Título original: Quanta desigualtat pot suportar la democràcia?

© Joan Herrera Torres, 2014.

© de la traducción: Ana Mata Buil, 2014.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

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Índice

Prólogo

¿Cuánta desigualdad puede soportar la democracia?

1. El país que nunca hemos construido (o cómo hemos llegado hasta aquí)

2. Hay alternativa

3. Un país nuevo para el mundo de hoy

Epílogo

Este es un texto que he escrito entre Barcelona y Madrid, y me gustaría dedicarlo a Rosana. Un libro sin muchas pretensiones. Reflexiones sobre el mundo y el momento en que vivimos. Sobre la necesidad de construir alternativas. Sobre mi país. Sobre mi gente. No es el texto de un académico. Es un texto elaborado desde la perspectiva de alguien que está en política y que aspira a cambiarla para que sea útil, para llenar la política, la democracia, de sentido. Distintos elementos me han ayudado con el libro: las conversaciones mantenidas con muchas personas, la elaboración colectiva y compartida, algunas lecturas, algunas sugerencias de muchos compañeros y amigos, las charlas con Agustí Colom o Pau Noy. Sin la conversación inicial con Isabel Obiols, no me habría atrevido a hacerlo. Y, a pesar de que no he contado con toda la calma y los momentos que hubiese deseado, este texto quiere transmitir a los lectores que podemos recuperar la democracia ganando la igualdad, constituyendo una alternativa.

PRÓLOGO

Según un proverbio chino, lo peor que nos puede desear alguien es que vivamos momentos emocionantes. Para bien o para mal, el momento que nos ha tocado vivir es emocionante, y lo que nos toca es vivirlo motivados y no como una fatalidad.

He tenido la suerte de conocer a hombres y mujeres excepcionales. Muchos de ellos son militantes veteranos, desconocidos para la mayoría, que han vivido su tiempo de manera heroica y contradictoria. Cuando me cuentan lo que hicieron me asombro al pensar de qué pasta están hechos. Es cierto que no todas las generaciones están hechas de la misma pasta ni son iguales, y también es cierto que lo mejor de cada persona aflora en los momentos complicados.

Ahora mismo vivimos en el ojo del huracán, en la crisis de todas las crisis. En este rincón de Europa y del mundo, nos repiten que se acabó lo que se daba, que ya no hay contrato social, que el capitalismo, la democracia y los derechos sociales no tienen por qué ser compatibles. Han existido muchas épocas anteriores —la mayoría— y muchos lugares del mundo —la mayoría— en los que esta incompatibilidad ya se ha puesto de manifiesto, pero a nosotros nos habían contado que sí era posible tener ambas cosas: nos vendieron, aunque no siempre se aplicase, que la democracia y los derechos sociales serían compatibles con un capitalismo de «rostro humano».

Vivimos la crisis y también los debates sobre la crisis económica, democrática, nacional, de representación y de los límites físicos del planeta. Podemos creer que somos una generación de transición, y encajar los hechos sin reaccionar o reaccionando de manera espasmódica. Pero también podemos decidir que por aquí no pasamos y construir miles de alternativas que, sumadas, con confluencias, definan un horizonte de transformación y esperanza.

En este libro trataré de exponer los argumentos por los que creo que hemos llegado a estar donde estamos, y hablaré de cuáles son las posibles alternativas.

¿CUÁNTA DESIGUALDAD PUEDE SOPORTAR LA DEMOCRACIA?

1

EL PAÍS QUE NUNCA HEMOS CONSTRUIDO (O CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ)

Raimon escribió, en un contexto muy adverso: «D’un temps que serà el nostre, d’un país que mai no hem fet, cante les esperances i plore la poca fe». Es decir: «De un tiempo que será el nuestro, de un país que nunca hemos construido, canto las esperanzas y lamento la poca fe».

El país que nunca hemos construido está lleno de calamidad, de desigualdad, de plutocracia (donde lo que manda es el dinero), y las decisiones que se toman desde un marco institucional europeo sin alternativas ni contrapesos están teniendo unas consecuencias desastrosas.

¿La crisis es una catástrofe o una calamidad? ¿La desigualdad es causa o consecuencia de la crisis? Estas son, en mi opinión, las preguntas clave.

Una catástrofe tiene un origen natural, es una circunstancia que cae del cielo, que difícilmente podríamos evitar y, mucho menos, prever. Por el contrario, la calamidad es consecuencia de la acción del hombre —y, en contadas ocasiones, de la mujer—, de sus decisiones y omisiones.

Yo me inclino claramente por la opción de la calamidad. Estamos donde estamos porque se ha construido un modelo basado en la depredación del medio; se permitió que la burbuja de la especulación se hinchase y la gente se olvidó de la desigualdad y de la lucha contra la misma, de las diferencias de clase. Ya sabemos cómo sigue la historia: se ha aceptado que la salida de la crisis pase por el sufrimiento de las víctimas, que no la han creado, y que son la inmensa mayoría de las personas.

Si se comete el error de pensar que lo que nos pasa es una catástrofe, la actitud ante la crisis es «no podemos hacer nada». Si se parte del convencimiento de que es una calamidad, de que el origen es la acumulación de los recursos en muy pocas manos, podemos albergar la esperanza de cambiar la correlación de fuerzas, con propuestas diferentes, con otras formas de actuar.

Solo si estamos convencidos de que lo que nos ocurre tiene un origen, y es humano, no divino, podemos conseguir pasar de la resignación a la acción, y de la acción a la estrategia para empezar a cambiarlo todo.

DESIGUALDAD, CAUSA O CONSECUENCIA

El otro interrogante es si la desigualdad es la causa de la crisis o una de sus consecuencias. Si es la causa, las políticas que incrementen esta desigualdad volverán la crisis todavía más profunda.

Supongo que todos somos conscientes de que vivimos en una de las sociedades más desiguales de la Unión Europea. Según el estudio de la Fundación 1.º de Mayo, España es el segundo país de la UE en términos de desigualdad social, por detrás de Letonia. Esos datos se ven ratificados en el informe que presentó Oxfam-Intermón, que ilustraba que, en España, veinte familias disponen de tantos recursos como el 20% de las personas con menos recursos.

Si se aplica el índice de Gini, puede comprobarse que la desigualdad en España entre 2005 y 2010 aumentó 2,1 puntos, del 31,8% al 33,9%, mientras que la media de la Unión se reducía en una décima y pasaba del 30,6% al 30,5%. En el año 1977, en plena Transición, la remuneración de la población asalariada representaba el 67,3 % del PIB, mientras que en el año 2012, cuatro décadas después, este porcentaje se ha reducido al 53,4%.

El problema de fondo es que en los años de crecimiento no se realizó una política de redistribución de la riqueza que sentase las bases de un modelo mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental y social.

El aumento de la desigualdad en relación con la distribución de la renta se disparó entre 2001 y 2007. Las cifras son contundentes: «Los hogares más ricos registraron una renta media mensual de 9.158 euros en 2001, mientras que, en el caso de los más pobres, la media fue de 758 euros. Eso significa que los hogares más ricos tuvieron una renta 9,1 veces más alta que los hogares más pobres. Esta brecha aumentó un 6 % entre 2001 y 2007, hasta llegar a 9,8 veces de diferencia».

Eso pone de manifiesto que el milagro económico español no ocurrió para todos por igual. Por ejemplo, entre 2001 y 2006 «los ingresos medios del 10% de la población más rica crecieron un 23 %, frente a un 11 % del conjunto de la población».

Estos datos acreditan que, a pesar de haber crecido mucho durante estos años, los gobiernos de turno, con ejecutivos conservadores, pero también las izquierdas mayoritarias, no supieron emplearlo para que se realizase una mayor redistribución de la riqueza y, por lo tanto, lograr un crecimiento mucho más sólido. Así pues, los diferentes gobiernos, incluido el de Entesa, no se centraron en la política distributiva porque la izquierda mayoritaria jamás entendió que se tratase de una prioridad.

Las cifras y el comportamiento no son fenómenos aislados de España. El incremento de las desigualdades a escala global, y particularmente europea, se produce desde la década de 1980, bajo el liderazgo de Reagan y Thatcher. El incremento de la desigualdad es resultado de un cambio en el que el poder financiero se impone al poder político e, incluso, al económico. La desigualdad, como señala Tony Judt, es «corrosiva, en la medida en que corrompe las sociedades desde dentro».

Grantham, uno de los principales expertos en economía financiera, dice que el sistema financiero ha sido para la economía «como correr con una sanguijuela pesada, grande y en crecimiento sobre los hombros». Es decir, las finanzas están actuando como mecanismo de extracción de rentas del resto de sectores, y desde la década de 1990, están cambiando a su favor la distribución de ingresos salariales y de rentas.

Estudios como los de Margrit Kennedy han subrayado los extremos grotescos de la financiarización del sistema productivo. Con datos de finales del siglo pasado para Alemania, se analizaron los costes de un producto o de un servicio municipal teniendo en cuenta todo el ciclo de producción, desde la extracción de materias primas hasta la venta del producto. El estudio apuntaba que, de media, el 50% del coste del producto correspondía al pago de intereses o dividendos. El peso de la financiación variaba según el producto, del 12 % en el caso de la recogida de residuos, al 77 % en el alquiler de viviendas sociales.

Sin embargo, sus investigaciones no terminaban ahí: Kennedy estudió el balance de la aportación de los ingresos y los gastos financieros en la población alemana, clasificada por deciles según el nivel de renta. El decil de renta mayor era 10, y el menor, 1. La investigación concluía que, mientras que los primeros ocho grupos de renta, del 1 al 8, eran contribuyentes netos (pagan más de lo que reciben), y el grupo 9 no realizaba ninguna contribución neta, el grupo 10, el de la renta más alta, era el que recibía las contribuciones de todos los demás. El sistema financiero alemán constituía un formidable instrumento de transferencia de recursos financieros de todos los segmentos de población hacia los más ricos por la vía del pago de intereses de capital. Viendo lo que ha sucedido en la última década, es muy probable que la situación haya empeorado.

Y ¿cuál es el motor de estos desequilibrios? La necesidad de crecimiento económico. Para crecer hay que endeudarse, y hacerlo con intereses de tipo compuesto, que generan unas magnitudes que crecen exponencialmente y convierten el sistema económico en una especie de juego piramidal. Quien va el último en el juego debe pagar las ganancias del que va delante. Salta a la vista que nos hace falta un nuevo modelo que no obligue a crecer por el mero hecho de tener que pagar los intereses de la deuda, sin aportar casi beneficios al 90 % de la sociedad. Y el sistema se retroalimenta en todo momento, ya que la capacidad de ahorro se concentra en los más ricos y, por lo tanto, el desequilibrio en el flujo financiero entre pobres y ricos crece.

De hecho, tal como asegura alguien tan moderado como Antón Costas, las «élites favorecidas por la acumulación de renta y la riqueza suelen desarrollar una fuerte insensibilidad hacia los costes humanos y las pérdidas del bienestar que experimentan los más débiles como consecuencia de conductas y políticas que perjudican gravemente el bienestar individual».

No es demasiado aventurado decir que esa política fue una de las causantes de la crisis. Es la desigualdad lo que propició un fuerte endeudamiento. Son la desigualdad y la nula redistribución lo que provoca que haya una acumulación de capitales sin precedentes. Y la desigualdad es consecuencia de un modelo financiero que la incrementa.

¿Por qué se produjo la crisis? Es probable que no exista un único factor, pero sin duda influyó poderosamente la pérdida de sentimiento de clase. El debate sobre las clases sociales desapareció por completo durante la década de 1980, noventa, la primera década del siglo XXI..., como si las clases no hubieran existido nunca. Cuando hablabas de «clase social», parecías un extraterrestre que acababa de bajar de un planeta extraño, cuando en realidad estabas describiendo el abecé de cómo se estructura cualquier sociedad.

Así pues, desde el momento en que todo tiene un precio y todo se puede comprar, la conciencia de lo público deja de tener sentido. Y creo que en la primera década del siglo XXI, en un momento de crecimiento económico en el que todo se podía comprar y todo se podía mercantilizar, eso provocó que un determinado modelo de capitalismo entrase en los hogares, y se perdiese el sentimiento de clase.

A pesar de que todos los asalariados son trabajadores, ¿cuánta gente se considera como tal? Durante décadas, se ha querido aparentar que nadie pertenecía a la clase trabajadora, que todo el mundo era de clase media, aunque fuese un asalariado. Eso ha hecho que la gente creyera que podía comprar cualquier cosa y que todos podían hacerse ricos.

Esta pérdida del sentimiento de clase permitió que la posible especulación, la compra de un piso para venderlo al cabo de dos años, se apoderase de la esfera más íntima desde la que se hace la política: de los hogares, de las conversaciones de sobremesa, de lo último que le dices a tu pareja antes de irte a dormir.

Esta pérdida del sentimiento de clase, el espejismo de que todo marchaba bien, hizo posible el país que nunca hemos construido.

DEMOCRACIA O PLUTOCRACIA

Para que todo eso haya sido posible, para el incremento de las desigualdades, nuestro funcionamiento democrático se ha ido acercando a una plutocracia. Uno de los factores desencadenantes de la crisis es que en las decisiones económicas no hay democracia. No se habla lo suficiente de este tema, y es un factor determinante. Uno de nuestros grandes problemas es que la democracia representativa tiene un grave déficit: que no hay marcos de deliberación reales para tomar las decisiones que afectan al interés general. Si no hay instrumentos de democracia participativa, de interacción y control sobre nuestros representantes, la democracia se limita a elegir un representante y pensar que al cabo de cuatro años ya pasaremos cuentas. La crisis económica es, por lo tanto, también una crisis de la representatividad y una crisis de la política, que se supedita a determinados intereses que parecen económicos pero que, en realidad, son intereses puramente financieros, sin base en la economía real. Es un problema que afecta a todo el planeta, pero que entre nosotros es todavía más acusado.

Los debates energéticos o fiscales, debates trascendentes, están muy condicionados por los intereses económicos, que pueden acabar afectándose los unos a los otros. De hecho, si un debate social puede acabar suponiendo que alguien pierda determinados privilegios, lo que casi siempre acaba imponiéndose es que este alguien impida que el debate se lleve a cabo.

Por lo tanto, la cuestión es si estamos en una democracia, en la que deciden las personas, o bien en una plutocracia, en la que las decisiones se toman en función del dinero que hay detrás.

Tenemos el caso de democracias asentadas que funcionan como tales. Estados Unidos actúa con frecuencia como una plutocracia, ya que las grandes decisiones económicas de la sociedad se toman en función del interés particular de determinados sectores económicos. El ejemplo más paradigmático se encuentra en el ámbito de la salud. Y, en ese ámbito, decisiones que eran muy racionales han obtenido (y todavía obtienen) una gran resistencia, porque la forma de elegir congresistas o senadores está sufragada por los intereses particulares de determinadas empresas que hacen que las decisiones de estos representantes no sean libres.

Corrupción legal. Este aparente oxímoron es lo que acaba suponiendo y expresando una forma de actuar. En realidad, en una plutocracia es habitual la captura o el secuestro de las instituciones en beneficio de unos pocos. Hablo de actuaciones que pueden hallarse dentro de los márgenes de la legalidad, pero que son profundamente inmorales y se basan en el aprovechamiento de la posición de poder y de un contacto directo y privilegiado con los gobernantes.

Esta estrategia explica en buena parte el mismo estallido de la crisis y sus extremos más obscenos. ¿Cuál es el origen de la proliferación de grandes infraestructuras faraónicas y absolutamente inútiles? Trenes sin pasajeros, aeropuertos sin aviones o autopistas sin coches. Unas infraestructuras que, además, no dan respuesta a los problemas de la gente, que en su mayoría toma trenes de cercanías y transporte público en general. ¿Cómo se explica que sigamos siendo uno de los países que más dependen energéticamente del exterior y, en cambio, se pongan todas las trabas posibles a las energías renovables mientras se paga a precio de oro la energía contaminante? ¿Cómo se explica que ante la amenaza de la burbuja inmobiliaria no se actuase para impedir el sobreendeudamiento, para controlar las prácticas de riesgo que se llevaban a cabo, para regular los sueldos de los directivos? ¿Cómo se explica que no se persiga el fraude fiscal y se decrete una amnistía, y que no se tomen medidas para impedir la ingeniería fiscal que pretende pagar menos impuestos? ¿Cómo se explica, en definitiva, un sistema que permite dedicar miles de millones a salvar bancos pero dice que no tiene dinero para aplicar una renta garantizada de ciudadanía, mientras las pymes y las personas trabajadoras pagan religiosamente todo lo que les toca?

En definitiva, no es que de repente se haya descubierto que existe la corrupción, es que el modelo de crecimiento de los últimos años alimenta y necesita el acto corrupto de asegurar que se defiende el interés general cuando en realidad se representan intereses absolutamente particulares. Este modelo se aprovecha de la debilidad de nuestra democracia, de un Estado débil y de la connivencia de ciertos partidos políticos que defienden y promueven este modelo, y que operan en un funcionamiento alérgico al control y la transparencia.

Estas prácticas son los ejemplos claros de la «corrupción legal» del mismo sistema. La ley hipotecaria, las preferentes, el rescate de los bancos, la venta de los servicios públicos —sea el agua o la sanidad— a precio de saldo, la amnistía fiscal... Todo esto solo puede entenderse desde un modelo que necesita cómplices para permitir un espolio de los recursos políticos hacia los bolsillos de unos pocos.

De este modo, crisis y corrupción forman parte de la misma estafa. La respuesta fácil es la mala gestión de los políticos. La paradoja es que pocas veces nos fijamos en las caras de los responsables económicos.

LA OPORTUNIDAD PERDIDA

El país que nunca hemos construido no viene de las respuestas obtenidas ante la crisis, sino de mucho antes. De cuando podíamos enfrentarnos a la desigualdad y hacer políticas que la combatiesen, de la época en la que teníamos que esforzarnos y echar el resto para que las decisiones económicas y sociales fuesen a favor del interés general y no del interés particular.

En mayo de 2010 vimos las primeras medidas de austeridad por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero. A pesar de que el origen estaba en unas políticas que incrementaban la desigualdad y los desequilibrios, sobre todo en la etapa del gobierno de Aznar, la oportunidad se perdió en la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, la que transcurrió desde 2004 hasta 2008.

Intentemos refrescar la memoria. El PSOE pensaba que no llegaría al poder en las elecciones de 2004. Zapatero consiguió la secretaría general del PSOE en unas circunstancias determinadas y por los pelos. Es un hombre que pasó de ser el portavoz del PSOE en la comisión de administraciones públicas, diputado por León, a tomar las riendas del partido a raíz de unas circunstancias excepcionales, y que después llegó a presidente del gobierno también a partir de unas circunstancias excepcionales. Todavía me acuerdo de cuando, en una asamblea de Iniciativa celebrada en 2003, uno de los invitados, Santiago Carrillo, nos comentaba que no sabía nada de Zapatero y que eso era sospechoso cuando se trataba de alguien que hacía tiempo que ocupaba cargos de representación.

En esa época construimos un país que ganó en el terreno de las libertades individuales. Pero en el ámbito económico y social su pensamiento fue débil, muy débil. El programa electoral del PSOE de 2004 decía que estábamos en un escenario de burbuja inmobiliaria y que lo que hacía falta era deshincharla. Pero cuando llegaron al poder, decidieron surfear la ola, porque no aplicaron ninguna medida en el terreno económico que cambiase mínimamente las cosas. Habríamos podido deshinchar la burbuja, pero no lo hicimos, y al final acabó estallando.

Una oportunidad perdida... para ganar la igualdad

Veníamos de una sociedad que, incluso en los años de crecimiento, se había vuelto profundamente desigual. Y para ganar la igualdad, habría sido necesario llevar una fiscalidad más justa. Pero el gobierno consideró que eso no era una prioridad. De hecho, cuando lo hablábamos y discutíamos, personas tan relevantes como la ministra Salgado decían que la redistribución llegaba a través de los gastos, sin entender que lo que se necesitaba era una redistribución de rentas de quien más tenía hacia la economía productiva y de derechos, es decir, hacia la mayoría.

Después llegó lo de «bajar los impuestos es de izquierdas», en un país con una estructura fiscal que estaba diez puntos por debajo de la media europea en presión fiscal. Se pensó que esos impuestos extraordinarios que se derivaban de la construcción eran impuestos ordinarios.

Sin embargo, incluso si nos centramos en las rentas laborales, lo que encontramos es que hay una discriminación a favor de quienes ganan mucho más que la mayoría. Dicen que tenemos el marginal (el tipo aplicable) del IRPF más alto, pero este tipo se aplica a partir de 300.000 euros, mientras que en otros países, por ejemplo Suecia, se hace a partir de 60.000 euros.

El dato más relevante es el tipo medio efectivo: es decir, lo que se paga de manera efectiva a Hacienda después de las desgravaciones. La gente con unos ingresos de 120.000 euros al año debería pagar un 51 %, pero acaba pagando un 28,6 %. Quien gana 175.000 euros, que debería pagar el 55 %, paga de manera efectiva el 29,9 %. Las rentas de 300.000 euros al año, que tendrían que pagar hasta un 56%, pagan un 30,3%. Pero lo más extraordinario es lo que pasa entre los más ricos: quien dice ganar 600.000 euros paga un 27,3% de media, un porcentaje incluso inferior al de quienes ganan 120.000 euros.

Así pues, la presión fiscal en nuestro entorno está muy por debajo de la media europea. Más de diez puntos. Un diferencial que se encuentra en la distancia en el IRPF; pero sobre todo en la gran diferencia que existe en el impuesto de sociedades efectivo entre las grandes empresas, así como en la baja fiscalidad sobre el capital.

Normalmente, cuando se habla de impuestos, solo se menciona la literalidad de la ley. Pero resulta que el tipo efectivo para las rentas de 100.000 dólares al año es del 32 %, por debajo de Turquía, Bosnia, la India, Grecia, y alejado del de Suecia, Alemania o Bélgica.

Los datos más relevantes no se producen en las rentas laborales. Según analiza el número 6 de la revista Alternativas Económicas, en el IRPF se pasó de aportar 72.614 millones en 2007 a 70.618 millones en 2011 en las finanzas de las administraciones, con una caída de la recaudación del 2,7%, a pesar de que en ese mismo período, el paro se triplicó y las rentas del trabajo cayeron por debajo del 50 % en el conjunto del PIB. Pues bien, en el mismo período, el impuesto de sociedades cayó un 52,1 % y pasó de los 44.283 millones a los 21.435 millones, cosa que hizo que el 70 % de la caída de los ingresos proviniese de la caída en el impuesto de sociedades, una reducción que no se ha producido en ningún otro país.

Hay numerosas razones, pero, sin duda alguna, lo que más pesa son los instrumentos no de evasión sino de elusión fiscal, mediante generosas deducciones, desgravaciones o técnicas contables impulsadas por la reforma de 2007.

En el ámbito teórico, el impuesto de sociedades sobre los beneficios es del 30 % (el 25 % para la pequeña y mediana empresa). Sin embargo, en la práctica, una vez aplicadas las deducciones, el tipo efectivo es el 11 %, por debajo incluso del 12,5% irlandés.

Es cierto que no todas las empresas tienen la capacidad ni el volumen para aplicarse estas deducciones. De hecho, quienes mejor lo hacen son las grandes empresas, y todavía lo hacen mejor las grandes corporaciones. Como describe Pere Rusiñol en Alternativas Económicas, las compañías independientes consiguieron pasar de pagar el 22,6% de sus beneficios en 2007, al 16,7 % en 2011. ¿Y los grupos consolidados? Pasaron de pagar el 9,9 % de sus beneficios en 2007 al 3,5% en 2011, según los datos que se registran en la Agencia Tributaria. Unos datos del 3,5 % de impuestos sobre un resultado contable fiscal de 85.940 millones en el año 2011. Vale la pena destacar que cerca de dos tercios (el 63,9 %) de los beneficios empresariales proceden de grupos empresariales, y que estos solo suponen el 2,8 % de las sociedades inscritas.

A este fenómeno debemos sumar la multiplicidad de instrumentos que permiten la elusión fiscal, con formas como las SICAV, las presuntas sociedades de inversión que en realidad son el «chiringuito» financiero que permite que grandes fortunas tributen un ridículo 1%. Por no hablar del fuerte nivel de fraude fiscal, procedente en un 73 % de grandes empresas, y que solo en Catalunya supone una cifra de 16.000 millones de euros.

