El bando «nacional» que venció en la Guerra Civil se mantuvo en el poder durante decenios. Era un conjunto cimentado en la lucha y formado por el ejército, la Iglesia, el partido único creado en 1937, los carlistas de la Comunión Tradicionalista —no siempre integrados en el partido—, los alfonsinos (después juanistas) de Renovación Española, sectores patronales, empresariales, propietarios agrarios y aún decenas de miles de medianos y pequeños campesinos, así como sectores de las clases medias urbanas.

Pese a un programa fundamental compartido de anticomunismo y antizquierdismo en general; oposición a la democracia y al liberalismo; catolicismo; uso de la violencia como arma política; y antimasonería; el franquismo incluía sectores distintos que competían a la hora de ganar cuotas de poder, o el poder total. Las poco estudiadas luchas entre franquistas nada más terminar la guerra constituyen la fascinante historia que marcó el devenir del régimen y sus equilibrios internos los siguientes cuarenta años.

Joan Maria Thomás

Franquistas contra franquistas

Luchas por el poder en la cúpula del régimen de Franco

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Titivillus 29.08.16

Título original: Franqistas contra franquistas

Joan Maria Thomás, 2016

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

Agradecimientos

A ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), fundación impulsada por la Generalitat de Catalunya, por concederme la distinción ICREA Academia y estimular y facilitar mi trabajo como investigador.

A Pablo Salvador Coderch, por permitirme trabajar con la documentación de su padre, Gerardo Salvador Merino, así como por las informaciones que me facilitó sobre su familia.

A Virgilio Hernández Rivadulla, por las entrevistas que me concedió en 2013, así como por los documentos sobre los sucesos de Begoña que me proporcionó.

A Miguel Ángel Gimeno Álvarez, por su extraordinaria ayuda documental en todo lo referido a las actividades de Juan José Domínguez Muñoz, fruto de sus investigaciones históricas.

Al historiador Javier Domínguez Arribas, por su ayuda documental.

Al estudioso Francisco Javier Álvarez de Paz, por sus valiosas informaciones.

A José Luis Jerez Riesco, por su gran ayuda documental.

A José Manuel Romero Moreno, Conde de Fontao, por sus informaciones sobre su padre Carlos Romero de Lecea.

A Yago Varela Augé, por sus informaciones sobre su abuelo el general José Enrique Varela.

A Macià Riutort Riutort, por su ayuda.

A Rebeca Martínez, por su colaboración.

A Salvador de Brocà Tella, por su ayuda y amistad.

A mis hijos Joan María y Ángela, por estar ahí.

A Marilú, por todo.

Y, por supuesto, al equipo editorial, con Nora Grosse e Isabel Germán y, al frente de todos, Miguel Aguilar, por su nueva acogida en Debate.

1. El régimen de Franco y su disenso interno en la primera posguerra: una coalición vencedora pero mal avenida

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El régimen de Franco y su disenso interno en la primera posguerra: una coalición vencedora pero mal avenida[*]

Si bien el régimen de Franco aparecía a los ojos de la población en la inmediata posguerra como un bloque monolítico, en realidad no lo era. En su seno se daban diversos grados de conflictividad. No me refiero a la que se dio entre el poder y la oposición antifranquista durante toda la vigencia del Régimen, sino específicamente a la interna franquista. A las pugnas entre franquistas. A la conflictividad que se daba tanto dentro de su cúpula —el gobierno, los órganos consultivos, los órganos de participación restringida— como dentro de sus aparatos, y en general entre los diversos sectores del Régimen. Conflictividad que podía llegar incluso a espasmódicos enfrentamientos en las calles entre facciones falangistas, carlistas, militares u otras, a veces con el resultado de muertos y heridos. Otra cosa es que trascendiesen a la luz pública, que ya se cuidó el Régimen de que no ocurriese.

Aunque quizá predominen hoy en día los estudios históricos que versan sobre la violencia del Régimen contra la población —los estudios de la represión franquista en sus diferentes facetas— y sobre la oposición, en los últimos treinta años se han ido abriendo camino trabajos que estudian el Régimen por dentro, su funcionamiento interno, su historia política, las tensiones existentes entre sectores y aparatos franquistas, así como las instituciones y sectores políticos del franquismo.

A finales de los años cincuenta y sesenta, Stanley G. Payne y Herbert R. Southworth realizaron estudios fundamentales sobre el partido fascista español antes, durante y después de la Guerra Civil[1]. A finales de los años setenta y ya en los ochenta, Ricardo Chueca, Martin Blinkhorn y Javier Tusell hicieron aportaciones fundamentales con trabajos sobre el partido único[2], el carlismo[3] y la interrelación entre la política interior y la exterior del Régimen durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la participación de los llamados «católicos» en el gobierno de 1945 y siguientes[4]. Ya en los años noventa, Paul Preston publicó su fundamental biografía de Franco[5], mientras Tusell lo hacía con otro notable trabajo sobre Franco durante la Guerra Civil[6]. En estos mismos años aparecieron otros estudios sobre facciones políticas a nivel provincial, local y estatal, de la mano de jóvenes historiadores que, aun con dificultades evidentes y con destacados fondos archivísticos cerrados a cal y canto —los militares, los policiales y muchos de los eclesiásticos—, tenían ahora acceso a archivos oficiales. O a lo que quedaba de ellos, ya que dos meses antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, en abril, una orden del último ministro-secretario general del Movimiento, Ignacio García López, había ordenado la destrucción de los archivos del FET y de las JONS-Movimiento Nacional en todas las llamadas jefaturas y delegaciones provinciales.

Durante los años noventa y los primeros tres lustros del siglo XXI hemos asistido a una expansión de los estudios de ámbito provincial y local sobre el Régimen paralela a la ampliación del sistema universitario y a la consolidación del sistema autonómico, así como a la aparición de diversas obras sobre la etapa franquista en general, sus instituciones, el dictador y otros personajes políticos, las políticas aplicadas, las culturas políticas franquistas, los proyectos en concurrencia, y sobre las tensiones internas que se produjeron. Destacan, entre otras, las obras de Santos Juliá[7], Ismael Saz[8], Ferran Gallego[9], Enrique Moradiellos[10], Giuliana di Febo[11], Alfonso Botti[12], Juan Pablo Fusi[13], Borja de Riquer[14], Julián Casanova[15], Alfonso Lazo[16], Ángel Viñas[17], Carme Molinero y Pere Ysás[18], Antonio Cazorla-Sánchez[19], Xosé Manoel Núñez Seixas[20], José Luis Rodríguez Jiménez[21], Miguel Ángel Ruiz Carnicer[22], Francisco Cobo y Teresa Ortega[23], Ángela Cenarro[24], Glicerio Sánchez Recio[25], Francisco Sevillano Calero[26], José Antonio Parejo Fernández[27], Francisco Morente[28], Javier Tébar[29] y Martí Marín Corbera[30], entre otras, como digo. Todo ello ha contribuido a «normalizar» una historiografía que iba con retraso, por la razón obvia de la larga duración del régimen de Franco, con respecto a sus homologas europea o estadounidense.

El libro que el lector tiene en sus manos pretende ser una contribución más al estudio de la conflictividad interior del Régimen, la que se dio entre los diferentes sectores de lo que podemos denominar «coalición autoritaria» o «bloque político y social» franquista, es decir, el conjunto, diverso, que constituyó el bando «nacional» durante la Guerra Civil; que venció en la contienda, y que se mantuvo en el poder con diversos cambios e incluyendo algún sector nuevo —como los tecnócratas— durante decenios. Un conjunto cimentado en la guerra y formado por el ejército, la Iglesia, el partido único creado en 1937, los carlistas de la Comunión Tradicionalista —no siempre integrados en el partido—, los alfonsinos —después juanistas— de Renovación Española, los excedistas, sectores patronales, empresariales, propietarios agrarios y aun decenas de miles de medianos y pequeños campesinos, sectores de las clases medias urbanas y rurales, etc., todos ellos católicos.

Un conjunto con una mentalidad cohesiva —la de los vencedores de la guerra— y un programa fundamental compartido: anticomunismo y anti izquierdismo en general, antidemocratismo y anti liberalismo, anti nacionalismos periféricos, catolicismo y anti masonería, entre otros. Pero también incluía diversos proyectos políticos diferenciados: monarquía neoabsolutista carlista, monarquía autoritaria alfonsino-juanista, fascismo, corporativismo católico, tecnocracia ultracatólica, etc., que concurrían a la hora de pretender ganar cuotas de poder, o el poder total.

En este sentido resulta útil entender los gobiernos de Franco en tanto que gabinetes, en cierta manera, plurales o «de concentración». No, por supuesto, en sentido democrático, es decir, constituidos a partir de la fuerza relativa obtenida en las urnas por cada uno de los partidos como expresión de la voluntad libre de los (inexistentes) electores, pero sí en cuanto el dictador tendió —con gran habilidad, todo hay que decirlo— a combinar estos sectores en gran parte de los trece gobiernos que nombró entre 1938 y su muerte. La existencia de este pluralismo —pluralismo relativo, con fuertes elementos cohesionadores y, por supuesto, autoritario y no democrático— es uno de los elementos que nos lleva a la cuestión de la definición del régimen de Franco en tanto que dictadura más fascistizada que fascista. En el sentido, esto último, de que ni Franco fue nunca un líder fascista propiamente dicho ni el partido fascista, la Falange, las Falanges —FET y de las JONS, después llamada Movimiento Nacional— tuvieron nunca el poder total en sus manos. En cambio, como otros sectores, pero de manera tan sólo equiparable al ejército, el partido sí disfrutó de cuotas de poder significativas.

La conflictividad interna dentro del franquismo estuvo siempre presente. Con seguridad el lector de cierta edad recuerde la aparición de sectores «ultras» que cuestionaban una supuesta política, para ellos «blandengue», de los últimos gobiernos de Franco; unos sectores, por otra parte, bien brutales, capaces de matar manifestantes en las calles. También de sectores que hacían pintadas reivindicando un «rey Javier» en paredes de la universidad o las vías públicas. O la rabia no contenida que los «ultras» manifestaban con eslóganes como «Tarancón al paredón» y otros ante la Iglesia, una parte de cuya jerarquía comenzaba a desmarcarse del Régimen. O las pintadas «hedillistas» «revolucionarias nacionalsindicalistas» de falangistas «auténticos», en contra de un régimen que había «usurpado» la Falange. Y seguramente este mismo lector ha leído y conoce las tensiones entre los hombres del Movimiento y los del Opus Dei en los años sesenta y primeros setenta. Y de cómo el caso Matesa fue aireado desde los primeros para debilitar a los segundos, que tenían la hegemonía en el gobierno por entonces. Pero este libro no trata de esta etapa final.

Trata, en cambio, de la conflictividad interna de los primeros años del régimen de Franco, cuando se estaba construyendo, cuando fue más activo en su conformación. Una etapa, la inicial, desde 1939 a 1942[31], que contrasta con la lentitud de la institucionalización posterior, la de los años cincuenta y sesenta. Trata de la etapa más «azul», más falangista, más fascista o más fascistizada del franquismo. Los años de las fulgurantes victorias alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Los años en los que —como en la segunda mitad de 1940— España pretendió e intentó entrar en esa guerra, aunque al final no lo consiguiese al no concederle Hitler los territorios coloniales franceses que pedía a cambio. Momentos en los que parecía que la contienda europea acabaría muy pronto y en los que Franco y los suyos querían participar para estar en el reparto del botín. Pero también estaban dispuestos, Franco y los más altos dirigentes, militares y falangistas sobre todo, a una guerra más larga. Un deseo que, en el caso de los falangistas y al contrario que los militares, duraría más tiempo.

En estos años iniciales del régimen franquista los conflictos[32] fundamentales fueron cuatro. El primero de ellos se produjo a raíz de la llamada «unificación», es decir, a raíz del decreto de 19 de abril de 1937 por el que el Generalísimo y Jefe del Estado se incautaba tanto del partido más importante de los existentes en la «zona nacional» —el fascista Falange Española de las JONS— como del monárquico carlista Comunión Tradicionalista, los fusionaba y creaba un partido único —Falange Española Tradicionalista y de las JONS— y se otorgaba a sí mismo el poder máximo en tanto que nuevo «Jefe Nacional». El partido, aunque copiado en su ideología y estructura de FE de las JONS, era nuevo. Franco procedió a designar una dirección, lo que generó tensiones con la cúpula de FE y algunas acciones y tentativas de resistencia, incluso armada, que fueron cortadas de golpe por el Generalísimo y comportaron consejos de guerra, penas de muerte —no ejecutadas— y años de prisión. He estudiado no hace mucho este conflicto en un extenso libro, El gran golpe. El «caso Hedilla» o cómo Franco se quedó con Falange. La resistencia activa carlista fue menor, y, de hecho, la Comunión Tradicionalista se dividió entre unificados o aceptantes de la fusión e intransigentes o contrarios. Estos últimos se guardaron bien de organizar ninguna resistencia, entre otras razones porque unos meses antes, en diciembre de 1936, Franco ya había actuado contra su máximo dirigente, Manuel Fal Conde, a quien puso en la tesitura de ser procesado o exiliarse de, forma voluntaria a Portugal por un incidente tras el cual el primero había visto una manifestación de independencia de los carlistas —en este caso en el plano militar— que le había resultado intolerable.

El conflicto provocado por la resistencia falangista a la unificación se saldó, paradójicamente, no sólo con las condenas, sino también con un pacto no escrito entre el principal consejero político del Jefe Nacional Franco, su concuñado Ramón Serrano Suñer —antiguo amigo y compañero de estudios del fundador de FE José Antonio Primo de Rivera— con el grupo de familiares falangistas y personas más próximas al propio José Antonio. Un pacto por el que obtendrían cargos en el partido único, y éste se orientaría a nivel político en el sentido del cumplimiento posibilista del programa falangista originario, y se le concederían amplias parcelas de poder en el encuadramiento, control y disciplina del mundo laboral y sindical, así como de la socialización política de la mujer y la juventud, entre otras. Y por el que, presuntamente, el Nuevo Estado se conduciría hacia la dirección del programa falangista a través de políticas tendentes a mejorar las condiciones de vida de la población y llegar a mayores cotas de «justicia social». A partir de ese momento Serrano comenzó a actuar como «hombre fuerte» en la sombra en las relaciones entre el partido con Franco, papel que ejercería hasta la crisis de mayo de 1941, el segundo gran conflicto interno del Régimen.

Mientras tanto, al designarse por el llamado Generalísimo el primer gobierno propiamente dicho, a principios de 1938, contó no sólo con el partido y sus dirigentes, sino también con personas que a pesar de tener el carnet de falangista tras la unificación, en realidad provenían del carlismo, del alfonsismo, del corporativismo católico o del ejército, entre otros. Es decir, que integró elementos provenientes de la coalición autoritaria y no sólo falangistas viejos del partido único. Quedó por lo demás claro que el poder iba a residir en el Caudillo y su gobierno, pero no en el partido.

Desde 1939 hasta 1941 el Régimen vivió la etapa más álgida de lo que he denominado «proceso de fascistización». Es decir, tras la guerra se diseñaron leyes que plasmaban hasta cierto punto los objetivos totalitarios de la Falange, como las dos de carácter sindical de 1940 y otras disposiciones de 1941 —de las que se hablará de forma profusa en el capítulo 2—, la del Frente de Juventudes, y otras resoluciones de rango legislativo inferior referentes a la sección femenina del partido, a la creación del Instituto de Estudios Políticos también del partido, a la prensa y la propaganda, y otras, que otorgaban a FET y de las JONS notables parcelas de poder. Sin embargo, ni las grandes decisiones políticas ni la política económica estaban en sus manos, sino en las de Franco, y, tras él, en el gobierno. Tampoco el partido poseía los fondos suficientes para implementar masivamente los objetivos que las disposiciones aprobadas le concedían. Y en su seno proliferaron tensiones internas entre falangistas viejos y carlistas, y otros sectores.

En realidad, la imposición de la política autarquizante e intervencionista, así como las leyes sobre salarios y el aumento de los precios reales, comportaron un brutal retroceso de las condiciones de vida y el incremento de la pobreza y la miseria a niveles muy anteriores a la Guerra Civil, por lo que el contraste entre las promesas de «justicia social» falangista y la realidad fueron muy pronto abismales. Mientras tanto, el partido recibía el descontento de la población, ya que se había presentado como adalid de la «revolución nacionalsindicalista». De hecho, el peor año de la posguerra desde el punto de vista del desabastecimiento fue entre 1940 y 1941, el de la mayor actividad fascistizadora. También fue el de mayor fiebre intervencionista, de la que el partido era uno de los principales impulsores —pero no el único, ni mucho menos—. Todo ello se tradujo no sólo en descontento por parte de la población y del propio partido, sino también en tensiones internas dentro de la cúpula del Régimen, convencidos como estaban los falangistas de la necesidad de lograr la hegemonía política y civil total y de acabar con los sectores «conservadores» que impedían el avance hacia una completa fascistización. Ésta tenía que pasar por la asunción del gobierno por el partido y la aplicación de políticas más enérgicas y radicales.

En este contexto, durante la primavera de 1941, los falangistas iniciaron un movimiento para forzar a Serrano Suñer a influir sobre Franco para que tomara ese rumbo. A quien desde 1939 se había convertido en número dos oficial y efectivo del partido tras su concuñado. Se produjeron dimisiones, e incluso el propio Serrano se vio atrapado entre la espada y la pared por la fidelidad y deuda con su concuñado y Caudillo y la presión que recibía del partido, y acabó presentando su dimisión de todos modos. De hecho, de este intento de forzar la asunción del poder civil por el partido, es decir, de la segunda crisis interna del Régimen o crisis de mayo de 1941, se hablará en el siguiente capítulo, y se hará utilizando fuentes completamente inéditas, como son, entre otras, las notas tomadas por un miembro de la Junta Política de FET y de las JONS —Gerardo Salvador Merino, protagonista de ese apartado—, de algunas de sus sesiones más significativas, referidas a la voluntad de asumir mayores poderes por parte de Falange. Conocemos cada vez mejor lo que ocurrió en esos días de mayo, si bien no podemos dar por conocida del todo la crisis. Falta desvelar el contenido de archivos aún inéditos —como el de Serrano Suñer, entre otros— para completar en todos los aspectos su reconstrucción.

Sí sabemos que Franco resolvió la situación con suma habilidad, integrando a más falangistas en su gobierno, pero a través de personas, en especial en el caso del nuevo ministro-secretario general de FET y de las JONS, José Luis de Arrese, que sabía adictas y sumisas a su persona. Y desactivó la maniobra. A partir de ese momento la mayoría de los dirigentes falangistas aceptarían el importante papel que Franco les había concedido y, sin dejar de aspirar a su «revolución» —ahora manifiestamente «pendiente»—, se mostraron dispuestos a refrenar sus aspiraciones y a supeditar su afán a la «orden de marcha» de su Jefe Nacional. Orden, por supuesto, que nunca llegaría. El partido resultante, que he denominado la «Falange de Franco»[33] —en el sentido de su supeditación, ya clara, al Generalísimo—, se mantendría durante toda la vigencia del Régimen.

La resolución de la crisis de mayo dejó descontentos a los sectores falangistas que habían captado la maniobra de Franco. Algunos de los más significados de ellos marcharían como voluntarios a la División Azul en el mes de julio de ese mismo año, 1941. Otros conspirarían —de forma inocua— contra Franco. Por su parte, Serrano Suñer había quedado en una posición precaria, conservando su cuota de poder en el partido y en el gobierno, pero asistiendo al lento y sólido incremento de la confianza y comunicación de Franco en los asuntos del partido con Arrese y a la pérdida de su propio monopolio.

Tan sólo había quedado un sector falangista en cierta manera autónomo, el de los sindicatos, liderado por Gerardo Salvador Merino en tanto que su delegado nacional. Éste no había presentado su dimisión en la crisis de mayo, pero compartía los objetivos de falangización total del Régimen. Su «caso», su brutal «defenestración» en el verano de 1941, constituye el tercer conflicto interno del franquismo de aquellos años y el primero que vamos a analizar a fondo en este libro.

Salvador había ido encuadrando —para controlarlas, subordinarlas y dirigirlas— a todo tipo de organizaciones sindicales preexistentes, así como a las grandes asociaciones agrarias, corporaciones patronales y de todo tipo dentro de su Delegación Nacional de Sindicatos. Estaba conformando un poder nuevo, sindical y falangista, que acompañaba con la organización de imponentes concentraciones de obreros —pico y pala al hombro— para mostrar su poder. Él mismo era ambicioso y aspiraba a cuotas de poder en el gobierno, como veremos. Sus rifirrafes con las patronales le habían llevado a chocar con el ministro de Industria y Comercio, Carceller. Pero no duraría mucho en el candelero. Sería «defenestrado» de su cargo ese mismo 1941 y aun condenado tras ser juzgado por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, después de una maniobra urdida al efecto por sus enemigos dentro de la coalición autoritaria, intereses económicos, militares y de rivales internos incluidos. Los nuevos dirigentes sindicales que lo sustituirían —a él y a su equipo— representarían una gestión nada amenazadora y alineada con la estrategia falangista general de Arrese.

En el estudio de esta «defenestración», el acceso a fuentes inéditas —como el archivo completo de su protagonista (incluidas las notas de las reuniones de la Junta Política), junto con el estudio del sumario que se le incoó y por el que acabó procesado, los testimonios de algunos de sus colaboradores, así como otras fuentes archivísticas, hemerográficas y bibliográficas— me permite ofrecer un relato pormenorizado de lo que ocurrió y, en general, un análisis del Gerardo Salvador Merino político. He podido no sólo entender y reconstruir lo sucedido con él y su proyecto, sino profundizar en el conocimiento de aspectos como las relaciones entre personajes falangistas de la cúpula del partido y del Régimen, y conocer sus puntos de vista sobre cuestiones específicas. También he podido saber más de las relaciones entre grupos políticos —falangistas y carlistas unificados— con sectores diferenciados del ejército —Muñoz Grandes o Saliquet, por ejemplo—. Y revaluar el papel de falangistas como Pedro Gamero del Castillo y Miguel Primo de Rivera frente a un Ridruejo menos presente de lo que parecía, al menos en la nueva documentación descubierta. He podido igualmente comprender en mayor medida la importancia, letal, de la acusación masónica en el seno del franquismo, de la que no se libraría ni el mismísimo Serrano Suñer.

Así las cosas llego al cuarto y último conflicto interno del período, el que he denominado los «sucesos de Begoña», es decir, el importante incidente producido en la explanada de la basílica bilbaína de Nuestra Señora de Begoña el 16 de agosto de 1942, provocado por falangistas. De gran importancia, en primer lugar, porque produjo setenta y un heridos y se saldó con el fusilamiento del falangista autor del lanzamiento de una granada de mano contra los requetés allí reunidos. No denomino el incidente atentado porque creo que no lo fue, en el sentido de que existiese un complot para asesinar al ministro del Ejército, Varela (por lo demás, notorio procarlista), que asistía a la misa y concentración de carlistas en la que predominaban los intransigentes y en el que estalló la bomba. Pero si no fue un atentado contra Varela, sí fue el enfrentamiento más importante y más notorio de los que venían teniendo falangistas y carlistas intransigentes desde 1939.

En Begoña, unos falangistas indignados por la «impunidad» y la «ilegalidad» de lo que veían —dos mil carlistas concentrados con grandes pancartas alusivas a su «rey», y otras—, contestaron a los gritos prohibidos de aquéllos y se enzarzaron en una pelea en la que llevaban todas las de perder, hasta que uno de ellos lanzó una granada de mano. Pero lo de verdad relevante a nivel político de los sucesos de Begoña desde una perspectiva histórica fueron sus consecuencias. En primer lugar, la «caída» o desaparición política definitiva de Serrano Suñer y la consolidación de Arrese al frente del partido. En segundo, los ceses de los ministros del Ejército, el general Varela, y el de la Gobernación, el coronel Galarza, por haber actuado con excesiva independencia esos días a los ojos de Franco.

Pero Begoña fue de igual manera el primero de los pulsos que los generales monárquicos y antifalangistas echaron al Generalísimo en esos años, anterior al más importante de 1943, y paralelo a la multitud de conspiraciones más o menos proaliadas e interesadas en lo crematístico. Más que menos, si nos atenemos al soborno de los «caballeros de San Jorge», por el cual un grupo de notorios generales españoles recibió grandes cantidades de dinero inglés sin saber su procedencia, que les eran entregadas en tanto que «contribución patriótica» por sectores empresariales y bancarios españoles a sus acciones para evitar la entrada de España en la guerra mundial junto con el Eje. Pero dinero que, como digo, pagaban los británicos. Un soborno del que sabemos mucho, pero del que nos falta conocer aún más, en especial si las cantidades fueron en efecto recibidas por todos aquellos generales que se citan en la bibliografía, y quién las entregó.

La investigación sobre Begoña me ha deparado muchas sorpresas. Una de ellas, descubrir las razones por las que los dirigentes de un departamento específico del Sindicato Español Universitario (SEU) del partido, el de Deportes, fueron a buscar a Irún a unos camaradas del propio sindicato que regresaban del frente ruso y de la División Azul. Éstos coincidieron de manera casual en Begoña con una pareja de jerarquías falangistas que había llegado de Valladolid en plan de provocar. Todo ello me ha permitido saber lo que sucedió de verdad ese 16 de agosto en la explanada de la iglesia. Por qué fueron —diferenciando los dos grupos independientes de falangistas—, qué hicieron, por qué lo hicieron, quién lanzó la granada (lo que me ha permitido resolver el enigma que hasta ahora representaba Juan José Domínguez Muñoz, agente al servicio de los alemanes, como otro de los del coche de Madrid), qué consecuencias tuvo para todos ellos este hecho, cómo alguno (Mariano Sánchez-Covisa, años después personaje bien conocido de la Extrema derecha) consiguió «escaquearse» y la gestión de los sucesos entre Franco, Varela y la cúpula falangista. Así como el desinterés que la mayoría de los miembros de esta última mostraron por intentar salvar a Domínguez, el único de los falangistas que fue fusilado. De la investigación he concluido que las versiones difundidas por los carlistas y recogidas por fuentes diplomáticas de diversos países —básicamente la de la conspiración urdida por el vicesecretario general Luna contra el acto de Begoña—, u otras, que presentan los sucesos como una provocación preparada por la Alemania nazi para posibilitar la entrada en guerra de España —también originadas en buena parte por carlistas— son inconsistentes.

Para todo ello me ha resultado fundamental el conocimiento del sumario incoado por la justicia militar, las entrevistas realizadas con el único superviviente de los falangistas que actuaron aquel día, la documentación inédita aportada por éste y por diferentes estudiosos y fuentes como el Archivo Fal Conde y los archivos diplomáticos.

En suma, que prosigo con este libro el estudio de algunas de las crisis fundamentales de la primera etapa del régimen de Franco iniciada con El gran golpe, convencido como estoy de la necesidad de revisar las versiones establecidas de acontecimientos en apariencia tan de sobra conocidos que algunos autores se permiten el lujo de dar por cerrados en el ámbito historiográfico. Parto de la necesidad de una continua revisión y, por encima de todo, de aquello que de apasionante tiene la profesión de historiador: la movilización de fuentes y el desarrollo de nuevas reflexiones que permitan el estudio, el análisis, la interpretación y la explicación del pasado. Del pasado relevante. Del que marcó la Historia, con mayúsculas.

Espero que les resulte interesante.

2. Intereses económicos y patronales, carlistas y militares contra falangistas: la defenestración de Gerardo Salvador Merino, delegado nacional de Sindicatos de FET y de las JONS en 1941, o los antecedentes masónicos como arma política durante el franquismo

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Intereses económicos y patronales, carlistas y militares contra falangistas: la defenestración de Gerardo Salvador Merino, delegado nacional de Sindicatos de FET y de las JONS en 1941, o los antecedentes masónicos como arma política durante el franquismo

Si la Guerra Civil había sido, desde el punto de vista político, el momento de la vertebración del llamado Nuevo Estado —con el Decreto de Unificación de 1937, la promulgación del Fuero del Trabajo de 1938 y la constitución del primer gobierno de Franco ese mismo año—, a los pocos meses de su final entró el régimen franquista en una nueva etapa, de la que era una de sus premisas el potenciamiento del partido único en tanto que instrumento de control, encuadramiento y adoctrinamiento de la población. Una población acrecida por la ocupación definitiva de la llamada «zona republicana» y la incorporación al territorio «nacional» de las tres ciudades más importantes del país, Madrid, Barcelona y Valencia, con centenares de miles de obreros y trabajadores viviendo en ellas o en sus alrededores. Para el partido había llegado el momento de poner en práctica sus postulados nacionalsindicalistas, es decir, fascistas, de encuadramiento y disciplina de los sectores «productores», esto es, obreros y trabajadores en general, técnicos, pero también empresarios y propietarios, en una magna organización sindical vertical. A su frente estaría el partido, y su aspiración era la de cumplir el punto noveno de su programa, el de FET y de las JONS (copiado del de la extinta FE de las JONS), que rezaba: «Concebimos a España, en lo económico, como un gigantesco sindicato de productores. Organizaremos corporativamente a la sociedad española mediante un sistema de sindicatos verticales por ramas de la producción, al servicio de la integridad económica nacional». La «revolución nacionalsindicalista» que propiciaban los falangistas implicaba encuadramiento y disciplina sindicales, pero también realizar reformas técnicas de la tierra y de otros sectores económicos con el objetivo de incrementar la «justicia social». Eso les distinguía de otros franquistas más conservadores, que los veían como izquierdistas encubiertos. De ahí el paso a la acusación por masonería había, para muchos, poco trecho[34].

Estos falangistas, y dentro de ellos, entre otros, los que se hicieron con la nueva Delegación Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS, creada en agosto de 1939, estaban dispuestos a integrar obreros e incluso a cuadros procedentes del sindicalismo izquierdista —convertidos al fascismo—, o, simplemente, a personas que habían sido de izquierdas. Nutrir los nuevos sindicatos era todo un reto para los nacionalsindicalistas, y a ello se pusieron entre los años 1939 y 1941. Hasta más adelante, y tras la caída de Gerardo Salvador Merino, no llegaría la afiliación obligatoria. Éste y sus colaboradores, y, como hemos visto, los dirigentes del partido en general, aspiraban a más. A la hegemonía del partido en el Régimen. A la falangización-fascistización total de éste.

El «caso Salvador Merino», que explicaré a continuación, muestra cómo el intento más logrado de crear un departamento —o «servicio», como los denominaban— en la organización, sus éxitos y progresos en el logro del encuadramiento de sectores obreros y, sobre todo, de la mayoría de las organizaciones económicas del país —desde patronales a confederaciones de propietarios agrarios, corporaciones o sindicatos agrarios— fue visto por sectores no falangistas del Régimen y por parte de los sectores económicos implicados como intolerable. Y, más en general, las aspiraciones de los dirigentes sindicales y falangistas se tacharon de pseudoizquierdistas y aun masónicas. También prueba cómo sectores de la cúpula del ejército de raíz antifalangista consideraron insoportable la erección de esta nueva fuerza del partido, la sindical, con sus concentraciones «monstruo» de decenas de miles de obreros y «centurias del trabajo». Y, por último, cómo obraron en consecuencia y lograron acabar con la carrera e incluso con la libertad de movimientos durante unos años del promotor de todo aquello, Gerardo Salvador Merino, acusándolo de haber sido masón. Consiguieron apartarlo para siempre no ya de su cargo, sino de la política.

Estamos, pues, ante el caso de meteórico ascenso y brutal caída de un personaje político del Régimen. Pero ¿quién era «Gerardo», como se le conocía entre falangistas, siempre con su «anticonservador» y «moderno» uso del nombre de pila[35]?

Gerardo y la política hasta la Guerra Civil y durante el primer año de ésta

GERARDO Y LA POLÍTICA HASTA LA GUERRA CIVIL Y DURANTE EL PRIMER AÑO DE ÉSTA

Gerardo Salvador era un hombre ambicioso, interesado en la política y en el poder. Y era muy capaz. Aunque los retratos que nos han dejado camaradas falangistas que también eran amigos suyos seguro que están influidos por la brillante trayectoria que siguió entre 1939 y 1941, y, por tanto, pueden transmitir una visión ex post facto, asimismo permiten entrever una personalidad al tiempo competente y altamente ambiciosa. Característica que igualmente destacan sus enemigos dentro del partido, que los tuvo, como dirigentes falangistas que veían con inquietud su rápido ascenso, o «camisas viejas» de Madrid que contemplaban cómo «falangistas nuevos», algunos de claros antecedentes izquierdistas —como el administrador nacional de Sindicatos, Ángel Aldany[36]— ocupaban puestos relevantes como colaboradores de Gerardo en razón de su competencia profesional. Puestos para los que ellos se creían con derecho. Sin embargo, se granjeó muchos más enemigos no falangistas, y fueron éstos los que de hecho acabaron con su carrera política en uno de los ejercicios de ajuste de cuentas más salvajes de la lucha política interna de la cúpula del régimen de Franco.

Gerardo Salvador Merino —«Gerardo» según el uso habitual falangista— había nacido en Herrera de Pisuerga (Palencia) en 1910, el mismo pueblo de otro destacado del partido, bien conocido y de trayectoria inversa a la suya, por larga, José Antonio Girón de Velasco, un año más joven y ministro de Trabajo ni más ni menos que durante dieciséis años, entre 1941 y 1957. Tercero de nueve hermanos[37], el interés por la política de Salvador parece que surgió ya en edad temprana junto con un carácter inquieto e inconformista, según su amigo y compañero de estudios Dionisio Ridruejo —otra «estrella» falangista, en su caso entre los años 1938 y 1942—. Salvador y Ridruejo estudiaron en el Real Colegio de Estudios Superiores de María Cristina del Monasterio de El Escorial, colegio universitario fundado en 1892 por la reina regente María Cristina de Habsburgo y Lorena y regentado por los padres agustinos. Para Ridruejo, Salvador, «en El Escorial, con 20 años mal contados, desplegaba una personalidad considerable. Era uno de los rebeldes del colegio. Apasionado y frío, audaz y cauteloso, ofrecía esa alianza del león y la serpiente —seductor en ambos extremos— que con frecuencia caracterizan al político natural»[38]. Para otro amigo falangista, éste posterior, Pedro Laín Entralgo, «el político Gerardo encarnaba en su persona una óptima capacidad para el mando y la organización»[39].

Ridruejo refiere una presunta militancia socialista de Salvador en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) una vez proclamada la República[40]. Según él, «a poco de su salida del colegio [de El Escorial] se proclamaba la República y él se inscribió en el Partido Socialista, en unión de otro compañero nuestro, apellidado Llano, que luego se consagró como experto de gran relieve en materia de Administración Local. Aún en El Escorial me visitaron una vez, escandalizándome un poco, pues vivían en una radicalización casi insolente»[41]. Fuese o no socialista, que parece que lo fue[42], entre 1932 y 1934 convivió en Madrid con Antonio de Llano, Díaz de Quijano y dos más. El primero, Llano, militaba en el PSOE[43]. Esta época es la que describe Ridruejo como la «de radicalización casi insolente» de Gerardo y Llano, que lo habría escandalizado. Salvador nunca reconocería posteriormente adscripción alguna al PSOE, pero sí otra anterior a la Federación Universitaria Escolar (FUE), organización laica y reformista liberal que, según su versión, habría abandonado en 1929 o en 1931[44], cuando cursaba el doctorado en Derecho[45] y hacía el servicio militar en Madrid (Artillería, en Getafe). Sin embargo, quedaron algunos rastros de sus, al menos, simpatías por los socialistas, si hemos de creer la acusación que se le haría en el 1941, en su procesamiento por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, de haberse referido, en Alicante, en 1934, a su estrecha relación con Francisco Largo Caballero —el dirigente socialista de la facción más radical del PSOE—. Se lo acusó de que por entonces «manifestaba tener muchísima amistad con Francisco Largo Caballero y pensaba que estando cerca de él en Madrid, por estar en posesión del título de Abogado, sería fácil que este funesto político le pudiera proteger»[46].

Además, en esos años, Gerardo habría mantenido, siempre según la acusación que se formularía contra él en 1941, contactos con la masonería. En un documento interno de la secta, en concreto de la Gran Logia Regional del Centro de España, de Madrid, fechado el 10 de abril de 1931 —cuatro días antes, pues, de la proclamación de la República—, aparece su nombre en tanto que propuesto para la iniciación en la Logia Nomos[47], de la misma capital. A ella pertenecía ya un conocido y pariente lejano suyo, Manuel Monge Ruesga[48], quien, tres años más tarde, en 1934, introducía a Gerardo como hermano masón en una carta de presentación que éste llevó a Alicante. En su contestación, el receptor alicantino confirmaba la visita del interfecto, así como la promesa que había realizado de acudir a las logias locales.

Al ser acusado, Gerardo Salvador Merino, delegado nacional de Sindicatos, consejero nacional y miembro de la Junta Política de FET y de las JONS, negaría la veracidad de los escritos y juraría no haber pertenecido nunca a la secta. Pero los indicios, si no de haber sido masón, sí de haber mantenido contactos y de utilizarlos en momentos determinados, quedaron en los archivos masónicos y allí los descubriría tras el fin de la guerra el Servicio de Recuperación de Documentos franquista. Para desgracia de Gerardo.

Al finalizar sus estudios de Derecho en Madrid en 1931, los revalidó en la Universidad Central[49], y mientras ejercía ya como abogado comenzó un doctorado que no terminaría. Hasta 1934 convivió con De Llano, Aurelio de la Fuente (que se acabaría casando con una de sus hermanas, Cándida)[50] y con un tal Abad en el anexo de una pensión, donde compartía con el primero un bufete de letrados[51]. Fue durante esa época cuando se produjo el hecho que, según Ridruejo, marcaría una inflexión en su trayectoria y que lo separó del socialismo: la muerte violenta de su madre —Cándida Merino Revuelta— en Herrera de Pisuerga el 29 de mayo de 1933[52] por un disparo recibido de elementos izquierdistas de la propia localidad. Los cuales, también según Ridruejo, eran socialistas[53], y que fueron calificados después por Gerardo como «marxistas»[54].

La señora Merino falleció a los cuatro días de ser herida de bala durante unos incidentes en Herrera. Hacía un mes —el 23 de abril de 1933, en concreto[55]— que su esposo, Gerardo Salvador Zurita, propietario de una fábrica de harinas, había sido reelegido alcalde de la localidad en una candidatura derechista[56], probablemente de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), recién constituida[57]. El 25 de mayo dos izquierdistas habían tiroteado al juez municipal y, al ser avisado el alcalde de lo sucedido y acudir de inmediato al lugar de los hechos acompañado por su esposa, se produjeron nuevos disparos, uno de los cuales alcanzó a la señora Merino. Cayó desplomada tras un impacto en la columna vertebral del que ya no se recuperaría, y falleció tras ser intervenida quirúrgicamente en su propio domicilio. Los culpables del incidente y de los disparos —llamados Rata y Santamaría[58]— fueron juzgados en consejo de guerra, en el que actuó como defensor José Prat García[59], un abogado y capitán del Cuerpo Jurídico Militar que pertenecía a la masonería… Circunstancia ésta que sería después alegada por Gerardo como una prueba más de su no pertenencia a la secta. No conocemos la condena que recibieron, pero sí sabemos que durante la Guerra Civil estaban libres y que a su fin pasaron a Francia.

Según Ridruejo, tras separarse del PSOE, habría quedado Salvador «marginado y flotante»[60] en lo que a política se refiere. En cambio, según su propio testimonio, habría sido a finales de ese 1933 o a principios de 1934 cuando a través de su amigo y falangista José María Alfaro habría conocido a José Antonio Primo de Rivera e ingresado en Falange[61]. Lo que resulta contradictorio con que en marzo de 1934 fuese portador de la carta de presentación de su conocido y pariente lejano masón para otro destacado miembro de la secta, en razón de su desplazamiento a Alicante tras opositar con éxito para una plaza de oficial administrativo de tercera clase en el Ministerio de Instrucción Pública. Fue destinado al Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior[62] de la ciudad levantina. Tomó posesión de su plaza el 19 de marzo.

La carta de presentación de Monge, «Grado 3.º, Secretario Guarda Sellos de la Logia “Nomos” número 5 de Madrid y Oficial de Secretaría en el Gran Consejo en el Gran Consejo Federal Simbólico», para el Gran Maestre de la Gran Logia Federal de Levante con sede en Alicante, Isidro Sánchez Martínez, grado 33.º, decía:

Tengo el gusto de presentarle a nuestro H:.[Hermano] GERARDO SALVADOR MERINO, miembro de nuestra Resp:.Log[ia]:. «NOMOS» y además muy amigo mío, que va a esa Capital destinado al Instituto. Como no conoce Alicante, yo le ruego le atienda Vd. con su proverbial fraternidad y le presente a los HH. [Hermanos] de ahí, aunque él, naturalmente, visitará las Log[ias]: Mande siempre a su buen amigo y H[ermano]: Que le envía un fraternal abrazo[63].

Por su parte, en su contestación, escrita diez días después y contenida en una misiva dirigida al Gran Secretario del Gran Consejo Federal Simbólico y grado 33.º, Ceferino González Castroverde, en Madrid, escribía Sánchez Martínez:

Al q[uerido]: H[ermano]: Monge dígale que recibí la visita del H[ermano]: GERARDO SALVADOR MERINO y luego después un sobre cerrado para el mismo a quién entregué seguidamente. Me ha prometido acudir a trabajos de estos organismos. Será —desde luego— recibido como merece una recomendación del H[hermano]: Monge. Espero sus siempre gratas noticias y le abraza frat:[enalmente][64].

Gerardo estuvo muy poco en su plaza alicantina, ya que a finales de mayo y tras obtener una permuta con un compañero regresó a Madrid. De inmediato pidió una excedencia y se marchó a Herrera para preparar oposiciones a notarías. Un año después, a mediados de 1935, se instalaría en La Coruña en casa de su hermano mayor, José María, dado que pretendía presentarse al concurso que se celebraría en aquella ciudad. En agosto comenzaron las pruebas[65], ganó la plaza —en Puentes de García Rodríguez[66]— en el mes de octubre[67], y tomó posesión de la misma en enero de 1936[68].

En su negación de la acusación por masonería en la causa a la que sería sometido, Salvador admitió la entrega de la carta a Sánchez pero especificando lo dicho de que iba en un sobre cerrado —algo que, adujo, le había sorprendido—, y negó haber hecho la promesa de asistencia a las logias locales. En su defensa aludió a un encargo de José Antonio Primo de Rivera para que le informase sobre la situación de FE de las JONS de Alicante. En sus propias palabras:

Al ir a Alicante […] le fue encomendada por José Antonio que hiciera gestiones para organizar y propagar en la misma ciudad las ideas y consignas de la Falange y traerle a su regreso información de la realidad de la organización que existía en Alicante y de sus impresiones sobre lo que había encontrado allí, extremos que se pueden comprobar por haber sido hecho a presencia de don José María Alfaro y don Leopoldo Panizo [consejeros nacionales de FET y de las JONS][69].

Era algo difícil de probar, con un José Antonio fusilado precisamente en Alicante en noviembre de 1936, pero los falangistas citados lo ratificarían tanto en lo referente a los contactos con José Antonio como con respecto al encargo[70]. Alfaro corroboraría también haberle presentado él mismo a Primo[71].

Es más, para abundar en las protestas de antimasonismo que incorporó al momento a su defensa, relató también Salvador una propuesta que realizó a Primo en 1934 para llevar a cabo acciones contra la secta, contra una tertulia a la que él asistía junto con los citados Monge y Ceferino González[72] y otros elementos izquierdistas. Lo hizo tras haberse hablado allí de la necesidad de agredir a falangistas, por lo que sugirió que fuesen éstos los iniciadores de la agresión. Pero ninguno de estos argumentos —bastante pobres, como vemos— le servirían para librarse de las acusaciones vertidas contra él… ni de la posterior condena.

Al contrario que el relato de Gerardo, Ridruejo sitúa los inicios de sus relaciones con Falange en Galicia y siendo ya notario. Allí «había hecho algunas amistades falangistas»[73]. En todo caso, fue donde ejerció en los meses anteriores a la Guerra Civil[74], primero como jefe local de FE de las JONS en el pueblo en el cual había obtenido plaza[75], y después como jefe comarcal de La Coruña. Desde este último puesto colaboró en la preparación del alzamiento, observando «un comportamiento arriesgado y digno de mención» durante las elecciones del 16 de febrero del 36[76]. En todo caso, y sea cuando sea que deba situarse el momento de su acercamiento o ingreso en FE —en 1934 o en 1936—, no parece que durante la segunda mitad de 1934 y en todo 1935 el Salvador «encerrado» preparando oposiciones pudiese dedicar mucho tiempo a hacer política.

Digamos que, por lo demás, su evolución desde la FUE, el socialismo y los contactos con la masonería al falangismo en su versión más obrerista y «social» resulta hasta cierto punto coherente, ya que el paso desde la militancia socialista o comunista a la fascista no fue rara —aunque tampoco la norma—, ni en Europa ni —mucho menos— en España[77].

Al iniciarse el alzamiento, se aprestaron Gerardo y otros tres camaradas a unirse al mismo. Salieron de Puentes hacia La Coruña, pero acabaron detenidos y presos en Puentedeume. No fue hasta unos días después, cuando este pueblo fue liberado[78] por los «nacionales», que recobró la libertad. Se incorporó entonces[79] como artillero voluntario a las tropas sublevadas, y marchó con una batería del Regimiento de Artillería Ligera n.º 16 hacia el frente de Asturias. Allí fue herido en dos ocasiones, una leve y otra más seria, de metralla, por la que quedó hospitalizado en León[80]. Una vez restablecido volvió al frente y participó en la liberación de Oviedo, hasta que una orden de la Comisión de Justicia de la Junta Técnica del Estado —el organismo administrativo creado por Franco en octubre de 1936, tras ser designado Generalísimo y Jefe Nacional, que hacía las funciones de gobierno— por la que los magistrados, jueces, notarios y registradores de la propiedad cuyas quintas no hubiesen sido llamadas debían reincorporarse a sus puestos lo devolvió a su notaría en Puentes. Allí continuó siendo jefe falangista.

Por entonces —noviembre de 1936—, el jefe provincial de FE de las JONS de La Coruña, Carlos Colero Laforet, había designado jefe local de la capital a un arquitecto falangista recién evadido de Madrid, Germán Álvarez de Sotomayor y Castro. Al cabo de unos meses, y tras promulgarse el Decreto de Unificación del 19 de abril de 1937, éste pasó a ser el jefe provincial del nuevo partido unificado FET y de las JONS, y designó a Salvador jefe comarcal, incluyendo además en su jurisdicción a La Coruña[81]. La cercanía entre ambos fue enseguida notable y, tras unos meses de trabajo conjunto, y al cesar el primero en su responsabilidad por haber solicitado el ingreso en la Academia de Artillería de Segovia y hacer allí un cursillo de teniente provisional[82], propondría a Franco como su sustituto a Gerardo. Así fue, tras una entrevista de ambos con el propio Generalísimo —y antes con Serrano Suñer— celebradas las dos en Burgos en octubre de 1937.El nombramiento de Gerardo se publicó en el Boletín del Movimiento de FET y de las JONS el 8 de noviembre de 1937[83].

La entrevista con Franco fue la primera y nada menos que problemática toma de contacto de Gerardo con el dictador. Fieles, tanto él como Ályarez, a un acendrado nacionalsindicalismo, y a pesar de que Serrano les había advertido de que no le contasen al Caudillo algunos asuntos que le habían referido a él, lo hicieron. Como escribió años después Germán Álvarez de Sotomayor, durante el encuentro,

cometí el error, contraviniendo el consejo de Ramón Serrano, de mencionar algunos incidentes y ciertos forcejeos políticos de nuestra retaguardia de los que ansiaba alejarme para poner mi pequeño esfuerzo allí donde no existía duda de que se contribuiría a ganar nuestra guerra: el frente. Pero el máximo error fue poner un ejemplo; y no se me ocurrió otro que el aludir a las actividades de un grupo de industriales compradores y exportadores de carne que se habían coaligado para impedir que en las ferias, en Galicia, subiera el valor de la carne en vivo, el que percibe el productor, en ese caso el labrador gallego, cuyos hijos nutrían las filas de nuestras unidades de combate. Estos comerciantes utilizaban, en sus tratos con las autoridades, la personalidad de la hermana de Franco, doña Pilar, para defender una tasa máxima en el precio de compra y mejorar, así, sus beneficios en la exportación de la carne a otras regiones de España. Al informar de ello al Caudillo le indiqué la conveniencia de que le diera un «toque» a su hermana para que no se dejase mezclar en los intereses de los exportadores de carne. Así salió la cosa de mi ingenua espontaneidad, pero sonó a impertinencia[84].

Pero el nombramiento de Gerardo se acabó realizando[85]. La entrevista constituye una buena muestra de la actitud decidida y directa que ambos retomarían dos años después, al acceder a la Delegación Nacional de Sindicatos de FET y de las JONS, ahora con Gerardo de número uno y Germán como su segundo. Del primero diría Ridruejo que, como jefe provincial del partido en La Coruña, se orientaría «por la línea de los falangistas radicales». Del segundo, «que pertenecía a la clase de los que he llamado “falangistas hipotéticos”, de nervio revolucionario más o menos iluso»[86]. Y lo diría quien, en esos años, era también un fascista radical. Sin embargo, Salvador Merino lo superaría en ambición.

Jefe Provincial de FET y de las JONS de La Coruña y primera destitución

JEFE PROVINCIAL DE FET Y DE LAS JONS DE LA CORUÑA Y PRIMERA DESTITUCIÓN

Una vez puesto al frente de la jefatura provincial coruñesa del partido único, Gerardo Salvador centró buena parte de su actuación en el campo sindical. La credibilidad del discurso fascista, nacionalsindicalista, de unificación de todos los españoles alrededor del partido para conseguir el renacimiento y la expansión nacional, pasaba, para él y para los falangistas, porque fuese capaz de abrirse e integrar sectores de trabajadores, agrupándolos en sindicatos de nuevo cuño —verticales— dirigidos por el propio partido. De Salvador diría años más tarde Pedro Laín Entralgo: «Aunque procedente de la burguesía rural, [era] muy consciente del papel del proletariado en la dinámica política de nuestro tiempo y muy resuelto a democratizar [su] rápida y auténticamente la Organización Sindical»[87]. Presuntas democratizaciones aparte, en La Coruña realizó Salvador sus primeros movimientos en este campo, junto con su delegado provincial sindical, Carlos Romero de Lecea, oficial jurídico de la Armada[88]. De hecho, el momento culminante de su jefatura tendría por protagonista el naciente sindicalismo falangista. Fruto de sus esfuerzos y los de Romero, organizaría una magna concentración sindical en la plaza de toros coruñesa el domingo 24 de abril de 1938… que le costaría ser cesado de forma fulminante de su cargo. Pero no sólo por lo que se dijo allí, sino por más razones.

La concentración ha sido mal explicada en algunas memorias[89] —y de ahí el error ha pasado a los libros de historia—, en las que se afirma que había contado con la presencia del general Juan Yagüe. En su curso habría presuntamente pronunciado una arenga de tono poco ortodoxo en la que habría hecho apelaciones a la necesidad de un perdón para Manuel Hedilla y los condenados a raíz de los sucesos de Salamanca de 1937, por lo que habría recibido un —leve— castigo, mientras que Gerardo era destituido. Sin embargo, Yagüe no estuvo presente ese día, y lo que sí molestó al gobernador civil y a sectores derechistas y empresariales locales fue el tono de los discursos pronunciados por los mandos falangistas provinciales, cuyos ecos llegaron veloces a Burgos.

Pero hubo más: Yagüe, en efecto, había pronunciado ese discurso unos días antes, aunque en Burgos, y había sido reproducido al completo dos días seguidos por el periódico coruñés La Voz de Galicia, dirigido por Francisco Bravo Martínez[90], un falangista «camisa vieja» y ex vocal de la Junta de Mando Provisional de FE de las JONS —la que había presidido el caso Hedilla—. Esto se consideró desobediencia, ya que su difusión había sido prohibida de forma expresa por orden de Burgos… ¡Aunque tal orden hubiese llegado a La Coruña cuando ya el discurso estaba publicado por segunda vez consecutiva!

Gerardo Salvador, en tanto que máxima autoridad falangista provincial, aparecía como responsable político último de los dos asuntos… Y aún se añadiría un tercero: un artículo de Bravo loando a Yagüe había molestado sobremanera, esta vez a algunos jefes del partido, debido a una alusión —ciertamente banal— que contenía. Eran, pues, muchos temas en pocos días que acabaron cobrándose la cabeza de Gerardo. Fue la primera de las dos destituciones que sufriría en su corta carrera política durante el régimen de Franco.

Analicemos en detalle lo sucedido. En primer lugar, la concentración del 24 de abril de 1938: comenzó a las doce del mediodía en una plaza de toros atestada. La prensa habló de doce mil asistentes y, aunque con seguridad es una cifra exagerada, las imágenes que han quedado del acontecimiento muestran tanto una gradería atestada como un albero ocupado por formaciones del partido. En concreto, por milicias de FET y de las JONS con banda, secciones de «cadetes» y «flechas», una «centuria del trabajo» de la Central Nacional-Sindicalista portando picos y palas y marineros enarbolando remos. Presidiéndolo todo, una enorme tribuna con el emblema del partido y una gran águila como ornamentación, donde se albergaba a las autoridades del partido y gubernativas.

Intervino en primer lugar Romero de Lecea, explicando cómo los pósitos de pescadores y los armadores de pesqueros coruñeses se habían integrado en la CNS. Con ello, afirmó, «FET y de las JONS da término a la lucha de clases, a la pugna entre sindicatos y gremios para conseguir la Grandeza, la Unidad y la Libertad de España»[91]. Loó al nuevo sindicalismo falangista, prometiendo comenzar pronto «la campaña del campo» y exhortando «a patrones y obreros para que ingresen en la CNS, donde no hay vencedores ni vencidos, sino españoles que desean hacer la revolución nacional-sindicalista». Le siguió en la palabra Bravo, también en encendido tono fascista, afirmando que

el Nuevo Estado, que ha de ser el Nacional-Sindicalista, consigue que todos los españoles vivamos en hermandad, sin minorías ni representantes de fracciones que pudieran ser hermanas gemelas de la vesania roja y que fueron motivo de la decadencia de España durante siglos enteros. […] Y cuando hayamos extirpado a esos miles, cuya fraternidad negamos, bajo la bandera de la Patria y la roja y negra, vivamos todos los españoles, dando al olvido muchas cosas para una vida más limpia en una España más grande.

Se trataba, pues, de unir a los diferentes sectores sociales, extirpando de paso a la minoría inasimilable.

A continuación habló Gerardo Salvador, con un discurso que incluía ecos del pronunciado por Yagüe en Burgos, en especial por sus referencias al perdón. Se refirió a los postulados de la revolución nacionalsindicalista «para la consecución de un Estado de justicia», añadiendo que «el que no esté con nosotros en el servicio y sacrificio de España está contra nosotros y contra Franco. Frente al odio marxista no levantamos nuestro odio, sino nuestro entusiasmo y nuestro corazón para hacer una ley justa en España. Estamos aquí dispuestos a limpiar de alimañas los caminos de España y dispuestos a abrir nuestros brazos de perdón».

Los parlamentos se cerraron con la intervención del consejero nacional y camisa vieja Jesús Suevos, que se dirigió a «los Camaradas de Coruña y Lugo» también en tono «revolucionario», declarando que

la Falange ha venido a hacer una España nueva, que no queremos que tenga nada que ver con la podrida reacción de otros días, ni con derechas ni con izquierdas, ni con los demás partidos, sino únicamente con una unidad profunda y española en una sola hermandad. Seremos hermanos en Cristo y también hermanos en España y Falange, en nuestros sindicatos, bajo una misma camisa azul, bajo las cinco flechas del nuevo Imperio, en todo momento por esa unidad suprema que es la revolución que ansiamos[92].

Más adelante se dispuso la salida de la concentración en forma de manifestación, que transcurrió por las calles principales de la ciudad, terminando en los Cantones y dando la vuelta al llamado Obelisco. Allí, desde el balcón de la Jefatura Provincial de FET y de las JONS, se dieron los gritos de rigor falangistas. Esta continuación del acto fue igualmente masiva, y acabó ocupando el centro de la ciudad.

La cuestión fue que el tono del acto había molestado a sectores derechistas locales y, a posteriori —ya que no estuvo presente, lo que, por lo demás, resulta indicativo—, al gobernador civil Julio Muñoz de Aguilar. Según el relato de Álvarez de Sotomayor, «el gobernador […] no se distinguía en absoluto por su afinidad temperamental e ideológica con aquella Falange de entonces. La reacción de este gobernador civil, alentada por importantes grupos de la derecha, que se alarmaron por un posible y renacido protagonismo del mundo del trabajo, agrupado bajo las banderas del Movimiento, surtió rápidos efectos en Burgos»[93]. Todo lo contrario que el público, que, según esta versión, había acogido los parlamentos «con enorme entusiasmo por aquellos hombres de trabajo que, en plena guerra, oían por primera vez voces de cordialidad que les llamaban a participar en el resurgimiento de una patria común»[94]. Y así los ecos de la concentración llegaron de inmediato a Burgos y el gobernador Muñoz Aguilar, carlista unificado, gestionaría —y atizaría— el descontento en el Cuartel General del Generalísimo. Era Muñoz un valor franquista al alza, consejero nacional y miembro de la Junta Política[95] del partido. Sería él quien unos meses después, llevado por su obsequiosidad hacia Franco, promovería la adquisición, tras una presunta suscripción voluntaria popular en La Coruña, del pazo de Meirás a la familia Pardo Bazán como solemne regalo al Caudillo. Tradicionalista, no tenía nada de nacionalsindicalista ni de fascista, y sí de ultraconservador y católico devenido franquista incondicional[96]. Su enemistad hacia Gerardo, iniciada en esos meses, llegaría hasta 1941, año de su procesamiento, y sería, por otra parte, correspondida por el interfecto y por Germán Álvarez de Sotomayor, que le despreciaban[97].

Pero estaban además los otros dos temas: la reproducción del discurso de Yagüe en La Voz de Galicia y el artículo de Bravo. Y tras días de circulación de rumores y versiones interesadas y falseadas de lo ocurrido, llegarían los ceses y las sanciones.

Conocemos algunos detalles de lo que sucedió en los días previos a las destituciones de Salvador y de Bravo a través de la correspondencia confidencial entre el primero y Romero de Lecea. Así, sobre las interpretaciones que existían del acto de la plaza de toros, podía escribirle el segundo a su amigo:

Es de todo punto necesario hacer frente a lo que se quiere decir que fue el acto. Aquí […] ya tiene características de mito. De lo que fue a lo que hoy los que no asistieron dicen que fue, media un abismo. Quienes sean, han tenido extraordinario interés en hacer correr las más inverosímiles noticias. Es necesario desvirtuarlo, con testimonios verdaderos, como el editorial y epígrafes de El Ideal Gallego, opinión de José María Marchesi, J. Julián, Julio Casares —secretario prov.[inicial] de FET y de las JONS, Ballvé, capitán [de] Fragata, etc[98].

A todo esto no era ajeno, según Romero, el gobernador, sino todo lo contrario: «Julio [Muñoz] estuvo a ver al general de la División y éste le mostró extrañeza, por la gravedad que achacaba al acto»[99].

En cuanto a que La Voz de Galicia hubiese reproducido durante dos días el discurso de Yagüe con alusiones problemáticas a la necesidad del perdón a izquierdistas y masones y, sin citarlos, a Hedilla y los suyos, sabemos que la prohibición oficial —«no reproducción discursos pronunciados día integración FET que no sean el del Caudillo advirtiendo contravención esta orden determinará rigurosas sanciones contra Jefe de Censura, director periódico y empresa propietaria»— databa del sábado 23 de abril[100], pero también que, como he avanzado, había llegado en la noche de aquel mismo día a La Coruña, cuando el discurso ya había aparecido en los diarios de los días 22 y 23.

Sobre el escrito de Bravo de loa al general Yagüe, en el que se hacía eco del tema Hedilla, al parecer había ofendido (insólitamente) ¡a Pilar Primo de Rivera! O a algunos de su entorno, e iba a tener consecuencias para el propio periodista. En concreto, había dicho Yagüe en Burgos, en el aniversario de la unificación, entre otros conceptos:

Para dar a la unificación calor humano, para que éste sea sentido y bendecido en todos los hogares, hay que perdonar. Perdonar sobre todo; en las cárceles hay, camaradas, miles y miles de hombres que sufren prisión. Y ¿por qué? Por haber pertenecido a algún partido o a algún sindicato. Entre esos hombres hay muchos honrados trabajadores que con muy poco esfuerzo, con un poco de cariño se les incorporaría al Movimiento. Hay muchos engañados y forzados que han cotizado en algún Sindicato. No creo que este delito sea más grave que el que cometieron aquellos banqueros y aquellos comerciantes que daban sus anuncios y su dinero a los periódicos socialistas. […].

Hay que ser generosos, camaradas. Hay que tener el alma grande y saber perdonar. Nosotros somos fuertes y nos podemos permitir ese lujo, pero sobre todo tenemos que seguir los mandatos del Caudillo. El Caudillo hace muchos meses que prometió a los rojos —y sigue prometiéndolo y poniéndolo en práctica— que los que no tengan ningún delito común de qué arrepentirse, vengan a nuestras filas, entreguen sus armas y allí encontraran el perdón y el olvido.

Y si eso se hace con hombres que llevan veinte meses haciendo armas contra nosotros ¿qué justicia, qué ley es la que mantiene en la cárcel todavía a estos señores por la única falta ya perdonada por el Caudillo de haber pertenecido a una Sociedad? ¿Es que estos hombres han cometido mayor delito que aquellos otros, que estuvieron durante veinte meses haciéndonos tiros? ¿Es que si a estos hombres no les ponemos en la calle no van a creer que a aquellos otros les perdonamos por miedo?

Yo pido a las autoridades que revisen expedientes. Que lean antecedentes y que vayan poniendo en libertad a esos hombres para que devuelvan a sus hogares el bienestar y la tranquilidad para que podamos empezar a desterrar el odio, para que cuando venimos a predicar todas estas cosas grandes de nuestro credo, no veamos entre el público sonrisas de escepticismo y acaso miradas de odio, porque tened en cuenta que en el hogar donde haya un preso sin que haya habido un delito tiene que anidar el odio.

Y si pido perdón para esos hombres equivocados o envenenados, enemigos míos en un tiempo, camaradas míos en lo futuro, y si pido perdón para esos hombres, calculad con qué fervor, con qué humildad, con qué ansiedad lo voy a pedir para esos camisas azules, soldados de la vieja guardia, que si están en la cárcel será porque han delinquido (qué duda cabe) pero de buena fe. Estos camaradas nuestros ya fueron perdonados, con la hombría de bien y la bondad que pone en todos sus actos el Caudillo, al constituirse el Consejo Nacional.

Ahora están pendientes de que sus expedientes se revisen. Yo pido a los encargados de ello que roben horas al sueño, que roben horas al descanso, que revisen esos expedientes; que piensen que estos camisas azules que están en la cárcel fueron aquellos hombres que cuando España se revolcaba en todas las ignominias, se lanzaron a la calle para sembrar el ¡Arriba España! (Grandes aplausos). Que son aquellos hombres que cuando España sufría, fueron los que demostraron quererla más y salieron a la calle a ofrecer su vida y su libertad y por aquello ya sufrieron cárceles y persecuciones[101].

En su artículo, Bravo alababa a Yagüe —«el general de la camisa azul»— y se hacía eco de las palabras referidas a Hedilla, sin citarlo: «Para un hombre como el que esto escribe, leal al juramento de hermandad de los tiempos primeros, que no ha olvidado como otros por motivos que les proporcionan imborrables remordimientos, ha habido en el discurso del general de la camisa azul un párrafo generoso que ningún camarada auténtico podrá olvidar»[102], y añadía, de manera absolutamente no intencionada e inocente: «El otro día en Burgos un amigo me decía, señalando a una casa: “En este piso vivía Yagüe hasta hace poco. Lo ha tenido que dejar porque no puede pagar los 45 duros de renta al mes y se ha llevado la familia a Belorado”. La anécdota no dice nada y dice bastante. A ese piso que Yagüe deja por caro irá quizás alguno de los que, en vez de creer que la Falange, como quería José Antonio, es una manera de ser, se equivoca y estima que es un modo de vivir»[103].

El caso era que al piso en cuestión había ido a vivir la delegada nacional de la Sección Femenina, Pilar Primo. Y ya fuese, como digo, porque le molestó a ella o a su entorno, o porque la alusión fue utilizada por sectores antifalangistas de Burgos que influyeron sobre Serrano Suñer o el propio Franco, Bravo fue cesado, en un episodio que anticipó en pocos días el de Gerardo Salvador[104].

Según informaba a este último Romero de Lecea:

A Paco Bravo, le han destituido como ya sabes, multado con 2000 pesetas y residenciado en Cambre (finca de Lorenzo Rodríguez), pues conseguí la sustitución de Betanzos, que era adonde le destinaron en un principio. El pretexto no ha sido el mitin (del que yo sería responsable), ni de la edición del discurso (que fue concertada entre la admón.[administración] de la Voz [La Voz de Galicia] y la Deleg.[ación] Prov[incial] Sindical), ni por traer por dos veces el discurso (que no les habían enviado del Gobierno Civil los telegramas prohibiendo su reproducción), sino por su artículo sobre Yagüe.

Pero sobre este artículo, hay que tener presente:

1.º Que fue censurado.

2.º Fue el párrafo del piso, no puede nunca ir dedicado a Pilar, que no sabía Bravo que fuera a ocuparle.

3.º Y muy principal, pues pretenden hacer pasar como cierto que Bravo al escribir este artículo, conocía ya el telegrama prohibiendo la reproducción de discursos que no fueran los del Caudillo; y lo cierto es que el primer telegrama llegó aquí, según afirma terminantemente José María Marchesi [probablemente el jefe de Censura], la noche del sábado al domingo, cuando se había publicado dicho artículo.

Esta afirmación de José María, en mi presencia, ha producido una trifulca enorme entre él y Julio [Muñoz Aguilar, gobernador civil], marchando yo de su despacho. Después de marcharme Julio me dijo que no debía mezclarse en esto y no rectificarle, por lo que José María, según me comunicó anoche, le contestó que por no estar conforme con lo que estaba ocurriendo que dimitía y se marchaba. Ante el anuncio de que también tendría que irse Julio y la orden terminante por su categoría de consejero, etc., etc., y por lo de afirmar José María que aunque estime que se pretende inflar lo ocurrido para procurarse el pretexto de adoptar determinaciones, cree también que estos no son momentos de producir equívocos al abandonar un puesto y que pueda creerse se desacató al gobierno, seguirá en su cargo.

Pero también iba a ser cesado Salvador. Según el mismo Romero de Lecea, «Serrano [Suñer] ha dicho a Julio que tú cargabas lo ocurrido a [¿en?] Bravo y en mí [sic]. Lo segundo es cierto y he repetido ante Julio que no rehúyo la responsabilidad, pero, sin embargo, como opino que tus afirmaciones no habrán sido ésas y que con ellas ha podido creerse que podría conseguirse algo impropio de toda persona noble y leal, te lo comunico para tu gobierno. Igualmente te comunico que Serrano telefoneó esta noche tu destitución, compórtate como corresponde y no te dejes llevar por una halagadora tranquilidad»[105]. Y le aconsejaba a Gerardo, «y esto es importantísimo», decía, que no dimitiese: «No debes ni por un momento, no ya presentar la dimisión, sino que ni tan siquiera aludas a las veces en que anteriormente la presentaste»[106]. Gerardo no lo hizo, pero fue cesado el 30 de abril de 1938[107]. El propio gobernador —y miembro de la Junta Política de FET y de las JONS desde el 10 de marzo— Julio Muñoz Aguilar, asumió su cargo en tanto que «delegado extraordinario de la Secretaría General para hacerse cargo de la Jefatura Provincial de La Coruña»[108].

La cosa quedó, pues, en una —simple— destitución…, porque habría podido ser peor y haberle acarreado más sanciones. Según Álvarez de Sotomayor, «Gerardo […] fue cesado fulminantemente en su cargo, y, en evitación de otras sanciones que le amenazaban»[109]. Y es que Muñoz Aguilar había sacado a colación los antecedentes izquierdistas del interfecto en la sesión de la Junta Política en la que se había tratado de su castigo. Sin embargo, Salvador tuvo la fortuna de que su antiguo compañero de El Escorial, Dionisio Ridruejo, le defendiese. En palabras de este último, «[fue] de pura consecuencia que yo tomase la defensa del “imprudente”. Sostuve que la consideración de los antecedentes izquierdistas era inadmisible y que, si el falangismo era lo que yo creía, había que considerar igualmente negativo lo de derecha, en cuyo caso la organización quedaría reducida a bien poca cosa. Serrano [Suñer], que no deseaba dramatizar el asunto, aceptó mis argumentos con buen talante»[110]. Pero no fue sólo Dionisio: en la resolución (más o menos) incruenta que tuvo el asunto contó también la opinión de otro vocal de la Junta, Pedro Gamero del Castillo[111].

Por su parte, Gerardo, en carta a Raimundo Fernández-Cuesta, secretario general del partido, tras defender el acto del día 24, reconocía —lo que demuestra su cintura política— que «los hechos no permiten aconsejar en justicia otra resolución que la adoptada»[112]. Y si bien le ofrecieron un cargo desde el Ministerio de Organización y Acción Sindical —no sabemos a qué nivel, aunque quizá de tipo provincial— vía el subsecretario y camisa vieja falangista José Luis Escario[113], no lo aceptó. También se entrevistó con Serrano Suñer, en un encuentro que debió de resultar tormentoso, ya que un año después se disculpaba por carta con él por «la forma en que me produje cuando hace poco más de un año tuve el honor de ser recibido por Vd. por última vez debió sin duda parecerle poco conveniente por cuanto yo mismo, horas después de la entrevista, lo reconocía así ante algunos significados amigos y me propuse rectificar inmediatamente dicha actitud formal»[114].

Gerardo había sido «sacrificado», pero desde los sectores sindicalistas del partido se le había pretendido compensar; y, sobre todo, se quería responder a la agresión recibida de los no falangistas, representados por Muñoz Aguilar —recordemos, un carlista unificado, mientras que los otros eran empresariales y patronales—. Los primeros recuperaron en ese mismo momento al ex jefe provincial de La Coruña, Germán Álvarez de Sotomayor. Lo sacaron del frente —donde venía actuando como teniente de Artillería— y lo nombraron delegado sindical de la misma provincia. Todo ello, según el propio Álvarez, en razón del «deseo bien intencionado pero irrealizable [del ministro de Organización y Acción Sindical, Pedro González-Bueno] […], alentado por ciertos sectores del partido, de taponar la “vía de agua” que en éste se había producido —a causa del incidente de La Coruña—, prestando apoyo a los núcleos políticos que habían quedado maltrechos tras la sonada caída de Gerardo Salvador de su jefatura provincial»[115].

Éste decidió entonces optar por la «vuelta al frente de combate», es decir, al ejército, en lo que acabaría siendo toda una inversión de futuro. Marchaba al puesto de mayor prestigio y lo hacía con fama de hombre de partido audaz y sindicalista. Extremadamente inteligente, percibió que le podría resultar rentable para su carrera política. Había sido cesado por falangista genuino y radical nacionalsindicalista, y ahora iba a combatir con las armas en la mano. Por lo demás, a buen seguro que con esta decisión se estaba cubriendo de igual manera de las acusaciones de izquierdismo recibidas, que, como bien sabía, tenían base y podían repetirse, e incluso empeorar, si incluían los contactos con la masonería. Yendo al frente podía acumular un activo fundamental para progresar en el Nuevo Estado: haber sido combatiente. Ya había luchado antes, pero por poco tiempo.

El clima político entre falangistas que dejó su cese en La Coruña fue de consternación y de animadversión contra Muñoz Aguilar. Tanto, que el coronel jefe del Estado Mayor de la VIII Región Militar tuvo que escribir al ministro de Orden Público, el general Severiano Martínez Anido, solicitando la sustitución del delegado provincial de ese ministerio por participar del ambiente antigobernador, diciendo:

Desde la destitución del Jefe Provinicial de aquella, Sr. Salvador Merino, y de la sanción impuesta al Director de La Voz de Galicia, Sr. Bravo, la Falange se ha puesto enfrente del Gobernador y ha aumentado dentro de ella la división y la tirantez entre falangistas y requetés, sin duda por llevar boina roja el Gobernador, Sr. Muñoz de Aguilar. En esta lucha el Delegado de Orden Público Sr. Suanzes se ha puesto de parte de la Falange por ser un falangista exaltado[116].

