esperanza de vida inferior a la de otro que nace hoy en Bangladesh, y cuenta con menos posibilidades de ir a la escuela a los cinco años que un chaval de Shanghai; un joven negro norteamericano sabe que, a priori, pasará como media más tiempo en la cárcel (donde se encuentra recluido más del 2% de los hombres en edad de trabajar) que en la Universidad. Larry Summers, el número dos del Tesoro americano, declaró a este respecto: “Estados Unidos corre el peligro de dejar de estar unido; la sociedad corre el peligro de explotar”.

Este nivel inicuo de desigualdad social representa para los europeos más —según confirman todas las encuestas— que la bondad de la coyuntura americana. Con un cierto nivel de reduccionismo, se puede afirmar que mientras Estados Unidos ha escogido al mismo tiempo el empleo y la pobreza, Europa prefiere más paro, pero también más protección social. La contradicción de formas de vida es explícita si la marca de una civilización humanizada y moderna es, para los europeos, la existencia de un colchón de seguridad estatal que no se contempla en Estados Unidos. Los europeos anteponen su Estado de bienestar —aunque conviva con un crecimiento poco activo, alto paro, empresas en dificultades y recortes de su modelo social— a los niveles de exclusión americanos. Ésta es la elección que se presenta.

Si la globalización va a significar tan sólo la americanización de Europa, crecerán las dificultades políticas en el Viejo Continente. Los dirigentes europeos tienen presiones de sus electorados para que pisen el freno de las dolorosas reformas que están implantando en los últimos meses, y que se harán cotidianas con la activación del Pacto de Estabilidad, una vez que la moneda única esté en vigor. Ésta es una cara de la realidad, pero la otra es que los empresarios aprietan para que se acelere la importación de los mecanismos más activos del capitalismo del otro lado del océano; hace pocas semanas, Unilever (multinacional angloholandesa de productos de consumo) anunciaba su intención de vender la división de productos químicos especializados, con oficinas en Holanda y Gran Bretaña, mientras multiplicaba sus inversiones en China e India. “Cada vez más, Europa está siendo superada por el resto de los mercados mundiales”, afirmaba su presidente, Niall Fitzgerald.

La contradicción se complica todavía si se suman al escenario los aspectos tecnológicos. Este año, Davos estuvo dedicado al capitalismo de las redes de información, y las conclusiones fueron rotundas: existe una supremacía absoluta, un cuasi monopolio, de Estados Unidos en las nuevas tecnologías. El déficit tecnológico de Europa es tan acusado, su falta de formación tan grande, que puede verse superada incluso por los países emergentes. Un patrono muy significativo, Andrew Grove, presidente de Intel —que tiene el 80% del mercado mundial de microprocesadores—, dio los datos del problema: más del 3% de los hogares americanos tienen ya acceso a Internet, dos veces más que Alemania y el Reino Unido y diez veces más que Francia; la subsidiaridad europea en el mercado de las tecnologías no es más que un reflejo de la economía general.

Éste es el reto al que asiste la Europa de fin de siglo. En realidad, en la última década se está dando una convergencia real de los modelos de capitalismo europeo y americano, por la asunción del primero de los conceptos de flexibilidad del último; se observa lo que los competidores hacen mejor para inspirarse en ello. Pero esta convergencia no elimina dos diferencias, que ha descrito el economista francés Jean-François Fitoussi: la primera, que el crecimiento de la fractura social en Estados Unidos no es tan sólo el fruto indeseado de una política económica, sino que desde la década de los años sesenta se desarrolla en esa zona una literatura importante que hace apología de la desigualdad y contesta los factores de redistribución de la renta y la riqueza. El modelo USA resulta así, cualesquiera que sean las reservas que se puedan tener respecto a su ética, una elección política; en Europa, la falta de cohesión social no es una elección, sino el producto de la impotencia, a veces resignada.

La segunda diferencia está en que en Europa la política económica es pasiva, subordinada siempre a la satisfacción de los criterios de convergencia (déficit, endeudamiento, inflación), sea cual sea la tasa de paro e independientemente de las circunstancias en las que se aplica. En Estados Unidos juega activamente la coyuntura: ¿Se habrían creado tantos puestos de trabajo sin la fuerte bajada de los impuestos en los años ochenta, bajo la Administración de Reagan, o sin la política monetaria expansiva de los años noventa?

La convergencia progresiva de ambos sistemas lleva en Europa a una reducción de los costes laborales, a la liberalización y apertura de sus economías, a recortes de la seguridad social para reducir los déficit públicos y a un crecimiento masivo del desempleo. Sólo nuevas reformas y otros sacrificios permitirán que el paro disminuya y los europeos reencuentren su modelo del siglo XXI. Pero para que los ciudadanos las asuman se necesita un rearme ideológico que incluya el mensaje finalista de hacia dónde va Europa: un nuevo contrato social, que está ausente de los discursos meramente instrumentales de los líderes políticos, y que repele en los de los dirigentes económicos. Hasta ahora, los riesgos estaban acompañados por los innumerables cortafuegos de la democracia social; si estos cortafuegos también desaparecen, en el más genuino estilo norteamericano, los valores culturales de los europeos, profundamente enraizados, obstaculizarán el cambio.

La fábula de las abejas

(6 de abril de 1997)

“Los vicios privados hacen la prosperidad pública”. ¡Qué formulación más brillante del laissez-faire liberal, de la mano invisible smithiana! Corresponde al san Juan Bautista del liberalismo, el médico holandés Mandeville. Hoy, tres siglos después de su escritura, aquella delicada armonía de la sociedad no es más que una hermosa utopía inexistente. La libertad se aprecia mientras los precios suben; cuando bajan, los productores piden ayudas. La libertad económica es la de la zorra en el gallinero. Frente a la máxima de Mandeville, ésta otra del converso Lamennais: “Donde hay fuertes y débiles la libertad oprime y la ley libera”.

Una joya acaba de ser publicada; se trata de La fábula de las abejas, un texto del médico holandés Bernard Mandeville (1670-1733) cuyo contenido ha influido durante varios siglos en la historia de las doctrinas económicas. En traducción del inolvidable José Ferrater Mora, el libro (Fondo de Cultura Económica) llega ahora a España. La fábula es el antecedente más científico de la teoría del laissez-faire de Adam Smith, y su filosofía influyó en personajes como Rousseau, Montesquieu e incluso en Marx. La obra —que se subtitula paradigmáticamente Los vicios privados hacen la prosperidad pública— plasma una ética repulsiva que defiende el lujo, la envidia y el orgullo, y que justifica el egoísmo. Muchos liberales consideran a Mandeville el san Juan Bautista de su ideología.

Las tesis económicas de Mandeville, que años después dieron lugar al capitalismo, son, entre otras, las siguientes: los asuntos comerciales son más afortunados cuanto menos regulados están por el Gobierno; las cosas tienden a encontrar por sí mismas el equilibrio que mejor les conviene; el egoísmo sin trabas de cada individuo intervendrá en la sociedad de manera tan recíproca que ésta se ajustará por sí misma y redundará en beneficio de la comunidad. En cambio, una intervención del Estado tendería a trastocar la delicada armonía de la sociedad.