Así pues, mientras Zapatero pactaba todas las políticas sociales y de derechos civiles con una izquierda muy «diezmada», pactaba todas las políticas económicas con Convergència i Unió. Y, por este motivo, no se sentaron las bases de una política de izquierdas, que era la redistribución.

Una oportunidad perdida... para favorecer a la democracia

El otro gran reto era cambiar la manera de tomar las decisiones. Todavía recuerdo, citando al filósofo Philip Pettit, que Zapatero insistía en que los ciudadanos votan cada cuatro años, mientras que los poderosos votan cada día, al descolgar el teléfono y cambiar una ley. Pero de las palabras a los hechos hubo un abismo, porque el modelo de crecimiento continuó dependiendo de determinados intereses.

De 2004 a 2008, las políticas sobre las obras públicas, la energía o el sector financiero se definieron más veces en el consejo de administración de determinadas empresas que en las sedes de los ministerios.

Del ámbito de las obras públicas se ha hablado hasta la saciedad. Pero se ha hecho después de que todo el mundo —o casi todo el mundo— las alabase. El AVE no era una obra racional, pero hace apenas cinco años casi nadie lo criticaba, y a quienes lo hacíamos nos acusaban de detener el progreso. Los argumentos que dábamos eran solventes: un kilómetro de AVE multiplica la inversión por tres respecto de un tren que circula a 220 km/h y, además, esta segunda opción es compatible con los trenes de mercancías y las infraestructuras ya existentes. Pero finalmente se optó por construir el AVE. Y no solo con el propósito de conectar Madrid con un modelo radial en el que todo pasase por la capital, sino principalmente porque había quien ganaba mucho con una decisión tan irracional. La decisión obedecía a intereses económicos, a los que yo añadiría también las percepciones de clase. El AVE era un tren que podrían utilizar las élites, a diferencia de los abandonados trenes de cercanías, en los que apenas se ha invertido y que están desconectados de la vida cotidiana de quienes tomarían después las decisiones.

Lo más grave es que en el terreno de las infraestructuras, se ha impuesto la lógica de la socialización de las pérdidas, después de haber privatizado las ganancias. Todavía recuerdo una de las últimas escenas que pude ver en el Congreso. Una enmienda que permitía un crédito de centenares de millones de euros para autopistas —las radiales de Madrid— por las que no pasaban coches.

La banca es el segundo de los factores en los que me gustaría detenerme. Y no solo para hablar de la desproporción de los recursos destinados a salvarla —375.000 millones, entre créditos y avales—, sino para determinar cómo la misma banca ha influido en los diagnósticos para salir de la crisis. En realidad, son sus gabinetes económicos, a falta de think tanks progresistas en materia económica y una vez silenciados los gabinetes económicos de las centrales sindicales, los que terminaron imponiendo sus propuestas en cada una de las soluciones que se han adoptado para salir de la crisis.

Hacia el período 2004-2005, cuando planteábamos la legislación para evitar el sobreendeudamiento familiar, el menosprecio hacia estas ideas era absoluto. Durante una negociación de presupuestos llegamos a convencer a Pedro Solbes de que suprimiera las desgravaciones en el acceso a la compra de vivienda. Por ejemplo, si un piso costaba 100 y el gobierno ponía 10 en concepto de desgravaciones, esta cifra la internalizaba el promotor, que se veía con derecho a subir el precio del inmueble; así pues, se trataba de una transferencia del Estado al promotor. Si eliminábamos las desgravaciones de manera parcial (y no retroactivamente), podíamos empezar a desinflar la burbuja inmobiliaria, sin esperar a que esta acabase estallándonos en la cara, como al final ocurrió. Pues bien, convencimos a Solbes, pero cuando Solbes fue a la Oficina Económica de la Moncloa, Miguel Sebastián, jefe de la oficina, dijo que ni hablar.

Eran los años en los que se imponía la tesis de que los activos inmobiliarios no bajarían, una tesis que se mantendría incluso cuando llegó la crisis. Y eso es lo que hizo que la política económica y financiera del gobierno fuese tan negativa y desastrosa. Por ejemplo, conviene recordar que Jordi Gual, economista jefe de La Caixa, previó en el informe de la entidad de 2009 que la bajada de los precios de los inmuebles sería exclusivamente estacional, porque después volverían a subir. Seguramente, el conjunto de todas las entidades financieras hizo que no se actuase como se tenía que actuar, y creó desde el principio un banco malo, sin esperar que la situación siguiera degradándose.

Y la situación llegó hasta tal punto que el último indulto del gobierno Zapatero fue a Alfredo Sáenz. Una anécdota que tiene carácter de categoría y que ilustra muchas cosas: no solo la connivencia del poder financiero con el político, sino también la forma en la que un gobierno en funciones indulta al segundo de los banqueros más poderosos de España al mismo tiempo que la noticia tiene una trascendencia muy limitada. De hecho, ese indulto fue precedido, tal como informa en Papel mojado el periodista Pere Rusiñol, de una invitación de Botín al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil para los principales periódicos estatales. De ese modo, no solo los mimaba con un viaje a Brasil, sino que hacía una demostración de poder. En un solo acto, en un solo escenario, conseguía transmitir que disponía de la información antes que ellos y, al mismo tiempo, mantenía a los principales periódicos del país de su parte, justo cuando la prensa tenía una información que podía hacerle mucho daño.

Otro ejemplo es el caso de las cesiones a crédito, un producto financiero creado por el Santander en la década de 1990 que fue denunciado como instrumento de fraude fiscal descomunal. La Fiscalía Anticorrupción empezó a investigar, pero después de abrir el caso, con el primer gobierno Aznar, le pararon los pies. Se decidió que ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado se posicionarían en defensa de los intereses de la administración defraudada. Nos llegó el caso y, cuando estaba a punto de archivarse, ante la incomparecencia del Estado en defensa de sus intereses —los intereses del erario público—, decidimos personarnos nosotros, llevar el caso a los tribunales, como Iniciativa, gastándonos un dinero que no nos correspondía gastar, con el objetivo de que se juzgase a los responsables del fraude y que se devolviese el dinero defraudado. Una vez que el PSOE llegó de nuevo al gobierno del Estado, la primera iniciativa que presenté en el pleno fue una interpelación al ministro Solbes para pedirle que se personasen. El ministro respondió como si no supiera de qué iba la cosa. Pocos meses después, se realizó una jurisprudencia ad casum, a medida, nos negaron la legitimación activa, o dicho de otro modo, nos negaron el derecho a hacer la acusación, que estaba reservada solo a quienes estuvieran directamente afectados. De ese modo, el juez no tenía que juzgar los hechos —más que probados—, sino que por la simple incomparecencia del Estado (gobernado primero por el PP y después por el PSOE), ni el Santander ni Botín asumieron responsabilidad alguna.

El tercer sector en el que me gustaría detenerme es el energético. Como ya he mencionado, estamos en uno de los rincones de Europa con una mayor dependencia energética del exterior, lo que hace que nuestra balanza comercial se vea muy perjudicada y que la perspectiva de futuro sea complicada.

Una de las reivindicaciones de siempre, de muchos sectores ecologistas y económicos, ha sido que se aprobase un decreto de autoconsumo. Se trata de algo tan sencillo como permitir que, cuando colocas placas solares en casa —por ejemplo—, puedas conectar a la red al precio del mercado la energía que no consumas, y no al precio superior al que se vende toda la energía de tipo renovable. El decreto interesaba a todo el mundo. Permitía a la gente realizar pequeñas inversiones y tomar conciencia de lo que cuesta generar electricidad. Y conseguíamos caminar hacia un modelo de generación distribuida que diese más garantías en el suministro. Esta fue una petición exigida por muchas personas. Incluso algunos pudimos tener acceso a varios borradores posibles que, sin embargo, se quedaron en un cajón del Ministerio de Industria.

Finalmente, el decreto vio la luz. En 2013, con el gobierno Rajoy, España fue el primer país en poner barreras al acceso al autoconsumo, obligando a pagar un alto precio por vender electricidad a la red. Y fue así porque el autoconsumo interesa a todo el mundo salvo a las grandes compañías eléctricas, que habían invertido en nuevas centrales (en su mayoría de ciclo combinado) que no funcionaban a las horas previstas. Estas centrales permanecían demasiadas horas paradas, y solo les faltaba que la generación pasase a manos no de centenares de miles de personas, sino de millones, cosa que habría hecho todavía más ruinosas sus inversiones.

La ley Piqué, de 1997, teóricamente liberalizaba el sector, pero, en el fondo, lo que hace el sector es controlar por completo el mercado. Existe un modelo de fijación de precios absolutamente perverso que hace que cada año las eléctricas se lleven 5.000 o 6.000 millones. Es un sistema muy complejo. Supongamos que alguien tiene un ciclo combinado, que es la energía que cuesta más de producir, y otra persona tiene una hidroeléctrica o una nuclear amortizada, que puede ser una energía más barata de producir cuando ya ha amortizado la instalación. Ambos van al mercado, donde se vende la electricidad al precio de la tecnología más cara en venta. La fijación de precios de la energía implica que, si uno la produce a 100 y el otro a 10, a los dos se la pagan a 100. Por eso, entre otros factores, existe un déficit tarifario de 30.000 millones de euros a favor de las eléctricas. Y por eso las eléctricas, a pesar de la fuerte crisis y de la disminución de la demanda, continúan presentando unos beneficios astronómicos.

Así pues, la oportunidad perdida, con una renuncia bastante clara a que se instaure la igualdad y un menosprecio muy acusado por ganar la democracia, terminó arrojándonos a una crisis profunda, muy profunda, que primero negamos, y a la que, después, respondimos tarde y mal.

EL KEYNESIANISMO BASTARDO

Keynes predicaba las políticas de inversión porque, cuando hay recesión, lo mejor que se puede hacer es invertir. Pero por desgracia, en los primeros años de la crisis, además de negarla, la respuesta se limitó a lo que algunos economistas, como Joan Robinson, calificaron como «keynesianismo bastardo»; es decir, la política de inversión que no cambia en absoluto el modelo productivo.

Después se acabó poniendo en práctica una retahíla de frivolidades, como el cheque bebé u otras cosas que no tienen base ni fundamento.

El Plan E, anunciado en 2009, una vez asumida la crisis, era una política de inversión demasiado simple, de keynesianismo bastardo —cambiar lo anecdótico pero no cambiar el modelo productivo—, un plan muy influido por determinados sectores económicos. Y un plan para el que, una vez más, no se escucharon determinadas propuestas, que no interesaban ni a los grandes constructores ni al sector energético. Todavía recuerdo cómo se planteó la posibilidad de que esos recursos se destinasen a un plan de rehabilitación energética de edificios. De ese modo, se promovía la reconversión del principal sector industrial, el de la construcción, y se conseguía hacer emerger a un sector marginal, el de la rehabilitación energética. Dicho plan habría permitido mejorar sustancialmente los balances energéticos. Pero, una vez más, la decisión no se tomó en función del interés general, sino del de los bancos, que tenían inmuebles por colocar, y lo que menos les convenía era que se incorporasen otros pisos al mercado; de las grandes constructoras, preparadas para hacer obras públicas pero no para rehabilitar; y de las compañías eléctricas, que con una propuesta como esa podían perder facturación y, sobre todo, diversificar las fuentes de generación de electricidad.

Así pues, en 2010 fue preciso dar el giro. Y ese giro mató el relato de Zapatero. Sin embargo, puede que el problema no fuese el cambio de relato, sino que ese relato no era coherente con la política financiera, energética y económica que se realizaba. El 10 de mayo de 2010 fue para muchos el día de la gran traición de ZP. El día en que se desdijo de todos sus propósitos. El momento en el que todo cambió. Pero no fue eso exactamente lo que ocurrió. Fue el día en que empezó a caer el mito, tal vez porque antes ese relato no había ido acompañado de un cambio profundo de lo que era imprescindible hacer y se tenía que hacer. Hasta 2010, se navegó sin rumbo en el terreno económico, y lo que nos encontramos en 2010 fueron las consecuencias de esa deriva.

Hay quien se pregunta por qué no se plantó delante del Banco Central Europeo y sus exigencias, por qué no dimitió y convocó elecciones. En lugar de eso, renunció a la política, a otra política económica, y lo hizo con la incorporación de una nueva redacción de la Constitución. La traición más sublime es el artículo 135 de la Carta Magna: anteponer las políticas de déficit a las políticas fiscales. La pérdida de sentido absoluto de los valores de la socialdemocracia.

En 2010, Zapatero podría haberse plantado y haber convocado elecciones. Sin embargo, eligió el peor camino posible: renunció a hacer política.

EUROPA, PARTE DEL PROBLEMA

Hasta aquí el relato aproximado de lo que ocurre. Pero creo que este relato no está completo si no se explica qué ha sucedido y continúa sucediendo en Europa. Y es que si hay un espacio material que ha dejado de ser nuestro, es Europa. El sueño europeo. Europa es gran parte del problema y, al mismo tiempo, Europa es la solución.

Porque Europa, o mejor dicho, las políticas que nos dibujan como las únicas posibles son una de las causas —cuando no la causa principal— del momento en el que nos hallamos.

Decisiones que aparentaban neutralidad tienen mucho que ver con lo que nos ha pasado, con lo que nos pasa y con lo que está por llegar.

¿Cuál es el lastre principal para nuestra economía? La deuda privada. Ahora estamos al 100 % del PIB de deuda pública, pero ha subido mucho durante los últimos años porque hemos convertido deuda privada en deuda pública, deuda de los bancos en deuda pública, y la hemos asumido entre todos. A pesar de eso, estamos cerca de la media europea. No es un endeudamiento desbocado, y si ha subido es como consecuencia de las políticas de rescate en el sector financiero. En cambio, tenemos una deuda privada descomunal, un 280% del PIB.

¿Lograremos salir del pozo si tenemos que pagar todo eso? No. O sí, lograremos salir pero con el peaje del sufrimiento de la gente. Un sufrimiento que puede durar décadas si seguimos las condiciones draconianas que se imponen a unos y a otros. Por poner un ejemplo, a Grecia se le han dado 50.000 millones de euros y ya ha devuelto 70.000. Podemos pagarlo a costa de un empobrecimiento generalizado, que es lo que los representantes de la troica decían a los griegos: vamos, devaluación competitiva hasta llegar al nivel de Rumanía. Y la pregunta es: ¿hasta dónde llegaremos nosotros?

¿A qué se debe esta deuda privada? Por una parte, al hecho de que la paridad peseta-euro, dracma-euro, lira-euro, se hiciera a favor del marco alemán. Es decir, el cambio que se definió estaba pensado para que nosotros pudiésemos adquirir mucho producto alemán a partir de la sobrevaloración de nuestra economía y de nuestras monedas. El economista griego Costas Lapavitsas lo describe a la perfección en Crisis en la eurozona, cuando expone que los países periféricos perdieron competitividad en relación con Alemania a causa de unos elevados tipos de cambio iniciales y de la capacidad de los empresarios alemanes a la hora de presionar con dureza a sus trabajadores. Vale la pena recordar que hoy en día Alemania tiene más de 7 millones de trabajadores pobres.

En segundo lugar, cuando las economías del sur de Europa crecían en porcentajes por encima del 2% y del 3%, con índices de inflación que nunca bajaban del 2% y del 3%, el BCE (con sede en Frankfurt) impuso que el precio del dinero se situase en el 1%. Si tienes el precio del dinero al 1% y la inflación al 3%, el tipo de interés es negativo; es decir, en esa época el dinero «se regalaba», pero bajo criterios profundamente antieconómicos, pues recalentaba la economía y favorecía el sobreendeudamiento de empresas y familias. Sin embargo, eso sirvió, y mucho, para que una Alemania con estancamiento económico pudiera incrementar su producción, no a partir de un aumento de la demanda interna alemana, sino de un consumo más alto derivado de un endeudamiento más elevado.

De forma paralela, iba calando la nula política de redistribución en toda Europa y especialmente en el sur. Así lo explica el nuevo presidente del Banco Central de la India, Raghuram G. Rajan, en Grietas del sistema, porque la economía sigue amenazada. De hecho, las clases medias ya habían empezado a sufrir una pérdida de poder adquisitivo mucho antes de que estallase la crisis. El sistema que se ideó para mantener el consumo a pesar de la constante pérdida de poder adquisitivo y de derechos fue un mayor acceso al crédito; dicho de otro modo, ante tanta desigualdad, se dio prioridad a una respuesta insensata. Así podían evitarse las tensiones que exigían más igualdad y redistribución, todo a costa de hacer una inmensa bola de nieve en forma de crédito. La desigualdad se incrementó, y el método para paliarla no fue combatirla, sino dejar que se produjera a través de la emisión de deuda.

Sin embargo, los salarios no subían, y en el sur de Europa se construyó el peor de los escenarios posibles. El consumo subía, pero no lo hacía a partir de un incremento de los salarios, o de una política redistributiva, sino del apalancamiento del conjunto de la economía, de empresas y familias, con consecuencias que todavía sufrimos.

Alemania salió adelante en el terreno económico con 7 millones de trabajadores pobres a partir de nuestro sobreendeudamiento porque, entre otras cosas, marcó poderosamente las reglas del juego que permitían que los del sur acabásemos endeudándonos más que nunca.

¿Nos equivocamos al sobreendeudarnos? Sí. ¿Nuestro legislador no quiso regular el sobreendeudamiento? También. ¿Se ganó competitividad a costa de reducciones salariales y se mantuvo el consumo a costa del endeudamiento? Sí. Pero las reglas fijadas por la entrada del euro y los tipos de interés fijados por el BCE propiciaron un endeudamiento sin precedentes.

Por lo tanto, se producen dos cosas. Primero, hay un factor de endeudamiento debido a que la constitución del euro se realiza pensando en el escenario de la reunificación que tenía Alemania y en sus necesidades exportadoras. Y segundo, hay un acceso al crédito fácil, diseñado para compensar con creces las constantes devaluaciones salariales.

El BCE elaboró una política para que nosotros nos endeudásemos. Y la pregunta es: ¿y ahora tenemos que asumir esa deuda en su totalidad? Fruto de este análisis, se desprenden algunas conclusiones. Debemos entrar en un escenario de renegociación de la deuda global del sur de Europa. ¿Por qué? Nosotros asumimos parte de la deuda, pero no solo nosotros, también quienes se han beneficiado de ella, quienes diseñaron una estrategia que propició el fuerte endeudamiento de mucha gente, y en especial, de las economías del sur de Europa.

El proyecto europeo, su arquitectura institucional, la pérdida de referentes morales... Europa es parte del problema o, mejor dicho, lo es la falta de un proyecto de progreso para Europa, pues lo que se impone es una Europa-mercado, sin derechos. Un problema que en buena medida deriva, aunque tengamos que alejarnos un poco más en el tiempo, del Tratado de Maastricht, y que se acentúa con las últimas decisiones en el proceso de construcción europea y con la arquitectura del Banco Central Europeo, que asume responsabilidades sin ningún tipo de contrapoder. Si nos fijamos bien, en la actualidad, en el debate político europeo existe gobierno pero no oposición. Cuando hablamos de las decisiones europeas, nos referimos a ellas como si fuesen decisiones asépticas. Hablamos de comisarios, como José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión Europea, y Joaquín Almunia, hablamos de familias políticas diferentes, pero, en cambio, no existe la contraposición de modelos ni de ideas, y el liderazgo político es claramente conservador. Supuestas decisiones tecnocráticas están profundamente sesgadas desde el punto de vista político y económico.

En solo una generación, hemos pasado de una Europa que era el sueño al que aferrarse, a una Europa que solo en contadas ocasiones nos aporta buenas noticias y conquistas de derechos.

A pesar de todo, muy a menudo nuestros gobernantes se amparan en decisiones que aparentemente les vienen impuestas. ¿Cuántas veces asistimos a debates en los que el gobernante de turno nos dice que algo se nos impone desde Europa? Pero cuando vamos al origen de la supuesta imposición, encontramos a sus familias políticas, sus eurodiputados, sus ministros votando lo que definen como un «mandato». De esa forma, Europa acaba siendo el refugio de los cobardes.

Y AHORA..., ¿EL MOMENTO DE LA RESIGNACIÓN?

Una vez descrito el panorama, lo que nos proponen es que los nuevos tiempos sean los de la resignación. Los tiempos de «no hay alternativa». El momento de tirar la toalla.

Lamento la poca fe. La poca fe de quienes, con instrumentos y cantando la cantinela de «no hay alternativa», nos proponen una vida en la que los derechos se nos escurren entre las manos. La poca fe de quienes hacen que lo injustificable parezca inevitable. Es la poca fe ejemplificada en la política diseñada por la troica y seguida por el BCE como una estafa monumental.

Esta estafa se concreta en el hecho de que, en España, desde el principio de la crisis, la banca haya recibido 300.000 millones de euros en créditos al 1 %. En avales y ayudas, 175.000 millones de euros. Así pues, el BCE financia la banca al 1 % (ahora al 0,25 %) pero la banca financia la administración al 4%, el 5% o el 6%, mientras que los entes privados, si pueden acceder al crédito, pocas veces lo hacen por debajo del 8 %. Así se permite que esos excesos se financien a costa del encarecimiento de la deuda pública y de las dificultades de las empresas para acceder al crédito.

Todo eso contrasta con lo que ocurre en otras latitudes. California, la quinta economía del planeta, tiene un déficit y una deuda pública superiores a los de España. Pero la Reserva Federal puede poner la máquina de fabricar dinero en marcha y comprar deuda de California. El estado de California es tan sistémico como cualquiera de nuestros bancos.

Eso nos lleva a un Estado que podríamos denominar de «deudocracia». El libro de Yanis Varoufakis El minotauro global expone cómo, hoy en día en Europa, las políticas de deuda están pensadas para imponer, a través de la terapia de choque, soluciones que no aceptaríamos en ninguna otra circunstancia. Y así nos obligan a lo que denominan «devaluación interna», que es, al fin y al cabo, la devaluación de nuestras vidas. En muy poco tiempo, han conseguido pasar de una crisis cuyos orígenes y causas están en la desregulación del sector financiero, a centrar el problema en los excesos del sector público, entre otras cosas porque las reglas de acceso al crédito ya se han fijado y porque la crisis ha servido para reducir y cargarse el Estado de bienestar.

Lo más chocante es que tengan la valentía de repetir como un mantra que estamos empezando a salir de la crisis. Y no lo hace solo quien gobierna. Lo hacen especialmente las élites económicas del país: las grandes empresas y corporaciones, que insisten en que este es el camino adecuado. Así pues, el Consejo Empresarial para la Competitividad, que agrupa a las principales empresas españolas, detalla en un documento en qué se fundamenta la salida de la crisis: en una profunda devaluación interna. Por ejemplo, se puede leer que «la tasa de crecimiento de los salarios nominales se ha reducido cinco puntos desde la entrada en vigor de la reforma y muestra en la actualidad una tasa de crecimiento cercana a cero», y más adelante que, según un estudio presentado por la consultora Mercer, «España seguirá presentando unos incrementos salariales en el rango inferior de todos los países europeos y en 2013 este aumento será menor que en 2012». El documento es prolijo en datos para corroborar que la OCDE afirma que un tercio de las empresas han revisado a la baja los sueldos de sus trabajadores.

La sinceridad es un valor. La élite empresarial lo dice claramente. Estamos saliendo de la crisis a partir de una reducción de salarios sin precedentes. Y nos anuncia que, si seguimos con esa tendencia, los costes laborales aumentarán en el Estado cuatro veces menos que en Alemania y el Reino Unido, y la mitad que en Francia, para acabar añadiendo que los costes laborales de nuestros universitarios son extraordinariamente más bajos que los de los países de nuestro entorno.

Es un documento esclarecedor: somos el país europeo en el que, desde la década de 1990 hasta el año 2012, más se ha incrementado el margen empresarial por trabajador, medido como diferencia entre lo que se ha producido y el coste por trabajador. Y según la Comisión Europea, España será donde más continuará aumentando este margen empresarial.

Es decir, en una de las sociedades con mayor nivel de desigualdad de la UE, la propuesta que nos hacen es continuar incrementando la desigualdad. Y de hecho, esta propuesta ya ha tenido sus consecuencias.