El caso fue que Gerardo acabaría la guerra convertido en héroe, pasando a ser excombatiente condecorado y aun ex cautivo de los «rojos». Además de contar con un pedigrí de falangista «auténtico» y nacionalsindicalista. Una útil combinación. La otra cara de la moneda supondría el mantenimiento en sus cargos y el ascenso político en el entorno de Franco de algunos de sus enemigos, como Muñoz, dispuestos a perseverar en las acusaciones de izquierdismo.

De nuevo en el frente: Castillo de Olite, cautiverio y autoliberación

DE NUEVO EN EL FRENTE: CASTILLO DE OLITE, CAUTIVERIO Y AUTOLIBERACIÓN

En el frente y hasta el fin de la guerra formaría parte Gerardo Salvador de la Plana Mayor del 4.º Grupo de Artillería 100/17. Con tal unidad participó en acciones de combate como la toma de Castellón de la Plana y otras del frente de Levante. Se distinguió en la de Nules y fue promovido a la habilitación como sargento. Pero su acto bélico fundamental —y de otros muchos centenares más— llegaría en marzo de 1939, al participar en un intento fallido de desembarco en Cartagena. Una operación en apoyo a los profranquistas de esa ciudad con una gran fuerza expedicionaria de asalto transportada por la Armada y buques auxiliares, que fue abortada al final tras conocerse el fracaso de la sublevación y la reconquista de Cartagena por tropas republicanas. Sin embargo, y de manera insólita, el buque en el que se encontraba la unidad de Salvador —el carguero Castillo de Olite— no pudo ser advertido de la contraorden, bien por carencia de equipo de radio, bien por su avería (las fuentes no están de acuerdo en este punto). Penetró en solitario en la rada cartagenera el 7 de marzo y fue hundido por las baterías de costa que la defendían[117]. De los 2112 hombres que llevaba —buena parte de ellos de unidades gallegas—, murieron 1476,342 fueron heridos y 294, prisioneros[118]. Uno de los heridos y prisioneros sería Gerardo. Otro, su amigo y camarada Álvarez de Sotomayor, lesionado de gravedad tras embarcarse «de matute» en la operación y renunciar casi en el propio muelle del Grao de Castellón a su cargo de delegado provincial sindical, que por entonces ocupaba en esta provincia levantina.

A lo largo de su corto cautiverio —las tropas franquistas llegaron a la ciudad el 31 de marzo— Gerardo se comportó con valentía y arrojo. Según fuentes de su unidad, «fue herido y quedó hasta el último momento en cubierta. Prisionero de los rojos en la cárcel, fue un constante animador de sus compañeros, no callándose a los malos tratos de los milicianos. Cuando estalló la sublevación de las fuerzas que estaban prisioneras en Fuerte Álamo, fue de los primeros que se apoderaron del armamento, dedicándose al desarme de las fuerzas rojas, vigilancia y guardia del citado pueblo, avanzando hacia Cartagena el día 29 de marzo y ocupándola el mismo día»[119]. De esta manera, a su llegada a Cartagena, la IV División de Navarra, la fuerza franquista ocupante, se encontró con la ciudad tomada por los excautivos, lo que generó confusión, y aun un incidente con un coronel que no se creía que los que le recibían fuesen «nacionales»[120]. Escribió Salvador en el diario manuscrito de su cautiverio sobre este asunto: «Llega la 4.ª de Navarra. Desilusión. Requisas y asaltos brutales»[121]. Pero como consecuencia de lo ocurrido con el hundimiento del Castillo de Olite, él y todos los supervivientes recibirían la Cruz Laureada de San Fernando Colectiva —la máxima condecoración militar española al valor—. Ello contribuiría a poner las bases de su segunda y última etapa política en el Régimen. La más importante. Y la de final más brutal.

Gerardo Salvador Merino, delegado nacional de Sindicatos de FET y de las JONS

GERARDO SALVADOR MERINO, DELEGADO NACIONAL DE SINDICATOS DE FET Y DE LAS JONS

Tras ser licenciado del ejército, volvió Gerardo Salvador a su notaría en Galicia. Al cabo de unos pocos meses, sin embargo, y siendo como era un hombre ambicioso —como diríamos ahora, un «animal político»—, procuró que sus tiempos de gestión sindical en La Coruña, y, sobre todo, su condición de excombatiente y ex cautivo, junto con el aura heroica adquirida por el hecho de ser uno de los supervivientes del Castillo de Olite, le proporcionasen un rédito en su carrera[122]. El 27 de junio de 1939 escribió a Serrano Suñer, por entonces ministro de la Gobernación, delegado nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS y, sobre todo, «factótum» político de Franco, solicitándole una entrevista. La excusa era darle una explicación de su comportamiento en su último encuentro, al que se ha hecho referencia, «explicarle nuestra actitud de entonces [y] expresarle ahora el juicio —modesto pero sincero— que nos merece su actuación en las altas Jerarquías del Estado y del Movimiento, con las promesas de futuro que ella comporta. Todo el tiempo transcurrido, y la permanencia en campaña, con sus incidencias, nos libran ya de todo apasionamiento político localista y acentúa el auténtico desinterés con que siempre hemos querido servir a España y a su Caudillo»[123]. Especificaba, además, que inmediatamente después de la entrevista de 1938, Pedro Camero de Castillo y Dionisio Ridruejo le habían gestionado una nueva para disculparse, pero que ya no había sido posible llevarla a cabo tanto por las ocupaciones de Serrano como por la incorporación a su unidad. Debía de haber sido, como he señalado antes, bastante tormentosa.

El encuentro tuvo lugar en un mes de julio del todo apropiado, ya que estaba en marcha una amplia remodelación tanto del partido como del gobierno, algo que Gerardo sabía a través de Gamero —al que venía tratando desde su época de jefe provincial de La Coruña—. El hecho fue que acabó nombrado delegado nacional de Sindicatos, un puesto de nueva creación con el que encajaba su perfil anterior y además le permitía «sacarse la espina» de su destitución[124]. El papel de Gamero en el asunto al parecer fue fundamental[125], ya que había sido nombrado ministro-vicesecretario general de FET y de las JONS el 9 de agosto de 1939, «segundo» del general Agustín Muñoz Grandes, ministro-secretario general que venía a sustituir al anterior secretario, Raimundo Fernández-Cuesta. Ambos tenían por encima a Ramón Serrano Suñer, flamante presidente de la Junta Política y ministro de la Gobernación. Un cargo éste, a su vez, de nuevo cuño, y concebido para él a raíz de la reforma de los estatutos del partido, con lo que había llegado a ser el número dos de FET y de las JONS, sólo tras el Jefe Nacional, Franco.

El nombramiento de Gerardo llevaba fecha del 9 de septiembre de 1939 y lo firmó Muñoz Grandes[126]. A propuesta de Gamero, un ex cedista como Serrano, a quien éste había promocionado. También lo había aprobado, por supuesto, Franco, que, al hacerlo, preguntó a quien había sido durante la guerra su asesor jurídico-militar, Lorenzo Martínez Fuset, si Salvador «era de los del Castillo de Olite»[127].

El cargo de delegado nacional de Sindicatos de FET y de las JONS era, como digo, de nuevo cuño. No había existido hasta ese momento en el partido pero sí, en cambio, en el Ministerio de Organización y Acción Sindical, que con la nueva composición del gobierno desaparecía, pasando buena parte de sus competencias a la nueva Delegación Nacional de Sindicatos (DNS)[128]. El Régimen iba a entrar en la etapa álgida de un proceso de fascistización que impulsaban los falangistas, buscando potenciar departamentos clave del partido para conseguir la hegemonía política sobre otros sectores de la coalición autoritaria franquista y sobre la población. Pretendían estructurar sus «servicios» con voluntad totalitaria, encuadrando a obreros, hombres, mujeres, jóvenes y niños; movilizar a la población mediante actos de masas; usar intensivamente su aparato de prensa y propaganda para estos fines; e impulsar figuras políticas como Serrano Suñer, u otros, entre los que pronto se encontrarían el propio Gerardo Salvador Merino y Ridruejo. Adalides todos de lo que se pretendía que fuese, una vez finalizada la guerra, una nueva alianza entre el partido y el ejército. O, más bien, con aquella parte del mismo falangista o proclive a ellos, con figuras como Muñoz Grandes o Yagüe, que ascendió entonces a un ministerio militar por primera vez, el del Aire, aunque no tuviese preparación técnica para ello. Se reservaron la gobernación, digamos, civil del país. Y apartaron a todos a los sectores monárquicos, patronales, empresariales y conservadores, los que no sentían la llamada «revolucionaria nacionalsindicalista».

Durante los dos años que transcurrieron entre 1939 y 1941, el partido, con Serrano Suñer como presidente de su Junta Política y el apoyo de la parte más significativa de los camisas viejas —el «grupo Primo», formado por familiares y hombres próximos al antiguo Jefe Nacional, José Antonio Primo de Rivera, pero también otros— y contando con el consentimiento de Franco, consiguió que se aprobaran leyes en que se le concedían amplios espacios de poder —sobre todo para el encuadramiento, el control y el adoctrinamiento de la población—, buscando consolidar la hegemonía de los fascistas frente a los otros sectores presentes en la coalición autoritaria. El nombramiento de Salvador formaba parte de esta estrategia. Pero se plantearía ir más allá, y llegar al control dentro del gobierno también, incluyendo sectores clave como la economía.

Sin embargo, tal movimiento tendría sus límites. El partido nunca conseguiría sus aspiraciones de dirigir el gobierno, sino que sería éste, y el dictador, quienes tendrían el poder, aunque, eso sí, compartiría cuotas del mismo con los otros sectores de la coalición. Pero en 1941, cuando, cansados de no obtener resultados más tangibles, los falangistas planteasen un ultimátum a Serrano para que éste obtuviese de Franco el poder civil total y la hegemonía para ellos, el Caudillo desactivaría la maniobra y rebajaría de forma sustancial sus pretensiones. Acabarían aceptando un papel subordinado a cambio de algunos nuevos cargos relevantes, ministeriales. Quedaría, eso sí, expectante ante una «orden de marcha» de su Jefe Nacional Franco hacia la revolución nacionalsindicalista, «la pendiente» con los años… y que no llegaría nunca. Franco, que presidía el bloque político y social adicto, había estado y estaba de acuerdo en permitir el desarrollo del partido, y más cuando, como pareció durante el primer año y medio de la Segunda Guerra Mundial, los regímenes amigos nazi y fascista se imponían en Europa y todo indicaba que vencerían. Pero siempre dentro de unos límites, y de ahí a conceder a la Falange el poder total había un gran paso que no dio nunca.

Lo anterior tiene que ver de forma directa con la trayectoria de Gerardo Salvador entre 1939 y 1941, que analizaré seguidamente. Por partida doble: por una parte, él mismo fue una de las piezas claves de los avances en la fascistización. Por otra, fue también una de sus víctimas, la más destacada. Y es que convertiría sus casi dos años en el cargo en un intento, no ya de crear una estructura sindical en buena parte inédita, encuadrando y disciplinando a empresas y trabajadores en una organización vertical y promoviendo «obras sociales» —como Educación y Descanso, 18 de Julio, y otras— pensadas para los trabajadores, sino de desbordar el tipo de fascismo que se estaba desarrollando, y así obtener más poder para ellos. Y, como veremos, a pesar de contar con el apoyo del vicesecretario Gamero, aquello le generaría tensiones más o menos soterradas con Serrano.

Por supuesto, todo ello, junto con su promoción meteórica, a la que él contribuyó sin duda una vez instalado en el cargo, le generó grandes enemigos dentro del bloque político y social franquista. Recelos dentro del partido, de algunos camisas viejas que observaban con inquietud la carrera de Gerardo, y de un Serrano Suñer en el fondo —que no en la forma— preocupado por unas ambiciones que podían llegar a comprometer las suyas propias. Pero, sobre todo, fuera de FET y de las JONS. De hecho, sus principales enemigos fueron tanto los de la etapa coruñesa, como Muñoz Aguilar, como otros con los que siempre iba a chocar desde su cargo, como el ministro de Industria y Comercio, Demetrio Carceller Segura, falangista también, pero empresario, y ligado a sectores patronales y económicos, entre ellos los que se sentían amenazados o habían sido encuadrados ya por la Organización Sindical, resentidos y ansiosos de recuperar su independencia. También tendría enfrente a sectores antifalangistas del ejército, que veían con inquietud los progresos de la fascistización y, dentro de ella, el papel de Gerardo, con sus concentraciones de masas y sus centurias de obreros desfilando con picos y palas.

Tendría, pues, enfrente a Carceller y Muñoz Aguilar —por entonces ya jefe de la Casa Civil de Su Excelencia el Generalísimo—; a carlistas navarros que controlaban la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, con Marcelino de Ulibarri a la cabeza; al también carlista unificado y ministro de Justicia, Esteban Bilbao; a militares antifalangistas, como el monárquico alfonsino Saliquet, presidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo; y al procarlista Várela, ministro del Ejército. Y por encima de todos, tras conocer las acusaciones y documentos que lo relacionaban con la masonería en 1941, al propio Franco, que se mostraría inflexible y acabaría con su carrera. Un Franco que, paradójicamente, había «perdonado» antes a otro falangista, con un vínculo claro y reconocido con esa organización secreta antes de la Guerra Civil, el escritor Eugenio Montes, quien, tras ser inculpado, había ido a confesarse ante él. En concreto, al solicitarse el suplicatorio por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo a la Junta Política de FET y de las JONS para procesarle —dada su condición de consejero nacional y la existencia de una Ley de Fuero de Jerarquías del partido desde febrero de ese año, que lo amparaba—, no se había concedido[129], con lo que acabó ahí la cuestión[130]. Pero a Gerardo le cortarían las alas, le cerrarían para siempre la carrera política en el Régimen y casi le recluirían en una cárcel doce años. Y es que pocos gerifaltes falangistas —con la excepción de Serrano— acabaron concitando tanta inquina dentro de la coalición autoritaria franquista como Gerardo Salvador Merino. Se le consideró un verdadero peligro al pretender hegemonizar el mundo asociativo económico y patronal, y al explicitar, como gustaban de hacer él y sus colaboradores, su radicalismo fascista.

Su actuación al frente de la DNS fue de una gran intensidad en los dos años que duró. Al desaparecer el Ministerio de Organización y Acción Sindical, sus funciones se habían desglosado entre el nuevo Ministerio de Trabajo —que incluyó las direcciones generales de Trabajo, Jurisdicción del Trabajo, Previsión y Estadística— y las propiamente sindicales, que pasaron a la nueva y flamante Delegación Nacional de Sindicatos del partido. Pero el cargo llevaba aparejado, según los estatutos de FET modificados en julio de 1939, que su responsable fuese también miembro del Consejo Nacional y vocal de la Junta Política, con lo que Gerardo fue catapultado a la cúpula falangista.

El proyecto de Salvador sería el de edificar de una vez por todas la estructura sindical vertical a la que aludía el programa originario de FE de las JONS, asumido casi por completo por el partido único FET y de las JONS. Pero Gerardo tenía más planes, o deseos, a favor de los que también se movería en los dos años siguientes: tal vez incluso el de ascender más aún y, si cabe, convertirse en el nuevo líder de su organización, junto con o en lugar de Serrano Suñer. Además, en paralelo a la construcción de la estructura verticalista, aspiraba a desbordar el tipo de fascistizacion que se estaba llevando a cabo de primacía del gobierno sobre los falangistas para llegar a conseguir para los Sindicatos la dirección de la política económica del Régimen.

Él y sus dos lugartenientes, Álvarez de Sotomayor y Romero de Lecea, provenientes de la etapa coruñesa y convertidos en secretarios nacionales de la DNS, se pusieron manos a la obra. Pretendían aplicar el programa del partido y el Fuero del Trabajo de 1938, que en uno de sus artículos preceptuaba la creación de una única organización sindical organizada según los principios de «Unidad, Totalidad y Jerarquía». Para los falangistas, los nuevos sindicatos debían situarse por encima de empresarios y obreros, encuadrarlos, y acabar por esta vía con la lucha de clases. Además, y por encima de todo, debían aglutinar y disciplinar el mundo económico y laboral, y servir no a los intereses particulares sino al engrandecimiento de la Patria. En su interior reinaría el rigor y el orden. A lo largo de sus dos años en los cargos, los tres iniciaron la edificación de esa estructura del Régimen, encuadrando a organizaciones patronales y empresariales y a sectores obreros. Y tuvieron éxito.

No fue un camino fácil. Prueba de ello son las tres peticiones de relevo o dimisiones que presentó Salvador en ese período. La primera fue en razón de lo que consideraba una invasión de competencias sindicales por el Ministerio de Industria y Comercio, es decir, de Carceller. Fue en un momento tan cercano a su nombramiento como el mes de enero de 1940, antes de la aprobación de la primera de las dos grandes leyes que jalonaron su actuación, la llamada «de Unidad Sindical», del día 26 de ese mismo mes. Pues bien, una semana antes, el Ministerio de Industria y Comercio autorizaba y publicaba en el Boletín Oficial del Estado los estatutos de una nueva Corporación Nacional de Sindicatos de Fabricantes de Chocolate, que se adelantaba a la ley que instituía el carácter único de la Organización Sindical de FET y de las JONS. La mano de Carceller estaba tras el asunto, por el que Salvador, «con los máximos respetos a la superior Jerarquía y la incondicional subordinación a tus órdenes», las del secretario general del partido, Muñoz Grandes, puso en su «conocimiento tales hechos y te ruego encarecidamente que me releves de servir en un puesto en el que constantemente me encuentro desautorizado por quienes, en todo caso, no han de compartir las responsabilidades que el mismo comporta»[131]. No llegó la sangre al río, pero fue una buena muestra de las batallas que iban a vivirse de inmediato.

Y es que la nueva ley ordenaba la incorporación en ella de cualquier tipo de asociaciones «creadas para defender o representar total o parcialmente intereses económicos o de clases, lleven o no la denominación de Sindicatos, Asociaciones obreras, Patronales, Gremiales, etc»[132]. Quedaban tan sólo excluidas en ese momento las cámaras de Comercio, Industria, Navegación y de la Propiedad Urbana. Esto implicaba la apertura del proceso de incorporación de las grandes organizaciones agrarias y patronales que, como la Confederación Nacional Católico-Agraria (CONCA), u otras; habían logrado hasta ese momento mantenerse independientes, obviando disposiciones anteriores de la época del Ministerio de Organización y Acción Sindical. Eran grandes organismos, con decenas de miles de miembros, entre los que se incluían desde grandes latifundistas a pequeños campesinos. Y de signo confesional, nutrientes del corporativismo católico y en buena parte agrario que habían representado Acción Popular y la CEDA en la época republicana. Las resistencias eran al encuadramiento dentro de la nueva Organización Sindical, al cambio de equipos directivos y al acceso de los falangistas a los mismos. Pero fueron vencidas con diligencia, y quedaron integradas. Por lo demás, la ley creaba una doble estructura de «Sindicatos Nacionales» —correspondientes a los diferentes sectores productivos donde se realizarían las funciones «económicas» de la OS— y de «Sindicatos Locales» —donde se llevaría a cabo la acción «social».

Aun así, tras su primer éxito, a los tres meses de su aprobación, en abril de 1940, pedía de nuevo Gerardo el cese. Ahora se lo demandaba al vicesecretario general Gamero, que se había hecho cargo de la Secretaría General tras la dimisión de Muñoz Grandes, un mes antes. Tal vez, de hecho, por esta cuestión. Porque estaba vacante la Secretaría y aspiraba a ése o a algún otro cargo él pedía un relevo que no le fue tampoco concedido. En todo caso, en su petición de cese argumentaba que la mayor parte de la labor encomendada estaba ya culminada —lo que no dejaba de ser una presentación de su propio mérito—, diciendo:

La Delegación Nacional [de Sindicatos] es hoy ya un cuerpo orgánico en el que los diferentes servicios están a punto de rendir provechosa labor. Superado totalmente el desorden administrativo y el anárquico modo de proceder de los Delegados Provinciales en punto a organización y otros importantes extremos con que me encontré al tomar posesión del cargo, está ya iniciada, a mi juicio, toda la obra, y remontadas las peores dificultades, o al menos las más ingratas en el orden personal. Así ocurre que la Banca Oficial disputa hoy a la Banca Privada el privilegio de conceder créditos cuantiosos a la Delegación, y el Banco Nacional [sic, por Banco de España] concretamente, estima tan normalizada nuestra administración que se brinda a realizar gratuitamente el servicio de Tesorería.

Por otra parte, la incorporación a los Sindicatos Nacionales de entidades de mucho arraigo en el país nos ha prestado también, a trueque de algunos sinsabores y disgustos que no son del caso, un crédito de confianza cerca de las gentes más reacias a nuestro sistema, lo que, naturalmente, nos obliga a una constante superación. Están, además, en marcha cuatro grandes Obras Sindicales: «Educación y Descanso», «Artesanía», «Obra Sindical del Hogar» y «Colonización», cuya trascendencia, pese a los defectos de todo comienzo, no desconoces, y pronto será un hecho, gracias principalmente a tu intervención, la coparticipación de los Sindicatos en la dirección de la Economía Nacional. Dentro de pocos días se publicará el Diario y comenzará a funcionar la Editorial de Sindicatos[133].

Por todo ello, continuaba:

Para llevar a buen término toda esta empresa —y excuso decirte que no están ni mucho menos aludidas todas las actividades a desarrollar y ya muchas de ellas emprendidas— necesita el Partido un hombre que reúna condiciones y aptitudes que de mí están completamente ausentes, por desgracia. No me guía para decírtelo ningún movimiento de falsa modestia, sino la absoluta seguridad de que carezco, por de pronto, de toda preparación para lo económico, y de capacidad, en definitiva, para improvisar lo único que no debe quedar nunca sujeto a la improvisación.

Yo te ruego encarecidamente que, pensando en España y en la Falange, tomes esto en la medida exacta en que te lo digo, como respondiendo a un profundo sentido de mi propia responsabilidad. Por otra parte, si estimas que en algo he servido —con lealtad absoluta y buena intención siempre, aunque probablemente con muchos errores— sólo te pido que, en consideración a ello, me permitas dedicarme a arreglar mis asuntos personales y a resolver el problema de mi carrera, de la que forzosamente he de vivir, aunque por vocación no me sienta muy ligado a ella[134].

Es probable que fuese por entonces cuando tuvo una nueva entrevista con Serrano Suñer y cuando éste le propuso dejar la DNS para pasar a ser ministro de Trabajo en sustitución de Girón de Velasco. Pero ello, debió de pensar, implicaba perder la palanca movilizadora de masas que estaba representando el mundo sindical bajo su dirección y sobre la que estaba progresando en su carrera política, por lo que no aceptó. En cambio, respondiendo a la pregunta de qué cargo quería, propuso que la Secretaría General del partido —vacante desde la dimisión del general— y el Ministerio del Interior a un tiempo. Serrano le replicó entonces que era demasiado ambicioso[135].

Y continuó en su cargo. Culminó su labor de ese año 1940 con la aprobación de su segunda ley, el 6 de diciembre, de Bases de la Organización Sindical. En ella se mantenía la dualidad entre los Sindicatos Nacionales y las ahora denominadas «Centrales Nacional-Sindicalistas» y «Sindicatos y Hermandades Sindicales Locales». No obstante, al día siguiente presentaba de nuevo la dimisión, la tercera, esta vez por no haberse cumplido acuerdos sobre el texto acordados en el seno de la Junta Política. En concreto, que el poder para aprobar los estatutos de los Sindicatos Nacionales lo tendría la DNS, así como el nombramiento de mandos subalternos de cada uno de ellos y, sobre todo, de sus jefes nacionales. Apareció publicado en el Boletín Oficial que tales competencias serían del «Mando Nacional»[136]. Había sido un «tanto» de última hora que se había introducido en la norma, en contra de su opinión, sin que sepamos por orden de quién, aunque en la Junta estaba también presente Demetrio Carceller.

Sin embargo, con esta nueva dimisión tampoco pretendía dejar la política. Le escribió a Serrano al presentársela que «te ruego […] resuelvas sobre mi futura permanencia en este puesto, o bien la adscripción a otro, cualesquiera que sea su categoría, en la seguridad de qué mi afán en el servicio y mi lealtad de siempre no experimentará merma ni menoscabo alguno»[137].

Pero todo indica que la DNS iba avanzando posiciones. Así lo indican las notas tomadas por Gerardo de lo tratado en algunas sesiones clave de la Junta Política celebradas en marzo de 1941 —precisamente, para tratar de las tensiones entre la gestión de Salvador y la de Carceller, que se habían manifestado en el seno del Consejo de Ministros donde actuó, al parecer, el ministro vicesecretario en funciones de secretario, Gamero del Castillo, como defensor de la administración del primero—. Y se planteaban, por Gamero y otros, cuestiones como unificar Sindicatos con el Ministerio de Trabajo, e incluso crear un nuevo Ministerio de Economía Nacional en el que se fundiesen la vertiente económica y la social para llegar a la síntesis falangista y al cumplimiento de su programa. En opinión de Gamero, en concreto, en la sesión de la Junta del 12 de marzo, existían

dos grandes problemas. Falta de Mando político en el Partido y en lo económico.— Lo 1.º no le compete a él. Lo 2.º, sí. Repite lo que le ha dicho su [¿sic?] relevo, con ello ayudaría a poner término a la interinidad y a suprimir la incomodidad de algunos camaradas. Que se plantee la sustitución y nombramiento.

En lo sindical, con radio corto.— Un Ministro de la Economía, para hacer lo fundamental de la Revolución. Fundir los Sindica, [tos] con el M.º [misterio] es absurdo si se transforma en transmitir el encargo personal a este camarada fundiendo personalmente en él todo el Mando. Esto es lo que él piensa y lo que cree que se pensó ayer.

Lo apoyó Miguel Primo de Rivera, ministro de Agricultura, diciendo: «Gamero lo ha planteado bien sin que nadie se atreviera a plantearlo: Serrano debe recogerlo». También el propio Gerardo se puso de su lado[138] ante la actitud contraria de Carceller y la displicente y evasiva de Serrano Suñer.

Una buena prueba de que progresaba la acción encuadradora de la DNS —y la oposición de los sectores empresariales y patronales a la misma, así como la de sectores antifalangistas del ejército y de los monárquicos— es que en junio de ese 1941, al finalizar el II Consejo Sindical de Política Agraria, Gerardo anunciaba que todas las entidades económicas hasta entonces excluidas de la competencia sindical iban a ser incorporadas. Era una referencia directa a las cámaras. Añadió que se impondría la cotización obligatoria a las empresas; que era inminente la aprobación del decreto que obligaría a la sindicación obligatoria[139]; que los mandos de los Sindicatos Nacionales serían sólo falangistas; y que se derogaría la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906, por lo que se adjudicarían todas sus competencias y beneficios a las Hermandades Sindicales de Labradores. Pero aún dijo más. Según su propia versión, en el momento en que comenzó la maniobra para su «defenestración»,

tras dos años de lucha tenacísima y perfilado ya el contorno de la Organización Sindical, iba a recibir ésta un respaldo de autoridad incontrastable. Cinco o seis leyes y decretos propuestos al Mando inmediato y aceptados ya por éste, entregarían a los Sindicatos de la Falange las Jerarquías Sindicales, de las más altas a las más modestas, para poder continuar con éxito la lucha generosamente emprendida en el mayor desvalimiento, pondrían a disposición de los Organismos y Obras Sindicales medios cuantiosísimos de carácter económico-financiero y moral para iniciar a fondo, revolucionaria y constructivamente, la gran labor de justicia social, todavía casi inédita y, finalmente, servirían para desarticular de una vez los viejos artilugios político-sociales, ideados al amparo del caduco sistema liberal y mantenidos aún para encubrir o disimular, so capa de cosas a veces santas y respetables, los negocios más sucios y los medros personales más escandalosos.

La Delegación Nacional de Sindicatos, en fin, iniciando la gran virada prevista —e incluso repetidas veces anunciada— comenzaba a desmontar de los Mandos superiores de los Sindicatos Nacionales a los representantes más caracterizados de los intereses de empresa, situados allí en la primera etapa con la exclusiva finalidad de que la obra adquiriese un mínimo de viabilidad en sus comienzos. De otros motivos menos trascendentes, aunque para algunos hayan tenido decisiva cuantía, no quiero ahora hacer mención; tal vez muy pronto, con tiempo y sosiego bastante, tenga ocasión de relacionarlos todos circunstancialmente[140].

Las suspicacias y animadversiones contra la gestión de Salvador y su equipo al frente de la DNS tenían otra vertiente: la que provocaba su capacidad de movilizar a decenas de miles de trabajadores en concentraciones y desfiles en fiestas oficiales. La demostración palpable de que se pretendía erigir un nuevo poder, nacionalsindicalista fascista, era visto como un peligro por los otros componentes de la coalición autoritaria. Especial impacto había tenido el desfile «monstruo», por masivo, del 18 de julio de 1940, encabezado por el propio Gerardo marchando al frente de sus huestes sindicales después del ejército, todos ante Franco. Desfilaron las llamadas «Unidades del Trabajo», las «Milicias del Trabajo» con picos y palas y, tras ellas, los afiliados encuadrados por sindicatos de rama, en filas de a dieciocho de fondo[141]. También en Barcelona, la capital histórica del sindicalismo, se había organizado una concentración descomunal que duró horas de la mano del delegado provincial sindical y «gerardista» Pío Miguel de Irurzun[142]. Fueron dos entre otros muchos actos, manifestaciones y demostraciones del período entre 1939 y 1941.

La cuestión era que, con su carácter oficial, y dejando de lado lo dicho relativo al mundo empresarial, la Organización Sindical, con la coerción que su misma existencia generaba y que las leyes aprobadas posibilitaban, venía encuadrando a un número creciente de obreros. A pesar de que la sindicación no fuese aún obligatoria conformaba un poder de masas considerable. No obstante, la realidad tangible —apariencias aparte— era que las diferencias provinciales en cifras eran muy notables. Según las propias fuentes de la OS, en 1940 y 1941 contaba con entre 200 000 y 400 000 obreros en Cataluña, 150 000 en Madrid y 100 000 en Asturias, pero con cantidades muy bajas en otras regiones. Se fomentaba además la creación de organismos asistenciales y de otro tipo mediante las «obras sociales», y se intentaban rentabilizar disposiciones oficiales susceptibles de favorecer a los trabajadores —con salarios míseros y con condiciones de vida en esa época en muchos casos por debajo de los límites de la mera subsistencia—. Al tiempo, se realizaba una propaganda dirigida a ellos difundiendo octavillas o panfletos en los que se podían leer expresiones como:

¡Camaradas obreros de la Revolución Nacional-Sindicalista! El Caudillo, supremo jefe de la CN-S, siempre en vela por los intereses de los productores de España, soldados de su Ejército del trabajo nacional, acaba de disponer que desde ahora cobréis el jornal íntegro de cada domingo y de las festividades religiosas y oficiales que se han establecido con carácter obligatorio. De esta manera tendréis un nuevo aumento efectivo en vuestros salarios. ¡Trabajadores de España! ¡Con Franco hacia la Revolución; por la Revolución hacia el Imperio! ¡Franco, Franco, Franco[143]!

Este lenguaje incrementaba los recelos hacia las nuevas estructuras sindicales y el mensaje nacionalsindicalista, fascista y radical que gustaban de utilizar Salvador y los suyos. Según le explicó en una entrevista veinte años después de estos hechos, el propio Gerardo le contó al historiador estadounidense Stanley G. Payne que su objetivo era poner de nuevo en pie a las masas trabajadoras españolas, pero esta vez dirigidas por el nacionalsindicalismo[144]. Calculaba además —a principios de 1941— que podría sostenerse al frente de los sindicatos un año o dos más, con lo que adquiriría una posición tan fuerte que sólo podría ser derribado a costa de una grave crisis del sistema. También albergaba esperanzas de que Franco lo mantendría frente a los «reaccionarios» que pedían su cabeza[145]. Pero nada de esto se cumplió, porque sus enemigos supieron tocar las teclas adecuadas ante el Generalísimo, como la acusación de haber pertenecido a la masonería a la que se ha aludido.

Y así, en la segunda mitad del mes de julio —entre el 13 y el 29[146]— de 1941 se produciría el hecho que motivaría el procesamiento y la condena de Salvador, y, por lo tanto, su apartamiento de la DNS y aun de la vida política del Régimen: el general Saliquet, presidente del Tribunal Especial, llevó a Franco las cartas de 1934 —los únicos documentos que relacionaban a Gerardo con la secta conocidos en ese momento, la de presentación ante los miembros de la logia de Alicante y su respuesta. Según Serrano Suñer, el Caudillo lo convocó antes de una reunión del Consejo de Ministros para contarle lo sucedido y anunciarle que iba a pedir la opinión, uno a uno, a los ministros. Cuando llegó el turno del falangista Girón de Velasco, éste habría respondido con un «que le fusilen», puesto que «no se puede perdonar a un hombre al que se ha dado tanta confianza y ha ocultado esa mácula de su pasado»[147]. No sabemos de la opinión del resto. Pero Gerardo Salvador Merino sería expedientado el 23 de julio de 1941 por el citado tribunal, e inició el camino hacia su condena.

¿Qué había ocurrido? Ni más ni menos que sus enemigos en la coalición autoritaria franquista —tanto económicos y patronales como carlistas y militares— habían pasado a la ofensiva contra él en el momento previo a la aprobación de nuevas disposiciones sindicales que les iban a afectar directamente. Todo ello, además, tras unas celebraciones del 18 de julio en las que en las concentraciones de masas organizadas por la OS Germán Álvarez de Sotomayor había reclamado «todo el poder para la Falange». Tampoco había jugado a favor de Gerardo, sino todo lo contrario, el viaje que, junto con Germán y otros gerifaltes sindicales, habían hecho a Alemania entre el 28 de abril y el 9 de mayo anterior[148], planeado desde el mes de febrero y postergado por razones ajenas a la DNS[149]. Una corta estancia en la que iban a conocer de cerca al Frente del Trabajo Alemán (DAF) y tratar del posible envío de trabajadores voluntarios a su admirada Alemania[150]. Allí se había entrevistado con el jefe del DAF, el Dr. Ley; con Goebbels, ministro de Propaganda, quien le elogiaría en su diario; y, según alguna fuente, con Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores. Y, si bien en el curso de las conversaciones, comidas y cenas[151] —sobre todo con el Dr. Ley, el principal interlocutor—, Salvador y los suyos dejaron patente su admiración por Alemania y sus deseos de victoria en la guerra, no parece cierto que Salvador solicitase ayuda a Goebbels para eliminar a Serrano, llevar al poder a los falangistas radicales y entrar en el conflicto bélico, tal y como ha afirmado algún autor[152]. Más bien, según Germán, habían viajado antes advertidos por aquél al respecto de las posibles intenciones alemanas, y allí habían dejado claro que tanto la Falange como los españoles en general se opondrían a una ocupación unilateral de tropas alemanas en el país[153]. Pero rumores negativos para Gerardo y los suyos llegaron a Madrid en relación con el viaje y, sobre todo, la BBC difundió informaciones acerca de posibles manejos de Salvador en Berlín. Lo que sí produjo la expedición fue el acuerdo de partida de 100 000 trabajadores voluntarios a la Alemania nazi[154].

La presunta demanda a Goebbels carece de lógica, más cuando en aquellos mismos días se estaba dando en España un movimiento de sectores de la cúpula de FET y de las JONS dirigido a conseguir de Franco la falangización total del Régimen. A ello contribuía el descontento por la no entrada en la guerra junto con el Eje y, sobre todo, la frustración porque —a pesar de los pasos dados en forma de leyes, como las sindicales y la del Frente de Juventudes, el potenciamiento de la Sección Femenina y de otros servicios y competencias de la organización— los recursos disponibles para llevar a la práctica las ansias totalitarizantes fascistas fuesen muy escasos, y, sobre todo, que el partido continuase subordinado al gobierno y su capacidad de influencia en éste fuese limitada.

A principios de ese mes de mayo se habían producido dimisiones de falangistas muy significativos —como los dos hermanos de José Antonio, Pilar (delegada nacional de la Sección Femenina) y Miguel (gobernador civil de Madrid)— que culminaban otras presentadas en meses anteriores. Era un movimiento que buscaba forzar a Serrano Suñer a que se pusiese de forma decidida al frente del partido y consiguiese de Franco un viraje definitivo del Régimen. Serrano, atrapado entre los suyos y el Generalísimo, había reaccionado alineándose en parte con aquellos, pronunciando, el 2 de mayo de 1941, un discurso radical en el que alertaba contra «los que cada vez con mayor atrevimiento quisieran sustituir lo auténtico por lo simulado, el pensamiento original y creador por el lugar común, la actitud apasionada y vigilante de nuestra política por el gusto a las cosas arregladitas y fofas», y afirmaba que «el sujeto» conductor no podía ser otro que «la minoría política, movida por la luz y por la fe: […] la Falange que se ha proclamado oficialmente y no […] ese ciempiés eclecticista que piden los que son ciegos para ver en nuestros caminos y mancos para allanarlos»[155]. La referencia al «ciempiés eclecticista» se supone que iba dirigida al resto de sectores de la coalición autoritaria no conformes con el proyecto falangista. La posición del concuñado de Franco era bien difícil: presidente de la Junta Política y número dos del partido, había actuado siempre de acuerdo con el Jefe Nacional, pero con gran autonomía. Ahora, la presión interna le empujaba a tener que echarle un pulso, lo que no debía de desear en absoluto. Serrano Suñer, máximo consejero político de Franco y su interlocutor específico, aparte de para temas de asuntos exteriores, para los del partido único; muñidor con Franco del tipo de fascistización que se venía dando, caracterizada por la primacía del gobierno; ahora, al ser presionado por los suyos, adoptaba con su discurso al menos una apariencia de alineamiento con sus tesis.

La cascada de dimisiones continuó, y se fueron sumando las de algunos gobernadores civiles falangistas —como el de Málaga, José Luis de Arrese Magra, casado con una prima, Sáenz de Heredia, de los Primo de Rivera— o directores generales, como Antonio Tovar, de Prensa, del Ministerio de la Gobernación. Ya antes había renunciado el de Propaganda, Ridruejo. Sin embargo, el momento álgido de esta llamada «crisis de mayo» llegó con la propia dimisión de Serrano Suñer, materializada en carta a Franco. Éste le pidió que la reconsiderase, y aquél lo hizo, pero se había abierto, o profundizado, una separación entre los dos. Y por primera vez en sus cinco años en el poder resolvería Franco una crisis política sin pedirle consejo, sintiéndose, por lo demás, dolido con la actuación de su pariente, que debió de considerar una deslealtad. Reaccionó y actuó con contundencia.

El primer paso que dio el Caudillo representó una afrenta en toda regla para los falangistas y para Serrano, ya que cubrió una cartera —la de Gobernación— vacante desde que en octubre de 1940 su concuñado hubiera pasado a Asuntos Exteriores, pero con permiso para seguir controlándola. Lo hizo nombrando a un militar, antifalangista notorio, el coronel Valentín Galarza, hasta entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno, un cargo próximo a él. Con ello contentaba al ejército, exasperado por los avances legislativos, las actitudes y la presencia pública del partido, todo ello, para muchos generales y oficiales, insufrible. El segundo paso de Franco fue muy hábil: promocionó al rango de ministros a algunos falangistas del grupo Primo, pero seleccionándolos bien por ser sumisos a su persona, como el gobernador Arrese, a quien Franco había perdonado una condena judicial en firme tras una intervención en la unificación junto a Hedilla; bien por llevar un ilustre apellido —pero no precisamente por una demostrada capacidad política o técnica—, como fue el caso de Miguel Primo de Rivera, hermano de José Antonio; o bien por su pedigrí de falangista viejo, como fue el caso del delegado nacional de Excombatientes, Girón de Velasco. El primero recibió el Ministerio de la Secretaría General de FET; el segundo el de Agricultura; y el tercero el de Trabajo, para el que no estaba en absoluto preparado. Con ello en apariencia contentaba Franco a los que pedían más poder, pero no alteraba el statu quo imperante. Es decir, nombraba a más ministros falangistas, pero no cambiaba la relación de poder entre gobierno, Estado y partido. El gran derrotado era Serrano Suñer —que quedaba debilitado por partida doble ante el Jefe Nacional por encabezar a los descontentos y por haber sido marginado del todo a la hora de decidirse las nuevas designaciones— junto con algunos del grupo Primo que, como Ridruejo, se apercibieron enseguida de la jugada maestra del Generalísimo. A Ridruejo y Antonio Tovar, serranistas los dos y directores generales en el Ministerio de la Gobernación, los fulminó de inmediato el nuevo ministro Galarza. Gamero del Castillo había ya dimitido antes y fue sustituido como vicesecretario general del partido por José Luna Meléndez, un falangista viejo al parecer por entonces afín a Serrano. Fue la única victoria de éste.

La desaparición de Gamero del gobierno fue un golpe para Gerardo, ya que siempre había sido uno de sus valedores. Pero éste había sido hábil: no había dimitido durante los movimientos previos a la crisis y en los primeros días de ésta estaba en Alemania. Y continuó en su cargo. De hecho, había expresado su posicionamiento en unos términos que nos son desconocidos, pero discrepantes con los de Serrano Suñer, lo que éste supo poco después. En concreto, y según un escrito de un colaborador de Salvador, al regreso del viaje y

con motivo de la cuestión planteada entre Ramón Serrano y el Generalísimo por el nombramiento de Galarza como ministro de la Gobernación, Gerardo Salvador, en una cena en la que se reunieron algo más de la docena de camaradas, fijó su posición política en relación con el planteamiento que del momento político se hacía por algunos camaradas de la Falange inspirados muy directamente por Ramón Serrano, manifestando su discrepancia con tal planteamiento, fijando su posición con independencia y pronunciando palabras de gran honradez y sinceridad, que quizás no fueran lo suficientemente comprendidas por todos los asistentes, pero que mostraban una gran firmeza política y un gran valor personal. La reacción de Serrano al tener, naturalmente, al siguiente día versión fidedigna de lo ocurrido en dicha cena de camaradas, es fácil de presumir, pero fue cuidadosamente reprimida, limitándose a decirle a Gerardo muy pocos días después, al coincidir en un acto oficial: «Gerardo, vamos a ver si tenemos formalidad» y esto lo dijo en un tono irónico y forzadamente protector[156].

Aunque la versión de la reacción de Serrano fue considerada por Ridruejo como «una interpretación excesiva»[157], Gerardo Salvador mantuvo una posición autónoma en la crisis de mayo de 1941, lo que no debe extrañarnos, ya que contaba con una base también autónoma de poder en la Organización Sindical y aspiraba a ascender políticamente. Pero lo relevante es que este distanciamiento debió de pesar en el ánimo de Serrano Suñer al estallar, un mes y medio después de esta crisis, otra, la de Gerardo. Tampoco el viaje de éste a Alemania había contribuido a mejorar las cosas. Al parecer, le habría producido «una gran preocupación e intranquilidad, si bien se ha guardado en sus comentarios de revelar sus verdaderos temores, empleando un tono despectivo y protector al referirse a este jalón de la vida política de Gerardo»[158].

En todo caso, con los cambios de 1941, con el cubrimiento de las carteras hasta entonces vacantes de la Secretaría General del partido y de Gobernación, las aspiraciones de Salvador en FET y en el gobierno habían quedado frustradas. No sería ya ni secretario general ni ministro. De hecho, había perdido muchas bazas para medrar por sus relaciones con Serrano y por el cese de Gamero. También, quizá, con el anterior del general Muñoz Grandes, que lo valoraba como excombatiente y héroe. Pero, no obstante, seguía siendo el representante más destacado del sector más movilizador del partido, el que seguía pretendiendo desbordar el tipo de fascistización existente, logrando la hegemonía política frente a los otros sectores de la coalición autoritaria. El resto estaba abandonando la lucha, en parte «captados» por Franco con cargos ministeriales. También continuaba siendo Gerardo el responsable del servicio más importante de FET y de las JONS y el que más capacidad tenía de perturbar, incomodar e inquietar a los sectores empresariales y patronales y a los no falangistas del bloque franquista.

Y, consecuente, no se detuvo. En el curso del II Consejo Sindical de Política Agraria de junio de 1941 hizo los anuncios a los que ya he hecho referencia, decretos y disposiciones todos ellos para reforzar el poder de la DNS… Y llegó la debacle, su debacle. Acababa de contraer matrimonio —el 7 de julio de 1941— con María Fermina Coderch de Sentmenat, una distinguida y joven muchacha barcelonesa a quien había conocido en La Coruña durante la guerra, y cuyo padre era director del puerto. Cuando se encontraba de viaje de luna de miel en Formentor (Mallorca), supo, el 29 de julio y por llamada telefónica de sus camaradas de la Delegación Nacional de Sindicatos[159], de la denuncia ante Franco de haber sido masón. La operación para apartarle de su cargo estaba en marcha.

«Defenestración», juicio y condena

«DEFENESTRACIÓN», JUICIO Y CONDENA

De la denuncia al procesamiento

Para Gerardo Salvador Merino la denuncia constituyó una sorpresa, aunque sólo hasta cierto punto. Lo que de verdad debió anonadarlo fue que se basase en las cartas de 1934 de Alicante, ya que él había sabido de ellas hacía más de un año en el archivo de Salamanca y no les había dado importancia, después de que el propio Serrano Suñer tampoco se la diese. Con seguridad había sido en marzo de 1940 cuando Antonio Federico Correa Veglison, por entonces comisario general de Información de la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación del que era titular Serrano, que había ejercido de comandante de Ingenieros, ex gobernador de Gerona y Navarra, futuro de Jaén y Barcelona y consejero nacional de FET y de las JONS, le había comunicado su existencia. Es más, explicó a Gerardo, amigo y ex compañero de estudios en el colegio de los jesuitas de Valladolid[160], «que había hecho un viaje a Salamanca para verlas [las cartas] en aquel Archivo, en virtud de denuncia contra mí entonces formulada y que, vistas, no les concedía la más mínima importancia»[161]. Las cartas se encontraban en los archivos de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos —servicio diseñado para requisar documentación en especial en las zonas conquistadas durante la Guerra Civil para utilizarla con fines represivos— en Salamanca. Hacía por entonces muy poco que, el 1 de marzo de 1940, se había promulgado la ley sobre Represión de la Masonería y del Comunismo y creado el Tribunal Especial ad hoc[162].

A pesar de no concederles importancia, Correa, al parecer por petición de Gerardo[163], había tratado del asunto con Serrano Suñer. Y al cabo de un tiempo, al finalizar un despacho oficial con el propio Serrano donde había sacado Gerardo el tema a colación, aquél le confirmó «que ya había hablado del caso con Correa, sin darle tampoco, a su vez, la menor importancia»[164]. Al parecer, también había sabido Gerardo de las misivas por un amigo y teniente de la Guardia Civil, Manuel Santos Otero, del servicio de Información, que se había ofrecido para destruirlas, a lo que él se negó[165]. Las cartas se habían encontrado en el archivo en diciembre de 1939 y desde entonces el propio jefe del Servicio de Recuperación, Marcelino de Ulibarri, las conocía. Pero incluso anteriormente ya circulaba el rumor de la vinculación de Salvador con la masonería: dos días después de su nombramiento como delegado nacional de Sindicatos en septiembre de 1939, el entonces gobernador civil de Madrid y serranita de pro, el camarada Finta —José Finta Escrivá de Ronianí, conde de Mayalde—, había preguntado a Ulibarri sobre los antecedentes masónicos del nuevo delegado, ya que «según información que obra en mi poder en el año 1932 pertenecía a una logia que funcionaba en la calle del Príncipe»[166]. No había localizado en ese momento nada Ulibarri, pero sí en el mes de diciembre siguiente, cuando ya Finat era director general de Seguridad.

No conocemos el autor o autores de la primera denuncia, si es que se presentó. El entorno de Gerardo afirmaría con posterioridad que

los enemigos políticos que se creó Gerardo durante su actuación al frente de la Jefatura Provincial de Falange de La Coruña y que han mantenido desde entonces un estrecho contacto con Julio Muñoz Aguilar, han propalado en toda ocasión y lugar que Gerardo Salvador tenía antecedentes masónicos e izquierdistas. Dichos enemigos han propalado también la procedencia masónica e izquierdista de los siguientes camaradas: Germán Álvarez de Sotomayor, Torrente Ballester, Jesús Suevos y otros. Estas calumniosas imputaciones eran recogidas y desde luego propaladas por algunos camaradas de la Falange que ocupaban y ocupan cargos en el partido, entre ellos Castro Pena, que fue secretario particular del ex-Director General de Seguridad, camarada [José] Finat [Escrivá de Romaní][167].

En cuanto a la denuncia de 1941, el general Saliquet, presidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, una vez enterado de la existencia de las cartas —sin que sepamos en qué momento— solicitó el 27 de junio de ese año al Servicio de Recuperación de Documentos copia de las mismas con el objetivo de llevarlas al Caudillo. Los rumores también los debía haber ido extendiendo Muñoz Aguilar, que había asistido al ascenso político de su enemigo. Y uno que se alegró de la denuncia fue Demetrio Carceller, que se jactaría, una vez presentada, «de ser una de las personas que más ha contribuido a que de Gerardo políticamente “no queden ya de los rabos”»[168]. También en organizaciones afectadas por la Ley de Unidad Sindical de enero de 1940 se había relacionado la política de la DNS con la masonería. En abril de ese mismo año, uno de los dirigentes de la Confederación Nacional Católica Agraria (CONCA), Antonio Monedero, había interpretado el control de los organismos católico-agrarios en general por FET y de las JONS como resultado de instrucciones masónicas[169]. De igual manera, los sectores empresariales y patronales que iban a ser afectados por las nuevas iniciativas anunciadas por Salvador en junio de 1941 debieron de contribuir al ambiente adverso contra él, además de dos dirigentes patronales destituidos del Sindicato Nacional de Industrias Químicas por Gerardo en esos momentos.

Según el entorno del afectado, «al poco tiempo de su destitución celebraron reuniones en el Palace Hotel y realizaron frecuentes visitas al Ministerio de Industria y Comercio, manifestando a sus amigos, con muestras de regocijo, que dentro de poco caería de su pedestal una alta figura de la Falange, así como que, pese a su destitución, y aprovechándose de que aún no había sido nombrado como Jefe del Sindicato Nacional de Industrias Químicas el camarada Gumersindo García, se mantuvieran en sus puestos, anunciando a algunos de sus colaboradores que ellos volverían por encima de todo a ser repuestos y que ya se verían las caras»[170]. De todo ello, al parecer, tenían información los británicos, y en la DNS se supo después que el 18 de julio, cuando aún no había estallado el affaire de forma oficial, se había escuchado una conversación en la que se había dicho que «el asunto de Salvador Merino está ya liquidado, pues a estas horas está ya destituido y probablemente encarcelado»[171], lo que después Gerardo trataría de utilizar en su defensa. También se supo de un tal Fernando Utrilla, de la Sección de Información —los «servicios especiales» de la Dirección General de Seguridad y a la vez del Alto Estado Mayor (AEM)… y de los servicios británicos, que había entregado al mismo AEM un informe de la Dirección General de Seguridad sobre Salvador, obedeciendo a órdenes británicas a raíz de su viaje a Alemania—. El tal Utrilla había sido detenido y procesado[172].

Gerardo y su entorno en la Delegación Nacional de Sindicatos interpretaron la denuncia como basada en documentación falsificada. Y más cuando en el curso del procedimiento apareció otro escrito incriminatorio, éste de 1931 —aquel en el que de nuevo se mencionaba a Gerardo en tanto que propuesto para el ingreso en la secta—. Pero nada indica que existiese falsificación. Más bien parece que, como he afirmado al principio de este capítulo, Salvador tuvo algún contacto con la masonería en 1931. Y es más que probable que al ir a Alicante en 1934 recabase, o aceptase, la carta de presentación de su conocido, pariente lejano y masón, Monge. Otra cosa es que hubiese ingresado de verdad en 1931 y ejerciese como tal desde ese momento y como mínimo hasta 1934, que no parece convincente. Sin embargó los contactos en apariencia existieron, ya fuera el de 1931 o el de 1934[173], o algún otro, como una visita a una logia que habría hecho en alguna ocasión[174]. Pero de ahí a una pertenencia activa a la masonería y actuación consiguiente siguiendo sus directrices existe un trecho que Gerardo Salvador Merino no parece que andase nunca.

Pero que él y su entorno reputasen los documentos citados como falsos es coherente no sólo con la defensa cerrada que hizo el interfecto de su inocencia en el proceso al que fue sometido, sino también con el hecho de no haber tenido acceso a aquéllos hasta el momento de la vista oral. Al no conocerlos en detalle, su estrategia fue la de negarlo todo. En bloque. Según Germán Álvarez de Sotomayor siguió en este punto el consejo de Serrano Suñer[175].

Por otra parte, y en cuanto a la posibilidad de que los documentos fuesen efectivamente fraudulentos, se habían dado hasta ese momento —y se darían también después— ejemplos de falsificaciones. Según el entorno de Salvador en la Delegación Nacional, en referencia, entre otros, al tal Utrilla —mal citado como Utrillas—:

A raíz de la Liberación funcionan en esta capital [Madrid], con carácter privado unas veces y otras oficiosamente, algunos grupos de información a base de organización y elementos que se pusieron en juego durante la guerra en la zona roja al servicio de la causa Nacional. De estos grupos los más importantes son: el grupo de información de Utrillas, que mereció el nombramiento de capitán honorario del Ejército por sus servicios de información militar en el Madrid rojo, y el grupo de información anti-masónico, constituido por elementos que formaron en el disuelto grupo de «Huestes de España». Estos grupos cuentan con ficheros y datos de escaso valor y son dirigidos por elementos de pocos escrúpulos, quienes ofrecen sus servicios a diversos organismos públicos, de quienes han obtenido en ciertos casos cantidades importantes de dinero y una cierta influencia.

Utrillas [sic] se encuentra actualmente en la cárcel por sus probadas actividades como agente del Intelligence Service, estando probado que algunos de los elementos que utilizó a su servicio los prestaban también en el grupo de información anti-masónico, en contacto con los cuales se encontraban Castro Pena y [Julián Mauricio] Carlavilla [de la Vega] («Mauricio Karl»), Este grupo amañó en cierta ocasión determinadas pruebas masónicas en contra de algunos camaradas de la Dirección General de Seguridad que, a lo que parece, eran un estorbo para sus manejos, entre ellos el capitán Coronado y el capitán González, de la Guardia Civil, y otros más que al fin sucumbieron ante la campaña que contra ellos se lanzó, y en la que ya intervino el general Saliquet.

Los organismos oficiales que han utilizado los servicios de estos grupos son: la Casa Militar de S. E. [Su Excelencia el Generalísimo Franco], a través del general Uzquiano; y la Dirección General de Seguridad a través de su propio director en aquella época, Finat.

Está probado también que han utilizado los servicios de estos grupos, y en especial los de información anti-masónica, las siguientes personas: General Saliquet; un padre jesuita de Madrid que hizo la campaña como capellán de la Legión y que se sabe despliega una gran actividad política; la profesora de Carmencita Franco perteneciente a la Congregación de las Teresianas; y algunos otros más cuya relación es más accidental y no tan segura. Como enlace entre estas personas y el grupo de información antes mencionado figuran una mujer de vida poco ejemplar llamada María de los Dolores, por la cual, según se dice, siente una cierta debilidad el general Saliquet[176].

La veracidad de la existencia de falsificaciones antimasónicas, en concreto de documentos en apariencia de la secta pero elaborados ex profeso y enviados a las autoridades —con constancia, desde enero de 1942 hasta 1965, para su lectura por Franco a quien llegaban a través de la intermediación de Carrero Blanco—, ha sido recientemente demostrada por el historiador Javier Domínguez Arribas[177]. La autora o coautora de las falsificaciones podría haber sido la profesora de la hija de Franco, una tal María Dolores de Naverán y Sáenz de Tejada, monja teresiana de origen vasco y carlista «unificada». Las acusaciones iban dirigidas a falangistas, juanistas y, en menor cuantía, a militares. Su autora se hacía pasar por una red de información llamada APIS-España, cuya principal y supuesta agente era una tal A. de S., una extranjera casada con un masón bien situado en la Asociación Masónica Internacional y residente en Portugal. A. de S., que podría haber sido la propia Naverán[178], figuraba como «secretaria general de APIS-España». Sin embargo, el caso de Salvador no aparece en estos informes falsos.

La sorpresa de Gerardo al conocer la denuncia dirigida contra él fue, como he dicho, relativa. Todo indica que se había quedado tranquilo tras hablar con Serrano Suñer en 1940, después de saber de la existencia de las cartas de 1934 en el archivo de Salamanca, y que no había hecho nada al respecto. Esto fue un error. Sus posibilidades habrían podido ser tres. La primera, no hacer nada. La segunda, firmar la retractación a la que obligaba la nueva ley a quienquiera que hubiese pertenecido a la masonería. Decía dicha ley al respecto en su artículo séptimo: «Quienes en tiempo anterior a la publicación de esta Ley hayan pertenecido a la Masonería o al comunismo […] vienen obligados a formular ante el Gobierno una declaración retractación en el plazo de dos meses y conforme al modelo que las disposiciones reglamentarias establezcan, en la cual se haga constar aquel hecho así como las circunstancias que estimen pertinentes y, señaladamente, si concurriese alguna de ellas, las determinadas en los artículos 6.º y 10.º»[179]. Y en ese décimo se especificaban las «excusas absolutorias» de las sanciones, en todas las cuales se habrían encontrado, de formular la declaración-retractación, las que podría haber alegado Gerardo, a saber: haber servido como voluntario en la guerra durante más de un año, haber participado en la preparación o realización del alzamiento o haber prestado servicios destacados a la patria. Sin embargo, la aplicación de estas excusas absolutorias debía hacerla un Tribunal Especial que, para el caso de los procesados civiles, estaría formado por un presidente, un general del ejército, un jerarca del partido y dos letrados. En cambio, la instrucción del sumario la realizaría un juez ordinario. Ahora bien, si Salvador hubiese firmado la retractación, ello habría implicado reconocer una anterior pertenencia a la secta y quizá el fin de su carrera política, si bien tal vez se habría librado de una condena.

Existía, a mi modo de ver, una tercera opción: entregar un escrito al Tribunal Especial explicando que sabía de las cartas del archivo pero negando su veracidad. O confesando que, efectivamente, había tenido tratos con masones, pero que al no haber él formado parte del grupo no podía presentar la declaración-retractación. Una sugerencia que se puede relacionar con esta vía fue la que le hizo llegar, en privado, cuando ya estaba procesado, un miembro falangista del Tribunal Especial Juan José Pradera: «Pudo haber aludido al trato incidental con masones»[180]. Tal vez haber realizado este movimiento cerca del tribunal en 1940 le hubiera servido para librarse de la condena. Tal vez no, y seguramente habría perdido su carrera política. Pero no hacer nada le llevó a una situación mucho peor, como veremos a continuación.

A la hora de explicarnos la inacción de Salvador, basada en sus entrevistas con Correa y Serrano Suñer de 1940, debemos también tener en cuenta que, en la vista del juicio al que fue sometido en octubre de 1941 y que lo condenaría, alegó que supo de las cartas por Correa, «pero no de su contenido pues el Sr. Correa simplemente le dijo que se trataba de cartas sin importancia, de mera presentación» —lo que no era cierto, como veremos más abajo— y que «habló de ello con sus Mandos, y tampoco le concedieron importancia»[181]. Pero por aquel entonces, en 1940, no había aparecido la lista de 1931, en la que se le mencionaba como candidato al ingreso en la secta.

Volviendo a la denuncia de junio de 1941, repitamos que el presidente del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, el teniente general Andrés Saliquet Zumeta, solicitó a Ulibarri certificación de los antecedentes masónicos de Gerardo y con ellos se fue a ver a Franco[182]. Fue con las transcripciones de las cartas de 1934 y los «antecedentes» recabados de Alicante, aquellos en los que se acusaba a Salvador de haber alardeado de su «muchísima amistad con Francisco Largo Caballero»[183]. Gerardo, recordemos también[184], acababa de anunciar la nueva tanda de medidas que iban a aprobarse. Fue entonces cuando sus enemigos decidieron acabar con él. Se trataba de eso. De «defenestrarlo». De destituirlo de su cargo. De acabar con su actuación. Y no tanto, al parecer, de meterlo en la cárcel.

Es posible que el mismo Serrano Suñer, que había desestimado la acusación en 1940, ya no pudiese hacer nada para detener ésta, formulada directamente por el presidente del tribunal al Generalísimo. Un Franco convencido, que le habría dicho a Arrese, mostrándole las cartas de 1934, mientras despachaba con él: «Ahora no se atreverá usted a defender a Gerardo Salvador»[185]. No sabemos si Serrano lo intentó cuando se vio él mismo con el Caudillo, al ser llamado para tratar del asunto antes del Consejo de Ministros. En todo caso, en sus propios escritos autobiográficos —o en los biográficos que inspiró—, pasa de puntillas sobre el tema, no dice nada de su conocimiento previo de las cartas y afirma que no se podía hacer nada al estar ya aprobada la ley. Que Salvador debía ser cesado inmediatamente[186]. Pero no es cierto: Gerardo continuó siendo delegado nacional y miembro de la Junta Política hasta su sentencia, aunque fue suspendido en sus funciones. Su cese llegó, junto con su expulsión del partido, como consecuencia de haber sido condenado, en noviembre de 1941[187].

El tema no resultaba fácil para Serrano. Tenía conocimiento de las cartas con anterioridad y no lo había comunicado o denunciado. Y ahora estaba en marcha un ataque en toda regla contra Salvador, pero también contra él —del que se sabría pronto que no había dado importancia al asunto en 1940— y contra el partido del que era el número dos. Y decidió dar batalla y hacer que Gerardo también la diese. Tenía en sus manos la baza del suplicatorio, que de forma preceptiva el Tribunal Especial debía solicitar a la Junta Política de FET y de las JONS por tener el encausado la condición de miembro de la misma y de consejero nacional, todo ello según la Ley de Fuero de Jerarquías del partido de 22 de febrero de 1941[188].

El 23 de julio de 1941 el Tribunal Especial, presidido por el general Saliquet, y con el general Borbón, el catedrático de Derecho Wenceslao González Oliveros y el jerarca Juan José Pradera como vocales, solicitó el suplicatorio al presidente de la Junta Política de FET y de las JONS a efectos de incoación de sumario y procesamiento de Gerardo Salvador Merino[189]. Serrano fijó la fecha de la reunión de la Junta para el 1 de agosto. Mientras tanto, el 29, Gerardo y su esposa regresaron de Mallorca. Le habían telefoneado sus subordinados de la DNS, y le explicaron, en las propias palabras del afectado, «la necesidad urgente de mi presencia en Madrid al objeto de poder deshacer una campaña de difamación emprendida contra mi nombre y representación falangista, quizá prevaliéndose de la accidental ausencia mía y desvirtuar los pseudo-fundamentos en que la misma pudiera basarse, ya que la Junta Política se pronunciaría en el espacio de horas sobre el caso»[190]. Parece, pues, que no había sido citado de manera oficial, seguramente por encontrarse en viaje de bodas, por la lejanía y por la premura impresa por Serrano a la convocatoria. De hecho, el regreso lo hizo desde Mallorca la pareja gracias a un amigo, jefe de la base aérea de la isla, que les facilitó un avión de transporte militar, un «Junker 52»[191]. Llegaron a Madrid a las dos de la tarde del día 1, unas horas antes del inicio de la sesión[192]. Al saber Serrano de ello aplazó la vista cuatro días, hasta el 5 de agosto[193], con seguridad a fin de darle tiempo para preparar su defensa, tras convocarlo[194]. Esos días se vio Gerardo con Serrano, Arrese y otros jerarcas, y él y sus colaboradores reunieron información adicional sobre la denuncia. No aclararon quién había podido llevar los documentos a Saliquet, pero estaban convencidos de que «la ofensiva partía de los sectores más encarnizadamente enemigos de la Falange y de la Organización Sindical del Movimiento, con evidente apoyo de elementos al servicio de Inglaterra y también de algunos padres jesuitas residentes en Madrid»[195]. Es posible que ya en su encuentro con Serrano se decidiese que iba a hacer una defensa cerrada y política de su caso, y que lo negaría todo.

Sin embargo, antes de la celebración de la sesión de la Junta —en la que le fueron leídas las dos cartas de 1934, las únicas conocidas hasta ese momento, con lo que se desmiente lo que alegaría después de no haber sabido de ellas hasta el momento de la vista— informaciones sobre la presunta pertenencia a la masonería de Salvador y sobre otros supuestos delitos suyos y del personal directivo de la DNS estaban circulando por el país. Así lo explicó Salvador durante la sesión, al decir que,

al sigilo y casi impenetrable reserva (incluso con el inculpado) […] con que se pretendía proceder en un principio sucedió, después de mi arribo a Madrid (chasqueados sin duda en su intento de sorpresa los iniciadores), la máxima difusión, no sólo en la Capital, sino en los puntos más alejados de la Península, de toda clase de notas difamatorias sobre mi persona por la supuesta e inverosímil afiliación antigua a la Masonería, sobre la Delegación Nacional de Sindicatos, con mil distintos motivos, y en definitiva sobre la Falange que tantas cosas permite. Tan sólo a título de ejemplo puede citarse el caso del general don Heli Rolando de Telia [notorio monárquico alfonsino], quien hace días en La Coruña aseguraba que Gerardo Salvador y Merino estaba destituido y encarcelado porque se había descubierto, a más de su verdadera condición, un monstruoso desfalco administrativo y su participación en no sé cuántos negocios sucios.

Y añadía: «Según parece (e imposible resulta, como es notorio, aportar de ello prueba cierta) alguno o algunos de los propios miembros del Tribunal de la Masonería comentaba el caso con delectación evidente con unos y otros, personas ajenas al mismo»[196].

Gerardo negó tajantemente haber pertenecido a la secta y, dado que la Junta iba a reunirse en otra ocasión para decidir sobre el suplicatorio sin su presencia, le envió un escrito —del que forman parte las líneas que se acaban de reproducir— y en el que, a la hora de señalar los posibles instigadores de la maniobra en su contra, señalaba, en general, a grandes intereses económicos y a Gran Bretaña, remarcando la campaña que desde la BBC se venía desarrollando contra él a raíz de su estancia en Alemania, con estas palabras:

De cómo la Falange, bajo mi responsabilidad, encontró, en el Ministerio de Organización y Acción Sindical, el Servicio de Sindicatos y cómo se halla en la actualidad, no he de ser yo quien hable, pero sí he de decir que en ningún momento, pública y notoriamente, ha dejado el que suscribe como Delegado Nacional de señalar claramente cuáles y cuántos eran los enemigos de la acción que le estaba encomendada, y de recoger y eficazmente contestar dichas manifestaciones de hostilidad. Pronto así se puso en claro que, a los viejos mantenedores de tinglados más o menos aparatosos en lo económico-social [en referencia a la CONCA, entre otros] y a los presidentes de [los] grandes «trusts» industriales y comerciales más conocidos e importantes, no les resultaba grata la actuación de la Delegación Nacional de Sindicatos, quizá, entre otras razones, porque el Delegado había resistido tenazmente y sin excepción a los requerimientos de formar parte de algunos de sus consejos de administración.

Hoy, por el contrario, se sabe públicamente que en todos estos medios se acoge con satisfacción y alegría no disimulada la posible contingencia de que el Delegado Nacional de Sindicatos —a consecuencia de la infamia que actualmente nos ocupa— sea depuesto de su cargo. No son estos solos a los que alcanza la actual alegría y satisfacción, o, por mejor decir, en estos mismos medios pero que se presentan con otro carácter a la consideración del que suscribe; son todos aquellos que pueden calificarse de netamente anglófilos.

Tampoco he de ser yo mismo quien demuestre hasta qué límites llega mi posición adversa a los partidarios de la victoria de las democracias, pues, en definitiva, son tantas y tan reiteradas las manifestaciones públicas en discursos, artículos y escritos de toda índole, que hacen innecesario ni siquiera su recuento. Bien cierto es también que a partir de mi reciente viaje con carácter oficial a Alemania para conocer la organización del Frente del Trabajo Alemán, esta campaña adversa a mi posición y significación política se ha recrudecido, [hasta] límites insospechados; así, muchos españoles han podido oír, y algunos comunicarme, cuál era la atención y los comentarios que la radio de Londres [la BBC], durante más de 10 días, concedía y hacia a propósito del motivo, desarrollo y consecuencias del susodicho viaje.

Así, estos mismos españoles habrán podido oír toda la serie de infundios, calumnias y dicterios que desde aquella emisora se dirigían al que suscribe, bien distantes, en cambio, todos ellos, del que hoy nos ocupa y que, en definitiva, me hacen pensar cuál sería la suerte que habría de correr ante una situación promovida o ayudada por Inglaterra, con el natural tinte masónico que la misma habría de tener. Consigna debía haberla muy concreta y meditada, porque la campaña de difamación no se redujo a las posibilidades de la radio de Londres. Los agentes que en Madrid operan a las órdenes del Intellígence Service no han sido tan cautos o reservados siempre como para que sus actividades y manifestaciones contrarias a mi actuación y a mi persona, particularmente a partir de dicho viaje a Alemania, no hayan sido en algunos casos conocidas[197].

A continuación, ponía el siguiente ejemplo:

Así puedo citar la siguiente referencia que hace muy pocos días me ha sido entregada: Recientemente (en la noche del 29 al 30 [de julio de 1941]) en el restaurante «Villa Rosa» sito en la carretera de Hortaleza, cenaban en una mesa cuatro ingleses (dos mujeres y dos hombres), a los que acompañaba un español. En la conversación que sostenían animadamente, a quien les estaba oyendo accidentalmente, le pareció que los ingleses daban al español órdenes e instrucciones relacionadas con este estado de cosas, llegando a un punto en que, refiriéndose concretamente a Gerardo Salvador y Merino, decían los ingleses que éste estaba ya eliminado o algo así, oyendo nuestro informador claramente a uno de los ingleses asegurar rotundamente que Gerardo estaba destituido. Esta conversación fue oída por D. Jesús Aspa, practicante de la Casa de Socorro de Canillas, que cenaba en una mesa inmediata y no tiene inconveniente en sostener lo que queda expuesto ante quien proceda. Parece pues que, coincidiendo así con otros interesados motivos, también importa atacar a quien representa con la máxima notoriedad por amor a la Falange y a España, y por amistad a Alemania, la postura más contraria a la anglofilia.

En otro párrafo destacaba la paradoja siguiente:

En la vanguardia de las filas de la Falange se ha situado desde el primer día voluntariamente, y con estilo y norma revolucionaria, la Delegación Nacional de Sindicatos. No es por eso extraño que los enemigos más claros y conocidos de ella ataquen a ese punto con frecuencia en primer lugar. Acostumbrados están a oír unidas las palabras capitalismo, masonería, democracia. Inglaterra [subrayado en el original]. Éstas son las que hemos considerado desde la Delegación Nacional de Sindicatos nuestros enemigos, y quizá más adelante aclararé cómo se hallan relacionados unos con otros. Resultaría después de todo curioso que el Estado informado por la Falange haya creado una red para coger o inhabilitar a sus enemigos y sean los propios militantes de la Falange, ésta, y el Estado, los más perjudicados por esa red.

Y se permitía hacer la siguiente admonición a la Junta:

Quiero yo, para ésta y otras ocasiones, recordaros aquí, de siempre y por siempre, lo que hemos jurado, por mandato de nuestro Fundador, hacer con la voz amiga o enemiga que tienda a debilitar nuestro espíritu de hermandad.

Si una voz enemiga y masónica lanza su baba traidora sobre cualquiera de vosotros en un futuro, [lo] que por este camino que andamos puede ser próximo, ¿qué haréis entonces? ¿Bastará para vuestro relevo en el servicio de España que la infamia llegue al Tribunal Especial? ¿Residirán en él, de aquí en adelante, poderes que sólo deben atribuirse al Jefe del Estado?

Argüía después la no competencia del Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo para juzgarlo, admitiendo la del Tribunal Supremo, invocando el Fuero de Jerarquías. Y finalizaba argumentando lo que a su parecer era el auténtico «fondo de la cuestión»:

Un simple indicio sin fuerza ni autenticidad alguna, enarbolado por un Tribunal [Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo] a todas luces incompetente [por serlo el Tribunal Supremo], basta para que un órgano del mando político, una jerarquía política que tiene a su favor largos años de ferviente servicio a España y a la Falange, los títulos que más genuinamente califican en ese servicio, a saber, la asunción del peligro en las horas difíciles y la sangre derramada por España, y una conducta irreprochable de lealtad al Mando y al Movimiento, se encuentre puesta en entredicho, difamada en la calle y obligada a hacer recuento de todos los minutos de su vida para responder de una inculpación infundada.