Leía este libro de gran originalidad, de extraordinaria belleza y de tan inquietantes recetas (“la paradoja es un paracaídas del pensamiento”, escribió Bergamín) cuando se conoció la enésima crisis financiera de Japón: tres de las filiales del Nippon Credit Bank, uno de los principales bancos japoneses de crédito a largo plazo, se declararon en quiebra, con unas deudas que suman dos billones de yenes (2,28 billones de pesetas), al tiempo que el banco cerró sus sedes en el extranjero para superar un pasivo que en 1996 alcanzó un total de 1,4 billones de pesetas.

A pesar de la profunda recesión que ha padecido desde el inicio de los años noventa, Japón es el país más rico del mundo (una renta per cápita de 28.000 dólares, el doble que España), después de Suiza. La crisis del milagro capitalista japonés se ha debido, fundamentalmente, a las siguientes causas: la fuerte revalorización del yen frente al dólar; la multiplicación de fenómenos de corrupción; el desplome bursátil tras unos años de burbuja y el hundimiento del sector inmobiliario hinchado con precios artificialmente altos, lo que significó grandes pérdidas para las sociedades de crédito hipotecario. Estas sociedades, creadas en los años setenta por los grandes bancos como entidades especializadas en créditos a particulares para la compra de viviendas, sufrieron el impacto de la caída de los precios del suelo. Por último, el caos en el sector financiero, en el que a pesar de que los más poderosos bancos del mundo son de matriz japonesa, 17 de los 21 más importantes en el ranking interior nipón están en números rojos.

¿Cómo se han superado tradicionalmente estas crisis bancarias multimillonarias (y las de los principales países del mundo)?: no a través de la mano invisible, sino con dinero público de los contribuyentes que cubren las deudas de las entidades. ¿Cómo se ha expandido tanto la industria japonesa, una de las más agresivas en sus exportaciones?: con la ayuda del todopoderoso Ministerio de Comercio Internacional e Industria (MITI).

Las preclaras tesis de Mandeville son influyentes, pero no se ajustan a la realidad: la delicada armonía de la sociedad no se da, porque los vicios privados casi nunca llegan a producir beneficios públicos. A pesar de las motos que nos venden.

Del 26% al 2,2% de inflación

(13 de abril de 1997)

En veinte años de sistema democrático se han firmado en España seis grandes pactos sociales, incluyendo entre ellos los Acuerdos de la Moncloa (1977), que tuvieron una formulación diferente (fueron firmados por los partidos políticos ante la debilidad de los agentes económicos y sociales organizados, recién salidos de la dictadura). El último de ellos, el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, asumido por las cúpulas sindicales y la patronal, se ha obtenido con un Gobierno conservador en el poder. Cuando se escriba la historia económica de la transición y de la normalidad democrática, los pactos sociales habrán de ser puestos en un lugar principal. Las conquistas y renuncias de los sindicatos y empresarios explican en buena parte esa larga marcha de la economía española desde una inflación en los meses centrales de 1977 del 42% al 2% actual.

El Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo, al que han llegado las cúpulas sindicales y la de la patronal la semana pasada, tiene un efecto colateral a los que puedan conseguirse en materia de empleo: el fortalecimiento de los agentes sociales después de un largo periodo de languidecimiento.

Cuando menos parecía posible, las organizaciones de los empresarios y de los trabajadores recuperan protagonismo, y dejan de tener una consideración análoga, por ejemplo, a los colegios de abogados, como declaró despectivamente hace unos años en una entrevista un ministro de Economía socialista. De modo paradójico, ello sucede con un ejecutivo conservador, que ha dado multitud de muestras de desear gobernar a través de la autoritaria figura del decreto-ley. En esta ocasión ha proporcionado autonomía a las partes, que han obtenido un éxito compartido.

Con este acuerdo son seis los grandes pactos sociales firmados en la transición española: Acuerdos de la Moncloa (1977), Acuerdo Básico Interconfederal (1979), Acuerdo Marco Interconfederal (1980), Acuerdo Nacional de Empleo (1981), Acuerdo Interconfederal (1983) y el actual. Durante 20 años de democracia se ha aplicado el concepto de pacto social —un instrumento del Estado de bienestar— a realidades distintas, con composiciones diferentes, pero en todos ellos ha aumentado el grado de contractualismo de las relaciones laborales. En el pacto alcanzado ahora se dice textualmente: “El presente Acuerdo otorga un mayor protagonismo a la negociación colectiva en la contratación...”.

En esos primeros años de la transición democrática se multiplicaron los intentos pactistas, con el objetivo primero de corregir los desequilibrios macroeconómicos tradicionales de la economía española, pero con la filosofía finalista (implícita) de apuntalar la democracia; en 1987, el todavía secretario general de UGT, Nicolás Redondo, lo reconocía paladinamente: “Los grandes pactos ya no son posibles. Eran factibles en la transición porque se buscaba sobre todo la legitimación política”.

Se equivocaba. Hay que recordar que durante los casi catorce años de socialismo sólo se firmó un pacto social (entre la patronal CEOE y las centrales sindicales CC OO y UGT, sin la presencia del Gobierno) y fue en los primeros meses, cuando el Ejecutivo de Felipe González conservaba su fuerza parlamentaria mayoritaria intacta y una amplísima mayoría social, pese a haber implantado un duro plan de estabilización como primera medida de Gobierno socialista.

Ahora, el Partido Popular, muy débil en el Parlamento, pero con una situación económica muchísimo mejor, ha logrado que los agentes sociales, encabezados por patronal y sindicatos, acompañen a esta coyuntura con un clima de confianza y de colaboración.

Sería deseable que este Acuerdo, de cuatro años de duración (el concebido con más ambición en el tiempo), no fuese una excepción y tuviese un desarrollo acompasado a las circunstancias.

Días pasados, con motivo del 20 aniversario de la legalización del Partido Comunista, Santiago Carrillo recordaba los prolegómenos de los Pactos de la Moncloa, cuyos protagonistas fueron los partidos políticos (ya que los sindicatos, recién legalizados, no habían contrastado electoralmente aún su representatividad social). En aquellos pactos, el Gobierno de UCD se comprometía a poner en marcha una serie de reformas en ámbitos como el fiscal, vivienda, política educativa, seguridad social, etcétera, a cambio de contención salarial. En aquellos momentos, la inflación media superaba el 26% y la de los meses centrales del año llegó al ¡42%! ¿Alguien hubiera apostado a que veinte años después el índice de precios al consumo superaría levemente tan sólo los dos puntos?

Rigor mortis

(20 de abril de 1997)

El pacto de estabilidad, firmado por todos los países europeos para cuando funcione la moneda única, supone una constricción del déficit público hasta alcanzar el equilibrio presupuestario. Ha llegado a ser de cultura general considerar a priori el déficit público como nocivo. Y pocas veces se desagrega en el análisis el contenido del déficit: no es lo mismo el déficit motivado por una escasa presión fiscal o por una extensión del fraude que el déficit causado por una profunda recesión; no es equivalente un desequilibrio en las finanzas del Estado refrendado por un esfuerzo en la inversión pública, que el producido por el exceso de los gastos corrientes. Así, el déficit público ha asumido una connotación ideológica y no instrumental, que sataniza a quien lo considera necesario para solucionar un desequilibrio aún mayor.