¿Cuál es el problema? Que hoy en día la única estrategia que se plantea para el sur de Europa se fundamenta en un incremento de la desigualdad, confiando en que esa sea la manera de salir de la crisis. Si la desigualdad es la principal causante de la crisis, el incremento de la desigualdad es la principal estrategia que se ha empleado para salir de ella. Según Credit Suisse, en solo un año, entre mediados de 2012 y mediados de 2013, el número de millonarios había aumentado en España en un 13%, en un período en el que el paro había llegado a máximos históricos y cuando las administraciones aplicaban más recortes que nunca. Así, el número de españoles con más de un millón de dólares se había incrementado en 47.000 personas.

Y la paradoja es que es muy posible que a estas grandes empresas les vaya bastante bien. Es ilustrativo ver cómo sus beneficios en los primeros seis meses de 2013 son sustancialmente superiores a los del año anterior. Sin embargo, estas grandes empresas salen adelante gracias a su acceso al crédito, a los mercados internacionales y a unos trabajadores más baratos.

La consecuencia es que esta estrategia, marcada por las élites extractivas, por muchas de las empresas que basan su hegemonía en legisladores que gobiernan a su favor, supone una multiplicación del sufrimiento incomparable. En primer lugar, porque un sueldo más bajo conlleva en muchos casos una vida mucho más dura, con un porcentaje de trabajadores pobres que se suman a la pobreza severa de los que no encuentran trabajo y a quienes se les acaban o se les recortan las prestaciones. Y en segundo lugar, porque acaba representando una contracción del consumo que termina por hundir a toda la pequeña y mediana empresa. En esa línea, los datos del INE sobre consumo familiar reflejan cómo se reduce drásticamente el consumo de vehículos, ropa, restaurantes y alimentos, mientras aumenta el consumo en aquellas prestaciones que se desregulan todavía más o se privatizan, con incrementos sobre la educación, la salud o el transporte, hasta llegar a una subida del 254 % en el precio de la electricidad.

La consecuencia de todo esto, de lo que técnicamente llamamos «devaluación interna», es el sufrimiento. Una aceleración a velocidad de vértigo hacia las condiciones de un país periférico y un cambio en la estructura social del país, que hace que el grueso de la gente que se divide entre pobres y muy pobres no haga sino aumentar.

El último libro de Josep Fontana, El futuro es un país extraño, defiende la tesis de que el Muro significaba que había un enemigo, que había una amenaza, y, por lo tanto, el capital debía pactar con las clases trabajadoras. Este es el sentido histórico y trascendente de la socialdemocracia en Europa, en las décadas de 1940, 1950 y 1960. En el momento en que el capital deja de tener miedo, cree que ya no existe la necesidad de pactar. Solo así se explica que en la actualidad, en Europa, a pesar de saber que la política de austeridad no funciona, la mantengan.

EL SENTIDO DE LA AUSTERIDAD (O ¿POR QUÉ LA MANTIENEN SI NO FUNCIONA?)

En primer lugar, es preciso decir que las políticas de austeridad se han apropiado de nuestro término. Una austeridad que reivindico, como hizo el dirigente del Partido Comunista Italiano (PCI) Enrico Berlinguer en 1977, en plena crisis después del aumento del precio de los carburantes. En esa ocasión, Berlinguer aseguraba: «La austeridad no es hoy un mero instrumento de política económica al que recurrir para superar una dificultad temporal, coyuntural, para permitir la recuperación y la restauración de los viejos mecanismos económicos y sociales. Así conciben y presentan la austeridad los grupos dominantes y las fuerzas políticas conservadoras. Para nosotros, por el contrario, la austeridad es el medio de impugnar desde la raíz y asentar las bases para la superación de un sistema que ha entrado en una crisis estructural y de fondo, no coyuntural, cuyas características distintivas son el despilfarro y el desaprovechamiento, la exaltación de las particularidades y los individualismos más exacerbados, del consumismo más desenfrenado. “Austeridad” significa “rigor”, “eficiencia”, “seriedad” y también “justicia”, es decir, lo contrario de lo que hemos conocido y sufrido hasta ahora y que nos ha conducido a una gravísima crisis, cuyos daños se acumulan desde hace años y se manifiestan hoy en día en Italia en todo su dramático esplendor».

Sin embargo, a diferencia de lo defendido por Berlinguer, la austeridad solo se aplica a lo que es público y compartido.

Es evidente que las políticas identificadas con la austeridad no sirven. Entonces, ¿por qué las mantienen? Si lo hacen no es porque sirva para desmontar o conquistar lo que en ninguna otra circunstancia podrían desmontar o conquistar. Sirve para desmantelar el Estado de bienestar, para privatizar lo que antes era público y para lanzar un mensaje al mundo y sobre todo a los denominados «países emergentes»: el modelo social europeo es un modelo que se extingue, no se imita. La austeridad no es el instrumento para salir de la crisis, sino el instrumento para aprovecharse de ella. El problema del sistema como tal no es tanto que se autodestruya, sino que se perpetúa con un sufrimiento mayor. Al fin y al cabo, el sistema de capitalismo existente, combinado con derechos y libertades, ha sido una excepción europea que no se ha reproducido a escala global.

Mantuve una conversación muy interesante con miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, que me contaron que en determinados foros internacionales, a partir de la crisis europea, el discurso que les transmitían era que debían evitar reproducir los excesos en materia de derechos y conquistas sociales que se habían producido en Europa. Después de la crisis de 2008, que derivó de la desregulación del sector financiero en Estados Unidos (una desregulación liderada por la Administración Bush), la crisis se trasladó a Europa dos años después y su víctima fue el Estado de bienestar, a pesar de que el origen de la crisis no fuera en absoluto el Estado del bienestar. Con esto, el mensaje que se lanza a los países emergentes es: «No copien el modelo social europeo».

No obstante, existe también otra razón: el único modo que tiene de perpetuarse el capitalismo, ese sistema que tiende a autodestruirse, es a partir de la obtención de beneficios donde hasta el momento no los obtenía. En Europa el capitalismo no conseguía beneficios —o no tanto como en otros lugares— de determinados sectores: educación, sanidad, servicios sociales. En el momento en que se reduce el margen de beneficio, lo que hacen es buscar rendimiento en otros sectores en los que no habían entrado hasta entonces.

La demanda de reformas estructurales obedece al mismo objetivo: debilitamiento del Estado de bienestar y privatización de sectores estratégicos. Y en ningún caso se llevan a cabo las reformas realmente necesarias —la fiscal, la energética...—, que permitan la ampliación y la conquista de derechos.

Todos sabemos que la experiencia de gestión privada en materia de pensiones es nefasta. En cuanto se introdujo la gestión privada en el sistema de salud holandés, la economía holandesa pasó de gastar el 8 % en salud a gastar el 10 %. Exactamente lo mismo ocurrió con el modelo sanitario británico. Pero lo que permite la gestión privada es obtener beneficios donde antes se garantizaban derechos.

Por desgracia, este esquema se está reproduciendo en un gran número de sectores estratégicos. Es lo que acaba de ocurrir con las políticas de un bien básico como el agua, tal como demuestra el caso de Aigües Ter Llobregat (ATLL), con una disputa feroz entre Acciona y Agbar que ha derivado en una guerra de bandos en el gobierno de la Generalitat, pues unos han apoyado a una empresa, otros a otra, y en ningún caso han defendido el interés público... La decisión del Área Metropolitana de crear una sociedad mixta que pierde la titularidad pública y de la que Agbar se beneficia por activa y por pasiva (es decir, toma la captación y la distribución del monopolio) es otra expresión de este desapoderamiento de lo público a favor del sector privado. No significa una gestión mejor. Y, en cambio, les hemos dado la concesión valorando todo lo que han invertido en cañerías, durante más de cien años, en 180 millones de euros. Una inversión pagada por la tarifa que hemos abonado nosotros, nuestros padres y los padres de nuestros padres. Una compensación otorgada sin ningún tipo de peritaje. Se repite la historia del Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid o de los intentos de privatizar la sanidad.

Entramos en un terreno en el que el acceso a los derechos básicos y su calidad dependen del dinero que uno tiene en el bolsillo, cosa que afecta al principio de que una democracia es el equilibrio entre derechos, entre igualdad y libertad, y, por lo tanto, altera los principios rectores de lo que debería ser un Estado social, democrático y de derecho.

Michael J. Sandel recoge esta idea en Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado. La desigualdad y la acumulación de riqueza sirven no solo para comprar bienes sino para comprarlo todo, incluida la influencia política. Este sostiene que así pasamos de una economía de mercado a una sociedad de mercado. La primera sirve para organizar la actividad productiva, mientras que la sociedad de mercado hace que los valores mercantiles impregnen todos los aspectos de la actividad humana, incluidos la sanidad, la educación o el acceso a bienes básicos de primera necesidad, como el agua o la energía. Se empieza por algo muy pequeño y se acaba teniendo la posibilidad de comprar la misma democracia. Sandel explica que el problema no es solo la pobreza sino también la desigualdad, que amplía enormemente la brecha entre ricos y pobres. Aunque nadie pase hambre, las personas empiezan a vivir vidas cada vez más separadas, en distintos barrios, distintos medios de transporte, distintos médicos, dejan de convivir en los espacios públicos... No es bueno para la democracia. La democracia no requiere igualdad perfecta, pero si la gente vive en esferas cada vez más separadas, el sentido de ciudadanía y de bien común es más difícil de sostener.

El debate no es un debate técnico, haciendo que en política y en democracia se discutan temas técnicos. Las democracias que discuten temas técnicos no discuten valores como la justicia o el bien común. Pero al final todo está a la venta, incluida la condición de ciudadano, pues a cambio de grandes inversiones se puede acceder a la nacionalidad (como acaba de hacer Malta) o a la residencia (como pasa en Estados Unidos o España).

Naomi Klein dice que los enemigos del Estado de bienestar nunca desaprovechan una buena crisis para acabar de desmontarlo todo. Se practica la doctrina de choque. En un escenario lleno de miedos, acabamos topándonos con contrarreformas que afectan al meollo de la convivencia social y ciudadana. Se practica por la multiplicidad de propuestas y porque, en el escenario del miedo, acabamos aceptando cosas que no aceptaríamos en ninguna otra circunstancia. Ocurre en la vida de mucha gente: se reinventa y acepta unas condiciones vitales que no habría aceptado en otras circunstancias. Cuando se proponen los miniempleos como solución —otra reforma estructural que se plantea desde hace tiempo en este escenario de devaluación competitiva que es la devaluación de nuestras vidas—, lo que nos ofrecen son cosas que no habríamos admitido en ninguna otra situación.

2

HAY ALTERNATIVA

Hay alternativa, pero no puede realizarse, ni construirse, ni plantearse como hasta ahora. Esta alternativa debe llevarse a cabo sabiendo que estamos dejando atrás un mundo y que nos acercamos a otro. Somos conscientes de que es difícil que las cosas sigan como hasta ahora, y que la manera de cambiarlas tampoco será la misma que hasta ahora. Sabemos que ya no intervendrán los mismos actores ni los mismos programas y, al mismo tiempo, somos bastante conscientes de que o bien canalizamos el malestar, o bien el malestar terminará expresándose con la peor cara, de la peor manera.

EL MUNDO DE AYER

Stefan Zweig narraba en sus memorias, El mundo de ayer, la descomposición de un mundo y el nacimiento de otro. El libro se queda atrapado en la escena mundial donde se ubica la muerte de ese mundo: el suicidio, en Petrópolis, de un judío germanófilo que huía del nazismo. Sin embargo, con ese título describió a la perfección un mundo que desaparecía.

Hoy en día, podemos describir el mundo de ayer como la destrucción del pacto social de la posguerra, a la que estamos asistiendo. Es la culminación de un largo proceso iniciado con las políticas neoliberales de la década de 1980, con el inicio en el mundo occidental de lo que Krugman ha llamado «la gran divergencia», es decir, la caída continuada del salario real de los trabajadores y el aumento ininterrumpido de las rentas del capital.

¿Tiene sentido mantener un sistema que solo sirve para transferir recursos monetarios a los que más poseen, con una distribución inversa de la renta, y causando al mismo tiempo una gran alteración del equilibrio natural de la Tierra? ¿No ha llegado la hora de poner el freno y plantearnos si es posible funcionar bajo un modelo económico diferente? Esta es la cuestión que debemos resolver.

Las clases dominantes están muy bien articuladas, con estructuras de poder capaces de generar opinión y de construir hegemonía cultural. Y a pesar de que deseamos un proceso constituyente, lo que nos encontramos es un auténtico proceso «deconstituyente» que, de manera muy rápida y acelerada, hace desaparecer derechos conquistados después de muchos años, de muchas luchas, con el esfuerzo de mucha gente. Ahora es el momento de la articulación social de los intereses mayoritarios, y el debate no es solo entre izquierda y derecha, donde acabamos encontrando un equilibrio entre igualdad y libertad, sino entre democracia (donde gobierna la gente) o plutocracia (donde gobierna el dinero).

Lo que ha provocado la crisis desde 2008, así como su gestión posterior, es agudizar las tensiones sociales en toda Europa. Lo que se ha puesto en tela de juicio es el sentido mismo de la democracia. O si es posible un equilibrio entre democracia y capitalismo. Y la crisis del sistema de partidos vigentes es causa y consecuencia de todo ello.

La traducción de esta crisis se ve por todas partes. En Italia, el sistema de partidos ha explotado, cosa que ha hecho imposible la gobernabilidad si no es a través de fórmulas antidemocráticas tejidas en los pasillos de Bruselas y Cofindustria, con el único objetivo de pervertir los resultados de las urnas. En Alemania, la alternancia continuada entre cristianodemócratas y socialdemócratas en el gobierno, lo que ellos denominan Mitte, ha terminado desembocando en un gran gobierno de concentración que al final ha supuesto un pacto en el que a cambio de un salario mínimo para los alemanes, el SPD ha aceptado la política del BCE.

Y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué vendrá después del mundo de ayer? Josep Ramoneda habla del «autoritarismo posdemocrático». De hecho, estamos instalándonos en un nuevo autoritarismo que, bajo el título de «no hay alternativa» —en términos thatcherianos, «There Is No Alternative» (TINA)—, reduce nuestras elecciones a la posibilidad de cambiar gobiernos sin poder cambiar políticas. Bajo la supuesta «nula representatividad» podrían acabar imponiéndose los intereses de los que siempre tienen quien los represente. O podemos invertir todos los esfuerzos en conseguir que exista una alternativa real y efectiva. Es mucho lo que nos jugamos. Nos jugamos el futuro de la democracia y de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de Europa.

De momento, las respuestas que conocemos a raíz de la caída del sistema de partidos en Europa se traducen en dos tendencias que, en mi opinión, deberían preocuparnos.

En primer lugar, la tendencia a dar soluciones tecnocráticas a la imposibilidad de hacer que cuele la austeridad en los Parlamentos surgidos de las urnas. Lo que ha ocurrido en Italia es un aviso para navegantes, con una degradación que llega a límites nunca vistos, con la plasmación efectiva de la dinámica que ya he comentado: podéis cambiar los gobiernos, pero no las políticas.

Y en segundo lugar, el otro fenómeno ante el que debemos estar alerta es el auge de la extrema derecha y de los nacionalismos antieuropeos en toda Europa: UKIP, Viktor Orbán, Le Pen, Amanecer Dorado... Son un fenómeno auténticamente europeo que nos hace regresar a la peor parte de nuestra historia. EL MUNDO DE AYER (O EL FIN DE UN RÉGIMEN)

Este contexto global, o como mínimo europeo, tiene su paralelismo en España y, con otras características, también en Catalunya, donde se está produciendo lo que podríamos denominar el «fin de un régimen».

Una de las múltiples interpretaciones de esta realidad es la que expresan muchas de las encuestas que pueden leerse. En España, el PP, el PSOE y CiU, los partidos que han liderado los diferentes gobiernos con el apoyo de terceros, se precipitan en caída libre. Todas las encuestas dicen que el bipartidismo imperfecto en el que hemos vivido en España, o el pluripartidismo catalán, siempre liderado por CiU y PSC, toca a su fin.

Es el fin probable de un modelo bipartidista que ha situado la lógica en la alternancia, pero no en las alternativas, y que ha permitido que muchas decisiones las hayan tomado unas clases extractivas y unos determinados sectores económicos, unas élites, clanes o grupos que se reafirmaban alrededor de los grandes partidos. Eso provoca que mucha gente no se sienta representada por el modelo electoral y, por lo tanto, lo cuestione en gran medida.

Una crisis que se produce en todas partes y que en nuestro entorno se agrava por un modelo de democracia que no introduce elementos de democracia participativa, sino que tiende a limitarlos, los condiciona y casi los imposibilita por el miedo de los partidos, sobre todo en el momento de la Transición, a que esos elementos se saliesen del marco pactado. Eso hace que todavía nos encontremos con antiguallas como la inviolabilidad del rey y que no haya una ley de transparencia ni de calidad democrática, que no haya controles regulares, y que sin embargo existan dificultades (cuando no la más absoluta de las imposibilidades) para la convocatoria de cualquier consulta o referéndum.

No se trata de renegar del pacto de la Transición, que se dio en un contexto muy concreto y con una correlación de fuerzas determinada. Pero sí va siendo hora de preguntarnos si los límites que se impusieron son aceptables hoy en día.

En la actualidad nos encontramos con una Constitución petrificada, que se impone como un flagelo, y no como un vestido que va adaptándose a las nuevas situaciones. El liderazgo del PP y la pasividad de los socialistas han acabado por petrificar ese acuerdo. Y la petrificación no solo se produce desde la perspectiva territorial, por descontado, sino desde cada uno de los ángulos; desde la perspectiva de la participación, con una ley electoral que es claramente discriminatoria y que no permite expresar la pluralidad. El marco pactado deja de servir con la introducción del artículo 135, que establece que por delante de las políticas sociales está el objetivo de estabilidad presupuestaria y pagar las deudas a los bancos.

La degradación de la democracia ha llegado a límites insoportables: la corrupción, la falta de controles públicos, la crisis de una institución como la monarquía, la reacción de un poder judicial que todavía mantiene sectores franquistas o neofranquistas en sus estructuras de poder, más la chulería con la que se responde a esta degradación democrática... Son gotas que no solo han colmado el vaso, sino que han vuelto indigeribles las bebidas que se servían en él.

LOS LÍMITES DE LA ALTERNANCIA

(O LOS LÍMITES DE LA SOCIALDEMOCRACIA)

En este contexto, es saludable que nos preguntemos si el papel histórico que ha desempeñado la socialdemocracia, como principal actor de la izquierda, a la hora de articular los intereses de las clases populares, continúa siendo útil. Con eso no quiero decir que no haya tenido un papel histórico, pues es innegable. La pregunta que me planteo es si en este nuevo contexto, sus propuestas y sus formas sirven.

Existe una visión clásica de que la caída del Muro solo afectó a los partidos excomunistas. Sin embargo, la realidad es que no solo les afectó a ellos, sino también al papel de pacto y de contención al capital que había desempeñado la socialdemocracia.

Lo más relevante es que, desde hace unos años, y en especial desde la década de 1980, la socialdemocracia se ha ido adaptando a partir de una renuncia a las políticas redistributivas, como si ser de izquierdas solo se redujese a una escala de valores diferente, con la asimilación matizada de un capitalismo financiero que se había acabado imponiendo. Ejemplo de ello son la tercera vía de Blair, la idea de ZP de que «bajar impuestos es de izquierdas», y sobre todo la renuncia a definir un polo y una alternativa a escala europea.

De todas formas, lo que más me preocupa no es ya lo que ha sido o lo que ha hecho, sino que, una vez pasado el mal trago, la nueva socialdemocracia ha quedado muy lejos de desempeñar un papel diferente. Y eso ha ocurrido incluso con sus caras más amables e interesantes. El caso de François Hollande, en Francia, es paradigmático. ¿Por qué no se ha plantado? Aunque al principio realizó dos cosas que estaban muy bien —poner más maestros y hacer una buena política de derechos—, después la cosa se torció. Con la subida de impuestos a los más ricos, con la que estoy de acuerdo, no basta. Era necesario definir una política y una estrategia para combatir la política del BCE, que nos lleva irremediablemente a la pérdida de derechos. Hollande tenía la fuerza para plantarse, la legitimidad, el apoyo de la izquierda y un país de dimensiones suficientes. Es lo mismo que le ocurrió a François Mitterrand en otro contexto histórico más favorable que el actual. Y por último, lo que ha acabado anunciando son políticas de recortes que imitan lo que han hecho gobiernos conservadores de todo el continente. Con su actitud, nos quedamos en un escenario de falta de alternativas. Y si no hay alternativas, lo que hacemos es escoger gestores.

Otro aspecto que vale la pena destacar es el de asumir el mundo en el que vivimos. Hasta ahora, todas las crisis se han basado en superar la crisis anterior con el consumo de materias primas y de energía, como si el planeta no tuviese un límite físico. Pero ahora, a las puertas de una severa crisis energética, el tema es diferente. Y no se trata de una interpelación exclusiva a la socialdemocracia, sino a la izquierda que fundamenta propuestas de salida exclusiva o principalmente en estrategias de crecimiento. Mucho más importante que crecer (y solo se podrá realizar en determinados sectores, en servicios públicos y ecología, a la par que se decrece en otros, los que presentan un consumo más intenso de energía y materias primas) es redistribuir.

EL MUNDO DE HOY, LAS RESPUESTAS ACTUALES

Ante estos fenómenos no solo la izquierda, sino también la democracia, debe reaccionar y rearmarse.

La caída del sistema de partidos en Europa también debería obligar a hacer un ejercicio de reflexión a las fuerzas de la izquierda alternativa, al ecologismo, o a quienes son simplemente demócratas, si queremos que lo que emerja en este nuevo panorama europeo sea un sujeto capaz de representar, articular y movilizar al conjunto de ciudadanos que desean darle la vuelta a la Europa de la troica.

Hoy en día, deberíamos ser capaces de encontrar el camino para ganar una nueva mayoría que dé paso a un nuevo proyecto político para una integración europea más intensa e integral, más democrática y social. Pero eso no es posible si se realiza teniendo en cuenta solo las dinámicas organizativas de los partidos tradicionales. Los partidos «ya no son suficientes», pues muchos de los debates y de las energías políticas que han emergido en los últimos años se han producido fuera de ellos. Occupy Wall Street, We Are the 99 % o el 15-M han sido, en los últimos dos años, experiencias de movilización política muy relevantes y que han permitido imaginar con fuerza una alternativa al estado de las cosas. Este tipo de movimientos lanzan ideas que penetran sin violencia en la sociedad, la impregnan poco a poco, y la cuestión es si acabarán por encontrar su traducción en las instituciones.

Los partidos que deseemos expresar y construir una alternativa debemos ser conscientes de que no podemos caminar solos. No podemos ser el «blindaje» en el que se han convertido algunos partidos. El «partido-máquina electoral» o el «partido-empresa» no será el que articule el futuro de la izquierda si esta tiene que conseguir una nueva mayoría.

En la actualidad es urgente encontrar mecanismos de diálogo y de acción colectiva de todo lo que en Europa se moviliza contra la austeridad obsesiva: movimientos sociales, sindicatos y partidos. Debemos ser capaces de fortalecer nuestros lazos de acción colectiva. Y, en este ejercicio, quien tiene que demostrar dosis de generosidad y humildad somos los partidos. Sin embargo, al mismo tiempo, deberíamos huir de un adamismo que pueda hacernos pensar que somos capaces de darle la vuelta al contexto actual sin estructuras políticas.

Es preciso entender que se trata de dibujar horizontes de alternativa y de cambio, en uno de los procesos históricos que acumulan más dolor y más desapoderamiento de esta inmensa mayoría que conformamos la sociedad. Los partidos de izquierdas debemos convertirnos en instrumentos para ayudar a llevar a las instituciones toda la energía de los movimientos, y apostar generosamente por la unidad. Al mismo tiempo, debemos entender que hay que conformar opciones para ser mayoría, porque cuando te lo quitan todo, no basta con resistir. Hay que diseñar, trabajar y confluir, con el fin de construir algo más importante que una aritmética institucional: una aritmética de calle, ganadora, que pueda defender el bien común considerando la sociedad y el espacio institucional.