No os llaméis a engaño; lo que aquí se ventila no es un problema personal mío, ni tampoco un problema de depuración del mando político. Lo que aquí se ventila es nada menos que la existencia y la virtualidad política de la Falange. Jamás he estado afiliado a la Masonería. Por tanto, no necesito excusarme. Si alego los méritos políticos de mi vida, no es por excusar una falta, sino para demostrar la absoluta incongruencia de la acusación. Si, a pesar de todo, la Junta Política, cuya resolución disciplinariamente acato, no vacila en admitir que un Tribunal de Justicia pueda juzgar en materia política a uno de sus miembros, yo estoy seguro de que al hacer esa concesión, en vez de velar por la pureza de los órganos del Partido, lo que hace en realidad es deponer el mando y el poder político y subvertir el orden de un sistema que todos hemos jurado guardar.

Pero, camaradas, de lo que carece también todo Tribunal por ley natural y ley escrita, es que la facultad de difamar política y moralmente a un hombre, revelando sus miembros secretos que conocen por razón de su cargo de jueces, y los han revelado mostrándose parte acusadora, sin comprobación previa del infundio oficialmente, transmitiendo con ligereza ejemplar lo que por su cargo conocieron[198].

Era, el último párrafo, un ataque directo al Tribunal Especial, hecho tras la demanda a la Junta de que no cediese. Y tenía esperanzas de que no lo hiciese.

Al parecer estaban presentes en la reunión, aparte de Serrano y Arrese, el vicesecretario general Luna, los hermanos Miguel y Pilar Primo de Pavera, Elola Olaso —delegado nacional del Frente de Juventudes—, Blas Pérez —de Justicia y Derecho—, Demetrio Carceller y Esteban Bilbao —ministro de Justicia—. Faltaban otros vocales, seguramente debido a la fecha en que la vista se celebraba, en pleno verano. En su curso, quien al parecer se mostró «implacable en sus diatribas» contra Salvador fue el carlista unificado Bilbao, mientras Carceller se mantenía «hostilmente reservado», Serrano «enigmático aunque afectado» y Luna «vacilante»[199]. Salvador estuvo presente sólo durante la primera parte. Y al día siguiente, él mismo, junto con su número dos, Germán Álvarez de Sotomayor, fueron llamados por el secretario general Arrese a su despacho para comunicarles lo acordado.

Les dijo que, tras oír el parecer de la Junta, su presidente, Serrano, «había resuelto denegar el suplicatorio solicitado por el Tribunal Especial de Represión de la Masonería para proceder al procesamiento del delegado nacional, acordando al mismo tiempo remitir las diligencias a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a quién se le daría la venia para entender en el procedimiento judicial que había de seguirse»[200]. Es decir, había decidido parar el primer golpe, aplicando de forma escrupulosa la Ley de Fuero de Jerarquías del partido. Es probable que Serrano pensase que en dicha Sala el affaire sería más defendible, dada la endeblez de las pruebas existentes en esos momentos, y dados los posibles contactos de miembros de la Junta con magistrados del tribunal[201].

Pero por encima de todo parece ser que ésta, o su mayoría falangista, estaba dispuesta a dar batalla contra lo que consideraba un ataque a FET y de las JONS y al mismo Régimen. Como les aseguró también Arrese, «la Junta Política en ningún caso abandonaría a uno de sus más destacados miembros, pues admitía ya el supuesto de que el ataque y la ofensiva contra Gerardo implicaba una peligrosa maniobra contra el partido y el Régimen». Por ello se había decidido también que se mantuviese en su puesto de delegado nacional «con los fueros y prerrogativas inherentes al cargo». Ahora bien, «particularmente, se le comunicaba la conveniencia de que se considerara en suspenso en sus funciones, en espera de la resolución definitiva, que con toda seguridad habría de serle favorable, en cuyo caso se publicaría su plena rehabilitación y la confirmación de la confianza puesta en él hasta entonces».

Y como además «tenía una vital importancia no dar al enemigo que producía la ofensiva la menor satisfacción, se había decidido mantener a todo trance la continuidad y la eficacia de la acción de todos los órganos de la Delegación Nacional», el secretario nacional Álvarez de Sotomayor «asumiría accidentalmente las funciones del delegado nacional»[202]. Finalizó exhortándoles, en su función de secretario general, a que levantasen la moral en el seno de la Delegación Nacional de Sindicatos, deteriorada por las acusaciones contra su jefe.

Salvador aceptó la resolución de la Junta, poniendo la condición de que «el problema personal y político que a él le afectaba tuviera una rápida resolución», y especificando que «en ningún caso aceptaría cualquier resultado que no fuera absolutamente favorable, y que esperaría su rehabilitación a fin de proceder con entera libertad contra los difamadores, para lo cual en tal momento, si era preciso, renunciaría a su cargo de delegado nacional»[203]. Y marchó poco después a Cataluña, con su esposa.

Por su parte, Álvarez de Sotomayor abordaría de inmediato la cuestión de la desmoralización en la DNS. Para tal cometido Gerardo redactó una carta, el 8 de agosto, a fin de que Germán la usase para el encargo que les había hecho Arrese. Escribía en ella que

en la Junta Política quedan todavía camaradas que entienden y sienten la Falange […] y yo tengo plena confianza en su decisión de no abandonar sin más una posición de la Falange. Tengo también plena confianza en el Presidente de la Junta Política y en el Secretario General, a los cuales el ataque actual en ningún momento ha dejado indiferentes sino, bien al contrario, y a quienes yo mismo he pedido que procuren, hasta el límite máximo, todos los esclarecimientos que tengan a su alcance. […]. Esto, querido Germán, es lo que quiero que sepan los camaradas y los amigos leales que, por lo menos, creo que tienen el perfecto derecho de exigir una explicación a todo lo ocurrido en tanto la cuestión permanece de un fallo resolutorio que anhelo de hora en hora[204].

Mostraba finalmente su confianza en que la resolución le fuese favorable, al decir: «Todavía han de transcurrir algunas semanas, quién sabe si meses, en situarse las cosas en su punto; mientras tanto todos debéis continuar, tú [Germán] el primero, en vuestro puesto de servicio, con idéntica fe y con la misma resolución que hasta ahora. No he pretendido nunca hacer obra personal; hemos trabajado juntos por y para la Falange»[205].

Con la carta en su poder Álvarez se puso manos a la obra, convocando dos reuniones de mandos de la DNS. Antes, como explicó uno de sus colaboradores —que era además subsecretario del Ministerio de Agricultura—, en una carta-informe dirigida a su ministro, Miguel Primo, la labor anti desmoralizadora y normalizadora interna de la DNS «se inició por una serie de cambios de impresiones, primero entre unos pocos Jefes y luego entre todos los de Servicio y Obras [Sindicales] en las que se examinaron los dos problemas esenciales que habían de abordarse para alcanzar el activísimo ritmo de trabajo y de acción […] superarla desmoralización que, comenzando por los Jefes de Servicio había alcanzado a todos los mandos subalternos y a los propios empleados de la Delegación y preparar, según Gerardo la tenía prevista, una nueva etapa de los Sindicatos Nacionales, cuyos defectos nadie mejor que la Delegación conocía, y organizar los nuevos quehaceres que a consecuencia de la vigente legislación sindical se venían encima»[206]. Primero je convocó la Junta de Jefes y, después, otra de delegados sindicales provinciales, para exponerles «a grandes rasgos todo lo que en el proceso de difamación contra Gerardo estaba comprobado y se podía contar, y dándoles de paso consignas positivas y a corto plazo, para que a través del seguro y urgente quehacer encontraran ellos mismos la fuerza necesaria para sobreponerse a su propia individual desilusión y a la de sus subalternos»[207].

Sin embargo, la celebración de los encuentros fue aprovechada para hacer campaña, o continuarla, contra la DNS. Ya la primera reunión fue «objeto de calificativos más o menos estúpidos, de conspiración y otras bobadas por el estilo». Y la segunda, la de provinciales, sería reputada abiertamente por algunos ni más ni menos que de «conspiración y ataque contra el Ejército y el Gobierno»[208]. Quizás porque trascendió que en su curso Álvarez había explicado el proceso de «difamación» de Salvador tras su viaje a Alemania, primero en la radio inglesa («la murmuración y el comentario desatados») y después al haberse difundido «inexplicablemente la acusación de masón que contra aquél aparecía formulada por el Tribunal de la Masonería». Mencionó nombres y anécdotas «imprescindibles para explicar cómo la campaña contra la Delegación que venía de fuera había llegado a invadir las propias filas de la Falange, no ya configurando una posición de disconformidad contra una determinada orientación sindicalista, que a ésta jamás se ha opuesto nada estimable, sino fomentando una actitud de calumnia y difamación contra los hombres de la Delegación». Se refirió en concreto a Carceller y a Muñoz Aguilar, «quienes desde hace tiempo vienen persiguiendo a Gerardo con supuestos y expresiones que han producido escándalo en más de un ingenuo y honrado camarada»[209]. También citó al general Saliquet[210].

Sea por estos nuevos ataques o por otros que no conocemos, desde la Delegación Nacional de Sindicatos se llamó a Madrid a Gerardo, que acudió desde Cataluña el 2 de septiembre. Informado de lo ocurrido, y quejoso de la falta de reacción de los dirigentes del partido, visitó en su domicilio a Serrano. Todo indica que perdió allí la paciencia y, en lugar de esperar la tramitación por el Tribunal Supremo de su asunto, tomó el camino directo, renunciando primero de palabra y al día siguiente por escrito a su cargo y fuero en FET y de las JONS, para posibilitar así ser juzgado con prontitud por el Tribunal Especial.

Fue un error mayúsculo. Una decisión tomada «en caliente», con seguridad en contra del criterio de Serrano, pero confiando en el apoyo de éste. Y, sobre todo, deseando la celeridad en la resolución. Gran error, como se vio. Porque lo único asegurado fue la celeridad. La versión de lo sucedido con aquél proviene del entorno de Gerardo en la DNS, y reza así:

[Tras llegar a Madrid] después de informado de la situación y de las incidencias surgidas en los últimos días […] visitó al Presidente de la Junta Política para comunicarle que no estaba dispuesto a continuar un día más soportando la campaña de difamación personal de que era víctima, campaña en la que tomaban parte activa y beligerante, apelando a todos los recursos, personas de tan relevante posición o situación como Demetrio Carceller y Julio Muñoz Aguilar, quienes no se recataban de demostrar la actitud más hostil contra Gerardo, contribuyendo cada uno con sus propios medios y con su propio estilo personal a hacer cada día más irrespirable el ambiente. Por esta razón, y porque no parece ni mucho menos probado que el Mando Nacional del Partido estuviera dispuesto a tomar carta en el asunto, cortando la difamación y el descrédito, ni tampoco parece claro que la sustanciación del asunto por vía procesal [en el Supremo] fuera a tener una realidad inmediata. […]

Más adelante «solicitó» a Serrano «que aceptara la total renuncia que él le ofrecía del cargo que hasta entonces detentaba, renunciando también a los fueros y prerrogativas inherentes al mismo, a fin de que esto no pudiera constituir un obstáculo para que cualquier tribunal, incluso el Especial de Represión de la Masonería, pudiera reclamarle y someterle a procedimiento, sin más amparo ni defensa que la que él, por sus propios medios, estaba dispuesto a prestarse, para salvar, si no el aspecto político, que ya no le interesaba, sí al menos el prestigio personal»[211].

De esta manera, el 5 de septiembre de 1941, al día siguiente del encuentro en el domicilio del presidente de la Junta Política, hacía las renuncias. En la misiva, cuyo texto seguramente fue acordado entre los dos, podía decirle:

Ha transcurrido un mes desde que la Junta Política tomó en consideración la absurda denuncia sobre mi supuesta filiación a la Masonería. En este espacio de tiempo España entera, de alto a bajo, ha podido enterarse de la acusación que pesa sobre el Delegado Nacional de Sindicatos y hacer de ella el objeto de todos los comentarios y de todas las conversaciones. En la mayor parte de los sitios se supone, en cuanto dejo de ser visto físicamente, que he sido ya encarcelado, según los más benévolos, y fusilado, según los que se dicen mejor enterados. Aparte del regocijo general que esto produce entre los enemigos, y que naturalmente no me importa nada, padece con ello el prestigio del Partido y del Régimen, cuya defensa, como es lógico, os incumbe a vosotros. Y en cuanto a la fama de hombre decente y de persona de costumbres morigeradas y limpios antecedentes a que todo el que se estime tiene derecho, no digo ya que sufre menoscabo, sino que está totalmente aniquilada, y esto es lo que ahora, y desde un punto de vista simplemente personal, más me interesa[212].

Aunque Serrano aceptó en el momento la renuncia al Fuero de Jerarquía de Salvador, ni él ni Arrese lo cesarían hasta el mes de noviembre siguiente, cuando ya había sido condenado. Y concedió el suplicatorio al Tribunal Especial. El presidente del cual, Saliquet, estaba molesto, no sólo porque se le había hurtado hasta ese momento el suplicatorio sino porque, al parecer, en una de las reuniones de la DNS se había solicitado a Arrese el expediente judicial, «para ver qué hay de cierto en el rumor». Lo que, en palabras del único falangista miembro de la audiencia, Juan José Pradera, había creado «estado de irritabilidad» en el Tribunal Especial. También le aseguró Pradera a Salvador que «Correa Weglison [sic, por Veglison] declarará ante el Tribunal y ante el juez»[213], lo que debió tranquilizar al delegado. No se cumpliría.

Del ambiente que sobre la cuestión existía alrededor del 10 de septiembre de 1941 es buena muestra la conversación entre propietarios agrarios catalanes del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro —rama catalana de la CONCA— y algunos sindicalistas, en la que uno de los que intervino «abogaba por el total esclarecimiento del asunto de Gerardo que evite rumores y resuelva de una vez la situación», diciendo: «O al paredón, si es culpable, o que lo hagan ministro de Economía Nacional»[214]. Nueve días más tarde corría el bulo de que Gerardo había sido fusilado[215].

En cuanto a Germán y las acusaciones de que era objeto, de haber atacado en la reunión de jefes sindicales provinciales al ejército y al gobierno, a pesar de las explicaciones proporcionadas al ministro Miguel Primo, ni Arrese ni Serrano Suñer fueron capaces de detenerlas o contrarrestarlas. Es más, la presión contra el partido debió de ser tan fuerte que el primero lo cesó ese septiembre, y lo inhabilitó además para cargos de mando y confianza durante dos años, con fijación de residencia «por grave quebranto de la disciplina». Al otro secretario nacional, Carlos Romero de Lecea, lo incapacitó también para sus cargos, en su caso sin plazo, es decir, de manera general. También otros jefes sindicales, como el vicesecretario nacional Pablo Ruiz de Alda Miqueleiz o el inspector nacional Joaquín Bernal Vargas, fueron cesados, mientras otros eran directamente expulsados del partido: Augusto Matons Colomer, Antonio Polo Diez, Antonio Segurado Guerra y Ángel Aldany Sanz[216]. Algunos de ellos habían recibido denuncias anteriores de camisas viejas de Madrid por sus antecedentes izquierdistas[217].

Para sustituir a Germán Álvarez se nombró a un «duro», el camisa vieja madrileño Manuel Valdés Larrañaga, un jerarca de la época de José Antonio. Al parecer, primero se había optado por Blas Pérez González, el delegado nacional de Justicia y Derecho del partido y fiscal del Tribunal Supremo, pero éste, según el propio Valdés, «se sintió desbordado». Éste, en sus memorias, habla de un presunto «plante general de todos los mandos sindicales en la organización central que, a su vez, por llamadas telefónicas desde Madrid, pretendían extender su rebeldía a las provincias», así como de la fulminante respuesta que él habría dado en la forma de purga, cesando a todo el equipo dirigente de Salvador, y después a los delegados sindicales provinciales[218].

El procesamiento

Una vez en posesión del suplicatorio, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo se puso en marcha de inmediato, y el 17 de septiembre de 1941 ordenó la incoación de sumario a un juez ordinario, Tomás Pereda Iturriaga, que actuaba bajo la jurisdicción del Tribunal Especial[219]. A los dos días llamó a declarar a Gerardo. Le preguntó sobre las cartas de 1934 de Alicante, lo que aprovechó éste para reseñar la larga lista de misivas de presentación que había llevado de parientes y amigos allí —una de las cuales era del deán de la catedral de Valladolid—, con lo que pretendía diluir la importancia de la de Monge, de la que dijo haber sido la única que había llevado en sobre cerrado. Declaró haberla entregado a su destinatario en el casino de la ciudad, sin volver a verlo ni a visitarlo nunca más. Ésta era la cuestión fundamental: si había llevado a cabo la actividad masónica que, decía la carta, había prometido tener en la ciudad levantina.

Pero en lo que centró su declaración fue en explicar cómo habría efectuado también allí el encargo de José Antonio Primo de Rivera «de organizar y propalar en la misma ciudad las ideas y las consignas de la Falange y traerle a su regreso información de la realidad de la organización que existía […] y de sus impresiones de lo que había encontrado allí», poniendo como testigos de lo declarado a dos consejeros nacionales del partido, José María Alfaro y Leopoldo Panizo. Reseñaba a continuación las personas a las que había tratado en Alicante, citando a falangistas, y otros, derechistas todos. En cuanto al tal Monge explicaba que era

conocido del declarante desde hace muchos años, sin llegar a tener una amistad íntima, pero sí trato cordial; que este señor tenía su tertulia en la Cervecería Álvarez, en el Pasaje Mateu [de Madrid], entre los asistentes se encontraba González Castroverde y otros dos o tres que no se recataban de manifestar su condición de masones, y otros siete u ocho contertulios de otras tendencias; que a dicha tertulia acudía algunas veces el declarante, exclusivamente por la amistad con Manuel Monge, y en ella surgían a menudo discusiones por las distintas ideas que en ellas se profesaba y defendían, y por ello, al ver el odio de ese grupo masónico de la tertulia hacia los componentes de la Falange, que incluso quería se les agrediera, se lo comunicó a José Antonio, para que tomara medidas y en su caso ser la Falange la primera que agrediera, extremo que también le consta a D. José María Alfaro y a otros que no recuerda, dando resultado esta sugerencia, puesto que se agredieron dos o tres puntos donde los masones se reunían.

Que Manuel Monge algunas veces habló al declarante con ánimo de convencerle y captarle hacia las ideas masónicas, a lo que siempre le replicó el declarante más bien en tono de burla y menosprecio, sin que asistiera a ninguna logia ni a reunión de masones, pues tampoco, por lo visto, por conocer el citado señor las ideas del declarante, se lo propuso. Que no volvió a ver al citado Manuel Monge desde la fecha que le entregó la carta de presentación para Alicante, pues al regresar estuvo muy poco tiempo en Madrid, marchando, como tiene dicho, a su pueblo, y posteriormente, al ganar la oposición de Notarías, a La Coruña a su destino, Puentes de García Rodríguez, de la misma provincia, donde se hallaba como Jefe Local de Falange cuando se inició el Glorioso Movimiento Nacional[220].

Tras su declaración, el fiscal Leopoldo Huidobro solicitó su procesamiento y prisión. Afirmaba en su escrito que existían «no ya indicios, sino prueba documental concluyente de que el inculpado pertenecía a la Masonería en 1934, sin que haya presentado la declaración-retractación que previene la ley […], máxime teniendo en cuenta la deslealtad que implica que en el inculpado referido el silenciar sus antecedentes masónicos habiendo sido distinguido por el Gobierno Nacional con relevantes cargos por presentarse como identificado con nuestra Santa Causa»[221].

Pero el juez no se avino a la petición. En cambio, demandó al Servicio de Recuperación de Documentos información sobre la logia Nomos de Madrid, así como si en alguna ficha o documento de la misma aparecía el nombre de Gerardo Salvador Merino. También citó a los dos consejeros nacionales a los que había aludido éste en su descargo.

Al comparecer, Panizo corroboró el encargo hecho por José Antonio y, «echándole un cable» indirectamente, se refirió al hecho de que aquél hubiese dado instrucciones a los mandos provinciales «para que organizaran un contraespionaje en los partidos de izquierda como medio de contrarrestar el espionaje e infiltraciones que sufría la Falange, llevando él personalmente los nombres de los designados a prestar este servicio, los cuales se entendían directamente con José Antonio. Que ignora si uno de estos servicios le fue encomendado a Gerardo Salvador»[222]. Por su parte, Alfaro declaró en el mismo sentido, afirmando haber presenciado la conversación de Primo con Salvador relativa al recado de que le informase sobre la FE alicantina, así como que, en otra ocasión, al proponerle el segundo al primero una agresión a la tertulia de izquierdistas y masones a la que acudía, se había ofrecido a participar en ella, pero José Antonio no la había aceptado, «pues era costumbre que tomara él mismo la decisión»[223].

Mientras tanto, el juez había sido informado por Recuperación de Documentos de que no había aparecido ninguna documentación de la logia Nomos. Pero aun y así, y basándose en las cartas de 1934, acabó procesando a Gerardo el 6 de octubre. Ahora bien, dando por «atendidas las circunstancias del caso y la falta de peligrosidad del encartado», lo dejó en libertad provisional[224]. Sin embargo, ese mismo día le tomaba ya declaración indagatoria. Reconoció de nuevo en su curso Gerardo haber llevado la carta, cerrada, sin saber quién era su firmante, y saber que Monge era masón, pero no que actuase como «secretario guarda sellos» de la logia Nomos. También dijo ignorar que el destinatario de la carta, Isidro Sánchez Martínez, fuese «Gran Maestre de la Gran Logia Regional de Levante» y negó que, en contra de lo escrito en la contestación, hubiese prometido visitar las logias locales. Reafirmó no haber pertenecido a ningún partido, con la excepción de FE de las JONS, y esgrimió su cargo de jefe local en Puentes de García Rodríguez, añadiendo como mérito su presentación voluntaria al ejército en el alzamiento y aportando para ello siete certificaciones acredidativas[225]: la de Alfaro; la de un inspector de zona de Galicia de FET y de las JONS que declaraba que al llegar a la región como notario Salvador ya era de Falange, y cómo había sido nombrado jefe del pueblo donde ejercía, así como su participación en la preparación del alzamiento y en éste; la del alcalde de La Coruña, que explicaba la actuación de Gerardo en Galicia y durante toda la guerra en los frentes; la del Regimiento de Artillería, acreditando sus servicios y recompensas; la de un auditor de División —es decir, de un alto jefe del servicio jurídico militar—, que refería la trayectoria de la familia Salvador durante la República y la guerra, con un hermano suyo muerto en acción, otro mutilado, otro herido grave y otro auditor del Ejército del Aire, este último clave para el triunfo de la sublevación en Galicia; la del jefe del citado Regimiento; y la de un general de División —Feijoo Pardiñas—. Contenían las dos últimas grandes elogios a la familia y, sobre todo, a la persona del acusado[226].

Así las cosas, y con Gerardo esperanzado en que las certificaciones aportadas y la importancia de sus firmantes llevasen al juez a dictar el sobreseimiento de la causa, sobrevino una catástrofe para tus intereses: la aparición de una nueva prueba incriminatoria por parte del Servicio de Recuperación de Documentos, que venía a reforzar su imputación. Fue el 8 de octubre cuando Marcelino de Ulibarri hizo llegar al juez dos fotografías de un documento masónico de 1931, en las que Salvador aparecía como propuesto para su iniciación en la secta. Era un escrito del 10 de abril de 1931 que la Gran Logia Regional del Centro de España dirigía al Gran Consejo Federal Simbólico, dando cuenta del «movimiento de los Talleres». En él se mencionaba la propuesta de iniciación de Gerardo en la logia Nomos de Madrid. Firmaban la comunicación el Gran Secretario José Gómez de la Serna y el Gran Maestre Accidental Aselo Plaza Vinuesa. De este último, informaba Ulibarri, se sabía que había estado preso en la cárcel de Yeserías de Madrid en diciembre de 1939[227], y adjuntaba su declaración ante la Brigada Político-Social de Madrid en agosto del mismo año. Era un testimonio importante, en el que explicaba su trayectoria dentro de la masonería desde su ingreso en 1925 hasta 1934, momento en el que la había abandonado. Y aunque no citaba a Gerardo en ningún momento, sí lo hacía a personajes pertenecientes a la secta en general y a la logia Nomos de Madrid en particular, entre los que se encontraba Monge[228]. En su escrito de remisión del testimonio al juez, le recomendaba Ulibarri que, en caso de llamar a Aselo a declarar, pusiese «en acción la mayor cautela pues dada la enorme actividad masónica del mismo, podrán obtenerse datos muy provechosos, no sólo para el caso que nos ocupa, sino para el fin general del Tribunal»[229].

El instructor no lo hizo, pero al dictar el 8 de octubre de 1941 el auto de terminación incluyó en sus resultandos la nueva información, mutando la «propuesta de iniciación» en la secta de Gerardo en afiliación pura y dura. Y así, afirmaba rotundamente que éste «se afilió a la Masonería en el año 1931 en la logia “Nomos” de Madrid». Además, relataba cómo había llevado la carta a Alicante y su promesa de asistir a trabajos de las logias. Por el contrario, y en sentido atenuante, recogía en su último resultando que se había presentado voluntario en el alzamiento, observando un excelente comportamiento en el frente, siendo ascendido y condecorado, así como que, tras finalizar la contienda, hubiese desempeñado «servicios y cargos de confianza». Pero nada de ello impedía que en sus considerandos razonase la responsabilidad del procesado dado que, a pesar de su actuación en la guerra, el no haber realizado la declaración-retractación a la que le obligaba la ley impedía que se le pudiesen aplicar las excusas absolutorias. Concluía proponiendo la pena de reclusión menor con sus accesorias correspondientes[230].

Pasó el sumario al fiscal para su calificación y se formalizó el pliego de cargos que el propio encausado debía contestar en el plazo de veinticuatro horas. Y con gran celeridad, el mismo día 8, formulaba el acusador público su petición de una pena de «12 años y un día de reclusión menor, inhabilitación absoluta y perpetua para todo cargo y las costas del juicio»[231]. Gerardo respondió con un largo escrito que contenía una réplica que quería ser contundente, al tiempo que adjuntaba nuevos escritos en su favor. En concreto, los de Antonio Goicoechea, antiguo líder de Renovación Española y en esos momentos gobernador del Banco de España; de un canónigo de la catedral de Palencia; de los párrocos de Herrera de Pisuerga y de dos parroquias de La Coruña; de un comandante de Caballería de Estado Mayor; de Tomás Garicano Goñi, comandante auditor del Aire —compañero de Cuerpo de su hermano mayor y futuro ministro de la Gobernación—; de Antonio Correa Veglison, ex comisario general de Información y ahora gobernador civil de Barcelona, que se ofrecía para declarar ante el tribunal y le expresaba la «convicción mía absoluta de tu lealtad y de tu inocencia»[232]; y del coronel jefe de Estado Mayor del VIII Cuerpo de Ejército (Galicia), dirigida al hermano mayor de Gerardo.

Sin embargo, el pliego de cargos que debía contestar no contenía ni la transcripción de las cartas de 1934 —que le habían sido leídas en la Junta Política— ni, lo más importante, la del documento de 1931, del que ni siquiera supo de su existencia en ese momento procesal, ya que en el pliego sólo se afirmaba —en el cargo primero—, «haber pertenecido a la Masonería en la logia Nomos de Madrid». No conocer el nuevo documento sería argumentado posteriormente por Salvador como un hecho clave que le había perjudicado en su causa.

En su escrito manifestaba Gerardo cómo, en función del cargo que ostentaba de delegado nacional de Sindicatos, de consejero nacional y de miembro de la Junta Política, le era de aplicación la Ley de Fuero de Jerarquías de FET y de las JONS, por lo que debía ser juzgado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A continuación, sin embargo, «respetuosamente» aclaraba que aceptaría cualquier resolución al respecto del Tribunal Especial. Juraba no pertenecer ni haber pertenecido a la masonería, «ni haber tenido contacto directo ni indirecto con cualquiera de sus miembros en concepto de tales»[233]. Era, pues, la suya una defensa tajante y cerrada. Negaba la autenticidad de las cartas de 1934, justificaba haber llevado una de Monge —de quien ahora aclaraba que era «pariente de parientes mío, exactamente hermano de la mujer de un hermano de mi padre»—, y, a pesar de asegurar que la que había transportado estaba cerrada, afirmaba que la que se le había leído en la sesión de la Junta Política no era la misma. Se basaba en el hecho de que si en ella se le hubiese presentado como masón, habría hablado de tales asuntos con el destinatario tras leerla éste en su presencia, cosa que no sucedió. Como consecuencia, negaba haber prometido acudir a los trabajos de las logias alicantinas. En resumen, que recusaba pues tal prueba reputando las cartas de falsas. Además, cuestionaba que no hubiesen sido ratificadas a nivel judicial las firmas que aparecían en ellas, o que sus autores no las hubiesen reconocido, lo que, a su entender, las invalidaba para el proceso.

Argumentaba además en su favor el hecho de que no hubiese aparecido ninguna ficha masónica suya, ni tampoco su nombre en boletines o gacetillas de la secta, a pesar de que el archivo del Servicio de Recuperación de Documentos contara con la documentación de las sectas de Madrid, Alicante y La Coruña. Es más, afirmaba saber, por otra persona que había tenido a su cargo en el pasado, la persecución a la masonería, y que, de haber aparecido con su nombre, sería un indicio racional negativo, ya que los masones no utilizaban cartas sino señas y contraseñas, y aparecían en los boletines con sus nombres simbólicos.

Sí, en cambio, reconocía haber estado afiliado a la FUE «durante mis tiempos de estudiante y por una explicable inquietud e impaciencia juvenil […] precisamente hasta el año 1931 en que, cursando el Doctorado de Derecho, fui baja en la misma por discrepancias fundamentales con sus dirigentes». Desde ese momento no había pertenecido a ningún partido o asociación hasta su ingreso en Falange. Ninguna mención, pues, a su eventual relación con el PSOE, que el Tribunal Especial desconocía. Según su versión, tras abandonar la FUE había evolucionado, y ya en 1933 había participado de forma activa en favor de las derechas en las elecciones locales, donde intervino en enfrentamientos físicos con izquierdistas en Herrera. Después se había producido el asesinato de su madre, y a los autores los había defendido un abogado y conocido masón. Todo ello le había hecho considerar como sus enemigos tanto a los marxistas como a los masones.

En cuanto a sus relaciones con Falange, relataba cómo, tras reiterados ruegos de José María Alfaro, había sido presentado a José Antonio en su tertulia en el local La Ballena Alegre, situado en los bajos del Café Lyon, y a la que concurrían también Rafael Sánchez Mazas, Eugenio Montes, Jacinto Miquelarena, Tomás Gistau, Samuel Ros y otros; y que a finales de 1933 o principios de 1934 habría sido admitido en Falange por Primo, tras suscribir su ficha de presentación Alfaro. Desde entonces había frecuentado la tertulia y se había ofrecido para realizar, junto a quienes el jefe designase, el ataque a la tertulia de Monge. Después había ganado las oposiciones a oficial administrativo de tercera clase y se había producido el encargo de José Antonio de Alicante. Allí se había codeado con elementos falangistas, y otros, destacando en las discusiones del Casino con izquierdistas. Ponía el ejemplo de cómo, tras felicitar el nacimiento de una sobrina por telegrama el 14 de abril en el que lamentaba la coincidencia del acontecimiento con la fecha de la proclamación de la República, el texto había sido conocido por republicanos locales a través de alguien de Telégrafos y le habían importunado. Relataba también cómo, al regresar a Madrid, había dado cuenta a José Antonio de sus trabajos, y se marchó, una vez obtenida la excedencia, a su pueblo para preparar oposiciones; y cómo a mediados de 1935 se había trasladado a La Coruña, a casa de su hermano auditor, para continuar la preparación, por la que obtuvo plaza en Puentes, donde había ejercido de jefe local de FE de las JONS y participado en la organización del alzamiento. A continuación narraba su trayectoria militar durante la contienda y su posterior nombramiento como delegado nacional de Sindicatos.

Una baza fundamental de su escrito era la explicación de cómo había tenido conocimiento, a través Correa Veglison, de las cartas de 1934, y cómo tanto éste como Serrano Suñer no les habían concedido la menor consideración. Recalcaba la importancia del posible testimonio de Correa en su defensa y justificaba no haberse personado a la declaración-retractación a la que le habría obligado la ley de haber sido masón precisamente por no haberlo sido nunca. Y rebatía el argumento de que no la había presentado para ocultar su filiación masónica diciendo:

Podría argüirse que el no haber hecho la retractación hubiera sido tratando de que no se descubriese mi filiación masónica, pero entonces ya no se trataría de calificarme de masón, sino de tonto de solemnidad. ¿Cómo pensar en la posibilidad de ocultar mi condición de masón si sabía yo ya por Correa que la prueba de la acusación obraba ya en los Archivos de Salamanca y en poder de la autoridad más genuinamente a propósito para la persecución judicial en cuanto a ella le estaba confiada especialmente por la Ley la Represión de la Masonería y que existía constancia de la misma en la Dirección General de Seguridad?

Esta sola consideración bastaría para negar categóricamente la autenticidad de las mencionadas cartas, en cuanto yo, directamente afectado por ellas y conociendo su existencia por Correa, ni me retracté ni intenté por medio de procedimiento alguno invalidar una hipotética prueba de mi afección a la secta masónica, por no merecer su texto ajuicio de las significadas personas que ocupaban puestos relevantes y de tan señalada responsabilidad, el menor valor, ni tan siquiera el de mero indicio que estimaran debiera ser tenido en cuenta[234].

A la vista de lo que le había sucedido, y con el precedente de 1940, parece claro que debería haber previsto que, dada la gran cantidad de enemigos que su gestión al frente de Sindicatos le creaba, la acusación resurgiese en cualquier momento. Y que debería haber actuado al respecto, presentando algún escrito al Tribunal Especial en 1940 explicando que acababa de saber de la existencia de las cartas en el archivo de Salamanca y negando su veracidad. Pero no lo había hecho. Tal vez porque ello le habría acarreado dificultades, el debilitamiento de su posición dentro del Régimen, un freno a sus aspiraciones y quién sabe si su misma destitución o procesamiento. Pero de haber actuado en 1940 con seguridad hubiera podido manejar mejor la situación que en 1941, cuando sus enemigos ya habían tomado la iniciativa y tenían los documentos. Y no sólo los de 1934.

Finalizaba Gerardo su escrito de descargo solicitando al tribunal que admitiese los certificados de personalidades que presentaba, así como la práctica de una prueba testifical, para la que proponía una impresionante lista de testigos encabezada ni más ni menos que por el presidente del Tribunal Supremo Felipe Clemente de Diego, y que contenía los nombres del general Espinosa de los Monteros; Correa Vegbson; Antonio Goicoechea; Mariano Ossorio, marqués de Valdavia, delegado nacional de Ex cautivos; José Zurita Nieto, deán de la catedral de Valladolid; y de dos cargos falangistas, Salvador García Tuñón, de Valladolid, y José María Alfaro, de Madrid. Pero su petición no sería atendida. Incluida la de Correa Veglison.

Una vez la respuesta en manos del Tribunal Especial, éste debió de apreciar uno de los argumentos de Salvador, ya que ordenó la devolución del sumario al juez instructor para la realización de una prueba de comprobación por un perito calígrafo de las firmas de Isidro Sánchez en las cartas de 1934, y de las de José Gómez de la Serna y Aselo Plaza en los escritos de 1932 y 1938. Se hizo con rapidez, y se corroboró que eran de las mismas personas. También se indicó al instructor que ordenase a la policía la busca y captura de Gómez de la Serna y, a la Dirección General de Prisiones, la averiguación del penal donde estaba internado Aselo Plaza. Y ordenó la unión al sumario de varios artículos de los estatutos y reglamentos generales de la masonería[235].

El tal Aselo se encontraba en la prisión de Palencia, y allí, el 14 de octubre, le fue tomada la declaración por el juez Pereda. Reconoció su firma obrante en el documento presente en el sumario, así como la autenticidad del mismo. A la pregunta específica de si recordaba la pertenencia de Gerardo a la logia Nomos, aparte de Ceferino González Castroverde, Monge y otros, dijo «que no recuerda si pertenecía a la citada logia Gerardo Salvador Merino, que desde luego le es un nombre conocido pero no sabe si se remonta a la fecha de su actuación [del declarante] en la Masonería o por los cargos que ocupó el citado últimamente, según ha leído en la prensa»[236]. Explicó, a pregunta del juez, «que toda proposición de iniciación tiene que ser suscrita, forzosamente, por el interesado y firmada por dos “maestros masones” que actúan de presentadores». Por su parte, Gómez de la Serna no debió de ser localizado, y el 21 de octubre el juez dictó un nuevo auto de terminación. El fiscal se ratificó en la misma petición de pena que en su escrito anterior y el Tribunal Especial fijó la vista para el 23 de octubre a las cinco de la tarde.

Mientras tanto, habían ido llegando más escritos de testigos propuestos por Salvador —García Tuñón, Ossorio— y aun de otros —todos solicitados por él—, como los del prior del monasterio de El Escorial; el director general de Jurisdicción del Trabajo, Felipe Rodríguez Franco; y conocidos de Alicante del año 1934, como Paquita Paya, camisa vieja falangista; Navarro, director de Ferrocarriles Estratégicos y Secundarios de Alicante; Juan Carreras, importador de maderas; Eladio Bañón, de Correos; y Fermín Bronchal, procurador. En el de García Tuñón —exjefe de Información del Noroeste de España del Estado Mayor del Ejército del Norte durante la Guerra Civil— se refería cómo Gerardo había colaborado en la lucha antimasónica y hacía especial mención a que, a raíz de un incidente entre el padre de Gerardo y un oficial de la Guardia Civil en Herrera, él mismo había investigado, por encargo directo del ministro de Orden Público Martínez Anido, «todos los antecedentes tuyos y de tus familiares sin que pareciera ni remotamente nada relacionado con la Masonería»[237]. Aunque al pedir este testimonio Salvador se arriesgaba a que se interpretase que tal búsqueda podía tal vez haber estado relacionada con rumores de adscripción a la masonería de su padre y de él mismo durante la guerra, debió preferirlo al saber ya del resultado negativo de la misma.

Juicio y condena

La vista oral estuvo presidida por el general Saliquet, y actuaron de vocales ni más ni menos que el mismo Marcelino de Ulibarri, responsable del Servicio de Recuperación de Documentos; Juan José Pradera, falangista procedente del carlismo y serranista; el catedrático de Derecho González Oliveros; y el general Ricardo de Rada y del Peral, el general de ideología carlista más significado y de mayor pedigrí tradicionalista de todo el ejército.

Comenzó la sesión con el interrogatorio de Salvador por el fiscal y los vocales. Negó las acusaciones de que era objeto, añadiendo, sobre la incriminación de 1934, que «el señor Monge es un hombre de facundia, dicharachero ligero, que al encartado nunca le hizo ninguna sugestión para que ingresase en la secta»[238]. Achacó el documento de 1931, «el que aparezca un documento en el que se diga que pidió su ingreso en la secta […] a una venganza por su puesto de lucha en el Nuevo Estado». Consideraba a la masonería capaz «de perseguirle y atribuirle participaciones en la secta por su elevada situación en la política y más concretamente en su puesto de Delegado Nacional de Sindicatos». Repitió que no creía en la autenticidad de las cartas y que deseaba que se hiciese «o una prueba técnica, un careo, o una comprobación pericial sobre la fecha de su escritura». Concretó que el 10 de abril de 1931 (la fecha del primer documento) estaba en el servicio militar en Getafe, y acuartelado, por lo que no había podido haber pedido el ingreso. Y reafirmó que no tenía ninguna relación con masones. Concluyó asegurando que los documentos esgrimidos eran meros indicios y no pruebas. Y rectificó su abandono de la FUE, situándolo ahora en 1929, y «desde luego de una manera violenta».

Seguidamente, el fiscal, en su informe, se ratificó en sus argumentos, acusando a Salvador de haber sido en efecto masón y de no haberse retractado, por lo que pedía para él la pena de doce años de cárcel. Al serle concedida la palabra a Salvador, ahora actuando en su propia defensa, justificó su alegación sobre la competencia del tribunal en relación con la Ley de Fuero de Jerarquías contenida en su nota de descargo como obligada por la jerarquía del partido, sin que él estuviese de acuerdo, arguyendo que incluso había escrito al presidente de la Junta Política en ese sentido —en referencia a su renuncia al fuero—. Añadió que el proceso le estaba haciendo pasar «sus más amargos momentos, principalmente por la publicidad que el caso obtiene, sin duda debida al alto puesto que ocupa y por la lealtad que aplica en el servicio, que le han deparado múltiples enemigos y se ha llegado a decir que sus amigos amenazaban al Tribunal, lo cual sabe el Tribunal que es falso». Insistió en «la imposibilidad de prueba de las proposiciones negativas», por lo que había tenido que utilizar múltiples documentos que acreditaban su actuación contraria a la secta. Presentó una «respetuosa» protesta «por no haberse recibido la prueba testifical que pidió y por no habérsele dado exacto conocimiento de los cargos que se le imputan». Reseñó a continuación su vida, sin ocultar el «error» de su pertenencia a la FUE, hasta su nombramiento como delegado nacional. E infirió que si hubiese leído las cartas de 1934, «hubiera gestionado una información, todo menos una inhibición»[239], es decir, atribuyó al desconocimiento del contenido de las mismas su inacción de ese momento, que ahora veía que había sido un error.

En cuanto al documento de 1931, lo reputaba de falso. Y explicó —correctamente— que no pudo referirse a él en el pliego de descargos porque lo ignoraba. Por lo demás, siguió, entre 1931 y 1934 existía un largo lapso de tiempo del que no existía señal alguna sobre su pertenencia a la secta, lo que, habiéndose recogido las documentaciones masónicas de las provincias donde él había vivido, era significativo de su no participación.

Acabó su defensa realizando una argumentación por completo política y relacionada con la labor que venía desarrollando desde su cargo. Dijo que «difícilmente la Masonería habrá encontrado un enemigo más destacado que él. Que la radio inglesa se ha dedicado a difamarle a raíz de sus gestiones en Alemania. Que en España se ha seguido una sistemática campaña de difamación que obedece a una consigna». Y pidió «en nombre de Dios y de Franco que se haga la justicia que al Tribunal le dicte su conciencia», solicitando la plena absolución.

El fiscal intervino a continuación para recordar que la carga de la prueba la había realizado con el material documental, y que no interesaban al tribunal datos sobre otras actividades del procesado, Y que al juzgarlo iba a cumplirse sólo la ley.

Acabada la vista, éste de inmediato se reunió en sesión secreta para dictar sentencia, que emitió ese mismo día, el 23 de octubre de 1941.En ella se aceptaban las conclusiones del fiscal, y se establecía la pertenencia de Salvador a la masonería, así como la imposibilidad de aplicar circunstancias eximentes o excusas absolutorias al no haber realizado la declaración-retractación. Por todo ello, lo condenaba «como autor de un delito consumado de Masonería sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 12 años y un día de reclusión menor», más las accesorias, que incluían no poder ocupar cargos ni ejercer como notario: «Inhabilitación absoluta perpetua y separación definitiva de cualquier cargo del Estado, Corporaciones Públicas u Oficiales, Entidades subvencionadas y Empresas concesionarias, Gerencias y Consejos de Administración en Empresas privadas, así como cargos de confianza, mando o dirección de las mismas e inhabilitación para los referidos empleos». Además, acordaba remitir testimonio de la sentencia al Tribunal de Responsabilidades Políticas —competente para dictar penas de sanción económica a los condenados por delitos políticos— por las posibles responsabilidades civiles que de la sentencia pudieran derivarse.

Sin embargo, y seguramente ante la gran cantidad y calidad de los testimonios escritos favorables a Gerardo presentados ante el propio Tribunal Especial, y tal vez por atender al criterio de Pradera y evitar el escándalo y descrédito que caerían sobre el partido, acordó también solicitar el indulto del reo al Consejo de Ministros[240], aunque no se concretaba si debía ser total o parcial. Decía la sentencia en concreto sobre esto:

5.º Considerando.— Que cumplidas, como queda expuesto, las exigencias legales en cuanto a penalidad […] este Tribunal hace constar expresamente […] que la sanción que impone la reputa notoriamente excesiva, habida cuenta, de un lado, el escaso grado de malicia que el encartado revela en una anodina actuación masónica, luego ampliamente enmendada, y de que el daño causado es difícilmente valorable y ha sido reparado con creces. De otro lado y como reafirmación de estas dos exigencias legales del artículo 2.º del Código Penal, no olvida el Tribunal, antes bien pesa en su ánimo, que aún dentro de la sistemática de la Ley de 1.º de Marzo de 1940, se acoge esta falta de peligrosidad, esta reparación del daño, en los motivos informantes de las excusas absolutorias a, b y c [a: haber servido como voluntario en los frentes de guerra; b: haberse sumado a la preparación o realización del Alzamiento; y c: haber prestado servicios extraordinarios a la Patria] del artículo 10.Q, y si bien estas dos últimas [b y c] no puede prejuzgarlas por estar reservadas a más alto Organismo [el propio Consejo de Ministros], se ve imposibilitado de aplicarlas por expresa prohibición del artículo 9.º, sí desea aducir su posible manifestación como meros hechos que le inducen a buscar una ponderada aplicación de sanciones. En consecuencia, se acuerda acudir respetuosamente al Gobierno que dirige los destinos de la Nación con la indicación de la conveniencia de un indulto, en la medida que su superior y más complejo criterio le sugiera[241].

Si el objetivo de la denuncia contra Salvador había sido descabalgarlo de sus cargos políticos e impedir que prosiguiese sus actuaciones lesivas contra intereses económicos, patronales y de otro tipo, se acababa de conseguir. Otra cosa era mandarlo a la cárcel. De ahí, seguramente, la petición del tribunal. Y es que aunque el Consejo de Ministros lo indultase, sería imposible a nivel político que le permitiese seguir ejerciendo como delegado nacional de Sindicatos, consejero nacional y miembro de la Junta Política de Fet y de las JONS.

El tribunal pasaba, pues, la pelota al Gobierno, al Consejo de Ministros, en aplicación de las circunstancias previstas en los apartados b y c del artículo doce de la ley. Pero ese mismo artículo abría también la puerta a la posibilidad de interposición de recurso contra la sentencia ante el propio Consejo de Ministros en razón de «quebrantamiento de forma, error de hecho e injusticia notoria»[242]. Y antes de que el Consejo se pronunciase sobre el indulto, Gerardo Salvador, nada dispuesto a aceptar su condena, lo interpuso. Abogando simple y llanamente por la revocación de la sentencia. Ahora, debía pensar, conseguía que se dirimiese la cuestión de fondo, que era de tipo político, y dentro de un órgano político como era el Consejo. Debía confiar en el apoyo en su seno, en especial de Serrano Suñer —que tal vez se había comprometido con él[243]— y de Arrese, así como de Miguel Primo e Ibáñez Martín, ministros-falangistas. No, en cambio, de Girón de Velasco, que había hablado de su fusilamiento. Pero también debía de tener en cuenta su enemistad con Esteban Bilbao y Demetrio Carceller; y con los ministros militares: el procarlista y antifalangista Varela, el almirante Moreno y el general Vigón.

Formalizó su recurso el 1 de noviembre de 1941. Negaba que al hacerlo estuviese desconsiderando al Tribunal Especial que lo había condenado y aun agradecía a su presidente «todas las atenciones y deferencias de que dio muestra en el acto de la vista»[244]. Pero lo justificaba tanto por razones personales —restaurar su reputación gravísimamente dañada— como políticas —demostrar su inocencia al partido y a Franco—. Alegaba motivos de quebrantamiento de las formas del juicio, tales como que no se le hubiesen mostrado los documentos originales (las cartas de 1934 y el documento de 1931), sino copias mecanográficas; que no había habido dictamen pericial contradictorio de las firmas de los mismos; y que no se habían autorizado las pruebas testificales propuestas por él, en especial las de Correa Veglison y García Tuñón. En cuanto a errores de apreciación de las pruebas, señalaba los de haberle declarado masón con pruebas insuficientes. Cuestionaba además la aparición de la lista de 1931 durante el procedimiento y no haberla incluido en el pliego de cargos que se le había entregado, ni tampoco en la petición de suplicatorio a la Junta Política. Destacaba además su extrañeza por la aparición de esa lista. Y consideraba un error en la apreciación de las pruebas no tener en cuenta la falta de documentos sobre acciones masónicas suyas entre 1931 y 1934, así como dar valor a las cartas de 1934. De todo ello concluía que el tribunal no había probado que él fuera masón.

Finalizaba recalcando la intervención de Correa y Serrano Suñer en 1940, desechando las cartas de 1934 por irrelevantes, y repitiendo el argumento de que, de haber pertenecido a la secta, y conociéndose como ya se sabía de la existencia de aquéllas al promulgarse la ley de 1 de marzo de 1940, habría sido «tonto de solemnidad» al no haber presentado la declaración-retractación en el plazo fijado por la misma. También, terminaba, habría sido un «canalla» por seguir perteneciendo a la masonería en 1934, tras la muerte de su madre por marxistas. Y solicitaba la revocación de la sentencia.

De nada le sirvió: el 8 de noviembre de 1941 el Consejo de Ministros desestimaba el recurso sin dar ningún argumento y confirmaba la sentencia. Y en cuanto a la petición de indulto, lo concedía pero tan sólo en la conmutación de la pena de prisión impuesta —recordemos, de doce años de reclusión menor— «por la de confinamiento durante doce años, la que deberá cumplir en el lugar que al efecto designe la autoridad encargada de la ejecución de la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y por consiguiente separación definitiva de los cargos que actualmente desempeña comprendidos en dicha inhabilitación»[245]. Es decir, lo único que se le evitaba a Salvador era el ingreso en la cárcel. Continuaba condenado, inhabilitado… y confinado. Y cuando el tribunal fijase el lugar, sería, ni más ni menos, que la isla de Ibiza.

Nada sabemos de la discusión del caso en el seno del Consejo, si la hubo. Pero cabe pensar que Franco, que sentía una especial inquina contra la masonería, debía estar convencido de la justeza de la sentencia. Es más, debía pensar que las pruebas documentales eran contundentes. También es probable que el hecho de recurrir en el Consejo de Ministros lo incomodase, a él y a algunos ministros no falangistas. En cuanto a la actitud de los Serrano, Arrese, Girón y demás, nada han dejado en sus memorias sobre una posible deliberación allí. Tampoco existe rastro en las notas de Arrese, si bien él no escribió memorias de esos años. En todo caso, Gerardo Salvador se sintió muy molesto con Serrano, y consideraba que lo había abandonado. Pero recordemos que la decisión de renunciar a su fuero y al Tribunal Supremo había sido suya, aunque Serrano la aceptase y, tal vez, le prometiese socorro.

Serrano estaba «tocado» por su intervención en el asunto en 1940, y de hecho circularon rumores sobre su propia pertenencia a la masonería. Tengamos en cuenta que en ese mes de octubre el ministro de la Gobernación, el coronel Galarza —notorio antifalangista— envió una nota confidencial a Ulibarri —también notorio por el mismo motivo— en la que le contaba que «el comentario más extendido estos días es sobre la Masonería, asegurándose que los alemanes han descubierto todo el fichero de las sectas españolas que dependían de Praga y que allí fue donde se encontró la de Gerardo Salvador Merino. Con este motivo se está extendiendo el rumor de que ha sido encontrada una ficha masónica de Don Ramón Serrano Súñer [sic, por Suñer], haciéndose comentarios sangrientos. […]. Se insiste que el Sr. Serrano Súñer [sic] es el que defiende a Gerardo Salvador Merino queriendo relacionar esto en que ambos pertenecen a la secta»[246]. Todo ello resulta absurdo, ya que la documentación sobre Salvador estaba en el archivo de Salamanca, y además nunca había aparecido ninguna ficha. Pero que nos resulte así a nosotros no significa que el propio Serrano Suñer no tuviese que estar alerta, midiendo sus actuaciones.

También Correa Veglison estaba afectado, y en Barcelona corrieron rumores de una posible destitución[247], que quedaron tan sólo en eso. Pero Ulibarri —ambos eran carlistas unificados— aprovechó un intercambio epistolar para quejarse de su comportamiento en el asunto, acusándolo de haber puesto a Salvador sobre aviso en 1940, cuando era comisario general. Correa le replicó explicando su actuación de entonces y especificando claramente que creía que Salvador «no ha sido masón y he procurado difundirlo con esta convicción […] también sabes muy bien que se funda, entre otras cosas, en el conocimiento y amistad desde mi infancia con la familia, [y] en los Jesuitas». Ulibarri le replicó que «de los […] supuestos relacionados con este señor ya hablaremos cuando vengas por Salamanca»[248].

Pero no sólo Serrano y Correa estaban afectados. Con la sentencia el partido quedaba «tocado» al haber promocionado a Gerardo Salvador Merino a sus altos cargos en 1939. Debió significar un desastre sin paliativos. Sin embargo, y por otro lado, su desaparición de la escena política y su relevo de la cúpula de la Delegación Nacional de Sindicatos despejaba el proyecto de Arrese de abandonar retos y desafíos al Jefe Nacional Franco en pro de la falangización total, y, en cambio, adaptarse a la situación del partido dentro de la coalición autoritaria. Sin renunciar al poder total, pero supeditando su alcance a la voluntad del Caudillo. En este sentido la «defenestración» de Salvador completaba el giro dado por el partido tras la crisis de mayo de 1941. La del inicio de la construcción de la Falange de Franco[249].

Del confinamiento a la libertad y al indulto total (1942-1948)

Tras fijar el lugar de reclusión en Ibiza el 11 de noviembre[250], el juez ejecutor de la pena, el mismo Pereda, le concedió a Salvador veinte días para instalarse allí, dada la distancia con la Península[251]. Sin embargo, la familia de la esposa de Salvador, los Coderch de Sentmenat, y ella misma, se movilizaron para conseguir cambiar la ubicación y que para el confinamiento se designase una localidad de Cataluña, de donde eran originarios. A tal efecto, Fermina Coderch se entrevistó con Pilar Primo «sin sacar nada en claro», según su propia confesión[252], mientras su padre lo hacía con altos cargos militares y cerca de Carmen Polo de Franco. Obtuvo finalmente la fijación del lugar en Caleña de Palafrugell (Gerona), pedanía del pueblo de Palafrugell, en la que ya era conocida como «Costa Brava», y donde la familia tenía una casa de veraneo[253].

Como colofón de la condena, y de la voluntad anterior de Serrano y Arrese de mantenerlo en el cargo a lo largo del procedimiento, a principios de diciembre el Boletín del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS publicó el cese de Salvador como delegado nacional de Sindicatos, así como su expulsión del partido, en cumplimiento de la sentencia[254]. El 1 de enero de 1942 negó Gerardo a Caleña[255]. Aquí sería «discretamente vigilado» por la Guardia Civil, que le advirtió que no podía ausentarse de la localidad[256].

La pena y la reclusión comportaron auténticas dificultades económicas para la pareja, que tuvo que recibir la ayuda de sus familias. En cumplimiento de las penas accesorias, Salvador había sido dado de baja del escalafón notarial y tampoco podía ejercer como abogado. En julio de 1942, tras el nacimiento del primer hijo, después de «una larga, grave y costosa enfermedad de la madre», escribió a Gerardo a Franco alegando haber tenido que contraer «deudas relativamente cuantiosas y recargar, durante todo el año transcurrido, el presupuesto familiar de nuestros padres, nada holgado ya para procurar una decorosa subsistencia a sus numerosos hijos» y solicitaba que le levantase las accesorias, «que limitan e impiden la actividad profesional o mercantil del interesado y anular su baja en el escalafón notarial»[257]. No obtuvo respuesta.

El confinamiento, sin embargo, no impidió que el ministro de la Gobernación Galarza autorizase a Salvador visitar en algún momento el domicilio de sus suegros en Barcelona[258], o que el gobernador de Barcelona, Correa Veglison, fuese tolerante con las idas semiclandestinas de Salvador a la Ciudad Condal[259]. A finales de 1943, sin embargo, el ministro de la Gobernación Blas Pérez —amigo de Salvador—, le autorizó a trasladarse a Vilanova del Vallés, en la provincia de Barcelona; y un año después, a residir en cualquier localidad de la misma y moverse con libertad por toda ella[260].

Mientras tanto, a principios de 1944, había sido penado por la Sala de Primera Instancia del Tribunal de Responsabilidades Políticas a inhabilitación de cargos políticos y de confianza por doce años y al pago de 5000 pesetas de multa[261]. Sin embargo, seis meses después, y tras recurrir Salvador la sentencia, la Sala de Alzadas del mismo tribunal, presidida por uno de los vocales del Tribunal Especial que lo había condenado en 1941, Wenceslao González Oliveros, lo absolvió, considerando, valga la paradoja, «que el inculpado, aparte de una actuación efímera e intrascendente en la secta, se adhirió antes del Movimiento Nacional al ideario de José Antonio y tuvo méritos de guerra y cargos relevantes en el Nuevo Estado»[262].

La situación de confinamiento duró hasta que, a finales de 1944, el hermano mayor de Gerardo, José María, ostentando ya el grado de coronel auditor del Aire, solicitó audiencia al Generalísimo para plantearle la cuestión del indulto. Y lo obtuvo, si bien tan sólo parcial, en el sentido de que se suprimió el confinamiento, pero se mantuvo la inhabilitación especial para cargos de mando y de confianza, y se excluyó específicamente el ejercicio de la profesión de notario[263] desde el 22 de diciembre de 1944. Ello supuso un alivio considerable para Salvador, que obtuvo una notaría en la provincia de Barcelona, en la localidad por entonces denominada Sardañola del Vallés, sede de importantes industrias metalúrgicas o de construcción, como Uralita S. A., Rivière, y otras. Sin embargo, su periplo judicial duraría aún casi cuatro años más, hasta que el 22 de mayo de 1948 Franco decretó, y así fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, el indulto total y el borrado de antecedentes del Registro de Gerardo Salvador Merino[264].

En los años siguientes iniciaría una exitosa carrera como empresario, ostentando la presidencia de Motor Ibérica S. A., que compatibilizó con la presidencia desde 1959 y hasta su fallecimiento en 1971 de la de la Fundación María Francisca de Roviralta, instituida por los hermanos José María y Manuel Roviralta Alemany, antiguos propietarios de Uralita[265]. Nunca más actuaría en política. Su caso ha pasado a la historia del Régimen como el más emblemático a la hora de la utilización del arma antimasónica como instrumento de represión política, incluso dentro de la coalición autoritaria franquista. En su caso, como medio de eliminación de un enemigo político por sectores no falangistas del Bloque Político y Social de los vencedores.

3. Falangistas contra carlistas: los sucesos de Begoña de 1942 o cómo lo que tenía que ser un corte de cable telegráfico submarino en Algorta acabó en tragedia en Begoña

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Falangistas contra carlistas: los sucesos de Begoña de 1942 o cómo lo que tenía que ser un corte de cable telegráfico submarino en Algorta acabó en tragedia en Begoña

Si el asunto de Gerardo Salvador Merino enfrentó a sectores diversos de la coalición autoritaria franquista contra el partido, los sucesos de Begoña del domingo 16 de agosto de 1942 constituyeron la manifestación más importante de las tensiones que venían protagonizando falangistas y carlistas tras el fin de la Guerra Civil. No finalizaron con dichos sucesos, pero sin duda éstos —al incluir el lanzamiento de una granada de mano y provocar decenas de heridos, aunque ninguna muerte— fueron, como digo, los más graves. Igualmente fueron los que tuvieron mayor trascendencia política, ya que provocaron cambios de gran relevancia tanto en el gobierno como en el partido único. A consecuencia de los mismos fueron cesados los dos ministros de mayor peso específico de gabinete: Serrano Suñer, de Asuntos Exteriores, y el general Varela, del Ejército. Asimismo fue cesado el ministro de la Gobernación, el coronel Galarza. Y en Falange Española Tradicionalista y de las JONS perdió también Serrano Suñer la presidencia de la Junta Política.

A la hora de contextualizar lo sucedido en la explanada de la basílica bilbaína debemos tener en cuenta, en primer lugar, la voluntad decidida de una parte mayoritaria del carlismo de mantener su existencia y presencia públicas tras haber sido suprimida su organización —la Comunión Tradicionalista— a raíz de la promulgación por el Generalísimo y Jefe del Estado el 19 de abril de 1937 del llamado «Decreto de Unificación». Como sabemos, dicha norma había generado la resistencia de una parte de los falangistas, resistencia cortada de forma abrupta por las autoridades con la detención, procesamiento y condena de algunos de sus líderes más destacados, como el ex jefe Nacional de FE de las JONS, Manuel Hedilla. Pero de la misma manera, aunque menos visiblemente, la unificación había generado malestar entre los carlistas, aunque éstos no habían protagonizado actos de resistencia en los primeros momentos. Pero una parte significativa de la Comunión Tradicionalista, aunque había acatado el decreto, no lo cumpliría, esforzándose por mantener viva su organización. No hubo, pues, resistencia aparente, si bien esta oposición acabó siendo más importante que la falangista, cuya inmensa mayoría de miembros aceptaron el decreto. Una parte de los carlistas, los que no aceptaban la unificación —los llamados «intransigentes», frente a los llamados «unificados»— se esforzarían de manera subrepticia por mantener su personalidad, rudimentos de su estructura y celebraciones propias, organizando actos separados de los oficiales de un partido único que se las había apropiado.

Los intransigentes estaban encabezados ni más ni menos que por el último jefe-delegado de la Comunión antes de la unificación, Manuel Fal Conde, máxima autoridad y representante en el país del «monarca» carlista don Javier de Borbón-Parma. «Monarca» desde 1936, pero ostentando el título de «regente» tras ser designado por el último «rey» carlista, don Alfonso Carlos I, antes de morir en Viena. Un «rey» de quien don Javier era pariente lejano, residiendo él mismo en el sur de Francia. Tengamos en cuenta que la rama dinástica directa carlista se había extinguido con la muerte de don Alfonso Carlos I, fallecido sin hijos a los ochenta y siete años. Él había heredado la corona de su sobrino don Jaime —Jaime III—, el único y último biznieto varón de Carlos María Isidro —Carlos V, fundador de la «dinastía».

Pero, tal y como he dicho, no todo el carlismo era «intransigencia» ni cualquier otro sector de la organización había aceptado la unificación y participaría en el partido único. Se daba así una división interna que se prolongaría a lo largo del franquismo. Sin embargo, los sucesos de Begoña tendrían la virtud de reunir, aunque fuese momentáneamente, a todo el carlismo en la indignación. En el caso de los unificados, se tradujo en una cascada de renuncias a los cargos oficiales que venían ocupando en el Régimen.

Por supuesto que la división interna —y previa— carlista había sido aprovechada por Franco a la hora de imponer la unificación por decreto. Y desde entonces se había ahondado. El Generalísimo se había apoyado en la facción más pactista y flexible, la navarra, representada, entre otros, por el conde de Rodezno, el jefe-delegado anterior a Fal. Como consecuencia, sólo a él y a otros jefes de esta tendencia les había anunciado sus intenciones fusionadoras y sólo a ellos los había incluido en el primer Secretariado o Junta Política del nuevo partido único. Es decir, que a partir del decreto y en los años inmediatamente siguientes, en toda España había habido carlistas que participaban en FET y de las JONS como afiliados o militantes, o en cargos diversos en el partido y en el Estado —en direcciones generales, gobiernos civiles, jefaturas o secretarías provinciales del partido, etc.— o en el propio gobierno, incluidos cargos de ministros, como Rodezno y otros. Por el contrario, los intransigentes se abstenían de participar, protagonizando incidentes con falangistas al persistir en la preservación de su idiosincrasia y su organización, ya semiclandestina. Por supuesto, también eran objeto de ataques por parte de falangistas y sufrirían una represión más o menos blanda, aunque en absoluto comparable a la sufrida por los enemigos democráticos o izquierdistas del Régimen. Pero represión al fin y al cabo, la que implicó que Fal Conde tras volver de Portugal pasase años confinado en Sevilla o en otros lugares del país.

La división carlista no provenía toda ella de la unificación. Tenía algunas raíces en años anteriores, durante la Segunda República, y aun antes. Digamos que en los primeros años del período republicano, Rodezno, el jefe de la Junta Suprema Nacional de la Comunión Tradicionalista, se había mostrado partidario de la colaboración con el resto de fuerzas monárquicas, y, en general, derechistas, para acabar con el Régimen del 14 de abril. Hecho que plasmó en una política de trabajo conjunto en las Cortes —y fuera de ellas— en especial con los alfonsinos —los partidarios de la otra rama dinástica, la de los descendientes de Isabel II, considerada «usurpadora» por los carlistas—. De hecho, Rodezno y los suyos se mostraban proclives a la reconciliación entre ambas y la aceptación como futuro rey de donjuán de Borbón y Battenberg, el único hijo varón capaz, por sano, de Alfonso XIII. Eso sí, siempre que el alfonsismo renunciase al liberalismo y aceptase los principios tradicionalistas-carlistas. Por supuesto que a todo ello contribuían factores como el anti republicanismo visceral que compartían los dos linajes monárquicos; el giro antiliberal que venía experimentando el alfonsismo desde los años de la dictadura del general Primo de Rivera; y la propia y previsible extinción de la dinastía carlista, al ser el «rey» Alfonso Carlos I un anciano sin hijos. Sin embargo, al producirse en 1934 la sustitución de Rodezno por Fal Conde al frente de la Comunión, se había producido un radical cambio de orientación, con la reafirmación de los postulados de independencia del carlismo respecto de los demás sectores derechistas en general, el mantenimiento —ahora nada entusiasta y tan sólo táctico— de la colaboración con los alfonsinos y el rechazo de cualquier intento de reconciliación con ellos.

Así había llegado la Comunión al alzamiento de jubo de 1936, dividida en las dos tendencias que convivían en su seno, dirigida por un Fal Conde que negociaría hasta el último momento con los militares golpistas la participación carlista en el movimiento, tratando de conseguir que fuese éste favorable a los objetivos de la Comunión —la instauración de su monarquía—, mientras los dirigentes navarros se mostraban más flexibles y proclives a un entendimiento de mínimos con esos mismos militares. Fueron estos últimos los que al final propiciarían la colaboración de las milicias carlistas —los requetés— en la sublevación en aras de conseguir lo que consideraban prioritario y primordial: la destrucción de la República.

En este contexto resulta lógica y fundamentada la inclinación de Franco por Rodezno y su tendencia abierta a acuerdos a la hora de preparar y llevar a cabo la unificación. Pero mientras ese sector participaba en el nuevo partido único, Fal Conde y don Javier, si bien no condenaban públicamente la unificación, en el fondo no la aceptaban, y durante el resto de la guerra se mostrarían renuentes a cualquier colaboración. Fal, por ejemplo, se negó a aceptar el puesto de consejero nacional de FET y de las JONS en octubre de 1937. Y consideraba a Rodezno y a los otros miembros carlistas del Secretariado Político del partido único como apartados de la Comunión. Una vez acabada la guerra seguiría esforzándose en el mantenimiento del carlismo al margen de FET y de las JONS, dirigiendo además diversas cartas-manifiesto a Franco en demanda de la instauración de la monarquía tradicionalista.

Sin embargo, y de manera nada sorprendente, el hecho fue que una parte de los carlistas unificados se decepcionaron muy pronto por el resultado de la unión. Comprobaron que no ya sólo el diseño, sino también el propio desarrollo de partido único se estaba escorando de manera descarada hacia el lado del modelo fascista de Falange. Aquello llevó a la desesperación y aun al hastío a algunos de los más relevantes carlistas unificados, como el propio Rodezno, que dejó de asistir muy pronto a las reuniones del Secretariado Político del partido. Él y otros podían decir en privado que, más que una unificación, lo que se había producido y se estaba implementando era la absorción de la Comunión Tradicionalista por una FET y de las JONS que, en el fondo, no era sino un calco de la primera Falange, FE de las JONS. Tenían bastante razón, y más cuando al crearse los servicios —departamentos internos—, la gran mayoría de los responsables designados para dirigirlos habían sido falangistas, ex de FE. Lo mismo ocurrió con los cargos de jefes provinciales, incluso en algunos casos de provincias de claro predominio carlista antes de la guerra. Pero aun así una parte del carlismo continuó dentro del partido único, incomodados por la actitud «intransigente» del resto de tradicionalistas, con su indomable voluntad de seguir existiendo al margen de FET y desafiando en muchas ocasiones a las autoridades del partido y del Estado.

Éste es, pues, el contexto general, por la parte carlista, de los sucesos de Begoña de 1942, que se dieron durante una celebración en la que los intransigentes predominaban. A ésta la precedieron otras, también conflictivas, y realizadas en las semanas anteriores en la misma provincia, Vizcaya. Pero el 16 de agosto unos pocos falangistas acudieron con la intención de responder a lo que consideraban actos anti unificadores, o literalmente se encontraron con una concentración carlista, y se produjeron los hechos.

Los antecedentes de los sucesos de Begoña en el país vasco

LOS ANTECEDENTES DE LOS SUCESOS DE BEGOÑA EN EL PAÍS VASCO

Las celebraciones carlistas independientes de las organizadas por el partido único venían siendo una constante desde el fin de la Guerra Civil. Soban ser de tres tipos. Las más masivas eran los aplecs o grandes concentraciones conmemorativas anuales, algunas de larga tradición, como los que se celebraban en Montserrat (Barcelona) —los más antiguos, desde la segunda guerra carlista (1846-1849)—, Montejurra (Navarra) —de la época de la tercera guerra (1872-1876)— y los más recientes de Quintillo (Sevilla) —de la Segunda República, celebrado por primera vez en 1934—. Había sido en el período republicano cuando los aplecs habían adquirido especial significación, al convertirse en actos de reafirmación y, de hecho, en manifestaciones contrarias a ese régimen. Las demás eran las fiestas tradicionales carlistas, como el Día de los Mártires de la Tradición, cada 10 de marzo, que los intransigentes celebraban por separado del acto propiciado desde la unificación, en un claro boicot —a veces explícito y otras clandestino—. O las misas por los caídos de las unidades carlistas combatientes en la Guerra Civil, los tercios de requetés, o batallones propios. Los sucesos del 16 de agosto de 1942 se dieron en el curso de una de estas últimas, dedicada al Tercio de Nuestra Señora de Begoña y, como he dicho, celebrada en la basílica del mismo nombre, situada en las afueras de Bilbao.

Otras dos festividades carlistas habían precedido en el País Vasco a la de Begoña de 1942 y constituyeron sus antecedentes. Fue después de lo sucedido en ellas cuando el malestar entre los falangistas había crecido, propiciándose, como veremos, una llamada al respecto —al parecer disuasoria— desde la Vicesecretaría General del partido a la jefatura de la Vieja Guardia de la FET y de las JONS vizcaína. La primera había sido la misa oficiada el 25 de julio —día de Santiago, patrón de España y onomástica del «rey» Jaime III— en la iglesia de San Vicente Mártir del barrio bilbaíno de Abando, misa en memoria de «los Augustos Reyes de la Dinastía Legitima Española muertos en el destierro»[266]. La segunda y última había sido el 9 de agosto, en Tolosa, la antigua capital foral de Guipúzcoa, en conmemoración del sexto aniversario de la «liberación» (franquista) de la ciudad.

La de Abando había acabado con una gran manifestación carlista por las vías principales de Bilbao, y en su curso se produjo un altercado entre algunos de los jefes y oficiales (o ex oficiales) carlistas del ejército, que la encabezaban, y el jefe superior de policía de Bilbao, Aparicio. Según algunas versiones, éste, al tratar de impedir la marcha, había sido zarandeado y abofeteado por uno de aquéllos[267]. En previsión de lo que podía suceder, los gobernadores civiles de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava habían prohibido, por orden del gobierno, cualquier concentración, e impedido la organización de trenes especiales para llevar carlistas desde otras partes del país —especialmente desde Navarra y Cataluña— o del mismo País Vasco. De igual modo, habían colocado controles en las carreteras, impidiendo el acceso a la ciudad a coches particulares o camiones que llevasen tradicionalistas. Pero aun así muchos habían conseguido llegar a la misa, profusamente anunciada en pasquines y panfletos clandestinos intransigentes, y, a su fin, habían participado en la manifestación. En ella habrían desfilado hasta 4000 carlistas, recorriendo la Gran Vía y la plaza Circular de Bilbao, y se había producido el incidente con el jefe superior de policía, que después continuó intentando impedir la marcha al frente de fuerzas de orden público, sin éxito. La manifestación prosiguió por el Arenal hasta la plaza Nueva, donde se encontraba la sede carlista, con los manifestantes gritando «Viva el Rey», «Viva la España Tradicionalista», «Viva Cristo Rey», «Abajo los jefes estraperlistas»[268] y, según fuentes carlistas, también «Viva Fal Conde». Un orador había cerrado los actos en esa plaza refiriéndose, entre gritos de aclamación, a «Don Manuel Fal Conde, sustentador de las banderas de España»[269].