Inmersos en nuestro propio plan de estabilidad y en los signos positivos de la coyuntura —en un ejercicio de solipsismo—, apenas ha habido reflexiones sobre lo sucedido en la última reunión del Ecofin, celebrada en Holanda. Allí se ha producido la derrota de las posturas más flexibles de la UE y una victoria de los países económicamente más intransigentes, encabezados por Alemania y Holanda.

En ese Ecofin se aprobó básicamente el reglamento del Pacto de Estabilidad que regirá para los países que participen en la tercera fase de la UEM. En esencia, lo aceptado endureció aún más el rigurosísimo pacto aprobado en la cumbre de Dublín, en diciembre del pasado año.

A saber: que las sanciones que se apliquen a los países que sufren un déficit público del 3% (una multa fija del 0,2% de su PIB y otra variable de una décima por cada punto de más de déficit) serán acumulables en su parte móvil, multiplicando su efecto disuasorio. En segundo lugar, que el Ecofin dispondrá de un cierto grado de discrecionalidad política para imponer las sanciones a los países, pero tras una declaración de extremo rigor en la próxima cumbre de Amsterdam. Por último, que el dinero que se acumule por las multas a los heterodoxos no se incorporará al presupuesto comunitario, sino que lo aprovecharán tan sólo los países virtuosos, los países in, de forma proporcional a la parte alícuota que les corresponde.

Estos acuerdos suponen, de hecho, la negación de la coyuntura, y dan carácter perpetuo a las desigualdades de partida de los países que compondrán la UEM. Se elimina la política fiscal como método de corrección de situaciones recesivas, una vez que también ha desaparecido la política monetaria laxa, ya que esta última se ha dejado en manos de un banco central europeo independiente, cuyo primer objetivo es evitar la inflación. Con este Pacto de Estabilidad se ha eliminado toda flexibilidad para que el déficit público juegue su papel tradicional de estabilizador anticíclico.

Por otra parte, también desaparece la posibilidad de utilizar los instrumentos centrales de la política económica aplicados hasta ahora para disminuir las diferencias infraestructurales (no digamos las prestaciones del Estado de bienestar) que hay entre los países de Norte y los del Sur. Entre España y Alemania, por ejemplo.

Y por último, se consolida la realidad de un Pacto de Estabilidad (que como concepto teórico es imprescindible si la convergencia quiere ser sostenible y duradera) que cuando sanciona a un país deficitario lo convierte por el sistema de multas, irremediablemente, en más deficitario. Ataca al déficit, con más déficit, sin contemplar otras multas de carácter político (por ejemplo, dejar de forma temporal al país que viola la convergencia sin representación política en alguno de los órganos ejecutivos de la UEM).

Con estas normas, los dirigentes de la UE han asumido una consideración ideológica, y no instrumental, del déficit. El recurso al déficit, como han demostrado paradigmáticamente los norteamericanos —cuyo modelo tanto gusta a algunos—, puede ser necesario y estar justificado para recuperar los atrasos en la dotación de capital y servicios públicos, o para hacer frente a desequilibrios o recesiones. El déficit ha de ser controlado con rigor, pero también utilizado con flexibilidad y no abolido por principio, so pena que el rigor devenga en rigor mortis para los ciudadanos.

El más político de los procesos

(27 de abril de 1997)

Las elecciones de Gran Bretaña y Francia tuvieron un efecto subsidiario al de sus resultados: dejaron caer el velo del supuesto cientificismo de los criterios de convergencia, y los dejaron reducidos a lo que eran: un acercamiento a la convergencia macroeconómica, pendiente de una decisión política. Más aún: el ministro de Economía alemán, Theo Waigel, declaró un día que el 3% de déficit máximo para entrar en el club de la moneda única era “el 3% y ni una décima más”; tal ortodoxia dejó de serlo al día siguiente, cuando los datos demostraron que Alemania tenía dificultades para conseguir ese 3%. Por otra parte, el rigorismo de los criterios se ha hecho selectivo con el paso de los días: de las cinco tendencias de Maastricht una de ellas —la de un máximo de deuda pública del 60% del PIB— se ha abandonado por la puerta de atrás, sin que nadie haya explicado los por qué (porque pocos de los países poderosos la cumplen). Cuando haya la distancia suficiente y se haga la historia de estos tiempos, muchas de las declaraciones serán simplemente ridículas o manifestaciones de un fundamentalismo nefasto.

Definitivamente, el camino hacia la UEM ha devenido en un espectacular proceso político de dos direcciones: Maastricht influye decisivamente en las políticas internas de los países aspirantes, y estas últimas son básicas a su vez para la valoración que hace la Comisión Europea en sus informes semestrales sobre la marcha de las economías nacionales.

Respecto de la primera parte de esta retroalimentación, la situación de Alemania, Gran Bretaña y Francia son los ejemplos más cercanos. Alemania celebrará elecciones a finales de 1998; la principal incógnita de las mismas —si se presentaría o no el más ferviente europeísta germano, el canciller Kohl— ya se ha despejado en sentido positivo; no es arriesgado analizar que Kolh repite ante la desconfianza que tiene en que otros líderes alternativos (de su propio partido o de los socialdemócratas) sean tan perseverantes como él en el objetivo del euro.

Gran Bretaña se juega esta semana su futuro, aunque el enigma sobre el grado de su participación europea no se despejará, gane quien gane, hasta que se convoque el referéndum prometido tanto por los laboristas como por los conservadores. El asunto es tan complicado y hay tantos euroescépticos entre los británicos que, a diferencia del resto de las naciones europeas, conceptos como moneda única, federalismo e incluso Europa, han sido orillados de la campaña electoral.

Y, sin embargo, Gran Bretaña es uno de los países más preparados filosóficamente para compartir la política económica de la Europa del futuro: Major propone una especie de thatcherismo de rostro humano y Blair un radicalismo de centro, sin marchas atrás en lo fundamental.

En Francia, Chirac ha convocado unos comicios que no necesitaba por su abrumadora mayoría en el Congreso; pero su integración en la Unión Económica y Monetaria (UEM) demanda la legitimidad de unos sacrificios y de un adelgazamiento del Estado, que no es seguro que avalen los ciudadanos, acostumbrados a protestar masivamente cuando se les reclaman reformas que no comparten. Por ello, mucho más que por la fuerza en las urnas de los socialistas, la apuesta del presidente galo es arriesgada.

En cuanto a la necesidad de altas dosis de credibilidad para estar en la UEM, el contraparadigma es Italia. La Comisión Europea, en su informe de primavera, ha marginado sólo a dos países: Grecia, notoriamente alejada de los criterios de convergencia, e Italia, que se separa de los mismos porque la previsión de su déficit público es del 3,2% del producto interior bruto, es decir, tan sólo dos décimas por encima del porcentaje máximo exigido en Maastricht.

Los italianos han acusado a la Comisión de racismo monetario al atribuir resultados positivos en el saneamiento de las finanzas públicas a países como Alemania o Francia, que, por el momento, dependen de coyunturas tan aleatorias como la propia Italia. La explicación más plausible es la diferencia de expectativas —y en definitiva, de sostenimiento de las tendencias— que ofrecen los países citados respecto a su socio del Mediterráneo.