Convendría que para encontrar respuestas mirásemos qué ha ocurrido en otras latitudes, y en marcos que no nos resultan tan lejanos. Y, en concreto, podríamos dirigir la mirada hacia América y los Fórums Sociales Mundiales. Ahora, todo el mundo habla del momento que vive América Latina. Pero antes, allí hubo un reconocimiento de legitimidades. Se entendió que era preciso ganar la hegemonía cultural y una aritmética de calle y que había que combinarla con estrategias para el acceso al espacio institucional.

Ese movimiento alterglobalizador ha llevado a muchas personas a conectar movimientos sociales y política. Aunque después en Europa no se acabase de articular, sí que generó una nueva Internacional, que es el germen de procesos de cambio que se han producido en América Latina.

Antes de eso, durante la cumbre del G8 en Génova en 2001, se produjo el primer movimiento contra aquel modelo de globalización. En Seattle se llevó a cabo una primera alianza del movimiento sindical con el movimiento antiglobalización y con movimientos de consumidores, un ejemplo práctico de entendimiento entre sindicatos y nuevos movimientos que permite que el movimiento sea contestatario y propositivo, y de él bebe la gente de Occupy, entre otros, con una potente reflexión sobre nuevas formas de lucha vinculadas al consumo, bajo la guía de Ralph Nader. Por último, este movimiento pasa a ser alterglobalizador, y tiene como máxima expresión a Porto Alegre y sus Fórums Sociales Mundiales.

De hecho, sería imposible entender lo que vive hoy en día América Latina, con políticas económicas situadas en coordenadas opuestas a las que se aplican para jugar en Europa, sin los movimientos sociales y los movimientos indígena y alterglobalizador. En la primera década del siglo XXI, la capitalidad de los movimientos sociales y de la izquierda global estaba en Brasil. El PT (probablemente, el primer partido del planeta en número de militantes) es una organización política con mucha reflexión y con unos movimientos de base críticos con el partido, pero que dialogan con él. En los puntos en los que los movimientos sociales entendieron que era preciso articularse políticamente, se ha dado un escenario que ha cambiado la realidad de América Latina.

Comparemos los tiempos que vive ahora América Latina con los tiempos que se viven en Europa. En la década de 1990, América Latina seguía escrupulosamente los designios del FMI y del Consenso de Washington, y los gobernantes carecían por completo de la capacidad para defender los intereses de su gente. Y fueron los movimientos de base, movimientos sociales que acabaron teniendo articulación política, los que dieron la vuelta a esta situación. Se trata de un movimiento contradictorio que tal vez no guste a todo el mundo, pero lugares como Ecuador, Uruguay con el Frente Amplio, Brasil, Venezuela o Bolivia han dado pie a un escenario de cambio y a un tiempo radicalmente distinto del que se vive en Europa.

Desde el otro lado del Atlántico, deberíamos preguntarnos por qué algunos movimientos muy potentes no han sabido articularse políticamente. Y la responsabilidad de eso recae en los partidos, aunque no la tienen en exclusiva. Tampoco tienen la misma responsabilidad todas y cada una de las tradiciones que reivindican ser de la familia de la izquierda. Con un discurso movimientista, en el que el movimiento siempre se considera bueno por sí mismo, hay que hacer una reflexión más profunda para garantizar que acabará teniendo una canalización política, para cambiar la realidad y la correlación de fuerzas y para cambiarlas también a nivel institucional.

Diez años después y en otra latitud, la única forma que tenemos de salir del atolladero es volver a empezar con principios nuevos.

El sistema de partidos no será el mismo. Defender que sí sería como pensar que nos hallamos inmersos en una crisis transitoria, cuando en realidad nos hallamos inmersos en todo un cambio de época. Venimos del siglo XX y nos dirigimos hacia el nuevo siglo, aunque todavía ignoramos cómo será. Y que el mundo de hoy sea mejor o peor que el mundo de ayer dependerá de si somos capaces de definir los intereses de la mayoría y de articularlos de manera política.

Necesitamos actores nuevos y sumar lo mejor que hay. Y precisamos política, mucha política, para que más allá del momento del movimiento, efervescente y mágico, podamos conseguir un cambio profundo. Por eso considero que el escenario constituyente debe situarse en todas las esferas. No podemos conformarnos con una lógica catalana. Debemos contar también con una escala europea. El gran interrogante es saber si será posible la creación de un sujeto político en Europa. Si cuando vemos el sufrimiento de un griego vemos también nuestro sufrimiento.

Partiendo de eso, reivindico la política, la política para articular, para representar los intereses de la mayoría. Y para pensar en la nueva política, creo que debemos saber librar distintas batallas en paralelo. Nos hace falta unidad y novedad. Entender que necesitamos ganar y recuperar la representatividad. Definir nuevas maneras y nuevas estrategias. Entender que por delante de la aritmética parlamentaria está la aritmética de calle. Y saber que necesitamos una propuesta de modelo, de sociedad y de programa diferente, sin renunciar a un espacio institucional.

Antes de entrar en materia sobre cómo construimos la alternativa, creo que conviene hacer dos ejercicios fundamentales. El primero es convencernos de que necesitamos la representatividad. Y el segundo es hacer balance y ver de dónde venimos, sobre todo teniendo muy presente el rincón principal en el que hago política.

SÍ QUE NOS REPRESENTAN

Si es fundamental que la izquierda institucional no renuncie a la calle, es básico que quienes aspiramos a cambiarlo todo no nos limitemos solo a la calle y no renunciemos al espacio institucional. Observemos la experiencia histórica del 15-M de 2011, en el que se popularizó la expresión «nadie nos representa». Una expresión que condensaba el alejamiento de los partidos, pero que significaba muchas otras cosas.

Al cabo de unos meses, en noviembre de 2011, hubo unas elecciones generales en las que, después de una máxima movilización social, se produjo un giro a la derecha sin precedentes. Desde el 20 de noviembre de 2011 tenemos un escenario de involución, y un gobierno que no es de derechas, sino reaccionario, con un empeoramiento drástico de la situación, de las condiciones de vida, un empeoramiento también drástico para los usuarios de los servicios públicos y con una mayor dificultad de construir alternativas en un escenario de empobrecimiento social, moral y ético.

Eso ha provocado que la reflexión del «nadie nos representa» ahora haya cambiado. Y que, por lo tanto, la crisis de la política, que en el 15-M se expresaba negando la representatividad de muchos actores que están en política, haya pasado a ser la reflexión de que la representación política es necesaria, a pesar de que deba ser radicalmente distinta.

Para lograr una alternativa, el paso más elemental es conseguir que nos representen. No obstante, para conseguir que nos representen, hace falta que esta representación sea de otra manera.

Para empezar a cambiar las cosas, lo primero es recuperar el sentido de proclamarnos como trabajadores ante la propuesta de esta nueva clase social que se va instalando entre nosotros y que es lo que quieren que lleguemos a ser: el precariado. Hay que comprender que, ante esta calamidad, tenemos la responsabilidad moral de darle la vuelta a la situación. Y que, para hacerlo, necesitamos una nueva correlación de fuerzas que consiga que el capitalismo que se impone nos tenga miedo y respeto, como mujeres, como jóvenes, como trabajadores, como usuarios de los servicios públicos. Para hacerlo, es preciso volver a ser ciudadanía. Y para ser ciudadanía necesitamos recuperar la política. La política como expresión de la lucha que defiende los intereses de una gran mayoría del 99 % frente a ese 1 % que se impone en todo momento y por todas partes.

«Sí que nos representan» debe ser nuestro lema si queremos ganar —o como mínimo, plantar cara— en una lucha de intereses más desigual que nunca, cuando la hegemonía cultural que se ha impuesto en los últimos años es la de la negación de la representatividad. Sin representación de intereses se acaba imponiendo quien tiene mecanismos naturales para ser representado: el dinero. Mientras que el conjunto de la ciudadanía tiene mecanismos de participación restringidos a un voto cada cuatro años, los intereses de determinados sectores se reúnen y expresan cada día cuando descuelgan el teléfono, proponen una sugerencia, hacen una advertencia, cambian y modifican una ley.

Sin embargo, esta crisis de la representatividad no es monopolio exclusivo de los partidos. Es una crisis de intermediación en todos sus capítulos, no solo de la política, y afecta a los sindicatos, el periodismo y tantos otros sectores. La crisis es del intermediador, la crisis es del ágora, de la res publica, del espacio en el que el problema privado encuentra una salida pública y colectiva, en términos de Zygmunt Bauman.

Esta crisis se produce por múltiples razones. Una de ellas es que la concentración del dinero hace que la representación quede desvirtuada demasiadas veces. La concentración de la riqueza cada vez en menos manos hace que los mecanismos de contrapoder se hayan debilitado de manera extraordinaria. Una sociedad más desigual es una sociedad en la que quien posee más acaba contando con múltiples mecanismos para influir para que se cumplan sus deseos.

Pero la cuestión no es esa únicamente. La crisis de la representación deriva también del cambio de escala. El espacio en el que se decide lo que afecta a la vida de la gente cada vez es menos el Estado, y las instituciones que elegimos no son instituciones políticas que permitan dar respuestas, mientras que las que sí permiten dar respuestas tienen un patrón tecnocrático alejado del patrón democrático. Imaginémonos que antes jugábamos en un campo de fútbol, once contra once, y había una correlación de fuerzas que permitía defender los intereses de la gente. El cambio de las dimensiones del campo hace que en la actualidad, por muy fuerte que sea alguien, por muy bien que se articule, no sea capaz de definir una respuesta ante los intereses del sector financiero. Así pues, la globalización y la falta de instrumentos políticos para dar respuesta a los problemas cotidianos de la gente hacen que la política haya perdido sentido.

A este factor se suma otro: en el nuevo mundo se produce la imagen y la sensación de que, por fin, no hacen falta mediadores. Las redes te dan la posibilidad de acceder a mucha información y eso se traduce en una percepción generalizada de que no hacen falta los intermediarios, y que uno puede defender de manera directa sus intereses. Te puedes informar directamente, puedes opinar en la red, puedes acceder a todo el mundo si quieres, sin pasar por filtro alguno.

Mientras ocurre todo eso, la definición concreta de intereses continúa necesitando al intermediario, y el hecho de que este desaparezca nos acerca (si no hay contrapesos) a una relación más desigual. Con la red nos apoderamos, porque con una red de acceso universal somos capaces de llegar donde sea y de informarnos como nunca. Pero para que sea realmente democratizadora, la gente tiene que poder interactuar, conformar opinión y mantener una relación de confianza mutua, para conseguir articular intereses de nuevo y de otra manera. La red tiene unas potencialidades extraordinarias que, combinadas con una puesta al día de la representación, pueden ser herramientas de democracia muy plena para la ciudadanía.

Una vez dicho esto, me gustaría detenerme en la articulación de dos representatividades fundamentales a la hora de articular una sociedad: la del mundo laboral y la del periodismo.

El mundo laboral es, por definición, una relación entre desiguales, la persona contratada y la que contrata. En el momento en que estos intereses están en pie de igualdad ante la ley, se consolida una relación entre desiguales que acaba haciendo que el más fuerte imponga sus condiciones. Eso da sentido al derecho laboral, a la articulación del mundo del trabajo en sindicatos y a la negociación colectiva. No obstante, ahora vivimos un cambio acelerado en el que hay quien habla de una nueva clase social, el precariado, para el que Catalunya y el resto del Estado actúan como campo de pruebas.

Así pues, la crisis del sindicalismo obedece a un cambio de relaciones en el mundo del trabajo, desde los modelos fordistas clásicos —en los que el mundo del sindicato se basaba en una gran fábrica, o en una empresa incluso mediana, en la que se articulaban los intereses del mundo laboral—, hacia un contexto en el que el mundo laboral, con autónomos dependientes y mil situaciones laborales nuevas y distintas, no se articula desde el sindicalismo. A eso se suma el desclasamiento del que ya hemos hablado, con efectos sobre la desarticulación de los trabajadores. Y se une una crítica recurrente, a veces con razón y otras veces de manera injusta, según la cual es posible que los sindicatos de clase no hayan desempeñado el papel que se les reclama: defender el conjunto de la clase trabajadora.

Pero estas reflexiones se enmarcan en una gran batalla contra la razón de ser de la articulación del mundo laboral. El debilitamiento de la negociación colectica busca avanzar hacia un modelo de negociación laboral en el que el trabajador pacta bilateralmente con el ocupador. Y así se debilita poderosamente la última gran barrera en defensa de los intereses de la clase trabajadora, de los asalariados. Si uno salta por encima de la trinchera de la articulación del mundo laboral, se topa con un terreno llano en el que puede conquistar, depredar y especular absolutamente con todos los derechos y en medio de esa degradación puede terminar sacando beneficios. No somos lo bastante conscientes de que, con una izquierda tan débil como la que ha habido en España, durante mucho tiempo el sindicalismo ha sido el think tank de la izquierda, con opinión sobre los grandes debates que afectaban al Estado de bienestar (pensiones, fiscalidad, modelo de relaciones laborales). De hecho, con demasiada frecuencia la socialdemocracia de izquierdas, desde el punto de vista económico, ha sido el sindicalismo.

Cuando la derecha ataca el sindicalismo, pretende eliminar esa última gran trinchera. Los espacios de resistencia que han llegado a ser las últimas huelgas generales no habrían sido posibles sin los sindicatos. Hoy en día el movimiento obrero articula la sociedad mucho más de lo que pensamos. La pregunta que debemos formularnos en este contexto, con el problema a la hora de reconocer a los intermediarios y a quienes defienden los intereses colectivos más allá de los intereses individuales, es cómo conseguimos establecer sinergias en las que el papel de los sindicatos interactúe con otros actores sociales y políticos. Se trata de un elemento clave. En el momento en que los movimientos sociales, los nuevos, los novísimos y los antiguos, puedan establecer una estrategia compartida, será más fácil definir un sujeto político con capacidad de ser alternativa.

La segunda de las intermediaciones en crisis es la del periodismo, o mejor dicho, la de unas empresas periodísticas que dependen de sus propietarios (bancos, en la mayoría de los casos) y que están condicionadas muchas veces por la precariedad de sus trabajadores. Esa precariedad es lo que dificulta la profundización y el trabajo de lo que se denomina «cuarto poder». También es cierto que, fruto de la crisis del periodismo, han surgido mil y una plataformas que se expresan en la red y en el papel. Pero todavía está por ver si somos capaces de superar los límites de la trinchera y llegar al conjunto de la ciudadanía.

Volvamos al tema de la crisis de la intermediación. Opino que mientras no reconozcamos la necesidad de intermediarios, y mientras el pensamiento hegemónico sea la no-necesidad de representantes, no habrá salida para la crisis, que no solo es económica, sino también política y de primer orden. Sin intermediación no hay canalización de los intereses, no hay una articulación de estrategias que permita cambiar la correlación de fuerzas en un momento dado. Pero la intermediación no podrá ser como era hasta ahora, una intermediación muy delegada, en la que se confiaba y se aceptaba de manera acrítica.

Tendrá que ser una intermediación que interactúa, que es interpelada, que tiene más controles. Necesitamos que haya personas que nos representen, pero que lo hagan de otra manera. Y para ganar y conquistar el «sí que nos representan», es preciso que quien representa conozca los problemas de la gente. Hay una máxima marxista que dice que las condiciones materiales del hombre o de la mujer crean su conciencia. Yo creo que es importante que las condiciones materiales de la gente que está en política se acerquen mínimamente a lo que intentan defender. Es muy importante que lo que defiendes sea lo que haces. En Suecia no puedes defender determinadas cosas y hacer todo lo contrario. Sé que eso tiene mucho de cultura protestante, pero creo que la nueva política también debe tener eso en cuenta. Y si lo que defendemos son los servicios públicos, debemos ser usuarios de los servicios públicos. Si no somos usuarios de educación y sanidad públicas, no percibimos lo que está pasando. Y podemos llegar a creer que los recortes no son tan graves como parecen.

SABER DE DÓNDE VENIMOS PARA SABER ADÓNDE VAMOS

Me gustaría hacer aquí una segunda reflexión antes de entrar en cómo construir la alternativa. Si la primera era en el sentido de ganar el «sí que nos representan», la segunda es acerca de mi familia política, en el sentido más restrictivo, una reflexión en torno a Iniciativa, o a la coalición IVC-EUiA. En Catalunya hemos formado parte del gobierno. Éramos el socio pequeño. Ha durado un tiempo relativamente corto. Pero hemos formado parte de un gobierno del que no renegamos. Y por eso debemos hablar de la gestión del gobierno, porque sin este análisis no será posible construir un escenario de cambio, ni extraer lecciones que sirvan para el futuro.

Sí, la gente ve que los partidos del régimen, del sistema —PSOE, PP, CiU—, son parte del problema. Sin embargo, mi obligación es preguntarme cómo nos ve al resto de las fuerzas de izquierdas. Tengo la impresión de que mucha gente no nos ve como parte del problema, porque sabe que no lo hemos causado, e incluso en algunos debates nos hemos adelantado a lo que otros han reivindicado después: en materia de democracia, de fiscalidad, de regulación del sector financiero, del sector energético, etc. Pero una cosa es que la gente no nos considere parte del problema y otra es que nos vea o no como parte de la solución.

No creo que seamos los únicos que podamos conseguir un escenario de cambio total. De la misma manera que no creo que sin nosotros se pueda ofrecer una posibilidad de cambio profundo y con opciones para construir una alternativa.

Aprender de los traumas

Una de nuestras bazas es haber aprendido a hacer debates políticos fuertes y haber conseguido que el partido fuese amable. Eso puede parecer superfluo, pero en un partido, como en la vida, hacen falta más que nunca los espacios amables y fraternos. Seguramente tenemos carencias, muchas, y hay aspectos que debemos mejorar, pero para hacer política es fundamental la fraternidad y la empatía, ponerse en la piel del otro para construir lo que uno comparte con él. La Iniciativa de ahora bebe de muchas fuentes. De los partidarios de Nacionalistes d’Esquerra, de quienes nos incorporamos procedentes del movimiento estudiantil, del movimiento pacifista o del activismo ecologista. A pesar de todo, sin duda, el tronco principal es heredero del PSUC.

Los traumas del PSUC han marcado el código genético de Iniciativa. Un PSUC del que me siento heredero. Un PSUC que contiene muchos PSUC: el que se cobija bajo la órbita soviética para sobrevivir; el que denigra al oponente con figuras como Nin; o el que se rompe y no sabe administrar la diferencia. No obstante, en el conjunto del PSUC también está el de la lucha antifranquista, el de los procesos unitarios, el de un solo pueblo. El de hombres y mujeres hechos de otra pasta. El del partido innovador, el que posee una gran capacidad de análisis y de respuestas, el partido generoso que en lugar de pensar en el interés partidario piensa en el interés general. El que hizo lo que no hacían los demás.

Pero, fruto de este aprendizaje histórico, me gusta pensar que una parte del código genético de lo que somos mutó. Un código genético propenso a la escisión y a no saber administrar la diferencia. Sí, veníamos de un partido categórico, taxativo, que no reconocía la discrepancia. Eso en la década de 1980 se tradujo en una batalla entre eurocomunistas, prosoviéticos y leninistas. No se reconocía la parte de razón del otro y se produjo un primer trauma con el estropicio del quinto congreso del PSUC. El segundo trauma, definitivo, ocurrió a finales de la década de 1990, cuando Izquierda Unida decidió romper con nosotros y ganar un espacio que creían que era prestado, aunque al final ha sido Iniciativa quien, debilitada pero decidida, ha acabado ocupándolo. Desde mi punto de vista, el código genético de Iniciativa mutó en ese momento, al asumir que, de las rupturas, lo que se deriva es la incapacidad de cambiar la realidad.

Esas crisis, y sobre todo la de finales de la década de 1990, provocaron un vacío en el seno de ICV, que rellenamos mucha gente joven, unas personas que pasamos a estar tanto en primera línea como en segunda. En Iniciativa el relevo generacional no se produjo hace tres años, sino en los años en los que la segunda línea del partido pasó a formarla gente nueva. Nuestra extraordinaria debilidad propició que, por circunstancias de la vida, determinadas personas que éramos nuevas, diferentes, pasásemos a la primera línea de combate.

Yo formo parte de un equipo. Un equipo de gente conocida y de gente que no lo es tanto, que huye de los liderazgos que se construyen solo a partir de la reflexión propia y la adhesión a las ideas de quien lidera. Más que nunca nos hace falta una manera de actuar en red, mucho más actual, más contemporánea, que es fundamental en los tiempos que corren. El liderazgo, por lo tanto, debe saber escuchar y compartir, debe ser capaz de construir un equipo, una inteligencia colectiva, más plural, diversa y llena de matices que a uno solo se le escaparían.

El otro elemento fundamental de esos años fue asumir que hace falta tener un pie en las instituciones y otro pie en la calle. En esos años, yo era el responsable de los movimientos sociales de Iniciativa. Tengo el recuerdo de haber hecho una gran labor en las movilizaciones contra la guerra de Irak y contra el Banco Mundial. En la campaña contra la guerra de Irak creamos una imagen que pasó a ser representativa: la de un niño al que apuntaban con una manguera de gasolinera. Una imagen que acabarían copiando en medio planeta. La Iniciativa moribunda de finales de la década de 1990 y principios del 2000, después de la escisión, levantó la cabeza a raíz de un escenario en el que se movilizó. Aquel espacio político se reformó a partir de su presencia en el conflicto, a partir de la movilización.

En esa época, en Catalunya había cinco espacios políticos y no los siete que tenemos ahora. Se decía que quedaría un espacio de izquierdas españolista, que sería el espacio socialista; un espacio de izquierdas soberanista, que sería Esquerra; un espacio de derechas españolista, que sería el PP, y un espacio de derechas catalanista, que sería Convergència. Iniciativa estaba condenada a desaparecer. Pero la realidad es tozuda, porque representábamos —y continuamos representando— una corriente histórica de pensamiento y acción.

Un breve balance del gobierno de Entesa

Para construir una alternativa es preciso echar la vista atrás y analizar lo que hemos hecho. ¿Qué ha pasado cuando la izquierda ha subido al poder? Y eso nos obliga a hacer balance de los gobiernos de Entesa. No quiero realizar un análisis detallado, pero sí me gustaría dar unas pinceladas acerca de lo que pienso.

Seguramente, el mejor Pasqual Maragall fue el de 1999, y ese Maragall no ganó por culpa de nuestro espacio, porque Esquerra Unida y nosotros estábamos divididos, y obtuvimos unos apoyos muy por debajo del más modesto de nuestros resultados. En una línea claramente contrapuesta, el segundo gobierno de Entesa se salvó por los buenos resultados que obtuvimos en 2008.

El gobierno de Entesa estuvo marcado por lo que se encontró: unos servicios públicos raquíticos o inexistentes, en un momento en el que la población se incrementó en más de 700.000 personas. Fue entonces cuando se produjo una fuerte inversión en cosas que eran fundamentales para garantizar la cohesión. Y de hecho, lo que más se recrimina, el endeudamiento, se produjo a partir de 2008, con la caída de los ingresos derivados de los efectos de la crisis, y a pesar de todo, la deuda creció a un ritmo inferior de lo que crecería con la llegada de CiU y sus políticas de austeridad y recortes.

Reivindicando como reivindico aquel gobierno, si algo falló fue, en primer lugar, el relato. En los gobiernos de Entesa, y sobre todo en el segundo, se renunció a un relato de alternativa de izquierdas. Si analizamos las trifulcas entre el gobierno de izquierdas y el principal grupo de oposición, vemos que no se produjeron grandes controversias en el eje izquierda-derecha.