No conocemos las responsabilidades que se derivaron de estos hechos pero sí la afrenta que supusieron para unos falangistas, bilbaínos y no bilbaínos, que veían cómo un sector en teoría integrado en el partido único no sólo se situaba al margen del mismo, sino que además gustaba tanto de mostrarlo públicamente como de exteriorizar su descontento con el gobierno y el Régimen. También entre algunos sectores de la policía debieron de cundir la frustración y el enfado por la humillación sufrida por su jefe.

Dos semanas después, en Tolosa, las autoridades controlaron algo mejor la situación, pero los incidentes, escaramuzas y peleas entre carlistas unificados y otros del partido único —arropados todos por las autoridades provinciales y locales—, e intransigentes se habían sucedido durante toda la jornada. En especial, las autoridades del Régimen provenientes del tradicionalismo no estaban dispuestas a aguantar los gritos a favor de Fal. Según le contó el presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, Fernando Aramburu —un joven capitán de requetés[270] que permanecería poco en el cargo[271]—, al subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Antonio Iturmendi, ambos carlistas unificados, con anterioridad al acto había convocado a los líderes intransigentes a su despacho, tras interceptar una proclama que llamaba a los carlistas guipuzcoanos a ir a Tolosa que decía que «aún se puede salvar a España con el Carlismo y solamente con el Carlismo […] con la bandera de la legitimidad, hoy en alto mantenida por nuestro Regente Don Francisco Javier de Borbón Parma y su Delegado y único Jefe de la Comunión Tradicionalista Excelentísimo Sr. Don Manuel Fal Conde», y que manifestaba la energía y vitalidad de la Comunión «puesta en entredicho solamente por algunas plumas mercenarias y lacayas que, so pretexto de un falso patriotismo, procuran convertir su alta misión educativa en “estómagos agradecidos”»[272].

Allí les había espetado Aramburu que «estaba dispuesto a tolerar toda clase de gritos y de vivas, menos el de Fal», ya que consideraba el acto como carlista y no falcondista. Pero no sólo había mantenido la entrevista, sino que se había preparado para contrarrestar posibles disturbios. Así, el día 9, cuando a la salida de la misa se habían oído los primeros vivas a Fal Conde, Aramburu y los suyos, que acompañaban al gobernador civil, habían replicado con vivas a España y al Requeté, añadiendo un «¡Abajo los anglófilos!» que muestra la deriva que pretendían dar al asunto, presentando a los falcondistas como pro aliados. Todo ello, según su versión, con cierto éxito.

Pero no pudo evitar que en las horas anteriores y posteriores se produjesen escaramuzas por las calles tolosanas entre los allegados al partido único y Franco y los intransigentes, que tachaban a los unificados de «traidores, expulsados del partido [carlista], juanistas y gente de todo punto indeseable»[273]. Según un informe de la Dirección General de Seguridad, hubo grupos que recorrieron la ciudad gritando «Viva Fal Conde, Viva Cristo Rey y Viva el Rey», por lo que se produjeron tres detenciones, si bien los arrestados fueron puestos en libertad de inmediato —seguramente por la presión existente—, prosiguiendo los gritos «con mayor intensidad»[274].

Las dos celebraciones que acabamos de estudiar constituyen, como digo, los antecedentes de los sucesos de Begoña. Era un contexto de enfrentamientos y de cuestionamiento del partido único y, en definitiva, del Estado, en los dos actos del País Vasco, que venían a sumarse a otros que se venían dando en otros lugares. Como consecuencia, el malestar entre falangistas era tangible. Lo cierto es que, tras lo sucedido en Begoña, los intransigentes darían por hecho —en un panfleto de amplia difusión editado muy poco después— que era Falange la que había organizado la respuesta. Según escribieron, el delegado provincial de la Vieja Guardia de Vizcaya, José María Maiz Zulueta, ante los escasos elementos con que contaba para estar presente en el acto de Begoña e impedir una manifestación que, se creía, sería masiva, habría telefoneado al vicesecretario general Luna Meléndez para pedirle «refuerzos a Valladolid, Santander, Vitoria [las provincias limítrofes], etc.»[275]. Otra cosa es que hubiesen sabido que el general Varela iba a presidirlo, lo que, dado que éste no lo comunicó con antelación, era imposible. Y otra es, sobre todo, que, aparte de oponerse a autorizar la concentración, Luna hubiese organizado los sucesos. Cosa que no creo que sea cierta.

El tal Luna era de la Vieja Guardia, ex jefe provincial de Cáceres y consejero nacional de tiempos de José Antonio, que había pasado después a FET y de las JONS y, como hemos visto, había sido promocionado a raíz de la crisis de mayo de 1941 como número dos de Arrese, el ministro-secretario general del partido. Estaba también en muy buenas relaciones con Serrano Suñer, quien quizá había coadyuvado —si no impuesto— su ascenso[276] para mantener una baza dentro de la Secretaría General. Militar de profesión —en 1942 ostentaba el grado de teniente coronel de Infantería—, sus frecuentes apariciones en la prensa falangista recogían los exaltados discursos que pronunciaba en actos oficiales. Soflamas en las que podía afirmar, por ejemplo: «Cada vez que ocurre algo existe la costumbre de cargarlo todo a la Falange. Pues bien, camaradas, que nos dejen solos de una vez y si no lo hacemos bien, como decía José Antonio, que nos cuelguen del primer árbol del camino»[277]. En su caso, comulgaba con el lema de «Todo el poder para la Falange», compatible con el franco falangismo que tanto él como Arrese y el resto de jefes habían asumido tras la crisis y que él podía expresar públicamente pronunciando frases como «a los que hablen mal de Franco, contarles las costillas y rompérselas»[278]. El arzobispo de Valladolid, tras saber de un discurso de este tipo pronunciado en el Teatro Calderón de esa ciudad le había comentado a un diplomático inglés que consideraba a Luna un salvaje[279].

Tras los sucesos de Begoña proporcionaría a la policía noticia de la conversación sostenida entre Maiz y Luna un joven carlista Unificado y jerarquía del partido —consejero nacional y ex jefe provincial de FET y de las JONS de Vizcaya— José María de Oriol y Urquijo. Según él, en una declaración que también haría ante el consejo de guerra subsiguiente, «en honor a la verdad y costándole hacer esta manifestación por serle doloroso, tiene que manifestar que le llegan noticias de que se ha celebrado alguna conferencia telefónica entre el vicesecretario general Sr. Luna y el Sr. Maiz en relación al acto de Begoña y si se debía o no consentir por la Falange la celebración del referido acto»[280]. Por el contrario, el propio Maiz, al ser interrogado al respecto, sin negar la conversación telefónica, daría una versión diferente por completo, destacando el carácter disuasorio y apaciguador que habría tenido y afirmando que la orden de Luna de no inmiscuirse en nada había sido acatada. Orden que se recibió el 13 de agosto en la Jefatura Provincial de FET y de las JONS de Vizcaya, en Bilbao. Habría dicho Luna en concreto «que la Vieja Guardia de Vizcaya se comportara en relación con [el] proyectado acto Requeté con la mayor corrección, rehuyendo toda intervención que pudiera dar lugar al incidente más mínimo»[281]. Añadiría Maiz que al no haber podido atender la llamada en persona por encontrarse ausente, había llamado el día siguiente al vicesecretario general para «darle seguridades de que esta Vieja Guardia no habría de poner obstáculo para que la jornada del 16 de agosto transcurriera dentro del mayor orden y disciplina puesto que […] cualquier acto o desmán que se produjera redundaría en perjuicio de nuestra posición internacional y sería un tanto que se apuntase el enemigo de la acera de enfrente, máxime en estos tiempos en que, dejándose a un lado partidismos personales, se puede jugar alegremente con el destino histórico de España»[282]. Y todo indica que había sido así, ya que en los sucesos no estuvieron ni la Vieja Guardia falangista vizcaína ni tampoco refuerzos de provincias limítrofes, con la excepción de dos altos jefes vallisoletanos. Ninguna presencia masiva ni de contrarresto, por tanto. Pero la existencia del diálogo mismo indica que hubo consultas y mandatos sobre una posible aprobación del acto de Begoña, o incluso de intervención en él, que se habrían saldado con una orden contraria.

Sin embargo, la idea de una provocación urdida por los falangistas de Bilbao estuvo muy extendida, no sólo en el panfleto falcondista sino también entre la policía. Cuando el secretario general de la Jefatura Superior de Policía interrogó a Maiz le insistió al respecto preguntándole «si no obstante la posición por él adoptada en este asunto alguno o algunos de los elementos de la Vieja Guardia adoptaron acuerdos en sentido obstruccionista en relación a la fiesta de que se viene hablando y en tal sentido se cursaron órdenes a provincias». A lo que respondió aquél que no sabía nada, y que lo hubiera impedido a toda costa «acudiendo al auxilio de la Autoridad Gubernativa»[283]. Pero la idea del plan falangista la recogieron también informes diplomáticos italianos[284] que se enviaron desde Madrid una vez ocurrieron los sucesos.

Pero, como digo, ni la Vieja Guardia falangista bilbaína ni tampoco Maiz estuvieron en Begoña. Es más, alguno de ellos incluso salió de la ciudad ese día, tal vez para «curarse en salud» por si ocurría algo. Fue el caso del jefe provincial del Sindicato Español Universitario (SEU), Ricardo Villaamil Castillo[285], cabeza de un departamento joven y con frecuencia dispuesto a la acción directa escuadrista, es decir, violenta fascista.

En cambio, sí acudieron dos jefes falangistas de Valladolid con coche de servicio, y aun otro con falangistas madrileños que habían ido a Irún a recoger a dos camaradas que venían con un contingente de efectivos relevados de la División Azul, pero que tenían una misión diferente a cualquier acción contra la concentración carlista de Begoña. Todos coincidieron en la explanada de aquella basílica, pero si los primeros sabían del acto con antelación, los segundos le enteraron cuando ya había comenzado, y en la ciudad de Bilbao. Veámoslo.

Los falangistas que protagonizaron los sucesos de Begoña, sus movimientos antes de los hechos y las causas de su intervención en los mismos

LOS FALANGISTAS QUE PROTAGONIZARON LOS SUCESOS DE BEGOÑA, SUS MOVIMIENTOS ANTES DE LOS HECHOS Y LAS CAUSAS DE SU INTERVENCIÓN EN LOS MISMOS

A las once y cuarto de la mañana, con la aparición en el santuario de Nuestra Señora de Begoña del ministro del Ejército, el teniente general Varela, comenzó la misa de conmemoración de los caídos del Tercio de Requetés del mismo nombre. Cuando el general llevaba ya un rato en el interior del templo, llegaron, en diferentes momentos, dos coches con matrícula del partido único. El primero era el FET 565, de Valladolid, que conducía el chófer Eugenio Moretón Soriano, y en el que viajaban Hernando Calleja García y Eduardo Berastegui Guerendiain. Procedían del domicilio de los padres del último, situado en la fábrica propiedad de la familia, —Munitis, fábrica de fideos—, situada en el camino del Carmelo, sin número, no muy lejos de allí. Aunque Calleja y Berastegui eran vascos, los dos eran jerarquías del partido en Valladolid. El primero, secretario provincial de FET y de las JONS —es decir, era el número dos del partido, tras el jefe y gobernador civil—, y esos días, además, ejercía como jefe provincial en funciones, por lo que usaba coche oficial. También, accidentalmente, de delegado gubernativo[286]. Todo ello por la ausencia del gobernador y jefe titular, que estaba de vacaciones. Además, ejercía de inspector nacional de Excombatientes —por lo que tenía buenas relaciones con José Antonio Girón de Velasco, el ministro y delegado nacional—, y aun de secretario provincial de la Vieja Guardia de esa provincia. Había nacido en Orduña (Vizcaya), tenía veinticuatro años, era profesor mercantil y estaba soltero. Había sufrido heridas graves durante la guerra[287]: la pierna izquierda le había sido amputada y el brazo y el ojo del mismo lado inutilizados[288], por lo que usaba muletas de hierro y gafas[289]. Como consecuencia, disfrutaba de la condición de teniente provisional de Infantería-Mutilado Permanente del Cuerpo de Mutilados del Ejército. Esto le acabaría salvando la vida. Acudió a Begoña armado con una pistola FN del 9 corto, que llevaba escondida bajo el sobaco en una cartuchera.

También era vasco y residente en Valladolid el otro ocupante del automóvil con matrícula FET 565, Berastegui. Nacido en Irún, contaba la misma edad que Calleja, era abogado y estaba igualmente soltero. Vivía desde hacía unos meses en la ciudad del Pisuerga por estudios[290], y ocupaba allí, en Sindicatos, los cargos de vicesecretario provincial de Ordenación Social y, en funciones, el de jefe provincial de la Central Nacional-Sindicalista (CNS). Era consejero nacional del SEU y antes, entre 1939 y 1940, había ejercido como jefe provincial del sindicato estudiantil falangista oficial en Vizcaya[291], por lo que era bien conocido en el partido de allí. Es decir, de la misma manera que Calleja, era un jerarca falangista de nivel provincial. Había sido alférez de Infantería, pero estaba licenciado. Algunos testimonios señalarían haberlo visto armado, con una pistola marca Astra, o una Star, o con las dos, incluso. Él lo negaría.

Sus altos cargos provinciales de FET y de las JONS les debía hacer sentirse seguros y protegidos por su fuero específico[292], la Ley de Fuero de Jerarquías[293]. Pero no les serviría de nada, ni durante la refriega que iban a protagonizar, ni en las detenciones subsiguientes que sufrirían, ni, sobre todo, en el proceso al que serían sometidos de inmediato, para su gran decepción. La misma que se llevarían los del otro coche, el de matrícula FET 51[294], como veremos más adelante.

Calleja y Berasategui declararían después a la policía y al juez haber ido a la ciudad exclusivamente para asistir a la corrida de toros que iba a celebrarse esa tarde en un Bilbao en fiestas. Pero en realidad habían salido —con una hermana de Calleja, María Mercedes, y el chófer— el martes anterior, día 11, de Valladolid hacia Bilbao. Una vez allí, el coche había llevado a Berasategui a su casa, y se dirigió después a Orduña[295], a casa de los Calleja. El día 13, sobre las doce de la mañana, había llamado Hernando por teléfono a Bilbao, y si bien la investigación posterior no lograría esclarecer a quién, sí se supo que finalizó la conversación con un «hasta el domingo»[296]. Ese mismo día, los Calleja y el chófer pernoctaron en casa de Berastegui, en la fábrica de fideos. Pero antes o después de llegar al domicilio habían sido vistos a las seis y media, con el coche, en la basílica de Begoña, a la cual entraron Calleja, su hermana y Berastegui unos momentos[297]. Al día siguiente, el viernes 14, habían salido todos hacia San Sebastián, y de allí hacia Fuenterrabía e Irún, donde pernoctaron[298]. Regresaron a Bilbao, de nuevo a casa Berastegui, el sábado 15 por la noche, y ordenaron al administrador de la fabrica[299] que les comprase entradas para la corrida del lunes, ya que no las habían podido conseguir para la del domingo.

El día 16, el de los sucesos, se levantaron a las diez de la mañana, y salieron Berastegui, Calleja y el chófer a las once y cuarto[300] u once y media[301] diciendo que iban a oír misa a Bilbao, pero en realidad se dirigieron al santuario de Begoña, no muy lejos de allí. Esto extrañó a la esposa del administrador, que declararía que «marcharon […] a misa a Bilbao, aunque la dirección que tomaron fue hacia Begoña»[302]. Dejaron a la hermana de Calleja, y le dijeron que cuando acabase de arreglarse y de oír misa pasarían a buscarla para ir a Bilbao[303], lo que resulta raro, ya que todos pretendían, en principio, hacer lo mismo. Parece como si hubiesen querido dejarla al margen, en previsión de incidentes.

Pero está claro a qué fueron a Begoña: a reafirmar, con su presencia y gritos, al partido único. Sabían que iban a darse gritos «subversivos intransigentes» o falcondistas y que aquello podía convertirse en otro Abando o Tolosa. No estaban dispuestos a tolerarlo. Ellos eran bilbaínos, pero también y sobre todo jerarquías, y creyéndose amparados por sus cargos estaban listos para responder a las manifestaciones que seguro iban a darse con sus propios gritos, los «oficiales».

No previeron lo que les iba a ocurrir. Y casi mueren en el intento, linchados por una multitud embravecida que acababa de recibir el impacto de una granada de mano… Que no habían lanzado ellos, aunque la gente no lo supiese. Por supuesto, después de los incidentes, ya no regresarían a la fábrica a buscar a la hermana. Dormirían en la cárcel de Larrinaga.

El segundo coche falangista que llegó a Begoña, después del de Valladolid, provenía del centro de Bilbao y llevaba la matrícula FET 51 de Madrid. Una parte de sus ocupantes habían salido de la capital de España el miércoles anterior, 12 de agosto, en dirección a Irún con objeto de recibir al día siguiente a un contingente de voluntarios de la División Azul que llegaban de Rusia tras ser relevados y que iban a ser definitivamente licenciados. Llevarían a dos de ellos de vuelta a la capital, a dos antiguos camaradas de estudios, de Deportes del SEU y de la propia División Azul, Mariano Sánchez-Covisa Carro y Virgilio Hernández Rivadulla. Quienes viajaron desde Madrid eran, en primer lugar, Jorge Hernández Bravo, de veintiséis años, soltero, estudiante y jefe nacional de Deportes del SEU, en representación del jefe nacional del sindicato José Miguel Guitarte, enfermo esos días[304] y al servicio del cual estaba el vehículo. Guitarte habría sido, de acudir, el representante, a su vez y para la ocasión, del ministro secretario general del partido Arrese, por lo que Jorge asumía tal representación. Hacía pocos meses que había regresado del frente ruso, donde había sido cabo de la Compañía de Esquiadores, la protagonista de la operación del lago limen[305], una operación en la que habían asimismo participado los dos camaradas que iban a recoger. Era quizás desde su vuelta cuando colaboraba —con el nombre clave de V Jorge— con la Sección II KO Spanien del servicio secreto militar alemán Abwehr, bajo órdenes del teniente coronel Fritz Hummel[306], jefe de la sección de sabotajes (Ref [Referat] II KO Spanien), dedicada a la voladura de buques enemigos en Gibraltar y puertos españoles[307].

Lo acompañaban en el coche su número dos y secretario nacional de Deportes del SEU, Luis Lorenzo Salgado, también ex divisionario y de la Compañía de Esquiadores, de veintiséis años, herido y mutilado (aunque con lesiones no visibles, en el estómago)[308] en la primera acción de esa pequeña unidad, que no se había distinguido como la más conocida del Ilmen. Lorenzo era originario de Lugo y licenciado en Ciencias Químicas. Completaba el pasaje, aparte del chófer, otro cargo de Deportes del SEU, Juan José Domínguez Muñoz, inspector nacional de este servicio, sevillano, casado, de veintiséis años y estudiante. Pero el suyo era un cargo aparente, de cobertura de actividades en la misma Sección KO II de la Abwehr, con el nombre clave de V Do, y era un agente «especialmente acreditado»[309].

Domínguez había sido un camisa vieja distinguido, condecorado por el propio José Antonio —junto con otros veinte escuadristas— con el aspa blanca, condecoración al valor inferior en grado a la palma de plata[310], por su participación en los hechos de Aznalcóllar, pueblo minero sevillano en el que en el mes de abril de 1935 tres coches de falangistas hicieron una incursión después de que cuatro de los suyos fueran expulsados de la localidad por vender el número 6 de Arriba[311]. La batida se había saldado con un falangista y un lugareño muertos. En el juicio, en el que cuatro de ellos fueron condenados, habían sido todos defendidos por José Antonio. Durante la Guerra Civil, fue jefe de una centuria combatiente y después alférez provisional de Infantería destinado en el Tercer Batallón del Regimiento de Tenerife n.º 38. Allí había sido declarado en rebeldía tras desaparecer en julio de 1937 y creerse que se había pasado al enemigo. Al finalizar la guerra lo encontró un oficial del batallón, que lo arrestó, y fue procesado y recluido en Prisiones Militares. Había acabado absuelto al no haber resultado los hechos probados[312]. La versión de algunos oficiales de su unidad en este sumario era la de que, tras una discusión con un superior, Domínguez había dicho que iba a pasar las líneas cargado de granadas para acabar con la vida del máximo número de enemigos, y de paso con la suya propia, y desapareció instantes después, sin que se oyese explosión alguna. En cambio, en su versión había sido hecho prisionero «por los rojos». Lo cierto es que pasó parte del resto de la guerra internado en campos y prisiones republicanas hasta que consiguió evadirse, llegar a Madrid, colaborar con la 5.ª Columna franquista y pasar de nuevo las líneas en enero de 1939 ahora a la Zona Nacional. Hombre de acción, su responsable en la clandestinidad madrileña durante la guerra, Jesús Laporta Girón, lo describía como una persona que pasaba de estados de depresión a otros de gran excitación, e incurría en contradicciones en los asuntos más pueriles, habiendo recibido al efecto asistencia facultativa[313]. Era, sin duda, un hombre arrojado, de gran valor e inestable.

Tras el incidente había continuado de alférez provisional[314], y se le adscribió a las Milicias del partido y después a la Delegación Nacional del SEU, con un cargo de inspector nacional, cuyo delegado era Jorge Hernández Bravo. Éste, como acabamos de ver, igualmente colaboraba con el Abwehr, si bien a la vista de los informes alemanes y estadounidenses, con menos actividad que Domínguez. El cargo le permitió moverse por España, lo que resultó fundamental en su labor de cooperación con el servicio alemán. En concreto, en enero de 1942, él y otro agente español llamado Emilio La Plaza (de nombre clave Buena)[315], residente en Algeciras, ambos bajo las órdenes de Blaum —segundo de Hummel—, sobornaron a trabajadores españoles de los astilleros de Gibraltar y les proporcionaron explosivos para volar un lancha motora (speedboat) británica[316]. También protagonizaría otro intento de sabotaje el mes de febrero siguiente[317]. Al parecer, más adelante sería detenido al entregar unos artefactos a un patrón de pesca en Algeciras destinados a volar un buque de guerra inglés en Gibraltar, por lo que fue arrestado, si bien la causa acabó sobreseída. En mayo de 1942 se le había concedido el licenciamiento del ejército «por haber encontrado un destino en la vida civil»[318]. No era, pues, oficial en activo al participar en los hechos de Begoña. En realidad, la presencia de Domínguez en el coche era debida a que, aprovechando el viaje de recogida de los dos divisionarios, iba, con Bravo y los demás, a realizar un nuevo sabotaje, esta vez a en la playa de Guecho, como explicaré más adelante.

El último de los ocupantes del automóvil era el chófer de servicio de la Delegación Nacional de Transportes del partido, y se llamaba Roberto Valero Fernández. Era natural de Moratalla (Murcia), estaba casado y contaba treinta y tres años de edad. Y como el resto de los ocupantes del vehículo, residía en Madrid.

Como he adelantado, los dos camaradas de la División Azul que iban a recoger a Irún eran, como Hernández Bravo y Lorenzo, miembros de la Compañía de Esquiadores. En realidad, al inscribirse en esa división y ser literalmente los primeros —por trabajar en el mismo edificio de la Secretaría General del partido, donde se efectuó el alistamiento, en la calle Alcalá, n.º 44—, cuál fue su decepción cuando se les destinó a Sanidad. Bravo y Lorenzo eran estudiantes de Ciencias Químicas, y en relación con la guerra química se les asignó a ese Cuerpo. En él habían pasado los cuatro la primera parte de su estancia, hasta que el capitán de Corbeta Manuel Mora Figueroa, ayudante del general Muñoz Grandes, consiguió la creación de la Compañía, e ingresaron todos en ella gracias a sus relaciones con los falangistas[319].

Virgilio Hernández Rivadulla era estudiante, de veintiún años, y estaba soltero. Provenía de Madrid, como Sánchez-Covisa, dos años mayor que él y estudiante de Ciencias Químicas. Ambos habían pertenecido, como he dicho, a la Delegación de Deportes de la Jefatura Nacional del SEU, de la que Rivadulla ocupó el cargo de jefe de la Sección de Prensa y Propaganda, y sin que conozcamos el cargo ocupado por Sánchez-Covisa. Eran también antiguos compañeros de estudios de algunos de los que los iban a recibir[320].

Una vez el tren que llevaba a los divisionarios había pasado la frontera por Irún se les había ofrecido un refrigerio. Se encontraron los cinco, y los procedentes de Madrid informaron a los dos recién llegados que habían ido allí para recogerlos y que habían pasado antes por sus domicilios familiares para llevarles ropa de paisano. Abandonaron pues el tren para encaminarse, ese mismo jueves, 13 de agosto, a San Sebastián en el coche —ahora con seis ocupantes—. Allí pasaron la noche y buena parte del día siguiente, cuando acudieron a despedir a la mayoría de los de la División que partían hacia Zaragoza —donde finalizaba la expedición de repatriación donde permanecieron con unas chicas del SEU[321]—. En esa ciudad y esa mañana podrían haber coincidido con los falangistas del otro coche si nos atenemos a las trayectorias que siguieron los dos vehículos esos días, pero aquello no sucedió, aunque la sentencia del consejo de guerra que los acabaría condenando a todos referiría que se habían puesto de acuerdo allí o en Bilbao para actuar juntos en Begoña. Ellos, en cambio, nunca reconocerían coordinación o contacto previo alguno, lo que parece por lo demás del todo cierto ya que, con algunas excepciones —como la de Hernández Bravo, que dijo conocer a Berastegui por haber sido éste anteriormente jefe provincial del SEU, lo que corroboró el otro, que afirmó también conocer al chófer Valero[322]— los pasajeros de los dos coches se conocieron durante los sucesos y, sobre todo, una vez finalizados. Ni más ni menos que en la Casa de Socorro de Bilbao o en la cárcel de Larrinaga.

Pero que los del coche de Madrid no conociesen o no estuvieran coordinados con los de Valladolid no significa que lo que declararon a la policía y al juez sobre lo que hicieron en Bilbao antes y después de los sucesos fuese del todo cierto. Tenían algo muy importante que ocultar. Manifestaron haber salido de San Sebastián a las cuatro de la tarde del viernes 14 para ir a Bilbao —lo que era cierto— a pasar unos días de asueto antes de regresar a Madrid[323], aprovechando las fiestas[324]. De hecho, buena parte de lo que hicieron allí lo confirma. Del clima de diversión en el que vivieron es reflejo la fotografía festiva que se tomaron[325] esos días.

Declararon haberse alojado en la Pensión Arizmendi, en la calle de la Ribera n.º 4, cuarto piso, junto al río Nervión, lo que era cierto. Y que esa misma noche, tras permanecer hasta tarde en las barracas de la feria, se habían dividido. El chófer y Sánchez-Covisa se fueron a dormir, mientras Rivadulla y Lorenzo y «dos chicas que conocieron en la feria se fueron a pasar el resto de la noche a una casa que» uno de ellos, Rivadulla, dijo «no conoce y que ignora en la calle en la que se halla situada»[326]. No era capaz de señalarla porque la había encontrado durante la noche gracias a un sereno, y la había abandonado al alba para volver a la pensión[327]. Además, según él, «los otros dos amigos que les acompañaban debieron hacer lo propio ya que los vieron acompañados de otras dos mujeres»[328]. Antes de separarse habían convenido reunirse el día siguiente en el café La Granja de la plaza de España. Y ya el sábado, en el café, fueron a Las Arenas a bañarse y a almorzar, y se desplazaron después en el transbordador a Santurce, donde cenaron y encargaron almuerzo en el mismo restaurante para el día siguiente, domingo 16. De nuevo en Bilbao, tras ir al cine, se acostaron todos en la pensión.

Siempre según su declaración, a la mañana siguiente Rivadulla y el chófer habrían ido a Correos a enviar, el primero, telegramas a su familia y a la de Domínguez, así como a realizar una conferencia telefónica a Madrid para hablar con su madre y hermano. Después habrían ido todos, excepto Sánchez-Covisa, desde la pensión hasta la plaza de Arriaga a comprar entradas para la corrida de toros de aquella tarde, para la que los vallisoletanos no habían conseguido. Y allí habría sido cuando supieron del acto de Begoña, aunque habían planeado ir a contemplar la vista de Bilbao desde el monte Archanda. En concreto, habrían sabido del acto mientras hacían cola para comprar las entradas, que de verdad adquirieron y guardó Luis Lorenzo Salgado[329]. Se lo comunicó un conocido de Domínguez que se les había acercado vestido de militar, con galones de cabo provisional y emblema de la División Azul en el brazo. Según Rivadulla, el cabo —que después, en el sumario, sería identificado— les habría comentado que en Begoña se estaba desarrollando una manifestación donde se gritaba «Viva el Rey», «Viva Fal Conde» y «Abajo los traidores», pero esto último parece un añadido ex post facto. Ellos decidieron acudir, camino a Archanda[330]. El resto de ocupantes del coche de Madrid, con la excepción de Sánchez-Covisa, que declaró (falsamente) no haber ido a Begoña —algo que sus camaradas corroboraron para ayudarlo a «escaquearse»—, explicarían a la policía, al juez, e incluso, después, a Arrese, cómo se detuvieron en Begoña al comprobar que habían muchas boinas rojas, camisas caquis y pancartas con lemas «subversivos».

Pero el relato de sus andanzas de esos días que declararon a la policía, que era en buena parte cierto, omitió un hecho fundamental. Ocultaron un aspecto de su actividad en Bilbao que, de saberse, habría resultado muy contraproducente para ellos en la causa judicial que se les incoó, y aun en otras. Aparte de lograr «escaquear» a Sánchez-Covisa de los sucesos en los que realmente participó —con lo que se libraría de ser condenado—, nada dijeron de algo más que habían hecho durante el día y medio pasado en Bilbao y que explica la razón por la que Domínguez se había unido a la expedición a Irún, de acuerdo con Bravo y Lorenzo: cortar el cable telegráfico que unía Bilbao —por la playa de Guecho— con Inglaterra.

Ésta había sido la sorprendente propuesta que les habían hecho a los dos recién llegados a Irún los del coche de Madrid al recogerlos. A ellos, dos camaradas con fama de «lanzados» y «echaos p’alante» que regresaban del frente ruso. Pero no sólo había sido una propuesta, sino que Virgilio Hernández Rivadulla se sumergió en el mar con la intención de cortar el cable de comunicación. Lo hizo el día anterior o a primera hora de la mañana del mismo día de los sucesos. Sin embargo, tras zambullirse, comunicó a Domínguez y a los demás camaradas la absoluta imposibilidad de cortarlo, por estar a metro y medio de profundidad, no haber traído ningún tipo de material de inmersión, y ser por completo insuficiente como herramienta de corte la sierra de marquetería que habían transportado con ellos desde Madrid[331].

También en esos días les hablaron a los dos recién llegados de otro proyecto, en Algeciras, para volar un gran buque de guerra inglés que allí se encontraba atracado y para cuya operación, les dijeron, sí se contaba con equipos de inmersión. En resumen, que lo que ocultaron en sus declaraciones los del coche de Madrid explica la presencia del agente al servicio de los alemanes, Domínguez, y del otro, Bravo, en Irún y en Bilbao. Otra cosa sería su intervención en Begoña, que no estaba programada y en la que, como veremos, actuarían de manera espontánea.

Si dejamos al grupo de madrileños y volvemos a los del coche de Valladolid vemos cómo sus ocupantes también trataron de engañar a la policía, pero en su caso simplemente ocultando sus intenciones. Dijeron haber llegado a Begoña de manera casual, ya que pasaban por allí procedentes del domicilio de Berastegui, y que al observar que se celebraba misa y había una concentración carlista habían decidido quedarse. Una versión muy poco creíble, como hemos avanzado, porque Mercedes Calleja tenía intención de acudir a un servicio religioso y no la llevaron con ellos. Y también la esposa del administrador de la fábrica donde se alojaban se había extrañado del camino que tomaba el automóvil al marchar. Por otra parte, un testigo afirmaría que habían efectuado una visita al lugar —en lo que podía haber sido un reconocimiento— tres días antes. Y Calleja iba armado, así como seguramente también Berastegui[332]. Este hecho no se aviene mucho con la simple intención de oír misa, aunque ninguna de esta o estas armas de fuego acabase siendo disparada durante los incidentes[333].

Por todo ello considero más que probable que Calleja y Berastegui sí acudiesen a Begoña con premeditación, dispuestos a contrarrestar con sus gritos los previsibles de los carlistas intransigentes y sintiéndose amparados por los cargos que ocupaban y los fueros que los protegían. Tal vez supliendo con su presencia a sus camaradas de la Vieja Guardia bilbaína y sin sentirse ellos en concreto obligados por las presuntas órdenes de Luna de no acudir allí. A favor de ello se encuentra lo que le dijo Calleja a uno de los presentes al llegar a la explanada de la basílica: que «iban a ver lo que hacían estos carcas»[334]. Pero fue aún más lo que hicieron de inmediato, tras salir del templo, quedarse en la explanada y replicar —al parecer Berastegui primero[335]— con los gritos «legales» y reglamentarios —«Arriba España» y «Viva Franco»— a los «subversivos» —«Viva el Rey», «Viva Fal Conde», etc.— que pronunciaban los carlistas.

En medio de la trifulca que se organizó al ser agredidos tratarían de esgrimir sus jerarquías para protegerse. Es más, Berastegui, ex oficial, consiguió liberarse y fue a quejarse al gobernador militar que acompañaba al ministro Várela de las agresiones que estaban sufriendo él y su camarada, argumentando la legalidad de su comportamiento al enfrentarse a los gritos prohibidos. E instantes después de que la policía y algunos requetés consiguieran salvarlos del linchamiento evacuándolos en coche tratarían de presentar una denuncia en comisaría contra los falcondistas por lo ocurrido.

Sin embargo, las cosas acabaron siendo mucho más graves. Y ello debido a que el coche FET 51, el de Madrid, había llegado a la explanada justo cuando los gritos carlistas arreciaban. Descendieron sus ocupantes, se dirigieron a la explanada, contemplaron las pancartas y decidieron marcharse —«asqueados», según propio testimonio— por lo que estaban presenciando, es decir, una concentración carlista con lemas «subversivos» y proclamas del mismo signo. Pero entonces escucharon los gritos «oficiales» pronunciados por Berastegui y Calleja, vieron que los dos falangistas comenzaban a ser agredidos por la multitud, e intervinieron en ayuda de sus camaradas. Y, como ocurrió con los dos de Valladolid, pronto se vieron desbordados, recibiendo puñetazos, golpes de bastón, de asta de pancarta, culatazos de pistola e incluso navajazos. Calleja recibió algunos. Y, en medio de la lucha y cuando ya flaqueaban sus fuerzas, estalló una granada de mano que provocó, primero, una auténtica estampida, y después, el redoblamiento de los ataques contra los falangistas, hasta que a duras penas pudieron ser rescatados y evacuados en coche por policías y algunos requetés, en medio de una situación de enorme dramatismo, con decenas de carlistas —hombres, mujeres y niños— tendidos en el suelo.

Antes de tratar en profundidad la cuestión de quién lanzó la granada —que avanzo ya que fue Juan José Domínguez— y de dónde había salido, recapitularé para recalcar que los dos coches falangistas no habían acudido de manera coordinada a Begoña. Y que tampoco fueron a realizar un atentado contra el general Várela y las autoridades presentes. Todo lo contrario de lo que argumentarían este ministro y otros destacados asistentes, y de lo que difundirían ampliamente los carlistas, tanto falcondistas como unificados sin distinción. La convicción de ser víctima de un atentado sería también lo que motivaría que Varela y Galarza realizasen una serie de movimientos que les acabarían costando sus cargos, al considerar Franco que se habían extralimitado en sus atribuciones y actuado con excesiva independencia. Aunque, como sabemos, no sólo los cesó a ellos sino que, por razones complejas que explicaré más adelante, también a Serrano Suñer. Todo ello —el cese de tres ministros— en medio de una crisis sin precedentes en la hasta entonces corta historia del Régimen.

Los sucesos de Begoña del 16 de agosto de 1942

LOS SUCESOS DE BEGOÑA DEL 16 DE AGOSTO DE 1942

Examinemos ahora en detalle lo que ocurrió en Begoña el domingo 16 de agosto de 1942. La misa había comenzado a las once y cuarto. Dentro y fuera del templo se congregaban centenares de carlistas en un ritual repetido cada año desde el fin de la guerra. Como sabemos, el primer coche falangista en llegar había sido el de Valladolid, cuando la misa ya había comenzado, con Calleja y Berastegui —ambos vestidos con, al parecer, camisa azul y americana blanca[336]— y el conductor Moretón. Según un testigo, tras recibir unas «señales raras» de los que acababan de salir del vehículo, el chófer situó «el coche en dirección contraria a todos los demás», es decir, encarado hacia la carretera, lo que infundió sospechas a un cabo de la guardia civil, ayudante del chófer y escolta del general Várela[337]. A continuación, Calleja y Berastegui entraron en la basílica[338]. «Unos minutos antes de la terminación de la misa»[339] llegó el segundo coche, el de Madrid. Descendieron Hernández Bravo, Domínguez, Lorenzo, Hernández Rivadulla y Sánchez-Covisa y, según un testigo, uno «con uniforme militar sin prenda de cabeza»[340], que otro testigo describió como «uniforme de la División Azul»[341] y que podría ser el cabo de esta unidad por el que habían sabido de la celebración del acto requeté[342]. Quedó en el vehículo el chófer, Valero.

Calleja y Berastegui fueron de los primeros en salir de la iglesia y se situaron frente a las escalinatas, hacia el centro de la explanada y frente a la puerta de la basílica, cerca del primer árbol de la hilera de la izquierda. Saludó Calleja a un comisario de policía que estaba de servicio y al que conocía de Valladolid, Víctor Caudevilla Gorrindo, y se lo presentó a Berastegui, Departieron unos cinco minutos todos ellos. En algún momento posterior había llegado el otro coche y sus ocupantes bajaron. Los madrileños iban vestidos con camisa blanca y americana del mismo color, o gris, seguramente de la misma manera que aparecen en la foto que se tomaron esos días. Los dos grupos no se mezclaron, sino que estaban distanciados. Existen en el sumario testimonios que afirman tanto que se juntaron antes de los incidentes como que no —nos consta lo segundo—, hasta que los de Madrid oyeron los gritos «oficiales» de respuesta de los de Valladolid, momento en que acudieron a socorrerlos.

Al llegar, los madrileños habían presenciado la gran concentración y las pancartas que iban apareciendo con consignas tradicionalistas[343], y muy pronto comenzaron a oír los gritos carlistas de «Viva el Rey» y «Viva España». Los dos falangistas vallisoletanos contestaron con «Arriba España», «Viva Franco» y «Franco, Franco, Franco», que a su vez fueron respondidos por «Viva el Rey», «Todo el poder para Fal Conde», «Viva Fal Conde», «Queremos una regencia legitimista» y «Mueran los traidores»[344]. Algunos de los falangistas destacarían posteriormente que también se había gritado «Muera Franco»[345], pero otros, entre los que se contaría como figura destacada el general Varela, lo negarían. Según el testimonio personal de Virgilio Hernández Rivadulla, se dirigían ya al coche para marcharse cuando oyeron los gritos y vieron cómo comenzaba la reyerta. Entonces su jefe, Hernández Bravo, los exhortó a socorrer a los dos que estaban siendo atacados[346]. Esto mismo lo corroboró el propio Bravo en un escrito que dirigió, tras ser condenado, al ministro-secretario general del partido, Arréese, al escribir:

Al llegar a la explanada de la iglesia […] observamos un gran gentío en el que la mayor parte de individuos iba de paisano con boina roja […] pudiendo leer todos y cada uno de los que ocupábamos el coche […] los letreros de cuatro grandes pancartas (4 metros por uno de altura aproximadamente), sostenidos con palos en sus extremos, que en aquel momento se estaban desenvolviendo y exhibiendo ante la multitud (más de 2000 personas). […] Recuerdo haber exclamado: «¡Lástima de máquina de retratar!», pues no veía más solución sensata ante los gritos subversivos de la multitud y forma de conducirse de las fuerzas del orden allí desplegadas que presentarte a mi regreso a Madrid la denuncia de cuanto estaba presenciando. Mis camaradas regresaban ya hacia el coche, asqueados de aquel espectáculo, cuando a continuación de una serie de gritos subversivos oí un fuerte «Arriba España» al que siguió un gran momento expectativo, procediendo a continuación la multitud a golpear a una o varias personas frente a la escalinata de salida del templo. Avisé a mis camaradas que se encontraban en el coche y juntos procedimos a defender con nuestros puños a quienes estaban siendo agredidos[347].

Es decir, fue la pareja de falangistas vallisoletanos la que, al responder con sus gritos a los de los requetés, provocó el inicio del altercado. A eso habían acudido y, como he dicho antes, o no calcularon lo que hacían, o creían que sus cargos los protegerían. En el curso de la pelea el mutilado Calleja esgrimía como arma una de sus muletas de hierro mientras otro, que podría ser Berastegui, sacaba una pistola, que le fue arrebatada, y se dirigió hacia las escalinatas[348]. Un testigo declararía que se encaró con él, y que vio cómo, tras perder la pistola, sacaba otra, una Star del 9 largo[349]. Mientras, la reyerta proseguía. Rivadulla declararía que había intervenido en defensa de Lorenzo, quien, por su parte, explicó haberse encarado con un carlista que le recriminaba que fingiera ser un mutilado —al parecer portaba el emblema del Cuerpo[350]—. Sí lo era, como he explicado anteriormente, si bien de una lesión no apreciable a simple vista. Pero la discusión quedó sofocada cuando la multitud se abalanzó sobre él y sus camaradas[351]. Al cabo de un tiempo de lucha —cinco minutos[352] según algunos testigos, menos según otros—, cuando, según Rivadulla —un hombre atlético—, ya les estaban flaqueando las fuerzas, llegó la explosión de la granada. Se oyó una deflagración. Y con ella se desató el caos: decenas de personas heridas tendidas en el suelo y la gente huyendo como podía en todas direcciones.

Pero dejemos por un momento lo que había ocurrido en la explanada para ocuparnos de cómo vivió la explosión el general Varela. Había llegado con su esposa y su escolta la noche anterior a Bilbao, a su casa de Algorta[353]. Y al levantarse el domingo 16 le había dicho al escolta: «Morales, vamos a Begoña al funeral de los pobrecitos tradicionalistas caídos en el frente»[354], lo que coincide con la versión del general y gobernador militar de Bilbao, Loriga, por la que el desplazamiento de Varela a Begoña no había sido programado ni comunicado de manera oficial, lo que había implicado que no se le rindiesen honores al llegar. Una semana antes Varela había estado también en Bilbao participando en la inauguración de la Feria de Muestras, el día 10[355]. Según su escolta, una vez terminado el

acto religioso, saliendo del templo y a pocos metros de retirarnos de la puerta del mismo, yo iba delante del General, rogando al público que se separara para dejar paso al Ministro y sus acompañantes cuando sonó una explosión muy grande de bomba y me vi envuelto en humo. Vuelvo la cara atrás y veo a mi General [al] que, gracias a Dios, no le había pasado nada, porque le dije: «Mi General. ¿Qué?», contestándome: «Nada, no pasa nada» […] y al mirar [al] frente [vi una] gran cantidad de señoras y señoritas que estaban tendidas en el suelo, heridos y muertos [sic][356].

La esposa del general, Casilda Ampuero[357], antigua líder carlista, delegada nacional de Frentes y Hospitales de la Comunión Tradicionalista durante la Guerra Civil y perteneciente a una ilustre y rica familia bilbaína, no se encontraba en ese momento junto a su marido. Según el testimonio del general Loriga, dado años después de los sucesos, al terminar

la función religiosa y todavía en el interior del templo, el público se aglomeró, cercando materialmente al General Varela, a quien casi no dejaban andar porque querían todos estrechar su mano. Yo, entonces, manifesté a la señora de Varela que para unirse a su marido y regresar a Las Arenas, donde veraneaban, saliese de la iglesia acompañada por mí para esperar fuera al General al lado del automóvil que se había colocado en la parte izquierda de la salida del templo. Y así se hizo, colocándose detrás de mí para que no la atropellasen. Al General lo habíamos dejado solo porque él nos había manifestado que lo dejasen entre el pueblo y poder saludar uno a uno[358].

Y fue cuando estaba Varela saliendo y se encontraba en el atrio, en lo alto de la escalinata, separado de Loriga y de su esposa, que se encontraban a la derecha (mirando desde el templo) y abajo de los escalones, cuando estalló la granada. Por su parte, el escolta se había

sorprendido que la Excma. Sra. esposa del General estaba un poco apartada, próxima a un grupo, y que no se había dado cuenta de lo ocurrido, porque me dijo: «Morales, ¿qué pasa?». Y le dije: «No es nada señora, tenga la bondad de irse para el coche». Como yo ya había visto que a mi queridísimo General no le había ocurrido nada y venía acompañándole el jefe de la Policía Armada y el gobernador militar, seguidamente acompañé a la señora al coche y a Pepe el sargento conductor como al ayudante de éste les dije: «Sacar las pistolas y poneros cada uno en una puerta del coche sin permitir que nadie se acerque a él». Me fui otra vez en busca de mi General, hasta que se unió a la señora[359].

Por su parte, en su declaración en el sumario el subsecretario del Ministerio de la Gobernación Antonio Iturmendi corroboró que Varela estaba ya fuera del templo, en el atrio, al estallar la granada[360]. Otros, respecto al lanzamiento, afirmaron haber visto «que alguien del grupo con chaquetas blancas lanzaba dos objetos que creyó eran piedras [y] uno de los mismos hizo explosión»[361]. O que «fue lanzada una bomba de las denominadas de mano, sin temor a confusión, puesto que el declarante es voluntario en el Tercio Ortiz de Zárate y conoce la clase de artefactos. Una segunda bomba fue lanzada sin ser vista por el declarante y no explotó, siendo recogida por un […] Policía Armada»[362]. Otros aseguraron haber visto tan sólo una granada volando[363], o un brazo arrojándola[364] con el grito «¡Ahí van dos pelotas!»[365]. Pero se lanzó una sola bomba.

El perito militar que analizó los dos restos de la granada de mano, aportados en diferentes momentos de la instrucción del sumario, determinó que podía ser rusa o alemana. Antes, incluso, y tras el examen de un primer fragmento, se había dictaminado que podía ser de Infantería e italiana[366], similar a las utilizadas durante la Guerra Civil. Pero era alemana. Y lo sabemos no tanto por las descripciones que hicieron los testigos o los contradictorios e imprecisos exámenes periciales, sino porque su propietario era Virgilio Hernández Rivadulla y se la había traído como recuerdo del frente. Y no sólo una. Se trataba de una de las llamadas granada de mano de huevo (Eihandgranate M39).

Eran utilizadas por la Wehrmacht, y, por lo tanto, también por la División 250 de la misma, la División Azul. En palabras de Rivadulla, «como las de piña pero lisa». Él y Sánchez Covisa se las habían traído como recuerdo. Y no sólo de este tipo, sino también de las de mango de madera. Las llevaban en sus macutos, y al llegar a la pensión no las subieron a las habitaciones sino que las dejaron en el maletero del coche. En cambio, sí había subido Rivadulla otro recuerdo, más preciado para él, una pistola Parabellum con abundante munición. Sería incautada en el registro que efectuaría la policía tras los sucesos.

Volviendo ahora a éstos, según el propio Rivadulla, la explosión «nos salvó la vida», ya que las cosas iban muy mal para ellos en la reyerta. Lo que él aún hoy en día no se explica es cómo y cuándo Domínguez la extrajo del macuto del maletero. Y la lanzó. Porque, como he adelantado, fue Juan José Domínguez quien lo hizo. Y, aunque todos los implicados negaron ante la policía y el juez saber nada de la granada y de quién la había arrojado, en la cárcel de Bilbao, donde acabaron todos ellos, Hernández Bravo hizo que Domínguez firmase un documento privado reconociendo que había sido él. Un documento[367] que reza así: «Yo lancé la bomba sin premeditación en contra de una multitud agresora que insultaba a España, la Falange y el Caudillo. Juan Domínguez».

Este documento lo mantuvieron en secreto largo tiempo y sólo a principios de los años sesenta lo mostraron a la viuda de Domínguez, en el curso de una reunión con todos los implicados. Hernández Bravo se lo había requerido a Domínguez para cubrir las responsabilidades de los demás, incluida la suya[368]. Pero guardaron el secreto y, sobre todo, no lo utilizaron en la causa que contra todos se instruyó poco después. Pero su actitud de negar la mayor —el lanzamiento de la granada— no les evitó la condena, ni a Domínguez —y casi también a Calleja, como veremos— la ejecución.

El único testimonio publicado hasta ahora sobre esta nota lo dio Hernando Calleja al periodista Fernando García Lahiguera cuando éste escribía su biografía de Serrano Suñer. Le dijo que «el lanzamiento de la bomba fue un acto impulsivo y lamentable. Su autor fue Juan Domínguez. [En] Vísperas de ser ejecutado lo confesó en unas cuartillas autógrafas»[369]. En todo caso, ello coincide con las conclusiones de la causa, por mucho que los propios falangistas imputados y condenados las cuestionasen, lo que hizo Hernández Bravo en nombre de todos poco después de conocer su pena, en una carta-memorándum enviada a Arrese[370], con seguridad con la intención de que éste la utilizase para conseguir un indulto o una revisión del proceso.

Y ello porque, en primer lugar, varios testimonios que no habían visto a Domínguez lanzar la granada declararon, correctamente, que no lo había hecho ni «el mutilado [Calleja]» ni Berastegui[371]. En segundo lugar, porque algunos habían visto a Domínguez sacar la bomba del macuto y tirarla. Un tal Azconita dijo que «un compañero […] llamado Antonio [Pando], que presta sus servicios en la Casa Canales y Busquets, […] vio sacar al agresor la bomba y hacer mención de sacarle el seguro a la bomba y lanzarla. Inmediatamente después de hacer explosión el artefacto el Antonio se lanzó contra el individuo agresor sujetándole por las solapas de la americana y acto seguido el declarante junto con cuatro o cinco requetés más, acompañó al Antonio a sujetar al individuo de referencia y lo entregaron a la Policía Armada»[372]. Por su parte, el testigo Mendicuchia había señalado como lanzador a «uno de los que formaban el grupo [de cinco o seis individuos] y que se encontraba situado frente al denominado Berastegui». El tal lanzador «arrojó un objeto que de momento no pudo precisar de qué se trataba pero como inmediatamente de ser lanzado hiciera explosión comprendió se trataba de una bomba o artefacto de guerra»[373]. Otro testigo, Recalde, afirmó que uno de los dos o tres individuos «que se encontraban a poca distancia del mutilado [Calleja] […] uno de aquellos individuos —que desde luego no fue el mutilado— vestido con chaqueta blanca, de estatura regular y pelo alborotado, corrió un poco hacia atrás y colocándose detrás de un grupo de personas, lanzó un objeto al aire hacia el lugar donde había más público y al abalanzarse el declarante sobre aquel individuo oyó una fuerte explosión por lo que comprendió enseguida que el objeto arrojado había sido una bomba»[374]. Y aún otro testigo, Erdozain, dijo que había visto cómo un falangista vestido con chaqueta blanca «se agachaba y al ponerse nuevamente derecho lanzaba al espacio un objeto que el declarante creyó en un principio fuera una piedra pero al oír la explosión que seguidamente se produjo comprendió era una bomba»[375].

Alguno de estos atestiguantes y otros más manifestaron que el hecho de que el mutilado levantase una de sus muletas durante la refriega había sido una señal para el de la granada[376], lo que no resulta creíble. Resulta más relevante a efectos de sostener la tesis del atentado contra Varela, como hizo la sentencia, que otros testigos adujesen que la desviación de la trayectoria de la granada por el brazo de alguien de la multitud había evitado que ésta llegase al grupo de autoridades. El testigo Mendicuchia, por ejemplo, dijo que

vio que un grupo de cinco o seis individuos que se hallaban cerca de él cerca de las escaleras, entre los que se encontraba un señor llamado Berastegui, a quién él conoce, y otro que tenía en la mano una muleta y al levantarla éste, no sabe el dicente si con intención de agredir a alguien o como contraseña, uno de los individuos que estaba junto a él se agachó y lanzó un artefacto que iba dirigido precisamente al grupo que formaban las autoridades pero que alguien la desvió hacia el banco que hay delante de la basílica después de las escaleras a la izquierda según se sale de la misma, creyendo que la desviación se produjo porque alguien se lanzó contra el grupo de donde partió el explosivo[377].

Una de esas autoridades, Pedro Iturmendi Báñales, declaró que «vio un brazo en cuya mano se encontraba un objeto redondo que fue lanzado a larga distancia y cuya dirección fue desviada por uno de los concurrentes»[378]. Lo mismo que un testigo, llamado Sanz, según el cual «fue lanzado por el mismo grupo un artefacto que iba dirigido precisamente en dirección al grupo formado por las autoridades, pero que alguien lo desvió con la mano»[379]. También el general Loriga, en su escrito muy posterior a los hechos, habló de lo mismo. Sin embargo, la cuestión resulta dudosa, ya que se puede ser un afterthought dirigido a sostener la tesis del atentado. De hecho, uno de los testimonios que acabarían siendo cruciales en la identificación de Domínguez como autor del lanzamiento —el del tal Antonio Pando— había declarado ver cómo uno de los falangistas se sacaba una bomba del bolsillo y la tiraba después de llegar corriendo desde las proximidades de un coche de FET[380] en sentido contrario a donde se encontraban las autoridades. Dijo en concreto que «por haber presenciado los hechos ocurridos en Begoña podría perfectamente reconocer si lo viera la persona que arrojó la bomba, manifestando que al mismo tiempo que la dirección de la bomba era en sentido contrario a las Autoridades que en aquellos momentos salían de la basílica. Vio perfectamente salir corriendo hacia sí al autor material del siniestro atentado»[381]. Otros fueron menos claros, como el policía Roncero, que declaró haber visto «un objeto redondo y negruzco, que creyó una piedra, que describía una parábola por encima de las cabezas desde el lado derecho de la salida de la basílica [mirando desde la propia basílica] hacia el lado izquierdo y hacia delante», donde había estallado[382]. Otro, Salazar, dijo que «desde el lado derecho de las escaleras, se entiende el lado derecho saliendo de la basílica, alguien lanzó un objeto, que luego resultó ser una bomba, cuyo objeto se desvió al caer, hacia la izquierda, haciendo explosión pocos segundos después»[383].

Por supuesto, no parece tampoco descartable que Domínguez pretendiese alcanzar a las autoridades, atentando de forma intencional contra ellas, y más siendo Varela un poderoso militar antifalangista. El carácter altamente impulsivo del falangista podría justificarlo, así como también su condición de colaborador de los servicios alemanes. Pero las circunstancias en que se produjo parecen mostrar más un acto de supervivencia que una acción premeditada.

En cuanto al efecto de la explosión, tengamos en cuenta que al ser una de las bombas de huevo, y que su tiempo de detonación era diferente según las diferentes versiones existentes, podía diferirse el estallido entre 1, 4-5, 7-8 o 10 segundos. Si hubiese sido una de las tres últimas habría permitido que no deflagrase al primer impacto, y que fuese vista en el suelo segundos antes de explotar, como efectivamente ocurrió. Uno de los testigos, alférez provisional, tras observar el tumulto y ver una muleta alzada, se encontró con una bomba a sus pies. Trató de alejarse con rapidez, sin lograrlo, y resultó herido en la pierna[384]. Por su parte, una señora observó «que habían lanzado un objeto que la dicente creía era una piedra y que dicho objeto hizo explosión segundos después ocasionándole heridas en la cabeza y otras partes del cuerpo»[385], y así otros.

La bomba cayó en la explanada, frente a un banco situado al lado del primer árbol de la hilera derecha mirando al templo. En el mismo lugar, pero en la hilera de la izquierda, estaban Calleja y Berastegui, y también seguramente los otros falangistas, a unos seis metros de la escalinata. Explotó delante de ese primer banco de madera, como a un metro en dirección al centro de la plazoleta, donde quedaron las marcas. Como observó la policía, en el lugar del estallido quedó «una depresión del terreno en forma de cazoleta en circunferencia irregular de unos diez centímetros de diámetro por cuatro de profundidad en lo más pronunciado, notándose en él señales de haberse producido momentos antes y en su fondo una especie de polvo negro, y de un examen elemental hecho da olor a pólvora: en el banco, en su asiento y respaldo que son de madera, se aprecian erosiones de escasa profundidad y extensión y de aspecto reciente, apreciándose también estas erosiones en el asiento por la parte inferior»[386].

El caos tras la explosión fue mayúsculo. En medio de los gritos de las decenas de heridos, un Calleja ya sin muletas[387] —ya que la multitud se las había arrebatado tras usarlas para defenderse o agredir con ellas[388]— estaba siendo golpeado por los que lo rodeaban, lo mismo que Berastegui. Rivadulla vio a su lado a Covisa y, algo más lejos, a Bravo[389]. En cuanto a Domínguez, existen en el sumario dos versiones de lo que le ocurrió en los instantes posteriores al estallido. Por una parte, la del que decía haberle agarrado por las solapas de la americana y retenido junto con cuatro o cinco requetés[390]. Uno de éstos lo describió como de mediana estatura, chaqueta blanca y pelo alborotado, cercado por varias personas que gritaban «ése ha sido»[391] hasta que lo entregaron a la Policía Armada. La otra versión es la que parece confundir a Domínguez con otros de los falangistas, y la proporcionó el ayudante del chófer del general Varela, que afirmó haber visto a dos falangistas corriendo hacia los coches, perseguidos por gente que gritaba «ésos son, ésos son», hasta que él se interpuso encañonándolos con su pistola. Se detuvieron y fueron alcanzados por sus perseguidores[392], que los entregaron a un teniente de la Policía Armada. En el momento de frenarlos uno de los dos le dijo al guardia civil que era jefe provincial de Falange. Según otro testimonio, habría dicho que era consejero nacional[393]. Podría haber sido Berastegui.

El policía que se hizo cargo de Domínguez fue el teniente médico de la Policía Armada, Manuel María Acosta Pagoaga. Declaró que un grupo de hombres y mujeres le habían manifestado «teniente, este individuo es el que ha tirado una bomba», por lo que procedió, con un cabo y dos números, a detenerle, y lo llevó seguidamente hacia un coche para evitar su linchamiento. Fue el mismo detenido el que le mencionó que tenía un coche, así como un cargo en Falange. En esos momentos llegó otro falangista, también perseguido. A los dos los reconoció después el teniente en comisaría como Domínguez y Fernández Bravo[394]. Pero el que se había llevado la peor parte había sido Calleja, privado de sus muletas. Consiguió llegar hasta un coche oficial, el de Iturmendi, ayudado por una joven, Mercedes Mauleón, que, según Bravo, acabó «con todo su vestido destrozado»[395]. Iba Calleja con «el rostro pálido, dando sensación de miedo»[396], y, al meterse en el coche, le dijo al chófer «que era secretario de la Falange de Valladolid, que lo llevase […], que si no lo hacía se jugaba el destino». Pero el conductor se negó y les rogó a los dos que se apeasen. No lo hizo Calleja sino tras mucha insistencia, aunque después declaró que había sido forzado por guardias municipales[397].

A su alrededor, la gente lo siguió acusando y agrediendo hasta que, finalmente, protegido por la Guardia Municipal de Bilbao y por policías de Tráfico, fue evacuado. Según la versión del jefe de la municipal bilbaína, el capitán José María Unibaso, mientras «la gente le señalaba a unos dos o tres individuos desconocidos en Bilbao diciendo “ésos, ésos”», él se dirigió a uno «al que algunas personas le maltrataban ligeramente de obra, y como viese que le faltaba una pierna, acudió en su auxilio en compañía del secretario de la Jefatura Superior de Molida, consiguiendo llevarle a las proximidades de un coche y librarle así de que pudieran agredirle»[398]. No obstante, la misma multitud le gritó que tuviese cuidado, que iba armado, por lo que lo cacheó, y le encontró bajo la chaqueta, en una funda que le colgaba de los hombros, la FN del 9 corto con una bala en la recámara y ocho en el cargador, que cayó al suelo. Después Calleja —que al primero que se le había acercado para detenerlo le había espetado un «A mí no se me detiene porque soy jerarquía»[399]— fue introducido en un coche de la Policía Armada[400] y evacuado. En el coche iban el capitán de la Guardia Municipal, dos requetés, un cabo y Mercedes Mauleón[401].

Por su parte, Berastegui, en medio del incidente y tras la explosión, había conseguido acercarse al general Loriga para quejarse y, con seguridad, también para tratar de protegerse. No le sirvió de nada, aunque consiguió llegar a su coche. El chófer, Moretón, al ver el tumulto y las agresiones, se había separado del vehículo y se colocó junto a unos policías armados por temor a ser agredido. Pero no se libró, por lo que tuvo que encerrarse de nuevo en el coche para protegerse. Allí estaba cuando llegó Berastegui, a quien abrió la portezuela. Según este último, antes de partir, habría esperado «inútilmente a mi compañero [Calleja]»[402], pero no parece que lo hiciese durante mucho tiempo. Tan sólo hasta que, gracias al amparo de la Policía Armada, consiguió partir con el automóvil a toda velocidad[403]. Según testigos presenciales estuvo a punto de provocar más desgracias, dada la gran cantidad de gente que los rodeaba.

También Domínguez, Hernández Bravo y Lorenzo fueron evacuados en su propio coche, el FET 51 de Madrid, y tampoco resultó nada fácil. Se encargaron de ello el comisario de policía Asterio Martín Calvo, un cabo y dos requetés, así como el citado teniente médico de la Policía Armada[404]. Tras conseguir meterse en el vehículo, éste arrancó de inmediato. Iban los citados, además del chófer Valero y el comisario. Pero resultó que el coche estaba averiado, ya que algunos individuos de la multitud, para impedir su marcha, le habían pinchado con arma blanca las ruedas traseras. Por ello, tras descender un kilómetro por la carretera de Bilbao, tuvieron que detenerse, y dejaron el automóvil para su reparación a cargo del chófer Valero en la fábrica de clavos Echevarría[405]. Allí los encontraron y los recogieron poco después los otros dos vehículos que descendían a toda velocidad de Begoña con el resto de los falangistas, el 565 de Valladolid y el de la Policía Armada que llevaba a Calleja. Se acomodaron en ellos como pudieron, sentados unos encima de otros.

Hernández Rivadulla y Sánchez-Covisa consiguieron huir sin ser molestados, confundidos entre la multitud. Bajaron desde la basílica a Bilbao a pie[406], y se dirigieron a la pensión. Al llegar, ya se encontraba el coche 51 abajo, reparado y aparcado, y aún con los macutos y las granadas de mano dentro del maletero. Lo primero que hizo Rivadulla, mientras Covisa distraía a la dueña de la pensión, fue meterse las granadas de huevo en los bolsillos y las de mango de madera —tres o cuatro— en la cintura, escondiéndolas con la chaqueta, acercarse a la vera del Nervión, delante de la pensión, y tirarlas con disimulo, una a una, al agua. Después, ambos se acercaron discretamente a los alrededores de la comisaría de policía a ver si salían sus camaradas.

Mientras tanto, el coche de la Policía Armada y el de FET de Valladolid habían llegado a la Casa de Socorro. Allí fueron atendidos Calleja y Lorenzo de las pequeñas heridas que presentaban. El primero por arma blanca en la espalda[407], así como de contusiones —producidas, dijo, entre otras armas, por el asta de una de las pancartas—. Lorenzo, de contusiones varias[408]. Después se dirigieron a comisaría, donde llegaron a las doce y media. Se les dijo que estaban allí retenidos para su protección, que no estaban detenidos. Y prestaron declaración. El de mayor jerarquía falangista, Hernández Bravo, llevaba la voz cantante, y todos pretendían presentar una denuncia[409] contra los carlistas por agresiones. Todo ello, al parecer, en medio de un clima de simpatía hacia ellos en la dependencia y por parte de los comisarios Caudevilla y Martín, entre otros. De hecho, el jefe de la Guardia Municipal se quejaría después al juez de no haber sido atendido en comisaría con presteza por los funcionarios cuando se presentó de forma voluntaria a declarar —tal vez, decimos nosotros, por considerarse su testimonio contrario—. Sin embargo, la sorpresa de los falangistas debió de ser mayúscula cuando se les incomunicó[410], y, posteriormente, ya en la madrugada del lunes 17 de agosto, cuando fueron conducidos a la prisión de Larrinaga.

¿Qué había sucedido? Pues que los sucesos de Begoña se consideraron por las autoridades militares como constitutivos de un delito contra la seguridad del Estado, de competencia jurisdiccional castrense. Y tras comunicar oficialmente el general gobernador militar y jefe de la jurisdicción, Loriga, el hecho al auditor de guerra, éste ordenó la apertura de una causa criminal y procedimiento sumarísimo. Enseguida estableció que los presuntos responsables fuesen conducidos a la cárcel. Primero, como he dicho, se envió a Calleja, Berastegui, Hernández Bravo, Lorenzo, Domínguez y el chófer Valero. Horas más tarde, tras ser detenidos, los siguieron Rivadulla, Sánchez-Covisa, el chófer Moretón y otra persona que no era de ninguno de los dos coches, el secretario particular del jefe provincial de Bilbao, vinculado a los servicios de información militar en San Sebastián, un tal Eduardo Valdivieso Fentenera[411], por error y por razones que explicaré a continuación.

Sin embargo, antes, a las nueve de la noche, el chófer del coche de Valladolid, uno de los que no estaban detenidos, había ido a la pensión Arizmendi a buscar ropa para los de Madrid acompañado por dos chicas[412]. También había acudido Bravo a cambiarse de ropa[413], autorizado por comisaría. Allí se encontró con policías que efectuaban un registro, pero le permitieron llevarse lo que necesitaba. Fueron éstos los que encontraron la Parabellum de Hernández Rivadulla y el «saquete» con las municiones —un saco de ropa blanca de los que las tropas alemanas utilizaban para guardar el pan[414]—. A las once de la noche llegaron otros dos policías a registrar de nuevo y a las doce llegó uno solo buscando ya a Rivadulla y a Covisa para detenerlos. Pero ellos no se encontraban allí, llegaron más tarde, aunque Rivadulla recuerda haber presenciado uno de los registros anteriores, y que ninguno de los policías se interesó por ninguno de los dos, que estaban en la cocina. Pero a la mañana siguiente, a las diez y media, volvió la policía a buscarlos para interrogarlos[415]. Y aún los dejaron marchar de nuevo, ordenándoles que no saliesen de la ciudad. Pero por poco tiempo. Mientras tanto oyeron relatos de lo ocurrido en Begoña que los acusaban y leyeron octavillas carlistas que se referían al «atentado».

La policía había estado muy preocupada los momentos después de producirse los sucesos por que los carlistas iniciasen una manifestación desde Begoña en dirección a Bilbao. Por ello, una de las primeras cosas que había hecho uno de los comisarios de servicio en la explanada —Caudevilla— al iniciarse los incidentes había sido telefonear a la Jefatura Superior y pedir que se desplegasen fuerzas en la ciudad. Sin embargo, nada ocurrió. La magnitud de la tragedia era tal que ocupó a los asistentes bastante tiempo, atendiendo y evacuando a las decenas de heridos producidos por la granada. De hecho, en el restablecimiento del orden parece que había resultado importante el propio general Varela, quien habría bajado «rápidamente las escaleras para imponer con su presencia y decidida actitud la calma y la paz perturbadas»[416]. Allí, entre gritos y lamentos, se habían contado setenta y un heridos. Al haber estallado la bomba en el suelo, a los pies de la multitud concentrada, la mayoría de las víctimas sufrían heridas en las extremidades inferiores o en la cintura. Eran niños y adultos, hombres y mujeres. Fueron trasladados todos en automóviles a los diferentes centros de atención médica de la ciudad, como el Santo Hospital Civil del Generalísimo Franco, en Basurto —adonde habían llegado cuarenta y dos—; la Casa de Socorro de Bilbao —catorce—; y dos clínicas particulares, la del doctor San Sebastián y la de Nuestra Señora de Begoña[417], que recibieron dieciséis. Todos eran de pronóstico reservado o leve, y aunque se producirían algunas complicaciones posteriores, ninguno fallecería con anterioridad a la celebración del consejo de guerra[418].

Por su parte, la prensa informaría escuetamente del acto de Begoña y no hizo ninguna alusión a lo sucedido a su final. Según Ya y ABC habían sido 5000 los asistentes[419].

Esa tarde, la del domingo 16, el general Varela asistió a la corrida de toros de Bilbao[420]. A la corrida que los madrileños del coche 51 ya no pudieron asistir.

Los sucesos de Begoña ante la justicia militar. La instrucción de la Causa Sumarísima 13 088-42. Pieza Principal

LOS SUCESOS DE BEGOÑA ANTE LA JUSTICIA MILITAR. LA INSTRUCCIÓN DE LA CAUSA SUMARÍSIMA 13 088-42, PIEZA PRINCIPAL

La apertura de la Causa Sumarísima por los sucesos se efectuó ya en la mañana del día de autos, el lunes 17 de agosto, cuando el auditor de Guerra se lo ordenó al juez militar y capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar, Ignacio Moreno, quien asignó al procedimiento el número 13 088-42. Muy poco después procedió a tomar declaración, aún como testigos, a Hernández Bravo, Domínguez, Lorenzo, Valero, Berastegui y Calleja. En ellas los falangistas de Madrid justificaron su presencia en Begoña diciendo que, dirigiéndose a Archanda a ver el paisaje, se habían detenido al ver el gentío, lo desagradable del espectáculo —boinas rojas sin camisa azul, pancartas conteniendo lemas subversivos y gritos del mismo signo— y que intervinieron después en los incidentes en defensa de un mutilado y su compañero, que estaban siendo brutalmente agredidos por la multitud, y que colaboraron además con la policía para evacuarlos[421]. Se presentaron como por completo independientes de la pareja, sin relación previa que hubiese implicado la presencia de los dos coches de falangistas en Begoña. Por su parte, los de Valladolid se mostraron como víctimas de las agresiones de la multitud tras contestar con sus gritos a los de los requetés[422]. Justificaron que su asistencia a la misa de la basílica había sido «por pura casualidad» y que habían respondido a los gritos carlistas con los propios, oficiales. Berastegui, en concreto, relató su presentación, tras la explosión, ante el general Loriga con un «A las órdenes de V. E. Por gritar “Viva Franco” me han agredido», a lo que el general habría replicado «Pase Vd. arrestado al cuartel». Y al protestar el otro diciendo «Mi general, estoy licenciado», le espetó «Váyase inmediatamente»[423]. O, según la versión de Hernández Bravo en su posterior carta a Arrese, «¡Pues vaya Vd. detenido a su domicilio[424]!». Lo más importante fue que los falangistas de los dos coches arguyeron haber oído la explosión, pero ninguno la relacionó con sus propias acciones. Ésa sería otra de sus líneas de defensa.

Los últimos en ser arrestados —Hernández Rivadulla, Sánchez-Covisa y el chófer del coche de Valladolid, Moretón— habían declarado también ante la policía, así como, algo más insólito, otro falangista, el citado Valdivieso Centenera, ni más ni menos que el secretario particular del jefe provincial del partido y gobernador civil de Vizcaya. Había sido detenido tras realizar diversas gestiones en comisaría a favor de los falangistas, que hizo por orden de José María de Olazábal, de la Secretaría Política del ministro-secretario general Arrese. El caso era que Valdivieso era también el informante de un agente de información, valga la redundancia, del Gobierno Militar de Guipúzcoa, un tal capitán Alfranca, y que los dos habían acudido a Begoña tras los sucesos. Su detención era buena muestra del clima de sospecha anti falangista que se había instalado entre las autoridades militares. De hecho, de forma sorprendente, Valdivieso acabó también ingresado, junto con Rivadulla, Covisa y Moretón, en la cárcel de Larrinaga. Pero ninguno de los del coche 51 citó a Sánchez-Covisa como participante en los sucesos. Se pusieron todos de acuerdo para no implicarlo, y el truco «coló». A ello contribuyó, según Rivadulla, que fuese muy bajo y débil, y, por tanto, pasó bastante desapercibido.