¿Y España? Nuestro país, que ha restablecido espectacularmente los principales desequilibrios en los últimos meses, está en el límite de la primera división. Por ello ha advertido el gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, de los riesgos de la euforia. Si no se cumpliesen las cifras de la Comisión Europea y sí las del Fondo Monetario Internacional (más pesimistas), España cerraría el año 1998 con un déficit del 3,2%. El mismo que Italia. Entonces los dos países quedarían fuera, si triunfan las tesis de los halcones, situados en el área más germánica y más técnica de la UE. El peligro no ha pasado.

Y ahora, Francia

(4 de mayo de 1997)

El thatcherismo convirtió a Gran Bretaña en el país del capitalismo popular, pero también en un laboratorio de desigualdad y de falta de cohesión social. Tony Blair acabó con casi dieciocho años de conservadurismo liberal, respetando sus logros pero cambiando la filosofía e inaugurando un periodo de laborismo bastante desideologizado. Apenas semanas después, la derecha francesa, contra todo pronóstico, era vencida por los socialistas. Lionel Jospin representa una vía diferente que la de Blair hacia el socialismo democrático. Ambos han asumido la lucha contra el desempleo juvenil como una seña de identidad. Lo que demuestra que si no hay espacio para las grandes diferencias macroeconómicas, la asignación de recursos y la forma de hacer política siguen diferenciando a unos y otros.

El FMI acaba de recordar las condiciones en las que se mueve la economía: las reservas de todos los bancos centrales del mundo son sólo un 15% mayores que el volumen de dinero que, cada día, se negocia de media en los mercados de capitales. Lo que significa, de hecho, la imposibilidad de intervenir con éxito ante una oleada especulativa masiva proveniente de estos últimos.

Acuerdos del G-7 sobre el dólar, como los del Louvre o los del hotel Plaza en la segunda parte de los años ochenta, son ya historia. No pueden repetirse con eficacia. La negociación media diaria de los mercados de cambio ha pasado de 200.000 millones de dólares (alrededor de 30 billones de pesetas) a mediados de la anterior década, a 1,2 billones de dólares (alrededor de 180 billones de pesetas) en la actualidad. Esa cifra es la que equivale al 85% de las reservas de los bancos centrales.

Las transacciones financieras diarias equivalen, por ejemplo, a la producción de bienes y servicios de un país como Francia en un año. Tres grandes fondos de pensiones movilizan más dólares que las reservas de los bancos centrales del G-7; los gerentes de esos fondos tienen más poder financiero que cualquier ministro de Hacienda o gobernador de banco central del planeta. Por todo ello es por lo que hay políticos y economistas que quieren establecer algún tipo de regulación sobre los movimientos de capitales: una especie de impuesto sobre transacciones especulativas que aumentase las reservas del banco central del país en el que se origina la operación. Opinan que un mercado global sin reglas es un mercado negro.

Éste es el primer gran corsé con el que se mueven las economías de nuestro entorno. En Europa, además, los gobernantes —sean del signo ideológico que sean— se han autoimpuesto otros (los criterios de convergencia), independientes de la coyuntura: equilibrio presupuestario, inflación baja, deuda pública limitada y tipos de cambio y precio del dinero estables.

En este entorno de ortodoxia económica se acaban de celebrar las elecciones en el Reino Unido, dentro de un mes tendrán lugar las legislativas en Francia y a finales del año que viene en Alemania. Los tres grandes países europeos, en primera instancia, y luego todos los demás, acuden a los comicios dentro de un marco macroeconómico en el que los electores han decidido muy poco. Hay una creciente pérdida de autonomía de los Gobiernos para elaborar sus políticas económicas nacionales.

Teniendo en cuenta ese cuadro de actuación, en el Reino Unido, por ejemplo, no podrá haber marcha atrás en las privatizaciones si Blair quisiese (que no quiere), pues el déficit y la deuda impedirían las expropiaciones pertinentes. Las condiciones de la globalización y de la UEM lo excluyen, no las ideas de la revolución conservadora de la señora Thatcher, como interesadamente arguyen sus apenados deudos.

Entonces, ¿por qué votar? ¿Dónde se encuentran las diferencias entre unas opciones políticas y otras? En la asignación interna de recursos, en la distribución de dinero público, no en la indiscutible solidez que ha de tener la moneda o en el escaso déficit presupuestario. La cohesión social, la educación y la sanidad públicas, las pensiones, la atención al desempleo, los derechos sociales (que los derechos del ciudadano no se pierdan cuando éste entra en su lugar de trabajo), etcétera, son las que distancian hoy a socialdemócratas y liberales, a laboristas y conservadores, a la derecha y a la izquierda.

Margaret Thatcher y sus herederos habían convertido al Reino Unido, pese al crecimiento de la riqueza, en un laboratorio de desigualdad en los primeros lugares del ranking mundial. Las élites habían desdeñado la creciente insatisfacción de los trabajadores y las clases medias dentro del capitalismo popular. Dentro de un mes Francia aportará más datos para el análisis.

La educación y Tony Blair

(16 de mayo de 1997)

El colectivo más afectado por el desempleo de larga duración es el de los que no tienen la formación necesaria para enfrentarse a un mercado de trabajo cada vez más segmentado y sofisticado. Entre las medidas de largo plazo —no de choque— para corregir esta situación figura una educación permanente y adecuada a las nuevas necesidades. Con esta educación no sólo se paliarán los porcentajes de paro, sino también los de la marginalidad y la pobreza. Es por ello que la educación ha pasado a constituirse en la prioridad absoluta de los dirigentes políticos; primero fue Clinton, luego Blair y tras él Jospin.

Una vez admitido que las grandes magnitudes de la economía deben ser embridadas para su buen funcionamiento (con diferencias en la graduación y en los tiempos), las contradicciones ideológicas se trasladan a la asignación de recursos. Por ejemplo, en la atención a la educación y en la sanidad públicas y, más en general, a los capítulos que engrosan el contenido del Estado de bienestar (además de los dos mencionados, las pensiones, el desempleo, la cultura y el derecho laboral, cuya doctrina se basa en la seguridad social del ciudadano, por el hecho de serlo).

En este sentido, las primeras medidas anunciadas por Tony Blair son muy significativas. El primer ministro británico ha emergido como un abanderado nada retórico de la educación y la sanidad; y a mejorarlas dedicará algunos de los nuevos ingresos públicos que va a generar. Sin duda, Blair no es un neokeynesiano de izquierdas, pero sus apelaciones a enmendar “el daño causado por dieciocho años de Gobiernos conservadores” tampoco permiten conceptualizarlo, como malévolamente han hecho sus detractores, como Tory Blair.

Existe una blairmanía en Europa que ha sustituido al thatcherismo del pasado. Todos quieren ser Blair. La semana pasada aparecía un dibujo en Le Monde en el que se veía a Jacques Chirac, Alain Juppé y Lionel Jospin bajo la misma leyenda: “C’est moi. Tony Blair”. No es un asunto sólo de gestión de lo que hay; la política sigue existiendo porque la sociedad implica conflictos. Conflictos por el poder y los recursos, y las ideologías los resuelven de maneras distintas.

En la inauguración del Parlamenteo británico destacaron, al menos, cinco medidas económicas propuestas por los laboristas:

— La concesión al Banco de Inglaterra de “independencia operacional” en la política monetaria. Disposición revolucionaria en un partido más intervencionista que el conservador. Cuando el laborismo llega al Gobierno, después de 18 años de hambre de poder, lo primero que hace es desprenderse de parte de su capacidad para dirigir la economía. El canciller del Exchequer fijará el objetivo de inflación, pero la política de precios estables la decidirá el banco central.