El ejemplo de la falta de relato y de la renuncia a una política diferente se plasma en varios elementos. Uno de ellos fue el mantenimiento del concierto en las escuelas que segregan por sexo y el debate que mantuvimos sobre fiscalidad, y en especial, sobre el impuesto de sucesiones. El primero de los capítulos, el de determinar si se mantenía el concierto en los colegios de élite que segregan a niños y niñas o si se les retiraba es en esencia un debate de principios, y que la mayor parte la ciudadanía entiende y comparte. Si en una escuela quieren segregar por sexos están dejando de cumplir una función pública y, por lo tanto, no deberían tener acceso a los recursos públicos para sufragar esa escolarización. Un gobierno de izquierdas habría hecho de esto un elemento irrenunciable, pero ese gobierno renunció a la causa. Igual que renunció a liderar un cambio en la política fiscal, un debate que algunos fingían que era una propuesta propia de izquierdistas, en uno de los rincones de Europa con un nivel más alto de desigualdad, con 16.000 millones de fraude fiscal, y cuando nuestro diferencial de presión fiscal estaba diez puntos por debajo de la media europea. En contraste, el debate que mantuvimos sobre el impuesto de sucesiones fue un caso paradójico. En 2010, cuando ya se temía un descalabro importantísimo en la política de ingresos, se produjo un pacto entre ERC y Antoni Castells, corregido con una intensa negociación posterior. Y, a pesar de la corrección, se perdió buena parte de la capacidad de recaudación, al excluir del impuesto a muchos de los que heredaban grandes cantidades.

A estos ejemplos se sumó cierta continuidad en determinadas políticas. Se perpetuó un modelo de infraestructuras sobredimensionado y que, además, heredó el modelo alemán, con pago diferido, diseñado para poder hacer unas obras públicas que acabaríamos pagando en el transcurso de las siguientes décadas. Además, todo quedaba salpicado por el tema, pues cada vez que se realizaba un debate, parecía que lo que defendíamos era el capricho de un grupo radical de ecologistas, en lugar de la modernización del país. Sí que se produjeron cambios, que costó arrancar, pero al mismo tiempo, se multiplicaron las resistencias a la materialización de la revolución verde que necesitaba (y necesita) el país.

Pero ahí no acaba la historia. Debemos recordar que en el primer gobierno hubo un gran desgaste en la figura de Maragall y también en Esquerra, cosa que provocó un retroceso del PSC y de ERC. Sin embargo, se habían olvidado de ICVEUiA. Y los grandes olvidados de aquella estrategia no solo subieron, sino que terminaron haciendo posible la reedición del acuerdo. Quizá por eso algunos entendieron que la pieza que había que debilitar era la coalición. Eso explica muchas actitudes, como la de construir una imagen que se quería que fuese negativa, criticando los desaciertos, hasta el punto de tildar de «errores políticos» cosas que eran simplemente otras maneras de hacer política.

Después de la constitución de ese segundo gobierno, en una conversación se dice o se acepta el debilitamiento de Iniciativa. Corre más que el rumor de que este pacto, que obedece a quienes molestaba el gobierno de Entesa, tiene todavía un grado mayor de sofisticación, cuando desde el entorno del PSC, desde quien controlaba la maquinaria de poder de la calle Nicaragua, se urdió un acuerdo con un gran grupo mediático que preservaba la figura del president a cambio de la barra libre, como mínimo, para uno de los socios. La visión del pacto acabó siendo una mirada miope y bastante corta, al pensar que se podía preservar al president, como si el desprestigio de uno de los socios no fuera a terminar afectando al gobierno en pleno. Al final lo que sucedió fue tan desproporcionado que las críticas —las fundamentadas, pero sobre todo las exageradas— acabaron por blindar un espacio que se sentía agredido, pero el daño ya estaba hecho. La degradación de la marca del gobierno de Entesa acabó por salpicar al conjunto del gobierno.

No obstante, si hubo un pecado capital, fue el de mantener demasiados compartimentos estancos. Las batallas por la ley de la vivienda o el alquiler forzoso eran batallas nada solidarias. Supongo que este daño podría describirlo cada uno de los socios. Y si hay alguna lección que pueda extraerse es que este elemento insolidario dentro del gobierno acabaría por afectar a todos. En un gobierno de coalición no puede haber compartimentos estancos. Es imposible que una conselleria sea de un partido y otra de otro partido. Es preciso que exista una cultura de compartir. Es necesario intentar trabajar en grupo: hay que crear equipos mixtos a partir de las afinidades.

La otra reflexión es que no se supo o no se quiso crear una dinámica social que influyese. Se necesitaba acompañamiento social. No puede ser que, en siete años, el gobierno de Entesa no contribuyese a construir una dinámica de acompañamiento social más exigente con el poder establecido, más libre y democrático.

Hay otro tema controvertido: nuestra entrada en el Departamento de Interior. Pienso que la decisión de tomar Interior fue la última decisión del PSUC. El partido de orden que podía asumirlo todo. Para mí el error nunca será, per se, tomar Interior. Una fuerza política que aspira a cambiar la realidad debe tener la capacidad y la voluntad de poder asumir las políticas de seguridad, sabiendo que la seguridad es un concepto transversal que va más allá de las políticas de seguridad o de interior. Pero lo que faltó fue comprender que, para tomar una conselleria de estas características, se necesita fuerza, apoyo social y mediático, y suficientes personas dentro del cuerpo. Esa decisión, que generó un debate interno, aunque el debate no trascendiese, supuso para muchas personas la sorpresa de ver a ICV priorizando las políticas de seguridad, cuando seguramente se esperaba que diese prioridad a otras líneas. Con todo, una vez tomada la decisión, se tradujo en prácticas y políticas que no se habían aplicado hasta entonces.

Es cierto que hubo episodios controvertidos, más de un pulso que ganamos, como el de las cámaras en las comisarías, y otros que no pudimos ganar. Pero sobre todo nos topamos con un debate mediático muy desigual, y la inexistencia de una presión positiva por conseguir los cambios, además de los errores que seguro que se cometieron, hicieron que la lógica que se impusiese en la opinión publica fuese la del inmovilismo.

El ejemplo paradigmático es el de las cámaras en las comisarías. ¿Cómo podía haber voces que se negasen a colocar cámaras dentro de las comisarías cuando había un panorama de denuncias? Sin embargo, mientras que en un país normal, la presión hubiera sido para ponerlas, en Catalunya hubo quien se esforzó por conseguir que el debate fuese el contrario. En lugar de una fuerte demanda por colocar las cámaras, la presión era para que no se instalasen unos instrumentos que podían evitar maltratos o posibles denuncias falsas. Era como si algunas personas quisieran instalar una sensación de impunidad.

Además, se produjeron otros episodios. Las cargas de Bolonia se vivieron en la organización como algo que no podía pasar. Y estoy seguro de que esas cargas policiales fueron la expresión de quienes querían situarse en el terreno de la impunidad; algunos de esos excesos eran la manera que tenía según quien de responder ante la presión que sentía. En cualquier caso, ese episodio se resolvió con el cese del director general de la Policía, el único cese de un cargo público en Interior durante los últimos años.

La mejor demostración de que lo que se llevó a cabo molestó, y mucho, a algunos, fue cómo actuó el conseller Felip Puig en cuanto lideró la conselleria de Interior. Y ahora, con el tiempo, creo que existe la conciencia de que uno de los retos es cómo conseguir, en un cuerpo lleno de buenos profesionales, que no haya espacios para la impunidad ni reacciones corporativas respecto de lo que no se puede tolerar.

Decía que fue la última decisión del PSUC porque esta se tomó a raíz de una negociación en la que los socios se repartieron las conselleries, y en la que la hiperresponsabilidad no permitía ningún otro escenario que no fuese el de definir un gobierno de progreso.

Sitúo todas estas reflexiones en un terreno: el de la reivindicación de ese gobierno. Si yo estuviese allí, volvería a hacerlo, entre otras cosas, porque después de veintitrés años de pujolismo era necesario e imprescindible. En términos de salud democrática. Volvería a hacerlo, porque sin aquel gobierno hoy en día nos enfrentaríamos a la crisis con muchas menos escuelas públicas, con menos garantías ambientales, con menos equidad. Fue un gobierno que, en materia de inversiones, educación y sanidad, cambió la realidad del país haciendo que en algunos puntos del territorio llegase inversión por primera vez. Es más, existe un capítulo que no puede pasar desapercibido: el balance nacional. Fue un gobierno de Entesa el que intentó cambiar las relaciones con el Estado, modificando la estrategia del pájaro en mano para conseguir otro estatus. Nuevamente, las izquierdas tomaban la bandera del autogobierno (como en 1932 y 1979) y dejaban en evidencia la estrategia seguida hasta entonces por la derecha. De hecho, una de las causas principales de la crisis del gobierno de Entesa (y de la actual crisis interna del PSC, y la del PSC con el PSOE) se halla en las tensiones del Estatuto. El balance, por lo tanto, es claramente positivo, porque se orientaron las políticas más a favor de las clases populares. En los programas de inversión se contempló la necesidad de construir escuelas y hospitales más que nunca, porque hasta entonces no se habían construido los necesarios. Lo que hizo el gobierno de Entesa fue poner el país al día. Ahora vemos que los recortes de CiU han ido directos a esas mejoras de servicios básicos: educación y sanidad. Y cuando tengamos algo de perspectiva histórica, nos daremos cuenta de cómo fue aquel período.

¿Es posible renovar un gobierno como ese? Ahora mismo no creo que sea posible en los mismos términos. ERC entiende que todo se supedita al escenario nacional, incluso la posibilidad de la construcción de un escenario de alternativa, y lo más probable es que aspire a disputar la hegemonía desde un espacio que difícilmente significará un cambio profundo en Catalunya, pues la disputa se realiza desde valores demasiado coincidentes, hoy por hoy, con el gobierno de CiU. Tampoco creo que el liderazgo de la izquierda tenga que llevarlo el mismo PSC que lideró los gobiernos de Entesa. Ahora, salta a la vista que para plantear una alternativa de gobierno hace falta construir nuevas alianzas. Pero a partir de una correlación de fuerzas diferente.

LA RESPUESTA ACTUAL ES UNA NUEVA POLÍTICA

Ante todo, hay que advertir que la izquierda ha sido observada desde un punto de vista muy estatista, que siempre ha entendido que lo público se defiende únicamente desde la administración, y eso no es cierto. Lo que es público se puede defender desde cualquier elemento común, desde una entidad vecinal, desde una AMPA, desde la economía social. Y cuando pasa eso, la capacidad de transformación se multiplica, porque se asume la defensa de lo que es compartido. De hecho, con una fiscalidad diferente, con reglas laborales distintas, podríamos propiciar que el modelo de empresa que se potenciara fuese el que defiende el bien común, el interés general.

Al mismo tiempo, hay que conseguir un equilibrio que no haga que lo que es común acabe suponiendo la renuncia a reivindicar la garantía de determinados servicios universales y de calidad, que se deben garantizar en unos casos únicamente, y en otros casos principalmente, desde la administración.

Argentina es un buen ejemplo de ello. Con el corralito, las redes de intercambio hicieron que el cobijo que antes daba la administración acabase dándolo la ciudadanía, con una reacción positiva y admirable. Por el contrario, la administración decidió dejar de cumplir el papel que tenía asignado, y lo que fue más grave: la gente se resignó a que la administración no cumpliese en el tema de la garantía de derechos elementales. Otro ejemplo, mucho más cercano, lo encuentro en la escuela de mi hijo, donde el AMPA se implica para colaborar con la escuela cubriendo, por ejemplo, horas de dedicación al servicio de préstamo de la biblioteca, que antes eran horas remuneradas de los maestros pero que ahora les han recortado. El AMPA articula y moviliza a padres y madres para llenar este hueco y ayudar en un espacio concreto defendiendo lo común con el fin de superar la dejadez de la administración.

Mediante estos modelos de trabajo conjunto y colaboración, la izquierda que queremos crear debe ser capaz de construir una alternativa, sin visión estatista, sino ofreciendo espacios de decisión y protagonismo ciudadano. Y esta reflexión debe realizarse combatiendo por la salud, por la educación, por los servicios sociales básicos, por la titularidad pública en los suministros de las cosas básicas para vivir. La respuesta pasa por la toma de poder de la ciudadanía. Una respuesta política que no sea la de los partidos de siempre. Un 10 % de consumidores concienciados puede tener mucha más capacidad de cambio que un 10% de votantes comprometidos.

Así pues, esta nueva izquierda no solo debe recuperar la articulación colectiva, sino que tiene que incorporar la dimensión del compromiso individual, porque con un cambio de pautas de consumo, logrando que los ahorros se depositen en la banca ética, apostando por el consumo en cooperativas de energía como Som Energia, podemos conseguir cambios poderosísimos en las relaciones económicas.

Y, además, debe contar con una estrategia para intentar ganar el espacio institucional. Porque no se lo podemos regalar. Cuando este espacio se ha dejado en manos de la derecha, el poder institucional ha servido para desapoderar sobre todo a las clases populares. Esta es la experiencia del Reino Unido. Hace muchísimos años, Margaret Thatcher decidió cargarse la columna vertebral del sindicalismo y del municipalismo, y lo logró. Y si nos fijamos, hoy en día el Reino Unido es capaz de tener una sociedad muy articulada desde el punto de vista social, donde se halla la defensa de lo común mediante la articulación comunitaria en un montón de espacios, pero, en cambio, como los espacios de socialización política centrales (el sindicalismo y el municipalismo) están desarticulados, no hay escenarios de políticas reales alternativas. ¿Por qué se adapta Tony Blair a lo que él denomina «Tercera Vía»? Porque en realidad no se dan las condiciones para articular una mayoría alternativa a partir de una política diferente. Así pues, aunque en el Reino Unido haya movilizaciones extraordinarias, la izquierda no es capaz de articular una respuesta política, porque se cargó los espacios de toma de poder, de creación de sociedad y de creación de política, que eran el sindicalismo y el municipalismo. Esta es la batalla en la que nos encontramos inmersos, y es imprescindible lucharla. ¿Qué es la ley de bases de régimen local (LRSAL) si no? Aunque al final no salga adelante, es el intento de cargarse el municipalismo. ¿Cuál es la ofensiva central contra los sindicatos? Cargarse las trincheras desde las que la izquierda puede construir una alternativa política.

¿Cómo se construye una alternativa política en este sentido? Si desde la izquierda decimos que es preciso generar espacios comunitarios, es fundamental que no nos limitemos solo al espacio institucional, sino que articulemos una nueva aritmética de calle.

El gran error de la izquierda de la década de 1980 en nuestro país, y me refiero tanto al PSC como al PSUC, fue centrarse en el espacio institucional. Mi padre militaba en el PSUC, y el partido transmitió que la participación en el movimiento vecinal ya no era necesaria. Ya se estaba en el poder, en el ayuntamiento. Pero, al mismo tiempo, necesitaban unas entidades vecinales potentes, articuladas e inteligentes. Creo que este error nos proporciona una lección muy valiosa. El error de muchas personas en las décadas de 1980 y 1990 fue lo que podríamos llamar la «magia del poder institucional», el factor mágico de pensar que el poder institucional permite cambiar la realidad con independencia de la correlación de fuerzas, de la hegemonía cultural que se cree en la sociedad y del acompañamiento social que se necesite. Esa fue la percepción que se instaló entre los implicados desde la Transición, y puede que esa fuera también la herencia de una izquierda muy estatista que vinculaba todo con la conquista del espacio institucional, tal vez porque durante mucho tiempo se había visto alejada de ese poder.

Cuando Lula da Silva llegó a la presidencia de Brasil, lo primero que expresó en un mitin del Fórum Social Mundial fue que habían conquistado el gobierno, pero no el poder. Daba por sentado que sin alguien que te empuje, alguien que te presione, alguien que te acompañe también, no eres capaz de cambiar las cosas. Porque existe correlación de fuerzas, hay intereses contrapuestos, y hay que conseguir que los intereses que uno defiende estén articulados socialmente. Lo hacía en un marco diseñado y liderado por los movimientos sociales. Lo hacía bajo su presión. Pero lo hacía también siendo consciente de ello.

Se trata, pues, de construir una nueva aritmética de calle con la aspiración de que esa nueva aritmética llegue a las instituciones. El riesgo que podríamos correr sería, como si de la ley del péndulo se tratase, renunciar a la batalla institucional. Con una aritmética de calle potente podemos plantearnos la aritmética institucional, pero sin caer nunca en la renuncia a este espacio, porque al final el sentido de la política es mejorar las condiciones materiales de la vida de las personas. Es desde los gobiernos, desde el impulso de una buena escuela y una buena sanidad pública, de servicios sociales o de estrategias energéticas independientes de los intereses de las compañías eléctricas, desde donde se deben articular los espacios de libertad.

LAS RESPUESTAS ACTUALES, EN UN MUNDO (Y UN PAÍS) FINITO

Si bien es cierto que la nueva política necesita de nuevas formas, hay que entender que esta nueva política se ubica en un mundo finito, a las puertas de una crisis energética y a caballo ya del fenómeno más importante de la humanidad: el cambio climático.

Y ahora, todos los datos parecen indicar que el crecimiento económico, una de las esencias del modelo capitalista, puede llegar a su fin. La noticia de que deba ser Portugal, con un mísero 1,1%, quien lidere durante el segundo trimestre de 2013 el crecimiento en la zona euro ilustra lo que se ha dicho. En el sistema capitalista no hay generación de ocupación sin crecimiento, y por eso en España la tasa de desempleo ha alcanzado la estratosférica cifra del 26% en solo cinco años.

¿Por qué no podemos seguir creciendo como hasta ahora, con los mismos parámetros, en los países desarrollados? En un mundo con recursos finitos, el concepto de «crecimiento sostenible» es un oxímoron en sí mismo. Pero, si queremos contestar de forma concreta a la pregunta, la respuesta es clara y es la siguiente: porque se ha acabado la época de la energía y las materias primas a bajo precio. Si se analiza lo que ha ocurrido durante los últimos setenta años, comprobaremos que existe una perfecta correlación entre el crecimiento económico mundial y el incremento en la necesidad de energía. El máximo en el precio del petróleo en 2008 puso fin a la época de la energía barata. Por supuesto, hay otras fuentes de energía —gas, carbón, uranio y energía eléctrica renovable—, pero ninguna de ellas posee la extraordinaria propiedad del petróleo de ser líquido a temperatura ambiente, algo que lo convierte en un recurso energético único. Ya hemos entrado en la era del pico petrolero, o zenit de la producción de petróleo, momento a partir del cual no podemos mantener el nivel de suministro anterior; y a este pico seguirán muy pronto los picos del gas, el carbón y el uranio. Por mucho que desarrollemos la energía eléctrica renovable a escala nacional, esa cifra tendrá sus límites.

Mientras tanto, los países en vías de desarrollo sí presentan tasas de crecimiento altas, aunque ninguno de ellos exhibe ya cifras de crecimiento de dos dígitos. La razón por la que siguen creciendo, y nosotros no, radica en el hecho de que su consumo energético por cápita es cinco veces inferior al español y hasta diez veces menor que el de un norteamericano medio. Consumen mucha menos energía y buena parte de ella la concentran en la producción de bienes que después Occidente compra a buen precio. Por eso consiguen externalizar sus costes energéticos. Estos países apenas gastan energía en vivienda ni en transporte, un sector que en España se lleva nada menos que el 40 % del consumo final de energía. Esta es la razón por la que dichos países pueden soportar los precios altos de energía y materias primas.

Y aunque haya quien crea que algún día la humanidad conseguirá una provisión infinita de energía, no existe ningún indicador científico que permita defender esa fabulación. LA RESPUESTA ACTUAL ES UN PROGRAMA NUEVO

Una nueva manera de hacer política, de asumir los límites físicos del planeta, conseguir que alguien nos represente, requieren de un programa nuevo. Ya no vale con un programa de reformas más o menos atrevidas. Hay que poner de manifiesto que existe la alternativa y que el programa es materializable, que es posible y que, además, es de ruptura y no de continuidad matizada. El programa debe ser global y a la vez puede empezar por recuperar espacios de libertad con inmediatez y proximidad.

Para cantar la esperanza, como dice la canción de Raimon, hace falta cambiar la letra. Decir, repetir, creer y hacer posible que exista una alternativa, porque sin alternativas no hay democracia.

REDISTRIBUIR PARA VIVIR MEJOR, PARA VIVIR DE OTRA MANERA

Lo cierto es que, como apuntaba Jeremy Rifkin hace ya más de veinte años en su libro El fin del trabajo, hay una conciencia creciente de que cada vez habrá menos trabajo para todos, a pesar de que las sociedades serán más ricas. Y, por lo tanto, el problema se desplaza por fuerza al ámbito redistributivo, tanto del mundo laboral (repartir el trabajo, tal como propone la New Economics Foundation) como de las rentas generadas por los capitalistas y por los cada vez más escasos trabajadores. Como decía el economista y premio Nobel Wassily Leontief hace unos cuantos años: «Cuando la creación de la riqueza ya no dependa del trabajo de los hombres, se morirán de hambre a las puertas del cielo salvo que respondan con una nueva política de ingresos a la nueva situación técnica». Una cita que, por cierto, también encaja en el debate de la sostenibilidad de las pensiones.

Así pues, el primer hito es la redistribución. La redistribución de la riqueza existente, en un momento en el que la concentración de riqueza está dejando a miles de personas indefensas, mientras que otras acumulan dinero y poder sin permitir que se tomen decisiones que defiendan el interés general. Redistribuir para crecer en lo que tenemos que crecer: en equidad, en derechos, en una relación más equilibrada con nuestro entorno. La riqueza, cuando se reparte, es más eficaz desde el punto de vista económico. ¿Qué es más efectivo, 400 millones de euros en los bolsillos de las grandes fortunas cuando las heredan (no entro en el terreno moral, sino en el económico), que en el mejor de los casos acaban en los balances de la banca y, en muchas ocasiones, en paraísos fiscales, o ese mismo dinero en una renta garantizada de ciudadanía para los sectores más vulnerables, que consumen y tienen un impacto en la recuperación económica? La redistribución es un factor de mejora de la economía. Somos el segundo país más desigual de Europa, pero no el segundo país más pobre de Europa, y por eso, tenemos un recorrido extraordinario para la redistribución. Ese es el gran reto.

Se trata de construir una nueva fiscalidad, que converja con los niveles europeos y, por lo tanto, que converja también en ingresos y en gastos sociales. Nueva fiscalidad ambiental, sobre las grandes empresas y monopolios, sobre las plusvalías especulativas y sobre la riqueza (patrimonio y sucesiones) y una lucha mucho más decidida contra el fraude y los paraísos fiscales. Nos hacen falta una tributación y un sistema financiero que desincentiven el enriquecimiento que va contra la colectividad e incentiven el emprendimiento innovador, social y atrevido que mejore la comunidad.

Un cambio radical que debe basarse en un combate decidido contra el fraude fiscal. Una fuerte tasación a los movimientos especulativos de capital, a las transacciones financieras y, en general, a todas las plusvalías generadas con la especulación. Una igualación del tipo fiscal para las rentas del trabajo, del capital y de transmisiones patrimoniales. No puede ser que la mayor parte de nosotros paguemos el 2535 % de impuestos, entre el IRPF y el IVA, mientras que las grandes corporaciones internacionales tributan un tipo medio del 5% de sus beneficios. Podríamos impulsar una tributación especial para las empresas en régimen de monopolio público (autopistas, concesionarios de servicio, agua, energía, etc.) para que reviertan sus ganancias extraordinarias. Una tributación ambiental singular para las actividades que alteran el equilibrio natural. Podríamos implantar un impuesto sobre el carbono para promover el ahorro energético y orientar el consumo y la producción hacia patrones más sostenibles.

Esta nueva fiscalidad debe servir para invertir donde toca: en investigación y desarrollo, en el despliegue de un Estado de bienestar potente, que garantice derechos y nos haga más libres, en economía verde y en las infraestructuras que necesitemos. Del mismo modo, habrá que entrar en el debate del reparto del trabajo, para incrementar los niveles de ocupación y reducir el paro a niveles aceptables. Con las horas que se trabajan en Holanda no tendríamos los porcentajes de desempleo que tenemos, estaríamos alrededor del 10%. Y aunque deberíamos evitar el riesgo de que se termine por hacer una devaluación salarial, el reparto del trabajo, que no puede representar una rebaja en los sueldos, podría significar jornadas laborales que nos permitieran conciliar la vida laboral y la familiar para compartir el tiempo con las personas queridas.

UNA ECONOMÍA DEL USO, ESTACIONARIA Y SOSTENIBLE

Hacen falta cambios más profundos para transformar un sistema económico basado en el crecimiento insostenible y en el consumismo, el individualismo y el culto al lucro. Tenemos que plantar cara a los retos de un futuro incierto con optimismo, y eso solo es posible si fomentamos todo lo que nos ayuda a crear comunidad y resiliencia, a avanzar hacia una economía estacionaria y sostenible tanto desde el punto de vista financiero como el social y ecológico.