A su entrada en Larrinaga, el mismo 17 de agosto, Rivadulla vio a Hernández Bravo a distancia, y al no poder acercarse por ir incomunicado, le preguntó gritando el segundo desde lejos, cantando «Lili Marleen»[425], que dónde estaba el resto de las granadas de mano —Wo sind die Handgranaten?—, a lo que el otro respondió, también cantando, que en el río Nervión —Im Fluss Nervion!—. Era lo más importante, ya que, de haber sido descubiertas en el maletero del coche, la situación se les habría complicado aún más de lo que ya estaba. A la hora de comer, recibieron los dos divisionarios recién ingresados una bandeja con una langosta, facilitada por camaradas bilbaínos, pero les llegó el recado de que los demás estaban en huelga de hambre para protestar por haber sido todos detenidos e internados, y la rechazaron[426]. Y efectivamente, el director de la cárcel notificó su actitud al gobernador militar Loriga[427]. Sin embargo, la huelga duró poco y al día siguiente, el 18, al encontrarse todos en las duchas, hicieron las presentaciones y les dijo Hernández Bravo: «Ya veréis cuando Arrese se entere»[428], lo que resumía bien las esperanzas de todos en una rápida y «política» resolución del asunto. Animados, decidieron abandonar el ayuno. No sabían lo que les esperaba.

Bien al contrario, la instrucción siguió su curso. El lunes 17 también había prestado declaración el testimonio que de forma espontánea había manifestado a la policía que podría reconocer, si lo viera de nuevo, a la persona que había arrojado la bomba. Era el citado Antonio Pando, dependiente de profesión[429]. Por ello[430], el juez instructor militar dispuso de inmediato ese mismo día una «diligencia de reconocimiento en rueda de presos» en la prisión. Colocaron a Hernández Bravo, Lorenzo y Valero junto a otros seis reclusos «de aspecto exterior semejante a aquellos y vestidos de semejante forma», pero Pando afirmó que el que él había visto no se encontraba allí. La rueda se repitió por dos veces, y se alteraron las posiciones, con el mismo resultado. Poco después, se realizó otra, ésta incorporando ya a Domínguez, situado en la posición quinta, y Pando lo señaló «sin ningún titubeo»[431]. Se repitió con Calleja, Domínguez, Berastegui y seis reclusos más, también, según el acta, «de aspecto exterior semejante», y Pando señaló de nuevo a Domínguez, que ahora ocupaba el lugar tercero de la fila. Lo reconoció específicamente como «el que arrojó la bomba». Aún se realizaría otro reconocimiento modificando el orden de los presentados, y se volvió a ratificar Pando[432]. Al finalizar la diligencia el juez ordenó la incomunicación de los falangistas, para evitar «confabulaciones de los presuntos culpables entre sí o con personas extrañas»[433].

La autoría de Domínguez fue corroborada en una nueva rueda de presos por un guardia municipal que había estado de servicio en el exterior de la basílica el día de los sucesos, un tal Francisco Erdozain Olleta. En sus declaraciones, tanto ante la policía[434] como ante el juez, había afirmado «que reconocería al que lanzó la bomba si le fuese presentado»[435], por lo que se preparó la rueda de reconocimiento en Larrinaga el martes 18, en la que se mezcló a Hernández Bravo, Valero, Lorenzo, Calleja, Domínguez y Berastegui con otros seis reclusos. En su curso, Erdozain reconoció «sin duda alguna el que ocupa el 6.º lugar», que era Domínguez. Repitieron dos veces más la operación alterando el orden de los detenidos, y dio el mismo resultado[436]. Sin embargo, en otra rueda realizada el mismo día ante otro testigo, Jorge Santamaría Aguirre, que había declarado que «al poco tiempo de la explosión vio venir hacia la carretera a un individuo de mediana estatura, vestido con chaqueta blanca y el pelo alborotado seguido de cerca por varias personas que gritaban “ése ha sido” […] que desde luego no vio a la persona que lanzó la bomba pero sí como ya se ha hecho constar a la que la gente señalaba como autor del atentado. Y cree que si lo viese vestido de la misma forma lo reconocería»[437], cuando le fueron presentados los encartados —los mismos que en la rueda anterior— más otros seis presos, afirmó «que no puede asegurar con certeza ni reconoce a ninguno de ellos al autor del hecho congruente a su declaración»[438]. Pero en este caso no se trataba de un testigo directo que hubiese visto a un falangista lanzar la granada.

Estas ruedas serían muy cuestionadas por los procesados, y, de hecho, por toda la publicidad falangista posterior dedicada a los sucesos de Begoña. Hernández Bravo, en su referida carta-informe a Arrese, se refirió únicamente a la realizada con Pando. Según él,

El reconocimiento se hizo en rueda de presos en la que Juan José [Domínguez] iba vestido ordinariamente y con pelo largo y todos los testigos que le acompañaban estaban rapados al cero y sus trajes eran inferiores de aspecto a los suyos. Además, y esto es muy interesante, unos minutos antes, al salir el testigo Sr. Pando de la Auditoría y acompañado por el capitán jurídico don Antonio Toscal (General Concha 7, 3.º derecha, Bilbao) camino de la cárcel para intentar reconocer a alguien, mantuvo esta conversación:

Sr. Toscal: Tenga Vd. en cuenta, Sr. Pando, que es de mucha trascendencia lo que va Vd. a hacer. Procure estar sereno y convénzase bien de que lo que dice es cierto, pues puede depender de ello la vida de alguien.

Sr. Pando: Descuide Vd. No me equivocaré, lo tuve cogido varios minutos y además tiene la particularidad de que es completamente rubio.

El camarada Juan José tenía el pelo de color negro azabache[439].

Pero no sólo había sido Pando, también Erdozain lo había reconocido. Y, sobre todo, Hernández Bravo y todos los encarcelados sabían la verdad: que Domínguez había, efectivamente, lanzado la granada.

En los días siguientes y con urgencia, dado el carácter sumarísimo de la causa, fue tomando el juez declaración a testigos[440], incluidos los policías que habían intervenido. También los falangistas detenidos, pero ya en tanto que «encartados». De ellos, un Domínguez que debía de ser consciente de la pena que le podía caer tras los resultados de las ruedas de reconocimiento, quiso hacer constar «que en modo alguno arrojó la bomba»[441]. Ordenó de igual manera el juez registros en la fábrica de la familia de Berastegui y en la pensión Arizmendi, e incorporó al sumario el acta de la diligencia de inspección ocular realizada en el lugar de la explosión de la granada[442], así como las declaraciones efectuadas por testigos ante la policía el domingo 16[443], incluyendo las de los detenidos y las de los que los habían retenido o evacuado.

Mientras todo esto se llevaba a cabo, algunos falangistas de Bilbao se movilizaron para exculpar a sus camaradas —Calleja y Berastegui, además, eran originarios de la misma provincia de Vizcaya—, atribuyendo lo ocurrido en Begoña a una conspiración para crear incidentes en la que para nada habría estado implicada Falange. Uno de ellos, el jefe provincial del SEU, Ricardo Villaamil, compareció a declarar ante la policía de manera espontánea, afirmando que el jueves anterior, día 13, se había encontrado en Bilbao con Berastegui y Calleja, y que éstos no le habían hecho «manifestación política alguna». Añadió que, «en su opinión, dichos encartados no tienen en absoluto nada que ver con el suceso de referencia». Y contó cómo a una mujer «le fue ofrecido dinero para organizar y animar los disturbios el día de autos»[444], aportando datos para su localización. También declaró Maiz, el delegado provincial de la Vieja Guardia de Bilbao —que era además jefe comarcal del Servicio Nacional del Trigo—, quien, si bien no declaró en calidad de detenido, sí estuvo a disposición del instructor hasta que depuso, siendo dejado en completa libertad después. Todo ello muestra la severidad con que el juez estaba actuando contra los falangistas bilbaínos a los que consideraba susceptibles de estar implicados en los hechos, incluyendo los posibles instigadores. Y es que la policía le cuestionaba a Maiz que hubiese informado de actos anteriores de los requetés al vicesecretario general Luna y no a su jefe inmediato, el gobernador civil. Incluso se le había preguntado «si no es más cierto que el declarante expuso a su interlocutor la procedencia de adoptar determinadas medidas con relación al esperado acto requeté [de Begoña]», a lo que refirió las conversaciones con Luna que se han reseñado anteriormente, así como la consigna recibida de éste de que la Vieja Guardia vizcaína se comportase «en relación con el proyectado acto requeté con la mayor corrección, rehuyendo toda intervención que pudiera dar lugar al incidente más mínimo». Al final ni Maiz ni otros camaradas de Bilbao serían procesados, y el sumario quedó circunscrito a los ocupantes de los dos coches y algunos añadidos, como Sánchez-Covisa —aunque no sabían las autoridades de su intervención en los sucesos—, el «agente» Valdivieso y el cabo de la División Azul que había avisado a los de Madrid, en la cola de la plaza de toros, sobre el acto de Begoña, una vez se lo localizó. Las presuntas «pistas» aportadas por Villaamil u otras posteriores no condujeron a nada sólido a favor de la tesis de la conspiración que pretendía exculpar a los falangistas.

Frente a estos bilbaínos se encontraban además otros miembros del partido provincial, los de origen carlista, unificados, que mantenían una actitud radicalmente opuesta, dentro y fuera de la jefatura. En sus declaraciones, reclamaban justicia contra «los asesinos» y criticaban a sus jefes de Madrid. Algunos ocupaban altos cargos, como José María de Oriol y Urquijo[445], quien declaró a la policía mostrando la indignación y aun hostilidad que sentía hacia los detenidos y apuntando directa —y erróneamente— a la tesis del atentado contra el ministro Varela. Para él, el grupo de falangistas había obrado conjuntamente y con premeditación contra el ministro, y de ellos había salido «algo que hizo explosión, produciendo la desgracia de todos conocida». Y añadía, en tono encendido y de arenga:

La actitud anterior al suceso y en el momento del mismo, manteniéndose unidos los cinco como obedeciendo a un plan preconcebido, confirmado por sus caras y gestos, por su situación frente a la escalinata, por el momento esperado de salida de las Autoridades, presididas por el Excmo. Sr. Ministro del Ejército, dan al hecho a juicio del dicente todo el carácter de atentado contra el Ministro, contra el Ejército y contra el Requeté ya que todos se reunían en Begoña en acto tradicional desde la liberación de Bilbao con el fin de rezar por sus muertos y ante ellos afirmar una vez más aquellos principios que hicieron posible se acudiese al llamamiento de España cuando el Ejército creyó el 18 de Julio que debía dar la señal para que nuestra Patria se salvase.

Hoy, en nombre del Bilbao que tuve el honor de representar, ante el recuerdo del 19 de Junio del 39 en que pude presentar ante el Caudillo a Vizcaya unida en afirmación rotunda de una comunidad de ideales, se permite desde esta declaración recoger el ambiente que pide justicia para los asesinos, justicia para los que embauca ron a estos indeseables, seres ya que desde los puestos de mando se pronuncian discursos que se publican en la prensa que excitan al atentado personal, pues hay frases y conceptos que en un Estado constituido, que tiene sus tribunales para aplicar la ley, no es tolerable aprovecharse [de] posturas de favor para que, al calor de las mismas, nazcan, como ayer, barreras infranqueables de sangre entre los españoles y que al dicente le confirma en la postura adoptada en el escrito dirigido al Excmo. Sr General Muñoz Grande [s] cuando era secretario general del Movimiento de renuncia a su puesto en la Junta Política[446].

Era toda una proclama contra el sector falangista viejo y contra dirigentes como Luna. Otro carlista unificado, éste delegado provincial de Justicia y Derecho de FET y de las JONS de Vizcaya, Pedro Iturmendi Bañales, hermano del subsecretario de Gobernación, declaró también en tono acusatorio «que tiene el convencimiento que la provocación, el arma, la muleta y la bomba partieron del grupo indicado en el que estaba Berastegui [del que destacaba su palidez] con sus amigos y que por la forma de producirse el atentado estaba absolutamente premeditado», ya que «en el acto de ser arrojada la bomba salía el Sr. Ministro del Ejército de la Basílica»[447]. Su hermano, como él unificado y representante en el acto de Begoña del ministro de la Gobernación Galarza, declararía por escrito desde Madrid al juez el 18 de agosto, tras solicitud de éste, corroborando a sus antecesores, si bien especificando que lo que decía lo sabía «por referencia, no por propio conocimiento». Afirmaba haberse «enterado» de que los individuos de los dos coches habían actuado coordinados, «habiendo coincidido en San Sebastián, de donde salieron para Bilbao. […]. La acción de los expresados agresores fue conjunta, respondiendo a un mismo impulso y obedeciendo a un mismo designio y […] la bomba fue lanzada por uno de ellos»[448]. Y para desmentir la defensa de que los falangistas habían actuado en respuesta a gritos subversivos de los requetés añadía que «en ningún momento oí mueras, ni gritos ofensivos para nadie. Sólo oí gritos de exaltación patriótica y de los postulados del Tradicionalismo»[449].

Eran todas ellas declaraciones beligerantes, indignadas, que buscaban contrarrestar la versión de los detenidos y del partido en general, exculpatoria para los encartados.

Pero la indignación también estaba bien presente entre los detenidos, que veían cómo el miércoles, 19 de agosto, tras nuevas tomas de declaraciones de testigos por la policía y el juez[450], eran procesados. El primero fue Domínguez. El auto del instructor narraba cómo, «destacándose para poder maniobrar más libremente de forma que fue reconocido y visto por diversas personas, arrojó un artefacto explosivo, al parecer una bomba de mano militar, sobre la muchedumbre y personalidades expresadas, artefacto que hizo explosión produciendo heridas graves y de otro tipo a muchas de las personas que allí se hallaban en la forma que consta en los Autos, siendo detenido en el acto por algunos de los asistentes y entregado a la Fuerza Pública»[451]. Y al considerar que todo ello podía concurrir en delitos previstos en la Ley de Seguridad del Estado, en sus artículos 9.º y 50.º, en relación este último con el apartado séptimo del Código de Justicia Militar, se le mantuvo la incomunicación.

Enseguida procesó el juez a Hernández Bravo y a Lorenzo en tanto que realizadores de «actos de cooperación y ayuda, no indispensables» a Domínguez, «reflejados en el hecho de acompañarle constantemente y situarse en torno suyo al producirse la explosión, a más de proporcionarle medios de eficaz colaboración cual, entre otros, el vehículo usado, etc.»[452]. Todos permanecían incomunicados, al igual que el chófer Valero, de quien el juez destacaba su carácter de «conductor del vehículo que continuamente usaron los otros procesados con conocimiento de la perpetración del delito». Su imputación, argumentaba, «se ha producido con posterioridad a la comisión del acto delictivo en forma de inasistencia a la Justicia para ocultar o inutilizar las huellas delictivas, amparando a los delincuentes e impidiendo el descubrimiento del delito»[453].

En cuanto a Calleja, el hecho de ser oficial del ejército planteó una cuestión procesal que el juez elevaba a consulta al auditor de guerra[454]. Era la siguiente: según el ordenamiento vigente, su grado de teniente mutilado de guerra permanente requería el nombramiento de un nuevo juez con categoría de jefe (es decir, comandante, teniente coronel o coronel), ya que el actuante era sólo oficial —capitán—. La cuestión se tramitó acorde al ritmo urgentísimo —si no trepidante— con que se estaba desarrollando la instrucción. Ese mismo día el auditor resolvió la procedencia de la cuestión, así como el general jefe de la jurisdicción, Loriga, y se designó a un nuevo juez instructor «especial» con la categoría de jefe —y a un nuevo secretario con la de oficial— en las personas del teniente coronel de Infantería Manuel Jaén Ureta y el segundo del teniente de Ingenieros, Benigno García Vaquero[455]. El nuevo juez, al día siguiente, jueves 20, se hacía ya cargo del procedimiento[456].

Se estrenó procesando a Calleja, Berastegui, Rivadulla y Moretón. De Calleja afirmaba, aceptando lo de la presunta señal que habría hecho con su muleta, que «fue visto, por testigos que declaran, enarbolando una muleta y coincidiendo, o pocos segundos después de dicha demostración, sonó una explosión, lo que parece demostrar la indudable concomitancia con varios de los restantes procesados […] y su participación como autor de los hechos»[457]. De Berastegui decía que «efectuó actos de cooperación y ayuda al procesado Calleja al menos anteriores a su actuación delictiva, no indispensables, pero que fue visto en compañía de dicho señor hasta momentos antes de la explosión»[458]. Por su parte, a Hernández Rivadulla y a Moretón los procesó, al primero no sólo por haber asistido e intervenido en la «refriega», sino porque «con posterioridad a la comisión del acto delictivo en forma de inasistencia a la Justicia para ocultar e inutilizar las huellas delictivas, amparando al delincuente e impidiendo el descubrimiento del delito», lo que quizá tenía algo que ver con el hecho de no haberse presentado voluntariamente en comisaría; y al segundo por ser el conductor del otro de los coches. A ambos les acusaba de «encubridores presuntos»[459] y les aplicó los mismos artículos de la ley de Seguridad. También quedaban todos de nuevo incomunicados. Según Bravo, esta incomunicación fue estricta: «Fuimos incomunicados rigurosísimamente entre nosotros, con el interior y con el exterior de la cárcel, no permitiéndosenos ni escribir a las Jerarquías del Partido ni aún con previa censura»[460].

A continuación se preguntó a los procesados por el nombre del defensor que querían designar de entre los oficiales del ejército de la plaza. Según consta en el sumario, declinaron hacerlo por no conocer a ninguno[461], pero la realidad fue otra, y tanto Hernando Calleja como Hernández Bravo intentaron hacer designaciones en otras personas, que no fueron aceptadas. Según el segundo,

cuando el juez instructor nos llamó a audiencia para que designásemos defensores Calleja designó al coronel Quintana para el grupo del coche 565, denegándosele esta solicitud por no ser aquel de la Plaza de Bilbao. De nada sirvió que Calleja hiciese constar que en varias ocasiones había actuado el citado coronel en la Plaza de Bilbao. Yo, para el grupo del coche 51 designé al Delegado Nacional de Justicia y Derecho del Partido, denegándoseme la petición por la misma razón. Entonces fuimos conminados a elegir defensores en el plazo de dos minutos o, en caso de no hacerlo, los designarían ellos. Tuvimos que elegir dos desconocidos al azar[462].

Pero no lo hicieron en ese momento procesal.

En las declaraciones indagatorias a las que fueron sometidos todos, se ratificaron en lo declarado con anterioridad, esgrimiendo además sus historiales falangistas, como fue el caso de Domínguez, quien, por supuesto y por la cuenta que le traía, no hizo alusión ninguna a sus relaciones con los servicios alemanes[463].

En este punto ordenó el juez la realización de una inspección ocular del lugar de los hechos, y se constituyó el juzgado en la explanada de Begoña, junto con el fiscal jurídico militar accidental y los testigos Acosta (recordemos, el teniente médico de la Policía Armada), Pando, Erdozain, Mendicuchia y Azcoitia[464], y se levantaron croquis[465]. Al tiempo, y tal como se había venido haciendo desde el principio, se siguió tomando declaración a los heridos en los hospitales, en estos casos por parte del juez militar de guardia permanente, que iba remitiéndolas al instructor.

Estando así las cosas, aparecieron nuevas informaciones. Al exponer ante el juez el jefe de la Guardia Municipal de Bilbao, el capitán de Caballería mutilado José María de Unibaso, se ratificó en lo dicho, pero añadió un incidente protagonizado por Calleja en el mes de junio anterior en el estadio de San Mamés, durante un partido de fútbol entre el Atlético de Bilbao y el Valladolid. Entonces, el procesado había agredido a un inspector de policía que le había requerido que «se moderara en sus expresiones»[466]. También llegó al nuevo juez una denuncia de presiones de FET y de las JONS sobre testigos con el objetivo de librar de responsabilidades a los falangistas en general y a Berastegui en particular. Como explicó Luis de Olabarria y Alayo, que había participado en la captura de Domínguez, en un escrito que dirigió al auditor de guerra —y que éste envió al instructor—, «durante los dos días siguientes [al de los hechos, es decir los 17 y 18 de agosto] he recibido tres visitas de dos elementos afiliados a Falange Española Tradicionalista y de las JONS que han venido a recomendarme, invocando su amistad particular, para que declare que creo al Sr. Berastegui incapaz de un acto de esta naturaleza y que exponga mi duda de que fueron estos individuos quienes cometieron estos actos, que, según ellos, pudieron ser causados por persona extraña». Él se había «negado rotundamente»[467]. Bien al contrario, para él los falangistas «habían tratado de acercarse lo más posible a la puerta de salida de la iglesia y arrojaron la bomba con precipitación para no hallarse rodeados de una muchedumbre que aumentaba constantemente y que les hubiese envuelto y cortado la retirada»[468].

En relación con estos intentos, el juez investigó las declaraciones de Villaamil[469]. Se hizo comparecer a quien había sido la fuente de la información, un tal Luis Pastor Rupérez, oficial de Telégrafos, el cual, al ser interrogado el día 21, dijo no conocer a la persona a la que se había hecho el ofrecimiento y se excusó por no haber dado parte del rumor al haber escuchado a Maiz decirle a un tal Merino, alférez de Infantería, «no te olvides de este dato. Hay un inspector de Falange llamado Bravo y su secretaria que conocen concretamente el asunto de que ha habido dinero en el asunto de Begoña (digo de que se ha ofrecido para perturbar la misa de Begoña)»[470]. Se localizó al tal Merino, que resultó ser un abogado falangista que se había reunido en el vestíbulo del hotel Carlton con Maiz y el jefe nacional del SEU, José Miguel Guitarte —desplazado a Bilbao tras los sucesos, como tendré ocasión de explicar—, para tratar sobre su posible defensa de los encartados, algo que no se pudo lograr. Corroboró ante el juez que Maiz había dicho que «en último caso le podría facilitar el nombre de un señor que ocupa un cargo público que tenía conocimiento de que había alguien que facilitaba o que ofrecía dinero para armar alboroto»[471]. También investigó las informaciones proporcionadas al auditor por el delegado provincial de Excombatientes, el capitán Hormaechea, que había presentado una lista de testigos se supone que para contrarrestar a los que ya habían depuesto en el sentido que se viene explicando. En concreto, el 21 de agosto había enviado un escrito en el que decía:

Habiendo llegado a conocimiento mío la incoación del oportuno sumario Sumarísimo de urgencia por el hecho ocurrido en próximo pasado día 16 de corriente, me apresuro a poner en conocimiento de V. I. a los efectos que en Justicia correspondan que he llegado a saber que existen varios testigos presenciales de aquel suceso y que son:

1.º D. Germán Elorza, fotógrafo del Diario Hierro, que se hallaba en el lugar de autos para realizar la información gráfica.

2.º D. Ramón Errasti, empleado de la Firestone, que también se hallaba en el lugar.

3.º Un hijo de un tal Vitorica, que vive en Basauri, contable de la casa Vitoria, domiciliado en la calle San Fausto de dicho lugar.

Estas personas, testigos presenciales, podrán aclarar muchos extremos y dar señales personales del autor[472].

Llamó el juez a declarar a los citados. Pero, tras deponer el tal Echarri, consideró su testimonio sin importancia para la causa[473] al no ser su testimonio de tipo presencial[474], ya que tal individuo no había estado en Begoña el día de autos. Por su parte, el fotógrafo Elorza declaró que «si bien estuvo allí, no vio a los agresores y por tanto, ni por rumor ni por propio conocimiento puede afirmar quiénes pueden ser»[475], lo que llevó al instructor a considerar su testimonio también sin importancia. De hecho, no consta acta de estas declaraciones en el sumario. Y ya no oiría la del tal Vitorica, que no se presentó, y que al parecer era menor de edad, ya que el juez consideró lo mismo que para los anteriores[476].

Pero el hecho era que en ambientes falangistas se continuó —y aún durante algún tiempo— hablando de la existencia de elementos provocadores, pagados, como presentes en los sucesos de Begoña. Por su parte, Bravo, en su carta a Arrese, se referiría a la existencia de un servicio de seguridad sufragado por los carlistas, al decir que «en el acto […] existían, o cuando menos se hicieron gestiones para que los hubiese, cierto número de elementos pagados y armados previamente con la orden de defender a los manifestantes en caso de necesidad. Puedo darte algunos nombres concretos de campesinos de pueblos próximos a Bilbao a quienes se les hicieron tales ofertas»[477].

Cuando aún no había pasado ni una semana de los sucesos, el sábado 22 de agosto propuso el instructor al auditor de guerra la elevación a plenario de la causa. En su escrito afirmaba que se había lanzado «al menos» una bomba, si bien aún no contaba con el dictamen pericial encargado sobre los fragmentos encontrados; que ninguno de los heridos había fallecido hasta ese momento, a pesar de estar algunos de ellos graves; que por «observarse que pudiesen existir intereses contrapuestos» entre los falangistas de cada uno de los dos automóviles, proponía la admisión de dos defensores diferentes para sus ocupantes; y que por haber contemplado ciertos indicios de criminalidad en Sánchez-Covisa, Valdivieso y otros, proponía la apertura de una Pieza Separada del sumario para así «no desvirtuar la esencia y finalidad del Sumarísimo, lo que retardaría la celebración del oportuno Consejo de Guerra»[478]. Se trataba, pues, de ir deprisa. El auditor hizo suyo el escrito y el mismo día propuso al general Loriga el pase a plenario, así como su envío al fiscal jurídico militar; la apertura de la nueva Pieza Separada una vez hubiese recaído sentencia en la Pieza Principal; y el nombramiento como vocal ponente del consejo de guerra —que sería de generales— a uno procedente de «otro distrito judicial o del Ministerio del Ejército por no existir Jefe del Cuerpo Jurídico Militar en esta jurisdicción de la categoría exigida por la ley»[479]. Muy poco después Loriga aceptó todas las peticiones[480].

De acuerdo con la celeridad con la que se movía la causa, ese mismo sábado ya se contó con el escrito de acusación del fiscal, que era del fiscal-jefe. Pedía la pena de muerte para Domínguez, Hernández Bravo, Calleja, Berastegui y Rivadulla; veinte años de cárcel para los dos chóferes, Moretón y Valero; y para todos los procesados, solidariamente, una indemnización a las víctimas de 200 000 pesetas. Domínguez era señalado como «autor, por haber lanzado la bomba de mano en medio de la concurrencia», mientras que Hernández Bravo, Lorenzo, Calleja, Berastegui y Hernández Rivadulla lo eran como coautores «en razón del acuerdo previo y mediante unidad de pensamiento, resolución y acción punibles, cooperando en la realización del hecho» con el propio Domínguez. Los chóferes aparecían como «encubridores». Todo ello considerado un delito contra la Seguridad del Estado previsto y penado en los artículos 9 y 50 de la ley del mismo nombre, toda vez que se habían, al parecer del fiscal, «ejecutado actos encaminados a alterar el orden público y [de] atentado contra el Excmo. Sr. Ministro del Ejército y Autoridades asistentes al acto […] realizándose aquellos ante una concurrencia extraordinaria y produciendo un pánico y terror indescriptibles»[481].

Asumía, pues, plenamente el fiscal y con todas sus consecuencias la tesis del atentado perpetrado con coordinación contra el ministro por los falangistas de los dos coches. A la hora de explicar los hechos, señalaba la coincidencia en San Sebastián de los dos coches el 14 de agosto; la llegada de ambos a Begoña y cómo el 51 se había situado «no en el lugar que ocupaban los restantes coches oficiales y particulares sino al lado izquierdo de la Basílica (mirando a la entrada) y muy próximo a la caseta de espera del tranvía»; cómo Calleja y Berastegui habían penetrado en la iglesia, situándose «en el centro de la plazoleta de acceso, a unos 7 metros de las escalinatas y entre los dos primeros árboles, derecha e izquierda, si bien más cercanos al de la izquierda y perfectamente visibles desde el coche FET n.º 51 por estar en cuesta el lugar ocupado por éste»; y cómo «a los pocos instantes» se había producido «un intercambio de gritos y vivas seguidos de una discusión acalorada en la que los procesados Calleja y Berastegui, principalmente, contendían con los asistentes al acto, momento éste en el que el procesado Calleja levantó una muleta coincidiendo con el desplazamiento a paso rápido y desde las proximidades del coche FET n.º 51 del procesado Juan José Domínguez Muñoz quién, situándose junto al primer árbol de la izquierda lanzó la bomba que fue desviada y que al estallar frente al banco anteriormente señalado causó más de 56 heridos [sic, por 71], de ellos siete graves»[482]. A continuación narraba la detención de Domínguez «en el mismo instante por uno de los concurrentes al acto, quien, ayudado por otros, hizo entrega del mismo al teniente médico de la Policía Armada, al que el público se dirigía en aquel momento al grito de “Teniente, este individuo es el que ha tirado la bomba”», y del resto de los falangistas: «momentos después todos los procesados fueron detenidos en el lugar de la ocurrencia y llevados a los coches ya reseñados, uno de los cuales, el señalado con el n.º 51, acababa de ser apedreado y rotas sus cubiertas. Todos ellos fueron entregados a agentes de policía para su conducción a la comisaría». Y destacaba cómo «el autor material del lanzamiento de la bomba, Juan José Domínguez Muñoz, ha sido reconocido en rueda de presos y los hechos relatados se comprueban en las declaraciones testificales y diligencia de inspección ocular obrantes al sumario». Concluía afirmando que «hay indicios de una segunda bomba que no hizo explosión y que no ha sido aún localizada»[483].

La realidad era, sin embargo, que los coches no habían ido de forma premeditada y coordinada a Begoña, que Calleja no había hecho señal alguna y que no se había preparado entre ellos ningún atentado contra Varela. Pero sí, Domínguez había lanzado la granada que había ocasionado los heridos.

El procedimiento siguió sus últimos pasos: el mismo día 22 los procesados, tras serles presentada una lista de oficiales, designaron ya a sus defensores, dada la inocuidad de sus esfuerzos anteriores al respecto. Bravo, Lorenzo, Domínguez, Valero y Rivadulla —los de Madrid— designaron al alférez provisional de Infantería José María Jordán[484]; y los de Valladolid, Calleja, Berastegui y Moretón al también alférez provisional de la misma arma José Ramón Ordozgoiti[485]. Seguidamente, les fueron leídos los cargos. Fue entonces cuando todos los que creían que podían alegar —en razón de sus cargos en el partido— lo hicieron, señalando una falta de competencia de la jurisdicción militar para juzgarlos y solicitando la aplicación del Fuero de Jerarquías de FET y de las JONS[486]. Lo requirieron Domínguez, Hernández Bravo, Lorenzo, Calleja, Berastegui y Rivadulla. Calleja, además, alegó «detención arbitraria». Y ninguno se declaró conforme con los cargos.

Cuando se les preguntó para su defensa, sobre la posibilidad de «ratificación de algún testigo del Sumario o la práctica de alguna diligencia de prueba», Hernández Bravo pidió que declarasen el general gobernador militar Loriga, el comisario Sr. Asterio [Martín Calvo] (el que les había evacuado en uno de los coches), el jefe superior de Policía Aparicio y el jefe nacional del SEU Guitarte, su superior inmediato en Madrid[487]. Por su parte, Domínguez pidió la asistencia al consejo «de los que le reconocieron en rueda de presos y el comisario Sr. Asterio», quizá, como Bravo, al considerar que la versión que daría el policía le sería favorable —como lo había sido el trato en comisaría—. También Lorenzo, Berastegui y Rivadulla pidieron la presencia del mismo comisario, así como el primero la de «un agente de policía natural del Ferrol del Caudillo de unos 35 años de edad, de estatura pequeña», y el segundo la de los dos agentes de policía que habían registrado la pensión («[los] que delante del exponente realizaron a las diez y media de la noche del día de autos un registro en los equipajes de Roberto Valero Fernández y Juan José Domínguez Muñoz en la Pensión Arizmendi»), la dueña de la casa, Antonia Arizmendi, y su hija. Calleja solicitó que declarase Mercedes Mauleón, que lo había socorrido en la basílica, así como un tal Emilio Charroalde, empleado del Banco Guipuzcoano, y el cabo conductor del coche de la Policía Armada que los había evacuado. Por último, de los dos chóferes, tan sólo Moretón hizo una solicitud, la de presencia en el consejo del mismo cabo.

La cuestión de la competencia o no de la jurisdicción militar para juzgar jerarquías era clave para los procesados, y en ella habían depositado grandes esperanzas. Pero no funcionó. El auditor de guerra rechazó la pretensión ese mismo día en su informe para el general Loriga. Éste lo aceptó al instante, desestimando la petición en resolución inapelable[488]. Rechazaba en su escrito el auditor que tuviesen que ser juzgados —los que ostentaban cargos de rango nacional en el partido— por el Tribunal Supremo o el Consejo Supremo de Justicia Militar; o, los de rango provincial, por la Sala de lo Criminal de las audiencias provinciales. Se basaba para ello en el argumento de que los delitos por los que estaban procesados estaban recogidos en la Ley de Seguridad del Estado, que instituía la competencia de la jurisdicción castrense. También —pero de manera harto discutible— negaba que los procesados desempeñaran cargos de rango nacional, lo que en el caso de Hernández Bravo era falso, ya que era delegado nacional de un departamento del SEU. Argumentaba «que los nombramientos de los cargos de los procesados han sido hechos por Jerarquías que no son las que exigen las Leyes para los nombramientos de los delegados nacionales y secretarios nacionales de Servicios y Jefes Provinciales del Movimiento»[489], lo que no se puede comprobar por no encontrarse éstos en el sumario conservado, pero que no me parece de recibo. En los casos tanto de Calleja —secretario provincial del partido en Valladolid— como de Berastegui —jefe provincial del SEU—, con cargos afectados por el fuero —éstos de segundo nivel— también se les denegó. El auditor utilizó como argumento que el fuero instituía que «si las Jerarquías comprendidas en este artículo, fueran aforados de guerra, radicará la competencia para fallar en Consejo de Guerra de Oficiales Generales conforme al procedimiento prevenido en el Código de Justicia Militar, quedando reservada la declaración de procesamiento a la Autoridad militar correspondiente, todo ello sin perjuicio del Fuero Superior que pudiera corresponderles», lo que consideraba cumplido al afirmar que «el hecho de que el Consejo de Guerra que ha de conocer de la presente causa sea el de Oficiales Generales dispensa de entrar a examinar si a los procesados, por sus cargos, ha de serles aplicable lo dispuesto en los artículos 6.º [el referido a cargos nacionales del partido] y 7.º [el referido a cargos provinciales del partido] del Fuero de Jerarquías». Los consideraba, pues, aforados de guerra, seguramente por entender que al estar incursos en la Ley de Seguridad del Estado, lo eran. Y de esta manera despachó el asunto. Así se esfumaron las pretensiones de la mayoría de los procesados, que quedaron ya a merced del consejo de guerra.

La actuación del general Varela y las autoridades militares de Bilbao tras los sucesos. El crece de versiones entre Varela y los carlistas, y entre Franco y el partido

LA ACTUACIÓN DEL GENERAL VARELA Y LAS AUTORIDADES MILITARES DE BILBAO TRAS LOS SUCESOS. EL CRUCE DE VERSIONES ENTRE VARELA Y LOS CARLISTAS, Y ENTRE FRANCO Y EL PARTIDO

El ministro del Ejército, el general Varela, si bien no desde el inicio, acabó considerando lo sucedido en Begoña como un atentado dirigido contra su persona y el resto de autoridades presentes —el subsecretario del ministerio de la Gobernación, Iturmendi; el gobernador militar y general, Loriga; el director general de Arquitectura, Pedro Muguruza; el gobernador civil y jefe provincial de FET y de las JONS de Vizcaya, José Garrán Moso; el vicepresidente de la Delclaux; el alcalde de Bilbao, Tomás Pero-Sanz Zorrilla[490]; y el jefe superior de Policía, Aparicio, entre otros—. Era el primer año que Varela asistía a la celebración[491]. Quien, llamativamente, y también por primera vez, no asistió, fue el bilbaíno presidente de las Cortes y carlista unificado de pro, Esteban Bilbao, al parecer, según se dijo, «porque tuvo noticias de que no lo iban a saludar muchos requetés por haber abandonado su campo»[492].

Acompañaba a Varela su esposa Casilda de Ampuero y Gandarias, esposa reciente, ya que la boda se había celebrado no hacía aún un año, en el mes de octubre anterior. En función de este enlace se atribuía al general una adscripción al carlismo que cabe matizar. Él nunca había militado en la Comunión Tradicionalista aunque podía simpatizar con algunos de sus planteamientos, que casaban con los suyos y con el catolicismo y conservadurismo radicales. También coincidía, en este caso con sólo una parte del carlismo, en el anti falangismo; en su posición crítica por el papel concedido por Franco al partido único fascista español, algo que compartía de igual manera una parte del generalato. Digamos que, a las alturas de ese verano de 1942, las relaciones entre sectores importantes de la oficialidad del ejército y el partido —tensiones que venían ya de la época de la Guerra Civil, pero sobre todo desde su final— se encontraban muy deterioradas, con incidentes frecuentes.

Al convencerse de la tesis del atentado, Varela debió de considerar lo ocurrido en la basílica como un punto de no retorno, con unos falangistas que habrían buscado incluso su eliminación física. Por otra parte, tras presenciar el desastre ocasionado por la bomba, se sintió obligado a actuar en favor de los perjudicados, tanto por la vía disciplinaria —lo que representó la apertura del procedimiento judicial militar de urgencia— como asistiendo a los heridos y sus familias.

Sin embargo, que el ministro interpretase lo sucedido de la manera que lo hizo no significa que estuviera en lo cierto. Pero lo que interesa ahora es que lo creyese así y actuase en consecuencia. En primer lugar, sabedor de la estrecha relación entre el partido y Franco —relación creciente desde la crisis de mayo de 1941, cuando FET y de las JONS había aceptado su plena subordinación al Caudillo—, se movilizó para evitar cualquier «componenda política» que evitase el consejo de guerra y la condena de los procesados. Pretendía que el castigo fuera ejemplar y tenía un arma para lograrlo: la jurisdicción militar. En segundo lugar, buscó explotar lo sucedido en contra del partido, para debilitarlo. Pero Franco se dio cuenta de la jugada.

Mientras se ponía en marcha la maquinaria judicial castrense para el logro del primer objetivo, para el segundo se movió Varela en varios ámbitos a la vez. Se puso en contacto telefónico con Franco —que se encontraba de vacaciones en el Pazo de Meirás— y escribió a los capitanes generales de las regiones militares. La que sería la primera de sus dos conversaciones telefónicas con el Generalísimo, con Varela aún en Bilbao, resultó muy tensa. El ministro debió cargar contra el partido único, pero nada adujo sobre que lo sucedido en Begoña hubiese sido un atentado dirigido contra él, pues en esos momentos o no lo sabía o no lo creía. Por su parte, Franco[493] le repuso que los falangistas habían actuado tanto en defensa de su persona —la del Jefe Nacional— como del partido, añadiendo, para más inri, que lo ocurrido no había tenido relación directa con la presencia del propio Varela allí, lo que era bien cierto. Acabó incluso diciéndole «que no esperase recibir por lo sucedido la tercera [cruz] laureada [de San Fernando]» —Varela era el único bilaureado del ejército—, lo que no dejaba de ser un comentario ofensivo y agresivo. Al protestar Varela lo mandó callar y le colgó el auricular.

No creía el Generalísimo las versiones del general, del ministro de la Gobernación[494] o del director general de Seguridad, que afirmaban que el acto de Begoña había sido correcto por parte carlista. Y es que Franco —seguramente por mediación del ministro-secretario general del partido, Arrese, que se encontraba con él en el Pazo de Meirás en tanto que ministro de jornada e invitado suyo—, había mandado al vicesecretario general Luna a Bilbao para que lo informara. Y tras recibir el informe de éste, llamó —en la madrugada[495] del lunes 24 de agosto, el mismo día y horas antes del inicio del consejo de guerra contra los falangistas procesados— en persona por teléfono a Varela, que acababa de llegar a Madrid ese día, precisamente, en sus propias palabras, para «no estar en Bilbao el día del consejo de guerra». Resulta difícil no ver en la llamada de Franco una intención «desactivadora» del asunto, ya que la realizó horas antes del inicio de la vista. Sin embargo, en el curso de esta segunda conversación el Caudillo acabaría rectificando en parte sus intenciones y su visión de lo sucedido.

Como la conversación fue grabada por los servicios de Jefatura del Estado y tras el fin del Régimen fue publicada por un destacado exministro, Laureano López Rodó, conocemos con detalle su contenido. En su curso Franco le recriminó a Varela la versión que estaba dando ahora de los hechos, es decir, la de que los sucesos de Begoña habían sido un atentado contra él. Una versión que, por carta, había hecho llegar Varela a los capitanes generales en una misiva, por lo demás, bastante contenida en el tono y en la que se justificaba diciendo que la prensa había silenciado los hechos, «seguramente por su gravedad. Estimándolo como un deber de relación de las autoridades militares superiores». En ella les explicaba el ministro que

a la salida del […] [acto religioso] y en medio de una exaltación patriótica correspondiente al acto realizado de honrar a los que dieron su vida por la Patria, unos malvados realizaron una agresión, arrojando sobre el grupo una bomba, que fue a caer a unos metros del lugar en que con las Autoridades me encontraba. La aglomeración tan extraordinaria formada a mi alrededor, y el que un asistente al acto desviara la mano del agresor, hizo que la bomba, al explotar, no cayera en el centro del grupo de autoridades; pero sí originó víctimas cuyo número alcanzó la cifra de 71 heridos. Éstos son los hechos, relatados objetivamente, notificándole que han sido detenidos los presuntos autores, estando ya el caso sometido a la Justicia Militar. Todos los detenidos pertenecen a la Falange[496].

Tras recibir la carta, alguno, de los capitanes generales —como fue el caso de Kindelán, en Baleares—, reunió a los jefes de Cuerpo para leérsela, aprovechando para arengarles y llamarles a repeler «de modo fulminante y terrible» cualquier insulto de palabra u obra —en referencia a los falangistas—, asegurándoles que los respaldaría «con toda su fuerza jerárquica»[497].

También en el curso de esta segunda conversación telefónica Franco le dijo a Varela que «ellos [los falangistas] no atentaron contra ti pues tú mismo, cuando hablaste conmigo, no me dijiste nada de eso»[498], a lo que respondió el ministro que fue «porque yo todos estos detalles los supe después, porque yo entonces no sabía ni que el hombre desvió el brazo ni había hablado todavía con mi mecánico que fue quien le encañonó a uno de ellos»[499]. En realidad, el Caudillo estaba tratando de quitar importancia al asunto ya desde el primer momento de la conversación con el que llamaba «Varelita», y que había empezado así:

Te llamaba por el asunto de Bilbao, pues por mi información las cosas no sucedieron exactamente tal como me ha informado el Ministro de la Gobernación y el Director General de Seguridad, porque realmente aquello fue una cosa política […] porque es que, como se produjeron los hechos de Begoña hay discrepancia ya que se trataba de un acto perfectamente lícito en sí, pero del que se quiso aprovechar cierta secta, para provocar con sus gritos subversivos y con unos carteles que llevaban que decían «Viva España», «Viva el Ejército», «Viva el Rey», «Mueran los traidores».

Varela le cuestionó la presencia de carteles —de forma equivocada, ya que hubo cuatro pancartas— y se centró en la cuestión de los gritos, discutiendo cuáles habían sido. Y así, cuando Franco le dijo que «fue al grito de “Viva el Rey” cuando ellos [los falangistas detenidos] reaccionaron y se cometió el acto», Varela, con gran indignación y energía, fue directo al grano: «Mira mi General, ya veo en qué plan estás y te han engañado una vez más, como siempre, mi General. También te han dicho que se gritó “Muera Franco”, y eso no es verdad, porque si eso hubiera sido así en mi presencia, tú me conoces, mi general, y sabes que tengo el alma suficiente para que no quedara uno sano y para h… [hostiar] al que hubiera dado ese grito». Y le contó la misma versión que a los capitanes generales. Al recriminarle el Caudillo que no se la hubiese dado antes, reiteró:

Ya veo el plan en que estás, mi General… Te he escuchado estos días tus discursos y no has tenido una palabra de consuelo para estas pobres víctimas, todos ellos obreros, y muchos de ellos muy graves, que probablemente se morirán, entre ellos una madre de doce hijos y un soldado que estaba allí a visitar a la Virgen y que perderá la pierna, pero nadie ha tenido una frase para ellos ni una condenación para los criminales asesinos, sino que tú, por el contrario, los has maltratado hablando de posiciones y banderías, y esto no es justo, mi General, ésta no es la contestación adecuada, todo ello para decir en nombre de una revolución que tú proclamas, cuando tú sabes muy bien mi General que soy cincuenta veces más revolucionario que tú, pero en revolucionario consciente y en responsabilidad, y, por lo tanto, no podré nunca estar con estos criminales y asesinos.

La andanada contra el presunto revolucionarismo falangista y sus hombres, y contra el alineamiento de Franco con ellos, era clara y directa. Los discursos a los que se refería habían sido los pronunciados por el Caudillo los días 20, 21 y 23 en Vigo, Lugo y La Coruña[500] ante concentraciones falangistas, siempre acompañado por Arrese. En el de Lugo se había referido específicamente a la unidad entre Falange y Ejército[501].

Cambió entonces de tema Franco, refiriéndose a que los sucesos eran fruto de una conspiración contra el Régimen, en la que estaban implicados tanto nacionalistas vascos como masones disfrazados de carlistas, que además hacían «el juego al enemigo». Dijo en concreto:

Ya días antes se decía en la cárcel de Larrinaga entre elementos rojos y separatistas «parece que el domingo va a haber cosas en Begoña» y la propia mujer del gobernador se lo dijo a su hermana. Así que en la provocación pudiera intervenir alguno de estos elementos… y con estas provocaciones lo que hacen es el juego al enemigo […] en muchas partes los nacionalistas han cogido a elementos obreros a quienes ponían la boina roja para dividir y provocar como lo han hecho e Cartagena, que luego resultó que muchos de ellos eran masones; aquí podría haber entre ellos algún separatista.

En este punto, sin decírselo a Varela, se estaba basando en un informe que el jefe de Milicias de FET y de las JONS de Bilbao, el comandante Churruca, había hecho llegar dos días antes de los sucesos a su jefe regional, en Burgos; al gobernador general, en Bilbao; y a su Capitanía General, la de la Sexta Región; y que había llegado a manos de Franco. En él se relacionaba la próxima celebración de Begoña con la de «algún acto-manifestación de elementos contrarios al Régimen». Sería un acto en el que los carlistas querían demostrar «la potencia de su organización» y para el que «elementos nacionalistas de Vizcaya» habrían repartido boinas rojas y armas cortas en la factoría Aurrerá. También habría habido reparto de dinero y armas cortas por el consulado inglés, mientras los carlistas recibían fusiles en Navarra. Churruca alertaba además de un posible asalto, aprovechando las vacaciones de verano, a las factorías de armas del País Vasco, y pedía un refuerzo de su vigilancia, afirmando igualmente que los partidos del antiguo Frente Popular tenían armas escondidas[502]. Todo, como podemos ver, bastante fantasioso, pero a lo que Franco concedía crédito, o hacía como que se lo daba.

Varela protestó al instante: «Pues yo te digo, mi General, que ninguno de ellos, a quienes yo he ido a ver al hospital, eran separatistas, sino todos ellos tradicionalistas o independientes, muchos de ellos, como es natural, familiares [de caídos en la guerra] y entre los que se contaban muchas mujeres y niños». Y aprovechó para criticar que los jerarcas del partido que habían acudido a Bilbao tras los sucesos para interesarse por los detenidos, no se hubiesen interesado también por los heridos. Sí en cambio por los fautores, y citó expresamente tanto al jefe nacional del SEU, Guitarte, como al vicesecretario general Luna. Dijo, con gran indignación: «Ninguna de las jerarquías que han pasado por Bilbao se ha dignado a ir a ver a las víctimas, que oficialmente son todas ellas de su partido, ni han preguntado por ellas, sino que sólo se han interesado por los asesinos, tratando de desviar la acción de la Justicia, como Guitarte». Saltó entonces Franco en defensa de este último, afirmando «que fue allí por el asunto de su coche y es un gran muchacho que se ha distinguido mucho en la Universidad». Varela respondió con ironía:

Un gran muchacho, mi General, pero que trató de estar con el Auditor y con esta falta de respeto que caracteriza a esta gente [los falangistas] llamó al gobernador civil a que fuera al hotel a verlo y luego habló por teléfono con el general Loriga, un general de 70 años, para decirle que tenía que hablarle, a lo que éste le contestó que si era como amigo cuando quisiera y donde quisiera pero que si le hablaba del asunto de los procesados había de saber que la Justicia Militar es una cosa muy seria para admitir injerencias de nadie. De modo que ¿Ése es el buen chico? ¿Qué te hubiera parecido a ti si cuando eras jefe de Estado Mayor hubiera venido un estudiante a proponerte una cosa parecida?

También se quejó de que Luna —que aparte de vicesecretario general era, como sabemos, teniente coronel—, no se le hubiese presentado reglamentariamente al acudir a Bilbao. Franco le disculpó alegando que no tenía obligación de hacerlo, pero Varela no cedió, replicando que «sí que la tenía, mi General, en todos los órdenes, y me extraña mucho eso que estás diciendo. Tenía, además, la obligación moral de ir a ver a las víctimas». Insistió aún el Caudillo con que Luna no sabía que él, Varela, estaba en Bilbao, que había pasado allí tan sólo unas horas por encargo suyo, que se había desplazado desde Valencia para entrevistarse con el gobernador civil, con el comisario de policía y con Maiz, el delegado provincial de la Vieja Guardia, y que había concluido en su información que «ni las jerarquías de Madrid ni las de Bilbao tuvieron nada que ver con este asunto, pues no hay [entre los procesados] nadie de Bilbao». Es más, había sido Luna quien le había informado de «los carteles» —o pancartas—, lo que había servido a Franco para desautorizar los informes de Galarza.

Varela volvió a replicarle en este punto, citando los casos de los dos procesados vizcaínos, Berastegui y Calleja, y aprovechó para explicarle sus antecedentes y, en general, criticar a los falangistas bilbaínos. Del primero dijo que era «de origen separatista y que fue jefe del SEU en Vizcaya», lo que era cierto, «sin prestigio alguno para ese cargo, como no lo tenía casi ninguno de los de Falange en Bilbao, a quien no hay una persona decente que los siga». Franco justificó de nuevo al partido, «eso fue culpa de que han tenido muy malos jefes provinciales». En cuanto a Calleja —el de Orduña «que ahora está en Valladolid y es mutilado»—, Franco manifestó que «es un muchacho que bebe mucho y es muy exaltado», y Varela reveló que «[le] hemos fusilado a su hermano de Santander», extremo que el Generalísimo desconocía.

Hablaron a continuación sobre el lugar de las detenciones —si se habían practicado en el santuario de Begoña mismo o en Bilbao, a lo que Franco afirmó que en Bilbao, lo que era correcto—, sobre el número de bombas lanzadas —si una o dos, a lo que el Caudillo confirmó que una, y le discutió el ministro, sin razón— y sobre la autoría del lanzamiento, cuando Varela impuso su versión, aunque en realidad confundía a Calleja con Domínguez. Así, al Franco que aseguraba «que no se sabe exactamente quién fue el autor», el general le respondió con un «se sabe exactamente ya todo, lo que pasa es que ellos no lo han declarado pues, según ellos, nadie sabía nada y se habían presentado allí por casualidad y sólo por curiosidad, pero eso está demostrado que llegaron unos diez minutos antes de que acabara la misa, y el policía que allí estaba les preguntó qué es lo que iban a hacer allí, a lo que contestaron que “iban a ver lo que hacían estos carcas”. […]. La cosa estaba muy pensada, mi General, y como te digo se les ha cogido allí mismo, pues ellos querían que no fuera». Y aprovechó para contarle —con la confusión de nombres—, cómo había sido detenido Domínguez. En concreto, cómo su propio mecánico lo había retenido fuera del santuario tras tratar de apoderarse del coche de Iturmendi y de que el falangista le dijera «Llévame, que la Falange te protege» (en realidad, como hemos visto, había sido Calleja). Reiteró Varela que «la cosa estaba muy pensada mi General, y como te digo se les ha cogido allí mismo», lo que no era cierto del todo, «pues ellos querían que no fuera juicio sumarísimo invocando que eran Jerarquías y que les juzgara el [Tribunal] Supremo». Aquí saltó el propio Franco: «Pero esto no puede ser». Le acababa de tocar la fibra corporativa militar, que por supuesto compartían los dos. Y concluyó él mismo: «Bueno, pues que se haga todo dentro de la mayor equidad porque ya tratándose de una provocación las cosas varían y ya los hechos no son lo mismo»[503]. Es decir, que si la llamada a Varela había sido para cuestionar su versión e influir en el desarrollo del consejo de guerra, había acabado en fiasco, con un Jefe del Estado dudando ahora de la versión recibida por la vía falangista.

Varela, dispuesto a llegar hasta el fin en la cuestión de las responsabilidades y que acababa de ver lo influido que estaba el Generalísimo por su entorno falangista, tenía, no obstante, la sartén por el mango —con la celebración del consejo de guerra— y también, tras la conversación, a un Franco ahora dudoso de si lo de Begoña fue o no una provocación. De hecho, las últimas frases intercambiadas entre los dos ese día 24 habían versado sobre los miembros del tribunal militar. Había preguntado quién lo presidía, y el ministro respondió que «el General Castejón, camisa vieja, para que veas que se ha obrado con toda imparcialidad y el Fiscal también es de Falange y el Auditor persona muy religiosa y muy buena», a lo que el Caudillo replicó con un «Castejón no es camisa vieja ni lo ha sido nunca»; y al insistir Varela —«Pues eso tenía yo entendido. Que era camisa vieja desde que estuvo en Castellón»— Franco fue tajante: «Pues eso no lo creo aun cuando me lo jures de rodillas». Y añadió: «¿Y los otros [miembros del tribunal] quiénes son?», a lo que el general contestó «los coroneles de San Sebastián, Santander y Burgos» —aunque en realidad no eran tres, sino cinco—. Inquirió aún Franco: «¿Y quiénes son?». Y Varela: «Yo eso no lo sé, mi General, no los conozco»[504]. Por último, a la pregunta de Varela al Caudillo sobre cuándo llegaría a Madrid, el Jefe del Estado le dijo que tres días después, el jueves 27 de agosto, lo que, efectivamente, hizo[505].

Pero además de la búsqueda de responsabilidades penales, Varela, con su intervención, estaba echando un pulso al partido único y buscaba debilitarlo. También, tal vez, y según una versión, pretendía la formación de un gobierno «de autoridad para rectificar los errores del pasado»[506]. Pero lo estaba haciendo a espaldas del propio Caudillo y tomando iniciativas independientes, como su carta a los capitanes generales… Algo que no estaba gustando en absoluto a aquél.

Por su parte, la estrategia falangista de tratar de desactivar el caso con el viaje de Guitarte a Bilbao, con la presentación de testigos propios, con el informe de Luna a Franco y con el intento de que algunos de los jefes no fuesen juzgados en consejo de guerra por el hecho de ser jerarquías, había fracasado. Se encontraron con la firme actitud de Varela y de Loriga, dispuestos a llevar el procedimiento hasta sus últimas consecuencias penales, y a la implacable aplicación de la jurisdicción castrense, con jueces, fiscales y auditores dispuestos a echarlo para adelante, con seguridad, sabedores del interés de sus jefes y también sintiéndose agraviados por lo sucedido.

Estaba, sin embargo, por ver cómo acabaría todo. De hecho, en los días anteriores a la celebración del consejo se produjo una «guerra de panfletos» —de hojas semi clandestinas, más bien— entre carlistas intransigentes y falangistas. Éstos utilizaron el argumento de que no se podía juzgar a los encartados en consejo de guerra por considerar que los militares —y en concreto los generales Varela y Loriga— eran parte interesada. Su hoja, redactada por uno de los detenidos, el de mayor categoría de ellos, Jorge Hernández Bravo, llevaba fecha de tres días después de los sucesos y ofrecía su versión de lo sucedido. Resulta probable que hubiese sido idea de alguna de las jerarquías que los visitaron en Larrinaga. Su existencia y contenido, por otra parte, está seguramente en la base de la deliberada ausencia de Bilbao del ministro el día del consejo de guerra. Con ella habría tratado Varela de desactivar la acusación de influencia y parcialidad de la que se le acusaba.

La hoja era quizás también respuesta a la que los falcondistas habían editado y propagado con rapidez. Se titulaba El crimen de la Falange en Begoña. Un régimen al descubierto[507] y estaba fechada el 17 de agosto, es decir, el día siguiente de los hechos, aunque es posible que fuese algo posterior. Alcanzó gran difusión tanto dentro de los ambientes carlistas como fuera de ellos. El texto, sin pie de imprenta ni lugar de edición, ni, por supuesto, permiso de publicación, explicaba la versión carlista-falcondista de lo ocurrido en la basílica y denunciaba «la participación oficial en el criminal atentado». Es decir, asumía la tesis del atentado. Su tono era de enorme beligerancia:

Un hecho tal, un crimen así, no lo hubo nunca ni en la República, ni por la alevosía, ni por la injustificación, ni por la organización oficial que lo ha perpetrado, ni por el número de víctimas ni la sangre vertida en él.

Los atentados del tiempo de aquella tuvieron lugar generalmente en mítines y actos de lucha política, rara vez en templos, jamás en actos de piedad como este, y en tales proporciones en las que la rabia de los criminales y sus inductores impotentes, parece haber querido aniquilar a los requetés. Y empujados por el odio y por un instinto criminal de lo peor y más inferior, se ha ametrallado al heroico pueblo que más mártires dio a la guerra, cuando salía de rezar en la iglesia… ¿Hay crimen semejante en la Historia de España?

Justificaba la necesidad de difundir la información por la ocultación que de los sucesos estaba haciendo el Régimen de esta manera: «Ante esto podemos afirmar que el crimen de la Falange en Begoña pasará a la Historia como la vergüenza más grande de nuestra vida pública. Vergüenza que el cinismo del régimen más repugnante que ha padecido nuestro pueblo querría mantener oculto, como un nuevo Casas Viejas, pero que la Nación entera debe conocer y conocerá pese a quien pese». Después presentaba posibles «soluciones (ante este hecho que colma todas las medidas, sólo caben las siguientes), siendo la primera intentar seguir “tirando” y querer aparentar justicia dando igual trato a unos y a otros, esto es, a los criminales y a las víctimas; aunque la justicia militar haga caer todo el peso de la ley sobre esos desgraciados, meros instrumentos materiales del crimen; recurso clásicamente liberal, pero muy adecuado para los que quieren a toda costa seguir usufructuando el poder y no ven otro problema que el de no “marcharse”»; y la segunda, «decidirse de una vez por los criminales y entregarles la Nación para que la expolien y la ametrallen a su antojo. Ésta es la solución que se defiende al grito de “FRANCO Y FALANGE NADA MÁS”». Pero preconizaba una tercera, que no era sino una llamada a «hacer frente decididamente a esta situación insostenible, al igual que se hizo con la República de 1936». Para ello, y a pesar de señalar que, «los carlistas no piden amparo ni protección alguna, se saben defender y lo harán en toda la medida necesaria, cosa que jamás nadie ha puesto en duda en su más que centenaria historia», y de argumentar que «estamos ante un problema que afecta a la Nación entera», se apelaba al ejército para que, en tanto que agraviado junto con el carlismo, acabase con el Régimen, con estas palabras: «Juntos fuimos en 1936 a salvar a España y juntos derramamos nuestra sangre. En el atentado criminal de Begoña se da la coincidencia verdaderamente simbólica de haber estado a punto de correr nuevamente unida la sangre de los requetés con la de las re presentaciones militares que presidían el acto. En nombre de estas nuevas víctimas carlistas tenemos derecho [a] preguntar ¿hasta cuándo va a durar esta farsa sangrienta que está hundiendo a España en la vergüenza y la ruina?».

La explicación de lo sucedido en Begoña apuntaba a la connivencia de las autoridades del partido con la policía, y la presentaba tanto como consecuencia inmediata de la movilización carlista demostrada en los actos celebrados en toda España, como, específicamente, represaba por la manifestación de Bilbao del día de Santiago, la de Abando. Pero iba mucho más allá, y cargaba contra «el tinglado» —el Régimen, que reputaba de «totalitario»— y la Falange:

El 25 de Julio último la Comunión Tradicionalista de Vizcaya celebró en la Iglesia de San Vicente Mártir de Abando de Bilbao, una misa por los Reyes de la Dinastía Legítima y todos los carlistas y requetés vizcaínos muertos en la Cruzada. A la salida del acto, una manifestación imponente recorrió las calles en medio del entusiasmo desbordante de las gentes. Este hecho, como los celebrados en Moneada, Montserrat, Poblet, Valladolid y tantos otros —todos los verdaderamente interesantes— cuidadosamente silenciados por la prensa y propaganda oficiales, preocupó gravemente a los dirigentes y beneficiarios del actual tinglado bajo el que agoniza España; y se pensó en impedir el acto que en el Santuario de Begoña se viene celebrando desde que acabó la guerra, todos los años, en sufragio de los requetés del Tercio de nuestra Señora de Begoña muertos en el frente.

Preocupados los escasos falangistas vizcaínos por su propia impotencia ante la magnitud del acto, trataron de encontrar ayuda friera de la región. Con tal fin, el «camarada» Maiz, jefe de la Vieja Guardia de Vizcaya, llamó telefónicamente al «camarada» Luna, Vicesecretario General del Partido, anunciándole lo que se proponían hacer y que para realizarlo pedían refuerzos a Valladolid, Santander, Vitoria, etc. Se ignora si éste transmitiría la noticia a su jefe inmediato el Ministro Sr. Arrese, que estos días descansa en el Pazo de Meirás.

Refería a continuación la aparición de dos coches oficiales de FET en la explanada, y citaba por sus nombres, con errores en los cargos, al «Jefe Provincial del SEU de Vizcaya [sic] “camarada” Berástegui, y a otro compañero que se supone fuera, el “camarada” Calleja», y a Domínguez, del que apostillaba «bien conocido por sus pésimos antecedentes» —lo que era un error, ya que no habían llegado estos tres juntos—, después de hospedarse en Bilbao «en una conocida casa de mala fama con el consiguiente escándalo», que, como sabemos, era cierto tan sólo para alguno de los ocupantes del coche 51. Destacaba también la arribada a Begoña de otros tres falangistas, y cómo todos se habían prevalido, lo que no era cierto de manera general, «de las insignias y uniformes oficiales que ostentaban […] bajo la protección de un grupo de guardias que en aquel lugar se encontraban». Y, sobre todo, cómo esto no podía haberse producido sin la «inspiración oficial», lo que reforzaba el argumento del montaje del ataque «desde arriba»: «estos “camaradas” se proponían realizar y realizaron un procedimiento de los peores tiempos del terrorismo y pistolerismo, pero esta vez no ajeno a la inspiración oficial que en un Estado totalitario no se puede admitir deje sin controlar hechos como éste». Era una acusación gravísima.

En cuanto al incidente, obviaba la presencia de pancartas o de gritos propios antes del lanzamiento de las que, afirmaba, habían sido dos granadas, y en una interpretación novedosa de los hechos, señalaba la que no había explotado como la dirigida contra las autoridades, y la otra contra la masa concentrada, con estas palabras:

EL CRIMEN

Al terminar el acto religioso y cuando parte del enorme gentío ocupaba la explanada frente a la salida del Santuario, vitoreando a España y al Ejército, representado por su Ministro General Varela, que en aquel momento aparecía por la puerta principal, los «camaradas» criminales lanzaron una bomba de mano contra el pórtico de salida, que milagrosamente no estalló, seguida de una segunda al centro de la multitud que una mano desvió hacia un lado, haciendo explosión e hiriendo a un centenar de personas, de las cuales la mitad son mujeres y niños, familiares todos ellos de los requetés muertos y entre ellos una madre de 13 hijos vecina de Ermua y un anciano de Berantevilla padre de dos hijos muertos en el frente. El público reaccionó con gran espíritu, arreciando en los Vivas a Cristo Rey, España, al Rey, a Fal Conde, dedicándose unos a atender a los heridos mientras otros se dirigían violentamente contra los criminales. Éstos se vieron protegidos en el acto por un cordón de guardias que, metiéndolos en los mismos coches oficiales que habían utilizado para la ida, los llevaron detenidos. La participación oficial en el criminal atentado queda bien patente con este escueto y verídico relato[508].

Iba, pues, muy lejos, no sólo afirmando la tesis del atentado sino señalando una participación oficial del Régimen en su perpetración y cobertura.

Ésta fue la hoja falcondista. La falangista, como digo, en parte contestación a la anterior, se titulaba Exposición de hechos, estaba firmada por Jorge Hernández Bravo en la cárcel de Larrinaga y llevaba fecha del 19 de agosto de 1942. Hacía una descripción de lo sucedido y presentaba la actuación de los implicados como una reacción, necesaria e ineludible, de respuesta a unos hechos que habría presenciado de manera casual el grupo de Madrid, camino de Archanda. Ni rastro, pues, de coordinación previa. Según la hoja, su reacción convertía en a todas luces injusto su encarcelamiento ya que, aparte de haber estado a punto de ser linchados, se les había encerrado por acusarse a uno de ellos de la colocación de un artefacto que habría explotado durante los incidentes, hecho del que se consideraban absolutamente ajenos e inocentes[509]. No hacían pues, mención al lanzamiento de la granada por parte de uno de ellos.

Según su Exposición de hechos:

Camino de Archanda, el domingo pasado, a las 12 aproximadamente en España, a la salida de la Iglesia, una multitud de unos 2000 hombres vestidos de paisanos y con boina roja. Ostentaban pancartas tic metro y medio de alto por 4 o 5 de largo en alto, en las que en caracteres muy correctos se podía leer: «Viva Fal Conde», «Viva el Rey», «Queremos una Regencia», «Mueran los traidores» repartidos en cuatro pancartas. Ante la imposibilidad de hacer algo efectivo, y estando decididos a abandonar aquel repugnante espectáculo, oímos perfectamente el grito de «Arriba España» entre la multitud, pronunciado a continuación de «Viva el Rey» y «Viva Fal Conde». Enseguida quedó explicado el hecho, pues observamos que dos personas eran brutalmente agredidas, y por suponerlas falangistas y gritando «Viva Franco» y «Arriba España», luchamos con ellos contra la multitud que, loca de alegría, y a 15 metros de las autoridades que salían del templo, contestaban a nuestros gritos con mueras a España, a Franco y a la Falange. Y ante la impasibilidad de las fuerzas de la Policía Armada estuvieron a punto de perecer linchados los Caballeros Mutilados Hernando Calleja y Luis Lorenzo Salgado, a pesar de ostentar el primero la amputación de su pierna y sostenerse en muletas, y el otro el emblema de Caballero Mutilado.

Se intentó arrancar al primero su camisa azul, sin conseguirlo, y además recibió tres heridas de arma blanca en la espalda. Luchamos contra la multitud, que semejaba a las juventudes rojas o separatistas por su celo y entusiasmo en sus gritos contra Franco, España y la Falange. Conseguimos entrar en el coche oficial FET 51, al que a navajazos le habían reventado las ruedas, y con grandes dificultades conseguimos salir por la carretera de Begoña hacia Bilbao, donde, después de atender en la Casa de Socorro del Ensanche a los heridos y contusionados, nos presentamos en la Comisaría del Ensanche para presentar la oportuna denuncia y cuando intentamos retirarnos se nos comunicó que había orden de que permaneciésemos allí. La misma noche ingresamos en esta cárcel donde nos encontramos porque, habiendo hecho explosión un artefacto mientras éramos linchados, se atribuye a uno de nuestros camaradas la colocación del mismo.

Nada, pues, hasta ahora, en esta versión excepto, repito, en lo fundamental: el lanzamiento de la bomba por uno de ellos. Otros detalles incluían la conversación entre Berastegui y el general Lóriga, que se dice ahora que fue antes y no después de la explosión, lo que era erróneo:

1. En la iglesia de Begoña, según me ha manifestado el camarada XXX [tachado en el original del que reproducimos], el sermón fue un discurso político de lo más excitante y agresivo contra la Falange.

2. Cuando estaban siendo apaleados los camaradas Berastegui (ex Jefe Provincial del SEU de Bilbao) y Hernando Calleja (Secretario Provincial de Valladolid) por llevar camisa azul y gritar «Arriba España» y «Viva Franco», consiguió el primero desasirse y presentarse ante el general gobernador señor López Dóriga [sic, por Loriga] [y] le dijo: «Mi general, estamos siendo agredidos por gritar “Arriba España” y “Viva Franco”». A lo que, públicamente y con ademán brusco le contestó el general: «Vaya Vd. arrestado al cuartel», «Yo ya no soy oficial y por lo tanto no me puede Vd. arrestar», «Pues queda Vd. detenido». Es interesante hacer constar que hasta entonces no había explotado ningún artefacto. Por lo tanto, queda patente que, por lo menos ante el Excmo. Sr. Gobernador [militar] de Vizcaya, López Dóriga [sic], el gritar «Arriba España» y «Viva Franco» ante quienes ostentan pancartas con gritos subversivos es motivo que justifica la agresión colectiva y el arrestamiento o detención.

3. Puesto que la detención es arbitraria, así como incierta la adjudicación del emplazamiento o colocación del artefacto a Juan José Domínguez, hay que aceptar que lo que se pretende es, basándose en hechos que no existen pero que intentarán probar, aunque sea con falsos testigos, atacar a la Falange de la forma más brutal, como el hecho supone. Hay que añadir que entre los boinas rojas que a aquel acto asistieron había, sin duda, numerosos elementos rojos y separatistas (1) que serían, sin duda, quienes con más ahínco gritaban «Muera Franco, la Falange y España», y, sin embargo, han decidido achacar a uno de los siete falangistas que defendieron hasta el máximo límite, como es nuestra obligación, los nombres del Caudillo y de la Falange.

4. Aceptado todo lo que expongo en el punto anterior, y teniendo presente que quienes autorizaron el acto y con satisfacción lo presidieron eran el general Varela, el subsecretario de Gobernación, el gobernador civil y jefe provincial, el jefe superior de Policía, etc., y que entre estas personalidades hay varias que ejercen influencia grande sobre el Tribunal que nos va a juzgar, es totalmente injusto que siendo nosotros falangistas, deliberadamente enemigos de todo lo exhibido, gritado o manifestado en aquel acto público (del que creo que la manifestación no estaba autorizada) seamos juzgados por ello [también existe la posibilidad de que diga «ellos»].

ELLOS [en mayúscula en el original] son también los que permitieron el 25 de Julio pasado que esos mismos boinas rojas cantasen en su manifestación por las calles de Bilbao una canción cuya letra en su parte esencial dice así:

Tres cosas hay en España

Que no aprueba mi conciencia

El Subsidio

La Falange

El cuñado de Su Excelencia

En la cárcel de Bilbao, 19-8-1942

Arriba España

Jorge Hernández Bravo

(1).— Eso de que entre los boinas rojas del País Vasco se encuentran camuflados elementos rojo-separatistas es conocido en todo Bilbao y en toda España[510].

La reproducción de los versos antifalangistas y en contra de Serrano Suñer —el cuñado— no era gratuita, y buscaba también la implicación de éste en la resolución de la situación procesal de los detenidos.

Pero lo fundamental era que, en su hoja, los falangistas convertían la explosión de la bomba en la de un artefacto colocado. Con ello buscaban, por supuesto, reforzar su versión de la absurdidad de que Domínguez fuese su autor al tiempo que denunciaban la presencia de elementos «rojos y separatistas», en el último caso, para reforzar la tesis de la conspiración, atribuyéndoles haber gritado unas consignas que no se dieron en realidad. Al mismo tiempo, acusaban a las autoridades de tolerancia hacia lo ocurrido ese día, y hacia el acto de Abando. Buscaban su exculpación señalando también el hecho de que serían esas mismas autoridades —militares— las que iban a juzgarlos.

La circulación de los dos escritos citados muestra las proporciones que había tomado el asunto. Los sucesos de Begoña no eran ya sólo un conflicto interno más del Régimen, sino que, por su amplitud, constituían el de mayor importancia de toda la corta vida del Nuevo Estado. Superaban a los otros que se han analizado a lo largo de este libro. Y ello no sólo por la personalidad de los implicados y los sectores que representaban, o a los que pertenecían, sino por la difusión —aunque restringida— y el eco que estaba teniendo entre los grupos que habían hecho la Guerra Civil en el bando «nacional».