— La integración en la Carta Social Europea, que es aún más simbólica que efectiva, pero supone un severo correctivo al ideario de Margaret Thatcher y John Major, sus antecesores.

— La aplicación de un salario mínimo, que puede reducir la alta rotación de mano de obra en los sectores con los salarios más bajos. La eliminación del salario mínimo, como método de flexibilización del mercado laboral, es una de las señas de identidad de la fe neoliberal de nuestros días.

— Una ley de la lotería, juego muy practicado por los británicos, para sustraer nuevos fondos que aplicar, directamente, a la educación y a la sanidad pública.

— La creación de un impuesto nuevo a las empresas privatizadas, cuyo objetivo es el de estimular el empleo entre los menores de veinticinco años. Aunque no se conocen los detalles, se trata de un impuesto windfall sobre los beneficios “excesivos” de las empresas de servicios públicos privatizadas por los Gobiernos conservadores (que fueron infravaloradas al privatizarse), muchas de las cuales actúan aún en régimen de monopolio natural. No se ha detallado ni la cuantía del impuesto ni si éste será una cantidad a pagar en una sola ocasión o es periódico, ni si se extenderá a todas las sociedades privatizadas o sólo a algunas.

El laborismo mantiene los objetivos de inflación, gasto público y privatizaciones del pasado, pero las normas anunciadas cambian las prioridades y la dirección del debate. No es casual que Clinton y Blair hablen cada vez más de educación.

Reconstruir la política

(8 de junio de 1997)

Las victorias de los socialistas británicos y franceses han cambiado la correlación de fuerzas ideológicas en Europa. Poco a poco empieza a hablarse de cohesión social, paro, educación, sanidad, y se sustituye el discurso unívoco de inflación, déficit, devaluaciones competitivas y tipos de interés. Comienza a discutirse de política, tras más de un decenio economicista. ¡Qué alivio! El signo más explícito de este cambio de tendencia lo dio Lionel Jospin cuando propuso como número dos en el escalafón de su Gobierno a la ministra de Empleo, Sanidad y Seguridad Social, Martine Aubry, y no al ministro de Economía, Dominique Strauss-Kahn. Los símbolos también cuentan.

Mientras Aznar presume de que España es el último bastión de la derecha europea, los socialistas europeos se reunían en Suecia, en un ambiente de euforia, para tratar de modernizar su discurso ahora que son mayoría en la UE. Intentan cambiar la razón económica que ha dominado el mundo desde la revolución conservadora, hacia la razón política, respaldados por el voto de los ciudadanos. Felipe González lo ha resumido: hay un hartazgo de políticas deshumanizadas.

Las elecciones en el Reino Unido y Francia han sustituido las prioridades, desde el arcaísmo neoliberal hacia el empleo. En sus primeras intervenciones, Tony Blair no ha sido el sucesor del thatcherismo disfrazado de Caperucita Roja, como lo calificaron los conservadores al día siguiente de perder el poder. Mañana presentará en el Ecofin un plan para atacar el paro en Europa (18 millones de ciudadanos).

Pero es en Francia donde los síntomas de otra forma de hacer las cosas son más explícitos. El primero, de gran simbología, en el mismo momento en que Jospin elaboró su Gobierno. Por primera vez, el número dos de la Administración no será el ministro de Economía, sino el responsable del empleo.

Pese a que el primer ministro ha creado un superministerio económico —Economía, Finanzas e Industria— y ha puesto al frente de él a un economista de gran prestigio, Dominique Strauss-Kahn (el álter ego socialdemócrata del liberal Madelin), la número dos de Jospin será la ministra de Empleo, Sanidad y Seguridad Social, Martine Aubry. Ello es sumamente revelador.

Aubry es una mujer muy significativa no sólo por su potencial de presidenciable, sino, sobre todo, por su idiosincrasia política. Colaboradora de Philippe Seguin en el Ministerio de Trabajo durante el bienio conservador —1986 a 1988— por “ser la mejor preparada”, según el líder gaullista, fue ministra de Trabajo con otra mujer socialista, Edith Cresson, de jefa de Gobierno.

Con un carácter tan firme que se ha comparado con el de Margaret Thatcher, Martine Aubry es de las que consideran que hay que tener pocos principios éticos inalterables, pero ser inflexible con ellos; alguien ha dicho que con esos principios Aubry es “casi mormónica”.

En los tiempos en que Mitterrand peleaba por el euro y contra el escepticismo, Aubry marcó su terreno: “La moneda única es buena, pero sólo como instrumento para hacer una Europa más fuerte. Es un instrumento que no se merece que el país se destruya para adquirirlo”. Ahora, pocos meses antes de las elecciones, Aubry ha publicado un libro (Ils est grand temps, aparecido en las Éditions Albin Michel) que compendia su pensamiento.

En él hay una coincidencia entre las propuestas de Aubry y el programa electoral de Jospin, y una confesión de fe socialdemócrata: “Hay que construir un nuevo modelo de desarrollo capaz de pedir al mercado lo que sabe hacer: la eficacia, la innovación. Pero que sepa también responder a las necesidades de todos... Hay que situar el objetivo de la solidaridad en el corazón de la sociedad. Para llegar a ello es necesario que la sociedad sea más transparente, más democrática y que el debate público tenga su lugar. Hay que reconstruir la política”.

Por primera vez en mucho tiempo no se habla sólo de convergencia, déficit, inflación o de devaluaciones competitivas.

¡Qué respiro!

Epílogo

La mirada comprometida
de Joaquín Estefanía

Al titular una de sus recopilaciones de artículos Le regard éloigné, Claude Levi-Strauss no quería únicamente señalar una posición metodológica, también pretendía calificar una actitud existencial, hecha de curiosidad y de exterioridad, de interés y de encomiable neutralidad. Sin duda, también quería recordar una vez más lo que le distinguía de otro monstruo sagrado de su tiempo, Jean-Paul Sartre, heraldo del compromiso intelectual. El drama —y el terrible desafío— del articulista de un gran diario es que no puede permitirse el lujo de Levi-Strauss, sobre todo cuando sus artículos no se limitan únicamente a describir los acontecimientos sino que debe explicarlos para hacerlos inteligibles a centenares de miles de lectores. Y, además, hacerlo en un número reducido de páginas —¡la dictadura de los tres a cinco folios entregados en el último minuto!— conjurando trivialidades y esquematismos. Hay, pues, cierta audacia en la voluntad de reunir en un libro una serie de artículos de circunstancia: juzgan más por el tiempo que pasa que por el instante que los vio nacer.

Y es a esta prueba de verdad a la que se somete Joaquín Estefanía al proponer al lector de hoy unos artículos redactados con el riesgo de los días y de la fiebre del momento. Observador, analista de economía, teórico de las tendencias profundas de nuestra sociedad, actor comprometido y crítico preocupado por la objetividad, Joaquín Estefanía nos ofrece, pues, con esta recopilación de artículos el raro ejemplo de que es posible estar en el acontecimiento y en el pensamiento, en el corto tiempo de la acción y en el largo de la explicación, sin sacrificar jamás lo esencial a lo urgente ni la autenticidad de los valores a las modas dominantes. Su tribunal ha sido así tanto las páginas de Opinión como la columna semanal que tiene, desde hace años, en El País, diario que es a la España democrática lo que Le Monde a Francia y el New York Times a Estados Unidos. Es decir, una referencia esencial.