Diseñar un sistema económico basado en el consumo de bienes relacionales y de proximidad ahorrará una cantidad enorme de recursos, facilitará el crecimiento en términos del PIB y generará muchos puestos de trabajo locales y en servicios vinculados al Estado de bienestar, la educación, la investigación y la innovación, y la economía sostenible. No renunciaremos a las inversiones ni al endeudamiento para financiarlas, pero debemos cambiar el concepto de «invertir para gastar» por el de «invertir para ahorrar».

Es precisa una nueva organización social que favorezca compartir bienes y servicios en lugar de poseerlos, y que facilite el intercambio de los bienes y de los servicios que las personas podemos aportar, tanto si estamos dentro como si estamos fuera del mercado laboral. Y hasta que la sociedad no se decida a realizar un cambio cultural que reconozca el trabajo no remunerado como una actividad tan valiosa como el trabajo mercantil (algo que, por cierto, ha sucedido a la mitad femenina de la humanidad durante toda su historia hasta el siglo pasado), habrá que pensar en formas sostenibles de reparto del trabajo entre todos los que lo deseen.

Me permito ilustrarlo con un ejemplo. En el Estado español tenemos más de 20 millones de vehículos matriculados. En el momento en que circulan más vehículos a la vez, no lo hacen más de 12 millones. Así, nuestra economía invierte en 8 millones de máquinas sofisticadas (como un coche) que no se utilizan de forma racional.

Pues bien, se trata de desplazarnos hacia una economía del servicio, del uso. Siguiendo con el ejemplo planteado, se trataría de pasar de tener un coche en propiedad a tener una gran flota de vehículos que pudiésemos utilizar. Por supuesto, no habría tantas personas en las fábricas de coches, pero esos mismos trabajadores serían los que garantizasen el suministro del vehículo, su reposición y su reparación.

La propuesta supone un cambio cultural profundo, como todos los grandes cambios, pero puede acabar consiguiendo que destinemos nuestra riqueza a lo que nos puede permitir acumular un bienestar más sostenible en términos ambientales, humanos y sociales.

La renegociación de la deuda

La solución europea, para una Europa que deje de pedir sacrificios, pasa por dar una solución imprescindible: la renegociación de la deuda, en lugar de ofrecer rescates a cambio de sacrificios y un retorno de los recursos superior a lo que originalmente se había dado.

De hecho, esta es una propuesta construida y elaborada por el país que ha acabado siendo el conejillo de Indias de la UE: Grecia. Tal como plantean Alexis Tsipras y la gente de Syriza, no se trata de salir del euro, algo a lo que determinadas políticas de austeridad podrían llevar a más de un país, sino de que, antes de que la degradación social, democrática y económica entre en el peor de los escenarios, se realice una propuesta de renegociación de la deuda para no devolverla entera. En el momento en que el Estado diga «no pagamos», los acreedores tendrán que entrar a negociar, porque la expresión del «no pagamos», por sí sola, dibuja un escenario de colapso que obliga a reaccionar a la banca alemana, que es la que marca los designios de Frankfurt, sede del Banco Central Europeo. Y esta es la fuerza de cualquier país europeo que lo plantee: el too big to fail, «demasiado grande para caer en bancarrota», pues con nuestra caída, con la caída de uno de los veinticinco, podría acabar cayendo el resto.

Me refiero a no pagar parte de la deuda. Si nosotros debemos un 280 % del PIB en deuda privada, la pregunta que deberíamos formularnos es si podemos pagarlo. De hecho, no nos estamos planteando nada que no se haya hecho en otros lugares. Alemania, a finales de la década de 1940, tuvo un escenario de gran renegociación porque era la única solución; si no, no habría salido adelante. Los alemanes deben ser conscientes de que el sur de Europa vive ahora un escenario no de catástrofe sino de calamidad. En un escenario de calamidad se necesitan medidas extraordinarias. Hoy en día, pagar toda la deuda, que principalmente se debe a la banca alemana, no es posible sin amputar partes vitales de nuestras sociedades.

La fuerte deuda privada está provocada por muchas razones, pero entre las más poderosas están las reglas del juego, la paridad con el euro y unos tipos de intereses expresamente bajos que propiciaron el endeudamiento del sur, mientras otros sacaban provecho de ese endeudamiento. Si eso es así, la respuesta justa y razonada es que parte de la deuda no tenga que pagarse.

La mejor manera de impulsar este escenario de paralización general del pago sería plantear, en el marco de todas las instituciones, una auditoría para determinar qué parte de la deuda es legítima y cuál no lo es, tal como propone la organización Auditoría de la Deuda Ciudadana.

Banca pública

También debemos empezar a hablar de la banca pública. Hace poco, un pequeño empresario de Rubí consiguió del gobierno danés un encargo para fabricar 11.000 bicicletas eléctricas. Necesitaba 3 millones de euros y, aunque los buscó con ahínco, no los consiguió. Resultado: las bicicletas se han fabricado en Alemania. La banca debe desempeñar un papel de responsabilidad que no está cumpliendo.

Banca pública... para empezar, porque necesitamos que el crédito llegue e invertir en economía productiva. Un sistema financiero en el que una banca privada bien regulada coexista con una potente banca pública, parapública y banca ética, centradas en la financiación del tejido productivo local, la innovación y el emprendimiento, y no en las actividades especulativas que dilapidan los recursos naturales.

Ecología

Es aquí donde me gustaría situar la ecología. Expulsada de la escena y del debate político, y a menudo pintada como un capricho en una sociedad depauperada, la ecología (y el ecologismo) representa uno de los principios desde los que construir las nuevas reglas del juego. A menudo la ecología aparece como algo marginal en todo el debate económico, y se ignora que el patrón con el que se han superado, supuestamente, determinadas crisis ha sido la depredación del medio y de los recursos naturales. Esta vez, si volvemos a hacer lo mismo, nos encontraremos con una crisis energética descomunal, consecuencia del pico petrolero, del momento en que la extracción de un barril de petróleo necesita más petróleo del que se puede extraer. El ecologismo es un paradigma desde el que se puede construir sin tener que crecer obligatoriamente con consumo, sino creciendo en derechos, compartiendo, demostrando que vivir mejor no significa vivir de otra manera.

Lo más relevante es que el modo de salir adelante no puede reproducir los esquemas clásicos.

La ecología es, además, uno de los polos desde los que podemos resurgir. La situación actual contiene también un factor de ineficiencia económica extraordinaria, ya que se convierte en un lastre al no permitir realizar estrategias de ahorro y eficiencia, ni reconvertir el sector de la construcción en rehabilitación y ahorro. Catalunya presenta el índice de dependencia energética más elevado de Europa (97-98% de la energía que consumimos) y tiene mucho camino que recorrer. La media de la UE oscila alrededor del 60% (mucho peor que cualquier otra región mundial).

Tenemos el conocimiento y las condiciones climáticas para hacerlo. Somos ricos en suelo. Puede parecer una barbaridad, pero no lo es. En el vector energía no puede ser que la región alemana de Baden-Württemberg sea el principal referente en energía solar fotovoltaica simplemente porque tiene empresas medianas internacionalizadas, pero sin monopolio, y porque su relación con la energía es más democrática.

Democracia económica

Y la última propuesta que debería estar tutelando el nuevo programa de gobierno sería la de la democracia económica. Se necesita transparencia, control, mecanismos para garantizar que la política económica se hace por el interés general y no por el interés particular de unos cuantos. Hay un capitalismo que secuestra el poder, y este es uno de los grandes factores que hacen que las grandes decisiones que se toman no sean decisiones que defiendan el interés general sino un interés particular. Por lo tanto, la democracia económica es clave para salir de la crisis y superar este capitalismo que no solo es de casino, sino que tiene comprado al crupier.

Se trata de conseguir que las decisiones económicas se tomen en función del interés general y no en función del interés particular: y eso afecta a la política y los medios de comunicación, a cómo afrontamos un debate, o cómo conseguimos que no haya vacíos totales en los debates más trascendentes.

La propuesta es la de un auténtico cambio de régimen. Un cambio de régimen en el que las viejas estructuras, o los corsés existentes, ya no sirven. Un cambio que significa nuevas reglas. A partir de una propuesta estructural como la renegociación de la deuda y el principio de una auténtica política redistributiva, sumados al avance de una democracia económica, podremos empezar a entender que la ocasión nos permite invertir en derechos y, al mismo tiempo, asumir que no podemos salir de la crisis a expensas de la salud del planeta. Deuda, renegociación, redistribución. Apostemos por ello. Banca pública, fiscalidad en los estándares europeos, servicios públicos... ¿Por qué se invierte en otros países? Porque son países que generan oportunidades, con nivel educativo y cohesión social.

Pero hasta que llegue este programa global, habrá que crear espacios de libertad, de toma de poder, de acción. Espacios que construiremos desde la economía social, desde la libertad que se puede ganar con una buena escuela pública, o en la lucha concreta y efectiva cuando se frena un desalojo.

LAS RESPUESTAS ACTUALES, CON UNA RESPUESTA EUROPEA

Para que sea factible, la alternativa debe ser europea y estar conectada con el mundo. Porque es en el mundo donde nos jugamos la partida.

Europa pasa página a la sociedad que conoció después de la guerra. Su sistema político y sus relaciones productivas están cambiando, víctimas de una ofensiva neoliberal sin precedentes. No estamos ante una época de cambios, sino ante un cambio de época. Detrás del discurso del sur malgastador que se ha instalado en el centro y en el norte de Europa, o detrás del discurso de los insolidarios norte y centro de Europa que se va instalando en el sur, está la incapacidad de definir un proyecto para Europa. El refugio en el que nos instalamos es el de los debates nacionales, cuando la esfera de decisión política es europea y global. En el terreno nacional, existe una dialéctica de gobiernos y oposición, y aunque parezca paradójico, en el ámbito de decisión europeo no hay un debate de opciones, sino un teórico consenso en el que solo se discuten los matices. Y en este escenario, donde la salida fácil e irreal es pensar que hay salidas nacionales, necesitamos más que nunca un movimiento europeo, que construya un sujeto político europeo y que supere las fronteras tradicionales, con las que se ha construido Europa, para caminar hacia una Europa de la gente.

Es hora de construir, y es hora de hacerlo también a escala europea. Es hora de construir algo que defienda el bien común. Y por eso necesitamos nuevas formas y más política que nunca.

Quienes deseamos una nueva Europa erigida sobre unas bases distintas debemos ser conscientes del momento en que vivimos y ser capaces de aprender de quienes protagonizaron la política antes que nosotros.

Por eso procuro ser sincero. Lo que tenemos que hacer no puede realizarse solo a nivel nacional. Necesitamos una dimensión europea, conectada con el Mediterráneo y con el mundo. Pero, al mismo tiempo, debemos creer que este cambio puede tener en nosotros, como individuos y como colectivo, uno de sus principales motores. Es posible, muy probable, que este sea uno de los rincones de Europa desde donde puede empezarse a construir. Por la fuerte movilización. Por las sinergias que se pueden trazar. Por lo que somos capaces de hacer y crear.

LAS RESPUESTAS ACTUALES, CON UNIDAD Y NOVEDAD

Reivindico, también, que, para construir un escenario de alternativa, para conseguir cantar la esperanza, como diría Raimon, lo que nos hace falta es organización y estrategia: necesitamos unidad y novedad, novedad y unidad.

Estamos en una encrucijada, ante el cambio de época. Hay dos escenarios: o ir a peor o salir a flote. Pero no nos mantendremos como estamos.

Nos dicen: «No hay alternativa». Pero ¿qué hay que hacer si esta prospera? No fragmentarla. Eso es lo que ha pasado en Italia con Beppe Grillo —fruto y derivado de un sistema de partidos incapaz de construir un cambio real—, que ha sido capaz de canalizar el malestar, sí, pero dibujando un escenario de no-alternativa. Tengo la impresión de que, en un contexto en el que hay quien busca la desinformación masiva y la imposibilidad de generar debates, y ante determinados instrumentos de represión que se utilizan en ciertos casos, es urgente que, desde la izquierda social, la izquierda política, la izquierda articulada y también desde los nuevos agentes y movimientos sociales que van surgiendo, reflexionemos sobre cuáles son los espacios unitarios para conseguir ir juntos y construir un escenario para cambiarlo todo.

Hoy en día, determinados sectores económicos saben que la antipolítica puede serles útil. Juegan a buscarla, por eso debemos estar atentos. En realidad, es muy fácil que a partir de una proclama, de una consigna e incluso de la aparente renuncia al poder y a cambiar las cosas, acabemos obteniendo unos resultados que canalicen el malestar, pero hay que prever si permiten construir un horizonte de cambio o no.

O nos dirigimos a un escenario nihilista y de fragmentación, cuando no populista y fascista (todo combinado), o caminamos hacia un escenario de construcción de alternativa.

En este cambio de época ya no basta con una buena propuesta o un buen debate. Es necesaria la movilización. No basta con opciones que planteen cambios legislativos para garantizar un mínimo legal y los suministros básicos, para modificar la normativa hipotecaria o para el registro de los lobbies. Y, al mismo tiempo, la movilización construida con consignas, sin la reivindicación concreta y materializable, nos lleva a un escenario de frustración ante la imposibilidad de cambiarlo todo.

Debemos determinar cómo superamos dinámicas que silencian. Y cómo evitamos caer en la tónica que vanagloria los movimientos, siempre que no traspasen el umbral de la voluntad de hacer política, o que deja todo en manos de dinámicas movimientistas, sabiendo que dichas dinámicas serán inocuas para el poder si no podemos disputar la hegemonía a quien lo ocupa.

Necesitamos estrategias no solo para resistir, sino también para aspirar a ganar. Y únicamente se puede ganar con espacios unitarios que superen los límites materiales, físicos y mentales de la izquierda. Que generen expectativas de cambio, sabiendo que, cuando las expectativas se evaporan, se instala la resignación.

¿Cuál es el problema de fondo? Quizá sea un elemento de coyuntura, pero es muy real. Como el espacio que deja el socialismo es enorme, son muchos los que pueden crecer, y otros tantos quienes pueden resistir. Y como todo el mundo cree que puede crecer, no hay tensión unitaria. Quizás exista la tentación de comprender que hace falta esta unidad, y que con lo nuevo ya es suficiente. Pero el sentido de la política es el de la mejora de las condiciones materiales de la vida de las personas. Esta es nuestra obligación moral. Y, por lo tanto, creo que debemos ofrecer planteamientos globales que aspiren a ser alternativa de gobierno, para cambiar las condiciones de la vida de las personas. Para conseguirlo necesitamos dos ingredientes básicos, sin los cuales no será posible lograrlo: unidad y novedad. Solo con la unidad de lo existente no basta, porque con eso no saldremos a flote. Pero solo con la novedad tampoco. No necesitamos novedad para competir unos con otros. Ni confluencia de lo existente sin ninguna novedad. Nos hace falta confluencia y novedad.

Debemos comprender que los partidos tenemos que apostar más por el movimiento, pero los movimientos también deben comprender que deben ser espacios para articular políticas. Todo el mundo puede aprender de los demás. Y esa es la clave. Si nos guiamos solo por una lógica de partidos, no será posible construir una alternativa. Quien piense que solo lo haremos con la articulación de los movimientos también se equivoca. Entre otras cosas porque desde los movimientos cuesta mucho articular la respuesta política. Yo creo que debe haber una alianza, pero una alianza sincera, en la que nadie deje de ser lo que es. Porque si la gente deja de ser lo que es o lo que ha sido, no se incorporará al cambio.

Expreso todo esto en un momento en el que hay mucha gente que nos reclama unidad. Y son muchos los ciudadanos que buscan un espacio nuevo. Dentro del contexto de Catalunya, por no hablar de lo que ocurre en el resto de España, hay nuevas expresiones que han canalizado el voto de muchas personas que no votaban, por ejemplo, la CUP. Unos construyen un espacio como el Procés Constituent. Otros, que provienen de la izquierda o del espacio socialista, tienen ganas de hacer algo nuevo, aportando lo mejor del socialismo de izquierdas y catalanista. Otros construimos un espacio que se consolida y crece, pero que tiene sus propios límites, si quiere ser la izquierda determinante y, por qué no, mayoritaria.

Para lograr que emerjan nuevas realidades, basta con la novedad. Para resistir, basta con la unidad. Pero si queremos cambiar el signo de lo que está ocurriendo, necesitamos las dos cosas: novedad y unidad. Unidad y novedad. Sin los dos requisitos, nos encontraremos con que quienes se empeñan en el «no hay alternativa» o el «hay que hacer esto o lo otro» continuarán marcando el rumbo de la vida de millones de europeos y, lo que es peor, los acontecimientos de los años venideros en este nuevo siglo.

Unidad, generosidad y participación deben ser lo que motive un gran agrupamiento de todos y todas, que nos permita, por un lado, transformar la política y los partidos, y por otro lado, ganar la mayoría. Sea posible o no, deberíamos incluir en la agenda una propuesta que sea capaz de hacer confluir y de expresar novedad.

ESPACIOS DE ENCUENTRO

Hablamos de «espacios de encuentro», como el que representó durante los últimos años del franquismo la Assemblea de Catalunya. Ahora necesitamos lo mismo, con el nombre que sea: una asamblea en la que todos reconozcan a los demás. Un proceso que permita sumar. Y debemos hacerlo sabiendo que la máxima gramsciana de que las ideas no viven sin organización es cierta. Hay que organizarse, y esta organización debe ser democrática, movilizadora, innovadora y unitaria.

Sería un error de soberbia pensar que con lo que existe bastará para que podamos salir del atolladero. De la misma forma, nos equivocaríamos mucho si cayésemos en el adamismo de pensar que todo empieza ahora desde cero. Pertenezco a un partido que podría caer en el error de conformarse con la perspectiva electoral de continuar creciendo, sin asumir que el momento de extrema urgencia en el que nos encontramos no requiere crecer en unos cuantos escaños.

Se trata de definir un nuevo sujeto político. Un espacio que sea realmente nuevo, pero debemos entender que venimos de muy lejos, que tenemos raíces muy profundas que van mucho más allá de lo que somos nosotros, que son tradiciones históricas. No obstante, al mismo tiempo, deben adecuarse a la época presente.

En el momento actual, es importante hacer algo más que dejarse llevar, sabiendo que, sobre todo en momentos efervescentes, necesitamos sustrato. Debemos comprender que nos encontramos en un momento histórico, y que en esta situación, no se trata de ofuscarse por la «oportunidad» de cada uno, sino de entender el momento de oportunidad histórica y de responsabilidad moral compartida.

Creo que la idea de la Assemblea de Catalunya es el instrumento, la plataforma. Lo importante es que todo el mundo se reconozca en ella y todo el mundo entienda que todos están incluidos. Y las dinámicas no deben plantearse para superar a quien tenemos al lado, sino constituir mecanismos realmente unitarios. Lo de «resistir es vencer» de Negrín forma parte de la estrategia cuando no te queda otra opción salvo resistir, pero en términos generales, casi siempre ha sido mentira. Resistiendo es difícil conseguir vencer.

En 1936, en un momento excepcional como pocos, nació el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Fue la unión de distintos partidos, desde la federación catalana del PSOE hasta diversos partidos comunistas con distintos programas, fruto de un momento histórico límite. La cuestión es si hay que llegar hasta un extremo como ese para ponernos a caminar juntos.

Hoy, más que nunca, debemos procurarnos un nuevo paraguas, no solo para cobijarnos, sino bajo el que compartir, un paraguas que nos permita caminar juntos. Y este paraguas puede tener muchas varillas, pero lo que importa es que tenga una voluntad radical de cambio, de una revolución serena y contundente, la del reformismo subversivo, la de la revolución tranquila, con vocación de mayoría, y con la voluntad de cambiar desde ya las condiciones de vida material de la gente. Y este paraguas debería adaptarse al hecho de que ahora estamos ante un auténtico fin de régimen, y no solo por la crisis territorial, sino también por la crisis económica y social, o la que afecta al jefe de Estado. Siempre que estas crisis se manifiestan, las cosas acaban por cambiar.

Hay quien dice que tardará en crearse un escenario de cambio. Y es posible. Pero convendría que nos diésemos cuenta de la urgencia. Hay derechos que, cuando se arrebatan, cuestan mucho de volver a conquistarse. El momento es urgente, de extrema necesidad, y si estamos ante una sociedad más pobre, y no solo en lo económico sino también en lo moral, la articulación de una alternativa costará más de tejerse.

Para construir una alternativa nos hace falta una nueva izquierda: repensada y articulada de nuevo. Repensada y articulada sobre los principios de la igualdad y la libertad. Y, al mismo tiempo, con una reflexión profunda sobre lo que no se ha sabido leer e interpretar.

Las dos batallas que debemos librar, la de recuperar la política y la de reinventarla, deben producirse en paralelo. Difícilmente podremos recuperar la política (y la democracia) sin reinventarla. Difícilmente podremos reinventarla si no la recuperamos. No debe buscarse en el orden de la exposición un orden de prioridades. Porque los dos planos deben darse en paralelo.

3

UN PAÍS NUEVO PARA EL MUNDO DE HOY

De lo que se trata ahora es de reaccionar. Y de hacerlo ya, antes de que nos lo arrebaten todo.

Cuando se habla del debate catalán, me gusta pensar que se hace considerando qué es Catalunya: un territorio del sur de Europa. Un país erguido y movilizado. Un debate que, además, tiene muchas conexiones con el que está teniendo lugar en España. La crisis territorial que vive España con la expresión del debate catalán es solo una de las crisis. Pero a esta se suman otras, como la crisis económica y social, la crisis democrática, el creciente descrédito del jefe de Estado. Cuando estas crisis se combinan, lo que obtenemos es una crisis de fin de régimen. Y la cuestión que se debe plantear desde España es si se aprovecha la ola que viene de Catalunya para sumarla a otras energías y protagonizar un escenario constituyente a nivel de Estado, o si se ignora esta realidad, se infravalora o se niega.

Tengo la sensación de vivir en una sociedad que está aprendiendo a acompañar en el sufrimiento, que se moviliza, en la que a veces hay desánimo, pero en la que también hay muchas expresiones que combaten la resignación. Y aunque haya quien busque que la oleada de movilizaciones que vive Catalunya pueda desembocar en un cambio de estatus que modifique muy pocas cosas, es fundamental que el momento que vive Catalunya solo pueda terminar en un cambio profundo, que caminemos hacia un estadio en el que el país nuevo se construya teniendo en cuenta todas las vertientes, y no solo contemplando el cambio de relaciones con el Estado.

Contamos con una sociedad dinámica, con una gran capacidad de generar nuevos proyectos económicos, iniciativas sociales, ambientales y culturales, un potente sector cooperativo y nuevas fórmulas de resistencia social, como el movimiento que representa la PAH contra los desahucios, las movilizaciones de las víctimas de las preferentes, todas las personas que defienden el sistema sanitario, o las distintas movilizaciones por la dignidad en el trabajo, que se han producido en centenares de empresas o en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. No obstante, en Catalunya también hay otra clave. Tenemos un país movilizado nacionalmente, tal como vimos el 10 de julio de 2010. Y en la Diada del año pasado, el país se expresó en la Via Catalana por la independencia.

Amartya Sen, economista hindú, dice que la democracia, más allá de la representación política y del respeto a la regla de la mayoría, implica la protección de los derechos y las libertades de los individuos, el acceso a las prestaciones sociales y el derecho a acceder a la información y a participar activamente en la deliberación pública. Pues bien, es hora de recuperar esta democracia, entendiendo que la democracia se construye mejorando las condiciones de vida de las personas.

Josep Fontana lo describe a la perfección en su libro El futuro es un país extraño, en el que afirma que el capitalismo ha perdido el miedo a las clases populares. Antón Costas habla de la necesidad de reconciliar el capitalismo con la igualdad, de hacerlo compatible con la democracia. Pero esta reconciliación ya no nacerá del acuerdo. Ni de unas élites con mala conciencia. Ni de quienes hasta ahora han representado tan bien a esas élites.

La democracia actual es todo eso, y también es el derecho a decidir. El derecho a la autodeterminación forma parte de la solución, no del problema. Ser demócrata es luchar por conquistarlo. Pero ser demócrata no es solo eso, como quiere aparentar algunas veces cierto soberanismo catalán. Ser demócrata es echar el resto en la lucha contra la desigualdad.