Los protagonistas de la pugna eran tres: ejército, partido y carlismo. Y respecto al último, Begoña tenía la virtud de unir, aunque fuese por unos momentos, a las diferentes partes en que estaba dividido el movimiento por su nivel de relación con el régimen franquista. Y es que si los falcondistas publicaron el panfleto que acabamos de analizar, muchos unificados reaccionaron dimitiendo de sus cargos oficiales. Si la respuesta carlista hubiese consistido tan sólo en la redacción, impresión y distribución de esta hoja clandestina habría pasado más desapercibida de lo que al final sucedió. Pero al ser la indignación de tipo general entre los tradicionalistas, los unificados reaccionaron también, y se produjo una cascada de dimisiones de altos cargos del Estado o de las instituciones del Régimen, detentados por elementos de esta tendencia. Entre tales dimisiones se incluye de forma destacada la de quien ya a aquellas alturas se mantenía aislado del partido, el conde de Rodezno, recordemos, el dirigente carlista más importante de los que habían aceptado la unificación y colaborado en el partido tras ella. Por entonces, después de haber sido ministro de Justicia y vocal del Secretariado Político de FET y de las JONS, ejercía como consejero nacional. Para renunciar a esta última condición escribió seis días después de los sucesos a Serrano Suñer una carta en la que decía: «Ante sucesos recientes en cuya referencia y enjuiciamiento no he de entrar, y ante la cada vez más acusada factura del Partido, que tan poco rima con mis sentimientos, concepciones y conductas, me creo en el deber de rogar a usted transmita a S. E. el Generalísimo, al mismo tiempo que mis respetos, mi renuncia a aquel cargo»[511].

El consejo de guerra y la sentencia

EL CONSEJO DE GUERRA Y LA SENTENCIA

El consejo de guerra de la Pieza Principal de la Causa Sumarísima 1388-42 iniciada el 17 de agosto de 1942 se celebró ocho días después, el lunes 24, en el cuartel del Regimiento de Infantería número 42, situado en el barrio de Basurto de Bilbao. Comenzó a las nueve de la mañana, y era su presidente el general de Brigada Antonio Castejón Espinosa, y los vocales cinco coroneles: los de Infantería Pedro Berdonces Martialay, Valeriano Laclaustra Valdés, Eladio Becerril González y José María Ordóñez Yazle; y el de Artillería, Agustín Hernández Francés. El ponente fue el auditor de División Ramón de Orbe Gómez Bustamante, que había sido designado por el ministro del Ejército tras señalar el fiscal la inexistencia de uno en la plaza (Bilbao) con la preceptiva categoría de jefe[512]. Ocupaba Orbe, al parecer, un puesto de asesor en el ministerio[513], lo que no dice mucho sobre su imparcialidad, invocada por el propio ministro Varela. El fiscal fue el jurídico militar del Distrito, Manuel Cardenal[514].

Antes, según uno de los acusados, todos ellos, «vestidos con uniforme del Partido, con las condecoraciones de la Guerra de España, Campaña de Rusia y las del Partido, y los emblemas de nuestra Jerarquía, fuimos trasladados a través de toda la villa de Bilbao, a la vista de todos, esposados unos con otros»[515]. La audiencia, según reza el acta, fue pública. Comenzó con la lectura de la causa por parte del instructor Jaén —un hombre del que diría posteriormente Serrano Suñer que estaba «al servicio del Ministerio del Ejército»[516], aunque los comentarios de éste respecto del consejo pueden estar influidos por el conocimiento de su resultado y por las consecuencias políticas que se derivaron para su propia carrera política.

Poco después uno de los defensores, el alférez Jordán, presentó como prueba documental la hoja de ruta del coche con matrícula FET 51. A continuación se efectuó, por el fiscal y los defensores, el interrogatorio de los acusados, sin que conozcamos los detalles del mismo[517]. También fueron examinados los testigos. En primer lugar los de descargo, de los que comparecieron sólo unos pocos de los solicitados por los procesados. Por parte de Hernández Rivadulla: Epifanio Redondo, uno de los dos policías que habían efectuado el registro de la pensión, que declaró que no apareció allí nada sospechoso; y el comisario Víctor Caudevilla —y no el tal Asterio Martín pedido por varios de los procesados, lo que sería interpretado por ellos como una maniobra para evitar un testigo que podría haberles beneficiado—, quien se ratificó en sus declaraciones anteriores. A continuación los solicitados por Calleja: Mercedes Mauleón y Emilio Charroalde, los que le habían auxiliado en Begoña. La primera confirmó «que prestó ayuda al procesado Caballero Mutilado Calleja llevándole hasta un coche y haciéndose cargo de una de las muletas del referido procesado, que en el tumulto fue atropellado». El otro, que le había asistido «después del tumulto, acompañándole hasta el vehículo»[518].

Más tarde fueron examinados los testigos de cargo: Olabarria —recordemos, uno de los que había participado en la captura del que había sido señalado por la multitud como el que había tirado la bomba, Domínguez—, que después había denunciado presiones, y que se ratificó en su declaración. Tras él, los dos que también habían identificado al mismo Domínguez en las ruedas de presos, Pando y Erdozain. Ambos se ratificaron, y el segundo aludió «a la situación de los encartados en el momento de producirse el lanzamiento del explosivo, momentos después de haber levantado la muleta el Sr. Calleja y reconociendo nuevamente en este acto como la persona que lanzó el explosivo al procesado Sr. Domínguez Muñoz». A continuación, Mendicuchia, que dijo «que la bomba iba en dirección a las Autoridades y […] fue desviada por una mano, sin poder determinar de quién; que precediendo a este lanzamiento vio alzarse una muleta estando en el grupo en donde ella fue enarbolada el Sr. Berastegui, a quien reconoce en este mismo acto». Todos ellos serían claves para la sentencia, junto con el relevante —por su historial de cargos— de José María de Oriol y Urquijo, quien también adujo haber visto «blandir desde un grupo de falangistas y en el momento de salir las Autoridades un bastón o muleta y acto seguido se produjo una fuerte explosión». Añadió que «en el grupo de la discusión al único que reconoció fue al Sr. Berastegui, por haber ocupado éste un cargo en el SEU cuando el declarante era Jefe Provincial del Movimiento en esta Provincia», y que durante el «acto él no oyó ningún muera y sí varios vivas que no considera subversivos»[519].

Al no comparecer —seguramente por no haber sido llamados— ninguna de las autoridades solicitadas por Hernández Bravo: —el general Loriga, el jefe superior de Policía, Aparicio, y el delegado nacional del SEU, Guitarte—, el consejo se ciñó a las declaraciones de testigos presenciales y no entró en lo que podría haber sido —en el caso de Guitarte— un refuerzo en una defensa política por parte de los procesados.

Llegado el turno del fiscal, leyó su escrito de acusación, con el que elevó a definitivas sus calificaciones provisionales y ratificó su petición de pena de muerte y del pago de la indemnización de 200 000 pesetas para todos los procesados, con la excepción de los 20 años que solicitaba para los dos chóferes. Los defensores, por su parte, alegaron la inocencia de sus patrocinados y pidieron su libre absolución por falta de pruebas.

Ya en el tramo final de la vista, el presidente del consejo preguntó a los encausados si tenían algo que alegar o exponer en su favor. Respondieron Calleja, Hernández Bravo, Lorenzo, Berastegui y Hernández Rivadulla explicando sus historiales falangistas y los servicios prestados en la «Cruzada de Liberación» y al partido. Domínguez sostuvo «que él no lanzó la bomba y que es inocente». Y los chóferes Moretón y Valero alegaron haberse limitado a cumplir las órdenes recibidas de sus jefes. Según Rivadulla, Calleja expuso cómo había sido herido y evacuado en la Guerra Civil con el presidente del consejo, el general Castejón, lo que impresionó a la audiencia[520]. Finalmente, y sin que conste en el acta la hora, quedó el consejo reunido en sesión secreta para deliberar y dictar sentencia.

Fue dictada ese mismo día 24, y Domínguez y Calleja fueron condenados a muerte. Bravo, a 30 años; Lorenzo y Berastegui, a 25; Rivadulla, a 20; el chófer Moretón, a 10; y Valero fue absuelto. En ella se afirmaba que los ocupantes de los dos coches, con el añadido «del repatriado Rivadulla, se pusieron de acuerdo, bien en San Sebastián o en Bilbao, para alterar el orden público por medios violentos en el acto cuya celebración en la Basílica de Begoña había sido anunciado, al que suponían habría de acudir un elevado número de personas de las afiliadas antes de promulgado el Decreto de Unificación a la Comunión Tradicionalista»[521]. Es decir, abonaba la tesis de la coordinación y premeditación de los ocupantes de los dos coches. Continuaba afirmando que, una vez comenzada la misa, habían llegado a la basílica los dos coches, aparcando no en el lugar donde lo habían hecho las autoridades, sino en el lado opuesto, en la cuesta de la carretera, y que a continuación Calleja y Berastegui entraron en el templo, en el que habrían permanecido hasta poco antes de terminar la ceremonia. Una vez finalizada, la gran masa de público había abandonado el templo prorrumpiendo en gritos «de exaltación patriótica y otros acordes a los postulados del Tradicionalismo», especificando de forma expresa que «sin que en este momento ni después fuese proferido ningún “Muera España” ni al Caudillo, como han afirmado únicamente los procesados, cuyas aseveraciones están en abierta contradicción con las de todos los testigos». Lo que era un nuevo golpe para la justificación ofrecida por los falangistas.

Había sido entonces —continuaba la sentencia— cuando «el teniente Calleja, que vestía el uniforme de falangista», había proferido «distintos gritos que fueron secundados por los demás que vestían su mismo uniforme», lo que ocasionó «algún tumulto», y «en el momento preciso en que salía del templo el Excmo. Sr. Ministro del Ejército con las demás Autoridades y al llegar a la escalinata exterior frente a la basílica, el citado teniente Calleja enarboló una muleta que llevaba, y acto seguido el falangista de Madrid Juan José Domínguez Muñoz, que se encontraba a poca distancia», se había sacado «del bolsillo del pantalón una bomba de mano de gran potencia, que arrojó contra el grupo que formaban las Autoridades y el público que las rodeaban, la cual bomba se desvió providencialmente, haciendo explosión al caer cerca de uno de los bancos laterales de la explanada». No quedaba claro si establecía que el gesto de la muleta había sido una señal, pero lo citaba. Y se identificaba en concreto a Domínguez como el autor del lanzamiento de la granada, «de gran potencia». También, y ello era absolutamente fundamental, señalaba la intención de atacar a las autoridades, aludiendo a un «desvío providencial» para justificar que la bomba no estallase junto a ellas. La tesis del atentado quedaba establecida en el juicio.

La granada, proseguía el texto, había ocasionado más de setenta víctimas, de las que se detallaban los nombres y lesiones de cinco, aunque «sin que hasta la fecha haya sido dado de alta ninguno de los heridos, ni conste su fallecimiento, ni lesiones de las penadas con el número 1.º 433 del Código Penal Ordinario». Detallaba la reacción violenta del público, que calmó el general Varela, así como la detención de Domínguez por el testigo Pando y su entrega a la Policía Armada. También narraba las detenciones de Calleja, Bravo y Lorenzo, y se afirmaba cómo Berastegui, al forcejear con el público, había dejado caer una pistola del 9 largo y había logrado huir en el coche con el chófer Moretón. También explicaba lo ocurrido con el otro vehículo, al que se le habían pinchado las ruedas. En este punto, el redactor de la sentencia confundía los dos vehículos, y situaba a Berastegui y Moretón en el coche 51, de Madrid, y no en el suyo, el 565, de Valladolid, lo que es buena muestra de la precipitación con la que se había redactado la sentencia.

Destacaba de igual forma cómo el chófer Valero no había llegado «a apearse del mismo [el coche de Madrid, el 51]», y que «si bien condujo […] a varios de los procesados en aquel coche hasta un kilómetro próximamente a la basílica», lo había hecho «atendiendo al requerimiento de la Policía que les acompañaba». Esto abría la puerta a su absolución. Todo lo contrario del caso de Virgilio Hernández Rivadulla, de quien se señalaba que, al no ir vestido de falangista, había pasado inadvertido, aunque después había sido detenido. Todos estos hechos se declaraban probados. Unos hechos que en sus considerandos, constituían:

Primero, el delito consumado contra la seguridad interior, previsto y penado en el artículo 9.º de la Ley de 29 de Marzo de 1941 por empleo de substancias explosivas con el fin de atentar contra la Seguridad del Estado y de alterar el orden público, ya que es evidente que el acto de lanzar una bomba de mano de gran fuerza explosiva, en medio de una numerosa y compacta muchedumbre integrada por altas jerarquías de FET y de las JONS y numerosos afiliados a ese Partido procedentes de la antigua Comunión Tradicionalista, no puede tener otro corolario que el de malograr la unidad política nacional, reiteradamente señalada por el Caudillo como premisa indispensable para que no se malogre el fruto de los sacrificios y de las vidas que ha costado la Guerra de liberación contra el marxismo y para que sea un hecho el futuro engrandecimiento de nuestra Patria; siendo aún más evidente que aquel criminoso hecho tiende fatalmente a la alteración del Orden Público por la natural reacción del numeroso sector del partido FET y de las JONS, que ha de sentirse dolido y agraviado ante una agresión que ha causado tan gran número de sangrientas víctimas entre sus antiguos correligionarios. […] Segundo, el delito consumado de depósito de armas o municiones de guerra, previsto en el artículo 11 de la precitada Ley, ya que según dispone su último párrafo, la tenencia de bombas de mano, aun cuando se trate de una sola, se reputará siempre depósito a los efectos de la misma; siendo también de considerar que aún existen indicios de haber sido arrojada otra bomba de mano que no llegó a explotar y que no ha sido hallada hasta la fecha.

Tercero, el delito de atentado contra la Autoridad del Ministro del Ejército, y demás Autoridades que le acompañaban, en grado de frustración, tal como se halla definido ese delito en el artículo 50 de la repetida Ley para la Seguridad del Estado, pues tal como se desarrollaron los hechos que se declaran probados, ninguna duda racional puede ofrecer que los procesados, dos de los cuales habían asistido a la misa, tenían que conocer la asistencia al acto de aquel Ministro, y todos ellos al salir de la iglesia con sus insignias, con condecoraciones y uniforme, tuvieron que reconocerle antes de ser perpetrada la agresión de la que afortunadamente salió ileso, a pesar de hallarse dentro del radio de acción de la onda explosiva y del alcance de lanzamiento de una bomba de guerra, dada la escasa distancia que le separaba del lugar en que tuvo lugar la explosión.

Y cuarto, el delito de insulto a Superior en acto de servicio, previsto y penado en el párrafo 2.º del artículo 250 del Código de Justicia Militar del que no resultó lesión alguna[522].

En otro de los considerandos se afirmaba que los delitos expresados no habían sido cometidos por autores independientes, sino que todos ellos dimanaban de un mismo hecho, por lo que debía aplicárseles lo dispuesto en el artículo 75 del Código Penal común, y que se trataba del delito complejo de emplear sustancias explosivas para atentar contra la seguridad del Estado, el orden público y contra la autoridad, esto último en grado de frustración. Y del mismo se consideraba responsables con el grado de autores a Domínguez, Bravo, Lorenzo, Rivadulla, Calleja y Berastegui, el primero por lanzar la bomba y los otros por cooperar en la ejecución del hecho mediante actos sin los cuales no se habría efectuado. En cambio, de tenencia o depósito de municiones de guerra, delito complejo también, se declaraba culpable a Domínguez, ya que sólo respecto a él aparecía probada dicha tenencia material. De la misma manera, el delito de insulto a un superior tan sólo recaía en Calleja, por ser el único con condición de oficial del ejército en activo. Se declaraba a Moretón encubridor mientras que a Valero no se le apreciaba delito alguno «ya que no es dable apreciar que tratara de proporcionar la fuga de los procesados que condujo en su coche a raíz de ocurrir los hechos de autos, dada la circunstancia de ir acompañado por un agente de Policía».

En cuanto a la responsabilidad civil, se fijaba condicionalmente en 200 000 pesetas, y se determinaba una escala según las lesiones que iba desde las 15 000 para los que acabasen falleciendo hasta las 1000 de los lesionados leves, pasando por los graves y sus distintos períodos de curación. No se apreciaba atenuante alguno, pero sí se graduaban las penas impuestas en función de la intervención en los hechos y el hecho de tener uno de ellos la condición de oficial del ejército. La sentencia había sido adoptada por unanimidad por todos los miembros del consejo.

Una vez dictada siguió el trámite preceptivo, y pasó al día siguiente al de su redacción, el martes 25 de agosto de 1942, al auditor de guerra para que la dictaminase, condición previa a su aprobación, o no, por el general jefe de la Jurisdicción Exenta de Vizcaya, Santander y Guipúzcoa, que no era otro que Loriga. Con celeridad el auditor, García Bravo, recomendó su aprobación y su elevación a firme[523]. Así lo hizo el general Loriga ese mismo día, incluyendo la ejecución de las penas de muerte y ordenando que se diese conocimiento al ministro del Ejército, «a los efectos que procedan en orden a la ejecución de las penas capitales recaídas»[524], lo que implicaba el preceptivo enterado del Jefe de Estado.

También ese día les fue comunicada la sentencia a los abogados defensores. No sabemos si éstos se pudieron comunicar con sus patrocinados. En el sumario tan sólo consta la notificación oficial que se les hizo por el juez instructor especial militar en la cárcel de Larrinaga el 1 de septiembre, cuando ya había llegado el enterado de Franco, que mantenía todas las penas impuestas con la excepción de la de Calleja, que pasaba a ser inferior en grado —lo que significaba que no sería ejecutado— dada su condición de mutilado[525].

Acababa así de quedar establecida la verdad judicial, una verdad que en aspectos importantes no se correspondía con la realidad. Pero sí en un aspecto fundamental: era Domínguez quien había tirado la granada de mano contra la multitud. Lo había hecho en medio de una reyerta en la que él y sus camaradas se estaban llevando la peor parte, y seguramente con sus vidas en peligro. Pero lo había hecho. En cambio, ni los condenados se habían coordinado entre sí hasta encontrarse en la explanada de la basílica de Begoña, ni, al menos en el caso de los de Madrid, habían actuado con premeditación. Y lo sucedido no había sido un atentado planeado contra Varela y las autoridades presentes.

La lucha por la ratificación o no de las sentencias de muerte del consejo de guerra entre el partido y el ejército

LA LUCHA POR LA RATIFICACIÓN O NO DE LAS SENTENCIAS DE MUERTE DEL CONSEJO DE GUERRA ENTRE EL PARTIDO Y EL EJÉRCITO

Entre el día 24, de la sentencia, y el 1 de septiembre, del fusilamiento de Juan José Domínguez, existió una pugna entre el general Varela y algunos sectores de dirigentes de FET y de las JONS por el cumplimiento de las penas impuestas. Y es que el ministro, satisfecho seguramente con la resolución, encontró en Franco —una vez ya éste había regresado a Madrid, el día 27— una actitud poco favorable a su versión, influida aún por la falangista y con seguridad de nuevo tendente a la indulgencia con los condenados. Decidió entonces Varela jugar más fuerte que hasta ese momento, ni más ni menos que presentándole la dimisión. Según fuentes británicas, lo habría hecho al ser partidario del cumplimiento de todas las sentencias y al ver a Franco dispuesto a un middle course[526]. Era un paso más en la independencia con que venía actuando desde los sucesos y que debió de irritar de nuevo al Generalísimo. Además, y acto seguido, para mayor molestia del Generalísimo, entró de nuevo en comunicación con los capitanes generales, ahora para darles la noticia de su renuncia.

Así, el viernes 28 de agosto le escribía a Kindelán, en Palma, que había «presentado la dimisión con carácter irrevocable», añadiendo: «Estimo que el momento es delicado». Que la cosa iba en serio se desprende del texto de despedida, que incluía frases como las siguientes: «Al cesar en este cargo, en cuyo desempeño he puesto a prueba toda mi voluntad en servicio del Ejército, he de hacer expreso reconocimiento de la colaboración por Vd. prestada, marchándome con la tranquilidad que proporciona el deber cumplido y la asistencia de los Mandos y de mis queridos compañeros, más aún de agradecer en los momentos actuales»[527].

Pero no era sólo cosa de Varela. Otros dos ministros militares —el del Aire, el general Juan Vigón, y el de Marina, el almirante Salvador Moreno— estaban dispuestos a seguir su camino dimitiendo «si no se cumple la condena»[528]. El primero, además, contó en privado que Varela «ya no era Ministro hasta no recibir satisfacción»[529]. También el ministro de la Gobernación, el coronel Galarza, aun sin presentar —que se sepa— la dimisión, se alineaba con el resto de ministros militares en el asunto.

Resulta factible pensar que tanto el propio Varela como otros del generalato, entre los que destacaban Kindelán y Orgaz —este último Alto Comisario de España en el Protectorado de Marruecos—, los dos más renombrados monárquicos juanistas de la cúpula militar, albergasen —vanamente, como se vio— la esperanza de que lo ocurrido en Begoña llevase a Franco a prescindir de Falange y a constituir un gobierno en exclusiva militar. Otros más realistas, como el general Vigón, que también era juanista pero aún más fiel y obediente a Franco, predijo que la presión que estaban ejerciendo sobre éste acabaría conllevando el cese de los tres ministros militares —incluido el suyo— y de capitanes generales, que serían pasados a la reserva[530].

Tengamos en cuenta que Kindelán y Orgaz habían sido claves en el acceso de Franco a la Jefatura del Estado en septiembre de 1936[531]. Habían creído entonces, de forma errónea, que era tan monárquico y alfonsino como ellos, que hacía la guerra por la restauración de la institución, y que la efectuaría al acabar la contienda. Decepcionados por la voluntad del Generalísimo por consolidarse en el poder y ejercerlo sine die, se encontraban situados por entonces en una oposición blanca, dispuesta incluso a promover movimientos militares para desplazarle del poder y traer a donjuán de Borbón —el heredero de Alfonso XIII y muerto en 1941— al trono. Además, y por supuesto, compartían con la mayoría del generalato —con la excepción de los más jóvenes, que debían su promoción durante la Guerra Civil al Caudillo—, y destacadamente con Varela, la oposición al partido único y a la influencia y poder que Franco le venía concediendo ya desde la época bélica pero sobre todo tras finalizar ésta. Además, estaba la cuestión de los sobornos, que al menos una parte de ellos venían recibiendo del Reino Unido —que les era presentada como una contribución patriótica de empresarios y financieros españoles para evitar la entrada en la guerra mundial en curso junto al Eje[532], lo que reforzaba a sus enemigos del partido, el sector más a favor del Eje del Régimen.

Frente a la presión de Varela y de dos de los otros ministros militares para que Franco no se mostrase magnánimo con las condenas, se encontraban sectores del partido, incluidos algunos pocos, que pondrían el máximo empeño en tratar de salvar la vida de los dos condenados a muerte. En cambio, otros pretendían utilizar Begoña para ganar posiciones dentro del Nuevo Estado y eliminar a nivel político al ministro del Ejército, el más notorio y prominente antifalangista y su peor bestia negra militar.

Este último sector era el del ministro-secretario general Arrese, de los ministros falangistas de Agricultura, Miguel Primo de Rivera, y de Trabajo, Girón de Velasco; y, fuera del gabinete, de Manuel Valdés Larrañaga, secretario nacional de Sindicatos, Rafael Sánchez Mazas, ex ministro sin cartera, Blas Pérez, delegado nacional de Justicia y Derecho, y Arias Salgado, vicesecretario de Educación Popular, entre otros. Eran los que habían sido promocionados por Franco en detrimento de Serrano Suñer y el otro sector a raíz de la crisis de mayo de 1941, cuando el partido había tratado de echarle un pulso al Generalísimo reclamándole todo el poder. Del mismo grupo formaban parte también los hermanos de José Antonio Primo, Pilar y Miguel, parientes como Sancho Dávila, y otros. Tras la crisis, la «defenestración» de Gerardo Salvador Merino había espoleado aún más a Arrese en su estrategia sumisa ante Franco. Y así, el período de más de un año trascurrido entre la crisis de 1941 y los sucesos de Begoña no había pasado en vano para él y los suyos, dado que la comunicación de Arrese con Franco en los asuntos de Falange era ya un hecho en detrimento de Serrano Suñer.

Sobre la división de la cúpula del partido explica en sus memorias uno del grupo Arrese, Manuel Valdés Larrañaga, que «los propios mandos de la Falange […] estaban divididos en dos grupos. Los de Serrano, encabezados por Dionisio Ruidrejo [sic] y José Luna, y los de Arrese por Sánchez Mazas, Arias Salgado y Blas Pérez González»[533]. Incluso se habían dado algunos incidentes personales entre miembros de las dos tendencias, como Luna y Pérez:

En estas circunstancias y en el estado de nerviosismo que se respiraba en la Secretaría General, se produciría un lamentable incidente entre José Luna, hombre vehemente e irascible y el Delegado Nacional de Justicia y Derecho, Fiscal General del Supremo, Blas Pérez González. Luna, además de tratar con gran desconsideración a Blas Pérez, le había agredido verbalmente. Blas Pérez abandonaría el despacho de Luna y vendría al mío para darme cuenta de lo ocurrido y cuando se encontraba en mi despacho informándome de lo ocurrido irrumpiría Luna queriendo continuar la discusión con Blas. Inmediatamente corté la discusión, indicándole a Luna que en mi despacho no toleraría semejantes altercados, lo que dio lugar a que Luna abandonara mi despacho con muy malos modos[534].

Todo ello era indicativo «de algo que se estaba fraguando entre las dos tendencias opuestas en la política española y tal era el estado de inquietud sobre el futuro de la política, que aquel verano decidimos Arrese, Sánchez Mazas y yo residir juntos, en las proximidades de Madrid […] para estar atentos al curso de los acontecimientos»[535]. Exagera Valdés en la adscripción de Luna, aunque no, precisamente, en lo que refiere de su carácter irascible, difícil y violento. Si bien su ascenso a la Vicesecretaría General en mayo de 1941 había sido una manera de Serrano de colocar a uno de los suyos como número dos de Arrese —a un Luna, por lo demás, bien visto por Franco por sus actividades de movilización de milicias falangistas de la época de la Guerra Civil en su Extremadura natal—, a la altura de los sucesos Arrese ya se lo había ido ganando progresivamente[536], en paralelo al declive del concuñado de Franco.

En todo caso, el optimismo reinaba entre los de Arrese, que habían considerado la invitación de éste al Pazo de Muirás como un paso adelante definitivo. Prepararon notas diversas sobre aspectos de política que el ministro-secretario general desarrollaría en sus conversaciones con el Caudillo, allí y en los viajes por Galicia a los que lo acompañó. Como ya en meses anteriores había hecho a Barcelona, desplazando a quien había sido el acompañante habitual de Franco, Serrano Suñer. Optimismo que sentían por estar aumentando su influencia sobre el Caudillo, pero también por seguir arrinconando a Serrano. Y, además, por incrementar el poder del partido frente al ejército.

Estando así las cosas había estallado el asunto de Begoña. Y Arrase y los suyos vieron la posibilidad que se les abría a raíz del comportamiento y movimientos independientes de Varela, de los que el primero debió saber en el Pazo de Muirás, así como los de Galarza. Y la posibilidad de que los dos ministros acabasen cesados y sustituidos por un general del partido, Varela, y por un falangista, Galarza.

De hecho, al producirse los sucesos la información que le llegó a Franco —y la que creyó— fue la que fue a buscar y llevó Luna de Bilbao tras ser enviado por Arrase desde Valencia, donde el vicesecretario se encontraba en ese momento. Y la asunción de esta versión de lo ocurrido había traslucido en su conversación telefónica con Varela, quien se había apercibido inmediatamente de ello y había conseguido sembrar algunas dudas en Franco, que, sin embargo, continuó más convencido de la historia falangista.

Embarcados en este viaje, que tan buenas perspectivas ofrecía de acabar con Varela y Galarza, salvar la vida de Domínguez y Calleja no fue nunca la prioridad de Arrase y de los suyos. Incluso se podría afirmar todo lo contrario. Digo esto en relación con un informe que con fecha de 28 de agosto —es decir, cuando estaba en el aire la ratificación o no de las sentencias por el Jefe del Estado— el Servicio de Información e Investigación del partido —dependiente de Arrase— hizo llegar a Franco sobre Domínguez. En él, de manera harto increíble, se le vinculaba ¡con los servicios secretos británicos! Decía:

AMPLIACIÓN DEL INFORME DE

JUAN JOSÉ DOMÍNGUEZ MUÑOZ

Al finalizar la guerra fue destinado a la Jefatura Provincial de Milicias con la categoría de alférez, siendo dado de baja el 19 de mayo de 1942, a petición propia.

Queda plenamente confirmado que el titular de esta información hacía una vida extremadamente sospechosa y agitada pasándose la mayor parte del tiempo de viaje y, aun cuando tiene su domicilio en Madrid, éste lo utiliza únicamente en contadas ocasiones para pernoctar en él, toda vez que su esposa y una hija de unos pocos meses las tiene residiendo en Cacabelos (Coruña) [sic, por Cacabelos, León] [de donde era originaria la esposa de Domínguez, María Celia Martínez Pintor] y económicamente vive desahogadamente.

El día 12 se ha comprobado fue a recogerle a su domicilio el coche de FET 51, diciendo al ausentarse de la casa que es que iba a hacer un viaje para recibir a los voluntarios de la División Azul.

Todas las impresiones recogidas son que el informado era un agente al servicio de Inglaterra, teniendo en cuenta los frecuentes viajes que hacía a Marruecos y alrededores de Gibraltar.

Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.

Madrid, 28 de agosto de 1942[537].

Una semana antes, el día 20, un primer informe del mismo Servicio había sido mucho más ambiguo, al afirmar que «se supone que el motivo de los cargos que ocupó [Inspector de la Delegación Nacional de Deportes del SEU] sólo era pretexto para justificar sus frecuentes viajes a Provincias —principalmente a Marruecos, La Línea y Gibraltar— siendo de sospechar que esté trabajando con una misión reservada a las órdenes de una alta Jerarquía del Partido (según confesión de él). Más probable es que su misión esté pactada con alguna Potencia extranjera. Para tales fines maneja gran cantidad de dinero. Se sabe que tiene cuenta corriente en un Banco»[538]. Los informes no están firmados, pero la Delegación Nacional de Información e Investigación de FET y de las JONS formaba parte, aunque dotada de cierta autonomía, de la Secretaría General que dirigía Arrase. Y algún autor ha relacionado con la autoría del informe a Valdés Larrañaga, en concreto[539]. Pero quien es seguro que tuvo que estar implicado fue el delegado nacional del servicio, José María Yábar Pérez.

Aunque no es descartable que Franco contase con otros informes de otros servicios de información, éste es el único que ha quedado en su archivo conocido. Representa una prueba clara de que un sector del partido fue el que urdió la acusación que justificaba políticamente que Domínguez fuese fusilado. Siendo un espía inglés quedaba limpia la imagen de FET y de las JONS. Era una falsedad descomunal, dado que el interfecto era agente de los servicios enemigos de los ingleses, los alemanes. Pero la información proporcionaba la coartada perfecta para justificar su fusilamiento y aplacar con éste al ejército y a los carlistas, con las expectativas puestas en una pérdida de influencia de Varela y Galarza a la vista de las actitudes mantenidas después de Begoña. Varela y Galarza, que en apariencia «ganaban» con la ejecución, tendrían que responder ante Franco por sus movimientos independientes.

La jugada explica la relativa pasividad de Arrase, una constante en las narraciones de los falangistas que sí se movilizaron para salvar a Domínguez y Calleja y que han dejado testimonio de sus febriles gestiones de esos días. Fueron muy pocos. Cuatro, en concreto. Uno, Narciso Perales, más cercano a Serrano Suñer; el otro, Girón de Velasco, del grupo de Primo y de Arrase. El propio Serrano Suñer y Luna también darían algunos pasos.

Si hemos de creer su propia versión, Narciso Perales Herrero, andaluz de la Vieja Guardia, antiguo camarada escuadrita de Domínguez en Andalucía en los años republicanos y por entonces, en agosto de 1942, gobernador civil y jefe provincial de FET de León, fue el alma mater de las gestiones falangistas para evitar los dos fusilamientos. También, como digo, Girón, el ministro de Trabajo, habría actuado, bien seguro, por su amistad con Calleja. Y sería él quien se ocuparía más de la viuda del único fusilado y de su hija. Y de igual forma Luna y Serrano se moverían. Veámoslo.

En los días posteriores a los sucesos tanto Serrano —que estaba veraneando en Fenicasen (Castellón de la Plana)—, como Arrase —en Galicia—, habían vuelto a Madrid[540]. Serrano vio a Franco a su regreso, el día 27[541], y estuvieron los dos de acuerdo, al decir del primero, en que «la postura de Varela era exagerada»[542]. Esto, junto a la independencia con que venía actuando, la comunicación a los capitanes generales, su dimisión del día 28, y el telegrama enviado por Galarza a los gobernadores civiles en el que afirmaba que el ministro del Ejército había sufrido un atentado a manos de elementos al servicio de una potencia extranjera[543], debió de decidir ya por entonces al Caudillo a cesar a los dos ministros militares en un futuro muy próximo y una vez cerrado el caso.

Posteriormente, falangistas bilbaínos habían acudido a La Coruña buscando a Arrase —sin encontrarlo—, y después a Madrid, asegurando que contaban con pruebas que refutaban la versión de los hechos que había provocado las condenas; pruebas que, sin embargo, no eran sino las mismas informaciones que hicieron llegar al juez instructor y que éste había ido desechando. De hecho, como hemos visto, no parece que fuesen relevantes[544].

Por su parte, Narciso Perales, andaluz como Domínguez, amigo personal y camarada de la época republicana, había salido de León[545] al sabor de lo ocurrido, y fue primero a Ponferrada y después a Madrid en busca, como los bilbaínos, de Arrase. En la capital se vería con él, con Serrano, Girón, Miguel Primo de Rivera y otros gerifaltes. También se había movido Girón, si bien al mostrarle Franco el informe del 28 de agosto del Servicio de Información e Investigación de Falange había cesado en sus gestiones, encontrándose además enfermo.

Pero cuando Perales lo visitó y le negó la presunta adscripción de Domínguez al espionaje inglés, volvió a movilizarse. Acudió asimismo el primero a casa de la esposa del condenado a muerte, que le dio una libreta de direcciones a las que Perales comenzó a llamar febrilmente en busca de pruebas que desmintiesen la imputación de espionaje británico. Visitó en sus domicilios a Arrase y a Primo, y consiguió que se convocase una reunión en el despacho de Luna en la que el jefe del SEU, Guitarte, llevó un documento en alemán en el que se afirmaba la imposibilidad de que Domínguez fuese agente inglés, sin especificar si lo era de Alemania, aunque todo indicaba que sí. Decía el escrito, según la versión de Perales, que «según datos que obran en nuestro poder, es absolutamente imposible que el oficial español Juan José Domínguez Muñoz tenga ninguna clase de relación con las potencias en lucha contra Alemania»[546]. Aún se celebró otra reunión en Secretaría General, de nuevo por iniciativa de Perales, a la que asistieron los ministros falangistas. En su curso, Arrase afirmó que no se podía hacer nada e incluso, según Perales, avanzó la información de que Galarza sería sustituido por uno de ellos, Blas Pérez, mientras que Varela lo sería por el general Asensio.

En estos encuentros la actitud de Arrese no fue precisamente activa, sino todo lo contrario. De hecho, habría afirmado, según Perales, «yo creo que estábamos de acuerdo en que se había hecho todo. Claro, me refiero a los ministros, no a los jefes provinciales. Incluso he mandado que le dijeran a Domínguez si se le ocurría algo más y él ha dicho que ya lo sabemos todo. Que hagamos lo que debemos», y añadió: «Además, este muchacho tiene malos antecedentes»[547]. Ahí Perales le recriminó haber aludido a las acciones de los ministros falangistas, que no estaban siendo, con algunas excepciones, demasiado activas, pero sobre todo por la alusión a los antecedentes, que le exigió que aclarase, a lo que aquél respondió que «tiene dos detenciones después de la guerra. Una por usar documentación falsa y otra por haber puesto un artefacto en un barco inglés anclado en Algeciras»[548], lo que era cierto. Perales replicó, pero Arrese explicó entonces los cambios ministeriales que venían, con el cese de Varela y de Galarza.

Tras esta reunión se vio Perales con un tal Germán Zimmerman, quien hizo una gestión en pro de Domínguez en la embajada alemana, donde alegaron que nada se podía hacer diplomáticamente, pero el embajador envió a El Pardo un escrito explicando que se le había concedido a Domínguez una condecoración, una de las de la Orden del Mérito del Águila Alemana, orden que se concedía a extranjeros[549]. Ello corroboraba indirectamente su colaboración con los servicios alemanes, que, como sabemos, era bien real.

A continuación, al ir Perales a dar cuenta de lo tratado a Serrano, éste le contó que había fracasado en su intento personal con Franco y que no había nada que hacer. Temía, por lo demás, ser acusado de pretender ponerse al frente de la Falange intransigente frente a la más acomodaticia de Arrese[550]. Fue en este contexto cuando Ridruejo, que había regresado de su temporada en la División Azul y reposaba en un sanatorio de Torrelodones, vio a Miguel Primo y éste le dijo que «habían triunfado en toda la línea» al conseguir los ceses de los dos ministros militares. Y cuando Dionisio le preguntó sobre Domínguez, Miguel le habría contestado: «¡Ah! A ése no hay quién le salve. El Generalísimo no quiere enfrentarse con el Ejército. Nos ha dicho que estaba convencido de su inocencia, de que no había ido allí a provocar la situación creada sino que se había limitado a reaccionar contra ella. Pero que él no podía desautorizar la calificación del consejo de guerra. Que aquellos falangistas que habían querido servirle merecerían luego del fusilamiento la palma de plata»[551].

Sea o no esto cierto, en parte o en su totalidad, el hecho era que la magnitud de la crisis y la importancia de los sectores enfrentados conllevaba para Franco la necesidad de dar satisfacción a los agraviados, es decir, al ejército y a los carlistas. Tampoco —como dice el texto que se acaba de reproducir— podía el Generalísimo desacreditar el funcionamiento de la jurisdicción militar no dando el enterado a la sentencia o rebajándola en exceso. Por ello, en una especie de solución salomónica, de los dos condenados a muerte decidió indultar a uno, al mutilado Calleja[552], y dar el enterado al resto de condenas, incluida la pena de muerte de Domínguez[553].

El escrito que contenía esta resolución del Jefe del Estado fue fechado en Madrid el 31 de agosto[554] y ese mismo día llegó a Bilbao. El general jefe de la jurisdicción, Loriga, ordenó su pase al auditor «para cumplimiento». Éste, a su vez, pasó la orden al juez instructor militar especial —que ahora volvía a ser el primero que había ocupado el cargo, el capitán Ignacio Moreno—, quien se personó en la medianoche en la cárcel de Larrinaga para notificar la sentencia a los procesados, una «sentencia firme por haber sido aprobada por la Superioridad»[555].

En primer lugar vio, a las doce y cinco de la madrugada del 1 de septiembre, al chófer Valero, el único absuelto. Un cuarto de hora más tarde notificó a Hernández Bravo, Lorenzo, Hernández Rivadulla, Berastegui y Moretón. A la una menos diez se reunió con Calleja. Y a la una y diez con Domínguez. Las cosas iban muy rápidas.

Domínguez, Calleja y Hernández Bravo decidieron hacer nuevas manifestaciones al juez. La más dramática, por su circunstancia de reo de pena de muerte, fue la del primero. Después de finalizarla, a las tres de la madrugada[556], pasó a estar en capilla de un fusilamiento que se realizaría cuatro horas más tarde, a las siete de la mañana[557]. En su declaración, hecha a la una y cuarto, decía:

Quiere hacer constar que considera la Causa seguida contra el exponente como un atropello judicial, toda vez que le consta al declarante (por haber leído una copia que le fue facilitada por un familiar) que se ha dirigido por el capitán Don Mario Hormaechea un escrito al Ilmo. Sr. Auditor de Guerra en el que manifestaba que había presentado tres testigos de descargos [sic] no habiendo sido admitidos por el juzgado. En dicho escrito también se indicaba al juzgado que el director de la banda de música del [Hotel] Carlton, o un componente de la misma, apellidado Elola, había manifestado la noche anterior en el referido hotel, ante unos testigos del capitán Hormaechea, que «al día siguiente en la iglesia de Begoña se formaría una corrida mayor que la de la tarde de toros». Manifestación que el declarante no hizo ante el consejo [de guerra] ni ante el [juez] instructor por ignorarlo entonces. Que quiere hacer constar el declarante que se siente orgulloso de los gritos de «Viva Franco» y «Arriba España»[558].

La referencia a los tres testigos estaba de nuevo en relación con el escrito que el delegado provincial de Excombatientes, Hormaechea, había enviado al juez citando a tres posibles testimonios —recordemos, Echarri, Elorza y el hijo de un tal Vitorica—, a los que el instructor Jaén había citado. Se presentaron tan sólo los dos primeros, y el juez consideró, después de oírlos, que el testimonio del primero no tenía importancia para la Causa porque no había estado presente en los actos de Begoña; y tampoco el de Elorza, que había declarado, como hemos visto anteriormente, «que si bien estuvo allí, no vio a los agresores y por tanto, ni por rumor ni por propio conocimiento puede afirmar quiénes pueden ser»[559]. En cambio, el tal Elola, citado por Domínguez ahora, no había sido llamado, tal vez, no lo sabemos, por no haber sido tampoco testigo presencial.

Por otra parte, además de su reafirmación de orgullo por los gritos reglamentarios que había pronunciado, Domínguez argumentaba a nivel político, como siguió haciendo tras firmar su nueva declaración —con su nombre y un «Arriba España» con triple signo de admiración— al decidir ampliarla, lo que le fue permitido por el juez. Abundó entonces en la denuncia de irregularidades procesales, cuestionando su reconocimiento en rueda de presos; que la sentencia afirmase que iban de uniforme del partido cuando ellos no lo llevaban, lo que era cierto en referencia a los de su coche, el 51, y tan sólo en parte a los del 565; y que no se les hubiese permitido tener a los abogados defensores propuestos por el partido. Pero, sobre todo, insistió en que la manifestación carlista había sido subversiva, las ofensas al Régimen vertidas allí notables, el infringimiento de, la ley de Seguridad del Estado por parte de los tradicionalistas. Añadió que su actuación y la de sus camaradas falangistas en defensa de la legalidad y del Caudillo había sido la correcta, tan sólo criticable por exceso de celo cuando se arrojó el artefacto, lanzamiento que no reconocía, dejándolo en condicional. Pero era la primera vez que manifestaba un argumento de este tipo —como harían también los demás enseguida—. En sus propias palabras:

He observado muchas irregularidades en la actuación judicial puesto que todo se ha basado en hechos incomprensibles, basados en que los testigos de cargo que me han acusado no observaron una regularidad absoluta para identificarme como autor del lanzamiento del explosivo desde un mismo lugar y con la misma trayectoria y que uno de los citados llamado Pando era uno de mis agresores, el cual empuñaba una pistola Astra de 9 mm largo, con la que me golpeó repetidas veces sobre la cabeza y la espalda.

Que observo que en los llamados «Hechos probados» de la sentencia dictada por el Tribunal se dice que ostentábamos el uniforme del Partido, no siendo cierto por vestir de paisano.

Quiero asimismo hacer constar [el] no habérsenos permitido utilizar los defensores abogados propuestos por el Partido, aun cuando estos abogados habían defendido anteriormente a procesados rojos que fueron condenados.

Quiero hacer constar que si la misa de Begoña estaba permitida, no lo estaba la manifestación que se produjo a su salida sin ser cortada por las Autoridades, donde se gritaban ofensas al Régimen constituido y al Jefe Supremo del Estado. Todo esto viene avalado por cuatro pancartas donde se decía y consta en el Sumario [y] aún inclusive en la declaración de los testigos de cargo ya que uno de ellos dice que agredió a Hernando Calleja con el palo de una de las citadas pancartas.

Quiero hacer constar que los reunidos en manifestación clandestina ostentaban la boina roja y la camisa caqui anti-reglamentariamente, según Decreto de S. E. el Jefe del Estado, y que dicho acto constituía una manifestación política anti-Nacional, anti-Falangista y anti-Franquista, pues entre otras cosas se cantó la siguiente canción: «Tres cosas hay en España que nos muerde la conciencia, el Caudillo, la Falange, y el cuñado de S. E. [Su Excelencia]». Que todo este acto constituye un atentado contra la Seguridad del Estado y que, aun en el supuesto [de] que los encartados hubieran arrojado el artefacto, habrían incurrido en todo caso en una responsabilidad de exceso de celo en el cumplimiento del deber que como falangistas tenemos por herencia inmortal del Primer Adelantado de la Cruzada Española José Antonio Primo de Rivera[560].

Tras Domínguez, también criticó el procedimiento y reivindicó su actuación en defensa de la legalidad, así como la absurdidad de la sentencia, Jorge Hernández Bravo. Lo hizo a las dos menos veinte de la madrugada. Su declaración era de carácter muy similar a la anterior; sin duda, se habían puesto de acuerdo los condenados en sus protestas. Dijo Bravo que,

aunque esperaba, dada la serie de irregularidades que a lo largo del sumario y del proceso han tenido lugar, oír una Sentencia basada en hechos absurdos y no existentes, nunca creí que la Justicia se pudiese encontrar tan alejada de lo que esta palabra significa ya que con la coletilla de «Hechos probados» se afirma y se dan por ciertos una serie de hechos que el más ligero examen de las pruebas o preguntas a los testigos demostrarían son falsas.

Asimismo quiero hacer constar que entre las irregularidades cometidas a lo largo del proceso se encuentra la de no habérsenos permitido utilizar ni los testigos ni los abogados defensores propuestos.

También quiero hacer constar que el acto de Begoña, al que casualmente llegamos, estaba terminantemente prohibido por las Autoridades de Vizcaya, ya que el hecho de existir cuatro pancartas, numerosos jóvenes carlistas armados y otros detalles me obligan a no poder considerar aquella manifestación como una prolongación de la Misa y sí como una manifestación política anti-Nacional, anti-Falangista y anti-Franquista. Siendo así que el acto allí desarrollado era el que casi constituía un atentado contra la Seguridad del Estado, creo que en el acto del juicio deberían haberse encontrado los papeles invertidos y que, admitiendo como hipótesis que hubiésemos utilizado armas o elementos explosivos contra los manifestantes, habríamos incurrido en todo caso en un exceso de celo en el cumplimiento del deber que como Falangistas tenemos[561].

La alusión a que no se les había permitido utilizar abogados propuestos por el partido, o diferentes de los que los acabaron defendiendo, la incluyó también el tercero en hacer declaraciones ante el juez, Hernando Calleja García, ya a las dos de la madrugada. Junto con sus críticas al procedimiento y a la sentencia, quiso hacer constar:

Que dada la serie de irregularidades que a lo largo del sumario y del proceso han existido, pretendiendo probar actos absurdos y nunca existentes, carentes en absoluto de veracidad, nunca creí oír una Sentencia basada en todos estos hechos improbados y no veraces que la Justicia admitía como tal, apoyándose en lo que el Sumario califica «Hechos probados», que a simple vista, y a pesar de ser profano en cuestiones legales, me dice ser falsas cuantas demostraciones pretenden probar.

Quiero asimismo hacer constar que no fueron admitidos cuantos defensores propuse para mi defensa (coronel Quintana), alegando para ello incompatibilidad por no pertenecer este coronel a la guarnición de Bilbao, siendo así que en numerosos consejos ha intervenido anteriormente.

También quiero hacer constar que en el acto celebrado en Begoña el día 16 de agosto en conmemoración de los Mártires de la Tradición [sic][562] y al cual asistí casualmente, se desarrolló tal y como en mis anteriores declaraciones afirmé, siendo mi intervención en el mismo la que anteriormente expuse, en contra de la no verídica que en la Sentencia se expone[563].

Pero ni los argumentos políticos ni los técnicos tuvieron ninguna utilidad, y el auditor de guerra los rebatió uno a uno en el escrito que dirigió al general Loriga ese mismo día, 1 de septiembre, y que el general asumió y aceptó, ordenando que pasasen los autos al juez de ejecuciones de la sentencia[564]. Argumentaba el auditor lo «impertinente y ocioso» que resultaba que los condenados tratasen de señalar anomalías o irregularidades en un procedimiento ajustado a derecho; que el acto de Begoña fuese no autorizado y clandestino, cuando había contado con la presencia del ministro del Ejército; que la no aceptación de otros defensores no estaba permitida en el Código de Justicia Militar; que los testigos Elorza, Errasti y Vitorica habían sido llamados pero no tenidos en cuenta por las razones expuestas y que Elola no había sido «indicado en su escrito por el capitán Hormaechea, contra lo que dice el encartado Domínguez», así como que «los procesados, en la lectura de cargos o por medio de sus defensores pudieron (como así lo hicieron, pero sin éxito), indicar los testigos convenientes a su defensa o las pruebas del caso, como textualmente se le hizo presente y requirió por el juez instructor». En cuanto al testigo Pando, citado por Domínguez, afirmaba que si aludía a que había sido su agresor no hacía sino poner «de manifiesto y prueba la verdad de la declaración de Pando, donde consta que este testigo, por haber visto y reconocido a Domínguez como lanzador de la bomba, luchó con él para reducirle y detenerle, como lo hizo al fin, entregándole a la Policía Armada». Concluía dando la vuelta a los argumentos de Domínguez y Bravo sobre el lanzamiento de la bomba, afirmando, ni más ni menos, que «las manifestaciones que hacen dos de los procesados […] de que aun en el supuesto de que ellos hubiesen arrojado el artefacto sólo habrían incurrido en una responsabilidad de exceso de celo en el cumplimiento del deber que como falangistas tenían por herencia de su Fundador viene a ser, a juicio del Auditor, una implícita confesión de ser ellos los autores del delito enjuiciado en la presente Causa»[565].

Domínguez fue pasado por las armas a las siete de la mañana del 1 de septiembre de 1942[566], y no el 2, como con frecuencia se reseña. Algunas versiones señalan que antes de ser tiroteado habría voceado los lemas falangistas, pero uno de sus camaradas de aquellas horas me contó que fue desaconsejado por el capellán, aunque no de gritar «Misericordia», que no pudo acabar antes de recibir los impactos[567]. Antes de la ejecución, Girón había facilitado el traslado de Celia, su esposa, y de su hija de pocos meses de edad a Bilbao en un coche del partido, donde llegó el 31 de agosto[568]. A Celia no le permitirían ver el cadáver de su cónyuge, que sería enterrado en una fosa en el cementerio de Derio[569]. Antes de morir, Domínguez le había dejado una carta, escrita a mano, que decía lo siguiente:

Hoy, 1 de septiembre de 1942

Querida Piruchiña:

He cumplido un acto de servicio con España y con la Falange y me ha tocado pagarlo en vez de recibir el premio lógico a mis desvelos. Yo te ruego a ser posible que te unas en matrimonio con cualquiera de mis camaradas del actual cautiverio, que te harán feliz y cuidarán de nuestra pequeña con el mismo celo y cariño que yo pudiera hacerlo.

Ésta es mi última voluntad y quiero que estés tranquila porque nos encontraremos en el Cielo, que sobradamente merecemos.

Muchos besos y abrazos de tu marido que espera el momento en que puedas con él reunirte.

Juan José

¡¡¡Arriba España[570]!!!

También, según algunos, y de manera que parece más dudosa, escribió un llamado «Testamento-Mensaje a la Posteridad», fechado el 1 de septiembre de 1942 a las diez de la noche y un minuto —día y hora imposibles si tenemos en cuenta la hora de su fusilamiento—, donde incluía algunas frases extremadamente críticas con Franco, como «en estos momentos de vacilaciones impropias de la senda que señalara José Antonio, inconsciente tal vez, se ha unido a nuestros seculares enemigos extranjeros [sic], pero él sabrá responder ante Dios y ante la Historia de una debilidad impropia de un general que ostenta la Gran Cruz Laureada de San Fernando y grabó, con letras de oro, una etapa de resurrección nacional»[571]. Su viuda ha explicado después un presunto plan de fuga que se habría frustrado por las reticencias de uno de los condenados, de la que no tenemos ninguna evidencia.

Como he adelantado, Celia fue atendida por el ministro Girón, que le concedió un piso y 90 000 pesetas con las que afrontar su viudez[572]. Por su parte, Luis Lorenzo Salgado, una vez fuera de la cárcel, sería comisionado por sus camaradas para recaudar un fondo para ella en organizaciones provinciales del partido[573].

El día después del fusilamiento, el 2 de septiembre, todos los condenados, incluido Domínguez, fueron oficialmente suspendidos de su militancia en el partido[574] en cumplimiento de la normativa vigente, lo que no dejaba de ser una paradoja, ya que los dirigentes falangistas los consideraban «héroes». Salieron conducidos por un sargento de la Guardia Civil y varios números en un vagón de tren de primera clase hacia Madrid. Antes se les había concedido una visita extraordinaria de sus familiares, lo que motivó una protesta del jefe superior de policía de Bilbao al director de la cárcel[575]. Al llegar el tren a Valladolid la estación estaba tan llena de falangistas que el sargento de la escolta les imploró que no aprovechasen la situación para liberarse. El exsecretario provincial Calleja le dio su palabra de que no lo harían. Tal vez por la misma razón no llegaron a la capital, y bajaron del tren en El Escorial. De allí fueron dispersados en diferentes cárceles —Uclés, Sotana, Valencia, Barcelona[576], etc.—, si bien al cabo de muy poco tiempo, a finales de noviembre, fueron todos trasladados a Alfaro, población cercana a la Corella natal del ministro-secretario general del partido, Arrese, a una cárcel de partido judicial cuyo director era conocido de aquél. Allí estarían solos, alimentados durante toda su estancia con comida pagada por el partido que se les llevaba de una fonda. Más adelante se enviarían allí también a seis sacerdotes nacionalistas vascos, con los que no hablaron nunca[577].

Pero lo fundamental, y sorprendente, es que ninguno de los condenados cumpliría, ni de lejos, su condena completa. Todos salieron de la cárcel en un plazo corto. Berastegui, por ejemplo —el único cuyo expediente penitenciario consta en el sumario de la causa—, estuvo en prisión poco más de un año[578]. El 21 de diciembre de 1943 le fue concedida la libertad condicional. Antes ya había podido salir para examinarse de asignaturas de su doctorado en Derecho, aunque no había sido conducido por la Guardia Civil sino por un funcionario de Prisiones. También había salido con el mismo motivo Hernández Rivadulla, en su caso estudiante de la licenciatura en Derecho en Valladolid, y sin acompañamiento alguno, lo que prueba la laxitud de las condiciones del internamiento.

De todos ellos, Hernández Bravo, Lorenzo, Calleja y Berastegui, camisas viejas, seguirían su carrera política dentro del partido y del Régimen en los años siguientes. Los demás, recuperaron sus empleos en la Falange o en alguno de sus servicios. Todos fueron definitivamente indultados por Franco en noviembre de 1945, en atención a las «especiales circunstancias» que incurrían en ellos. Fue un indulto total «de las penas principales que les fueron impuestas, así como las accesorias anejas a las mismas e igualmente cualquier medida gubernativa que se haya podido adoptar por virtud de Cuerpos u Organismos del Estado en que sirvieron los individuos afectados por este Decreto». De la misma manera, se procedió a «la cancelación de oficio de cuantas anotaciones en los Registros Judiciales o en el Central de Penados y Rebeldes hayan producido las condenas emitidas»[579]. Así acabó por fin, tres años después, lo que había empezado en la mañana del 16 de agosto de 1942. Para todos, excepto para Juan José Domínguez.

Instrucción y sobreseimiento de la Pieza Separada de la Causa Sumarísima 13 088-42

INSTRUCCIÓN Y SOBRESEIMIENTO DE LA PIEZA SEPARADA DE LA CAUSA SUMARÍSIMA 13 088-42

Ocupémonos ahora de lo que ocurrió al resto de detenidos que no estaban incluidos en la Pieza Principal de la causa que se viene analizando. Y es que al día siguiente de dictarse la sentencia de ésta, el 25 de agosto de 1942, y tal y como era preceptivo según los artículos 652 y 403.3 del Código de Justicia Militar[580], se había abierto la instrucción de una Pieza Separada dirigida a investigar la implicación en los sucesos de Begoña y las responsabilidades en las que habrían incurrido tres individuos que, se creía, no habían participado directamente en los hechos de la basílica. La apertura de esta nueva Pieza se había hecho, como sabemos, para «no desvirtuar la esencia y finalidad del Sumarísimo, lo que retardaría la celebración del oportuno Consejo de Guerra»[581] de la Pieza Principal. La instruyó el mismo juez, el teniente coronel Jaén.

Pero que no hubiesen estado en los sucesos, era tan sólo cierto en uno de los casos. No en el del ex divisionario Mariano Sánchez-Covisa Carro, del coche 51 de Madrid, que había logrado librarse tras declarar —él y su camarada Hernández Rivadulla— que se había quedado en la pensión esa mañana. También había estado en la explanada en el momento de los incidentes el cabo de la División Azul que, según Rivadulla, había informado al grupo del coche 51 del acto de Begoña —según su versión, subió con ellos al santuario—, y que resultó ser un tal Enrique del Camino. En cambio, el que no había llegado hasta después fue el secretario del jefe provincial de FET de Bilbao e informante de los servicios de Información del Ejército, Eduardo Valdivieso Centenera, detenido a pesar de su cargo y por haber hecho gestiones en pro de los de los falangistas en comisaría.

Covisa y Valdivieso se encontraban en la cárcel de Larrinaga. Camino fue conducido también allí una vez se le encontró en Logroño, en su unidad de Artillería de la División Azul. Aunque la intervención de este cabo sólo la había declarado Rivadulla, el juez instructor militar había ordenado su localización y su presentación. No obstante, su declaración no coincidió ni por asomo con la de aquél, y con ella fue capaz de convencer al juez y lograr, como todos los demás, su exoneración. Nacido en Torrelavega (Santander), tenía treinta y dos años y era tasador de profesión. Pertenecía a la División Azul, pero estaba destinado en la Batería de Cañones de Logroño, y en su declaración ni hizo alusión ninguna ni se refirió al encuentro de la plaza de Arriaga ni, sobre todo, a haber subido en el coche 51 a Begoña. En cambio, afirmó haber llegado a pie con otro divisionario, y, una vez allí, presenciar la aparición del coche 51, a cuyos ocupantes no conocía. Fue la suya una declaración completamente contradictoria a la de Rivadulla. También aseguró no conocer a Domínguez, y éste, al ser preguntado, afirmó desconocer su nombre, conocerlo sólo de vista, ya que había llegado «con todos» a comisaría y les había ido a buscar comida[582]. Tal vez era todo una nueva cortina de humo para eximirlo, ya que un testigo sostuvo haber visto a un cabo de la División Azul descender del coche 51 en Begoña. Durante las gestiones realizadas para localizarlo la policía anunció al juez que se hallaba en Logroño, y que sabía que allí había uno de la División Azul que tenía relaciones con las jerarquías del SEU[583].

Pero Camino dio otra versión, donde explica cómo, sin dinero y en ruta de Bilbao a Santander, se había topado con otro de la «Azul» que le habló de Begoña, y ascendieron los dos por las escaleras a la explanada de la basílica. Y que, al presenciar los incidentes y ver que tres de los atacados ostentaban insignias de la División, había participado en su defensa, ayudando a evacuarlos en un coche, con el que llegó a la Casa de Socorro. Esto último sí era cierto. Una vez en comisaría, Calleja lo había enviado a la casa de Berastegui con el chófer de su coche, el de Valladolid 565, Moretón —que aún no estaba detenido—, a avisar a su hermana, a decirle que «saldrían pronto» y a llevarle ropa, por estar la suya destrozada tras la reyerta. Había comido con los que estaban en la comisaría y a las cinco se había marchado. Consiguió, de otro conocido, dinero para comprar un billete de tren a Santander[584]. De allí volvería a Logroño y de allí lo llevó la policía. Que no tenía dinero y que realizó servicios para los detenidos parece ser cierto. Pero la contradicción entre lo declarado por Rivadulla y lo que aducía Camino era muy grande, y el juez ya no investigó más el asunto.

Tampoco, tras analizar las declaraciones de Sánchez-Covisa y de Valdivieso, presentes en el sumario de la Pieza Principal, siguió adelante el juez con el procedimiento. Creyó el testimonio del primero. Valdivieso, por su parte, ratificó que había realizado labores de información relacionadas con el ejército y que había actuado en comisaría obedeciendo órdenes de la Secretaría General del partido. El juez también lo creyó.

A primeros de octubre fueron todos puestos en libertad[585]. Y el día 14 del mismo mes el auditor de guerra propuso ratificar dicha libertad al general Loriga «por haberse desvanecido por completo los indicios que dieron motivo para proceder contra los tres […] encartados»[586]. Dos días más tarde el mismo Loriga acordaba, también a propuesta del auditor, el sobreseimiento definitivo de la Pieza Separada de la Causa 13 088-42[587].

Las consecuencias políticas en el interior del franquista de los sucesos de Begoña

LAS CONSECUENCIAS POLÍTICAS EN EL INTERIOR DEL RÉGIMEN FRANQUISTA DE LOS SUCESOS DE BEGOÑA

A los dos días del fusilamiento de Domínguez, Franco procedió a remodelar el gobierno y la cúpula del partido. La dimisión de Varela había facilitado un cese muy probablemente ya decidido por su comportamiento tras los sucesos. También la posición de Galarza era muy débil por su apoyo a Varela y su coordinación con él. Fueron cesados ambos. Y, de manera más sorpresiva, al menos para él, también Serrano Suñer.

Los dos primeros fueron sustituidos por el general Asensio —no sin cierta resistencia corporativa militar por sustituir al general más condecorado del ejército— y por el arresista Blas Pérez, tal y como Arrese había anunciado a sus camaradas días antes. Serrano fue reemplazado por el general conde de Jordana, que había sido ministro de Asuntos Exteriores entre 1938 y 1939. También cesó en la presidencia de la Junta Política del partido, con lo que perdía las dos palancas de poder que había venido utilizando desde 1938-1939, la gubernamental y la partidaria. El Jefe Nacional Franco le expresó, en el decreto que lo oficializaba, su agradecimiento por «los servicios prestados», y asumió él mismo la presidencia de la Junta. En el partido cesó, también con agradecimientos, al vicesecretario general Luna, que fue reemplazado por un miembro de la Vieja Guardia falangista y militar; el ex miembro de la División Azul y creador de la Compañía de Esquiadores, Manuel Mora Figueroa; y al gobernador y jefe provincial de Vizcaya, José Garran, relevado por Rodrigo Vivar Téllez, un juez falangista que no era de la Vieja Guardia pero sí muy próximo a Arrese[588] desde la época en que éste había sido gobernador de Málaga. Provenía Vivar del Gobierno Civil de Almería.

Pero otros ceses no vinieron de arriba, sino motu proprio y vía dimisiones. Fueron, que sepamos, las de Narciso Perales, gobernador civil y jefe provincial del partido en León y vocal de la Junta Política; y de Dionisio Ridruejo, también vocal, consejero nacional y director de Escorial. Ambos, destacadamente el segundo, eran camisas viejas próximos a Serrano Suñer. Los dos dimitieron en tanto que reacción airada a la «solución» dada al tema del cumplimiento de la condena de muerte de Domínguez. En la carta a Serrano en la que Ridruejo oficializó su renuncia a la vocalía, escribió, en referencia a los sucesos y su resolución:

Son los sucesos de los últimos días. La Falange, mandada —repito— por ineptos notorios, no puede contener la violencia de los suyos frente a ciertas provocaciones. Con lamentable oportunidad, sin sentido de la medida, unos muchachos exaltados hacen cara a una masa mil veces superior, provistos —notable precaución— de algunas armas. Allí está un ministro del Régimen [en referencia a Varela]. No el representante del Ejército, que como tal lo detesta por su mala gestión. Allí está un político, ministro del Régimen y anti falangista notorio [en referencia equivocada a Galarza, que no estuvo en Begoña, como sabemos], que da la casualidad que es militar como podía haber sido ingeniero de Caminos, sin que por esto tuviese que sentirse aludido el cuerpo en masa.

Se amañan las versiones. El partido podía —claro es— haber abandonado aquellos muchachos por su actitud de indisciplina. Pero no lo hace; se consigue imponer la versión verdadera. Pero todos sabemos lo que ha pasado luego: hay que sacrificar —ya sin posible invocación de principios— una vida falangista para salvar un compromiso. ¿Por qué? Porque detrás, el respaldo falangista era una fuerza destrozada y claudicante. Era inevitable. La culpa no es de hoy sino que viene de lejos. Pero la Falange está deshonrada. Yo aceptaría que estos hombres (el camarada Arrese y los suyos) afrontasen la impopularidad del hecho reconociendo su fracaso —incluso sin publicidad— marchándose. Pero no. Los veo tomar un aire de triunfo. Viene la contrapartida política. Para adormecer la conciencia no hay inconveniente en inventar miserablemente un espía inglés sobre el cadáver de un hombre que ha muerto creyendo en los embustes de sus jefes.

Y para fin de fiesta advierto que lo que más júbilo produce es la hipótesis de haber resuelto un pleito entre aspirantes a un mando falangista que es pura farsa[589].

Se desmarcaba, pues, de la tesis del atentado y analizaba correctamente la acción falangista como escuadrista o violenta fascista frente a una masa superior, si bien criticaba su falta de disciplina. No condenaba el uso de armas —la granada de mano— al relacionarlas con la desproporcionalidad del enfrentamiento. Pero su Crítica se dirigía a los mandos del partido, quienes, tras haber impuesto su versión de los hechos, se supone que ante Franco —ya que no del consejo de guerra—, y cuando debía suponer que ello implicaría el no cumplimiento de ninguna de las penas de muerte —y se acaba de explicar la laxitud de las condenas—, habrían aceptado o promovido un pacto compensatorio por el cual se sacrificaba a uno de los condenados para satisfacer al ejército y al carlismo mientras el partido ganaba posiciones. Y en medio de la maniobra no se dudaba en inventar la adscripción a los servicios británicos de Domínguez, una cínica falsedad.

Por supuesto, la reacción de Ridruejo habría sido aún más dura si hubiese sabido que la crisis política se saldaría unos días después con el cese del propio Serrano Suñer, siendo como era un hombre próximo a él y contrario al Arrese triunfante. Pero ¿fue realmente el de éste y los suyos «un triunfo en toda la línea» del partido, como le había dicho Miguel Primo al mismo Ridruejo? En relación con el cese de dos importantes ministros anti falangistas, Varela y Galarza, sin duda. Ellos perdían sus cargos mientras que no sólo los Arrese, Primo, Girón e Ibáñez continuaban en los suyos, sino que FET y de las JONS aumentaba su influencia en el gobierno con el acceso de Blas Pérez al importantísimo Ministerio de la Gobernación. También habían triunfado sobre Serrano Suñer. Pero en el cese del Cuñadísimo su mérito era menor. Y si bien éste afirma en sus memorias que Arrese lo presentó ante Franco tras los sucesos como representante del sector más intransigente y menos conformista del partido —a partir de sus gestiones en pro de Domínguez junto a Ridruejo, Perales y Guitarte—, con lo que debilitaría su autoridad frente a los falangistas, o que presionó para lograr su caída, ésta es tan sólo su —interesada— versión[590]. Bien al contrario, en su cese fue al parecer mucho más influyente el papel desempeñado por el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco. Éste, que se lo contó años más tarde a uno de sus subordinados en Presidencia y después ministro en diferentes gobiernos, Laureano López Rodó, le habría dicho a Franco, al ver que sólo cesaba a Varela y a Galarza (y actuando no sólo, sino también corporativamente, como militar) que en la crisis no podía «haber ni vencedores ni vencidos. Si después de lo ocurrido no sale del Gobierno Serrano Suñer, los españoles dirán que quien manda en este país es él y no Vuestra Excelencia»[591]. El Jefe del Estado le hizo caso.

Esta sugerencia está relacionada con otra anterior, que expresó por escrito en dos informes, en diciembre de 1941 y en marzo de 1942[592], en los que había abogado por que el mismo Generalísimo asumiese la presidencia de la Junta Política de FET y de las JONS en lugar de Serrano Suñer. La propuesta la había hecho como medida tendente a resolver el «problema» que a sus ojos venía representando el partido único dominado por falangistas desde la unificación de 1937. Un partido, en sus propias palabras, «desunido» entre partidarios de Arrese, Serrano o Girón,

sin que se pueda conseguir, por muy buena voluntad que en ello se ponga, concretar cuáles son las diferencias doctrinales entre unos y otros. […]. Un complejo organismo que absorbe una copiosa burocracia y que constituye el doble de la organización estatal, que actúa desordenadamente y falto de una verdadera doctrina y de una positiva disciplina; nutrido por no pocos indeseables de todo orden, cuyos desafueros y pésimos ejemplos son los que dan tónica al conjunto y que lejos de atraer repele, porque se ofrece agrio y despótico a los demás. […]. Con un léxico autoritario en sus escritos, el tuteo inconveniente a todo el mundo y un signo general de matonería que la dignidad innata del español no soporta fácilmente, unido a que tales manifestaciones se producen en individuos que, ni por su capacidad, antecedentes y conducta, inspiran la menor consideración [y que] hacen que el Partido sea antipático y que en lugar de sumar reste gentes, y, sobre todo, que reste valores positivos, y si suma a alguno, sea a los que pretenden encontrar un destino, un medio de vida[593].

Abogaba, en cambio, «por la creación de un cuerpo de doctrina nacional que represente el espíritu del Movimiento tal como V. E. lo siente y lo sentían todos los buenos españoles durante la lucha» y su plasmación en una serie de leyes fundamentales.

Pretendía, por tanto, si no la disolución, sí un cambio profundo en el partido.

Franco no le haría caso en esto último, ya que estaba utilizando FET y de las JONS como su base de masas. No quería ni prescindir de él ni transformarlo en profundidad. Además, Arrese le aseguraba fidelidad, sumisión y ningún afán de poder alternativo, ni suyo ni del partido. Sí, en cambio, haría caso a Carrero en lo de asumir él mismo la presidencia de la Junta Política. Lo hizo más tarde de lo recomendado, y pasó a ejercer él directamente el mando falangista, sin necesidad de la intermediación —menguante, como sabemos, desde 1941— de su concuñado. Junto a la sugerencia de Carrero culminaba también, y con resultados positivos, la labor de acercamiento realizada por Arrese y su condición, ya entonces real, de primer interlocutor en temas del partido.

Pero intervinieron otros tres factores. En primer lugar, el alejamiento personal y político entre Franco y Serrano desde la crisis del 1941 —quizá, Franco se sintió aliviado al deshacerse de su pretencioso pariente—. En el segundo, una vez pasada la época de las grandes expectativas de entrada de España en la guerra junto al Eje, lo que había llevado a Franco a nombrarle ministro de Asuntos Exteriores, tampoco en la esfera de las relaciones diplomáticas lo necesitaba ya. Y no cabe relacionar su cese en el ministerio con la voluntad de Franco de un cambio de estrategia con respecto a la guerra mundial. Cambio, no obstante, que llegaría, pero adoptado después de un progresivo cambio de signo de la contienda y por unas presiones aliadas crecientes. Y, en tercer lugar, los problemas familiares que venía arrastrando Franco con Serrano, marcado por la infidelidad manifiesta a su esposa, Ramona, con María Sonsoles de Icaza y León, marquesa consorte de Llanzol, muy conocida en Madrid; un problema por el que el Caudillo debía de ser martilleado por su propia esposa, Carmen, que llegaría a cotas paroxísticas al saberse del nacimiento de una hija de la pareja el 29 de agosto de 1942, cuatro días antes de su cese. Hija, nunca reconocida por Serrano Suñer, y que se llamaría Carmen Diez de Rivera Icaza[594]. Aun así, la destitución se pretendió suave, y a Serrano se le ofreció la presidencia del Consejo de Estado[595], el cargo que ocupaba hasta entonces su sustituto en el ministerio, el general conde de Jordana, pero lo rechazó. Tan sólo conservaría el puesto de consejero nacional vitalicio de FET y de las JONS en función de los altos cargos ocupados en el partido.