Este libro trata de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros problemas y nuestras esperanzas, de nuestros fracasos y nuestra voluntad de tener peso en el curso de las cosas. Todo ello unido por una cuestión, que no se formula más que una vez pero que atraviesa como hilo conductor los análisis reunidos en este volumen: ¿qué sociedad queremos construir para el siglo XXI? Esto es lo que interesa a Joaquín Estefanía por encima de la economía, del poder, de las ideologías, de los partidos y los grupos de interés, de las divisiones y las unificaciones de naciones.

Pero ¿la sociedad —la vida humana diría yo si no temiera ser demasiado solemne— sigue interesando al ciudadano en la era de la globalización económica y cultural? “La sociedad no existe” replica sentenciosamente la señora Thatcher, sólo hay individuos y Estados malditos que, lejos de limitarse a asegurar la obediencia de aquéllos, los protege socialmente. Tal es la filosofía profunda del mundo que adviene, al que Estefenía opone, en estos textos de una lucidez candente, el poder de la razón crítica y del rigor demostrativo. ¿Nuestro mundo? Desde un punto de vista histórico-cultural se secciona en realidades apremiantes que el articulista de El País reconstruye de modo metódico.

1. En primer lugar, está la mundialización, de la que el autor ya nos ha ofrecido un análisis sistemático en La nueva economía: La globalización (Editorial Debate, 1996). Se formula como una inmensa empresa de acomodación en conformidad, en la que por doquier reinan las mismas disciplinas económicas que tienen como objetivo estructurar el planeta en torno a un nuevo capitalismo conquistador. Joaquín Estefanía, que ya no tiene la ilusión del mañana radiante, no ve en ello sólo un mal. Al contrario: sabe que el proceso es ineluctable y mide los aspectos innegablemente positivos: el acceso de todas las sociedades al juego de la riqueza, el paso casi forzado a la modernidad, la interpenetración que favorece la interdependencia y obliga a descentrarse de sí, es decir, a la apertura del mundo y a la necesaria corresponsabilidad. Pero también conoce el revés de la medalla: la difusión, a una rapidez nunca vista, de la desigualdad, la pobreza, y las rupturas brutales de la cohesión social. Proceso, dice, que, por su descontrol, favorece el surgimiento de la dualización social y de las fuerzas “antisistémicas”. Ninguna sociedad escapa a este infortunio. Y es que la operación, lejos de tratarse de una simple traslación de riquezas, obedece sobre todo al juego de la especulación financiera: ¡menos de un 5% de los intercambios monetarios que se realizan corresponden al comercio de bienes y mercancías! El talón de Aquiles de esta mundialización es que se trata fundamentalmente de un mercado especulativo, basado en una circulación extremadamente rápida de los capitales y en manipulaciones favorecidas por las tecnologías modernas de la información, mediante las cuales los grandes operadores de hoy en día —multinacionales, cajas de pensiones estadounidenses, hombres de bolsa y agiotistas, filibusteros de las finanzas (de los que George Soros es un personaje emblemático, tras Maxwell y otros)— hacen y deshacen la cotidianidad inconsciente de las sociedades y los pueblos. Un “capitalismo de casino”, escribe Estefanía, en el que todos jugamos sin saberlo y en el que se juega con nosotros sin que lo merezcamos.

Frente a este maëlstrom, los Estados son cada vez más impotentes y los dignatarios de la defensa de la riqueza pública cada vez más tímidos. A este respecto es muy evocador el interés que Joaquín Estefanía dedica a uno de los más notables banqueros de España, Luis Ángel Rojo: sigue el rastro de sus intervenciones, analiza sus discursos, desvela lo no dicho, descifra sus mensajes. Pero siempre se trata de la misma serenata: aunque Rojo es lúcido acerca de los peligros de las políticas macroeconómicas ortodoxas, no por ello deduce que no haya que someterse a no ser que se quiera caer en el agujero negro de las perturbaciones destructoras: “el gobernador no es partidario, pese a estos pesados condicionamientos, de echar arena en los engranajes de las finanzas internacionales, porque la incapacidad para aplicarlos de manera universal podría tener efectos aún más contraproducentes (El desplazamiento del poder). Léase: a falta de un gobierno mundial capaz de pesar sobre la economía globalizada, los gobiernos nacionales ¡sólo pueden callarse! Estefanía juzga esta respuesta “defensiva”. Creo que es demasiado considerado: a mí me parece sobre todo intimidatoria. En efecto, se inscribe en la estricta lógica de la retórica de las élites dominantes, ya sean de derecha o de izquierda, que hacen de una relación de fuerzas temporal una obligación natural legitimando, así, las impotencias de los poderes públicos. Y en nombre de esta impotencia, el liberalismo thatcheriano, tímidamente domesticado en Londres por Tony Blair, se expande sin freno por doquier. Nuevo pensamiento único, que hace de la economía liberal la norma mundial y de la sumisión frente a sus efectos devastadores la sabiduría de los Estados. Pero los Estados engloban sociedades y las sociedades, pueblos, y los pueblos, seres humanos de carne y hueso: no ángeles, sino, como decía Rimbaud, “revueltas lógicas” en perspectiva...

Porque otra característica de la mundialización del liberalismo económico es también que implica por doquier una situación de crisis, debida no tanto a su aspecto transitorio como a sus componentes estructurales. En este sentido, lejos de ser un sistema orgánico cuya potencia sería comparable, por ejemplo, al capitalismo industrial de antaño, es fundamentalmente un proceso de circulación de signo monetario, inestable y caótico, nunca al abrigo de las terribles “burbujas” financieras que son la pesadilla de los agentes del FMI y la puñalada trapera de los especuladores aventureros.

No se puede negar que con motivo de las concentraciones de capitales en un lugar se desarrollen situaciones de producción: pero el sistema es de una sensibilidad desconcertante y cualquier tropezón le puede conmocionar. Véase si no lo que ocurre desde hace poco con los célebres “tigres asiáticos” que, por haberse hecho demasiado glotones, según apreciación de algunas multinacionales, se ven condenados a comportarse como gatos domésticos, a no ser que hagan explotar todo el sistema del cual ellos son los beneficiarios a fin de cuentas. Estamos bailando sobre un auténtico volcán, como decía Heinrich Heine, pero al menos bailamos...