Ante lo que está ocurriendo, hay miradas complacientes que dicen que ya saldremos de la crisis. Hay otras miradas, algunas bienintencionadas, otras no tanto, que desde Catalunya, y desde un planteamiento simplista, ven la crisis en la que estamos como un problema exclusivo de la relación con el Estado, sin asimilar que nos encontramos en un contexto europeo de pérdida de soberanía a favor de los mercados, con la que se están cargando el contrato social.

Desde mi punto de vista, lo que se impone ahora es una mirada nueva para cambiarlo todo, en la que el anhelo procedente de Catalunya de un giro en relación con el Estado se ubique en una propuesta que no se conforme con aparentar que todo cambie para que no cambie nada, desde una lógica lampedusiana.

Aquí es donde se entronca la fuerte movilización social, que debería terminar siendo una movilización nacional. Un país que se mueve y unas energías que sirven para cambiarlo todo. El derecho a decidir en el canal que conecta con un estado de ánimo: la necesidad y la voluntad de cambiarlo todo. El sistema político, las relaciones con el Estado, Europa y el orden social y económico.

¿POR QUÉ ESTAMOS DONDE ESTAMOS?

Si hoy en Catalunya se reclama transversalmente el ejercicio del derecho a la autodeterminación, es por la incapacidad de España de reconocerse a sí misma. Hemos llegado a donde estamos porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 dio al traste con muchos años de intentar buscar el acuerdo. Esta sentencia es la mejor muestra de dar con la puerta en las narices a los intentos de cambiar el Estado por la vía del acuerdo.

De hecho, la España de las autonomías no deja de ser un invento catalán. Catalunya es parte fundacional del contrato social, territorial, democrático de la Transición. Y el esquema que ha seguido la España de las autonomías, que creo que encierra cosas positivas, es un modelo en el que Catalunya ha liderado y Andalucía ha universalizado. También con el proyecto del Estatut. Catalunya cambia España y los marcos estatutarios, y Andalucía incorpora el texto del Estatut catalán, primero al Estatuto andaluz, y después a otros textos estatutarios; textos que, por cierto, no han sido derogados por el Tribunal Constitucional.

En ese engranaje, en ese pacto fundacional, había un marco para una concepción gradualista y para otro engranaje en el que, mediante la interpretación flexible, España podía irse federalizando, con un desarrollo normal del Estatut.

Pero a partir de la victoria del PP, el pacto empezó a romperse. El período de José María Aznar, de 1996 a 2004, no es un paréntesis más. Creo que ahí se redefinió la historia de España, se dinamitó la cultura del pacto y se fosilizó la Constitución.

Así, se dibujó un nuevo curso, un nuevo río, el de la recentralización, un río que bajaba hacia un mar uniformizador, incompatible con el Estado más plurinacional, plurilingüístico y pluricultural de Europa. Se habla mucho de cómo Felipe González definió la historia de España, y no digo que no marcase muchas cosas de la España del siglo XX. Pero quien claramente marcó el desarrollo de la España del siglo XXI fue José María Aznar y su proyecto no solo conservador, sino con elementos claramente reaccionarios. Aznar provocó una ruptura mucho antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, con una idea recentralizadora y un discurso antiautonómico. Introdujo elementos que han hecho del anticatalanismo un factor de voto en grandes regiones del territorio español, y especialmente en la región de Madrid.

En mi opinión, en este escenario, desde Catalunya también podemos asumir cierta dosis de responsabilidad sobre el tema. De hecho, durante la Transición existía simpatía hacia Catalunya por la voluntad de cambiar y reformar España. ¿Qué sucedió después? El catalanismo pasó de ser pivotado alrededor del PSDC y del PSUC a estar pilotado por Convergència i Unió, y en ese nuevo liderazgo la relación se volvió sobre todo mercantil, sin vocación de mejorar y cambiar el Estado, cosa que hizo que las simpatías acabasen desapareciendo.

Es probable que eso influyese cuando se llevó el Estatut a Madrid, donde la búsqueda de aliados fue infructuosa. Uno va a buscar federalistas y no los encuentra, tal vez porque los amigos de Catalunya han dejado de existir. Y seguramente el catalanismo de izquierdas y el gobierno de Entesa fuimos incapaces de proponer un proyecto que fuese percibido como una oportunidad para mejorar España.

No obstante, el problema de fondo, el más relevante, es que la cultura política que lidera el PP, y que el PSOE no combate o por la que se deja llevar, creó un dibujo de las relaciones entre Catalunya y el Estado que dejó de ser una relación de respeto y pasó a ser básicamente de conflicto. Ya sabemos cómo siguió la historia. La sentencia de 2010 es fruto de la movilización contra el Estatut, del desgaste por el Estatut, del recurso del PP, y eso dio pie a una sentencia que no permite una adopción gradual de la opción que buscaba ir federalizando la España contemporánea. El simbolismo de esa sentencia fue extraordinario. Unos magistrados derogan preceptos, no solo pactados entre los representantes de la soberanía, el Parlamento y el Congreso, sino un texto ratificado por el conjunto de la ciudadanía en referéndum. Y esa sentencia acabó provocando la ruptura del contrato fundacional, tal como quizás había imaginado y deseado el mismo José María Aznar.

Por desgracia, el discurso de la España plural no se tradujo en nada concreto. Después de las elecciones de 2008, el PSOE llegó a la conclusión de que el debate territorial lo había desgastado y fue incapaz de definir una estrategia para liderarlo. Todavía me acuerdo de las conversaciones en el Congreso después de las elecciones de 2008. A pesar de los veinticinco diputados del PSC, las filas socialistas atribuyeron el resultado ajustado en el resto del Estado al debate sobre el Estatut. De hecho, si algo falló, fue la incapacidad de explicar la realidad, un cierto complejo respecto de una realidad territorialmente tan diversa.

Hoy en día, la mayor parte del electorado socialista a escala estatal se declara partidaria de que los catalanes puedan ejercer el derecho a la autodeterminación. Pero a pesar de este dato tan positivo, que se da sin que se haya hecho pedagogía, lo que nos encontramos es un partido que está por detrás, muy por detrás, de donde están sus electores.

Así pues, el discurso de la España plural quedó en agua de borrajas. No solo porque no llegó a cuajar todo lo que podría haber hecho para evitar aquella sentencia, sino porque, además, se infravaloraron las consecuencias y no se fue capaz de enmendar de manera política lo que el Constitucional había roto.

La persona que habla de la España plural, pero después, a la hora de liderar el proceso, de gobernarlo, de generar opinión y de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional, se desentiende, lo que hace es no gobernar. Y si no lideras y no gobiernas, el proceso descarrila.

Después de la sentencia y de la manifestación del 10 de julio de 2010, nos encontramos con un mal diagnóstico de lo que sucedía: recuerdo la conversación con un dirigente socialista muy destacado, que me dijo: «Joan, volveréis al regate corto». Mi interlocutor estaba pensando en el pájaro en mano. Yo le dije que el cielo no estaba muy despejado.

Tres años después, la propuesta ya no es ni siquiera quedarnos igual. Ahora la propuesta recentralizadora va mucho más lejos. Ya no se conforman con el statu quo, sino que pretenden recentralizar como nunca. De la misma forma que los enemigos del Estado de bienestar no desaprovechan nunca una buena crisis para desmoronarlo, los enemigos del autogobierno están sacando partido de esta crisis para cargarse lo que es básico. Centrifugan la reducción del déficit hacia las comunidades autónomas, utilizan el Fondo de Liquidez Autonómico como la troica emplea los mecanismos de rescate europeos contra Grecia, Portugal, Irlanda y la misma España. Querrían que la Generalitat fuese una especie de Diputació. La contrarreforma conservadora afecta gravemente al sistema educativo, con la pérdida de competencias. Se atreven a atacar uno de los elementos que nos permite hablar de un solo pueblo: el modelo de inmersión lingüística.

Dicen que otra de las razones que explica dónde estamos es la de los argumentos económicos. Hay un discurso transversal cuyo razonamiento es: «Quiero la independencia por razones económicas, porque si fuésemos independientes, estaríamos mejor». Pero pienso que el argumento principal es el agotamiento político, que ya nos da razones de peso. Es cierto que Catalunya tiene déficit fiscal, un déficit fiscal con un abanico amplio, que varía en función del porcentaje de desempleo y de los pensionistas que haya. Puede haber déficit fiscal, un déficit compartido, por cierto, con toda la cuenca mediterránea, pero lo más relevante es otro factor todavía más grave: la deslealtad institucional.

Con frecuencia los pactos, unos buenos, otros regulares, acaban siendo malos acuerdos por la incapacidad del Estado de cumplir lo que ha acordado. Es cierto que no solo pasa con Catalunya. Pero esta deslealtad es la que vuelve imposible el avance hacia un modelo en el que se imponga la cultura del pacto, la cultura federal. Los modelos de financiación, que han mejorado sustancialmente el modelo que teníamos hasta ahora, si a menudo no sirven es, en primer lugar, porque al final no se cumplen.

Por eso llegamos a la conclusión de que hace falta un modelo fiscal en el que nosotros recaudemos todos los impuestos, un modelo de concierto económico solidario, con el que se establezcan cuotas de solidaridad o, como dice la profesora Maite Vilalta, en el que contribuyamos según las posibilidades y recibamos según las necesidades.

Lamentablemente, lo que pasa es que la imagen que suele transmitirse es la de una nueva Padania de Europa. Podría poner muchos ejemplos. Tal vez el más grave de ellos, al tratarse de una idea promovida por el partido mayoritario en Catalunya, CDC, es el siguiente ejemplo: «La España subsidiada vive a costa de la Catalunya productiva». Una idea más propia de la Liga Norte italiana y de otras expresiones de nacionalismo económico (por no decir otra cosa), de estigmatización de territorios, que son ofensivas, que no responden a la realidad y que alejan del proceso a sectores importantes de la misma sociedad catalana. Además, esta imagen se acaba trasladando de puertas afuera. En una ocasión visité Baden-Württemberg, donde hay un gobierno de izquierdas liderado por los Verdes. Hablé con la segunda del gobierno sobre las políticas de austeridad del BCE, y de la falta de solidaridad con la que está practicando esas políticas el gobierno alemán. Al final ella me dijo que nosotros estábamos construyendo un discurso nacional según el cual queríamos ser independientes casi exclusivamente por motivos económicos. La mera idea de que Catalunya sea vista como la nueva Padania de Europa podría acabar siendo algo que jugase en contra de una reivindicación cuya principal causa es un agotamiento político de las relaciones entre Catalunya y el Estado.

Por supuesto, este es un factor determinante para muchas personas. Y en el discurso económico hay una parte de verdad. Pero todos sabemos que ese discurso puede ser de doble dirección, pues la situación económica puede variar en función de la evolución de las balanzas comerciales, de la pertenencia o no a la zona euro.

Los motivos son principalmente políticos. Y mediante la política, mediante la democracia, es como podremos salir adelante. Hasta el momento, la centralidad del catalanismo se había concretado en una propuesta por ir cambiando el Estado, con diferentes maneras, estilos y sugerencias. Ahora ya no. Hoy en día, la nueva centralidad del catalanismo pasa por el derecho a decidir, por un compromiso electoral del 80% del Parlamento y de la inmensa mayoría de la sociedad catalana.

En realidad, la consulta es la mejor manera de debatir y de expresar la opinión de cada uno de los ciudadanos. Pero, además, mediante la consulta es como pueden emerger el matiz y la complejidad.

Creo que es oportuno recordarlo, de la misma manera que es oportuno decir que la izquierda y la opción federal de 2010 fueron incapaces de definir un escenario para canalizar el malestar. De 2010 a 2012, el federalismo no ha sido capaz de dibujar una estrategia, un horizonte para rehacer el pacto, ni tampoco ha sabido trazar un escenario de choque de legitimidades, que es lo que corresponde si se afronta qué representa la sentencia.

Así pues, ese es el primer motivo que nos lleva a estar donde estamos. El autonomismo ya no crea consenso en Catalunya, la mayor parte de la sociedad rechaza el actual marco constitucional y estatutario, y debemos avanzar hacia una nueva época. Ya no vale el engranaje que ha habido entre Catalunya y España. Y pese a lo mucho que se hable de una tercera vía, la única posibilidad de que salga una opción para no seguir como hasta ahora es mediante el ejercicio de la consulta.

EL PAÍS QUE VAMOS DESTRUYENDO

Ahora bien, la fuerte movilización, también la fuerte movilización nacional, no se debe solo al agotamiento de las relaciones entre Catalunya y el Estado. Convendría que en este contexto fuésemos lo bastante conscientes de que en Catalunya hemos sido, y todavía somos, un campo de pruebas. No somos los únicos, sería demasiado pretencioso pensarlo. Pero de la misma manera que el rey de Holanda leyó un texto con el que anunciaba el fin del Estado de bienestar, en Catalunya hace tres años se nos contó que seríamos líderes en las políticas de austeridad, que profundizaríamos en lo que ha quedado demostrado que era un círculo desastroso y nada virtuoso, como propugnaban.

Era el círculo virtuoso de Mas: recortar, estabilizar las finanzas, dar una buena imagen ante los mercados; estos nos fiarían y saldríamos de la crisis. Pero lo que se produjo fue un círculo desastroso: recortamos, recortamos demasiado, eso tiene efectos en la actividad económica y acaba afectando a los ingresos de la Generalitat, y por descontado, se degradan más los servicios públicos. CiU apostaba todo a las virtudes de la austeridad, y eran los que estaban más convencidos. Daban lecciones a Madrid de cómo había que recortar. Viajaban a lugares como Portugal para ponerlos como ejemplo que había que seguir en la aplicación de las políticas de austeridad. En un artículo de El País, Andreu Mas-Colell aconsejaba a Cristóbal Montoro cómo se tenía que recortar.

Ellos creían en ese relato, pero el relato y su política fracasan. Ahora CiU posee la fe del converso, hasta el punto de renegar de unas políticas que parecen impuestas, pero que ellos dibujaron por voluntad propia.

Y después ya sabemos lo que ha ocurrido, el pacto fiscal y una interpretación partidista de la Diada de 2012, donde pensaban que convocando elecciones obtendrían mayoría absoluta.

¿Ha rectificado el gobierno en la acción de estas políticas? La rectificación está en el relato, pero las políticas se mantienen en esencia. Y mientras eso sucede, el país se va desmoronando. No solo se mantienen las políticas de recortes, sino que se amplían los escenarios de privatización con aspectos clásicos en cualquier país, entre los que destaca la política del agua. La prórroga presupuestaria que se vende como un acto épico de plantarse delante de España acaba siendo una estafa sublime. Porque sin tener que ponerse colorados aprobando unos presupuestos que decían que no querían sacar adelante por no cumplir con el déficit, se acabaron acatando los objetivos que había marcado el Estado. La prórroga, según el decreto de prórrogas, significa obedecer a lo que te marca España. Y, por lo tanto, implica un recorte de 4.000 millones.

Cuento todo esto, en primer lugar, porque creo que tiene mucho que ver con el país que ya estamos construyendo —o destruyendo—. Pero no solo por eso; también lo cuento porque lo que nos ocurre expresa muy bien la reacción del país. Tengo la firme convicción de que, después del constatado fracaso de estas políticas, el cambio en el discurso de CiU se debe, no solo pero también, al fracaso de su relato original. Y es que la federación, mucho antes de romper con su relato nacional clásico, rompió con aquel relato socialcristiano que la llevaba a tener una sensibilidad social que desapareció de un gobierno que, en el mejor de los casos, se queda indiferente ante el sufrimiento.

Es muy relevante el campo de pruebas que ha sido Catalunya en la aplicación de las políticas de austeridad, porque ha generado todo un estado de ánimo.

Desde mi punto de vista, la fuerte movilización nacional es un proyecto y un sentimiento que no solo conectan con las ganas de romper con España, sino sobre todo con las ganas de cambiarlo todo. Las ganas de acabar con un tipo de economía en el que las empresas de éxito son las que consiguen prebendas de la administración, de acabar con los tinglados de los banqueros indultados, con una reforma laboral inútil, con la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto de impulso de las energías renovables porque la legislación está hecha a favor de las grandes empresas, de acabar con el fraude fiscal.

La paradoja es que estas reglas, este régimen, los ha construido siempre CiU. Unas veces con el apoyo del PP, otras con el del PSOE, pero la CiU que hoy supuestamente hace una propuesta de ruptura es la misma que ha estado siempre en la sala de máquinas de quienes han construido el país de siempre.

En uno de los países donde las rentas del capital tributan menos, donde las grandes empresas con beneficios astronómicos tributan menos que las pequeñas y medianas, da la impresión de que esa realidad hubiera caído del cielo. Pero las enmiendas que han introducido más instrumentos para la elusión fiscal siempre han venido de la federación ahora soberanista. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Uno de los últimos, las declaraciones del president en una sesión de control, interrogado por el principal partido de la oposición que da apoyo al gobierno (me permito el oxímoron). Le preguntaron sobre los efectos de la cláusula de ultraactividad de los convenios, según la cual, a partir de la reforma laboral, para todo aquel que no renueva la negociación colectiva, el convenio en el que estaba deja de existir y pasa a ser un trabajador fuera de convenio. Con una simple redacción, los autores de ese texto han conseguido que miles de trabajadores pierdan derechos de un plumazo. Mas contestó que ellos hacían lo que podían en la aplicación de la reforma laboral que venía de Madrid. Lo que no contó es que, si ahora los trabajadores no renuevan el convenio y son expulsados de la negociación colectiva, con la degradación salarial y laboral correspondiente, es gracias a una enmienda propuesta por CiU. El otro ejemplo tiene que ver con las finanzas de la Generalitat. ¿Cuántas veces hemos oído el lamento de los consellers por las finanzas intervenidas? Pues bien, si eso es así es gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, votada por PP y CiU.

EL PAÍS QUE YA HEMOS EMPEZADO A CONSTRUIR

El país que ya hemos empezado a construir tiene como activo la movilización, y tiene como pasivo el país que se está destruyendo: el que se nos escurre entre los dedos cuando hay una persona dependiente a quien no se da respuesta, cuando hay una estudiante que no puede acceder a la universidad, cuando hay más pobreza que nunca. El activo es la gente. El pasivo, la fractura social, así como una posible fractura identitaria que se podría llegar a dar si no hacemos las cosas lo bastante bien.

El unilateralismo del PP

En este marco, es importante saber que espacios como la FAES han teorizado que, por la idiosincrasia catalana, se podría romper antes Catalunya que España. Hay quien lo desea y pretende lograrlo, entre otras cosas porque un país dividido por cantones les permitiría la supervivencia política. Tal vez eso explique que la política del PP nos empuje hacia el unilateralismo. La Ley Wert, la baja política de inversiones, la negativa práctica a negociar, parece que busquen que el «proceso» se decante cada vez más hacia el unilateralismo, que dificultaría mucho las cosas a escala internacional y acabaría rompiendo la unidad del catalanismo. Es aquí donde debemos afirmar conjuntamente que nuestra vía es la quebequesa o la escocesa, y no la báltica o kosovar. Entre otras cosas porque un país de la complejidad de Catalunya, con multiplicidad de sentimientos, identidades y pertenencias, solo puede realizar el proceso desde la pluralidad.

En estos momentos, la estrategia del gobierno del PP es la pasividad amparada por la Constitución para llevar a la sociedad catalana a la exasperación y la confrontación interna. Ya lo dijo Aznar. «España solo podría romperse si Catalunya sufriera antes su propia ruptura como sociedad».

Aquí la cuestión de fondo es que con la actitud hostil del PP, que podría llevar a un escenario de fracaso en el que la derrota no sea solo de Mas, sino de todo el catalanismo, y de lo que dio comienzo con el Estado de las autonomías, la victoria sea del neocentralismo, con una frustración inmensa para el país. Hay quien cree que, ante todo esto, lo más importante es la fecha. Y creo que, más allá de los cálculos electorales de quienes piensan en el tiempo que pueden dar apoyo a un gobierno, lo más importante es responder: ¿con qué objetivo?, ¿para hacer qué?, ¿cómo se conseguirá?, y ¿con quién tenemos que hacerlo?

EL SENTIDO DE LA CONSULTA

Y ante esto, creo que la única respuesta es la democracia. La del referéndum. La de la consulta. Porque esta es la propuesta que contiene lo que más une a la sociedad catalana, incluso independientemente de la opción de cada uno.

La consulta es el instrumento, pero también es la forma de desencallarlo todo. Y lejos de ser un mal trámite, como si se tratase de un plebiscito para ratificar la independencia, puede acabar siendo el proceso de debate social, sereno y serio, para hablar sobre cómo nos relacionamos con el Estado y con Europa, y también para afrontar qué país deseamos, cómo nos relacionamos entre nosotros, qué tipo de sociedad queremos, qué modelo fiscal, laboral. Entre otras cosas, porque los de Catalunya no somos ajenos al derroche de recursos, ni al fraude fiscal, ni a la especulación o la corrupción. Se trata de conectar la consulta con el proceso constituyente que debemos vivir. Y discutir, en paralelo, qué modelo de sociedad queremos construir.

Como dice Ignacio Sánchez Cuenca, hay que ver el ejercicio del autogobierno como un valor democrático. Y la autodeterminación es una expresión de este autogobierno, no la única, por descontado, pero sí una absolutamente necesaria.

Como muestra de lo que expreso, las palabras que el coordinador de los Verdes escoceses, Patrick Harvie, con representación en el Parlamento de Escocia, escribió en un post en su blog, titulado «Una visión alternativa»: «Durante el año pasado, a pesar de la difamación, disfruté de verdad de las primeras etapas del debate sobre el referéndum. Se está empezando a abrir paso entre la gente nuestra gran oportunidad para definir qué tipo de Escocia queremos, tanto en el escenario del triunfo del sí como del no. Con el tiempo, los partidos que defienden que estamos mejor dentro de Gran Bretaña tendrán que poner las cartas sobre la mesa y escribir qué mayor delegación de competencias proponen y qué visión política tienen. El SNP también se verá interpelado a reflexionar más acerca de lo que quiere hacer con la independencia en la que cree».

Deberíamos hacer una consulta con todas las garantías y el convencimiento democrático: que permita una discusión sensata y serena sobre los pros y los contras. Y, lo que es más importante, que permita valorar diferentes escenarios, ya no solo el sí o el no, sino cuáles son las distintas ofertas de los partidarios de una y otra opción.

A menudo se alimenta la idea de la consulta como el fin del proceso, cuando puede ser el principio de un nuevo camino. No hay decisiones unilaterales ni imposiciones y al final la negociación y el pacto formarán parte esencial de lo que hagamos.

La consulta sería el mejor medio para que pudiéramos cambiarlo todo. Con la fuerza de la democracia.

Tal vez por eso creo que no vale ninguna posición que pase por alto la opción de la consulta. No hay sucedáneos ni sustitutivos. Ya sea con un acuerdo de mínimos bajo el amparo de una tercera vía, o mediante la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), o con unas elecciones plebiscitarias. Entre otras cosas, porque con unas elecciones plebiscitarias seguidas de una DUI se vulnera el principio de una pregunta clara y se votan otras cosas. Como decía el catedrático de derecho constitucional Xavier Arboç: «Una cosa es lo que debe hacer Catalunya en los próximos cuatro años, y otra es si debe hacerlo dentro o fuera de España» (El Periódico, 4 de septiembre de 2013). La DUI representa la renuncia a celebrar una consulta y a admitir que unas elecciones autonómicas ya suponen ejercer el derecho a decidir, argumento que, por cierto, utilizan las personas contrarias a la consulta.

Como dice el periodista Roger Palà en un artículo que comparto plenamente: «Las plebiscitarias no son sino el último cartucho de un partido en franca retirada y de un líder débil para intentar nadar y guardar la ropa, en una enésima huida hacia delante para procurar salvarla» (Naciódigital. cat, 28 de octubre de 2013).

Se trata de una batalla cívica y democrática en la que posiblemente tengamos que combinar el uso de la legalidad con fórmulas de desobediencia civil, para llevar la legalidad al extremo cuando sea necesario e ir más allá de la legalidad establecida también cuando sea necesario. No obstante, entiendo que para ejercer el derecho es precisa una gran cohesión, y que si hay algo que no debemos hacer es caminar hacia la «cantonización» de la sociedad catalana. Se trata de situar esta propuesta en el marco de la tradición de las luchas a favor de los derechos civiles y en la larga lucha por la conquista, la ampliación y la profundización democrática. No solo ganamos el derecho a decidir la relación con España, estamos ganando un derecho democrático colectivo.