La sustitución de Varela al frente del ejército fue más compleja, dado el prestigio de aquél en la institución y a la solidaridad de los otros generales susceptibles de sustituirlo. En todo caso, también a partir de la fuente que significa el testimonio de Carrero Blanco, sabemos que se ofreció el cargo al general Asensio Cabanillas, jefe de Estado Mayor Central, pero éste lo rehusó, así como los demás generales a los que se le propuso. Por consejo del mismo Carrero, Franco impuso al primero la aceptación del cargo de ministro del Ejército no en cuanto cargo sino como destino militar, y por lo tanto de obligado cumplimiento. Ante lo que Asensio no pudo seguir negándose[596]. A Varela, por su parte, y como compensación, se le ofreció la Alta Comisaría en Marruecos, que rechazó en ese momento, aunque sí la aceptaría en 1945[597].

Recapitulando: las incógnitas de los sucesos de Begoña

RECAPITULANDO: LAS INCÓGNITAS DE LOS SUCESOS DE BEGOÑA

¿Fue Juan José Domínguez, el único ejecutado por los sucesos de Begoña, un agente o colaborador del Intelligence Service británico? ¿O lo fue de los servicios alemanes?

¿Fue Juan José Domínguez, el único ejecutado por los sucesos de Begoña, un agente o colaborador del Intelligence Service británico? ¿O lo fue de los servicios alemanes?

En cuanto a la primera cuestión, queda completamente descartada la imputación del Servicio de Información e Investigación de FET y de las JONS de que Juan José Domínguez Muñoz fuese agente o colaborador de los servicios secretos británicos. La documentación diplomática anglosajona que se ha consultado no permite conceder ninguna veracidad a la acusación. Por el contrario, sí fue colaborador, o agente, de los alemanes, en concreto de la Sección II KO Spanien de la Abwehr. Los agentes germanos estaban dirigidos por el teniente coronel Hummel, que actuaba en España bajo las órdenes generales del general Erwin Lahousen, ayudante del jefe del servicio de espionaje militar, el almirante Canaris. Como tal, participó Domínguez en la preparación de atentados contra buques ingleses en la zona de La Línea-Algeciras-Gibraltar, de alto valor para el Eje, con seguridad entre otras y más variadas acciones[598].

El taxativo desmentido de la embajada alemana a que fuese espía del enemigo inglés resulta bien indicativo, como también lo fue el gesto simbólico de la misma haciendo llegar un escrito a Franco acreditando la concesión de una importante condecoración a Domínguez, ya condenado a muerte, para tratar de salvar su vida[599]. Asimismo, el escrito en alemán que, según Perales, habría llevado Guitarte a una de las reuniones de jerarcas para tratar del asunto, abundaría en tal ligamen.

Por otra parte, la imposibilidad de acceder hoy en día a la documentación de los servicios de información militares españoles de la época impide conocer el grado en que éstos conocían las actividades de Domínguez[600]. Girón de Velasco[601], en los días previos al fusilamiento, intentó averiguar si pertenecía a los servicios españoles, pero sin éxito. Y, según Serrano Suñer, Arsenio Martínez-Campos de la Viesca, el responsable (sic, ya que había cesado en su cargo el 18 de junio de ese 1942) de los servicios, en concreto de la Tercera Sección del Alto Estado Mayor, le habría asegurado a Perales que Domínguez no pertenecía a los mismos[602]. Lo que, probablemente y a la espera de tener acceso a esos archivos, podría ser cierto. Pero, por el contrario, sí sabemos que existía algún contacto entre Domínguez y el coronel Martínez-Campos: el historiador Miguel Ángel Gimeno, que ha tenido acceso a la agenda personal de Domínguez, ha encontrado en ella su número de teléfono (62086)[603]; y, recordemos que, tras su detención en Algeciras al preparar otro sabotaje antibritánico, el expediente que se le había abierto había sido sobreseído por orden del Alto Estado Mayor[604]. Todo ello deja claro que, aparte del contacto directo entre ambos, los dos servicios tenían buenas relaciones y compartían enemigo. Pero de ahí a que Domínguez fuese también agente español y, sobre todo, actuase como tal en Begoña, medía un abismo.

De hecho, como hemos visto, no ya sólo los dos falangistas relacionados con los servicios alemanes, Domínguez y Hernández Bravo, sino todos los del coche de Madrid actuaron en Guecho para ellos al tratar de cortar el cable submarino en la playa de aquella localidad. Y la proposición que seguidamente hicieron a los dos recién llegados de Rusia para participar en un atentado contra un buque de guerra inglés atracado en Algeciras es bien indicativa de su interés e incluso entusiasmo colaborativo con la Alemania por la que habían estado todos —con la excepción de Domínguez— luchando.

¿Fueron los sucesos de Begoña un atentado contra Varela y el resto de autoridades presentes?

¿Fueron los sucesos de Begoña un atentado contra Varela y el resto de autoridades presentes?

A la vista de lo estudiado, creo que puede descartarse la tesis del atentado contra Varela y las autoridades presentes el 16 de agosto de 1942, en tanto que acto premeditado y motivo por el que habrían acudido allí los dos coches falangistas.

Que los de coche de Madrid —uno de cuyos ocupantes fue quien lanzó la granada— acudiesen a la explanada exterior de la basílica fue algo decidido en el último momento, ya que les llegó la información cuando la misa ya había comenzado y en el centro de Bilbao. Además, la presencia de Varela no se había anunciado en la prensa, por lo que no se le habían rendido honores a su llegada. Tampoco debían saber de esa presencia los del coche de Valladolid.

Como hemos visto, los de Madrid pararon en Begoña de camino a Archanda, y al ver la concentración carlista descendieron del coche. Cuando habían ya decidido seguir su camino escucharon los gritos de Berastegui y Calleja, y acudieron en su ayuda. Se enfrentaron, pues, todos a la multitud a la manera habitual fascista, escuadrista. Los de Valladolid habían creído ingenuamente que sus jerarquías (los cargos que ocupaban y su fuero específico) los protegerían. Ellos sí habían acudido de forma expresa a provocar, pero no a realizar un atentado.

Fue en el curso de la subsiguiente reyerta, en la que los falangistas se encontraban en minoría y se estaban llevando la peor parte, cuando Domínguez, que antes de ir a la explanada había tomado una granada de mano de la mochila de Rivadulla del maletero del coche, la lanzó. Fue un acto cometido en un momento de extrema dificultad para él y los suyos, uno de los cuales, Rivadulla, afirma que con su acción «nos salvó a todos», pero se sorprende al tiempo de que Domínguez hubiese cogido el artefacto de su macuto sin avisarle.

No está claro si el andaluz lanzó la granada contra el grupo de las autoridades o no, pero sí que acabó estallando en un punto alejado de aquéllas. La sentencia habló de desvío «providencial», ya que estableció la tesis del atentado. Y relacionó a los dos grupos en sus intenciones, estableciendo incluso una señal dada por Calleja —levantar una de sus muletas— como indicación a Domínguez para que arrojase la bomba. Resulta absurdo a todas luces, ya que entre ellos no se conocían, ni habían acudido al lugar de manera coordinada o premeditada.

Existen, por supuesto, más posibilidades. La primera, que me parece remota, es que Domínguez, o todos los de Madrid, actuasen motu proprio y con premeditación para atentar al servicio de los alemanes contra un Varela a quien aquéllos podían considerar como uno de los paladines de la no intervención española en la guerra. Pero esto resulta contradictorio con el hecho de que se enterasen del acto muy poco antes; con que no acudiesen desde Madrid con su armamento; que tuviesen que utilizar una granada traída del frente ruso por un divisionario al que hacía mucho tiempo que no veían y del que no sabían si la llevaría o no; y con que no se supiese con antelación de la presencia de Varela en el acto.

Otra posibilidad, no tan remota, es que Domínguez decidiese lanzar la granada no de cualquier manera y en cualquier dirección (para provocar un efecto sorpresa que permitiese a todos ellos salvarse del linchamiento) sino específicamente contra las autoridades. Por hostilidad hacia ellas, al encontrarse en medio de un ambiente hostil a Falange, y por considerar que aquéllas lo amparaban con su presencia. Sin embargo, no me inclino por su veracidad, de la que, por lo demás, no existe prueba alguna.

En todo caso, lo cierto es que sus compañeros de prisión, y en concreto Hernández Bravo, el que tenía mayor jerarquía, le pidieron que firmase un documento reconociendo su culpa. Eran conscientes de que, una vez que hubiese sido fusilado y ellos abandonasen su línea de defensa de negación cerrada de haber lanzado la bomba ninguno de ellos, necesitarían contar con una prueba exculpatoria de su responsabilidad.

La única referencia que conocemos que podría avalar la primera de las dos versiones, que no comparto, relacionaría la acción de los falangistas en Begoña con un grupo de la embajada alemana —que actuaría al margen del embajador mismo y otros de su confianza— dispuesto a tramar un complot para conseguir la sustitución de Franco y la entrada de España en la guerra en febrero de 1943. Está contenida en un libro de un alto cargo de Asuntos Exteriores de aquellos años, José María Doussinague, quien escribe:

Un día marchaba en automóvil de Madrid a Francia un agregado a la embajada alemana en Madrid y, habiéndose detenido a almorzar en Burgos, cambió impresiones con algunos acompañantes sobre el proyectado complot. No faltó quien, conociendo bien el idioma alemán, escuchara la conversación, que proporcionó detalles interesantes. A partir del 15 [sic] de agosto, en el que tuvo lugar un incidente trágico al salir de una misa en la iglesia de Begoña, de Bilbao, se estaría sobre la pista de determinados elementos españoles de muy poca categoría, a sueldo de esa embajada y uno de los cuales fue fusilado como culpable de dichos sucesos[605].

Pero el libro en cuestión, editado en 1950, es una justificación a posteriori y de negación interesada de la política pronazi y a favor del Eje del régimen franquista durante la Segunda Guerra Mundial, y de su servicio exterior, del cual el propio autor fue pieza fundamental. Es un libro muy tergiversador escrito en medio de la etapa de aislamiento internacional del franquismo, precisamente por haber practicado la política que intenta disimular.

Y es que, como he dicho, no existe ni en la documentación diplomática alemana conocida, ni en los diarios de los principales dirigentes del país —como los de Hitler o Goebbels—, el más mínimo indicio en relación con tamaño plan[606]. En cambio, sí se sabe que en aquel entonces Alemania estaba centrada en la guerra en suelo soviético y que el único proyecto referido a la península Ibérica existente, la llamada «Operación Ilona», preveía que, en caso de ataque u ocupación aliada, la Wehrmacht desplegaría un número limitado de divisiones en posición defensiva en la línea San Sebastián-Pamplona, con posibles extensiones hacia Bilbao y el Ebro. Un número escaso[607], ya que la mayoría estaban desplegadas en el frente del Este. Es más, el traslado de tropas alemanas hacia Gibraltar al que alude también Doussinague había sido un tema de la segunda mitad de 1940 y los primeros meses de 1941; y que se reactivaría más adelante, en noviembre de 1942, a raíz de la invasión del norte de África francés por los angloamericanos. Pero no antes, en agosto de ese mismo año, cuando tuvieron lugar los sucesos de Begoña. Resulta, pues, extraño y poco creíble un plan para matar a un ministro español sin conocimiento y aprobación de superiores en Alemania, y además en un momento en que no se planteaban operaciones en España. Otra cosa es que no se haya conocido nunca, pero eso nos parece también muy poco probable.

Por todo lo dicho, considero que Begoña no fue un atentado premeditado ni planificado para eliminar al ministro del Ejército, el general Varela, y a otras autoridades.

Por último, ¿qué fueron en realidad los sucesos de Begoña?

Por último, ¿qué fueron en realidad los sucesos de Begoña?

De todo lo dicho hasta ahora se deduce que los sucesos de Begoña fueron, por una parte, y por el número de víctimas producido, el enfrentamiento más importante de todos los que se habían venido produciendo desde 1939 entre falangistas y carlistas intransigentes. Por otra parte, y de forma destacada, supusieron la culminación de los conflictos que se venían dando entre falangistas y militares desde el fin de la guerra, en una pugna por el poder y por capitalizar la victoria.

Al considerar el general Varela haber sido objeto de un atentado el hecho de lanzar una bomba de mano contra la multitud carlista congregada frente a la basílica, implicó que éste se moviese ante Franco en demanda de condenas ejemplares. En su empeño, y de manera más general, en su actuación contra el partido único se dirigió a los capitanes generales buscando una respuesta corporativa militar contra FET y de las JONS, lo que el Generalísimo consideraría intolerable y que le acabaría acarreando el cese. A él y al ministro militar que le siguió en la movilización antifalangista, el de la Gobernación, el coronel Galarza. Pero no fueron los únicos, y el Caudillo acabó compensando al ejército con la destitución de su concuñado y número dos en el mando del partido, Serrano Suñer.

La importancia de esta cuarta crisis interna de los primeros años del régimen franquista es innegable. Y si en el ámbito militar no tuvo excesivas consecuencias, en el falangista el cese de Serrano significó la consolidación definitiva del sector arresista, el del ministro-secretario general Arrese y los suyos, es decir, de la tendencia fascista más sumisa y obediente a Franco; la que, sin renunciar a su objetivo de lograr la hegemonía política, la supeditaba a la voluntad del Caudillo. Mientras, se conformaba con las cuotas de poder logradas, que no eran pocas.

En cuanto a la política exterior, el nombramiento del nuevo ministro, el general conde de Jordana, significaría la adopción progresiva, a partir del cambio de signo de la guerra mundial y de las crecientes presiones aliadas, de una política no tan descaradamente favorable al Eje como la de la etapa anterior y de mayor equidistancia respecto de los contendientes del conflicto.

Descarto, pues, la interpretación de los sucesos como un atentado premeditado contra Varela ordenado por los servicios alemanes y ejecutado por dos grupos falangistas que habrían acudido a Begoña coordinados. En cambio, y de manera inédita hasta ahora, he demostrado la vinculación de dos individuos del coche de Madrid con los servicios alemanes y el objeto de su viaje al País Vasco: sabotear el cable submarino de conexión España-Inglaterra en la playa de Guecho. Esto, sin duda, está vinculado con los servicios germanos, así como también la propuesta de sabotaje que se les propuso a los dos exdivisionarios que los del coche de Madrid habían ido a recoger a Irún. Considero que la implicación alemana se encuentra ahí y no en un presunto atentado contra el ministro del Ejército. Aunque no he descartado que Domínguez, en medio de la refriega, lanzase una granada contra las autoridades, actuando motu proprio y preso de la rabia. Queda confirmado que fue él quien lanzó la bomba que causó más de setenta víctimas, aunque ninguna de ellas mortal.

Los falangistas que intervinieron en los sucesos justificaron ante el partido su actuación como una defensa de su Jefe Nacional Franco y, en general, de una legalidad vulnerada por los carlistas y amparada por las autoridades presentes. Se presentaron como víctimas de una multitud carlista. Hicieron, en su panfleto, una defensa política de sus actos. También los carlistas, que presentaron los hechos como El crimen de la Falange en Begoña. Ello provocó una nueva batalla entre falangistas y falcondistas, ésta de impresos, si no clandestinos, sí alégales. Y si los segundos presentaban a los primeros como asesinos, éstos se mostraron a sí mismos como genuinos representantes del Nuevo Estado y de su partido único, y como víctimas inocentes de unos hechos en los que no habrían tenido responsabilidad.

Ocultaron con descaro, pues, la acción de uno de ellos, que tantas víctimas había provocado. Y, por supuesto, disimularon también sus intenciones saboteadoras. En el escrito que el más importante de ellos —Jorge Hernández Bravo— dirigió al secretario general Arrese ocultó todos estos actos, y en su pormenorizada crítica a la sentencia condenatoria insistió en la falta de pruebas contra un Domínguez, ya fusilado, del que sabía —como los demás, y el propio Domínguez, que lo había firmado— que había sido él realmente el responsable del lanzamiento.

Al final, el ejército y los carlistas fueron compensados con el fusilamiento del autor material y con unas condenas de cárcel cuyo cumplimiento efectivo fue casi irrisorio. Franco ejerció de nuevo de árbitro entre sectores del bloque político y social o coalición autoritaria que presidía. Por su parte, el partido adquirió nuevas cuotas de poder en forma de ministerios. Continuó así la, por una parte sólida, y por otra, como acabamos de ver, conflictiva, trayectoria política del Régimen. Le quedaban aún muchos años de vida.

Apéndice

Notas Manuscritas tomadas por Gerardo Salvador Merino durante las sesiones de la Junta Política de Falange Española Tradicionalista y de las JONS celebradas los días 10 de marzo de 1940, (día indeterminado) de abril de 1940, y los días 11 y 12 de marzo de 1941

Fuente: Archivo de Gerardo Salvador Merino

I

10 de marzo de 1940

Presidente [Ramón Serrano Suñer].— Ha sido aprobada la Ley de Ramas. Se publica mañana en el B. O.

Organización de Milicias.— Reconducción del partido.— Subvención del Estado, la dificultad, la mala administración del propio Partido. No tienen crédito en ningún sitio. Gastos del entierro de José Ant[onio]: 1 400 000 falta por liquidar. Es apremiante un cañonazo a un barco alemán en Palma.

Reorganización de A. S.— Acto de clausura, decirlo para prestar un servicio y poner remedio. Nómina 16 000 000.— Sueldos de más de 50 000 ptas.— No se contabilizaban los ingresos o recursos.— Gobernación enjugaba mensualmente un déficit superior a sus ingresos.— Fondo de protección benéfico-social. Algunos meses déficit de 20 000 000. Pero ¿estaba bien o mal producido el déficit?—. No se sabe el montante de los donativos del extranjero [sic].— No se habían lucrado pero el desorden es máximo, por lo cual ha sido sustituida la Delegada.

Lee el informe técnico sobre A. S.

Suicidio de Cerazo [¿Carazo?].

Informe de Mariano.

Cartilla profesional.

Don Esteban [Bilbao Eguía].— Que la unificación sea una realidad; los que lucharon juntos, etc.; crimen de lesa patria la desunión. Que sea un hecho.

El Presidente.— Se tomarán medidas.

Luna [José Luna Meléndez].— Sobre Intendencia Militar. Inmovilización de patatas y otros [¿otras?] casos [¿cosas?]. Se tiran artículos alimenticios en los pozos de las minas, de donde las gentes procuran extraerlos a la rebatiña.

Situación social.— Casos de inanición.

II

Abril de 1940

Serrano.-

Plantear el tema político general.

Cese de Muñoz Grandes.

Necesidad de situar en la Secretaría general prestigioso al acabar la guerra.

Advertencia de el [sic] Caudillo de su cometido teniendo en cuenta la esencia de la Falange y desdoblamiento del Mando entre Secre.[taría] y Presidencia.

Desconocimiento de las funciones de la Presidencia por parte del Secre.[tario] a pesar de la buena acogida y esfuerzos del Partido por la cordiali.[dad].

El Presidente no salió de su inhibición en tanto la situación de lucha entre gobernado.[res] y jefes prov.[inciales] se hizo insostenible.— Resolución del problema.

Necesidad de asumir un mando riguroso y único.

Así entre goberna.[dores] y Jefes prov.[inciales]. Se hará en plazo brevísimo.

Primero mando único, después división de lo adminis.[trativo] y lo político.

Así se necesitaba un régimen constante de inspección ante la pluralidad de los grupos políticos. Las inspecciones por tanto aumentaban la confusión.— Inspectores de servicios para aunar y para mantener contacto entre lo central y lo provin.[cial]: Junta Política.

Momento político importante para salvar todavía la Falange.— Primero lealtad entre todos; buena acogida a todas las iniciativas.— Ejemplaridad en la conducta.— Ni demagogia ni ingenuidad, ni puerilidad, ni intelectualismo.

Acabar con el ambiente pequeño de club, de círculo y ocuparse de los problemas reales. Los primeros y los mejores en actitud externa y compostura.

Inmediato despacho del Presidente del Instituto de E. [Estudios] P. [Políticos] para la elaboración de Leyes fundamentales. Norma política a que sujetarse.

Sin ella, grave daño al propio Estado.

No bastará con los proyectos ni con las leyes. Es necesario crear la conciencia política.

Tareas inmediatas (aparte lo anterior). 1) Los sindicatos, Ley de relación entre Sindicatos y Ramas. 2) La milicia. Sin ella no se comprende el Partido.

Espectáculo impresionante de la concentración de la P.[laza] de Oriente.

Los aplausos espontáneos nada interesantes; no quieren decir nada preciso por su espontaneidad, lo que hace falta es que sean dirigidos.

Las gentes uniformadas, pero no disciplinadas con sentido militar o militante. Así unos grupos, flecos de la concentración, produjeron incidentes; con Milicias, no.

Suspicacia en el Ejército, absurda por q.[ue] nadie tendrá ese propósito y por la unión personal de ambos mandos en el Caudillo, máxima garantía.

Salimos pronto al paso de todo esto con una cosa previa: sólo necesitamos una Milicia pequeña.

Trabajo inmediato pues, Ley de Ramas y Milicia.

Conversación pendiente D. Esteban [Bilbao].

Representación carlista q.[ue] ha traído al Gobierno y a la Junta.

Por deferencia a Serrano y al Caudillo ha venido.

La Unificación no es una realidad y aquí está reservándose las observaciones que ha de hacer a Serrano.

Miguel [Primo de Pavera].— Sobre mando efectivo de la Junta.

Dionisio [Ridruejo].— Sobre unidad de mando de El [sic], Caudillo hasta el último.

Rafael [Sánchez Mazas].— Presidencia con plenaria eficiencia. Con su presencia física incluso. Trabajar todos para conseguir las tareas inmediatas de Sindicatos y disipar recelo del Ejército.— Órdenes que no se cumplen.

Areilza [José María de].— Reacción magnífica de todos ante una política de férrea unidad. Primera cosa leyes fundamentales políticas.— No sólo con leyes se consigue la unidad entre Delegación N. [Nacional] [de] S. [Sindicatos] y M.ºs [Ministerios] económicos y es necesario una compenetración a fondo entre todos los organismos aludidos; presencia física en esos M.ºs [Ministerios] de la Falange. Hay que hacer llegar la norma revolucionaria a la organización burocrática del E.[stado].

Ricardo [Giménez-Arnau].— Responsabilidad sin autoridad.— Reorganizar el Partido no da tiempo, es precisa una acción revolucionaria de Gobierno.— Poca o ninguna participación del Partido en el Gobierno.— Ineficacia de cónsules y diplomáticos.— Los rojos desean la Restauración y como son más… No se contrarresta la campaña de los rojos huidos.— Los miembros de la Junta manda[n] menos que un sargento de la G. [Guardia] Civil.

Rafael [Sánchez Mazas].— Periódicos en el extrangero [sic] llamados nacionales que denigran a la Falange y al Caudillo.

Serrano.— Recrudecimiento de la ofensiva contra El Caudillo, tienen enorme cantidad de dinero.— Los periódicos atacan a todo principalmente al Caudillo.— Falanges Exteriores malas, pero mientras existieron salvaron el prestigio, cosa que no hace la Diplomacia celosa de sus fueros, que no emplea. Todo se agrava ante la inhibición de la Diplomacia en el gravísimo momento actual.— No es adecuado, importante, ni conveniente hacer coincidir el deseo de rojos y monárquicos en el propósito de Restauración. Problema económico del Partido; nada se puede hacer de todo esto sin resolverlo.— Ni el extremo de la austeridad ridícula ni el otro. No estamos en el momento de dotar los servicios.

III

[sin fecha]

Ley de Organización del Estado.

Don Esteban Bilbao.— Procedimiento para la aprobación y solemnidad de la proclamación.— Origen de la autoridad del Jefe del Estado. Debe disminuirse en la modificación de Leyes fundamentales y presupuestarios según los principios Tradicionalistas.— Buscar la máxima garantía para que no parezca una Carta Otorgada.

Ramón Serrano.— Acto de fundación del Estado. El Jefe del Estado asume la suprema potestad política; él ordena su propio poder y no se puede partir de otro principio.

Don Esteban.— Lo tradicional es que el Rey reina y gobierna pero con aquellas excepciones dichas.

Alfonso Gª[arcía] Valdecasas.— La única fuerza que puede promulgar la Ley es el Jefe de E.[stado].— El estudio de la Junta es mera preparación. Se respeta el derecho no escrito. Hay una evidente solución de continuidad entre los órganos de poder tradicionales y lo actual, por consiguiente debe tener su origen en la única fuente de Poder.— No hay Carta Otorgada porque no hay dualidad entre Caudillo y Pueblo.

Don Esteban.— Insiste en sus puntos de vista precisamente, dice, en provecho de la autoridad del Caudillo.

Pedro Gamero [del Castillo].— De acuerdo con Don Esteban en que no hay otro título que el del Caudillo, no hay otra posibilidad que la aclamación del Consejo Nacional que tiene un claro valor representativo pese a su designación por el Caudillo.

[Alfonso García] Valdecasas.— En el momento de constituirse las Cortes estas aclamarán nuevamente, pero sin que esté previsto en la Ley.

Areilza.— Es preciso hacer compatible el nacional-sindicalismo y la Monarquía sin alusión a ramas dinásticas, habla en tesis pura. Una Constitución para siglos no puede dejar de lado el problema de régimen.— Pecaríamos de falta de audacia histórica si no nos atrevemos a proyectar hacia el futuro la continuidad de la jefatura del Estado. De esto no se habla. No hay más que dos principios: La herencia y la elección.— Absoluta necesidad de afrontar el problema de la Monarquía, lo es no sólo desde el punto de vista de la tesis política, sino de la Política simplemente.

[Alfonso García] Valdecasas.— En el proyecto no se aborda este tema porque es lo único que no podía ni siquiera sujetarse a estudio: se pensó en una fórmula disyuntiva en la redacción. Si la Ley se publicara con ese vacío, con ese hueco, plantearía ante el Pueblo esa tremenda inquietud. Personalmente comparto la opinión anterior para que no se plantease [¿] agudamente [¿].

Ridruejo.— Algún día se planteará, hoy no es el momento: hoy es peligroso ni siquiera ofrecer la Monarquía como esperanza. Ésta no es capaz de hacer una Revolución, tan sólo [¿se? ¿la?] estabiliza y no se debe menoscabar la autoridad y fuente o principio revolucionario ni siquiera con la esperanza. La sucesión del Régimen debe constituir un arcano y el sistema ha de ser el de la designación; pero antes revolución cumplida, orden acabado. El problema no debe ser (¿a? ¿e?)ludido.

[Alfonso García] Valdecasas.— La sucesión de un régimen no debe constituir un arcano.

Ridruejo.— La proclamación monárquica quebrantaría el poder de Franco.

Areilza.— Las revoluciones pueden no encontrar hostilidad en la M. [onarquía] (Italia). En la Constitución debe abordarse el tema audazmente y proclamarse que España es una Monarquía.

[Alfonso García] Valdecasas.— ¿Traerá peligros consigo decirlo? Lo cierto es que los traerá no afrontarlo.

Ridruejo.— Cuando Franco quiera, no ahora.

Pilar [Primo de Rivera].— Ahora no hay la persona y por tanto…

Don Esteban [Bilbao].— En cuanto se planteara esto se plantearía el problema de fondo de todo el Régimen. ¿Quién manda, el Caudillo o el Rey?

Demetrio Carceller.— ¿Qué clase de reacciones produciría en muchos españoles? Hoy los españoles están ajenos al problema, ni siquiera se lo plantean; sólo los navarros. Él preferiría la monarquía, pero en estos momentos enormemente perjudicial. La selección es monárquica pero la masa no lo es. Tenemos mucho que hacer antes. Ésta es la voz de la calle.

Ramón Serrano.— Es tema es importante, tanto que cualquier oportunidad es buena para abordarlo. Le interesa como español y como Pte [Presidente]; lo trato en cuanto lo 2.º: altísimo interés al problema de asegurar la continuación del Estado. El movimiento lo sintió desde el 1.er día; primera alusión en el Decreto de Unificación, siquiera fuese en el Preámbulo.

El cree que un día ha de tomarse una decisión, más que en cuanto a la forma del Estado que ya se establece por unos principios, hacerlo también por una calificación concreta. Como Pte[presidente] dice que no es oportuno decidirse hoy. La Junta ni siquiera a título de estudio tiene derecho a intervenir. Sólo Franco puede hacer esto.

Que el tema de la sucesión del Jefe del Estado no se plantea. Lo tenía anotado, independientemente de la forma de Gobierno. Artículo 48 de los Estatutos de la Falange.— Mientras Franco no decida cuando ha llegado el día de cambiar el sistema no podrá hacerse más que eso.

IV

11 de marzo de 1941

Junta Política.

[Al parecer Gerardo Salvador es interpelado ¿por Serrano Suñer?]: Última reunión organizar o mejorar la Delegación Nacional. No recuerda el acuerdo que se tomó. Se convoca por una especial urgencia; aquí no se habló con sinceridad; después de llegar a un acuerdo se ha manifestado un desacuerdo. No se da por tomado el acuerdo. Yo, Gerar[do], no expuse con sinceridad mi opinión. Después le he hablado de otra cosa. Y me ruega exponga todas las reservas que yo pueda tener. Si ni aquí somos capaces de hablar no podremos marchar.

(Exposición o visión mía de lo ocurrido).

Pedro.— Se rechazó lo paritario pero se aceptó la creación de esta pieza que considera fundamental.

Carceller.— Siempre se produce con sinceridad. Dijo que habría de crearse un cargo regido por persona distinta de las actuales. No se debe nadie aferrar a la doctrina y actualmente conviene superar lo económico.— Existe una compenetración absoluta entre el Delegado y él, no así con los demás que colaboran con el Delegado - Los organismos del Partido no sirven en absoluto en lo econó.[mico].— Se producen reacciones en los grupos econó.[micos].— Que se apruebe la clasificación.— Una persona que coordine la acción sindical.— Por no existir los Sindicatos se van anárquicamente a todos los lugares donde no deben.— El Partido vive de una manera precaria. Vive del Presupuesto; ha de tener savia propia, medios propios.— Si la única posibilidad son las cuotas de los pobres (C. N. S.) estamos perdidos. No existe fuerza sindical sino donde existía una organización marxista. Hay que darle fuerza económica por la aportación empresaria. Se ha de nombrar una persona capaz de aglutinar a todos los elementos de la producción. No es una censura a la gente que se tiene, buena para lo político, produce confusionismo en lo económico.— Cree que todos ganarán prestigio con ello.

Miguel [Primo de Rivera].— No entiende el planteamiento; se centra la cuestión en un sistema, sino en una persona que puede ser el Delegado Nacional.

Carceller.— Una persona que debe ser quien entiende.

Miguel [Primo de Rivera].— Replica que se producirá paralelismo inevitable.

Carceller.— Una persona que entienda y que sepa armonizar los intereses en pugna.

Miguel [Primo de Rivera].— Designar la persona, pero no el sistema que es peligrosísimo. Esto es como si él se llevara mal con los militares.

Gamero.— Estamos exagerando lo econó.[mico] y lo social. La Ley configura dos cosas: la organización territorial y los Sindicatos Nacionales.

Carceller.— Los individuos de las CNS no son falangistas ni siquiera sienten a España. Se ha de hacer una labor nueva para que lo sientan, la Falange lo intentó mejor que nadie.— La misma labor en el sentido de las empresas; funcionan como kábilas, con evidente separatismo; sin sentido Nacional. Lo que hoy parece disociador, tiende a la unidad.

Luna.— ¿Cuántas empresas hay? Muy pocas o ninguna. Esto es un organismo más. El mal es más hondo.— Las empresas sólo en las industrias.— Sólo en Cataluña y enemigas.— Medidas tajantes de Gobierno es lo que se precisa. Poca industria y mala.

Gamero [del Castillo].— Los Sindicatos deben fomentar lo poco que hay.

Carceller.— Donde actúa tiene la satisfacción mínima del deber cumplido.

[Gerardo Salvador Merino] (Rectifico a la totalidad).

Ramón [Serrano Suñer].— Dejar la consideración gral.[general] que expuso Luna, que es ciertísima. La Revolución de la Falange no se hará mientras no se logre explotar en serio la fuerza econó.[mica del País].— Llegar a una fórmula sintetizando.— No quiere ser ecléctico pero sí desapasionado.- A pesar de la llamada de Carceller al pragmatismo, que él mismo ha rectificado; la Falange ha de actuar como tal aun teniendo en cuenta la realidad pero sin olvidar el dogmatismo. Hemos de partir del principio de la unidad de lo económico-social.— Punto de partida y objetivo insoslayable. Ello es evidente y nadie lo desconoce ni lo niega.— Un mando político en unidad sobre lo económico-social, si este no es falangista no serviría.— Gerardo habla de exigencias de la división del trabajo. Salvada la unidad de mando, de ahí para abajo se puede hablar; los dos: Carceller y Gerardo lo admiten pero disienten…

Gamero [del Castillo].— Interrumpe para aclarar su posición: P.[olítica] agraria… industrial…

Serrano.— Independientemente del sincero planteamiento del Carceller hay dos posiciones, una normativa y otra de carácter personal. Uno de los daños más importantes a la F.[falange] sería la de suponer q.[ue] todo anda muy bien. Esto es aparte.— Los Sindicatos no pueden vivir al margen de la disciplina de la Falange en su órgano propio.— Consideraciones sobre las personas hechas por Carceller no hay bastante competencia en ellas y en su virtud las cosas se llevan mal y por eso baja el crédito y la obra se puede perder. Si esto es así, es urgente poner remedio. Él no lo conoce bastante, aunque pesa en su ánimo la opinión de Carceller.— No se le ocurre la idea de que este trate de plantear un pleito entre Ministerio y Partido. Si esto es así, a todos nos interesa no echar esto en saco roto, sobre todo Gerardo, el más interesado.

Miguel [Primo de Rivera].— Esto nos pasa en todos los organismos de la Falange.

Serrano.— Es muy posible que Gerardo —esto no debe mortificarle— no haya tenido aún la fortuna de encontrar estas personas, y él sirve tan a satisfacción este puesto de Unidad de Mando. Ahí tienen que ir los que sirvan y sirvan mejor.

Miguel [Primo de Rivera].— Él hace militantes con facilidad a los hombres sindicales.

Serrano.— Disciplina con respecto al Partido y la subordinación a Carceller.— Unidad de Mando económico-social en lo Sindical.— Sistematización de Mandos en lo que no sea incompatible y la selección de Mandos y colaboradores que se han buscado con el mejor deseo pero que tiene el pensamiento de que no siempre se ha logrado; sin detenernos en consideraciones de tipo gral.[eneral].

García Valdecasas.— En el fondo latía la desconfianza de si Carceller daba más importancia a lo econó.[mico] o a lo social. Ambos sometidos a lo político y lo político a la p.[olítica] exterior. Para ello hay que subordinar todo lo interior a esto. Así en Alemania. La primera propuesta que hizo por la Junta fue para rehacer nuestro mínimo de existencia. Debemos conseguir que esto sea lo que nos preocupe. En las provincias se está haciendo ensayismo social. Todos debemos ayudar al Mtro.[ministro] de I.[ndustria] y C.[Comercio] en el intento que realiza.— Dos barcos ingleses de trigo (art.[artículo] de Arriba [«Arriba»]).

Miguel [Primo de Rivera].— Dice que no es cierto lo del ensayismo y en todo caso lo que hay que hacer es la Revolución, que lejos de ser un lujo es una necesidad.

García Valdecasas.— Estamos en puro ensayismo por la crisis de crecimiento de la Falange, que no ha permitido hacer doctrina.

V

Junta 12 de marzo de 1941

Gamero [del Castillo].— Quedó sin tratar el fondo.— No era un problema de organiza, [ción] interna.— Dos grandes problemas. Falta de Mando político en el Partido y en lo económico.— Lo 1.º no le compete a él. Lo 2.º, sí. Repite lo que le ha dicho su [¿sic?] relevo, con ello ayudaría a poner término a la interinidad y a suprimir la incomodidad de algunos camaradas. Que se plantee la sustitución y nombramiento.

En lo sindical, con radio corto - Un Ministro de la Economía, para hacer lo fundamental de la Revolución. Fundir los Sindica.[tos] con el M.º[misterio] es absurdo si se transforma en transmitir el encargo personal a este camarada fundiendo personalmente en él todo el Mando. Esto es lo que él piensa y lo que cree que se pensó ayer.

Miguel [Primo de Rivera].— Dice que Gamero lo ha planteado bien sin que nadie se atreviera a plantearlo: Serrano debe recogerlo.

[Gerardo Salvador Merino] (Yo, para sumarme).

García Valdecasas.— Pedro Gamero reúne excelentes condiciones y la misma sensación de necesidad en cuanto a la Economía.

Serrano.— El tema de fondo se trató con lo q.[ue] motivaba la Junta.— Intervención de Luna y con tal motivo pronunció palabras que estaban de acuerdo con esto, pero nosotros no tenemos competencia para pronunciarnos en esto. El tema es alto y trascendente. En el ánimo de todos ayer no estaba esto, aunque sea importante.— Cree que sí es competencia de la Junta oír y tratar todas las inquietudes que sientan sobre los camaradas, pero no más.— Bien tratar de ello si se quiere, pero no nos habíamos reunido para más que resolver discrepancias entre Gam.[ero], Carceller y yo [Gerardo Salvador Merino] y el punto de las colaboraciones idóneas. Carceller hizo bien en plantear esto porq.[ue] en el Consejo esto se había planteado ya en términos muy desagradables. No se puede eludir el previo aunque pequeño. No, está así.

Gamero [del Castillo].— La solución no era posible en el clima político e insuficiente.

Miguel [Primo de Rivera].— No estaba en nuestro ánimo pero la sensación de parche estaba en todos.

Serrano.— Plantea y eleva esta cuestión. Pero desconocer nuestras culpas no es bueno. Pero él convocó la Junta para organizar así o de otro modo la Delegac.[ión] y para evitar q.[ue] dentro de la F.[alange] se emplee el procedimiento de no hablar aquí con claridad y sí se hable en grupos o corrillos.— No se puede ir a plantear lo gral.[general] cuando ya se ha propuesto allí antes este problema.

Gamero [del Castillo].— Su respuesta en la 2.ª parte es esto.

Serrano.— Recoge lo 1.º q.[ue] se hable lo 2.º.

Gamero [del Castillo].— La organización sindical se ha concebido con el intento de que la Delega.[ción] se convierta en M.º[misterio] de la Economía.— Discurso Círculo Mercantil.— Lo demás es Ceda.

Serrano.— Don Joaquín [¿Benjumea, ministro de Agricultura?] lo ha propuesto limpiamente.

Gamero [del Castillo].— Q.[ue] la Falange lleve al Consejo al Delegado. ¡Que vaya! ¡Bien!.— Dificultades de unir ahora no existen en cuanto a la persona. Unir por lo menos [el Ministerio de] Trabajo; esto serviría para unir en una respuesta adecuada.

Areilza.— Cree q.[ue] es la única propuesta digna de acogerse. Él cree que es la única.— Para evitar el roce.— Solución total o solución parcial.— Los Sindicatos tienen de hecho el Mando.

[Gerardo Salvador Merino] (Yo para protestar lo de los Mandos).

Serrano.— El Jefe del Gobierno lo ha dicho que son malos.

[Gerardo Salvador Merino] (Yo para decir que hay que resolver lo poco).

Carceller.— Tenía el propósito de ahondar en la sinceridad. Con respecto a lo pequeño y a lo político. En cuanto al funcionamiento de la Delega.[ción] coincidió conmigo [¿Gerardo Salvador Merino?] en la exposición. No nos debe sorprender q.[ue] sea así, la gente es mala o mediana. Hay q.[ue] encauzarla. No hemos sido afortunados en cuanto al material humano de q.[ue] se ha dispuesto. Los q.[ue] hay allí no sirven para lo económico, sí para lo político.

El Partido es una cosa enclenque; Cuando estos elementos reciben algún choque es cuando se producen esas reacciones al ir a contar estas cosas a otro sitio. En cuanto a los Sindi.[catos] N.[acionales] ha habido confianza en Carceller, si no no irían allí.— El Subsecreta.[rio] [de la Presidencia del Gobierno] Galarza le ha enseñado un escrito dirigido por Carlos [¿Romero de Lecea?] al Pte.[Presidente] del Gobierno requiriendo algo para la C. R. A. S. S. —que inspira recelo.— Simultáneamente se han recibido quejas amargas de industriales.— Esto ha sido un error inoportuno.— Que se separen de momento las cosas para tratar con mimo a los menores de edad.— Indispensable la aportación de nuevos elementos.— Él como falangista no se conforma a que se tenga una impresión de incapacidad y de impotencia en los Sindicatos y en la Delega.[ción]. Los que contribuyen a ello son bien conocidos y es triste que se produzcan esas reconvenciones. Pero 1.º hemos de dar ejemplo arreglando nuestra casa.— Q.[ue] al Partido se le dé mayor beligerancia.

Serrano.— Ya sabemos dónde está el enemigo, eso no nos mueve. Nos mueve la opinión de Carceller, por eso se recoge la de los colaboradores.— Habría q.[ue] contrarrestar el influjo de esta gente.— El sistema bancario ha combatido a las Cajas de Ahorro.— 1.º renovar mandos. En cuanto a la sistematización de los Mandos q.[ue] se hagan con arreglo a lo de P.[¿olítica?] agrario y industrial. Lo otro lo rechaza.

[Gerardo Salvador Merino] (Yo para rectificar).

Carceller.— (Discusión sobre abonos).

Areilza.— Que se resuelva el problema de fondo de aunar la acción de la Delega.[ción] y los Ministerios e identificarla. Creando el Ministerio de Economía uniendo los cuatros minist.[erios].— Unión personal. Es una necesidad inexcusable.

Serrano.— Esto lo entiende hasta cierto punto y ve que de ahí viene el sacar del Partido a los Sindicatos.— No cree q.[ue] las personalidades sensacionales sean las interesantes.— Hombres nuevos. El Delegado y Todos deben estar con autoridad.— Con el valor autorizante del ejemplo.— Pero si los relevantes no sirven «a priori», menos aún los insignificantes.— El ejemplo aquí consiste en tener agilidad para sustituir.— No es posible haber acertado desde el principio. No se puede estar en esto de si son buenos o malos.

Fuentes y bibliografía

ARCHIVOS

Archivo Varela, Cádiz.

Archivo Gerardo Salvador Merino.

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares.

Archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco, Madrid.

Archivo Intermedio Militar Noroeste, Ferrol.

National Archives, Kew, Londres, Gran Bretaña.

Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca.

ENTREVISTAS

Pío Miguel de Irurzun, Madrid.

Germán Álvarez de Sotomayor Castro, Madrid.

Virgilio Hernández Rivadulla, Madrid.

María Fermina Coderch de Sentmenat, Barcelona.

Pablo Salvador Coderch, Barcelona.

José Manuel Romero Moreno, conde de Fontao, Madrid.

Yago Varela Auge, Madrid.

José Enrique Uhagón Foxá, marqués de Armendáriz, Madrid.

Luis Lorenzo Salgado y Alberto Ruiz de Galarreta, entrevista realizada por José Luis Jerez Riesco, Madrid.

PRENSA

Boletín del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Madrid.

La Gaceta Regional, Salamanca.

La Voz de Galicia, La Coruña.

El Ideal Gallego, La Coruña.

La Hoja del Lunes, Sevilla, Madrid, La Coruña, Barcelona.

La Vanguardia Española, Barcelona.

ABC, Madrid, Sevilla.

Diario Palentino, Palencia.

Diario de Burgos, Burgos.

BIBLIOGRAFÍA, ARTÍCULOS Y PÁGINAS WEB

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Avilés Farré, Juan, La izquierda burguesa y la tragedia de la Segunda República, Madrid, Comunidad de Madrid, 2006.

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Burgo, Jaime del, Conspiración y Guerra Civil, Madrid, Alfaguara, 1970.

Bravo Martínez, Francisco, Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Editora Nacional, 1943.

Caballero, Carlos, y Rafael Ibáñez, Escritores en las trincheras. La División Azul en sus libros, publicaciones periódicas y filmografía (1941-1988), Madrid, Barbarroja, 1989.

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Anexo fotográfico

Anexo fotográfico

Concentración sindical en La Coruña de abril de 1938 que comportó elprimer cese de Gerado Salvador Merino.

Retrato de Gerardo Salvador Merino en la Guerra Civil.

Mástil del carguero Castillo de Olite hundido por la artillería republicana en la rada de la bahía de Cartagena en 1939.

Tribuna de las autoridades con Franco y Gerardo Salvador Merino, Madrid.

Concentración sindical del 18 de julio de 1940, Madrid.

Concentración sindical del 18 de julio de 1940, Madrid.

Concentración sindical del 18 de julio de 1940, Madrid.

Visita de Gerardo Salvador Merino a Alemania en 1941.

Ocupantes del coche de Madrid.

Granada de mano alemana similar a la lanzada en Begoña.

Documento de J. J. Domínguez reconociendo a sus camaradas en la cárcel de Bilbao que él ha lanzado la granada.

Croquis de la explanada de Begoña donde fuen lanzada la bomba.

Primera hoja del panfleto carlista referido a los hechos de Begoña.

El Reichführer de las SS Heinrich Himmler es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores Ramón Serrano Suñer, en el palacio de la Junta Política, Madrid 1940.

El ministro secretario del partido, José Luis Arrese, lee la ley de creación de las cortes españolas. En el estrado, Ramón Serrano Suñer junto a Franco, 1942.

Manuel Fal Conde (con chaqueta oscura y abrigo), con otros carlistas, tras la sublevación. Pamplona, 1936.

José Antonio Girón de Velasco.

Notas

[1] Stanley G. Payne, Falange: historia del fascismo español, París, Ruedo Ibérico, 1965, y Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español. Historia de la Falange y del Movimiento Nacional (1923-1977), Barcelona, Planeta, 1997.Véase también Herbert R. Southworth, Antifalange: estudio crítico de Falange en la guerra de España de Maximiano Garda Venero, París, Ruedo Ibérico, 1967. <<

[2] Ricardo Chueca, El fascismo en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS, Madrid, CIS, 1979. <<

[3] Martin Blikhorn, Carlismo y contrarrevolución en España (1931-1939), Barcelona, Grijalbo, 1979. <<

[4] Javier Tusell y Genoveva García Queipo de Llano, Franco y Mussolini. La política española durante la Segunda Guerra Mundial, Barcelona, Planeta, 1985, y Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957, Madrid, Alianza, 1984. <<

[5] Paul Preston, Franco, caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1993. <<

[6] Javier Tusell, Franco en la Guerra Civil. Una biografía política, Barcelona, Tusquets, 1992. <<

[7] Santos Juliá, Historias de las dos Españas, Madrid, Taurus, 2004. <<

[8] Ismael Saz, España contra España. Los nacionalismos franquistas, Madrid, Marcial Pons, 2003. <<

[9] Ferran Gallego, El evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950), Barcelona, Crítica, 2014. <<

[10] Enrique Moradiellos, La España de Franco (1939-1975): política y sociedad, Madrid, Síntesis, 2000, y Francisco Franco. Crónica de un caudillo casi olvidado, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002. <<

[11] Giuliana di Febo, Ritos de guerra y de victoria en la España franquista, Valencia, Universidad de Valencia, 2002. Véase también, junto con Santos Juliá, El franquismo, Barcelona, Crítica, 2005. <<

[12] Alfonso Botti, Cielo y dinero. El nacionalismo en España (1881-1975), Madrid, Alianza, 2005 (última edición). <<

[13] Juan Pablo Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal, Madrid, El País, 2005. <<

[14] Borja de Riquer, El régimen de Franco, vol. IX de Historia de España, Barcelona, Crítica, 2010. <<

[15] Julián Casanova, La Iglesia de Franco, Barcelona, Crítica, 2001. <<

[16] Véase, entre otros trabajos suyos, Alfonso Lazo, Una familia mal avenida: Falange, Iglesia y Ejército, Madrid, Síntesis, 2008. <<

[17] Ángel Viñas, La otra cara del Caudillo, Barcelona, Crítica, 2015. <<

[18] Véase, entre otros trabajos en colaboración o como autores únicos, Carme Molinero y Pere Ysás, El régim franquista. Feixisme, modernització i consens, Eumo, Vic, 1992. <<

[19] Antonio Cazorla-Sánchez, Las políticas de la Victoria: la consolidación del Nuevo Estado Franquista (1938-1953), Madrid, Marcial Pons, 2000, y Franco: biografía del mito, Madrid, Alianza, 2015. <<

[20] Xosé-Manoel Núñez Seixas, La sombra del César. Santiago Montero Díaz, una biografía entre la nación y la revolución, Granada, Comares, 2012. <<

[21] José Luis Rodríguez Jiménez, Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Alianza, 2000. <<

[22] Miguel Ángel Ruiz Carnicer, El Sindicato Español Universitario (SEU), 1939-1965. La socialización política de la juventud universitaria en el franquismo, Madrid, Siglo XXI, 1996. <<

[23] Véase, entre otras obras suyas, Francisco Cobo-Teresa Ortega, Franquismo y posguerra en Andalucía Oriental, Granada, Universidad de Granada, 2005. <<

[24] Ángela Cenarro, La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la Guerra Civil y la posguerra, Barcelona, Crítica, 2006. <<

[25] Glicerio Sánchez Recio, Los cuadros políticos intermedios del régimen franquista (1936-1959): diversidad de origen e identidad de intereses, Alicante, Instituto de Cultura Juan-Gil Albert, 1996, y Franco, Acento, 2000. <<

[26] Francisco Sevillano Calero, Propaganda y medios de comunicación en el franquismo (1936-1951), Alicante, Universidad de Alicante, 1998, y Franco: caudillo por la gracia de Dios (1936-1947), Madrid, Alianza, 2010. <<

[27] Véase, entre otras obras, José Antonio Parejo Fernández, Las piezas perdidas de la Falange: El sur de España, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2008. <<

[28] Francisco Morente, La escuela y el Estado nuevo: la depuración del magisterio nacional (1936-1943), Valladolid, Ámbito, 1997. <<

[29] Javier Tébar Hurtado, Barcelona, anys blaus: el governador Correa Veglison: poder i política franquistes (1940-1945), Barcelona, Flor delVent, 2011. <<

[30] Martí Marín Corbera, Els ajuntaments franquistes a Catalunya: política i administrado municipal (1938-1979), Lérida, Pagés, 2000. <<

[31] Joan María Thomàs, «La configuración del franquismo. El partido y las instituciones», Ayer, n.º 33 (1999) pp. 41-64. <<

[32] Una reflexión reciente sobre las crisis políticas en el conjunto del período franquista se puede leer en Ismael Saz, «Mucho más que crisis políticas: el agotamiento de dos proyectos enfrentados», Ayer, n.º 68 (2007), 4, pp. 137-163. <<

[33] Joan María Thomàs, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945), Barcelona, Plaza y Janés, 2001. <<

[34] Javier Domínguez Arribas, «La utilización del discurso antimasónico como arma política durante el primer franquismo (1939-1945)», Hispania, vol. LXVI, n.º 224 (2006), septiembre-diciembre, pp. 1107-1138 y El enemigo judeo-masóníco en la propaganda franquista (1936-1945), Madrid, Marcial Pons Historia, 2009. <<

[35] Utilizaré indistintamente a lo largo del libro los nombres completos y los de pila de los dirigentes falangistas, uso este último obligado y corriente entre ellos desde la fundación de Falange Española en 1933 en tanto que expresión de la presunta unidad interna interclasista que pretendían implantar en su régimen una vez alcanzado el poder e instaurada su «revolución nacionalsindicalista». <<

[36] A Ángel Aldany Sanz, administrador nacional de Sindicatos, se le abrió un expediente por la Delegación Nacional de Justicia y Derecho que comprobó sus orígenes izquierdistas, pero Gerardo Salvador lo mantuvo en su puesto. En el escrito de Pedro Gamero del Castillo —ministro vicesecretario general de FET y de las JONS— a Gerardo Salvador Merino (en lo sucesivo GSM), Herrera de Pisuerga, 23 de febrero de 1941, Archivo de Gerardo Salvador Merino (en lo sucesivo AGSM); véase también información sobre la denuncia de «camisas viejas» madrileños contra Aldany y asimismo, sin que sepamos las razones, contra Rafael Portaencasa, Antonio Polo y Segurado. Todo ello como parte de una maniobra para hacer dimitir a Salvador por su relación con ellos: hoja «Muy Reservado», 22 de noviembre de 1940, AGSM. <<

[37] Por orden de nacimiento: José María —oficial jurídico del Aire que acabaría siendo muy importante en el indulto de Gerardo, tras su condena—, Eusebio, Gerardo, Carmen, Cándida, Félix, Juan Francisco (muerto en combate el 5 de mayo de 1937, era miembro del Primer Batallón de FE de las JONS de Palencia), Luis y María Piedad. <<

[38] Dionisio Riduejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias, Barcelona, Planeta, 1976, p. 151. <<

[39] Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (1930-1960), Madrid, Alianza, 1989, p. 311. <<

[40] Su esposa, María Fermina Coderch de Sentmenat, lo niega. Entrevistado de junio de 1986. <<

[41] Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias. Antes, en la página 24, escribe sobre sus años de El Escorial: «[la revista La Oca del mismo colegio] la dirigían Gerardo Salvador Merino y Manuel Llanos, que luego serían socialistas, uno por poco tiempo y el otro hasta hoy, si es que sigue viviendo».

Por otra parte, sabemos que Llano publicó en 1935, junto con Berdejo y Lamoneda, La nueva ley municipal orgánica aprobada por la República, Madrid, Imprenta Torrent, 550 páginas.

En una carta de Fernando García Melgares al padre de Gerardo Salvador —Gerardo Salvador Zurita— del 18 de junio de 1934, se reclama a Gerardo y los otros tres ocupantes de un anejo a la pensión de su propiedad en Madrid una compensación económica ya que «Nos han ocasionado algunos incidentes desagradables con motivo de la defensa de su política socialista», AGSM. En la contestación, redactada por Gerardo, replicaba éste: «Olvida que el único [incidente] de este tipo y por esta causa que se produjo fue debido a la singular impertinencia de Vd. al calificar, dura, injusta y públicamente un ideario político tan respetable como el que más, injuriando globalmente y por añadidura a los líderes representantes de esta idea, por cuyo motivo el Sr. Llano no hizo sino contestarle de manera discreta y adecuada, viéndose Vd. en la precisión, a los pocos días, de retirar sus palabras y darnos amplias explicaciones, ante el temor de que, solidarizados, abandonásemos todos la pensión», 14 de julio de 1934, AGSM. <<

[42] Tomás Garicano Goñi, que en tanto que comandante auditor del Aire hizo un escrito muy favorable a Gerardo Salvador Merino durante su procesamiento de 1941, en un libro de 1981 lo tilda de socialista, aunque su relato parece estar extraído de la lectura del libro de Ridruejo que se ha citado. Sin embargo, el hecho de que incluya esta calificación una persona como él, próxima al hermano mayor de Gerardo, también oficial jurídico, y que lo haga cuarenta años después del procesamiento, nos lleva a creer en su veracidad. Véase Ángel Bayod, comp., Franco visto por sus ministros, Barcelona, Planeta, 1981, p. 198. <<

[43] La esposa de Gerardo, María Fermina Coderch de Sentmenat, niega tal adscripción. Entrevista, 20 de junio de 1986. <<

[44] Da dos fechas en dos momentos diferentes. Folios 56 y 87 vuelto, AGSM. <<

[45] Juzgado Especial Número 2, Sumario 97-941, folio 56 vuelto, Centro Documental de la Memoria Histórica. En lo sucesivo lo citaré como Causa, seguida del número de folio. <<

[46] Según afirmó a la policía personal del Instituto de Alicante. Antecedentes de Gerardo Salvador Merino. Sección Especial de «Recuperación de Documentos», julio de 1941, Causa, folios 2 y 3. <<

[47] Escrito de Marcelino de Ulibarri al juez instructor, 8 de octubre de 1941. Contiene una copia fotográfica de un escrito de la Gran Logia Regional del Centro de España al Gran Consejo Federal Simbólico, dando cuenta del movimiento de los «talleres» en el primer trimestre de 1931, Causa, folios 23 a 25. <<

[48] Sin embargo, en la extensa declaración del Gran Maestre Accidental Aselo Plaza, al referirse a la Logia Nomos, no cita a Gerardo Salvador y sí a Manuel Monge, Causa, folio 31. <<

[49] Su título de licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid lleva fecha de 23 de mayo de 1932, por lo que —dado el retraso de un año en la expedición de títulos universitarios— es probable que acabase sus estudios en 1931, AGSM. <<

[50] Conversación con Pablo Salvador Coderch, hijo de Gerardo Salvador Merino. <<

[51] Véase el papel de despacho con el membrete «G. Salvador Merino. Abogado. Fuencarral, 129, 4.º izqd, teléfono 30047 Madrid», AGSM. <<

[52] Véase el diario ABC del 30 de mayo de 1933. <<

[53] Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias, p. 151. <<

[54] Causa, folio 56 vuelto. <<

[55] Unas elecciones municipales que se realizaron en aquellas localidades del país en las que en las anteriores, de 1931, no había habido más de una candidatura. En octubre de 1932, los integrantes de las mismas se habían sustituido por gestoras, que ahora desaparecían mediante la nueva convocatoria electoral. En Juan Avilés Farré, La izquierda burguesa y la tragedia de la Segunda República, Madrid, Comunidad de Madrid, 2006. <<

[56] Diario Palentino, 28 de mayo de 1933. En los incidentes hubo al menos otro herido, y la Sociedad de Obreros Libres de Herrera —de signo católico— cursó telegramas de protesta al gobernador civil y remitió una nota a la prensa en la que «condenaba enérgicamente el cobarde atentado y pedía seguridad para no seguir soportando las amenazas de los pistoleros». El hijo primogénito de la familia Salvador, José María, auditor militar en La Coruña, salió inmediatamente de la ciudad hacia Herrera al llegarle noticia de las heridas recibidas por su madre, según la prensa coruñesa. Se puede encontrar una referencia a la muerte de la madre de Gerardo en Palencia. Publicación oficial de la Casa de Palencia en Madrid, n.º 5, 1 de abril de 1935, p. 3. <<

[57] Según Ridruejo, el padre de Salvador era allí presidente de la CEDA. <<

[58] Notas de la entrevista de Pablo Salvador Coderch a Carmina Salvador Merino, testigo directo de los hechos. <<

[59] Escrito al Tribunal de GSM, Causa, folio 56 vuelto. <<

[60] Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias, p. 151. <<

[61] Escrito al Tribunal de GSM, Causa, folio 57. <<

[62] También los tres amigos con los que convivía en la pensión lo hicieron, tras colocarse en el servicio público y ser destinados fuera de Madrid. Véase la contestación de Salvador a García Melgares en la nota 1. <<

[63] Con fecha 9 de marzo de 1934, Causa, folio 2. <<

[64] Con fecha 14 de marzo de 1934. La misma misiva contenía otro mensaje sin relación con Salvador. Ibidem. <<

[65] Escrito al Tribunal, Causa, folio 58 vuelto. <<

[66] Declaración de GSM, Causa, folios 8 y 9. <<

[67] Quedó el número 18 de 27 plazas a notarías de las cuatro provincias gallegas. Véase la carta de Fermín Paniagua a Gerardo Salvador Merino del 21 de octubre de 1935, donde le anuncia la publicación en La Gaceta del día anterior de la lista de opositores aprobados, AGSM. <<

[68] Declaración de Feliciano Crespo Bellido, Causa, folio 19. <<

[69] Declaración de GSM, Causa, folios 7 vuelto y 8. <<

[70] Declaración de Leopoldo Panizo Piquero, Causa, folio 12. Alfaro matizó que la propuesta de Gerardo de atacar la tertulia «de gente izquierdista y masones» no fue aceptada por José Antonio, «pues era costumbre que tomase él mismo la decisión». Declaración de José María Alfaro Polanco, Causa, folio 13. Fijémonos en lo de tertulia de masones e izquierdistas, en la que la presencia de Gerardo resultaba algo extraña. <<

[71] Declaración de Alfaro, ibíd., folio 19. <<

[72] Escrito de GSM a la Junta Política, AGSM. <<

[73] Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias, p. 151. <<

[74] Declaración de GSM, Causa, folio 8. <<

[75] Ibid., folio 8 vuelto. <<

[76] Declaración de Feliciano Crespo Bellido, Causa, folio 19. <<

[77] Véase Steven Forti, El peso de la nación: Nicola Bombacci, Paul Marión y Oscar Pérez Solís en la Europa de entreguerras, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago, 2014. <<

[78] Declaración Indagatoria de GSM, Causa, folio 17 vuelto. <<

[79] También lo hicieron tres de sus hermanos, uno de los cuales resultó muerto y el otro quedó mutilado. El mayor, auditor, colaboró en el alzamiento en La Coruña, al parecer de manera decisiva. Y dos hermanas se alistaron como enfermeras: escrito al juez de Francisco Corniero de Gallastegui, auditor de División, Causa, folio 52. <<

[80] «Una leve por bala de fusil enemigo en la acción de Villager y otra de metralla, calificada de menos grave, en la operación que se efectuó para la toma de La Espina, por cuyo motivo […] [fue] hospitalizado en León». Certificado del alférez Emilio Giráldez Álvarez, encargado de la Plana Mayor de 4.º Grupo de Artillería 100/17, Causa, folio 19 vuelto. <<

[81] Nombramiento, 15 de junio de 1937, AGSM. Véase también Germán Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, Madrid, Imprenta Aguirre, 1987, pp. 257 y ss. <<

[82] Cursillo para el que se requerían como títulos de acceso los de ingeniero o arquitecto. <<

[83] Boletín del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS (en lo sucesivo BMFET), n.º 8,15 de noviembre de 1937, p. 96. <<

[84] Germán Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, Madrid, Imprenta Aguirre, 1987, pp. 261-273. <<

[85] Nombramiento sin fecha del Secretariado Político de FET y de las JONS, donde firma Joaquín Miranda por el secretario (López Bassa), AGSM. <<

[86] Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias, p. 151. <<

[87] Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (i930-1960), p. 311. <<

[88] Al inicio de la Guerra Civil, Romero, auditor en Cádiz, había intervenido en la resolución legal del apresamiento de un buque de bandera turca y fue llamado por Franco a su cuartel general, en Salamanca, para ocuparse de esta cuestión. De allí había pasado a la Auditoría de El Ferrol, donde colaboró con el jefe provincial Álvarez de Sotomayor, amigo suyo. Simpatizante jonsista, su pase a la Delegación Nacional de Sindicatos no fue bien visto en la Armada y no se le concedió la condición de supernumerario, por lo que, una vez cesado en la DNS, tuvo que buscar un nuevo trabajo, opositando a agente de Cambio y Bolsa. En los años siguientes ejercería tal profesión y se convertiría en un importante bibliófilo y musicólogo. Mantuvo toda su vida una relación de amistad con Germán Álvarez. Entrevista con José Manuel Romero Moreno, Conde de Fontao, hijo de Carlos Romero de Lecea, Madrid, 17 de septiembre de 2014. Agradezco al conde de Fontao su amabilidad al recibirme para hablar de su padre. <<

[89] Véanse, por ejemplo, Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias, p. 151, y Germán Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, p. 281. Entre los historiadores que reproducen el error me encuentro yo mismo. Véase Joan Maria Thomàs, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista, p. 115. En cambio, el primer historiador profesional de Falange, el profesor Payne, que entrevistó en vida a Salvador, no cometió tal error: Stanley G. Payne, Falange: historia del fascismo español, p. 178.Tampoco yerra Xosé M. Núñez Seixas, en su reciente libro La sombra del César. Santiago Montero Díaz, una biografía entre la nación y la revolución, Granada, Comares, 2012, p. 126. <<

[90] No hay referencia ninguna al incidente en la obra de Aurora García González, Historia de la empresa La Voz de Galicia, Libros en Red, 2009, p. 18. Sí aparece, en cambio, en el libro de Xosé Ramón Pousa, coord., Atando cabos. Homenaxe a Francisco Pilado Rivadulla, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2004, pp. 43 y ss. <<

[91] La Voz de Galicia, 26 de abril de 1938, p. 6. <<

[92] Ibidem. <<

[93] Ibidem. <<

[94] Germán Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, p. 281. <<

[95] Paul Preston, Franco, caudillo de España, Barcelona, Grijalbo, 1994, pp. 394-395. En la idea de la suscripción había participado igualmente Pedro Barrió de la Maza, un banquero local, que en 1955 sería ennoblecido por Franco con el título de conde de Fenosa. <<

[96] En 1939 sería promocionado a la jefatura de la Casa Civil del Generalísimo, cargo que mantendría hasta 1946. Ocupó después el cargo de administrador del Patrimonio Nacional y accedió para siempre al círculo de El Pardo, es decir, al entorno de Franco, su esposa e íntimos. <<

[97] «Julio Muñoz Aguilar.— Es de todos conocida la actitud de Julio Muñoz Aguilar en relación con el Partido y con sus hombres, especialmente con Gerardo Salvador y varios de sus colaboradores, a quienes distingue con su odio y resentimiento profundo en correspondencia al insolente desprecio y vejaciones de que en todo momento los citados camaradas le han hecho víctima en estricta justicia, pues juzgan nefasta para la política nacional una presencia tan insultante como la de Julio Muñoz Aguilar junto a la superior Jerarquía de Estado a quién traiciona cada día y cada hora». Escrito sin firma (aunque atribuible a Germán Álvarez de Sotomayor o a Carlos Romero de Lecea) y sin fecha (aunque, posiblemente, de finales de agosto o principios de septiembre de 1941) en el Fondo Dionisio Ridruejo, legajo 5,expediente 5. Centro Documental de la Memoria Histórica. Agradezco al profesor Javier Domínguez Arribas que me lo haya facilitado. <<

[98] Carta de Romero a Gerardo Salvador, sin fecha, AGSM. <<

[99] Ibidem. <<

[100] Telegrama reiterando la Circular de fecha 23 de abril de 1938, AGSM. <<

[101] Diario de Burgos, 20 de abril de 1938, y La Voz de Galicia, 22 y 23 de abril de 1938, p. 3. <<

[102] Francisco Bravo, «El discurso de Yagüe. Una voz nacional-sindicalista», La Voz de Galicia, 23 de abril de 1938, p. 3. <<

[103] Ibidem. <<

[104] Como he señalado, no existe ninguna alusión al asunto en el libro de García González. Sí se cita que fue sustituido, el 16 de agosto de 1938, por Antonio Álvarez Solís. En Fernando García Lahiguera, Ramón Serrano Suñer. Un documento para la historia, Barcelona, Argos Vergara, 1983, p. 18. En cuanto a Bravo, en 1939 lo encontramos como redactor jefe de La Gaceta Regional de Salamanca, cargo que ya había ocupado entre 1923 y 1937; y, desde 1941, como director del mismo periódico. Ibidem. <<

[105] Carta de Romero de Lecea a GSM, AGSM. Continuaba: «Pensé marchar a darte cuenta de todo esto, pero Julio me obligó a que asistiese el lunes a la conmemoración del 2 de mayo con él. Añadiendo que si quiero que me lleva a Burgos cuando vaya a la Jta. [Junta] Política para que dé a Serrano y Raimundo cuantas informaciones estime procedentes, por lo que espero que, si para deshacer equívocos es conveniente mi ida a Burgos, me lo digas. Aunque estime que resultaría necesario decirte que todo esto, por las seguridades que me han dado, de que nada habría de ocurrirme, aparece desprovisto de todo interés personal, por si acaso en esa las informaciones que te darán (¿) de mí, son por el estilo de las que anteriormente te digo. Vale la pena de que lo sepas sin género de dudas. Un abrazo. Carlos». <<

[106] Ibidem. <<

[107] Cese por orden del secretario general Fernández-Cuesta, AGSM. <<

[108] BMFET, junio de 1938, p. 279. <<

[109] Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, p. 281. <<

[110] Dionisio Ridruejo, Con fuego y con raíces. Casi unas memorias, p. 154. <<

[111] Carta de GSM a Pedro Gamero del Castillo del 11 de mayo de 1938, AGSM. <<

[112] Carta de GSM a Fernández-Cuesta del 6 de mayo de 1938, AGSM. <<

[113] Carta de GSM a José Luis Escario del 5 de junio de 1938, AGSM. <<

[114] Carta de GSM a Serrano del 27 de junio de 1939, AGSM. <<

[115] Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, p. 281. <<

[116] Nota del Servicio de Información y Policía Militar, sin fecha, AGSM. <<

[117] Su relato del hundimiento del buque y de su cautiverio se encuentra en AGSM. <<

[118] Luis Miguel Pérez Adán, «La expedición sobre Cartagena y el hundimiento del Castillo de Olite, marzo de 1939», Congreso Internacional La Guerra Civil Española, 1936-1939, 27, 28 y 29 de noviembre de 2006, Madrid. <<

[119] Certificado del alférez Emilio Giráldez Álvarez, Causa, folio 20. Hay un relato laudatorio del comportamiento de Salvador en Germán Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, p. 350. <<

[120] Ibid., p. 347. <<

[121] Ibidem. <<

[122] Stanley G. Payne, Falange: historia del fascismo español, p. 176. Payne habló con Salvador en 1959 y concluye: «Al terminar la guerra procuró que le dieran un cargo importante». <<

[123] Carta de Salvador a Serrano Suñer del 27 de junio de 1937. <<

[124] Su hermano Luis Ricardo, que había actuado en Auditoría de Guerra durante la contienda (aunque no parece que perteneciese profesionalmente al Cuerpo Jurídico Militar, como el hermano mayor, José María, auditor del Aire como sabemos) le contaba reacciones de conocidos en La Coruña al saber del nombramiento. Una de ellas había sido la de un tal Patiño: «A ver si ahora machaca a ese tío [Muñoz Aguilar], que lleve con él al que hubo aquí de éso [Sindicatos] = Romero de Lecea? Sí, ése ¡Arriba España!». Carta de Luis Ricardo Salvador y Merino a GSM. 11 de septiembre de 1939, AGSM. <<

[125] Gerardo le recordaría unos meses después a Gamero cómo, «en puro acto de servicio acepté en Burgos, convencido, o vencido mejor, por tus razonamientos este cargo que echó sobre mí una responsabilidad infinitamente superior a mis fuerzas y merecimientos». Carta de Gerardo Salvador a Pedro Gamero del Castillo, 24 de abril de 1939, AGSM. <<

[126] Nombramiento por el secretario general Muñoz Grandes, AGSM. Véase también BMFET, 1939, p. 724. <<

[127] Carta de Luis Ricardo Salvador y Merino a GSM. <<

[128] En los estatutos del partido modificados el 31 de julio de 1939 (BMFET, pp. 692 y ss.) se decía al respecto: «Artículo 29.— Falange Española Tradicionalista y de las JONS creará y mantendrá las Organizaciones Sindicales aptas para encuadrar el Trabajo y la Producción y reparto de bienes. En todo caso, los Mandos de estas Organizaciones procederán de las filas del Movimiento y serán conformados y tutelados por las Jefaturas del mismo como garantía de que la organización sindical ha de estar subordinada al interés nacional e infundida de los ideales del Estado. Artículo 30.— La Delegación Nacional de Sindicatos será conferida a un solo militante y su orden interior tendrá una graduación vertical y jerárquica a la manera de un Ejército creador, justo y ordenado». <<

[129] Nota de una conversación con Juan José Pradera, de la Junta Política, y miembro del tribunal que juzgaría a Salvador, obrante en AGSM. <<

[130] También otro escritor falangista conocido, Pedro Mourlane Michelena, sin cargos relevantes en el partido, había sido absuelto, mientras la causa contra Vital Aza había acabado en sobreseimiento provisional. En la «Nota» citada en la nota anterior parece leerse que se retractó o se trató del asunto ante Prensa y Propaganda. Vital Aza era uno de los descendientes del escritor, comediógrafo y humorista español Vital Aza Álvarez-Buylla (1851-1912). <<

[131] Carta de Gerardo Salvador Merino a Muñoz Grandes de 19 de enero de 1940, AGSM. <<

[132] Ley de Unidad Sindical. <<

[133] Carta de Gerardo Salvador a Gamero del Castillo, 24 de abril de 1939. <<

[134] Ibidem. <<

[135] Stanley G. Payne, Falange: historia del fascismo español, p. 178. <<

[136] Carta de Salvador a Serrano Suñer, 7 de diciembre de 1940, AGSM. <<

[137] Ibidem. <<

[138] Véase el «Apéndice». <<

[139] Joan Maria Thomàs, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945), pp. 293-294. <<

[140] Carta de Salvador a Álvarez de Sotomayor de 8 de agosto de 1941, AGSM. <<

[141] ABC, 19 de julio de 1940. <<

[142] Entrevista del autor con Pío-Miguel de Irurzun, Madrid, 27 de junio de 1986. <<

[143] Joan Maria Thomàs, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945), pp. 255-256. <<