En realidad estamos asistiendo al advenimiento de una auténtica conciencia de clase a escala internacional, no la del proletariado, que jamás ha existido, sino la de las élites dirigentes del proceso de mundialización: agrupaciones financieras, ecofines, grupos políticos dirigentes, fabricantes de opinión pública en los grandes medios de comunicación, etc., que tienen en común una convicción y un reflejo casi pauloviano. La convicción es la de que la dictadura de los mercados financieros “moderniza” las sociedades y crea riqueza; el reflejo pauloviano, la aplicación de la fórmula “TINA” en el momento en que se emite cualquier crítica contra el sistema: “TINA”, es decir: There is no alternative! Este es el cemento armado ideológico que une a las élites mundializadas de hoy. Pero esta supuesta fuerza del sistema, en realidad enmascara, como subraya en varias ocasiones Joaquín Estefanía, la más lamentable miseria intelectual, la incapacidad de ver más allá, el rechazo de la imaginación creadora; en una palabra, el encerrarse en las redes de una religión fundamentalista, la del pensamiento único. Técnicamente oscuro cuando lo desarrollan los responsables del sistema económico, consternador cuando cae en manos de ideólogos de bazar (vid. Manual del perfecto idiota latinoamericano... y español), el pensamiento único funciona a pleno gas en un mundo sometido a la creciente autonomía del mercado y a la dictadura de sus mercenarios. Hoy es la abstración del mercado mundializado la que cae con todo su peso sobre las sociedades: nueva trascendencia ésta que, a imagen de un Dios terrestre, cruel y celoso, implica el sufrimiento de la mayoría para garantizar la felicidad de las élites.

El interés de la crónica cotidiana de la mundialización, como demuestra excelentemente Joaquín Estefanía, es que permite mostrar esta debilidad intelectual en la fuerza misma del proceso de mundialización. Quedan, pues, las modalidades de adaptación a este nuevo mundo. Estefanía señala tres tipos: 1) el modelo thatcheriano, que es su quintaesencia. Su estructura: desregulación, disminución de los costes salariales, monetarismo a ultranza, individualismo extremo, reducción al mínimo de la protección social, minorización de la capacidad redistributiva del Estado. Su versión social: el ejemplo americano, en el que progresa el crecimiento, el empleo también, pero donde los salarios jamás han sido tan bajos ni la precariedad tan alta; 2) el modelo alemán versión Helmut Kohl: rigor financiero y reducción progresiva del Estado. Consecuencias: crecimiento del paro, desmantelamiento de la protección social, etcétera; 3) por último, el modelo socialdemocráta: adaptación conflictiva, paro, disminución de los ingresos del Estado, bloqueo de todo el sistema.

En realidad ninguno de estos modelos funciona verdaderamente bien. La crisis esta instalada en el corazón mismo del proceso y por ningún lado emerge una auténtica alternativa. Esta es la cuestión central: ¿Cómo hacer frente a la mundialización de este liberalismo económico que engendra por todas partes la impotencia del Estado social?

2. Crisis, pues, en primer lugar del welfare State y, después, del Estado a secas, es decir, del estatus mismo de lo político en su función organizadora del cuerpo social. Estefanía sostiene que esta crisis es ante todo, en su origen, de orden fiscal. La capacidad redistributiva del Estado, de estricta obediencia keynesiana o de keynesianismo cruzado de liberalismo, se hunde bajo unos déficit provocados por el surgimiento de variables destructivas. Si, dice Estefanía, el welfare se caracteriza por la ayuda a los más desfavorecidos, por la utilización de las cotizaciones para asegurar derechos pasivos (pensiones, atención sanitaria, subsidio de paro), por la existencia de servicios colectivos subvencionados o gratuitos (educación, transportes, vivienda...), estas obligaciones no pueden ser hoy ya asumidas debido a mutaciones radicales de tipo social: ruptura del equilibrio intergeneracional (disminución de la natalidad, aumento de la esperanza de vida, y, por tanto, impacto desestabilizador sobre las pensiones y los gastos sanitarios), inestabilidad de las familias nucleares (el aumento de los divorcios y la extensión de las parejas informales introduce una auténtica entropía en la mecánica redistributiva de los recursos), mayor complejidad de la división del trabajo (por el aumento de la demanda de empleo ligada a la feminización del mercado de trabajo) y, finalmente, emergencia de los empleos irregulares, de la flexibilidad, del paro. Todos estos factores hacen que el Estado social sea ineficaz y su reforma, urgente.

Mas allá de la mundialización hay, pues, un problema de fondo. ¿Cómo resolverlo? Estefanía no tiene recetas. Pero sí convicciones, que en este caso es lo que más importa. Ante todo hay que señalar que el análisis de la crisis del welfare State de Estefanía escapa al reduccionismo monocausal: la mundialización sólo es en parte responsable de dicha crisis. Para él, las causas de agotamiento keynesiano del Estado son más inmanentes que externas: son producto de la creciente complejidad, casi entrópica, del proceso social mismo. Es la incapacidad de hacer frente a esta complejidad la que explica la pérdida de eficacia del modelo estatal del welfare, y no sólo sus límites funcionales en una economía mundializada.

Esta tesis es esencial. Implica, en efecto, una doble toma de postura: frente a los liberales y frente a la socialdemocracia tradicional. Frente a ésta, al poner en evidencia las contradicciones y los límites internos del modelo de welfare State, rechaza la explicación demasiado simplista del Estado social destruido bajo las embestidas de la mundialización; frente a los liberales, rechaza la tesis según la cual el welfare sería por esencia antipráctico y funcionaría como obstáculo para la competitividad internacionalizada. Y, más allá de los unos y los otros, postula la idea de que el Estado de welfare es posible tanto en el contexto de la mundialización como en la relación con una sociedad compleja en la que trabajo y capital sufren modificaciones sustanciales. Posible a condición de adaptarse a la nueva realidad, mediante la reforma del mercado de trabajo, de la fiscalidad y de hacerlo en nombre de un valor fundamental, dialectizado en su historicidad, el de la igualdad. En efecto, es en torno a esta idea donde tiene lugar la batalla a favor del Estado social. Pues lo que aproxima el liberalismo moderno al viejo conservadurismo aristocrático reaccionario es la idea de que el Estado debe hacer que se respete la desigualdad estructural de las condiciones para asegurar el desarrollo de la riqueza social. Esta es la razón por la que la ideología de la sociedad civil como núcleo organizador de la colectividad reviste hoy tanta importancia; una sociedad civil que es más explícita bajo su denominación alemana de Bürgerlich Gesselchaft, donde el bellum omnium contra omnes no está atemperado por la redistribución igualitaria sino por el Estado leviathan hobbesiano. Para poner en evidencia la filosofía profunda de ese liberalismo, Joaquín Estefanía puede, pues, comentar con asombro la actualidad del libro de Mandeville La fábula de las abejas, en el que el médico holandés del siglo XVII sostiene que los vicios privados hacen la prosperidad pública. Pero la privatización del Estado, su reducción a la función estrictamente penal, lejos de ser la solución a la crisis del welfare la radicaliza todavía más y arrastra al cuerpo social hacía la autodestrucción.

En realidad, lo que la historia de los últimos veinte años demuestra de la manera más elocuente es que el liberalismo no funciona. No es una alternativa a los problemas reales del welfare State, no es más que la antítesis negativa, adversa y regresiva. El fracaso del modelo de sociedad liberal es hoy evidente: frente a la sociedad de asistencia a la que ha terminado por reducirse el welfare, el liberalismo sólo propone la sociedad de precariedad. En lugar de curar el cuerpo enfermo, el liberalismo lo emponzoña aún más.

Decir, como lo hace Joaquín Estefania, que el origen de la crisis del welfare reside en la conjunción de la complejización de la sociedad y de la internacionalización económica significa ya indicar una vía central para la necesaria renovación del Estado en la sociedad actual: se necesita a la vez una revolución social y una voluntad firme de conservar en el Estado-nación (o el Estado como elemento constitutivo de un conjunto comunitario, por ejemplo la CEE) los instrumentos de reacción contra las tendencias desestabilizadoras, es decir, el control del déficit público y de la deuda.