CÓMO SACAR ADELANTE EL PROCESO

CiU se empeña en el esquema de continuar asociando el proceso con el gobierno. Las cumbres, los gestos, la declaración de soberanía... No entienden que, mientras el proceso se asocie con el gobierno, habrá una buena parte del país que no se identificará con él.

El 25-N, fecha en que se producen las últimas elecciones al Parlament, la sociedad dijo que reclamaba un proceso diverso y plural. Pero, al contrario de lo que se votó, se optó por un proceso gubernamental. Los tiempos, los pasos que hay que seguir, han acabado asociándose con los tiempos y los pasos de la cohabitación en el gobierno. Ahora debemos decidir si se quiere realizar el proceso conforme al acuerdo de gobierno, o si se quiere hacer desde la pluralidad.

A menudo tengo la sensación de que en este terreno sobran declaraciones y faltan decisiones. Hemos hecho demasiadas declaraciones y especulaciones sobre cuál es la pregunta o cuál es la fecha. Y yo, que nunca he discutido si se tenía que realizar la consulta en 2014, 2013 o 2015, deseo que se realice cuanto antes y en las mejores condiciones posibles. El cuándo (la fecha) es importante, el qué (la pregunta) también es importante, pero el cómo (la vía legal) es todavía más importante, porque sin establecer las vías legales no hay consulta posible.

UNA OPORTUNIDAD PARA ESPAÑA

Una oportunidad para España. Así lo entienden aquellos que desde España reconocen el derecho a decidir. Ya va siendo hora de que en el Estado se sumen más voces, que comprendan, como lo ha hecho IU, como lo expresaba Iñaki Gabilondo, que no hay solución desde el inmovilismo. Un acuerdo de gran trascendencia, y curiosamente bastante silenciado en los medios de comunicación, en los debates generadores de opinión.

La otra respuesta debe ser constructiva y responsable, debe combatir los escenarios catastrofistas, en los que, como único argumento, se ofrecen amenazas y miedos: que saldremos de la UE, del euro, etc., en lugar de proponer un nuevo acuerdo en Catalunya para ejercer el derecho a decidir.

Unos anuncian el purgatorio. Otros, el cielo. Unos dicen que los tratados no dan ninguna otra opción. Otros se preguntan si Europa puede prescindir de Catalunya, como si todo el mundo nos estuviese mirando y esperando. Pero los que dicen una cosa y otra saben, y ocultan, que todo dependerá de cómo se realice. De lo escrupuloso que sea el proyecto. Todos saben que no es lo mismo una mayoría del 51 % que una mayoría amplia y holgada. Y que la pertenencia a la UE dependerá de cómo hagamos las cosas desde aquí y de las mayorías que se puedan definir.

Si queremos realizar un proceso pulcro e impecable hay que exigir pluralidad informativa a los medios de comunicación catalanes, especialmente a los públicos, porque si queremos hacer bien este proceso, hay que hacerlo desde la pluralidad que otros le niegan.

Y sobre todo hay que tener la voluntad de definir una amplia mayoría, y recoser la sociedad. En realidad, no seríamos los primeros en hacerlo. Durante las décadas de 1960 y 1970 lo hizo el PSUC. Y durante muchos años este papel lo desempeñó el PSC. Y ahora, en una sociedad que no acepta los trágalas de Madrid, ni que se juegue con la convivencia lingüística, en un país que se siente agredido día sí y día también por las invectivas madrileñas, debemos esforzarnos al máximo, pero sin debates identitarios sino con debates centrados en el modelo de sociedad que deseamos.

A partir de aquí tenemos que dibujar un escenario de agotamiento de todas las vías y, por supuesto, si las consumimos todas y sigue sin haber acuerdo, tendremos que buscar otro marco. Hay quien dice que ya se ha probado todo y las posibilidades se han acabado, no lo sé. Tengo la impresión de que lo que ocurre en Catalunya se ubica en un escenario de cambio de régimen en España. Lo que tenemos que intentar es cargarnos de razones, hacerlo con los argumentos que utilizan muchos constitucionalistas españoles.

Ahora bien, creo que la petición que llega desde Catalunya es una oportunidad para el conjunto de la sociedad española. Dicha petición conecta con la exigencia de mayor democracia y con la posibilidad de convocar una consulta que pretende dar salida a un «ya basta» muy transversal. Este sentimiento existe por el agotamiento del modelo constitucional y estatutario. Es cierto que la Sentencia del Constitucional en torno al Estatut se vio y se vivió en Catalunya como la incapacidad de ir federalizando España por la vía del acuerdo. Pero reducir lo que pasa en Catalunya a eso es demasiado simple. La petición de la consulta conecta con el sentimiento transversal de que con la España que nos gobierna no hay nada que hacer. Así, la independencia va ganando adeptos no solo entre los que la quieren por motivos identitarios sino también entre quienes la ven como el mal menor para deshacerse del PP, pues la conectan con la necesidad de independizarse del PP. Me lo resumía en una conversación uno de mis amigos: «Sin ser independentista, no descarto la independencia porque con el PP es imposible». Es cierto. CiU no es muy diferente al PP en lo económico. Y digamos que su parentesco con la corrupción puede llegar a ser similar. Pero en lo democrático no actúan en absoluto de la misma manera.

¿Es este un sentimiento exclusivo de la sociedad catalana? Ni mucho menos. En la sociedad española hay muestras de absoluto cansancio hacia una de las culturas políticas más casposas —como hemos visto con la ley del aborto—, sumadas a la decepción por una socialdemocracia muy poco innovadora en términos democráticos, absolutamente timorata en el debate nacional, y completamente claudicante en lo que se refiere al debate económico. Pero es un sentimiento que conecta con el rechazo al fin de un régimen que se expresa no solo por la fractura territorial, sino por la profunda crisis económica, social y democrática; con una recuperación económica que pasa por los beneficios de determinadas empresas y no por la mejora de la calidad de vida; por un modelo empresarial que socializa pérdidas después de privatizar ganancias; por las pérdidas de credibilidad en torno a la jefatura del Estado. En este calamitoso contexto, da la sensación de que en el conjunto de la sociedad española no hay suficientes fuerzas como para protagonizar el cambio de régimen. Este sentimiento no conecta con una expresión de ruptura, quizá porque en la sociedad española no existe una correlación de fuerzas que permita este escenario de separación. Por su parte, en Catalunya se pretende protagonizar una ruptura con España, que tiene como dificultad la misma idiosincrasia catalana, una sociedad muy mezclada, en la que no es tan fácil construir una amplia mayoría para separarse de España.

Si es esta la situación, ¿por qué no conectar los sentimientos para hacer de la petición catalana una oportunidad para cambiar muchas más cosas? En Catalunya la petición de la consulta se utiliza como una cortina de humo para tapar todas las miserias de una política que ha hecho de la sociedad catalana un campo de pruebas donde empezar a privatizar después de haber liderado los recortes. También es verdad que el PP utiliza el debate para disimular la dureza de sus políticas. Incluso puede acabar ocurriendo que, debate nacional mediante, unos y otros tapen sus miserias en torno a los múltiples casos de corrupción que les salpican. Pero aunque la petición catalana se pueda utilizar con ese fin, no se trata de eso, ni siquiera principalmente. Es la expresión de una voluntad de ruptura, que conecta con la independencia porque no hay otra fractura al alcance.

Lo que va a ocurrir en los próximos meses en términos políticos es de sobras conocido. Negativa del PP. Seguidismo del PSOE. Y si no hay nada más, el camino que se irá trazando, que durará años, y que se irá configurando (si no lo está haciendo ya) será el de sociedades que se darán cada vez más la espalda. Una sociedad, la catalana, sin voluntad de cambiar nada en España. Otra sociedad, la española, que dejará cada vez más de lado lo que venga de Catalunya. Por eso creo que es hora de darle al debate un toque de imprevisibilidad. De entender que lo que viene de Catalunya no es solo una proposición de ley para que se ceda la competencia para convocar una consulta. Es un instrumento para hacer que la ola que llega desde Catalunya sirva, con otras energías, para plantear una nueva etapa, una nueva época, un cambio de régimen. Mi propuesta es sencilla. Es hora de conectar, y no solo desde Catalunya sino desde el resto del Estado, la petición de consulta con una propuesta de cambio de régimen para el conjunto de España. Esta petición podría verse no solo como una Propuesta de Ley para convocar un referéndum, sino como la expresión democrática desde la que empezar a cambiar las cosas.

Sin lugar a dudas es difícil, pero creo humildemente que es el único camino. En Catalunya corremos el riesgo —deseado por CiU— de fingir que queremos cambiarlo todo para al final no cambiar nada. En España, el riesgo de que no cambie nada —aspiración de muchos— por el miedo a romperlo todo. Quizá sea hora de empezar a romper esquemas, y de que la izquierda comprenda que, en vez de negar la petición, o de fingir que esta no es nuestra guerra, es el momento de recoger el guante y convertir una reivindicación en torno a la consulta en una oportunidad para proponer cambiarlo todo.

Y este proceso debemos realizarlo desde la unidad del catalanismo, con el objetivo de ganar el ejercicio del derecho a decidir.

Muchas personas con sentimientos identitarios complejos, entre las cuales me incluyo, realizan la siguiente reflexión: entre la situación actual, cada vez más insoportable, y la independencia, tenemos un punto de partida: que Catalunya pueda decidir qué quiere ser. Incluso porque puede que este sea el único camino para tener una nueva relación con el Estado que no sea de subordinación, sino de igual a igual en el marco europeo. Estoy seguro de que centenares de miles de personas, personas que siempre han sido federalistas o que simplemente tienen vínculos emocionales con España o con partes de España, están reflexionando sobre este tema.

La cuestión es si se trata de buscar adhesiones incondicionales a la independencia o bien de permitir, sin paternalismos, sin imposiciones ni relatos milagrosos sobre el futuro que nos espera con la independencia, un debate franco y sereno con personas que reflexionan sobre el futuro que quieren para ellos, para sus hijos e hijas, y para sus padres y madres.

¿Cuándo se quiere? ¿Ahora? ¿Ya? Como si el proceso pudiera resolverse en un abrir y cerrar de ojos... A menudo en este país mantenemos el debate como si estuviésemos en el último esprint. Quizás así haya quien pueda sacar beneficios electorales. Pero la realidad, y vale la pena decirlo, es que este tipo de procesos duran años, y ahora estamos en mitad de la carrera.

La pregunta que debemos plantear a algunos de los sectores del independentismo es si desean sumar la diversidad que representa el país o solo a los plena y decididamente convencidos. Tengo la impresión de que hay un independentismo que puede acabar cayendo en la comodidad de creer que es una mayoría, pero yo considero que es insuficiente para hacer lo que quieren hacer, y en cualquier momento puede acabar convirtiéndose en una inmensa minoría.

No podemos olvidar la complejidad de la sociedad catalana, cruzada por gravísimos problemas sociales y por sentimientos de pertenencia diversos. A menudo, determinadas formulaciones restrictivas provocan que no se sume todo lo que se podría haber sumado. Por otro lado, no puedo dejar de expresar la preocupación por el riesgo de cierto clima de intolerancia y de crispación en el debate, que de momento solo se manifiesta a través de las redes sociales y que tiende a estigmatizar a quien no muestra una adhesión incondicional a la independencia. Corremos el riesgo de que determinadas actitudes intolerantes creen rechazo o cansancio, si no alimentan o dan argumentos a los planteamientos inmovilistas.

Jordi Borja no duda en hablar y proponer que la izquierda llene de contenido el escenario nacional en el que estamos inmersos. Reivindicando el independentismo, rechaza el concepto soberanista y dice «no solo es un concepto inadecuado, también es una fuente de confusión. Catalunya y sus ciudadanos tienen muchos vínculos con el resto de ciudadanos españoles y, sea cual sea la voluntad que se exprese en Catalunya, nos conviene encontrar cierta comprensión en la opinión pública española. El soberanismo se identifica fácilmente con la independencia absoluta, que no es ni posible ni deseable, y significaría no mantener lazos de interdependencia ni con España ni con Europa». Acaba Cartes de lluny i de prop apostando por una fórmula que defina «un sujeto político y jurídico con derecho a decidir su futuro».

Me preocupa que no preocupe la unidad civil de Catalunya. Para mí, ser un solo pueblo continúa siendo un objetivo fundamental en cualquier circunstancia. Veo los adversarios de las libertades nacionales de Catalunya como los primeros interesados en promover la crispación, el «frontismo» y la división social por la lengua y por el derecho a decidir. Por eso, trabajo en este proceso con el compromiso de combatir la dinámica de buenos y malos catalanes, de patriotas y de antipatriotas. Confieso, y es toda una declaración de intenciones, que en el debate nacional no soy nada amante de la polarización.

Entre otras cosas porque creo que en este debate hay argumentos, pero sobre todo hay sentimientos, muchos sentimientos, identidad, pertenencia o pertenencias. Y estas pertenencias diversas deben buscar los espacios para el acuerdo. De hecho, y aunque parezca un sacrilegio, en el terreno nacional reclamo el terreno de la frontera, de la confluencia, porque creo que es ahí donde se dan argumentos más contrastados con una realidad compleja.

Y, al mismo tiempo, pienso que la frontera se ha movido. Que en Catalunya la mayoría ha dicho no al pacto constitucional y al modelo estatutario. Y, por descontado, ya no estamos anclados en el inmovilismo, en el quedarnos igual o un poco mejor. La mayor parte de la sociedad se sitúa entre un independentismo cada vez más transversal y quienes no aceptan que todo siga igual, y optan por una relación distinta con el Estado, federal o confederal. Por eso entiendo que el adversario de un federalista no es el independentismo, sino la inacción, o la recentralización, por parte del Estado. Asimismo, entiendo que el independentista debe aceptar que su verdad no es absoluta, porque la realidad está llena de matices.

Me considero federalista porque creo que es la mejor opción para un país de la complejidad y la diversidad de Catalunya. Me gusta la cultura federal porque es la del acuerdo y el compromiso democrático. Pero, de la misma manera que lo reivindico, debo decir que me preocupa que los nuevos federalismos acaben asociando la palabra a una opción uniformizadora, que es lo que llega a mis oídos cuando oigo hablar de federalismo en el PSOE.

La cuestión es cómo saldremos de la vía muerta en la que estamos. Porque si finalmente esta no fuese una opción posible, lo que no es aceptable es que todo continúe como hasta ahora.

Para abrir otra vía, sea la de la independencia o la de la opción federal o confederal, lo que nos hace falta es concretar el derecho a decidir, la convocatoria o consulta de autodeterminación. Entiendo que la opción federal o confederal debe proponerla el Estado. La pelota está sobre su tejado. Y yo, que vengo de una tradición federalista, reconozco que la única opción para que esta vía tenga alguna oportunidad parte del reconocimiento de una realidad, la de España, la más plurinacional de Europa. Y de la aceptación de que catalanes y catalanas puedan elegir su futuro.

La mejor garantía para conseguir el ejercicio material del derecho a decidir es definir una amplia mayoría, que supere con creces la mitad más uno. Y si bien la tercera vía depende de terceros, lo que sí depende de nosotros es definir un acuerdo para continuar siendo un solo pueblo. Una propuesta que sea amplia y mayoritaria entre los más movilizados y que se introduzca en los territorios humanos, personales y geográficos que no están movilizados en la misma proporción. Esta es una de las lecciones más importantes que nos ha dado el PSUC, y que hemos de reivindicar como patrimonio común.

Así pues, se trata de no aceptar la lógica de bloques, sino definir una amplia mayoría ganadora. Una propuesta para avanzar siendo un solo pueblo, conscientes de que lo que está en juego no es el rédito electoral que unos y otros saquen del «proceso», sino avanzar juntos en un momento tan interesante y complejo como el actual, hacia un futuro de libertad y justicia.

GANAR LA SOBERANÍA, RECUPERAR LA DEMOCRACIA, RECONQUISTAR LA LIBERTAD

El momento que vivimos es único. Y creo firmemente que lo que nos toca no es solo plantarle cara, sino hacer alarde de inteligencia y audacia. Miro a mi alrededor y veo ganas de cambiar las cosas. Desde España hay que decidir si aprovecha lo que ocurre en Catalunya para protagonizar también un cambio de régimen. Es cierto que no existen las mismas energías. Pero estoy convencido de que la única posibilidad de que las cosas cambien a escala estatal es que quienes propugnan este cambio de régimen aprovechen el escenario que se abre con la movilización de Catalunya. Es más, lo que se ha abierto en Catalunya no es un proceso corto (jamás una propuesta de ruptura se ha podido realizar en menos de un lustro), pero estoy totalmente convencido de que, a medio y largo plazo, la única posibilidad de que Catalunya mantenga sus vínculos con España es promover, en este marco, un cambio de régimen, profundo, amplio y transversal.

EPÍLOGO

A lo largo de estas páginas he escrito algunas reflexiones sobre cómo hemos llegado hasta donde estamos, así como algunas de las posibles salidas para la situación. No existe un único camino, un único paso. La meta es una propuesta más, que coincide en mucho o en parte con lo que dicen otros.

Algunos sectores, minoritarios a lo largo de la historia, se acogieron a la máxima de «cuanto peor, mejor», pensando que una degradación de la vida de la gente podría dar pie a opciones de ruptura y de cambio. La realidad nos dice que «cuanto peor, peor». Es decir, que cuanto antes podamos construir una alternativa, mejor, porque cuanto peor están las cosas, peor está la vida de la gente, y menos sentido tiene la política.

Para construir el país nuevo que nos toca crear, no podemos desconectar lo que tenemos que hacer, ese país nuevo, del debate europeo. Tampoco podemos obviar la profunda crisis económica en la que estamos.

El país nuevo no se puede construir desde los parámetros mercantilizadores, privatizadores, o desde la nula defensa de lo que es público. Un país nuevo no se puede crear con relaciones de poder que sean exactamente iguales que las que hemos mantenido hasta ahora, sea con una bandera o con otra.

Solo puedo imaginarme el país nuevo si no volvemos la cabeza hacia ningún otro sitio, si afrontamos las políticas que afectan a los sectores más vulnerables, sea ante casos de corrupción, sea ante el inicio de un proceso de privatización.

En Catalunya se vive como si todo acabase y comenzase con la consulta. La cuestión es que el futuro ya lo estamos construyendo ahora, y no empezará el día de la consulta. Las decisiones que se tomen ahora en educación, sanidad y servicios sociales son las que nos condicionarán para el futuro. El economista Josep Oliver decía: «De la crisis económica les aseguro que saldremos. De nuestro contencioso histórico con España, también. Y si es a través de la independencia, incluso encontraremos la manera de acoplarnos a Europa. Pero lo que no se corregirá es el sufrimiento actual de miles de familias, de niños y mayores sin recursos y sin ayudas públicas, que solo sobreviven gracias a la caridad».

La cesión de soberanías se ha producido hacia otras esferas, y esferas no democráticas. Hay que tener en cuenta la construcción europea y las debilidades que posee. Entender que eso se resuelve solo con soberanía nacional sería muy pretencioso. Y a pesar de que el terreno de juego se dé aquí y ahora, debemos ser conscientes de que la soberanía nos la jugamos en muchos más ámbitos.

La soberanía la determinaremos decidiendo en qué corriente nos situamos a escala europea, si entre quienes desmontan el Estado de bienestar o entre quienes crean resistencias e intentan definir una estrategia para derrotar ese austericidio que se lo está cargando todo.

El historiador Andreu Mayayo, en un artículo publicado en VIA. Valores, Ideas y Actitudes, la revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol, dice que la soberanía no la tenemos, no la tendremos, ni Catalunya, ni España, ni Francia. Y Ulrich Beck afirma que en la actualidad la soberanía, entendida como capacidad de modificar el estado de las cosas presentes, solo podemos ejercerla en el marco de la Unión Europea. El sociólogo alemán habla de la necesidad de desembarazarse lo más rápido posible de los paradigmas soberanistas de los estados-nación europeos, para avanzar en la construcción política y democrática de las instituciones europeas. Pues bien, tomando prestado este texto, me permito añadir que el proceso que se vive en el sur de Europa, en España y en Catalunya, solo tendrá validez si es capaz de ubicarse en un terreno en el que se construya un nuevo proyecto político y democrático a escala continental.

Debemos dirigirnos a un escenario de soberanías compartidas, de otras recuperadas, en el que puedas decidir algunas cosas en tu ciudad, en tu barrio, y otras cosas pertenezcan a la comunidad social, a tu país y Estado, y a Europa. Para construir un país nuevo debemos tomar conciencia de que lo primero que tenemos que ganar es la batalla contra la desigualdad y, para combatirla, lo primero que debemos hacer es reconocer esa desigualdad.

Ganar la democracia se traduce en pensar en políticas que nunca se habían puesto en práctica hasta ahora.

Ganar la libertad quiere decir entender que no saldremos adelante depredando el territorio, o diezmándolo, o haciendo que sectores estratégicos y vitales queden en manos privadas.

Vivimos en un entorno y en un país que tiene su propio metabolismo, la tierra y el territorio. La democracia se construye no intentando salir de esta crisis con los patrones de crecimiento ilimitado que nos han llevado a estar donde estamos. Ganar la libertad se traduce en que nuestra sociedad y nuestra economía se organicen de una manera realmente sostenible, adaptadas a los límites físicos que imponen el planeta finito y el territorio en el que vivimos, y bajo fórmulas profundamente democráticas.

Por eso, ganar la libertad es asumir que no existe un cambio profundo sin garantizar el acceso público y libre a lo que es básico. Un aire limpio. El acceso al agua. El derecho a un suministro energético básico. El acceso al aprendizaje y la cultura.

Deberíamos entender que, donde la economía verde funciona, hay liderazgo público y economía del bien común. Y donde el agua o la energía se fían a los intereses de las compañías, lo que funciona es su negocio. El gran reto de Catalunya es la economía verde, avanzar hacia un modelo económico ecológico, una economía eficiente en el consumo de recursos, con capacidad para crear nuevos puestos de trabajo, en la movilidad sostenible, las energías renovables, el cuidado del territorio, la agricultura ecológica. Tarde o temprano tendremos que afrontar debates como el reparto del trabajo o la necesidad de garantizar una subsistencia digna a todos a partir de una renta de ciudadanía.

Ganar la democracia es entender que en la política, tanto en la catalana como en la española, hay demasiadas zonas oscuras. El problema son los corruptos, pero también los corruptores. Quienes, a golpe de talonario, han comprado voluntades a su favor. Por no hablar de algo todavía más estructural. ¿Cómo es posible que determinadas conductas y denuncias en el terreno de las finanzas o sobre las privatizaciones de servicios básicos sean silenciadas sistemáticamente? Muy sencillo: los denunciantes suelen ser los mismos anunciantes.

Y hay que decirlo, se tiene que acabar la corrupción legal, que es igual de corrupta cuando de forma legal se rescatan bancos con dinero público mientras se deja caer lo más sistémico: los derechos que conforman una sociedad y una democracia.

Por eso luchamos contra otra forma de corromper cuando combatimos para que no se especule con la deuda soberana. Ganar la libertad es un combate para una democracia plena. Hay crisis política porque cada vez deciden más las instituciones sin control democrático, como el BCE, mientras que los Parlamentos, no solo el Parlament catalán sino también el Congreso, cada vez deciden menos. Bajo la apariencia tecnocrática se esconden los intereses de una minoría. Y detrás de cada discurso que dice «no hay alternativa», lo que está es la renuncia a hacer otra política.

La libertad no se gana con tanta desigualdad. Ni con tanta indiferencia. Ni con menos política, sino con mucha más política, aunque esta deja de tener sentido cuando es continuista y está plagada de palabras vacías.

En el título del libro me pregunto cuánta desigualdad puede soportar la democracia. Seguramente, la democracia de baja intensidad puede soportarlo todo. Igual que el capitalismo. Sin embargo, el concepto de democracia de muchos de nosotros ya no puede soportar más desigualdad. La cuestión es si estamos dispuestos a echar el resto para cambiar la realidad.

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