[144] Stanley G. Payne, Falange: historia del fascismo español, p. 177. <<

[145] Ibid., p. 178. <<

[146] La Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos le envió el 12 de julio de 1941 una copia mecanográfica de los mismos, respondiendo a la demanda del general fechada el 27 de junio anterior, Causa, folios 1 a 3. El día 29 Salvador supo, no ya que había ido a Franco, sino que éste ya había hablado con los ministros. <<

[147] Heleno Saña, El franquismo sin mitos conversaciones con Serrano Suñer, Barcelona, Grijalbo, 1981, p. 295. Al saber de tal respuesta Gerardo se crearía una herida incurable hacia el otro jerarca de Herrera de Pisuerga. Entrevista con María Fermina Coderch. <<

[148] Véanse los sellos de entrada y salida de Alemania por el aeropuerto de Stuttgart en el pasaporte de Gerardo Salvador Merino, AGSM. <<

[149] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[150] Stanley G. Payne, Falange: historia del fascismo español, p. 176: «Contrariamente a muchos españoles, Merino sentía gran simpatía por los nazis, cuyos objetivos revolucionarios le seducían». <<

[151] Entrevistas con Germán Álvarez de Sotomayor. 70 78 <<

[152] Klaus-Jórg Ruhl, Franco, Falange y elTercer Reich: España en la Segunda Guerra Mundial, Madrid, Akal, 1986, p. 68. Según Payne, no fue así. Véase Stanley G. Payne, Franco y José Antonio. El extraño caso del fascismo español. Historia de la Falange y del Movimiento Nacional (1923-1977), Barcelona, Planeta, 1997, p. 525. <<

[153] Entrevistas con Germán Álvarez de Sotomayor. <<

[154] José Luis Rodríguez Jiménez, Los esclavos españoles de Hitler, Barcelona, Planeta, 2002. <<

[155] ABC, 3 de mayo de 1941, p. 5. <<

[156] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[157] «Lo último es una interpretación excesiva», escribió Ridruejo a mano tras el párrafo citado. Ibidem. <<

[158] Ibidem. <<

[159] Ibidem. <<

[160] Javier Tébar Hurtado, Barcelona, anys blaus. El governador Correa Veglison: poder i política franquistes (1940-1945), Barcelona, Flor del Vent, 2011, p. 241. <<

[161] Causa, folios 60 vuelto y 61. <<

[162] Boletín Oficial del Estado, n.º 42, pp. 1537 y ss. <<

[163] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[164] Causa, folios 60 vuelto y 61. <<

[165] Entrevista con María Fermina Coderch; también, sobre Manuel Santos, véase Germán Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, p. 362. <<

[166] Citado en Javier Domínguez Arribas, El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista (1936-1945), p. 437. Este autor sitúa un «[sic]» tras 1932, en referencia a que la carta de presentación y su respuesta son de 1934, pero, como veremos, existía un documento de 1931, en relación con la iniciación de Salvador en la logia Nomos en 1931. <<

[167] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[168] Ibidem. <<

[169] Juan José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño campesinado en España. La Confederación Nacional Católico-Agraria (1917-1942), Madrid, Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979, pp. 415-416. <<

[170] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[171] Ibidem. <<

[172] «Antecedentes que pueden determinar el origen y procedencia de la denuncia formulada contra el Delegado Nacional de sindicatos, Camarada Gerardo Salvador Merino», Madrid, 4 de agosto de 1941, AGSM. <<

[173] Entrevistas con Germán Álvarez de Sotomayor. <<

[174] Entrevistas con María Fermina Coderch. <<

[175] Entrevistas con Germán Álvarez de Sotomayor. <<

[176] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[177] Javier Domínguez Arribas, El enemigo judeo-masónico en la propaganda franquista (1936-1945), pp. 123-154, y «La utilización del discurso antimasónico como arma política durante el primer franquismo (1939-1945)», Hispania, pp. 1107-1138. <<

[178] Domínguez Arribas, El enemigo judeo-masónico, p. 443. <<

[179] Ley cit. <<

[180] Cuartilla «Pradera», AGSM. <<

[181] Causa, folio 89. <<

[182] Heleno Saña, El franquismo sin mitos conversaciones con Serrano Suñer, pp. 156-157. <<

[183] Causa, folios 1, 1 vuelto, 2 y 2 vuelto. <<

[184] Un retrato despiadado de Gerardo por parte de Epifanio de Fortuny, un gran propietario agrario catalán, dirigente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro / CONCA —integrado, con gran resistencia a los Sindicatos—, así como de la «prudencia» de Salvador en el II Consejo, en Javier Tébar Hurtado, Dietari de postguerra del baró d’Esponelld (1940-1945), Barcelona, Col.lecció Arxius i Societat, Quaderns de divulgado histórica n.º 5, Generalitat de Catalunya, 2010, pp. 121-122. En la entrada de su dietario del 2 de junio de 1941, referida a las primeras jornadas del II Consejo, escribió Esponellá: «Su discurso, si así puede llamarse a una acusación ininterrumpida. […] Su voz apagada, sin modulaciones ni entusiasmo, sonsonete gangoso y monótono. Su nariz es descomunal y sus ojos reflejan un gran cansancio. Asegura que todas las ponencias que han mandado los Delegados son francamente malas. Afirma que le hubiera complacido más valentía y rudeza que expresada en telegrama, carta u oficio manifestando sencillamente que no se contestaba a los Cuestionarios enviados por considerarlos largos y no disponer de tiempo necesario para hacerlo adecuadamente o no disponer de los elementos suficientes para elaborar un dictamen eficiente. Las circunstancias generales de inseguridad son tan grandes que políticamente y socialmente hay que proceder con cautela […] La impresión es que este Congreso [sic], a pesar de la advertencia de Gerardo y su invitación a la prudencia, dará lugar a expansiones que forzosamente estallarán y revelarán el verdadero espíritu que anima al Partido y a la Central Nacional Sindicalista y más les perjudicará que beneficiará». Recordemos que fue a lo largo de las sesiones, que se prolongaron hasta el 21 de junio, cuando Salvador haría los anuncios de disposiciones citados en el texto. <<

[185] Escrito sin fecha y sin firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[186] Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, pp. 156-157. <<

[187] BMFET, 3 de diciembre de 1941, p. 1338. <<

[188] Boletín Oficial del Estado, n.º 64. Véase también BMFET, marzo de 1942, pp. 1117-1118. <<

[189] Causa, folios 3 y 3 vuelto. <<

[190] Escrito de Salvador a la Junta Política, sin fecha, pero al parecer del 6 de agosto de 1941, día posterior a la celebración de la sesión de la Junta, AGSM. <<

[191] Entrevistas con María Fermina Coderch. <<

[192] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[193] Escrito de Salvador a la Junta Política; y escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[194] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[195] Ibidem. <<

[196] Escrito de Salvador a la Junta Política. <<

[197] Ibidem. <<

[198] Ibidem. <<

[199] Escrito sin fecha ni firma, Fondo Dionisio Ridruejo. <<

[200] Ibidem. <<

[201] Gerardo Salvador, en el curso de su proceso, pretendería que se citase como testigo al propio presidente del Supremo, Clemente de Diego. <<

[202] Ibidem. <<

[203] Ibidem. <<

[204] Carta de Gerardo Salvador a Germán Álvarez de Sotomayor, 8 de agosto de 1941, AGSM. <<

[205] Ibidem. <<

[206] Carta de Antonio Rodríguez Gimeno, jerarquía sindical y subsecretario del Ministerio de Agricultura a su ministro Miguel Primo de Rivera, 19 de septiembre de 1941, AGSM. <<

[207] Ibidem. <<

[208] Ibidem. <<

[209] El barón de Esponellá escribió en su dietario el 19 de septiembre de 1941: «Rojas me explica todo lo que sucedió en la reunión de Delegados. Parece que Álvarez de Sotomayor invocó a Carceller y a Muñoz Aguilar. Hay contraórdenes sobre las destituciones. […] Gerardo, según él, caerá dentro de muy pocos días», en Javier Tébar Hurtado, Dietari de postguerra del baró d’Esponellà (1940-1945), p. 140. <<

[210] Carta de Antonio Rodríguez Gimeno. <<

[211] Ibidem. <<

[212] Carta de Gerardo Salvador a Ramón Serrano Suñer, 5 de septiembre de 1941, AGSM. <<

[213] Cuartilla «Pradera». <<

[214] Y continuaba: «Rojas cree que debe suceder a Gerardo Fermín [Sanz-Orrio]. Carlos aumenta en furia y vocabulario carretero. Califica a Sanz Orrio de inútil y traidor, como lo será cualquiera que acepte el cargo después de Gerardo». Anotación del día 10 de septiembre de 1941, en Javier Tébar Hurtado, Dietari de postguerra del baró d’Esponellà (1940-1945), p. 138. <<

[215] Esponellá mismo lo calificaba de bulo en su anotación del 19 de septiembre de 1941, ibid., p. 140. <<

[216] BMFET, n.º 123, 1 de octubre de 1941. Las sanciones llevan fechas que van del 26 al 30 de septiembre. <<

[217] Véase la nota 36. <<

[218] Manuel Valdés Larrañaga, De la Falange al Movimiento (1956-1952), Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1994, p. 213. <<

[219] Causa, folio 6. <<

[220] Ibid., folios 7 a 8 vuelto. <<

[221] Ibid., folio 9 vuelto. <<

[222] Ibid., folio 9 vuelto. <<

[223] Ibid., folio 13. <<

[224] Ibid., folio 16. <<

[225] Ibid., folio 17 y 17 vuelto. <<

[226] Ibid., folios 19-22. <<

[227] Ibid., folio 23. <<

[228] Ibid., folios 26 a 31 vuelto. <<

[229] Ibid., folio 26. <<

[230] Ibid., «Auto de terminación», folios 33 y vuelto. <<

[231] Ibid., folio 35. <<

[232] Ibid., folio 41. <<

[233] Ibid., folios 54 a 61 vuelto. <<

[234] Ibid., folio 61. <<

[235] Ibid., folio 65. <<

[236] Ibid., folio 70 vuelto. <<

[237] Ibid., folio 78. <<

[238] Ibid., folio 87. <<

[239] Ibid., folio 89. <<

[240] Ibid., folio 90. Sentencia completa en folios 91-93. <<

[241] Ibid., folio 92 vuelto. <<

[242] Ley de Represión, cit., artículo 12. <<

[243] Según testimonio al autor. Entrevistas a Germán Álvarez de Sotomayor. <<

[244] Causa, folios 94-103. <<

[245] Escrito a mano del secretario del Gobierno y ministro de Educación Nacional Ibáñez Martín, Causa, folio 104 vuelto. <<

[246] Citado en Javier Domínguez Arribas, «La utilización del discurso antimasónico como arma política durante el primer franquismo (1939-1945)», Hispania, p. 1135. <<

[247] Javier Tébar Hurtado, Barcelona, anys blaus. El governador Correa Veglison: poder i política franquistes (1940-1945), pp. 240-241. <<

[248] Intercambio de cartas entre el 16 de diciembre de 1941 y el 28 de enero de 1942. Ibidem. <<

[249] Joan María Thomàs, La Falange de Franco. Fascismo y fascistización en el régimen franquista (1937-1945). <<

[250] Escrito del Tribunal Especial, 11 de noviembre de 1941, Causa, folio 118. <<

[251] Escrito del juez del 26 de noviembre, Causa, folio 120. <<

[252] Entrevistas con María Fermina Coderch. <<

[253] Ibidem. <<

[254] BMFET, 3 de diciembre de 1941, p. 1338. <<

[255] Escrito del alcalde de Palafrugell al juez, Causa, folio 121. <<

[256] Escrito de la Guardia Civil al juez, 21 de febrero de 1942, Causa, folio 127. <<

[257] Instancia de Gerardo Salvador Merino a Franco, 6 de julio de 1942, AGSM. <<

[258] Escrito de la Guardia Civil del 11 de diciembre de 1942 al jefe del Servicio de Ejecutorias, Causa, folio 134. <<

[259] Entrevistas con María Fermina Coderch. <<

[260] Escritos oficiales varios, AGSM. <<

[261] Sentencia número 55 del 31 de enero de 1944, AGSM. <<

[262] Sentencia número 18 del 10 de abril de 1945, AGSM. <<

[263] También afectaba a las resoluciones del Tribunal de Responsabilidades Políticas, de las cuales no tenemos datos y que debían haber implicado la imposición de al menos multas económicas. Sobre el indulto parcial, véanse los escritos del subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, de diciembre de 1944, en Causa, folios finales, sin numerar. <<

[264] Ibidem. <<

[265] Fabián Estapé, De tots colors. Memòries, Barcelona, Edicions 62, pp. 310 y ss. La versión que ofrece Estapé de la trayectoria de Salvador durante la guerra y en su etapa de delegado nacional de Sindicatos es absolutamente inverosímil. <<

[266] Manuel de Santa Cruz [pseudónimo], Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español (1939-1966), vol. 1942, Sevilla, ECESA, 1979, pp. 107 y ss. <<

[267] Consulado británico a Cancillería de la embajada, 27 de julio de 1942, en FO 371/31236 National Archives, Kew, Londres. <<

[268] Foreign Office 371/31236/45; National Archives, Post Records, 800, Spain, 1942 V-VII, citado en Antonio Marquina Barrio, «El atentado de Begoña», Historia 16, n.º 76,1982, pp. 11-12. Este artículo del profesor Marquina constituye el mejor análisis existente hasta la actualidad de la actividad diplomática generada alrededor de los sucesos de Begoña. <<

[269] Manuel de Santa Cruz, Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español (1939-1966), vol. 1942, p. 108. <<

[270] Félix Luengo Teixidor, «La formación del poder local franquista en Guipúzcoa (1937-1945)», Gerónimo de Uztáriz, n.º 4,1990, pp. 83-95. <<

[271] Dimitió tras los sucesos de Begoña. Véase Iñaki Fernández Redondo, «Falange española y la construcción de la dictadura franquista en el País Vasco», p. 21, en Carme Molinero y Javier Tébar Hurtado, eds., VIII Encuentro Internacional de Investigadores del Franquismo, Barcelona, 21-22 de noviembre de 2013, DVD. <<

[272] Proclama del 9 de agosto de 1942, citado en Manuel de Santa Cruz, Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español (1939-1966), vol. 1942, p. 110. <<

[273] Ibidem. <<

[274] «Informe de la Dirección General de Seguridad», 20 de agosto de 1942, Fundación Nacional Francisco Franco, Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, tomo III, Madrid, pp. 552-553. <<

[275] El crimen de Falange en Begoña. Un régimen al descubierto, hoja impresa fechada el 17 de agosto de 1942, Archivo Fal Conde. <<

[276] José Luis Martínez Morant, comp., Narciso Perales. El falangista rebelde, Molins de Rey, Ediciones Nueva República, 2006, p. 154. <<

[277] Discurso pronunciado en Madrid el 9 de noviembre de 1941. En ABC, 10 de noviembre de 1941. <<

[278] Según Serrano Suñer, en Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue, p. 365. <<

[279] Escrito de Yencken a Edén, 18 de septiembre de 1942, en FO 1/3356. <<

[280] Declaración de Jóse María de Oriol y Urquijo, Causa 13 088-42 (en lo sucesivo, Causa), Auditoría de Guerra de Bilbao, 17 de agosto de 1942, Archivo Intermedio Militar Noroeste, folios 45 vuelto y 46. <<

[281] Declaración de José María Maiz Zulueta, Causa, folios 71 y 71 vuelto. <<

[282] Ibidem. <<

[283] Finalmente, el juez ordenó su puesta en libertad de comisaría, y le ordenó comparecer ante él. Providencia del juez, 19 de agosto de 1942, Causa, folio 69. <<

[284] Según Antonio Marquina Barrio, «El atentado de Begoña», Historia 16, n.º 76, p. 12, citando fuentes italianas, Maiz habría solicitado refuerzos a Luna y «en consecuencia, varias partidas de pistoleros falangistas salieron hacia Bilbao desde las ciudades más próximas: Santander, Vitoria, León y Valladolid», todo lo cual, con la excepción de Valladolid y sin que los que acudiesen fuesen «refuerzos» (fueron dos y a uno de ellos le faltaba una pierna y andaba con muletas), es falso. <<

[285] Desde el viernes a las siete de la tarde en que marchó a Laredo (Santander) hasta el domingo, que tomó el tren hacia Bilbao a las seis de la tarde. Declaración de Ricardo Villaamil Castillo, Causa, folio 21. <<

[286] Así lo alegaría al ser interrogado posteriormente. <<

[287] Telegrama del jefe de la Comisión Inspectora Provincial de Mutilados de Guerra por la Patria al auditor de guerra en Bilbao: era mutilado reconocido desde el 6 de Julio de 1938 (Boletín Oficial del Estado, n.º 152), Causa, folio 240 vuelto. Sobre su convalecencia en el hospital de Oza en La Coruña escribió Germán Álvarez de Sotomayor: «También recuerdo muy bien a un oficial provisional, falangista de Valladolid, amputado de pierna, que se llamaba Calleja, de gran estatura y muy fuerte. Daba gusto verle subir una escalera con ambas muletas en una mano y saltando los escalones de tres en tres con su única pierna. Era un muchacho encantador y yo le tomé gran afecto. Pocos años después —¿en 1942?— supe que se había visto implicado en aquel suceso tan triste y oscuro que tuvo lugar en Bilbao a la salida de un acto religioso (quizá una procesión) en la iglesia de la Virgen de Begoña». Véase Germán Álvarez de Sotomayor, Relatos apasionados de un tiempo de guerra, p. 371. <<

[288] Declaración de Hernando Calleja García, Causa, folios 40 y 40 vuelto. <<

[289] Declaración de Pedro Muguruza Otaño: «Terminada la misa inmediatamente detrás de las Autoridades, que al llegar éstas al dintel de la iglesia sonó una fuerte detonación, sin poder precisar a qué era debida. Inmediatamente observó que un poco delante de la escalinata y entre un grupo de gente forcejeando a un individuo de pelo negro y bigotillo, con gafas, vestido con una chaqueta clara sobre la camisa azul y que lo reconocería si lo viera. Exhibida al testigo por el instructor la targeta de identidad del oficial Don Hernando Calleja que obra en el folio 94 [actualmente no obra ya que esta documentación fue devuelta a sus propietarios] de los autos, reconoce sin titubeos al individuo que forcejeaba con la multitud», Causa, folio 231. <<

[290] Declaración de María Vázquez Bilbao, sirvienta de la casa familiar, Causa, folio 60 vuelto. <<

[291] Declaración de don José María de Oriol y Urquijo, Causa, folios 45 y 45 vuelto. <<

[292] En la lectura de cargos que se le hizo el 22 de agosto alegó Calleja «incompetencia de Jurisdicción por cargo Delegado Gubernativo y detención arbitraria por desconocerse Fuero Jerarquía», Causa, folio 268. Por su parte, Berastegui dijo «que alega incompetencia de Jurisdicción, razón Fuero Jerarquía por ser Consejero Nacional del SEU y delegado provincial —en funciones— de Sindicatos», Causa, folio 269. <<

[293] Boletín Oficial del Estado, n.º 64. Véase también BMFET, marzo de 1942,pp. 1117-1118. <<

[294] En la lectura de cargos a Hernández Bravo éste alegó la incompetencia de jurisdicción «fundándose en que soy Jefe Nacional de Deportes del SEU y además sustituía en sus funciones a Don José Miguel Guitarte por enfermedad; el cual es Jefe Nacional del SEU», Causa, folio 270. Lo mismo hicieron Domínguez —«por ser Inspector Nacional de Deportes del SEU»— (folio 271), Lorenzo Salgado —«por su cargo de secretario general (sic, por nacional) de Deportes del SEU»— (folio 212), y Hernández Rivadulla —«por ser jefe de la Sección de Prensa y Propaganda de la Delegación Nacional de Deportes del SEU»— (folio 273). <<

[295] Un hermano de Berastegui, José Manuel, afirmó que ya el lunes 10 el grupo estuvo en Orduña, lo que tal vez sea un error. Resultado negativo de un registro y cierre de pesquisas [en la casa de los Berastegui], Causa, folio 60 vuelto. <<

[296] Escrito al juez instructor del comandante del Puesto de la Guarda Civil de Orduña, 20 de agosto de 1942, Causa, folio 276. <<

[297] Declaración del guardia municipal de servicio en la puerta de la basílica, Germán Oriz Elia, Causa, folio 77. <<

[298] Declaración de Eugenio Moretón Soriano, Causa, folio 50 vuelto. <<

[299] Al estar los padres de Berastegui de vacaciones era este administrador quien los atendía, un tal Sr. Murillo. Para el nombre del administrador véase la declaración de Socorro Angulo, sirvienta de la casa familiar, Causa, folio 60 vuelto. <<

[300] Ibidem. <<

[301] Declaración de Pilar San Emeterio Herrero, esposa del administrador Sr. Murillo, Causa, folio 60 vuelto. <<

[302] Ibidem. <<

[303] Informe de la policía tras visitar la fábrica Munitis y hablar con el administrador, 21 de agosto de 1942, Causa, folios 233, 233 vuelto y 234. En cuanto a que Mercedes Calleja no fuera a la misa de Begoña, la esposa del administrador, que había declarado a la policía que todos habían ido, rectificó unos momentos después diciendo que «la citada hermana de Calleja, llamada Mercedes, de unos 20 años, tirando a rubia, buena estatura y delgada de complexión, salió ayer [17 de Agosto] para Madrid, y que aunque [ella, la declarante, Pilar San Emeterio Herrero] dijo anteriormente por error que había ido con su hermano y demás en el auto, no es así; pues ella no salió de casa hasta la cinco de la tarde aproximadamente, habiendo comido sobre la cuatro después de larga espera y preocupación por no haber vuelto a esa hora su hermano y demás. Y que el vestido que llevaba ese día era corriente, como de playa o campo y con dibujos o flores de color verdoso, no llevando, recuerda, medias». Declaración de Pilar San Emeterio Herrero, Causa, folio 60 vuelto. <<

[304] Declaración de Jorge Hernández Bravo, Causa, folio 3 vuelto. <<

[305] Véase memoriablau.foros.ws/t88/la-gesta-del-lago-ilmen/30/. Sobre la operación, una de las más famosas en las que participó la División Azul, véase Xavier Moreno Juliá, La División Azul. Sangre española en Rusia (1941-1945), Barcelona, Crítica, 2006, y Jorge M. Reverte, La División Azul: Rusia (1941-1944), Barcelona, RBA, 2011. <<

[306] «9.9.42. El Jefe II de la KO España, Teniente coronel Hummel, llegó de Madrid para informar verbalmente. Según informó, un agente V del Sector II, especialmente acreditado (nombre clave V Do) había sido condenado a muerte en un proceso judicial relativo a un atentado con granada de mano que supuso la dimisión del ministro español del Ejército y del ministro de Asuntos Exteriores Suñer. Hasta el último momento él negó su culpabilidad. La sentencia fue llevada a efecto el 31.8.42 [sic]. Contra otro agente V de la Sección II (V Jorge) hay pendiente una condena de 30 años de privación de libertad por su participación en este asunto. El teniente coronel Hummel informó que, según instrucciones del Jefe de la Sección, quedan suspendidas las tareas futuras de la Sección II con la utilización de extranjeros. Al teniente coronel Hummel le fue advertido que por el momento queda prohibida por el Jefe Superior toda ulterior actividad contra Gibraltar». Diario mecanografiado en alemán del general Erwin Lahousen, pp. 223-224. National Archives, Kew, Londres. Está disponible en www.britishonlinearchives.co.uk/group.php?= 9781851172511&pid=72511c05. Agradezco a Miguel Ángel Gimeno Álvarez la localización, traducción y envío de esta fuente. <<

[307] Véase el dossier sobre Hummel tras ser interrogado por los servicios de inteligencia militares de Estados Unidos en abril de 1947 en http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/1705143/HUMMEL,%20FRIEDRICH_0009.pdf. <<

[308] Entrevista de José Luis Jerez Riesco a Luis Lorenzo Salgado y Alberto Ruiz de Galarreta, Madrid, 10 de diciembre de 2000. Agradezco a José Luis Jerez Riesco su amabilidad al facilitarme copia de la misma. <<

[309] Dossier sobre Hummel. Véase la nota 308. <<

[310] En octubre de 1935. Sancho Dávila y Julián Pemartín, Hacia la historia de la Falange. Primera contribución de Sevilla, Jerez, Jerez Industrial, 1938, pp. 134-136. <<

[311] Francisco Bravo Martínez, Historia de Falange Española de las JONS, Madrid, Editora Nacional, 1943, p. 92. <<

[312] «Informe del camarada Juan José Domínguez Muñoz», 20 de agosto de 1942, en Fundación Nacional Francisco Franco, Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, tomo III, p. 585. <<

[313] Declaración de Jesús Laporta Girón. Procedimiento Sumarísimo Ordinario n.º 565, iniciado el 12 de mayo de 1939. Plaza de Madrid. <<

[314] En junio de 1941 protagonizaría un incidente de ámbito doméstico, interpeló a dos personas haciéndose pasar por policía en la estación de Ponferrada y diciéndoles que los billetes que llevaban de cinco pesetas eran falsos, y rompió tres de ellos. Aquello provocó la apertura de un nuevo sumario militar, que acabó sobreseído, si bien se lo obligó a reintegrar el dinero a los afectados. Causa 587/1941 abierta el 25 de junio de 1941 en la VII Región Militar contra Domínguez por «simulación de autoridad, abuso y usurpación de funciones». Agradezco a Miguel Ángel Gimeno Álvarez la localización y envío de esta fuente. <<

[315] Dossier sobre Hummel, p. 17. <<

[316] Ibid., p. 3. <<

[317] Miguel Ángel Gimeno Álvarez, «Juan José Domínguez Muñoz: un falangista indómito», p. 8, en curso de publicación. Agradezco al autor que me lo haya permitido usar. <<

[318] Ibid., p. 9. <<

[319] Sobre la creación de la Compañía, véase la entrevista con Luis Lorenzo Salgado. En cuanto a la operación del limen, ni Bravo ni Rivadulla habían participado en su primera fase, por haber sido destacados a retaguardia para adquirir material básico —como brújulas—, dado lo mal equipada que estaba la unidad. Habían sabido de la operación en el puesto de mando, cuando ya se había iniciado, y fueron seguidamente a encontrarse con los supervivientes, que regresaban después de la famosa marcha a través del lago helado, una de las gestas más heroicas de la División. No obstante, no obtuvo ningún resultado militar, ya que se desviaron del objetivo y no llegaron al punto en el que debían socorrer a una unidad germana cercada. Sí participarían, Rivadulla y Covisa, días después y con lo poco que quedaba de su unidad, en una operación de distracción que contribuyó a su liberación. No así Bravo, que al saber alemán quedó como intérprete del mando de laWehrmacht en el sector. Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla (Madrid, 13 de noviembre y 7 de diciembre de 2013). Su relato de la operación se puede leer en Pablo Sagarra, Oscar González y Lucas Molina, Divisionarios. Testimonio gráfico de los combatientes españoles de la Wehrmacht, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012, pp. 320-321. <<

[320] Declaración de Mariano Sánchez-Covisa Carro, Causa, folios 48-50. <<

[321] Declaración de Virgilio Hernández Rivadulla, Causa, folios 49 y 49 vuelto. <<

[322] Lectura de cargos, Causa, folio 269. <<

[323] «Que el motivo de su venida a Bilbao fue el acompañar a los señores mencionados [Hernández Bravo, Lorenzo Salgado y Hernández Rivadulla] con quienes le une una amistad como antiguos compañeros de estudio y armas en la División, habiendo sido invitado a tal efecto para pasar unos días en esta Capital y trasladarse más tarde a Madrid». Declaración de Mariano Sánchez-Covisa Carro. <<

[324] Declaración de Jorge Hernández Bravo. <<

[325] Véase castroventosa.blogspot.com.es/2012/09/imagenes-y-recuerdos-de-cacabelos-XV_13.html/. <<

[326] Declaración de Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[327] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[328] Declaración de Virgilio Hernández Rivadulla. Según la de Sánchez-Covisa, él y el chófer fueron a dormir a la pensión, «no así […] los demás acompañantes, que por haberse encontrado con unas muchachas conocidas a las que se quedaron acompañando». Declaración de Sánchez-Covisa. <<

[329] Entrevista con Luis Lorenzo Salgado. <<

[330] Declaración de Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[331] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[332] Con una Astra automática del 9 largo con cargador y ocho balas, que, según un testigo, se le cayó, sacando otra, una Star (declaración de Santos Sanz); o sólo con una, ya que otro testigo afirmó haber visto la Astra cayendo desde el otro coche, el de Madrid. Declaración ante la policía, realizada espontáneamente, del capitán jefe de la Guardia Municipal de Bilbao José María de Unibaso Landa, Causa, folio 43. <<

[333] Diligencia de reconocimiento pericial de tres pistolas automáticas y una porra de mano, Causa, folio 176. <<

[334] Conversación entre Varela y Franco, transcrita en Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, Barcelona, Noguer, 1977, pp. 503-507. <<

[335] Carta de Bravo a Arrese del 15 de septiembre de 1942. <<

[336] Declaración del comisario D. Víctor Caudevilla Gorrindo, Causa, folios 25 y 25 vuelto. <<

[337] Declaración de Pedro Rodríguez de la Peña, Causa, folio 44. <<

[338] Ibidem. <<

[339] Declaración del testigo Serafín Yáñez Castro, Causa, folios 44 vuelto y 45. <<

[340] Declaración del testigo Vicente Valle Ondiz, Causa, folio 22. <<

[341] Declaración del testigo Serafín Yáñez. <<

[342] Este testigo señaló que los demás llevaban camisa azul, pero esto no parece ser cierto. Declaración del testigo Serafín Yáñez. <<

[343] Declaraciones de Mendicuchia, Causa, folio 46 vuelto; Domínguez, folio 4; Lorenzo, folios 5 y 42; Caudevilla, folio 25, y Hernández Bravo, folio 41 vuelto. <<

[344] Ibidem. <<

[345] Declaración del testigo Jorge Hernández Bravo, Causa, folio 2; Lorenzo, folio 5; Berastegui, folio 7. <<

[346] Entrevistas cit. <<

[347] Carta de Jorge Hernández Bravo en su nombre, de Calleja, Berastegui, Moretón, Lorenzo y Hernández Rivadulla aArrese desde la Prisión Central de San Miguel de los Reyes (Valencia) del 15 de septiembre de 1942. Agradezco a Virgilio Hernández Rivadulla que me proporcionara una copia del documento. Según Rivadulla, Bravo sí llevaba cámara, una Leica, pero no tenía carrete y por ello se quejó de no poder usarla. <<

[348] Declaración del testigo José María Leal, Causa, folio 24. <<

[349] Declaración de Santos Sanz. <<

[350] «Hoja de Falange sobre los sucesos de Begoña 19-VIII-1942»,reproducido en Manuel de Santa Cruz, Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español (1939-1966), pp. 115-118. <<

[351] Declaración de Jacinto Lasheras. <<

[352] Declaración del testigo Jorge Santamaría Aguirre, Causa, folio 33. <<

[353] Véase igualmente la noticia de la llegada a Algorta esa noche en ABC del 16 de agosto de 1942. Ambos en leg. 29-239, Archivo Varela. <<

[354] Escrito de Francisco Morales Fresne, inspector del Cuerpo General de Policía, sin fecha pero muy posterior a los sucesos. Ibidem. <<

[355] Sobre su llegada a Bilbao el 8, véase ABC del 9 de agosto de 1942; sobre su presencia en la inauguración, ABC del 11 de agosto de 1942. Ambos en leg. 29-239, Archivo Varela. <<

[356] Continúa diciendo Morales algo que nos parece incierto y que no citó ni siquiera el propio Varela en su conversación telefónica con Franco, pero sí durante la intervención de un mecánico suyo en la detención, lo que sí concuerda con otros testimonios recogidos en el sumario: «Vi a un individuo alto que con una desfachatez y un descaro inaudito aún tenía la mano derecha levantada como recreándose de su obra. Acto seguido salté por entre los caídos y llegándome a él con una frase que no se puede escribir le dije: ¿Qué has hecho? Y acto seguido le puse las esposas, sin hacerme resistencia y lo entregué a una pareja de guardias con fusiles para su traslado a la Comisaría». Escrito de Francisco Morales Fresne. <<

[357] Se habían conocido durante la Guerra Civil. Entrevista con Yago Varela Augé y José Enrique Uhagón Foxá, Madrid. <<

[358] Escrito del general Eliseo Loriga, conde de Grove, el 8 de marzo de 1952, en leg. 155-63, Archivo Varela. El croquis que adjuntó se encuentra en el leg. 29-240 del mismo archivo. <<

[359] Escrito de Francisco Morales Fresne. <<

[360] Declaración de Antonio Iturmendi Báñales, Causa, folio 195. <<

[361] Declaración del herido Juan Cruz Rico Ozaeta, Causa, folio 120. <<

[362] Declaración de Ángel Fernández de Pinedo, Causa, folio 223 <<

[363] Declaración de Felipe Azcoitia Saenz, Causa, folio 20. <<

[364] Declaración de Pedro Iturmendi Báñales. Declaró haber visto en el mismo grupo a Calleja con una muleta que sujetaban los que se le enfrentaban para que no les pegase con ella, a otro esgrimiendo una pistola agarrado por un individuo con boina roja, y a un tercero, del cual vio tan sólo el brazo, arrojando una granada. <<

[365] Declaración de José María Leal. <<

[366] Informe del capitán de Artillería Perales a petición del juez con fecha del 22 de agosto de 1942: «Del reconocimiento practicado en el trozo de metralla facilitado por ese Juzgado Militar se ha podido observar a pesar del escaso tamaño de la pieza que se trata de un trozo de envuelta de la bomba que tiene unas estrías embutidas de forma irregular con objeto, al parecer, de señalar unas líneas de rotura que faciliten el troceado al producirse la explosión. El material de que está constituida la envuelta es chapa de acero de 0,5 o 0,6 mm de espesor. Durante la pasada guerra de Liberación se utilizaron por nuestra Infantería unas bombas de mano de procedencia italiana o cilindrica cuya envuelta tenía las mismas características que el trozo que nos ocupa». <<

[367] Agradezco a Miguel Ángel Gimeno Álvarez que me haya proporcionado una copia del documento. <<

[368] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[369] Fernando García Lahiguera, Ramón Serrano Suñer. Un documento para la historia, p. 218 <<

[370] Carta de 15 de septiembre de 1942. <<

[371] Declaración de Jorge Santamaría Aguirre. Para Berastegui, declaración de Jacinto Lasheras Riaño, Causa, folio 60. <<

[372] Declaración de Felipe Azcoitia Saenz. <<

[373] Declaración de Alberto Mendicuchia. <<

[374] Declaración del testigo Francisco Recalde Huarte, Causa, folio 76. <<

[375] Declaración de Francisco Erdozain Olleta, Causa, folios 46 y 46 vuelto. <<

[376] Declaración de Alberto Mendicuchia; declaración de Santos Sanz; declaración de Jacinto Lasheras Riaño, Causa, folio 60. <<

[377] Declaración de Alberto Mendicuchia; declaración de Jacinto Lasheras Riaño, Causa, folio 60. <<

[378] Declaración de Pedro Iturmendi Báñales, Causa, folio 43 vuelto. <<

[379] Declaración de Santos Sanz, Causa, folio 59. <<

[380] Declaración del testigo Antonio Pando González, Causa, folio 26. <<

[381] (Primera) declaración del testigo Antonio Pando González, ibid., folio 11. <<

[382] Declaración del policía Gabriel Roncero Cerda, Causa, folio 47. <<

[383] Declaración de José Ignacio Salazar Ayerri, Causa, folio 58 vuelto. <<

[384] Declaración del testigo Jesús Muro Eguidazu, Causa, folio 109 vuelto. <<

[385] Declaración de la herida M.ª Jesús Aldecoa Mendicuchia, Causa, folio 119 vuelto. <<

[386] Diligencia de inspección ocular, Causa, folio 42 vuelto. Los que realizaron la inspección en ese momento pensaron más en un artefacto colocado anteriormente que en una granada. Esta hipótesis no sería investigada, seguramente a causa de la profusión de testigos que afirmaban haberla visto lanzar, así como su trayectoria.

Dice el acta de esta diligencia: «Siguiendo la práctica de la diligencia en las inmediaciones para comprobar si el aparato que explotó había sido arrojado desde algún lugar próximo, no se apreció indicio ni prueba alguna que facilitara la inducción en el sentido pretendido, no encontrándose tampoco en todos aquellos lugares metralla ni casco alguno o residuos del explosivo, y de las referencias tomadas al oído en el lugar mencionado parece ser que la bomba o petardo explotado fue visto por una señora momentos antes de la explosión, lo cual excluye la hipótesis de que fuera lanzada, diciéndose también que personas presentes al hecho no dieron cuenta de por qué se encontraba allí aquello, sabiéndose únicamente que algunos chicos y otras personas mayores recogieron trozos de metralla tal vez por mera curiosidad, no pudiendo por tanto recoger resto alguno del artefacto explotado. Que la señora mencionada anteriormente se llama Emiliana Zabala Garay con domicilio en Ennua (Calle Cardenal Orbe sin número)». Ibidem. Otro policía, el comisario Asterio Martín Calvo, declaró al llegar a comisaría que había protegido a los falangistas, perseguidos «quizá por suponerles autores de la colocación de un petardo». Comparecencia de Asterio Martín Calvo, Causa, folio 45. <<

[387] Declaración de Hernando Calleja García, Causa, folio 45. <<

[388] Declaración de José Ignacio Salazar Ayerri, Causa, folio 68 vuelto. <<

[389] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[390] Declaración de Felipe Azcoitia Saenz. <<

[391] Declaración de Jorge Santamaría Aguirre. <<

[392] Declaración de Pedro Rodríguez de la Peña. <<

[393] Comparecencia de José María de Unibaso. Unibaso confundió al ayudante del chófer con el chófer. <<

[394] Declaración del teniente médico de la Policía Armada Manuel María Acosta Pagoaga, Causa, folios 43 vuelto y 44. Dijo que Hernández se le había presentado como inspector nacional del SEU, lo que debió ser un error del propio teniente. <<

[395] Carta a Arrese del 15 de septiembre de 1942. <<

[396] Declaración del testigo Serafín Yáñez. <<

[397] Declaración de José Hernando Calleja. Causa, folio 40 vuelto. <<

[398] Comparecencia de José María de Unibaso. <<

[399] Declaración de Fernández de Pinedo. <<

[400] Declaración indagatoria de Hernando Calleja. <<

[401] Ibid., folio 189. <<

[402] Declaración del testigo Eduardo Berastegui Guerendiain, Causa, folio 7. <<

[403] Declaración de Eugenio Moretón Soriano, Causa, folio 50 vuelto. <<

[404] «A un señor que le parece es andaluz». Declaración del testigo Asterio Martín Calvo, Causa, folio 75. <<

[405] Declaración de Luis Lorenzo Salgado, Causa, folio 5. <<

[406] Declaración de Virgilio Hernández Rivadulla y entrevistas con el mismo. <<

[407] «Región torácica dorsal». Parte de la Casa de Socorro del Distrito de Ensanche, Causa, folio 154. <<

[408] Declaración del testigo Hernando Calleja García, Causa, folio 8. <<

[409] Declaración de Jorge Hernández Bravo ante la policía, Causa, folio 41 vuelto. También, carta del 15 de septiembre de 1942 a Arrese. <<

[410] Declaración de Luis Lorenzo Salgado, Causa, folio 5. <<

[411] Oficio de la Policía al gobernador militar, del 17 de agosto de 1942, Causa, folio 35. <<

[412] Declaración de Antonia Arizmendi, dueña de la pensión, Causa, folio 230. <<

[413] Declaración de Hernández Rivadulla. <<

[414] Ibidem. <<

[415] Entrevistas con Hernández Rivadulla. <<

[416] Declaración por escrito de Antonio Iturmendi Báñales, desde Madrid, el 18 de agosto, Causa, folios 195 y 196. <<

[417] Del doctor Irarragorri. <<

[418] En Ildefonso José María Porro, El crimen de Falange en Begoña (un crimen al descubierto) 16 de agosto de 1942, Bilbao, 2007, se afirma que algunos morirían con posterioridad. Ningún dato en este sentido aparece en el sumario. <<

[419] Ya y ABC de los días 18 y 19 de agosto de 1942, respectivamente, en leg. 29-239, Archivo Varela. <<

[420] Véase Hoja Oficial del Lunes, del 17 de agosto de 1942, en leg. 29-239, Archivo Varela. <<

[421] Declaración de Jorge Hernández Bravo ante la Policía. <<

[422] Declaración de Hernando Calleja García ante la Policía, Causa, folios 40 y 40 vuelto. <<

[423] Declaración del testigo Eduardo Berastegui Guerendiain, Causa, folio 7 <<

[424] Escribió Bravo a Arrese sobre este asunto, situando la conversación antes de la explosión y no después, como parece que ocurrió: «En Begoña, antes de la explosión, el camarada Berastegui, impotente para defenderse y defender al Caballero Mutilado Calleja, que había sido ya apuñalado por la espalda, llega hasta el General Loriga, Gobernador Militar de la Plaza, y mantiene con él este diálogo:

Berastegui: A la orden de V. E. mi general. Nos están agrediendo, a un Caballero Mutilado, Oficial del Ejército, y a mí, por gritar “Arriba España” y “Viva Franco”.

El general: ¡Marche Vd. arrestado al cuartel!

Berastegui: mi General, yo ya estoy licenciado, no puede V. E. arrestarme.

El General: ¡Pues vaya Vd. detenido a su domicilio!».

En carta de Bravo a Arrese del 15 de septiembre de 1942.

En su relato escrito años después Loriga daría una versión distinta y sospechosamente parecida a lo que el general Varela defendió ante Franco en una segunda conversación telefónica para tratar de los sucesos, como veremos más adelante: «Acabada de estallar la bomba se me acercó el teniente (sic, por alférez) Berastegui y me dijo: “Mi General, aquí se han dado gritos de ‘Muera Franco’ a lo que yo contesté: ‘En donde yo estoy presente y además el Teniente General Varela no se osaría nunca dar semejante grito’ y añadí: ‘¿Y qué hace aquí si está destinado en Valladolid?’”», a lo que no responde Berastegui. Escrito del 8 de marzo de 1952 del general Elíseo Loriga, conde de Grove, en leg. 155-63, Archivo Varela. El error del grado de Berastegui no es el único de este documento. Dice, por ejemplo, a continuación: «El Teniente [sic] Berastegui no me contestó y como lo noté algo turbado di órdenes que viesen en qué automóvil había venido y con quién. La Policía descubrió, entonces, dos automóviles, que registraron inmediatamente, apareciendo en uno de ellos una segunda bomba italiana de las mismas características que la que habían lanzado». Nada de esto me parece fidedigno y no consta ninguno de sus extremos en el sumario. <<

[425] El disco con la canción «Lili Marleen», cantada por Lale Andersen, fue grabado el 2 de agosto de 1939, pero la canción sólo empezó a popularizarse a partir de abril de 1941, cuando Radio Belgrado la comenzó a emitir regularmente. Agradezco al profesor y germanista Maciá Riutort la información. <<

[426] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[427] Escrito del 18 de agosto de 1942, Causa, folio 53. <<

[428] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[429] Declaración del testigo Antonio Pando de 17 de agosto de 1942, Causa, folio 11. <<

[430] Ibidem. <<

[431] Diligencia de reconocimiento en rueda de presos, Causa, folio 13. <<

[432] Ibid., folio 14. <<

[433] Auto motivado acordando la incomunicación de los detenidos, Causa, folio 15. <<

[434] De su declaración podría deducirse, sin embargo, que quien había lanzado la bomba había sido Berastegui, aunque después, como veremos, reconoció a Domínguez, seguramente porque se encontraban los dos juntos. Además, otras fuentes señalan a Berastegui con una camisa azul bajo la americana blanca. Y en la foto que se tomaron esos días Domínguez aparece con camisa blanca y americana más oscura. En todo caso, el reconocimiento que hizo este guardia fue claro y sin dudas. Había declarado a la policía: «Se encontraba […] en la parte exterior del templo y situado en la margen derecha, conforme se sale del mismo, en el lugar destinado a coches oficiales, habiendo observado cómo dos individuos, uno de ellos mutilado y con bastones-muleta y el otro de estatura regular y fuerte, vestido con una chaqueta blanca, camisa del mismo color y pantalón gris oscuro, que se encontraban situados en el centro y un poco a la derecha, a la altura del primer árbol, prorrumpían en gritos de “Arriba España” y “Viva Franco” y blandía uno de ellos las muletas a guisa de arma sin que el dicente supiera por qué obraban así, por lo que se acercó a ellos y momentos después vio cómo el que estaba vestido con chaqueta blanca se agachaba y al ponerse nuevamente derecho lanzaba al espacio un objeto que el declarante creyó al principio fuera una piedra pero al oír la explosión que seguidamente se produjo comprendió era una bomba; que instintivamente el dicente dio unos pasos hacia atrás por haber quedado algo aturdido, más rehaciéndose inmediatamente, salió en persecución del individuo reseñado, logrando descubrir que se hallaba detenido por unos individuos de los que formaban el grupo de asistentes a la Misa los que hicieron entrega del mismo a un guardia de la Policía Armada que se hizo cargo de él y que lo metió en un coche de la matrícula de Falange con el número 51; que se halla plenamente convencido de que si le fuera presentado el individuo en cuestión lo reconocería sin ninguna duda y que tiene la plena seguridad de que éste fue el autor de la agresión arrojando el artefacto». Declaración de Francisco Erdozain Olleta ante la policía, Causa, folio 46 y 46 vuelto. <<

[435] Declaración de Francisco Erdozain Olleta ante el juez, ibid., folio 52. <<

[436] Diligencia de reconocimiento en rueda de presos, Causa, folio 54. <<

[437] Declaración de Jorge Santamaría. <<

[438] Diligencia de reconocimiento en rueda de presos, Causa, folio 55. <<

[439] Carta de Jorge Hernández Bravo a Arrese, 15 de septiembre de 1942. <<

[440] José María Landaluce Ipiña, Felipe Azcoitia Saenz, Vicente Valle Ondiz, José María de Azcunaga y Sarricolea, José María Leal, Victoriano Leal y José Santamaría Aguirre. <<

[441] Declaración del encartado Juan José Domínguez Muñoz, Causa, folio 30. <<

[442] Diligencia de inspección ocular, Causa, folio 42 vuelto. <<

[443] Declaraciones del teniente médico de la Policía Armada Manuel María Acosta Pagoaga; Pedro Rodríguez de la Peña, cabo de la Guardia Civil y ayudante del conductor del coche oficial del general Varela; Serafín Yáñez Castro, policía armada; comisario Víctor Caudevilla Gorrindo; Francisco Erdozain Olleta; Alberto Mendicuchia Urquiza; Gabriel Roncero Cerda, agente de policía. <<

[444] «Que le ha manifestado Don Luis Pastor, jefe de Comunicaciones de la Bolsa de Bilbao, que está dispuesto en cualquier momento a declarar lo siguiente: Que él personalmente ha oído decir a Don Julio Alegría, herido en este suceso, que era materialmente imposible que los encartados, ni Eduardo Berastegui no Hernando Calleja fuesen los autores del hecho por encontrarse en sitio diametralmente opuesto dichos señores al en que estalló la bomba». Declaración de Ricardo Villaamil, Causa, folio 21. <<

[445] Declaración de José María de Oriol y Urquijo. <<

[446] Ibidem. Añadía, entre otros conceptos, «que posteriormente recogió impresiones de que los antecedentes de dos de los del grupo, denominados Domínguez y Calleja, son pésimos». <<

[447] Declaración ante la policía de Pedro Iturmendi Báñales, Causa, folio 43 vuelto. <<

[448] Declaración por escrito de Antonio Iturmendi Báñales desde Madrid, el 18 de agosto, cit. <<

[449] Ibidem. <<

[450] Alberto Mendicuchia Urquiza José Ignacio Salazar Ayerre, Santos Sanz-Martínez Polo, Jacinto Lasheras Riaño, el comisario Asterio Martín Calvo, Francisco Recalde Duarte, y el guardia municipal Germán Oriz Elia. <<

[451] Diligencia de procesamiento, Causa, folio 78. <<

[452] Ibid., folio 82. <<

[453] Ibid., folio 90. <<

[454] Consulta, Causa, folio 171. Por la consulta sabemos también de la revocación del acuerdo anterior de levantarles la incomunicación tanto a Calleja como a Berastegui, basándose en un testimonio acusador (en la consulta aparece el nombre de un tal Sr. Aldecoa Mendicuchia en declaración en juzgado de guardia de ese mismo día 19, pero en el sumario no aparece; sí en cambio la de una mujer herida con los mismos apellidos, que no implicaba en absoluto ni a Calleja ni a Berastegui, así como de Rivadulla y Moretón, y su levantamiento a Covisa y Valdivieso, «por no parecer pesen sobre ellos fundadas sospechas de culpabilidad». <<

[455] Resoluciones, Causa, folio 173. <<

[456] Diligencia, Causa, folio 174. <<

[457] Diligencia de procesamiento, Causa, folio 187. <<

[458] Ibid., Folio 190. <<

[459] Ibid., folio 182. <<

[460] Carta de Jorge Hernández Bravo a Arrese del 15 de septiembre de 1942. <<

[461] Véase, por ejemplo, la Notificación, repetida en todos los casos, en Causa, folios 183 y passim. <<

[462] Carta de Jorge Hernández Bravo a Arrese del 15 de septiembre de 1942. <<

[463] Declaración indagatoria de Juan José Domínguez, Causa, folio 81. <<

[464] Diligencia de inspección ocular, Causa, folio 198. <<

[465] El que consta en el folio 199. <<

[466] Declaración del testigo José María de Unibaso Landa, Causa, folio 197. <<

[467] Escrito al auditor mili tarde Luis de Olabarria y Alayo, 19 de agosto de 1942, Causa, folios 206 y 206 vuelto. En su declaración como testigo del día siguiente se ratificó en todo lo dicho en el escrito, ibid., folio 207. <<

[468] Ibidem <<

[469] «Que le ha manifestado Don Luis Pastor, jefe de Comunicaciones de la Bolsa de Bilbao, que está dispuesto en cualquier momento a declarar lo siguiente: Que él personalmente ha oído decir a Don Julio Alegría, herido en este suceso, que era materialmente imposible que los encartados, ni Eduardo Berastegui no Hernando Calleja fuesen los autores del hecho por encontrarse en sitio diametralmente opuesto dichos señores al en que estalló la bomba». Declaración de Ricardo Villaamil, Causa, folio 21. <<

[470] Declaración de Luis Pastor Rupérez, Causa, folio 212. <<

[471] Declaración de Álvaro Merino Vidana, Causa, folio 224. <<

[472] Escrito del delegado provincial de Excombatientes de Vizcaya, el capitán Hormaechea, Causa, folio 214. <<

[473] Alegó el artículo 653 del Código de Justicia Militar, Causa, folio 215. Escrito del auditor accidental, Causa, folios 312 y 312 vuelto. <<

[474] Ibidem. <<

[475] Diligencia 21 de agosto de 1942, Causa, folio 228. <<

[476] Escrito del auditor accidental en Causa cit. <<

[477] Carta de Hernández Bravo aArrese del 15 de septiembre de 1942. <<

[478] Escrito del juez, Causa, folios 242 y 243. <<

[479] Escrito del auditor de guerra, Causa, folios 245 y 246. <<

[480] Escrito del general jefe de la jurisdicción, Causa, folio 246. <<

[481] Escrito del fiscal-jefe jurídico militar, Causa, folios 257-260. <<

[482] Ibid., folios 257-260 <<

[483] Ibidem. <<

[484] Requerimiento, Causa, folio 264. <<

[485] Ibid., folio 265. <<

[486] Boletín Oficial del Estado, número 64. Igualmente en Boletín del Movimiento de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, marzo de 1942, pp. 1117-1118. <<

[487] Lectura de cargos a Hernández Bravo, Causa, folio 270. Las citas siguientes corresponden a los folios 267-274. <<

[488] Según el artículo 549 del Código de Justicia Militar en relación con el 657. Escrito del general Loriga, Causa, folio 277 vuelto. <<

[489] Escrito del auditor al general jefe de la Jurisdicción de 22 de agosto de 1942 y conforme de este último, de la misma fecha, Causa, folios 277 y 277 vuelto. <<

[490] Fernando Mendiola Gonzalo, «Tomás Pero-Sanz Zorrilla», en Joseba Agirreazkuenaga y Mikel Urquijo, Bilbao desde sus alcaldes. Diccionario biográfico de los alcaldes de Bilbao y gestión municipal en la Dictadura, Bilbao, 2003, pp. 215-240. <<

[491] Escrito de Loriga, conde de Grove, del 8 de marzo de 1952. <<

[492] Ibidem <<

[493] Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, Barcelona, Planeta, 1981, p. 206. <<

[494] Y hombre próximo a Varela, a lo que no era ajeno ya que los dos eran gaditanos. <<

[495] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, p. 29. <<

[496] Carta de Varela al teniente general Kindelán, capitán general de Baleares, sin fecha, en Alfredo Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, p. 205. <<

[497] Ibidem <<

[498] Conversación transcrita en López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, pp. 503-507. <<

[499] Ibid., p. 504 <<

[500] Ibid., p. 29. <<

[501] Escrito del consejero de la embajada británica en Madrid Arthur Yencken al secretario del Foreign Office, Edén en FO 371/31236 National Archives, Kew (Londres). <<

[502] El informe, con el título puesto ex postJacto, sin duda, de «Informe del comandante Churruca sobre el atentado que se prepara en Begoña», del 14 de agosto de 1942, está reproducido en Fundación Nacional Francisco Franco, Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, tomo III, pp. 548-549. <<

[503] Ibid., p. 507. <<

[504] Ibidem. <<

[505] La Vanguardia Española del 28 de agosto de 1942 da la noticia del regreso «en la tarde de ayer, del Jefe del Estado, u esposa, hija y séquito a El Pardo desde el Pazo de Meirás». <<

[506] Citado en Paul Preston, Franco, caudillo de España, p. 582. <<

[507] Según el jefe provincial de FET y de las JONS de Tarragona, José María Fontana, que lo escribió en un informe reservado en 1944 para su sucesor en el cargo, Labadie Otermín, el autor de la hoja no habría sido otro que el carlista tarraconense y comandante del ejército José María Sentís Simeón, ex gobernador civil de Guadalajara y de Palencia, ex director general de Prisiones y ex director de Racionamientos y Consumo. Véase Joan María Thomàs, «El Franquisme des de dins: un informe sobre Tarragona», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, Institut d’Estudis Catalans, vol. 9 (1998), p. 152. <<

[508] El crimen de Falange en Begoña. Un régimen al descubierto, Hoja impresa fechada el 17 de agosto de 1942, Archivo Fal Conde. <<

[509] Cárcel de Larrinaga. 19-VIII-42 Arriba España. Exposición de hechos, documento mecanografiado. Agradezco a Virgilio Hernández Rivadulla que me haya facilitado un ejemplar. Este documento aparece reproducido con los nombres propios tachados, excepto el de Juan José Domínguez, como «Hoja de Falange sobre los sucesos de Begoña SI 19-VIII-1942», en Manuel de Santa Cruz, Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español (1939-1966), pp. 115-118. Reproducimos utilizando los dos textos, ya que el original contiene multitud de errores mecanografícos y el segundo errores de omisión. <<

[510] Ibidem <<

[511] Carta de Rodezno a Serrano Suñer de 22 de agosto de 1942, en Manuel de Santa Cruz, Apuntes y documentos para la historia del Tradicionalismo español (1939-1966), pp. 125-126. <<

[512] Causa, folio 285 bis. <<

[513] Según Serrano Suñer, que afirma «que se encontraba con permiso en Santander y se le llamó precipitada —y un poco anormalmente— para que desempeñase esta función». Citado en Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue, p. 366. <<

[514] Acta de la celebración del Consejo de Guerra, Causa, folios 287 y 287 bis. <<

[515] Carta de Jorge Hernández Bravo aArrese del 15 de septiembre de 1942. <<

[516] Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue, p. 366. <<

[517] No constan en el acta. <<

[518] Acta de la celebración del Consejo de Guerra. <<

[519] Ibidem <<

[520] Ibidem <<

[521] Sentencia, Causa, folios 289 a 292 vuelto. <<

[522] Ibidem <<

[523] Escrito del auditor de guerra al general jefe de la jurisdicción, Causa, folios 295 a 296 vuelto. <<

[524] Causa, folio 296 vuelto. <<

[525] El escrito no especificaba este extremo sino que simplemente decía que «S. E.» había resuelto «ejercer la prerrogativa de la pena capital impuesta, que quedará conmutada por la inmediatamente inferior» en favor «del procesado teniente de Mutilados Don Hernando Calleja García». Escrito del asesor accidental de la Asesoría y Justicia del Ministerio del Ejército al general Loriga del 31 de agosto de 1942, Causa, folios 300 y 300 vuelto. <<

[526] Yencken a Edén, 4 de septiembre de 1942, FO1/3356 National Archives, Kew (Londres). <<

[527] Carta de Varela a Kindelán de 28 de agosto de 1942, en Kindelán, La verdad de mis relaciones con Franco, p. 207. <<

[528] Informe de Ultano Kindelán a su padre, teniente general Alfredo Kindelán, sin fecha, en ibid., p. 206. <<

[529] Ibidem. <<

[530] Ibidem. <<

[531] Véanse Javier Tusell, Franco en la Guerra Civil. Una biografía política, y Paul Presión, Franco, caudillo de España. <<

[532] Sobre este asunto, véase Denis Smyth, Diplomacy and strategy of survival. British Policy and Franco’s spain (1940-1941), Cambridge, Cambridge University Press, 1986. Se pueden leer datos recientes de este asunto en la serie de artículos que publicó Ángel Viñas en El Confidencial en septiembre de 2013: http://www.elconfidencial.com/autores/angel-vinas-343/. <<

[533] Manuel Valdés Larrañaga, De la Falange al Movimiento (1936-1952), p. 229. <<

[534] Ibidem <<

[535] Ibidem <<

[536] Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, p. 268. Serrano atribuye el nombramiento de Luna como vicesecretario a Arrese. <<

[537] Fundación Nacional Francisco Franco, Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, tomo III, p. 586. <<

[538] «20 de agosto de 1942», ibid., pp. 585-586. <<

[539] Véanse Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange española de las JONS (1933-1983), p. 149, nota 107, y Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, p. 266, donde Saña da por supuesto que el «vicesecretario [sic] de la Delegación Nacional de Información» era Valdés, lo que es inexacto. Esto no significa, por supuesto, que Valdés no hubiese estado implicado. Algunos de los partícipes en los sucesos, como Luis Lorenzo Salgado, entre otros, le atribuyeron siempre la autoría. <<

[540] Serrano cuenta el aviso recibido del gobernador de Barcelona, Correa Veglison, de la llegada de dos oficiales incondicionales de Varela a Benicasim para asesinarlo como represalia. Ante esto, salió precipitadamente hacia Madrid. Véase Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, p. 269. Añade Serrano que Varela «era un valiente soldado incapaz de ordenar eso». <<

[541] Y no el 26, como afirma erróneamente Serrano Suñer en Entre Hendaya y Gibraltar, Barcelona, Planeta, 1973, p. 366. <<

[542] Ibidem <<

[543] La versión aproximada que da uno de los que lo recibió, Perales, en tanto que gobernador civil de León es: «Difunda discretamente versión real hechos ocurridos en Bilbao. Agentes al servicio de una potencia extranjera han perturbado la paz española con un atentado a la salida funeral caídos Tercio de requetés. La reacción popular fue la adecuada y los autores han sido detenidos». Texto de Perales reproducido en José Luis Martínez Morant, comp., Narciso Perales. El falangista rebelde, p. 156. <<

[544] Ibid., p. 157. <<

[545] Ibid., pp. 154-162. <<

[546] Ibid., p. 160. <<

[547] Ibidem. <<

[548] Ibidem. <<

[549] Esta comunicación no consta en el archivo de Franco conocido, el que está custodiado en la Fundación Nacional Francisco Franco de Madrid. <<

[550] Esta versión de la gestiones internas falangistas se puede leer en José Luis Martínez Morant, comp., Narciso Perales. El falangista rebelde, pp. 154-162. <<

[551] Serrano, en sus memorias, pone esto entre comillas, como si fuese extraído de un escrito o comunicación de Ridruejo, que no conocemos. Citado en Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue, p. 367. <<

[552] Causa, folios 300 y 300 vuelto. <<

[553] Fuentes diplomáticas británicas afirmaron que el ministro Varela, al considerarse implicado en los hechos, había declinado decidir sobre la confirmación de las sentencias, aunque por supuesto su deseo era hacer cumplir todas sin modificación. Véase el telegrama del consejero Yencken al Foreign Office, distribuido al Gabinete de Guerra, 29 de agosto de 1942, en F0371/31236, National Archives, Kew (Londres). <<

[554] Ibidem <<

[555] Diligencias, Causa, folios 302,303 y 304. <<

[556] Ibid., Causa, folio 309. <<

[557] Diligencias, especificando la hora de la mañana, en Causa, folio 310. <<

[558] Declaración del reo Juan Domínguez Muñoz, Causa, folios 306 y 306 vuelto. <<

[559] Diligencia 21 de agosto de 1942, cit. <<

[560] Finalizaba diciendo: «Ruega al limo. Sr. Auditor que el documento que fue entregado para su unión al Sumario y con carácter de devolución le sea entregado al camarada condenado Jorge Hernández Bravo». Declaración del reo Juan Domínguez Muñoz. <<

[561] Finalizaba, como en el caso de Domínguez, rogando al auditor «se digne dar las órdenes oportunas a fin de que se me devuelvan los documentos que voluntariamente aporté al Sumarísimo y en concepto de devolución». Declaración del condenado Jorge Hernández Bravo, Causa, fobo 307 y 307 vuelto. <<

[562] Recordemos, nombre que recibía la conmemoración carlista celebrada el 10 de marzo de cada año, que no es la misa de Begoña. <<

[563] La declaración terminaba con el mismo ruego de devolución de documentos de las dos anteriores. Declaración del condenado Hernando Calleja García, Causa, folio 308. <<

[564] Acuerdo del General Loriga, Causa, folio 312 vuelto. <<

[565] Escrito del auditor de guerra, Causa, folios 312 y 312 vuelto. <<

[566] Diligencia del juez instructor y certificado de defunción por causa de «hemorragia aguda», Causa, folios 310 y 318. <<

[567] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[568] Citado en Alfredo Amestoy, «El falangistas que fusiló Franco», suplemento Crónica del diario El Mundo, n.º 359,1 de septiembre de 2002. <<

[569] Ibidem. También, según esta fuente, el general Castejón, presidente del consejo de guerra, en 1964 le habría dicho a la viuda que «firmé contra mi voluntad» en el curso de una entrevista solicitada por el propio general «para pedirle perdón y descargar su mala conciencia».

Años después del fusilamiento, la viuda, que se había vuelto a casar, trasladó los restos de Domínguez a una tumba del cementerio de Galapagar (Madrid). Al parecer, el cuerpo ya no estaba en la fosa, sino en una tumba de piedra en el mismo cementerio de Derio, que según fuentes próximas al general Varela, habría pagado el Gobierno Civil de Vizcaya, lo que no hemos podido comprobar. Sobre esto último, véase Federico Martínez Roda, Varela. El general antifascista de Franco, Madrid, La Esfera de los Libros, 2012, pp. 343-344. Se recoge el testimonio de Celia Martínez y otros datos —no siempre exactos— en la serie de entradas de un blog de la localidad de Cacabelos, de donde era originaria. Véanse los cuatro artículos de Antonio-Esteban González en el blog Cacabelos. Castroventosa con los títulos «Recuerdos e imágenes de Cacabelos (XIII). Una historia de amor (I)» (http://castroventosa.blogspot.com.es/2012_08_19_archive.html); «Recuerdos e imágenes de Cacabelos (XIV). Una historia de amor (II)» (http://castroventosa.blogspot.com.es/2012_08_26_archive.html); «Recuerdos e imágenes de Cacabelos (XV). La noche más corta del día más largo (III)» (http://castroventosa.blogspot.com.es/2012/09/imagenes-y-recuerdos-de-cacabelos-xv.html#comment-form), y «Recuerdos e imágenes de Cacabelos (XVI). La sentencia (y IV)» (http://castroventosa.blogspot.com.es/2012/09/imagenes-y-recuerdos-de-cacabelos-xv_13.html). <<

[570] Agradezco a Miguel Ángel Gimeno Álvarez haber tenido acceso este documento. Celia no se casó con ninguno de los condenados sino, posteriormente, con otro falangista. <<

[571] Reproducido en Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange Española de las JONS (1933-1983), p. 150. <<

[572] Según el artículo. «Una historia de amor (II)», se habría preparado el soborno de dos funcionarios de Larrinaga con dos millones de pesetas para facilitar la fuga de Domínguez o de todos los condenados —no queda claro— pero el plan se habría abortado por la actitud de Hernández Bravo, que se habría echado atrás por temor a las represalias. Por su parte, Amestoy, en su artículo, refiere lo mismo añadiendo el supuesto «pavor» de Bravo. No existe ninguna evidencia o prueba del plan ni ninguno de los cargos falangistas de entonces ha hecho referencia al mismo en sus memorias, ni tampoco Hernández Bravo en su declaración a Fernando García Lahiguera. Según la entrada «Recuerdos e imágenes de Cacabelos (XV). La noche más corta del día más largo (III)», Domínguez, antes de morir, había dejado la carta a su esposa y escrito a máquina el «Testamento-Mensaje a la Posteridad». <<

[573] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[574] En cumplimiento del artículo 2.º de la ley del 9 de septiembre de 1939. Escrito de respuesta del delegado nacional de Justicia y Derecho de FET y de las JONS, Acquaroni, al auditor de guerra de Bilbao, Causa, folio 339. <<

[575] Carta de Hernández Bravo aArrese de 15 de septiembre de 1942. En ella se dice que «la madre de Virgilio Hernández Rivadulla, que se trasladó a Bilbao para abrazar a su hijo, recién llegado del frente ruso, tras trece meses de separación, fue detenida y encarcelada en un calabozo durante dos días». <<

[576] Allí fue Luis Lorenzo Salgado, quien fue llevado a la cárcel por el gobernador civil Correa Veglison en su coche oficial, como muestra de simpatía. Entrevista con Luis Lorenzo Salgado. <<

[577] Entrevistas con Virgilio Hernández Rivadulla. <<

[578] Según su expediente, que es el único que consta en el sumario por una cuestión relacionada con su condición de oficial provisional del ejército, Berastegui, tras ser condenado, fue trasladado a la prisión central Monasterio de Uclés (Cuenca), y después a la prisión de Alfaro (Logroño). En mayo de 1943 fue a Madrid con permiso para examinarse de su doctorado en Derecho, en la Universidad de Madrid. Fue trasladado en varias ocasiones por el mismo motivo. El 19 de diciembre de 1943 se ordenó la tramitación urgente de su libertad condicional, y salió dos días más tarde. Hoja Histórico-Penal De Eduardo Berastegui y Guerendiain, Causa, folios 353 a 356 vuelto. Como se ha dicho, en noviembre de 1945 fue indultado por el Caudillo, junto al resto de sus compañeros. <<

[579] Decreto del 23 de noviembre de 1945, «por el que se concede el indulto total a los penados Hernando Calleja García, Jorge Hernández Bravo, Luis Lorenzo Salgado, Eduardo Barastegui [sic] Guerenliain [sic], Virgilio Hernández Rivadulla y Eugenio Moretón Soriano», Boletín Oficial del Estado, n.º 330,26 de noviembre de 1945. <<

[580] Escrito del auditor accidental del 22 de agosto de 1942, Causa, folios 245 y 245 vuelto. <<

[581] Escrito del juez, Causa, folios 242 y 243. <<

[582] Declaración indagatoria de Juan José Domínguez Muñoz, Causa, folio 193. <<

[583] Escrito de la policía de Bilbao al auditor del 22 de agosto de 1942, Causa, folio 285. <<

[584] Declaración del detenido Enrique del Camino Noriega, Pieza Separada de la Causa 1388-42, folios 6 y 6 vuelto. <<

[585] Escrito del instructor al auditor de guerra, Pieza Separada, folio 15. <<

[586] Pieza Separada, folio 17. <<

[587] Escrito del general Loriga, Pieza Separada, folio 18. <<

[588] Oscar J. Rodríguez Barreira, «¿Católicos, monárquicos, fascistas, militares?: la lucha entre FET-JONS y el Gobierno Civil en Almería», en Carlos Navajas Zubeldía, Actas del IV Simposio de Historia Actual, Logroño, 17-19 de octubre de 2002, vol. 2, 2004, pp. 675-696. <<

[589] Véase Dionisio Ridruejo, Confuego y con raíces. Casi unas memorias, pp. 240-242. Se puede ver una copia mecanografiada en Francisco Morente, Del fascismo al antifranquismo, Madrid, Síntesis, 2006, pp. 533-536. Fechada el 29 de agosto, hace ya alusión al fusilamiento de Domínguez como pasado, lo que significa que, o bien creía que la pena se había cumplido, o redactó o acabó la carta después del 1 de septiembre, aunque mantuvo la fecha del 29. <<

[590] Ramón Serrano Suñer, Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue, pp. 366-367. <<

[591] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, p. 30. <<

[592] Javier Tusell, Carrero. La eminencia gris del régimen de Franco, Madrid, Temas de Hoy, 1993, pp. 67 y ss. <<

[593] Ibid., pp. 73-74. <<

[594] Véanse Adriano Gómez Molina y Joan Maria Thomàs, Ramón Serrano Suñer, Barcelona, Ediciones B, 2003, y Ana Romero, Historia de Carmen. Memorias de Carmen Diez de Rivera, Barcelona, Planeta, 2002. <<

[595] Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, p. 276. <<

[596] Laureano López Rodó, La larga marcha hacia la Monarquía, p. 29. Serrano afirma que Franco respondió a Asensio, que se habría resistido a aceptar el cargo, con un «¿Qué queréis? ¿Que yo salga de aquí con los pies por delante?». Citado en Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, p. 267. <<

[597] Federico Martínez Roda, Varela. El general antifascista de Franco, p. 372. Sí lo haría en 1945. <<

[598] Según Virgilio Hernández Rivadulla, Domínguez había secuestrado a una espía inglesa y se la había llevado a Alemania en el maletero de un coche. Entrevistas a Hernández Rivadulla. <<

[599] El hecho de que las informaciones que se han utilizado provengan de fuentes militares estadounidenses y británicas desclasificadas recientemente explicaría que no exista rastro de la vinculación de Domínguez en bibliografía que ha utilizado fuentes archivísticas alemanas. Véase, por ejemplo, Klaus-Jörg Ruhl, Franco, Falange y Tercer Reich: España en la Segunda Guerra Mundial, p. 116. <<

[600] Un intento por mi parte de acceder a ellos en el Archivo General Militar de Avila topó con una negativa justificada por estar tales fondos «clasificados». <<

[601] José Luis Martínez Morant, Narciso Perales. El falangista rebelde, p. 160. <<

[602] Heleno Saña, El franquismo sin mitos: conversaciones con Serrano Suñer, p. 266. <<

[603] Miguel Ángel Gimeno Álvarez, «Juan José Domínguez Muñoz: un falangista indómito», p. 9. Agradezco al autor el envío de la fotocopia donde consta el nombre y número citados. <<

[604] Ibidem. <<

[605] José María Doussinague, España tenía razón, Madrid, Espasa Calpe, 1949, p. 127. Sheelagh Ellwood hace referencia a lo escrito por Doussinague introduciendo una intervención de las SS en el asunto, pero que no aparece en el libro de Doussinague al que hace referencia. Véase Sheelagh Ellwood, Prietas las filas. Historia de Falange Española de las JONS (1933-1983), p. 150. <<

[606] Véanse, por ejemplo, Xavier Moreno Juliá, Hitler y Franco. Diplomacia en tiempos de guerra (1936-1945), Barcelona, Planeta, 2007, pp. 404 y ss.; Wayne H. Bowen, Spaniards and Nazi Germany. Collaboration in the New Order, Columbia y Londres, University of Missouri Press, 2000; Crónica general de España, Documentos secretos sobre España. Documentos secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania sobre la Guerra Civil española, Madrid, Júcar, 1978. <<

[607] Javier Tusell, Franco, España y la Segunda Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Madrid, Temas de Hoy, 1995, p. 315. <<

[*] Este libro se ha escrito como parte del programa de investigación desarrollado gracias a la distinción ICREA Academia, otorgada por la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats de la Generalitat de Catalunya (ICREA), en su convocatoria de 2013. El autor quiere expresar al jurado que se lo otorgó, nacional e internacional, su más profundo agradecimiento. <<