Pero ocurre que sobre estos dos puntos no hay acuerdo europeo. Y es ahí donde aprieta el zapato, incluso en la problemática europeísta de Joaquín Estefanía. Permanecer en la UEM, dice, pero a condición de conservar los mecanismos de control. Pero toda la construcción europea actual tiende tanto a acentuar el proceso de desfiscalización en curso, con el pretexto de que favorecerá la expansión económica y por tanto la inversión, como a imponer a los Estados políticas drásticas de control de los déficit presupuestarios que paralizan toda estrategia anticíclica. Sin contar con que, incluso en la hipótesis de una profunda reforma fiscal y de una ampliación del margen en lo que al déficit se refiere, parece hoy difícil para cualquier Estado-nación relanzar en solitario la actividad económica en solitario. Como propone Joaquín Estefanía (La antipatía europea), únicamente mediante la coordinación de un relanzamiento común en los países europeos cabría la posibilidad de que los Estados propusieran a sus ciudadanos algo más que esas curas de adelgazamiento de las que se han convertido, a las órdenes de los lobbies financieros internacionales, en sus principales publicitarios. Pero, y no se repertirá nunca suficientemente, ello es incompatible con la visión predominante hoy en día en Europa. Pues la cultura política que sostiene esta construcción, y de la que el Tratado de Maastricht representa la versión caricaturesca, es la del monetarismo triunfante y la de la obsesión patológica por la lucha contra la inflación, es decir, digámoslo claramente, la visión de los banqueros y otros agentes de intercambio. Podemos empeñarnos a fondo en añadir, bajo la presión de la calle, un pacto de crecimiento al pacto de estabilidad: pero no pasará de ser un deseo piadoso por la simple razón de que el crecimiento, en la problemática monetarista del Bundesbank y del Instituto Monetario Europeo, no debe ser resultado de la instigación política, sino de inversiones productivas. En realidad, el actual proceso de construcción conduce ineluctablemente a esa “americanización” de la sociedad europea que, con razón, teme Joaquín Estefanía (¿Americanizar Europa?).

3. Otro tema central aparece claramente en el trabajo de Joaquín Estefanía. Concierne tanto a la reflexión sobre la evolución de la sociedad contemporánea como a la debilidad de la izquierda para ofrecer una alternativa real. No insistiré en ello más que para subrayar, también en este caso, la gran honestidad intelectual de Estefanía y su humanismo realista y prospectivo. En primer lugar, su honestidad: en varios de sus artículos, sobre todo en los consagrados al análisis de los discursos políticos durante la última campaña electoral española, Estefanía pone en guardia tanto a la derecha como a la izquierda frente a la utilización descarada de promesas electorales que inevitablemente no podrán mantenerse. Dado que derecha e izquierda tienen miedo al electorado, rivalizan en su demagogia sobre el mantenimiento tal cual del welfare State. Observador avezado de los movimientos de opinión, Estefanía ataca esta demagogia porque sabe que esas promesas demagógicas, no respetadas, engendran un déficit de legitimidad de las élites políticas y favorecen todo tipo de microfascismos. En segundo lugar, su humanismo realista: ser de izquierda para él es ante todo decir la verdad, toda la verdad, a los ciudadanos. No es sólo limitarse a una política económica de carácter social, sino también, y sobre todo, ser capaz de asentarse en valores seguros en estos tiempos de desprecio. Las luces del siglo XXI serán: racionalismo crítico, universalismo concreto, voluntad política, justicia social, reparto del trabajo, derechos humanos frente a la razón de Estado, emancipación de las mujeres, derechos de las minorías, participación política, pedagogía ciudadana, innovación intelectual, preservación de los derechos del medio ambiente. En torno a estos valores deben unirse todos aquellos que, ahítos de amargura y horrorizados del odio que nace de la desesperanza, aceptan apostar por el futuro y por la dignidad fundamental del ser humano. Estos son los rasgos de una sociedad futura que el actual fascismo rampante hace más urgente que nunca.

Podría glosar ampliamente este libro tan rico y estimulante para el debate. Pero el lector descubrirá por sí mismo, a través de esta porción de vida y de pensamiento que le propone el autor, la variedad de temas abordados en este libro. Yo, al cerrarlo, pienso en la profunda fórmula de Bertold Brecht que pedía, para definir “los procesos detrás de los procesos”, la llegada de un “pensamiento interviniente”, es decir, de un pensamiento que fuera a la vez de elaboración y de acción. Es este ejercicio, respetable por lo arriesgado, el que Joaquín Estefanía nos ofrece en estas páginas, lográndolo brillantemente.

SAMI NAÏR

Notas

[1] Fernando R. Lafuente e Ignacio Sánchez-Cámara, La apoteosis de lo neutro, Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. Papeles de la Fundación, nº 36, 1996.

[2] Lafuente y Sánchez-Cámara, La apoteosis..., op. cit., p. 51.

[3] Entrevista con Mario Vargas Llosa. La Vanguardia, 12 de agosto de 1997.

[4] Ignacio Ramonet, Un mundo sin rumbo. Crisis de fin de siglo, Editorial Debate, 1996, p. 112.

[5] Viviane Forrester, El horror económico, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 50.

[6] Forrester, El horror..., op cit. Este libro, que no puede considerarse de naturaleza económica, supone un grito desesperanzado de su autora ante un sistema que margina al sentido común. Durante muchos meses de los años 1996 y 1997 ha estado presente en las listas de ensayos más vendidos en Francia (donde aún continúa), con cientos de miles de ejemplares comprados por los lectores. Ha sido un acontecimiento social. El libro se ha traducido luego a decenas de idiomas.

[7] Op. cit., p. 54.

[8] Juan Cueto, “Vanguardia”. Artículo publicado en la revista cultural de El País, “Babelia”, 26 de julio de 1997.

[9] Ricardo Petrella, El bien común, Editorial Debate, 1997, pp. 48-58.

[10] Petrella, El bien..., op. cit., p. 59.

[11] “George Soros, especulador y filántropo”. Entrevista de Victoria Carvajal y Jesús Mota en El País Semanal, nº 1.089, correspondiente al 10 de agosto de 1997. Todos los entrecomillados de Soros corresponden a esta entrevista.

[12] Estas condiciones han sido estudiadas exhaustivamente en dos libros: Los resultados de la democracia, de José María Maravall (Alianza Editorial, Madrid, 1995) y Las reformas económicas de las nuevas democracias, de Luis Carlos Bresser Pereira, José María Maravall y Adam Przeworski (Alianza Universidad, Madrid, 1995).

[13] Petrella, op. cit., p. 112.

[14] Op. cit., pp. 138-139.

[15] José Borrell, “La causa común”. Artículo publicado en El Periódico de Cataluña, 6 de agosto de 1997.

© 1997, Joaquín Estefanía

© De esta edición:
2010, Santillana Ediciones Generales, S. L.

Avenida de los Artesanos, 6

28760 Tres Cantos - Madrid

Teléfono 91 744 90 60
Telefax 91 744 92 24

www.editorialtaurus.com

ISBN ebook: 978-84-306-1580-3

Diseño de cubierta ebook: María Pérez-Aguilera

Conversión ebook: Newcomlab, S.L.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).